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28.

En caso de inobservancia de tales obligaciones, el organismo nacional responsable del cumplimiento del Reglamento no 261/2004 adoptará medidas necesarias para que se respeten los derechos de los pasajeros y, en particular, sanciones contra los transportistas aéreos. ( 7 ) La utilización del término «sanciones» en el artículo 16, apartado 3, del citado Reglamento, no deja lugar a dudas. Dichas sanciones no pueden servir, en ningún caso, de compensación para el pasajero cuyos derechos han sido vulnerados. En efecto, las citadas sanciones sólo se imponen en caso de incumplimiento por el transportista aéreo de las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento no 261/2004 y no en caso de violación de los derechos subjetivos que el pasajero tiene atribuidos en virtud del citado Reglamento en el marco de un contrato celebrado con un transportista aéreo. En realidad, en el ámbito de su función principal, el organismo nacional responsable del cumplimiento de dicho Reglamento defiende los intereses colectivos de los pasajeros.
74.

El presente recurso de casación no versa sobre la divulgación automática de comunicaciones entre la Comisión y un Estado miembro en el contexto de un procedimiento EU Pilot. Versa sobre si las cinco categorías existentes con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 deben ampliarse para que la Comisión pueda invocar una presunción de no divulgación en tales casos. Si el recurso de casación es estimado –como he sugerido–, la Comisión seguirá estando facultada, después de estudiar el expediente, para denegar el acceso a los documentos de que se trate cuando proceda la denegación.
38.

En efecto, en la sentencia Gielen (C‑440/08, EU:C:2010:148), en la que el sujeto pasivo no residente podía evitar un régimen fiscal discriminatorio optando por otro que supuestamente no lo era (en el caso de autos, el régimen aplicable a los residentes), el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 51 de dicha sentencia, en base a las conclusiones concordantes del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, ( 12 ) que «tal elección no puede excluir […] los efectos discriminatorios del primero de los dos regímenes tributarios citados» ni «reconocer validez a un régimen tributario que, por su carácter discriminatorio, sigue constituyendo, en sí mismo, una violación del artículo 49 TFUE». ( 13 ) Remitiéndose al apartado 162 de la sentencia Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774), sentencia dictada por la Gran Sala, el Tribunal de Justicia añadía que «un régimen nacional restrictivo de la libertad de establecimiento sigue siendo incompatible con el Derecho de la Unión, aun cuando su aplicación sea facultativa». ( 14 )
33.

En primer lugar, el Tribunal General censura que la Sala de Recurso no tuviera en cuenta el documento en cuestión sin examinar si se trataba «de un documento nuevo o de un documento adicional» y observa que dicho documento no era «completamente nuev[o]» (apartados 43 y 44 de la sentencia recurrida). En segundo lugar, el Tribunal General indica que, «por otra parte», esta cuestión no era pertinente, ya que las disposiciones invocadas se aplican «con independencia de la cuestión si el documento [...] [es] o no un documento adicional» y abarcan igualmente las «pruebas nuevas» (apartados 45 y 46 de la sentencia recurrida).
17.

Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de las condiciones de emisión de estos dos empréstitos, los bonos devengarán intereses a unos tipos del 4,01 % y del 3,85 % respectivamente. Por otro lado, conforme al artículo 2 de dichas condiciones, las obligaciones derivadas de dichos bonos constituyen obligaciones no garantizadas y subordinadas de la sociedad emisora, con idéntico rango de prelación entre sí y con todas las demás obligaciones subordinadas de la sociedad emisora. En caso de disolución, liquidación o concurso de acreedores de dicha sociedad, las obligaciones derivadas de los bonos sólo podrán ser satisfechas después de los créditos no subordinados. Por tanto, no podrá abonarse ninguna cantidad por los bonos hasta que hayan sido satisfechos íntegramente los créditos de todos los acreedores no subordinados de la sociedad emisora o se hayan dotado provisiones suficientes para tales importes. Además, un bonista no podrá compensar sus créditos derivados de los bonos con créditos de la sociedad emisora. Dicho artículo 2 prevé asimismo que ni la sociedad ni ningún tercero aportarán en ningún momento futuro una garantía contractual de los derechos del bonista. Ningún pacto posterior podrá limitar el carácter subordinado previsto en el artículo 2, ni podrá anticipar la fecha de vencimiento de los bonos ni reducir el plazo de preaviso aplicable.
6.

En primer término, el Sr. Stretinskis interpuso recurso ante la Directora general de la Administración tributaria, que lo desestimó. A continuación, interpuso ante el órgano jurisdiccional de primera instancia recurso de anulación contra la resolución de la Administración tributaria, que fue asimismo desestimado. Acto seguido, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. El órgano jurisdiccional de apelación consideró que las dudas de la Administración tributaria no eran suficientemente fundadas y que, en las circunstancias del litigio principal, ambos hermanos no podían ser considerados «personas vinculadas» en el sentido del artículo 143, apartado 1, letra h), del Reglamento no 2454/93, en particular porque la Administración tributaria no había demostrado que el hermano del Sr. Stretinskis fuera el propietario de las dos sociedades en las que se habían adquirido las mercancías.
74.

Por consiguiente, si el Tribunal de Justicia estima que en el presente asunto existe una restricción a la libre circulación de capitales prohibida por el artículo 63 TFUE, apartado 1, ésta no estaría justificada, en mi opinión, por ninguna razón imperiosa de interés general. Dicho esto, como ya he señalado anteriormente, considero que no existe tal restricción, pues la diferencia en el trato dispensado a los fondos de pensiones residentes en Suecia y a los fondos no residentes se produce en situaciones que no son objetivamente comparables, por lo que está comprendida en el ámbito de la excepción prevista por el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a).
21.

A juicio del tribunal remitente, el que los trabajadores afectados en el litigio principal sean informados en su teléfono móvil del trayecto que deben realizar y de los servicios concretos que deben prestar a los clientes unas horas antes de la cita tiene como consecuencia que dichos trabajadores ya no tienen la opción de adaptar su vida privada y su lugar de residencia en función de la cercanía al centro de trabajo, puesto que ese centro varía cada día. De ello se desprende que el tiempo de desplazamiento no puede considerarse tiempo de descanso, habida cuenta, en particular, del objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores que persigue la Directiva 2003/88. Por otro lado, según el tribunal remitente, tampoco es un tiempo en el que el trabajador esté estrictamente a disposición del empresario para que éste le pueda encomendar alguna tarea distinta al propio desplazamiento. Por ello, no es claro si, de acuerdo con la Directiva, debe considerarse tiempo de trabajo o período de descanso.
50.

No obstante, en este contexto procede observar que, aunque es cierto que ese es el motivo que subyace a la decisión del legislador de 1994 de prever la exclusión de la garantía para los depósitos de los administradores y directivos de las entidades de crédito, en la nueva Directiva 2014/49 el legislador de 2014 parece haber optado por no perseguir ya ese objetivo. En efecto, dicha normativa ya no contiene ni una exclusión de la garantía para esas categorías de depositantes ni ninguna indicación en sus considerandos sobre la necesidad de perseguir ese objetivo. En este contexto, aunque es evidente que la Directiva 2014/49 no es aplicable ratione temporis al asunto de que conoce el órgano jurisdiccional remitente, considero no obstante que la circunstancia de que ese objetivo ya no esté previsto en la nueva Directiva puede llevar a pensar que, en el sistema de la Unión, dicho objetivo no se perseguía de forma particularmente relevante ni siquiera antes de la adopción de la Directiva 2014/49.
82.

Por último, como observa el Gobierno alemán en sus observaciones, un impuesto que tiene manifiestamente carácter fiscal y que no se aplica a causa del cruce de la frontera del Estado miembro que lo ha establecido forma parte de un régimen general de gravámenes interiores con arreglo al artículo 110 TFUE y no constituye una exacción de efecto equivalente a los derechos de aduana. La circunstancia de que dicho impuesto grave, en realidad, únicamente los productos importados, debido a la falta de producción nacional, no puede justificar que se califique de exacción de efecto equivalente y no de tributo interno, por cuanto forma parte de un régimen general de gravámenes internos aplicables sistemáticamente a los productos según criterios objetivos aplicados independientemente del origen de esos productos. Pues bien, el artículo 110 TFUE no puede ser invocado frente a tributos internos que graven productos importados, cuando no exista producción nacional similar o competidora. En concreto, no permite censurar el carácter excesivo de los tipos impositivos adoptados por los Estados miembros para determinados productos, cuando no existe ningún efecto discriminatorio o protector. ( 47 )
134.

En la medida en que la tercera parte del segundo motivo guarda relación con el hecho de que la Comisión no informó al Consejo antes de la adopción del acto impugnado, considero que el principio de cooperación leal no puede atribuir al Consejo el derecho a oponerse a la decisión impugnada por no haber respetado su autorización inicial contenida en las conclusiones de 2012 (dado que la cuestión se suscita en el marco del segundo motivo únicamente en caso de que el primer motivo sea rechazado y de que tal rechazo conllevase que la propia Comisión pudiera comprobar tal conformidad). La cooperación leal presupone, no obstante, buena fe y cooperación activa entre las instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y de las de otros. Como mínimo, la Comisión debió haber informado al Consejo. Si no lo hizo, no se plantea la cuestión de si la Comisión tenía que consultar también al Consejo. ( 69 )
70.

A pesar de la variedad de sistemas de financiación de los regímenes de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación aplicados por los Estados miembros y la importancia que desde el punto de vista del Derecho nacional presenta este requisito, no me parece fundamental en absoluto para el examen del derecho a la obtención de una pensión posterior a un trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación en el caso de los trabajadores migrantes. En efecto, denegar dicha pensión a un trabajador migrante que ha cubierto el período de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación en un Estado miembro que aplica modalidades de financiación distintas de las del Estado miembro al que se solicita la pensión constituiría un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores que, en mi opinión, carecería de justificación válida. En particular, el Estado miembro al que se solicita la pensión no podría alegar ninguna razón válida relativa al equilibrio de su sistema de seguridad social dado que, como ya he puesto de manifiesto, este Estado miembro no sufragó los costes soportados durante el período de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación.
22.

Lo anterior no se contradice con el hecho de que los tribunales de la Unión, hayan rechazado, fuera del ámbito de aplicación del artículo 272 TFUE, las pretensiones declarativas cuando no estaban comprendidas «en ninguna de las categorías de recursos sometidos a la competencia del Tribunal de Justicia», ( 12 ) ya que, mientras que el Tratado TFUE regula de forma taxativa, por ejemplo, las clases de demanda que se pueden plantear en las relaciones de las instituciones con los Estados miembros, ( 13 ) no sucede lo mismo en cuanto a las cláusulas compromisorias. Por el contrario, el artículo 272 TFUE es una norma abierta que permite acceder a los tribunales de la Unión en virtud de cláusulas compromisorias pactadas en virtud de la autonomía privada en contratos «de Derecho público o de Derecho privado», sin especificar su contenido. Por este motivo, a diferencia de lo que sucede con el Derecho institucional de la Unión, a priori no es posible determinar qué pretensiones pueden plantearse ante los tribunales de la Unión en los recursos interpuestos en virtud del artículo 272 TFUE. Lo único que está claro es que, dado que dichos tribunales son competentes «para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria» con arreglo al artículo 272 TFUE, deben brindar a las partes una amplia tutela judicial efectiva. En consecuencia, si en el caso concreto esto incluye una pretensión declarativa, los tribunales de la Unión deben estar obligados a conocer de la misma y no pueden declararse incompetentes en virtud del artículo 272 TFUE, alegando la ausencia de una regulación positiva de la acción declarativa (o remitiéndose a su inadmisibilidad en otros ámbitos del Derecho de la Unión).
5)

El Derecho de la Unión, en particular, los principios de equivalencia y de efectividad y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no se opone a una norma nacional, como la controvertida en los litigios principales, que impone al funcionario la obligación de reivindicar un derecho a prestaciones económicas que no se derivan directamente de la ley antes de que finalice el ejercicio presupuestario en curso, siempre que los recursos dirigidos a garantizar la protección de los derechos otorgados por a los justiciables por el Derecho de la Unión no se ejerzan en condiciones menos favorables que las previstas para los recursos dirigidos a proteger los derechos pecuniarios conferidos por el Derecho interno y que dicha norma nacional no cause a los justiciables complicaciones procesales derivadas del plazo de caducidad que puedan dificultar en exceso el ejercicio de los derechos basados en el Derecho de la Unión, extremo éste cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.»
46.

Por contraste, la versión francesa dice «percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits» y la española «la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores en el plan, y no de la venta o el consumo de productos». La versión inglesa también está en esta línea, puesto que reza «the opportunity to receive compensation that is derived primarily from the introduction of other consumers into the scheme rather than from the sale or consumption of products». Denominaré estas versiones las versiones «con relación condicional». ( 21 )
75.

Habida cuenta de estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, en los siguientes términos: «El artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, ha de interpretarse en el sentido de que: — un período de encarcelamiento no puede calificarse de «residencia legal» y, en consecuencia, no puede tenerse en cuenta en el cómputo del plazo de cinco años exigidos a los efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente, y — los períodos de residencia legal que preceden y que siguen a un encarcelamiento no pueden acumularse a los efectos del cómputo de dicho plazo de cinco años, por cuanto el encarcelamiento interrumpe dicho plazo.»
119.

En cuanto a las segundas, a mi juicio, no pueden merecer el mismo tratamiento. Su consideración como «autoridad pública» sólo lo es en la medida en que ejercen una actividad relacionada con el medio ambiente en términos que llevan a calificarlas como «autoridad» en el sentido de la letra c) del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/4; es decir, en cuanto actúan «bajo la autoridad» del poder público. Fuera de ello no son sino particulares y, por tanto, inaccesibles al mandato del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva.
24.

El Sr. Demir impugnó esta última decisión ante el Rechtbank ‘s-Gravenhage (Tribunal del Distrito, La Haya), que desestimó su recurso mediante resolución de 16 de junio de 2008. Según el Rechtbank, de la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en Abatay y otros ( 9 ) se deducía que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 no podía invocarse por nacionales turcos que no hubieran cumplido con la normativa del Estado miembro de acogida en materia de primera entrada y residencia y que, por tanto, no residieran legalmente en el territorio de ese Estado. El Rechtbank concluyó que el Sr. Demir no podía invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80 porque no residía legalmente en los Países Bajos en el momento de la correspondiente solicitud, es decir, el 13 de febrero de 2007.
29.

En la sentencia recurrida, el Tribunal General también ha partido de esta definición, ( 28 ) precisando acto seguido, no obstante, que «la sociedad matriz de una empresa que ha cometido una infracción del artículo 81 CE no puede ser sancionada por una decisión de aplicación del artículo 81 CE si ella misma no es una empresa». ( 29 )
29.

En último lugar (tercer submotivo), el Consejo denuncia que no se haya tenido en cuenta el carácter sensible del documento solicitado. Dicho carácter resultaría del hecho de que las propuestas de la delegaciones versaban sobre las excepciones al principio de transparencia que debería incorporar el nuevo Reglamento, cuestión sobre la que se han pronunciado recientemente los tribunales de la Unión y que es objeto de debate y de presiones por parte de la opinión pública. Prueba de ese carácter sensible serían las dificultades padecidas en el procedimiento de reforma del Reglamento, retrasada por causa de los recelos provocados en las delegaciones por las filtraciones de la información solicitada, ya que se les ha hecho muy difícil desmarcarse de sus posiciones iniciales, lo que demostraría la pertinencia de la negativa del Consejo a acceder a su divulgación. AIE replica, por su parte, que el Tribunal General no ha dicho que sólo sean «sensibles» las situaciones en las que esté en cuestión un interés fundamental de la Unión o de sus Estados miembros, sin que en este caso el Consejo haya motivado de manera circunstanciada su negativa, referida, además, no a un dictamen jurídico, sino a meras propuestas de modificación de un proyecto legislativo. Por lo demás, AIE considera el resto de este submotivo como inadmisible por limitarse a discutir la apreciación del Tribunal General sobre el carácter sensible de la información. En todo caso, AIE, con el apoyo del Parlamento Europeo, alega que es propio de los procedimientos legislativos suscitar debate y dar lugar a presiones, siendo eso precisamente lo que implican la transparencia y la democracia. AIE niega, en fin, que las filtraciones hayan sido la causa de las dificultades del procedimiento de reforma del Reglamento o hayan supuesto cambios en el método de trabajo.
87.

En este sentido, conviene subrayar que las excepciones en cuestión se derivan de convenios de Derecho internacional. En efecto, con arreglo al artículo 39, apartado 1, leído en relación con el anexo 5, punto 1, del Convenio sobre la circulación vial, firmado en Viena el 8 de noviembre de 1968, ( 80 ) los vehículos automóviles en circulación internacional deberán cumplir las disposiciones de dicho Convenio, así como las prescripciones técnicas en vigor en su país de matriculación durante su primera puesta en servicio. No obstante, el punto 8 de su anexo 1 ( 81 ) establece que «las partes contratantes podrán no admitir para la circulación internacional en su territorio los automóviles provistos de luces de carretera de haz asimétrico si la configuración de los haces no está adaptada al sentido de la circulación en su territorio». En virtud de las disposiciones de dicho Convenio, que vinculan a la República de Lituania y a la República de Polonia, ( 82 ) estas deberán admitir la circulación en su territorio nacional de vehículos automóviles cuyo mecanismo de dirección está situado a la derecha y que han sido matriculados en el extranjero, si bien podrán exigir una adaptación temporal de su mecanismo de alumbrado, por ejemplo mediante la utilización de etiquetas adhesivas de color negro.
32.

El anexo II de la Ley sobre el estatuto del refugiado de 1996 establece que el Refugee Appeals Tribunal estará integrado por un presidente y los vocales que el Minister for Justice, Equality and Law Reform, con el consentimiento del Minister for Finance, estime necesarios para resolver rápidamente los asuntos del Refugee Appeals Tribunal, debiendo tener cada uno de ellos, al menos, cinco años de experiencia como Barrister o Solicitor antes de su nombramiento. Los miembros del Refugee Appeals Tribunal son nombrados por el Minister for Justice, Equality and Law Reform. Cada vocal es nombrado para un mandato de tres años, conforme a la regulación que, con sujeción a las disposiciones de dicho anexo, establezca el Minister for Justice, Equality and Law Reform cuando lleve a cabo su nombramiento. El presidente del Refugee Appeals Tribunal desempeñará sus funciones en virtud de un contrato de prestación de servicios otorgado por escrito, que debe establecer las condiciones que oportunamente determine el Minister for Justice, Equality and Law Reform, con el consentimiento del Minister for Finance. Cada vocal percibirá la remuneración, las dietas y el reembolso de sus gastos, que oportunamente determine el Minister for Justice, Equality and Law Reform, con el consentimiento del Minister for Finance.
68.

Para determinar las prestaciones para los trabajadores en caso de despido, el cálculo según la fórmula especial únicamente tiene en consideración un único elemento clave: proximidad a la edad de jubilación. Como ya he señalado, opino que en principio esto es adecuado. Ahora bien, tras un examen más detallado, la aparente equidad del límite máximo (basada concretamente en el vínculo directo con el momento de disponibilidad de otro ingreso seguro) resulta engañosa. Al centrarse en un único elemento clave, el límite máximo no tiene en consideración otros elementos relevantes en el caso de los trabajadores discapacitados. En particular, mientras cualquier trabajador que se acoge a una pensión anticipada obtiene un importe reducido de la pensión y posiblemente tenga que ajustar su pauta de gastos correspondientemente, la aplicación de la fórmula especial no tiene en consideración la posibilidad de que los trabajadores discapacitados se enfrentes a mayores necesidades económicas a raíz de su discapacidad y/o que, a mayor edad, dichas necesidades económicas pueden aumentar. Es posible que no puedan ajustar sus pautas de gastos sin hacer sacrificios significativos que no serían necesarios para un colega sin discapacidad.
36.

Por una parte, esto resulta del hecho de que al demoler los edificios se vendió la chatarra obtenida, repercutiendo el IVA. A este respecto no es difícil reconocer la existencia de una relación directa e inmediata. Además, los gastos por la adquisición de los edificios que contenían el hierro no cabe duda alguna de que son elementos constitutivos del precio en su venta. Para esta conclusión es irrelevante que el precio de compra de los edificios demolidos o el valor que se les atribuyó al realizarse la aportación en especie superasen claramente los ingresos obtenidos con la chatarra, pues el derecho a deducir no depende del éxito económico del sujeto pasivo.