Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales - Sentencia del Tribunal de Justicia - Fuerza de cosa juzgada - Facultad del juez a quo de volver a someter la cuestión al Tribunal de Justicia - Alcance

(Art. 234 CE)

2. Cuestiones prejudiciales - Sometimiento al Tribunal de Justicia - Determinación de las cuestiones que deben someterse - Competencia exclusiva del órgano jurisdiccional nacional - Posibilidad de que las partes modifiquen el tenor de las cuestiones - Inexistencia - Hipótesis planteadas por las partes y reproducidas en la resolución de remisión - Hipótesis que no han de considerarse

(Art. 234 CE)

3. Libre circulación de personas - Trabajadores - Derecho de residencia de los miembros de la familia - Autorización de residencia por tiempo indefinido para el cónyuge de un trabajador - Normativa nacional que establece un período de residencia más corto para los cónyuges de personas residentes y establecidas en el territorio que para los nacionales de otro Estado miembro y los miembros de su familia que no cumplan dicho requisito - Situaciones respectivas de estas dos categorías de personas que no son comparables en Derecho comunitario - Discriminación contraria al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, art. 7, ap. 2]

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1. La autoridad de que está revestida una sentencia dictada con carácter prejudicial no obsta a que el juez nacional que es su destinatario pueda estimar necesario volver a someter la cuestión al Tribunal de Justicia antes de resolver el litigio principal. Un recurso de este tipo puede estar justificado cuando el juez nacional tropieza con dificultades de comprensión o de aplicación de la sentencia, cuando plantea al Tribunal una nueva cuestión de Derecho, o incluso cuando le somete nuevos elementos de apreciación que puedan conducir al Tribunal a responder de manera diferente a una cuestión ya planteada.

( véase el apartado 39 )

2. Al corresponder únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar qué cuestiones cabe plantear en el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE, las partes no pueden modificar el tenor de las mismas. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe limitar su examen, en principio, a los elementos de apreciación que el órgano jurisdiccional remitente decidió someterle. Por tanto, respecto a la aplicación de la normativa nacional pertinente, el Tribunal de Justicia debe atenerse a la situación que dicho órgano jurisdiccional considera probada y no puede estar vinculado por las hipótesis planteadas por una de las partes en el litigio principal que el órgano jurisdiccional nacional se limita a reproducir sin adoptar una postura al respecto.

( véanse los apartado 40 y 41 )

3. Una normativa de un Estado miembro que exige a los cónyuges de trabajadores migrantes nacionales de los demás Estados miembros, para poder solicitar una autorización de residencia por tiempo indefinido en el referido Estado y obtener que se examine dicha solicitud, que hayan residido durante cuatro años en el territorio de dicho Estado miembro, mientras que impone una obligación de residencia de tan sólo doce meses a los cónyuges de personas establecidas en el citado territorio que no estén sujetas a ninguna restricción por lo que respecta al período durante el cual pueden residir en el mismo, no constituye una discriminación contraria al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68.

No habría sido diferente si se hubiese tenido en cuenta que las situaciones respectivas de estas dos categorías de personas con arreglo al Derecho nacional son, según el órgano jurisdiccional remitente, totalmente comparables salvo por lo que respecta al período de residencia anterior exigido para conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Estado miembro de que se trate.

En efecto, en la medida en que el derecho de residencia de un trabajador migrante nacional de otro Estado miembro está, salvo que posea este derecho en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario, supeditado al mantenimiento de la condición de trabajador o, en su caso, de persona en búsqueda de empleo, su situación no es comparable a la de una persona que no está, en virtud de la normativa nacional de un Estado miembro, sometida a restricción alguna respecto al período en que puede residir en el territorio de dicho Estado miembro y que durante su estancia no tiene el deber de cumplir ninguna condición comparable a las previstas por las disposiciones del Derecho comunitario que otorgan a los nacionales de un Estado miembro un derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro.

Puesto que el derecho de residencia de estas dos categorías de personas no es totalmente comparable, lo mismo cabe afirmar de la situación de sus cónyuges, en particular respecto a la cuestión de cuál es la duración del período de residencia necesario para que pueda concedérseles un derecho de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Estado miembro controvertido.

Puesto que en virtud del Derecho comunitario ambas situaciones no son comparables, la cuestión de si una diferencia de trato respecto a la duración de dicho período puede estar justificada carece de relevancia al respecto.

( véanse los apartados 27, 46 a 50, 56 y el fallo )