Ante todo, la demandante opina que no se debe hablar de la existencia de dificultades excepcionales, en el sentido del artículo 14 de la Decisión no 2794/80, sólo cuando la tasa de utilización de la capacidad de una empresa es inferior en más de un 10 % a la media comunitaria. Ello constituye, en su opinión, una restricción inadmisible del examen de las circunstancias concurrentes que puede llegar a producir discriminaciones. Por el contrario, cabe exigir la apreciación de todas las circunstancias de cada caso concreto, incluido el ámbito económico y, en particular, la situación financiera, en cuyo caso es perfectamente posible que se ponga de manifiesto la existencia de dificultades excepcionales aun cuando la tasa de utilización de la capacidad sea menos de un 10 % inferior a la media.

En su respuesta, la Comisión pretende justificar su práctica administrativa alegando de manera muy general que el artículo 14 constituye una disposición de excepción que debe interpretarse de manera restrictiva. Además, asegura no haber recurrido, en realidad, a un solo criterio, el antes mencionado. En principio, el artículo 14 se aplicaba, según la Comisión, cuando, de otro modo, resultaba imposible para una empresa atender sus obligaciones de entrega, aunque entendiendo por obligaciones de entrega únicamente, de acuerdo con el criterio restrictivo básico mencionado, los pedidos acreditados procedentes del extranjero. Junto a este criterio, también se efectuaba una comparación de la utilización de las capacidades, aplicando el artículo 14 cuando -debido, por ejemplo, a incidentes técnicos o huelgas- la producción de referencia había registrado una fuerte desviación con respecto a la media y no cabía prever un incremento regular de la producción con arreglo a los apartados 3 a 5 del artículo 4. Ahora bien, a este respecto, la Comisión consideró necesario fijar una magnitud determinada, según explica, por un lado para evitar discriminaciones y por otro por razones de simplicidad administrativa, dado que la adaptación de las cuotas que hay que fijar para cada trimestre debe realizarse lo más rápidamente posible. Además, la magnitud elegida le parece adecuada. Dado que el artículo 14 habla de dificultades excepcionales, no cabe duda, ajuicio de la Comisión, de que debe exigirse un mayor diferencial con respecto a la media. Por lo demás, no sólo reviste importancia, a este respecto, el hecho de que la magnitud elegida también desempeñe un cierto papel con arreglo al apartado 3 del artículo 4 de la Decisión no 2794/80, sino también el que, según la experiencia acumulada en el mercado del acero, tales fluctuaciones de la producción resultan habituales en condiciones normales de mercado. No menos importante es considerar el hecho de que la apreciación de la capacidad está sujeta a un cierto grado de incertidumbre y que el riesgo de discriminación entre empresas es mayor si se toma en cuenta un menor diferencial de la utilización de la capacidad con respecto a la media. Por lo demás, la Comisión hace ver asimismo, en relación con la necesidad de realizar una interpretación restrictiva del artículo 14, que, según su propio tenor, las dificultades excepcionales deben ser la consecuencia de la aplicación del sistema de cuotas de producción. Desde esta perspectiva, no pueden, por tanto, tenerse en cuenta todos los aspectos posibles, como por ejemplo el servicio de la deuda-invocado por la demandante-, que es consecuencia de decisiones de la empresa adoptadas con anterioridad a la introducción del sistema de cuotas, o circunstancias económicas como la situación financiera de la empresa, que constituyen un requisito para la implantación del sistema de cuotas, pero no una consecuencia de éste.

Por lo que respecta a este primer aspecto del litigio, lo cierto es, desde luego, que la aplicación de la cláusula de equidad del artículo 14 debe someterse a requisitos muy estrictos. Asimismo, se comprende también, en cierto modo, que, en este contexto, se considerara importante, en aras de la igualdad de trato, utilizar como criterio de aplicación una magnitudia del diferencial con respecto a la tasa media de utilización de la capacidad. Pero no me parece menos cierto que el hecho de aferrarse de manera inflexible precisamente al 10 % como criterio único -al margen de las obligaciones de entrega acreditadas- no puede por menos de suscitar fuertes reservas. Cuando la Comisión declara, a este respecto, que ese porcentaje constituye el margen de fluctuación habitual en las condiciones normales de mercado, cabe objetar, con razón, que, en el marco del sistema de cuotas, la producción se restringió a un nivel muy por debajo del correspondiente a las condiciones normales de mercado y que, en tales circunstancias, una nueva reducción de la utilización de la capacidad, aunque no llegue al 10 %, puede provocar dificultades excepcionales. Del mismo modo, tampoco resulta convincente su referencia a las dificultades que entraña una correcta determinación de la capacidad, pues, en la medida en que existen -de lo que no cabe duda-, resulta fácil imaginar que se parta de la base de una capacidad excesivamente baja, de modo que, en relación con la capacidad efectiva, la magnitud del diferencial con respecto a la media de la tasa de utilización de la capacidad sea en realidad mayor, lo que perfectamente puede dar lugar a dificultades excepcionales, en el sentido del artículo 14.

Así pues, si bien puede considerarse en principio adecuado que la Comisión estableciera, como pauta general, un diferencial del 10 % respecto de la tasa media de utilización de la capacidad, es evidente que, al aferrarse de manera inflexible a dicho criterio, la Comisión no se atuvo a la función del artículo 14, a saber, velar por la mayor justicia posible en la determinación de las cuotas en cada caso concreto en el marco de un sistema relativamente poco afinado. En consecuencia, procede concluir que la Comisión estaba obligada a examinar -naturalmente, basándose en observaciones motivadas en este sentido-, también en el caso de un menor diferencial con respecto a latasa media de utilización de la capacidad, si existían dificultades excepcionales pertinentes que no tuvieran su origen exclusivamente en el ámbito de responsabilidad de la empresa de que se trataba. A este respecto, cabe remitirse, por ejemplo -sin que sea necesario desarrollar aquí una teoría exhaustiva-, a las consideraciones realizadas por mi colega el Sr. VerLoren van Themaat en sus conclusiones presentadas en el asunto 119/81 ( 1 ) en relación con la problemática planteada por las subvenciones, en el sentido de que, también en caso de aplicación del artículo 14, pueden desempeñar cierto papel el problema de las subvenciones a empresas y las dificultades causadas a otras empresas no subvencionadas.

Dado que, en el presente caso, el único elemento determinante para la Decisión denegatoria de la Comisión -según he oído- fue la comprobación de que la tasa de utilización de la capacidad de la demandante era inferior en menos de un 10 % a la media -si efectivamente era así es algo que tendré que examinar de inmediato- y, en todo caso, no se alegó que la demandante no hubiera aportado, junto con su solicitud con arreglo al artículo 14, ninguna prueba concluyente de la existencia de dificultades excepcionales en algún otro ámbito, la anulación de la Decisión impugnada resulta justificada por el solo hecho de que la Comisión restringiera de manera ilícita el alcance del examen que le incumbe con arreglo al artículo 14 de la Decisión no 2794/80.