4.

Volvamos a las cuestiones. En la primera, el Juez a quo pregunta si la garantía que la norma que acabamos de citar confiere al nacional de un tercer país implica el derecho a obtener una autorización para el ejercicio de una profesión, cuando las normas profesionales de un Estado miembro limiten dicho ejercicio únicamente a quien esté provisto de una autorización concedida por la autoridad administrativa. La respuesta depende de la interpretación que deba darse a los términos «tendrán derecho a acceder a cualquier actividad por cuenta ajena», con los que el artículo 11 enuncia dicha garantía. Será necesario preguntarse, especialmente, si está fundada la diferencia que el Regierungspräsident establece entre el acceso al mercado general de trabajo y el acceso a empleos para los que se requieran autorizaciones profesionales específicas. De acuerdo con el Sr. Gül y con la Comisión de las Comunidades Europeas, estoy convencido de que contra la tesis de la autoridad administrativa, según la cual el artículo 11 se refiere únicamente al acceso al mercado general de trabajo, militan irrefutables argumentos de orden literal y teleologico. El Regierungspräsident puede hacer hincapié en la versión alemana de la norma que, efectivamente, establece una diferencia entre «eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis». Por el contrario, las demás versiones (francesa: toute activité; inglesa: any activity; italiana: qualsiasi attivitá) excluyen con toda evidencia la posibilidad de distinguir entre los dos tipos de acceso. Por otra parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1985, en el asunto 267/83, Diatta (Rec. 1985, p. 567), asunto 19, está orientada en este sentido. Además, esta conclusión encuentra una sólida confirmación en las finalidades de la fuente en la que se inserta el artículo 11. Basado en el artículo 49 del Tratado, el Reglamento (CEE) no 1612/68 está dirigido a realizar totalmente la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena, garantizando a los trabajadores migrantes el mismo trato del que gozan los nacionales. Además, esta igualdad, se extienede aún más allá de los límites de la relación de trabajo. Como ha señalado el Abogado General Trabucchi en sus conclusiones en el asunto 7/75, esposos F. contra Bélgica (Rec. 1975, pp. 692, 696), «el trabajador [...] no podía ser considerado por el Derecho comunitario —igual que no lo es por los Derechos internos— como un simple prestador de trabajo, sino que es considerado en toda su complejidad humana»(traducción provisional). En esta perspectiva, el legislador [...] no se ha preocupado únicamente de garantizarle el derecho a la igualdad de retribución y de prestaciones sociales inherentes a la relación de trabajo, sino que incluso ha tenido cuidado de reconocer la necesidad de eliminar los obstáculos que se opongan a la movilidad de los trabajadores, en lo que se refiere, entre otras cosas, a las «condiciones de integración de la familia en el medio social del país de acogida» (véase el quinto considerando, anteriormente citado). En estas condiciones, la función del artículo 11 se vería comprometida si no permitiera al nacional de un tercer país, casado con un nacional comunitario, acceder al puesto de trabajo por cuenta ajena elegido por él en consonancia con su formación profesional. En el caso de que se le impida ocuparlo, se creará una dificultad que hará por lo menos más difícil la integración de la familia en el Estado al que ha emigrado su cónyuge y por esto mismo tendrá repercusiones negativas sobre la libertad de circulación que el artículo 48 del Tratado garantiza a este último. En otras palabras: constituirá uno de los típicos obstáculos que el legislador del Reglamento (CEE) no 1612/68 ha pretendido eliminar. Concluyendo sobre este punto, diré, pues, que la expresión «cualquier actividad por cuenta ajena» tiene que referirse a todas las actividades profesionales ejercidas en el marco de una relación de trabajo por cuenta ajena, comprendidas aquellas respecto a las cuales las normas reguladoras de una determinada profesión prevén una autorización administrativa. En efecto, es evidente que si se las excluyera, si su regulación se dejara fuera de los principios del Derecho comunitario, los Estados miembros podrían privar de todo efecto útil, y respecto a amplios sectores de empleo, al derecho de libre circulación previsto por el artículo 48. Que no se nos objete que, en el caso del acceso a la profesión médica, el reconocimiento de dicho derecho está sujeto a excepciones justificadas por motivos de salud pública. El Regierungspräsident, que ha propuesto esta tesis al Tribunal, no se ha preocupado de fundarla en bases lógicas coherentes; en particular, no ha explicado por qué, según la práctica seguida en el Land de Renania del Norte-Westfalia, la excepción es válida respecto a los nacionales de terceros países casados con un nacional de un Estado miembro diferente de la República Federal y no se aplica a sus equivalentes que hayan tenido la suerte de casarse con un nacional alemán.