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22

La República de Austria alega asimismo que la finalidad de esta disposición es sancionar una práctica consistente en eludir la obligación de autorización previa para el acceso a una actividad por cuenta ajena mediante la creación de sociedades, a través de los dos supuestos que contempla la citada disposición. Ahora bien, contrariamente a lo que piensa la Comisión, no existen medios menos restrictivos para oponerse a dicha práctica. En particular, un control a posteriori sería demasiado tardío y no permitiría evitar perturbaciones del mercado de trabajo, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, Rec. p. I-607). De la misma forma, la norma reguladora de la carga de la prueba, que la Comisión ha criticado, constituye el único método adecuado para verificar si, efectivamente, la actividad desempeñada por un socio es de carácter autónomo, ya que una mera obligación de cooperación no basta para controlar la observancia del citado requisito. En efecto, los interesados no tienen ningún interés en cooperar en aquellos casos en que se hayan eludido las leyes.
48

No obstante, en el supuesto de que la filial fuera una sociedad no residente, se daría un doble cómputo de las pérdidas sufridas por la subfilial, una primera vez en forma de pérdidas directas de ésta y nuevamente en forma de una provisión constituida por la sociedad matriz por depreciación de su participación en dicha filial, ya que no se neutralizarían las operaciones internas, dado que el régimen de consolidación fiscal no es aplicable a la filial no residente.
33

Asimismo, la Comisión rebate el análisis del Tribunal de Primera Instancia según la cual el hecho de que el Reglamento no 70/2001 dé a los Estados miembros la posibilidad de verificar por ellos mismos la existencia de una obligación de notificación revela que dicho texto no tiene por objeto ser aplicado a las notificaciones anteriores. A este respecto destaca que la República Federal de Alemania podía verificar si, tras la entrada en vigor del citado texto, las medidas que había notificado se beneficiarían de una exención y, en su caso, retirar su notificación según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento no 659/1999. La Comisión añade que se desprende del cuarto considerando del Reglamento no 70/2001 que los Estados miembros pueden notificar las ayudas de Estado reguladas en dicho texto. Además sostiene que el referido texto no se opone a que se mantengan las notificaciones existentes en el momento de su entrada en vigor.
20

Los Gobiernos alemán y austriaco estiman que la normativa controvertida en el litigio principal debe apreciarse a la luz de las disposiciones de los artículos 43 CE y siguientes que regulan la libertad de establecimiento. Según estos Gobiernos, esta normativa constituye una aplicación del principio de territorialidad. Un contribuyente que utilice un bien económico a partir de un establecimiento permanente residente no se encuentra, desde el punto de vista fiscal, en una situación comparable a la de un contribuyente que utilice tal bien a partir de un establecimiento permanente no residente. Dado que las citadas situaciones no son comparables, la referida normativa no constituye una restricción de las libertades fundamentales.
20

Si bien el legislador comunitario ha querido favorecer de este modo el desarrollo del comercio electrónico, no se deduce de ningún considerando de la Directiva que éste haya pretendido aislar el comercio electrónico del resto del mercado interior. En consecuencia, la indicación «dirección de correo electrónico», que figura en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva, expresa la voluntad del legislador comunitario de garantizar que el prestador de servicios facilite obligatoriamente a los destinatarios del servicio esta información que permite una comunicación electrónica, pero no significa que haya querido renunciar a otros medios de comunicación, no electrónicos, que puedan ser utilizados de modo complementario.
15

En lo que atañe a la necesidad de celebrar un contrato de abastecimiento global, la Comisión alega que el hecho de separar el abastecimiento básico del abastecimiento de urgencia no perjudica a la calidad del abastecimiento al hospital interesado. Además, si bien es innegable que para seleccionar sus medicamentos un hospital necesita el asesoramiento de un farmacéutico que conozca las necesidades del establecimiento, tal asesoramiento no tiene por qué ser prestado necesariamente por el farmacéutico que abastecerá posteriormente a ese hospital. De igual modo, el hecho de encomendar a un segundo farmacéutico el control de las existencias de medicamentos no alteraría la calidad del abastecimiento. Por el contrario, es aconsejable disociar las funciones de control y las de suministro, a fin de garantizar una calidad óptima en ambos aspectos. Por último, habida cuenta de los medios técnicos de comunicación existentes, no es necesario prestar asesoramiento in situ para garantizar un elevado nivel de calidad del abastecimiento. La Comisión observa al respecto que el Tribunal de Justicia ha reconocido la posibilidad de vender medicamentos a pacientes a través de Internet en el apartado 113 de su sentencia de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Rec. p. I-14887).
1)

Una videocámara sólo puede ser clasificada en la subpartida 85254099 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) no 2261/98 de la Comisión, de 26 de octubre de 1998, (CE) no 2204/1999 de la Comisión, de 12 de octubre de 1999, (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000, y (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, si la función de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados es operativa en el momento del despacho aduanero o si esta función puede ser activada en un momento posterior, aunque el fabricante no haya querido destacar esta característica, a través de una simple manipulación del aparato por un usuario que carezca de conocimientos específicos, sin que la videocámara sufra modificación material alguna. En caso de que la citada función sea activada en un momento posterior, es también necesario, por una parte, que, realizada la manipulación correspondiente, la videocámara opere de forma análoga a otra videocámara cuya función de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados es operativa en el momento del despacho aduanero y, por otra, que funcione de forma autónoma. La existencia de estas características debe poder ser comprobada en el momento de efectuar el despacho aduanero. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si se dan estas características. De no ser así, la videocámara de que se trata deberá clasificarse en la subpartida 85254091 de esta Nomenclatura Combinada.
40

Esta interpretación viene confirmada por la nota explicativa 1, letra b), del capítulo 64 de la NC, tal como ésta resulta de las Notas Explicativas de la NC publicadas por la Comisión el 28 de febrero de 2006 (DO C 50, p. 1) y rectificadas el 28 de octubre de 2006 (DO C 260, p. 18), la cual, aunque no era aplicable en la fecha de los hechos del litigio principal, precisa que el forro «no es visible en la superficie exterior del calzado excepto, por ejemplo, [en] un ribete acolchado».
Asunto C-482/07

AHP Manufacturing BV

contra

Bureau voor de Industriële Eigendom

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank’s-Gravenhage)

«Derecho de patentes — Especialidades farmacéuticas — Reglamentos (CEE) no 1768/92 y (CE) no 1610/96 — Certificado complementario de protección para los medicamentos — Condiciones para conceder certificados a dos o más titulares de patentes de base referidas al mismo producto — Precisión relativa a la existencia de solicitudes pendientes»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de septiembre de 2009 I ‐ 7297

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Legislaciones uniformes — Propiedad industrial y comercial — Derecho de patente — Certificado complementario de protección para los medicamentos

[Reglamento (CE) no 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 2; Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, art. 3, letra c)]

El artículo 3, letra c), del Reglamento no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, que dispone que el certificado se expedirá si, en el Estado miembro en que se presente la solicitud y en la fecha de esta solicitud, el producto no ha sido objeto ya de un certificado, leído a la luz del artículo 3, apartado 2, segunda frase, del Reglamento no 1610/96, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, según el cual, cuando estén pendientes dos o más solicitudes, referidas al mismo producto que emanen de dos o más titulares de patentes distintas, podrá concederse un certificado para ese producto a cada uno de dichos titulares, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se conceda un certificado complementario de protección al titular de una patente de base para un producto para el que, en el momento de presentarse la solicitud de certificado complementario de protección, ya se han expedido uno o varios certificados complementarios de protección a favor de uno o varios titulares de otra u otras patentes de base.

(véase el apartado 43 y el fallo)
El artículo 18 CE, apartado 1, se opone a la normativa de un Estado miembro que vincula la concesión del derecho a deducir del impuesto sobre la renta las cotizaciones al seguro de enfermedad abonadas al requisito de que las cotizaciones se abonen en dicho Estado miembro, con arreglo a disposiciones de Derecho nacional, y deniega la concesión de tal ventaja fiscal cuando las cotizaciones deducibles del impuesto sobre la renta exigible en dicho Estado miembro se abonan en el marco de un régimen de seguro obligatorio de enfermedad de otro Estado miembro.

Tal normativa instaura una diferencia de trato entre contribuyentes residentes de manera que únicamente se benefician del derecho a la reducción del impuesto en cuestión los contribuyentes cuyas cotizaciones al seguro de enfermedad se hayan abonado en el Estado miembro de tributación. Pues bien, en lo que respecta a la imposición de su renta en el Estado miembro de que se trata, los contribuyentes residentes que abonan sus cotizaciones al régimen de seguro de enfermedad de dicho Estado y aquellos que dependen de un régimen de seguro obligatorio de enfermedad de otro Estado miembro no se encuentran objetivamente en situaciones diferentes que expliquen tal diferencia de trato en función del lugar en el que se abonan las cotizaciones, en la medida en que ambos están sujetos a una obligación tributaria ilimitada en el Estado miembro de tributación. Tal normativa nacional, que desfavorece a los contribuyentes que han ejercitado su libertad de circulación dejando el Estado miembro en el que han ejercido la totalidad de su actividad profesional para instalarse en el Estado miembro de que se trata, constituye una restricción de las libertades que el artículo 18 CE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión.

La circunstancia de que, por un lado, la institución de seguro obligatorio del otro Estado miembro no cubra más que los gastos de las prestaciones efectivamente concedidas al contribuyente residente que abona sus cotizaciones al seguro obligatorio de enfermedad a dicha institución y que, por otro lado, cuando este contribuyente no se beneficie de prestaciones de enfermedad, sus cotizaciones no contribuyan a la financiación del régimen de seguro de enfermedad del Estado miembro de que se trata, no justifica tal restricción. En efecto, en la medida en que las normas relativas tanto a la afiliación a un régimen determinado de seguro social de los ciudadanos que disfrutan de la libertad de residencia como al abono de las correspondientes cotizaciones sociales a dicho régimen están directamente establecidas por las disposiciones del Reglamento no 1408/71, procede considerar que un Estado miembro no puede tratar de manera menos favorable la residencia y la tributación de los contribuyentes residentes que, con arreglo a las disposiciones de dicho Reglamento, abonan las cotizaciones a un régimen de seguro social de otro Estado miembro.

(véanse los apartados 67 a 69, 72, 73, 78, 85 y 87 y el fallo)
El artículo 29, apartados 1 y 3, letra a), del Reglamento no 2913/92, por el que se establece el Código aduanero comunitario, y el artículo 145, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 444/2002, deben interpretarse en el sentido de que, cuando los defectos que afectan a las mercancías, puestos de manifiesto con posterioridad al despacho a libre práctica de dichas mercancías, pero de los que se demuestre que existían antes de éste, dan lugar, en virtud de una obligación contractual de garantía, a devoluciones posteriores del vendedor-fabricante al comprador, correspondientes a los costes de reparación facturados por sus propios distribuidores, tales devoluciones pueden conllevar una reducción del valor de transacción de dichas mercancías y, como consecuencia, de su valor en aduana, valor declarado sobre la base del precio convenido inicialmente entre el vendedor fabricante y el comprador.

En efecto, en primer lugar, si, con posterioridad a la fecha en que se importa una mercancía (por ejemplo, un automóvil), se pone de manifiesto que ésta tenía un defecto en el momento de su importación, su valor económico real es inferior al valor de transacción declarado en el momento de su despacho a libre práctica. Aun cuando el artículo 29, apartados 1 y 3, del Código aduanero no regula qué tratamiento ha de darse a las modificaciones posteriores del valor de transacción, base para el cálculo del valor en aduana, el precio efectivamente pagado o por pagar es un factor que debe eventualmente ser objeto de ajustes cuando esta operación sea necesaria para evitar determinar un valor en aduana arbitrario o ficticio. En particular, puede ser objeto de una reducción proporcional a la disminución del valor comercial de las mercancías por un vicio oculto, que existía antes del despacho a libre práctica y que ha dado lugar a devoluciones posteriores en virtud de una obligación contractual de garantía, y puede ocasionar posteriormente una reducción mayor del valor en aduana de tales mercancías.

En segundo lugar, el artículo 145, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, que, en esta materia, ha seguido una solución ya indicada en el artículo 29 del Código aduanero comunitario, establece, en el mismo sentido, las condiciones en las que una modificación por el vendedor, en beneficio del comprador, del precio efectivamente pagado por las mercancías despachadas a libre práctica y adquiridas por el comprador puede tenerse en cuenta para la determinación de su valor en aduana. De la misma forma, los pagos efectuados por un vendedor en favor de un comprador en cumplimiento de un acuerdo de garantía, con el fin de indemnizar a éste por los gastos de reparación facturados por sus propios compradores, constituyen una «modificación» del precio efectivamente pagado o por pagar, en el sentido de la misma disposición.

(véanse los apartados 22 a 24 y 26 a 29 y el punto 1 del fallo)
—

si el FIPOL no asume los costes relativos a la eliminación de los residuos generados por un vertido accidental de hidrocarburos en el mar o no puede asumirlos por haberse alcanzado el límite máximo de indemnización previsto para ese siniestro y si, con arreglo a las limitaciones y/o exenciones de responsabilidad establecidas, el Derecho nacional de un Estado miembro, incluido el derivado de convenios internacionales, impide que tales costes recaigan sobre el propietario del buque y/o el fletador de éste, aun cuando éstos deban calificarse de «poseedores» en el sentido del artículo 1, letra c), de la Directiva 75/442, tal Derecho nacional deberá permitir, para garantizar la correcta adaptación del ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de dicha Directiva, que los costes recaigan sobre el productor del producto generador de los residuos así esparcidos. No obstante, de conformidad con el principio «quien contamina paga», sólo puede obligarse a tal productor a hacer frente a los referidos costes si, mediante su actividad, contribuyó al riesgo de que se produjera la contaminación ocasionada por el naufragio del buque.
La mera circunstancia de que una sociedad residente obtenga un préstamo de una sociedad vinculada establecida en otro Estado miembro no puede fundamentar una presunción general de prácticas abusivas ni justificar una medida que vaya en detrimento del ejercicio de una libertad fundamental garantizada por el Tratado. En cambio, una medida nacional que restrinja la libertad de establecimiento puede estar justificada por el hecho de combatir prácticas abusivas cuando tenga por objeto específico los montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, cuyo objetivo sea eludir la aplicación de la legislación del Estado miembro de que se trate y, en particular, eludir el impuesto normalmente adeudado sobre los beneficios generados por actividades llevadas a cabo en el territorio nacional.

Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a una normativa nacional según la cual los intereses abonados por una sociedad residente de un Estado miembro a un administrador que sea una sociedad establecida en otro Estado miembro se recalifican como dividendos y se someten como tales a tributación siempre que, al inicio del período impositivo, el importe total de los anticipos generadores de intereses sea superior al capital desembolsado incrementado por las reservas sujetas a tributación, mientras que, en las mismas circunstancias, si dichos intereses se abonan a un administrador que sea una sociedad establecida en el propio Estado miembro, no se recalifican como dividendos ni se someten como tales a tributación.

En efecto, semejante diferencia de trato entre sociedades residentes en función del lugar de establecimiento de la sociedad que, en condición de administradora, les haya concedido un préstamo constituye una restricción a la libertad de establecimiento, puesto que hace menos atractivo el ejercicio de dicha libertad por parte de sociedades establecidas en otros Estados miembros, las cuales, en consecuencia, podrían renunciar a la gestión de una sociedad en el Estado miembro que adopte esa medida o incluso renunciar a la adquisición, la creación o el mantenimiento de una filial en dicho Estado miembro.

Aun cuando la aplicación de un límite como el previsto por dicha normativa tenga por objetivo combatir las prácticas abusivas, el límite va en todo caso más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo, puesto que afecta igualmente a situaciones en las que no cabe considerar que la transacción en cuestión sea un montaje puramente artificial. Si los intereses abonados a sociedades no residentes se recalifican como dividendos en cuanto rebasan dicho límite, no puede excluirse que tal recalificación se aplique igualmente en el caso de intereses abonados como retribución de préstamos concedidos en condiciones de libre competencia.

(véanse los apartados 23 y 32 a 34 y el fallo)
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de (DO L 285, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 93/36»), y de los artículos 17 y 18 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, , relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 93/42»), al haber rechazado las ofertas de productos sanitarios provistos del marchamo CE de conformidad, sin que, en cualquier caso, las entidades adjudicadoras competentes de los hospitales griegos hubieran seguido el procedimiento establecido por la Directiva 93/42.
88

Esta última Decisión versaba sobre la transferencia de información sobre los pasajeros, procedente de los sistemas de reserva de compañías aéreas situadas en el territorio de los Estados miembros, a la Oficina de aduanas y protección de fronteras del Departamento de seguridad nacional de los Estados Unidos. El Tribunal de Justicia constató que esta Decisión tenía por objeto un tratamiento de los datos que no era necesario para realizar una prestación de servicios por parte de las compañías aéreas, pero que sí se consideraba necesario para proteger la seguridad pública y para fines represivos. En los apartados 57 a 59 de la sentencia Parlamento/Consejo y Comisión, antes citada, el Tribunal consideró que tal tratamiento de datos estaba previsto en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46, según el cual esta Directiva no se aplica, en particular, al tratamiento de datos personales que tengan por objeto la seguridad pública y las actividades del Estado en materia penal. En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluyó que la Decisión 2004/535 no estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46.
26

Según el artículo 5 de la Directiva 2005/35: «1. Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en cualquiera de las zonas mencionadas en el artículo 3, apartado 1, no se considerarán infracciones siempre que cumplan las condiciones establecidas en las reglas 9, 10 y 11, letras a) y c), del anexo I, o en las reglas 5 y 6, letras a) y c), del anexo II del [Convenio] Marpol 73/78. 2. Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en las zonas mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letras c), d) y e), no se considerarán infracciones por parte del armador, del capitán del buque ni de la tripulación, cuando ésta actúe bajo la responsabilidad del capitán, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la regla 11, letra b), del anexo I, o en la regla 6, letra b), del anexo II del [Convenio] Marpol 73/78.»
42

Por lo que respecta a la condena a una multa coercitiva en circunstancias tales como las del litigio principal, procede recordar que un Estado miembro no podrá aplicar una sanción por no cumplir una formalidad administrativa cuando el Estado miembro de que se trate deniegue o haga imposible el cumplimiento de dicha formalidad infringiendo de ese modo el Derecho comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2007, Placanica y otros, C-338/04 C-359/04 y C-360/04, Rec. p. I-1891, apartado 69). Éste es el caso, en particular, cuando el cumplimiento de la formalidad en cuestión está sometido a requisitos contrarios al Derecho comunitario.
24

Para terminar, la República Portuguesa no considera que existan medios menos restrictivos que permitan garantizar la consecución de los objetivos de seguridad vial y de seguridad pública que se ha fijado. Sobre este particular, señala que la prohibición de colocar láminas tintadas en los cristales de los vehículos no es total, sino parcial, ya que no se aplica a los remolques de los automóviles destinados al transporte de mercancías ni a los vehículos no automóviles, como los buques.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3, letra f), del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO L 160, p. 21), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1512/2001 del Consejo, de 23 de julio de 2001 (DO L 201, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1254/1999»).