Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 7 de julio de 2022 ( )

Asunto C‑351/21

ZG

contra

Beobank Ltd

[Petición de decisión prejudicial planteada por la justice de paix du canton de Forest (Juez de Paz del Cantón de Forest, Bélgica)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Servicios de pago en el mercado interior — Información destinada al ordenante tras la recepción de la orden de pago — Operaciones de pago único — Entrega de información relativa al beneficiario — Obligación del proveedor de servicios»





I. Introducción

1. El presente procedimiento prejudicial tiene su origen en un litigio entre el titular de una cuenta y una entidad bancaria en relación con dos operaciones de pago efectuadas mediante la tarjeta de débito del citado titular, que este considera no autorizadas. En dicho litigio, el titular solicita, en particular, la devolución de tales operaciones de pago. La entidad bancaria rechaza tal pretensión al estimar que las operaciones de que se trata fueron autorizadas o que, cuando menos, el titular incurrió en una negligencia grave.

2. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de una disposición ( ) de la Directiva 2007/64/CE, ( ) según la cual un proveedor de servicios de pago del ordenante está obligado a proporcionar a este, «en su caso», la información relativa al beneficiario de una operación de pago. Con sus cuestiones, aquel órgano jurisdiccional pretende saber si, según la interpretación que deba darse a esta disposición, el proveedor de servicios de pago está obligado a facilitar en todos los casos, sin excepción, dicha información, con el fin de poder extraer conclusiones de ella en cuanto a su responsabilidad.

3. Desde el punto de vista del mecanismo de remisión prejudicial, que constituye un instrumento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales y el Tribunal de Justicia, se está aquí en presencia de una situación inusual: para poder dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, ha de determinarse si las disposiciones de la Directiva 2007/64 que establecen un régimen armonizado de responsabilidad del proveedor de servicios de pago se oponen a que dicho órgano jurisdiccional pueda extraer tales consecuencias, sin menoscabar los objetivos ni el efecto útil de la citada Directiva. En efecto, esta Directiva establece un régimen armonizado de responsabilidad del proveedor de servicios de pago y lleva a cabo, a este respecto, como se desprende de su artículo 86, una «plena armonización».

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. El artículo 47, apartado 1, letra a), de la Directiva 2007/64 dispone:

«Una vez que el importe de una operación de pago concreta se haya cargado en la cuenta del ordenante, o cuando el ordenante no utilice una cuenta de pago tras recibir la orden de pago, el proveedor de servicios de pago del ordenante le facilitará sin demoras injustificadas, de modo idéntico al estipulado en el artículo 41, apartado 1, la siguiente información:

a) una referencia que permita al ordenante identificar cada operación de pago y, en su caso, la información relativa al beneficiario;»

5. El artículo 60 de dicha Directiva, titulado «Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas», dispone:

«1. Sin perjuicio del artículo 58, los Estados miembros velarán por que, en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante le devuelva de inmediato el importe de la operación no autorizada y, en su caso, restablezca en la cuenta de pago en la cual se haya adeudado el importe el estado que habría existido de no haberse efectuado la operación de pago no autorizada.

2. Podrán determinarse otras indemnizaciones económicas de conformidad con la normativa aplicable al contrato celebrado entre el ordenante y su proveedor de servicios de pago.»

6. El artículo 86 de dicha Directiva, titulado «Plena armonización», dispone en su apartado 1, que, «sin perjuicio de lo dispuesto en […] el artículo 61, apartado 3, […] en la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o introducir disposiciones diferentes de las que en ella se prevén».

B. Derecho belga

7. El code de droit économique (Código de Derecho Económico) belga, en su versión aplicable en 2017 ( ) (en lo sucesivo, «Código de Derecho Económico»), disponía en su artículo VII.18, apartado 1:

«Una vez que el importe de una operación de pago individual haya sido cargado en la cuenta del ordenante o, si el ordenante no ha utilizado una cuenta de pago, tras la recepción de la orden de pago, el proveedor de servicios de pago del ordenante facilitará a este, sin demora y conforme a las modalidades previstas en el artículo VII.12, [apartado 1,] la información siguiente:

1. una referencia que permita al ordenante identificar la operación de pago y, en su caso, la información relativa al beneficiario; […]».

8. El artículo VII.35 del Código de Derecho Económico disponía: ( )

«Sin perjuicio de la aplicación del artículo VII.33, en caso de una operación de pago no autorizada, y tras una comprobación prima facie del eventual fraude del ordenante, el proveedor de servicios de pago del ordenante deberá devolver de inmediato al ordenante el importe de esta operación de pago no autorizada y, en su caso, restablecer en la cuenta de pago en la cual se haya adeudado el importe el estado que habría existido de no haberse efectuado la operación de pago no autorizada, en su caso aumentado en los intereses devengados por dicho importe.

Asimismo, el proveedor de servicios de pago del ordenante deberá reembolsar las demás consecuencias económicas posibles, en particular el importe de los gastos soportados por el titular por la determinación del daño indemnizable.»

III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

9. ZG, residente belga, es titular de una cuenta bancaria abierta en Beobank, en Bélgica, y dispone de una tarjeta de débito asociada a dicha cuenta.

10. En la noche del 20 al 21 de abril de 2017, ZG, que se encontraba en Valencia (España), efectuó tres pagos, con la misma tarjeta de débito y en el mismo terminal, en un establecimiento cuya naturaleza es objeto de debate entre las partes del procedimiento principal, a las 00.35 horas, 1.35 horas y 2.06 horas, por importes, respectivamente, de 100 euros (cantidad que supuestamente cubre los costes de entrada y una consumición), de 991 euros y de 993 euros. Se intentó realizar una cuarta operación, por importe de 994 euros, pero a las 2.35 horas fue rechazada.

11. ZG no discute el primer pago, pero sí rechaza los pagos segundo y tercero (en lo sucesivo, «pagos controvertidos»). Ante el órgano jurisdiccional remitente afirmó que no recordaba lo sucedido tras la consumición tomada en el establecimiento en cuestión. Tampoco recuerda el nombre y la dirección de ese establecimiento y dice ser víctima de un engaño llevado a cabo mediante la administración de alguna droga.

12. El 23 de abril de 2017, ZG bloqueó su tarjeta y, el 29 de abril de 2017, denunció ante la policía de Bruselas el robo y uso fraudulento de su tarjeta bancaria.

13. Ante el órgano jurisdiccional remitente, ZG solicita, además de una indemnización por daños y perjuicios por importe de 500 euros, que se le devuelvan los pagos controvertidos, esto es, un importe de 1 984 euros, al considerar no autorizadas las operaciones de que se trata, en virtud del artículo VII.35 del Código de Derecho Económico. Beobank refuta los hechos tal como son descritos por ZG y se niega a proceder al reembolso, al considerar que estas operaciones fueron autorizadas o, cuando menos, que ZG incurrió en una negligencia grave.

14. Para el órgano jurisdiccional remitente, es importante conocer la identidad del beneficiario de los pagos controvertidos. Dicho órgano jurisdiccional señala que, por lo general, los fraudes cometidos por un tercero mediante el uso de una tarjeta de débito de la víctima permiten al autor realizar compras o retirar efectivo.

15. El órgano jurisdiccional remitente observa que, a raíz de la solicitud presentada por el abogado de ZG, Beobank se limitó a indicar únicamente la referencia numérica del terminal y su geolocalización, sin aportar más datos sobre la identidad del beneficiario de las transacciones que la mención «COM SU VALENCIA ESP». Dicho órgano jurisdiccional señala que el asunto se aplazó tras la celebración de la vista oral para permitir a Beobank aportar precisiones, si bien no se obtuvieron mayores resultados, pues explicó que no había recibido ninguna indicación complementaria de la sociedad ATOS, operadora del terminal de pago utilizado. Según Beobank, fue la entidad bancaria española del beneficiario, el Banco Sabadell, la que se negó a comunicar los datos de identificación del comerciante en cuestión.

16. Haciendo referencia al artículo VII.18 del Código de Derecho Económico, que constituía la transposición de una de las disposiciones ( ) de la Directiva 2007/64 y que disponía que el proveedor de servicios de pago estaba obligado a facilitar, en particular, «en su caso, información relativa al beneficiario», el órgano jurisdiccional remitente considera necesario saber si, en virtud de esta disposición, en cuanto atañe a la comunicación de dicha información, la entidad bancaria tiene una obligación de medios o una obligación de resultado. Si la interpretación del Tribunal de Justicia permite concluir que Beobank ha incumplido su obligación, de ello se deduciría, según ese órgano jurisdiccional, que este último «puede extraer conclusiones de dicho incumplimiento por lo que respecta a [la obligación del banco] de devolver el importe de las operaciones controvertidas y/o a la pretensión indemnizatoria, habida cuenta de la oportunidad perdida de obtener de un tercero el reembolso de los fondos».

17. Ante el órgano jurisdiccional remitente, Beobank sostiene que el artículo VII.18 del Código de Derecho Económico solo impone una obligación de medios, en virtud de la cual únicamente debe proporcionar la información que su banco corresponsal le haya transmitido, siendo el consumidor, en caso de que la información sea insuficiente, quien deberá solicitarla a dicho banco corresponsal. En el presente asunto, Beobank insta al citado órgano jurisdiccional, en su caso, a «dirigir un exhorto judicial» al Sabadell para que aporte los documentos que le permitan identificar al beneficiario de la operación. En caso de no recibir contestación satisfactoria, Beobank considera procedente solicitar un acto de instrucción, mediante comisión rogatoria, para oír a los órganos del Sabadell. Con el objeto de fundamentar su tesis, Beobank se apoya en la expresión «en su caso» utilizada en la disposición controvertida. En cambio, ZG considera que Beobank debe asumir las consecuencias de que Sabadell no comunique los datos.

18. En estas circunstancias, mediante resolución de 13 de abril de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de junio de 2021, la justice de paix du canton de Forest (Juez de Paz del Cantón de Forest) decidió suspender el procedimiento y plantear las cuestiones prejudiciales siguientes al Tribunal de Justicia:

«1) En virtud del artículo 38, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2007/64/CE, ¿tiene el proveedor de servicios [de pago del ordenante] una obligación de medios o una obligación de resultado en cuanto a la comunicación de “información relativa al beneficiario”?

2) La “información relativa al beneficiario” a la que se refiere esta disposición, ¿comprende la información que permite identificar a la persona física o jurídica beneficiaria del pago?»

19. Han presentado observaciones escritas las partes del procedimiento principal, los Gobiernos belga y checo y la Comisión Europea. No se ha celebrado vista.

IV. Análisis

A. Sobre las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y su incidencia en la necesidad de reformular las cuestiones prejudiciales

1. Directiva aplicable ratione temporis

20. Las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente versan sobre una de las disposiciones de la Directiva 2007/64. Ahora bien, esta Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2015/2366, ( ) con efectos a partir del 13 de enero de 2018. ( )

21. ZG sostiene que, aun cuando los pagos controvertidos se efectuaron antes de la transposición de la Directiva 2015/2366 al Derecho belga, las disposiciones de dicha Directiva se aplican en el litigio principal en la medida en que Beobank no preguntó al banco español Sabadell sobre la identidad del beneficiario hasta septiembre de 2020.

22. Pues bien, el litigio principal tiene por objeto, en esencia, la responsabilidad del proveedor de servicios de pago del ordenante, en lo relativo a los pagos controvertidos efectuados mediante su tarjeta de débito, asociada a una cuenta abierta en la entidad de dicho proveedor. Desde esta perspectiva, el litigio principal tiene su origen en las operaciones de pago realizadas en el mes de abril de 2017, que se inscriben en el contexto de un marco contractual que existía antes del 13 de enero de 2018. Por consiguiente, es la Directiva 2007/64 la que se aplica ratione temporis a los hechos del litigio principal.

2. Disposición pertinente de la Directiva 2007/64 relativa a la obligación de información

23. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 38, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2007/64. Esta disposición figura en el capítulo 2 («Operaciones de pago único») del título III («Transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago»).

24. Dicha disposición se aplica, como prevé el artículo 35 de la Directiva 2007/64, a «aquellas operaciones de pago único no cubiertas por un contrato marco». En esta lógica, cuando no se trata simplemente de una «operación de pago único», sino de un «contrato marco», son las disposiciones del capítulo 3 («Contratos marco») del título III de esta Directiva las que se aplican, y no las del capítulo 2 de dicho título.

25. Un «contrato marco» se define en el artículo 4, punto 12, de la Directiva 2007/64 como «un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones». Además, el considerando 24 de dicha Directiva precisa que, «en la práctica, los contratos marco y las operaciones de pago en el marco de dichos contratos son mucho más frecuentes y tienen mayor importancia económica que las operaciones de pago individual. Si existe una cuenta de pago o un instrumento de pago específico, se requiere un contrato marco».

26. Como se desprende de la petición de decisión prejudicial, ZG es titular de una cuenta abierta en Beobank para la que dispone de una tarjeta de débito, mediante la cual se efectuaron cuando menos tres operaciones de pago sucesivas.

27. En la medida en que las operaciones de pago controvertidas en el litigio principal no son operaciones únicas, el artículo 38, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2007/64 no parece ser aplicable. En cambio, como alegan Beobank, el Gobierno checo y la Comisión, el artículo 47, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, aplicable a los pagos efectuados en contratos marco, sí parece pertinente en el presente litigio. ( ) Ha de tenerse en cuenta que, a priori, el problema jurídico que el órgano jurisdiccional remitente pretende resolver requiere la interpretación de esta última disposición. ( )

3. Disposiciones relativas a la responsabilidad del proveedor de servicios de pago y su incidencia en la necesidad de reformular las cuestiones prejudiciales

28. El órgano jurisdiccional remitente parece concebir el litigio principal como un procedimiento relativo a la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago derivada del hecho de que el usuario de estos servicios, a falta de información relativa al beneficiario de los pagos, no puede recuperar el importe de los mismos de su beneficiario. Según la línea de razonamiento del órgano jurisdiccional remitente, para que pueda exigirse la responsabilidad de este proveedor, hay que demostrar que ha incumplido su obligación de información establecida en el artículo 47, apartado 1, letra a), de la Directiva 2007/64, transpuesto al Derecho belga mediante el artículo VII.18 del Código de Derecho Económico. A tal fin, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete esta disposición. Se pregunta, en esencia, si el proveedor de servicios de pago está o no obligado a proporcionar en todos los supuestos, sin excepción, esta información relativa al beneficiario de los pagos. ( ) Esta alternativa parece corresponderse con lo que el órgano jurisdiccional remitente califica —haciendo probablemente referencia a los conceptos de Derecho civil— de «obligación de medios» y de «obligación de resultado».

29. Ciertamente, el órgano jurisdiccional remitente señala en su petición de decisión prejudicial que las partes del asunto principal no niegan que el artículo VII.18 del Código de Derecho Económico sea aplicable a los hechos del litigio principal. Sin embargo, de esta petición se desprende igualmente que la reclamación de devolución de los pagos controvertidos formulada por ZG se basa en el artículo VII.35 del Código de Derecho Económico. ( )

30. A este respecto, Beobank declaró, en su respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Justicia, que la acción ejercitada por ZG se basaba en los artículos VII.30 a VII.36 del Código de Derecho Económico y que estas disposiciones constituían la transposición de los artículos 56 a 61 de la Directiva 2007/64, al tiempo que subrayaba que dichas disposiciones habían sido objeto de debate ante el órgano jurisdiccional remitente.

31. En respuesta a esta misma pregunta del Tribunal de Justicia, el Gobierno belga confirmó que el artículo VII.35 del Código de Derecho Económico belga constituye una transposición del artículo 60 de esta Directiva y señaló que los artículos 58 a 61 de la Directiva 2007/64 pueden ser pertinentes en el litigio principal.

32. Tras ser preguntada sobre las disposiciones de la Directiva 2007/64 pertinentes en el litigio principal, la Comisión indicó que las disposiciones nacionales que transponen los artículos 58 a 61 de esta Directiva son aplicables en el presente litigio y que, por consiguiente, a su juicio, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no son directamente pertinentes para determinar la responsabilidad del proveedor de servicios en materia de operaciones de pago no autorizadas.

33. En principio, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre si, en el marco de un procedimiento civil, un órgano jurisdiccional nacional está autorizado, en virtud de su Derecho nacional, a recalificar y/o recontextualizar de oficio una demanda interpuesta ante él. Además, ni esta cuestión ( ) ni la relativa a la incidencia de que las partes del asunto principal no nieguen la aplicabilidad de una disposición de transposición distinta de aquella en la que se basa expresamente la demanda de ZG ( ) parecen constituir el meollo del presente asunto. En cualquier caso, la presente petición de decisión prejudicial no contiene precisiones que me permitan abordar estas dos cuestiones.

34. Pues bien, para poder proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la interpretación del Derecho de la Unión que solicita, resulta conveniente, con carácter preliminar, examinar si las disposiciones de la Directiva 2007/64 que establecen un régimen armonizado de responsabilidad por las operaciones de pago se oponen a que dicho órgano jurisdiccional, tal como prevé hacer, pueda extraer de la interpretación que se dé a una disposición de esta Directiva que versa sobre la obligación de información conclusiones sobre la condena a Beobank a pagar a ZG la cantidad correspondiente al importe de los pagos controvertidos. En efecto, como ya he mencionado en la introducción de las presentes conclusiones, el título del artículo 86 de dicha Directiva invita a pensar que esta realiza una plena armonización en lo tocante a este régimen armonizado de responsabilidad. Por consiguiente, a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente no plantea directamente sus cuestiones desde esta perspectiva, sí tiene necesidad, en cualquier caso, de una interpretación prejudicial a este respecto para pronunciarse sobre el litigio relativo a la devolución de operaciones de pago que quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. ( )

35. Propongo, pues, examinar conjuntamente las dos cuestiones prejudiciales y reformularlas en el sentido de que, mediante ellas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64, en relación con el artículo 86, apartado 1, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un usuario de servicios de pago pueda exigir la responsabilidad del proveedor de estos servicios, como consecuencia de que este ha incumplido su obligación de información establecida en el artículo 47, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, en la medida en que esta responsabilidad versa sobre la devolución de operaciones de pago.

36. En cuanto atañe a esta propuesta de reformular las cuestiones prejudiciales, quiero observar, en aras de claridad, que, si bien el órgano jurisdiccional remitente señala, en la motivación de la petición de decisión prejudicial, que, «además de una indemnización por daños y perjuicios (500 euros)», ZG reclama la devolución de los pagos controvertidos, por importe de 1 984 euros, es solo la reclamación de devolución de este segundo importe lo que parece ser objeto de la remisión prejudicial.

37. En efecto, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente señala que solicita la interpretación de una de las disposiciones del título III de la Directiva 2007/64 para poder extraer de ella conclusiones en cuanto a la obligación de Beobank de devolver el importe de las operaciones controvertidas «y/o» a la pretensión indemnizatoria, habida cuenta de la oportunidad perdida de obtener de un tercero el reembolso de los fondos. Pues bien, la articulación entre estas dos partes de esta frase explicativa, separadas por las conjunciones coordinantes «y/o», está lejos de ser clara. Por otro lado, existen dudas sobre si la cuantía de 500 euros corresponde a la indemnización por la oportunidad perdida o está relacionada con una pretensión ajena a esta indemnización, que no está en absoluto contemplada en las cuestiones prejudiciales.

38. Lo que es aún más importante, el órgano jurisdiccional remitente indica, en los fundamentos de la petición de decisión prejudicial, que la pretensión formulada por ZG versa sobre la condena de Beobank al pago del importe de 1 984 euros, el cual representa una doble operación «no autorizada» efectuada mediante su tarjeta de débito. En esta lógica, el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente observe que ZG reclama el reembolso de las operaciones de pago, «además» del importe de 500 euros, apunta igualmente a que las cuestiones prejudiciales no se formulan desde la perspectiva de la reclamación de reembolso de dicho importe. La resolución de remisión no recoge ninguna aclaración sobre esta pretensión. Tras ser preguntados sobre la base jurídica, en Derecho nacional, de la acción ejercitada por ZG en el procedimiento principal, las partes de este último, el Gobierno belga y la Comisión no han proporcionado aclaración alguna sobre esta pretensión de ZG.

39. Para proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente y habida cuenta de mi propuesta de reformular las cuestiones prejudiciales, en una primera fase voy a formular unas observaciones sobre el régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de pago establecido en la Directiva 2007/64 (sección B) y, en una segunda fase voy a comprobar si esta Directiva se opone a que un usuario de servicios de pago pueda exigir la responsabilidad del proveedor de estos servicios como consecuencia de que este último haya incumplido su obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de esta Directiva (sección C).

B. Sobre el régimen armonizado de responsabilidad del proveedor de servicios de pago

40. La Directiva 2007/64 prevé, además del derecho a devolución aplicable a las operaciones de pago autorizadas iniciadas por un beneficiario o a través de él (artículo 62 de dicha Directiva), ( ) el derecho a la devolución de las operaciones de pago no autorizadas (artículo 60 de la Directiva). ( ) En la medida en que nada indica que el litigio principal verse sobre el hecho de que los pagos controvertidos sean, siquiera potencialmente, operaciones iniciadas por un beneficiario o a través de él, en el sentido del artículo 62 de la misma Directiva, me concentraré en la responsabilidad relativa a la devolución del importe de otras operaciones de pago.

41. A este respecto, en primer lugar, como ha indicado el Tribunal de Justicia, ( ) el artículo 58 de la Directiva 2007/64 se refiere a la notificación de operaciones de pago no autorizadas o ejecutadas incorrectamente. Según dicha disposición, esta notificación debe efectuarse «a más tardar a los 13 meses de la fecha del adeudo, a no ser, cuando proceda, que el proveedor de servicios de pago no le haya proporcionado o hecho accesible la información sobre la operación de pago con arreglo a lo dispuesto en el título III». A continuación, el artículo 59 de esta Directiva versa, en esencia, sobre el reparto de la carga de la prueba cuando un usuario de servicios de pago niega haber autorizado una operación de pago ya ejecutada. ( ) Por último, los artículos 60 y 61 de dicha Directiva abordan las respectivas responsabilidades del proveedor de servicios de pago del ordenante y de este último en el supuesto de operaciones de pago no autorizadas. En esencia, el proveedor está obligado a devolver el importe de tal operación, a menos que el ordenante haya actuado de forma fraudulenta o que este haya incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que le incumben en virtud de esa Directiva. ( )

42. En segundo lugar, del artículo 86 de la Directiva 2007/64, titulado «Plena armonización», ( ) se desprende que, sin perjuicio de las excepciones previstas en dicha Directiva, en la medida en que esta «establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o introducir disposiciones diferentes de las que en ellas se prevén». Si bien el artículo 61, apartado 3, de esta misma Directiva figura entre estas excepciones, ( ) las demás disposiciones que constituyen el núcleo duro del régimen de responsabilidad por las operaciones no autorizadas no están excluidas de la plena armonización realizada por la Directiva 2007/64. En efecto, ninguno de los artículos 58 a 60 de esta Directiva figura entre las disposiciones respecto a las que el artículo 86 de dicha Directiva concede cierto margen de maniobra a los Estados miembros para su aplicación.

43. En tercer lugar, debido a la plena armonización realizada por la Directiva 2007/64 en lo que atañe también al régimen de responsabilidad por las operaciones no autorizadas, el Tribunal de Justicia ha aclarado en la sentencia CRCAM ( ) que, cuando menos en principio, los Estados miembros no pueden mantener un régimen de responsabilidad paralelo por el mismo hecho causante. ( ) El Tribunal de Justicia ha precisado además que el régimen armonizado solo puede coexistir con otro régimen de responsabilidad de Derecho nacional basado en los mismos hechos y fundamentos en la medida en que este no menoscabe el régimen así armonizado y no afecte negativamente ni a los objetivos ni al efecto útil de dicha Directiva. ( )

44. Es necesario examinar ahora si las consideraciones del Tribunal de Justicia relativas a la naturaleza de la Directiva 2007/64 y a la armonización realizada por esta, formuladas en la sentencia CRCAM, son extrapolables a las circunstancias del presente asunto y determinar si esta Directiva no se opone a que ZG pueda obtener, conforme a la línea de razonamiento seguida por el órgano jurisdiccional remitente, la devolución de los pagos controvertidos.

C. Sobre la incidencia del régimen armonizado de responsabilidad en lo que tocante a la posibilidad de exigir la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por el incumplimiento de su obligación de información

45. El órgano jurisdiccional remitente solicita una interpretación de la Directiva 2007/64 para saber si puede, en su caso, condenar a Beobank a abonar el importe de los pagos controvertidos, en esencia, debido a la ejecución defectuosa de su obligación de información derivada de esta Directiva y no como consecuencia de la ejecución de estos pagos, a pesar de que no estuvieran autorizados, en el sentido del artículo 60, apartado 1, de dicha Directiva, en relación con el artículo 54, apartado 1, y el artículo 59, apartado 2, de esta última, ni como consecuencia de la negativa a devolver dichos pagos.

46. A priori, el hecho causante de esta eventual condena no parece corresponderse con el hecho causante de la responsabilidad del proveedor de servicios de pago en virtud del artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64. Así, cuando menos a primera vista, cabría alegar con toda probabilidad que no se trata de exigir la responsabilidad de Beobank en virtud de un régimen que concurre con el establecido en los artículos 58 a 61 de esta Directiva.

47. Para aclarar en qué puede consistir un régimen de responsabilidad «basad[a] en los mismos hechos y fundamentos» o exigida «por el mismo hecho causante», en el sentido de la sentencia CRCAM, ha de recordarse que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el Tribunal de Justicia abordó la cuestión de si los artículos 58 y 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un usuario de servicios de pago pueda exigir la responsabilidad del proveedor de esos servicios sobre la base de un régimen de responsabilidad distinto del previsto en esas disposiciones cuando dicho usuario haya incumplido su obligación de notificación prevista en el artículo 58. ( ) Era objeto de ese asunto la eventual exigencia de responsabilidad de este proveedor de servicios en el supuesto, según la formulación del órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial, de un «incumplimiento […] de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho nacional» —y, respecto al demandante en el procedimiento principal del citado asunto, tenía más concretamente por objeto un «incumplimiento de su deber de vigilancia»— ( ) en virtud de una disposición de Derecho común. ( )

48. A juicio del Tribunal de Justicia, en la medida en que dicho asunto versaba sobre la devolución del importe de una operación de pago, ni la circunstancia de que pudiera exigirse la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago como consecuencia de un incumplimiento de una obligación específica que le incumbía, ni la circunstancia de que esta responsabilidad se basara en una disposición distinta del artículo 60 de la Directiva 2007/64 parecen permitir que se ponga en entredicho la afirmación de que se trataba de una responsabilidad «basad[a] en los mismos hechos y fundamentos» o exigida «por el mismo hecho causante». En efecto, según la lógica de la sentencia CRCAM, estas circunstancias no pueden poner en cuestión el hecho de que esta responsabilidad afecta a la devolución del importe de operaciones de pago, en una situación que puede quedar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 60 de dicha Directiva. Este hecho basta por sí solo para concluir que se trata de un régimen de responsabilidad concurrente que, en principio, no es compatible con el régimen armonizado de responsabilidad previsto en dicha Directiva.

49. Siguiendo esta lógica, ni el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto pretenda imputar a Beobank la responsabilidad por un incumplimiento de su obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de la Directiva 2007/64, ni el hecho de que se reclame esta responsabilidad al amparo de una disposición distinta del artículo 60 de esta Directiva ( ) bastan para concluir que dicho órgano jurisdiccional podría condenar a Beobank a devolver el importe de los pagos controvertidos sin vulnerar el régimen armonizado de responsabilidad. En efecto, tal condena derivaría de la aplicación de un régimen de responsabilidad concurrente con el establecido en la citada Directiva.

50. Dicho esto, el Tribunal de Justicia también determinó, en la sentencia CRCAM, las condiciones en las que el régimen establecido por la Directiva 2007/64 puede coexistir con un régimen de responsabilidad paralelo, a saber, que este último no menoscabe el régimen armonizado ni afecte negativamente ni a los objetivos ni al efecto útil de dicha Directiva. ( ) Pues bien, a mi juicio, estas condiciones no se cumplen en el presente asunto.

51. En efecto, en primer lugar, el régimen armonizado de la Directiva 2007/64 prevé consecuencias específicas en lo tocante a las operaciones de pago no autorizadas. En principio, si el usuario de servicios de pago ha notificado una operación no autorizada ( ) y no ha cometido una negligencia grave, ( ) esta Directiva obliga al proveedor de servicios de pago a reembolsar tal operación. En cambio, las operaciones de pago autorizadas solo son objeto de devolución si han sido iniciadas por un beneficiario o a través de él y, sin perjuicio de las modificaciones contractuales, si concurren condiciones concretas. ( )

52. La lectura de la petición de decisión prejudicial no permite determinar si el órgano jurisdiccional remitente considera que los pagos controvertidos son operaciones de pago autorizadas en el sentido de la Directiva 2007/64. En efecto, dicho órgano jurisdiccional se limita a señalar que ZG sostiene que los pagos controvertidos son operaciones no autorizadas, mientras que Beobank aduce que se trata de operaciones autorizadas o, en caso de que procediese calificarlas de «operaciones no autorizadas», que ZG ha cometido una negligencia grave. No cabe excluir que el órgano jurisdiccional remitente desee resolver el litigio principal desde el único punto de vista del incumplimiento de la obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de esta Directiva, sin pronunciarse sobre el carácter autorizado de los pagos controvertidos ni sobre la cuestión de si ZG cometió una negligencia grave, aun cuando el derecho a devolución de estos pagos queda comprendido, a priori, en el ámbito de aplicación del artículo 60 o del artículo 62 de dicha Directiva.

53. Pues bien, la Directiva 2007/64 regula con carácter uniforme a escala del Derecho de la Unión determinadas consecuencias derivadas tanto de las operaciones de pago no autorizadas ( ) como, sin perjuicio de las modificaciones contractuales, de las autorizadas. ( ) De este modo, prevé la asignación de los riesgos en el supuesto de operaciones no autorizadas. ( ) Cuando se trate de un derecho a devolución que, a priori, queda comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 60 de esta Directiva (operaciones de pago no autorizadas) o del artículo 62 de la misma (operaciones de pago autorizadas), un órgano jurisdiccional nacional no puede soslayar, pues, la dicotomía reconocida en dicha Directiva en lo tocante a las operaciones de pago, en función de que estén o no autorizadas, ni pronunciarse sobre el derecho a devolución sin calificar previamente una operación como «autorizada» o «no autorizada». Ha de hacerse constar que, en virtud de esa misma Directiva, esta calificación determina las consecuencias de tales operaciones en cuanto a su reembolso.

54. En segundo lugar, admitir que un usuario de servicios de pago puede reclamar la devolución de una operación de pago como consecuencia de que el proveedor de servicios haya incumplido su obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de la Directiva 2007/64 conduciría a permitir que se exigiera la responsabilidad de este prestador de servicios y se le obligase a devolver tal operación de pago también en supuestos en los que los artículos 60 y 62 de dicha Directiva no obligan a ello.

55. A este respecto, de la sentencia CRCAM ( ) se desprende que la Directiva 2007/64 se opone a que se exija la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por la devolución de una operación de pago no autorizada cuando el usuario de dichos servicios ha incumplido su obligación de notificación. A fortiori, esta Directiva también se opone a que se exija la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por la devolución de una operación de pago en las situaciones en las que los artículos 60 y 62 de dicha Directiva no obligan a proceder a tal devolución.

56. En efecto, en virtud de la Directiva 2007/64, la notificación prevista en el artículo 58, de esta Directiva y las circunstancias mencionadas en sus artículos 60 y 62 constituyen todos los requisitos para que se genere la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago, cuando menos, en la medida en que esta responsabilidad afecta a la devolución de una operación de pago. ( ) Sin perjuicio del margen de maniobra concedido a los Estados miembros ( ) y de las modificaciones contractuales autorizadas por la Directiva 2007/64, ( ) no cabe soslayar estas condiciones sin menoscabar el régimen armonizado y el efecto útil de dicha Directiva, así como su objetivo de armonización de las disposiciones nacionales en esta materia.

57. En tercer lugar, como el Tribunal de Justicia ya ha aclarado en la sentencia CRCAM, ( )el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64 se basa en un equilibrio entre la obligación de información que recae sobre el proveedor de servicios de pago y la obligación de notificación de cualquier operación no autorizada dentro de un plazo de trece meses que incumbe al usuario de servicios de pago que permite fundamentar la responsabilidad estricta del proveedor, sin que el usuario tenga que demostrar una falta o negligencia.

58. En línea con esta lógica, los artículos 58 y 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64 establecen un vínculo entre, por un lado, la responsabilidad del proveedor de servicios de pago resultante de estas disposiciones y, por otro, la obligación de información derivada del artículo 47, apartado 1, letra a), de esta Directiva. En efecto, el artículo 58 de dicha Directiva prevé una sanción específica para el proveedor de servicios que ha incumplido su obligación de información. Así pues, de conformidad con esta disposición, cabe reclamar la responsabilidad del proveedor de servicios de pago, incluso cuando el usuario de servicios de pago no le haya informado, a los trece meses del adeudo, de que una operación de pago no había sido autorizada, si dicho proveedor de servicios de pago «no [le ha] proporcionado o hecho accesible la información sobre la operación de pago con arreglo a lo dispuesto en el título III de dicha Directiva». Seguir la línea de razonamiento del órgano jurisdiccional remitente conduciría a aplicar una sanción diferente —y que iría más allá— de la establecida en el régimen armonizado de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago previsto en el artículo 60, apartado 1, de la misma Directiva, de suerte que se rompería el equilibrio establecido por dicho régimen, al que hace referencia el Tribunal de Justicia en la sentencia CRCAM. ( )

59. Así, según la línea de razonamiento del órgano jurisdiccional remitente, en una primera fase, es en virtud de un régimen paralelo al régimen armonizado de responsabilidad establecido por la Directiva 2007/64 como podría exigirse la responsabilidad del proveedor de servicios de pago, en el litigio principal, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de esta Directiva. ( ) En una segunda fase, este régimen paralelo menoscabaría el régimen armonizado y afectaría negativamente a los objetivos y al efecto útil de dicha Directiva. ( )

60. Por consiguiente, propongo declarar que el artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64, en relación con su artículo 86, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un usuario de servicios de pago pueda exigir la responsabilidad del proveedor de servicios de pago como consecuencia de que dicho proveedor haya incumplido su obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, en la medida en que dicha responsabilidad afecte a la devolución de operaciones de pago.

V. Conclusión

61. A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la forma siguiente a las cuestiones prejudiciales planteadas por la justice de paix du canton de Forest (Juez de Paz del Cantón de Forest, Bélgica), tal como han sido reformuladas:

«El artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, en relación con su artículo 86, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un usuario de servicios de pago pueda exigir la responsabilidad del proveedor de servicios de pago como consecuencia de que dicho proveedor haya incumplido su obligación de información prevista en el artículo 47, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, en la medida en que dicha responsabilidad afecte a la devolución de operaciones de pago.»