ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
13

El órgano jurisdiccional remitente expone que la Sra. Hejduk se ampara en el artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001 para justificar la interposición de la demanda ante dicho órgano jurisdiccional. EnergieAgentur propone una excepción de incompetencia internacional y territorial del Handelsgericht Wien, afirmando que su sitio de Internet no está destinado a Austria y que la mera facultad de consultarlo desde ese Estado miembro no basta para atribuir la competencia a dicho órgano jurisdiccional.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1), del artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1605/2002», y del artículo 25, apartado 2, de la Decisión 2004/904/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 (DO L 381, p. 52).
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Una interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000 en el sentido de que la acción basada en el artículo 64 de la GmbHG, ejercitada en el marco de un procedimiento de insolvencia, no se halla entre las acciones que se derivan directamente de un procedimiento de insolvencia y guardan inmediata relación con él, crearía pues una distinción artificial entre esta última acción y acciones comparables, como las acciones revocatorias controvertidas en los asuntos que dieron lugar a las sentencias Seagon (EU:C:2009:83) y F‑Tex (EU:C:2012:215), por el mero hecho de que, teóricamente, la acción basada en el referido artículo 64 también podría ejercitarse aunque no existiese un procedimiento de insolvencia. Pues bien, esta interpretación, que no halla fundamento alguno en las disposiciones pertinentes del Reglamento no 1346/2000, no puede aceptarse.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 45 TFUE y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 392, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»).
2)

Si el contrato de comisión de transporte se considera un contrato de transporte de mercancías en el sentido del artículo 4, apartado 4, [del Convenio de Roma], pero no es posible aplicar la presunción especial de determinación de la ley aplicable prevista por dicha norma al no concurrir los requisitos que ésta exige, ¿debe interpretarse la primera frase de dicha disposición, con arreglo a la cual el contrato de transporte de mercancías no está sujeto a la presunción general del apartado 2, en el sentido de que en tal caso el juez no debe determinar la ley aplicable basándose en dicha presunción, descartada definitivamente, sino en virtud del principio general de determinación de la ley aplicable que figura en el artículo 4, apartado 1, es decir, identificando el país con el que el contrato presente los lazos más estrechos, sin tomar en particular consideración el lugar de establecimiento de la parte que realiza la prestación característica del contrato?
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El Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (Decreto no 174 del Presidente del Consejo de Ministros, relativo a las normas para el acceso de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea a los empleos en las Administraciones públicas), de 7 de febrero de 1994 (GURI no 61, de 15 de marzo de 1994; en lo sucesivo, «DPCM no 174/94»), identifica los puestos y cargos para los que se exige la nacionalidad italiana. Dicho Decreto fue adoptado en aplicación del decreto anterior al Decreto Legislativo no 165/01, a saber, el Decreto Legislativo no 29, de 3 de febrero de 1993 (GURI no 30, de 6 de febrero de 1993), cuya redacción no presentaba diferencias significativas con respecto al Decreto Legislativo no 165/01.
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En su petición de decisión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente señala que, teniendo en cuenta la jurisprudencia actual del Bundesfinanzhof seguida, en el presente asunto, por el Hauptzollamt, debería desestimarse el recurso. En efecto, según dicha jurisprudencia, la exención prevista en el artículo 15, apartado 4, número 1, de la EnergieStG no puede ser de aplicación en el asunto principal, toda vez que el concepto de «depósitos normales», definido en el artículo 41, primera frase, número 1, del Energiesteuer-Durchführungsverordnung de 31 de julio de 2006 de aplicación de la Energiesteuergesetz, por el que se adapta el ordenamiento jurídico interno al artículo 24, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2003/96, no contempla los depósitos de carburante que hayan instalado concesionarios o carroceros, incluso cuando el trabajo de instalación se reparte entre el fabricante y el carrocero. El órgano jurisdiccional remitente señala que, al respecto, el Bundesfinanzhof consideró que dicha última disposición, que se inspira en los preceptos del Derecho de la Unión en materia aduanera, como el artículo 112, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras (DO L 105, p. 1; EE 02/09, p. 276), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1315/88 del Consejo, de 3 de mayo de 1988 (DO L 123, p. 2; en lo sucesivo, «Reglamento no 918/83»), podía interpretarse con referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia Schoonbroodt (C‑247/97, EU:C:1998:586) en relación con el concepto de «depósitos normales» en materia aduanera, según la cual la exención prevista en el referido artículo 112, apartado 1, que debe interpretarse en sentido restrictivo, no puede aplicarse a los depósitos instalados por los concesionarios y los carroceros.
8

El artículo R. 37 del code des pensions, en su redacción dada por el décret no 2005-449, du 10 mai 2005, pris pour l’application de l’article 136 de la loi de finance rectificative pour 2004 (loi no 2004-1485, du 30 décembre 2004) et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite (JORF de 11 de mayo de 2005, p. 8174), prescribe: «I. — La interrupción de actividad prevista en el primer párrafo del punto 3o del apartado I del artículo L. 24 deberá haber tenido una duración ininterrumpida no inferior a dos meses y haberse producido cuando el funcionario estaba afiliado a un régimen obligatorio de pensiones. En caso de nacimientos o de adopciones simultáneas, la duración de la interrupción de actividad tomada en consideración por todos los hijos de que se trate será igualmente de dos meses. Dicha interrupción de actividad deberá haberse producido durante el período comprendido entre el primer día de la cuarta semana anterior al nacimiento o adopción y el último día de la decimosexta semana siguiente al nacimiento o a la adopción. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, con respecto a los hijos enumerados en los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del apartado II del artículo L. 18 que hayan estado al cuidado del interesado en las condiciones previstas en el apartado III de dicho artículo, la interrupción de actividad deberá producirse ya sea antes de que cumplan dieciséis años, o bien antes de la edad en la que hayan dejado de estar a cargo en el sentido de los artículos L. 512-3 y R. 512-2 a R. 512-3 del code de la sécurité sociale. II. — Para el cómputo de la duración de la interrupción de la actividad se tomarán en consideración los períodos correspondientes a la suspensión de la ejecución del contrato de trabajo o a la interrupción efectiva del servicio, que se produzcan con motivo: a) de un permiso por maternidad [...]; b) de un permiso por paternidad [...]; c) de un permiso por adopción [...]; d) de un permiso parental [...]; e) de un permiso por cuidado de un hijo menor [...]; f) de una excedencia por cuidado de un hijo menor de ocho años [...]. III. — Los períodos previstos en el párrafo segundo del punto 3o del apartado I del artículo L. 24 serán los períodos que no hayan dado lugar a cotización del interesado y durante los que éste no haya ejercido actividad profesional alguna.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y celebrado, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad Económica Europea por el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, por el que se celebra el Protocolo Adicional, así como el Protocolo Financiero, firmados el 23 de noviembre de 1970, anejos al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía y relativo a las medidas que deben adoptarse para su entrada en vigor (DO L 293, p. 1, EE 11/01, p. 213; en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»). Ese Acuerdo se firmó el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra parte, y fue celebrado, aprobado y confirmado en nombre de esta última por la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685, EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»). La petición de decisión prejudicial tiene asimismo por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251, p. 12).
(14)

El producto afectado son los tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio, con unas celdas de un tamaño superior a 1,8 mm, tanto de largo como de ancho, y un peso superior a 35 g/m2, originarios de [la República Popular China] y actualmente incluidos en los códigos NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 y ex 7019 90 99.
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Debe precisarse, acto seguido, que, si bien se deduce ciertamente del considerando 7 del Reglamento no 864/2007 que el legislador de la Unión pretendió garantizar la coherencia entre, por una parte, el Reglamento no 44/2001, y, por otra, el ámbito de aplicación material y las disposiciones del Reglamento no 864/2007, de ello no se desprende, no obstante, que las disposiciones del Reglamento no 44/2001 deban, por lo tanto, interpretarse a la luz de las del Reglamento no 864/2007. En ningún caso la congruencia pretendida puede llevar a interpretar las disposiciones del Reglamento no 44/2001 de una manera ajena al sistema y a los objetivos de éste.
Si bien el Reglamento antidumping de base no 384/96 no contiene ninguna disposición sobre las medidas que haya de adoptar la Comisión, en el curso de una investigación, en caso de disminución del apoyo otorgado por los productores comunitarios a la denuncia o a la solicitud de reconsideración, resulta a fortiori del artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento que las instituciones de la Unión pueden continuar un procedimiento de reconsideración a pesar de que sea posible que ya no se alcanza el umbral del 50 % mencionado en el artículo 5, apartado 4, del mismo Reglamento.

En efecto, dado que en el supuesto de retirada de la denuncia o solicitud de reconsideración las instituciones de la Unión concernidas pueden, en virtud de los artículos 9, apartado 1, y 11, apartado 5, del Reglamento antidumping de base no 384/96, continuar la investigación, lo mismo debe suceder a fortiori en caso de simple disminución del grado de apoyo a la denuncia o solicitud de reconsideración.

Por lo tanto, una disminución del apoyo otorgado por los productores comunitarios a una denuncia o solicitud de reconsideración no entraña necesariamente la conclusión de la investigación, aun cuando la disminución implique que tal apoyo corresponde a un nivel de producción inferior a alguno de los dos umbrales previstos en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento antidumping de base no 384/96.

Tal interpretación se impone tanto más por cuanto en el curso de la investigación las posiciones de los representantes de la industria comunitaria pueden cambiar en sentidos opuestos. Estos cambios no pueden ser un obstáculo para el buen desarrollo de la investigación de que se trate.

(véanse los apartados 51 a 55)
A este respecto, la Directiva 2013/34, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, persigue un doble objetivo, consistente no sólo en armonizar los estados financieros de las empresas de la Unión con el fin de que los usuarios de la información financiera dispongan de datos comparables, sino también de hacerlo teniendo en cuenta, mediante un régimen especial a su vez también muy armonizado, la situación particular de las pequeñas empresas a las que gravaría con una carga administrativa excesiva la aplicación de las exigencias contables previstas para las empresas grandes y medianas.

El principio de subsidiariedad se enuncia en el artículo 5 TUE, apartado 3, a tenor del cual la Unión intervendrá en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel de la Unión. El Protocolo no 2 establece además, en su artículo 5, directrices para determinar si se reúnen esos requisitos.

El principio de subsidiariedad no tiene por objeto limitar la competencia de la Unión en función de la situación de un Estado miembro o de otro individualmente considerados, sino que sólo obliga a que la acción programada pueda, por su dimensión o por sus efectos, realizarse mejor a nivel de la Unión, teniendo en cuenta sus objetivos, enumerados en el artículo 3 TUE y las disposiciones específicas de los distintos ámbitos, en particular de las distintas libertades, como la libertad de establecimiento, contempladas por los Tratados. De ello se deduce que el principio de subsidiariedad no puede tener como efecto que se invalide un acto de la Unión por razón de la situación particular de un Estado miembro, aunque éste esté más avanzado que otros en relación con un objetivo perseguido por el legislador de la Unión, toda vez que éste consideró, tal como sucede en el caso de autos, sobre la base de elementos circunstanciados y sin incurrir en error de apreciación, que el interés general de la Unión podía garantizarse mejor a través de una acción a nivel de ésta.

(véanse los apartados 53 y 54)
El artículo 3, letras a) y c), del Reglamento no 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una patente de base incluye una reivindicación de un producto compuesto por un principio activo que constituye por sí solo el objeto de la invención, para el cual el titular de esa patente ha obtenido ya un certificado complementario de protección, y una reivindicación posterior de un producto compuesto por una combinación de ese principio activo con otra sustancia, dicha disposición se opone a que el titular obtenga un segundo certificado complementario de protección relativo a esa combinación.

En efecto, no puede admitirse que el titular de una patente de base en vigor pueda obtener un nuevo certificado complementario de protección, dotado eventualmente de un período de validez más largo, cada vez que comercialice en un Estado miembro un medicamento que contenga, por un lado, un principio activo protegido como tal por su patente de base, que constituya el objeto de la invención amparada por esa patente, y, por otro lado, otra sustancia, que no constituya el objeto de la invención amparada por la patente de base. Por consiguiente, para que una patente de base proteja un principio activo propiamente dicho en el sentido de los artículos 1, letra c), y 3, letra a), del Reglamento no 469/2009, ese principio activo debe constituir el objeto de la invención amparada por dicha patente.

(véanse los apartados 37 a 39 y el fallo)
Para determinar si un producto es objeto de dumping, el concepto de operaciones comerciales normales se refiere al carácter de las ventas consideradas en sí mismas y no al precio del producto. Si una venta se realiza bajo términos y condiciones que no se corresponden con la práctica comercial relativa a las ventas del producto similar en ese mercado en el momento pertinente para la determinación de la existencia o no de un dumping, ésta no constituye una base apropiada para determinar el valor normal del producto similar en dicho mercado.

Por otra parte, dado que el precio de un producto es tan solo una de las condiciones de una transacción comercial, la cuestión de determinar si un precio se aplica en el curso de operaciones comerciales normales depende también de las otras condiciones de una transacción que pueden influir en los precios aplicados, como, por ejemplo, el volumen de la transacción, las obligaciones suplementarias asumidas por las partes que participan en ella o el plazo de entrega. En el marco de esta apreciación, que debe realizarse caso por caso, las instituciones deben tomar en consideración todos los factores pertinentes y todas las circunstancias específicas relativas a las ventas en cuestión.

Por lo que respecta a la inclusión, en el cálculo del margen de beneficio establecido a efectos del cálculo del valor normal, de una prima de riesgo de impago que incrementa artificialmente el resultado del cálculo del valor normal, de manera que dicho resultado ya no refleja del modo más fiel posible el precio de venta de un producto, tal y como éste sería si el producto en cuestión se vendiese en el país de origen en el curso de operaciones comerciales normales, cabe señalar que una inclusión de estas características equivale a introducir en esta determinación un factor que no está llamado a establecer el precio al que el producto se vendería en condiciones normales en el mercado interno y que atañe exclusivamente a la capacidad financiera del comprador doméstico específico. En un caso como éste, las instituciones deben examinar si esas condiciones se habrían aplicado a todos los clientes de una manera general en el mercado del producto similar.

(véanse los apartados 25, 27 a 30 y 32)
La partida 3822 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 861/2010, relativa a los reactivos de diagnóstico y de laboratorio, debe interpretarse en el sentido de que no están incluidos en dicha partida indicadores de temperatura, que, a través de una modificación de color resultante de la variación del volumen de los líquidos que contienen, indican, de manera irreversible, si se ha alcanzado una temperatura superior o inferior a un umbral determinado.

(véanse el apartado 33 y el fallo)
La Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los principios del derecho de la Unión relativos a la protección de los consumidores y al equilibrio contractual deben interpretarse en el sentido de que están excluidas de su ámbito de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro cuando no exista una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones. En tal supuesto, las disposiciones nacionales no revisten naturaleza contractual, sino que tienen carácter legal o reglamentario. Ahora bien, las disposiciones de este tipo no están comprendidas en el ámbito de aplicación la Directiva 93/13, que tiene por objeto prohibir las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.

En lo que atañe a los principios del derecho de la Unión relativos a la protección de los consumidores y al equilibrio contractual, procede declarar que la Directiva 93/13 tiene por objeto garantizar su observancia eliminando las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con los consumidores, en cuanto que tales cláusulas constituyen la manifestación de un desequilibrio entre las partes contratantes.

Ahora bien, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, puesto que no se ha invocado la existencia de ninguna cláusula abusiva. Así pues, en presencia de una lex specialis, como es la Directiva 93/13, que prevé su inaplicabilidad en un caso particular, no es posible aplicar los principios generales que la inspiran.

(véanse los apartados 39, 40 y 43 a 45 y el fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Litispendencia — Tribunal ante el que se presentó la segunda demanda que no dispone de competencia exclusiva — Tribunal ante el que se presentó la primera demanda que se declara competente — Concepto — Tribunal que no ha declinado de oficio su competencia y partes en el litigio que no han impugnado tal competencia con anterioridad a la invocación del primer medio de defensa sobre el fondo — Inclusión

[Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, art. 27, ap. 2]
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De este modo, según Guardian, el Tribunal General eludió una jurisprudencia y una práctica decisoria reiteradas que tienen como razón de ser la necesidad de evitar toda discriminación entre las empresas que están integradas verticalmente y las que no lo están. La Comisión debe respetar esta igualdad de trato tanto con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3), como con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»).
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Como fundamento de su decisión, el Bundesminister declaró esencialmente que, en el Registro Mercantil, figuraba como director gerente con poderes de representación legal («handelsrechtlicher Geschäftsführer») de Schiebel Aircraft, junto con otras dos personas, el Sr. H., que es nacional británico y no posee la nacionalidad austriaca. Pues bien, debido a que una de las personas facultadas para representar a Schiebel Aircraft no era de nacionalidad austriaca, no se cumplían los requisitos del artículo 141, apartados 1, no 2, letra b) y 3, del GewO 1994, para el ejercicio de las actividades contempladas en el artículo 139, apartado 1, no 2, letras b) y c), del GewO 1994.