Asunto T‑525/16

GQ y otros

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Reforma del Estatuto — Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 — Tipos de puestos — Normas transitorias relativas a la clasificación en tipos de puestos — Artículo 31 del anexo XIII del Estatuto — Asistentes en transición — Promoción en virtud del artículo 45 del Estatuto autorizada únicamente en el itinerario de carrera correspondiente al tipo de puesto ocupado — Acceso al tipo de puesto de “asistente experimentado” (AST 10) exclusivamente con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 4 y 29, apartado 1, del Estatuto — Igualdad de trato — Pérdida del derecho a la promoción al grado AST 10 — Confianza legítima»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 14 de diciembre de 2018

Incluso cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no hace otra cosa que aplicar las disposiciones del Estatuto recientemente entradas en vigor, la decisión mediante la que se aplican esas disposiciones por primera vez puede considerarse un acto lesivo. Pues bien, aun cuando, a la luz del tenor literal del artículo 31, apartado 2, del anexo XIII del Estatuto, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013, se adoptaron en el marco de una competencia reglada, las decisiones de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de clasificar a los demandantes en el tipo de puesto de «asistente en transición» con efectos al 1 de enero de 2014, materializadas mediante la introducción de una mención en sus expedientes personales en el sistema informático de gestión del personal, denominado «SysPer 2» relativa a la clasificación en ese tipo de puesto, les resultan lesivas, dado que tienen como consecuencia hacerles perder el derecho a la promoción al grado AST 10. (véanse los apartados 32 y 33)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 35 a 38)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 49 a 54 y 113)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 57)

Solo se produce una vulneración del principio de igualdad de trato, principio general del Derecho de la Unión consagrado en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y aplicable a la normativa sobre función pública de la Unión, cuando a dos categorías de personas cuya situación fáctica y jurídica no presente ninguna diferencia esencial se les dispensa un trato diferente en el momento de su clasificación y cuando esa diferencia de trato no está objetivamente justificada. Cuando se aplique ese principio, en el examen de las situaciones que han de compararse es preciso tener en cuenta todos los elementos que las caracterizan. En cuanto a los funcionarios asistentes de grado AST 1 a AST 8, ha de señalarse que no están objetivamente en la misma situación que los funcionarios de grado AST 9, dado que, a diferencia de lo que ocurre con estos, aún no han alcanzado el grado máximo previsto para el tipo de puesto al que pueden progresar, aunque de conformidad con el Estatuto de los Funcionarios en su versión modificada por el Reglamento n.o 723/2004 estuvieran todos clasificados en el mismo tipo de puesto. Ahora bien, el principio de igualdad de trato implica que todos los funcionarios promovidos a un mismo grado deben tener, a igualdad de méritos, las mismas probabilidades de ser promovidos al grado superior. Así, es conforme con dicho principio que tanto los asistentes en transición como los asistentes se sometan al procedimiento de promoción previsto en el artículo 45 del Estatuto para alcanzar el grado máximo establecido para esos tipos de puestos y que, una vez que hayan alcanzado el grado AST 9, se sometan todos ellos al mismo procedimiento, en este caso al previsto en los artículos 4 y 29 del Estatuto, para acceder a puestos de grado superior, en el presente asunto el grado AST 10, cuyo número determina la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en función de sus necesidades. (véanse los apartados 61, 64 y 65)

El principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulte apropiado y necesario para lograr los objetivos legítimos que persigue la normativa de que se trata, teniendo en cuenta que, cuando pueda optarse entre varias medidas adecuadas, procede recurrir a la menos gravosa y que los inconvenientes provocados no han de resultar desmesurados con respecto a los fines perseguidos. Por lo que se refiere al control judicial del cumplimiento de esos requisitos, se ha reconocido al legislador de la Unión, en el ejercicio de las competencias que se le han atribuido, una amplia facultad de apreciación en materias en las que ha de tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y realizar apreciaciones y evaluaciones complejas. Así pues, no se trata de establecer si una determinada medida adoptada en un cierto ámbito era la única o la mejor posible. En efecto, cuando el legislador de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación, como ocurre cuando adopta modificaciones del Estatuto y del régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 336 TFUE, solo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida en relación con el objetivo que pretende conseguir la institución competente puede afectar a la legalidad de tal medida a la luz del principio de proporcionalidad. (véase el apartado 70)

El deber de asistencia y protección no puede interpretarse en el sentido de que impone a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos la obligación de compensar la pérdida del derecho a la promoción al grado AST 10, decidida por el legislador de la Unión, mediante la adopción de medidas internas encaminadas a crear más puestos de «asistentes experimentados» de grados AST 10 y AST 11, pues tal actuación llevaría a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a contrarrestar la voluntad del citado legislador, reduciendo el impacto deseado de las medidas que adoptó en el marco de la reforma estatutaria llevada a cabo por el Reglamento n.o 1023/2013. (véase el apartado 78)

En un ámbito en el que se ejerce una facultad discrecional, como es la adopción de disposiciones transitorias encaminadas a garantizar una transición justa entre el régimen estatutario anterior y el nuevo, únicamente se vulnera el principio de igualdad de trato cuando la institución de que se trata efectúa una distinción arbitraria o manifiestamente inadecuada con respecto al objetivo que persigue la normativa controvertida. A la luz de la propia naturaleza de las funciones que ejercen y de los requisitos mínimos de acceso a tales funciones, según están previstos, en particular, en el artículo 5, apartado 3, del Estatuto, los funcionarios del grupo de funciones de administradores y los del grupo de funciones de asistentes están en situaciones fácticas y jurídicas objetiva y sustancialmente distinta, de modo que el legislador de la Unión no estaba obligado a adoptar medidas transitorias ni a adoptar disposiciones transitorias de la misma naturaleza para ambos grupos de funciones. Por consiguiente, el legislador de la Unión no estaba obligado a prever la existencia de una clasificación excepcional para el grupo de los asistentes, como la prevista en el artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del nuevo Estatuto, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013. (véanse los apartados 104 a 107)