3.

Los diferentes motivos alegados por la parte demandante. a) La carta de la Comisión de 12 de julio de 1983 menciona en su punto 2 que el valor económico de una película -al que la jurisprudencia concede, como es sabido, una determinada importancia cuando se trata de enjuiciar una política de precios abusiva, véanse las sentencias en General Motors/Comisión ( 6 ) y United Brands/Comisión ( 7 ) es muy variable y depende especialmente de una serie de factores que el escrito enumera en sus letras a) a f). aa) En una tentativa de quebrantar los fundamentos mismos de la decisión impugnada, la parte demandante hizo observar a este propósito que la Comisión identificaba equivocadamente el valor económico de la difusión de la película y su valor económico intrínseco; en realidad el valor de un derecho de difusión de pendería de la naturaleza y de la importancia del uso que un concesionario puede hacer del derecho que se le cede. bb) La parte demandante añadió que, en realidad, el valor de una película no depende de todos los criterios indicados por la Comisión; la suerte económica de una película en particular tendría a menudo poco que ver con su valor económico. cc) Subrayó igualmente que el hecho de que una película sea inédita es ajeno a la adquisición del derecho de difusión, porque éste no se ejerce en todos los casos más que después de la presentación de la película en las salas de exhibición. dd) Censura, por otra parte, a la Comisión no haber tenido en cuenta en su decisión del valor del servicio prestado por un derecho de difusión: piensa al efecto en una posibilidad de organizar programas de televisión suficientemente interesantes. Sin embargo, es fácil demostrar que estas críticas no están fundadas. Por lo que se refiere a la letra aa), baste comprobar que, entre los criterios de valor mencionados en la carta de la Comisión, se encuentra el número potencial de telespectadores, el hecho de que una película haya sido ya difundida o no y la duración del derecho de difusión, es decir, datos que no tienen relación alguna con el valor económico intrínseco de una película (en el sentido de su costo de producción, en que parece pensar la parte demandante). Por lo que se refiere a la alegación de la letra bb), es evidente que la Comisión no ha querido decir que el valor de una película determinada dependa de todos los criterios indicados, a partir de los cuales convendría en cierto modo establecer una puntuación. Para mí está claro que dicha enumeración se refería simplemente a criterios que de una manera general pueden ser tenidos en cuenta para determinar el valor de una película. Por lo que se refiere a la queja contenida en la letra cc), la Comisión declaró de manera muy convincente que a este respecto ella se refería al hecho de si un film es difundido por televisión por primera vez: no puede mantenerse ninguna otra hipótesis, porque el Derecho francés -la Comisión conoce la normativa francesa a este respecto- dispone que una película no puede ser diñindida antes de haber sido proyectada cierto tiempo (tres años) en las salas de exhibición. En cuanto a la queja a que se refiere en la letra dd), el empleo del término «especialmente» en la carta de la Comisión hace por sí solo aparecer claramente que no se trata de una enumeración exhaustiva; por otra parte, la Comisión ha reconocido también sin ninguna dificultad que el precio de una película está igualmente en función de su interés (lo que ciertamente no nos dice tampoco cómo ha de valorarse este aspecto para la estimación del precio de un derecho de difusión). En la medida en que, en el mismo contexto, la parte demandante alega también que las tarifas publicitarias más elevadas se aplican a las emisiones publicitarias emitidas inmediatamente antes de una película (lo que sería el caso del domingo por la tarde en TF 1 ), observaré en primer lugar que el precio pagado por un minuto de publicidad no permite sacar consecuencias inmediatas sobre el valor del derecho de difusión de una película, porque se trata evidentemente de prestaciones radicalmente diferentes. Por lo demás la relación establecida por la parte demandante a este respecto queda contradicha especialmente por el hecho -alegado por la Comisión- de que las tarifas publicitarias aplicadas por TF 1 en los días laborales no establecen ninguna diferencia entre el caso en que la publicidad vaya seguida por una película (a menudo, pero no siempre, el lunes) y los demás casos (los otros días laborables). b) Como la parte demandante no ha alegado en el procedimiento ante la Comisión (lo mismo, por otra parte, que a lo largo del procedimiento ante el Tribunal de Justicia) más que cifras globales -por ejemplo, la parte consagrada a la compra de derechos de difusión de películas en relación con los ingresos totales de la televisión; la comparación entre los precios medios de compra de los derechos de difusión de películas y los costos medios de producción de un telefilm- la carta de la Comisión de 12 de julio de 1983 subraya en sus puntos 3 y 4 (y es sin duda en estos puntos donde la Comisión ha puesto el acento de su argumentación) que no es posible aplicar el artículo 86 del Tratado a un elemento del presupuesto de las sociedades de televisión; por el contrario, sólo podrá reconocerse un abuso respecto a películas determinadas y a los precios pagados por su difusión. La parte demandante no admite este razonamiento. Según ella, si pudiera comprobarse un abuso generalizado basándose en valores globales, sería necesario deducir de ello la existencia de una serie de abusos particulares. Semejante situación -prosigue luego— sería el fundamento, por lo menos, de una presunción que autorizaría a examinar más detenidamente los hechos sucesivos y, por consiguiente, se podría imputar a la Comisión no haber cumplido su obligación de proceder a semejante examen. Una vez más me parece inatacable el punto de vista de la Comisión. aa) Esta ha subrayado acertadamente que no puede contentarse con presunciones en materia de Derecho de la competencia, en el que sus decisiones comportan graves consecuencias en el plano del Derecho civil y (si se quiere) del Derecho penal y en el que pueden influir en el comportamiento de otros operadores en el mismo mercado. Ha deducido este principio de la sentencia United Brands/Comisión, ( 8 ) en el que se ha sostenido que, a falta de prueba del carácter no equitativo de los precios a los efectos del artículo 86, la empresa afectada conserva el beneficio de la duda. En este contexto importa también señalar que las decisiones en materia de Derecho de la competencia llegan a menudo a exigir que se ponga fin a un comportamiento discutido. Es evidente que hay que dictar órdenes comunitarias muy precisas con este fin. bb) Dado que la parte demandante alude a los escasos medios —en relación con el presupuesto total de las sociedades de televisión- destinados consagrados a la compra de derechos de difusión de películas, es necesario señalar en primer lugar que la cuantía de esta parte del presupuesto no permite llegar a ninguna conclusión indiscutible sobre el empleo que se hace de ella: en efecto, si sólo se consagra a la compra de un número relativamente escaso de películas, es del todo posible que el precio pagado por cada película sea perfectamente equitativo (en el sentido de que equivaldría a un precio igual al que se formaría normalmente en caso de competencia lo bastante eficaz, porque éste es precisamente el criterio fijado por la sentencia United Brands/Comisión ( 9 )). Por otra parte, es claro que, si fuera verdaderamente posible hacer crecer esta parte del presupuesto gracias al artículo 86, los precios pagados por los derechos de difusión no aumentarían necesariamente, porque ello podría llevar, a fin de cuentas, a la compra de mayor número de derechos de difusión. cc) Finalmente es cierto que las películas son productos muy heterogéneos y que el valor de los derechos de difusión, por consiguiente, es muy diverso (según las informaciones que se me han dado, los criterios al efecto pueden ser sobre todo el éxito de una película en las salas de exhibición, su edad, la tasa de audiencia que puede alcanzar, el hecho de si puede ser difundida una sola vez o varias y si se trata de un reestreno). Esto es lo que confirman las cifras recogidas por la Comisión en las sociedades de televisión y que se me han comunicado. De este modo resulta -no citaré el conjunto de las cifrasque en 1980 TF 1 compró derechos de difusión de películas francesas a precios que iban de 200.000 a 1.100.000 FF (para las primeras difusiones), de 100.000 a 900.000 FF en casos de segunda difusión, de 120.000 a 900.000 FF en casos de tercera difusión y de 100.000 a 450.000 FF en casos de cuarta difusión. Respecto a películas procedentes de otros países de la CEE, las cifras oscilan entre 150.000 y700.000 FF, mientras que para las películas procedentes de países terceros, varían de 130.000 a 850.000 FF (en caso de primera difusión), de 140.000 a 326.000 FF (segunda difusión) y de 150.000 a 270.000 FF (tercera difusión). Está claro que apenas sirve de nada deducir de aquí-para aplicar el artículo 86-valores medios, porque no se ha de excluir en absoluto que, por lo menos, los precios más elevados (que casi alcanzan los costos de producción de un telefilm) son del todo equitativos, lo mismo que se ha de reconocer que los precios menos elevados (los que se aplican, por ejemplo, a la cuarta difusión o cuando se trata de una película de menor importancia) no significan necesariamente que la película haya sido pagada por debajo de su valor. La Comisión tiene razón especialmente cuando dice que no puede hablarse de un abuso generalizado a partir de una comparación de los precios medios pagados por derechos de difusión con los costes medios de producción de un telefilm. En efecto, esta alegación debe rechazarse aunque sólo fuera porque los «productos» no son comparables (por una parte, se trata de la difusión única de una película que ya ha agotado su circuito en las salas de exhibición o puede continuar agotándolo, y por otra parte, del derecho de propiedad sobre un producto nuevo, que puede difundirse varias veces y sobre el cual pueden cederse derechos a otras sociedades de televisión o a fabricantes de videocasetes). dd) Por último, el método aplicado por la parte demandante no permite siquiera fundamentar una presunción de que la Comisión, para librarse de la acusación de incurrir en un manifiesto error de apreciación, había tenido que examinar el asunto más a fondo y proceder a nuevas investigaciones. Sin duda, semejante actuación no está justificada en este caso si nos basados en las indicaciones relativas a los precios medios de los derechos de difusión pagados en otros Estados miembros por las sociedades de televisión, precios que la parte demandante comunicó a la Comisión en respuesta a la pregunta número once de la petición de informaciones cursada por esta última. En efecto estas cifras, que se refieren al año 1977, no muestran en ningún país valores sensiblemente superiores a los indicados para Francia (precio medio: 213.000 FF; precio máximo: 1 millón de FF); por el contrario, todos los demás países aplican, según parece, precios más bajos y únicamente el valor medio comunicado por la República Federal de Alemania, aplicándole el cambio vigente en aquella época, alcanza 223.000 FF, que es ligeramente superior al precio medio pagado en Francia. Creo que tampoco está justificada ninguna acción de este tipo después de conocer los diferentes precios pagados por los derechos de difusión por las sociedades de televisión francesas, precisamente porque las variaciones pueden explicarse por las diferencias de valor entre las películas. Por el contrario, la parte demandante tendría que haber demostrado con ejemplos concretos -cosa que no debía suponer ninguna dificultad para una federación europea- la existencia de indicios serios de que se producían abusos; prueba que podría haber aportado, por ejemplo, demostrando respecto a una película determinada que en otro Estado se había pagado un precio más elevado (por ejemplo, en un Estado en que exista competencia entre sociedades de televisión de Derecho privado) o demostrando que los vendedores que contaban con una posición sólida (que también los hay en Francia) habían conseguido precios más elevados por películas comparables. Al no haberse hecho nada de esto, la circunstancia de que la Comisión haya renunciado a emprender investigaciones largas y difíciles que hubieran impedido a sus servicios hacer otros trabajos, no puede considerarse realmente que constituya un error de apreciación. c) Queda por examinar, para terminar, el hecho de que la parte demandante, en su escrito de 13 de septiembre de 1983, se haya referido al mencionado dictamen de la Comisión francesa de la competencia (en tanto que las afirmaciones del actual residente de la República Francesa, que se citan en el dictamen, tienen evidentemente un carácter político, pero no constituyen una apreciación jurídica de los hechos y no cabe invocarlos en el marco del presente asuntó). Según la parte demandante, habría que haber tenido en cuenta por lo menos, el dictamen de la Comisión francesa de la competencia que, aunque no podía imponerse a la Comisión, justificaba al menos que se prosiguiera el procedimiento. No puedo compartir este punto de vista. Verdad es que los textos, por una parte, el artículo 50 de la Ordonnance de 30 de junio de 1945, y por otra, el artículo 86 del Tratado, tienen contenido análogo en cuanto al fondo. No se puede, sin embargo, olvidar que el sistema francés difiere notablemente en su conjunto del sistema comunitario, si se tienen en cuenta las competencias (consultivas) de la Comisión de la competencia, las consecuencias jurídicas de sus dictámenes y especialmente el artículo 51 de la Ordonnance, que no tiene equivalente en Derecho comunitario (véase también Behrens y Korb-Schikaneder: «Europäisches Wettbewerbsrecht vor französischen Gerichten», Rabeis Zeitschrift, afio 48, vol. 48, pp. 457 y ss., en particular pp. 464 a 466). El elemento característico me parece antes que ningún otro -así lo demuestra el contenido del dictamen de la Comisión francesa de la competencia-una práctica en extremo generalizadora (a lo que también se refiere Steindorf, loc. cit.). Ello me autoriza a pensar -las consideraciones contenidas en el dictamen de la comisión francesa de la competencia sobre el artículo 51 de la Ordonnance y el informe redactado por dicha institución para el año 1979 también van en la misma direcciónque este dictamen tiene otra función y otro objetivo que las consideraciones basadas en el artículo 86 del Tratado. Los juicios que contiene no pueden trasladarse simplemente al Derecho comunitario. No puede imaginarse en particular que, en este contexto, den lugar al ejercicio directo de acciones concretas. De este modo, la Comisión francesa de la competencia pone el acento en sus consideraciones sobre la relación entre la amortización de los costos de producción de una película mediante su explotación en las salas de exhibición por una parte y la difusión por televisión por otra. De todos modos este método no puede apenas llegar a resultados concluyentes para decidir sobre el carácter equitativo o no de los precios pagados por los derechos de difusión. d) En resumen, se puede afirmar que, teniendo en cuenta los elementos que hanido apareciendo a lo largo del procedimiento, no cabe censurar a la Comisión ni haberse basado en hechos inexactos en el marco de la adopción de los actos controvertidos ni haber ejercitado su facultad de apreciación de manera errónea en el marco del procedimiento iniciado a instancia de la parte demandante. El recurso interpuesto contra la decisión de la Comisión de 28 de octubre de 1983 carece de fundamento y, por lo tanto, debe desestimarse. Propongo que cada parte cargue con sus propias costas, porque la Comisión, infringiendo el artículo 40 del Reglamento de Procedimiento, no formuló sus pretensiones al respecto hasta la duplica, por lo cual procede desestimarlas.