En efecto, según se deduce del artículo 7, apartados 2, letra c), 3, 5 y 6, del Reglamento no 1896/2006, cuando esta disposición autoriza a los Estados miembros a regular determinados aspectos concretos de los requisitos que debe cumplir una petición de requerimiento europeo de pago mediante su Derecho nacional, dicha autorización se prevé expresamente. En cambio, no figura en este artículo ninguna otra referencia expresa o implícita que autorice de modo general la imposición de requisitos complementarios previstos por el Derecho nacional. Además, se pondría en entredicho el objetivo del Reglamento no 1896/2006, que es simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, si los Estados miembros pudieran, a través de su legislación nacional, imponer con carácter general exigencias adicionales de obligado cumplimiento en relación con la petición de requerimiento europeo de pago. Tales exigencias conllevarían no sólo la imposición de requisitos divergentes para tal petición en los distintos Estados miembros, sino que también conducirían al incremento de la complejidad, de la duración y de los costes del proceso monitorio europeo.

El artículo 7 del Reglamento no 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago. La redacción de dicho artículo no contiene ningún elemento que permita llegar a la conclusión de que los Estados miembros pueden imponer libremente requisitos complementarios, previstos en su Derecho nacional.

En virtud del artículo 25 del Reglamento no 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, y sin perjuicio de los requisitos enunciados en el mismo, el órgano jurisdiccional nacional puede fijar libremente el importe de las tasas judiciales de conformidad con las normas previstas en el ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que estas normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno y que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión.

Los artículos 4 y 7, apartado 2, letra c), del Reglamento no 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que el demandante reclame, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes al período desde la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal.

En efecto, por una parte, los requisitos de determinación del importe, de liquidez y de exigibilidad de los «créditos pecuniarios», en el sentido del artículo 4 del Reglamento no 1896/2006, no se refieren a los intereses. Por otra parte, el artículo 7, apartado 2, letra c), del mismo Reglamento no exige que se indique el importe de los intereses en la petición de requerimiento europeo de pago y tampoco precisa la fecha hasta la que pueden reclamarse dichos intereses. Además, una interpretación de dicho artículo 7, apartado 2, letra c), que no permitiera reclamar los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal podría prolongar la duración del proceso monitorio europeo y aumentar su complejidad y sus costes y, en consecuencia, no se correspondería con el objetivo del Reglamento, que es principalmente instaurar un mecanismo simple, rápido y eficaz para el cobro de créditos pecuniarios no impugnados, y también reducir los costes de tal proceso.

(véanse los apartados 40 a 43, 46 y 53 y el punto 2 del fallo)