La segunda hipótesis contemplada por el órgano jurisdiccional neerlandés se refiere a un preparado o a una especialidad farmacéutica, autorizado y comercializado de manera regular en un país del que se exporta hacia otro país, en cuyo territorio está autorizado y se comercializa un preparado cuya composición cualitativa y cuantitativa sólo presenta en relación con la primera diferencias tan secundarias que hay que pensar que sólo fueron introducidas por el fabricante para impedir importaciones paralelas. El órgano jurisdiccional a quo pregunta a este Tribunal si, en tal caso, la exigencia contemplada por su primera cuestión constituye una medida de efecto equivalente no justificada por razones de salud pública.

Esta cuestión se explica por el hecho de que, en el curso de la instrucción ante el órgano jurisdiccional neerlandés, el experto citado por el Ministerio Fiscal, que no era otro que el Inspector jefe de la Salud Pública, declaró que existía una diferencia entre el valium inglés y el valium neerlandés, consistente en que los comprimidos ingleses contenían algo más de almidón de maíz y de lactosa que los comprimidos neerlandeses. Pero se consideró incapaz de decir si esta diferencia tenía alguna incidencia farmacológica. Por otra parte, los colorantes empleados variaban según la nacionalidad de los comprimidos y, en su opinión, ello podría tener importancia. A este respecto, el Abogado del Sr. De Peijper señaló, sin que nadie le contradijera, que los colorantes utilizados en los comprimidos ingleses también estaban admitidos en los Países Bajos.

Nos podemos preguntar, y cada vez son más los que se hacen esta pregunta, cuál puede ser el interés de un fabricante de productos farmacéuticos en diferenciar un medicamento destinado a ser comercializado bajo un mismo nombre en distintos países y que, desde el punto de vista meramente de la racionalización de la fabricación y de su coste, debería estar compuesto, preparado y controlado de la misma manera.

Evidentemente, las normativas nacionales particulares en materia de salud pública pueden imponer algunas diferenciaciones. Pero, incluso teniendo en cuenta estas normativas, la cuestión queda, a menudo, sin respuesta, a menos que se piense que se trata de diferenciaciones introducidas por razones puramente comerciales con objeto de fraccionar el mercado y de obtener un provecho de esta situación.

Por otra parte, no es indiferente el hecho de que el precio de un producto importado paralelamente sea considerablemente inferior al precio del medicamento vendido por el importador autorizado por el fabricante. En efecto, el coste de la salud pública y, por consiguiente, de las prestaciones de las cajas del seguro social es un elemento que forma parte de la política de la salud pública. El Ministerio Fiscal neerlandés tiene una visión algo ingenua de las cosas cuando dice que la demanda de productos farmacéuticos depende menos del precio y de la publicidad que se hace de estos productos que la demanda de otros productos, y que esta demanda está determinada exclusivamente por las prescripciones de los médicos, los cuales, por su parte, no están influidos en absoluto por los precios y la publicidad.

Si las cajas de seguro se preocuparan tan poco por el coste de la salud, me pregunto por qué existen médicos del seguro y farmacéuticos de la mutua. También me pregunto por qué el régimen de precios de los medicamentos está reglamentado en la mayor parte de los Estados miembros y por qué los fabricantes de medicamentos dedican sumas tan elevadas a la publicidad con que acosan a los miembros del cuerpo médico. En esto consiste todo el problema del coste de los medicamentos en el presupuesto social de los Estados miembros.

Por consiguiente, me inclinaría a pensar que una diferencia de precio como la que existe entre el diazepám oficialmente vendido en el Reino Unido y el diazepám oficialmente vendido en los Países Bajos hace presumir una violación del principio de libre circulación de mercancías, si no una infracción de las normas del Tratado sobre la competencia.

Pero entiendo que hay que tener la certeza de que estas diferencias no tienen ninguna incidencia terapéutica, de manera que sólo se deben a la intención del fabricante de compartimentar el mercado. A este respecto nunca se es demasiado prudente.

Hay que ponderar los imperativos de la salud pública y el principio de la libre circulación de mercancías. Admito que hay cierto riesgo de dar preferencia a la libre circulación, incluso en esta segunda hipótesis. No obstante, considero que este riesgo tiene escasa entidad.

En segundo lugar, no se puede poner en relación el precio módico de un producto con su posible nocividad. Pero, por una parte, lo que es bueno para los ingleses ¿no lo será también para los neerlandeses? Por otra parte, no se ha producido ningún incidente hasta el momento en los Países Bajos respecto al diazepám comercializado por Centrafarm: por otra parte, no se trata de un producto nuevo. En cualquier caso, en este ámbito no nos podemos remitir a la buena voluntad de los fabricantes de productos farmacéuticos, dada la tentación que tienen de utilizar las diferencias de legislación para obtener importantes ganancias y compartimentar los mercados. Finalmente, un último indicio importante de que no existen diferencias, o de que éstas son secundarias, entre el valium distribuido por su fabricante y el diazepám de Centrafarm podría ser el hecho, si he comprendido bien la cuestión formulada a este respecto por el Juez Ponente y la respuesta dada, de que el concesionario exclusivo neerlandés importa ocasionalmente no sólo el valium producido según la fórmula suiza, sino también el valium producido según la fórmula inglesa.

En otras palabras, creo, y en esto coincido con la Comisión, que la prohibición de comercializar cierta forma de medicamento mientras que otra forma de ese mismo medicamento está autorizada, sólo se puede justificar, teniendo en cuenta el artículo 36, si resulta probado, fundándose en criterios debidamente objetivos, que el uso de esta forma tiene una incidencia terapéutica.

So pena de incurrir en discriminaciones o distorsiones prohibidas por el artículo 36, la formulación de estos criterios no corresponde al órgano jurisdiccional nacional, sino, en primer lugar, a la Comisión actuando de común acuerdo con las autoridades competentes de los Estados miembros y con el Comité Farmacéutico creado por la Decisión del Consejo de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 23; EE 13/04, p. 102). Como ya sabe este Tribunal, este organismo tiene por misión examinar todas las cuestiones relativas al ámbito de las especialidades farmacéuticas, planteadas por su Presidente, bien a iniciativa de éste, bien a instancia del representante de un Estado miembro; la Comisión también puede recabar el dictamen del Comité de especialidades farmacéuticas mencionado en el artículo 8 de la Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 13; EE 13/04, p. 92), Comité que fue creado para facilitar la adopción de una actitud común por parte de los Estados miembros relativa a las autorizaciones de comercialización de estas especialidades.

La Comisión puede dejar a las autoridades nacionales, a los fabricantes y a los importadores paralelos solucionar sus conflictos, escudándose tras los órganos jurisdiccionales nacionales.