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En primer lugar, Hoechst sostiene que los antiguos procedimientos mencionados en el considerando 363 de la Decisión [es decir, los que dieron lugar a la Decisión 94/599/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/31.865, PVC) (DO L 239, p. 14; en lo sucesivo, «Decisión PVC II»), a la Decisión 89/191/CEE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.866, LdPE) (DO 1989, L 74, p. 21; en lo sucesivo, «Decisión PVC I»), a la Decisión 86/398/CEE de la Comisión, de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149 — Polipropileno) (DO L 230, p. 1), y a la Decisión 69/243/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1969, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/26.267 — Materias colorantes) (DO L 195, p. 11)], no tienen relación alguna con el asunto de que se trata. Más concretamente, por lo que respecta a la Decisión PVC II, Hoechst considera que dicha Decisión se limita a repetir la Decisión PVC I, que el Tribunal de Primera Instancia consideró inexistente y posteriormente fue anulada por el Tribunal de Justicia. Por otra parte, las Decisiones PVC I y PVC II se refieren a hechos antiguos, que finalizaron en 1984. Por lo tanto, la Comisión actuó indebidamente al intentar establecer una relación entre la Decisión PVC II y el presente asunto en el considerando 372 de la Decisión. A ello se suma el hecho de que la antigua actividad de Hoechst en el sector de los aditivos alimentarios no tiene nada que ver con sus actividades en el sector del PVC. Hoechst alega igualmente que la Comisión ha intentado recientemente establecer una responsabilidad colectiva de grupo, imponiendo aumentos del importe de la multa de un 10 % por cada año transcurrido entre la decisión por la que se impone una multa en un asunto y el fin de la infracción que constituye el objeto de otro procedimiento. Hoechst se remite a este respecto a la Decisión 2005/471/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE contra las empresas BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV (Asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso) (DO 2005, L 166, p. 8). Dicha práctica se aplica en el caso de nuevas infracciones cometidas conscientemente por una sola y misma dirección de grupo, a pesar de la sanción impuesta por un comportamiento paralelo. No obstante, a su juicio, en el presente caso, la simultaneidad entre la Decisión PVC II y la infracción examinada en el presente asunto se debe al hecho de que a la Comisión no le fue posible adoptar la Decisión PVC II hasta once años después de que finalizase la infracción sancionada en esta última Decisión.
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Con carácter principal, los demandantes reclaman ser indemnizados por el perjuicio que sufrieron como consecuencia de la supresión, por aplicación del artículo 5 del Reglamento no 2913/92, del privilegio que les confería el régimen jurídico de los corredores intérpretes de buques. Tal pretensión se basa en la premisa según la cual el artículo 5 del Reglamento no 2913/92 prohíbe mantener el referido privilegio. Más concretamente, el artículo 5 del Reglamento no 2913/92 fue la causa de que la República Francesa adoptara la Ley no 2001-43, que suprimió el monopolio de los corredores intérpretes de buques. Pues bien, añaden los demandantes, al adoptar el artículo 5 del Reglamento no 2913/92 la Comunidad incurrió tanto en responsabilidad por culpa como en responsabilidad objetiva. En efecto, los demandantes estiman que la adopción del artículo 5 del Reglamento no 2913/92 es contraria a Derecho, puesto que vulnera el artículo 45 CE, el principio de seguridad jurídica, la confianza legítima, el principio de no discriminación, el principio de proporcionalidad y su derecho de propiedad. Además, consideran que, con independencia de la cuestión de la legalidad de la citada disposición, el perjuicio irrogado a los corredores intérpretes de buques a raíz de la adopción del artículo 5 del Reglamento no 2913/92 reviste carácter especial y anormal.
Una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 65 CA, apartado 1, y por la que se impone una multa a las empresas que supuestamente tomaron parte en una práctica colusoria contraviniendo dicha disposición tiene como única base jurídica el artículo 65 CA, apartados 4 y 5, siempre que se refiera explícitamente a dicha base jurídica y no contenga referencia alguna a una base jurídica constituida por el artículo 3 y por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17. El hecho de que, en un segundo pliego de cargos dirigido a las empresas afectadas, la Comisión afirmase haber incoado un nuevo procedimiento basado en el Reglamento no 17 y se refiriese explícitamente al artículo 3 de éste no basta en sí mismo para declarar que la base jurídica de la Decisión la constituyen el artículo 3 y el artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 76, 78, 93, 94 y 101)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Motivos — Motivación insuficiente — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

(Art. 230 CE)

2. Cohesión económica y social — Fondo Europeo de Desarrollo Regional — Decisión de suprimir una ayuda financiera — Obligación de motivación — Alcance — Decisión que no toma en consideración elementos que podrían justificar el reembolso de los gastos efectuados por el organismo nacional — Motivación insuficiente

[Art. 253 CE; Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, art. 24]

Índice

1. La insuficiencia o la falta de motivación es un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 230 CE y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario.

(véase el apartado 46)

2. La motivación de una decisión individual lesiva debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

La decisión de la Comisión relativa a la supresión de una ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional está insuficientemente motivada cuando no se pronuncia sobre los distintos hechos y alegaciones que puedan influir en la decisión que se adopte, en particular, por lo que respecta a la cuestión de si esos elementos podían justificar o no el reembolso de los gastos realizados por el organismo intermediario antes de suprimirse la ayuda, a pesar de que la respuesta a esta cuestión es esencial para permitir al Tribunal de Primera Instancia examinar el fundamento de la decisión impugnada.

(véanse los apartados 47, 48 y 60)
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En los fundamentos de la Decisión impugnada, bajo la rúbrica «Evaluación de la ayuda», la Comisión llegó a la conclusión, por un lado, de que las ayudas a la reestructuración abonadas a SLK-M no cumplían los requisitos impuestos por las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 1994, C 368, p. 12) y, por otro lado, de que la República Federal de Alemania no había facilitado datos suficientes para descartar que MTU se hubiera beneficiado de forma indirecta, a través del WLKV, de la ayuda recibida por SKL-M para compensar las pérdidas en la fase de reestructuración. A este respecto, la Comisión destacó que el precio de cesión de los conocimientos técnicos que abonó MTU a SKL-M, calculado sobre la base de los costes de desarrollo estimados en 1997, era inferior en 5,30 millones de DEM a los costes de desarrollo en que había incurrido realmente SKL-M. Puesto que las autoridades alemanas no habían facilitado datos objetivos sobre el valor de mercado real o estimado de dichos conocimientos, la Comisión consideró que las ayudas a la reestructuración concedidas en favor de SKL-M, que podían haberse destinado a compensar, al menos parcialmente, las pérdidas derivadas del desarrollo de los conocimientos técnicos, podían haber redundado más en el interés de MTU que en el de SKL-M y que esta última empresa, controlada por el Estado, había debido asumir un riesgo económico que no se ajustaba al principio del inversor que actúa en condiciones de mercado. Conforme se expone en el considerando 86 de la Decisión impugnada, la transferencia de los conocimientos técnicos podría equivaler, por tanto, a una transferencia de fondos estatales a MTU por un importe de hasta 5,30 millones de DEM.
Las exigencias inherentes al paso de un modo de gestión a otro, respecto a la carrera de los funcionarios, pueden obligar a la administración a apartarse temporalmente, y con determinados límites, de la aplicación estricta de las normas y principios permanentes que se aplican normalmente a las situaciones de que se trata. No obstante, estas desviaciones deben estar justificadas por una necesidad imperativa vinculada a la transición y no pueden ir más allá, en su duración o alcance, de lo necesario para garantizar un paso ordenado de un régimen a otro.

El cambio de los métodos vigentes para la promoción de los funcionarios tiene, por definición, la finalidad de remediar ciertos inconvenientes derivados de la aplicación de las antiguas normas. Por tanto, es inherente a tal proceso de reforma, cuya necesidad aprecia la administración con un amplio margen de maniobra, que en un momento dado se evalúen los méritos de los funcionarios sobre nuevas bases. En el marco de la nueva normativa, no cabe exigir a la administración que tenga en cuenta íntegramente, y de forma idéntica, las calificaciones atribuidas a los funcionarios en función de la antigua normativa, pues ello tendría por consecuencia casi inevitable privar a la reforma del sistema de promoción de todo alcance práctico, pese a que los agentes no tienen derecho al mantenimiento inmutable de la normativa vigente. No puede considerarse que una limitación de la consideración de las calificaciones anteriores que implica que el cálculo teórico resultante de la conversión de éstas en puntos de promoción, tal como establece el nuevo sistema, no permite a los funcionarios afectados ir más allá de un ascenso al grado superior, excede de las facultades de que dispone la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para adaptar, con carácter transitorio, el cambio de las normas relativas a la promoción de los funcionarios. En efecto, simplemente se fija un límite máximo a la consideración de los méritos reconocidos anteriormente.

El establecimiento de un límite máximo del número de puntos de promoción de los funcionarios sujetos a la conversión en el nivel correspondiente al umbral de referencia del cambio de grado y el reinicio del cómputo resultante, en el grado superior, para los agentes que han alcanzado dicho umbral en el momento de la entrada en vigor del nuevo régimen pueden, por tanto, considerarse justificados por las necesidades inherentes a un cambio de normativa.

(véanse los apartados 55 a 57)

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1976, de Wind/Comisión (62/75, Rec. p. 1167), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Rasmussen/Comisión(T-557/93, RecFP pp. I-A-195 y II-603), apartado 20
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 3 de abril de 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Comisión (asuntos acumulados T-95/00 et T-96/00, RecFP pp. I-A-79 y II-379 ), apartado 28

Cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos decide sobre la legalidad de la no admisión de la candidatura de la demandante y formula sus observaciones a este respecto durante el procedimiento administrativo, la ausencia de alegaciones formales en la reclamación no conculca los principios de seguridad jurídica y de respeto del derecho de defensa subyacentes en la regla de concordancia entre la reclamación administrativa y el recurso.

La obligación de motivar una decisión lesiva tiene como objetivo, en primer lugar, aportar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión está fundada o no y, en segundo lugar, posibilitar el control jurisdiccional. Dicha obligación tiene por objeto, en concreto, permitir al interesado conocer los motivos de una decisión que le afecta, para que pueda utilizar en su caso las vías de recurso necesarias y defender así sus derechos e intereses. Por lo que respecta, más en particular, a las decisiones de no admisión a un concurso, el tribunal del concurso debe indicar de forma precisa las condiciones establecidas en la convocatoria del concurso que, en su opinión, no reúne el candidato.

(véanse los apartados 61 y 62)

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 20 de junio de 1990 (Burban/Parlamento, T-133/89, Rec. p. II-245), apartado 43; Carrasco Benítez/Comisión, ya citada, apartados 172 y 173, y la jurisprudencia citada
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance (Art. 253 CE) (véanse los apartados 75 a 86)

2. Agricultura — Organización común de mercados — Azúcar — Medidas específicas relativas a determinados productos agrícolas, en favor de las Azores y de Madeira [Art. 299 CE, ap. 2; Reglamento (CEE) nº 1600/92 del Consejo, art. 3, aps. 3 y 4; Reglamento (CE) nº 1481/2000 de la Comisión; Decisión 1999/468/CE del Consejo, art. 4] (véanse los apartados 90 a 96, 109 a 128, 136, 137 y 143 a 147)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación, en primer lugar, del anexo del Reglamento (CE) nº 1434/1999 de la Comisión, de 30 de junio de 1999, por el que se establece el plan de previsiones de abastecimiento de azúcar para la campaña de comercialización 1999/2000 a Azores, a Madeira y a las Islas Canarias previsto en los Reglamentos (CEE) nº 1600/92 y (CEE) nº 1601/92 del Consejo (DO L 166, p. 58); en segundo lugar, del Reglamento (CE) nº 1481/2000 de la Comisión, de 6 de julio de 2000, por el que se establece el plan de previsiones de abastecimiento de azúcar para 2000/01 a Azores, Madeira y las islas Canarias previsto en los Reglamentos (CEE) n os 1600/92 y 1601/92 del Consejo (DO L 167, p. 6), así como de su anexo, y, en tercer lugar, del anexo del Reglamento (CE) nº 1281/2001 de la Comisión, de 28 de junio de 2001, por el que se establece el plan de previsiones de abastecimiento de azúcar a las Azores, Madeira y las islas Canarias previsto en los Reglamentos (CEE) nº 1600/92 y (CEE) nº 1601/92 del Consejo para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2001 (DO L 176, p. 12), en la medida en que establecen las cantidades de azúcar que se estiman necesarias para el abastecimiento de las Azores.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso de anulación Actos recurribles Concepto Actos que producen efectos jurídicos obligatorios Actos de trámite Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación)]

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$$Únicamente las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de éste, constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación). Cuando se trata de actos o decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, principalmente al finalizar un procedimiento interno, en principio, sólo constituyen actos que pueden impugnarse las medidas que fijan definitivamente la postura de la Comisión al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva.

En estas circunstancias, cuando la Comisión enuncia claramente, en un escrito dirigido al denunciante que constituye el acto controvertido, que las apreciaciones que en él se efectúan tienen carácter provisional, el contenido del acto controvertido confirma esta indicación y la Comisión destaca claramente que sus apreciaciones pueden completarse con otras observaciones, es preciso concluir que el acto controvertido debe considerarse una definición de postura preparatoria. Como quiera que éste no constituye una medida que fija definitivamente la postura de la Comisión, no produce efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del denunciante y no puede ser objeto de recurso de anulación a efectos del artículo 173 del Tratado.

( véanse los apartados 32, 34, 36 a 38 y 41 )
La elección de motivar la resolución del contrato de un agente temporal con arreglo a la cláusula contractual prevista a estos efectos en el artículo 47, apartado 1, letra b), del Régimen aplicable a otros agentes y no con arreglo a los artículos 49 y 50 bis de dicho Régimen relativos al procedimiento disciplinario está comprendida en la amplia facultad de apreciación de la Administración, por lo que el control del juez comunitario debe limitarse a la comprobación de la falta de error manifiesto o de desviación de poder. El artículo 47, apartado 1, letra b), del Régimen aplicable a otros agentes no puede interpretarse en el sentido de que la Administración no está facultada, en ningún caso, para hacer uso de la cláusula de resolución anticipada de un contrato invocando motivos relacionados con la conducta del agente afectado dentro del servicio.

(véase el apartado 38)
Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Interés en ejercitar la acción - Recurso interpuesto por un licitador cuya oferta ha sido desestimada - Admisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

2 Contratación pública de las Comunidades Europeas - Celebración de un contrato mediante licitación - Facultad de apreciación de las Instituciones - Control jurisdiccional - Límites

3 Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Requisitos - Motivo nuevo - Concepto

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c), y art. 48, párr. 2]

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1 La admisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica depende del requisito de que ésta justifique un interés en ejercitar la acción. En el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, la entidad adjudicadora no puede afirmar que el licitador cuya oferta fue desestimada carece de interés para interponer un recurso porque presentó una oferta que en ningún caso podía ser aceptada. En efecto, en la medida en que la anulación de la decisión impugnada daría lugar a que volviera a iniciarse el procedimiento de licitación, en condiciones diferentes, el demandante sí tiene interés en la interposición de un recurso para poder presentar una nueva propuesta sin tener que hacer frente a la competencia del primer adjudicatario.

(véanse los apartados 28 y 33)

2 Al igual que las demás Instituciones, el Parlamento dispone de una amplia facultad de apreciación respecto a los elementos que deben tomarse en consideración para adoptar una decisión de adjudicación de un contrato mediante licitación y el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a comprobar que no existe ningún error grave y manifiesto. No obstante, en virtud de los principios de buena administración y de cooperación leal entre las Instituciones comunitarias y los Estados miembros, las Instituciones están obligadas a garantizar que las condiciones previstas en una licitación no inciten a los licitadores potenciales a infringir la legislación nacional aplicable a su actividad.

(véanse los apartados 39 y 41)

3 Del artículo 44, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que el escrito de interposición del recurso debe indicar la cuestión objeto del litigio y contener una exposición sumaria de los motivos invocados y que se prohíbe invocar motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que se funden en elementos de Derecho y de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Pues bien, el hecho de que el demandante haya tenido conocimiento de un dato fáctico durante el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia no significa que este dato constituya un elemento de hecho que haya aparecido durante el procedimiento. Es necesario además que el demandante no haya podido conocer dicho dato con anterioridad.

(véanse los apartados 59 y 62)
El Juez comunitario está obligado a examinar de oficio si una Institución ha cumplido la obligación que le incumbe de motivar sus Decisiones. Dado que dicho examen puede tener lugar en cualquier fase del proceso, el derecho del recurrente a alegar dicho motivo no puede considerarse caducado por el mero hecho de no haberlo invocado en la reclamación.

De este modo, para apreciar si se cumple la exigencia de motivación prevista porel Estatuto, procede tener en cuenta no sólo los documentos por los que se comunica la Decisión, sino también las circunstancias en las que ésta ha sido adoptada y dada a conocer al interesado. De esta forma, puede ser suficiente que el interesado haya podido conocer, en especial, mediante notas de servicio y otras comunicaciones, los elementos esenciales que han guiado a la Administración en su Decisión.

No constituye una Decisión lesiva en el sentido del artículo 25 del Estatuto un acto de mera gestión que no puede perjudicar la posición estatutaria del interesado o la observancia del principio de correspondencia entre el grado del funcionario y el puesto de trabajo al que está destinado. Tal acto corresponde a la facultad de apreciación de la que dispone toda Administración para repartir las tareas entre los miembros de su personal. Sobre esta base, la Administración no está obligada a motivar su Decisión.

En este contexto, no obstante, determinados actos, aunque no afecten a los intereses materiales ni al rango de un funcionario, pueden considerarse actos lesivos si dañan los intereses morales o las perspectivas de futuro del interesado.

(véanse los apartados 45 y 46)

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de junio de 1973, Kley/Comisión (35/72, Rec. p. 679), apartado 4; Tribunal de Justicia, 14 de diciembre de 1988, Hecq/Comisión (280/87, Rec. p. 6433), apartados 9 a 11 ; Tribunal de Primera Instancia, 19 de junio de 1997, Forcat Icardo/Comisión(T-73/96, RecFP p. II-485), apartado 16