Asunto T-48/00

Corus UK Ltd

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercados de tubos de acero sin soldadura — Duración de la infracción — Multas»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 8 de julio de 2004 II-2331

Sumario de la sentencia

Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de la cooperación de la empresa acusada — Reducción por no negar los hechos — Requisitos

El derecho de defensa sólo resulta vulnerado con motivo de una discordancia entre el pliego de cargos y la decisión definitiva si alguna de las imputaciones formulada por ésta no hubiera sido expuesta en aquél con claridad suficiente para dar a los destinatarios la oportunidad de defenderse. Además, la apreciación que figura en un pliego de cargos es normalmente más sucinta que la recogida en la decisión definitiva adoptada, puesto que no es más que una toma de posición provisional de la Comisión. Las diferencias de formulación entre un pliego de cargos y una decisión definitiva, resultantes de la diferencia entre las finalidades respectivas de estos dos documentos, no pueden, en principio, violar el derecho de defensa. (véanse los apartados 100 y 101)

Cuando una empresa participa en reuniones entre empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente del contenido de las mismas, dando así la impresión a los demás participantes de que se adhiere a las prácticas colusorias resultantes de dichas reuniones y que respetará lo acordado, puede considerarse que participa en dichas prácticas colusorias. (véase el apartado 116)

Aunque, por regla general, la parte demandante no puede trasladar la carga de la prueba a la parte demandada invocando circunstancias que no es capaz de probar, si la Comisión ha decidido considerar que no existió infracción de las normas sobre competencia mientras estaban en vigor unos acuerdos de autolimitación celebrados entre un país tercero y la Comunidad, representada por la Comisión, no cabe aplicar el concepto de la carga de la prueba en favor de la Comisión en lo relativo a la fecha de expiración de dichos acuerdos. En efecto, la inexplicable incapacidad de la Comisión para presentar pruebas relativas a una circunstancia que la concierne directamente priva al Tribunal de Primera Instancia de la posibilidad de pronunciarse con conocimiento de causa sobre dicha fecha de expiración, y supondría una vulneración del principio de buena administración de la justicia obligar a soportar las consecuencias de esta incapacidad de la Comisión a las empresas destinatarias de la Decisión impugnada, que, a diferencia de la institución demandada, no están en posición de aportar la prueba que falta. (véanse los apartados 124 a 126)

En los asuntos acumulados en los que todas las partes han tenido ocasión de consultar la totalidad de los expedientes, el Tribunal de Primera Instancia puede tener en cuenta de oficio las pruebas que figuran en los autos de los asuntos paralelos. (véase el apartado 129)

El pliego de cargos debe enunciar claramente todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión, a fin de dar a los destinatarios las indicaciones necesarias para que puedan defenderse, no sólo contra la afirmación de la existencia de una infracción, sino también, en su caso, contra la imposición de multas. Por tanto, para respetar el derecho de defensa de los destinatarios, en la fase de envío del pliego de cargos, la Comisión tiene la obligación de indicar con suficiente claridad, basándose en los datos de que dispone, la duración de la infracción que se imputa, su gravedad y si la infracción se cometió deliberadamente o por negligencia. A este respecto, la obligación de indicar la gravedad y la negligencia o la deliberación en la comisión de la infracción quedaría vacía de contenido si el mero hecho de parafrasear el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n° 17 bastara para satisfacerla. En efecto, carecería completamente de sentido obligar a la Comisión simplemente a informar a los destinatarios de un pliego de cargos de las disposiciones del Reglamento n° 17, que en todo caso se supone que conocen, so pena de anulación de la decisión que se adopte sobre la infracción. De ello se deduce que la Comisión está obligada a exponer, en el pliego de cargos, una breve apreciación provisional sobre la duración de la infracción que se imputa, sobre su gravedad y sobre la cuestión de si la infracción se cometió deliberadamente o por negligencia en las circunstancias del asunto de que se trate. No obstante, por una parte, para determinar si esta apreciación provisional, destinada a permitir que los destinatarios del pliego de cargos puedan defenderse, es o no adecuada deberá tenerse en cuenta, no sólo su tenor literal, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate y, por otra parte, la obligación de ofrecer dicha apreciación provisional es inseparable del principio del derecho de defensa y está condicionada por éste, de modo que no procede que el órgano jurisdiccional comunitario anule la decisión definitiva de la Comisión si el incumplimiento de dicha obligación no tuvo consecuencia alguna para la defensa de las empresas de que se trata. (véanse los apartados 144 a 146 y 155)

Una empresa puede ser considerada responsable de una práctica colusoria global aunque se haya acreditado que sólo participó directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicha práctica colusoria, si, por una parte, sabía o tenía que saber necesariamente que la colusión en la que participaba, en particular a través de reuniones regulares organizadas durante varios años, formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia y, por otra, el citado plan abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos de la práctica colusoria. (véase el apartado 176)

Habida cuenta del tenor del punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, procede considerar que la Comisión se ha reservado un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada empresa. (véase el apartado 180)

A la vista de la Comunicación sobre la cooperación, para que una reducción de la multa impuesta por infracción de las normas sobre competencia resulte justificada, el comportamiento de la empresa de que se trate debe facilitar la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia. Así pues, no es suficiente que una empresa afirme de manera general que no niega los hechos alegados, conforme a esta Comunicación, si, en las circunstancias del asunto de que se trate, dicha afirmación no es de la más mínima utilidad para la Comisión. (véanse los apartados 193 y 208)

Si varias empresas proporcionan a la Comisión, en una misma fase del procedimiento administrativo y en circunstancias análogas, informaciones similares sobre los hechos que se les reprochan, el grado de cooperación prestado por cada una de ellas debe considerarse comparable, con la consecuencia de que tales empresas deben recibir un mismo trato en lo que respecta a la determinación del importe de la multa que se les impondrá. (véanse los apartados 207 y 213)