Del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, y, en particular, de su título IV, relativo al procedimiento de registro de una marca de la Unión, se desprende que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea tiene competencia exclusiva en materia de registro y de oposición al registro de tales marcas. La Oficina es la única instancia a la que el legislador de la Unión ha conferido la facultad de examinar las solicitudes de registro de una marca de la Unión y, en consecuencia, autorizar o denegar su registro. La falta de disposiciones que establezcan que las instancias de la Oficina están vinculadas, cuando ejercen su competencia relativa al registro de una marca de la Unión o a la oposición a dicho registro, por las resoluciones que hayan adquirido firmeza de un tribunal de marcas de la Unión Europea es pues la consecuencia del carácter exclusivo de la competencia de la Oficina en este ámbito.

Además, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos. A este respecto, si bien el Reglamento n.o 207/2009 no define expresamente el concepto de «fuerza de cosa juzgada», de los artículos 56, apartado 3, y 100, apartado 2, de dicho Reglamento resulta, en particular, que éste exige, para que las resoluciones de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de la Oficina que hayan adquirido firmeza tengan fuerza de cosa juzgada y puedan, por consiguiente, vincular a tal órgano jurisdiccional o a la Oficina, que los procedimientos paralelos ante éstos tengan las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa.

En lo que atañe al procedimiento por violación de marca incoado ante un órgano jurisdiccional nacional que actúa como tribunal de marcas de la Unión Europea y el procedimiento de oposición al registro de una marca de la Unión ante la Oficina, procede declarar que dichos procedimientos tienen objetos diferentes.

En efecto, por un lado, el registro de una marca como marca de la Unión tiene como finalidad, según se desprende del artículo 6 del Reglamento n.o 207/2009 la adquisición de la referida marca. Así, la oposición a tal registro tiene como finalidad impedir al solicitante del referido registro adquirir la marca en cuestión. A este respecto, con arreglo al artículo 42, apartado 5, de dicho Reglamento, tras el examen de la oposición al registro, o bien se deniega la solicitud de registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los que se ha solicitado, o se desestima la oposición.

En lo que atañe, por un lado, a la acción por violación de marca incoada ante el órgano jurisdiccional nacional que actúa como tribunal de marcas de la Unión Europea, el titular de la marca anterior de la Unión pretende, en el marco de dicha acción, que el referido tribunal prohíba el uso de un signo que crea un riesgo de confusión con el de la marca anterior de la Unión. Así, el titular de la marca de la Unión pretende que se declare la responsabilidad del infractor en lo que respecta a la vulneración de sus derechos exclusivos.

Además, es preciso distinguir entre los objetos de las acciones por violación de marca, de nulidad y en materia de registro, resultantes del Reglamento n.o 207/2009, en el sentido de que la posibilidad de que el titular de una marca anterior de la Unión ejercite una acción por violación de marca contra el titular de una marca posterior de la Unión no puede privar de sentido ni a la presentación ante la Oficina de una solicitud de declaración de nulidad ni a los mecanismos de control previo existentes en el procedimiento de registro de las marcas de la Unión. En efecto, habida cuenta de la competencia exclusiva de las instancias de la Oficina para autorizar o denegar el registro de las marcas de la Unión, todo procedimiento ante la Oficina relativo al registro de una marca de la Unión o a la oposición a dicho registro tiene necesariamente un objeto diferente al de los procedimientos sustanciados ante un órgano jurisdiccional nacional, aun cuando dicho órgano jurisdiccional actúe como tribunal de marcas de la Unión Europea.

(véanse los apartados 50 a 53, 56, 58 y 61 a 63)