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Una Decisión de la Comisión mediante la que se concede a un Estado miembro una excepción temporal a las obligaciones establecidas en la Directiva 2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, no constituye una medida de alcance individual y no puede ser considerada un acto administrativo en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Por tanto, dicha Decisión no puede ser objeto de una solicitud de revisión interna en virtud del artículo 10, apartado 1, del referido Reglamento.

En efecto, para determinar el alcance de un acto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, su objeto y su contenido. Así, una decisión que tiene como destinatario a un Estado miembro tiene alcance general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos respecto a categorías de personas definidas de forma general y abstracta.

Además, las limitaciones o excepciones de carácter temporal o de alcance territorial que figuran en un texto forman parte integrante del conjunto de disposiciones que las contienen y, salvo desviación de poder, participan del carácter general de éstas.

Por último, las excepciones al régimen general constituidas por las decisiones de confirmación adoptadas por la Comisión en virtud de una disposición de una directiva comparten el carácter general de la misma directiva, dado que se dirigen en términos abstractos a categorías de personas indeterminadas y se aplican a situaciones determinadas objetivamente.

(véanse los apartados 26 a 28, 34 y 41)
No obstante, aunque la parte dispositiva de una decisión no desestime expresamente una solicitud formulada por su destinatario, puede sin embargo desprenderse de la decisión, interpretada a la luz de sus motivos esenciales, que la institución autora del acto adoptó expresamente una posición sobre dicha solicitud y declaró su inadmisibilidad. Por tanto, debe declararse en tal caso que la decisión tiene efectos jurídicos obligatorios lesivos para el destinatario sobre esta cuestión.

El artículo 44, apartado 2, del Reglamento no 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión no 280/2004, establece dos criterios de carácter acumulativo para que pueda practicarse una corrección en el cuadro de un «plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero» (PNA), sin que haga falta seguir el procedimiento de notificación de un PNA modificado en virtud del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87. Por una parte, tal corrección debe basarse en el PNA, tal como hubiera sido notificado a la Comisión y no rechazado por ésta y, por otra, debe derivar de una «mejora de los datos». Además, en virtud del artículo 44, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, in fine, del Reglamento no 2216/2004, cuando concurren los dos criterios acumulativos referidos la Comisión está obligada a ordenar al Administrador Central que practique la corrección pertinente en el cuadro «PNA».

(véase el apartado 55)
301

No pueden afectar a esa apreciación los argumentos de la demandante fundados en la sentencia del Tribunal de 3 de abril de 2003, Royal Philips Electronics/Comisión (T-119/02, Rec. p. II-1433). La demandante deduce del apartado 242 de esa sentencia que «dado que las Directrices se dirigen a los sujetos jurídicos y crean un estado de confianza atribuible a la Comisión, cumplen una función de garantía». Ahora bien, el pasaje de la sentencia citada al que se refiere la demandante no menciona la confianza legítima ni la función de garantía, ya que se limita a señalar en relación con la Comunicación relativa a las soluciones aceptables con arreglo al Reglamento no 4064/89 del Consejo y al Reglamento no 447/98 de la Comisión (DO 2001, C 68, p. 3) que «no es cierto que dicha Comunicación no establezca ninguna obligación legal imperativa» y que «en efecto, la Comisión está vinculada por las comunicaciones que adopta en materia de control de las concentraciones en la medida en que no se aparten de las normas del Tratado y del Reglamento no 4064/89».
Recurso de anulación de la Decisión 2008/366/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2008, relativa a la ayuda estatal C 35/06 (ex NN 37/06) concedida por Suecia en favor de Konsum Jämtland ekonomisk förening (DO L 126, p. 3).
3)

Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc y Troy Chemical Co. BV cargarán con sus propias costas.
Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 23 de julio de 2008 (asunto R 1012/2007-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Psytech International Ltd y el Institute for Personality & Ability Testing, Inc.
68

En cuarto lugar, a diferencia de lo que afirma la demandante, la Sala de Recurso no incurrió en error al proceder a una «disección analítica» de la marca controvertida. En efecto, en el marco de la apreciación del grado de similitud, procede tener en cuenta la impresión de conjunto producida por la combinación de los elementos que componen dichas marcas, lo que sin embargo no es incompatible con un examen sucesivo de dichos elementos. En el caso de autos, tras haber señalado, en el apartado 43 de la resolución impugnada, que las diferencias entre los signos contrarrestaban el único elemento de similitud, la Sala de Recurso señaló que, cuando se comparaban globalmente, las impresiones de conjunto transmitidas por los signos en conflicto eran diferentes. Dado que dicha «disección analítica» no se efectuó a expensas de una consideración de la impresión de conjunto transmitida por la combinación de los elementos que componen las marcas en conflicto, la alegación de la demandante debe desestimarse por infundada.
4

El 5 de marzo de 2007, la demandante presentó a la OAMI una petición de restitutio in integrum en el sentido del artículo 78 del Reglamento no 40/94 y solicitó a la OAMI que cargara en su cuenta corriente la correspondiente tasa de renovación, así como la tasa de restitutio in integrum. A este respecto, la demandante expuso que había recurrido, particularmente para la renovación de la marca de que se trata, a una sociedad especializada en la prestación de servicios de renovación de marcas (en lo sucesivo, «sociedad especializada»). La sociedad especializada instaló un sistema informatizado conectado a una base de datos en la que se introducen manualmente una serie de datos relativos a los titulares, las marcas y las patentes sujetas a renovación. Cuando ha de renovarse una marca concreta, se supone que el sistema envía tres cartas de advertencia a la atención del titular solicitando su consentimiento antes de proceder a la renovación. En caso de no enviarse una de esas cartas, se supone que se activa un sistema de seguridad que imprime y envía un escrito de sustitución. Ahora bien, en el caso de autos, al haber omitido una empleada de la sociedad especializada la introducción, en la base de datos, de determinados datos relativos a la demandante, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no se le envió notificación alguna. Además, se comprobó posteriormente que el sistema de seguridad que debe detectar ese tipo de errores no estaba activado, puesto que había sido instalado únicamente para las renovaciones de patentes, y no para las renovaciones de marcas.
Cuando aprecia la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común en virtud de la excepción establecida por el artículo 87 CE, apartado 3, letra a), la Comisión debe tener en cuenta el interés comunitario y no puede prescindir de la evaluación de la incidencia de dichas medidas en el mercado o mercados pertinentes del conjunto del Espacio Económico Europeo. En tal supuesto, la Comisión tiene la obligación no sólo de comprobar que estas medidas puedan contribuir efectivamente al desarrollo económico de las regiones de que se trata, sino también de evaluar el impacto de tales ayudas en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y, en particular, de apreciar las repercusiones sectoriales que pueden provocar a escala comunitaria.

A este respecto, la Comisión tiene la obligación de ejercer, en lo que atañe a la compatibilidad de una ayuda de Estado concedida en una región en dificultades, la amplia facultad de apreciación de que dispone en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, para evaluar si las ventajas que se espera obtener en términos de desarrollo regional compensan con creces el falseamiento de la competencia y las incidencias del proyecto subvencionado en el comercio entre los Estados miembros. Esto supone que la Comisión siempre debe comprobar no sólo si los inconvenientes causados por el proyecto subvencionado en términos de falseamiento de la competencia se mantendrían, sino también si las ventajas en términos de desarrollo regional compensarían con creces los inconvenientes, por mínimos que éstos fueran.

De ello no la libera la circunstancia de que el apartado 68 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 que adoptó le impongan la obligación de incoar el procedimiento contemplado en el artículo 88 CE, apartado 2, cuando se superan los umbrales indicados en ellas, porque el hecho de que la incoación de dicho procedimiento sea obligatoria en caso de que se superen determinados umbrales no permite deducir que no quepa incoarlo cuando no se superen. Por tanto, no cabe justificar la decisión de no incoar el procedimiento de investigación formal basándose sólo en que no se han superado los umbrales.

(véanse los apartados 82, 88, 91 y 94)
Por el contrario, debe considerarse ayuda de Estado una medida que consiste en la prórroga de una medida por la que se concedía a una empresa una tarifa preferencial aplicable al suministro de electricidad, y ello en concepto de indemnización de una expropiación realizada en el contexto de la nacionalización del sector de la electricidad, cuando la tarifa preferencial se concedió en concepto de indemnización por un período bien determinado, sin posibilidad de prolongación. Además, una medida que es únicamente una de las condiciones tarifarias favorables cuya prórroga tiene como finalidad «permitir el desarrollo y la reestructuración de la producción de las empresas afectadas» no puede considerarse la continuación legal de la indemnización que obtuvo la empresa tras la nacionalización.

Constituyen ventajas a efectos del artículo 87 CE, apartado 1, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, se asemejan a una subvención, como, en particular, el suministro de bienes o la prestación de servicios en condiciones preferenciales. En cambio, las indemnizaciones que las autoridades nacionales pudieran, eventualmente, ser condenadas a pagar a los particulares como reparación de un perjuicio que ellas les hubieren causado revisten una naturaleza jurídica fundamentalmente diferente y no constituyen ayudas en el sentido de los artículos 87 CE y 88 CE.

En el ámbito del control de las ayudas públicas, el principio del respeto del derecho de defensa exige que al Estado miembro de que se trate se le dé la oportunidad de dar a conocer debidamente su punto de vista sobre las observaciones presentadas por los terceros interesados, de conformidad con el artículo 88 CE, apartado 2, y en las cuales la Comisión pretende fundamentar su decisión, y en la medida en que el Estado miembro no haya podido comentar tales observaciones, la Comisión no puede utilizarlas en su decisión contra este Estado. Sin embargo, para que una violación del derecho de defensa de tales características entrañe una anulación, es preciso que, de no existir tal irregularidad, el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado distinto.

(véase el apartado 115)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Recurso de una asociación profesional de defensa y de representación de sus miembros

(Art. 230 CE, párr. 4)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Recurso contra una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado

(Art. 230 CE, párr. 4)

Índice

1. Los recursos interpuestos por asociaciones encargadas de defender los intereses colectivos de sus miembros son admisibles en tres situaciones, a saber, cuando éstas representan los intereses de empresas que estarían legitimadas para interponer recurso, o cuando se singularizan por la afectación de sus propios intereses en tanto que asociación, en especial porque su posición de negociadora se ha visto afectada por el acto cuya anulación se solicita, o, también, cuando una disposición legislativa les reconoce expresamente una serie de facultades de carácter procedimental.

(véase el apartado 58)

2. Sólo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica en la medida en que el demandante tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo supone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. El interés en ejercitar la acción debe ser preexistente y real, y debe apreciarse en relación con el momento de la interposición del recurso. No obstante, debe perdurar hasta que se dicte la resolución judicial so pena de sobreseimiento.

El recurso de anulación interpuesto por una empresa al objeto de que se declare la anulación de una decisión de la Comisión que fija un período transitorio para poner fin a un régimen de ayudas de Estado declarado incompatible con el mercado común es inadmisible cuando dicha empresa ya no tiene ninguna autorización válida con arreglo al Derecho nacional y, por tanto, no disfruta legalmente del régimen fiscal al que se refiere dicha decisión. En efecto, la anulación de la decisión no le puede reportar ningún beneficio.

(véanse los apartados 62, 63, 74 y 79)
Asuntos acumulados T-20/08 y T-21/08

Evets Corp.

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Marcas comunitarias denominativa DANELECTRO y figurativa QWIK TUNE — Incumplimiento del plazo para la presentación de la solicitud de renovación de las marcas — Petición de restitutio in integrum — Reformatio in peius — Derecho de defensa — Derecho a ser oído — Artículo 61, apartado 2, artículo 73, segunda frase, y artículo 78 del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 63, apartado 2, artículo 75, segunda frase, y artículo 81 del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 23 de septiembre de 2009 II ‐ 3518

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Plazo de presentación de la petición [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 78, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 77] Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto contra una resolución adoptada por una unidad de la Oficina [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 62, ap. 1] Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 73]
349

A este respecto, debe desestimarse la alegación de las demandantes de que las divergencias entre los costes reales ex post y las estimaciones ex ante utilizadas por la CMT no eran suficientemente evidentes para hacer que Telefónica dudase de la procedencia de la actuación de la CMT. Para respaldar su argumento, las demandantes afirman en su demanda que las supuestas incoherencias entre la información proporcionada por Telefónica a la CMT y la contenida en sus planes de negocio o sus cuadros de mando se deben a una incorrecta interpretación por parte de la Comisión de la información puesta a su disposición en relación con las previsiones de demanda, que se refiere a los costes de una red de [confidencial] líneas de ADSL. Pues bien, aun suponiendo que tal alegación resulte fundada, no puede por sí sola poner en entredicho todos los elementos probatorios, que figuran en particular en el cuadro 59 de la Decisión impugnada y que demuestran que Telefónica no pudo ignorar que los costes empleados en el modelo «retail minus» de la CMT no se correspondían con la realidad. Al contrario, las otras alegaciones de las demandantes según las cuales, por una parte, la consultora ARCOME no utilizó la información facilitada por Telefónica sino que empleó, como referencia para la elaboración del modelo «retail minus», una red de más de [confidencial] líneas de ADSL y, por otra parte, la CMT no utilizó la contabilidad de costes de Telefónica, por entender que no contenía un nivel adecuado de detalle, tienden a confirmar que Telefónica sabía, o debería haber sabido, que los costes empleados en el modelo «retail minus» de la CMT no se correspondían con los costes reales.
Anulación de la Decisión C(2006) 465 final de la Comisión, de 23 de febrero de 2006, por la que se ordena la devolución del importe del anticipo, incrementado por los intereses de demora, abonado en virtud del contrato de ayuda financiera celebrado en el marco del programa Prince, para una operación titulada «The EURO — Its genuine and essencial impact on schoolchildren» (Eurogenesis), sobre la preparación para la introducción del euro en el ámbito escolar.
30

Por otra parte, para apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en pugna, igualmente debe tomarse en consideración la naturaleza de los productos de que se trata. A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el contenido en alcohol de las bebidas permite diferenciarlas del agua y de las bebidas no alcohólicas. Las características de dichas bebidas son distintas. Mientras que las bebidas alcohólicas se consumen, por regla general, en situaciones especiales y festivas, el agua y las bebidas no alcohólicas se consumen a diario. Además, el consumo de agua responde a una necesidad vital. El consumidor medio, al que se considera normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, es sensible a esta diferenciación entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la cual, por lo demás, es necesaria ya que algunos consumidores no desean, o ni siquiera pueden, consumir alcohol. Por otra parte, el precio de las bebidas alcohólicas es generalmente mucho más elevado que el de las bebidas no alcohólicas. Además, la comercialización de alcohol se regula en mayor medida en varios aspectos. En particular, está vinculada a la obtención de una licencia de venta y se exige una edad mínima para la compra de bebidas alcohólicas. El hecho de que las bebidas de que se trata puedan consumirse en los mismos lugares y de forma complementaria, en el sentido de que pueden mezclarse o servirse conjuntamente, y que a menudo las consuman las mismas personas y se vendan en establecimientos similares, no pone en duda dicha afirmación [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de febrero de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Rec. p. II-563, apartados 54 a 57].
157

En sus escritos de réplica, los demandantes 1 y 3 alegan que no es necesario formular de nuevo las obligaciones impuestas al Reino de los Países Bajos en virtud de la Decisión de 16 de diciembre de 2003, dado que dicha Decisión ya establece qué obligaciones deben cumplirse en caso de que la ayuda de salvamento no se transforme en ayuda de reestructuración o en el supuesto de que la Comisión no autorice la ayuda de reestructuración. Además, afirman que, teniendo en cuenta la manera de que se delimitó la investigación en la decisión de incoación, la Comisión debía limitarse a examinar la solicitud de aprobar la ayuda de reestructuración y, de conformidad con la Decisión de , contentarse con constatar que, si no daba la aprobación solicitada, incumbía al Reino de los Países Bajos demostrar que el préstamo de salvamento había sido o es reembolsado o que fue objeto de una compensación con arreglo al Derecho concursal nacional. Los referidos demandantes entienden que la cuestión de en qué medida el Reino de los Países Bajos cumplió dicha obligación no debe formar parte de la Decisión impugnada. Sostienen que el examen de la ayuda de reestructuración notificada y el procedimiento incoado a tal efecto en virtud del artículo 88 CE, apartado 2, no pueden utilizarse para comprobar si se cumple una decisión anterior y si se cumplen las obligaciones que en dicha decisión se imponen al Reino de los Países Bajos o que de ella se derivan para dicho Estado.
94

No obstante, la Sala de Recurso, sin ignorar las exigencias propias de la acción por usurpación de denominación a la que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, aplicable, en el caso de autos, por remisión del artículo 52, apartado 1, letra c), no podía limitarse inicialmente a considerar, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), de este Reglamento, al que se refirió en los apartados 22 y 23 de las resoluciones impugnadas, que, a causa del escaso carácter distintivo de los dos signos de que se trata, el público centraría su atención en sus elementos distintivos y dominantes, esto es, la combinación de las diferentes palabras en cada signo, el agrupamiento en una sola palabra «lastminute» y el elemento «.com» en el signo no registrado y el elemento gráfico de la marca comunitaria, para, posteriormente, proceder a la comparación de estos signos en los planos visual, fonético y conceptual.
Solicitante de la marca comunitaria:

New Look Ltd