Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales Requisitos de admisibilidad Admisibilidad del recurso principal Recurso de anulación de una decisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común y se ordena su recuperación Procedimiento de recuperación de la ayuda ante el juez nacional Inexistencia Recurso principal que no resulta, prima facie, inadmisible Demanda de medidas provisionales Admisibilidad

[Arts. 230 CE, 242 CE y 243 CE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14, ap. 3]

2. Ayudas otorgadas por los Estados Proyectos de ayudas Examen por la Comisión Procedimiento contradictorio Derecho de información de los interesados Carácter limitado Derecho del beneficiario de la ayuda de expresarse sobre todos los puntos tratados Exclusión

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 20]

3. Derecho comunitario Principios generales del Derecho Derecho a una buena administración Referencia a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea Obligación de no discriminación entre los interesados en un procedimiento de examen de una supuesta ayuda de Estado Obligación de la Comisión de transmitir al beneficiario de una ayuda las observaciones presentadas por una parte interesada

(Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 1)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Requisitos para su concesión Perjuicio grave e irreparable Perjuicio económico Situación que puede poner en peligro la existencia de la sociedad demandante

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

5. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Requisitos para su concesión Ponderación de todos los intereses en conflicto Decisión en materia de ayudas de Estado Interés general en nombre del cual la Comisión ejerce sus funciones e interés del beneficiario de la ayuda

[Arts. 88 CE, ap. 2, 242 CE y 243 CE; Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Convenio Europeo de Derechos Humanos, arts. 6 y 13; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 7 y 14, ap. 3]

6. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Medidas provisionales Modificación o aplazamiento Requisito Cambio de circunstancias

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 108)

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1. La admisibilidad de un recurso de anulación de una decisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común y se ordena su recuperación no está excluida en el caso de que no se haya iniciado un procedimiento de recuperación de la ayuda controvertida y el demandante no haya ejercitado todos los recursos internos establecidos. Permitir que el beneficiario de una ayuda alegue en un litigio nacional la invalidez de la decisión de la Comisión que ordena al Estado miembro interesado recuperar la ayuda percibida por ese beneficiario equivaldría a reconocerle la facultad de eludir la firmeza que, en virtud del principio de seguridad jurídica, debe reconocerse a una decisión tras la expiración del plazo de recurso previsto por el artículo 230 CE.

De ello se sigue que, en principio, el beneficiario de una ayuda de Estado que, con conocimiento de la adopción de tal decisión interpone un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia, puede solicitar, al amparo de los artículos 242 CE y 243 CE, medidas provisionales ante el juez competente. Esta interpretación está reforzada por el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, según el cual la recuperación de una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, sin perjuicio, con carácter exclusivo, de una resolución sobre medidas provisionales del juez comunitario.

( véanse los apartados 54, 55 y 58 )

2. En el marco de un procedimiento de investigación formal de proyectos de ayudas de Estado, los interesados desempeñan la función de fuentes de información para la Comisión. En consecuencia, lejos de poder ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia un procedimiento, los interesados sólo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto. En particular, el beneficiario de una ayuda de Estado el derecho general a manifestarse sobre todos los aspectos potencialmente determinantes suscitados con ocasión del procedimiento de investigación formal. En efecto, tal derecho excedería del derecho a ser oído y podría efectivamente reconocer a los beneficiarios el derecho a un debate contradictorio con la Comisión, derecho que hasta ahora ha sido siempre denegado a todos los interesados en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, y del artículo 20 del Reglamento nº 659/1999.

( véanse los apartados 81 y 84 )

3. La Comisión debe actuar de modo imparcial respecto a todos los interesados en un procedimiento de investigación formal relativo a una supuesta ayuda de Estado. La obligación de no discriminación entre los interesados que la Comisión ha de respetar es reflejo del derecho a una buena administración que forma parte de los principios generales del Estado de Derecho comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. En este aspecto debe observarse que el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza confirma que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable». De ello se deriva que, sin perjuicio del carácter restringido de los derechos de participación e información de que dispone el beneficiario de una ayuda, la Comisión, como responsable del procedimiento, puede estar obligada, al menos a primera vista, a comunicarle las observaciones que haya solicitado expresamente a un competidor como consecuencia de las observaciones inicialmente presentadas por ese beneficiario. Permitir que la Comisión opte, durante el procedimiento, por solicitar informaciones complementarias específicas a un competidor del beneficiario sin conceder a éste la oportunidad de tener conocimiento de las observaciones formuladas en respuesta, y de replicar a éstas en su caso, puede reducir gravemente la eficacia del derecho a ser oído de ese beneficiario.

Una irregularidad como ésa sólo puede motivar la anulación de la Decisión impugnada si, de no haberse producido, el procedimiento de investigación formal hubiera podido concluir con un resultado diferente.

( véanse los apartados 85 y 86 )

4. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad existente de pronunciarse con carácter provisional para evitar que se ocasione un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional. Un perjuicio de carácter financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales, ser considerado como irreparable o incluso difícilmente reparable, porque puede ser objeto de compensación económica posterior. No obstante, se justificaría una medida provisional si se revelara que, en defecto de esa medida, la parte demandante se hallaría en una situación que pueda poner en peligro su misma existencia antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento principal.

( véanse los apartados 96 y 99 )

5. El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que la demanda de medidas provisionales debe especificar las circunstancias que dan lugar a la urgencia así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifican a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. El juez de medidas provisionales ponderará también en su caso los intereses en conflicto.

En caso de demanda de suspensión de la ejecución de una decisión en materia de ayudas de Estado, es de particular importancia el interés general para el cual la Comisión ejerce las funciones que le atribuye el artículo 88 CE, apartado 2, y el artículo 7 del Reglamento nº 659/1999, con el fin de garantizar, en esencia, que el funcionamiento del mercado común no sea falseado por ayudas de Estado perjudiciales para la competencia. Dicho interés, debe normalmente, si no casi siempre, prevalecer sobre el interés del beneficiario de la ayuda en evitar la ejecución de la obligación de devolverla antes de que se pronuncie la futura sentencia en el procedimiento principal. No obstante, no puede excluirse que el beneficiario de una ayuda pueda obtener medidas provisionales si concurren las circunstancias de fumus boni iuris y de urgencia. Resolver en otro sentido podría hacer desaparecer prácticamente la posibilidad, reconocida por los artículos 242 CE y 243 CE, y prevista por el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, de obtener, incluso en los asuntos relativos a ayudas de Estado, una protección jurídica cautelar efectiva. Esa protección constituye un principio general del Derecho comunitario que se halla en la base de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. Ese principio ha sido también recogido en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

( véanse los apartados 50 y 113 a 115 )

6. El artículo 108 del Reglamento de Procedimiento faculta al juez de medidas provisionales para modificar o revocar su auto en cualquier momento si varían las circunstancias. Esa posibilidad corresponde al carácter fundamentalmente revisable en el Derecho comunitario de las medidas concedidas por el juez de medidas provisionales.

( véase el apartado 123 )