Palabras clave

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Palabras clave

1. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Determinación de los derechos antidumping - Imposición de un derecho específico

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo]

2. Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Exposición sumaria de los motivos invocados

[Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 19, párr. 1, y 46, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

4. Competencia - Posición dominante - Abuso - Participación de una empresa en una investigación efectuada por las Instituciones comunitarias en el marco de un procedimiento antidumping - Inexistencia

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

5. Competencia - Procedimiento administrativo - Principio de contradicción - Alcance - Límites - Acceso de los denunciantes al expediente

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19]

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1. La imposición de un derecho antidumping específico, a diferencia de la fijación de derechos en función de un precio umbral de importación, permite minimizar el riesgo de compensación de los derechos mediante manipulaciones en el precio, puesto que la cuantía de los derechos percibidos no disminuye si los exportadores reducen sus precios. Este modo de proceder permite garantizar un precio mínimo para el producto objeto del derecho antidumping en la Comunidad, al tiempo que hace posibles las importaciones a precios leales, es decir, a precios que permitan al productor comunitario obtener un margen de beneficios adecuado.

( véase el apartado 52 )

2. Según el artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 46, párrafo primero, del mismo Estatuto y al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá indicar el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación ha de ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y el Tribunal de Primera Instancia ejerza su control jurisdiccional. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Más en concreto, la mera mención abstracta de los motivos en el recurso no satisface las exigencias del Estatuto del Tribunal de Justicia y del Reglamento de Procedimiento, y la expresión «exposición sumaria de los motivos», empleada en dichos textos, significa que el recurso debe indicar concretamente en qué consiste el motivo en el que se basa el recurso.

( véanse los apartados 192 y 193 )

3. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. Por lo que se refiere, más en concreto, a una decisión de la Comisión por la que se desestima una denuncia por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su petición, sino que basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión.

( véanse los apartados 198 y 199 )

4. La utilización de un medio jurídico y, en particular, la participación de una empresa en una investigación efectuada por las Instituciones comunitarias en el marco de un procedimiento antidumping no puede estimarse, por sí misma, contraria al artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). El procedimiento antidumping tiene por objeto restablecer, en interés de la Comunidad, una competencia no falseada en el mercado y se traduce en una investigación rigurosa efectuada por las Instituciones comunitarias en la que se oye a las partes interesadas y que puede concluir con la adopción de un acto comunitario vinculante. Afirmar que la mera utilización de este procedimiento conculca por sí misma el artículo 86 del Tratado supondría negar a las empresas la facultad de recurrir a instrumentos jurídicos concebidos para salvaguardar el interés comunitario.

( véase el apartado 213 )

5. El principio del carácter contradictorio del procedimiento administrativo ante la Comisión, en el ámbito de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas, únicamente rige en relación con las empresas que puedan ser sancionadas por una Decisión de la Comisión por la que se declare la existencia de una infracción de los artículos 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE) u 86 del mismo Tratado, en el sentido de que los derechos de terceros, tal y como son consagrados por el artículo 19 del Reglamento nº 17, se limitan al derecho a participar en el procedimiento administrativo. De ello se desprende que la Comisión goza de cierta facultad de apreciación para tener en cuenta, en su Decisión, las observaciones escritas y, en su caso, orales que los terceros presenten.

En particular, los terceros no pueden pretender gozar de un derecho a examinar el expediente en poder de la Comisión, en condiciones idénticas a las de las empresas contra las que se han iniciado actuaciones. El denunciante no puede recibir en ningún caso comunicación de documentos que contengan secretos comerciales.

( véase el apartado 229 )