Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Normas comunitarias — Empresa — Concepto — Sociedad «dormida» — Exclusión

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Carácter disuasorio de la multa

(Art. 81 CE; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párrs. 4 y 5)

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1. El Derecho comunitario de la competencia versa sobre las actividades de las empresas. El concepto de empresa comprende toda entidad que realice una actividad económica, independientemente de la configuración jurídica de esa entidad y de su modo de financiación. Constituye actividad económica toda actividad consistente en ofertar bienes o servicios en un mercado determinado.

Por consiguiente, una sociedad «dormida», en el sentido del Derecho de sociedades inglés, que no ejerce ninguna actividad económica ni tiene ningún volumen de negocios, no puede ser considerada un participante directo en una práctica colusoria, ni responsable de infracciones cometidas en su nombre por otras entidades del grupo de sociedades al que pertenece.

(véanse los apartados 46 a 49, 74, 86 y 87)

2. La Comisión ostenta la facultad de atribuir la responsabilidad de un comportamiento ilícito a la sociedad matriz, a la filial o a la sociedad matriz y a su filial de forma solidaria.

La responsabilidad conjunta y solidaria de dos empresas implica que el pago de la totalidad del importe de la multa por una de ellas enerva la obligación de pago de dicha multa por la otra.

Puede imputarse la responsabilidad solidaria a las empresas aun cuando las entidades jurídicas integrantes de la empresa durante la infracción ya no pertenezcan al mismo grupo. El hecho de que fuera escindida la «empresa» que realizó las actividades ilícitas una vez terminada la infracción, de forma que fueron separadas las entidades jurídicas integrantes de esa empresa, no influye en su responsabilidad solidaria en lo tocante a la infracción cometida.

(véanse los apartados 100, 101, 103 y 106)

3. Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] establecen que es preciso tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para causar un daño importante a los demás operadores, en particular, a los consumidores, y determinar el importe de la multa en una cifra que garantice su carácter suficientemente disuasorio. Igualmente puede tenerse en cuenta el hecho de que las empresas de gran dimensión disponen casi siempre de conocimientos y de infraestructuras jurídico-económicas que les permiten apreciar mejor el carácter ilícito de su comportamiento y las consecuencias que de él se derivan desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

En relación con el primer elemento, los recursos económicos de la empresa deben ser valorados el día en que se impone la multa. En lo tocante al segundo elemento, el volumen de negocios sobre cuya base la Comisión determina el tamaño de las empresas denunciadas debe remitirse a su situación en el momento de la infracción Aunque estos dos elementos se hallen íntimamente vinculados al tamaño de la empresa, se trata de dos motivos distintos de incremento del importe inicial de la multa.

Entre estos dos elementos, la Comisión puede elegir el que considere más importante para su apreciación. Sin embargo, la aplicación distributiva de los dos elementos referidos a dos sociedades que forman parte de la misma entidad económica, de la que una es la sociedad matriz y la otra es considerada responsable de la infracción únicamente por este motivo, se halla en contradicción con el concepto de empresa a efectos del artículo 81 CE. La Comisión puede ciertamente, al calcular el importe inicial de la multa, tomar en consideración el volumen de negocios del año anterior a la adopción de la decisión en la que se declare esa infracción (aplicando el primer criterio) o el volumen de negocios en el momento de la infracción (aplicando el segundo criterio). No obstante, la Comisión no puede basarse en un criterio aplicándolo únicamente a una de las dos entidades que formaban anteriormente la entidad económica que cometió la infracción. En la medida en que una sociedad matriz y su filial ya no integran una unidad económica en el sentido del artículo 81 CE en la fecha en que se adopta la decisión por la que se les impone la multa por la infracción cometida, la Comisión no puede basarse en el volumen de negocios de la ex sociedad matriz del año anterior a la adopción de tal decisión para determinar el factor disuasorio aplicable a dos sociedades que constituían una única empresa en el momento de los hechos, pero que mientras tanto ha sido objeto de escisión. En efecto, tal volumen de negocios no refleja la capacidad económica efectiva de esa empresa para causar un daño a los demás operadores en el momento de la infracción.

(véanse los apartados 123 a 125, 129, 132 y 133)