17.

Según la legislación neerlandesa, el demandante se encuentra, por haber desarrollado su trabajo en varios Estados miembros, en una situación menos ventajosa que la que se reconoce al trabajador que haya ejercido también varias actividades, pero siempre en los Países Bajos. Como admitió la propia demandada, si el demandante hubiera ejercido su trabajo solamente en los Países Bajos, aun trasladándose de una localidad a otra, la norma sobre selección de riesgos no se le podría haber aplicado con los efectos desfavorables que se apreciaron en el juicio. Por tanto, el trato discriminatorio está determinado por el hecho mismo de haber desplegado actividades laborales en diferentes Estados miembros. Quien se traslada a los Países Bajos para ejercer allí su actividad debe, en la práctica, iniciar ex novo su carrera de seguro. De hecho, la normativa neerlandesa prescinde de los períodos de trabajo y de seguro del migrante, que no son tenidos en cuenta por sus normas sobre selección de riesgos. Estas últimas normas, tal como son concebidas y aplicadas, son un obstáculo, pues, para la libre circulación de trabajadores. Quienes pretendan desarrollar su propia actividad en los Países Bajos —especialmente quienes, con el correr de los años, están expuestos más especialmente a los riesgos de la enfermedad— corren el riesgo de perder el derecho a las prestaciones de invalidez, por larga que pueda ser carrera laboral. Los trabajadores de otros países de la Comunidad quedan de este modo desincentivados para trasladarse y desempeñar su trabajo en aquel país. Por lo que se refiere al presente asunto, la ley nacional no puede ir en contra del principio de la libre circulación ni de los criterios específicos establecidos por el Tratado en relación con el cómputo de los períodos de seguro del trabajador migrante. La aplicabilidad de las disposiciones selectivas del riesgo al demandante encuentra de este modo un límite absoluto, que aquí vemos cómo deriva directamente del Tratado. El derecho del migrante a la totalización de los períodos de seguro está garantizado en el artículo 51 como corolario natural de la libre circulación: es un derecho comunitario enraizado en el Tratado, antes incluso que en el Reglamento, cuyo disfrute no puede verse afectado por disposiciones selectivas del riesgo, con los efectos que les atribuye el legislador neerlandés. Queda de este modo confirmado que el único modo correcto de interpretar tales disposiciones es entenderlas de modo que sean compatibles con el Tratado, igual que con el Reglamento, deduciendo de una y otra de las citadas fuentes del Derecho comunitario los criterios normativos que sirven para aplicarlas a los migrantes. Esta interpretación conciliadora permite ciertamente evitar, en la medida de lo posible, que la interpretación de las normas neerlandesas de selección del riesgo «pueda» —como en otra ocasión ha dicho el Tribunal de Justicia en la sentencia Van Munster— ( 3 )«disuadir al trabajador migrante de ejercitar efectivamente su derecho a la Ubre circulación». Es una regla interpretativa que se impone en nuestro caso, con la advertencia complementaria siguiente: los principios y preceptos de Derecho comunitario evocados por el Juez a quo actúan, como se ha dicho, sobre las prescripciones y sobre los efectos de la ley nacional en materia de selección del riesgo, no sólo para que la libre circulación de trabajadores no sea desincentivada, sino también para impedir concretamente que las normas internas de este género, trasponiendo los límites de su aplicación justificada, desconozcan el derecho a las prestaciones de Seguridad Social que el migrante tiene derecho a disfrutar.