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En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Es conforme con los artículos 10 y 14 de la Directiva 1999/31 la interpretación adoptada por el tribunal de apelación, según la cual los artículos 15 y 17 del Decreto Legislativo [n.o 36/2003], que transponen en Derecho interno los artículos 10 y 14 de la Directiva 1999/31, se aplican de manera retroactiva, lo que tiene por efecto que los vertederos existentes que ya dispongan de una autorización de explotación quedan sujetos incondicionalmente a las obligaciones previstas por dichas disposiciones, y en particular en lo que se refiere a la prolongación de diez a treinta años del período de mantenimiento del emplazamiento después de su cierre? 2) En particular —a la luz del tenor de los artículos 10 y 14 de la Directiva 1999/31, que, respectivamente, instan a los Estados miembros a tomar “las medidas oportunas para garantizar que todos los costes que ocasionen el establecimiento y la explotación del vertedero, incluido, en la medida de lo posible, el coste de la fianza o su equivalente a que se refiere el inciso iv) de la letra a) del artículo 8, así como los costes estimados del cierre y mantenimiento posterior del emplazamiento durante por lo menos treinta años, queden cubiertos por el precio que cobre la entidad explotadora por la eliminación de cualquier tipo de residuos” y “medidas para que los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya estén en funcionamiento en el momento de la transposición de la presente Directiva […] puedan seguir funcionando”— ¿resulta conforme con esas disposiciones de la Directiva la interpretación adoptada por el tribunal de apelación, según la cual los artículos 15 y 17 del Decreto Legislativo [n.o 36/2003] se aplican a los vertederos existentes que ya dispongan de una autorización de explotación, pese a que, al transponer las obligaciones que se imponen también a los vertederos existentes, el artículo 17 se limita a prever un período transitorio y no incluye ninguna medida dirigida a mitigar las repercusiones financieras que esa prolongación produce en el “poseedor”? 3) ¿Es conforme con los artículos 10 y 14 de la Directiva 1999/31 la interpretación adoptada por el tribunal de apelación, según la cual los artículos 15 y 17 del Decreto Legislativo [n.o 36/2003] se aplican a los vertederos existentes que ya dispongan de una autorización de explotación, también por lo que respecta a las cargas financieras derivadas de las obligaciones así impuestas y, en particular, de la prolongación de diez a treinta años del período de mantenimiento del vertedero después de su cierre, haciendo recaer esas cargas sobre el “poseedor” y legitimando de esta forma el aumento para este de las tarifas previstas en los contratos que regulan la actividad de eliminación de los residuos? 4) Por último, ¿es conforme con los artículos 10 y 14 de la Directiva 1999/31 la interpretación adoptada por el tribunal de apelación, según la cual los mencionados artículos 15 y 17 del Decreto Legislativo [n.o 36/2003] se aplican a los vertederos existentes que ya dispongan de una autorización de explotación, también por lo que respecta a las cargas financieras derivadas de las obligaciones así impuestas y, en particular, de la prolongación de diez a treinta años del período de mantenimiento del vertedero después de su cierre, interpretación que el tribunal de apelación adoptó al considerar que esas cargas deben determinarse teniendo en cuenta no solo los residuos que se depositen a partir de la entrada en vigor de las medidas de transposición, sino también los residuos ya depositados?»