SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 12 de diciembre de 1996

Asunto T-74/95

Viriato Monteiro da Silva

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Antiguo experto nacional en comisión de servicios — Indemnizaciones diarias — Indemnización por gastos de instalación — Lugar de selección»

Texto completo en lengua francesa II-1559

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 6 de abril de 1994 por la que se fija en Bruselas el lugar de selección del demandante y se le deniega la concesión de la indemnización por gastos de instalación y de las indemnizaciones diarias.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

El demandante, anteriormente funcionario del Ministerio de Hacienda portugués adscrito a la Comisión en Bruselas como experto nacional en comisión de servicios, fue seleccionado como funcionario en prácticas por la Comisión y destinado a Bruselas.

Durante su comisión de servicios, el demandante que, conforme al régimen aplicable a los expertos nacionales en comisión de servicios, estaba obligado a residir en su lugar de destino o a una distancia de éste que no perjudicase el ejercicio de sus funciones, residió en Bruselas.

El demandante posee una residencia en Portugal, en Valadares, donde habitaba con su esposa y sus dos hijos antes de su comisión de servicios. Estos continuaron ocupando dicha residencia durante la comisión de servicios.

El 6 de abril de 1994 se informó al demandante, con ocasión de su incoiporación al servicio, que su lugar de selección se fijaba en Bruselas y que no tendría derecho a la indemnización por gastos de instalación, al reembolso de los gastos de viaje, al reembolso de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, ni a las indemnizaciones diarias.

El demandante interpuso una reclamación solicitando que su lugar de selección se fijase en Valadares y que, por consiguiente, se le concediesen la indemnización por gastos de instalación, el reembolso de los gastos de viaje ocasionados por su incorporación y anuales, el reembolso de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, y las indemnizaciones diarias.

La Comisión, después de desestimar la reclamación del demandante, le concedió, sin embargo, el reembolso, con carácter excepcional, de los gastos de transporte de mobiliario y enseres y fijó en Valadares, posteriormente, el lugar de origen del demandante.

Sobre el fondo

Sobre las indemnizaciones diarias

Para determinar si el funcionario se ha visto «obligado a cambiar de residencia» en el sentido del artículo 10 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Anexo VII» y «Estatuto»), la residencia que debe tenerse en cuenta es aquella en la que el interesado mantiene el centro de sus intereses (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de agosto de 1995, Parlamento/Vienne (C-43/94 P, Rec. p. I-2441), apartado 21

Para determinar el lugar en el que el interesado ha fijado, con voluntad de otorgarle un carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses, procede tener en cuenta todos los elementos justificativos de éste. Por lo tanto, la residencia que debe tenerse en cuenta no es forzosamente la que ocupaba el funcionario justo antes de su nombramiento (apartado 48).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión (C-452/93 P, Rec. p. I-4295), apartados 22 y 23; conclusiones del Abogado General Sr. Léger, Parlamento/Vienne, antes citada, Rec. p. I-2443, punto 25

En el momento de su selección como funcionario en prácticas, el demandante poseía una residencia en Valadares, donde habitaba de modo permanente antes de su comisión de servicios como experto nacional y donde su mujer y sus dos hijos continuaron habitando, siempre de modo permanente, después de su comisión de servicios. El demandante tenía en dicho lugar un vínculo laboral permanente con su empleador así como relaciones sociales de carácter estable. Por último, el demandante regresaba con frecuencia a este lugar durante su comisión de servicios, haciendo evidente de este modo su intención de mantener allí relaciones familiares y sociales permanentes (apartado 49).

Por el contrario, sólo ocupó su residencia de Bruselas para ejercer sus funciones en el marco de su comisión de servicios como experto nacional (apartado 51).

Referencia: Conclusiones del Abogado General Sr. Mancini, Tribunal de Justicia, 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento (188/83, Rec. pp. 3465 y ss., especialmente p. 3476); conclusiones del Abogado General Sr. Léger, Parlamento/Vienne, antes citadas, punto 25

De ello se deduce que la residencia que debe tenerse en cuenta a efectos del apartado 1 del artículo 10 del Anexo VII es la residencia del demandante situada en Valadares. Como consecuencia de su nombramiento como funcionario en prácticas y habida cuenta de sus obligaciones con arreglo al artículo 20 del Estatuto, el demandante se vio obligado a cambiar de residencia en el sentido del artículo 10 del Anexo VII (apartado 52).

Esta solución se atiene a la finalidad del artículo 10 del Anexo VII, cuyo objetivo es compensar los gastos y los inconvenientes ocasionados por la situación de precariedad en que se encuentra el funcionario en prácticas, en particular cuando está obligado a residir provisionalmente en el lugar de destino, al mismo tiempo que conserva, también con carácter provisional, su residencia anterior (apartado 53).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, Mouzourakis/Parlamento (280/85, Rec. p. 589), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Benzler/Comisión (T-63/91, Rec. p. II-2095), apartado 20

La precariedad de la situación del funcionario perdura hasta su nombramiento definitivo al finalizar su período de prácticas (apartado 53).

Referencia: Parlamento/Vienne, antes citada, apartado 27

Además, el demandante no tenía derecho al reembolso de los gastos de transporte de mobiliario y enseres de Valadares a Bruselas con arreglo al artículo 9 del Anexo VII antes de su nombramiento definitivo (apartado 54).

Referencia: Conclusiones del Abogado General Sr. Léger, Parlamento/Vienne, antes citadas, punto 31

Para tener derecho a las prestaciones de que se trata le corresponde al interesado probar que a) su residencia en el lugar de destino tenía un carácter provisional, en el sentido de que fue ocupada con el único fin de ejercer sus funciones en el marco de su traslado en comisión de servicios, durante un período determinado, por parte de su empleador de su país de origen; b) ha mantenido su antigua residencia en el lugar en que se encuentra el centro de sus intereses en su país de origen, y c) debido a su nombramiento, ya no puede habitar esta antigua residencia (apartado 55).

Se anula la decisión objeto de litigio en la medida en que deniega al demandante la concesión de las indemnizaciones diarias previstas en el artículo 10 del Anexo VII del Estatuto (apartado 56).

Sobre la indemnización por gastos de instalación

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII dispone que, para tener derecho a la indemnización por gastos de instalación, el funcionario debe cumplir uno de los dos requisitos alternativos siguientes, esto es, reunir las condiciones que dan derecho a la indemnización por expatriación o justificar que se han visto obligados a cambiar de residencia para cumplir las obligaciones del artículo 20 del Estatuto (apartados 57 y 58).

El demandante se ha acogido a la indemnización por expatriación que le ha sido concedida mediante una decisión de la Comisión que ha adquirido firmeza. Por lo tanto, tiene derecho a la indemnización por gastos de instalación (apartados 60 y 61).

Para acogerse a este derecho, el funcionario no tiene que probar, además, que se ha visto obligado a cambiar de residencia (apartado 61).

El interesado tampoco tiene que probar la existencia de gastos reales (apartado 62).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de noviembre de 1978, Verhaaf/Comisión (140/77, Rec. p. 2117); conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn, Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1982, Burg/Tribunal de Justicia (90/81, Rec. pp. 983 y ss., especialmente p. 995); Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1990, Yorck von Wartenburg/Parlamento (T-42/89, Rec. p. II-31), apartados 21 a 23

La indemnización por gastos de instalación se concede a un funcionario nombrado definitivamente y no a un funcionario en prácticas. De ello se deduce que, en el supuesto más frecuente, el de un funcionario en prácticas que posteriormente es nombrado definitivamente, el interesado ya se ha «instalado», al menos provisionalmente, en su lugar de destino a efectos de respetar sus obligaciones con arreglo al artículo 20 del Estatuto. Por consiguiente, la indemnización por gastos de instalación tiene por objeto compensar las cargas relacionadas con la situación de un funcionario debidamente nombrado definitivamente, que pasa de un estatuto precario a un estatuto definitivo y que, por lo tanto, debe colocarse en situación de residir e integrarse a su lugar de destino de un modo permanente y duradero por un período indeterminado pero considerable. Es razonable suponer que un funcionario que, de este modo, está obligado a constituir una residencia estable incurrirá en determinados gastos adicionales, en particular para acondicionar una vivienda apropiada para una estancia a largo plazo, que no debía realizar mientras su situación fuese precaria (apartado 63).

Referencia: Verhaaf/Comisión, antes citada, apartado 18

En cualquier circunstancia, este Tribunal de Primera Instancia entiende que debe considerarse que el demandante se ha visto obligado a cambiar de residencia para cumplir las obligaciones del artículo 20 del Estatuto, en el sentido del apartado 1 del artículo 10 del Anexo VII. De ello se deduce que el demandante cumple también el segundo requisito alternativo previsto en el apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII. Por lo tanto, tiene también derecho a la indemnización por gastos de instalación por este motivo (apartado 64).

Se anula la decisión objeto de litigio en la medida en que le deniega la concesión de la indemnización por gastos de instalación (apartado 66).

Sobre el lugar de selección

Este Tribunal de Primera Instancia entiende que debe considerarse que el lugar de selección del demandante es Valadares, donde conservaba su residencia habitual, mientras que la residencia de Bruselas, ocupada únicamente para ejercer sus funciones en el marco de su comisión de servicios, durante períodos relativamente cortos, debe asimilarse a una residencia provisional (apartado 70).

El concepto de «centro de interés», para la determinación del lugar de origen en el sentido del apartado 3 del artículo 7 del Anexo VIÏ, tiene un sentido amplio y se refiere al lugar en el que el funcionario conserva sus vínculos familiares principales, sus vínculos patrimoniales o sus intereses cívicos, sin que tenga necesariamente allí su residencia. Por el contrario, el lugar de selección es aquel en el que el funcionario tiene su residencia habitual en el momento de su selección (apartado 71).

Referencia: Benzler/Comisión, antes citada

Se anula la decisión objeto de litigio en la medida en que fija en Bruselas el lugar de selección del demandante (apartado 73).

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 6 de abril de 1994 en la medida en que fija en Bruselas el lugar de selección del demandante y le deniega la concesión de la indemnización por gastos de instalación prevista en el apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII del Estatuto y las indemnizaciones diarias previstas en el apartado 1 del artículo 10 de este mismo Anexo.