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19

En su resolución, dicho tribunal señaló que la práctica descrita en el punto 31 del anexo I de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales figura bajo el epígrafe «Prácticas comerciales agresivas» y no bajo la rúbrica «Prácticas comerciales engañosas», pero subrayó al mismo tiempo que estos títulos no figuran en el anexo I del Reglamento. No obstante, en el apartado 47 de la mencionada resolución, la High Court consideró que el carácter engañoso de una operación comercial es la razón de ser de la prohibición prevista en el punto 31 del anexo I de la citada Directiva. Ese tribunal estimó la alegación de que el referido punto 31 no es aplicable si el pago requerido es de una cantidad módica (correspondiente a la compra de un sello de correos o al coste de una llamada telefónica ordinaria), si el profesional de que se trate no se beneficia de ninguna parte del pago y si éste es insignificante en relación con el valor del premio ganado.
8

El artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992 (DO L 245, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1612/68»), estaba redactado en los siguientes términos: «Con independencia de su nacionalidad, tendrán derecho a instalarse con el trabajador nacional de un Estado miembro empleado en el territorio de otro Estado miembro: a) su cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o a su cargo; b) los ascendientes del trabajador y de su cónyuge que estén a su cargo.»
13

Según las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas (DO 2006, C 50, p. 1), publicación realizada en virtud del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 2658/87: «6111 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés Véase la nota 6, letra a), de este capítulo. Esta partida comprende un conjunto de prendas destinadas generalmente a los niños de menos de 18 meses. Entre estas prendas se pueden citar: abrigos, capas con capucha o sin ella, albornoces, nanas, batas, trajecitos de dos piezas, trajes de esquimal, pantalones, pantalones con polaina, peleles y chalecos, trajes, faldas, boleros, cazadoras, anoraks, capas, túnicas, blusas, camiseras, pantalones cortos, etc. Algunas de estas prendas constituyen manifiestamente artículos de canastilla y deben clasificarse por tanto en esta partida, cualesquiera que sean sus dimensiones. Así sucede principalmente con: [...] 3) las nanas: trajes con capucha y mangas, con características de capa y de saco (totalmente cerrado por la parte de abajo); 4) los sacos para dormir (con mangas o escotaduras). Las demás prendas de vestir solamente se clasifican en esta partida si su talla es la conveniente para niños que tengan un cuerpo con altura total no superior a 86 centímetros (talla comercial 86, que equivale a la talla comercial 38 habitualmente practicada en España). [...] 6209 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés Aplíquese mutatis mutandis, la nota explicativa de la partida 6111.»
51

A este respecto, no tiene mayor relevancia que tal contrato precise que éste tiene en particular por objeto permitir al licenciatario registrar un nombre de dominio en su nombre pero por cuenta del licenciante cuando dicha facultad no tiene otra finalidad que la de permitir a la otra parte contratante cumplir con su obligación de registrar el nombre o los nombres de dominio en cuestión como contrapartida de una remuneración y, por lo tanto, es meramente accesoria de dicha obligación. Por otra parte, tal como ha señalado la Abogado General en los puntos 49 y 53 de sus conclusiones, la autorización para registrar una marca como nombre de dominio .eu no implica en absoluto que el titular de la marca haya concedido a la otra parte contratante el derecho a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.
48

No obstante, para proteger la seguridad jurídica de los operadores del mercado, aludida en el considerando 3 de la Directiva 2003/124, entre los cuales están los emisores, no puede estimarse que tenga carácter concreto la información referida a circunstancias y a hechos cuya realización futura no sea probable. En efecto, en caso contrario los emisores podrían considerarse obligados a hacer pública información desprovista de carácter concreto o incapaz de influir en la cotización de sus instrumentos financieros.
8

La regla 31 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2868/95»), titulada «Cesión», establece en sus apartados 1, 2, 5 y 6 lo siguiente: «1. La solicitud de registro de una cesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento [no 40/94], constará de: a) el número de registro de la marca comunitaria; b) datos sobre el nuevo titular con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1; c) en el caso de que no todos los productos y servicios registrados estén incluidos en la cesión, la indicación de los productos o servicios a los que se refiera la cesión; d) los documentos por los que se establezca debidamente la cesión de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 17 del Reglamento [no 40/94]. 2. La solicitud podrá incluir, en su caso, el nombre y dirección profesional del representante del nuevo titular, que se deberán indicar con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 de la Regla 1. […] 5. Será prueba suficiente de la cesión, con arreglo a la letra d) del apartado 1: a) la solicitud de registro de la cesión, cuando esté firmada por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante; o b) en caso de que la solicitud sea presentada por el cesionario, que vaya acompañada de una declaración, firmada por el titular inscrito o su representante, en la que otorgue su acuerdo al registro del cesionario; c) que la solicitud vaya acompañada de un impreso o documento de cesión cumplimentado, contemplado en la letra d) del apartado 1 de la Regla 83, y firmado por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante. 6. En el caso de que no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión, establecidas en los apartados 1 a 4 del artículo 17 del Reglamento [no 40/94], en los anteriores apartados 1 a 4 y en otras Reglas aplicables, la Oficina comunicará tales irregularidades al solicitante. Si no se subsanasen en el plazo establecido por la propia Oficina, ésta denegará la solicitud de registro de la cesión.»
El artículo 17 del Reglamento no 1371/2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, debe entenderse en el sentido de que una empresa ferroviaria no tiene derecho a incluir en sus condiciones generales de transporte una cláusula según la cual quedará exenta de su obligación de indemnización por el precio del billete por causa de retraso, cuando el retraso se deba a un supuesto de fuerza mayor o a una de las causas enumeradas en el artículo 32, apartado 2, de las Reglas uniformes relativas al contrato de transporte internacional de viajeros y equipajes por ferrocarril (CIV) del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril, de 9 de mayo de 1980, modificado por el Protocolo de Vilnius de 3 de junio de 1999.

A ese respecto, la indemnización establecida en el artículo 17 del Reglamento no 1371/2007 está destinada a compensar el precio que el viajero ha pagado como contrapartida de un servicio que, en definitiva, no ha sido ejecutado con arreglo al contrato de transporte. Además, se trata de un tipo de compensación económica a tanto alzado y estandarizada, a diferencia del régimen de responsabilidad establecido en el artículo 32, apartado 1, de las Reglas uniformes CIV, que requiere una evaluación individualizada del daño sufrido.

Por consiguiente, dado que la finalidad y las modalidades de aplicación de las disposiciones indicadas son diferentes, el régimen de indemnización establecido por el legislador de la Unión en el artículo 17 del Reglamento no 1371/2007 no puede asimilarse al régimen de responsabilidad del transportista ferroviario previsto en el artículo 32, apartado 1, de las Reglas uniformes CIV. Las causas de exención de la responsabilidad del transportista establecidas en el artículo 32, apartado 2, de las Reglas uniformes CIV no pueden considerarse aplicables en el marco del artículo 17 del Reglamento no 1371/2007.

(véanse los apartados 38, 39, 42 y 52 y el punto 2 del fallo)
No puede considerarse que las medidas necesarias para restablecer las condiciones normales de circulación, adoptadas en virtud del artículo 29 de la Directiva 2001/14, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización, incluida la supresión de franjas, guarden relación directa con la función fundamental de adjudicación de franjas en el sentido del artículo 14, apartado 2, de esa Directiva, función que debe encomendarse a un organismo adjudicador independiente Se trata antes bien de medidas singulares que deben adoptarse con urgencia para hacer frente a una situación específica y asegurar que los derechos a una capacidad en forma de franjas puedan ser efectivamente ejercidos por su beneficiario conforme al horario de servicio. En consecuencia, la adopción de dichas medidas forma parte de la gestión del tráfico y no está sujeta a la exigencia de independencia, por lo que esa función puede atribuirse a un administrador de infraestructuras que sea también una empresa ferroviaria.

No obstante, aunque la supresión de franjas en caso de perturbación del tráfico no se considere una función fundamental, la nueva adjudicación de éstas debe, en sí misma, considerarse parte de las funciones fundamentales que únicamente puede ejercer un administrador independiente o un organismo de reparto en la medida en que, a diferencia de la gestión del tráfico que no implica la toma de decisiones en el sentido del anexo II de la Directiva 91/440, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, la nueva distribución de franjas necesita la adopción de decisiones relativas a la adjudicación de franjas.

(véanse los apartados 34 y 36 a 38)
El artículo 8 de la Directiva 2008/94, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que las prestaciones de la pensión legal no pueden tenerse en cuenta para determinar si un Estado miembro ha dado cumplimiento a la obligación establecida en este artículo. En efecto, el objetivo de este artículo es garantizar la protección de los intereses de los trabajadores en lo que respecta a sus derechos a prestaciones de vejez en el marco de planes de pensiones de empleo complementarios en caso de insolvencia del empresario. El propio artículo indica que se refiere exclusivamente a los regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales y precisa que, en el contexto de esta protección, se trata de regímenes que existen independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social.

El artículo 8 de la Directiva 2008/94, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que para que éste se aplique basta que el plan de pensiones de empleo complementario no disponga de fondos suficientes cuando se produzca la insolvencia del empresario y que, debido a su insolvencia, el empresario no disponga de los recursos necesarios para realizar aportaciones suficientes a dicho plan de pensiones que permitan el pago íntegro de las prestaciones adeudadas a los partícipes en éste. No es necesario que estos últimos demuestren que existen otros factores que hayan dado lugar a la pérdida de sus derechos a prestaciones de vejez.

En efecto, este artículo no distingue entre las posibles causas que provocaron la insolvencia del empresario sino que establece una obligación general de protección de los intereses de los trabajadores y deja a los Estados miembros la tarea de definir, de conformidad con el Derecho de la Unión, y en particular, con la Directiva 2003/41, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, los métodos para dar cumplimiento a esta obligación.

(véanse los apartados 38 y 40 y el punto 3 del fallo)
Asunto C-310/11

Grattan plc

contra

The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Fiscalidad — IVA — Segunda Directiva 67/228/CEE — Artículo 8, letra a) — Sexta Directiva 77/388/CEE — Entrega de bienes — Base imponible — Comisión pagada por una sociedad de venta por correo a su agente — Compras efectuadas por clientes terceros — Reducción del precio después del devengo del impuesto — Efecto directo»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2012

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directivas 67/228/CEE y 77/388/CEE — Grados de armonización no comparables (Directivas del Consejo 67/228/CEE y 77/388/CEE) Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Base imponible — Entrega de bienes — Comisión pagada por una sociedad de venta por correo a su agente por las entregas ya efectuadas — Posibilidad de reducir la base imponible a posteriori en virtud de la Directiva 67/228/CEE — Inexistencia [Directiva 67/228/CEE del Consejo, art. 8, letra a)]
En el marco de un recurso de anulación interpuesto contra una resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), el Tribunal General puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la Oficina, averiguando, si fuera necesario, si estas Salas han dado una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o si la apreciación de los hechos expuestos ante dichas Salas no adolece de error alguno. En efecto, cuando el Tribunal General debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esta Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal.

El concepto de usuario informado debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

La propia naturaleza del concepto de usuario informado supone que, cuando sea posible, éste llevará a cabo una comparación directa entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. Sin embargo, no puede excluirse que tal comparación sea imposible o infrecuente en el sector considerado, por circunstancias específicas o por las características de los objetos que representan la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. Dada la inexistencia de una indicación precisa en este sentido en el marco del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, no puede considerarse que el legislador de la Unión haya tenido intención de limitar la evaluación de los eventuales modelos o dibujos a una comparación directa.

(véanse los apartados 53, 54 y 56)
El artículo 14, apartado 2, letra b), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, con las modificaciones introducidas por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que una persona que, en el marco de sucesivos contratos de trabajo en los que se especifica como lugar de trabajo el territorio de varios Estados miembros, únicamente trabaja, de hecho, durante cada uno de esos contratos, en el territorio de uno sólo de esos Estados a la vez, no puede estar comprendida en el concepto de «persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros», en el sentido de la citada disposición.

En efecto, para que le resulte aplicable el artículo 14, apartado 2, del Reglamento no 1408/71, una persona debe ejercer «normalmente» una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros. De ello se desprende que si el ejercicio de una actividad por cuenta ajena en el territorio de un solo Estado miembro constituye el régimen normal de la persona en cuestión, ésta no puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición. En semejantes circunstancias, puede ser de aplicación el principio enunciado en el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1408/71, al igual que, en su caso, durante los períodos de interrupción entre contratos de trabajo, el derivado de esa misma disposición, letra f).

(véanse los apartados 39, 40, 50 y 52 y el fallo)
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en sus versiones resultantes, sucesivamente, de los Reglamentos nos 1789/2003, 1810/2004, 1719/2005 y 1549/2006, por los que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87, debe interpretarse en el sentido de que las almohadillas de pulido destinadas a una máquina de pulir para trabajar materiales semiconductores —clasificada como tal en la partida arancelaria 8464 (o en la partida 8486 desde la entrada en vigor del Reglamento no 1549/2006)— importadas separadamente de dicha máquina, que se presentan en forma de discos perforados en el centro, compuestos por una capa dura de poliuretano, una capa de espuma de poliuretano, una capa de cola y una película de protección de plástico, que no incluyen ninguna parte de metal ni ninguna sustancia abrasiva y se utilizan para el pulido de «wafers», en combinación con un líquido abrasivo, y que han de sustituirse con una frecuencia determinada por el grado de desgaste, se clasifican en la subpartida 3919 90 10 por ser formas planas, no cuadradas ni rectangulares, autoadhesivas de plástico.

Estas almohadillas de pulido no pueden ser calificadas como «partes» o «accesorios» de las máquinas de pulir discos de materiales semiconductores, ni pueden clasificarse, por tanto, en la partida 8466 de la Nomenclatura Combinada (o en la partida 8486 de la Nomenclatura Combinada desde la entrada en vigor del Reglamento no 1549/2006) pues, por una parte, las almohadillas de pulido no son indispensables para el funcionamiento de máquinas de pulir discos de este tipo y, por otra, dichas almohadillas no permiten adaptar las referidas máquinas a un trabajo determinado, ni tampoco les confieren posibilidades suplementarias ni les permiten garantizar un servicio determinado en relación con su función principal. Además, ni el hecho de que una mercancía se destine exclusivamente a una clase de máquina determinada ni la circunstancia de que eventualmente se pueda entregar una máquina ya equipada con dicha mercancía son elementos relevantes para calificar dicha mercancía como «parte» o «accesorio».

(véanse los apartados 35, 37 a 40 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Alcance — Obligación de demostrar la exactitud de hechos notorios — Inexistencia —Impugnación ante el Tribunal General — Presentación de documentos para fundamentar la exactitud de un hecho notorio [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 1] (véanse los apartados 26 a 30)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 36 y 37)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de diciembre de 2010, LG Electronics/OAMI (T‑497/09), por la que se desestima el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de septiembre de 2009 (asunto R 397/2009‑1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo KOMPRESSOR PLUS como marca comunitaria — Carácter descriptivo de la marca — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) — Examen de hechos nuevos por el Tribunal General — Desnaturalización de las pruebas.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a LG Electronics Inc.
130

En cambio, es cierto que el marco temporal fue introducido para favorecer el acceso de las empresas a la financiación en el contexto de la crisis económica y financiera. Sin embargo, las ayudas previstas en ese marco temporal tienen una función general de apoyo a la inversión, de modo que no están destinadas específicamente a permitir la adquisición de tierras agrícolas. Además, en la fecha en que se adoptó la Decisión impugnada, el punto 7 del marco temporal establecía que éste no sería aplicado después del 31 de diciembre de 2010. Por lo tanto, no puede considerarse que la decisión del Consejo de autorizar un régimen de ayudas destinado específicamente a reducir la pobreza en las zonas rurales garantizando el aumento de la superficie de las explotaciones agrarias en Letonia durante un período más largo vaya manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir los objetivos perseguidos por la Decisión impugnada.
2

En apoyo de su recurso, el Parlamento alega en particular que dicha Decisión excede los límites de las competencias de ejecución atribuidas por el artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 296/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 (DO L 97, p. 60) (en lo sucesivo, «CFS»). El Parlamento sostiene que las disposiciones de la Decisión impugnada deberían haber sido adoptadas mediante el procedimiento legislativo ordinario y no recurriendo al procedimiento de comitología basado en dicho artículo 12, apartado 5.
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 a 19 de la Decisión 2009/610/CE de la Comisión, de 2 de julio de 2008, relativa a las medidas C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 y CP 133/05), aplicadas por Grecia a favor de Hellenic Shipyards, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada Decisión, y al no haber comunicado a la Comisión Europea, dentro del plazo señalado, la información enumerada en el artículo 19 de dicha Decisión.