Asunto C-418/07

Société Papillon

contra

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia)]

«Libertad de establecimiento — Fiscalidad directa — Impuestos sobre sociedades — Régimen de tributación de grupo — Sociedad matriz residente — Subfiliales residentes controladas a través de una filial no residente»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 4 de septiembre de 2008 I ‐ 8950

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de noviembre de 2008 I ‐ 8965

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuestos sobre sociedades

[Art. 52 CE del Tratado (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación)]

El artículo 52 del Tratado (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se concede un régimen de imposición de grupo a una sociedad matriz residente en ese Estado miembro que controla filiales y subfiliales igualmente residentes en dicho Estado, pero se excluye para tal sociedad matriz si sus subfiliales residentes son controladas por medio de una filial residente en otro Estado miembro.

En efecto, esa normativa da lugar a una desigualdad de trato en función del lugar en el que se encuentre el domicilio social de la filial a través de la cual la sociedad matriz residente controla sus subfiliales residentes. Consecuentemente, en la medida en que, en el plano fiscal, va en detrimento de las situaciones comunitarias en comparación con las situaciones puramente internas, que son objetivamente comparables en atención al objetivo perseguido por dicha normativa, constituye una restricción prohibida, en principio, por las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento.

Tal restricción no puede estar justificada por el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros, habida cuenta de que la cuestión del cómputo de los beneficios y pérdidas de las sociedades pertenecientes al grupo sólo se plantea respecto a sociedades residentes en un solo Estado miembro, lo cual excluye asimismo, a priori, un riesgo de evasión fiscal.

La citada normativa no puede, además, estar justificada por la necesidad de garantizar la coherencia del régimen fiscal. Ciertamente, al denegar el disfrute del régimen de consolidación fiscal a una sociedad matriz residente que desee incluir en él a las subfiliales residentes en el caso de que las controle a través de una filial no residente, esa normativa puede garantizar la coherencia de dicho régimen. En efecto, en el supuesto de que la filial fuera una sociedad no residente, se daría un doble cómputo de las pérdidas sufridas por la subfilial, una primera vez en forma de pérdidas directas de ésta y nuevamente en forma de una provisión constituida por la sociedad matriz por depreciación de su participación en dicha filial, ya que no se neutralizarían las operaciones internas, dado que el régimen de consolidación fiscal no es aplicable a la filial no residente. En tal supuesto, las sociedades residentes gozarían de las ventajas del régimen de consolidación fiscal, en cuanto a consolidación de los resultados y a cómputo inmediato de las pérdidas de todas las sociedades incluidas en ese régimen fiscal, sin que las pérdidas de la subfilial y las provisiones de la sociedad matriz pudieran ser objeto de neutralización. En consecuencia, se aniquilaría de este modo la relación directa existente, en el régimen de consolidación fiscal, entre las ventajas fiscales y la neutralización de las operaciones internas del grupo, que permite, en particular, evitar la doble imputación de pérdidas en lo que atañe a las sociedades residentes a las que es de aplicación el régimen de consolidación fiscal, lo cual afectaría a la coherencia de dicho régimen.

No obstante, habida cuenta de que existen medidas menos restrictivas de la libertad de establecimiento para alcanzar el objetivo de garantizar la coherencia del régimen fiscal, tal normativa va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. En primer lugar, dificultades prácticas como la dificultad en comprobar la existencia de un riesgo de doble imputación de pérdidas cuando una sociedad no residente se halla interpuesta entre la sociedad matriz y sus subfiliales no pueden justificar por sí solas ninguna restricción a una libertad garantizada por el Tratado. Seguidamente, los Estados miembros pueden solicitar a las autoridades competentes de los demás Estados miembros toda la información que pueda ser apropiada para determinar, en particular, el importe exacto del impuesto de sociedades. Por último, cuando las sociedades matrices residentes en un Estado miembro solicitan acogerse al régimen de consolidación fiscal con subfiliales residentes controladas a través de filiales residentes en otro Estado miembro, las autoridades fiscales del primer Estado pueden exigir que dichas filiales aporten los elementos probatorios que consideren necesarios para que se garantice plenamente la transparencia de las provisiones dotadas por éstas. Pues bien, en toda circunstancia, la normativa de que se trata impide que las referidas sociedades residentes prueben la inexistencia de doble imputación de pérdidas en el marco del régimen de consolidación fiscal.

(véanse los apartados 30 a 32, 39, 40, 46, 48 a 51, 53 a 55, 58 y 60 a 63 y el fallo)