SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera)

de 12 de mayo de 2011 ( )

«Función pública — Funcionarios — Recurso de indemnización — Regla de la concordancia entre petición, reclamación y recurso en materia de indemnizaciones — Carácter contradictorio del procedimiento — Utilización en el procedimiento judicial de un documento confidencial clasificado “EU Restricted” — Responsabilidad extracontractual de las instituciones — Responsabilidad por culpa — Relación de causalidad — Pluralidad de causas del daño — Hecho de un tercero — Responsabilidad objetiva — Deber de asistencia — Obligación de una institución de garantizar la protección de su personal — Asesinato de un funcionario y de su esposa por un tercero — Pérdida de una posibilidad de supervivencia»

En el asunto F-50/09,

que tiene por objeto un recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, con domicilio en Kerkhove-Avelgem (Bélgica), quien actúa tanto en su propio nombre como en calidad de representante legal de los herederos de Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, su hijo, antiguo funcionario de la Comisión Europea,

representado por los Sres. F. Di Gianni, R. Antonini y N. Sibona, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada por las Sras. L. Pignataro y B. Eggers y el Sr. D. Martin, en calidad de agentes,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera),

integrado por el Sr. S. Gervasoni (Ponente), Presidente, y el Sr. H. Kreppel y la Sra. M.I. Rofes i Pujol, Jueces;

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebradas las vistas el 15 de diciembre de 2009 y el 8 de diciembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su demanda recibida por fax en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 12 de mayo de 2009 (y cuyo original se presentó el 18 de mayo siguiente), el Sr. Missir Mamachi di Lusignano solicita, en particular, por una parte, la anulación de la decisión de 3 de febrero de 2009 mediante la cual la Comisión de las Comunidades Europeas rechazó su solicitud de indemnización de los perjuicios materiales y morales producidos por el asesinato de su hijo y de su nuera el 18 de septiembre de 2006 en Rabat (Marruecos), y, por otra parte, que se condene a la Comisión a pagar al demandante y a los derechohabientes de su hijo diferentes cantidades en concepto de reparación de los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales causados por esos asesinatos.

Marco jurídico

2 Según el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en su versión aplicable al presente litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»):

«A los funcionarios en servicio activo se les concederán condiciones de trabajo que se ajusten a normas sanitarias y de seguridad apropiadas y, como mínimo, equivalentes a los requisitos mínimos aplicables con arreglo a las medidas adoptadas en estos ámbitos en virtud de los Tratados.»

3 El artículo 24 del Estatuto establece:

«Las Comunidades asistirán a los funcionarios, en especial mediante la persecución contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados contra la persona y los bienes, de que el funcionario, o los miembros de su familia, sean objeto por su condición de tales o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

Las Comunidades repararán solidariamente los daños sufridos por el funcionario por esta causa siempre que éste no los haya originado, intencionadamente o por negligencia grave y no haya podido obtener resarcimiento por parte del autor.»

4 Con arreglo al artículo 70, párrafo primero, del Estatuto:

«En caso de fallecimiento de un funcionario, el cónyuge supérstite o los hijos a su cargo percibirán la retribución global del fallecido hasta el fin del tercer mes siguiente al del fallecimiento.»

5 El artículo 73, apartados 1 y 2, del Estatuto dispone lo siguiente:

«1. Los funcionarios estarán asegurados contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, desde el día de su incorporación al servicio, en las condiciones que se establezcan en una reglamentación adoptada por acuerdo conjunto de las Instituciones de las Comunidades, previo informe del Comité del estatuto. Asimismo participará obligatoriamente, hasta un límite del 0,1 % de su sueldo base, en la cobertura de sus riesgos no laborales.

Los riesgos no cubiertos serán especificados en la referida reglamentación.

2. Las prestaciones garantizadas serán las siguientes:

a) en caso de muerte:

Entrega de un capital equivalente a cinco anualidades del sueldo base del interesado, calculado según la cuantía de los sueldos mensuales percibidos durante los doce meses anteriores al accidente, a las personas enumeradas a continuación:

– al cónyuge y a los hijos del funcionario fallecido, de acuerdo con el derecho de sucesión aplicable al funcionario; la cantidad a entregar al cónyuge no podrá ser inferior al 25 % del capital;

– a falta de personas de la categoría anterior, a los demás descendientes, de acuerdo con el derecho de sucesión aplicable al funcionario;

– a falta de personas de las dos categorías anteriores, a los ascendientes, de acuerdo con el derecho de sucesión aplicable al funcionario;

– a falta de personas de las tres categorías anteriores, a la institución.

[…]

Las cantidades previstas anteriormente podrán ser sustituidas por una renta vitalicia en las condiciones que la citada reglamentación establezca.

Las prestaciones enumeradas anteriormente serán compatibles con las previstas en el Capítulo 3 [...]»

6 La Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional de los funcionarios de la Unión Europea, adaptada para aplicar el artículo 73 del Estatuto (en lo sucesivo, «Reglamentación común»), prevé, en su artículo 7, apartado 2, tercer guión, que tendrán la consideración de accidentes, en el sentido de la Reglamentación común, «las consecuencias de agresiones o de atentados cometidos en la persona del asegurado, incluso durante huelgas o tumultos, salvo si resulta probado que el asegurado intervino de forma voluntaria en las acciones violentas de las que fue víctima, salvo caso de legítima defensa».

7 En virtud del artículo 76 del Estatuto, podrán concederse donaciones, préstamos o anticipos a funcionarios, antiguos funcionarios, o causahabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación particularmente difícil como resultado de una enfermedad grave o prolongada, debido a una discapacidad o por razón de circunstancias familiares.

8 Según el artículo 80, párrafo primero, del Estatuto:

«Cuando un funcionario […] falleciere sin dejar cónyuge beneficiario de una pensión de viudedad, los hijos que, según el artículo 2 del anexo VII, estuvieren a su cargo en el momento del fallecimiento tendrán derecho a una pensión de orfandad en las condiciones previstas en el artículo 21 del anexo VIII.»

9 El artículo 21 del anexo VIII del Estatuto establece que la cuantía de la pensión de orfandad será equivalente a ocho décimas partes de la pensión de supervivencia a que hubiera tenido derecho el cónyuge supérstite del funcionario y que ésta se incrementará, por cada uno de los hijos a cargo a partir del segundo, en una cuantía igual al doble de la asignación por hijos a cargo.

10 El anexo X del Estatuto establece las disposiciones particulares y excepcionales aplicables a los funcionarios destinados en un país tercero. Según el artículo 5 de este anexo:

«1. Cuando una institución ponga a disposición del funcionario un alojamiento correspondiente al nivel de sus funciones y a la composición de la familia que viva a su cargo, aquél tendrá la obligación de residir en él.

2. Las disposiciones de aplicación del apartado 1 serán fijadas, previo dictamen del Comité de personal, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Dicha autoridad determinará igualmente la dotación de mobiliario y demás equipamiento de las viviendas, en función de las condiciones imperantes en cada lugar de destino.»

11 Con arreglo al artículo 25 del anexo X del Estatuto, el cónyuge, los hijos y las demás personas a cargo del funcionario estarán cubiertos por un seguro que cubra los accidentes que puedan ocurrir fuera de la Unión en los países incluidos en una lista adoptada, a tal efecto, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»). La mitad de la prima necesaria correrá a cargo del funcionario y la otra mitad a cargo de la institución.

12 El 26 de abril de 2006, la Comisión adoptó una Decisión por la que se establecía una política armonizada en materia de salud y seguridad en el trabajo para el conjunto de su personal (en lo sucesivo, «Decisión de 26 de abril de 2006»).

13 Tal como se desprende de la exposición de motivos de este documento, sometido al Colegio de Comisarios para su aprobación en su reunión de 26 de abril de 2006, dicha Decisión, adoptada en particular para dar respuesta a lo dispuesto en el artículo 1 sexto del mencionado Estatuto, tiene por objeto garantizar y proteger la salud y la seguridad en el trabajo de todo el personal y en todos los servicios de la institución, tanto en su sede como en todos aquellos emplazamientos que se encuentren dentro o fuera de la Unión.

14 La Decisión de 26 de abril de 2006 resulta de aplicación, en virtud de su artículo 1, «en todos los lugares de trabajo de la Institución». El artículo 2, letra a), de dicha Decisión define tales lugares como aquellos «en los que se encuentran los puestos de trabajo de los locales de la Comisión o cualesquiera otros lugares en el interior de esos locales a los que el personal tenga acceso por razón de su trabajo». La citada Decisión contiene disposiciones de carácter general inspiradas en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183, p. 1).

15 En el curso del proceso, tras la adopción de medidas de instrucción (véanse los apartados 46 a 48 de la presente sentencia), el Tribunal de la Función Pública comprobó que, en relación con el año 2006, la Comisión había adoptado determinadas medidas de seguridad aplicables a las viviendas puestas a disposición de las delegaciones de la Comisión en terceros países. Estas medidas se recogen en un documento clasificado «EU Restricted», cuya eficacia jurídica y condiciones para su utilización en el marco del proceso serán analizadas más adelante.

Hechos que dieron origen al litigio

16 Tras entrar al servicio de la Comisión como funcionario el 1 de noviembre de 1993, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano se casó en 1995 con Ariane Lagasse de Locht. El matrimonio tuvo cuatro hijos, nacidos entre 1996 y 2002.

17 Una vez promovido al grado A 7 en 1996 y al grado A 6 en 2002, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano participó, en particular, en las negociaciones entre la Unión Europea y la República de Turquía, dentro de la unidad «Turquía» de la Dirección General (DG) «Ampliación».

18 Desde el 28 de agosto de 2006, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano estuvo destinado en la delegación de la Comisión en Rabat en calidad de consejero político y diplomático. Antes de su traslado, había indicado que su esposa y sus hijos le acompañarían a este destino. Pese a haber sido invitado a participar en unas sesiones informativas dirigidas a los funcionarios que eran enviados a delegaciones a países terceros y que, principalmente, versaban sobre los problemas de seguridad existentes en los diferentes lugares de destino, el Sr. Missir Mamachi di Lusignano no asistió a las mismas. Las partes no han aportado al Tribunal de la Función Pública elementos suficientes que le permitieran conocer los motivos de esa ausencia y, en especial, si se debía a un compromiso de trabajo.

19 Entre los días 28 y 31 de agosto de 2006, la familia Missir Mamachi di Lusignano se hospedó en un hotel y, desde el 1 de septiembre, pasó a alojarse provisionalmente en una casa amueblada alquilada por la delegación de la Comisión y que estaba situada en la calle Lailak, nº G 2, Sector 16, en el barrio Hay Riad de Rabat. El contrato de alquiler entre el propietario de esta casa y la Comisión fue celebrado el 8 de agosto de 2006, su duración inicial era de tres meses y la fecha de inicio de su vigencia fue el 15 de agosto de 2006, fecha anterior a la de la llegada a Rabat de la familia Missir Mamachi di Lusignano.

20 En la noche del 17 al 18 de septiembre de 2006, en torno a las doce y media, un ladrón entró en la casa a través de las barras de una ventana de la planta baja que daba a una de las fachadas laterales. Despertado súbitamente por la presencia del ladrón en el dormitorio principal situado en el primer piso, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano sorprendió al intruso mientras registraba la habitación. El delincuente acuchilló repetidamente al funcionario dejándolo en tierra. La mujer del Sr. Missir Mamachi di Lusignano, quien también se había despertado, fue apuñalada en la espalda y, según parece, falleció al poco rato como consecuencia de las heridas. Tras atar y amordazar al padre de familia, el intruso se dio una ducha y, posteriormente, consiguió que el funcionario, herido de gravedad, le dijera el número secreto de su tarjeta de crédito. Finalmente, el funcionario murió a causa de sus heridas. El asesino dejó con vida a los niños. Abandonó la casa en torno a las cuatro horas de la madrugada llevándose consigo varios objetos, un televisor entre ellos, al volante del coche de la familia Missir Mamachi di Lusignano.

21 El 19 de septiembre de 2006, la policía marroquí detuvo a Karim Zimach quien, en un interrogatorio realizado en la fase de instrucción, confesó ser el autor del doble asesinato de los esposos Missir Mamachi di Lusignano cometido en la noche del 17 al 18 de septiembre. Karim Zimach fue declarado culpable de tales hechos y fue condenado a la pena capital mediante sentencia de 20 de febrero de 2007 de la Sala de lo Penal de primera instancia de la Cour d’appel (Tribunal de Apelación) de Rabat, confirmada en segunda instancia mediante sentencia de 18 de junio de 2007 de la Sala de Recurso de lo Penal del mismo Tribunal. Cabe señalar que desde 1993, fecha en que tuvo lugar la última ejecución de un condenado a muerte en Marruecos, las autoridades de ese Estado nunca han hecho efectivo tal tipo de condena.

22 La Comisión se constituyó como parte civil en el proceso penal ante los órganos del orden penal marroquí. En la sentencia antes mencionada, la Sala de lo Penal de primera instancia de la Cour d’appel declaró admisible la acción civil de la Comisión y condenó a Karim Zimach al pago simbólico de un dirham a la Unión Europea.

23 Tras la trágica desaparición de sus padres, los cuatro hijos de la familia Missir Mamachi di Lusignano quedaron bajo la tutela de sus abuelos, uno de los cuales es el demandante, mediante un auto dictado el 24 de noviembre de 2006 por el juez de paz de Kraainem (Bélgica).

24 Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2006, la Comisión abonó las cantidades previstas en el artículo 70, párrafo primero, del Estatuto.

25 Asimismo, la Comisión abonó a los hijos y herederos del funcionario fallecido la suma de 414.308,90 euros en concepto de cantidad indemnizable por muerte en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto, más 76.628,40 euros por la muerte del cónyuge, tal como establece el artículo 25 del anexo X del Estatuto.

26 Por otra parte, la Comisión reconoció a los cuatro hijos, a partir del 1 de enero de 2007, el derecho a la pensión de orfandad contemplada en el artículo 80 del Estatuto y a la asignación por escolaridad prevista en el anexo VII del Estatuto.

27 Igualmente, la Comisión reconoció al funcionario fallecido una promoción al grado A*11, primer escalón, con carácter póstumo y efectos retroactivos a 1 de septiembre de 2005. Esta promoción fue tenida en cuenta al calcular la pensión de orfandad y la cantidad indemnizable por muerte.

28 Además de lo anterior, mediante decisión de 14 de mayo de 2007, adoptada en virtud del artículo 76 del Estatuto, la Comisión concedió a cada uno de los hijos, hasta que cumplieran 19 años, una ayuda mensual extraordinaria por razones sociales equivalente a una asignación por hijos a cargo.

29 El 18 de septiembre de 2007, aniversario del doble asesinato de los esposos Missir Mamachi di Lusignano, la Comisión organizó, a iniciativa de la DG «Ampliación», una ceremonia de homenaje a los difuntos en sus locales. Durante la misma, se dedicó a la memoria del funcionario fallecido una sala de reuniones y se inauguró una placa con su nombre.

30 Mediante carta de 25 de febrero de 2008 dirigida al Presidente de la Comisión, el demandante, tras agradecer a la Comisión la celebración de la ceremonia del 18 de septiembre de 2007, pasó a expresar su disconformidad con los importes de las cantidades abonadas a sus cuatro nietos y su descontento con el hecho de que la Comisión no autorizara la contratación permanente de una cuidadora o de un asistente que, a su juicio, resultaba imprescindible habida cuenta de las edades respectivas de los niños y de sus abuelos. Seguidamente, el demandante preguntó si la Comisión había ya iniciado negociaciones con Marruecos con el fin de que este país pagara una indemnización adecuada superior al dirham que la justicia marroquí reconoció simbólicamente a favor de la Unión Europea. Por último, el demandante llamó la atención del Presidente de la Comisión sobre la respuesta dada el 6 de agosto de 2007 por la Sra. Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores, a una pregunta escrita del Sr. Coûteaux, miembro del Parlamento Europeo (pregunta escrita de 25 de junio de 2007, P-3367/07, DO C 45 de 16 de febrero de 2008, p. 179), relativa al «asesinato de un agente de la Dirección General de Relaciones Exteriores en Marruecos» (en lo sucesivo, «respuesta escrita de 6 de agosto de 2007»). Según el demandante, las medidas de seguridad adecuadas, generalmente previstas por la Comisión y recordadas en la respuesta de la Comisaria de Relaciones Exteriores, no fueron adoptadas antes del doble asesinato. En consecuencia, a juicio del demandante, la Comisión ha incurrido en negligencias graves que justifican el pago a los hijos menores de una indemnización equivalente, al menos, al importe total de los salarios que el funcionario asesinado habría percibido hasta la fecha prevista de su jubilación en 2032; esto es, 26 años de salario.

31 Mediante escrito de 11 de junio de 2008, el Sr. Kallas, Vicepresidente de la Comisión encargado del Personal respondió al demandante. En ese escrito, el Sr. Kallas señaló que no cabía apreciar ningún comportamiento negligente o culposo por parte de las autoridades marroquíes y que no concurrían las condiciones necesarias para entablar negociaciones diplomáticas con Marruecos para conseguir una indemnización. El Sr. Kallas indicó que las medidas de protección del personal adoptadas por la Comisión se adecuaban a las condiciones de seguridad de la delegación de Rabat y que no era posible aceptar la reclamación de indemnización formulada a este respecto por el demandante en el escrito de 25 febrero de 2008. El Sr. Kallas precisó igualmente que los pagos ya efectuados por la Comisión (490.937,30 euros en concepto de cantidad indemnizable por muerte y seguro de accidente, 4.376,82 euros mensuales por las pensiones de orfandad y las asignaciones por escolaridad, 2.287,19 euros mensuales —incluidas las deducciones fiscales— por las asignaciones por hijos a cargo, y 1.332,76 euros mensuales en concepto de ayuda extraordinaria, cantidad equivalente a una asignación por hijo a cargo adicional para cada hijo) habían sido calculados correctamente.

32 No obstante, en ese mismo escrito de 11 de junio de 2008, el Comisario informó al demandante de que la Comisión, habida cuenta de las circunstancias particularmente trágicas del caso, había decidido adoptar una medida adicional e incrementar, excepcionalmente, los importes satisfechos con arreglo al artículo 76 del Estatuto. Así pues, mediante resolución de 4 de julio de 2008, se reconoció a favor de cada uno de los hijos el derecho a percibir, desde el 1 de agosto de 2008 y hasta la fecha en que cumplieran 19 años, un importe mensual equivalente a dos asignaciones por hijos a cargo. Tras esta resolución, el importe de los pagos mensuales de la Comisión a los hijos del funcionario fallecido ascendió a más de 9.800 euros (9.862 euros en febrero de 2009).

33 Mediante escrito de 10 de septiembre de 2008, el demandante presentó una reclamación contra el escrito de 11 de junio de 2008 con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto. En esta reclamación se afirmaba que la Comisión había incurrido en responsabilidad por culpa al haber incumplido su obligación de proteger a su personal. El demandante alegó igualmente que cabía incluso apreciar la responsabilidad objetiva de la Comisión derivada del daño causado por un acto lícito. Por último y con carácter subsidiario, el demandante invocó el artículo 24 del Estatuto, en virtud del cual las Comunidades están obligadas a reparar solidariamente los daños causados por un tercero a cualquiera de sus agentes.

34 Mediante resolución de 3 de febrero de 2009, la AFPN desestimó la reclamación.

Pretensiones de las partes y procedimiento

35 El demandante solicita al Tribunal de la Función Pública que:

– Anule la resolución de la AFPN de 3 de febrero de 2009.

– Condene a la Comisión a abonar a los derechohabientes de Alessandro Missir Mamachi di Lusignano:

– La cantidad de 2.552.837,96 euros, correspondiente a 26 años de sueldo del funcionario asesinado, cantidad que deberá revalorizarse en función de las perspectivas de carrera del mismo, en concepto de indemnización por el perjuicio patrimonial causado.

– La cantidad de 250.000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio no patrimonial sufrido por la víctima antes de su muerte.

– La cantidad de 1.276.512 euros en concepto de indemnización por el perjuicio no patrimonial provocado por el hecho de haber sido testigos del trágico asesinato.

– Condene a la Comisión a abonar al demandante la cantidad de 212.752 euros en concepto de indemnización por el perjuicio no patrimonial que se le ha irrogado en cuanto padre de la víctima.

– Condene a la Comisión a abonar los «intereses de demora y los compensatorios» que se hayan devengado entre tanto.

– Condene en costas a la Comisión.

36 La Comisión solicita al Tribunal de la Función Pública que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas al demandante.

37 En la vista celebrada el 15 de diciembre de 2009, el demandante precisó el modo en que había calculado sus pretensiones de indemnización aportando dos cuadros. La Comisión no se opuso a que estos documentos se incorporaran a los autos. El primer cuadro hace una recapitulación de las pretensiones de indemnización del demandante y del mismo se desprende que se ha hecho una nueva valoración del importe del daño material que se alega. Este importe, estimado provisionalmente en el recurso en 2.552.837,96 euros, fue sustituido, tomando en consideración las cifras presentadas por la Comisión en su escrito de contestación y habida cuenta de las promociones de grado que se hubieran podido conceder al hijo del demandante hasta el fin de su carrera, por el importe global de 3.975.329 euros. El demandante utilizó el segundo cuadro para intentar demostrar que, de entre las cantidades ya abonadas o que se abonarán en el futuro por la Comisión a los derechohabientes del funcionario fallecido, sólo el importe de 414.308 euros reconocido en aplicación del artículo 73 del Estatuto puede considerarse como un pago realizado en reparación del daño sufrido por los herederos del funcionario, ya que las demás cantidades abonadas que la Comisión mencionó únicamente constituyen, a juicio del demandante, prestaciones pertenecientes al ámbito de los seguros sociales.

38 En el informe preparatorio para la vista, el Tribunal de la Función Pública indicó a las partes que, para analizar la cuestión de si la Comisión había cumplido cabalmente su obligación de garantizar la seguridad del hijo del demandante y de su familia, era preciso referirse al artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto, el cual se remite, por lo que respecta a las «normas de seguridad apropiadas», a las disposiciones mínimas aplicables en virtud de las medidas adoptadas en estos ámbitos en aplicación de los Tratados y entre las cuales figuran las recogidas en la Directiva 89/391. El Tribunal de la Función Pública invitó a las partes a exponer en sus informes orales su opinión acerca de la incidencia de estas disposiciones en el examen de los requisitos que deben concurrir para apreciar la existencia de la responsabilidad extracontractual de la administración en el presente litigio.

39 En el mismo informe preparatorio para la vista, el Tribunal de la Función Pública, entre otras cuestiones, solicitó igualmente a la Comisión que precisara cuál era el nivel de riesgo tomado en consideración en 2006 por sus servicios en relación con los funcionarios destinados a Marruecos, y si, en atención al nivel de riesgo determinado para ese país, procedía adoptar medidas particulares de seguridad en virtud de directrices internas de la DG «Relaciones exteriores» o de otras normas. El demandante sostenía, en efecto, en sus escritos (escrito de 25 de febrero de 2008, reclamación de 10 de septiembre de 2008 y recurso), refiriéndose a la respuesta escrita de 6 de agosto de 2007 de la Sra. Ferrero-Waldner a un miembro del Parlamento, que se recomendaba la adopción de medidas de seguridad y protección aplicables en las viviendas del personal de las delegaciones de la Comisión en los terceros países y que tales medidas no se habían tomado en el presente caso. Se indicaba, asimismo, en un informe anexo al recurso elaborado el 4 de octubre de 2006 por dos responsables de los servicios encargados de la seguridad en la DG «Relaciones Exteriores» y en la DG «Personal y administración» (en lo sucesivo, «DG Admin»), enviados a Rabat poco después del asesinato del hijo y la nuera del demandante, que «las condiciones de seguridad de la delegación de Rabat y de las viviendas del personal son del grupo [III] desde hace meses. Ello implica la necesidad de que las viviendas del personal expatriado estén vigiladas».

40 En la vista celebrada el 15 de diciembre de 2009, la Comisión no respondió directamente, en su informe oral, a las dos preguntas que se le formularon y que se reproducen en la primera frase del anterior apartado. La Comisión destacó que la respuesta escrita de 6 de agosto de 2007 se dio, aproximadamente, un año después del doble asesinato para aclarar de qué tipo eran las medidas recomendadas en las delegaciones en 2007 y, en consecuencia, carece de relevancia en el caso de autos.

41 En respuesta a una pregunta del Tribunal de la Función Pública sobre la existencia de normas internas relativas a las medidas de seguridad aplicables en relación con los funcionarios de las delegaciones afectadas en terceros países en 2006, la Comisión respondió que no existía en este ámbito ningún texto vinculante y que la obligación de la institución de garantizar la protección de su personal destinado a dichas delegaciones únicamente se derivaba del principio de buena administración, respecto del cual la institución tiene reconocido un amplio margen de apreciación. La Comisión estimó que la Directiva 89/391 únicamente se refería al lugar de trabajo de los trabajadores y que, en consecuencia, no era pertinente en relación con el presente litigio, el cual tiene por objeto la seguridad de la vivienda particular del funcionario. La Comisión precisó que la Decisión de 26 de abril de 2006 pretendía «transponer» dicha Directiva en sus servicios. Por otra parte, en respuesta a otras cuestiones, la Comisión insistió en el hecho de que la obligación de adoptar determinadas medidas de protección no se refería al domicilio privado de los funcionarios de las delegaciones.

42 Posteriormente, los debates en el seno de la vista pusieron de manifiesto, por una parte, que los servicios de la Comisión establecen, en función de un conjunto de criterios, una clasificación de los terceros países en los que se instalan las delegaciones según el nivel de riesgo (bajo, medio o elevado) que presentan los correspondientes Estados y, por otra parte, que Marruecos estaba clasificado como un país de riesgo «elevado» en 2006. La Comisión admitió, igualmente, que era necesario adoptar y aplicar medidas concretas de seguridad adaptadas al nivel de riesgo «elevado» en las delegaciones correspondientes.

43 Parte de la vista de 15 de diciembre de 2009 se celebró a puerta cerrada a instancias de la Comisión sin que el demandante se opusiera a ello. En esta parte de la vista, la Comisión aportó explicaciones adicionales al Tribunal de la Función Pública y al demandante sin, no obstante, mencionar los textos o los documentos que, con independencia de su valor jurídico o de su forma (decisiones, directrices internas, recomendaciones, etc.), guardaban relación con las medidas de seguridad mencionadas en el anterior apartado. Asimismo, la Comisión explicó las inspecciones y las comprobaciones de seguridad que se realizaron en Rabat en el primer semestre de 2006 y que únicamente tuvieron por objeto los locales de la delegación, quedando excluidas las 18 viviendas «permanentes» puestas a disposición de los funcionarios de la delegación.

44 Al no considerarse suficientemente ilustrado por las respuestas dadas por la Comisión en la vista, el Tribunal de la Función Pública requirió a dicha institución, mediante providencia de 22 de enero de 2010, que aportara los textos o los documentos que, con independencia de su valor jurídico o de la forma que revistieran, precisan qué medidas de seguridad estaban recomendadas, previstas o prescritas en 2006 para la delegación de Rabat, correspondientes al nivel de riesgo que tenía atribuido Marruecos en aquel momento, los eventuales informes relativos a las inspecciones y comprobaciones efectuadas en Rabat en el primer semestre de 2006 o los documentos en los que se recogía el contenido y los resultados de tales inspecciones y comprobaciones, el contrato de alquiler de la vivienda provisional celebrado entre la Comisión y el propietario de ese inmueble, y la Decisión de 26 de abril de 2006.

45 Mediante escrito de 12 de febrero de 2010, la Comisión aportó los documentos requeridos precisando que uno de ellos —una nota de 6 de junio de 2006 remitida por el jefe de la delegación en Marruecos al director de la dirección «Servicio Exterior», encargado de las cuestiones de seguridad dentro de la DG «Relaciones Exteriores», y en la que figuraba como anexo el informe de misión del responsable de seguridad regional— únicamente debía quedar a disposición de los abogados del demandante en los locales de la Secretaría del Tribunal de la Función Pública y sin la posibilidad de hacer una copia del mismo. En el mismo escrito, la Comisión mencionó la existencia de otros dos documentos que, al estar clasificados como «EU Restricted», estimaba que no le estaba permitido aportar a juicio y que, además, consideraba no pertinentes para la resolución del litigio, si bien estaba dispuesta a comunicar al Tribunal de la Función Pública exclusivamente y con la condición de que se aplicaran rigurosamente medidas de seguridad absolutamente equivalentes a las medidas de seguridad establecidas por la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno (DO L 317, p. 1).

46 El Tribunal de la Función Pública consideró que uno de esos dos documentos clasificados como «EU Restricted», presentado por la Comisión como el «extracto referente a las medidas de seguridad correspondientes al grupo III para las residencias definitivas del documento “normas y criterios” de la DG [“Personal y administración” - Dirección “Seguridad”»], podía tener especial importancia para la resolución del asunto. En consecuencia, mediante providencia de 17 de marzo de 2010, el Tribunal de la Función Pública requirió a la Comisión para que aportara ese documento. En dicha providencia, el Tribunal de la Función Pública precisó las medidas de seguridad a las que se sometería el acceso a ese documento indicando, en particular, que sólo el Secretario y los Jueces de la formación que ha de resolver el asunto estarían autorizados para consultar el documento, siempre en los locales de la Secretaría, donde quedaría custodiado, y que ni el demandante ni su abogado quedarían autorizados a examinarlo.

47 En su providencia de 17 de marzo de 2010, el Tribunal de la Función Pública indicó que, en el caso de que pretendiera fundamentar la resolución del litigio en ese documento, convendría plantearse la cuestión de la forma en que, en el presente asunto, debería aplicarse el principio de contradicción del procedimiento y las disposiciones del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, ya que tal principio y tales disposiciones podían implicar que el demandante tuviera acceso, al menos parcialmente, a dicho documento. A este respecto, el Tribunal de la Función Pública recordó que el hecho de que ese documento tuviera la clasificación de «EU Restricted» no implicaba que el nivel de protección menos elevado previsto por la Decisión 2001/844 representara, por sí mismo, un motivo para denegar absolutamente la comunicación del mismo al demandante. En efecto, el Tribunal de la Función Pública constató, en primer lugar, que los documentos clasificados «EU Restricted» no figuran entre los documentos considerados «documentos sensibles» en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43) y dedujo de esa circunstancia que podía aplicarse, pues, a tal documento el régimen de Derecho común establecido por ese Reglamento y que prevé el acceso a los documentos de las instituciones, sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el artículo 4 de dicho Reglamento. En segundo lugar, el Tribunal de la Función Pública señaló que la Decisión 2001/844 prevé que un documento clasificado pueda ser desclasificado o recalificado por la autoridad de la que emana.

48 Mediante escrito fechado el 30 de marzo de 2010, remitido a la atención personal del Secretario del Tribunal de la Función Pública en sobre sellado y enviado con acuse de recibo, la Comisión comunicó un documento de cinco páginas, que contenía un extracto de un documento titulado «Documento sobre las Normas y Criterios», edición 2006 («N & C edición 2006/ DS3/A.W»; en lo sucesivo, «documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad»), relativo a las medidas de seguridad aplicables, en particular, a las viviendas puestas a disposición del personal de las delegaciones («staff houses»). En ese mismo escrito, la Comisión destacó que aportaba ese documento «con la única finalidad de permitir que el Tribunal de la Función Pública verifique su carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento». La Comisión reiteró su opinión de que el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad no era relevante para la resolución del litigio, en particular porque únicamente se refiere a la situación de las viviendas definitivas —y no provisionales— puestas a disposición del personal de las delegaciones en terceros países. La Comisión sostuvo, igualmente, que, en cualquier caso, debía descartarse la posibilidad de que el documento fuera recalificado y comunicado, siquiera parcialmente, al demandante, ya que tal divulgación podría poner en peligro la seguridad de los funcionarios de las delegaciones en terceros países. La Comisión alegó también que el Reglamento nº 1049/2001 no era aplicable en el presente procedimiento y que, en todo caso, la negativa a comunicar tal documento al demandante estaría justificada por razones de seguridad pública con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento. No obstante, esa institución indicó que, en el caso de que el Tribunal de la Función Pública llegara a la conclusión de que ese documento era relevante para la resolución del litigio, sería conveniente que el Tribunal de la Función Pública y la Comisión analizaran conjuntamente de qué modo podría conciliarse el principio de contradicción con la protección de la confidencialidad de la información contenida en dicho documento, «por ejemplo, aportando un resumen del documento (véase el auto del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 1981, AM & S/Comisión, 155/79) que sólo el abogado de la parte demandante estaría autorizado a examinar en las condiciones establecidas en el asunto F-2/07 [Matos Martins/Comisión, en el que recayó la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 15 de abril de 2010]».

49 El escrito de 30 de marzo de 2010 de la Comisión fue recibido por el Secretario del Tribunal de la Función Pública el 31 de marzo de 2010. Los miembros de la formación que ha de resolver el asunto consultaron el extracto del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad en los locales de la Secretaría.

50 El abogado de la parte demandante consultó en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el documento mencionado en la primera frase del apartado 45 supra. El abogado de la parte demandante no tuvo acceso al extracto del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad.

51 Mediante escrito de 12 de abril de 2010, el demandante presentó sus observaciones acerca de los documentos aportados por la Comisión en respuesta a la providencia de 22 de enero 2010 y, en particular, acerca del documento que había podido examinar en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública. En ese escrito, el demandante señaló que tales documentos demostraban la existencia de una obligación de garantizar la seguridad que recaía sobre la Comisión y que también se extendía a las viviendas provisionales del personal destinado a Marruecos y que, entre las medidas que la Comisión estaba obligada a adoptar figuraba, en particular, un servicio permanente de vigilancia profesional a cargo de una empresa especializada. Según el demandante, la vivienda en cuestión no contaba con una vigilancia de ese tipo aunque hubiera podido establecerse en pocos días. A juicio del demandante, tal medida de seguridad sin duda habría disuadido al asesino de cometer sus crímenes y habría permitido, al menos, una intervención de socorro urgente que hubiera podido salvar la vida del hijo del demandante.

52 Mediante providencia de 20 de mayo de 2010, el Tribunal de la Función Pública ordenó a la Comisión que aportara otro extracto del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, relativo, en este caso, a las condiciones de instalación de verjas («installation requirements for grids») aplicables a las viviendas del personal en delegaciones de terceros países encuadrados en el grupo II o en el grupo III (correspondientes, respectivamente, a los niveles de riesgo medio y elevado). En dicha providencia, el Tribunal de la Función Pública precisó que ese documento sería aportado y podría ser examinado en las mismas condiciones que las establecidas en la providencia del Tribunal de la Función Pública de 17 de marzo de 2010.

53 Mediante escrito de 2 de junio de 2010, la Comisión presentó sus observaciones sobre el escrito del demandante de 12 de abril de 2010. En sus observaciones (cuyos apartados 57 a 60 únicamente fueron comunicados al abogado del demandante en los locales de la Secretaría), la Comisión destacó que, por lo que se refiere a las viviendas particulares de los funcionarios destinados a una delegación, goza de un amplio margen de apreciación y sólo recae sobre ella un deber general de diligencia. Según la Comisión, sólo incurre en responsabilidad extracontractual en caso de violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. A juicio de esa institución, la Decisión de 26 de abril de 2006 sólo se aplica a los lugares de trabajo y, en consecuencia, no impone ninguna medida de seguridad en las viviendas del personal destinado a las delegaciones, ya se trate de viviendas definitivas o provisionales. El único texto que, según esa institución, guarda relación con las medidas de seguridad de las viviendas definitivas es el vademécum de la DG «Relaciones Exteriores» que se adjuntaba como anexo a su escrito de 12 de febrero de 2010. Pues bien, según la Comisión, ese vademécum únicamente contiene una recomendación general de protección de las residencias y/o de las viviendas asignadas a los jefes de delegación y concede a la administración un amplio margen de apreciación en cuanto a sus condiciones de aplicación. Dado que la vivienda del hijo del demandante era sólo una vivienda provisional, no venía impuesta ninguna medida concreta de seguridad por una norma jurídica. Por otra parte, el hijo del demandante habría aceptado instalarse en esa vivienda con su familia. En cualquier caso, según sostiene la Comisión, esa vivienda provisional era segura y disponía de medidas de seguridad adecuadas habida cuenta del bajo nivel de delincuencia común registrado en Marruecos, en particular un servicio de vigilancia comparable al previsto para las viviendas definitivas en el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad. Incluso suponiendo que pudiera imputarse a la Comisión una omisión, el demandante no ha demostrado, a juicio de esa institución, que el daño haya sido directamente provocado por la inacción que se le reprocha.

54 Mediante escrito de 8 de junio de 2010, la Comisión aportó el extracto del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, relativo a las condiciones de instalación de verjas. En ese escrito, la Comisión destacó que, contrariamente a lo apreciado por el Tribunal de la Función Pública en su providencia de 20 de mayo de 2010, las condiciones de instalación de verjas, recogidas en la sección 54.3 del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, sólo son aplicables a las viviendas definitivas del personal de las delegaciones del grupo III y no a las de las delegaciones del grupo II.

55 Los miembros de la formación que ha de resolver el asunto consultaron en los locales de la Secretaría el extracto del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad relativo a las condiciones de instalación de verjas.

56 Mediante escrito de 2 de julio de 2010, el Tribunal de la Función Pública indicó a las partes que estimaba que los extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad eran pertinentes para la resolución del litigio. Siguiendo la propuesta realizada por la Comisión en su escrito de 30 de marzo de 2010, el Tribunal de la Función Pública informó a las partes de que tenía la intención de redactar un resumen de esos extractos para incorporarlos a los autos y precisó que tal resumen incluiría determinadas secciones del mencionado documento (que figuraban en las páginas 37, 140 y 142; esto es, tres de las siete páginas comunicadas por la Comisión al Tribunal de la Función Pública). Se invitó a las partes a presentar sus observaciones sobre el escrito de 2 de julio de 2010.

57 Mediante escrito de 9 de julio 2010, la Comisión tomó nota del escrito del Tribunal de la Función Pública de 2 de julio de 2010 y precisó que, debido a los imperativos de protección de la seguridad de los funcionarios de las delegaciones en los terceros países ya mencionados en sus escritos fechados el 30 de marzo y el 8 de junio de 2010, únicamente podía aceptar que el resumen del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad hiciera referencia al objeto de las secciones en cuestión de ese documento, pero no que contuviera extractos del mismo. En respuesta a una pregunta del Tribunal de la Función Pública, la Comisión precisó, en su escrito de 22 de septiembre de 2010, lo que debía entenderse por resumen del «objeto» de las secciones correspondientes, aportando un ejemplo de resumen modelo relativo a la sección 54.3, la cual figura en la página 140 del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad.

58 Mediante escrito de 13 de julio de 2010, el demandante comunicó al Tribunal de la Función Pública que estaba de acuerdo con la propuesta de que el Tribunal de la Función Pública redactara un resumen de los extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad.

59 Mediante escrito de 6 de octubre de 2010, el Tribunal de la Función Pública comunicó a la Comisión un proyecto de resumen de las secciones pertinentes de las páginas 37, 140 y 142 del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, el cual no consistía en extractos de los documentos sino que hacía referencia al objeto de dichas secciones, tal como había sugerido la Comisión.

60 Mediante escrito de 6 de octubre de 2010, el Tribunal de la Función Pública preguntó al demandante si deseaba mantenerse en el anonimato. Tal pregunta no obtuvo respuesta.

61 Mediante escrito de 19 de octubre de 2010, la Comisión expuso sus observaciones sobre el proyecto de resumen solicitando al Tribunal de la Función Pública que suprimiera, en el título de ese proyecto, la mención de la página 37 del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad.

62 El Tribunal de la Función Pública acogió esta solicitud de la Comisión y redactó un resumen definitivo de los extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad.

63 Ese resumen fue comunicado a la Comisión y, por lo que se refiere a la parte demandante, únicamente fue puesto a disposición del abogado del demandante en los locales de la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 30 de noviembre de 2010.

64 Habida cuenta de los documentos aportados con posterioridad a la vista del 15 de diciembre de 2009, el Tribunal de la Función Pública consideró necesario celebrar una segunda vista.

65 En el informe preparatorio de esta segunda vista, el Tribunal de la Función Pública solicitó a las partes que en sus informes orales se concentraran sobre las siguientes cuestiones:

«1/ Cuestiones de procedimiento:

a) En el momento de presentar su petición de indemnización con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, el demandante no solicitó la reparación de los perjuicios morales; ¿debe admitirse que formule pretensiones de indemnización en este sentido ante el Tribunal de la Función Pública?

b) ¿Forma parte del marco jurídico del litigio el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad?

c) Los extractos pertinentes de este documento que, por razones legítimas de seguridad, sólo pueden ser comunicados a la parte demandante en forma de breve resumen, ¿pueden a pesar de todo ser tomados en consideración por el Tribunal de la Función Pública para apreciar si en el presente asunto la Comisión ha incurrido en culpa? La búsqueda de un equilibrio justo entre la protección de la confidencialidad de ese documento y el derecho del demandante a que se realice un control jurisdiccional efectivo ¿implica que, en las circunstancias que concurren en el presente asunto, el Tribunal de la Función Pública no aplique lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento (véase, por analogía, [TEDH, sentencia A y otros/Reino Unido, de 19 de febrero de 2009, nº 3455/05], en particular los apartados 205 a 208)?

2/ Cuestiones de fondo:

a) ¿Qué eficacia jurídica tiene el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad?

b) ¿Ha incurrido la Comisión en culpa al establecer las medidas de seguridad que eran aplicables a la vivienda provisional que se puso a disposición del hijo del demandante?

c) ¿La relación de causalidad entre una posible culpa de la Comisión y los daños que se alega haber sufrido es de carácter directo y cierto?

d) Suponiendo que la Comisión haya incurrido en culpa de modo que deba responder por ello, ¿cabe considerar que la Comisión es la única responsable de la totalidad de los daños sufridos o, por el contrario, de una parte de los mismos solamente por concurrir la posible culpa de las víctimas o por haber intervenido un tercero?

e) ¿La parte del perjuicio que se deriva directamente de la culpa de la Comisión ha quedado suficientemente reparada por la institución?»

66 Antes de la celebración de la vista, la Comisión, mediante escrito de 26 de noviembre de 2010, expuso ciertas observaciones sobre el informe preparatorio para la vista en relación con la cuestión que figuraba en el punto 1, letra c), de dicho informe destacando, en particular, que, a su juicio, el resumen elaborado por el Tribunal de la Función Pública lograba un correcto equilibrio entre la necesidad de respetar la confidencialidad del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad y el derecho de defensa del demandante. Así pues, el Tribunal de la Función Pública vulneraría el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento si fundamentara su análisis de los autos en extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad no incluidos en ese resumen. No obstante, la Comisión afirmaba estar dispuesta, antes de que se celebrara la segunda vista y en caso de que el Tribunal de la Función Pública considerara que los extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad que le había comunicado contenían información no recogida en el resumen, a analizar la posibilidad de que el Tribunal de la Función Pública completara el resumen, siempre procurando mantener el justo equilibrio entre la necesidad de respetar la confidencialidad del documento y el derecho de defensa del demandante.

67 Mediante escrito comunicado a las partes por fax el 2 de diciembre de 2010, el Tribunal de la Función Pública precisó que, en el presente asunto, se trataba de alcanzar el justo equilibrio no entre el mantenimiento de la confidencialidad del documento y el derecho de defensa del demandante, sino entre el mantenimiento de la confidencialidad del documento y las exigencias derivadas de la tutela judicial efectiva, ya que el demandante debe poder exigir que se realice un control jurisdiccional efectivo aunque determinados documentos útiles para el ejercicio de su acción judicial estén en poder de la administración. El Tribunal de la Función Pública invitó a las partes a remitirse, en relación con esta cuestión, a las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2006, Mobistar (C-438/04), apartado 40, y de 14 de febrero de 2008, Varec (C-450/06), en particular los apartados 52, 53, y el fallo. El Tribunal de la Función Pública requirió, asimismo, a la Comisión para que indicara, antes de la vista, si estaba dispuesta a aceptar que el resumen mencionara qué medidas concretas de seguridad (características del servicio de vigilancia, del sistema de alarma, de los botones antipánico, de las rejas de protección de las ventanas) estaban previstas, en el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, para las viviendas del personal de las delegaciones encuadradas en el grupo III del nivel de riesgo. El Tribunal de la Función Pública precisó que únicamente el abogado del demandante tendría acceso a este nuevo resumen.

68 Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública por fax el 3 de diciembre de 2010, la Comisión respondió que no estaba dispuesta a aceptar que el resumen mencionara las medidas concretas de seguridad previstas en el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad.

69 Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública por fax el 6 de diciembre 2010, el demandante expresó su opinión de que el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad era pertinente para la resolución del litigio. Tras señalar que el resumen al que su abogado había tenido acceso únicamente hacía referencia al objeto de dicho documento y no al contenido de las medidas de seguridad previstas en el mismo, el demandante solicitó que se le permitiera conocer los extractos pertinentes de ese documento, al menos a través de su abogado, en virtud de su derecho a la tutela judicial efectiva y en cumplimiento del principio de igualdad de armas. El demandante indicó que dado que el nivel de clasificación del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad era el menos elevado dentro de la escala prevista por la Decisión 2001/844, no parecía justificado que la Comisión se negara a permitir el acceso al mismo. En materia de Derecho de la competencia, los documentos clasificados «EU Restricted» pueden, como regla general, ser examinados por las partes del procedimiento tras adoptarse las medidas de protección necesarias (prohibición de hacer fotocopias, acceso reservado únicamente a los abogados de las partes). Si el Tribunal de la Función Pública consideraba que no podía completar el resumen ya elaborado ni comunicar al demandante los extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, el Tribunal de la Función Pública debería, basándose en la jurisprudencia (sentencia Varec, antes citada) del Tribunal de Justicia, y dejando sin aplicar lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, resolver el litigio tomando en consideración los extractos pertinentes de ese documento en su posesión y sin limitarse al resumen.

70 La segunda vista se celebró el 8 de diciembre de 2010. En la vista, la Comisión declaró que, en el supuesto de que el Tribunal de la Función Pública entendiera que el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad resultaba de aplicación a las viviendas provisionales, no se opondría a que el Tribunal de la Función Pública pudiera resolver el litigio tomando en consideración los extractos pertinentes de ese documento y no solamente el resumen.

Fundamentos jurídicos

I. Sobre el objeto del recurso

71 Si bien el demandante solicita formalmente la anulación de la decisión de la AFPN de 3 de febrero de 2009, es preciso recordar que tal decisión, mediante la cual la administración se pronunció acerca de las pretensiones de indemnización del demandante, forma parte del procedimiento administrativo que precede al recurso de responsabilidad interpuesto ante el Tribunal de la Función Pública y cuya finalidad consiste únicamente en permitir al demandante formular ante ese Tribunal una pretensión de indemnización. Por consiguiente, las pretensiones de anulación formuladas por el demandante no pueden analizarse separadamente respecto de las pretensiones de indemnización (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1997, Gill/Comisión, T-90/95, apartado 45).

72 En consecuencia, debe entenderse que el recurso tiene únicamente por objeto la reparación de los perjuicios que el demandante, el funcionario fallecido y los hijos de éste hubieran podido sufrir como consecuencia del comportamiento de la Comisión.

II. Sobre la admisibilidad

A. Alegaciones de las partes

73 La Comisión invoca diferentes excepciones de inadmisibilidad.

74 En primer lugar, alega que, en su petición de indemnización de 25 de febrero de 2008, presentada con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, el demandante limitó sus pretensiones a la indemnización de un daño material y no formuló ninguna solicitud de reparación del daño moral. Así pues, el recurso es inadmisible ya que tiene por objeto la reparación de los daños morales del funcionario fallecido, de sus hijos y del demandante.

75 En segundo lugar y por lo que se refiere al daño moral del funcionario fallecido, por una parte, el artículo 73 del Estatuto no incluye a la víctima entre los derechohabientes. En consecuencia, la víctima no puede invocar un daño en el marco de una acción de responsabilidad extracontractual basada en el artículo 236 CE. Así pues, al no ser el funcionario fallecido titular de ningún derecho con arreglo al artículo 73 del Estatuto, no es posible transmitir ningún derecho al demandante según el principio nemo dat quod non habet. Por otra parte, mediante una acción de indemnización entablada con fundamento en el artículo 236 CE sólo es posible reclamar una indemnización complementaria respecto de la prevista en el artículo 73 del Estatuto, y las únicas personas legitimadas para ejercitarla serían aquellas que estuvieran comprendidas en el ámbito de aplicación ratione personae de esta disposición.

76 En tercer lugar y por lo que se refiere al daño moral ocasionado al demandante, este aspecto del perjuicio no fue mencionado en la reclamación de 10 de septiembre de 2008 y, en consecuencia, es inadmisible. Por otra parte, el demandante no figura entre los derechohabientes mencionados por el artículo 73 del Estatuto y no puede, pues, invocar un daño en relación con la responsabilidad extracontractual a la que se refiere el artículo 236 CE.

77 En cuarto lugar y por lo que se refiere al daño moral sufrido por los hijos del funcionario fallecido, este aspecto del perjuicio no puede admitirse para fundamentar un recurso de indemnización con arreglo al artículo 236 CE, ya que los hijos de la víctima no tienen reconocido ningún derecho al amparo de lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto. Por otra parte, el demandante no ha aportado ningún indicio razonable del daño a la calidad de vida sufrido.

78 En quinto lugar, el argumento del demandante, según el cual el funcionario fallecido, si hubiera vivido, habría dejado a sus hijos un capital largamente superior a la suma abonada por la Comisión con arreglo al artículo 73 del Estatuto, no se soporta en ningún elemento de prueba y carece de cualquier precisión. Por otra parte, el demandante no ha mencionado ninguna fuente alternativa de ingresos (por ejemplo, eventuales prestaciones del seguro de vida del que pudieran haber sido titulares el funcionario fallecido y su esposa) que permita determinar la pérdida de ingresos efectivamente sufrida por los derechohabientes de los que es el representante legal.

79 En sexto lugar, ni el segundo ni el tercer motivo invocados en la demanda —respectivamente, la responsabilidad objetiva de la Comisión derivada de un acto lícito y la responsabilidad establecida en virtud del artículo 24 del Estatuto— figuraban en la petición de indemnización de 25 de febrero de 2008. Por otra parte, ninguno de estos dos motivos iba acompañado de algún elemento que permitiera cuantificar el perjuicio alegado y tampoco era objeto de ninguna pretensión en el recurso. En consecuencia, debería declararse la inadmisibilidad de esos motivos.

80 Por último, el demandante no ha aportado ningún mandato de los otros tutores de los hijos del funcionario fallecido que acredite que se encuentra facultado para presentar el recurso en nombre y por cuenta de éstos. En consecuencia, carece de legitimación activa.

B. Apreciación del Tribunal de la Función Pública

81 Procede analizar en primer lugar las excepciones de inadmisibilidad mencionadas en los apartados 74 a 77 de la presente sentencia, todas ellas relativas a las pretensiones del demandante de reparación de los daños morales.

82 Es necesario recordar, a este respecto, que en el sistema de recursos previsto por los artículos 90 y 91 del Estatuto, cuando un recurso tiene carácter meramente indemnizatorio, en el sentido de que no contiene ninguna pretensión de anulación de un acto determinado y persigue exclusivamente la reparación de los perjuicios supuestamente causados por una serie de faltas o de omisiones que, al carecer completamente de efectos jurídicos, no pueden calificarse de actos lesivos, el procedimiento administrativo debe necesariamente iniciarse, so pena de que se declare inadmisible un ulterior recurso, mediante una petición del interesado solicitando a la AFPN que repare los perjuicios que se alega haber sufrido y continuar, en su caso, con la presentación de una reclamación contra la decisión de denegar la petición (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 1995, Saby/Comisión, T-44/93, apartado 31).

83 Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, las pretensiones formuladas ante el juez de la Unión deben tener el mismo objeto que las expuestas en la reclamación previa, y sólo deben contener motivos de impugnación que se apoyen en la misma causa que la que sirve de fundamento a los motivos invocados en la reclamación, pudiendo ser desarrollados estos motivos de impugnación, en la fase contenciosa, mediante la presentación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, pero que se relacionen estrechamente con ella (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2002, Campogrande/Comisión, C-62/01 P, apartado 34).

84 El Tribunal de la Función Pública ha considerado recientemente que debía interpretarse en sentido amplio el concepto de «causa» (sentencia del Tribunal de la Función Pública de 1 de julio de 2010, Mandt/Parlamento, F-45/07, apartado 119). Si bien este criterio jurisprudencial fue formulado por el Tribunal de la Función Pública a propósito de un recurso de anulación, ello no impide que también resulte aplicable en materia de indemnizaciones, siempre que se respeten las características específicas de este tipo de procedimiento. Pues bien, en el ámbito estrictamente referido a indemnizaciones, el concepto de «causa» no se define en relación con los «motivos de impugnación» en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado anterior, sino con los «aspectos del perjuicio» invocados por el funcionario de que se trate en su petición de indemnización. Son tales aspectos del perjuicio los que determinan el objeto de la reparación solicitada por el funcionario y, en consecuencia, el objeto de la petición sobre la que debe pronunciarse la administración.

85 De las consideraciones expuestas en los tres anteriores apartados se desprende que el Tribunal de la Función Pública sólo puede admitir las pretensiones de indemnización basadas en diferentes aspectos del perjuicio cuando hayan estado precedidas, en primer lugar, por una petición dirigida a la administración que tuviera el mismo objeto y se basara en los mismos aspectos del perjuicio, y, seguidamente, por una reclamación presentada contra la resolución, expresa o tácita, de la administración relativa a dicha petición.

86 Ello no impide que el funcionario en cuestión pueda adaptar el importe de las pretensiones que figuraban en la petición que presentó ante la administración, en particular cuando los perjuicios se agraven posteriormente o si la magnitud de sus daños sólo se conoce o se puede evaluar tras la presentación de la petición (véase, en este sentido, acerca de la posibilidad de cuantificar un daño en el momento de ejercitar la acción, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2004, Hectors/Parlamento, C-150/03 P, apartado 62), siempre que los aspectos del perjuicio en base a los cuales reclama una indemnización figuraran en la citada petición.

87 En el presente asunto, si bien el demandante pretende obtener una reparación de los perjuicios derivados de los mismos hechos a los que se refería su petición de 25 de febrero de 2008, sus pretensiones de indemnización, por el contrario, se basan en la reparación de diferentes daños morales que se habrían causado a él mismo, a su hijo fallecido y a sus nietos.

88 Pues bien, no resulta controvertido que, en la petición de indemnización contenida en su escrito de 25 de febrero de 2008, el demandante únicamente solicitó la reparación de los daños materiales y no invocó en absoluto la producción de los daños morales alegados ante el Tribunal de la Función Pública.

89 Ciertamente, el demandante solicitó posteriormente, en su reclamación, no sólo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños morales, circunstancia ésta que permitió a la administración pronunciarse sobre esos aspectos del perjuicio en la resolución por la que se desestimaba la reclamación, antes de que se ejercitara la acción judicial. No obstante, debe considerarse que esta parte de la resolución desestimatoria de la reclamación es la primera resolución de la administración respecto de tales aspectos del perjuicio. Pues bien, el demandante no presentó una reclamación, tal como hubiera debido haber hecho, contra esta última resolución y, en consecuencia, no ha respetado el procedimiento administrativo de dos fases que condiciona el carácter admisible de las pretensiones de indemnización basadas en tales aspectos del perjuicio.

90 Por lo que se refiere a la argumentación basada en la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión (224/87), expuesta por el demandante en la segunda vista, debe señalarse que no puede ser acogida. En efecto, si bien el Tribunal de Justicia admitió en esa sentencia que un funcionario podía formular por primera vez ante el juez pretensiones de indemnización, ello se encontraba justificado por el hecho de que la impugnación de la legalidad del acto lesivo para el interesado, expuesta en la reclamación, podía implicar una pretensión de reparación del perjuicio acarreado por ese acto. Ahora bien, el presente litigio tiene un carácter meramente indemnizatorio y no guarda relación con la impugnación de la legalidad de una resolución lesiva para el demandante.

91 En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones de reparación de los daños morales en la presente instancia, sin que sea necesario analizar las demás excepciones de inadmisibilidad invocadas respecto de esas pretensiones.

92 En segundo lugar y por lo que se refiere a las alegaciones de la Comisión expuestas en el apartado 78 supra, el Tribunal de la Función Pública estima que éstas están vinculadas a la cuestión de si el demandante, a causa de las cantidades abonadas por la Comisión en concepto de prestaciones estatutarias, ya no tiene interés en ejercitar la acción; cuestión ésta que será analizada posteriormente en el examen en cuanto al fondo del primer motivo.

93 En tercer lugar y en relación con las excepciones de inadmisibilidad invocadas contra los motivos segundo y tercero del recurso, mencionadas en el apartado 79 supra, procede, a la luz de los elementos de los que dispone el Tribunal de la Función Pública para pronunciarse sobre el fondo de litigio y por motivos relacionados con la buena administración de la justicia, comenzar analizando si la institución puede incurrir en responsabilidad, incluso objetiva, por un acto lícito o si esa responsabilidad puede exigirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto. Si el Tribunal de la Función Pública estima que las pretensiones de indemnización del demandante basadas en esos dos motivos no están fundadas y que debe desestimarse el recurso, no resultará necesario examinar esas excepciones de inadmisibilidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C-23/00 P, apartado 52; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de mayo de 2008, Ott y otros/Comisión, T-250/06 P, apartados 75 y 76; sentencias del Tribunal de la Función Pública de 14 de noviembre de 2006, Villa y otros/Parlamento, F-4/06, apartado 21, y de 20 de enero de 2009, Klein/Comisión, F-32/08, apartado 20).

94 En cuarto y último lugar y por lo que se refiere a la excepción de inadmisibilidad basada en la circunstancia de que el demandante no está legitimado para actuar en calidad de representante legal de los derechohabientes del funcionario fallecido por no haber obtenido el consentimiento de los demás tutores de éstos, es necesario señalar que el demandante, a quien el Tribunal de la Función Pública requirió mediante escrito de 15 de junio de 2010 para que presentara un documento acreditativo de que actuaba con el consentimiento de los mencionados tutores, aportó, mediante escrito fechado el 17 de junio siguiente, el mandato con la firma de éstos. Así pues, el Tribunal de la Función Pública está en condiciones de constatar, en aplicación del artículo 36 del Reglamento de Procedimiento, que la demanda se ajusta a los requisitos del artículo 35, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. En consecuencia, debe rechazarse esta excepción de inadmisibilidad.

95 Incluso suponiendo que el hecho de no presentar tal mandato en el momento de presentar la demanda no fuera subsanable durante el proceso, el Tribunal de la Función Pública recuerda que, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de que una entidad no demostrara, con arreglo al Derecho nacional, su legitimación procesal no la privaba necesariamente de la posibilidad de ejercitar una acción ante el juez de la Unión (véase, en este sentido, a propósito de una sociedad en formación a la que la Comisión había admitido a participar en una licitación y de la validez de su oferta, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 1982, Groupement des Agences de voyages/Comisión, 135/81).

96 A mayor abundamiento, en el presente asunto, la Comisión, en su respuesta a la reclamación del demandante, no alegó en absoluto que éste sólo podía actuar de común acuerdo con los demás tutores de los derechohabientes del funcionario fallecido, aunque la reclamación constituía la última fase del procedimiento antes del ejercicio de la acción judicial.

III. Sobre el fondo

A. Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento de la Comisión de su obligación de garantizar la protección de su funcionario

1. Alegaciones de las partes

97 Según el demandante, se cumple la condición para que la Comisión incurra en responsabilidad extracontractual derivada del carácter contrario a Derecho de su comportamiento. En efecto, a juicio del demandante, la Comisión ha sido negligente a la hora de respetar la obligación general de seguridad que le incumbe en su condición de empresario, la cual deriva directamente del deber de asistencia contemplado en el artículo 24, párrafo primero, del Estatuto, y que tiene un alcance específico por lo que se refiere a los funcionarios destinados en un tercer país y su familia.

98 El demandante considera que la Comisión ha incumplido su obligación de proporcionar una vivienda segura al funcionario fallecido y a su familia, obligación que reviste un mayor carácter imperativo si se tiene en cuenta que el funcionario debe, en virtud del artículo 5, apartado 1, del anexo X del Estatuto, residir en la vivienda que la institución pone a su disposición. La negligencia de la Comisión queda puesta de relieve por el hecho de que un criminal no profesional que, además, se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las drogas, se introdujo fácilmente en el interior de la casa ocupada por el funcionario fallecido, sin efracción y sin encontrar ningún obstáculo. Según el demandante, la Comisión no se aseguró en absoluto de que los barrotes de las ventanas del comedor constituían un obstáculo eficaz y, de hecho, no eran adecuados para esa función. Respecto de la circunstancia de que la ventana de esa habitación estuviera abierta, el demandante sostiene que no ha quedado demostrada y que, en cualquier caso, no puede ser alegada para eximir a la Comisión de su responsabilidad. Por otra parte, el demandante considera que debe considerarse a la Comisión responsable de que no existiera un vigilante nocturno en el momento de la entrada del intruso en el domicilio. Tampoco se adoptaron medidas tan eficaces como poco costosas como la instalación de un sistema de alarma y/o de un botón antipánico, a pesar de que el autor de la respuesta escrita de 6 de agosto de 2007 las definiera como medidas de seguridad estándar.

99 Por otra parte, el demandante estima que el consentimiento prestado por el funcionario fallecido en el momento en que se puso a su disposición la vivienda provisional en ningún caso puede eximir a la Comisión de sus obligaciones en materia de seguridad y, además, éste no habría elegido esa vivienda, la cual fue alquilada por la Comisión antes de su llegada a Rabat.

100 El demandante precisa que de ningún modo sostiene que la Comisión estaba obligada a garantizar una seguridad absoluta al funcionario fallecido y a su familia, sino que no se adoptaron las medidas mínimas efectivas y razonables que hubieran podido constituir una protección concreta para la seguridad de su hijo y de la familia de éste.

101 La Comisión recuerda la jurisprudencia según la cual un funcionario —o sus derechohabientes— beneficiario de las prestaciones previstas en el artículo 73 del Estatuto sólo puede ejercitar una acción de responsabilidad extracontractual contra la correspondiente institución cuando tales prestaciones sean insuficientes para reparar los daños sufridos. A juicio de la Comisión, esta jurisprudencia es extensible a las demás prestaciones estatutarias abonadas en el presente litigio a los derechohabientes del funcionario fallecido. Pues bien, el demandante, sobre quien recae la carga de la prueba, no ha demostrado que las cantidades abonadas por la Comisión en el presente litigio son insuficientes a ese respecto. Así pues, la Comisión alberga dudas en cuanto al interés en ejercitar la acción del demandante o, cuando menos, por lo que se refiere a los daños morales alegados. En relación con los daños materiales, la Comisión sostiene que el demandante no ha tomado en consideración en absoluto, a la hora de calcular la indemnización que reclama, las prestaciones estatutarias reconocidas a los derechohabientes del funcionario fallecido, a pesar de que la jurisprudencia mencionada excluye la posibilidad de que una acción complementaria de responsabilidad extracontractual dé lugar a una doble indemnización de los mismos daños.

102 La Comisión no niega que tenga una obligación general de seguridad en cuanto empleador, pero no comparte el punto de vista del demandante y sostiene que adoptó las medidas adecuadas de protección que requería la situación, de modo que no incurrió en culpa. Las alegaciones en defensa de la Comisión acerca de estas cuestiones han quedado expuestas en el apartado 53 supra. Por otra parte, la Comisión estima que el único responsable de los daños alegados por el demandante es el propio criminal. La Comisión sostiene que también cabe imputar al hijo del demandante ciertas negligencias que contribuyeron a que se produjeran tales daños, en particular, el hecho de no haber participado, antes de partir hacia Marruecos, en las sesiones informativas sobre seguridad por la Comisión y destinadas a las personas enviadas a una delegación de un tercer país, y de haber dejado abierta una ventana de su vivienda la noche del doble asesinato.

103 Tras examinar, en los locales de la Secretaría del Tribunal de la Función Pública, el resumen de los extractos del documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, el letrado del demandante destacó que ese documento era de carácter vinculante para la Comisión y que precisaba las condiciones que la propia institución había fijado en relación con el ejercicio de su facultad de apreciación. Ese mismo letrado también sostuvo que la Comisión, a pesar de ser consciente de los riesgos que corrían sus funcionarios destinados a Marruecos, no había cumplido ninguna de las medidas establecidas por ese documento. Si no se hubiera producido ese incumplimiento de la Comisión, no se hubiera cometido el doble asesinato. Por otra parte, si se hubieran aplicado las medidas de seguridad previstas en el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad, el hijo del demandante hubiera podido dar la alarma y hubiera podido no morir a causa de sus heridas; al no haberse procedido de ese modo, se le privó de una oportunidad de sobrevivir. El letrado del demandante afirma que la relación de causalidad entre la falta de la Comisión y los daños queda claramente demostrada. Por otra parte, la responsabilidad de la Comisión no queda atenuada por ningún tipo de culpa en que pudiera haber incurrido el funcionario asesinado.

104 La Comisión replicó que el documento de 2006 sobre las normas y criterios de seguridad no era aplicable a las viviendas provisionales, como la que se puso a disposición del hijo del demandante y que, en cualquier caso, únicamente contenía recomendaciones y no medidas de carácter vinculante. En consecuencia, la Comisión considera que disponía en ese supuesto de un amplio margen de apreciación cuyos límites no ha rebasado manifiestamente, ya que las medidas de protección adoptadas en ese caso eran suficientes y razonables.

2. Apreciación del Tribunal de la Función Pública

a) Sobre la objeción formulada por la Comisión basada en el hecho de que los perjuicios alegados ya han quedado enteramente reparados

105 Con carácter preliminar, es preciso analizar si el demandante cumple el requisito de acreditar la existencia de un perjuicio indemnizable, ya que en caso contrario debería desestimarse su pretensión de indemnización. La Comisión sostiene, en efecto, que los perjuicios alegados por el demandante han quedado completamente reparados por las prestaciones estatutarias abonadas a los derechohabientes del funcionario fallecido. Así pues, según esa institución, no concurre uno de los requisitos que deben cumplirse para que la Unión incurra en responsabilidad —esto es, la prueba de la existencia de un perjuicio no reparado—, de modo que debe desestimarse desde un principio el recurso sin que resulte necesario analizar si la Comisión tuvo un comportamiento culposo. Por su parte, el demandante sostiene que las prestaciones estatutarias, calculadas de modo predeterminado, son completamente insuficientes para dar una reparación adecuada a los enormes daños materiales y morales sufridos en el presente asunto, sin precedentes en la historia de las instituciones de la Unión. Según el demandante, con arreglo a la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 1986, Leussink-Brummelhuis/Comisión, 169/83 y 136/84), es necesaria una indemnización adicional habida cuenta del carácter excepcional de las circunstancias del litigio.

106 A este respecto, se ha declarado que, en atención a que las prestaciones que el Estatuto reconoce a los derechohabientes de un funcionario fallecido están calculadas de modo predeterminado, éstos pueden solicitar una indemnización adicional a la institución cuando ésta pueda ser considerada responsable del fallecimiento de funcionario y las prestaciones estatutarias no basten para garantizar la completa reparación del perjuicio sufrido (véase, en este sentido, la sentencia Leussink-Brummelhuis/Comisión, antes citada, apartado 13, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión, C-257/98 P, apartados 22 y 23).

107 Incumbe especialmente a la parte que invoca la responsabilidad de la Unión aportar pruebas concluyentes sobre la existencia o la amplitud del perjuicio que alega y demostrar la existencia de una relación de causalidad entre dicho perjuicio y el comportamiento imputado a las instituciones (véanse en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1976, Roquette frères/Comisión, 26/74, apartados 22 y 23, y de 7 de mayo de 1998, Somaco/Comisión, C-401/96 P, apartado 71).

108 Ciertamente, la alegación de la Comisión de que la reparación ofrecida por las prestaciones estatutarias es suficiente parece presentarse como una excepción de inadmisibilidad, dado que esa institución entiende que el demandante carece de interés en ejercitar la acción. Así pues, cabría considerar conforme a una reiterada jurisprudencia que incumbe a la parte demandada que alega la falta de interés del demandante en ejercitar la acción demostrar que el recurso presenta esa excepción de inadmisibilidad.

109 No obstante, debe rechazarse tal interpretación de la alegación de la Comisión. La tesis de la Comisión consiste, en efecto, en subrayar el hecho de que el demandante no cumple uno de los requisitos de fondo que deben concurrir para que la Unión incurra en responsabilidad extracontractual y que no es otro que la prueba de la existencia de un perjuicio indemnizable. Pues bien, dado que sobre el demandante recae la carga de probar la existencia y la amplitud del perjuicio cuya reparación solicita, a él incumbe aportar la prueba de que los perjuicios que invoca no han quedado íntegramente reparados mediante las prestaciones estatutarias (véase, en este sentido, la sentencia Lucaccioni/Comisión, antes citada, apartado 16).

110 En el presente asunto, el Tribunal de la Función Pública estima que el demandante ha aportado elementos suficientes en este sentido.

111 En primer lugar, la hipótesis sobre la que el demandante ha basado la estimación de la cantidad reclamada en concepto de daños materiales y que consiste en una valoración, al menos aproximada, de la pérdida económica sufrida por los derechohabientes del funcionario fallecido, esto es, que dicho funcionario hubiera podido continuar su actividad hasta la edad de su jubilación, parece plausible y razonable, si bien es cierto que el período tomado en consideración a estos efectos es de 26 años. La suma de 2.552.837,96 euros mencionada en la demanda, correspondiente al importe de las remuneraciones que el hijo del demandante habría percibido de haber permanecido en activo hasta la edad de la jubilación no es, a priori, excesiva. Por otra parte, el demandante no ha formulado ninguna pretensión en relación con la pérdida de los derechos de pensión que su hijo hubiera podido haber adquirido durante ese mismo período, aunque el juez de la Unión admite que esos derechos puedan ser tomados en consideración a la hora de evaluar un daño material (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de octubre de 2004, Sanders y otros/Comisión, T-45/01, apartado 167, y de 12 de julio de 2007, Sanders y otros/Comisión, T-45/01, apartados 87 a 90).

112 En segundo lugar, procede señalar que la suma así calculada excede del importe total de las prestaciones estatutarias que la Comisión ha abonado y abonará a los derechohabientes del funcionario fallecido, incluso en la hipótesis, contemplada por la Comisión en el apartado 54 de su escrito de contestación, de que dichas prestaciones se abonen hasta que los hijos huérfanos alcancen la edad de 26 años (importe estimado en este supuesto en 2.478.375,47 euros).

113 Por último, la suma de 2.552.837,96 euros avanzada por el demandante fue objeto de un nuevo cálculo que arrojó un importe cercano a los 4.000.000 de euros en el cuadro que aportó en la primera vista con el fin de tomar en consideración, en particular, las promociones de grado que su hijo habría, según él, logrado. Ciertamente, estas promociones tienen, por su naturaleza, un carácter hipotético, ya que los funcionarios no tienen derecho a tales ascensos en su carrera. Por otra parte, debe señalarse que la Comisión ha reconocido al funcionario fallecido el beneficio excepcional de una promoción de grado a título póstumo, la cual fue tomada en consideración a la hora de calcular las prestaciones estatutarias abonadas a los derechohabientes del interesado. No obstante, parece razonable considerar que la suma antes mencionada de 2.552.837,96 euros debería ser objeto de diferentes incrementos vinculados, al menos, a las promociones de escalón que hubiera podido lograr el funcionario fallecido en función de su antigüedad (en relación con la determinación más precisa del importe de los perjuicios materiales, véanse los apartados 199 y 200 de la presente sentencia).

114 Habida cuenta de los elementos facilitados por el demandante, no cabe excluir que, en el supuesto de que la Comisión incurriera en una responsabilidad plena por el conjunto de los daños materiales sufridos, las prestaciones estatutarias abonadas a los interesados, todos ellos menores y huérfanos de padre y madre, sean insuficientes para garantizar la plena reparación de los daños materiales considerables que han sufrido. Contrariamente a lo alegado por la Comisión en la vista, el hecho de que las cantidades abonadas mensualmente a los derechohabientes del funcionario fallecido en concepto de prestaciones estatutarias sean superiores a la cuantía de la remuneración que este funcionario habría recibido en junio de 2009 no basta para desvirtuar esta conclusión. En efecto, tal remuneración hubiera podido ser abonada al hijo del demandante, tal como se ha afirmado, hasta que alcanzara la edad de jubilación; esto es, durante un período más extenso que el previsto para el pago de las prestaciones estatutarias a sus derechohabientes.

115 En consecuencia, la Comisión no puede sostener que la pretensión de indemnización del demandante debe desestimarse desde un principio dado que éste no ha demostrado que los perjuicios alegados no han quedado enteramente reparados mediante las prestaciones estatutarias reconocidas a los derechohabientes de su hijo.

b) Sobre la imputación basada en el hecho de que la Comisión ha incurrido en culpa en relación con su obligación de garantizar la seguridad del funcionario fallecido y de su familia

Sobre los requisitos que deben concurrir para apreciar la existencia de la responsabilidad extracontractual de la Comisión

116 Según reiterada jurisprudencia del juez de la Unión, un litigio entre un funcionario y la institución de que depende o dependía y dirigido a la reparación de un perjuicio está comprendido, cuando tiene su origen en la relación de servicio que vincula o vinculaba al interesado con la institución, en el marco del artículo 236 CE y de los artículos 90 y 91 del Estatuto y se encuentra fuera del ámbito de aplicación de los artículos 235 CE y 288 CE (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 1975, Meyer-Burckhardt/Comisión, 9/75, apartado 7; de 17 de febrero de 1977, Reinarz/Comisión y Consejo, 48/76, apartado 10; auto del Tribunal de Justicia de 10 de junio de 1987, Pomar/Comisión, 317/85, apartado 7; sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 1987, Schina/Comisión, 401/85, apartado 9; auto del Tribunal de Primera Instancia de 26 de junio de 2009, Marcuccio/Comisión, T-114/08 P, apartados 12, 13 y 24; sentencia del Tribunal de la Función Pública de 11 de mayo de 2010, Nanopoulos/Comisión, F-30/08, apartados 130 a 133, objeto de un recurso de casación pendiente ante el Tribunal General, asunto T-308/10 P). Este criterio jurisprudencial es aplicable a un litigio que enfrenta a los derechohabientes de un funcionario fallecido o su representante legal con la institución de la que dependía ese funcionario, ya que ese litigio tiene como fundamento la relación de servicio que le unía a dicha institución.

117 La responsabilidad de una institución, en el contexto del artículo 236 CE, presupone la concurrencia de una serie de requisitos: la existencia de un comportamiento lesivo o de una ilegalidad por parte de la institución, la realidad de un perjuicio cierto que se pueda valorar, y la relación de causalidad entre la actuación ilícita y el perjuicio alegado (véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión, T-20/89, apartado 19; de 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión, T-82/91, apartado 72, y de 21 de febrero de 1995, Moat/Comisión, T-506/93, apartado 46). Estos requisitos son acumulativos, y el hecho de que no se cumpla alguno de ellos basta para que se desestime un recurso de indemnización (sentencia Lucaccioni/Comisión, antes mencionada, apartado 14).

118 Por lo que se refiere al primero de estos requisitos, que el Tribunal de la Función Pública analizará en primer lugar, debe destacarse que, aunque el presente asunto no trate acerca de si la adopción de una decisión se ajusta a la legalidad, sino de si concurre culpa en un comportamiento que no tiene carácter de decisión, el juez de la Unión debe tomar en consideración, entre los elementos pertinentes del asunto del que debe conocer, el margen de apreciación del que disponía la administración en el momento en que ocurrieron los hechos objeto de litigio.

119 Cuando la institución tiene reconocido un amplio margen de apreciación, en particular en el caso de que no esté obligada a actuar en un sentido determinado en virtud del marco jurídico aplicable, el criterio decisivo para considerar que se cumple el primer requisito es el de la inobservancia manifiesta y grave de los límites impuestos a su facultad de apreciación. En caso de que la administración no haya cometido ningún error manifiesto, no cabe imputarle ninguna ilegalidad y no incurre en ninguna responsabilidad. Por ejemplo, el inicio de una investigación tras la cual el funcionario al que ésta se refería queda eximido de responsabilidad no puede generar la responsabilidad de una institución si la decisión de iniciar la investigación se basa en un conjunto suficiente y pertinente de elementos y, por tal motivo, no es manifiestamente errónea (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 2 de mayo de 2007, Giraudy/Comisión, F-23/05, apartados 104, 105 y 167).

120 Por el contrario, cuando el margen de apreciación de la administración es considerablemente reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho de la Unión puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada de la que se derive la responsabilidad de la institución (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C-352/98 P, apartado 44). De este modo, en el caso de que la administración deba adoptar un comportamiento determinado que le viene impuesto por las normas vigentes, por el cumplimiento de principios generales o de derechos fundamentales, o incluso por las normas que se ha autoimpuesto, un simple incumplimiento de tal obligación puede generar la responsabilidad de la correspondiente institución.

121 Con arreglo a esta regla el juez de la Unión ha podido apreciar que incurría en responsabilidad una institución que había actuado sin la diligencia que le correspondía como empleador en cuanto a la inspección, mantenimiento y utilización del automóvil de servicio con el que un funcionario tuvo un accidente (sentencia Leussink/Comisión, antes citada, apartados 15 a 17); una institución que no había advertido a un funcionario de la existencia de una enfermedad puesta de manifiesto en su expediente a pesar de que tenía la obligación de poner al interesado en guardia frente a comportamientos peligrosos para su salud (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1997, Gill/Comisión, antes citada, apartado 34); una institución cuyo servicio médico no había informado a un funcionario de los factores de riesgo que podían provocar la aparición de una enfermedad (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 1991, Nijman/Comisión, T-36/89, apartado 37), o una institución que no se había pronunciado dentro de un plazo razonable acerca de una solicitud tendente a que se reconociera el carácter profesional de una enfermedad (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de abril de 2006, Angeletti/Comisión, T-394/03, apartados 161 y 167).

122 Si bien la Comisión sostiene, refiriéndose a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión (T-48/05, apartados 95 a 97) y de 10 de diciembre de 2008, Nardone/Comisión (T-57/99, apartado 162), que el primer requisito para que la administración incurra en responsabilidad extracontractual presupone, en todo caso, que se demuestre la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, lo cierto es que, según reiterada jurisprudencia, tal requisito resulta relevante respecto de las pretensiones de indemnización formuladas por particulares con arreglo al artículo 288 CE pero no es aplicable a las pretensiones de indemnización que se fundamenten en la relación de servicio que une al funcionario con su institución. En particular, en las sentencias mencionadas en el apartado anterior, el juez de la Unión dedujo la culpa de la administración del mero hecho de que se apreciara la comisión de una ilegalidad, sin declarar la existencia de una violación «suficientemente caracterizada» ni verificar si cabía considerar que la norma infringida era una norma que tenía por objeto conferir derechos a los particulares. El Tribunal de Primera Instancia confirmó en Sala de Casación, en el auto Marcuccio/Comisión, antes citado, (apartados 11, 12 y 13), dictado con posterioridad a las sentencias Franchet y Byk/Comisión y Nardone/Comisión, antes citadas, que un funcionario, en atención a la relación de servicio que tiene con la Unión, no puede ser tratado como un particular y que los requisitos para que se reconozca la existencia de responsabilidad con arreglo al artículo 236 CE son distintos de los relativos al artículo 288 CE. Si se siguiera la tesis de la Comisión, las pretensiones de responsabilidad formuladas por los funcionarios contra la administración quedarían, en principio, sometidas a un régimen de culpa grave o manifiesta aunque la exigencia de la existencia de culpa grave sólo tiene sentido en aquellos ámbitos en los que la administración dispone de un amplio margen de apreciación.

123 Es preciso señalar que, mediante la sentencia de 16 de diciembre de 2010, Comisión/Petrilli (T-143/09 P, apartado 46), dictada tras la celebración de la segunda vista del presente asunto, el Tribunal General rebatió claramente la tesis de la Comisión y modificó el criterio seguido en la sentencia Nardone/Comisión, antes citada. De este modo, se declaró que, contrariamente a lo considerado en esa sentencia, el contencioso en materia de función pública fundamentado en el artículo 236 CE y los artículos 90 y 91 del Estatuto, incluido el dirigido a obtener la reparación de un daño causado a un funcionario o a un agente, se rige por reglas particulares y especiales respecto de las que se desprenden de los principios generales aplicables a la responsabilidad extracontractual de la Unión en el marco del artículo 235 CE y del artículo 288 CE, párrafo segundo (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2002, Mellone/Comisión, T-187/01, apartado 74, y de 14 de octubre de 2004, Polinsky/Tribunal de Justicia, T-1/02, apartado 47). En efecto, del Estatuto se desprende que, a diferencia de cualquier otro particular, el funcionario o el agente de la Unión está vinculado a la institución de la que depende por una relación jurídica de servicio caracterizada por un equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos específicos que se refleja en el deber de asistencia y protección que tiene la institución frente al interesado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1994, Klinke/Tribunal de Justicia, C-298/93 P, apartado 38). Este equilibrio tiene fundamentalmente por objeto mantener la relación de confianza que debe existir entre las instituciones y sus funcionarios para garantizar a los ciudadanos el buen cumplimiento de las misiones de interés general encomendadas a las instituciones (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, C-274/99 P, apartados 44 a 47). De ello se deduce que, cuando actúa en calidad de empleador, la Unión está sujeta a una mayor responsabilidad que se manifiesta en la obligación de reparar los daños causados a su personal por cualquier ilegalidad cometida en cuanto empleador.

124 En cualquier caso, incluso suponiendo que la interpretación del primer requisito para que se genere responsabilidad que defiende la Comisión sea correcta, debería apreciarse que la norma eventualmente infringida en el presente litigio, esto es, la obligación de la Comisión de garantizar la seguridad de su personal, es una regla que tiene por objeto conferir derechos a los particulares, en el sentido de la jurisprudencia relativa al artículo 288 CE (véase, por analogía y a propósito de la obligación, derivada del deber de asistencia y protección, de asegurar un entorno de trabajo saludable, la sentencia Nardone/Comisión, antes citada). Más adelante se analizará si el eventual incumplimiento de esta norma se encuentra suficientemente caracterizado.

125 De las anteriores consideraciones se desprende que, para determinar si la Comisión ha incurrido en culpa y si las características de esta culpa bastan para que se genere su responsabilidad, debe analizarse previamente cuál era el margen de apreciación del que disponía la Comisión en este asunto para garantizar la protección del funcionario fallecido y de su familia.

Sobre la amplitud del margen de apreciación del que dispone la Comisión para garantizar la seguridad de sus funcionarios destinados en delegaciones en terceros países

126 Por lo que se refiere a la seguridad de las condiciones de trabajo de su personal, no cabe duda de que la Comisión tiene, al igual que cualquier empleado público o privado, una obligación de hacer. Así, este personal puede invocar un derecho a disfrutar de condiciones de trabajo que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, tal como, por otra parte, se recuerda en el artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por esta mera razón, la tesis según la cual la Comisión dispone en este ámbito de un amplio margen de apreciación —fórmula empleada en los ámbitos en los que la administración puede determinar libremente las condiciones de su actuación sin que esté obligada a garantizar un derecho— debe ser rechazada. Por otra parte, tanto de las normas generales aplicables en la materia como de la jurisprudencia se desprende que la obligación que recae sobre la Comisión, en cuanto empleador, de garantizar la seguridad de su personal reviste un carácter particularmente exigente, y que el margen de apreciación de la administración en la materia es, sin ser inexistente, reducido.

127 Por una parte y por lo que se refiere, en primer lugar, a las normas generales aplicables en esta materia, el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto dispone que a los funcionarios en servicio activo se les concederán condiciones de trabajo que se ajusten a normas sanitarias y de seguridad apropiadas y, como mínimo, equivalentes a los requisitos mínimos aplicables con arreglo a las medidas adoptadas en estos ámbitos en virtud de los Tratados (véase, en relación con este artículo, la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 30 de abril de 2009, Aayhan y otros/Parlamento, F-65/07, apartado 116). Pues bien, de diferentes directivas europeas, en particular de la Directiva 89/391, se desprende que el empleador está obligado a garantizar la seguridad y la salud de su personal en todos los aspectos relacionados con el trabajo. El contenido de la obligación de garantizar a los trabajadores un entorno de trabajo se concreta en los artículos 6 a 12 de la Directiva 89/391 y en otras diversas directivas que establecen las medidas preventivas que deben adoptarse en determinados sectores concretos. Además, la Comisión, en su misión de guardiana de los Tratados, está sujeta a una interpretación estricta de las obligaciones impuestas de ese modo a los empleadores (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2007, Comisión/Reino Unido, C-127/05). Por otra parte, la adopción por par