Dado que con arreglo al artículo 12 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia el recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia no tiene efecto suspensivo, el mero hecho de que la institución de la que emana el acto anulado haya adoptado las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia del Tribunal de la Función Pública no implica que renunciara a interponer un recurso de casación. En cualquier caso, en la medida en que conlleva la pérdida de un derecho, la renuncia a la interposición de un recurso sólo puede llevar aparejada la inadmisibilidad de un recurso si la renuncia se ha producido de manera clara e incondicional.

Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede llegar a la conclusión de que la autoridad competente para celebrar los contratos no está obligada en absoluto a motivar las decisiones de resolver los contratos de agentes temporales por tiempo indefinido escudándose en que en ese caso únicamente pesan sobre ella los requisitos de preaviso del despido previstos en el artículo 47, letra c), inciso i), del Régimen aplicable a los otros agentes.

La obligación de motivación tiene como finalidad, por una parte, proporcionar al interesado una indicación suficiente para saber si la decisión está bien fundada o si adolece de un vicio que permita impugnar su legalidad y, por otra parte, permitir al juez ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Una decisión que carece por completo de motivación, tanto respecto de su instrumentum como de los elementos textuales o contextuales que han podido rodear su adopción, no puede ser objeto de un control de legalidad interna por parte del juez, cualquiera que sea su alcance. A falta de la obligación de que el autor de la decisión exponga las razones que condujeron a su adopción, la capacidad del juez de desempeñar, cuando le es atribuida, la misión consistente en el control de la legalidad interna de los actos de los que conoce así como la tutela judicial conferida al justiciable se verían comprometidas y se dejarían a la discreción del autor de dicha decisión. Por lo tanto, el hecho de exigir a la institución que exponga los motivos de sus decisiones es indisociable de la existencia de un poder de control del juez sobre el fundamento de estas decisiones, que en una comunidad de Derecho debe garantizarse en condiciones equivalentes a todo justiciable que ejerza su derecho a la tutela judicial.

La obligación de motivación de toda decisión lesiva, prevista por el artículo 25 del Estatuto, que no es más que la reproducción de la obligación general establecida en el artículo 253 CE, constituye un principio esencial del Derecho comunitario, que sólo admite excepción en virtud de consideraciones imperiosas. Esta obligación contribuye a garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, principio general del Derecho comunitario que deriva de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Una excepción a este principio general y esencial de la obligación de la Administración de motivar sus decisiones, en particular las que resulten lesivas, sólo puede derivar de la voluntad expresa y unívoca del legislador comunitario, que no halla expresión en este sentido en las disposiciones generales de los artículos 25 del Estatuto y 11 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas. El mero hecho de que el Régimen aplicable a los otros agentes no prevea expresamente en su artículo 47, relativo a la extinción del contrato de los agentes temporales, que las decisiones adoptadas con arreglo a dicha disposición han de ser motivadas excluya la aplicación del artículo 25 del Estatuto.

Si no existiera esta obligación de motivación, el juez comunitario no podría ejercer debidamente su control, aun limitado, mientras que, en definitiva, la Administración sería libre para decidir la suerte de un agente temporal de manera arbitraria, y ello a pesar de que, cuando la autoridad competente decida sobre la situación de un agente, está obligada, al apreciar el interés del servicio, a tomar en consideración el conjunto de los elementos que puedan determinar su decisión, en particular el interés del agente de que se trate. En efecto, ello deriva del deber de asistencia y protección de la Administración, que refleja el equilibrio entre los derechos y obligaciones recíprocos que el Estatuto y, por analogía, el Régimen aplicable a los otros agentes crearon en las relaciones entre la autoridad pública y sus agentes.

(véanse los apartados 148 a 150, 153 y 160)