Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso por incumplimiento ° Examen de su fundamentación por el Tribunal de Justicia ° Situación que debe considerarse ° Situación en el momento de la expiración del plazo señalado en el dictamen motivado

(Tratado CE, art. 169)

2. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Ejecución por los Estados miembros ° Adaptación del Derecho interno a una Directiva sin actividad normativa ° Requisitos ° Existencia de un contexto jurídico general que garantice la plena aplicación de la Directiva ° Insuficiencia de las normas administrativas

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

3. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Derecho de los justiciables de invocar las Directivas a falta de medidas de aplicación adecuadas ° Efecto que no dispensa a los Estados miembros de su obligación de ejecutar las Directivas

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

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1. En el marco de un recurso por incumplimiento interpuesto con arreglo al artículo 169 del Tratado y cuyo objeto es que se declare que un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones al no haber realizado una correcta adaptación del Derecho interno a una Directiva, las modificaciones introducidas en la legislación nacional no tienen influencia alguna sobre el fallo que haya de dictarse acerca del objeto del recurso, cuando no se hayan aplicado antes de la expiración del plazo señalado en el dictamen motivado.

2. La adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente una reproducción formal y textual de sus preceptos en una disposición legal expresa y específica y, en función de su contenido, puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que este último garantice efectivamente la plena aplicación de la Directiva de manera suficientemente clara y precisa, para que, si la Directiva tiene como fin crear derechos en favor de los particulares, los beneficiarios estén en condiciones de conocer todos sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

En cuanto a las normas de participación y de publicidad contenidas en las Directivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, la protección que pretenden otorgar al licitador contra la arbitrariedad del órgano de contratación no puede ser efectiva si el licitador no se halla en condiciones de invocar tales normas frente al adjudicador y, llegado el caso, alegar su infracción ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por esta razón, las disposiciones de Derecho nacional, aplicadas como disposiciones administrativas, que no confieren a los particulares ningún derecho susceptible de ser invocado ante los órganos jurisdiccionales nacionales, no garantizan la plena aplicación de dichas Directivas.

3. Del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado resulta que la ejecución de las Directivas comunitarias debe efectuarse mediante la adopción por los Estados miembros de disposiciones de aplicación adecuadas. Sólo en circunstancias concretas, en particular en el caso de que un Estado miembro haya dejado de adoptar las disposiciones de ejecución requeridas o adoptado disposiciones no conformes con una Directiva, ha reconocido el Tribunal de Justicia a los justiciables el derecho de invocar en un proceso una Directiva frente al Estado miembro que la hubiere incumplido. Al derivar esta garantía mínima del carácter imperativo de la obligación impuesta a los Estados miembros por el efecto de las Directivas en virtud del párrafo tercero del artículo 189, no puede servir de justificación a un Estado miembro para eximirse de adoptar a su debido tiempo disposiciones de ejecución adecuadas al objeto de cada Directiva