Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites

(Art. 234 CE)

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación

[Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 3]

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1. Si bien el órgano judicial nacional es el único competente, habida cuenta del reparto de competencias en el marco del procedimiento prejudicial, para definir el objeto de las cuestiones que desea plantear al Tribunal de Justicia, en casos excepcionales corresponde a este último examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia. Así sucede, en particular, cuando el problema sometido al Tribunal de Justicia es de naturaleza puramente hipotética, como en una situación en la que, dado que el Ministerio Fiscal formuló acusación ante un órgano judicial nacional, una cuestión prejudicial relativa a las consecuencias que se derivarían de la inexistencia de tal acusación carece de utilidad a efectos de la resolución del litigio principal.

(véanse los apartados 14 a 16)

2. La calificación de un acto como «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo», en el sentido del artículo 3, párrafo primero, del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, es competencia de las autoridades aduaneras a las que corresponda determinar la cuantía exacta de los derechos de importación o exportación controvertidos. En efecto, de dicho precepto se desprende expresamente que las autoridades competentes para calificar un acto de «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» son las mismas que, debido a la comisión de tal acto, no pudieron recaudar los derechos de aduana devengados y, en consecuencia, pretenden recaudarlos a posteriori. Tal y como se establece, en particular, en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1697/79, la determinación de la cuantía de tales derechos y el inicio de una acción para su recaudación corresponden a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Por otro lado, el artículo 3, párrafo primero, del Reglamento nº 1697/79 no hace referencia ni a una condena penal ni siquiera a la incoación de acción penal alguna, sino que, de modo unívoco, se refiere a la mera comisión de un acto que pueda dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo. Dicho precepto no exige que las autoridades penales de un Estado miembro incoen efectivamente un proceso penal que aboque en la condena de los autores del acto ni, a fortiori, que la acción penal no haya prescrito.

Esta conclusión no queda desvirtuada por consideraciones relativas al respeto del principio de seguridad jurídica y de la presunción de inocencia de los deudores de tales derechos. En efecto, la calificación de un acto por las autoridades aduaneras como «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» no constituye una constatación de que se haya cometido efectivamente una infracción penal, sino que se efectúa en el marco y a los efectos de un procedimiento administrativo, cuyo único fin consiste en permitir a tales autoridades subsanar una recaudación incorrecta o insuficiente de los derechos de importación o exportación. Dicha calificación opera sin perjuicio del control que puedan ejercer los órganos judiciales de los Estados miembros sobre las decisiones de las autoridades aduaneras y no afecta en absoluto al conjunto de consecuencias, incluido el eventual reembolso de los derechos exigidos indebidamente por dichas autoridades, que el Derecho nacional aplicable atribuya a las resoluciones de los órganos judiciales, en particular a aquellas resoluciones que constaten el desistimiento de la acción penal o que absuelvan a los imputados. Por consiguiente, ante la inexistencia de una normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro establecer las condiciones en que los deudores pueden oponerse a la aplicación de la excepción prevista en el artículo 3 del Reglamento nº 1697/79, en lo relativo a la prescripción de la acción para la recaudación de los derechos no percibidos, y solicitar que se ejecuten las eventuales consecuencias de las resoluciones judiciales a este respecto, siempre que dichas condiciones no sean menos favorables que las aplicables a recursos semejantes de naturaleza interna ni hagan imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.

(véanse los apartados 22 y 24 a 31 y el fallo)