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Que se declare que el Reino de Bélgica, al adoptar los artículos 23 y 24 de la Ley Marco de 27 de diciembre de 2012, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 11, 12 y 76, apartado 6, del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (1), del artículo 5 del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 (2), y de la Decisión no A1 de la Comisión Administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social (3).
1)

En caso de que un organismo de Derecho público lleve a cabo una actividad consistente en facilitar el acceso a una vía a cambio del pago de un peaje, existiendo en el Estado miembro entidades privadas que recaudan peajes en distintas vías de peaje con arreglo a un acuerdo con el organismo de Derecho público de que se trate y de conformidad con las disposiciones legales nacionales, ¿debe interpretarse el artículo 13, [apartado 1,] párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (1) en el sentido de que dicho organismo público compite con tales operadores privados, de manera que considerar que el organismo público no es sujeto pasivo llevaría a una distorsión significativa de la competencia, pese a que a) no existe ni puede existir ninguna competencia real entre el organismo público y los operadores privados de que se trata, y b) no hay ningún dato que indique la existencia de una posibilidad real de que un operador privado pueda entrar en el mercado para construir y explotar una vía de peaje que compita con la vía de peaje explotada por el organismo público?
1)

¿El artículo 11, párrafo primero, puntos 1, 2, letra b), y 3, y los considerandos último y penúltimo de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992 (1), así como el artículo 157 TFUE (anteriormente artículo 141 CE), apartados 1, 2 y 4; el artículo 158 TFUE (anteriormente artículo 142 CE), que dispone que «los Estados miembros procurarán mantener la equivalencia existente entre los regímenes de vacaciones retribuidas»; el artículo 2, apartado 2, letra c), en relación con el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54 (2), así como el artículo 15 y los considerandos 23 y 24 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 y, por último, el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), se oponen a una normativa nacional que, con arreglo al artículo 3, párrafo primero, de la Ley no 27 de 19 de febrero de 1981, en su versión anterior a la modificación introducida por el artículo 1, apartado 325, de la Ley no 311 de 30 de diciembre de 2004, no permite abonar la compensación establecida en dicha disposición por los períodos de permiso de maternidad obligatorio anteriores al 1 de enero de 2005?
a)

Según la recurrente en casación, en primer lugar, se infringe el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009 porque el supuesto carácter descriptivo de la marca «ultra.air ultrafilter» en el sentido de «aire de extraordinaria calidad obtenido mediante Ultrafilter», con arreglo a los apartados 18 y 19 de la resolución impugnada, no se desprende directamente y sin mayor reflexión de la marca. En el apartado 19, el Tribunal General pone de manifiesto que «ultra.air» no tiene en sí mismo ningún significado concreto ni tampoco describe una cualidad ni unas características. El Tribunal General deduce el carácter descriptivo de la marca únicamente mediante la suposición de que el público pertinente no apreciará la denominación «ultra.air» tal como se presenta ante él, sino complementada con términos descriptivos de la calidad como «puro» o «refinado».
1.

El Tribunal General incurrió en un error de Derecho, en relación con la subvención a la inversión, al declarar que la decisión de 6 de diciembre de 2007 no era pertinente para el examen del tercer motivo de recurso porque la Comisión, a pesar de haber realizado un examen diligente en el procedimiento administrativo, no pudo conocer la existencia de esa decisión y además dicha decisión no habría podido tener ninguna repercusión en el resultado del examen realizado por ella.
3)

En su recurso de casación, las recurrentes plantean tres motivos contra la sentencia recurrida: a) Infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, y de los artículos 4, apartado 4, 7, apartados 2 y 3, y 13, apartado 1, del Reglamento 659/1999 (1), al haber concluido el Tribunal General, en los apartados 33 a 64 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba obligada a iniciar el procedimiento de investigación formal y que completó conforme a Derecho su investigación durante el procedimiento preliminar. b) Infracción del artículo 296 TFUE y de los artículos 41 y 47 de la Carta, dado que el Tribunal General concluyó en los apartados 65 a 78 de la sentencia recurrida que la Decisión de la Comisión estaba suficientemente motivada, pese a no existir datos económicos que impidieran determinar la precisión de los cálculos realizados por la Comisión. c) Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que el Tribunal General concluyó la validez de la evaluación conjunta de las medidas notificadas por la Comisión, pese a no definirse el mercado y a la vista de la errónea aplicación de los conceptos de «similitud» y «contexto económico».
2)

¿Puede considerarse comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1223/2009 un producto que, si bien no cumple los requisitos que establece el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento para los artículos cosméticos, sí aparenta serlo para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz en función de las finalidades de uso que mayoritariamente se le atribuyen, por ejemplo por el hecho de que en el embalaje se incluyan indicaciones tales como «Cosmetic eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive» o «Colour eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive»?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 127/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Essen (Alemania) el 12 de enero de 2015 — Proceso penal contra Kanapathippilai Kanageswaran

(Asunto C-7/15)

(2015/C 127/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Essen

Parte en el proceso principal

Kanapathippilai Kanageswaran

Cuestión prejudicial

¿Es nula la inclusión de Liberation Tigers of Tamil Eelam (en lo sucesivo, «LTTE») en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (1), en el período entre el 9 de septiembre de 2007 y el 24 de mayo de 2009, en particular, en atención a las Decisiones del Consejo: de 29 de mayo de 2006 (2006/379/CE) (2), de 28 de junio de 2007 (2007/445/CE) (3), de 20 de diciembre de 2007 (2007/868/CE en la versión de la rectificación de idéntica fecha) (4), de 15 de julio de 2008 (2008/583/CE) (5) 4 y de 26 de enero de 2009 (2009/62/CE) (6)?

(1) DO L 344, p. 70.

(2) DO L 144, p. 21.

(3) DO L 169, p. 58.

(4) DO L 340, p. 100.

(5) DO L 188, p. 21.

(6) DO L 23, P. 25.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 81/5

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 5 de diciembre de 2014 — MM/Minister for Justice and Equality, Ireland y the Attorney General

(Asunto C-560/14)

(2015/C 081/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court, Irlanda

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: MM

Recurrida: Minister for Justice and Equality, Ireland y the Attorney General

Cuestión prejudicial

1. ¿Requiere el «derecho a ser oído» establecido en el Derecho de la Unión que se celebre con respecto a un solicitante de protección subsidiaria con arreglo a la [Directiva 2004/83] (1) una audiencia para examinar su solicitud, que incluya el derecho a realizar preguntas y repreguntas a testigos, cuando la solicitud se haya formulado en circunstancias en las que el Estado miembro de que se trata aplica dos procedimientos independientes y sucesivos para examinar solicitudes para la concesión del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria, respectivamente?

(1) Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 448/3

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim (Alemania) el 29 de agosto de 2014 — Dagmar Wedel y Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Asunto C-412/14)

(2014/C 448/03)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Rüsselsheim

Partes personadas en el procedimiento principal

Demandantes: Dagmar Wedel y Rudi Wedel

Demandada: Condor Flugdienst GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es necesario que la circunstancia excepcional en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (1) se refiera directamente al vuelo reservado?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿cuántos trayectos anteriores realizados por la aeronave prevista para el vuelo son relevantes para determinar la concurrencia de una circunstancia excepcional? ¿Existe un límite temporal en relación con la consideración de las circunstancias excepcionales relativas a trayectos anteriores? Y, de ser así, ¿cómo se fija dicho límite?

3) En caso de que las circunstancias excepcionales que se produzcan durante los trayectos anteriores también sean relevantes para un vuelo posterior, ¿deben limitarse las medidas razonables, que, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento, debe tomar el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, a evitar la circunstancia excepcional o también deben tener por objeto evitar que se produzca un mayor retraso?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
1)

¿Deben interpretarse los artículos 3 y 94, apartados 1 y 3, del Reglamento no 1408/71 (1) en el sentido de que se oponen a que a un antiguo marino que formaba parte de la tripulación de un buque con puerto de amarre en un Estado miembro, que no tenía residencia en tierra firme y que no era nacional de un Estado miembro, una vez que el Estado cuya nacionalidad tiene dicho marino se ha adherido a (un predecesor jurídico de) la Unión o que el Reglamento no 1408/71 ha entrado en vigor respecto a dicho Estado, se le deniegue (parcialmente) una pensión de jubilación por la única razón de que el antiguo marino no tenía la nacionalidad del Estado miembro (citado en primer lugar) durante el período de supuesto seguro?
1)

¿Es aplicable el principio de igualdad de trato del artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 (1) —con excepción de la exclusión de las exportaciones prevista en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento no 883/3004— también a las prestaciones especiales en metálico no contributivas en el sentido del artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento no 883/2004?
1)

Si el artículo 98, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (CE) no 1083/2006 (1) debe interpretarse en el sentido de que las correcciones financieras de los Estados miembros, en el supuesto de que éstas se apliquen a los gastos cofinanciados por los fondos estructurales por infracción de las normas en materia de contratación pública, son medidas administrativas en el sentido del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2988/1995 (2), o son sanciones administrativas en el sentido del artículo 5, letra c), de dicho Reglamento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 235/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 12 de mayo de 2014 — Portmeirion Group UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-232/14)

2014/C 235/12

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Portmeirion Group UK Ltd

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestión prejudicial

¿Es el Reglamento controvertido [Reglamento no 412/2013 del Consejo] (1) incompatible con el Derecho de la Unión en la medida en que

i) está basado en errores manifiestos de apreciación en cuanto a la definición del producto afectado, lo que entrañaría la nulidad de las conclusiones de la investigación antidumping; y

ii) no está suficientemente motivado conforme al artículo 296 TFUE?

(1) Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China (DO L 131, p. 1).
1)

a) ¿Es incompatible con los artículos 119 TFUE y 127 TFUE, apartados 1 y 2, y con los artículos 17 a 24 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo la decisión adoptada el 6 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo sobre características técnicas de las operaciones monetarias de compraventa por exceder del mandato del Banco Central Europeo en materia de política monetaria que se regula en las mencionadas disposiciones y por usurpar competencias de los Estados miembros? ¿Ha sobrepasado el Banco Central Europeo los límites de su mandato por el hecho, en particular, de que la decisión adoptada el 6 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo a’) prevea una vinculación con programas de asistencia económica del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o del Mecanismo Europeo de Estabilidad (condicionamiento); b’) prevea la compra de deuda pública tan sólo de determinados Estados miembros (selectividad); c’) prevea la compra de deuda pública emitida por los países que han suscrito los programas de asistencia del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o del Mecanismo Europeo de Estabilidad con carácter adicional a la existencia de los referidos programas (paralelismo); d’) pudiera eludir algunas de las limitaciones y condiciones de los programas de asistencia del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o del Mecanismo Europeo de Estabilidad (elusión)? b) ¿Es incompatible con la prohibición de la financiación monetaria del presupuesto que se consagra en el artículo 123 TFUE la decisión adoptada el 6 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo sobre características técnicas de las operaciones monetarias de compraventa? ¿Obsta a que la decisión adoptada el 6 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo sea considerada compatible con el artículo 123 TFUE en particular el hecho de que dicha decisión a’) no establezca ningún límite cuantitativo a la compra de deuda pública (volumen); b’) no prevea que se respete un intervalo temporal entre la emisión de deuda pública en el mercado primario y la compra de ésta por parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales en el mercado secundario (fijación de los precios en el mercado); c’) permita que se mantenga hasta su vencimiento la totalidad de la deuda pública que se adquiera (injerencia en la lógica del mercado); d’) no establezca requisitos concretos sobre la calidad crediticia que ha de tener la deuda pública que se adquiera (riesgo de impago); e’) disponga la equiparación del Sistema Europeo de Bancos Centrales con los tenedores, privados o no, de deuda pública (recorte de deuda)?
1)

La puesta a disposición de las instalaciones de una infraestructura deportiva utilizada para una finalidad exclusivamente futbolística, entendida como la facultad de uso y explotación puntual de la superficie de juego del estadio de fútbol (el terreno), así como de los vestuarios para los jugadores y árbitros, hasta un máximo de 18 días por temporada deportiva (las temporadas deportivas comienzan el 1 de julio de cada año natural y finalizan el 30 de junio del año siguiente), ¿es un arrendamiento de bienes inmuebles exento en el sentido del artículo 13, B, letra b), de la Directiva no 77/388/CEE (1) del Consejo de las Comunidades Europeas, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (artículo 135, párrafo primero, 1 de la Directiva del IVA 2006/112), (2) en la medida en que el cedente del derecho de uso y explotación: — dispone de plenas facultades para otorgar derechos idénticos a otras personas físicas o jurídicas de su elección, además de los 18 días antes citados; — tiene derecho a acceder en todo momento a las mencionadas instalaciones, sin necesidad de consentimiento previo del cesionario del derecho de uso y explotación, para comprobar en particular la correcta utilización de las mismas y prevenir cualesquiera daños, con la única condición de no perturbar el normal desarrollo de las competiciones deportivas; — se reserva asimismo un derecho de inspección permanente del acceso a las instalaciones, inclusive durante el período de uso por parte del R.F.C.T.; — percibe una indemnización a tanto alzado de 1 750 euros por cada día de utilización de la superficie de juego, de los vestuarios, de uso del bar, de servicio de conserjería, vigilancia y control del conjunto de las instalaciones, en el bien entendido de que un 20 % del importe percibido corresponde, en virtud del contrato, al derecho de acceso al campo de fútbol y que el restante 80 % constituye la contrapartida por diversos servicios de mantenimiento, limpieza y conservación (plantación y corte del césped, etc.), por la adecuación de la superficie de juego a las normas y por la prestación de servicios accesorios, proporcionados todos ellos por el cedente del derecho de uso y explotación (en el caso de autos, la Régie, ahora apelante)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 85/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 20 de diciembre de 2013 — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

(Asunto C-680/13)

2014/C 85/26

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en apelación: Condor Flugdienst GmbH

Recurrida en apelación: Andreas Plakolm

Cuestión prejudicial

¿Se ha de interpretar el concepto de cancelación que contiene el artículo 2, letra l), del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) en el sentido de que en una situación como la del procedimiento principal comprende también el caso en que, pese a iniciarse el vuelo con el número de vuelo original, no se realiza sin escalas, como estaba previsto, sino con una escala programada antes de la salida y con una aeronave diferente y otra compañía aérea en régimen de subcontratación («subcharter»)?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
4)

¿Debe interpretarse el Derecho comunitario citado en la primera cuestión en el sentido de que [la reclamación de] intereses sobre impuestos recaudados, retenidos o no devueltos contraviniendo el Derecho comunitario constituye un derecho subjetivo que se deriva directamente del propio Derecho comunitario y que puede hacerse valer directamente ante los tribunales y autoridades del Estado miembro invocando el Derecho comunitario, incluso cuando el Derecho del Estado miembro no prevea el pago de intereses en ese caso concreto, siendo suficiente para fundamentar la reclamación de intereses demostrar que se ha infringido el Derecho comunitario y que se ha producido la recaudación, la retención o la no devolución del impuesto?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 61/3

Recurso de casación interpuesto el 27 de noviembre de 2013 por British Telecommunications plc contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 16 de septiembre de 2013 en el asunto T-226/09: British Telecommunications plc/Comisión Europea

(Asunto C-620/13 P)

2014/C 61/05

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: British Telecommunications plc (representantes: J. Holmes, Barrister, H. Legge QC)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, BT Pension Scheme Trustees Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida en lo relativo a los motivos primero y segundo del recurso interpuesto por la recurrente ante el Tribunal General.

— Que se declare que dichos motivos son fundados.

— Que se anule la Decisión 2009/703/CE de 11 de febrero de 2009. (1)

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas de la recurrente, tanto las causadas en casación como las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal general.

Motivos y principales alegaciones

Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente invoca tres motivos.

Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega que en la sentencia recurrida en casación el Tribunal General se basó en sus propias razones, que no figuran en la Decisión de la Comisión, para no tener en cuenta ciertos compromisos especiales a la hora de apreciar la ventaja selectiva. Por lo tanto, el Tribunal General pretendió indebidamente sustituir el razonamiento de la Comisión por el suyo propio a la hora de determinar si existía una ventaja selectiva en favor de la sociedad recurrente.

Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente alega que, en todo caso, el propio razonamiento del Tribunal General incurre en error de Derecho porque, al no tener en cuenta los compromisos especiales, aplicó un criterio jurídico incorrecto; además, los motivos en que se basó, o bien carecían de pertinencia jurídica, o bien desnaturalizaban los elementos de prueba.

Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente mantiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al examinar las razones de la Comisión para no tener en cuenta los compromisos especiales, en la medida en que consideró que tales razones eran jurídicamente relevantes y suficientes para fundamentar la Decisión de la Comisión. El examen del Tribunal General no es adecuado. En algunos puntos, no está claro si el Tribunal General admite o no el razonamiento de la Comisión y, en caso afirmativo, con qué fundamento. En otros puntos, el Tribunal General tiene en cuenta factores jurídicamente irrelevantes y sustituye el razonamiento de la Comisión por el suyo propio.

(1) Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 2009, relativa a la ayuda estatal C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) concedida por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte — Garantía del Estado para BT [notificada con el número C(2009) 685] (DO L 242, p. 21).
1)

¿Puede considerarse que un medicamento para uso humano, sujeto a receta médica, que se prepara y suministra en las condiciones que se presentan en el asunto pendiente ante el Stockholms tingsrätt, y que no ha obtenido una autorización de comercialización de la autoridad competente de un Estado miembro o con arreglo al Reglamento (CEE) no 2309/93, (1) constituye un medicamento en el sentido del artículo 3, apartados 1 o 2, de la Directiva 2001/83, (2) por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en particular en una situación en la que existe otro medicamento autorizado con la misma sustancia activa, la misma posología y la misma forma farmacéutica?