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C 77/25

Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2019 por FV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 19 de septiembre de 2019 en el asunto T-153/17, FV/Consejo

(Asunto C-877/19 P)

(2020/C 77/36)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: FV (representante: É. Boigelot, avocat)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia de 19 de septiembre de 2019 (T-153/17).

— En consecuencia, que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia por la parte recurrente y, por tanto, que se anulen los informes de calificación correspondientes a los años 2014 y 2015 adoptados definitivamente el 5 de diciembre de 2016.

— Que se condene a la parte recurrida a cargar con la totalidad de las costas de las dos instancias.

Motivos y principales alegaciones

La sentencia recurrida desestimó la solicitud de anulación de los informes de calificación correspondientes a los años 2014 y 2015.

La parte recurrente invoca como motivo, por una parte, el incumplimiento del deber de control y de la obligación de motivación y la desnaturalización de los autos y, por otra parte, la infracción de la guía de calificación, el incumplimiento de la obligación de motivación y del deber de asistencia y protección y un error manifiesto de apreciación.

Según la parte recurrente, el Tribunal General cometió un error manifiesto de apreciación y una desnaturalización de los hechos al estimar que su comportamiento, supuestamente inapropiado, era la única razón por la que la administración le había concedido la calificación «suficiente» en concepto de «sentido de la responsabilidad», mientras que dicha rúbrica se define por la guía de calificación como «el compromiso del interesado respecto a su trabajo, su disponibilidad para ejercer sus tareas con un espíritu activo y constructivo».

Además, a su juicio, el Tribunal General no controló correctamente la disminución de las tareas de la parte recurrente. El estado de salud y el trabajo a media jornada por razones médicas no justifican la retirada de una parte de las tareas de un funcionario, máxime, sin su consentimiento.

Por otra parte, la parte recurrente impugna las apreciaciones del Tribunal sobre el cambio de despacho y de puesto, así como sobre su comportamiento a lo largo del ejercicio de calificación 2014 y alega que estas constituyen una desnaturalización de los autos.

Finalmente, la sentencia recurrida no censuró la falta de asistencia y protección, en particular, tratándose de un funcionario cuya salud psicológica se ha visto afectada, y no aplicó el artículo 59, apartado 1, párrafo tercero, del Estatuto de los Funcionarios.
1.

Primer motivo: el principio de solidaridad en el sector de la energía no constituye un criterio jurídico y no genera obligaciones de actuar para los órganos ejecutivos El principio de solidaridad en el sector de la energía establecido en el artículo 194 TFUE es, como principio general inspirador, meramente un concepto de carácter político y no constituye un criterio jurídico. Del principio de Derecho primario de solidaridad en el sector de la energía no pueden desprenderse derechos y obligaciones para la Unión y/o para los Estados miembros. En articular de ese principio inspirador abstracto no se desprenden obligaciones para los órganos ejecutivos, como por ejemplo obligaciones de vigilancia para la Comisión Europea en el ámbito de su actividad de toma de decisiones. Debido a su carácter abstracto e indeterminado, el concepto de solidaridad en el sector de la energía no puede exigirse por la vía judicial.
1)

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1), y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de esta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.
4)

¿Es admisible la diferencia de trato entre las instituciones de inversión colectiva residentes y no residentes en Portugal, teniendo en cuenta que las personas físicas o jurídicas residentes en Portugal titulares de participaciones en instituciones de inversión colectiva (residentes o no residentes) están, en ambos casos, sujetas del mismo modo (y, con carácter general, no exentas) a tributación por los rendimientos distribuidos por las instituciones de inversión colectiva, aunque los partícipes no residentes estén sujetos a una fiscalidad más elevada?
2.

Segundo motivo — Error manifiesto de apreciación y error de Derecho respecto a la alegación de infracción del artículo 23 del Reglamento n.o 1/2003. En el segundo motivo, las recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho manifiesto al desestimar la alegación relativa a la aplicación incorrecta del límite del 10 % que establece el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, por considerar que la Comisión ha aplicado tal límite sobre un volumen de negocios que no corresponde al volumen de negocios consolidado, calculado sobre la base de las normas de consolidación contable de la Unión. Alegan, asimismo, que el Tribunal General violó los principios de proporcionalidad y de adecuación, al haber observado una inadmisible diferencia de trato, en relación con el cálculo del volumen de negocios consolidado establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, entre las ramas de actividad que se transfirieron con carácter definitivo y las que fueron objeto de arrendamiento, sobre la base de una supuesta diferencia esencial en términos de rendimiento económico.
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, el asegurado que, una vez que un médico del régimen de la seguridad social del Estado miembro de residencia ha establecido un diagnóstico y un tratamiento terapéutico para el que, por razones que pueden calificarse de pertinentes, no presta su consentimiento, se desplaza a otro Estado miembro con el fin de recabar una segunda opinión médica, que dictamina la aplicación de otro procedimiento terapéutico que presenta al menos el mismo grado eficacia pero que tiene la ventaja de no provocar una discapacidad, procedimiento consentido por la persona asegurada y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 20, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 ¿está además obligado, para obtener el reembolso de los gastos derivados de este último procedimiento terapéutico, a solicitar la autorización establecida en el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento?
C 288/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Schwerin (Alemania) el 8 de mayo de 2019 — FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Asunto C-365/19)

(2019/C 288/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Schwerin

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FD

Demandada: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Cuestión prejudicial

¿Confiere el artículo 30, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, (1) en relación, en su caso, con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014, (2) un derecho a la asignación de derechos de pago a un joven agricultor para el año de solicitud 2016 incluso aunque, en virtud del artículo 24 del Reglamento n.o 1307/2013, ya se le hayan asignado gratuitamente derechos de pago procedentes del límite máximo nacional para 2015 por la superficie de que disponía en aquel momento?

(1) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608).

(2) Reglamento Delegado de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento (DO 2014, L 181, p. 1).
3)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 4, de la Directiva retorno en el sentido de que si un menor no acompañado no cumple su obligación de retorno y el Estado miembro no realiza ni realizará ninguna actuación concreta para proceder a su expulsión, deberá suspenderse la obligación de retorno y, por lo tanto, autorizarse la residencia legal? ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva de retorno en el sentido de que la imposición de una resolución de retorno a un menor no acompañado sin que se proceda a continuación a las actuaciones dirigidas a su expulsión hasta que el menor haya alcanzado los dieciocho años de edad debe considerarse contraria al principio de lealtad y al principio de lealtad comunitaria?
2)

¿Puede aplicarse la interpretación dada en las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), y Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), al asunto Povrv-752/19, expuesto anteriormente, y en particular, debe interpretarse el Reglamento n.o 1215/2012 en el sentido de que, en Croacia, los notarios no están comprendidos en el concepto de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho Reglamento, cuando actúan en el marco competencial que les atribuye el Derecho nacional en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico», en los que las partes ejecutantes son personas jurídicas establecidas en otros Estados miembros de la Unión?
C 246/3

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 26 de febrero de 2019 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Asunto C-180/19)

(2019/C 246/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Flightright GmbH

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que la distancia que procede tener en cuenta para la compensación se ha de determinar atendiendo al recorrido total del viaje?

¿Debe interpretarse, por tanto (suponiendo la aplicabilidad del Reglamento al correspondiente trayecto del viaje), el concepto de «vuelo» en el sentido de que, en el caso de reservas en que los pasajeros tienen que hacer escala o transbordo a otra aeronave para llegar al destino final, se refiere solo al trayecto en que se ha producido efectivamente el retraso, o en tal caso se ha de entender «vuelo» en el sentido de que, para determinar la distancia, es pertinente el recorrido total del viaje desde el lugar de partida inicial hasta el destino final?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul București (Rumanía) el 25 de marzo de 2019 — JE/KF

(Asunto C-249/19)

(2019/C 206/32)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul București

Partes en el procedimiento principal

Demandante: JE

Demandada: KF

Cuestión prejudicial

Interpretación de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento n.o 1259/2010 (1), conforme al cual «cuando la ley aplicable con arreglo a los artículos 5 u 8 no contemple el divorcio o no conceda a uno de los cónyuges, por motivos de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la separación judicial, se aplicará la ley del foro», que aclare si la expresión «la ley aplicable con arreglo a los artículos 5 u 8 no contemple el divorcio»:

— ha de interpretarse de modo restrictivo y literal, es decir, solo para el caso de que la ley extranjera aplicable no contemple el divorcio en forma alguna, o debe interpretarse en sentido amplio, de manera que incluya también los casos en los que la ley extranjera aplicable admite el divorcio, pero en condiciones extraordinariamente restrictivas, que implican un procedimiento obligatorio de separación judicial antes del divorcio, procedimiento para el que la ley del foro carece de disposiciones procesales equivalentes.

(1) Reglamento (UE) n.o 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO 2010 L 343, p. 10).
1)

¿Se opone la Directiva 2004/8/CE (1) (en particular, su artículo 12) a una interpretación de los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo n.o 20/2007 en el sentido de que permiten la extensión de los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo n.o 79/1999 (en particular, en el artículo 11 y en la Decisión n.o 42/02 de 19 de marzo de 2002 de la Autorità dell’energia elettrica e del gas [Autoridad de la energía eléctrica y del gas], mediante la que se aplica dicha disposición) a las instalaciones de cogeneración no CAE, incluso después del 31 de diciembre de 2010?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 18 de marzo de 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-235/19)

(2019/C 172/25)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestión prejudicial

¿Pueden considerarse los servicios de gestión de fondos de pensiones prestados a los Trustees, por a) compañías aseguradoras, o b) compañías no aseguradoras, «operaciones de seguro» en el sentido del artículo 135, apartado 1, letra a), de la Directiva del IVA (1) (anteriormente, artículo 13, parte B, letra a), de la Sexta Directiva?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2019 — Comisión Europea/República de Austria

(Asunto C-161/19)

(2019/C 148/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Hermes y M. Noll-Ehlers, Bevollmächtigte)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, (1) al permitir la caza en primavera de chochas perdices en el Estado de la Baja Austria.

— Condene en costas República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

Este recurso se interpone contra el permiso de caza de chochas perdices (Scolopax rusticola) en primavera en la Baja Austria. Las chochas perdices pueden ser cobradas en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de abril, durante la época de la parada nupcial; concretamente hasta un número máximo de chochas perdices (759 desde febrero de 2017).

Desde el punto de vista de la Comisión, la normativa cuestionada infringe la prohibición de caza en primavera, establecida en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2009/147.

La República de Austria alega que la normativa está autorizada en la disposición excepcional contenida en el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147. De acuerdo con dicho precepto, a su entender, los Estados miembros, si no hubiere otra solución satisfactoria, y apartándose de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva, entre otros, pueden permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades. De acuerdo con jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, corresponde a los Estados miembros aportar las pruebas de que se cumplen los requisitos para ello.

En opinión de la Comisión, la República de Austria no ha demostrado que no exista ninguna otra solución satisfactoria en el sentido expresado en la frase introductoria del artículo 9, apartado 1, ni que el número máximo de piezas cobradas corresponda a las «pequeñas» cantidades señaladas en el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva. La caza en otoño parece una alternativa satisfactoria, pues en dicha estación que las chochas perdices también aparecen en número suficiente en los territorios de caza de la Baja Austria. La República de Austria no ha presentado ninguna prueba convincente de su tesis de que la caza sea más apropiada para la preservación de las chochas perdices en primavera que en otoño. Además, considera que el cálculo de las «pequeñas cantidades» es incorrecto, ya que las instituciones austríacas se atienen a referencias erróneas.

(1) DO 2010 L 20, p. 7.
1)

¿Debe interpretarse a la luz del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1) y el Reglamento (UE) n.o 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (en lo sucesivo, «Reglamento»), el acuerdo comercial entre el proveedor de servicios de acceso a internet y el usuario final, en virtud del cual el proveedor de servicios aplica al usuario final una tarifa de coste cero en relación con determinadas aplicaciones (esto es, el tráfico generado por una aplicación dada no se contabiliza a efectos de consumo de datos y tampoco ralentiza su velocidad una vez consumido el volumen de datos contratado), y con arreglo al cual ese proveedor practica una discriminación circunscrita a las condiciones del acuerdo comercial celebrado con el consumidor final y dirigida únicamente contra el usuario final que es parte de ese acuerdo, y no contra un usuario final que no sea parte del mismo?
Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2019 por Banco Santander, S.A. y Santusa Holding, S.L. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena ampliada) dictada el 15 de noviembre de 2018 en el asunto T-399/11 RENV, Banco Santander y Santusa / Comisión

(Asunto C-53/19 P)

(2019/C 112/38)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrentes: Banco Santander, S.A. y Santusa Holding, S.L. (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Partes coadyuvantes de las demandantes en primera instancia: Reino de España, República Federal de Alemania e Irlanda

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— Que se case la sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018;

— Que se acoja el recurso de anulación y se anule definitivamente la decisión recurrida; y

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El 15 de noviembre de 2018 el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-399/11 RENV, Banco Santander, S.A. y Santusa Holding, S.L. c. Comisión Europea (1), contra la que se dirige este recurso de casación. La sentencia desestima el recurso de la recurrente contra la decisión de la Comisión Europea, de 12 de enero de 2011 (2), sobre el «fondo de comercio financiero» regulado en el artículo 12.5 de la Ley española de Impuesto sobre Sociedades.

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca un motivo único de casación, relativo a los errores de Derecho en los que incurrió la sentencia recurrida en la interpretación del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la noción de «selectividad».

En particular, el recurso alega que la sentencia recurrida erró:

— en la determinación del sistema de referencia en la primera fase del análisis de selectividad;

— en la determinación del objetivo a partir del cual comparar las distintas situaciones de hecho y de derecho en la segunda fase del análisis de selectividad;

— en consecuencia, erró también en la atribución de la carga de la prueba y en la aplicación del principio de proporcionalidad;

— subsidiariamente, en su análisis en relación con la supuesta ausencia de prueba de la causalidad entre la imposibilidad de la empresas de fusionarse en el extranjero y la adquisición de participaciones en el extranjero; y

— subsidiariamente, al descartar la separabilidad de la medida en función del porcentaje de control.

— Además de mantener un razonamiento jurídicamente incorrecto, la sentencia sustituye en varios de dichos puntos el razonamiento de la decisión por uno distinto y propio, incurriendo así en errores de Derecho adicionales.

(1) Sentencia de 15 de noviembre de 2018, Banco Santander y Santusa/Comisión (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

(2) Decisión de la Comisión 2011/282/UE, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 135, p. 1).