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En este contexto, el Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Land de Alta Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «A la vista de la conclusión del Tribunal de Justicia recogida en el fallo (y en el apartado 51) de su sentencia de 13 de febrero de 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), según la cual el artículo 49 TFUE se opone a una norma de un Estado miembro, como el artículo 10, apartado 2, punto 3, de la ApG, que fija, como criterio esencial para comprobar la existencia de necesidad para la apertura de una nueva oficina de farmacia, un límite fijo del número de personas a las que se debe seguir abasteciendo (concretamente 5500), ¿debe interpretarse el artículo 49 TFUE, en particular la exigencia de coherencia en la consecución del objetivo perseguido, a) en el sentido de que el hecho de fijar un límite, que no tiene sólo un valor indicativo, sino que es también preciso (es decir, cuantificado, y que no puede, por tanto, flexibilizarse mediante interpretación), hace esta normativa globalmente incongruente y, por tanto, contraria al Derecho de la Unión, en la medida en que las autoridades nacionales competentes no tienen, en principio, la posibilidad de prever excepciones a este límite para tener en cuenta particularidades locales [por cuanto los criterios que enuncia el apartado 24 de la sentencia de 13 de febrero de 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), para la consecución congruente y sistemática del objetivo perseguido deben cumplirse en cada caso de manera acumulativa], de manera que, a nivel nacional, este criterio basado en la comprobación de la existencia de necesidad no puede aplicarse hasta que el legislador nacional lo sustituya por una normativa más flexible, conforme al Derecho de la Unión (análoga, por ejemplo, al artículo 10, apartado 6, de la ApG, relativo al límite de 500 metros fijado por el artículo 10, apartado 2, punto 2, de la ApG), o bien b) en el sentido de que la fijación en el artículo 10, apartado 2, punto 3, de la ApG de un límite, que no tiene sólo un valor indicativo, sino que es también preciso (es decir, cuantificado, y que no puede, por tanto, flexibilizarse mediante interpretación), sólo es contrario al Derecho de la Unión en la medida en que éste sea aplicable en un caso concreto a una situación en la que existe efectivamente necesidad de abrir una farmacia debido a particularidades locales o a otros datos fácticos, so pena de no garantizar un acceso apropiado a los medicamentos [véase el apartado 45, en combinación con el apartado 50 de la sentencia de 13 de febrero de 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68)] a determinadas personas (en particular “visitantes”, recién llegados, etc.), aunque esto reduzca efectivamente, en el futuro, el abastecimiento potencial de una o varias farmacias existentes por debajo del umbral de 5500 personas, de manera que sólo se deja de aplicar este criterio basado en la comprobación de la existencia de necesidad en esos casos, ya sea en zona rural, urbana o de otro tipo, hasta que el legislador nacional adopte una nueva normativa de clarificación, o bien c) en el sentido de que la fijación por el artículo 10, apartado 2, punto 3, de la ApG de un límite, que no tiene sólo un valor indicativo, sino que es también preciso (es decir, cuantificado, y que no puede, por tanto, flexibilizarse mediante interpretación), sólo es contrario al Derecho de la Unión en la medida en que sea aplicable en un caso concreto a una situación relativa a una región rural y aislada, aunque ello reduzca efectivamente, en el futuro, el abastecimiento potencial de una o varias farmacias existentes por debajo del umbral de 5500 personas, de manera que sólo puede dejar de aplicarse este criterio basado en la comprobación de la existencia de necesidad si tiene repercusiones en la población que reside en una región rural y/o aislada, hasta que el legislador nacional adopte una nueva normativa de clarificación?»