SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 5 de junio de 1996

Asunto T-92/94

Rodolfo Mąslias

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Asignación familiar — Ingresos profesionales del cónyuge superiores al límite máximo establecido en el Estatuto — Revocación con efectos retroactivos de la concesión de la asignación familiar — Devolución de las cantidades indebidamente pagadas»

Texto completo en lengua griega II-713

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión por la que se revoca con efectos retroactivos al demandante la concesión de la asignación familiar y se le reclama la devolución de las cantidades indebidamente pagadas.

Resultado:

Anulación parcial y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El Sr. Mąslias desempeñó las funciones de revisor y de traductor principal de grado LA 4 en el Parlamento desde el 1 de enero de 1987. La Sra. Mąslias fue nombrada agente temporal en el Parlamento con el grado C 4, escalón 3, del 1 de mayo de 1982 al 29 de febrero de 1984, para pasar al grado C 5, escalón 2, el 1 de marzo de 1984, antes de ser nombrada funcionaría de grado C 3, escalón 2, del 1 de febrero al 31 de julio de 1988. A continuación, la Sra. Mąslias recibió su nombramiento como funcionaría de grado B 5, escalón 1, el 1 de agosto de 1988, y fue promovida al grado B 4, escalón 1, el 1 de octubre de 1989.

Hasta el 1 de mayo de 1982, el Parlamento abonó al demandante la asignación familiar, por considerar que los ingresos profesionales de la Sra. Mąslias no rebasaban el límite máximo establecido en el apartado 3 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), a saber, el importe del sueldo base anual de un funcionario de grado C 3, escalón 3, antes de la deducción del impuesto.

El Parlamento revocó al demandante la concesión de la asignación familiar a partir del 1 de mayo de 1982 y reclamó la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, por no reunirse ya los requisitos establecidos en la referida disposición, para después volver a conceder al demandante la asignación familiar, a partir del 1 de marzo de 1984, dado que los emolumentos percibidos por su esposa como funcionaria de grado C 5, escalón 2, habían vuelto a ser inferiores al límite máximo previsto en el Estatuto.

Después de que la Sra. Mąslias fuera promovida al grado B 4, escalón 2, el 1 de octubre de 1991, el Parlamento, mediante decisión de 29 de julio de 1992, revocó al demandante la concesión de la asignación familiar y procedió a recuperar las cantidades indebidamente pagadas, mediante retenciones practicadas en su retribución a partir de enero de 1993.

El demandante presentó una reclamación y posteriormente interpuso un recurso (asunto T-42/93) que, después, fue archivado. Al comprobar entonces que el abono de las cantidades indebidas se remontaba, no al 1 de octubre de 1991, sino al 1 de agosto de 1988, fecha ésta en la cual la Sra. Mąslias fue promovida al grado B 5, escalón 1, el Parlamento anuló la primera decisión por la que se le exigía la devolución de las citadas cantidades hasta un importe de 156.240 LFR, para sustituirla por otra de fecha 21 de junio de 1993, mediante la que se le revocaba la concesión de la asignación familiar a partir del 1 de agosto de 1988 y se le reclamaba la devolución de las cantidades indebidamente pagadas hasta un importe de 676.800 LFR.

Sobre la existencia de unas cantidades indebidamente pagadas a partir del 1 de agosto de 1988

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que el concepto de ingresos profesionales comprende la totalidad de ingresos regularmente percibidos por el funcionario como contrapartida por el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, para comparar el conjunto de ingresos profesionales brutos de la Sra. Mąslias con el sueldo base anual de un funcionario de grado C 3, escalón 3, basta con sumar los distintos componentes de su retribución, es decir, su sueldo base y la indemnización por expatriación que percibía, con efectos de 1 de agosto de 1988, a partir del momento en que fue nombrada en el grado B 5, escalón 1, deduciendo de la misma las cargas sociales, sin tener en cuenta la incidencia del impuesto. De ello se desprende que los ingresos profesionales de la Sra. Mąslias en el grado B 5, escalón 1, son superiores al límite máximo establecido en el Estatuto (apartados 25 y 26).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 10 de febrero de 1994, White/Comisión (T-107/92, RecFP p. II-143). apartados 19 y 42

Sobre la legalidad de la revocación del abono de la asignación familiar

Este Tribunal de Primera Instancia rechaza por infundado el motivo referente a la violación, por el apartado 3 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto, del principio de igualdad de sexos en materia laboral y, como consecuencia, el motivo fundado en la violación del principio de buena administración (apartados 34 y 42).

Dado que la asignación familiar le fue abonada en su calidad de cónyuge cuyo sueldo base es más alto, según dispone el apartado 4 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto, el demandante no puede invocar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las discriminaciones indirectas por razón del sexo. Además, el demandante percibió la asignación familiar, no para su propio disfrute, sino en interés del hogar (apartados 35 y 36).

Este Tribunal de Primera Instancia considera, además, que, en cualquier caso, el carácter posiblemente disuasorio de la revocación de la concesión de la asignación, vistos los esfuerzos hechos por la Sra. Mąslias para perfeccionarse profesionalmente, únicamente pudo redundar en perjuicio de la interesada, que era la única persona legitimada para recurrir. Además, el paso de la Sra. Mąslias a la categoría B, hecho que dio lugar a la revocación con efecto retroactivo de la concesión de la asignación familiar, le abrió unas perspectivas profesionales superiores a las de la categoría C. De la misma forma, no puede considerarse en modo alguno que sus esfuerzos para perfeccionarse profesionalmente se vieran obstaculizados (apartados 37 y 38).

Sobre la legalidad de la devolución de las cantidades indebidamente pagadas

En lo relativo a la legalidad de la devolución del importe total de 676.800 LFR

Puesto que la presente controversia se halla comprendida en la segunda de las hipótesis contempladas en el artículo 85 del Estatuto, este Tribunal de Primera Instancia debe examinar las circunstancias en las cuales se efectuó el abono, a fin de determinar si la irregularidad de los pagos que percibió el demandante era tan evidente que éste no hubiera podido dejar de advertirla (apartado 59).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de junio de 1973, Kuhl/Consejo (71/72, Rec. p. 705), apartado 11

Lejos de quedar dispensado de todo esfuerzo de reflexión y de control, el interesado, antes bien, está obligado a efectuar la devolución, en cuanto se trate de un error que no puede escapar a un funcionario normalmente diligente, que se estima que conoce las normas reguladoras de sus retribuciones. A este respecto, debe tenerse en cuenta su capacidad para efectuar las comprobaciones necesarias. Los elementos tomados en consideración por el Juez para ello se refieren al nivel de responsabilidad del funcionario, a su grado y antigüedad, al grado de claridad de las disposiciones del Estatuto que establecen los requisitos para conceder la citada prestación, así como a la importancia de las modificaciones producidas en su situación personal o familiar, dado que el abono de la cantidad controvertida está vinculado a la apreciación que la administración haga de tal situación (apartados 60 y 61).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1979, Broe/Comisión (252/78, Rec. p. 2393), apartado 13; Tribunal de Justicia, 17 de enero de 1989, Stempels/Comisión (310/87. Rec. p. 43), apartado 11; Tribunal de Primera Instancia, 13 de marzo de 1990, Costacurta/Comisión (asuntos acumulados T-34/89 y T-67/89. Rec. p. II-93), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 28 de febrero de 1991, Kormeier/Comisión (T-124/89, Rec. p. II-125), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Stahlschmidt/Parlamento (T-38/93, RecFP p. II-227), apartados 19 y 21; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Kschwendt/Comisión (T-545/93, RecFP p. II-565), apartado 104

Los ingresos profesionales que la Sra. Mąslias percibió, efectivamente hasta el 30 de noviembre de 1989, como funcionaria de grado B 5, escalón 1, no se diferencian muy claramente del límite máximo de ingresos establecido en el Estatuto, por lo que, hasta la citada fecha, no se cumplía el requisito relativo a la evidencia de la irregularidad de los pagos (apartados 62 y 63).

Por el contrario, este Tribunal de Primera Instancia considera que, durante el período que comenzó el 1 de diciembre de 1989, el demandante no dio pruebas de la diligencia normal que cabe esperar de un funcionario que tenga su antigüedad en el servicio y su nivel de responsabilidades. Efectivamente, los efectos acumulados de la promoción de la Sra. Mąslias el 1 de octubre de 1989, del rebasamiento más ostensible del límite máximo de ingresos establecido en el Estatuto a partir del 1 de diciembre de 1989, fecha ésta en la cual la Sra. Mąslias comenzó a percibir, efectivamente, la retribución correspondiente al grado B 5, escalón 2, y del precedente de 1982 hubieran debido llevar al demandante a considerar que, desde el 1 de diciembre de 1989, su derecho a la asignación familiar era, en el mejor de los casos, dudoso (apartados 64 y 67).

Aun cuando el demandante no hubiera podido determinar con precisión, a partir de tal fecha, la amplitud del error cometido, sin embargo, debería haberse dirigido a la administración para que se efectuaran las comprobaciones adecuadas (apartado 68).

Referencia: White/Comisión, antes citada, apartado 42

Debe rechazarse la alegación del demandante fundada en la ambigüedad de las disposiciones aplicables, dado que el Juez comunitario ha declarado, en repetidas ocasiones, que las referidas disposiciones son suficientemente claras y terminantes como para permitir a un agente con un grado normal de diligencia percatarse de la irregularidad del pago de la asignación familiar (apartado 69).

Referencia: Broe/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Burck/Comisión (T-93/92, Rec. p. II-201)

Este Tribunal de Primera Instancia tampoco puede acoger la alegación del demandante según la cual éste habría olvidado el precedente de 1982, pues entonces fue plenamente informado, mediante una decisión debidamente motivada, de la revocación de la concesión de la asignación familiar, así como de la devolución de las cantidades que, en su momento, se le abonaron indebidamente (apartado 70).

Las negligencias o los errores en que incurrió la administración carecen de incidencia sobre la aplicación del artículo 85 del Estatuto, precepto éste que supone precisamente un comportamiento culpable de la administración. A este respecto, procede recordar que no se trata de determinar si el error era o no evidente para la administración, sino de dilucidar si debía serlo para el interesado. Además, la situación en que se halla una administración, a la que incumbe efectuar el pago de miles de retribuciones y de asignaciones de toda índole, aun disponiendo de modernos métodos de gestión, no puede compararse con la del funcionario que tiene un interés personal en que se verifiquen los pagos que se le abonan mensualmente (apartados 71 y 72).

Referencia: Broe/Comisión, antes cilada, apartado 11; Stahlschmidt/Parlamento, antes citada, apañado 23

Debe rechazarse por improcedente la alegación del demandante relativa a su buena fe, puesto que la expresión «tan evidente» que caracteriza la irregularidad del pago, mencionada en el artículo 85 del Estatuto, significa que procede la devolución en cuanto se trate de un error que no puede escapar a un funcionario normalmente diligente (apartado 73).

Referencia: Stempels/Comisión, antes citada, apartado 10

Por consiguiente, este Tribunal de Primera Instancia rechaza el motivo fundado en la infracción del artículo 85, en la medida en que la decisión impugnada exige la devolución de las cantidades indebidamente pagadas durante el período posterior al 30 de noviembre de 1989 (apartado 75).

Sobre la legalidad de la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, hasta el importe suplementario de 520.560 LFR

Este Tribunal de Primera Instancia rechaza el motivo fundado en el abuso de poder y en la violación del principio de la prohibición de la reformatio in peius dado que, al tener el funcionario derecho a su retribución unicamente en las condiciones establecidas en el Estatuto, el principio de legalidad obligaba en principio al Parlamento a reclamar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas a partir de la fecha inicial en la cual se efectuaron los pagos irregulares (apartados 82 y 83).

Este Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante tampoco puede pretender que se mantenga en vigor la decisión de 29 de julio de 1992, antes citada, dado que, en su recurso interpuesto contra dicha decisión, que se registró con el número T-42/93, el propio demandante planteó la cuestión relativa al motivo por el cual el Parlamento aplicó el apartado 3 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto tan sólo cuando su esposa había sido promovida al segundo escalón del grado B 4 y no con anterioridad, poniendo de manifiesto que las retribuciones correspondientes a los primeros escalones de los grados B 5 y B 4 son, ambas, superiores al sueldo de un funcionario de grado C 3, escalón 3 (apartados 85 y 86).

Fallo:

Se anula la decisión del Parlamento de 21 de junio de 1993 en la medida en que reclama la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, en concepto de asignación familiar, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 1988 y el 30 de noviembre de 1989.

Se desestima el recurso en todo lo demás.