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—

Anule el artículo 1 de la Decisión n.o 03/2020 de la ACER, de 24 de enero de 2020, y los artículos 3, apartados 3 y 5, letra b), 4, apartado 6, 6, 11, apartados 1, letra c), y 2, letra c), y 12 del Marco de aplicación de la plataforma europea para el intercambio de energía de balance procedente de reservas de recuperación de la frecuencia con activación automática.
C 399/43

Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2020 — Aldi/EUIPO (Cachet)

(Asunto T-622/20)

(2020/C 399/60)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Alemania) (representantes: N. Lützenrath, C. Fürsen y M. Minkner, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «Cachet» — Solicitud de registro n.o 18092827

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de agosto de 2020 en el asunto R 452/2020-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada en la medida en que confirmó la denegación del registro por lo que respecta a los productos de la clase 5 «Preparaciones veterinarias; productos médicos; productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y productos dietéticos con fines médicos o veterinarios; complementos alimenticios para seres humanos y animales» y desestimó el recurso.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3.

Tercer motivo, basado en una vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el cálculo del importe de las aportaciones ex ante establecido por el Reglamento MUR, el Reglamento Delegado y el Reglamento de Ejecución, por un lado, no podía anticiparse con suficiente precisión y, por otro lado, no sería función tanto de la situación y del perfil de riesgo propios al establecimiento como de su situación relativa respecto de los demás establecimientos aportadores. Por último, las demandantes consideran que la Comisión no debería haber tenido la responsabilidad de determinar indicadores de riesgo en el marco del Reglamento Delegado, en la medida en que esos criterios tienen una función eminentemente estructuradora y determinante en la determinación de los importes de aportación (artículo 290 TFUE).
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada y, en particular, la declaración de que no procede conceder ninguna compensación, en virtud del artículo 76, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (artículo 2), a los acreedores (entre ellos, los demandantes) adolece de errores manifiestos de apreciación y de errores de Derecho, y vulnera, por tanto, el derecho de propiedad de los demandantes. En concreto, los demandantes sostienen que la JUR ha incurrido en errores manifiestos de apreciación y en errores de Derecho al adoptar la Decisión impugnada basándose en el informe de valoración («Informe de Valoración n.o 3») y en la «aclaración» del mismo adjunta a la Decisión impugnada, elaborados por Deloitte Réviseurs d’Entreprises (en lo sucesivo, «Deloitte»), según los cuales los demandantes no habrían obtenido ningún reembolso si el Banco Popular hubiera estado sometido a un procedimiento de insolvencia ordinario en España.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1) En el marco del segundo motivo, se alega que con la separación artificial de la pretensión de concentración, la demandante infringió los Tratados de la Unión Europea y las disposiciones del Reglamento comunitario de concentraciones. En particular, se señala que infringió las normas procedimentales en materia de fusiones, por lo que no tuvo en cuenta circunstancias relevantes para la decisión o no lo hizo de manera acertada. En concreto, incurrió en error en lo relativo a la conexión jurídica, económica y efectiva de todo el proyecto de concentración, clasificó la transacción erróneamente como asset swap, no tuvo en cuenta los efectos sobre la competencia de la contraprestación de la participación de RWE AG en E.ON SE en un 16,67 %, y apreció erróneamente los efectos de las transacción sobre la competencia. En particular, la demandante aduce que la demandada omitió realizar una delimitación adecuada del mercado. Además, señala que esta aplicó un margen de apreciación erróneo al apreciar los efectos de la transacción y apreció de manera errónea el incentivo creado por la transacción para que RWE retuviera deliberadamente capacidades de generación. Por esta razón, la demandada llega a la conclusión errónea de que la concentración, por una parte, podía apreciarse por separado y, por otra, no se producían efectos perjudiciales para la competencia en la Unión.
—

En apoyo de su recurso, el demandante alega, en particular, que, al adoptar la Decisión (PESC) 2019/354 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, (3) el Consejo de la Unión Europea no demostró la diligencia debida, ya que, antes de adoptar la Decisión impugnada, no consideró las observaciones y las pruebas presentadas por el demandante, que abogan en su favor, y se basó únicamente en la breve exposición del Fiscal General de Ucrania, sin pedir ninguna información complementaria sobre el desarrollo de la investigación en Ucrania.
—

En primer lugar, la infracción del artículo 47, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de 6 de agosto de 2008 (Reglamento general de exención por categorías) en una forma que no garantiza el respeto del artículo 107 TFUE. En virtud del artículo 109 TFUE, el Consejo está autorizado para definir por medio de Reglamento los sectores en los que no resulta necesario el procedimiento ordinario con el que la Comisión examina la propuesta de ayuda de Estado y analiza su conformidad con el artículo 107 TFUE. El Consejo adoptó el Reglamento n.o 659/1999 y autorizó en el mismo (con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 4) a la Comisión a adoptar reglamentos en los que defina las condiciones para la concesión de ayudas públicas ad hoc fuera de los sistemas ordinarios. La Comisión adoptó el Reglamento n.o 70/2001, posteriormente el Reglamento n.o 800/2008 y a continuación el Reglamento n.o 651/2014 (Reglamento general de exención por categorías). No obstante, ni el Consejo ni la Comisión podían en sus Reglamentos excederse más allá de lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, dado que su función se basa en determinar las condiciones de las ayudas de Estado de modo que los Estados miembros que aplican ayudas de Estado en sectores «objeto de excepción» no pueden aplicar ayudas de Estado contrarias al principio de no injerencia en la competencia, incluso si están exentas del procedimiento ordinario ante la Comisión. Por ello, permanece la obligación (prevista y consagrada por el TFUE) de control por parte de la Comisión sobre los regímenes de ayudas, incluso en los sectores excluidos; también por ello existe (al menos en teoría) el procedimiento de recuperación de la ayuda ilegal y la Unión Europea se define como economía de mercado, es decir, una economía productora de bienes y servicios que los consumidores adquieren libremente para optimizar la relación entre ingresos y costes, y no de bienes y servicios determinados por políticos y funcionarios.
—

La razón por la cual no se aprobó la zeolita de plata mediante el acto impugnado fue la supuesta eficacia insuficiente del artículo tratado en el que se utilizó. Sin embargo, el demandante considera que los únicos criterios que la demandada puede tener en cuenta legalmente se circunscriben a los enumerados en los artículos 4 y 19 del Reglamento n.o 528/2012. Esos criterios no incluyen la eficacia del artículo tratado cuya evaluación se deja a la fase secundaria y subsiguiente de la autorización del biocida a escala del Estado miembro. Habida cuenta de que precisamente esa evaluación fue llevada a cabo por la demandada con el fin de justificar la no aprobación de la zeolita de plata, lo que implica que la demandada se ha extralimitado en su delegación que le otorga el Reglamento n.o 528/2012, la demandada infringió los artículos 290 TFUE y los artículos 4 y 19 del citado Reglamento.
4.

Cuarto motivo, relativo a la incompatibilidad con la política agrícola de la Unión Europea. — Se alega a este respecto que la introducción de umbrales para las PRNC es incompatible con la política agrícola de la Unión Europea, y en particular con: — La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7). — El Reglamento (UE) n.o 1151/12 de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1). — El Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487). — El artículo 8 del Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias (DO 2014, L 227, p. 1).
C 68/42

Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 2019 — Ungureanu/Comisión

(Asunto T-753/19)

(2020/C 68/51)

Lengua de procedimiento: rumano

Partes

Demandante: Simeda Ungureanu (Cluj-Napoca, Rumanía) (representante: R. Chiriță, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que la Comisión Europea ha incumplido su obligación de garantizar que los Estados miembros respetan los Tratados de la Unión Europea y los derechos humanos, tal como están reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

— Obligue a la demandada a indemnizar por el daño moral irrogado por importe de 40 000 euros.

— Obligue a la demandada a subsanar en el futuro las omisiones existentes.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante alega que concurren los requisitos para que se declare la responsabilidad de la Comisión Europea, al no haber actuado para obligar al Estado Rumano a respetar las obligaciones que emanan de los Tratados de la Unión Europea y del respeto del derecho a la vida de sus ciudadanos, en la medida en que no ha adoptado normativa que permita el acceso al tratamiento médico de las personas que se encuentran en situaciones especiales y para las que es vital la administración de medicamentos para indicaciones terapéuticas no incluidas en su ficha técnica (medicamentos off-label).
4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión vulneró el principio fundamental de igualdad de trato y no discriminación al tratar los beneficios no comerciales derivados de las relaciones de préstamo admisibles del mismo modo que los beneficios no comerciales derivados de las relaciones de préstamo no admisibles, y tratar la exención a la financiación de grupos de manera distinta dependiendo de que los beneficios no comerciales estén regulados en los artículos 371EB o 371EC de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, al sostener que la supuesta medida de ayuda supone una ventaja selectiva: a) para las empresas que hacen uso de la exención del 75 % para las relaciones de préstamo admisibles de bajo riesgo, ya que la Comisión: — identificó, erróneamente, el régimen SEC del Reino Unido como el sistema de referencia; — e incurrió en un error de Derecho al concluir que la exención del 75 % es una excepción al sistema impositivo de referencia, dado que: i) la afirmación de la existencia de una excepción se basa, erróneamente, en la técnica legislativa; ii) el criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes no es el criterio central del régimen SEC del Reino Unido; iii) las relaciones de préstamo admisibles e inadmisibles no están en la misma situación jurídica y fáctica, y, en todo caso, la Comisión incurrió en error de Derecho al aplicar por analogía o basarse indebidamente en lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1164 (1) del Consejo. — Incurrió en errores de hecho y de Derecho al declarar que la exención del 75 % no está justificada por la naturaleza y la estructura general del sistema tributario del mismo modo que la Exención de Financiación de Grupos que se aplica a los beneficios financieros no comerciales amparados por el artículo 371EC (de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010]). b) Para las empresas que hacen uso de la exención del interés equivalente, ya que: — identificó, erróneamente, el régimen SEC del Reino Unido como el sistema de referencia, e — incurrió en un error de Derecho al concluir que la exención del interés equivalente constituye una excepción al sistema impositivo de referencia, dado que: i) la afirmación de la existencia de una excepción se basa, erróneamente, en la técnica legislativa y el criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes no es el criterio central del régimen SEC del Reino Unido; ii) los contribuyentes que pueden invocar la exención del interés equivalente no están en la misma situación jurídica y fáctica que los contribuyentes que no pueden invocarlas. — Incurrió en errores de hecho y de Derecho al declarar que las exenciones del interés equivalente y de los recursos admisibles no están justificadas por la naturaleza y la estructura general del sistema tributario.
5.

Quinto motivo, basado en que, aun suponiendo que las medidas SEC en cuestión constituyeran prima facie una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la Decisión impugnada concluyó erróneamente que no existía justificación que pudiera aplicarse para defender la compatibilidad de las medidas controvertidas con el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado. Añaden que la Decisión impugnada no es razonable y es incoherente, en la medida en que la Comisión aceptó correctamente que el capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010] está justificado en supuestos en los que la única razón para aplicar el gravamen en concepto de SEC, partiendo de la falsa premisa del capítulo 5 de la mencionada parte 9A, es el criterio del «capital vinculado del Reino Unido», sobre la base de que este criterio pude ser excesivamente difícil de aplicar, pero al mismo tiempo, y sin motivarlo adecuadamente, la Comisión alega que el mencionado capítulo 9 nunca está justificado en supuestos en los que el criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes supone que se aplique el gravamen en concepto de SEC, con arreglo al mencionado capítulo 5. Arguyen que, de hecho, resulta extremadamente difícil aplicar el criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes en la práctica, de modo que la Comisión debió haber declarado que el capítulo 9 estaba justificado en el marco de dicho criterio, y, en consecuencia, concluir que no existía ayuda de Estado.
3.

Tercer motivo, basado en que, aun suponiendo que las medidas SEC en cuestión constituyeran una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la Decisión impugnada concluyó erróneamente que no existía justificación que pudiera aplicarse para defender la compatibilidad de las medidas controvertidas con el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado. Añaden que la Decisión impugnada no es razonable y es incoherente, en la medida en que la Comisión aceptó correctamente que el capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010] está justificado en supuestos en los que la única razón para aplicar el gravamen en concepto de SEC es el criterio del «capital vinculado del Reino Unido», sobre la base de que este criterio pude ser excesivamente difícil de aplicar, pero al mismo tiempo, y sin motivarlo adecuadamente, la Comisión alega que el mencionado capítulo 9 nunca está justificado en supuestos en los que el criterio de las «funciones que ejercen las personas influyentes» supone que se aplique el gravamen en concepto de SEC. Arguyen que, de hecho, aunque basándose en los propios hechos de las demandantes, la posición está clara, con carácter general resulta extremadamente difícil aplicar el criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes en la práctica, de modo que la Comisión debió haber declarado que el capítulo 9 estaba justificado en el marco de dicho criterio, y, en consecuencia, concluir que no existía ayuda de Estado.
C 423/62

Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2019 — Irish Wind Farmers’ Association y otros/Comisión

(Asunto T-680/19)

(2019/C 423/77)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Irish Wind Farmers’ Association Clg (Kilkenny, Irlanda), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlanda), Foyle Windfarm Ltd (Dublín, Irlanda), Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlanda) (representantes: M. Segura Catalán y M. Clayton, abogadas)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule la Decisión C(2019) 5257 final de la Comisión, de 9 de julio de 2019 — SA.44671 (2019/NN) — Irlanda, presunta ayuda de Estado ilegal concedida en el sector de los combustibles fósiles mediante bonificaciones en el gravamen sobre bienes afectos a actividades económicas.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan un único motivo, en el que reprochan a la Comisión no haber incoado el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, y al artículo 4, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, (1) pese a las dudas suscitadas sobre la existencia de una ayuda de Estado, vulnerando, en consecuencia, sus derechos procesales.

(1) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).
2.

Segundo motivo, basado en la ilegalidad de la decisión de 16 de mayo de 2000 y del artículo 6 del anuncio de convocatoria, ya que pasan por alto los principios de buena administración, seguridad jurídica y no discriminación, e infringen lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea. En cualquier caso, opina que el procedimiento de selección seguido en el caso de autos es ilegal por los siguientes motivos: — En primer lugar, la AFPN no recibió la notificación del anuncio completo del Comité en relación con los méritos de los aspirantes cuando tuvo que adoptar la decisión de nombramiento y, por lo tanto, hacer su selección. Esto significa, asimismo, que ni el Comité ni la AFPN evaluaron dichos méritos de manera objetiva y transparente, con arreglo a criterios previamente establecidos (y, además, notificados). — En segundo lugar, la recomendación adjunta al informe de entrevista carece de precisión. El Comité se limita a elaborar un informe de entrevista, pero la decisión de 16 de mayo de 2000 no contempla que el Comité lleve a cabo una comparación de los méritos en el momento de las entrevistas. Según la parte demandante, la decisión de 16 de mayo de 2000 tampoco especifica que la Oficina, como AFPN, deba dotarse de criterios para este fin, con mayor razón por cuanto, al parecer, no tuvo acceso a los criterios establecidos por el Comité, suponiendo que existieran, lo cual no es el caso. — En tercer lugar, la decisión de 16 de mayo de 2000 no precisa que la AFPN disponga de todos los expedientes de los aspirantes. Si bien el demandado afirma que los miembros de la oficina tenían a su disposición los expedientes personales de los candidatos, no declara que dichos miembros consultaran efectivamente los expedientes y, en particular, el de la parte demandante. — En cuarto lugar, la decisión de 16 de mayo de 2000 no contempla la notificación a los aspirantes de los criterios establecidos por el Comité y la AFPN para realizar su labor de examen y comparación de los méritos.
Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2019 — Chemours Netherlands/ECHA

(Asunto T-636/19)

(2019/C 399/98)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Netherlands BV (Dordrecht, Países Bajos) (representantes: R. Cana, E. Mullier y F. Mattioli, abogados)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare el recurso admisible y fundado.

— Anule la Decisión impugnada en cuanto incluye el ácido propiónico 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(hetptafluoropropoxy), sus sales y sus halogenuros de acilo (incluidos todos sus isómeros individuales y las combinaciones de los mismos) en la lista de posibles sustancias altamente preocupantes como sustancia que suscita un grado de preocupación equivalente para la salud humana y/o en cuanto incluye el ácido propiónico 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(hetptafluoropropoxy), sus sales y sus halogenuros de acilo (incluidos todos sus isómeros individuales y las combinaciones de los mismos) en la lista de posibles sustancias altamente preocupantes como sustancia que suscita un grado de preocupación equivalente para el medio ambiente.

— Condene en costas a la parte demandada.

— Adopte cualquier otra medida que proceda en Derecho.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en el hecho de que la Agencia infringió el artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) se excedió de las competencias que esta disposición le atribuye e incurrió en un error manifiesto de apreciación.

2. Segundo motivo, basado en la circunstancia de que la Decisión impugnada vulnera el principio de proporcionalidad, dado que no es necesaria ni adecuada.

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).