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La demandante estima que la competencia del Tribunal de Primera Instancia se rige únicamente por el Tratado y no puede regirse por ninguna legislación nacional ni por el Derecho comunitario derivado. En particular, la demandante se opone a que la competencia del Tribunal de Primera Instancia se pueda regir por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) (Reglamento que determina la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia civil y mercantil).
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de anulación

—

Actos recurribles

—

Concepto

—

Actos que producen efectos jurídicos obligatorios [Art. 230 CE; Reglamento (CE) nº 2102/2004 de la Comisión] (véanse los apartados 45 a 50)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación del Reglamento (CE) nº 2102/2004 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2004, sobre determinadas medidas excepcionales de apoyo al mercado en el sector de los huevos en Italia (DO L 365, p. 10), en la medida en que no establece medidas excepcionales de apoyo al mercado en el sector de la carne de aves de corral en el sentido del artículo 14 del Reglamento (CEE) nº 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (DO L 282, p. 77; EE 03/09, p. 151).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Urgencia – Fumus boni iuris – Interés del demandante en obtener la medida solicitada

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Admisibilidad del recurso principal – Falta de pertinencia – Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Demanda – Requisitos de forma – Indicación precisa del objeto de la demanda

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra d), y 104, ap. 3]

Índice

1. El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevé que las demandas de medidas provisionales deben especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Además, la parte demandante debe justificar un interés en la obtención de las medidas solicitadas.

(véanse los apartados 22 y 52)

2. El problema de la admisibilidad del recurso de que conoce el juez del fondo no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. No obstante, cuando lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al cual se acumula la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 23)

3. Una demanda de medidas provisionales que no precisa su objeto no cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al que remite el artículo 104, apartado 3, del mismo Reglamento, y por tanto es inadmisible.

(véase el apartado 50)
La cuestión de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, sino que debe reservarse para el análisis de dicho recurso, salvo en el supuesto en que éste sea, a primera vista, manifiestamente inadmisible. Pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales, cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

No puede identificarse tal acto en el caso de un funcionario que denuncia el hecho de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) lleve a cabo investigaciones sobre comportamientos irregulares que podrían serle imputados cuando no existe ningún informe de este organismo, en el sentido del artículo 9 del Reglamento no 1073/1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF, elaborado bajo la autoridad de su Director y transmitido a la institución de que se trate, cuyas conclusiones le afecten personalmente, y cuando, por otra parte, no se ha incoado ninguna acción de carácter judicial o disciplinario contra el interesado a raíz de dicho informe.

Procede desestimar una demanda de medidas provisionales presentada por un funcionario encaminada a que se ordene a una institución, conforme a su obligación de asistencia, a emitir una declaración en el sentido de que no existe ningún hecho nuevo que pueda conducir a la reapertura de un procedimiento disciplinario previamente incoado contra el interesado y que no dio lugar a ninguna sanción. En efecto, no corresponde al juez de medidas provisionales pronunciarse sobre hechos no acreditados cuyo acaecimiento, además, es incierto y no le corresponde ordenar a la administración que renuncie de antemano a ejercer las posibilidades que le confiere expresamente el Estatuto. En efecto, corresponde a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos adoptar la decisión que estime conveniente ante hechos nuevos, según se desprende del propio texto del artículo 11 del anexo IX del Estatuto.

(véase el apartado 58)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 10 de julio de 2000. - Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria y otros contra Consejo de la Unión Europea. - Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Cuota pesquera para la anchoa concedida a Portugal en las aguas bajo la soberanía de Francia - Intervención - Admisibilidad. - Asunto T-54/00 R.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02875



Índice



Palabras clave

1 Procedimiento - Intervención - Procedimiento sobre medidas provisionales - Personas interesadas - Litigio principal relativo a la anulación de un reglamento que autoriza a los Estados miembros a efectuar intercambios de cuotas pesqueras - Entidades territoriales - Inadmisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 37, párr. 2, y 46, párr. 1)

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

Índice

1 El concepto de interés en la solución del litigio, en el sentido del artículo 37, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones. El Juez comunitario debe comprobar, en particular, si quien ha solicitado intervenir como coadyuvante resulta directamente afectado por el acto impugnado y si su interés en la solución del litigio es real.

Procede desestimar la demanda de intervención presentada por una entidad territorial de un Estado miembro en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales destinado a obtener la suspensión de la ejecución de un reglamento que autoriza a otros dos Estados miembros a efectuar intercambios de cuotas pesqueras y que es objeto de un recurso de anulación, cuando no se demuestre que la estructura económica y social de dicha entidad depende esencialmente de las actividades relativas al sector pesquero.

(véanse los apartados 15, 17 y 18)

2 Aunque el problema de la admisibilidad del recurso ante el órgano jurisdiccional que conoce sobre el fondo no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el asunto principal, puede, no obstante, resultar necesario, cuando se plantea la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, demostrar la existencia de determinados elementos que permitan afirmar, a primera vista, la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 21)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento - Tramitación de los asuntos ante el Tribunal de Primera Instancia - Atribución al Pleno o a una Sala integrada por un número diferente de jueces - Designación de un Abogado General - Criterios

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 14, 18, 19 y 51)

2. Recurso de anulación - Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual - Incompetencia del órgano jurisdiccional comunitario - Inadmisibilidad

(Arts. 230 CE, párr. 4, 240 CE y 249 CE)

Índice

1. Los artículos 14, 18, 19 y 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia reconocen a la Sala que conoce de un asunto la facultad de solicitar al Pleno del Tribunal de Primera Instancia que atribuya el asunto bien al propio Pleno del Tribunal de Primera Instancia, bien a una Sala integrada por un número diferente de jueces, y que designe un abogado general. Se trata de una facultad y no de una obligación y su ejercicio está subordinado a los criterios definidos en el Reglamento de Procedimiento, que son, para la atribución al Pleno del Tribunal de Primera Instancia o a una Sala integrada por un número diferente de jueces, la dificultad jurídica o la cuantía del asunto o la existencia de circunstancias particulares y, para designar un abogado general, la dificultad jurídica o la complejidad de los antecedentes de hecho del asunto.

( véase el apartado 22 )

2. Cuando no existe una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 238 CE, el Tribunal de Primera Instancia carece manifiestamente de competencia para conocer de una demanda, que, aun estando fundada en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, debe en realidad calificarse de acción basada en un fundamento contractual. De no ser así, el Tribunal de Primera Instancia extendería su competencia jurisdiccional más allá de los litigios cuya competencia le ha atribuido el artículo 240 CE, puesto que esta disposición atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Comunidad es parte. Por otra parte, cuando el litigio se refiere a la solicitud por la Comisión del reembolso del anticipo sobre la base de un supuesto incumplimiento por la otra parte de las obligaciones que le incumben en virtud del contrato, el acto impugnado es de naturaleza puramente contractual y no forma parte, pues, de las decisiones contempladas por el artículo 249 CE, cuya anulación está reservada a la competencia exclusiva del órgano jurisdiccional comunitario por el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

( véanse los apartados 37, 39 y 41 )
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 28 de junio de 2000. - Lily Karoline Schuerer contra Consejo de la Unión Europea. - Pensión de jubilación - Coeficiente corrector - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asunto T-338/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02571

página IA-00131

página II-00599



Índice



Palabras clave

Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Determinación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados

[Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1 y 46, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letras c) y d)]

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$$En virtud del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 46, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe, en particular, contener el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados. Con independencia de toda cuestión terminológica, dichos elementos deben ser lo suficientemente claros y precisos como para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia resolver el recurso sin solicitar, en su caso, más información. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que un recurso sea admisible, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de forma sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, del texto de la propia demanda. (véanse los apartados 18 y 19)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una decisión de la Comisión por la que se autoriza a las partes de un acuerdo entre empresas a ejecutarlo - Autorización con duración limitada que ha perdido su vigencia durante el procedimiento judicial - Acuerdo que no ha sido ejecutado - Recurso que queda sin objeto - Sobreseimiento

[Art. 230 CE; Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, art. 12, ap. 3]

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$$Un recurso que tiene por objeto la anulación de una decisión por la que la Comisión decide no formular objeciones serias en lo que se refiere a determinadas disposiciones de un acuerdo comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1017/68, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, ya no tiene objeto y por consiguiente no procede resolver, cuando , en virtud del artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, la exención que se deriva de dicha decisión únicamente era válida para un período limitado que ha expirado durante el procedimiento judicial y, además, las disposiciones en cuestión no han sido aplicadas por las partes en el acuerdo.

( véanse los apartados 34 y 38 )
61998B0044(03)

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2000. - Emesa Sugar (Free Zone) NV contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Decisiones 91/482/CEE y 97/803/CE - Reglamento (CE) no 2553/97 - Procedimiento sobre medidas provisionales. - Asunto T-44/98 R II.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-01941
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 29 de abril de 1999. - Alce contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Inadmisibilidad. - Asunto T-120/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-01395



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada - Recurso de un productor de fermentos lácticos - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1160/98 de la Comisión]

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Debe declararse la inadmisibilidad del recurso de anulación formulado por un productor de fermentos lácticos contra el Reglamento nº 1160/98, que clasifica los productos utilizados en la producción de tales fermentos en la partida 0404 90 21 de la Nomenclatura Combinada.

En efecto, dicho Reglamento se presenta como una medida de alcance general, que se aplica a una situación determinada objetivamente y produce efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de manera general y abstracta, especialmente con los importadores de los productos que describe, y, aun cuando pueda afectar a la situación de la demandante, sólo la afecta por razón de su condición objetiva de operador económico que importa productos contemplados por el Reglamento, del mismo modo que a cualquier otro operador económico que ejerza la misma actividad en la Comunidad Europea.

A este respecto, es irrelevante el hecho de que la demandante sea la primera productora italiana de fermentos lácticos. En efecto, tal circunstancia no puede caracterizarla en relación con cualquier otro operador en lo que respecta al Reglamento impugnado, que se refiere de un modo general a la fijación de aranceles aduaneros para los productos en cuestión debido a su importación de países terceros en todos los Estados miembros sin distinción.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 30 de abril de 1999. - Pescados Congelados Jogamar SL contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso por omisión - Inadmisibilidad. - Asunto T-311/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-01407



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Palabras clave

Recurso por omisión - Requerimiento a la Institución - Requisitos - Petición explícita y precisa

(Tratado CE, art. 175, párr. 2)

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nicamente procede declarar la admisibilidad del recurso por omisión, interpuesto con arreglo al artículo 175 del Tratado, en la medida en que el demandante haya seguido adecuadamente el procedimiento administrativo previo, cumpliendo la formalidad esencial constituida por el requerimiento a la Institución demandada para que actuase, con arreglo al párrafo segundo del citado artículo. Dicho requerimiento debe, por un lado, ser suficientemente explícito y preciso para permitir a la Institución conocer de forma concreta el contenido de la Decisión que se solicita que adopte y, por otro lado, resaltar que pretende obligarla a que se pronuncie. Aun cuando no se deba ser excesivamente riguroso, en la fase administrativa previa de un recurso por omisión, respecto al cumplimiento de las formalidades necesarias, no reúne dichos requisitos una petición que se limita a solicitar a la Institución determinados datos que permitan al demandante actuar por sí mismo.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 8 de junio de 1998. - David T. Keeling contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos). - Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) - Decisión del Presidente de la Oficina relativa a la organización de las Salas de Recurso - Recurso de anulación - Artículo 173 del Tratado CE - Inadmisibilidad. - Asunto T-148/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02217



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Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso dirigido directamente contra una Decisión de un órgano comunitario no contemplado en el artículo 173 del Tratado, por un miembro del personal de dicho órgano, y fundado sobre dicha disposición - Inadmisibilidad

[Tratado CE, arts. 4 y 173; Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo]

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Procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso dirigido directamente contra una Decisión del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), por un miembro de una Sala de Recurso de la Oficina, y fundado sobre el artículo 173 del Tratado.

Del párrafo primero del artículo 173 del Tratado se deduce que el Juez comunitario debe controlar la legalidad de los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. De ello se deduce que no son impugnables sobre la base de esta disposición los actos que emanan de órganos comunitarios que no se enumeran en ella. Pues bien, la Oficina no es ninguna de las Instituciones de la Comunidad enumeradas en el artículo 4 del Tratado, ni contemplada en el párrafo primero del artículo 173 de éste.

Por otra parte, una Decisión de dicha naturaleza no queda sustraída a todo control jurisdiccional, habida cuenta de los medios de impugnación previstos por el Reglamento nº 40/94 y potencialmente ejercitables contra ella.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 9 de septiembre de 1998. - Azienda Agricola Tre e Mezzo contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Agricultura - Recurso de anulación de un reglamento de alcance general - Inadmisibilidad. - Asunto T-269/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03105



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento que prohíbe el uso de ciertos productos antiparasitarios en agricultura ecológica - Recurso de productores que utilizan habitualmente uno de los productos excluidos - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CE) nº 1488/97 de la Comisión]

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Debe declararse la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto contra el Reglamento nº 1488/97, por el que se modifica el Reglamento nº 2092/91, que excluye ciertos productos de la lista de sustancias utilizables dentro del método ecológico de producción para combatir parásitos y enfermedades, por varios agricultores que recurren habitualmente a uno de los productos excluidos, ya que, por una parte, el mencionado Reglamento se dirige, en términos abstractos y generales, a categorías de personas indeterminadas, se aplica a situaciones determinadas objetivamente y tan sólo afecta a los demandantes en su calidad objetiva de cultivadores de productos agrícolas ecológicos, del mismo modo que a cualquier otro operador económico que se encuentre real o potencialmente en una situación idéntica, y que, por otra parte, las circunstancias del caso de autos no indican que el Reglamento afecte individualmente a los demandantes.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 22 de octubre de 1996. - John Carvel y Guardian Newspapers Ltd contra Consejo de la Unión Europea. - Archivo. - Asunto T-19/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01519



Palabras clave

Procedimiento - Costas - Recurso de anulación - Desistimiento de la parte demandante - Falta de requisitos para condenar en costas a la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 5)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 7 de marzo de 1997. - Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención. - Asunto T-184/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00351



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Palabras clave

Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Litigio que tiene por objeto la reparación de un perjuicio supuestamente causado por normas de Derecho comunitario - Empresa que se encuentra en una situación comparable a la de la demandante en el litigio principal, pero que invoca un perjuicio diferente - Interés indirecto en la solución del litigio - Inadmisibilidad

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 115]

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En un contexto en el que, en el marco de un recurso de indemnización, se presenta una demanda de intervención por parte de una empresa cuyo interés consiste en defender su propia situación que, si bien es comparable a la de la demandante en el litigio principal, es, sin embargo, distinta en la medida en que los derechos que pretenden hacer valer frente a la Comunidad se refieren a perjuicios diferentes, el concepto de interés en la solución del litigio, a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe entenderse como un interés directo y actual en la suerte deparada a las pretensiones expuestas en el recurso.

Por ello, en el marco de un recurso de indemnización de un perjuicio causado a una empresa por un Reglamento comunitario, procede declarar la inadmisibilidad de la demanda de intervención de otra empresa que sólo puede justificar, respecto de la solución del litigio, un interés indirecto que se deriva de una mera semejanza de las situaciones.