Palabras clave

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Palabras clave

1. Transportes - Navegación interior - Saneamiento estructural - Reglamento (CE) nº 718/1999 - Ámbito de aplicación - Material de dragado no dedicado al transporte de mercancías - Exclusión - Interpretación restrictiva - Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 718/1999 del Consejo, arts. 1 y 2, ap. 2, letra g)]

2. Transportes - Navegación interior - Saneamiento estructural - Contribución al fondo de la navegación interior - Exención en favor de barcos especializados - Interpretación restrictiva - Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 718/1999 del Consejo, art. 4, ap. 6]

3. Transportes - Navegación interior - Saneamiento estructural - Contribución al fondo de la navegación interior - Decisión de la Comisión por la que se deniega una solicitud de exención en favor de barcos especializados - Falta de motivación relativa a un dictamen no vinculante emitido por un grupo de expertos - Irrelevancia para la legalidad de dicha decisión

[Reglamento (CE) nº 718/1999 del Consejo, art. 4, ap. 6]

4. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Respeto en el marco de los procedimientos administrativos - Obligación de diligencia a cargo de la parte interesada

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1. El artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento nº 718/1999, relativo a una política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación interior para fomentar el transporte por vía navegable, constituye una excepción al régimen general establecido en dicho Reglamento, que, por tanto, debe interpretarse restrictivamente, teniendo en cuenta la finalidad de dicho Reglamento, expresada en su primer considerando, a saber, reducir las sobrecapacidades de las flotas de navegación interior. En efecto, a tenor de dicha disposición, este Reglamento no se aplica al «material de dragado, como los barcos de compuertas y los pontones, así como la maquinaria flotante de las empresas de construcción, en la medida en que dicho material no esté dedicado al transporte de mercancías en el sentido del artículo 1». El concepto de «transporte de mercancías», tal como se define en el artículo 1 de este Reglamento, cubre el transporte «entre dos o más puntos por vías navegables de los Estados miembros».

De ello se desprende que corresponde a los demandantes de una exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento nº 718/1999 para un barco de reciente construcción demostrar que se cumplen todos los requisitos previstos para la aplicación de esta excepción, especialmente el requisito según el cual, aparte de sus actividades de dragado, el citado barco objeto de la solicitud de exención no está dedicado al transporte de mercancías en el sentido del artículo 1 de dicho Reglamento.

( véanse los apartados 31, 33 y 41 )

2. Teniendo en cuenta el carácter excepcional del artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 718/1999, relativo a una política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación interior para fomentar el transporte por vía navegable, que prevé, por un lado, que la Comisión puede excluir determinados barcos de su ámbito de aplicación y eximir en consecuencia a sus propietarios del pago de la contribución especial prevista en dicho Reglamento, cuando se trata de «barcos especializados», y que precisa, por otro lado, que tales barcos deben estar «especial y técnicamente diseñados para el transporte de un solo tipo de mercancía y no ser aptos técnicamente para el transporte de otras mercancías, ese único tipo de mercancía no podrá ser transportada por barcos que no dispongan de instalaciones técnicas especiales y sus propietarios deberán comprometerse por escrito a no transportar con sus barcos ninguna otra mercancía mientras se aplique la norma "viejo por nuevo"», debe interpretarse restrictivamente tal disposición, habida cuenta de la finalidad de dicho Reglamento expresada en su primer considerando, a saber, reducir las sobrecapacidades de las flotas de navegación interior.

De ello se desprende que corresponde a los demandantes de una exclusión de un barco de reciente construcción del pago de dicha contribución especial demostrar que se cumplen todos los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 6, para la aplicación de la exclusión de barcos especializados.

( véanse los apartados 47, 49 y 54 )

3. Una falta de motivación en relación con un dictamen, que no constituye un acto lesivo, sino únicamente un acto no vinculante, emitido por el grupo de expertos contemplado en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 718/1999, relativo a una política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación interior para fomentar el transporte por vía navegable, no puede acarrear la ilegalidad de la decisión final de la Comisión por la que se deniega la exención de un barco de reciente construcción del pago de la contribución al fondo de la navegación interior. En efecto, sólo en la medida en que dicha decisión se remitiera a un dictamen no motivado y la propia decisión no contuviera una motivación autónoma y suficiente, dicha decisión adolecería de falta de motivación.

Por otra parte, en la medida en que el dictamen de este grupo de expertos no vincula a la Comisión y en que no existió ninguna divergencia entre dicho grupo y la Comisión, no puede reprochársele a esta última no haber informado a los destinatarios de su decisión final del punto de vista detallado del grupo de expertos.

( véanse los apartados 62 y 63 )

4. El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda culminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trata. Este principio exige que toda persona contra la que se pueda adoptar una decisión que lesione sus intereses tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista, por lo menos, sobre los elementos que la Comisión haya tenido en cuenta contra ella para basar su decisión.

Si bien dicho principio de respeto del derecho de defensa impone a las administraciones nacionales y comunitarias determinadas obligaciones procedimentales, también exige al interesado la observancia de cierta diligencia. En consecuencia, si éste considera que su derecho de defensa no ha sido respetado en el procedimiento administrativo, o al menos no de modo suficiente, debe adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que así sea o, cuando menos, para advertir en plazo de esta circunstancia a la administración competente.

( véanse los apartados 77 y 81 )