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Si bien es cierto, como resulta de los considerandos 1 y 4 de la Directiva 2002/47, sobre acuerdos de garantía financiera, que ésta se adoptó en un contexto establecido, en particular, por la Directiva 98/26, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, y que el legislador de la Unión consideró que era ventajoso someter a una reglamentación común las garantías prestadas en el ámbito de los sistemas de pago y de liquidación previstos en esta última Directiva, no lo es menos, como también lo recuerda el considerando 4 de la Directiva 2002/47, que ésta completa los actos jurídicos en vigor, tratando otras cuestiones y yendo más allá que ellos. Por consiguiente, no se puede considerar que el ámbito de aplicación ratione materiae de la Directiva 2002/47 se limite a los fondos depositados en cuentas que se utilizan para los sistemas de pagos y de liquidación de valores contemplados en la Directiva 98/26.

La Directiva 2002/47, sobre acuerdos de garantía financiera, debe interpretarse en el sentido de que únicamente confiere al beneficiario de una garantía financiera, en virtud de la cual los fondos depositados en una cuenta corriente han sido pignorados a favor del banco para garantizar todos los créditos que éste tenga frente al titular de la cuenta, el derecho a ejecutar dicha garantía con independencia de que se haya o no incoado un procedimiento de insolvencia del garante si, por una parte, los fondos a los que se refiere la garantía fueron abonados en la cuenta en cuestión antes de incoarse dicho procedimiento o bien en la misma fecha de la apertura, en cuyo caso el banco debe haber demostrado que desconocía que se había incoado este procedimiento o que no podía razonablemente saberlo, y si, por otra parte, el titular de la cuenta tenía prohibido disponer de tales fondos después de su ingreso en esta misma cuenta.

En efecto, en principio, una garantía financiera no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/47 si fue prestada después de incoarse un procedimiento de insolvencia. El artículo 8, apartados 1 y 3, de la mencionada Directiva impide, en esencia, que un procedimiento de insolvencia pueda tener efecto retroactivo sobre las garantías financieras prestadas antes de incoarse tal procedimiento. En cambio, con arreglo al artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, cuando una garantía haya sido prestada en un momento posterior a la apertura de tal procedimiento, el acuerdo de garantía producirá efectos jurídicos y será vinculante para terceros sólo con carácter excepcional, esto es, únicamente si la garantía fue prestada el mismo día de la apertura de este procedimiento y el beneficiario demuestra que no tenía conocimiento de tal apertura o que no podía razonablemente saberlo. De lo anterior se desprende que, sin perjuicio de los supuestos previstos en el artículo 8, apartado 2, de la citada Directiva, ésta no comprende las garantías prestadas después de la apertura de un procedimiento de insolvencia.

(véanse los apartados 45, 46 y 54 y el fallo)
Mediante su quinto motivo de casación, la Comisión alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que la decisión de incoar un procedimiento de investigación formal está sujeta a un control jurisdiccional limitado, en particular, por lo que respecta a su motivación. Expone que el mero examen preliminar de los hechos no le permitió disipar sus dudas sobre el carácter selectivo o no del Reglamento de 2006. Ahora bien, según afirma, la sentencia recurrida no contiene explicación alguna sobre los motivos por los que ese Reglamento presentaba un carácter no selectivo tan manifiesto que la Comisión no podía incoar el procedimiento de investigación formal.
16

El 21 de junio de 2012, la Comisión denegó, mediante la decisión controvertida, el acceso a los documentos controvertidos, sobre la base del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001. Esencialmente consideró que la divulgación de esos documentos podría afectar al buen funcionamiento del procedimiento de investigación incoado contra la República Federal de Alemania. Por otra parte, estimó que, en el caso de autos, no era posible un acceso parcial a dichos documentos conforme al artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001. Por último, señaló que no existía interés público superior alguno en el sentido del artículo 4, apartado 2, último inciso, del Reglamento n.o 1049/2001 que justificara la divulgación de tales documentos.
24

La comercialización de conformidad con la legislación en vigor es una de las exigencias del despacho a libre práctica y, por lo tanto, un requisito para la obtención del estatuto de mercancía de la Unión, y no una etapa adicional necesaria para que se aplique el principio de reconocimiento mutuo. Además, el Estado miembro del despacho a libre práctica puede ser diferente del Estado cuya legislación se ha aplicado al contraste de los metales de que se trata. Esta posición queda corroborada en particular por el Reglamento (CE) n.o 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión n.o 3052/95/CE (DO 2008, L 218, p. 21), y por el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93 (DO 2008, L 218, p. 30).
21

El artículo 10 de la Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (Ley de venta de mercancías y prestación de servicios de 1980) introdujo un nuevo artículo 14 en la Sale of Goods Act 1893 (Ley de venta de mercancías de 1893), artículo a cuyo tenor: «(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley y en cualquier otra norma que se dicte a su amparo, no se reconoce ninguna condición o garantía implícita de calidad o idoneidad para un uso determinado a los bienes suministrados en virtud de un contrato de compraventa. (2) Cuando un vendedor venda mercancías en el tráfico mercantil, se presumirá que los bienes suministrados en virtud de un contrato son de calidad comercializable, salvo cuando: (a) hayan sido expresamente manifestados defectos al comprador antes de celebrarse el contrato, o (b) el comprador haya examinado los bienes antes de concluir el contrato y debiera haber detectado defectos mediante dicho examen. (3) Los bienes serán de calidad comercializable cuando sean idóneos para los usos para los que se suelen adquirir bienes de esa naturaleza y sean lo duraderos que quepa razonablemente esperar habida cuenta de su descripción, precio (en su caso), y demás circunstancias pertinentes, y cualquier referencia contenida en la presente Ley a mercancías de calidad no comercializable deberá interpretarse en consecuencia. (4) Cuando el vendedor comercialice bienes en el tráfico mercantil y el comprador le comunique, de forma expresa o implícita, el uso particular para el que adquiere los productos, se presumirá que los bienes suministrados en virtud del contrato son razonablemente idóneos para dicho uso, al margen de que se trate de un uso para el que suelan suministrarse esos bienes, salvo cuando las circunstancias demuestren que el comprador no se basa o no se debería basar, actuando razonablemente, en la pericia o criterio del vendedor. [...]»
12

El artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO 1968, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1080/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 (DO 2010, L 311, p. 1, y corrección de errores en DO 2012, L 144, p. 48) (en lo sucesivo, «Estatuto»), preceptúa en su apartado 1 que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para resolver sobre los litigios que se susciten entre la Unión y alguna de las personas a quienes se aplica el presente Estatuto, que tengan por objeto la legalidad de un acto que les sea lesivo [...]».
25

[En su versión rectificada mediante auto de 6 de octubre de 2016] A tenor del artículo 859 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002 (DO 2002, L 68, p. 11): «Se considerarán que quedan sin consecuencia real sobre el correcto funcionamiento del depósito temporal o del régimen aduanero considerado, tal como se define en el apartado 1 del artículo 204 del Código [aduanero], los incumplimientos siguientes, siempre que: — no constituyan una tentativa de substraerse a la vigilancia aduanera de la mercancía; — no impliquen negligencia manifiesta del interesado; — se hayan cumplido todas las formalidades necesarias para regularizar la situación de la mercancía: [...] 2) en el caso de una mercancía incluida en un régimen de tránsito, la no ejecución de una de las obligaciones que implica la utilización del régimen cuando se cumplan las condiciones siguientes: a) la mercancía incluida en el régimen se haya presentado efectivamente intacta en la oficina de destino; b) la oficina de destino haya podido garantizar que esa misma mercancía ha recibido un destino aduanero o se ha incluido en depósito temporal tras la operación de tránsito, y c) cuando el plazo establecido con arreglo al artículo 356 no se haya respetado y el apartado 3 de dicho artículo no sea aplicable, pero la mercancía se haya presentado en la oficina de destino en un plazo razonable; [...]»
15

En su sentencia de 7 de mayo de 2009, Comisión/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), el Tribunal de Justicia determinó que la República Portuguesa había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271, al no haber equipado con sistemas colectores, en los términos previstos en el artículo 3 de dicha Directiva, a las aglomeraciones de Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa do Varzim/Vila do Conde y Santa Cita, y al no haber sometido a un tratamiento secundario o proceso equivalente, en los términos previstos en el artículo 4 de la misma Directiva, las aguas residuales urbanas procedentes de las aglomeraciones de Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lisboa, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira y Vila Real de Santo António.
22

La administración tributaria sueca estima que el régimen fiscal nacional establece dos métodos de tributación distintos y no da lugar a ninguna discriminación. La tributación efectiva de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes se corresponde con la retención en la fuente practicada en virtud de los convenios fiscales sobre los dividendos abonados a los fondos de pensiones no residentes. El régimen aplicable a los fondos de pensiones no residentes puede resultar, además, más favorable, por un lado, debido a la evolución del rendimiento de las obligaciones del Estado y, por otro, debido a que la tributación sólo tiene lugar cuando se han distribuido dividendos, mientras que los fondos de pensiones residentes pagan el impuesto sobre los rendimientos de capital anualmente. Los gastos que los fondos de pensiones residentes puedan deducir eventualmente por la toma en consideración de sus deudas en el cálculo de la base del capital no se refieren a los dividendos percibidos y no existen cargas relacionadas directamente con los dividendos del capital invertido en Suecia. Los fondos de pensiones residentes pagan anticipadamente un impuesto mensual sobre los beneficios como impuesto a cuenta y, por ello, no disfrutan de ninguna ventaja de tesorería.
30

Si bien es verdad que, en el caso de un litigio entre particulares, el Tribunal de Justicia ha declarado, de modo reiterado, que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, en su calidad de tal, ser invocada contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, apartado 48; Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, apartado 20, y Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartado 108), no es menos cierto que el Tribunal de Justicia también ha declarado repetidamente que la obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado que ésta prevé, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el ámbito de sus competencias, las autoridades judiciales (en este sentido, véanse, en particular, las sentencias von Colson y Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, apartado 26, y Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, apartado 47).
42

Pues bien, ha de apuntarse que esas dos sentencias, que tenían por objeto situaciones en las que las instituciones de garantía de dos Estados miembros parecían competentes a priori para garantizar el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados, no permiten respaldar la tesis defendida por la Comisión, ya que las respuestas aportadas por el Tribunal de Justicia en esas sentencias no inciden en absoluto en la cuestión de saber si, cuando un empresario que tiene su sede real en un Estado miembro ha contratado a trabajadores que residen en éste con el fin de que lleven a cabo actividades por cuenta ajena en un buque, los créditos salariales impagados de los que son titulares, en su caso, esos trabajadores frente a ese empresario, una vez declarado éste en quiebra, gozan o no de la protección que establece la Directiva 80/97. Más particularmente, esta jurisprudencia no conduce en modo alguno a tener que limitar dicha protección en función de la condición de los espacios marítimos según el Derecho internacional.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 143, apartado 1, letra h), del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 46/1999 de la Comisión, de 8 de enero de 1999 (DO L 10, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2454/93»).
32

Tales imperativos implican necesariamente la consideración de las características propias de cada caso de vulneración del principio de igualdad. Así, en el supuesto de un despido discriminatorio, no puede restablecerse la situación de igualdad si la persona discriminada no recupera su puesto de trabajo o, alternativamente, si no se la indemniza por el perjuicio sufrido (sentencia Marshall, C‑271/91, EU:C:1993:335, apartado 25).
2

Estas peticiones se han presentado en el marco de sendos litigios tramitados, el primero, entre Air France-KLM, anteriormente Air France, y el Ministère des Finances et des Comptes publics, y el segundo, entre Hop!-Brit Air SAS, anteriormente Brit Air, y el Ministère des Finances et des Comptes publics, relativos a la sujeción al impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los títulos de transporte no utilizados y de las cantidades abonadas por una compañía de transporte aéreo a una empresa de la misma naturaleza como contraprestación por la venta de títulos de transporte no utilizados.
36

En el presente asunto, resulta, en principio, que el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/665 no se opone a una disposición de Derecho nacional, como el artículo 341, apartado 2, de la Ley federal de contratación pública, conforme a la cual la declaración de una infracción del Derecho de la contratación mencionada en él es la condición previa a la presentación de una demanda por daños y perjuicios. No obstante, la aplicación conjunta de los artículos 341, apartado 2, y 332, apartado 3, de la misma Ley tiene como efecto que una demanda por daños y perjuicios sea inadmisible si no se ha obtenido previamente una decisión de declaración de la ilegalidad del contrato de que se trate, la cual se adopta con arreglo a un procedimiento sometido a un plazo de preclusión de seis meses que comienza a correr el día siguiente al de la adjudicación del contrato público de que se trate, y ello con independencia de si el demandante podía o no conocer la existencia de la ilegalidad relativa a dicha decisión de adjudicación.
18

Debe añadirse a este respecto que el artículo 64, apartado 2, primera frase, de la GmbHG debe interpretarse en relación con el apartado 1 de dicho artículo, que prevé, en esencia, que, en caso de insolvencia o endeudamiento excesivo de una sociedad, los miembros del órgano de representación están obligados a presentar sin dilación, y a más tardar tres semanas después de que se haya producido la insolvencia o el endeudamiento excesivo, una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia. Así, el artículo 64, apartado 2, primera frase, de la GmbHG permite, en particular, exigir la responsabilidad personal de los administradores de una sociedad insolvente o con un endeudamiento excesivo que, infringiendo el artículo 64, apartado 1, de la GmbH, no hayan solicitado la apertura de un procedimiento de insolvencia. En efecto, una vez abierto este procedimiento, por regla general, ya no corresponde al administrador de la sociedad insolvente, sino al administrador concursal, efectuar o autorizar pagos por cuenta de dicha sociedad. De esto se deriva que, si el administrador de una sociedad en estado de insolvencia ha cumplido la obligación prescrita por el artículo 64, apartado 1, de la GmbH, la sanción que supone, en esencia, el artículo 64, apartado 2, primera frase, de la GmbHG , no se aplicará.
4

Los puntos 4 a 6, 13, 36 y 37 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») establecen lo siguiente: «4. [...] Procede fijar las multas en un nivel suficientemente disuasorio, no sólo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (efecto disuasorio general). 5. Con el fin de alcanzar estos objetivos, conviene que, como base para la determinación de las multas, la Comisión se remita al valor de las ventas de bienes o servicios a que se refiere la infracción. La duración de la infracción también debería desempeñar un papel significativo a la hora de determinar el importe adecuado de la multa. [...] 6. En efecto, la combinación del valor de las ventas en relación con la infracción y de la duración se considera un valor sustitutivo adecuado para reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma. [...] [...] 13. Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta [este sería el caso por ejemplo de acuerdos horizontales por los que se fija el precio de un determinado producto, cuando ese precio es utilizado como base para la determinación del precio de otros productos de menor o mayor calidad] con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo [EEE]. [...] [...] 36. En determinados casos, la Comisión podrá imponer una multa simbólica. La justificación de la misma deberá figurar en el texto de la decisión. 37. Aunque las presentes Directrices exponen la metodología general para la fijación de las multas, las características específicas de un determinado asunto o la necesidad de alcanzar un nivel disuasorio en un caso particular podrán justificar que la Comisión se aparte de esta metodología [...]»
10

Este léxico constituía el anexo II de la Decisión 2001/781/CE de la Comisión, de 25 de septiembre de 2001, por la que se aprueba un manual de organismos receptores y un léxico de los documentos transmisibles o notificables, en cumplimiento del Reglamento no 1348/2000 (DO L 298, p. 1; corrección de errores en DO 2002, L 31, p. 88, y DO 2003, L 60, p. 3), en su versión modificada por la Decisión 2007/500/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2007 (DO L 185, p. 24), y en él se recogía la información comunicada por los Estados miembros de acuerdo con el artículo 17, letra b), del Reglamento no 1348/2000. Por lo que respecta al Reino de España, se indicaba en él que «en cuanto a los actos extrajudiciales susceptibles de ser notificados, serán los documentos no judiciales que emanen de autoridad pública con competencia según la ley española para realizar notificaciones».
9

El sistema de descuentos controvertido en el litigio principal era aplicable a todos los correos publicitarios en los que figuraba la dirección del destinatario, estuvieran o no comprendidos en el monopolio de Post Danmark y tuviera o no lugar la distribución en zonas no cubiertas por otros operadores. De la resolución de remisión se desprende que la progresividad de los descuentos aplicados a los servicios de publicidad por correo beneficiaba más a los clientes de tamaño medio, ya que las cantidades enviadas por los clientes muy importantes superaban ampliamente el escalón superior.
3

El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), establece en el artículo 7, apartados 1 a 5, que figura en su capítulo II, titulado «Procedimiento aplicable a las ayudas notificadas»: «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, el procedimiento de investigación formal se dará por concluido mediante una decisión de conformidad con los apartados 2 a 5 del presente artículo. 2. Si la Comisión comprueba, en su caso previa modificación por el Estado miembro interesado, que la medida notificada no constituye una ayuda estatal, lo declarará mediante decisión. 3. Si la Comisión comprueba, en su caso previa modificación por el Estado miembro interesado, que se han disipado las dudas en cuanto a la compatibilidad con el mercado común de la medida notificada, decidirá que la ayuda es compatible con el mercado común (denominada en lo sucesivo “decisión positiva”). La decisión especificará la excepción del Tratado [FUE] que haya sido aplicada. 4. La Comisión podrá disponer que su decisión positiva vaya acompañada de condiciones para que la ayuda pueda considerarse compatible con el mercado común y establecer obligaciones que le permitan controlar la observancia de dicha decisión (denominada en lo sucesivo “decisión condicional”). 5. Si la Comisión llega a la conclusión de que la ayuda notificada no es compatible con el mercado común, decidirá que no se ejecute la ayuda (denominada en lo sucesivo “decisión negativa”).»
9

El artículo 13, apartado 13, del Decreto Legislativo no 286 — Texto único de las disposiciones relativas a la regulación de la inmigración y las normas sobre la condición de extranjero (decreto legislativo n. 286 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), de 25 de julio de 1998 (Suplemento ordinario del GURI no 191, de 18 de agosto de 1998; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 286/1998»), establece: «El extranjero contra el que se dicte una orden de expulsión no podrá volver a entrar en el territorio nacional sin una autorización especial del Ministro del Interior. En caso de infracción se impondrá al extranjero una pena privativa de libertad de uno a cuatro años y será expulsado de nuevo con acompañamiento inmediato a la frontera. [...]»