Asunto T‑15/02

BASF AG

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias en el sector de los productos vitamínicos — Derecho de defensa — Directrices para el cálculo del importe de las multas — Fijación del importe de partida de la multa — Efecto disuasorio — Circunstancias agravantes — Papel de líder o de instigador — Cooperación durante el procedimiento administrativo — Secreto profesional y principio de buena administración»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 15 de marzo de 2006

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento (CE) nº 2842/98 de la Comisión, arts. 2 y 3]

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

3. Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas — Obligación de motivación — Alcance

(Art. 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Art. 229 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

19. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

20. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

22. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición o la reducción de las multas como contrapartida de la cooperación de las empresas implicadas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

23. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa imputada

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección B, letra b)]

24. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección B)

25. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicaciones de la Comisión 96/C 207/04, sección B, y 98/C 9/03, punto 2)

26. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 96/C 207/04, sección B)

27. Competencia — Multas — Control jurisdiccional

(Arts. 81 CE y 229 CE; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

28. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación de la empresa implicada con la Comisión fuera del marco establecido por la Comunicación sobre la cooperación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17; Comunicaciones de la Comisión 96/C 207/04 y 98/C 9/03, punto 3)

29. Competencia — Procedimiento administrativo — Secreto profesional

(Art. 287 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 20, ap. 2)

1. En el marco de la aplicación de las normas sobre competencia, el pliego de cargos debe contener una exposición de las objeciones redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. En efecto, sólo si cumple este objetivo, puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los diferentes Reglamentos comunitarios, que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Esta función no varía en virtud de la situación particular de la empresa que sea su destinataria y de su grado de cooperación con la Comisión. La exigencia indicada se respeta siempre que la Decisión no impute a los interesados infracciones distintas de las previstas en el pliego de cargos y sólo se ocupe de hechos sobre los cuales los interesados hayan tenido ocasión de formular observaciones.

En cuanto atañe al ejercicio del derecho de defensa en relación con la imposición de multas, desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa. De ello se sigue que, por lo que se refiere a la determinación del importe de las multas, el derecho de defensa de las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad de formular observaciones sobre la duración, la gravedad y el carácter anticompetitivo de los hechos reprochados.

La Comisión no está obligada a indicar, en el pliego de cargos, ni, por una parte, la posibilidad de un eventual cambio en su política por lo que respecta al nivel general de las multas, posibilidad ésta que depende de consideraciones generales de política de competencia sin una relación directa con las circunstancias particulares del asunto de que se trata, ni, por otra parte, el alcance de un eventual aumento de la multa llevado a cabo con el fin de garantizar el efecto disuasorio de ésta, ya que dicha institución no está obligada, siempre que haya indicado los elementos de hecho y de Derecho en los que basará su cálculo del importe de las multas, a precisar el peso que tiene intención de atribuir a cada uno de estos elementos a la hora de determinar el nivel de las multas. Facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 46 a 49, 58, 59 y 62)

2. Si bien la Comisión dispone de un margen de apreciación a la hora de fijar el importe de cada multa, sin estar obligada a aplicar una fórmula matemática precisa, no puede renunciar a las reglas que se ha impuesto a sí misma. Como quiera que las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA constituyen un instrumento destinado a precisar, dentro del respeto a las normas jurídicas de rango superior, los criterios que la Comisión pretende aplicar en el ejercicio de su margen de apreciación, la Comisión debe efectivamente tener en cuenta el contenido de las Directrices a la hora de fijar el importe de las multas, y en particular los factores que éstas mencionan con carácter imperativo.

(véase el apartado 119)

3. El alcance del deber de motivación de una decisión por la que se imponen multas a varias empresas como consecuencia de una infracción de las normas comunitarias sobre competencia debe delimitarse partiendo de la base de que la gravedad de las infracciones ha de determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Así pues, las exigencias de esta obligación se cumplen cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración, sin estar obligada a recoger en la misma una exposición más detallada o los datos numéricos relativos al método de cálculo de la multa, aun cuando resulte deseable que la Comisión haga uso de la posibilidad de indicar esos datos numéricos que han guiado, en particular en lo relativo al efecto disuasorio buscado, el ejercicio de su facultad de apreciación.

(véanse los apartados 131, 206, 213 y 214)

4. Las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA prevén como punto de partida del cálculo de la multa un importe determinado dentro de los intervalos de valores que reflejan los diferentes niveles de gravedad de las infracciones y que, como tales, no guardan relación con el volumen de negocios pertinente. Este método se basa pues esencialmente en una tarificación de las multas, aunque relativa y flexible. Así, cuando la Comisión, en una sola decisión, declara la existencia de varias infracciones, este método no impone en modo alguno –ni tampoco prohíbe– que se tome en consideración, a efectos de la determinación de los importes de partida correspondientes a cada una de las infracciones, el tamaño del mercado afectado y, por tanto, aun menos obliga a la Comisión a fijar estos importes de partida en un porcentaje fijo del volumen de negocios conjunto del mercado.

(véanse los apartados 133 a 135)

5. Al determinar el importe de las multas por infracción al Derecho comunitario de la competencia, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas ni a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate. La gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas. Así pues, es cierto que para la determinación del importe de la multa la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios correspondiente a los productos a los que afecta la infracción en cuanto elemento de apreciación de la gravedad de la misma, pero no hay que atribuir a esta cifra una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, pues la fijación del importe de las multas no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en este volumen de negocios.

Por otro lado, aunque las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios mundial del producto, tampoco se oponen a que tal volumen de negocios se tenga en cuenta al determinar el importe de la multa, con el fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan. Además, las Directrices subrayan que el principio de igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate, sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético.

Los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato tampoco exigen que el importe de partida de la multa represente para todos los distintos miembros de un cártel un porcentaje idéntico del volumen de negocios individual.

(véanse los apartados 139 y 145 a 149)

6. El método consistente, a efectos de fijar el importe de las multas impuestas a los distintos participantes en un cártel, en clasificar a sus miembros en varias categorías, lo cual entraña una fijación a tanto alzado del importe de partida fijado para las empresas pertenecientes a una misma categoría, aunque no tiene en cuenta las diferencias de tamaño entre empresas de una misma categoría, no puede ser censurado. Sin embargo, dicha distribución por categorías debe respetar el principio de igualdad de trato según el cual está prohibido tratar situaciones comparables de manera diferente y situaciones diferentes de manera idéntica, a menos que tal trato esté objetivamente justificado. Por otra parte, el importe de las multas debe, al menos, ser proporcionado en relación con los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción.

Para comprobar si una distribución de miembros de un cártel por categorías es conforme a los criterios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el juez comunitario, en el marco de su control de legalidad del ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la materia, debe no obstante limitarse a controlar que dicha distribución sea coherente y esté objetivamente justificada, sin que su apreciación sustituya desde un principio a la de la Comisión.

A este respecto, una clasificación de los miembros de un cártel en dos categorías, los principales y los demás, es una manera razonable de tener en cuenta su importancia relativa en el mercado al objeto de modular el importe de partida, siempre que no conduzca a una representación burdamente deformada de los mercados controvertidos.

(véanse los apartados 150, 156, 157 y 159)

7. La Comisión dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe de las multas por infracción de las normas sobre competencia que piense imponer, en función sobre todo de las circunstancias del caso. Habida cuenta de las expresiones que figuran en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, procede considerar que, en el caso de infracciones en que estén implicadas varias empresas, la Comisión se ha reservado un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada empresa. En efecto, se deduce del empleo de las expresiones «en determinados casos» y «sobre todo», que figuran en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices, que la ponderación en función del tamaño individual de las empresas no es una fase de cálculo que la Comisión se haya impuesto sistemáticamente, sino un margen de flexibilidad que se ha reservado para los asuntos que lo requieran.

A este respecto, la Comisión no rebasa los límites de su facultad de apreciación cuando, en la fase de fijación de los importes de partida de las multas impuestas por una infracción cometida por los dos únicos operadores del mercado, se abstiene de establecer una diferencia en el trato dispensado a esos dos operadores pese a la diferencia entre sus volúmenes de negocios en ese mercado y entre sus cuotas de mercado, puesto que, por una parte, sólo podría existir un cártel en dicho mercado si ambos operadores participan en el mismo, ya que la participación del segundo operador en términos de cuotas de mercado es tan indispensable para la existencia misma del cártel como la del primer operador, y puesto que, por otra parte, se trata en el presente asunto de dos grandes productores.

(véanse los apartados 180 a 182)

8. Las sanciones por infracción de las normas sobre competencia previstas en el artículo 15 del Reglamento nº 17 tienen por objeto tanto reprimir comportamientos ilícitos como prevenir la reproducción de los mismos. Al constituir la disuasión una finalidad de las multas por infracción de las normas sobre competencia, la necesidad de asegurarla constituye una exigencia general que debe guiar a la Comisión durante toda la fase de cálculo de la multa y no exige necesariamente que este cálculo venga caracterizado por una etapa específica destinada a una evaluación global de todas las circunstancias pertinentes a efectos de la consecución de dicha finalidad.

(véanse los apartados 218 a 220, 226 y 238)

9. En el marco de la fijación del importe de la multa que deba imponerse en virtud del artículo 15 del Reglamento nº 17 por la infracción de las normas sobre competencia, el tamaño y los recursos globales de la empresa sancionada constituyen elementos pertinentes de apreciación que pueden ser considerados a efectos de garantizar el efecto disuasorio de las multas. En efecto, una empresa de gran dimensión, que disponga de recursos financieros considerables en comparación con los de otros miembros de un cártel, puede movilizar más fácilmente los fondos necesarios para el pago de su multa, lo cual justifica, con vistas a un efecto disuasorio suficiente de esta última, la imposición de una multa proporcionalmente más elevada que la impuesta por la misma infracción cometida por una empresa que no disponga de tales recursos.

A este respecto, la aplicación por la Comisión de un factor multiplicador dirigido a tener en cuenta el tamaño y los recursos globales de las empresas con fines disuasorios no queda excluida por el hecho de que las Directrices no la prevean expresamente. En efecto, tomar en consideración el tamaño y los recursos globales de las empresas puede contribuir a satisfacer la necesidad de determinar el importe de la multa a un nivel que la dote de un carácter lo suficientemente disuasorio con arreglo al punto 1 A, párrafo cuarto, de las Directrices, tanto fijando directamente un importe de partida que tenga en cuenta en particular estos elementos como aplicando a un importe de partida fijado en función de otros elementos (como la naturaleza de la infracción o la incidencia del comportamiento ilícito individual) una corrección dirigida a tener en cuenta el tamaño y los recursos globales de las empresas. Este segundo método no sólo no contraviene las Directrices, sino que incluso refuerza la transparencia del cálculo de la Comisión en relación con el primer método.

(véanse los apartados 235 y 253)

10. Nada se opone, en las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, respecto a infracciones muy graves de las normas sobre competencia, a un porcentaje de aumento del cien por cien del importe de partida con el fin de garantizar el carácter disuasorio de las multas.

En cuanto atañe específicamente a estas infracciones, las Directrices se limitan a indicar que los importes de las multas previstos son de más de 20 millones de euros. Los únicos límites máximos mencionados en las Directrices que son aplicables en lo que respecta a tales infracciones son el límite general del diez por ciento del volumen de negocios global fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y los límites máximos relativos al importe adicional que puede admitirse en virtud de la duración de la infracción (véase el punto 1 B, párrafo primero, guiones segundo y tercero, de las Directrices). Por consiguiente, las Directrices no pueden fundamentar confianza legítima alguna en cuanto al nivel del importe de partida, de los importes adicionales aplicados a este importe en conceptos distintos de la duración de la infracción ni, por tanto, de los importes finales de las multas que deben ser impuestas por infracciones muy graves. Lo mismo sucede en cuanto atañe a la proporción de la multa final que puede representar un importe adicional impuesto en el marco del cálculo.

(véanse los apartados 249, 251 y 252)

11. El hecho de que una empresa sancionada por la infracción de las normas sobre competencia haya adoptado medidas en su seno tras el cese de las infracciones con objeto de prevenir la reincidencia por su parte no obliga en modo alguno a la Comisión a aplicar factores de reducción de la multa. Si bien es importante que una empresa adopte medidas para impedir que los miembros de su personal cometan en el futuro nuevas infracciones del Derecho comunitario de la competencia, este hecho no puede afectar a la realidad de la infracción comprobada. El mero hecho de que, en determinados casos, la Comisión haya tomado en consideración, en su práctica decisoria anterior, la aplicación de un programa de adecuación como circunstancia atenuante no implica en sí mismo una obligación de proceder del mismo modo en cada caso.

(véanse los apartados 266 y 267)

12. La Comisión no está obligada a tener en cuenta, al apreciar las exigencias de disuasión de una empresa que deba ser sancionada por una infracción de las normas comunitarias sobre competencia, las condenas sufridas en terceros países por las mismas actuaciones colusorias. En efecto, el objetivo disuasorio que la Comisión puede lícitamente perseguir al determinar el importe de una multa está destinado a garantizar que las empresas respeten las normas sobre competencia establecidas en el Tratado al desarrollar sus actividades en el interior de la Comunidad o del Espacio Económico Europeo (EEE). En consecuencia, el carácter disuasorio de una multa que sanciona una infracción de las normas comunitarias sobre competencia no puede determinarse, ni exclusivamente en función de la situación particular de la empresa sancionada, ni en función de la observancia por parte de ésta de las normas sobre competencia establecidas por los Estados terceros fuera del EEE.

(véase el apartado 269)

13. Cuando una infracción de las normas sobre competencia ha sido cometida por varias empresas, procede examinar, en el marco de la determinación del importe de las multas, la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas, lo cual implica, en particular, determinar sus respectivos papeles en la infracción durante el tiempo que duró su participación en la misma. De ello se desprende, en particular, que el papel de «líder» desempeñado por una o varias empresas en el marco de un cártel debe ser tenido en cuenta a efectos del cálculo del importe de la multa, en la medida en que las empresas que hayan desempeñado tal papel deben, por ello, cargar con una responsabilidad especial frente a las otras empresas. De conformidad con estos principios, el punto 2 de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA establece, bajo el título de circunstancias agravantes, una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden dar lugar a un aumento del importe de partida de la multa que comprende, en particular, la «función de responsable o instigador de la infracción».

(véanse los apartados 280 a 282)

14. Se desprende del propio tenor del punto 2, tercer guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA que, a la hora de examinar el papel desempeñado por una empresa en una infracción de las normas sobre competencia, procede distinguir el concepto de líder del de incitador de una infracción y realizar dos análisis independientes para comprobar si dicha empresa desempeñó alguno de estos papeles. En efecto, mientras que el papel de instigador se refiere al momento de establecimiento o de ampliación de un cártel, el papel de líder afecta al funcionamiento de éste.

(véase el apartado 316)

15. Para ser calificada de incitador de un cártel, una empresa debe haber impulsado o animado a otras empresas a establecer el cártel o a unirse a él. En cambio, no basta con haber figurado simplemente entre los miembros fundadores del cártel. Así, por ejemplo, en un cártel creado únicamente por dos empresas, no estaría justificado calificar automáticamente a estas empresas de incitadores. Esta calificación deberá quedar reservada a la empresa que, en su caso, haya tomado la iniciativa, por ejemplo sugiriendo a otra la oportunidad de un acuerdo colusorio o intentando convencerla para actuar de tal modo.

(véanse los apartados 321 y 456)

16. En el marco de un recurso dirigido contra una decisión de la Comisión por la que se impone una multa por infracción de las normas sobre competencia, la declaración de la ilegalidad de la apreciación de la Comisión acerca de las circunstancias agravantes que condujeron a un incremento de la multa con respecto a su importe básico abre la vía al ejercicio por el juez comunitario de su competencia jurisdiccional plena con vistas a confirmar, suprimir o modificar dicho incremento de la multa a la luz de todas las circunstancias pertinentes del asunto.

(véanse los apartados 303, 338 y 394)

17. Por lo que se refiere a la calificación como líder de una infracción de las normas sobre competencia, el hecho de que los aumentos de precio en el marco de un cártel se decidan de común acuerdo en las reuniones entre los miembros del cártel, incluido en lo que respecta a su alcance, la fecha y el mecanismo de su puesta en práctica, no puede borrar la responsabilidad particular que asume una u otra empresa cuando decide ser la primera en lanzar efectivamente el aumento convenido. Al adoptar tal iniciativa, sin haber sido encargada oportuna y específicamente mediante el acuerdo de aumento de los precios estipulado en una reunión del cártel, la empresa da espontáneamente un impulso fundamental a la ejecución de este acuerdo para que éste, en lugar de convertirse en letra muerta, produzca sus efectos en el mercado.

En cambio, el mero hecho de que un miembro de un cártel sea el primero en anunciar un nuevo precio o un incremento de precio no puede considerarse como un indicio de su papel de líder del cártel cuando las circunstancias del asunto demuestren que el precio o el incremento de que se trate fueron fijados previamente de común acuerdo con el resto de los miembros del cártel y que éstos decidieron también cuál de ellos sería el primero en hacer el anuncio, ya que tal designación revela que el hecho de anunciar el precio o el incremento en primer lugar no es más que un acto de estricta observancia de un plan predefinido por voluntad común y no una iniciativa espontánea impulsora del acuerdo.

(véanse los apartados 348 y 427)

18. El hecho de que una empresa ejerza presiones, e incluso dicte el comportamiento de otros miembros del cártel, no es una condición necesaria para que esta empresa pueda ser calificada de líder del cártel. Basta, en efecto, que la empresa haya supuesto una fuerza motriz significativa para el cártel, lo que puede inferirse en particular del hecho de que se encargara de elaborar y de sugerir la conducta que debían observar los miembros del cártel, aunque no estuviera necesariamente en condiciones de imponerla.

(véase el apartado 374)

19. La convergencia de intereses, de objetivos y de posiciones de un grupo de empresas dentro de un cártel más amplio no entraña necesariamente ni la atribución del papel de líder a los miembros de este grupo ni la extensión de esta calificación, que por otras razones se predique de uno de ellos, a todos los demás.

(véase el apartado 402)

20. Cuando varias empresas han cometido conjuntamente diversas infracciones de las normas sobre competencia, el hecho de que las reuniones relativas a un acuerdo pudieran celebrarse al mismo tiempo que las relativas a otro acuerdo y de que su objeto pudiera tener sustancialmente la misma estructura no prejuzga la cuestión de qué empresa ejerció concretamente el papel de líder en cada uno de dichos acuerdos. De este modo, no cabe presumir, a partir de dichas similitudes entre los dos acuerdos considerados, que la empresa que desempeñó un papel de líder en uno de esos acuerdos desempeñó igualmente dicho papel en el otro.

(véase el apartado 459)

21. En una infracción de larga duración, los miembros del cártel pueden ejercer alternativamente, en diferentes momentos, el papel de líder, de modo que no cabe excluir que pueda aplicarse a todos ellos la circunstancia agravante del papel de líder.

(véase el apartado 460)

22. La Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas crea expectativas legítimas en las que se basan las empresas que deseen informar a la Comisión de la existencia de un acuerdo. Habida cuenta de la confianza legítima que las empresas que deseen cooperar con la Comisión han podido basar en esta Comunicación, la Comisión está obligada a atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta a una empresa, la cooperación de ésta.

(véase el apartado 488)

23. La concesión de la inmunidad total o de una reducción del importe de la multa en aplicación de la sección B de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas requiere, en particular, que la empresa interesada haya sido la primera en facilitar elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo.

A este respecto, aunque tales elementos no deben necesariamente ser suficientes en sí mismos para probar la existencia del acuerdo, deben, no obstante, ser determinantes para ello. Por consiguiente, no debe tratarse tan sólo de una fuente de orientación para las investigaciones que ha de llevar a cabo la Comisión, sino de elementos que puedan utilizarse directamente como base probatoria principal para una decisión de declaración de infracción. Dichos elementos deben, además, facilitarse efectivamente a la Comisión, de modo que una mera oferta o indicación de la fuente a partir de la que pueden obtenerse no es suficiente.

Así pues, no merecen esta calificación ni, por una parte, los elementos de carácter informativo que ofrecen a la Comisión la posibilidad de dirigir solicitudes de información, e incluso de ordenar verificaciones, pero que dejan, sin embargo, prácticamente entera la labor de dicha institución de reconstituir y probar los hechos, pese a la admisión de su responsabilidad por la empresa que los ha facilitado, ni, por otra parte, la propuesta de una empresa de poner a sus empleados a disposición de la Comisión para prestar declaración testifical, ya que, además, dicha propuesta no es de aceptación obligatoria para la Comisión, que puede instar a la empresa a recabar información de sus empleados y a transmitírsela por escrito, con el fin de no aumentar inútilmente la carga de trabajo de la institución.

Por último, la Comisión no tiene la obligación de advertir a la empresa del carácter insuficiente de la información facilitada ni de la necesidad de completarla, pues, a tenor de la sección E, apartado 2, de la Comunicación, «la Comisión evaluará, solamente en el momento de adoptar su decisión, si se cumplen las condiciones establecidas en las secciones B, C o D».

(véanse los apartados 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 y 568)

24. A efectos de la concesión de la inmunidad total o de una reducción del importe de la multa en aplicación de la sección B de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, la empresa interesada puede facilitar oralmente a la Comisión los elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo. La comunicación oral de información no presenta ningún inconveniente importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, en la medida en que una información facilitada oralmente a una administración pública en el marco de una reunión normalmente puede recogerse y conservarse mediante la grabación sonora o consignarse por escrito mediante el levantamiento de un acta.

A este respecto, si bien es cierto que la Comisión no tiene una obligación general de levantar actas de las reuniones que celebra con personas o empresas, la falta de una disposición expresa que prevea el levantamiento de un acta no excluye que, en un supuesto determinado, la Comisión pueda estar obligada a consignar las declaraciones recibidas por ella en tal acta. En efecto, dicha obligación puede, en función de las circunstancias concretas del asunto, derivarse directamente del principio de buena administración, que figura entre las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos. Pues bien, cuando una empresa se pone en contacto con la Comisión con vistas a una cooperación que puede ser recompensada en virtud de la Comunicación sobre la cooperación y se organiza una reunión en dicho contexto entre los servicios de la institución y esa empresa, se impone, en virtud del principio de buena administración, si la empresa de que se trata lo solicita a más tardar al principio de la reunión, el levantamiento de un acta de dicha reunión, en la que se recoja lo esencial de cuanto en ella se ha dicho o, como mínimo, una grabación sonora.

(véanse los apartados 498 a 502, y 506)

25. Las expresiones «función de responsable o instigador de la infracción» y «haya sido la instigadora o haya desempeñado un papel determinante», utilizadas respectivamente en el punto 2, tercer guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, y en la sección B, letra e), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, como circunstancias agravantes a efectos del cálculo de las multas, por una parte, y circunstancias que se oponen a la inmunidad total o la reducción muy importante del importe de las multas, por otra parte, tienen sustancialmente el mismo alcance.

De ello se desprende que, cuando se declara el papel de líder o de instigador de una empresa dentro de un cártel, dicha empresa no puede beneficiarse de la inmunidad o de una reducción muy importante del importe de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación.

(véanse los apartados 535, 536, 544 y 545)

26. Habida cuenta del tenor de la sección B, letra b), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, que sólo pretende recompensar mediante una reducción de multa muy importante a la única empresa que haya sido realmente la «primera» en facilitar elementos determinantes, no cabe sostener que dos empresas cumplan conjuntamente dicho requisito cuando éstas no hayan facilitado tales elementos en la misma fecha.

(véase el apartado 550)

27. El control que el juez comunitario debe ejercer sobre una decisión mediante la que la Comisión declara una vulneración del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo e impone multas se limita a la legalidad de dicha decisión. La competencia jurisdiccional plena de que dispone el juez comunitario con arreglo al artículo 229 CE y al artículo 17 del Reglamento nº 17 sólo puede ejercerse, en su caso, una vez que aquél haya comprobado que la decisión adolece de una ilegalidad de la que la empresa afectada se haya quejado en su recurso, y con el fin de subsanar las consecuencias de dicha ilegalidad sobre la determinación del importe de la multa impuesta, si es necesario a través de la supresión o la modificación de ésta.

Por lo tanto, debe desestimarse la pretensión de una demandante, a la que la Comisión haya aplicado la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, de que el Tribunal de Primera Instancia aprecie y recompense su cooperación en la investigación administrativa prescindiendo de las disposiciones de dicha Comunicación, cuya ilegalidad no invoca.

(véanse los apartados 581 a 583)

28. La posibilidad de conceder a una empresa que haya cooperado con la Comisión durante un procedimiento por vulneración de las normas sobre competencia una reducción de multa fuera del marco fijado por la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, tal como se encuentra prevista en el punto 3, sexto guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, supone necesariamente que la cooperación de que se trate no pueda ser recompensada en el marco de la Comunicación sobre la cooperación y que haya sido efectiva, es decir, que haya facilitado la labor de la Comisión que consiste en comprobar y en sancionar las infracciones a las normas comunitarias de la competencia.

(véanse los apartados 585 y 588)

29. En los procedimientos regidos por el principio contradictorio que puedan dar lugar a una condena, la naturaleza y el importe de las sanciones propuestas están, por sí mismos, cubiertos por el secreto profesional mientras la sanción no haya sido definitivamente aprobada e impuesta. Este principio se deriva, en particular, de la necesidad de respetar la reputación y dignidad del interesado mientras no haya sido condenado. Además, el deber de la Comisión de no divulgar a la prensa información sobre la sanción precisa que se proponía imponer no sólo coincide con su obligación de respetar el secreto profesional, sino también con su obligación de buena administración.

Admitiendo que los servicios de la Comisión fueran responsables de la filtración a los medios de comunicación de detalles concretos relativos a una multa por infracción de las normas sobre competencia antes de su adopción, tal irregularidad sólo puede entrañar la anulación de la decisión de que se trata si se acredita que, a falta de dicha irregularidad, la decisión no habría sido adoptada o su contenido habría sido diferente. Incumbe al interesado aportar al menos indicios que respalden dicha conclusión. Este criterio no implica que irregularidades de ese tipo permanezcan prácticamente impunes. En efecto, independientemente de la posibilidad de obtener la anulación de la decisión controvertida en la hipótesis en que la irregularidad cometida repercuta en su contenido, el interesado está legitimado para exigir la responsabilidad de la institución de que se trate por el perjuicio que estime haber sufrido a causa de dicha irregularidad.

(véanse los apartados 604, 606 y 607)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 15 de marzo de 2006 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias en el sector de los productos vitamínicos – Derecho de defensa – Directrices para el cálculo del importe de las multas – Fijación del importe de partida de la multa – Efecto disuasorio – Circunstancias agravantes – Papel de líder o de incitador – Cooperación durante el procedimiento administrativo – Secreto profesional y principio de buena administración»

En el asunto T‑15/02,

BASF AG, con domicilio social en Ludwigshafen (Alemania), representada por los Sres. N. Levy y J. Temple-Lang, Solicitors, R. O’ Donoghue, Barrister, y C. Feddersen, abogado,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. R. Wainwright y la Sra. L. Pignataro-Nolin, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación o la reducción de las multas impuestas a la demandante mediante el artículo 3, letra b), de la Decisión 2003/2/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/37.512 – Vitaminas) (DO 2003, L 6, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de enero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Mediante la Decisión 2003/2/CE, de 21 de noviembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E‑1/37.512 – Vitaminas) (DO 2003, L 6, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión»), la Comisión declaró, en el artículo 1, que varias empresas habían infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) al participar en una serie prácticas colusorias distintas que afectaron a doce mercados diferentes de productos vitamínicos, a saber, las vitaminas A, E, B 1, B 2, B 5, B 6, el ácido fólico, las vitaminas C, D 3, H, el betacaroteno y los carotínidos. En particular, del segundo considerando de la Decisión se desprende que, en el marco de dichas prácticas colusorias, las empresas afectadas fijaron los precios de diversos productos, se asignaron cuotas de ventas, acordaron y aplicaron aumentos de precios, publicaron anuncios de precios de conformidad con sus acuerdos, vendieron los productos a los precios convenidos, crearon un dispositivo de supervisión y control del cumplimiento de sus acuerdos y participaron en una estructura de reuniones regulares para aplicar sus planes.

2 Entre esas empresas se encuentra, en particular, BASF AG (en lo sucesivo, «BASF» o «demandante»), a la que se consideró responsable de infracciones que afectaban a los mercados comunitarios y del EEE de las vitaminas A, E, B 1, B 2, B 5, C, D 3 y H, del betacaroteno y de los carotínidos [artículo 1, apartado 1, letra b), de la Decisión].

3 En el artículo 2 de la Decisión se ordenó a las empresas a las que se consideró responsables de las infracciones comprobadas que pusieran inmediatamente término a éstas en la medida en que no lo hubieran hecho ya y que se abstuvieran en lo sucesivo de cometer los actos o infracciones comprobados, así como de adoptar toda medida que pudiera tener el mismo o similar objeto o efecto.

4 Pese a que la Comisión impuso multas por las infracciones comprobadas en los mercados de las vitaminas A, E, B 2, B 5, C y D 3, del betacaroteno y de los carotínidos por un importe global de 855,23 millones de euros, no impuso ninguna multa por las infracciones comprobadas en los mercados de las vitaminas B 1, B 6, H y del ácido fólico (artículo 3 de la Decisión).

5 En efecto, de los considerandos 645 a 649 de la Decisión se deduce que las infracciones comprobadas en estos últimos mercados habían cesado más de cinco años antes de que la Comisión iniciara su investigación y que, por ello, era aplicable a dichas infracciones el artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41).

6 Así pues, a BASF, en particular, no se le impuso ninguna multa por su participación en las infracciones relativas a las vitaminas B 1 y H.

7 En cambio, por su participación en las infracciones relativas a las vitaminas A, E, B 2, B 5, C y D 3, al betacaroteno y a los carotínidos, BASF fue sancionada con una multa por cada infracción [artículo 3, letra b), de la Decisión].

8 La Comisión fijó el importe de estas multas con arreglo a sus Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y a su Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

9 En los considerandos 657 y 658 de la Decisión, la Comisión enumeró los criterios generales en que se basó para determinar el importe de las multas. Aclaró que tuvo que tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes y, en particular, la gravedad y duración de una infracción –que son los dos criterios expresamente mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22)–, evaluar de forma individual el papel desempeñado por cada empresa en las infracciones, reflejar, en particular, en la multa impuesta toda circunstancia agravante o atenuante y aplicar, en su caso, la Comunicación sobre la cooperación.

10 Por lo que se refiere a la gravedad de las infracciones, la Comisión consideró, atendiendo a la naturaleza de las infracciones examinadas, su impacto en los distintos mercados de productos vitamínicos afectados y el hecho de que todas ellas se extendían al conjunto del mercado común y, tras su creación, al conjunto del EEE, que las empresas destinatarias de la Decisión habían cometido infracciones muy graves del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, sancionables cada una de ellas con multa de al menos 20 millones de euros (considerandos 662 a 674 de la Decisión).

11 Para determinar el importe de partida de las multas, la Comisión, tras precisar que tomaba en consideración el tamaño de cada uno de los mercados de productos vitamínicos afectados, recordó que «en la categoría de infracciones muy graves, la escala propuesta de multas probables permite aplicar el tratamiento diferenciado a las empresas para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores de causar un perjuicio significativo a la competencia, así como para poner la multa a un nivel que asegura un suficiente efecto disuasorio». Observó que «este ejercicio parece particularmente necesario cuando, como en el presente caso, hay una considerable disparidad en el tamaño de las empresas que participan en una infracción». A continuación, señaló que «en las circunstancias de este caso, que implica a varias empresas, es necesario al fijar el importe básico de las multas tener en cuenta el peso específico y, por tanto, el impacto de la conducta infractora de cada empresa en la competencia» (considerandos 675, 678 y 679 de la Decisión).

12 A tal efecto, la Comisión consideró que las empresas implicadas podían agruparse «en función de su importancia relativa en cada uno de los mercados de productos vitamínicos afectados», añadiendo que «la clasificación de una empresa en una agrupación particular puede ajustarse, en su caso, para tener en cuenta en particular la necesidad de asegurar la disuasión efectiva». Para valorar la importancia relativa de las distintas empresas en cada uno de los mercados de productos vitamínicos afectados, la Comisión estimó oportuno basarse en su respectivo volumen de negocios mundial del producto correspondiente. La Comisión observó, en efecto, que «cada cártel era de naturaleza global y se proponía, entre otras cosas, asignar mercados a nivel mundial, restringiendo así el despliegue de las fuerzas competitivas del mercado del EEE» y que «el volumen de negocios mundial de una determinada parte en un determinado cártel también da una indicación de su contribución a la eficacia de ese cártel en su conjunto o, por el contrario, de la inestabilidad que habría afectado al cártel de no haber participado». La Comisión señaló asimismo que, para determinar los volúmenes de negocio de que se trata, tomó como referencia el «último año civil completo de la infracción» (considerandos 680 y 681 de la Decisión).

13 Sin embargo, de los considerandos 695 y 696 de la Decisión se desprende que la Comisión estimó, dadas las características de los mercados del betacaroteno y de los carotínidos, que no era conveniente aplicar el método de agrupación de las empresas en categorías en función de las infracciones relativas a estos productos, de modo que se aplicaron a las dos empresas afectadas por estas infracciones, F. Hoffmann-La Roche AG (en lo sucesivo, «Roche») y BASF, los mismos importes de partida de las multas.

14 Así pues, la Comisión fijó para la demandante los importes de partida siguientes, que ascienden a un total de 128,5 millones de euros: 18 millones de euros para la vitamina A; 35 millones de euros para la vitamina E; 10 millones de euros para la vitamina B 2; 14 millones de euros para la vitamina B 5; 7,5 millones de euros para la vitamina C; 4 millones de euros para la vitamina D 3; 20 millones de euros para el betacaroteno y, por último, 20 millones de euros para los carotínidos (considerandos 683 a 696 de la Decisión).

15 Con el fin de garantizar que las multas fuesen suficientemente disuasorias, la Comisión incrementó en un 100 % los importes de partida de las multas calculados para BASF, Roche y Aventis SA, de forma que se tuviesen en cuenta su tamaño y sus recursos globales (considerandos 697 a 699 de la Decisión).

16 A continuación, la Comisión incrementó respecto a cada una de las empresas, en función de la duración de su participación en cada infracción, los importes de partida de las multas, ajustados, en su caso, mediante la aplicación del factor del 100 % previsto en el apartado anterior. Los importes de base de las multas impuestas a la demandante, cuya suma asciende a 438,75 millones de euros, fueron fijados, pues, en: 68,4 millones de euros para la vitamina A; 133 millones de euros para la vitamina E; 28 millones de euros para la vitamina B 2; 50,4 millones de euros para la vitamina B 5; 21,75 millones de euros para la vitamina C; 11,2 millones de euros para la vitamina D 3; 64 millones de euros para el betacaroteno y, por último, 62 millones de euros para los carotínidos (considerandos 701 a 711 de la Decisión).

17 A Roche y a BASF se les aplicó una circunstancia agravante basada en su papel de líderes e instigadores que desempeñaron conjuntamente en los diversos cárteles. En consecuencia, los importes de partida de sus multas fueron incrementados, respectivamente, en un 50 % y en un 35 % (considerandos 712 a 718 de la Decisión). Ello elevaba las multas calculadas para BASF a un total de 592,32 millones de euros.

18 Por último, en cuanto a la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión concedió, en primer lugar, una inmunidad en virtud de la sección B de dicha Comunicación a Aventis en relación con las infracciones relativas a las vitaminas A y E. A este respecto, la Comisión señaló en particular que Aventis, mediante declaraciones de 19 y 25 de mayo de 1999, había sido la primera empresa que adujo pruebas decisivas sobre la existencia de estas infracciones, de conformidad con la condición prevista en la sección B, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación (considerandos 741 y 742 de la Decisión).

19 Además, la Comisión consideró que Roche y BASF, a través de los documentos transmitidos a sus servicios entre el 2 de junio de 1999 y el 30 de julio de 1999, habían sido las primeras en aportar pruebas decisivas sobre la existencia de los acuerdos colusorios en los mercados de las vitaminas B 2, B 5, C y D 3, del betacaroteno y de los carotínidos. No obstante, Roche y BASF, al haber actuado como instigadoras o haber desempeñado un papel determinante en las actividades ilegales relativas a las vitaminas A, E, B 2, B 5, C y D 3, al betacaroteno y a los carotínidos, Roche y BASF no cumplieron, según la Comisión, los requisitos establecidos en la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación. Por lo tanto, ninguna de las dos empresas pudo beneficiarse de una reducción de la multa basada en las secciones B o C de dicha Comunicación (considerandos 743 a 745 de la Decisión).

20 Todas ellas se beneficiaron sin embargo de una reducción de la multa con arreglo a la sección D de la Comunicación sobre la cooperación. En particular, la Comisión señaló que, al aportar pruebas precisas sobre la estructura de la organización del cártel en los mercados de las vitaminas A, E, B 2, B 5, C y D 3, del betacaroteno y de los carotínidos, Roche y BASF contribuyeron decisivamente a demostrar o confirmar determinados aspectos esenciales de estas infracciones. Así, la Comisión llegó a la conclusión de que Roche y BASF cumplían las condiciones previstas en la sección D, apartado 2, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación y les concedió, en relación con todas estas infracciones, una reducción del 50 % del importe de la multa que les habría impuesto si no hubieran cooperado con la Comisión (considerandos 747, 748, 760 y 761 de la Decisión).

21 Así pues, las multas impuestas a BASF fueron fijadas finalmente del modo siguiente: 46,17 millones de euros para la vitamina A; 89,78 millones de euros para la vitamina E; 18,9 millones de euros para la vitamina B 2; 34,02 millones de euros para la vitamina B 5; 14,68 millones de euros para la vitamina C; 7,56 millones de euros para la vitamina D 3; 43,2 millones de euros para el betacaroteno y, por último, 41,85 millones de euros para los carotínidos [artículo 3, letra b), de la Decisión]. El importe total de estas multas (en lo sucesivo, «multa global») asciende a 296,16 millones de euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes

22 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de enero de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

23 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de junio de 2002, Aventis solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la demandada. Esta solicitud fue desestimada, una vez oídas las partes del asunto principal, mediante auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 25 de febrero de 2003 (Rec. p. II‑213), fecha en la que quedó concluida la fase escrita.

24 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió abrir la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, instó a las partes a responder preguntas escritas y a la demandada a presentar determinados documentos. Las partes cumplimentaron tal requerimiento dentro del plazo señalado.

25 En la vista celebrada el 12 de enero de 2005, se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Con tal ocasión, el Tribunal de Primera Instancia instó a la demandada a presentar un escrito que le había sido notificado por Roche en el marco de la cooperación de esta empresa durante la investigación administrativa, y suspendió la fase oral.

26 La demandada se atuvo a este requerimiento dentro del plazo señalado presentando, el 18 de enero de 2005, el escrito solicitado y otros que Roche le había notificado en el marco de su cooperación durante la fase administrativa. El 8 de febrero de 2005, la demandante, a solicitud del Tribunal de Primera Instancia, formuló sus observaciones sobre los documentos presentados por la demandada.

27 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule o reduzca considerablemente la multa global impuesta en el artículo 3, letra b), de la Decisión.

– Condene a la demandada a soportar las costas y otros gastos soportados por la demandante en relación con este asunto.

28 La demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Sobre las pretensiones de anulación y de reducción de la multa global

29 La demandante admite plenamente y sin reservas su participación en las infracciones relativas a las vitaminas A, E, B 2, B 5, C y D 3, al betacaroteno y a los carotínidos, cuya gravedad reconoce. No obstante, subraya que la Decisión no tiene precedentes en cuanto respecta a la severidad de las multas impuestas y que presenta una modificación muy radical en la política sancionadora de la Comisión.

30 En apoyo de su pretensión de anulación o de reducción sustancial de la multa global, la demandante invoca ocho motivos. Los dos primeros se basan en la vulneración del derecho de defensa desde varios puntos de vista; el tercer motivo se basa en la vulneración de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato con ocasión de la fijación del importe de partida de determinadas multas impuestas a la demandante; el cuarto motivo versa sobre el aumento, con fines disuasorios, de los importes de partida de las multas impuestas a la demandante; el quinto motivo se basa en errores de apreciación en la atribución a la demandante de un papel de líder e instigador en siete infracciones; los motivos sexto y séptimo hacen referencia a la apreciación de la cooperación de la demandante en el marco del procedimiento administrativo, y el octavo motivo se basa en la violación del secreto profesional y del principio de buena administración.

A. Sobre los motivos primero y segundo, basados en vulneraciones del derecho de defensa

1. Alegaciones de las partes

a) Sobre el primer motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa a resultas de la falta de comunicación previa de la apreciación de la Comisión relativa a la existencia de una pluralidad de cárteles distintos

31 La demandante alega que la apreciación de la Comisión que dio lugar a la imposición de varias multas separadas y según la cual existió un cártel distinto para cada vitamina no le fue nunca expuesta antes de la Decisión. La falta de comunicación previa de esta apreciación perjudicó de manera significativa al ejercicio de su derecho de defensa en cuanto atañe a la magnitud de todas las multas impuestas.

32 Recuerda que, según un principio consolidado, una Decisión de la Comisión no puede estar basada en apreciaciones de hecho o de Derecho que sean sustancialmente distintas de las contenidas en un pliego de cargos. Pues bien, la Comisión vulneró este principio al formular por vez primera en la Decisión una nueva apreciación crucial relativa a la calificación jurídica de los acuerdos ilegales. En efecto, según la demandante, el pliego de cargos precisaba, en particular en los puntos 206, 210 y 212, que existía un solo cártel único y global compuesto por acuerdos colusorios relativos a diversas vitaminas, mientras que la Decisión, en su considerando 584, menciona por vez primera que los acuerdos relativos a cada vitamina constituían vulneraciones distintas del Derecho comunitario de la competencia.

33 Así, el importe de partida que puede fijarse para una eventual multa impuesta a la demandante no habría sido de 20 millones de euros, importe sugerido como punto de partida para una vulneración única con arreglo a las Directrices, sino de 160 millones de euros por ocho infracciones separadas. Ahora bien, en la práctica, la apreciación según la cual existía una infracción por cada vitamina afectada por los acuerdos controvertidos llevó a la Comisión a fijar respecto de la demandante un importe de partida de la multa al menos ocho veces mayor que el importe que cabía prever. La demandante estima que, por consiguiente, debió poder hacer valer su punto de vista sobre esta apreciación y sobre las conclusiones extraídas en relación con la fijación de la multa.

34 La demandada rechaza estas alegaciones por infundadas. A su juicio, la Decisión, al reproducir fielmente la estructura y la apreciación jurídica del pliego de cargos, no modificó en modo alguno el razonamiento en que se basa esta última. Sostiene en particular que tanto la estructura como numerosos pasajes del pliego de cargos ponen claramente de manifiesto que la Comisión no consideraba el conjunto de acuerdos relativos a los diferentes mercados de productos vitamínicos como una sola y misma infracción continuada, sino como una pluralidad de infracciones separadas. La respuesta de la demandante al pliego de cargos prueba igualmente este extremo, en la medida en que hacía referencia, en el penúltimo párrafo de la página 5, a varias «infracciones» y no a una sola.

35 En su réplica, la demandante señala que la parte del pliego de cargos que describe los acuerdos ilegales llevaba por título «el cártel», mientras que la parte correspondiente en la Decisión hace referencia a «los cárteles». Añade que el pliego de cargos contenía numerosas indicaciones de que la Comisión trataba de un solo cártel. En cualquier caso, con independencia de la estructura y de pasajes concretos del pliego de cargos, el único punto pertinente es la conclusión jurídica que figura en éste, según la cual existió un solo cártel a efectos del cálculo de las multas.

36 En cuanto atañe al pasaje de su respuesta al pliego de cargos citado por la demandada, la demandante alega que no abordaba en dicho pliego el problema de si los acuerdos ilegales constituían una o varias infracciones, sino que se refería simplemente a las circunstancias atenuantes relativas al papel de BASF en el cártel.

b) Sobre el segundo motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa a resultas de una explicación insuficiente, en el pliego de cargos, de los elementos que la Comisión preveía tener en cuenta en el cálculo de las multas

37 La demandante afirma que la explicación dada en el pliego de cargos sobre los elementos pertinentes para el cálculo de las multas que le han sido impuestas era inadecuada y no le permitió ejercer debidamente su derecho de defensa en relación con el importe de tales multas.

38 La demandante subraya que el pliego de cargos está redactado en términos generales e imprecisos en sus explicaciones de los elementos en los cuales la Comisión tenía la intención de basarse a efectos del cálculo de la multa. Tras una parte introductoria general, el pliego de cargos sólo dedicó tres considerandos, de un total de aproximadamente 230, a explicar, en términos convencionales y muy generales, el modo en que la Comisión se proponía tener en cuenta la gravedad, la disuasión, la duración y todas las circunstancias agravantes y atenuantes a la hora de fijar el importe de las multas. Tal grado de explicación de las multas previstas es incompatible con el derecho de defensa por tres motivos principales.

39 En primer lugar, si una empresa coopera plenamente con la Comisión y no niega los hechos, como hizo la demandante en el presente asunto, el objetivo principal, e incluso único, del pliego de cargos es permitir a esta empresa comprender lo más claramente posible la base sobre la cual la Comisión se propone imponerle una multa.

40 En segundo lugar, las sanciones impuestas mediante la Decisión son las más elevadas jamás impuestas en un procedimiento comunitario de Derecho de la competencia y reflejan un cambio radical y sin precedentes en la política de la Comisión en materia de multas. A modo de ejemplo, la demandante subraya que, antes de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, las multas impuestas a las empresas destinatarias de la Decisión alcanzan en su conjunto casi 1.800 millones de euros, es decir, un importe más de seis veces superior al importe total más elevado jamás alcanzado en un solo asunto, a saber, 273 millones de euros en la Decisión 1999/243/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (asunto IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement) (DO 1999, L 95, p. 1). Añade que la multa global resultante a su cargo antes de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación –casi 600 millones de euros (véase el apartado 17 supra)– es aproximadamente seis veces mayor que la multa individual más elevada jamás impuesta por la Comisión, a saber, 102 millones de euros a Volkswagen AG en la Decisión 98/273/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1998, relativo a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (asunto IV/35.733 –VW) (DO L 124, p. 60). Pues bien, el alcance de la obligación de motivación y del derecho a ser oído en relación con los elementos fundamentales en los cuales la institución pretende basarse para determinar el importe de la multa debe ser proporcionado a la importancia de dicho importe.

41 En tercer lugar, los elementos que no fueron adecuadamente explicados en el pliego de cargos son extremadamente significativos, puesto que tuvieron por efecto un aumento sustancial de la multa global impuesta a la demandante. Tales son, en particular, el aumento del 100 % con fines disuasorios, que llevó a la Comisión a aumentar de 128,5 millones a 257 millones de euros el importe de la multa global calculada en función de la gravedad (véanse los puntos 14 y 15 supra), así como la apreciación según la cual la demandante era uno de los líderes del cártel, lo que condujo a la Comisión a aumentar el importe de base de la multa global en un 35 %, es decir, en más de 153 millones de euros, y a rechazar una reducción más importante de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación (véanse los apartados 17 y 19 supra). La demandante subraya en particular que el pliego de cargos no recogía mención alguna de la intención de la Comisión de imponer a BASF un aumento de la multa tan importante con fines disuasorios y que la atribución a BASF del papel de líder es incompatible con el pliego de cargos.

42 La demandada niega que estas imputaciones de la demandante estén fundadas.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

43 Mediante los motivos primero y segundo, que han de examinarse conjuntamente, la demandante pretende, en esencia, obtener la anulación integral del artículo 3, letra b), de la Decisión y, en consecuencia, de las multas que le han sido impuestas en dicho artículo.

44 Procede recordar que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9, y de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, apartado 19).

45 Aplicando este principio, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 17 y los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) nº 2842/98 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado CE (DO L 354, p. 18) –disposiciones aplicables en el presente asunto ratione temporis–, obligan a la Comisión a comunicar las objeciones que se planteen contra las empresas y asociaciones interesadas y a ocuparse, en sus decisiones, únicamente de aquellas objeciones en relación con las cuales se haya ofrecido a dichas partes la oportunidad de expresar sus puntos de vista.

46 Según la jurisprudencia, el pliego de cargos debe contener una exposición de las objeciones redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. En efecto, sólo si cumple este objetivo, puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los diferentes Reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva (sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, Rec. p. I‑1307, apartado 42, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 63, confirmada en casación mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Mo och Domsjö/Comisión, C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855).

47 Esta exigencia se respeta toda vez que la Decisión no imputa a los interesados infracciones distintas de las previstas en el pliego de cargos y sólo se ocupa de hechos sobre los cuales los interesados han tenido ocasión de formular observaciones (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 94, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98 y T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 138).

48 En cuanto atañe al ejercicio del derecho de defensa en relación con la imposición de multas, de una reiterada jurisprudencia se desprende que desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 21, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Lögstör Rör/Comisión, T‑16/99, Rec. p. II‑1633, apartado 193, confirmada en casación mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P, C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I-5425, en particular apartado 428).

49 De ello se sigue que, por lo que se refiere a la determinación del importe de las multas, el derecho de defensa de las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad de formular observaciones sobre la duración, la gravedad y el carácter anticompetitivo de los hechos reprochados (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 235, y Lögstör Rör/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 194).

50 Pues bien, en el presente asunto, la Comisión mencionó expresamente, en el punto 229, letra b), del pliego de cargos, su intención de imponer multas a las empresas destinatarias de dicho acto.

51 La Comisión indicó igualmente, en el punto 227 del pliego de cargos, que el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, fueron vulnerados de forma deliberada.

52 En cuanto atañe a la gravedad de los hechos reprochados, la Comisión, después de recordar, en el punto 226 del pliego de cargos, que tomaría en consideración la propia naturaleza de la infracción, su impacto concreto en el mercado y la extensión del mercado geográfico afectado –que constituyen asimismo factores pertinentes para la evaluación de la gravedad de la infracción conforme al punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices–, precisó, en el punto 227, que el reparto de los mercados y la fijación de los precios de común acuerdo constituyen por su propia naturaleza la vulneración más grave del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE; que las empresas afectadas eran plenamente conscientes de la ilegalidad de su conducta; que se habían puesto de acuerdo para establecer un sistema secreto e institucionalizado dirigido a restringir la competencia en un sector industrial importante; que los acuerdos colusorios habían afectado a la industria de las vitaminas en su totalidad; que habían sido concebidos, dirigidos y fomentados a un nivel muy elevado en el seno de las empresas afectadas; que habían producido efectos en beneficio exclusivo de éstas y en perjuicio de sus clientes y, en última instancia, del público en general, y que comprendían la totalidad del mercado común y, tras la creación del EEE, todos los Estados miembros del Acuerdo EEE.

53 En el punto 226 del pliego de cargos, la Comisión manifestó igualmente su intención de fijar las multas en un nivel suficiente para garantizar su carácter disuasorio.

54 La Comisión añadió a continuación, en el punto 228, con vistas a determinar la multa que debía imponerse a cada empresa, que iba a tener en consideración, en relación con cada una de ellas, el papel desempeñado en los acuerdos colusorios, su importancia en el sector de las vitaminas, el impacto de su infracción en la competencia y cualquier otra circunstancia agravante o atenuante. Recordó expresamente el papel de liderazgo desempeñado en particular por la demandante en los acuerdos colusorios.

55 También en el punto 228, la Comisión hizo referencia a la necesidad de tomar en consideración la duración de la participación individual de cada empresa en estos acuerdos, tal como se señala en el punto 220 en relación con cada vitamina y cada participante.

56 Asimismo, resulta que la Comisión indicó, en su pliego de cargos, los elementos de hecho y de Derecho en los cuales se basaría para el cálculo del importe de las multas impuestas a la demandante, de suerte que, a este respecto, el derecho a ser oído de esta última fue, a primera vista, debidamente respetado.

57 No obstante, procede examinar en qué medida las alegaciones específicas que la demandante formula en el marco de sus motivos primero y segundo pueden rebatir esta conclusión.

58 No sucede así con la alegación basada en el objetivo particular que persigue el pliego de cargos cuando se dirige a una empresa que ha cooperado plenamente con la Comisión y no ha negado los hechos (véase el apartado 39 supra). Como la demandada ha alegado acertadamente, la función del pliego de cargos no varía en virtud de la situación particular de la empresa que sea su destinataria. Cualquiera que sea el grado de cooperación de esta empresa, tal función sigue siendo la facilitar a las empresas y asociaciones de empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz, antes de que la Comisión adopte una Decisión definitiva (sentencias Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 42, y de 16 de noviembre de 2000, Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 63). Desde este punto de vista, el hecho de que la demandante cooperase con la Comisión, reconociera haber cometido infracciones y describiera estos mismos hechos no le privaba en modo alguno de su derecho y de su interés en recibir de la Comisión un documento que exponga de forma precisa todas las imputaciones que esta última formula contra ella, incluida la de poder basarse en declaraciones o pruebas facilitadas por otras empresas implicadas. El argumento de la demandante no está exento, por lo demás, de contradicciones, ya que se basa expresamente en una circunstancia, el hecho de que la demandante no negara los hechos, que supone lógicamente el envío previo del pliego de cargos que expone las imputaciones de la Comisión y los hechos en los que se basan dichas imputaciones, comunicación ésta cuya naturaleza y función no podría quedar afectada en modo alguno por tal circunstancia posterior.

59 La alegación basada, todavía en el marco del segundo motivo, en el cambio radical y sin precedentes que, según se afirma, representa la Decisión en la política de la Comisión en materia de multas (véase el apartado 40 supra) tampoco puede prosperar. Sin que sea necesario examinar si las multas impuestas en la Decisión marcan efectivamente, a la vista de sus elevados importes, una nueva etapa en esta política, es conveniente recordar que, según la jurisprudencia, la Comisión no está obligada a indicar, en el pliego de cargos, la posibilidad de un eventual cambio en su política por lo que respecta al nivel general de las multas, posibilidad ésta que depende de consideraciones generales de política de competencia sin una relación directa con las circunstancias particulares del asunto de que se trata (sentencias Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 22, y Lögstör Rör/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 203). En efecto, la Comisión no está obligada a poner en guardia a las empresas advirtiéndolas de antemano de su intención de aumentar el nivel general de las multas (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T‑12/89, Rec. p. II‑907, apartado 311, y Lögstör Rör/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 203).

60 Carece igualmente de fundamento la alegación basada, de una manera particularmente confusa y todavía en el marco del segundo motivo, en la falta, en el pliego de cargos, de una explicación adecuada de dos elementos, según la demandante «extremadamente significativos», señalados en la Decisión en el marco del cálculo del importe de las multas, a saber, por un lado, el aumento del 100 % con fines disuasorios y, por otro, la atribución a la demandante del papel de líder (véase el apartado 41 supra).

61 En cuanto al segundo de estos elementos, la demandante parece alegar realmente no una falta de explicaciones suficientes en el pliego de cargos, sino una falta de coherencia entre el pliego de cargos y la Decisión, en la medida en que este elemento, tenido en cuenta en la Decisión, no figuraba en el pliego de cargos. Pues bien, a este respecto, es necesario señalar que tal como se ha recordado en el apartado 54 supra, el pliego de cargos señalaba expresamente, en el punto 228, el papel de líder desempeñado por la demandante, de modo que la incoherencia alegada por ésta no existe.

62 En cuanto atañe al primer elemento mencionado en el apartado 60 supra, no incumbía a la Comisión anunciar a la demandante, en el pliego de cargos, el alcance de un eventual aumento de la multa llevado a cabo con el fin de garantizar el efecto disuasorio de ésta. En efecto, puesto que ya ha indicado los elementos de hecho y de Derecho en los que basará su cálculo del importe de las multas, la Comisión no está obligada a precisar el peso que tiene intención de atribuir a cada uno de estos elementos a la hora de determinar el nivel de las multas. Facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 21, y de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 19; sentencia Lögstör Rör/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 200).

63 A continuación, procede examinar las alegaciones de la demandante expuestas en el marco de su primer motivo y su incidencia en la conclusión provisional formulada en el apartado 56 supra.

64 Mediante este motivo, la demandante reprocha a la Comisión no haberle permitido presentar observaciones sobre otro elemento específico que, en su opinión, tuvo una influencia considerable y penalizadora en el marco del cálculo del importe de las multas efectuado en la Decisión, a saber, la apreciación de la Comisión según la cual los comportamientos reprochados constituían una pluralidad de infracciones distintas, y no una única infracción.

65 A este respecto, procede, antes de nada, relativizar la importancia del perjuicio que esta apreciación de la Comisión ha podido causar a la demandante.

66 La demandante parte de la idea de que si la Comisión hubiera llegado, en el presente asunto, a la conclusión de que existe una única infracción, sólo le habría impuesto una única multa cuyo importe de partida habría ascendido, de conformidad con las Directrices, a 20 millones de euros, mientras que el importe de partida de las ocho multas efectivamente impuestas a la demandante es, en conjunto, ocho veces más elevado que el importe de partida previsible para una única multa.

67 Pues bien, tal idea se deriva de una interpretación errónea de las Directrices. En efecto, de conformidad con el punto 1 A, párrafo segundo, de las mismas, los «importes previstos» para «infracciones muy graves», tales como «restricciones horizontales como cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados», son de «más de 20 millones de [euros]». Así pues, de ningún punto de este pasaje de las Directrices se desprende que el importe de partida de una multa que debe imponerse a una empresa por una infracción de tal naturaleza deba en principio estar limitada a 20 millones de euros.

68 Ha de señalarse que la Comisión señaló, en el considerando 675 de la Decisión, que, a efectos de determinar el importe inicial de las multas, tomó en consideración el tamaño de cada uno de los distintos mercados de productos vitamínicos. Pues bien, aun suponiendo que en su Decisión la Comisión hubiera llegado a la conclusión de la existencia de una sola infracción global que comprendiera todos los diferentes mercados de productos vitamínicos de que se trata, habría podido tener en cuenta, de conformidad con el criterio expuesto en el considerando 675 de la Decisión, a la hora de fijar el importe de partida de la multa única a imponer, el valor global de dichos mercados. Así, el importe de partida habría quedado fijado normalmente en un nivel bastante superior al de los 20 millones de euros, que constituyen el umbral mínimo indicativo para una infracción muy grave.

69 Habida cuenta del carácter de «mínimo», y no de «máximo», del importe de 20 millones de euros mencionado, a título indicativo, en las Directrices para las infracciones muy graves, nada apunta a que, si la Comisión hubiera llegado a la conclusión, en su Decisión, de la existencia de una infracción única, habría debido fijar necesariamente, para la multa única a imponer a la demandante, un importe de partida inferior a la suma de los importes de partida efectivamente fijados para las ocho multas impuestas a la demandante.

70 Ciertamente, calificar determinadas actuaciones ilícitas como constitutivas de una única y misma infracción o de una pluralidad de infracciones distintas no deja de incidir, en principio, en la sanción que puede ser impuesta, puesto que la comprobación de una pluralidad de infracciones distintas puede entrañar la imposición de varias multas distintas, en cada caso en los límites fijados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación, apartado 118) y, por tanto, en la observancia del límite máximo del 10 % del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico anterior a la adopción de la decisión.

71 No obstante, es necesario señalar que, en el presente asunto, la circunstancia de que la Comisión haya calificado los hechos comprobados como varias infracciones distintas no desempeñó ningún papel desde el punto de vista de la aplicación de este límite máximo. En efecto, la suma de las multas impuestas a la demandante, aun estando prevista antes de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación (592,32 millones de euros), queda muy por debajo del límite del 10 %, que se entiende como relativo al volumen de negocios global (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 119), dado que la demandante obtuvo en el ejercicio anterior a la adopción de la Decisión, es decir, en el ejercicio 2000, un volumen de negocios global de 35.946 millones de euros (véase el primer cuadro del considerando 123 de la Decisión).

72 Ha de añadirse que si la Comisión hubiera llegado a la conclusión de la existencia, en el presente asunto, de una única infracción que abarcase todos los productos vitamínicos mencionados en la Decisión, habría podido probablemente tener en cuenta, a efectos del cálculo de la multa que procedía imponer a la demandante, también sus actuaciones colusorias relativas a las vitaminas B 1 y H, las cuales, sin embargo, la institución se abstuvo de sancionar en la Decisión al considerar que se trataba de infracciones distintas de aquellas respecto de las cuales su facultad sancionadora había prescrito de conformidad con el Reglamento nº 2988/74.

73 Las consideraciones que preceden, dirigidas a situar en una perspectiva más completa y objetiva la argumentación de la demandante, no bastan, sin embargo, para excluir que la apreciación de la Comisión según la cual en el presente asunto se dieron varias infracciones separadas haya podido tener alguna incidencia en el nivel de las multas impuestas a la demandante. Procede, pues, examinar si se ofreció a la demandante la posibilidad de expresar, en respuesta al pliego de cargos, su punto de vista sobre la cuestión de si los hechos que se le imputaban en el pliego de cargos constituían una infracción única o una pluralidad de infracciones.

74 Ciertamente, ha de admitirse que si bien la Comisión, en el pliego de cargos, identificó y describió de forma detallada los hechos que se imputaban a las empresas destinatarias e indicó las disposiciones (artículo 81 CE y artículo 53 del Acuerdo EEE) que, en su opinión, podían haber sido vulneradas por estos mismos hechos, no adoptó claramente una postura sobre dicha cuestión.

75 En efecto, por un lado, la demandante tiene razón al subrayar determinados elementos contenidos en el pliego de cargos que pueden apuntar a que la Comisión consideraba que los comportamientos anticompetitivos controvertidos constituían una infracción única.

76 En primer lugar, procede remitirse al punto 206, párrafo tercero, del pliego de cargos, en el que la Comisión observó cuanto sigue:

«No obstante el número de fabricantes, la variación en la participación en las reuniones y la diversidad de sus gamas de productos, el conjunto de acuerdos colusorios constituía, en la práctica y de hecho, un mecanismo global dirigido a controlar el mercado mundial dentro de la gama de productos vitamínicos, con [Roche] en el centro de la red de acuerdos y prácticas.»

(«Notwithstanding the number of producers, the variation in the participation in the meetings and the diversity of their product ranges, the complex of collusive arrangements, in practice and in effect, constituted an overall coordinated scheme to control the world market across the whole range of vitamin products with [Roche] at the centre of the network of agreements and arrangements»)

77 Es preciso sobre todo mencionar el punto 212, párrafo segundo, del pliego de cargos, en el que la Comisión señaló en particular:

«Habida cuenta de la continuidad y de la similitud de método, la Comisión considera apropiado tratar en el marco de un único y mismo procedimiento el conjunto de acuerdos que comprenden las diferentes vitaminas. La Comisión lo considerará como un cártel único global para las vitaminas, en el que [Roche], BASF y Rhône-Poulenc forman la “masa” principal y los demás fabricantes se adhieren al cártel o bien forman una parte del mismo, en relación con las concretas vitaminas que fabrican.»

(«Given the continuity and similarity of method, the Commission considers it appropriate to treat in one and the same procedure the complex of agreements covering the different vitamins. The Commission will consider this as one single overarching vitamin cartel with [Roche], BASF and Rhône-Poulenc forming the main “mass” and the other producers adhering to, and forming a subset of, the cartel for the particular vitamins which they produce.»)

78 En el punto 225, párrafos tercero y cuarto, del pliego de cargos, la Comisión subrayó que no era posible afirmar con certeza que «la infracción» hubiera cesado por completo y que era necesario exigir a las empresas destinatarias de dicho pliego que pusieran fin a «la infracción».

79 Por otra parte, la demandada señala también acertadamente otros elementos contenidos en el pliego de cargos que pueden acreditar, en cambio, que tenía la intención de declarar la existencia de una pluralidad de infracciones.

80 A este respecto, ha de mencionarse que, en el punto 212, párrafo tercero, del pliego de cargos, la Comisión observó en particular, reproduciendo los términos de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión (40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 111), cuanto sigue:

«Nada prohíbe a la Comisión pronunciarse mediante una sola Decisión sobre varias infracciones, incluso si algunos destinatarios son ajenos a algunas de estas infracciones, siempre que la Decisión permita a cualquiera de sus destinatarios deducir con precisión las imputaciones mantenidas en su contra. […] En el momento y en el caso que se prevea una multa, la Comisión tendrá plenamente en cuenta el papel desempeñado por cada participante y el tamaño del mercado de la vitamina específicamente afectada.»

(«There is no reason at all why the Commission should not make a single decision covering several infringements, even if some of the undertakings to which it is addressed are unconnected with some of these infringements, provided that the decision permits each addressee to obtain a clear picture of the complaints made against it. […] When and if any penalty is to be assessed, the Commission will take full account of the part played by each of the participants and the size of the market for the particular vitamin concerned.»)

81 El punto 212, párrafo primero, del pliego de cargos, establece:

«La Comisión considera que el conjunto de infracciones del presente asunto presenta todas las características de un acuerdo pleno en el sentido del artículo 81 [CE].»

(«The Commission considers that the complex of infringements in this case present all the characteristics of a full agreement in the sense of Article 81.»)

82 El punto 225, párrafo tercero, del pliego de cargos, señala en particular:

«Las infracciones se han prolongado, respecto de la mayoría de los productos, durante un largo período tras el inicio de las investigaciones.»

(«The infringements continued for most products long after the start of the investigations.»)

83 En el punto 226, párrafo cuarto, del pliego de cargos, la Comisión precisó que, en cuanto atañe a la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, iba a tomar en consideración toda cooperación aportada por los fabricantes «en relación con cada producto separadamente» («in relation to each product separately»).

84 Las partes del presente litigio aluden a diversos elementos textuales del pliego de cargos que, a su juicio, confirman su interpretación respectiva de este acto en cuanto a la cuestión de si existía una única o varias infracciones distintas. Estos elementos, constituidos en particular por la utilización de términos tales como «arreglo», «acuerdo» o «cártel» utilizados en singular o en plural, parecen menos significativos.

85 Así, por un lado, la demandada subraya en particular que los términos «conjunto de acuerdos» («complex of agreements»), «conjunto de acuerdos y arreglos» («complex of agreements and arrangements»), «acuerdos de cártel» («cartel agreements»), «acuerdos colusorios» («collusive agreements»), utilizados en el pliego de cargos apuntan a que la Comisión consideraba efectivamente que en el presente asunto se dieron varias infracciones separadas.

86 Ahora bien, tales términos, al igual que la expresión «prácticas colusorias» («collusive arrangements») que figura asimismo en el pliego de cargos, no pueden ser interpretados en el sentido de que impliquen necesariamente una calificación jurídica precisa en términos de pluralidad de infracciones. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que una serie de conductas que tengan el mismo objeto contrario a la competencia y que, analizadas por separado, puedan subsumirse en el concepto de «acuerdo», de «práctica concertada» o de «decisión de una asociación de empresas» a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, pueden constituir manifestaciones diferentes de una misma infracción en la citada disposición (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 113).

87 Por otro lado, la demandante, por su parte, se basa en muchos pasajes del pliego de cargos en los cuales la Comisión empleó el concepto «cártel» sin aludir a una u otra vitamina en concreto, sobre todo cuando la institución señaló, en el punto 195 de dicho pliego, para afirmar su competencia en el presente asunto, que «el cártel ha producido un efecto sustancial en el comercio entre los Estados miembros de la CE y la competencia dentro del mercado común» («the cartel had an appreciable effect on trade between EC Member States and competition in the Common Market»).

88 Pues bien, en primer lugar, la utilización del término «cártel» no implica necesariamente que se prevea la existencia de un único acuerdo colusorio a efectos del artículo 81 CE. En efecto, este término puede aludir a un acuerdo horizontal, pero también puede ser utilizado, de manera más general, para caracterizar una estructura, una organización responsable de actos ilícitos contrarios a respecto las normas de competencia. Así pues, no cabe excluir que, en el pliego de cargos, el término «cártel» haya sido empleado para designar la organización global establecida por los fabricantes de vitaminas, sin que ello prejuzgue la posibilidad de llegar a la conclusión de la existencia de varios acuerdos colusorios y, por tanto, de varias infracciones. En segundo lugar, ciertas afirmaciones formuladas en el pliego de cargos en relación con el «cártel», como la relativa a los efectos de éste en los intercambios entre los Estados miembros, que figuran en el punto 195, o la relativa a su carácter de infracción deliberada en los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE, recogida en el punto 227, también pueden ser interpretadas en el sentido de que en realidad pretendían describir características comunes a todos los acuerdos mencionados en el pliego de cargos, al objeto de evitar una exposición inútilmente repetitiva, acuerdo por acuerdo, de estas características.

89 En cuanto atañe a la estructura del pliego de cargos, en la que se apoya la demandada, está organizada de forma tal que la sección C, titulada «el cártel», da una descripción específica y detallada de los acuerdos colusorios relativos a cada vitamina por separado, salvo un tratamiento conjunto dispensado a las vitaminas A y E, por otro lado identificadas como pertenecientes a mercados distintos. Con esta salvedad así matizada, en cada sección de este capítulo C la Comisión examinó un producto vitamínico determinado, sus características, sus fabricantes y el mercado correspondiente al mismo (identificado como un mercado distinto), el origen, la duración, el mecanismo fundamental, las reuniones y el funcionamiento del cártel relativo a la vitamina de que se trata, y los participantes en el mismo. A pesar de que el título estaba expresado en singular (the cartel), el capítulo C del pliego de cargos inducía, pues, a pensar en la existencia de una pluralidad de acuerdos distintos.

90 Así, el examen del conjunto del pliego de cargos apunta a que la Comisión dio muestras, en dicho escrito, de evidentes dudas sobre la calificación jurídica precisa que debe darse a los hechos imputados, en lo relativo a la unidad de infracción o a la pluralidad de infracciones, más allá de la mención inequívoca de ser contrarios al artículo 81 CE, apartado 1, y al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE. Así pues, del pliego de cargos no se desprendía con claridad si la Comisión tenía la intención de llegar a la conclusión de la existencia de una o de varias infracciones.

91 No obstante, esta afirmación no implica sin embargo que, en tales circunstancias, al declarar en la Decisión la existencia de una infracción distinta para cada una de las vitaminas afectadas, la Comisión vulnerara el derecho de defensa de la demandante.

92 Ciertamente, en su sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C‑62/86, Rec. p. I‑3359, apartado 29), invocada por la demandante, el Tribunal de Justicia señaló que «el pliego de cargos debe recoger con claridad los hechos en que se basa la Comisión así como la calificación jurídica que se les da».

93 Sin embargo, conviene recordar asimismo que, según la jurisprudencia, la decisión por la que se declara la existencia de una infracción no tiene por qué ser necesariamente una copia exacta del pliego de cargos. En efecto, la Comisión ha de poder tener en cuenta