El artículo 9, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento no 1262/2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento no 1260/2001 en lo que respecta a la compra y venta de azúcar por los organismos de intervención, establece que si el azúcar está almacenado en almacenes alquilados, el organismo de intervención puede incrementar los gastos de almacenamiento de azúcar en un máximo del 35 %, pero no precisa las modalidades ni el alcance de los controles que los Estados miembros están obligados a efectuar antes de aplicar el incremento previsto en dicha disposición. Sin embargo, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 1258/1999 del Consejo, sobre la financiación de la política agrícola común, redactado en términos análogos a los del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la realidad y de la regularidad de las operaciones financiadas por los fondos agrícolas europeos, prevenir y perseguir las irregularidades y recuperar las cantidades perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias, aun cuando el acto específico del Derecho de la Unión no prevea expresamente la adopción de una determinada medida de control. De ello se desprende que los Estados miembros están obligados a organizar un conjunto de controles administrativos y de controles sobre el terreno que permitan garantizar que se han observado directamente los requisitos materiales y formales de concesión de primas. Cuando no se ha organizado tal conjunto de controles, o su aplicación por parte de un Estado miembro es tan deficiente que subsisten dudas acerca de la observancia de dichos requisitos, la Comisión está facultada para no reconocer determinados gastos efectuados por el Estado miembro interesado.

Pues bien, de la redacción del artículo 9, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento no 1262/2001 resulta, implícita pero necesariamente, que el organismo de intervención debe aplicar un menor incremento si los gastos en que haya incurrido efectivamente el beneficiario son inferiores a ese máximo del 35 %. Tal control de la legalidad y de la regularidad de los gastos que se cargarán a los fondos sólo puede efectuarse en el marco de controles individuales sobre la base de los justificantes aportados por el depositario referentes, por un lado, a las circunstancias que le obligaron a recurrir a un almacén exterior y, por otro, a los gastos adicionales que el recurso a dicho almacén generó. En efecto, la eficacia del control dirigido a comprobar si los gastos reales relativos al alquiler de los almacenes en que incurrieron los beneficiarios corresponden efectivamente al incremento del 35 % se reduciría gravemente, incluso sería imposible, en el supuesto de la aplicación de dicho incremento únicamente sobre la base de una información general referente a la situación del mercado de que se trate, como los baremos de precios practicados en el mercado para productos similares o las indicaciones referentes a la penuria de almacenes apropiados.

De lo anterior se desprende que el artículo 9, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento no 1262/2001 debe interpretarse en el sentido de que exige que los Estados miembros organicen un sistema de control que permita comprobar, caso por caso, la realidad de los gastos relativos al almacenamiento de azúcar en los almacenes alquilados, de modo que únicamente se carguen a los fondos los gastos debidamente justificados por los beneficiarios y aquellos en que éstos hayan incurrido efectivamente.

(véanse los apartados 52 a 54, 57 y 58)