Asunto C‑599/13

Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)

contra

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)]

«Procedimiento prejudicial — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 — Artículo 4 — Presupuesto general de la Unión — Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 — Artículo 53 ter, apartado 2 — Decisión 2004/904/CE — Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 — Artículo 25, apartado 2 — Fundamento jurídico de la obligación de recuperación de una subvención en caso de irregularidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2014

Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Ejecución del presupuesto — Ejecución en el marco de la gestión compartida — Obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión — Artículo 53 ter, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 — Base jurídica de una decisión de las autoridades nacionales que reduce el importe de una subvención concedida en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados y ordenar la devolución de una parte de dicho importe — Respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

[Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, art. 53 ter, ap. 2, inicio y letra c)]

El artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que, a falta de una base legal en el Derecho interno, la referida disposición ofrece un fundamento jurídico a las autoridades nacionales para modificar en perjuicio del beneficiario el importe de una subvención concedida en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados, en el marco de la gestión compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros, y ordenar la devolución por el beneficiario de una parte de dicho importe. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, habida cuenta del comportamiento del beneficiario de la subvención y de la administración nacional, se respetaron los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, tal como los interpreta el Derecho de la Unión, por lo que atañe a la solicitud de reembolso.

En efecto, el artículo 53 ter del Reglamento no 1605/2002 establece una forma de ejecución del presupuesto general de la Unión en el ámbito de la gestión compartida. Conforme al apartado 1 de la misma disposición, cuando la Comisión coopere con los Estados miembros para ejecutar el presupuesto en gestión compartida en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, se delegarán en los Estados miembros las competencias de ejecución.

Por su parte, el artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), del referido Reglamento dispone que los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas o de otro tipo que sean necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, en particular, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente o incorrectamente utilizadas o las cantidades perdidas por errores o irregularidades.

El tenor inequívoco e incondicional del artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), de dicho Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros un margen de apreciación sobre la oportunidad de llevar a cabo correcciones financieras con respecto a las irregularidades constatadas.

Al haber decidido adoptar el artículo 53 ter del Reglamento no 1605/2002, el legislador de la Unión ha querido imponer a los Estados miembros, en la normativa general, la obligación de llevar a cabo, cuando ejecutan el presupuesto en gestión compartida, correcciones financieras y, en particular, de recuperar los fondos perdidos a raíz de un abuso o de una negligencia, no sólo sin que sea necesaria una habilitación prevista por el Derecho nacional, sino sin que tampoco sea indispensable una normativa sectorial.

De lo anterior se desprende que la frase introductoria del artículo 53 ter, apartado 2, del citado Reglamento constituye un fundamento jurídico para la modificación de una subvención en perjuicio del beneficiario, cuando esa modificación tiene como objetivo la protección de los intereses financieros de la Unión. Asimismo, la letra c) de la referida disposición constituye una base jurídica para la adopción de medidas relativas a la recuperación de los fondos indebidamente abonados o incorrectamente utilizados como consecuencia de irregularidades o errores.

(véanse los apartados 41, 42, 45, 46, 49 y 55 y el fallo)

Asunto C‑599/13

Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)

contra

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)]

«Procedimiento prejudicial — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 — Artículo 4 — Presupuesto general de la Unión — Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 — Artículo 53 ter, apartado 2 — Decisión 2004/904/CE — Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 — Artículo 25, apartado 2 — Fundamento jurídico de la obligación de recuperación de una subvención en caso de irregularidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2014

Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Ejecución del presupuesto — Ejecución en el marco de la gestión compartida — Obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión — Artículo 53 ter, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 — Base jurídica de una decisión de las autoridades nacionales que reduce el importe de una subvención concedida en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados y ordenar la devolución de una parte de dicho importe — Respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

[Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, art. 53 ter, ap. 2, inicio y letra c)]

El artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que, a falta de una base legal en el Derecho interno, la referida disposición ofrece un fundamento jurídico a las autoridades nacionales para modificar en perjuicio del beneficiario el importe de una subvención concedida en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados, en el marco de la gestión compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros, y ordenar la devolución por el beneficiario de una parte de dicho importe. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, habida cuenta del comportamiento del beneficiario de la subvención y de la administración nacional, se respetaron los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, tal como los interpreta el Derecho de la Unión, por lo que atañe a la solicitud de reembolso.

En efecto, el artículo 53 ter del Reglamento no 1605/2002 establece una forma de ejecución del presupuesto general de la Unión en el ámbito de la gestión compartida. Conforme al apartado 1 de la misma disposición, cuando la Comisión coopere con los Estados miembros para ejecutar el presupuesto en gestión compartida en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, se delegarán en los Estados miembros las competencias de ejecución.

Por su parte, el artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), del referido Reglamento dispone que los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas o de otro tipo que sean necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, en particular, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente o incorrectamente utilizadas o las cantidades perdidas por errores o irregularidades.

El tenor inequívoco e incondicional del artículo 53 ter, apartado 2, inicio y letra c), de dicho Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros un margen de apreciación sobre la oportunidad de llevar a cabo correcciones financieras con respecto a las irregularidades constatadas.

Al haber decidido adoptar el artículo 53 ter del Reglamento no 1605/2002, el legislador de la Unión ha querido imponer a los Estados miembros, en la normativa general, la obligación de llevar a cabo, cuando ejecutan el presupuesto en gestión compartida, correcciones financieras y, en particular, de recuperar los fondos perdidos a raíz de un abuso o de una negligencia, no sólo sin que sea necesaria una habilitación prevista por el Derecho nacional, sino sin que tampoco sea indispensable una normativa sectorial.

De lo anterior se desprende que la frase introductoria del artículo 53 ter, apartado 2, del citado Reglamento constituye un fundamento jurídico para la modificación de una subvención en perjuicio del beneficiario, cuando esa modificación tiene como objetivo la protección de los intereses financieros de la Unión. Asimismo, la letra c) de la referida disposición constituye una base jurídica para la adopción de medidas relativas a la recuperación de los fondos indebidamente abonados o incorrectamente utilizados como consecuencia de irregularidades o errores.

(véanse los apartados 41, 42, 45, 46, 49 y 55 y el fallo)