163.

En virtud de todo lo expuesto, propongo a este Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por la High Court of Justice, Queen's Bench Division: «1) A efectos de la aplicación del Reglamento (CEE) no 2051/74 del Consejo, de 1 de agosto de 1974, relativo al régimen aduanero aplicable a ciertos productos originarios y procedentes de las islas Feroe, y del Reglamento (CEE) no 3184/74 de la Comisión, de 6 de diciembre de 1974, relativo a la definición de la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación del régimen aduanero aplicable a ciertos productos originarios y procedentes de las islas Feroe, las normas relativas a la carga de la prueba y a los modos de probar el carácter originario o no originario de las mercancías son las normas del Derecho comunitario. Se trata de las siguiente normas: — La carga de la prueba del carácter originario de las mercancías incumbe al exportador ante la autoridad aduanera de las islas Feroe, y al operador encargado de las formalidades de importación ante el Estado de importación. — Ante la autoridad aduanera de las islas Feroe, el exportador de estas islas podrá acreditar por cualquier medio de prueba el origen de las mercancías exportadas. — Ante el Estado de importación, el carácter originario de las mercancías se acreditará mediante la presentación de un certificado EUR.l, expedido por la autoridad aduanera de las islas Feroe. — La prueba contraria, cuya carga incumbe a las autoridades aduaneras competentes, podrá efectuarse por cualquier medio. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional velar por la observancia de las referidas normas y apreciar el valor probatorio de los elementos invocados por cada una de las partes en la práctica de la prueba cuya carga les incumba. 2) Las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación, sin necesidad de someter el asunto al Comité de Origen a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento no 2051/74, podrán rechazar los certificados de circulación EUR.l si consideran de oficio, basándose en el informe de una comisión de investigación organizada por la Comisión, que dichos certificados no son válidos, aun cuando la autoridad aduanera competente de las islas Feroe se oponga a las conclusiones del informe y confirme la validez de los certificados expedidos. 3) a) Los criterios que definen los buques de las islas Feroe en el Anexo IV del Reglamento no 2051/74 del Consejo y en la Nota Explicativa no 4 del Anexo I del Reglamento no 3184/74 de la Comisión deben interpretarse de manera acumulativa. b) El término “tripulación” utilizado en dichos textos debe entenderse en el sentido de que incluye a todas las personas que ejecutan las maniobras y realizan los servicios de un buque, incluidas las tareas relativas a la actividad económica que se desarrolle en dicho buque. Incluye a las personas contratadas, en virtud de un acuerdo con una empresa de un país tercero, para trabajar en el buque como aprendices o como mano de obra no cualificada que no trabaja en cubierta, con independencia de que sean remuneradas por el naviero o por la empresa del país tercero y de que estén vinculadas al buque por una relación permanente o temporal. c) Cuando los productos en estado bruto de la pesca no se manipulen de modo separado en función de su carácter originario o no originario, incumbirá al exportador demostrar por cualquier medio, especialmente con procedimientos contables, la proporción exacta y, por lo tanto, la cantidad de productos originarios contenida en el producto acabado, cantidad ésta que será la única que pueda beneficiarse válidamente del régimen preferencial establecido. Si, con motivo de una inspección a posteriori, resulta que tal prueba no se ha aportado en lo que atañe a cada partida, las autoridades competentes del Estado miembro de importación podrán recaudar derechos por un importe equivalente al que habría debido pagarse si el origen de los productos de cada partida hubiera sido proporcionalmente equivalente al origen de las materias primas importadas en la factoría durante el año en que se efectuó la importación. 4) Se rigen por el Derecho nacional los requisitos de validez de los actos adoptados por las autoridades nacionales a efectos de la recaudación a posteriori de los derechos de importación, en ejecución del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos. El Derecho comunitario no se opone a que una norma nacional prevea la nulidad total de una liquidación en la que se reclame una deuda de la que, en virtud del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1697/79, sólo haya prescrito una parte. 5) a) El artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2164/91 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la cuantía de los derechos no percibidos sea igual o superior a 2.000 ECU, las autoridades nacionales no están obligadas a transmitir a la Comisión una solicitud de que decida sobre la posibilidad de no proceder a la recaudación a posteriori de derechos de aduana si estiman que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79. b) El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79 debe interpretarse en el sentido de que: — el error de las autoridades competentes puede ser un error de cálculo, de transcripción, de interpretación o de aplicación, cometido, en su caso, por autoridades aduaneras de un tercer país o territorio a las que la Comunidad haya asociado a la aportación de elementos que se tengan en cuenta a efectos de la recaudación de los referidos derechos; — para verificar si el error podía ser razonablemente conocido por el deudor, procede: — determinar si la normativa de que se trata es compleja o si, por el contrario, sus términos carecen de ambigüedad; — tomar en consideración la experiencia profesional del operador de que se trate; — apreciar la diligencia del operador, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad que tenía de tomar conocimiento de las disposiciones comunitarias aplicables y de conocer por sí mismo o averiguar sin dificultad los hechos pertinentes sujetos a tales disposiciones, o bien averiguando si, en razón de la naturaleza misma de sus funciones, dicho operador asume la responsabilidad tanto del pago de los derechos como de la regularidad de los documentos que presenta ante las autoridades aduaneras; — el sujeto pasivo debe haber observado todas las disposiciones establecidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana, es decir, que, en particular, debe haber suministrado a las autoridades aduaneras competentes toda la información necesaria a efectos de la aplicación del régimen aduanero de que se trate, desglosándola, si resulta necesario, en relación con cada parte de una partida que contenga productos incluidos en disposiciones diferentes. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional, basándose en estos elementos de interpretación, determinar si se cumplen los requisitos de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79.»