Es posible, por otro lado, que los hechos invocados para demostrar la existencia de acoso psicológico, si no pueden calificarse de tales en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto, permitan aun así concluir que la decisión de despido está viciada por un error manifiesto de apreciación o por desviación de poder y que, por tanto, debe ser anulada.

Por consiguiente, cuando se alega acoso psicológico en apoyo de las pretensiones formuladas contra una decisión de despido adoptada tras un período de prácticas, la decisión incurrirá en error manifiesto de apreciación, en particular, si al agente que ha sufrido el acoso le ha sido imposible demostrar su aptitud para ejercer sus funciones. Podrá también considerarse que existe desviación de poder si la decisión de despido se ha adoptado con el fin de atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica del agente.

Por tanto, no porque se haya demostrado el acoso psicológico sufrido por un agente temporal ha de considerarse ilegal toda decisión lesiva adoptada a su respecto en este contexto de acoso. Resulta también necesario que exista un vínculo entre el acoso y los motivos de la decisión de despido.

Si bien no corresponde al Tribunal de la Función Pública buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental, sí debe tener en cuenta el conjunto de las alegaciones presentadas por el demandante en la vista, en la medida en que no constituyan un motivo nuevo y sean meros elementos adicionales formulados en apoyo de algún motivo ya invocado en el recurso.

Aun cuando el artículo 24 del Estatuto consagra el deber de asistencia de las instituciones para con su personal y les exige asistir al funcionario contra todo ataque o amenaza de que sea objeto por su condición de tal o como consecuencia del ejercicio de sus funciones, la obligación de asistencia no se refiere a la defensa de los funcionarios contra los actos de la propia institución.

En efecto, pese a que las disposiciones del artículo 24 del Estatuto prevén una obligación de asistencia a cargo de las instituciones comunitarias, sólo pueden infringir la mencionada obligación las decisiones administrativas que, por su contenido, están relacionadas con ella, como la denegación de una solicitud de asistencia o, en circunstancias excepcionales, la abstención de prestar asistencia espontánea a un agente.

El objeto de una decisión de despido no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 24 del Estatuto y, por tal motivo, no guarda relación con la obligación de asistencia prevista en dicho artículo. En consecuencia, no puede invocarse la vulneración de las disposiciones del artículo referido contra una decisión de despido.

Por consiguiente, cuando cuestiona la legalidad de la decisión de despido adoptada en su contra, el agente temporal que se estime víctima de un ataque o amenaza procedente de un superior jerárquico debe, más que demostrar que la decisión vulnera el artículo 24 del Estatuto, acreditar que se ha cometido un error manifiesto de apreciación o una desviación de poder. De este modo, el agente puede alegar, en particular, que precisamente es este ataque o amenaza el que ocasionó que incurriera en falta o se viera en la imposibilidad de ejecutar las tareas que se le habían confiado y que dicha falta o dicha imposibilidad motivaron su despido.

(véanse los apartados 128 a 131)

Tribunal de Primera Instancia: 17 de mayo de 2006, Lavagnoli/Comisión (T-95/04, RecFP pp. I-A-2-121 y II-A-2-569), apartado 141