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13.

En aras de la exhaustividad, debo mencionar dos dificultades de procedimiento. Lo haré brevemente porque, a mi juicio, no resulta necesario resolver tales dificultades a la vista de las circunstancias del presente asunto. En primer lugar, en el caso de autos no se ha alegado que la carta de la Comisión de 25 de octubre de 1985 sea ineficaz a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Lorenz, en donde se declaró que un examen iniciado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 sólo podía terminarse mediante la adopción de una Decisión en el sentido del artículo 189 del Tratado. No obstante esa sentencia, el Agente de la Comisión explicó en la vista que las Decisiones formales únicamente se adoptan cuando la Comisión llega a la conclusión de que la ayuda de que se trate resulta incompatible con el mercado común o de que tan sólo resulta compatible con el mercado común si se dan ciertos requisitos. Sin embargo, tanto el Tribunal remitente como la Comisión parecen considerar que la carta de 25 de octubre de 1985 contiene una Decisión en el sentido del artículo 189. La Comisión encuentra fundamento para ese punto de vista en la sentencia recaída en el asunto 169/84, Cofaz/Comisión (Rec. 1986, p. 391), en la que el Tribunal de Justicia admitió que podía interponerse recurso con arreglo al artículo 173 del Tratado contra una decisión adoptada en una reunión de la Comisión para poner término a una investigación iniciada en virtud del apartado 2 del artículo 93 y notificada mediante carta al Estado miembro interesado. Sin embargo, puede suscitarse la cuestión de si en la práctica debe haber alguna diferencia formal entre una notificación al final del examen precontencioso relativo a si la ayuda resulta compatible con el Tratado, en relación con la cual el Tribunal de Justicia declaró en el asunto Lorenz que no era necesario que adoptase la forma de una Decisión en el sentido del artículo 189, y una decisión adoptada a la terminación del procedimiento, la cual, según el Tribunal de Justicia, sí tiene que adoptar necesariamente esa forma. No obstante, como la validez de la carta de la Comisión no ha sido cuestionada, estoy dispuesto, en lo que a este caso se refiere, a admitir como correcto el punto de vista del órgano jurisdiccional nacional y de la Comisión.
3.

El Estado demandado no niega el incumplimiento e indica en sus observaciones escritas que la Ley por la que se establecen «disposiciones para la ejecución de las obligaciones resultantes de la pertenencia de Italia a la Comunidad Europea (Ley comunitaria para 1990)» fue adoptada el 29 de diciembre de 1990 y publicada en el suplemento ordinario de la GURI no 10 de 12 de enero de 1991..El artículo 5 de dicha Ley delega en el Gobierno la facultad de promulgar Decretos legislativos que contengan las disposiciones necesarias para adaptar el Derecho nacional a las tres Directivas. A este respecto, en la vista se ha sabido que los Decretos de que se trata aún no han sido adoptados y no parece que lo serán en un futuro inmediato.
17.

Se ha invocado el artículo 39 en la medida en que pretende garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. No obstante, no puede interpretarse en el sentido de que su finalidad es perpetuar determinadas situaciones en detrimento de una política agraria dinámica. Nadie obliga a los productores a cambiar de compradores. Si lo hacen es porque esperan obtener un beneficio que, respecto de los objetivos perseguidos por la política agraria común y de la amplia facultad de apreciación reconocida a las Instituciones comunitarias en este ámbito, ( 8 ) puede constituir la base de su solidaridad con otros productores cuya situación exija ayuda. La Comisión observó con todo acierto que las disposiciones del apartado 3 del artículo 7 persiguen un objetivo de redistribución en favor de los productores prioritarios. Además, estos últimos también están amparados por la letra b) del apartado 1 del artículo 39 del Tratado CEE. Por ello, esta disposición, que no puede interpretarse como un obstáculo al carácter definitivo de la criticada adaptación de las cantidades de referencia, no afecta la validez del artículo 7 del Reglamento n° 857/84.
20.

De ello se deduce que, si el viajero puede presentar mercancías que declara como equipajes acompañados, entran en el ámbito de la definición de equipajes personales. Pero no está previsto en absoluto que, además, se compruebe si los productos de que se trata guardan una relación más o menos estrecha Con el viaje o si constituyen equipajes personales según la acepción corriente de este concepto. Indudablemente, como hemos visto, la Directiva dispone que los depósitos portátiles que contienen carburante no constituyen equipajes personales. Aunque, por lo que respecta al carburante, se puede comprender que el depósito portátil debe considerarse en cierto modo como accesorio del propio vehículo y no como equipaje personal, no existe motivo alguno para extender esta solución más allá de esta hipótesis. En último término la tesis danesa podría llevar a afirmar que todo depósito portátil, con independencia de su contenido, no puede constituir un equipaje personal en el sentido de la Directiva. Asimismo, me parece que los combustibles, estén o no contenidos en depósitos portátiles, corresponden al régimen de equipajes personales. Por consiguiente, no procede excluirlos a priori de este concepto.
14.

Más recientemente, ( 11 ) este Tribunal examinó ciertas disposiciones comunitarias interrelacionadas con algunas de la legislación alemana que no permitían tener en cuenta, para determinar una cualificación que sirve de referencia a un derecho a pensión, actividades no sujetas al Seguro Obligatorio en Alemania. Este Tribunal observó que este obstáculo, a pesar de aplicarse con independencia de la nacionalidad del trabajador, afectaba esencialmente a los trabajadores migrantes procedentes de otros Estados miembros, que habían ocupado empleos sucesivamente en estos Estados y en la República Federal de Alemania. En consecuencia, este Tribunal afirmó que estas disposiciones conducían a desfavorecer a algunos de estos trabajadores migrantes que habían alcanzado en otro Estado miembro una cualificación superior a la obtenida en la República Federal de Alemania, porque aquéllas no les permitían invocar esta última cualificación cuando solicitaban recibir su derecho a pensión.
4.

A pesar de que ya no niega la incompatibilidad de la normativa de referencia con el Derecho comunitario, el Gobierno francés, no obstante, alega que, en la práctica, la normativa mencionada (ya) no se aplica a los ciudadanos de otros Estados miembros de la Comunidad y que, en adelante, como prescribe el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71, éstos tienen los mismos derechos que los nacionales franceses. Ya en su respuesta al dictamen motivado de la Comisión, el Gobierno francés comunicó, el 26 de noviembre de 1987, que ya no se exigía la existencia de un convenio internacional de reciprocidad para los ciudadanos de otros Estados miembros, para la concesión de un subsidio complementario y que de ello se había informado a todos los organismos competentes mediante la Circular ministerial n° 1370 de 5 de noviembre de 1987. ( 8 ) En cuanto a la disposición que exige la residencia en Francia durante un período determinado, el Gobierno francés señaló que no se habían adoptado los Decretos de aplicación necesarios y que, por ende, este requisito era papel mojado. No obstante, debe subrayarse que, si como consecuencia de instrucciones cursadas a los organismos competentes o a falta de Decretos de ejecución, en la práctica no resulta ninguna discriminación de una normativa discriminatoria en sí misma frente a los nacionales de otros Estados miembros, ello no puede justificar la normativa de que se trate. Su mantenimiento puede conducir a una situación ambigua e incierta con respecto a los organismos competentes del Estado miembro de origen y sobre todo con respecto a los nacionales de otros Estados miembros interesados. ( 9 ) Confirma esta tesis la observación de la Comisión, según la cual, a pesar de todo, en la práctica se ha denegado el subsidio complementario a nacionales de otros Estados miembros. ( 10 )
En apoyo de su recurso'de anulación, el Gobierno italiano alega además que la Decisión controvertida carece de una motivación suficiente, por cuanto lá Comisión no examinó si la ayuda de que se trata estaba justificada en virtud de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. El Gobierno italiano observa que la Comisión había dado por buena la ayuda prevista en el marco del plan aluminio con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE y había afirmado sobre este particular en su Decisión de 17 de diciembre de 1986 que el plan aluminio contribuía a la reestructuración general del sector del aluminio. ( 27 ) Ahora bien, el Gobierno italiano afirma que la ayuda a favor de Comsal y de Alumínia se incluye también en este esfuerzo de reestructuración. Y, por consiguiente, después de haber afirmado que la citada ayuda superaba el techo de la ayuda ya autorizada, la Comisión no examinó si la ayuda a favor de Comsal y Alumínia podía justificarse de todos modos, a semejanza de la prevista en el marco del plan aluminio, por lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. El Gobierno italiano admite que la Decisión de 17 de diciembre de 1986 contenía una valoración implícitamente negativa acerca de la licitud de cualquier nueva ayuda, si bien estima que la Comisión hubiera debido, sin embargo, enjuiciar la ayuda en cuestión a la luz de la letra c) del apartado, 3 del articuló 92 del Tratado CEE. En apoyo de este argumento, expone tres motivos.

El Gobierno italiano afirma en primer lugar que las Decisiones adoptadas en virtud del párrafo primero del apartado 2 del artículo 93, en especial la Decisión controvertida, no tienen la función de declarar el incumplimiento de obligaciones resultantes de una Decisión precedente, en el caso de autos la de 17 de diciembre de 1986. Para obtener semejante declaración, la Comisión debe, con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 93, recurrir directamente al Tribunal de Justicia. En segundo lugar el Gobierno italiano pretende que la Decisión de 17 de diciembre de 1986 contenía una invitación y no una orden de no conceder nuevas ayudas. En tercer lugar añade que la Decisión citada no podía prohibir de manera absoluta cualquier ayuda futura. Efectivamente, cualquier ayuda nueva debe enjuiciarse en relación con su finalidad, con la situación económica y con la situación del mercado vigentes en el momento en que se decidió.
7.

En primer lugar, ¿se trata de una excepción de inadmisibilidad? En efecto, el artículo 171 no establece ningún recurso específico, sino que impone una obligación determinada a cargo del Estado de que se trate: adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. El recurso que se interpone cuando la Comisión considera que un Estado no ha ejecutado correctamente una sentencia es siempre el previsto en el artículo 169. Pero la obligación respecto de la cual se pide a este Tribunal que declare su inobservancia ya no es aquélla cuyo incumplimiento fue declarado mediante la mencionada sentencia, sino la obligación del Estado afectado de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las decisiones del Tribunal de Justicia. Ahora bien, manteniendo que el presente recurso se refiere erróneamente al artículo 171, Italia alega que en realidad una conducta posterior a la sentencia del Tribunal de Justicia no puede, en el presente asunto, ser invocada como constitutiva de una falta de ejecución de dicha sentencia. En otras palabras, la obligación cuya inobservancia se alega no puede hacer que se declare un incumplimiento. No se trata, en definitiva, de aducir que los elementos constitutivos del incumplimiento no se reúnen y que, por tanto, el recurso es infundado? Pero es cierto que en la sentencia Comisión/Bélgica, ( 3 ) cuando dicho Estado impugnó la admisibilidad de un recurso relativo al artículo 171 en la medida en que se refería a un incumplimiento diferente del que había sido objeto de la primera sentencia, este Tribunal no cuestionó, al parecer, que se tratase de una excepción de inadmisibilidad. Y, por lo demás, se trata de oponerse al examen de un nuevo recurso basado en la inobservancia de los efectos de una sentencia con motivo de que precisamente esta última no puede tener el alcance que la demandante le atribuye; en cierto modo, una excepción de «cosa no juzgada». Por tanto, podría considerarse que se trata de un supuesto de inadmisibilidad que, por otra parte, podría ser establecido de oficio por el Tribunal de Justicia, como ocurre con la excepción de cosa juzgada. ( 4 )
9.

Ahora bien, en el presente caso, el procedimiento antidumping no se ha seguido «contra» BEUC y no puede culminar en un «acto lesivo» para éste. No existen, por tanto, documentos que la Comisión pueda prever admitir en apoyo de cualquier alegación relativa a la existencia de una infracción del Derecho comunitario cometida por BEUC. Procede pues señalar, por una parte, que BEUC no puede invocar eficazmente el respeto del derecho de defensa, en el sentido propio de este concepto, y, por otra parte, que la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base no viola el derecho de defensa, ya que no obliga a la Comisión a comunicar documentos no confidenciales a entidades como BEUC.
3.

La Comisión considera que el citado producto no puede ser incluido en la partida 20.09, considerando que tiene más de un 50 % de azúcar. Estima que la partida indicada para la clasificación de la mercancía controvertida es la 21.06, relativa a «Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas [...]». Personalmente, no suscribo este criterio por las siguientes razones.
6.

Llegamos, por último, al sentido que debe atribuirse al término «error» de las autoridades competentes. Observo, de entrada, que los supuestos de error no pueden circunscribirse a los meros errores de cálculo o de transcripción, sino que comprenden cualquier tipo de error cometido por las mismas autoridades competentes, y también, por ende, los errores relativos a la interpretación y a la aplicación de la normativa pertinente en cada caso. En cambio, cuando quienes causen el error —de buena fe o de mala fe, cosa que importa poco — sean el propio sujeto pasivo o un tercero, es decir, cuando se trate de un error en el que se haya inducido a las autoridades competentes, no creo que, en principio, pueda ser considerado relevante a efectos de abstenerse de efectuar la recaudación. En el caso que nos ocupa, los certificados de origen de las mercancías importadas, expedidos por las autoridades competentes del Estado miembro de exportación y presentados por Mecanarte, fueron posteriormente declarados inválidos. Semejante error no es imputable a las autoridades nacionales, ni a las alemanas ni a las portuguesas, habida cuenta de que, en el momento de recibirlos, no están obligadas a comprobar la exactitud de los datos ni la autenticidad de los documentos aportados por el sujeto pasivo. En efecto, nadie discute el hecho de que las autoridades aduaneras tienen facultades para realizar controles posteriores, como prevé expresamente el artículo 10 de la Directiva 79/695/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, relativa a la armonización de los procedimientos de despacho a libre práctica de las mercancías. ( 5 ) Lo anterior fue confirmado por la sentencia Van Gend en Loos, de 13 de noviembre de 1984, ( 6 ) relativa a las bonificaciones de los derechos de importación, asunto en el que se impugnaba la legalidad de la denegación de una bonificación, basándose, entre otras cosas, en la presunta negligencia de las autoridades nacionales, las cuales, según se alegó, se abstuvieron de comprobar la veracidad de unos certificados de origen que posteriormente resultaron ser falsos, haciendo nacer, de este modo, la confianza legítima de los agentes económicos interesados. El Tribunal de Justicia afirmó, a este respecto, que «la actuación de dichos Servicios [aduaneros] en el marco de la primera recepción de las declaraciones en aduana no supone obstáculo alguno para el eventual ejercicio de controles posteriores por parte de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, ni para las consecuencias que de ello puedan resultar, según se deduce, en particular, del apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 79/695», Directiva que, recordémoslo, resulta aplicable al caso de autos. De las observaciones precedentes se desprende, pues, que no ha habido ningún error imputable a las autoridades competentes con arreglo al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79. Se deduce asimismo que no se ha cumplido uno de los tres requisitos exigidos para que el sujeto pasivo tenga derecho a que no se realice la recaudación que le afecta.
20.

Por el contrario, en el segundo caso, la falta de aplicabilidad del Convenio internacional no produce en modo alguno la penalización del trabajador que ha ejercitado su derecho a la libre circulación con respecto a la situación en que se habría encontrado de haber continuado sometido a un solo Derecho nacional. Para ser más concreto, sus derechos no serán inferiores a los que habría determinado la aplicación de la legislación nacional solamente. Como indica acertadamente la Comisión, en el presente asunto no se priva al demandante de ningún derecho a prestación adquirido a tenor de una legislación nacional.
22.

No se trata, en ningún caso, de reparar, como pretende el Gobierno neerlandés, los errores de la Comisión o del BALM. En efecto, el primer télex en cuestión es de fecha 31 de enero de 1983, mencionando que las autoridades tailandesas informaron a la Comisión de la salida del buque Equinox hacia mediados de enero de 1983 con un cargamento de mandioca carente de certificados de exportación. En consecuencia, la Comisión sólo podía recibir esta información en la segunda mitad del mes de enero de 1983. Ahora bien, algunas licencias de importación expedidas por el BALM llevan las fechas de los días 6, 11, 19 y 27 de enero. Por lo tanto, no es seguro que la Comisión pudiera aún intervenir ante el BALM para instarle a no expedir más licencias de importación. Por otra parte, el télex de la Comisión, de 6 de mayo de 1983, dirigido a las autoridades neerlandesas, señala que no se le comunicó ninguna solicitud de licencia de importación relativa a estas cantidades, de acuerdo con el artículo 9 de los Reglamentos n° 2029/82 y n° 3383/82. En consecuencia, es verosímil que las licencias de importación expedidas por el BALM lo fueran para otros cargamentos de mandioca y es difícil comprender cómo la Comisión podía oponerse a su expedición siendo así que ignoraba que iban a ser utilizados más tarde para un nuevo cargamento. No podía hacer otra cosa, pues, que utilizar las facultades que le reconocen los artículos 7, apartado 1, párrafo segundo, de los Reglamentos citados.
9.

Como ya se ha dicho, el órgano jurisdiccional nacional desea saber si la jurisprudencia controvertida da lugar a falsear la competencia entre las empresas francesas y otras empresas de la Comunidad. Ahora bien, la letra f) del artículo 3 y el artículo 85 no se refieren a semejante distorsión del juego de la competencia: aunque es cierto que las citadas disposiciones se refieren al mantenimiento de la competencia en el mercado común, se trata, a este respecto, de una prohibición que afecta a los acuerdos y prácticas concertadas que falsean el juego de la competencia y son efectuadas por empresas. El caso de autos sometido al órgano jurisdiccional nacional no tiene nada que ver con tales acuerdos o prácticas concertadas. El Tribunal de Justicia ha declarado que de las disposiciones de la letra f) del artículo 3 en relación con las de los artículos 5 y 85 del Tratado CEE se deduce que los principios consagrados por el artículo 85 también deben ser observados por los Estados miembros. Más concretamente, el Tribunal ha enunciado la norma conforme a la cual los Estados miembros están obligados a no adoptar ni mantener en vigor medidas que puedan eliminar la eficacia del artículo 85. ( 16 ) Ese sería el caso, entre otros, si un Estado miembro favoreciera la celebración de acuerdos contrarios al artículo 85 o reforzara sus efectos. ( 17 ) No obstante, esta jurisprudencia no excluye que las autoridades judiciales de un Estado miembro puedan, eventualmente, infringir la letra f) del artículo 3 en relación con los artículos 5 y 85 del Tratado CEE, pero a condición de que favorecieran los acuerdos o las prácticas concertadas entre empresas. Ahora bien, ese no parece ser el caso en el asunto sometido al órgano jurisdiccional nacional.
52.

El órgano jurisdiccional nacional se refiere aún a las letras c) y d) del apartado 3 del artículo 48. Como el Sr. Buhari no ha sido nunca, sin embargo, un trabajador por cuenta ajena, estas disposiciones no pueden aplicársele. Además, el derecho de permanecer [letra d)] sólo puede jugar en favor de una persona que haya residido con anterioridad legalmente en un Estado miembro. Por otra parte, en lo relativo al derecho de residir en uno de los Estados miembros [letra c)], el Sr. Buhari hizo precisar en la vista que, aunque tuviera derecho a ello, no establecería su residencia en el territorio de la Comunidad, pues no podría acostumbrarse a las condiciones de vida en Europa.
36

En mi opinión, puede no quedar claro cómo debe valorarse en general esta argumentación jurídica. En cualquier caso, no comprendo de qué modo la interpretación del artículo 60 del Acta de adhesión que defienden la Comisión, el demandante y los Gobiernos español y portugués podría ser contraria al imperativo de seguridad jurídica sobre el que se basa la citada jurisprudencia. En el presente asunto, quizá salvo el concepto de «entrada en vigor», pero cuya escasa relevancia ya he indicado, la construcción y finalidad de la disposición aportan todos los argumentos en favor de considerar que lo dispuesto en el artículo 60 también incluye la introducción retroactiva de la solución uniforme. La jurisprudencia a la que alude el Gobierno francés no exige —incluso en el caso de normas cuyo efecto retroactivo se pone en duda— que tal efecto retroactivo se haya dispuesto expresamente. Por el contrario, basta con que la finalidad (del Reglamento) aporte un claro punto de apoyo, ( 17 ) o, en su caso, que del objetivo o la construcción de la norma de que se trate se desprenda que se le debe atribuir tal efecto. ( 18 ) El argumento basado en la seguridad jurídica, expuesto por el Gobierno francés en apoyo de una interpretación restrictiva de la remisión del artículo 60 del Acta de adhesión, no me parece, por ello, fundado.
8.

Dos criterios parecen guiar al Tribunal de Justicia: de una parte, la existencia de un pago realizado por el empresario al trabajador, en su caso de forma indirecta, y, de otra, la estrecha relación entre el trabajo y la citada prestación. Apliquemos estos criterios al subsidio transitorio establecido por el BAT. Éste se paga a los trabajadores a jornada completa que, en el momento de cesar la relación laboral, tienen al menos 21 años y que han permanecido al menos 1 año ininterrumpidamente con el mismo empleador. ( 8 ) También es preciso que se reúnan otros requisitos, sobre todo que la extinción de la relación laboral no sea imputable al trabajador, que éste no haya obtenido indemnización por despido, que no encuentre inmediatamente otro puesto de trabajo y que no se haya negado a ocupar otro puesto de trabajo. ( 9 ) Además, el derecho al subsidio transitorio desaparece en caso de que el cese sea consecuencia de una medida de racionalización del servicio. ( 10 ) Parece que, en la práctica, este subsidio se paga casi exclusivamente en los casos de jubilación o de cese por nacimiento de un hijo. ( 11 ) Finalmente, el importe del subsidio transitorio está en función del último salario y de la duración de la relación laboral. ( 12 )