Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestiones manifiestamente carentes de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil - Cuestiones sin relación con el objeto del procedimiento principal

(Art. 234 CE)

2. Aproximación de las legislaciones - Transmisión de señales de televisión - Directiva 95/47/CE - Facultad de los Estados miembros de establecer procedimientos de autorización previa - Requisitos para su ejercicio

(Directiva 95/447/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

3. Libre circulación de mercancías - Libre prestación de servicios - Restricciones - Normativa nacional en materia de televisión digital - Procedimiento de autorización previa de las actividades de los operadores de servicios de acceso condicional y de la comercialización de sus productos - Justificación - Requisitos - Criterios de apreciación

[Tratado CE, arts. 30 y 59 (actualmente arts. 28 CE y 49 CE, tras su modificación)]

4. Aproximación de las legislaciones - Procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas - Reglamentos técnicos en el sentido de la Directiva 83/189/CEE - Concepto - Normativa nacional en materia de televisión digital que obliga a los operadores de servicios de acceso condicional a inscribirse en un registro y a obtener una certificación previa para sus productos - Inclusión - Obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión todo proyecto de reglamento técnico - Alcance

(Directiva 83/189/CEE del Consejo, arts. 1, punto 9, 8 y 10)

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1. En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.

Sin embargo, en supuestos excepcionales, corresponde al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

( véanse los apartados 18 y 19 )

2. Si bien es cierto que la Directiva 95/47, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, no prevé disposiciones sobre los mecanismos administrativos para el cumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de la Directiva, de esta apreciación no cabe deducir que dichos Estados no puedan establecer un procedimiento de autorización previa que imponga la inscripción obligatoria en un registro y la obtención de un dictamen o de un informe técnico previo de las autoridades nacionales. Sin embargo, al establecer un procedimiento administrativo de este tipo, los Estados miembros deben respetar en todo caso las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

( véanse los apartados 27 y 28 )

3. Una normativa nacional que prevé un procedimiento de autorización previa para que los operadores de servicios de acceso condicional puedan comercializar aparatos, equipos, descodificadores o sistemas para la transmisión y recepción digital de señales de televisión por satélite, así como prestar los servicios correspondientes, restringe tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios. En consecuencia, para que esté justificada con arreglo a dichas libertades fundamentales, tal normativa debe perseguir una finalidad de interés general reconocida por el Derecho comunitario y respetar el principio de proporcionalidad, es decir, ha de ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que pretende lograr, sin ir más allá de lo necesario para alcanzarlo.

Para comprobar si tal normativa nacional respeta el principio de proporcionalidad, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- para que un régimen de autorización administrativa previa esté justificado aun cuando introduzca una excepción a dichas libertades fundamentales, dicho régimen debe, en cualquier caso, basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, de forma que queden establecidos los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales, con el fin de que ésta no pueda utilizarse de manera arbitraria;

- no puede considerarse necesaria para alcanzar el objetivo perseguido una medida adoptada por un Estado miembro que, esencialmente, duplica los controles ya efectuados en el marco de otros procedimientos, bien en ese mismo Estado, bien en otro Estado miembro;

- un procedimiento de autorización previa sólo es necesario si se considera que el control a posteriori es demasiado tardío para que su eficacia real quede garantizada y para permitirle alcanzar el objetivo perseguido;

- un procedimiento de autorización previa no puede considerarse conforme con los principios fundamentales de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios si, por su duración y por los gastos desproporcionados que genera, puede disuadir a los operadores de llevar adelante su proyecto.

( véanse el apartado 43 y los puntos 1 y 2 del fallo )

4. Una normativa nacional que impone a los operadores de servicios de acceso condicional la obligación de inscribir en un registro los aparatos, equipos, descodificadores o sistemas de transmisión y de recepción digital de señales de televisión por satélite que pretendan comercializar, así como de obtener una certificación previa para tales productos antes de su comercialización, constituye un «reglamento técnico» en el sentido del artículo 1, punto 9, de la Directiva 83/189, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, en su versión modificada y actualizada por la Directiva 94/10.

La obligación, prevista en el artículo 8 de la Directiva, de comunicar a la Comisión el proyecto de todo reglamento técnico se aplica a dicha normativa nacional en la medida en que ésta establece un régimen de autorización administrativa previa y no puede, por tanto, calificarse, conforme a la exención prevista en el artículo 10, de normativa en virtud de la cual un Estado miembro da cumplimiento a un acto comunitario vinculante que tenga por resultado la adopción de especificaciones técnicas.

( véanse los apartados 48 a 50 y el punto 3 del fallo )