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Palabras clave

1 Responsabilidad extracontractual - Objeto - Actos de las Instituciones comunitarias o actos de los agentes de la Comunidad - Concepto - Actos de Derecho comunitario primario - Exclusión - Perjuicio derivado del Acta Única

[Tratado CE, art. 7 A (actualmente art. 14 CE, tras su modificación), art. 178 (actualmente art. 235 CE) y art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

2 Recurso de casación - Motivos - Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación - Inadmisibilidad

(Estatuto del Tribunal de Justicia CE, art. 51)

3 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

[Tratado CE, art. 168 A (actualmente art. 225 CE); Estatuto del Tribunal de Justicia CE, art. 51]

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1 En cuanto a la responsabilidad objetiva de la Comunidad, no cabe imputar al Consejo y a la Comisión la causa del perjuicio sufrido por los comisionistas de aduanas a raíz de la abolición de las fronteras aduaneras y fiscales, que estriba en la entrada en vigor del Acta Única. En efecto, el artículo 13 del Acta Única, que ha incluido en el Tratado un artículo 8 A, posteriormente artículo 7 A del Tratado CE (actualmente artículo 14 CE, tras su modificación), que dispone que «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores», es la causa directa y determinante de dicho perjuicio. Ahora bien, el Acta Única es un acto de Derecho comunitario primario que, en consecuencia, no constituye un acto de las Instituciones comunitarias ni un acto de los agentes de la Comunidad en el ejercicio de sus funciones en el sentido del artículo 215, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 288 CE, párrafo segundo) y, por tanto, no puede generar la responsabilidad extracontractual objetiva de la Comunidad.

2 Debe declararse la inadmisibilidad de un motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. En efecto, permitir que una de las partes alegue en este marco un motivo que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante los primeros Jueces.

3 El Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para apreciar los hechos, salvo en el caso en que la inexactitud material de sus apreciaciones se dedujera de los documentos obrantes en autos que le fueron presentados, y, por otra parte, para valorar estos hechos. Por tanto, salvo en el caso de desnaturalización de los elementos de prueba que se presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.
61997O0315

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de marzo de 1999. - Diego Echauz Brigaldi, César Montoliu García, María Jesús Ruíz Monroy, Carmen Ochoa de Michelena, Maria Carmen Labrador Rubio y Leopoldo Fabra Utray contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Funcionarios - Decisiones de la Comisión mediante las que se deniegan permisos especiales por elecciones y permisos por tiempo de viaje - Recurso de casación manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado. - Asunto C-315/97 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-01287
Auto del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1997. - Région Valona contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia - Remisión al Tribunal de Primera Instancia. - Asunto C-95/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-01787



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Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso de anulación - Recursos de Estados miembros - Concepto - Recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia por una autoridad regional de un Estado federado - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia - Remisión al Tribunal de Primera Instancia

[Tratado CECA, art. 33; Tratado CE, art. 173; Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 2; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 2; Decisiones del Consejo 88/591, 93/350 y 94/149]

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La competencia del Tribunal de Justicia está limitada, desde la entrada en vigor de la Decisión 94/149, únicamente a los recursos interpuestos por un Estado miembro o por una Institución comunitaria.

A este respecto, resulta de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamente va destinado a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y que no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas. Admitir lo contrario equivaldría a conculcar el equilibrio institucional previsto por los Tratados, que determinan en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir los Estados parte en los Tratados constitutivos y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias. Las Comunidades Europeas no pueden, en efecto, comprender un número de Estados miembros superior al de los Estados que las constituyen.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia, ante el que interpone un recurso de anulación con arreglo al artículo 33 del Tratado CECA y de conformidad con el artículo 173 del Tratado CE una persona jurídica -en este caso una autoridad regional federada-, es manifiestamente incompetente para conocer del mismo y deberá remitirlo al Tribunal de Primera Instancia, en virtud del párrafo segundo del artículo 47 de los Estatutos (CE y CECA) del Tribunal de Justicia.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de enero de 1997. - Calvin Williams contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Funcionarios - Obligaciones - Actos contrarios a la dignidad de la función pública - Deber de lealtad - Procedimiento disciplinario - Separación del servicio. - Asunto C-156/96 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-00239



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Funcionarios - Derechos y obligaciones - Actos que puedan atentar a la dignidad de las funciones - Injurias graves - Sanción disciplinaria - Control jurisdiccional

(Estatuto de los Funcionarios, art. 12, párr. 1)

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Atenta a la dignidad de su función e incumple, de este modo, su obligación establecida en el párrafo primero del artículo 12 del Estatuto, el funcionario que manifiesta públicamente opiniones gravemente injuriosas, atentatorias contra el honor de las personas a que se refieren.

Para valorar la conformidad de una sanción disciplinaria con la disposición antes citada, el Tribunal de Primera Instancia no estaba obligado a examinar si el comportamiento de que se trata constituía una difamación en el sentido que este concepto tiene en Derecho penal.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de febrero de 1998. - Giovanni Battista Abello y otros y Gerhard Riesch contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Funcionarios - Hojas de haberes - Coeficientes correctores - Reglamentos (CEE) nos 3761/92, 3765/92 y 3766/92 - Excepción de inadmisibilidad. - Asunto C-30/96 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-00377



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1 Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y de las alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad - Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Desestimación

[Tratado CE, art. 168 A; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51]

3 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de pruebas aportadas en debida forma - Inadmisibilidad - Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51]
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Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo - Requisitos de concesión - Ponderación del conjunto de intereses contrapuestos - Carácter específico del perjuicio

(Tratado CEE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2)

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Con arreglo al apartado 2 del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, una decisión de suspensión de la ejecución de un acto está supeditada a la existencia de circunstancias que den lugar a la urgencia y de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada; supone, asimismo, que la ponderación de los intereses en conflicto se incline en favor de la concesión de dicha medida.

El carácter urgente de una demanda de suspensión de la ejecución debe apreciarse en relación con la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar que se ocasione un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la suspensión. Cuando la demanda solicita la suspensión de la ejecución de un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo, no basta con alegar efectos que son inherentes al establecimiento de un derecho antidumping, a saber, el alza del precio del producto gravado por tal derecho y una correlativa disminución de las cuotas del mercado comunitario. En efecto, la propia finalidad de un derecho antidumping es incrementar el precio del producto de que se trata para compensar el margen del dumping comprobado. Por tanto, sólo está justificada la concesión de la medida provisional solicitada cuando la parte demandante pruebe que el establecimiento del derecho antidumping le ha causado un perjuicio grave e irreparable que le afecta de modo particular.

No prueba tal perjuicio la empresa que se limita a afirmar que desde la aplicación de los derechos antidumping provisionales no ha efectuado más importaciones, que los importadores parecen haber elegido otras fuentes de aprovisionamiento y que esta situación provocará su retirada completa del mercado comunitario. Al limitarse a una mera afirmación o suposición y al no aportar ningún documento que justifique tales hechos ni otras circunstancias que permitan considerar que el perjuicio alegado es grave, irreparable y particular, no se ha liberado de la carga de la prueba que le incumbe.
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Recurso de anulación ° Plazo ° Comienzo del plazo ° Acto no notificado al demandante ° Obligación de solicitar el texto completo del acto en un plazo razonable una vez conocida su existencia

(Tratado CECA, art. 33, párr. 3)

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Independientemente de si una Decisión que ordena la recuperación de una ayuda de Estado en virtud del Tratado CECA debe ser notificada a la empresa interesada, ésta no puede eludir la caducidad de su recurso por extemporaneidad alegando que la Decisión no le fue notificada, si, conociendo la existencia de dicha Decisión, no solicitó su comunicación en un plazo razonable.
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Por lo que respecta a la modificación introducida en el artículo 19 del Reglamento n° 2159/89, las partes demandantes alegan que la obligación de presentar facturas y justificantes en los que figure una referencia exacta a la parte de la huerta objeto de los trabajos de que se trate es imposible de cumplir en lo que se refiere a las próximas solicitudes de ayuda anual. En efecto, dado que no se ha previsto ninguna medida transitoria, dicha obligación se aplica de manera retroactiva a las facturas ya extendidas y a las relativas a trabajos ya efectuados sin que se haya consignado la referencia exacta a la parte de la huerta objeto de tales trabajos. Al no poder cumplir esta obligación, las partes demandantes no pueden, según ellas, obtener ni el pago total de la ayuda para el año de ejecución en curso, incluso, si aún no se ha formulado la solicitud, para el año de ejecución transcurrido, ni el anticipo relativo al próximo año de ejecución. De este modo, añaden, la realización de los planes de mejora y la viabilidad de las organizaciones demandantes se verían en peligro.
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A este respecto, la demandante subraya que el perjuicio que le amenaza no es exclusivamente de carácter económico, sino que resulta del hecho de haber sido, frente a sus competidores, excluida de manera no motivada de un mercado único en una de las zonas geográficas de aplicación primordial de la tecnología de la energía fotovoltaica, actividad exclusiva de la demandante. Según ella, la demanda en esta zona está saturada para muchos años, de manera que el hecho de no obtener al menos alguno de los lotes del contrato objeto de discusión tendría por efecto hipotecar gravemente el futuro desarrollo de las actividades de la demandante.
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Hay que admitir de acuerdo con la Comisión que, en el marco de un recurso de anulación cuya competencia corresponde al Tribunal de Primera Instancia, la única forma de que el Tribunal de Justicia resuelva una demanda de suspensión de la ejecución del acto recurrido es a través de un recurso de casación, interpuesto con arreglo al párrafo segundo del artículo 50 del Estatuto CEE, contra una decisión adoptada al respecto por el Tribunal de Primera Instancia. Aunque los recursos interpuestos por SEP parezcan poco adecuados en este sentido, de ello no se puede deducir que hayan causado a la Comisión gastos abusivos o temerarios. La Comisión presentó, el mismo día, dos escritos de alegaciones de contenido prácticamente idéntico y formuló observaciones orales en la vista. No obstante, dichos escritos y observaciones no pueden haber supuesto a la Comisión gastos superiores a los que habría ocasionado un recurso de casación en debida forma.
Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 1989. - Luis G. Caturla Poch contra Parlamento Europeo. - Funcionarios - Medidas provisionales. - Asunto C-107/89 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01357

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Partes

Parte dispositiva



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Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Interés del demandante en obtener la medida solicitada

(Reglamento de Procedimiento, art. 83, apartado 2)

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Un demandante no justifica ningún interés en obtener mediante procedimiento sobre medidas provisionales la suspensión de la proclamación de los resultados de la calificación de los méritos y de las pruebas escritas de un concurso-oposición en el que ha participado, con el fin de que el tribunal del mismo pueda tener en cuenta certificados cuya expedición había solicitado sin éxito a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, cuando ha quedado demostrado que el interesado superó la fase del concurso-oposición correspondiente a la calificación de los méritos, suspendiendo en una fase posterior, en la prueba oral.

Partes

En el asunto 107/89 R,

Luis G. Caturla-Poch, funcionario del Parlamento Europeo, representado por el Sr. B. Moutrier, avocat avoué de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de su representante, 16, avenue de la Porte-Neuve,

parte demandante,

contra

Parlamento Europeo, representado por el Sr. Pasetti Bombardella, Jurisconsulto, y por el Sr. M. Peter, Jefe de División en el Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la Secretaría General del Parlamento Europeo,

parte demandada,

que tiene por objeto obtener, en procedimiento sobre medidas provisionales, la suspensión de la proclamación de los resultados de la calificación de los méritos y de las pruebas escritas del concurso-oposición general 88/C 114/06, organizado por el Parlamento Europeo para cubrir un puesto de Consejero Lingueístico de lengua española (DO C 114 de 30.4.1988, p. 19),

el Presidente de la Sala Primera,

pronunciándose con arreglo a los artículos 9, apartado 4, y 96 del Reglamento de Procedimiento,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

resuelve:

Parte dispositiva

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.
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Por otra parte, conviene recordar que el artículo 3 del Reglamento no 647/86, antes citado, prevé que el plazo de validez de un certificado MCI es de cuatro meses a partir de su expedición. La Comisión ha precisado en la vista que, a causa de problemas administrativos, el sistema de certificado MCI acompañado de una garantía no había podido empezar a ser operativo en la práctica más que el 13 de marzo de 1986. Resulta, pues, que los datos alegados por la parte demandante, cualquiera que sea su pertinencia, no se referían a un período lo bastante largo como para que el Tribunal de Justicia se pueda hacer una idea real de la situación. Parece, al menos, que el período de referencia debería ser de cuatro meses como mínimo a partir de la fecha de entrada en vigor efectiva del sistema, es decir, que debería extenderse hasta el 13 de julio de 1986 por lo menos. Puesto que el artículo 1, apartado 1, párrafo 1, del Reglamento no 647/86 fija un límite indicativo para la importación de productos españoles del sector vitivinícola en el mercado de la Comunidad para la campaña 1985-1986 del 1 de marzo de 1986 al 31 de agosto de 1986, resultaría todavía más lógico que el citado período de referencia se prolongara hasta la última fecha citada.
6

Con el fin de determinar los efectos que produce, para el demandante, la decisión objeto de litigio, procede recordar que la desestimación, mediante sentencia de 29 de noviembre de 1984, del recurso, en la medida en que pretendía invalidar las evaluaciones de la comisión médica, se basa en la declaración del Tribunal de Justicia de que esas evaluaciones constituían un laudo definitivo de todas la cuestiones de carácter médico en dicha fase. Si, no obstante, el Tribunal de Justicia estimó que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no podía apartarse, en perjuicio del demandante, de las conclusiones a las que había llegado en su proyecto de decisión, limitó expresamente la aplicación de este principio al porcentaje global de invalidez y a la indemnización calculada sobre esta base, con exclusión de los diferentes elementos del informe médico designado por la institución. Al declarar que se mantenían las conclusiones de la comisión médica, la Comisión no ha hecho más que repetir lo que resultaba ya con autoridad de cosa juzgada, de la sentencia de 29 de noviembre de 1984. Bajo este aspecto, la decisión objeto de litigio no produce, respecto a la parte demandante, ningún efecto jurídico que pueda perjudicarle.
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se establecen derechos antidumping - Importador exclusivo

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 2; Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 2 apartado 8; Reglamento nº 3019/86 de la Comisión)

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El importador exclusivo en un Estado miembro de los productos afectados por un derecho antidumping, que no esté asociado al exportador y cuyos precios de reventa no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del margen de dumping, no pertenece a la categoría de operadores económicos con derecho a impugnar directamente ante el Tribunal de Justicia, mediante un recurso de anulación, el Reglamento por el que se establezcan dichos derechos antidumping, aun cuando el mismo haya participado en las sucesivas fases de la investigación que haya precedido a la adopción de aquél.
los organismos obtenidos mediante la aplicación de una técnica o un método de mutagénesis que se basa en las mismas modalidades de modificación, por el agente mutágeno, del material genético del organismo de que se trate que una técnica o un método de mutagénesis que han venido siendo utilizados convencionalmente en varios usos y para los que se dispone de una amplia experiencia de utilización segura, pero que se diferencia de esta segunda técnica o método de mutagénesis por otras características, están, en principio, excluidos de la exención prevista en esa disposición, siempre que se demuestre que esas características pueden provocar modificaciones del material genético de ese organismo diferentes, por su naturaleza o por el ritmo al que se producen, de las que resultan de la aplicación de esa segunda técnica o método de mutagénesis. Sin embargo, los efectos inherentes a los cultivos in vitro no justifican, como tales, que se excluyan de esta exención los organismos obtenidos mediante la aplicación in vitro de una técnica o un método de mutagénesis que han venido siendo utilizados convencionalmente en varios usos in vivo y para los que se dispone de una amplia experiencia de utilización segura con respecto a dichos usos.
(34)

Conviene establecer normas específicas en materia de vías de recurso en lo que respecta a la falta de conformidad en la ejecución del contrato de viaje combinado. El viajero debe tener derecho a que se resuelvan sus problemas y, cuando una proporción significativa de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado no pueda prestarse, se le deben ofrecer fórmulas alternativas que sean adecuadas. Si el organizador no subsana la falta de conformidad en un plazo razonable establecido por el viajero, este debe poder hacerlo por su cuenta y exigir el reembolso de los gastos necesarios. En algunos casos no ha de ser necesario especificar un plazo, en particular cuando sea necesaria una solución inmediata. Así sucedería, por ejemplo, en el supuesto de que, debido al retraso de un autobús facilitado por el organizador, el viajero tenga que tomar un taxi para llegar a su vuelo a tiempo. Los viajeros también deben tener derecho a una reducción del precio, a poner fin al contrato de viaje combinado y/o a una indemnización por daños y perjuicios. La indemnización debe cubrir también los perjuicios morales, en particular la indemnización por la pérdida de disfrute del viaje o vacación por causa de problemas sustanciales en la ejecución de los servicios de viaje de que se trate. El viajero debe tener la obligación de informar al organizador sin demoras indebidas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, de cualquier falta de conformidad que advierta durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato de viaje combinado. El incumplimiento de esta obligación puede ser tenido en cuenta al determinar la reducción del precio o la indemnización por daños y perjuicios adecuada en aquellos casos en que dicha notificación hubiera evitado o reducido los daños y perjuicios.»
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No obstante, la referida decisión de revocar la licitación debe adoptarse respetando las normas del Derecho de la Unión, y en particular principios generales del Derecho de la Unión como los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad, que se recogen también en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24 (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de junio de 2002, HI, C‑92/00, EU:C:2002:379, apartados 42 y 45 a 47, y de 11 de diciembre de 2014, Croce Amica One Italia, C‑440/13, EU:C:2014:2435, apartados 33, 34 y 36).