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El artículo 13, parte A, apartado 2, de la Sexta Directiva establece: «a) Los Estados miembros podrán subordinar, caso por caso, la concesión a organismos que no sean de Derecho público de cada una de las exenciones enunciadas en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1, al cumplimiento de una o de varias de las condiciones siguientes: — los organismos de que se trate no deberán tener por objeto la consecución sistemática de beneficios, no pudiéndose distribuir en ningún caso los posibles beneficios, que deberán destinarse al mantenimiento o a la mejora de las prestaciones suministradas; — deberán ser gestionados y administrados, con carácter esencialmente filantrópico, por personas que no tengan, por sí mismas o por personas interpuestas, ningún interés directo ni indirecto en los resultados de la explotación; — deberán aplicar unos precios homologados por las autoridades públicas o que no sean superiores a los así homologados o, por lo que se refiere a las actividades no susceptibles de homologación de precios, unos precios inferiores a los exigidos para operaciones análogas por las empresas comerciales sometidas al [IVA]; — las exenciones no deberán ser susceptibles de provocar distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al [IVA]; b) Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes estarán excluidas del beneficio de la exención prevista en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1, si: — no fueran indispensables para la realización de las operaciones exentas; — estuvieran esencialmente destinadas a procurar al organismo unos ingresos suplementarios por la realización de operaciones efectuadas en competencia directa con las de las empresas comerciales sometidas al [IVA].»
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Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre, por una parte, Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League y PA Sport UK Ltd (designadas conjuntamente, en lo sucesivo, «Football Dataco y otros») y, por otra parte, Sportradar GmbH y Sportradar AG (designadas conjuntamente, en lo sucesivo, «Sportradar»), que versa, en particular, sobre una supuesta vulneración por estas últimas del derecho sui generis que Football Dataco y otros alegan tener sobre una base de datos relativa a encuentros de campeonatos de fútbol mientras se encuentran en curso de celebración («Football Live»).
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Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 1 de la Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331, p. 11; EE 09/01, p. 116), modificada por la Directiva 2006/98/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p.129) (en lo sucesivo, «Octava Directiva»), así como del artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de la devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO L 44, p. 23).
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Al comprobar la declaración fiscal de Mecsek-Gabona, la autoridad tributaria húngara remitió una solicitud de información a las autoridades italianas, conforme al artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 218/92 (DO L 264, p. 1). Según la información transmitida por estas autoridades, Agro-Trade era ilocalizable y la dirección del domicilio social que se había declarado correspondía a una casa particular. Ninguna sociedad con ese nombre había tenido tal dirección. Dado que nunca había pagado el IVA, la autoridad tributaria italiana tampoco tenía conocimiento de Agro-Trade. El 14 de enero de 2010, el número italiano de identificación a efectos del IVA de esta sociedad había sido cancelado del registro con efecto retroactivo al 17 de abril de 2009.
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El vigésimo cuarto considerando del Reglamento Roma I, tiene el siguiente tenor: «Tratándose más concretamente de contratos de consumo, […] la coherencia con el Reglamento [Bruselas I] exige, por una parte, que se haga referencia a la “actividad dirigida” como condición para aplicar la norma protectora del consumidor y, por otra parte, que este concepto sea objeto de una interpretación armoniosa en el Reglamento [Bruselas I] y en el presente Reglamento, precisándose que una declaración conjunta del Consejo y la Comisión relativa al artículo 15 del Reglamento [Bruselas I] especifica que “para que el artículo 15, apartado 1, letra c), sea aplicable no basta que una empresa dirija sus actividades hacia el Estado miembro del domicilio del consumidor, o hacia varios Estados miembros entre los que se encuentre este último, sino que además debe haberse celebrado un contrato en el marco de tales actividades”. Esta declaración recuerda también que “el mero hecho de que un sitio Internet sea accesible no basta para que el artículo 15 resulte aplicable, aunque se dé el hecho de que dicho sitio invite a la celebración de contratos a distancia y que se haya celebrado efectivamente uno de estos contratos a distancia, por el medio que fuere. A este respecto, la lengua o la divisa utilizada por un sitio Internet no constituye un elemento pertinente”.»
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Tras recibir reclamaciones de terceros, el DVGW inició un procedimiento de verificación, del que encargó de nuevo a Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Se llevó a cabo un «test de ozono», destinado a comprobar la resistencia al ozono de la junta de estanqueidad de elastómero del empalme, sobre una placa de material enviada por el fabricante italiano. En junio de 2005, el DVGW comunicó a Fra.bo que su empalme no había superado el «test de ozono», pero que, no obstante, podía presentar en un plazo de tres meses un informe de ensayo positivo. Sin embargo, el DVGW no aceptó el informe de ensayo redactado posteriormente por Cerisie Laboratorio aduciendo que no había autorizado a esta empresa como organismo de control. En el marco del procedimiento principal, el DVGW también alega que este informe es insuficiente materialmente, en la medida en que no indica las especificaciones del test ni las condiciones a las que se sometió el material.
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En particular, el artículo 23, apartado 1, última frase, del Reglamento no 1008/2008, se refiere a los «suplementos opcionales de precio», que no son inevitables, contrariamente a la tarifa o el flete y a otros elementos constitutivos del precio definitivo del vuelo mencionados en el artículo 23, apartado 1, segunda frase, de dicho Reglamento. Tales suplementos opcionales de precio se aplican de este modo a servicios que, aunque complementan al propio servicio aéreo, no son ni obligatorios ni indispensables para el transporte de los pasajeros o de flete, con independencia de que el cliente elija aceptarlos o excluirlos. Precisamente porque el cliente puede realizar esa elección, tales suplementos de precio deben comunicarse de manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo de cualquier proceso de reserva, y deben ser objeto de una opción de inclusión por éste, como prevé el artículo 23, apartado 1, última frase, del citado Reglamento.
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Según las apreciaciones del Landgericht München II, estos objetos están protegidos en Alemania por derechos de autor en su condición de obras de arte aplicado. En Italia, en cambio, durante el período controvertido en el litigio principal, a saber, del 1 de enero de 2005 al 15 de enero de 2008, no gozaban de la protección de los derechos de autor o la protección de que gozaban no podía ser válidamente opuesta a terceros. De este modo, los muebles diseñados por Eileen Gray no estuvieron protegidos por derechos de autor en Italia entre el 1 de enero de 2002 y el 25 de abril de 2007, pues la protección en ese Estado es de menor duración y la misma sólo fue prorrogada desde el 26 de abril de 2007. Los demás muebles estuvieron protegidos por derechos de autor en Italia durante el período controvertido, pero esta protección, con arreglo a la jurisprudencia italiana, no podía ser válidamente opuesta a terceros y en modo alguno a los fabricantes que habían reproducido, puesto a la venta y/o comercializado las creaciones desde antes del 19 de abril de 2001.
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A este respecto, el Tribunal General constató en primer lugar, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que la concisión y los términos del citado eslogan no introducen ni un juego de palabras, ni elementos de tensión conceptual o de sorpresa que puedan conferir a la marca solicitada, en la mente del público pertinente, un carácter distintivo. El Tribunal General subrayó, en particular, en el mismo apartado 37, que las características de dicha marca no le confieren una originalidad o una fuerza particular y no desencadenan un proceso cognitivo o un esfuerzo de interpretación en el público pertinente que puedan hacer de ésta algo distinto de un mero mensaje publicitario sobre las cualidades de los productos a los que se refiere la solicitud de marca. Además, en el apartado 38 de dicha sentencia, el Tribunal General señaló que la constatación de que la citada marca constituye un mero eslogan publicitario, limitándose a remitirse a las cualidades de los productos, no queda en entredicho por el hecho de que una búsqueda en Internet no ha revelado el uso de la misma marca por parte de terceros.
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En cuanto a la tesis sostenida por la recurrente, y según la cual la existencia de registros como marca en quince Estados miembros confirma el carácter distintivo, en el sentido del Reglamento no 40/94, de la marca cuyo registro se solicitaba, debe afirmarse que el Tribunal General no ha incurrido en ningún error de Derecho al considerar, con arreglo a una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que los registros efectuados en los Estados miembros no pasan de ser un mero factor que puede tenerse en cuenta a la hora de registrar una marca comunitaria, ya que la marca cuyo registro se solicita debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente, y que de esta circunstancia se deriva que la OAMI no está obligada ni a dar por buenos los criterios y apreciaciones de las autoridades nacionales competentes, ni a registrar la marca en cuestión como marca comunitaria sobre la base de tales consideraciones (véase, en este sentido, la sentencia Develey/OAMI, antes citada, apartados 72 y 73).
Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretación de la Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (DO L 340, p. 28) y de los artículos 4 y 6 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001 (DO L 270, p. 1) — Legislación nacional mediante la que se procede a la transposición de la Directiva que declara aplicables las exigencias normativas en materia de gestión no sólo a los terneros confinados para la cría y el engorde, sino también a los terneros confinados para la explotación lechera.
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No obstante, como se desprende de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17, relativa a los contratos de arrendamiento, recogida por el Reglamento (CE) no 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320, p. 1), el contrato de arrendamiento operativo ha de distinguirse del contrato de arrendamiento financiero, caracterizándose este último por que se transiten al arrendatario la mayoría de los beneficios y riesgos inherentes a la propiedad legal. El hecho de que una transmisión de la propiedad esté prevista al finalizar el contrato o que la cantidad actualizada de los vencimientos sea prácticamente idéntica al valor venal del bien constituyen, individual o conjuntamente, criterios que permiten determinar si un contrato puede calificarse de contrato de arrendamiento financiero.
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La segunda cuestión se plantea únicamente para el supuesto de que el artículo 18, apartado 4, del Reglamento no 1013/2006 no permita que un intermediario que organiza un traslado de residuos se abstenga de divulgar la identidad de la empresa que genera los residuos al destinatario del traslado. El órgano jurisdiccional remitente señala que la Ley Fundamental, como se ha señalado en el apartado 13 de la presente sentencia, garantiza la protección de los secretos comerciales, la cual abarca, en particular, las fuentes de abastecimiento de una empresa. Indica que no existe ninguna disposición nacional aplicable que permita limitar los derechos fundamentales de que se trata. Se plantea el interrogante de si, en tales circunstancias, los secretos comerciales gozan de protección en el Derecho originario de la Unión, que, en principio, limite el alcance del artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 1013/2006.
En relación con la posibilidad de que, para el cálculo del importe de la multa coercitiva diaria, se tenga en cuenta la reducción progresiva del número de equivalentes habitante no conformes, es decir, no recogidos o no tratados o tratados de manera insatisfactoria, al objeto de tomar en consideración los progresos realizados por el Estado miembro para cumplir la sentencia por la que se declara que dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y el principio de proporcionalidad, deben tenerse en cuenta las circunstancias agravantes que señala la Comisión.

La multa coercitiva no debe suspenderse ni reducirse antes de que el Estado miembro haya adoptado todas las medidas necesarias en ejecución de la sentencia por la que se declara el incumplimiento y, por consiguiente, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 91/271, habida cuenta de que dicho Estado miembro ha tenido tiempo más que suficiente para cumplir plenamente dicha sentencia y de que, al designar la integridad del territorio nacional «zona sensible», las autoridades nacionales consideraron que las masas de agua superficial ya estaban afectadas o podían estarlo en un breve espacio de tiempo por un fenómeno de eutrofización, lo cual lleva a considerar que el Estado miembro no podía ignorar la necesidad de proceder a las obras que permitieran que sus instalaciones de tratamiento fueran conformes con el Derecho de la Unión, cuando menos a partir de la fecha en que las autoridades nacionales confirmaron dicha designación a la Comisión.

(véanse los apartados 48 y 51 a 54)
El examen del artículo 69 del Reglamento no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, disposición que concede a los Estados miembros la posibilidad de retener hasta un 10 % del componente de los límites máximos nacionales de cada sector de producto con el fin de efectuar un pago adicional para tipos específicos de actividades agrarias que sean importantes para la protección o la mejora del medio ambiente o para mejorar la calidad y la comercialización de productos agrícolas, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a su validez, por lo que respecta al artículo 34 CE.

En efecto, procede señalar que el artículo 69 del Reglamento no 1782/2003 no establece él mismo requisitos distintos en función de los Estados miembros o los productores, sino que se limita a atribuir a todos los Estados miembros, en las mismas condiciones y según los mismos procedimientos, cierto margen de apreciación para efectuar pagos adicionales en el marco de la reforma de la política agrícola común. Dicha habilitación concedida a los Estados miembros, por un lado, está estrictamente regulada y se supedita a una serie de requisitos de naturaleza tanto material como de procedimiento y, por otro lado, constituye una medida temporal dirigida a facilitar la transición hacia el régimen de pago único. El hecho de que la adopción de una medida en el marco de una organización común de mercados pueda tener repercusiones diferentes para determinados productores, en función de su producción individual o de condiciones locales, no puede considerarse una discriminación prohibida por el Tratado CE, puesto que esta medida se basa en criterios objetivos, adaptados a las necesidades del funcionamiento global de la organización común de mercados. Del mismo modo, la prohibición de discriminación no comprende las eventuales disparidades de trato que puedan derivarse, entre los Estados miembros, de las divergencias existentes entre las legislaciones de dichos Estados, siempre que tales legislaciones se apliquen a todas las personas sometidas a ellas.

(véanse los apartados 20, 23, 29, 34, 35 y 44 y el fallo)
El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que una empresa que haya infringido esta disposición no puede evitar la imposición de una multa cuando dicha infracción tenga su origen en un error de la empresa sobre la licitud de su comportamiento en razón del contenido del dictamen jurídico de un abogado o de la resolución de una autoridad nacional de defensa de la competencia.

En efecto, del tenor del artículo 5 del Reglamento no 1/2003, que regula las competencias de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, no se desprende que la adopción de las medidas de aplicación previstas por el artículo 23, apartado 2, de dicho Reglamento exija el cumplimiento de requisitos de carácter subjetivo. Sin embargo, si los Estados miembros introducen tales requisitos, éstos deberán ser, para no socavar la eficacia del Derecho de la Unión, al menos tan rigurosos como los previstos en el artículo 23 del Reglamento no 1/2003. Respecto a la cuestión de si una infracción se cometió deliberadamente o por negligencia, esta calificación dependerá del comportamiento de la empresa en cuestión, por cuanto ésta no puede ignorar que su comportamiento es contrario a la competencia, tenga o no conciencia de infringir las normas sobre competencia del Tratado. Pues bien, es evidente que las empresas que acuerdan directamente sus precios de venta no pueden ignorar que su comportamiento es contrario a la competencia.

Además, nadie puede invocar la violación del principio de protección de la confianza legítima si la Administración competente no le ha dado garantías concretas. De ello se deduce que el dictamen jurídico de un abogado no puede en ningún caso generar en el empresario una confianza legítima de que su comportamiento no infringe el artículo 101 TFUE o de que no dará lugar a la imposición de una multa. En cuanto a las autoridades nacionales de defensa de la competencia, dado que no son competentes para adoptar una decisión negativa, es decir, una decisión que declare que no se ha infringido el artículo 101 TFUE, tales autoridades no pueden generar en los empresarios una confianza legítima de que sus comportamientos no infringen dicha disposición.

(véanse los apartados 35 a 37, 39 y 41 a 43 y el punto 1 del fallo)
El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que aplica sin distinciones un canon por copia privada por la primera puesta en circulación en su territorio, a título oneroso y con fines comerciales, de soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, estableciendo al mismo tiempo un derecho a la devolución de los cánones pagados en caso de que el uso final de dichos soportes no esté comprendido en el supuesto contemplado en dicha disposición, siempre que —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente— habida cuenta de las circunstancias particulares de cada sistema nacional y de los límites impuestos por dicha Directiva, haya dificultades prácticas que justifiquen dicho sistema de financiación de la compensación equitativa y siempre que ese derecho a devolución sea efectivo y no dificulte excesivamente la devolución del canon pagado.

(véanse el apartado 37 y el punto 1 del fallo)
El artículo 3, apartado 2, del Reglamento no 343/2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, debe interpretarse en el sentido de que permite a un Estado miembro, que los criterios establecidos en el capítulo III de ese Reglamento no designen como responsable, examinar una solicitud de asilo aunque no concurra ninguna circunstancia que dé lugar a la aplicación de la cláusula humanitaria que figura en el artículo 15 de dicho Reglamento. Esta posibilidad no se supedita al hecho de que el Estado miembro responsable en virtud de los mencionados criterios no haya respondido a una petición de readmisión del solicitante de asilo.

(véanse el apartado 39 y el punto 1 del fallo)
No corresponde al Tribunal de Justicia realizar una calificación jurídica de la demanda presentada por el demandante en el litigio principal. En el caso de autos, es a él a quien corresponde precisar la naturaleza y fundamento de la acción interpuesta, bajo el control del órgano jurisdiccional nacional.

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que limita los intereses abonados al proceder a la devolución de un impuesto percibido en infracción del Derecho de la Unión a los devengados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución de dicho impuesto.

Efectivamente, a falta de normas en el Derecho de la Unión, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las condiciones en que deben abonarse tales intereses, en particular, el tipo y modo de cálculo de estos intereses, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad.

Pues bien, una normativa nacional que limita los intereses a los devengados a partir del día siguiente a la fecha de la solicitud de devolución del impuesto indebidamente percibido no respeta el principio de efectividad, que exige, en una situación de restitución de un impuesto recaudado por un Estado miembro en infracción del Derecho de la Unión, que las normas nacionales relativas, en particular, al cálculo de los intereses eventualmente adeudados, no tengan por consecuencia privar al sujeto pasivo de una indemnización adecuada de la pérdida ocasionada por el pago indebido del impuesto. En efecto, esta pérdida depende, concretamente, de la duración de la indisponibilidad del importe indebidamente abonado en infracción del Derecho de la Unión, y de este modo, se produce, en principio, a lo largo del período comprendido entre la fecha del pago indebido del impuesto en cuestión y la fecha de devolución de éste.

(véanse los apartados 23 y 26 a 29 y el fallo)