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Por último no cabe oponer a la Decisión de la Comisión el reparo de que prescinde del artículo 222 del Tratado, con arreglo al cual «el presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». En efecto, la aplicación de las normas del Tratado relativas a las ayudas públicas no causa ningún perjuicio al estatuto jurídico dado por la Región Valona a las nuevas sociedades industriales creadas con su ayuda.
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La Comisión alega que la demanda de revisión es inadmisible por cuatro motivos: — Fue interpuesta después de haber expirado el plazo de tres meses previsto en el artículo 98 del Reglamento de Procedimiento. — En contra de lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, no indica los puntos en relación con los cuales se impugna la sentencia. Además, la sentencia impugnada y la demanda no tienen el mismo objeto. — Aun admitiendo que el nuevo hecho invocado pueda tener relación con la sentencia impugnada, no podría ejercer una influencia decisiva en la solución del litigio. — Las condiciones para la concesión de plazos de pago y para la fijación de los intereses aplicables no eran desconocidas para el Tribunal ni para la parte demandante cuando se dictó la sentencia.
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No obstante, el alcance de esta obligación debe entenderse en el sentido de que, en un régimen de tipos de cambio flotantes, la adaptación de los intervalos de variación a las fluctuaciones de los tipos de cambio no puede ser automática. En efecto, la consideración de las fluctuaciones frecuentes y por lo general de escasa magnitud que caracterizan a dicho régimen sería incompatible con una mínima estabilidad de las tarifas de transporte. En consecuencia, procede reconocer a los Estados miembros un adecuado margen de apreciación en la ejecución de la obligación de readaptación que íes impone el Reglamento n° 1174/68, en el sentido de que dicha readaptación sólo debe llevarse a cabo en caso de sensible perjuicio a las condiciones de competencia.
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En su resolución de 8 de julio de 1981, el Bundesgerichtshof se refiere al criterio sostenido por el Oberlandesgericht de Dusseldorf. Según este último órgano jurisdiccional, la parte solicitante del exequátur no había adoptado las medidas apropiadas para conocer la dirección comercial de la parte contraria del exequátur ni aportó la prueba de ello al Tribunal neerlandés, ya que el Registro Mercantil sólo menciona el domicilio social de la empresa, en el presente caso Neuss, el cual no había cambiado para la parte contraria en el procedimiento de exequátur. Asimismo, se había infringido el principio procesal relativo al derecho a ser oído en lo que respecta a la parte contraria del exequátur. En opinión del mismo Oberlandesgericht, el hecho de que el órgano jurisdiccional neerlandés hubiese considerado que la notificación se había efectuado de forma regular no era suficiente para justificar el otorgamiento de la fórmula ejecutoria con arreglo al Convenio de Bruselas.
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El apartado 1 del artículo 71 del Reglamento no 1408/71 contiene diferentes disposiciones según que el trabajador en situación de desempleo sea un trabajador fronterizo [letra a)] o un trabajador que no sea fronterizo [letra b)]. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el interesado era o no, en la fecha que se ha de tener en cuenta para la resolución del litigio principal, un trabajador fronterizo tal como está definido por la letra b) del artículo 1 del mismo Reglamento. Sin embargo, como la Cour de cassation ha aludido en su resolución a ambos supuestos, sin definir su postura sobre la condición de trabajador fronterizo o no fronterizo del Sr. Aubin, procede que el Tribunal de Justicia, por más que el interesado no parece haber reivindicado la condición de trabajador fronterizo a lo largo del procedimiento, examine el alcance de las disposiciones aplicables en uno y otro supuesto.
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Según la sociedad inculpada en uno de los litigios principales, Alpuro, las celdas que actualmente se utilizan en los Países Bajos para los terneros de engorde no permiten a los animales tumbarse de costado libremente, y la mayoría de dichas celdas tampoco se ajustan a las normas más precisas sobre dimensiones previstas en el Proyecto de Decreto al que se refiere el órgano jurisdiccional nacional. Si bien las normas neerlandesas se aplican únicamente a la producción de terneros dentro de los Países Bajos y, por consiguiente, no afectan en modo alguno a las importaciones de dicho Estado miembro, según la mencionada sociedad producen un efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación, razón por la que son contrarias al artículo 34 del Tratado. Dado que un 90 % de la producción de carne de ternera de los Países Bajos se destina a la exportación, sobre todo a otros Estados miembros, la imposición a los productores neerlandeses de condiciones más onerosas que las impuestas a los productores de otros Estados miembros afecta necesariamente, según Alpuro, al funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado, y no sólo a la de la carne de bovino, sino también a la de los productos lácteos, pues la leche descremada constituye un alimento esencial para los terneros de engorde. En consecuencia, según Alpuro, dichas condiciones son contrarias asimismo a las normas comunitarias por las que se establece una organización común de los mercados agrícolas, así como al apartado 3 del artículo 40 del Tratado, con arreglo al cual una organización común de este tipo debe excluir toda discriminación entre productores de la Comunidad.
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Mediante resolución de 2 de marzo de 1981, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de abril de 1981, la High Court of Justice planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 5 del Reglamento no 652/79 del Consejo, de 29 de marzo de 1979, sobre las consecuencias del Sistema Monetario Europeo en el marco de la Política Agrícola Común (DO L 84, p. 1), en su versión modificada por los Reglamentos no 1264/79 del Consejo, de 25 de junio de 1979 (DO L 161, p. 1 ), y no 1011/80 del Consejo, de 23 de abril de 1980 (DO L 108, p. 3), y sobre la validez del Reglamento no 846/80 de la Comisión, de 2 de abril de 1980, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2140/79 por lo que respecta, en relación con el Reino Unido, a la supresión de los montantes compensatorios monetarios en determinados sectores y su introducción en otros (DO L 91 p. 1).
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La cour d'appel rechazó la tesis de que, como el Reglamento n° 2160/77 no prohibía la pesca a los barcos españoles sino que se limitaba a regular su ejercicio, no era contrario al Acuerdo franco-español. La cour d'appel declaró que el citado Reglamento, en contra de lo que disponía el Convenio de Londres, no se había comunicado a España antes de su adopción, restringía seriamente el derecho de pesca de los barcos españoles y creaba una discriminación en su contra, ya que los barcos de los países comunitarios no estaban obligados a poseer una licencia.
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En tal caso, los derechos invocados en materia de prestaciones familiares están vinculados a prestaciones de vejez derivadas de un régimen de Seguridad Social aplicable a los trabajadores por cuenta propia y no a los trabajadores por cuenta ajena contemplados en el Reglamento n° 1408/71, y que pueden ser liquidadas ateniéndose exclusivamente a la legislación del Estado miembro de que se trata, sin que sea necesario hacer uso de los mecanismos previstos por dicho Reglamento. Por tanto, los objetivos de los artículos 48 a 51 del Tratado no se ven en absoluto afectados cuando los posibles derechos a un incremento de dichas prestaciones por hijos a cargo se determinan según el Derecho nacional del Estado miembro de que se trata y no según las disposiciones del artículo 77 del Reglamento.
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El artículo 12 del Reglamento no 1408/71 regula la no acumulación de prestaciones. El apartado 2 del artículo 12 dispone que «las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación de un Estado miembro en caso de acumulación de una prestación con otras prestaciones de Seguridad Social o con otros ingresos afectarán al beneficiario, incluso cuando se trate de prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de otro Estado miembro o de ingresos obtenidos en el territorio de otro Estado miembro. No obstante, esta norma no se aplicará cuando el interesado se beneficie de prestaciones de la misma naturaleza de invalidez, de vejez, de muerte (pensiones) o de enfermedad profesional que sean liquidadas por las instituciones de dos o varios Estados miembros, con arreglo a las disposiciones de los artículos 46, 50 y 51 o de la letra b) del apartado 1 del artículo 60».
Una normativa que no se aplica en función de la nacionalidad de los operadores económicos, sino en función de su lugar de establecimiento, no viola el principio de no discriminación enunciado en el artículo 7 del Tratado CEE. Por tanto, no constituye una infracción del artículo 7 el hecho de que, mediante una disposición legal que no hace distinción alguna por razón de nacionalidad, ni directa ni indirectamente, un Estado miembro cree una situación que afecta a la competitividad de los operadores económicos establecidos en su territorio, con respecto a los operadores económicos establecidos en otros Estados miembros.
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El Gobierno de la República Francesa, parte coadyuvante en apoyo de las pretensiones de la Comisión, alega que, en su fase actual de desarrollo, el Derecho comunitario no contiene disposición alguna que consagre la protección de los documentos intercambiados entre un asesor legal y su cliente, de lo que deduce que la Comisión debe poder ejercer las facultades conferidas por el artículo 14 del Reglamento no 17 sin que pueda oponerse a dicho ejercicio el carácter confidencial de los documentos que estime necesario conocer para el cumplimiento de la función asignada por el citado Reglamento. En opinión del referido Gobierno, otorgar al asesor legal y a la empresa sometida a un procedimiento en materia de competencia la facultad de decidir si un documento está o no protegido no sólo vulneraría el Derecho comunitario, sino que supondría igualmente el riesgo de graves distorsiones en la aplicación de las disposiciones reguladoras de la competencia.
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El Pretore, comprobada la diferencia de trato fiscal establecida por la Ley italiana entre el alcohol de síntesis, producto importado que apenas se produce en Italia, y el alcohol de fermentación, considera que la solución previa de la cuestión relativa a la compatibilidad de dicha Ley con las disposiciones del Tratado CEE puede tener una importancia determinante para la resolución del litigio del que conoce. Decidió por tanto plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales redactadas como sigue: 1) A. El párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE, ¿debe interpretarse en el sentido de que debe considerarse contrario a Derecho y por lo tanto prohibido, un sistema nacional de tributación que establezca la aplicación a un producto importado de la Comunidad (alcohol etílico sintético exclusivamente destinado, después de su desnaturalización, al uso químico-industrial y por tanto no apto para la alimentación humana) de un impuesto especial muy superior al que grava un producto nacional que presenta las mismas características y figura en la misma partida arancelaria (22.08/300 — alcohol etílico de fermentación, igualmente destinado, después de su desnaturalización, a un uso químico-industrial y no apto para la alimentación humana) por el solo hecho de que la materia prima, de la que las dos clases de alcohol son extraídos respectivamente, sea diferente y por tanto sea también diferente el método de extracción? B. La posible ilegalidad planteada en la cuestión anterior, ¿existe incluso si, teóricamente, el sistema de imposición no grava de manera discriminatoria el mismo producto en relación con la materia prima de la que es extraído, de modo que tanto el alcohol etílico sintético de importación como el alcohol de producción nacional están gravados en igual medida y, por analogía, tanto el alcohol etílico de fermentación importado como el alcohol de producción nacional deberían estar sujetos al mismo impuesto? 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión y con carácter subsidiario, ¿debe interpretarse el párrafo segundo del artículo 95 del Tratado CEE en el sentido de que un sistema nacional de imposición aplicado según los criterios mencionados en la primera cuestión y sobre los productos mencionados en dicha cuestión, debe considerarse contrario a Derecho y por tanto prohibido -porque protege la producción nacional en perjuicio de la producción comunitaria- teniendo en cuenta que el producto sujeto a mayores impuestos (alcohol etílico sintético) es exclusivamente importado de los otros países de la Comunidad, mientras que el producto menos gravado (alcohol etílico de fermentación) se produce en Italia y se encuentra en competencia con el primero?
El artículo 234 del Tratado tiene por objeto precisar, de conformidad con los principios del Derecho internacional, que la aplicación del Tratado no afecta a la obligación del Estado miembro de que se trate de respetar los derechos de los Estados terceros derivados de un convenio celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado o, en su caso, a la adhesión del Estado miembro de que se trata y de cumplir las consiguientes obligaciones.

Dicho artículo no alcanzaría su objetivo si no llevara consigo la obligación de las Instituciones de la Comunidad de no poner obstáculos al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros derivadas de un convenio anterior. Sin embargo, esta obligación de las Instituciones comunitarias tiene únicamente por objeto permitir que el Estado miembro interesado cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del convenio anterior, sin que por ello quede vinculada la Comunidad frente al Estado tercero interesado.
El párrafo primero del artículo 37 del Estatuto CEE del Tribunal de Justicia prevé un mismo derecho de intervención para todas las Instituciones de la Comunidad. No se puede restringir respecto de una de ellas, el ejercicio de dicho derecho sin perjudicar su posición institucional, deseado por el Tratado y, en particular, por el apartado 1 del artículo 4. El derecho a intervenir que se reconoce a las Instituciones no está sujeto al requisito de la existencia de un interés para ejercitar la acción.

Cuando la aplicación de la política agrícola de la Comunidad por parte del Consejo implica la necesidad de evaluar una situación económica compleja, la facultad discrecional de que aquél disfruta no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que haya que adoptar, sino también en cierta medida a la comprobación de los datos de base, en particular en el sentido de que el Consejo puede basarse, en su caso, en comprobaciones globales. Al controlar el ejercicio de esta competencia, el Juez debe limitarse a examinar si la misma no adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trate no se ha extralimitado manifiestamente en su facultad de apreciación.
No constituye ni una Decisión de declaración negativa ni una Decisión de aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE, a efectos de los artículos 2 y 6 del Reglamento no 17, un escrito administrativo remitido sin que se hayan cumplido las medidas de publicidad previstas por dicho Reglamento y por el que se pone en conocimiento de la empresa interesada la opinión de la Comisión de que no ha lugar, por su parte, a intervenir en relación con determinados acuerdos y que, en consecuencia, el asunto puede ser archivado.

Tal escrito no tiene por efecto impedir que los órganos jurisdiccionales nacionales, ante los que se invoca la incompatibilidad de los acuerdos de que se trata con el artículo 85 del Tratado, realicen, en función de los elementos de que disponen, una valoración diferente de dichos acuerdos. Aunque no vincule a los órganos jurisdiccionales nacionales, la opinión comunicada en el escrito constituye, no obstante, un elemento de hecho que dichos órganos jurisdiccionales pueden tener en cuenta al examinar la conformidad de los acuerdos de que se trata con lo dispuesto en el artículo 85.
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Como consecuencia de esta sentencia, mediante el Reglamento (CEE) no 1125/78 del Consejo, de 22 de mayo de 1978, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2727/75 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (DO L 142, p. 21), se volvieron a establecer las restituciones a la producción de quellmehl destinado a la panificación. El importe de la restitución se fijó mediante el Reglamento (CEE) no 1127/78 del Consejo (DO L 142, p. 24; EE 03/14, p. 62), adoptado y publicado al mismo tiempo que el Reglamento no 1125/78. Ambos Reglamentos entraron en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. No obstante, a tenor del último párrafo del artículo 1 del Reglamento no 1127/78, a petición del interesado, las restituciones se concederían a partir del 19 de octubre de 1977, es decir, con efecto retroactivo a partir de la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos prejudiciales antes mencionados.
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Dicha justificación no puede basarse en el hecho, alegado por la Caisse régionale, de que la asignación para madres de familia tiene por finalidad favorecer la natalidad en Francia. Por una parte, la cour d'appel, único órgano competente para interpretar la legislación francesa en el presente procedimiento, ha calificado la asignación para madres de familia de prestación de vejez de carácter no contributivo; por otra parte, el Reglamento no 1408/71 no establece diferencias entre los regímenes de Seguridad Social a los que es aplicable, según que estos regímenes persigan o no objetivos de política demográfica.
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Considerando que la Comisión, para dar cumplimiento al principio de protección de la confianza legítima, estableció en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento no 2604/77, modificado por el artículo 1 del Reglamento no 2792/77, de 15 de diciembre de 1977, que, a petición de los interesados, los montantes compensatorios monetarios recién establecidos no se aplicarían a las operaciones realizadas al amparo de un certificado, que incluyera la fijación por adelantado de la restitución a la exportación o de la exacción a la importación, que se hubiera solicitado antes del 26 de noviembre de 1977, fecha de la publicación y de la entrada en vigor del Reglamento no 2604/77;
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No se discute que la actividad de Liptons se limita a la región de Londres y que, en todo caso, sus actividades comerciales nunca se han extendido más allá del Reino Unido. Por lo que respecta al futuro, no existe indicio alguno de que Liptons proyecte extender sus actividades más allá de dichos límites geográficos. Por otra parte, esta limitación encuentra su explicación en la propia naturaleza de las actividades que nos ocupan. El mantenimiento, la reparación y el alquiler de cajas registradoras, así como la venta de cajas de ocasión, no se prestan a una actividad lucrativa fuera de una determinada zona, alrededor de la base de operaciones de la empresa. Esta característica se refleja en la estructura actual de dichas empresas. Según los autos, existe en el Reino Unido un gran número de pequeñas empresas locales especializadas en la prestación de estos servicios. Hay razones para pensar que la estructura comercial y profesional es igual en los demás Estados miembros en los que Hugin aplica también la política de no suministrar piezas de recambio a empresas que no formen parte de su propia red de distribución.
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Considerando que, si bien, por regla general, el principio de seguridad jurídica se opone a que un Reglamento entre en vigor en una fecha anterior a su publicación, puede ser de otro modo, con carácter excepcional, siempre que lo exija el fin perseguido y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados; que, en lo que se refiere, más concretamente, a los montantes compensatorios monetarios, el régimen establecido por el Reglamento no 974/71 implica, en principio, que las medidas previstas entren en vigor en el momento en que se produzcan los acontecimientos que las desencadenan, de suerte que, para darles plena eficacia, puede ser necesario prever la aplicabilidad de montantes compensatorios monetarios, fijados nuevamente, a hechos y actos que se han producido durante un breve período de tiempo anterior a la publicación en el Diario Oficial del Reglamento que los fija; que es inherente al sistema de los montantes compensatorios monetarios que los operadores económicos cuenten con que toda modificación notable de la situación monetaria puede suponer, la extensión de dicho régimen a nuevas categorías de mercancías y la fijación de nuevos montantes; que, en el presente caso, la Comisión adoptó, desde la fecha prevista para la aplicabilidad de los nuevos montantes, medidas particulares para que éstos fueran dados a conocer en los medios profesionales interesados; que la aplicabilidad del Reglamento no 649/73 a hechos ocurridos a partir del 26 de febrero de 1973, es decir durante un período de dos semanas anterior a su publicación efectiva, no podía vulnerar una confianza digna de protección; que, a la vista de esta comprobación relativa al Reglamento no 649/73 y habida cuenta de la situación extraordinaria que reinaba en aquel momento, ninguna consideración perentoria relativa a la seguridad jurídica se opone a que el Reglamento no 741/73, por el que se modifican los montantes compensatorios monetarios establecidos por el citado Reglamento y adoptado el 5 de marzo, tenga eficacia desde esta última fecha, no obstante el hecho de que el Reglamento no 649/73 no había sido todavía publicado en el Diario Oficial;
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que procede, pues, responder que los artículos 7 y 48 del Tratado y el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento no 1408/71 no se oponen a que las instituciones de los Estados miembros asimilen a hechos que, de producirse en el territorio nacional, constituirían una causa de pérdida o de suspensión del derecho a las prestaciones en metálico los hechos correspondientes producidos en otro Estado miembro —pero tampoco obligan a tal asimilación—; la decisión a este respecto corresponde a las autoridades nacionales, siempre que se aplique sin tener en cuenta la nacionalidad y siempre que dichos hechos no se describan de tal modo que, en la práctica, se provoque una discriminación con relación a los nacionales de los demás Estados miembros.
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Considerando que el órgano jurisdiccional nacional admitió acertadamente en el caso de autos la aplicabilidad de las disposiciones del Tratado relativas a la liberalización de las prestaciones de servicios; que, en efecto, no hay duda de que prestaciones del tipo de las litigiosas, que consisten, por parte de un banco, en la ejecución de órdenes en bolsa y de operaciones de cuenta corriente vinculadas a la apertura de un crédito, constituyen prestaciones de servicios con arreglo al apartado 1 del artículo 60 del Tratado, que contempla, de manera genérica, todas las actividades de carácter comercial; que, además, las operaciones de que se trata no pueden ser consideradas como prestaciones de servicios puramente internas en un Estado miembro, puesto que el beneficiario de las prestaciones, antes de cesar las relaciones contractuales entre las partes, trasladó su domicilio a otro Estado miembro, de manera que se cumplió la exigencia del párrafo primero del artículo 59, a cuyo tenor las medidas de liberalización previstas por el Tratado deben beneficiar a todos los prestadores de servicios «establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación»; que ello debe ser especialmente así cuando el objeto del litigio está constituido, como en el presente caso, por el saldo de una cuenta corriente cuyas operaciones no se pueden considerar cerradas antes de la liquidación de dicho saldo.