ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2005/60, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios en el territorio de ese Estado miembro la obligación de comunicar directamente a la unidad de información financiera de dicho Estado miembro la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, siempre que dicha normativa no comprometa el efecto útil de la citada Directiva y de la Decisión 2000/642, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información.

En efecto, tal normativa nacional debe tener como finalidad reforzar, dentro del cumplimiento del Derecho de la Unión, la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No puede comprometer los principios establecidos por la Directiva 2005/60 en relación con las obligaciones de información de las entidades que están sujetas a ellas ni limitar la eficacia de las formas de cooperación y de intercambio de información existentes entre las unidades de información financiera, como las previstas en la Decisión 2000/642, y no exime a las entidades de crédito contempladas en la Directiva 2005/60 de su obligación de facilitar la información requerida a la unidad de información financiera del Estado miembro en cuyo territorio se encuentran con arreglo al artículo 22 de dicha Directiva. Igualmente, dicha normativa no infringe ninguna disposición de la Decisión 2000/642 si su propia unidad de información financiera no queda exenta en absoluto de su obligación de cooperar con las unidades de información financiera de los demás Estados miembros y, recíprocamente, conserva, sin modificación, el derecho a solicitarles la transmisión de documentos o información a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales. En efecto, una normativa de este tipo no menoscaba el mecanismo de cooperación entre las unidades de información financiera previsto en la Decisión 2000/642, sino que prevé, al margen de éste, un medio para que la unidad de información financiera del Estado miembro afectado obtenga directamente información en el caso específico de una actividad ejercida en libre prestación de servicios en su territorio.

(véanse los apartados 49 a 51, 54 a 56 y 85 y el fallo)
Como se desprende del artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a efectos de la aplicación de dicho impuesto, cada prestación debe normalmente considerarse distinta e independiente. No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes. Se trata de una operación única, en particular, cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial. Así sucede, asimismo, cuando uno o varios elementos deben considerarse constitutivos de la prestación principal, mientras que, a la inversa, uno o varios elementos deben considerarse como una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal. A este respecto, una prestación se considera accesoria de una prestación principal, en particular, cuando no constituye para la clientela un fin en sí mismo, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador.

En principio, No sucede así en el caso del seguro del objeto de un leasing y el propio leasing. A este respecto, si bien es cierto que, gracias a la prestación de seguro del bien objeto de leasing, los riesgos que corre el arrendatario se reducen normalmente en relación con los que correría en una situación en que no existiese tal seguro, no es menos cierto que esta circunstancia se deriva de la propia naturaleza de la prestación de seguro. Pues bien, la citada circunstancia, por sí sola, no implica que deba considerarse que tal prestación de seguro tenga carácter accesorio en relación con la prestación de leasing en el marco de la que se inscribe. En efecto, aun cuando tal prestación de seguro realizada al arrendatario a través del arrendador puede facilitar el disfrute del servicio de leasing, procede considerar que constituye esencialmente un fin en sí mismo para el arrendatario y no sólo el medio de disfrutar de ese servicio en las mejores condiciones.

(véanse los apartados 29, 30, 41, 42, 48 y 50 y el punto 1 del fallo)
Cuando se ha constituido un derecho de superficie a favor de una sociedad con el fin de edificar un edificio, en contraprestación de servicios de construcción de determinados bienes inmuebles que se encontrarán en ese edificio y que dicha sociedad se compromete a entregar llave en mano a las personas que constituyeron dicho derecho de superficie, los artículos 63 y 65 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el impuesto sobre el valor añadido sobre estos servicios de construcción sea exigible desde el momento en el que se constituye el derecho de superficie, es decir, antes de que se efectúe esta prestación de servicios, siempre que, en el momento de la constitución de este derecho, todos los elementos pertinentes de dicha prestación de servicios futura sean ya conocidos y, por tanto, en particular, los servicios de que se trata estén designados con precisión y el valor de dicho derecho pueda expresarse en dinero, extremos que incumbe comprobar al tribunal remitente.

La circunstancia de que el derecho de superficie pueda extinguirse en virtud de una prescripción extintiva prevista por la normativa nacional no tiene incidencia en dicha interpretación. Puesto que esta posibilidad constituye una mera condición resolutoria en el sentido del artículo 90, apartado 1, de la Directiva, la circunstancia de que tal condición pueda ejercerse eventualmente en el futuro no puede poner en entredicho el hecho de que la operación se realizó en el momento de la constitución del derecho de superficie si, en ese momento, todos los elementos pertinentes de la futura prestación de servicios ya se conocen y, por tanto y en particular, los servicios de que se trata están identificados con precisión.

Por otra parte, para determinar si se cumplen los requisitos de exigibilidad del impuesto sobre el valor añadido adeudado sobre tal prestación futura de servicios, debe señalarse que importa poco si la contraprestación de esta futura prestación de servicios constituye por sí misma una operación sometida al impuesto. En efecto, para que el impuesto sobre el valor añadido adeudado sobre tal prestación de servicios futura sea exigible, basta que ya se conozcan todos los elementos pertinentes de esta futura prestación de servicios y que el valor de su contraprestación pueda expresarse en dinero.

(Véanse los apartados 38 a 40 y el punto 1 del fallo)
Cuando un procedimiento está inscrito en el anexo A del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, según su modificación por el Reglamento no 788/2008, debe considerarse incluido en el campo de aplicación de éste. Esa inscripción se beneficia del efecto directo y obligatorio inherente a las disposiciones de un Reglamento.

El artículo 4, apartado 2, letra j), del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, según su modificación por el Reglamento no 788/2008, debe interpretarse en el sentido de que corresponde al Derecho nacional del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia determinar en qué momento se produce la conclusión de ese procedimiento.

En efecto, el artículo 4 del Reglamento no 1346/2000 se presenta como una norma de conflicto de leyes, que sustituye a las normas nacionales de Derecho internacional privado. Lo característico de tal norma de conflicto es que no contesta por sí misma a una cuestión de Derecho material, sino que únicamente establece en qué ley se basa la respuesta a esa cuestión. Por tanto, cuestiones como las condiciones y los efectos de la conclusión del procedimiento de insolvencia, para las que el artículo 4, apartado 2, letra j), del Reglamento contiene una remisión expresa al Derecho nacional, no pueden ser objeto de una interpretación autónoma sino que deben resolverse en virtud de la lex concursus designada como aplicable.

(véanse los apartados 47, 48, 50 y 52 y el punto 1 del fallo)
El artículo 1, punto 2, letra b), de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27, debe interpretarse en el sentido de que para definir el concepto de «acción farmacológica» de conformidad con esta disposición es posible tomar en consideración la definición de ese concepto que figura en el Documento de orientación elaborado conjuntamente por los servicios de la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros para la delimitación entre la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, y la Directiva 2001/83.

Ciertamente, como tal, dicho documento de orientación, que además no figura entre los actos jurídicos de la Unión mencionados en el artículo 288 TFUE, no es jurídicamente vinculante ni puede oponerse a los justiciables. No obstante, ese documento puede ofrecer elementos útiles para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes, y de este modo contribuir a garantizar una aplicación uniforme de éstas. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional nacional puede tener en cuenta el citado documento al aplicar el concepto de «acción farmacológica» en el sentido del artículo 1, punto 2, letra b), de la Directiva 2001/83. Sin embargo, dicho órgano deberá garantizar que la interpretación que de este modo efectúe se ajuste a los criterios enunciados por la jurisprudencia relativa a la interpretación de los actos de Derecho de la Unión, incluida la que se refiere al reparto de competencias entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial.

(véanse los apartados 23 y 25 a 27 y el punto 1 del fallo)
La actividad de una autoridad pública consistente en almacenar, en una base de datos, datos que las empresas han de comunicar en virtud de una obligación legal, en permitir a las personas interesadas consultar dichos datos, o en facilitarles impresiones de éstos en papel a cambio de una remuneración, no constituye una actividad económica, y, por consiguiente, esa autoridad pública, en el ejercicio de dicha actividad, no debe considerarse empresa en el sentido del artículo 102 TFUE. El hecho de que dicha consulta o entrega de copias se haga a cambio de una remuneración prevista por la ley, y no determinada, directa o indirectamente, por el correspondiente organismo, no basta por sí misma para modificar la calificación jurídica de dicha actividad. Además, en la medida en que esa autoridad pública prohíbe cualquier otro uso de los datos que de esa manera se recopilan y ponen a disposición del público, amparándose en la protección sui generis que se le concede como creadora de la base de datos en cuestión con arreglo al artículo 7 de la Directiva 96/9, sobre la protección jurídica de las bases de datos, o en cualquier otro derecho de propiedad intelectual, tampoco ejerce una actividad económica y, en el ejercicio de dicha actividad, no debe considerarse empresa en el sentido del artículo 102 TFUE.

(véase el apartado 51 y el fallo)
El artículo 4, apartado 1, número 14, de la Directiva 2004/39, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611, 93/6 y 2000/12 y se deroga la Directiva 93/22, en su versión modificada por la Directiva 2007/44, debe interpretarse en el sentido de que un mercado de instrumentos financieros que no cumple los requisitos del título III de esta Directiva no se incluye en el concepto de «mercado regulado», tal como se define en dicha disposición, a pesar de que su gestor se haya fusionado con el gestor de un mercado regulado. En efecto, ni el título III ni ningún otro título de esta Directiva contempla la posibilidad de que un mercado se califique de mercado regulado como consecuencia de tal fusión.

El artículo 47 de la Directiva 2004/39, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611, 93/6 y 2000/12 y se deroga la Directiva 93/22, en su versión modificada por la Directiva 2007/44, debe interpretarse en el sentido de que la inclusión de un mercado en la lista de mercados regulados mencionada en este artículo no es un requisito necesario para la calificación de dicho mercado como mercado regulado en el sentido de esta Directiva.

En efecto, el hecho de figurar en esa lista no es un elemento constitutivo de la calificación como mercado regulado de un mercado de instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39. En consecuencia, el mero hecho de no figurar en dicha lista no es suficiente motivo para considerar que el mercado en cuestión no es un mercado regulado.

(véanse los apartados 54 y 55 y el punto 2 del fallo)
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En efecto, la lenta progresión de la superficie media de las mencionadas explotaciones no basta para demostrar la ineficacia manifiesta del régimen de ayudas autorizado por el Consejo, puesto que es posible que esa lenta progresión sea el resultado de circunstancias que no van a seguir produciéndose durante todo el período cubierto por la Decisión impugnada. Además, como alega la República de Polonia, el análisis de los únicos datos relativos al tamaño medio de las explotaciones agrarias no permite distinguir las evoluciones de las explotaciones que recibieron ayudas de regímenes anteriores de las explotaciones que no las recibieron.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 2, apartado 2, punto 5, y 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9), en su versión modificada por última vez por el Reglamento (UE) no 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1924/2006»). La petición también pregunta por la validez de dichos preceptos a la vista de lo dispuesto en los artículos 15, apartado 1, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
134

No obstante, es preciso señalar que el régimen establecido en dicho artículo 14 existía en paralelo al establecido en los artículos 17 y 19 de la Ley 342/2000 y, por tanto, no puede interpretarse como una prórroga del régimen de dicho artículo 19. Procede observar además que el régimen previsto en el artículo 14 de la Ley 342/2000 no es equivalente al resultante del artículo 17 de esta Ley puesto que se refiere únicamente al reajuste de algunos activos y la diferencia entre los tipos impositivos de las plusvalías que establece depende del carácter amortizable o no del activo revalorizado y no del hecho de que el reajuste afecte únicamente a los activos o a los activos y las acciones, tal como dispone el referido artículo 17.
34

A la luz del objetivo general perseguido por la Decisión no 1/80, consistente, a diferencia de un acuerdo de cooperación como el celebrado entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado en nombre de la Comunidad por el Reglamento (CEE) no 2211/78, del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 (DO L 264, p. 1; EE 11/09, p. 3), en mejorar, en el ámbito social, el régimen de que disfrutan los trabajadores turcos y los miembros de sus familias, a fin de conseguir progresivamente la libre circulación (véase, en particular, la sentencia de 11 de noviembre de 1999, Mesbah, C-179/98, Rec. p. I-7955, apartado 36, y de 16 de marzo de 2000, Ergat, C-329/97, Rec. p. I-1487, apartado 43), el sistema establecido en particular por el artículo 7, párrafo primero, de la misma Decisión pretende, por tanto, crear unas condiciones favorables a la reagrupación familiar en el Estado miembro de acogida (véase la sentencia Pehlivan, antes citada, apartado 45).
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En el caso de autos, según el Gobierno del Reino Unido, se admite desde hace tiempo en el Derecho nacional que los jueces, que son titulares de un cargo judicial, no están vinculados por un contrato de trabajo y que dicho Derecho no reconoce tampoco una categoría de «relación de trabajo» que no sea la relación creada por un contrato. Por estas razones, a juicio del Ministry of Justice y de este Gobierno, la categoría genérica de los jueces no está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/81. En consecuencia, consideran que la redundancia es la única razón de ser del artículo 17 del Reglamento relativo a los trabajadores a tiempo parcial, que precisa que dicho Reglamento no se aplica a los jueces a tiempo parciales retribuidos sobre la base de honorarios diarios.
Incumplimiento de Estado — Transposición incorrecta de los artículos 2, letra e), 3, párrafo primero, y 6, letra d), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) y de las disposiciones del anexo de la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE (DO L 11, p. 27) — Normativa nacional, no conforme con la Directiva, que establece una categoría de residuos «inertes y peligrosos» — Vertido de residuos de amianto‑cemento.
Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 TFUE un Estado miembro que adopta una normativa nacional que impone a los prestadores autónomos de servicios establecidos en otro Estado miembro la obligación de efectuar una declaración previa al ejercicio de su actividad en el Estado de que se trate.

A este respecto, una normativa nacional adoptada en un ámbito que no haya sido objeto de armonización en el plano de la Unión y que se aplique indistintamente a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de que se trate puede estar justificada, pese a su efecto restrictivo de la libre prestación de servicios, si responde a una exigencia imperiosa de interés general y siempre que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que esté establecido, que la referida normativa sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo.

Sin embargo, si bien el objetivo de lucha contra el fraude, en particular laboral, y de prevención de los abusos, concretamente los supuestos de falsos autónomos y la lucha contra el trabajo encubierto, puede vincularse no sólo al objetivo de protección del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, sino también a los objetivos de prevención de la competencia desleal y del dumping social y de protección de los trabajadores, incluidos los prestadores autónomos de servicios, no es menos cierto que una presunción general de fraude no basta para justificar una medida que menoscaba los objetivos del TFUE y que corresponde al Estado miembro de que se trate justificar de modo suficientemente convincente en qué medida la normativa controvertida no excede de los límites de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(véanse los apartados 44, 45, 53, 55 y 57 y el fallo)
El artículo 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero, de la Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 98/80, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la administración tributaria de un Estado miembro supedite la exención del impuesto sobre el valor añadido de una entrega intracomunitaria a que el proveedor transmita el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido del adquirente, siempre que, no obstante, no se deniegue tal exención por el mero hecho de que no se ha cumplido dicha obligación cuando el proveedor no puede, de buena fe, y tras haber adoptado todas las medidas que se le pueden exigir razonablemente, transmitir dicho número de identificación y transmite, por otro lado, indicaciones que sirven para demostrar de modo suficiente que el adquirente es un sujeto pasivo que actúa como tal en la operación en cuestión.

Con la salvedad de los requisitos relativos a la calidad de los sujetos pasivos, a la transmisión del poder de disponer de un bien como propietario y al desplazamiento físico de los bienes de un Estado miembro a otro, no puede imponerse ningún otro requisito para calificar una operación de entrega o de adquisición intracomunitaria de bienes. De ese modo, para acogerse a la exención en virtud del artículo 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero, de la Sexta Directiva, no puede obligarse al proveedor a que proporcione elementos de prueba relativos a la imposición de la adquisición intracomunitaria de los bienes de que se trata.

(véanse los apartados 55, 58 y el fallo)
La compatibilidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que prohíbe a los minoristas de tabaco importar labores de tabaco debe examinarse a la luz del artículo 34 TFUE, y no del artículo 37 TFUE ya que, por una parte, afecta a la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión sin regular, no obstante, el ejercicio del derecho de exclusividad propio de un monopolio de carácter comercial y, por otra parte, puede separarse del funcionamiento del monopolio porque no se refiere a las modalidades de venta al por menor de las labores de tabaco en el territorio del Estado miembro del que se trata, sino al mercado ascendente de esos productos. En efecto, su objetivo no es regular el sistema de selección de los productos por parte del monopolio y tampoco tiene en su punto de mira ni la red de venta del monopolio de que se trata ni la comercialización o la publicidad de los productos que distribuye dicho monopolio.

(véanse los apartados 22, 26 y 29 a 31)