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Ciertamente, por lo que se refiere a las exportaciones, los intermediarios comerciales se encuentran en una situación distinta de la de sus vendedores, sobre todo si estos últimos tienden a repercutir principalmente los costes de almacenamiento sobre las ventas en el interior (que son, posteriormente, las que determinan la cantidad). Ahora bien, esta diversidad de situaciones no depende del marco normativo establecido por el legislador neerlandés, sino de la libre elección de las empresas interesadas; además, parece ser la consecuencia normal del hecho de que los agentes citados ocupan niveles distintos en la cadena de comercialización. Una confirmación de esto puede encontrarse en que la situación descrita por el órgano jurisdiccional nacional es muy parecida a la que se produce en los demás Estados miembros en los que también los agentes comerciales que intervienen en fases posteriores soportan incrementos de precio por las cargas energéticas que recaen sobre sus proveedores, sin poder en modo alguno compensarlas si los productos son reexportados. Claro está que esto no significa que no pueda preverse una compensación, como sucedió en los Países Bajos con la reforma que entró en vigor en 1987. Sin embargo, el nuevo sistema modifica radicalmente el anterior, tanto porque contempla una gestión centralizada de las reservas nacionales, como porque prevé que su financiación se llevará a cabo mediante una exacción parafiscal que se añade al impuesto especial que grava los productos derivados del petróleo y que se devuelve en caso de que éstos se exporten, sea quien fuere quien lo lleve a cabo. Por consiguiente, el sistema regula específicamente la repercusión de los costes de constitución de reservas, garantizando al propio tiempo la completa «neutralización» de dichos costes con respecto a las exportaciones. Lo que, sin lugar a dudas, se ha pretendido hacer con el nuevo sistema es proteger la posición comercial de los exportadores y, en particular, la de los agentes que intervienen en las últimas fases del ciclo de comercialización. Además, se trata de una medida adoptada únicamente en los Países Bajos y que resulta perfectamente comprensible considerando la orientación exportadora de la industria del petróleo del país. Dicho de otra forma, se trata de una intervención cuya finalidad es favorecer las exportaciones a todos los niveles. Sin embargo, no cabe deducir de esto que, a falta de un mecanismo similar, nos hallemos en presencia de una situación incompatible con el artículo 34 del Tratado. De hecho, de tal norma no se deduce una obligación de garantizar a cualquier agente posibilidades óptimas de exportación, y, menos aún, las mismas oportunidades que tienen los agentes que actúan en otros niveles de comercialización, sino únicamente la obligación de evitar que las exportaciones, en su conjunto, se vean perjudicadas con respecto al mercado interior. En resumen, creo que, en cumplimiento de la Directiva y en consideración a la amplia discrecionalidad que ésta concede, los Estados miembros sólo están obligados, conforme al artículo 34, a no adoptar sistemas de constitución de las reservas de petróleo en virtud de los cuales las correspondientes cargas recaigan especialmente sobre las exportaciones, discriminándolas. Por el contrario, el artículo 34 no obliga a establecer que las exportaciones queden exentas de cualquier gravamen relacionado con la constitución de reservas: una normativa de esta índole, como la que está en vigor en los Países Bajos desde 1987, no resulta jurídicamente necesaria, aun cuando esté inspirada por un afán de promover las exportaciones. Por ello, no considero que la normativa en vigor en los Países Bajos con anterioridad a tal fecha haya de considerarse como incompatible con la citada norma del Tratado.