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184

De otro lado, la recurrente considera que el Tribunal General, a efectos de la determinación del importe de la multa, no tuvo en cuenta la gravedad relativa de su participación individual en la infracción, que era muy limitada, de suerte que hizo caso omiso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Para la recurrente, ese importe no refleja la realidad de su participación en la susodicha infracción, toda vez que, a su modo de ver, el Tribunal General no controló más que un número limitado de contactos, además de que ella no tuvo conocimiento de los contactos bilaterales celebrados entre los otros partícipes en la infracción y solo uno de los contactos que la implicaban concernía a los chips no-SIM. Precisa que sus ingresos derivados de este producto representaban más del 50 % de su volumen de negocios anual, y que la infracción por los chips no-SIM solo podía referirse al año 2004, por lo que el Tribunal General no tuvo suficientemente en cuenta la parte del volumen de negocios correspondiente a los productos objeto de la infracción, contrariamente a lo que exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
16

El 20 de enero de 2010, a raíz de la sentencia de 15 de octubre de 2009, Hochtief y Linde-Kca-Dresden (C‑138/08, EU:C:2009:627), el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital) confirmó la sentencia de 28 de abril de 2006. En particular, indicó que no analizaba la cuestión de si el poder adjudicador cometió una infracción cuando concluyó que la candidatura del consorcio adolecía de conflicto de intereses, al no haber ofrecido a este la posibilidad de defenderse, pues ello no se había alegado en la demanda presentada en primera instancia. Hasta la fase de apelación Hochtief no alegó, por primera vez, que la prohibición que se había impuesto al consorcio constituía una restricción desproporcionada de su derecho a presentar su candidatura y a licitar, contraria al artículo 220 CE, al artículo 6 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO 1993, L 199, p. 54), y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
2)

El artículo 16, letra b), del Reglamento n.o 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada, el órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si la visión de la denominación controvertida lleva al consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a pensar directamente, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida. De no existir, en primer término, similitud fonética o visual entre la denominación controvertida y la indicación geográfica protegida ni, en segundo término, una incorporación parcial de dicha indicación en la denominación, el referido órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta, en su caso, en el marco de esta apreciación, la proximidad conceptual entre la referida denominación y dicha indicación. El artículo 16, letra b), del Reglamento n.o 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada no es preciso tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido ni, en particular, el hecho de que este vaya acompañado de una precisión acerca del verdadero origen del producto de que se trate.
El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse, a la luz del considerando 14 de aquel, en el sentido de que la ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación («huelga salvaje») como la acaecida en los asuntos principales, que tuvo su origen en el anuncio sorpresivo por un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo de una reestructuración de la empresa, a raíz de una iniciativa promovida no por los representantes de los trabajadores de la empresa, sino espontáneamente por los mismos trabajadores, que pasaron a situación de baja por enfermedad, no está comprendida en el concepto de «circunstancias extraordinarias» en el sentido de dicha disposición.
3

El Reglamento n.o 883/2004 derogó, a partir del 1 de mayo de 2010, el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»). No obstante, las disposiciones del Reglamento n.o 883/2004 pertinentes en el presente asunto no fueron objeto de una modificación sustancial respecto a las disposiciones correspondientes del Reglamento derogado.
9

El artículo 16, apartados 1 y 4, de la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Decreto del Gobierno n.o 621/2005 sobre la gestión de envases y de residuos de envases) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 639, de 20 de julio de 2005; en lo sucesivo, «Decreto del Gobierno n.o 621/2005»), en su versión aplicable al litigio principal, establece lo siguiente: «(1) Los agentes económicos, personas jurídicas rumanas, asumirán la responsabilidad por la totalidad de los residuos generados por los envases que ponen en el mercado nacional, como sigue: a) los agentes económicos que pongan en el mercado productos envasados responderán de los residuos generados por los envases primarios, secundarios y terciarios empleados para envasar sus productos, salvo por los envases de minorista que se utilicen para envasar, en el punto de venta, los productos que tales agentes pongan en el mercado nacional; b) los agentes económicos que sobreenvasen, con fines de reventa o de redistribución, productos ya envasados individualmente serán responsables de los residuos generados por los envases secundarios y terciarios que pongan en el mercado; c) los agentes económicos que pongan en el mercado envases de minorista serán responsables de los residuos generados por tales envases. […] (4) Los agentes económicos contemplados en el apartado 2 estarán obligados a alcanzar, al menos, los objetivos establecidos en el anexo 3 de la [Ordonanța de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 196/2005 sobre el Fondo Medioambiental) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1193, de 30 de diciembre de 2005)], convalidada con sus modificaciones y complementos por la [Legea nr. 105/2006 (Ley n.o 105/2006)], posteriormente modificada y completada, aplicados a los residuos de envases generados por envases puestos en el mercado nacional/adquiridos contractualmente con garantía de la trazabilidad de los mismos.»
Asunto C‑484/17

K

contra

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)]

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 15 — Denegación de un permiso de residencia autónomo — Normativa nacional que establece la obligación de superar un examen de integración cívica»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de noviembre de 2018

Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE — Entrada y residencia de los miembros de la familia — Derecho de residencia autónomo después de cinco años de residencia — Normativa nacional que permite denegar una solicitud de un permiso de residencia autónomo en caso de no haber aprobado un examen de integración cívica — Procedencia — Requisito — Proporcionalidad

(Directiva 2003/86/CE del Consejo, art. 15, aps. 1 y 4)

El artículo 15, apartados 1 y 4, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite denegar una solicitud de permiso de residencia autónomo, presentada por un nacional de un país tercero que ha residido más de cinco años en el territorio de un Estado miembro por razones de reagrupación familiar, por no justificar haber superado un examen de integración cívica sobre la lengua y la sociedad de dicho Estado miembro, siempre que las disposiciones concretas que regulan la obligación de aprobar ese examen no exijan más de lo necesario para lograr el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países, extremo que debe comprobar el tribunal remitente.

Para este fin, dicho tribunal deberá cerciorarse, en particular, de que los conocimientos exigidos para aprobar el examen de integración cívica corresponden a un nivel elemental, que el requisito impuesto por la normativa nacional no conduzca a impedir la concesión de un permiso de residencia autónomo a los nacionales de terceros países que hayan probado su voluntad de superar dicho examen y los esfuerzos realizados para ello, que las circunstancias individuales particulares sean debidamente tomadas en consideración y que las tasas por el citado examen no sean excesivas (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartados 54 a 70).

A este respecto, debe ponerse de relieve que circunstancias individuales como la edad, el nivel educativo, la situación económica o la salud de los miembros concretos de la familia del reagrupante pueden justificar que las autoridades competentes no supediten la concesión de un permiso de residencia autónomo a que superen un examen de integración cívica cuando, a causa de esas circunstancias, resulte que están incapacitados para realizarlo o para superarlo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartado 58).

(véanse los apartados 22 a 24 y el fallo)
Asunto C‑287/17

Česká pojišťovna a.s.

contra

WCZ, spol. s r.o.

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresní soud v Českých Budějovicích)

«Procedimiento prejudicial — Derecho de sociedades — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2011/7/UE — Artículo 6, apartados 1 y 3 — Reembolso de los costes de cobro de un crédito — Gastos resultantes de los requerimientos enviados a causa de la morosidad del deudor»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 13 de septiembre de 2018

Aproximación de las legislaciones — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2011/7/UE — Derecho a compensación por los costes de cobro — Gastos resultantes de los requerimientos enviados a causa de la morosidad en el pago — Posibilidad de obtener una compensación razonable que supere la cantidad fija

(Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 19 y art. 6)

El artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que reconoce al acreedor que reclama una compensación por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último el derecho a obtener, en tal concepto, además de la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 de dicho artículo, una compensación razonable en el sentido del apartado 3 del mismo artículo, en concepto de la parte de dichos gastos que supere esa cantidad fija.

Por otra parte, el hecho de que el considerando 19 de la Directiva 2011/7 exponga que esta Directiva debe establecer una cantidad fija mínima para recuperar los costes administrativos y compensar los costes internos derivados de la morosidad no excluye tampoco que pueda concederse al acreedor una compensación razonable de tales costes cuando esa cantidad fija mínima sea insuficiente. Además, si bien es cierto que dicho considerando puntualiza que la compensación mediante una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro, esta afirmación debe interpretarse a la luz del conjunto del mismo considerando. Mediante esta puntualización, el legislador de la Unión no hace sino subrayar que el carácter automático de la compensación mediante una cantidad fija de 40 euros constituye un incentivo para que el acreedor limite sus costes de cobro a tal cantidad, sin excluir, no obstante, que pueda obtener, en su caso, una compensación razonable más elevada, pero carente de carácter automático.

(véanse los apartados 36 y 38 y el fallo)
La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el principio de equivalencia, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a una organización para la defensa de los consumidores intervenir, en interés del consumidor, en un procedimiento monitorio que afecta a un consumidor individual y formular oposición contra el requerimiento de pago sin la impugnación de este por el referido consumidor, siempre que la citada normativa someta efectivamente la intervención de las asociaciones de consumidores en los litigios incluidos en el ámbito del Derecho de la Unión a condiciones menos favorables que las aplicables a los litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de aplicación del Derecho interno, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, previendo, en la fase en que se dicta un requerimiento de pago contra un consumidor, el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y ese consumidor, por una parte, confía a un funcionario de un órgano jurisdiccional, que no tiene la condición de magistrado, la competencia para emitir ese requerimiento de pago y, por otra parte, prevé un plazo de quince días para formular oposición y exige que esta última debe motivarse en cuanto al fondo, siempre que tal control de oficio no esté previsto en la fase de la ejecución del referido requerimiento, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

El hecho de que la normativa nacional confiera competencia, en materia de expedición de requerimientos de pago, a funcionarios que no tengan la condición de magistrado no menoscaba la preservación de la eficacia de la Directiva 93/13, siempre que el control por un juez de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se trate se prevea en la fase de la ejecución del requerimiento de pago o en caso de oposición a este.

Dicho esto, como se ha recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, la existencia de tal control únicamente en la fase de oposición solo puede preservar el efecto útil de la Directiva 93/13 si no se disuade a los consumidores de formular tal oposición.

Pues bien, en el presente caso, la normativa nacional controvertida en el litigio principal prevé un plazo de solamente quince días, durante los cuales el consumidor puede formular oposición contra un requerimiento de pago y le exige, además, que motive su oposición en cuanto al fondo.

Por consiguiente, debe constatarse que, con tal normativa, existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no formule oposición y que, por ello, no pueda realizarse el control de oficio por un juez de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se trate.

(véanse los apartados 50 a 54 y el punto 2 del fallo)
El artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a un organismo de gestión de representación colectiva de titulares de marcas, como el que es objeto del procedimiento principal, legitimación para solicitar, en nombre propio, la aplicación de los recursos establecidos por dicha Directiva, a fin de proteger los derechos de los titulares, y para ejercitar acciones judiciales, en nombre propio, a fin de hacer valer esos derechos, siempre que conforme a la legislación nacional dicho organismo tenga un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones judiciales con ese fin, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

Los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que las limitaciones de responsabilidad que establecen son aplicables al prestador de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, como el que es objeto del litigio principal, siempre que dicho servicio esté comprendido en alguna de las categorías de servicios contempladas en los artículos citados y cumpla todos los requisitos pertinentes, en la medida en que la actividad del prestador de servicios sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiendo que estos últimos optimicen su actividad de venta en línea, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

(véanse el apartado 52 y el punto 2 del fallo)
Asunto C‑5/17

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contra

DPAS Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]

«Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Exención — Artículo 135, apartado 1, letra d) — Operaciones relativas a pagos y giros — Concepto — Ámbito de aplicación — Plan de pagos de servicios dentales mediante débito directo»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones — Operaciones relativas a pagos y giros previstas en el artículo 135, ap. 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE — Concepto — Plan de pagos de servicios dentales mediante débito directo — Exclusión

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 135, ap. 1, letra d)]

El artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la exención del impuesto sobre el valor añadido que se prevé en el mismo respecto a las operaciones relativas a pagos y giros no es aplicable a una prestación de servicios, como la controvertida en el asunto principal, consistente en que el sujeto pasivo solicita a las entidades financieras de que se trata, por una parte, que se transfiera una cantidad de dinero de la cuenta bancaria de un paciente a la del sujeto pasivo en virtud de un mandato de débito directo y, por otra parte, que se transfiera esa cantidad, una vez deducida la retribución debida al sujeto pasivo, de la cuenta bancaria de este último a las cuentas bancarias respectivas del dentista y de la aseguradora del paciente.

(véanse el apartado 51 y el fallo)
44

A tenor de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el Tribunal General recordó en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que una persona física o jurídica tenga la condición de afectado directo por la medida objeto de recurso presupone que se cumplan dos requisitos acumulativos: que la medida impugnada, por un lado, surta efectos directamente en la situación jurídica de dicha persona y, por otro, no otorgue ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por ser esta de carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias [véanse, en particular, la sentencia de 5 de mayo de 1998, Compagnie Continentale (France)/Comisión, C‑391/96 P, EU:C:1998:194, apartado 41, y los autos de 10 de marzo de 2016, SolarWorld/Comisión, C‑142/15 P, no publicado, EU:C:2016:163, apartado 22, y de 21 de abril de 2016, Makro autoservicio mayorista y Vestel Iberia/Comisión, C‑264/15 P y C‑265/15 P, no publicado, EU:C:2016:301, apartado 45].
14

Dicho tribunal explica que, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la BUrlG, los derechos a vacaciones anuales retribuidas objeto del litigio principal se extinguen si no se ejercen durante el año para el que se han concedido. En efecto, en virtud del artículo 7, apartado 3, de la BUrlG, en principio, el derecho a las vacaciones no disfrutadas durante el año para el que se concedieron se extingue al finalizar dicho año, a menos que se cumplan los requisitos para su transferencia establecidos en esa disposición. Así pues, si el trabajador pudo tomar las vacaciones durante el año para el que se hayan concedido, los derechos a vacaciones anuales retribuidas se extinguirán al finalizar ese año. Debido a que estos derechos se han extinguido, no pueden transformarse en una compensación con arreglo al artículo 7, apartado 4, de la BUrlG. Solo cabría una solución distinta si, a pesar de haber presentado el trabajador una solicitud de vacaciones con la necesaria antelación a su empresario, este se las hubiera denegado. En cambio, el artículo 7 de la BUrlG no puede interpretarse en el sentido de que el empresario ha de obligar al trabajador a disfrutar sus vacaciones anuales pagadas.
43

Además, dichos apartados son los motivos esenciales en que se basan las conclusiones expuestas por el Tribunal General en los apartados 78 a 80 de la sentencia recurrida, ya que los apartados 74 y 75 de la misma sentencia —únicos apartados de la sentencia que exponen el razonamiento del Tribunal General acerca del primer motivo formulado ante él— se limitan a recordar, respectivamente, el tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 y de un extracto de la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 1017/68, (CEE) n.o 2988/74, (CEE) n.o 4056/86 y (CEE) n.o 3975/87 [COM(2000) 582 final] («Reglamento de aplicación de los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2000, C 365 E, p. 284; en lo sucesivo, «propuesta previa a la aprobación del Reglamento n.o 1/2003»). Por lo tanto, no era útil, a efectos del primer motivo del recurso de casación, mencionar expresamente dichos apartados 74 y 75, ya que no se discute la exactitud de las citas que allí se incluyen.