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C 88/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 8 de enero de 2021 — AX / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-9/21)

(2021/C 88/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: AX

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 128/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 24 de diciembre de 2020 — GJ / Ryanair DAC

(Asunto C-712/20)

(2021/C 128/15)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: GJ

Demandada: Ryanair DAC

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Deben interpretarse las disposiciones de los artículos 5, apartado 1, punto 2, letra b), y 6 de la loi belge du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et la protection de la profession d’expert en automobiles (Ley belga de 15 de mayo de 2007 relativa al reconocimiento y la protección de la profesión de perito de automóviles), en relación con las disposiciones de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE (Ley de 12 de febrero de 2008, por la que se establece un marco general para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de la UE), en particular, los artículos 6, 8 y 9, en el sentido de que un prestador de servicios que traslada el lugar de su establecimiento a otro Estado miembro no podría, tras dicha modificación, inscribirse en su país de origen, es decir, Bélgica, en el registro de prestaciones temporales y ocasionales del IEA, para ejercer en dicho Estado miembro una actividad temporal y ocasional? ¿Es compatible esta interpretación con la libertad de establecimiento reconocida en el derecho de la Unión?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (texto refundido) (1) en el sentido de que se opone a una interpretación de los artículos 2 y 4, punto 1, de la ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Ley de 8 de marzo de 2013 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) en la que el concepto de bien no comprende los bienes inmuebles y el concepto de entrega de bienes no comprende la entrega de bienes inmuebles en usufructo perpetuo, en el sentido de los artículos 232 y siguientes del Kodeks Cywilny (Código Civil), o, en su caso, [en el sentido de] que tal actividad no puede considerarse una prestación de servicios?
1)

¿Se opone la cláusula 5 del Acuerdo marco que figura como anexo a la Directiva n.o 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (en lo sucesivo, «Directiva»), (1) cuyo título es «Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva», en relación con los considerandos 6 y 7 y con la cláusula 4 de dicho Acuerdo marco («Principio de no discriminación») y a la luz de los principios de equivalencia, efectividad y efecto útil del Derecho [de la Unión Europea], a una normativa nacional, en el presente asunto el artículo 24, apartado 3, letra a), y el artículo 22, apartado 9, de la Ley n.o 240/2010, que permite que las universidades celebren un número ilimitado de contratos de investigación de duración determinada —de tres años y prorrogables por dos años—, sin supeditar su celebración ni su prórroga a una razón objetiva vinculada a exigencias temporales o excepcionales de la institución académica que adopta la correspondiente decisión, y que establece como único límite a la sucesión de contratos de duración determinada con una misma persona que la duración total máxima de tales contratos, aun cuando no sean consecutivos, no supere los doce años?
2.

¿Está facultado el tribunal del Estado miembro cuya competencia se deriva supuestamente de la inhibición del tribunal de otro Estado miembro al que se haya sometido previamente el asunto para examinar si se cumplen los requisitos a efectos de que este último tribunal adoptara su decisión en virtud de los artículos 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento n.o 650/2012? ¿En qué medida es vinculante la decisión del tribunal al que se haya sometido previamente el asunto? En particular: a) ¿Está facultado el tribunal del Estado miembro cuya competencia se deriva supuestamente de la inhibición del tribunal de otro Estado miembro al que se haya sometido previamente el asunto para examinar si el causante eligió válidamente la ley del Estado miembro conforme al artículo 22 del Reglamento n.o 650/2012? b) ¿Está facultado el tribunal del Estado miembro cuya competencia se deriva supuestamente de la inhibición del tribunal de otro Estado miembro al que se haya sometido previamente el asunto para examinar si una de las partes en el procedimiento tramitado ante este último tribunal instó la abstención con arreglo al artículo 6, letra a), del Reglamento n.o 650/2012? c) ¿Está facultado el tribunal del Estado miembro cuya competencia se deriva supuestamente de la inhibición del tribunal de otro Estado miembro al que se haya sometido previamente el asunto para examinar si este último tribunal apreció conforme a Derecho que los tribunales del Estado miembro cuya ley fue elegida están en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión?
C 433/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 21 de septiembre de 2020 — flightright GmbH / Ryanair Designated Activity Company

(Asunto C-442/20)

(2020/C 433/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Ryanair Designated Activity Company

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Constituye una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) la huelga del personal propio de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo organizada por un sindicato?

2. ¿Es relevante a este respecto el hecho de que el motivo de dicha huelga sean reivindicaciones del personal que, hasta entonces, no se habían pactado contractualmente entre el personal y el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo?

3. ¿Es relevante a este respecto si la huelga concreta fue provocada por un comportamiento determinado del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo durante las negociaciones con el sindicato?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
5)

Para el caso de que se determine que la residencia habitual de los progenitores y de los menores no se encuentra en un Estado miembro, a los efectos de determinar los alimentos de los hijos, ¿cómo debe interpretarse el fórum necessitatis del art. 7 del Reglamento 4/2009 y en particular, qué presupuestos son necesarios para entender que un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación (en este caso, Togo)?; ¿es preciso que se acredite por la parte haber presentado o intentado presentar el procedimiento en dicho Estado con resultado negativo? y ¿basta la nacionalidad de alguno de los litigantes como conexión suficiente con el Estado miembro?
4.

En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera a tercera: ¿Debe interpretarse el artículo 2, letra j), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 en el sentido de que se produce una «denegación de embarque» a efectos del artículo 2, letra j), de este Reglamento en una situación en la que, debido a deficiencias organizativas de la compañía aérea (por ejemplo, número insuficiente de mostradores de facturación abiertos, falta de personal, falta de información a los pasajeros por medio de sistemas de altavoces) y/o debido a incidencias en el aeropuerto (en el presente asunto, un defecto en la cinta transportadora de equipaje), los pasajeros, a pesar de haberse personado en la cola del mostrador de facturación con suficiente antelación antes de la salida (en el presente asunto, aproximadamente dos horas), no acceden al mostrador de facturación hasta un momento en el que el embarque ya ha concluido (en el caso de autos, cinco minutos antes de la hora de salida prevista) y por ese motivo no pueden ser transportados?
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿una normativa nacional sobre selección de proyectos que establece que las solicitudes de proyecto no podrán ser objeto de aclaraciones tras su presentación es compatible con los principios de transparencia y no discriminación que figuran en el artículo 125, apartado 3, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo? (2)
2)

¿Puede considerarse a un transportista aéreo como transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 261/2004, respecto de un pasajero que tiene un contrato con un operador turístico que se comprometió a procurarle el transporte en un vuelo determinado e individualizado por la indicación de los lugares de salida y de llegada, las horas de salida y de llegada, así como del número de vuelo, si el referido operador turístico no reservó plaza alguna para el pasajero y, por tanto, no acordó ningún contrato con el transportista aéreo en relación con dicho vuelo?
2)

En particular, ¿se oponen las citadas disposiciones del Derecho de la Unión a que coexistan: i) una norma que prevé la aplicación de un tipo de gravamen especial del 28 % a las plusvalías inmobiliarias obtenidas por no residentes, ii) una norma que prevé que el saldo de las plusvalías obtenidas durante un año, relativas a las transmisiones realizadas por residentes, únicamente se considere en el 50 % de su valor, iii) y una norma que prevé que los residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea puedan optar por tributar con arreglo a los tipos de gravamen generales aplicables a los residentes (en vez de al tipo de gravamen especial aplicable a los no residentes) a condición de que se acumulen todas sus rentas, incluidas las obtenidas dentro y fuera del territorio de dicho Estado, en las mismas condiciones que se aplican a los residentes?
—

Declare que Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, (1) sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, al no haber impedido o puesto fin a la utilización por las industrias lácteas danesas de la denominación «Feta» para un queso que no cumple el pliego de condiciones establecido en el Reglamento (CE) n.o 1829/2002 de la Comisión. (2)
Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 6 de noviembre de 2019 — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV y otros

(Asunto C-819/19)

(2020/C 95/12)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV

Demandadas: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, British Airways plc, Société Air France SA, Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Société Air France SA, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Singapore Airlines Ltd, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, Swiss International Air Lines AG, British Airways plc, Air Canada, Cathay Pacific Airways Ltd, SAS AB, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS Cargo Group A/S, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Société Air France SA, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, British Airways plc

Cuestión prejudicial

En un litigio entre partes perjudicadas (en el caso de autos, los transportistas, clientes de servicios de transporte aéreo) y compañías aéreas, ¿es competente un tribunal nacional —ya en virtud del efecto directo del artículo 101 TFUE o, en su caso, del artículo 53 del Acuerdo del EEE, ya en virtud del (efecto directo del) artículo 6 del Reglamento n.o 1/2003— (1) para aplicar en su totalidad el artículo 101 TFUE o, en su caso, el artículo 53 del Acuerdo del EEE, en relación con acuerdos/prácticas concertadas de compañías aéreas respecto a servicios aéreos en vuelos realizados antes del 1 de mayo de 2004 en rutas entre aeropuertos situados en la UE y aeropuertos situados fuera del EEE o, en su caso, antes del 19 de mayo de 2005 en rutas entre Islandia, Liechtenstein, Noruega y aeropuertos situados fuera del EEE, o en vuelos realizados antes del 1 de junio de 2002 entre aeropuertos situados dentro de la UE y Suiza, en particular respecto al período en que se hallaba en vigor el régimen transitorio establecido en los artículos 104 TFUE y 105 TFUE, o bien se opone dicho régimen transitorio a ello?

(1) Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).
2)

¿Se opone el artículo 69 de la Directiva 2006/112/CE al artículo 103, apartado 5a, de la Ley del IVA, que establece que, en las adquisiciones intracomunitarias de carburantes el sujeto pasivo está obligado, sin que deba mediar aviso del director de la oficina de aduanas, a calcular e ingresar las cuotas del impuesto en la cuenta de la oficina de aduanas competente a efectos del pago de impuestos especiales: a) en un plazo de 5 días contados a partir de la fecha de entrada de los bienes en el lugar de recepción de los bienes sujetos a impuestos especiales indicado en la correspondiente autorización, cuando los bienes sean objeto de una adquisición intracomunitaria, con arreglo a la ustawa o podatku akcyzowym (Ley de impuestos especiales) de 6 de diciembre de 2008, por un destinatario registrado, efectuada en régimen de suspensión de impuestos especiales de conformidad con las disposiciones aplicables a tales impuestos; b) en un plazo de 5 días contados a partir de la fecha de introducción de dichos bienes en un depósito fiscal en el territorio nacional, al que hayan sido expedidos desde el territorio de otro Estado Miembro; c) en el momento de la expedición de dichos bienes al territorio nacional, en el supuesto de que no se aplique el régimen de suspensión de impuestos especiales, de conformidad con las disposiciones aplicables a tales impuestos; interpretado dicho artículo en el sentido de que tales cuotas no constituyen pagos a cuenta del IVA conforme al artículo 206 de la Directiva 2006/112/CE?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Polonia) el 2 de diciembre de 2019 — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Asunto C-879/19)

(2020/C 54/41)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Demandada: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el concepto de «persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros», empleado en el artículo 14, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión resultante del Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, (2) en el sentido de que incluye a una persona que, en el marco y durante la vigencia de un único y mismo contrato de trabajo celebrado con un único y mismo empresario, desempeña su trabajo en el territorio de cada uno de, al menos, dos Estados miembros, no de manera simultánea o concurrente, sino durante períodos directamente consecutivos de varios meses?

(1) DO 1997, L 28, p. 1.

(2) DO 2006, L 392, p. 1.
C 27/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 28 de octubre de 2019 — TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(Asunto C-792/19)

(2020/C 27/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Apelante: TUIfly GmbH

Apelada: EUflight.de GmbH

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Procede considerar que, en caso de una huelga, la cancelación o el gran retraso en la llegada de un vuelo se deben a circunstancias extraordinarias, en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) si el vuelo controvertido no se vio directamente afectado por la huelga y podría haberse efectuado según lo programado, pero sin embargo fue cancelado o retrasado debido a las medidas de reorganización del plan de vuelo adoptadas por el transportista aéreo con motivo de la huelga (en el caso concreto: utilización de la aeronave prevista para el vuelo con el fin de subsanar las consecuencias de la huelga)?

2. En el supuesto de que el transportista aéreo pueda eximirse de la responsabilidad cuando adopte una medida de reorganización: ¿tiene relevancia decisiva que la medida de reorganización se haya adoptado antes de que comenzara la huelga, cuando aún no se sabía qué vuelos se verían finalmente afectados por esta, o también cabe aplicar la exención de responsabilidad en caso de que el plan de vuelo se haya reorganizado durante o después de la huelga, cuando ya constaba que el vuelo en cuestión no se había visto directamente afectado por esta?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 19/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 16 de octubre de 2019 — JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-760/19)

(2020/C 19/19)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: JCM Europe (UK) Ltd

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Es el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1760 (1) de la Comisión, de 28 de septiembre de 2016, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (NC), inválido en la medida en que clasifica el validador de billetes y las cajas de efectivo especificadas en el Reglamento con el Código NC 84729070, en lugar del Código NC 90314990?

2. En particular, ¿es el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1760 inválido en la medida en que: a) restringe indebidamente el alcance de la partida 9031; b) amplía indebidamente el alcance de la partida 8472; c) tiene en cuenta factores inadmisibles; d) no tiene debidamente en cuenta las Notas Explicativas, las partidas de la NC y/o las reglas generales para la interpretación al clasificar el producto tal como se describe en dicho Reglamento?

(1) DO 2016, L 269, p. 6.
3.

¿Menoscaba el objetivo y el efecto útil del Acuerdo Marco la inexistencia en Derecho español, conforme a la doctrina jurisprudencial, de medida alguna efectiva para evitar y sancionar los abusos respecto de los trabajadores con contratos de interinidad por vacante al no limitarse la duración máxima total de las relaciones laborales, ni llegar a ser nunca estas indefinidas o indefinidas no fijas, por muchos que sean los años que transcurran, ni ser indemnizados los trabajadores cuando cesan, sin que se imponga a la administración una justificación para la renovación de la relación laboral interina, cuando no se ofrece durante años la vacante en una oferta pública, o se dilata el proceso de selección?
Vulneración, en el procedimiento de recuperación ante el Secretario General del Parlamento Europeo, del derecho a un proceso equitativo (artículo 6, apartado 1, del CEDH y artículo 47, segundo párrafo, de la Carta de los Derechos Fundamentales) y de las facultades que lo integran (principio de procedimiento contradictorio, principio de igualdad de armas y principio del derecho de defensa), en la medida en que el recurrente no tuvo acceso al informe de la OLAF en el que se basó la decisión ni a las pruebas que respaldaban dicho informe, ni tampoco pudo ejercer su derecho a ser oído con carácter previo, en contra de lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «medidas de aplicación»). El Tribunal General, en el apartado 44 de su sentencia, incurrió en un error al invocar el artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.o 883/2013, puesto que dicho artículo no regula el procedimiento de recuperación ante el Secretario General, sino el procedimiento de la OLAF. En este contexto, en el apartado 45 de su sentencia, el Tribunal General aplicó incorrectamente la jurisprudencia establecida en el apartado 35 de la sentencia IMG/Comisión. En el apartado 48 de su sentencia, el Tribunal General interpretó contra legem el artículo 68, apartado 2, de las medidas de aplicación, al equiparar el derecho a presentar observaciones con el derecho a ser oído. El Tribunal General, en el apartado 51 de su sentencia, interpretó también de manera incorrecta el artículo 68 de las medidas de aplicación, que regula el procedimiento de recuperación, en la medida en que la norma pertinente no crea para el recurrente ni derechos ni obligaciones en cuanto a la aportación de pruebas en el procedimiento ante el Secretario General.