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45.

Ello no se debe tanto al hecho de que las disposiciones de coordinación de los sistemas de seguridad social introducidas por el Reglamento no 883/2004 también afectan a las personas económicamente inactivas, ( 25 ) ya que dicho Reglamento no se centra en la seguridad social de las personas que no ejerzan una actividad económica. Al contrario, el Reglamento se refiere fundamentalmente a la seguridad social de las personas económicamente activas, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos. La seguridad social de las personas económicamente inactivas representa, a lo sumo, un ámbito marginal que, si bien regulado por el Reglamento no 883/2004, está lejos de constituir su objeto principal. Por consiguiente, este aspecto no es determinante para la elección de la base jurídica. ( 26 ) En efecto, la elección de la base jurídica de un acto de la Unión debe atenerse al núcleo de su contenido normativo. ( 27 )
—

las materias primas deben ser de origen agrícola y haber sido cultivadas empleando la menor cantidad posible de abonos y pesticidas; la producción debe cumplir como mínimo los requisitos legales de gestión, como los contemplados bajo el título “Medio ambiente” en el punto A y en el número 9 del anexo II del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003, así como las exigencias para el mantenimiento en buenas condiciones agrarias y medioambientales mencionadas en el anexo III de dicho Reglamento;
39.

Por lo tanto, si consideráramos que el Sr. Lassooy no fue objeto de una denegación de embarque, esto significaría que no podría alegar el artículo 4 del Reglamento no 261/2004 ni tampoco las disposiciones de dicho Reglamento relativas a la cancelación, como tampoco aquellas relativas al retraso. De este modo, un pasajero que se encuentre en la misma situación que la del Sr. Lassooy porque el transportista aéreo haya tomado la decisión unilateral de reorganizar sus vuelos no entraría en ninguna de las categorías que prevén medidas de protección con respecto a los pasajeros aéreos que sufren graves trastornos y molestias. No sólo el transportista aéreo no estaría obligado a abonar a este pasajero una compensación por el perjuicio ocasionado, sino que, sobre todo, tampoco estaría obligado a prestarle asistencia, es decir a subvenir sus necesidades inmediatas, in situ. Este pasajero quedaría abandonado a su suerte, lo cual resultaría totalmente contrario al objetivo perseguido por dicho Reglamento, que, recuérdese, es el de garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros aéreos.
44.

El Gobierno alemán sostiene que los criterios de apreciación de la independencia establecidos en el anexo 5 del documento de trabajo SEC(2006) 530 de los servicios de la Comisión ( 11 ) no coinciden con las disposiciones obligatorias pertinentes en el caso de autos, previstas en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 91/440, en el anexo II de la Directiva 91/440 y en los artículos 4, apartado 2, y 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14. Además, dicho documento no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y no es un acto jurídico vinculante. Por lo tanto, no puede invocarse en el marco de ese procedimiento.
26.

En cambio, la sentencia Truck Center se centró en la cuestión de si es comparable la situación de residentes y no residentes que perciben intereses en el territorio nacional. Partiendo de la constatación de que residentes y no residentes no se hallan por regla general en una situación comparable, ( 21 ) el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que su situación no era, en efecto, objetivamente comparable en cuanto atañe a la retención en la fuente.
32.

La República Federal de Alemania expone que, en lo relativo al reembolso de gastos por servicios ambulatorios de asistencia con arreglo al artículo 36 del SGB XI, no existe una restricción, toda vez que tampoco en Alemania existe un derecho al reembolso de los gastos en caso de recurrir a personas que no estén vinculadas por contrato con la caja del seguro de dependencia. Admite que, si bien el cumplimiento de lo exigido por el Derecho derivado no exime a un Estado miembro de garantizar la libre prestación de servicios, no pueden ignorarse por completo los derechos de los afiliados a la seguridad social, resultantes del Derecho derivado, al apreciar conjuntamente todas las circunstancias concurrentes. Por ello, el reparto de competencias entre los Estados miembros justifica que determinadas prestaciones no se sirvan en el extranjero, aun cuando el nivel de prestaciones del Estado miembro de estancia pueda resultar inferior al del Estado miembro de afiliación.
15.

El órgano jurisdiccional remitente conoce actualmente del recurso interpuesto por Balkan and Sea contra dicha valoración, y desea saber si: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letra c), de la [Directiva 2006/112] en el sentido de que en las entregas entre personas vinculadas —siempre que la contraprestación sea superior al valor normal de mercado— la base imponible sólo estará constituida por el valor normal de mercado de la operación si el proveedor no disfruta plenamente del derecho a deducción del IVA que grava la compra o la fabricación de los bienes que constituyen el objeto de la entrega? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letra c), de la [Directiva 2006/112] en el sentido de que si el proveedor ha ejercido plenamente el derecho a deducción del IVA que grava los bienes y servicios, que son objeto de posteriores entregas entre personas vinculadas a un precio superior al valor normal de mercado, y este derecho a deducir el IVA soportado no ha sido regularizado conforme a los artículos 173 a 177 de la Directiva, ( 14 ) el Estado miembro no puede tomar medidas en virtud de las cuales se establezca exclusivamente como base imponible el valor normal de mercado? 3) ¿Enumera el artículo 80, apartado 1, de la [Directiva 2006/112] con carácter taxativo los casos que constituyen los requisitos que permiten al Estado miembro tomar medidas en virtud de las cuales la base imponible de las entregas esté constituida por el valor normal de mercado de la operación? 4) ¿Es lícita en circunstancias distintas de las enumeradas en el artículo 80, apartado 1, letras a), b) y c), de la [Directiva 2006/112], una norma jurídica nacional como la recogida en el artículo 27, apartado 3, número 1, de [la ZDDS]? 5) En un caso como el de autos, ¿tiene efecto directo el artículo 80, apartado 1, letra c) de la [Directiva 2006/112], y puede el órgano jurisdiccional nacional aplicarlo directamente?»
39.

Es preciso reconocer que la interpretación del Reglamento que propongo deja un problema sin resolver. Si el titular del dibujo o modelo anterior ve reconocidas sus pretensiones en la acción por infracción contra el titular del dibujo o modelo posterior, pero decide no solicitar la declaración de nulidad de ese dibujo o modelo, la situación jurídica del dibujo o modelo posterior queda, por así decir, indeterminada. Por una parte, el producto correspondiente ya no puede ser comercializado. Por otra parte, como el juez nacional no ha declarado la nulidad del dibujo o modelo posterior, al no ser competente para hacerlo, dicho dibujo o modelo sigue siendo formalmente válido, y en teoría su titular podría servirse de él, ya no para comercializar su producto, pero al menos para iniciar acciones contra otros fabricantes o titulares de dibujos o modelos registrados.
35.

En aquella sentencia, el Tribunal de Justicia, sin exponer apreciaciones detalladas, entendió que el derecho anual neerlandés era un impuesto sobre la inscripción previa al ejercicio de una actividad. No examinó de forma explícita si el derecho estaba relacionado con el mantenimiento de la inscripción de la sociedad en el registro y si era, por tanto, un requisito para su capacidad de actuación. ( 20 ) No diferenció, en particular, entre el derecho por la primera inscripción y los sucesivos derechos anuales. Conforme a esta interpretación, también en el presente caso habría que afirmar sin más que se cumple el primer criterio del artículo 5, apartado 1, letra c).
15.

Según el tribunal remitente, la Sra. Ibrahim alega que tiene derecho a permanecer en el Reino Unido en virtud del artículo 12 del Reglamento no 1612/68 en relación con la sentencia Baumbast y R, antes citada, del Tribunal de Justicia. No se ha discutido que el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/38 no la protegía debido a una laguna en dicha disposición respecto a la situación particular del Sr. Y, que perdió su condición de trabajador con derecho de residencia en el Reino Unido antes de su partida (y no adquirió un nuevo derecho de residencia a su regreso). La Sra. Ibrahim considera no obstante que en las sentencias Echternach y Moritz ( 5 ) y Baumbast y R ( 6 ) el Tribunal de Justicia reconoció un derecho implícito de residencia derivado del artículo 12 del Reglamento no 1612/68. Por consiguiente, es irrelevante que los artículos 10 y 11 del Reglamento no 1612/68 fueran derogados por la Directiva de 2004 dado que el artículo 12 de dicha norma permanece en vigor. Ése es el caso en particular cuando el derecho a la educación en el Reino Unido de los hijos de la Sra. Ibrahim ya había nacido, a pesar de que el Sr. Y dejó de trabajar en el Reino Unido en la primavera de 2004, antes incluso de la adopción, el 29 de abril de 2004, de la Directiva de 2004. No existe un requisito de autonomía económica en el caso de un ciudadano de la Unión que trabaja en un Estado miembro de acogida. Además, en las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones primera y segunda en la sentencia Baumbast y R no se exigía la autonomía económica. Lo pone de relieve el hecho de que el Tribunal de Justicia no consideró necesario responder a las demás partes de la tercera cuestión (véase el apartado 95 de la sentencia Baumbast y R).
78.

Ahora bien, por si este Tribunal de Justicia no coincidiera con este parecer, en los apartados B y C de estas conclusiones analizo, a título subsidiario, el tenor del artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva, deduciendo que las aludidas oficinas públicas actúan en ejercicio de funciones públicas y que su falta de sujeción no perturba la competencia, por lo que, en cualquier caso, no habría incumplimiento.
34.

A diferencia de los Gobiernos finlandés e italiano, no pienso que las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia no se puedan aplicar en el presente asunto. No me parece fundado el argumento de que los hechos en la sentencia Denkavit Internationaal y Denkavit France, antes citada, eran anteriores a la entrada en vigor de la Directiva 90/435, y de que, por tanto, el Tribunal de Justicia no podía tener en cuenta esa Directiva en su interpretación del régimen jurídico. En la sentencia mencionada, el Tribunal de Justicia explicó los efectos de las disposiciones del Tratado, y éstas no pueden perderlos como consecuencia de la influencia de una directiva. La interpretación de una directiva no puede conducir a rebatir la interpretación del Tratado.
85.

Pues bien, aunque el Tribunal de Justicia se muestra siempre y acertadamente muy cauto ante la posibilidad de no resolver una cuestión prejudicial, según reiterada jurisprudencia puede decidir no pronunciarse sobre una cuestión prejudicial cuando resulta evidente que tal apreciación, solicitada por el órgano jurisdiccional nacional, no tiene pertinencia alguna para el litigio principal. ( 34 ) Pues bien, me parece claro que en el caso de autos la cuestión reviste manifiestamente un carácter hipotético, al carecer de pertinencia para la solución del litigio principal. Por tanto, considero que el Tribunal de Justicia no debe pronunciarse sobre la segunda cuestión.
49.

La interpretación que propongo tiene dos consecuencias. En primer lugar, no puede obligarse a las autoridades nacionales a comunicar información que no poseen. ( 24 ) En segundo lugar, si se facilita a dichas autoridades (incluso durante el procedimiento de autorización) información que no es necesaria para la evaluación del riesgo para el medio ambiente, dicha información no estará comprendida dentro del ámbito de aplicación del anexo III y, en consecuencia, no estarán obligadas, en virtud de la Directiva 2001/18, a comunicarla a un solicitante. ( 25 )
51.

El hecho de que socios procedentes de los «nuevos» Estados miembros puedan solicitar al Servicio de empleo que certifique que no se encuentran en una relación laboral no tiene relevancia. En primer lugar, la presunción de que son trabajadores es en sí misma una restricción injustificable a la libertad de establecimiento, a la que no están sujetos otros ciudadanos comunitarios. En segundo lugar, los criterios para el otorgamiento de dicha certificación y para la destrucción de la presunción una vez más no guardan conexión con la subordinación y no permiten garantizar que los beneficiarios de la libertad de establecimiento no se verán afectados.
42.

Por otra parte, de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia también resulta que la Comisión llevó a cabo una coordinación comunitaria que tenía por objeto, en particular, la aplicación del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y del Código PBIP, con el fin de presentar la posición de la Comunidad en la 80a sesión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI. Así, la Comisión sometió al Consejo, el 27 de abril de 2005, un documento de trabajo titulado «IMO — European Community position to be adopted by the Council on maritime issues for the 80th session of the Maritime Safety Committee (MSC 80) meeting in London from to ». ( 17 ) Este documento fue examinado el por un grupo de expertos convocado por la presidencia y fue confirmado el por el grupo de trabajo de asuntos marítimos del Consejo. ( 18 ) Paralelamente, resulta del expediente que la Comisión pidió en varias ocasiones a la República Helénica que retirase la propuesta nacional presentada ante la OMI el , pero sin éxito. La falta de referencia a esta propuesta en el documento en el que se establece la posición de la Comunidad puede entenderse como el resultado de esta actitud de la República Helénica.
114.

Los recurrentes alegan que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las pruebas al afirmar que los autos no contenían ningún elemento que hiciera concebir esperanzas legítimas en el mantenimiento de los antiguos criterios de clasificación en grado en el momento de la incorporación. En realidad, sí constaban en los autos documentos que demostraban que cuatro de los recurrentes habían recibido, de fuentes autorizadas y fiables, informaciones precisas, incondicionales y concordantes de que el nombramiento se efectuaría en el grado indicado en la convocatoria de la oposición o en el grado equivalente. Entre estos documentos se encuentran ofertas de empleo efectuadas y aceptadas con anterioridad al 1 de mayo de 2004, en las que no constaba indicación alguna de que el puesto fuera a llevar aparejado un nivel salarial o de antigüedad inferior. En cuanto a los demás recurrentes, a los que no se ofreció un puesto hasta después de la mencionada fecha, algunos de ellos no recibieron ninguna información en forma de oferta de empleo y otros participaron en oposiciones en las que no se mencionaba la posible modificación del Estatuto.
32.

Según Heuschen & Schrouff, al considerarla un operador experimentado, el Tribunal de Primera Instancia le impuso exigencias excesivamente estrictas en lo que respecta al criterio de la diligencia debida. Además, la equiparó indebidamente con los representantes nombrados directamente por ella. Heuschen & Schrouff no alcanza a entender por qué debería haber dudado de la anterior clasificación en la NC. Afirma haber tenido suficientes motivos para creer que la partida NC 1901 era correcta, como ya se ha expuesto respecto del criterio de la complejidad de la normativa; en particular, el hecho de que el Reglamento no 1196/97 no mencione en absoluto el papel de arroz crudo importado por Heuschen & Schrouff. Si no aplicó este Reglamento no fue por no haberlo leído, sino porque interpretó que no era de aplicación a la mercancía por ella importada, tal como había confirmado la autoridad aduanera neerlandesa. También hay que tener en cuenta, según Heuschen & Schrouff, que la NC no fue modificada entre los años 1996 y 1998 conforme al tenor del Reglamento no 1196/97. Por eso, este caso no es comparable a la situación de la sentencia Covita ( 20 ) mencionada por el Tribunal de Primera Instancia. Por el contrario, la infracción de la diligencia debida debe imputarse a la autoridad aduanera neerlandesa, que en el plazo de seis meses aceptó veintinueve declaraciones que ahora se tienen por incorrectas. Posteriormente, pasaron dos años y ocho meses hasta que fue tramitada la solicitud de condonación de los derechos, y esta circunstancia debe ser tenida en cuenta al valorar una negligencia de Heuschen & Schrouff, en todo caso muy leve y alejada en el tiempo, que carece de relevancia ante la grave negligencia de la autoridad aduanera neerlandesa. Esto lo confirma, según Heuschen & Schrouff, el denominado documento de trabajo de la autoridad aduanera neerlandesa del mes de septiembre de 2002, aportado como anexo al recurso de casación y anterior a la presentación por Heuschen & Schrouff de la solicitud de condonación de los derechos de importación. Refiriéndose a la sentencia Sommer, ( 21 ) la autoridad aduanera neerlandesa afirmó en dicho documento que Heuschen & Schrouff, habida cuenta de las circunstancias del caso, podía confiar perfectamente en la correcta actuación de la autoridad aduanera.
80.

Esa argumentación no me parece fundada. Es cierto que el artículo 28 CE no se opone, a mi juicio, a que los hospitales de los Estados miembros sean exclusivamente abastecidos de medicamentos por una farmacia interna. Por sí mismo, dicho artículo no obliga a los Estados miembros a prever que sus hospitales también deben poder ser abastecidos directamente de medicamentos por farmacias situadas en otros Estados miembros. Sin embargo, la situación es distinta cuando un Estado miembro prevé en su legislación que sus hospitales también pueden ser abastecidos por una farmacia externa, es decir, por un tercero ajeno al establecimiento.
30.

En este contexto conviene llamar la atención del órgano del reenvío sobre la necesidad de dilucidar si el signo de Adidas en el litigio principal se adscribe a la letra b) o a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, ya que, en contraste con esta última, la causa de denegación del registro, o de nulidad, en su caso, recogida en el primero de esos grafemas no ha encontrado cabida en las lindes del derecho de marca a que se refiere el artículo 6, apartado 1. De lo que se induce que el desenlace no es igual si el emblema carecía originalmente de virtualidad diferenciadora [ámbito del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva] o si era descriptivo de alguna de las indicaciones del producto [letra c) del mismo precepto]. Mas esa averiguación, por su naturaleza fáctica, sólo le corresponde al Hoge Raad o, si en casación tiene vedado acceder a los hechos, al juez a quo.
17.

No me convence la argumentación desarrollada por la demandante con objeto de demostrarlo. Sin duda puede convenirse con ella en que el ámbito de aplicación de la política comercial común es objeto tradicionalmente ( 19 ) de una interpretación extensiva. ( 20 ) De ello resulta que una medida que regula los intercambios con los países terceros es una medida de política comercial, aun cuando sirva igualmente a finalidades relacionadas con otros ámbitos, tales como los objetivos de la política de desarrollo, ( 21 ) de política exterior y de seguridad ( 22 ) o de protección del medio ambiente. ( 23 ) Especialmente ocurre así en este último caso, puesto que en virtud del principio de integración, hoy formulado en el artículo 6 CE (anteriormente en el artículo 130 R CE, apartado 2), las exigencias de protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y ejecución de todas las políticas y acciones de la Comunidad. ( 24 ) Ciertamente, el hecho de que las disposiciones del Reglamento impugnado integren preocupaciones medioambientales no es suficiente para que dichas disposiciones no puedan o no deban fundarse en el artículo 133 CE. Sería distinto si la finalidad medioambiental resultara preponderante, por tener la dimensión comercial un carácter meramente accesorio. En ese caso, la adopción del acto impugnado sólo debería basarse en el artículo 175 CE, apartado 1. ( 25 ) Sin embargo, se desprende precisamente tanto de un análisis del objeto y finalidad del Reglamento impugnado como de su contexto que su dimensión medioambiental tiene carácter preponderante.
30.

En lo que atañe a la participación en HBE, según el Gobierno alemán, la libertad de establecimiento no es aplicable en el presente asunto, en la medida en que los compromisos de la demandante en España no guardan relación con el ejercicio de esa libertad, sino más bien con una mera inversión de capital en el marco de la libre circulación de capitales. Al participar en HBE en calidad de socio comanditario, la demandante no ejerce influencia real en la actividad de la sociedad española sino que, al contrario, queda excluida del proceso decisorio y de la representación de la sociedad ante terceros. Pues bien, el Gobierno alemán pone de relieve que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la libertad de establecimiento sólo puede ser aplicable en caso de posesión por un nacional del Estado miembro del que se trate de una participación en el capital de una sociedad establecida en otro Estado miembro que le permita ejercer una influencia real en las decisiones de esta última sociedad y determinar las actividades de la misma.
11.

A pesar de las posibilidades mencionadas, la Comunidad aún no ha establecido ninguna restricción que pueda afectar a la libre circulación de capitales hacia y desde los países terceros que son parte en los convenios celebrados con Austria y Suecia. En particular, la Comunidad aún no ha hecho uso del artículo 57 CE, apartado 2, para regular este ámbito; no ha sido necesario introducir las medidas de salvaguardia previstas en el artículo 59 CE y, mientras que el Consejo ha hecho uso del artículo 60 CE, apartado 1, no ha adoptado medidas significativas contra ninguno de esos países. ( 4 )
77.

Respecto a la posibilidad de alegar indicaciones generales relativas al volumen de publicidad o de ventas, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 85 de su sentencia: «[…] no se puede estimar la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso erró al considerar que la marca anterior tenía un carácter distintivo particular en Italia basándose únicamente en indicaciones generales relativas al volumen de publicidad y de ventas. Es cierto que, según la jurisprudencia invocada por la demandante, el carácter distintivo de una marca no puede acreditarse únicamente sobre la base de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 62). Sin embargo, […] en primer lugar, […] la citada jurisprudencia se refiere a la adquisición del carácter distintivo de una marca objeto de una solicitud de registro y no, como en el caso de autos, a la evaluación de la notoriedad de una marca registrada que ya ha adquirido carácter distintivo. En segundo lugar, para concluir en el presente asunto que la marca gozaba de notoriedad, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta únicamente indicaciones generales, tales como porcentajes determinados, sino también el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE, uso que, por otro lado, la demandante no ha negado.»