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En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per la Toscana decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 CE en el sentido de que se oponen, por definición, a una normativa nacional como la contenida en el artículo 88 del [Real Decreto], en virtud del cual “la licencia para la recogida de apuestas se expide exclusivamente a favor de los titulares de una concesión o de una autorización del Ministerio o de otra entidad facultada por la Ley para organizar y gestionar apuestas, así como a las personas en quienes hayan delegado el concesionario o el titular de la autorización en virtud de lo dispuesto en la propia concesión o autorización”, y en el artículo 2, apartado 2 ter, del Decreto‑ley no 40, de 25 de marzo de 2010, convalidado mediante la Ley no 73/2010, en virtud del cual “el artículo 88 del texto único de las leyes de seguridad pública, que comprenden el Real Decreto […], se interpreta en el sentido de que si la licencia prevista en dichos artículos se expide para establecimientos comerciales en los que se desarrolla la gestión y la recogida de apuestas públicas con premios en metálico, ha de entenderse eficaz únicamente en virtud de la expedición a los titulares de los citados establecimientos de la concesión especial para la gestión y la recogida de tales apuestas por el Ministerio de Economía y Hacienda – [AAMS]”? 2) ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 CE en el sentido de que también se oponen, por definición, a una normativa nacional como la establecida en el artículo 38, apartado 2, del [Decreto Bersani] según el cual “El artículo 1, apartado 287, de la Ley no 311, de 30 de diciembre de 2004 [(Ley financiera 2005)], se sustituye por el texto siguiente: ‘287. Mediante decisión del Ministerio de Economía y Hacienda – [AAMS] – se establecerán las nuevas modalidades de distribución de apuestas relativas a eventos distintos de las carreras hípicas, observando los siguientes criterios: a) inclusión, entre las apuestas sobre eventos distintos de las carreras hípicas, de las apuestas mutuas y de cuota fija sobre los eventos distintos de las carreras hípicas, de quinielas sobre eventos deportivos, de la lotería denominada totip, de las apuestas hípicas previstas en el apartado 498 y de otras apuestas públicas distintas, basadas en eventos distintos de las carreras hípicas; b) posibilidad de recogida de apuestas sobre eventos distintos de las carreras hípicas por operadores que desarrollen la actividad de recogida de apuestas en un Estado miembro de la Unión Europea, operadores de Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y operadores de otros Estados, siempre que cumplan los requisitos de fiabilidad estipulados por la [AAMS]; c) gestión de la recogida de apuestas mediante puntos de venta que tengan como actividad principal la comercialización de productos de apuestas públicas y puntos de venta que tengan como actividad accesoria la comercialización de productos de apuestas públicas; la oferta de determinados tipos de apuestas podrá reservarse con carácter exclusivo a los puntos de venta que tengan como actividad principal la comercialización de productos de apuestas públicas; d) previsión de la puesta en funcionamiento de al menos 7.000 nuevos puntos de venta, de los cuales al menos el 30 % tendrá como actividad principal la comercialización de productos de apuestas públicas; e) determinación del número máximo de puntos de venta por municipio en proporción al número de habitantes y en función de los puntos de venta a los que ya se haya adjudicado una concesión; f) ubicación de los puntos de venta que tengan como actividad principal la comercialización de productos de apuestas públicas en municipios con más de 200.000 habitantes a una distancia no inferior a 800 metros de los puntos de venta a los que ya se haya otorgado una concesión y en municipios con menos de 200.000 habitantes a una distancia no inferior a 1.600 metros de los puntos de venta a los que ya se haya adjudicado una concesión; g) ubicación de los puntos de venta que tengan como actividad accesoria la comercialización de productos de apuestas públicas, en municipios con más de 200.000 habitantes, a una distancia no inferior a 400 metros de los puntos de venta a los que ya se haya adjudicado una concesión, y en los municipios con menos de 200.000 habitantes, a una distancia no inferior a 800 metros de los puntos de venta a los que ya se haya otorgado una concesión, sin perjuicio de los puntos de venta en los que, a fecha de 30 de junio de 2006, se efectúe la recogida de quinielas deportivas; h) adjudicación de los puntos de venta previa tramitación de uno o varios procedimientos de licitación abiertos a todos los operadores, cuyo importe de partida para la adjudicación no puede ser inferior a veinticinco mil euros por cada punto de venta que tenga como actividad principal la comercialización de productos de apuestas públicas, y a siete mil quinientos euros por cada punto de venta que tenga como actividad accesoria la comercialización de productos de apuestas públicas; i) posibilidad de recoger apuestas a distancia, incluidos los juegos de habilidad con premios en metálico, previo pago de un importe no inferior a doscientos mil euros; [...] l) se definirán las medidas de protección de los concesionarios de recogida de apuestas de cuota fija sobre eventos distintos de las carreras hípicas reguladas por el Reglamento mencionado en el Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda no 111, de 1 de marzo de 2006’”? La cuestión relativa a la compatibilidad del artículo 38, apartado 2, [del Decreto Bersani], con los citados principios comunitarios tiene como objeto exclusivo las partes de dicha disposición en que: a) se prevé una orientación general de protección de las concesiones adjudicadas con anterioridad a la modificación del marco normativo; b) se introduce la obligación de apertura de nuevos puntos de venta a una determinada distancia de los ya asignados, que podría llevar, de hecho, a garantizar el mantenimiento de las posiciones comerciales ya existentes. La cuestión tiene asimismo por objeto la interpretación general del artículo 38, apartado 2, [del Decreto Bersani] realizada por la [AAMS], que prevé incluir en los contratos de concesión (cláusula 23, apartado 3) la cláusula de extinción antes mencionada en el supuesto de que el concesionario ejerza directa o indirectamente actividades transfronterizas de juego asimilables. 3) En caso de respuesta afirmativa, es decir, que las normas nacionales citadas en las cuestiones anteriores se consideren compatibles con la normativa comunitaria, ¿debe interpretarse el artículo 49 CE en el sentido de que, en el supuesto de restricción a la libre prestación de servicios impuesta por razones de interés general, debe comprobarse previamente si dicho interés general no ha sido ya tenido en cuenta de modo suficiente mediante las normas, los controles y los exámenes a los que está sujeto el prestador de servicios en el Estado en el que se halla establecido? 4) En caso de respuesta afirmativa, en los términos especificados en la anterior cuestión, ¿debe tener en cuenta el órgano jurisdiccional remitente, en el marco del análisis de la proporcionalidad de tal restricción, que las disposiciones aplicables en el Estado miembro en que se halla establecido el prestador de servicios prevén controles tanto o más rigurosos que los del Estado en que se realiza la prestación de servicios?»