Asunto C‑603/13 P

Galp Energía España, S.A., y otros

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Artículo 81 CE — Prácticas colusorias — Mercado español del betún para el recubrimiento de carreteras — Reparto del mercado y coordinación de los precios — Duración excesiva del procedimiento ante el Tribunal General — Artículo 261 TFUE — Reglamento (CE) no 1/2003 — Artículo 31 — Competencia jurisdiccional plena — Artículo 264 TFUE — Anulación parcial o íntegra de la Decisión de la Comisión»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de enero de 2016

[Arts. 101 TFUE, ap. 1, y 261 TFUE; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, arts. 23, ap. 3, y 31; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 61, párr. 1]

[Arts. 261 TFUE y 263 TFUE; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, arts. 23, ap. 2, y 31]

Recurso de casación — Motivos — No determinación del error de Derecho invocado — Motivo que carece de precisión — Inadmisibilidad

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 43 y 44)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 46)

El incumplimiento por un órgano jurisdiccional de la Unión de su obligación, derivada del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de juzgar los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable debe ser sancionado por la vía de un recurso de indemnización interpuesto ante el Tribunal General, al constituir tal recurso un remedio efectivo. De ello se desprende que una pretensión de reparación del daño ocasionado por la inobservancia, por parte del Tribunal General, de un plazo de enjuiciamiento razonable no puede formularse directamente ante el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, sino que debe plantearse ante el propio Tribunal General. No obstante, desde el momento en que resulte manifiesto, sin que sea necesario que las partes presenten pruebas adicionales a este respecto, que el Tribunal General incumplió de manera suficientemente caracterizada su obligación de juzgar el asunto dentro de un plazo razonable, el Tribunal de Justicia podrá declarar dicho incumplimiento en el marco de un recurso de casación. Por consiguiente, sin perjuicio de la obligación de los recurrentes de interponer un recurso de indemnización ante el Tribunal General, debe declararse que se ha vulnerado dicho principio en un supuesto en el que la duración del procedimiento ante el Tribunal General —esto es, casi cinco años y nueve meses, incluido, en particular, un período de cuatro años y un mes transcurrido, sin escrito procesal alguno, entre el fin de la fase escrita y la vista— no se explica atendiendo ni a la naturaleza ni a la complejidad del asunto, ni tampoco por el contexto en que se planteó dicho asunto. Así ocurre, en particular, cuando ni de la sentencia recurrida ni de las pruebas aportadas por las partes se desprende que tal período de inactividad estuviese objetivamente justificado o que los recurrentes hubiesen contribuido a él. (véanse los apartados 55 a 59)

El sistema de control judicial de las decisiones de la Comisión relativas a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE consiste en un control de legalidad de los actos de las instituciones establecido en el artículo 263 TFUE, que puede completarse, en virtud del artículo 261 TFUE y a petición de los recurrentes, con el ejercicio por parte del Tribunal General de una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones impuestas en este ámbito por la Comisión. A este respecto, el alcance del control de legalidad previsto en el artículo 263 TFUE se extiende a todos los elementos de las decisiones de la Comisión relativos a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, cuyo control en profundidad, tanto de hecho como de Derecho, garantiza el Tribunal General, a la luz de los motivos invocados por los recurrentes, teniendo en cuenta todos las pruebas aportadas por éstos, sean anteriores o posteriores a la decisión adoptada, hayan sido presentadas previamente durante el procedimiento administrativo o lo sean por primera vez en el marco del recurso del que conoce el Tribunal General, en la medida en que dichos elementos sean pertinentes para el control de la legalidad de la decisión de la Comisión. (véanse los apartados 71 y 72)

El alcance de la competencia jurisdiccional plena se limita estrictamente, a diferencia del control de legalidad previsto en el artículo 263 TFUE, a la determinación del importe de la multa. La competencia jurisdiccional plena de la que dispone el juez de la Unión en virtud del artículo 31 del Reglamento no 1/2003 se refiere únicamente a la valoración por parte de éste de la multa impuesta por la Comisión, con exclusión de toda modificación de los elementos constitutivos de la infracción legalmente apreciada por la Comisión en la decisión de la que conoce el juez de la Unión. El Tribunal General incurre en error de Derecho cuando, a pesar de declarar, por una parte, que la Comisión no ha demostrado que las empresas acusadas de formar parte de un cartel contrario a las normas en materia de competencia hayan participado en un mecanismo de compensación para corregir las desviaciones de los acuerdos de reparto del mercado y de los clientes y en un sistema de vigilancia consistente en controlar la aplicación del reparto de mercado y de los clientes mediante el intercambio de información sobre los volúmenes de ventas, y, por otra parte, que la decisión de la Comisión no se basaba en ningún otro motivo que no fuese la participación de dichas empresas en esos dos componentes de la infracción, declara, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, que las empresas referidas tuvieron conocimiento de la participación de los otros miembros del cartel en el mecanismo de compensación y también que podían prever que éstos participarían en el sistema de vigilancia, de tal modo que pueden ser consideradas responsables en virtud del artículo 101 TFUE y que procede que dicho Tribunal tenga en cuenta dicha circunstancia al fijar el importe de la multa. (véanse los apartados 76 a 79)

La afirmación realizada por el Tribunal General en relación con la falta de prueba de la plena participación de determinadas empresas en una infracción de las normas en materia de competencia no puede suponer, conforme al artículo 264 TFUE, párrafo primero, la anulación íntegra de la decisión que las ha condenado, toda vez que estos elementos presentan un carácter accesorio respecto de la infracción de que se trata. Efectivamente, el hecho de que la Comisión no haya acreditado tal participación de dichas empresas no desvirtúa la esencia de la decisión, en la medida en que la infracción única y continuada apreciada por la Comisión se compone fundamentalmente de dos bloques de infracciones principales, a saber, el reparto del mercado y la coordinación de los precios. (véase el apartado 86)