Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de febrero de 2003. - Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contra Nederlandse Omroep Stichting (NOS). - Petición de decisión prejudicial: Hoge Raad der Nederlanden - Países Bajos. - Directiva 92/100/CEE - Derecho de alquiler y préstamo y determinados derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual - Artículo 8, apartado 2 - Radiodifusión y comunicación al público - Remuneración equitativa. - Asunto C-245/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-01251



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

Aproximación de las legislaciones - Derechos de autor y derechos afines - Derechos de alquiler y préstamo de obras protegidas - Directiva 92/100/CEE - Radiodifusión y comunicación al público - Remuneración equitativa - Concepto - Interpretación uniforme - Aplicación por los Estados miembros - Criterios - Límites

(Directiva 92/100/CEE del Consejo, art. 8, ap. 2)

Índice

$$El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual exige a los Estados miembros adoptar una normativa que garantice que el usuario pagará una remuneración equitativa cuando un fonograma se utilice para una difusión radiofónica o para cualquier comunicación al público. El concepto de remuneración equitativa que figura en dicha disposición debe ser interpretado de una manera uniforme en todos los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien incumbe determinar en su territorio los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la mencionada Directiva, el respeto de dicho concepto comunitario.

Asimismo indica que el reparto de dicha remuneración entre artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas debe fijarse normalmente mediante acuerdo entre ellos. Sólo cuando estas negociaciones no culminen en un acuerdo sobre las condiciones de reparto, habrá de intervenir el Estado miembro para determinar sus condiciones.

A este respecto, el artículo 8, apartado 2, antes citado, no se opone a un método de cálculo de la remuneración equitativa que haga uso de factores variables y fijos, tales como la cantidad de horas de difusión de los fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representadas por el organismo de difusión, las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos del Estado miembro de que se trate y las cantidades pagadas por las emisoras comerciales, puesto que dicho método permite alcanzar el equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dicho fonograma en condiciones razonables y no es contrario a ningún principio del Derecho comunitario.

( véanse los apartados 33, 38, 46 y los puntos 1 y 2 del fallo )

Partes

En el asunto C-245/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)

y

Nederlandse Omroep Stichting (NOS),

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann y V. Skouris, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Tizzano;

Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), por los Sres. J.L.R.A. Huydecoper y H.G. Sevenster, advocaten;

- en nombre de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), por los Sres. W. VerLoren van Themaat y R.S. Meijer, advocaten;

- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M.A. Fierstra, en calidad de agente;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. A. Dittrich y W.-D. Plessing, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L.I. Fernandes y J.C. de Almeida e Paiva, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. T. Pynnä, en calidad de agente;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G. Amodeo, en calidad de agente, asistida por la Sra. J. Stratford, Barrister;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y el Sr. H.M.H. Speyart, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de la Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), representada por los Sres. E. Pijnacker Hordijk y T. Cohen Jehoram, advocaten; de la Nederlandse Omroep Stichting (NOS), representada por el Sr. W. VerLoren van Themaat; del Gobierno neerlandés, representado por la Sra. J. van Bakel, en calidad de agente, y de la Comisión, representada por el Sr. H.M.H. Speyart, expuestas en la vista de 2 de mayo de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de septiembre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 9 de junio de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de junio siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 234 CE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento entre la Stitching ter Exploitatie van Naburige Rechten (asociación para la explotación de los derechos afines a los derechos de autor; en lo sucesivo, «SENA») y la Nederlandse Omroep Stichting (asociación de radiotelevisión neerlandesa; en lo sucesivo, «NOS») acerca de la determinación de la remuneración equitativa abonada a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de dichos fonogramas por la difusión de fonogramas efectuada por radio o televisión.

Normativa comunitaria

3 La Directiva 92/100 tiene por objeto establecer una protección jurídica armonizada para los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

4 Del primer considerando de la Directiva 92/100 se desprende que dicha armonización está destinada a suprimir las diferencias entre las legislaciones nacionales cuando «son fuente de obstáculos al comercio y de distorsiones de la competencia que impiden el buen funcionamiento y la realización del mercado interior».

5 Los considerandos séptimo, undécimo, decimoquinto y decimoséptimo de dicha Directiva están redactados en los siguientes términos:

«considerando que el esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y que las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias; que sólo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones;

[...]

considerando que el marco jurídico comunitario sobre los derechos de alquiler y préstamo y sobre determinados derechos afines a los derechos de autor puede limitarse a disposiciones que prevean que los Estados miembros establezcan los derechos de determinadas categorías de titulares, como además los derechos de fijación, reproducción, distribución, radiodifusión y comunicación pública, para determinados grupos de titulares en el ámbito de la protección de los derechos afines;

[...]

considerando que es necesario establecer un régimen que garantice de manera irrenunciable una remuneración equitativa para autores y artistas intérpretes y ejecutantes, quienes deberán tener la posibilidad de confiar la administración de este derecho a entidades de gestión colectiva que los representen;

[...]

considerando que dicha remuneración debe estar en consonancia con la importancia de la contribución al fonograma o a la película por parte de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes;

[...]».

6 El artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 92/100 dispone:

«1. Los Estados miembros concederán a los artistas intérpretes y ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la emisión inalámbrica y la comunicación al público de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se haga a partir de una fijación.

2. Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración.»

7 El concepto de remuneración equitativa no está definido en la Directiva 92/100.

Normativa nacional

8 El artículo 7 de la Wet op de naburige rechten (Ley neerlandesa sobre los derechos afines a los derechos de autor), de 1 de julio de 1993, modificada por la Ley de 21 de diciembre de 1995 (Staatsblad 1995, p. 653; en lo sucesivo, «WNR»), dispone:

«1. Un fonograma producido con fines comerciales o su reproducción podrá ser radiodifundido o hecho público de otro modo sin autorización del productor del fonograma y del artista intérprete o ejecutante o de quienes adquieran sus derechos, a condición de que se pague una remuneración equitativa.

2. En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre la cuantía de la remuneración equitativa, el Arrondissementsrechtbank te 's- Gravenhage tendrá competencia exclusiva para fijar en primera instancia la cuantía de la remuneración a solicitud de la parte más diligente.

3. Tendrán derecho a la remuneración tanto el artista intérprete o ejecutante como el productor o quienes adquieran sus derechos, entre los cuales se repartirá en partes iguales.»

9 El artículo 15 de la WNR determina que la remuneración equitativa contemplada en el artículo 7 de dicha ley deberá pagarse a una persona jurídica representativa designada por el Ministro de Justicia que además se encargue, con exclusión de cualesquiera otras personas, de la percepción y el reparto de dicha remuneración y que dicha persona jurídica represente a los interesados en todas ocasiones para fijar la cuantía de la remuneración y para percibirla, así como para ejercer el derecho exclusivo.

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

10 Antes de la entrada en vigor de la WNR, se había celebrado un convenio el 16 de diciembre de 1986 entre, por una parte, NOS y la Stichting Radio Nederland Wereldomroep (asociación neerlandesa de radiotelevisión mundial) y, por otra parte, la Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld en Geluidsdragers (asociación neerlandesa de productores e importadores de soportes de imagen y sonido; en lo sucesivo, «NVPI»). Según dicho convenio, NOS debía pagar a NVPI cada año, a partir de 1984, una remuneración (indexada) en concepto de compensación por la utilización de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. La remuneración pagada por NOS a NVPI en virtud de dicho convenio ascendió, en 1984, a 605.000 NLG y, en 1994, a 700.000 NLG.

11 Conforme con el artículo 15 de la WNR, SENA fue designada para percibir y repartir la remuneración equitativa de los derechos en lugar de NVPI que, en consecuencia, mediante escrito de 23 de diciembre de 1993, resolvió el convenio que la vinculaba a NOS.

12 SENA y NOS intentaron ponerse de acuerdo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la WNR, sobre la cuantía de la remuneración equitativa que debía fijarse en el marco de dicha Ley. Al ser infructuosa la negociación, SENA interpuso una demanda, con arreglo a las disposiciones del artículo 7, apartado 2, de la WNR, ante el Arrondissementsrechtbank te's- Gravenhage (Países Bajos) con objeto de que se fijara la remuneración equitativa en 3.500 NLG por hora de difusión televisada y en 350 NLG por hora de difusión radiofónica, con lo cual la cuantía reclamada ascendería anualmente a cerca de 7.500.000 NLG.

13 Basándose en el convenio de 16 de diciembre de 1986 y en los importes pagados con arreglo a éste a NVPI, NOS interpuso una reconvención con objeto de que la remuneración equitativa se fijara en un importe anual de 700.000 NLG.

14 Mediante sendas resoluciones interlocutorias de 7 de agosto de 1996 y de 16 de abril de 1997, el Arrondissementsrechtbank fijó la remuneración adeudada para el año 1995 en 2.000.000 de NLG. Hizo depender la fijación de la remuneración adeudada para los años posteriores de la comunicación de otras informaciones que solicitaba.

15 En la instancia de apelación, el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos) estimó, en la resolución interlocutoria de 6 de mayo de 1999, que la cuestión principal era cómo debía determinarse la remuneración equitativa contemplada en el artículo 7, apartado 1, de la WNR, puesto ni esta Ley ni la Directiva 92/100 proporcionan indicación concreta alguna sobre su modo de cálculo.

16 El Gerechtshof señaló en primer lugar que la Directiva 92/100 no obliga a armonizar el método de determinación de la remuneración equitativa, aun cuando la práctica seguida en otros Estados miembros pudiera ejercer una influencia sobre la solución que se adopte en los Países Bajos.

17 En segundo lugar, consideró que, por una parte, de los trabajos preparatorios de la WNR resulta que la remuneración equitativa debe corresponder, aproximadamente, a lo que habría abonado anteriormente con arreglo al convenio entre la NOS y la NVPI y, por otra parte, que el carácter equitativo, el cálculo y el control de la remuneración debían resultar favorecidos por la adopción de un método de cálculo que las partes debían intentar definir, en un primer momento, con ayuda de factores variables y fijos.

18 El Gerechtshof propuso los factores siguientes:

- la cantidad de horas de difusión de los fonogramas;

- los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representadas por la NOS;

- las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor;

- las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos de los Países Bajos;

- las cantidades pagadas por las emisoras comerciales.

19 La SENA interpuso un recurso de casación alegando que el Gerechtshof había desarrollado un razonamiento jurídico incompatible con la Directiva 92/100, en la medida en que ésta había introducido un concepto autónomo de Derecho comunitario que exige una interpretación uniforme del concepto de remuneración equitativa en los Estados miembros. Estima que la solución adoptada por el Gerechtshof conduce a tratar de manera diferente situaciones que son idénticas.

20 Puesto que la argumentación de la SENA suscita cuestiones de interpretación de la Directiva 92/100, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Es el concepto de "remuneración equitativa" utilizado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva un concepto comunitario que debe ser interpretado y aplicado de la misma forma en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea?

2) En caso de respuesta afirmativa:

a) ¿Conforme a qué criterios se debe determinar la cuantía de la remuneración equitativa?

b) ¿Debe fijarse exclusivamente en función de la cuantía de las remuneraciones que en el Estado miembro de que se trate eran usuales o habían sido acordadas entre las entidades interesadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva?

c) ¿Deben o pueden tenerse en cuenta las expectativas concebidas por los interesados acerca de la cuantía de la remuneración al adoptarse la ley nacional de adaptación a la Directiva?

d) ¿Debe fijarse exclusivamente en función de la cuantía de las remuneraciones que, en virtud de los derechos de autor de obras musicales, se pagan con motivo de la transmisión por las entidades de radiodifusión?

e) ¿Debe determinarse la remuneración en función del alcance potencial en términos de oyentes o espectadores o en función del número real de oyentes o espectadores, o bien debe determinarse, en parte, en función del primer alcance y, en parte, en función del último, y, en este último caso, en qué proporción?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿significa esto que los Estados miembros tienen plena libertad para establecer los criterios según los cuales debe determinarse la cuantía de la remuneración equitativa o existen determinados límites a dicha libertad y, de ser así, cuáles son estos límites?»

Sobre la primera cuestión

21 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide fundamentalmente si el concepto de remuneración equitativa que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 debe, por una parte, interpretarse de la misma manera en todos los Estados miembros y, por otra parte, debe aplicarse con arreglo a los mismos criterios en cada uno de dichos Estados.

22 En primer lugar, por lo que se refiere a la cuestión de la interpretación uniforme del concepto de remuneración equitativa, las partes del litigio principal, la totalidad de los Gobiernos que han presentado observaciones, con excepción del Gobierno finlandés, y la Comisión coinciden en reconocer que, por figurar en una directiva del Consejo y no contener ninguna referencia a los Derechos nacionales, se considera que dicho concepto es una disposición autónoma de Derecho comunitario y debe interpretarse de modo uniforme en el territorio de la Comunidad.

23 Así, como señala el Gobierno del Reino Unido, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (véanse, por ejemplo, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43, y de 9 de noviembre de 2000, Yiadom, C-357/98, Rec. p. I-9265, apartado 26).

24 Así sucede con el concepto de remuneración equitativa que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100. Por ello, con arreglo al principio de autonomía del Derecho comunitario, este concepto debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros.

25 En segundo lugar, por lo que se refiere a la cuestión de la aplicación de los mismos criterios en todos los Estados miembros, las partes del litigio principal, la totalidad de los Gobiernos que han presentado observaciones y la Comisión admiten que la Directiva 92/100 no da una definición del concepto de remuneración equitativa. Además, es opinión unánime que, si bien esta Directiva deja a los Estados miembros la tarea de repartir, en determinadas circunstancias, la retribución equitativa entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, no les encomienda la misión de determinar los criterios comunes de una remuneración equitativa.

26 De esta última constatación, la SENA deduce a sensu contrario que el legislador comunitario ha denegado a los Estados miembros la posibilidad de determinar de forma autónoma los criterios de una remuneración equitativa y, por consiguiente, la cuantía de dicha remuneración. Basa su razonamiento en la sentencia de 3 de febrero de 2000, Egeda (C-293/98, Rec. p. I-629), en la que el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248, p. 15), no organiza una armonización general de las disposiciones sobre los derechos de autor, sino únicamente una armonización mínima. De todo ello, la SENA aduce, por analogía, que la Directiva 92/100, cuyo objetivo específico es establecer y garantizar el derecho a obtener una remuneración equitativa para la utilización de fonogramas comerciales, previsto en su artículo 8, apartado 2, tiende a armonizar la existencia y la extensión de este derecho.

27 La SENA estima además que, para respetar esta voluntad de armonización, sólo el valor comercial de la prestación de alquiler o de préstamo permite determinar la cuantía de una remuneración equitativa.

28 En apoyo de su argumentación, sostiene que la Directiva 92/100 se basa en los artículos 57, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 47 CE, apartado 2, tras su modificación), 66 del Tratado CE (actualmente artículo 55 CE) y 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación) y que la elección de estos artículos como base jurídica se corresponde con el objetivo de realización del mercado interior y, por consiguiente, con el interés de armonizar las legislaciones de los Estados miembros.

29 Según la SENA, la persecución de dicho objetivo permite, concretamente, suprimir los obstáculos y las desigualdades injustificadas que afectan a la posición de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en el mercado y anular las desventajas económicas que podrían resultar de la difusión de dichos fonogramas.

30 Alega que, en ámbitos cercanos, la interpretación de la Directiva 92/100 por el Tribunal de Justicia ha corroborado los objetivos de esta Directiva, que consisten en disminuir las diferencias existentes en la protección jurídica concedida por los Estados miembros a través de la armonización de las legislaciones nacionales, velar por que los artistas intérpretes y ejecutantes obtengan unos ingresos apropiados y ofrecer a los productores de fonogramas la posibilidad de amortizar sus inversiones. Afirma que el Tribunal de Justicia destacó estos puntos, así como la importancia del desarrollo cultural de la Comunidad sobre la base del artículo 128 del Tratado CE (actualmente artículo 151 CE, tras su modificación) en sus sentencias de 28 de abril de 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953), y de 22 de septiembre de 1998, FDV (C-61/97, Rec. p. I-5171).

31 La totalidad de los Gobiernos que presentaron observaciones y la Comisión solicitan al Tribunal de Justicia que constate que la argumentación de la SENA no demuestra que el legislador comunitario haya querido fijar implícitamente, al no haberlo hecho de forma expresa en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100, los criterios uniformes para determinar si una remuneración es equitativa o no.

32 Por el contrario, estiman que la Directiva 92/100 ha renunciado deliberadamente a establecer un método de cálculo detallado y obligatorio del nivel de dicha remuneración.

33 Es preciso recordar que la Directiva exige a los Estados miembros adoptar una normativa que garantice que el usuario pagará una remuneración equitativa cuando se difunda un fonograma. Asimismo indica que el reparto de dicha remuneración entre artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas debe fijarse normalmente mediante acuerdo entre ellos. Sólo cuando estas negociaciones no culminen en un acuerdo sobre las condiciones de reparto, habrá de intervenir el Estado miembro para determinar sus condiciones.

34 Pues bien, a falta de una definición comunitaria de la remuneración equitativa, no existe ninguna razón objetiva que justifique que el juez comunitario fije las modalidades precisas de determinación de una remuneración equitativa, lo cual supondría necesariamente que el Tribunal de Justicia instituye a los Estados miembros a quienes la Directiva 92/100 no impone ningún criterio particular (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 1999, Carbonari y otros, C-131/97, Rec. p. I-1103, apartado 45). Por lo tanto, corresponde únicamente a los Estados miembros determinar, en su territorio, los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario, y en particular por la Directiva 92/100, el respeto de dicho concepto comunitario.

35 Sobre este particular, es evidente que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 se inspira en el artículo 12 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961. Esta Convención prevé el pago de una remuneración equitativa cuyas condiciones de reparto estarán determinadas por la legislación nacional, a falta de acuerdo entre los diferentes interesados, e indica simplemente un determinado número de factores, calificados de no exhaustivos, no obligatorios y potencialmente pertinentes, para determinar lo que sea equitativo en cada caso.

36 En tal situación, la única función del Tribunal de Justicia podría ser, en el marco de un litigio ante él sometido, instar a los Estados miembros a hacer respetar de la forma más uniforme posible, en el territorio de la Comunidad, el concepto de remuneración equitativa que, a la luz de los objetivos de la Directiva 92/100, definidos en su exposición de motivos, debe considerarse como el instrumento para lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dichos fonogramas en condiciones razonables.

37 Como señala la Comisión, dicha remuneración, que representa la contraprestación de la utilización de un fonograma comercial, en particular para su radiodifusión, implica que su carácter equitativo sea analizado con referencia, entre otros criterios, al valor de dicha utilización en los intercambios económicos.

38 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que el concepto de remuneración equitativa que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 debe ser interpretado de una manera uniforme en todos los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien incumbe determinar en su territorio los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la mencionada Directiva, el respeto de dicho concepto comunitario.

Sobre las cuestiones segunda y tercera

39 Mediante sus cuestiones segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se dilucide cuáles son los criterios que deben aplicarse para determinar la cuantía de la remuneración equitativa y cuáles son los límites a los que se están sujetos los Estados miembros en la fijación de dichos criterios.

40 Como se desprende de la respuesta a la primera cuestión, no incumbe al Tribunal de Justicia fijar por sí mismo los criterios de una remuneración equitativa o determinar los límites generales y preestablecidos para la fijación de tales criterios, sino proporcionar al órgano jurisdiccional remitente los elementos que le permitan apreciar si los criterios nacionales que sirven para calcular la remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas son adecuados para garantizar su remuneración equitativa respetando el Derecho comunitario.

41 En el litigio principal, resulta del artículo 7 de la WNR que, a falta de un acuerdo contractual entre la SENA y la NOS sobre la cuantía de la remuneración, corresponde al juez nacional determinarla. Con arreglo a dicha legislación, el Gerechtshof te 's-Gravenhage declaró que el carácter equitativo, el cálculo y el control de la remuneración deberían resultar favorecidos por la adopción de un método de cálculo que contenga factores variables y fijos: la cantidad de horas de difusión de los fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representados por el organismo de difusión, las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos de los Países Bajos y, por último, las cantidades pagadas por las emisoras comerciales.

42 El Gerechtshof ha precisado, además, que las partes pueden tratar, en primer lugar, de desarrollar por sí mismas un método de cálculo cuyo resultado, en los primeros años posteriores a la entrada en vigor de la Directiva 92/100, debe corresponder aproximadamente a la cantidad que el organismo de difusión pagaba con anterioridad, en virtud de un contrato, al antiguo organismo perceptor, a menos que un aumento venga justificado por la necesidad de lograr una remuneración equitativa.

43 Por último, el Gerechstshof contempló la posibilidad de recurrir a expertos para que elaboren un método de cálculo en caso de que subsistan desacuerdos entre las partes.

44 El Gerechtshof adopta así todas las garantías para respetar lo mejor posible las disposiciones del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100, a saber garantizar la remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, dando preferencia a la consecución de un acuerdo contractual sobre la base de criterios objetivos. Corresponde a las partes ponderar dichos criterios teniendo en cuenta en particular las modalidades adoptadas por los demás Estados miembros y, en caso de que la negociación entre dichas partes no logre el resultado perseguido, acordando que el juez nacional pueda ser asistido técnicamente por un experto para determinar la cuantía de la remuneración equitativa.

45 El legislador neerlandés ha optado así por dejar que los representantes de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas y los de los usuarios de fonogramas fijen de común acuerdo la cuantía de la remuneración equitativa y, a falta de acuerdo, confíen dicha tarea al juez nacional, encargado de efectuar en último lugar el cálculo de dicha remuneración. Este método, a la vez muy protector del derecho de las partes y respetuoso del Derecho comunitario, permite establecer un marco general en el que podrían inscribirse las diferentes opciones adoptadas por los Estados miembros para el cálculo de la cuantía de una remuneración equitativa.

46 En consecuencia, procede responder a las cuestiones segunda y tercera que, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 no se opone a un método de cálculo de la remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas que haga uso de factores variables y fijos, tales como la cantidad de horas de difusión de los fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representadas por el organismo de difusión, las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos del Estado miembro de que se trate y las cantidades pagadas por las emisoras comerciales, puesto que dicho método permite alcanzar el equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dicho fonograma en condiciones razonables y no es contrario a ningún principio del Derecho comunitario.

Decisión sobre las costas

Costas

47 Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés, alemán, portugués, finlandés y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 9 de junio de 2000, declara:

1) El concepto de remuneración equitativa que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe ser interpretado de una manera uniforme en todos los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien incumbe determinar en su territorio los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la mencionada Directiva, el respeto de dicho concepto comunitario.

2) El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 no se opone a un método de cálculo de la remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas que haga uso de factores variables y fijos, tales como la cantidad de horas de difusión de los fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representadas por el organismo de difusión, las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos del Estado miembro de que se trate y las cantidades pagadas por las emisoras comerciales, puesto que dicho método permite alcanzar el equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dicho fonograma en condiciones razonables y no es contrario a ningún principio del Derecho comunitario.