Palabras clave

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Palabras clave

1 Ayudas otorgadas por los Estados - Examen por la Comisión - Obligación de la Comisión de adoptar una decisión tras la denuncia de un particular (Tratado CE, arts. 92 y 93) 2 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones susceptibles de recurso - No adopción de una decisión sobre la tramitación de una denuncia que pretende que una ayuda de Estado se declare incompatible con el mercado común - Acto que afecta directa e individualmente a los particulares - Admisibilidad (Tratado CE, arts. 93, ap. 2, 173, párr. 4, y 175, párr. 3) 3 Recurso por omisión - Obligación de actuar que recae sobre la Comisión - Plazos razonables para adoptar una decisión en virtud del artículo 92 o 93 del Tratado - Toma de posición a efectos del párrafo segundo del artículo 175 del Tratado (Tratado CE, arts. 92, 93 y 175, párr. 2) 4 Recurso por omisión - Omisión - Toma de posición a efectos del párrafo segundo del artículo 175 del Tratado - Concepto (Tratado CE, art. 175, párr. 2)

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1 Cuando terceros interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, han presentado a la Comisión denuncias relativas a medidas estatales que no han sido objeto de la notificación prevista en el apartado 3 del artículo 93, dicha Institución está obligada, en el marco del referido procedimiento previo y en interés de una correcta aplicación de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas de Estado, a proceder a un examen diligente e imparcial de las denuncias, lo que puede requerir que proceda a examinar elementos no mencionados expresamente por los denunciantes. Al término de dicho examen, la Comisión está obligada a adoptar, con respecto al Estado miembro, una decisión en la que declare, o bien que la medida estatal no constituye una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, o bien que, a pesar de constituir una ayuda, dicha medida es compatible con el mercado común con arreglo a los apartados 2 o 3 del artículo 92, o bien que procede incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. Dicha Institución puede adoptar igualmente una decisión híbrida en la que se combinen, en función de las circunstancias, las diferentes decisiones de principio antes citadas para los diversos componentes de las medidas estatales controvertidas. 2 Al igual que el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado permite a los particulares interponer un recurso de anulación contra un acto de una Institución del que no sean destinatarios, siempre que dicho acto los afecte directa e individualmente, procede considerar que el párrafo tercero del artículo 175 otorga igualmente a tales particulares la facultad de interponer un recurso por omisión contra una Institución que no haya adoptado un acto que los habría afectado del mismo modo. Una empresa que ha presentado ante la Comisión una denuncia relativa a la existencia de un ayuda incompatible con el mercado común debe considerarse directamente afectada por la actitud de la Comisión al abstenerse de pronunciarse sobre dicha denuncia, cuando no quepa duda alguna de la voluntad de las autoridades nacionales de llevar adelante el proyecto de ayuda o cuando la ayuda en cuestión ya haya sido concedida. La empresa resulta individualmente afectada por dicha abstención, a efectos del párrafo tercero del artículo 175, cuando proceda considerarla persona interesada en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, concepto que engloba a las personas, empresas o asociaciones que pueden verse afectadas en sus intereses por la concesión de una ayuda, en particular las empresas competidoras y las organizaciones profesionales. 3 En el recurso por omisión, procede verificar si, en la fecha del requerimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 175 del Tratado, recaía sobre la Institución afectada una obligación de actuar. Pues bien, en la medida en que la Comisión tiene una competencia exclusiva para apreciar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común, dicha Institución está obligada, en interés de una correcta aplicación de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas de Estado, a proceder a un examen diligente e imparcial de las denuncias relativas a la existencia de ayudas incompatibles con el mercado común. Por otra parte, en materia de ayudas de Estado, la observancia por parte de la Comisión de un plazo razonable al adoptar una decisión en virtud del artículo 92 o 93 del Tratado constituye un principio general del Derecho comunitario. De ello se deduce que la Comisión no puede prolongar indefinidamente el examen preliminar de unas medidas estatales contra las que un particular ha presentado una denuncia, siempre que haya aceptado iniciar dicho examen. No obstante, para apreciar si la duración de dicho procedimiento resulta razonable será preciso tener en cuenta las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento, la complejidad del asunto y su transcendencia para las diferentes partes interesadas. 4 No constituye una toma de posición a efectos del párrafo segundo del artículo 175 del Tratado un escrito procedente de una Institución que ha sido requerida para actuar en el que dicha Institución confirma que desea continuar analizando las cuestiones suscitadas por el requerimiento.