La principal alegación formulada por el Gobierno francés frente al recurso, a la que ahora voy a referirme, es la siguiente: los preceptos del Capítulo VI del Tratado Euratom carecían ya de validez en la época en que tuvo lugar el incumplimiento que la Comisión le imputa. Sobre el particular, el Gobierno francés hace referencia al párrafo segundo del artículo 76, es decir, al último precepto del Capítulo VI. Según su criterio, de dicho precepto se desprende que la decisión relativa a las normas aplicables en el ámbito del abastecimiento debía tomarse antes de la expiración del plazo de siete años que se inició con la entrada en vigor del Tratado, antes, por consiguiente, del 1 de enero de 1965, para que, en caso de no confirmarse las disposiciones aplicables inicialmente, pudieran entrar en vigor normas nuevas el 1 de enero de 1965. Siempre según el Gobierno francés, a lo sumo podría sostenerse que aún existía la posibilidad de confirmar las antiguas disposiciones durante un breve período de tiempo tras la expiración del plazo de siete años. Sin embargo, puesto que no se optó por dicha alternativa en un plazo razonable, debe admitirse que los preceptos inicialmente aplicables dejaron de tener vigencia y que el Consejo tenía la obligación de adoptar nuevas disposiciones (objetivo que, por lo demás, la misma Comisión pretendió alcanzar mediante sus propuestas de noviembre de 1964 y que era manifiestamente conforme con la intención de todos los Estados miembros). La única posible explicación es mantener que, hasta la adopción de estas nuevas disposiciones tan sólo cabe considerar que existe una laguna en el Derecho comunitario. La Comisión rechaza tajantemente esta tesis. Considera, por su parte, que en cualquier caso, debe admitirse que, con posterioridad al 1 de enero de 1965, los preceptos inicialmente contenidos en el Tratado tenían validez con un carácter transitorio y provisional, sin limitación en el tiempo, hasta que se adoptaran nuevas disposiciones o hasta que se confirmaran los preceptos iniciales.

Si se intenta resolver este problema acogiéndose, en primer lugar al texto mismo del párrafo segundo del artículo 76, se observa que, según las versiones alemana y neerlandesa, la solución parece con bastante claridad. Efectivamente, el texto es el siguiente: «nach Ablauf von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages kann der Rat diese Bestimmungen in ihrer Gesamtheit bestatigen» («Na verloop van zeven jaar […] kan de Raad […] bevestigen»). Ello significa, por una parte, que los autores del Tratado previeron un período cuyo inicio iba a producirse el 1 de enero de 1965, y dieron importancia al transcurso del mencionado período de siete años. Por otra parte se prevé una confirmación transcurrido el período de referencia. Esto tan sólo puede significar la confirmación de los textos vigentes. Por lo demás confirma también esta conclusión el hecho de que baste la mayoría simple para la confirmación, mientras que para la adopción de nuevas disposiciones se precise la unanimidad del Consejo. En consecuencia, los textos alemán y neerlandés demuestran con una claridad meridiana que no puede haber dejado de aplicarse el Capítulo VI a partir del 1 de enero de 1965. Por el contrario, los textos francés e italiano, que contienen las expresiones «á l'issue d'une période de sept ans» o «allo scadere di un periodo di serte anni», son menos claros.

Efectivamente, pueden interpretarse en el sentido de que debería haber tenido lugar una eventual confirmación al final del plazo de siete años, en el momento de la expiración de dicho plazo, y que, por lo tanto, las decisiones pertinentes deberían haberse tomado a más tardar el 31 de diciembre de 1964. Sin embargo, pueden apuntarse en contra de dicha hipótesis algunas importantes consideraciones basadas en el espíritu y la finalidad del Capítulo VI. Como resulta de los trabajos preparatorios, en el momento de redactar el Tratado Euratom, nadie tenía una idea exacta de cual sería la futura evolución en este nuevo ámbito, que llevaba consigo factores cuyas modificaciones iban a tener repercusiones en el mundo entero, especialmente en relación con los problemas de abastecimiento. Por este motivo los autores del Tratado decidieron que en un primer momento se debía establecer una normativa provisional y que el sistema definitivo se implantaría una vez que se tuviera la experiencia necesaria. En consecuencia, el sentido del artículo 76 es esencialmente establecer una fase de experimentación. Ahora bien, es evidente que la obligación de adoptar la Decisión sobre el régimen definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 1964 difícilmente puede concillarse con dicha fase de experimentación y con la indudable voluntad de su total utilización. Efectivamente, no debe olvidarse que para ello eran necesarios largos preparativos, que era preciso examinar las experiencias por las que se había pasado y decidir si las mismas justificaban el mantenimiento del régimen o si era más aconsejable adoptar una nueva normativa, lo cual requeriría, como bien sabe este Tribunal de Justicia, la cooperación de varias Instituciones (Comisión, Consejo y Asamblea). Por lo tanto, si hubiera debido adoptarse dicha decisión no más tarde del 31 de diciembre de 1964, la fase de experimentación prevista en el artículo 76, en determinadas circunstancias, se habría visto considerablemente reducida, lo cual, como he dicho, no sería conforme con el espíritu de la normativa. Por otra parte, tampoco es posible acogerse al artificio consistente en «parar el reloj», que habría permitido tomar la decisión necesaria a comienzos del año 1965 y por lo tanto, reducir la fase de experimentación en una medida insignificante. En mi opinión, es difícil imaginar que durante la redacción del artículo 76, los autores del Tratado tuvieran la voluntad de seguir este procedimiento poco habitual que no se conoce en todas partes y que, ciertamente puede ser objeto de múltiples objeciones. Independientemente del problema de la retroactividad, que se plantearía en el caso en que entrara en vigor una nueva normativa a partir del 1 de enero de 1965, no debe olvidarse que dicho método no ha sido todavía utilizado para la ejecución de los preceptos del Tratado en situaciones que requieren una tramitación larga y complicada, así como la participación de casi todas las Instituciones comunitarias. Por consiguiente, consideraciones basadas en el espíritu y la finalidad del precepto sometido a la apreciación del Tribunal de Justicia aconsejan no interpretar tampoco los textos italiano y francés en el sentido de que la decisión que debía tomarse con arreglo al párrafo segundo del artículo 76 debía adoptarse a más tardar al expirar el plazo indicado en el artículo examinado.

Por tal motivo me parece, por lo demás, improcedente que en este asunto se haga referencia a lo dispuesto en el artículo 37 del Tratado CEE redactado en términos similares y argumentar que la expresión que se encuentra en el mismo precepto «am Ende der Übergangszeit» («al final del período transitorio»), según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto 20/64, Rec. 1965, p. 10), significa «a más tardar al final del período transitorio». Realmente, no debe perderse de vista que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia se aplicaba a una situación en la que se había fijado una fecha límite para que los Estados miembros cumplieran sus obligaciones (adecuación de los monopolios). En consecuencia, es imposible aplicar la misma interpretación a lo dispuesto en el artículo 76 del Tratado Euratom, según el cual se trata esencialmente de elaborar una normativa nueva una vez finalizado un período determinado. Por último, puesto que el propio Gobierno francés reconoce que la expresión «transcurridos» no es totalmente clara, lo único que puede deducirse de ello es que las decisiones previstas en el artículo 76 (confirmación o adopción de nuevos preceptos) aún podían adoptarse después del 1 de enero de 1965, y que, en consecuencia, la normativa inicialmente aplicable no había dejado de estar vigente después del 31 de diciembre de 1964, sino que seguía siendo aplicable, al menos con carácter provisional.

No obstante, con esto no se termina el examen de las cuestiones que ahora me interesan. En efecto, con carácter subsidiario el Gobierno francés alega asimismo que, suponiendo que el Capítulo VI haya seguido aplicándose con carácter provisional, a lo sumo podría admitirse que a tal efecto se ha previsto un plazo razonable. Debido a que los preceptos vigentes inicialmente no fueron confirmadas antes de su expiración, han dejado de tener validez. En adelante únicamente puede tomarse en consideración la adopción de nuevas disposiciones.

En apoyo de esta interpretación cabe en efecto hacer referencia a los textos francés e italiano del párrafo segundo del artículo 76: los términos «á l'issue de» y «allo scadere di» pueden indicar que existe una íntima relación entre la decisión de confirmación y el final del plazo de siete años (mientras que es evidente que los textos alemán y neerlandés no pueden interpretarse en el mismo sentido). No obstante, la corrección de esta tesis se encuentra nuevamente con importantes objeciones de fondo que impiden que pueda prosperar. Estoy convencido de que es difícil conciliar el principio de seguridad jurídica con la idea de que determinados preceptos del Tratado hayan dejado de estar en vigor después del transcurso de un plazo no precisado, y ello sin que ningún texto lo indique clara y expresamente, y en consecuencia suponer que el problema de la confirmación pueda regularse mediante una decisión negativa presunta.

Sin que simultáneamente se produzca la entrada en vigor de nuevas disposiciones, ello significaría una solución de continuidad en un ámbito de importancia fundamental para la Comunidad, al que el Tratado consagra una normativa muy detallada que conduce a una integración muy avanzada. Lo único que se produciría sería una transitoria desintegración. Difícilmente puede admitirse que los autores del Tratado lo hayan querido así, habida cuenta de que la letra d) del artículo 2 del Tratado establece que la misión y la obligación constante de la Comunidad es velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles nucleares de todos los usuarios de la Comunidad. Del mismo modo es imposible no tener en cuenta la relación existente entre el Capítulo que nos interesa ahora y otros Capítulos del Tratado cuya validez no se halla limitada en el tiempo, especialmente la relación existente con el control de seguridad que ciertamente facilita la existencia de una reglamentación común del abastecimiento, que comprende el control de la utilización de los productos suministrados (artículo 60). Por último, debe pensarse asimismo en la posibilidad de que la Agencia de Abastecimiento haya celebrado contratos de larga duración, que jurídicamente tendrían un futuro incierto si se admitiera que las disposiciones que les son de aplicación han perdido su vigencia tras un plazo determinado y que, de este modo, dicha Agencia se ha visto privada de su fundamento jurídico. Habida cuenta de estas importantes consideraciones, de hecho la única conclusión posible es aceptar que el Capítulo VI sigue siendo aplicable provisionalmente, y ello hasta que entre en vigor una nueva normativa o hasta que tenga lugar la confirmación de las disposiciones iniciales. En realidad tal confirmación aún parece posible, dado que se trata de una posibilidad que no fue excluida ni en 1965 ni posteriormente (como ha manifestado la Comisión, efectivamente en enero de 1965 el Consejo devolvió su propuesta al Parlamento sin someterla a discusión).

Tampoco es posible oponer en contra de esta hipótesis, a pesar de que parece tentador a primera vista, que en realidad con ello se llega al reconocimiento de una decisión tácita de confirmación, dado que la confirmación implica el mantenimiento definitivo de las disposiciones vigentes. Por el contrario, el mantenimiento de su vigencia con carácter provisional no tiene los mismos efectos. Es evidente que ello exige que las condiciones que se fijen para su aplicación se formulen de forma que afecten lo menos posible a la futura normativa. Por el mismo motivo, no puede estar de acuerdo con el Gobierno francés cuando afirma que favorece más un desarrollo razonable de la integración admitir la existencia de un vacío jurídico que obliga a las Instituciones comunitarias responsables a actuar enérgicamente, que continuar aplicando normas que ya al poco tiempo se han revelado inadecuadas y que nunca se han aplicado correctamente. En otro contexto me referiré de nuevo pormenorizadamente a esta última observación.

Por el momento baste observar tan solo que, en mi opinión, cuesta admitir que la vuelta a las normativas nacionales, con todos los inconvenientes inherentes a las mismas (por ejemplo, la supresión de la información permanente a las Instituciones comunitarias) no haga más difícil la integración. En efecto, estoy convencido de que difícilmente esta situación puede considerarse más adecuada que mantener la vigencia, con carácter provisional, de una normativa comunitaria pormenorizada y con evidente vocación de mantenerse en sus elementos esenciales.

Por lo tanto, a la luz de tales consideraciones, debo considerar que, en una situación ciertamente insatisfactoria, la tesis del mantenimiento de la vigencia del Capítulo VI del Tratado Euratom, con carácter provisional, que sostiene la Comisión, es preferible a la afirmación de que a partir de una fecha determinada del año 1965 se produjo un vacío en el Derecho comunitario.