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Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Aix-En-Provence (Francia) el 23 de octubre de 2018 — procedimiento penal contra B S y C A

(Asunto C-663/18)

(2019/C 4/25)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Aix-en-Provence

Partes en el procedimiento principal

B S y C A

Otras partes: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Cuestión prejudicial

Se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 28 TFUE, 29 TFUE, 30 TFUE y 32 TFUE, de los Reglamentos n.o 1307/2013 (1) y 1308/2013 (2) y del principio de libre circulación de mercancías y se le formula la cuestión de si esas normas deben interpretarse en el sentido de que las excepciones previstas por el Decreto de 22 de agosto de 1990 establecen, al limitar el cultivo del cáñamo, su industrialización y su comercialización únicamente a las fibras y semillas, una restricción contraria al Derecho de la Unión.

(1) Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO L 347, p. 608).

(2) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO L 347, p. 671).
1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (1) en el sentido de que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo puede invocar también aquellas circunstancias extraordinarias que no hayan afectado al vuelo reservado por el pasajero sino a otro, no inmediatamente anterior, realizado ese mismo día con la misma aeronave prevista, en el marco de un procedimiento de rotación de vuelos, para el vuelo reservado por el pasajero?
C 436/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg (Alemania) el 31 de agosto de 2018 — Eurowings GmbH / JJ y KI

(Asunto C-557/18)

(2018/C 436/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eurowings GmbH

Demandadas: JJ y KI

Cuestión prejudicial

¿Para el cálculo del derecho a compensación, conforme al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) se ha de tomar como base el itinerario completo cuando un pasajero, como consecuencia de un retraso/anulación del vuelo de enlace, sufre un retraso de tres horas o más en el destino final, si bien el primer vuelo llegó puntualmente, los vuelos fueron operados por distintos transportistas aéreos y la confirmación de la reserva fue efectuada por una agencia de viajes que fue quien planificó los vuelos para el cliente?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 427/21

Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2018 por Fujikura Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 12 de julio de 2018 en el asunto T-451/14, Fujikura/Comisión

(Asunto C-590/18 P)

(2018/C 427/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Fujikura Ltd (representante: L. Gyselen, lawyer)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Viscas Corp.

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General en la medida en que en ella se acoge el motivo basado en la vulneración de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato en relación con la multa que se le impuso.

— Que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, con arreglo al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, de su Estatuto: — anulando el artículo 2, letra o), de la Decisión de la Comisión, de 2 de abril de 2014, (1) por la que se impone a Fujikura Ltd una multa de 8 152 000 euros; — reduciendo esa multa un 44 % hasta el valor de 4 565 120 euros.

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al validar el enfoque de la Comisión de aplicar el punto 18 de las Directrices para el cálculo de las multas, (2) como si toda la infracción cubriera únicamente la «parte mundial» del cartel y no hubiera contado con una «parte interna al EEE» en la que únicamente participaban los fabricantes europeos.

Como resultado de ello, la Comisión determinó los valores supuestos de las ventas de los participantes en el cartel de un modo que infravalora considerablemente el papel de los fabricantes europeos y sobrestima el de los fabricantes asiáticos, incluida Fujikura, en esta infracción.

(1) Decisión de la Comisión, de 2 de abril de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y [d]el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39610 — Cables de energía) [notificada con el número C(2014) 2139 final] (DO 2014, C 319, p. 10).

(2) Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 30 de julio de 2018 — COPEBI SCA / Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Asunto C-505/18)

(2018/C 364/06)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: COPEBI SCA

Recurrida: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Otra parte en el procedimiento: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Cuestión prejudicial

¿La Decisión 2009/402/CE de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a los «planes de campaña» en el sector hortofrutícola ejecutados por Francia [C-29/05 (ex NN 57/05)], (1) debe interpretarse en el sentido de que se aplica a las ayudas abonadas por la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) al Comité économique agricole du bigarreau d’industrie (Comité económico agrario de la cereza garrafal destinada a la industria; «CEBI») y atribuidas a los productores de cereza garrafal destinada a la industria por las agrupaciones de productores miembros de dicho comité, a pesar de que el CEBI no figura entre los ocho comités económicos agrarios enumerados en el considerando 15 de la Decisión y a pesar de que las ayudas controvertidas, a diferencia del mecanismo de financiación descrito en los considerandos 24 a 28 de dicha Decisión, se financiaban únicamente con subvenciones de la ONIFLHOR y no, además, con contribuciones voluntarias de los productores, denominadas partes profesionales?

(1) DO L 127, p. 11.
3)

¿Se oponen el artículo 9 del Reglamento n.o 1392/2001 ( 2 ) y el concepto del Derecho de la Unión de «categoría prioritaria», en una situación como la descrita y que constituye el objeto del litigio principal, a una disposición de un Estado miembro, como el artículo 2, apartado 3, del Decreto-ley n.o 157/2004 aprobado por la República Italiana, que establece distintas modalidades de devolución de la tasa suplementaria imputada en exceso, distinguiendo, respecto a los plazos y a las formas de devolución, entre los productores que han cumplido confiadamente la obligación impuesta por una disposición nacional que ha resultado ser contraria al Derecho de la Unión y los productores que no han respetado esa disposición?
1)

En el caso de que una autoridad decisoria haya desestimado una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada en el sentido del artículo 46, apartado 6, letra a), de la Directiva 2013/32/UE ( 1 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (DO 2013, L 180, p. 60), y el recurso interpuesto contra tal desestimación ante un órgano jurisdiccional no tenga efecto suspensivo automático en virtud del Derecho nacional, ¿debe interpretarse el artículo 46, apartado 8, de dicha Directiva en el sentido de que la mera presentación de una demanda de medidas cautelares tiene como consecuencia que el solicitante ya no se halla en situación irregular en el territorio del Estado miembro en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2008/115/CE ( 2 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98) y, por tanto, queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/33/UE ( 3 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto refundido) (DO 2013, L 180, p. 96)?
1)

¿Es compatible con el Derecho Comunitario —en particular con la Directiva 2001/95/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos, ( 1 ) con los artículos 28 y 30 del Tratado (tal como se citan en aquella Directiva) y con la Directiva 87/357/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1988— ( 2 ) un régimen nacional, recogido en Portugal en el Decreto-ley n.o 69/2005, de 17 de marzo, y en el Decreto-ley n.o 150/90, de 10 de mayo, que además de prohibir la comercialización de los productos susceptibles de poner en peligro la salud y la seguridad de los consumidores, por poder ser confundidos con alimentos, prohíbe asimismo la comercialización de productos que, al poder ser confundidos con otros productos (en particular con juguetes) debido a su aspecto, sean susceptibles, en una utilización normal o razonablemente previsible, de poner en peligro la salud y la seguridad de los consumidores, especialmente de los niños?
2.

Segundo motivo de casación, basado en la vulneración del principio electa una via y del principio «el procedimiento penal suspende el procedimiento civil». La sentencia recurrida considera indebidamente que el principio invocado pertenece al Derecho nacional y no al Derecho europeo, y que el asunto controvertido no dio lugar al inicio de causa penal alguna.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 182/8

Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2018 por FTI Touristik GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 30 de noviembre de 2017 en el asunto T-475/16, FTI Touristik GmbH / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(Asunto C-99/18 P)

(2018/C 182/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: FTI Touristik GmbH (representante: A. Parr, Rechtsanwältin)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: Harald Prantner y Daniel Giersch)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia de la Sala Octava del Tribunal General de 30 de noviembre de 2017 (T-475/16).

— Que se condene en costas a la EUIPO.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que la sentencia del Tribunal General se basa en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. (1) La sentencia no está suficientemente motivada. No se han tenido en cuenta todas las circunstancias fácticas cuya concurrencia es necesaria para apreciar el riesgo de confusión, lo cual es constitutivo de un error de Derecho.

(1) Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión (DO 2017, L 154, p. 1)].
2)

Sin perjuicio de la primera cuestión, ¿son justificables en virtud del artículo 35 de la Directiva 2004/38 o por otro motivo, y, por tanto, conformes con el artículo 5, apartado 2, las demoras en la tramitación o resolución de una solicitud de visado con arreglo al artículo 5, apartado 2, derivadas de la necesidad de garantizar, en especial mediante comprobaciones de antecedentes, que la solicitud no es fraudulenta ni constituye un abuso de derecho, y en particular que el matrimonio no es un matrimonio de conveniencia?
1)

¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1), admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]: — Que no se ha justificado por esa nueva regulación legal ni acreditado en el ejercicio correspondiente que haya existido dicho impacto positivo, directo o indirecto, para dichas empresas, — Que esa aportación se fija en el 0,9 % de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, y no sobre los ingresos derivados de la prestación de los servicios audiovisuales y por publicidad, sobre el incremento que se haya producido sobre los mismos o el beneficio que la actividad genera. Y ello en tanto en cuanto dicha aportación constituye una exacción prevista en el art. 5 de la Ley 8/2009 en su redacción originaria y puede no estar justificada en relación con el servicio audiovisual de que se trata, resultando el fundamento de la desestimación de una de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos y rectificación de las autoliquidaciones formuladas por la recurrente en la resolución impugnada en el presente recurso contencioso-administrativo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 161/42

Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2018 por Crédit mutuel Arkéa contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) dictada el 13 de diciembre de 2017 en el asunto T-52/16 Crédit mutuel Arkéa/Banco Central Europeo

(Asunto C-153/18 P)

(2018/C 161/47)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Crédit mutuel Arkéa (representante: H. Savoie, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Banco Central Europeo, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia de 13 de diciembre de 2017 (T-52/16), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Crédit mutuel Arkéa dirigido a la anulación de la decisión del Banco Central Europeo, de 4 de diciembre de 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/40), por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la parte demandante invoca dos motivos:

— Error de Derecho, al haber considerado el Tribunal General que el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS permite al BCE organizar un supervisión prudencial en base consolidada de los establecimientos afiliados a un organismo central aun cuando éste no tenga la consideración de entidad de crédito.

— Error en la calificación jurídica de los hechos, puesto que el Tribunal General consideró que el Crédit mutuel constituye un grupo sujeto a la supervisión prudencial en la medida en que cumple las condiciones enunciadas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013. (1)

(1) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 152/14

Petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Oradea (Rumanía) el 8 de febrero de 2018 — CV / DU

(Asunto C-85/18)

(2018/C 152/15)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Judecătoria Oradea

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CV

Demandada: DU

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el concepto de residencia habitual del menor, conforme al artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003, (1) en el sentido de que tal residencia habitual corresponde al lugar en relación con el cual el menor presenta una determinada integración en un ámbito social y familiar, al margen de si existe una resolución judicial pronunciada en el territorio de otro Estado miembro después de que el menor se trasladara con su padre al territorio del Estado en el que el menor se ha integrado en ese ámbito social y familiar? O bien ¿se aplica en ese caso lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003, que establece la competencia basada en la presencia del menor?

2) ¿Es pertinente en tal caso, para determinar la residencia habitual, el hecho de que el menor tiene la nacionalidad del Estado miembro en el que se estableció con su padre y los padres solo tienen la nacionalidad rumana?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
1)

En la interpretación del artículo 157, apartado 1 párrafo primero, en relación con el artículo 13, puntos 13 y 14, de la Directiva 2009/138/CE, (1) ¿debe considerarse facultado para recaudar el impuesto sobre seguros el Estado miembro de establecimiento de la sociedad (persona jurídica) tomadora del seguro o el Estado miembro donde se localice la sociedad objeto de la compraventa de empresas, cuando una compañía de seguros con sede en el Reino Unido y que no dispone de establecimiento en Finlandia ofrece un seguro para cubrir los riesgos relacionados con una compraventa de empresas: — a una sociedad no establecida en Finlandia y que actúa como comprador en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad establecida en Finlandia, — a una sociedad establecida en Finlandia y que actúa como comprador en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad no establecida en Finlandia, — a una sociedad no establecida en Finlandia y que actúa como vendedor en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad establecida en Finlandia, — a una sociedad establecida en Finlandia y que actúa como vendedor en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad no establecida en Finlandia?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/25

Recurso interpuesto el 29 de enero de 2018 — Comisión Europea / República de Austria

(Asunto C-51/18)

(2018/C 112/32)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: N. Gossement y B.-R. Killmann, agentes)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido al sujetar al impuesto la remuneración que en concepto de derecho de participación corresponde al autor de una obra de arte original.

— Que se condene en costas a la República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca los motivos siguientes:

Austria grava con el impuesto sobre el valor añadido la remuneración que, en virtud del derecho de participación introducido en Austria al transponer la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, (1) corresponde al autor en las sucesivas enajenaciones del original de una obra de artes plásticas o gráficas. Según la Comisión, al hacerlo, Austria infringe el artículo 2 de la Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

La Comisión alega que en el derecho de participación no existe entre el autor y el obligado al pago relación alguna de intercambio de prestaciones. La cuota que ha de abonarse al autor en virtud del derecho de participación resulta de la Ley y está configurada de tal forma que el transmitente —o cualquiera que intervenga en la enajenación sucesiva— debe abonar al autor una remuneración, sin que por ello el autor realice prestación alguna. La prestación del autor ya ha sido ejecutada con anterioridad a esa enajenación sucesiva, al comercializar por primera vez su original.

Según la Comisión, la remuneración correspondiente al derecho de participación, que ha de abonarse al autor, no es el contravalor de ninguna prestación realizada por éste, sino que depende únicamente del precio obtenido en la enajenación sucesiva, cuyo importe no puede estar condicionado por el autor. Al autor le corresponde la remuneración, sin que él deba, ni tan siquiera pueda, realizar prestación alguna, ya sea de hacer o de no hacer. Por consiguiente, la remuneración resultante del derecho de participación no es una contraprestación por una entrega o una prestación de servicios en el sentido del artículo 2 de la Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

(1) Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DO 2001, L 272, p. 32).
Croacia ha infringido y sigue infringiendo el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). Croacia no reconoce la frontera determinada por el laudo arbitral como frontera común con Eslovenia, no coopera con Eslovenia para vigilar esta «frontera exterior» y no está en condiciones de garantizar una vigilancia satisfactoria, violando de este modo tanto los artículos 13 y 17 del Reglamento como el artículo 4, que requiere que la frontera se determine de conformidad con el Derecho internacional.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, letra b), en relación con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (1) en el sentido de que la expedición del certificado relativo a una resolución en materia sucesoria, cuyo formulario se establece en el anexo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014 de la Comisión, (2) de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento n.o 650/2012, es admisible también respecto de las resoluciones que confirman la cualidad de heredero, pero no gozan (siquiera parcialmente) de fuerza ejecutiva?