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Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 15 de marzo de 2018 —

SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

(Asunto T‑205/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión SECURE DATA SPACE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 11)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 12 a 14, 24 y 33)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Denominación compuesta de elementos descriptivos de características de los productos o servicios de que se trata—Inclusión a falta de carácter inusual de la combinación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 18)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca figurativa SECURE DATA SPACE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 27, 28 y 33 a 36)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de enero de 2017 (asunto R 2467/2015‑5), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo SECURE DATA SPACE como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
196

La coadyuvante refuta estas alegaciones. Considera que la referencia hecha por la Sala de Recurso a la primera resolución, de 26 de marzo de 2012, en el asunto R 2506/2010‑4 para demostrar que no fueron satisfechas las exigencias del artículo 8, apartados 3 y 4, del Reglamento n.o 207/2009, no constituye, tampoco ella, una infracción de los artículos 75 y 76 del mismo Reglamento. Estima que, tras el procedimiento ante el Tribunal, el artículo 8, apartados 3 y 4, de dicho Reglamento, ya no formaba parte del objeto del litigio ante la Sala de Recurso, pues la sentencia anulatoria había tenido por objeto la infracción de los artículos 75 y 76 del mismo Reglamento en relación con el artículo 8, apartado 1, letra a), de este, y concernía a las pruebas del uso únicamente. Señala que el objeto del litigio se limitaba —por la propia recurrente— a la infracción de estas disposiciones, puesto que la recurrente había declarado en el punto 5.2 del escrito de demanda presentado en el asunto anterior que «limit[aba] su argumentación únicamente a las conclusiones de la Sala de Recurso sobre la evaluación de las pruebas del uso presentadas, ya que estas conclusiones afecta[ban] por igual a todos los motivos de oposición». Pues bien, la coadyuvante considera que las pruebas relativas al uso no conciernen a todos los motivos de oposición contemplados en el artículo 8, apartados 3 y 4, del Reglamento n.o 207/2009, ya que, según la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189), apartado 143, ella misma no tiene ningún derecho a solicitar la prueba de la utilización de estos derechos. Antes al contrario, un requisito de utilización podría establecerse únicamente respecto a derechos anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 1, del mismo Reglamento. Es por ello por lo que estima que ya no se trataba del artículo 8, apartados 3 y 4, de dicho Reglamento en el precedente procedimiento ante el Tribunal y que estas disposiciones tampoco son objeto del presente procedimiento relativo a la resolución impugnada.
112

A este respecto, procede señalar que el hecho de que las personas físicas o jurídicas no puedan invocar una violación de normas que no tienen por objeto garantizar la protección de los particulares, sino organizar el funcionamiento interno de los servicios en interés de una buena administración (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C‑69/89, EU:C:1991:186, apartados 49 y 50), no significa, sin embargo, que un particular nunca pueda invocar útilmente la violación de una norma que rige el proceso de toma de decisiones conducente a la adopción de un acto de la Unión. En efecto, entre las disposiciones reguladoras de los procedimientos internos de una institución deben distinguirse aquellas cuya infracción no puede ser invocada por las personas físicas y jurídicas, porque solamente se refieren a las normas de funcionamiento interno de la institución que no pueden afectar a su situación jurídica, y aquellas cuya infracción, en cambio, puede ser invocada, ya que son creadoras de derechos y representan un factor de seguridad jurídica para dichas personas (sentencia de 17 de febrero de 2011, Zhejiang Xinshiji Foods y Hubei Xinshiji Foods/Consejo, T‑122/09, no publicada, EU:T:2011:46, apartado 103).
91

Así mismo, en particular, las estructuras progresivas de tributación, incluidas aquellas con deducciones de la base imponible —que no son excepcionales en la fiscalidad de los Estados miembros—, no implican por sí mismas la existencia de elementos de ayudas de Estado. En la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal, la Comisión indica a este respecto, en el punto 139, que el carácter progresivo de un impuesto sobre la renta puede estar justificado por la lógica redistributiva que va aparejada a dicho impuesto. No obstante, nada permite limitar, como hace la Comisión en los considerandos 58 y 59 de la Decisión final —segunda Decisión impugnada—, este tipo de apreciación a los impuestos sobre la renta y excluirla respecto a impuestos que gravan la actividad de las empresas, y no sus ingresos netos o sus beneficios. En efecto, de la jurisprudencia recordada en los apartados 58 a 62 anteriores no se desprende que, para evitar la calificación como ventaja selectiva de una medida de modulación de un tributo, un Estado miembro solo pueda recurrir a criterios de modulación limitados a determinados objetivos, como la redistribución de la riqueza o la compensación y la disuasión de determinados efectos negativos que pudieran resultar de la actividad en cuestión. Lo necesario a tal efecto es que la modulación deseada no sea arbitraria, a diferencia de lo que sucedía en el asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates/Comisión (C‑487/06 P, EU:C:2008:757), mencionada en el apartado 82 anterior, que se aplique de forma no discriminatoria y que sea conforme con el objetivo del impuesto en cuestión. Por ejemplo, los dispositivos de modulación mencionados en los apartados 84, 85 y 87 anteriores, que no fueron considerados selectivos por el Tribunal de Justicia, no respondían a una lógica de tributación proporcional a las externalidades negativas, ni tampoco a una lógica redistributiva, sino a otros fines. Además, como ya se ha indicado en el apartado 75 anterior, no se excluye que una lógica redistributiva pueda justificar también la progresividad de un impuesto sobre el volumen de negocios, como alega acertadamente en el presente asunto el Gobierno polaco. Una lógica redistributiva puede incluso justificar una exención total para determinadas empresas, como ilustra el asunto mencionado en el apartado 86 anterior.
13

El 11 de abril de 2007, en respuesta a una nueva batería de preguntas parlamentarias sobre la aplicación del artículo 185, apartado 2, letras a) y b), del CIR 92, el Ministro de Hacienda declaró que, hasta la fecha, solo se habían recibido solicitudes de ajuste a la baja. Precisó además que, para establecer el método de determinación del beneficio de plena competencia de la entidad belga, en el contexto de las decisiones anticipadas, se tenían en cuenta las funciones ejercidas, los riesgos soportados y los activos afectados a actividades que todavía no habían tenido efectos fiscales en Bélgica. Así, el beneficio demostrado en Bélgica mediante los estados financieros belgas del grupo multinacional que excediera del beneficio de plena competencia no debía incluirse en el beneficio fiscal imponible en Bélgica. Por último, el Ministro de Hacienda señaló que, puesto que no correspondía a las autoridades fiscales belgas determinar a qué sociedades extranjeras debía atribuirse el beneficio adicional, no era posible intercambiar información con las autoridades fiscales extranjeras a este respecto.
56

La alegación que la EUIPO basa en la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER (T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160), no puede prosperar. En efecto, por un parte, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia se trataba de problemas técnicos relativos a la fabricación de las bebidas que constituían los productos controvertidos y, por tanto, de una dificultad comercial surgida en el ejercicio normal de las actividades de la empresa. Por otra parte, es cierto que, como recuerda el Tribunal en el apartado 74 de la presente sentencia, el hecho de que se inicie un procedimiento de caducidad contra una marca no basta, como tal, para que se declare la existencia de causas justificativas de la falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009. No obstante, ha de apreciarse si existen tales causas en función de las circunstancias de cada caso concreto, tal y como exige la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 18. Pues bien, tal y como se ha señalado en los anteriores apartados 25 a 34, la recurrente no hubo de enfrentarse a un único litigio que pudiera considerarse normal en el ejercicio de sus actividades, sino a una estrategia fraudulenta y engañosa, que incluía varias maniobras de diversa naturaleza que la Sala de Recuso no tomó en consideración en su totalidad.
1

El 1 de abril de 1996, la recurrente, Mad Dogg Athletics, Inc., presentó una solicitud de registro de la marca denominativa SPINNING (en lo sucesivo, «marca controvertida») en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
96

Lo mismo cabe afirmar respecto de la mención de que la garantía del Estado asociada a las exposiciones frente a la CDC no las priva de pertinencia para el cálculo del ratio de apalancamiento de la demandante, toda vez que el objetivo de este es ofrecer una apreciación no basada en el nivel de riesgo de cada una de las exposiciones de la demandante y que, además, los Estados pueden estar expuestos a riesgos de insolvencia. En efecto, habida cuenta de que el legislador determinó que las exposiciones frente a entes del sector público que cumplan los requisitos previstos en el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 pueden eventualmente no ser tenidas en cuenta a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento, correspondía al BCE conciliar, al ejercer su facultad discrecional, los objetivos que presidieron la introducción del ratio de apalancamiento y los del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. Pues bien, por las razones expuestas en los apartados 90 a 92 de la presente sentencia, no se llevó a cabo tal conciliación, pues el BCE no se basó en una apreciación de la probabilidad de un impago del Estado francés, sino que adoptó un razonamiento que excluía, en la práctica, toda posibilidad de estimar una solicitud formulada al amparo del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
59

No obstante, de los puntos 114 y siguientes de la demanda presentada en primera instancia se desprende que la pretensión declarativa de los recurrentes no se formulaba en apoyo de las alegaciones relativas a un supuesto daño moral, sino para el caso de que «la pérdida de los derechos transferidos no se [considerase], en ese momento, “un perjuicio cierto”». Dicha pretensión no se refería, en efecto, a la naturaleza del perjuicio invocado por los recurrentes, sino que tenía por objeto que el Tribunal de la Función Pública declarase la existencia de una negligencia. Por lo tanto, no puede considerarse que lleve implícita una pretensión de indemnización del daño moral que los recurrentes alegan haber sufrido.
175

En particular, respecto al incumplimiento del deber de asistencia, afirman que la administración debería haber concluido cualquier procedimiento interno de comprobación y haber dictado un posible acto administrativo de rectificación y de devolución de un eventual indebido dentro de un plazo que no excediera de un año desde que se dictó la comunicación n.o 2. Además, al dictar la decisión de modificación de los derechos a pensión de los demandantes, la administración debería haber tenido en cuenta las peculiaridades de las circunstancias del asunto. Concretamente, la presencia de menores de edad, el traslado de la familia a Parma o las dificultades de revocar la decisión de proseguir con la comisión de servicios en la EFSA después de algún tiempo. A su entender, por una parte, la administración no puede actuar como si no conociera estas circunstancias, a la vista de los frecuentes contactos iniciados por el Sr. Alberto Spagnolli y acreditados por el intercambio de correos electrónicos producido entre noviembre de 2011 y abril de 2012, documentado por los demandantes. Por otra parte, opinan que la administración no puede sostener que no conocía los principios y reglas que, también en el Derecho de la Unión, regulan la situación de los menores que se trasladan de un Estado miembro a otro. Según ellos, estos principios y normas se derivan, en particular, del artículo 12 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, y del artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1), con arreglo a los cuales, en principio, puede considerarse que un menor ha quedado integrado en el entorno social del Estado en cuyo territorio se encuentra, un año después del traslado, y que exigen que su situación y sus derechos se concreten rápidamente, en un período que normalmente no debe sobrepasar un año. Finalmente, los demandantes añaden que la disminución de los ingresos hipotéticos (importe A) consecutiva a la contabilización de los ingresos del Sr. Alberto Spagnolli en el cálculo de los ingresos hipotéticos y reales (importes A y B) incumple el deber de asistencia y protección, ya que proviene de una decisión discrecional de la administración y no del ejercicio de sus competencias regladas, contrariamente a lo que sostiene la Comisión.
41

El Reglamento n.o 2245/2002 no contiene ninguna precisión en cuanto a las pruebas que el solicitante de la nulidad debe aportar en materia de divulgación del dibujo o modelo anterior. Más en concreto, el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso v), del Reglamento n.o 2245/2002 se limita a prever que, cuando la solicitud de declaración de nulidad se base, en particular, en la falta de carácter singular del dibujo o modelo comunitario para el que se solicita la protección deberá incluir la indicación y reproducción de los dibujos y modelos del solicitante de nulidad que pudieren constituir un obstáculo a la singularidad del dibujo o modelo comunitario para el que se solicita la protección y los justificantes de la divulgación precedente del dibujo o modelo anterior. Por otra parte, ni el Reglamento n.o 6/2002 ni el Reglamento n.o 2245/2002 especifican una forma obligatoria para los elementos de prueba que el solicitante de la nulidad debe aportar para justificar la divulgación de su dibujo o modelo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo para el que se solicita la protección. Así pues, el artículo 28, apartado 1, letra b), incisos v) y vi), del Reglamento n.o 2245/2002 se limita a exigir que la solicitud de nulidad incluya los «justificantes de la existencia [del dibujo o modelo anterior]» y «los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud». Asimismo, el artículo 65, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002 tan solo prevé una lista no exhaustiva de diligencias de ordenación en los procedimientos ante la EUIPO. De lo anterior resulta que el solicitante de la nulidad puede elegir libremente la prueba que considere útil presentar a la EUIPO para apoyar su solicitud de nulidad [sentencia de 14 de julio de 2016, Thun 1794/EUIPO — Adekor (Símbolos gráficos decorativos), T‑420/15, no publicada, EU:T:2016:410, apartado 26].
126

Pues bien, como se desprende de los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, los nombres de los hombres de negocios influyentes no serán inscritos o mantenidos en las listas de personas que figuran en el anexo I de dicha Decisión si existe información suficiente que indique que no están, o han dejado de estar, vinculados al régimen sirio, ni ejercen influencia alguna sobre este ni plantean un riesgo real de elusión. A este respecto, procede declarar que, a parte del testimonio del demandante que, como se señaló en el apartado 116 anterior, no puede considerarse prueba suficiente, de los autos del presente asunto no se desprende que el demandante ya no esté vinculado al régimen y, por ello, el Consejo no incurrió en error al inscribirlo en las listas de que se trata basándose en el criterio del «hombre de negocios influyente» establecido en dichas disposiciones.
94

La Comisión afirma que, en el caso de autos, examinó la existencia de un interés público superior, pero no es menos cierto, en su opinión, que correspondía a la demandante acreditar su existencia. Ahora bien, sobre este particular, la demandante se limitó a mencionar consideraciones generales, relativas al derecho de la sociedad a estar informada y al derecho de los ciudadanos a comprender el contexto jurídico en cuestión, consideraciones que, desde su punto de vista, eran absolutamente inadecuadas para demostrar que, en el caso de autos, el principio de transparencia cobraba una especial importancia que prevalecía sobre los motivos que justificaban no divulgar los documentos controvertidos, máxime cuando la Comisión procuró precisamente informar a los ciudadanos difundiendo información actualizada, como la Comunicación de 16 de marzo de 2016 titulada «Nuevas medidas operativas de la cooperación UE-Turquía en el ámbito de la migración». Además, esta institución considera que la existencia de debates académicos no puede constituir la prueba de que existe un interés público superior, en el sentido del artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento n.o 1049/2001.
40

En apoyo de su primer motivo, los demandantes alegan la ilegalidad de la decisión de 23 de febrero de 2015, por cuanto ésta adolece de una irregularidad al no haberse observado el procedimiento que establecen las directrices para fijar la ICV. Sostienen que dicho procedimiento no se desarrolló conforme a las directrices ya que, en primer lugar, no se efectuó ninguna consulta para subsanar la falta de actualización de la evaluación devenida obsoleta y, en segundo lugar, el grupo técnico del SEAE (en lo sucesivo, «grupo técnico») no fue consultado de forma adecuada. Por otra parte, los demandantes señalaron en la vista que, puesto que los jefes de delegación no habían sido consultados a nivel regional, la segunda etapa de este procedimiento no se había producido correctamente, viciando así el propio procedimiento en su conjunto.
10

En particular, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida, a la que su titular se refiere como la «marca de cuñas», representaba un motivo que se colocaba en una parte de los productos o que cubría toda su superficie. Sobre la base de esta afirmación, la Sala de Recurso tuvo en cuenta fotografías y muestras de productos que la recurrente comercializaba cuando presentó su solicitud de la marca, con el fin de identificar las características esenciales de dicha marca. En este contexto, la Sala de Recurso estimó que el aspecto ornamental de la marca controvertida llevaría al público pertinente, esto es, consumidores medios de agujas de hacer punto y de agujas de ganchillo, a percibir esta marca como una decoración de esos productos. Según la Sala de Recurso, el público pertinente está acostumbrado a la práctica de los fabricantes de decorar los productos protegidos por la marca controvertida, de manera que percibirá esta marca, tal y como está puesta en la superficie de los productos en cuestión, como una variante de las decoraciones existentes en el mercado y de las que no difiere significativamente. Con carácter subsidiario, la Sala de Recurso consideró que el público pertinente entendería que dicha marca se parece a las vetas de la madera, material del que están hechos los productos designados, pero que no la verían como una indicación del origen comercial. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, la marca controvertida no tiene el carácter distintivo que exige el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 para cumplir su función de marca.
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En primer lugar, es preciso recordar que el artículo 41, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 y la regla 19, apartados 1 y 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), prevén en particular que, en un plazo determinado por la EUIPO, la parte que presente oposición deberá aportar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior y más en particular, cuando se trate de una marca anterior distinta de una marca de la Unión Europea ya registrada, una copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación que demuestre que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo determinado por la EUIPO antes mencionado, así como las eventuales ampliaciones de dicho plazo, o cualquier otro documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca. Habida cuenta del título y del lugar que ocupan las disposiciones reglamentarias antes mencionadas en el conjunto de las disposiciones de procedimiento aplicables a la marca de la Unión Europea (respectivamente, en el título IV, «Procedimiento de registro», sección 4, «Observaciones de terceros y oposición», del Reglamento n.o 207/2009 y, en el título II, «Procedimiento de oposición y prueba del uso», del Reglamento n.o 2868/95), y habida cuenta también del artículo 132, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, según el cual la División de Oposición tendrá competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas de la Unión Europea, cuando las disposiciones reglamentarias referidas mencionen «un plazo fijado por la EUIPO», procede señalar que se trata de un plazo determinado por la División de Oposición tras la apertura del procedimiento de oposición.