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En el apartado 92 de la sentencia Hassan, así como en el apartado 116 de la sentencia recurrida Ayadi, redactada en términos similares, se señala que, en las sentencias Yusuf y Kadi del Tribunal de Primera Instancia, éste declaró, en particular, lo que se expone a continuación: «[…] — desde el punto de vista del Derecho internacional, las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados miembros de la [Organización de las Naciones Unidas (ONU)] prevalecen sobre todas las demás obligaciones de Derecho interno o de Derecho internacional convencional, incluidas las obligaciones impuestas con arreglo al [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»)], en el caso de los Estados que sean miembros del Consejo de Europa, y las impuestas con arreglo al Tratado CE, en el caso de los Estados que sean también miembros de la Comunidad (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 231, y Kadi, apartado 181); — disfrutan igualmente de dicha primacía las decisiones contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 234, y Kadi, apartado 184); — aunque no sea miembro de Naciones Unidas, debe considerarse que las obligaciones impuestas por la Carta de las Naciones Unidas vinculan a la Comunidad, al igual que a sus Estados miembros, en virtud de su propio Tratado constitutivo (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 243, y Kadi, apartado 193); — por una parte, la Comunidad no puede violar las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a sus Estados miembros ni obstaculizar su cumplimiento y, por otra parte, la Comunidad se encuentra obligada, en virtud del propio Tratado que la creó, a adoptar en el ejercicio de sus competencias todas las disposiciones necesarias para permitir que sus Estados miembros respeten tales obligaciones (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 254, y Kadi, apartado 204); — en consecuencia, procede desestimar las alegaciones invocadas contra los Reglamentos impugnados y basadas, por una parte, en la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario con respecto al ordenamiento jurídico creado por las Naciones Unidas, y, por otra, en la necesidad de incorporar las resoluciones del Consejo de Seguridad al Derecho interno de los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones constitucionales y con los principios fundamentales de dicho Derecho (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 258, y Kadi, apartado 208); — el Reglamento [controvertido], adoptado en vista de la Posición común 2002/402, constituye el cumplimiento, en el ámbito de la Comunidad, de una obligación que recae sobre sus Estados miembros, en cuanto miembros de la ONU, de aplicar, eventualmente a través de un acto comunitario, las sanciones contra Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos que fueron impuestas y posteriormente reforzadas por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 264, y Kadi, apartado 213); — en este contexto, las instituciones comunitarias actuaron en ejercicio de una competencia reglada, de modo que no disponían de ningún margen de apreciación autónomo (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 265, y Kadi, apartado 214); — conforme a las consideraciones anteriores, ni en Derecho internacional ni en Derecho comunitario resulta aceptable la afirmación de que el Tribunal de Primera Instancia es competente para controlar, de modo incidental, la legalidad de las decisiones del Consejo de Seguridad o del Comité de Sanciones utilizando como criterio de referencia el nivel de protección de los derechos fundamentales reconocido en el ordenamiento jurídico comunitario (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 272, y Kadi, apartado 221); — por tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas no están sometidas en principio al control jurisdiccional del Tribunal de Primera Instancia y éste no se encuentra autorizado a cuestionar, ni siquiera de modo incidental, su legalidad desde el punto de vista del Derecho comunitario; por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia está obligado a interpretar y aplicar dicho Derecho, en la medida de lo posible, de tal modo que sea compatible con las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados miembros (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 276, y Kadi, apartado 225); — no obstante, el Tribunal de Primera Instancia está facultado para controlar, de modo incidental, la legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas desde el punto de vista del ius cogens, entendido como un orden público internacional que se impone a todos los sujetos del Derecho internacional, incluidos los órganos de la ONU, y que no tolera excepción alguna (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 277, y Kadi, apartado 226); — la congelación de fondos prevista en el Reglamento [controvertido] no vulnera ni el derecho fundamental de los afectados a disponer de sus bienes ni el principio general de proporcionalidad, utilizando como criterio de referencia el nivel de protección universal de los derechos fundamentales de la persona establecido en el ius cogens (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia], apartados 288 y 289, y Kadi, apartados 237 y 238); — dado que las resoluciones del Consejo de Seguridad de que se trata no reconocen un derecho de los afectados a ser oídos por el Comité de Sanciones antes de su inscripción en la lista controvertida y que ninguna norma imperativa de las que conforman el orden público internacional parece exigir una audiencia de ese tipo en las circunstancias del presente caso, procede desestimar las alegaciones basadas en la supuesta vulneración del citado derecho (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartados 306, 307 y 321, y Kadi, apartados 261 y 268); — en concreto, en estas circunstancias, cuando se discute una medida cautelar que restringe la disponibilidad de los bienes de los afectados, el respeto de sus derechos fundamentales no exige que se les comuniquen los hechos o pruebas utilizados en su contra, desde el momento en que el Consejo de Seguridad o su Comité de Sanciones estiman que existen razones relacionadas con la seguridad de la comunidad internacional que se oponen a ello (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 320, y Kadi, apartado 274); — las instituciones comunitarias tampoco estaban obligadas a oír a los afectados antes de adoptar el Reglamento [controvertido] (sentencia Yusuf [del Tribunal de Primera Instancia], apartado 329) o en el contexto de su adopción y aplicación (sentencia Kadi [del Tribunal de Primera Instancia], apartado 259); — en el marco de un recurso de anulación [como el del caso de autos], el Tribunal de Primera Instancia ejerce un control total sobre la legalidad de los Reglamento impugnados en lo que respecta a la observancia por parte de las instituciones comunitarias de las reglas de competencia, así como de las reglas de legalidad formal y de los requisitos sustanciales de forma a que está sometida su actuación; el Tribunal de Primera Instancia ejerce igualmente un control sobre la legalidad de los Reglamentos impugnados desde el punto de vista de las resoluciones del Consejo de Seguridad que dichos Reglamentos pretenden aplicar, en particular en lo relativo a la adecuación formal y material del Reglamento a las resoluciones, a la coherencia interna y a la proporcionalidad existente entre aquellos y éstas; el Tribunal de Primera Instancia controla también la legalidad de los Reglamentos impugnados e, indirectamente, la legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas desde el punto de vista de las normas superiores del Derecho internacional que conforman el ius cogens, y en particular de las normas imperativas para la protección universal de los derechos de la persona (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartados 334, 335 y 337, y Kadi, apartados 279, 280 y 282); — en cambio, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia controlar indirectamente la conformidad de las propias resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas con los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario; tampoco corresponde al Tribunal de Primera Instancia verificar la inexistencia de error en la apreciación de los hechos y pruebas que el Consejo de Seguridad tuvo en cuenta para adoptar las medidas decididas por él, y ni siquiera controlar indirectamente la oportunidad o la proporcionalidad de tales medidas, salvo en lo que respecta al limitado ámbito que se ha definido en el guión anterior (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartados 338 y 339, y Kadi, apartados 283 y 284); — en este contexto, los afectados no disponen de ninguna vía de recurso jurisdiccional, ya que el Consejo de Seguridad no ha estimado oportuno crear un tribunal internacional independiente encargado de juzgar los recursos interpuestos contra las decisiones individuales adoptadas por el Comité de Sanciones, tanto en lo relativo a los hechos como a su apreciación jurídica (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 340, y Kadi, apartado 285); — la laguna que se acaba de señalar en el guión anterior en la protección judicial de los demandantes no es en sí contraria al ius cogens, ya que, a) el derecho de acceso a los tribunales no constituye un derecho absoluto; b) en el presente caso, la limitación del derecho de acceso a los tribunales de los afectados, que es consecuencia de la inmunidad de jurisdicción de que disfrutan en principio, dentro del ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, debe considerarse inherente a dicho derecho; c) dicha limitación se justifica tanto por la naturaleza de las decisiones que el Consejo de Seguridad se ve obligado a adoptar en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas como por el objetivo legítimo que se persigue, y d) al no existir un tribunal internacional competente para controlar la legalidad de los actos del Consejo de Seguridad, la creación de un órgano como el Comité de Sanciones y la posibilidad, prevista en la normativa, de dirigirse a él en todo momento para obtener la revisión de cualquier caso individual mediante un mecanismo formalizado en el que participan los Gobiernos implicados, constituyen otra vía razonable para proteger adecuadamente los derechos fundamentales de los afectados, tal como son reconocidos por el ius cogens (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartados 341 a 345, y Kadi, apartados 286 a 290); — por tanto, procede desestimar las alegaciones en contra [de los Reglamentos impugnados] basadas en la supuesta vulneración del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 346, y Kadi, apartado 291).»