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6.

Además, Anglo Irish Beef invoca un supuesto principio general según el cual, cuando el caso de fuerza mayor que impide que las mercancías lleguen al destino declarado es consecuencia del propio comportamiento de la Comunidad, el exportador tiene derecho a conservar la totalidad de la restitución anticipada. Dicho razonamiento no es convincente. En primer lugar, parte de la hipótesis errónea según la cual las mercancías no llegaron a su destino debido al embargo establecido por las Instituciones comunitarias mediante el Reglamento n° 2340/90. Ahora bien, de la resolución de remisión se deduce claramente que la carga fue bloqueada en Turquía por las autoridades de dicho país, que actuaron —según se cree— con arreglo al embargo decidido por Naciones Unidas y, en cualquier caso, no en aplicación del Reglamento antes citado. Por lo tanto, es erróneo pensar que, en el presente caso, la fuerza mayor consiste en un comportamiento imputable a las Instituciones comunitarias. Pero hay más. Anglo Irish Beef olvida tener en cuenta la verdadera naturaleza de la obligación, que incumbe al exportador, de reembolsar la diferencia entre lo que ha percibido y aquello que le corresponde legítimamente. Dicha obligación no se concibe como una sanción a un comportamiento ilegal, sino simplemente en concepto de reembolso de una suma no debida. En otros términos, se trata de una obligación de naturaleza puramente restitutoria; se ha establecido con independencia de cualquier criterio de culpabilidad o de imputabilidad del hecho al sujeto de la obligación y, por lo tanto, debe cumplirse aunque la entrega de la mercancía en lugar distinto del indicado en la solicitud se deba a un caso de fuerza mayor. Por otra parte, si el Reglamento prevé los casos de fuerza mayor, es para exonerar en dichos supuestos al exportador sólo de la responsabilidad que le incumbe cada vez que vende los productos en mercados diferentes del que indicó originariamente. En efecto, cuando existe fuerza mayor, no se aplica el incremento del 20 % sobre la cantidad que debe reembolsarse al organismo de intervención, como ya he señalado. Por tanto, el exportador no está sujeto a dicha medida, que también puede entenderse como una sanción. No obstante, esto no significa que tenga derecho a conservar la totalidad de la cantidad que le fue pagada anticipadamente. Tal derecho no está previsto en el ordenamiento jurídico comunitario, y no puede estarlo, habida cuenta del régimen y del objetivo esencial de la restitución. Cuando no se exporta la mercancía al lugar indicado por el interesado, la «restitución» sólo puede referirse a la diferencia entre el precio comunitario y el que se aplica en el lugar en el que se vendió efectivamente la mercancía. Por lo tanto, no hay ningún motivo para considerar que el ordenamiento jurídico comunitario debe regular el caso de fuerza mayor reconociendo al interesado el derecho a conservar la totalidad de la cantidad. Dicho resultado sería incompatible con la lógica de toda la normativa examinada.
18.

No me parece que pueda declararse la inadmisibilidad de esta petición, ya que el Juez remitente ha proporcionado un mínimo de informaciones que permiten al Tribunal de Justicia identificar la norma comunitaria de que se trata. Tampoco creo que haya que declarar el sobreseimiento, en la medida en que de las informaciones proporcionadas al Tribunal de Justicia no resulta que la cuestión pUnteada no es manifiestamente pertinente para L solución del litigio. En cambio, dado que el Juez nacional no ha expuesto más detalladamente el marco jurídico y fáctico de este asunto, y para evitar formular una opinión meramente consultiva, debo limitarme al tenor de la cuestión.
4.

El acusado sostiene que la actividad que ejerce es libre en los países vecinos de Bélgica. En este contexto, presentó una lista de personas originarias de los Países Bajos, Francia, Alemania, etc., que practicaban los mismos actos, y declaró: «pienso, por otra parte, que, si una profesión puede ejercerse en algún lugar de la Comunidad Europea, puede ejercerse también en Bélgica». El Ministerio Fiscal no discute que las personas citadas por el acusado practiquen en Bélgica intervenciones odontológicas en caballos en condiciones similares. Según las informaciones disponibles, el acusado no está en situación de probar que las personas de que se trata no son veterinarios; el Ministerio Fiscal tampoco acredita que lo sean.
11.

Sin embargo, en dos sentencias pronunciadas recientemente en asuntos similares, el Tribunal de Justicia ha declarado la falta de adaptación del Derecho interno a las Directivas, pero ha desestimado el recurso en todo lo demás. ( 7 ) Por las razones que he aducido, considero inadecuada esta postura. Por lo demás, se debe subrayar que no es ésta una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. Es cierto que en las dos sentencias que acabo de mencionar, el Tribunal de Justicia invoca su sentencia de 18 de mayo de 1994, C-303/93. ( 8 ) Pero, por ejemplo, en una sentencia de 15 de diciembre de 1994, ( 9 ) el Tribunal de Justicia se limitó a declarar, en un asunto análogo, que el Estado miembro demandado no había adaptado su Derecho interno a las Directivas discutidas. Ni en la sentencia propiamente dicha ni en el fallo hizo referencia alguna al motivo complementario alegado por la Comisión de que no se le habían comunicado las medidas necesarias para la adaptación. Considero acertada esta postura.
18.

Con anterioridad a la vista del recurso de apelación, BLP había solicitado que se planteara ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado CE. La High Court desestimó esta petición. BLP recurrió contra esta resolución ante la Court of Appeal, que acogió su petición y remitió el asunto a otro Juez de la High Court debido a que la High Court no había observado completamente las directrices para la aplicación del artículo 177 del Tratado que la Court of Appeal estableció en el asunto Bulmer Ltd/Bollinger SA. ( 6 ) En consecuencia, la High Court planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones: «1) Teniendo en cuenta el artículo 2 de la Primera Directiva y el artículo 17 de la Sexta Directiva, en el caso de que un sujeto pasivo “A” preste a otro sujeto pasivo “B” servicios que son utilizados por éste para realizar una operación exenta (cesión de participaciones) considerada como una “operación accesoria financiera” y cuyo objeto y resultado es conseguir una cantidad de dinero para hacer frente al endeudamiento de B, los servicios prestados por A: a) ¿son servicios utilizados para llevar a cabo una operación exenta, de manera que el correspondiente impuesto soportado no es deducible; o bien b) son servicios utilizados para llevar a cabo operaciones sujetas a gravamen (a saber, la actividad principal del objeto social de B, consistente en efectuar entregas sujetas a gravamen), de manera que el correspondiente impuesto soportado es totalmente deducible; o bien c) son servicios utilizados para llevar a cabo indistintamente operaciones exentas y operaciones sujetas a gravamen, de manera que el correspondiente impuesto soportado es deducible en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 17 de la Sexta Directiva? 2) En el supuesto de que se conteste a la primera cuestión en la forma indicada en la letra c) y si, en el ejercicio de la facultad discrecional que le atribuye el apartado 5 del artículo 17 de la Sexta Directiva, un Estado miembro ha adoptado un método especial comprendido en el ámbito de aplicación de la letra c) del apartado 5 del artículo 17 para determinar la cuantía del impuesto soportado que puede deducirse, ¿es aplicable el artículo 19 de la Sexta Directiva para calcular la prorrata de deducción del impuesto soportado? 3) En el supuesto de que se conteste a la segunda cuestión que el artículo 19 es aplicable efectivamente para calcular la prorrata de deducción del impuesto soportado, ¿permite el apartado 2 del artículo 19 que se deduzca la totalidad del impuesto soportado, al excluir la cesión de participaciones del cálculo de la prorrata de deducción previsto en el apartado 1 del artículo 19, por tratarse de una “operación accesoria financiera”?»
En dicha sentencia, habiendo de pronunciarse sobre si los artículos 67 a 70 del Reglamento, relativos a las prestaciones por desempleo, eran aplicables al cónyuge —nacional de un tercer país— de un trabajador alemán «sedentario», el cual, por consiguiente, no se había beneficiado de las normas sobre libre circulación de los trabajadores, el Tribunal de Justicia declaró que el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento «contempla dos categorías claramente diferenciadas: por un lado, los trabajadores, y, por otro, los miembros de sus familias y sus supervivientes». ( 10 ) Partiendo de tal premisa, el Tribunal de Justicia teorizó posteriormente sobre la distinción entre derechos propios y derechos derivados, distinción que resultó confirmada, siempre según el Tribunal de Justicia, por el apartado 2 de artículo 2, así como por las letras f) y g) del artículo 1. ( 11 )

El apartado 2 del artículo 2, según el cual los trabajadores que no son nacionales de un Estado miembro se asimilan a dichos nacionales en lo que respecta a los derechos de sus supervivientes, siempre que éstos sean nacionales de uno de los Estados miembros, se limita, en realidad, a prever que los nacionales (comunitarios) miembros de la familia de un trabajador que sea nacional de un tercer país se beneficiarán del Reglamento en su calidad de supervivientes. Por lo tanto, dicha disposición, relevante ciertamente en el caso de autos habida cuenta de que la Sra. Kermaschek —antes de convertirse en miembro de la familia de un nacional comunitario— había residido y trabajado en un Estado miembro, afirma indiscutiblemente que los trabajadores que no son nacionales de un Estado miembro no tienen derecho a invocar las normas del Reglamento en su condición de trabajadores, ni aun cuando sean miembros de la familia de un nacional comunitario. En tal perspectiva, no me parece que el apartado 2 del artículo 2 avale la distinción entre derechos propios y derechos derivados, al menos no del modo amplio y generalizado en que se afirma en la jurisprudencia posterior.

Del mismo modo, si bien es verdad que las letras f) y g) del artículo 1 del Reglamento remiten, a efectos de identificar el «miembro de la familia» y/o el «superviviente», a las legislaciones nacionales en virtud de las cuales se concedan las prestaciones o del Estado en cuyo territorio resida la persona de que se trate, no es menos verdad que semejante remisión se efectúa a los solos efectos de determinar si se trata o no de una persona que forme parte de la familia del trabajador; ( 12 ) y no es exacto en el sentido, también invocado por algunos Estados y por la SVB en el transcurso del presente procedimiento, de que se haya atribuido a las diversas legislaciones nacionales la facultad de determinar qué prestaciones, entre las incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento, corresponden a los miembros de la familia de un trabajador.
9.

Tal y como se desprende del razonamiento anterior, no es preciso recurrir a las consideraciones que pueden desprenderse de la sentencia Pennacchiotti, antes citada, para responder a la cuestión de si el Reglamento no 482/74 ha permanecido en vigor una vez puesta en aplicación la Nomenclatura Combinada. Por lo que se refiere al problema de apreciar lo adecuado de la situación jurídica general puesta de manifiesto en la citada sentencia, debe prestarse atención a la enorme importancia que reviste —no sólo para la comprensión y la aceptación de la Comunidad y del Derecho comunitario por parte de los ciudadanos, sino también para la eficacia de este mismo Derecho— la elaboración de unas normas lo más claras y transparentes posible. Sobre este particular, cabe poner también de manifiesto la aspiración que se ha revelado de que se lleve a cabo, en una medida mucho más amplia que en el pasado, una codificación de los actos jurídicos. ( 4 ) El Tribunal de Justicia debe apoyar los citados esfuerzos tendentes a conseguir que el Derecho comunitario sea lo más diáfano y transparente posible para los ciudadanos. No estoy convencido de que el principio sentado en la sentencia Pennacchiotti pueda favorecer las aspiraciones fundamentales de claridad y de transparencia del Derecho comunitario. La tesis conforme a la cual los Reglamentos de aplicación dejan de estar vigentes, como hipótesis, desde el momento en que se derogan los Reglamentos de base, salvo disposiciones expresas en contrario, sugiere aún más en el ánimo del ciudadano la idea de claridad y transparencia.
33.

El Tribunal de Primera Instancia reconoció en el presente caso la necesidad de tomar en consideración el régimen de fondo de la «Beihilfe». No obstante, decidió adoptar como criterio las disposiciones de este régimen en materia de porcentajes y de topes de reembolso de gastos médicos y llegó a la conclusión de que el nivel de las prestaciones contempladas es comparable al de un sistema de Seguridad Social de derecho común. Así pues, el Juez de primera instancia asimiló el caso de la «Beihilfe» al «tipo común», es decir, a una categoría de normativa sobre Seguro de Enfermedad comprendida por éste, sin otras explicaciones al respecto, en el sentido generalmente admitido, y al que debería reconducirse cualquier régimen legal o reglamentario que pueda cubrir al beneficiario de la indemnización a efectos del Reglamento. Pero el problema que se plantea es el de examinar la equivalencia entre la «Beihilfe» y, concretamente, el régimen comunitario, y ningún otro. El Tribunal de Primera Instancia se pronuncia sobre esta cuestión, así precisada, únicamente a fin de hacer constar que en el presente caso procede aplicar por analogía la sentencia Kontogeorgis. Dicho asunto versaba sobre una disposición análoga a la del apartado 6 del artículo 4 que regulaba el Seguro de Enfermedad de los antiguos miembros (de la Comisión, y de los Tribunales comunitarios: artículo 11 del Reglamento no 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consejo, de 25 de julio de 1967, por el que se establece el régimen pecuniario del presidente y de los miembros de la Comisión, del presidente, los jueces, los abogados generales y el secretario del Tribunal de Justicia; DO 1967, 187, p. 1; EE 01/01, p. 123). Este planteaba también un problema de equivalencia entre el régimen social comunitario y el régimen nacional aplicable al interesado, considerados como regímenes que se excluyen uno a otro en el mismo sentido que en el presente litigio. Veamos, no obstante, a qué resultado se llega trasladando al presente caso los principios enunciados en la sentencia Kontogeorgis. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la equivalencia —precisamente en los términos que procedía considerarla en aquél asunto y que se presentan de manera análoga en el asunto actual— no debe entenderse como una referencia al nivel de las prestaciones, y a los requisitos previstos para el pago de las mismas, a menos que las disposiciones comunitarias aplicables al asunto lo prevean de forma explícita. En el caso presente, no existen cláusulas expresas del tenor descrito, de manera que el intérprete no puede reemplazar al legislador, que no ha previsto por su parte equivalencias precisas entre los niveles de cobertura. El precedente jurisprudencial invocado por el Tribunal de Primera Instancia aboga pues en el sentido de que, al atribuir una importancia decisiva si no exclusiva a la equivalencia en el importe de las prestaciones, la sentencia recurrida se basa en un principio de apreciación cuantitativa, al que las disposiciones aplicables al caso no permiten recurrir.
66.

Pese a la función que se le atribuye de garantía de la independencia de los representantes del personal, este principio de compensación del salario no devengado no deja, por ello, de desfavorecer al trabajador a tiempo parcial deseoso de prepararse eficazmente para el ejercicio de dicha función, y obsérvese, además, que la duración de dicha preparación no está vinculada a la calidad de trabajador a jornada completa o a tiempo parcial.
17.

El apartado 6 es del siguiente tenor literal: «The Department and the Welsh Office would not expect a stretch of water to be classified as “bathing water” for the purposes of the Directive unless it had been assessed that at some time during the bathing season there were at least 500 people in the water (regardless of the length of the stretch of the water in question). Any stretch where the number of bathers has been assessed as more than 1500 per mile will be classified as bathing water. Where the number of bathers is assessed as being between 750 an 1500 per mile water authorities and district councils should discuss whether the water in question is sufficiently well used to be classified as bathing water under the terms of the Directive». ( 6 )
Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 28 de noviembre de 1991. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO - DIRECTIVA CEE - NO ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. - ASUNTO C-377/90.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-01229



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La Directiva 87/540/CEE del Consejo, de 9 de noviembre de 1987, (1) relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías por vía navegable en el sector de los transportes nacionales e internacionales y encaminada al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos relativos a dicha profesión, establece en el apartado 1 de su artículo 11 que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir esta Directiva, a más tardar, el 30 de junio de 1988. Además, el apartado 2 de la citada disposición establece que los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la Directiva.

2. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1990, la Comisión interpuso un recurso con el objeto de que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 189 del Tratado CEE, al no comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la Directiva del Consejo.

En el presente asunto, el Gobierno belga no negó haber omitido cumplir con la exigencia impuesta por el apartado 2 del artículo 11 acerca de la comunicación a la Comisión de las medidas de que se trata. El Reino de Bélgica explicó que omitió comunicar a la Comisión las medidas necesarias de adaptación de su Derecho interno debido a que no se adaptó su Derecho interno a las disposiciones de la Directiva.

3. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que dicte sentencia en el sentido propuesto por la Comisión y que condene en costas al Reino de Bélgica.

(*) Lengua original: danés.

(1)1 DO L 322, p. 20.
2.

Las cuestiones del Kantongerecht versan en particular sobre la interpretación del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1546/88 de la Comisión, de 3 de junio de 1988 (DO L 139, p. 12), por el que se establecen las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria. Este Reglamento ejecutó el Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984 (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), que estableció las normas generales para la aplicación de la tasa. El artículo 7 del Reglamento no 1546/88 aplica, en particular, el artículo 7 del Reglamento no 857/84, que regula la transferencia de la cuota en las distintas circunstancias.
12.

Ambas partes admiten que los tres empleados para los cuales ASTI se negó a pagar las cuotas están afiliados a la chambre des employés prives y son trabajadores en el sentido del artículo 48 del Tratado. Por consiguiente, en este asunto, no es preciso analizar si una normativa nacional como la que se cuestiona en el asunto principal es compatible o no con las normas relativas al establecimiento y a la libre prestación de servicios incluidas en el Tratado, aun cuando los afiliados a algunas Cámaras profesionales pueden hallarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de las citadas disposiciones más que en las normas que regulan la libre circulación de trabajadores. Entre las disposiciones de Derecho comunitario citadas en la cuestión planteada al Tribunal de Justicia, sólo son pertinentes, por consiguiente, el artículo 48 del Tratado así como los artículos 7 y 8 del Reglamento n° 1612/68 (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77). No es preciso analizar por separado la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, reconocida en el artículo 7 del Tratado, ya que, en el marco de la libre circulación de trabajadores, es el artículo 48 del Tratado el que aplica esta prohibición (véase el asunto 36/74, Walrave/Union cycliste internationale, Rec. 1974, p. 1405, apartado 6). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia pone claramente de manifiesto que el artículo 7 del Tratado «sólo puede aplicarse autónomamente en las situaciones que se rigen por el Derecho comunitario para las que el Tratado no prevé ninguna norma específica de no discriminación» (véase el asunto 305/87, Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 1461, apartado 13, y sentencia de 7 de marzo de 1991, Masgio/Bundesknappschaft, C-10/90, Rec. p. I-1119, apartado 12).
53.

El Tribunal de Justicia ha declarado en algunas ocasiones que el apartado 2 del artículo 90 no puede producir efecto directo, en parte porque el apartado siguiente otorga a la Comisión la facultad de velar por la aplicación del artículo 90 [véase en particular el asunto 10/71, Ministère public/Hein (de soltera Müller), Rec. 1971, p. 723]. Sin embargo, de la posterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que lo que en realidad se quiere decir cuando se niega el efecto directo del apartado 2 del artículo 90 es sencillamente que la excepción parcial, que hace a las normas ordinarias del Tratado en favor de determinadas empresas, no produce efecto directo (véanse asuntos 155/73, Sacchi, Rec. 1974, p. 409; 172/82, Fabricants raffineurs d'huile de graissage/Inter-huiles, Rec. 1983, p. 555, y 66/86, Ahmeed Saeed y otros/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, Rec. 1989, p. 803). En la medida en que el apartado 2 del artículo 90 confirma que las empresas interesadas están sujetas en principio a normas como el artículo 86, no puede sencillamente impedir que el órgano jurisdiccional nacional reconozca el efecto de estas normas, especialmente en un asunto en el que está clarísimo que la aplicación de las mismas no obstaculizaría el cumplimiento de la misión específica confiada a la empresa de que se trata.
5.

Llegado el 1 de enero de 1986, fecha de adhesión del Reino de España, no se había adoptado ninguna medida de ejecución. El Gobierno español no niega haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva para la fecha de la adhesión. Por consiguiente, es irrelevante si era «justa» y «adecuada» la obligación de adaptar el Derecho interno en un momento tan temprano de su pertenencia a la Comunidad, ya que no se puede suprimir a posteriori la indiscutida violación del Tratado basándose en criterios de equidad.
135.

VI. En conclusión, el presente recurso no reúne los requisitos formulados por el párrafo segundo del artículo 173, ya que el demandante no queda individualmente afectado por la disposición impugnada. No obstante, en mi opinión, esta conclusión no lleva a una denegación de justicia, sin que sea necesario responder a la cuestión, evocada durante la vista, de las posibilidades de recurso interno. En efecto, no puede discutirse que el demandante, en particular en su calidad de propietario de terminal, tiene gran interés en el desarrollo de los enlaces aéreos hacia Gibraltar. Pero la medida de que se trata no provoca ningún perjuicio a su situación existente y tampoco ha podido demostrarse que la mejora de su situación que persigue disfrute de una protección jurídica específica. En consecuencia, no se puede afirmar que se haya causado un perjuicio a un derecho del demandante y que se haya denegado al demandante la protección de dicho derecho.