La Corte Costituzionale (Tribunal Constitucional) fundó su pronunciamiento en estos términos:

«Conforme a lo alegado por el remitente, las recurrentes, empresas que ya eran adjudicatarias de servicios de transporte público a escala provincial, no participaron en la licitación informal convocada por la Administración regional con arreglo al artículo 30 del Decreto Legislativo n.o 163 de 2006 [ ( 14 )], sino que se limitaron a impugnar el anuncio de individualización de los operadores económicos en el que se invitaba a presentar manifestaciones de interés, por cuanto establece la adjudicación en el ámbito regional y en un único lote.

Según una consolidada jurisprudencia contencioso-administrativa, una empresa que no participe en el procedimiento de licitación no puede impugnar dicho procedimiento ni la adjudicación a favor de terceras empresas porque su posición jurídica sustancial no es suficientemente diferenciada, al basarse en un mero interés fáctico (sentencia n.o 2507 del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 10 de junio de 2016; sentencia n.o 491 del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 2 de febrero de 2015; sentencia n.o 6048 del Consejo de Estado, Sección Sexta, de 10 de diciembre de 2014; sentencia n.o 9 del Consejo de Estado, reunido en Pleno, de 25 de febrero de 2014 y sentencia n.o 4 del Consejo de Estado, reunido en Pleno, de 7 de abril de 2011).

También existe una jurisprudencia consolidada que afirma que “las convocatorias de licitación y de concurso y los escritos de invitación normalmente se impugnan junto con los actos a cuya aplicación van dirigidos, dado que son tales actos los que identifican con concreción a los sujetos perjudicados por el procedimiento, al tiempo que confieren efectividad y concreción al perjuicio causado en el ámbito subjetivo del interesado” (sentencia n.o 1 del Pleno del Consejo de Estado, de 29 de enero de 2003).

Constituyen una excepción a estas reglas, resultantes de la simple aplicación a los procedimientos de licitación de los principios generales en materia de legitimación e interés en recurrir, los supuestos en los que se impugne la inexistencia de licitación o su convocatoria o aquellos en los que se impugnen cláusulas del anuncio de licitación directamente excluyentes o, en último término, cláusulas que impongan cargas manifiestamente incomprensibles o totalmente desproporcionadas o que hagan imposible la presentación de la oferta (sentencia n.o 2507 del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 10 de junio de 2016; sentencia n.o 5862 del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 30 de diciembre de 2015; sentencia n.o 5181 del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 12 de noviembre de 2015; sentencia n.o 9 del Consejo de Estado, reunido en Pleno, de 25 de febrero de 2014 y sentencia n.o 4 del Consejo de Estado, reunido en Pleno, de 7 de abril de 2011).

En tales casos, la solicitud de participación en el procedimiento no es relevante a efectos de la impugnación, bien por la inexistencia de la propia licitación, bien porque la impugnación de la licitación en su origen o la imposibilidad de participar en ella hagan emerger ex se una situación jurídica diferenciada (en relación, respectivamente, con la empresa titular de una relación jurídica incompatible con la convocatoria del nuevo procedimiento y con la empresa del sector a la que se haya impedido participar) que sufre un perjuicio efectivo y concreto (sentencia n.o 4 del Consejo de Estado, reunido en Pleno, de 7 de abril de 2011).

El caso objeto de examen en el presente asunto no está comprendido en estos supuestos excepcionales, como se desprende de la propia motivación del auto de remisión, que afirma que las cláusulas impugnadas incidirían sobre las probabilidades de adjudicación a favor de las recurrentes, que “se reducirían hasta prácticamente desaparecer”, mientras que en una licitación de ámbito provincial y subdivida en lotes estas “tendrían muchísimas probabilidades de obtener la adjudicación del servicio, aunque tan solo fuera por la ventaja que constituye el hecho de haberlo gestionado precedentemente”.

De tal motivación no resulta la existencia de un impedimento real y efectivo para participar en la licitación, sino tan solo la hipótesis de un eventual perjuicio, que puede ser impugnado por quienes hayan participado en el procedimiento, con carácter exclusivo a su término, en caso de que no se les haya adjudicado el contrato.»