Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Determinación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados - Demanda que tiene por objeto la reparación de perjuicios causados por una institución comunitaria

[Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 19 y 46; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de indemnización - Objeto - Pretensión de indemnización de un daño imputable a la Comunidad - Competencia exclusiva del juez comunitario

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

3. Recurso de indemnización - Plazo de prescripción - Inicio del cómputo - Fecha que debe considerarse

[Art. 215, párr. 2, del Tratado CE (actualmente art. 288 CE, párr. 2); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 43 y 46]

4. Derecho comunitario - Principios - Confianza legítima - Directiva por la que se prohíbe la utilización de ciertas sustancias de efecto hormonal en la ganadería - Infracción - Inexistencia

(Directiva 88/146/CEE del Consejo)

5. Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio - GATT de 1994 - Efecto directo - Inexistencia - Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario o para fundamentar un recurso de indemnización - Excepciones - Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se refiera a ellos expresa y precisamente

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994)

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1. En virtud del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 46 del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que el demandante reprocha a la institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre este comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio.

( véase el apartado 31 )

2. Cuando, en el marco de un recurso de indemnización, el comportamiento culposo no emana de un organismo nacional sino de una institución comunitaria, los perjuicios que podrían derivar de la ejecución de la normativa comunitaria por las autoridades nacionales, que no tenían ningún margen de apreciación, son imputables a la Comunidad. Como el juez comunitario tiene, en virtud del artículo 215 del Tratado (actualmente artículo 288 CE), competencia exclusiva para conocer de los litigios sobre indemnización de tal daño, los recursos nacionales no podrían garantizar ipso facto a los particulares que se consideren perjudicados por los actos de las instituciones comunitarias una protección eficaz de sus derechos.

( véanse los apartados 33 y 34 )

3. El plazo de prescripción de las acciones dirigidas contra la Comunidad en materia de responsabilidad extracontractual, previsto en el artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46 del mismo Estatuto, no puede empezar a contar antes de que se cumplan todos los requisitos a los que está supeditada la obligación de resarcimiento y, en especial, en los casos en que la responsabilidad resulta de un acto normativo, antes de que se hayan producido los efectos dañosos de dicho acto.

Cuando el daño no se ha causado de manera instantánea sino que prosiguió día a día durante cierto período por el hecho de que se mantuviera en vigor un acto ilegal, la prescripción prevista en el artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia se aplica, en función de la fecha del acto que la interrumpió, al período anterior en más de cinco años a la referida fecha y no afecta a los derechos nacidos durante los períodos posteriores.

( véanse los apartados 38 y 41 )

4. La Directiva 88/146, por la que se prohíbe la utilización de ciertas sustancias de efecto hormonal en el sector animal, no vulneró la confianza legítima de los operadores económicos afectados por la prohibición de utilizar las hormonas. En efecto, habida cuenta de las diferencias de apreciación que se habían manifestado, estos operadores no podían esperar legítimamente que una prohibición de administrar a los animales las sustancias de que se trataba sólo pudiera basarse en datos científicos.

No cabe asimilar el hecho de que los Estados miembros posiblemente no aplicaran la Directiva 88/146 a un comportamiento del Consejo capaz de crear una confianza legítima en los operadores económicos. Además, esta no aplicación habría sido manifiestamente contraria a las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del Tratado y, en particular, a las obligaciones que les imponía la citada Directiva. Pues bien, nadie puede confiar legítimamente en que se mantenga una situación ilegal ni, por tanto, basar tal confianza en una eventual omisión de los Estados miembros en la adaptación de su Derecho y la ejecución efectiva de una directiva del Consejo.

Por último, los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias. De ello se deriva a fortiori que dichos operadores no pueden confiar legítimamente en una modificación futura e hipotética de la legislación, en especial en un ámbito como el de la política agrícola común, en el que, por sus repercusiones potenciales en la salud pública, cualquier modificación legislativa depende del imprevisible desarrollo de los conocimientos científicos y de las complejas evaluaciones que debe realizar el legislador.

( véanse los apartados 50, 54 y 55 )

5. Teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, ni el Acuerdo OMC y sus anexos ni tampoco las normas del GATT de 1947 forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia controlan los actos de las instituciones comunitarias en virtud del artículo 173, párrafo primero, del Tratado (actualmente, artículo 230 CE, párrafo primero, tras su modificación), no otorgan a los particulares derechos que éstos puedan invocar ante los tribunales y, por tanto, su eventual infracción no permite exigir la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. Únicamente en el supuesto de que la Comunidad pretendiese ejecutar una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario remita expresamente a alguna disposición precisa de los Acuerdos OMC corresponde al juez comunitario controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC. Las Directivas 81/602 y 88/146, por las que se prohíbe la utilización de ciertas sustancias de efecto hormonal en el sector animal, se adoptaron varios años antes de la entrada en vigor del Acuerdo, sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, que forma parte de los Acuerdos OMC, por lo que no pueden lógicamente dar cumplimiento a una obligación particular asumida en el marco de dicho Acuerdo ni remitir expresamente a alguna de sus disposiciones.

( véanse los apartados 61, 63 y 64 )