Asunto C‑662/17

E. G.

contra

Republika Slovenija

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče)

«Procedimiento prejudicial — Sistema Europeo Común de Asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46, apartado 2 — Recurso contra una resolución que deniega la concesión del estatuto de refugiado pero que concede el estatuto de protección subsidiaria — Admisibilidad — Falta de interés suficiente cuando el estatuto de protección subsidiaria concedido por un Estado miembro otorga los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional — Pertinencia, a efectos del examen de la identidad de dichos derechos y beneficios, de la situación particular del solicitante»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de octubre de 2018

Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recurso contra una resolución que deniega la concesión del estatuto de refugiado pero que concede el estatuto de protección subsidiaria — Posibilidad de que los Estados miembros consideren inadmisible tal recurso — Requisitos — Identidad de los derechos y ventajas conferidas por ambos estatutos — Apreciación en abstracto — Alcance

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 46, ap. 2, párr. 2)

El artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, debe interpretarse en el sentido de que el estatuto de protección subsidiaria acordado por una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal no confiere los «mismos derechos y beneficios que los otorgados por el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional», en el sentido de esta disposición, de manera que un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro no puede declarar inadmisible un recurso interpuesto contra una resolución que considera infundada una solicitud en cuanto a la concesión del estatuto de refugiado, pero que concede el estatuto de protección subsidiaria, por razón del interés insuficiente del solicitante en el mantenimiento del proceso, cuando se verifique que, según la normativa nacional aplicable, los derechos y beneficios que confieren esos dos estatutos de protección internacional no son efectivamente idénticos.

Tal recurso no puede declararse inadmisible aunque se compruebe que, a la vista de la situación concreta del solicitante, la concesión del estatuto de refugiado no podría conferirle más derechos y beneficios que la concesión del estatuto de protección subsidiaria toda vez que el solicitante no invoca, o no invoca aún, derechos que se conceden en virtud del estatuto de refugiado, pero que no se conceden, o solo en menor medida, en virtud del estatuto de protección subsidiaria.

El artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32 permite que un Estado miembro disponga que pueda declararse inadmisible, por falta de interés suficiente, un recurso contra una resolución que considera infundada una solicitud para obtener el estatuto de refugiado, pero que concede el estatuto de protección subsidiaria, cuando este último estatuto, concedido por ese Estado miembro, otorgue los «mismos derechos y beneficios» que otorga el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional. Por tanto, la exclusión del derecho a un recurso prevista en el artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32 debe interpretarse de manera restrictiva, en la medida en que constituye una excepción al derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra cualquier resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional, reconocido en el artículo 46 de dicha Directiva, así como una limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 47 de la Carta. De ello se deduce que dicha exclusión del derecho a un recurso efectivo debe interpretarse en el sentido de que solo puede aplicarse si existe una identidad efectiva entre los derechos y beneficios otorgados por el estatuto de protección subsidiaria, concedido por el Estado miembro de que se trate, y los otorgados por el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional aplicable.

Ahora bien, procede señalar que, en lo que atañe al derecho de residencia, el estatuto de protección subsidiaria establecido por la normativa eslovena no otorga los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional, pues, según se desprende de las comprobaciones efectuadas por el órgano jurisdiccional remitente y recordadas en el apartado 33 de la presente sentencia, la duración del permiso de residencia asociado al estatuto de protección subsidiaria no está equiparada con la del permiso de residencia de que disfrutan las personas a las que se concede el estatuto de refugiado.

Sin embargo, tal como sostuvieron tanto el Gobierno neerlandés como la Comisión, las normas de Derecho esloveno relativas a la concesión, cesación, revocación o renovación de los respectivos estatutos de protección internacional, a las que el órgano jurisdiccional remitente se refiere en su primera cuestión prejudicial, no se refieren al contenido de los derechos conferidos por tales estatutos, sino a la determinación del estatuto de que se trata. Dichas normas se establecen en los capítulos III a VI de la Directiva 2011/95 de manera imperativa y distinta para los dos estatutos de protección internacional de que se trata. En consecuencia, tales normas, a diferencia de las relativas al contenido de los derechos que otorga dicho estatuto, no pueden ser tenidas en cuenta como «derechos y beneficios» en el sentido del artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32.

Por último, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en el marco de la apreciación del requisito impuesto por el artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32, sobre la identidad de los derechos y los beneficios otorgados por ambos estatutos de protección internacional de que se trata, procede tener en cuenta la situación individual del solicitante, en el sentido de que incluso en ausencia de tal identidad de derechos y beneficios faltaría interés suficiente para interponer un recurso contra una resolución por la que se le deniega el estatuto de refugiado —lo que conllevaría la inadmisibilidad del recurso— cuando la concesión de tal estatuto no le aportara, a la vista de su situación concreta, más derechos y beneficios que la concesión del estatuto de protección subsidiaria. Pues bien, la cuestión de si concurre el requisito impuesto por el artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32, esto es, que exista una identidad efectiva de los derechos vinculados a los dos estatutos de protección internacional de que se trata, debe apreciarse sobre la base de un examen de conjunto de la normativa nacional aplicable, y no a la vista de la situación concreta del solicitante en cuestión.

(véanse los apartados 43, 49, 50, 54, 57 a 59, 62, 63 y 70 y el fallo)