SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 6 de junio de 1996

Asunto T-262/94

Jean Baiwir

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Excepción de ilegalidad — Concordancia entre la reclamación y el escrito de recurso — Nuevo método para calcular los perfiles de carrera para las categorías B, C y D en la Comisión — Lista de los funcionarios considerados con mayores méritos para obtener una promoción — Apartado 3 del artículo 5 y artículo 45 del Estatuto — Principio de no discriminación — Errores manifiestos de apreciación de hecho y de Derecho — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-739

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por un lado, la anulación de la lista de funcionarios considerados con mayores méritos para obtener una promoción al grado B 4 para el ejercicio 1993 en la medida en que no figura en ella el nombre del demandante y, por otro, la consolidación de su carrera, como funcionario B 4, escalón 2, a partir del 1 de enero de 1993 y la reparación del perjuicio moral sufrido.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 1 de mayo de 1988 el demandante fue nombrado funcionario de grado C 5 en la Comisión y, tras haber superado un concurso externo, funcionario de grado B 5, escalón 1, el 27 de febrero de 1992, con efectos desde 1 de marzo de 1992.

El 9 de julio de 1992, la Comisión adoptó un «Nuevo método de cálculo de los perfiles de carrera — Categorías B, C y D- Presupuesto de funcionamiento». Con arreglo a la letra b) del apartado 1 de dicha decisión, se atribuyeron una serie de puntos por la edad, por un lado, a los funcionarios promovibles de igual grado que no pueden acceder a la categoría superior, cuya carrera se ha desarrollado siempre en la misma categoría B, C o D, y, por otro, a los funcionarios promovibles de igual grado y que sí pueden acceder a la categoría superior, que han pasado una parte de su carrera en una categoría inferior.

El 1 de diciembre de 1992, el demandante y otros dos funcionarios interpusieron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra sus respectivos actos de nombramiento en la medida en que el nombramiento comportó la clasificación en el primer escalón de su grado, sin antigüedad. En su sentencia de 28 de septiembre de 1993, Baiwir y otros/Comisión (asuntos acumulados T-103/92, T-104/92 y T-105/92, Rec. p. II-987), el Tribunal de Primera Instancia anuló las decisiones impugnadas, en la medida en que fijan la clasificación en escalón de los demandantes basándose en el artículo 46 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), relativo a la promoción, y no basándose en el artículo 32 del Estatuto, relativo a la contratación. Mediante decisión de 3 de febrero de 1994, que sustituyó a la decisión de 27 de febrero de 1992, el demandante quedó clasificado en el grado B 5, escalón 3, con efectos retroactivos desde el 1 de marzo de 1992.

El 12 de febrero de 1993, el Jefe de la Unidad 6 (Personal B, C y D) de la Dirección A (Personal) de la Dirección General IX (Personal y Administración) (Unidad IX.A.6) de la Comisión remitió una nota al demandante informandole de la entrada en vigor de un nuevo mètodo de cálculo del perfil de carrera con motivo del ejercicio de promoción 1993 y de que le sería aplicado. Según dicha nota, el demandante estaba clasificado como «transcatégoriel» a efectos del cálculo de los puntos por edad.

La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) no inscribió al demandante en la lista de los funcionarios de grado B 5 considerados con mayores méritos para obtener una promoción al grado B 4 durante el ejercicio 1993, ni tampoco en la lista de los funcionarios promovidos al grado B 4.

El 22 de noviembre de 1993 el demandante presentó una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, con objeto de que se corrigiera la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos para obtener una promoción al grado B 4 durante el ejercicio 1993 y en la que solicitó que se revisase la lista de promociones a la luz de la sentencia Baiwir y otros/Comisión. Dicha reclamación fue desestimada mediante decisión de la Comisión de 12 de abril de 1994.

Sobre las pretensiones de anulación

En apoyo de sus pretensiones de anulación, el demandante invoca cuatro motivos, basados respectivamente en una infracción del Estatuto, en una violación de los principios de no discriminación y de protección de la confianza legítima, de la falta de aplicación de la sentencia Baiwir y otros/Comisión y de errores manifiestos de apreciación de hecho y de Derecho (apartado 23).

Admisibilidad

Al establecer una pauta de comportamiento que indica la práctica que debe seguirse, la decisión de 9 de julio de 1992 constituye una acto de carácter general, susceptible de ser impugnado mediante excepción de ilegalidad (apartados 32 a 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1975, Acton y otros/Comisión (asuntos acumulados 44/74, 46/74 y 49/74, Rec. p. 383), apartado 7; Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1987, Del Plato y otros/Comisión (asuntos acumulados 181/86,182/86, 183/86 y 184/86, Rec. p. 4991), apartados 9 y 10; Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Chavanne de Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFP p. II-723), apartado 41

No obstante, ninguno de los motivos invocados por el demandante cuestiona la decisión de 9 de julio de 1992. En efecto, dicha Decisión establece únicamente una distinción entre los funcionarios que pueden acceder a una categoría superior y los que no, mientras que las otras dos distinciones impugnadas por el demandante entre, por un lado, los que pueden acceder a una categoría superior internos y externos y, por otro, los que pueden acceder a una categoría superior a los que se les aplica la excepción de edad y aquellos a los que no se les aplica dicha excepción, no se mencionan. Por lo tanto, en la medida en que se refiere a estas dos distinciones, el recurso no cuestiona la decisión de 9 de julio de 1992, sino la aplicación al demandante del nuevo sistema introducido por la Comisión (apartados 35 y 36).

La parte del primer motivo que cuestiona la distinción efectuada por la decisión de 9 de julio de 1992 entre los que pueden acceder a una categoría superior y los que no es también admisible en la medida en que el demandante propone implícitamente una excepción de ilegalidad en su recurso contra dicha decisión (apartados 37 a 39).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/HauteAutorité (14/59, Rec. pp. 445 y ss., especialmente p. 474)

Asimismo, el demandante invocó, durante el procedimiento administrativo previo, en distintos documentos, entre los cuales su solicitud adjunta a la reclamación relativa al presente asunto, su primer motivo, de modo que la Comisión pudo conocer de forma suficientemente precisa la crítica formulada a este respecto por el demandante (apartados 40 a 44).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1976, Sergy/Comisión (58/75, Rec. p. 1139), apartado 32; Tribunal de Justicia, 20 de mayo de 1987, Geist/Comisión (242/85, Rec. p. 2181). apartado 9; Tribunal de Justicia, 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión(224/87, Rec. p. 99), apartado 10; Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento (133/88, Rec. p. 689), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1990, AIexandrakis/Comisión(T-57/89, Rec. p. II-143), apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Boossy Fischer/Comisión(T-58/91, Rec. p. II-147), apartado 83; Tribunal de Primera Instancia, 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T-4/92, Rec. p. II-357), apartado 16

Además, de la reclamación se desprende que el demandante solicita explícitamente que se le incluya en el grupo de los funcionarios que no pueden acceder a una categoría superior a efectos de la determinación de su perfil de carrera a raíz de la sentencia Baiwir y otros/Comisión. Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia anuló las decisiones de que se trata en particular porque había una desigualdad de trato. Por consiguiente, la segunda parte del segundo motivo del presente recurso basada en una supuesta violación del principio de no discriminación está estrechamente relacionada con la reclamación (apartado 45).

Por el contrario, la reclamación no contiene ninguna referencia expresa o presunta a una supuesta violación del principio de confianza legítima, invocado en la segunda parte del segundo motivo del recurso (apartado 46).

Por último, el cuarto motivo basado en que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación de hecho y de Derecho al constituir la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos se invoca en uno de los últimos apartados de la reclamación, en los que el demandante alega que las Direcciones Generales se encuentran en una situación en la que no pueden «utilizar el mérito como primer criterio aplicable en el ejercicio de promoción» y en los que pone en tela de juicio la afirmación de la Comisión de que el perfil de carrera es sólo consultivo (apartado 47).

Fondo

Sobre el motivo basado en una infracción del Estatuto

En lo que respecta a la distinción entre los funcionarios que pueden acceder a una categoría superior y los que no, la clasificación de un grupo de funcionarios con derecho a promoción entre los que pueden acceder a una categoría superior equivale a tratar a este grupo de manera distinta en relación con los demás funcionarios con derecho a promoción mediante la introducción de una distinción en la forma de calcular los puntos atribuidos por la edad. Por lo tanto, debe examinarse si dicha distinción está objetivamente justificada (apartado 70).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Lacruz Bassols/Tribunal de Justicia (T-109/92, RecFP p. II-105), apartado 87

La distinción entre los que pueden acceder a una categoría superior y los que no se introdujo a fin de tener en cuenta la diferencia de perfil de edad de estas dos poblaciones y evitar, en consecuencia, que los segundos resultaran indebidamente desfavorecidos en relación con los primeros (apartado 71).

Además, los que pueden acceder a una categoría superior, por norma general, son de edad más avanzada que los otros, y quienes han participado en un concurso externo han debido beneficiarse de una excepción al límite de edad impuesto para el acceso al concurso. De ello se deduce que, sin la introducción de dicha distinción, los que pueden acceder a categorías superiores hubieran resultado favorecidos respecto de los que no pueden, a pesar de que no han adquirido su experiencia en la categoría superior sino en una categoría inferior, relativa a un trabajo distinto. Por lo tanto, precisamente para evitar semejante resultado, el nuevo método establece que, para la atribución de puntos por edad, la edad de los que no pueden acceder a categorías superiores se compara con la media de edad del mismo grupo, y la de los que sí pueden acceder a categorías superiores se compara con la media de edad de su propio grupo. No obstante, debe precisarse que la edad de los externos que pueden acceder a categorías superiores y que no han podido beneficiarse de la excepción al requisito de edad para participar en el concurso se compara con la media de edad de los que no pueden acceder a categorías superiores. En efecto, por lo que se refiere a su edad, se encuentran en una situación comparable a la de los funcionarios que han sido directamente contratados del exterior dentro de una categoría determinada (apartados 72 y 73).

De ello se deduce que debe considerarse que la distinción establecida por la decisión de 9 de julio de 1992 entre quienes pueden acceder a categorías superiores y quienes no pueden acceder a ellas está objetivamente justificada (apartado 74).

Tampoco puede acogerse el argumento del demandante basado en el establecimiento de un procedimiento diferente de los de las demás Instituciones, dado que el demandante no ha aportado la prueba de que la Comisión hubiera hecho un uso manifiestamente erróneo de su facultad de apreciación (apartado 76).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de diciembre de 1981, Bakke d'Aloya/Consejo(280/80, Rec. p. 2887), apartado 17

La distinción entre ambos grupos tampoco da lugar a que el criterio relativo a la edad prevalezca por encima del examen de los méritos. En efecto, el perfil de carrera constituye solamente uno de los elementos en función de los cuales se aprecia la evolución de la carrera de los funcionarios promovibles (apartados 77 y 79).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1976, De Wind/Comisión (62/75, Rec. p. 1167), apartado 17; Tribunal de Justicia, 24 de marzo de 1983, Colussi/Parlamento (298/81, Rec. p. 1131), apartado 22; Tribunal de Justicia, 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento(293/87, Rec. p. 23), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Mergen/Comisión (T-53/91, Rec. p. II-2041), apartado 33

Por lo que se refiere a las distinciones entre internos y externos que pueden acceder a categorías superiores y entre los que pueden acceder a categorías superiores que se han beneficiado de la excepción al límite de edad y los que no, el demandante no tiene ningún interés en que se declare que estas dos distinciones no le son oponibles puesto que de todas formas estaría clasificado entre los que pueden acceder a categorías superiores (apartado 80).

Sobre el motivo basado en una violación del principio de no discriminación

La asimilación de una parte de los externos que pueden acceder a categorías superiores y que son candidatos a una misma promoción a los que no pueden acceder a categorías superiores porque los primeros no han debido beneficiarse de la excepción al requisito de edad límite y la distinción que dicha asimilación implica en lo que respecta al cálculo de los puntos atribuidos en concepto de edad para el perfil de carrera equivale, en principio, a tratar a estos últimos de manera diferente en relación con los que pueden pasar de categoría que han debido beneficiarse de la mencionada excepción. Por lo tanto, procede examinar si dicha distinción está objetivamente justificada (apartado 95).

Referencia: Lacruz Bassols/Tribunalde Justicia, antes citada, apartado 87

Esta distinción se introdujo para que los que pueden acceder a una categoría superior que han debido beneficiarse de la excepción al límite de edad no resulten desfavorecidos respecto de los que no pueden cambiar de categoría. En efecto, desde el punto de vista de la edad, ambos tipos de funcionarios se encuentran en la misma situación, a diferencia de los que pueden acceder a categorías superiores que han debido beneficiarse de dicha excepción, que son, por definición, de edad más avanzada. Por otra parte, estos últimos hacen valer una experiencia dentro de la Comisión que han adquirido en una categoría inferior a la de que se trata, a la que se atribuyen funciones diferentes. Por consiguiente, debe considerarse que la distinción impugnada está objetivamente justificada (apartado 96).

Sobre el motivo basado en la inobservancia de la sentencia Baiwir y otros/Comisión

En primer lugar, el asunto que dio lugar a la sentencia Baiwir y otros/Comisión es distinto del presente asunto por cuanto se refiere a la clasificación en escalón y no al procedimiento de promoción (apartado 106).

En cuanto a este último procedimiento, ninguna obligación estatutaria específica impone a la AFPN que tenga en cuenta la experiencia profesional adquirida por el funcionario antes de su ingreso al servicio de las Comunidades. Además, esta experiencia no computa en la determinación del perfil de carrera del funcionario. Por lo tanto, por lo que se refiere al procedimiento de promoción, el paso de un funcionario a la categoría superior no puede considerarse como el inicio de una nueva carrera (apartado 109).

En segundo lugar, en la sentencia Baiwir y otros/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la dispensa del límite de edad «no tiene comparación con los inconvenientes que resultan de la desigualdad de trato» de la que eran víctimas las demandantes y que no podía justificar la diferencia de trato. Esta declaración se basaba en el hecho de que, dado que la edad no constituye un criterio que permita determinar la clasificación en escalón, la dispensa del límite de edad no está relacionada con dicha clasificación. Por el contrario, la edad se toma en consideración para calcular el perfil de carrera de los funcionarios promovibles. Pues bien, los externos con posibilidad de paso de categoría y que hayan sido dispensados del requisito de edad límite son, por definición, mayores que los externos con la misma posibilidad y que no han sido dispensados y que los funcionarios que no pueden pasar de categoría, cuando su experiencia en la Comisión no ha sido adquirida en la categoría superior, sino en una categoría inferior. Por consiguiente, la diferencia de trato entre los externos con posibilidad de paso de categoría que se han beneficiado de la excepción al límite de edad y los que no se han beneficiado de ella está objetivamente justificada (apartado 111).

En tercer lugar, el argumento basado en una infracción del artículo 45 del Estatuto, debido a que no se tomó en consideración la experiencia y los méritos de los funcionarios, no guarda relación con la supuesta inobservancia de la sentencia Baiwir y otros/Comisión (apartado 112).

Sobre el motivo basado en errores manifiestos de apreciación de hecho y de Derecho

En lo que respecta a la primera parte del motivo, basado en que la Comisión mantuvo al demandante en la categoría de los que pueden acceder a una categoría superior por la mera razón de que se benefició de la dispensa del requisito de edad límite, se confunde con el segundo y tercer motivos (apartado 136).

En cuanto a la segunda parte, basada en el hecho de que la Comisión no tuvo en cuenta los méritos del demandante para la constitución de la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos, sino que se basó únicamente en la edad y en la antigüedad, ya ha sido desestimada por infundada en el marco del primer motivo (apartado 137).

Además, de los autos se deduce que, al preparar su lista de los funcionarios propuestos para una promoción, por orden de prioridad, la DG XIX, por un lado, procedió a un examen de los méritos de cada funcionario promovible al grado B 4 destinado a la DG y, por otro, no se basó únicamente en los informes de calificación de sus funcionarios, sino que también basó su apreciación en otros aspectos de los méritos de los candidatos, entre los que no se incluía la edad ni la antigüedad en el grado. La AFPN apreció tales aspectos en el marco de la amplia facultad de apreciación de que dispone en la materia y sin que haya hecho de ella un uso manifiestamente erróneo (apartados 138 a 140).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión (282/81. Rec. p. 1245), apartado 9; Tribunal de Justicia, 23 de octubre de 1986, Vaysse/Comisión (26/85. Rec. p. 3131). apartado 26; Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987. Bouteiller/Comisión (324/85. Rec. p. 529), apartado6; Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, Huybrectus/Comisión(306/85, Rec. p. 629). apartado 9; Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1987 Delauche/Comisión (111/86. Rec. p. 5345). apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992. Schönlierr/CES(T-25/90. Rec. p. II-63). apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Schloh/Consejo (T-11/91, Rec. p. II-203), apartado 51 ; Tribunal de Primera Instancia, 25 de noviembre de 1993. Mme X/Comisión (asuntos acumulados T-89/91, T-21/92 y T-89/92, Rec. p. II-1235), apartados 34. 48 y 49; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83), apartado 50; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1995. Branco/Tribunal de Cuentas (T-507/93. RecFP p. II-797), apartado 28

El demandante tampoco aporta elementos de prueba que puedan demostrar que no se procedió a una examen comparativo de las candidaturas (apartado 142).

Referencia: Schonherr/CES, antes citada, apartado 25; Tribunalde Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Rasmussen/Comisión(T-557/93, Rec. p. II-603), apartado 33

Además, la edad de los candidatos y su antigüedad en el grado o en el servicio pueden constituir, en igualdad de calificaciones y de méritos de los candidatos, un factor decisivo en la elección efectuada por la AFPN (apartado 143).

Referencia: Colussi/Parlamento, antes citada, apartado 22; Vainker/Parlamento. antes citada, apartado 16

Sobre las pretensiones de indemnización

Deben desestimarse las pretensiones dirigidas a la reparación del perjuicio material o moral, en la medida en que están estrechamente relacionadas con las pretensiones de anulación, que han sido desestimadas, bien por su inadmisibilidad, bien por su carácter infundado (apartado 151).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, Rec. p. II-737), apartado 88

Dado que la pretensión según la cual la Comisión incumplió su deber de asistencia y protección así como su deber de lealtad respecto del demandante no está estrechamente relacionada con las pretensiones de anulación, la admisibilidad de las pretensiones de indemnización deben apreciarse con independencia de la de las pretensiones de anulación, teniendo en cuenta especialmente el normal desarrollo del procedimiento administrativo previo, previsto por los artículos 90 y 91 del Estatuto. Conforme al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, éste debe iniciarse mediante una petición del interesado en la que solicite a la AFPN que repare el perjuicio supuestamente causado por el comportamiento de que se trate. Ahora bien, en el presente caso, el demandante no presentó a la AFPN dicha petición (apartados 152 a 154).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Marcato/Comísión (T-5/90, Rec. p. II-731), apartados 49 y 50

Fallo:

Se desestima el recurso.