Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Apreciación de la admisibilidad a primera vista del recurso principal — Inexistencia de jurisprudencia sobre la cuestión — Elemento no decisivo

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva — Remisión a las autoridades nacionales de información sobre los resultados de una investigación interna efectuada por Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Facultad de apreciación de las autoridades nacionales sobre el curso que procede dar a dicha información — Garantía a nivel nacional de la tutela judicial en relación con eventuales procedimientos

[Arts. 10 CE y 234 CE; Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2]

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1. La posibilidad de concluir, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, que no existen elementos que permitan considerar que procede admitir a primera vista un recurso de anulación no depende de la existencia de una jurisprudencia comunitaria sobre la cuestión o las cuestiones jurídicas planteadas en el litigio principal. Si bien la existencia de esta jurisprudencia puede facilitar la adopción de una conclusión en tal sentido, no es menos cierto que la inadmisibilidad manifiesta de un recurso puede resultar también de elementos que la jurisprudencia comunitaria aún no ha contemplado.

(véase el apartado 26)

2. El artículo 10, apartado 2, del Reglamento nº 1073/1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), parte de la premisa de que una medida como la remisión a las autoridades jurisdiccionales nacionales de información sobre los resultados de una investigación interna no puede resultar lesiva en sí misma, pero puede dar lugar, en su caso, a procedimientos administrativos o penales instados por las autoridades nacionales competentes. Por lo tanto, el curso que las autoridades nacionales dan a las informaciones que les han sido remitidas por la OLAF es responsabilidad única y exclusiva de dichas autoridades, con arreglo a lo establecido en el artículo 10 CE. Corresponde a estas autoridades comprobar por sí mismas si dichas informaciones justifican o exigen que se entable un procedimiento penal. Por consiguiente, la tutela judicial en relación con dicho procedimiento debe quedar asegurada a nivel nacional mediante todas las garantías previstas en el Derecho interno, incluidas las derivadas de los derechos fundamentales que, como parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario, deben ser respetados asimismo por los Estados miembros cuando aplican una normativa comunitaria. En el marco de un recurso interpuesto a nivel nacional, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto tiene la posibilidad, por la vía de una petición de decisión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE, en su caso a petición de las partes, de preguntar a dicho Tribunal sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho comunitario que considere necesaria para dictar su resolución.

(véanse los apartados 32, 33, 38 y 39)