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3)

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Para el cálculo de dicha compensación económica, resulta asimismo determinante la retribución ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 223/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de julio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Köln — Alemania) — cp-Pharma Handels GmbH/República Federal de Alemania

(Asunto C-448/06) (1)

(Procedimiento prejudicial - Validez del Reglamento (CE) no 1873/2003 - Medicamentos veterinarios - Reglamento (CEE) no 2377/90 - Límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal - Progesterona - Limitación de su uso - Directiva 96/22/CE)

(2008/C 223/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: cp-Pharma Handels GmbH

Demandada: República Federal de Alemania

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgericht Köln — Validez del Reglamento (CE) no 1873/2003 de la Comisión, de 24 de octubre de 2003, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (DO L 275, p. 9), en la medida en que, al limitar las condiciones de uso de la progesterona como sustancia activa de los medicamentos veterinarios únicamente a su administración por vía intravaginal, excluye la posibilidad de administrar dicha sustancia mediante inyección intramuscular — Existencia, o no, de la competencia de la Comisión para efectuar dicha limitación, habida cuenta de los artículos 1, letra a), y 3 del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (DO L 224, p. 1) en relación con el artículo 4, número 1, de la Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE (DO L 125, p. 3)

Fallo

El examen de la cuestión planteada no ha revelado elementos que puedan afectar a la validez del Reglamento (CE) no 1873/2003 de la Comisión, de 24 de octubre de 2003, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal.

(1) DO C 326 de 30.12.2006.
2)

La recuperación de los fondos perdidos por abuso o negligencia debe efectuarse con arreglo al artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 4253/88, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2082/93, y según lo dispuesto en el Derecho nacional, sin perjuicio de que la aplicación de este Derecho no menoscabe la aplicación ni la eficacia del Derecho comunitario y que no tenga por efecto hacer prácticamente imposible la recuperación de las cantidades abonadas irregularmente. Corresponde al juez nacional garantizar plenamente la aplicación del Derecho comunitario, inaplicando o interpretando, en su caso, una norma nacional que lo obstaculice, como la Algemene wet bestuursrecht (Ley general de Derecho administrativo). El juez nacional puede aplicar los principios comunitarios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima teniendo en cuenta el comportamiento tanto de los beneficiarios de los fondos perdidos como el de la Administración, siempre que el interés de la Comunidad se tome plenamente en consideración. La condición de entidad pública del beneficiario de los fondos carece de incidencia a este respecto.
1)

Las prestaciones pagadas en virtud de un régimen como el del seguro de asistencia instituido mediante el Decreto del Parlamento flamenco regulador del seguro de asistencia (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), de 30 de marzo de 1999, en su versión resultante del Decreto del Parlamento flamenco por el que se modifica el Decreto de 30 de marzo de 1999 regulador del seguro de asistencia (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), de 30 de abril de 2004, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación material del Reglamento no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 79/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Koblenz — Alemania) — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG

(Asunto C-244/06) (1)

(Libre circulación de mercancías - Artículo 28 CE - Medidas de efecto equivalente - Directiva 2000/31/CE - Normativa nacional que prohíbe la venta por correo de soportes gráficos que no hayan sido sometidos a control y clasificación a efectos de la protección de los menores por parte del organismo nacional competente y que no llevan la indicación, que emane de dicha autoridad, de la edad a partir de la que pueden verse dichos soportes gráficos - Soportes gráficos importados de otro Estado miembro que han sido sometidos a control y clasificación por parte del organismo competente de tal Estado y que llevan la indicación de un límite de edad - Justificación - Protección de los menores - Principio de proporcionalidad)

(2008/C 79/05)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Koblenz

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dynamic Medien Vertriebs GmbH

Demandada: Avides Media AG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landgericht Koblenz — Interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE, así como de lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178, p. 1) — Normativa nacional en materia de protección de menores que prohíbe la venta por correspondencia de soportes de imagen que no llevan la indicación de haber sido declarados aptos para menores por la autoridad competente del Estado miembro — Soportes de imagen importados de otro Estado miembro que han sido declarados aptos para menores a partir de una determinada edad por la autoridad competente de este último Estado miembro — Principio de proporcionalidad.

Fallo

El artículo 28 CE no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe la venta y la entrega por correo de soportes gráficos que no hayan sido objeto, por una autoridad regional superior o por un organismo nacional de autorregulación voluntaria, de un control y de una clasificación a efectos de la protección de los menores y que no lleven una indicación, que emane de dicha autoridad o de dicho organismo, de la edad a partir de la que pueden verse, salvo que resulte que el procedimiento de control, clasificación y etiquetado de soportes gráficos establecido por dicha normativa no es fácilmente accesible o no puede concluirse dentro de un plazo razonable o bien que la decisión denegatoria no es recurrible judicialmente.

(1) DO C 178 de 29.7.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 92/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de febrero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG/Finanzamt Malchin

(Asunto C-271/06) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículo 15, número 2 - Exención de entregas de bienes para su exportación fuera de la Comunidad - Requisitos de exención que no se cumplen - Prueba de la exportación falsificada por el comprador - Proveedor que actúa con la diligencia de un ordenado comerciante)

(2008/C 92/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG

Demandada: Finanzamt Malchin

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesfinanzhof — Interpretación del Derecho Comunitario en materia de IVA y, en particular, del artículo 15, apartado 2 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Devolución del IVA correspondiente a entregas de bienes para la exportación obtenida mediante documentos falsificados — Exención por razones de equidad.

Fallo

El artículo 15, número 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la exención, por parte de un Estado miembro, del IVA correspondiente a una entrega de bienes para la exportación fuera de la Comunidad Europea cuando no se cumplen los requisitos para tal exención, pero el sujeto pasivo no podía darse cuenta de ello, aun actuando con toda la diligencia de un ordenado comerciante, a causa de la falsificación de la prueba de exportación presentada por el comprador.

(1) DO C 224 de 16.9.2007.
2)

El examen de la segunda cuestión no ha revelado elemento alguno que pueda afectar a la validez del artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 615/98 respecto del principio de proporcionalidad. Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar que las autoridades competentes aplicaron las disposiciones pertinentes del Reglamento no 615/98 de conformidad con dicho principio.
3)

El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, debe interpretarse en el sentido de que una modificación introducida en un proyecto de reglamento técnico ya notificado a la Comisión Europea, con arreglo al párrafo primero de ese artículo, y que sólo implica, respecto del proyecto notificado, una flexibilización de los requisitos de utilización del producto de que se trata y, por tanto, reduce el impacto potencial del reglamento técnico en los intercambios comerciales, no constituye una modificación significativa del proyecto en el sentido del tercer párrafo de dicha disposición y no debe ser objeto de notificación previa a la Comisión. A falta de tal obligación de notificación previa, no haber comunicado a la Comisión una modificación no significativa de un reglamento técnico, con anterioridad a la adopción de éste, no afecta a su aplicabilidad.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, y por la Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, al haber adoptado y mantenido en vigor el artículo 14 del Decreto-ley no 138, de 8 de julio de 2002, de medidas urgentes en materia de fiscalidad, de privatización y de control del gasto farmacéutico, así como de fomento económico en las zonas desfavorecidas, convertido, tras su modificación, en la Ley no 178, de 8 de agosto de 2002, que excluye del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo no 22, de 5 de febrero de 1997, sobre la aplicación de las Directivas 91/156/CEE, relativa a los residuos, 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos y 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases, por un lado, las sustancias, materiales o bienes destinados a las operaciones de eliminación o de valorización no mencionadas expresamente en los anexos B y C de dicho Decreto y, por otro lado, las sustancias o materiales que son residuos de producción y de los que el poseedor tenga la intención o la obligación de desprenderse cuando puedan ser y sean reutilizados en un ciclo de producción o de consumo sin ser sometidos a tratamiento previo y sin causar daños al medio ambiente, o tras haber sido sometidos a un tratamiento previo cuando no se trata de una de las operaciones de valorización enumeradas en el anexo C de ese mismo Decreto.
4.

En función de la respuesta a la tercera cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 y, en particular, la expresión «tendrán, ipso facto, derecho a los beneficios del régimen de la presente Directiva», en el presente asunto, en el sentido de que: A) en caso de un solicitante de protección que está registrado en el OOPS como apátrida palestino es aplicable el principio de no devolución establecido en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95 en relación con el artículo 19, apartado 1, de la Carta, ya que, en caso de retorno a la ciudad de Gaza, dicha persona corre el riesgo de ser objeto de un trato inhumano y degradante, al poder encontrarse en una situación de privación material extrema, y se halla comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 15 [letra b)] de la Directiva 2011/95 respecto a la concesión de la prestación subsidiaria, o B) en caso de un solicitante de protección que está registrado en el OOPS como apátrida palestino, dicha disposición requiere el reconocimiento por el mismo Estado miembro del estatuto de refugiado en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva y la concesión de pleno derecho de la condición de refugiado a esa persona, siempre que esta no se halle comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartados 1, letra b), 2 o 3, de dicha Directiva, de conformidad con el punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, El Kott y otros (C-364/11, EU:C:2012:826), sin que se tengan en cuenta las circunstancias de esa persona con relevancia para la concesión de protección subsidiaria con arreglo al artículo 15 [letra b)] de la Directiva 2011/95?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 22 de julio de 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

(Asunto C-501/22)

(2022/C 424/28)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Demandada: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Cuestión prejudicial

¿El artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 (1) debe interpretarse en el sentido de que no solo autoriza la extensión de acuerdos interprofesionales que establecen normas más estrictas que las establecidas por la normativa de la Unión en el ámbito de las «normas de producción» mencionadas en la letra b) de dicho artículo, sino también en todos los ámbitos mencionados en las letras a) y c) a n), respecto de los cuales prevé que puede solicitarse la extensión de un acuerdo interprofesional y, en particular, si, cuando la normativa de la Unión establece normas de comercialización para una categoría de frutas o de hortalizas determinada, ese artículo permite que se adopten normas más restrictivas en virtud de un acuerdo interprofesional y que tales normas se extiendan a todos los operadores?

(1) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 7 de julio de 2022 — RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV; Otra parte: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

(Asunto C-451/22)

(2022/C 380/06)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV

Otra parte: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Qué se entiende por «datos de los sucesos» y «debida confidencialidad» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento sobre Sucesos, (1) a la luz del derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 10 del CEDH?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, del Reglamento sobre Sucesos, a la luz del derecho a la libertad de expresión y de información, consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 10 del CEDH, en el sentido de que es compatible con una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal, en virtud de la cual no puede divulgarse ningún dato sobre sucesos notificados?

3) En caso de respuesta negativa a la cuestión 2: ¿puede la autoridad nacional competente aplicar una normativa nacional general en materia de divulgación en virtud de la cual no se proporciona información en la medida en que la comunicación de la misma no prevalezca sobre los intereses en juego, por ejemplo, en las relaciones con otros Estados y organizaciones internacionales, la inspección, el control y la supervisión por autoridades administrativas, el respeto de la vida privada, así como la necesidad de impedir que se generen ventajas y desventajas desproporcionadas para las personas físicas y jurídicas?

4) Cuando se aplica la normativa nacional general en materia de divulgación, ¿tiene alguna relevancia que se trate de información contenida en la base de datos nacional o bien de información procedente de o relativa a notificaciones recogidas en otros documentos, por ejemplo, documentos políticos?

(1) Reglamento (UE) n.o 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) n.o 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 1321/2007 y (CE) n.o 1330/2007 de la Comisión (DO 2014, L 122, P. 18).
C 359/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 12 de mayo de 2022 — E./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Asunto C-322/22)

(2022/C 359/24)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Demandante: E.

Demandada: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de efectividad, cooperación leal y equivalencia, recogidos en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada: DO C 326 de 26 de octubre de 2012), así como cualquier otro principio aplicable previsto en el Derecho de la Unión, a una disposición nacional como el artículo 78, apartado 5, puntos 1 y 2, de la ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa [Ley General Tributaria, de 29 de agosto de 1997 (texto refundido: Dz.U. de 2012, posición 749, en su versión modificada)], que contempla que el sujeto pasivo no tiene derecho a percibir intereses devengados sobre un pago excesivo de un impuesto, recaudado por el pagador de forma incompatible con el Derecho de la Unión, una vez transcurridos 30 días, contados desde la fecha en que se publique en el Diario Oficial la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare la incompatibilidad de la recaudación del impuesto con el Derecho de la Unión, cuando la solicitud para que se declare la existencia de ese pago excesivo hubiese sido presentada por el sujeto pasivo una vez vencido el referido plazo y las disposiciones nacionales relativas a la recaudación del impuesto, pese a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 10 de abril de 2014, C-190/12 (EU:C:2014:249), sigan siendo incompatibles con el Derecho de la Unión?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 29, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 (1) en el sentido de que no se opone a una disposición nacional como el artículo 11, apartado 5 (anteriormente apartado 4), del Naredba n.o 4 ot 24.02.2015 za prilagane na myarka 11 «Biologichno zemedelie» ot Programata za razvitie na selskite rayoni za perioda 2014-2020 (Reglamento n.o 4, de 24 febrero de 2015, relativo a la aplicación de la medida 11 «Agricultura ecológica» del Programa de desarrollo rural para el período 2014 — 2020), que limita la posibilidad de ayuda financiera a la producción ecológica durante la conversión a un período no superior a los períodos mínimos de conversión establecidos en los artículos 36, apartado 1, 37, apartado 1, y 38 del Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control? (2)