En lo que respecta al examen, bajo el prisma del artículo 107 TFUE, apartado 1, de una medida nacional destinada a incentivar la producción de electricidad ecológica garantizando, por una parte, a cada productor de electricidad ecológica la compra de la totalidad de dicha electricidad a un precio fijo superior al precio de la electricidad en el mercado, previendo, por otra parte, un traslado de los costes así generados por los distribuidores de electricidad a los consumidores de electricidad mediante un suplemento de precio obligatorio vinculado a la compra de electricidad ecológica, la Comisión no cometió un error al considerar que la ventaja prevista a favor de las empresas de elevado consumo energético, que tienen derecho a que, previa solicitud, se les conceda una exención de la obligación de compra de electricidad ecológica mediante el pago de una compensación, implicaba el uso de recursos estatales, incluso si este mecanismo de ayuda está gestionado por un centro de liquidación de electricidad ecológica, cuya ejecución de tareas fue objeto de una concesión otorgada a una sociedad anónima de derecho privado participada en un 50,4 % por accionistas privados.

En efecto, dicha sociedad anónima tiene atribuida, por la Ley nacional, la gestión del sistema de ayuda a la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables. El sistema previsto por dicha Ley puede definirse como una concesión estatal, mientras que los fondos en cuestión se transfieren exclusivamente a fines de interés público definidos por el legislador nacional. Por otra parte, el suplemento de precio obligatorio vinculado a la compra de electricidad ecológica es asimilable a una exacción, parafiscal, que grava la electricidad, que se establece por una autoridad pública, que sirve a fines de interés público y según un criterio objetivo. Por ello, se pueden calificar las cantidades en cuestión como fondos que tienen su origen en un recurso estatal, asimilable a una exacción parafiscal.

Por otra parte, si bien es cierto que el organismo encargado de gestionar el sistema de ayuda a la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables se presenta bajo la forma de una sociedad anónima de derecho privado, cabe considerar, no obstante, que, en el marco de la concesión para la ejecución de las tareas que incumben al centro de liquidación de electricidad ecológica, la actuación de dicho organismo no es la de una entidad económica que actúa libremente en el mercado con el fin de obtener un beneficio, sino una actuación limitada por el legislador nacional que la ha circunscrito a la ejecución de la concesión en cuestión. A este respecto, la existencia de un control estricto de la conformidad de las actuaciones de dicho organismo con el marco legislativo previsto, efectuado por distintas instancias del Estado a múltiples niveles, corrobora la conclusión de que dicho organismo no actúa por su propia cuenta y libremente, sino como gestor, ejecutando una concesión, de una ayuda otorgada mediante fondos estatales.

En estas circunstancias, la Comisión afirmó acertadamente que la ventaja prevista a favor de las empresas de elevado consumo energético se asemeja, en el presente asunto, a una carga suplementaria para el Estado, dado que puede considerarse que cualquier reducción del importe de la exacción, de la que son deudores dichas empresas, conduce a una pérdida de ingresos del Estado.

(véanse los apartados 67, 68, 70, 72, 75, 76 y 83)