Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 1995. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Frédéric Daffix. - Recurso de casación - Funcionarios - Separación del servicio - Motivación - Suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. - Asunto C-166/95 P-R.



Recopilación de Jurisprudencia 1995 página I-01955



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Palabras clave

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Medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Sentencia del Tribunal de Primera Instancia objeto de un recurso de casación ° Requisitos de concesión ° Demostración de la existencia de un riesgo de perjuicio grave e irreparable

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2)

Índice

Al examinar la procedencia de una demanda de suspensión de la ejecución de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se anula una decisión de separación del servicio de un funcionario contra la que se ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, el requisito de la urgencia enunciado en el apartado 2 del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia debe apreciarse en relación con la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable.

Procede denegar la suspensión cuando la demanda se limita a referirse a las perturbaciones y riesgos graves que correría la Institución si el interesado se reincorporara a su puesto, sin argumento alguno que apoye estas afirmaciones.

Partes

En el asunto C-166/95 P-R,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitrios Gouloussis, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por Me Benoît Cambier, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte recurrente,

que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 28 de marzo de 1995 en el asunto T-12/94, entre Frédéric Daffix y la Comisión de las Comunidades Europeas,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Frédéric Daffix, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas, representado por Mes Georges Vandersanden y Laure Levi, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Fiduciaire Myson Sàrl, 1, rue Glesener,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 1995, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia de 28 de marzo de 1995 en el asunto T-12/94, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión de 18 de marzo de 1993 por la que se acordaba la separación del servicio del Sr. Daffix.

2 Mediante escrito separado presentado en la misma fecha en la Secretaría del Tribunal de Justicia, la Comisión formuló, al amparo del artículo 53 del Estatuto CE y de las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA, así como de los artículos 83 y 118 del Reglamento de Procedimiento, una demanda de medidas provisionales destinada a obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida.

3 La parte demandante ante el Tribunal de Primera Instancia presentó sus observaciones escritas sobre la demanda de medidas provisionales el 26 de junio de 1995. Dado que las alegaciones escritas de las partes contienen toda la información necesaria para pronunciarse sobre la citada demanda de medidas provisionales, no se ha considerado necesario oír las observaciones orales de las mismas.

4 Con carácter preliminar, procede recordar sucintamente los antecedentes del litigio tal como resultan de la sentencia impugnada.

5 En marzo de 1991, la Comisión inició un procedimiento disciplinario, con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 87 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, contra el Sr. Daffix, funcionario de grado B 3 de la Dirección General X Información, Comunicación y Cultura.

6 Se imputaba al Sr. Daffix la emisión de tres boletines de pedido en favor de Newscom SA, subcontratista de la Comisión, encargada de la gestión de estudios situados en el sótano del edificio Berlaymont de Bruselas, con el fin de obtener de ésta anticipos en metálico por un importe total de 450.000 BFR, en concepto de servicios supuestamente encargados a un prestador externo a la Institución, la Sra. Régine Lombaerts, cuya existencia sigue siendo incierta todavía hoy, y la apropiación de la citada cantidad. Se imputaba igualmente al Sr. Daffix la falsificación de la firma del Jefe de unidad adjunto competente de la Dirección General X en dos de los boletines de pedido de que se trata.

7 Habiéndole sido sometido el informe elaborado por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, "AFPN") y oídas en varias ocasiones las declaraciones del Sr. Daffix y los testimonios de otros funcionarios, el Consejo de disciplina consideró en su dictamen de 18 de febrero de 1993 que no había quedado acreditado que el demandante hubiera falsificado los boletines de pedido y que, a pesar de las diversas contradicciones detectadas tanto en las declaraciones de este último como entre éstas y las de los testigos, no podía descartar la posibilidad de que el demandante hubiera entregado efectivamente la suma de que se trata al prestador de servicios indicado por el Sr. Daffix. No obstante, el Consejo de disciplina concluyó que éste había incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones como funcionario de las Comunidades Europeas, al no haber comprobado previamente la identidad de tal prestador y al no haberse cerciorado de su legitimidad. En consecuencia, el Consejo recomendó a la AFPN que impusiera al demandante ante el Tribunal de Primera Instancia la sanción disciplinaria del descenso al grado B 5, escalón 1.

8 Tras haber oído al Sr. Daffix, la AFPN decidió el 18 de marzo de 1993 separarle del servicio sin reducción ni supresión del derecho a pensión de jubilación y motivó su decisión en los siguientes términos:

"considerando que en la audiencia de 10 de abril de 1991 el Sr. Daffix admitió haber extendido los tres boletines de pedido y haber firmado personalmente uno de ellos 'por orden' de su superior jerárquico sin que éste le hubiera dado instrucción alguna al respecto;

considerando que en la misma audiencia el Sr. Daffix negó haber falsificado la firma de su superior jerárquico en los otros dos boletines de pedido;

considerando que el Sr. Daffix se sirvió de los tres boletines de pedido para conseguir que Newscom le pagara en efectivo la mencionada suma sin haber recibido ninguna instrucción a este respecto;

considerando que las declaraciones del Sr. Daffix a propósito, por una parte, de la entrega a una persona externa a la Institución de la suma recibida de Newscom y, por otra parte, de la identidad de dicha persona habían sido divergentes y a menudo contradictorias, de forma que no pueden ser tenidas en cuenta, en particular a la vista de otras declaraciones de testigos recogidas durante el procedimiento disciplinario;

considerando que, por consiguiente, se puede afirmar que el Sr. Daffix se apropió la suma de 450.000 BFR que recibió en efectivo de la empresa Newscom;

considerando que esta conclusión fue corroborada por la declaración realizada por el propio Sr. Daffix durante la audiencia de 22 de julio de 1991;

considerando que el propio Sr. Daffix reconoció ante el Consejo de disciplina haber realizado esta declaración el 22 de julio de 1991, aunque posteriormente se negara a firmar el acta de la audiencia;

considerando que los hechos imputados al Sr. Daffix constituyen un incumplimiento muy grave de sus obligaciones, que, en efecto, ponen en cuestión las bases mismas de las relaciones de confianza que deben reinar entre la Institución y cada uno de los miembros de su personal y que semejante conducta justifica la imposición de una sanción más severa que la recomendada por el Consejo de disciplina".

9 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, este Tribunal se remite a los apartados 1 a 23 de la sentencia objeto de recurso.

10 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de enero de 1994, el Sr. Daffix interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la decisión de 18 de marzo de 1993 en la que se le impuso la sanción disciplinaria de la separación del servicio.

11 En esta sentencia, el Tribunal de Primera Instancia reconoce la admisibilidad del motivo basado en la falta de motivación del acto impugnado, invocado en la fase de réplica. Refiriéndose a la importancia que, en general, reviste el deber de motivación que incumbe a las Instituciones de la Comunidad en el ejercicio de sus competencias, el Tribunal de Primera Instancia estima que es un motivo de orden público, que, por serlo, puede, en todo caso, ser examinado de oficio por el Juez comunitario.

12 El Tribunal de Primera Instancia examina a continuación si la decisión controvertida había sido debidamente motivada, tras recordar que, según jurisprudencia reiterada, la obligación de motivar una decisión lesiva tiene por objeto, de un lado, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es o no fundada y, de otro, permitir el control jurisdiccional.

13 El Tribunal de Primera Instancia señala, a este respecto, que la decisión no indica de forma suficientemente precisa los hechos imputados al Sr. Daffix que han llevado a la AFPN a adoptar la sanción de la separación del servicio, y destaca, más en particular, que la decisión no indica si el motivo basado en la falsificación de los boletines de pedido constituye un hecho acreditado. Añade que la AFPN no puede limitarse a rebatir las declaraciones del Sr. Daffix de que entregó la suma controvertida a una tercera persona, sin motivar de manera explícita las razones por las cuales las pruebas aportadas por el demandante no pueden, a su juicio, sustentar sus declaraciones. La enumeración detallada de los hechos imputados al Sr. Daffix parece tanto más necesaria al Tribunal de Primera Instancia, cuando el Consejo de disciplina había estimado, por una parte, que no había quedado acreditado que el Sr. Daffix hubiera falsificado los boletines de pedido y, por otra, que no podía descartar la posibilidad de que el Sr. Daffix hubiera entregado la suma de que se trata a la Sra. Régine Lombaerts.

14 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia observa que la decisión no contiene ningún motivo que explique suficientemente las razones por las cuales la AFPN adoptó una sanción más severa que la sugerida por el Consejo de disciplina.

15 El Tribunal de Primera Instancia estima, por consiguiente, que los motivos de la decisión objeto de litigio no le permiten ejercer efectivamente el control de legalidad de la decisión impugnada al mismo tiempo que, a fin de garantizar el pleno respeto del derecho de defensa en el contencioso disciplinario, excluye la posibilidad de que la AFPN la subsane durante el procedimiento.

16 Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión impugnada por insuficiencia de motivación.

17 Por lo que atañe a la presente demanda de suspensión, procede recordar que, según el artículo 53 del Estatuto CE y las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA, un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia no tiene, en principio, efecto suspensivo. No obstante, de conformidad con los artículos 185 y 186 del Tratado CE y las disposiciones concordantes de los Tratados CECA y CEEA, el Tribunal de Justicia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada.

18 Conforme al apartado 2 del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, una decisión de suspensión adoptada con arreglo a las disposiciones antes mencionadas está supeditada a la existencia de circunstancias que den lugar a la urgencia y a antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la suspensión.

19 Es jurisprudencia reiterada que la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de que se emita un pronunciamiento provisional a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable.

20 Por lo que respecta al requisito de la urgencia, la Comisión se limita a alegar que "la medida solicitada es urgente habida cuenta de las importantes perturbaciones que provocaría la reincorporación del Sr. Daffix y de los riesgos que correría la Institución con la reincorporación de un Agente cuya integridad está en tela de juicio y que es objeto de sospechas graves y coincidentes confirmadas por una confesión del interesado". No se ha formulado alegación alguna en apoyo de estas afirmaciones.

21 En consecuencia, procede declarar que la demanda de medidas provisionales no contiene ningún argumento que acredite el riesgo de perjuicio grave e irreparable que la reincorporación del Sr. Daffix a los servicios de la Comisión causaría a esta última en tanto el asunto esté pendiente ante el Tribunal de Justicia.

22 En tales circunstancias, no se cumple el requisito de la urgencia requerido por el apartado 2 del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, no procede examinar si los motivos de hecho y de Derecho invocados por la Comisión pueden justificar a primera vista la concesión de la suspensión solicitada.

23 En consecuencia, procede desestimar la demanda de medidas provisionales.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 6 de julio de 1995.