Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2003. - Cheil Jedang Corp. contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Prácticas colusorias - Lisina - Directrices para el cálculo del importe de las multas - Aplicabilidad - Gravedad y duración de la infracción - Volumen de negocios - Circunstancias atenuantes. - Asunto T-220/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página II-02473



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Derecho comunitario - Principios - Protección de la confianza legítima - Requisitos - Protección contra el ejercicio por parte de la Comisión de su facultad de elevar el nivel de las multas que sancionan las infracciones de las normas sobre competencia - Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

2. Derecho comunitario - Principios generales del Derecho - Irretroactividad de las disposiciones penales - Ámbito de aplicación - Multas impuestas por infracción de las normas sobre competencia - Inclusión - Infracción en caso de aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas a una infracción anterior a su entrada en vigor - Inexistencia

(Convenio Europeo de los Derechos Humanos, art. 7; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

3. Competencia - Multas - Cuantía - Margen de apreciación de la Comisión - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

4. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Directrices adoptadas por la Comisión - Obligación de la Comisión de respetarlas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

5. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Consideración del volumen de negocios global de la empresa de que se trate y del volumen de negocios procedente de las ventas de las mercancías que son objeto de la infracción - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

6. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Medida de la capacidad efectiva para causar un perjuicio al mercado de referencia - Pertinencia de la cuota de mercado de la empresa de que se trate

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Medida de las repercusiones reales sobre la competencia de la infracción cometida por cada empresa - Pertinencia del volumen de negocios procedente de las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

8. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Función pasiva o subordinada de la empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Falta de aplicación efectiva de un acuerdo - Apreciación en relación con el comportamiento individual de cada empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

10. Competencia - Multas - Cuantía - Carácter adecuado - Control jurisdiccional - Elementos que puede tomar en consideración el órgano jurisdiccional comunitario - Elementos de información no contenidos en la decisión por la que se impone la multa y no exigidos para su motivación - Inclusión

(Arts. 229 CE, 230 CE y 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

11. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas - Indicación de los criterios de apreciación que permitieron a la Comisión medir la gravedad y la duración de la infracción - Indicación suficiente

(Art. 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 2)

12. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Método de cálculo establecido en las Directrices adoptadas por la Comisión - Aplicación de los porcentajes al importe de base de la multa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

$$1. El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas. Sin embargo, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le dio garantías concretas.

En cuanto a los operadores económicos, éstos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias. Pues bien, en el caso de las normas comunitarias sobre competencia, la aplicación eficaz de las mismas exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la política de competencia. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 33 a 35 )

2. El principio de irretroactividad de las disposiciones penales es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, consagrado igualmente por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el juez comunitario.

A este respecto, aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 dispone que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario, y en particular el principio de irretroactividad, en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado. El respeto de dicho principio exige que las sanciones impuestas a una empresa por infracción de las normas sobre competencia sean las previstas en el momento en que se cometió la infracción.

Desde este punto de vista, el cambio que suponen las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA con respecto a la práctica administrativa anterior de la Comisión no constituye una alteración del marco jurídico de la determinación del importe de las multas que pueden imponerse y no viola por tanto el principio general de irretroactividad de las disposiciones penales ni el de seguridad jurídica.

En efecto, por una parte, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 17, que las Directrices siguen respetando. Por otra parte, habida cuenta del margen de apreciación que el Reglamento nº 17 reconoce a la Comisión, el establecimiento por ésta de un nuevo método de cálculo del importe de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento del nivel general de éstas, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 43 a 45 y 55 a 59 )

3. En el marco del Reglamento nº 17, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre competencia. Además, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia. Una aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre competencia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

( véanse los apartados 60 y 76 )

4. La Comisión no puede renunciar a las normas que se ha impuesto a sí misma. En particular, cuando la Comisión adopta unas Directrices a fin de precisar los criterios que piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación de la gravedad de una infracción, ello supone una autolimitación de dicha facultad, ya que queda obligada a cumplir las normas indicativas que ella misma se ha impuesto.

( véase el apartado 77 )

5. Entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción de las normas comunitarias sobre competencia pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado. De esto se sigue, por una parte, que para la determinación del importe de la multa es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a las ventas de las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de esta última. De ello se deduce, por otra parte, que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe de una multa apropiado no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global.

( véanse los apartados 61, 62 y 83 )

6. A la hora de determinar la cuantía de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, analizar la capacidad efectiva de las empresas sancionadas para causar un perjuicio importante a un mercado determinado exige una valoración de la importancia real de dichas empresas en el mercado afectado, es decir, de su influencia en el mismo. Es pertinente al efecto la cuota de mercado de una empresa en el mercado de referencia, mientras que su volumen de negocios global no lo es.

( véase el apartado 88 )

7. A la hora de determinar la cuantía de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, cuando la Comisión estime que es preciso ponderar los importes de partida de la multa por tratarse de una infracción (de tipo cártel) en la que están implicadas varias empresas entre las que existen considerables diferencias de tamaño, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA obligan actualmente a dicha institución a apreciar el peso específico de la infracción cometida por cada empresa, es decir, sus repercusiones reales, apreciación que consiste en determinar la magnitud de la infracción cometida por cada una de las empresas, y no la importancia de la empresa de que se trate en términos de tamaño o de potencia económica. A este respecto, la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la magnitud de la infracción en el mercado de que se trate. En particular, el volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva constituye un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia.

( véanse los apartados 89 y 91 )

8. Los puntos 2 y 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA disponen que el importe de base de la multa debe ajustarse en función de determinadas circunstancias agravantes y atenuantes.

En particular, constituye una circunstancia atenuante, si resulta acreditada, la función exclusivamente pasiva o subordinada de una empresa en la comisión de la infracción, conforme a lo dispuesto en el punto 3, primer guión, de las Directrices, teniendo en cuenta que este papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa que se trate de una actitud reservada, es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia.

Entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en unas prácticas colusorias cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios en las prácticas colusorias, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción.

( véanse los apartados 166 a 168 )

9. El punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, relativo a «la no aplicación efectiva de los acuerdos», no debe interpretarse como si se refiriese a los casos en que las prácticas colusorias, consideradas en su conjunto, no son aplicadas, haciendo abstracción del comportamiento específico de cada empresa, sino que debe entenderse como una circunstancia basada en el comportamiento individual de cada empresa.

( véanse los apartados 187 a 189 )

10. En el caso de los recursos dirigidos contra las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas a determinadas empresas por haber infringido las normas comunitarias sobre la competencia, el Tribunal de Primera Instancia es competente desde dos puntos de vista. Por un lado, tiene por misión controlar su legalidad, con arreglo al artículo 230 CE. En este marco, debe controlar, en particular, la observancia de la obligación de motivación, prevista en el artículo 253 CE, cuyo incumplimiento hace que la Decisión pueda anularse. Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia es competente para apreciar, en el marco de la competencia jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE y 17 del Reglamento nº 17, si la cuantía de las multas resulta apropiada. Esta última apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información, cuya mención en la Decisión no viene exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación.

( véase el apartado 215 )

11. En cuanto al alcance de la obligación de motivación en lo relativo al cálculo del importe de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, el artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 17 dispone que, «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta». A este respecto, tanto las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, como la Comunicación sobre la cooperación en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas contienen normas indicativas sobre los criterios de apreciación que la Comisión tiene en cuenta para medir la gravedad y la duración de la infracción.

En tales circunstancias, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su Decisión, los criterios de apreciación que tuvo en cuenta en aplicación de lo dispuesto en las Directrices y, en su caso, en la Comunicación sobre la cooperación y que le permitieron medir la gravedad y la duración de la infracción a efectos de calcular el importe de la multa.

( véanse los apartados 217 y 218 )

12. Habida cuenta del tenor de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, los porcentajes de incremento o de reducción decididos en razón de las circunstancias agravantes o atenuantes deben aplicarse al importe de base de la multa, determinado en función de la gravedad y de la duración de la infracción, y no al importe de un incremento aplicado anteriormente en razón de la duración de la infracción o al resultado de aplicar un primer incremento o una primera reducción correspondiente a una circunstancia agravante o atenuante. Este método de cálculo del importe de las multas permite garantizar una igualdad de trato a las diferentes empresas que participan en un mismo cártel.

( véase el apartado 229 )

Partes

En el asunto T-220/00,

Cheil Jedang Corporation, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por el Sr. A.R.M. Bell, Solicitor, el Sr. R.P. Gerrits, abogado, y el Sr. J. Killick, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. W. Wils y R. Lyal, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Flynn, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto una pretensión de anulación parcial de la Decisión 2001/418/CE de la Comisión, de 7 de junio de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/36.545/F3 - Aminoácidos), o reducción del importe de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de abril de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el litigio

1 Cheil Jedang Corp. (en lo sucesivo, «Cheil», o «demandante»), creada por el grupo coreano Samsung, es la sociedad matriz de un grupo mundial de empresas presentes en el sector de los productos farmacéuticos y alimentarios. Cheil entró en el mercado de la lisina en 1991.

2 La lisina es el principal aminoácido utilizado en la alimentación animal con fines nutricionales. La lisina sintética se utiliza como aditivo en los alimentos que no contienen suficiente lisina natural, por ejemplo los cereales, para permitir a los especialistas en nutrición la creación de regímenes a base de proteínas que respondan a las necesidades alimenticias de los animales. Los alimentos a los que se añade lisina sintética pueden también reemplazar a los alimentos que contienen una cantidad suficiente de lisina en su estado natural, como la soja.

3 En 1995, tras una investigación secreta llevada a cabo por el Federal Bureau of Investigation, se efectuaron registros en Estados Unidos en los locales de varias empresas presentes en el mercado de la lisina. En agosto y octubre de 1996, las empresas Archer Daniels Midland Co. (en lo sucesivo, «ADM Company»), Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, Sewon Corp. Ltd, Cheil y Ajinomoto Co. Inc., fueron acusadas por las autoridades norteamericanas de prácticas colusorias consistentes en la fijación de los precios de la lisina y el reparto de los volúmenes de ventas de dicho producto entre junio de 1992 y junio de 1995. Después de que dichas empresas llegaran a un acuerdo con el Ministerio de Justicia norteamericano, el juez que conocía del asunto impuso unas multas de 10 millones de dólares estadounidenses (USD) a Kyowa Hakko Kogyo y a Ajinomoto, una multa de 70 millones de USD a ADM Company y una multa de 1,25 millones de USD a Cheil. El importe de la multa impuesta a Sewon Corp. ascendió, según esta última, a 328.000 USD. Por otra parte, tres directivos de ADM Company fueron condenados a penas de prisión y a multas por su papel en dichas prácticas colusorias.

4 En julio de 1996, basándose en la Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), Ajinomoto propuso a la Comisión cooperar con ella para demostrar la existencia de un cártel en el mercado de la lisina y sus efectos en el Espacio Económico Europeo (EEE).

5 El 11 y 12 de junio de 1997, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión efectuó unas inspecciones en las instalaciones europeas de ADM Company y en las de Kyowa Hakko Europe GmbH. Tras dichas inspecciones, Kyowa Hakko Kogyo y Kyowa Hakko Europe indicaron a la Comisión que deseaban cooperar con ella y le proporcionaron diversas informaciones relativas, en particular, a la cronología de las reuniones entre los productores de lisina.

6 El 28 de julio de 1997, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión envió a ADM Company y a su filial europea Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (en lo sucesivo, «ADM Ingredients»), a Sewon Corp. y a su filial europea Sewon Europe GmbH (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Sewon») y a Cheil solicitudes de información sobre su comportamiento en el mercado de los aminoácidos y sobre las reuniones del cártel mencionadas en dichas solicitudes. Cheil presentó un informe sobre los temas discutidos en dichas reuniones y dio información sobre reuniones no mencionadas en la solicitud.

7 El 30 de octubre de 1998, basándose en la información que se le había proporcionado, la Comisión envió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas implicadas, es decir, a ADM Company y a ADM Ingredients (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «ADM»), a Ajinomoto y a su filial europea, Eurolysine SA (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Ajinomoto»), a Kyowa Hakko Kogyo y a su filial europea, Kyowa Hakko Europe (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Kyowa»), a Daesang Corp. (antes Sewon Corp.) y a su filial europea, Sewon Europe, acusándolas de haber infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el EEE (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»). En dicho pliego de cargos, la Comisión acusaba a estas empresas de haber determinado los precios de la lisina en el EEE y haber establecido cuotas de ventas en dicho mercado y de haber intercambiado información sobre sus volúmenes de ventas, todo ello a partir de septiembre de 1990 (Ajinomoto, Kyowa y Sewon), de marzo de 1991 (Cheil) y de junio de 1992 (ADM) y hasta junio de 1995.

8 Tras la audiencia de las empresas implicadas celebrada el 1 de marzo de 1999, la Comisión les envió el 17 de agosto de 1999 un pliego de cargos adicional, relativo a la duración de las prácticas colusorias, al que la demandante respondió el 7 de octubre de 1999.

9 Al término del procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión 2001/418/CE, de 7 de junio de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/36.545/F3 - Aminoácidos) (DO 2001, L 152, p. 24; en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión fue notificada a la demandante mediante escrito de 16 de junio de 2000.

10 La Decisión contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

[ADM Company] y su filial europea [ADM Ingredients], Ajinomoto Company Incorporated y su filial europea Eurolysine SA, Kyowa Hakko Kogyo Company Limited y su filial europea Kyowa Hakko Europa GmbH, Daesang Corporation y su filial europea Sewon Europe GmbH, y [Cheil] infringieron el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE participando en acuerdos sobre precios, volúmenes de venta e intercambio de información individual sobre los volúmenes de venta de lisina sintética en el conjunto del EEE.

La duración de la infracción fue la siguiente:

a) en el caso de [ADM Company] y de [ADM Ingredients]: del 23 de junio de 1992 al 27 de junio de 1995;

b) en el caso de Ajinomoto Company Incorporated y de Eurolysine SA: al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995;

c) en el caso de Kyowa Hakko Kogyo Company Limited y Kyowa Hakko Europe GmbH: al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995;

d) en el caso de Daesang Corporation y de Sewon Europe GmbH: al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995;

e) en el caso de [Cheil]: del 27 de agosto de 1992 al 27 de junio de 1995.

Artículo 2

Las siguientes multas se imponen a las empresas enumeradas en el artículo 1, debido a la infracción comprobada en dicho artículo:

a) [ADM Company]

y [ADM Ingredients],

solidariamente responsables: 47,3 millones de euros

b) Ajinomoto Company, Incorporated

y Eurolysine SA,

solidariamente responsables: 28,3 millones de euros

c) Kyowa Hakko Kogyo Company Limited

y Kyowa Hakko Europe GmbH,

solidariamente responsables: 13,2 millones de euros

d) Daesang Corporation

y Sewon Europe GmbH,

solidariamente responsables: 8,9 millones de euros

e) [Cheil]: 12,2 millones de euros

[...]»

11 A fin de calcular el importe de los multas, la Comisión aplicó en su Decisión la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la Comunicación sobre la cooperación.

12 En primer lugar se fijó el importe de base de la multa, determinado en función de la gravedad y de la duración de la infracción, que fue de 19,5 millones de euros en el caso de Chema. En lo relativo a Ajinomoto, Kyowa, ADM y Sewon, el importe de base de la multa fue de 42, de 21, de 39 y de 21 millones de euros, respectivamente (considerando 314 de la Decisión).

13 Para establecer el importe de partida de las multas, determinado en función de la gravedad de la infracción, la Comisión consideró, en primer lugar, que las empresas implicadas habían cometido una infracción muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas en el mercado de la lisina en el EEE y de la dimensión del mercado geográfico afectado. A continuación, basándose en los volúmenes de negocio totales realizados en el último año de la infracción y estimando que existía una considerable disparidad en la dimensión de las empresas autoras de la infracción, la Comisión aplicó un trato diferenciado. Por consiguiente, el importe de partida de las multas se fijó en 30 millones de euros en los casos de ADM y de Ajinomoto y en 15 millones de euros en los casos de Kyowa, de Cheil y de Sewon (considerando 305 de la Decisión).

14 A fin de tener en cuenta la duración de la infracción cometida por cada empresa y calcular el importe de base de su multa respectiva, el importe de partida así determinado se incrementó en un 10 % anual, de modo que el incremento fue de un 30 % para ADM y Cheil y de un 40 % para Ajinomoto, Kyowa y Sewon (considerando 313 de la Decisión).

15 En segundo lugar, tomando en consideración las circunstancias agravantes, los importes de base de las multas impuestas a ADM y Ajinomoto se incrementaron en un 50 %, es decir, en 19,5 millones de euros en el caso de ADM y en 21 millones de euros en el caso de Ajinomoto, porque dichas empresas habían asumido la función de responsables de la infracción (considerando 356 de la Decisión).

16 En tercer lugar, tomando en consideración las circunstancias atenuantes, la Comisión disminuyó en un 20 % el incremento aplicado a la multa de Sewon en razón de la duración de la infracción, basándose en que dicha empresa había desempeñado un papel pasivo en el cártel desde principios de 1995 (considerando 365 de la Decisión). La Comisión disminuyó además en un 10 % los importes de base de las multas de todas las empresas implicadas, dado que todas ellas habían puesto fin a la infracción desde las primeras intervenciones de los poderes públicos (considerando 384 de la Decisión).

17 En cuarto lugar, la Comisión aplicó la «reducción significativa» del importe de las multas prevista en la sección D de la Comunicación sobre la cooperación, concediendo a Ajinomoto y a Sewon una reducción de un 50 % del importe de la multa que se les habría impuesto si no hubieran cooperado, a Kyowa y a Cheil una reducción de un 30 % y, por último, a ADM una reducción del 10 % (considerandos 431, 432 y 435 de la Decisión).

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de agosto de 2000, la demandante interpuso el presente recurso.

19 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y solicitar a la Comisión, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, que respondiera por escrito a diversas preguntas. La demandada respondió dentro del plazo fijado.

20 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron en la vista celebrada el 24 de abril de 2002.

21 Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule total o parcialmente la Decisión.

- Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

- Adopte cualquier otra medida que pueda resultar necesaria en aras de la justicia.

22 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso por infundado.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

23 El recurso consta de tres motivos principales. En primer lugar, la demandante reprocha a la Comisión que calculara el importe de la multa con arreglo a los criterios establecidos por las Directrices. En segundo lugar, la demandante invoca varias infracciones de las disposiciones de las Directrices y errores manifiestos de apreciación, tanto al analizar la gravedad y la duración de la infracción como en el análisis de las circunstancias atenuantes. En tercer lugar, la demandante alega que la Decisión adolece de insuficiencia de motivación en ciertos puntos relacionados con el cálculo del importe de la multa.

24 Es preciso observar en este momento que, aunque la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia la anulación «total» o parcial de la Decisión, los motivos que se acaban de mencionar están destinados a impugnar sólo la parte de la Decisión consagrada a las multas, y más concretamente el artículo 2 de la misma, en el que la Comisión fijó en 12.200.000 euros el importe de la multa impuesta a la demandante.

1. Sobre la aplicabilidad de las Directrices

Alegaciones de las partes

Sobre la violación del principio de protección de la confianza legítima

25 La demandante alega que la Comisión violó el principio de protección de la confianza legítima al aplicar las Directrices para el cálculo de la multa sin tener en cuenta la situación de las empresas que, como ella, habían cooperado con dicha institución antes de que se adoptaran las Directrices.

26 La demandante recuerda que, con arreglo a la jurisprudencia, el principio de protección de la confianza legítima implica entre otras cosas que, al modificar un régimen jurídico, la Comisión debe tener en cuenta la situación de las empresas que asumieron compromisos irrevocables basándose en las normas entonces vigentes, adoptando al efecto, en su caso, medidas transitorias (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1975, CNTA/Comisión, 74/74, Rec. p. 533).

27 En el presente caso, según la demandante, el método de cálculo del importe de la multa establecido en las Directrices no se ajusta a la práctica seguida en anteriores decisiones de la Comisión, consistente en imponer multas que no sobrepasaban el 10 % del volumen de negocios correspondiente a las ventas en la Comunidad del producto afectado. En el caso de Cheil, la consecuencia de la aplicación de las Directrices ha sido imponerle una multa más de siete veces superior a la que se le habría impuesto si la Comisión hubiera aplicado el método anterior. Ahora bien, como Cheil había reconocido su culpabilidad y aportado pruebas a la Comisión en un momento en el que aún no existía el proyecto de adoptar las Directrices, la aplicación de este nuevo método de cálculo de las multas ha vulnerado la confianza legítima basada en la Comunicación sobre la cooperación, conforme a lo dispuesto en la sección E, apartado 3, de la misma, y en la práctica seguida por la Comisión en sus decisiones anteriores. Cheil alega en efecto que, en vez de obtener una reducción de la multa gracias a su cooperación, lo que ha conseguido, de hecho, es un aumento del importe de la multa.

Sobre la violación del principio de irretroactividad de las penas

28 La demandante sostiene que, al aplicar las Directrices en el presente asunto, la Comisión ha violado el principio de irretroactividad de las penas, consagrado por el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1984, Kirk, 63/83, Rec. p. 2689, apartado 22).

29 La demandante alega a este respecto que el artículo 7, apartado 1, del CEDH no sólo prohíbe condenar a alguien por un acto que no constituya una infracción en el momento en que haya sido cometido, sino también imponer una pena más dura que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. En su opinión, conforme a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el CEDH reviste especial importancia en Derecho comunitario (véase, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925), los órganos jurisdiccionales comunitarios están obligados a velar por que la Comisión no vulnere el principio de irretroactividad de las penas o de las disposiciones penales.

30 Por otra parte, dicho principio es, en su opinión, perfectamente aplicable en el ámbito del Derecho comunitario de la competencia, pues la jurisprudencia ha reconocido la naturaleza penal o cuasipenal de las multas impuestas en virtud del Reglamento nº 17.

31 La demandante deduce de ello que la Comisión no puede imponerle una sanción más grave que la aplicable en el momento en que cometió la infracción o, al menos, en el momento en que reconoció haber participado en ella. Pues bien, según la demandante, el importe de las multas que imponía la Comisión en aquel momento ascendía aproximadamente a un 10 % del volumen de negocios correspondiente a las ventas en la Comunidad Europea del producto afectado, lo que en el caso de Cheil habría supuesto alrededor de 1,7 millones de euros. A su juicio, al aplicar las Directrices en vez de ajustarse a la práctica seguida en sus decisiones anteriores, la Comisión modificó en el transcurso del procedimiento las sanciones normalmente aplicables, como por otra parte ella misma reconoce en su Decisión (considerando 318), y, en particular, agravó la multa impuesta a Cheil al fijarla en 12,2 millones de euros.

32 La Comisión sostiene en esencia que, al aplicar las Directrices en la Decisión, no incurrió en violación alguna de los principios de protección de la confianza legítima y de irretroactividad de las penas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Sobre la violación del principio de protección de la confianza legítima

33 En primer lugar, procede recordar que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 1987, Van den Bergh en Jurgens y Van Dijk Food Products/Comisión, 265/85, Rec. p. 1155, apartado 44, y de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión, C-152/88, Rec. p. I-2477, apartado 26). Además, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le dio garantías concretas (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de enero de 2000, Mehibas Dordtselaan/Comisión, T-290/97, Rec. p. II-15, apartado 59, y la jurisprudencia que allí se cita).

34 En segundo lugar, procede recordar, que, según reiterada jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 33, y de 23 de noviembre de 2000, British Steel/Comisión, C-1/98 P, Rec. p. I-10349, apartado 52), los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias.

35 Pues bien, en el campo de las normas comunitarias sobre competencia, la jurisprudencia ha establecido claramente (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 109) que la aplicación eficaz de las mismas exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la política de competencia. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17.

36 Además, según esta misma jurisprudencia, la Comisión no está obligada a indicar, en el pliego de cargos, la posibilidad de un eventual cambio en su política por lo que respecta al nivel general de las multas, cuando dicha posibilidad depende de consideraciones generales de política de competencia sin relación directa con las circunstancias particulares de los asuntos de que se trata (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 22) .

37 Como la adopción de las Directrices, en las que la Comisión estableció un nuevo método general de cálculo del importe de las multas, fue anterior al pliego de cargos enviado a cada una de las empresas miembros del cártel y además no estuvo relacionada con las circunstancias particulares del presente asunto, de ello se deduce, a fortiori, que la demandante no puede reprochar a la Comisión que aplicara dichas Directrices para determinar el importe de la multa, a menos que demuestre que la Administración le había hecho concebir esperanzas fundadas en sentido contrario.

38 A este respecto, la demandante alega que de la Comunicación sobre la cooperación podía deducirse que el método de cálculo del importe de las multas habitualmente aplicado por la Comisión cuando ella tomó la decisión de cooperar seguiría siendo aplicado en lo que a ella respecta.

39 Procede señalar en efecto que, en la sección E, apartado 3, de dicha comunicación, la Comisión se declara «consciente de que la presente Comunicación crea expectativas legítimas sobre las que se basarán las empresas que deseen informar acerca de la existencia de un acuerdo».

40 Sin embargo, habida cuenta del objeto de la Comunicación sobre la cooperación, consistente, según la sección A, apartado 3, de la misma, en «fijar las condiciones en las que las empresas que cooperen con la Comisión en el marco de su investigación sobre un acuerdo podrán quedar exentas del pago de la multa o beneficiarse de una reducción de la multa que, en principio, habrían tenido que pagar», la demandante tenía derecho a albergar «expectativas legítimas» únicamente en lo relativo a las características de la reducción que podía granjearle su cooperación, pero no en lo referente al importe de la multa «que, en principio, habría tenido que pagar» o al método de cálculo que se utilizaría para determinar dicho importe.

41 Por otra parte, hay que señalar que la demandante no pretende haber recibido garantías concretas de los servicios de la Comisión que hubieran podido hacerle creer que se seguiría aplicando el método de cálculo utilizado, según ella, antes de la publicación de las Directrices.

42 Por consiguiente, procede desestimar el motivo relativo a la violación del principio de protección de la confianza legítima.

Sobre la violación del principio de irretroactividad de las penas

43 Procede recordar que el principio de irretroactividad de las disposiciones penales es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, consagrado igualmente por el artículo 7 del CEDH y que forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el juez comunitario (sentencia Kirk, antes citada, apartado 22, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T-23/99, Rec. p. II-1705, apartado 219).

44 Aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 dispone que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T-83/91, Rec. p. II-755, apartado 235), no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de irretroactividad en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado (véanse por analogía, en lo que respecta al derecho de defensa, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7, y la sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 220).

45 El respeto de dicho principio exige que las sanciones impuestas a una empresa por infracción de las normas sobre competencia sean las previstas en el momento en que se cometió la infracción (sentencia LR AF 1998/AS/Comisión, antes citada, apartado 221).

46 A este respecto conviene precisar que las sanciones que puede imponer la Comisión por una infracción de las normas comunitarias sobre competencia están recogidas en el artículo 15 del Reglamento nº 17, aprobado antes de que se cometiera la infracción de que se trata. Pues bien, por una parte, la Comisión no está facultada para modificar o dejar de aplicar el Reglamento nº 17, ni siquiera mediante normas de carácter general que haya decidido imponerse. Por otra parte, si bien ha quedado acreditado que la Comisión determinó el importe de la multa impuesta a la demandante conforme al método general de cálculo de las multas expuesto en las Directrices, procede señalar que, al actuar así, dicha institución se mantuvo dentro del marco de las sanciones previstas en el artículo 15 del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 222).

47 En efecto, según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, «la Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de mil [euros] a un máximo de un millón de [euros], pudiéndose elevar este límite máximo hasta el diez por ciento del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción cuando, deliberadamente o por negligencia [...] cometan una infracción a las disposiciones del apartado 1 del artículo [81] [...] del Tratado». La misma disposición prevé que, «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta» (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 223).

48 Pues bien, las Directrices disponen en su punto 1, párrafo primero, que, para calcular las multas, el importe de base debe determinarse en función de la gravedad y la duración de la infracción, únicos criterios que figuran en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 224).

49 Según las Directrices, para calcular las multas, la Comisión toma como punto de partida un importe determinado en función de la gravedad de la infracción (en lo sucesivo, «importe de partida general»). Para evaluar la gravedad de la infracción han de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado (punto 1 A, párrafo primero). Partiendo de esta base, las infracciones se clasifican en tres categorías, a saber, las «infracciones leves», para las cuales el importe previsto de las multas oscila entre 1.000 y 1 millón de euros; las «infracciones graves», para las cuales el importe previsto de las multas oscila entre 1 y 20 millones de euros, y las «infracciones muy graves», para las cuales el importe previsto de las multas supera los 20 millones de euros (punto 1 A, párrafo segundo, guiones primero a tercero) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 225).

50 Seguidamente, las Directrices indican que, dentro de cada una de las categorías de infracciones citadas, y sobre todo cuando se trate de infracciones «graves» y «muy graves», la escala de sanciones permite diferenciar el trato que debe aplicarse a las empresas en función de la naturaleza de las infracciones cometidas (punto 1 A, párrafo tercero). Por otro lado, es necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo suficientemente disuasorio (punto 1 A, párrafo cuarto). Además, también puede tenerse en cuenta el hecho de que las empresas grandes poseen casi siempre infraestructuras suficientes para disponer de conocimientos jurídicos y económicos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que de ella se derivan desde el punto de vista del Derecho de la competencia (punto 1 A, párrafo quinto) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartados 225 y 226).

51 Dentro de cada una de las tres categorías antes mencionadas, en los casos en que sean varias las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, puede resultar conveniente ponderar los importes fijados, a fin de tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en consecuencia el importe de partida general a las características específicas de cada empresa (en lo sucesivo, «importe de partida específico») (punto 1 A, párrafo sexto) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 227).

52 En cuanto al criterio relativo a la duración de la infracción, las Directrices distinguen entre infracciones de corta duración (en general, inferior a un año), en las que no procede aumentar el importe correspondiente a su gravedad; infracciones de mediana duración (en general, de uno a cinco años), en las que dicho importe puede incrementarse en un 50 %, e infracciones de larga duración (en general, más de cinco años), en las que dicho importe puede incrementarse hasta en un 10 % por cada año (punto 1 B, párrafo primero, guiones primero a tercero) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 228).

53 A continuación, las Directrices recogen, a título de ejemplo, una lista de circunstancias agravantes y atenuantes susceptibles de tenerse en cuenta para aumentar o disminuir el importe de base, y después se remiten a la Comunicación sobre la cooperación (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 229).

54 Las Directrices añaden una observación general en la que precisan que el resultado final del cálculo de la multa con arreglo a este modelo (importe de base más porcentajes de incremento o reducción) en ningún caso puede rebasar el 10 % del volumen de negocios mundial de las empresas, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 [punto 5, letra a)]. En ellas se dispone además que, en función de las circunstancias y tras haber efectuado los cálculos descritos anteriormente, para adaptar en última instancia los importes de las multas previstos será preciso tomar en consideración una serie de datos objetivos, como el contexto económico específico, la ventaja económica o financiera que puedan haber obtenido los autores de la infracción, las características específicas de las empresas en cuestión y su capacidad contributiva real en un contexto social específico [punto 5, letra b)] (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 230).

55 De todo ello se deduce que, siguiendo el método expuesto en las Directrices, el cálculo de las multas continúa realizándose en función de los dos criterios mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa establecido en dicha disposición (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 231).

56 Por consiguiente, las Directrices no sobrepasan el marco jurídico de las sanciones tal y como lo estableció dicha disposición (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 232).

57 En contra de lo que alega la demandante, el cambio que suponen las Directrices con respecto a la práctica administrativa anterior de la Comisión tampoco constituye una alteración del marco jurídico de la determinación del importe de las multas que pueden imponerse y no viola por tanto el principio general de irretroactividad de las disposiciones penales (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 233).

58 En efecto, por una parte, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 234).

59 Por otra parte, habida cuenta del margen de apreciación que el Reglamento nº 17 reconoce a la Comisión, el establecimiento por ésta de un nuevo método de cálculo del importe de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento del nivel general de éstas, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 235).

60 A este respecto no es pertinente la alegación de que el cálculo de las multas según el método expuesto en las Directrices, a partir de un importe determinado, en principio, en función de la gravedad de la infracción, puede llevar a la Comisión a imponer multas superiores a las que aplicaba anteriormente. En efecto, es jurisprudencia reiterada que, en el marco del Reglamento nº 17, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T-150/89, Rec. p. II-1165, apartado 59; de 11 de diciembre de 1996, Van Megen Sports/Comisión, T-49/95, Rec. p. II-1799, apartado 53, y de 21 de octubre de 1997, Deutsche Bahn/Comisión, T-229/94, Rec. p. II-1689, apartado 127). Además, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia (sentencias Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T-12/89, Rec. p. II-907, apartado 309, y de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión, T-304/94, Rec. p. II-869, apartado 89). Una aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre la competencia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109, y LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartados 236 y 237).

61 Por último, en la medida en que se reprocha a la Comisión que no haya determinado el importe de la multa basándose en el volumen de negocios correspondiente a las ventas de lisina en el EEE, es decir, correspondiente a las ventas del producto al que afecta la infracción en el mercado geográfico de referencia, procede recordar que la única referencia expresa al volumen de negocios que aparece en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 es la relativa al límite máximo que el importe de las multas no puede sobrepasar. Además, según reiterada jurisprudencia, se debe entender que dicho volumen de negocios es el volumen de negocios global (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 119; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T-43/92, Rec. p. II-441, apartado 160, y de 6 de abril de 1995, Cockerill-Sambre/Comisión, T-144/89, Rec. p. II-947, apartado 98). Antes de que se adoptaran las Directrices se había declarado ya que, para la determinación del importe de la multa, la Comisión puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a los productos a los que afecta la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de ésta. Por otra parte, no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe apropiado de una multa no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global (véanse, en particular, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartados 120 y 121, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión, T-77/92, Rec. p. II-549, apartado 94, y de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T-327/94, Rec. p. II-1373, apartado 176).

62 También se ha declarado ya, antes de que se adoptaran las Directrices, que la Comisión puede calcular el importe de una multa sin tener en cuenta los diferentes volúmenes de negocios de las empresas implicadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que fija el límite máximo de la multa que puede imponerse. Así, el Tribunal de Justicia ha estimado que la Comisión podía determinar previamente la cuantía global de la multa y repartirla a continuación entre las empresas en función de la cuota de mercado media de cada una de ellas y de las posibles circunstancias atenuantes o agravantes propias de cada empresa (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, Boehringer/Comisión, 45/69, Rec. p. 769, apartado 55, y de 8 de noviembre de 1983, IAZ y otros/Comisión, asuntos acumulados 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartados 51 a 53).

63 Se deduce de la jurisprudencia citada que, con independencia del método establecido en las Directrices, en cualquier caso la demandante no podía exigir que el importe final de la multa se determinara tomando como base un porcentaje de su volumen de negocios en el mercado de referencia.

64 Se deduce de las consideraciones precedentes que procede desestimar el motivo basado en la violación del principio de irretroactividad de las penas.

2. Sobre la gravedad de la infracción

Alegaciones de las partes

Sobre la violación del principio de proporcionalidad

65 La demandante sostiene que la Comisión violó el principio de proporcionalidad al establecer el importe de partida de la multa, que se determina en función de la gravedad de la infracción, basándose en su volumen de negocios total y no en el volumen de negocios correspondiente a sus ventas de lisina en el EEE.

66 La demandante afirma en primer lugar que, aunque el límite máximo del 10 % establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 se refiere, ciertamente, al volumen de negocios mundial de las empresas de que se trate, se deduce, sin embargo, de la jurisprudencia que la Comisión no debe atribuir una importancia desproporcionada a este volumen de negocios, en particular cuando las mercancías de que se trata sólo representan un escaso porcentaje del mismo (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 121). Alega igualmente que, hasta la publicación de las Directrices, la práctica seguida por la Comisión consistía en no imponer multas que sobrepasaran el 10 % del volumen de negocios de la empresa correspondiente a las ventas en la Comunidad del producto afectado, y que la propia Comisión reconoce haber adoptado dicha práctica.

67 A juicio de la demandante, en el presente asunto, la diferenciación efectuada por la Comisión en el considerando 304 de la Decisión, basada en el volumen de negocios total de las empresas implicadas, genera un resultado desproporcionado. En efecto, en el caso de Cheil, el importe de partida de la multa, fijado en 15 millones de euros (para un volumen de negocios total de 1.500 millones de euros), es prácticamente idéntico a su volumen de negocios correspondiente a las ventas de lisina en el EEE (17 millones de euros). Aunque se hubiera calculado dicho importe a partir del volumen de negocios correspondiente a las ventas de lisina a nivel mundial, que fue de 40 millones de euros, el límite máximo habría sido de 4 millones de euros. Dicho importe es por tanto desproporcionado.

68 La Comisión replica que la multa debe ser proporcionada a la gravedad y a la duración de la infracción, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento nº 17. Por otra parte, con independencia de que exista o no una práctica anterior, la Comisión se considera facultada para aumentar en cualquier momento el nivel de las multas a fin de reforzar su efecto disuasorio, por lo que no existe necesariamente una relación de proporcionalidad entre multas impuestas en momentos diferentes. Por último, la Comisión señala que, en cualquier caso, el volumen de negocios de Cheil correspondiente a las ventas de lisina en el EEE era el mayor del grupo de productores menos importantes, para quienes se fijó como importe de partida de la multa en razón de la gravedad de la infracción una cantidad de 15 millones de euros.

Sobre la violación del principio de igualdad de trato

69 La demandante sostiene que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación y vulneró el punto 1 A, párrafos sexto y séptimo, de las Directrices, así como el principio de igualdad de trato que se expresa a través de dicha disposición, al fijar el importe de partida de la multa, que está en función de la gravedad de la infracción, a un mismo nivel para Sewon, Kyowa y ella misma, sin tener en cuenta que su dimensión es muy inferior.

70 Alega a este respecto que, según la jurisprudencia (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 120), la dimensión y la potencia económica de la empresa de que se trate constituyen un factor que debe tenerse en cuenta para valorar la gravedad de la infracción y recuerda que, según las disposiciones de las Directrices antes mencionadas, es preciso tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia. Además, el principio de igualdad de trato exige que no se traten del mismo modo situaciones diferentes, y ello se aplica igualmente a la determinación del importe de la multa (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Buchmann/Comisión, T-295/94, Rec. p. II-813).

71 En el presente asunto, la propia Decisión indica que Cheil era con diferencia la empresa menos potente de las que participaron en las prácticas colusorias y el más pequeño de los productores de lisina. La demandante alega en particular que ha quedado acreditado que el plan del reparto de cantidades en función de la potencia de cada empresa en el mercado le atribuía unos volúmenes de ventas comprendidos entre la mitad y la tercera parte de los asignados a Kyowa y a Sewon (considerandos 77, 78 y 104 de la Decisión) y que su cuota de mercado en 1994 fue sólo de un 7 % u 8 %, mientras que la de Kyowa era de un 19 % y la de Sewon de un 14 % (considerandos 154 y 267 de la Decisión).

72 Dadas estas circunstancias, la demandante considera demasiado simplista la comparación efectuada por la Comisión, basada en los volúmenes de negocios totales de estas empresas en el último año de la infracción (considerando 304 de la Decisión), pues no tiene en cuenta la escasa influencia de Cheil en las condiciones de la competencia ni el hecho de que Kyowa y Sewon estaban implantadas en el mercado desde hacía bastantes años. Cheil alega además que su propio volumen de negocios revela que su dimensión es aproximadamente la mitad de la de Kyowa.

73 Según Cheil, la diferencia de tamaño entre ella y las demás empresas resulta confirmada igualmente por el hecho de que la multa pagada por Kyowa en Estados Unidos fuera de 10 millones de USD, mientras que ella sólo tuvo que pagar 1,25 millones de USD.

74 En cuanto a la alegación de la Comisión de que, en comparación con Kyowa y Sewon, el volumen de negocios de Cheil en ventas de lisina en el EEE en el último año de la infracción era el mayor de todos, se trata, en opinión de esta última, de una justificación ex post, pues la Decisión no la menciona en ninguna parte.

75 La Comisión considera haber obrado en total conformidad con las Directrices, que por lo demás no constituyen un acto normativo y le otorgan un amplio margen de apreciación, y estima que el importe de base de la multa determinado en función de la gravedad de la infracción no es desproporcionado ni discriminatorio.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Sobre la violación del principio de proporcionalidad

76 Como se ha indicado anteriormente en el apartado 60, es jurisprudencia reiterada que, en el marco del Reglamento nº 17, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre competencia. La aplicación eficaz de dichas normas exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la política comunitaria de la competencia, aumentando en su caso dicho nivel (véase, en este sentido, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109).

77 Procede recordar que, en la Decisión, la Comisión determinó la cuantía de la multa de la demandante aplicando el método de cálculo que se había impuesto en las Directrices. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la Comisión no puede renunciar a las normas que se ha impuesto a sí misma (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartado 53, confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hercules Chemicals/Comisión, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, y la jurisprudencia que allí se cita). En particular, cuando la Comisión adopta unas Directrices a fin de precisar los criterios que piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación, respetando lo dispuesto en el Tratado, ello supone una autolimitación de dicha facultad, ya que queda obligada a cumplir las normas indicativas que ella misma se ha impuesto (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión, T-380/94, Rec. p. II-2169, apartado 57, y de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, T-214/95, Rec. p. II-717, apartado 89).

78 Con arreglo a las Directrices, la gravedad de las infracciones se determina en función de diversos criterios, algunos de los cuales la Comisión está obligada a tener en cuenta.

79 A este respecto, las Directrices disponen que, aparte de la naturaleza propia de la infracción, de sus repercusiones concretas en el mercado y de la dimensión del mercado geográfico afectado, es necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo suficientemente disuasorio (punto 1 A, párrafo cuarto).

80 Por otra parte, también puede tenerse en cuenta el hecho de que las empresas grandes pueden apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que de ella se derivan desde el punto de vista del Derecho de la competencia (punto 1 A, párrafo quinto).

81 En los casos en que sean varias las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, puede resultar conveniente ponderar el importe de partida general para tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en consecuencia el importe de partida general a las características específicas de cada empresa (punto 1 A, párrafo sexto).

82 Procede señalar que las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios global o del volumen de negocios de las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo, tampoco se oponen a que dichos volúmenes de negocios se tengan en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan. En particular, el volumen de negocios puede tenerse en cuenta al tomar en consideración los diferentes criterios enumerados en los apartados 79 a 81 supra (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartados 283 y 284).

83 Por otra parte, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado. Por una parte, de esto se sigue que, para la determinación del importe de la multa, es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a las ventas de las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de esta última. Por otra parte, de ello se deduce que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe de una multa apropiado no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global (sentencias Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartados 120 y 121, Parker Pen/Comisión, antes citada, apartado 94, y SCA Holding/Comisión, antes citada, apartado 176).

84 En el presente caso, la Decisión muestra que, para determinar el importe de partida de la multa, la Comisión comenzó por tomar en consideración la naturaleza propia de la infracción, sus repercusiones concretas en el mercado y la dimensión geográfica de este último. A continuación, en relación con el trato diferenciado que debe aplicarse a las empresas, la Comisión indicó que era importante tener en cuenta «la capacidad efectiva de las empresas interesadas para causar un perjuicio importante al mercado de la lisina en el EEE», el carácter disuasorio de la multa y el tamaño respectivo de las empresas. Para valorar dichos criterios, la Comisión optó por basarse en el volumen de negocios total realizado por cada una de las empresas implicadas en el último año de la infracción, estimando que dicha cifra le permitía «apreciar los recursos y la importancia reales de las empresas en los mercados afectados por su comportamiento ilícito» (considerando 304 de la Decisión).

85 La demandante reprocha precisamente a la Comisión que tomara en consideración dicho volumen de negocios, en vez del volumen de negocios correspondiente a las ventas del producto afectado en el EEE.

86 Es importante subrayar en este momento que, como al interpretar la Decisión en relación con los escritos de la Comisión presentados en este procedimiento el resultado es de una cierta ambigüedad, dicha institución precisó en la vista, en respuesta a una pregunta directa de Tribunal de Primera Instancia, que no sólo tuvo en cuenta el volumen de negocios «global» de las empresas implicadas, es decir, el correspondiente al conjunto de sus actividades, sino también su volumen de negocios mundial en el mercado de la lisina, y que estos dos tipos de volúmenes de negocios se recogen en el cuadro que figura en el considerando 304 de la Decisión. Procede señalar además que, según el considerando 318 de la Decisión, «la Comisión tuvo en cuenta debidamente, en sus conclusiones sobre la gravedad de los hechos, la importancia económica de la actividad particular afectada por la infracción».

87 Sin embargo, las partes coinciden en reconocer que la Comisión no tuvo en cuenta el volumen de negocios de las empresas implicadas en el mercado afectado por la infracción, es decir, en el mercado de la lisina en el EEE.

88 Ahora bien, cuando se trata de analizar la «capacidad efectiva de las empresas interesadas para causar un perjuicio importante al mercado de la lisina en el EEE» (considerando 304 de la Decisión), lo que exige una valoración de la importancia real de dichas empresas en el mercado afectado, es decir, de su influencia en el mismo, el volumen de negocios global sólo ofrece una visión inexacta de la situación. En efecto, no cabe excluir que para una empresa potente, con numerosas actividades diferentes, su presencia en un mercado de productos específico, como el de la lisina, sólo tenga carácter accesorio. Igualmente, tampoco cabe excluir que una empresa con una posición importante en un mercado geográfico extracomunitario ocupe una posición débil en el mercado comunitario o en el del EEE. En tales casos, el mero hecho de que la empresa de que se trate realice un volumen de negocios total importante no significa necesariamente que ejerza una influencia decisiva en el mercado afectado por la infracción. Ésta es la razón por la que el Tribunal de Justicia puso de relieve, en su sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión (C-185/95 P, Rec. p. I-8417), apartado 139, que, aunque es cierto que la cuota de mercado que posee una empresa no puede ser determinante para concluir que una empresa pertenece a una entidad económica pujante, sí es pertinente, en cambio, para determinar la influencia que dicha empresa haya podido ejercer en el mercado. Pues bien, en el presente asunto, la Comisión no tuvo en cuenta las cuotas de mercado de las empresas de que se trata en el mercado afectado, expresadas en volumen, y ni siquiera el volumen de negocios de las empresas en el mercado afectado (el mercado de la lisina en el EEE), dato que le habría permitido determinar la importancia relativa de cada empresa en el mercado afectado al revelar indirectamente sus cuotas de mercado expresadas en valor, ya que no existían otros productores (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Comisión, asuntos acumulados 240/82, 241/82, 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 y 269/82, Rec. p. 3831, apartado 99).

89 Por otra parte, en la Decisión, la Comisión no se refirió expresamente a la toma en consideración del «peso específico y, por tanto, de las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia», apreciación que actualmente las Directrices le obligan a efectuar cuando estime, como ocurre en el presente caso, que es preciso ponderar los importes de partida de la multa por tratarse de una infracción (de tipo cártel) en la que están implicadas varias empresas entre las que existen considerables diferencias de tamaño (véase el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices).

90 A este respecto, la referencia que hace la Decisión (última frase del considerando 304) a la «importancia real de las empresas» no basta para colmar dicha laguna.

91 En efecto, apreciar el peso específico de la infracción cometida por cada empresa, es decir, sus repercusiones reales, consiste en realidad en determinar la magnitud de la infracción cometida por cada una de ellas, y no la importancia de la empresa de que se trate en términos de tamaño o de potencia económica. Pues bien, según reiterada jurisprudencia (véanse, en particular, las sentencias Musique diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 121, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T-347/94, Rec. p. II-1751, apartado 369), la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la amplitud de la infracción en el mercado de que se trate. En particular, como ha subrayado el Tribunal de Primera Instancia, el volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva constituye un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, British Steel/Comisión, T-151/94, Rec. p. II-629, apartado 643).

92 Se deduce de las consideraciones precedentes que, al basarse en los volúmenes de negocios mundiales de la demandante y no tomar en consideración su volumen de negocios en el mercado afectado por la infracción, es decir, el mercado de la lisina en el EEE, la Comisión infringió el punto 1 A, párrafos cuarto y sexto, de las Directrices.

93 En tales circunstancias, corresponde a este Tribunal examinar si el hecho de no haber tenido en cuenta el volumen de negocios correspondiente al mercado afectado y la infracción de las Directrices que ello supone han constituido, en el presente asunto, una violación del principio de proporcionalidad por parte de la Comisión al determinar la cuantía de la multa. A este respecto, procede señalar que el control jurisdiccional pleno conferido al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 17 del Reglamento nº 17 se extiende a la apreciación del carácter proporcionado de la multa impuesta en relación con la gravedad y la duración de la infracción, criterios a los que se refiere el artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento.

94 En el presente asunto, la demandante alega en esencia que el importe de partida específico de la multa, fijado en 15 millones de euros, es desproporcionado por ser casi idéntico a su volumen de negocios en el mercado de la lisina en el EEE en el último año de la infracción, que fue de 17 millones de euros.

95 En primer lugar es preciso señalar que el hecho de que el importe de partida específico de la multa sea casi idéntico al volumen de negocios alcanzado en el mercado afectado no es, en sí, concluyente. En efecto, dicho importe de 15 millones de euros es sólo un importe intermedio que se adapta posteriormente en función de la duración de la infracción y de las circunstancias agravantes o atenuantes reconocidas, según el método establecido en las Directrices.

96 En segundo lugar, la naturaleza propia de la infracción, sus repercusiones concretas, la dimensión geográfica del mercado afectado, el necesario carácter disuasorio de la multa y el tamaño de las empresas son otros tantos factores que pueden justificar dicho importe intermedio, y que en el presente caso han sido tenidos en cuenta por la Comisión. La demandada ha calificado legítimamente de «muy grave» la infracción, en la medida en que la demandante participó en unas prácticas colusorias horizontales que tenían por objeto la fijación de objetivos de precios y de cuotas de ventas y el establecimiento de un sistema de intercambio de información sobre los volúmenes de ventas, y que produjo repercusiones concretas en el mercado de la lisina en el EEE, aumentando artificialmente los precios y restringiendo dichos volúmenes. En cuanto al tamaño de las empresas y al carácter disuasorio de las multas, procede subrayar que la Comisión actuó legítimamente al decidir basarse en el volumen de negocios total de las empresas implicadas. En efecto, según la jurisprudencia, es el volumen de negocios global el que da una indicación del tamaño de la empresa (véase, en este sentido, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 121) y de su potencia económica, que resulta esencial para determinar el alcance disuasorio de la multa en lo que a ella respecta.

97 En tercer lugar, es preciso poner de relieve que el importe de 15 millones de euros fijado para la demandante es sensiblemente inferior al límite mínimo de 20 millones de euros normalmente previsto en las Directrices para este tipo de infracciones muy graves (véase el punto 1 A, párrafo segundo, tercer guión).

98 Citando expresamente el apartado 121 de la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, la demandante alega igualmente que, al determinar el importe de la multa, la Comisión no debe atribuir una importancia desproporcionada al volumen de negocios mundial cuando las mercancías afectadas sólo representan un escaso porcentaje del mismo. A este respecto procede recordar que en la sentencia Parker Pen/Comisión, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia acogió un motivo relativo a la violación del principio de proporcionalidad basándose en que la Comisión no había tomado en consideración el hecho de que el volumen de negocios realizado con los productos a los que afectaba la infracción era relativamente bajo en relación con el total de las ventas efectuadas por la empresa de que se trataba, lo que justificó una reducción de la cuantía de la multa (apartados 94 y 95).

99 Procede señalar en primer lugar que dicha jurisprudencia se refiere a la determinación de la cuantía final de la multa, y no del importe de partida de la multa en función de la gravedad de la infracción, que es lo que aquí se plantea.

100 A continuación, es preciso recordar que, suponiendo que la jurisprudencia citada fuera aplicable al presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia es competente para apreciar, en el marco de su facultad jurisdiccional plena, el carácter apropiado de la cuantía de las multas. Pues bien, dicha apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, apartados 53 a 55), tales como, en el presente caso, el volumen de negocios de la demandante en el mercado de la lisina en el EEE, que la Decisión no tuvo en cuenta.

101 A este respecto es importante subrayar que la comparación de los diferentes volúmenes de negocios de la demandante en el año 1995 ofrece dos datos de interés. Por una parte, es cierto que el volumen de negocios correspondiente a las ventas de lisina en el EEE, de 17 millones de euros, puede considerarse escaso en comparación con el volumen de negocios global, tanto si este último ascendió a 1.500 millones de euros, cifra recogida en el considerando 304 de la Decisión y utilizada por la demandante en sus escritos, como si fue de 1.900 millones de euros, según se indica en el considerando 18 de la Decisión. Por otra parte, resulta en cambio evidente que la cifra de ventas de lisina en el EEE constituye una parte importante del volumen de negocios de Cheil en el mercado mundial de la lisina, concretamente un 42,5 % o un 32,7 %, según que dicho volumen de negocios se estime en 40 millones de euros, cifra recogida en el considerando 304 de la Decisión y utilizada por la demandante en sus escritos, o en 52 millones de euros, como se indica en el considerando 18 de la Decisión.

102 Puesto que las ventas de lisina en el EEE constituyen, no un pequeño porcentaje, sino una parte importante de este último volumen de negocios, no es válida la alegación de violación del principio de proporcionalidad, sobre todo si se tiene en cuenta que el importe de partida de la multa no se determinó únicamente mediante un simple cálculo basado en el volumen de negocios global, sino basándose también en el volumen de negocios sectorial y en otros criterios pertinentes, tales como la naturaleza de la infracción, las repercusiones concretas de esta última en el mercado, la dimensión del mercado afectado, el carácter necesariamente disuasorio de la sanción y el tamaño y la potencia de las empresas.

103 En atención a las consideraciones que se han expuesto, el Tribunal de Primera Instancia estima, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, que el importe de partida de la multa determinado en función de la gravedad de la infracción cometida por Cheil es apropiado y que, como la infracción de las Directrices cometida por la Comisión no ha dado lugar en el presente asunto a una violación del principio de proporcionalidad, procede desestimar la alegación formulada a este respecto por la demandante.

Sobre la violación del principio de igualdad de trato

104 A la hora de determinar la cuantía de las multas, la Comisión debe respetar el principio de igualdad de trato, principio general del Derecho comunitario que, según reiterada jurisprudencia, sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T-311/94, Rec. p. II-1129, apartado 309, y la jurisprudencia que allí se cita).

105 Con arreglo este principio, el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices dispone que, en el caso de infracciones en las que estén implicadas varias empresas, puede efectuarse una ponderación de los importes de partida de las multas a fin de tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza.

106 Así, según el punto 1 A, párrafo séptimo, de las Directrices, el principio de igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético.

107 En la Decisión (considerandos 303 y 304), la Comisión estimó que existía una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de la infracción y que, por consiguiente, a fin de tener en cuenta la capacidad efectiva de las empresas implicadas para causar un perjuicio importante al mercado de la lisina en el EEE así como la necesidad de procurar que el importe de la multa tuviera un carácter suficientemente disuasorio, y dado el tamaño de las empresas, convenía dividirlas en dos grupos, a saber, por una parte, Ajinomoto y ADM, para quienes el importe de partida de la multa se fijó en 30 millones de euros y, por otra parte, Kyowa, Cheil y Sewon, para quienes el importe de partida se fijó en 15 millones de euros.

108 La demandante no alega ahora, como hizo en su argumentación sobre el motivo relativo a la violación del principio de proporcionalidad, que la Comisión no tomó en consideración su volumen de negocios en el mercado de la lisina en el EEE. Para justificar su afirmación de que el importe de partida de la multa fijado para ella es discriminatorio, se basa principalmente en la comparación de los volúmenes de negocios mundiales de las empresas implicadas en las prácticas colusorias.

109 Si bien el volumen de negocios total de la demandante en 1995, ya fuera de 1.500 o de 1.900 millones de euros (considerandos 304 y 18 de la Decisión), es en efecto claramente inferior al de Kyowa y claramente superior al de Sewon, empresas incluidas en el mismo grupo que ella, este hecho no permite, sin embargo, concluir que en el presente asunto se violó el principio de igualdad de trato.

110 En efecto, la comparación de los volúmenes de negocios de Cheil, Kyowa y Sewon en el mercado mundial de la lisina, cantidades que figuran en la segunda columna del cuadro recogido en el considerando 304 de la Decisión, muestra que fue legítima la decisión de reunir a dichas empresas en un mismo grupo y de fijar para ellas un importe de partida específico idéntico.

111 Así, en 1995, el volumen de negocios de la demandante en el mercado mundial de la lisina fue de 40 millones de euros, o de 52 millones según el considerando 18 de la Decisión. Es preciso señalar que dicho volumen de negocios, ya fuera de 40 o de 52 millones, es relativamente similar al de Sewon, de 67 millones de euros, y ligeramente inferior al de Kyowa, de 73 millones de euros, teniendo en cuenta además que el punto 1 A, párrafo séptimo, de las Directrices permitía que la Comisión razonara en el presente caso en términos de magnitudes aproximadas.

112 La Comisión sostiene por otra parte que la subdivisión que llevó a cabo se justifica al comparar los volúmenes de negocios de las empresas implicadas en el mercado de la lisina en el EEE.

113 Ha quedado acreditado que, en el presente asunto, la Comisión no tuvo en cuenta dichos volúmenes de negocios y que, al actuar así, infringió el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices (véase el apartado 92 supra). Es preciso sin embargo, recordar que, como se indicó anteriormente en el apartado 93, en el marco de la competencia jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE y 17 del Reglamento nº 17, el Tribunal de Primera Instancia es competente para apreciar si la cuantía de las multas es apropiada. Dicha apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información tales como, en el presente caso, el volumen de negocios de las empresas implicadas en el mercado de la lisina en el EEE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, antes citada, apartados 53 a 55).

114 Al tomar en consideración el volumen de negocios de la demandante en el mercado de la lisina en el EEE queda de manifiesto, precisamente, que su situación era prácticamente idéntica a la de los otros dos «pequeños» productores que son Sewon y Kyowa. Mientras que, en 1995, los volúmenes de negocios de Ajinomoto y de ADM en dicho mercado fueron de 75 y de 41 millones de euros, respectivamente (considerandos 5 y 10 de la Decisión), los volúmenes de negocios de Cheil, Kyowa y Sewon en el mismo mercado fueron de 17, de 16 y de 15 millones de euros, respectivamente. Se observa así que, en contra de lo que afirma la demandante, su influencia en el mercado afectado era comparable a la de los otros dos «pequeños» productores, Sewon y Kyowa. Como todas estas empresas participaron en la misma infracción, resulta justificado que el importe de partida de la multa que se les impuso fuera idéntico.

115 De ello se deduce que el importe de partida de 15 millones de euros fijado por la Comisión no es discriminatorio, sin que desvirtúen dicha conclusión las alegaciones de la demandante sobre la pequeñez de su cuota de mercado y el reducido importe de la multa que le impusieron las autoridades norteamericanas, circunstancias que según ella ponen de manifiesto su escaso tamaño.

3. Sobre la duración de la infracción

Alegaciones de las partes

Sobre el incremento excesivo del importe de la multa

116 Cheil impugna el incremento del importe de la multa en un 30 % a causa de la duración de la infracción, alegando que, según el artículo 1, letra e), de la Decisión, en su caso la infracción se extendió del 27 de agosto de 1992 al 27 de junio de 1995, es decir, dos años y diez meses. El incremento impugnado constituye a su juicio un error manifiesto de apreciación y una infracción de las Directrices.

117 A este respecto, la demandante subraya que, según el considerando 313 de la Decisión, el importe de partida determinado en función de la gravedad de la infracción fue incrementado en un 10 % anual. Por otra parte, del punto 1 B, párrafo primero, primer guión, de las Directrices se deduce que en las infracciones de menos de un año no puede aplicarse incremento alguno. Por último, la Comisión sólo incrementó en un 40 % el importe de partida de las multas de Ajinomoto, de Sewon y de Kyowa, pese a que en el caso de éstos la duración de la infracción fue al menos de cinco años. Dadas estas circunstancias, la demandante considera incoherente el trato que se le aplicó.

118 La demandante sostiene que, como muestra el ejemplo de Ajinomoto, Sewon y Kyowa, el sistema establecido por las Directrices implica que el incremento del 10 % anual sólo se aplica una vez transcurrido el primer año. Considera, en cualquier caso, que únicamente habría podido aplicársele un incremento total de un 18 %, o como máximo de un 20 %.

119 La Comisión recuerda que el punto 1 B, párrafo primero, segundo guión, de las Directrices dispone que el incremento del importe de la multa determinado en función de la gravedad puede ser de hasta un 50 % en las infracciones de una duración comprendida entre uno y cinco años. Las Directrices no exigen, pues, un incremento proporcional a la duración efectiva de la infracción ni un incremento calculado aplicando un determinado porcentaje por cada año. Ciertamente, el considerando 313 de la Decisión precisa que los importes de partida determinados en función de la gravedad de la infracción se incrementaron en un 10 % por cada año transcurrido. Sin embargo, el hecho de asimilar una duración de dos años y diez meses a una duración de tres años no puede considerarse un error manifiesto de apreciación. A su juicio, en efecto, considerar que el incremento de la multa de Cheil debería ser de un 28, 33 % es dar muestras de un formalismo excesivo.

120 En cuanto al hecho de que el incremento aplicado a Ajinomoto, Kyowa y Sewon por una infracción de cinco años de duración fuera de un 40 %, la Comisión considera que de él no se deriva consecuencia alguna. Por una parte, dicha institución estima haber hecho uso de la facultad de apreciación que le confieren las Directrices. Por otra parte afirma que, incluso el supuesto de que ello constituyera una diferencia de trato entre Cheil y estos otros productores, la única conclusión lógica sería considerar que las multas impuestas a estos últimos habrían debido ser más altas, aplicando un incremento de un 50 %, y no que el incremento de Cheil habría debido ser más pequeño.

121 Por último, la Comisión considera totalmente desprovista de fundamento la tesis de que las Directrices obligan a no tener en cuenta el primer año de la infracción. En efecto, según ella, el único supuesto en que no procede incremento alguno es aquel en el que la duración de la infracción es inferior a un año.

- Sobre la exclusión de Cheil de la reuniones del cártel durante cuatro meses y la falta de participación de Cheil en los acuerdos sobre las cantidades y el intercambio de información durante dieciocho meses

122 La demandante sostiene en primer lugar que la Comisión hubiera debido tener en cuenta que ella no participó en las reuniones del cártel entre el 8 de diciembre de 1993 y el 10 de marzo de 1994, tras ser excluida por los demás participantes en las prácticas colusorias. A su juicio, la Comisión hubiera debido reducir en cuatro meses la duración de la infracción, o al menos considerar que el papel pasivo asumido por ella durante dicho período constituía una circunstancia atenuante.

123 Según la demandante, los autos muestran que fue excluida de la reunión de 8 de diciembre de 1993 por Ajinomoto, Kyowa y Sewon, y que sólo fue admitida de nuevo en la reunión de Honolulú de 10 de marzo de 1994, en la sesión de la tarde, tras haber sido excluida por la mañana debido a su oposición a cualquier limitación de la producción.

124 La demandante sostiene a continuación que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al no tener en cuenta que ella no había participado ni en los acuerdos sobre las cantidades ni en el intercambio de información sobre los volúmenes de ventas entre agosto de 1992 y marzo de 1994.

125 Por lo que respecta, en primer lugar, a los acuerdos sobre las cantidades, la demandante alega que no aceptó el reparto individual de volúmenes de ventas hasta el 10 de marzo de 1994, fecha de la reunión de Honolulú, conclusión a la que también llegaron las autoridades norteamericanas en el procedimiento penal desarrollado en aquel país.

126 Por lo que respecta, en segundo lugar, al acuerdo de intercambio de información sobre los volúmenes de ventas, Cheil afirma que la Comisión tampoco tuvo en cuenta que ella sólo participó en el mismo entre el 10 de marzo de 1994 y el 27 de junio de 1995. En opinión de Cheil, es ilógico no reconocerle el mérito de haberse adherido tarde a dicho acuerdo y, en cambio, reconocer a Sewon el mérito de haberse adherido inicialmente a dicho acuerdo y haber renunciado después al mismo.

127 La Comisión considera infundada la argumentación de Cheil, pero reconoce que esta última sólo participó en el acuerdo de intercambio de información a partir del 10 de marzo de 1994 y que dicho acuerdo había comenzado con anterioridad, en la reunión en la que dicha empresa no estuvo presente, hecho que a su juicio no justifica una reducción del incremento de la multa derivado de la duración de la infracción.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

128 Según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la duración de la infracción constituye uno de los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar el importe de la multa que se impondrá a las empresas culpables de infracciones de las normas sobre competencia.

129 En lo relativo a la duración de la infracción, las Directrices distinguen entre las infracciones de corta duración (en general, inferior a un año), en las que no procede aumentar el importe de partida calculado en función de la gravedad, las infracciones de mediana duración (en general, de uno a cinco años), en las que dicho importe puede incrementarse en un 50 %, y las infracciones de larga duración (en general, más de cinco años), en las que dicho importe puede incrementarse en un 10 % por cada año (punto 1 B, guiones primero a tercero).

130 En el considerando 313 de la Decisión, la Comisión afirma la siguiente: «En el presente asunto las empresas en cuestión han cometido una infracción de duración media (entre tres y cinco años). Los importes de base determinados en función de la gravedad (considerando 305) se incrementan, por lo tanto, en un 10 % anual, es decir, en un [30 %] para ADM y Cheil y en un [40 %] para Ajinomoto, Kyowa y Sewon.»

131 En cuanto al incremento aplicado a Cheil, procede señalar que, según el artículo 1, letra e), de la parte dispositiva de la Decisión, la infracción cometida por dicha empresa duró desde el 27 de agosto de 1992 hasta al 27 de junio de 1995, es decir, dos años y diez meses.

132 La demandante sostiene, en esencia, que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación e infringió las Directrices al asimilar dicha duración de la infracción a una duración de tres años cumplidos, y que el incremento aplicado hubiera debido ser como máximo de un 20 %.

133 A este respecto, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual de las disposiciones del punto 1 B de las Directrices se deduce que no procede tener en cuenta el primer año de la infracción. En efecto, lo único que se establece a este respecto es que, en las infracciones de corta duración, en general inferior a un año, no se aplica ningún incremento. En cambio, en las infracciones de mayor duración se aplica un incremento, que puede llegar a ser de hasta un 50 % cuando la infracción haya durado entre uno y cinco años, como ocurre en el presente asunto.

134 Por otra parte, esta última disposición no prevé un incremento automático de un 10 % por año en las infracciones de mediana duración, sino que concede un margen de apreciación al respecto a la Comisión. Lo mismo puede decirse, por otra parte, del punto 1 B, tercer guión, de las Directrices, relativo a las infracciones de larga duración, donde se establece únicamente que el importe puede incrementarse en un 10 % por año.

135 No obstante, procede señalar que, en la Decisión, la Comisión aplicó las Directrices partiendo del principio de un incremento del 10 % por año para todas las empresas que habían participado en la infracción, correctamente calificada de infracción de mediana duración.

136 Ahora bien, es preciso reconocer que dicho principio se tradujo, por una parte, en un incremento del importe de partida de la multa de un 40 %, y no de un 50 %, en los casos de Sewon, Kyowa y Ajinomoto, pese a que su comportamiento ilícito había durado cinco años [véase el artículo 1, letras b), c) y d), de la Decisión, donde se afirma que dichas empresas participaron en la infracción «al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995»], y, por otra parte, en un incremento de un 30 % en el caso de Cheil, pese a que la duración de la infracción cometida por ésta fue inferior a tres años.

137 Procede por tanto hacer constar que, aunque el incremento de un 30 % aplicado a Cheil no es, en sí, contrario a las Directrices, resulta sin embargo manifiestamente erróneo a la luz de la apreciación formulada por la Comisión en el considerando 313 de la Decisión, en la que la propia institución afirma haberse basado para aplicar a las empresas implicadas los incrementos correspondientes a la duración de la infracción.

138 Además, es necesario subrayar que la Comisión no ha dado explicaciones para justificar el porcentaje del 30 % aplicado a Cheil, ni tampoco, por lo demás, para justificar el porcentaje del 40 % aplicado a las tres empresas antes mencionadas, pese a haber sentado previamente el principio de un incremento de un 10 % por año.

139 Habida cuenta de que la duración de la infracción cometida por Cheil no llegó a ser de tres años cumplidos y de que, en realidad, la Comisión aplicó a Sewon, Kyowa y Ajinomoto un incremento inferior a u