10.

La Comisión considera que, mediante este motivo, las autoridades italianas pretenden cuestionar la Decisión de 17 de diciembre de 1986, que adquirió firmeza por no haber sido impugnada dentro de plazo. La Comisión señala en primer lugar que el Gobierno italiano nunca solicitó ni pretendió, en la fase administrativa previa, que las ayudas controvertidas pudieran acogerse a una de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92 y no aportó ninguna información útil a este respecto. Ello permite a la Comisión concluir que tenía derecho a dar por terminado el procedimiento de examen de las citadas ayudas y a adoptar la decisión final negativa, fundándose únicamente en los datos informativos de que disponía (véanse las sentencias de 10 de julio de 1986, Meura, antes citada; Comisión/Bélgica, «Boch», 40/85, Rec. p. 2321, y de 14 de febrero de 1990, Boussac, antes citada). A continuación la Comisión destaca que, como la Decisión de 17 de diciembre de 1986 no es negativa sino condicional, no exigía la forma solemne que establece el artículo 189 del Tratado sino que, por el contrario, adoptó la forma de carta y está redactada en el usual lenguaje diplomático. En este marco, cuando la Comisión invita a un Estado miembro a respetar el Tratado, conmina al Estado miembro a respetar sus compromisos vinculantes. En el caso de autos, el primero de tales compromisos era el suscrito por el Gobierno italiano de no conceder un importe equivalente a 200.000 millones. Tan sólo después de haber recibido y valorado el citado compromiso adoptó la Comisión la Decisión, en la cual se autorizaban las ayudas por un importe máximo de 989.000 millones de LIT. Por otra parte, la Comisión subraya que la situación de las empresas beneficiarias de las ayudas controvertidas no puede constituir un hecho nuevo en relación con el plan contemplado por la Decisión de 17 de diciembre de 1986, porque ambas empresas pertenecían ya al grupo de EFIM en el momento de realizarse el citado plan. Por consiguiente sus exigencias financieras debían ser conocidas por las autoridades italianas y ser cumplidas respetando el importe máximo autorizado por la Comisión, que las autoridades italianas no podían modificar en forma unilateral. Si las autoridades italianas hubieran contemplado hechos nuevos capaces de modificar las condiciones impuestas por la Comisión, hubieran debido informar de ello a la Comisión, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 93 y ello según la interpretación de la sentencia de 15 de enero de 1986, Comisión/Bélgica, «Boch» (52/84, Rec. p. 89). Esto no significa que la Decisión de 17 de diciembre de 1986 suponga una prohibición absoluta de futuras ayudas, sino que es preciso respetar los cauces institucionales y las disposiciones del Tratado para modificar las condiciones impuestas por la referida Decisión. A falta de cualquier justificación que pueda modificar las condiciones previstas por la Decisión de 17 de diciembre de 1986, la concesión de las ayudas suplementarias, en relación con las ayudas autorizadas por esta Decisión que surte efecto directo (véase la sentencia de 19 de junio de 1973, Capolongo, 77/72, Rec. p. 613), provoca la incompatibilidad de las ayudas controvertidas con el mercado común, cuyo concepto incluye asimismo actos de Derecho derivado, a saber: la Decisión de 17 de diciembre de 1986 (véanse las sentencias de 25 de junio de 1970, Francia/Comisión, 47/69, Rec. p. 487, y de 22 de marzo de 1977, Ianelli/Volpi, 74/76, Rec. p. 576). Por consiguiente, la inobservancia de las condiciones a las que la Comisión sujeta la autorización de las ayudas convierte en caduca e injustificada la autorización y constituye en sí misma un motivo suficiente para determinar la incompatibilidad, en cuanto al fondo, de cualquier ayuda que la contradiga si, en el momento oportuno, no se comprueba la existencia de unos datos que pudieran modificar las condiciones impuestas.