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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables - Directiva 93/22/CEE - «Gestión de carteras de inversión» - Definición recogida en la sección A, punto 3, del anexo de la Directiva - Normativa nacional que se aparta de esta definición - Improcedencia - Ampliación de la aplicabilidad de las normas de la Directiva a operaciones no contempladas en ésta - Procedencia - Requisito

(Directiva 93/22/CEE del Consejo, anexo, sección A, punto 3)

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$$La sección A, punto 3, del anexo de la Directiva 93/22 relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, que define el concepto de gestión de carteras de inversión, se opone a que una normativa nacional se aparte de esta definición al no exigir, a efectos de la ejecución de dicha Directiva, que la gestión de carteras de inversión sea «discrecional e individualizada» y «con arreglo a los mandatos conferidos por los inversores». No obstante, nada impide a un Estado miembro ampliar, mediante la normativa nacional, la aplicabilidad de las disposiciones de la citada Directiva a operaciones no contempladas en la misma Directiva, siempre y cuando se deduzca claramente que la normativa nacional de que se trata no constituye una adaptación del Derecho interno a la citada Directiva, sino que resulta de la voluntad autónoma del legislador.

( véanse el apartado 46 y el fallo )
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1. Funcionarios Recursos Reclamación administrativa previa Identidad de objeto y de causa Motivos que no figuran en la reclamación, pero que se relacionan estrechamente con ella Admisibilidad Motivo, basado en la infracción del artículo 24, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto, que no fue invocado, ni siquiera implícitamente, en la reclamación Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 24, párrs. 3 y 4, 90 y 91)

2. Recurso de casación Motivos Motivación contradictoria Admisibilidad

3. Funcionarios Promoción Examen comparativo de los méritos Promoción automática de los funcionarios que hayan figurado el año anterior en la lista de funcionarios con mayores méritos Ilegalidad

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1)

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1. En los recursos de funcionarios, las pretensiones deducidas ante el juez comunitario pueden contener sólo motivos de impugnación que se apoyen en la misma causa que los invocados en la reclamación. Estos motivos de impugnación pueden desarrollarse ante el juez comunitario mediante la presentación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, pero que se relacionan estrechamente con ella.

Cuando en una reclamación no se cita el artículo 24, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto y tampoco se menciona expresamente el concepto de perfeccionamiento profesional, al que se refieren dichas disposiciones, sino que se hace referencia a la movilidad y al desarrollo de la carrera de los funcionarios, aun interpretada con flexibilidad, no cabe considerar que tal reclamación contiene elementos de los que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos pueda deducir que incluye una imputación basada en una infracción del artículo 24, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto.

( véanse los apartados 12, 13 y 16 )

2. La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación.

( véase el apartado 20 )

3. El Estatuto no confiere ningún derecho a obtener una promoción, ni siquiera a los funcionarios que reúnan todos los requisitos para ser promovidos. Una práctica que consista en promover automáticamente, salvo que no concurran los méritos, a los funcionarios que figuraban, en el ejercicio de promoción anterior, en la lista de los funcionarios con mayores méritos pero que no fueron promovidos, sería manifiestamente contraria al artículo 45, apartado 1, del Estatuto. En efecto, las decisiones de promoción presuponen que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos efectúe un examen comparativo de los méritos de los funcionarios que pretendan la promoción y de los informes a ellos referidos, en el marco de cada procedimiento de promoción.

( véanse los apartados 35 y 36 )
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Disposiciones fiscales Armonización de las legislaciones Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales Transformación de una sociedad personalista en una sociedad de capital Percepción del impuesto sobre las aportaciones además de la percepción de un impuesto sobre las aportaciones a la sociedad personalista Procedencia

(Directiva 69/335/CEE del Consejo)

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$$Las disposiciones de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la percepción del impuesto sobre las aportaciones con motivo de la transformación de una sociedad personalista en una sociedad de capital a los efectos de esta Directiva, cuando, antes de la entrada en vigor de dicha Directiva, todas las aportaciones realizadas como contrapartida a las participaciones sociales de la sociedad personalista dieron ya lugar a la percepción de un impuesto, independientemente de que éste tenga las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones, en el sentido del artículo 10 de la Directiva. La prohibición impuesta en esta disposición no puede aplicarse a un derecho o un impuesto que, independientemente de cuáles sean sus características, grava las aportaciones a sociedades que no son sociedades de capital a efectos de la Directiva.

( véanse los apartados 28 y 32 y el fallo )
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Competencia - Normas comunitarias - Legislación nacional sobre el precio de los libros - Compatibilidad, con posterioridad a su integración en el Tratado CE, de las normas relativas al mercado interior

[Tratado CE, arts. 3, letras c) y g), 7 A, 30 y 36 (actualmente arts. 3 CE, letras c) y g), 14 CE, 28 CE y 30 CE, tras su modificación), 3 A, 5, 85, 102 A y 103 (actualmente arts. 4 CE, 10 CE, 81 CE, 98 CE y 99 CE) y 14 (derogado por el Tratado de Amsterdam)]

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$$Los artículos 3, letras c) y g), del Tratado [actualmente artículo 3 CE, letras c) y g), tras su modificación], 3 A y 5 del Tratado (actualmente artículos 4 CE y 10 CE), 7 A, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 14 CE, apartado 2, tras su modificación), así como 102 A y 103 del Tratado (actualmente artículos 98 CE y 99 CE) no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que obligue a los editores a imponer a los libreros un precio fijo de reventa de los libros.

En efecto, el artículo 3 del Tratado, que determina los ámbitos y objetivos en los que se centra la acción de la Comunidad, enuncia principios generales del mercado común, que se aplican en relación con los capítulos respectivos del Tratado destinados a desarrollar dichos principios.

Por su parte, el Acta Única Europea insertó el artículo 8 A (que pasó a ser el artículo 7 A del Tratado CE, actualmente, a su vez, artículo 14 CE, tras su modificación), que define el mercado interior y prevé las medidas para su establecimiento. Desde dicho momento el mercado interior constituye uno de los objetivos de la Comunidad [artículo 3, letra c), del Tratado].

Dichas disposiciones definen, asimismo, objetivos generales y deben interpretarse en relación con las disposiciones del Tratado destinadas a desarrollar dichos objetivos. Dado que no se han modificado los artículos 30 y 36 del Tratado (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE), no se puede poner en entredicho la interpretación que de éstos hizo el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de enero de 1985, Leclerc y Thouars Distribution, 229/83, en relación con el artículo 5 del Tratado.

Respecto a los artículos 3 A, 102 A y 103 del Tratado, que se refieren a la política económica, que se debe llevar a cabo respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia (artículos 3 A y 102 A), constituyen disposiciones que no imponen a los Estados miembros obligaciones claras e incondicionales que los particulares puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales. En efecto, se trata de un principio general que para su aplicación exige apreciaciones económicas complejas que son competencia del legislador o de la Administración nacional.

( véanse los apartados 22 a 25 y el fallo )
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Agricultura - Legislaciones uniformes - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Ámbito de aplicación material del Reglamento (CEE) nº 2081/92 - Normativa que prohíbe la utilización de una indicación de procedencia para la que no exista relación alguna entre las características del producto y su procedencia geográfica - Exclusión

[Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, art. 2, ap. 2, letra b)]

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$$El Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, no se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe la utilización que implique un riesgo de fraude de una indicación de procedencia para la que no exista relación alguna entre las características del producto y su procedencia geográfica.

En efecto, a tenor de su artículo 2, apartado 2, letra b), el Reglamento nº 2081/92 se refiere únicamente a las indicaciones geográficas para las que existe una relación directa entre, por una parte, una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y, por otra, su origen geográfico específico. Las indicaciones de procedencia geográfica simples, para las cuales no existe relación alguna entre las características del producto y su procedencia geográfica, no están incluidas en dicha definición y, por lo tanto, no pueden estar protegidas con arreglo al Reglamento nº 2081/92.

( véanse los apartados 43, 44 y 54 y el fallo )
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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Restricciones que se derivan de la normativa del Estado miembro de establecimiento referente al ejercicio de determinadas actividades - Situación no regulada por una Directiva relativa al reconocimiento mutuo de títulos - Obligación del Estado miembro de examinar la equivalencia entre los títulos y cualificaciones exigidos por el Derecho nacional y los obtenidos por el interesado

[Tratado CE, arts. 52 y 57 (actualmente arts. 43 CE y 47 CE, tras su modificación)]

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$$El artículo 52 del Tratado (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que, cuando en una situación no regulada por una Directiva relativa al reconocimiento mutuo de diplomas, un nacional comunitario presente una solicitud de habilitación para ejercer una profesión cuyo acceso está subordinado, según la legislación nacional, a la posesión de un título o de una capacitación profesional, o también a períodos de experiencia práctica, las autoridades competentes del Estado miembro de que se trata están obligadas a tomar en consideración todos los diplomas, certificados y otros títulos, así como la experiencia pertinente del interesado, efectuando una comparación entre, por una parte, las aptitudes acreditadas por dichos títulos y por dicha experiencia, y, por otra, los conocimientos y capacitación exigidos por la legislación nacional.

Esta interpretación no es más que la expresión de un principio inherente a las libertades fundamentales del Tratado. Si bien es cierto que este principio se ha aplicado en asuntos que se refieren a profesiones para cuyo ejercicio no existía, en esa época, medidas de armonización o de coordinación, no es menos cierto que no puede perder una parte de su valor jurídico por el hecho de la adopción de Directivas relativas al reconocimiento mutuo de diplomas. En efecto, dichas Directivas tienen por objeto facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio y, por lo tanto, simplificar las posibilidades ya existentes de acceso a dichas actividades para los nacionales de otros Estados miembros.

La función de las Directivas que establecen normas y criterios comunes para el reconocimiento mutuo de diplomas es instaurar un sistema que obligue a los Estados miembros a admitir la equivalencia de determinados diplomas, sin que puedan exigir a los interesados el cumplimiento de otros requisitos que no sean los establecidos por las Directivas aplicables en la materia, pues dicho reconocimiento hace superfluo, cuando concurren los requisitos enunciados por las Directivas, el reconocimiento eventual de estos diplomas de conformidad con el principio mencionado. No obstante, este principio conserva un interés evidente en situaciones no amparadas por dichas Directivas.

(véanse los apartados 24, 31 a 34 y 40 y el fallo)
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda incompatible con el mercado común - Recurso de los órganos que representan a los trabajadores de la empresa beneficiaria de la ayuda - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 93, ap. 2 (actualmente art. 88 CE, ap. 2), y art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

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$$Los sujetos que no sean destinatarios de una Decisión sólo pueden afirmar que ésta los afecta individualmente, en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), cuando la Decisión impugnada les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que los caracterice en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de una manera análoga a la del destinatario.

La mera condición de negociadores de los aspectos sociales de una Decisión por la que se declara una ayuda incompatible con el mercado común no es suficiente para individualizar a los órganos que representan a los trabajadores de la empresa beneficiaria de la ayuda de manera análoga a la del destinatario de dicha Decisión, cuando de la motivación de la Decisión impugnada se desprenda que la mencionada condición no presenta sino un tenue vínculo con el objeto mismo de dicha Decisión y cuando los órganos recurrentes no participaron en el procedimiento incoado con arreglo al artículo 93, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 2).

La circunstancia de que en un punto de la exposición de motivos de la Decisión impugnada la Comisión haga referencia a consideraciones de orden social no resulta pertinente, ya que dicha Institución no basó en esa observación su apreciación sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, sino que, por el contrario, de la Decisión considerada en su conjunto se desprende que la misma se basa en otros motivos.

(véanse los apartados 39, 47 a 49, 51, 53 y 54)
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Agricultura - Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria - Financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas - Directiva 85/73/CEE - Niveles de las tasas - Posibilidad para los particulares de oponerse a la percepción de tasas superiores a los niveles de los importes a tanto alzado - Inexistencia - Requisito - Percepción de tasas específicas de un nivel superior al de los importes a tanto alzado - Admisibilidad - Requisito - Facultad de las autoridades municipales delegadas para establecer excepciones al alza - Alcance

(Directiva 85/73/CEE del Consejo, art. 2, ap. 3, y Anexo, en su versión resultante de la Directiva 93/118/CE)

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$$En el supuesto de que un Estado miembro no haya adaptado en el plazo señalado su Derecho interno a la Directiva 85/73, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral, en su versión resultante de la Directiva 93/118, un particular no puede oponerse a la percepción de tasas superiores a los niveles de los importes a tanto alzado fijados en el Anexo, Capítulo I, punto 1, de ésta, siempre que no superen los costes reales efectivamente sufragados.

Un Estado miembro puede hacer uso, sin otro requisito previo, de la facultad que le concede el Anexo, Capítulo I, punto 4, letra b), de dicha Directiva de percibir una tasa específica cuyo nivel supere el de los importes a tanto alzado establecidos en el mismo Capítulo I, punto 1, con la única condición de que la tasa específica no supere los costes efectivos.

En el supuesto de que un Estado miembro haya transferido a las autoridades municipales la facultad de percibir las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas, el artículo 2, apartado 3, de la Directiva le autoriza a percibir tasas por importe superior a los niveles de las tasas comunitarias, hasta el importe del coste real de los gastos de inspección sufragados por la autoridad municipal competente.
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Libre prestación de servicios - Entidades de crédito - Prohibición de ejercer, con carácter profesional, la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público a las personas o empresas que no sean entidades de crédito - Otros fondos reembolsables - Concepto - Instrumentos financieros que son objeto de un acuerdo contractual que establezca el reembolso de las cantidades pagadas - Inclusión

(Directivas del Consejo 77/780/CEE y 89/646/CEE, art. 3)

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La expresión «otros fondos reembolsables», que figura en el artículo 3 de la Directiva 89/646 del Consejo, Segunda Directiva para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780, que establece la prohibición de que las personas o empresas que no sean entidades de crédito reciban, con carácter profesional, depósitos u otros fondos reembolsables del público, comprende no sólo los instrumentos financieros que tienen carácter intrínsecamente reembolsable, sino también aquellos que, aunque no posean este carácter, son objeto de un acuerdo contractual que establezca el reembolso de las cantidades pagadas.

En efecto, se desprende de las Directivas 77/780 y 89/646 que la protección del ahorro es uno de los objetivos de los trabajos de coordinación en materia de entidades de crédito. Según el cuarto considerando de la Primera Directiva 77/780, estos trabajos deben aplicarse al conjunto de las entidades de crédito. El quinto considerando añade que es por tanto necesario que su ámbito de aplicación sea lo más amplio posible y contemple todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembolsables tanto en forma de depósitos como bajo otras formas tales como la emisión continua de obligaciones y otros títulos comparables.
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1 Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Concepto - Prohibición de poseer determinadas especies animales en una parte del territorio nacional

(Tratado CE, art. 30)

2 Libre circulación de mercancías - Excepciones - Protección de la salud de los animales - Conservación de la diversidad biológica - Prohibición de poseer en una isla abejas de cualquier especie distinta de la subespecie Apis mellifera mellifera (abeja parda de Læsø) - Procedencia

(Tratado CE, art. 36)

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1 Una normativa nacional que prohíbe poseer e importar determinadas especies animales en una parte del territorio nacional constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, en el sentido del artículo 30 del Tratado.

Tal normativa, que se refiere a las características intrínsecas de las especies animales de que se trata, no puede ser considerada como una normativa en materia de modalidades de venta. Por otra parte, produce un impacto directo e inmediato sobre los intercambios y no produce efectos demasiado aleatorios e indirectos para que pueda considerarse que la obligación que impone no puede obstaculizar el comercio entre Estados miembros.

2 Una normativa nacional que prohíbe poseer en una isla, como la isla de Læsø, abejas de cualquier especie distinta de la subespecie Apis mellifera mellifera (abeja parda de Læsø) debe considerarse justificada, en virtud del artículo 36 del Tratado, por razones de protección de la salud y vida de los animales.

Las medidas de preservación de una población animal indígena que presenta características específicas contribuyen a mantener la diversidad biológica, garantizando la subsistencia de la población de que se trate y su objetivo es proteger la vida de esos animales.

Para dicha conservación de la diversidad biológica es indiferente que el objeto de la protección sea una subespecie aparte, una raza distinta dentro de una especie cualquiera o una mera variedad local, siempre que se trate de poblaciones que tengan características que las distingan de las demás y que, por consiguiente, se las considere dignas de protección, ya sea para protegerlas de un posible peligro de extinción, ya sea, incluso en el caso de no existir tal riesgo, por un interés científico o de otro tipo en la preservación de la pureza de la población en el lugar de que se trate.