Asunto T‑322/01

Roquette Frères SA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Gluconato sódico — Artículo 81 CE — Multa — Artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 — Directrices para el cálculo del importe de las multas — Comunicación sobre la cooperación — Principio de proporcionalidad — Igualdad de trato — Principio ne bis in idem»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de septiembre de 2006

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párr. 1)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

4. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, secciones B, letra b), y C]

8. Competencia — Multas — Sanciones comunitarias y sanciones impuestas en un Estado miembro o en un Estado tercero por infracción del Derecho nacional de la competencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios de la empresa infractora

(Reglamento nº 17 del Consejo)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

11. Procedimiento — Solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 62)

12. Competencia — Multas — Importe — Facultad de apreciación de la Comisión — Competencia jurisdiccional plena del Tribunal de Primera Instancia

(Art. 229 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

1. Según el tenor del punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, a la hora de calcular la multa en función de la gravedad de la infracción, la Comisión ha de tener en cuenta, en particular, sus repercusiones concretas sobre el mercado, siempre y cuando se puedan determinar. Estas repercusiones determinables de una práctica colusoria quedan suficientemente demostradas cuando la Comisión puede proporcionar indicios concretos y verosímiles que indiquen, con una probabilidad razonable, que dicha práctica ha tenido repercusiones en el mercado.

En efecto, el examen de las repercusiones de una práctica colusoria en el mercado implica necesariamente recurrir a la formulación de hipótesis. En este contexto, la Comisión debe examinar, en particular, cuál habría sido el precio del producto en cuestión si no hubiera existido la práctica colusoria. Ahora bien, en el examen de las causas de la evolución real de los precios, es delicado especular sobre el papel que cada una desempeña. Ha de tenerse en cuenta el hecho objetivo de que, debido a la existencia de una concertación sobre los precios, las partes han renunciado precisamente a su libertad de competir a través de los precios. Así pues, la evaluación de la influencia resultante de factores distintos de esta abstención voluntaria de los participantes en la práctica colusoria debe basarse forzosamente en probabilidades razonables y que no pueden cuantificarse con precisión.

Por tanto, a menos que se acepte privar de efecto al criterio del punto 1 A, párrafo primero, no cabe reprochar a la Comisión que se haya basado en las repercusiones concretas en el mercado de una práctica colusoria con un objeto contrario a la competencia, tal como una práctica colusoria sobre precios o sobre reparto de cuotas, sin cuantificar dichas repercusiones ni aportar una valoración numérica al respecto.

(véanse los apartados 71 a 75)

2. En materia de represión de las prácticas colusorias prohibidas, el comportamiento efectivo que afirma adoptar una empresa no resulta pertinente para valorar las repercusiones de la práctica colusoria sobre el mercado, pues los efectos que deben tomarse en consideración son los resultantes de la infracción en la que ha participado considerada en su conjunto.

Igualmente, las repercusiones de una práctica colusoria no están necesariamente correlacionadas con su duración. Así, no cabe excluir que, cuando el efecto de una práctica colusoria es inexistente durante un largo período pero devastador durante un breve plazo, el efecto de dicha práctica sea tan importante como el de una práctica colusoria que tenga un cierto efecto a lo largo de toda la existencia de ésta. Por consiguiente, la ausencia de efecto o la existencia de un efecto limitado de la práctica colusoria durante determinados períodos, aunque se compruebe, no acredita necesariamente un efecto menor que el de una práctica colusoria considerada en toda su duración.

(véanse los apartados 89, 90, 121, 128, 141 y 179)

3. En virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, el importe de la multa se determina en función de la gravedad de la infracción y de su duración. Además, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la Comisión fija el importe de partida de la multa en función de la gravedad de la infracción, tomando en consideración la propia naturaleza de ésta, sus repercusiones concretas en el mercado y la dimensión del mercado geográfico.

Por tanto, este marco jurídico no obliga, en sí mismo, a la Comisión a tener en cuenta la escasa dimensión del mercado de los productos.

No obstante, para apreciar la gravedad de una infracción, la Comisión ha de tener en cuenta gran número de elementos cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción de que se trate y las circunstancias particulares de cada infracción. No cabe excluir la posibilidad de que, en ciertos casos, entre estos elementos que ponen de manifiesto la gravedad de una infracción figuren el valor del producto objeto de la infracción, la dimensión del mercado del producto de que se trate y el poder de los compradores.

Por consiguiente, aunque la dimensión del mercado puede ser uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar la gravedad de la infracción, su importancia varía en función de las circunstancias particulares de cada infracción.

(véanse los apartados 147 a 150)

4. A efectos del examen de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, a un acuerdo o a una práctica concertada, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

(véase el apartado 201)

5. En virtud del artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener, en particular, una exposición sumaria de los motivos invocados. Además, con independencia de toda cuestión terminológica, estos elementos deben ser lo suficientemente claros y precisos para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal resolver el recurso sin necesidad de solicitar, en su caso, más información. En efecto, a fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que un recurso sea admisible, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de forma sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, del texto de la propia demanda.

A este respecto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia indagar si los elementos invocados en apoyo de un primer motivo también pueden ser utilizados en apoyo de un segundo motivo. El hecho de que la Comisión realizara el esfuerzo concreto de intentar identificar, a pesar de la flagrante imprecisión de un motivo, eventuales alegaciones de la demandante invocadas en el marco de su argumentación relativa al primer motivo que pudieran, en su caso, reproducirse en apoyo del segundo motivo, así como el de responder a ellas en este contexto, no afecta a esta conclusión. En efecto, tal postura de la Comisión constituye únicamente una hipótesis en cuanto al alcance exacto del motivo formulado por la parte demandante. No permite determinar con certeza el alcance exacto del segundo motivo.

(véanse los apartados 208 y 209)

6. La Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas tiene su origen en el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión y sólo supone una autolimitación de dicha facultad, respetando siempre el principio de igualdad de trato. Esta Comunicación crea expectativas legítimas sobre las que se basan empresas que desean informar a la Comisión acerca de la existencia de una práctica colusoria. Habida cuenta del respeto del principio de igualdad de trato y de la confianza legítima que las empresas que deseen cooperar con la Comisión pueden haber albergado en virtud de esta Comunicación, la Comisión está obligada a atenerse a ella, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta a una empresa, al apreciar la cooperación de ésta.

A este respecto, ni un proyecto de nueva Comunicación, aunque se publique antes de la adopción de una Decisión por la que se impone una multa por infracciones de las normas sobre competencia, ni una nueva Comunicación, publicada después de la adopción de tal Decisión, pueden crear un efecto de autolimitación en el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión en este caso.

(véanse los apartados 223 y 224)

7. Para que una empresa pueda beneficiarse de una reducción importante de la multa en virtud de la sección C de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, dicha Comunicación exige, en su sección B, a la que se remite la sección C, letra b), que tal empresa sea la primera en facilitar elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo. La Comunicación no prevé que, para cumplir este requisito, la empresa que denuncia el acuerdo secreto a la Comisión deba proporcionar a ésta todos los elementos determinantes para la elaboración de un pliego de cargos ni, aún menos, para la adopción de una decisión que declare la infracción.

(véanse los apartados 237 a 239)

8. El principio ne bis in idem prohíbe sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo interés jurídico. La aplicación de este principio está supeditada a tres requisitos acumulativos: identidad de hechos, identidad de infractor e identidad de interés jurídico protegido.

Así, una empresa puede ser objeto de dos procedimientos paralelos por un mismo comportamiento ilícito y, por tanto, cabe imponerle dos sanciones, una de la autoridad competente del Estado miembro de que se trate y otra comunitaria, en la medida en que dichos procedimientos persigan objetivos distintos y no exista identidad entre las normas infringidas.

De ello se deduce que el principio ne bis in idem no puede aplicarse, con mayor motivo, en un caso en el que es evidente que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisión, por un lado, y por las autoridades de Estados terceros, por otro, no persiguen los mismos objetivos. En efecto, en el primer caso se trata de impedir que se falsee el juego de la competencia en el territorio de la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, mientras que en el segundo caso el mercado que se trata de proteger es el de un Estado tercero. En este caso, no se cumple el requisito de la identidad de interés jurídico protegido, necesario para que pueda aplicarse el principio ne bis in idem.

(véanse los apartados 277 a 281)

9. Si, en la determinación del importe de la multa que ha de imponerse a una empresa que ha infringido las normas comunitarias sobre competencia, se ha cometido un error en el volumen de negocios que debe tomarse en consideración, la constatación de dicho error debe acarrear una corrección del importe de la multa, aun cuando el error sea imputable a la empresa.

(véase el apartado 293)

10. Cuando se distribuye en grupos a las empresas que han infringido el artículo 81 CE, apartado 1, a efectos de la determinación del importe de las multas, la determinación de los umbrales para cada uno de los grupos así identificados debe ser coherente y estar objetivamente justificada.

(véase el apartado 295)

11. El Tribunal de Primera Instancia sólo está obligado a acoger una pretensión de reapertura de la fase oral para tener en cuenta nuevas alegaciones de hecho si la parte interesada se basa en hechos que puedan ejercer una influencia decisiva sobre la solución del litigio y que no podía haber alegado antes de la conclusión de la fase oral del procedimiento.

La adopción, con posterioridad a un decisión que impone una multa a una empresa que ha cometido una infracción de las normas de competencia, de una decisión relativa a otras empresas que han participado en ella, no constituye un hecho nuevo que pueda ejercer una influencia decisiva sobre la legalidad de la primera decisión y, por tanto, no procede reabrir el procedimiento por esta razón.

En efecto, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto. Por consiguiente, para apreciar la legalidad de este acto, queda excluida la consideración de elementos posteriores a la fecha en la que el acto comunitario fue adoptado. Además, el examen de la legalidad de una decisión debe hacerse, en principio, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho mencionados por las partes en el procedimiento administrativo y/o recogidos en dicha decisión. De lo contrario, quedaría en cuestión el paralelismo entre el procedimiento —anterior— administrativo y el procedimiento de control —posterior— jurisdiccional, basado en la identidad de los elementos de hecho y de Derecho.

(véanse los apartados 323 a 326)

12. Por lo que respecta a la determinación del importe de las multas impuestas por infracción de las normas de competencia, el Tribunal de Primera Instancia, en virtud de su facultad jurisdiccional plena, puede, en función de los motivos invocados por la demandante, tener en cuenta elementos complementarios de información no mencionados en la decisión impugnada. No obstante, en vista del principio de seguridad jurídica, esta posibilidad debe limitarse, en principio, a la consideración de elementos de información anteriores a la decisión impugnada y que la Comisión habría podido conocer en el momento de adoptar su decisión. Un enfoque diferente llevaría al Tribunal de Primera Instancia a sustituir a la institución en la apreciación de una cuestión que aún no le corresponde examinar, lo que equivaldría a invadir sus competencias y, en general, a infringir el sistema de reparto de funciones y el equilibrio institucional entre los poderes judicial y administrativo.

(véase el apartado 327)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 27 de septiembre de 2006 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Gluconato sódico – Artículo 81 CE – Multa – Artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 – Directrices para el cálculo del importe de las multas – Comunicación sobre la cooperación – Principio de proporcionalidad – Igualdad de trato – Principio ne bis in idem»

En el asunto T‑322/01,

Roquette Frères SA, con domicilio social en Lestrem (Francia), representada por los Sres. O. Prost, D. Voillemot y A. Choffel, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, inicialmente representada por los Sres. A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan y F. Lelièvre, posteriormente por los Sres. Bouquet, Wils y Whelan, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. A. Condomines y J. Liygonie, abogados,

parte demandada,

que tiene por objeto, en primer lugar, una pretensión de anulación de los artículos 1 y 3 de la Decisión C(2001) 2931 final, de 2 de octubre de 2001, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconato sódico), en la medida en que fijan el importe de la multa impuesta a la demandante, en segundo lugar, una pretensión de reducción del importe de la multa y, en tercer lugar, una pretensión de devolución a la demandante de los importes ilegalmente percibidos,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de febrero de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que originaron el litigio

1 Roquette Frères SA (en lo sucesivo, «Roquette») es una sociedad que opera en el sector de la industria química. Produce, en particular, gluconato sódico.

2 El gluconato sódico forma parte de los agentes quelantes, productos que inactivan los iones metálicos en procesos industriales. Estos procesos incluyen, entre otros, la limpieza industrial (limpieza de botellas o de utensilios), el tratamiento de las superficies (tratamientos antioxidantes, desengrasado, grabado del aluminio) y el tratamiento de las aguas. Así, los agentes quelantes se utilizan en la industria alimentaria, la industria cosmética, la industria farmacéutica, la industria papelera, la industria del hormigón y otras muchas industrias. El gluconato sódico se vende en todo el mundo y existe una competencia empresarial en los mercados mundiales.

3 En 1995, las ventas totales mundiales de gluconato sódico fueron de alrededor de 58,7 millones de euros y las efectuadas en el Espacio Económico Europeo (EEE) ascendieron a unos 19,6 millones de euros. En la época de los hechos, casi toda la producción mundial de gluconato sódico estaba en manos de cinco empresas, a saber, en primer lugar, Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd (en lo sucesivo, «Fujisawa»), en segundo lugar, Jungbunzlauer AG (en lo sucesivo, «Jungbunzlauer»), en tercer lugar, Roquette, en cuarto lugar, Glucona vof (en lo sucesivo, «Glucona»), empresa controlada conjuntamente, hasta diciembre de 1995, por Akzo Chemie BV, filial al 100 % de Akzo Nobel NV (en lo sucesivo, «Akzo») y de Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA (en lo sucesivo, «Avebe»), y, en quinto lugar, Archer Daniels Midland Co. (en lo sucesivo, «ADM»).

4 En marzo de 1997, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a la Comisión de que, a raíz de una investigación sobre los mercados de la lisina y del ácido cítrico, se había iniciado asimismo una investigación sobre el mercado del gluconato sódico. En octubre y diciembre de 1997, así como en febrero de 1998, la Comisión fue informada de que Akzo, Avebe, Glucona, Roquette y Fujisawa habían reconocido haber participado en prácticas colusorias consistentes en fijar los precios del gluconato sódico y repartir los volúmenes de ventas de este producto en Estados Unidos y otros lugares. Las autoridades americanas impusieron multas a dichas empresas, tras la celebración de acuerdos entre éstas y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

5 El 18 de febrero de 1998, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión dirigió solicitudes de información a los principales productores, importadores, exportadores y compradores de gluconato sódico en Europa.

6 Atendiendo a la solicitud de información, Fujisawa se dirigió a la Comisión para poner en su conocimiento que había cooperado con las autoridades americanas en el marco de la referida investigación y que deseaba hacer lo propio con la Comisión sobre la base de la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 1996, relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»). El 12 de mayo de 1998, como consecuencia de una reunión mantenida con la Comisión el 1 de abril de 1998, Fujisawa presentó una declaración escrita y un expediente que comprendía un resumen del desarrollo de la práctica colusoria y cierto número de documentos.

7 Los días 16 y 17 de septiembre de 1998, la Comisión efectuó verificaciones, con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, en los locales de Avebe, Glucona, Jungbunzlauer y Roquette.

8 El 10 de noviembre de 1998, la Comisión dirigió una solicitud de información a ADM. El 26 de noviembre de 1998, ADM anunció su intención de cooperar con la Comisión. Durante la reunión celebrada el 11 de diciembre de 1998, ADM ofreció un «primer anticipo en señal de su cooperación». Seguidamente, el 21 de enero de 1999, se transmitió a la Comisión una declaración de la empresa y documentos relativos al asunto.

9 El 2 de marzo de 1999, la Comisión dirigió solicitudes de información detallada a Glucona, a Roquette y a Jungbunzlauer. Mediante escritos de 14, 19 y 20 de abril de 1999, dichas empresas dieron a conocer su deseo de cooperar con la Comisión y le transmitieron determinada información sobre la práctica colusoria. El 25 de octubre de 1999, la Comisión dirigió solicitudes de información complementaria a ADM, a Fujisawa, a Glucona, a Roquette y a Jungbunzlauer.

10 El 17 de mayo de 2000, sobre la base de la información que se le había comunicado, la Comisión dirigió un pliego de cargos a Roquette y a las demás empresas implicadas por infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el EEE (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»). Roquette y todas las demás empresas implicadas transmitieron observaciones escritas en respuesta a los cargos que la Comisión les imputaba. Ninguna de estas partes solicitó que se celebrara una audiencia, ni rebatió la existencia de los hechos expuestos en el pliego de cargos.

11 El 11 de mayo de 2001, la Comisión envió solicitudes de información complementaria a Roquette y a las demás empresas implicadas.

12 El 2 de octubre de 2001, la Comisión adoptó la Decisión C(2001) 2931 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconato sódico) (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión fue notificada a Roquette mediante escrito de 11 de octubre de 2001.

13 La Decisión contiene, en particular, las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

[Akzo], [ADM], [Avebe], [Fujisawa], [Jungbunzlauer] y [Roquette] infringieron el artículo 81 CE, apartado 1, y –desde el 1 de enero de 1994– el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, al participar en un acuerdo y/o práctica concertada continuos en el sector del gluconato sódico.

La infracción duró:

– en el caso de [Akzo], [Avebe], [Fujisawa] y [Roquette], de febrero de 1987 a junio de 1995;

– en el caso de [Jungbunzlauer], de mayo de 1988 a junio de 1995;

– en el caso de [ADM], de junio de 1991, a junio de 1995.

[…]

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas por la infracción a que se refiere el artículo 1:

a) [Akzo] 9 millones de euros

b) [ADM] 10,13 millones de euros

c) [Avebe] 3,6 millones de euros

d) [Fujisawa] 3,6 millones de euros

e) [Jungbunzlauer] 20,4 millones de euros

f) [Roquette] 10,8 millones de euros

[…]»

14 A efectos del cálculo del importe de las multas, la Comisión aplicó en la Decisión la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»), así como la Comunicación sobre la cooperación.

15 En primer lugar, la Comisión determinó el importe de base de la multa en función de la gravedad y la duración de la infracción.

16 En este contexto, por lo que respecta a la gravedad de la infracción, la Comisión consideró, en primer lugar, que las empresas de que se trata habían cometido una infracción muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas sobre el mercado del gluconato sódico en el EEE y de la dimensión del mercado geográfico afectado (considerando 371 de la Decisión).

17 Seguidamente, la Comisión estimó que debía tenerse en cuenta la capacidad económica real para menoscabar la competencia y había de fijarse la multa en un nivel que garantizase un efecto disuasorio suficiente. En consecuencia, basándose en los volúmenes de negocios mundiales realizados por las empresas implicadas con la venta de gluconato sódico durante el año 1995, último año del período de la infracción, comunicados por las empresas de que se trata en respuesta a las solicitudes de información de la Comisión y a partir de los cuales la Comisión calculó las respectivas cuotas de mercado de estas empresas, la Comisión las clasificó en dos categorías. Dentro de la primera categoría incluyó a las empresas que, según lo datos de que disponía, tenían cuotas del mercado mundial del gluconato sódico superiores al 20 %, es decir, Fujisawa (35,54 %), Jungbunzlauer (24,75 %) y Roquette (20,96 %). Para estas empresas, la Comisión fijó un importe de partida de 10 millones de euros. En la segunda categoría, clasificó a las empresas que, según los datos de que disponía, tenían cuotas del mercado mundial del gluconato sódico inferiores al 10 %, es decir, Glucona (alrededor de un 9,5 %) y ADM (9,35 %). Para estas empresas, la Comisión fijó un importe de partida de la multa de 5 millones de euros, esto es, para Akzo y Avebe, copropietarias de Glucona, 2,5 millones de euros cada una (considerando 385 de la Decisión).

18 Además, para garantizar un efecto suficientemente disuasorio a la multa, por un lado, y para tener en cuenta el hecho de que las grandes empresas disponen de conocimientos e infraestructuras jurídico-económicas que les permiten apreciar mejor el carácter de infracción de su comportamiento y las correspondientes consecuencias desde el punto de vista del Derecho de la competencia, por otro lado, la Comisión procedió a ajustar este importe de partida. Por consiguiente, teniendo en cuenta el tamaño y los recursos globales de las empresas implicadas, expresados por el importe total de sus volúmenes de negocios mundiales, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 2,5 a los importes de partida establecidos para ADM y para Akzo e incrementó así este importe de partida, que pasó a ser de 12,5 millones de euros en el caso de ADM y de 6,25 millones de euros en el caso de Akzo (considerando 388 de la Decisión).

19 Para tener en cuenta la duración de la infracción cometida por cada empresa, el importe de partida así calculado se incrementó en un 10 % por año, lo que supuso un incremento del 80 % para Fujisawa, Akzo, Avebe y Roquette, del 70 % para Jungbunzlauer y del 35 % para ADM (considerandos 389 a 392 de la Decisión).

20 La Comisión fijó de este modo el importe de base de las multas en 18 millones de euros por lo que respecta a Roquette. En lo que atañe a ADM, Akzo, Avebe, Fujisawa y Jungbunzlauer, el importe de base quedó fijado, respectivamente, en 16,88, 11,25, 4,5, 18 y 17 millones de euros (considerando 396 de la Decisión).

21 En segundo lugar, tomando en consideración las circunstancias agravantes, el importe de la multa impuesta a Jungbunzlauer fue incrementado en un 50 % debido a que esta empresa había desempeñado un papel de líder en el marco de la práctica colusoria (considerando 403 de la Decisión).

22 En tercer lugar, la Comisión examinó y desestimó las alegaciones formuladas por determinadas empresas que pretendían beneficiarse de la aplicación de circunstancias atenuantes (considerandos 404 a 410 de la Decisión).

23 En cuarto lugar, con arreglo a la sección B de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión concedió a Fujisawa una «reducción muy importante» (un 80 %) del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación. Además, la Comisión consideró que ADM no reunía los requisitos previstos en la sección C de esta misma Comunicación para gozar de una «reducción importante» del importe de su multa. Por último, conforme a la sección D de esta Comunicación, la Comisión concedió una «reducción significativa» (un 40 %) del importe de la multa a ADM y a Roquette y de un 20 % a Akzo, a Avebe y a Jungbunzlauer (considerandos 418, 423, 426 y 427 de la Decisión).

24 El 19 de marzo de 2002, la Comisión revocó la Decisión en la medida en que se adoptó contra Jungbunzlauer. El 29 de septiembre de 2004, la Comisión adoptó una nueva Decisión C(2004) 3598, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (COMP/E-1/36.756 – Gloconato sódico) (en lo sucesivo, «Decisión de 29 de septiembre de 2004») contra Jungbunzlauer y otras tres sociedades del grupo Jungbunzlauer (Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Jungbunzlauer Holding AG y Jungbunzlauer Austria AG), por la que les imponía una multa de 19,04 millones de euros por su participación en la práctica colusoria en el sector del gluconato sódico. El 23 de diciembre de 2004, las cuatro destinatarias de esta última Decisión interpusieron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra esta Decisión. Dicho recurso se registró en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia con el número T‑492/04.

Procedimiento y pretensiones de las partes

25 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 2001, Roquette interpuso el presente recurso.

26 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, dirigió algunas preguntas escritas a las partes, a las que éstas respondieron en los plazos fijados.

27 Los informes de las partes se oyeron en la vista celebrada el 18 de febrero de 2004.

28 A raíz de la adopción de la Decisión de 29 de septiembre de 2004 contra Jungbunzlauer, entre otras, Roquette, mediante escrito de 2 de febrero de 2005, solicitó con carácter principal la adopción de diligencias de ordenación del procedimiento en virtud del artículo 64, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y, con carácter subsidiario, que el Tribunal de Primera Instancia adoptase cualquier medida adecuada, como la reapertura de la fase oral o la acumulación. Habida cuenta del principio general de buena administración de la justicia, sin acordar la reapertura del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia instó a la Comisión a expresar su parecer sobre la solicitud de Roquette. Mediante escrito de 7 de marzo de 2005, la Comisión manifestó que consideraba que no procedía estimar las solicitudes de Roquette.

29 Roquette solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule el artículo 1 de la Decisión en la medida en que considera que, en lo que a ella respecta, la infracción duró entre febrero de 1987 y junio de 1995.

– Anule el artículo 3 de la Decisión en la medida en que le impone una multa de 10,8 millones de euros.

– Utilice su facultad jurisdiccional plena para reducir el importe de la multa que le ha sido impuesta.

– Ordene a la Comisión reembolsarle el importe de la multa ilegalmente percibido (principal e intereses a un tipo del 3,76 %).

– Condene en costas a la Comisión.

30 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a Roquette.

Fundamentos de Derecho

31 Los motivos invocados por Roquette, todos ellos relativos a la fijación del importe de la multa que se le ha impuesto, se refieren , en primer lugar, a la gravedad de la infracción, en segundo lugar, a la duración de la infracción, en tercer lugar, a la existencia de circunstancias atenuantes, en cuarto lugar, a su cooperación durante el procedimiento administrativo y, en quinto lugar, a la aplicación del principio ne bis in idem habida cuenta de las multas que le impusieron las autoridades americanas.

I. Sobre la gravedad de la infracción

A. Introducción

32 En lo que atañe a la apreciación de la gravedad de la infracción efectuada por la Comisión, Roquette formula tres objeciones basadas, en primer lugar, en la incorrecta determinación del volumen de negocios considerado, en segundo lugar, en la inadecuada apreciación de las repercusiones concretas del cártel en el mercado de que se trata y, en tercer lugar, en que no se tuvo en cuenta el comportamiento de Roquette.

33 Antes de pronunciarse sobre el fundamento de estas alegaciones, conviene recordar algunos elementos de la apreciación efectuada por la Comisión en su Decisión acerca de la gravedad de la infracción.

34 De la Decisión se desprende que, para apreciar la gravedad de la infracción, la Comisión consideró, en primer lugar, que las empresas implicadas habían cometido una infracción muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas sobre el mercado del gluconato sódico en el EEE y de la dimensión del mercado geográfico afectado, que comprendía la totalidad del EEE (considerandos 334 a 371 de la Decisión).

35 Seguidamente, la Comisión estimó que debía aplicarse a las empresas implicadas un «trato diferenciado con el fin de tener en cuenta su capacidad económica real para menoscabar la competencia y había de fijarse la multa en un nivel que garantizase un efecto disuasorio suficiente». En este contexto, la Comisión indicó que tomaría en consideración el peso específico de cada empresa y, por tanto, el efecto real de su comportamiento ilícito sobre la competencia (considerandos 378 y 379 de la Decisión).

36 A efectos de la apreciación de estos elementos, la Comisión optó por basarse en los volúmenes de negocios realizados por las empresas implicadas con las ventas mundiales de gluconato sódico durante el último año del período de la infracción, es decir, el año 1995. En este contexto, la Comisión consideró que «puesto que el mercado [de gluconato sódico] es global, estos volúmenes de negocios [daban] la mejor indicación posible de la capacidad de las empresas participantes para provocar un perjuicio significativo a los demás operadores del mercado común y/o del EEE» (considerando 381 de la Decisión). La Comisión añadió que, según ella, este método quedaba corroborado por el hecho de que se trataba de un cártel mundial, cuyo objeto era en particular repartir los mercados a escala mundial y, por tanto, hacer que determinadas zonas del EEE escaparan a la competencia. Además, estimó que el volumen de negocios mundial de un miembro del cártel daba también una idea de su contribución a la eficacia de éste en su conjunto o, por el contrario, de la inestabilidad que la habría afectado si ese miembro no hubiese participado en él (considerando 381 de la Decisión).

37 Sobre esta base, la Comisión optó por definir dos categorías de empresas, a saber, por un lado, la formada por las «tres principales productoras de gluconato sódico [que] tenían cuotas del mercado mundial superiores al 20 %» y, por otro lado, la formada por empresas «cuyas cuotas de mercado eran sensiblemente inferiores en el mercado mundial del gluconato sódico (menos del 10 %)» (considerando 382 de la Decisión). Así, la Comisión fijó un importe de partida de 10 millones de euros para las empresas de la primera categoría, que incluía a Fujisawa, Jungbunzlauer y Roquette, cuyas cuotas de mercado ascendían aproximadamente al 36 %, 25 % y 21 %, respectivamente, y un importe de partida de 5 millones de euros para las empresas pertenecientes a la segunda categoría, es decir, Glucona y ADM, cuyas cuotas de mercado ascendían aproximadamente al 9 % cada una. Puesto que la propiedad conjunta de Glucona correspondía a Akzo y a Avebe, la Comisión estableció para cada una de estas sociedades importes de base de 2,5 millones de euros (considerando 385 de la Decisión).

38 Por último, con objeto de dotar a la multa de un efecto suficientemente disuasorio, por un lado, y de tener en cuenta el hecho de que las grandes empresas disponen de conocimientos y de infraestructuras jurídico-económicas que les permiten apreciar mejor el carácter de infracción de su comportamiento y las correspondientes consecuencias desde el punto de vista del Derecho de la competencia, por otro lado, la Comisión realizó un ajuste de este importe de partida. Por consiguiente, tomando en consideración el tamaño y los recursos globales de las empresas en cuestión, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 2,5 a los importes de partida establecidos para ADM y para Akzo y, por tanto, fijó el importe de la multa, en función de la gravedad de la infracción, en 12,5 millones de euros en el caso de ADM y en 6,25 millones de euros en el caso de Akzo (considerando 388 de la Decisión).

B. Sobre la determinación del volumen de negocios

1. Alegaciones de las partes

39 Roquette alega, en esencia, que la Comisión no determinó correctamente el volumen de negocios que debía tomarse en consideración para el cálculo del importe de base de la multa. Según Roquette, esta apreciación errónea de la Comisión se debe a que ésta tuvo en cuenta un volumen de negocios que incluía el volumen de negocios de sus «aguas madres», pese a que la Comisión había reconocido que el mercado de gluconatos sódicos considerado para el cártel no incluía las «aguas madres».

40 Tras recordar que las «aguas madres» estaban excluidas del ámbito de aplicación de la Decisión, Roquette subraya que del escrito de 19 de noviembre de 1999, así como de su respuesta de 3 de mayo de 1999 a la solicitud de información de la Comisión de 2 de marzo de 1999 y de sus observaciones de 25 de julio de 2000 sobre el pliego de cargos, se desprende que el gluconato sódico en forma líquida que ella produce corresponde únicamente a «aguas madres» resultantes de su proceso de fabricación específica y, por tanto, es distinto del de sus competidoras. Basándose en esto, pone en tela de juicio que la Comisión no hubiera podido darse cuenta de que el «gluconato líquido» al que hace referencia Roquette correspondía a «aguas madres» y no al gluconato sódico en forma líquida, tal como lo producen sus competidoras. A este respecto, se remite asimismo a la toma de postura de la Comisión en su escrito de contestación, en el que, según afirma, ésta admite implícitamente que lo que Roquette denomina «aguas madres» no es exactamente lo mismo que el gluconato sódico en forma líquida.

41 Roquette niega que la ausencia de referencia a las «aguas madres» en sus respuestas de 3 de mayo de 1999 y de 21 de mayo de 2001 a las solicitudes de información de 2 de marzo de 1999 y de 11 de mayo de 2001 pueda justificar que la Comisión no distinga las «aguas madres» de los gluconatos sódicos en forma líquida. Subraya que respondió a las solicitudes de información ajustándose a los formatos establecidos por la Comisión, que no distinguían los «gluconatos líquidos» de las «aguas madres». Por otra parte, según Roquette, la información comunicada en sus respuestas, incluido el volumen de negocios, debía apreciarse a la luz de las explicaciones anteriores que indicaban que sus gluconatos líquidos no eran productos comprendidos en el cártel. A este respecto, se remite igualmente al escrito de Fujisawa de 12 de mayo de 1998, en el que, según ella, se reconoce que las «aguas madres» no constituyen un producto final y no se incluían en el cártel. Por último, según Roquette, el hecho de que las partes no mencionaran la exclusión del gluconato sódico líquido de Roquette del cártel no obsta para que todos los terceros y la Comisión hubieran reconocido la exclusión de las «aguas madres» del cártel. Así, según Roquette, la Comisión podía saber que lo que Roquette denominaba «gluconato líquido» era de hecho «aguas madres».

42 Roquette alega, por tanto, que no podía prever la incomprensión de la Comisión en cuanto a la naturaleza de su gluconato sódico líquido y que, si la Comisión consideraba que la información en su poder era insuficiente, la Comisión mostró falta de diligencia al no pedir las explicaciones necesarias en lo que atañe a la distinción entre el «gluconato líquido» de Roquette y el de las demás empresas a efectos del cálculo del volumen de negocios (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Gruber + Weber/Comisión, T‑310/94, Rec. p. II‑1043, apartado 242). Según Roquette, una mayor diligencia por parte de la Comisión habría permitido a ésta obtener otros documentos que justificaran que Roquette producía «aguas madres». Por último, Roquette introduce en el debate una declaración de su Presidente-Director General que confirma que el gluconato sódico líquido de Roquette correspondía a «aguas madres» y que Roquette no producía más gluconatos sódicos líquidos que sus «aguas madres».

43 Con carácter subsidiario, Roquette estima que, según la jurisprudencia, el examen de la responsabilidad del error en el cálculo de la multa es irrelevante y que, dado el error, la multa debe en cualquier caso reducirse en consecuencia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, Aristrain/Comisión, T‑156/94, Rec. p. II‑645, apartados 584 a 586).

44 Por consiguiente, Roquette estima que el volumen de negocios que había de tomarse en consideración para determinar el importe de la multa no debía incluir las ventas de sus «aguas madres». Ahora bien, según afirma, el volumen de negocios tenido en cuenta en el considerando 48 de la Decisión para el cálculo del importe de base de la multa incluía el volumen de negocios correspondiente a las «aguas madres» de Roquette.

45 A su juicio, la consecuencia de este error de apreciación de la Comisión es que el volumen de negocios de Roquette para el producto objeto de la infracción es inferior al tomado en consideración. Debido a este error de apreciación, la Comisión actúa de manera contraria a sus propias normas y a las del Tribunal de Justicia en la materia, así como a los principios de igualdad y de proporcionalidad. Por consiguiente, Roquette afirma que no debería ser clasificada entre las productoras de la «primera categoría», cuya cuota de mercado es superior al 20 % y cuyo importe de base de la multa se fija en 10 millones de euros, y que la Comisión impuso una multa demasiado elevada.

46 Roquette recuerda asimismo que, según la jurisprudencia, el volumen de negocios es un elemento esencial para apreciar el peso de cada empresa participante en el cártel y que únicamente el volumen de negocios correspondiente a las mercancías que forman el objeto del cártel puede ser tenido en cuenta como indicativo de la amplitud de la infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 120, y del Tribunal de Primera Instancia Gruber + Weber/Comisión, citada en el apartado 42 supra, apartado 237, y de 11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión, T‑157/94, Rec. p. II‑707). Considera que el mantenimiento de la misma multa tras la disminución del volumen de negocios derivada de la exclusión de los resultados relativos a las «aguas madres» violaría los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. Con carácter accesorio, recuerda la independencia del Tribunal de Primera Instancia frente a la Comisión para el establecimiento de la multas en función de la facultad jurisdiccional plena del Tribunal de Primera Instancia.

47 La Comisión rechaza todas las alegaciones de Roquette. Estima que no podía saber que el gluconato sódico líquido de Roquette correspondía a «aguas madres». Según la Comisión, Roquette mantuvo deliberadamente la ambigüedad a este respecto. Para corroborar esta afirmación, se remite a las respuestas de Roquette de 3 de mayo de 1999 y de 21 de mayo de 2001 a sus solicitudes de información y al documento comercial anexo al escrito de Roquette de 19 de noviembre de 1999. La Comisión señala que, en cada uno de estos documentos, Roquette menciona el gluconato sódico líquido sin precisar que éste consiste en «aguas madres». Por otra parte, sostiene que las referencias al gluconato sódico líquido y a las «aguas madres» contenidas en el escrito de Roquette de 19 de noviembre de 1999 no permitían concluir con certeza que Roquette únicamente comercializaba gluconato sódico líquido de tipo «aguas madres». La Comisión subraya el hecho de que Roquette sabía que las solicitudes de información estaban dirigidas a evaluar el mercado afectado por el cártel para poder realizar el cálculo de las multas. Estima, por consiguiente, que es poco creíble que Roquette, al responder a las solicitudes de información, no mencionara la naturaleza de su gluconato sódico líquido por respetar escrupulosamente el formulario que se le había transmitido y por temor a faltar a su obligación de colaboración si se apartaba de él. La Comisión cuestiona la pertinencia de la sentencia Gruber + Weber/Comisión, citada en el apartado 42 supra, que invoca Roquette, dado que, en el presente caso, fue inducida a error por Roquette. Por último, la Comisión señala que ninguna de las participantes en el cártel indicó durante el procedimiento que el gluconato sódico en forma líquida de Roquette pudiera haber quedado excluido del cártel.

48 Con carácter subsidiario, la Comisión subraya que, aunque el producto de Roquette en forma líquida debiera ser excluido para el cálculo del volumen de negocios relativo al gluconato sódico de esta última, ello no afectaría al importe de partida de 10 millones de euros fijado por la Comisión para la multa.

49 La Comisión indica, a este respecto, que la multa debe ser proporcional a la gravedad y a la duración de la infracción y no al volumen de negocios de la empresa. Sostiene que las Directrices establecen que esta gravedad debe evaluarse en función de la naturaleza de la infracción, de sus repercusiones concretas sobre el mercado cuando se puedan determinar y de la dimensión del mercado geográfico afectado. Además, afirma que el punto 1 A de las Directrices y la jurisprudencia reconocen que la aplicación del principio de igualdad puede conducir, para un mismo comportamiento, a la aplicación de importes diferenciados para las empresas implicadas sin que haya un cálculo aritmético en la base de esta diferenciación (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2001, Acerinox/Comisión, T‑48/98, Rec. p. II‑3859, apartado 90).

50 En el presente caso, la Comisión estima que, aunque la cuota de mercado de Roquette tuviera que reducirse del 20,96 % al 17,4 %, Roquette seguiría siendo una de las tres principales productoras de gluconato sódico, para la que correspondería establecer un importe de base de 10 millones de euros. Se mantendría muy por delante de ADM y de las sociedades matrices de Glucona, que disponían de una cuota de mercado de menos del 10 % y a las cuales se impuso una multa de un importe de 5 millones de euros.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

51 Con carácter preliminar, debe señalarse que, conforme a los considerandos 34 y 38 de la Decisión, consta que el producto objeto de la infracción es el gluconato sódico, que comprende el gluconato sódico sólido, el gluconato sódico líquido y el ácido glucónico, con exclusión del producto denominado «aguas madres».

52 Además, de los considerandos 48 y 381 de la Decisión se desprende que los volúmenes de negocios tenidos en cuenta por la Comisión son los extraídos de las respuestas de las participantes en el cártel a las solicitudes de información de la Comisión y que estos volúmenes de negocios corresponden a los obtenidos de las ventas mundiales del gluconato sódico de cada uno de los miembros del cártel durante el último año de la infracción, es decir, 1995. Así, basándose en estos datos, la Comisión consideró que, para el año 1995, el volumen de negocios mundial de Roquette para el gluconato sódico ascendía a 12.293.620 euros y su cuota de mercado mundial, en consecuencia, se estimó en un 20,96 % (considerando 48 de la Decisión).

53 A raíz de una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión confirmó que la suma de 12.293.620 euros correspondía a 80.216.582 francos franceses (FRF), importe que Roquette había comunicado a la Comisión en su respuesta a la solicitud de información de 21 de mayo de 2001. De esta respuesta de 21 de mayo de 2001 se desprende que el importe de 80.216.582 FRF, que representaba el volumen de negocios mundial de Roquette para el gluconato sódico en 1995, corresponde a la suma de los volúmenes de negocios de Roquette para el gluconato sódico en forma sólida (60.517.501 FRF), para el gluconato sódico en forma líquida (16.029.382 FRF) y para el ácido glucónico (3.669.699 FRF) en 1995.

54 Por último, en su réplica, Roquette adjuntó una declaración de su Presidente-Director General según la cual, en 1995 y anteriormente, sólo había comercializado «aguas madres» con la denominación «gluconato líquido». La Comisión no puso en duda la exactitud de esta declaración ni en su dúplica, ni en sus respuestas a las preguntas escritas del Tribunal de Primera Instancia, ni en la vista.

55 Por consiguiente, está acreditado que el volumen de negocios de Roquette que la Comisión tuvo en cuenta comprendía el realizado por la venta de «aguas madres», pese a que tal producto no formaba parte del objeto del cártel. De ello resulta que el volumen de negocios tomado en consideración para determinar el importe de la multa es erróneo. De este modo, se impuso a Roquette, por error, una multa cuyo importe no refleja adecuadamente su posición en el mercado del producto objeto de la infracción.

56 Las consecuencias de este error se apreciarán, tras el análisis de los demás motivos invocados por Roquette, en el marco del ejercicio, por parte del Tribunal de Primera Instancia, de su facultad jurisdiccional plena.

C. Sobre las repercusiones concretas del cártel

1. Observaciones preliminares

57 Roquette alega en esencia que la Comisión no tomó en consideración el efecto limitado del cártel al evaluar sus repercusiones concretas sobre el mercado de referencia. Por consiguiente, la Comisión contraviene su propia práctica y una jurisprudencia asentada, infringiendo el artículo 15 del Reglamento nº 17 y el principio de proporcionalidad.

58 Es preciso recordar a este respecto una reiterada jurisprudencia según la cual la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto y su contexto, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (auto del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, apartado 54; sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, apartado 33; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 443).

59 En sus Directrices (punto 1 A, párrafo primero), la Comisión indicó que, para evaluar la gravedad de una infracción, tomaría en consideración, además de la propia naturaleza de la infracción y la dimensión del mercado geográfico afectado, «sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)».

60 En lo que atañe al presente caso, de los considerandos 334 a 388 de la Decisión se desprende que la Comisión fijó efectivamente el importe de la multa, determinado en función de la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta estos tres criterios. En particular, en este contexto, consideró que el cártel había tenido «repercusiones reales» en el mercado del gluconato sódico (considerando 371 de la Decisión).

61 En el considerando 340 de la Decisión, la Comisión presentó su análisis del siguiente modo:

«La Comisión estima que la infracción, cometida por empresas que, durante el período a que se refiere la presente Decisión, representaban más del 90 % del mercado mundial y el 95 % del mercado europeo del gluconato sódico, tuvo repercusiones reales sobre este mercado en el EEE, puesto que se aplicó escrupulosamente. Dado que los acuerdos tenían específicamente por objeto restringir el volumen de ventas, practicar precios superiores a los que habrían existido en otras circunstancias y limitar las ventas a determinados clientes, necesariamente han de haber afectado al esquema normal de los comportamientos en el mercado y, por tanto, haber tenido un efecto sobre este último.»

62 En el considerando 341 de la Decisión, subrayó que, «en la medida de lo posible, se [había] distinguido entre la cuestión de la aplicación de los acuerdos y la cuestión de los efectos de ésta sobre el mercado», pero que era, «no obstante, inevitable que determinados elementos fácticos utilizados para extraer conclusiones en estos dos aspectos se solaparan».

63 Dicho esto, la Comisión analizó en primer lugar la aplicación de los acuerdos del cártel (considerandos 342 a 351 de la Decisión). Según ella, la aplicación de los acuerdos del cártel quedaba demostrada mediante diferentes elementos relacionados con lo que consideraba la piedra angular del cártel, a saber, las cuotas de venta. Además, la Comisión invocó el hecho de que «el cártel se caracterizaba por el constante afán de fijar precios de referencia y/o mínimos» y añadió que, a su juicio, «estos precios tenían que haber producido un efecto en el comportamiento de los participantes, aunque éstos no los hubieran alcanzado sistemáticamente» (considerando 348 de la Decisión). La Comisión llegó a la conclusión de que «no [podía] dudarse de la eficacia de la aplicación [de los acuerdos del cártel]» (considerando 350 de la Decisión).

64 En segundo lugar, la Comisión consideró las repercusiones de la infracción sobre el mercado del gluconato sódico. A este respecto, se refirió primeramente a la apreciación respecto al mercado pertinente de los considerandos 34 a 41 de la Decisión. A continuación, remitiéndose a la apreciación ya efectuada en los considerandos 235 y 236 de la Decisión, la Comisión manifestó lo siguiente, invocando las dos tablas (en lo sucesivo, «gráficos») obtenidas en los locales de Roquette (considerando 354 de la Decisión):

«La evolución de los precios, según se desprende de [los gráficos] encontrados en los locales de Roquette durante la inspección, muestra que se alcanzó, al menos en parte, el objetivo perseguido por los participantes en el cártel. [Los] dos [gráficos], que ilustran la evolución de los precios en FRF en el mercado europeo del gluconato sódico entre 1977 y 1995, muestran una caída en 1985. Este cambio probablemente se derivó de la desaparición del antiguo cártel y del consecuente aumento de la utilización de las capacidades de producción. A finales del año 1986, el nivel de los precios había descendido casi a la mitad respecto al principio del año 1985. Es muy probable que la aplicación de los acuerdos que establecieron el nuevo cártel contribuyera sensiblemente al fuerte aumento (duplicación) de los precios experimentado entre 1987 y 1989. Tras un descenso en 1989, menos pronunciado que en 1985, el nivel de precios se mantuvo, hasta 1995, un 60 % por encima del nivel de 1987.»

65 En los considerandos 235 y 236 de la Decisión, a los que hace referencia el considerando 354 de ésta, la Comisión señaló lo siguiente:

«(235) Dos documentos obtenidos en los locales de Roquette durante la inspección son suficientemente explícitos y constituyen pruebas de los resultados obtenidos por el cártel del gluconato sódico. Contienen, en particular, [un gráfico] que muestra el precio medio “europeo” del gluconato sódico entre 1977 y 1995.

(236) [Uno de los gráficos] muestra de manera contundente que en 1981 y en 1987, cuando se pusieron en práctica, respectivamente, los acuerdos del “primer” y del “segundo” cártel, los precios aumentaron vertiginosamente. Los precios descendieron bruscamente en 1985, lo que corresponde al fin del “primer cártel”, cuando se retiró Roquette. Entre 1987 y 1989, el precio del gluconato sódico experimentó un fuerte aumento; de hecho, se multiplicó por dos. Después, de 1989 a 1995, se mantuvo un 60 % por encima del bajo nivel del período de 1987. Procede señalar que, contrariamente al período 1981-1986, el precio del gluconato sódico pudo mantenerse en un nivel muy elevado hasta 1995.»

66 A continuación, la Comisión resumió, analizó y rechazó las diferentes alegaciones invocadas por las partes implicadas durante el procedimiento administrativo para refutar la conclusión que aquélla había extraído de los gráficos obtenidos en los locales de Roquette. En lo que atañe a las alegaciones de ADM, que adujo en particular que esta misma evolución de los precios habría tenido lugar igualmente de no haber existido el cártel, la Comisión manifestó lo siguiente (considerandos 359, 365 y 369 de la Decisión):

«(359) […] Las alegaciones formuladas por ADM no demuestran de manera convincente que la aplicación de los acuerdos del cártel no pudo desempeñar papel alguno en las fluctuaciones de precios. Si bien es cierto que el caso planteado por ADM puede producirse en ausencia de concertación, tal caso encaja también perfectamente con una práctica colusoria existente. El aumento de las capacidades experimentado a mediados de los años 80 puede haber sido a la vez la causa y el resultado de la desaparición del primer cártel (1981-1985). Por su parte, la evolución a partir de 1987 es plenamente compatible con la reactivación del cártel efectuada en este período. Por consiguiente, el hecho de que el precio del gluconato sódico comenzara a aumentar no puede explicarse completamente sólo por el juego de la competencia, sino que debe interpretarse a la luz del acuerdo celebrado entre los participantes sobre los “precios mínimos”, el reparto de cuotas de mercado, así como el sistema de información y vigilancia. Todos estos factores contribuyeron al éxito de las subidas de precios.

[…]

(365) [Uno de los gráficos] encontrados en los locales de Roquette confirma que entre 1991 y 1995, es decir, el período durante el cual ADM participó en el cártel, los precios permanecieron estables o disminuyeron ligeramente. Nada indica que los precios sufrieran caídas notables y aún menos que no fueran rentables. La salida de ADM del mercado se explica de manera más verosímil por los graves problemas técnicos experimentados por ella inmediatamente después de haberse sumado al cártel y que perduraron. Por ello, nunca fue capaz de cubrir sus cuotas de ventas.

[…]

(369) Por último, es inconcebible que las partes decidieran en varias ocasiones reunirse en todos los puntos del planeta para atribuirse cuotas de ventas, fijar precios y repartirse la clientela durante un período tan largo, habida cuenta en particular del riesgo que corrían, si según ellas el cártel tenía únicamente una incidencia nula o limitada sobre el mercado del gluconato sódico.»

67 A la luz de este análisis, las diferentes alegaciones formuladas por Roquette en cuanto a la demostración por parte de la Comisión de la existencia de repercusiones concretas del cártel pueden distinguirse según se refieran a las deducciones que hizo la Comisión acerca de la aplicación de los acuerdos del cártel, a los elementos que la Comisión tuvo en cuenta para la demostración de la aplicación y los efectos del cártel y a la omisión por la Comisión de otros elementos a la hora de apreciar las repercusiones concretas del cártel.

2. En cuanto a si la Comisión adoptó un enfoque erróneo para demostrar que el cártel tuvo repercusiones concretas sobre el mercado

a) Alegaciones de las partes

68 Aparte de cuestionar la pertinencia de los elementos considerados por la Comisión para demostrar la puesta en práctica y el efecto del cártel, Roquette pone en duda que la Comisión pueda acreditar la existencia de repercusiones concretas basándose en deducciones realizadas a partir de la puesta en práctica del cártel.

69 En particular, Roquette rebate, por un lado, el análisis de la Comisión en los considerandos 340 a 351 de la Decisión, donde afirma que, puesto que los acuerdos del cártel se aplicaron rigurosamente, tenía que haber afectado al esquema normal de los comportamientos y que la ejecución efectiva de los acuerdos no supone necesariamente la aplicación exacta de los mismos precios y volúmenes en el mercado, sino que bastaba una aproximación a un nivel acordado. Por otro lado, Roquette cuestiona la deducción de la existencia de repercusiones sobre el mercado efectuada por la Comisión, en el considerando 369 de la Decisión, a partir de las reuniones continuas de las partes durante un largo período de tiempo a pesar de los riesgos.

70 La Comisión niega el fundamento de estas alegaciones.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

71 En primer lugar, procede recordar que, según el tenor del punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices, a la hora de calcular la multa en función de la gravedad de la infracción, la Comisión ha de tener en cuenta, en particular, «sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)».

72 A este respecto, debe analizarse el significado exacto de la expresión «siempre y cuando [las repercusiones concretas] se puedan determinar». En particular, se trata de dilucidar si, con arreglo a dicha expresión, la Comisión únicamente podrá tener en cuenta las repercusiones concretas de una infracción al calcular las multas si es capaz de cuantificar dichas repercusiones, y en la medida en que lo logre.

73 Como la Comisión ha alegado acertadamente, el examen de las repercusiones de una práctica colusoria en el mercado implica necesariamente recurrir a la formulación de hipótesis. En este contexto, la Comisión debe examinar, en particular, cuál habría sido el precio del producto en cuestión si no hubiera existido la práctica colusoria. Ahora bien, en el examen de las causas de la evolución real de los precios, es delicado especular sobre el papel que cada una desempeña. Ha de tenerse en cuenta el hecho objetivo de que, debido a la existencia de una concertación sobre los precios, las partes han renunciado precisamente a su libertad de competir a través de los precios. Así pues, la evaluación de la influencia resultante de factores distintos de esta abstención voluntaria de los participantes en la práctica colusoria debe basarse forzosamente en probabilidades razonables y que no pueden cuantificarse con precisión.

74 Por tanto, a menos que se acepte privar de efecto a dicho criterio, susceptible de ser utilizado para la determinación del importe de la multa, no cabe reprochar a la Comisión que se haya basado en las repercusiones concretas de una práctica colusoria en el mercado de referencia, a pesar de no haber podido cuantificar dichas repercusiones ni aportar una valoración numérica al respecto.

75 Por consiguiente, procede considerar que las repercusiones concretas de una práctica colusoria en el mercado quedan suficientemente demostradas si la Comisión puede proporcionar indicios concretos y verosímiles que indiquen, con una probabilidad razonable, que dicha práctica ha tenido repercusiones en el mercado.

76 En el presente caso, del resumen del análisis efectuado por la Comisión (véanse los apartados 61 a 66 supra) se desprende que ésta se apoyó en dos indicios para llegar a la conclusión de que existían «repercusiones reales» del cártel sobre el mercado. En efecto, por un lado, invocó la circunstancia de que los participantes en el cártel habían aplicado escrupulosamente los acuerdos de éste (véase, en particular, el considerando 340 de la Decisión, reproducido en el apartado 61 supra) y que la concertación se había prolongado durante un largo período de tiempo (considerando 369 de la Decisión, reproducido en el apartado 66 supra). Por otro lado, estimó que los gráficos obtenidos en los locales de Roquette mostraban cierta concordancia entre los precios fijados por el cártel y los aplicados realmente en el mercado por los participantes en él (considerando 354 de la Decisión, reproducido en el apartado 64 supra).

77 Debe subrayarse, en primer lugar, que la Comisión no se limitó a deducir únicamente de la aplicación efectiva de los acuerdos del cártel unas repercusiones concretas sobre el mercado del gluconato sódico. En efecto, según se desprende de los extractos de la Decisión citados anteriormente, la Comisión trató, en la medida de lo posible, de examinar separadamente la aplicación de los acuerdos del cártel y sus repercusiones concretas, considerando básicamente que la aplicación de los acuerdos de un cártel es una condición previa y necesaria para la demostración de las repercusiones concretas de éste, pero no es una condición suficiente para esta demostración (véase, en este sentido el considerando 341 de la Decisión). Es verdad que, en el considerando 341 de la Decisión, la Comisión admitió que era «inevitable que determinados elementos fácticos utilizados para extraer conclusiones en estos dos aspectos se solaparan» –razón por la cual, como señala Roquette, la Comisión no siempre empleó términos apropiados en cada una de estas partes de su análisis–, pero no es menos cierto que no cabe reprochar a la Comisión haber confundido la aplicación y las repercusiones concretas del cártel. Por otra parte, debido a su carácter de condición previa de las repercusiones concretas de un cártel, la aplicación efectiva de éste constituye un principio de indicio de la existencia de repercusiones concretas del cártel.

78 Además, no puede reprocharse a la Comisión haber considerado que, puesto que los participantes en el cártel representaban más del 90 % del mercado mundial y el 95 % del mercado del EEE del gluconato sódico y dedicaban esfuerzos considerables a la organización, seguimiento y vigilancia de los acuerdos de este cártel, la aplicación de éste constituía un fuerte indicio de la existencia de efectos en el mercado, teniendo en cuenta (véase el apartado 167 infra) que, en el presente caso, la Comisión no se limitó a este análisis.

79 Asimismo, la Comisión podía legítimamente considerar que el peso de este indicio aumentaba con la duración del cártel. En efecto, el buen funcionamiento de una práctica colusoria compleja relativa, como en el caso de autos, a la fijación de precios, el reparto de los mercados y el intercambio de información requiere en particular importantes gastos de administración y de gestión. Por tanto, la Comisión podía estimar razonablemente que el hecho de que las empresas prolongasen la infracción y garantizasen la eficacia de su gestión administrativa durante un largo período de tiempo, a pesar de los riesgos inherentes a tales actividades ilícitas, indicaba que los participantes en el cártel obtuvieron un cierto beneficio de ésta y, por tanto, que dicho cártel tuvo repercusiones concretas sobre el mercado afectado, aunque éstas no pudieran cuantificarse.

80 De lo anterior se desprende que la Comisión no adoptó un enfoque erróneo para apreciar las repercusiones concretas del cártel sobre el mercado del gluconato sódico.

3. Sobre las alegaciones basadas en los elementos que la Comisión tuvo en cuenta para acreditar la aplicación y los efectos del cártel

a) Sobre las diferentes fases del cártel

Alegaciones de las partes

81 Según Roquette, la Comisión distingue en la Decisión tres fases en la puesta en práctica de la infracción, a saber, la fase «preparatoria» (del mes de mayo de 1986 al mes de abril de 1987), la fase «operativa» (del mes de abril de 1987 al mes de mayo de 1990, fecha de la adhesión de ADM al cártel) y la fase de «declive» (del mes de mayo de 1990 al mes de junio de 1995). Roquette alega que esta distinción se basa aparentemente en el grado de repercusión del cártel sobre el mercado y que la Comisión no evaluó adecuadamente los efectos de este cártel durante las fases primera y última.

82 Roquette estima que, durante la fase preparatoria, no hubo ningún efecto real contrario a la competencia en el mercado afectado, porque en ella las partes únicamente establecieron contactos y únicamente se pusieron de acuerdo sobre los principios rectores del cártel. Así como la Comisión reconoció en el considerando 106 de la Decisión que la reunión del mes de mayo de 1986 no había tenido ningún efecto y, por tanto, no debía tenerse en cuenta para la apreciación de los efectos del cártel, Roquette estima que la reunión de los días 19 y 20 de febrero de 1987 no tuvo ningún efecto y, por consiguiente, la Comisión tampoco debía tenerla en cuenta. Según Roquette, durante esta última reunión, sólo se establecieron los principios del cártel, pero no sus modalidades prácticas, que únicamente se acordaron en la reunión de los días 11 y 12 de abril de 1987. A su juicio, por tanto, la Comisión sólo podía tener en cuenta los efectos de la infracción a partir del mes de abril de 1987 y no, como hizo, a partir del mes de febrero de 1987.

83 Además, Roquette estima que la Comisión omitió considerar las carencias funcionales del cártel durante el período de declive para la evaluación de los efectos de éste sobre el mercado. Así, aduce que la Comisión no tuvo en cuenta el cuestionamiento del sistema de compensación debido a la imposibilidad de ADM para respetar las cuotas que se le habían atribuido desde su adhesión al cártel, pese a que la Comisión reconoció tales hechos en los considerandos 100, 200 y 209 de la Decisión. La Comisión tampoco tuvo en cuenta que no se pusieron en práctica los principios acordados en las reuniones, especialmente por lo que respecta a la comunicación de los datos relativos a las ventas y al respeto de las cuotas por las partes. En particular, Roquette alega que la Comisión no tuvo en cuenta su negativa a participar en el sistema de vigilancia externa, lo cual le concedía un margen de maniobra.

84 La Comisión solicita que se desestimen estas alegaciones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

85 Por lo que respecta a la ausencia de consideración de los diferentes períodos del cártel, es preciso señalar, en primer lugar, que, contrariamente a las alegaciones de Roquette, la Comisión no determinó el nivel de las repercusiones del cártel en función de cada una de las fases de éste. En efecto, de los considerandos 352 y siguientes de la Decisión se desprende que la Comisión tuvo en cuenta las repercusiones del cártel en función de un único período que comprendía la duración total de la infracción.

86 Además, en lo que atañe a la inexistencia de efectos del cártel durante su período preparatorio, es cierto que de la Decisión se desprende que, durante la reunión de los días 19 y 20 de febrero de 1987 en Ámsterdam, Benckiser GmbH (que en 1988 cedió su actividad relativa al gluconato sódico a Jungbunzlauer), Fujisawa, Glucona y Roquette celebraron un acuerdo marco general cuyas modalidades debían examinarse en la siguiente reunión, prevista para dos meses más tarde en Vancouver (considerandos 108 y 109 de la Decisión), y que, en la reunión de los días 11 y 12 de abril de 1987 en Vancouver, estas mismas partes, así como Finnsugar, concretaron principios de aplicación de los acuerdos del cártel (considerandos 112, 113, 115 y 116 de la Decisión).

87 No obstante, en la reunión de los días 19 y 20 de febrero en Ámsterdam, se acordó, en lo que atañe al principio de la fijación, la congelación y el respeto de las cuotas de mercado basadas en las ventas reales del año o de los dos años precedentes, que los volúmenes de ventas de 1986 debían servir de referencia (considerando 108 de la Decisión) y que las cuotas de mercado debían repartirse en función de una determinada clave de reparto. Este último elemento se desprende de una nota de un representante de Roquette de 3 de marzo de 1997, entregada por Roquette a la Comisión durante el procedimiento administrativo. Por consiguiente, en la reunión de los días 19 y 20 de febrero de 1987 en Ámsterdam, al menos, las partes acordaron ciertas modalidades prácticas que permitían una aplicación parcial de los acuerdos del cártel. Por tanto, no cabe negar su puesta en práctica desde esta fecha, pese a las diversas precisiones efectuadas más tarde.

88 Por lo que respecta a la circunstancia de que no se tomara en consideración la reducción de los efectos del cártel durante el período de declive, es cierto que de la Decisión se desprende que la inobservancia de las cuotas por parte de ADM ocasionó numerosos desencuentros entre los diferentes miembros del cártel y peticiones de abandonar el sistema de compensación (véanse, en particular, los considerandos 100, 200 y 209 de la Decisión). No obstante, la incapacidad de ADM para cumplir su cuota de ventas, mientras los demás participantes en el cártel restringían su oferta del producto, reducía aún más la oferta del gluconato sódico en el mercado, lo cual no disminuía, sino que más bien reforzaba el efecto del cártel sobre el mercado.

89 Además, en lo que atañe a las alegaciones de Roquette respecto a la falta de comunicación de los datos relativos a sus ventas y a la observancia de las cuotas durante este período de declive, procede señalar que Roquette se limitó a invocar en apoyo de esta afirmación su negativa a participar en el sistema de vigilancia externa, lo que le dejaba un margen de maniobra. Pues bien, en virtud de una jurisprudencia reiterada, el comportamiento efectivo que afirma adoptar una empresa no resulta pertinente para valorar las repercusiones de la práctica colusoria sobre el mercado, pues los efectos que deben tomarse en consideración son los resultantes de la infracción en la que ha participado considerada en su conjunto (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartados 150 y 152, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartados 160 y 167). Por consiguiente, la alegación de que no se tuvo en cuenta la reducción de los efectos del cártel durante el período de declive carece igualmente de fundamento.

90 Por último, en cualquier caso, aunque se comprobara que la práctica colusoria no se aplicó durante el período preparatorio y el período de declive, tal circunstancia, por sí misma, no podría acreditar la inexistencia de repercusiones del cártel sobre el mercado. Las repercusiones de una práctica colusoria no están necesariamente correlacionadas con su duración. Así, no cabe excluir que, cuando el efecto de una práctica colusoria es inexistente durante un largo período pero devastador durante un breve plazo, el efecto de dicha práctica sea tan importante como el de una práctica colusoria que tenga un cierto efecto a lo largo de toda la existencia de ésta. Por consiguiente, la ausencia de efecto o la existencia de un efecto limitado de la práctica colusoria durante determinados períodos, aunque se compruebe, no acredita necesariamente un efecto menor que el de una práctica colusoria considerada en toda su duración.

91 En virtud de las anteriores consideraciones, procede desestimar las alegaciones de Roquette basadas en que no se consideraron los diferentes períodos del cártel.

b) En cuanto a la no consecución de los objetivos del cártel durante el período operativo

Introducción

92 Roquette estima asimismo que el cártel tuvo un impacto real limitado durante su fase «operativa» (del mes de abril de 1987 al mes de mayo de 1990), que la Comisión no tuvo en cuenta adecuadamente. En particular, Roquette aduce que no se tomaron en consideración los efectos limitados del cártel, dada la ineficacia del sistema de vigilancia y la falta de consecución de los objetivos del cártel, consistentes en el establecimiento de cuotas, la fijación de los precios y el reparto de los clientes.

93 A este respecto, procede subrayar ante todo que la Comisión no demuestra, en el presente caso, el efecto del cártel basándose en la plena consecución de estos objetivos. La Comisión considera que los intercambios de datos entre las partes, la definición detallada de cuotas de mercado, la fijación de precios de referencia y/o mínimos y la atribución de los clientes a los miembros del cártel en las reuniones ponen de manifiesto en primer lugar la puesta en práctica de éste. A la luz de esta puesta en práctica y de la evolución de los precios en el mercado del gluconato sódico, según se desprende, a juicio de la Comisión, de los gráficos obtenidos en los locales de Roquette, la Comisión concluye que se alcanzó, al menos de forma parcial, el objetivo primordial de los miembros del cártel, es decir, el mantenimiento artificial de un precio elevado para el gluconato sódico (considerando 354 de la Decisión).

94 Por tanto, es preciso abordar cada una de las objeciones de Roquette en cuanto a la no consecución de los objetivos del cártel para determinar si éstas pueden poner en tela de juicio la existencia de la aplicación que demuestra la Comisión. En efecto, dado que la aplicación de una práctica colusoria constituye el requisito previo de la existencia de repercusiones concretas de dicha práctica, la refutación de la aplicación de la práctica colusoria hace imposible la demostración de las repercusiones concretas de ésta.

El sistema de vigilancia

– Alegaciones de las partes

95 Roquette alega que el sistema de vigilancia, considerado como un elemento clave de los efectos del cártel, fue totalmente defectuoso. Aduce que la Comisión reconoció tal circunstancia en los considerandos 93, 172, 195 y 214 de la Decisión y que Roquette lo subrayó en su memorándum de cooperación de 22 de julio de 1999 (en lo sucesivo, «memorándum de 22 de julio de 1999»), el cual indicaba que los participantes en el acuerdo facilitaban datos inexactos. Sin embargo, la Comisión no tuvo en cuenta esta deficiencia del sistema de vigilancia al apreciar la gravedad de la infracción.

96 La Comisión solicita que se desestime esta alegación.

– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

97 Por lo que respecta a los sistemas de vigilancia, es decir, en un primer momento, el desarrollado mediante una sociedad fiduciaria suiza, que recopilaba los datos estadísticos sobre los miembros del cártel, así como el sistema por el cual uno de los participantes recopilaba los datos de todos ellos para distribuirlos posteriormente a los demás (considerando 92 de la Decisión), está fuera de discusión que no funcionaron perfectamente, de modo que los datos recogidos en estos sistemas no reflejan plenamente la realidad del mercado.

98 No obstante, ninguno de los elementos invocados por Roquette permite cuestionar el hecho de que los participantes en el cártel comunicaron datos en el marco del sistema de vigilancia. Además, los datos comunicados, aun admitiendo su carácter aproximado, habían de tener al menos una cierta relevancia y, por tanto, ser útiles para los participantes en el cártel. En efecto, los participantes no dejaron en ningún momento de comunicar datos al sistema de vigilancia y siguieron reuniéndose para discutirlos y para establecer cuotas basándose en ellos.

99 En consecuencia, la Comisión podía legítimamente llegar a la conclusión, en el considerando 344 de su Decisión, de que las partes habían puesto en práctica un sistema de vigilancia, aunque fuera imperfecto.

Las cuotas

– Alegaciones de las partes

100 Roquette alega que el objetivo de establecer un sistema de cuotas de venta quedó en gran medida neutralizado por la ineficacia del sistema de vigilancia. A su juicio, los considerandos 181, 196, 200, 209 y 225 de la Decisión ponen de manifiesto que la observancia de las cuotas fue una continua fuente de dificultades. Además, Roquette sostiene que, a lo largo de toda su cooperación con la Comisión, llamó la atención de ésta sobre la inobservancia de las cuotas. Así, afirma que en su memorándum de 22 de julio de 1999 indicó que había producido y vendido al máximo de su capacidad industrial –excluyendo por ello toda idea de limitación de la producción o venta–, según la evolución de la demanda. Roquette subraya que la Comisión no negó este hecho, pero no lo tuvo en cuenta en su análisis. También señaló los excesos respecto a las cuotas de venta por parte de determinados miembros del cártel, lo cual, en su opinión, pone en duda la credibilidad de las afirmaciones de la Comisión en cuanto a la precisión de las cantidades anuales atribuidas. Por último, Roquette considera que su análisis queda corroborado por sus considerables rebasamientos de las cuotas asignadas, lo que, según afirma, se tradujo en la pérdida de un cliente importante a consecuencia de la sanción impuesta por los demás miembros del cártel.

101 Roquette rebate el razonamiento de la Comisión que lleva a ésta a considerar, basándose en ligeras desviaciones entre las cuotas acordadas y los volúmenes realmente vendidos, que las partes «pusieron efectivamente en práctica» el sistema de cuotas (considerando 346 de la Decisión). Según Roquette, no cabe extraer tal conclusión de las cifras comunicadas por las partes en el marco del cártel, porque está claro que estas cifras eran en su mayor parte inexactas y, en su caso, el sistema de cuotas no tuvo ninguna repercusión sobre su política comercial. En su opinión, la ineficacia del sistema de cuotas queda demostrada por la incapacidad de los miembros del cártel para obligar a Roquette o a ADM a respetar sus cuotas. Por último, Roquette cuestiona la afirmación de la Comisión, en el considerando 347 de la Decisión, según la cual la aplicación de las cuotas resulta de una «elaboración minuciosa», en la medida en que el establecimiento de cuotas con un sistema de compensación atenúa su rigor.

102 La Comisión solicita que se desestimen estas alegaciones.

– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

103 Por lo que respecta a la consideración de las cuotas por parte de la Comisión, Roquette estima, en primer lugar, que la efectividad del sistema de cuotas queda en gran medida neutralizada por la ineficacia del sistema de vigilancia. Ahora bien, dado que, como se ha indicado en el apartado 98 supra, las eventuales carencias del sistema de vigilancia no cuestionaban su puesta en práctica, tampoco podían afectar a la puesta en práctica, gracias a este sistema de vigilancia, de un sistema de cuotas.

104 En segundo lugar, Roquette menciona la inobservancia de las cuotas por las partes. Si bien es verdad que, como indica la Comisión en la Decisión, ciertos elementos ponen de manifiesto que algunos operadores no respetaban las cuotas, es preciso subrayar que las partes continuaron discutiendo con regularidad acerca de estas cuotas y de su respeto. Ello muestra de manera suficiente que las partes elaboraron un sistema de cuotas y que éste se puso en práctica, al menos parcialmente. En efecto, si las discusiones sobre las cuotas fueran meramente teóricas, como sostiene Roquette, las partes no se habrían tomado la molestia de seguir discutiendo sobre tales cuotas.

105 Además, consta, sin que Roquette lo haya negado, que algunas partes se enfrentaron en relación con estas cuotas. Así, se menciona una disputa entre las partes cuando los delegados de Finnsugar comunicaron su intención de aumentar significativamente su cuota de mercado (considerando 125 de la Decisión). El hecho de que Finnsugar hiciera esta declaración de intenciones y la reacción que ésta provocó constituyen un indicio de la existencia de un acuerdo previo sobre las cuotas y de un reparto de las cuotas de mercado. Asimismo, las exhortaciones dirigidas a que ADM respetara sus cuotas y el descontento de Glucona, que hizo un seguimiento de la inobservancia de esas cuotas por parte de ADM, indican que Glucona se sentía vinculada por las cuotas atribuidas a las partes en virtud del cártel y, por consiguiente, por sus propias cuotas, lo que permite asumir que las respetó en algún momento (considerando 193 de la Decisión).

106 En tercer lugar, Roquette alega que la Comisión no podía considerar fiables las cifras comunicadas por las partes en el marco del cártel, porque está acreditado que tales cifras eran la mayoría de las veces inexactas. En consecuencia, Roquette estima que la Comisión no podía probar la aplicación de los acuerdos del cártel basándose en la ligera desviación entre las cuotas y los volúmenes efectivamente vendidos.

107 Si bien es cierto que no cabe excluir que determinados participantes en el cártel hayan transmitido cifras inexactas que los demás participantes consideraran exactas, al fin y al cabo se comunicaron cifras entre las partes y se calcularon cuotas de mercado con precisión y se distribuyeron entre las partes. Estos elementos corresponden a la aplicación de la práctica colusoria.

108 En cuarto lugar, Roquette alega que el hecho de que ni ella misma ni ADM pudieran ser obligadas a respetar sus cuotas pone de manifiesto que el sistema de compensación no funcionaba. Además, Roquette estima que el establecimiento de cuotas junto con un sistema de compensación atenúa el rigor de éstas y que, por consiguiente, la Comisión no puede deducir de la mera aplicación de las cuotas que éstas fueran elaboradas minuciosamente por las partes.

109 A este respecto, es preciso recordar que el sistema de compensación consistía en aumentar o disminuir, con carácter anual, en función de la diferencia entre la cuota anual asignada a una empresa y sus ventas reales, las cuotas atribuidas a esta empresa el año siguiente. Así, una empresa que sobrepasara un año la cuota anual que se le hubiera asignado vería reducida su cuota anual para el año siguiente en la cantidad correspondiente a la diferencia entre su cuota y sus ventas reales en el año precedente, y a la inversa (considerando 99 de la Decisión).

110 Sin embargo, el hecho de que ADM y Roquette nunca hubieran podido ser obligadas a respetar sus cuotas no demuestra necesariamente que no se aplicara el sistema de compensación. En efecto, el hecho de que ADM acumulase excesos de cuotas respecto a los demás miembros del cártel, debido a que no conseguía respetar su cuota, con el consiguiente desagrado de Glucona (considerando 193 de la Decisión), prueba que la inobservancia de las cuotas por parte de ADM fue sancionada y que el sistema de compensación funcionaba. Por otra parte, de la circunstancia de que un sistema de compensación pueda atenuar el rigor de las cuotas no cabe deducir que dicho sistema se haya elaborado con mayor o menor minuciosidad. El carácter minucioso puesto de manifiesto por la Comisión sólo se refería, en cualquier caso, al establecimiento de las cuotas en sí mismo. Por último, la alegación es inexacta, en la medida en que, en el presente caso, el rigor de las cuotas no queda atenuado por el sistema de compensación; en efecto, el sistema de compensación sólo permite diferir la sanción de la inobservancia de las cuotas. Además, la propia Roquette señala que una parte no podía abusar de este sistema de compensación, puesto que, según se desprende del memorándum de 22 de julio de 1999, no haber respetado las cuotas le supuso perder Glucona, cliente importante en el mercado del gluconato sódico, debido a la sanción impuesta por los demás miembros del cártel.

111 Por tanto, la Comisión acreditó la existencia de la puesta en práctica de un sistema de cuotas.

Los precios

– Alegaciones de las partes

112 Roquette estima asimismo que el establecimiento de precios mínimos y/o de referencia nunca funcionó realmente en la práctica. Los considerandos 199 y 209 de la Decisión y el memorándum de 22 de julio de 1999 acreditan, en su opinión, que las partes no respetaron los precios mínimos y/o de referencia. Sostiene que la afirmación contenida en el considerando 219 de la Decisión según la cual se respetaron precios mínimos y/o de referencia sólo quedó demostrada respecto a Glucona.

113 Roquette considera además que la Comisión no tuvo en cuenta los datos que ella le había transmitido, que permitían acreditar que las desviaciones entre los precios fijados por las partes y los precios que ella aplicaba eran muy relevantes y que sus precios se situaban sistemáticamente por debajo de los precios de referencia y/o mínimos. Para ilustrar sus alegaciones, Roquette reproduce en su demanda y en forma de tablas la lista de sus principales compradores en Europa y los precios aplicados por ella entre 1989 y 1994.

114 Roquette sostiene, por otra parte, que a lo largo de todo el memorándum de 22 de julio de 1999, llamó la atención de la Comisión sobre el hecho de que el precio de referencia fijado por las partes era puramente teórico.

115 Asimismo, Roquette considera que la alegación de la Comisión, según la cual la puesta en práctica de los acuerdos sobre los precios queda demostrada cuando los precios aplicados se aproximan al nivel acordado (considerando 348 de la Decisión), sólo es válida, en el presente caso, para los precios de referencia y no para los precios mínimos.

116 La Comisión solicita que se desestimen estas alegaciones.

– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

117 Por lo que respecta a la falta de funcionamiento del sistema de precios mínimos y/o de referencia, está fuera de discusión que las partes pusieron de manifiesto ciertos casos en los que no se aplicaron los precios acordados (véanse, en particular, los considerandos 199 y 209 de la Decisión).

118 No obstante, de ello no cabe deducir que tales precios de referencia y/o mínimos nunca se hubieran aplicado. Así, como reconoce Roquette, del considerando 219 de la Decisión se desprende que Glucona se atuvo a los precios de referencia.

119 Además, contrariamente a lo que afirma Roquette, este considerando no es el único que acredita que determinadas partes aplicaron los precios acordados. Así, del considerando 204 de la Decisión se desprende que una nota interna de Jungbunzlauer da cuenta de la aplicación por ésta del precio mínimo acordado en una reunión del cártel.

120 Por tanto, la Comisión acreditó de manera razonable que los precios fijados por las partes no eran puramente teóricos y que las partes pusieron en práctica acuerdos sobre precios, aunque no de manera sistemática.

121 Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho, suponiendo que se demuestre, de que Roquette jamás se atuviera a la fijación de los precios establecida por el cártel y que su precio real se desviaba sistemáticamente y de manera relevante del precio de referencia. En efecto, como se ha indicado en el apartado 89 supra, al analizar la calificación por parte de la Comisión de la gravedad de la infracción, el Tribunal de Primera Instancia no tiene que examinar los comportamientos de cada empresa, puesto que los efectos que han de tomarse en consideración para fijar el nivel general de las multas no son los resultantes del comportamiento efectivo que una empresa afirma haber adoptado, sino los resultantes de la infracción en la que ha participado, considerada en su conjunto.

122 Por último, Roquette considera que la postura de la Comisión según la cual la aplicación efectiva de la práctica colusoria respecto a los precios de referencia y los volúmenes de venta no supone necesariamente que se encuentren exactamente los mismos precios y volúmenes en el mercado, sino que una fijación de los precios por las partes próxima al nivel acordado basta para demostrar una aplicación del acuerdo (considerando 348 de la Decisión) no es válida en el presente caso. Roquette estima que esta postura de la Comisión sólo es pertinente en relación con los precios de referencia, pero no en relación con los precios mínimos. Pues bien, a su entender, en el presente caso sólo hay precios mínimos. A este respecto, basta señalar que Roquette no demuestra por qué esta postura debería ser diferente para los precios mínimos.

123 Por tanto, la Comisión podía legítimamente llegar a la conclusión de que las partes pusieron en práctica un cártel sobre los precios del gluconato sódico.

El reparto de los clientes

– Alegaciones de las partes

124 Roquette alega que nunca participó en acuerdos relativos a la clientela y que mantuvo su situación en términos de volumen de mercado, lo que a su juicio demuestra la ineficacia del sistema de intercambio de clientes y, por tanto, permite cuestionar el efecto del cártel.

125 La Comisión no formula alegaciones específicas a este respecto.

– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

126 En lo que atañe a las alegaciones de Roquette en cuanto a la ineficacia del sistema de intercambio de clientes, es preciso señalar que Roquette basa sus argumentos únicamente en el hecho de no haber participado en dicho intercambio.

127 Pues bien, tal circunstancia no pone en duda la puesta en práctica del intercambio de clientes entre las demás partes del cártel, según se desprende de las actas de las reuniones de 9 de agosto en Zúrich (considerando 137 de la Decisión) y de las notas manuscritas tomadas por Roquette en las reuniones de 28 de noviembre de 1989 en Hakone y de 10 y 11 de junio de 1991 en Ginebra (considerandos 148 y 177 de la Decisión).

128 En cualquier caso, como se indica en el apartado 89 supra, en esta fase del análisis de la gravedad de la infracción, sólo han de tomarse en consideración los efectos resultantes de la infracción considerada en su conjunto, y no el comportamiento particular de uno de los participantes en la infracción. Puesto que las objeciones de Roquette se refieren únicamente a su propio comportamiento, en esta fase del análisis no cabe estimar su argumentación.

129 Por tanto, la Comisión podía legítimamente llegar a la conclusión de que las partes habían puesto en práctica un intercambio de clientes.

130 A la luz de las precedentes consideraciones, procede estimar que la Comisión no cometió un error al considerar que las partes habían aplicado los acuerdos del cártel.

c) Sobre las objeciones basadas en la consideración de los efectos del cártel a partir de los gráficos obtenidos en los locales de Roquette

Alegaciones de las partes

131 Según Roquette, para demostrar el efecto del cártel, la Comisión se basa exclusivamente en gráficos obtenidos en sus locales. Ahora bien, según Roquette, estos gráficos no atañen a todos los operadores y la Comisión extrajo equivocadamente conclusiones generales sobre el cártel a partir de su situación particular. Además, afirma que los datos recogidos en estos gráficos son contradictorios con los precios para los clientes que Roquette facilitó a la Comisión en el marco de su colaboración con ésta, lo que a su juicio demuestra la inaplicación de los precios previstos por el cártel. Aduce que, por lo demás, estos gráficos muestran, para el período que comienza en 1989 –período clave del cártel–, fuertes fluctuaciones y una tendencia a la baja, lo cual es contrario a una concertación que se pone en práctica con éxito. Según Roquette, la Comisión también admitió en su escrito de contestación no saber si tales gráficos correspondían a los precios de Roquette o a los precios de todos los miembros del cártel para el gluconato sódico. En su opinión, estas dudas confirman la falta de diligencia de la Comisión para saber más sobre el significado de estos gráficos.

132 La Comisión solicita que se desestimen estas alegaciones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

133 Además de deducir de la aplicación de los acuerdos del cártel la existencia de un efecto real de éste (véase el apartado 63 supra), la Comisión concluye que existen «repercusiones reales» del cártel basándose en la plausible correlación entre, por un lado, la puesta en práctica de éste y, por otro lado, la evolución de los precios reflejada en los dos gráficos obtenidos en los locales de Roquette.

134 A este respecto, cabe observar que los dos gráficos obtenidos por la Comisión en los locales de Roquette, el primero titulado «Gluconato sódico – Evolución del precio europeo» y el segundo titulado «Evolución del precio europeo del gluconato sódico», describen una evolución de precios. Estos gráficos representan, en ordenadas, los precios expresados en FRF/kg y, en abscisas, los años, referidos al período comprendido entre 1977 y 1995, en el primer gráfico, y al período comprendido entre 1979 y 1992, en el segundo gráfico.

135 En el primer gráfico, consta que, entre el año 1985 y principios del año 1987, el precio desciende, pasando de más de 8,5 FRF/kg a poco más de 4,5 FRF/kg. Entre 1987 y principios de 1989, este mismo precio sube, pasando de poco más de 4,5 FRF/kg a poco más de 8 FRF/kg. De 1989 a 1991, el precio vuelve a bajar, desde poco más de 8 FRF/kg hasta poco menos de 7 FRF/kg, y a continuación asciende, a partir de 1991 en torno a 7,5 FRF/kg y se estabiliza hasta 1994. El segundo gráfico muestra una evolución similar de los precios en el período comprendido entre 1986 y 1992.

136 Partiendo de estos gráficos, puede constatarse que la aplicación de los acuerdos que establecieron el nuevo cártel a partir de 1986 corresponde a un fuerte aumento (duplicación) de los precios entre 1987 y 1989, respecto a los precios a principios de 1985.

137 Roquette alega, no obstante, que los precios representados en estos gráficos corresponden a sus precios y no a los precios del mercado. Si bien es cierto que estos gráficos no indican en absoluto si se trata de los precios de Roquette o de los precios de todo el mercado del gluconato sódico, cabe señalar que, durante el procedimiento administrativo (considerandos 355 a 362 de la Decisión), otros participantes en el cártel se refirieron a tales gráficos en sus alegaciones relativas al alza de los precios entre 1987 y 1989. Así, ADM alude a un regreso mecánico a los niveles aplicados antes de 1987. Akzo menciona fluctuaciones monetarias (considerando 357 de la Decisión).

138 El hecho de que los demás miembros del cártel intenten justificar la evolución de los precios reflejada en estos gráficos indica que estos otros miembros consideran que tales precios del gluconato sódico corresponden igualmente a los precios aplicados por ellos y no sólo a los aplicados por Roquette. Dado que no se ha puesto en duda que los miembros del cártel poseen conjuntamente una cuota de mercado de más del 90 %, la Comisión podía legítimamente basarse en estos gráficos para demostrar el efecto del cártel en el mercado del gluconato sódico.

139 Roquette estima además que los precios recogidos en estos gráficos no corresponden a sus precios, según los datos que proporcionó a la Comisión en el marco de su colaboración con ésta.

140 No obstante, es preciso observar que los datos facilitados por Roquette en el marco de su colaboración con la Comisión no se refieren en todos los casos a