Palabras clave

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Palabras clave

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1. Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Adopción de medidas provisionales - Competencias de la Comisión - Requisitos para su ejercicio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

2. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CEE, art. 190)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Adopción de medidas provisionales - Comprobación previa de una infracción prima facie

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

4. Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Adopción de medidas provisionales - Riesgo de perjuicio grave e irreparable

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

5. Recurso de anulación - Decisión de la Comisión relativa a la adopción de medidas provisionales basada en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 - Valoración económica compleja - Control jurisdiccional - Límites - Respeto de las garantías otorgadas al administrado

(Tratado CEE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

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1. Corresponde a la Comisión, en el ejercicio del control que le confían en materia de competencia el Tratado y el Reglamento nº 17, decidir con arreglo al apartado 1 del artículo 3 de este Reglamento, si procede adoptar medidas provisionales cuando se le somete una solicitud a tal fin.

Para que tales medidas puedan otorgarse, es preciso que se reúnan dos requisitos, es decir, en primer lugar, que las prácticas de determinadas empresas puedan constituir, a primera vista, una infracción de las normas comunitarias de competencia que puede ser sancionada por una Decisión de la Comisión y, en segundo lugar, que exista una urgencia probada, que exija prevenir una situación que pueda producir un perjuicio grave e irreparable a la parte que las solicita o intolerable para el interés general.

2. La Comisión, en la motivación de las Decisiones que tiene que adoptar para la aplicación de las normas de competencia, no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan ante aquélla. Le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la Decisión.

La motivación de una Decisión lesiva debe ser de naturaleza tal que permita al órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control de la legalidad y al interesado conocer la justificación de la medida adoptada, para poder defender sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada.

3. Cuando la Comisión decide medidas provisionales con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, no está obligada a comprobar la existencia de una infracción, prima facie, de las normas de competencia con el mismo grado de certeza que el que se requiere para adoptar una Decisión final y, por tanto, no puede denegar tales medidas por razón de que de un primer examen sumario de los hechos no se desprenda que existe una infracción clara y flagrante.

4. Cuando se somete a la Comisión una solicitud de medidas provisionales en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, debe, para apreciar la existencia o el riesgo de perjuicio grave e irreparable para la parte que las solicita, tener en cuenta los perjuicios que ya no podrían ser reparados mediante la Decisión que, en su caso, se tendrá que adoptar al término del procedimiento administrativo y no sólo exclusivamente los que no podrían evitarse mediante una Decisión posterior.

5. Al tratarse de situaciones que implican apreciaciones económicas complejas, como la que debe afrontar la Comisión cuando una empresa solicita la adopción de medidas provisionales basándose en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, el control jurisdiccional debe limitarse a comprobar la observancia de normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

En tales casos, en los que las Instituciones de la Comunidad disponen de una facultad de apreciación para poder cumplir sus funciones, la observancia de las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos reviste una importancia aún más fundamental. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la Comisión de examinar detenida e imparcialmente todos los elementos oportunos del asunto de que se trata.