Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional - Ejercicio discrecional (Tratado CE, art. 169) 2 Recurso por incumplimiento - Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional - Plazo de ejercicio - Inexistencia - Excepción - Duración excesiva del procedimiento administrativo previo, perjudicial para el derecho de defensa - Carga de la prueba (Tratado CE, art. 169) 3 Medio ambiente - Contaminación de las aguas - Directiva 76/464/CEE - Obligación de establecer programas específicos para reducir la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas - Alcance - Concepto de programa (Directiva 76/464/CEE del Consejo, art. 7, y listas I y II del Anexo)

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1 Dada su función de guardiana del Tratado, la Comisión es la única competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento y si es oportuno proseguir el procedimiento administrativo previo mediante la remesa de un dictamen motivado. Está asimismo facultada pero no obligada, al término de dicho procedimiento, a someter el asunto al Tribunal de Justicia para que éste declare el presunto incumplimiento. 2 La Comisión no está obligada a observar un plazo determinado para interponer, con arreglo al artículo 169 del Tratado, un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro, sin perjuicio de los supuestos en que la duración excesiva del procedimiento administrativo previo, previsto en dicho artículo, viole los derechos de defensa, aumentando, para el Estado miembro demandado, la dificultad de rebatir los argumentos aducidos en apoyo del recurso. Corresponde a dicho Estado miembro probar tal incidencia. 3 Del sistema establecido por la Directiva y del texto del primer guión de la lista II de su Anexo se desprende que, tratándose de las sustancias incluidas en la lista I, pero que requieren medidas de desarrollo, tal como la adopción de Directivas específicas por parte del Consejo, para, en particular, fijar sus valores límite de emisión, mientras no determinen dichos valores, en modo alguno serán necesarias ulteriores medidas de desarrollo para que los Estados miembros consideren como sustancias incluidas en la lista II las sustancias de que se trata que hayan sido individualizadas. Dichos Estados tienen ciertamente la obligación de establecer los programas a los que se refiere el artículo 7 de la Directiva con miras a la reducción de la contaminación causada, al menos, por aquellas de las sustancias consideradas que pudieran encontrarse en los vertidos efectuados en el territorio de cada Estado miembro. Dichos programas deben ser específicos, es decir, que deben constituir un enfoque global y congruente, que tenga el carácter de una planificación concreta y articulada que abarque la totalidad del territorio nacional y que se refiera a la reducción de la contaminación causada por todas las sustancias de la lista II pertinentes en el contexto nacional de cada Estado miembro, en relación con los objetivos de calidad de las aguas receptoras fijados en los mismos programas. En consecuencia, no se pueden considerar como programas, en el sentido del artículo 7 de la Directiva, ni medidas nacionales, que sólo contemplan una parte de las sustancias individualizadas como incluidas en la lista I y que no contienen una planificación global de reducción de la contaminación en función de objetivos de calidad fijados para las aguas receptoras, ni diferentes decretos sectoriales y códigos de buenas prácticas agrícolas, que sólo constituyen medidas puntuales y no significan la materialización de tal programación global y congruente de reducción de la contaminación.