Palabras clave

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Palabras clave

1. Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas de control — Obligaciones de control y de sanción de los Estados miembros — Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo]

2. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Suma a tanto alzado — Acumulación de ambas sanciones — Procedencia — Requisitos — Vulneración de los principios non bis in idem y de igualdad de trato — Inexistencia

(Art. 228 CE, ap. 2)

3. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Métodos de cálculo — Facultad de apreciación del Tribunal de Justicia — Irrelevancia de las directrices adoptadas por la Comisión

(Art. 228 CE, ap. 2)

4. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Facultad de apreciación del Tribunal de Justicia — Imposición de una sanción con independencia de las propuestas de la Comisión — Procedencia

(Art. 228 CE, ap. 2)

5. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Determinación del importe — Criterios

(Art. 228 CE, ap. 2)

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1. El cumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del régimen comunitario de conservación y gestión de los recursos en materia de pesca es imperativo para garantizar la protección de los fondos pesqueros, la conservación de los recursos biológicos del mar y su explotación sobre bases duraderas y en condiciones económicas y sociales apropiadas. El Reglamento nº 2847/93, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, establece a este respecto la responsabilidad compartida de los Estados miembros, la cual implica que cuando un Estado miembro incumple sus obligaciones, vulnera los intereses de los demás Estados miembros y de sus operadores económicos.

Además, dicho Reglamento nº 2847/93 contiene indicaciones precisas sobre el contenido de las medidas que deben adoptar los Estados miembros para asegurar la eficacia del régimen comunitario de que se trata. Estas medidas deben garantizar la legalidad de las operaciones pesqueras, con el objetivo tanto de prevenir como de sancionar las eventuales irregularidades. Este objetivo implica que las medidas aplicadas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. Las personas que realicen una actividad de pesca o una actividad conexa han de correr un elevado riesgo de que, en caso de incumplimiento de las normas de la política pesquera común, sean descubiertas y se les impongan sanciones adecuadas. Si las autoridades competentes de un Estado miembro se abstuvieran sistemáticamente de ejercitar acciones sancionadoras contra los responsables de dichas infracciones, correrían grave peligro tanto la conservación y la gestión de los recursos pesqueros como la ejecución uniforme de la política pesquera común.

(véanse los apartados 33, 34, 37 y 69)

2. El procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, tiene por objeto inducir a un Estado miembro infractor a ejecutar una sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento y, por ende, garantizar la aplicación efectiva del Derecho comunitario. Las medidas previstas en esta disposición, la suma a tanto alzado y la multa coercitiva, tienen ambas este mismo objetivo.

La aplicación de una u otra de estas medidas depende de la idoneidad de cada una de ellas para cumplir el objetivo perseguido en función de las circunstancias del caso concreto. Si la imposición de una multa coercitiva resulta especialmente adaptada para inducir a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a un incumplimiento que, de no existir dicha medida, tendría tendencia a persistir, la imposición del pago de una suma a tanto alzado descansa más bien en la apreciación de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del Estado miembro afectado en los intereses privados y públicos, en especial cuando el incumplimiento se ha mantenido largo tiempo después de la sentencia que inicialmente lo declaró.

En estas circunstancias no cabe excluir el uso de los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 228 CE, apartado 2, en especial cuando el incumplimiento se ha mantenido durante largo tiempo y tiende a persistir, siendo así que el empleo, en dicho apartado 2, de la conjunción «o» debe entenderse en un sentido acumulativo y no alternativo.

Por consiguiente, además de no vulnerar el principio non bis in idem, ya que la duración del incumplimiento constituye uno de los varios criterios que se toman en consideración para determinar el grado adecuado de coerción y de disuasión, la imposición cumulativa de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado tampoco constituye una vulneración de la igualdad de trato, puesto que el hecho de que en asuntos juzgados anteriormente no se hayan impuesto simultáneamente dichas medidas no constituye un obstáculo para tal imposición simultánea en un asunto posterior, siempre que resulte procedente habida cuenta de la naturaleza, la gravedad y la persistencia del incumplimiento declarado.

(véanse los apartados 80 a 86)

3. En el marco del procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, el Tribunal de Justicia, cuando declare que un Estado miembro ha incumplido su sentencia, puede imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva. El ejercicio de esta facultad no está sujeto al requisito de que la Comisión adopte directrices sobre los métodos de cálculo del importe de las sumas a tanto alzado o de las multas coercitivas que propondrá al Tribunal de Justicia, aunque tales directrices contribuirían sin duda a garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de la actuación de la Comisión. Tales directrices, en cualquier caso, no podrían vincular al Tribunal de Justicia.

(véase el apartado 85)

4. En el marco del procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, el Tribunal de Justicia, cuando declare que un Estado miembro ha incumplido su sentencia, puede imponerle sanciones pecuniarias. En este contexto, el Tribunal de Justicia puede separarse de las propuestas de la Comisión e imponer al Estado afectado el pago de una suma a tanto alzado aunque la Comisión no haya formulado una propuesta en ese sentido.

Por lo que se refiere, en primer lugar, a la legitimidad política del Tribunal de Justicia para imponer una sanción pecuniaria que no haya propuesto la Comisión, en la medida en que la cuestión de si el Estado miembro afectado ha ejecutado o no una sentencia anterior del Tribunal de Justicia está sujeta a un procedimiento jurisdiccional en el que las consideraciones políticas carecen de pertinencia, la oportunidad de imponer una sanción pecuniaria y la elección de la sanción que mejor se ajusta a las circunstancias del asunto sólo pueden ser apreciadas a la luz de las conclusiones a que llegue el Tribunal de Justicia en la sentencia que dicte con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, y, por tanto, están fuera de la esfera política.

Por otra parte, no cabe acoger la alegación de que, al separarse o ir más allá de las propuestas de la Comisión, el Tribunal de Justicia vulnera un principio general del proceso civil que prohíbe al juez conceder más de lo solicitado por las partes. En efecto, el procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, es un proceso judicial especial, propio del Derecho comunitario, que no puede asimilarse a un proceso civil y la condena al pago de una multa coercitiva o de una suma a tanto alzado no tiene por objeto indemnizar el perjuicio que haya podido causar el Estado miembro de que se trate, sino ejercer una presión económica que le induzca a poner fin al incumplimiento declarado.

Tampoco cabe acoger la alegación basada en una supuesta violación del derecho de defensa. En efecto, el procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, debe considerarse un peculiar trámite judicial de ejecución de sentencias, es decir, un procedimiento de ejecución. Éste es el contexto en que deben apreciarse las garantías procesales de las que ha de disponer el Estado miembro afectado. De lo anterior se infiere que, una vez constatada la persistencia de una infracción del Derecho comunitario en el marco de un procedimiento contradictorio, el derecho de defensa que se ha de reconocer al Estado miembro infractor en relación con las sanciones pecuniarias que le pueden ser impuestas tiene que tomar en consideración el objetivo perseguido, es decir, garantizar el reestablecimiento del respeto de la legalidad.

(véanse los apartados 87 y 90 a 93)

5. Cuando deba imponerse una multa coercitiva a un Estado miembro para sancionar el incumplimiento de una sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento, las propuestas de la Comisión sobre el importe de la multa no pueden vincular al Tribunal de Justicia y sólo constituyen una referencia útil. Corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su facultad de apreciación, fijar la multa coercitiva de tal manera que, por una parte, sea adecuada a las circunstancias y, por otra, proporcionada al incumplimiento declarado y a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Desde este punto de vista, los criterios de base que deben tomarse en consideración para garantizar la naturaleza coercitiva de la multa con vistas a la aplicación uniforme y efectiva del Derecho comunitario son, en principio, la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Para aplicar estos criterios deben tenerse en cuenta, en particular, las consecuencias de la falta de ejecución sobre los intereses privados y públicos y la urgencia que exista de que el Estado miembro de que se trate cumpla sus obligaciones.

(véanse los apartados 103 y 104)