SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 5 de octubre de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Fijación de precios y reparto del mercado – Imputabilidad de la conducta infractora – Multas – Proporcionalidad – Gravedad y duración de la infracción – Circunstancias atenuantes – Cooperación»

En el asunto T‑39/06,

Transcatab SpA, con domicilio social en Caserta (Italia), representada por los Sres. C. Osti y A. Prastaro, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. F. Amato, posteriormente por el Sr. V. Di Bucci, y por último por los Sres. É. Gippini Fournier y L. Malferrari, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. F. Ruggeri Laderchi, abogado,

parte demandada,

que tiene por objeto, en primer lugar, un recurso de anulación parcial de la Decisión C(2005) 4012 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.281/B.2 – Tabaco crudo – Italia); en segundo lugar, una petición de reducción del importe de la multa impuesta a Transcatab en dicha Decisión y, en tercer lugar, una reconvención de la Comisión con objeto de incrementar dicho importe,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y la Sra. E. Cremona (Ponente) y el Sr. S. Frimodt Nielsen, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de noviembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Transcatab SpA, es una sociedad italiana, actualmente en liquidación, cuya actividad principal consiste en la primera transformación de tabaco crudo. Cuando ocurrieron los hechos objeto del presente asunto, Transcatab era la filial italiana, controlada al 100 %, de Standard Commercial Corp. (en lo sucesivo, «SCC»), uno de los mayores comerciantes independientes mundiales de hojas de tabaco. El 13 de mayo de 2005, es decir, durante el procedimiento administrativo, SCC se fusionó con Dimon, Inc., creando así una nueva entidad denominada Alliance One International, Inc. (en lo sucesivo, «Alliance One»), que controla a Transcatab al 100 %.

1. Procedimiento administrativo

2 El 15 de enero de 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas dirigió, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), unas solicitudes de información, relativas al mercado italiano del tabaco crudo, a las asociaciones profesionales de transformadores y de productores italianos de tabaco, a saber, la Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) y la Unione Italiana Tabacco (UNITAB), respectivamente.

3 El 19 de febrero de 2002, la Comisión recibió una solicitud de dispensa del pago de las multas realizada por Deltafina SpA, transformador miembro de la APTI, de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

4 El 4 de abril de 2002 se celebró una reunión de la APTI. En esta reunión, Deltafina informó a los participantes –entre ellos, Transcatab SpA y Dimon Italia Srl (filial de Dimon y denominada posteriormente Mindo Srl)– de su solicitud de dispensa y de la decisión de la Comisión de concederle la dispensa condicional.

5 El mismo día, la Comisión recibió una solicitud de dispensa del pago de las multas, con arreglo al punto 8 de la Comunicación sobre la cooperación, y, con carácter subsidiario, una petición de reducción del importe de la multa, con arreglo a los puntos 20 a 27 de dicha Comunicación, realizadas por Dimon Italia, así como, algunas horas después, una petición de reducción del importe de la multa, sobre la misma base, realizada por Transcatab.

6 El 9 de abril de 2002, la Comisión acusó recibo de la solicitud de dispensa presentada por Transcatab con arreglo al punto 25 de la Comunicación sobre la cooperación. Transcatab remitió una nueva solicitud el 10 de abril de 2002, consistente en una nota explicativa y 44 anexos. El 30 de abril de 2002, la Comisión acusó asimismo recibo de ésta, de conformidad con el punto 25 de la referida Comunicación.

7 Los días 18 y 19 de abril de 2002, la Comisión efectuó verificaciones, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17, en los locales de Dimon Italia y de Transcatab, así como en los locales de Trestina Azienda Tabacchi SpA y de Romana Tabacchi SpA.

8 El 8 de octubre de 2002, la Comisión informó a Dimon Italia y a Transcatab de que habían sido la primera y la segunda empresa, respectivamente, que habían aportado elementos de prueba de la infracción en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación y que, por ello, tenía intención de concederles, al término del procedimiento administrativo, una reducción comprendida entre el 30 y el 50 % y entre el 20 y el 30 %, respectivamente, del importe de la multa que se les habría impuesto por las infracciones eventualmente señaladas si no hubiera habido cooperación.

9 El 25 de febrero de 2004, la Comisión adoptó un pliego de cargos, que dirigió a diez empresas o asociaciones de empresas, entre ellas, Transcatab, Deltafina, Dimon Italia y Romana Tabacchi (en lo sucesivo, «transformadores») y a las sociedades matrices de algunas de ellas, en concreto, SCC, Dimon y Universal Corp., sociedad matriz de Deltafina. Las destinatarias del pliego de cargos tuvieron la posibilidad de responder por escrito y en la vista que se celebró el 22 de junio de 2004.

10 A raíz de la adopción, el 21 de diciembre de 2004, de una adenda a dicho pliego de cargos, referente al incumplimiento por Deltafina de la obligación de cooperación establecida en la Comunicación sobre la cooperación, en relación con la divulgación de su solicitud de dispensa (véase el anterior apartado 4), se celebró una segunda audiencia el 1 de marzo de 2005.

11 Tras consultar al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del consejero auditor, la Comisión adoptó la Decisión C(2005) 4012 final, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE], (Asunto COMP/C.38.281/B.2 − Tabaco crudo – Italia) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 13 de febrero de 2006 (DO L 353, p. 45).

2. Decisión impugnada

12 La Decisión impugnada se refiere, en primer lugar, a una infracción horizontal llevada a cabo por los transformadores en el mercado italiano del tabaco crudo.

13 En el marco de dicha infracción, desde 1995 hasta comienzos de 2002 los transformadores fijaron las condiciones comerciales de la compra de tabaco crudo en Italia, en lo que respecta tanto a las compras directas a los productores como a las compras a «terceros envasadores», incluidas la fijación de precios y el reparto del mercado.

14 La Decisión impugnada se refiere también a otras dos infracciones –distintas de la práctica colusoria llevada a cabo por los transformadores– que tuvieron lugar entre comienzos de 1999 y finales de 2001, consistentes en que la APTI fijaba los precios contractuales que negociaría, en nombre de sus miembros, para la celebración de acuerdos interprofesionales con la UNITAB, y en que ésta fijaba los precios que negociaría con la APTI, en nombre de sus miembros, para la celebración de esos mismos acuerdos.

15 En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que las prácticas de los transformadores constituían una infracción única y continuada del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 264 a 269 de la Decisión impugnada).

16 En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, la Comisión imputó la responsabilidad del cártel a los transformadores, así como a Universal y a Alliance One, como sociedad resultante de la fusión de Dimon y SCC.

17 En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión impuso multas a las empresas mencionadas en el apartado anterior, así como a la APTI y a la UNITAB (véase el posterior apartado 71).

Destinatarias de la Decisión impugnada

18 Los considerandos 325 a 351 de la Decisión impugnada se dedican a la determinación de sus destinatarias.

19 Con carácter preliminar, la Comisión se refirió a la reiterada jurisprudencia según la cual, en el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de «empresa» designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trate, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (considerando 325 de la Decisión impugnada).

20 A continuación, la Comisión expuso que quedaba acreditado que, durante el período de las infracciones respectivas, Deltafina, Dimon Italia, Transcatab y Romana Tabacchi, al igual que la APTI y la UNITAB, habían participado directamente en las infracciones declaradas y que, en consecuencia, cada una de dichas empresas y asociaciones era destinataria de la Decisión impugnada (considerando 327 de la Decisión impugnada).

21 La Comisión continuó su análisis examinando el tema de la imputabilidad de la conducta infractora de algunas filiales (Deltafina, Dimon Italia y Transcatab) a sus sociedades matrices respectivas. A este respecto, recordó que, durante el período de las infracciones, Deltafina era filial al 100 % de Universal; Dimon Italia, filial al 100 % de Dimon y Transcatab, filial al 100 % de SCC (considerando 328 de la Decisión impugnada).

22 La Comisión manifestó concretamente que, según la jurisprudencia, una sociedad matriz podía ser considerada responsable del comportamiento ilícito de su filial cuando ésta no puede determinar de manera autónoma su comportamiento en el mercado. Sobre este particular, recordó que cabía presumir que, cuando una sociedad matriz posee todo el capital de una filial, ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de dicha filial cuando ésta infringe el artículo 81 CE, apartado 1 (considerandos 329 y 330 de la Decisión impugnada).

23 En el considerando 331 de la Decisión impugnada, concluyó que, por lo que se refería a Deltafina, Dimon Italia y Transcatab, cabía presumir legítimamente que «carecían de autonomía» toda vez que eran o habían sido, en el caso de Dimon Italia, propiedad al 100 % de sus sociedades matrices respectivas.

24 La Comisión rechazó la tesis, sostenida por dichas sociedades en sus respuestas al pliego de cargos, de que, además del control al 100 %, son necesarios otros elementos para declarar el ejercicio de una influencia decisiva, y precisó que constituía una presunción iuris tantum cualquier presunción de tal influencia en el caso de una filial controlada al 100 %. La prueba en contrario debe aportarla la parte que pretenda destruir tal presunción mediante «pruebas sólidas», que no pueden ser meras informaciones generales que no se apoyen en elementos de prueba convincentes (considerando 334 de la Decisión impugnada).

25 A este respecto, la Comisión examinó sucesivamente las alegaciones presentadas por las sociedades matrices destinatarias de la Decisión impugnada.

26 En primer lugar, la Comisión desestimó la alegación general expuesta por las sociedades matrices afectadas en relación con la plena responsabilidad de la Dirección local por las actividades de sus filiales respectivas. En su opinión, el hecho de que Dimon y SCC hubieran mantenido a la Dirección existente cuando se adquirió el 100 % de sus filiales respectivas no excluye el ejercicio por dichas sociedades matrices de una influencia decisiva en sus filiales italianas respectivas, porque resulta habitual confiar la gestión diaria de los asuntos a la Dirección local de una filial que se posee al 100 % (considerando 338 de la Decisión impugnada).

27 Según la Comisión, ninguna de dichas empresas demostró, en general, una particularidad de su grupo que hubiera hecho que las actividades de sus filiales fueran considerablemente independientes de su influencia (considerando 339 de la Decisión impugnada).

28 A este respecto, la Comisión examinó la solidez de los vínculos económicos existentes entre Deltafina, Dimon Italia, Transcatab y sus sociedades matrices respectivas, que demostraría que las filiales italianas constituían una unidad económica con el resto de sus grupos. La Comisión señaló a estos efectos que los grupos afectados eran los mayores comerciantes mundiales de hojas de tabaco y que adquirían y comercializaban a menudo el tabaco comprado por sus filiales italianas (considerando 340 de la Decisión impugnada).

29 Por lo que respecta a SCC, la Comisión señaló que, antes de adquirir la totalidad del capital de Transcatab, controlaba ya a esta última junto con su socio italiano. En consecuencia, el hecho de que SCC no hubiera «realizado ningún cambio en las Direcciones» de su filial a raíz de dicha adquisición no podía considerarse una prueba de que no hubiera ejercido influencia alguna en los directivos tras convertirse en propietario único. En lo referente, en particular, a la delegación de la facultad ejecutiva al Director General de Transcatab, la Comisión declaró que no disponía de información alguna que le permitiera deducir que no había sido designado por SCC, como los demás miembros del Consejo de administración (considerandos 341 y 342 de la Decisión impugnada).

30 En segundo lugar, la Comisión rechazó la alegación de SCC de que no existía ninguna vía de comunicación entre ella y su filial (considerandos 343 y 344 de la Decisión impugnada).

31 Señaló a este respecto que se había considerado que las actividades de Transcatab eran las de Standard Commercial Tobacco Co., Inc., sociedad de cartera del grupo SCC, propiedad al 100 % de SCC, y que se habían examinado en el marco de las actividades del grupo, incluyendo las ventas del grupo SCC a los fabricantes de cigarrillos. De ello dedujo que los resultados de las actividades de Transcatab habían sido trasladados a niveles superiores del grupo y posteriormente consolidados (considerando 344 de la Decisión impugnada).

32 La Comisión precisó que, dado que los grupos a los que pertenecían Transcatab y Dimon Italia durante el período de la infracción habían dejado de existir a raíz de su fusión en la nueva entidad Alliance One, ésta, como sucesora jurídica de ambos grupos, era destinataria de la Decisión impugnada (considerando 349 de la Decisión impugnada).

33 Habida cuenta de estos distintos factores, la Comisión concluyó, en el considerando 351 de la Decisión impugnada, que Deltafina, Universal, Mindo (anteriormente Dimon Italia), Transcatab, Alliance One, Romana Tabacchi, la APTI y la UNITAB debían ser consideradas responsables de las infracciones y destinatarias de la Decisión impugnada.

Determinación del importe de la multa

34 En los considerandos 356 a 404 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó el tema de las multas que se habían de imponer a las destinatarias de aquélla.

35 La Comisión determinó el importe de las multas en función de la gravedad y la duración de las infracciones de que se trataba, esto es, los dos criterios expresamente mencionados en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1) y en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (considerandos 356 y 357 de la Decisión impugnada).

Determinación del importe inicial de las multas

36 Por lo que respecta a la gravedad de la infracción de que se trata, la Comisión recordó que, para evaluar este factor, debía tomar en consideración la naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas en el mercado cuando se puedan determinar y el tamaño del mercado geográfico de referencia (considerando 365 de la Decisión impugnada).

37 Acto seguido, la Comisión indicó que la producción de tabaco crudo en Italia correspondía al 38 % de la producción del contingente en la Unión Europea, lo que representaba 67,338 millones de euros en 2001, esto es, el último año completo de la infracción (considerando 366 de la Decisión impugnada).

38 En lo referente a la naturaleza de la infracción, la Comisión declaró que era de carácter muy grave, porque la infracción había consistido en la fijación de los precios de compra de variedades de tabaco crudo en Italia y en el reparto de las cantidades adquiridas. La Comisión añadió, refiriéndose a la parte de la Decisión impugnada relativa al examen de la restricción de la competencia (considerandos 272 y siguientes), que un cártel de compra puede falsear la disposición de los productores a generar un determinado rendimiento y limitar la competencia entre los transformadores en los mercados sucesivos. Asimismo afirmó que esto era particularmente cierto cuando, como en el presente caso, el producto afectado por el cártel de compra (tabaco crudo) constituía un «insumo» fundamental para las actividades ejercidas por los participantes posteriores, en el presente caso, la primera transformación y la venta de tabaco transformado (considerandos 367 y 368 de la Decisión impugnada).

39 En el considerando 369 de la Decisión impugnada, la Comisión llegó a la conclusión, a partir de las anteriores consideraciones, de que la infracción cometida por los transformadores debía ser calificada de muy grave.

40 A continuación, en los considerandos 370 a 376 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó los aspectos del «peso específico» y de la «disuasión». A este respecto, señaló que, a la hora de determinar el importe de la multa, era preciso tener en cuenta el «peso específico de cada una de las empresas y las repercusiones probables de su comportamiento ilícito» (considerando 370 de la Decisión impugnada).

41 De este modo, la Comisión estimó que las multas debían determinarse en función de la posición en el mercado de cada una de las partes implicadas (considerando 371 de la Decisión impugnada).

42 Sobre este particular, la Comisión consideró que el importe inicial de la multa impuesta a Deltafina debía ser el más elevado, ya que parecía ser el principal comprador con una cuota de mercado cercana al 25 % en 2001 (considerando 372 de la Decisión impugnada).

43 Dado que sus cuotas en el mercado de referencia eran menores, entre el 9 y el 11 % en 2001, la Comisión consideró que Transcatab, Dimon Italia y Romana Tabacchi «debían agruparse» y que el importe inicial de la multa debía ser menor para ellas (considerando 373 de la Decisión impugnada).

44 No obstante, la Comisión consideró que un importe inicial que sólo reflejase la posición en el mercado no tendría un efecto suficientemente disuasorio sobre Deltafina, Dimon Italia (Mindo) y Transcatab, porque, pese a su volumen de negocios relativamente limitado, cada una de ellas pertenecía –o, en el caso de Mindo, había pertenecido– a grupos multinacionales con una fuerza económica y financiera considerable, que eran los principales comerciantes mundiales de tabaco y operaban en distintos niveles de actividad en la industria del tabaco y en diferentes mercados geográficos (considerando 374 de la Decisión impugnada).

45 En consecuencia, a fin de conferir un carácter disuasorio a la multa, la Comisión consideró que procedía aplicar un coeficiente multiplicador del 1,5 –es decir, un incremento del 50 %– al importe inicial establecido para Deltafina y un coeficiente multiplicador del 1,25 –esto es, un incremento del 25 %– al importe inicial establecido para Dimon Italia (Mindo) y Transcatab (considerando 375 de la Decisión impugnada).

46 Así pues, la Comisión fijó, en el considerando 376 de la Decisión impugnada, el importe inicial de las multas como sigue:

– Deltafina: 37,5 millones de euros

– Transcatab: 12,5 millones de euros

– Dimon Italia (Mindo): 12,5 millones de euros

– Romana Tabacchi: 10 millones de euros.

Determinación del importe de base de las multas

47 En los considerandos 377 y 378 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó el tema de la duración de la infracción.

48 Consideró que la práctica colusoria llevada a cabo por los transformadores había comenzado el 29 de septiembre de 1995 y había dejado de existir, según las declaraciones de éstos, el 19 de febrero de 2002. Por lo tanto, la Comisión estimó que era preciso aplicar un incremento del 60 % al importe inicial de las multas impuestas a los transformadores, salvo a Romana Tabacchi, cuya participación había durado menos.

49 Por consiguiente, los importes de base de las multas impuestas a las destinatarias de la Decisión impugnada quedaron establecidos como sigue:

– Deltafina: 60 millones de euros

– Transcatab: 20 millones de euros

– Dimon Italia (Mindo): 20 millones de euros

– Romana Tabacchi: 12,5 millones de euros.

Circunstancias atenuantes

50 En los considerandos 380 a 398 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si procedía aplicar circunstancias atenuantes.

51 En lo referente, en concreto, a Transcatab, la Comisión desestimó todas sus alegaciones dirigidas a poder beneficiarse de dichas circunstancias.

52 En primer lugar, la Comisión señaló que el cártel establecido por los transformadores no tenía relación con los acuerdos interprofesionales celebrados en el seno de la APTI. Dedujo de ello que el marco normativo italiano no había fomentado el comportamiento de los transformadores, que, en consecuencia, no podían beneficiarse de ninguna reducción del importe de sus multas basándose en este argumento (considerando 381 de la Decisión impugnada).

53 En segundo lugar, la Comisión desestimó la alegación de los transformadores de que debían beneficiarse de una reducción dado que habían puesto fin a la infracción antes de que interviniera la Comisión. Sobre este particular, la Comisión recordó la jurisprudencia según la cual, en los asuntos relativos a infracciones graves de las normas sobre competencia, respecto de los que las partes sabían o debían necesariamente saber que su comportamiento era esencialmente ilegal, el hecho de que pusieran fin a éste antes de que interviniera la Comisión no debe, en principio, dar lugar a una reducción del importe de la multa en el momento de calcularla (considerando 382 de la Decisión impugnada).

54 La Comisión afirmó, asimismo, que no podía considerar que no se hubiera establecido el cártel habida cuenta de que de la descripción de los hechos resultaba que las partes habían garantizado dicho establecimiento, en particular, mediante su participación en reuniones e intercambios regulares de información sobre precios y cantidades durante el período de las compras (considerando 383 de la Decisión impugnada).

55 Por último, la Comisión desestimó la alegación expuesta por Transcatab de que el contexto económico y social específico del mercado de tabaco crudo en Italia debía tomarse en consideración para determinar el importe de la multa con arreglo al número 5, letra b), de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»). La Comisión manifestó que la aplicación de dicho número 5, letra b), de las Directrices era excepcional y que el asunto en cuestión no presentaba características idénticas o semejantes a las del asunto citado por Transcatab en apoyo de su alegación. Añadió, además, que no cabía admitir que la existencia de prácticas ilegales que afectaban al sector del tabaco en determinadas regiones italianas hubiera podido tener un efecto determinante provocando las prácticas de que se trata y que la reforma de la organización común de mercados tenía efectos demasiado inciertos y alejados en el tiempo como para justificar la aplicación de una circunstancia atenuante (considerando 384 de la Decisión impugnada).

56 Acto seguido, la Comisión consideró la situación particular de Deltafina y concluyó que procedía reducir su multa un 50 % debido a la cooperación que proporcionó (considerandos 385 a 398 de la Decisión impugnada).

57 La Comisión fijó como sigue el importe de la multas tras la aplicación de las circunstancias atenuantes (considerando 399 de la Decisión impugnada):

– Deltafina: 30 millones de euros

– Dimon Italia (Mindo): 20 millones de euros

– Transcatab: 20 millones de euros

– Romana Tabacchi: 8,75 millones de euros.

58 Por último, la Comisión recordó que, a tenor del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no debe superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. Añadió que, cuando las empresas implicadas pertenezcan a un grupo y se establezca que sus sociedades matrices ejercen una influencia decisiva sobre dichas empresas y que, por consiguiente, tales sociedades matrices son responsables solidarias del pago de las multas impuestas a su filial, a la hora de determinar el límite máximo anteriormente mencionado del 10 % se deberá tener en cuenta el volumen de negocios del grupo a escala internacional (considerandos 400 y 401 de la Decisión impugnada).

59 Por ello, manifiesta que la multa impuesta a Romana Tabacchi no debe exceder de 2,05 millones de euros y que no es necesario reducir las demás multas con arreglo a dicha disposición (considerandos 402 y 403 de la Decisión impugnada).

Aplicación de la Comunicación sobre la cooperación

60 En los considerandos 405 a 500 de la Decisión impugnada, la Comisión se pronunció sobre la aplicación, en el presente caso, de la Comunicación sobre la cooperación.

61 Deltafina, Dimon Italia y Transcatab solicitaron acogerse a dicha Comunicación. Por lo que respecta a Deltafina, la Comisión recordó que le había concedido la dispensa condicional. Además, precisó que había llegado a la conclusión preliminar de que Dimon Italia y Transcatab habían sido la primera y la segunda empresa, respectivamente, que habían facilitado elementos de prueba de la presunta infracción, que aportaban un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía, en el sentido del punto 22 de la Comunicación sobre la cooperación (considerandos 405 a 407 de la Decisión impugnada).

62 Tras examinar la situación de Deltafina y concluir que no se le podía conceder la dispensa debido a que había incumplido la obligación de cooperación establecida en la Comunicación sobre la cooperación (véanse los considerandos 408 a 484 de la Decisión impugnada y los anteriores apartados 4 y 10), la Comisión examinó los casos de Dimon Italia y de Transcatab.

63 En primer lugar, la Comisión concluyó que el hecho de no conceder la dispensa definitiva a Deltafina no tenía ninguna incidencia directa sobre cómo debía aplicarse la Comunicación sobre la cooperación a Dimon Italia y a Transcatab (considerandos 485 a 491 de la Decisión impugnada).

64 En segundo lugar, determinó la reducción de las multas que podía concederse, concretamente, a Transcatab, en virtud de dicha Comunicación.

65 Sobre este particular, la Comisión señaló, en primer término, que Transcatab había cumplido las condiciones que se le habían impuesto, a saber, que había puesto fin a su participación en la infracción como muy tarde en la fecha de la presentación de los elementos de prueba (considerandos 492 y 493 de la Decisión impugnada).

66 La Comisión afirmó, en segundo término, que, para determinar el nivel de reducción, tenía en cuenta el momento en el que se facilitaron los elementos de prueba, la medida en que aportan un valor añadido, así como la magnitud y la continuidad de la cooperación prestada por las empresas después de la fecha de comunicación de los elementos de prueba (considerando 494 de la Decisión impugnada).

67 De este modo, la Comisión observó, en primer lugar, que Transcatab había presentado su solicitud de clemencia antes de que la Comisión hubiera adoptado medidas activas de verificación, que su solicitud había comprendido todo el período de la infracción y que los elementos de prueba proporcionados habían corroborado en muchos aspectos los que ya obraban en poder de la Comisión (considerando 495 de la Decisión impugnada).

68 En segundo lugar, por lo que se refiere específicamente a los documentos facilitados por Transcatab, la Comisión reconoció que el relato fáctico que de ellos resultaba era especialmente detallado y que había sido sumamente útil para comprender la infracción y, en concreto, algunos de sus elementos (como la celebración de un acuerdo interprofesional en 1999 para la producción excedentaria de tabaco en 1998). Sin embargo, señaló que no ignoraba ninguno de los hechos sobre los que Transcatab había aportado elementos de prueba (considerando 497 de la Decisión impugnada).

69 Por último, la Comisión reconoció también que Transcatab se había mostrado cooperativa con ella a lo largo de todo el procedimiento y que no había negado los hechos en los que se apoyó la Comisión en el pliego de cargos (considerando 498 de la Decisión impugnada).

70 La Comisión concluyó, por lo tanto, que Transcatab debía obtener el nivel más alto de reducción del importe establecido en la horquilla correspondiente, a saber, una reducción del 30 % (considerando 499 de la Decisión impugnada).

71 Conforme al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión fijó finalmente (véase el artículo 2 de la Decisión impugnada) los importes de las multas que habían de imponerse a las empresas y a las asociaciones de empresas destinatarias de la Decisión impugnada como sigue:

– Deltafina y Universal, solidariamente: 30 millones de euros.

– Dimon Italia (Mindo) y Alliance One: 10 millones de euros; siendo Alliance One responsable por la totalidad y Mindo responsable solidariamente sólo por 3.990.000 euros.

– Transcatab y Alliance One, solidariamente: 14 millones de euros.

– Romana Tabacchi: 2,05 millones de euros.

– APTI: 1.000 euros.

– UNITAB: 1.000 euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes

72 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 24 de enero de 2006, Alliance One interpuso un recurso en el que solicitaba, en concreto, la anulación parcial de la Decisión impugnada (asunto T‑25/06). Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 3 de febrero de 2006, Transcatab interpuso el presente recurso.

73 En el escrito de demanda, Alliance One solicitó la acumulación de dicho asunto al presente asunto. Esta solicitud también fue formulada por Transcatab en el escrito de demanda.

74 El Tribunal no accedió a la solicitud de acumulación.

75 El 24 de noviembre de 2009, el Tribunal, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, formuló una pregunta por escrito a Transcatab, que la respondió dentro del plazo señalado. El 4 de febrero de 2010, la Comisión presentó sus observaciones sobre la respuesta de Transcatab.

76 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, pidió a Transcatab que presentara un documento. El documento fue presentado dentro del plazo señalado.

77 En la vista celebrada el 30 de noviembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

78 En la vista, el Tribunal instó a Transcatab a presentar otro documento, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento. El 22 de diciembre de 2010, Transcatab presentó dicho documento.

79 Transcatab solicita al Tribunal que:

– Anule parcialmente la Decisión impugnada.

– Reduzca la multa que se le impuso.

– Condene en costas a la Comisión.

80 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Fije en 15 millones de euros el importe de la multa, en virtud de la competencia que le confiere el artículo 229 CE.

– Condene en costas a Transcatab.

Fundamentos de Derecho

81 En apoyo de su recurso, Transcatab invoca cinco motivos, algunos de los cuales se componen de varias partes. En el marco del primer motivo, Transcatab alega, en esencia, que la Comisión incurrió en errores de Derecho al declarar a Alliance One responsable de su comportamiento, que la Comisión no motivó suficientemente su posición a este respecto y que asimismo vulneró su derecho de defensa. El segundo motivo se basa en un error de Derecho, una falta de motivación y una motivación ilógica, en la vulneración del derecho de defensa y en la violación de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y protección de la confianza legítima en la determinación de la multa. El tercer motivo se basa en un error de Derecho y una falta de motivación en la determinación del importe de la multa, respecto de la evaluación de la duración de la infracción, la violación del principio ne bis in idem en relación con la multa impuesta a la APTI y la violación del principio de igualdad de trato. En el marco del cuarto motivo, Transcatab aduce que la Comisión consideró erróneamente en la Decisión impugnada que ninguna de las circunstancias atenuantes invocadas era aplicable. Por último, en el quinto motivo, alega que la Comisión incurrió en errores en la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.

82 La Comisión estima que mediante su tercer motivo, Transcatab se retractó de su cooperación anterior, consistente en no impugnar los hechos establecidos en el pliego de cargos. Así pues, en reconvención, la Comisión solicita al Tribunal que disminuya la reducción de la multa de Transcatab del 30 al 25 % y, por lo tanto, fije ésta, en el ejercicio de su competencia de plena jurisdicción, en 15 millones de euros.

1. Sobre el primer motivo, referente a la imputación de la infracción a la sociedad matriz de Transcatab

Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a una lectura errónea de la jurisprudencia, a la no consideración de los elementos de prueba proporcionados y a una vulneración del derecho de defensa

Alegaciones de las partes

83 En primer lugar, Transcatab impugna las conclusiones de la Decisión impugnada de que el mero hecho de que SCC poseyera, durante el período de la infracción, el 100 % de su capital baste para presumir la responsabilidad de ésta por la conducta infractora de su filial. Tal presunción sería contraria a la jurisprudencia. Según Transcatab, la Comisión debe probar la existencia de otros indicios que permitan considerar que una sociedad matriz ejerció efectivamente una influencia decisiva en su filial. A su juicio, en el presente caso, la Comisión se había limitado a presumir la responsabilidad de SCC y no había proporcionado otros indicios que pudieran justificar tal responsabilidad. Por lo tanto, considera que la Comisión invirtió la carga de la prueba, que no incumbe a Transcatab o a su sociedad matriz, sino a la propia Comisión.

84 En segundo lugar, Transcatab alega que SCC proporcionó a la Comisión elementos suficientes para probar que era ajena a la conducta de Transcatab. Dichos elementos se refieren tanto a la descripción de la realidad local del mercado italiano como a las características de la estructura del grupo SCC que muestran la independencia de sus filiales. Además, se refieren a la autonomía de su Consejo de administración y de su Director General.

85 En la réplica, Transcatab aduce, además, que es contraria a la jurisprudencia la alegación de la Comisión de que sólo es posible destruir la presunción de influencia decisiva cuando la participación es de carácter exclusivamente financiero. En su opinión, la Comisión no examinó con atención las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo y se limitó a refutar todas las alegaciones basándose en prejuicios infundados. En primer término, considera que resulta infundada la afirmación de que es inverosímil que una sociedad matriz pueda delegar íntegramente la gestión de una filial. En efecto, como demostró Transcatab en el procedimiento administrativo, la estructura ramificada del grupo impedía una gestión única. En segundo término, la Comisión aplicó la presunción de influencia decisiva incluso con relación al período en el que SCC sólo poseía el 50 % del capital de Transcatab, siendo así que ésta y SCC habían probado que el Consejo de administración y el Director General de Transcatab, al que se habían conferido todas las facultades de gestión de la sociedad, habían sido nombrados antes de que SCC obtuviera el control exclusivo de aquélla. En tercer término, el hecho de que determinados documentos estuvieran redactados en inglés no basta para probar la influencia de la sociedad matriz en la gestión de la actividad comercial de Transcatab. En conclusión, considera que la Comisión desestimó erróneamente las pruebas aportadas, sin motivación suficiente o lógica y sin cotejarlas con otros documentos con valor probatorio al menos equivalente. Por lo tanto, en su opinión, la Comisión no cumplió con su obligación de instruir de forma imparcial el expediente.

86 En tercer lugar, la Comisión vulneró el derecho de defensa de Alliance One, en la medida en que utilizó en la Decisión impugnada documentos del expediente que no se mencionaban en el pliego de cargos, impidiendo así a SCC pronunciarse sobre ellos y menoscabando con ello la confianza legítima de su sucesora jurídica, Alliance One. Transcatab admite que se trataba de documentos que las partes conocían. Sin embargo, al no haber sido mencionados dichos documentos en el pliego de cargos, las partes pudieron estimar legítimamente que no tenían importancia a efectos del asunto y que, por lo tanto, no era necesario expresar su opinión sobre ellos. En la réplica y en la vista, Transcatab afirmó que invocaba una vulneración de su propio derecho de defensa.

87 La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab. Por lo que respecta, en concreto, al motivo basado en la violación del derecho de defensa de Alliance One, la Comisión duda de su admisibilidad, en cuanto que Transcatab no alega una vulneración de su propio derecho sino del de otra parte. Considera que la extensión del motivo al derecho de defensa propio de Transcatab es extemporánea y, por lo tanto, inadmisible.

Apreciación del Tribunal

– Sobre el incumplimiento de las normas que rigen la imputabilidad a la sociedad matriz de las prácticas de su filial

88 Por lo que respecta al primer motivo invocado por Transcatab, es preciso recordar que el Derecho de la competencia tiene por objeto las actividades de las empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 59) y que el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 112, y de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 54).

89 De la jurisprudencia se desprende que el concepto de empresa, en este mismo contexto, debe entenderse que designa una unidad económica, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, apartado 40, y Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 55; sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, apartado 85).

90 Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esta infracción (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 145; de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C‑280/06, Rec. p. I‑10893, apartado 39, y Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 56).

91 La infracción del Derecho de la competencia debe imputarse inequívocamente a una persona jurídica a la que se podrá imponer multas. A efectos de la aplicación y de la ejecución de las decisiones de la Comisión en materia de Derecho de la competencia, es necesario identificar, como destinataria, a una entidad dotada de personalidad jurídica (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 978).

92 De reiterada jurisprudencia se desprende que el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en especial, cuando la filial, aun teniendo personalidad jurídica distinta, no determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta, en particular, los vínculos económicos y jurídicos que unen a ambas entidades jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 58, y la jurisprudencia citada).

93 En efecto, en tal situación, dado que la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, constituyen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE, la Comisión puede remitir una decisión por la que se impongan multas a la sociedad matriz sin que sea necesario demostrar la implicación personal de ésta en la infracción (véase, en este sentido, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 59).

94 Asimismo, de la jurisprudencia se desprende que, en el caso específico de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha cometido una infracción de las normas sobre la competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de dicha filial y, por otra parte, existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente tal influencia (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 60, y la jurisprudencia citada).

95 En tales circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la totalidad del capital de una filial pertenece a su sociedad matriz para presumir que ésta ejerce una influencia decisiva en la política comercial de dicha filial. La Comisión podrá, en consecuencia, considerar que la sociedad matriz está obligada solidariamente al pago de la multa impuesta a su filial, a menos que la citada sociedad matriz, a la que incumbe destruir dicha presunción, aporte elementos de prueba suficientes para demostrar que su filial actúa de manera autónoma en el mercado (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, apartado 29, y Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 61).

96 Si bien es cierto que, en los apartados 28 y 29 de la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, citada en el apartado 95 supra, el Tribunal de Justicia evocó –aparte de la posesión del 100 % del capital de la filial– otras circunstancias, como no haber negado la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial y la representación común de ambas sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia mencionó estas circunstancias únicamente a efectos de exponer todos los elementos en los que el Tribunal General había basado su razonamiento y no para subordinar la aplicación de la presunción mencionada en el anterior apartado 94 a la aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una influencia por parte de la sociedad matriz (véanse la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 62, y la jurisprudencia citada; y la sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/ Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 57).

97 De la Decisión impugnada resulta que, para imputar a una sociedad matriz la responsabilidad de la infracción cometida por su filial, la Comisión partió de la premisa de que tal imputación es posible cuando la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, en consecuencia, constituyen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE (considerando 325 de la Decisión impugnada).

98 El factor principal en el que se basó la Comisión para determinar que se podía imputar a la sociedad matriz la conducta infractora de su filial es la falta de autonomía de ésta en lo que atañe a su comportamiento en el mercado. En efecto, esta falta de autonomía es el corolario del ejercicio de una «influencia decisiva» de la sociedad matriz en el comportamiento de su filial, y se puede presumir el ejercicio efectivo de tal influencia, según la jurisprudencia, en el supuesto en el que una sociedad matriz posee todo el capital de su filial (véanse los considerandos 329 y 330 de la Decisión impugnada).

99 De este modo, en el considerando 331 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que, en el presente caso, Transcatab «carecía de autonomía» toda vez que estaba controlada al 100 % por su sociedad matriz, SCC.

100 Contrariamente a lo que sostiene Transcatab en la réplica, a saber, que, en el presente caso, la Comisión había transformado una presunción «iuris tantum» en una presunción «iuris et de iure», este razonamiento no se aparta de la lógica de una presunción iuris tantum. Como en el caso de otras presunciones admitidas en el Derecho de la competencia, si la Comisión puede presumir legalmente un hecho, se considera demostrado, siempre que la empresa afectada no destruya la presunción aportando pruebas en contrario concluyentes (sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 90 supra, apartados 121 y 126, y de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 162 y 167). Por otra parte, dado su carácter iuris tantum, dicha presunción, que puede destruirse en cada caso concreto, no se traduce en una atribución automática de responsabilidad a la sociedad matriz que posee todo el capital social de su filial, lo cual sería contrario al principio de responsabilidad personal sobre el que se asienta el Derecho de la competencia.

101 Por lo tanto, la Comisión no incumplió las normas que rigen la imputabilidad a una sociedad matriz de la conducta de su filial al considerar responsable, en esencia, a SCC –de la que Alliance One es sucesora jurídica– de la infracción cometida por Transcatab.

102 Es necesario señalar que no ponen en entredicho tal conclusión las alegaciones expuestas por Transcatab en respuesta a la pregunta formulada por escrito por el Tribunal relativa a las consecuencias que se han de extraer de la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra. Considera, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia, en dicha sentencia, interpretó erróneamente la jurisprudencia anterior, en particular la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, citada en el apartado 95 supra, y que, en cualquier caso, la jurisprudencia no es unívoca a este respecto. En segundo lugar, el marco fáctico del asunto que dio lugar a la referida sentencia es distinto del marco fáctico del presente caso, toda vez que se ven implicadas en el cártel varias filiales y que, en consecuencia, es más difícil demostrar que la sociedad matriz no tenía conocimiento de las actividades contrarias a la competencia. Pues bien, en cuanto a la primera alegación, basta señalar que de la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra (véanse también, en este sentido, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto en el que recayó dicha sentencia, Rec. p. I‑8241, puntos 60 y 61), se desprende que el Tribunal de Justicia no sólo tomó en consideración la jurisprudencia en la que Transcatab apoya gran parte de sus principales argumentos, y en concreto la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, citada en el apartado 95 supra, sino que también dio una interpretación unívoca de la jurisprudencia anterior (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartados 58 a 62). Por lo que respecta a la segunda alegación, basta señalar que la supuesta diferencia entre ambos asuntos es totalmente irrelevante, puesto que el criterio de imputabilidad de la responsabilidad en el asunto que dio lugar a la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, no era en absoluto el del conocimiento directo o indirecto, por la sociedad matriz, de las actividades realizadas por la filial o las filiales. En cualquier caso, como señala acertadamente la Comisión, en dicha sentencia, tal elemento no se tomó en consideración en absoluto.

– Sobre la no consideración de los elementos de prueba proporcionados para destruir la presunción

103 Como se ha expuesto en los anteriores apartados 94 y 95, cuando la sociedad matriz posee todo el capital de una filial, la Comisión puede presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial, sin estar obligada a aportar pruebas adicionales que demuestren que la sociedad matriz ejerció efectivamente tal influencia o que tenía siquiera el más mínimo conocimiento de la infracción o de la implicación de dicha filial en tal infracción. Se trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario. Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene Transcatab, incumbe a SCC –que, en el período de la infracción, poseía el 100 % del capital de Transcatab (véase el considerando 336 de la Decisión impugnada)– destruir dicha presunción mediante elementos de prueba que puedan demostrar que su filial determina de manera autónoma su línea de actuación en el mercado y que, por lo tanto, estas dos sociedades no constituyen una entidad económica única. En su defecto, el ejercicio de un control se demuestra mediante el hecho de que no se ha destruido la presunción basada en la posesión de la totalidad del capital (véanse, en este sentido, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartados 60 a 62, y la jurisprudencia citada, y la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, T‑175/05, no publicada en la Recopilación, apartado 93).

104 En el presente caso, la Comisión dedicó los considerandos 335 a 344 de la Decisión impugnada al examen de las alegaciones y los elementos de prueba aportados por SCC, en su respuesta al pliego de cargos, a fin de probar que no ejerció una influencia decisiva en la política comercial de Transcatab, y no consideró que pudieran destruir la presunción.

105 Es preciso señalar que, en el escrito de demanda, Transcatab se limita a afirmar, sin fundar sus alegaciones en absoluto, que SCC probó en el procedimiento administrativo que presentaba una estructura descentralizada, al disponer de una Dirección local propia, totalmente independiente, en la que se delegaban todas las funciones, habida cuenta precisamente de las particularidades del mercado de tabaco crudo italiano, y que los miembros de su Consejo de administración y su Director General eran autónomos, sin ningún vínculo directo o indirecto con SCC. Sin embargo, Transcatab no identificó en absoluto los eventuales errores en que la Comisión habría incurrido en la Decisión impugnada en lo referente a la apreciación de dichos elementos de prueba. Solamente en la réplica, en respuesta a determinadas alegaciones de la Comisión, expone algunos argumentos dirigidos a criticar, indirectamente, la Decisión impugnada.

106 En cualquier caso, procede destacar, en primer lugar, que, como señaló acertadamente la Comisión en el considerando 338 de la Decisión impugnada, el hecho de que una filial disponga de su propia Dirección local y de sus propios medios no prueba, per se, que determine su comportamiento en el mercado de manera autónoma respecto de su sociedad matriz. Confiar la gestión de las actividades diarias a la Dirección local de una filial al 100 % es una práctica corriente y, por ello, no puede probar la autonomía real de las filiales. Lo mismo cabe decir de la alegación relativa a las supuestas características del mercado italiano del tabaco crudo, puesto dichas características no impiden que una sociedad matriz ejerza plenamente un control efectivo sobre su filial.

107 Además, es preciso señalar que, en los considerandos 341 y 342 de la Decisión impugnada, la Comisión puntualizó, por un lado, que, antes de adquirir todo el capital de Transcatab, SCC controlaba ya dicha sociedad junto con su socio italiano y que el hecho de que no hubiera realizado ningún cambio en su Dirección, a raíz de la toma de control, no puede considerarse, por consiguiente, como una prueba de que no ejerció influencia alguna en su filial tras convertirse en su única propietaria. Por otro lado, la Comisión destacó que la delegación de la facultad ejecutiva al Director General de Transcatab, de quien se podía suponer, a falta de prueba en contrario, que había sido designado por SCC, no había impedido a los demás miembros del Consejo de administración ocupar puestos ejecutivos y desempeñar funciones ejecutivas.

108 Pues bien, es preciso señalar que la Comisión, a falta de explicación por parte de SCC, atribuye acertadamente un significado al hecho de que ésta, que tenía todas las facultades –cuando se convirtió en accionista única– para proceder a una renovación parcial o total del Consejo de administración, no adoptara medida alguna en este sentido. De ello se deduce que el mantenimiento en sus funciones de los miembros del Consejo de administración y, en particular, del Director General sólo puede atribuirse a una decisión de SCC, como única accionista de Transcatab.

109 Además, el hecho de que una sola persona, a saber, el Director General, disponga de importantes facultades delegadas por el Consejo de administración puede demostrar, por el contrario, la voluntad de la sociedad matriz de simplificar el ejercicio de su control sobre su filial, al limitar precisamente la función del Consejo de administración a actividades marginales y concentrar todas las facultades en manos de un «hombre de confianza». En efecto, no es verosímil que una sociedad multinacional delegue todas las facultades de una filial activa en un mercado nacional, como en el caso de Transcatab, –e incluso acepte una delegación de facultades anterior a la adquisición de todo el control– a una persona física que, actuando con total autonomía y sin haber sido designada presuntamente por la única accionista, elegiría, por su parte, a los miembros del Consejo de administración, privando a cualquier otra persona de cualquier influencia en la gestión de la sociedad, y que no rendiría cuentas de sus actos, de facto, a nadie.

110 Por lo tanto, y habida cuenta también de que una delegación de facultades al Director General de una filial no es en absoluto infrecuente, tal alegación no puede destruir la presunción de control ejercido por la sociedad matriz sobre Transcatab.

111 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación dirigida a criticar la supuesta deducción que hizo la Comisión del hecho de que algunos documentos estaban redactados en inglés, basta con señalar que, contrariamente a lo que alega Transcatab, el objetivo de dichos documentos –mencionados en los considerandos 343 a 346 de la Decisión impugnada– no era probar que las sociedades matrices podían influir o que influyeron, en concreto, en el comportamiento de sus filiales italianas, ni aun menos probar que las sociedades matrices tenían conocimiento del cártel de que se trata. Por el contrario, la Comisión se limitó a utilizar algunos documentos que formaban parte del expediente administrativo a fin de determinar el nivel de credibilidad de los elementos de prueba y de las alegaciones expuestas por SCC en su respuesta al pliego de cargos para destruir la presunción de una influencia decisiva en Transcatab.

112 Finalmente, es necesario manifestar que, contrariamente a lo que alega Transcatab en la réplica, de la Decisión impugnada no se deriva en absoluto que la presunción de influencia decisiva sólo pueda destruirse si la participación de la sociedad matriz es exclusivamente financiera.

113 De lo anterior se desprende que procede desestimar el motivo basado en la no consideración de los elementos de prueba proporcionados para destruir la presunción.

– Sobre la vulneración del derecho de defensa

114 Por lo que respecta al tercer motivo invocado por Transcatab, procede recordar que el respeto del derecho de defensa en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia es un principio general de Derecho de la Unión Europea cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales de la Unión (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartado 26, y la jurisprudencia citada).

115 Según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer oportunamente su opinión sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos tenidos en cuenta por la Comisión para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción del Tratado (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 10, y de 6 de abril de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, apartado 21).

116 El artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 refleja este principio en la medida en que prevé el envío a las partes de un pliego de cargos, que debe exponer con claridad todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 67), para que los interesados puedan conocer efectivamente qué comportamientos les reprocha la Comisión y puedan defenderse de forma eficaz antes de que ésta adopte una decisión definitiva. Se cumple dicho requisito cuando la referida decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 109, y la jurisprudencia citada).

117 No obstante, esta indicación se puede dar de manera resumida y no es necesario que la decisión final sea una copia del pliego de cargos (véase, en este sentido, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 115 supra, apartado 14), ya que dicho pliego constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds/Comisión, 142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartado 70). Así, cabe admitir que a la luz del escrito de respuesta de las partes se añadan extremos al pliego de cargos, cuyos argumentos demuestren que pudieron efectivamente ejercer su derecho de defensa. La Comisión puede asimismo, en vista del procedimiento administrativo, revisar o añadir argumentos de hecho o de Derecho en defensa de los cargos que imputa (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 28 de febrero de 2002, Compagnie générale maritime y otros/Comisión, T‑86/95, Rec. p. II‑1011, apartado 448, y de 22 de octubre de 2002, Schneider Electric/Comisión, T‑310/01, Rec. p. II‑4071, apartado 438).

118 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que el hecho de tener en cuenta un argumento alegado por una empresa en el procedimiento administrativo, sin dar a dicha empresa la oportunidad de ser oída al respecto antes de la adopción de la decisión final, no puede constituir, en cuanto tal, una violación de su derecho de defensa (auto del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2001, Irish Sugar/Comisión, C‑497/99 P, Rec. p. I‑5333, apartado 24).

119 Por último, es preciso también recordar que, según la jurisprudencia, se produce una violación del derecho de defensa cuando, debido a una irregularidad cometida por la Comisión, el procedimiento administrativo llevado a cabo por ésta hubiera podido resolverse de modo distinto. Una empresa recurrente prueba que se ha producido una violación de este tipo cuando demuestra de modo suficiente, no que la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino que, de no haberse producido tal irregularidad, habría podido defenderse mejor, por ejemplo, porque habría podido utilizar en su defensa documentos cuyo acceso se le denegó en el procedimiento administrativo (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, apartado 31, y la jurisprudencia citada, y de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, Rec. p. I‑6375, apartado 28).

120 En el presente caso, es preciso observar que, en el pliego de cargos, la Comisión, para justificar la imputación a SCC de la responsabilidad por la práctica colusoria llevada a cabo por Transcatab, de la que poseía el 100 % del capital, podía en principio, a la luz de los principios jurisprudenciales mencionados en los anteriores apartados 94 a 96, limitarse a establecer las relaciones de participación entre filiales y sociedades matrices (véanse los puntos 336 a 338 del pliego de cargos). Con arreglo a dichos principios jurisprudenciales, en su Decisión final, la Comisión estaba obligada, por lo tanto, a tomar posición sobre las alegaciones expuestas por las partes en respuesta al citado pliego de cargos (véanse los considerandos 335 y siguientes de la Decisión impugnada), con objeto de destruir la presunción de que se trata.

121 Además, en cuanto a la alegación de Transcatab de que la Comisión utilizó en la Decisión impugnada documentos no mencionados en el pliego de cargos, procede señalar que es únicamente en el marco de la apreciación de las alegaciones y las pruebas aportadas por las partes en el procedimiento administrativo donde la Comisión aborda efectivamente, en los considerandos 335 a 344 de la Decisión impugnada, algunos aspectos y documentos específicos referentes a las relaciones entre SCC y Transcatab, y al hacerlo, alude a los documentos que figuran en el expediente administrativo. Pues bien, la toma en consideración de dichos aspectos y documentos no podía afectar la eficacia del ejercicio del derecho de defensa de Transcatab, tanto más cuanto que ésta había tenido acceso a tales documentos –de los que ya disponía en cualquier caso– en el procedimiento administrativo.

122 Por lo demás, de los autos se desprende que tanto SCC como Transcatab pudieron responder a la imputación expresamente manifestada en el pliego de cargos que se les dirigió y exponer su defensa en la audiencia ante el consejero auditor. Por consiguiente, el principio de contradicción fue respetado durante el procedimiento administrativo.

123 En cualquier caso, es preciso también recordar que, como ha señalado el Tribunal de Justicia, toda vez que la Comisión –en relación con la imputabilidad de la infracción– no está obligada a presentar, en la fase de envío del pliego de cargos, ningún elemento que no sea la prueba relativa a la participación de la sociedad matriz en el capital de sus filiales, no puede acogerse la alegación relativa a la vulneración del derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 64).

124 Por lo tanto, procede desestimar en cuanto al fondo el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de su admisibilidad planteada por la Comisión.

125 En conclusión, a la luz de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del primer motivo en su totalidad.

Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003

Alegaciones de las partes

126 Transcatab sostiene que, por haber considerado responsable a Alliance One de las infracciones de que se trata, la Comisión le impuso una multa que supera el límite máximo del 10 % de su volumen de negocios correspondiente al ejercicio anterior a la adopción de la Decisión impugnada, establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. En su opinión, la multa que se le impuso asciende a alrededor del 43 % de su volumen de negocios.

127 Por lo demás, Transcatab se remite a las alegaciones expuestas por Alliance One en su recurso (asunto T‑25/06), del que adjunta una copia.

128 La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.

Apreciación del Tribunal

129 En primer lugar, es preciso manifestar que esta parte está estrechamente ligada a la primera parte del presente motivo, en la medida en que la desestimación de ésta repercute necesariamente en la fundamentación de la presente parte. En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones que dieron lugar a la desestimación de la primera parte de este primer motivo, procede concluir que la Comisión no incurrió en error al tomar el volumen de negocios consolidado de SCC como referencia para el cálculo del límite máximo del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 103 supra, apartado 114).

130 En efecto, dicho límite máximo debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica que actúa como empresa a efectos del artículo 81 CE, puesto que únicamente el volumen de negocios acumulado de las sociedades que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y de la potencia económica de la empresa en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartados 528 y 529, y de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 103 supra, apartado 114).

131 En segundo lugar, por lo que respecta a la remisión general que realiza Transcatab a las alegaciones expuestas en el recurso presentado por su sociedad matriz, Alliance One, es preciso señalar que procede declarar la inadmisibilidad de tal remisión, que sólo se refiere al documento adjunto de forma general y no permite al Tribunal identificar con precisión las alegaciones que podría considerar que completan los motivos invocados en los escritos.

132 En efecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, toda demanda debe señalar la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Según reiterada jurisprudencia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo de la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que en virtud de las disposiciones antes citadas deben figurar en la demanda. Además, no incumbe al Tribunal General buscar e identificar en los anexos los motivos y alegaciones que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental (véanse las sentencias del Tribunal de 14 de diciembre de 2005, Honeywell/Comisión, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, apartados 56 y 57, y de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, apartado 94, y la jurisprudencia citada).

133 En consecuencia, la segunda parte del primer motivo también debe desestimarse en parte por infundada y en parte por inadmisible.

134 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo en su totalidad.

2. Sobre el segundo motivo, referente a la determinación del importe inicial de la multa

Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la gravedad de la infracción

135 En el marco de la primera parte del segundo motivo, Transcatab expone varias alegaciones en relación con la calificación como «muy grave» de la infracción en la Decisión impugnada.

136 Con carácter preliminar, procede recordar los principios generales que rigen la determinación del importe de las multas y, más en concreto, la apreciación de la gravedad de la infracción.

137 El artículo 81 CE, apartado 1, letras a) y b), declara expresamente incompatibles con el mercado común los acuerdos y prácticas concertadas que consistan en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción o en limitar o controlar la producción o el mercado. La jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular cuando se trata de prácticas colusorias horizontales, como especialmente graves en la medida en que tienen repercusiones directas en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 675) o como infracciones patentes de las normas sobre la competencia (sentencias del Tribunal de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 109, y de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 303).

138 A tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, a fin de determinar el importe de la multa que se ha de imponer por infringir el artículo 81 CE, apartado 1, procede tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.

139 Conforme a reiterada jurisprudencia, la gravedad de las infracciones del Derecho de la competencia debe determinarse en función de numerosos factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias del Tribunal de Justicia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartado 241; Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 54, y de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 91).

140 La Comisión adoptó las Directrices para asegurar la transparencia y el carácter objetivo de sus decisiones en las que fija multas por infringir las normas sobre la competencia (primer párrafo de las Directrices).

141 Las Directrices son un instrumento para establecer, respetando el Derecho de rango superior, los criterios que aplicará la Comisión cuando ejerza la facultad de apreciación al fijar las multas que le confiere el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Las Directrices no constituyen el fundamento jurídico de una decisión mediante la que se imponen multas, la cual se basa en el Reglamento nº 1/2003, pero determinan, de un modo general y abstracto, la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas impuestas mediante aquella decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartados 209 a 213, y sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartados 219 y 223).

142 Por lo tanto, si bien las Directrices no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier caso la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin presentar justificaciones (véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88 supra, apartados 209 y 210, y de 18 de mayo de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, apartado 91).

143 La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión derivada de la adopción de las Directrices no es incompatible, sin embargo, con el mantenimiento de un margen de apreciación sustancial por la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados 246, 274 y 275). En efecto, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices, su modo de proceder en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices (sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141 supra, apartado 237).

144 Según el método establecido en las Directrices, la Comisión toma como punto de partida para el cálculo del importe de las multas que impone a las empresas afectadas un importe determinado en función de la gravedad «intrínseca» de la infracción. A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado (número 1, sección A, párrafo primero, de las Directrices).

145 En dicho contexto, las infracciones se clasifican en tres categorías, a saber, «infracciones leves», para las cuales el importe de las multas previstas va desde 1.000 a 1 millón de euros, las «infracciones graves», para las cuales el importe de las multas previstas va desde 1 millón a 20 millones de euros, y las «infracciones muy graves» para las cuales el importe de las multas previstas es superior a 20 millones de euros (número 1, sección A, párrafo segundo, guiones primero a tercero, de las Directrices). Por lo que respecta a las infracciones muy graves, la Comisión puntualiza que se trata básicamente de restricciones horizontales como cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior, como las destinadas a compartimentar los mercados nacionales o los abusos característicos de posición dominante de empresas que prácticamente actúan como monopolios (número 1, sección A, párrafo segundo, tercer guión, de las Directrices).

146 Por otra parte, es preciso señalar que los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción mencionados en el anterior apartado 144 no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». (sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139 supra, apartado 101, y sentencia del Tribunal de 28 de abril de 2010, Gütermann y Zwicky/Comisión, T‑456/05 y T‑457/05, Rec. p. II‑1443, apartado 137).

147 En cambio, ni las repercusiones concretas sobre el mercado ni la dimensión del mercado geográfico afectado constituyen elementos necesarios para calificar la infracción de muy grave en el caso de prácticas colusorias horizontales que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios. En efecto, si bien estos dos criterios son elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la gravedad de la infracción, se trata de criterios entre otros, a efectos de la apreciación global de la gravedad (véanse, en este sentido, la sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartados 74 y 81, y las sentencias del Tribunal Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141 supra, apartados 240 y 311, y de 8 de octubre de 2008, Carbone‑Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado 91).

148 Así pues, conforme a una jurisprudencia también ya consolidada, de las Directrices se desprende que las prácticas colusorias horizontales que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios pueden ser calificadas de «muy graves» sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones concretas de la infracción en el mercado (sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 75; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 150) y sin que la limitada dimensión del mercado geográfico relevante se oponga a tal calificación (véanse, en este sentido, la sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139 supra, apartado 103, y la sentencia Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147 supra, apartado 91).

149 Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado y los efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusiones concretas sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada (sentencia Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146 supra, apartado 137; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Brasserie nationale y otros/Comisión, citada en el apartado 148 supra, apartado 178).

150 Además, existe una interdependencia entre los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción en el sentido de que una gravedad elevada respecto de uno u otro de los aspectos puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros aspectos (sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141 supra, apartado 241).

151 Por lo que respecta específicamente al presente caso, de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión determinó el importe de la multa impuesta a los distintos destinatarios sobre la base del método general que ella misma se impuso en las Directrices, y ello aun cuando no las mencione expresamente en la referida Decisión.

Alegaciones de las partes

152 En primer lugar, Transcatab alega que del texto de las Directrices se desprende, como se recoge en el considerando 365 de la Decisión impugnada, que, para valorar la gravedad de la infracción, la Comisión está obligada a tomar en consideración tres criterios, a saber, su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado. Por lo tanto, la Comisión no puede calificar al cártel de «muy grave» únicamente en función de la naturaleza de la infracción, sin tomar en consideración los otros dos criterios.

153 Sin embargo, pese a lo dispuesto en las Directrices, la Comisión consideró la infracción de que se trata como «muy grave». Según Transcatab, esta calificación es errónea en la medida en que no tiene en cuenta la falta de repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado ni la reducida dimensión del mercado geográfico afectado. Teniendo en cuenta correctamente los tres criterios citados, la Comisión debería haber calificado la infracción simplemente de «grave». En diversos precedentes, la Comisión calificó de infracción grave un cártel de precios como el del presente caso. Además, en el caso de autos, la Comisión no se basó exclusivamente en la naturaleza de la infracción para calificar la infracción de muy grave, como ella afirma, sino que valoró la gravedad de la infracción teniendo en cuenta los tres criterios anteriormente mencionados, como se desprende de los considerandos 365 y 368 de la Decisión impugnada. El hecho de que la Comisión haya fijado la sanción por debajo del umbral mínimo de 20 millones de euros establecido en las Directrices no permite considerar que Transcatab no tiene interés en invocar el motivo, en la medida en que dicho umbral sólo constituye una indicación del importe mínimo de las multas que pueden imponerse.

154 En segundo lugar, Transcatab formula varias alegaciones relativas específicamente a la inexistencia de efectos del cártel en el mercado. Según Transcatab, los acuerdos sancionados por la Decisión impugnada no tuvieron repercusión alguna en el mercado o, al menos, no produjeron los efectos convenidos. Así pues, de varias comparaciones de precios realizadas por la Comisión en el pliego de cargos se desprende que los precios indicados por las partes en sus acuerdos no se «reflejaron» nunca en el mercado. Transcatab cita diversos ejemplos concretos y diversos datos que apoyarían sus afirmaciones y alega, asimismo, que, si el acuerdo hubiera tenido efectos, se habría producido una disminución y una estabilización de los precios, que no se produjeron. Por otra parte, la propia Decisión impugnada señala, en los considerandos 97 y siguientes, que los precios del tabaco crudo en Italia aumentaron entre 1990 y 2000 de una manera que no se produjo en ningún otro Estado miembro y que tales aumentos continuaron hasta 2002, año en el que los transformadores pusieron fin a sus acuerdos. Además, en el asunto que dio lugar a la Decisión C(2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo [81 CE], apartado 1 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España) (en lo sucesivo, «asunto Tabaco crudo – España»), la Comisión consideró el aumento de los precios del tabaco, pese a la existencia de un acuerdo entre los transformadores, como prueba de que no se aplicaron los acuerdos. Por otra parte, en su práctica decisoria anterior, la Comisión había tenido en cuenta la falta de repercusiones efectivas sobre el mercado de las actuaciones consideradas particularmente graves, para calificarlas de violaciones «graves» y no «muy graves». Transcatab añade que la Comisión también afirmó erróneamente y sin motivación, en el considerando 368 de la Decisión impugnada, que el cártel podía tener un efecto en el mercado posterior de la transformación y venta del tabaco transformado. En su opinión, el efecto que el cártel podría haber tenido en los mercados posteriores, a lo sumo, sería el de disminuir los costes de los fabricantes de cigarrillos.

155 Además, según Transcatab, la motivación de la Decisión impugnada referente a las repercusiones de la infracción sobre el mercado es ilógica, en la medida en que la Comisión sostiene que el cártel podía reducir la producción global de tabaco en detrimento de los consumidores (considerando 282 de la Decisión impugnada), siendo así que el problema de fondo de los mercados de tabaco europeo e italiano era la producción excedentaria de tabaco de mala calidad. Además, la Comisión no mencionó en absoluto en el pliego de cargos que el cártel había tenido como efecto disminuir la producción. En su opinión, al utilizar este argumento por primera vez en la Decisión impugnada, la Comisión vulneró el derecho de defensa de Transcatab, que no pudo darle respuesta. Añade que la Comisión también mencionó por primera vez en la Decisión impugnada el efecto potencial en el mercado posterior, vulnerando así de nuevo su derecho de defensa.

156 En tercer lugar, Transcatab alega que el mercado geográfico afectado por las infracciones sancionadas en la Decisión impugnada tiene una dimensión especialmente reducida, al limitarse a cuatro regiones en Italia, como se desprende del considerando 84 de la Decisión impugnada. Por lo tanto, se trataría de un mercado geográficamente mucho más restringido que el mercado nacional. A su juicio, la Comisión no consideró en absoluto este factor al determinar la gravedad de la infracción. Por lo tanto, la Decisión impugnada estaría viciada por una falta evidente de motivación al respecto. Además, en virtud de la práctica decisoria de la Comisión, la infracción debía haber sido considerada grave y no muy grave. Más aún, añade que en la Decisión relativa al asunto Tabaco crudo – España, la Comisión había tenido en cuenta, para determinar la multa, la dimensión relativamente reducida del mercado del producto, que sólo comprendía determinadas regiones de España.

157 La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.

Apreciación del Tribunal

158 En primer lugar, procede señalar que Transcatab impugna formalmente el«importe de base» de la multa, que corresponde, conforme al número 1, sección B, párrafo cuarto, de las Directrices, a la suma de los importes establecidos en función de la gravedad y de la duración de la infracción. Sin embargo, de su argumentación se desprende que el importe de la multa impugnado es el determinado en función de la gravedad de la infracción, por lo que el importe de que se trata en el marco de este motivo es el importe inicial de la multa, tal y como se recoge en el considerando 376 de la Decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, apartado 107).

– Sobre la calificación de infracción muy grave

159 Por lo que respecta a la alegación de Transcatab relativa a que la Comisión incurrió en errores al calificar la infracción de «muy grave», es preciso señalar, en primer lugar, que, como se ha recordado en los anteriores apartados 146 a 148, de reiterada jurisprudencia se desprende que, entre los tres criterios mencionados en las Directrices para valorar la gravedad de la infracción, la naturaleza de ésta desempeña un papel primordial para caracterizar las infracciones muy graves. Así pues, acuerdos o prácticas concertadas que persiguen fijar los precios o repartirse los mercados pueden ser calificados como «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales conductas estén caracterizadas por unas repercusiones concretas sobre el mercado o una dimensión geográfica determinadas.

160 En el presente caso, en cuanto a la naturaleza de la infracción de que se trata, procede señalar que ésta tenía por objeto, en particular, la fijación en común de los precios pagados por los transformadores por el tabaco crudo y el reparto de proveedores y de cantidades de tabaco crudo. Tales prácticas constituyen restricciones horizontales del tipo «cárteles de precios» en el sentido de las Directrices y en consecuencia son, por su naturaleza, violaciones «muy graves». La jurisprudencia califica las prácticas colusorias de este tipo como infracciones patentes a las normas sobre la competencia o infracciones especialmente graves en la medida en que tienen repercusiones directas en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate (véase el anterior apartado 137).

161 De lo anterior se deriva que, en el presente caso, la Comisión podía calificar el cártel de infracción muy grave sobre la base de la naturaleza de la infracción, y ello con independencia de sus repercusiones concretas sobre el mercado y de su dimensión geográfica (véase la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 146 a 149 y, en particular, la sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139 supra, apartado 103).

162 Además, por lo que respecta específicamente a las diversas referencias realizadas por Transcatab a las Decisiones adoptadas anteriormente por la Comisión, hay que recordar que la práctica decisoria de la Comisión no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 1/2003, aplicado a la luz de las Directrices, y que la Comisión dispone en el ámbito de la fijación del importe de las multas de una amplia facultad de apreciación, sin estar vinculada por las apreciaciones que ella misma haya podido realizar con anterioridad (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, apartado 82, y Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139 supra, apartado 123). De esto se desprende que no pueden prosperar las alegaciones de Transcatab relativas a la práctica seguida anteriormente en sus decisiones por la Comisión.

163 Por otra parte, ninguna de las alegaciones expuestas por Transcatab puede cuestionar la calificación del cártel de muy grave. Procede analizarlas, por ello, a mayor abundamiento.

– Sobre las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado

164 Por lo que se refiere, específicamente, a las alegaciones relativas a errores en la determinación de la gravedad de la infracción, debido a la supuesta inexistencia de repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado, procede señalar que, contrariamente a lo que afirma Transcatab, de la lectura de la Decisión impugnada se desprende que, aunque en el considerando 365 de ésta la Comisión –retomando los términos de las Directrices– parta de la premisa de que para valorar la gravedad de la infracción debe tomar en consideración los tres factores mencionados en el párrafo primero del número 1 de la sección A de dichas Directrices (véase el anterior apartado 144), no basó luego la apreciación de la gravedad de la infracción en las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado.

165 En efecto, la parte de la Decisión impugnada relativa a la apreciación de la gravedad de la infracción (considerandos 365 a 369) no contiene ningún examen de las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado. En particular, contrariamente a lo que sostiene Transcatab, tal examen no se desprende del considerando 368 de la Decisión impugnada. Este considerando, que está estrictamente relacionado con el considerando anterior relativo a la naturaleza de la infracción, se refiere en general a la capacidad de los cárteles en materia de compra, al igual que en el caso típico de los «cárteles de venta», de afectar a la competencia. La Comisión afirma al respecto que este tipo de cárteles puede alterar la conducta competitiva de las empresas en cuestión –ya se trate de los productores o de las que desarrollan actividades posteriores– en la medida en que repercute sobre un parámetro fundamental de la conducta competitiva de las empresas que intervienen en una cadena de transformación, a saber, el precio de compra del producto objeto de transformación. En el mismo considerando, la Comisión afirma acto seguido que dicha capacidad de alterar la competencia es tanto más importante en el supuesto de un producto como aquel de que se trata en el presente caso.

166 Además, la parte de la Decisión impugnada referente al examen de la restricción de la competencia (considerandos 277 y siguientes), al que remite el considerando 368, tampoco contiene un examen de las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado. En efecto, contrariamente a lo que alega Transcatab, nada indica que se pueda deducir de esta parte de la Decisión impugnada –que analiza el alcance restrictivo de la competencia de los acuerdos entre los transformadores– que la Comisión considerase las repercusiones concretas de los cárteles sobre el mercado para determinar la gravedad de la infracción a efectos de la fijación de la multa.

167 Por otra parte, la referencia en términos bastante generales a los posibles efectos en los mercados posteriores impugnada por Transcatab se inscribe en el marco de las consideraciones relativas a la capacidad del cártel de compra de influir en las conductas de los transformadores (véase el anterior apartado 154 in fine). Pues bien, en la medida en que el cártel determinaba concretamente las cantidades de tabaco compradas por cada uno de los transformadores, Transcatab no puede alegar que es errónea la afirmación de que el cártel podía afectar las actividades posteriores de transformación del tabaco y de venta del tabaco transformado. En efecto, en cuanto que decidía las cantidades adquiridas del producto crudo, el cártel podía afectar sin duda las conductas de los transformadores posteriores en relación con el producto transformado. Por otra parte, Transcatab no expuso ninguna alegación ni proporcionó prueba alguna que cuestionaran dicha afirmación. Además, es preciso destacar que no existe ninguna mención en la Decisión impugnada a eventuales efectos sobre el precio de los cigarrillos para los consumidores finales, de modo que deben rechazarse las alegaciones formuladas al respecto por Transcatab.

168 Por lo que se refiere específicamente a los datos presentados por Transcatab o a los datos mencionados en la Decisión impugnada que probarían la inexistencia de efectos del cártel en el mercado (véase el anterior apartado 154), procede señalar que de la jurisprudencia se desprende que, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel, y éstos no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen una reducción de la multa (véanse las sentencias Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141 supra, apartado 287; Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147 supra, apartado 86, y Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146 supra, apartado 130, y la jurisprudencia citada).

169 Además, según la jurisprudencia, no se puede exigir a la Comisión, cuando queda acreditada la realización de la práctica colusoria, que demuestre sistemáticamente que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas afectadas alcanzar un nivel de precios de transacción superior o, como en el presente caso, en el supuesto de cárteles de compra, inferior al que habría existido sin la práctica colusoria. Sería desproporcionado exigir dicha demostración que requeriría recursos considerables puesto que supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez y cuya infalibilidad no está probada en absoluto (véanse, en este sentido, las sentencias Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141 supra, apartado 286; Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147 supra, apartado 85, y Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146 supra, apartado 129, y la jurisprudencia citada).

170 En el presente caso, el análisis de la parte de la Decisión impugnada referente a los hechos imputados muestra que los transformadores llevaron a cabo conscientemente las conductas contrarias a la competencia por las que fueron sancionados (véanse, por ejemplo, los considerandos 111, 124, 125, 141 y 158 de la Decisión impugnada). Por otra parte, esta consideración queda confirmada por el hecho de que el cártel tenía carácter secreto, como se desprende de los considerandos 363 y 473 de la Decisión impugnada. Además, según esta Decisión, los transformadores convinieron, en repetidas ocasiones, medidas destinadas a garantizar la puesta en práctica efectiva del cártel, tales como el envío recíproco de las facturas de sus proveedores respectivos (considerandos 122 y 129 de la Decisión impugnada), una obligación de consulta en caso de compras fuera de los acuerdos (considerando 139 de la Decisión impugnada), obligaciones de control de los empleados a fin de evitar que tomasen iniciativas sin la coordinación necesaria (considerando 140 de la Decisión impugnada), la creación de una estructura dirigida a garantizar la consecución de objetivos contrarios a la competencia (considerando 187 de la Decisión impugnada). Sobre este particular, es preciso también señalar que del considerando 383 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión declaró que se habían aplicado los acuerdos del cártel.

171 En estas circunstancias, procede desestimar las alegaciones de errores de la Comisión basadas en que no se aplicaron en el mercado los precios indicados por las partes en sus acuerdos y en que la Comisión disponía de datos que mostrarían un aumento de los precios del tabaco crudo superior al de los demás productos agrícolas.

– Sobre la dimensión geográfica del mercado

172 Por lo que respecta a la alegación relativa a la reducida dimensión geográfica del mercado afectado por la infracción, de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 a 149 se desprende que la dimensión del mercado geográfico no es un criterio independiente en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación de «muy graves» las infracciones que afectan a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado CE, ni el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones a la competencia geográficamente muy extensas pueden ser calificadas de ese modo. Por otra parte, como se ha recordado en el anterior apartado 148, unos acuerdos que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios de compra y el reparto de las cantidades compradas, pueden recibir, basándose únicamente en su propia naturaleza, la calificación de infracción muy grave, sin que sea necesario que tales conductas estén caracterizadas por una dimensión geográfica determinada. De lo anterior se deriva que el tamaño del mercado geográfico afectado, aun suponiéndolo limitado, no se opone a que se califique de «muy grave» la infracción declarada en el presente caso. Por consiguiente, la Comisión no incurrió en error alguno al calificar de «muy grave» la infracción habida cuenta de la dimensión geográfica del mercado afectado.

173 A mayor abundamiento, es preciso señalar que, si bien ha quedado acreditado que la producción de tabaco crudo se concentraba en determinadas regiones de Italia, es necesario se