Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Resolución extrajudicial de litigios

(Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 34)

2. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva

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1. El artículo 34 de la Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los litigios en materia de servicios de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y proveedores, relativos a los derechos conferidos por dicha Directiva, deben ser objeto de una tentativa de conciliación extrajudicial obligatoria como requisito de admisibilidad de las acciones judiciales.

En efecto, el artículo 34, apartado 1, de la Directiva asigna como objetivo a los Estados miembros el establecimiento de procedimientos extrajudiciales para tratar litigios no resueltos que afecten a los consumidores y se refieran a asuntos regulados por dicha Directiva. En tales circunstancias, el hecho de que una normativa nacional no sólo haya establecido un procedimiento de conciliación extrajudicial, sino que, además, haya dispuesto la obligatoriedad del recurso a éste, previamente al ejercicio de una acción judicial, no compromete la consecución del objetivo mencionado. Al contrario, dicha normativa, en tanto en cuanto garantiza el recurso sistemático a un procedimiento extrajudicial de resolución de litigios, tiende a reforzar el efecto útil de la Directiva servicio universal.

(véanse los apartados 45 y 67 y el punto 1 del fallo)

2. Los principios de equivalencia y de efectividad y el principio de tutela judicial efectiva no se oponen a una normativa nacional que impone, para litigios en materia de servicios de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y proveedores que afecten a los derechos conferidos por la Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), la tramitación previa de un procedimiento de conciliación extrajudicial cuando dicho procedimiento no conduce a una decisión vinculante para las partes, no implica un retraso sustancial a efectos de la interposición de un recurso judicial, interrumpe la prescripción de los correspondientes derechos, y no ocasiona gastos u ocasiona gastos escasamente significativos para las partes, y siempre y cuando la vía electrónica no constituya el único medio de acceder a ese procedimiento de conciliación y sea posible adoptar medidas provisionales en aquellos supuestos excepcionales en que la urgencia de la situación lo exija.

Es cierto que, al supeditar la admisibilidad de las acciones judiciales ejercitadas en materia de servicios de comunicaciones electrónicas a la realización de una tentativa de conciliación obligatoria, tal normativa introduce una etapa adicional para el acceso a la justicia. Este requisito podría afectar al principio de tutela judicial efectiva, reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

No obstante, los derechos fundamentales no constituyen prerrogativas absolutas, sino que pueden ser objeto de restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la medida en cuestión y no impliquen, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. En este sentido, puesto que la normativa nacional aspira a lograr una resolución más rápida y menos costosa de los litigios en materia de comunicaciones electrónicas así como una disminución de la carga de trabajo de los tribunales, persigue objetivos legítimos de interés general. Además, la imposición de un procedimiento de solución extrajudicial de este tipo no resulta desproporcionada con respecto a los objetivos perseguidos, habida cuenta de sus condiciones concretas de funcionamiento, antes mencionadas, puesto que, por una parte, no existe una alternativa menos severa a la aplicación de un procedimiento obligatorio, al no constituir el establecimiento de un procedimiento de solución extrajudicial meramente facultativo un medio igualmente eficaz para alcanzar dichos objetivos, y, por otra parte, no existe una desproporción manifiesta entre tales objetivos y los inconvenientes eventualmente ocasionados por el carácter obligatorio del procedimiento de conciliación extrajudicial.

(véanse los apartados 54 a 59, 61 a 65 y 67 y el punto 2 del fallo)