Palabras clave

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Palabras clave

1. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades — Acta de adhesión de 2003 — Normativa comunitaria no publicada en el Diario Oficial en la lengua de un nuevo Estado miembro, lengua oficial de la Unión Europea — Inoponibilidad a los particulares

(Acta de adhesión de 2003, art. 58)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia

(Arts. 234 CE y 254 CE, ap. 2, primera frase; Acta de adhesión de 2003, arts. 2 y 58; Reglamento nº 1 del Consejo, arts .4 y 5)

3. Cuestiones prejudiciales — Interpretación — Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas

(Arts. 231 CE y 234 CE)

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1. Si una normativa comunitaria no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en la lengua de un nuevo Estado miembro, pese a que dicha lengua es una lengua oficial de la Unión, el artículo 58 del Acta relativa a las condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, impide imponer las obligaciones contenidas en dicha normativa a unos particulares en ese Estado, aunque éstos hubieran podido tomar conocimiento de dicha normativa por otros medios.

En efecto, el imperativo de seguridad jurídica exige que toda normativa comunitaria permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone, algo que sólo puede garantizarse mediante la debida publicación de dicha normativa en la lengua oficial de destinatario. Además, sería contrario al principio de igualdad de trato aplicar del mismo modo las obligaciones impuestas por una normativa comunitaria en los antiguos Estados miembros, en los que los particulares tienen la posibilidad de conocer tales obligaciones, en la lengua de dichos Estados, a través del Diario Oficial de la Unión Europea, y en los nuevos Estados miembros en los que una publicación tardía ha hecho imposible el conocimiento de dichas obligaciones. La observancia de estos principios fundamentales no es contraria al principio de efectividad del Derecho comunitario, dado que este último principio no puede referirse a normas que aún no son oponibles a los particulares. Reconocer tal oponibilidad a un acto que no ha sido debidamente publicado, en nombre del principio de efectividad, sería contrario a la ley y equivaldría a hacer recaer en los particulares del Estado miembro de que se trate las consecuencias negativas del incumplimiento de la obligación de la Administración comunitaria de poner a disposición de éstos, en la fecha de la adhesión, la totalidad del acervo comunitario en todas las lenguas oficiales de la Unión.

Por otra parte, no puede bastar para permitir que se oponga a un particular una normativa comunitaria que no ha sido debidamente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la circunstancia de que éste sea un operador dedicado al comercio internacional, que conoce forzosamente el contenido de las obligaciones aduaneras.

Del mismo modo, aunque la legislación comunitaria esté disponible en Internet y los particulares tomen conocimiento de ella cada vez con mayor frecuencia a través de este medio, tal método de puesta a disposición del público de dicha legislación no puede considerarse equivalente a una publicación en debida forma en el Diario Oficial de la Unión Europea, al no existir en el Derecho comunitario disposición alguna a este respecto. Por lo demás, si bien diversos Estados miembros han adoptado como forma válida de publicación de su normativa la publicación en formato electrónico, ésta es objeto de diversas disposiciones legales o reglamentarias que la regulan con precisión y determinan con exactitud los casos en que dicha publicación es válida. Pues bien, en el estado actual del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia no se encuentra en situación de afirmar que este modo de poner a disposición del público la legislación comunitaria baste para garantizar la oponibilidad de la misma. Por lo tanto, en el estado actual del Derecho comunitario, la única versión auténtica de un reglamento comunitario es la publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, de modo que no cabe oponer a los particulares una versión en formato electrónico anterior a dicha publicación, aunque posteriormente se compruebe que coincide con la versión publicada.

(véanse los apartados 38 a 42, 45, 46 y 48 a 51 y el punto 1 del fallo)

2. Al declarar que un reglamento comunitario no publicado en la lengua de un Estado miembro no es oponible a los particulares en dicho Estado, el Tribunal de Justicia procede a una interpretación del Derecho comunitario en el sentido del artículo 234 CE.

En efecto, las disposiciones del artículo 254 CE, apartado 2, primera frase, y del artículo 58 del Acta relativa a las condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, así como las de los artículos 4 y 5 del Reglamento nº 1 del Consejo, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, no afectan a la validez de un reglamento aplicable en los Estados miembros en los que ha sido debidamente publicado. Además, la circunstancia de que dicho reglamento no sea oponible a los particulares en un Estado miembro en cuya lengua no ha sido publicado no influye en absoluto en el hecho de que, al formar parte del acervo comunitario, sus disposiciones vinculan al Estado miembro de que se trate desde el momento de la adhesión. La interpretación obtenida al poner en relación las mencionadas disposiciones tiene por objeto y por efecto retrasar la oponibilidad de las obligaciones que un reglamento comunitario impone a los particulares en un Estado miembro hasta el momento en que estos últimos puedan tomar conocimiento del mismo de modo oficial y sin ambigüedad alguna.

(véanse los apartados 57 a 61 y el punto 2 del fallo)

3. En un procedimiento de remisión prejudicial relativo a la interpretación de una disposición del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia, con carácter excepcional y en virtud del principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, puede verse impulsado a limitar la posibilidad de que cualquier interesado invoque una disposición interpretada por dicho Tribunal con objeto de poner en tela de juicio relaciones jurídicas establecidas de buena fe. No obstante, si no se trata de la cuestión de la limitación en el tiempo de los efectos de una sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de una disposición del Derecho comunitario, sino de la limitación de los efectos de una sentencia que declara la inoponibilidad misma, en el territorio de un Estado miembro, de un acto comunitario no publicado en la lengua de dicho Estado, este último no está obligado en virtud del Derecho comunitario a revisar las decisiones administrativas o resoluciones judiciales basadas en tales normas, desde el momento en que hayan adquirido firmeza con arreglo al Derecho nacional aplicable.

Con arreglo a una disposición expresa del Tratado CE, a saber, el artículo 231 CE, incluso cuando un acto ilegal es declarado nulo y procede actuar como si nunca hubiera existido, el Tribunal de Justicia puede decidir, no obstante, que algunas de sus consecuencias jurídicas se considerarán legalmente producidas. Idénticas exigencias de seguridad jurídica obligan a aplicar la misma regla a las decisiones nacionales adoptadas en aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que no eran oponibles en el territorio de ciertos Estados miembros al no haber sido debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea en la lengua oficial de dichos Estados, exceptuando las decisiones que se encuentren recurridas en vía administrativa o judicial en la fecha de la sentencia.

Únicamente cabría una solución distinta, en virtud del Derecho comunitario, en los casos excepcionales en que se hubieran adoptado medidas administrativas o resoluciones judiciales, en particular de carácter represivo, que atentaren contra los derechos fundamentales, extremo que corresponderá apreciar, dentro de estos límites, a las autoridades nacionales competentes.

(véanse los apartados 67 a 73)