SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 23 de febrero de 1995

Asunto T-535/93

F

contra

Consejo de la Unión Europea

«Funcionarios — Selección — Negativa a ofrecer un puesto de trabajo por falta de aptitud física — Derecho de defensa — Error manifiesto de apreciación»

Texto completo en lengua francesa II-163

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del Consejo de no ofrecer un puesto de trabajo al demandante en razón de su falta de aptitud física para ejercer las funciones de mecanógrafo.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante superó las pruebas de un concurso general que tenía por objeto la constitución de una lista de reserva de mecanógrafos. Previa solicitud de que se sometiese al reconocimiento médico de ingreso, presentó un informe médico elaborado en 1992 a su salida del hospital. Dicho informe certifica el diagnóstico de un condrosarcoma de grado II en el omoplato derecho que le fue extirpado totalmente. Tras haber transmitido el mencionado informe a un instituto especializado a fin de recabar su opinión, el médico-asesor del Consejo emitió un dictamen de falta de aptitud física.

El demandante solicitó que se le sometiera al dictamen de la comisión médica, con arreglo al párrafo segundo del artículo 33 del Estatuto, y presentó un informe emitido por su médico de cabecera cuyas conclusiones eran diferentes de las del médico-asesor. Durante su reunión, la comisión médica pidió al demandante que realizara un ejercicio de mecanografía a fin de evaluar su movilidad y su postura. Seguidamente, emitió su dictamen confirmando el del médico-asesor.

El demandante solicitó al Consejo que determinara con precisión los elementos científicos objetivos en que se había basado la comisión médica. El médico-asesor informó al médico de cabecera del demandante de que dicha comisión se había basado, por una parte, en el riesgo evolutivo y, por otra, en las adversas secuelas de la operación para las funciones de mecanógrafo postuladas que implicaban la utilización prácticamente continua de un teclado.

Sobre el primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa

a) Sobre la ilegalidad del párrafo segundo del artículo 33 del Estatuto, relativo a la composición y al funcionamiento de la comisión médica

Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho, cuya observancia garantiza el órgano jurisdiccional comunitario. Al garantizar la salvaguardia de dichos derechos, el Tribunal de Primera Instancia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, en los que han colaborado o a los que se han adherido los Estados miembros; a este respecto, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos tiene una especial significación (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de mayo de 1974, Nold/Comisión (4/73, Rec. p. 491), apartado 13; Tribunal de Justicia, 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651), apartado 18; Tribunal de Justicia, 13 de julio de 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609), apartado 19; Tribunal de Justicia, 18 de junio de 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925)

El artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, invocado por el demandante para sostener la ilegalidad del párrafo segundo del artículo 33 del citado Estatuto, se aplica únicamente a los órganos jurisdiccionales y no a una comisión médica que, como en este asunto, se presenta como una alzada en el marco del procedimiento administrativo de nombramiento que, una vez consultado el médico-asesor de la Institución, está encargada de emitir un dictamen específicamente médico (apartado 35).

En todo caso, en lo que se refiere al respeto del derecho de defensa del candidato a un puesto de trabajo, la composición de la comisión médica, en la que no figura el médico-asesor que emitió el primer dictamen de falta de aptitud y que no está formada únicamente por los facultativos de la Institución de que se trata, así como sus modalidades de funcionamiento, entre ellas, la información al interesado a través de su médico de cabecera, la presentación del dictamen de un médico de su elección y la posibilidad de recabar la opinión de especialistas, permiten garantizar un examen completo e imparcial de la situación de dicho candidato (apartados 35 a 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 13 de abril de 1978, Mollet/Comisión (75/77, Rec. p. 897); Tribunal de Primera Instancia, 18 de septiembre de 1992, X/Comisión (asuntos acumulados T-121/89 y T-13/90, Rec. p. II-2195); Tribunal de Primera Instancia, 14 de abril de 1994, A/Comisión (T-10/93, Rec. p. II-179), apartados 23 a 27

b) Sobre la infracción de la obligación de la Institución a comunicar al demandante, así como a su médico de cabecera, las informaciones pertinentes relativas a la motivación de la falta de aptitud

La obligación de motivar una negativa a ofrecer a un candidato un puesto de trabajo, por falta de aptitud física, debe concillarse con las necesidades del secreto médico. Dicha conciliación se realiza a través de la facultad de que goza el interesado de solicitar y obtener que las causas de la falta de aptitud le sean comunicadas al médico de cabecera de su elección para que este último pueda informarle sobre la posibilidad de impugnar los fundamentos de la negativa a ofrecer un puesto de trabajo (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de octubre de 1977, Moli/Comisión (121/76, Rec. p. 1971); Mollet/Comisión, antes citada; Tribunal de Justicia, 10 de junio de 1980, Srta. M./Comisión (155/78, Rec. p. 1797); X/Comisión, antes citada; A/Comisión, antes citada

En este asunto, el Consejo no ha incumplido su obligación de comunicar al demandante y a su médico de cabecera todas las informaciones pertinentes relativas a la motivación en la que se basan los dictámenes de falta de aptitud (apartado 40).

c) Sobre la infracción de la supuesta obligación, por parte de la Institución, de informar al demandante sobre el alcance del artículo 33 del Estatuto

El Consejo no ha infringido su deber de asistencia y protección ni el principio de buena administración, respecto al demandante, debido a que le informó acerca de las gestiones que debía realizar para proteger sus derechos y a que el artículo 33 del Estatuto no obliga a la Institución a informar a un candidato acerca de todos los aspectos del procedimiento de que se trata (apartado 42).

Sobre el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación

El Juez comunitario no puede sustituir un dictamen de carácter específicamente médico y, en particular, el de la comisión médica, por su propia apreciación, ya que dicho dictamen debe considerarse definitivo cuando se emite debidamente. No obstante, en el marco de su control jurisdiccional, le incumbe verificar si el procedimiento de selección se ha llevado a cabo legalmente y, más en particular, examinar si la decisión por la que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos se niega a ofrecer un puesto de trabajo a un candidato en razón de su falta de aptitud física se basa en un dictamen médico motivado que pone de manifiesto una relación comprensible entre el diagnóstico que contiene y la conclusión a la que llega (apartado 50).

Referencia: A/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1994, X/Comisión (T-94/92, Rec. p. II-481)

El Tribunal de Primera Instancia estima que, en este asunto, tanto el dictamen emitido por el médico-asesor como el de la comisión médica ponen de manifiesto una relación comprensible entre el diagnóstico que contienen y la conclusión a la que llegan. En particular, el dictamen de la comisión médica no adolece de un error manifiesto por el hecho de que no comparta el dictamen del médico de cabecera del demandante. En efecto, se trata de una divergencia entre diferentes apreciaciones de orden estrictamente médico que ha sido resuelta por la mencionada comisión, la cual tiene como cometido establecido por el Estatuto verificar el fundamento del dictamen médico emitido por el médico-asesor de la Institución (apartados 51 a 54).

Costas

Durante el procedimiento administrativo, si bien el Consejo no infringió ninguna norma de procedimiento, desempeñó una función importante en la decisión del Sr. F de interponer el recurso. Además, durante el procedimiento contencioso, a instancias del Tribunal de Primera Instancia, el Consejo aportó un informe, que ya había presentado el demandante, y no el informe de la reunión de dicha comisión, cuando quedaba claro que el Tribunal de Primera Instancia deseaba que se aportara a los autos el informe que exponía la motivación del dictamen emitido por la comisión. La existencia del informe sólo fue revelada en la primera vista. Por lo tanto, se debió reabrir esta fase del procedimiento. Por todas estas razones, se condena a la parte demandada a soportar la totalidad de las costas, incluidos los gastos efectuados por el demandante (apartados 58 a 60).

Finalmente, dado que el comportamiento del Consejo influyó igualmente a la parte coadyuvante en su decisión de intervenir, así como en la actitud adoptada por esta última en el presente procedimiento, se condena al Consejo al pago de la mitad de las costas de dicha parte (apartado 61).

Fallo:

1) Se desestima el recurso.

2) La parte demandada soportará sus propias costas y las de la parte demandante, así como la mitad de las costas de la parte coadyuvante.