SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 17 DE DICIEMBRE DE 1991. - BASF AG CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA. - ASUNTO T-4/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1991 página II-01523



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Elementos de prueba admisibles

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Audiencias - Carácter provisional del acta presentada al Comité Consultivo y a la Comisión - Vicio de procedimiento - Inexistencia

(Reglamento nº 99/63 de la Comisión)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto del derecho de defensa - Derecho de las partes implicadas en un procedimiento a que se les dé traslado del informe del Consejero-Auditor y a comentarlo - Inexistencia

4. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Prácticas colusorias que prolongan sus efectos después de haber cesado formalmente - Aplicación del artículo 85 del Tratado

(Tratado CEE, art. 85)

6. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

7. Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como "un acuerdo y práctica concertada" - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba necesarios

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

Índice

1. Una Decisión dirigida a una empresa en aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado sólo puede utilizar como medios de prueba contra ésta aquellos documentos de los que resultaba claro, desde la fase de comunicación del pliego de cargos y a través de la mención de los mismos en éste o en sus anexos, que la Comisión pretendía servirse de ellos, de modo que la empresa pudo, a su debido tiempo, cuestionar su fuerza probatoria.

2. El carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la Decisión que pone fin al mismo, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial.

3. El derecho de defensa no exige que las empresas que intervienen en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado puedan comentar el informe del Consejero-Auditor. En efecto, el respeto del derecho de defensa queda garantizado suficientemente con arreglo a Derecho cuando las diferentes instancias que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informadas de los argumentos formulados por las empresas en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos. Ahora bien, el informe del Consejero-Auditor es un documento puramente interno de la Comisión, sin otro valor que el de un dictamen y que no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas.

4. Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

5. El artículo 85 del Tratado es aplicable a los acuerdos entre empresas que han dejado de estar en vigor, pero que continúan produciendo efecto más allá de su terminación formal.

6. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso, a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tienen por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

7. Como el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no prevé una calificación específica para una infracción compleja, pero sin embargo única, por estar constituida por un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad e integrado a la vez por unos elementos que deben calificarse de "acuerdos" y por otros elementos que deben calificarse de "prácticas concertadas", tal infracción puede recibir la calificación de "acuerdo y práctica concertada", sin que se exija una prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada.

Partes

En el asunto T-4/89,

BASF AG, sociedad alemana, con domicilio social en Ludwigshafen (República Federal de Alemania), representada por los Sres. F. Hermanns y U.F. Kleier, Abogados de Meerbusch, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes J. Loesch y Wolter, 8, rue Zithe,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, y el Sr. B. Jansen, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno; DO L 230, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977, eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (denominados "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania, y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos, y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS & Co., productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri SpA cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS & Co., de un 3 a un 5 % cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 BASF AG formaba parte de los productores que abastecían el mercado antes de 1977. Su posición en el mercado del polipropileno era la de un productor medio, con una cuota de mercado comprendida entre el 4,1 y el 4,7 %.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario:

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en agencias de ventas de Linz en la República Federal de Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas con vistas a repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984 la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984 la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que el 29 de marzo de 1985 la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas sobre precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador de acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985 y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro, y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el FIDES) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea 11.973.325 FF

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 6.657.649 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU o sea 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU o sea 5.898.447,50 DM;

viii) ICI plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Co. Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 109.608.750 BFR;

xv) Statoil, Den Norske Stats Oljeselskap AS ((que engloba hoy a Saga Petrokjemi)), una multa de 1.000.000 ECU o sea 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de julio de 1986, interpuso su recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-3/89 y T-6/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988 por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988").

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89 y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes orales de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 La sociedad BASF solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Anule la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, notificada el 28 de mayo de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno).

2) Con carácter subsidiario, anule o reduzca la cuantía de la multa que impuso a la demandante el artículo 3 de la citada Decisión.

3) Condene en costas a la demandada.

La Comisión por su parte, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Este Tribunal considera que procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa cometida, a su juicio, por la Comisión al no haberle dado a conocer ciertos documentos en los que basó su Decisión (1), al no haber dado traslado del acta definitiva de las audiencias ni a los miembros de la Comisión, ni a los del Comité Consultivo (2) y al no haber dado a conocer a la demandante el informe del Consejero-Auditor (3); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de la infracción, que se refieren, por una parte a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2), al efectuar la cual la Comisión, según la demandante, no calificó correctamente la infracción (A) e imputó a la demandante una responsabilidad colectiva (B); en tercer lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa, que, según la demandante, no es adecuada a la duración (1) ni a la gravedad (2) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Documentos no comunicados con el pliego de cargos

31 La demandante alega que, al enviarle el pliego de cargos, la Comisión no le transmitió catorce documentos en los que se basa la Decisión, y que al actuar así le impidió dar explicaciones sobre el contenido de los mismos. Los documentos a que se refiere la demandante son unos informes redactados por un ejecutivo de Hercules sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 y sobre la de 13 de mayo de 1982 ((letra b) del apartado 15 de la Decisión)); un documento de fecha 6 de septiembre de 1977 que se dice descubierto en los locales de Solvay (último párrafo del apartado 16 de la Decisión); la respuesta de Shell al pliego de cargos (apartado 17 de la Decisión); dos informes de reuniones internas de Shell que tuvieron lugar respectivamente el 5 de julio y el 12 de septiembre de 1979 (apartados 29 y 31 de la Decisión); un documento interno de Solvay (apartado 32 de la Decisión); una nota recordatoria de Solvay a sus oficinas de ventas de 17 de julio de 1981 (apartado 35 de la Decisión); una nota interna de ICI en la que se hablaba de un "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión); un documento de Shell con el título "PP W. Europe-Pricing" y "Market quality report" (apartado 49 de la Decisión); una nota sobre el sistema de reparto del mercado recogida en los locales de ATO (apartado 54 de la Decisión); el informe sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 redactado por un ejecutivo de ICI (apartado 58 de la Decisión); una nota sin fecha de ICI para preparar una reunión con Shell prevista para mayo de 1983 (párrafo segundo del apartado 63 de la Decisión), y, por último, un documento de trabajo relativo al primer trimestre de 1983 descubierto en los locales de Shell (párrafo tercero del apartado 63 de la Decisión).

32 La demandante sostiene que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartados 21 a 30), la Comisión no puede basarse en tales documentos sin violar el derecho de defensa, aunque dichos documentos se encuentren en alguna parte del expediente administrativo que las empresas afectadas pudieron examinar. Según ella, resulta lógico pensar que, de no existir los cargos que se supone que prueban dichos documentos, la Decisión adoptada habría tenido una forma distinta de la que ahora tiene.

33 La demandante responde a la afirmación de la Comisión en el sentido de que la Decisión impugnada no se basaba en los pocos documentos que no fueron comunicados a BASF, que, precisamente por no disponer de dichos documentos, no está en condiciones de discutir tal afirmación y que corresponde por tanto a la Comisión probarla en detalle.

34 La Comisión replica, por una parte, que, en contra de lo que sostiene la demandante, el primer documento que cita y el noveno le fueron comunicados con el pliego de cargos, y que se le dio la oportunidad de examinar los documentos segundo, décimo y décimotercero en la fase de puesta de manifiesto del expediente y, por otra parte, que no existía obligación de permitirle que examinara los demás documentos, bien porque carecían de interés en el marco del procedimiento incoado contra ella, bien porque se limitaban a confirmar otros documentos que BASF conocía ya. Según la Comisión, la Decisión, en la medida en que estaba dirigida a la demandante, no se basó en tales documentos.

35 La Comisión reconoce sin embargo que, por error, no se comunicó una nota de ICI relativa a una reunión de "expertos" de 10 de marzo de 1982, mencionada en la Decisión (apartado 58), pero añade que dicha nota se limitaba a confirmar un informe de Hercules sobre la misma reunión, el cual sí se adjuntó al pliego de cargos general (pliego de cargos general, anexo 23, en lo sucesivo "p.c.g., anexo"). Lo mismo puede decirse de una nota de ICI, mencionada en el apartado 63 de la Decisión, destinada a preparar una reunión con Shell. Este último documento fue citado solamente para probar la participación de Shell en el sistema de cuotas. Por consiguiente, en ninguno de estos documentos existen datos nuevos con relación a los cargos comunicados a BASF.

36 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que lo que importa no son los documentos en sí mismos, sino las conclusiones que de ellos extrajo la Comisión, y que, si en el pliego de cargos no se han mencionado ciertos documentos, la empresa afectada pudo acertadamente concluir de ello que éstos no tenían importancia para el asunto. Al no informar a una empresa de que en su Decisión se utilizarían ciertos documentos, la Comisión le impidió expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria de tales documentos. De ello se sigue que tales documentos no pueden considerarse medios de prueba válidos por lo que a aquélla respecta (sentencias de 25 de octubre de 1983, 107/82, antes citada, apartado 27, y, más recientemente, de 3 de julio de 1991, AKZO Chemie/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359, apartado 21).

37 En el caso de autos procede subrayar que sólo pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto los documentos que se mencionaban en el pliego de cargos general o específico o en los escritos de 29 de marzo de 1985, o que figuraban como anexos de éstos sin ser mencionados específicamente en ellos. Por lo que respecta a los documentos adjuntados como anexos a los pliegos de cargos, pero no mencionados en ellos, sólo pueden utilizarse en la Decisión en contra de la demandante si ésta pudo razonablemente deducir de los pliegos de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

38 De las consideraciones precedentes se deduce que, entre los documentos citados por la demandante, sólo pueden utilizarse como pruebas contra ella el informe redactado por un ejecutivo de Hercules sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 ((letra b) del apartado 15 de la Decisión)) y la nota interna de ICI en la que se hablaba de un "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión), puesto que fueron mencionados respectivamente en los apartados 60 y 71 del pliego general de cargos dirigido a la demandante, en el que además figuran como anexos 23 y 55. Los demás documentos citados por la demandante no pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto.

39 La cuestión de si estos últimos documentos constituyen una base indispensable para la determinación de los hechos que efectuó la Comisión en contra de la demandante corresponde tratarla cuando el Tribunal examine la fundamentación de dicha determinación de los hechos.

2. Acta de las audiencias que no se dio a conocer

40 La demandante señala que, con arreglo al apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, "Reglamento nº 99/63"), "las declaraciones esenciales de cada persona oída serán consignadas en un acta a la que esa persona dará su conformidad tras haberla leído". Ahora bien, según BASF, ni los miembros de la Comisión ni los del Comité Consultivo pudieron disponer del acta definitiva de las audiencias. Por tanto, no pudieron formarse una idea exacta de los argumentos que se intercambiaron, al no haber asistido todos ellos a las audiencias y al no poder estudiar todas las observaciones escritas de las empresas afectadas. Así pues, la Decisión no fue adoptada con pleno conocimiento de causa.

41 La demandante añade que no puede saber si la Decisión habría sido diferente de haber dispuesto los miembros de la Comisión del acta definitiva. Considera sin embargo que, aunque no hubiera sido ése el caso, tal circunstancia no debe considerarse decisiva, pues si la violación de las garantías procesales pudiera justificarse alegando que la Decisión no habría sido diferente aunque se hubieran respetado éstas, se estaría ignorando el significado de tales garantías. Éste reside en el hecho de que los interesados tienen derecho a que se respeten las garantías so pena de anulación de la Decisión. Como máximo, podría admitirse que incumbe a la Comisión demostrar que el vicio de procedimiento no tuvo influencia alguna en la Decisión. Pero, según BASF, la Comisión no puede limitarse simplemente a afirmarlo.

42 La Comisión llama la atención sobre el hecho de que el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63 no da indicación alguna sobre los órganos a los que la Comisión debe enviar el acta provisional o definitiva de las audiencias. Ciertamente, los miembros del Comité Consultivo sólo disponían de un acta provisional, pero las autoridades competentes de todos los Estados miembros estuvieron representadas en las audiencias, con la excepción de Grecia y Luxemburgo en la segunda serie de audiencias. Poco importa, a este respecto, que el funcionario presente en las audiencias no fuera necesariamente el representante del Estado en el seno del Comité Consultivo. Además, la Comisión señala que BASF no ha negado que la versión provisional del acta fuera fiel reflejo de las declaraciones esenciales de las partes.

43 Afirma también que, para adoptar su Decisión, los miembros de la Comisión, por su parte, dispusieron tanto del acta provisional como de todas las observaciones que las partes realizaron sobre dicha acta.

44 En cualquier caso, la Comisión considera que la Decisión no habría sido diferente si se hubiera podido disponer del acta definitiva de las audiencias (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26).

45 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité Consultivo y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la Decisión que pone fin al mismo, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial (sentencia de 15 de julio de 1970, Buchler/Comisión, 44/69, Rec. p. 733, apartado 17).

46 En lo que respecta al acta transmitida a la Comisión, se debe indicar que esta última recibió, junto con el acta provisional, los comentarios y observaciones sobre dicha acta realizados por las empresas, y que se debe considerar, por tanto, que los miembros de la Comisión fueron informados de todos los datos pertinentes antes de adoptar la Decisión.

47 Por lo que se refiere al acta provisional transmitida al Comité Consultivo, es preciso subrayar que la demandante no ha indicado en qué dicha acta no reproducía de manera leal y exacta el contenido de las audiencias y que, en consecuencia, no ha aportado pruebas de que el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error sobre un punto esencial a los miembros del Comité Consultivo.

48 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

3. Informe del Consejero-Auditor que no se dio a conocer

49 La demandante había alegado en su recurso que se habría debido comunicar el informe del Consejero-Auditor a los representantes de las empresas, pero en su réplica declara tomar buena nota del auto de 11 de diciembre de 1986 (ICI/Comisión, 212/86 R, no publicado en la Recopilación, apartados 5 a 8), en el que el Tribunal de Justicia rehusó a las partes el derecho a que se les comunicara el informe del Consejero-Auditor, e indica que no es necesario tratar de nuevo esta cuestión.

50 Según la Comisión, no existe disposición alguna que establezca que el informe del Consejero-Auditor debe comunicarse a los destinatarios de la decisión de la Comisión. Esta considera que el Consejero-Auditor desempeña un importante papel en el proceso interno de formación de la voluntad de la Comisión y que las empresas no pueden pretender verse asociadas a dicho proceso, so pena de poner en peligro la franqueza y la independencia del Consejero-Auditor.

51 Este Tribunal señala que el derecho de defensa no exige que las empresas que intervienen en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE puedan comentar el informe del Consejero-Auditor, que constituye un documento puramente interno de la Comisión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que este informe tiene el valor de un dictamen para la Comisión, que ésta no está en absoluto obligada a ceñirse al mismo y que, en consecuencia, el informe no presenta ningún aspecto decisivo que el Juez comunitario esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control (auto de 11 de diciembre de 1986, 212/86 R, antes citado, apartados 5 a 8). En efecto, el respeto del derecho de defensa queda garantizado de forma suficiente con arreglo a Derecho cuando los diferentes órganos que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informados de los argumentos formulados por las empresas, en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7).

52 A este respecto, es importante subrayar que el informe del Consejero-Auditor no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas, sino expresar la opinión de un funcionario de la Comisión con vistas a la adopción por parte de ésta de una Decisión. De ello se sigue que las empresas no tienen derecho a exigir, invocando el respeto del derecho de defensa, que se les dé a conocer el informe del Consejero-Auditor para poder comentarlo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 25).

53 Por consiguiente, debe desestimarse este motivo.

Prueba de la existencia de infracción

54 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos.

55 Procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativa, por una parte, al período comprendido entre 1977 y finales de 1978 o principios de 1979 (I) y, por otra, al período comprendido entre finales de 1978 o principios de 1979 y noviembre de 1983 (II), en lo referente al sistema de reuniones periódicas (A), a las iniciativas sobre precios (B), a las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios (C) y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (D), dando cuenta del acto que se impugna (a) y de las alegaciones de las partes (b), antes de pasar a valorarlos (c); a continuación, procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

I. Período comprendido entre 1977 y finales de 1978 o principios de 1979

A. Acto que se impugna

56 La Decisión afirma (párrafo cuarto del apartado 78 y párrafo tercero del apartado 104) que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno comenzó aproximadamente a finales de 1977, pero que no es posible precisar la fecha a partir de la cual cada productor comenzó a asistir a ellas. Subraya que BASF, que figura entre los productores de los que no se ha probado que "apoyaran" la iniciativa de diciembre de 1977, alega haber asistido a las reuniones sólo "de forma esporádica" antes de 1980. (Debido a un error material, en la versión francesa de la Decisión se lee "a partir de 1978" en vez de "antes de 1980".)

57 Sin embargo, la Decisión indica (párrafos primero y segundo del apartado 105) que la fecha precisa en que cada productor comenzó a asistir a las sesiones plenarias periódicas no puede acreditarse con certeza. Según ella, la fecha en que Anic, ATO, BASF, DSM y Huels comenzaron a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, ya que se ha demostrado que estos cinco productores participaron todos en el reparto del mercado o en el sistema de cuotas que comenzó a aplicarse por primera vez en ese año.

B. Alegaciones de las partes

58 La demandante sostiene que las pruebas que aporta la Comisión no permiten demostrar su participación en las reuniones desde diciembre de 1977. Considera que en el marco del presente asunto sólo se le puede reprochar su participación en las reuniones a partir del momento en que dicha participación fue regular. En efecto, según el apartado 81 de la Decisión, sólo puede hablarse de una infracción de la normativa que regula las prácticas concertadas a partir del momento en que una empresa ha participado regularmente en un "sistema de reuniones periódicas e institucionalizadas".

59 A este respecto, la demandante indica que su presencia en las reuniones sólo fue regular a partir de junio de 1982, aunque, por una parte, reconoce haber participado esporádicamente en las mismas antes del 1 de diciembre de 1980, período del que no recuerda ya los lugares y las fechas de las reuniones, y, por otra parte, admite haber participado en cuatro reuniones concretas de las diecinueve que, según afirma la Comisión, se celebraron entre principios del año 1981 y junio de 1982.

60 A continuación, la demandante se esfuerza en demostrar que la Comisión cita de un modo abusivo la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8). Señala que, por lo que respecta a las reuniones celebradas en 1978, ICI precisó con toda claridad que se trataba de reuniones ad hoc y no de reuniones "regulares" o "institucionalizadas"; que además, ICI no dio cuenta de la presencia de la demandante en dichas reuniones y, por último, que aquélla declaró que sólo le era posible proporcionar las fechas y lugares de las reuniones de "expertos" y de "jefes" a partir del 1 de enero de 1980. La demandante considera que la parte de la respuesta de ICI a la solicitud de información en la que ésta la califica de "participante regular" en las reuniones es "esencial" en la medida en que sólo resulta sensato hablar de participación regular cuando una empresa ha participado al menos en la mayoría de las reuniones. Ahora bien, de la respuesta de BASF a la solicitud de información (pliego de cargos específico dirigido a BASF, anexo 1; en lo sucesivo "p.c. BASF, anexo") se deduce que no fue éste el caso antes del mes de junio de 1982.

61 En su réplica, la demandante señala que la Comisión no aporta dato alguno que permita probar su participación en las reuniones durante el período de que se trata y se asombra, por tanto, de ver que la Comisión mantiene sus cargos para este período.

62 Por su parte, la Comisión señala que, aunque no puede indicar con precisión la fecha en que BASF comenzó a participar en las reuniones, considera sin embargo que puede situar esta fecha con certeza en un momento indeterminado entre 1977 y 1979.

63 Aduce como prueba las respuestas de la demandante y de ICI a las solicitudes de información que les había dirigido. En la primera, la demandante afirmó: "Antes del 1 de diciembre de 1980, algunos representantes de nuestra sociedad participaron en reuniones de productores europeos de polipropileno a intervalos irregulares. Nos resulta imposible acordarnos de los lugares y fechas de estos encuentros." En la segunda, ICI incluyó a BASF entre los participantes regulares en las reuniones sin límite de tiempo (a diferencia de lo ocurrido con Anic y con Rhône-Poulenc, por ejemplo, las cuales, según ICI, sólo participaron durante un período determinado, y al contrario que Hercules, que sólo participó irregularmente en las reuniones) e hizo remontar el comienzo de las reuniones a diciembre de 1977.

C. Apreciación del Tribunal

64 Este Tribunal hace constar que las únicas pruebas que aduce la Comisión para demostrar la participación de BASF en las reuniones durante el período de que se trata son, por una parte, la respuesta de la demandante a la solicitud de información (p.c. BASF, anexo 1) y, por otra parte, la respuesta de ICI a esta misma solicitud (p.c.g., anexo 8).

65 Por lo que se refiere a la primera respuesta, conviene subrayar que, al referirse al período "anterior al 1 de diciembre de 1980", no permite por sí sola demostrar la participación de BASF en las reuniones durante el período que aquí se examina. Por consiguiente, es preciso examinar si la respuesta de ICI a la solicitud de información permite corroborar las conclusiones que la Comisión extrae de la respuesta de la demandante sobre este punto.

66 A este respecto, este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información incluye a la demandante entre los participantes regulares en las reuniones de "expertos" y de "jefes", sin precisar a partir de cuándo. En efecto, en dicha respuesta se puede leer:

"The regular participants at meetings of 'Experts' and 'Bosses' were as follows: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. The following producers participated regularly during those periods between 1979 and 1983 while they were engaged in the West European polypropylene industry: Anic - polypropylene business taken over by Montepolimeri; SIR - believed to be no longer in business; Rhône-Poulenc - polypropylene business sold to BP. In addition, Alcudia and Hercules attended meetings on an irregular basis."

("Los participantes regulares en las reuniones de 'expertos' y 'jefes' fueron los siguientes: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. Los siguientes productores participaron regularmente en las reuniones durante los períodos, entre 1979 y 1983, en los que aún participaban en la industria del polipropileno de Europa occidental: Anic - cuyo sector de polipropileno pasó a ser controlado por Montepolimeri; SIR - de la que se piensa que cesó en su actividad; Rhône-Poulenc - cuyo sector de polipropileno fue vendido a BP. Además, Alcudia y Hercules asistían a las reuniones de modo irregular.")

67 Al no disponer de datos precisos sobre la fecha en que la demandante comenzó a participar en las reuniones, la Comisión se remite a un segundo pasaje de la respuesta de ICI, en el que se puede leer:

"Because of the problems facing the polypropylene industry ((...)), a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any, measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them ((...)) It was proposed that future meetings of those producers who whished to attend should be called on an ad hoc basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems."

("Ante los problemas con que se enfrentaba la industria del polipropileno ((...)), aproximadamente en diciembre de 1977 se reunió un grupo de productores para discutir qué medidas podrían adoptarse para reducir el impacto de las grandes pérdidas que inevitablemente iban a sufrir ((...)) Se propuso que las próximas reuniones de los productores interesados en participar en las mismas fueran reuniones ad hoc dedicadas al estudio e intercambio de ideas para intentar resolver estos problemas.")

La Comisión deduce de este pasaje que el comienzo de la participación de la demandante en las reuniones se remonta al mes de diciembre de 1977. Por otra parte, considera que esta interpretación de la respuesta de ICI a la solicitud de información viene corroborada por el hecho de que, aunque ICI únicamente precisó el período durante el que las empresas habían participado en las reuniones (1979 a 1983) para las empresas cuyos nombres figuran en la segunda frase del primer pasaje citado, esto era precisamente para hacer resaltar que las empresas cuyos nombres figuran en la primera frase de dicho pasaje participaron en las reuniones desde el comienzo de éstas.

68 Este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información, al incluir a la demandante entre los participantes regulares en las reuniones, se refiere explícitamente a su participación en las reuniones de "jefes" y de "expertos". Ahora bien, el pasaje que cita la Comisión para hacer remontar la participación de la demandante en las reuniones al mes de diciembre de 1977 se refiere a unas reuniones ad hoc y no a las reuniones de "jefes" y de "expertos", según indica otro pasaje de la respuesta de ICI a la solicitud de información, en el que se lee:

"By late 1978/early 1979 it was determined that the ad hoc meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing representation knowledge. This two-tier level of ((...)) became identified as (a) 'Bosses' ((...)) and (b) 'Experts' ."

(("A finales de 1978 o comienzos de 1979 se decidió que las reuniones ad hoc de altos cargos directivos se completarían mediante reuniones de directivos de categoría inferior con mayores conocimientos de marketing. Este sistema de representación a dos niveles acabó por denominarse de (a) 'jefes' ((...)) y (b) 'expertos' ".))

69 Procede subrayar que esta interpretación de la respuesta de ICI a la solicitud de información resulta confirmada al realizar una interpretación analógica de las dos primeras frases del primer pasaje antes citado. Dicha interpretación está justificada por el hecho de que lo que establece la distinción entre las empresas mencionadas en la primera frase y las mencionadas en la segunda no es el comienzo de la participación en las reuniones, sino el final de la misma, puesto que todas las empresas mencionadas en la segunda frase abandonaron el mercado antes de que finalizara la infracción. Por consiguiente, se deben interpretar estas dos frases la una a la luz de la otra, teniendo en cuenta el hecho de que las reuniones de "jefes" y de "expertos" no comenzaron antes de finales del año 1978 o de principios del año 1979.

70 Este Tribunal señala, además, que la Comisión reconoció en la vista, en primer lugar, que experimentaba dudas en cuanto el momento en que BASF comenzó a participar en las reuniones, a pesar de la interpretación que había dado a la respuesta de ICI a la solicitud de información; a continuación, que no es seguro que BASF hubiera participado en las reuniones durante el período de que se trata, y, por último, que precisamente por esto no pudo indicar un momento preciso a partir del cual BASF participara en la infracción.

71 A este respecto, las dudas de la Comisión vuelven a aparecer en el segundo párrafo del apartado 105 de la Decisión, en el que se puede leer que la fecha en que la demandante comenzó a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979.

72 Se deduce de todo lo anterior que la Comisión no puede presentar dato alguno que permita demostrar la participación de BASF en la infracción antes de finales de 1978 o a principios de 1979 y que por tanto no ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho dicha participación.

II. Período comprendido entre finales de 1978 o principios de 1979 y el mes de noviembre de 1983

A. El sistema de reuniones periódicas

a) Acto que se impugna

73 La Decisión (cuarto párrafo del apartado 78) indica que BASF pretende haber asistido a las reuniones solamente de forma "esporádica" antes de 1980. En el segundo párrafo del apartado 105, se llega a la conclusión de que la fecha en la que BASF comenzó a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, ya que se ha demostrado que BASF participó en el reparto del mercado o en el sistema de cuotas establecido por primera vez durante este mismo año.

74 La Decisión afirma (párrafo tercero del apartado 104 y párrafos segundo y cuarto del apartado 105), por un lado, que ICI declaró que BASF era una participante regular en las reuniones y, por otro, que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno estuvo funcionando al menos hasta finales de septiembre de 1983. Y acusa a BASF de haber participado en dicho sistema (párrafos primero y tercero del apartado 18).

75 Según la Decisión (apartado 21) estas reuniones periódicas de productores de polipropileno tenían por objeto, en particular, establecer objetivos sobre precios y volúmenes de ventas y comprobar que los productores los respetaban.

b) Alegaciones de las partes

76 La demandante repite que sólo una participación regular en las reuniones puede ser objeto de acusación y que su presencia en las reuniones sólo comenzó a ser regular a partir de junio de 1982, a pesar de que reconoce haber asistido esporádicamente a las reuniones anteriores al 1 de diciembre de 1980, así como a cuatro de las diecinueve reuniones que, según la Comisión, se celebraron entre comienzos de 1981 y junio de 1982. LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0004.1

77 Señala, por otra parte, que la Comisión no aporta prueba alguna que permita demostrar su participación en las reuniones durante la primera mitad de 1979. Y se asombra, por tanto, de ver que la Comisión mantiene sus imputaciones para dicho período y niega valor probatorio a las pruebas que aporta la Comisión para afirmar lo contrario, es decir el informe de la reunión celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 1979 (p.c.g., anexo 12), un cuadro numérico denominado "Producers' Sales to West Europe" ("Ventas de los productores en Europa occidental") (p.c.g., anexo 55) y las instrucciones sobre precios que precedieron a esta reunión (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo BASF).

78 En relación con dichas pruebas, la demandante alega, de entrada, que el informe de la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979 no menciona su nombre y no permite por tanto demostrar su participación en dicha reunión. Señala, a continuación, que el cuadro antes citado carece de valor, puesto que se ignora con qué fin se elaboró y si otros productores distintos de ICI tuvieron acceso al mismo. Además, nada indica que sea el resultado de una concertación entre los productores ni que BASF llegara a conocerlo. Sostiene, por último, que la concordancia de sus instrucciones sobre precios con las de otros productores se explica por el aumento de precio de las materias primas. Se subraya que el hecho de que un período de mes y medio separe las instrucciones dadas por diferentes productores corrobora el carácter autónomo de las mismas.

79 La demandante admite haber participado regularmente en las reuniones a partir del 9 de junio de 1982.

80 Por su parte, la Comisión afirma que la participación de la demandante en las reuniones desde el comienzo del período de que se trata se deduce de numerosas pruebas.

81 Dichas pruebas son, en primer lugar, las respuestas de ICI y de BASF a la solicitud de información (respectivamente, p.c.g., anexo 8 y p.c. BASF, anexo 1). En su respuesta, ICI afirma, según la Comisión, que la demandante fue una participante regular en las reuniones durante el período de que se trata y, en la suya, BASF reconoció: "Antes del 1 de diciembre de 1980, algunos representantes de nuestra sociedad participaron en reuniones de productores europeos de polipropileno a intervalos irregulares. Nos resulta imposible acordarnos de los lugares y fechas de estos encuentros." Según la Comisión, ello permite llegar a la conclusión de que BASF participó en las reuniones desde el comienzo del período de que se trata, aunque ésta niegue que su participación en las reuniones antes de diciembre de 1980 fuera regular.

82 La siguiente prueba es el hecho de que las instrucciones de precios que dio la demandante los días 24 y 27 de julio de 1979 y las que dieron Monte, Shell, ICI, Hoechst, Linz y ATO para el 1 de septiembre de 1979 (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo A) son idénticas. Según la Comisión, no puede explicarse una convergencia semejante por el encarecimiento de las materias primas y, por tanto, dicha convergencia prueba la participación de la demandante en las reuniones en las que se fijaron dichos precios.

83 La última prueba es un cuadro sin fecha, con el título "Producers' Sales to West Europe" ("Ventas de los productores en Europa occidental") (p.c.g., anexo 55), descubierto en los locales de ICI, que recoge las cifras de ventas en miles de toneladas de cada uno de los productores de polipropileno de Europa occidental en 1976, 1977 y 1978, así como otras cifras agrupadas bajo los encabezamientos "1979 actual" ("cifras reales de 1979") y "revised target" ("objetivos revisados"). Dado que en este cuadro se recogen informaciones que deben preservarse celosamente como secreto comercial, no pudo ser elaborado, a juicio de la Comisión, sin la participación de BASF.

84 La Comisión indica, por último, que el hecho de que la demandante sólo pueda acordarse de cuatro reuniones en las que participó en 1981 no constituye en absoluto una refutación de la información procedente de ICI sobre la regularidad con la que BASF participaba en las reuniones.

c) Apreciación del Tribunal

85 Este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8) sitúa a la demandante, a diferencia de otros dos productores, entre los participantes regulares en las reuniones de "jefes" y de "expertos" sin límite de tiempo. Esta respuesta debe interpretarse en el sentido de que la participación de la demandante se remonta a la época en que comenzó el sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos", creado a finales de 1978 o a comienzos de 1979.

86 La respuesta de ICI a la solicitud de información se ve corroborada, en primer lugar, por la respuesta de la propia demandante a la solicitud de información (p.c. BASF, anexo 1) en la cual se puede leer: "Antes del 1 de diciembre de 1980, algunos representantes de nuestra sociedad participaron esporádicamente en reuniones de los productores europeos de polipropileno"; en segundo lugar, por la mención de las cifras de ventas de la demandante de distintos meses y años, al lado de su nombre, en los distintos cuadros que se encontraron en los locales de ICI, ATO y Hercules (p.c.g., anexos 55 a 62), si se tiene en cuenta al mismo tiempo que, como han reconocido la mayoría de los demandantes en sus respuestas a una pregunta por escrito que les dirigió este Tribunal, habría resultado imposible elaborar los cuadros descubiertos en los locales de ICI, ATO y Hercules basándose en las estadísticas del sistema Fides de intercambio de datos. En su respuesta a la solicitud de información, ICI declaró, por otra parte, a propósito de uno de estos cuadros: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" ("La fuente de información para las cifras reales correspondientes al pasado que figuran en el cuadro debieron ser los propios productores"); y, en tercer lugar, la respuesta de ICI es corroborada por la concordancia entre las instrucciones sobre precios que dio la demandante los días 24 y 27 de julio de 1979 y las dadas por otros productores (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo A), de las que se puede pensar que son el resultado de una concertación entre los productores que tuvo lugar aproximadamente en junio de 1979.

87 Por lo que respecta más concretamente a los once primeros meses del año 1980, la Decisión (apartado 32 así como el cuadro nº 3) afirma que durante este período se celebraron siete reuniones de productores, pero no precisa quiénes tomaron parte en ellas. A este respecto, este Tribunal hace constar que la afirmación de la demandante negando su participación en dichas reuniones es poco creíble, pues, en su respuesta a la solicitud de información, ésta declaró haber participado esporádicamente en las reuniones durante este período, sin poder precisar los lugares y las fechas de las mismas. Tanto más cuanto que la demandante precisó ante este Tribunal que había utilizado la palabra "esporádicamente" en su respuesta a su solicitud de información porque no le era posible indicar los lugares y fechas de las reuniones para el período anterior al 1 de diciembre 1980, y que sólo sabía que algunos de sus representantes habían tomado parte, antes de esta fecha, en unas pocas reuniones solamente.

88 Para el resto del período de que se trata (entre el 1 de diciembre de 1980 y junio de 1982), la afirmación de la demandante en el sentido de que sólo participó en cuatro reuniones carece de credibilidad, habida cuenta de la falta de precisión de las declaraciones que ésta ha realizado sobre su participación en las reuniones, así como del carácter erróneo de las mismas en algunos puntos, como por ejemplo para la reunión de 13 de mayo de 1982, cuyo informe (p.c.g., anexo 24) atestigua la presencia de BASF, a pesar de que dicha reunión no figura entre las reuniones en las que ésta admite haber participado en su respuesta a la solicitud de información.

89 La Comisión también estimó acertadamente, basándose en los datos que ICI aportó en su respuesta a la solicitud de información y que han sido confirmados por numerosos informes sobre las reuniones, que el objeto de las reuniones era, principalmente, establecer los objetivos sobre precios, por una parte, y sobre volúmenes de ventas, por otra. En efecto, se lee en esta respuesta que "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ((...))", y también que "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para la calidad de base de cada una de las principales categorías de polipropileno figuran en el anexo ((...))", y "Durante las reuniones se discutieron cierto número de propuestas relativas al volumen de ventas de los distintos productores").

90 Además, al informar sobre la organización, junto a las reuniones de "jefes", de reuniones de "expertos" en marketing a partir de finales de 1978 o de principios de 1979, la respuesta de ICI a la solicitud de información revela que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas se hacían cada vez más concretas y precisas, mientras que en 1978 los "jefes" se habían limitado a desarrollar el concepto mismo de precios "objetivo".

91 Además de los pasajes antes citados, en la respuesta de ICI a la solicitud de información se lee la frase siguiente: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" ("Sólo las reuniones de 'jefes' y de 'expertos' llegaron a celebrarse con carácter mensual"). La Comisión dedujo acertadamente de esta respuesta, así como del hecho de que las reuniones tuvieran una naturaleza y un objeto idénticos, que éstas se inscribían en el marco de un sistema de reuniones periódicas.

92 De las consideraciones precedentes se deduce que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que la demandante participó de manera regular en las reuniones periódicas de productores de polipropileno a partir de una fecha indeterminada comprendida entre finales de 1978 o principios de 1979 y septiembre de 1983, que dichas reuniones tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas y que se inscribían en el marco de un sistema.

B. Las iniciativas sobre precios

a) Acto que se impugna

93 Según la Decisión (apartados 28 a 51), el sistema de establecimiento de objetivos sobre precios se aplicó mediante unas iniciativas sobre precios, de las cuales se han podido identificar seis; la primera se extendió de julio a diciembre de 1979, la segunda de enero a mayo de 1981, la tercera de agosto a diciembre de 1981, la cuarta de junio a julio de 1982, la quinta de septiembre a noviembre de 1982 y la sexta de julio a noviembre de 1983.

94 A propósito de la primera de estas iniciativas sobre precios, la Comisión subraya que no dispone de detalles sobre las reuniones celebradas o las iniciativas previstas durante la primera parte de 1979 (apartado 29 de la Decisión). El informe correspondiente a una reunión celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 1979 indica, no obstante, según ella, que se había previsto una iniciativa centrada en un precio para la clase "rafia" de 1,90 DM/kg a partir del 1 de julio y de 2,05 DM/kg a partir del 1 de septiembre. La Comisión dispone de las instrucciones sobre precios de algunos productores, entre ellos BASF, de las que se deduce, según ella, que estos productores habían ordenado a sus oficinas de ventas aplicar dicho precio o su equivalente en moneda nacional a partir del 1 de septiembre, y esto, en la mayoría de los casos, antes de que la prensa especializada hubiera anunciado la subida prevista (apartado 30 de la Decisión).

95 Sin embargo, a causa de las dificultades que suponía el aumento de precios, los productores decidieron, en la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979, retrasar varios meses la fecha prevista para alcanzar el objetivo, hasta el 1 de diciembre de 1979, mediante un nuevo plan que consistía en "mantener" durante todo el mes de octubre los niveles ya alcanzados, con una posible subida intermedia en noviembre, que elevaría el precio a 1,90 ó 1,95 DM/kg (párrafos primero y segundo del apartado 31 de la Decisión).

96 En cuanto a la segunda iniciativa sobre precios, la Decisión (apartado 32), aunque reconoce que no se ha descubierto informe alguno sobre las reuniones de 1980, afirma que los productores se reunieron al menos siete veces durante ese año (remitiéndose al cuadro nº 3 de la Decisión). A comienzos de ese año, continúa la Decisión, la prensa especializada anunció que los productores eran partidarios de una fuerte subida de precios durante el año 1980. Se pudo comprobar, sin embargo, que los precios de mercado experimentaron una importante baja, cayendo a un nivel de 1,20 DM/kg, e incluso inferior, antes de estabilizarse aproximadamente a partir del mes de septiembre. Las instrucciones sobre precios enviadas por algunos productores (DSM, Hoechst, Linz, Monte, Saga e ICI) revelan que para restablecer el nivel de precios se fijaron como objetivos para diciembre de 1980-enero de 1981 unos precios basados en 1,50 DM/kg para la rafia, 1,70 DM/kg para el homopolímero y 1,95 a 2,00 DM/kg para el copolímero. Un documento interno de Solvay contiene un cuadro en el que se comparan los "precios alcanzados" en octubre y noviembre de 1980 con los "precios de catálogo" para enero de 1981, que eran de 1,50, 1,70 y 2,00 DM/Kg. La Decisión termina afirmando que inicialmente se había previsto aplicar estos importes a partir del 1 de diciembre de 1980 -una reunión al respecto tuvo lugar en Zúrich del 13 al 15 de octubre-, pero que esta iniciativa se aplazó hasta el 1 de enero de 1981.

97 A continuación, la Decisión subraya (apartado 33) que BASF participó en una de las dos reuniones de enero de 1981 en las que se reconoció la necesidad de proceder, tras el aumento de precios acordado en diciembre de 1980, centrado en un precio de 1,75 DM/kg para la rafia para el 1 de febrero de 1981, a un aumento en dos etapas: el objetivo continuaría siendo 1,75 DM/kg para febrero y a partir del 1 de marzo se fijaría un nuevo objetivo de 2,00 DM/kg, "sin excepciones". Según la Decisión, se estableció un cuadro de precios objetivo de las seis principales calidades en seis monedas nacionales, que había de entrar en vigor el 1 de febrero y el 1 de marzo de 1981. Los documentos hallados en BASF revelan concretamente que ésta adoptó determinadas medidas para aplicar los precios objetivo fijados para febrero y marzo.

98 El apartado 34 de la Decisión indica que parece, sin embargo, que el proyecto de subir los precios a 2,00 DM/kg para el 1 de marzo no tuvo éxito. Los productores modificaron sus expectativas, esperando alcanzar el nivel de 1,75 DM/kg en marzo. Según la Decisión, el 25 de marzo de 1981 se celebró en Amsterdam una reunión de "expertos", de la que no queda ningún informe, pero inmediatamente después, al menos BASF, DSM, ICI, Monte y Shell dieron instrucciones de elevar los objetivos sobre precios (o precios "de catálogo") a un nivel equivalente a 2,15 DM/kg para la rafia a partir del 1 de mayo. Con un retraso de unas cuatro semanas respecto a los otros, Hoechst dio instrucciones idénticas para el 1 de mayo. Algunos de los productores dieron cierto margen de maniobra a sus oficinas de ventas, permitiéndoles aplicar unos precios "mínimos" o "mínimos absolutos" algo inferiores a los objetivos acordados. Durante la primera parte del año 1981, los precios aumentaron sensiblemente, pero, aunque los productores apoyaron decididamente la subida del 1 de mayo, el ritmo se hizo más lento. Hacia mediados del año, los productores contemplaban la posibilidad de estabilizar los precios o incluso de reducirlos un poco, pues la demanda había caído durante el verano.

99 Por lo que respecta a la tercera iniciativa de precios, la Decisión (apartado 35) afirma que ya en junio de 1981 Shell e ICI habían previsto una nueva iniciativa sobre precios para septiembre/octubre de 1981, en un momento en que la subida de precios del primer trimestre comenzaba a perder impulso. Según la Decisión, Shell, ICI y Monte se reunieron el 15 de junio de 1981 para discutir los métodos que se usarían para aumentar los precios en el mercado. Pocos días después de la reunión, ICI y Shell dieron ambas a sus oficinas de ventas instrucciones de preparar al mercado para una subida sustancial en septiembre, centrada en un nuevo precio de 2,30 DM/kg para la rafia. Igualmente, Solvay recordó a su oficina de ventas del Benelux, el 17 de julio de 1981, que era necesario avisar a los clientes de que el 1 de septiembre se produciría una subida sustancial, cuyo importe se decidiría en la última semana de julio; en ese momento estaba prevista una reunión de expertos para el 28 de julio de 1981. El proyecto inicial centrado en un precio de 2,30 DM/kg en septiembre de 1981 fue revisado (probablemente en esta reunión); el nivel para agosto se redujo a 2,00 DM/kg para la rafia. El de septiembre debía ser de 2,20 DM/kg. Una nota manuscrita encontrada en los locales de Hercules de fecha 29 de julio de 1981 (es decir, el día siguiente a la reunión, a la que seguramente Hercules no asistió) cita estos precios, calificándolos de "oficiales" para agosto y septiembre, y se refiere en términos velados a la fuente de la información. El 4 de agosto de 1981 en Ginebra y el 21 de agosto del mismo año en Viena tuvieron lugar nuevas reuniones. Tras éstas, los productores enviaron unas nuevas instrucciones que establecían como objetivo 2,30 DM/kg para el 1 de octubre. BASF, DSM, Hoechst, ICI, Monte y Shell dieron unas instrucciones de aplicar estos precios en septiembre y en octubre prácticamente idénticas.

100 Según la Decisión (apartado 36), el nuevo proyecto preveía para los meses de septiembre y de octubre de 1981 la subida de los precios a un "precio de base" de 2,20 a 2,30 DM/kg para la rafia. Un documento de Shell indica que se habló de una segunda etapa en la que el precio subiría a 2,50 DM/kg para el 1 de noviembre, pero que más tarde se renunció a ello. Los informes de los diversos productores indican que los precios aumentaron en septiembre y que la iniciativa prosiguió en octubre de 1981, llegándose a conseguir en el mercado unos precios de alrededor de 2,00 a 2,10 DM/kg para la rafia. Una nota de Hercules muestra que en diciembre de 1981 el objetivo de 2,30 DM/kg fue revisado a la baja y que se fijó un nuevo valor más realista de 2,15 DM/kg, pero esta nota añade: "Gracias a la determinación de todos, los precios han alcanzado los 2,05 DM/kg, es decir, el importe más próximo a los objetivos publicados al que se ha llegado nunca ((sic))". A finales de 1981, la prensa especializada registraba unos precios en el mercado del polipropileno de 1,95 a 2,10 DM/kg para la rafia, es decir, unos 20 pfennigs menos que los objetivos sobre precios de los productores. En cuanto a las capacidades, informaba de una utilización que llegaba hasta el 80 %, porcentaje que se consideraba "sano".

101 La cuarta iniciativa sobre precios de junio-julio de 1982 se inscribía en el contexto de un retorno del mercado a la situación de equilibrio entre la oferta y la demanda. Según la Comisión, esta iniciativa se decidió en la reunión de productores de 13 de mayo de 1982, en la que participó BASF y en la cual se elaboró un cuadro detallado de los objetivos sobre precios a 1 de junio para las diferentes calidades de polipropileno, en diferentes monedas nacionales (2,00 DM/kg para la rafia) (apartados 37 a 29, párrafo primero, de la Decisión).

102 Tras la reunión de 13 de mayo de 1982, ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte y Shell dieron instrucciones sobre precios que se ajustaban, sin perjuicio de algunas excepciones de escasa importancia, a los precios objetivo establecidos en la reunión (párrafo segundo del apartado 39 de la Decisión). En la reunión de 9 de junio de 1982, los productores sólo habían podido anunciar unos modestos aumentos de precios.

103 Según la Decisión (apartado 40), la demandante participó también en la quinta iniciativa sobre precios de septiembre a noviembre de 1982, que había sido decidida en la reunión de 20 y 21 de julio de 1982 y que pretendía alcanzar un precio de 2,00 DM/kg el 1 de septiembre y de 2,10 DM/kg el 1 de octubre, en la medida en que aquélla estuvo presente en la mayoría de las reuniones, si no en todas las celebradas entre julio y noviembre de 1982, en las que dicha iniciativa se organizó y se controló (apartado 45 de la Decisión). En la reunión de 20 de agosto de 1982, el alza de precios prevista para el 1 de septiembre fue aplazada hasta el 1 de octubre y esta decisión fue confirmada más tarde en la reunión de 2 de septiembre de 1982 (apartado 41 de la Decisión).

104 Tras las reuniones de 20 de agosto y de 2 de septiembre de 1982, ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Shell dieron unas instrucciones sobre precios ajustadas al precio objetivo establecido en dichas reuniones (apartado 43 de la Decisión).

105 Según la Decisión (apartado 44), en la reunión de 21 de septiembre de 1982 se examinaron las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo previamente fijado, y las empresas en su conjunto expresaron su apoyo a una propuesta de elevar el precio a 2,10 DM/kg para noviembre o diciembre de 1982. Esta subida se confirmó en la reunión de 6 de octubre de 1982.

106 Tras la reunión de 6 de octubre de 1982, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell y Saga dieron unas instrucciones sobre precios que aplicaban la subida aprobada (párrafo segundo del apartado 44 de la Decisión).

107 Como lo hicieron también ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Saga, la demandante proporcionó a la Comisión unas instrucciones sobre precios dirigidas a sus oficinas de ventas locales, que no sólo se corresponden entre sí en cuanto a importes y plazos, sino que se ajustan también al cuadro de precios objetivo adjunto al informe de ICI sobre la reunión de "expertos" de 2 de septiembre de 1982 (párrafo segundo del apartado 45 de la Decisión).

108 Según la Decisión (párrafo segundo del apartado 46), la reunión de diciembre de 1982 desembocó en un acuerdo con arreglo al cual el nivel previsto para noviembre o diciembre comenzaría a aplicarse a finales de enero de 1983.

109 Según la Decisión (apartado 47), la demandante participó, por último, en la sexta iniciativa sobre precios de julio a noviembre de 1983. En efecto, en la reunión de 3 de mayo de 1983, según la Comisión, se llegó al acuerdo de que los productores se esforzarían por aplicar un precio objetivo de 2,00 DM/kg en junio de 1983. Sin embargo, en la reunión de 20 de mayo de 1983, el objetivo previamente fijado se aplazó hasta septiembre y se fijó un objetivo intermedio para el 1 de julio (1,85 DM/kg). Más tarde, en la reunión de 1 de junio de 1983, los productores presentes, entre ellos BASF, reafirmaron estar totalmente decididos a aplicar la subida de 1,85 DM/kg. En esta ocasión, se acordó que Shell tomaría públicamente la iniciativa en una revista profesional especializada, European Chemical News (en lo sucesivo, "ECN").

110 La Decisión (apartado 49) subraya que, tras la reunión de 20 de mayo de 1983, ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina y Solvay dieron instrucciones a sus oficinas de ventas de aplicar para el 1 de julio un precio de 1,85 DM/kg para la rafia. La Decisión llega a la conclusión de que así queda demostrado que -exceptuando a Huels, al no haber encontrado la Comisión indicios de instrucciones para julio de 1983 procedentes de aquélla- todos los productores que habían participado en las reuniones, o se habían comprometido a apoyar el nuevo objetivo de 1,85 DM/kg, dieron instrucciones para que se aplicara el nuevo precio.

111 La Decisión (apartado 50) señala, por otra parte, que los días 16 de junio, 6 y 21 de julio, 10 y 23 de agosto y 5, 15 y 29 de septiembre de 1983 se celebraron otras reuniones en las que tomaron parte todos los participantes habituales. Según la Comisión, a finales de julio y a principios de agosto de 1983, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte y Saga enviaron a sus distintas oficinas nacionales de ventas unas instrucciones aplicables el 1 de septiembre, centradas en un precio de 2,00 DM/kg para la rafia, mientras que una nota interna de Shell de 11 de agosto, referida a sus precios en el Reino Unido, indicaba que la filial del Reino Unido se esforzaba en "promover" unos precios de base aplicables el 1 de septiembre que se ajustaban a los objetivos fijados por los demás productores. No obstante, a partir de finales de mes Shell ordenó a su oficina de ventas en el Reino Unido que aplazara la subida completa hasta que los demás productores hubieran alcanzado el nivel de base deseado. La Decisión precisa que, salvo algunas excepciones de escasa importancia, las instrucciones a que se ha hecho referencia son idénticas para las mismas calidades y divisas.

112 Según la Decisión (último párrafo del apartado 50), las instrucciones obtenidas de los productores revelan que posteriormente se decidió aprovechar el impulso del mes de septiembre para nuevas etapas, centradas en un precio de 2,10 DM/kg para el 1 de octubre para la rafia y una subida a 2,25 DM/kg para el 1 de noviembre. La Decisión (párrafo primero del apartado 51) continúa indicando que BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Solvay enviaron a sus oficinas de ventas unas instrucciones en las que se fijaban unos precios idénticos para los meses de octubre y noviembre, y que Hercules fijó inicialmente unos precios ligeramente inferiores.

113 La Decisión afirma (párrafo tercero del apartado 51) que una nota interna hallada en los locales de ATO y fechada a 28 de septiembre de 1983 incluye un cuadro con el encabezamiento "Rappel du prix de cota ((sic))" (Recordatorio de los precios de cuota), que recoge para diferentes países los precios aplicables en septiembre y en octubre a las tres principales calidades de polipropileno, precios idénticos a los de BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Solvay. Según la Decisión, durante la visita de inspección que se efectuó en ATO en octubre de 1983, los representantes de la empresa confirmaron que estos precios habían sido comunicados a las oficinas de ventas.

114 Según la Decisión (párrafo cuarto del apartado 105), sea cual sea la fecha de la última reunión, la infracción duró hasta noviembre de 1983, en la medida en que el acuerdo continuó surtiendo efecto al menos hasta ese momento, pues se sabe que noviembre fue el último mes para el que se establecieron objetivos sobre precios y se dieron instrucciones sobre precios.

115 La Decisión concluye afirmando (último párrafo del apartado 51) que, según la prensa especializada, a finales de 1983 los precios del polipropileno se consolidaron, con un precio de mercado para la rafia que llegó a alcanzar entre 2,08 y 2,15 DM/kg (el objetivo citado antes era de 2,25 DM/kg).

b) Alegaciones de las partes

116 A propósito de la iniciativa sobre precios de julio a diciembre de 1979, la demandante sostiene que la concordancia entre sus instrucciones sobre precios y las de otros productores se explica por unos aumentos probados de los precios de las materias primas (en particular del propileno), que afectaban a todos los fabricantes de la misma manera. Añade que el hecho de que las instrucciones de los diferentes productores estén separadas por un largo período (que va del 20 de junio de 1979 al 8 de agosto de 1979; escrito de 29 de marzo de 1985, anexo A) corrobora el carácter autónomo de las mismas, y, por otra parte, subraya que la Comisión no ha demostrado que ella participara en la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979. Por último, la demandante alega que sus instrucciones sobre precios eran puramente internas y que, por consiguiente, la Comisión no podía deducir de las mismas la aplicación de un precio objetivo fijado en alguna reunión.

117 La demandante subdivide la iniciativa de enero a mayo de 1981 en tres iniciativas distintas. La primera sería la iniciativa sobre precios de enero-febrero de 1981, en relación con la cual BASF comienza por indicar que no se la menciona en el cuadro 7 B de la Decisión referido a esta iniciativa sobre precios y que en la época en que se decidió dicha iniciativa ella no participó en ninguna reunión de productores. Sus instrucciones sobre precios de 22 de diciembre de 1980 y de 20 y 25 de febrero de 1981 (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo BASF C) se dieron, indica, en respuesta a unas informaciones publicadas el 18 de diciembre de 1980 que anunciaban un aumento del precio de las materias primas. La demandante sostiene además que la utilización de las palabras "target list prices" ("precios de catálogo objetivo") en una instrucción sobre precios de ICI (p.c.g., anexo 16) no permite demostrar la existencia de una reunión en la cual se hubiera establecido este objetivo, por una parte, porque estas palabras corresponden a una manera de expresarse específica de ICI, para indicar internamente a sus oficinas de ventas el nivel de precios que debían tratar de alcanzar y, por otra parte, porque dicha instrucción no hace referencia a ninguna reunión.

118 Para la iniciativa de marzo a abril de 1981, la demandante niega valor probatorio a las instrucciones sobre precios aportadas por la Comisión (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo BASF C), considerando que el término "agreed" ("acordado") que allí se utiliza no permite saber si BASF aceptó una subida de precios tras un intercambio de informaciones o si la tentativa de BASF de aumentar sus precios fue determinada de manera autónoma por otros factores antes de su primera participación en las reuniones. Además, tampoco es una prueba el cuadro de precios adjunto al informe de las dos reuniones de enero de 1981 (p.c.g., anexo 17), puesto que nada prueba que se discutiera sobre el mismo en algún momento.

119 Para la iniciativa de mayo de 1981, la demandante señala que la Comisión admitió no disponer de informes de las reuniones y que se basa por tanto únicamente en las instrucciones sobre precios que BASF dio el 30 de abril y el 6 de mayo de 1981 (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo BASF D). Ahora bien, éstas se explican, según BASF, por el aumento del coste de las materias primas, cuya cuantía probable había sido publicada en ECN el 20 de abril de 1981 (p.c.g., anexo 20). La demandante niega igualmente valor probatorio a las instrucciones sobre precios de los diferentes productores para mayo y junio (p.c.g., anexo 19), alegando que no es posible deducir de ellas la existencia de una concertación entre productores -y aún menos la participación de BASF en tal concertación- puesto que se habían hecho públicas informaciones sobre los precios antes de que se impartieran dichas instrucciones.

120 La demandante no niega haber participado en las iniciativas sobre precios de los años 1982 y 1983. Repite, sin embargo, que sus instrucciones sobre precios eran puramente internas, como confirma, según ella, un informe realizado por una empresa de auditoría independiente sobre los precios de venta netos (tras deducir los eventuales descuentos) aplicados por los productores durante el período de referencia (en lo sucesivo, "informe Coopers & Lybrand"). Las conclusiones de dicho informe muestran que estas instrucciones no tuvieron ninguna influencia sobre los precios efectivamente aplicados en el mercado.

121 Por su parte, la Comisión sostiene que el hecho de que las instrucciones sobre precios dadas por la demandante el 24 y el 27 de julio de 1979 sean idénticas a las que dieron Monte, Shell, ICI, Hoechst, Linz y ATO para el 1 de septiembre de 1979, al no poder explicarse por un encarecimiento de las materias primas, prueba la existencia de una práctica colusoria sobre los precios. Esta conclusión se deduce, en particular, del informe de la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979 (p.c.g., anexo 12), que se refiere a la iniciativa de precios de 1979, puesto que se puede leer en él: "2.05 remains the target" ("2,05 continúa siendo el objetivo").

122 La Comisión afirma a continuación que BASF tomó parte en la iniciativa sobre precios de finales de 1980 o principios de 1981. Basa esta opinión en un télex de 22 de diciembre de 1980 en el que BASF indicaba un precio de 1,77 DM/Kg aplicable el 20 de enero de 1981 que, según la Comisión, era el resultado de un acuerdo concluido con los demás productores, como lo confirma el informe de las dos reuniones de enero de 1981, en la segunda de las cuales participó BASF. En efecto, dicho informe lleva incorporado un cuadro de precios que concuerda con las instrucciones sobre precios de BASF y las de cierto número de productores (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo C).

123 Para los meses de marzo y de abril de 1981, la Comisión reconoce que no dispone de ninguna prueba directa de la participación de BASF en las reuniones, pero sostiene que la concordancia entre las instrucciones sobre precios de BASF y las de los demás productores para el mismo período (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo D) muestra que los contactos entre los productores no se habían interrumpido repentinamente. La Comisión considera que el hecho de que los aumentos de precios previstos por algunos de los productores hubieran sido publicados en el número de ECN de 20 de abril de 1981 (p.c.g., anexo 20) no desvirtúa su demostración, porque la instrucción sobre precios de BASF de 6 de mayo de 1981 se limitaba a confirmar una instrucción sobre precios idéntica que BASF había dado ya el 27 de marzo de 1981.

124 La Comisión afirma que la situación era exactamente la misma para los meses de septiembre y octubre de 1981 (escrito de 29 de marzo de 1985, anexo E).

125 Considera, además, que BASF participó en todas las iniciativas sobre precios de 1982 y de 1983. La Comisión basa esta afirmación en los informes de las reuniones celebradas entre mayo de 1982 y finales de septiembre de 1983 (p.c.g., anexos 24 a 40), así como en las instrucciones sobre precios concordantes dadas por BASF y los demás productores tras dichas reuniones (escrito de 29 de marzo de 1985, anexos F a I).

c) Apreciación del Tribunal

126 Este Tribunal hace constar que los informes de las reuniones periódicas de productores de polipropileno muestran que los productores que participaron en dichas reuniones acordaron en ellas las iniciativas sobre precios que la Decisión menciona. Así, se puede leer lo siguiente en el informe de la reunión de 13 de mayo de 1982 (p.c.g., anexo 24):

"Everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table."

(("Todo el mundo pensaba que había una oportunidad muy buena para conseguir un aumento de precios antes de las vacaciones + tras discutir un poco, se fijó un precio de 2,00 DM a partir del 1 de junio (del 14 de junio para el Reino Unido). Las cifras para cada país se recogen en el cuadro adjunto."))

127 Una vez que se ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que la demandante participó en dichas reuniones, ésta no puede afirmar que no ha suscrito las iniciativas sobre precios que en ellas se decidieron, se organizaron y se controlaron, sin proporcionar indicios que puedan corroborar esa afirmación. En efecto, a falta de tales indicios no hay razón alguna para creer que la demandante no suscribió dichas iniciativas, a diferencia de los demás participantes en las reuniones.

128 A este respecto, se debe subrayar que la demandante no niega específicamente haber participado en las iniciativas sobre precios que tuvieron lugar durante la segunda mitad del año 1981 y durante los años 1982 y 1983, y que la concordancia entre sus instrucciones sobre precios y las dadas por diferentes productores permite demostrar, además, que aquélla participó en la aplicación de dichos objetivos sobre precios por parte de los productores.

129 En cuanto a los argumentos de la demandante destinados a demostrar que no suscribió las iniciativas sobre precios acordadas, este Tribunal considera que no pueden ser aceptados por las razones que siguen.

130 El argumento de la demandante basado en que las presiones que recaían sobre los diferentes productores eran las mismas no permite explicar el hecho de que sus instrucciones sobre precios en las diferentes monedas nacionales fueran idénticas, en la medida en que la igualdad de las presiones sólo afectaba a determinados factores productivos, como el precio de las materias primas, pero no se extendía a los gastos generales, los costes salariales o los tipos impositivos, lo que producía como consecuencia que el umbral de rentabilidad de los diferentes productores fuese sensiblemente diferente. Esto es lo que muestra, por ejemplo, el informe de la reunión de la "European Association for Textile Polyolefins" de 22 de noviembre de 1977 (p.c.g., anexo 6), en la que no participó la demandante, según el cual Hoechst deseaba, para alcanzar su umbral de rentabilidad, un precio de 1,85 DM/kg, ICI de 1,60 DM/kg, Rhône-Poulenc de 3,50 FF/kg y Shell de 1,50 DM/kg.

131 En cuanto al carácter puramente interno de las instrucciones sobre precios de la demandante y de los precios objetivo que ésta dice haber establecido, este Tribunal hace constar que, si bien dichas instrucciones son internas en el sentido de que fueron enviadas desde las oficinas centrales a las oficinas de ventas, fueron enviadas para ser ejecutadas y, por tanto, para producir efectos externos, como lo confirma expresamente la instrucción sobre precios dada por BASF el 26 de septiembre de 1983 (p.c.g., anexo 42), en la que se puede leer:

"Wir muessen Sie also bitten, unsere Kunden dahin gehend zu informieren, dass ein weiterer Preisschritt fuer Lieferungen ab 1. November von 0,15 DM/kg unvermeidbar ist."

("Les rogamos que comuniquen a nuestros clientes que es inevitable un nuevo aumento de precios y que este aumento será de 0,15 DM/kg para las entregas a partir del 1 de noviembre".)

Igualmente, unos objetivos sobre precios puramente internos pierden este carácter desde el momento en que son discutidos con otros productores. Por consiguiente, el argumento de la demandante no sirve para desmentir la participación de ésta en las sucesivas iniciativas sobre precios.

132 Por otra parte, la aparición en la revista ECN de informaciones sobre los precios no sirve para hacer perder su valor como prueba a la concordancia entre las instrucciones sobre precios de la demandante y las de otros productores, dado que se ha demostrado que varios productores impartieron instrucciones sobre precios antes de dicha aparición, que en aquella época tuvieron lugar varias reuniones de productores y que, además, se deduce claramente del informe de la reunión de 1 de junio de 1983 (p.c.g., anexo 40) que, cuando se decidía una iniciativa sobre precios, se anunciaba en la prensa especializada. En efecto, se puede leer en este informe: "Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" ("Se informó de que Shell había decidido unirse al movimiento y lo encabezaría públicamente en ECN").

133 En cuanto al argumento que la demandante basa en el hecho de que el informe Coopers & Lybrand haya demostrado que sus instrucciones sobre precios no tuvieron efecto alguno sobre los precios aplicados, se debe indicar que la falta de efecto no puede desvirtuar las pruebas presentadas por la Comisión para demostrar que las iniciativas sobre precios eran el resultado del establecimiento de objetivos sobre precios por parte de diferentes productores.

134 Por último, este Tribunal considera que la Comisión pudo razonablemente entender que el cuadro de precios adjunto al informe de las dos reuniones de enero de 1981 (p.c.g., anexo 17) había sido discutido en dicha reunión y era el resultado de la misma.

135 Se debe añadir, también, que es legítimo el modo en que la Comisión llegó a deducir de la respuesta de ICI a la solicitud de información, en la que se lee que "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ((...))" ("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para la calidad de base de cada una de las principales categorías de polipropileno figuran en el anexo ((...))"), que estas iniciativas se inscribían en el marco de un sistema de establecimiento de objetivos sobre precios.

136 Este Tribunal hace constar, por último, que, aunque la última reunión de productores de la que l