El principio de estoppel es una institución jurídica anglosajona que no existe, como tal, en Derecho de la Unión Europea, lo que no prejuzga que algunos principios, como los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, y algunas reglas, como la regla nemo potest venire contra factum proprium, consagrados por éste puedan considerarse relacionados o similares a dicho principio. Por tanto, la presente alegación debe desestimarse por ser infundada en Derecho, en la medida en que se basa en la vulneración del principio de estoppel, lo que no prejuzga la posibilidad de examinar las alegaciones formuladas por la parte afectada cuando pueda considerarse que éstas apoyan un motivo referido, en esencia, a los principios de seguridad jurídica o de protección de la confianza legítima.

De ello se deduce que, al implementar, sin incoar previamente el procedimiento establecido en el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 92/81, el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, para examinar si una exención del impuesto especial constituye una ayuda de Estado, y al adoptar, al término de este procedimiento, una decisión por la que se declara la existencia de tal ayuda a pesar de que el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2001/224, relativa a los tipos reducidos y a las exenciones del impuesto especial aplicables a determinados hidrocarburos utilizados con fines específicos, autorizaba expresamente al Estado miembro de que se trata a continuar aplicando dicha exención, la Comisión no viola los principios de seguridad jurídica y de efecto útil de los actos de las instituciones, ni tampoco el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 92/81. En efecto, las decisiones de autorización del Consejo, adoptadas a propuesta de la Comisión, sólo pueden producir sus efectos en el ámbito cubierto por las normas en materia de armonización de las legislaciones relativas a los impuestos especiales y no prejuzgan los efectos de una posible decisión que la Comisión pueda adoptar en el ejercicio de sus competencias en materia de ayudas de Estado.

Por otro lado, la circunstancia de que las Decisiones de autorización del Consejo concedan exenciones totales de los impuestos especiales fijando condiciones de carácter geográfico y temporal precisas y que tales condiciones sean estrictamente respetadas por los Estados miembros no afecta a la distribución de competencias entre el Consejo y la Comisión y, por tanto, no puede privar a la Comisión de ejercer las suyas.

El concepto de ayuda de Estado responde a una situación objetiva y no depende del comportamiento o de las declaraciones de las instituciones. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión estimase, cuando se adoptaron las Decisiones del Consejo con arreglo al artículo 8, apartado 4, de la Directiva 92/81, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos, que las exenciones del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina no dan lugar a una distorsión de la competencia ni obstaculizan el buen funcionamiento del mercado común no puede impedir que las citadas exenciones se califiquen de ayudas de Estado, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, si se cumplen los requisitos de la existencia de una ayuda de Estado. De ello se desprende, a fortiori, que la Comisión no está vinculada, a efectos de calificar las exenciones del impuesto especial como ayudas de Estado, por las apreciaciones del Consejo, en sus Decisiones en materia de armonización de las legislaciones relativas a los impuestos especiales, según las cuales las citadas exenciones no dan lugar a distorsiones en la competencia ni obstaculizan el buen funcionamiento del mercado común.

El artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE, no exige a la Comisión, que cuando concurran ciertas condiciones, adopte un requerimiento de suspensión de pago de una ayuda ilegal, sino que prevé únicamente que pueda adoptar tal requerimiento, cuando lo estime necesario.

Es el caso, en particular, de la norma establecida en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, que se refiere a las consecuencias de la inactividad de la Comisión en cuanto al examen preliminar de una notificación de ayuda de Estado. En efecto, esta disposición pretendió establecer ciertas normas de procedimiento que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se deriva de la sentencia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz, 120/73, ya eran aplicables en las fechas en las que esas normas de procedimiento entraron en vigor.

En cambio, las normas de procedimiento no pueden regular los actos de procedimiento que se realizaron antes de su entrada en vigor. En efecto, las normas de procedimiento son aplicables a los procedimientos en curso en el momento en que entran en vigor. La situación es, no obstante, diferente por lo que respecta a normas que pretenden establecer normas de procedimiento que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ya eran aplicables en las fechas en las que esas normas de procedimiento entraron en vigor.

Si la salvaguarda de los principios de seguridad jurídica y de la confianza legítima imponen límites a la aplicación inmediata de las normas sustantivas, estos límites no pueden aplicarse a una ayuda ilegal o a una ayuda notificada, antes de que la Comisión la autorice. En efecto, en el sistema y la lógica del control de las ayudas de Estado, la situación no queda manifiestamente definida de manera inmediata y definitiva por la notificación o la concesión de la ayuda, sino que permanece abierta hasta que las instituciones de la Unión adopten una decisión. En este contexto, compete a la Comisión aplicar las normas sustantivas en vigor en el momento en el que se pronuncia sobre la ayuda o sobre el régimen de ayudas en cuestión así como sobre la compatibilidad de ésta o de éste con el mercado común, que son las únicas normas en función de las cuales debe apreciarse la legalidad de la decisión que adopte al respecto.

El artículo 15 del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, que prevé la transformación de una ayuda nueva en una ayuda existente tras la expiración del plazo de prescripción decenal para la recuperación de una ayuda ilegal, es una norma de procedimiento que debe aplicarse en el momento de su entrada en vigor. Sin embargo, en la medida en que dicho artículo no contiene ninguna disposición transitoria en cuanto a su aplicación en el tiempo, éste se aplica a todos los procedimientos de investigación formal en curso en el momento de esa entrada en vigor o incoados a partir de esta. De ello se deduce que, aun cuando la concesión de la ayuda tuvo lugar en una fecha anterior a la de la entrada en vigor del artículo 15 del Reglamento n.o 659/1999, éste tuvo, no obstante, el efecto de iniciar el plazo de prescripción de diez años previsto en dicho artículo, cuando la Decisión de recuperación de esa ayuda se adopta, como en el caso de autos, con posterioridad a la entrada en vigor del citado artículo.

Un Estado miembro cuyas autoridades han concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 88 CE, puede invocar la confianza legítima de la empresa beneficiaria para impugnar ante el juez de la Unión la validez de una decisión de la Comisión mediante la cual se le ordene recuperar la ayuda, pero no para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias al objeto de ejecutarla. No obstante, habida cuenta de la función fundamental que desempeña la obligación de notificación para permitir la eficacia del control de las ayudas de Estado por parte de la Comisión, que reviste un carácter imperativo, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo podrán tener, en principio, una confianza legítima en la legalidad de una ayuda si ésta se ha concedido con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 88 CE, y normalmente un operador económico diligente debe poder verificar si se ha respetado dicho procedimiento.

El mero hecho de que el Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, a excepción de un plazo de prescripción de diez años, a partir de la concesión de la ayuda, al cabo del cual no puede ordenarse su recuperación, no prevea ningún plazo, ni siquiera indicativo, para el examen por la Comisión de una ayuda ilegal, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del citado Reglamento, que dispone que la Comisión no está sujeta al plazo fijado en el artículo 7, apartado 6, de ese mismo Reglamento, no impide que el juez de la Unión compruebe si dicha institución no observó un plazo razonable o si actuó de manera excesivamente tardía.

En efecto, con arreglo al artículo 7, apartado 6, del Reglamento n.o 659/1999, el plazo de referencia para llevar a cabo un procedimiento de investigación formal en el marco de las ayudas de Estado notificadas es de 18 meses. Este plazo, aun cuando no es aplicable a las ayudas ilegales, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999, es una referencia útil para apreciar si la duración de un procedimiento de investigación formal relativo a una medida de ejecución que ha sido aplicada de manera ilegal es razonable.

A este respecto, un plazo de algo más de 49 meses entre la adopción de la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal y la adopción de una decisión que declara la existencia de una ayuda de Estado y que ordena su recuperación, que es un poco más del doble del previsto en el artículo 7, apartado 6, del Reglamento n.o 659/1999 para llevar a cabo un procedimiento de investigación formal en el marco de las ayudas de Estado notificadas, no parece razonable. Tal plazo tampoco está justificado respecto a expedientes que no tienen ninguna dificultad manifiesta y sobre los que la Comisión pudo formarse una opinión mucho antes de la incoación del procedimiento de investigación formal.

No obstante, la vulneración de la observancia de un plazo razonable sólo justifica la anulación de la Decisión adoptada al término de ese plazo en caso de que ésta implique también una violación de los derechos de defensa de las empresas afectadas.

(véanse los apartados 217, 234, 237 a 239, 242, 248, 259 y 268 a 270)