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4.

Sin embargo, conviene observar —y esto no es sólo una crítica— que la anterior jurisprudencia, que se funda sobre el principio de que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no tiene ninguna posibilidad de influir sobre el tribunal calificador, no tiene un valor absoluto. En efecto, se pueden imaginar sin esfuerzo situaciones en que sea lo mejor, ante un comportamiento irregular de un tribunal calificador, recurrir en primer lugar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y solicitar su intervención (por ejemplo, cuando se aprecian infracciones en el procedimiento, cuando parece que no se han respetado los requisitos de la convocatoria de oposición con independencia de la apreciación de los candidatos, o cuando una decisión negativa no aparece motivada como exige la jurisprudencia).
2.

Con su primer motivo la parte recurrente reprocha a la Comisión el haberle atribuido una cuota de ventas injustamente exigua. El daño causado por la institución sería doble: por un lado, al permitir a Sideradria poner en circulación sólo la mitad de las mercancías producidas, la Comisión la condenaría a utilizar solamente el 25 % de su capacidad de producción y, por otro lado, al imponerle tal «limitación anormal», la Comisión la discriminaría respecto a una gran parte de las empresas europeas, que pueden poner en circulación la práctica totalidad de su producción. Ahora bien, si esta última alegación no se acompaña de prueba alguna (la Comisión ha demostrado, aportando cifras, que, por lo que respecta a la relación producción/ventas, las condiciones de la parte demandante son, cuanto menos, semejantes a las de muchas otras empresas, la primera no basta para demostrar la ilegitimidad de la decisión impugnada. A decir verdad, Sideradria no cuestiona que en la fijación de la cuota objeto del litigio el órgano de control se haya atenido escrupulosamente a la normativa que regula la materia; pretende sin embargo que «contra la manifiesta injusticia de la situación que atraviesa [...] la Comisión no puede atrincherarse detrás de la aplicación pura y simple del Derecho vigente»(traducción no oficial). El motivo no puede prosperar, puesto que la Comisión, si no quiere incurrir en desviación de poder en favor de Sideradria, debe fijar la cuota con arreglo al Derecho vigente. No cambian las cosas si en el razonamiento expuesto por Sideradria se incluye la intención de poner en cuestión no tanto el importe de la cuota de ventas cuanto la manera de calcularla y, aún más, los criterios empleados para determinar los datos de referencia en cuya base se determinan ambos tipos de cuotas. En efecto, los modos y criterios aludidos figuran en decisiones generales firmes desde hace tiempo y sustraídas, por ello, a una impugnación directa de su legalidad. En definitiva, el primer motivo de Sideradria no guarda relación con la decisión impugnada y, en cualquier caso, no se apoya en un razonamiento adecuado, por lo que debe desestimarse.
2.

Si no puede considerarse que la remuneración que percibe o la retribución particular que haya de recibir constituye una compensación para el inventor por la pérdida de su patente, el empresario estará obligado a abonarle una cantidad justa en relación con el interés económico del invento y a las circunstancias en el que éste tuvo lugar. Si el empresario y el inventor no llegan a un acuerdo sobre dicha cantidad, pueden dirigirse por escrito a la Oficina de Patentes para solicitarle que fije dicho importe. La Oficina de Patentes se pronunciará sobre dicha solicitud. Las partes estarán vinculadas por la decisión debidamente motivada que se dicte. Si el empresario y el inventor no hacen uso de dicha posibilidad, será aplicable el artículo 56. El inventor perderá su derecho a cualquier recurso con arreglo a la presente disposición al término de un plazo de tres años a partir de la notificación de la patente.
1.

En contra de lo que se ha dicho a veces, no me parece que la sentencia Grundig implique que una concesión en exclusiva acompañada de una protección territorial absoluta incurra necesariamente en la prohibición restablecida por el apartado 1 del artículo 85. El caso que el Tribunal de Justicia tuvo que resolver en aquella ocasión era demasiado especial para que sea posible sacar de él conclusiones tan absolutas. Los Reglamentos de ejecución del Tratado no ofrecen tampoco una solución. En efecto, cuando se trata de saber si el apartado 1 del artículo 85 es o no aplicable a un contrato, no son decisivos ni el hecho de que el contrato no haya sido notificado ni el de que no cumpla los requisitos necesarios para beneficiarse de una exención (como la prevé por ejemplo para ciertas categorías el Reglamento no 67/67 de la Comisión). Como declara la sentencia de 13 de julio de 1966, Italia/Consejo y Comisión (32/65,↔ Rec. p. 563), «la definición de una categoría tan solo constituye un marco y no significa que todos los acuerdos incluidos en dicha categoría incurran en la prohibición; tampoco que un cuerdo que esté incluido en la categoría exenta, pero que no reúna todos los requisitos de la referida definición haya de incurrir necesariamente en la prohibición».
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por una parte, del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), y, por otra parte, del artículo 54 del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (DO 2009, L 316, p. 65).
20

En caso de que no procediera acogerse a tal interpretación, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, al transponer la Directiva 2013/33, el legislador nacional no habría debido, por razones de previsibilidad jurídica y de respeto de los principios de no discriminación y de igualdad de trato, así como a la luz del considerando 15 de dicha Directiva, establecer, en el marco de una disposición imperativa, clara y general, los criterios objetivos sobre cuya base, además de la constatación previa de que la persona afectada ha tenido la oportunidad de presentar una solicitud de protección internacional, las autoridades nacionales pueden concluir que existen motivos razonables para pensar que el solicitante únicamente presenta la solicitud de protección internacional para retrasar o frustrar la ejecución de la decisión de retorno. El órgano jurisdiccional remitente subraya que, conforme a este enfoque, la decisión del Ministerio del Interior controvertida en el litigio principal tendría que ser anulada debido a que la ZMZ-1 no define específicamente los criterios objetivos que las autoridades nacionales deben tomar en consideración.
12

El capítulo 5, titulado «Procedimiento», de dicho título I bis de la Ley de 15 de diciembre de 1980 se divide en tres secciones. La sección III, relativa al «recurso de anulación», comprende, en particular, una subsección 3, titulada «Procedimiento administrativo sobre medidas provisionales», en la que figura el artículo 39/82 de la citada Ley, que está redactado en los siguientes términos: «1. Cuando un acto de una autoridad administrativa pueda ser anulado en virtud del artículo 39/2, el [Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería)] tendrá competencia exclusiva para ordenar la suspensión de su ejecución. […] Cuando el demandante solicite la suspensión de la ejecución deberá optar bien por una suspensión de extrema urgencia o bien por una suspensión ordinaria. So pena de inadmisibilidad, no podrá, ni simultánea ni consecutivamente, invocar de nuevo el párrafo tercero o solicitar de nuevo la suspensión en la demanda a la que se refiere el apartado 3. […] 4. El Presidente de la Sala o el juez competente en materia de contencioso de extranjería que designe decidirá sobre la petición de suspensión en un plazo de treinta días. En caso de que se ordene la suspensión, se decidirá sobre la pretensión de anulación en un plazo de cuatro meses a partir de que se dicte la resolución jurisdiccional. Cuando se adopte contra un extranjero una medida de expulsión o de devolución cuya ejecución sea inminente, en particular cuando se mantenga al extranjero en un lugar determinado con arreglo a los artículos 74/8 y 74/9 o se le ponga a disposición del Gobierno, aquel podrá solicitar, en el plazo señalado en el artículo 39/57, apartado 1, párrafo tercero, la suspensión de la ejecución de la referida medida de extrema urgencia, siempre que no la haya solicitado aún por la vía ordinaria. […]»
1

Mediante su demanda de medidas provisionales, la República de Bulgaria solicita al Tribunal de Justicia que acuerde la suspensión de la ejecución, con carácter principal, del artículo 1, punto 3, del Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera (DO 2020, L 249, p. 17), en la medida en que adopta el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO 2009, L 300, p. 51), con carácter subsidiario, de ese artículo 1, punto 3, en su totalidad o, con carácter aún más subsidiario, del Reglamento 2020/1055 en su conjunto.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 10 de enero de 2022 — Ryanair (Huelga del personal de cabina y de los pilotos)

(Asunto C‑287/20) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 5, apartado 3 — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos — Exención de la obligación de compensación — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — Huelga del personal de cabina y de los pilotos — Circunstancias “internas” y “externas” respecto a la actividad del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 12 y 28 — Inexistencia de vulneración de la libertad de reunión y de asociación de los trabajadores y del derecho de negociación del transportista aéreo»

Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Compensación y asistencia a los pasajeros — Cancelación de un vuelo — Exención de la obligación de compensación — Requisito — Circunstancias extraordinarias — Concepto — Huelga del personal del transportista encargado de efectuar un vuelo iniciada por convocatoria de un sindicato — Exclusión — Negociaciones previas entre las partes afectadas — Irrelevancia

[Reglamento (UE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 3]

(véanse los apartados 22, 25 a 27, 30 y 33 y el fallo)

Fallo

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un movimiento de huelga iniciado por un sindicato del personal de cabina y de los pilotos de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo con el objeto de hacer valer las reivindicaciones de estos trabajadores no está comprendido en el concepto de «circunstancia extraordinaria», en el sentido de esta disposición, sin que a este respecto tenga relevancia alguna la existencia de negociaciones previas con los representantes de los trabajadores.

( 1 ) DO C 279 de 24.8.2020.
2)

El artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de cancelación del vuelo previsto inicialmente a causa de circunstancias extraordinarias, el hecho de que el transportista aéreo proceda al transporte alternativo del pasajero mediante un vuelo gracias al que alcanza su destino final al día siguiente de lo previsto inicialmente constituye una «medida razonable» que exime al transportista de la obligación de compensación que le incumbe con arreglo a los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, de dicho Reglamento, a menos que hubiera existido otro transporte alternativo directo o indirecto mediante un vuelo que realizara él mismo o realizara cualquier otro transportista aéreo y que no llegara con tanto retraso como el vuelo siguiente del transportista aéreo de que se trate, salvo si este acredita que la realización de dicho transporte alternativo habría supuesto un sacrificio insoportable en relación con la capacidad de su empresa en el momento pertinente, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
15

El Consiglio di Stato considera, a primera vista, que la resolución controvertida infringe el artículo 192, apartado 2, del Código de Contratos Públicos, que también es aplicable a Ecolan en virtud del artículo 16, apartado 7, del Decreto Legislativo n.o 175/2016, en la medida en que, en dicha resolución, no se exponen debidamente los motivos que justifican la decisión de proceder a la adjudicación in house. Según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 192, apartado 2, del Código de Contratos Públicos obliga a que la adjudicación in house de servicios disponibles en el mercado se supedite a un doble requisito, que no se exige para las demás formas de adjudicación de esos mismos servicios, en particular, para las licitaciones y las otras formas de cooperación horizontal entre administraciones. En primer término, el poder adjudicador debe justificar las circunstancias que han llevado a excluir la contratación pública. Este requisito resulta de la naturaleza secundaria y residual de la adjudicación in house, que solo puede utilizarse a condición de demostrar, por un lado, un «fallo del mercado» pertinente, en el sentido de que es previsible que se incumplan los «objetivos de universalidad y carácter social, eficiencia, economía y calidad del servicio, y empleo óptimo de los recursos públicos» y, por otro lado, el hecho de que la entidad in house es apta para subsanar tal fallo. En segundo término, el poder adjudicador debe exponer los beneficios que se derivan de la adjudicación in house, mientras que tal demostración no resulta necesaria en el supuesto de que se opte por la contratación pública.
31

Como se desprende del apartado 39 de la sentencia de 19 de enero de 2017, Schaefer Kalk (C‑460/15, EU:C:2017:29), en una situación en la que el CO2 producido por una instalación de producción de cal se transfiere a una instalación de producción de CCP, resulta que, de conformidad con el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 601/2012 y del punto 10, parte B, del anexo IV de este, la totalidad del CO2 transferido, independientemente de que una parte de este se libere o no a la atmósfera durante su transporte o debido a fugas o incluso al propio proceso de producción, se considera emitido por la instalación de producción de cal en la que ese CO2 ha sido producido, aun cuando dicha transferencia podría no provocar ninguna liberación de CO2 a la atmósfera. Esas disposiciones crean una presunción iuris et de iure de que todo el CO2 transferido se liberará a la atmósfera.
109

En segundo lugar, la República de Polonia alega que la reincorporación temporal en sus funciones jurisdiccionales en activo de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) jubilados presentaría un riesgo sistémico sensiblemente superior al de su mantenimiento en situación de jubilación. En particular, la República de Polonia considera que la situación de un juez reintegrado en sus funciones por una duración no definida a priori conlleva el riesgo de que no quede garantizada la independencia de ese juez hasta la fecha en que se pronuncie la sentencia definitiva.
1)

Los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que responde al requisito de redacción clara y comprensible establecido en dichas disposiciones un contrato de crédito denominado en moneda extranjera que incluye una cláusula que atribuye al consumidor el riesgo de tipo de cambio, pero que no le advierte expresamente de que las variaciones del tipo de cambio no están sujetas a ningún límite, y que solo menciona el importe del préstamo denominado en moneda extranjera y el importe de las cuotas de devolución denominadas en moneda nacional a título indicativo, cuando, – por una parte, el consumidor no solo ha sido informado de la posibilidad de apreciación o de depreciación de la moneda extranjera en la que se ha contratado el préstamo, sino que puede también evaluar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, derivadas del riesgo de tipo de cambio sobre sus obligaciones financieras, y, – por otra parte, el importe total de la suma puesta a disposición del prestatario y el importe de las cuotas de devolución pueden determinarse claramente. En la medida en que estas dependan también del tipo de cambio vigente en la fecha de desembolso de los fondos y en las fechas de vencimiento de las cuotas de devolución, respectivamente, el requisito de redacción clara y comprensible exige que el mecanismo de cálculo de estos importes y el tipo de cambio aplicable se expongan de manera transparente.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 27 de septiembre de 2018 — FR

(Asunto C‑422/18 PPU) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 18, artículo 19, apartado 2, y artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Resolución por la que se desestima una solicitud de protección internacional — Normativa nacional que establece un doble grado de jurisdicción — Efecto suspensivo de pleno derecho limitado al recurso en primera instancia»

Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Resolución por la que se desestima una solicitud de protección internacional y se impone una obligación de retorno — Normativa nacional que establece un recurso en segunda instancia no suspensivo contra tal resolución — Procedencia — Límites — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 18, 19, ap. 2, y 47; Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 13; Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 46)

(véanse los apartados 32 a 47 y el fallo)

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, interpretadas con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece un procedimiento de casación contra las sentencias de primera instancia que confirmen las resoluciones de la autoridad administrativa competente por las que se desestimen solicitudes de protección internacional, sin acompañarlo de un efecto suspensivo de pleno derecho, pero que permite que el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia recurrida ordene suspender, a solicitud del interesado, la ejecución de esa sentencia tras haber apreciado la fundamentación o la falta de fundamentación de los motivos de casación invocados contra ella y no la existencia de un riesgo de que la ejecución de dicha sentencia cause un perjuicio grave e irreparable a ese solicitante.

( 1 ) DO C 311, de 3.9.2018.
2.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación material del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1, párr. 2, letra a)] (véase el apartado 6)
19

Durante el procedimiento principal, BRD Groupe Société Générale propuso una excepción de inadmisibilidad basada en que, dado que el Sr. y la Sra. Dumitraş no habían actuado con un propósito ajeno a su actividad mercantil, estos no podían invocar la condición de consumidores en el sentido del artículo 2 de la Ley n.o 193/2000.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011 (DO 2011, L 319, p. 43) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18»).
9

Con carácter preliminar, el consejero auditor señaló, en primer lugar, que la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2006, C 298, p. 17) no generaba en las demandantes una confianza legítima que impidiera a la Comisión publicar información que no constituía secreto profesional. Consideró, además, que no merecía ninguna protección particular el interés de las recurrentes en que no se revelaran detalles de su comportamiento que no constituían secreto profesional. El consejero auditor, por otro lado, juzgó que no era de su competencia pronunciarse sobre la oportunidad de publicar información no confidencial ni sobre los perjuicios causados por la política general de la Comisión a este respecto.