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1)

El concepto de «cancelación» definido en el artículo 2, letra l), del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, debe entenderse en el sentido de que, en una situación como la examinada en el asunto principal, no se refiere exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado en modo alguno, sino que incluye igualmente el supuesto de que el avión haya despegado, pero, cualquiera que sea la razón, se vea obligado a regresar al aeropuerto de origen y los pasajeros de dicho avión hayan sido transferidos a otros vuelos.
1)

En circunstancias como las de los litigios principales, los organismos modificados genéticamente como el maíz MON 810 que se hayan autorizado, en particular, como semillas destinadas al cultivo con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, que se hayan notificado como productos existentes, en las condiciones expuestas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y que se hayan incluido posteriormente en una solicitud de renovación aún en examen no pueden ser objeto de medidas adoptadas por un Estado miembro para la suspensión o prohibición temporal de su utilización o comercialización con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220, si bien tales medidas pueden adoptarse conforme al artículo 34 del Reglamento no 1829/2003.
5)

El artículo 7, apartado 4, letra c), de la Directiva 2005/29 debe interpretarse en el sentido de que la mera indicación de un precio de partida en una invitación a comprar no puede considerarse per se constitutiva de una omisión engañosa. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar si la indicación de un precio de partida es suficiente para que los requisitos relativos a la mención de un precio, establecidos en dicha disposición, se consideren cumplidos. Dicho órgano deberá comprobar, en particular, si la omisión de las modalidades de cálculo del precio final no impide al consumidor tomar una decisión sobre una transacción con conocimiento de causa y, en consecuencia, no le incita a tomar una decisión sobre una transacción que, de otro modo, no habría tomado. También le incumbe tomar en consideración los límites inherentes al soporte de comunicación utilizado, la naturaleza y las características del producto y el resto de medidas que el comerciante ha adoptado realmente para que dichas informaciones estén a disposición del consumidor.
2)

El artículo 12, apartado 5, letra a), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, y el artículo 12, apartados 1 y 2, letra a), tercer guión, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 12/97 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras están obligadas a emitir informaciones arancelarias vinculantes que se atengan a las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada. Si surge un desacuerdo entre dichas autoridades y los agentes económicos acerca de la conformidad de las referidas notas con la Nomenclatura Combinada y sobre la clasificación de las mercancías, corresponde a dichos agentes interponer recurso ante la autoridad competente con arreglo al artículo 243 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada. El órgano jurisdiccional se pronunciará sobre la clasificación de la mercancía, tras haber planteado si fuere necesario al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en las condiciones establecidas en el artículo 267 TFUE. Por otra parte, el Estado miembro del que dependen las referidas autoridades puede acudir al Comité previsto en el artículo 247 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada, según el procedimiento establecido en el artículo 8 del Reglamento no 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000.
1)

La interfaz gráfica de usuario no constituye una forma de expresión de un programa de ordenador en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, y no puede disfrutar de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en virtud de esa Directiva. No obstante, esa interfaz gráfica de usuario puede ampararse, como una obra, en la protección del derecho de autor en virtud de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, si dicha interfaz constituye una creación intelectual propia de su autor.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Fluxys SA/Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

(Asunto C-241/09) (1)

(Procedimiento prejudicial - Competencia del Tribunal de Justicia - Desistimiento parcial del demandante en el litigio principal - Cambio del marco jurídico de referencia - Respuesta del Tribunal de Justicia que ya no es necesaria para la solución del litigio - Sobreseimiento)

2011/C 55/12

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fluxys SA

Demandada: Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretación de los artículos 1, 2 y 18 de la Directiva 2033/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57) y del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO L 289, p. 1) — Revisión de oficio de las normas para determinar la totalidad de los ingresos de los gestores de redes cuando se producen circunstancias excepcionales durante un período regulado — Compatibilidad con el Derecho comunitario de una tarificación propia para las actividades de tránsito, distinta de la aplicable a las actividades de encaminamiento y de almacenamiento.

Fallo

Ya no procede responder a la cuestión prejudicial planteada en el asunto C-241/09.

(1) DO C 205, de 29.8.2009.
2)

El artículo 10 de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que permite la destitución de un miembro del consejo de dirección de una sociedad de capital sin ninguna limitación, cuando la persona interesada tiene la condición de «trabajadora embarazada» en el sentido de esta Directiva y el acuerdo de destitución adoptado respecto a ella se basa esencialmente en su embarazo. Aun suponiendo que el miembro afectado de un consejo de dirección no tenga esta condición, no es menos cierto que la destitución de un miembro del consejo de dirección, que desempeña funciones como las descritas en el procedimiento principal, por razón de embarazo o por una causa basada esencialmente en ese estado solo puede afectar a las mujeres y, por lo tanto, supone una discriminación directa por razón de sexo, contraria a los artículos 2, apartados 1 y 7, y 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, en su versión modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002.
1)

La Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como el artículo 4, apartado 3, de la Ley no 2328/1995 «Régimen jurídico de la televisión privada y de la radio local, normas sobre aspectos relacionados con el mercado de la comunicación radiofónica y audiovisual televisiva y otras disposiciones», en su versión modificada por la Ley no 2644/1998 «relativa a la prestación de servicios radiofónicos y televisivos de pago», según la cual las multas establecidas en los apartados anteriores de dicho artículo por violación de la legislación e infracción de las normas de deontología que regulan el funcionamiento de los canales de televisión deben imponerse no sólo a la sociedad titular de una autorización para crear y explotar un canal de televisión, sino también conjunta y solidariamente a todos los accionistas que sean titulares de un número de acciones superior al 2,5 %.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de mayo de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-158/09) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/88/CE - Ordenación del tiempo de trabajo - Personal no civil de la Administración Pública - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

2010/C 179/19

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: I. Martínez del Peral Cagigal y M. van Beek, agentes)

Demandada: Reino de España (representante: B. Plaza Cruz, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9) y del artículo 18, letra a), de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 307, p. 18), mantenido por el artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2003/88, en relación con el anexo I, parte B, de la misma Directiva — Personal no civil de las Administraciones Públicas.

Fallo

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones Públicas.

2) Condenar en costas al Reino de España.

(1) DO C 180, de 1.8.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-582/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículos 169 a 171 - Decimotercera Directiva 86/560/CEE - Artículo 2 - Devolución - Sujetos pasivos no establecidos en la Unión Europea - Operaciones de seguro - Operaciones financieras)

2010/C 246/05

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y M. Afonso, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: I. Rao, S. Hathaway, agentes, K. Lasok, QC)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 169, 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (DO L 326, p. 40) — Legislación nacional que no permite la recuperación del impuesto soportado por determinadas operaciones de seguros y financieras realizadas por sujetos pasivos establecidos fuera de la Comunidad.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 69, de 21.3.2009.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords — Reino Unido) — The Queen, M y otras/Her Majesty’s Treasury

(Asunto C-340/08) (1)

(Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra las personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Congelación de fondos y de recursos económicos - Reglamento (CE) no 881/2002 - Artículo 2, apartado 2 - Prohibición de utilizar fondos en beneficio de personas y entidades incluidas en el anexo I de ese Reglamento - Alcance - Prestaciones de seguridad social y asistenciales abonadas al cónyuge de una persona incluida en dicho anexo I)

(2010/C 161/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

House of Lords

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Queen, M y otras

Demandada: Her Majesty’s Treasury

Objeto

Petición de decisión prejudicial — House of Lords — Interpretación del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9) — Alcance de la prohibición de poner fondos a disposición de las personas enumeradas en el anexo I — Prestaciones de seguridad social o de asistencia social concedidas por el estado a la esposa de una persona que se encuentre en esa situación.

Fallo

El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 561/2003 del Consejo, de 27 de marzo de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a las prestaciones de seguridad social o asistenciales abonadas por el Estado a la esposa de una persona designada por el comité creado en aplicación del apartado 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se enumera en el anexo I del mencionado Reglamento, en su versión modificada, únicamente por el hecho de de que esa esposa vive con la mencionada persona designada y destinará o podrá destinar una parte de esas prestaciones a la adquisición de bienes o de servicios que la persona designada consumirá o de las que se beneficiará igualmente.

(1) DO C 260, de 11.10.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de junio de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe Plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Asunto C-58/08) (1)

(Reglamento (CE) no 717/2007 - Itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad - Validez - Base jurídica - Artículo 95 CE - Principios de proporcionalidad y de subsidiariedad)

2010/C 209/04

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe Plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd

Demandada: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

En el que participan: Office of Communications, Hutchison 3G UK Ltd, GSM Association

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Validez del Reglamento (CE) no 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 2002/21/CE (DO L 171, p. 32) — Elección de la base jurídica — Validez de los artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 3, del Reglamento, que imponen un precio máximo para las llamadas itinerantes, a la luz de los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad.

Fallo

El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado elementos que puedan afectar a la validez del Reglamento (CE) no 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 2002/21/CE.

(1) DO C 107, de 26.4.2008.
3)

El artículo 17, apartado 6, de la Directiva 77/388 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro, tras la entrada en vigor de esta Directiva, modifique una exclusión existente del derecho de deducción, cuando esta modificación, en principio, limita el alcance de esta exclusión, aunque no pueda descartarse que, en un supuesto particular, en algún ejercicio fiscal, amplíe el ámbito de aplicación de dicha exclusión, debido al importe fijo que establece la normativa modificada.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 312/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

(Asunto C-249/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Política pesquera común - Conservación de los recursos - Régimen de control en el sector de la pesca - Reglamento (CE) no 894/97 - Artículo 11 - Reglamento (CEE) no 2241/87 - Artículo 1, apartados 1 y 2 - Reglamento (CEE) no 2847/93 - Artículos 2, apartado 1, y 31, apartados 1 y 2 - Prohibición de redes de enmalle de deriva - Inexistencia de un sistema de control eficaz que haga que se respete dicha prohibición)

2009/C 312/11

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Banks y C. Cattabriga, agentes)

Demandada: República Italiana (representantes: I. Bruni, agente; F. Arena, avvocato dello Stato)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (DO L 207, p. 1), y de los artículos 2 y 31, apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (DO L 261, p. 1) — Inspección y controles de los buques de pesca y de sus actividades — Medidas que deben adoptarse en caso de incumplimiento de la normativa en vigor — Disposiciones relativas a la tenencia a bordo o al uso de redes de enmalle de deriva.

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras, y de los artículos 2, apartado 1, y 31, apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2846/98 del Consejo, de 17 de diciembre de 1998, al abstenerse de llevar a cabo de manera satisfactoria el control, la inspección y la vigilancia, en su propio territorio y en las aguas marítimas bajo su soberanía o jurisdicción, del ejercicio de la pesca, especialmente por lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones que regulan la tenencia a bordo y el uso de redes de enmalle de deriva, y al no velar con el suficiente empeño por la adopción de las medidas apropiadas contra los responsables de las infracciones cometidas en relación con la normativa comunitaria en materia de tenencia a bordo y de uso de redes de enmalle de deriva, especialmente mediante la imposición de sanciones disuasorias a dichos responsables.

2) Condenar en costas a la República Italiana.

(1) DO C 209, de 15.8.2008.