4.

El litigio sometido a la Corte Suprema di Cassazione se refiere a un contrato de seguro celebrado entre el «pool» internacional de aseguradores y el IRU. Su particularidad reside, como el juez a quo da claramente a entender, en el hecho que el IRU firmó este contrato en nombre propio, pero a favor de las organizaciones nacionales afiliadas él: estas últimas no son pues partes en el contrato. Supongamos ahora que, en un texto de este tipo, las partes contratantes incluyan (como hicieron el «pool» y el IRU en el artículo 8) una cláusula de prórroga de la competencia. ¿Puede el asegurado prevalerse de dicha cláusula en beneficio propio aunque, al tratarse de una res inter alios, no la suscribiera por escrito? Para responder a esta cuestión se requiere determinar el alcance exacto del artículo 17 del Convenio de Bruselas. Como es sabido, la mencionada disposición prevé que si las partes designan «un tribunal o los tribunales de un Estado contratante para conocer de los litigios que hubieren surgido [...] con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán exclusivamente competentes»; a continuación, añade dicha disposición -y este es el punto que nos interesa- «Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita [...]». Considero que, en el supuesto de un contrato celebrado a favor de terceros, el citado requisito concurre si son las partes contratantes quienes suscribieron o confirmaron por escrito las cláusulas de prórroga de la competencia. El consentimiento por escrito del tercero no es necesario. Llego a la anterior conclusión sobre la base de distintos argumentos. En primer lugar, destaca la finalidad a la que responde el requisito controvertido. Como se afirma en el Informe Jenard (DO 1990, C 189, p. 122), dicho requisito pretende garantizar la seguridad de las relaciones jurídicas, es decir, como afirmara el Abogado General Capotarti, «requiere una prueba segura de la existencia de una voluntad común de las partes en relación con la cláusula que determina el Juzgado competente» (conclusiones que recayeron en la sentencia de 14 de diciembre de 1976, Estasis Salotti, 24/76,↔ Rec. pp. 1831y ss., especialmente p. 1845). Resulta evidente que tal requisito se impone tanto más cuanto que una de Ias partes es más débil, como es el caso en los contratos de adhesión, cuyo contenido se preestablece unilateralmente por una parte y la otra sólo lo acepta. El Tribunal de Justicia ha reconocido esta realidad en varias ocasiones. Así, se estableció en dos sentencias de 14 de diciembre de 1976: en la primera, este Tribunal estimó que «en el caso en que, entre las condiciones generales de venta de una de las partes, impresas al dorso de un documento contractual, figure una cláusula atributiva de competencia, únicamente se cumple la exigencia de forma escrita [...] si el contrato firmado por ambas partes contiene una remisión expresa a dichas condiciones generales» (sentencia Estasis Salotti, antes citada); y en la segunda sentencia, el Tribunal mantuvo que «en caso de un contrato celebrado verbalmente únicamente se cumplen los requisitos de forma» si la confirmación escrita del vendedor, en la que se comunican las condiciones generales de venta, ha dado lugar a una aceptación escrita por parte del comprador (sentencia de 14 de diciembre de 1976, Segoura, 25/76,↔ Rec. p. 1851). La exigencia de forma escrita sirve en realidad para llamar la atención de las partes contratantes sobre los riesgos que implica la cláusula de prórroga de la competencia. En efecto, procede recordar que dicha cláusula excluye tanto la competencia general prevista en el artículo 2 del Convenio (el cual hace referencia al domicilio del demandado) como las competencias especiales establecidas por los artículos 5 y 6, a menos que la cláusula de prórroga de la competencia esté estipulada a favor de una sola parte, en cuyo caso -lo cual no hace sino acentuar los mencionados riesgos— esta última parte conserva el derecho de plantear una demanda ante cualquier otro juez competente en virtud del Convenio (tercer párrafo del artículo 17). Conviene, nc obstante, proceder con cautela. Todo lo que he afirmado hasta ahora es válido para las partes contratantes. No existe ninguna protección a favor de los terceros, que se benefician del contrato sin soportar las obligaciones y sin correr los riesgos que éste comporta; supeditar la validez de la cláusula controvertida a su suscripción por parte de dichos terceros no tiene por lo tanto ningún sentido. Es más, ningún ordenamiento jurídico impone semejante suscripción, a fortiori por escrito, salvo para evitar la revocación de la cláusula (véase el párrafo 2 del artículo 1411 del Código Civil italiano); en cualquier caso, el propio tenor literal del artículo 17 excluye que tal suscripción sea necesaria en el asunto de autos. De la lectura del inicio de la mencionada disposición: «si, mediante un convenio escrito o verbal confirmado por escrito, las partes [...]», se desprende -de manera prácticamente inevitable- su carácter decisivo. No es posible, en efecto, que un texto de este tipo utilice de manera impropia la expresión «las partes», respecto de la cual cualquier estudiante de primer curso de Derecho estaría dispuesto a jurar que no puede incluir el concepto de tercero. Mediante la palabra «partes», el Convenio alude por consiguiente al «estipulante» y al «obligado», es decir, a los sujetos que contribuyeron a la formación del contrato, uno causando y otro asumiendo la obligación respecto al tercero.