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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 274/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim (Alemania) el 27 de junio de 2013 — Jürgen Hein, Hjördis Hein/Condor Flugdienst GmbH

(Asunto C-353/13)

2013/C 274/08

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Rüsselsheim

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Jürgen Hein, Hjördis Hein

Demandada: Condor Flugdienst GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben calificarse de circunstancias extraordinarias en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (1) las injerencias de terceros que actúan bajo su propia responsabilidad y en los que han sido delegadas funciones propias de las operaciones de un transportista aéreo?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿resulta relevante quién (compañía aérea, entidad gestora del aeropuerto, etc.) ha encomendado las funciones al tercero?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 13 de mayo de 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

(Asunto C-259/13)

2013/C 260/34

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Elena Recinto-Pfingsten

Demandada: Swiss International Air Lines AG

Cuestión prejudicial

¿Es posible interpretar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo de 21 de junio de 1999, (1) en su versión dada por la Decisión no 2/2010, (2) del Comité Mixto de Transporte Aéreo Comunidad/Suiza, de 26 de noviembre de 2010, en el sentido de que el Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, (3) por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 3, apartado 1, letra a), también es aplicable a pasajeros que en un aeropuerto situado en Suiza tomen un vuelo hacia un tercer país?

(1) Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo — Acta final — Declaraciones conjuntas — Información relativa a la entrada en vigor de los siete acuerdos con la Confederación Suiza en los sectores siguientes: libre circulación de personas, transporte aéreo y por carretera, contratos públicos, cooperación científica, reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad y agricultura (DO 2002, L 114, p. 73).

(2) Decisión no 2/2010, del Comité Mixto de Transporte Aéreo Comunidad/Suiza instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, de 26 de noviembre de 2010, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (DO L 347, p. 54).

(3) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
—

Que se declare que Rumanía ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, al no al no haber adoptado las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a su artículo 3, apartados 3 y 4, artículo 4, apartado 2, artículo 8, artículo 9, apartados 1 a 7, artículo 10, apartados 2 y 5, artículo 13, apartados 1 y 5, artículo 14, apartado 4 y apartado 5, letra b), artículo 16, apartado 1, artículo 25, apartado 5, artículo 36, apartado 9, párrafo tercero, artículo 41, apartado 1, letras d), g) y q), apartado 3, letras b) y d), apartado 6, letras a) y c), así como los apartados 10 a 12 de este artículo, artículo 42, apartado 1, artículo 43, apartados 1, 4 y 8 y artículo 48, así como el anexo I, punto 1, o, en todo caso, al no haber comunicado tales medidas a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 252/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia) el 25 de junio de 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. y otros/Aivars Lembergs

(Asunto C-350/13)

2013/C 252/36

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākās tiesas Senāts

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

Recurrido: Aivars Lembergs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 34, número 1, del Reglamento Bruselas I (1) en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de reconocimiento de una resolución judicial extranjera, la vulneración de los derechos de personas que no son partes en el litigio principal puede ser un motivo para aplicar la cláusula de orden público prevista en dicho artículo 34, número 1, del Reglamento Bruselas I y denegar el reconocimiento de la resolución extranjera en la medida en que afecte a personas que no son partes en el litigio principal?

2) Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que el principio del proceso equitativo que en él se recoge permite que en un procedimiento relativo a la adopción de medidas provisionales de protección se limiten los derechos patrimoniales de una persona que no ha sido parte en el procedimiento, cuando se prevea que cualquier persona a la que afecte la resolución sobre las medidas provisionales de protección tendrá derecho en todo momento a solicitar del tribunal la modificación o anulación de la resolución judicial, siendo así que se deja al cuidado de los demandantes la notificación de la decisión a las personas interesadas?

(1) Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 215/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Wiesbaden (Alemania) el 2 de mayo de 2013 — Holger Priestoph y otros/República Helénica

(Asunto C-245/13)

2013/C 215/06

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Wiesbaden

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Holger Priestoph, Matteo Priestoph, Pia Antonia Priestoph

Demandada: República Helénica

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado [en los Estados miembros] de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil [(notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo] (1) en el sentido de que una demanda mediante la cual los demandantes, adquirentes de títulos de deuda pública emitidos por la parte demandada y custodiados en la cuenta de valores que aquellos poseen en S Broker AG y respecto a los cuales no aceptaron la oferta de permuta formulada por la parte demandada a finales de febrero de 2012, exigen una indemnización de daños y perjuicios por importe equivalente a la diferencia de valor resultante de una permuta de sus títulos que, sin embargo, fue efectuada en marzo de 2012 y para ellos resulta desventajosa económicamente, debe considerarse una «materia civil o mercantil» en el sentido del Reglamento?

(1) DO L 324, p. 79.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 189/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 18 de abril de 2013 — Wagenborg Passagiersdiensten BV y otros/Minister van Infrastructuur en Milieu, otras partes: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

(Asunto C-207/13)

2013/C 189/14

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, G.A.F. Lakeman, empresa que opera con la denominación de Rederij Waddentransport

Demandada: Minister van Infrastructuur en Milieu

Otras partes: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se opone la designación de la parte neerlandesa del Mar de Wadden como vía navegable interior (zona 2) en el anexo I de la Directiva 2006/87 (1) a la aplicación del Reglamento de cabotaje al transporte público de pasajeros por el Mar de Wadden entre el territorio continental neerlandés y las islas Wadden de Terschelling, Vlieland, Ameland y Schiermonnikoog?

2) ¿Se opone la aplicación del Reglamento de cabotaje a la aplicación del Reglamento OSP, (2) habida cuenta del artículo 1, apartado 2, del Reglamento OSP?

3) ¿Pueden los Estados miembros, en virtud del artículo 1, apartado 2, del Reglamento OSP, declarar aplicable únicamente una o varias partes específicas de dicho Reglamento, en el caso de autos el artículo 5, apartado 3, en relación con el artículo 5, apartado 4, al transporte público de pasajeros por vía navegable?

4) ¿Puede declararse aplicable (sin más) al transporte público de pasajeros por vía navegable la excepción prevista en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento OSP, y en particular el criterio de distancia de 300 000 kilómetros establecido en el mismo?

5) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 4, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que, en el caso de autos, se adjudiquen concesiones de transporte público de viajeros por vía navegable sin cumplir lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento OSP?

(1) Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE del Consejo (DO L 389, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo (DO L 315, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 141/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 18 de marzo de 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-134/13)

2013/C 141/29

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Raytek GmbH, Fluke Europe BV

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestión prejudicial

¿Es válido el Reglamento (UE) no 314/2011 de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, (1) en la medida en que clasifica las cámaras térmicas infrarrojas en el código 9025 19 20 de la NC?

(1) DO L 86, p. 57.
1)

¿Es contraria al Derecho comunitario una interpretación según la cual, en caso de que una empresa participante en un procedimiento de licitación no haya declarado en su solicitud de participación que su director técnico no ha sido objeto de los procedimientos y sanciones establecidos en el artículo 38, apartado 1, letras b) y c), del Decreto Legislativo no 163/2006, el órgano de contratación debe excluir a dicha empresa, aunque ésta haya acreditado suficientemente que la calificación del director técnico se indicó debido a un mero error material?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/14

Recurso de casación interpuesto el 4 de enero de 2013 por IDT Biologika GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 25 de octubre de 2012 en el asunto T-503/10, IDT Biologika GmbH/Comisión Europea

(Asunto C-6/13 P)

2013/C 108/29

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: IDT Biologika GmbH (representantes: R. Gross y T. Kroupa, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2012, notificada a la demandante/recurrente por fax el 26 de octubre de 2012.

— Que se anule la decisión de la Delegación de la Unión Europea en la República de Serbia de 1 de septiembre de 2010, por la que, por una parte, se desestimó la oferta presentada por IDT Biologika GmbH, en relación con el lote no 1, en el marco de la licitación convocada bajo la referencia EuropeAid/129809/C/SUP/RS, relativa al suministro de una vacuna antirrábica en favor del Ministerio de Agricultura y Gestión de Recursos Forestales e Hídricos de la República de Serbia, y, por otra parte, se adjudicó el correspondiente contrato a un consorcio de diversas empresas dirigido por Bioveta a.s.

— Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente en casación alega que, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó su demanda contrariamente a Derecho.

Según ella, la decisión discrecional que, en el marco del procedimiento de licitación controvertido, le correspondía adoptar a la demandada, la Comisión Europea, no estuvo exenta de objeciones desde un punto de vista material y técnico.

En particular, sostiene que el Tribunal General admitió erróneamente que, en el marco del procedimiento de licitación, Bioveta a.s. había demostrado mediante las correspondientes autorizaciones nacionales la seguridad de los productos ofertados y que no se requerían ensayos aparte en primates para demostrar la no virulencia de dichos productos para los seres humanos.

Por otra parte, la recurrente en casación afirma que Bioveta a.s. no ha demostrado que su vacuna no se base en el original, sino en una cepa modificada del virus SAD-Bern.
—

El Tribunal General efectuó una aplicación errónea del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, al considerar que el acto impugnado no estaba identificado en su conjunto, ya que no se habían concretado los documentos y otros elementos contenidos en el expediente relativo a la Decisión de 1 de diciembre de 2010, los cuales sin embargo, en realidad, no forman parte del acto impugnado ni siquiera de los actos impugnados conjuntamente. Como consecuencia de esa declaración del Tribunal se produjo una limitación intolerable del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y se vulneró el principio fundamental de la equidad procesal.
1)

La sentencia recurrida debería ser anulada en la medida en que impone una multa o, subsidiariamente, el asunto debería ser devuelto al Tribunal General, pues la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho al haber interpretado incorrectamente el Tribunal General el último párrafo del punto 23, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, que establece que cuando una empresa «aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cártel», la Comisión no tomará tales datos en consideración al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado. El Tribunal General declaró que la Comisión no tiene «conocimiento previo» de un hecho únicamente cuando no tiene ningún conocimiento previo de tal hecho. De este modo, aun cuando la Comisión sólo tenga una idea muy general sobre la existencia de un cártel y ninguna prueba directa que le permita demostrar los hechos relativos a dicho cártel, un solicitante de clemencia que aporte tal prueba no podrá disfrutar de la dispensa prevista en el último párrafo del punto 23, letra b). Las recurrentes alegan que tal interpretación de ese párrafo es demasiado restrictiva y jurídicamente errónea.
3)

Si el artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 469/2009 versa únicamente sobre las autorizaciones de comercialización concedidas con arreglo al procedimiento administrativo de autorización regulado en la Directiva 2001/83/CE, ¿el hecho de que un medicamento se comercializara en el EEE en virtud de una autorización de comercialización suiza reconocida automáticamente en Liechtenstein que no se concedió con arreglo a la Directiva 2001/83/CE lo convierte en inelegible a efectos de la concesión de un certificado complementario de protección en virtud del artículo 2 del Reglamento no 469/2009?
4)

En caso de respuesta afirmativa también a la tercera cuestión: mientras no se adopte una normativa salarial no discriminatoria, ¿admite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión una consecuencia jurídica distinta de la remuneración retroactiva de los discriminados conforme al máximo escalón salarial de su categoría? A este respecto, ¿la consecuencia jurídica de la infracción del principio de no discriminación se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en particular de la Directiva 2000/78, o el derecho se deduce de la responsabilidad del Estado conforme al Derecho de la Unión, a causa de la deficiente transposición de la normativa de la Unión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 26/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 5 de noviembre de 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-494/12)

2013/C 26/48

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dixons Retail Plc

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe considerarse aplicable el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, (1) en el caso de que la transmisión material de los bienes se obtenga mediante un fraude consistente en que el receptor de los bienes efectúe el pago mediante una tarjeta [de crédito o de débito] a sabiendas de que no está autorizado para usarla?

2) ¿Existe una «transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario» en el sentido del artículo 14, apartado 1, cuando la transmisión material de los bienes se obtenga mediante el uso fraudulento de una tarjeta?

3) ¿Debe entenderse que el artículo 73 es aplicable en el caso de que el transmitente de los bienes obtenga el pago en virtud de un acuerdo con un tercero según el cual éste último efectuará el pago relativo a las operaciones efectuadas mediante tarjeta aunque el receptor de los bienes utilice la tarjeta a sabiendas de que no está autorizado para usarla?

4) ¿Debe entenderse que, en el caso de que un tercero efectúe el pago en virtud de un acuerdo entre ese tercero y el transmitente de los bienes, como consecuencia de la presentación a este último de una tarjeta para cuyo uso el receptor de los bienes no está autorizado, el pago efectuado por el tercero se produce «con cargo a esta operación» en el sentido del artículo 73 de la Directiva?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
a)

¿Deben interpretarse los artículos 203 y 204 del Código Aduanero (1) en relación con el artículo 859 [en particular el número 2, letra c)] del Reglamento de aplicación (2) en el sentido de que la (mera) superación del plazo establecido de conformidad con el artículo 356, apartado 1, del Reglamento de aplicación no da lugar a una deuda aduanera como consecuencia de la sustracción a la vigilancia aduanera en el sentido del artículo 203 del Código Aduanero, sino a una deuda aduanera en virtud del artículo 204 del Código Aduanero?
2)

Si se responde a la primera cuestión que es válido el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO L 385, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2252/2004 (DO L 142, p. 1), ¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento, a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 8, apartado 2, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del artículo 7, inicio y letra f), de la Directiva sobre la privacidad, (1) en relación con el artículo 6, apartado 1, inicio y letra b), de dicha Directiva, en el sentido de que para la aplicación de dicho Reglamento por los Estados miembros debe garantizarse por ley que los datos biométricos recogidos y conservados en virtud de dicho Reglamento no podrán tratarse y utilizarse para fines distintos de la expedición del documento?
3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el Derecho de la Unión en su estado actual, especialmente el principio de efectividad, a disposiciones nacionales en materia de prescripción con arreglo a las cuales ha prescrito totalmente el derecho de un trabajador y posterior pensionista frente a su empresario al pago de remuneraciones atrasadas y posteriormente pensiones atrasadas, resultantes de un cómputo conforme con el Derecho de la Unión, en el sentido de la primera cuestión, de los períodos de empleo completados en el extranjero y antes de cumplir los dieciocho años, derecho que el trabajador no tenía con arreglo a la legislación nacional y que objetivamente no pudo ejercer hasta que se dictaron las sentencias de 30 de noviembre de 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Rec. p. I-10497), y de 18 de junio de 2009, Hütter (C 88/08, Rec. p. I-5325)?