ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
42

La Comisión alega la inadmisibilidad del recurso de casación. En cuanto al primer motivo, argumenta que el Reino de los Países Bajos no tiene derecho a alegar que no se haya tomado en cuenta el informe de evaluación de 2004, dado que este informe fue presentado tras la expiración del plazo establecido en la Directiva 96/62 y tres meses después de la introducción de la solicitud de excepción. Además, la Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia comprobó que tuvo efectivamente en cuenta dicho informe y que esta comprobación de hecho no puede ser objeto de un recurso de casación. En cuanto al segundo motivo, la Comisión sostiene que las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia se basan en un número importante de datos que en su mayoría no se discuten y que estas conclusiones seguirían estando justificadas aunque el Tribunal de Justicia acogiera las alegaciones del Reino de los Países Bajos.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 CE, párrafo tercero, en relación con el artículo 2 de la Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (DO 1967, 71, p. 1301; EE 09/01, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) (en lo sucesivo, «Primera Directiva IVA»), y con el artículo 18, apartado 4, de la Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 2005/92/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2005 (DO L 345, p. 19) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva IVA»). Por otra parte, la petición tiene por objeto la interpretación del artículo 27, apartado 1, de la Sexta Directiva IVA.
22

El Tribunal de Justicia ha declarado, en el contexto del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (DO L 102, p. 11, y rectificación en DO 1999, L 180, p. 53), por el que se sustituye y deroga el Reglamento no 3665/87, pero que no ha modificado el contenido a este respecto, que los términos «un exportador ha solicitado una restitución superior a la aplicable», deben interpretarse en el sentido de que se considerará que dicho exportador ha solicitado una restitución superior a la aplicable, no sólo en el caso de que la toma en consideración de los datos que aportó provoque una diferencia indebida, sino también en el caso de que no tenga derecho a la restitución, es decir, cuando el importe de la restitución sea igual a cero (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2006, Elfering Export, C-27/05, Rec. p. I-3681, apartado 27).
20

Esta interpretación del artículo 10 de la Directiva se corrobora por el tenor del artículo 11, apartado 1, según el cual, el derecho del agente comercial a la comisión sólo podrá extinguirse si y en la medida en que se demostrase que el contrato entre el cliente y el empresario no será ejecutado y la no ejecución no se debiere a circunstancias atribuibles al empresario. Esta causa única de extinción, que requiere la combinación de dos circunstancias en las cuales se hace referencia expresa al empresario, subraya la importancia de la participación de este último en la existencia de un derecho a comisión.
La «aceptación por parte del Estado», con que deben contar los organismos en el sentido del artículo 12 bis del Reglamento no 136/66, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, en su versión modificada por el Reglamento no 1638/98, puede ser la obtenida en el seno de una solicitud de exención («autorización») singular ante las autoridades nacionales de defensa de la competencia, siempre y cuando dichas autoridades dispongan de los medios efectivos necesarios para poder comprobar que el organismo que presentó la solicitud es apto para proceder, cumpliendo los requisitos legales, al almacenamiento privado de aceite de oliva. En efecto, en aras de preservar la eficacia del artículo 12 bis del Reglamento no 136/66, la autoridad nacional facultada para aceptar a un organismo a efectos de la celebración de contratos debe poder ser claramente identificable. Dicha autoridad nacional debe poder llevar a cabo todas las comprobaciones necesarias para asegurarse de que el organismo que presentó la solicitud de aceptación es apto para proceder al almacenamiento privado de aceite cumpliendo las disposiciones de la normativa agrícola y ofrece, a este respecto, garantías suficientes.

El artículo 12 bis del Reglamento no 136/66, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, en su versión modificada por el Reglamento no 1638/98, no se opone a un mecanismo de adquisición y almacenamiento de aceite de oliva, acordado y financiado privadamente, que no haya estado sujeto al procedimiento de autorización al que se refiere dicha disposición. No obstante, la instauración de un dispositivo de ese tipo, que no cuenta con ayuda comunitaria, no puede tener como efecto que se dejen de aplicar al almacenamiento de aceite de oliva las disposiciones de Derecho comunitario y de Derecho nacional que regulan el mercado del aceite de oliva, así como las normas sobre competencia.

(véanse los apartados 47 y 48 y el punto 3 del fallo)
1)

Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar el Derecho interno, o para adaptarlo de manera completa y correcta, a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letra b), en relación con el anexo I, y en el artículo 9, apartados 1, segunda frase, y 8, letra a), incisos i) y iii), en el artículo 23, apartado 2, en el artículo 30, apartados 2 a 4, en el artículo 31, apartado 1, letra c), en el artículo 38, apartado 1, en el artículo 43, párrafo primero, letra d), en el artículo 44, apartados 2, párrafo segundo, 3 y 4, en el artículo 46, párrafo primero, en el artículo 48, apartado 2, letra f), en el artículo 55, apartados 1, párrafo segundo, letras d) y e), y 3, en el artículo 67, apartado 2, párrafos segundo y tercero, en el artículo 68, letra a), párrafo primero, en el artículo 72 y en el artículo 74, apartado 1, de dicha Directiva.
La aplicación en sí misma del procedimiento previsto en el artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia no vulnera el derecho a un proceso judicial equitativo y efectivo, puesto que esta disposición únicamente es aplicable a los asuntos en los que el Tribunal de Primera Instancia sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico. Por consiguiente, si un demandante considera que el Tribunal de Primera Instancia no ha aplicado correctamente el citado artículo 111, debe impugnar la apreciación que hizo el juez de primera instancia de los requisitos a que está supeditada la aplicación de dicha disposición.

El derecho a un proceso justo, tal como se garantiza en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, constituye un derecho fundamental que la Unión Europea respeta en cuanto principio general en virtud del artículo 6 UE, apartado 2. Este derecho implica necesariamente que toda persona tenga acceso a un tribunal independiente e imparcial. Por lo tanto, como el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar, la existencia de garantías en cuanto a la composición del Tribunal constituye la piedra angular del derecho a un proceso justo, cuyo respeto debe controlar el juez comunitario, en particular, cuando se alegue una vulneración de ese derecho y la controversia sobre este punto no parezca de entrada manifiestamente carente de fundamento.

No obstante, la circunstancia de que Jueces que hayan conocido una primera vez de un asunto actúen en otra formación que tenga que conocer nuevamente del mismo asunto no puede considerarse en sí misma incompatible con las exigencias del derecho a un proceso justo. En particular, el hecho de que uno o varios Jueces estén presentes en las dos formaciones sucesivas, ejerciendo en ellas las mismas funciones, como las de Presidente o Juez Ponente carece, en sí mismo, de influencia en la apreciación de la observancia de la exigencia de imparcialidad, dado que dichas funciones se ejercen en una formación colegiada. Tales consideraciones son válidas, con mayor razón, cuando las dos formaciones sucesivas han de conocer, no ya del mismo asunto, sino de dos asuntos distintos que presentan un cierto grado de conexidad.

Además, la exigencia de imparcialidad encierra en realidad dos aspectos. En primer lugar, es preciso que el tribunal sea subjetivamente imparcial, es decir, que ninguno de sus miembros tome partido en ningún sentido o tenga prejuicios personales, presumiéndose la imparcialidad personal salvo prueba en contrario. En segundo lugar, el tribunal debe ser objetivamente imparcial, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima a este respecto.

(véanse los apartados 41 a 46)
El sistema común del impuesto sobre el valor añadido, tal como está definido en el artículo 2, párrafos primero y segundo, de la Directiva 67/227, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, y en los artículos 2 y 10, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 2004/66, no se opone a que un Estado miembro establezca en su legislación una sanción administrativa que puede imponerse a los sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido, tal como la «carga tributaria adicional» prevista por la legislación polaca, que se devenga cuando se comprueba que el sujeto pasivo indicó, en la declaración del impuesto presentada, como diferencia tributaria del impuesto sobre el valor añadido o como impuesto soportado que han de ser devueltos una cantidad superior a la que le es debida.

En efecto, tal «deuda tributaria adicional» no responde a las características esenciales del impuesto sobre el valor añadido, puesto que no genera su devengo transacción alguna, sino un error en la declaración y su importe no se fija proporcionalmente al precio percibido por el sujeto pasivo. No se trata realmente de un impuesto, sino de una sanción administrativa que se impone cuando se comprueba que el sujeto pasivo ha declarado, como diferencia tributaria del impuesto sobre el valor añadido o como impuesto soportado que han de ser devueltos una cantidad superior a la que le corresponde.

El principio de un sistema común del impuesto sobre el valor añadido no se opone a la introducción, por los Estados miembros, de medidas que sancionen las irregularidades cometidas en la declaración del importe del impuesto adeudado. Al contrario, el artículo 22, apartado 8, de la Sexta Directiva dispone que los Estados miembros estarán facultados para establecer otras disposiciones, siempre que las juzguen necesarias en orden a asegurar la exacta percepción del impuesto.

(véanse los apartados 18 a 21 y el punto 1 del fallo)
Asunto C-298/07

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contra

deutsche internet versicherung AG

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)

«Directiva 2000/31/CE — Artículo 5, apartado 1, letra c) — Comercio electrónico — Prestador de servicios a través de Internet — Correo electrónico»

Conclusiones del Abogado General Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 15 de mayo de 2008 I ‐ 7843

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 I ‐ 7855

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Prestación de servicios a través de Internet

[Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1, letra c)]

El artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que el prestador de servicios está obligado a facilitar a los destinatarios del servicio, antes de la celebración de un contrato con ellos, además de su dirección de correo electrónico, otras informaciones que les permitan una toma de contacto rápida y una comunicación directa y efectiva. Estas informaciones no tienen que incluir necesariamente un número de teléfono. Pueden consistir en un formulario de contacto electrónico mediante el cual los destinatarios del servicio puedan dirigirse por Internet al prestador de servicios y al que éste responda por correo electrónico, salvo en las situaciones en las que un destinatario del servicio que, tras la toma de contacto por vía electrónica con el prestador de servicios, se encuentre privado de acceso a la red electrónica solicite a éste el acceso a un medio de comunicación no electrónico.

(véanse el apartado 40 y el fallo)
14

Como se desprende de sus considerandos, el Reglamento no 44/2001 sucede al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p.1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1) y por el Convenio de relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). A partir de su entrada en vigor, el , sustituyó al Convenio de Bruselas en las relaciones entre los Estados miembros, con excepción de Dinamarca.
10

la Ley no 248, titulada «Convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley no 223, de 4 de julio de 2006, que establece disposiciones urgentes para el relanzamiento económico y social, para la limitación y racionalización del gasto público, así como actuaciones en materia de ingresos y lucha contra la evasión fiscal» (legge n. 248, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), de 4 de agosto de 2006 (suplemento ordinario de la GURI no 186, de 11 de agosto de 2006; en lo sucesivo, «Ley no 248/2006»), fue adoptada con posterioridad a los hechos de litigio principal.
47

Los recurrentes en los litigios principales, al igual que el Gobierno polaco y la Comisión, estiman que la aplicación del artículo 82 CE no puede ser diferente en el sector de los productos farmacéuticos por el mero hecho de que en ese sector los precios sean fijados, directa o indirectamente, por las autoridades públicas. Consideran que incluso en los Estados miembros donde los precios son bajos, el precio de un medicamento es el fruto de negociaciones con las empresas farmacéuticas, que no comercializarían sus medicamentos si no consideraran convenientes los precios ofrecidos. Además, los recurrentes en los litigios principales sostienen que no hay relación de causalidad entre las repercusiones del comercio paralelo sobre los ingresos de las empresas farmacéuticas y las inversiones de éstas en investigación y desarrollo. Por último, afirman que el comercio paralelo de medicamentos ofrece ventajas reales a los pacientes y permite ahorrar a los regímenes nacionales de seguridad social.
28

A tenor del artículo 160 de la PDA: «1. Cuando un proyecto no autorizado se ha ejecutado, está en fase de ejecución o está a punto de ser ejecutado o continuado, la High Court o la Circuit Court podrán, a instancia de la autoridad encargada de la ordenación del territorio o de cualquier otra persona, tenga ésta o no un interés respecto del terreno de que se trate, exigir por vía de auto a cualquier persona que ejecute, que se abstenga de ejecutar o que cese en la ejecución, según el caso, todo aquello que el tribunal considere necesario y precise en su resolución, para garantizar, en su caso: a) que no se ejecute o no se continúe con la ejecución del proyecto no autorizado; b) en la medida de lo posible, que cualquier terreno sea devuelto al estado original anterior al inicio de cualquier proyecto no autorizado; c) que todo proyecto sea ejecutado de conformidad con la autorización que se le concedió o con las condiciones impuestas en la autorización. 2. En el auto dictado con arreglo al apartado 1, el tribunal podrá, cuando resulte adecuado, exigir la realización de cualesquiera trabajos, incluida la devolución al estado original, la reconstrucción, la retirada, la demolición o la modificación de cualquier estructura u otro elemento.»
16

El anexo II de la Directiva 2005/85, que lleva por título «Designación de países de origen seguros a los efectos del artículo 29 y del artículo 30, apartado 1», define los criterios que permiten designar país de origen seguro a un país de la siguiente forma: «Se considerará que un país es un país de origen seguro cuando, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que de manera general y sistemática no existen persecución en la acepción del artículo 9 de la Directiva 2004/83/CE, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno. Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos mediante: a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican; b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura en particular aquellos a los que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, de dicho Convenio Europeo, no cabe hacer excepciones; c) el respeto del principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra; d) la existencia de un sistema de vías de recurso efectivas contra las violaciones de dichos derechos y libertades.»
13

Los considerandos segundo a cuarto y séptimo de dicha Decisión tienen la siguiente redacción: «2) Deben eximirse de la prohibición determinados materiales y componentes que contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o polibromodefeniléteres (PBDE), por no ser aún posible en la práctica la eliminación o sustitución de estas sustancias peligrosas en esos materiales y componentes específicos. 3) Como la evaluación del riesgo del DecaBDE, realizada en virtud del Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes [(DO L 84, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284, p. 1)], ha llegado a la conclusión de que no hace falta en este momento tomar más medidas de reducción de los riesgos para los consumidores que las que ya se aplican, pero sigue siendo necesario realizar estudios adicionales en virtud de la evaluación del riesgo, puede eximirse al DecaBDE hasta nuevo aviso de los requisitos dispuestos en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/95/CE. En caso de que nuevos datos conduzcan a una conclusión diferente sobre la evaluación del riesgo, la presente decisión podrá ser reexaminada y, en su caso, modificada. Simultáneamente la industria está aplicando un programa voluntario de reducción de emisiones. 4) El ámbito de aplicación de algunas de las exenciones de la prohibición reconocidas a determinados materiales o componentes debe limitarse con el fin de eliminar gradualmente las sustancias peligrosas de los aparatos eléctricos y electrónicos, dado que en el futuro será posible evitar su utilización en tales aparatos. […] 7) […] La Comisión sometió las medidas previstas en la presente Decisión a votación en el Comité establecido con arreglo al artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE […]. No hubo mayoría cualificada a favor de esas medidas. Así pues, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE, el 6 de junio de 2005 se presentó al Consejo una propuesta de Decisión del Consejo. Dado que en la fecha de expiración del período establecido en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2002/95/CE el Consejo no había adoptado las medidas propuestas ni manifestado su oposición a ellas con arreglo al artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [(DO L 184, p. 23)], la Comisión debe adoptarlas».
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Mediante Decisión NN 127/92, de 18 de mayo de 1993, cuyo anuncio fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 25 de junio de 1993 con el título «Ayudas a los exportadores de libros franceses» (DO C 174, p. 6), la Comisión consideró que, habida cuenta de la particular situación de la competencia en el sector del libro y de la finalidad cultural del régimen de ayudas en cuestión, procedía aplicar la excepción prevista en el artículo 92, apartado 3, letra d), del Tratado CE [actualmente artículo 87 CE, apartado 3, letra d)].
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de las Directivas 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1), 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10), y 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45, y corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16), y de los artículos 17, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DO C 364, p. 1; en lo sucesivo, «Carta»).