SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 27 de febrero de 1996

Asunto T-235/94

Roberto Galtieri

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Asignación familiar — Devolución de cantidades indebidamente pagadas — Causa de nulidad — Confianza legítima — Daños y perjuicios»

Texto completo en lengua francesa II-129

Objeto:

Recurso que tiene por objeto: — La anulación de la decisión del Parlamento Europeo, notificada mediante escrito de 19 de enero de 1994, de recuperar las cantidades indebidamente percibidas por el demandante en concepto de asignación familiar. — Que se condene al Parlamento Europeo a reembolsar las cantidades detraídas de sus retribuciones mensuales. — Que se condene al Parlamento Europeo al pago de una indemnización de daños y perjuicios así como de intereses de demora.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante era agente temporal del Parlamento. En el mes de julio de 1980 fue clasificado en el grado B 2. Desde el mes de enero de 1990 ocupó un puesto de trabajo de la categoría A. Está casado desde julio de 1984 y su esposa también formaba parte del personal de las Instituciones comunitarias. En virtud del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») le fue abonada la asignación familiar desde el 1 de julio de 1984 hasta el 30 de noviembre de 1993 inclusive.

Tras recibir una información sobre la transferencia de la esposa del demandante del Consejo al Parlamento, esta última Institución consideró que el demandante dejó de tener derecho a la asignación familiar a partir del 1 de enero de 1992 debido a la promoción de su esposa al grado C 3 con carácter retroactivo a dicha fecha. El Parlamento decidió proceder a la recuperación de las cantidades que consideró que fueron indebidamente pagadas al demandante, las cuales ascendían en total a 267.628 BFR, e informó de ello al demandante. Dado que, a raíz de la oposición del demandante, el Parlamento confirmó dicha decisión, el primero presentó una reclamación formal con arreglo al artículo 90 del Estatuto.

Tras presentarse el recurso y una demanda de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, conforme al apartado 4 del artículo 91 del Estatuto se suspendió el procedimiento principal ante el Tribunal de Primera Instancia a la espera de una decisión denegatoria de la reclamación expresa o presunta. Mediante auto de 14 de julio de 1994 el Presidente del Tribunal declaró que no procedía resolver sobre la demanda de medidas provisionales por cuanto, mientras tanto, se había llegado a un acuerdo entre las partes a tenor del cual la parte demandada renunciaba a la devolución inmediata de la cantidad restante, a su juicio, aún adeudada.

Si bien de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de Procedimiento había sido citada para asistir a la vista, la parte demandante no estuvo representada en ella. El Abogado de la demandante solicitó por tanto al Tribunal de Primera Instancia la reapertura de la fase oral, ya que no recibió la citación para la vista como consecuencia de un error en la dirección cometido por el mandatario designado, el cual reconoció haber recibido dicha citación.

Procedimiento

El hecho de que una parte debidamente convocada no esté representada en el acto de la vista sólo puede justificar la reapertura de la fase oral si tal ausencia se debe a un caso de fuerza mayor, y como tal deben considerarse las dificultades anormales, independientes de la voluntad de la parte que la aduce y que resulten inevitables, a pesar de haber actuado con toda diligencia. Ahora bien, el demandante se limita a señalar un error de transmisión entre el mandatario que designó para recibir todas las citaciones y su Abogado, circunstancia que no puede calificarse de fuerza mayor (apartado 17).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 29 de mayo de 1991, Bayer/Comisión (T-12/90, Rec. p. II-219), apartado 44

Sobre la admisibilidad

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en principio, un recurso interpuesto antes de la expiración del plazo para contestar a la reclamación contra la decisión denegatoria presunta es prematuro y, como tal, no procede admitirlo. No obstante, la obligación de agotar el procedimiento administrativo, establecida en el apartado 2 del artículo 91 del Estatuto, se halla limitada por el apartado 4 del mismo artículo. De esta disposición se deriva que, tras la presentación de una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), el interesado puede presentar inmediatamente un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia siempre que adjunte a éste una demanda solicitando la suspensión de la ejecución del acto recurrido o que se acuerden medidas provisionales (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Tagaras/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-18/89 y T-24/89, Rec. p. II-53), apartados 49 y 50

El apartado 4 del artículo 91 del Estatuto no señala plazo alguno para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia y, por lo tanto, no puede interpretarse en sentido restrictivo. El objetivo de esta disposición es más bien permitir que se recurra ante el Tribunal de Primera Instancia antes de concluir el procedimiento administrativo previo, siempre que se presente al mismo tiempo el recurso y una demanda de medidas provisionales, que establecer un plazo estricto para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia. Este Tribunal no puede declarar que el demandante no tenía derecho a acogerse a la excepción prevista en el apartado 4 del artículo 91 del Estatuto por haber recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia más de tres meses después de la presentación de su reclamación a la AFPN. En consecuencia, debe desestimarse este motivo de inadmisibilidad (apartado 29).

El Tribunal de Primera Instancia señala que el demandante sigue teniendo un interés en conseguir la anulación de la decisión de proceder a la devolución de cantidades indebidamente pagadas. En efecto, la respuesta del Parlamento a la reclamación modificó la decisión inicial, pero sólo en parte satisfizo al demandante. Por consiguiente, este motivo de inadmisibilidad tampoco puede ser acogido (apartado 30).

Dado que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado la admisibilidad de la pretensión de anulación, debe asimismo desestimarse el motivo de inadmisibilidad que el Parlamento basa en la regla de que la inadmisibilidad de la pretensión de anulación lleva consigo la de la pretensión de indemnización. Por lo tanto, procede declarar la admisibilidad del recurso (apartados 31 y 32).

Sobre el fondo

La pretensión de anulación

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 85 del Estatuto

A tenor del artículo 85 del Estatuto, las cantidades percibidas en exceso darán lugar a su devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuere tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla. Considerada la argumentación de las partes basta examinar si la irregularidad de los pagos de que se trata era tan evidente que el demandante no podía dejar de advertirla (apartado 45).

La expresión «tan evidente» que figura en esta disposición no significa que el funcionario que percibe pagos indebidos esté dispensado de todo esfuerzo de reflexión o de control. Por el contrario, procede la restitución cuando se trata de un error que no pasaría desapercibido a un funcionario normalmente diligente, que se supone conoce las normas que regulan su retribución. Para apreciar si el funcionario interesado fue suficientemente diligente debe tenerse en cuenta su capacidad para proceder a las comprobaciones necesarias (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 10 de febrero de 1994, White/Comisión (T-107/92, RecFP P. II-143), apartado 33; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Burck/Comisión (T-93/92, RecFP p. II-201), apartado 29; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Stahlschmidt/Parlamento (T-38/93, RecFP p. II-227), apartado 19

El apartado 3 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto, que dispone que, en el caso de que su cónyuge ejerza una actividad profesional lucrativa que dé lugar a ingresos profesionales brutos superiores al sueldo base anual de un funcionario del grado C 3, tercer escalón, [...] antes de la deducción del impuesto el interesado no percibirá la asignación familiar, debe considerarse suficientemente claro para que un funcionario de la categoría A que trabaja en las Instituciones comunitarias desde 1980 pueda identificar el límite decisivo más allá del cual ya no tiene derecho a la asignación familiar, salvo decisión especial de la AFPN (apartados 47 y 48).

En relación con el hecho de que el demandante no informara al Parlamento de la promoción de su esposa debe recordarse que, según la citada sentencia White/Comisión, un funcionario que por haber tardado en comunicar a su Administración un cambio ocurrido en su situación familiar, se ha colocado, por su propio comportamiento, en una situación irregular, no puede invocar su buena fe con el fin de verse relevado de su obligación de restituir una asignación que haya seguido percibiendo indebidamente. Si bien en dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia declaró que la exigencia de evidencia que caracteriza la irregularidad de los pagos no concurría en las circunstancias del caso, entre las que figuraba, junto a otras razones que condujeron a esta conclusión, el hecho de que el límite máximo había sido sobrepasado en muy poco, por el contrario, consideró que un exceso de 110.000 BFR por año sobre dicha cantidad era «considerable» y no podía pasar inadvertido a un funcionario normalmente diligente (apartados 49 y 50).

Referencia: White/Comisión, antes citada, apartados 38 y 50

En cuanto a la superación del límite máximo en el presente asunto, que las partes fijan en cantidades diferentes, el Tribunal de Primera Instancia observa que el demandante no ha aportado elemento alguno que permita probar el carácter erróneo de los cálculos aportados por el Parlamento. En estas circunstancias procede deducir que el exceso de que se trata era, como mínimo, de 87.000 BFR por año, importe que no puede considerarse insignificante y que no puede pasar inadvertido a un funcionario normalmente diligente (apartados 51 a 55).

El Tribunal de Primera Instancia deduce de ello que con una diligencia normal el demandante debería haberse dado cuenta de la irregularidad evidente de los pagos controvertidos. Así, el Parlamento tenía derecho a proceder a la repetición de las cantidades indebidamente pagadas en concepto de asignación familiar desde el 1 de noviembre de 1992 al 30 de noviembre de 1993. Además, por su propio comportamiento — al no comunicar a la administración la promoción de su esposa al grado C 4, escalón 4, ocurrida el 1 de noviembre de 1992-, el demandante se colocó en una situación irregular y no puede invocar su buena fe con el fin de eludir la obligación de restituir las cantidades indebidamente cobradas. Por todas estas razones, el motivo debe ser desestimado (apartados 56 y 57).

Sobre el segundo motivo, basado en una causa de nulidad o en un abuso de poder

El Tribunal de Primera Instancia señala que, sustancialmente, mediante este motivo, el demandante sólo pretende demostrar que el Parlamento ha infringido el artículo 85 del Estatuto. Ahora bien, habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia ha considerado que la aplicación del artículo 85 del Estatuto fue correcta, el motivo carece de fundamento y debe ser desestimado (apartado 60).

Sobre el tercer motivo, basado en una violación del principio de protección de la confianza legítima

El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular a quien la administración haya hecho albergar esperanzas fundadas. Põiel contrario, no puede alegarse una violación de dicho principio a falta de garantías precisas dadas por la administración (apartado 63).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1994, Dornonville de la Cour/Comisión(T-498/93, RecFP p. II-813), apartado 46

Pues bien, el desglose a que se refiere el demandante indica solamente que la administración tomó conocimiento del cambio de actividad del cónyuge del demandante. No puede interpretarse en el sentido de que haya suscitado en el demandante esperanzas fundadas en lo que atañe al mantenimiento de su derecho a la asignación familiar, ni como una garantía precisa dada por la administración. Aun suponiendo que la nota de que se trata haya podido ser interpretada como una garantía precisa, no podía suscitar en el demandante una confianza legítima, en la medida en que semejante garantía no habría sido conforme a las normas del Estatuto (apartados 64 y 65).

En lo que atañe al derecho del demandante a una retribución mensual, el Tribunal de Primera Instancia observa que no puede considerarse que la ejecución de una decisión legal de repetición de lo indebido afecte a tal derecho. Por lo tanto, debe desestimarse el motivo (apartados 66 y 67).

Pretensión de reembolso y de pago de intereses de demora

Esta pretensión presupone que se haya determinado la nulidad del acto impugnado. Ahora bien, habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia ha desestimado la pretensión de anulación, la presente pretensión carece de fundamento y, por lo tanto, no puede ser acogida (apartado 69).

Pretensión de indemnización

El Tribunal de Primera Instancia ha considerado que la aplicación del artículo 85 del Estatuto no estuvo viciada de ilegalidad. Tampoco puede acogerse la pretensión de indemnización que se basa en esta supuesta ilegalidad (apartado 71).

Fallo:

Se desestima el recurso.