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15

El artículo 86 de la ustawa o podatku od towarów i usług (Ley del Impuesto sobre los Bienes y Servicios), de 11 de marzo de 2004 (Dz. U. de 2018, posición 2174), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), dispone: «1. En la medida en que los bienes y servicios se utilicen para efectuar operaciones gravadas, el sujeto pasivo tendrá derecho a minorar el importe del impuesto devengado con el importe del impuesto soportado […] […] 10. El derecho a minorar el importe del impuesto devengado con el importe del impuesto soportado surgirá en el período en el que haya nacido la obligación tributaria respecto de los bienes y servicios adquiridos o importados por el sujeto pasivo. 10b. El derecho a minorar el importe del impuesto devengado con el importe del impuesto soportado en los supuestos mencionados en: […] 2) el apartado 2, punto 4, letra c), surgirá, con arreglo al apartado 10, a condición de que el sujeto pasivo: a) reciba una factura que acredite la entrega de los bienes que constituye para él una adquisición intracomunitaria de bienes en los tres meses siguientes a la expiración del mes en el que haya nacido la obligación tributaria respecto de los bienes adquiridos; b) incluya el importe del impuesto devengado por la adquisición intracomunitaria de bienes en la declaración tributaria mediante la cual deba liquidar ese impuesto no más tarde de tres meses desde el transcurso del mes en el que nació la obligación tributaria respecto de los bienes adquiridos. […] 10i. Cuando el sujeto pasivo incluya el importe del impuesto devengado en la declaración tributaria mediante la cual deba liquidar ese impuesto en un plazo posterior al establecido en el apartado 10b, puntos 2, letra b), y 3, el sujeto pasivo podrá incrementar proporcionalmente el importe del impuesto soportado en la liquidación del período impositivo respecto del cual todavía no haya concluido el plazo para presentar la declaración tributaria. […] 13. Cuando el sujeto pasivo no haya minorado el importe del impuesto devengado con el importe del impuesto soportado en los plazos mencionados en los apartados 10, 10d, 10e y 11, podrá hacerlo mediante la rectificación de la declaración tributaria correspondiente al período en el que surgió el derecho a minorar el importe del impuesto devengado, si bien no más tarde de los cinco años desde el inicio del año en el que surgió el derecho a la minoración del importe del impuesto devengado, con la salvedad del apartado 13a. 13a. Cuando el sujeto pasivo, respecto de la adquisición y entrega de bienes y de la prestación de servicios intracomunitarias en que, con arreglo al artículo 17, sea sujeto pasivo el adquirente de los bienes o de los servicios, no haya minorado el importe del impuesto devengado con el importe del impuesto soportado en los plazos mencionados en los apartados 10 y 11, podrá hacerlo mediante la rectificación de la declaración tributaria correspondiente al período en el que surgió el derecho a minorar el importe del impuesto devengado, si bien no más tarde de los cinco años desde el final del año en el que surgió el derecho a la minoración del importe del impuesto devengado.»
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De ello se sigue que, para acreditar suficientemente con arreglo a Derecho que el régimen de ayudas controvertido confiere a sus beneficiarios una ventaja comprendida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, la Comisión no estaba obligada a examinar, en la Decisión controvertida, el impacto de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios ni el de las posibilidades de traslado a ejercicios futuros de las deducciones en forma de crédito fiscal y, en particular, si esa deducción o esas posibilidades neutralizarían la ventaja resultante del tipo de gravamen reducido. La eventualidad de tal neutralización no podía tener como consecuencia que la Comisión no pudiera declarar la existencia de un régimen de ayudas, ni tampoco que no pudiera ordenar la recuperación de las ayudas individuales en la medida en que se hubieran concedido a clubes beneficiarios con arreglo a dicho régimen en determinados ejercicios fiscales, desde la adopción de la Decisión controvertida. En efecto, es precisamente en la fase de la eventual recuperación de la ayuda concedida con arreglo a ese régimen cuando la Comisión debe tener en cuenta dichos impactos, al proceder a determinar el importe exacto de la ayuda de que efectivamente disfrutó el beneficiario.
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El artículo 12 de ese anexo es del siguiente tenor: «1. El funcionario que, no habiendo cumplido la edad de jubilación, cese definitivamente en sus funciones por causa que no sea el fallecimiento o la invalidez y que no tenga derecho a pensión de jubilación inmediata o diferida, tendrá derecho en el momento de su cese: a) si ha prestado menos de un año de servicio, y siempre que no se haya acogido a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11, a la entrega de una indemnización por cese en el servicio igual al triple de las cuantías que hayan sido retenidas sobre su sueldo base en concepto de contribución a su pensión de jubilación, previa deducción de los importes que, en su caso, se hayan abonado en aplicación de los artículos 42 y 112 del régimen aplicable a los otros agentes; b) en los demás casos, a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 o al ingreso del equivalente actuarial en un seguro privado o en un fondo de pensiones de su elección que garantice: i) que no se efectuará ningún reembolso de capital; ii) que se abonará una renta mensual a partir de los 60 años de edad, como mínimo, y a partir de los 66, como máximo; iii) que sus causahabientes recibirán prestaciones de supervivencia; iv) que la transferencia a otro seguro o fondo únicamente sería posible en condiciones idénticas a las señaladas en los incisos i), ii) y iii). 2. No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, todo funcionario de edad inferior a la edad de jubilación que, desde la toma de posesión de su cargo, haya efectuado pagos, con vistas a la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión, a un régimen de pensiones nacional, o a un seguro privado o un fondo de pensiones de su elección que cumpla los requisitos mencionados en el apartado 1, que cese definitivamente en sus funciones por causa que no sea el fallecimiento o la invalidez y que no pueda disfrutar de una pensión de jubilación inmediata o diferida, tendrá derecho, al cesar en sus funciones, a la entrega de una indemnización por cese en el servicio igual al equivalente actuarial de sus derechos a pensión adquiridos durante sus funciones en las instituciones. En tal caso, los importes abonados para la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión en el régimen de pensiones nacional en aplicación de los artículos 42 o 112 del régimen aplicable a los otros agentes, serán deducidos de la indemnización por cese en el servicio.»
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A. M. resolvió el contrato de compraventa de dichos productos por vicios de la cosa vendida, a cuyos efectos alegó que el embalaje no contenía información en polaco sobre la función del producto y que, en consecuencia, no era posible identificarlo ni conocer sus efectos, dado que tales características no se desprendían claramente de su presentación. Indicó que en los embalajes de los productos cosméticos al por menor que había recibido en la última entrega no figuraban en polaco las menciones exigidas por la normativa aplicable en Polonia a la comercialización de tales productos, a saber, la recogida en el artículo 19, apartados 1, letra f), y 5, del Reglamento n.o 1223/2009. Asimismo, adujo que la información exigida por la ley, que debía constar en polaco, únicamente se había incluido en el catálogo, que no iba unido al producto.
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Mediante demanda presentada ante el Bezirksgericht Zell am See (Tribunal de Distrito de Zell am See, Austria), SP solicitó el cese de este «uso para fines turísticos» alegando que es contrario al uso declarado y que además es arbitrario, pues no ha sido aprobado por los demás propietarios, motivo por el cual considera que menoscaba su derecho de propiedad privativa. En lo que atañe a la competencia de dicho Tribunal, SP invocó la competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 1215/2012.
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Dicha petición se presentó en el contexto de un litigio entre United Biscuits (Pensions Trustees) Ltd (en lo sucesivo, «United Biscuits Pension») y United Biscuits Pension Investments Ltd (en lo sucesivo, «UB»), por un lado, y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Administración tributaria y aduanera del Reino Unido), por otro, acerca de la sujeción al impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los servicios de gestión de fondos de pensiones.
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A tenor del artículo 29 de la mencionada Ley, relativo a la potestad sancionadora: «1. La [CNMC] ejercerá la potestad de inspección y sanción de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la [Ley de Defensa de la Competencia], en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo[, General de la Comunicación Audiovisual (BOE n.o 70, de 1 de abril de 2010)], en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones [(BOE n.o 264, de 4 de noviembre de 2003)], en el Título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre[, del Sector Eléctrico (BOE n.o 285, de 28 de noviembre de 1997, p. 35097)], en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre[, del sector de hidrocarburos (BOE n.o 241, de 8 de octubre de 1998)], en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre[, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (BOE n.o 318, de 31 de diciembre de 2010, p. 109195)], y en el Título VII de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario [(BOE n.o 276, de 17 de noviembre de 2003)]. 2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará la debida separación funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal de la dirección correspondiente en virtud de la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo. 3. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo establecido en esta Ley, en las leyes mencionadas en el apartado 1, así como, en lo no previsto en las normas anteriores, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [(BOE n.o 285, de 27 de noviembre de 1992)], y en su normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia se regirá por las disposiciones específicas previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio. 4. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.»
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El artículo 711 de la Ley General de la Seguridad Social (en lo sucesivo, «ASVG»), introducido por la Pensionsanpassungsgesetz 2018 (Ley de Actualización de las Pensiones de Jubilación de 2018; BGBl. I, 151/2017), titulado «Ajuste de las pensiones para 2018», tiene el siguiente tenor: «(1) No obstante lo dispuesto en el artículo 108h, apartados 1, primera frase, y 2, el incremento de las pensiones para el año natural 2018 no se calculará aplicando el factor de actualización, sino del siguiente modo: Los ingresos acumulados por pensiones (apartado 2) deberán incrementarse 1. si no superan los 1500 euros al mes, en un 2,2 %; 2. si superan los 1500 euros al mes, pero no son superiores a 2000 euros al mes, en 33 euros; 3. si superan los 2000 euros al mes, pero no son superiores a 3355 euros al mes, en un 1,6 %; 4. si superan los 3355 euros al mes, pero no son superiores a 4980 euros al mes, en un porcentaje que disminuye de modo lineal del 1,6 % al 0 %. Si los ingresos acumulados por pensiones superan los 4980 euros mensuales, no se aplicará ningún incremento. (2) Los ingresos acumulados por pensiones de una persona son la suma de todas sus pensiones procedentes del sistema público de pensiones […]. También se consideran parte de los ingresos acumulados por pensiones todas las prestaciones mencionadas en la [SpBegrG], si la persona beneficiaria de la pensión tiene derecho a la misma el 31 de diciembre de 2017. […] (6) (Disposición de rango constitucional) La actualización para el año natural 2018 de las prestaciones mencionadas en la [SpBegrG] no podrá superar el incremento previsto en el apartado 1 teniendo en cuenta los ingresos acumulados por pensiones (apartado 2).»
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El Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») se adoptó mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se [establecen] el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO 1968, L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), y ha sido reformado, entre otros, por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (DO 2013, L 287, p. 15).
3

En el momento de los hechos que dieron lugar a la adopción del Reglamento controvertido, las disposiciones por las que se regía la aplicación de medidas antidumping por parte de la Unión Europea figuraban en el Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada, por última vez, por el Reglamento (CE) n.o 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (DO 2005, L 340, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
20

Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en los apartados 47 a 49 de la sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807), en relación con una normativa nacional que ha transpuesto en el ordenamiento jurídico interno la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114), que, efectivamente, los Estados miembros tienen la facultad de habilitar o no a determinadas categorías de operadores económicos para realizar determinadas prestaciones y, en particular, pueden autorizar o no a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto se orienta principalmente a la docencia y la investigación a que operen en el mercado en función de si la actividad de que se trate es compatible o no con sus objetivos institucionales y estatutarios. No obstante, en la medida en que tales entidades estén habilitadas para ofrecer determinados servicios en el mercado, la normativa nacional no puede prohibirles participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos relativos a la prestación de esos mismos servicios.
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En el caso de autos, las consultas consistentes en explicar los diagnósticos y las terapias posibles así como en proponer modificaciones de los tratamientos seguidos, toda vez que permiten a la persona interesada comprender su situación desde el punto de vista médico y, en su caso, actuar en consecuencia, en particular tomando o no determinado medicamento, pueden tener una finalidad terapéutica y, por ello, estar comprendidas en el concepto de «asistencia a personas físicas», a efectos del artículo 132, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.
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En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cinco motivos. El primer motivo de casación se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General, en la medida en que consideró que el código aduanero, el Reglamento Delegado y el Reglamento de Ejecución no confieren a la Comisión la facultad de adoptar decisiones que sean vinculantes para las autoridades aduaneras nacionales en un procedimiento de concesión de una autorización de perfeccionamiento activo. El segundo motivo de casación se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al declarar que la función de la Comisión en el examen de las condiciones económicas es de naturaleza meramente procesal. El tercer motivo de casación se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al considerar que la sentencia de 11 de mayo de 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, en lo sucesivo, «sentencia Friesland Coberco, EU:C:2006:312), es jurídicamente vinculante para la interpretación del artículo 259, apartado 5, del Reglamento de Ejecución. El cuarto motivo de casación se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General, en la medida en que no consideró, como prueba del carácter vinculante de las conclusiones controvertidas, el documento titulado «Práctica administrativa relativa al examen de las condiciones económicas con arreglo al artículo 211, apartado 6, del [código aduanero] y al artículo 259 del [Reglamento de Ejecución]» [Administrative practice regarding the examination of the economic conditions in accordance with Articles 211(6) [Union Customs Code (UCC)] and 259 [UCC Implementing Act (IA UCC)]], de 5 de agosto de 2016 [Ares(2016)4155451; en lo sucesivo, «práctica administrativa»]. El quinto motivo de casación se basa en el error de Derecho cometido por el Tribunal General al no considerar que las conclusiones controvertidas afectaban directa e individualmente a las recurrentes.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 34 TUE y 36 TUE, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608), y del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671).
1

Mediante su recurso de casación, The Goldman Sachs Group Inc. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2018, The Goldman Sachs Group/Comisión (T‑419/14, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:445), por la que este desestimó su recurso en el que solicitaba, por un lado, la anulación de la Decisión C(2014) 2139 final de la Comisión, de 2 de abril de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y [d]el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39610 — Cables de energía) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en tanto en cuanto la afecta y, por otro lado, la reducción del importe de la multa que se le impuso.
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En efecto, de las razones expuestas en el contexto del análisis de los motivos segundo y tercero del recurso de casación se desprende que, si bien la Comisión no respetó el derecho de RQ a ser oído antes de la adopción de la Decisión controvertida, tal violación no puede justificar la anulación de dicha Decisión, ya que RQ no ha demostrado que no cabía excluir completamente que, de no haberse producido tal violación, dicha Decisión habría tenido un contenido diferente.
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Las anteriores disposiciones son reproducción de las del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO 1999, L 83, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013 (DO 2013, L 204, p. 15), derogado por el Reglamento 2015/1589.
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Según la EUIPO, de ello se deduce que, al no haber analizado las pruebas de uso de las tres marcas británicas anteriores a la vez que desestimaba los recursos basados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 por considerar que los productos no eran similares, la Cuarta Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho en el que después cayó también el Tribunal General. En cambio, la EUIPO estima que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en relación con la evaluación del riesgo de confusión respecto de la marca anterior de la Unión.
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Tras haberse realizado la transferencia de la participación en el capital de FSE a FSI, la sexta frase del artículo 1, apartado 867, de la Ley de Estabilidad de 2016 fue modificada por el artículo 47, apartado 7, del decreto-legge n. 50 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Decreto-ley n.o 50, de adopción de medidas urgentes en materia presupuestaria, iniciativas a favor de las entidades territoriales, medidas adicionales para las zonas afectadas por fenómenos sísmicos y medidas para el desarrollo), de 24 de abril de 2017 (suplemento ordinario de la GURI n.o 95, de24 de abril de 2017; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 50/2017»), convertido, tras su modificación, en la Ley n.o 96, de 21 de junio de 2017 (suplemento ordinario de la GURI n.o 31, de 23 de junio de 2017). Dicha frase quedó redactada en los siguientes términos: «Sin perjuicio de las obligaciones contempladas en el presente apartado, se autoriza la asignación de 70 millones de euros para el año 2016. Los recursos correspondientes se transferirán al patrimonio de [FSE] para su utilización, de conformidad con la normativa de la [UE] en la materia y en el marco del plan de reestructuración de la sociedad, exclusivamente para cubrir el pasivo, incluso anterior, y las exigencias financieras del sector de las infraestructuras. Continúan vigentes los actos y las operaciones ya efectuados y las medidas ya adoptadas con arreglo al [Decreto de 4 de agosto de 2016] […]».
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No obstante, ha de señalarse que las referidas disposiciones no precisan si dicha competencia incluye conocer de los litigios entre los clientes domésticos y los gestores de red, y que el concepto de «parte» o de «parte afectada» que figura en el artículo 37 de la Directiva 2009/72 no se define en dicha Directiva, de manera que el tenor de ese artículo 37 no permite determinar si este concepto incluye al cliente doméstico que ha reclamado contra un gestor de red por infracción de las disposiciones de dicha Directiva y, por lo tanto, si ese tipo de litigio está obligatoriamente comprendido en la competencia relativa a la resolución extrajudicial de conflictos que los Estados miembros han de conferir a la autoridad reguladora.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), del artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1), y del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como la validez del Reglamento n.o 1896/2006.