SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 27 de octubre de 1994

Asunto T-47/93

C

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Selección de personal — Prórroga del período de validez de la lista de aptitud del concurso-oposición EUR/B/16 — Dictamen médico de inaptitud — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-743

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión por la que se prorroga el período de validez de la lista de aptitud del concurso-oposición EUR/B/16 con respecto al demandante y una solicitud de indemnización.

Resultado:

Condena a la Institución al pago de una indemnización y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

Los servicios de la Comisión solicitaron, el 22 de febrero de 1991, la publicación de una convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo vacante, al objeto de seleccionar al demandante, aprobado de un concurso-oposición general.

El 24 de abril de 1991, el médico asesor de la Comisión emitió un dictamen de inaptitud física motivado por la comprobación de una hepatitis tipo B y confirmado el 31 de mayo de 1991, sin perjuicio de un nuevo examen posterior, por la Comisión médica, a la que acudió el demandante.

Aun cuando informó al demandante, el 26 de abril de 1991, que le comunicaría su decisión relativa al reconocimiento de su aptitud física, la Comisión no adoptó ninguna decisión respecto a él en relación con el puesto de trabajo para el que había sido admitido inicialmente.

El 12 de mayo de 1992, se comunicó al interesado que, tras un nuevo examen de su expediente, la Comisión médica había adoptado un dictamen de aptitud física «con reservas».

Al haber expirado entretanto la validez de la lista de aptitud del concurso-oposición el 30 de junio de 1991, el demandante, que ya no podía ser nombrado para ocupar un puesto de trabajo vacante, presentó, el 27 de mayo de 1992, una solicitud de indemnización de los perjuicios moral y material por él sufridos, al no haber sido seleccionado, debido a los dictámenes de inaptitud física iniciales.

El 16 de septiembre siguiente, la Institución prorrogó la validez de la lista de aptitud respecto al demandante.

Mediante reclamación de 21 de diciembre de 1992, éste impugnó la legalidad tanto de la negativa de selección posterior a los dictámenes de inaptitud física como de la decisión de 16 de septiembre de 1992. Solicitó además el pago de las retribuciones a que hubiera tenido derecho de haber sido seleccionado para ocupar el puesto de bibliotecario-archivero y 100.000 BFR en concepto de reparación del perjuicio material y moral.

Tras la desestimación de dicha reclamación mediante escrito de 26 de abril de 1993, el demandante interpuso el presente recurso el 21 de julio de 1993.

I. Sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la decisión por la que se prorroga, respecto al demandante, el período de validez de la lista de aptitud

El Tribunal de Primera Instancia señala en primer lugar que, aunque no pertenezca a la función pública comunitaria, el demandante sí tiene legitimación a tenor del artículo 179 del Tratado CE, así como de los artículos 90 y 91 del Estatuto, ya que reivindica, como aprobado de un concurso-oposición general al que no se ha asignado un puesto de trabajo, la condición de funcionario y posee, por tanto, la de «persona a la que se aplique el presente Estatuto», a efectos del apartado 1 de su artículo 90 (apartado 21).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de mayo de 1994, Stagakis/Parlamento (T-37/93, RecFP p. II-451), apartado 16

El Tribunal de Primera Instancia señala asimismo que la existencia de un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 y del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso de anulación interpuesto por un funcionario contra una Institución, y que sólo son lesivos los actos que puedan afectar a la situación jurídica de un demandante (apartado 22).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de mayo de 1994, Obst/Comisión (T-510/93, RecFP p. II-461), apartado 22

Allora bien, en la medida en que se prorroga, respecto al demandante, el período de validez de la lista de aptitud, la decisión impugnada otorga al interesado nuevas perspectivas de selección y, al no poder perjudicar a sus derechos, no es lesiva para él. En tal sentido, el demandante carece de interés para impugnar la decisión controvertida, y procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de anulación (apartados 23 y 24).

II. Sobre las pretensiones de indemnización

1. Sobre la admisibilidad

El Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que cuando un funcionario desea dirigir una acción de indemnización contra la Institución que le emplea, el procedimiento administrativo previo exigido por el Estatuto es diferente según que el daño cuya reparación se solicita haya sido causado por un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto o que el perjuicio haya sido causado por un comportamiento que no tenga carácter decisorio. En el primer supuesto, la admisibilidad del recurso de indemnización está subordinada al requisito de que el interesado haya presentado ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, dentro del plazo señalado, una reclamación contra el acto que le causó el perjuicio y que haya presentado el recurso dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de desestimación de dicha reclamación. En el segundo, en cambio, el procedimiento administrativo que debe preceder obligatoriamente al recurso de indemnización, conforme a los artículos 90 y 91 del Estatuto, comprende dos etapas, a saber, en primer lugar, una solicitud y, posteriormente, una reclamación contra la denegación expresa o presunta de dicha solicitud (apartado 30).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1994, X/Comisión (T-94/92, RecFP p. II-481), apartado 29

El Tribunal de Primera Instancia hace constar que este último procedimiento, aplicable en el presente caso, a falta de decisión relativa al puesto de trabajo para el cual había sido admitido inicialmente el demandante, siguió su curso reglamentario. De ello se deduce que procede declarar la admisibilidad de la solicitud de indemnización, al haberse presentado este recurso dentro del plazo estatutario, en contra de lo alegado por la Comisión (apartados 32 y 37).

En efecto, después de haberse dado cuenta el 12 de mayo de 1992, en el momento en que tuvo conocimiento del dictamen de aptitud «con reservas», de que sus oportunidades de ser seleccionado habían desaparecido a causa de los dictámenes de inaptitud física iniciales, el demandante presentó una solicitud de indemnización el 27 de mayo de 1992, seguida, el 21 de diciembre de 1992, de una reclamación dirigida contra la decisión de 16 de septiembre de 1992. Aunque en dicha reclamación no se hiciera referencia directa a la solicitud de indemnización, tiene por objeto, fundamentalmente, su denegación presunta por la decisión de 16 de septiembre de 1992, debiendo ser interpretado y comprendido por la administración el contenido de la solicitud y la reclamación con toda la diligencia que debe a sus justiciables una gran organización bien dotada. En cualquier caso, el 27 de septiembre de 1992 se produjo una decisión denegatoria presunta de la solicitud de indemnización (apartados 34 a 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión (54/77, Rec. p. 585), apartado 47

2. Sobre el fondo

El reconocimiento médico previsto en el artículo 33 del Estatuto tiene por objeto permitir a la Institución de que se trate determinar si, desde el punto de vista de su estado de salud, el candidato es capaz de cumplir todas las obligaciones que puedan incumbirle, habida cuenta de la naturaleza de sus funciones. El Tribunal de Primera Instancia señala que, por lo que respecta a dicha determinación, el Estatuto confía a los médicos asesores y, en su caso, a la Comisión médica, la apreciación de todas las cuestiones médicas. Por consiguiente, el control jurisdiccional del Tribunal de Primera Instancia no puede extenderse a las apreciaciones de carácter médico propiamente dichas, que deben considerarse definitivas, dado que se produjeron en condiciones normales. En cambio, el control jurisdiccional puede ejercerse sobre la conformidad a Derecho del procedimiento seguido para el reconocimiento médico, en particular en caso de consulta a la Comisión médica, así como sobre la conformidad a Derecho de los dictámenes emitidos, al objeto de comprobar si su motivación permite apreciar los fundamentos en que se basan sus conclusiones y si existe un vínculo comprensible entre las consideraciones de carácter médico que recogen y las conclusiones a las que llegan (apartados 46 y 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de febrero de 1992, Plug/Comisión (T-165/89, Rec. p. II-367), apartado 75

Aun cuando el estado de salud del demandante no ha dado lugar a ningún tipo de trastornos que le impidieran cumplir todas las obligaciones que puedan incumbirle en el ejercicio de las funciones previstas, la Comisión médica le ha declarado, no obstante, inapto, basándose en que la evolución de su dolencia no había finalizado. Si bien un dictamen de inaptitud puede basarse en un pronóstico, fundado médicamente, de trastornos futuros, que pueden dificultar, en un futuro previsible, la realización normal de las funciones previstas, no ocurre lo mismo en el caso de autos, puesto que la Comisión médica ha cambiado su dictamen de inaptitud no por el estado de salud del demandante, que ha permanecido estable, sino a raíz de un nuevo examen de su situación, habida cuenta sobre todo de su estado hepatológico y del dictamen emitido por un tercer médico. De ello se deduce que los dos dictámenes de inaptitud física emitidos en mayo de 1991 incurrieron en un error manifiesto de apreciación (apartados 48 a 50).

Referencia: X/Comisión, antes citada, apartado 45

Dado que el demandante hubiera sido seleccionado para ocupar el puesto propuesto si no hubiera sido declarado físicamente inapto, el Tribunal de Primera Instancia considera que los dictámenes médicos erróneos han privado al demandante de una oportunidad de ser seleccionado. Además, al proceder a cubrir el puesto antes de que la Comisión médica hubiera tomado su decisión de aptitud «con reservas» o, cuando menos, al no adoptar, en contra de lo que había anunciado, ninguna decisión sobre la selección del demandante que pudiera ser impugnada, la Comisión le privó de toda posibilidad de ser seleccionado (apartado 53).

Dado que la pérdida de una oportunidad puede constituir un perjuicio reparable, el Tribunal de Primera Instancia valora ex œquo et bono en 500.000 BFR el importe de la indemnización adecuada (apartados 54 y 55).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de marzo de 1993, Moat/Comisión (T-13/92, Rec. p. II-287)

Fallo:

1) Se condena a la Comisión a pagar al demandante la cantidad de 500.000 BFR en concepto de indemnización de daños y perjuicios.