La Comisión no puede renunciar a las normas que se ha impuesto a sí misma. En particular, cuando la Comisión adopta unas Directrices a fin de precisar los criterios que piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación de la gravedad de una infracción, ello supone una autolimitación de dicha facultad, ya que queda obligada a cumplir las normas indicativas que ella misma se ha impuesto.

Entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción de las normas comunitarias sobre competencia pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado. De esto se sigue, por una parte, que para la determinación del importe de la multa es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a las ventas de las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de esta última. De ello se deduce, por otra parte, que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe de una multa apropiado no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global.

A la hora de determinar la cuantía de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, cuando la Comisión estime que es preciso ponderar los importes de partida de la multa por tratarse de una infracción (de tipo cártel) en la que están implicadas varias empresas entre las que existen considerables diferencias de tamaño, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n° 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA obligan actualmente a dicha institución a apreciar el peso específico de la infracción cometida por cada empresa, es decir, sus repercusiones reales, apreciación que consiste en determinar la magnitud de la infracción cometida por cada una de las empresas, y no la importancia de la empresa de que se trate en términos de tamaño o de potencia económica. A este respecto, la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la magnitud de la infracción en el mercado de que se trate. En particular, el volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva constituye un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia.

Una cooperación en la investigación abierta por la Comisión sobre una eventual infracción de las normas comunitarias sobre la competencia que no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que recaen sobre las empresas en virtud del artículo 11, apartados 4 y 5, del Reglamento n° 17 no justifica una reducción de la multa. No obstante, la reducción del importe de la multa está justificada cuando la empresa facilite una información que supere ampliamente a la que la Comisión puede exigir que se le aporte en virtud del artículo 11 del Reglamento n° 17.

El hecho de que ya se hubiera enviado a la empresa que cooperó con la Comisión la solicitud de información prevista en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n° 17 no puede considerarse determinante a efectos de denegarle la reducción importante de la cuantía de la multa prevista en la sección C de la Comunicación sobre la cooperación, comprendida entre el 50 % y el 75 %, sobre todo teniendo en cuenta que una solicitud de información es un acto menos gravoso que una inspección efectuada en virtud de una decisión y que tal inspección no excluye necesariamente en sí misma la aplicación de la sección C, si no aporta motivos suficientes para justificar la incoación del procedimiento con vistas a la adopción de una decisión por infracción de las normas sobre competencia.

(véanse los apartados 136, 137, 140 y 141)