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Palabras clave

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Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre los Estados miembros

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 28 quater, parte A, letra a), párr. 1]

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El artículo 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 95/7, en relación con la Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos, en su versión modificada por la Directiva 92/12, y con el Reglamento nº 218/92, sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades fiscales del Estado miembro de partida de la expedición o del transporte de bienes en el marco de una entrega intracomunitaria no están obligadas a solicitar información a las autoridades del Estado miembro de destino indicado por el proveedor.

En primer lugar, de los considerandos primero y segundo de la Directiva sobre asistencia mutua, así como del considerando tercero del Reglamento sobre cooperación administrativa, se desprende que dichos actos tienen como objetivo luchar contra el fraude y la evasión fiscales y permitir a los Estados miembros determinar con exactitud el importe del impuesto que debe pagarse. En segundo lugar, tanto del título de la Directiva sobre asistencia mutua como del título del Reglamento sobre cooperación administrativa se deriva que fueron adoptados con el fin de regular la colaboración entre las autoridades fiscales de los Estados miembros. En consecuencia, estos actos no confieren derechos a los particulares salvo el derecho a obtener la confirmación de la validez del «número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido de una persona determinada», de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento sobre cooperación administrativa. Además, dichos actos comunitarios prevén también límites a la colaboración entre los Estados miembros, ya que las autoridades del Estado requerido no están siempre obligadas a facilitar la información solicitada. De lo anterior se desprende que la Directiva sobre asistencia mutua y el Reglamento sobre cooperación administrativa no se han adoptado con el fin de establecer un sistema de intercambio de información entre las administraciones fiscales de los Estados miembros que les permita determinar el carácter intracomunitario de las entregas efectuadas por un sujeto pasivo que no ha podido aportar por sí mismo las pruebas necesarias a este objeto.

(véanse los apartados 30, 31, 33, 34 y 38 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 22)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 4, 9 y 13 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), y del artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) — Vertederos de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón (La Mojonera).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, 9 y 13 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, y del artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado dentro del plazo fijado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de dichas disposiciones a los vertederos de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón (provincia de Almería).

2) Condenar en costas al Reino de España.
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Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Ámbito de aplicación — Materia civil y mercantil — Concepto de «materia civil y mercantil»

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 1, párr. 1, primera frase)

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El artículo 1, párrafo primero, primera frase, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por los convenios de adhesión de 1978, 1982 y 1989, debe interpretarse en el sentido de que una acción judicial ejercitada por personas físicas en un Estado contratante frente a otro Estado contratante, mediante la cual se pretende obtener reparación de los daños sufridos por los derechohabientes de las víctimas de la actuación de fuerzas armadas en el marco de operaciones bélicas en el territorio del primer Estado, no está comprendida en el concepto de «materia civil» en el sentido de dicha disposición.

En efecto, si controversias derivadas de una manifestación de prerrogativas de poder público por una de las partes en el litigio, en virtud de su ejercicio de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables a las relaciones entre particulares están excluidas del concepto de «materia civil y mercantil», con mayor razón ocurrirá lo mismo en el caso de una acción judicial indemnizatoria basada en operaciones de fuerzas armadas, operaciones que constituyen una de las manifestaciones características de la soberanía estatal, especialmente en la medida en que son decididas de modo unilateral e imperativo por las autoridades públicas competentes y están indisolublemente ligadas a la política exterior y de defensa de los Estados.

A este respecto, la cuestión del carácter legal o no de los actos de poder público que constituyen el fundamento de una acción de este tipo se refiere a la naturaleza de dichos actos, pero no a la materia a la que éstos pertenecen. Por consiguiente, dado que debe considerarse que esa materia, como tal, no está comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas, el carácter ilegal de tales actos no puede justificar una interpretación diferente.

(véanse los apartados 34 a 37 y 41 a 44 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Estados miembros

—

Obligaciones

—

Ejecución de las directivas

—

Incumplimiento no discutido (Art. 226 CE) (véanse los apartados 8 y 9)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adaptación del ordenamiento jurídico interno al artículo 8 bis de la Directiva 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO L 359, p. 1), insertado por la Directiva 92/41/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1992, por la que se modifica dicha Directiva (DO L 158, p. 30) ni al artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco — Declaraciones de la Comisión (DO L 194, p. 26) — Prohibición de comercialización de los tabacos de uso oral en lo tocante a las islas de Åland y los barcos matriculados en Finlandia.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco, al no haber adoptado, respecto a las islas Åland, el ordenamiento jurídico interno al artículo 8 bis de la Directiva 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco, en su versión modificada por la Directiva 92/41/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1992, reproducido en el artículo 8 de la Directiva 2001/37, ni haber hecho que se cumpla, en los barcos matriculados en dicho Estado, la prohibición de comercialización del rapé establecida en dicha disposición.

2) Condenar en costas a la República de Finlandia.
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Libre circulación de personas — Trabajadores — Acceso a la formación profesional

(Artículo 39 CE)

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El Derecho comunitario no se opone a que una normativa nacional que organiza con carácter transitorio una formación destinada a cubrir a corto plazo las necesidades de profesores cualificados en un Estado miembro exija que los solicitantes de dicha formación estén empleados en un centro docente del referido Estado miembro, siempre que la aplicación de la referida normativa no conduzca a excluir, por principio, todas las solicitudes de profesores que no estén empleados en un centro de estas características, exclusión que se produciría sin examen anterior e individual de los méritos de dichas solicitudes, especialmente en relación con las aptitudes del interesado y con la posibilidad de supervisar la parte práctica de la formación que éste recibe o, en su caso, de dispensarlo de ella.

(véanse el apartado 49 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos especiales —Directiva 92/12/CEE — Productos sujetos a impuestos especiales — Determinación del Estado miembro en que se devenga el impuesto

(Directiva 92/12/CEE del Consejo, arts. 7, 8 y 22, ap. 3)

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La Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un particular que no actúa con carácter profesional ni con ánimo de lucro adquiere en un primer Estado miembro, para satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de otros particulares, productos sujetos a impuestos especiales que hayan sido puestos a consumo en ese Estado miembro y dispone que una empresa de transportes establecida en un segundo Estado miembro los transporte por su cuenta a este segundo Estado, es aplicable el artículo 7 de la Directiva, y no su artículo 8, por lo que igualmente deben percibirse impuestos especiales en ese mismo Estado.

En efecto, para la aplicación de la Directiva 92/12 debe necesariamente considerarse que los productos que no son poseídos con fines personales, y que, por consiguiente, no están incluidos en el ámbito de aplicación de su articulo 8, son poseídos con fines comerciales y, por ello, están incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 7 de la misma Directiva. Ahora bien, la aplicación del referido artículo 8 exige que los productos controvertidos hayan sido transportados personalmente por el particular que los haya adquirido. En virtud del artículo 7, apartado 6, de dicha Directiva, los impuestos especiales pagados en el primer Estado deben, en tal caso, ser devueltos de conformidad con el artículo 22, apartado 3, de ésta.

(véanse los apartados 29, 37 y 53 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Prohibición [Acta de adhesión de 1985; Reglamento (CE) nº 2287/2003 del Consejo] (véanse los apartados 35 a 38)

2. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades — España — Pesca [Acta de adhesión de 1985, arts. 154 a 166; Reglamento (CE) nº 2287/2003 del Consejo] (véanse los apartados 44 y 45)

3. Pesca — Conservación de los recursos marinos — Régimen de cuotas de pesca (véase el apartado 46)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación parcial del Reglamento (CE) nº 2287/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2003, por el que se establecen, para 2004, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (DO L 344, p. 1), en la medida en que no toma en consideración los intereses de España al asignar las nuevas posibilidades de pesca en las aguas del Mar del Norte y del Mar Báltico, a pesar de la finalización del período transitorio — Discriminación — Aplicación del artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas al Reino de España.

3) La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus propias costas.
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



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Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Ayudas a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal — Reglamento (CE) nº 2799/1999 — Requisitos para su concesión [Reglamento (CE) nº 2799/1999 de la Comisión] (véanse los apartados 29 y 30)

2. Recurso de incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 31)

3. Estados miembros — Obligaciones — Incumplimiento — Mantenimiento de una disposición nacional incompatible con el Derecho comunitario (Art. 226 CE) (véase el apartado 33)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del Reglamento (CE) nº 1255/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 160, p. 48), y del Reglamento (CE) nº 2799/1999 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1255/1999 en relación con la concesión de una ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal y con la venta de dicha leche desnatada en polvo (DO L 340, p. 3) — Establecimiento de un sistema de trazabilidad de la leche en polvo no previsto por la normativa comunitaria.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) nº 1255/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, y del Reglamento (CE) nº 2799/1999 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 1255/1999 en relación con la concesión de una ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal y con la venta de dicha leche desnatada en polvo, al haber establecido unilateralmente un sistema de trazabilidad de la leche descremada en polvo destinada a determinados usos que no ha sido previsto por el Derecho comunitario armonizado aplicable al sector.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
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1. Libre circulación de capitales — Restricciones

(Arts. 56 CE y 58 CE)

2. Libre circulación de capitales — Restricciones

(Arts. 56 CE y 58 CE)

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1. Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que prevé que, en caso de reducción del capital social, el importe de la adquisición de las acciones pagado a un accionista no residente se grava como una distribución de dividendos sin derecho a deducir los gastos de adquisición de las citadas acciones, mientras que el importe pagado a un accionista residente se grava como ganancia patrimonial del capital mobiliario con derecho a deducir los gastos de adquisición.

Una normativa de este tipo hace menos atractiva la transferencia transfronteriza de capitales, al disuadir a los inversores que no residen en dicho Estado miembro de comprar acciones de sociedades residentes en éste y al restringir, por consiguiente, las posibilidades de las referidas sociedades de captar capitales de inversores que no residan en dicho Estado miembro.

Dado que los gastos de adquisición están relacionados directamente con el importe pagado por la compra de las acciones no existe entre los residentes y los no residentes una situación objetivamente distinta que pueda justificar una diferencia de trato sobre este extremo.

(véanse los apartados 34, 40 y 43 y el punto 1 del fallo)

2. Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que resulta de un convenio para evitar la doble imposición, que fija un límite máximo a la tributación de los dividendos para los accionistas no residentes inferior al aplicable a los accionistas residentes y, al interpretar dicho convenio a la luz de los comentarios de la OCDE sobre su modelo de convenio aplicable, en el marco de la tributación del precio de adquisición de acciones en caso de reducción de capital, autoriza a deducir el valor nominal de dichas acciones del importe de adquisición de las acciones, mientras que los accionistas residentes están autorizados a deducir los gastos de adquisición de las acciones, salvo en los casos en que, con arreglo a la citada normativa nacional, los accionistas no residentes no sean tratados de manera menos favorable que los accionistas residentes. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si sucede así.

(véanse los apartados 53 y 56 y el punto 2 del fallo)
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1. Medio ambiente — Libertad de acceso a la información — Directiva 90/313/CEE — Solicitud de información — Plazo para resolver de dos meses impuesto a la autoridad pública — Carácter imperativo

(Directiva 90/313/CEE del Consejo, art. 3, ap. 4)

2. Medio ambiente — Libertad de acceso a la información — Directiva 90/313/CEE — Decisión denegatoria presunta de una solicitud de información — Falta de motivación al término del plazo para resolver de dos meses — Ilegalidad de la decisión

(Directiva 90/313/CEE del Consejo, arts. 3, ap. 4, y 4)

3. Medio ambiente — Libertad de acceso a la información — Directiva 90/313/CEE — Tutela judicial — Decisión recurrible — Decisión denegatoria presunta de una solicitud de información

(Directiva 90/313/CEE del Consejo, art. 4)

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1. El plazo de dos meses en el que la autoridad pública debe responder a la solicitud de acceso a la información, establecido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 90/313, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, es un plazo imperativo.

(véanse el apartado 29 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 3, apartado 4 de la Directiva 90/313, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, en relación con su artículo 4, no se opone, a una normativa nacional según la cual, a efectos de una protección judicial efectiva, se considera que el silencio de la autoridad pública durante un plazo de dos meses equivale a una decisión denegatoria presunta que puede ser objeto de un recurso judicial o administrativo de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional. No obstante, el citado artículo 3, apartado 4, se opone a que tal decisión no contenga una motivación en el momento de la expiración del plazo de dos meses. En estas circunstancias, debe considerarse que la decisión denegatoria presunta es ilegal.

(véanse el apartado 36 y el punto 3 del fallo)

3. La decisión a que se refiere el artículo 4 de la Directiva 90/313, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, contra la que el solicitante de la información puede interponer un recurso judicial o administrativo, es la decisión denegatoria presunta que se deriva del silencio mantenido durante un plazo de dos meses por la autoridad pública competente para pronunciarse sobre dicha solicitud.

(véanse el apartado 39 y el punto 2 del fallo)
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Palabras clave

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Consolidación fiscal — Legislación nacional que no permite a una sociedad matriz deducir las pérdidas sufridas en otro Estado miembro por una filial establecida en el territorio de éste — Procedencia — Límites

(Arts. 43 CE y 48 CE)

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Los artículos 43 CE y 48 CE no se oponen, en el estado actual del Derecho comunitario, a la normativa de un Estado miembro que excluye con carácter general la posibilidad de que una sociedad matriz residente deduzca de su beneficio imponible las pérdidas sufridas en otro Estado miembro por una filial establecida en el territorio de éste, cuando prevé tal posibilidad en el caso de pérdidas sufridas por las filiales residentes.

No obstante, es contrario a los artículos 43 CE y 48 CE excluir dicha posibilidad de la sociedad matriz residente cuando, por una parte, la filial no residente ha agotado las posibilidades de que se tengan en cuenta las pérdidas sufridas en su Estado de residencia en el período impositivo correspondiente a la solicitud de consolidación y en los ejercicios anteriores y cuando, por otra parte, no existe la posibilidad de que dichas pérdidas puedan ser tenidas en consideración en su Estado de residencia en ejercicios futuros respecto de ella misma o de un tercero, en especial, en caso de cesión de la filial a éste.

(véanse el apartado 59 y el fallo)
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Aproximación de las legislaciones — Medicamentos — Autorización de comercialización — Procedimiento de registro simplificado especial — Requisitos — Medicamento compuesto de varias sustancias homeopáticas — Requisito de la prueba del efecto terapéutico — Inexistencia

(Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 14 y 15)

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Los artículos 14 y 15 de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que excluye del procedimiento de registro simplificado especial un medicamento compuesto de varias sustancias homeopáticas conocidas cuando su uso como medicamento homeopático no es conocido con carácter general.

En efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2001/83, en relación con el artículo 1, punto 5, de ésta, un medicamento homeopático sólo podrá acogerse a un procedimiento de registro simplificado especial si su vía de administración es oral o externa, si no figura ninguna indicación terapéutica particular en su etiqueta o en cualquier información relativa al medicamento y si, por último, el medicamento presenta un grado de dilución que garantice su inocuidad. Con arreglo al artículo 15 de la citada Directiva, sólo la cepa o cepas homeopáticas incluidas en la composición del medicamento homeopático deben gozar de notoriedad. Sin embargo, dicha disposición no exige que se presente una bibliografía que demuestre que los efectos del medicamento homeopático como tal han sido identificados. En cuanto a la prueba del efecto terapéutico, el artículo 14, apartado 3, de la misma Directiva indica expresamente que tal prueba no es necesaria para los medicamentos homeopáticos registrados con arreglo al apartado 1 de ese artículo.

(véanse los apartados 16, 20, 22, 26 y el fallo)