Palabras clave

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Palabras clave

1 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Normas comunes de publicidad - Publicación de un anuncio de información previa por las entidades adjudicadoras - Alcance - Límites

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, arts. 11, ap. 1, 12 y 13)

2 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Adjudicación de los contratos - Criterios de adjudicación - Condición relacionada con la lucha contra el desempleo - Procedencia - Requisitos - Normas de publicidad

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 30)

3 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Número de candidatos admitidos a licitar en el marco de un procedimiento restringido - Admisión de un número máximo de cinco licitadores - Improcedencia

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 22, ap. 2)

4 Libre prestación de servicios - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 71/305/CEE - Descripción de los lotes mediante la referencia a clasificaciones de organismos profesionales nacionales - Acreditación de la capacidad profesional de un licitador - Exigencia de un justificante de la inscripción en el colegio nacional de arquitectos - Improcedencia

[Tratado CE, art. 59 (actualmente art. 49 CE, tras su modificación), Directiva 71/305/CEE del Consejo, arts. 23 a 26]

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1 La finalidad de las normas de publicidad previstas en la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, entre las que se encuentra la publicación del anuncio de información previa, es comunicar a su debido tiempo a todos los licitadores potenciales del ámbito comunitario los elementos esenciales de un contrato, para que puedan presentar su oferta dentro del plazo establecido. Esta finalidad indica que el carácter obligatorio o no del anuncio de información previa debe determinarse en función de las disposiciones de la mencionada Directiva relativas a los plazos de recepción de las ofertas presentadas por los licitadores.

En este sentido, los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 3, de la Directiva, que establecen, por regla general, los plazos normales de recepción de ofertas en 52 días para los procedimientos abiertos y 40 días para los procedimientos restringidos, respectivamente, no hacen referencia alguna a la publicación de un anuncio de información previa. Por el contrario, los artículos 12, apartado 2, y 13, apartado 4, de la Directiva, que conceden a los órganos de contratación la posibilidad de reducir los plazos previstos en los artículos antes citados vinculan expresamente esta facultad a la publicación de un anuncio de información previa. De ello se deriva que la publicación de un anuncio de información previa sólo es obligatoria cuando los órganos de contratación utilicen la facultad que se les concede para reducir los plazos de recepción de ofertas.

(véanse los apartados 35 a 38)

2 De conformidad con el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, los criterios en que ha de basarse el órgano de contratación para la adjudicación de los contratos son bien únicamente el precio más bajo, bien, en el caso de que la adjudicación se efectúe a la oferta económicamente más ventajosa, distintos criterios que varían en función del contrato, como el precio, el plazo de ejecución, el coste de utilización, la rentabilidad y el valor técnico. En este último supuesto, los órganos de contratación están obligados a mencionar estos criterios bien en el anuncio de licitación, bien en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

No obstante, esta disposición no excluye la posibilidad de que los órganos de contratación utilicen como criterio una condición relacionada con la lucha contra el desempleo, siempre que ésta respete todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios.

Además, aun cuando tal criterio no sea en sí mismo incompatible con la Directiva 93/37, su aplicación debe respetar todas las normas de procedimiento de dicha Directiva y, especialmente, las normas de publicidad que contiene. Se desprende de lo anterior que un criterio de adjudicación relacionado con la lucha contra el desempleo ha de mencionarse expresamente en el anuncio de licitación para permitir que los contratistas conozcan la existencia de tal condición.

(véanse los apartados 49 a 51 y 73)

3 Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, un Estado miembro que, en los anuncios de licitación, limita a cinco el número de candidatos admitidos a licitar en los contratos de que se trata.

Si bien es cierto que el artículo 22, apartado 2, de la Directiva no establece un número mínimo de candidatos a los que los órganos de contratación deban invitar en el caso de que no opten por establecer los límites previstos en tal disposición, el legislador comunitario ha considerado, sin embargo, que, en el marco de un procedimiento restringido y cuando los órganos de contratación establecen límites, un número de candidatos inferior a cinco no es suficiente para garantizar una competencia real. Lo mismo debe afirmarse, con mayor razón, en caso de que los órganos de contratación opten por un número máximo de candidatos a los que invitar. Se deriva de lo anterior que el número de empresas a las que un órgano de contratación tenga intención de invitar a licitar en un procedimiento restringido no puede ser, en ningún caso, inferior a cinco.

(véanse los apartados 59 a 63)

4 Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 59 del Tratado (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación), así como de la Directiva 71/305, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, un Estado miembro que, en los anuncios de licitación, utilice, para la descripción de los lotes, referencias a clasificaciones de organismos profesionales nacionales y, además, exija, como requisito mínimo para participar, un justificante de la inscripción del proyectista en el colegio de arquitectos.

En efecto, la descripción de los lotes mediante la referencia a clasificaciones de organismos profesionales nacionales, en la medida en que puede tener un efecto disuasivo para los licitadores no nacionales, constituye una discriminación indirecta y, en consecuencia, una restricción a la libre prestación de servicios, con arreglo al artículo 59 del Tratado. Además, por un lado, el hecho de que se exija un justificante de la inscripción del proyectista en el colegio de arquitectos no puede sino redundar en favor de la prestación de los servicios por los arquitectos nacionales, lo que constituye una discriminación frente a los arquitectos comunitarios y, en consecuencia, una restricción a su libre prestación de servicios. Por otro lado, la Directiva 71/305 se opone a que un Estado miembro exija a un licitador establecido en otro Estado miembro que demuestre que cumple los criterios enunciados en los artículos 23 a 26 de dicha Directiva, relativos a su capacidad profesional, por medios distintos de los recogidos en tales disposiciones.

(véanse los apartados 82 a 84, 87, 88 y 90)