2.

Creo que, lógicamente, es necesario invertir el orden de las preguntas, dado que la segunda cuestión trata de la interpretación de una norma jurídica que fija uno de los requisitos generales de aplicación del Reglamento no 1408/71. El artículo 2 de dicho Reglamento se titula, en efecto, «Campo de aplicación personal» y su apartado 1 dispone que el Reglamento se aplicará «a los trabajadores que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean nacionales de uno de los Estados miembros […]» En cuanto a la disposición del artículo 10 a la que se refiere la primera cuestión, presupone evidentemente que el Reglamento sea aplicable y, siendo así, prohíbe que se considere la residencia como un requisito, para acceder al disfrute de las prestaciones adquiridas. Por otra parte, el concepto de «prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros», que figura en el apartado 1 del artículo 10, está indisolublemente ligada a la de «trabajador sometido a la legislación de uno o de varios Estados miembros» a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 2. Lo esencial de la cuestión es por lo tanto determinar el alcance del concepto de «legislación de un Estado miembro», utilizado en las dos normas jurídicas de que se trata. Según la forma en que el Juez belga ha formulado su segunda cuestión, se trata de determinar si un acto sustancialmente normativo, decidido por el órgano competente de un Estado miembro en la época en que ejercía su soberanía colonial en un territorio de Ultramar (en nuestro caso, el Decreto Colonial de 7 de agosto de 1952), pertenece o no a la «legislación de un Estado miembro». Pero esta forma de plantear la pregunta es, me parece, demasiado restringida; es necesario completarla teniendo en cuenta el hecho de que el Estado belga, incluso desde antes de la aparición de un nuevo Estado independiente en el territorio de la antigua colonia del Congo, previó trasladar a una de sus propias instituciones, con arreglo a una ley «metropolitana» (la Ley de 16 de junio de 1960), las obligaciones en materia de Seguridad Social derivadas del Decreto Colonial de 7 de agosto de 1952. Si bien es cierto que no puede olvidarse esta importante circunstancia, el problema se plantea en términos más amplios: se trata de saber si nos encontramos o no en el campo de la legislación de un Estado miembro, cuando el derecho de un asegurado a una prestación de Seguridad Social es regulado por un acto normativo colonial y ha sido confirmado después por un acto de la legislación metropolitana que ha endosado la obligación a una antigua institución colonial mantenida en funcionamiento dentro del marco del ordenamiento jurídico metropolitano. Para interpretar el término «legislación», hay que tener en cuenta la letra j) del artículo 1 del Reglamento no 1408/71. Esta disposición precisa que el término de que se trata «designa, para cada Estado miembro, las leyes, los reglamentos, las disposiciones estatutarias y cualesquiera otras medidas de aplicación, existentes o futuras, que se refieren a las ramas y regímenes de Seguridad Social mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 4». La disposición señala después que se excluyen en principio las disposiciones de convenios. La contribución que puede aportar esta disposición a la solución del problema que tratamos aquí es modesta; es evidente en efecto que todo acto de naturaleza normativa, es decir capaz de regular en términos generales la materia de las prestaciones de Seguridad Social y que no deriva de acuerdos sindicales, debe ser considerado como un acto legislativo, y no hay duda alguna de que el Decreto Colonial de 7 de agosto de 1952 tenía naturaleza sustancialmente legislativa. El cuarto considerando de la exposición de motivos del Reglamento no 1408/71 es de gran importancia para el tema que nos ocupa. Allí se dice que ante «las importantes diferencias que median entre las legislaciones nacionales en cuanto a su campo de aplicación ratione personae, es preferible sentar el principio según el cual el Reglamento es aplicable a todos los nacionales de los Estados miembros asegurados dentro del marco de los regímenes de Seguridad Social instituidos en beneficio de los trabajadores por cuenta ajena». Se pone el acento aquí en los regímenes de Seguridad Social de los distintos Estados miembros y, por consiguiente, el legislador comunitario ha subrayado implícitamente el hecho de que la institución de un Estado miembro encargada de la gestión de un régimen de Seguridad Social (o de un aspecto cualquiera de tal régimen) puede tener obligaciones con independencia del tipo de acto legislativo que ha originado estas obligaciones o que asegure su mantenimiento. A la luz de estos elementos, la cuestión cuyos términos hemos precisado con anterioridad debe recibir, en mi opinión, una respuesta afirmativa. El Decreto Colonial de 7 de agosto de 1952 no formaba parte, en la época en que fue promulgado, del ordenamiento jurídico del Estado congoleño, que de hecho no existía, sino del ordenamiento colonial belga; se trataba de un sistema jurídico derivado del ordenamiento jurídico belga y administrado por la autoridad belga. La institución a la que se abonaban las cotizaciones sociales fue creada en el marco de este sistema por voluntad de los órganos del Estado belga. Sea lo que fuere, en el momento en que la pensión de invalidez fue liquidada en favor del Sr. Bozzone, la obligación de abonar esta pensión ya corría a cargo de una institución belga que, aun siendo de naturaleza colonial en sus orígenes, seguía funcionando en el marco del ordenamiento jurídico metropolitano belga basándose en una ley ordinaria del Estado belga. Procede añadir aquí algunas consideraciones sobre el papel de esta Ley en el marco de los acontecimientos que acompañaron el fin del ordenamiento jurídico colonial del Congo belga. En términos generales, hay que señalar que el final de todo sistema jurídico colonial, que culmina con el acceso a la independencia del territorio en el que se aplicaba, tiene consecuencias en dos niveles: en el ordenamiento jurídico del nuevo Estado -que por su carácter originario es libre para reconocer o no las relaciones establecidas con anterioridad, salvo algunas obligaciones internacionales controvertidas— y en el ordenamiento jurídico del Estado del que dependía la administración colonial del territorio. En el caso del Congo belga, el nuevo Estado, que hoy es Zaire, derogó a partir del 1 de julio de 1960 el régimen de Seguridad Social colonial belga. Resulta interesante preguntarse si, con arreglo al Derecho Internacional, el Estado belga estaba obligado o no a asumir en esta situación las obligaciones contraídas frente a los ciudadanos extranjeros por organismos de Seguridad Social de derecho público creados por él mismo y que funcionan en la antigua colonia, al no ser éstas asumidas por las autoridades del nuevo Estado, y esto teniendo en cuenta en particular el carácter obligatorio, sobre una base contributiva, del régimen de Seguridad Social instaurado y regulado por actos normativos de las autoridades coloniales belgas. El examen de este problema, sin embargo, resulta superfluo dada la circunstancia, que ya he recordado en varias ocasiones, de la adopción espontánea por el Estado belga de la Ley de 16 de junio de 1960, Ley promulgada, tomemos buena nota de ello, desde antes del acceso del Congo a la independencia. El hecho de que se diga, en esta Ley, que las obligaciones de Seguridad Social que Bélgica decide asumir lo son a titulo de garantía no altera la realidad de su alcance jurídico en relación con los asegurados. De hecho, la Ley de que se trata está dirigida a garantizar a los asegurados que el paso del territorio en el que habían trabajado del estatuto de colonia al de Estado soberano no implica modificación alguna en perjuicio de ellos en lo relativo a la aplicación del régimen de Seguridad Social instaurado por el Decreto Colonial antes mencionado. Las instituciones de Seguridad Social creadas para las colonias siguen funcionando por cuenta del Estado belga, incluso después del acceso a la independencia de los antiguos territorios coloniales. De esta forma, el legislador nacional ha evitado, por lo menos para las situaciones anteriores al 1 de junio de 1960, que la legislación sobre Seguridad Social, adoptada por las autoridades belgas para un territorio sometido con anterioridad a la soberanía del Estado belga, deje de producir efecto respecto a los beneficiarios de las prestaciones de Seguridad Social. En el terreno económico, todos los fondos de los antiguos organismos de Seguridad Social coloniales, que Bélgica pudo sustraer a la confiscación por parte de Zaire (y que suponen aproximadamente el 40 % del total de los fondos coloniales), fueron transferidos a las arcas del Office de Sécurité sociale d'outre-mer. Lo que demuestra que además de una continuidad jurídica y política, la actitud belga respecto a los beneficiarios del régimen de Seguridad Social colonial presenta igualmente una continuidad en el plano económico.