24.

Sobre estas alegaciones, procede decir, en síntesis, lo siguiente: 1) El procedimiento de determinación del porcentaje de invalidez permanente está regulado por el artículo 21 de la Reglamentación Común de manera que el funcionario o sus representantes sean informados del proyecto de decisión de la AFPN y de las conclusiones del o de los médicos designados de acuerdo con el artículo 18 y que, en caso de que lo solicite, el informe médico completo se comunique al médico elegido por él. De esta manera, el funcionario, sus representantes y su médico de confianza pueden examinar estos documentos y, llegado el caso, reclamar la intervención de una comisión médica. En cuanto a esta última, la Reglamentación común no prevé la audiencia «contradictoria» del funcionario y no tendría sentido exigirla, dadas la composición de la comisión y la naturaleza de sus actuaciones, que, según expresión el Tribunal de Justicia, deben realizarse de manera que «lleguen, en caso de conflicto, a una resolución definitiva de todas las cuestiones de carácter médico en esta etapa» (sentencia Suss, apartado 11) (tradticción provisional). 2) Los intereses del funcionario están protegidos por la presencia en la comisión de un médico de su confianza, designado por él mismo, que, en el presente asunto, suscribió la totalidad de las conclusiones a las que llegó la comisión. Como vimos, la composición tripartita de esta última garantiza la imparcialidad de sus trabajos y el equilibrio de los intereses en juego. 3) Como ya lo destacó el Tribunal de Justicia, ( 7 )«la misión que incumbe a esta comisión de llevar a cabo con toda objetividad e independencia una estimación de las cuestiones médicas exige que su libertad de apreciación sea total»(traducción provisional). Especialmente, le incumbe valorar «en qué medida han de tenerse en cuenta los informes médicos presentados por el propio demandante»; ( 8 ) pues bien, según dice claramente el informe de la comisión, ésta no sólo tuvo en cuenta los resultados de los diagnósticos anteriores, sino que los analizó críticamente. Por otra parte, sólo la comisión era competente para decidir si era necesario o no efectuar un nuevo examen neurólogico y entraba en su libertad de apreciación, en el plano médico, dar por buenas las conclusiones del neurólogo antes consultado. En el ejercicio de su independencia funcional y profesional, la comisión era también el único juez sobre la conveniencia de efectuar ulteriores exámenes; en este punto, el informe de la comisión hace referencia a los resultados de un examen por escáner, cuya realización fue confirmada por el médicoasesor para el personal del Tribunal de Cuentas (véase la respuesta a la reclamación) y no procede que el Tribunal de Justicia cuestione la terminología médica empleada para designarlo. 4) La contradicción de fechas comprobada por el demandante entre el informe de 15 de noviembre de 1983 y el informe del médico neurólogo, no puede ejercer ninguna influencia sobre la validez del informe de la comisión médica que ahora se impugna; por consiguiente, es innecesaria cualquier indagación sobre las eventuales razones lógicas (o de simple inadvertencia) que originaron dicha contradicción.