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1. Aproximación de las legislaciones - Residuos - Directiva 75/442 - Normativa nacional que limita la venta y el uso de recipientes no biodegradables - Procedencia

(Directiva 75/442 del Consejo)

2. Aproximación de las legislaciones - Residuos - Directiva 75/442 - Obligación de comunicación de los proyectos de normativa - Alcance- Incumplimiento - Consecuencias

(Directiva 75/442 del Consejo, art. 3, apartado 2)

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1. La Directiva 75/442, relativa a los residuos, no confiere a los particulares el derecho a vender o a usar bolsas de plástico y otros recipientes no biodegradables. En efecto, porque la Directiva no prohíba la venta o el uso de un producto determinado no puede deducirse que se oponga a que los Estados miembros puedan establecer tales prohibiciones con el fin de proteger el medio ambiente, tanto más cuanto que pretende, entre otros propósitos, favorecer las medidas nacionales que puedan prevenir la formación de residuos.

2. El apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 75/442 impone a los Estados miembros la obligación de comunicar a la Comisión a su debido tiempo, es decir, antes de ser adoptada definitivamente, un proyecto de normativa que limite el uso y la venta de embalajes no biodegradables. Se refiere, en efecto, no sólo a los proyectos de normativa que afecten, en particular, al uso de productos que pudieran ser causa de dificultades técnicas para la gestión o que pudieran ocasionar costos excesivos en su tratamiento, sino también, mediante referencia al apartado 1, a cualquier proyecto de normativa dirigida a promover, en particular, la prevención, el reciclaje y la transformación de los residuos.

Puesto que la Directiva no establece ninguna excepción o limitación por lo que respecta a la obligación de comunicación, ésta comprende los proyectos de normativa adoptados por todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las entidades territoriales y los municipios.

La disposición citada en la Directiva sólo afecta a las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión y por ello no confiere a los particulares ningún derecho que puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales con el fin de obtener la anulación o la inaplicación de una normativa nacional correspondiente a su ámbito de aplicación porque ésta haya sido adoptada sin haber sido previamente comunicada a la Comisión.
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Libre circulación de personas - Trabajadores - Derecho de residencia de los miembros de la familia - Renovación del permiso de residencia subordinada a la ocupación de una vivienda apropiada - Improcedencia

(Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 10, apartado 3)

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El requisito de disponer de una vivienda considerada como normal para los trabajadores nacionales, al cual el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento nº 1612/68 subordina el derecho de los miembros de la familia de un trabajador migrante a instalarse con él en territorio del Estado miembro en que está empleado, se impone únicamente como requisito para la acogida de cada miembro de la familia en la vivienda del trabajador. Una vez llevada a cabo la reagrupación de la familia, la situación del trabajador migrante no puede diferenciarse de la de los trabajadores nacionales por lo que se refiere a las exigencias de alojamiento.

Por ello, una legislación nacional que prevé la no renovación de un permiso de residencia o la reducción a posteriori de la duración de su validez debido a que la vivienda de la familia, como consecuencia de un nuevo acontecimiento, ya no puede considerarse como apropiada, conforme a los criterios aplicados en la materia en el lugar de residencia, mientras que, respecto a los propios nacionales, no se prevén sanciones de gravedad comparable, es, aun teniendo en consideración los poderes reservados a los Estados miembros para hacer frente a las exigencias del orden y la seguridad públicos, incompatible con las obligaciones que se derivan del apartado 3 del citado artículo 10.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Exenciones previstas por la Sexta Directiva - Exención a la importación temporal de bienes - Importación temporal, por un trabajador fronterizo, de un vehículo para uso profesional y privado perteneciente a su empresario - Percepción del Impuesto - Improcedencia

((Directiva 77/388 del Consejo, artículo 14, apartado 1 c) ))

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Cuando no exista ningún indicio de fraude, abuso o evasión fiscal, un Estado miembro no puede negar la exención prevista para las importaciones temporales de bienes por la letra c) del apartado 1 del artículo 14 de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios cuando un vehículo automóvil que pertenezca a un empresario establecido en otro Estado miembro, donde se haya pagado el Impuesto sobre el Valor Añadido, es utilizado por un trabajador fronterizo que resida en el primer Estado miembro, en el marco de su contrato de trabajo, para cumplir sus tareas y, accesoriamente, para su esparcimiento.
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El procesado en el asunto principal es de la opinión de que los productos que nos ocupan no son medicamentos en sentido estricto puesto que no se administran directamente al ser humano. En efecto, es el radioelemento el que sirve para el diagnóstico y no el vector, en su condición de tal, ya que no constituye más que una solución inerte desde el punto de vista químico. El producto final se forma únicamente después de una serie de transformaciones químicas, constituyendo entonces un medicamento en sentido estricto. Según el procesado en el asunto principal, estos productos no se venden más que a los servicios especializados de los hospitales públicos, sin ponerse a disposición del público.
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CECA - Producción - Régimen de cuotas de producción y de suministro de acero - Reclamación de un Estado miembro relativa a una modificación de los suministros tradicionales - Reconocimiento por la Comisión de la conformidad a Derecho de la reclamación - Obligación de pedir a las empresas afectadas el compromiso de compensar el desequilibrio comprobado en sus suministros tradicionales - Inacción de la Comisión - Ilegalidad

(Tratado CECA, art. 58; Decisión General nº 234/84, art. 15 B, apartado 4)

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Cuando, en el marco del régimen de cuotas de producción y de suministro de acero, un Estado miembro, en aplicación del artículo 15 B de la Decisión nº 234/84, ha sometido a la Comisión una reclamación relativa a la modificación, en una proporción importante, de los suministros tradicionales, la Comisión tiene la obligación, siempre que, dentro de los límites de su facultad de apreciación, reconozca fundada la reclamación, de actuar con diligencia y adoptar las medidas previstas en el apartado 4 del mismo artículo, de manera que el compromiso de compensación pedido a las empresas al principio de la modificación mencionada se ejecute durante el trimestre siguiente a aquél en el que se ha reconocido la conformidad a Derecho de la reclamación.

Por no ser dicha medida una sanción y por no estar subordinada a la comprobación de ninguna infracción por parte de las empresas de que se trata, la Comisión no puede demorar su intervención por la razón de que necesite conocer el resultado de los procedimientos de infracción de la normativa sobre precios, emprendidos por ella contra determinados productores.

Su negativa a actuar es, en consecuencia, ilegal.
Los Estados miembros, ante un Reglamento que establezca una organización común de mercado en un sector determinado, tienen que abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda significar una excepción o un atentado contra dicho Reglamento. En todo caso, no se puede deducir del simple silencio de la normativa en cuestión que los Estados miembros no puedan ya adoptar medidas en dicho sector. Por el contrario, el hecho de que el legislador comunitario no haya regulado el sector específico de la molinería faculta a los Estados miembros para adoptar las medidas que estimen adecuadas para mejorar las estructuras de dicho sector, siempre que respeten los mecanismos y principios que rigen la organización común de mercados en el sector de los cereales. Se deriva de lo que antecede que el Reglamento no 2727/75 no se opone a que un Estado miembro adopte, en el sector de la molinería, un sistema de contingentes de trituración de trigo que afecte únicamente al consumo humano interior del Estado miembro interesado en cuyo marco la cantidad total de los contingentes es, de hecho, netamente superior a la cantidad necesaria para dicho consumo.
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La República Federal de Alemania ha formulado dos excepciones de inadmisibilidad contra estas dos primeras alegaciones. Ante todo, señala que ha reconocido expresamente haber rebasado los plazos para la operación de liquidación de los créditos de que se trata y que no niega tampoco que haya existido un retraso en la inscripción en la cuenta de la Comisión, si se aplica el plazo previsto por el artículo 10 del Reglamento no 2891/77, a partir de la fecha límite en la cual debía proceder a la liquidación y no en la de la liquidación efectiva. Ha subrayado que cuidaría de que no se volvieran a rebasar los plazos en el futuro. Por otro lado, alega que la Comisión no puede utilizar la vía del recurso por incumplimiento basándose en una infracción material del Derecho comunitario, como la de haber rebasado un plazo, dado que, por hipótesis, el incumplimiento se ha producido por el solo hecho de sobrevenir el vencimiento del plazo y que el Estado miembro ya no puede ponerle fin. El procedimiento del artículo 169 no puede ser utilizado en los casos en que el Estado miembro afectado se encuentre en la imposibilidad material de regularizar la situación así creada dentro de los plazos establecidos en el dictamen motivado. Por tanto, el objeto del litigio debería limitarse tan solo al examen del tercer incumplimiento invocado por la Comisión.
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Los asuntos 61/82 y 62/82 estaban todavía pendientes ante el Tribunal en el momento del examen de las cuentas correspondientes a los ejercicios 1976 y 1977. Al abstenerse las autoridades italianas de proporcionar la prueba del porcentaje de pérdidas reales, la Comisión procedió a una corrección a tanto alzado del 2 % sobre los gastos de que se trata para los ejercicios 1976 y 1977. No obstante, según el informe global 1976-1977, la decisión de deducir los importes de que se trata era provisional y la Comisión debía reconsiderar su postura «a la vista de la decisión tomada por el Tribunal de Justicia». En las decisiones de liquidación para los ejercicios 1976 y 1977, la Comisión consideró que determinado importe de los gastos no reconocidos no había podido ser objeto de una decisión definitiva, dado que era necesario llevar a cabo exámenes complementarios y que dicho importe podía, «en su caso, ser reconocido en el momento de la liquidación de cuentas del ejercicio 1978».
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Del expediente resulta que la legislación danesa, a saber la Ley no 98, de 17 de marzo de 1971, relativa al impuesto sobre consumos específicos que grava los vinos de fruta y el vino, modificada en últmo lugar por la Ley no 149, de 11 de abril de 1984, prevé un régimen impositivo diferente para los vinos de fruta y los vinos de uva. En lo que se refiere a los vinos de uva, el tipo del impuesto sobre consumos específicos está fijado en 10,725 coronas danesas por litro para los vinos de mesa y en 19,93 coronas danesas para los vinos de licor con un grado alcohólico superior al de los vinos de mesa pero sin exceder de 23 % vol., por encima del cual el vino está sujeto a gravamen conforme a la ley relativa al impuesto sobre consumos específicos que grava los aguardientes. En cuanto a los vinos de fruta, el tipo del impuesto sobre consumos específicos por litro es de 6,92 coronas danesas para los vinos de mesa con un grado alcohólico que no exceda de 14 % vol. y de 11,02 coronas danesas para los demás productos, es decir, productos del tipo vino de licor con un grado alcohólico entre 14 y 20 % vol., límite por encima del cual la bebida se grava como aguardiente.
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Por lo que respecta al procedimiento de pago del MCM, en tanto afecta al caso en cuestión, debe resaltarse que cuando se trate de exportación de mercancías de Francia al Reino Unido son las autoridades francesas quienes pagan al operador el MCM que debería ser concedido por el Reino Unido, según un procedimiento establecido entre ambos Estados miembros en aplicación del artículo 2 bis del Reglamento no 974/71, de 12 de mayo de 1971 (DO 1971, L 106, p. 1), modificado por el Reglamento no 1112/73 (DO 1973, L 114, p. 4). Por otra parte, en la práctica administrativa francesa, el original del formulario T5 es devuelto, a través de la oficina de la aduana de salida, al propio operador; no es pues transmitido directamente por las autoridades aduaneras del Estado de destino al organismo competente para el pago, como es práctica común en otros Estados miembros.
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Precisa, asimismo, que no procede atribuir ninguna significación jurídica particular a la situación financiera de las partes en la transmisión, puesto que un acuerdo restrictivo de la competencia no puede eludir la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por el mero hecho de permitir la supervivencia de la empresa. Según la Comisión, esa circunstancia debería traducirse, simplemente, en una modificación del precio de transmisión y no en una prórroga de la cláusula de no competencia.
Asunto C-169/84

Société CdF Chimie azote et fertilisants SA y Société chimique de la Grande Paroisse SA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayuda de Estado — Sistema de tarifas aplicado en los Países Bajos al suministro de gas natural»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mischo, presentadas el 17 de mayo de 1990 3101

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de julio de 1990 3110

Sumario de la sentencia

Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Sistema de tarifas preferenciales de gas natural que, sin estar económicamente justificado, favorece esencialmente a una determinada categoría de empresas

(Tratado CEĶ art. 92)

Un sistema de tarifas preferenciales para el suministro de gas natural, aplicado por un Estado miembro en beneficio de los grandes consumidores industriales, que, con una sola excepción, pertenecen a un determinado sector de la producción, constituye una ayuda estatal en la medida en que las rebajas de precios concedidas manifiestamente no correspondan al ahorro obtenido en el coste del suministro. La circunstancia de que una de las empresas no pertenezca al sector de que se trate no desvirtúa la conclusión de que la tarifa se aplica esencialmente a dicho sector.
Asunto 295/84

SA Rousseau Wilmot

contra

Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic)

Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d'appel de Douai

«Gravámenes nacionales calculados sobre el importe del volumen de negocios»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido — Tributos que no tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios — Concepto — Impuesto que tiene como base imponible el volumen de negocios global anual y que se recauda en beneficio de los regímenes de Seguridad Social

(Directiva 77/388 del Consejo, art. 33)

El concepto de «impuesto, derecho o tasa que no tenga carácter de Impuesto sobre el Volumen de Negocios», como figura en el artículo 33 de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que autoriza a los Estados miembros al mantenimiento o al establecimiento de impuestos que no tengan dicho carácter, debe interpretarse en el sentido de que incluye un tributo de carácter no fiscal, a cargo de las sociedades o de determinadas categorías de ellas, en beneficio de los regímenes de Seguridad Social, que tiene como base impositiva el volumen de negocios anual global antes de impuestos de las sociedades afectadas.
Asunto 44/84

Derrick Guy Edmund Hurd

contra

Kenneth Jones (Her Majesty's Inspector of Taxes)

petición de decisión prejudicial, presentada por los Commissioners for the special purposes of the Income Tax Acts

«Escuela Europea — Impuestos nacionales sobre la remuneración del personal docente»

Sumario de

Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal — Acta de adhesión de 1972 — Artículo 3 — Límites (Tratado CEE, art. 177; Tratado CEEA, art. 150; Tratado de adhesión de 1972, art. 1, apartado 3; acta de adhesión de 1972, art. 3) Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades — Acta de adhesión de 1972 — Artículo 3 — Ámbito de aplicación — Efectos (Acta de adhesión de 1972, art. 3) Estados miembros — Obligaciones — Artículo 5 del Tratado CEE — Alcance (Tratado CEE, art. 5) Estados miembros — Obligaciones — Restricción al ejercicio de la competencia fiscal tratándose del sueldo de los profesores de las Escuelas Europeas — Efecto directo — Ausencia. (Tratado CEE, art. 5) Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Prohibición — Alcance (Tratado CEE, art. 7)
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La Comisión responde que la demandante no ha indicado las razones por las que considera que las restricciones impuestas se refieren únicamente al uso de las técnicas objeto de licencia, sino que se ha limitado a repetir los argumentos generales aducidos contra la aplicabilidad del artículo 85, apartado 1. De hecho, por lo menos en el caso de la República Federal de Alemania, estas restricciones iban más allá del objeto cubierto por la patente y no estaban exentas, por lo tanto, de la obligación de notificar. Por lo que se refiere a las ventajas que se obtendrán de dichas cláusulas, la Comisión señala que no se ha probado que la variedad, el alto nivel técnico y la calidad de los productos de los cesionarios sean consecuencia de la política sobre concesión de licencia seguida por WSI. Además, no se observan diferencias importantes en cuanto a calidad y seguridad entre los productos de los cesionarios de la licencia y de los no cesionarios de la licencia.
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El Gobierno británico sugirió en su respuesta que, si la Comisión estaba de acuerdo, podría modificarse la Order de suerte que, en lo sucesivo, el detallista pudiera elegir entre la indicación del origen nacional y la mención «made in the European Community» (fabricado en la Comunidad Europea). Dicha sugerencia, a juicio del Gobierno británico, es conforme con los puntos esenciales de una Propuesta de Directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la indicación de origen de determinados productos textiles y de vestir, que fue presentada por la Comisión al Consejo en 1980 (DO C 294, p. 3) pero que, entre tanto, ha sido retirada.
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La Land Act 1933 irlandesa y la Land Act 1965 tienen por objeto aumentar el tamaño de explotaciones que, de lo contrario, no serían rentables, impedir la especulación inmobiliaria y, en último término, garantizar en la medida de lo posible que la tierra pertenezca a quienes la trabajan. Para lograr este último objetivo, el apartado 3 del artículo 32 de la Land Act 1933 irlandesa, tal y como ha sido modificado por el artículo 35 de la Land Act 1965 irlandesa, dispone que la Irish Land Commission no puede ejercer sus facultades expropiatorias en relación con personas que hayan residido desde hace más de un año a menos de tres millas del inmueble rústico o en relación con personas jurídicas, y cuando todos sus accionistas cumplan el mismo requisito de residencia. En el presente caso, los cinco accionistas de la Robert Fearon Co. Ltd son nacionales británicos que no cumplen el requisito de residencia señalado.
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La Comisión se negó a conceder una exención al acuerdo con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado. Para la Comisión, semejante acuerdo no mejora la distribución, ya que tiene por efecto privar a los minoristas de la posibilidad de obtener una bonificación que dependa no de su volumen total de ventas, sino de las prestaciones ofrecidas a cada fabricante de manera individual. Además, los diferentes requisitos exigidos para disfrutar de la bonificación no contribuyen, a su entender, a mejorar la distribución. Por último, la Comisión considera que las eventuales ventajas que pudieran derivarse de estos diferentes requisitos benefician fundamentalmente a los fabricantes e importadores de cigarrillos y no pueden considerarse indispensables para alcanzar los objetivos perseguidos. Según la Comisión, hubiera podido imponer multas por la participación en el acuerdo sobre los descuentos entre 1974, fecha en que se celebró, y 1977, fecha en que fue notificado. No obstante, la Comisión consideró que no procedía sancionar a las empresas.
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Mediante resolución de 19 de julio de 1982, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de agosto siguiente, el Tunbridge Wells Country Court planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación, en particular, de los artículos 30, 34 y 38 a 47 del Tratado CEE, del artículo 42, del apartado 1 del artículo 60 del Acta de adhesión de 1972, y del Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 118, p. 1; EE 03/05, p. 258), con el objeto de apreciar, por una parte, la compatibilidad con dichas disposiciones de la normativa británica relativa al «Apple and Pear Development Council» (Consejo de desarrollo para el sector de las manzanas y de las peras) y, por otra parte, las consecuencias de una eventual incompatibilidad de la exacción destinada a financiar dicho Consejo.
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de julio de 1982, la Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (FEDIOL) interpuso un recurso, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se anule una Comunicación, fechada el 25 de mayo de 1982, por la cual la Comisión informó a la demandante, de conformidad con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 3017/79 del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 339, p. 1), de que no iba a incoarse un procedimiento antisubvenciones en relación con las importaciones de tortas de soja originarias de Brasil.
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No puede aceptarse tal argumentación. En realidad, ni en la correspondencia mantenida entre ATBG y Diederichs ni en los documentos internos de TFR y ATBF puede encontrarse mención alguna de los requisitos que Diederichs no reunía, salvo una referencia al hecho de que Diederichs había actuado contrariamente a las normas reguladoras de la competencia al importar de Alemania productos Telefunken objeto del contrato y que, para ser admitido como distribuidor autorizado, debería comprometerse a no volver a hacerlo en lo sucesivo. No obstante, las importaciones paralelas no pueden considerarse una infracción de las normas sobre la competencia, mientras que, por el contrario, el compromiso de no efectuar tales importaciones constituye a todas luces una violación del Derecho comunitario, por cuanto permite a un fabricante compartimentar los mercados nacionales y burlar así el principio de libre circulación de mercancías.