Asunto T‑349/03

Corsica Ferries France SAS

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Ayuda de reestructuración — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado común — Directrices de la Comisión — Obligación de motivación — Respeto de los requisitos — Carácter mínimo de la ayuda»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 15 de junio de 2005

Sumario de la sentencia

1. Recurso de anulación — Motivos — Falta de motivación o motivación insuficiente —Distinción respecto del error manifiesto de apreciación

(Arts. 230 CE y 253 CE)

2. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado — Decisión relativa a una ayuda de reestructuración de una empresa en crisis

[Arts. 87 CE, aps. 1 y 3, letra c), y 253 CE; Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis]

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Facultad de apreciación de la Comisión — Posibilidad de adoptar directrices — Efecto vinculante — Control jurisdiccional

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c)]

5. Recurso de anulación — Acto impugnado — Apreciación de la legalidad en función de la información disponible en el momento de adoptarse el acto — Consideraciones retrospectivas — Irrelevancia

(Art. 230 CE)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis — Identificación de empresas en crisis

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c); Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, puntos 4, 5, letra a), y 6]

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis — Requisitos — Limitación del importe de la ayuda al mínimo estrictamente necesario — Aplicación de un plan de reestructuración que incluye el compromiso de ceder los activos no indispensables — Consecuencia — Obligación de consagrar la integridad del producto de la cesión a la financiación del plan de reestructuración

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c); Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, punto 40]

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis — Facultad de apreciación de la Comisión — Facultad de evaluar aproximadamente el producto neto de las cesiones de activos previstas en el plan de reestructuración — Límite

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c)]

9. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Subsanación de un defecto de motivación en el procedimiento contencioso — Improcedencia

(Art. 253 CE)

1. El motivo basado en la infracción del artículo 253 CE es un motivo distinto del basado en el error manifiesto de apreciación. En efecto, mientras que el primero, referente a una falta o insuficiencia de motivación, está comprendido dentro de los vicios sustanciales de forma, en el sentido del artículo 230 CE, y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario, el segundo, relativo a la legalidad de una decisión en cuanto al fondo, constituye una infracción de una norma jurídica relativa a la aplicación del Tratado, en el sentido del propio artículo 230 CE, y solamente puede ser examinado por el juez comunitario si es invocado por el demandante. La obligación de motivación es, por ello, una cuestión distinta de la fundamentación de la motivación.

Al apreciar si la Comisión cumplió la obligación de motivación de una decisión, el Tribunal de Primera Instancia no debe examinar la legalidad en cuanto al fondo de la motivación invocada por ésta para justificar la citada decisión.

De ello se deduce que, en el marco de un motivo basado en la falta o la insuficiencia de motivación, las imputaciones y alegaciones dirigidas a discutir la procedencia de una decisión son inoperantes y carecen de pertinencia.

(véanse los apartados 52, 58 y 59)

2. El alcance de la obligación de motivación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en que fue adoptado. La motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución, de manera que, por un lado, los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada para poder defender sus derechos y comprobar si la decisión es fundada o no y, por otro, para que el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control de legalidad.

No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

En particular, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, como, en particular, los elementos manifiestamente fuera de contexto, carentes de significado o claramente secundarios sino que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión que adopta.

Aplicada a la calificación de una medida de ayuda, la obligación de motivación exige que se indiquen las razones por las cuales la Comisión considera que la medida de que se trate está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1.

Por lo que respecta a la obligación de motivación de la compatibilidad de una ayuda de Estado a la reestructuración con el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), se cumple cuando la Decisión de la Comisión enumera los motivos por los que considera que las ayudas están justificadas a la vista de los requisitos previstos por las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, en particular, la existencia de un plan de reestructuración, una demostración satisfactoria de la viabilidad a largo plazo y el carácter proporcionado de las ayudas con respecto a la contribución del beneficiario.

(véanse los apartados 62 a 66 y 132)

3. La Comisión goza de una amplia facultad de apreciación para aplicar el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), cuyo ejercicio implica evaluaciones complejas de orden económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario. El control jurisdiccional que se aplica al ejercicio de dicha facultad de apreciación se limita, por ello, a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como a controlar la exactitud material de los hechos alegados y la ausencia de error de Derecho, de error manifiesto al apreciar los hechos o de desviación de poder. En consecuencia, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación de orden económico del autor de la Decisión por la suya propia.

(véanse los apartados 137 y 138)

4. La Comisión está vinculada por las directrices y las comunicaciones que adopta en materia de control de las ayudas de Estado en la medida en que no se aparten de las normas del Tratado y sean aceptadas por los Estados miembros.

Por consiguiente, cuando la Comisión analiza una ayuda individual a la luz de unas directrices de este tipo, previamente establecidas por ella, no puede considerarse que sobrepase los límites de su facultad de apreciación o renuncie a la misma. En efecto, por una parte, la Comisión conserva su facultad de derogar o modificar tales directrices si las circunstancias así lo exigen. Por otra parte, tales directrices se aplican en un sector determinado y nacen de la voluntad de la Comisión de seguir aplicando la política que estableció en su día.

En este contexto, corresponde, por ello, al Tribunal de Primera Instancia comprobar si la Comisión ha respetado las exigencias que ella misma se había impuesto, tal como se mencionan en las referidas directrices.

(véanse los apartados 139 a 141)

5. En el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado y no puede depender de las eventuales posibilidades de soslayarlo, ni de consideraciones retrospectivas sobre su nivel de eficacia.

En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones.

(véanse los apartados 142 y 143)

6. Si, según las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, se considera una empresa «en cualquier caso» en crisis cuando ha desaparecido una parte sustancial de su capital social, nada impide a una empresa demostrar mediante otros indicios, que está en crisis financiera en el sentido de las Directrices, aun cuando no haya perdido una parte importante de su capital social.

(véase el apartado 185)

7. Dado que, con el fin de beneficiarse de una ayuda de reestructuración, una empresa adquirió en su plan de reestructuración el compromiso de vender activos no indispensables, ésta debe consagrar la integridad del producto de la venta de esos activos a la financiación del plan de reestructuración. Esta obligación no equivale en absoluto a obligar al beneficiario de una ayuda a utilizar todos sus recursos para reducir el importe de la ayuda concedida, sino únicamente a utilizar todos los recursos generados por activos que no se consideren indispensables para la continuación de las actividades de la empresa en el marco de su reestructuración. Tal contribución del beneficiario con sus propios recursos al plan de reestructuración se requiere con el fin de garantizar que la ayuda, de conformidad con el punto 40 de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, quede limitada a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras del citado beneficiario, de sus accionistas y del grupo comercial del que forma parte.

(véanse los apartados 266 y 313)

8. Cuando aprecia la compatibilidad de una ayuda de reestructuración con el mercado común, la Comisión no está obligada a evaluar el coste específico de cada una de las medidas que deba adoptar la empresa de que se trata. En efecto, además de que, en cualquier caso, una evaluación exacta de las diferentes partidas hubiera sido aleatoria, dado el carácter prospectivo de las medidas proyectadas, la Comisión, en ejercicio de su amplia facultad de apreciación, puede limitarse a realizar una evaluación global.

De ello se deduce que, la Comisión puede, en principio, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, adoptar una evaluación aproximada del producto neto de las ventas de los activos previstas en el plan de reestructuración habida cuenta de la dificultad para apreciar con exactitud tal producto.

No obstante, si los activos cuya venta estaba prevista en el mencionado plan ya han sido vendidos y, por ello, la Comisión dispone del importe efectivo del producto neto de la citada venta, la Comisión, a la luz, en particular, del principio de prohibición de las ayudas de Estado establecido por el artículo 87 CE, apartado 1, no puede, para determinar el carácter mínimo de la ayuda, realizar una estimación en «grandes cifras» de la liquidez de la empresa de que se trate.

(véanse los apartados 272, 273, 278, 282 y 283)

9. La motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión. De ello se deduce que la Decisión debe ser autosuficiente y que su motivación no puede resultar de explicaciones escritas u orales dadas con posterioridad, cuando la Decisión de que se trata ya es objeto de un recurso ante el juez comunitario.

(véase el apartado 287)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 15 de junio de 2005 ( )

«Ayudas de Estado – Recurso de anulación – Ayuda de reestructuración –Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado común –Directrices de la Comisión – Obligación de motivación – Respeto de los requisitos – Carácter mínimo de la ayuda»

En el asunto T‑349/03,

Corsica Ferries France SAS, con domicilio social en Bastia (Francia), representada por Mes S. Rodrigues y C. Scapel, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. C. Giolito y H. van Vliet, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

apoyada por

República Francesa, representada por el Sr. G. de Bergues y la Sra. S. Ramet, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

y por

Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA, con domicilio social en Marsella (Francia), representada inicialmente por Me H. Tassy, y posteriormente por Mes O. d’Ormesson y A. Bouin, abogados,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2004/166/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2003, relativa a la ayuda a la reestructuración que Francia tiene previsto ejecutar a favor de la Société nationale Corse‑Méditerranée (SNCM) (DO 2004, L 61, p. 13),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de noviembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 A tenor del artículo 87 CE:

«1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

[...]

3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común:

[...]

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común […]»

2 La sección 8 de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (DO 1997, C 205, p. 5) prevé que la Comisión aplicará las Directrices sobre la reestructuración y el salvamento de empresas en crisis a las ayudas de reestructuración de las compañías marítimas.

3 Con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 1999, C 288, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices»), aplicables a partir del 9 de octubre de 1999, la Comisión indica las condiciones en las que las ayudas de que se trata pueden ser declaradas compatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 87 CE, apartado 3, letra c). A tenor de la sección 3.2.2 de las citadas Directrices, estas condiciones se refieren al carácter de empresa en crisis del beneficiario, al restablecimiento de la viabilidad, a la prevención de falseamientos indebidos de la competencia, a la limitación de la ayuda al mínimo, al establecimiento de condiciones y obligaciones necesarias para que no se falsee la competencia en sentido contrario al interés común y a la aplicación íntegra de un plan de reestructuración.

4 El Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), obliga a los Estados miembros a abrir los mercados nacionales de cabotaje. A tenor del artículo 4 del citado Reglamento, cuando un Estado miembro celebre contratos de servicio público, lo hará de forma no discriminatoria con respecto a cualquier armador comunitario.

Antecedentes de hecho

1. Compañías marítimas afectadas

5 La demandante es una compañía marítima que ofrece servicios marítimos regulares a Córcega desde Francia continental (Tolón y Niza) e Italia (Savona y Liorno).

6 La Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) es una compañía marítima que presta servicios regulares hacia Córcega, con origen en Francia continental (Niza, Tolón y Marsella), y África del Norte (Túnez y Argelia), con salida desde Francia continental, así como servicios de temporada, de abril a septiembre, a Cerdeña.

7 Actualmente, SNCM es propiedad en un 80 % de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) y en un 20 % de la Société nationale des chemins de fer (SNCF). El objeto social de CGMF, de la que el Estado francés posee directamente el 100 % del capital, autoriza cualquier operación de transporte marítimo, de armamento y de fletamento de buques y la participación en todo tipo de operaciones comerciales e industriales relacionadas directa o indirectamente con dicho objeto social.

8 SNCM tiene una participación minoritaria en la Compagnie méridionale de navigation (CMN), una compañía marítima que opera entre Marsella y Córcega, controlada por el grupo Stef‑TFE a través de la Compagnie méridionale de participation.

2. Obligaciones de servicio público relativas a los servicios marítimos entre Francia continental y Córcega

9 Desde 1948, los servicios de transporte marítimo regulares entre Francia continental y Córcega se prestan en el marco de obligaciones de servicio público.

10 Hasta 1976, esos servicios se prestaban en un sistema parcialmente regulado por la legislación francesa y en régimen de monopolio nacional para el cabotaje. En ese sistema, el Estado abonaba a las compañías proveedoras del servicio una subvención fija de equilibrio en contrapartida por requisitos de servicio público referidos a los puertos que debían comunicar, la regularidad, frecuencia y capacidad del servicio, las tarifas aplicadas y la tripulación del buque.

11 En 1976, Francia redefinió las condiciones de prestación del servicio público de transporte marítimo con Córcega atendiendo al principio de continuidad territorial. Este principio exige limitar las desventajas que representa la insularidad y garantizar un sistema de comunicaciones lo más parecidas posible a las del continente. Se creó un régimen de concesiones con un pliego de condiciones en el que se establece el marco del servicio público. Así se firmó un contrato marco con SNCM el 31 de marzo de 1976 y CMN por un plazo de veinticinco años con vencimiento el 31 de diciembre de 2001.

12 De 1976 a 1982, el Gobierno francés estableció el régimen del servicio atendiendo a dicho convenio marco.

13 La Ley de 30 de julio de 1982 sobre el estatuto particular de la región de Córcega traspasó a la Asamblea nacional de Córcega la gestión de la continuidad territorial en un marco contractual con el Estado francés. Posteriormente, la Ley de 13 de mayo de 1991 relativa al estatuto del ente territorial de Córcega, dio plenas competencias a dicha asamblea en lo relativo a las comunicaciones de la isla de las que, desde entonces, se ocupa la Oficina de transportes de Córcega (OTC).

14 A partir de 1991, se celebraron entre la OTC y las dos compañías concesionarias dos convenios quinquenales basados en el convenio marco. El primero de estos convenios (en lo sucesivo, «convenio de 1991») especificó las condiciones de ejecución del servicio público para el período 1991‑1996 y el segundo (en lo sucesivo, «convenio de 1996») para el período 1996‑2001. Estos convenios definieron asimismo los principios de abono de la subvención fija con cargo a la dotación de continuidad territorial en contrapartida por las obligaciones impuestas. Las obligaciones de servicio público incluían, en aquella época, todos los enlaces a Córcega con salida desde tres puertos de Francia continental, a saber Niza, Tolón y Marsella.

15 En 2001, de conformidad con el Reglamento nº 3577/92, el ente territorial de Córcega organizó una licitación para seleccionar al operador que, a partir del 1 de enero de 2002 y en virtud de un contrato de cinco años, asumiría las obligaciones de servicio público, a cambio de una compensación financiera. El ente territorial consideró que, dada la evolución de la competencia en los enlaces con salida de Tolón y Niza, sólo era necesario someter a las referidas obligaciones de servicio público los enlaces desde Marsella.

16 El contrato se adjudicó de manera conjunta a SNCM y CMN, toda vez que la demandante renunció a licitar.

17 En virtud de un «convenio de concesión de servicio público» (en lo sucesivo, «convenio de 2002») celebrado con el ente territorial de Córcega y la OTC, SNCM y CMN están obligados, en su condición de concesionarios, a garantizar, a partir del 1 de enero de 2002, la prestación de servicios marítimos regulares en las líneas entre Marsella y Córcega, con respeto a determinadas obligaciones de servicio público relativas a las frecuencias, las capacidades, los horarios, las tarifas (precios máximos en función de la temporada, descuentos obligatorios para determinadas categorías de personas) y la calidad del servicio. A tenor de dicho convenio, estas obligaciones se cumplen a cambio de una compensación financiera «de referencia» en cuantía decreciente por año cuyo importe, determinado en base a una previsión de ingresos, es objeto de un ajuste al final de cada año en función de las diferencias entre dichas previsiones y los ingresos reales. Según el convenio, el importe máximo de la compensación financiera para la totalidad del período cubierto se eleva a 326,85 millones de euros para SNCM y a 128,2 millones de euros para CMN, es decir un total de 455,05 millones de euros. El convenio de 2002 prevé, por otro lado, que la compensación financiera final anual de cada concesionario se limite al déficit operacional de explotación provocado por las obligaciones de servicio público teniendo en cuenta un rendimiento razonable del capital náutico empleado a prorrata de su utilización efectiva, el rendimiento razonable está fijado en el 15 % del valor venal de los buques, tal como lo define el convenio. El convenio de 2002 finaliza el 31 de diciembre de 2006, salvo acuerdo de todas las partes para darlo por terminado con anterioridad.

Procedimiento administrativo

1. Ayudas a favor de SNCM para compensar las obligaciones de servicio público en los convenios de 1991 y de 1996

18 El 22 de diciembre de 1998, a raíz de algunas denuncias sobre las ayudas concedidas a Corsica Marittima, filial de SNCM para el transporte de pasajeros entre Córcega e Italia, la Comisión comunicó a la República Francesa su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal de las ayudas con arreglo al artículo 93, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 2) (DO 1999, C 62, p. 9). Este asunto se registro con la referencia C‑78/98.

19 El 28 de febrero de 2001, a raíz de nuevas denuncias sobre las ayudas recibidas por SNCM para cubrir el coste de sus obligaciones de servicio público, la Comisión comunicó a la República Francesa su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal de las ayudas conforme al artículo 88 CE, apartado 2 (DO 2001, C 117, p. 9). Este asunto fue registrado con la referencia C‑14/01.

20 Mediante Decisión 2002/149/CE, de 30 de octubre de 2001, relativa a las ayudas estatales otorgadas por Francia a SNCM (DO 2002, L 50, p. 66), la Comisión, poniendo fin a los procedimientos incoados en los asuntos C‑78/98 y C‑14/01, estimó que las ayudas por un importe de 787 millones de euros concedidas a SNCM, para el período entre 1991 y 2001, en concepto de compensación de las obligaciones de servicio público prestado hacia Córcega con salida desde tres puertos de Francia continental, a saber Niza, Tolón y Marsella, por SNCM eran compatibles con el mercado común, en virtud del artículo 86 CE, apartado 2. Dicha Decisión no ha sido objeto de recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia.

2. Ayudas de salvamento y a la reestructuración a favor de SNCM

21 El 20 de diciembre de 2001, las autoridades francesas notificaron a la Comisión un adelanto de tesorería de CGMF a SNCM por un importe de 22,5 millones de euros en concepto de ayuda de salvamento. Esta ayuda se registró con la referencia NN 27/2002 (ex N 849/2001), que ya ha sido parcialmente abonada a SNCM.

22 En un escrito de 18 de febrero de 2002, la República Francesa notificó a la Comisión un proyecto de ayuda de reestructuración a favor de SNCM. La ayuda de reestructuración propuesta consiste en recapitalizar SNCM, a través de CGMF, con un importe de 76 millones de euros, elevando así los capitales propios de SNCM de 30 millones a 106 millones de euros. Esta ayuda fue registrada por la Comisión como ayuda notificada con la referencia N 118/2002.

23 Mediante Decisión C (2002) 2611 fin, de 17 de julio de 2002, la Comisión autorizó la ayuda de salvamento a favor de SNCM en el procedimiento previo de examen de las ayudas previsto por el artículo 88 CE, apartado 3. En su Decisión, la Comisión señaló que la ayuda notificada cumplía los cinco criterios previstos a este respecto por las Directrices, en particular el compromiso del Estado francés de notificar un plan de reestructuración. Esta Decisión no ha sido objeto de recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia.

24 Mediante escrito de 19 de agosto de 2002 dirigido a la República Francesa, la Comisión, tras haber comprobado, al término del examen previo, que la ayuda de reestructuración notificada suscitaba dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común decidió incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, y el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1; en lo sucesivo, «decisión de incoar el procedimiento de investigación formal»). La ayuda notificada fue registrada con la nueva referencia C‑58/2002.

25 Mediante escrito de 8 de octubre de 2002, enviado el 15 de octubre con sus anexos, las autoridades francesas comunicaron a la Comisión sus observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal.

26 El 11 de diciembre de 2002, se publicó la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, acompañado de un resumen en el Diario oficial de las Comunidades Europeas (DO C 308, p. 29). Se invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre el proyecto de ayuda notificado en un plazo de un mes a contar desde esa publicación.

27 Mediante escrito de 8 de enero de 2003, la demandante presentó a la Comisión sus observaciones escritas sobre la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. La Comisión recibió, por otro lado, observaciones del grupo Stef‑TFE y de diferentes entes territoriales. La Comisión remitió la totalidad de las observaciones recibidas a la República Francesa dándole la posibilidad de comentarlas.

28 El 4 de febrero de 2003, la Comisión celebró, a petición de la demandante, una reunión con ésta, durante la cual aquella le entregó documentos adicionales.

29 Mediante escrito de 10 de febrero de 2003, las autoridades francesas remitieron a la Comisión sus alegaciones dirigidas a demostrar que el proyecto de ayuda respetaba las Directrices, así como una descripción de los nuevos compromisos sobre la evolución de los efectivos y de los salarios, sobre el control de consumos intermedios y sobre la política tarifaria de SNCM.

30 Por escrito de 13 de febrero de 2003, las autoridades francesas remitieron a la Comisión sus comentarios respecto a las observaciones de la demandante y de Stef‑TFE.

31 A través de escrito de 21 de febrero de 2003, las autoridades francesas respondieron a las cuestiones adicionales planteadas en el escrito de la Comisión de 10 de febrero de 2003.

32 Por fax enviado el 27 de mayo de 2003, las autoridades francesas remitieron a la Comisión sus comentarios sobre los documentos que la demandante había enviado a la Comisión el 4 de febrero de 2003 y que ésta remitió a su vez a las autoridades francesas por escrito de 21 de febrero de 2003.

33 El 9 de julio de 2003, la Comisión adoptó la Decisión 2004/166/CE, relativa a la ayuda a la reestructuración que Francia tiene previsto ejecutar a favor de SNCM (DO 2004, L 61, p. 13), Decisión que es objeto del presente recurso de anulación (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

34 La parte dispositiva de la Decisión impugnada establece lo siguiente:

«Artículo 1

La ayuda a la reestructuración que Francia tiene previsto ejecutar a favor de la [SNCM] es compatible con el mercado común, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 5.

Artículo 2

Desde la notificación de la presente Decisión hasta el 31 de diciembre de 2006, SNCM se abstendrá de adquirir nuevos buques y firmar contratos de construcción, de pedido o de fletamento para buques adicionales, ya sean nuevos o rehabilitados.

Desde la notificación de la presente Decisión hasta el 31 de diciembre de 2006, SNCM sólo podrá explotar los once buques que ya posee, a saber: el Napoléon Bonaparte, el Danielle Casanova, el Île de Beauté, el Corse, el Liamone, el Aliso, el Méditerranée, el Pascal Paoli, el Paglia Orba, el Monte Cinto y el Monte d’Oro.

Si, por causas ajenas a su voluntad, SNCM debe sustituir uno de sus buques antes de 31 de diciembre de 2006, la Comisión podrá autorizarlo sobre la base de una notificación debidamente motivada por Francia.

Artículo 3

El grupo SNCM venderá la totalidad de sus participaciones directas e indirectas en las sociedades siguientes:

– Amadeus France,

– Compagnie Corse Méditerranée,

– Sociedad inmobiliaria Schuman,

– Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations,

– Someca.

En lugar de enajenar sus participaciones en Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations, SNCM podrá vender el único activo de dicha sociedad, el buque Southern Trader, y cerrar esa filial.

Las ventas se podrán realizar, a discreción de las autoridades francesas, por oferta pública de venta o por invitación a manifestación de interés con publicidad previa, fijándose un plazo de respuesta de dos meses como mínimo.

Francia trasmitirá a la Comisión acreditación de todas estas ventas. No podrá invocarse para no proceder a las mismas la escasa cuantía económica de las ofertas que reciba SNCM. En caso de no presentarse ofertas, y si Francia puede demostrar que se han adoptado todas las medidas de publicidad necesarias, se considerará satisfecha la condición establecida en el primer párrafo.

Artículo 4

En todas las líneas con destino a Córcega, a partir de la notificación de la presente Decisión y hasta el 31 de diciembre de 2006, SNCM se abstendrá de toda política consistente en publicar tarifas inferiores a las de ninguno de sus competidores, para destinos y servicios equivalentes en las mismas fechas.

La Comisión se reserva el derecho de incoar un procedimiento de investigación ante cualquier incumplimiento de las condiciones fijadas por la presente Decisión, en particular, la establecida en el primer párrafo.

La condición fijada en el primer párrafo se considerará cumplida si, diariamente, los precios más bajos publicados por SNCM son superiores a los precios promocionales más bajos publicados por cada uno de sus competidores, para destinos y servicios equivalentes.

La condición establecida en el primer párrafo dejará de aplicarse a partir del momento en que dichos competidores propongan tarifas superiores a las que SNCM tenía en vigor en el año de referencia de 1996, una vez corregidos los efectos de la inflación.

Antes del 30 de junio de cada año, Francia comunicará a la Comisión todos los elementos necesarios para demostrar que esta condición se ha cumplido en el año civil anterior, en la totalidad de las travesías con destino u origen en Córcega.

Artículo 5

Conforme a los compromisos asumidos por las autoridades francesas en el plan de reestructuración, el número anual de rotaciones de buques en los distintos enlaces marítimos con Córcega se limitarán, hasta el 31 de diciembre de 2006, a los máximos previstos en el cuadro 3 de la presente Decisión, salvo por razones excepcionales, no imputables a SNCM, que fuercen a la compañía a desviar determinadas rotaciones a otros puertos, o salvo cambio en las obligaciones de servicio público asumidas por la empresa.

Artículo 6

Se autoriza a Francia a recapitalizar SNCM mediante una primera entrega de 66 millones EUR, una vez notificada la presente Decisión.

Hasta el término del período de reestructuración, es decir, el 31 de diciembre de 2006, la Comisión podrá decidir, a solicitud de las autoridades francesas, autorizar ulteriormente el pago de un segundo tramo a SNCM, correspondiente a la diferencia entre los diez millones EUR restantes y el producto de las enajenaciones prescritas en el artículo 3, conforme a lo establecido en dicho artículo.

Tal decisión sólo podrá adoptarse si se han llevado a cabo las actuaciones prescritas en el artículo 3, si el producto de las ventas no excede de 10 millones EUR y si se han verificado las condiciones fijadas en los artículos 2, 4 y 5, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de incoar, si procede, el procedimiento de investigación formal por incumplimiento de alguna de las mismas. En caso de inobservancia de alguna de dichas condiciones, no será entregado el segundo tramo de la ayuda.

Artículo 7

Francia informará a la Comisión, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

[...]»

Procedimiento y pretensiones de las partes

35 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 2003, la demandante interpuso el presente recurso.

36 Mediante escrito presentado en la Secretaría el 3 de febrero de 2004, la República Francesa solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

37 Mediante escrito presentado en la Secretaría el 26 de febrero de 2004, SNCM solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

38 Mediante auto de 10 de marzo de 2004, se admitió la intervención de la República Francesa.

39 Mediante auto de 30 de marzo de 2004, se admitió la intervención de SNCM.

40 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes a responder a varias preguntas escritas. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro de los plazos señalados.

41 En sus respuestas, las partes informaron al Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión había adoptado, el 8 de septiembre de 2004, la Decisión C (2004) 3359 fin (en lo sucesivo, «Decisión de 8 de septiembre de 2004») por la que se modifica la Decisión impugnada. A raíz de una pregunta escrita adicional del Tribunal de Primera Instancia, se requirió a las partes para que se pronunciasen sobre la incidencia de esta Decisión en el presente recurso.

42 En la vista de 18 de noviembre de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

43 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

44 La Comisión, apoyada por la República Francesa y SNCM, coadyuvantes, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

45 En apoyo del presente recurso de anulación, la demandante aduce dos motivos. El primer motivo está basado en la infracción del artículo 253 CE en la medida en que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada. El segundo motivo está basado en la infracción del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), del Reglamento nº 659/1999 y de las Directrices en cuanto la Decisión impugnada contiene errores de hecho y errores manifiestos de apreciación.

46 Con carácter preliminar, debe no obstante examinarse la incidencia eventual de la Decisión de 8 de septiembre de 2004 en el presente recurso.

1. Observación preliminar sobre la incidencia de la Decisión de 8 de septiembre de 2004 en el presente recurso

47 Procede señalar que, a tenor de su Decisión de 8 de septiembre de 2004, la Comisión modificó la Decisión impugnada con el fin de permitir a SNCM, tal y como expuso en el segundo considerando de dicha nueva Decisión, por una parte, sustituir el buque Asco por el buque Aliso en la lista de buques que figuran en el artículo 2 de la Decisión impugnada, es decir la lista de buques que SNCM está autorizada a utilizar durante el período de la reestructuración, y, por otra parte, enajenar, habida cuenta de las dificultades que tuvo para vender el buque Asco, o ese buque o el buque Aliso.

48 No obstante debe recordarse que, según la jurisprudencia, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión, asuntos acumulados, T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartado 81).

49 Por otro lado, en el caso de autos, no se evidencia que la Decisión de 8 de septiembre de 2004 haya dejado sin objeto algunos de los motivos y alegaciones aducidos por la demandante en apoyo del presente recurso. Interrogadas sobre ese punto por una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, ni la demandante ni la Comisión alegaron tal efecto.

50 Por consiguiente, hay que observar que la Decisión de 8 de septiembre de 2004 no afecta en absoluto al presente recurso de anulación contra la Decisión impugnada.

2. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 253 CE en la medida en que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada

51 Mediante el presente motivo, la demandante sostiene que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en lo que concierne a la naturaleza de la medida de ayuda de que se trata y al carácter de compensación por servicio público de una parte de la ayuda, la eliminación de las dudas que motivaron la incoación del procedimiento de investigación formal, la apreciación del restablecimiento de la viabilidad, el carácter realista de los supuestos previstos de reestructuración y la determinación de las participaciones no estratégicas.

Observaciones preliminares sobre el alcance del motivo

52 Debe recordarse que, según la jurisprudencia, el motivo basado en la infracción del artículo 253 CE es un motivo distinto del basado en el error manifiesto de apreciación. En efecto, mientras que el primero, referente a una falta o insuficiencia de motivación, está comprendido dentro de los vicios sustanciales de forma, en el sentido del artículo 230 CE, y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario, el segundo, relativo a la legalidad de una decisión en cuanto al fondo, constituye una infracción de una norma jurídica relativa a la aplicación del Tratado, en el sentido del propio artículo 230 CE, y solamente puede ser examinado por el juez comunitario si es invocado por el demandante. La obligación de motivación es, por ello, una cuestión distinta de la de la fundamentación de la motivación (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 67; de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, apartado 35, y de 29 de abril de 2004, Países Bajos/Comisión, C‑159/01, Rec. p. I‑4461, apartado 65; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de enero de 2004, Thermenhotel Stoiser Franz y otros/Comisión, T‑158/99, Rec. p. II‑1, apartado 97).

53 En el caso de autos, debe indicarse que, mediante su primer motivo, la demandante se limita a alegar, como se desprende explícitamente del título del citado motivo en la demanda («Vicios sustanciales de forma: falta de motivación») y de las consideraciones que figuran en ésta, en particular en los puntos 17, 18 y 43 de la demanda –que hacen mención, respectivamente, a vicios sustanciales de forma, de la jurisprudencia relativa al artículo 253 CE y de la necesidad de anular la Decisión impugnada a la vista de su «legalidad externa»–, así como a los apartados tercero y cuarto del resumen de la demanda presentado por la demandante –que dejan constancia de la existencia de «falta de motivación» sobre los puntos antes citados–, que la Decisión impugnada no está, en determinados aspectos, suficientemente motivada en infracción del artículo 253 CE.

54 Hay que destacar que el alcance conferido al presente motivo no se discute por las partes. En efecto, debe observarse que, en respuesta a las observaciones de la Comisión y de la República Francesa a este respecto, la demandante recuerda, como se desprende del punto 3 de la réplica, que, por el citado motivo, reprocha a la Comisión la «falta» o el «incumplimiento» de la obligación de motivación.

55 Por lo demás, de la demanda se desprende que la distinción entre la obligación de motivación y el error manifiesto de apreciación era bien conocido por la demandante, ya que, tras haber consagrado el primer motivo a cuestionar el carácter suficiente de la motivación de la Decisión impugnada, alega, a través de su segundo motivo (titulado «Infracción del Tratado CE y de las normas de aplicación: errores materiales de hecho y errores manifiestos de apreciación»), basado en la infracción del artículo 87 CE, apartado 3, y de las Directrices, que la Decisión impugnada contiene errores manifiestos de apreciación. La misma distinción aparece en el resumen de la demanda, en el que la demandante indica, en el apartado 3, que «la demanda persigue la anulación de la Decisión impugnada por un doble motivo, porque adolece de falta de motivación y por errores materiales y manifiestos de apreciación». De manera similar, en la réplica, tras haber tenido conocimiento de las observaciones formuladas por la Comisión y la República Francesa sobre ese punto, la demandante afirma de nuevo que discute, por un lado, el incumplimiento de la obligación de motivación y, por otro, los errores manifiestos de apreciación.

56 Por consiguiente, el primero motivo alegado por la demandante en apoyo del presente recurso debe considerarse basado exclusivamente en la infracción del artículo 253 CE en la medida en que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada sobre un determinado número de puntos, habida cuenta de que las imputaciones que se realizan por la demandante dirigidas a discutir la procedencia de la Decisión impugnada se repiten en el segundo motivo.

57 Sin embargo, hay que afirmar que, como señala acertadamente la Comisión, sostenida en este punto por la República Francesa, varias imputaciones y alegaciones formuladas por la demandante en el primer motivo van dirigidas a demostrar no la insuficiencia de la motivación de la Decisión impugnada, sino su carácter erróneo. Con ello, con el pretexto de discutir la motivación de la Decisión impugnada, la demandante discute, en realidad, su procedencia.

58 Pues bien, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, al apreciar si la Comisión cumplió la obligación de motivación, el Tribunal de Primera Instancia no debe examinar la legalidad en cuanto al fondo de la motivación invocada por la Comisión para justificar la Decisión impugnada (sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 38).

59 De ello se deduce que, en el marco de un motivo basado en la falta o la insuficiencia de motivación, las imputaciones y alegaciones dirigidas a discutir la procedencia de la Decisión impugnada son inoperantes y carecen de pertinencia (véanse, en este sentido, la sentencia Thermenhotel Stoiser Franz y otros/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 97; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 389; de 28 de febrero de 2002, Compagnie général maritime y otros/Comisión, T‑86/95, Rec. p. II‑1011, apartado 425, y de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartados 1175 y 1176).

60 Por añadidura, dado que la demandante confirmó explícitamente que el primer motivo estaba basado exclusivamente en la falta de motivación y que de la presentación de la demanda resulta que la citada demandante es consciente de la distinción entre falta de motivación y el carácter erróneo de la motivación, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dar una nueva calificación a las imputaciones formuladas en el presente motivo dirigidas, en realidad, a discutir la procedencia de la Decisión impugnada. Esta consideración se impone con mayor razón en un caso como el de autos, en el que la demandante aduce un segundo motivo basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación, en el marco del cual se reproducen de nuevo algunas de las imputaciones con el fin de discutir la procedencia de la Decisión impugnada.

61 En consecuencia, en el presente motivo, únicamente hay que examinar si la Decisión impugnada está suficientemente motivada. Las imputaciones y alegaciones de la demandante expuestas en el marco de este motivo, que se dirigen, en realidad, a cuestionar la procedencia de la citada Decisión, deben desestimarse por carecer de pertinencia.

Sobre las imputaciones relativas a la motivación de la Decisión impugnada

Observaciones preliminares

62 Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el alcance de la obligación de motivación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en que fue adoptado. La motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución, de manera que, por un lado, los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada para poder defender sus derechos y comprobar si la decisión es fundada o no y, por otro, para que el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control de legalidad (sentencia Comisión/Sytraval y Brink’s France, citada en el apartado 52 supra, apartado 63; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisión, asuntos acumulados T‑228/89 y T‑233/99, Rec. p. II‑435, apartado 278, y de 14 de enero de 2004, Fleuren Compost/Comisión, T‑109/01, Rec. p. II‑127, apartado 119).

63 No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 36; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2000, Alzetta y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, T‑3/98 a T‑6/98 y T‑23/98, Rec. p. II‑2319, apartado 175, y Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 279).

64 En particular, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, sino que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 1995, Siemens/Comisión, T‑459/93, Rec. p. II‑1675, apartado 31, y Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 280). Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Comisión no estaba obligada a definir su postura sobre elementos manifiestamente fuera de contexto, carentes de significado o claramente secundarios (sentencia Comisión/Sytraval y Brink’s France, citada en el apartado 52 supra, apartado 64)

65 Aplicada a la calificación de una medida de ayuda, la obligación de motivación exige que se indiquen las razones por las cuales la Comisión considera que la medida de que se trate está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1 (sentencia Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 281).

66 Por lo que respecta a la compatibilidad con el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), de una ayuda de Estado a la reestructuración, se desprende de la jurisprudencia que la obligación de motivación se cumple cuando la Decisión de la Comisión enumera los motivos por los que considera que las ayudas están justificadas a la vista de los requisitos previstos por las Directrices, en particular, la existencia de un plan de reestructuración, una demostración satisfactoria de la viabilidad a largo plazo y el carácter proporcionado de las ayudas con respecto a la contribución de su beneficiario (véase, en este sentido, la sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 37, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1998, Vlaamse Gewest/Comisión, T‑214/95, Rec. p. II‑717, apartado 102; véase, respecto a otros marcos comunitarios en materia de ayudas de Estado, la sentencia Fleuren Compost/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 125).

67 Estos son los principios a cuya luz debe examinarse si la Decisión impugnada está suficientemente motivada en el caso de autos.

Sobre la naturaleza de la medida de que se trata y el carácter de compensación por servicio público de una parte de la ayuda

68 La demandante alega que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en cuanto a la determinación del importe de la insuficiencia de la compensación en concepto de remuneración por servicio público. Expone que la Comisión no puso en su conocimiento el informe de expertos utilizado a estos efectos, que la Decisión impugnada no explica la razón por la cual se tuvo en cuenta la dotación por amortización del Liamone, a pesar de que este buque no era necesario para la explotación de la concesión de servicio público, y que no permite determinar la parte real de la compensación por servicio público en el importe total de la ayuda.

69 En primer lugar, debe señalarse que, en el considerando 259 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que, con independencia de la necesidad de analizar la ayuda como ayuda de reestructuración, la parte de ésta correspondiente a la insuficiencia de la compensación por servicio público para el período 1991‑2001 era compatible con el mercado común con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2.

70 Se pone de manifiesto que, a efectos de determinar el importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público, la Comisión calculó, en los considerandos 256 y 257 de la Decisión impugnada, el importe de las pérdidas sufridas por SNCM entre 1991 y 2001 en todos los servicios marítimos de Córcega sometidos a obligación de servicio público. Explica, a este respecto que, para el período entre 1991‑1999, se basó en el resultado antes de impuestos del servicio marítimo de Córcega, tal como lo determinó el informe de expertos utilizado en el marco de la Decisión 2002/149, al que le resta las plusvalías realizadas con los buques, mientras que, para el período 2000‑2001, no incluido en el informe antes citado, calculó de nuevo ella misma, según el enfoque seguido en la Decisión 2002/149, el resultado antes de impuestos en el servicio marítimo de Córcega, menos las provisiones para reestructuración ya contabilizadas en los gastos de reestructuración notificados, ya que no tuvo lugar ninguna venta de material naval durante esos dos años. En cuanto a las eventuales pérdidas relativas a 2002 en el servicio Marsella‑Córcega, la Comisión indicó que las citadas pérdidas no se tendrían en cuenta «dado que, a partir del 1 de enero de 2002, las tarifas de explotación de dicho tráfico, así como las cuantías de la compensación financiera, han sido definidas entre las autoridades públicas y SNCM de manera contractual, contrariamente a la práctica utilizada en los convenios de 1991 y 1996».

71 Basándose en esto, la Comisión concluyó, en el considerando 258 de la Decisión impugnada, que la suma de los resultados corregidos de las plusvalías sobre los buques vendidos durante este período y los costes de la reestructuración da como resultado 53,48 millones de euros para el período 1991‑2001. La síntesis del cálculo efectuado por la Comisión se reproduce en el considerando 257, cuadro 11, de la Decisión impugnada.

72 No obstante, en el considerando 260 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que, dado que las autoridades francesas notificaron una ayuda de cuantía más elevada –76 millones de euros– en concepto de ayuda de reestructuración, motivo por el cual se incoó el procedimiento de investigación formal previsto por el artículo 88 CE, apartado 2, había que examinar la totalidad de la ayuda de que se trata como ayuda de reestructuración. Dicho examen fue objeto de los considerandos 261 a 367 de la Decisión impugnada.

73 Por consiguiente, procede desestimar por inoperante la imputación de la demandante de que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 86 CE, apartado 2. En efecto, en la medida en que la Comisión estimó que era necesario apreciar la totalidad de la ayuda de 76 millones de euros, incluyendo la parte correspondiente a la insuficiencia de la compensación por servicio público por un importe de 53,48 millones de euros, como ayuda de reestructuración en el marco del examen que es objeto de los considerandos 261 a 367 de la Decisión impugnada, la falta de motivación sobre la compatibilidad del importe de la citada insuficiencia de compensación con el artículo 86 CE, apartado 2, no puede conllevar, como tal, la anulación de la Decisión impugnada, toda vez que dicha Decisión está motivada por sus considerandos relativos a la apreciación de la ayuda como ayuda de reestructuración.

74 Por el contrario, es preciso examinar la imputación de la demandante relativa a la motivación insuficiente de la Decisión impugnada en cuanto a la determinación del importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público. En efecto, en el considerando 327 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó, en el marco de la apreciación del carácter mínimo de la ayuda a la luz de las Directrices, que la parte de la ayuda correspondiente a la citada insuficiencia de la compensación era necesaria para la reestructuración de SNCM. En esta medida, una posible falta de motivación en cuanto a la determinación del importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público puede afectar a la apreciación de la ayuda como ayuda de reestructuración.

75 A este respecto, hay que señalar, no obstante, que la motivación que figura en los considerandos 256 a 260 de la Decisión impugnada, que muestra tanto los criterios que tuvo en cuenta la Comisión para determinar el importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público como el método de cálculo utilizado con ese fin, puede permitir a los interesados conocer la justificación de la medida adoptada, con el fin de poder defender sus derechos y comprobar si la Decisión impugnada está o no bien fundada y permitir al juez comunitario ejercer su control de legalidad.

76 Ninguna de las alegaciones e imputaciones aducidas por la demandante enerva esta conclusión.

77 Con respecto, primeramente, al argumento de que la Comisión no comunicó a la demandante el informe de los expertos, el Tribunal de Primera Instancia considera que esta alegación carece de pertinencia para acreditar un eventual incumplimiento de la obligación de motivación. En efecto, aun suponiendo que se acreditase, la omisión de comunicación no constituiría en absoluto falta o insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada. Mediante dicha alegación, la demandante podría, a lo sumo, invocar la eventual vulneración de su derecho de acceso al expediente y tal vulneración no afectaría a la motivación, sino a la observancia del derecho de defensa. Debe no obstante señalarse, y ello no se discute, que la demandante no invoca tal vulneración de su derecho de defensa. Pues bien, tal motivo no se refiere a los vicios de forma y, por lo tanto, no debe ser planteado de oficio (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑67/00, T‑68/00, T‑71‑00 y T‑78/00, Rec. p. II-2501, apartado 425, y la jurisprudencia que en ella se cita).

78 En la medida en que la demandante invoca, mediante esta alegación, que no podía comprender el razonamiento que condujo a la Comisión a determinar el importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público, basta señalar que el razonamiento de la Comisión sobre ese punto figura de manera clara y explícita, como se ha expuesto anteriormente, en los considerandos 256 a 258 de la Decisión impugnada.

79 En cuanto a la alegación de la circunstancia de que la Comisión no pudo basarse válidamente en el referido informe para los años 2000 y 2001 y al hecho de que las cuentas provisionales utilizadas por la Comisión para esos dos años sean diferentes de las cuentas definitivas tal y como se publicaron, se trata de imputaciones que se refieren a la procedencia del método empleado por la Comisión y que, por tanto, carecen de pertinencia para el presente motivo basado en una motivación insuficiente.

80 Con respecto, en segundo lugar, a la alegada inexistencia de motivación respecto a la toma en consideración de la dotación por amortización del Liamone pese a que ese buque no era necesario para la explotación de la concesión del servicio público, debe observarse que dicha alegación se basa en una lectura errónea de la Decisión impugnada. En efecto, del considerando 257, cuadro 11, de la Decisión impugnada resulta claramente que, contrariamente a lo que alega la demandante, la Comisión no tuvo en cuenta la citada dotación a efectos de determinar el importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público. El importe de 14,771 millones de euros correspondiente a dicha amortización fue restado de las pérdidas relativas a las actividades de servicio público y no sumado a éstas. Interrogada en la vista por el Tribunal de Primera Instancia, la demandante admitió asimismo explícitamente que su lectura de la Decisión impugnada sobre ese punto era errónea. Pues bien, evidentemente, no puede reprocharse a la Comisión no haber motivado un razonamiento que no figura en su Decisión.

81 Como explica la Comisión en sus escritos, el importe de la amortización del Liamone, en cambio, fue tenido en cuenta en los costes del plan de reestructuración que es objeto del examen realizado en los considerandos 261 a 367, ya que la amortización excepcional de ese buque estaba recogida en dicho plan, como se desprende, en particular, de los considerandos 126, 144, 302 y 330 de la Decisión impugnada.

82 En la fase de la réplica y en la vista, la demandante expuso por tanto que, mediante la presente imputación, pretendía, en realidad, señalar que es contradictorio, que la Comisión considere que el Liamone era necesario, antes de 2002, para las obligaciones de servicio público, cuando admite haber excluido las dotaciones por amortización de ese buque del cálculo de los costes adicionales no compensados ligados a las obligaciones de servicio público. Pues bien, dado que, según ella, el Liamone no era necesario para el ejercicio de las obligaciones de servicio público, estima que la Comisión erró al tener en cuenta la amortización de ese buque en los costes del plan de reestructuración.

83 Hay que observar no obstante que dichas alegaciones, que modifican el alcance de la imputación tal como se formuló inicialmente en la demanda, van dirigidas a cuestionar la procedencia de las apreciaciones de la Decisión impugnada y que, por tanto, deben desestimarse por carecer de pertinencia para el presente motivo.

84 En tercer lugar, respecto a la alegada imposibilidad de determinar la parte real de la compensación por servicio público en el importe total de la ayuda, basta señalar que, contrariamente a lo que alega la demandante, la Comisión indica explícitamente, en el considerando 258 y en el considerando 257, cuadro 11, de la Decisión impugnada, que esta parte es de 53,48 millones de euros, y ello después de haber explicado el cálculo que condujo a dicho importe en los considerandos 256 y 257 de la citada Decisión.

85 En la medida en que, en ese marco, la demandante imputaba a la Comisión no haber motivado el «nivel necesario» de la compensación de servicio público ni comprobado el carácter eventualmente excesivo de los costes adicionales ligados a las obligaciones de servicio público, en particular la razón por la que el 50 % de las pérdidas de SNCM se produjeron en 2000 y 2001, es preciso afirmar que, mediante esa imputación, la demandante cuestiona el cálculo de la insuficiencia de la compensación realizado por la Comisión en la medida en que se basa en el importe de las pérdidas sufridas por SNCM. Tal imputación, que discute la procedencia de la Decisión impugnada sobre ese punto, carece de pertinencia para el presente motivo.

86 Por otro lado, en cuanto puede entenderse que esa imputación reprocha a la Comisión haber motivado de manera insuficiente la Decisión impugnada sobre ese punto, debe observarse que, en el procedimiento administrativo, la demandante no formuló tal imputación, ni en sus observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal ni en la reunión de 4 de febrero de 2003, de modo que no puede reprocharse a la Comisión no haberle respondido en su Decisión.

87 En cualquier caso, hay que manifestar que la Decisión impugnada expone de manera suficiente en Derecho tanto los motivos por los que las pérdidas sufridas por SNCM permiten, según la Comisión, determinar el importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público como las razones de la existencia de dichas pérdidas.

88 En lo relativo a por qué las pérdidas sufridas por SNCM permiten determinar el importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público, debe señalarse que, en el considerando 257 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó que para la determinación de ese importe utilizaría, «el mismo planteamiento y motivación que en la Decisión 2002/149», que había sido adoptada al término de un procedimiento en el que participó la demandante como parte interesada y que se refería a ayudas concedidas a la misma empresa, en el marco de convenios sobre las mismas obligaciones de servicio público, correspondientes al mismo período, dado que el convenio de 1996 era aplicable hasta 2001.

89 Así pues, dada la remisión explícita efectuada por la Decisión impugnada a la Decisión 2002/149 y habida cuenta del hecho de que ésta Decisión se encuentra en un contexto bien conocido por la demandante, debe admitirse que la Decisión 2002/149 puede completar la motivación de la Decisión impugnada relativa a la cuestión de la determinación del importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público (véase, en ese sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2004, Portugal/Comisión, C‑42/01, Rec. p. I-6079, apartados 69 y 70, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 217).

90 Pues bien, en los considerandos 87 a 105 de la Decisión 2002/149, la Comisión expuso, basándose en las conclusiones de su experto sobre el período 1991‑1999, que el importe de las pérdidas así determinado reflejaba razonablemente el coste de las obligaciones de servicio público. Habida cuenta de tales pérdidas, a pesar del pago de las compensaciones previstas por el convenio de 1991 y el convenio de 1996, la Comisión concluyó, en dicha Decisión, que no existía una compensación excesiva.

91 Respecto a las razones de la existencia de pérdidas en SNCM, debe observarse que, tanto en la Decisión impugnada (considerandos 281, 282 y 326) como en la Decisión 2002/149 (considerando 123), a la que se remite el considerando 257 de la Decisión impugnada, la Comisión expuso que las compensaciones financieras previstas por el convenio de 1991 y el convenio de 1996 no eran suficientes para cubrir la totalidad del coste de las obligaciones de servicio público porque, en particular, éstas eran relativamente independientes de los ingresos. Además, en el considerando 282 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que la llegada de la demandante al mercado en 1996 influyó negativamente en los resultados de SNCM.

92 De ello resulta que deben desestimarse totalmente las imputaciones de la demandante sobre la motivación, en la Decisión impugnada, del importe de la insuficiencia de la compensación por servicio público.

Sobre la eliminación de las dudas que motivaron la incoación del procedimiento de investigación formal

93 La demandante estima que la Decisión impugnada no expone suficientemente en Derecho los motivos por los que la Comisión disipó las dudas que motivaron la incoación del procedimiento de investigación formal en lo que atañe a la relación entre las pérdidas de SNCM y sus obligaciones de servicio público, al impacto de la política de compra de buques de SNCM en sus cuentas de resultados, las medidas previstas para aumentar la productividad de SNCM y las medidas para reducir los consumos intermedios, así como la futura política tarifaria de SNCM.

94 Con el fin de examinar si la Comisión motivó de manera suficiente la Decisión impugnada a ese respecto, hay que determinar el alcance de las dudas suscitadas por la Comisión en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, para comprobar, posteriormente, en qué medida la Decisión impugnada expuso los motivos por los que se habían disipado esas dudas.

95 En lo que se refiere, en primer lugar, a la relación entre las pérdidas de SNCM y sus obligaciones por servicio público, cabe indicar que, en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión suscitó dudas en cuanto al restablecimiento de la viabilidad de SNCM dado que los datos analíticos facilitados en el plan de reestructuración no permitían determinar las causas estructurales de las pérdidas crónicas de SNCM durante los últimos años. La Comisión estimaba que debía comprobar que la ayuda de reestructuración no sirviera para cubrir las pérdidas de explotación pasadas y que el plan de reestructuración correspondiente situara a la empresa en condiciones de producir en el futuro beneficios de explotación. A este respecto, en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión manifestaba, por una parte, que el plan de reestructuración no indicaba cómo iba a reducir sus pérdidas SNCM en las líneas que anteriormente estaban sujetas a obligaciones de servicio público y, por otra, que el citado plan debía permitir garantizar la viabilidad de la empresa incluso en el supuesto de que SNCM no obtuviera, después de 2006, el contrato relativo a las obligaciones de servicio público en los enlaces entre Marsella y Córcega.

96 De ello se deduce que las dudas suscitadas por la Comisión en cuanto a la relación entre las pérdidas de SNCM y las obligaciones de servicio público abarcaban dos aspectos distintos, a saber, por un lado, la adecuación de la ayuda a los costes derivados de las obligaciones de servicio público entre 1991 y 2001, ya que la ayuda debía permitir a la empresa cubrir las pérdidas pasadas resultantes exclusivamente del cumplimiento de las obligaciones de servicio público en el marco del convenio de 1991 y del convenio de 1996 y, por otro, la contribución de la ayuda al restablecimiento de la viabilidad para el período 2002‑2006, ya que la ayuda debía permitir a la empresa reducir en el futuro sus pérdidas en las líneas que no están o que dejarán de estar sometidas a obligaciones de servicio público.

97 En primer lugar, con respecto a la adecuación de la ayuda a los costes ligados a las obligaciones de servicio público entre 1991 y 2001, basta recordar que ya se ha declarado anteriormente que la razón por la cual podía considerarse que las pérdidas sufridas por SNCM en el pasado en los servicios con destino a Córcega, todos ellos sometidos, en aquella época, a las obligaciones de servicio público, se correspondían con los costes adicionales soportados por SNCM para cumplir las citadas obligaciones estaba suficientemente motivada tanto por la Decisión impugnada, en particular sus considerandos 256, 257, 281 y 282, como por la Decisión 2002/149 a la que se remite.

98 A este respecto, cabe manifestar que las imputaciones de la demandante sobre la motivación de los considerandos 281 y 282 de la Decisión impugnada, imputaciones por las que alega que el convenio de 2002 no tiene por objeto cubrir las pérdidas y que la llegada de un competidor en 1996 fue el resultado de la liberalización comunitaria, se refieren, en realidad, a la veracidad de las afirmaciones de la Comisión y no a su motivación. Por lo tanto, estas imputaciones deben desestimarse por no ser pertinentes.

99 Por otro lado, en lo que se refiere a las pérdidas eventualmente sufridas en el ejercicio de las obligaciones de servicio público previstas por el convenio de 2002, la Decisión impugnada está suficientemente motivada en Derecho por el considerando 256 de la citada Decisión, en el que la Comisión precisa que esas pérdidas no pueden ser tomadas en consideración habida cuenta de que la compensación se fijó de manera contractual.

100 En segundo lugar, en lo que atañe a la contribución de la ayuda al restablecimiento de la viabilidad en el período 2002‑2006, hay que señalar primeramente que, en los considerandos 263 a 282 de la Decisión impugnada, la Comisión, contrariamente a lo alegado por la demandante, analizó las causas que llevaron a la crisis de SNCM y cifró el coste representado por las cargas provocadas por éste. En particular, en los considerandos 270 a 273, la Comisión examinó, en ese marco, el carácter racional de la política de compra de nuevos buques por SNCM. A continuación, en los considerandos 299 a 303, la Comisión expuso los motivos por los que el plan de reestructuración debía permitir el restablecimiento de la viabilidad de SNCM tanto hasta 2006 como después de dicha fecha. A este respecto, hay que afirmar que, en los considerandos 142 a 152 de la Decisión impugnada, la Comisión explicó en detalle los resultados financieros previsibles según el «supuesto intermedio» utilizado, a la vez para el período 2002‑2006 y para después de 2006. Además, en el considerando 315 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó que SNCM procedía a su saneamiento mediante la venta de cuatro buques. Por añadidura, en los considerandos 111 y 113 de la Decisión impugnada, la Comisión, contrariamente a lo que afirma la demandante, señaló y describió los compromisos adicionales propuestos por las autoridades francesas tras la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal con el fin de reducir los costes de personal y los costes de compra de consumos intermedios. En el considerando 114 de la Decisión impugnada, la Comisión observó que dichos compromisos, así como la reducción de la flota, habían permitido reducir los gastos de mantenimiento de 29,6 a 23 millones de euros entre 2001 y 2002.

101 Del conjunto de estos considerandos resulta que, la Comisión expuso de manera suficiente en Derecho los motivos por los que SNCM podrá, en el marco del plan de reestructuración, reducir en el futuro sus pérdidas en las líneas que no están o dejarán de estar sometidas a obligaciones de servicio público.

102 Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante puede enervar esta conclusión.

103 En primer lugar, respecto a las imputaciones basadas en una supuesta incoherencia de la fundamentación de la Decisión impugnada cuando afirma que el plan de ahorro en las compras intermedias es insuficiente (considerando 279) o que las cuentas relativas a 2002 no son positivas, contrariamente a las previsiones del plan de reestructuración (considerando 280), debe señalarse que dichas imputaciones se refieren a la procedencia de la Decisión impugnada sobre esos puntos y no a su motivación, de modo que procede desestimarlas por carecer de pertinencia.

104 En lo referente, a continuación, a la alegación según la cual los considerandos 258 a 260 de la Decisión impugnada no muestran las razones por las que la ayuda debe examinarse a la luz de las Directrices, basta observar que dicha alegación es errónea, dado que la Decisión impugnada expone, en el considerando 260, que la ayuda fue notificada en concepto de ayuda de reestructuración y que su importe excede la insuficiencia de compensación por servicio público, y después, en el considerando 326, que la ayuda de reestructuración puede incluir a la vez los costes de diferentes acciones previstas en el plan de reestructuración y los déficits soportados por la empresa a causa de la ejecución de sus convenios de servicio público hasta el final del año 2001.

105 Con respecto, por último, a las alegaciones basadas en la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747), debe observarse que, dado que esta sentencia es posterior a la Decisión impugnada, la Comisión no tenía, evidentemente, la obligación de exponer los motivos por los que las condiciones previstas por dicha sentencia se cumplían en el caso de autos, lo que admite además la propia demandante.

106 En lo que atañe, en segundo lugar, al impacto de la política de compra de buques de SNCM en sus cuentas de resultados, es suficiente indicar que la imputación de la demandante, por la que cuestiona la afirmación del considerando 271 de la Decisión impugnada según la cual SNCM no invirtió en exceso en los últimos años para la renovación de su flota, se dirige a discutir el acierto de la apreciación de la Comisión sobre ese punto y el método adoptado a tal efecto, reprochándole, en particular, no haber tenido en cuenta una serie de factores que considera pertinentes y haberse limitado exclusivamente a un análisis del balance. Tal imputación carece de pertinencia para el presente motivo.

107 En cualquier caso, hay que manifestar que, como ya se ha indicado anteriormente, los considerandos 269 a 273 de la Decisión impugnada exponen de manera suficiente en Derecho los motivos por los que la política de compra de buques de SNCM no llevaron a una sobreinversión excesiva.

108 En lo que atañe, en tercer lugar, a las medidas previstas para aumentar la productividad de SNCM y a la falta de medidas concretas para reducir el importe de los consumos intermedios, debe señalarse de nuevo que, mediante sus imputaciones sobre ese punto, la demandante discute la procedencia de la apreciación de la Comisión. En efecto, dichas imputaciones se dirigen a cuestionar que se hayan podido disipar las dudas sobre esos puntos, toda vez que la Comisión afirma, en los considerandos 279 y 280 de la Decisión impugnada, que el plan «comprar mejor» era insuficiente y que los resultados correspondientes al 2002 no son positivos. Tales imputaciones carecen de pertinencia para el presente motivo.

109 En cualquier caso, es preciso recordar que ya se ha observado anteriormente que la Decisión impugnada estaba suficientemente motivada sobre ese particular mediante sus considerandos 113, 114 y 279.

110 Por último, por lo que respecta, en cuarto lugar, a la futura política tarifaria de SNCM, hay que observar de nuevo que la demandante discute, en realidad, la procedencia de las apreciaciones de la Comisión. En efecto, la demandante alega esencialmente que la Comisión no apreció correctamente la política tarifaria de SNCM antes de la adopción de la Decisión impugnada y que no disponía de los datos necesarios para apreciar la citada política en 2003. Estas imputaciones carecen de pertinencia para el presente motivo y procede, por consiguiente, desestimarlas.

111 Por otro lado, en la medida en que las imputaciones de la demandante deban interpretarse en el sentido de que reprocha a la Comisión no haber respondido de manera específica, en la Decisión impugnada, a sus alegaciones sobre el precio de venta de los billetes aplicado por SNCM antes de adoptar la citada Decisión, hay que observar que, en el considerando 359, la Comisión indica explícitamente que las alegaciones presentadas por la República Francesa a ese respecto, que figuran en los considerandos 119 a 123 y 191 a 203, permiten rechazar esas alegaciones.

112 De lo anterior resulta que procede desestimar en su totalidad las imputaciones y alegaciones de la demandante sobre la motivación de la eliminación de las dudas que justificaron la incoación del procedimiento de investigación formal.

Sobre la apreciación del restablecimiento de la viabilidad

113 La demandante estima que la Decisión impugnada no está motivada suficientemente en Derecho por lo que respecta al restablecimiento de la viabilidad, en cuanto la Comisión no expone las razones por las que acepta tener en cuenta, por excepción al principio previsto por las Directrices, factores externos, a saber el crecimiento del mercado del Magreb, la evolución prevista en la línea de Niza y la hipótesis de no renovación del convenio de 2002 después de 2006.

114 A este respecto, cabe recordar que, a tenor del punto 32 de las Directrices, «la mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración y sólo podrá basarse en factores externos, como el aumento de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerce gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general».

115 En el caso de autos, debe destacarse, en primer lugar, con respecto al crecimiento del mercado hacia el Magreb, que, en el considerando 300 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que el efecto de las medidas de reestructuración no es tributario de la evolución del mercado «con excepción del crecimiento en los servicios del Magreb, que representa sobre todo un retorno a la posición de que gozó SNCM hasta mediados de los años noventa». Pues bien, en los considerandos 66 a 81 de la Decisión impugnada, la Comisión observó, sobre la base del estudio de mercado aportado en el marco del plan de reestructuración, que ese mercado iba a experimentar un crecimiento considerable. Habida cuenta del punto 32 de las Directrices, la demandante podía, por tanto, comprender la razón que apoyaba la conclusión de la Comisión que figuraba en el considerando 300 de la Decisión impugnada.

116 Por otro lado, hay que señalar que las mismas apreciaciones relativas al crecimiento del mercado hacia el Magreb figuraban también de manera explícita en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. Pues bien, si, en sus observaciones escritas de 8 de enero de 2003 sobre la incoación del citado procedimiento, la demandante sostenía que el objetivo de cuota de mercado perseguido por SNCM era ambicioso habida cuenta de la fuerte competencia de las compañías nacionales e indicaba que la imagen comercial de SNCM en África del Norte era negativa, no cuestionaba en ningún momento la hipótesis del fuerte crecimiento previsto por el estudio de mercado. Esta actitud, además de confirmar el hecho de que la hipótesis de crecimiento de ese mercado gozaba efectivamente de reconocimiento general en el sentido de las Directrices, justifica igualmente que la Comisión no motivara de forma más específica ese aspecto de la Decisión impugnada a falta de objeciones por parte de la demandante.

117 Con respecto, en segundo lugar, al mantenimiento del servicio entre Niza y Córcega, la imputación de la demandante se basa en una lectura errónea de la Decisión impugnada. En efecto, contrariamente a la tesis de la demandante, la Comisión no acepta, en la Decisión impugnada el mantenimiento de dicho servicio por la evolución del mercado, sino por los motivos enunciados en el considerando 302 según los cuales el peso de dicho servicio disminuye y la amortización anticipada del Liamone facilitará la vuelta a resultados positivos. Además, debe observarse que, en el considerando 283 de la Decisión impugnada, la Comisión expuso en ese contexto su preocupación por evitar la emergencia de un monopolio de hecho de la demandante en los servicios a Córcega. Si bien es cierto que, en el considerando 316 de la Decisión impugnada, considerando que la demandante no invoca, la Comisión destaca el fuerte crecimiento del mercado en el Golfo de Génova y Tolón, no lo hace no obstante para justificar el mantenimiento de SNCM en Niza apoyándose en un factor externo, sino, bien al contrario, para subrayar la importancia de las contrapartidas concedidas a los competidores, que incluyen, en particular, el abandono prácticamente total de Tolón y la limitación de rotaciones en Niza. Evidentemente, la Comisión no debía motivar en su Decisión una posición que no adoptó.

118 En lo que atañe a la supuesta inexistencia de motivación de no haber tenido en cuenta otras opciones que no fueran el mantenimiento o la retirada del servicio entre Niza y Córcega, es preciso manifestar que, en sus observaciones de 8 de enero de 2003 sobre la incoación del procedimiento de investigación formal, la demandante no propuso, contrariamente a lo que sostiene en la réplica, ninguna otra opción, sino que se limitó a alegar, en esencia, que SNCM no estaba en condiciones de ser rentable en esa línea. En estas circunstancias, la Comisión no tenía que motivar la Decisión impugnada en cuanto a no tener en cuenta otras opciones.

119 En tercer lugar, en relación con la hipótesis de una no renovación eventual del convenio de 2002 después de 2006, basta señalar que la Decisión impugnada está suficientemente motivada sobre ese particular en el considerando 303, dado que la Comisión indica en éste que, al tratarse de la viabilidad a largo plazo, «la aplicación del plan debe permitir a la empresa afrontar la competencia de manera eficaz en el momento de la renovación de los contratos». Además en el considerando 149, la Decisión impugnada establece que «es importante saber cuál será la situación competitiva de la compañía en 2006, al término del actual contrato de concesión de servicio público, así como su viabilidad», consideración que se reproduce igualmente en el considerando 310.

120 Por otro lado, en tanto la demandante alega que es incoherente que, a la vez que se aprecia la viabilidad a largo plazo, se considere prematura la hipótesis de que el convenio no se renueve, basta manifestar que esa imputación, que se refiere a la procedencia de la Decisión impugnada, carece de pertinencia para el presente motivo.

121 De ello se desprende que deben desestimarse en su totalidad las imputaciones y alegaciones de la demandante sobre la motivación del restablecimiento de la viabilidad.

Sobre el carácter realista de las hipótesis previstas de reestructuración

122 La demandante alega que la Comisión se limitó, por lo que respecta al carácter realista de las hipótesis de reestructuración, a transcribir las Directrices y a indicar, en el considerando 306 de la Decisión impugnada, que el estudio de mercado presentado por las autoridades francesas era una «buena base para establecer supuestos sobre la evolución de la empresa».

123 No obstante, resulta claramente de los considerandos 139 a 141 de la Decisión impugnada que la Comisión expuso en la citada Decisión las razones por las que los tres supuestos de evolución financiera, a saber los supuestos optimista y pesimista previstos por el estudio de mercado y el supuesto intermedio recogido por el plan de reestructuración, que se imponen por el punto 33 de las Directrices, constituían una «buena base» para apreciar la evolución de la empresa. Respecto a los supuestos optimista y pesimista, la Comisión expuso sus motivos sobre ese particular en el considerando 139, antes de concluir que esas hipótesis «parecen así constituir globalmente una gama bastante representativa de las posibles evoluciones». En el considerando 140, la Comisión añade que los resultados, según el supuesto pesimista podrían mejorarse por una simple adaptación por parte de SNCM de su oferta a la demanda en función de las estaciones. Además, en el considerando 141 de la Decisión impugnada, tras haber comparado la evolución de los principales indicadores financieros según los tres supuestos posibles en el cuadro 6, la Comisión observó que «estas simulaciones demuestran que SNCM debe volver a la rentabilidad en los tres casos».

124 Por lo demás, las imputaciones de la demandante se confunden con las que se refieren al restablecimiento de la viabilidad. En efecto, según el punto 32 de las Directrices, para apreciar si el plan de reestructuración permite el restablecimiento de la viabilidad éste debe basarse en hipótesis realistas por lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación.

125 Sobre este particular, de los considerandos 142 a 148 de la Decisión impugnada resulta que la evolución prevista por el supuesto intermedio utilizado para apreciar el restablecimiento de la viabilidad se determinaron a partir del examen cifrado de las cuestiones siguientes: el redespliegue hacia el Magreb, el enlace Niza‑Córcega, el enlace Marsella‑Córcega y el endeudamiento de SNCM. Además, de los considerandos 149 a 152 se desprende que el estudio de mercado examinó también la hipótesis de una no renovación del convenio de servicio público después de 2006. Pues bien, es necesario observar que cada una de estas cuestiones es tratada específicamente en los considerandos 300 a 304 y que, como resulta ya del examen de las imputaciones relativas al restablecimiento de la viabilidad, éstas contienen una motivación suficiente de las razones por las que la Comisión estima que el plan de reestructuración puede garantizar tal restablecimiento de la viabilidad, incluso sin el ejercicio por parte de SNCM de sus obligaciones de servicio público.

126 En cuanto al argumento basado en el aumento de la capacidad de la flota en 2004 a raíz de la adquisición de un nuevo buque por la demandante, debe recordarse que la Comisión no está obligada a responder a todas las alegaciones de hecho o de Derecho formuladas en el procedimiento administrativo. Además, contrariamente a lo que alega la demandante, ni de sus observaciones escritas de 8 de enero de 2003 ni de los considerandos 169 a 174 de la Decisión impugnada, que resumen, sin ser discutidos por la demandante, las alegaciones que presentó en la reunión del 4 de febrero de 2003, resulta que la demandante llamara particularmente la atención de la Comisión sobre ese punto.

127 En lo que atañe a la circunstancia de que, en otras Decisiones, la Comisión se haya pronunciado sobre la validez de ayudas a compañías marítimas tras un análisis minucioso de la evolución financiera de la empresa beneficiaria del plan de reestructuración, tanto a la vista de su tesorería como de su capacidad de obtener beneficios y de su capacidad de financiación [por ejemplo, Decisión 2002/15/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, relativa a la ayuda estatal aplicada por Francia en favor de la empresa «Bretagne Angleterre Irlande» («BAI» o «Brittany Ferries») (DO 2002, L 12, p. 33)], basta señalar que el grado de motivación de dicha Decisión, a la que la Decisión impugnada no se remite en apoyo de su propia motivación, no demuestra en absoluto que la Decisión impugnada, aunque hubiera sido adoptada en el mismo ámbito, no esté motivada de manera suficiente y, en cualquier caso, no desvirtúa la conclusión anterior según la cual de los considerandos 300 a 304 se deduce que la Decisión impugnada está suficientemente motivada sobre la cuestión del restablecimiento de la viabilidad.

128 Por último, en la medida en que la demandante reprocha a la Comisión que se fundara, en apoyo de sus conclusiones sobre el restablecimiento de la viabilidad, únicamente en hipótesis numéricas presentadas por las autoridades francesas, que, por lo demás, la demandante considera actualmente desmentidas por los hechos, es preciso indicar que tal imputación, dirigida a discutir la procedencia de las apreciaciones de la Comisión sobre ese punto, carece de pertinencia para el presente motivo. Esto es así en particular por lo que respecta al argumento basado en la supuesta falta de examen de la tesorería de la beneficiaria de la ayuda o en que la Comisión no tuvo en cuenta el aumento de capacidad de la flota resultante de la compra de un nuevo buque por la demandante.

129 De ello resulta que deben desestimarse en su totalidad las imputaciones y alegaciones de la demandante relativas a la motivación del carácter realista de las hipótesis previstas.

Sobre la determinación de las participaciones no estratégicas

130 La demandante estima que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en Derecho respecto a la razón por la que la participación de SNCM en CMN constituye una participación estratégica que, por tanto, no debe enajenarse.

131 No obstante, de los considerandos 348 a 354 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión expuso detalladamente en la citada Decisión, en respuesta a las alegaciones presentadas por la demandante y por Stef‑TFE en el procedimiento administrativo, las razones por las que estimaba que la citada participación era esencial y no debía enajenarse. En particular, la Comisión señaló a ese respecto, en los considerandos 349 a 351 de la Decisión impugnada, que las dos empresas participaban en la ejecución de un contrato de servicio público, que éstas habían desarrollado sinergias en el servicio de Córcega que iban más allá de lo que preveía el convenio de 2002 y que las flotas de CMN y de SNCM eran complementarias. A todas luces, tales indicaciones proporcionan una motivación suficiente de la Decisión impugnada sobre ese punto.

132 En cuanto a la alegación relativa a que no se tuvo en cuenta la revalorización de las participaciones de SNCM en CMN, si bien es cierto que del considerando 174 de la Decisión impugnada resulta que dicha alegación fue formulada en la reunión de 4 de febrero de 2003, debe recordarse que la Comisión no tiene la obligación de responder a todas las alegaciones de hecho o de Derecho formuladas en el procedimiento. Ahora bien, hay que considerar que la Decisión impugnada está suficientemente motivada sobre la cuestión de la participación en CMN mediante los considerandos 348 a 354. Por otro lado, hay que observar que la demandante podía comprender el razonamiento de la Comisión sobre ese punto, dado que del considerando 256 de la Decisión impugnada resulta claramente que ésta estimó que las plusvalías no realizadas no podían ser tenidas en cuenta para determinar el nivel de los recursos de SNCM.

133 Por lo demás, las alegaciones formuladas por la demandante con el fin de poner de relieve el supuesto carácter contradictorio de la motivación de la Decisión impugnada sobre ese punto van dirigidas, en realidad, a discutir la procedencia de la Decisión impugnada. Por tanto, deben desestimarse esas alegaciones por carecer de pertinencia para el presente motivo.

134 De ello resulta que deben desestimarse en su totalidad las imputaciones y alegaciones de la demandante sobre la motivación del importe de la determinación de las participaciones no estratégicas.

Conclusión sobre el primer motivo

135 De todas las consideraciones que preceden resulta que procede desestimar el primer motivo, basado en infracción del artículo 253 CE por insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada.

3. Sobre el segundo motivo, basado en infracción del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), del Reglamento nº 659/1999 y de las Directrices en la medida en que la Decisión impugnada contiene errores de hecho y errores manifiestos de apreciación

136 Mediante el presente motivo, la demandante sostiene que la Decisión impugnada contiene errores de hecho y errores manifiestos de apreciación respecto a la apreciación de la compensación por servicio público de una parte de la ayuda, al análisis de las causas que provocaron la crisis financiera de SNCM, al respeto de las Directrices y a la necesidad de las condiciones impuestas por la Comisión.

Observación preliminar relativa al control ejercido por el Tribunal de Primera Instancia

137 Según reiterada jurisprudencia, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación para aplicar el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), cuyo ejercicio implica evaluaciones complejas de orden económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario (sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de febrero de 1987, Deufil/Comisión, 310/85, Rec. p. 901, apartado 18, y de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión, C‑372/97, Rec. p. I-3679, apartado 83).

138 El control jurisdiccional que se aplica al ejercicio de dicha facultad de apreciación se limita, por ello, a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como a controlar la exactitud material de los hechos alegados y la ausencia de error de Derecho, de error manifiesto al apreciar los hechos o de desviación de poder (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2003, España/Comisión, C‑409/00, Rec. p. I‑1487, apartado 93, e Italia/Comisión, citada en el apartado 137 supra, apartado 83; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de noviembre de 1997, Ducros/Comisión, T‑149/95, Rec. p. II‑2031, apartado 63; de 6 de octubre de 1999, Salomon/Comisión, T‑123/97, Rec. p. II‑2925, apartado 47; Kneissl Dachstein/Comisión, T‑110/97, Rec. p. II‑2881, apartado 46, y sentencia Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 282). En particular, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación de orden económico del autor de la Decisión por la suya propia (sentencia British Airways y otros/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 79).

139 Por otro lado, según la jurisprudencia, la Comisión está vinculada por las directrices y las comunicaciones que adopta en materia de control de las ayudas de Estado en la medida en que no se aparten de las normas del Tratado y sean aceptadas por los Estados miembros (sentencia España/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 95; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión, T‑198/01, Rec. p. II‑2717, apartado 149, y de 18 de noviembre de 2004, Ferriere Nord/Comisión, T‑176/01, Rec. p. II-3931, apartado 134).

140 De la jurisprudencia resulta que, cuando la Comisión analiza una ayuda individual a la luz de unas directrices de este tipo, previamente establecidas por ella, no puede considerarse que sobrepase los límites de su facultad de apreciación o renuncie a la misma. En efecto, por una parte, la Comisión conserva su facultad de derogar o modificar tales directrices si las circunstancias así lo exigen. Por otra parte, tales directrices se aplican en un sector determinado y nacen de la voluntad de la Comisión de seguir aplicando la política que estableció en su día (sentencia Vlaamse Gewest/Comisión, citada en el apartado 66 supra, apartado 89).

141 En este contexto, corresponde, por ello, al Tribunal de Primera Instancia comprobar si la Comisión ha respetado las exigencias que ella misma se había impuesto, tal como se mencionan en las referidas directrices (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2002, Keller y Keller Meccanica/Comisión, T‑35/99, Rec. p. II‑261, apartado 77, y Ducros/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartados 61 y 62).

142 Por otra parte, es preciso recordar que, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones (sentencias Salomon/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 48, y Kneissl Dachstein/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 47).

143 Por último, la mera afirmación de que no se cumplirá alguna de las condiciones de autorización de la ayuda no puede cuestionar la legalidad misma de la Decisión de autorización. En efecto, en general, la legalidad de un acto comunitario no puede depender de las eventuales posibilidades de soslayarlo, ni de consideraciones retrospectivas sobre su nivel de eficacia (sentencias British Airways y otros/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 291, y Salomon/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 49).

144 Las imputaciones y alegaciones formuladas por la demandante deben examinarse a la luz de los principios anteriormente mencionados.

Sobre las apreciaciones relativas a la procedencia de la Decisión impugnada

145 El presente motivo, en la medida en que está basado en infracción del Reglamento nº 659/1999, debe desestimarse de entrada por inoperante. En efecto, el citado Reglamento, que establece las normas de procedimiento aplicables para el examen de las ayudas de Estado, no puede en absoluto infringirse por los supuestos errores de hecho y errores manifiestos de apreciación imputados a la Comisión, y menos aún cuando la Decisión impugnada fue adoptada tras la incoación del procedimiento de investigación formal previsto por el artículo 88 CE, apartado 2. Es preciso afirmar además que la demandante no formula ningún argumento con el fin de demostrar que la Decisión impugnada infrinja el Reglamento nº 659/1999 y no identifica las disposiciones de ese Reglamento que considera vulneradas por la citada Decisión.

146 Por ello, debe examinarse el presente motivo únicamente en la medida en que invoca una infracción del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), y de las Directrices.

Sobre la apreciación de la compensación por servicio público de una parte de la ayuda

147 La demandante alega que la Comisión apreció erróneamente la parte de la ayuda correspondiente a la insuficiencia de la compensación por servicio público en cuanto, por una parte, tuvo en cuenta la amortización del Liamone a pesar de que ese buque no estaba adscrito a las obligaciones de servicio público y, por otra, no tuvo en cuenta las plusvalías potenciales relativas a la