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8

La Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ley de procedimiento en asuntos familiares y de jurisdicción voluntaria) establece lo siguiente: «Artículo 107. Reconocimiento de resoluciones extranjeras en materia matrimonial (1) Las resoluciones dictadas en el extranjero mediante las cuales se anule un matrimonio, [...] sólo serán reconocidas cuando la Administración de justicia del Land haya constatado que se cumplen los requisitos para el reconocimiento. Si un tribunal o una autoridad de un Estado del que los dos cónyuges eran nacionales en la fecha de la resolución ha resuelto, el reconocimiento no dependerá de una constatación de la Administración de justicia del Land. (2) Será competente la Administración de justicia del Land en el que uno de los cónyuges tenga su residencia habitual. [...] (3) Los Gobiernos de los Länder podrán delegar a uno o a varios Presidentes de Oberlandesgericht, mediante reglamento, las facultades conferidas por las presentes disposiciones a las Administraciones de justicia de los Länder. [...] (4) La resolución se producirá previa presentación de una solicitud. La solicitud podrá ser presentada por cualquier persona que demuestre un interés jurídico en el reconocimiento. [...] (6) Si la Administración de justicia del Land constata que se cumplen los requisitos para el reconocimiento, el cónyuge que no haya presentado la solicitud podrá pedir al Oberlandesgericht que resuelva. [...] (7) Será competente la Sala de lo Civil del Oberlandesgericht en cuya circunscripción tenga su sede la Administración de justicia del Land. [...] (8) Las disposiciones precedentes serán aplicables mutatis mutandis cuando se solicite la constatación de que no se cumplen los requisitos del reconocimiento. [...] Artículo 109. Exclusión del reconocimiento 1) Quedará excluido el reconocimiento de una resolución extranjera, 1. cuando los órganos jurisdiccionales del otro Estado no sean competentes en virtud del Derecho alemán; [...] 4. cuando el reconocimiento de la resolución conduzca a un resultado manifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho alemán, en particular, cuando su reconocimiento sea incompatible con los derechos fundamentales. [...]»
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de mayo de 2018 — Simba Toys/EUIPO y Seven Towns

(Asunto C‑30/15 P‑DEP)

«Tasación de costas»

1. Procedimiento judicial—Costas—Tasación—Costas recuperables—Procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia—Gastos indispensables a efectos de ese procedimiento [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véase el apartado 20)

2. Procedimiento judicial—Costas—Tasación—Costas recuperables—Circunstancias que deben considerarse—Honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados—Determinación de los honorarios que pueden recuperarse de la parte condenada en costas [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véase el apartado 21)

3. Procedimiento judicial—Costas—Tasación—Costas recuperables—Circunstancias que deben considerarse—Baremo nacional que fija los honorarios de los abogados—Exclusión [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véanse los apartados 22 a 24)

Fallo

Fijar en 35000 euros el importe total de las costas que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Seven Towns Ltd deben reembolsar a Simba Toys GmbH & Co. KG por el procedimiento de casación.
4

El artículo 3 de esta Directiva dispone: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. [...] 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
22

De ello resulta que el Tribunal no incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 29 y 30 del auto recurrido, que una posible anulación del Reglamento impugnado no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la recurrente, habida cuenta de que dicho Reglamento establece que el término «Edam» puede seguir utilizándose, en particular, para la comercialización de quesos, siempre que se respeten los principios y normas aplicables del ordenamiento jurídico de la Unión.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta)

de 15 de julio de 2015 — Nuova Invincibile

(Asunto C‑82/14) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Sexta Directiva 77/388/CEE»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 18 y 19)

2. Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Obligaciones de los deudores del impuesto — Normativa nacional que establece, en beneficio de las personas afectadas por un seísmo producido en ciertas provincias, un reembolso de los importes abonados en un determinado período en concepto de impuesto sobre el valor añadido — Improcedencia (Art. 10 CE; Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 2 y 22) (véanse los apartados 22 a 28 y el fallo)

Fallo

Los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como el artículo 9, apartado 17, de la Ley no 289, de 27 de diciembre de 2002, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2003), que, tomando en consideración el seísmo producido en las provincias de Catania, Ragusa y Siracusa, establece, en beneficio de las personas afectadas por ese seísmo, una reducción del 90 % del impuesto sobre el valor añadido normalmente adeudado por los años 1990 a 1992, en particular confiriendo el derecho a obtener el reembolso, en este porcentaje, de los importes ya abonados en concepto de impuesto sobre el valor añadido, en la medida en que esta disposición no respeta las exigencias derivadas del principio de neutralidad fiscal ni permite garantizar la recaudación de la totalidad del impuesto sobre el valor añadido adeudado en territorio italiano.

( 1 ) DO C 142 de 12.5.2014.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de junio de 2014 — Delphi Technologies/OAMI

(Asunto C‑448/13 P)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 7, apartado 1, letra b) — Marca denominativa INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Eslogan publicitario — Denegación de registro — Falta de carácter distintivo»

Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 22)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 6 de junio de 2013, Delphi Technologies/OAMI (T‑515/11), mediante la que dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación de la Decisión R 1967/2010‑2 de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 23 de junio de 2011, por la que se desestimaba el recurso contra la resolución del examinador que deniega el registro de la marca denominativa «INNOVATION FOR THE REAL WORLD», para productos de las clases 7, 9, 10 y 12 — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 y de los principios de igualdad de trato y de buena administración.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Delphi Technologies Inc.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de junio de 2014 — Delphi Technologies/OAMI

(Asunto C‑448/13 P)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 7, apartado 1, letra b) — Marca denominativa INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Eslogan publicitario — Denegación de registro — Falta de carácter distintivo»

Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 22)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 6 de junio de 2013, Delphi Technologies/OAMI (T‑515/11), mediante la que dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación de la Decisión R 1967/2010‑2 de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 23 de junio de 2011, por la que se desestimaba el recurso contra la resolución del examinador que deniega el registro de la marca denominativa «INNOVATION FOR THE REAL WORLD», para productos de las clases 7, 9, 10 y 12 — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 y de los principios de igualdad de trato y de buena administración.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
No corresponde al Tribunal de Justicia evaluar el valor jurídico que debe atribuirse, en el marco de una ayuda financiera de la Unión, a la inactividad de la Comisión ni precisar las obligaciones que incumben a un Estado miembro, ya que estas cuestiones requieren una interpretación fáctica del comportamiento de la institución de que se trata que no está sujeta a la apreciación del Tribunal de Justicia en el marco del artículo 267 TFUE. Además, dado que el Tribunal de Justicia no puede declarar la supuesta inactividad de la Comisión en el marco de una petición de decisión prejudicial, la cuestión del valor jurídico que deba atribuirse a la citada inactividad resulta puramente hipotética y, por ello, inadmisible. Por último, también tiene carácter hipotético, lo que conlleva su inadmisibilidad, la cuestión de las obligaciones de un Estado miembro en el supuesto de que persista la inactividad de la Comisión.

(véanse los apartados 13, 14, 16 y 17 y los puntos 1 y 2 del fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Operaciones no sujetas a la fiscalidad indirecta — Derecho anual adeudado por toda empresa debido a su inscripción en el Registro de Empresas — Procedencia [Directiva 2008/7/CE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 18, 19 y 23 a 26 y el fallo)

2. Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y normativo — Cuestiones planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Inadmisibilidad manifiesta [Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 53, ap. 2, y 93, letra a)] (véanse los apartados 29 a 33)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Ordinario di Cosenza — Interpretación del artículo 5 de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 46, p. 11) — Imposición de un derecho anual a causa de la inscripción en el registro de sociedades que llevan las cámaras de comercio locales — Importe del derecho anual determinado de forma más favorable para las empresas individuales, las sociedades agrícolas («societá semplici») y las sociedades de abogados que para las demás sociedades de capital.

Parte dispositiva

Fallo

El artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la percepción de un derecho anual, como el controvertido en el asunto principal, pagado a las cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura por toda empresa inscrita o mencionada en el registro llevado por éstas y calculado, en principio, en función de su volumen de negocios, pero fijado a tanto alzado para determinados tipos de empresas y, en particular, para las empresas poseídas o gestionadas de forma individual por personas físicas.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de noviembre de 2012 — Städter/BCE

(Asunto C-102/12 P)

«Recurso de casación — Decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo — Recurso de anulación — Recurso interpuesto fuera de plazo — Recurso de casación manifiestamente infundado»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de publicación del acto controvertido — Cálculo (Art. 263 TFUE, párr. 6; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 102) (véanse los apartados 10 a 12)

2. Recurso de anulación — Plazos — Carácter de orden público — Recurso presentado fuera de plazo — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 263 TFUE, párr. 6) (véanse los apartados 13 a 15)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2011, Städter/BCE (T-532/11), mediante el cual dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso interpuesto por el demandante que tenía por objeto la anulación, por un lado, de las Decisiones del BCE de 6 de mayo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 7 de julio de 2011, sobre medidas temporales relativas a la admisibilidad de los instrumentos de renta fija negociables emitidos o garantizados por los Estados griego, irlandés y portugués (DO L 117, p. 102; DO L 94, p. 33; DO L 182, p. 31) y, por otro lado, de la Decisión del BCE de 14 de mayo de 2010, por la que se crea el programa para mercados de valores (DO L 124, p. 8).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) El Sr. Stefan Städter cargará con sus propias costas.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de noviembre de 2012 — Städter/BCE

(Asunto C-102/12 P)

«Recurso de casación — Decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo — Recurso de anulación — Recurso interpuesto fuera de plazo — Recurso de casación manifiestamente infundado»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de publicación del acto controvertido — Cálculo (Art. 263 TFUE, párr. 6; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 102) (véanse los apartados 10 a 12)

2. Recurso de anulación — Plazos — Carácter de orden público — Recurso presentado fuera de plazo — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 263 TFUE, párr. 6) (véanse los apartados 13 a 15)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2011, Städter/BCE (T-532/11), mediante el cual dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso interpuesto por el demandante que tenía por objeto la anulación, por un lado, de las Decisiones del BCE de 6 de mayo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 7 de julio de 2011, sobre medidas temporales relativas a la admisibilidad de los instrumentos de renta fija negociables emitidos o garantizados por los Estados griego, irlandés y portugués (DO L 117, p. 102; DO L 94, p. 33; DO L 182, p. 31) y, por otro lado, de la Decisión del BCE de 14 de mayo de 2010, por la que se crea el programa para mercados de valores (DO L 124, p. 8).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 29)

2. Marca comunitaria — Efectos de la marca comunitaria — Limitaciones —Artículo 12, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 — Objeto — Falta de influencia determinante en la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 12, letra b)] (véase el apartado 58)

3. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina (véase el apartado 65)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 19 de noviembre de 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (T‑425/07 y T‑426/07), por la que dicho Tribunal desestimó los dos recursos formulados contra las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 21 de diciembre de 2006 (asuntos R 1274/2006‑4 y R 1275/2006‑4), relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas 100 y 300 como marcas comunitarias — Infracción de los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 38, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) — Carácter descriptivo de marcas compuestas exclusivamente por cifras.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.
1)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre el Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro adopte una normativa nacional, como el Decreto Presidencial 164/2004, que contenga disposiciones relativas a los trabajadores contratados mediante contratos de duración determinada en el sector público y que, con el fin de adaptar específicamente el Derecho interno a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones al sector público, prevea la aplicación de medidas preventivas frente a la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada sucesivos, enumeradas en el apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula, cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya exista –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– una «medida legal equivalente» en el sentido de la citada cláusula –como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, relativa a la resolución obligatoria del contrato de trabajo de los empleados del sector privado–, siempre que, no obstante, esta normativa, por una parte, no afecte a la eficacia de la prevención de la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada, como se desprende de dicha medida legal equivalente, y, por otra parte, respete el Derecho comunitario, concretamente la cláusula 8, apartado 3, del mencionado Acuerdo.
Por otra parte, a tenor del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, el apartado 1, letra c), de ese mismo artículo no es aplicable si la marca ha adquirido, para los productos y servicios para los que se solicita el registro, carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella.

Conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, leído conjuntamente con el apartado 2 del mismo artículo, debe denegarse el registro de una marca que esté compuesta exclusivamente por signos o por indicaciones que le confieran carácter descriptivo en una parte de la Comunidad.

Los apartados 1 y 2 del artículo 51 del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, tienen ámbitos de aplicación diferentes. Así, el apartado 1 no permite anular una marca que ha adquirido un carácter distintivo por el uso que se haya hecho de ella con anterioridad a la presentación de una solicitud de registro, dado que no se trata de una marca registrada contraviniendo las disposiciones del artículo 7 de dicho Reglamento. El apartado 2 del mismo artículo pretende que se mantenga el registro de aquellas marcas que hayan adquirido después de su registro un carácter distintivo, a pesar de que tal registro era contrario al artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento no 40/94 y debió pues anularse por dicho motivo.

(véase el apartado 91)
Asunto C-364/08

Marc Vandermeir

contra

État belge — SPF Finances

(Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance d’Arlon)

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Artículo 43 CE — Libre prestación de servicios — Artículo 49 CE — Vehículos automóviles — Utilización por una persona residente en un Estado miembro de un vehículo matriculado en otro Estado miembro — Gravamen de dicho vehículo en el primer Estado miembro»

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 24 de octubre de 2008 I ‐ 8089

Sumario del auto

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Restricciones

(Arts. 43 CE y 49 CE)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a una normativa nacional de un Estado miembro en virtud de la cual un trabajador por cuenta propia residente en dicho Estado miembro está obligado a matricular un vehículo tomado en arrendamiento financiero de una sociedad establecida en otro Estado miembro, cuando dicho vehículo no esté destinado a ser utilizado esencialmente con carácter permanente en el territorio del primer Estado miembro ni, de hecho, sea utilizado de esta manera.

Un Estado miembro puede sujetar a una obligación de matriculación un vehículo automóvil que un trabajador residente en este Estado miembro ha tomado en leasing de una sociedad establecida en otro Estado miembro cuando dicho vehículo se destina a ser utilizado esencialmente en el territorio del primer Estado miembro con carácter permanente o cuando de hecho se utiliza de tal manera.

En cambio, si no se reúnen estos requisitos, la vinculación con un Estado miembro del vehículo matriculado en otro Estado miembro es menor, de modo que se necesita otra justificación de la restricción de que se trata. A este respecto, cuando un trabajador no utiliza su vehículo en dichas condiciones, la circunstancia de que ejerza su actividad por cuenta propia en un Estado miembro distinto de aquel en el que reside como persona física que dispone de un establecimiento estable en dicho Estado miembro y no como administrador o gerente de una sociedad establecida en ese mismo Estado miembro o el hecho de que él mismo haya tomado un vehículo en leasing de una sociedad de dicho Estado miembro y no por intermedio de un empresario que ponga a continuación un vehículo a su disposición no justifican una obligación de matriculación del vehículo en el Estado miembro en el que reside dicho trabajador.

(véanse los apartados 32 a 36 y el fallo)