ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
28

En caso de que no pueda considerarse que la diferencia de trato está justificada por objetivos de política social, el tribunal remitente indica que no es posible realizar una interpretación del artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores conforme con el Acuerdo Marco. Así las cosas, dicho tribunal se pregunta si, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 22 de noviembre de 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709), de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21), de 13 de septiembre de 2011, Prigge y otros (C‑447/09, EU:C:2011:573), y de 19 de abril de 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), la prohibición de la diferencia de trato entre trabajadores con contratos de duración determinada y trabajadores fijos se desprende también de los principios de igualdad y de no discriminación, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta.
9

El artículo 141 de la Directiva del IVA es del siguiente tenor: «Los Estados miembros adoptarán medidas específicas para no someter al IVA las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas en su territorio, en virtud del artículo 40, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) que quien realice la adquisición de bienes sea un sujeto pasivo no establecido en este Estado miembro, sino identificado a efectos del IVA en otro Estado miembro; b) que la adquisición de bienes se realice con motivo de una entrega subsiguiente de dichos bienes efectuada en ese mismo Estado miembro por el sujeto pasivo contemplado en la letra a); c) que los bienes así adquiridos por el sujeto pasivo contemplado en la letra a) se expidan o transporten directamente a partir de un Estado miembro que no sea aquel en el que se encuentre identificado a efectos del IVA y con destino a la persona para la cual se efectúe la subsiguiente entrega; d) que el destinatario de la entrega subsiguiente sea otro sujeto pasivo o una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, identificados a efectos del IVA en ese mismo Estado miembro; e) que el destinatario contemplado en la letra d) haya sido designado, conforme a lo dispuesto en el artículo 197, como deudor del impuesto exigible en concepto de la entrega efectuada por el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro en que sea exigible el impuesto.»
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 8 de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO 1990, L 225, p. 1), en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1994, C 241, p. 21), adaptada por la Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo de la Unión Europea, de 1 de enero de 1995 (DO 1995, L 1, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva sobre fusiones»), y del artículo 49 TFUE.
41

La familia Barkan interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal). Dicho tribunal estima, en primer lugar, que, aun cuando no se discute que no existe relación contractual directa alguna entre la familia Barkan y Air Nostrum, este hecho no afecta a la naturaleza contractual del derecho a compensación establecido por el Reglamento n.o 261/2004. En segundo lugar, según ese tribunal, el hecho de que Air Nostrum, como transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, no tenga obligaciones contractuales que cumplir en el destino final del vuelo de conexión, a saber, Fráncfort del Meno, no se opone a la calificación de este lugar como «lugar de ejecución», en el sentido del artículo 5, punto 1, del Reglamento n.o 44/2001, ya que el Reglamento n.o 261/2004 trata de reforzar, y no de debilitar, la posición jurídica de los pasajeros aéreos. De este modo, parece justificado que las obligaciones contractuales que deban cumplirse en el destino final del vuelo de conexión por quien contrató con la familia Barkan —Iberia— se imputen a Air Nostrum en su condición de transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo. Además, desde el punto de vista del Derecho material, el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo debe también indemnizar en todo caso al pasajero cuando llega a su destino final con gran retraso como consecuencia de un vuelo previo que ese transportista realizó con retraso.
40.

“grupo”: un grupo de empresas vinculadas entre sí por una relación a que hace referencia el artículo 22, apartados 1, 2 o 7, de la Directiva 2013/34/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO 2013, L 182, p. 19)] o empresas definidas en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Delegado (UE) n.o 241/2014 de la Comisión, [de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades (DO 2014, L 74, p. 8)], que estén vinculadas entre sí por una relación a tenor del artículo 10, apartado 1, o del artículo 113, apartados 6 o 7, del Reglamento [n.o 575/2013];
101

No obstante, si bien tales elementos pueden tomarse en consideración en el marco del equilibrio mencionado en el apartado 93 de la presente sentencia, no es menos cierto que no se ha demostrado que las dificultades mencionadas por la República de Polonia, que no revisten carácter excepcional, excluyan que hubieran podido establecerse plazos más breves, tanto más por cuanto que una gran parte de las medidas previstas están destinadas a la sustitución de calderas individuales y colectivas por instalaciones más eficaces.
55

Por otra parte, como ha señalado la Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, no puede descartarse que un aspirante, con arreglo al artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, tenga derecho a solicitar al responsable del tratamiento de datos que, transcurrido un determinado período de tiempo, se supriman sus respuestas al examen y las correspondientes anotaciones del examinador, es decir, que se destruyan. En efecto, en virtud del artículo 6, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, los datos personales pueden, en principio, ser conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para la consecución de los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Ahora bien, habida cuenta de la finalidad de las respuestas del aspirante en un examen y de las correspondientes anotaciones del examinador, su conservación en una forma que permita la identificación del aspirante ya no parece necesaria a priori, una vez que el procedimiento de examen está definitivamente concluido y no puede ser objeto de recurso, de tal modo que tales respuestas y anotaciones han perdido cualquier valor probatorio.
5

Esta Directiva establece, en su artículo 4, titulado «Categorías, definiciones y edades mínimas»: «1. El permiso de conducción previsto en el artículo 1 autorizará a conducir vehículos de motor de las categorías que se definen a continuación. Podrán expedirse a partir de la edad mínima indicada para cada categoría. El término “vehículo de motor” designará todo vehículo autopropulsado que circule por carretera por sus propios medios, con excepción de los vehículos que se desplacen sobre raíles. […] 4. automóviles: – el término “automóvil” designará aquellos vehículos de motor utilizados generalmente para transportar por carretera personas o cosas o para remolcar por carretera vehículos utilizados en el transporte de personas o cosas. Este término incluye a los trolebuses, es decir, los vehículos conectados a una línea eléctrica y que no circulan sobre raíles. No incluye a los tractores agrícolas y forestales; […] d) Categoría C1: automóviles distintos de los de las categorías D1 y D, cuya masa máxima autorizada supere los 3500 kg, pero no sobrepase los 7500 kg, y que se hayan diseñado y construido para el transporte de un máximo de ocho personas sin incluir al conductor; los automóviles que se puedan conducir con un permiso de la categoría C1 podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg. […] f) Categoría C: automóviles distintos de los de las categorías D1 o D cuya masa máxima autorizada exceda de 3500 kg y hayan sido diseñados y construidos para el transporte de un máximo de ocho pasajeros sin incluir el conductor; los automóviles de esta categoría que se puedan conducir con un permiso de la categoría C podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. […] h) Categoría D1: automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 personas, sin incluir al conductor, y cuya longitud máxima sea de 8 m; los automóviles que se puedan conducir con un permiso de la categoría D1 podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg; […] j) categoría D: automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 8 personas sin incluir al conductor; los automóviles que se puedan conducir con un permiso de la categoría D podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg; […]».
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El decreto legislativo n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163/2006 por el que se aprueba el código de los contratos públicos de obras, de servicios y de suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (Suplemento Ordinario de la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006), en su versión modificada por el Decreto-ley n.o 70, de 13 de mayo de 2011 (GURI n.o 110, de 13 de mayo de 2011, p. 1), convalidado mediante la Ley n.o 106, de 12 de julio de 2011 (GURI n.o 160, de 12 de julio de 2011, p. 1) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 163/2006»), regula en Italia el conjunto de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en los sectores de las obras, los servicios y los suministros.
8

El artículo 1 de la legge provinciale n.o 1 — Formazione di medici specialisti (Ley provincial n.o 1, sobre la formación de médicos especialistas), de 3 de enero de 1986 (BU n.o 2, de 14 de enero de 1986; en lo sucesivo, «Ley provincial n.o 1/86»), disponía: «1. Al no existir en la Provincia [Autónoma] de Bolzano la posibilidad de cursar especialidades médicas, el Asesor provincial competente en la materia queda facultado […] para celebrar con universidades italianas y con los organismos públicos austríacos competentes, conforme al ordenamiento austríaco en la materia específica, los oportunos convenios relativos a la creación de puestos adicionales para la formación de médicos especialistas, teniendo en cuenta en todo caso las normas estatales y provinciales. 2. El convenio celebrado con arreglo al apartado anterior con los organismos públicos austríacos podrá disponer que la Provincia [Autónoma de Bolzano] abone a dichos organismos un importe no superior al límite máximo de la asignación prevista en el artículo 3 […], cuando éstos paguen una remuneración equivalente al médico que cursa la especialidad.»
2)

El artículo 9, apartado 5, y el artículo 60, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999, deben interpretarse en el sentido de que un procedimiento de adjudicación de un contrato público como el controvertido en el litigio principal, en el que se han aplicado criterios más restrictivos que los establecidos en la Directiva 2004/18, no puede considerarse tramitado en plena conformidad con el Derecho de la Unión y no cumple los requisitos para recibir financiación europea no rembolsable, concedida retrospectivamente. El artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que el empleo de criterios de selección previa de licitadores más restrictivos que los establecidos por la Directiva 2004/18 constituye una «irregularidad» en el sentido de esa disposición, que justifica la aplicación de una corrección financiera en virtud del artículo 98 del citado Reglamento siempre que no pueda excluirse que tal empleo haya incidido en el presupuesto del Fondo de que se trata, circunstancia que corresponde verificar al tribunal remitente.
1

Mediante su recurso de casación, HX solicita la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 2 de junio de 2016, HX/Consejo (T‑723/14, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:332), en la que éste, por una parte, anuló la Decisión de Ejecución 2014/488/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2014, L 217, p. 49), y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 793/2014 del Consejo, de 22 de julio de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2014, L 217, p. 10), en la medida en que dicha Decisión de Ejecución y dicho Reglamento de Ejecución se refieren a HX, y, por otra parte, desestimó sus pretensiones de anulación de la Decisión (PESC) 2015/837 del Consejo, de 28 de mayo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC (DO 2015, L 132, p. 82).
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El artículo 11 del Convenio TIR está redactado en los siguientes términos: «1. Cuando no se haya hecho la anotación de descargo, las autoridades competentes no tendrán derecho a exigir de la asociación garante el pago de las sumas a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del artículo 8, a menos que, en el plazo de un año a contar de la fecha de la aceptación por ellas del cuaderno TIR, esas autoridades hayan notificado por escrito a la asociación que no se ha hecho el descargo. Esta disposición se aplicará igualmente en casos de certificado de terminación de la operación TIR obtenido de una manera abusiva o fraudulenta, pero entonces el plazo será de dos años. 2. La petición de pago de las sumas a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del artículo 8 se dirigirá a la asociación garante, lo más pronto tres meses después de la fecha en que a dicha asociación se le haya notificado que no se ha dado descargo en el cuaderno TIR o de que el certificado de terminación se ha obtenido de manera abusiva o fraudulenta, y a más tardar dos años después de esa misma fecha. Sin embargo, en los casos que, durante el plazo antes indicado de dos años, sean objeto de procedimiento judicial, la petición de pago se hará en el plazo de un año a partir de la fecha en que sea ejecutoria la decisión judicial. 3. Para pagar las sumas reclamadas, la asociación garante dispondrá de un plazo de tres meses a contar [desde] la fecha en que se le haya dirigido la petición de pago. Esas sumas le serán reembolsadas si, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se le hizo la petición de pago, se demuestra, en forma satisfactoria para las autoridades aduaneras, que no se ha cometido ninguna irregularidad en relación con la operación de transporte de que se trata.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de varias disposiciones de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55), del Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO 2009, L 211, p. 15), del Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO 2011, L 326, p. 1), y del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DO 2015, L 197, p. 24), así como de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
14

Además, este órgano jurisdiccional explica que, en el supuesto de que el arrendatario no pueda o no quiera seguir abonando las cuotas del leasing, la operación queda frustrada. En tal supuesto de contratos de tracto sucesivo, no es posible restablecer la situación existente antes de la celebración del negocio, dado que se ha producido la cesión del derecho de uso de la cosa objeto de leasing y ésta no puede ser revertida, si bien las partes pueden acordar que, en tal caso, considerarán que el contrato surtió efectos durante el tiempo que transcurrió hasta el momento en que se frustró la operación. En el caso de los contratos de leasing financiero sobre los que versa el litigio principal, se entregó la posesión del bien objeto del contrato de leasing financiero, pero, debido a la resolución de este contrato, no se produjo la transmisión de la propiedad en el sentido del Derecho civil.
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A este respecto, tal como observa el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones, si bien es cierto que la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales se circunscribe a las prácticas que perjudican directamente los intereses económicos de los consumidores y que la Directiva no se aplica, por ende, a los profesionales, no por ello puede llegarse a la conclusión de que el Tribunal de Justicia no sea competente para responder a las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Juzgado de remisión.
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A tenor del artículo 4, apartado 1, del Decreto-Lei no 291/2007, que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel e transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva no 2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, que altera as Directivas nos 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE, do Conselho, e a Directiva no 2000/26/CE, relativas ao seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos automóveis (Decreto-ley n.o 291/2007 por el que se aprueba el régimen del sistema de seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles y por el que se transpone parcialmente la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles), de 21 de agosto de 2007 (Diáro da República, 1.a serie, n.o 160, de 21 de agosto de 2007): «Todo aquel a quien pueda considerarse civilmente responsable por la reparación de los daños corporales o materiales causados a terceros por un vehículo terrestre automóvil para cuya conducción sea necesario un permiso específico o por su remolque, con estacionamiento habitual en Portugal, debe estar amparado, para que se permita la circulación del vehículo, por la cobertura de un seguro que garantice esa responsabilidad conforme al presente Decreto-ley.»
La Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, en conexión con el artículo 170 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue a un sujeto pasivo que no está establecido en su territorio el derecho a la devolución del impuesto sobre el valor añadido pagado por la importación de bienes en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que en el momento de la importación estaba suspendida la ejecución del contrato en cuyo contexto el sujeto pasivo compró e importó tales bienes, finalmente no se realizó la operación para la que estos últimos debían utilizarse y el sujeto pasivo no ha aportado la prueba de la circulación posterior de los mismos.
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Esta interpretación de las normas nacionales aplicables se basa en particular, según el tribunal remitente, en el artículo 19 del decreto legislativo n.o 150 — Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.o 69. (Decreto Legislativo n.o 150 – Disposiciones complementarias a la Ley de enjuiciamiento civil en materia de reducción y simplificación de los procedimientos civiles de cognición, en el sentido del artículo 54 de la Ley n.o 69, de 18 de junio de 2009), de 1 de septiembre de 2011 (GURI n.o 220, de 21 de septiembre de 2011), en su versión modificada por el decreto legislativo n.o 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Decreto Legislativo n.o 142 — Transposición de la Directiva 2013/33/UE, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, así como de la Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional), de 18 de agosto de 2015 (GURI n.o 214, de 15 de septiembre de 2015) (en los sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 150/2011»).
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Por ello, ambas sociedades solicitaron acogerse, en virtud del artículo 119 ter del CGI, a la exención de la retención en origen. No obstante, la Administración Tributaria francesa denegó la solicitud, citando el artículo 119 ter, apartado 3, del CGI, que establece que no se aplicará la exoneración cuando los dividendos los perciba una persona jurídica controlada directa o indirectamente por una o varias personas residentes en Estados que no sean miembros de la Unión Europea, salvo cuando dicha persona jurídica acredite que la cadena de participaciones no tiene por objetivo principal o uno de los objetivos principales acogerse a la exención.
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El tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 es idéntico al del artículo 5, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), derogado por el Reglamento n.o 1215/2012. Por otra parte, dicho artículo 7, apartado 1, se corresponde con el artículo 5, apartado 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), modificado por los sucesivos convenios de adhesión a dicho convenio de los nuevos Estados miembros (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).