Pues bien, no puede reprocharse a la Comisión haber cometido un error manifiesto de apreciación o no haber tenido en cuenta los límites de su amplia facultad de apreciación conforme al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), en el marco de la Comunicación titulada «La aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras», o haberse separado de manera contraria a Derecho de las reglas que ella misma se había impuesto a este respecto, puesto que la Comisión, para declarar la ayuda controvertida incompatible con el mercado interior, siguió fielmente en este asunto las reglas de dicha Comunicación.

Sin embargo, al limitar la posibilidad de autorizar las ayudas de salvamento «en forma de garantías sobre préstamos o en préstamos» a aquellas que sean «por naturaleza transitorias y reversibles», los apartados 15 y 25 de las Directrices de salvamento y de reestructuración reposan sobre la premisa general de que toda ventaja concedida provisionalmente en concepto de ayuda de salvamento, cualquiera que sea su forma, debe ser devuelta cuando no se cumplan, o se dejen de cumplir, las condiciones de autorización a las que se sometió su concesión provisional. Esta interpretación se corresponde con el carácter reversible y con la naturaleza de la ayuda de salvamento, cuyo único objetivo es permitir a la empresa en crisis atravesar un corto período de dificultades al término del cual consiga recuperarse por sí misma, lo que conlleva su obligación de reembolsar la ayuda, o presente un plan de reestructuración o de liquidación. En el caso de una garantía del Estado, este principio exige necesariamente la restitución de la ventaja económica que dicha garantía supuso para el beneficiario durante la duración de su concesión, no siendo suficiente a estos efectos su mera cancelación con efectos ex nunc, que, además, es contraria al concepto de recuperación.

Los apartados 15 y 25, letras a) y c), de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, cuyos principios generales son de aplicación en virtud del apartado 10 de la Comunicación relativa a las instituciones financieras, no se pronuncian ni sobre el objeto ni sobre el alcance material o temporal, ni sobre las modalidades de recuperación.

En materia de recuperación de ayudas de Estado, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales realizado por la Comisión, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo podrán tener, en principio, una confianza legítima en la legalidad de una ayuda si ésta se ha concedido respetando el procedimiento establecido en el artículo 108 TFUE, y normalmente un operador económico diligente debe poder verificar si se ha respetado dicho procedimiento. En particular, cuando se ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, de modo que resulta ilegal en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, el beneficiario de la ayuda no puede tener, en ese momento, una confianza legítima en la legalidad de la concesión de dicha ayuda.

En este contexto, el mero hecho de que la Decisión que autoriza una medida de salvamento de urgencia destinada a garantizar la supervivencia de una institución financiera insolvente no mencione expresamente la posibilidad de una declaración de incompatibilidad ulterior que pudiera dar lugar a una recuperación ex tunc de la ventaja concedida no es suficiente para fundamentar tales expectativas legítimas, dado que el enfoque posterior de la Comisión respetó las reglas pertinentes sobre la naturaleza transitoria y reversible de las ayudas de salvamento y la Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal indicó de manera inequívoca que, a falta de plan de reestructuración de una institución financiera insolvente, la autorización provisional de la ayuda controvertida, según se concedió en la Decisión que autoriza una medida de salvamento de urgencia destinada a garantizar la supervivencia de una institución financiera insolvente, no podía confirmarse ni mantenerse mediante la Decisión que debía adoptarse al término del procedimiento administrativo.

Por otra parte, tampoco puede admitirse la alegación del beneficiario de la ayuda, según la cual el hecho de que no se presentara un plan de reestructuración es por completo imputable al Estado miembro. En efecto, aun suponiendo que fuera así, e independientemente de las razones por las que tal plan no fue comunicado a la Comisión, no puede considerarse a ésta responsable de la omisión o de haber creado algún tipo de esperanza legítima del beneficiario en este contexto, en particular al haber adoptado todas las medidas apropiadas para presionar al Estado miembro para que le enviara un plan de reestructuración lo antes posible.

También es inoperante y, en cualquier caso, carece de todo fundamento jurídico la alegación de que la orden de recuperación es una «sanción» al beneficiario de la ayuda y de que perjudica seriamente los intereses de sus inversores y acreedores. En efecto, una orden de recuperación de una ayuda ilegal no constituye una sanción en sentido estricto, sino que se dirige únicamente a restablecer la situación anterior a la concesión de dicha ayuda.

Además, un beneficiario de una ayuda, en principio, no puede albergar una confianza legítima en la legalidad de una ayuda cuando ésta se concedió incumpliendo la obligación de notificación previa a la Comisión y en contra de la prohibición de ejecución de dicha ayuda conforme al artículo 108 TFUE, apartado 3, siendo, por lo tanto, ilegal.

Finalmente, la obligación de los Estados miembros de recuperar las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior no está limitada o cuestionada por el hecho de que el beneficiario sea insolvente.

(véanse los apartados 125, 129, 130 y 132 a 134)