Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación – Competencia del juez comunitario – Sustitución del destinatario de una decisión de una institución comunitaria por un nuevo destinatario – Exclusión cuando no se haya producido la desaparición del destinatario señalado

(Arts. 229 CE y 230 CE, párr. 4)

2. Recurso de anulación – Recurso interpuesto por la persona física o jurídica destinataria del acto impugnado – Transmisión del recurso a un tercero – Improcedencia

(Arts. 229 CE y 230 CE, párr. 4)

3. Competencia – Normas comunitarias – Infracciones – Imputación – Persona física o jurídica que explotaba la empresa cuando se cometió la infracción – Asunción de la responsabilidad por otra persona que le haya sucedido en la explotación – Procedencia – Alcance

4. Derecho comunitario – Principios – Derechos fundamentales – Presunción de inocencia – Procedimiento en materia de competencia – Aplicabilidad

5. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción – Modo de prueba – Utilización de un conjunto de indicios – Grado de fuerza probatoria exigido en relación con cada uno de los indicios

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción que consiste en la celebración de un acuerdo contrario a la competencia – Decisión basada en pruebas documentales – Obligaciones en materia de prueba de las empresas que niegan la realidad de la infracción

(Art. 85 CE, ap. 1)

7. Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos entre empresas – Perjuicio para la competencia – Criterios de apreciación – Objeto contrario a la competencia – Comprobación suficiente

[Art. 81 CE, ap. 1, letra c)]

8. Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos entre empresas – Prueba de la infracción a cargo de la Comisión – Límites

[Art. 81 CE, ap. 1, letra c)]

9. Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos entre empresas – Prueba – Respuesta de una empresa a una solicitud de información de la Comisión – Declaración de una empresa rechazada por otras empresas – Declaración sumarial ante un fiscal – Valor probatorio – Apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

10. Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos entre empresas – Prueba de la infracción – Aportación de un documento por la Comisión sin revelar su origen – Procedencia

11. Competencia – Prácticas colusorias – Participación en reuniones de empresas que tienen un propósito contrario a la competencia – Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Art. 81 CE, ap. 1)

12. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción – Pruebas que deben reunirse – Grado de precisión exigido en cuanto a los tipos de productos a los que afecta la infracción

(Art. 81 CE, ap. 1)

13. Procedimiento – Prueba – Carga de la prueba – Traslado de la demandante a la demandada en un caso concreto – Incapacidad de la Comisión para precisar la fecha de expiración de un acuerdo celebrado por ella con un tercer Estado

14. Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única – Empresas a las que puede reprocharse la infracción que consiste en participar en una práctica colusoria global – Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1)

15. Competencia – Prácticas colusorias – Perjuicio para el comercio entre Estados miembros – Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1)

16. Actos de las instituciones – Motivación – Obligación – Alcance

(Art. 253 CE)

17. Recurso de anulación – Motivos – Violación del derecho de defensa – Ilegalidad de carácter subjetivo que el juez no puede apreciar de oficio

(Art. 230 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2)

18. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción – Decisión no idéntica al pliego de cargos – Violación del derecho de defensa – Requisito – Imposibilidad de la empresa de defenderse frente a una imputación formulada de modo definitivo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1)

19. Competencia – Procedimiento administrativo – Pliego de cargos – Contenido necesario

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1)

20. Competencia – Procedimiento administrativo – Competencias respectivas de la Comisión y del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio – Principio de ventanilla única – Apertura de un procedimiento basado simultáneamente en las disposiciones del Tratado CE y en las del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo – Procedencia – Requisito – Imposibilidad de determinar en esa fase el organismo competente para comprobar la existencia de la supuesta infracción y sancionarla

(Art. 81 CE; Acuerdo EEE, arts. 56 y 109; Reglamento nº 17 del Consejo)

21. Competencia – Multas – Importe – Determinación – No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de la cooperación de la empresa acusada – Respeto del principio de igualdad de trato

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

22. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Criterios – Cooperación de la empresa durante el procedimiento administrativo – Concepto – Mera aportación de la información solicitada sin reconocimiento de la realidad de la infracción – Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

23. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Criterios – Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

24. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Margen de apreciación reservado a la Comisión – Límites – Observancia de las Directrices adoptadas por la Comisión – Respeto de las normas y de los principios generales del Derecho comunitario

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

25. Competencia – Multas – Importe – Facultad de apreciación de la Comisión – Control jurisdiccional – Competencia jurisdiccional plena – Requisito para su ejercicio – Alcance

(Art. 229 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

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1. El sucesor a título universal de una persona física o jurídica desaparecida la sustituye necesariamente de pleno derecho como destinatario de un acto de una institución, y puede por tanto seguir ejercitando la acción de anulación ejercitada inicialmente por aquélla.

En cambio, en un recurso de anulación basado en el artículo 230 CE, el juez comunitario no es competente para modificar la decisión de una institución comunitaria reemplazando al destinatario de la misma por otra persona física o jurídica cuando el destinatario todavía existe, y ello ni siquiera en ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 229 CE. A priori, dicha competencia corresponde únicamente a la institución que adoptó la decisión de que se trate. Así, una vez que la institución competente ha adoptado una decisión y determinado, por tanto, la identidad de la persona a la que va dirigida, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia reemplazar a esta persona por otra.

(véanse los apartados 46 y 47)

2. El recurso interpuesto por una persona en su condición de destinatario de un acto, a fin de defender sus derechos mediante una pretensión de anulación del acto basada en el artículo 230 CE o mediante una pretensión de modificación del mismo basada en el artículo 229 CE, no puede ser transmitido a un tercero que no es destinatario del acto. En efecto, si se admitiera dicha transmisión, existiría una discordancia entre la legitimación invocada para interponer el recurso y la invocada para continuar ejercitando la acción. Además, dicha transmisión provocaría una discordancia entre la identidad del destinatario del acto y la de la persona que comparece en juicio como destinatario del acto.

(véase el apartado 48)

3. La persona que ha pasado a ser responsable de la explotación de una empresa puede asumir la responsabilidad de los hechos imputados al responsable real mediante una declaración formulada al efecto en el procedimiento administrativo ante la Comisión, aunque la responsabilidad derivada de la infracción recaiga, en principio, en la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción. Sin embargo, tal declaración no puede producir el efecto de modificar la identidad del destinatario de una decisión de la Comisión una vez que ésta ha sido adoptada, ni tampoco la identidad de la parte demandante en un recurso de anulación contra dicha decisión una vez que el recurso ha sido interpuesto.

(véase el apartado 50)

4. El principio de la presunción de inocencia, tal y como se halla recogido en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Habida cuenta de la naturaleza de las infracciones contempladas, así como de la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica también en los procedimientos relativos a violaciones de las normas sobre competencia aplicables a las empresas que puedan dar lugar a la imposición de multas o multas coercitivas.

De ello se deduce que las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a la empresa destinataria de la decisión que afirme la existencia de una infracción. El juez no puede por tanto concluir que, conforme a su obligación, la Comisión ha acreditado con arreglo a Derecho la existencia de la infracción de que se trate si aún alberga dudas sobre esta cuestión.

(véanse los apartados 173, 177 y 178)

5. En materia de competencia, es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción apreciada por dicha institución.

Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción. Basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente. Por lo tanto, el hecho de que un documento aluda únicamente a algunos de los hechos mencionados en otros medios de prueba no basta para obligar a la Comisión a excluir el documento en cuestión del conjunto de indicios utilizados como pruebas de cargo.

(véanse los apartados 179, 180, 238 y 263)

6. Desde el momento en que, para probar la infracción que deseaba sancionar, a saber la celebración de un acuerdo con un objeto contrario a la competencia prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, letra c), la Comisión se ha basado en pruebas documentales, las empresas acusadas sólo pueden impugnar adecuadamente la existencia de la infracción demostrando que las pruebas utilizadas no son suficientes para acreditar la existencia del acuerdo ilegal. No les supone ninguna ayuda intentar probar que la celebración del acuerdo no servía a sus intereses comerciales, o que su comportamiento efectivo en el mercado puede explicarse por razones distintas de la existencia del acuerdo contrario a la competencia.

(véanse los apartados 181 a 187)

7. Dado que la Comisión tiene por misión sancionar las infracciones del artículo 81 CE, apartado 1, y que el artículo 81 CE, apartado 1, letra c), prohíbe expresamente los acuerdos que consistan en «repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento», le basta con probar, por tanto, que un acuerdo entre empresas capaz de afectar al comercio entre Estados miembros ha tenido por objeto o por efecto repartir entre ellas los mercados comunitarios de uno o varios productos para que dicho acuerdo constituya una infracción.

(véase el apartado 202)

8. Aunque, para sancionar las infracciones del artículo 81 CE, apartado 1, letra c), incumbe necesariamente a la Comisión demostrar la celebración de un acuerdo ilícito de reparto de los mercados, sería excesivo exigirle además que aportase pruebas del mecanismo específico previsto para alcanzar dicho objetivo. En efecto, resultaría demasiado fácil para una empresa infractora eludir todas las sanciones si pudiera utilizar como argumento la vaguedad de las informaciones presentadas sobre el funcionamiento de un acuerdo ilícito, en una situación en la que la existencia del acuerdo y su finalidad contraria a la competencia han quedado sin embargo suficientemente acreditadas. En tal situación, las empresas pueden defenderse adecuadamente en la medida en que tengan la posibilidad de formular observaciones sobre todas las pruebas invocadas en su contra por la Comisión.

(véanse los apartados 203 y 317)

9. Las respuestas dadas en nombre de la propia empresa a la solicitud de información remitida por la Comisión con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 presentan una credibilidad superior a la que podrían tener las respuestas dadas por u no de sus empleados, con independencia de la experiencia o de las opiniones personales de éste.

Sin embargo, la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas.

Por otra parte, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables. En particular, cuando se pide a una persona que comente ciertos documentos y ésta confiesa que ha cometido una infracción y reconoce así la existencia de hechos que rebasan lo que podía deducirse directamente de dichos documentos, ello implica a priori, si no concurren circunstancias especiales que indiquen lo contrario, que tal persona ha resuelto decir la verdad.

Por último, aunque una declaración sumarial ante un fiscal no tiene ciertamente el mismo valor que un testimonio bajo juramento ante un tribunal, procede considerar que la presión, resultante de las facultades del fiscal en materia de instrucción, y las consecuencias penales que puede acarrear a un declarante mentir en la instrucción hacen que una declaración sumarial de este tipo sea más digna de confianza que una mera declaración.

(véanse los apartados 205, 211, 212, 219, 296 y 312)

10. El principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad. No cabe denegar esta credibilidad a un documento porque la Comisión rehúse revelar su procedencia, ya que la Comisión puede necesitar proteger el anonimato de sus informadores.

(véase el apartado 273)

11. Cuando una empresa participa en reuniones entre empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente del contenido de las mismas, dando así la impresión a los demás participantes de que se adhiere a las prácticas colusorias resultantes de dichas reuniones y que respetará lo acordado, puede considerarse que participa en dichas prácticas colusorias.

(véase el apartado 327)

12. Si una decisión que sanciona un acuerdo, considerada en conjunto, afirma que la infracción sancionada afectó a un tipo especial de productos y menciona las pruebas que apoyan dicha conclusión, el hecho de que la misma no contenga una relación precisa y exhaustiva de todos los tipos de productos a los que afectaba la infracción no basta, por sí solo, para justificar su anulación. De no ser así, aunque la Comisión hubiera acreditado más allá de toda duda que una empresa había cometido una infracción, dicha empresa podría eludir toda sanción en el caso de que no se hubiera acreditado la identidad de los productos específicos afectados, de entre la gama de productos similares comercializados por la empresa en cuestión.

(véase el apartado 336)

13. Aunque, por regla general, la parte demandante no puede trasladar la carga de la prueba a la parte demandada invocando circunstancias que no es capaz de probar, si la Comisión ha decidido considerar que no existió infracción de las normas sobre competencia mientras estaban en vigor unos acuerdos de autolimitación celebrados entre un país tercero y la Comunidad, representada por la Comisión, no cabe aplicar el concepto de la carga de la prueba en favor de la Comisión en lo relativo a la fecha de expiración de dichos acuerdos. En efecto, la inexplicable incapacidad de la Comisión para presentar pruebas relativas a una circunstancia que la concierne directamente priva al Tribunal de Primera Instancia de la posibilidad de pronunciarse con conocimiento de causa sobre dicha fecha de expiración, y supondría una vulneración del principio de buena administración de la justicia obligar a soportar las consecuencias de esta incapacidad de la Comisión a las empresas destinatarias de la decisión impugnada, que, a diferencia de la institución demandada, no están en posición de aportar la prueba que falta.

(véanse los apartados 342 a 344)

14. Una empresa puede ser considerada responsable de una práctica colusoria global aunque se haya acreditado que sólo participó directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicha práctica colusoria, si, por una parte, sabía o tenía que saber necesariamente que la colusión en la que participaba, en particular a través de reuniones regulares organizadas durante varios años, formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia y, por otra, el citado plan abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos de la práctica colusoria.

Del mismo modo, el hecho de que diferentes empresas hayan desempeñado diversas funciones en la persecución de un objetivo común no elimina la identidad de objeto contrario la competencia y, por tanto, de infracción, a condición de que cada empresa haya contribuido, a su propio nivel, a la persecución del objetivo común.

(véase el apartado 370)

15. Para que una decisión, un acuerdo o una práctica concertada puedan afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros. De ello se deduce que la Comisión no está obligada a demostrar que el comercio se ha visto realmente afectado, pues basta con una influencia potencial. Sin embargo, es preciso que dicha influencia real o potencial no sea insignificante.

(véase el apartado 392)

16. La obligación de motivar un acto no puede entrañar para la institución autora del mismo una obligación de motivar su decisión de no haber adoptado actos similares dirigidos a terceros.

(véase el apartado 414)

17. La violación del derecho de defensa, al ser una ilegalidad intrínsecamente subjetiva, no forma parte de los vicios sustanciales de forma y, por lo tanto, no debe ser planteada de oficio. Por consiguiente, procede declarar que dicho motivo es inadmisible, con arreglo al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, si ha sido invocado por primera vez por una parte en su escrito de réplica.

(véase el apartado 425)

18. El derecho de defensa sólo resulta vulnerado con motivo de una discordancia entre el pliego de cargos y la decisión definitiva si alguna de las imputaciones formulada por ésta no hubiera sido expuesta en aquél con claridad suficiente para dar a los destinatarios la oportunidad de defenderse.

De ello se deduce que, en principio, no cabe reprochar a la Comisión que limite el alcance de una decisión definitiva con respecto al pliego de cargos que la precede, dado que la Comisión debe oír a los destinatarios de este último y, en su caso, tener en cuenta las observaciones de éstos en respuesta a los cargos formulados, precisamente para respetar su derecho de defensa.

(véanse los apartados 429 y 430)

19. En la fase de envío del pliego de cargos, la obligación de la Comisión consiste simplemente en exponer sus imputaciones y en formular claramente los hechos en que se basa y la calificación de los mismos, a fin de que los destinatarios puedan defenderse adecuadamente. La Comisión no está obligada a indicar las conclusiones que extrae de los hechos, documentos y argumentos jurídicos.

(véase el apartado 453)

20. El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en particular sus artículos 56 y 109, establece un sistema de «ventanilla única» para la aplicación de las normas sobre la competencia, aplicable desde la fase de instrucción, de modo que cada uno de los dos organismos está obligado a declararse incompetente y a remitir el expediente al otro si comprueba que el organismo competente es este último.

No obstante, no cabe aplicar el concepto de «ventanilla única» desde el inicio de las investigaciones si no es posible determinar en esa fase cuál es el órgano competente, pues de otro modo, en el supuesto de que el asunto fuera sometido al Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) pero el organismo finalmente competente fuera la Comisión, se estaría violando el principio con arreglo al cual las disposiciones del Acuerdo EEE no pueden privar a la Comisión de su competencia para investigar los comportamientos contrarios a la competencia que afecten al comercio entre los Estados miembros de la Comunidad.

Ésta es la razón por la que no cabe reprochar a la Comisión que abriera una investigación en un sector específico, invocando simultáneamente como fundamento jurídico el artículo 81 CE, el Reglamento nº 17 y el artículo 53 EEE, así como una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC por la que se autorizaba el envío de una petición de asistencia a la Comisión, si no resultaba razonable pensar que la Comisión pudiera saber con certeza cuál era el fundamento jurídico correcto en el momento de abrir la investigación, ya que la respuesta a esta cuestión dependía precisamente del resultado de sus investigaciones futuras.

(véanse los apartados 489, 490 y 492)

21. Si varias empresas proporcionan a la Comisión, en una misma fase del procedimiento administrativo y en circunstancias análogas, informaciones similares sobre los hechos que se les reprochan, el grado de cooperación prestado por cada una de ellas debe considerarse comparable, con la consecuencia de que tales empresas deben recibir un mismo trato en lo que respecta a la determinación del importe de la multa que se les impondrá.

(véanse los apartados 501 y 573)

22. Para justificar la reducción del importe de una multa en atención a la cooperación de la empresa sancionada, el comportamiento de ésta debe facilitar la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones de las normas comunitarias en materia de competencia.

No facilita significativamente la tarea de la Comisión la empresa que se limita a proporcionarle la información fáctica que ésta le ha solicitado, cuya utilidad radica únicamente en el hecho de que corrobora en cierta medida otras declaraciones que ya obran en poder de la Comisión, al tiempo que rechaza toda interpretación de la misma que pudiera acreditar que ella ha cometido una infracción, y que no indica en ningún momento a la Comisión durante el procedimiento administrativo que reconoce la veracidad de los hechos, hechos que por lo demás continúa impugnando ante el Tribunal de Primera Instancia.

(véanse los apartados 499 y 503 a 505)

23. El importe de la multa impuesta a una empresa por una infracción en materia de competencia debe ser proporcionado a la infracción, apreciada en su conjunto, teniendo en cuenta en particular la gravedad de la misma.

Para apreciar dicha gravedad hay que tener en cuenta gran número de elementos, cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción de que se trate y las circunstancias particulares de la misma.

(véase el apartado 532)

24. Si bien la Comisión goza de un margen de apreciación para fijar el importe de las multas en los asuntos de competencia, no puede renunciar a las normas que se ha impuesto y debe tener en cuenta en particular los factores que las Directrices mencionan con carácter imperativo. No obstante, en la medida en que sus Directrices para el cálculo de las multas no la obliguen a tener en cuenta sistemáticamente una determinada circunstancia, dicha institución puede decidir qué factores procede tomar en consideración a estos efectos, lo que le permite adaptar su apreciación a cada caso concreto. Dicha apreciación debe efectuarse sin embargo respetando el Derecho comunitario, que no sólo incluye las disposiciones del Tratado, sino también los principios generales del Derecho.

(véanse los apartados 537, 553 y 572)

25. Cuando una empresa que ha interpuesto un recurso contra una decisión en la que se le impone una multa por infracción de las normas sobre competencia solicita en su recurso que el juez comunitario ejercite su competencia jurisdiccional plena, aunque sea en el marco de una pretensión de reducción del importe de la multa, el Tribunal de Primera Instancia se encuentra facultado para reformar el acto impugnado, incluso sin anularlo, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, a fin de modificar el importe de la multa impuesta. La competencia jurisdiccional plena atribuida al juez comunitario por el artículo 17 del Reglamento nº 17, con arreglo al articulo 229 CE, incluye expresamente la facultad de aumentar, en su caso, la multa impuesta.

Los agentes de la Comisión pueden solicitar legítimamente, salvo eventuales instrucciones expresas en sentido contrario de sus superiores jerárquicos, que el juez comunitario ejercite su competencia jurisdiccional plena para aumentar el importe de una multa fijado por los miembros de la Comisión. En efecto, el mero hecho de que un agente de la Comisión solicite al juez comunitario que ejercite una facultad de la que éste dispone y presente alegaciones que eventualmente justifiquen tal actitud no puede interpretarse como una suplantación de los miembros de la Comisión por el agente.

(véanse los apartados 575 y 577)