4.

Vamos a examinar ahora la tesis que el Gobierno de Bonn sostiene desde la fase precontenciosa y que considera principal. La legitimación para establecer normas nacionales que prohiban el uso del MUCR, afirma el Gobierno de Alemania Federal, se funda, respecto a los vinos de calidad, en el artículo 19 del Reglamento n° 338/79 y, respecto a los vinos del país, en el artículo 2, apartado 3, letra i), párrafo 2, del Reglamento n° 355/79, de 5 febrero de 1979 (DO L 54, p. 99; EE 03/16, p. 3). La primera norma establece que «además de las disposiciones previstas (por) el Reglamento, los Estados [...] productores podrán definir, teniendo en cuenta los usos [...], características y condiciones de producción y circulación complementarias y más rigurosas para los vinos de calidad producidos en regiones determinadas de su territorio». Conforme a la segunda disposición, es por lo tanto lícito hacer constar en la etiqueta de los vinos de mesa la mención «Landwein», «vin de pays», «vino típico», vino del país, solamente cuando las normas nacionales las reserven «a los vinos de mesa que reúnan determinadas condiciones de producción, en particular en lo que se refiere a las variedades de vid, el grado alcohólico volumétrico natural mínimo y las características organolépticas». La finalidad de estas disposiciones —prosigue el Gobierno alemán— es permitir a cada Estado estimar en la medida adecuada las condiciones de producción y las exigencias tradicionales que caracterizan sus mejores vinos, ya sean de calidad o de denominación de origen. De ahí se deriva que las normas vitivinícolas comunes constituyen criterios mínimos y, por lo mismo, que los Estados pueden hacerlas más rigurosas sin transgredir sus propias obligaciones comunitarias. Ha sido precisamente éste el caso respecto al MUCR,. cuyo empleo, además de incluir riesgos de abuso e inconvenientes de naturaleza microbiológica, no figura entre los métodos de producción y no puede incluirse entre las tradiciones de los viticultores alemanes. Añado de inmediato que tampoco estos argumentos están fundados. No prueban efectivamente que la normativa comunitaria relativa al aumento del grado alcohólico pueda ser derogada por normas de derecho nacional posteriores y, en particular, que los citados artículos 19 y 2 sirvan para legitimar la derogación. Aún hay más. Admitiendo incluso que una excepción de este género sea lícita, las posiciones adoptadas por el Gobierno alemán no explican: a) Qué criterios objetivos legitiman el mayor rigor de la normativa nacional respecto de las condiciones establecidas por el Reglamento de base. b) De qué manera el empleo del MUCR perjudica la calidad del vino. c) En qué manera una norma relativa a las menciones eventualmente incluidas en las etiquetas del vino de mesa puede justificar la prohibición absoluta a que se refieren los artículos 10 y 11 de la «Weinge-setz» o Ley del Vino. Vamos a actuar ordenadamente. Según afirma el considerando 21 del Reglamento n° 337/79, el legislador comunitario ha admitido que en determinados años «puede resultar necesario permitir el aumento articial del grado alcohólico natural de los productos aptos para la obtención de vino de mesa»; pero ha mantenido siempre que era necesario que «tanto desde el punto de vista de la calidad, como del mercado dicho aumento artificial (esté) supeditado a condiciones y límites [...]» (el subrayado es mío). El artículo 1 de dicha norma establece por ello que «la organización común de mercado en el sector vitivinícola comprende [...] normas sobre producción [...] (y) determinadas prácticas enológicas». Estas prácticas, y en particular las relativas al enriquecimiento, son pues las únicas autorizadas para los vinos de mesa y los vinos de calidad (véase el artículo 46 del Reglamento n° 337/79 y los artículos 8 y 10 del Reglamento n° 338/79). Por ello, tenía razón el Tribunal de Justicia cuando resolvió que «el aumento (del grado alcohólico) queda en principio prohibido, prohibición que constituye [...] la norma en la materia» y que, por consiguiente, los artículos 32, 33 y 36 del Reglamento de base representan «un conjunto de normas que pretenden regular estrictamente las operaciones de aumento del grado alcohólico» (sentencia Röser, apartados 17 y 22; el subrayado es mío). ¿A qué nos llevan estas observaciones? La respuesta, me parece, es sencilla. Cuando la Comunidad establece una organización de mercado y, para tutelar la calidad de un producto, regula algunos métodos mediante reglas específicas y detalladas, hay que tener en cuenta el bien conocido principio de la «pre-emption»: los Estados miembros deben abstenerse de establecer disposiciones que deroguen dichas normas o perturben su eficacia (véase, recientemente, sentencia de 7 de febrero de 1984, asunto 237/82, Jongeneel Kaas contra Países Bajos, Rec. 1984, p. 483). En el caso de autos, por tanto, la República Federal de Alemania no podía adoptar medidas relativas a métodos de enriquecimiento que ya estaban detalladamente regulados en el marco de la organización común vitivinícola. O, mejor aún, habría podido adoptarlas —pero, como es sabido, no lo hizo— únicamente utilizando el procedimiento previsto por el artículo 67 del Reglamento de base, es decir, en el marco de un Comité de gestión compuesto por representantes de la Comisión y de los Estados miembros. Una vez determinado que, en materia de aumento de la graduación, la norma general es la prohibición y que los Estados miembros no pueden adoptar disposiciones relativas a prácticas excepcionalmente admitidas por el Reglamento n° 337/79, nos queda por establecer si otras normas comunitarias les han atribuido un poder semejante. En particular, ¿puede decirse que en tal sentido cabría alegar lo que establecen el artículo 19 del Reglamento n° 338/79 y el artículo 2 del Reglamento n° 355/79, invocados por el Gobierno de Bonn? Veámoslo. El artículo 19, según ya he dicho, permite a los Estados definir características y condiciones más rigurosas relativas a la producción y a la circulación de vinos de calidad. Sin embargo, nada dice respecto a las operaciones de enriquecimiento, y es obvio que tal silencio no se puede entender como una autorización implícita para modificar la disciplina ad hoc, por otra parte excepcional, a que están sujetos dichos métodos. Si lex tacuit, voluit es una expresión latina muy poco digna de crédito; por otra parte, entiendo que este silencio es deliberado. Me permito señalar que, según el artículo 46, apartado 1, del Reglamento de base, «sólo se autorizarán las prácticas y tratamientos enológicos contemplados [...]» y que éstos «pueden emplearse solamente con objeto de conseguir una vinificación satisfactoria». Ahora bien, el apartado 2 establece que, aparte tal disposición, «los Estados miembros podrán, en lo referente a las prácticas y tratamientos [...] (a que se refiere) el Anexo III, imponer condiciones más rigurosas, para asegurar el mantenimiento de las características esenciales de los v.c.p.r.d. y de los vinos de mesa». He aquí una excepción que no deja lugar a dudas. Pero el Gobierno demandado no alude a ella. ¿Por qué? El motivo es evidente: se refiere únicamente a las prácticas y tratamientos previstos por una parte del Reglamento —precisamente el Anexo III— que no menciona las operaciones de aumento del grado alcóholico. Así pues, si dichas actuaciones quedan excluidas del ámbito del apartado 2, a fortiori no podrá considerárselas incluidas implícitamente, por lo que se refiere a los vinos de calidad y a los vinos de mesa, en las disposiciones de los artículos 19 y 2. Con ello, se derrumba el andamiaje de las tesis que nos ha propuesto la República Federal. Admitamos de todas formas que puedan establecerse excepciones. En tal caso añadiré, respecto a las condiciones establecidas por el artículo 32 y repetidas por el artículo 33, que la prohibición de usar el MUCR constituye, evidentemente, una medida más severa, pero a costa de entrar en conflicto con el tenor de tales disposiciones y, lo que es peor, sin estar legitimado por ningún criterio objetivo. El Gobierno alemán, en verdad, ha tratado de justificarlo invocando aspectos como la presencia de impurezas en el MUCR, los abusos a que se presta su utilización, el escaso conocimiento que tienen de él los viticultores alemanes o, a la inversa, el carácter neutro y el menor costo del azúcar. En la vista, sin embargo, dicho Gobierno ha reconocido que el MUCR es un tipo de azúcar privado de partículas de vino y equivalente, en cuanto a la calidad, a la sacarosa. El hecho de que a los criadores del otro lado del Rin tal sustancia les sea poco conocida será posiblemente verdad, pero prohibir su uso por tal razón me parece francamente absurdo. Dos palabras, para terminar, sobre el artículo 2 que la República Federal invoca para justificar la prohibición de añadir MUCR a los vinos de mesa del país. Evocar dicho artículo, a mi parecer, no es oportuno. Lejos de disponer excepciones o condiciones más rigurosas respecto al aumento del grado alcohólico, tal norma se limita en efecto a establecer eventuales designaciones suplementarias en el marco de una disposición legal (el Reglamento n° 355/79) cuya principal finalidad es la tutela de las transacciones comerciales y de los consumidores. En resumen, los citados artículos 19 y 2 no atribuyen a los Estados miembros ningún poder de prohibir el empleo de MUCR para aumentar artificialmente el grado alcohólico volumétrico de los productos vinícolas.