El hecho de que una resolución de remisión prejudicial para la interpretación de un Convenio adoptado con fundamento en el título VI del Tratado UE en su versión vigente antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no mencione el artículo 35 UE, sino que se refiera al artículo 267 TFUE, no puede por sí solo determinar la incompetencia del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones planteadas.

El artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS), que somete la aplicación del principio non bis in idem a la condición de que, en caso de condena, la sanción «se haya ejecutado» o «se esté ejecutando», es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el referido principio.

La condición adicional contenida en el artículo 54 del CAAS constituye una limitación del principio non bis in idem que es compatible con el artículo 50 de la Carta, puesto que esa limitación está cubierta por las explicaciones sobre la Carta relativas a ese último artículo a las que remiten directamente las disposiciones de los artículos 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y 52, apartado 7, de la Carta.

En cualquier caso, la condición de ejecución, que somete la protección más amplia que confiere ese artículo 50 a una condición adicional, constituye una limitación del derecho reconocido en ese artículo, en el sentido del artículo 52 de la Carta.

En efecto, la limitación del principio non bis in idem debe considerarse establecida por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, ya que deriva del artículo 54 del CAAS.

Debe considerarse además que el artículo 54 del CAAS respeta el contenido esencial del principio non bis in idem reconocido en el artículo 50 de la Carta. En efecto, la condición de ejecución prevista en el artículo 54 del CAAS no cuestiona el principio non bis in idem en cuanto tal ya que pretende evitar que una persona que ha sido condenada mediante sentencia firme en un primer Estado contratante ya no pueda ser perseguida por los mismos hechos en un segundo Estado contratante y, por consiguiente, quede finalmente impune en el supuesto de que el primer Estado no haga ejecutar la pena impuesta.

Según resulta del artículo 67 TFUE, apartado 3, el objetivo asignado a la Unión de constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia requiere que la Unión se esfuerce por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, y de lucha en su contra, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales. La condición de ejecución prevista en el artículo 54 del CAAS se inserta en ese contexto ya que pretende evitar en el espacio de libertad, seguridad y justicia la impunidad de la que se podrían beneficiar personas condenadas por una sentencia penal firme en un Estado miembro de la Unión. Además, es adecuada para lograr el objetivo perseguido, porque al permitir, en caso de inejecución de la sanción impuesta, que las autoridades de un Estado contratante persigan por los mismos hechos a una persona condenada en sentencia firme por otro Estado contratante, se evita el riesgo de que esa persona condenada quede impune al haber salido del territorio del Estado de condena. En cuanto a la necesidad de esa condición de ejecución, aunque existen ciertamente en el ámbito de la Unión numerosos instrumentos de Derecho derivado para facilitar la cooperación entre los Estados miembros en materia penal esos instrumentos de cooperación no imponen una condición de ejecución análoga a la del artículo 54 del CAAS, y por tanto no pueden asegurar la completa realización del objetivo pretendido. Sin embargo, no cabe excluir que, en un supuesto concreto de aplicación de la condición de ejecución del artículo 54 del CAAS, los tribunales nacionales competentes, basándose en el artículo 4 TUE, apartado 3, y en esos instrumentos jurídicos del Derecho derivado, se comuniquen entre sí y emprendan consultas para comprobar si el Estado miembro de la primera condena tiene la intención real de llevar a cabo la ejecución de las sanciones impuestas.

(véanse los apartados 55, 57 a 59, 62 a 65, 68, 73 y 74 y el punto 1 del fallo)