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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 22 de mayo de 2000. - Associazione delle cantine sociali venete contra Defensor del Pueblo europeo y Parlamento Europeo. - Recurso por omisión - Defensor del Pueblo - Inadmisibilidad. - Asunto T-103/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-04165



Índice



Palabras clave

1 Recurso por omisión - Finalización de la omisión después de la interposición del recurso - Desaparición del objeto del recurso - Sobreseimiento

[Tratado CE, art. 175 (actualmente art. 232 CE)]

2 Recurso por omisión - Institución comunitaria - Defensor del Pueblo Europeo - Exclusión - Recurso interpuesto contra una omisión del Defensor del Pueblo - Inadmisibilidad

[Tratado CE, arts. 4, 4 A, 4 B y 175, párr. 3 (actualmente arts. 7 CE, 8 CE, 9 CE y 232 CE, párr. 3); Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, art. 11, ap. 4]

3 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones recurribles - Omisión del Defensor del Pueblo de presentar al Parlamento un informe en el que se afirma la existencia de un caso de mala administración en la acción de la Comisión - Inadmisibilidad

[Tratado CE, arts. 138 E y 175 (actualmente arts. 195 CE y 232 CE)]

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1 Cuando, en el marco de un recurso por omisión, el acto cuya omisión es objeto del litigio haya sido adoptado después de la interposición del recurso, pero antes de dictarse la sentencia, el objeto del recurso desaparece, por lo que ya no procede pronunciarse. (véase el apartado 41)

2 Tanto de los artículos 4, 4 A y 4 B del Tratado (actualmente artículos 7 CE, 8 CE y 9 CE) como del artículo 11, apartado 4, de la Decisión 94/262, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, el cual, para todas las cuestiones relativas a su personal, lo asimila a las instituciones en el sentido del artículo 1 del Estatuto de los funcionarios, se desprende que el Defensor del Pueblo Europeo no es una institución comunitaria en el sentido del artículo 175 del Tratado (actualmente artículo 232 CE), de modo que debe declararse la inadmisibilidad del recurso por lo que respecta a la omisión del Defensor del Pueblo. (véanse los apartados 44 a 46)

3 Procede declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto, con arreglo al artículo 175 del Tratado (actualmente artículo 232 CE), por una persona física o jurídica, puesto que el único acto que habría permitido darle satisfacción habría sido, de conformidad con el artículo 138 E del Tratado (actualmente artículo 195 CE), la presentación por parte del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento de un informe en el que se afirmara la existencia de un caso de mala administración en la acción de la Comisión y dicho informe no puede calificarse, ni por su forma ni por su naturaleza, de acto impugnable mediante un recurso de anulación. (véase el apartado 51)
61998B0044(02)

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 29 de septiembre de 1999. - Emesa Sugar (Free Zone) NV contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Decisiones 91/482/CEE y 97/803/CE - Reglamento (CE) nº 2553/97 - Procedimiento sobre medidas provisionales - Prórroga de medidas provisionales. - Asunto T-44/98 R II.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-02815
La cuestión de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, sino que debe reservarse para el análisis del recurso principal, salvo en el supuesto en que éste sea, a primera vista, manifiestamente inadmisible. En efecto, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales, cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

Los litigios de los funcionarios deben seguir, por lo que respecta tanto al procedimiento administrativo como a la fase contenciosa, las vías específicas previstas por los artículos 90 y 91 del Estatuto y 179 del Tratado. Puesto que el demandante, previamente a la interposición del recurso, presentó ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos una reclamación contra la decisión controvertida, utilizó la vía de recurso contemplada en estas disposiciones. En tales circunstancias, la referencia que se hace en la demanda de medidas provisionales al artículo 173 del Tratado como base jurídica del recurso dirigido a obtener la anulación del acto impugnado es una irregularidad que no implica la inadmisibilidad de la demanda.

La existencia de un acto lesivo en el sentido del apartado 2 del artículo 90 y del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso interpuesto por los funcionarios contra la Institución a la que pertenecen. Pues bien, sólo son actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada su situación jurídica. No es éste el caso de un escrito que, tanto en la forma como en el fondo, no es más que una simple exposición de las observaciones de la Comisión sobre el contenido de un proyecto normativo nacional, que no vinculan en absoluto a las autoridades nacionales.

(véanse los apartados 19 y 20)

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1969, Grasselli/Comisión (32/68, Rec. p. 505), apartados 4 a 7; Tribunal de Justicia, 1 de febrero de 1979, Deshormes/Comisión (17/78, Rec. p. 189), apartado 10; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 6 de junio de 1996, Baiwir/Comisión (T-391/94, RecFP p. II-787), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 18 de junio de 1996, Vela Palacios/CES (T-293/94, RecFP p. II-893), apartado 22
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 30 de junio de 1998. - British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd, Clark International Ltd, Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Groupe André SA, Reno Versandhandel GmbH y Leder & Schuh AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Dumping - Calzado de materias textiles originario de la República Popular de China y de Indonesia - Reglamento de la Comisión por el que se establece un derecho antidumping provisional - Recurso de anulación - Adopción posterior de un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo - Sobreseimiento. - Asunto T-73/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02619



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Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso dirigido contra un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping provisional - Adopción posterior de un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo - Consecuencias sobre el interés para ejercitar la acción

(Tratado CE, art. 173)

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Un importador no puede invocar ningún efecto jurídico derivado de un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping provisional con el fin de justificar su interés en impugnarlo ante el órgano jurisdiccional comunitario, cuando los importes que el importador debió abonar en virtud del citado Reglamento provisional fueron percibidos definitivamente al tipo establecido por el Reglamento definitivo y los importes que sobrepasaban dicho tipo, o se referían a productos no gravados ya por el derecho antidumping, han sido liberados definitivamente.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 10 de diciembre de 1997. - Camar Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas et Consejo de la Unión Europea. - Organización común de mercados - Plátanos - Petición de medidas provisionales - Solicitud de concesión de certificados de importación. - Asunto T-260/97 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-02357



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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Concepto - Perjuicio estrictamente económico

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, artículo 104, ap. 2)

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El requisito de urgencia, al que se subordina, con arreglo al apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento, la concesión de la suspensión de la ejecución o de otras medidas provisionales, debe apreciarse examinando si, antes de que se dicte una resolución del Tribunal de Primera Instancia acerca del fondo del asunto, el demandante corre el riesgo de sufrir daños graves e irreversibles que no podrían ser reparados por la sentencia que se dicte en el asunto principal. Los perjuicios de índole puramente económica no pueden considerarse, en principio, como irreparables, ni difícilmente reparables, si pueden ser objeto de una compensación económica posterior. Sin embargo el perjuicio se puede considerar como irreparable cuando se ponga en peligro la posición de la empresa en el mercado, en la medida en que la pérdida del mercado no pueda repararse ni siquiera aunque la empresa disfrute de una compensación económica.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 29 de septiembre de 1997. - Région wallonne contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Ayuda en el sector de la siderurgia - Recurso de anulación - Artículo 33 del Tratado CECA - Inadmisibilidad. - Asunto T-70/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01513



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Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso contra una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA - Recurso formulado por una autoridad regional de un Estado federado - Inadmisibilidad

(Tratado CECA, art. 33; Tratado CE, art. 173)

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Un recurso que tiene por objeto la anulación de una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA no puede ser formulado válidamente por una autoridad regional federada, dado que el artículo 33 del Tratado CECA, que enumera de modo limitativo los sujetos de Derecho habilitados para formular recurso de anulación, no la menciona y el artículo 173 del Tratado CE no puede aplicarse a tal recurso.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 3 de junio de 1997. - Gencor Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención - Carácter confidencial. - Asunto T-102/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00879



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Palabras clave

Procedimiento - Intervención - Traslado de las actuaciones y escritos procesales a las partes coadyuvantes - Excepción - Tratamiento confidencial - Requisitos - Examen de las informaciones contempladas por un acuerdo de confidencialidad entre la demandante y un tercero ajeno al litigio

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 2)

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El apartado 2 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia establece como principio que debe darse traslado a las partes coadyuvantes de todas las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes. La segunda frase de dicha disposición permite, sólo con carácter de excepción a este principio, dar un tratamiento confidencial a ciertos documentos que obren en autos y, de este modo, hacer que no estén incluidos en esa obligación de comunicación.

Para apreciar en qué circunstancias puede acordarse el tratamiento confidencial de determinados documentos de los autos debe ponderarse la legítima preocupación de la parte demandante de evitar que se lesionen sustancialmente sus intereses comerciales con la también legítima preocupación de las partes coadyuvantes de disponer de la información necesaria que les permita estar plenamente en condiciones de hacer valer sus derechos y de exponer su tesis ante el Tribunal.

A este respecto, si bien las personas físicas o jurídicas distintas de las partes del litigio tienen derecho a la protección de las informaciones confidenciales que las afecten, no se puede, por el hecho de que exista un acuerdo de confidencialidad entre la parte interesada y un tercero, dar un tratamiento confidencial automático a las informaciones contempladas por ese acuerdo. En efecto, la existencia de un acuerdo de ese tipo no puede constituir una excepción a la norma del apartado 2 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento.

Sólo después de haber efectuado un examen del carácter confidencial o no de cada documento para el que se haya formulado una petición de tratamiento confidencial debidamente motivada y, en su caso, después de haber ponderado los intereses de la parte tercera y los de los coadyuvantes, puede el Juez comunitario pronunciarse sobre la procedencia de la petición, sin que la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre la parte demandante y el tercero en cuestión pueda constituir un obstáculo a dicho examen.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 19 de febrero de 1997. - Paolo Salvatore Affatato contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Beneficio de justicia gratuita. - Asunto T-157/96 AJ.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00155

página IA-00033

página II-00093



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Palabras clave

Procedimiento - Solicitud del beneficio de justicia gratuita - Presentación sin asistencia de Abogado con posterioridad a la interposición del recurso por un Abogado - Admisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 94, ap. 2, párr. 2)

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De conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la solicitud del beneficio de justicia gratuita no requiere la asistencia de Abogado. Esta dispensa no sólo es de aplicación al supuesto de que la solicitud se presente con anterioridad al recurso que el solicitante se proponga interponer, sino también cuando la referida solicitud se formula después de la presentación del recurso por un Abogado.
Palabras clave

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Palabras clave

Procedimiento - Escrito de demanda - Requisitos de forma - Exposición sucinta de los motivos invocados - Demanda dirigida a la reparación de los daños ocasionados por una Institución comunitaria - Inexistencia de indicaciones en cuanto al perjuicio sufrido y a la relación de causalidad - Inadmisibilidad - Imposibilidad de subsanarla mediante la petición de que se designe un perito encargado de determinar el daño material sufrido

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 19; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c); art. 64, ap. 2, letras b) y c), y art. 65, letra d)]

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Con arreglo al artículo 19 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y a la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda debe contener el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. No cumple estos requisitos una demanda dirigida a la reparación de los daños ocasionados por una Institución comunitaria que no facilite el menor dato en lo que atañe a la naturaleza del perjuicio alegado ni en lo relativo a de qué manera la conducta imputada a la Institución demandada pudo haber causado el perjuicio que se alega haber sufrido.

No cabe considerar que esta falta total de indicaciones pueda subsanarse con la petición, formulada en la demanda, de que se designe un perito con la misión de determinar el perjuicio material que ha de repararse. En efecto, no puede darse curso favorable a dicha petición en la medida en que va dirigida a que se ordene una diligencia de prueba con arreglo a la letra d) del artículo 65 del Reglamento de Procedimiento, habida cuenta de que tal diligencia supone que estén identificados los hechos por demostrar, lo que precisamente falta en la demanda. Tampoco se puede dar curso favorable a dicha petición en la medida en que va dirigida a que se acuerde una diligencia de ordenación del procedimiento con arreglo a las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 64 del mismo Reglamento, pues no tiene por objeto ni determinar los extremos sobre los que deba practicarse prueba ni precisar el alcance de las pretensiones ni aclarar una cuestión controvertida entre las partes.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 15 de septiembre de 1998. - Industria del Frio Auxiliar Conservera SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Policía sanitaria - Medidas de salvaguardia - Decisión 95/119/CE - Principio de seguridad jurídica - Principio de protección de la confianza legítima - Principio de proporcionalidad - Principio de igualdad de trato - Motivación - Desviación de poder. - Asunto T-136/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03301



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Palabras clave

Agricultura - Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria - Controles veterinarios de los productos procedentes de países terceros - Prohibición total de importar partidas de productos pesqueros procedentes de todo Japón - Violación de los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad o de igualdad de trato - Insuficiencia de motivación - Desviación de poder - Inexistencia

(Decisión 95/119/CE de la Comisión)

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La Decisión 95/119 de la Comisión, relativa a ciertas medidas de protección respecto a los productos pesqueros originarios de Japón, en la medida en que impone, tras la comprobación por una misión de expertos de la Comisión de graves deficiencias en materia de higiene y de control de las condiciones de producción y almacenamiento de los productos pesqueros, una prohibición total de importar partidas de dichos productos procedentes de todo el territorio japonés, ni viola los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad o de igualdad de trato, ni está viciada de insuficiencia de motivación o de desviación de poder.

En lo que respecta más concretamente al principio de seguridad jurídica, la Decisión no tiene efecto retroactivo, ya que no afecta a las importaciones en la Comunidad efectuadas antes de su entrada en vigor. A este respecto, la circunstancia de que la Decisión se aplique también a las mercancías que se encontraban en fase de transporte hacia la Comunidad en el momento de su publicación y sobre las que, por tanto, tiene efectos materiales, no la priva de su carácter de Decisión aplicable ex nunc, es decir, a toda mercancía importada a partir del día de su publicación.

Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, la Comisión no estaba obligada a prever un régimen especial para los operadores que tuviesen mercancías en fase de transporte, dado que, por una parte, la utilización de controles veterinarios efectuados en el momento de la importación, menos eficaces y menos fiables, ya está prevista cuando se cumplen en origen las condiciones de higiene y salubridad, y que, por otra parte, la importancia del objetivo perseguido, a saber, la protección de la salud pública, puede justificar restricciones que tengan consecuencias negativas para algunos operadores económicos. Por otra parte, dado que la medida adoptada no era más restrictiva para el comercio que lo que era necesario para obtener el nivel de protección sanitaria o fitosanitaria adecuado y que la Comisión se basó en conclusiones fiables de expertos, la Decisión no infringe las disposiciones aplicables del GATT.
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se fija un tipo de conversión agrario específico en el sector del azúcar - Falta de fijación para un Estado miembro - Recurso de un productor y de una asociación de productores de dicho Estado - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1734/95 de la Comisión]

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Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación dirigido por un productor de remolacha contra el Reglamento nº 1734/95 por el que se fija, para la campaña de comercialización 1994/1995, el tipo de conversión agrario específico aplicable a los precios mínimos de la remolacha, a las cotizaciones por producción y a la cotización complementaria del sector del azúcar, en la medida en que no fija el tipo de conversión aplicable al Estado miembro en que reside el productor de que se trata.

En efecto, dicho Reglamento es, por su naturaleza, una medida de alcance general cuya aplicación se efectúa partiendo de una situación objetiva e implica efectos jurídicos para categorías de personas consideradas de manera general y abstracta. Un acto no pierde su naturaleza de Reglamento cuando el número y la identidad de los operadores económicos de que se trata teóricamente podían ser conocidos por el autor del acto en el momento de su adopción, siempre que conste que dicha aplicación se hace en virtud de una situación objetiva de hecho o de Derecho, definida por el acto en relación con la finalidad de éste. El hecho de que un acto que opera objetivamente pueda tener efectos concretos diferentes para las diferentes categorías de operadores no contradice tampoco su carácter reglamentario.

Por otra parte, no se cumplen los requisitos que permitirían considerar que el demandante resulta individualmente afectado por dicho Reglamento, ya que su situación jurídica no resulta perjudicada a causa de una situación de hecho que le caracteriza con respecto a cualquier otra persona y que le individualice de forma análoga a la del destinatario, dado que éste sólo resulta afectado en su calidad objetiva de productor en el sector del azúcar, de la misma manera que cualquier otro productor en dicho sector.

Procede también declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación dirigido contra el mismo Reglamento por una asociación de productores de remolacha, puesto que ésta no está legitimada para interponer un recurso cuando sus miembros no puedan hacerlo a título individual, ya que no basta a tal efecto la defensa de intereses generales y colectivos de una categoría de justiciables.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 13 de diciembre de 1999. - Tyco Toys (UK) Ltd, Matchbox Toys (UK) Ltd, Matchbox Collectibles Ltd, Tyco Distribution Europe NV, Tyco Manufacturing Europe Inc, Matchbox Spielwaren, Matchbox Collectibles GmbH, Tyco Toys France SA, Tyco Toys España SA, Tyco Toys Deutschland GmbH y Playtime Toys (UK) Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea. - Política comercial común - Reglamentos (CE) nº 519/94 y nº 747/94 - Contingentes de importación para determinados juguetes procedentes de la República Popular de China - Recurso que carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno. - Asunto T-268/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-03569



Palabras clave

Política comercial común - Régimen común de importaciones - Contingentes cuantitativos para determinados juguetes procedentes de la República Popular de China - Excepción de ilegalidad propuesta contra el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 519/94 y contra el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 747/94 - Recurso que carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 111; Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo, art. 1, ap. 2; Reglamento (CE) nº 747/94 de la Comisión, art. 3, ap. 2]