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Los hechos que originaron el litigio fueron expuestos por el Tribunal General en los apartados 1 a 14 del auto recurrido de la manera siguiente: «1 Las demandantes [...] son entidades promotoras de vivienda social (woningcorporaties, en lo sucesivo, “wocos”) establecidas en los Países Bajos. Las wocos son entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto es la adquisición, construcción y arrendamiento de viviendas destinadas fundamentalmente a personas y a colectivos socialmente desfavorecidos. Las wocos ejercen asimismo otras actividades como la construcción y el arrendamiento de apartamentos a precios más elevados, la construcción de apartamentos destinados a la venta y la construcción y arrendamiento de inmuebles de interés general. 2 El 15 de diciembre de 2009, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida]. 3 En primer lugar, en lo que respecta a la ayuda E 2/2005, en 2002, las autoridades neerlandesas notificaron a la Comisión el sistema general de ayudas de Estado destinadas a las wocos. Al considerar la Comisión que las medidas de financiación de las wocos podían calificarse de ayudas existentes, las autoridades neerlandesas retiraron su notificación. 4 El 14 de julio de 2005, la Comisión transmitió a las autoridades neerlandesas un escrito en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [107 TFUE] (DO L 83, p. 1), en el que calificaba el sistema general de ayudas de Estado pagadas a las wocos de ayudas existentes (ayuda E 2/2005) y expresaba dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. Con carácter previo, la Comisión indicó que las autoridades neerlandesas debían modificar la misión de servicio público encomendada a las wocos, de tal manera que la vivienda social se reservara para un grupo destinatario claramente definido de personas o de colectivos socialmente desfavorecidos. Añadió que las wocos debían llevar a cabo todas sus actividades mercantiles en condiciones de mercado y que no podían beneficiarse de ayudas de Estado. Por último, señaló que la oferta de vivienda social debía adaptarse a la demanda de las personas o colectivos socialmente desfavorecidos. 5 A raíz de la remisión del referido escrito, la Comisión y las autoridades neerlandesas entablaron negociaciones con el fin de adecuar el régimen de ayudas a lo previsto en el artículo 106 TFUE, apartado 2. 6 El 16 de abril de 2007, la Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (Asociación de inversores inmobiliarios institucionales de los Países Bajos [...]), presentó una denuncia ante la Comisión en relación con el régimen de ayudas concedidas a las wocos. En junio de 2009, Vesteda Groep BV se adhirió a esta denuncia. 7 Mediante escrito de 3 de diciembre de 2009, las autoridades neerlandesas propusieron a la Comisión compromisos dirigidos a modificar el sistema general de ayudas de Estado a favor de las wocos. 8 Las medidas contenidas en el sistema general de ayudas de Estado pagadas por [el Reino de] los Países Bajos a favor de las wocos y a las que se refiere el procedimiento E 2/2005 son las siguientes: a) garantías del Estado para los préstamos concedidos por el Fondo de Garantía para la construcción de viviendas sociales; b) ayudas del Fondo Central para la Vivienda, ayudas por proyecto o ayudas a la racionalización en forma de préstamos a un tipo preferencial o de subvenciones directas; c) la venta por parte de los municipios de terrenos a precios inferiores al precio de mercado; d) el derecho a pedir un préstamo al Bank Nederlandse Gemeenten. 9 En la Decisión [controvertida], la Comisión calificó cada una de dichas medidas de ayuda de Estado y consideró que el sistema neerlandés de financiación de las viviendas sociales constituía una ayuda existente al haberse creado antes de la entrada en vigor del Tratado CE en los Países Bajos y al no haber supuesto las reformas posteriores ninguna modificación sustancial. 10 En el cuadragésimo primer considerando de la Decisión [controvertida], la Comisión señaló que: “Las autoridades neerlandesas se comprometieron a modificar el funcionamiento de la wocos y las medidas que les confieren ventajas. Por lo que respecta a varias modificaciones, las autoridades neerlandesas presentaron proyectos de disposiciones a la Comisión. Las nuevas normas son objeto de un nuevo Decreto Ministerial que entró en vigor el 1 de enero de 2010 y de una nueva Ley sobre la vivienda que entrará en vigor el 1 de enero de 2011. […]” 11 La Comisión examinó la compatibilidad de la ayuda E 2/2005 relativa al sistema de financiación de las wocos en su versión modificada a raíz de los compromisos asumidos por las autoridades neerlandesas. Concluyó, en el considerando 72 de la Decisión [controvertida], que “las ayudas abonadas por las actividades relativas a la vivienda social, en concreto las relacionadas con la construcción y el arrendamiento de viviendas destinadas a particulares, incluidas la construcción y el mantenimiento de infraestructuras auxiliares, […] son compatibles con el artículo 106 TFUE, apartado 2”. En consecuencia, la Comisión aceptó los compromisos asumidos por las autoridades neerlandesas. 12 En segundo lugar, por lo que respecta a la ayuda N 642/2009, el 18 de noviembre de 2009, las autoridades neerlandesas notificaron un nuevo régimen de ayudas para la rehabilitación de barrios urbanos degradados, calificado de “ayuda específica por proyecto destinada a determinados distritos”, cuyos beneficiarios son las wocos que actuaban en los barrios seleccionados. Este nuevo régimen de ayudas debía concederse en las mismas condiciones que las previstas para las medidas contempladas en el régimen de ayudas existente, en su versión modificada a raíz de los compromisos asumidos por las autoridades neerlandesas. 13 La ayuda N 642/2009 debía adoptar la forma de subvenciones directas abonadas por el Centraal Fonds Volkshuisvesting (Fondo Central para la Vivienda) para llevar a cabo proyectos específicos relativos a la construcción y al arrendamiento de viviendas en zonas geográficas limitadas que coincidían con las comunidades urbanas más desfavorecidas. Su financiación se garantizaría por medio de un nuevo impuesto que pagarían las wocos que ejercen sus actividades fuera de las zonas urbanas problemáticas. 14 La Comisión consideró, en la Decisión [controvertida], que la ayuda N 642/2009 era compatible con el mercado común. Estimó que “las ayudas abonadas por las actividades de construcción y arrendamiento de viviendas destinadas a particulares, incluidas las de construcción y mantenimiento de infraestructuras anejas, y de construcción y arrendamiento de inmuebles de interés general son compatibles con el artículo 106 TFUE, apartado 2”. Decidió, en consecuencia, no formular objeciones en relación con las nuevas medidas notificadas.»