17.

Se llega ahora a responder a la cuestión planteada. A este respecto el punto de partida es el objetivo del régimen de solicitudes y de su correspondiente reducción, a saber, la distribución de la cantidad disponible entre los interesados en caso de superarse el contingente. El segundo considerando de la exposición de motivos del Reglamento n° 2957/79 del Consejo, citado en el apartado 2 anterior («garantizar [...] el acceso igual.[...] a dicho contingente [...] de todos los operadores interesados de la Comunidad») (traducción provisional), muestra que es éste el objetivo. En este contexto, según mi parecer, una empresa que presente una solicitud por una cantidad varias veces superior a la cantidad global disponible para el conjunto de la Comunidad no actúa de buena fe o, al menos, no realiza un acto sobre el que pueda basar una reclamación legítima. ( 48 ) En efecto, la solicitud excesiva sólo puede haberse hecho con la única intención de falsear, en provecho propio, la reducción proporcional de las distintas solicitudes que posteriormente efectúe la Comisión. Si esta práctica fuera autorizada, una solicitud de mil veces la cantidad disponible, por ejemplo, bastaría, en caso de un comportamiento «normal» de los demás solicitantes, para hacerse con la casi totalidad de la cantidad disponible. La propia demandante manifestó (apartado 14 anterior) que los gastos de garantía bancaria o de fianza no constituyen un obstáculo para semejantes actuaciones. Las demás solicitudes «normales» no conseguirían prácticamente nada. La reacción lógica que se podía esperar por parte de los solicitantes «normales» decepcionados sería imitar el comportamiento de la demandante en la próxima ocasión. De esta forma todo el régimen se convertiría en algo así como jugar al póquer y se derrumbaría totalmente. A mi juicio, estas consideraciones demuestran que el hecho de tener en cuenta las solicitudes individuales hasta la cantidad total disponible con la intención de practicar una ulterior reducción deriva de la naturaleza de las cosas y que, razonablemente, la demandante no podía esperar que las autoridades comunitarias actuaran de otra forma. A la vista de los documentos escritos, creo que la tesis expuesta anteriormente tan sólo podría ponerse en duda por un único motivo, a saber, la alegación de la demandante según la cual, bajo otras normativas y reglamentos relativos a la política agraria común, el hecho de «exagerar» o de presentar «solicitudes excesivas» era práctica habitual y admitida. No obstante, en su respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal de Justicia, la demandante no pudo fundamentar esta alegación mediante ejemplos concretos sacados de otros sectores. Por lo tanto, de ello infiero que no se ha demostrado que, en el párrafo 2 impugnado, la Comisión haya hecho otra cosa que aclarar lo que ya era evidente. No cabe duda de que era competente para actuar de tal forma, sin otra justificación que la que se deriva de la naturaleza de las cosas y sin consultar al Comité. Sobre el particular, aún debe señalarse lo siguiente. No creo que de la supresión del máximo del 10 % de la cantidad disponible ocurrida en 1982 (véase el apartado 4 anterior) pueda deducirse la supresión del límite —evidente— del 100 %. La supresión de este límite máximo poco elevado del 10 % iba destinado a contrarrestar la falta de solicitudes que se había observado. Al actuar de esta manera, la Comisión no podía tener en manera alguna la intención de desmantelar completamente el régimen de certificados. Por lo tanto, en mi opinión, deben rechazarse las alegaciones basadas en la incompetencia, insuficiencia de motivación, violación de la confianza legítima y falta de consulta al Comité de gestión.