No obstante, una empresa que no sólo se vea afectada por la decisión controvertida debido a su condición de empresa del sector en cuestión, potencialmente beneficiaria del régimen de ayudas de que se trate, sino también en su calidad de beneficiario efectivo de una ayuda individual concedida en virtud de este régimen y cuya recuperación haya ordenado la Comisión, se ve individualmente afectada por dicha decisión y procede admitir su recurso contra ella.

En principio, no es admisible el recurso de anulación interpuesto por una empresa contra una decisión de la Comisión por la que se prohíbe un régimen de ayudas sectorial si sólo se ve afectada por esta decisión debido a su pertenencia al sector de que se trata y a su condición de beneficiario potencial de dicho régimen. En efecto, tal decisión se presenta, respecto a esa empresa, como una medida de alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente e implica efectos jurídicos en relación con una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta.

Una persona física o jurídica que no sea destinataria de una decisión sólo puede alegar que ésta le afecta individualmente si le atañe en razón de determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello la individualiza de manera análoga a la del destinatario.

Al comprobar si determinadas ayudas afectan a los intercambios entre Estados miembros y falsean o amenazan falsear la competencia, la Comisión no está obligada a acreditar la incidencia real de esas ayudas sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente a examinar si tales ayudas pueden afectar a dichos intercambios y falsear la competencia.

En el caso de un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características del régimen controvertido para apreciar en los motivos de su decisión si ese programa, debido a las modalidades que prevé, puede beneficiar sustancialmente a empresas que participan en los intercambios entre Estados miembros.

Por otra parte, toda ayuda concedida a una empresa que ejerza sus actividades en el mercado comunitario puede ocasionar distorsiones de la competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros. No existe un umbral o porcentaje por debajo del cual pueda considerarse que los intercambios comerciales entre Estados miembros no se ven afectados. En efecto, la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros.

En relación con el requisito del perjuicio para los intercambios interestatales, el hecho de que una empresa beneficiaria de una medida estatal opere sola en el mercado nacional o en su territorio de origen no es determinante. En efecto, la medida en cuestión afecta a los intercambios interestatales cuando disminuyen las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de prestar sus servicios en el mercado del Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 88 a 91 y 103)