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22

Climate Corporation se opone a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Por una parte, sostiene que la cuestión prejudicial se plantea con carácter hipotético. Dado que la operación controvertida en el litigio principal no está sujeta al impuesto en Austria, sino en Alemania, no corresponde a un órgano jurisdiccional austriaco preguntar al Tribunal de Justicia para que aclare las hipotéticas obligaciones tributarias en otro Estado miembro de un sujeto pasivo. Por otra parte, estima que dicha cuestión prejudicial procede de un razonamiento analógico basado en la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Schoenimport Italmoda Mariano Previti y otros (C‑131/13, C‑163/13 y C‑164/13, EU:C:2014:2455), que no cabe seguir, habida cuenta de las diferencias entre las circunstancias del litigio principal y las del asunto que dio lugar a esa sentencia.
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El artículo 162 de la LGT, titulado «Estimación de la base imponible», dispone: «1. Si la autoridad tributaria es incapaz de determinar o calcular la base imponible, debe estimarla. Tiene en cuenta todas las circunstancias pertinentes para dicha estimación. […] 3. En caso de que un contribuyente incumpla sus obligaciones de cooperación en virtud del artículo 90, apartado 3, no presentando los registros o por ser los registros presentados en esencia inservibles, o cuando se constate que el contribuyente no generó los registros a tiempo en el sentido del artículo 90, apartado 3, tercera frase, se presumirá iuris tantum que sus ingresos imponibles en Alemania, para cuya determinación sirven los registros a que se refiere el artículo 90, apartado 3, son superiores a los ingresos que declaró. Cuando en esos casos la autoridad tributaria deba realizar una estimación de ingresos y estos solo puedan determinarse dentro de un margen concreto —en particular, únicamente con base en horquillas de precios—, se puede agotar dicho marco en perjuicio del contribuyente. Si, a pesar de la presentación por el contribuyente de registros no inservibles, existen indicios de que, en caso de que se respetara el principio de plena competencia, sus ingresos serían más elevados que los ingresos declarados sobre la base de los registros, y si no pueden aclararse dudas en este sentido porque una persona vinculada, situada en el extranjero, incumple las obligaciones de cooperación previstas en el artículo 90, apartado 2, o los deberes de información a los que se refiere el artículo 93, apartado 1, procede aplicar por analogía la segunda frase. 4. Cuando un contribuyente no presente los registros a que se refiere el artículo 90, apartado 3, o cuando los registros presentados sean en esencia inservibles, se liquida un recargo de 5000 euros. El recargo asciende, como mínimo, al 5 % y, como máximo, al 10 % de la cuantía adicional de los ingresos resultantes de la corrección efectuada con arreglo al apartado 3 cuando, a raíz de dicha corrección, el recargo supere los 5000 euros. En caso de presentación extemporánea de registros no inservibles, el importe máximo del recargo es de 1000000 euros, pero al menos 100 euros por cada día completo que se exceda del plazo. En la medida en que se conceda un margen discrecional a la autoridad tributaria sobre el importe del recargo, deben tenerse en cuenta, además del objetivo de dicho recargo de que el contribuyente respete la obligación de efectuar y presentar en plazo los registros a que se refiere el artículo 90, apartado 3, en particular las ventajas obtenidas por el contribuyente y, en caso de presentación extemporánea, también la duración del período en que se hubiera excedido el plazo. Debe omitirse la liquidación del recargo si el incumplimiento de las obligaciones de registro a que se refiere el artículo 90, apartado 3, parece excusable o si la culpa es leve. La culpa en que incurran un representante legal o un encargado equivale a culpa del principal. Por regla general, el recargo debe fijarse una vez finalizada la inspección tributaria.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO 1990, L 225, p. 6), en relación con la Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, Tercera Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO 1978, L 295, p. 36; EE 17/01, p. 76), así como con la Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, Sexta Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas (DO 1982, L 378, p. 47; EE 17/01, p. 111).
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre D.a Zulima y Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E. F. C., S. A. U., entidad de crédito anteriormente denominada «Evofinance E. F. C., S. A. U.», en relación con las costas devengadas en un proceso promovido por la demandante en el litigio principal al objeto de que se declarase la nulidad de un contrato de crédito al consumo revolvente, en particular por ser abusiva una de sus cláusulas.
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en nombre de The Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs y The Minister for Social Protection, por la Sra. M. Browne, el Sr. A. Joyce y la Sra. J. Quaney, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. K. Binchy, Barrister, y la Sra. C. Donnelly, SC;
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Tras emplazar a TO para presentar observaciones, cosa que TO no hizo, la Prefectura de Florencia dictó una resolución por la que, sobre la base de los artículos 14, apartado 3, y 23, apartado 1, letra e), del Decreto Legislativo n.o 142/2015, le retiraba el beneficio de las condiciones materiales de acogida.
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Estos grupos alegan, en particular, que la motivación de la sentencia n.o 4990/2019, según la cual, «en el presente caso, cuando la AGCM aplicó el artículo 101 TFUE, las autoridades competentes para controlar el cumplimiento de la normativa farmacéutica o los órganos jurisdiccionales nacionales no habían constatado el eventual carácter ilícito de las condiciones de reacondicionamiento y de prescripción del Avastin destinado a un uso no contemplado en su autorización de comercialización», es objetivamente errónea, ya que la ilicitud de la oferta del Avastin para indicaciones que no correspondían a las mencionadas en su autorización de comercialización se había constatado, en su opinión, en numerosas declaraciones oficiales de autoridades y de órganos jurisdiccionales competentes. Consideran que, al no tener en cuenta los exámenes de conformidad así efectuados, la sentencia n.o 4990/2019 pasa por alto la interpretación, dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Hoffmann-La Roche, según la cual procede tener en cuenta el resultado de tales exámenes.
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A tenor de los considerandos primero a séptimo de la Directiva 87/357: «Considerando que en varios Estados miembros existen disposiciones legales o reglamentarias sobre ciertos productos de apariencia engañosa, que ponen en peligro la seguridad o la salud de los consumidores; que, no obstante, tales disposiciones difieren en cuanto a su contenido, su alcance y su campo de aplicación; que en algunos Estados miembros se refieren en particular al conjunto de los productos que se asemejan a productos alimenticios sin serlo mientras que, en otros Estados miembros se refieren a productos particulares que pueden ser confundidos con productos alimenticios y, en particular, con golosinas; Considerando que semejante situación crea obstáculos importantes para la libre circulación de los productos y condiciones desiguales de competencia en el interior de la Comunidad sin garantizar, no obstante, una protección eficaz del consumidor, en particular, de los niños; Considerando que se deben eliminar estos obstáculos para el establecimiento y el funcionamiento del mercado común y que se debe realizar una protección adecuada del consumidor, de conformidad con las Resoluciones del Consejo de 14 de abril de 1975 y de 19 de mayo de 1981 relativas respectivamente a un programa preliminar [DO 1975, C 92, p. 1] y al segundo programa [DO 1981, C 133, p. 1] de la Comunidad Económica Europea para una política de protección y de información de los consumidores y con la Resolución del Consejo de 23 de junio de 1986 sobre un nuevo impulso en materia de Protección de los Consumidores [DO 1986, C 167, p. 1]; Considerando que es oportuno que la salud y la seguridad de los consumidores sea objeto de un nivel de protección equivalente en todos los Estados miembros; Considerando que, con tal objeto, es necesario prohibir la comercialización, importación, fabricación y la exportación de los productos que, por su apariencia engañosa, puedan confundirse con productos alimenticios y por ello pongan en peligro la seguridad o la salud de los consumidores; Considerando que deben preverse controles a efectuar por las autoridades competentes de los Estados miembros; Considerando que, de conformidad con los principios contenidos en las Resoluciones del Consejo sobre la protección de los consumidores, deben retirarse del mercado los productos peligrosos».
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Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación, formulada en particular por la Comisión, de que este requisito es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establecida, en particular, en el apartado 32 de la sentencia de 7 de marzo de 2018, Dobre (C‑159/17, EU:C:2018:161), según la cual la identificación a efectos del IVA previsto en el artículo 214 de la Directiva del IVA, al igual que la obligación del sujeto pasivo de declarar el comienzo, la modificación y el cese de sus actividades, prevista en el artículo 213 de dicha Directiva, no son más que requisitos formales con fines de control y, por tanto, no pueden poner en tela de juicio, en particular, el derecho a la deducción del IVA en los casos en los que se cumplan los requisitos materiales que dan lugar a esos derechos. En efecto, como señaló la Abogada General en el punto 56 de sus conclusiones, esta jurisprudencia carece de pertinencia en el caso de autos, puesto que el litigio principal no se refiere al derecho a deducción del adquirente aún no identificado en el momento de la adquisición del bien inmueble de que se trata, sino a las modalidades del ejercicio, por parte del vendedor, de su derecho a optar por la tributación de la operación de entrega del bien inmueble.
5

El Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 (DO 2003, L 222, p. 3.), modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1.) (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), recoge las disposiciones de aplicación del Reglamento Dublín III.
4.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Facultad de apreciación de las instituciones — Cambio de enfoque sobre el sometimiento de determinados importadores a derechos antidumping restablecidos — Cambio resultante de una atribución nueva de competencias entre el Consejo y la Comisión — Procedencia — Violación del principio de igualdad y no discriminación — Inexistencia [Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 4; Reglamentos (CE) del Consejo n.o 384/96, art. 9, ap. 4, y n.o 1225/2009, art. 9, ap. 4] (véanse los apartados 71 a 80 y 88)
7

El artículo 99, letra ș), de la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Ley n.o 303/2004, sobre el Estatuto de los Jueces y Fiscales), de 28 de junio de 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 826, de 13 de septiembre de 2005), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.o 303/2004»), establece, en particular, que el incumplimiento de las resoluciones de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía) constituye una falta disciplinaria.
28

A continuación, el tribunal remitente observa que la circunstancia de que los artículos controvertidos en el litigio principal ya no estén disponibles en el sitio g‑net y de que Google ya no muestre las previsualizaciones no ha eliminado el interés de los demandantes en el litigio principal en proseguir con su solicitud de retirada de enlaces, dado que, a su entender, el sitio g‑net se limita a indicar que, por diferentes razones, esos artículos no están «por el momento» disponibles. Así las cosas, aducen que no cabe descartar que en un futuro los mencionados artículos vuelvan a ser cargados en Internet e indexados por el motor de búsqueda de Google, precisando además que esa sociedad sigue estimando que la solicitud de retirada de enlaces no está justificada y mantiene su negativa a acceder a ella.
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Ciertamente, el Tribunal de Justicia declaró en esa sentencia, por lo que respecta a las pérdidas imputables a un establecimiento permanente no residente que había cesado plenamente en sus actividades y cuyas pérdidas no habían podido ser deducidas, ni podrían serlo ya, de su base imponible en el Estado miembro en que ejercía sus actividades, que la situación de la sociedad residente titular de tal establecimiento no era distinta, a efectos del objetivo de evitar la doble deducción de las pérdidas, de la de una sociedad residente titular de un establecimiento permanente residente. Añadió que la capacidad contributiva de una sociedad titular de establecimientos permanentes no residentes que hayan incurrido en pérdidas definitivas resulta tan afectada como la de una sociedad cuyos establecimientos permanentes residentes hayan incurrido en pérdidas, de manera que las dos situaciones son comparables desde esa óptica (sentencia de 12 de junio de 2018, Bevola y Jens W. Trock, C‑650/16, EU:C:2018:424, apartados 38 y 39).
29

En este contexto, es preciso recordar que, en la medida en que, con arreglo al artículo 80 del Reglamento n.o 1215/2012, este deroga y sustituye al Reglamento n.o 44/2001, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones de este último Reglamento es igualmente válida para el Reglamento n.o 1215/2012 cuando dichas disposiciones puedan calificarse de «equivalentes» (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, apartado 23 y jurisprudencia citada), dado que el referido artículo 80 precisa que «las referencias al [Reglamento n.o 44/2001] se entenderán hechas al [Reglamento n.o 1215/2012] y con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III [de este último Reglamento]». Pues bien, de ese anexo se desprende que el artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 corresponde al artículo 19, punto 2, del Reglamento n.o 44/2001. De ello se infiere que, al igual que esta última disposición, el artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse de manera autónoma.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»), en particular de su artículo 20, apartado 3, y de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60; en lo sucesivo «Directiva sobre procedimientos»), en particular de su artículo 33, apartado 2, letra a).
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El artículo 45b de esta Ley se expresa en los siguientes términos: «1. La solicitud de concesión de un permiso de residencia de residente de larga duración — UE será denegada cuando, inmediatamente antes de la presentación de la solicitud, el extranjero: a. disponga de un derecho de residencia temporal en virtud de un permiso de residencia de duración determinada previsto en el artículo 14; b. disponga de un derecho de residencia limitado formalmente; c. resida en virtud de un estatuto especial privilegiado; d. resida en virtud de un permiso de residencia de duración determinada previsto en el artículo 28 que no haya sido concedido al amparo del artículo 29, apartado 1, letras a) o b); e. resida, en virtud de un permiso de residencia de duración determinada previsto en el artículo 28 concedido al amparo del artículo 29, apartado 2, en el domicilio de un extranjero que tiene un permiso de residencia previsto en el artículo 28 no concedido con arreglo al artículo 29, apartado 1, letras a) o b). 2. Sin perjuicio del apartado 1, la solicitud de concesión de un permiso de residencia de residente de larga duración — UE solo podrá ser denegada cuando el extranjero: a. no haya tenido, durante cinco años ininterrumpidos inmediatamente antes de la presentación de la solicitud, la residencia legal a que se refiere el artículo 8, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 3; b. durante el período previsto en la letra a), haya residido fuera de los Países Bajos seis o más meses consecutivos o un total de diez o más meses; c. no disponga de manera independiente y duradera de medios suficientes de subsistencia, conjuntamente o no con el miembro de la familia con el que resida; d. haya sido condenado por sentencia firme a causa de infracciones castigadas con una pena de prisión de tres o más años, o bien se le haya impuesto la medida prevista en el artículo 37a del [Wetboek van Strafrecht (Código Penal)]; e. represente un peligro para la seguridad nacional; f. no disponga de un seguro de enfermedad suficiente para sí mismo y para los miembros de su familia a su cargo; o g. no haya superado el examen previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), de la [Wet inburgering (Ley de Integración Civil)] o no haya obtenido un diploma, certificado u otro de los documentos que se mencionan en el artículo 5, apartado 1, letra c), de dicha Ley. 3. Para el cómputo del período señalado en el apartado 2, letra a), no se tendrá en cuenta la residencia conforme al apartado 1 ni la residencia con arreglo al apartado 2, letra b), con excepción de la residencia con fines de estudios o de formación profesional, que se contabilizará al 50 %. 4. Mediante acto administrativo general o en virtud del mismo podrán establecerse normas relativas a la aplicación de los apartados 1 y 2.»
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El INSS y el Gobierno español subrayan que las pensiones correspondientes a cada régimen de seguridad social difieren, en particular, por sus métodos de cotización y de cálculo, así como por sus finalidades, y afirman, además, que estos elementos demuestran que los trabajadores que pueden acumular dos o más pensiones no se encuentran en una situación comparable a la de los trabajadores que no disponen de dicha facultad. Sin embargo, los elementos anteriormente mencionados no parecen poner en entredicho la constatación de que la posibilidad de acumular dos o más pensiones permite, en principio, que los trabajadores afectados disfruten de una prestación global de una cuantía superior a la de la pensión única a la que de otro modo tendrían derecho ni demostrar, por otra parte, que sus situaciones no son comparables, máxime cuando las pensiones tanto del RGSS como del RETA están destinadas a compensar la pérdida de ingresos derivada de la incapacidad total del trabajador para ejercer, por cuenta ajena o por cuenta propia, su profesión habitual, extremo que, sin embargo, corresponde al tribunal remitente comprobar.
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en nombre de BPC Lux 2 Sàrl, BPC UKI LP, Bennett Offshore Restructuring Fund Inc., Bennett Restructuring Fund LP, Queen Street Limited, BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP, BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP, CSS LLC, Beltway Strategic Opportunities Fund LP, EJF Debt Opportunities Master Fund LP, TP Lux HoldCo Sàrl, VR Global Partners LP, CenturyLink Inc. Defined Benefit Master Trust, City of New York Group Trust, Dignity Health, GoldenTree Asset Management Lux Sàrl, GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd, San Bernardino County Employees Retirement Association et EJF DO Fund (Cayman) LP, por los Sres. N. da Costa Silva Vieira y M. Marques Mendes, advogados, y por las Sras. D. Guimarães y A. Dias Henriques, advogadas;
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El artículo 1, apartado 3, letra e), del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1), indica que el Reglamento no se aplica a las obligaciones de alimentos.
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El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, acerca de la interpretación de esos términos y de la calificación que debe darse al artículo 12 de la Ley Regional de 23 de diciembre de 2016 a este respecto. Este artículo forma parte de una normativa fiscal, pero Airbnb Ireland sostiene, no obstante, que la exclusión que establece el artículo 1, apartado 5, letra a), de la Directiva 2000/31, de interpretación estricta, no es aplicable al caso de autos, de modo que el artículo 12 de la antedicha Ley regional está comprendido en el ámbito de aplicación de la referida Directiva. Pues bien, a su entender, el mencionado artículo 12, mediante la obligación de comunicación que impone, no cumple las condiciones, previstas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, que posibilitan a los Estados miembros adoptar medidas que restrinjan la libre circulación de servicios de la sociedad de la información.
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A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dentro del marco de la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, apartado 26 y jurisprudencia citada).
44

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 27 a 29 de la presente sentencia y de los elementos señalados en el apartado 31 de esta, no resulta evidente que la segunda cuestión prejudicial carezca de pertinencia a efectos de la resolución del litigio principal, la cual se refiere a la posibilidad de restablecer a las partes de un contrato de préstamo en la situación en la que se habrían encontrado si dicho contrato no se hubiera celebrado cuando el contrato, debido a la cláusula abusiva relativa a su objeto principal, no pueda subsistir, las partes no se pongan de acuerdo y el dictamen no vinculante evocado en el marco de la primera cuestión prejudicial no pueda seguirse.