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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 382/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-569/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Aplicación de los regímenes de seguridad social - Trabajadores migrantes - Determinación de la legislación aplicable - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i) - Persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros - Persona empleada en un Estado miembro y que ejerce actividades por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro durante una excedencia no retribuida de tres meses])

(2017/C 382/07)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: X

Recurrida: Staatssecretaris van Financiën

Fallo

El artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, ha de interpretarse en el sentido de que una persona que reside y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro y que, durante un período de tres meses, disfruta de una excedencia no retribuida y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro debe considerarse una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos Estados miembros en el sentido de esa disposición, siempre que, por una parte, durante ese período de excedencia, se considere que ejerce una actividad por cuenta ajena en virtud de la legislación en materia de seguridad social del primer Estado miembro y, por otra, la actividad ejercida en el territorio del segundo Estado miembro tenga carácter habitual y significativo, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 38 de 1.2.2016.
1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9, párrafo primero, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, y del principio de proporcionalidad, al establecer que las cajetillas de cigarrillos que hayan sido despachadas a consumo en un determinado año ya no podrán comercializarse ni venderse al público una vez expirado el plazo previsto en el artículo 27, letra a), de la Portaria n.o 1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (Orden n.o 1295/2007 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), de 1 de octubre de 2007, en su versión aplicable al presente recurso, cuando no haya un incremento del tipo del impuesto especial aplicable a estos productos que surta efectos el año siguiente.
1)

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de apreciar si un menor, ciudadano de la Unión Europea, se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, privándosele de este modo del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que le confiere dicho artículo si a su progenitor, nacional de un país tercero, se le denegase el reconocimiento del derecho de residencia en el Estado miembro de que se trate, el hecho de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, sea realmente capaz de asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor y esté dispuesto a ello es un elemento pertinente pero no suficiente para poder declarar que no existe entre el progenitor nacional de un país tercero y el menor una relación de dependencia tal que diese lugar a que este último se viese obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto en caso de que se produjese esa denegación. Tal apreciación debe basarse en la toma en consideración, respetando el interés superior del niño, del conjunto de circunstancias del caso concreto y, en particular, de su edad, de su desarrollo físico y emocional, de la intensidad de su relación afectiva con el progenitor ciudadano de la Unión y con el progenitor de un país tercero y del riesgo que separarlo de este último entrañaría para el equilibrio del niño.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 277/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales) Queens Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido) — The Queen, a instancias de: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

(Asunto C-591/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Artículo 355 TFUE, apartado 3 - Estatuto de Gibraltar - Artículo 56 TFUE - Libre prestación de servicios - Situación meramente interna - Inadmisibilidad))

(2017/C 277/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Queen, a instancias de: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Demandadas: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

Fallo

El artículo 355 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 56 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que la prestación de servicios por operadores establecidos en Gibraltar a personas establecidas en el Reino Unido constituye, a efectos del Derecho de la Unión, una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro.

(1) DO C 27 de 25.1.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituania) — W, V/X

(Asunto C-499/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia en materia de responsabilidad parental - Reglamento (CE) n.o 2201/2003 - Artículos 8 a 15 - Competencia en materia de obligaciones de alimentos - Reglamento (CE) n.o 4/2009 - Artículo 3, letra d) - Resoluciones opuestas dictadas por órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes - Menor de edad que reside habitualmente en el Estado miembro de residencia de la madre - Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia del padre para modificar una resolución previamente adoptada por ellos, y que ha adquirido firmeza, sobre la residencia del menor, las obligaciones de alimentos y el régimen de visitas - Inexistencia))

(2017/C 112/10)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: W, V

Demandada: X

Fallo

El artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el que se examina en el litigio principal, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que han adoptado una resolución firme en materia de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos en lo que respecta a un menor de edad no siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de las medidas establecidas en esa resolución en el caso de que la residencia habitual del menor esté situada en el territorio de otro Estado miembro. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de esa demanda son los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro.

(1) DO C 414 de 14.12.2015.
1)

El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso, en el sentido de esa disposición, la puesta a disposición de un caballo por parte de su propietario, sujeto al impuesto sobre el valor añadido, a favor del organizador de una carrera hípica para que participe en la misma, en el supuesto de que esa puesta a disposición no dé lugar al pago de una cantidad derivada del hecho de que la participación del caballo da un mayor caché a la carrera o de otra remuneración directa, y cuando sólo los propietarios de los caballos que obtengan una determinada clasificación al llegar a la meta obtienen un premio, aunque éste haya quedado determinado a priori. Por el contrario, tal puesta a disposición de un caballo constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso en el supuesto de que dé lugar al pago, por parte del organizador, de una remuneración con independencia de la clasificación que el caballo en cuestión logre en la carrera.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Liège — Bélgica) — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL

(Asunto C-149/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Directiva 1999/44/CE - Venta y garantías de los bienes de consumo - Ámbito de aplicación - Concepto de «vendedor» - Intermediario - Circunstancias excepcionales))

(2017/C 006/15)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Liège

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sabrina Wathelet

Demandada: Garage Bietheres & Fils SPRL

Fallo

El concepto de «vendedor», conforme al artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, debe interpretarse en el sentido de que comprende también al profesional que actúa como intermediario por cuenta de un particular sin informar debidamente al consumidor adquirente de que el propietario del bien vendido es un particular, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, tomando en consideración el conjunto de las circunstancias del caso. Esta interpretación no depende de si el intermediario percibe o no una remuneración por su intervención.

(1) DO C 213 de 29.6.2015.
3)

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro no debe tener en cuenta, al aplicar esta disposición en un determinado asunto de responsabilidad parental, ni la incidencia que la eventual remisión del asunto a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro tenga sobre el Derecho de libre circulación de las personas afectadas, con excepción del menor de que se trate, ni el motivo por el que la madre del menor ejerció tal derecho, con carácter previo a la presentación de la demanda, a no ser que tales consideraciones puedan incidir negativamente en la situación del menor.
1)

El Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) y el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), deben interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del artículo 1, apartado 3, de cada uno de esos Reglamentos, la ley aplicable a una acción de cesación, en el sentido de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, dirigida contra el uso de cláusulas contractuales supuestamente ilegales por una empresa domiciliada en un Estado miembro que celebra contratos por vía de comercio electrónico con consumidores que residen en otros Estados miembros y, en particular, en el Estado del órgano jurisdiccional ante el que se interpone la demanda, debe determinarse conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 864/2007, mientras que la ley aplicable a la apreciación de una cláusula contractual dada debe determinarse siempre con arreglo al Reglamento n.o 593/2008, independientemente de que esa apreciación se efectúe en el marco de una acción individual o en el de una acción colectiva.
1)

El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que una acción de indemnización fundada en la ruptura repentina de relaciones comerciales de larga duración, como la que es objeto del litigio principal, no es de naturaleza delictual o cuasidelictual en el sentido de dicho Reglamento si entre las partes existía una relación contractual tácita, lo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente. La demostración de la existencia de tal relación contractual de carácter tácito se debe basar en una serie de elementos concordantes, entre otros, en particular, la existencia de relaciones comerciales de larga duración, la buena fe entre las partes, la regularidad de las transacciones y su evolución en el tiempo en términos de cantidad y de valor, los eventuales acuerdos sobre los precios facturados o sobre los descuentos aplicables, así como la correspondencia mantenida.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 343/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de julio de 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Carolus C. BVBA

(Asunto C-226/15 P) (1)

((Recurso de casación - Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión English pink - Oposición del titular de la marca denominativa PINK LADY y de las marcas figurativas que incluyen los elementos denominativos «Pink Lady» - Desestimación de la oposición - Resolución de un tribunal de marcas de la Unión Europea - Modificación - Fuerza de cosa juzgada))

(2016/C 343/09)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrentes: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (representantes: T. de Haan, abogado, P. Péters, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: J. Crespo Carrillo, agente), Carolus C. BVBA

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion.

(1) DO C 254 de 3.8.2015.
1)

El artículo 15, apartados 2 y 8, del Reglamento (CE) n.o 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, debe interpretarse en el sentido de que no confiere a un fabricante de azúcar el derecho a que se le devuelvan las cotizaciones por producción abonadas por cantidades de azúcar bajo cuotas A y B que aún estaban almacenadas el 30 de junio de 2006, dado que el Reglamento (CE) n.o 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, no prorrogó el régimen de las cotizaciones por producción más allá de esa fecha.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 145/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Asunto C-124/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Partida 3004 - Comprimidos efervescentes que contienen 500 mg de calcio - Nivel de una sustancia por dosis diaria recomendada perceptiblemente más alto que la ingesta diaria recomendada para mantener la salud y el bienestar generales))

(2016/C 145/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Salutas Pharma GmbH

Demandada: Hauptzollamt Hannover

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión resultante del Reglamento (UE) no 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que un producto como los comprimidos efervescentes con un contenido de calcio de 500 mg por comprimido, indicados para la prevención y el tratamiento del déficit de calcio o asociados a una terapia especial de prevención y tratamiento de la osteoporosis, y en cuya etiqueta se recomienda una dosis diaria máxima para adultos de 1 500 mg, está comprendido en la partida 3004 de dicha Nomenclatura.

(1) DO C 178 de 1.6.2015.
3)

El artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un período de empleo cubierto conforme a la legislación de ese Estado miembro por un trabajador por cuenta ajena que no era nacional de un Estado miembro durante dicho período pero que, en el momento de solicitar el pago de una pensión de vejez, está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de este Reglamento, no se toma en consideración en ese Estado miembro para determinar los derechos a pensión de dicho trabajador.
1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 545/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, al no garantizar la independencia del coordinador para la asignación de franjas horarias separándolo funcionalmente de cualquier parte interesada y al no asegurarse de que el sistema de financiación de las actividades del coordinador sea capaz de garantizar su independencia.
1)

El artículo 19 del Reglamento (CE) no 805/2004 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, leído a la luz del artículo 288 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no impone a los Estados miembros la obligación de establecer en su Derecho interno un procedimiento de revisión como el previsto en el referido artículo 19.
3)

La Directiva 92/43 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se realiza una nueva evaluación de las repercusiones sobre el lugar de que se trata al objeto de subsanar errores detectados en la evaluación previa efectuada antes de que dicho lugar fuera incluido en la lista de los lugares de importancia comunitaria o en la evaluación a posteriori conforme al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, siendo así que el plan o proyecto ya se ha ejecutado, las exigencias de un control ejercido en el marco de tal evaluación no pueden modificarse por el hecho de que la resolución por la que se aprobó el proyecto fuera directamente ejecutiva, no hubiera prosperado un procedimiento de medidas provisionales y esa resolución desestimatoria ya no fuera recurrible. Además, la referida evaluación debe tener en cuenta los riesgos de deterioro o de alteraciones que puedan tener un efecto apreciable, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 2, y que pudieran aparecer por la realización del plan o del proyecto de que se trate. El artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 debe interpretarse en el sentido de que las exigencias del control ejercido en el marco de la evaluación de las soluciones alternativas no pueden modificarse por el hecho de que el plan o proyecto ya esté ejecutado.
1)

El artículo 16 del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «documento extrajudicial» utilizado en dicho artículo comprende, no sólo los documentos emitidos o autenticados por una autoridad pública o un funcionario público, sino también los documentos privados cuya transmisión formal a su destinatario residente en el extranjero sea necesaria para el ejercicio, la prueba o la salvaguardia de un derecho o de una pretensión jurídica en materia civil o mercantil.
3)

El Estatuto de los Funcionario de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento no 259/68, en su versión modificada por el Reglamento no 781/98, no puede interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de una acción directa ejercitada en virtud del artículo 85 bis, apartado 4, del propio Estatuto, la Unión deba hacerse cargo definitivamente de las prestaciones que tiene obligación de satisfacer con arreglo, por una parte, al artículo 73 del Estatuto –prestaciones destinadas a cubrir los riesgos de enfermedad y de accidente— y en virtud, por otra parte, del artículo 78 del Estatuto –pago de una pensión de invalidez.