A continuación, procede examinar si es posible demostrar la existencia de un vínculo entre la concesión de las ayudas a los agricultores franceses y los precios de mercado del trigo duro francés, al que las demandantes afirman no haber tenido el mismo acceso que las empresas molineras francesas, circunstancia esta última sobre la que habrá que volver más adelante. Para abordar esta cuestión, desde luego especialmente delicada, es necesario hacerse una idea lo más precisa posible de la situación del mercado francés y compararla con la evolución del mercado mundial durante el período de referencia que aquí nos interesa. Seguramente, la gran cantidad de datos proporcionados por las partes durante el procedimiento no facilitan la tarea.

A mi entender, podemos tomar como referencia los precios de mercado franceses, recogidos por la Comisión a partir de los datos de precios proporcionados por el organismo francés de intervención, ONIC. En efecto, dichas cifras coinciden en buena medida con el testimonio del apoderado de Grands Moulins de Strasbourg, una de las grandes competidoras francesas de las demandantes.

Si comparamos estos precios con los precios cif calculados por la Comisión, es decir, con los precios del trigo duro en el mercado mundial, obtenemos la siguiente imagen.

En agosto y septiembre de 1974, los precios de mercado franceses se encontraban, en parte, a un nivel netamente inferior a los precios del mercado mundial. A este respecto, cabe mencionar que los precios se encontraban, respectivamente, a unos niveles del orden de entre 25 y 200 FF por tonelada o, en septiembre, de entre 50 y 140 FF por tonelada. Sin embargo, si se consideran las indicaciones proporcionadas por las demandantes sobre los precios de sus compras en el mercado mundial, estas diferencias se reducen en algunos casos de manera muy significativa. Posteriormente, en los siguientes meses de 1974 se comprueba una clara reducción de esta diferencia, aun tomando como base los precios del mercado mundial mencionados por la Comisión. Mientras los precios franceses estuvieron por debajo de los precios del mercado mundial, se trata, respectivamente, de cifras del orden de 40 y 180 FF por tonelada como máximo. Sin embargo, ya durante este período los precios de mercado franceses superaron en ocasiones los precios cif. La situación cambió radicalmente a principios de 1975, en unos momentos en que los precios del mercado mundial cayeron por debajo del nivel de los precios umbral. Así, en enero y febrero de 1975 los precios de mercado franceses se situaron claramente por encima del precio umbral; esta situación se mantuvo aún parcialmente durante el mes de marzo de 1975. Durante los siguientes meses del 1975, se produjo una nueva caída de los precios franceses. Durante aquellos meses, éstos eran inferiores al precio umbral, y de hecho estaban más cerca del precio de intervención que del propio precio umbral. No obstante, ello se debía claramente -si se me permite decirlo de inmediato- a que por aquel entonces se lanzaron al mercado grandes cantidades de trigo duro retenidas de la cosecha de la campaña 1974/1975 -el testigo Sr. Pegler habló de entre 100.000 y 150.000 toneladas- que no encontraron la correspondiente demanda.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, dudo mucho que pueda considerarse probado que las ayudas abonadas a los productores de trigo duro fueran la causa de que los precios franceses no se acercaran en mayor medida a los precios mundiales durante algunos meses de la campaña considerada. Así pues, hay que reconocer que la evolución de los precios, por lo que respecta a su relación con los precios mundiales, no fue en modo alguno uniforme. No veo cómo puede explicarse esto si se pretende afirmar que el régimen de ayudas tuvo una influencia decisiva. Las dudas a este respecto se refuerzan aun más si se considera el modo de pago de las ayudas. Las explicaciones proporcionadas a este respecto por la Comisión demuestran que efectivamente se veló por que la ayuda beneficiara a los agricultores; se pagaba poco después de la entrega en el lugar de recogida, y está claro que se liquidaba independientemente de los precios de venta. Por otra parte, no resulta difícil imaginar que el nivel inferior de los precios franceses se explica fundamentalmente por las relaciones tradicionales existentes entre las empresas molineras francesas, por una parte, y los productores de trigo duro y los centros de comercialización que actúan por cuenta de estos últimos, por otra. Esta idea ya se encuentra expresada muy claramente en la sentencia que este Tribunal de Justicia dictó anteriormente entre las mismas partes (Werhahn Hansamühle y otros/Consejo, antes citada) y, sin lugar a dudas, resulta tanto más cierta cuanto que, en la primera mitad de la campaña de comercialización 1974/1975, se registraron unas relaciones de precios totalmente inhabituales, que no constituían precisamente un modelo para las relaciones con antiguos clientes. Además, es posible que en algunos casos también dejara sentir sus efectos la prohibición de exportar trigo duro, decretada mediante Decisión de 4 de agosto de 1973 y que se mantuvo en vigor hasta principios de abril de 1975. No menos importante puede haber sido el papel desempeñado asimismo por la evolución de la situación monetaria.

Así las cosas, no puedo decidirme a suscribir la tesis de las demandantes sobre la existencia de un nexo de causalidad entre las ayudas al trigo duro y los precios de mercado franceses, apartándome de la apreciación realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Werhahn Hansamühle y otros/Consejo, antes citada.

Sin embargo, permítanme hacer asimismo las dos observaciones siguientes. Suponiendo que existiese un nexo de causalidad, habría que preguntarse también seguramente si cabe afirmar que existe una relación causal adecuada entre el acto de la Comunidad y la desventaja sufrida por las empresas molineras alemanas y si esta relación es suficiente para fundamentar la responsabilidad extracontractual. También a este respecto procede albergar ciertas dudas, sobre todo a la vista de los ordenamientos jurídicos que exigen la existencia de un perjuicio directo, como sucede por ejemplo en el Derecho inglés y en el Derecho francés. Además, para fundamentar la responsabilidad, también sería importante determinar si las Instituciones comunitarias podían prever las posibles consecuencias de sus actos sobre los precios, consecuencias que ciertamente deben considerarse inhabituales en un mercado deficitario. También existen buenas razones para dudarlo, con lo que cabe considerar que, cuando menos, no es posible imputar la existencia de culpa.

Por todas estas razones, e independientemente de si las críticas que puedan dirigirse al régimen de ayudas permiten efectivamente declarar que hubo una infracción caracterizada de una norma de protección de los particulares en el sentido de la jurisprudencia dictada por este Tribunal hasta la fecha, me inclino a considerar que los motivos invocados en relación con el régimen de ayudas no bastan para fundamentar las pretensiones de las demandantes al respecto. No obstante, más adelante volveré sobre este particular en otro contexto, con carácter subsidiario, ya que no puedo excluir que también resulte plausible una apreciación diferente.