CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR MAURICE LAGRANGE

presentadas en audiencia pública del Tribunal de Justicia ( 1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

Solicito que, para dotar de mayor claridad a mis explicaciones, se me permita recordar, de manera tan sucinta como sea posible, los puntos esenciales de los hechos y del desarrollo del procedimiento.

La sociedad demandante explota en Bünde (Westfalia) una empresa dedicada a la venta al por mayor de carbón que satisfacía el requisito exigido por la organización común de ventas del carbón del Ruhr existente cuando entró en vigor el Tratado, «Deutscher Kohlen-Verkauf» o DKV, para poder aprovisionarse directamente de las mismas, a saber, un volumen anual de ventas superior a 6.000 toneladas, es decir, que era un «comprador directo». Por el contrario, la referida empresa se encontraba lejos de poder alcanzar la cifra de 48.000 toneladas exigida a este respecto en virtud de la normativa adoptada el 5 de febrero de 1953 por GEORG, la nueva organización creada por las sociedades productoras de carbón del Ruhr en ejecución de la normativa de ocupación.

Así pues, dicha sociedad ejercitó el 23 de abril de 1953 una acción de indemnización contra GEORG ante el Landgericht de Essen por el perjuicio derivado del hecho de que, a partir del 1 de abril de 1953, fecha de la entrada en vigor del nuevo régimen, ya no le era posible aprovisionarse directamente como comprador directo.

Mediante resolución de 6 de noviembre de 1953, la Sala de lo mercantil del Landgericht de Essen acordó lo siguiente:

«Suspender el procedimiento hasta que la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, adopte una Decisión sobre si infringen la prohibición contemplada en el apartado 1 del artículo 65 de dicho Tratado las decisiones comunes de los asociados de la parte demandada y de las seis sociedades de ventas de carbón del Ruhr, adoptadas el 5 de febrero de 1953, en virtud de las cuales, a partir del 1 de abril de 1953 estas sociedades sólo suministrarían directamente a aquellos mayoristas de carbón cuyo volumen de ventas no fuese inferior a las 48.000 toneladas de combustible por año.»

Es sabido del Tribunal, en efecto, que, a tenor de lo previsto en el apartado 4 del artículo 65, «la Alta Autoridad tendrá competencia exclusiva, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse ante el Tribunal, para pronunciarse sobre la conformidad» de «los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1 del mismo artículo», acuerdos y decisiones que «son nulos de pleno derecho y no podrán ser invocados ante ningún órgano jurisdiccional de los Estados miembros».

Es preciso esperar hasta el 27 de noviembre de 1957 para que la Alta Autoridad adopte la Decisión solicitada, cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 1. Las prohibiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado no eran de aplicación a las decisiones de los asociados de la parte demandada y de las seis sociedades de venta del carbón del Ruhr, SARL, hasta la entrada en vigor de las Decisiones nos 5/56, 6/56 y 7/56, de 15 de febrero de 1956, de la Alta Autoridad, es decir, hasta el 22 de febrero de 1956.

Artículo 2. La presente Decisión entrará en vigor el día en que se notifique al Landgericht de Essen y a las partes interesadas.»

El recurso interpuesto por la sociedad «Stork y Cie» tiene por objeto esta Decisión.

De esta manera, como puede ver el Tribunal, a pesar de haber esperado más de cuatro años, la Alta Autoridad no se pronuncia sobre la cuestión planteada por el Tribunal de Essen, a saber, la compatibilidad de las Decisiones de 5 de febrero de 1953, relativas a los mayoristas compradores directos, con el apartado 1 del artículo 65. La referida Institución responde, a un nivel meramente formal, que dichas decisiones no entraban dentro del ámbito de aplicación de las prohibiciones del articulo 65.

¿Por qué esta respuesta, y por qué tanto retraso? Y, en primer lugar, ¿por qué esta respuesta?

Porque, según la Alta Autoridad, el período de aplicación de las Decisiones de 5 de febrero de 1953 (lo que podría denominarse el régimen GEORG), comprendido entre el 1 de abril de 1953 y el 22 de febrero de 1956, se rigió únicamente por lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio relativo a las disposiciones transitorias y en la Decisión no 37/53, de 11 de julio de 1953, adoptada en su aplicación. Esta última Decisión interpreta el artículo 12 (cuyo objeto es mantener provisionalmente en vigor los acuerdos y organizaciones existentes) en el sentido de que se refiere a los acuerdos y organizaciones existentes en la fecha del establecimiento del mercado común, es decir, el 10 de febrero de 1953 por lo que respecta al carbón (y no de la entrada en vigor del Tratado, es decir, el 25 de julio de 1952). De lo dicho se desprende que, según esta interpretación, las decisiones GEORG, que se adoptaron el 5 de febrero de 1953, entran dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones transitorias; de conformidad con el artículo 3 de la Decisión no 37/53, habrían de mantenerse en vigor hasta la fecha en que fuera denegada la autorización relativa a las mismas, siempre y cuando la correspondiente solicitud se hubiera presentado con anterioridad al 31 de agosto de 1953, lo que es el caso.

En segundo lugar, ¿por qué tardó tanto tiempo la Alta Autoridad en su respuesta?

Por lo menos hasta la adopción de las Decisiones nos 5/56, 6/56 y 7/56, de 15 de febrero de 1956, el retraso puede explicarse por el deseo de la Alta Autoridad de dar una respuesta exacta. En efecto, si se hubieran concedido las autorizaciones solicitadas por GEORG, la cuestión habría quedado resuelta. Si las mismas se hubiesen denegado pura y simplemente, a tenor de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 3 de la Decisión no 37/53, la Decisión denegatoria habría debido fijar la fecha a partir de la cual hubiesen debido surtir efecto las prohibiciones del artículo 65. En el caso de autos se trata de una denegación implícita derivada de la autorización dada, tras cumplimentar una serie de requisitos, no a GEORG, sino a una organización sensiblemente distinta, la compuesta por las tres sociedades de ventas y la oficina común actualmente existente; esto es lo que explica que la fecha de expiración de la validez de las decisiones de GEORG sea el 22 de febrero de 1956, fecha en la que entró en vigor el nuevo régimen regularmente autorizado.

Lógicamente, la primera cuestión que procede resolver es la relativa al régimen jurídico regulador de los acuerdos o decisiones posteriores a la entrada en vigor del Tratado, pero anteriores a la fecha en que se estableció el mercado común (el régimen definitivo del artículo 65 o el transitorio del artículo 12 del Convenio). En efecto, en la medida en que el artículo 12 no les sea aplicable, las decisiones a que se refieren los autos son nulas de pleno Derecho y, puesto que finalmente no fueron autorizadas, nunca surtieron efecto alguno. Bien es cierto que esta cuestión es ajena al presente litigio, coincidiendo ambas partes en que, de conformidad con la interpretación de la Decisión no 37/53, el artículo 12 se aplica a los acuerdos o decisiones anteriores a la fecha del establecimiento del mercado común. Ahora bien, como recordará el Tribunal, la cuestión la planteó expresamente en la vista el Juez Ponente, y estimo procedente dedicar unas palabras a la misma, para el supuesto de que el Tribunal decida examinar el motivo de oficio.

A decir verdad, el problema es delicado, puesto que, frente al artículo 13, relativo a las concentraciones y que prevé de manera muy precisa las respectivas fechas de aplicación de las distintas disposiciones del artículo 66, el artículo 12, relativo a los acuerdos, es mucho más vago.

Para afirmar que la fecha que es preciso tener en cuenta es la del establecimiento del mercado común y no la de la entrada en vigor del Tratado, la Alta Autoridad se basa (el Tribunal recordará, a este respecto, el informe oral de su Agente) en una lectura conjunta de los artículos 1 y 8 del Convenio, en relación con una lectura igualmente conjunta de los artículos 4 y 65 del Tratado.

Bien es cierto, afirma la Alta Autoridad, que, aplicando un principio general en materia de interpretación, el apartado 5 del artículo 1 del Convenio establece que «las disposiciones del Tratado serán aplicables desde la entrada en vigor de éste, con sujeción a las excepciones y sin perjuicio de las disposiciones complementarias previstas en el presente Convenio a los fines antes mencionados»; ahora bien, precisamente el mismo artículo 1 prevé, en su apartado 1, que «el presente Convenio […] tiene por objeto prever las medidas necesarias para la constitución del mercado común […]». Ahora bien, a tenor de lo previsto en el artículo 8, «el establecimiento del mercado común, preparado […] resultará de las medidas de aplicación del artículo 4 del Tratado». Entre estas medidas figura la prohibición de «las prácticas restrictivas tendentes al reparto o a la explotación de los mercados» [letra d) del artículo 4], materia cubierta por el artículo 65. Por consiguiente, la aplicación de este último artículo no puede producirse sino a partir de la fecha en que se constituya el mercado común para cada uno de los productos de que se trate. De lo dicho se desprende que los acuerdos «existentes» a los que se aplica el régimen transitorio contemplado en el artículo 12 son los acuerdos anteriores a dicha fecha, aunque fuesen posteriores a la entrada en vigor del Tratado.

En mi opinión, señores, esta bella exégesis no es en absoluto convincente, y estimamos que una lectura conjunta de los artículos 1 y 8 del Convenio conduce más bien a la conclusión contraria.

Pienso, en efecto, que es preciso distinguir con sumo cuidado la fecha a partir de la cual lo dispuesto en el Tratado se aplica a las situaciones en él contempladas, por un lado, y, por otro lado, la fecha a partir de la cual la Alta Autoridad puede ejercer sus competencias.

Por lo que respecta al primer punto, es de aplicación el apartado 5 del artículo 1 del Convenio: salvo disposición expresa en contrario, las disposiciones del Tratado serán aplicables desde su entrada en vigor. El artículo 13, relativo a las concentraciones, contiene una disposición expresa en contrario; lo que no ocurre con el artículo 12, relativo a los acuerdos.

Por lo que respecta al segundo punto, el Convenio ofrece respuestas precisas en su artículo 2. La Alta Autoridad ejercerá sin demora las funciones de información y estudio que le confía el Tratado; por el contrario, salvo excepciones (como el reparto en caso de penuria), la Alta Autoridad ejercerá las restantes funciones «sólo a partir de la fecha que marque, para cada uno de los productos de que se trate, el comienzo del período transitorio». Este sistema es coherente. Durante el llamado período preparatorio, que se extiende desde la entrada en vigor del Tratado hasta el inicio del período denominado de transición, se trata de adoptar todas las medidas «preparatorias» que requiera la constitución del mercado común. El mercado común, en efecto, debe ser una realidad desde el primer día, salvo excepciones derivadas de las disposiciones transitorias, cuyo efecto puede prolongarse durante cinco años como máximo. No otra cosa se desprende con claridad del ya citado artículo 8 del Convenio, a tenor del cual «el establecimiento del mercado común, preparado (especialmente por la información recogida durante el período denominado con toda propiedad “preparatorio”) resultará de las medidas de aplicación del artículo 4 del Tratado». El segundo párrafo sigue diciendo que «dichas medidas entrarán en vigor […], sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el presente Convenio», en tal o cual fecha. Se trata, por lo que respecta al carbón, del establecimiento de los mecanismos de compensación previstos, en concreto, en favor del carbón belga. Existe, en efecto, una correlación necesaria entre la ayuda concedida a los productores belgas de carbón y la apertura del mercado común del carbón, en donde reposa la justificación de la primera.

Es preciso, por consiguiente, que, salvo excepción expresa, en la fecha prevista para la apertura del mercado común hayan desaparecido, de hecho, aquellas medidas y prácticas que este precepto declara incompatibles con el mercado común.

Si se atiende a la enumeración del artículo 4, cabe afirmar que tal ha sido efectivamente el caso: se han suprimido los derechos de aduana y los contingentes [letra a) del artículo 4]. Las discriminaciones en materia de precios [letra b) del artículo 4] han sido objeto de Decisiones de la Alta Autoridad adoptadas sin demora y de aplicación inmediata (Decisión de 12 de febrero de 1953) sobre la publicación de los haremos en materia de carbón (tengamos presente que el mercado común se constituyó el 10 de febrero), por lo que respecta al acero, la Decisión correspondiente se adoptó el 2 de mayo, constituyéndose el mercado común el 1 de mayo. En lo relativo a las ayudas o subvenciones estatales [letra c) del artículo 4], el artículo 11 del Convenio regula de manera precisa la fecha de su supresión: no existe, a este respecto, dificultad jurídica de ningún tipo.

Quedan, por último, las «prácticas restrictivas tendentes al reparto o a la explotación de los mercados» [letra d) del artículo 4], es decir, los acuerdos y concentraciones objeto de los artículos 65 y 66 del Tratado y de los artículos 12 y 13 del Convenio. Por lo que respecta al artículo 66, el artículo 13 contiene una excepción a ambos principios: por un lado, y en lo relativo a las situaciones sujetas al Tratado, declara éste no aplicable a las concentraciones existentes, sin perjuicio de una especie de «período sospechoso» para aquellas concentraciones realizadas entre las fechas correspondientes a la firma y a la entrada en vigor del Tratado; tratándose, por otra parte, de la fecha de ejercicio por parte de la Alta Autoridad de sus competencias, se prevé un escalonamiento que comienza a partir de la entrada en vigor del Tratado.

En cuanto concierne, por último, al artículo 65, la lógica del sistema conduce a pensar que, ante la inexistencia en el Convenio de una disposición en sentido contrario:

a) La nulidad de pleno Derecho prevista en el artículo 65 se aplica sin restricción alguna a los acuerdos concluidos y a las organizaciones creadas con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado, aplicándose lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio únicamente a los acuerdos y organizaciones anteriores a dicha entrada en vigor.

b) De conformidad con el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 2 del Convenio, la Alta Autoridad únicamente puede ejercer sus competencias en la materia, bien para conceder las autorizaciones, bien para declarar la nulidad de los acuerdos, a partir de la fecha en que se constituya el mercado común. Como ha recordado el Juez Ponente en la pregunta por él planteada en la vista, ésta es la tesis defendida por el Sr. Paul Reuter en la página 285 de su obra, cuando menos por lo que respecta al primer punto.

Este sistema parece adecuarse a lo previsto en el Convenio como sistema común: el período preparatorio sirve para recoger información sobre los acuerdos y organizaciones existentes, de manera que la Alta Autoridad pueda ejercer sus competencias en la materia, denegando o concediendo las autorizaciones solicitadas y declarando eventualmente la nulidad de otras, desde el preciso momento en que se constituya el mercado común; con lo que se cumpliría inmediatamente el mandato contenido en la letra d) del artículo 4. Es evidente que tal no sería el caso si la Alta Autoridad se viera obligada a esperar hasta la víspera de la constitución del mercado común para comenzar o completar las investigaciones referidas a acuerdos u organizaciones creadas al término del período preparatorio. Es normal, por otra parte, que la aplicación de las disposiciones transitorias se reserve únicamente a los acuerdos y organizaciones anteriores a la entrada en vigor del Tratado, es decir, aquellos cuya constitución data de un período en el que no estaban regulados por éste, y que dichas disposiciones no se apliquen a acuerdos y organizaciones posteriores a la ratificación regular del Tratado y a su incorporación a la legislación interna de los Estados miembros, es decir, aquellos cuya constitución data de un período en el que los nacionales de dichos Estados estaban ya sujetos al Tratado. La misma solución sigue siendo válida en aquellos casos en que no existan disposiciones contrarias, como es el caso de las subvenciones, ayudas concedidas por los Estados o los gravámenes especiales por ellos impuestos [letra c) del artículo 4] y que son objeto del artículo 11 del Convenio. No cabe concebir que el mantenimiento provisional de semejantes ayudas o gravámenes pueda referirse a las instituidas por un Estado con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado: estas últimas están pura y simplemente prohibidas.

He aquí algunas consideraciones que he considerado necesario exponer por si pudieren revestir alguna utilidad y que, cuando menos, muestran que la cuestión es delicada. Por mi parte, sin embargo, no estimo que proceda suscitarla de oficio.

En primer lugar, en efecto, esta cuestión ya ha sido expresamente resuelta, en sentido contrario, por otra parte, a cuanto acabo de afirmar, por la Decisión no 37/53, de 11 de julio de 1953, que, por lo que se refiere a la cuestión que nos ocupa, reviste el carácter de una verdadera decisión interpretativa del artículo 12 del Convenio. Ahora bien, esta Decisión no se ha impugnado ante el Tribunal de Justicia. Bien es cierto que entra dentro de lo posible impugnar la legalidad de la misma mediante la interposición de un recurso contra una Decisión de aplicación, posibilidad que ha sido reconocida por las sentencias dictadas en los asuntos «Chasse» y «Meroni». Ahora bien, en el caso de autos no se ha planteado excepción de ilegalidad alguna y, por otra parte, ambas partes coinciden en reconocer la legalidad de la Decisión. Por mi parte, no nos atrevemos a afirmar que la ilegalidad pueda declararse de oficio.

En segundo lugar, y sobre todo, la cuestión ya fue resuelta por la sentencia de 21 de marzo de 1954, Países Bajos/Alta Autoridad (6/54, Rec. 1954, p. 201). A decir verdad, el pasaje que la sentencia dedica a este punto no es muy explícito, pero no deja lugar a dudas, puesto que la organización cuya ilegalidad invocaba el Gobierno demandante era precisamente GEORG, de la que está claro que el Tribunal de Justicia no ignoraba que su creación fue posterior a la entrada en vigor del Tratado. Por otra parte, en sus conclusiones, coincidentes con el fallo del Tribunal, nuestro colega, el Sr. Roemer, había examinado detenidamente la cuestión, habiendo quedado despejada toda duda al respecto.

Procede pasar a analizar los motivos invocados por la parte demandante.

Toda la argumentación esgrimida tiene por objeto demostrar que las Decisiones de 5 de febrero de 1953 no entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones transitorias del artículo 12 del Convenio.

a) La parte demandante estima, en primer lugar, que la validez de las Decisiones de que se trata debe apreciarse únicamente en función de la normativa vigente en Alemania cuando se adoptaron. En efecto, el mercado común no se había constituido todavía el 5 de febrero de 1953 y la Alta Autoridad no disfrutaba aún de competencias en dicha fecha para adoptar una Decisión en aplicación del artículo 65. Se llega al mismo resultado si, en vez de tomar en consideración la fecha en la que se adoptaron las Decisiones, se tuviera en cuenta la de su entrada en vigor (1 de abril de 1953), puesto que, de conformidad con la Decisión no 37/53, el artículo 65 únicamente comenzó a ser aplicable el 31 de agosto de 1953. Ahora bien, a tenor de lo previsto en la Resolución no 78 del Gobierno militar británico, y en su normativa de desarrollo, las Decisiones de 5 de febrero de 1953 son nulas. No es posible aplicar las disposiciones transitorias del Tratado a acuerdos no válidos según la legislación del país en que se concluyeron. Como ya he recordado, las disposiciones del Tratado se aplican a los acuerdos existentes y no únicamente a los futuros, y el único punto que queda por esclarecer es qué acuerdos entran dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones transitorias. Ahora bien, con independencia de la fecha en que el artículo 65 comenzó a ser aplicable (con o sin aplicación de las disposiciones transitorias), no cabe duda alguna de que los efectos de las Decisiones de 5 de febrero de 1953 debían prolongarse más allá de esta fecha. Corresponde, por consiguiente, en cualquier caso, a la Alta Autoridad pronunciarse sobre un acuerdo destinado a generar efectos con posterioridad a la constitución del mercado común. Es evidente, por otra parte, que la referida Institución carecía de competencias para pronunciarse sobre la validez del acuerdo desde el punto de vista del Derecho interno (legislación nacional o normativa de ocupación) con arreglo al cual se concluyó. Poco importa a este respecto, en nuestra opinión, la ilegalidad eventual de los acuerdos de los que debió conocer, puesto que, de conformidad con el artículo 65, lo que se trata de apreciar es la situación de hecho: acuerdos o decisiones (poco importa su legalidad) e incluso meras «prácticas». Por consiguiente, para que la Alta Autoridad pudiese desinteresarse de la cuestión sería preciso que se encontrara frente a un verdadero vacío, como pudiera ser el caso de un acuerdo, no sólo viciado de nulidad de pleno Derecho, sino también totalmente inaplicado. Ahora bien, tal no es el supuesto de autos: las Decisiones de 5 de febrero de 1953 se basan en el Reglamento no 20, por el que se modifica el Reglamento no 17 de la Alta Comisión aliada, adoptado en aplicación de la Ley no 27, relativa a la reorganización de las empresas alemanas encuadradas en los sectores siderúrgico y del carbón. El hecho de que estos textos positivos no siempre estén en plena armonía con lo dispuesto en el Tratado, especialmente por lo que respecta a la relación temporal existente entre ambos regímenes jurídicos, de que se puedan plantear delicados conflictos de leyes en lo relativo a la aplicación de las dos normativas a los mismos hechos; o de que, por último, la organización y las decisiones de GEORG infrinjan en mayor o menor medida la Ley no 27 y el Reglamento no 20, no puede dispensar a la Alta Autoridad de ejercer las competencias que le son propias respecto de una organización que existe y va a funcionar bajo el régimen contemplado en el Tratado.

b) La parte demandante alega con carácter subsidiario (y su Abogado ha insistido en la vista en este aspecto del problema) que la Decisión no 37/53 no es aplicable al caso de autos, ya que, si bien las Decisiones impugnadas son anteriores en cinco días a la constitución del mercado común, no debían aplicarse sino con posterioridad a la misma, y que esta anticipación es puramente ficticia: se trata de una Decisión ad hoc adoptada in extremis con el único propósito de que sus beneficiarios pudiesen invocar a su favor el artículo 12 y la Decisión no 37/53. Es preciso tener presente la situación real existente en la víspera de la constitución del mercado común: para los demandantes continuaba en vigor el régimen de 6.000 toneladas resultante de la antigua organización, régimen que no día expirar sino el 31 de marzo de 1953: únicamente esta situación estaba protegida por las disposiciones transitorias. No cabe negar pertinencia a estas observaciones; no obstante, si se admite la legalidad de la Decisión no 37/53, no es posible considerarlas ajustadas a Derecho. A partir del momento en que, basándose en esta Decisión, se considere que las disposiciones transitorias del artículo 12 del Convenio se aplican a los acuerdos, decisiones y prácticas existentes en la fecha en que se constituya el mercado común (es decir, el 10 de febrero de 1953 por lo que respecta al carbón), se impone reconocer que las empresas no han hecho otra cosa que ejercitar un derecho propio al concluir acuerdos, al adoptar decisiones y al llevar a cabo prácticas concertadas hasta la víspera de la fecha en que expire el período preparatorio, sabedoras de que, procediendo de esta manera, iban a beneficiarse del régimen transitorio. Al contrario de lo que ocurre con las concentraciones, no existe en la materia que nos ocupa un periodo de sospecha. Por otra parte, lo mismo ocurriría con el otro sistema al que acabo de hacer referencia (el que se refiere a la fecha de entrada en vigor del Tratado), por lo que respecta a los acuerdos concluidos en la víspera del 25 de julio de 1952, fecha de dicha entrada en vigor.

c) Por último, el tercer motivo atañe a las Decisiones nos 5/56 a 7/56, de 15 de febrero de 1956, que concedieron la autorización y que establecieron un régimen presuntamente discriminatorio contra determinados mayoristas. No examinaré este motivo, que se refiere a Decisiones distintas de la que es objeto del litigio. Estas Decisiones nos 5/56 a 7/56 son aquellas por las que se autorizaron los nuevos acuerdos concluidos para la venta en común de los combustibles de la cuenca del Ruhr, acuerdos que incorporan, modificándolos y completándolos, los acuerdos anteriores, y que fueron objeto de solicitudes de autorización que, a su vez, también fueron modificadas y completadas. Como ya recordé al inicio de mi exposición, estas Decisiones que autorizan el nuevo régimen de ventas ponen término, precisamente por autorizar el nuevo sistema, al anterior de GEORG, al que era de aplicación el régimen transitorio. Este nuevo régimen, ¿se adecua o no al artículo 65? Dado que fue objeto de una decisión de autorización, la cuestión hubiese podido plantearse ante el Tribunal de Justicia por medio de un recurso interpuesto contra dicha autorización; pero no procede examinarla en un litigio que, a tenor de la resolución del Landgericht de Essen, tiene exclusivamente por objeto la validez de las Decisiones de 5 de febrero de 1953.

Propongo que:

— Se desestime el recurso.

— Se condene en costas a la empresa «Friedrich Stork».

( 1 ) Lengua original: francés.