5.

La demandante no invoca la invalidez del Reglamento no 229/73. Ello no impide, sin embargo, que se examine en cuanto al fondo su recurso de indemnización de daños y perjuicios, que con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, constituye un recurso autónomo con respecto al recurso de anulación. En las sentencias posteriores en materia de responsabilidad no se repite la afirmación contenido en la sentencia de 2 de diciembre de 1971, Zuckerfabrik Schoppenstedt (5/71, Rec. p. 975), apartado 11, según la cual «la responsabilidad extracontractual de la Comunidad requiere como mínimo el carácter ilícito del acto supuestamente generador del perjuicio». Por el contrario, en la sentencia de 13 de junio de 1972, Compagnie d'Approvisionnement (asuntos acumulados 9/71 y 11/71, Rec. 1972, pp. 391 y ss., especialmente p. 408) el Tribunal de Justicia admitió implícitamente la posibilidad de responsabilidad de la Comunidad por un acto normativo legítimo, al afirmar (apartados 46 y 47) que «la posible responsabilidad por un acto normativo legítimo no puede existir en una situación como la de autos, ya que la finalidad de las disposiciones adoptadas por la Comisión era únicamente atenuar, en el interés económico general, las consecuencias que la decisión nacional de devaluar el franco tendría sobre los operadores franceses en general». Por consiguiente, la existencia de responsabilidad de la Comunidad por un acto normativo ilegítimo se excluyó atendiendo a las características propias del caso de que se trataba, y no en términos generales. No obstante, debo añadir que según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, «tratándose de un acto normativo que implica decisiones de política económica, dicha responsabilidad de la Comunidad por el perjuicio que hayan sufrido los particulares a causa de dicho acto sólo puede exigirse en caso de infracción suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que proteja a los particulares, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado» (sentencias Zuckerfabrik, 5/71,↔ Rec. 1971, p. 984; Compagnie d'Approvisionemment, asuntos acumulados 9/71 y 11/71, Rec. 1972, p. 404; Merkur, 43/72, Rec. 1973, p. 1055, apartado 8, y Werhann/Consejo, asuntos acumulados 63/72 a 69/72, Rec. 1973, p. 1229, apartado 10). Por consiguiente, para constituir un acto ilícito de la Comunidad que genere su responsabilidad, la infracción de una norma de este tipo no requiere necesariamente la invalidez del acto normativo. Cuando se trata de una norma cuya finalidad es proteger el interés de los particulares, el perjuicio que resulta de su infracción, en especial cuando se limita a situaciones pasadas que no pueden volver a producirse en el futuro, podrá ser reparado adecuadamente mediante la indemnización del perjuicio a los particulares, sin necesidad de suprimir el acto normativo en cuestión. Este criterio responde a necesidades lógicas y prácticas. En efecto, pueden concebirse principios cuya violación puede llevar consigo un acto ilícito, y, por consiguiente, una responsabilidad extracontractual de la Administración, sin que de ello deba derivarse no obstante la invalidez del acto normativo; así sucede precisamente cuando dicho acto, aun respondiendo al interés general, constituye, para determinados sujetos, una violación del principio general que exige el cumplimiento de las promesas hechas por la Administración a los administrados. Según la demandante, el carácter funcional de dicho criterio se aprecia claramente en el caso de autos, ya que de haber existido efectivamente un incumplimiento de la promesa bastaría para restablecer el equilibrio la indemnización de los daños que ello hubiera causado individualmente a los exportadores comunitarios.