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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 TFUE y 45 TFUE, apartado 2, de los artículos 3 y 94 del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO 2005, L 117, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y del artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas (DO 2003, L 124, p. 1).
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El artículo 1, apartado 18, del decreto-legge n. 194 (Decreto-ley n.o 194), de 30 de diciembre de 2009 (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 194/2009»), convalidado en legge n. 25 (Ley n.o 25), de 26 de febrero de 2010 (en lo sucesivo, «Ley n.o 25/2010»), establece: «Sin perjuicio de la normativa relativa a la adjudicación de bienes a regiones y entidades locales en virtud de la Ley n.o 42 de 5 de mayo de 2009 y de sus normas de aplicación, durante el procedimiento de revisión del marco jurídico en materia de adjudicación de concesiones de bienes del dominio público marítimo para fines turístico-recreativos, adjudicación que debe efectuarse, en lo que respecta a los criterios y procedimientos de adjudicación de esas concesiones, sobre la base de un acuerdo en el marco de una conferencia Estado-regiones en el sentido del artículo 8, apartado 6, de la Ley n.o 131 de 5 de junio de 2003, celebrado dentro del respeto de los principios de competencia, de libertad de establecimiento, de garantía del ejercicio, del desarrollo, de la valorización de las actividades económicas y de protección de las inversiones, así como con vistas al abandono del régimen del derecho de continuidad establecido en el artículo 37, apartado 2, párrafo segundo, del Código de la Navegación, la duración de las concesiones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y que venzan a más tardar el 31 de diciembre de 2015 se prorrogará hasta esa fecha, [...]»
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En su demanda, la República Federal de Alemania solicita la anulación del artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671; en lo sucesivo, «Reglamento de la OCM única»), y del artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas (DO 2013, L 346, p. 12; en lo sucesivo, «Reglamento de fijación»).
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La facultad de que dispone, en su caso, un Estado miembro para prever que los sujetos pasivos no están obligados a vincular a una operación particular posterior cada uno de los bienes o servicios utilizados para la adquisición o la construcción de un inmueble de uso mixto no se ve cuestionada por el hecho de que ese Estado recurra a un método de deducción diferente del previsto por la Sexta Directiva, en la medida en que la exigencia de precisión subrayada en el apartado 32 de la presente sentencia se refiere a las modalidades de cálculo de la prorrata del importe del IVA con derecho a deducción y no a la afectación de los bienes y servicios utilizados.
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Así, tras haber concluido, en el apartado 99 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no habían llegado a demostrar que no ejercían de forma efectiva, con anterioridad al 1 de enero de 2004, una influencia determinante sobre la política comercial de SKW, el Tribunal General, en el apartado 100 de esa sentencia, indicó que procedía verificar si cabía realizar la misma apreciación respecto al período de infracción y, de forma más general, al período posterior al 1 de enero de 2004. En ese contexto, destacó, en los apartados 106 y 107 de dicha sentencia, que las afirmaciones de las recurrentes, expuestas en los apartados 102 a 105 de dicha sentencia, que o bien no se impugnan o bien no se impugnan válidamente en el marco del presente recurso de casación, no permitían demostrar que ya no ejercían de forma efectiva, en el año 2004, dicha influencia, apreciación que, como se recuerda en el apartado 23 de la presente sentencia, forma parte de sus competencias.
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Además, en lo que atañe a las posibles consecuencias financieras sobre los sistemas de seguro de defensa jurídica, debe recordarse que, aun suponiendo que tales consecuencias financieras puedan producirse, no pueden llevar a una interpretación restrictiva del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 87/344. En efecto, la Directiva 87/344 no pretende una armonización completa de las normas aplicables a los contratos de seguro de defensa jurídica y los Estados miembros pueden determinar libremente el régimen aplicable a dichos contratos, siempre y cuando los principios establecidos en esa Directiva no se vean privados de su esencia (véase, en este sentido, la sentencia Stark, C‑293/10, EU:C:2011:355, apartado 31). De este modo, el ejercicio del derecho del asegurado de elegir libremente a su representante legal no excluye que, en determinados casos, se establezcan limitaciones a los gastos soportados por las compañías aseguradoras (véase la sentencia Sneller, C‑442/12, EU:C:2013:717, apartado 26).
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En este contexto es preciso, no obstante, señalar que, a falta de armonización de los medios procesales que regulan las relaciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales previstas por la Directiva 93/13, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas, en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los consumidores (principio de efectividad) (véase, por analogía, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, apartado 30 y jurisprudencia citada).
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En efecto, esa conclusión no se apoya exclusivamente en las declaraciones de Hitachi, mencionadas en el apartado 37 de esta sentencia, sino también en otros factores. De esa manera, el Tribunal General señaló en el apartado 225 de la sentencia recurrida que la Comisión había expuesto en el punto 168 de la Decisión controvertida las razones por las que las barreras a la entrada en el mercado no eran insuperables, a saber que la empresa coreana Hyundai había entrado recientemente en el mercado europeo y que los productores japoneses habían realizado importantes ventas en los Estados Unidos, y que las empresas interesadas no habían presentado ninguna prueba acreditativa de que las barreras a la entrada en el mercado americano fueran muy diferentes de las barreras a la entrada en el mercado europeo. La recurrente no ha impugnado esas apreciaciones en el presente recurso de casación.
El artículo 58 del Reglamento no 1122/2009, titulado «Reducciones y exclusiones aplicables a las sobredeclaraciones», dispone:

«Si, para un grupo de cultivos, la superficie declarada a efectos de cualesquiera regímenes de ayuda por superficie, excepto los relativos a las patatas de fécula y las semillas, según lo dispuesto en el título IV, capítulo 1, secciones 2 y 5, del Reglamento (CE) no 73/2009 [del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30, p. 16)], sobrepasa la superficie determinada de conformidad con el artículo 57 del presente Reglamento, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada, reducida en el doble de la diferencia comprobada, si esta es superior al 3 % o a dos hectáreas pero inferior o igual al 20 % de la superficie determinada.

Si la diferencia es superior al 20 % de la superficie determinada, no se concederá ayuda alguna por superficie en relación con el grupo de cultivos en cuestión.

Si la diferencia es superior al 50 %, el agricultor quedará excluido nuevamente del beneficio de la ayuda hasta el importe que corresponda a la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada con arreglo al artículo 57 del presente Reglamento. Ese importe se recuperará según lo dispuesto en el artículo 5 ter del Reglamento (CE) no 885/2006 [de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (DO L 171, p. 90)]. Si el importe no puede recuperarse íntegramente según lo dispuesto en ese artículo en los tres años naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, se cancelará el saldo.»
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El Sr. Hobohm recurrió en casación ante el órgano jurisdiccional remitente contra la resolución dictada en apelación. Dicho órgano jurisdiccional consideró que la actividad de intermediación inmobiliaria ejercida por el Sr. Kampik en España estaba «dirigida a» Alemania, en el sentido de dicha disposición, puesto que concurren en el presente caso algunos de los indicios de las actividades «dirigidas al» Estado miembro del domicilio del consumidor a que alude el Tribunal de Justicia en la sentencia Pammer y Hotel Alpenhof (C‑585/08 y C‑144/09, EU:C:2010:740): en primer lugar, el Sr. Kampik ofrecía sus servicios en Internet a través de un sitio registrado con un nombre de dominio de primer nivel «.com» redactado en alemán; en segundo lugar, se indicaba en este sitio una dirección electrónica de contacto alojada en un servidor que utiliza un nombre de dominio de primer nivel «.de»; en tercer lugar, para contactar con el servicio de gestión de la actividad profesional del Sr. Kampik debía utilizarse un número de teléfono de Berlín, y, en cuarto lugar, el Sr. Kampik empleaba para su actividad folletos redactados en alemán. El contrato de intermediación cumplía, por tanto, los requisitos para la aplicación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, al haberse celebrado en el ejercicio de la actividad del Sr. Kampik «dirigida al» Estado miembro del domicilio del Sr. Hobohm. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, si se examina separadamente, el contrato de mandato en el que se basan las pretensiones del Sr. Hobohm no cumple los requisitos para la aplicación de dicha disposición, puesto que no se encuadra en tal actividad.
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El artículo 25 de la Ley austriaca de telecomunicaciones de 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I no 70/2003; en lo sucesivo, «Ley de telecomunicaciones»), tiene el siguiente tenor: «(1) Los operadores de redes o servicios de comunicaciones deberán adoptar condiciones generales de contratación en las que se describan también los servicios ofrecidos y se fijen las disposiciones en materia de tarifas aplicables a los mismos. Las condiciones generales de contratación y las disposiciones en materia de tarifas deberán ser notificadas a la autoridad reguladora antes del comienzo de la prestación del servicio y publicadas en forma adecuada. (2) Las modificaciones de las condiciones generales de contratación y de las disposiciones en materia de tarifas deberán ser notificadas a la autoridad reguladora y publicadas en forma adecuada antes de su entrada en vigor. Las modificaciones que no favorezcan exclusivamente a los abonados se sujetarán a un plazo de notificación y de publicación de dos meses. Lo anterior no afectará a las disposiciones de la Ley sobre protección de los consumidores [...] y del Código civil. (3) El contenido esencial de las modificaciones que no favorezcan exclusivamente a los abonados deberá ser comunicado a éstos por escrito —por ejemplo, mediante impresión en una factura emitida periódicamente— al menos un mes antes de su entrada en vigor. Asimismo, se deberá indicar al abonado la fecha de entrada en vigor de las modificaciones y el derecho que le asiste a rescindir sin penalización el contrato hasta ese momento [...]. Las modificaciones de las condiciones generales de contratación y de las disposiciones en materia de tarifas de los operadores de redes y servicios de comunicaciones que resulten necesarias únicamente como consecuencia de un reglamento adoptado por la autoridad reguladora con arreglo a la presente disposición y que no favorezcan exclusivamente a los usuarios no darán a los abonados el derecho a rescindir el contrato sin penalización. [...] (5) Las disposiciones en materia de tarifas deberán indicar, al menos: [...] 2. las modalidades de obtención de información actualizada sobre todas las tarifas y cuotas de mantenimiento aplicables; [...]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 78, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000 (DO L 311, p. 17) (en lo sucesivo, «Código aduanero»).
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Procede recordar, a este respecto, que no está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, una intervención estatal que se considere una compensación que representa la contrapartida a las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras (véanse las sentencias Libert y otros, C‑197/11 y C‑203/11, EU:C:2013:288, apartado 84, y Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, apartado 87).
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Procede recordar a este respecto que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulte patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, apartado 63; Zanotti, C‑56/09, EU:C:2010:288, apartado 15, y Melki y Abdeli, C‑188/10 y C‑189/10, EU:C:2010:363, apartado 27).
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 1, apartados 1, letra b), y 3, letra f), del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).
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Por lo tanto, si bien el Derecho de la Unión no se opone a que un Estado miembro supedite la actividad de inspección técnica de vehículos a que se expida una autorización previa, no es menos cierto que ese régimen de autorización —como se ha indicado en el apartado 64 de la presente sentencia— debe respetar el Derecho de la Unión y, en particular, lo dispuesto en el artículo 49 TFUE.
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El anexo IV del Acta de Adhesión de 2003 prevé, en su punto 3, normas relativas a las ayudas de Estado ejecutadas, en particular, en Hungría antes de su adhesión a la Unión Europea. Los apartados 1 a 3 del mencionado punto 3 disponen lo siguiente: «1. Los siguientes regímenes de ayuda y ayudas individuales aplicados en un nuevo Estado miembro con anterioridad a la adhesión y aún vigentes con posterioridad a la misma se considerarán, desde el momento de la adhesión, ayudas existentes con arreglo al apartado 1 del artículo 88 [CE]: a) las medidas de ayuda aplicadas antes [del 10] de diciembre de 1994; b) las medidas de ayuda que figuran en el apéndice del presente anexo; c) las medidas de ayuda que la autoridad de control de las ayudas públicas del nuevo Estado miembro haya evaluado y declarado compatibles con el acervo antes de la adhesión, y con respecto a las cuales la Comisión no haya formulado objeciones basadas en serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2. Todas las medidas que sigan siendo aplicables después de la adhesión que constituyan ayudas públicas y que no cumplan las condiciones arriba mencionadas serán consideradas, desde el momento de la adhesión, nuevas ayudas a efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 88 [CE]. [...] 2. [...] Si la Comisión no formula objeciones a la medida de ayuda existente basadas en serias dudas acerca de su compatibilidad con el mercado común en los tres meses siguientes a la recepción de la información completa sobre dicha medida, o a la recepción de la declaración del nuevo Estado miembro en el que comunique a la Comisión que considera completa la información suministrada debido a que no se dispone de la información adicional solicitada o a que ya ha sido suministrada, se considerará que no hay objeciones por parte de la Comisión. Todas las medidas de ayuda comunicadas a la Comisión, en virtud del procedimiento descrito en la letra c) del apartado 1, antes de la adhesión, se regirán [por el] mencionado procedimiento independientemente de que en el transcurso del período de examen el nuevo Estado miembro ya haya pasado a ser miembro de la Unión. 3. La decisión de la Comisión de formular objeciones a una medida, con arreglo [a] letra c) del apartado 1, se considerará una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo [, de 22 de marzo de 1999,] por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] [(DO L 83, p. 1)]. En caso de adoptarse una decisión de esta índole antes de la adhesión, dicha decisión no entrará en vigor hasta la fecha de la adhesión.»
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El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136, p. 1), modificado por el Reglamento (UE) no 1235/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010 (DO L 348, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 726/2004»), establece que: «No podrá comercializarse en la Comunidad ningún medicamento que figure en el anexo a no ser que la Comunidad haya concedido una autorización de comercialización [en lo sucesivo, “AC”] de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.»
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Según el artículo 39, apartado 2, de dicha Ley, los notarios no pueden negarse a desempeñar sus actividades, fuera de los casos previstos por la ley. No obstante, están obligados, de conformidad con el artículo 40 de esa misma Ley, a no prestar sus servicios cuando se requiera su colaboración para participar en actividades que manifiestamente tienen un objeto ilícito y contrario a la moral.
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El 18 de julio de 2013, Nestlé interpuso un recurso contra esta resolución ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido), refutando la afirmación de que la marca no había adquirido un carácter distintivo mediante su uso antes de la fecha pertinente. Además, Nestlé alega que la marca no consiste exclusivamente en la forma impuesta por la propia naturaleza del producto o en la forma necesaria para la obtención de un resultado técnico.
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El artículo 15 de dicha Ley es del siguiente tenor: «1. El empresario podrá deducir como cuotas del impuesto soportado: 1) el impuesto legalmente debido por entregas de bienes y otras prestaciones de servicios efectuadas a favor de su empresa por otros empresarios [...] 2. No se podrán deducir las cuotas soportadas por las entregas, importación o adquisición intracomunitaria de bienes, ni por las prestaciones de servicios, que el empresario utilice para realizar las siguientes operaciones: 1) las operaciones exentas; [...] 3. No se aplicará la deducción a la que alude el apartado 2 cuando las operaciones 1) en los casos contemplados en el apartado 2, punto 1, a) están exentas en virtud del artículo 4, puntos 1 a 7, del artículo 25, apartado 2, o de las disposiciones mencionadas en el artículo 26, apartado 5, [...] [...] 4. Si el empresario utiliza sólo parcialmente un bien entregado u otra prestación realizada, importados o adquiridos dentro de la Comunidad para llevar a cabo operaciones que no dan derecho a deducción, la parte del impuesto soportado y relacionado económicamente a esas operaciones no dará derecho a deducción. El empresario podrá estimar de un modo razonable los importes que no dan derecho a deducción. Sólo se autorizará una determinación de la parte no deducible del impuesto un función del porcentaje del volumen de negocios que no da derecho a la deducción en relación con el volumen de negocios que da derecho a deducción cuando no sea posible ninguna otra imputación económica [...]»
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En efecto, un abogado que celebra, con una persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad profesional, un contrato que, por no estar referido, en particular, a la actividad de su bufete, no está vinculado al ejercicio de la abogacía, se encuentra, con respecto a dicha persona, en la situación de inferioridad contemplada en el apartado 18 de la presente sentencia.