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SENTENCIA DEL TRIBUNAL (SALA PRIMERA) DE 28 DE FEBRERO DE 1989. - BLAUPUNKT-WERKE GMBH CONTRA OBERFINANZDIREKTION BERLIN. - PETICION DE DECISION CON CARACTER PREJUDICIAL PRESENTADA POR EL BUNDESFINANZHOF. - ARANCEL ADUANERO COMUN - COMBINADO CAMARA-APARATO PARA EL REGISTRO O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION. - ASUNTO 245/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00573

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Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

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Arancel aduanero común - Partidas arancelarias - Combinado cámara de televisión-aparato para el registro o la reproducción de imágenes y sonido en televisión que precisa un accesorio para el registro de emisiones de televisión - Clasificación en la subpartida 92.11 B - Requisitos

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Con arreglo a las notas explicativas de la nomenclatura del arancel aduanero común, que constituyen un importante elemento de interpretación de dicho arancel (véanse las sentencias de 8 de mayo de 1974, Osram, 183/73, Rec. 1974, p. 477, y de 26 de febrero de 1980, Hako-Schuh, 54/79, Rec. 1980, p. 311), pertenecen a la subpartida arancelaria 92.11 B "aparatos para el registro o la reproducción de imágenes y sonido en televisión" los aparatos combinados que comprenden en una misma caja una cámara de televisión y un aparato para el registro de imágenes y de sonido en televisión. Esta subpartida debe interpretarse en el sentido de que incluye asimismo dichos aparatos cuando los mismos no pueden registrar emisiones de televisión más que por medio de un accesorio que debe adquirirse separadamente, siempre que este accesorio no cumpla más que una función secundaria en el registro de emisiones de televisión y que su precio sea mínimo con relación al precio del aparato combinado.

Partes

En el asunto 245/87,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Bundesfinanzhof, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Blaupunkt-Werke GmbH, con domicilio social en Hildesheim,

y

Oberfinanzdirektion Berlin, de Berlín,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las subpartidas 85.15 A IV y 92.11 B del arancel aduanero común (DO L 345 de 8.12.1986, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres. R. Joliet, Presidente de Sala; Sir Gordon Slynn y G.C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesfinanzhof, mediante resolución de 7 de julio de 1987, decide:

Parte dispositiva

Declarar que la subpartida 92.11 B del arancel aduanero común debe interpretarse en el sentido de que incluye los aparatos combinados que comprenden en una misma caja una cámara de televisión y un aparato para el registro de imágenes y de sonido en televisión, pero que no pueden registrar emisiones de televisión más que por medio de un accesorio que debe adquirirse separadamente, siempre que este accesorio no cumpla más que una función secundaria en el registro de emisiones de televisión y que su precio sea mínimo en relación al precio del aparato combinado.
GRECIA / COMISIÓN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
10 de julio de 1990* 
En el asunto C-335/87, 
República Helénica, representada por la Sra. Eleni Marinou, Abogada, Colabora­
dora Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por los Sres. Ilias Laios, Ase­
sor Jurídico del Ministerio de Agricultura, y Meletis Tsotsanis, Jurista del Ministe­
rio de Agricultura, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem­
burgo la sede de la embajada de Grecia, 117, Val Sainte-Croix, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. 
Xenophon Yataganas, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, pos­
teriormente por el Sr. Dimitrios Gouloussis, Consejero Jurídico, en calidad de 
Agente, y finalmente por el Sr. Théofanis Christoforou, miembro de su Servicio 
Jurídico, asistido por el Sr. Michail Vilaras, Miembro del Consejo de Estado helé­
nico en comisión de servicios en el Servicio Jurídico de la Comisión, en calidad de 
Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios 
Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de la Decisión 87/469 de la Comisión, de 18 de 
agosto de 1987, relativa a la liquidación de cuentas de los Estados miembros en 
concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garan­
tía Agraria, sección «Garantía», para el ejercicio presupuestario 1985 (DO L 262, 
p. 35), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn y C. N. Kakouris, 
Presidentes de Sala; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias y 
M. Diez de Velasco, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: griego. 
I - 2877 
SENTENCIA DE 10.7.1990 — ASUNTO C-335/87 
decide : 
1) Desestimar el recurso. 
2) Condenar en costas a la República Helénica. 
I-2878
Si bien la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de ascenso frente a los candidatos no ascendidos, está sin embargo obligada a motivar una decisión por la que desestima una reclamación presentada, en virtud del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, por un candidato no ascendido, entendiéndose que la motivación de esta última decisión por la que desestima la reclamación debe coincidir con la motivación de la decisión contra la que se dirigía la reclamación.
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Palabras clave

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1. Libre circulación de mercancías - Intercambios con terceros países - Régimen de perfeccionamiento activo - Operaciones triangulares autorizadas por las autoridades nacionales previa consulta a la Comisión - No percepción de montantes compensatorios monetarios intracomunitarios - Replanteamiento posterior por la Comisión con motivo de la obtención de una ventaja injustificada para los operadores económicos - Improcedencia

(Directiva 75/349 de la Comisión, art. 4)

2. Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Normativa que impone gravámenes - Requisito de claridad y precisión

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1. Al definir, a instancia de las autoridades nacionales ante las que los operadores económicos habían presentado una solicitud para obtener la concesión del régimen de perfeccionamiento activo para operaciones triangulares, el procedimiento que debe seguirse para la aplicación de la Directiva 75/349 a tales operaciones, la Comisión debió estimar que, en el marco de dicho procedimiento, podían autorizarse esas operaciones, y ello sin implicar una transferencia ficticia de mercancías entre los Estados miembros interesados que dé lugar a la percepción de montantes compensatorios monetarios intracomunitarios. Por tanto, después la Comisión no puede imputar a esos Estados miembros no haber previsto la posibilidad de una percepción de dichos montantes compensatorios y no haber considerado que la concesión del régimen de perfeccionamiento activo debía denegarse a causa de la ventaja no justificada, en el sentido del artículo 4 de la mencionada Directiva resultante para los operadores económicos de que se trata del hecho de no pagarlos.

2. El principio de seguridad jurídica exige que una normativa que impone cargas al contribuyente sea clara y precisa, para que éste pueda conocer sin ambigueedad sus derechos y obligaciones y tomar las medidas oportunas.
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1. Libre circulación de mercancías - Propiedad industrial y comercial - Diseños y modelos - Protección - Requisitos y modalidades - Regulación por el Derecho nacional - Protección de piezas que forman parte de un conjunto protegido como tal - Procedencia

(Tratado CEE, art. 36)

2. Competencia - Posición dominante - Diseños y modelos - Partes de carrocería para automóviles - Ejercicio del derecho - Abuso - Requisitos

(Tratado CEE, art. 86)

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1. A falta de una unificación en el ámbito de la Comunidad o de una aproximación de las legislaciones, incumbe a las leyes nacionales de cada Estado miembro fijar los requisitos y las modalidades de protección de los diseños y modelos. Corresponde al legislador nacional determinar los productos que pueden beneficiarse de la protección, incluso cuando formen parte de un conjunto ya protegido como tal.

2. La facultad del titular de un modelo protegido de impedir a terceros fabricar y vender o importar, sin su consentimiento, productos que incorporen dicho modelo, constituye el contenido mismo de su derecho exclusivo. Por tanto, una obligación impuesta al titular del modelo protegido de conceder a terceros una licencia para suministrar productos que incorporen el modelo protegido, incluso a cambio de una compensación económica razonable, supondría privar a dicho titular del contenido de su derecho exclusivo, y la negativa a conceder una licencia paralela no constituye en sí misma un abuso de posición dominante a los efectos del artículo 86 del Tratado.

No obstante, el ejercicio de este derecho exclusivo por el titular de un modelo relativo a piezas para carrocería de vehículos automóviles puede estar prohibido por el artículo 86 si da lugar, por parte de una empresa que ocupa una posición dominante, a determinados comportamientos abusivos tales como la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a los talleres independientes, la fijación de los precios para las piezas de recambio a un nivel no equitativo o la decisión de no seguir produciendo piezas de recambio para un determinado modelo cuando todavía circulan muchos vehículos de ese tipo, a condición de que dichos comportamientos puedan afectar al comercio entre Estados miembros.
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1. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Trabajador fronterizo - Concepto - Trabajador que ha trasladado su residencia a un Estado miembro distinto al Estado de empleo y no regresa a éste - Exclusión

((Reglamento nº 1408/71 del Consejo, art. 1, letra b), y art. 71, apartado 1, letra a), inciso ii) ))

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Desempleo - Trabajador no fronterizo en paro total que traslada su residencia, por motivos familiares, a un Estado miembro distinto al del último empleo - Derecho a las prestaciones del Estado miembro de residencia

((Reglamento nº 1408/71 del Consejo, art. 71, apartado 1, letra b), inciso ii) ))

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1. Solamente se reconoce la condición de fronterizos a los trabajadores que, por una parte, residan en un Estado miembro distinto al Estado de empleo y que, por otra parte, regresen a aquél con regularidad y frecuencia, a saber, cada día o al menos una vez por semana. De ello se deduce que un trabajador que, después de haber trasladado su domicilio a otro Estado miembro distinto del Estado del empleo, no regrese ya a este último para ejercer allí su actividad, no puede ser incluido en la categoría de trabajador fronterizo en sentido de la letra b) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71 y no puede invocar a su favor el inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 71 de dicho Reglamento.

2. El inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 del Reglamento nº 1408/71 no se aplica exclusivamente a los trabajadores mencionados en la Decisión nº 94 de la Comisión administrativa para la Seguridad Social de los trabajadores migrantes. Es aplicable, en particular, a un trabajador que, durante su último empleo, traslade su residencia por razones familiares a otro Estado miembro y que, después de ese traslado no regrese ya al Estado de empleo para desempeñar allí su actividad. La posibilidad de beneficiarse de las prestaciones de desempleo no en el Estado del último empleo, sino en el Estado de residencia, que prevé esta disposición, está justificada efectivamente en el caso de determinados grupos de trabajadores que tienen estrechos vínculos, especialmente de carácter personal y profesional, con el país donde se han establecido y donde permanecen habitualmente, y que, por este motivo, tienen en este Estado mejores oportunidades de reinserción profesional.
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Recurso de anulación - Actos recurribles - Disposiciones recogidas en el Anexo I del Acta de Adhesión de España y Portugal, que modifican decisiones tomadas por las instituciones - Exclusión

(Art. 173 del Tratado CEE; arts. 6, 8 y 26 y Anexo I del Acta de Adhesión de España y Portugal).

Recurso de indemnización - Objeto - Recurso para conseguir la indemnización de daños derivados de adaptaciones de decisiones comunitarias recogidas por el Acta de Adhesión de España y Portugal - Incompetencia del Tribunal de Justicia.

(Art. 178, párrafo 2 del art. 215 y art. 237 del Tratado CEE)

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Las disposiciones recogidas en el Anexo I del Acta de Adhesión de España y Portugal, por las que se adaptan decisiones tomadas por las instituciones, no constituyen un acto del Consejo, sino disposiciones de Derecho primario que, de acuerdo con el artculo 6 de dicha Acta y a menos que ésta disponga otra cosa, no podrán ser suspendidas, modificadas o derogadas por procedimientos distintos de los previstos para la revisión de los Tratados originarios. Las mencionadas disposiciones no podrán por tanto, y sin perjuicio de lo estabalecido en el artículo 8 de la citada Acta de Adhesión, incluirse en la categoría de acatos de las instituciones que puedan ser objeto de un recurso de anulación al amparo del artículo 173 del Tratado CEE.

El Tribunal de Justicia no es competente, de acuerdo con el artículo 178 y con el párrafo 2 del artículo 215 del Tratado CEE, para conocer de un recurso de responsabilidad que tiene por objeto obtener la reparación de supuestos daños derivados de adaptaciones de actos de las instituciones introducidas por el Acta de Adhesión de España y Portugal, puesto que, como se desprende del artículo 237 del Tratado, dicho acto es un acuerdo concluido entre los Estados miembros y los Estados que han solicitado la adhesión.
Los artículos 100 y 102 del Acta de adhesión de 1972, el artículo 1 y el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 101/76 y el artículo 6 del Reglamento n° 170/83 no prohiben a un Estado miembro adoptar una legislación que exija que las tripulaciones de los barcos matriculados en sus registros y cuya actividad pesquera se ejerza dentro de las zonas de pesca exclusivas de ese mismo Estado, estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la Comunidad.

Una legislación de un Estado miembro que exija que las tripulaciones de los barcos matriculados en sus registros y cuya actividad pesquera se ejerza dentro de las zonas de pesca exclusivas de ese mismo Estado, estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la Comunidad no infringe lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado. Poco importa a este respecto que tal condición no se exija en otros Estados miembros, puesto que no infringe por sí misma el Derecho comunitario y se aplica de igual modo a cualquier persona sujeta a la jurisdicción de dicho Estado.
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1. Actos de las instituciones - Directivas - Efecto directo - Requisitos - Límites - Posibilidad de invocar una directiva frente un particular - Exclusión

(Tratado CEE, art. 189, párrafo 3)

2. Actos de las instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Necesidad de garantizar la eficacia de las directivas - Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales - Límites - Principios de seguridad jurídica y de irretroactividad

(Tratado CEE, art. 189, párrafo 3)

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1. En todos los casos en que las disposiciones de una directiva se presenten, desde el punto de vista de su contenido, como incondicionales y lo bastante precisas, los particulares están legitimados para invocarlas frente al Estado bien cuando éste se abstenga de adaptar en el plazo debido el Derecho nacional a la directiva bien porque haya realizado al respecto una adaptación incorrecta.

Sin embargo, en virtud del artículo 189 del Tratado, el carácter imperativo de una directiva, sobre el que se basa la posibilidad de invocarla ante un órgano jurisdiccional nacional, sólo existe respecto a "todo Estado miembro destinatario". De ello se sigue que una directiva no puede crear, por sí misma, obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede invocarse como tal contra dicho particular ante un órgano jurisdiccional nacional.

2. Al aplicar el Derecho nacional y, sobre todo, las disposiciones de una ley nacional promulgada con el fin específico de ejecutar una Directiva, el órgano jurisdiccional nacional debe interpretar su Derecho nacional a la luz del texto y del fin de la directiva, para conseguir el resultado contemplado por el párrafo 3 del artículo 189 del Tratado.

Sin embargo, esta obligación está limitada por los principios generales de Derecho que forman parte del Derecho comunitario, especialmente el principio de la seguridad jurídica y de la irretroactividad. Por consiguiente, una directiva no puede, por sí sola y con independencia de una ley interna adoptada por un Estado miembro para su aplicación, dar lugar o agravar la responsabilidad penal de quienes la contravengan.
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La Comisión, por su parte, sostiene que la sociedad Fadex había sido elegida a la vista de las referencias que aportaba y, en particular, habida cuenta de los trabajos que había efectuado para la Radio Televisión Belga en Bruselas. La Comisión alega que la empresa era totalmente consciente de la finalidad de los trabajos ordenados, a saber, la reparación completa del suelo de un estudio de televisión, con el fin de utilizar en el mismo cámaras nuevas, pesadas y móviles, y que no podía ignorar que la nivelación rigurosa del suelo era inherente al buen funcionamiento de dichas cámaras. Ahora bien, la empresa se limitó a colocar las capas de revestimiento sin haber comprobado previamente el estado del soporte de base —una capa de hormigón—, lo que constituye una «falta profesional grave». Además, en un contrato realizado por un especialista, como el que sirve de base del presente litigio, la empresa debe prevenir al cliente, teniendo en cuenta el resultado perseguido, de los eventuales defectos de la cosa, a fin de evitar una ejecución defectuosa del contrato. Esto significa que, en las circunstancias del presente caso, la sociedad Fadex debería haber advertido a la Comisión de que el suelo en cuestión no era perfectamente plano y de que, por ello, su reparación no se ejecutaría en las mejores condiciones.
b)

En segundo lugar, Sideradria señala que en virtud de la letra d) del apartado 3 del artículo 11 de la Decisión no 1696/82/CECA (DO L 191, p. 1), las cuotas de producción no utilizadas por causa de fuerza mayor pueden ser totalmente transferidas. Sideradria considera como un caso de fuerza mayor el hecho de que le era totalmente imposible utilizar la totalidad de las cuotas suplementarias otorgadas por la Decisión de 19 de agosto de 1982 antes de la expiración del plazo fijado por esta Decisión. La Comisión se opone a que Sideradria pueda invocar la fuerza mayor. La necesidad de proceder a una rectificación de las cuotas se debe al propio comportamiento de esta sociedad, la cual había declarado cantidades de producción inferiores a las reales. Además, los hechos aducidos por Sideradria no corresponden a ninguna de las hipótesis previstas en el cuarto considerando de la Decisión no 2804/81/CECA (DO L 278, p. 1), que modifica la Decisión no 1831/81/CECA (DO L 180, p. 1) y que enumera los siguientes casos de fuerza mayor: accidente técnico, incendio que daña seriamente la producción durante por los menos cuatro semanas, huelga de la misma duración.
a)

El demandante alega, en primer lugar, vicios sustanciales de forma y, en particular, contradicción en la motivación y vicio de error manifiesto. Al respecto, analiza los juicios contenidos en los informes de 21 de marzo y de 10 de julio de 1984, que constituyen la base de la decisión de despido. Respecto al informe de final de período de prueba, de 21 de marzo de 1984, el demandante reprocha a la Comisión, por una parte, no haber precisado cuáles serían los conocimientos necesarios para el ejercicio de sus funciones de los que no estuviera dotado de modo suficiente. Por otra parte, entiende que la Comisión no puede alegar su pretendida incapacidad para redactar informes escritos si no ha indicado de qué manera deseaba que fueran redactados dichos informes. Respecto al informe de 10 de julio de 1984, el demandante estima que dicha decisión le reprocha sin razón una falta de espíritu de síntesis, siendo así que la tarea que se le había encomendado sería la de realizar «un análisis comparado» y no una «síntesis» del problema planteado. Por lo demás, la consecuencia de un dictamen del profesor R. Coppi, de la Universidad de Roma, unido a la demanda, es que el demandante ha logrado elaborar «una clave de lectura» que «simplificaría el análisis de manera drástica, dando lugar a un número muy limitado de factores, cuyo juego recíproco constituye la fuente esencial de las divergencias interesantes entre los dos sistemas estadísticos». La observación relativa al empleo de un lenguaje científico también sería errónea y contradictoria. Aparte de que la Administración haría pasar por una falta lo que es un mérito, habría que considerar la complejidad del problema planteado. De todas formas, el lenguaje utilizado no presenta ningún tecnicismo especial, como se deduce del dictamen del profesor La Bruna, de la Universidad de Roma, también unido a la demanda. En apoyo de los argumentos precedentes, el demandante solicita que el Tribunal de Justicia encargue a su vez un dictamen sobre la «calidad científica del ensayo realizado».
15.

Al cuarto motivo, basado en la violación del principio de buena administración, la parte demandada opone la necesidad de la organización del servicio que caracterizó los nombramientos en 1981. Señala que, incluso si como hipótesis los nombramientos en el grado LA 6 en 1981-1982 a los que se refiere el demandante no se hubieran inscrito en el marco de una aplicación correcta del artículo 31 del Estatuto, no podría reprochársele en este caso el no continuar con una práctica irregular calificando este cambio como una violación del principio de buena administración. Además, señala que, dado que el demandante no podía razonablemente creer que tenía derecho a ser nombrado como LA 6, no le pareció necesario desmentir esperanzas que el demandante no podía albergar. Subraya que esto no habría cambiado, por lo demás, su situación ya que, como mucho, el demandante no habría presentado su candidatura al concurso, lo que parece improbable habida cuenta de que se ha abstenido de rechazar su nombramiento en el grado LA 7, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Subraya por último que si la supresión de las diferencias en la clasificación puede parecer ideal, es por el contrario una solución irrealista debido a los contingentes estatutarios y presupuestarios, y considera que procedió a los nombramientos de 1981 y al del demandante cumpliendo estrictamente las normas del Estatuto.
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La Comisión, a cuyos argumentos se suma en lo esencial la parte coadyuvante, estima, en primer lugar, que los documentos que permiten comprobar la existencia de una infracción al artículo 86 del Tratado, lo cual es el caso de los comunicados en el caso de autos, no tienen ningún carácter confidencial. Subraya a continuación que ECS no ha tenido acceso a los documentos más que con reserva expresa de no utilizarlos para fines distintos a los del procedimiento ante la Comisión. Finalmente, excluye toda violación del artículo 185 del Tratado, puesto que no tomó ninguna decisión que hubiera podido constituir el objeto de un recurso de anulación.