Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de indemnización - Objeto - Solicitud de indemnización de un daño imputable a la Comunidad - Competencia exclusiva del juez comunitario

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

2. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Violación de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares - Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario o para fundamentar un recurso de indemnización - Excepciones - Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se refiera a ellos expresa y precisamente

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

3. Agricultura - Organización común de mercados - Plátano - Régimen de importaciones - Contingente arancelario - Establecimiento y reparto - Discriminación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

4. Agricultura - Organización común de mercados - Plátano - Régimen de importaciones - Contingente arancelario - Establecimiento y reparto - Libre ejercicio de las actividades profesionales - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

5. Agricultura - Organización común de mercados - Plátano - Régimen de importaciones - Contingente arancelario - Establecimiento y reparto - Medida adaptada a las necesidades del funcionamiento de la organización común - Violación del principio de proporcionalidad - Inexistencia - Facultad de apreciación del Tribunal de Primera Instancia - Límites

[Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

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1. Cuando, en el marco de un recurso de indemnización, el comportamiento culposo no emana de un organismo nacional, sino de una institución comunitaria, los perjuicios que podrían derivar de la ejecución de la normativa comunitaria por las autoridades nacionales son imputables a la Comunidad. Como el juez comunitario, con arreglo al artículo 215 del Tratado (actualmente artículo 288 CE), posee competencia exclusiva para conocer de los litigios sobre indemnización de un daño de esta naturaleza, las vías de recurso nacionales no podrían garantizar a los particulares que se estimen lesionados por los actos de las instituciones comunitarias una protección eficaz de sus derechos.

( véanse los apartados 31 y 32 )

2. En el marco de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, un derecho a indemnización presupone que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, lo que no ocurre en el caso de los Acuerdos OMC. En efecto, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, dichos acuerdos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el juez comunitario controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los acuerdos que figuran en los anexos del Acuerdo OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

( véanse los apartados 50, 51, 55, 56 y 63 )

3. El principio de no discriminación exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera distinta, a menos que tal diferenciación esté objetivamente justificada. A este respecto, suponiendo incluso que el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 del Consejo en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, hubiese podido afectar de diferente forma a la situación de las diversas categorías de operadores económicos, ello no constituiría un trato discriminatorio, dado que este trato parece inherente al objetivo comunitario de lograr la integración de los mercados. Así, diferencias de efecto de la normativa, debidas a elementos objetivos como las disparidades en cuanto al tamaño y al lugar que ocupan en el mercado, no pueden calificarse de discriminación en el sentido del Tratado. Además, suponiendo incluso que una intervención política del legislador en apoyo de las pequeñas y medianas empresas sea justificable, la falta de ésta en el marco del Reglamento nº 2362/98 no puede constituir una falta que pueda generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.

( véanse los apartados 74, 75 y 78 )

4. Si bien es cierto que el libre ejercicio de las actividades profesionales forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, estos principios no constituyen, sin embargo, prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al libre ejercicio de las actividades profesionales, en particular en el marco de una organización común de mercados, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho así garantizado. Por lo que respecta al sector del plátano, ningún operador económico puede reivindicar un derecho de propiedad sobre una cuota de mercado que ostentaba en un momento anterior al establecimiento de la organización común de mercados. Además, las restricciones a la facultad de importar plátanos de países terceros, derivadas de la apertura del contingente arancelario y de su mecanismo de reparto, establecido por el Reglamento nº 2362/98, son inherentes a los objetivos de interés general comunitario perseguidos por el establecimiento de la organización común de mercados en el sector del plátano y no perjudican indebidamente, por tanto, al libre ejercicio de las actividades profesionales de los operadores tradicionales de plátanos de países terceros.

( véanse los apartados 80 y 81 )

5. Al adoptar el sistema de reparto del contingente arancelario, establecido por el Reglamento nº 2362/98, y al fijar los criterios para su aplicación, el legislador comunitario eligió entre varias posibilidades la fórmula que le pareció más adecuada para establecer una organización de mercados del plátano. Dicha medida debe considerarse, en principio, apropiada para la consecución del objetivo de repartir el contingente arancelario de manera equitativa, aun cuando, debido a la diferente situación en que se encuentran los operadores, no afecte de la misma forma a todos éstos. Además, si bien no puede descartarse que se hubieran podido considerar otros medios para alcanzar el resultado perseguido, este Tribunal no puede, sin embargo, sustituir la apreciación de la Comisión sobre el carácter más o menos adecuado de tales medidas, por cuanto no se ha aportado la prueba de que éstas fueran manifiestamente inadecuadas para alcanzar el objetivo perseguido.

( véanse los apartados 94 y 96 )