Asunto T‑19/07

Systran SA y

Systran Luxembourg SA

contra

Comisión Europea

«Responsabilidad extracontractual — Licitación para la realización de un proyecto relativo al mantenimiento y la mejora lingüística del sistema de traducción automática de la Comisión — Códigos fuentes de un programa de ordenador comercializado — Vulneración de derechos de autor — Divulgación no autorizada del “know-how” — Recurso de indemnización — Litigio extracontractual — Admisibilidad — Perjuicio real y cierto — Relación de causalidad — Evaluación a tanto alzado del importe del perjuicio»

Sumario de la sentencia

1. Recurso de indemnización — Objeto — Pretensión de indemnización dirigida contra la Unión con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo — Competencia exclusiva del juez de la Unión — Apreciación del carácter contractual o extracontractual de la responsabilidad contraída — Criterios

(Arts. 235 CE, 238 CE, 240 CE y 288 CE, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 113)

2. Recurso de indemnización — Objeto — Reparación del perjuicio resultante de un supuesto incumplimiento por parte de la Comisión de su deber de protección de la confidencialidad del «know‑how» — Fundamento extracontractual — Competencia del juez de la Unión

(Arts. 235 CE, 287 CE, y 288 CE, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales, art. 41)

3. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)]

4. Recurso de indemnización — Competencia del juez de la Unión — Competencia para pronunciarse sobre una alegación de vulneración de derechos de autor por parte de la Comisión — Requisitos

(Arts. 235 CE y 288 CE, párr. 2)

5. Recurso de indemnización — Competencia del juez de la Unión — Condena de la Unión a que repare un perjuicio con arreglo a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros en materia de responsabilidad extracontractual

(Arts. 235 CE y 288 CE, párr. 2)

6. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Perjuicio real y cierto —Relación de causalidad

(Art. 288 CE, párr. 2)

7. Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva 91/250/CEE — Protección jurídica de los programas de ordenador — Actos sujetos a restricciones — Excepciones — Alcance

(Directiva 91/250/CEE del Consejo, arts. 4 y 5)

8. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares

(Art. 288 CE, párr. 2)

1. En materia de responsabilidad contractual, sólo si existe una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 238 CE el juez de la Unión será competente. Si no existe tal cláusula, el Tribunal, en realidad, no puede, al amparo del artículo 235 CE, pronunciarse sobre una demanda de daños y perjuicios de origen contractual. Si así lo hiciera, el Tribunal extendería su competencia más allá de los litigios cuyo conocimiento le está limitativamente reservado por el artículo 240 CE, puesto que esta disposición confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Unión sea parte. La competencia del juez de la Unión en materia contractual supone una excepción al Derecho nacional y por tanto debe ser interpretada en sentido restrictivo, de modo que el Tribunal sólo puede conocer de las demandas derivadas del contrato o que tengan relación directa con las obligaciones que emanan de dicho contrato.

En cambio, en materia de responsabilidad extracontractual, el juez de la Unión es competente sin que sea necesario que las partes litigantes hayan manifestado previamente su acuerdo. Para determinar su competencia en virtud del artículo 235 CE, el Tribunal debe examinar a la luz de los diferentes elementos pertinentes de los autos, si el recurso de indemnización presentado por la parte demandante se basa de forma objetiva y global en obligaciones de origen contractual o extracontractual que permitan caracterizar el fundamento contractual o extracontractual del litigio. En particular, esos elementos pueden deducirse del examen de las pretensiones de las partes, del hecho generador del perjuicio cuya reparación se solicita y del contenido de las disposiciones contractuales o extracontractuales invocadas para resolver la cuestión objeto del litigio. Cuando interviene en materia de responsabilidad extracontractual, el Tribunal puede, por tanto, perfectamente examinar el contenido de un contrato, tal como hace con respecto a cualquier documento invocado por una parte en apoyo de su argumentación, para saber si dicho contrato puede poner en entredicho la competencia de atribución que expresamente le confiere el artículo 235 CE. Este examen forma parte de la apreciación de los hechos invocados para poder determinar la competencia del Tribunal, que en caso de no existir sería una causa de inadmisión de la demanda por motivos de orden público en el sentido del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.

(véanse los apartados 58 a 62)

2. El principio en virtud del cual las empresas tienen derecho a la protección de sus secretos comerciales, del que es expresión el artículo 287 CE, es un principio general del Derecho de la Unión. El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales alude también a la necesidad de que la Administración respete los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.

Los secretos comerciales son informaciones técnicas relativas al «know‑how» que no sólo no pueden divulgarse al público sino que incluso su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente a los intereses de éste. Para que la información técnica entre, por su propia naturaleza, dentro del ámbito de aplicación del artículo 287 CE, es necesario, en primer lugar, que sólo la conozca un número restringido de personas. Además, debe tratarse de información cuya divulgación puede causar un serio perjuicio a la persona que la ha proporcionado o a un tercero. Por último, es necesario que los intereses que la divulgación de la información puede lesionar sean objetivamente dignos de protección.

Cuando, en un caso dado, se trata de apreciar el carácter supuestamente ilícito y perjudicial de la divulgación por la Comisión a un tercero de información protegida por un derecho de propiedad o por las normas sobre el «know‑how» sin la autorización expresa de su titular a la luz de los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros aplicables en la materia y no a la luz de disposiciones contractuales previstas en los contratos celebrados en el pasado en relación con cuestiones que no afectaban ni al derecho de autor ni al «know‑how» de la parte demandante, el litigio tiene carácter extracontractual.

(véanse los apartados 79, 80 y 103)

3. La demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al juez de la Unión ejercer su control jurisdiccional. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa el recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda. Para cumplir estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución deberá, en particular, contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que la demandante reprocha a la institución.

(véanse los apartados 107 y 108)

4. Cuando, en el marco de un recurso de responsabilidad extracontractual, el concepto de vulneración del derecho de autor se invoca conjuntamente con el concepto de protección de la confidencialidad del «know‑how» únicamente con el fin de calificar el comportamiento de la Comisión de ilegal, la apreciación del carácter ilegal del comportamiento de que se trata se efectúa a la luz de principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros y no requiere que haya una decisión previa de una autoridad nacional competente.

Por consiguiente, habida cuenta de la competencia conferida al juez de la Unión por el artículo 235 CE y el artículo 288 CE, párrafo segundo, en materia de responsabilidad extracontractual y al no existir vías de recurso nacional que permitan lograr la reparación por parte de la Comisión del perjuicio supuestamente sufrido por un demandante debido a la vulneración del derecho de autor sobre un programa informático, nada se opone a que el concepto de vulneración de los derechos de propiedad intelectual utilizado por el demandante pueda ser tomado en consideración para calificar el comportamiento de la Comisión de ilegal en el marco de una solicitud de indemnización.

El concepto de vulneración de los derechos de propiedad intelectual utilizado por el demandante en el marco de tal recurso se interpreta únicamente a la luz de los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, los cuales, por lo que respecta a los programas de ordenador, se reproducen o se introducen a través de varias directivas de armonización. Por tanto, el Tribunal es competente para constatar una vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el sentido que podría darle a este término una autoridad nacional competente de un Estado miembro en aplicación del Derecho de dicho Estado dentro del marco de tal recurso de indemnización.

(véanse los apartados 115 a 117)

5. De los artículos 288 CE, párrafo segundo, y 235 CE se desprende que el juez de la Unión tiene competencia para imponer a la Unión cualquier forma de reparación que sea conforme con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros en materia de responsabilidad extracontractual, incluida una reparación en especie si resulta acorde con dichos principios, en su caso en forma de una orden conminatoria de hacer o de no hacer. Por consiguiente, la Unión no puede quedar excluida, por principio, de la adopción de una medida procesal similar por el juez de la Unión ya que éste tiene la competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de indemnización de daños imputables a la Unión.

La reparación total del perjuicio presuntamente causado en un caso en el que se alega una vulneración por la Comisión del derecho de autor exige que se restablezca a su estado original el derecho del titular de ese derecho y dicho restablecimiento requiere, al menos, independientemente de los posibles daños y perjuicios evaluados económicamente, el cese inmediato de la violación del mencionado derecho. La reparación total del perjuicio en esos casos puede también llevarse a cabo por medio de la confiscación o de la destrucción del resultado de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, o de la publicación, a costa de la Comisión, de la decisión del Tribunal.

(véanse los apartados 120 a 123)

6. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión a que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, a saber, la ilegalidad de la actuación imputada a la institución, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la actuación alegada y el perjuicio invocado.

El comportamiento ilegal reprochado a una institución debe consistir en una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. En el supuesto de que la institución de que se trate sólo disponga de un margen de apreciación considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del Derecho de la Unión puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada.

El perjuicio cuya reparación se solicita debe ser real y cierto y debe existir una relación suficientemente directa de causa a efecto entre el comportamiento de la institución y el daño.

(véanse los apartados 126, 127 y 268)

7. La excepción legal prevista en el artículo 5 de la Directiva 91/250, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, por lo atañe a los actos comprendidos dentro del derecho exclusivo del autor del programa y definidos en el artículo 4 de esa misma Directiva sólo puede aplicarse a los trabajos realizados por el adquirente legítimo del programa de ordenador y no a los trabajos encargados a un tercero por este adquirente. Además, la referida excepción sigue estando limitada a los actos necesarios para permitir al adquirente legítimo utilizar el programa de ordenador de un modo conforme a su finalidad, incluidos los supuestos de corrección de errores.

(véase el apartado 225)

8. Constituye una violación suficientemente caracterizada de los derechos de autor y del «know‑how» que una empresa posee sobre un programa informático, vulneración que puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión, el hecho de que la Comisión se arrogue el derecho a realizar trabajos que entrañan una modificación de los elementos relativos al antedicho programa informático, como, por ejemplo, los códigos fuentes, sin haber obtenido previamente el acuerdo de la referida empresa.

(véanse los apartados 250 y 261)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 16 de diciembre de 2010 ( )

«Responsabilidad extracontractual – Licitación para la realización de un proyecto relativo al mantenimiento y la mejora lingüística del sistema de traducción automática de la Comisión – Códigos fuentes de un programa de ordenador comercializado – Vulneración de derechos de autor – Divulgación no autorizada del “know‑how” – Recurso de indemnización – Litigio extracontractual – Admisibilidad – Perjuicio real y cierto – Relación de causalidad – Evaluación a tanto alzado del importe del perjuicio»

En el asunto T‑19/07,

Systran SA, con domicilio social en París,

Systran Luxembourg SA, con domicilio social en Luxemburgo,

representadas por Mes J.‑P. Spitzer y E. De Boissieu, abogados,

partes demandantes,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por la Sra. E. Montaguti y el Sr. F. Benyon, y posteriormente por el Sr. E. Traversa y la Sra. Montaguti, en calidad de agentes, asistidos por Mes A. Berenboom y M. Isgour, abogados,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por las demandantes debido a las ilegalidades, a su entender, cometidas a raíz de un anuncio de licitación de la Comisión relativo al mantenimiento y la mejora lingüística de su sistema de traducción automática,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y la Sra. E. Cremona y el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de octubre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que originaron el litigio

I. Sobre las diferentes versiones del programa Systran

1 Deben distinguirse cuatro versiones del programa de traducción automática Systran (también denominado «sistema Systran»):

– la versión inicial (en lo sucesivo, «Systran Mainframe»), creada en 1968 por el Sr. Toma y comercializada por la sociedad californiana World Translation Center, Inc. (WTC) y otras sociedades filiales (en lo sucesivo, referidas conjuntamente, «grupo WTC»);

– la versión utilizada inicialmente por la Comisión Europea (en lo sucesivo, «EC‑Systran Mainframe»), que ha sido objeto de una serie de contratos celebrados entre 1975 y 1987 entre el grupo WTC y la Comisión, de una serie de contratos entre la Comisión y proveedores de servicios, y de una serie de contratos entre el grupo Systran (sucesor del grupo WTC) y la Comisión;

– la nueva versión (en lo sucesivo, «Systran Unix»), que fue creada por la primera demandante, Systran SA (en lo sucesivo, «Systran»), tras la adquisición del grupo WTC en 1986, para funcionar en los entornos Unix y Windows; esta versión fue desarrollada por el grupo Systran a partir de 1993;

– la nueva versión utilizada por la Comisión (en lo sucesivo, «EC‑Systran Unix»), que fue objeto de un contrato celebrado en 1997 entre la segunda demandante, Systran Luxembourg SA (en lo sucesivo, «Systran Luxembourg», y la Comisión.

II. Cronología de las relaciones entre las partes

2 Para poder definir el alcance de los derechos de propiedad y utilización relativos a las diferentes versiones del programa Systran utilizadas por la Comisión, a saber, EC‑Systran Mainframe y, posteriormente, EC‑Systran Unix, es necesario proceder a realizar una cronología de las relaciones contractuales entre las partes, por una parte, el grupo WTC y, posteriormente, su sucesor, el grupo Systran y, por otra parte, la Comisión. La Comisión se basa en esta cronología para alegar que el presente recurso tiene un fundamento contractual, mientras que las demandantes señalan que ninguno de esos contratos, a los que, por lo demás, no hacen alusión, tiene incidencia en sus derechos de propiedad intelectual o en el recurso.

A. Primer período: de Systran Mainframe a EC‑Systran Mainframe

3 Las partes convienen en reconocer que el creador del programa de traducción automática Systran es el Sr. Toma y que las sociedades del grupo WTC eran propietarias exclusivas de la versión Systran Mainframe de dicho programa.

1. Contratos iniciales entre WTC (y otras sociedades) y la Comisión

4 El 22 de diciembre de 1975, WTC y la Comisión firmaron un contrato relativo, por una parte, a la instalación y desarrollo del sistema de traducción automática Systran inglés‑francés y, por otra parte, al desarrollo inicial del sistema de traducción automática Systran francés‑inglés (en lo sucesivo, «contrato inicial»).

5 El artículo 1, párrafo primero, del contrato inicial, titulado «Objetivo», tiene el siguiente tenor:

«El Contratante llevará a cabo, por cuenta de la Comisión, el desarrollo posterior de su sistema de traducción automática SYSTRAN inglés‑francés (en lo sucesivo, “Sistema de Base”) y el desarrollo inicial de un sistema de traducción automática SYSTRAN francés‑inglés».

6 El artículo 3 del contrato inicial, titulado «Remuneración», establece:

«Como contrapartida a las tareas efectuadas en virtud del presente contrato, la Comisión abonará al Contratante la suma de 161.800 USD de la siguiente forma:

[...]

Dicha suma comprende una compensación por la concesión del derecho a utilizar el Sistema de Base durante todo el período contemplado en el contrato. Se entenderá que la referida compensación debe cubrir todos los gastos en los que incurra el Contratante a fin de ejecutar el presente contrato, incluidos los gastos de personal, el tiempo de ordenador, los gastos de desplazamiento y los gastos de suministro.»

7 El artículo 4 del contrato inicial, titulado «Utilización del sistema tras la terminación del contrato», tiene el siguiente tenor:

«a) Las partes contratantes acuerdan que el Contratante concederá a la Comisión los derechos al sistema tal como exista en la fecha de expiración del contrato (en lo sucesivo, “Sistema Modificado”), y a la documentación relativa al mismo de manera limitada, es decir, exclusivamente por lo que respecta a la necesidades propias de la Comisión y a necesidades similares de las administraciones públicas de los Estados miembros de la Comunidad y únicamente a efectos de la traducción del inglés hacia el francés y del francés hacia el inglés, pero con una duración ilimitada. [...]

b) Si, tras la ejecución del presente contrato, la Comisión desea continuar desarrollando, internamente o a través de un tercero, el Sistema Modificado aplicando otros pares de lenguas de la Comunidad, abonará al Contratante una suma a tanto alzado que no excederá de 100.000 USD por lo que atañe al primer par de lenguas y de 80.000 USD por lo que atañe a cada uno de los pares de lenguas siguientes, o de 200.000 USD por lo que respecta a cualquier combinación que comprenda una nueva lengua. Estos importes cubrirán el derecho de la Comisión a utilizar de forma exclusiva y libremente el Sistema Modificado desarrollado, con una duración ilimitada.

Si, además, tras la ejecución del presente contrato, la Comisión desea solicitar al Contratante un desarrollo posterior del Sistema Modificado aplicando otro par de lenguas, abonará una suma a tanto alzado que no excederá de 25.000 USD por lo que atañe al primer par de lenguas y de 20.000 USD por lo que atañe a cada uno de los pares de lenguas siguientes, o de 50.000 USD por lo que respecta a cualquier combinación que comprenda una nueva lengua.

c) El Contratante tendrá el derecho a utilizar por su propia cuenta y para sus propios fines el Sistema Modificado tal como haya sido desarrollado en el marco del presente contrato y de los contratos de desarrollo posterior mediante la aplicación de otros pares de lenguas, tal como se indica en la letra b), párrafo segundo, con excepción de los vocabularios especialmente desarrollados para la Comisión. El acceso a los vocabularios se concederá al Contratante, caso por caso, a cambio de un canon anual de alquiler que no exceda del 20 % del coste; esos vocabularios únicamente se pondrán gratuitamente a disposición del contratante a efectos de demostración.»

8 A tenor del artículo 5, letra f), del contrato inicial, la ley aplicable al contrato era la ley luxemburguesa y los órganos jurisdiccionales competentes en caso de litigio los de Luxemburgo.

9 Después del contrato inicial, en el período comprendido entre 1976 y 1987, la Comisión celebró numerosos contratos con sociedades del grupo WTC con objeto de, por una parte, mejorar el sistema Systran y, por otra parte, desarrollar nuevos pares de lenguas (en total nueve pares de lenguas).

10 Además, la Comisión celebró con diversas sociedades, externas al grupo WTC y que no eran partes del contrato, contratos que les autorizaban a utilizar el sistema Systran en favor de entidades gubernamentales de los Estados miembros y de instituciones de las Comunidades. En uno de esos contratos, denominado «Memorándum de acuerdo de cooperación técnica», celebrado el 18 de enero de 1985 con una sociedad francesa, Gachot SA, la Comisión señalaba que «el sistema Systran, programas y diccionarios, segu[ían] siendo propiedad de la Comisión» (artículo 4, titulado «Derechos de utilización». En aplicación de dicho memorándum de acuerdo, la Comisión autorizaba a la sociedad Gachot a explotar «su sistema de traducción automática Systran en favor de organismos del sector público europeo» y, como contrapartida, la sociedad Gachot proporcionaba a la Comisión información sobre la calidad de las traducciones realizadas, permitiéndole mejorar el funcionamiento del sistema (artículo 1, titulado «Objeto»). La cooperación entre la Comisión y la sociedad Gachot se realizaba sin aportación financiera alguna (artículo 3, titulado «Gastos»).

2. Contrato de colaboración entre el grupo Systran y la Comisión

11 Mediante una serie de contratos celebrados a partir de septiembre de 1985, la sociedad Gachot adquirió las sociedades del grupo WTC, que eran propietarias de la tecnología Systran y de la versión Systran Mainframe, y pasó a denominarse Systran tras dicha adquisición.

12 Mediante una carta de 2 de febrero de 1987, remitida por el Director General de la Dirección General (DG) «Telecomunicaciones, industria de la información e innovación» a la sociedad Gachot, la Comisión solicitaba que se respondiese a varias preguntas, a las cuales se dio respuesta por medio de una carta de 5 de febrero de 1987:

«Pregunta nº 1: ¿Puede el Sr. Gachot probar que (él o la sociedad Gachot [...]) tiene la propiedad o es el accionista mayoritario de las sociedades WTC y Systran Institut, y que acepta todas las responsabilidades asumidas por estas sociedades frente a la Comisión?»

«Respuesta: Nuestra sociedad, efectivamente, ha comprado, por una parte, la totalidad de las acciones [del Sr.] Toma en WTC y Latsec y, por otra parte, el 76 % de las acciones de Systran Institut. Por tanto, estamos totalmente facultados para hablar en nombre de la totalidad del Grupo y representarle en sus relaciones con la Comisión.»

«Pregunta 2: ¿Qué sucederá con las referidas responsabilidades si el Sr. Gachot (o [la sociedad] Gachot) deja de tener la propiedad (o de ser el accionista mayoritario) de dichas sociedades? ¿El Sr. Gachot se compromete a hacer que los eventuales compradores respeten esas responsabilidades?

«Respuesta: No está previsto llevar a cabo ninguna cesión. Al contrario, nuestro Grupo sigue una política de desarrollo permanente en este ámbito. Por lo demás, la Comisión no debe tener ninguna preocupación por lo que atañe a este aspecto, ya que los contratos se celebran entre WTC y la Comisión, es decir entre personas jurídicas, y cualquier cambio que pueda ocurrir por lo que respecta a la posesión de los títulos de dichas sociedades no puede, en ningún caso, poner en entredicho los contratos celebrados.»

«Pregunta 3: ¿Puede el Sr. Gachot confirmar que la Comisión, tras la celebración de diversos contratos con WTC y Systran Institut, posee derechos de explotación no exclusivos para le sector público europeo relativos a las [nueve] versiones lingüísticas de Systran?»

«Respuesta: De los contratos celebrados entre WTC y la Comisión [...], se deduce claramente que la Comisión tiene derechos de utilización no exclusivos por lo que atañe a sus propias necesidades, así como a las necesidades de las entidades gubernamentales de los países miembros de la Comunidad, y ello con respecto a las versiones lingüísticas de Systran II en los [pares] de lenguas por ella adquiridos [...]»

«Pregunta 8: ¿El Sr. Gachot sigue estando de acuerdo en autorizar a organismos intergubernamentales cuyo territorio rebasa el de la Comunidad a hacer uso [del programa] Systran, a cambio de los cánones que deban abonársele?»

«Respuesta: La Sociedad Gachot contempla poner el sistema Systran a disposición de organismos internacionales cuyo territorio rebase el de la Comunidad en función de los diversos acuerdos que la sociedad Gachot y dichos organismos celebren [...]»

«Pregunta 14: ¿La sociedad WTC estaría dispuesta a ceder a la Comisión, en las mismas condiciones que precedentemente, los derechos de explotación por lo que atañe a un sistema Systran español‑inglés? ¿El precio que habría que abonar sería similar al requerido para el sistema alemán‑inglés?»

«Respuesta: La sociedad WTC está totalmente de acuerdo en ceder a la Comisión una licencia de explotación no exclusiva para el español‑inglés, así como eventualmente para el italiano‑inglés y el portugués‑inglés. El precio y las condiciones dependerán esencialmente del estado de avance de los sistemas en el momento en que la Comisión adquiera los derechos de explotación.»

«Pregunta 15: ¿La sociedad WTC estaría dispuesta a desarrollar nuevos sistemas que incluyan el danés y el griego como lenguas de destino y cederlos a la Comisión con derechos de explotación (no exclusivos) para los sectores público y privado?»

«Respuesta: WTC está totalmente de acuerdo en desarrollar cualquier sistema que incluya pares de lenguas europeas, así como otros sistemas de los cuales la Comisión pudiera tener necesidad.»

«Pregunta 16: ¿El Sr. Gachot estaría interesado [en] una conversión del sistema Systran en lenguaje C para su funcionamiento con Unix, lo cual aumentaría su transferibilidad en el plano informático? ¿Estaría dispuesto a financiar total o parcialmente la inversión requerida (que probablemente sería de alrededor de un millón de ecus)?»

«Respuesta: La conversión del sistema Systran en lenguaje C para su funcionamiento con Unix es un proyecto que hemos contemplado. Pero en un principio, nos pareció más importante concentrar nuestros esfuerzos en la mejora de la calidad de la traducción y en la unificación de las diferentes versiones del [sistema] Systran. Si bien la conversión del [sistema] Systran para su funcionamiento con Unix resulta muy interesante, depende de que se concreten los medios de financiación [...]»

13 Mediante fax de 5 de marzo de 1987, remitido por un funcionario de la DG «Telecomunicaciones, industria de la información e innovación» a la sociedad Gachot, la Comisión describía del siguiente modo el contenido del «convenio Systran» que estaba en proceso de negociación:

«Derechos, objetivos y obligaciones

En el marco del Convenio, los derechos adquiridos por las dos partes están perfectamente equilibrados.

El Grupo Systran es propietario de los programas de base y los derechos de utilización de la Comisión relativos a sus nueve [pares] de lenguas únicamente se extienden a las instituciones comunitarias y a los organismos oficiales de los Estados miembros.

Por contra, la Comisión es propietaria de los léxicos que ha desarrollado desde 1975.

Cada una de las partes ha invertido cerca de 8 millones de ecus para adquirir sus derechos e intenta, por tanto, hacer fructificar dichas inversiones.

La Comisión tiene la obligación moral de hacer que la economía comunitaria se beneficie de la inversión pagada por sus contribuyentes, mientras que el Grupo Systran desea iniciar rápidamente la comercialización del sistema en Europa.

Estos dos objetivos son perfectamente convergentes y conciliables dentro del marco del Convenio propuesto.

Además, la Comisión y el Grupo Systran están interesados en hacer [del programa] Systran un instrumento eficaz [por] medio de una armonización de los programas y los léxicos [...]»

14 El 4 de agosto de 1987, el grupo Systran y la Comisión firmaron un contrato relativo a la organización en común del desarrollo y la mejora del sistema de traducción Systran para las lenguas oficiales, actuales y futuras, de la Comunidad, así como a su aplicación (en lo sucesivo, «contrato de colaboración»).

15 El contrato de colaboración indicaba, en el marco de una «exposición preliminar», lo siguiente:

«1. El sistema Systran, concebido por la sociedad WTC, es un sistema de traducción automática, que comprende un programa de base, programas lingüísticos y periféricos y diferentes diccionarios bilingües.

2. El 22 de septiembre de 1975, la Comisión celebró con la sociedad WTC un contrato relativo a la utilización del sistema Systran por la Comisión y al desarrollo inicial de dicho sistema por WTC.

La Comisión y la sociedad WTC celebraron posteriormente otros contratos cuyo objeto era, por una parte, mejorar el sistema existente y, por otra parte, desarrollar sistemas para [nuevos pares] de lenguas.

Dichos contratos, celebrados entre 1976 y 1985, tenían por objeto el desarrollo y la mejora de los programas de traducción y de los diccionarios de base para las lenguas de que se trataba.

3. El mantenimiento y el desarrollo posterior de los sistemas fueron garantizados por otra serie de contratos entre la Comisión y sociedades de servicio. Esos contratos tenían por objeto las necesidades y las finalidades propias de la Comisión.

4. Desde 1985, la Comisión celebró con diversas sociedades contratos que les autorizaban a utilizar el sistema Systran en favor de entidades gubernamentales y de las instituciones de las Comunidades Europeas, a cambio de información que permitiese a la Comisión mejorar el funcionamiento del sistema.

5. Por consiguiente, las partes constatan que la Comisión dispone de una licencia de utilización del sistema de base y de las mejoras [...] realizadas por WTC, limitada a la utilización en el territorio de las Comunidades Europeas en los sectores especificados en el [apartado] 4 supra.

6. Las mejoras y los desarrollos aportados al sistema Systran por la Comisión y sus contratantes [mencionados en el apartado 3 supra], y, en particular, los diccionarios, son propiedad exclusiva de la Comisión.

7. Las partes consideran que tanto para ellas como para los usuarios de Systran resulta provechoso que el sistema sea mejorado de forma permanente y han decidido celebrar el presente contrato de colaboración para unir sus esfuerzos y, de este modo, continuar la mejora.

Por este motivo, las partes se reconocen mutuamente un derecho de utilización del sistema Systran, que podrá evolucionar mediante la incorporación de perfeccionamientos que se llevarán a cabo gracias a la utilización del sistema tanto en el sector privado como en el sector público.»

16 El artículo 4 del contrato de colaboración, relativo a los «derechos de propiedad», dispone:

«Las diferentes versiones lingüísticas de Systran y sus componentes seguirán siendo propiedad de los operadores a los que pertenezcan en el momento de la firma.

Las sociedades del Grupo Systran se comprometen a no ceder sus derechos de propiedad sin haber informado previamente a los servicios de la Comisión y haber obtenido su acuerdo. El cesionario deberá aceptar subrogarse en los derechos y obligaciones resultantes del presente contrato de colaboración para esas sociedades.»

17 La introducción del anexo I del contrato de colaboración dispone:

«Mientras que la Comisión siempre ha sido la propietaria de los léxicos y otros componentes que ha desarrollado para diferentes versiones de Systran, los derechos de propiedad del programa de base estaban repartidos entre varias sociedades y la Comisión había celebrado contratos y acuerdos relativos a la utilización del sistema y a sus mejoras y desarrollos, en particular, con [WTC] y Systran Institut.

Dado que la sociedad Gachot [...] es, desde principios de 1986, el accionista principal de esas sociedades, el presente contrato global para el desarrollo y la utilización de Systran se ha celebrado entre todas las partes interesadas [...]»

18 El artículo 4 bis del contrato de colaboración, relativo a las «mejoras y cánones», establece:

«Cualquier desarrollo o mejora del sistema, resultante de su explotación por el grupo Systran, se comunicará y se pondrá inmediatamente a disposición de la Comisión.

Cualquier desarrollo o mejora del sistema, resultante de su explotación por la Comisión, se comunicará y se pondrá inmediatamente a disposición del grupo Systran.

Cualquier modificación del sistema que, en sentido propio, no provenga de su explotación será objeto de negociación entre las partes.

Durante un período inicial de dos años, cada parte podrá utilizar los desarrollos y mejoras realizados por la otra parte, sin tener que abonar por ello ningún canon.

Una vez finalizado dicho período y, habida cuenta de la experiencia adquirida, la Comisión y el Grupo Systran definirán los términos contractuales de su colaboración futura.»

19 El artículo 5 del contrato de colaboración, relativo a los «derechos de utilización», dispone:

«a) La Comisión tendrá derecho a utilizar en el sector público en el territorio de la Comunidad el sistema común en su versión más evolucionada y a conceder licencias de utilización de dicho sistema a los organismos públicos nacionales e internacionales establecidos en el territorio de la Comunidad tal como se establece en el [apartado] 4 de la exposición preliminar.

b) [...]

c) Las sociedades del grupo Systran se comprometen a permitir a cualquier organismo privado utilizar el sistema con arreglo a condiciones conformes a los usos mercantiles.»

20 A tenor de los artículos 11 y 12 del contrato de colaboración, la ley aplicable al contrato era la ley belga y cualquier diferencia entre las partes relativa a la interpretación, el cumplimiento o el incumplimiento del contrato debía resolverse mediante arbitraje.

21 Entre 1988 y 1989, la Comisión celebró cuatro contratos con la sociedad Gachot para obtener una licencia de utilización del programa Systran para los pares de lenguas alemán‑inglés, alemán‑francés, inglés‑griego, español‑inglés y español‑francés.

22 Mediante correo certificado de 11 de diciembre de 1991, la Comisión puso término al contrato de colaboración de conformidad con su artículo 8 y con un preaviso de seis meses. En virtud de dicha disposición, estaba previsto que, tras la expiración de un período de tres años, cada una de las partes podría disponer del sistema Systran en el estado que hubiese alcanzado por lo que respecta a cada una de ellas. Según la Comisión, esta resolución del contrato venía justificada por el hecho de que Systran no había cumplido sus obligaciones contractuales y tenía la intención de reclamar un pago por desarrollos relativos a dos pares de lenguas (francés‑italiano y francés‑español) que habían sido realizados por la Comisión y puestos a disposición de Systran de conformidad con el contrato de colaboración. En el momento en que se puso término al contrato de colaboración, la versión EC‑Systran Mainframe incluía dieciséis versiones lingüísticas.

23 Posteriormente, el grupo Systran creó y comercializó una nueva versión del programa Systran capaz de funcionar con los sistemas de explotación Unix y Windows (Systran Unix), mientras que la Comisión desarrolló la versión EC‑Systran Mainframe, que incluía los dieciséis pares de lenguas antes mencionados a los cuales se añadía el par de lenguas griego‑francés, desarrollado con la ayuda de un contratante exterior, y que funcionaba con el sistema de explotación Mainframe que era incompatible con los sistemas de explotación Unix y Windows.

B. Segundo período: de Systran Unix a EC‑Systran Unix

24 Con el fin de permitir a la versión EC‑Systran Mainframe funcionar en los entornos Unix y Windows, se celebraron cuatro contratos entre Systran Luxembourg y la Comisión (en lo sucesivo, «contratos de migración»).

25 El 19 de diciembre de 1997, con anterioridad a la firma del primer contrato de migración, la Comisión solicitó a Systran por correo que manifestase su acuerdo por lo que respecta a varias cuestiones, entre ellas, las dos cuestiones siguientes:

«1. Utilización del nombre Systran

En las presentaciones y en la documentación o la correspondencia, a menudo hacemos referencia “al sistema de traducción automática de la Comisión”. Dado que este último se basa en el sistema Systran, sería más lógico utilizar el nombre Systran o [...] Versión CE de Systran en esas ocasiones.

2. Principio de utilización recíproca de los sistemas de [la sociedad] Systran [...] y de la Comisión.

La Comisión podrá utilizar los productos de la sociedad Systran [...] en su servidor. Esta última podrá, por su parte, utilizar el sistema de la Comisión.

La sociedad Systran [...] y sus filiales se comprometen desde ahora a no realizar ninguna reclamación pecuniaria que se derive de los contratos celebrados en el pasado entre el “grupo Systran” y la Comisión.»

26 El 22 de diciembre de 1997, día de la fecha del primer contrato de migración, Systran respondió a la referida solicitud de la Comisión señalando lo siguiente:

«1. Utilización del nombre Systran

Les confirmamos nuestra conformidad con que la Comisión pueda utilizar la marca SYSTRAN. Dicha utilización deberá ser sistemática por lo que respecte a cualquier sistema de traducción automática que derive del sistema Systran originario. Por consiguiente, les concedemos un derecho de utilización de la marca SYSTRAN únicamente a efectos de la difusión o de la puesta a disposición del sistema de traducción automática Systran.

2. Principio de utilización recíproca de los sistemas de [la sociedad] Systran [...] y de la Comisión

Le confirmamos nuestra conformidad con que la Comisión pueda utilizar los productos Systran con entornos Unix y/o Windows para sus necesidades internas.

La sociedad Systran se compromete a no realizar ninguna reclamación pecuniaria que se derive de la ejecución de los contratos celebrados en el pasado entre el grupo Systran y la Comisión.»

27 El artículo 2 del primer contrato de migración, celebrado entre Systran Luxembourg y la Comisión, define del siguiente modo el «sistema de traducción automática de la Comisión»:

«El sistema de traducción automática de la Comisión, denominado “Systran EC version” [la versión CE de Systran], designa una versión específica del sistema de traducción automática Systran inicialmente desarrollado por el “World Translation Center”, la Jolla, USA, y que posteriormente fue desarrollado por la Comisión Europea para fines internos a partir de 1976. El sistema de traducción automática de la Comisión es diferente de la “Systran Original Version” [la versión original del sistema Systran], a saber, del sistema de traducción automática desarrollado y comercializado por Systran SA France y sus filiales.»

(The Commission’s machine translation system, or “Systran EC version”, designates a specific version of the Systran machine translation system originally developed by the World Translation Center, La Jolla, USA, which since 1976 has been further developed by the European Commission for internal purposes. The Commission’s machine translation system is distinct from the “Systran Original Version”, which refers to the machine translation system developed and commercialised by Systran S.A. of France and its subsidiaries.)

28 El artículo 13 del primer contrato de migración, titulado «Patentes, certificados de utilidad (modelos de utilidad), marcas, dibujos y modelos industriales, derechos de propiedad industria e intelectual», establece:

«1. La Comisión será inmediatamente informada de cualquier resultado o de cualquier patente que obtenga el Contratante [es decir, Systran Luxembourg] con motivo de la ejecución del presente contrato; dicho resultado o patente pertenecerá a las Comunidades Europea, que podrán disponer de él libremente, con excepción de los casos en que ya existan derechos de propiedad industrial o intelectual.

2. El sistema de traducción automática de la Comisión, incluidos sus componentes, aunque hayan sido modificados durante la ejecución del contrato, seguirá siendo propiedad de la Comisión, con excepción de los casos en que ya existan derechos de propiedad industrial o intelectual.

[...]

5. En el supuesto de que un tercero inicie un procedimiento, en particular, si se trata de la reivindicación de un derecho, incluso después de la ejecución del contrato, la parte implicada informará de ello cuanto antes a la otra parte; las dos partes actuarán conjuntamente y se transmitirán recíprocamente toda la información y los elementos de prueba que posean o que obtengan.»

(1. Any results or patent obtained by the Contractor [es decir, Systran Luxembourg] in performance of this contract shall be immediately reported to the Commission and shall be the property of the European Communities, which may use them as they see fit, except where industrial or intellectual property rights already exist.

2. The Commission’s machine translation system, together with all its components shall, whether modified or not in the course of the contract, remain the property of the Commission, except where industrial or intellectual property rights already exist.

[...]

5. At the first sign of proceedings by a third party, in particular of a claim, even after completion of the contract, the party involved shall notify the other party as soon as possible and the two parties shall then act in unison and provide each other with all the information and evidence that they possess or obtain.)

29 A tenor de los artículos 15 y 16 del primer contrato de migración, la ley aplicable al contrato era la ley luxemburguesa y cualquier diferencia entre la Comunidad y Systran Luxembourg relativa a dicho contrato competiría resolverla a los órganos jurisdiccionales luxemburgueses.

30 Por otra parte, la cláusula adicional primera del cuarto contrato de migración establecía que el contrato llegaría a su término el 15 de marzo de 2002 y precisaba que, en esa fecha «el Contratante se compromet[ía] a tener realizadas el 15 de marzo de 2002 todas las tareas objeto del contrato y, en particular, la prueba actualizada de todos los derechos (marcas, patentes, derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de autor, etc.) reivindicados por el grupo Systran y vinculados al sistema de traducción automática Systran». Según la Comisión, Systran Luxembourg no le transmitió esta información.

C. Tercer período: a partir del anuncio de licitación del 4 de octubre de 2003

31 El 4 de octubre de 2003, la Comisión publicó un anuncio de licitación para el mantenimiento y mejora lingüística del sistema de traducción automática de la Comisión. A raíz de este anuncio de licitación, dos de los diez lotes que formaban parte del contrato fueron adjudicados a la sociedad Gosselies. Se trata de lotes que utilizan el inglés o el francés como lengua de origen.

32 Mediante correo de 31 de octubre de 2003, Systran indicó a la Comisión:

«Hemos tenido conocimiento del anuncio de licitación publicado el 4 de octubre de 2003 [...]. Tras leer el documento, creemos que los trabajos que prevén llevar a cabo pueden vulnerar los derechos de propiedad intelectual de nuestra sociedad. Deseosos de mantener el clima de cooperación constructiva existente entre nuestra sociedad y la Comisión, querríamos conocer su posición sobre este aspecto. Por las razones antes expuestas, comprendan que no podemos responder al referido anuncio de licitación.»

33 En su respuesta, fechada el 17 de noviembre de 2003, la Comisión indicaba:

«He leído su carta de 31 de octubre. Creemos que los trabajos que nos proponemos realizar no vulneran sus derechos de propiedad intelectual. Comparto su deseo de mantener buenas relaciones profesionales dentro del respeto de los procedimientos de la Comisión.»

34 Tras este intercambio de correspondencia, tuvieron lugar otros intercambios de cartas entre Systran y la Comisión y la Comisión organizó reuniones para aportar precisiones a las cuestiones planteadas por dicha sociedad.

35 En el marco de esos contactos, las demandantes invocaron los siguientes elementos:

– el grupo Systran posee un programa de traducción automática llamado «Systran» (o «sistema Systran») y a partir de él ha desarrollado diversas versiones;

– tras una sucesión de contratos celebrados entre el grupo Systran y la Comisión, Systran adaptó su programa para crear una versión llamada «EC‑Systran»;

– entre 1999 y 2002, el grupo Systran se encargó de la migración de la versión EC‑Systran para permitir su funcionamiento con Unix; a este efecto utilizó los derechos preexistentes de Systran sobre el programa originario y sobre el núcleo del sistema Systran con Unix, que había sido completamente reelaborado por el grupo Systran en 1993 para sus propias necesidades.

36 La Comisión respondió indicando que esos elementos, al igual que la documentación técnica presentada por el experto en informática de las demandantes el 6 de enero de 2005, no constituían ninguna «prueba de los derechos de propiedad intelectual» invocados por el grupo Systran sobre el programa Systran. A falta de «documentos probatorios» a este respecto, la Comisión consideró que el grupo Systran no tenía derecho a oponerse a los trabajos realizados por la sociedad que ganó la licitación controvertida.

37 En resumen, el grupo Systran no pudo hacer valer los derechos que, a su entender, poseía sobre el programa Systran, del cual había comercializado la versión Systran Unix, para prohibir lo que consideraba una vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre dicho programa por parte de la Comisión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

38 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 25 de enero de 2007, las demandantes interpusieron el presente recurso.

39 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el 1 de diciembre de 2008 se instó a las partes a que respondiesen a una serie de cuestiones relativas al fundamento contractual o no contractual del recurso (en lo sucesivo, «primera serie de cuestiones»).

40 Las partes respondieron a la primera serie de cuestiones el 30 de enero y el 2 de febrero de 2009.

41 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes a que respondiesen a una nueva serie de cuestiones relativas a la versión Systran Unix, los derechos del usuario, la naturaleza de las intervenciones solicitadas en virtud de la licitación controvertida y las actividades de la sociedad Gosselies por lo que atañe a la concepción y la comercialización de programas de traducción (en lo sucesivo, «segunda serie de cuestiones»).

42 Las partes respondieron a la segunda serie de cuestiones el 14 de octubre de 2009.

43 En la vista de 27 de octubre de 2009 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas del Tribunal.

44 En esa vista, el Tribunal invitó a las partes a asistir a una reunión informal de conciliación. Tras dicha reunión, las partes indicaron que comunicarían al Tribunal el contenido de su acuerdo transaccional si dicho acuerdo se alcanzaba ante de la fecha en que se dictase la presente sentencia. El Tribunal no recibió ninguna comunicación en este sentido.

45 En el acta de la vista, se recordaron los principales elementos resultantes de la vista por lo que atañe al carácter contractual o no contractual del recurso, al comportamiento ilegal reprochado a la Comisión y a la evaluación del perjuicio invocado por las demandantes. Tanto esta acta como el acta de la reunión informal fueron notificadas a las partes.

46 Mediante auto de 26 de marzo de 2010, el Tribunal (Sala Tercera) ordenó la reapertura de la fase oral con el fin de instar a las partes a que respondiesen, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, a una serie de cuestiones sobre los elementos que debían tenerse en cuenta a la hora de evaluar el perjuicio (en lo sucesivo, «tercera serie de cuestiones»).

47 Las partes respondieron a la tercera serie de cuestiones el 4 y 5 de mayo de 2010.

48 A la luz de esas respuestas y en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se pidió a las demandantes y a la Comisión que presentasen sus observaciones acerca de las respuestas de la otra parte a la tercera serie de cuestiones. Asimismo, el Tribunal quiso obtener algunas precisiones sobre determinados elementos invocados por las partes en sus respuestas (en lo sucesivo, «cuarta serie de cuestiones»).

49 Las partes presentaron sus observaciones y respondieron a la cuarta serie de cuestiones el 11 de junio de 2010. Tras ello se dio por concluida la fase oral del procedimiento.

50 Las demandantes solicitan al Tribunal que:

– Ordene el cese inmediato de los actos de vulneración de su derecho de propiedad intelectual y de los actos de divulgación cometidos por la Comisión.

– Ordene la confiscación de todos los soportes informáticos en poder de la Comisión y de la sociedad Gosselies en los que se reproducen los desarrollos informáticos realizados por esta última a partir de las versiones EC‑Systran Unix y Systran Unix vulnerando sus derechos y su entrega a Systran o, al menos, su destrucción bajo control.

– Condene a la Comisión al pago de una cuantía mínima de 1.170.328 euros a Systran Luxembourg y de 48.804.000 euros, en concepto de indemnización, a Systran.

– Ordene la publicación de la decisión del Tribunal, a costa de la Comisión, en periódicos especializados, en revistas especializadas y en sitios en Internet especializados, a la elección de Systran.

– En todo caso, condene en costas a la Comisión.

51 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Declare inadmisible el recurso.

– En su defecto, desestime el recurso por infundado.

– Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

I. Sobre la admisibilidad

A. Sobre la pretensión de que el Tribunal condene a la Comisión al pago de una indemnización por el perjuicio invocado

52 La Comisión alega tres motivos de inadmisibilidad por lo que respecta a la tercera pretensión, dirigida a obtener que se le condene al pago de una indemnización por el perjuicio invocado por las demandantes. En primer lugar, a su entender, esta solicitud de indemnización es inadmisible debido a su fundamento contractual, en la medida en que el Tribunal únicamente puede evaluar las alegaciones de vulneración de los derechos de propiedad intelectual y divulgación de «know‑how» basándose en los diferentes contratos celebrados entre el grupo Systran y la Comisión, los cuales no incluyen ninguna cláusula compromisoria que establezca que el Tribunal es el competente para resolver los eventuales litigios sobre dichos contratos. En segundo lugar, según la Comisión, la solicitud de indemnización también es inadmisible debido a la falta de claridad de la demanda, ya que ésta no precisa cuáles son las disposiciones legales que la Comisión habría infringido y proporciona pocos detalles sobre los actos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de divulgación de «know‑how» alegados por las demandantes. En tercer lugar, en opinión de la Comisión, el Tribunal es incompetente para resolver litigios en materia de vulneración de derechos de propiedad intelectual en el marco de un recurso de indemnización, tal como se desprende del auto de 5 de septiembre de 2007, Document Security Systems/BCE (T‑295/05, Rec. p. II‑2835; en lo sucesivo, «auto Document Security Systems»).

1. Sobre el fundamento del recurso

a) Alegaciones de las partes

53 La Comisión sostiene que el Tribunal no puede evaluar ni la existencia de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual ni el carácter ilícito de la divulgación sin basarse en los diferentes contratos que regulaban las relaciones entre el grupo Systran y la Comisión entre 1975 y 2002. Según la Comisión, la eventual responsabilidad en la que la Comunidad pudiese haber incurrido como consecuencia de la explotación de las versiones EC‑Systran Unix y Systran Unix del programa Systran sería de carácter contractual. Por ello, en opinión de la Comisión, sería necesario referirse al artículo 288 CE, párrafo primero, a tenor del cual «la responsabilidad contractual de la Comunidad se regirá por la ley aplicable al contrato de que se trate». Por tanto, a su entender, si no existe ninguna cláusula compromisoria en el sentido del artículo 238 CE, el Tribunal es manifiestamente incompetente.

54 En respuesta a una cuestión del Tribunal en la que se instaba a la Comisión a que indicase en que disposiciones contractuales se basaba para estimar que tenía derecho a proceder del modo como había procedido en el marco de la licitación controvertida sin obtener la autorización de las demandantes, la Comisión alega, por una parte, que alberga dudas sobre el hecho de que las demandantes sean titulares de derechos de propiedad intelectual sobre la versión Systran Unix del programa Systran y, por otra parte, que «niega formalmente que las demandantes sean titulares de derechos sobre el programa EC‑Systran Unix». En particular, la Comisión sostiene que es poseedora de los «derechos de propiedad exclusivos» por lo que respecta a los «códigos fuente de las partes lingüísticas del programa» en virtud de los diferentes contratos celebrados entre 1975 y 2002 y del trabajo de sus servicios en el desarrollo de dichas partes. Según la Comisión, en virtud de esos contratos, ella dispone del derecho, tanto antes como después de la migración, a hacer evolucionar la versión EC‑Systran Unix en cooperación con contratantes terceros. En relación con esta cuestión, la Comisión cita el artículo 4 del protocolo de acuerdo de cooperación técnica, el apartado 6 de la exposición preliminar del contrato de colaboración y el artículo 13, apartados 1 y 2, de los contratos de migración celebrados con Systran Luxembourg, a tenor de los cuales, según la Comisión, el sistema de traducción automática de la Comisión seguiría siendo propiedad suya.

55 En esencia, las demandantes señalan que el Tribunal es competente en virtud del artículo 288 CE, párrafo segundo. A su entender, en el caso de autos, el presente recurso se fundamenta en el hecho de que la Comisión ha llevado o ha hecho llevar a cabo modificaciones no autorizadas y, por tanto, extracontractuales, del programa Systran Unix o de su versión EC‑Systran Unix, puesto que no disponía de derechos que le permitiesen modificarlo y, mucho menos, hacerlo modificar sin la autorización de las demandantes.

56 En su respuesta a la cuestiones planteadas por el Tribunal, las demandantes subrayan que nunca se autorizó a la Comisión a proporcionar los elementos objetos del litigio a ningún tercero. Según las demandantes, al no existir ninguna estipulación contractual que le autorice a proceder a los usos y a las divulgaciones que se han realizado, la Comisión, actuando fuera del marco fijado en los contratos, ha incurrido en responsabilidad extracontractual, la cual es competencia exclusiva del Tribunal.

b) Apreciación del Tribunal

Observaciones sobre las competencias en materia contractual y extracontractual

57 La competencia del Tribunal para conocer de un recurso de indemnización es diferente dependiendo del carácter contractual o extracontractual de la responsabilidad de que se trate. En materia de responsabilidad contractual el artículo 238 CE señala que el Tribunal de Justicia será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Comunidad o por su cuenta. En materia de responsabilidad extracontractual, el artículo 235 establece que el Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, que contempla los daños causados por las instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

58 De este modo, en materia de responsabilidad contractual, sólo si existe una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 238 CE el Tribunal será competente. Si no existe tal cláusula, el Tribunal, en realidad, no puede, al amparo del artículo 235 CE, pronunciarse sobre una demanda de daños y perjuicios de origen contractual. Si así lo hiciera, el Tribunal extendería su competencia más allá de los litigios cuyo conocimiento le está limitativamente reservado por el artículo 240 CE, puesto que esta disposición confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Comunidad sea parte (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2009, Guigard/Comisión, C‑214/08 P, no publicada en la Recopilación, apartados 35 a 41; auto del Tribunal General de 18 de julio de 1997, Oleifici Italiani/Comisión, T‑44/96, Rec. p. II‑1331, apartados 35 y 38, y sentencia del Tribunal General de 25 de mayo de 2004, Distilleria Palma/Comisión, T‑154/01, Rec. p. II‑1493, apartado 50).

59 En cambio, en materia de responsabilidad extracontractual, el Tribunal de Justicia es competente sin que sea necesario que las partes litigantes hayan manifestado previamente su acuerdo. En efecto, la competencia del Tribunal de Justicia emana directamente del artículo 235 CE y del artículo 288 CE, párrafo segundo, por lo que atañe a las demandas dirigidas a obtener de la Comunidad la reparación de daños de carácter extracontractual causados por la Comisión.

60 Para determinar su competencia en virtud del artículo 235 CE, el Tribunal debe examinar a la luz de los diferentes elementos pertinentes de los autos, si el recurso de indemnización presentado por las demandantes se basa de forma objetiva y global en obligaciones de origen contractual o extracontractual que permitan caracterizar el fundamento contractual o extracontractual del litigio. En particular, esos elementos pueden deducirse del examen de las pretensiones de las partes, del hecho generador del perjuicio cuya reparación se solicita y del contenido de las disposiciones contractuales o extracontractuales invocadas para resolver la cuestión objeto del litigio (véase, en este sentido, la sentencia Guigard/Comisión, citada en el apartado 58 supra, apartados 35 a 38).

61 A este respecto, es preciso señalar que la competencia del Tribunal en materia contractual supone una excepción al Derecho nacional y por tanto debe ser interpretada en sentido restrictivo, de modo que el Tribunal sólo puede conocer de las demandas derivadas del contrato o que tengan relación directa con las obligaciones que emanan de dicho contrato (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1997, IDE/Comisión, C‑114/94, Rec. p. I‑803, apartado 82, y la jurisprudencia citada). En particular, ese sería el caso si del marco factual se desprendiese que la Comisión estaba autorizada con arreglo al contrato a encargar a un tercero los trabajos previstos en el anuncio de licitación y si el objeto del litigio, dado que dichos trabajos estaban previstos en una o varias disposiciones contractuales, en realidad, consistiese en una solicitud de indemnización de origen contractual (véase, en este sentido, la sentencia Guigard/Comisión, citada en el apartado 58 supra, apartados 35 y 36, por lo que respecta a la toma en consideración del marco factual, y apartado 38, por lo que respecta al objeto real de la solicitud de indemnización).

62 Asimismo, es preciso subrayar que, si bien, para apreciar el fundamento de esta argumentación, el Tribunal debe examinar el contenido de los diferentes contratos celebrados entre el grupo WTC/Systran y la Comisión entre 1975 y 2002, los cuales son invocados por la Comisión en apoyo de su argumentación, tal ejercicio forma parte del examen de la competencia y no puede tener como consecuencia –por sí mismo– modificar la naturaleza del litigio dándole un fundamento contractual. Si no fuera así, la naturaleza del litigio y, por consiguiente, la jurisdicción competente podrían cambiar por el mero hecho de que la parte demandada hiciese alusión a cualquier tipo de relación contractual con la parte demandante, incluso si el examen de los contratos invocados permitiese constatar que no tienen incidencia a ese respecto. Cuando interviene en materia de responsabilidad extracontractual, el Tribunal puede, por tanto, perfectamente examinar el contenido de un contrato, tal como hace con respecto a cualquier documento invocado por una parte en apoyo de su argumentación, para saber si dicho contrato puede poner en entredicho la competencia de atribución que expresamente le confiere el artículo 235 CE. Este examen forma parte de la apreciación de los hechos invocados para poder determinar la competencia del Tribunal, que en caso de no existir sería una causa de inadmisión de la demanda por motivos de orden público en el sentido del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.

63 A título de comparación, en un asunto relativo a una solicitud de renovación de un contrato en el que el demandante invocaba el incumplimiento de obligaciones de origen contractual y extracontractual, el Tribunal de Justicia consideró que la mera invocación de normas jurídicas que no derivaban de dicho contrato, pero que se imponían a las partes, no podía tener por efecto que se modificase el carácter contractual del litigio y se sustrajese a la jurisdicción competente (sentencia Guigard/Comisión, citada en el apartado 58 supra, apartado 43). De este modo, en un asunto relativo a las consecuencias de un anuncio de licitación en el que las demandantes se basan únicamente en la vulneración de obligaciones de origen extracontractual, la mera invocación por la otra parte contratante de obligaciones de origen contractual que no contemplaban el comportamiento objeto del litigio no pueden tener por efecto modificar el carácter extracontractual del litigio y sustraerlo a la jurisdicción competente.

64 Además, generalmente, corresponde a la parte que alega el incumplimiento de una obligación acreditar su contenido y su aplicación a las circunstancias del asunto. Por esta razón, es preciso examinar las alegaciones relativas a la solicitud de indemnización presentadas por las demandantes antes que las aportadas por la Comisión en relación con la existencia de una autorización contractual para divulgar a un tercero información que pudiera estar protegida con arreglo al derecho de autor y a las normas sobre el «know‑how».

Examen de la pretensión de indemnización presentada por las demandantes

65 En el caso de autos, la solicitud de indemnización de las demandantes se presenta basándose únicamente en el artículo 235 CE y el artículo 288 CE, párrafo segundo. Las demandantes no invocan ni se basan en las disposiciones contractuales acordadas con la Comisión. Dichas disposiciones contractuales únicamente son invocadas por la Comisión en apoyo de la tesis según la cual tiene derecho a realizar lo que se le reprocha en el presente asunto.

66 Para apoyar su solicitud de indemnización, las demandantes invocan dos comportamientos ilegales y perjudiciales de carácter extracontractual. En primer lugar, a su entender, la Comisión divulgó ilegalmente el «know‑how» de Systran a un tercero en la medida en que la realización de las prestaciones descritas en el anuncio de licitación suponía necesariamente la divulgación no autorizada y la modificación del código fuente del programa Systran, del cual, según las demandantes, ellas son las únicas propietarias. En segundo lugar, en opinión de las demandantes, la Comisión incurrió en un acto de vulneración de los derechos de propiedad intelectual cuando la sociedad Gosselies realizó desarrollos no autorizados de la versión EC‑Systran Unix, una versión del programa Systran que, a juicio de las demandantes, es prácticamente idéntica a la versión Systran Unix y, por tanto, dependiente del grupo Systran y desarrollada y comercializada por dicho grupo, que es el único propietario de los derechos de propiedad intelectual correspondientes.

67 En el caso de autos, el hecho generador de los perjuicios alegados cuya reparación se solicita, es decir, el comportamiento supuestamente ilícito que ocasiona un perjuicio a los demandantes, consistiría, por tanto, concretamente, en la divulgación no autorizada por parte de la Comisión a un tercero, la sociedad Gosselies, de códigos fuentes con respecto a los cuales el grupo Systran reivindica la propiedad y la protección en virtud de principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros relativos al derecho de autor y al «know‑how».

68 Más concretamente, las demandantes sostienen que, como autoras del programa Systran y de la versión Systran Unix, pueden oponerse a cualquier explotación, modificación, adaptación o mejora de la obra derivada que representa EC‑Systran Unix que no sea autorizada por el titular de los derechos sobre el programa originario. Las demandantes consideran que, por tanto, disfrutan legalmente de un «derecho de oposición», destinado a garantizar la protección de determinados datos de los que son propietarias contra un uso por parte de la Comisión o una transmisión a un tercero que ellas no hayan autorizado.

69 En apoyo de este derecho, las demandantes invocan en tanto que principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42), y la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (versión corregida DO L 195, p. 16). Estas disposiciones, que, según las demandantes, en su caso, podrían constituir obligaciones de carácter extracontractual, tal como reconoció la Comisión en respuesta a una cuestión del Tribunal sobre este aspecto en la vista, han sido recogidas en los Derechos de los Estados miembros. En esencia, en opinión de las demandantes, las referidas disposiciones consagran los siguientes principios generales: por el mero hecho de su creación, el autor de un programa de ordenador dispone sobre éste de un derecho de propiedad intelectual exclusivo y oponible a todos; la condición de autor corresponderá, salvo prueba en contrario, a aquél o aquéllos bajo cuyo nombre se divulgue el programa de ordenador; el autor de un programa de ordenador dispone, sin perjuicio de determinadas excepciones, del derecho exclusivo a llevar a cabo o a autorizar la reproducción, la adaptación o la difusión de dicho programa.

70 Debe considerarse que, al hacer lo antedicho, las demandantes han aportado suficientes elementos para permitir concluir, en esta fase del análisis, que el grupo Systran puede invocar derechos de autor sobre la versión Systran Unix del programa Systran que desarrolló y comercializó con su nombre.

71 En cambio, al no haber probado que las demandantes no son titulares de los derechos de que se trata, manifiestamente la Comisión no ha logrado poner en entredicho la competencia del Tribunal cuestionando los derechos de autor invocados por el grupo Systran por lo que respecta a la referida versión del programa Systran.

72 En primer lugar, a ese respecto son insuficientes las meras dudas expresadas por la Comisión por lo que atañe a la condición de titulares de derechos de propiedad intelectual sobre la versión Systran Unix del programa Systran de los demandantes (véase el apartado 54 supra). Tal argumentación no cumple las exigencias en materia de prueba requeridas para poner en entredicho la posibilidad de que el grupo Systran invoque derechos de autor sobre la versión Systran Unix del programa Systran basándose en los, antes referidos, principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, ya que la antedicha argumentación se basa en alegaciones generales e insuficientemente precisas, habida cuenta de las características del programa de que se trata y de los informes periciales jurídicos y técnicos aportados por las demandantes.

73 En segundo lugar, sin prejuzgar el resultado de la discusión relativa al fondo del litigio, es preciso señalar que el Tribunal instó a la Comisión a que explicase el contenido de sus dudas por lo que atañía a los derechos de propiedad reivindicados por las demandantes y a estas últimas a que se pronunciasen a este respecto. Así, los expertos presentados por las demandantes expusieron una serie de argumentos jurídicos y técnicos en apoyo de la existencia de derechos de autor del grupo Systran tanto sobre un programa reelaborado como sobre las versiones de ese programa que utilizan su código fuente (informe del Sr. P. Sirinelli, profesor de la Universidad Panthéon‑Sorbonne Paris‑I, sobre la protección por el derecho de autor de un programa reelaborado; en lo sucesivo, «segundo informe Sirinelli»; nota técnica del Sr. H. Bitan sobre el carácter nuevo y distinto, desde el punto de vista de la elaboración, de la composición y de la estructura, del programa Systran Unix con respecto al programa Systran Mainframe y al programa EC‑Systran Mainframe; en lo sucesivo, «segunda nota técnica Bitan»). En particular, de los antedichos argumentos se desprende que la versión Systran Unix no es una mera transferencia de la versión Systran Mainframe preexistente, como pretende la Comisión, sino la reelaboración en lenguaje C de la totalidad de los programas inicialmente elaborados en lenguaje ensamblador, y que esas versiones son claramente diferentes. Tampoco se ha puesto en entredicho que la versión Systran Unix haya sustituido a la versión Systran Mainframe que con el paso del tiempo se había vuelto obsoleta.

74 A pesar de una petición expresa del Tribunal en ese sentido, la Comisión no pudo aportar pruebas técnicas capaces de poner en entredicho la existencia de derechos de autor del grupo Systran sobre la versión Systran Unix del programa Systran o sobre los elementos informáticos que componen el programa o constituyen su código fuente operativo, en particular, por lo que atañe a las partes relativas al núcleo de base y a los programas lingüísticos del programa. Por su parte, las demandantes no han cuestionado los derechos de propiedad de la Comisión sobre los diccionarios elaborados por los servicios de esta última para tener en cuenta la especificidad del lenguaje utilizado por esta institución.

75 En tercer lugar, durante el desarrollo del procedimiento judicial, la Comisión se ha visto obligada a admitir que el grupo Systran efectivamente disponía de derechos de propiedad intelectual en este contexto. Así, en la fase de dúplica, la Comisión reconoció que no cuestionaba el hecho de que Systran fuese titular de derechos sobre el programa Systran Unix comercializado por esta última, al mismo tiempo que indicaba que sería probable que el grupo Systran hubiese utilizado los desarrollos efectuados por la Comisión en el marco de las versiones EC‑Systran Mainframe y EC‑Systran Unix para integrarlos en la versión Unix. Más concretamente, la Comisión señaló en la vista que efectivamente no cuestionaba que Systran fuese titular de derechos sobre esos programas, ya se tratase de la versión Mainframe o, evidentemente, de la versión Unix, al mismo tiempo que, no obstante, expresaba una pequeña reserva por lo que respecta a los elementos que, a su juicio, fueron integrados de manera ilegal en la versión inicial de Systran Unix, con posterioridad a los contratos precedentemente celebrados con ella.

76 Sin embargo, tal como ha señalado el Tribunal en el marco de la segunda serie de cuestiones y, una vez más, durante la vista, debe observarse que la versión Systran Unix precede en varios años a la versión EC‑Systran Unix. Por tanto, resulta poco verosímil que el grupo Systran haya podido integrar, en la versión Systran Unix que ha desarrollado y comercializado, los desarrollos efectuados posteriormente, en el marco de la versión EC‑Systran Unix, para dar respuesta a las necesidades propias de la Comisión desde el punto de vista lingüístico y terminológico. La Comisión no ha podido demostrar su afirmación a este respecto.

77 Asimismo, ningún elemento material permite apoyar la alegación de la Comisión según la cual sería probable que elementos de la versión EC‑Systran Mainframe, desarrollada a partir de la versión Systran Mainframe de las demandantes, hayan sido integrados de manera ilegal en la versión inicial de Systran Unix. Por otra parte, esta alegación se ve contradicha, por lo que respecta al código fuente del programa y, en particular, por lo que respecta al núcleo y los programas lingüísticos que están vinculados a éste, por las explicaciones del experto técnico de la demandante según las cuales un programa elaborado en lenguaje ensamblador difiere notablemente de un programa elaborado en lenguaje C (véase la segunda nota técnica Bitan y, en particular, el ejemplo del tratamiento en leguaje ensamblador y en lenguaje C de la cadena de caracteres «Hello world!») Esta explicación técnica no es puesta en entredicho por la Comisión.

78 Por lo que atañe a la protección invocada en virtud de las normas sobre el «know‑how», las demandantes alegan que el «know‑how» se define de manera general como un «conjunto de información técnica que es secreta, sustancial e identificada de cualquier forma apropiada». En relación con este aspecto, las demandantes consideran que la divulgación por la Comisión a un tercero de tal información, cuando no existe ningún tipo de autorización por su parte, constituye un comportamiento ilegal que puede ser generador de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad en aplicación del artículo 288 CE, párrafo segundo.

79 En apoyo de esta alegación, las demandantes hacen acertadamente referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 1985, Adams/Comisión (145/83, Rec. p. 3539, apartado 34), que reconoció que la obligación de confidencialidad que tiene la Comisión y su personal en virtud del artículo 287 CE constituía un principio general del Derecho. El principio general en virtud del cual las empresas tienen derecho a la protección de sus secretos comerciales, del que es expresión el artículo 287 CE, volvió a reafirmarse en la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión (C‑36/92 P, Rec. p. I‑1911, apartado 36). El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1), alude también a la necesidad de que la Administración respete «los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial».

80 Los secretos comerciales son informaciones técnicas relativas al «know‑how» que no sólo no pueden divulgarse al público sino que incluso su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente a los intereses de éste (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de septiembre de 1996, Postbank/Comisión, T‑353/94, Rec. p. II‑921, apartado 87). Para que la información técnica entre, por su propia naturaleza, dentro del ámbito de aplicación del artículo 287 CE, es necesario, en primer lugar, que sólo la conozca un número restringido de personas. Además, debe tratarse de información cuya divulgación puede causar un serio perjuicio a la persona que la ha proporcionado o a un tercero. Por último, es necesario que los intereses que la divulgación de la información puede lesionar sean objetivamente dignos de protección (sentencias del Tribunal de 30 de mayo de 2006, Bank Austria Creditanstalt/Comisión, T‑198/03, Rec. p. II‑1429, apartado 71, y de 12 de octubre de 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión, T‑474/04, Rec. p. II‑4225, apartado 65).

81 Por tanto, en el caso de autos debe considerarse que una información técnica, que forma parte de los secretos comerciales de una empresa y que ha sido transmitida a la Comisión con fines precisos, no puede divulgarse a un tercero para otros fines sin la autorización de la empresa de que se trate.

82 Ha de concluirse que las demandantes alegan, de manera suficiente en Derecho para fundamentar la competencia otorgada al Tribunal en virtud del artículo 235 CE, la vulneración por parte de la Comisión de obligaciones de origen extracontractual relativas al derecho de autor y al «know‑how» referentes a la versión Systran Unix del programa Systran.

83 La Comisión no ha podido poner en entredicho esta conclusión y es preciso examinar la segunda parte de su argumentación, según la cual ella dispone de una autorización de carácter contractual que le permite hacer aquello que se le reprocha en el presente asunto.

Examen de los elementos invocados por la Comisión en apoyo de la existencia de una autorización contractual para divulgar a un tercero información que puede estar protegida en virtud del derecho de autor y de las normas sobre el «know‑how»

84 En el presente asunto, los comportamientos ilegales y perjudiciales supuestamente cometidos por la Comisión consisten, en particular, en la supuesta divulgación a un tercero, la sociedad Gosselies, sin el acuerdo de las demandantes, de información que puede estar protegida en virtud de los derechos de autor y del «know‑how» del grupo Systran.

85 Ningún elemento de los autos permite acreditar que la Comisión estuviese contractualmente autorizada a transmitir a la sociedad Gosselies información relativa a la versión Systran Unix, así como al «know‑how» referente a dicha versión.

86 En primer lugar, ningún contrato firmado entre las partes se refiere expresamente a la cuestión de la eventual atribución de determinados trabajos relativos a la versión EC‑Systran Unix a un tercero. Cuando Systran se puso en contacto con la Comisión para tratar esa cuestión, la Comisión se limitó, en efecto, a negar los derechos de Systran sobre la versión Systran Unix del programa Systran y consideró que el grupo Systran no tenía derecho a oponerse a los trabajos encargados a la sociedad Gosselies (véanse los apartados 31 a 37 supra).

87 En segundo lugar, en respuesta a una cuestión del Tribunal sobre este aspecto, la Comisión invoca tres disposiciones contractuales para sostener que podía solicitar los servicios de la sociedad Gosselies para hacer evolucionar la versión EC‑Systran Unix del programa Systran sin que el Grupo Systran pudiera oponerse invocando los derechos de autor y el «know‑how» relativos a la versión Systran Unix del antedicho programa (véase el apartado 53 supra).

88 Para empezar, la Comisión invoca el artículo 4, titulado «Derechos de utilización», del protocolo de acuerdo de cooperación técnica, celebrado el 18 de enero de 1985 entre la Comisión y la sociedad Gachot, antes de que dicha sociedad tomase el control del grupo WTC y pasase a ser Systran, artículo que, en particular, dispone que «el sistema Systran, programas y diccionarios, seguirán siendo propiedad de la Comisión».

89 Es preciso señalar que la antedicha disposición no es suficiente para fundamentar la naturaleza contractual del presente litigio. Primero, la disposición mencionada no es oponible a las demandantes, cuyos derechos de propiedad sobre el programa Systran y, en particular, sobre la versión Systran Mainframe, no se basan en el protocolo firmado el 18 de enero de 1985 por la Comisión con la sociedad Gachot (véase el apartado 10 supra). En efecto, los derechos de propiedad del grupo Systran sobre el programa Systran y su versión Systran Mainframe tienen su origen en la toma de control del grupo WTC por la sociedad Gachot en una fecha posterior (véase el apartado 11 supra y los documentos 5 a 7 presentados como anexos a la replica). Además, si bien nadie cuestiona que, el 18 de enero de 1985, la sociedad Gachot no disponía de ningún derecho de propiedad sobre el sistema Systran, tampoco es posible deducir de la disposición anteriormente mencionada que la Comisión pueda, a partir de esa fecha y basándose en el antedicho protocolo, reivindicar la plena y total propiedad del sistema Systran y de sus programas, incluyendo su núcleo de base y sus códigos fuentes. Tal conclusión vulnera los derechos de propiedad sobre el sistema Systran y, en particular, sobre la versión Systran Mainframe, de los que entonces era titular el grupo WTC, derechos que la Comisión no pone en entredicho (véase el apartado 3 supra) y que posteriormente serían cedidos a la sociedad Gachot que luego pasaría a ser Systran. Finalmente, debe señalarse que, en cualquier caso, el presente asunto no se refiere a los derechos que el grupo Systran tiene sobre la versión Systran Mainframe, versión que se ha vuelto obsoleta, sino a los derechos que el grupo Systran tiene sobre la versión Systran Unix que sucedió a la antedicha versión y que fue elaborada en un lenguaje diferente para poder funcionar en un nuevo entorno informático.

90 A continuación, la Comisión invoca el apartado 6 de la exposición preliminar del contrato de colaboración firmado por la Comisión y el grupo Systran (constituido en esa época por la sociedad WTC, la sociedad Latsec, la sociedad Systran Institut y la sociedad Gachot), el cual señala que «las mejoras y los desarrollos aportados al sistema Systran por la Comisión y sus contratantes [mencionados en el apartado 3], y, en particular, los diccionarios, son propiedad exclusiva de la Comisión». Por tanto, la referida disposición debe interpretarse poniéndola en relación con el apartado 3 de la antedicha exposición, a tenor del cual:

«El mantenimiento y el desarrollo posterior de los sistemas fueron garantizados por otra serie de contratos entre la Comisión y sociedades de servicios. Esos contratos tenían por objeto las necesidades y las finalidades propias de la Comisión.»

91 Dichas disposiciones tampoco permiten fundamentar la naturaleza contractual del presente litigio. En efecto, en virtud de esos dos apartados de la exposición preliminar, las mejoras y los desarrollos aportados al sistema Systran por la Comisión y sus contratantes externos antes de la firma del contrato de colaboración el 4 de agosto de 1987 y, en particular, lo referente a los diccionarios, son propiedad exclusiva de la Comisión. Esta propiedad exclusiva no es cuestionada por las demandantes, cuyos escritos procesales no invocan ningún derecho de propiedad sobre los diccionarios, ni sobre las mejoras, ni los desarrollos específicamente realizados para o por cuenta de la Comisión para responder a sus necesidades terminológicas. Los derechos invocados por las demandantes se basan, por su parte, en el sistema de base, es decir, la parte esencial del núcleo y de las rutinas lingüísticas, de las que el grupo Systran es el autor y sobre la cual tiene el «know‑how».

92 Además, otros apartados de la misma exposición preliminar permiten precisar la relación entre la Comisión y las sociedades del grupo Systran y apreciar los derechos que podían ser reivindicados por dicho grupo sobre el sistema Systran, en un momento en el que únicamente existían versiones compatibles con el entorno Mainframe. Así, con arreglo a la exposición preliminar:

«1. El sistema Systran, concebido por la sociedad WTC, es un sistema de traducción automática, que comprende un programa de base, programas lingüísticos y periféricos y diferentes diccionarios bilingües.

2. El 22 de septiembre de 1975, la Comisión celebró con la sociedad WTC un contrato relativo al uso del sistema Systran por la Comisión y al desarrollo inicial de dicho sistema por WTC.

La Comisión y la sociedad WTC celebraron posteriormente otros contratos cuyo objeto era, por una parte, mejorar el sistema existente y, por otra parte, desarrollar sistemas para [nuevos pares] de lenguas.

Dichos contratos, celebrados entre 1976 y 1985, tenían por objeto el desarrollo y la mejora de los programas de traducción y de los diccionarios de base para las lenguas de que se trataba.

[...]

5. Por consiguiente, las partes constatan que la Comisión dispone de una licencia de utilización del sistema de base y de las mejoras [...] realizadas por WTC, limitada a la utilización en el territorio de las Comunidades Europeas en los sectores especificados en el [apartado] 4 supra.

[...]

7. Las partes consideran que tanto para ellas como para los usuarios de Systran resulta provechoso que el sistema sea mejorado de forma permanente y han decidido celebrar el presente contrato de colaboración para unir sus esfuerzos y, de este modo, continuar la mejora.

Por este motivo, las partes se reconocen mutuamente un derecho de utilización del sistema Systran, que podrá evolucionar mediante la incorporación de perfeccionamientos que se llevarán a cabo gracias a la utilización del sistema tanto en el sector privado como en el sector público.»

93 De las antedichas disposiciones, que describen la relación contractual existente en esa época entre la Comisión y el grupo Systran, se desprende, por una parte, que el papel desempeñado por el grupo Systran en la creación del sistema Systran y en su desarrollo inicial y ulterior para la Comisión se reconoce expresamente y, por otra parte, que únicamente se hace alusión a derechos de utilización conferidos por el grupo Systran a la Comisión y no a derechos de propiedad, a fortiori exclusivos, sobre la totalidad del referido sistema. En cualquier caso, en esas disposiciones no se hace ninguna referencia a la intervención de un tercero para llevar a cabo modificaciones en dicho sistema sin que éstas hayan sido previamente autorizadas por el grupo Systran.

94 Finalmente, al igual que sucede con el artículo 4 del protocolo de acuerdo de cooperación técnica, es preciso señalar que el presente asunto no se refiere a los derechos que el grupo Systran tiene sobre la versión Systran Mainframe, versión que se ha vuelto obsoleta, sino a los derechos que este grupo tiene sobre la versión Systran Unix que sucedió a la antedicha versión y que fue elaborada en un lenguaje diferente para poder funcionar en un nuevo entorno informático.

95 Después, la Comisión invoca los apartados 1 y 2 del artículo 13 de los contratos de migración, titulado «Patentes, certificados de utilidad (modelos de utilidad), marcas, dibujos y modelos industriales, derechos de propiedad industrial e intelectual», a tenor de los cuales el sistema de traducción automática de la Comisión seguiría siendo propiedad suya. En el caso de autos, debe señalarse que en el primer contrato de migración esos dos apartados están redactados del siguiente modo:

«1. La Comisión será inmediatamente informada de cualquier resultado o de cualquier patente que obtenga el Contratante [es decir, Systran Luxembourg] con motivo de la ejecución del presente contrato; dicho resultado o patente pertenecerá a las Comunidades Europeas, que podrán disponer de él libremente, con excepción de los casos en que ya existan derechos de propiedad industrial o intelectual.

2. El sistema de traducción automática de la Comisión, incluidos sus componentes, aunque hayan sido modificados durante la ejecución del contrato, seguirá siendo propiedad de la Comisión, con excepción de los casos en que ya existan derechos de propiedad industrial o intelectual.»

96 El artículo 13, apartados 1 y 2, del primer contrato de migración somete así la cuestión de los derechos preexistentes de propiedad intelectual o industrial a una excepción. Por tanto, la Comisión no puede invocar dicha disposición para alegar que resulta manifiesto que las demandantes renunciaron a reivindicar sus derechos de autor y su «know‑how» relativos al sistema Systran. Estos derechos y, en particular, los referentes a la versión Systran Unix del programa Systran, ya existían antes de la fecha de la firma de los contratos de migración, los cuales se celebraron en un momento en que la versión EC‑Systran Mainframe utilizada por la Comisión se había vuelto obsoleta.

97 Asimismo, tal como señalaron los demandantes en la vista, del artículo 13 del primer contrato de migración se desprende claramente que el apartado 1 sólo se refiere a la parte llamada «EC» de la preparación de la versión EC‑Systran Unix del programa Systran, es decir, a todos los resultados y patentes que pudieran ser obtenidos por Systran Luxembourg, el contratante de que se trata, en el marco de la ejecución de los contratos de migración. La propiedad de todo lo que existía con anterioridad a esos eventuales resultados y patentes, a saber, la versión Systran Unix, de la cual deriva la versión EC‑Systran Unix, queda excluida del ámbito contractual. Por tanto, tales contratos no ponen en entredicho los derechos sobre la parte del núcleo de base de la versión Systran Unix no modificada en la versión EC‑Systran Unix. Por lo que respecta al apartado 2 de la referida disposición, cabe decir que alude expresamente al «sistema de traducción automática de la Comisión», es decir, a la versión EC‑Systran Mainframe del programa Systran (véase la definición dada en el artículo 2 del primer contrato de migración, recogida en el apartado 27 supra), excluyendo, por consiguiente, la cuestión de la titularidad de los derechos sobre la versión Systran Mainframe, versiones ambas que se habían vuelto obsoletas debido a la aparición de la versión Systran Unix.

98 Por otra parte, debe señalarse que Systran no firmó ninguno de los contratos de migración y que, por tanto, nada pudo otorgar a la Comisión por lo que atañe a los derechos relativos a la versión Systran Unix del programa Systran, que esa sociedad desarrolló y comercializó. En aplicación del principio del efecto relativo de los contratos, que puede considerarse un principio general común a los Derechos de los Estados miembros en materia contractual, los contratos de migración no son, por consiguiente, oponibles como tales a Systran. A este respecto, aun suponiendo que Systran Luxembourg no hubiese transmitido, a más tardar el 15 de marzo de 2002 la «prueba actualizada de todos los derechos [...] reivindicados por el grupo Systran y vinculados al sistema de traducción automática Systran» (véase el apartado 30 supra), ello no puede tener por efecto que se prive a Systran de la posibilidad de invocar frente a la Comisión los derechos de los que es titular como consecuencia de la adquisición de las sociedades del grupo WTC o, sobre todo, como consecuencia de la creación y de la comercialización de la versión Systran Unix, hechos de los cuales la Comisión tenía conocimiento. Asimismo, es preciso señalar que, tal como las demandantes alegaron en la vista sin ser contradichas sobre ese aspecto por la Comisión, en el momento de la firma de los contratos de migración, Systran Luxembourg no era una sociedad plenamente integrada en el grupo Systran, sino una empresa común que representaba a la vez los intereses de las empresas que trabajaban anteriormente con la Comisión para garantizar el mantenimiento de la versión EC‑Systran Mainframe y los intereses del grupo Systran en Luxemburgo.

99 Por último, y en cualquier caso, es un principio en materia de propiedad intelectual que una cláusula de cesión de derechos de propiedad no puede presumirse. Por principio, tal cláusula no puede ser implícita, sino que debe ser expresa. En el caso de autos, de los documentos transmitidos por las partes al Tribunal no se desprende ninguna disposición contractual relativa a una cesión de los derechos de propiedad intelectual de Systran, ni tampoco de ninguna empresa del grupo Systran, que pudiera ser invocada con respecto a la versión Systran Unix del programa Systran.

100 De lo anterior se deduce que ninguna de las disposiciones contractuales citadas por la Comisión permite apoyar la tesis según la cual el presente litigio tiene necesariamente carácter contractual. Dichas disposiciones contractuales, que remiten a un período pasado, e incluso ya superado por lo que respecta a los contratos relativos a la versión Systran Mainframe, que se volvió obsoleta en los años noventa debido a la evolución del entorno informático, no permiten demostrar que la Comisión hubiese estado o esté autorizada por el grupo Systran a divulgar a un tercero información que pudiera estar protegida en virtud de los derechos de autor y del «know‑how» invocados por lo que atañe a la versión Systran Unix del programa Systran, desarrollado y comercializado por el antedicho grupo.

101 Habida cuenta de todo lo anterior, es preciso concluir que del contenido de la solicitud de indemnización de las demandantes y de los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros invocados para demostrar sus derechos sobre la versión Systran Unix del programa Systran y la necesidad de obtener el acuerdo previo de su autor antes de divulgar a un tercero su contenido, que luego sería reproducido en la versión derivada EC‑Systran, se desprende que las demandantes han demostrado de forma suficiente tanto desde el punto fáctico como jurídico los elementos necesarios para permitir al Tribunal ejercer la competencia en materia extracontractual que le confiere el Tratado.

102 Además, el examen de las diferentes disposiciones contractuales invocadas por la Comisión para demostrar el fundamento contractual de la solicitud de indemnización permite constatar que no existió ninguna cesión de derecho de autor ni ninguna autorización de divulgación a un tercero de información relativa a la versión Systran Unix por parte del grupo Systran.

103 De esta apreciación de conjunto se desprende que el litigio de que se trata tiene carácter extracontractual. En efecto, se trata de apreciar el carácter supuestamente ilícito y perjudicial de la divulgación por la Comisión a un tercero de información protegida por un derecho de propiedad o por las normas sobre el «know‑how» sin la autorización expresa de su titular a la luz de los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros aplicables en la materia y no a la luz de disposiciones contractuales previstas en los contratos celebrados en el pasado en relación con cuestiones que no afectaban ni al derecho de autor ni al «know‑how» que Systran tiene sobre la versión Systran Unix.

104 Por tanto, deben desestimarse las alegaciones de la Comisión relativas a la inadmisibilidad del recurso debido a su supuesto fundamento contractual.

2. Sobre la falta de claridad de la demanda

a) Alegaciones de las partes

105 La Comisión sostiene que el recurso es inadmisible en la medida en que no cumple el requisito establecido en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, a tenor del cual la demanda debe contener «la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados». A su entender, la demanda no da detalles con respecto a las disposiciones legales supuestamente vulneradas por la Comisión y proporciona pocos detalles sobre los hechos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de divulgación de «know‑how» alegados por las demandantes.

106 Las demandantes señalan, en esencia, que la demanda es suficientemente precisa como para permitir a la Comisión preparar su defensa y al Tribunal juzgar el asunto.

b) Apreciación del Tribunal

107 En virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal ejercer su control jurisdiccional. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa el recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda (autos del Tribunal de 28 de abril de 1993, De Hoe/Comisión, T‑85/92, Rec. p. II‑523, apartado 20, y de 11 de julio de 2005, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, T‑294/04, Rec. p. II‑2719, apartado 23).

108 Para cumplir estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución deberá, en particular, contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que la demandante reprocha a la institución (auto Internationaler Hilfsfonds/Comisión, citado en el apartado 107 supra, apartado 24).

109 En el caso de autos, las demandantes señalan en su demanda, que la Comisión divulgó ilegalmente el «know‑how» de Systran a un tercero, a raíz de la adjudicación de una licitación, y que con ello llevó a cabo un acto de vulneración de sus derechos de propiedad intelectual que violaba sus derechos de autor. A su entender, se trata de dos comportamientos ilegales y perjudiciales cometidos por la Comisión (véase el apartado 66 supra). A la luz de estas indicaciones, la Comisión estaba en condiciones de preparar su defensa.

110 Por tanto, las alegaciones de la Comisión relativas a la inadmisibilidad del recurso debido a la falta de claridad de la demanda deben desestimarse.

3. Sobre la incompetencia del Tribunal para constatar una vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el marco de un recurso de responsabilidad extracontractual.

a) Alegaciones de las partes

111 La Comisión sostiene que el recurso es inadmisible en la medida en que el Tribunal es incompetente para resolver en materia de vulneración de derechos de propiedad intelectual en el marco de un recurso de responsabilidad extracontractual, como, a su entender, se reconoció en el auto Document Security Systems, citado en el apartado 52 supra. A este respecto, la Comisión señala que, a diferen