a)

Considerando que la cuestión pretende, en primer lugar, que se dilucide si una normativa referente al Seguro de Enfermedad de los trabajadores y de sus supervivientes, establecida y aplicada por una institución de Derecho privado, puede constituir una legislación conforme a lo dispuesto en el Reglamento no 3. Considerando que, según la letra b) del artículo 1 del Reglamento no 3 «el término legislación designa las leyes, los Reglamentos y las disposiciones estatutarias […] de cada Estado miembro, que se refieran a los regímenes y ramas de la Seguridad Social contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 del presente Reglamento», o sea, especialmente, los regímenes y ramas referentes a las prestaciones por enfermedad; que la mención de las «disposiciones estatutarias» pretende expresamente incluir los regímenes y ramas de la Seguridad Social gestionados por instituciones distintas de las autoridades públicas y que gozan de una cierta autonomía con respecto a éstas. Considerando por otra parte que, según la letra e) del artículo 1 del Reglamento no 3 «el término institución designa […] el organismo o la autoridad encargada de aplicar en todo o en parte la legislación»; que la yuxtaposición de las expresiones «organismo» y «autoridad» pone de manifiesto que el Reglamento no 3 se refiere también a las disposiciones estatutarias que regulan el funcionamiento de instituciones de Derecho privado, tanto más por cuanto no están expresamente excluidas por ninguna disposición del Reglamento no 3. Considerando que el concepto de «disposiciones estatutarias» se aplica a normas que, a pesar de haber sido adoptadas y aplicadas con arreglo a las formas y por los organismos de Derecho privado, se integran en el Régimen de Seguridad Social de un Estado miembro porque están destinadas a completar las leyes y reglamentos relativos a la Seguridad Social o a sustituirlos; que el Reglamento no 3 muestra el cuidado evidente por no excluir del ámbito de aplicación de sus disposiciones a los regímenes gestionados por los organismos no estatales que, al menos en varios Estados miembros, constituyen un sector importante de la Seguridad Social. Considerando, sin embargo, que el demandado en el litigio principal estima que estas consideraciones no son aplicables, ya que, aunque no existiera la normativa que se discute, los interesados tampoco estarían obligatoriamente afiliados con arreglo al Régimen general de la Seguridad Social; que, en efecto, por tal motivo no puede considerarse que dicha normativa sustituya al Régimen general; que, además, el demandado en el litigio principal alega que dichas consideraciones no se aplican a los supervivientes de un trabajador afiliados con carácter meramente facultativo a la institución a la cual dicho trabajador estuvo afiliado de modo obligatorio. Considerando que la objeción de que el Sr. Vaassen no estaba obligado a afiliarse al Régimen general de la Seguridad Social no es concluyente, ya que la cuestión que indujo al Scheidsgerecht a someter el asunto al Tribunal de Justicia fue evidentemente la de si la normativa controvertida forma parte o no de un Régimen especial en el sentido del párrafo segundo del artículo 2 del Reglamento no 3; que no hay duda de que existe semejante Régimen cuando un grupo específico de trabajadores queda sujeto a un seguro obligatorio de tipo especial en virtud del Derecho público; que, además, el demandado en el litigio principal parece haber comprendido bien la esencia de este concepto, cuando expone en su escrito de contestación que por una parte, el seguro obligatorio para todo trabajador de las minas neerlandesas deriva del artículo 33 del Reglamento del Mijnindustrieraad de 8 de septiembre de 1952, relativo a las condiciones de trabajo de los empleados en prácticas y de los empleados de las minas (Nederlandse Staatscourant de 23 de septiembre de 1952, no 185) y, por otra parte, que el mencionado Reglamento promulgado por una autoridad pública competente reviste por esta razón carácter de Derecho público; que no obstante corresponde al Juez nacional, luego de haber aplicado, en su caso, el artículo 177 del Tratado, como ha sucedido en este supuesto, examinar si se cumplen de hecho las condiciones requeridas para la existencia de un Régimen especial, de modo que las disposiciones estatutarias referidas a él se incorporen al concepto de legislación de la letra b) del artículo 1 del Reglamento no 3. Considerando a continuación que, una vez acreditado que existe un Régimen especial, los Reglamentos nos 3 y 4 se aplican a este Régimen en su totalidad, incluidas las eventuales disposiciones relativas a la afiliación voluntaria y facultativa de los antiguos asegurados y de sus supervivientes.