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11.

No obstante, el artículo 7, párrafo primero, punto 5, de la LAS establece que el impuesto especial no gravará los productos cuando se utilicen directamente en alimentos o como componentes de productos semielaborados para la producción de alimentos, rellenos o no, siempre que el contenido de alcohol en cada caso no supere los 8,5 l de alcohol puro por cada 100 kg de producto en el caso de los bombones y 5 l de alcohol puro por cada 100 kg de producto en el caso de otro tipo de productos.
34.

Esta apreciación del Tribunal de Justicia significa, simplemente, que no se prohíbe a un Estado miembro denegar los subsidios familiares previstos por su propia legislación, oponiendo la posibilidad de que sus titulares se beneficien, por el mismo hijo, de las asignaciones familiares abonadas en virtud del Estatuto de los Funcionarios y del RAA, en aquellas situaciones en las que el cónyuge del funcionario o del agente de las Comunidades ejerce en su territorio una actividad laboral por cuenta propia. ( 18 ) Tal como indica el Tribunal de Justicia, en efecto, «las asignaciones de la misma naturaleza que, según la disposición antes citada, deben deducirse de las asignaciones familiares estatutarias [del Estatuto de los funcionarios] y que por tanto eximen a las instituciones de la obligación de pagar estas últimas, son sólo aquellas abonadas en relación con una actividad laboral por cuenta ajena». ( 19 ) No obstante, el hecho de que no resulte de aplicación el artículo 67, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios a las situaciones antes mencionadas no afecta en absoluto a la eficacia obligatoria y a la aplicabilidad directa del propio Estatuto y del RAA en todos los Estados miembros, incluido el Reino de Bélgica.
32.

Portugal alega que el presente asunto no es similar a otros asuntos resueltos por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 228 CE dado que no se trata de la aplicación incorrecta del Derecho comunitario sino antes bien de la supuesta adaptación incorrecta a una Directiva. Portugal sostiene que ello debe considerarse una circunstancia atenuante. Además el presente asunto, a diferencia de otros resueltos por el Tribunal de Justicia en los que la Comisión propuso inferiores coeficientes de gravedad, no afecta a intereses fundamentales como la salud pública o la integridad física de las personas. Por otra parte el presente asunto no se refiere a una materia sensible que corresponda a la competencia exclusiva de la Comunidad y que haya sido objeto de amplia legislación y doctrina en la jurisprudencia comunitaria. Portugal considera por tanto sorprendente que la Comisión proponga un coeficiente 11 de gravedad en un caso referido a la falta parcial de adaptación a la Directiva 89/665. Portugal estima por consiguiente que en este caso el coeficiente de gravedad no debe ser superior a 4.
32.

Por último considero que el principio non bis in idem no se ha vulnerado en el presente procedimiento. A mi juicio el objeto del asunto C-525/03 se refería a una norma nacional determinada (a saber, la Ordenanza no 3231) que autorizó el recurso al procedimiento negociado, con carácter de excepción a las Directivas sobre contratos públicos de suministro y de servicios. Lo cierto es que el recurso fue declarado inadmisible en virtud de la validez temporal de la Ordenanza. En el presente procedimiento no se solicita que se reexamine la legalidad de la Ordenanza no 3231, sino que su objeto es la práctica imputada de adjudicar directamente a Agusta los contratos de compra de helicópteros sin ningún procedimiento de licitación a escala comunitaria.
Conclusiones del Abogado General Stix-Hackl presentadas el 22de octubre de2002. - Joachim Steffensen. - Petición de decisión prejudicial: Amtsgericht Schleswig - Alemania. - Directiva 89/397/CEE - Control oficial de los productos alimenticios - Artículo7, apartado 1, párrafo segundo - Análisis de las muestras - Derecho a un contraperitaje - Efecto directo - Admisibilidad de los resultados de los análisis como medio de prueba en caso de conculcación del derecho a un contraperitaje. - Asunto C-276/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-03735



Conclusiones del abogado general

VII. Conclusión

74 Propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales de la siguiente forma:

«1) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/397/CEE debe interpretarse en el sentido de que confiere al fabricante un derecho directamente aplicable a recurrir a un contraperitaje cuando la administración pública recoge en el establecimiento de los minoristas muestras del producto del fabricante al objeto de analizarlas y estas muestras resultan no ser conformes con la normativa sobre productos alimenticios.

2) El Derecho comunitario se opone a la utilización procesal de peritajes basados en muestras recogidas a instancias de la administración y frente a las cuales el fabricante del producto contra el que se han formulado objeciones en tal peritaje no ha tenido la posibilidad de recurrir a un contraperitaje si, de no ser así, la interposición de un recurso eficaz contra la medida de control adoptada por la autoridad resulta prácticamente imposible o excesivamente difícil. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, a falta de contraperitaje, el fabricante ha tenido, en el marco del procedimiento nacional y habida cuenta de las circunstancias del caso concreto, adecuada posibilidad de defenderse eficazmente de las imputaciones de la administración o de aportar la prueba en contrario.»
Conclusiones del Abogado General Alber presentadas el 30 de enero de 2001. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 97/24/CE - Elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas. - Asunto C-83/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-02351



Conclusiones del abogado general

1. Mediante el presente recurso de anulación, la Comisión pide que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 97/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1997, relativa a determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, y que se condene en costas al Reino de los Países Bajos.

2. Conforme al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 97/24, los Estados miembros estaban obligados a poner en vigor, antes del 18 de diciembre de 1998, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva, y a informar inmediatamente de ello a la Comisión.

3. No se discute que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas no habían sido todavía adoptadas en la fecha que, según jurisprudencia reiterada, es determinante, es decir, cuando expiró el plazo de dos meses que se había señalado en el dictamen motivado de 10 de agosto de 1999. En el momento en que se interpuso el recurso, el 7 de marzo de 2000, este incumplimiento no había sido aún subsanado.

4. El Gobierno de los Países Bajos no niega el retraso, pero señala la concurrencia de una serie de circunstancias adversas que constituyen la causa del retraso en la adaptación del Derecho interno a la Directiva. En el curso de la fase escrita del procedimiento, se destacó que, en el intervalo, había sido redactado un proyecto de disposiciones de adaptación.

5. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las disposiciones, prácticas o situaciones del ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros no pueden invocarse para justificar la inobservancia de las obligaciones y plazos señalados en las Directivas comunitarias. Por consiguiente, propongo que se declare el incumplimiento del Reino de los Países Bajos, tal como se solicita en el recurso. La decisión sobre las costas debe adoptarse conforme al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

Conclusión

6. Propongo que se declare lo siguiente:

«1. El Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado dentro del plazo señalado las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 97/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1997, relativa a determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas.

2. El Reino de los Países Bajos cargará con las costas del procedimiento.»
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 23 de noviembre de 2000. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. - Incumplimiento de Estado - Incumplimiento no discutido - Directiva 95/16/CE. - Asunto C-219/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-01093



Conclusiones del abogado general

1. En el presente asunto, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores (en lo sucesivo, «Directiva»), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva.

2. La Directiva 95/16 tiene por objeto armonizar las normas de seguridad aplicables a los ascensores antes de su puesta en el mercado. El artículo 15, apartado 1, establece que los Estados miembros estaban obligados a adoptar y publicar, antes del 1 de enero de 1997, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva y debían informar de ello inmediatamente a la Comisión; los Estados miembros debían aplicar estas medidas a partir del 1 de julio de 1997.

3. El Gobierno francés reconoce su retraso en adaptar su Derecho interno a la Directiva y no discute las imputaciones de la Comisión. Explica las dificultades que causaron ese retraso, pero admite que no puede invocar dichas dificultades para oponerse al recurso de la Comisión: al explicar esas circunstancias, dicho Gobierno sólo desea demostrar su buena fe.

4. Tras el término de la fase escrita del procedimiento, el Gobierno francés informó al Tribunal de Justicia, mediante escrito de 3 de octubre de 2000, que el Decreto destinado a adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva se había publicado en el Journal officiel de la République française.

5. La Comisión no respondió a dicha información y no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie acerca de si el Decreto constituye una adaptación plena y completa, aunque tardía, del Derecho nacional a la Directiva. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión tiene derecho a que se declare el incumplimiento de una Directiva a través de un recurso, aun cuando, con posterioridad, se haya adaptado totalmente el Derecho interno a ésta.

Conclusión

6. En mi opinión, el Tribunal de Justicia debería:

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva.

2) Condenar en costas a la República Francesa.
Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 5 de mayo de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo. - Incumplimiento de Estado - Falta de adaptación del Derecho interno a las Directivas 94/15/CE y 94/51/CE. - Asunto C-339/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04903



Conclusiones del abogado general

1 Mediante recurso interpuesto el 30 de septiembre de 1997, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adoptado dentro de los plazos señalados las medidas necesarias para atenerse a la Directiva 94/15/CE de la Comisión, de 15 de abril de 1994, por la que se adapta al progreso técnico por primera vez la Directiva 90/220/CEE del Consejo sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, (1) así como a la Directiva 94/51/CE de la Comisión, de 7 de noviembre de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 90/219/CEE del Consejo sobre la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente. (2)

2 El Estado miembro demandado reconoce que aún no ha adaptado el Derecho interno a las citadas Directivas, pero señala que están en curso los procedimientos legislativos destinados a cumplir tales actos normativos. No obstante, tal como indica acertadamente la Comisión, la fecha que debe tomarse en consideración para determinar la existencia del incumplimiento es la fijada en el dictamen motivado. (3) Y es pacífico que, en dicha fecha, el Estado demandado no había adoptado las disposiciones destinadas a adaptar el ordenamiento nacional a las citadas Directivas; por otra parte, tales disposiciones tampoco se han adoptado en el curso del presente procedimiento. En consecuencia, el Gran Ducado de Luxemburgo no se ha atenido, dentro de los plazos señalados, a las Directivas de que se trata.

3 Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso y condene en costas al Estado demandado.

(1) - DO L 103, p. 20.

(2) - DO L 297, p. 29.

(3) - Véase la sentencia de 12 de diciembre de 1996, Comisión/Italia (C-302/95, Rec. p. I-6769).
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 6 de marzo de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. - Incumplimiento de Estado - Directiva 93/36/CEE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado. - Asunto C-312/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-02947



Conclusiones del abogado general

1 En el presente procedimiento por incumplimiento del Tratado, la Comisión imputa a la República Francesa haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (1) y, en particular, de su artículo 34, al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a dicha Directiva. Subsidiariamente, solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido con ello las obligaciones que le incumben en virtud de las citadas disposiciones al no haber informado inmediatamente a la Comisión de dichas medidas.

2 El artículo 34 de la referida Directiva establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en aquélla antes del 14 de junio de 1994 y que informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

3 La parte demandada no niega el hecho de no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado. Se limita a señalar, a este respecto, que ya ha incluido el correspondiente proyecto de Ley en el orden del día para el año legislativo 1996/1997.

4 Al haber quedado así acreditado que el Derecho interno francés no se ha adaptado a la Directiva de que se trata dentro del plazo señalado para ello, no precisa examinarse la pretensión subsidiaria de la Comisión.

5 Por todo ello, propongo al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro y, en particular, de su artículo 34 al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a dicha Directiva. Propongo, además, al Tribunal de Justicia que condene en costas a la República Francesa.

(1) - DO L 199, p. 1.
16.

El problema de interpretación surge por el hecho de que el procedimiento seguido por el Sr. Picard para solicitar la pensión no está incluido en ninguno de los diversos supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 36. A pesar de residir en Bélgica, el trabajador, en un primer momento, presentó su solicitud exclusivamente ante la institución francesa competente. De este modo, no se atuvo a la obligación prevista en el apartado 1 de dicho artículo hasta el 11 de junio de 1992, fecha en la que presentó una solicitud de pensión, «según el procedimiento previsto en la legislación aplicada» por el Inasti, a la autoridad competente de su lugar de residencia. ( 7 ) Habida cuenta de estas circunstancias de hecho, la institución belga mantiene que, al no haber cumplido el interesado la obligación prescrita en la norma del Reglamento de aplicación, la fecha de devengo de la pensión prorrateada que el Inasti reconoció al recurrente debe determinarse según lo previsto en la normativa nacional, sin que pueda hacerse referencia a la fecha de presentación de la solicitud ante la institución francesa competente. ( 8 )
13.

En carta de 28 de octubre de 1994 remitida a Me Fourgoux, quien se había dirigido a ella en representación del Syndicat européen des professionnels de l'automobile, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes señaló que la normativa francesa «no se aplica a los vehículos importados de la Unión Europea, sea directamente por un particular o a través de un mandatario, que estén sometidos a la norma vigente en su país de origen». Añadía asimismo que «los fabricantes c importadores deben declarar ante el Ministère des transports los números de serie a partir de los cuales los vehículos se fabricarán conforme al modelo del nuevo año (artículo 2 de la Orden Ministerial de 2 de mayo de 1979) y pueden ir provistos del nuevo año de fabricación. Por contra, los vehículos exportados y, posteriormente, reimportados a Francia no son objeto de ningún seguimiento de sus números de serie ni conocidos por el Ministère des transports».
13.

La Comisión y el Gobierno español, que son los únicos que han presentado observaciones en el asunto presente, opinan que no existe ningún fundamento para considerar que el Reglamento no 1932/93 no fue válidamente adoptado. A este respecto, la Comisión ha alegado que el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia está definido en los apartados 2 y 3 del artículo 29 del Reglamento de base, y que dicho procedimiento no contempla la presentación de un proyecto ante el Comité de gestión. Asimismo, a su entender, en el Reglamento no 1932/93 no se concede a los Estados miembros un plazo para dirigirse al Consejo. Dicha obligación no se desprende ni del artículo 29 del Reglamento de base ni de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, ( 7 ) por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
27.

Esta conclusión es asimismo compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual, el trabajador no está obligado a trabajar para el nuevo empresario. ( 17 ) En caso de transmisión de la empresa, el trabajador se encuentra en una situación diferente de la del nuevo empresario. No ha participado en la celebración del contrato de transmisión de la empresa. Por consiguiente, según el Tribunal de Justicia, no puede ser obligado a trabajar, contra su voluntad, para el nuevo empresario. «Semejante obligación violaría los derechos fundamentales del trabajador, que debe ser libre de elegir su empresario y no puede ser obligado a trabajar para un empresario que no ha elegido libremente.» ( 18 )
69.

De no ser así, como resultará frecuente, tales trabajadores no entran en la categoría de beneficiarios del subsidio por desempleo en Bélgica, y en esa misma medida, al no tratarse de «parados completos subsidiados» según las leyes belgas, su contratación no resulta incentivada. La Comisión, sin embargo, parece admitir esta consecuencia derivada de la aplicación de la normativa interna belga.
7.

El tenor de la letra d) del apartado 1 del artículo 2 de la Primera Directiva, al que se refiere expresamente el apartado 2 del artículo 2 de la Tercera Directiva («La presente Directiva no se aplicará a [...] los seguros comprendidos en un régimen legal de Seguridad Social»), es tan tajante que no deja lugar a ningún margen para interpretaciones orientadas en otra dirección. Por otra parte, es evidente que la exclusión de las Cajas demandadas del ámbito de aplicación de la Tercera Directiva no puede afectar igualmente, sino principalmente, a la actividad que dichas Cajas ejercen en relación con la gestión del régimen nacional de Seguridad Social.
36.

Describe la relación entre la IOAW, la RWW y la ABW como una relación de subsidiariedad. Sólo tienen derecho a una prestación RWW quienes no tengan derecho a una prestación IOAW «preferente». De forma similar, sólo tiene derecho a una prestación ABW quien no tenga derecho a una prestación RWW, preferente respecto a ésta. El acceso a una prestación IOAW no está configurado de forma discriminatoria por razón del sexo. La persona que no cumpla sus requisitos esta incluida en el ámbito de aplicación de la RWW o de la ABW. Sin embargo, la existencia de los regímenes de prestaciones subsidiarios de la RWW o de la ABW no permiten considerar los requisitos de acceso a una prestación IOAW corno indirectamente discriminatorios. Así se puede comprobar partiendo de la hipótesis de que no existieran prestaciones RWW ni ABW. En tal caso, si se denegara una prestación IOAW no habría derecho a ninguna otra prestación. Por consiguiente, lo decisivo es únicamente determinar si la denegación puede tener una naturaleza indirectamente discriminatoria.