Una acción en la que el juez nacional debe pronunciarse sobre la necesidad de que el menor afectado obtenga un pasaporte y sobre el derecho del progenitor demandante a presentar una solicitud de expedición de dicho pasaporte y a viajar al extranjero con dicho menor, sin el consentimiento del otro progenitor, tiene por objeto el ejercicio de la responsabilidad parental sobre el citado menor, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento no 2201/2003, en relación con su artículo 2, punto 7.

En efecto, el citado Reglamento se aplica a las materias civiles relativas, en particular, a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. En el artículo 2, punto 7, del Reglamento no 2201/2003 el concepto de responsabilidad parental es objeto de una definición amplia, en el sentido de que comprende todos los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor.

Está incluida en el ámbito de aplicación material del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, la acción por la que uno de los progenitores solicita al juez que supla la falta de consentimiento del otro progenitor al viaje de su hijo menor de edad fuera del Estado miembro en que éste reside y a la expedición de un pasaporte a su nombre, incluso en el caso de que la resolución judicial que se dicte al término de dicha acción deba ser tenida en cuenta por las autoridades del Estado miembro del que el menor es nacional en el procedimiento administrativo de expedición de ese pasaporte.

El artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, debe interpretarse en el sentido de que la competencia de los tribunales para conocer de una demanda en materia de responsabilidad parental presentada ante ellos no puede considerarse aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento, en el sentido de dicha disposición, por el simple motivo de que el mandatario ad litem que representa al demandado, designado de oficio por esos tribunales ante la imposibilidad de notificar a este último el escrito de demanda, no haya alegado la falta de competencia de los citados tribunales.

En efecto, por una parte, tal aceptación presupone, como mínimo, que el demandado tiene conocimiento del procedimiento que se desarrolla ante esos órganos jurisdiccionales. Si bien ese conocimiento no puede interpretarse, por sí solo, como aceptación de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto, no cabe considerar, en cualquier caso, que el demandado ausente al que no se ha notificado el escrito de demanda y que ignora el procedimiento entablado acepta dicha competencia.

Por otra parte, no es posible deducir la voluntad del demandado en el litigio principal del comportamiento de un mandatario ad litem designado por los citados órganos jurisdiccionales en ausencia de dicho demandado. Al no tener contacto con el demandado, ese mandatario no puede obtener de él la información necesaria para aceptar o impugnar la competencia de esos mismos órganos jurisdiccionales con conocimiento de causa.

(véanse los apartados 42, 43 y 47 y el punto 2 del fallo)