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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 262/8

Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2015 por Maxcom Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 19 de marzo de 2015 en el asunto T-413/13, City Cycle Industries/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-248/15 P)

(2015/C 262/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Maxcom Ltd (representantes: L. Ruessmann, abogado, y J. Beck, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: City Cycle Industries, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se declare admisible y fundado el recurso de casación.

— Que se anulen las conclusiones del Tribunal General en relación con la segunda parte del primer motivo.

— Que se desestime en su totalidad el primer motivo de la demandante en primera instancia.

— Que se condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas de recurso y de intervención de la recurrente.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

— El Tribunal General incurrió en error manifiesto al considerar que, en virtud del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base (1), el Consejo no podía concluir que la demandante en primera instancia se dedicaba a operaciones de tránsito por el hecho de que ésta 1) no era originariamente un productor esrilanqués y 2) no realizaba operaciones de montaje más allá de los umbrales establecidos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base.

— Subsidiariamente, la anulación del Reglamento 501/2013 (2) en lo que se refiere a la demandante en primera instancia no podría justificarse aunque las conclusiones del Consejo sobre el tránsito fuesen incorrectas, ya que el Tribunal confirmó tanto que la demandante en primera instancia participaba en operaciones de montaje que no iban más allá del umbral establecido en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base como que se daban todos los demás requisitos necesarios para denegar a la demandante en primera instancia una exención de las medidas de elusión.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).

(2) Reglamento de Ejecución (UE) no 501/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO L 153, p. 1).
(ii)

las autoridades exijan el pago íntegro del impuesto de matriculación como requisito previo para su utilización inmediata y, en caso de no concederse la autorización, dicho importe no se ajusta y no se devuelve el saldo restante cuando finaliza el período de uso temporal?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/16

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Liège (Bélgica) el 30 de marzo de 2015 — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL

(Asunto C-149/15)

(2015/C 213/25)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Liège

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sabrina Wathelet

Demandada: Garage Bietheres & Fils SPRL

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el concepto de «vendedor» de bienes de consumo, previsto en el artículo 1649

bis

del Code civil belga, introducido por la loi du 1 septembre 1994 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (Ley de 1 de septiembre de 1994, relativa a la protección del consumidor en caso de venta de bienes de consumo), que transpone al Derecho belga la Directiva 1999/44/CE,

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

,

1

en el sentido de que se refiere no sólo al profesional que, en calidad de vendedor, transmite la propiedad de un bien de consumo a un consumidor, sino también al profesional que actúa como intermediario para un vendedor no profesional, al margen de que perciba una retribución por su intervención y de que haya informado al potencial comprador de que el vendedor es un particular?

(1) Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171, p. 12).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 190/6

Recurso de casación interpuesto el 30 de marzo de 2015 por Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 20 de enero de 2015 en el asunto T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-153/15 P)

(2015/C 190/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (representantes: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, advokat, G. Pandey, Advocaat, D. Rovetta, avocat, M. Gambardella, avvocato)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto del Tribunal General de 20 de enero de 2015 en el asunto T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consejo de la Unión Europea, y declare la admisibilidad del recurso de anulación.

— Devuelva el asunto al Tribunal General.

— Condene al Consejo al pago de las costas del presente procedimiento de casación.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente formula dos motivos, mediante los que alega que el Tribunal General basó el auto impugnado en errores manifiestos de apreciación y errores de Derecho.

La recurrente considera que el Tribunal General incurrió en errores manifiestos de apreciación al declarar, en primer lugar, que se produjo una notificación individual completa el 19 de octubre de 2012 y, en segundo lugar, que esta notificación tuvo lugar antes de la publicación del anuncio general en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de octubre de 2012.

Además, la recurrente estima que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho: en primer lugar, al no atenerse al requisito de que una notificación debe estar motivada; en segundo lugar, al declarar que una notificación individual podría entrañar la reducción del plazo para impugnar judicialmente un acto jurídico de la Unión Europea; en tercer lugar, al no tener en cuenta las consecuencias jurídicas de las elecciones realizadas por el Consejo en lo que respecta al procedimiento de notificación y, en cuarto lugar, al no tomar en consideración la interpretación legítima de la ley en el momento de la interposición de la demanda.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 198/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 26 de marzo de 2015 — K. Ruijssenaars, A. Jansen/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

(Asunto C-145/15)

(2015/C 198/29)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: K. Ruijssenaars, A. Jansen

Demandadas: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

Cuestión prejudicial

El artículo 16 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1), habida cuenta de que el Derecho neerlandés ofrece acceso al juez de lo civil para la protección de los derechos que los pasajeros, en virtud del Derecho de la Unión, pueden deducir de los artículos 5, apartado 1, inicio y letra c), y 7, del Reglamento, ¿obliga a las autoridades nacionales a adoptar medidas de aplicación que ofrezcan una base para que la autoridad designada en virtud del artículo 16 pueda adoptar medidas administrativas con el fin de que se dé cumplimiento al Reglamento de forma individual en cada caso concreto en el que se infrinjan los artículos 5, apartado 1, inicio y letra c), y 7, del Reglamento, al objeto de poder garantizar de forma individual en cada caso concreto el derecho a compensación de un pasajero?
—

El artículo 39, apartado 3, de la Directiva establece que los Estados miembros velarán por que las marcas fiscales no creen obstáculo alguno a la libre circulación de los productos sujetos a impuestos especiales. La prohibición consagrada en la Orden crea tales obstáculos, al determinar que las cajetillas de cigarrillos que lleven adherida la precinta de un determinado año económico sólo pueden ser vendidas y comercializadas hasta el final del tercer mes del año siguiente al que corresponde dicha precinta. El temor de los importadores a no conseguir deshacerse de las existencias, que no pueden ser vendidas si se modifica el tipo del impuesto, podrá disuadirles de efectuar adquisiciones normales, en particular las procedentes de otros Estados miembros, y, de ese modo, afectar al comercio en un nivel que excede lo necesario para evitar, por ejemplo, un despacho a consumo excesivo antes del aumento de un impuesto especial.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 138/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyssí správní soud (República Checa) el 13 de enero de 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas

(Asunto C-11/15)

(2015/C 138/37)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší správní soud

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Odvolací finanční ředitelství

Recurrida: Český rozhlas

Cuestión prejudicial

¿Constituye la actividad pública de radiodifusión, financiada con cargo a tasas legales obligatorias cuyo importe se establece por ley, sobre la base de la titularidad o posesión de aparatos receptores de radio, o del derecho a utilizarlos por otros motivos, una «prestación de servicios realizada a título oneroso» en el sentido del artículo 2, apartado 1 de la Sexta Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, que está exenta del IVA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra q), de dicha Directiva, o una actividad no económica no sujeta al IVA en virtud del artículo 2 de la Sexta Directiva a la que, por consiguiente, no se aplica la exención del IVA prevista en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra q), de dicha Directiva?

(1) DO L 145, p. 1.
—

Por lo que respecta al tercer motivo, el Tribunal General no facilitó un razonamiento suficiente ni coherente de por qué la resolución recurrida acertadamente no consideró a las agrupaciones de interés económico (en lo sucesivo, «AIE») como potenciales beneficiarias del NREAF ni definió un marco de referencia para evaluar los efectos de la medida. Además, el Tribunal General no facilitó motivación bastante que explicara por qué la resolución recurrida explicaba suficientemente de qué modo el NREAF era parte inherente del sistema general.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/7

Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2014 — Comisión Europea/República Italiana

(Asunto C-601/14)

(2015/C 089/08)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Traversa y F. Moro, agentes)

Demandada: República Italiana

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80/CE (1), al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la existencia de un sistema de indemnización de las víctimas de todos los delitos dolosos violentos cometidos en su territorio.

— Que se condene en costas a la República Italiana.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva 2004/80/CE instaura un sistema de cooperación entre autoridades nacionales para facilitar el acceso de las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas a una indemnización adecuada en toda la Unión Europea. El sistema se basa en los regímenes de los Estados miembros en materia de indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios. Con la finalidad de garantizar que este sistema de cooperación sea operativo, el artículo 12, apartado 2, de la Directiva establece que los Estados miembros deberán disponer o dotarse de un régimen de indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios, que asegure a las víctimas una indemnización justa y adecuada. Esta obligación debe entenderse referida a todos los delitos dolosos violentos y no únicamente a algunos de ellos.

El ordenamiento jurídico italiano establece un régimen nacional de indemnización a las víctimas de delitos constituido por una serie de leyes especiales relativas a la indemnización de determinados delitos dolosos violentos, pero no prevé un sistema general de indemnización aplicable a las víctimas de todos los delitos dolosos violentos tipificados en el Código Penal italiano. En particular, el ordenamiento jurídico italiano no prevé un régimen de indemnización para los delitos dolosos violentos de la denominada «delincuencia común» no regulados por las leyes especiales.

Por consiguiente, procede declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80/CE.

(1) Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO L 261, p. 15).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 81/8

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 19 de diciembre de 2014 — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(Asunto C-592/14)

(2015/C 081/10)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: European Federation for Cosmetic Ingredients

Demandada: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

Coadyuvantes: British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, (1) en el sentido de que prohíbe la introducción en el mercado comunitario de productos cosméticos que contengan ingredientes o una combinación de ingredientes que hayan sido objeto de ensayos en animales, si tales ensayos han sido realizados fuera de la Unión Europea con objeto de cumplir los requisitos legales o reglamentarios de países terceros para la comercialización de productos con dichos ingredientes en tales países?

2) ¿Depende la respuesta a la primera cuestión de: a) si la evaluación de la seguridad, realizada con arreglo al artículo 10 de dicho Reglamento para demostrar que el producto cosmético es seguro para la salud humana antes de su comercialización en el mercado comunitario, supone el uso de información obtenida de ensayos en animales realizados fuera de la Unión Europea; b) si los requisitos legales o reglamentarios de los países terceros afectan a la seguridad de los productos cosméticos; c) si era razonablemente previsible, en la época en que se realizaron los ensayos en animales de un ingrediente fuera de la Unión Europea, que una persona pudiera pretender introducir en el mercado comunitario un producto cosmético que comprenda dicho ingrediente en alguna fase, y/o d) cualquier otro factor, y de ser así, cuál?

(1) DO L 342, p. 59.
1)

¿Es total o parcialmente nula la Directiva por no constituir el artículo 114 TFUE una base jurídica adecuada? En particular: a) En relación con el artículo 24, apartado 2, de la Directiva: i) correctamente interpretado, ¿en qué medida permite a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas sobre cuestiones relativas a la «normalización» del embalaje de los productos del tabaco?, y ii) conforme a dicha interpretación, ¿es nulo el artículo 24, apartado 2, por no constituir el artículo 114 TFUE una base jurídica adecuada? b) ¿Es nulo el artículo 24, apartado 3, de la DPT2, que permite a los Estados miembros prohibir una determinada categoría de tabaco o de productos relacionados en determinadas circunstancias, por no constituir el artículo 114 TFUE una base jurídica adecuada? c) ¿Son nulas las siguientes disposiciones por no constituir el artículo 114 TFUE una base jurídica adecuada?: i) las disposiciones del capítulo II del título II de la DPT2, relativas al etiquetado y envasado; ii) el artículo 7 de la DPT2, en la medida en que prohíbe los cigarrillos mentolados y los productos del tabaco con aroma característico; iii) el artículo 18 de la DPT2, que faculta a los Estados miembros para prohibir las ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco, y iv) los artículos 3, apartado 4, y 4, apartado 5, de la DPT2, que otorga poderes delegados a la Comisión en relación con los niveles de emisión.
5.

Más en particular, se reprocha a la República Helénica que no haya establecido un marco legal nacional completo y coherente y no haya adoptado medidas de protección concretas, específicas y efectivas y haya tolerado actividades que no sólo pueden deteriorar o destruir los sitios de reproducción sino también perturbar los especímenes de la especie, en particular durante los períodos de incubación, salida de los huevos y de migración de los recién nacidos al mar.
1.

El Tribunal General no fundamentó adecuadamente la existencia de un riesgo de confusión efectivo entre las marcas controvertidas. Declarar un riesgo de confusión efectivo entre dos marcas adecuada y objetivamente no puede consistir simplemente en afirmar que, a la luz de la identidad de sus respectivos productos, y a la vista de la ínfima similitud visual y del bajo grado de similitud fonética que existe entre ellas (y pese a que carecen de similitud desde el punto de vista conceptual), no cabe descartar que el consumidor relevante pueda percibir que sus respectivos productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. «Riesgo de confusión» no significa una mera posibilidad de confusión, sino más bien la probabilidad de que se produzca esa confusión. El riesgo de confusión no puede presumirse únicamente porque exista cierto grado de similitud entre dos marcas, aun cuando sus respectivos productos son idénticos.
1)

¿Se oponen los artículos 56 del Estatuto de los Trabajadores — Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo —, Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y los artículos 123 y 124.13 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social — Ley 36/2011 de 10 de octubre — (por remisión implícita a los preceptos anteriores) a los artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión Europea — en su versión consolidada — en cuanto materialmente aumentan las indemnizaciones autorizadas por la Resolución de la Comisión Europea en el procedimiento «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group»?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 329/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus miesto apylinkės teismo (Lituania) el 23 de julio de 2014 — ERGO Insurance SE, que interviene a través de su sucursal lituana ERGO Insurance SE/If P&C Insurante AS, que interviene a través de su sucursal If P&C Insurance AS

(Asunto C-359/14)

2014/C 329/11

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ERGO Insurance SE, que interviene a través de su sucursal lituana ERGO Insurance SE

Demandada: If P&C Insurante AS, que interviene a través de su sucursal If P&C Insurance AS

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 [de junio de] 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (1), que dispone que «cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados 1 o 2, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos», en el sentido de que, en circunstancias como las del caso de autos, debe aplicarse la ley alemana?

2) Si la respuesta a la primera cuestión fuera negativa, ¿debe interpretarse el principio establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (2) en el sentido de que, en circunstancias como las del caso de autos, la ley aplicable al litigio entre la aseguradora de la cabeza tractora y la aseguradora del remolque ha de determinarse con arreglo a la legislación del país donde se encuentra el lugar en el que se produjo el daño resultante del accidente de circulación?

(1) DO L 177, p. 6.

(2) DO L 199, p. 40.
—

¿Está obligado un agricultor que, sin mediar relación contractual con el titular, ha utilizado el producto de la cosecha obtenido del cultivo de material de propagación de una variedad protegida, a pagar una indemnización razonable con arreglo al artículo 94, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2100/94 (1) del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, y, en caso de dolo o negligencia, a indemnizar por el perjuicio resultante de la infracción de la protección con arreglo al artículo 94, apartado 2, de dicho Reglamento, siempre que, en el momento en que utilice realmente el producto de la cosecha con fines de propagación en el campo, no haya cumplido aún la obligación de pagar una remuneración justa (cuota de cultivo) que le incumbe en virtud del artículo 14, apartado 3, cuarto guión, de dicho Reglamento en relación con los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) no 1768/95 (2) de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales?
1)

¿Estamos ante un transporte de animales que no se efectúa en relación con una actividad económica en el sentido del artículo 1, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1/2005 (1) cuando dicho transporte lo realiza una asociación protectora de animales reconocida como de utilidad pública y se destina a la entrega de perros sin dueño a terceros a cambio de una contraprestación («precio nominal») que a) no llega a cubrir, o cubre estrictamente, los gastos que a la asociación generan el animal, el transporte y la entrega al nuevo dueño; b) excede dichos gastos, pero el beneficio se dedica a financiar los gastos no cubiertos por la búsqueda de hogar a otros animales sin dueño, los gastos causados por animales sin dueño u otros proyectos de protección de animales?