Asunto C‑171/02

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Portuguesa

«Artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE – Directiva 92/51/CEE – Sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales – Actividad de seguridad privada – Medidas de un Estado miembro que exigen como requisito para poder ejercer una actividad de seguridad privada que la sociedad tenga su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués, que revista la forma de persona jurídica, que tenga un determinado capital social y que proporcione justificaciones y garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen – No sujeción del sector de los servicios de seguridad privada al sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales»

Sumario de la sentencia

1. Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Libre prestación de servicios – Disposiciones del Tratado – Ámbitos de aplicación respectivos – Criterios – Prestación de servicios durante un período prolongado sin establecimiento en el Estado miembro de destino – Inclusión en la libre prestación de servicios

(Arts. 43 CE y 49 CE)

2. Libre circulación de personas – Trabajadores – Libertad de establecimiento – Libre prestación de servicios – Restricciones – Obligación de las empresas de seguridad privada de tener su domicilio o un establecimiento de explotación permanente en el territorio nacional, de revestir la forma de persona jurídica, de poseer un capital social mínimo, de obtener una autorización expedida por las autoridades nacionales y de obtener, para su personal, una tarjeta profesional expedida por dichas autoridades – Improcedencia

(Arts. 39 CE, 43 CE y 49 CE)

1. Lo determinante, por lo que atañe a la delimitación de los respectivos ámbitos de aplicación de los principios de libre prestación de servicios y de libre establecimiento, es si el operador económico se halla establecido o no en el Estado miembro en el cual ofrece el servicio. Cuando se halla establecido (con carácter principal o accesorio) en el Estado miembro en el que ofrece el servicio (Estado miembro de destino o Estado miembro de acogida), está comprendido dentro del ámbito de aplicación del principio del libre establecimiento, tal como se define en el artículo 43 CE. En cambio, cuando el operador económico no se halla establecido en dicho Estado miembro de destino, es un prestador transfronterizo comprendido dentro del ámbito de aplicación del principio de libre prestación de servicios previsto en el artículo 49 CE. En este contexto, el concepto de establecimiento en el sentido del artículo 43 CE implica que el operador ofrezca sus servicios, de manera estable y continua, a partir de un domicilio profesional en el Estado miembro de destino. Por el contrario, son prestaciones de servicios en el sentido del artículo 49 CE todas las prestaciones que no se ofrezcan de una manera estable y continua, a partir de un domicilio profesional en el Estado miembro de destino.

De esta forma, pueden constituir servicios en el sentido del artículo 49 CE aquellas prestaciones que un operador económico establecido en un Estado miembro realiza de manera más o menos frecuente o regular, incluso durante un período prolongado, a favor de personas establecidas en uno o varios Estados miembros.

Por consiguiente, incluso las medidas nacionales que se aplican únicamente a los operadores económicos que ofrecen sus servicios en el Estado miembro de que se trate durante un período superior a un año, en principio, pueden restringir la libre prestación de servicios.

(véanse los apartados 24 a 28)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE un Estado miembro que exige como requisitos para que los operadores extranjeros puedan ejercer en el territorio nacional, en el sector de los servicios de seguridad privada, actividades de vigilancia de personas y de bienes, que dichos operadores

– tengan su domicilio o un establecimiento de explotación permanente en el territorio nacional;

– revistan la forma de persona jurídica;

– posean un capital social mínimo;

– obtengan una autorización expedida por las autoridades nacionales sin que se tengan en cuenta ni las justificaciones ni las garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen, y que

– los miembros de su personal estén en posesión de una tarjeta de identidad profesional expedida por las citadas autoridades, sin que se tengan en cuenta ni los controles ni las comprobaciones ya efectuados en el Estado miembro de origen.

(véanse el apartado 74 y el fallo)