SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 6 de julio de 1995

Asunto T-36/93

Girish Ojha

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Destino fuera de la Comunidad — Traslado a la sede de la Comisión — Recurso de anulación — Indemnización del perjuicio moral»

Texto completo en lengua francesa II-497

Objeto:

Recurso por el que se solicita, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión por la que se traslada al demandante junto con su puesto de trabajo desde la delegación de la Comisión en Dhaka (Bangladesh) a la sede de la Comisión en Bruselas y, por otra parte, la condena de la Comisión a pagar al demandante una indemnización de daños y perjuicios como reparación del perjuicio moral supuestamente sufrido por éste.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante se hallaba destinado en la Delegación de la Comisión en Dhaka (Bangladesh).

Mediante nota de 8 de mayo de 1992, el Director de la Dirección «Asia» de la Dirección General de Relaciones Exteriores (DG I) puso en conocimiento del demandante cuatro denuncias referentes a un comportamiento inadecuado que éste había observado en el ejercicio de sus funciones en la delegación de Dhaka.

El 13 de julio de 1992, el Director General encargado de las relaciones Norte-Sur en la DG I informó al demandante de su intención de solicitar el traslado de éste a Bruselas, poniendo de manifiesto que dicha medida no era disciplinaria, ni el resultado de una valoración negativa de sus aptitudes profesionales.

El 9 de octubre de 1992, la AFPN decidió que el demandante debía realizar las gestiones necesarias para su retorno a Bruselas a partir del 1 de noviembre siguiente. Mediante nota de 19 de octubre de 1992, el demandante presentó una reclamación contra esta decisión, ante el Comité de rotación.

Mediante nota de 20 de octubre de 1992, el Director General de Personal informó al demandante que su reclamación había sido denegada notificándole la decisión, adoptada con la misma fecha, de trasladarle a Bruselas. El 30 de octubre de 1992, el demandante presentó una nueva reclamación en la cual solicitaba la revocación de la decisión de 20 de octubre de 1992 de trasladarle a Bruselas a partir del 1 de noviembre de 1992.

El 3 de noviembre de 1992, el demandante presentó una reclamación «ampliada» en la cual solicitaba la revocación de las «medidas adoptadas en cumplimiento de la decisión de 20 de octubre de 1992».

El 5 de noviembre de 1992, el demandante presentó una demanda de medidas provisionales con el fin de obtener la suspensión de la ejecución de la decisión de 20 de octubre de 1992 (asunto T-95/92 R) e interpuso asimismo un recurso de anulación de la decisión de 20 de octubre de 1992 (asunto T-95/92).

Con anterioridad a la audiencia, el demandante recibió una carta del Director General de Personal y Administración en la cual le informaba de su intención de enviarle en misión especial a Dhaka, del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 1992, con el fin de permitirle proceder al traslado de sus efectos personales a Bruselas.

Ateniéndose a estas garantías, el demandante desistió de su demanda de medidas provisionales y de su recurso principal así como de su reclamación «ampliada» de 3 de noviembre de 1992.

Mediante fax de 18 de diciembre de 1992, el demandante informó a la Comisión que se había visto obligado a iniciar un nuevo procedimiento sobre medidas | provisionales debido a las dificultades con se enfrentaba para efectuar su traslado. Mediante fax de la misma fecha, el Director General de Personal y Administración informó al demandante de que su estancia en Bangladesh se prolongaba hasta el 31 de diciembre de 1992.

El 1 de junio de 1993, el demandante interpuso el presente recurso contra la denegación presunta de la reclamación que había presentado el 30 de octubre de 1992 contra la decisión de 20 de octubre de 1992.

Sobre las pretensiones de anulación

Sobre la admisibilidad

Este Tribunal de Primera Instancia señala que según se desprende de su auto de 22 de enero de 1993, por el que se archivó el asunto T-95/92, en la audiencia del 20 de noviembre de 1992, el demandante declaró que desistía del procedimiento sobre medidas provisionales y del recurso principal así como de su reclamación ampliada de 3 de noviembre de 1992, sin incluir en su desistimiento su reclamación principal de 30 de octubre de 1992.

En estas circunstancias, debe considerarse que en el asunto T-95/92, el demandante desistió únicamente de las pretensiones deducidas durante el procedimiento administrativo previo, contenidas en su reclamación ampliada mediante la cual impugnaba las decisiones de la Comisión adoptadas en cumplimiento de la decisión de 20 de octubre de 1992, y no de su reclamación principal.

Por lo que se refiere al segundo motivo de inadmisibilidad, fundado en el hecho de que la decisión de 20 de octubre de 1992 no constituye un acto lesivo, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, sólo son lesivos los actos que pueden afectar directamente a la situación jurídica de un funcionario y que sobrepasan por ello las simples medidas de organización interna del servicio, que no afectan a la situación estatutaria del funcionario de que se trate.

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1969, Grasselli/Comisión (32/68, Rec. p. 505); Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento(T-50/92, Rec. p. II-555)

Este Tribunal de Primera Instancia añade que, con todo, determinados actos, aun cuando no afecten a los intereses materiales y al rango del funcionario, pueden considerarse como actos lesivos si perjudican a los intereses morales o a las expectativas de futuro del interesado y que una decisión por la que se destina a un funcionario y que supone su traslado de un país a otro, incluso de un continente a otro, contra su voluntad, constituye un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 y del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto y debe adoptarse con la prudencia necesaria y con especial cuidado, sopesando, muy particularmente, los intereses personales del funcionario afectado.

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de junio de 1973, Kley/Comisión (35/72, Rec. p. 679); Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 1981, Arning/Comisión(125/80, Rec. p. 2539); Tribunal de Justicia, 7 de marzo de 1990, Hecq/Comisión (asuntos acumulados C-l 16/88 y C-149/88, Rec. p. I-599), apartado 23

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, fundado en la inobservancia del procedimiento de rotación y en el incumplimiento de la obligación de motivación

Con arreglo a reiterada jurisprudencia, en los recursos de funcionarios, las pretensiones presentadas ante el Juez comunitario deben tener el mismo objeto que las expuestas en la reclamación y contener, por otra parte, motivos de impugnación que se basen en la misma causa que los invocados en la reclamación. Sin embargo, si las pretensiones deducidas ante el Juez comunitario tan sólo pueden contener motivos de impugnación basados en la misma causa que los aducidos en la reclamación, dichos motivos de impugnación pueden desarrollarse mediante la formulación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que estén estrechamente relacionados con ella.

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1988, Aldinger y Virgili/Parlamento (asuntos acumulados 23/87 y 24/87, Rec. p. 4395), apartado 15; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzode 1993, Booss y Fischer/Comisión(T-58/91, Rec. p. II-147), apartado 83; Tribunal de Primera Instancia, 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T-4/92, Rec. p. II-357), apartado 16

Este Tribunal de Primera Instancia señala que, en la reclamación que presentó el 30 de octubre de 1992, el demandante cuestionó la conformidad a Derecho del procedimiento de rotación que había precedido a la adopción de la decisión de 20 de octubre de 1992, de forma que el motivo de impugnación fundado en la incompetencia del Comité de rotación para adoptar la decisión recurrida está relacionado estrechamente con él y puede desarrollarse válidamente en el marco de presente recurso.

En lo relativo a la infracción que se alega de las normas de procedimiento que la propia Comisión dictó en su comunicación de 26 de julio de 1988, debe señalarse que la AFPN puede decidir movimientos puntuales a propuesta de la Dirección General y previo dictamen del Comité rotación. Aun cuando las conclusiones adoptadas por el Comité de rotación, el 22 de septiembre de 1992, utilizan fórmulas como «se traslada al Sr. Ojha junto con su puesto en interés del servicio “o” la fecha de dicha medida será decidida por el Director General de Personal», este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, no se ha ignorado la competencia puramente consultiva de este órgano, el cual no se halla dotado de una facultad de decisión.

Por lo que se refiere a la segunda imputación, fundada en una motivación insuficiente de la decisión impugnada, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en cada caso, en función de las circunstancias concretas. En particular, una decisión está suficientemente motivada cuando el acto que es objeto del recurso se dicta en un contexto conocido por el funcionario interesado permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él.

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Tribunal de Justicia, 13 de diciembre de 1989, Prelle/Comisión (C-169/88, Rec. p. 4335), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 62; Hecq/Comisión, antes citada

En el presente caso, está acreditado que, antes de adoptarse la decisión impugnada, se informó al demandante acerca de la posibilidad de su traslado mediante una carta de 13 de julio de 1992, después de haber sido informado personalmente, con anterioridad, por el asistente del Director General y de haber mantenido una serie de entrevistas con distintas personas sobre este particular. Después de la adopción de la decisión de 9 de octubre de 1992 por la que se le trasladaba junto con su puesto de trabajo a la Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales (DG V) en Bruselas, el demandante presentó una reclamación mediante nota enviada por fax el 19 de octubre de 1992.

A la vista de estas circunstancias, este Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante se halló en condiciones de apreciar la conformidad a Derecho y la fundamentación de la decisión impugnada y, de esta forma, de hacer intervenir al control jurisdiccional previsto en el artículo 91 del Estatuto.

Por lo que se refiere a la imputación fundada en el incumplimiento por parte de la Comisión de su obligación de facilitar a las personas interesadas una formación previa y continua de carácter diplomático al destinarlas fuera de la Comunidad, este Tribunal de Primera Instancia señala que ninguna disposición de la comunicación de 26 de julio de 1988, establece dicha obligación a cargo de la Comisión y considera que ésta última, vista la misión confiada a sus servicios establecidos fuera de la Comunidad, no puede estar obligada a garantizar a sus funcionarios destinados allí una formación de índole diplomática más que en la medida de las posibilidades existentes. En cualquier caso, el hecho de no dispensar la citada enseñanza no puede acarrear la ilegalidad de las distintas decisiones adoptadas por la AFPN en el marco de la gestión de su personal en interés del servicio.

Por lo que se refiere a la imputación fundada en el desarrollo irregular del procedimiento de reclamación ante el Comité de rotación, este Tribunal de Primera Instancia observa que el Estatuto no ha organizado en todos los ámbitos un procedimiento contradictorio, en el marco del cual todo funcionario deba ser consultado en todos los casos por la administración antes de la adopción de una medida que le afecte y que, a falta de una disposición expresa del Estatuto, no existe tal obligación de la administración.

Referencia: Lux/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartado 36; Prelle/Comisión, antes citada, apartado 9; Arning/Comisión. antescitada; Hecq/Comisión, antescitada; Turner/Comisión, antes citada, apartado 62; Fiorani/Parlamento, antes citada, apartado 36

Sobre el segundo motivo, fundado en el incumplimiento del deber de asistencia y protección, en la violación de la confianza legítima y del derecho de defensa así como en la infracción del artículo 24 del Estatuto

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que las Instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad de apreciación en la organización de sus servicios, siempre que, sin embargo, el destino de los funcionarios se lleve a cabo en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo. Por lo demás, cuando dicha medida no lesione la posición estatutaria del funcionario ni el principio de la correspondencia entre el grado y el puesto de trabajo, la administración no está obligada a oír previamente al funcionario interesado.

Referencia: Hecq/Comisión, antes citada

En segundo lugar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, no existiendo una disposición expresa del Estatuto en la que se prevea un procedimiento contradictorio en cuyo marco todo funcionario deba ser consultado por la administración antes de adoptarse una medida que le afecta, no existe en principio dicha obligación de la administración, de forma que, en principio, deben considerarse suficientes las garantías establecidas en el artículo 90 del Estatuto.

En tercer lugar, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que el traslado de un funcionario con el fin de poner término a una situación administrativa que ha llegado a ser insostenible constituye una medida adoptada en interés del servicio y que una decisión por la que se destina a un funcionario y que supone su traslado a otro lugar de destino, contra su voluntad, debe adoptarse con la prudencia necesaria y con especial cuidado, sopesando, muy particularmente, los intereses personales del funcionario afectado.

Este Tribunal de Primera Instancia señala que la decisión de trasladar al demandante a la sede de la Comisión en Bruselas no supuso ni un cambio de grado ni modificación alguna de su situación estatutaria y que la Comisión alegó como motivo de la decisión controvertida el hecho de que el demandante, sin que con ello se cuestionen sus aptitudes profesionales, no había acreditado las cualidades indispensables para el ejercicio de una función de carácter diplomático, de forma que la medida de traslado controvertida debe considerarse adoptada únicamente en interés del buen funcionamiento del Servicio de la Delegación de la Comisión en Dhaka y, en especial, de sus relaciones exteriores con el país tercero de que se trata.

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, dado que, en el presente caso, se trata de una medida que no es disciplinaria y que tampoco ha afectado a la situación estatutaria del demandante, no puede este último alegar una violación de su derecho de defensa. Por consiguiente, esta imputación debe desestimarse.

Este Tribunal de Primera Instancia considera que lo mismo sucede con la imputación fundada en el hecho de que la Comisión no realizara una investigación con objeto de verificar la fundamentación de las acusaciones formuladas contra él. Efectivamente, si bien el artículo 24 del Estatuto exige que, en presencia de graves acusaciones acerca de la honorabilidad profesional de un funcionario, la administración deberá adoptar todas las medidas adecuadas para verificar si dichas acusaciones son fundadas, y, cuando éste no sea el caso, deberá rechazarlas y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la reputación lesionada, dicha obligación sólo recae sobre la administración cuando esta última decide incoar un procedimiento disciplinario contra el funcionario de que se trate y adoptar cualquier medida necesaria a este respecto. Por el contrario, cuando la Comisión decide que no procede estimar las acusaciones proferidas contra dicho funcionario y que no puede derivar de las mismas ninguna consecuencia perjudicial para su honorabilidad profesional, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha decisión equivale a rechazar las acusaciones proferidas contra el demandante y a restablecer de esta forma su reputación profesional. En el presente caso, está acreditado que la Comisión no ha deducido de las denuncias presentadas contra el demandante consecuencia alguna que pueda justificar la incoación contra él de un procedimiento disciplinario.

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1974, Guillot/Comisión (53/72, Rec. p. 791), apartado 3; Tribunalde Justicia, 18 de octubrede 1976, M.N./Comisión(128/75, Rec. p. 1567), apartados 10 y 15

Por lo que se refiere a la imputación fundada en la violación del principio de asistencia y protección, en que incurrió la decisión de trasladar al demandante a Bruselas por cuanto dicha decisión, adoptada el 9 de octubre de 1992 y confirmada después el 20 de octubre de 1992, preveía que entraría en vigor el 1 de noviembre siguiente, privando de esta forma al demandante de un plazo suficiente para efectuar su traslado, este Tribunal de Primera Instancia considera que, al adoptar una decisión en interés del servicio, la administración puede ser llevada a fijar su entrada en vigor, sin limitación de plazos, si así lo exigen las circunstancias vinculadas al interés del servicio.

Por lo tanto, este Tribunal de Primera Instancia considera que la legalidad de la decisión impugnada no se ha visto afectada por el hecho de que su entrada en vigor se fijara el 1 de noviembre de 1992.

Por lo que se refiere a la pretendida violación de la confianza legítima, este Tribunal de Primera Instancia señala que, según reiterada jurisprudencia, la posibilidad de alegar el principio de protección de la confianza legítima asiste a cualquier persona interesada a la que una Institución le haya hecho concebir fundadas esperanzas.

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, Rec. p. 1731), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 7 de mayo de 1991, Jongen/Comisión (T-18/90, Rec. p. II-187), apartado 35

Pues bien, según consta en autos, en el presente caso ningún acto o comportamiento de la Comisión puede haber fundado dichas esperanzas en el demandante durante el período anterior a la adopción de la decisión recurrida. Por el contrario, en lo relativo a las garantías que la Comisión dio al demandante, después de adoptarse la decisión recurrida, este Tribunal de Primera Instancia entiende que, si la Comisión hubiera podido hacer nacer así unas esperanzas fundadas en el demandante, no podría plantearse válidamente por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia el motivo fundado en la violación del principio de confianza legítima sin que se hubiera seguido previamente el procedimiento administrativo previo previsto en el apartado 2 del artículo 91 del Estatuto. De ello se desprende que debe declararse la inadmisibilidad de este motivo, en la medida en que va dirigido contra un comportamiento de la Comisión posterior a la adopción de la decisión recurrida, al no haberse seguido el procedimiento administrativo previo.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, C/Comisión (T-47/93, RecFP p. II-743); Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Ditterich/Comisión (T-79/92, RecFPp. II-907)

Sobre el tercer motivo, fundado en la infracción de los artículos 24 y 26 del Estatuto

Por lo que se refiere al presunto incumplimiento de la obligación de facilitar al demandante un perfeccionamiento profesional, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que la decisión de la AFPN de trasladarle junto con su puesto de trabajo a Bruselas sólo estuvo motivada por las dificultades experimentadas por el demandante para adaptarse a las especiales exigencias de sus funciones, las cuales tienen un aspecto diplomático, sin que se cuestionaran sus capacidades profesionales propiamente dichas.

Por lo que se refiere a la imputación fundada en la presunta infracción del artículo 26 del Estatuto, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, la finalidad del artículo 26 del Estatuto es garantizar el derecho de defensa del funcionario, evitando que las decisiones adoptadas por la AFPN y que afecten a su situación administrativa y a su carrera se fundamenten en hechos relativos a su comportamiento que no se mencionan en su expediente individual. Pues bien, según se ha señalado, la decisión recurrida, adoptada únicamente en interés del servicio, no constituye una medida disciplinaria, por lo cual no afecta a la situación administrativa ni a la carrera del demandante.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión (T-82/89, Rec. p. II-735), apartado 78; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1993, Tsirimokos/Parlamento (T-76/92, Rec. p. II-1281), apartados 33 a 35; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Lacruz Bassols/Tribunal de Justicia (T-109/92, RecFPp. II-105), apartado 68

Sobre el cuarto motivo, fundado en la infracción de los artículos 86 y siguientes del Estatuto

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una decisión, como la recurrida por la que se traslada a un funcionario, adoptada en interés del servicio sin modificación del rango del interesado ni de los derechos materiales que le reconoce el Estatuto, no puede considerarse como una sanción disciplinaria encubierta.

Referencia: Hecq/Comisión, antes citada

De las consideraciones anteriores se desprende que debe desestimarse el recurso de anulación en su totalidad.

Sobre las pretensiones de indemnización

Sobre la admisibilidad

Este Tribunal de Primera Instancia señala que, en lo relativo a las pretensiones del demandante tendentes a que se deje constancia de su decisión de ejercitar una acción separada con objeto de ser indemnizado por su perjuicio material, no entra en sus competencias estimar dicha solicitud, dado que, en cualquier caso, la admisibilidad de un recurso de funcionarios fundado en el artículo 179 del Tratado no depende más que del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto.

De lo anterior se desprende que debe declararse la inadmisibilidad de esta pretensión del demandante.

Por el contrario, en lo relativo al motivo formulado por la Comisión contra la admisibilidad de la solicitud del demandante tendente a que se le indemnice por el perjuicio moral que afirma habérsele irrogado, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que, cuando existe una relación directa entre un recurso de anulación y una pretensión de indemnización, podrá admitirse esta última como accesoria del recurso de anulación, sin que obligatoriamente deba ser precedida de una petición a la AFPN para que repare los perjuicios presuntamente sufridos ni de una reclamación en la que se cuestione el fundamento de la denegación expresa o presunta de la petición.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Allosio y otros/Comisión (asuntos acumuladosT-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841), apartado 46

Por el contrario, en la medida en que el perjuicio moral no tenía su origen en la decisión de 20 de octubre de 1992, dado que la admisibilidad de los recursos interpuestos por los funcionarios está supeditada siempre al desarrollo en debida forma del procedimiento administrativo previo regulado en los artículos 90 y 91 del Estatuto, debe examinarse si se ha seguido el citado procedimiento administrativo previo, recordando que es distinto según que el perjuicio cuya reparación se solicita haya sido causado por un acto lesivo en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto o por un comportamiento carente de carácter decisorio. En el primer supuesto, la admisibilidad del recurso está supeditada a que el interesado haya presentado ante la AFPN, dentro del plazo señalado, una reclamación contra el acto que le haya irrogado un perjuicio y a que haya interpuesto el recurso dentro del plazo de tres meses a partir de la denegación de dicha reclamación. Por el contrario, en el segundo supuesto, el procedimiento administrativo se divide en dos etapas. En un primer momento, el interesado debe presentar una petición ante la AFPN con objeto de lograr una indemnización. Unicamente la denegación expresa o presunta de esta petición constituye un acto lesivo contra el que puede presentarse una reclamación y únicamente puede interponerse un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra la denegación expresa o presunta de la reclamación.

Referencia: C/Comisión, antes citada, apartado 30

Este Tribunal señala que el demandante sitúa el origen de su perjuicio tanto en la decisión de 20 de octubre de 1992, de trasladarle a Bruselas, como en los comportamientos de la Comisión posteriores a la adopción de la citada decisión.

Este Tribunal de Primera Instancia observa que dichos comportamientos de la Comisión no han sido objeto de una petición de indemnización ni, con mayor razón, de una reclamación contra la denegación de ésta.

De ello se desprende que debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones del demandante tendentes a conseguir una indemnización por el perjuicio moral que le irrogó un acto o un comportamiento de la Comisión posterior a la decisión de 20 de octubre de 1992.

Sobre el fondo

Este Tribunal de Primera Instancia observa que las imputaciones formuladas por el demandante contra la Comisión, fundadas en el hecho de que ésta no investigó la fundamentación de las acusaciones de que aquél había sido objeto, han sido expuestas y examinadas en el marco del recurso de anulación, habiendo sido desestimadas por infundadas. Procede pues, denegar también la petición del demandante tendente a lograr la reparación del perjuicio moral en la medida en que la ilegalidad del comportamiento imputado a la Comisión se fundamenta en estas mismas imputaciones.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de enero de 1994, White/Comisión (T-65/91, RecFP p. II-23), apartado 137

Por lo que se refiere a la imputación fundada en el hecho de que la Comisión ya adoptó la decisión de traslado en el mes de junio de 1992, de forma que acreditó así un comportamiento susceptible de inducir a error al demandante y de ponerle en una situación de incertidumbre inaceptable, este Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión no adoptó en junio de 1992 ninguna decisión relativa al traslado del demandante a Bruselas. Por lo demás, consta en autos que desde julio de 1992 la Comisión comunicó al demandante su intención de trasladarle y que, con tal fin, mantuvo desde ese momento un diálogo constante con él. Por tanto, no puede estimarse esta imputación.

Por lo que se refiere a la imputación fundada en la insuficiencia del plazo concedido por la Comisión al demandante para organizar su partida de Bangladesh, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según ha podido comprobarse al examinar el segundo motivo formulado por el demandante en apoyo de sus pretensiones de anulación, el interés del servicio justificaba suficientemente la fecha de entrada en vigor de la citada decisión, habida cuenta de las circunstancias en las que hubo de adoptarse la decisión por la que se trasladaba al demandante a Bruselas. Por consiguiente, dado que la citada imputación ha sido rechazada en el marco de las pretensiones de anulación, procede igualmente desestimarla en el marco de las pretensiones de indemnización.

Referencia: White/Comisión, antes citada

Fallo:

Se desestima el recurso.