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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/13

Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

(Asunto C-474/08)

(2009/C 32/21)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Patakia y B. Schima, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (1), al no haber previsto que en los casos en que se deniegue el acceso a la red de distribución o de transporte se pueda acudir ante la autoridad reguladora para que resuelva mediante decisión vinculante en el plazo de dos meses, con arreglo al artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE, y al haber excluido de las competencias de la autoridad reguladora, establecidas en el artículo 23, apartado 2, de dicha Directiva, determinados elementos decisivos para calcular las tarifas.

— Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

Motivos y principales alegaciones

En primer lugar, la Comisión alega que no se ha efectuado la adaptación del Derecho belga al artículo 23, apartado 5, de la Directiva 2003/54/CE. A su juicio, las disposiciones pertinentes de la Ley belga relativa a la organización del mercado de la electricidad son tan generales que no permiten determinar con certeza si existe o no un derecho de recurso individual contra las decisiones por las que se deniega el acceso a la red de distribución o de transporte de electricidad. En particular, según la Comisión, dichas disposiciones no establecen ningún marco concreto de procedimiento y no prevén ningún plazo para la respuesta de la autoridad reguladora, en este caso, la Commission nationale de régulation de l'électricité (CRE).

En segundo lugar, la demandante reprocha a la demandada haber incumplido el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE, al conferir al Rey, es decir, a una autoridad distinta de la CRE, la facultad de establecer normas particulares sobre amortizaciones y margen de beneficio referentes a inversiones de interés nacional y de interés europeo. Según la Comisión, este procedimiento no es compatible con el artículo antes citado, ya que no parece que la autoridad reguladora tenga, en estos dos supuestos, ninguna influencia sobre las metodologías utilizadas para calcular o fijar las tarifas de transporte y de distribución.

(1) DO L 176, p. 37.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Arnhem (Países Bajos) el 3 de noviembre de 2008 — K. van Dijk/Gemeente Kampen

(Asunto C-470/08)

(2009/C 6/24)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Gerechtshof te Arnhem

Partes en el procedimiento principal

Demandante: K. van Dijk

Demandada: Gemeente Kampen

Cuestiones prejudiciales

1) A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendatario al término del contrato de arrendamiento, de conformidad con los Reglamentos nos 1782/2003 (1) y 795/2004 (2) o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a entregar al arrendador, junto con la parcela arrendada, los derechos de ayuda generados en virtud de estas parcelas o relacionados con éstas?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendador, de conformidad con los Reglamentos nos 1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a pagar al arrendatario una indemnización por los derechos de ayuda entregados al arrendador y, en su caso, debe indemnizarle por el valor total o parcial de estos derechos y, de ser parcial, por qué parte de dicho valor?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendatario, de conformidad con los Reglamentos nos 1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a pagar al arrendador una indemnización por los derechos de ayuda no entregados al arrendador y, en su caso, debe indemnizarle por el valor total o parcial de estos derechos y, de ser parcial, por qué parte de dicho valor?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 1).
1)

¿Ha de interpretarse el artículo 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (1), en el sentido de que una cuota de azúcar que no puede utilizarse a consecuencia de una retirada del mercado preventiva con arreglo al artículo 1 del Reglamento (CE) no 290/2007 de la Comisión, de 16 de marzo de 2007, que fija, para la campaña de comercialización 2007/2008, el porcentaje (2) previsto en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, debe incluirse en el cálculo del canon de producción?
—

Que se declare que la República Francesa, al adoptar y mantener en vigor los artículos 44-1 del Decreto no 2005/1308, de 20 de octubre de 2005; 46-1 del Decreto no 2005/1742, de 30 de diciembre de 2005 y 80-1-1, del Decreto no 2006/975 de 1 de agosto de 2006 –en la medida en que esas disposiciones permiten que los poderes adjudicadores y/o las entidades adjudicadoras reduzcan el plazo razonable que debe respetarse entre la notificación de los licitadores y la firma del contrato sin fijar ningún límite temporal y sin ningún otro requisito objetivo fijado previamente por la normativa nacional y al adoptar y mantener en vigor el artículo 1441-1 del nuevo Código de procedimiento civil, en su versión modificada por el Decreto no 2005/1308, de 20 de octubre de 2005 –en la medida en que esta disposición establece un plazo de diez días para la respuesta del poder adjudicador y/o de la entidad adjudicadora de que se trate prohibiendo toda acción precontractual antes de dicha respuesta y sin que dicho plazo suspenda el plazo que debe respetarse entre la notificación de los licitadores y la firma del contrato–, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/665/CEE y de la Directiva 92/13/CEE, tal y como fueron interpretados por el Tribunal de Justicia en sus sentencias Alcatel (C-81/98) y Comisión/Austria (C-212/02), en concreto, en virtud del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 92/13/CEE.
2)

¿Se oponen las disposiciones del ordenamiento jurídico italiano contenidas en los apartados 22 y 19 del artículo 3 y en el artículo 34 del Código de Contratos Públicos, aprobado mediante el Decreto Legislativo no 163/2006 — según los cuales, respectivamente, «el término “operador económico” incluye el contratista, el suministrador y el prestador de servicios o una agrupación o consorcio de éstos» y «los términos “contratista”, “suministrador” y “prestador de servicios” designan una persona física, una persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica, con inclusión del grupo europeo de interés económico (GEIE) constituido al amparo del Decreto Legislativo no 240, de 23 de julio de 1991, que “ofrezcan en el mercado”, respectivamente, la ejecución de una obra, el suministro de productos o la prestación de servicios» — a la Directiva 18/2004, si se interpretan en el sentido de que circunscriben la participación exclusivamente a quienes desarrollan profesionalmente tales actividades, con exclusión de aquellas entidades cuya finalidad prioritaria no es la obtención de lucro, sino la investigación?
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE, del artículo 8 de la Decisión 2000/597/CE, Euratom del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (1), y de los artículos 2, 6, 10, 11 y 17 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (2), al no haber puesto a disposición de la Comisión los recursos propios correspondientes a la deuda aduanera derivada del otorgamiento de autorizaciones irregulares, el 27 de febrero de 1997, por parte de la Direzione compartimentale delle dogane para las Regiones de Apulia y Basilicata, que se encuentra en Bari, para crear y gestionar en Tarento almacenes aduaneros del tipo C, seguidas de las autorizaciones consecutivas para la transformación bajo control aduanero y para el perfeccionamiento activo, hasta su revocación el 4 de diciembre de 2002.
—

Que se declare que la República de Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva o al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (1), al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva o, al menos, al no remitir la pertinente comunicación a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/24

Recurso interpuesto el 21 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

(Asunto C-222/08)

(2008/C 209/35)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. van Vliet y A. Nijenhuis, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 1, y al anexo IV, parte A, de la Directiva 2002/22/CE, al adaptar el Derecho interno a las disposiciones relativas al cálculo de costes y a la financiación de las obligaciones del servicio universal.

— Que se condene en costas Reino de Bélgica.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva 2002/02 tiene por objeto, en particular, regular las situaciones en las que el mercado no puede satisfacer suficientemente las necesidades de los usuarios finales y contiene disposiciones relativas al acceso al servicio universal. El artículo 12, apartado 1, de la Directiva establece que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren que la prestación del servicio universal pueda constituir una carga injusta para las empresas designadas para suministrar dicho servicio, calcularán el coste neto de esa prestación en la forma establecida en dicho artículo. El anexo IV, parte A, contiene disposiciones relativas al cálculo de los costes netos. El artículo 13, apartado 1, establece que, cuando, sobre la base del cálculo de costes netos indicado en el artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación consideren que una empresa está sometida a una carga injusta, los Estados miembros, a petición de una empresa designada, pueden decidir introducir un mecanismo de compensación.

La Comisión considera que Bélgica no ha adaptado correctamente su Derecho interno a lo dispuesto en los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 1, y en el anexo IV, parte A, de la Directiva. Entiende que la normativa belga no establece una valoración de si ofrecer tarifas sociales en el marco de puesta a disposición del servicio universal constituye una carga injusta para las empresas designadas. De esta forma, las disposiciones belgas no se atienen a las exigencias relativas al cálculo de los costes netos, tal como se establecen, en particular, en la última parte del anexo IV, parte A, de la Directiva.
3.

Las referidas restricciones a la libre prestación de servicios no están justificadas con arreglo al Tratado. En particular, las autoridades españolas no han acreditado que dichas restricciones sean necesarias para evitar un perjuicio grave al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud español. Por consiguiente, debe concluirse que la normativa controvertida es contraria al artículo 49 CE.
3)

En caso de respuesta negativa a las cuestiones 2.1 o 2.2: ¿Infringe el artículo 1, en relación con el artículo 2 y con el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el artículo 10, apartado 6, de la 1. RGG, según el cual las pensiones, para los beneficiarios casados que no vivan permanentemente separados, se calculan tomando como base de forma ficticia el grupo de tributación III/0 (más favorable para el sujeto pasivo), mientras que para los demás beneficiarios se toma como base de forma ficticia el grupo de tributación I (menos favorable para el sujeto pasivo), en el caso de un beneficiario que está emparejado con una persona de su mismo sexo y que no vive permanentemente separado de ella?
5)

Teniendo en cuenta que: — el artículo 6, apartados 2 y 5, de la OLW (2) contiene una norma que equipara con los nacionales neerlandeses a las personas que no tienen la nacionalidad neerlandesa pero que disfrutan de un permiso neerlandés de residencia por tiempo indefinido y — dicha norma entraña que, para este grupo de personas, debe denegarse la entrega, si la ODE tiene relación con la ejecución de una pena privativa de libertad irrecurrible, ¿constituye el artículo 6, apartados 2 y 5, de la OLW una discriminación prohibida por el artículo 12 CE, dado que dicha equiparación no se aplica también a los nacionales de otros Estados miembros que dispongan de un derecho de residencia basado en el artículo 18 CE, apartado 1, y que no perderían su derecho de residencia como consecuencia de la pena privativa de libertad irrecurrible que se les haya impuesto, pero que no dispongan de un permiso neerlandés de residencia por tiempo indefinido?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 128/19

Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo

(Asunto C-51/08)

(2008/C 128/32)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J.-P. Keppenne y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, en particular, de sus artículos 43 CE y 45 CE, y de la Directiva 89/48/CEE, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, al exigir el requisito de la nacionalidad para el acceso a la profesión de notario y al no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva 89/48/CEE (1) por lo que atañe a la profesión de notario.

— Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la Comisión reprocha en primer lugar a la parte demandada haber conculcado de forma desproporcionada la libertad de establecimiento reconocida en el artículo 43 CE, al exigir el requisito de la nacionalidad para el acceso a la profesión de notario y su ejercicio. Ciertamente, el artículo 45 CE exime de la aplicación de lo dispuesto en el capítulo relativo al derecho de establecimiento aquellas actividades que participen, de una forma directa y concreta, en el ejercicio del poder público. No obstante, según la Comisión, los cometidos que el Derecho luxemburgués encomienda a los notarios suponen un grado de participación tan reducido en el citado ejercicio, que no pueden hallarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación del referido artículo y justificar un obstáculo semejante a la libertad de establecimiento. Efectivamente, dichos cometidos no confieren a los notarios unas atribuciones coercitivas y el legislador nacional puede imponer unas medidas menos restrictivas que el requisito de la nacionalidad, como, por ejemplo, la sujeción de los referidos operadores a unos requisitos estrictos de acceso a la profesión, a unos deberes profesionales especiales y/o a un control concreto.

Por otra parte, mediante su segunda imputación, la Comisión reprocha a la parte demandada haber incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva 89/48/CEE, por lo que atañe a la profesión de notario. Efectivamente, cuando se trata de una profesión reglamentada, la Directiva es plenamente aplicable a dicha profesión y el alto nivel de cualificación exigido a los notarios podría verse garantizado adecuadamente mediante un examen de aptitud o un curso de adaptación.

(1) Directiva 89/48CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16).
1)

¿Destruye la presunción de que una persona tiene «domicilio» o «residencia» en un Estado miembro, a efectos del artículo 4, número 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados (DO L 190, p. 1) (en lo sucesivo, «Decisión Marco»), el hecho de que la persona de que se trate (1): a) no permanezca ininterrumpidamente en ese Estado miembro; b) no permanezca en él legalmente de conformidad con la normativa sobre residencia; c) se dedique a cometer en él actos delictivos, o d) se encuentre en él en prisión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 79/18

Recurso de casación interpuesto el 17 de enero de 2008 por MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 8 de noviembre de 2007 en el asunto T-459/05, MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-17/08 P)

(2008/C 79/31)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (representante: W. Göpfert, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de las partes recurrentes

— Que se anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia desestimó las pretensiones que habían formulado ante él.

— Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 19 de octubre de 2005, asunto R 1059/2004-2.

— Que se condene a la recurrida al pago de las costas del recurso.

Motivos y principales alegaciones

El recurso se basa en que la interpretación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento sobre la marca comunitaria en la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia adolece de errores de Derecho.

Esta interpretación errónea provocó un resultado incorrecto — denegación del registro de la marca comunitaria denominativa «manufacturing score card». En particular, el Tribunal de Primera Instancia no sólo valoró erróneamente el contenido sino que incurrió en graves errores de interpretación de los requisitos del carácter distintivo y del imperativo de disponibilidad enunciados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con las solicitudes de marca comunitaria y el público relevante.

El Tribunal de Primera Instancia desglosó, de manera inaceptable, el sintagma presentado en la solicitud en sus elementos constitutivos para sustentar su denegación de la aptitud de éste para ser protegido. Tal fraccionamiento no está en consonancia con la forma en que el público «normal» aprecia e interpreta la marca cuando la percibe en su conjunto. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia basó erróneamente sus apreciaciones sobre la falta de carácter distintivo y la existencia de un imperativo de disponibilidad en que el sintagma está compuesto de elementos, que en la actividad comercial, se usan normalmente para explicar el objetivo y la función de los servicios a los que se refería la solicitud de registro. Este público pertinente no reconocería inmediatamente un significado evidente en la solicitud de una marca comunitaria «manufacturing score card», que consiste en la combinación de tres palabras inglesas. Por consiguiente, la marca solicitada tiene el mínimo carácter distintivo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria y no designa otras características del producto o servicio como exige el artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento sobre la marca comunitaria.
1.

a) ¿Es contraria al principio del Derecho comunitario de no discriminación por motivos de edad, especialmente al Derecho primario de la CE o a la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000 (1), relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, una legislación nacional según la cual los plazos de preaviso para los despidos, que ha de respetar el empresario, aumentan gradualmente con el tiempo de servicio, pero no se tienen en cuenta los tiempos de servicio anteriores a los veinticinco años de edad del trabajador? b) ¿Puede considerarse causa justificativa para que el empresario sólo deba respetar un plazo de preaviso básico al despedir a trabajadores jóvenes, el hecho de que al empresario se le atribuye un interés económico (al que se oponen los plazos de preaviso largos) en la flexibilidad de gestión del personal, y que a los trabajadores jóvenes no les asiste la protección de los derechos adquiridos y de la posibilidad de buscar un nuevo empleo (que ofrecen los plazos de preaviso más largos a los trabajadores de más edad) ya que, por ejemplo, debido a su edad o a sus menores obligaciones sociales, familiares y privadas, se les presume una mayor flexibilidad y movilidad profesional y personal?