2.

Por otra parte, el Finanzgericht pregunta si el párrafo tercero en relación con el párrafo primero, ambos del artículo 95, tiene efectos directos a partir del 1 de enero de 1962 y genera, a partir de esta misma fecha, derechos individuales en favor de los particulares. Es evidente que este párrafo sólo puede interpretarse en relación con el primero, al cual corrige y completa: dispone que los Estados miembros están obligados a adaptar, a más tardar, al comienzo de la segunda etapa del período transitorio, su legislación fiscal a las disposiciones del párrafo primero del artículo 95. Sólo para entonces deben haberse suprimido las distorsiones que pudieran resultar de los gravámenes compensatorios vigentes a la entrada en vigor del Tratado. Así pues, a diferencia de lo que hemos visto con anterioridad, este párrafo impone a los Estados miembros no una obligación de no hacer, sino una obligación de hacer. Y contrariamente a lo manifestado por este Abogado General en el asunto 10/65, un poco apresuradamente, estimo que esto no basta para eliminar ipso facto la posibilidad de una aplicación directa. Es indudable que hasta ahora el Tribunal de Justicia sólo ha considerado como directamente aplicables los artículos que contienen una obligación de no hacer, pero la República Federal ha deducido de ello equivocadamente la existencia de una norma general y exclusiva. La verdad es simplemente que, por su naturaleza y contenido, una obligación de hacer no cumple tan fácilmente ni con tanta frecuencia los requisitos necesarios para considerarla directamente aplicable. En primer lugar, no puede considerarse como tal una disposición cuya realización esté condicionada por un acto de una autoridad comunitaria, Consejo o Comisión. Lo mismo puede decirse cuando el Estado miembro posea cierta facultad discrecional para fijar la extensión o el contenido de la disposición prevista en el Tratado. Se ha citado por ejemplo el apartado 1 del artículo 68 que estipula que los Estados miembros concederán «con la mayor liberalidad posible» autorizaciones de cambio en la medida en que éstas sean aún necesarias después de la entrada en vigor del presente Tratado. El párrafo tercero del artículo 95, unido al párrafo primero del mismo artículo, presenta características muy diferentes, pues impone a los Estados miembros una obligación perfectamente definida: en una fecha concreta, deberán haber concluido la adaptación de sus legislaciones nacionales en la medida en que sean contrarias al citado artículo. Queda así fijado el alcance de su obligación y sigue estándolo aunque se encuentren en el caso previsto en el artículo 97, puesto que esta circunstancia no dispensa del respeto de los principios previstos en el artículo 95. No obstante, procede destacar que los Estados no carecen totalmente de discrecionalidad a la hora de elegir las medidas que deben adoptar al comienzo de la segunda etapa para establecer la igualdad fiscal entre productos importados y productos nacionales: pueden desgravar los primeros o gravar los segundos; pero su obligación permanece idéntica, consiste en garantizar la igualdad, que es lo que establece el artículo 95. Me inclino a considerar, por tanto, que el párrafo tercero de este artículo, junto con el párrafo primero, es directamente aplicable, en otros términos, que confiere su plena eficacia a las disposiciones del párrafo primero, desde el 1 de enero de 1962, en la medida en que afectan a los tributos internos ya vigentes a la entrada en vigor del Tratado. No obstante, quisiera referirme brevemente a la posición defendida por la República Federal, según la cual es indispensable que la disposición sea tan clara y unívoca que pueda ser objeto de aplicación directa sin dificultad. Ahora bien, con el sistema de la imposición cumulativa en cascada, la aplicación del artículo 95 sería tan difícil que los órganos jurisdiccionales nacionales serían incapaces de llevarla a cabo. Se ha discutido largamente, tanto por escrito como en la vista, sobre cálculos que no guardaban relación directa con las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia y que son más bien de la incumbencia del Juez a quo, y no ignoro en modo alguno la dificultad de la tarea de estos últimos, que consiste no en fijar tipos, sino en controlar la legalidad de los que haya fijado el Estado. Por último, se ha alegado que las dificultades con que se enfrentan los importadores son temporales y que cesarán con la desaparición de la imposición cumulativa en cascada. Esta alegación no es, a mi juicio, plenamente convincente. Negar el acceso a la justicia a aquel que la reclame, invocando las dificultades de la tarea que éste impondría a su Juez natural, me parece un argumento tanto más impertinente por cuanto que los magistrados de todos los países están habituados a entender de las más arduas cuestiones y a resolverlas, si fuera preciso, con la ayuda de peritos. Por otra parte, nadie se atrevería a predecir cuándo desaparecerá la imposición cumulativa en cascada, que amenaza con durar aún mucho tiempo si escapa al control jurisdiccional. Resta por último la tercera cuestión, mediante la que se pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo 95, no ya solo, sino en relación con el artículo 12 o 13 del Tratado, tiene efectos directos. Es evidente que esta cuestión es subsidiaria de las anteriores y el Tribunal de Justicia no habrá de responder a ella si admitiera conmigo que procede distinguir completamente el ámbito de aplicación de los artículos 9 a 12 por una parte, y 95 por otra.