Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras - Directiva 89/665/CEE - Entidades adjudicadoras - Organismo de Derecho público - Concepto - Normativa nacional que excluye las sociedades mercantiles sometidas a control público - Improcedencia

[Directivas del Consejo 89/665/CEE, art. 1, ap. 1, letra b); 92/50/CEE, art. 1, letra b), párr. 2; 93/36/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, y 93/37/CEE, art. 1, letra b), párr. 2]

2. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras - Directiva 89/665/CEE - Resoluciones recurribles - Normativa nacional que excluye, salvo excepción, los actos de trámite - Procedencia - Criterios

(Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 1)

3. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras - Directiva 89/665/CEE - Medidas provisionales - Obligación de interponer previamente un recurso en cuanto al fondo - Improcedencia

[Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 2, ap. 1, letra a)]

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1. Una normativa nacional que excluye de antemano a las sociedades mercantiles bajo control público del ámbito de aplicación personal de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, no incorpora correctamente el concepto de «entidad adjudicadora» que figura en el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, tal como se define en el artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 93/36, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, y 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

Teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación personal de la Directiva 89/665 coincide necesariamente con el de dichas Directivas, es preciso, en efecto, hacer referencia a la definición de dicho concepto y, de manera más particular, a la de «organismo de Derecho público» utilizada en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de dichas Directivas.

Ahora bien, el estatuto de Derecho privado de una entidad no constituye un criterio que pueda excluir su calificación como entidad adjudicadora en el sentido de dicho artículo y la aplicación de dichas Directivas a una entidad que cumpla los tres requisitos acumulativos que enuncia la citada disposición, según los cuales debe ser un organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad dependa estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de Derecho público, no puede excluirse por el mero hecho de que, con arreglo al Derecho nacional al que está sujeta, su forma y su régimen jurídico correspondan al Derecho privado.

( véanse los apartados 50 a 52, 55 a 57 y 60 )

2. Una normativa nacional que prevé que los actos de trámite sólo pueden ser objeto de recursos administrativos y de recursos contencioso-administrativos si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos garantiza una tutela judicial adecuada en el sentido de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras. Dicha Directiva está encaminada, en efecto, a garantizar que en todos los Estados miembros existan procedimientos adecuados que permitan la anulación de las decisiones de las entidades adjudicadoras que infrinjan el Derecho comunitario relativo a la contratación pública o las normas nacionales que adapten el ordenamiento jurídico interno a dicho Derecho, así como la indemnización de las personas perjudicadas por tal infracción, y los procedimientos de recurso a que ésta se refiere deben ser, por una parte, eficaces y lo más rápidos posible y, por otra, accesibles a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.

( véanse los apartados 77 a 80 )

3. En virtud del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, los Estados miembros están obligados a conferir a los organismos que conozcan de los procedimientos de recurso la facultad de adoptar, independientemente de cualquier acción previa, todas las medidas provisionales, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión.

A este respecto, una normativa nacional que someta, por regla general, la posibilidad de que se tomen medidas cautelares en relación con las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la necesidad de interponer previamente un recurso en cuanto al fondo contra la decisión de la entidad adjudicadora no podría considerarse como un sistema de tutela judicial provisional adecuado para corregir de manera eficaz las infracciones eventualmente cometidas por las entidades adjudicadoras, y, por tanto, compatible con las prescripciones de la Directiva 89/665.

( véanse los apartados 98 a 100 y 102 y el punto 1 del fallo )