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Cuando un Reglamento establece un derecho antidumping variable que corresponde a la diferencia entre, por una parte, un precio umbral, que en el presente caso es el valor normal del producto de que se trata en el mercado interior del país de exportación, reducido a una base cif frontera comunitaria, que el Reglamento fija en la moneda de dicho Estado tercero y, por otra parte, el precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria, no despachado de aduana, al primer comprador en el territorio íaduanero de la Comunidad, pero no cbntiene ninguna disposición específica sobre los tipos de cambio que deben aplicarse para convertir a la moneda del Estado de importación dicho precio umbral, por más que establece que han de aplicarse las disposiciones en vigor en materia de derechos de aduana, procede aplicar a esta conversión no el tipo de cambio aplicable en la fecha de la entrada en vigor del Reglamento sino ėn la fecha que se había de tomar en consideración para de- terminar el valor en aduana de las mercancías importadas, dado que se trata del tipo impuesto por el Reglamento relativo al valor en aduana para determinar por conversión el otro elemento que permite fijar el derecho y que el valor de los dos elementos cuya diferencia determina el derecho debe calcularse según un tipo de cambio aplicable en la misma fecha.

Esta solución responde a la necesidad, cuando se impone un derecho antidumping con ocasión de una determinada importación, de tener en cuenta la situación que existe en la fecha de la referida importación.
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Aproximación de las legislaciones - Productos fitosanitarios - Directiva 79/117 - Incidencia sobre la aplicación de una normativa nacional a productos no contemplados por la Directiva - Inexistencia

(Directiva 79/117 del Consejo)

Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Excepciones - Protección de la salud pública - Prohibición de comercializar y de utilizar un producto fitosanitario no autorizado - Procedencia en relación con las disposiciones del Tratado y del Acuerdo entre la CEE y Suecia

(Tratado CEE, arts. 30 y 36; Acuerdo CEE-Suecia, art. 13, apartado 1, y art. 20)

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El órgano jurisdiccional de un Estado miembro no está obligado a interpretar una normativa nacional sobre comercialización y utilización de productos fitosanitarios a la luz del texto y de la finalidad de la Directiva 79/117/CEE cuando aplica dicha normativa a productos que, al no contener una ni varias sustancias activas de las enumeradas en el anexo de la Directiva, quedan al margen del ámbito de aplicación de dicha Directiva, la cual no lleva a cabo una armonización completa de las normativas nacionales.

A falta de una armonización completa de la materia en cuestión a escala comunitaria, ni los artículos 30 y 36 del Tratado ni los artículos 13, apartado 1, y 20 del Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Suecia son obstáculo para que una legislación nacional prohíba, bajo amenaza de sanciones penales, vender, mantener en existencias o utilizar un producto fitosanitario que no haya sido autorizado por dicha legislación.
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1. Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una Decisión confirmatoria de una Decisión no impugnada dentro de plazo - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 173)

2. Recurso por omisión - Omisión - Concepto - Abstención de actuar - Actuación que no se ajusta a lo pedido - Exclusión

(Tratado CEE, art. 175)

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1. No procede admitir el recurso de anulación interpuesto contra una Decisión meramente confirmatoria de una Decisión anterior no impugnada dentro de plazo.

2. El artículo 175 del Tratado se refiere a la omisión que consiste en no tomar una decisión o no definir una postura y no a la adopción de un acto diferente al que los interesados hubieran deseado o considerado necesario.
Previendo que, en el caso de importaciones procedentes de países que no tienen una economía de mercado, el valor normal se determina basándose esencialmente en el precio efectivamente pagado por un producto similar en un país de economía de mercado, el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 pretende evitar que se tomen en cuenta precios y costes, en países que no tienen economía de mercado, que no sean la resultante normal de las fuerzas que actúan en el mercado.

Por consiguiente, para determinar si un país que no figura entre los que la citada disposición califica de países que no tienen economía de mercado, en particular aquellos países a los que se aplica el Reglamento n° 1765/82, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de países de comercio de Estado, debe considerarse o no como país que no tiene economía de mercado, a efectos del apartado 5 del artículo 2, procede examinar si, en este país, el comercio de productos similares a los productos contra los que se alega la existencia de dumping es objeto de monopolio completo o casi completo, o si todos los precios interiores son fijados por el Estado.
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1. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Contratos celebrados con la finalidad de poner fin a un litigio

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

2. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio del comercio entre Estados miembros - Concesión recíproca de licencias de derechos de propiedad industrial y comercial protegidas en varios Estados miembros

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

3. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio de la competencia - Criterios de apreciación - Cláusula de no impugnación en un contrato de licencia de patente

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

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1. Al prohibir determinados "acuerdos" entre empresas, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no distingue entre los acuerdos que tengan por objeto poner fin a un litigio de aquellos que persigan otros objetivos.

2. Un contrato de concesión recíproca de licencias sobre derechos de propiedad industrial, que se encuentren protegidos en distintos Estados miembros de la Comunidad, puede afectar al comercio entre los Estados miembros, aun cuando las partes contratantes estén establecidas en el mismo Estado miembro.

3. Una cláusula de no impugnación incluida en un contrato de licencia de patente puede, en función del contexto jurídico y económico, tener un carácter restrictivo de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Tal cláusula, sin embargo, no tiene carácter restrictivo de la competencia cuando la licencia que la contiene haya sido concedida a título gratuito y, por tanto, la situación competitiva del licenciatario no resulte afectada por el pago de una compensación económica, o incluso cuando la licencia haya sido concedida a título oneroso, pero se refiera a un procedimiento técnicamente desfasado, que no utilice la empresa que haya aceptado la obligación de no impugnar.
Asunto 141/86

The Queen

contra

HM Customs and Excise ex parte Imperial Tobacco Ltd

petición de decisión prejudicial presentada por la Divisional Court de la Queen's Bench Division de la High Court of Justice de Inglaterra y del País de Gales

«Arancel aduanero común — Clasificación de las nervaduras de las hojas de tabaco»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. Carl Otto Lenz, presentadas el 22 de septiembre de 1987 67

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de enero de 1988 75

Sumario de la sentencia

Arancel aduanero común — Partidas arancelarias — Clasificación de las mercancías — Clasificación por la Comisión de las nervaduras de las hojas de tabaco como «desperdicios» en el sentido de la subpartida 24.01 B — Conformidad a Derecho

(Reglamento del Consejo n° 97/69, modificado por el Reglamento n° 2055/84; Reglamento de la Comisión n° 3517/84)

A la vista de la amplia facultad discrecional que le confiere el Reglamento n° 97/69 relativo a las medidas que se deben adoptar para la aplicación uniforme ele la nomenclatura del arancel aduanero común, la Comisión, al clasificar mediante su Reglamento n° 3517/84 las nervaduras de las hojas de tabaco «flue-cured» de tipo Virginia como desperdicios de tabaco incluidos en la subpartida 24.01 B, no sobrepasó los límites de su competencia. Efectivamente, a los fines del arancel aduanero común, el término «desperdicios» no se refiere a objetos carentes de todo valor, dado que éstos, en todo caso, no precisarían de clasificación, sino a productos secundarios de menos valor en relación con otros.
1.

En virtud de las Directivas del Consejo: — 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados (DO L 194, p. 23; EE 15/01, p. 91), — 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), — 76/403/CEE, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de los policlorobifenilos y policloroterfenilos (DO L 108, p. 41; EE 15/01, p. 161), y — 78/176/CEE, de 20 de febrero de 1978, relativa a los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio (DO L 54, p. 19; EE 15/02, p. 92), los Estados miembros debían, en determinados plazos, establecer las disposiciones necesarias para cumplirlas. Mediante cuatro sentencias de 2 de febrero de 1982, el Tribunal de Justicia declaró, a instancia de la Comisión, que el Reino de Bélgica incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no adoptar en los plazos establecidos las disposiciones necesarias para ajustarse a estas Directivas, es decir: — en el asunto 68/81, la Directiva 78/176, — en el asunto 69/81, la Directiva 75/442, — en el asunto 70/81, la Directiva 75/439, — en el asunto 71/81, la Directiva 76/403.
4

La normativa británica en materia de prestaciones de invalidez, contenida en el Social Security Act 1975, prevé en el apartado 1 de su artículo 37 el pago de una prestación por cuidar a persona inválida si: a) el solicitante se dedica de manera regular y en gran medida a prodigar cuidados a un minusválido grave; b) el solicitante no ejerce ninguna actividad remunerada; c) el minusválido grave es una persona de su familia u otra persona prevista por la Ley. A los fines de la aplicación de esta disposición, el apartado 2 del mismo artículo define como «minusválido grave» a la persona que puede beneficiarse de la prestación de ayuda, en aplicación del artículo 35 del Social Security Act 1975, o de cualquier otra prestación que tenga el mismo objeto. En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37, la prestación por cuidar a persona inválida no se atribuirá a la persona que no haya alcanzado la edad de 16 años o que se beneficie de una enseñanza en jornada completa; a la mujer casada que viva con su marido o cuando éste contribuya a su manutención con un importe que no sea inferior a la cuantía semanal de la prestación; a la mujer que viva en concubinato.
1

Mediante resolución de 11 de diciembre de 1984, llegada al Tribunal el 18 de enero de 1985, el Bundesfinanzhof planteó, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del Reglamento no 974/71 del Consejo, de 12 de mayo de 1971, relativo a determinadas medidas de política coyuntural que deben adoptarse en el sector agrícola como consecuencia de la ampliación temporal de los márgenes de fluctuación de las monedas de determinados Estados miembros (DO L 106, p. 1), y a la validez del Reglamento no 1036/78 de la Comisión, de 19 de mayo de 1978, por el que se fijan los montantes compensatorios monetarios y determinados coeficientes y tipos necesarios para su aplicación (DO L 133, p. 1).
12

La Comisión, tras haber recordado la génesis del texto actual de la subpartida 93.07 B II a) del Arancel Aduanero Común, alega en sus observaciones que la comparación de las designaciones mencionadas en el Anexo III del Reglamento n° 3420/83 y en el texto de la subpartida 93.07 B II a) del Arancel Aduanero Común y del código Nimexe 93.07-45 y 49, le lleva a la conclusión de que los cartuchos de tiro, y en particular los destinados a armas de ánima lisa, no están sometidos, conforme al artículo 6 del Reglamento n° 3420/83, a ninguna restricción cuantitativa. No obstante, la Comisión considera que en el estado actual del Derecho comunitario, el texto de las disposicions en cuestión no ofrece ningún criterio que permita establecer una distinción satisfactoria entre los dos tipos de cartuchos de perdigones, debiendo rechazarse el criterio del destino por no permitir un control eficaz.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Prestaciones familiares - Normas comunitarias de antiacumulación - Letra a del apartado 1 del artículo 10, del Reglamento nº 574/72 - Aplicación - Requisitos - Hijo que entra en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria - Prestación debida en aplicación únicamente de la legislación nacional independientemente del lugar de residencia del hijo - Inaplicabilidad

(Reglamentos del Consejo nº 1408/71, art. 73, y nº 574/72, art. 10, apartado 1, letra a)

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La norma de antiacumulación promulgada por la primera frase de la letra a del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento nº 574/72 se aplica en cuanto se deben prestaciones o subsidios familiares, en aplicación del artículo 73 del Reglamento nº 1408/71, a favor de un hijo que, como miembro de la familia de uno de los beneficiarios, entre en el ámbito de aplicación personal de la normativa comunitaria en materia de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena, sin que importe si el otro beneficiario al que se le deben asimismo prestaciones o subsidios familiares a favor del mismo hijo, cae, también él, en este ámbito de aplicación.

Cuando se debe una prestación familiar en aplicación únicamente de la legislación nacional, independientemente del lugar de residencia de los hijos, y no sea necesario, pues, alegar el artículo 73 del Reglamento nº 1408/71 para la adquisición del derecho a dicha prestación, ésta no puede considerarse que se deba en aplicación del artículo 73 y que la primera frase de la letra a del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento nº 574/72 no se aplica.
Asunto 232/85

Jean Victor Becker

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionario — Revalorización de un concurso»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. Federico Mancini, presentadas el 8 de octubre de 1986 3408

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 1986 3411

Sumario de la sentencia

Funcionarios — Recurso — Reclamación administrativa previa — Plazos — Carácter de orden público — Caducidad — Reapertura — Requisitos — Hecho nuevo

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Si bien, según el artículo 90, apartado 1, del Estatuto, los funcionarios pueden solicitar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que adopte una decisión con respecto a ellos, esta facultad no permite a los funcionarios incumplir los plazos previstos por los artículos 90 y 91 del Estatuto para la presentación de la reclamación y del recurso, cuestionando, a través de tal solicitud, una decisión anterior no recurrida en el plazo fijado. Estos plazos, establecidos con el fin de asegurar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas, son de orden público y las partes no pueden sustraerse a su aplicación. De ello resulta que sólo la existencia de hechos nuevos de influencia notoria puede justificar la presentación de una solicitud de revisión de una decisión que haya adquirido firmeza.

No puede calificarse de hecho nuevo la publicación de convocatorias de concurso que no modifican la situación jurídica del interesado, que no se refieren directamente a su puesto y que no se caracterizan por permitirle tener conocimiento por primera vez de la posición que ante su caso adopta la administración.
6

La Comisión estima que la legislación italiana no se atiene a las exigencias que se derivan de esta Directiva en dos aspectos. Por una parte, la legislación en vigor no garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y de los antiguos trabajadores a prestaciones de jubilación derivadas de regímenes complementarios de seguridad social, de conformidad con el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva; por otra parte, no impone al cedente y al cesionario obligaciones en materia de información y de consulta de los representantes de los trabajadores afectados que se atengan a las exigencias de los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Directiva. Por consiguiente, la Comisión, tras un intercambio de cartas con el Gobierno italiano y tras haber emitido un dictamen motivado, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 169 del Tratado, interpuso el presente recurso por incumplimiento, fundándolo en los dos motivos arriba indicados.
7

El 30 de noviembre de 1983, el Ministerio de Hacienda de la República Helénica, mediante solicitud dirigida a la Comisión fundándose en el artículo 13 del Reglamento n° 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación (DO L 175, p. 1; EE 02/06, p.36), modificado por el Reglamento n° 1672/82 del Consejo, de 24 de junio de 1982 (DO L 186, p. 1; EE 02/09, p. 93), solicitó la condonación del importe de 11072464 dracmas y que la Comisión adoptara una decisión en tal sentido. En su solicitud, el Ministerio de Hacienda indicaba que en el comportamiento de las empresas citadas no había negligencia ni manipulación alguna y que, evidentemente, el servicio competente del Ministerio de Agricultura no había detectado la diferencia entre un simple certificado y un certificado de fijación anticipada de la exacción.
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La Comisión estima que, según la jurisprudencia del Tribunal, un recurso de indemnización con arreglo a los artículos 178 y 215, párrafo 2, del Tratado no puede ser presentado hasta que el demandante haya agotado las posibilidades que tiene abiertas ante el juez nacional para solicitar la anulación de la decisión adoptada por la autoridad nacional. En este caso, Krohn interpuso ante la Verwaltungsgericht Frankfurt am Main un recurso tendente a la anulación de la negativa de la BALM y a la expedición de las licencias de importación litigiosas, en el cual aún no ha recaído pronunciamiento. En consecuencia, las vías de recurso nacionales no están agotadas.
1

Mediante resolución de 1 de junio de 1984, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de julio siguiente, el Pretore di Cremona planteó, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación y a la validez del Reglamento (CEE) no 1079/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, relativo a una tasa de corresponsabilidad y a determinadas medidas destinadas a ampliar los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 131, p. 6; EE 03/12, p. 148), y del Reglamento (CEE) no 1822/77 de la Comisión, de 5 de agosto de 1977, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a la percepción de la tasa de corresponsabilidad establecida en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 203. p. 1; EE 03/13, p. 15), según han sido modificados y completados posteriormente.
7

En apelación, el Oberlandesgericht Düsseldorf estimó, en su sentencia de 12 de marzo de 1982, que incluso suponiendo que los hechos expuestos por el demandante fueran correctos, no podrían éstos constituir base suficiente para fundar en ellos la competencia de los tribunales de Mönchengladbach, porque la confirmación escrita cuya existencia alega dicha parte no reunía los requisitos del párrafo primero del artículo 17 del Convenio. En efecto, según el Oberlandesgericht, una cláusula atributiva de competencia estipulada verbalmente sólo es válida si es confirmada por escrito por la parte contra la cual deba esgrimirse en caso de litigio. Pues bien, en este supuesto, el acuerdo verbal se había confirmado por escrito por la demandante, en favor de la cual se había estipulado la cláusula, y no por la demandada, contra la cual se esgrime.
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Por lo que se refiere a la letra c) de la segunda cuestión, los demandantes en el litigio principal estiman que, aun cuando el demandante estuviese obligado a realizar gestiones suplementarias, el hecho de no haberlas efectuado no implicaría necesariamente la denegación del reconocimiento o de la ejecución de la resolución si el hecho de que el demandante ignorase, en el momento de la notificación, la dirección en que podía ser localizado el demandado le fuera imputable a éste último. A este respecto, al demandado no le bastaría comunicar un número de apartado postal. La Comisión comparte este punto de vista, en la medida en que estima que, si por su propia culpa no le llega al demandado la cédula regularmente entregada o notificada, el demandante no tiene deber alguno de emprender gestiones complementarias, aun cuando llegue a conocer posteriormente la nueva dirección del demandado.
«1)

Cuando un Estado miembro percibe un Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA») con ocasión de la importación de un producto originario de otro Estado miembro, que entrega un (particular) que no tiene la condición de sujeto pasivo, mientras que no se percibe dicho Impuesto con motivo de la entrega por un particular de productos similares dentro del Estado miembro de importación, ¿debe el Estado miembro de importación, para evitar que dicho impuesto constituya un tributo interior superior al que grava los productos nacionales similares en el sentido del artículo 95 del Tratado CEE, tener en cuenta la cuota del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que permanece incorporada al valor del producto en el momento de su importación: a) de manera que dicha cuota no figure en la base imponible del IVA devengado a la importación y, además, sea deducido del IVA devengado a la importación, o b) de manera que la cuota de que se trate sólo se deduzca del IVA devengado a la importación?
7

Después de haber recogido otras informaciones, la Comisión respondió al CICCE, mediante escrito de 12 de julio de 1983 del Director General de la Competencia, que la declaración de un abuso cometido por las sociedades de televisión en la fijación de precios no equitativos para la compra de derechos de difusión de películas dependía de la relación entre los precios y el valor de la prestación proporcionada. A este respecto, la Comisión precisaba que dicho valor económico «es muy variable y depende sobre todo a) de la calidad artística de las películas, b) de la carrera de la película en las salas de exhibición, c) del número de telespectadores potenciales, d) del carácter inédito de la película, e) de la duración de los derechos, etc.». La Comisión hacía observar que, ante la variedad de criterios de valoración, el abuso debía apreciarse no en relación con el conjunto de películas, sino en relación con cada una de ellas.
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Sustancialmente el demandante alega que, contrariamente al plazo de protección del artículo 6 de la Ley, el objeto principal de las disposiciones legales impugnadas no es la protección social de la madre por razones biológicas y sanitarias, sino, en realidad, la protección del hijo. El demandante extrae esta conclusión, por un lado, de los trabajos preparatorios de la Ley relativa al establecimiento del período de descanso por maternidad y, por otro, de determinadas características objetivas de la Ley. A este respecto, señala más concretamente tres características de ésta: — La interrupción del período de descanso en caso de fallecimiento del hijo, lo que demuestra que se creó dicho permiso en interés del hijo y no de la madre. — El carácter facultativo del período de descanso. Por lo tanto, no puede decirse que haya sido establecido para responder a necesidades biológicas o sanitarias ineluctables. — Por último, la exigencia de que haya existido relación laboral durante un período mínimo antes del parto. Por lo tanto, la concesión del descanso no es necesaria en interés de la madre, ya que de lo contrario, debería haberse extendido a todas las mujeres trabajadoras, sea cual fuere la fecha en que comenzó su relación laboral.