ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5

Con arreglo al artículo 20 de la Directiva, titulado «Disposiciones específicas relativas a la indemnización de los perjudicados como consecuencia de un accidente acaecido en un Estado miembro distinto de aquel en el que tienen su residencia»: «1. Los artículos 20 a 26 tienen por objeto establecer disposiciones específicas aplicables a los perjudicados con derecho a indemnización por los perjuicios o lesiones sufridos como consecuencia de accidentes que hayan tenido lugar en un Estado miembro que no sea el de residencia del perjudicado y causados por vehículos que tengan su estacionamiento habitual y estén asegurados en un Estado miembro. […] 2. Los artículos 21 y 24 serán de aplicación únicamente en el caso de accidentes ocasionados por el uso de un vehículo: a) asegurado a través de un establecimiento de un Estado miembro que no sea el de residencia del perjudicado, y b) que tenga su estacionamiento habitual en un Estado miembro que no sea el de residencia del perjudicado.»
38

Sin embargo, si un Estado miembro crea una formación especializada cuya denominación no corresponda a una especialización enumerada en el anexo V de la Directiva 2005/36 y que no dé lugar a la entrega de uno de los títulos mencionados en dicho anexo, la referida especialización no será una formación en el sentido de los artículos 25 y 35 de esta Directiva, de manera que esta última no regirá las condiciones de admisión ni el contenido de la formación que se haya creado.
3

El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), establece en su artículo 1, titulado «Definiciones»: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] b) “ayuda existente”: i) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 144 y 172 del Acta [relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1; en lo sucesivo, “Acta de adhesión”], toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda y las ayudas individuales que se hubieran llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma; […]»
13

La cuantía y las modalidades de la contribución prevista en el artículo 1, apartado 66, de la Ley no 266/2005 fueron determinados cada año mediante las siguientes decisiones de la AGCOM, a saber, para el año 2006, mediante la Decisión de no 110/06/CONS, para el año 2007, mediante la Decisión no 696/06/CONS, para el año 2008, mediante la Decisión no 604/07/CONS, para el año 2009, mediante la Decisión no 693/08/CONS, para el año 2010, mediante Decisión no 722/09/CONS, para el año 2011, mediante Decisión no 599/10/CONS, y para el año 2012, mediante la Decisión no 650/11/CONS.
5

Bajo la rúbrica «Definiciones», el artículo 2 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; correcciones de errores en DO L 229, p. 35 y DO 2005, L 197, p. 34), dispone lo siguiente: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) “Ciudadano de la Unión”: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. 2) “Miembro de la familia”: […] d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b). 3) “Estado miembro de acogida”: el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de libre circulación y residencia.»
58

Es importante poner de relieve a continuación que, según confirman además las conclusiones del Consejo Europeo de 16 y 17 de diciembre de 2010 a las que se refiere el cuarto considerando de la Decisión 2011/199, el mecanismo de estabilidad cuyo establecimiento prevé el artículo 1 de la Decisión 2011/199 constituye un aspecto complementario del nuevo marco normativo para el reforzamiento de la gobernanza económica de la Unión. Estando constituido por diferentes Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo adoptados el 16 de noviembre de 2011, a saber, los Reglamentos (UE) nos 1173/2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (DO L 306, p. 1), 1174/2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (DO L 306, p. 8), 1175/2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 306, p. 12), y 1176/2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306, p. 25), así como por el Reglamento (UE) no 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 306, p. 33), y por la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306, p. 41), ese marco instaura una coordinación y una supervisión más estrechas de las políticas económicas y presupuestarias desarrolladas por los Estados miembros y trata de consolidar la estabilidad macroeconómica y la viabilidad de las finanzas públicas.
43

Se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la interpretación del artículo 6, apartado 1, del CEDH, al que procede referirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, de la Carta, que el derecho a la tutela judicial no es absoluto. El ejercicio de ese derecho admite restricciones, en especial, respecto a los requisitos de admisibilidad del recurso. Aun cuando los interesados deben esperar la aplicación de dichas normas, ello no debe impedir, sin embargo, que los justiciables invoquen una vía de recurso disponible (véase, en este sentido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Anastasakis c. Grecia, de 6 de diciembre de 2011, demanda no 41959/2008, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 24).
La adopción por la Comisión de una decisión por la que aplica una corrección financiera está sujeta desde el año 2000 al cumplimiento de un plazo legal. La duración del plazo impuesto a la Comisión para adoptar sus decisiones varía en función de la normativa aplicable.

Se desprende del artículo 100, apartados 1 y 5, del Reglamento no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, que, cuando el Estado miembro no acepta las conclusiones provisionales de la Comisión, el envío por parte de ésta de una carta de invitación a una audiencia y la celebración de una audiencia son requisitos necesarios para la regularidad del procedimiento seguido en materia de corrección financiera y sirven como punto de partida para el cómputo del plazo dentro del cual la Comisión ha de adoptar una decisión por la que efectúe dicha corrección. Además, interesa tanto al Estado miembro afectado como a la Comisión que la finalización del procedimiento seguido en materia de corrección financiera sea previsible, lo que supone la fijación de un plazo preestablecido para la adopción de la decisión final. El incumplimiento del plazo previsto para la adopción de dicha decisión no es compatible con el principio general de buena administración. En tales circunstancias, la Comisión no puede liberarse de su obligación de adoptar las decisiones por las que aplica correcciones financieras dentro de un plazo preestablecido si se abstiene de realizar los actos que sirven de punto de partida para el cómputo de dicho plazo. Por lo tanto, el hecho de que la Comisión no adoptase una decisión relativa a correcciones de ayudas financieras otorgadas con cargo a esos Fondos dentro del plazo establecido por dicho Reglamento constituye un vicio sustancial de forma cuyo desconocimiento por parte del Tribunal General constituye un error de Derecho.

(véanse los apartados 81, 83, 87, 89, 90, 92, 98, 99 y 103)
El artículo 22, apartado 2, del Reglamento no 809/2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71 en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad, ha de interpretarse en el sentido de que las informaciones exigidas con arreglo al apartado 1 de dicho artículo que, aunque no eran conocidas cuando se publicó el folleto de base, sí lo eran, en cambio, cuando se publicó un suplemento de ese folleto deben publicarse en ese suplemento, si tales informaciones constituyen un nuevo factor significativo, un error material o una inexactitud que pueda afectar a la evaluación de los valores, en el sentido del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2003/71, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

No satisface los requisitos del artículo 22 del Reglamento no 809/2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71 en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad, la publicación de un folleto de base que no contiene los elementos de información exigidos con arreglo al apartado 1 de dicho artículo, en particular, los mencionados en el anexo V de dicho Reglamento, si dicha publicación no se completa con la publicación de las condiciones finales. Para que las informaciones que debe contener el folleto de base, de conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento no 809/2004, puedan incluirse en las condiciones finales es preciso que el folleto de base indique las informaciones que se incluirán en esas condiciones finales y que tales informaciones cumplan los requisitos establecidos en el artículo 22, apartado 4, de dicho Reglamento.

(véanse el apartado 49 y el punto 2 del fallo)
El artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 1383/2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento previsto en dicha disposición, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recursos que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión, y en particular el citado Reglamento, confieren a los justiciables.

En efecto, ni del artículo 13, apartado 1, ni de ninguna otra disposición del Reglamento no 1383/2003 se desprende que haya sido intención del legislador de la Unión obligar a los Estados miembros a reservar a determinadas autoridades la mencionada competencia para pronunciarse sobre el fondo. Al limitarse a remitir a la aplicación de las disposiciones de Derecho vigentes en el Estado miembro de que se trate a efectos de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, el legislador de la Unión no ha excluido, en principio, que pueda designarse como autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo a una autoridad distinta de la autoridad judicial.

(véanse los apartados 44, 46, 47 y 53 y el fallo)
Asunto C‑508/12

Walter Vapenik

contra

Josef Thurner

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Salzburg)

«Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) no 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Requisitos para la certificación como título ejecutivo de una resolución — Situación en la que la resolución fue adoptada en el Estado miembro del acreedor en un litigio entre dos personas que no realizan actividades comerciales o profesionales»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 5 de diciembre de 2013

Cooperación judicial en materia civil — Establecimiento de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Reglamento (CE) no 805/2004 — Títulos ejecutivos que pueden ser certificados — Sentencia dictada en relación con un contrato celebrado entre dos personas que no realizan actividades económicas o profesionales — Exclusión

[Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, ap. 1, letra d); Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 16, aps. 1 y 2]

El artículo 6, apartado 1, letra d), del Reglamento no 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los contratos celebrados entre dos personas que no realizan actividades comerciales o profesionales.

Del tenor de dicha disposición se desprende que el consumidor es una persona que celebra un contrato para un uso que puede considerarse ajeno a su actividad profesional. Dicha disposición no aclara si la cualidad de profesional o no del cocontratante de dicho consumidor tiene alguna relevancia a la hora de calificar a la otra parte de consumidor. A este respecto, y para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el legislador europeo en el sector de los contratos celebrados por los consumidores y la coherencia del Derecho de la Unión, procede, en particular, tener en cuenta el concepto de «consumidor» contenido en otras normativas del Derecho de la Unión y, más específicamente, en el Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Habida cuenta del objetivo de protección de los consumidores previsto en esas disposiciones, que pretende reestablecer la igualdad entre las partes en los contratos celebrados entre un consumidor y un profesional, la aplicación de éstas no puede ampliarse a personas respecto de las cuales no se justifica dicha protección. Pues bien, dar, en el marco del Reglamento no 805/2004, una definición del concepto de «consumidor» más amplia que la del Reglamento no 44/2001 podría conducir a incoherencias en la aplicación de ambos Reglamentos. En consecuencia, el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra d), del Reglamento no 805/2004, contempla a una persona que celebra un contrato para un uso que puede considerarse ajeno a su actividad profesional con una persona que actúa en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales.

(véanse los apartados 24, 25, 31 y 37 a 39 y el fallo)
Asunto C‑425/12

Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

contra

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto)

«Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones — Directiva 93/38/CEE — No adaptación del Derecho interno — Posibilidad de que el Estado invoque esta Directiva contra un organismo concesionario de un servicio público sin que el Derecho interno haya sido adaptado a esa norma»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2013

Actos de las instituciones — Directivas — Efecto — No ejecución por un Estado miembro — Derecho de los particulares a invocar la directiva — Requisitos [Art. 288 TFUE, párr. 3; Directiva 93/38/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 1, 14, ap. 1, letra c), inciso i), y 15] Actos de las instituciones — Directivas — Efecto directo — Límites — Posibilidad de invocar una directiva frente a un particular — Exclusión (Art. 288 TFUE, párr. 3) Actos de las instituciones — Directivas — Efecto directo — Organismo encargado de prestar, bajo el control del Estado, un servicio de interés público y que dispone de facultades exorbitantes — Posibilidad de invocar una directiva frente al citado organismo (Art. 288 TFUE, párr. 3) Actos de las instituciones — Directivas — Efecto directo — Límites — Posibilidad de invocar una directiva, a la que el Derecho interno no se ha adaptado, frente a una empresa privada concesionaria exclusiva de un servicio público — Exclusión [Art. 288 TFUE, párr. 3; Directiva 93/38/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 1, 14, ap. 1, letra c), inciso i), y 15] Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Necesidad de garantizar la eficacia de las directivas — Obligación de un organismo encargado de prestar, bajo el control del Estado, un servicio de interés público y que dispone de facultades exorbitantes, de respetar las disposiciones de las directivas — Posibilidad de que las autoridades nacionales invoquen estas disposiciones frente al citado organismo [Art. 4 TUE, ap. 3; Art. 288 TFUE, párr. 3; Directiva 93/38/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 1, 14, ap. 1, letra c), inciso i), y 15]
Las disposiciones de los artículos 132, apartado 1, letra i), 133 y 134 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que estén exentas de dicho impuesto las prestaciones de servicios de educación realizadas con fines comerciales por organismos que no sean de Derecho público. No obstante, el artículo 132, apartado 1, letra i), de dicha Directiva se opone a una exención de todas las prestaciones de servicios de educación con carácter general, sin que se tomen en consideración los fines perseguidos por los organismos no públicos que realicen tales prestaciones.

De ello se desprende que estos organismos, es decir, los privados, deben cumplir el requisito de perseguir fines comparables a los de los organismos de Derecho público. A este respecto, dado que el artículo 132, apartado 1, letra i), de la Directiva 2006/112 no precisa los requisitos o las modalidades en virtud de los cuales pueden reconocerse estos fines comparables, corresponde, en principio, al Derecho nacional de cada Estado miembro establecer las normas conforme a las cuales puede concederse dicho reconocimiento a tales organismos.

(véanse los apartados 33, 35, 37 y 39 y el punto 1 del fallo)
Procede interpretar el artículo 345 TFUE en el sentido de que incluye en su ámbito de aplicación un régimen de un Estado miembro que prohíbe las privatizaciones, lo que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red de distribución de electricidad o de gas que desarrolle su actividad en el territorio de ese Estado miembro deben ser propiedad, directa o indirecta, de autoridades públicas identificadas por la normativa nacional. No obstante, esta interpretación no tiene como consecuencia sustraer a la aplicación del artículo 63 TFUE disposiciones nacionales que prohíben, por una parte, vínculos de propiedad o de control entre sociedades que formen parte de un grupo al que pertenece un gestor de red de distribución de electricidad o gas que desarrolle su actividad en el territorio de ese Estado miembro y sociedades que formen parte del grupo al que pertenece una empresa que se dedica a la producción, suministro o comercialización de electricidad o gas en ese mismo territorio y, por otra parte, la realización, por tal gestor y por el grupo del que forma parte, de operaciones o actividades que puedan menoscabar la gestión de la red de que se trate.

En efecto, por una parte el artículo 345 TFUE expresa el principio de neutralidad de los Tratados en lo que atañe al régimen de propiedad en los Estados miembros. A este respecto, los Tratados no se oponen, en principio, ni a nacionalización de las empresas ni a su privatización. De ello se deduce que la prohibición de privatización que se opone a que cualquier persona privada sea titular de acciones de un gestor de red de distribución de electricidad o gas que desarrolle su actividad en el territorio de un Estado miembro forma parte del ámbito de aplicación del artículo 345 TFUE. Sin embargo, esta disposición no produce el efecto de sustraer los regímenes de propiedad existentes en los Estados miembros a las reglas fundamentales del Tratado FUE, entre las que se encuentran, en particular, las de no discriminación, libertad de establecimiento y libre circulación de capitales.

Por otra parte, una prohibición de privatización que signifique que ningún inversor privado puede adquirir acciones o participaciones en el capital de un gestor de red de distribución de electricidad o de gas que desarrolle su actividad en territorio del Estado miembro de que se trate y que incluye, además, prohibiciones de grupos y de actividades que puedan menoscabar la gestión de la red que obstaculizan o imponen limitaciones cualitativas a las inversiones transfronterizas constituyen restricciones a la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE.

(véanse los apartados 29, 30, 33, 34, 36 a 38 y 43 a 48 y el punto 1 del fallo)
El artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1610/96, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la concesión de un certificado complementario de protección para un producto fitosanitario que dispone de una autorización de comercialización de emergencia concedida sobre la base del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, en su versión modificada por la Directiva 2005/58.

En efecto, el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1610/96 no puede ser de aplicación a una autorización de comercialización de emergencia, ya que ésta se encuentra reservada a los productos que no satisfacen las exigencias fijadas en el artículo 4 de la Directiva 91/414 y para los que ésta no exige un previo examen científico de los riesgos.

(véanse los apartados 37 y 38 y el punto 1 del fallo)