ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Para alcanzar el objetivo perseguido por las Decisiones que han establecido tales medidas, éstas deben poder beneficiarse, por su propia naturaleza, del efecto sorpresa y aplicarse con efecto inmediato. En estas circunstancias, en relación con la Decisión de Ejecución 2011/302, por la que se aplica la Decisión 2011/273, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, que incluyó el nombre del demandante en la lista que figura en el anexo de la Decisión 2011/273, por razones relacionadas igualmente con su objetivo y con la eficacia de las medidas establecidas por ésta, las autoridades de la Unión no estaban obligadas a oír al demandante antes de la inclusión inicial de su nombre en la lista recogida en el anexo.

Tratándose de medidas restrictivas de prohibición de entrada o de paso en tránsito en el territorio de los Estados miembros de las personas responsables de la represión violenta ejercida contra la población civil en Siria y de congelación de fondos y de recursos económicos que pertenecen a estas personas, en lo que atañe al derecho de defensa y, en particular, al derecho a ser oído, no cabe exigir a las autoridades de la Unión que comuniquen los motivos de las decisiones que establecen tales medidas antes de la inclusión inicial de una persona o de una entidad en la lista que impone estas medidas. En efecto, tal comunicación previa podría poner en peligro la eficacia de las medidas de congelación de fondos y de recursos económicos impuestas por dichas decisiones.

En el marco de la adopción de una decisión posterior, como la Decisión 2012/739, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, que mantuvo el nombre del demandante en la lista que contiene los nombres de las personas que son objeto de medidas restrictivas contra Siria, no puede invocarse válidamente el argumento del efecto sorpresa de dichas medidas.

Toda vez que, en primer lugar, el Consejo no ha aportado ningún elemento nuevo, es decir, que no hubiera sido comunicado ya al demandante como consecuencia de su inclusión inicial en la lista de las personas de las personas que son objeto de medidas restrictivas, cuando se mantuvo su nombre en la lista de las personas que son objeto de tales medidas, que, en segundo lugar, el demandante puede, en todo momento, por iniciativa propia, ser oído ante el Consejo sin que sea formulada una nueva invitación explícita previa a la adopción de cada Decisión subsiguiente, ante la falta de nuevos elementos invocados respecto de él, que, por tanto y en tercer lugar, el demandante tuvo la oportunidad durante varios meses de impugnar los elementos que justificaron su inclusión y su mantenimiento en dicha lista, y que, por último, el Consejo publicó un anuncio en el Diario Oficial el día siguiente a la publicación de la Decisión 2012/739, no puede acreditarse que se vulnerara su derecho a ser oído.

(véanse los apartados 42 y 44 a 46)
175

Por último, en cuanto a la alegación de las demandantes de que la aprobación de esta lista tiene como consecuencia que los proyectos que no figuren en ella ya no pueden calificarse de inmuebles sociales, basta señalar que fueron las autoridades neerlandesas, en sus compromisos, y no la Comisión, quienes definieron los establecimientos que pueden ser calificados de inmuebles de interés general y, por tanto, los que no pueden serlo. No correspondía a la Comisión, en contra de lo que sostienen las demandantes, exponer la razón por la que la función social no se aplica a otros inmuebles.
118

En cuanto a los efectos en el tiempo de la anulación de los actos impugnados, procede señalar, en primer lugar, que el Reglamento de Ejecución no 668/2010, que modificó la lista del anexo V del Reglamento no 423/2007, ya no produce efectos jurídicos tras la derogación de este último Reglamento, efectuada por el Reglamento no 961/2010. Asimismo, el Reglamento no 961/2012, en su versión modificada por el Reglamento no 1245/2011, fue derogado a su vez por el Reglamento no 267/2012. Por lo tanto, la anulación del Reglamento de Ejecución no 668/2010, del Reglamento no 961/2010 y del Reglamento de Ejecución no 1245/2011 sólo atañen a los efectos que estos actos produjeron entre la fecha de su entrada en vigor y la fecha de su derogación.
80

En primer lugar, en cuanto a los efectos en el tiempo de la anulación de los actos impugnados, procede señalar que el Reglamento de Ejecución no 668/2010, que modificó la lista del anexo V del Reglamento no 423/2007, ya no produce efectos jurídicos tras la derogación de este último Reglamento, efectuada por el Reglamento no 961/2010. Asimismo, el Reglamento no 961/2010 fue derogado a su vez por el Reglamento no 267/2012. Por lo tanto, la anulación del Reglamento de Ejecución no 668/2010 y del Reglamento no 961/2010 sólo atañen a los efectos que estos actos produjeron entre la fecha de su entrada en vigor y la fecha de su derogación.
Pretensión de anulación de la Decisión 2011/134/UE de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, relativa a la ayuda estatal C 4/03 (ex NN 102/02) ejecutada por Italia en favor de Wam SpA (DO 2011, L 57, p. 29).
Cuando la Comisión imponga una multa por infracción de las normas sobre competencia sin que la empresa afectada haya sido oída ni haya tenido acceso al expediente, la decisión se deberá anular en la medida en que dicha empresa haya demostrado suficientemente no que, de no haber existido estas irregularidades del procedimiento el contenido de la Decisión impugnada habría sido diferente, sino que habría podido defenderse mejor si no se hubieran producido. A estos efectos, hay que situarse en el momento del procedimiento administrativo que condujo a la adopción de la Decisión impugnada.

En relación con este punto, en el contexto de una decisión de la Comisión que condena solidariamente a varias sociedades, que constituyen una misma empresa con arreglo al artículo 101 TFUE, al pago de una multa, la sociedad matriz en cuestión puede alegar el hecho de que no había obtenido la reducción concedida, en una segunda decisión y adoptada sin que ella hubiera sido oída ni se le hubiera dado acceso al expediente, a una de las filiales solidariamente responsables. En efecto, en tales circunstancias, la sociedad matriz afectada puede defenderse mejor debatiendo la cuestión de qué obligaciones incumbían a la Comisión en cuanto a la determinación de la respectiva cuota de las diferentes sociedades en los importes a cuyo pago habían sido condenadas solidariamente, cuestión que no había sido resuelta por la jurisprudencia en el momento del procedimiento administrativo.

Por otra parte, en el supuesto de que la multa impuesta a dicha sociedad matriz resulte ser de un importe superior a la de la impuesta a sus filiales, aun cuando su responsabilidad derive íntegramente de la de éstas, puede impugnar la cuantía de la multa que le haya sido impuesta.

(véanse los apartados 72 a 74, 76, 80 y 83)
5.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Documentos originarios de terceros — Obligación de consulta previa a los terceros afectados — Oposición de un tercero distinto de un Estado miembro a la divulgación de documentos — Obligación de la institución de no divulgarlos sin consentimiento previo — Inexistencia [Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, aps. 4 y 5] (véanse los apartados 96 a 99)
2.

Agricultura — FEOGA — Liquidación de cuentas — No asunción de los gastos resultantes de irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria — Facultad de apreciación de la Comisión — Orientaciones internas relativas a las correcciones financieras — Objetivos — Control jurisdiccional [Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) no 1287/95, art. 5, ap. 2, letra c), no 1258/1999, art. 7, ap. 4, párr. 1, y no 1290/2005, art. 31, ap. 1] (véanse los apartados 96 a 98 y 283)
9.

Ayudas otorgadas por los Estados — Categorías de ayudas, definidas mediante reglamento, que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Reglamentos de exención por categorías — Ayudas de importe reducido — Reglamento (CE) no 1998/2006 — Ámbito de aplicación — Ayudas en favor de actuaciones ligadas a la exportación — Concepto [Art. 107 TFUE, ap. 1; Reglamentos (CE) de la Comisión no 70/2001, art. 1, ap. 2, letra b), no 1998/2006, art. 1, ap. 1, letra d), y no 800/2008, art. 1, ap. 2, letra a)] (véanse los apartados 126 a 131)
1.

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Fondo de Cohesión — Gastos subvencionables — Impuesto sobre el valor añadido no recuperable — concepto que debe determinarse según las normas específicas de cada fondo y no según el Derecho nacional — Reglamento (CE) no 1084/2006 — Concepto que hace referencia a la facultad del beneficiario de la ayuda de deducir dicho impuesto [Reglamentos (CE) del Consejo no 1083/2006, art. 56, ap. 4 y no 1084/2006, art. 3, letra e)] (véanse los apartados 32 a 35 y 53)
El artículo 277 TFUE es la expresión de un principio general que reconoce a una parte, para obtener la anulación de una decisión de la que sea destinataria o que le afecte directa e individualmente, el derecho a impugnar la validez de los actos institucionales anteriores que, aun sin revestir la forma de un reglamento, constituyan la base jurídica de la decisión impugnada, cuando dicha parte no disponga del derecho a interponer, con arreglo al artículo 263 TFUE, un recurso directo contra tales actos, cuyas consecuencias sufre así sin haber podido solicitar su anulación. Dado que el artículo 277 TFUE no tiene por objeto permitir que una parte impugne la aplicabilidad de cualquier acto de carácter general en apoyo de cualquier tipo de recurso, el acto general cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al asunto objeto del recurso y tiene que existir un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general de que se trate.

En la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel la Comisión prevé de forma general y abstracta en sus puntos 8 a 27 las condiciones que las empresas deben cumplir para obtener una reducción total o parcial de multas en materia de infracciones del artículo 101 TFUE, y en su punto 29 que la referida Comunicación crea expectativas legítimas en las empresas. Aunque es cierto que la Comisión no adopta las decisiones declarativas de una infracción de las reglas de la competencia basándose en la Comunicación sobre la cooperación, ya que esas decisiones se sustentan en el artículo 7 del Reglamento no 1/2003, puede existir no obstante un nexo jurídico directo entre esas decisiones y el acto general que es la Comunicación sobre la cooperación. Así sucede en particular cuando, a partir de las solicitudes de reducción del importe de su multa presentadas por competidores conforme a la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión recibe informaciones que le permiten practicar inspecciones y reunir informaciones y pruebas que le llevan a adoptar su decisión.

Toda vez que una empresa no está legitimada para solicitar la anulación de la Comunicación sobre la cooperación, como acto general, ésta puede ser objeto de una excepción de ilegalidad.

(véanse los apartados 48 a 52)
En virtud de lo dispuesto expresa y claramente en el artículo 5, apartado 4, del anexo XIII del Estatuto, tanto el concurso de cambio de categoría como el concurso interno deben tener el efecto de permitir cambiar de categoría al candidato que haya aprobado un concurso de ese tipo, algo que no permite normalmente el hecho de aprobar una oposición general.

En efecto, una interpretación literal estricta de dicha disposición exige precisamente considerar que, por una parte, ésta no se refiere a los agentes temporales que hayan aprobado una oposición general, ya que un procedimiento de selección de ese tipo no puede conducir normalmente a una contratación con cambio de categoría, y que, por otra parte, su tenor no deja margen alguno de apreciación a la administración para interpretarla y aplicarla de otro modo.

Por lo demás, una interpretación teleológica y contextual de dicha disposición no permite desvirtuar esta apreciación. En efecto, si la ventaja de esta norma transitoria excepcional se reserva a los agentes temporales que han aprobado un concurso de cambio de categoría o un concurso interno es con el fin de motivar a estos agentes a participar en tales concursos para llegar a ser nombrados funcionarios y para, a la vez, cambiar de categoría. En cambio, la oposición general está abierta a todos los interesados, incluso ajenos a las instituciones, y, por consiguiente, no está ideada para combinar la selección y el nombramiento con el cambio de categoría.

En estas circunstancias, no hay motivo para pensar que el legislador haya querido extender la ventaja del régimen del artículo 5, apartado 4, del anexo XIII del Estatuto a los agentes temporales que han aprobado una oposición general.

(véanse los apartados 46, 48 y 49)

Tribunal de Justicia: 5 de diciembre de 1974, Van Belle/Consejo (176/73, Rec. p. 1361), apartado 8

Tribunal General: 8 de diciembre de 2005, Reynolds/Parlamento (T‑237/00, RecFP pp. I‑A-385 y II‑1731), apartado 101
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria

—

Definición y adquisición de la marca comunitaria

—

Motivos de denegación relativos

—

Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares

—

Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 24 a 27 y 41)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 18 de febrero de 2010 (asunto R 230/2009-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Teco Electric & Machinery Co. Ltd y Graf‑Syteco GmbH & Co. KG.

Datos relativos al asunto

>lt>15

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Graf‑Syteco GmbH & Co. KG.
101

La primera alegación versa sobre la interpretación del requisito que exige que el volumen de importaciones procedentes de cada país recogido en el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base no sea insignificante. La demandante reprocha al Consejo haber tomado en consideración erróneamente el criterio de la parte de mercado de 1 % recogido en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base, para apreciar el carácter insignificante de las importaciones a efectos del artículo 3, apartado 4, letra a), del mencionado Reglamento. Por una parte, la demandante señala que el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de base no lleva a cabo remisión alguna al artículo 5, apartado 7, de ese mismo Reglamento. Por otra parte, la demandante alega, esencialmente, que el reducido nivel de importación no tiene el mismo efecto en esas dos disposiciones. Según la demandante, mientras que en el caso del artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base lleva al cese del procedimiento, este no es necesariamente el caso cuando se aplica el artículo 3, apartado 4, letra a). La demandante alega, además, que, en lo que respecta a la interpretación del Reglamento de base, el Consejo no puede alegar que goce de algún margen de apreciación.
617

Esta interpretación del artículo 19 del Reglamento no 1/2003, interpretado conjuntamente con el artículo 3 del Reglamento no 773/2004, no significa que la Comisión pueda decidir de manera arbitraria, durante una entrevista, de qué información deja constancia. En efecto, se desprende del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 773/2004 que, cuando la Comisión procede a una entrevista en virtud del artículo 19 del Reglamento no 1/2003, debe informar a la persona entrevistada, al principio de la entrevista, de la base jurídica y del objeto de dicha entrevista, así como de su intención de grabarla. De ello se desprende que la Comisión debe decidir, al inicio de cualquier entrevista, si desea efectuar un interrogatorio formal. Si la Comisión decide, con el consentimiento de la persona interrogada, proceder a un interrogatorio de ese tipo, necesariamente tendría que grabar algunas partes. En tal caso, más bien está obligada a grabar toda la entrevista, sin perjuicio de que la primera frase del artículo 3, apartado 3, del Reglamento deja a la Comisión la opción de elegir el procedimiento de grabación. No obstante, en el caso de autos, la Comisión ha señalado, sin que la demandante haya desmentido este extremo, que la reunión no tenía por objeto recopilar pruebas en forma de acta firmada o de declaraciones con arreglo al artículo 19 del Reglamento no 1/2003, sino únicamente examinar si existían suficientes indicios de infracciones del Derecho de la competencia respecto a las prácticas comerciales de Intel respecto a Dell y considerar nuevas medidas de instrucción respecto a Dell. La reunión entre los servicios de la Comisión y el Sr. D1, por lo tanto, no era una entrevista formal a efectos del artículo 19 del Reglamento no 1/2003.
80

La República Francesa indica por último que, contrariamente a la situación existente en el asunto que dio lugar a la sentencia Air France/Comisión, antes citada, apartado 65, la Oniflhor no podía disponer libremente de los fondos aportados por los profesionales, que eran administrados por los comités agrícolas autorizados. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta en el apartado 60 supra se desprende que, aun cuando las cantidades no estén de manera permanentemente en poder de las autoridades públicas, el hecho de que permanezcan constantemente bajo control público y, por tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes basta para que sean consideradas fondos estatales.
Petición de anulación de la Decisión 2009/944/CE de la Comisión, de 13 de julio de 2009, sobre los regímenes de ayudas estatales C 6/04 (ex NN 70/01) y C 5/05 (ex NN 71/04) aprobados por Italia para los productores de cultivos hortícolas en invernadero (exención de los impuestos especiales del gasóleo utilizado para la calefacción de los invernaderos) (DO L 327, p. 6).
25

Al respecto debe recordarse que el objeto de un recurso interpuesto ante el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, en el sentido del artículo 63 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento no 207/2009) y que, en el procedimiento de anulación, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en la que se adoptó el acto. Por lo tanto, según jurisprudencia consolidada, la función del Tribunal no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de tales documentos iría en contra del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, según el cual los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso [véase la sentencia del Tribunal de 11 de noviembre de 2009, Frag Comercio Internacional/OAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, no publicada en la Recopilación, apartado 17 y jurisprudencia allí citada].
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera)

de 14 de abril de 2015 — Ayadi/Comisión

(Asunto T‑527/09 RENV)

«Devolución tras la anulación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Reglamento (CE) no 881/2002 — Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona incluida en una lista elaborada por un órgano de Naciones Unidas — Inclusión del nombre de esta persona en la lista que figura en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 — Recurso de anulación — Derechos fundamentales — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Derecho al respeto de la propiedad»

1. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Motivación insuficiente — Motivo que puede ser invocado en cualquier fase del procedimiento (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48, ap. 2) (véase el apartado 44)

2. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Ampliación de un motivo planteado anteriormente — Admisibilidad (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48, ap. 2) (véase el apartado 45)

3. Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Reglamento por el que se imponen medidas restrictivas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al Qaida y los talibanes — Alcance del control [Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, anexo I; Reglamento (CE) no 954/2009 de la Comisión] (véanse los apartados 62 a 71)

Objeto

Recurso de anulación del Reglamento (CE) no 954/2009 de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, por el que se modifica por centésimo decimocuarta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes (DO L 269, p. 20), en la medida en que dicho acto afecta al demandante.

Fallo

1) Anular el Reglamento (CE) no 954/2009 de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, por el que se modifica por centésimo decimocuarta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, en la medida en que afecta al Sr. Chafiq Ayadi.

2) La Comisión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Ayadi y estará obligada a reembolsar a la caja del Tribunal las cantidades anticipadas en concepto de justicia gratuita.
1.

Agricultura — FEOGA — Liquidación de cuentas — No financiación de los gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Impugnación por el Estado miembro afectado — Carga de la prueba — Reparto entre la Comisión y el Estado miembro [Reglamentos (CE) de la Comisión no 796/2004 y no 817/2004] (véanse los apartados 23 a 26)
7.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 384/96 — Disposición que se refiere a una fase distinta de esa determinación con respecto a la contemplada en el apartado 7, letra c), de dicho artículo — Disposición que no permite ignorar un requisito para la obtención del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado [Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1225/2009, art. 2, aps. 5 y 7, letra c)] (véanse los apartados 138 y 139)