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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 314/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas

(Asunto C-11/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Sexta Directiva 77/388/CEE - Impuesto sobre el valor añadido - Artículo 2, punto 1 - Prestaciones de servicios realizadas a título oneroso - Concepto - Radiodifusión pública - Financiación mediante tasa))

(2016/C 314/04)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší správní soud

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Odvolací finanční ředitelství

Demandada: Český rozhlas

Fallo

El artículo 2, punto 1, de la de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que una actividad de radiodifusión pública como la controvertida en el litigio principal, que se financia mediante una tasa abonada por las personas que sean propietarias o que posean un receptor de radio y que es ejercida por una sociedad de radiodifusión creada ex lege, no constituye ninguna prestación de servicios «realizada a título oneroso», a efectos de dicho precepto, y, por consiguiente, no está incluida en el ámbito de aplicación de la Sexta Directiva.

(1) DO C 138 de 27.4.2015.
2)

El artículo 24 de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que la explotación de obras de ingeniería rural como las controvertidas en el litigio principal consiste en la realización de prestaciones de servicios a título oneroso, dado que tales prestaciones guardan una relación directa con el canon percibido o que se percibirá, siempre y cuando dicho canon de reducido importe constituya el contravalor del servicio prestado, y aun cuando las prestaciones se realicen en cumplimiento de obligaciones normativas. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si el importe del canon percibido o que se percibirá permite, en tanto que contraprestación, apreciar la existencia de una relación directa entre las prestaciones de servicios efectuadas o que se efectuarán y dicha contraprestación, y, por consiguiente, el carácter oneroso de las prestaciones de servicios. En particular, el órgano jurisdiccional remitente deberá cerciorarse de que el canon previsto por las demandantes en el litigio principal no retribuye tan sólo parcialmente las prestaciones efectuadas o que se efectuarán, y que su importe no se ha determinado en función de otros posibles factores que pudieran, en su caso, desvirtuar la relación directa entre las prestaciones y su contraprestación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de mayo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākā tiesa — Letonia) — ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests

(Asunto C-273/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola - Reglamentos (CE) n.os 1257/1999 y 817/2004 - Ayudas al desarrollo rural - Recuperación de lo indebido - Ampliación de la superficie declarada durante el período quinquenal comprometido por encima del umbral previsto - Sustitución del compromiso inicial por un nuevo compromiso - Incumplimiento por parte del beneficiario de la obligación de presentar la solicitud anual de pago de la ayuda - Normativa nacional que exige el reembolso de todas las ayudas pagadas correspondientes a varios años - Principio de proporcionalidad - Artículos 17 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea])

(2016/C 260/13)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākā tiesa

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: ZS «Ezernieki»

Recurrida: Lauku atbalsta dienests

Fallo

El artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 817/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), atendiendo al objetivo del Reglamento n.o 1257/1999 del Consejo, y por el que se modifican y derogan determinados reglamentos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, y del Reglamento n.o 817/2004, al principio de proporcionalidad y a los artículos 17 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual el beneficiario de una ayuda, concedida como contrapartida de sus compromisos medioambientales de varios años de duración, queda obligado a reembolsar toda la ayuda ya pagada, debido a que no ha presentado la solicitud anual de pago de dicha ayuda correspondiente al último año del período quinquenal de sus compromisos, cuando, por una parte, ese período quinquenal sustituye a uno anterior a causa de la ampliación de la superficie de su explotación y, por otra parte, el citado beneficiario no ha dejado de cumplir sus obligaciones de explotación de la superficie declarada antes de esa ampliación.

(1) DO C 262 de 10.8.2015.
—

el hecho de que una disposición nacional mediante la que se transpone el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/118, como la controvertida en el litigio principal, no mencione explícitamente que la irregularidad a la que se hace referencia en dicha disposición de la Directiva debe haber dado lugar al despacho a consumo de los productos de que se trate, no impide aplicar la referida disposición nacional cuando se comprueba que algunos productos no han sido entregados, puesto que ello implica necesariamente el despacho a consumo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 16/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varbergs tingsrätt — Suecia) — P/Q

(Asunto C-455/15 PPU) (1)

([Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Artículo 23, letra a) - Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental - Orden público])

(2016/C 016/15)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Varbergs tingsrätt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: P

Demandada: Q

Fallo

El artículo 23, letra a), del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que, cuando no exista una violación manifiesta, habida cuenta del interés superior del menor, de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro o de un derecho reconocido como fundamental en ese ordenamiento jurídico, dicha disposición no permite al órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que se considera competente para resolver sobre la custodia de un menor denegar el reconocimiento de la resolución de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que ha resuelto sobre la custodia de dicho menor.

(1) DO C 346, de19.10.2015.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 243/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de mayo de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd/Secretary of State for Health

(Asunto C-547/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 2014/40/UE - Artículos 7, 18 y 24, apartados 2 y 3 - Artículos 8, apartado 3, 9, apartado 3, 10, apartado 1, letras a), c) y g), 13 y 14 - Fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco - Validez - Base jurídica - Artículo 114 TFUE - Principio de proporcionalidad - Principio de subsidiariedad - Derechos Fundamentales de la Unión - Libertad de expresión - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 11])

(2016/C 243/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Queen, a instancia de: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd

Demandada: Secretary of State for Health

con intervención de:

Imperial Tobacco Ltd, JT International SA, Gallaher Ltd, Tann UK Ltd, Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG, Benkert UK Ltd, Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Fallo

1) El artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden mantener o introducir otros requisitos en lo referente a los aspectos del empaquetado de productos del tabaco que no han sido armonizados por aquella Directiva.

2) El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2014/40 debe interpretarse en el sentido de que prohíbe la colocación, en el etiquetado de las unidades de envasado, en el embalaje exterior, así como en el propio producto del tabaco, de información que sea objeto de dicha disposición, incluso si es materialmente cierta.

3) El examen de las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Queen’s Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo)], no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de los artículos 7, 18 y 24, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/40, ni a la validez de las disposiciones que figuran en el capítulo II del título II de dicha Directiva.

(1) DO C 56 de 16.2.2015.
C 211/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de abril de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

(Asunto C-522/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libertad de establecimiento - Artículo 49 TFUE - Normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito la obligación de comunicar a la administración tributaria información acerca de los activos de clientes fallecidos, a efectos de la liquidación del impuesto sobre sucesiones - Aplicación de dicha normativa a las sucursales establecidas en otro Estado miembro, en el cual el secreto bancario prohíbe, en principio, tal comunicación))

(2016/C 211/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sparkasse Allgäu

Demandada: Finanzamt Kempten

Fallo

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que obliga a las entidades de crédito con domicilio social en ese Estado miembro a declarar a las autoridades nacionales los activos depositados o administrados en sus sucursales no autónomas establecidas en otro Estado miembro en caso de fallecimiento del propietario de dichos activos, residente en el primer Estado miembro, aun cuando el segundo Estado miembro no imponga ninguna obligación de declaración comparable y las entidades de crédito estén sometidas allí a secreto bancario bajo responsabilidad penal.

(1) DO C 65 de 23.2.2015.
2)

El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que el proyecto de una legislación regional que mantiene en vigor, a escala de la región de que se trate, las disposiciones de una legislación común a las distintas regiones de un Estado miembro ya expirada, se encuentra sujeto a la obligación de notificación establecida en dicho artículo 8, apartado 1, en la medida en que ese proyecto contenga reglamentos técnicos en el sentido del artículo 1 de la citada Directiva, de modo que el incumplimiento de dicha obligación supone la imposibilidad de invocar esos reglamentos técnicos contra un particular en un proceso penal. Tal obligación no resulta cuestionada por la circunstancia de que dicha legislación común había sido previamente notificada a la Comisión en fase de proyecto conforme al artículo 8, apartado 1, de la citada Directiva y establecía expresamente la posibilidad de una prórroga, de la que no obstante no se hizo uso.
1)

El artículo 23 del Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, en relación con los Reglamentos (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, y (CE) no 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 484/2009 de la Comisión, de 9 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, exija que el solicitante de una ayuda agroambiental presente al organismo pagador, al mismo tiempo que su solicitud de ayuda, un certificado relativo a la especie vegetal rara que le da derecho al pago de esta ayuda, siempre que esa normativa haya permitido a los operadores afectados cumplir sus requisitos en condiciones razonables, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI — English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), en la medida en que declara que, dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, cabe deducir que tampoco concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.
1)

El artículo 60, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que la ficción prevista en dicho precepto puede dar lugar a que se reconozca el derecho a las prestaciones familiares a una persona que no tenga su residencia en el territorio del Estado miembro competente para el abono de dichas prestaciones, siempre y cuando concurran todos los demás requisitos establecidos en la normativa nacional para la concesión de dichas prestaciones, lo cual corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 16/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach

(Asunto C-241/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra - Relación entre ese acuerdo y los convenios bilaterales en materia de doble imposición - Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Nacional de un Estado miembro de la Unión Europea - Trabajadores fronterizos - Impuesto sobre la renta - Reparto de la competencia fiscal - Conexión fiscal - Nacionalidad))

(2016/C 016/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Baden-Württemberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Roman Bukovansky

Demandada: Finanzamt Lörrach

Fallo

Los principios de no discriminación y de igualdad de trato, enunciados en el artículo 2 del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, y el artículo 9 de su anexo I, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un convenio bilateral en materia de doble imposición, como el Convenio de 11 de agosto de 1971 entre la Confederación Suiza y la República Federal de Alemania, modificado por el protocolo de revisión de 12 de marzo de 2002, en virtud del cual el derecho a gravar los rendimientos del trabajo de un contribuyente alemán que no posea la nacionalidad suiza, si bien ha trasladado su residencia de Alemania a Suiza, pero manteniendo su lugar de trabajo por cuenta ajena en el primer Estado, corresponde al Estado de la fuente de dichos rendimientos, en este caso la República Federal de Alemania, mientras que el derecho a gravar los rendimientos del trabajo de un nacional suizo, en una situación análoga, corresponde al Estado de la residencia, en el presente asunto a la Confederación Suiza.

(1) DO C 303, de 8.9.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 381/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 1 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL

(Asunto C-432/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Política social - Principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de edad - Directiva 2000/78/CE - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Artículo 2, apartados 1 y 2, letra a) - Diferencia de trato por motivos de edad - Comparabilidad de las situaciones - Pago de una indemnización por extinción de contrato de trabajo de duración determinada destinada a compensar la precariedad - Exclusión de los jóvenes que trabajan durante sus vacaciones escolares o universitarias])

(2015/C 381/11)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil de prud’hommes de Paris

Partes en el procedimiento principal

Demandante: O

Demandada: Bio Philippe Auguste SARL

Fallo

El principio de no discriminación por razón de edad, consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y concretado por la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una indemnización por extinción de contrato, abonada como complemento salarial al término de un contrato de trabajo de duración determinada cuando la relación contractual laboral no continúe con un contrato por tiempo indefinido, no debe abonarse en el supuesto de que el contrato se celebre con un joven para un período comprendido dentro de sus vacaciones escolares o universitarias.

(1) DO C 431, de 1.2.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 371/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 17 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Asunto C-257/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Transportes aéreos - Derechos de los pasajeros en caso de cancelación o de retraso de un vuelo - Reglamento (CE) no 261/2004 - Artículo 5, apartado 3 - Denegación de embarque y cancelación de un vuelo - Gran retraso de un vuelo - Compensación y asistencia a los pasajeros - Circunstancias extraordinarias])

(2015/C 371/13)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandante: C. van der Lans

Demandada: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Fallo

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un problema técnico, como el acaecido en el asunto principal, que sobrevino imprevistamente, que no es imputable a un mantenimiento deficiente y que tampoco fue descubierto con ocasión de un mantenimiento regular, no encaja en el concepto de «circunstancias extraordinarias», en el sentido de esa disposición.

(1) DO C 303, de 8.9.2014.