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El Banco niega que se haya producido un daño moral separable de las supuestas ilegalidades que vician la decisión impugnada, subrayando, en particular, que no tenía obligación de instruir un procedimiento de investigación en relación con las cuatro personas mencionadas por la demandante como víctimas de acoso psicológico, dado que esas personas no habían presentado ninguna denuncia en ese sentido y que la demandante carecía de legitimidad para actuar en favor de terceros. Además, habida cuenta del grado de precisión y de exhaustividad de la denuncia de la demandante, la comisión de investigación no tenía la obligación de investigar más allá de los hechos denunciados. En cuanto a la reputación de la demandante y a la obligación que, al parecer, se le impuso de mantener la confidencialidad de la decisión impugnada, el Banco se pregunta cómo se infligió un daño moral a la demandante, en particular teniendo en cuenta que el Banco tiene, en su opinión, derecho a utilizar las vías de recurso internas o externas en caso de incumplimiento por parte de los miembros de su personal o de terceros de las normas de confidencialidad aplicables en su seno. En cuanto a la falta de ofrecimiento de un nuevo puesto, el Banco recuerda que la demandante estaba en situación de EV y que no pretendía volver a trabajar a corto plazo, lo que justifica que no se le ofreciera ningún otro puesto.
6.

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) — Opacidad del cálculo de las contribuciones ex ante — Cálculo que recurre de forma interdependiente a los datos confidenciales de las demás entidades — Incumplimiento de la obligación de motivación que tiene su origen, por lo que respecta a la parte del cálculo relativa a la adaptación en función del perfil de riesgo, en la ilegalidad, invocada por vía de excepción, de los artículos 4 a 7 y 9 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 [Arts. 296 TFUE y 277 TFUE; Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 67, ap. 4, y 70, ap. 2; Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, arts. 4 a 7 y 9 y anexo I; Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 103] (véanse los apartados 66, 69, 76, 81, 84, 98, 100 y 102)
4.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría — Aplicación a los documentos correspondientes a un procedimiento por incumplimiento durante la fase administrativa previa de este — Presunción general de aplicación de la excepción al derecho de acceso a la totalidad de los documentos del expediente administrativo — Procedencia — Necesidad de que sea aplicable una normativa particular que establezca un marco más restrictivo que el del Reglamento n.o 1049/2001 para la divulgación de los documentos solicitados — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2, tercer guion] (véanse los apartados 29, 30, 33 y 37 a 39)
5.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 25)
En cuanto a la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, debe destacarse que multitud de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se mezclan, por regla general o, incluso se comercializan juntas, bien en los mismos establecimientos bien como bebidas alcohólicas mezcladas con anterioridad. Considerar que estos productos deben, por ese mero hecho, considerarse similares, pese a que no están destinados al consumo ni en las mismas circunstancias, ni en el mismo estado de ánimo, ni, en su caso, por las mismas categorías de consumidores, haría de un número elevado de productos que pueden calificarse de «bebidas» una sola y única categoría a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009.

En consecuencia, no puede considerarse que una bebida alcohólica y una bebida energética sean similares por el mero hecho de que puedan mezclarse, consumirse o comercializarse conjuntamente, dado que la naturaleza, el destino y la utilización de esos productos difiere en cuanto a la presencia o ausencia de alcohol en su composición. Además, es preciso señalar que las empresas que comercializan bebidas alcohólicas «premezcladas» con un ingrediente sin alcohol no venden dicho ingrediente separadamente y bajo la misma marca que la bebida alcohólica «premezclada» ni bajo una marca similar.

(véanse los apartados 80 y 81)
Se desprende de la jurisprudencia, por una parte, que los órganos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) pueden basar sus resoluciones en hechos notorios que no hayan sido invocados por el solicitante sin que deban determinar la exactitud de tales hechos y, por otra parte, que un solicitante a quien la EUIPO opone hechos notorios puede impugnar la exactitud de estos ante el Tribunal, mientras que la EUIPO está facultada, en esa situación y a la vista del principio de igualdad de armas, a presentar documentos ante el Tribunal con el fin de apoyar la exactitud de un hecho notorio que no fue acreditado en la resolución impugnada. En cambio, no puede reconocerse a la recurrente el derecho a presentar documentos por primera vez ante el Tribunal por el mero hecho de que tiendan a ilustrar hechos notorios que, por lo demás, no se invocan en la resolución impugnada. En efecto, admitir ese derecho tendría como consecuencia limitar el alcance de la obligación que pesa sobre el solicitante de aportar, ya en la fase de procedimiento ante la Oficina, todas las pruebas en apoyo de sus motivos y alegaciones.

(véase el apartado 19)
7.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 66)
7.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección de los intereses comerciales — Ámbito de aplicación — Conjunto de estudios científicos públicos que contienen información no confidencial y confidencial — Inclusión — Requisito — Existencia de un dato comercial sensible que pueda causar perjuicio a intereses comerciales [Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 141/2000, art. 8, ap. 1, y n.o 1049/2001, art. 4, ap. 2, primer guion; Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, anexo I] (véanse los apartados 74, 75, 78, 79 y 82)
Las declaraciones, actitudes o conductas de un miembro del personal del Banco Europeo de Inversiones hacia otros miembros de ese personal serán constitutivas de acoso psicológico cuando hayan causado objetivamente un menoscabo de la autoestima y la autoconfianza de esa persona. A este respecto, no se puede exigir que, para poder considerarse incluido en el concepto de acoso psicológico, un comportamiento deba reiterarse de forma idéntica sin tener en cuenta el efecto acumulativo de los distintos comportamientos en la autoestima su destinatario.

La definición del concepto de acoso psicológico contenida en el artículo 3.6.1 del Código de conducta del personal del banco exige un carácter repetitivo, además durante un período bastante largo, de las declaraciones, actitudes o conductas hostiles o inconvenientes para que puedan estar incluidas en el concepto. Desde este punto de vista, la citada definición presenta analogías con la recogida en el artículo 12 bis del Estatuto de los Funcionarios. En consecuencia, esta referencia en la jurisprudencia relativa al artículo 12 bis del Estatuto de los Funcionarios a un proceso que se inscribe necesariamente en el tiempo y que supone la existencia de acciones reiteradas o continuadas, puede también aplicarse por analogía a efectos de la aplicación del concepto de acoso psicológico aplicable a los agentes del Banco.

Sobre este particular, el concepto de acoso psicológico se distingue del de acoso sexual. En efecto, mientras que la apreciación de si existe o no acoso sexual no depende necesariamente de la reiteración de los comportamientos o de un comportamiento no deseado con connotaciones sexuales, la apreciación de la existencia de acoso psicológico resulta, en cambio, de que se compruebe la existencia de un conjunto de comportamientos y no puede, en principio, hacerse únicamente sobre la base de un comportamiento aislado. Por este motivo, el hecho de que un miembro del personal haya podido utilizar accidentalmente un tono inadecuado en las reuniones o en conversaciones con otro miembro del personal no se corresponde, en principio, con el concepto de acoso psicológico.

En efecto, en cuanto resultante de un proceso en el tiempo, el acoso psicológico puede, por definición, resultar de todo un conjunto de comportamientos diferentes de un miembro del personal del Banco respecto de otro que, tomados aisladamente, no constituirían necesariamente una situación de acoso psicológico, pero que, apreciados en su conjunto y en su contexto, puede entenderse que han causado objetivamente un menoscabo de la autoestima y la seguridad de ese otro miembro del personal destinatario de dichos comportamientos en el sentido del artículo 3.6.1 del código de conducta.

Esta es la razón por la cual, al examinarse si los comportamientos denunciados por la parte demandante son constitutivos de acoso psicológico, procede examinar estos hechos tanto aislada como conjuntamente, como elementos de un ambiente general de trabajo generado por otros comportamientos de un miembro del personal hacia otro miembro del personal.

(véanse los apartados 88 a 94 y 96)
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 16 de octubre de 2018 — Asics/EUIPO — Van Lieshout Textielagenturen (Representación de cuatro líneas cruzadas)

(Asunto T‑581/17)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de registro de la marca figurativa de la Unión que representa cuatro líneas cruzadas — Obligación de motivación — Artículos 75 y 76, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículos 94 y 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001] — Inexistencia de similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Examen de oficio de los hechos—Deber de diligencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 1] (véase el apartado 19)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca anterior—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 35, 36, 42 y 53)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca anterior—Marca figurativa que representa cuatro líneas cruzadas [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, aps. 1, letra b), y 5] (véanse los apartados 46 a 48, 63 y 64)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca anterior—Carácter distintivo elevado de la marca anterior—Irrelevancia en caso de inexistencia de una similitud entre las marcas objeto del litigio [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 56)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de junio de 2017 (asunto R 2129/2016‑4), relativa a un procedimiento de oposición entre Asics Corporation y Van Lieshout Textielagenturen.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Conforme al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, una solicitud de nulidad basada en una causa de nulidad absoluta no exige que el solicitante demuestre un interés en ejercitar la acción, en la medida en que los motivos de denegación absolutos del registro tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta. Dado que la apreciación de la EUIPO debe efectuarse exclusivamente con respecto a los intereses generales subyacentes en los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, el interés económico potencial o real perseguido por el solicitante de la nulidad no es pertinente, por lo que no puede tratarse de un «abuso de derecho» por parte del solicitante de la nulidad. En consecuencia, la cuestión del abuso de derecho no es pertinente en un procedimiento de nulidad basado en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009.

(véase el apartado 60)
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 19 de octubre de 2017 —

Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Asunto T‑87/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Matrix light — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 14)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto—Marca compuesta por una palabra o por un neologismo resultantes de una combinación de elementos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15 a 18, 29 y 49)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca denominativa Matrix light [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra c), y 2] (véanse los apartados 21 a 24 y 54)

4. Marca de la Unión Europea—Resoluciones de la Oficina—Principio de igualdad de trato—Principio de buena administración—Práctica decisoria anterior de la Oficina—Principio de legalidad—Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véanse los apartados 33 y 35)

5. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro—Obligación de motivación de la denegación de registro—Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75, primera frase] (véase el apartado 57)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de diciembre de 2016 (asunto R 886/2016‑4), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo Matrix light como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
319

De dicho debate y de los documentos que obran en el expediente se desprende que la jefa de administración de la Delegación no exigió al recurrente que abandonara su vivienda de servicio, sino que se limitó a recordarle el carácter irregular de su situación (véase el apartado 274 anterior). Aun cuando esta circunstancia no pone en entredicho la existencia de una falta grave del recurrente consistente en prolongar en el tiempo el uso indebido de su vivienda de servicio desde enero de 2009 hasta agosto de 2010 (véase el apartado 300 anterior), de ella resulta que, dada la falta de una iniciativa adecuada de su representante in situ pese a estar al tanto de la situación, la Comisión contribuyó a la materialización plena del perjuicio que sufrió cuando podría haber reducido su alcance, ya que no existía obstáculo alguno que pudiera impedir tal iniciativa, en particular si esta consistía en exigir al recurrente que desalojara su vivienda de servicio, al no cumplirse los requisitos para habitarla. Así pues, a la luz de todas las circunstancias del presente asunto, el Tribunal considera ex aequo et bono que debe reducirse el importe de la reparación que debe abonar el recurrente por el perjuicio sufrido por la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de noviembre de 1985, Adams/Comisión, 145/83, EU:C:1985:448, apartados 53 y 54, y de 11 de julio de 2007, Schneider Electric/Comisión, T‑351/03, EU:T:2007:212, apartados 332 y 334).
201

A este respecto, debe señalarse que la explicación de la demandante, según la cual este documento únicamente prueba que Winoa la consideraba una competidora agresiva, no parece plausible. Una lectura neutra y objetiva de este correo electrónico demuestra, al contrario, que se inscribe en el marco del seguimiento del cumplimiento del segundo componente del cártel. En efecto, de dicho texto se desprende que Winoa y MTS consideraban tanto a Pometon como a Ervin participantes en el acuerdo de no competencia en materia de precios en lo tocante a determinados clientes individuales, y que Winoa, tras haber comprobado ante esta que no se trataba de MTS, sospechó que Pometon no había respetado debidamente ese compromiso. El hecho de que Winoa sospechara entonces de Pometon y no de Ervin en cuanto a ese cliente individual no permite en modo alguno inferir que Pometon no participaba en el segundo componente del cártel.
81

En segundo lugar, por lo que respecta a los datos personales que figuran en los documentos de los grupos B, C y D, es necesario recordar, como ya se ha señalado en los apartados 52 y 61 anteriores, que la Comisión estaba obligada a examinar si la denegación de acceso opuesta al demandante en la resolución de 8 de marzo de 2016 seguía estando justificada. A tales efectos, le incumbía verificar, respecto a todos los datos personales en cuestión, que la aplicación de las excepciones y limitaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento n.o 45/2001 opuestas en la resolución de 8 de marzo de 2016 seguía estando justificada en atención a una eventual modificación de la situación de hecho o de Derecho. En particular, la Comisión estaba obligada a tener en cuenta que, entre tanto, había concluido la investigación administrativa y había transcurrido un período de más de seis meses.
96

En cuarto lugar, en lo tocante al elemento temporal, procede desestimar la alegación formulada por el demandante según la cual las elecciones no se vislumbraban todavía en Francia. En primer lugar, con independencia de la cuestión del uso efectivo de la versión francesa del cartel que pudieron hacer el Front national, sus miembros o sus simpatizantes en esas elecciones, contrariamente a lo que alega el demandante, un período de cinco meses entre el lanzamiento de la campaña y esas elecciones no parece suficiente para que resulte inverosímil el uso de esa campaña a efectos de dichas elecciones. En segundo lugar, en cualquier caso, ha de apuntarse que el elemento temporal es uno de los indicios que pueden tenerse en cuenta, como se desprende del apartado 83 anterior. No obstante, no se trata de una condición indispensable, ni siquiera del indicio más determinante. En el caso de autos, a la vista del escrito del Parlamento de 22 de julio de 2016, la nota del secretario general del Parlamento dirigida a la Mesa de dicha institución, de 5 de septiembre de 2016, y el escrito del Parlamento de 26 de septiembre de 2016 por el que se notificaba la decisión impugnada, ha de hacerse constar que la eventual proximidad temporal con las elecciones en cuestión no se encuentra entre los elementos sopesados por el Parlamento para concluir que existía una financiación indirecta de partidos políticos nacionales. No cabe censurar tal conclusión, pues una ventaja en materia de imagen y de visibilidad para un partido político nacional no tiene que circunscribirse necesariamente a un período electoral preciso.
1

El artículo 41, titulado «Reducción y suspensión de los pagos mensuales e intermedios», del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 13), dispone: «2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución, para reducir o suspender los pagos mensuales o intermedios a un Estado miembro si uno o más de los componentes clave del sistema de control nacional en cuestión no existen o no son operativos debido a la gravedad o la persistencia de las deficiencias observadas o existen deficiencias graves similares en el sistema de recuperación de pagos irregulares y si se cumple una de las condiciones siguientes: [...] b) la Comisión deduce que el Estado miembro en cuestión no está en condiciones de aplicar las medidas correctoras necesarias en un futuro inmediato, con arreglo a un plan de acción con indicadores de progreso claros, que se establecerá en consulta con la Comisión. La reducción o la suspensión se aplicarán a los gastos pertinentes efectuados por el organismo pagador cuando existan deficiencias durante un periodo que deberá fijarse en los actos de ejecución a que se hace referencia en el párrafo primero, que no será superior a doce meses [...] Los actos de ejecución previstos en el presente apartado se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2. Antes de adoptar los actos de ejecución a que se refiere este apartado, la Comisión informará al Estado miembro en cuestión de su intención y le pedirá que reaccione en un plazo que no podrá ser inferior a 30 días. Los actos de ejecución que fijen los pagos mensuales a que se refiere el artículo 18, apartado 3, o los pagos intermedios contemplados en el artículo 36, tendrán en cuenta los actos de ejecución adoptados de conformidad con el presente apartado.»