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Recurso de anulación Actos recurribles Concepto Actos que producen efectos jurídicos Decisión de la Comisión por la que se niega a iniciar el procedimiento de examen formal de las ayudas de Estado, previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, respecto a ayudas declaradas ya compatibles con el mercado común y no impugnadas dentro de plazo Exclusión Inadmisibilidad Límites

[Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 5; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 9]

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$$El procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, precede a la adopción de una decisión que se pronuncie respecto a la compatibilidad de ayudas de Estado con el mercado común. La Comisión incoa dicho procedimiento cuando estima, tras un examen preliminar, que la medida notificada suscita dudas sobre su compatibilidad con el mercado común o cuando quiere revocar una decisión por la que se hubiese declarado una ayuda de Estado compatible con el mercado común, con arreglo al artículo 9 del Reglamento nº 659/1999, debido a que se basa en una información incorrecta suministrada durante el procedimiento que ha constituido un factor determinante para la decisión.

Si una decisión de la Comisión declara compatible con el Tratado CE una ayuda de Estado sin incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, y un interesado pretende hacer que se respeten los derechos procedimentales que le concede dicha disposición, éste debe interponer ante el órgano jurisdiccional comunitario un recurso contra la decisión dentro del plazo establecido por el artículo 230 CE, párrafo quinto. Desde el momento en que se adopta una decisión sobre la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común que no se anula como consecuencia de un recurso interpuesto ante el juez comunitario, queda excluida, sin perjuicio de la aplicación del artículo 9 del Reglamento nº 659/1999, la posibilidad de incoar dicho procedimiento. En tales circunstancias, la negativa a incoar un procedimiento de investigación formal no constituye un acto que produzca efectos jurídicos respecto al interesado, en la medida en que no es sino una confirmación de la decisión que autorizó la ayuda.

( véanse los apartados 32, 34 y 40 )
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de septiembre de 1999. - Firma Léon Van Parijs NV, Pacific Fruit Company NV, Pacific Fruchtimport GmbH y Pacific Fruit Company Italy SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Agricultura - Organización común de mercados - Plátanos - Recurso de anulación - Operador afectado individualmente - Círculo cerrado de operadores - Inadmisibilidad. - Asunto T-11/99.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-02653



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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad - Régimen aplicable tanto a los operadores tradicionales como a los operadores nuevos - Recurso de operadores tradicionales cuyas importaciones proceden en gran parte de un mismo Estado tercero - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 203 CE, párr. 4, tras su modificación); Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

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$$Debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de anulación contra el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, formulado por importadores tradicionales de plátanos que pertenecen a un grupo originario de un Estado tercero del que procede una parte sustancial de los plátanos importados en la Comunidad.

En efecto, el alcance general y, por tanto, la naturaleza normativa de un acto no se cuestionan por la posibilidad de determinar con mayor o menor precisión el número o la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que conste que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto y relacionada con la finalidad de éste. De este modo, todos los operadores tradicionales, así como los operadores nuevos que reúnen los requisitos exigidos pueden solicitar certificados para la importación de plátanos originarios de países a los que se ha asignado una parte del contingente arancelario, de modo que las disposiciones consideradas atañen a las demandantes, que son operadores tradicionales, debido a una situación determinada objetivamente por el Reglamento impugnado en relación con su finalidad.

Además, no puede considerarse que dicho Reglamento haya afectado individualmente a las demandantes por el hecho de que este acto las haya perjudicado económicamente más que a sus competidoras, puesto que tal acto no las perjudica debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualesquiera otras personas.
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Decisión del Consejo dirigida a un Estado miembro en la que se declara la compatibilidad con el mercado común de las ayudas consistentes en la asunción por dicho Estado de las deudas de determinadas cooperativas agrícolas y empresas agrícolas con un banco - Recurso de personas que ejercen una actividad de formación profesional en una región agrícola y que obtuvieron un préstamo en dicho banco - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, ap. 4 (actualmente, art. 230 CE, ap. 4, tras su modificación)]

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$$No pueden aducir que quedan individualmente afectados por una Decisión del Consejo dirigida a un Estado miembro, que declaró compatibles con el mercado común las ayudas consistentes en la asunción por parte de dicho Estado de las deudas contraídas por determinadas cooperativas agrícolas y empresas agrícolas con un banco del Estado de que se trata, los demandantes que se limitan a argüir que ejercen una actividad de formación profesional en una región agrícola, contribuyendo así a su desarrollo económico y cultural, y que en razón de dicha actividad obtuvieron un préstamo de este banco, préstamo que no ha podido ser devuelto. Estas circunstancias no bastan por sí solas para caracterizar a los demandantes respecto a cualquier otro deudor insolvente del banco que ejerza una actividad económica en una zona agrícola de este Estado y que no figure en la lista de beneficiarios de las ayudas controvertidas.

( véanse los apartados 27 y 28 )
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 24 de noviembre de 1999. - André Van Meuter contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Funcionarios - Plazos de recurso - Incidencia de una solicitud del beneficio de justicia gratuita - Inadmisibilidad. - Asunto T-109/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-03383

página IA-00229

página II-01167



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1 Funcionarios - Recursos - Plazos - Naturaleza de orden público - Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2 Procedimiento - Plazos para recurrir - Caducidad - Presentación de una solicitud del beneficio de justicia gratuita - Irrelevancia

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 42, párr. 2)

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1 Los requisitos para la admisibilidad de un recurso establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, es particular, los relativos al plazo de recurso, son de orden público y el Juez comunitario puede, por tanto, examinarlos de oficio.

2 En la medida en la que la aplicación estricta de la normativa comunitaria en materia de plazos procesales obedece a la exigencia de la seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia, sólo puede introducirse una excepción a dichas normas en circunstancias verdaderamente excepcionales, casos fortuitos o fuerza mayor, con arreglo al artículo 42, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia.

No puede admitirse, por tanto, que la presentación de la solicitud del beneficio de justicia gratuita tenga, per se y con independencia de las circunstancias del caso de autos, el efecto de interrumpir o suspender el plazo para la interposición del recurso sobre el fondo.
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No es este el caso de la carta de 9 de septiembre de 1998. En efecto, tanto en la forma como en el fondo, el acto impugnado no es más que una simple exposición de las observaciones de la Comisión sobre el contenido del proyecto de Real Decreto de 13 de julio de 1998. Un acto de estas características no produce efectos jurídicos obligatorios, puesto que la adopción de disposiciones nacionales de ejecución de la sentencia Comisión/España, antes citada, destinadas a hacer efectivo en el ordenamiento nacional el apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto, relativo a las transferencias al régimen de pensiones comunitario de derechos a pensión de jubilación, incumbe únicamente a las autoridades nacionales competentes, y puesto que la obligación impuesta por esta disposición del Estatuto a cada uno de los Estados miembros no depende de la existencia de un acuerdo previo entre éstos y la Comisión. Por ello, la opinión expresada por la Comisión, contenida en la carta de 9 de septiembre de 1998, no vincula en absoluto a las autoridades nacionales.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 16 de julio de 1998. - Ca'Pasta Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Reglamento (CEE) no 4028/86 - Política Común de la Pesca - Ayuda económica comunitaria - Procedimiento para la supresión de la ayuda - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asunto T-274/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02925



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Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de la Comisión por el que se informa al demandante de la incoación de un procedimiento de supresión de una subvención y de recuperación de la cantidad desembolsada

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CEE) nº 4028/86 del Consejo]

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Constituyen actos o Decisiones susceptibles de ser objeto de recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado aquellas medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

Cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, especialmente al término de un procedimiento interno, en principio únicamente constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la posición de la Institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios, cuyo objetivo es preparar la decisión final.

Debe considerarse como trámite intermedio cuyo objetivo es preparar la decisión final y, por consiguiente, no puede ser considerado como acto susceptible de recurso, un escrito mediante el cual la Comisión informa a la sociedad demandante de la incoación de un procedimiento interno que tiene por objeto la supresión de una ayuda financiera concedida con arreglo al Reglamento nº 4028/86, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura, así como la recuperación de la cantidad desembolsada. Por lo que se refiere a los eventuales efectos desfavorables derivados del hecho de que el procedimiento ante la Comisión esté en curso, éstos no son más que la consecuencia lógica de su incoación y, en la medida en que la Comisión se limite a adoptar trámites intermedios, no caracterizan la existencia de una medida que produce efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses de la demandante.
61997B0172(01)

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 28 de enero de 1998. - Camar Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Agricultura - Organización común de mercados - Plátanos - Solicitud de concesión de certificados de importación suplementarios - Recurso por omisión - Recurso de indemnización - Sobreseimiento - Archivo. - Asunto T-172/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00077
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de febrero de 1997. - C.A.S. Succhi di Frutta SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Procedimiento sobre medidas provisionales - Demanda de suspensión de la ejecución. - Asunto T-191/96 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00211



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1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Concepto - Carga de la prueba

[Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CEE) nº 228/96 de la Comisión]

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3 La admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales. Debe reservarse para el análisis del recurso principal, salvo en el supuesto de que, a primera vista, éste sea manifiestamente inadmisible, so pena de prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre el procedimiento principal.

4 La urgencia de la adopción de medidas provisionales debe apreciarse examinando si la ejecución de los actos controvertidos, antes de que recaiga la decisión del Juez comunitario sobre el fondo, puede causar a la parte que solicita dichas medidas daños graves e irreversibles que no podrían ser reparados aunque se anulase la Decisión impugnada, o que, a pesar de su carácter provisional, sean desproporcionados en relación con el interés de la parte demandada en que se dé ejecución a sus actos, aun cuando sean objeto de un recurso judicial. Incumbe a la parte demandante acreditar que concurren dichos requisitos.

Debe desestimarse una demanda de medidas provisionales dirigida a obtener la suspensión de la ejecución de una Decisión adoptada en el marco de la ejecución del Reglamento nº 228/96, mediante la cual la Comisión fijó los criterios de sustitución por melocotones y albaricoques de las manzanas y naranjas inicialmente previstas como pago del suministro de zumo de frutas y de confituras destinadas a las poblaciones de Armenia y de Azerbaiyán, ya que la demandante no ha aportado ningún elemento de prueba en apoyo de sus afirmaciones según las cuales la adopción de la Decisión impugnada, ha dado lugar a una distorsión grave de la competencia en el mercado de la transformación industrial de melocotones de la cual deriva un riesgo de perjuicio grave e irreparable.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 22 de marzo de 1999. - Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation contra Consejo de la Unión Europea. - Tasación de costas. - Asunto T-97/95 (92).



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-00743



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1 Procedimiento - Costas - Tasación - Objeto

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que han de tomarse en consideración

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

3 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Parte coadyuvante

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

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1 En el procedimiento de tasación de costas, el Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes deben abonar a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas.

2 Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones en materia de aranceles profesionales, el Juez comunitario debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el procedimiento contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes, y a este respecto no está obligado a tener en cuenta normas nacionales que fijen los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Asesores.

3 En el caso de una solicitud de tasación de costas presentada por una parte coadyuvante, procede tener en cuenta que, al estar la intervención subordinada, por definición, a la acción principal, únicamente en casos excepcionales podrá presentar tantas dificultades como esta última.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 15 de marzo de 2000. - Enso-Gutzeit OY contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Tasación de costas. - Asunto T-337/94 (92).



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-00479



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1 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Gastos necesarios efectuados por las partes - Elementos que han de tomarse en consideración

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Intervención de varios Abogados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1 Del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que las costas recuperables se circunscriben, por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, y, por otro, a los gastos que hayan sido necesarios con tal motivo.

Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Juez comunitario debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes. A este respecto, dicho Juez no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Asesores. (véanse los apartados 14 y 15)

2 Aunque, en principio, sólo los honorarios de un Abogado pueden considerarse incluidos en el concepto de «gastos necesarios», en el sentido del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, procede, sin embargo, tener en cuenta, principalmente, el número total de horas de trabajo que puedan resultar objetivamente necesarias para el procedimiento seguido ante el Tribunal de Primera Instancia, al margen del número de Abogados entre los que hayan podido distribuirse los servicios prestados.

Los gastos relativos a la intervención de otro Abogado más durante el procedimiento contencioso sólo podrían ser soportados por la parte condenada en costas en la medida en que correspondan al tiempo que este otro Abogado consagró a los autos, sin incluir, sin embargo, el tiempo que necesariamente tuvo que emplear para conocer dichos autos. (véanse los apartados 20 y 21)
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1. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que les afectan directa e individualmente ° Directiva por la que se armonizan las tasas percibidas con motivo de las inspecciones y controles sanitarios de carnes y se sustituye una Decisión dirigida a los Estados miembros ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Directiva 93/118 del Consejo)

2. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Organismo constituido para la defensa de intereses colectivos ° Derecho de recurso contra un acto normativo, por haber participado en la elaboración de éste ° Inexistencia

(Tratado CE, art. 173, párr. 4)

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1. El párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE no prevé que los particulares puedan interponer ningún recurso directo ante el órgano jurisdiccional comunitario contra las Directivas o contra las Decisiones que revistan la forma de una Directiva. Dicha exclusión tiene su justificación en el hecho de que, en el caso de las Directivas, la protección jurisdiccional a los particulares está debida y suficientemente garantizada por los órganos jurisdiccionales nacionales, que controlan la adaptación de los diferentes Derechos internos a lo dispuesto en aquéllas.

Es más, aun suponiendo que pudieran asimilarse °en contra del tenor literal del citado párrafo cuarto del artículo 173° las Directivas a los Reglamentos a efecto de admitir un recurso contra una Decisión "que revista la forma" de una Directiva, la Directiva 93/118, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral, no constituye una Decisión "encubierta", ni contiene ninguna disposición específica, cuyo carácter sería el de una Decisión individual. Se trata, por el contrario, de un acto normativo de alcance general, puesto que va dirigido, de forma general y abstracta, a todos los empresarios de los Estados miembros que, a partir de un momento determinado, reúnan los requisitos establecidos en una Directiva anterior, y precisa, además, para poder aplicarse en el interior de los Estados miembros, que se haya efectuado la adaptación de cada ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto en la misma, a través de las disposiciones nacionales de ejecución. El hecho de que la Directiva controvertida haya sustituido a una Decisión dirigida a los Estados miembros no tiene ninguna incidencia sobre la naturaleza general y abstracta de su contenido y no puede, por tanto, desvirtuar dicho análisis.

2. El mero hecho de que un organismo constituido para promover intereses colectivos haya participado en la elaboración de un acto normativo, como una Directiva, no le otorga legitimación, en dicho concepto, para interponer posteriormente un recurso contra dicho acto.