Asunto C-205/11 P

Fédération internationale de football association (FIFA)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Radiodifusión televisiva — Directiva 89/552/CEE — Artículo 3 bis — Medidas adoptadas por el Reino Unido en relación con acontecimientos de gran importancia para la sociedad de ese Estado miembro — Copa del Mundo de fútbol — Decisión por la que se declaran las medidas compatibles con el Derecho comunitario — Motivación — Artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE — Derecho de propiedad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de julio de 2013

Corresponde exclusivamente a los Estados miembros, los cuales gozan a este respecto de un amplio margen de apreciación, determinar cuáles son los acontecimientos de gran importancia. En efecto, la Directiva 89/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, no procede a armonizar la lista de tales acontecimientos, sino que se basa en la premisa de que existen, dentro de la Unión, divergencias considerables de índole social y cultural en lo referente a su importancia para el público en general. Habida cuenta de la relativa imprecisión de los criterios de apreciación para calificar a un acontecimiento como de gran importancia para la sociedad, corresponde a cada Estado miembro concretarlos y apreciar el interés que los acontecimientos en cuestión suscitan entre el público en general a la luz de las particularidades sociales y culturales de su sociedad. (véanse los apartados 14, 15 y 17)

La facultad de control de la Comisión de la legalidad de las medidas nacionales por las que se identifican los acontecimientos de gran importancia, prevista en el artículo 3 bis de la Directiva 89/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, debe limitarse, como consecuencia de la amplitud del margen de apreciación del que disponen los Estados miembros, a la identificación de errores manifiestos de apreciación en que hayan incurrido los Estados miembros en el momento de designar los acontecimientos de gran importancia. Por lo que se refiere, más en particular, a la cuestión de si la calificación del acontecimiento en cuestión como acontecimiento de gran importancia es compatible con los principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de proporcionalidad y no discriminación, con los derechos fundamentales, con los principios de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento, y con las normas en materia de libre competencia, no cabe obviar que la designación válida de un acontecimiento como acontecimiento de gran importancia conlleva obstáculos inevitables a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre competencia y al derecho de propiedad, que el legislador de la Unión ha considerado como obstáculos justificados por el objetivo de interés general consistente en la protección del derecho a la información y en la garantía de un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de tales acontecimientos. Para garantizar la eficacia del artículo 3 bis de la Directiva 89/552, debe concluirse que, si un acontecimiento ha sido válidamente designado por el Estado miembro de que trate como un acontecimiento de gran importancia, la Comisión únicamente está obligada a analizar los efectos de esta designación sobre la libre prestación de servicios, la libertad de establecimiento, la libre competencia y el derecho de propiedad que vayan más allá de los efectos intrínsecamente vinculados a la inclusión de este acontecimiento en la lista a la que se refiere el apartado 1 de este artículo 3 bis. (véanse los apartados 18, 19 y 21 a 23)

El legislador de la Unión no pretendió indicar que la Copa del Mundo de fútbol, a la que se refiere el decimoctavo considerando de la Directiva 97/36, por la que se modifica la Directiva 89/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, se limita exclusivamente a su fase final y que constituye un acontecimiento único e indivisible. Por el contrario, debe considerarse que la Copa del Mundo es un acontecimiento, en principio, divisible en diferentes partidos o fases que no tienen necesariamente que merecer en su totalidad la calificación de acontecimiento de gran importancia. (véase el apartado 35)

Dado que la fase final de la Copa del Mundo no puede válidamente incluirse en su integridad en una lista de acontecimientos de gran importancia con independencia del interés que susciten los partidos en el Estado miembro de que se trate, éste no queda dispensado de su deber de comunicar a la Comisión las razones que permiten considerar que, en el contexto específico de la sociedad de ese Estado, la fase final de la Copa del Mundo constituye un acontecimiento único que debe considerarse en su integridad como un acontecimiento de gran importancia para tal sociedad, en lugar de como una serie de acontecimientos singulares divididos en partidos de diferentes niveles de interés. (véase el apartado 41)

Un error de Derecho cometido por el Tribunal General no conlleva la anulación de la sentencia recurrida cuando su fallo se encuentra fundado por otros fundamentos jurídicos. (véanse los apartados 44 y 59)

Para permitir a la Comisión ejercer su facultad de control, la motivación que ha llevado a un Estado miembro a calificar un acontecimiento como un acontecimiento de gran importancia puede ser sucinta, siempre que esta motivación sea pertinente. Así pues, no puede exigirse, en particular, que el Estado miembro indique, en la misma notificación de las medidas de que se trate, datos detallados y cuantificados por lo que respecta a cada elemento o cada parte del acontecimiento notificado a la Comisión. A este respecto, importa precisar que, si la Comisión alberga dudas, a partir de los elementos de que dispone, en relación con la calificación de un acontecimiento como acontecimiento de gran importancia, le corresponde solicitar aclaraciones al Estado miembro autor de esa calificación. (véanse los apartados 45 y 46)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 54, 90 y 102)

La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es incoherente constituye ciertamente una cuestión de Derecho que puede ser alegada en el marco de un recurso de casación, ya que la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General. No obstante, la exigencia de que la motivación sea coherente no constituye un objetivo en sí mismo sino que tiene por objeto, en particular, permitir que los interesados conozcan las razones de la decisión adoptada. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia, tras declarar que las apreciaciones del Tribunal General son erróneas, realice una sustitución en la motivación que permite justificar la resolución adoptada, esos motivos del Tribunal General dejan de constituir el fundamento de la resolución adoptada. (véanse los apartados 60 a 63)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 66)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 67)

La obligación de claridad y transparencia impuesta por el artículo 3 bis, apartado 1, tercera frase, de la Directiva 89/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, tiene por objeto evitar que el comportamiento de las autoridades nacionales competentes prive de su efecto útil a las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan una libertad fundamental. A este respecto, la calificación de un acontecimiento como acontecimiento de gran importancia debe realizarse con arreglo a criterios objetivos y conocidos de antemano, de modo que quede regulado el ejercicio de la facultad de apreciación de estas autoridades con el fin de que ésta no pueda utilizarse de manera arbitraria. Por estos mismos motivos, el procedimiento nacional seguido para aplicar esta disposición debe determinar de antemano cuál es la autoridad encargada de tal calificación y precisar las condiciones en las que los interesados y, en su caso, determinados órganos consultivos pueden someterle sus observaciones antes de que adopte su decisión. A este respecto, habida cuenta del impacto que tal decisión tiene sobre los derechos de retransmisión relativos a un acontecimiento, es importante, en particular, que los radiodifusores interesados y los titulares de estos derechos tengan la posibilidad de formular observaciones ante esta autoridad. Sentado lo anterior, el requisito de claridad y transparencia exige que los mencionados interesados y órganos consultivos puedan formular observaciones referidas únicamente a los elementos esenciales sobre la base de los cuales tal autoridad debe tomar su decisión. Por consiguiente, nada se opone a que un Estado miembro someta posteriormente a la Comisión elementos complementarios que confirmen esta decisión y que pueden también estar referidos a un período posterior a la fecha en que se adoptó la lista de acontecimientos de gran importancia. (véanse los apartados 72 a 74)

En la ejecución de lo dispuesto en el artículo 3 bis de la Directiva 89/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, una autoridad nacional competente para calificar un acontecimiento como acontecimiento de gran importancia para la sociedad, a efectos de determinar los organismos encargados de su radiodifusión televisiva, disfruta de un amplio margen de apreciación. Si bien es cierto que, a semejanza de lo que se exige a los autores de actos de la Unión, esta autoridad debe indicar las razones por las que un acontecimiento ha sido calificado como acontecimiento de gran importancia, de forma que se permita, por una parte, que los interesados conozcan la justificación de la medida adoptada a fin de hacer valer sus derechos, y que la Comisión y los órganos jurisdiccionales competentes ejerzan su control, por otra, no es menos cierto que para permitir la consecución de ese objetivo no es preciso que tal autoridad revele las razones específicas por las que no ha seguido los dictámenes emitidos por determinados órganos consultivos, cuando no se encuentra vinculada por los mismos. Carece de relevancia a este respecto el hecho de que estos dictámenes procedan de diferentes órganos consultivos que comparten el mismo criterio. (véanse los apartados 77 a 79)

La motivación del Tribunal General puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos, y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. En particular, no incumbe al Tribunal General responder a las alegaciones de una parte que no sean suficientemente claras y precisas por no haber sido desarrolladas y no estar acompañadas de una argumentación específica que las fundamente. (véase el apartado 89)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 95)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 101 y 103)