SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 12 de junio de 1997

Asunto T-237/95

Fernando Carbajo Ferrerò

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Concurso interno — Nombramiento para un puesto de Jefe de División»

Texto completo en lengua francesa II-429

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación, por una parte, de la decisión del Parlamento Europeo por la que se nombra al Sr. X para el puesto de Jefe de División de la Oficina del Parlamento Europeo, en Madrid, a raíz del concurso interno no A/88 y, por otra parte, de la decisión del Parlamento Europeo de no nombrar al demandante para dicho puesto.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante ocupa, ad interim, un puesto de grado A 5 en la Oficina de Información del Parlamento Europeo (Parlamento) en Madrid (Oficina de Madrid).

El 10 de enero de 1994, el Parlamento publicó una convocatoria para proveer vacante con el fin de cubrir el puesto de Jefe de División en la Dirección General de Información y Relaciones Públicas del Parlamento (Dirección General de Información), puesto de grado A 3, en la Oficina de Madrid, mediante promoción o traslado. Dicho procedimiento no desembocó en un nombramiento.

El 9 de marzo de 1994, se publicó una convocatoria de concurso interno no A/88 con objeto de proveer el citado puesto de Jefe de División en la Oficina de Madrid.

El 1 de mayo de 1994, el demandante fue llamado a ocupar, ad interim, el puesto de Jefe de División de que se trata hasta que dicho puesto fuera provisto y como máximo, hasta que hubiera transcurrido un período de un año.

El 13 de diciembre de 1994, se informó al demandante, el cual había participado en el citado concurso no A/88, de que el tribunal calificador del concurso había decidido incluir su nombre en segunda posición en la lista de aptitud.

El demandante tuvo conocimiento después de que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), mediante una decisión adoptada el 21 de febrero de 1995, había nombrado al Sr. X para el puesto que debía proveerse.

El 29 de mayo de 1995, el demandante presentó una reclamación contra la decisión de la AFPN de no nombrarle para el puesto en cuestión y de nombrar para el mismo al Sr. X. Esta reclamación fue desestimada mediante decisión expresa del 6 de octubre siguiente.

Sobre la admisibilidad

Cuando la AFPN decide, en la fase final, proceder al nombramiento de un candidato que figura en una lista de aptitud adoptada para la provisión de un solo puesto, esta decisión de nombramiento va acompañada, de manera inevitable y concomitante, de la decisión, cuando menos implícita, pero necesaria, de no nombrar a otro u otros candidatos que figuren en la lista de aptitud. La decisión de no nombrar a un funcionario afecta a su situación jurídica de una manera directa e inmediata al excluirle definitivamente del procedimiento, por el hecho de la extinción simultánea de la lista de aptitud (apartado 22).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión (T-1/90, Rec. p. II-143), apartados78 y 81

Sobre el fondo

Dado que la AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación para efectuar un examen comparativo de los méritos de los candidatos, como es el caso de los que figuran en una lista de aptitud, el Juez comunitario debe limitarse a controlar si, habida cuenta de los elementos en que se basó la Administración para hacer su apreciación, ésta se ha movido dentro de unos límites razonables, como resultado de un procedimiento exento de irregularidades y sin haber usado sus facultades de una forma manifiestamente errónea o para fines distintos de aquellos para los que le fueron otorgadas (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, Rec. p. II-665), apartado 81; Tribunal de Primera Instancia, 19 de septiembre de 1996, Brunagel/Parlamento (T-158/94, RecFP p. II-1131), apartado 69

Sobre el motivo fundado en una desviación de poder

En opinión del demandante, la desviación de poder resulta en particular de una modificación intencional de la convocatoria de concurso en relación con la convocatoria para proveer vacante, del propio contenido de la convocatoria y del descrédito irrogado a la persona y a la reputación del demandante (apartado 29).

Al examinar la legalidad de una decisión desestimatoria de una candidatura, el Juez comunitario puede, a la vista de la cohesión de los diferentes actos que integran el procedimiento de selección, examinar si un acto preparatorio, como es la convocatoria de concurso, que está íntimamente vinculado a la decisión impugnada, adolece eventualmente de ilegalidad (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT (T-589/93, RecFP p. II-77), apartados 23 y 25

La función esencial de la convocatoria de concurso consiste en informar a los interesados, de la forma más exacta posible, sobre la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trata, con objeto de que los aspirantes puedan apreciar si les conviene presentar su candidatura. La AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar los criterios de aptitud exigidos por los puestos de trabajo que han de proveerse y para determinar, en función de estos criterios y en interés del servicio, los requisitos y modalidades de organización del concurso (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1990, Gallone/Consejo (T-132/89, Rec. p. II-549), apartado 27

Por lo que se refiere a la definición de los requisitos de admisión para concursar, la convocatoria del concurso puede legalmente limitarse a recoger, sin especificar el nivel de experiencia exigido para el puesto de trabajo que ha de proveerse, la fórmula general correspondiente del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto y dejar, por consiguiente, al tribunal del concurso la responsabilidad de apreciar, caso por caso, si los títulos y diplomas presentados, así como la experiencia profesional acreditada por cada candidato corresponden al nivel exigido por el Estatuto y, por lo tanto, por la convocatoria, para el ejercicio de funciones correspondientes a la categoría a la que se refiere dicha convocatoria (apartado 48).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1972, Marcato/Comisión (44/71, Rec. p. 427), apartado 14; Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1989, Belardinelliy otros/Tribunal de Justicia (225/87, Rec. p. 2353), apartados 13 y 14

Si la AFPN, para proveer un puesto vacante, decide ampliar, en interés del servicio, sus posibilidades de elección y pasar de una fase del procedimiento de selección a otra, que es posterior a aquélla según el orden establecido en el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, está obligada a ejercer dicha facultad en el marco de la legalidad que ella misma se ha impuesto a través de la convocatoria de vacante, garantizando la correspondencia entre los requisitos establecidos en dicha convocatoria y los que aparecen en las convocatorias relativas a las fases ulteriores y, en particular, en la convocatoria de concurso. Efectivamente, si bien la AFPN tenía libertad para modificar, entre una y otra fase del procedimiento de provisión de un puesto de trabajo, los requisitos previstos en la convocatoria para proveer vacante, en particular reduciendo sus exigencias, tendría asimismo libertad para recurrir a un procedimiento de selección externo sin tener que examinar las candidaturas internas (apartado 50).

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de febrero de 1989, Van der Stijl y otros/Comisión (asuntos acumulados 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86y 266/86,222/87y 232/87, Rec. p. 511); Tribunal de Primera Instancia, 22 de mayo de 1996, Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlamento (T-140/94, RecFP p. II-689), apartado 43

En el presente caso, la convocatoria de concurso no se ha modificado de tal forma que se haya conculcado la necesaria correspondencia entre los requisitos previstos en la convocatoria para proveer vacante y los que figuran en las convocatorias relativos a las fases ulteriores del procedimiento (apartado 52).

Por lo demás, el demandante no ha acreditado la existencia de indicios objetivos, pertinentes y concordantes que pongan de manifiesto que la ausencia, en la convocatoria de concurso, como requisitos de admisión, de la exigencia de unas aptitudes y de una experiencia relacionadas con la índole de las funciones inherentes al puesto que debe proveerse haya tenido como finalidad permitir que el Sr. X participara en el concurso (apartado 55).

Sobre el motivo fundado en una infracción de la convocatoria del concurso

Las alegaciones del demandante en lo relativo a una posible irregularidad cometida en la prueba lingüística son gratuitas y no bastan para acreditar que el tribunal no haya comprobado sus conocimientos en todas las lenguas de las cuales señaló, en su impreso de candidatura, tener conocimientos (apartado 72).

Sobre el motivo fundado en una infracción del procedimiento de provisión

Con arreglo al artículo 30 del Estatuto, la AFPN «elegirá», de entre los candidatos que figuren en la lista de aptitud establecida tras el concurso, a aquellos que serán nombrados para los puestos vacantes. Dado que dicha autoridad está facultada para no respetar, en su elección, el orden exacto de clasificación de los aprobados derivado del concurso, con mayor motivo debe tener derecho a no seguir, en la elección que lleva a cabo, la propuesta formulada por un òrgano consultivo, no previsto en la normativa vigente, elevada después de adoptarse la lista de aptitud (apartado 77).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1966, Serio/Comisión (62/65, Rec. pp. 813 y ss., especialmente p. 826); Tribunal de Justicia, 18 de diciembre de 1986, Kotsonis/Consejo (246/84, Rec. p. 3989), apartado 9; Brunagel/Parlamento, antes citada, apartado 67

Sobre el motivo fundado en un incumplimiento de la obligación de motivación

La obligación de motivación establecida en el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto tiene como finalidad, por una parte, facilitar al interesado una indicación suficiente para apreciar la fundamentación del acto que le resulta lesivo, dándole la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra parte, permitir a éste ejercer su control. Su alcance debe apreciarse en función de las circunstancias concretas, en especial del contenido del acto, de la índole de los motivos indicados, así como del interés que puede tener el destinatario en recibir explicaciones (apartado 82).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de enero de 1995, Pierrat/Tribunal de Justicia (T-60/94, RecFP p. II-77), apartado 31 ; Tribunal de Primera Instancia, 29 de febrero de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia (T-280/94, RecFP p. II-239), apartado 148

Por regla general, la AFPN no está obligada a motivar, respecto a los candidatos no elegidos y que figuran en peor posición que el candidato nombrado en la lista de aptitud elaborada por orden de méritos, su decisión de no proceder a su nombramiento, ya que el procedimiento de concurso tiende precisamente a hacer que resulte superflua tal motivación. Sobre la AFPN recae una obligación de motivación, al menos en la fase de desestimación de la reclamación presentada põiel candidato excluido contra la decisión por la que se desestima su candidatura y/o contra aquella por la que se nombra a otro candidato (apartado 83).

Referencia: Tribunal de Justicia, 31 de marzo de 1965, Rauch/Comisión (16/64, Rec. pp. 179 y ss., especialmente p. 191); Pérez-Mínguez Casariego/Comisión, antes citada, apartado76; Pierrat/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 30

La motivación de las decisiones controvertidas se ajustaba a las normas aplicables y a las exigencias establecidas por la jurisprudencia (apartado 89).

Sobre los motivos fundados en una violación del principio de buena administración y en un desconocimiento del interés del servicio, así como en un error manifiesto de apreciación

El concepto de interés del servicio se refiere al buen funcionamiento de la Institución en general y, en particular, a las exigencias específicas del puesto que debe proveerse. La provisión de cada puesto de trabajo debe basarse, en primer lugar, en dicho interés. Habida cuenta de la amplitud de las facultades de apreciación de que dispone la autoridad a la hora de valorar el interés del servicio, la fiscalización por parte del Tribunal de Primera Instancia debe circunscribirse al extremo de verificar que dicha autoridad «ha actuado dentro de límites no criticables y que no ha utilizado sus facultades de modo manifiestamente erróneo» (apartado 99).

Referencia: Ryan-Sheridan/FEACVT, antes citada, apartado 132; Tribunal de Primera Instancia, 18 de abril de 1996, Kyrpitsis/CES (T-13/95, RecFP p. II-503), apartado 51

Un tribunal de concurso dispone de una amplia facultad de apreciación para evaluar los resultados de un concurso y la fundamentación de sus apreciaciones de valor, al ser de naturaleza comparativa, sólo puede someterse al control del Juez comunitario en caso de infracción evidente de las normas que rigen las actuaciones del tribunal. Este, al evaluar los conocimientos profesionales de los candidatos, así como sus aptitudes y motivaciones, debe fundarse exclusivamente en las prestaciones de los candidatos, de conformidad con lo preceptuado en la convocatoria de concurso (apartado 101).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1996, Carrer/Tribunal de Justicia (T-170/95, RecFP p. II-1071), apartados49 y 50

Fallo:

Se desestima el recurso.