Palabras clave

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Palabras clave

1 Actos de las Instituciones - Directivas - Posibilidad de que una persona física o jurídica plantee ante un órgano jurisdiccional nacional la cuestión de la validez de disposiciones contenidas en Directivas, sin haber interpuesto contra ellas recurso de anulación - Disposiciones que se dirigen en términos generales a los Estados miembros y que no son directamente aplicables - Derecho de la persona física o jurídica a plantear la cuestión ante el órgano jurisdiccional nacional

(Tratado CE, art 173; Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 28 duodecies, introducido por las Directivas 91/680/CEE, art. 1, número 22, y 92/12/CEE, art. 28)

2 Actos de las Instituciones - Procedimiento de elaboración - Consulta en debida forma al Parlamento - Requisito formal esencial - Nueva consulta en caso de modificación sustancial de la propuesta inicial de la Comisión - Modificación sustancial - Criterios - Modificación que responde a un deseo expresado por el Parlamento - Criterios

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 28 duodecies, introducido por las Directivas 91/680/CEE, art. 1, número 22, y 92/12/CEE, art. 28)

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3 Una persona física o jurídica puede alegar ante un órgano jurisdiccional nacional la invalidez de disposiciones contenidas en Directivas, como el número 22 del artículo 1 de la Directiva 91/680, que completa el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras fiscales, la Directiva 77/388, y el artículo 28 de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, aun cuando, por una parte, no haya interpuesto recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado CE contra dichas disposiciones y, por otra parte, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro se haya pronunciado previamente al respecto en el marco de un procedimiento distinto.

Por lo que respecta a la validez de disposiciones contenidas en Directivas comunitarias que se dirigen, en términos generales, a Estados miembros y no a personas físicas o jurídicas, y que no son directamente aplicables a los operadores afectados, no es manifiesto que pueda admitirse un recurso, basado en el artículo 173 del Tratado, contra dichas disposiciones. En cuanto a la decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, no incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado, controlar la necesidad de un procedimiento prejudicial en función de la solución dada a un problema similar por el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en un procedimiento distinto.

4 La obligación de consultar al Parlamento Europeo durante el procedimiento legislativo, en los casos previstos por el Tratado, implica la necesidad de consultarle nuevamente siempre que el texto finalmente adoptado, considerado en su conjunto, difiera en su contenido material del texto sobre el cual ya se haya consultado al Parlamento, salvo en los casos en que las enmiendas respondan, en lo fundamental, al deseo expresado por el propio Parlamento.

En cuanto a las propuestas de Directivas 91/680 y 92/12, cuyo fin era adaptar el régimen tributario del IVA y los impuestos especiales a la existencia de un mercado interior, no resultaba necesaria una nueva consulta del Parlamento sobre el número 22 del artículo 1 de la Directiva 91/680 y el artículo 28 de la Directiva 92/12.

En efecto, estas disposiciones, que autorizaban a los Estados miembros, durante un período que finalizaría el 30 de junio de 1999, a eximir con determinados límites a las tiendas libres de impuestos, tienen por objeto permitir el mantenimiento de un regimen anterior si los Estados miembros lo desean, y deben analizarse como excepciones opcionales y limitadas al ámbito de aplicación de las Directivas 91/680 y 92/12, sin que puedan ser calificadas de modificaciones sustanciales.

Por otra parte, al decidir mantener la facultad de los Estados miembros de eximir la venta libre de impuestos durante un período transitorio, el Consejo respondió en sustancia a los deseos del Parlamento, que no sólo tuvo ocasión de pronunciarse sobre la cuestión de la venta libre de impuestos, sino que, además, también defendió su mantenimiento, cuando en su dictamen sobre la Directiva 91/680, propuso enmiendas que eran perfectamente compatibles con el contenido del texto final de la Directiva y cuando, en su dictamen sobre la Directiva 92/12, propuso expresamente el mantenimiento temporal del régimen excepcional en vigor para la venta libre de impuestos especiales hasta el 31 de diciembre de 1995.