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Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 21 de noviembre de 2013 — Recaro/OAMI — Certino Mode (RECARO)

(Asunto T‑524/12)

«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria denominativa RECARO — Uso efectivo de la marca — Artículo 15, apartado 1, párrafo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Naturaleza del uso de la marca — Admisibilidad de nuevos elementos probatorios — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 22, ap. 2, y 40, ap. 5] (véanse los apartados 18 a 21, 24, 25, 31 y 41)

2. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Marca denominativa RECARO [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 25 a 28, 38, 42 a 45, 48 a 50 y 53 a 55)

3. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Anulación de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Falta de alegación de hechos y de presentación de pruebas en apoyo de la oposición dentro del plazo concedido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 2; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 50, ap. 1] (véanse los apartados 59 a 65)

4. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véase el apartado 70)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 1761/2011-1) relativa a un procedimiento de caducidad entre Recaro Beteiligungs GmbH y Certino Mode, S.L.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 30 de mayo de 2013 — Brauerei Beck/OAMI — Aldi (Be Light)

(Asunto T-172/12)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Be Light — Marca comunitaria anterior BECK’s — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Apreciación del riesgo de confusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 17 y 18)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa Be Light y marca denominativa BECK’s [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 19, 30 y 34 a 38)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 20 y 21)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Posibilidad de similitud entre una marca figurativa y una marca denominativa [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 24)

5. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina (véase el apartado 31)

6. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Examen por el juez comunitario — Criterios [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 32)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 19 de enero de 2012 (asunto R 2258/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Brauerei Beck GmbH & Co. KG y Aldi GmbH & Co. KG.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
158

En primer lugar, por lo que se refiere a la alegación de las demandantes basada en la existencia de una operación única entre dos partes privadas, constituida por contratos adosados, por un lado, procede señalar que el tenor del contrato controvertido y de la transacción extrajudicial hacen referencia expresamente a la adquisición de los bienes de que se trata por el Estado griego [véase el punto II, letras a) y e) de la transacción extrajudicial y el preámbulo, apartado 3, letra a), y el artículo 1, de dicho contrato controvertido]. En efecto, éste adquirió necesariamente tales bienes para seguidamente transferir su propiedad a Ellinikos Chrysos. Además, la falta de transcripción en el catastro de tales bienes a nombre del Estado griego, que invoca Ellinikos Chrysos para demostrar que la propiedad de éstos no había pasado al Estado griego, estaba prevista expresamente, mediante excepción a las disposiciones generalmente aplicables, por el artículo 51, apartado 2, letra a), de la Ley no 3220/2004. Sin embargo, esa disposición legislativa especial no impedía que la propiedad pasara al Estado griego. En efecto, si ese Estado no hubiera sido propietario de tales bienes, no habría podido transferir su propiedad a Ellinikos Chrysos.
182

En el presente caso, la demandante aduce la ilegalidad del Reglamento no 915/2006. Ahora bien, como se ha señalado en los anteriores apartados 102 y 103, la Comisión no basó la Decisión impugnada en las disposiciones de dicho Reglamento, en la medida en que no reprochó a las autoridades italianas no haber seguido los procedimientos específicos de inspecciones físicas introducidos por el citado Reglamento, sino en el hecho de no haber realizado, a 30 de septiembre de 2006, los controles de inventario como tales, que ya se establecían en el artículo 4 del Reglamento no 2148/96 y en el artículo 3 del Reglamento no 3492/90, sustituido, en esencia, por el artículo 8 del Reglamento no 884/2006 (véase también el anterior apartado 161).
205

Por otra parte, cabe señalar que las conclusiones relativas a la inaplicabilidad del Reglamento no 800/2008 al presente asunto no quedan desvirtuadas por las alegaciones de la República de Austria fundadas en la referencia al documento titulado «Joint Paper on the revision of the Community Guidelines on State aid for environmental protection and Energy Tax Directive» (véase el apartado 188 supra). En efecto, como sostiene la Comisión, sólo se trata de un documento preparatorio, firmado, por otra parte, únicamente por determinados Estados miembros de la Unión, concretamente por el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, que no puede por tanto prevalecer en la interpretación de la versión final del Reglamento en cuestión tal como fue adoptado por la Comisión, llevada a cabo teniendo en cuenta la redacción precisa de las disposiciones de este último a las que se refieren las alegaciones de la República de Austria y del contexto en el que se sitúa dicho Reglamento. A mayor abundamiento, esta última interpretación tiene en consideración el historial de la adopción del artículo 25 de ese Reglamento, en relación con las Directrices, y concretamente el hecho de que dicha disposición pretendía poner en valor la experiencia acumulada por la Comisión en la aplicación de dichas Directrices (véase, en particular, el apartado 192 supra). Es en ese contexto concreto en el que la Comisión señaló acertadamente, durante la vista, que el Reglamento en cuestión debía interpretarse de manera estricta, dado que sólo se refería a situaciones en las que la Comisión tenía mucha experiencia y con respecto a las cuales podía, por ello, adoptar una exención de principio.
48

El primer motivo se basa en la violación del principio de seguridad jurídica, del principio de protección de la confianza legítima y de los artículos 4, 7, 10 y 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), el segundo motivo se refiere a la exposición errónea o incompleta del marco jurídico aplicable al presente asunto, y el subsiguiente incumplimiento del deber de diligencia e imparcialidad de la Comisión, el tercer motivo tiene por objeto la violación del principio de igualdad de trato entre Alcoa Trasformazioni y la demandante, el cuarto motivo se basa en la inexistencia de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, el quinto motivo se fundamenta en el hecho de que la Comisión adoptó premisas falsas para aprobar la Decisión impugnada, el sexto motivo se refiere a la existencia de la ayuda en cuestión, el séptimo motivo se basa en su compatibilidad «con el mercado común», el octavo motivo se centra en la violación de los artículos 2 CE, 3 CE, 5 CE y 12 CE y de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el noveno motivo guarda relación con la violación del artículo 174 TFUE y de la Declaración no 30, sobre las regiones insulares, anexa al Acta final del Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos (DO 1997, C 340, p. 136; en lo sucesivo, «Declaración sobre las regiones insulares»), el décimo motivo versa sobre la violación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letras a) a c), de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (DO 1998, C 74, p. 9) y a la falta de toma en consideración de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (DO 2006, C 54, p. 13), y el undécimo motivo, al igual que el primero, se basa en la violación del principio de protección de la confianza legítima. [omissis]
26

Así sucede, prosigue la Comisión, en el caso del punto VI D, cuarto guión, del anexo del Reglamento (CE) no 1799/2001 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2001, por el que se establecen las normas de comercialización de los cítricos (DO L 244, p. 12), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2010/2002 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2002 (DO L 310, p. 3), así como en el caso del anexo I, parte B 2, punto VI D, cuarto guión, del Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1221/2008 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008 (DO L 336, p. 1). Por lo demás, concluye la Comisión, el contexto en el que se inscribe la adopción de la disposición impugnada no difiere de las circunstancias existentes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento no 2010/2002.
33

El mero hecho de que, en las sentencias De Nicola/BEI, citada en el apartado 24 supra, apartados 118 a 120, y Dunnett y otros/BEI, citada en el apartado 24 supra, apartados 57 y 58, el Tribunal General haya considerado que plazos que no exceden de tres meses y diez días eran razonables no implica que plazos de mayor duración no hubieran podido calificarse de «razonables», a la luz de las circunstancias específicas de los asuntos en cuestión, habiéndose limitado el juez de la Unión a pronunciarse sobre los casos concretos que se le habían planteado, sin examinar la cuestión de si plazos de mayor duración también habrían podido considerarse razonables. A la inversa, el hecho de que, en el auto D/BEI, citado en el apartado 30 supra, apartados 38 a 40, el Presidente del Tribunal General haya considerado que un plazo de cinco meses no era razonable a la vista de las circunstancias concurrentes en el asunto no permite concluir que un plazo más corto, pero que no obstante habría rebasado el plazo de tres meses y diez días, no hubiera podido calificarse de «razonable» o, a fortiori, que, en otras circunstancias, semejante plazo no hubiera podido considerarse razonable.
Así pues, debe considerarse que la empresa que ha adquirido el derecho a lograr un ahorro tributario en aplicación de la normativa nacional, la cual fue considerada ayuda de Estado por la decisión mediante la que se prohibía el régimen sectorial de ayudas, forma parte de un círculo restringido de operadores económicos que estaban identificados o al menos eran fácilmente identificables en el momento de la adopción de dicha decisión, a efectos de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62. Dicha conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que tras la adopción por parte de la Comisión de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal y, luego, de prohibir el régimen sectorial de ayudas, las autoridades nacionales adoptaran medidas para que no se aplicara la normativa nacional en cuestión.

No obstante, una medida que encuentre justificación en la naturaleza o estructura general del sistema en el que se inscribe (extremo que incumbe acreditar al Estado miembro de que se trate) no reúne el requisito de selectividad, aunque constituya una ventaja para su beneficiario. Tras concluirse, en su caso, dicha tercera etapa de análisis, la medida se califica de selectiva.

Una medida de bonificación fiscal que, con carácter de excepción a una norma que limita la posibilidad de trasladar pérdidas en casos de adquisición de al menos el 25 % de las participaciones de la empresa, permite, con determinados requisitos, el traslado de pérdidas cuando la adquisición de una empresa en crisis se produce con el objetivo de sanearla, es selectiva prima facie, puesto que no se dirige a todas las empresas cuyo accionariado haya experimentado dicha modificación, sino que se aplica a una categoría muy determinada de empresa: la que, según la redacción de la cláusula que permite el saneamiento de empresas en crisis, en el momento de la adquisición o bien es insolvente o está excesivamente endeudada o está amenazada de insolvencia o excesivo endeudamiento. El efecto de dicha medida, algunos de cuyos requisitos no están vinculados con el objetivo de prevenir los abusos y que no incluye a todas las empresas que se hallan en una situación real y jurídica comparable respecto del objetivo del sistema fiscal en cuestión, es favorecer a las empresas en crisis. Por lo tanto, la Comisión no incurrió en error alguno cuando estimó que la medida controvertida establecía diferenciaciones entre operadores que, con respecto al objetivo asignado al régimen fiscal, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable.

Dicha medida fiscal tampoco se ve justificada por la naturaleza o la estructura general del sistema fiscal, dado que su objetivo principal, que es facilitar el saneamiento de empresas en crisis, no se deriva de los principios fundadores o rectores del sistema fiscal, por lo que no se sitúa dentro sino fuera de dicho sistema, sin que resulte necesario comprobar si la medida controvertida es proporcionada al objetivo que se persigue.

(véanse los apartados 138, 139, 141, 142, 159 y 160)
7.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA — Liquidación de cuentas — No asunción de los gastos resultantes de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Comprobación de deficiencias en el sistema de control establecido por un Estado miembro — Corrección a tanto alzado del 50 % de los gastos — Importe que incluye cantidades relativas a irregularidades que ya han sido sometidas a una corrección financiera, pero que todavía no han sido totalmente recuperadas — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia [Reglamentos del Consejo (CEE) no 595/91, art. 3, (CE) no 1258/1999, art. 8, ap. 2, y (CE) no 1290/2005, art. 32, ap. 5; Decisión 2007/327/CE de la Comisión] (véanse los apartados 169, 171 y 172)
A efectos de la motivación de una decisión adoptada para garantizar la aplicación de las normas sobre la competencia de la Unión, la Comisión está obligada, en virtud del artículo 296 TFUE, a mencionar al menos los hechos y las consideraciones que revistan una importancia esencial en la estructura de esta decisión, permitiendo así al órgano jurisdiccional competente y a las partes interesadas conocer las condiciones en las que ha aplicado el Derecho de la Unión. Por otro lado, la motivación de un acto debe ser lógica y no presentar contradicciones internas que obstaculicen la buena comprensión de las razones subyacentes a dicho acto.

Asimismo, no obstante las disposiciones del artículo 23, apartado 5, del Reglamento no 1/2003, de las que resulta que las decisiones que imponen multas por la infracción del Derecho de la competencia no tienen naturaleza penal, la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Suiza sobre el transporte aéreo supone un comportamiento generalmente considerado desleal, en perjuicio del público en general, que merece un reproche real y que puede llevar aparejada la imposición a las empresas responsables de multas indudablemente severas, que pueden llegar al 10 % de su volumen de negocios anual. Habida cuenta de la naturaleza de las infracciones en cuestión y de la naturaleza y el grado de gravedad de las sanciones que les son inherentes, éstas se encuadran en la materia penal a efectos del artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH). A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado que, en el caso de que se imponga una «pena» por decisión de una autoridad administrativa, el interesado debe poder impugnar la resolución adoptada en su perjuicio ante un tribunal que ofrezca las garantías establecidas en el artículo 6 del CEDH.

Ahora bien, el principio de tutela judicial efectiva, principio general del Derecho de la Unión que figura hoy en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que corresponde, en Derecho de la Unión, al artículo 6, apartado 1, del CEDH, implica que la parte dispositiva de una decisión adoptada por la Comisión, en la que se constate la infracción de las normas sobre la competencia, debe ser particularmente clara y precisa y que se permita a las empresas que hayan sido consideradas responsables y hayan resultado sancionadas comprender e impugnar la atribución de esta responsabilidad y la imposición de esas sanciones, tal como se desprendan del propio tenor de la parte dispositiva.

(véanse los apartados 27 a 31)
2.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección de la intimidad y la integridad de la persona — Alcance — Obligación de apreciar la cuestión de conformidad con la legislación de la Unión sobre protección de datos personales — Aplicabilidad íntegra de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 a toda solicitud de acceso a documentos que incluyan datos personales [Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo no 45/2001, art. 8, y no 1049/2001, art. 4, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 39 y 40)
6.

Agricultura — FEOGA — Liquidación de cuentas — No asunción de los gastos resultantes de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Evaluación de las pérdidas sufridas por el Fondo — Gastos irregulares que no pueden determinarse con suficiente precisión — Evaluación basada en correcciones a tanto alzado — Procedencia [Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, art. 31] (véanse los apartados 154, 155, 175 y 179)
Para el consumidor medio de la Unión Europea no existe riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, entre el signo denominativo GOLDEN BALLS, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para productos comprendidos en las clases 16, 21 y 24 del Arreglo de Niza, y la marca BALLON D’OR registrada anteriormente como marca comunitaria para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 y 41 en el sentido de dicho Arreglo. Efectivamente, debido a las distintas lenguas de los signos en conflicto, existe una distinción manifiesta entre ambos, de manera que el consumidor medio no los asocia inmediatamente sin iniciar un proceso intelectual de traducción.

Incluso a la vista de la identidad de los productos comprendidos en la clase 16, la similitud conceptual baja —o muy baja—, que precisa de una traducción previa, no puede ser suficiente para compensar las diferencias visuales y fonéticas existentes. En este contexto, de una jurisprudencia constante se desprende, ciertamente, que no cabe excluir que una mera similitud conceptual entre dos marcas pueda dar lugar a un riesgo de confusión en el supuesto de una similitud de los productos, siempre que la marca anterior tenga un carácter distintivo elevado. Pues bien, basta con señalar que tal carácter distintivo particular de la marca BALLON D’OR no ha sido acreditado en este caso concreto en relación con los productos a los que se refiere. Además, incluso suponiendo que esta marca gozase de un carácter distintivo elevado, aun teniendo en cuenta el carácter idéntico de los productos en cuestión, la similitud conceptual muy baja, que precisa de una traducción previa, no puede ser suficiente, en las circunstancias de este caso concreto, para dar lugar, por sí misma, a un riesgo de confusión por parte del público destinatario.

En cuanto a los productos a los que se refiere la marca solicitada comprendidos en las clases 21 y 24, que son diferentes de los protegidos por la marca anterior, los signos en conflicto carecen de la similitud que se requiere para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009.

(véanse los apartados 58 a 60, 72 y 73)