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35

OTP Bank invoca la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales primera a cuarta alegando, en esencia, que tienen naturaleza hipotética y que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión carece de relación con la realidad o con el objeto del litigio principal. Según OTP Bank, el órgano jurisdiccional remitente ha partido del postulado erróneo de que las Leyes DH 1 y DH 3 han tenido como efecto hacer recaer sobre los consumidores el riesgo del tipo de cambio ligado a los contratos de préstamo denominados en divisas. Considera que, en efecto, dichas Leyes, así como las resoluciones de la Kúria (Tribunal Supremo), en particular su Resolución n.o 2/2014 PJE, no han tenido como efecto imponer la modificación ex tunc de las cláusulas relativas al riesgo de tipo de cambio, ya presentes en los contratos existentes. De este modo, la Kúria (Tribunal Supremo) declaró que incumbe al juez nacional apreciar el carácter claro y comprensible de la redacción de cada una de las cláusulas sometidas a su apreciación, en aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. Las Leyes DH 1 y DH 3 no modificaron el tenor de dicha resolución de la Kúria (Tribunal Supremo).
45

A este respecto, el recurrente alega que la inadmisibilidad del motivo que invocó ante el Tribunal de Justicia no significa que él no pueda reclamar una indemnización en relación con el dispositivo effecto. Efectivamente, la inexistencia de responsabilidad extracontractual de la Unión relativa a dicho producto no es una cuestión de derecho dirimida por el Tribunal de Justicia en su sentencia en casación. A su juicio, el hecho de que la Comisión hubiera debido tomar una decisión en virtud del artículo 8 de la Directiva 93/42 y de que, al no hacerlo, incurrió en un comportamiento ilegal ya fue constatado con carácter definitivo por el Tribunal de Justicia, con la consecuencia de que los efectos de la sentencia de 22 de abril de 2015, Klein/Comisión (C‑120/14 P, no publicada, EU:C:2015:252), conciernen también al dispositivo effecto.
35

A este respecto, debe señalarse concretamente que, como indicó el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, si bien las versiones en inglés y en francés del considerando 20 de la Directiva 2011/7 parecen reservar el derecho al reembolso mediante una cantidad fija únicamente a los costes de cobro internos («fixed sum to cover internal recovery costs», «montant forfaitaire pour les frais internes de recouvrement») por oposición al reembolso de los «demás» costes de cobro («other recovery costs they incur», «autres frais de recouvrement encourus»), tal distinción formal entre los costes internos y los «demás» costes de cobro no aparece en otras versiones lingüísticas del mismo considerando, como las versiones en italiano («diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni […] esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute») o neerlandesa («het recht op betaling van een vast bedrag ter dekking van interne invorderingskosten […] recht hebben op terugbetaling van de overige invorderingskosten die ontstaan»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, y en DO 2007, L 204, p. 27), y de los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 64 y 65, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338), del artículo 395, apartados 1 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 321, p. 6), y del artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (DO 2014, L 141, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Marco del MUS»).
6

El artículo 4 de dicha Directiva está redactado en los siguientes términos: «1. Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía prevista en el artículo 3. 2. Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad prevista en el apartado 1, establecerán la duración del período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. Esa duración no podrá, sin embargo, ser inferior a un período correspondiente a la remuneración de los tres últimos meses de la relación laboral situados antes y/o después de la fecha contemplada en el artículo 3, párrafo segundo. Los Estados miembros podrán incluir ese período mínimo de tres meses en un período de referencia cuya duración no podrá ser inferior a seis meses. Los Estados miembros que establezcan un período de referencia de al menos dieciocho meses podrán limitar a ocho semanas el período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. En ese caso, para el cálculo del período mínimo se considerarán los períodos más favorables para el trabajador asalariado. 3. Los Estados miembros podrán establecer límites a los pagos efectuados por la institución de garantía. Esos límites no podrán ser inferiores a un umbral socialmente compatible con el objetivo social de la presente Directiva. Cuando los Estados miembros hagan uso de esta facultad, comunicarán a la Comisión los métodos utilizados para establecer dicho límite.»
10

El anexo I de esta Directiva, titulado «Designación de países de origen seguros a los efectos del artículo 37, apartado 1», es del siguiente tenor: «Se considerará que un país es un país de origen seguro cuando, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que de manera general y sistemática no existen persecución en la acepción del artículo 9 de la Directiva [2011/95], tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno. Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos mediante: a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican; b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,] o en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del referido Convenio Europeo, no son susceptibles de excepciones; c) el respeto del principio de no devolución de conformidad con la [Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951]; d) la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones de dichos derechos y libertades.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 284, p. 423) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»).
(27)

Considerando que la protección de las personas debe aplicarse tanto al tratamiento automático de datos como a su tratamiento manual; que el alcance de esta protección no debe depender, en efecto, de las técnicas utilizadas, pues lo contrario daría lugar a riesgos graves de elusión; que, no obstante, por lo que respecta al tratamiento manual, la presente Directiva solo abarca los ficheros, y no se aplica a las carpetas que no están estructuradas; que, en particular, el contenido de un fichero debe estructurarse conforme a criterios específicos relativos a las personas, que permitan acceder fácilmente a los datos personales; que, de conformidad con la definición que recoge la letra c) del artículo 2, los distintos criterios que permiten determinar los elementos de un conjunto estructurado de datos de carácter personal y los distintos criterios que regulan el acceso a dicho conjunto de datos pueden ser definidos por cada Estado miembro; que las carpetas y conjuntos de carpetas, así como sus portadas, que no estén estructuradas conforme a criterios específicos no están comprendidas en ningún caso en el ámbito de aplicación de la presente Directiva».
18

Por lo que atañe al primer motivo invocado por los recurrentes en el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente manifiesta su intención de desestimarlo, confirmando el análisis del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Cerdeña) según el cual el contrato de que se trata en el litigio principal, al estar vinculado a los sectores especiales por una relación instrumental, está comprendido dentro del ámbito de las disposiciones del Decreto Legislativo n.o 163/2006 aplicables a los antedichos sectores. El órgano jurisdiccional remitente señala que también contempla desestimar el segundo motivo invocado por los recurrentes en el litigio principal, dado que las referidas disposiciones, que tienen carácter imperativo, prevalecen sobre el artículo 1664 del Código Civil, que las partes del litigio principal previeron una regla específica que excluía la aplicación de dicho artículo y que el requisito referente «a las circunstancias imprevisibles» contemplado en el mencionado artículo no se cumplía en el caso de autos. No obstante, el referido órgano jurisdiccional considera, ya que es él quien debe decidir en última instancia y los recurrentes en el litigio principal le han formulado una petición en ese sentido, que le corresponde verificar la conformidad con el Derecho de la Unión del artículo 206 del Decreto Legislativo n.o 163/2006, en la medida en que excluye la aplicabilidad del artículo 115 de dicho Decreto no solo a los contratos comprendidos en los sectores especiales sino también, mediante interpretación jurisprudencial, a los contratos de servicios que, aunque no estén comprendidos en los sectores especiales, estén vinculados a estos por una relación instrumental. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente estima que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, está obligado a someter a este último la cuestión de la validez de la Directiva 2004/17, planteada por los recurrentes en el litigio principal.
28

En estas circunstancias, el Tartu Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Tartu) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 17, letra a), del Reglamento […] n.o 805/2004 […] en el sentido de que en el escrito de incoación, en el documento equivalente o en la citación para una vista, o en la información que se adjunte a estos, debe hacerse referencia claramente a todos los datos mencionados en [dicho] artículo […]? En particular, ¿se excluye con arreglo a los artículos 3, apartado 1, letra b); 6, apartado 1, letra c), y 17, letra a), [de dicho Reglamento] la certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo cuando no se ha comunicado al deudor la dirección de la institución a la que se ha de remitir la respuesta, aunque sí se le hayan comunicado todos los demás datos mencionados en el artículo 17, letra a)? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento […] n.o 805/2004 […] en el sentido de que, cuando el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento […] n.o 805/2004, la subsanación del incumplimiento requiere que hayan sido debidamente comunicados al deudor, en la resolución o junto con ella, todos los datos mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra b), [de dicho Reglamento]? En particular, ¿se excluye la expedición de un título ejecutivo europeo cuando no se ha comunicado al deudor la dirección de la institución ante la cual se puede presentar un recurso, aunque sí se le hayan comunicado todos los demás datos mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra b)?»
El artículo 21 del CAAS, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) n.o 562/2006 por lo que se refiere a la circulación de personas con visados de larga duración (DO 2010, L 85, p. 1), y por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE) n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009 (DO 2013, L 182, p. 1), dispone:

«1. Los extranjeros titulares de un permiso de residencia expedido por uno de los Estados miembros podrán, al amparo de dicho permiso y de un documento de viaje válido, circular libremente durante 90 días [como máximo] dentro de cualquier período de 180 días, por el territorio de los demás Estados miembros, siempre que cumplan las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c) y e) del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) y que no figuren en la lista nacional de no admisibles del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1 se aplicará asimismo a los extranjeros titulares de una autorización provisional de residencia expedida por una de las Partes contratantes y de un documento de viaje expedido por dicha Parte contratante.

[…]»
Además, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante para imputarle una infracción, dado que únicamente procede tomar en consideración dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine el importe de la multa.

En efecto, en el marco de una infracción que se prolonga a lo largo de varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados por lapsos de tiempo más o menos largos, no incide en la existencia de dicho acuerdo, toda vez que las diferentes acciones que constituyen la infracción persiguen un único fin y se encuadran en el marco de una infracción de carácter único y continuado.

Para confirmar la legalidad de la declaración de la Comisión sobre la participación de una empresa en una infracción única y continua del Derecho de la competencia, el Tribunal General puede ceñirse a controlar las apreciaciones de la Comisión relativas no solamente al primero y al último de los contactos colusorios sino también a uno o dos contactos por año de participación.

El principio que prevalece en el Derecho de la Unión es el de la libre apreciación de la prueba, que implica, por un lado, que si un elemento de prueba se ha obtenido lícitamente no puede impugnarse su admisibilidad ante el Tribunal General, y por otro, que el único criterio pertinente para apreciar el valor probatorio de las pruebas aportadas lícitamente reside en su credibilidad.

Cuando la Comisión se basa en pruebas que en principio son suficientes para demostrar la existencia de una infracción de las normas de competencia, no basta que la empresa afectada evoque la posibilidad de que se haya producido una circunstancia que podría desvirtuar el valor probatorio de dichas pruebas para que la Comisión soporte la carga de probar que la referida circunstancia no pudo desvirtuar el valor probatorio de estas. Al contrario, salvo en los casos en los que la empresa no hubiera podido aportar esa prueba debido al comportamiento de la propia Comisión, corresponde a la empresa afectada demostrar de manera suficiente en Derecho, por un lado, la existencia de la circunstancia que invoca y, por otro lado, que dicha circunstancia pone en entredicho el valor probatorio de las pruebas en que se basa la Comisión.

Estas consideraciones son extrapolables a la situación en la que la empresa interesada niega no la credibilidad de un elemento de prueba sino su autenticidad.

(véanse los apartados 65 a 67)
En el caso de un recurso interpuesto contra un Reglamento que había establecido un nuevo valor normal de un producto cuyas importaciones son objeto de derechos antidumping, el recurrente exportador de los productos en cuestión —que alega motivos basados en errores del Reglamento controvertido en lo que se refiere al establecimiento del valor normal y a la comparación de este con el precio de exportación que se hace en el Reglamento controvertido— ya no tiene interés en ejercitar la acción, a falta de cualquier solicitud de devolución de los derechos recaudados de acuerdo con este último Reglamento. Lo mismo sucede cuando el recurrente—dentro del plazo de tres años computados desde la fecha de notificación de la deuda aduanera establecido en el artículo 121, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 952/2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión— no justifica haber solicitado ante las autoridades aduaneras la devolución de importes de acuerdo con el acto que ella estimaba ilegal.

(véanse los apartados 53 y 54)
Asunto C‑238/17

UAB «Renerga»

contra

AB «Energijos skirstymo operatorius»

y

AB «Lietuvos energijos gamyba»

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus miesto apylinkės teismas)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2009/72/CE — Artículo 3, apartados 2, 6 y 15, y artículo 36, letra f) — Mercado interior de la electricidad — Carácter hipotético de las cuestiones prejudiciales — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de noviembre de 2018

Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Solicitud de interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión manifiestamente inaplicables en el litigio principal — Inaplicabilidad de la Directiva 2009/72/CE a un productor de electricidad que no está sujeto a obligaciones de servicio público — Inadmisibilidad

(Art. 267 TFUE; Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 2)

La petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Vilnius, Lituania), mediante resolución de 11 de abril de 2017, es inadmisible.

A este respecto, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE, establece que, en el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado CE, y en particular de su artículo 86, los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluidas la eficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables y la protección del clima.

En su respuesta, el órgano jurisdiccional remitente precisó que la normativa lituana no impone a Renerga, ninguna obligación de producir y suministrar electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Según el mismo tribunal, Renerga no estaba incluida en la lista de prestadores de servicios públicos establecida por el Gobierno lituano, sino que se comprometió voluntariamente a producir electricidad y a venderla a las demandadas en el litigio principal. Por lo tanto, la respuesta dada por el órgano jurisdiccional remitente debe entenderse en el sentido de que el Estado miembro de que se trata no impuso a Renerga ninguna obligación de servicio público en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72.

En consecuencia, las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita no son aplicables, ni directa ni indirectamente, a las circunstancias del litigio principal, por lo que las cuestiones planteadas tienen carácter hipotético.

(véanse los apartados 23, 26 a 28 y el fallo)
El artículo 19, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que faculta directamente a las autoridades competentes de un Estado miembro para aplicar sanciones a una empresa o a un directivo de esta por infracciones contra dicho Reglamento descubiertas en su territorio y para las cuales todavía no se haya impuesto ninguna sanción, aun cuando tales infracciones se hayan cometido en el territorio de otro Estado miembro en el que esa empresa tiene su domicilio social.

(véase el apartado 35 y el fallo)
1.

Medio ambiente — Residuos — Vertido de residuos — Directiva 1999/31/CE — No cierre de los vertederos no conformes — Incumplimiento [Directiva del Consejo 1999/31/CE, arts. 7, letra g), 13, 14, letras a) a c), 15, ap. 1, y anexo I, punto 1)] (véanse los apartados 43, 45 a 47, 54, 61, 66 y 67)