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El artículo 2 del Real Decreto establece: «Las siguientes categorías de trabajadores autónomos desplazados estarán excluidas del ámbito de aplicación del capítulo 8 del título IV de la [Ley marco]: 1o los trabajadores autónomos que se desplacen a Bélgica para el montaje inicial y/o la primera instalación de un bien, que constituya un componente esencial de un contrato de entrega de bienes, necesario para la puesta en funcionamiento del bien entregado y llevado a cabo por el trabajador autónomo que entrega el bien, si la duración de los trabajos previstos no asciende a más de ocho días. No obstante, esta excepción no será de aplicación a las actividades en el sector de la construcción [...]; 2o los trabajadores autónomos que se desplacen a Bélgica para llevar a cabo trabajos de mantenimiento urgentes o trabajos de reparación urgentes de máquinas o aparatos entregados por ellos a la empresa establecida en Bélgica en cuyo seno se llevan a cabo las reparaciones o el mantenimiento, siempre que el período de estancia necesario para estas actividades no supere los cinco días por mes civil; 3o los trabajadores autónomos cuya residencia principal no está sita en Bélgica y acuden a dicho país para dar conferencias o asistir a ellas; 4o los trabajadores autónomos cuya residencia principal no está sita en Bélgica y se desplazan a dicho país para acudir a reuniones de asistencia restringida, siempre que su presencia en dichas reuniones no exceda de 60 días como máximo por año civil, con un máximo de 20 días naturales consecutivos por reunión; 5o los deportistas autónomos, y, en su caso, los miembros de su equipo que tengan estatuto de autónomo, cuya residencia principal no está sita en Bélgica y prestan servicios en dicho Estado en el marco de su respectiva profesión, siempre que la duración de la estancia necesaria para llevar a cabo estas actividades no exceda de tres meses por año civil; 6o los artistas autónomos y, en su caso, [sus] acompañantes que gocen del estatuto de autónomo, cuya residencia principal no está sita en Bélgica y se desplazan a dicho país para prestar servicios en el marco de su respectiva profesión, siempre que la duración de la estancia necesaria para llevar a cabo estas actividades no exceda de 21 días por trimestre; 7o los trabajadores autónomos del sector del transporte internacional de viajeros o de mercancías, a menos que realicen actividades de cabotaje en territorio belga; 8o los gestores de negocios que se desplacen a Bélgica, siempre que la duración de la estancia necesaria para sus actividades no supere los cinco días por mes civil; 9o los administradores y mandatarios de sociedades que se desplacen a Bélgica para asistir a reuniones de consejos de administración y a juntas generales de sociedades, siempre que la duración de la estancia necesaria para estas actividades no supere los cinco días por mes civil.»
58

Es cierto que, como destaca la República de Austria, no es necesario que la DSK disponga de una línea presupuestaria autónoma –similar a la prevista en el artículo 43, apartado 3, del Reglamento no 45/2001 en lo que atañe al SEPD– para poder cumplir el requisito de independencia establecido en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46. En efecto, los Estados miembros no están obligados a reproducir en su normativa nacional disposiciones análogas a las del capítulo V del Reglamento no 45/2001 con el fin de garantizar la total independencia de su autoridad o autoridades de control y, por tanto, pueden establecer que, desde el punto de vista del Derecho presupuestario, la autoridad de control dependa de un Ministerio determinado. No obstante, la atribución de los medios humanos y materiales que necesita tal autoridad de control no debe impedir que ejerza sus funciones «con total independencia» en el sentido del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46.
(25)

Hay una necesidad particular de una referencia especial divergente de la Ley del Estado en [el] que se abre [el] procedimiento […] para los derechos reales, puesto que éstos son de considerable importancia para la concesión de créditos. El fundamento, la validez y el alcance de dichos derechos reales deberían determinarse por ello con arreglo al derecho del lugar de establecimiento y no verse afectados por la incoación del procedimiento de insolvencia. El titular del derecho real debería poder así seguir haciendo valer su derecho a la detracción y separación del objeto de garantía. Cuando con arreglo a la Ley del Estado de establecimiento los bienes estén sujetos a derechos reales, pero el procedimiento principal se esté llevando a cabo en otro Estado miembro, el síndico en el procedimiento principal debería poder solicitar la apertura de un procedimiento en la jurisdicción en que existen los derechos reales, siempre que el deudor tenga allí un establecimiento. Si no se abre un procedimiento secundario, el excedente correspondiente a la venta de los activos cubiertos por derechos reales debe pagarse al síndico en el procedimiento principal.»
61

El Gobierno alemán subraya, por su parte, que, según su tenor, el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 no contempla ni un eventual incumplimiento del requisito de residencia normal en el territorio del Estado miembro que expide el permiso de conducción ni la finalización de un eventual plazo de prohibición para obtener un nuevo permiso. Afirma que, aunque se emplee el presente en las versiones en francés («à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait») y en inglés de dicha disposición («to a person whose driving licence is restricted, suspended or withdrawn in the former State’s territory»), el tenor de la misma permite perfectamente que se aplique a una persona cuyo permiso de conducción haya sido retirado con arreglo al Derecho alemán y con respecto a la cual ha finalizado el período de prohibición temporal para obtener un nuevo permiso. Sostiene que, en el supuesto de que no se hubiese devuelto aún el permiso de conducción alemán a dicha persona, ésta seguiría siendo «objeto de una retirada».
5

El artículo 3, apartado 2 bis, del Decreto-ley no 40/2010 (GURI no 71, de 26 de marzo de 2010), convalidado, tras su modificación, como Ley no 73/2010 (GURI no 120, de 25 de mayo de 2010; en lo sucesivo, «Decreto-ley no 40/2010»), es del tenor siguiente: «Con el fin de mantener la duración de los procedimientos judiciales tributarios dentro de plazos razonables, conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”)], ratificado mediante la Ley no 848, de 4 de agosto de 1955, habida cuenta, especialmente, del incumplimiento del plazo razonable a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del mencionado Convenio, los litigios tributarios pendientes iniciados mediante demandas registradas en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación del presente Decreto, en los que las pretensiones de la Administración tributaria del Estado hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias, se resolverán del modo siguiente: a) los litigios tributarios pendientes ante la Commissione Tributaria Centrale, con exclusión de aquellos que tienen por objeto solicitudes de devolución, terminarán automáticamente mediante resolución del Presidente de la Sala o de otro miembro designado a tal efecto. […] […]»
3)

Como el artículo 7 de la Directiva 2003/88 […] no hace distinción alguna entre los trabajadores según que su baja médica durante el período de devengo de las vacaciones anuales se deba a un accidente de trabajo, a una enfermedad profesional, a un accidente in itinere o a una enfermedad no profesional, ¿dicho artículo confiere a los trabajadores un derecho a unas vacaciones retribuidas de idéntica duración cualquiera que sea el origen de su baja médica, o bien ha de interpretarse en el sentido de que no se opone a que la duración de las vacaciones retribuidas pueda variar en función del origen de la baja del trabajador, desde el momento en que la norma nacional establece en determinadas circunstancias una duración de las vacaciones anuales retribuidas superior al mínimo de cuatro semanas establecido por la Directiva [2003/88]?»
No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48 TFUE y 56 TFUE un Estado miembro cuya normativa establece, en caso de estancia temporal en otro Estado miembro de una persona cubierta por el seguro de dependencia, prestaciones netamente inferiores a las previstas cuando los cuidados sean servidos en el territorio nacional.

Si bien en el ejercicio de la competencia de que disponen para organizar sus sistemas de seguridad social, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión, incluidas las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios, y si bien a falta de disposiciones del Reglamento no 1408/71, en la versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en la versión modificada por el Reglamento no 592/2008, que prevean específicamente el riesgo de dependencia, pueden equipararse ciertas prestaciones correspondientes a ese riesgo a «prestaciones de enfermedad» en el sentido de dicho Reglamento, no es menos cierto que existen diferencias entre las prestaciones relativas al riesgo de dependencia y las vinculadas a los tratamientos puramente médicos debido a que las prestaciones correspondientes al riesgo de dependencia, no están destinadas en principio a hacerse efectivas a corto plazo. De ello resulta que los principios establecidos en materia de reembolso de gastos de tratamiento médicos recibidos en otros Estados miembros no son directamente aplicables en el caso de la normativa nacional de que se trata.

Además, puesto que el artículo 48 TFUE prevé una coordinación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de seguridad social, y no su armonización, las normas del Tratado FUE en materia de libre circulación no pueden garantizar a un asegurado que el desplazamiento a otro Estado miembro sea neutro por lo que se refiere, en particular, a las prestaciones de enfermedad o de dependencia. En efecto, habida cuenta de las disparidades existentes entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros en la materia, tal desplazamiento puede, según los casos, ser más o menos ventajoso desde el punto de vista económico para el afiliado.

(véanse los apartados 16, 49, 51, 52, 57, 61 y 62)
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El considerable trabajo y pericia exigidos por la configuración de dicha base no pueden, por sí mismos, justificar esa protección si no expresan ninguna originalidad en la selección o en la disposición de los datos que contiene. En efecto, en primer lugar, del artículo 3, apartado 2, en relación con el décimo quinto considerando de la Directiva 96/9, resulta que la protección del derecho de autor prevista en esa Directiva tiene por objeto la «estructura» de la base de datos y no su «contenido» ni, por lo tanto, los elementos constitutivos de ésta. Los conceptos de «selección» y «disposición» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se refieren, respectivamente, a la selección y a la disposición de datos en virtud de las cuales el autor de la base confiere a ésta su estructura. En cambio, esos conceptos no cubren la creación de los datos contenidos en esa base. En segundo lugar, como se desprende del décimo sexto considerando de la Directiva 96/9, el concepto de creación intelectual de su autor remite al criterio de la originalidad. Por lo que se refiere a la constitución de una base de datos, ese criterio de la originalidad se cumple cuando, mediante la selección o la disposición de los datos que contiene, su autor expresa su capacidad creativa de manera original tomando elecciones libres y creativas. En cambio, ese criterio no se cumple cuando la constitución de la base de datos es dictada por consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa. Así pues, ningún criterio salvo el de la originalidad es aplicable para apreciar si una base de datos puede ser objeto de la protección conferida por el derecho de autor previsto en la Directiva. (véanse los apartados 30, 32, 37 a 40, 45 y 46 y el punto 1 del fallo)
Puesto que la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma, no forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión, no es aplicable en ésta. No obstante, produce en ella efectos indirectos en la medida en que la Unión está obligada, en virtud del artículo 1, apartado 1, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, a no obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre los Estados miembros en virtud de dicha Convención.

En efecto, los pacientes de un dentista forman normalmente un conjunto de personas cuya composición es bastante estable y, por tanto, constituyen un conjunto de destinatarios potenciales determinado, puesto que las demás personas no tienen, en principio, acceso al tratamiento del odontólogo. Por consiguiente, no se trata de «personas en general». Por otra parte, en lo que atañe a la magnitud del número de personas para las que el dentista difunde y permite oír el mismo fonograma, el número de estas personas es escaso, incluso insignificante, puesto que el círculo de personas presentes simultáneamente en su consultorio es, en general, muy limitado. Además, aunque los pacientes se sucedan, al estar presentes por turnos no son, por lo general, destinatarios de los mismos fonogramas, especialmente en el caso de los radiodifundidos. Por último, un dentista que difunde fonogramas, como música de fondo, en presencia de sus pacientes, no puede razonablemente esperar un aumento de sus pacientes debido únicamente a esta difusión, ni aumentar los precios de los tratamientos que proporciona. Por consiguiente, tal difusión no puede, por sí sola, repercutir en modo alguno en los ingresos de dicho dentista. En efecto, los pacientes de un dentista acuden a una consulta de odontología con el único objeto de ser atendidos, no siendo inherente a la asistencia odontológica la difusión de fonogramas. Acceden a determinados fonogramas, en función del momento de su llegada al consultorio y de la duración de su espera así como de la naturaleza del tratamiento que se les dispensa, de manera fortuita y con independencia de sus deseos. Por ello no puede presumirse que el conjunto de pacientes de un dentista sea receptivo respecto la difusión de que se trate. Por consiguiente, tal difusión no reviste carácter lucrativo.

(véanse los apartados 95 a 99 y 102 y el punto 2 del fallo)
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La Comisión apoya la posición del Consejo. En particular, en cuanto a la primera parte del segundo motivo de casación formulado por Niko Tube y NTRP, sobre la supuesta negativa a examinar la infracción del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no limitó su control a la conformidad del Reglamento impugnado con el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base. Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración el impacto sobre la determinación del perjuicio derivado de la falta de respuesta al cuestionario por parte de sociedades vinculadas. Además, pese a que Niko Tube y NTRP sugieren que el hecho de que determinadas sociedades vinculadas no respondiesen al cuestionario provocó que no se tuviese en cuenta una «importante proporción» de este sector industrial de la Unión al examinar el perjuicio, según la Comisión, esta circunstancia no afectó ni a los datos relativos a los productores individuales ni a aquellos relativos al conjunto de este sector industrial de la Unión. Por otro lado, la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia no aplicó el criterio correcto porque no tuvo en cuenta la falta de datos relativos a un 12 % de las ventas de la industria de la Unión es inadmisible, según la Comisión. Niko Tube y NTRP no demuestran que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado manifiestamente las pruebas presentadas y no acreditan tampoco el error de apreciación que haya provocado dicha supuesta desnaturalización. Asimismo, según la Comisión, la distinción realizada entre la «industria comunitaria» y los «productores comunitarios denunciantes» es infundada, en la medida en que los términos «industria comunitaria» se refieren a la industria comunitaria tal como se define en el apartado 140 del Reglamento impugnado, es decir, a los productores comunitarios denunciantes.
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373, p. 37) (véanse los apartados 24 y 25).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).
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1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Directiva 89/48/CEE — Abogados — Ejercicio permanente de la profesión en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título — Directiva 98/5/CE — Ejercicio de la profesión con el título de abogado del Estado miembro de acogida

(Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 89/48/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE)

2. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Abogados — Ejercicio permanente de la profesión en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título — Directiva 98/5/CE — Ejercicio de la profesión con el título de abogado del Estado miembro de acogida

(Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 89/48/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE)

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1. Ni la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, ni la Directiva 98/5, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, se oponen a una normativa nacional que impone la obligación, para ejercer la abogacía con el título de abogado del Estado miembro de acogida, de ser miembro de una entidad como el Colegio de Abogados.

(véanse el apartado 42 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, y la Directiva 98/5, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, se complementan por cuanto ofrecen a los abogados de los Estados miembros dos vías de acceso a la profesión de abogado en un Estado miembro de acogida con el título profesional de este Estado miembro.

En efecto, si bien se dispensa del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/48 a los abogados cualificados en otros Estados miembros que utilicen las modalidades de acceso al ejercicio de la profesión de abogado con el título del Estado miembro de acogida, la Directiva 98/5 no les niega la posibilidad, en particular si no pueden aún acreditar una actividad efectiva y regular de una duración mínima de tres años en el Estado miembro de acogida, de recurrir a la Directiva 89/48 para acceder a la profesión de abogado con el título de dicho Estado miembro.

(véanse los apartados 32 y 35 y el punto 2 del fallo)
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Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Etiquetado y presentación de los productos alimenticios — Directivas 79/112/CEE, 2000/13/CE y 2000/36/CE — Productos de cacao y de chocolate

[Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2000/13/CE, art. 2, ap. 1, letra a), y 2000/36/CE, art. 3, aps. 1 y 5; Directiva 79/112/CEE del Consejo]

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Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto, por una parte, en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/36, relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana, y en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/13, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, y, por otra parte, de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2000/36, al establecer su normativa la posibilidad de completar con el adjetivo «puro» la denominación de venta de los productos de chocolate que no contienen materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao.

En efecto, la Directiva 2000/36 realizó una armonización total de las denominaciones de venta de los productos de chocolate y el legislador comunitario estableció que el añadido de materias grasas vegetales de sustitución no implica el empleo de denominaciones distintas para esos productos, sino la presencia de información adicional en la etiqueta. Así pues, la adición de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao a productos de cacao y de chocolate que se ajusten a los contenidos mínimos exigidos por dicha Directiva no puede tener el efecto de modificar sustancialmente la naturaleza de tales productos hasta el punto de convertirlos en productos diferentes. La inclusión, en otra parte del etiquetado, de una mención neutra y objetiva que informe a los consumidores de que el producto no contiene materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao es suficiente para proporcionar al consumidor una información correcta.

(véanse los apartados 29, 32, 39, 41, 45 y 49 y el fallo)