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1)

¿Debe interpretarse el artículo 78 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, ( 1 ) por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en el sentido de que, al contabilizarlo posteriormente, un declarante, invocando el artículo 147, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, ( 2 ) por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92, puede seguir optando por un precio de la operación inferior y distinto de las mercancías importadas con vistas a reducir el importe de la deuda aduanera?
Asunto C-137/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Dresden (Alemania) el 22 de febrero de 2018 — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Dresden (Alemania) el 22 de febrero de 2018 — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

(Asunto C-137/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Dresden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: hapeg dresden gmbh

Demandada: Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión Europea, en particular el artículo 15, apartado 3, letras b) y c), y el artículo 16, apartado 1, primera, segunda y tercera frase, letras b) y c), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ( 1 ) de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la aplicable en el litigio principal, que prohíbe que en los contratos con arquitectos o ingenieros se acuerden unos honorarios inferiores a los importes mínimos establecidos en las tarifas de honorarios de arquitectos e ingenieros para el cálculo de su remuneración?

( 1 ) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36).
Asunto C-363/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 4 de junio de 2018 — Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l’Économie et des Finances

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 4 de junio de 2018 — Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l’Économie et des Finances

(Asunto C-363/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d'État

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Demandado: Ministre de l’Économie et des Finances

Cuestiones prejudiciales

¿Obliga el Derecho de la Unión Europea y, en particular, el Reglamento n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, ( 1 ) cuando es obligatoria la mención del origen de un producto incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento, a incluir la mención, respecto a un producto procedente de un territorio ocupado por Israel desde 1967, de dicho territorio y una mención que aclare que el producto procede de una colonia israelí cuando tal sea el caso? De no ser así, ¿permiten a un Estado miembro las disposiciones de dicho Reglamento, en particular las de su capítulo VI, exigir tales menciones?

( 1 ) Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18).
(2)

En segundo lugar, el Tribunal General no determinó correctamente el objeto de la marca controvertida, sino que consideró y trató la marca controvertida como marca de posición. La marca controvertida es una marca figurativa, ya que se solicitó y se registró como marca figurativa, y no se presentó ninguna descripción o aviso que sugiriese otra cosa. El mero uso de líneas discontinuas no convierte a una marca figurativa en una marca de posición.
2)

Habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 377 de la Directiva IVA, Portugal ha optado por mantener exentas del IVA las operaciones realizadas por los establecimientos hospitalarios no mencionados en el artículo 132, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, de que ha concedido a tales sujetos pasivos la posibilidad de optar por la tributación de dichas operaciones con arreglo al artículo 391 de la Directiva, siempre que mantengan el régimen de tributación durante un período mínimo de cinco años, y de que prevé que solo puedan volver a estar sujetos al régimen de exención si así lo manifiestan expresamente, ¿se opone el artículo 391 y/o los principios de protección de los derechos adquiridos y de la confianza legítima, de igualdad y de no discriminación, de neutralidad y de no distorsión de la competencia en relación con los usuarios y sujetos pasivos que sean entidades de Derecho público, a que la Autoridad Tributaria y Aduanera imponga la aplicación del régimen de exención antes de que transcurra el citado plazo, desde el momento en el que considere que el sujeto pasivo ha pasado a prestar servicios en condiciones sociales comparables a las que rigen para las entidades de Derecho público?
3.

¿Deben interpretarse el artículo 20, apartado 4, el artículo 20, apartado 5, y el artículo 20, apartado 6, en relación con los artículos 14, 21, 22, 23 y 24 de la Directiva y los artículos 1, 3, 4 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que es posible, o no es posible, adoptar una medida o sanción de exclusión temporal (o definitiva) del derecho a las condiciones materiales de acogida respecto a un menor, y en particular respecto a un menor no acompañado?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 182/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) el 12 de marzo de 2018 — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

(Asunto C-184/18)

(2018/C 182/15)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Central Administrativo Sul

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Fazenda Pública

Recurridos: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 12, 56, 57 y 58 del Tratado de la Comunidad Europea [actualmente artículos 18, 63, 64 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal (artículo 43, apartado 2, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprobado por Decreto-ley n.o 442-A/88, de 30 de noviembre, en su redacción resultante de la Ley n.o 109-B/2001, de 27 de diciembre), que somete las plusvalías resultantes de la enajenación de un bien inmueble situado en un Estado miembro (Portugal) por un nacional de dicho Estado miembro residente en un tercer país (Angola) a una carga fiscal superior a la aplicada por este mismo tipo de operación a las plusvalías obtenidas por un residente en el Estado en el que está situado el inmueble?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 166/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Liège (Bélgica) el 5 de marzo de 2018 — Jean Jacob, Dominique Lennertz / État belge

(Asunto C-174/18)

(2018/C 166/32)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Liège

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Demandada: État belge

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea a que la normativa fiscal belga, en su artículo 155 del CIR/92, al margen de que se aplique o no la Circular de 12 de marzo de 2008, n.o Ci.RH.331/575.420, tenga como consecuencia que las pensiones luxemburguesas del demandante, que están exentas con arreglo al artículo 18 del Convenio para evitar la doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo, se incluyan en el cálculo de la cuota del impuesto belga, sirvan de base para la concesión de las ventajas fiscales previstas en el CIR/92 pese a que no deberían formar parte de la misma en virtud de su exención total perseguida por el Convenio para evitar la doble imposición, y que las ventajas atribuidas, como la de la fracción exenta de impuesto, el ahorro a largo plazo, los gastos pagados con bonos de servicios, los gastos destinados a incrementar la eficiencia energética de una vivienda, de contratación de seguros de robo o incendio para una vivienda, o por donaciones del demandante, se pierdan en parte, se reduzcan o se reconozcan en menor medida que si ambos demandantes hubieran obtenido rendimientos de origen belga, los cuales, por su parte, tributan en Bélgica y no están exentos y pueden absorber así la totalidad de las ventajas fiscales?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 161/41

Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2018 por Crédit mutuel Arkéa contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) dictada el 13 de diciembre de 2017 en el asunto T-712/15 Crédit mutuel Arkéa/Banco Central Europeo

(Asunto C-152/18 P)

(2018/C 161/46)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Crédit mutuel Arkéa (representante: H. Savoie, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Banco Central Europeo, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia de 13 de diciembre de 2017 (T-712/15), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Crédit mutuel Arkéa dirigido a la anulación de la decisión del Banco Central Europeo, de 5 de octubre de 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/28), por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la parte recurrente invoca dos motivos:

— Error de Derecho, al haber considerado el Tribunal General que el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS permite al BCE organizar un supervisión prudencial en base consolidada de los establecimientos afiliados a un organismo central aun cuando éste no tenga la consideración de entidad de crédito.

— Error en la calificación jurídica de los hechos, puesto que el Tribunal General consideró que el Crédit mutuel constituye un grupo sujeto a la supervisión prudencial en la medida en que cumple las condiciones enunciadas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013. (1)

(1) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
1)

¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1), admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]: — Que no se ha justificado por esa nueva regulación legal ni acreditado en el ejercicio correspondiente que haya existido dicho impacto positivo, directo o indirecto, para dichas empresas, — Que esa aportación se fija en el 0,9 % de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, y no sobre los ingresos derivados de la prestación de los servicios audiovisuales y por publicidad, sobre el incremento que se haya producido sobre los mismos o el beneficio que la actividad genera. Y ello en tanto en cuanto dicha aportación constituye una exacción prevista en el art. 5 de la Ley 8/2009 en su redacción originaria y puede no estar justificada en relación con el servicio audiovisual de que se trata, resultando el fundamento de la desestimación de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos y rectificación de las autoliquidaciones formuladas por la recurrente en la resolución impugnada en el presente recurso contencioso-administrativo.
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido la obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 43, apartado 1, de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior [DO L 84 de 20.3.2014, p. 72], al no haber adoptado, a más tardar el 10 de abril de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 14 de diciembre de 2017 — Unareti SpA / Ministero dello Sviluppo Economico y otros

(Asunto C-702/17)

(2018/C 112/20)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Unareti SpA

Recurridas: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico — Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Cuestión prejudicial

En particular, se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si tales principios y normas se oponen a la normativa nacional antes citada, que prevé la aplicación retroactiva de los criterios para determinar la cuantía de los reembolsos que corresponden a los antiguos concesionarios, con repercusiones en las relaciones jurídicas precedentes, o si dicha aplicación está justificada, teniendo en cuenta también el principio de proporcionalidad, por la exigencia de proteger otros intereses públicos, pertinentes en el ámbito europeo, relacionados con la necesidad de ofrecer una mejor protección del entorno competitivo del mercado de referencia, junto con una mayor protección de los usuarios del servicio que podrían sufrir, indirectamente, los efectos de un eventual incremento de los importes correspondientes a los antiguos concesionarios.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de diciembre de 2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

(Asunto C-697/17)

(2018/C 112/19)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Telecom Italia SpA

Recurridas: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 28, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2014/24/UE, (1) en el sentido de que exige la plena identidad jurídica y económica entre los operadores seleccionados y los que presentan las ofertas en el ámbito del procedimiento restringido y, en particular, de que se opone a un acuerdo entre las sociedades de cartera que controlan a dos operadores preseleccionados, celebrado entre la fecha de selección y la fecha de presentación de las ofertas, cuando a) dicho acuerdo tenga por objeto y por efecto (inter alia) una fusión mediante la absorción de una empresa seleccionada por otra de las empresas seleccionadas (operación, por lo demás, autorizada por la Comisión Europea); b) los efectos de la operación de fusión no se consumen hasta después de la presentación de la oferta por parte de la empresa absorbente (motivo por el cual, en el momento de la presentación de la oferta, su composición no había variado con respecto a la que tenía en el momento de la selección previa) y c) la empresa posteriormente absorbida (cuya composición no había resultado modificada en la fecha límite para la presentación de las ofertas) haya decidido, no obstante, no participar en el procedimiento restringido, verosímilmente para cumplir el programa contractual establecido en el acuerdo celebrado entre las sociedades de cartera?

(1) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE (DO 2014, L 94, p. 65).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 104/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Bélgica) el 28 de diciembre de 2017 — Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Asunto C-730/17)

(2018/C 104/22)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich

Demandada: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 3, 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento 261/2004»), en el sentido de que, cuando un transportista aéreo comunitario encargado de efectuar un vuelo, en el sentido del citado Reglamento n.o 261/2004, celebra un contrato de transporte aéreo de pasajeros con consumidores que se compone de un tramo en ferrocarril desde una estación de tren situada en el territorio de un Estado miembro en el que tienen su domicilio dichos consumidores hasta un aeropuerto ubicado en el territorio de otro Estado miembro desde el cual los consumidores tomarán su vuelo hacia el destino final, a saber, un aeropuerto situado en el territorio de un tercer Estado, y dichos consumidores no tienen ningún vínculo jurídico con la sociedad que opera el tramo en ferrocarril sino que es claramente el transportista aéreo quien ha celebrado un acuerdo con dicha sociedad, en caso de que el viaje en ferrocarril incluido en el contrato sufra un retraso considerable a resultas del cual los consumidores no puedan tomar su vuelo desde el aeropuerto situado en el otro Estado miembro, dichos consumidores pueden ampararse en los derechos consagrados por el Reglamento n.o 261/2004 y exigir una compensación con arreglo a los artículos 5, 6 y 7 del citado Reglamento, habida cuenta, además, de que el título de transporte prohíbe la «no presentación»?

(1) DO 2004, L 46, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 42/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el High Court (Irlanda) el 27 de noviembre de 2017 — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlanda

(Asunto C-661/17)

(2018/C 042/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: M.A., S.A., A.Z.

Demandadas: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlanda

Cuestiones prejudiciales

1) A la hora de examinar el traslado al Reino Unido de un solicitante de protección con arreglo al Reglamento [Dublín III], (1) ¿está obligado el organismo nacional responsable, en sus apreciaciones acerca de la facultad discrecional que confiere el artículo 17 y las cuestiones referidas a la protección de los derechos fundamentales en el Reino Unido, a ignorar las circunstancias existentes en ese momento derivadas de la salida prevista del Reino Unido de la Unión Europea?

2) ¿Comprende el concepto de «Estado miembro encargado de la determinación» utilizado en el Reglamento [Dublín III] la facultad del Estado miembro para ejercer la potestad que le reconoce o confiere el artículo 17 de dicho Reglamento?

3) ¿Las funciones de un Estado miembro con arreglo al artículo 6 del Reglamento [Dublín III] están comprendidas en las facultades reconocidas y conferidas por el artículo 17 de dicho Reglamento?

4) ¿Es aplicable el principio de la tutela judicial efectiva a una decisión adoptada en primera instancia en virtud del artículo 17 del Reglamento [Dublín III] en el sentido de que debe establecerse la posibilidad de un recurso u otra vía equivalente contra esa decisión, o de que debe entenderse que la normativa nacional que establece un procedimiento de recurso contra una decisión adoptada en primera instancia en virtud de dicho Reglamento comprende también el recurso contra una decisión adoptada al amparo del artículo 17?

5) ¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 3, del Reglamento [Dublín III] en el sentido de que, a falta de pruebas que desvirtúen la presunción de que redunda en el interés superior del menor apreciar su situación como indisociable de la de sus progenitores, el organismo nacional responsable no está obligado a considerar dicho interés superior de forma independiente del de sus padres como un elemento autónomo ni como punto de partida para analizar si [omissis] debe efectuarse el traslado?

(1) Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).