ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
22

En materia de impuestos directos, los residentes y los no residentes no se hallan, por lo general, en situaciones comparables, ya que los rendimientos obtenidos en el territorio de un Estado miembro por un no residente sólo constituyen, habitualmente, una parte de sus ingresos globales, centralizados en el lugar de su residencia, y el lugar en que más fácilmente puede apreciarse la capacidad contributiva personal de un no residente, resultante de computar el conjunto de sus ingresos y de tener en cuenta su situación personal y familiar, es el lugar en que se sitúa el centro de sus intereses personales y patrimoniales, que coincide, en general, con su residencia habitual (véanse, en particular, las sentencias Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, apartados 31 y 32, y Grünewald, C‑559/13, EU:C:2015:109, apartado 25).
2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) y la Sra. Wilson, por un lado, y la WW Realisation 1 Ltd, en liquidación (en lo sucesivo, «Woolworths»), por otro lado, y entre la USDAW, por un lado, y Ethel Austin Ltd (en lo sucesivo, «Ethel Austin») y el Secretary of State for Business, Innovation and Skills (Secretario de Estado de Actividad Mercantil, Innovación y Capacitación Profesional; en lo sucesivo, «Secretary of State for Business»), por otro lado, en relación con la legalidad de los despidos llevados a cabo por Woolworths y Ethel Austin. El Secretary of State for Business fue citado como parte en el litigio principal debido a que, en caso de que se condene a Woolworths o a Ethel Austin al pago de una indemnización de protección y éstas no puedan hacer frente a tal pago, el Secretary of State for Business deberá abonar a los trabajadores que lo soliciten una indemnización en la cuantía que estime conveniente dentro del límite legal, como compensación de dicho crédito.
21

A este respecto, indica que, en Suecia, existe una treintena de empresas que operan, en idénticas condiciones económicas, en un mercado postal liberalizado desde hace mucho tiempo —incluso antes de la adhesión del Reino de Suecia a la Unión Europea—, que ya no tiene un «servicio público postal». En particular, el Reino de Suecia añade que Posten AB no recibe ninguna compensación del Estado como consecuencia de sus obligaciones de servicio universal, como permite no obstante el artículo 7, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 97/67.
En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que una cláusula contractual relativa al modo de cálculo de los intereses ordinarios, como la controvertida en el litigio principal, no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. En el marco de este examen, el órgano jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por esa cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado.

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la Ley 1/2000, modificada por el Real Decreto-ley 7/2013, que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional.

Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13, las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una cláusula abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, no pueden depender del hecho de que esa cláusula se aplique o no en la práctica. De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

(véanse los apartados 73 y 75 y el punto 4 del fallo)
El artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, que constituye la base jurídica de la regla 50 del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1041/2005, establece que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

A este respecto, cuando se han presentado pruebas dentro del plazo fijado por la Oficina, sigue siendo posible la presentación de pruebas complementarias.

El artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 debe recibir la misma interpretación por lo que respecta a la prueba de la existencia, de la validez y del ámbito de protección de la marca, dado que dicha disposición contiene una regla dotada de proyección horizontal en el sistema de dicho Reglamento, que se aplica con independencia de cuál sea la naturaleza del procedimiento de que se trate. De ello se deduce que la regla 50 del Reglamento de Ejecución no puede interpretarse en el sentido de que extienda la facultad de apreciación de las Salas de Recurso a las pruebas nuevas.

(véanse los apartados 25 a 27)
La exclusión de las emisiones producidas por los generadores de electricidad al determinar la cantidad máxima anual de derechos de emisión viene dada por el artículo 10 bis, apartado 5, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, disposición que no otorga al respecto facultad alguna de apreciación a la Comisión. Ello es así porque debe entenderse que la remisión que hace el artículo 10 bis, apartado 5, de dicha Directiva a las instalaciones no cubiertas por el apartado 3 tiene por objeto a las instalaciones que no sean generadores de electricidad, instalaciones de captura de CO2, conducciones para el transporte de CO2 ni emplazamientos de almacenamiento de CO2.

Además, ese tratamiento asimétrico de las emisiones de los generadores de electricidad y de las instalaciones que produzcan emisiones de gases de efecto invernadero es conforme al objetivo principal de la Directiva 2003/87, que es la protección del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(véanse los apartados 65, 78 y 79)
El Reglamento n.o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), modificado por el Reglamento n.o 552/2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que obligue a un importador de productos químicos a registrar esos productos ante la autoridad nacional competente pese a que ya tenga la obligación de registrar esos mismos productos en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al citado Reglamento, siempre que el registro ante la autoridad nacional competente no constituya un requisito previo para la comercialización de dichos productos, tenga por objeto información diferente de la requerida por el Reglamento y contribuya a alcanzar los objetivos perseguidos por éste, en particular, garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de esas sustancias en el mercado interior, mediante la implantación de un sistema de controles de la gestión segura de tales productos en el Estado miembro de que se trate y mediante la evaluación de dicha gestión, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

En efecto, la armonización que operan las disposiciones del Reglamento n.o 1907/2006 relativas a la obligación de notificación y registro de las sustancias químicas, por extensa que sea a fin de establecer un sistema integrado para el control de dichas sustancias en el territorio de la Unión que permita garantizar una gestión segura de dichas sustancias, no puede excluir otro registro, como aquel que tenga como principal finalidad permitir a las autoridades nacionales disponer de una base de datos necesaria para la vigilancia de los productos químicos en el territorio del Estado de que se trate y que contribuya, entre otras cosas, a implantar un sistema de controles de esa gestión en ese Estado miembro y a evaluar dicha gestión a fin, en particular, de proponer cualquier mejora útil a escala de la Unión.

(véanse los apartados 34, 38 y 41 y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑388/14

Timac Agro Deutschland GmbH

contra

Finanzamt Sankt Augustin

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln)

«Procedimiento prejudicial — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Libertad de establecimiento — Establecimiento permanente no residente — Prevención de la doble imposición mediante la exención de los ingresos del establecimiento permanente no residente — Toma en consideración de las pérdidas registradas por tal establecimiento permanente — Reintegración de las pérdidas precedentemente deducidas en caso de enajenación del establecimiento no residente — Pérdidas definitivas»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015

Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Convenio para evitar la doble imposición que exime los ingresos de un establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto del Estado de residencia de la sociedad que posee dicho establecimiento permanente — Normativa nacional que permite a la referida sociedad residente computar las pérdidas registradas por el establecimiento permanente — Reintegración de las pérdidas precedentemente deducidas en caso de transmisión del establecimiento permanente a una sociedad no residente del mismo grupo — Procedencia — Límites — Deducción de las pérdidas definitivas (Art. 49 TFUE) Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Toma en consideración por una sociedad residente de las pérdidas de un establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto del de la referida sociedad — Convenio para evitar la doble imposición que confiere la competencia exclusiva por lo que respecta a la imposición de los resultados del establecimiento permanente a ese otro Estado miembro — Normativa nacional que excluye esa toma en consideración en caso de transmisión de dicho establecimiento en el Estado que tiene la competencia exclusiva de imposición — Situación que no es comparable a la de un establecimiento permanente situado en el Estado de residencia de la sociedad residente (Art. 49 TFUE)
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Por lo demás, al contrario de lo que sostiene la República Federal de Alemania, tal limitación no se justifica por el afán de preservar la coherencia del Derecho de la Unión, en particular entre el Reglamento n.o 1367/2006 y las Directivas 96/61 y 2010/75. En efecto, la limitación, en estas últimas Directivas, del concepto de «emisiones» a las procedentes de determinadas instalaciones industriales se justifica por el propio objeto de dichas Directivas, que, como indica el artículo 1 de la Directiva 2010/75, es precisamente el establecimiento de normas sobre la prevención y el control integrados de la contaminación procedente de las actividades industriales. En cambio, tal limitación no está justificada con respecto al objeto del Reglamento n.o 1367/2006, que, conforme a su artículo 1, consiste en delimitar las normas aplicables al acceso a la información medioambiental en poder de las instituciones y organismos de la Unión. También es preciso señalar que el concepto de «emisión» en Derecho de la Unión no es un concepto unívoco, sino que varía según el ámbito de aplicación al que hace referencia. Así, la definición de este concepto que dan las Directivas 96/61 y 2010/75 difiere de la que ofrece, en particular, el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO 2004, L 143, p. 56) o incluso de la que proporciona el artículo 3, letra e), de la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DO 2001, L 309, p. 22).
7

En el apartado 370 de la sentencia recurrida, el Tribunal General citó el considerando 602 de la Decisión controvertida, según el cual: «[La recurrente] afirma que no participó en ninguna Reunión Técnica posterior a la de los días 11 y 12 de mayo de 2004 y que su representante anuló su viaje para la reunión de los días 3 y 4 de noviembre de 2004, comunicando internamente que lo hizo aconsejado por su superior. La Comisión señala que no hay indicios de que alguna empresa se retirara del cartel. En casos de infracciones complejas, el hecho de que una empresa no asista a una reunión o no esté de acuerdo con lo debatido en una reunión no quiere decir que haya dejado de participar en una infracción. Para dar por terminada la infracción, la empresa ha de desmarcarse claramente del cartel. […] [La recurrente] no ha aportado pruebas concluyentes de que adoptase una estrategia unilateral y plenamente autónoma en el mercado ni de que se distanciara de forma clara y abierta de las actividades del cartel. Por el contrario, las pruebas que obran en poder de la Comisión ponen de manifiesto que [la recurrente] recibió invitaciones formales para las tres Reuniones Técnicas siguientes (o sea, las tres últimas Reuniones Técnicas antes de que se realizaran las inspecciones). La Comisión señala que el representante de [la recurrente] confirmó que asistiría a la reunión de los días 3 y 4 de noviembre de 2004 aunque al parecer después anuló su viaje. Además, para la reunión de los días 23 y 24 de febrero de 2005, [Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH y Sasol Limited, organizadora de esta reunión (en lo sucesivo, “Sasol”)] había reservado ya una habitación para el representante de [la recurrente] en el hotel en el que [había tenido] lugar la reunión que al parecer [se había anulado] posteriormente. La Comisión concluye, por tanto, que para Sasol y los demás participantes, era evidente que [la recurrente] había sido miembro del cartel hasta el final. La Comisión señala también que las conversaciones en las reuniones no diferían esencialmente de las reuniones anteriores sino que los participantes seguían discutiendo incrementos de precios sin mencionar ningún intento de [la recurrente] de dejar el cartel (véanse los considerandos (175), (176) y (177)) y que no era extraño que durante el cartel las empresas no asistieran a algunas reuniones. Estas dos observaciones ponen de relieve que no se consideraba que [la recurrente] se hubiera desmarcado del cartel tras la reunión de mayo de 2004. En cualquier caso, no se puede considerar que la comunicación interna del representante de [la recurrente] en la que se indican sus razones para no asistir a la reunión constituya un distanciamiento público. Habida cuenta de que no hay nada más que pueda sugerir que [la recurrente] se había distanciado del cartel, la Comisión considera que la implicación de [ésta] no finalizó antes de las inspecciones.»
6

El Decreto legislativo n.o 104, Aplicación del artículo 44 de la Ley de 18 de junio de 2009, n.o 69, relativa a la delegación al gobierno para la reorganización del procedimiento contencioso-administrativo (decreto legislativo n.o 104 — Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.o 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), de 2 de julio de 2010 (suplemento ordinario de la GURI n.o 156, de 7 de julio de 2010), tiene por objeto la adopción del Código del procedimiento contencioso-administrativo.
14

El artículo 28 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96 (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28), titulado «Protección contra la expulsión», dispone: «1. Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen. 2. El Estado miembro de acogida no podrá tomar una decisión de expulsión del territorio contra un ciudadano de la Unión Europea o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, que haya adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio, excepto por motivos graves de orden público o seguridad pública. 3. No se podrá adoptar una decisión de expulsión contra un ciudadano de la Unión, excepto si la decisión se basa en motivos imperiosos de seguridad pública tal que definidos por los Estados miembros, cuando éste: a) haya residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores, o b) sea menor de edad, salvo si la expulsión es necesaria en interés del niño, tal como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989.»
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Se desprende de las disposiciones del artículo 17 TUE, apartado 2, y de los artículos 289 TFUE y 293 TFUE, puestas en relación, que, en contra de lo que sostienen el Consejo y varios Estados miembros coadyuvantes, la facultad de la Comisión en el marco del procedimiento legislativo ordinario no consiste únicamente en presentar una propuesta y, a continuación, favorecer los contactos e intentar aproximar las posiciones del Parlamento y del Consejo. Del mismo modo que corresponde, en principio, a la Comisión decidir si presenta, o no, una propuesta legislativa y, en caso de hacerlo, determinar su objeto, su finalidad y su contenido, esta institución dispone igualmente, mientras el Consejo no se haya pronunciado, de la facultad de modificar su propuesta o incluso de retirarla, si fuera necesario. En el presente asunto, por lo demás, no se impugna la existencia misma de esta facultad de retirada de sus propuestas, pues sólo se discuten el alcance y los límites de dicha facultad. Por otra parte, está acreditado que el Consejo no se había pronunciado aún sobre la propuesta de Reglamento marco cuando la Comisión decidió retirarla.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1), en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO L 301, p. 1), y del Reglamento (CE) no 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007 (DO L 286, p. 1), así como sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1).
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El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 659/1999»), establece en su artículo 1, rubricado «Definiciones»: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) “ayuda”: toda medida que reúna todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo [107 TFUE]; b) “ayuda existente”: i) sin perjuicio de lo dispuesto en […] el punto 3 del anexo IV y en el apéndice de dicho anexo del Acta de adhesión […], toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda y las ayudas individuales que se hubieran llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma; ii) la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo; iii) la ayuda que deba considerarse que ha sido autorizada con arreglo al apartado 6 del artículo 4 del presente Reglamento o con anterioridad al presente Reglamento pero de conformidad con este procedimiento; iv) la ayuda considerada como ayuda existente con arreglo al artículo 15; v) la ayuda considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificada por el Estado miembro. Cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización; c) “nueva ayuda”: toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes; d) “régimen de ayudas”: el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así como todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse [una] ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado; e) “ayuda individual”: la ayuda que no se concede en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse; f) “ayuda ilegal”: cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo [108 TFUE]; [...]»
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Por Orden ministerial de 12 de septiembre de 2011 (en lo sucesivo, «Orden controvertida»), se renovó la inscripción de Protelos en la lista de especialidades farmacéuticas reembolsables; no obstante, se restringió la asunción del coste de dicho medicamento por parte del sistema de seguro de enfermedad a las pacientes que no pudieran ser tratadas, por contraindicaciones o intolerancias, con medicamentos de la clase de los bifosfonatos, o que no presentaran factores de riesgo de trastorno tromboembólico venoso, en particular, el que fueran mayores de 80 años.