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1

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de esta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.
C 372/15

Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (España) el 23 de julio de 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Asunto C-560/19)

(2019/C 372/16)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: GT

Demandada: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se puede entender comprendid[a] en el concepto de «transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo» a una sociedad que tiene por objeto social el transporte aéreo de pasajeros y que vende el billete pero que no opera el vuelo, esto es, que no lo realiza efectivamente?

2) En caso de respuesta negativa a la anterior, ¿existe el derecho de compensación a favor de los pasajeros del artículo 7 del Reglamento 261/2004 (1) en el caso de que el vuelo esté dividido en varios tramos y, como consecuencia de un retraso leve (inferior a tres horas) en uno de los tramos, se produzca un gran retraso (superior a las tres horas) en el destino final por haberse perdido una conexión? En caso de que la respuesta sea afirmativa, si los transportistas encargados de efectuar los diferentes tramos son distintos, ¿está obligado a pagar la compensación económica del artículo 7 del Reglamento 261/2004 el transportista encargado de efectuar el vuelo en cuyo tramo se produjo un retraso leve (inferior a tres horas) pero causó la pérdida de la conexión y, por ello, un gran retraso (superior a tres horas) en el destino final?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 ( DO 2004, L 46, p. 1)
C 357/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 12 de agosto de 2019 — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Asunto C-608/19)

(2019/C 357/31)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Recurrida: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse las disposiciones sobre concesión de las ayudas contenidas en los artículos 3 y 6 del Reglamento n.o 1407/2013 (1) en el sentido de que la empresa solicitante que supere el importe máximo fijado a efectos de la concesión de las ayudas debido a la acumulación con ayudas anteriores puede optar —hasta la fecha de pago efectivo de la ayuda solicitada— entre la reducción de la financiación (mediante la modificación del proyecto) y la renuncia (total o parcial) a ayudas anteriores, eventualmente ya percibidas, con objeto de no exceder el límite máximo establecido y, por otra parte, deben interpretarse tales disposiciones en el sentido de que las diferentes opciones referidas (modificación o renuncia) son válidas aun cuando no estén expresamente contempladas en la normativa nacional o en el anuncio público relativo a la concesión de la ayuda?

(1) Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO 2013, L 352, p. 1).
C 328/32

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 30 de julio de 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

(Asunto C-578/19)

(2019/C 328/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: X

Recurrida: Kuoni Travel Ltd

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando ha tenido lugar una inejecución o una mala ejecución de las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre un organizador o detallista con un consumidor relativo a unas vacaciones combinadas al que se aplica la Directiva 90/314/CEE (1) del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, y esa inejecución o mala ejecución es el resultado de los actos de un empleado de una empresa hotelera que presta servicios objeto del contrato: a) ¿existe margen para la aplicación de la cláusula de exoneración prevista en el artículo 5, apartado 2, tercer guion, segunda parte? b) en caso de respuesta afirmativa, ¿con arreglo a qué criterios debe apreciar el órgano jurisdiccional nacional si es aplicable tal cláusula de exoneración?

2) Cuando un organizador o detallista ha celebrado un contrato con un consumidor para proporcionarle unas vacaciones combinadas a las que se aplica la Directiva 90/314/CEE del Consejo, y cuando una empresa hotelera ofrece servicios relacionados con dicho contrato, ¿el propio empleado de esa empresa hotelera debe ser considerado «prestador de servicios» a efectos de la cláusula de exoneración prevista en el artículo 5, apartado 2, tercer guion, de la Directiva?

(1) DO 1990, L 158, p. 59.
2)

¿Debe llevar a cabo esta sociedad procedimientos de contratación pública únicamente para la adjudicación de los contratos públicos que guarden relación directa con la actividad propia de los sectores especiales, de conformidad con la Directiva 2014/25/UE, con arreglo a la cual la propia naturaleza de organismo de Derecho público debe considerarse subsumida en las disposiciones de la parte II del Código de contratos públicos, mientras que, por el contrario, gozan de plena autonomía negocial —y se rigen por normas exclusivamente privadas— para la actividad contractual no perteneciente, en sentido estricto, a dichos sectores, habida cuenta de los principios establecidos en el considerando 21 y en el artículo 16 de la Directiva 2014/23/UE (Pleno de la Corte di cassazione, auto n.o 4899 de 2018, antes citado, y, para la última parte, Pleno del Consiglio di Stato, sentencia n.o 16 de 2011, antes citada)?
C 305/28

Recurso de casación interpuesto el 17 de julio de 2019 por Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) dictado el 6 de mayo de 2019 en el asunto T-283/18, Bernis y otros/Banco Central Europeo (BCE)

(Asunto C-552/19 P)

(2019/C 305/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (representantes: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Banco Central Europeo (BCE)

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto del Tribunal General de 6 de mayo de 2019 dictado en el asunto T-283/18.

— Declare la admisibilidad del recurso de anulación.

— Devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el recurso de anulación.

— Condene al BCE al pago de las costas de las partes recurrentes y de las costas del recurso.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca dos motivos.

1) El Tribunal General incurrió en un error de Derecho e infringió el artículo 263 TFUE al no fundamentar su auto en la decisión realmente adoptada por el BCE.

2) El auto impugnado se basa en una interpretación incorrecta del artículo 18, apartado 1, del Reglamento relativo al Mecanismo Único de Resolución. (1)

(1) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
1.

El Tribunal General incurrió en error al afirmar que la prueba de que la energía eléctrica no está incluida en el sentido corriente y ordinario de los términos a que se refiere la clase 4 de la octava edición de la Clasificación de Niza se deduce del hecho de que el producto «energía eléctrica» figura en la lista indicativa y no exclusiva elaborada por la EUIPO para la presentación de declaraciones con arreglo al artículo 28, apartado 8, del RMUE (apartados 41, 46 y 54). En primer lugar, el error de Derecho deriva del hecho de que la solicitud de limitación de la recurrente se depositó el 15 de junio de 2015, mientras que el documento al que se refiere la EUIPO fue elaborado mediante la comunicación n.o 1/2016 de 8 de febrero de 2016. En segundo lugar, constituye asimismo un error de Derecho asumir como elemento de prueba la exclusión de un término de la referida lista indicativa, que no es otra cosa que un conjunto de interpretaciones no vinculantes.
C 280/30

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 17 de junio de 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

(Asunto C-470/19)

(2019/C 280/41)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Friends of the Irish Environment Limited

Recurrida: Commissioner for Environmental Information

con intervención de: The Courts Service of Ireland

Cuestión prejudicial

¿Está incluido en el concepto de «calidad de órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, el control del acceso a los autos de un procedimiento en el cual se ha dictado sentencia definitiva, habiendo expirado el plazo de recurso y sin que esté pendiente ningún recurso u otra petición, pero en el que en determinadas circunstancias sigue siendo posible presentar otras peticiones?

(1) DO 2003, L 41, p. 26.
Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2019 — Comisión Europea/Hungría

(Asunto C-400/19)

(2019/C 255/34)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Sipos, A. Lewis y E. Manhaeve, agentes)

Demandada: Hungría

Pretensiones de la parte demandante

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (1) al limitar la determinación de los precios de venta de los productos agrícolas y alimentarios, especialmente teniendo en cuenta el artículo 3, apartado 2, letra u), de la a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (Ley XCV de 2009, por la que se prohíben a los proveedores prácticas comerciales desleales en relación con los productos agrícolas y alimentarios).

— Condene en costas a Hungría.

Motivos y principales alegaciones

La Ley XCV de 2009, por la que se prohíben a los proveedores prácticas comerciales desleales en relación con los productos agrícolas y alimentarios (en lo sucesivo, «Tfmtv») introdujo disposiciones específicas del sector en relación con la fijación de los precios al por menor de los productos en cuestión.

La Comisión considera que el artículo 3, apartado 2, letra u), de la Tfmtv no se refiere a las características de los productos agrícolas y alimentarios sino únicamente a sus modalidades de venta, por lo que debe considerarse una disposición referida a modalidades de venta en el sentido de la sentencia Keck y Mithouard (véase la sentencia de 24 de noviembre de 1993, Keck y Mithouard, asuntos acumulados C-267/91 y C-268/91, EU:C:1993:905). Al analizar los efectos de esta medida, cabe afirmar que es equiparable a una restricción cuantitativa al comercio entre Estados miembros en el sentido del artículo 34 TFUE.

En opinión de la Comisión, en realidad el artículo 3, apartado 2, letra u), de la Tfmtv no afecta por igual a la venta de productos nacionales e importados, y no es una medida adecuada ni proporcional respecto de ningún objetivo legítimo asociado a ella.

(1) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671).
4)

Al examinar si una sociedad realiza la mayor parte de su actividad para el municipio que ejerce el control sobre ella, ¿se tiene en cuenta, en el cálculo del volumen de negocios correspondiente a dicho municipio, el volumen de negocios de una sociedad de la que es propietario el municipio y que presta servicios de transporte en el sentido del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, en la medida en que esta sociedad obtenga dicho volumen de negocios con el transporte organizado por el municipio como autoridad competente en el sentido del Reglamento n.o 1370/2007?
C 213/13

Recurso de casación interpuesto el 3 de abril de 2019 por Andrew Clarke contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 25 de marzo de 2019 en el asunto T-731/18, Clarke/Comisión

(Asunto C-284/19 P)

(2019/C 213/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Andrew Clarke (representante: E. Lock, Solicitor)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Devuelva el recurso al Tribunal General para que se pronuncie sobre el mismo de conformidad con las consideraciones del Tribunal de Justicia.

— Ordene que, a más tardar el 12 de abril de 2019 (u otra fecha a la que el período contemplado en el artículo 50 TFUE pueda ampliarse) a) El Tribunal General envíe ese recurso de conformidad con los plazos y el modo que convengan para pronunciarse con carácter definitivo sobre el asunto. b) Con carácter provisional, la Comisión entregue al Reino Unido un dictamen motivado en el que exponga su postura acerca de las infracciones del Derecho de la Unión que pueden deducirse de su escrito de 25 de octubre de 2018.

— Ordene que las partes tengan libertad para solicitar al Tribunal General instrucciones de modo oportuno.

— Condene a la Comisión al pago de las costas del recurrente.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, el recurrente alega un único motivo:

El Tribunal General en su auto de 25 de marzo de 2019 interpretó erróneamente lo solicitado por el recurrente en su recurso, señalando que este no está legitimado para interponer el recurso y que por tanto, el recurso es inadmisible.

El recurrente no solicitó que la Comisión iniciara un procedimiento por infracción contra el Reino Unido. Se solicita la anulación de dos decisiones de la Comisión, una de las cuales fue identificada erróneamente por el Tribunal General. Al respecto, la jurisprudencia en la que se basaba el Tribunal General no apoyaba la pretensión para la que se cita o es irrelevante. El recurrente está facultado para solicitar la anulación de esas decisiones ya que iban dirigidas a él y/o le afectaban de modo directo e individual. Además, con carácter subsidiario, el recurrente está facultado para formular pretensiones con arreglo al artículo 265 TFUE basándose en que la Comisión no envió un dictamen motivado al Reino Unido en cumplimiento de su obligación en ese sentido con arreglo al artículo 258 TFUE, párrafo primero, dada su aceptación implícita mediante la segunda de dichas decisiones de considerar según su facultad discrecional con arreglo al artículo 258 TFUE, párrafo segundo que el Reino Unido infringía el Derecho de la Unión Europea. De ese modo, considera que el dictamen motivado debería dirigirse también al recurrente y/o afectarle de modo directo e individual. El recurrente también está facultado para solicitar un requerimiento y medidas provisionales con arreglo al artículo 265 TFUE.
C 187/46

Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam (Países Bajos) el 14 de marzo de 2019 — Dexia Nederland BV/XXX

(Asunto C-229/19)

(2019/C 187/49)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Gerechtshof te Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dexia Nederland BV

Demandada: XXX

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la Directiva 93/13 (1) en el sentido de que, desde el punto de vista de los criterios formulados en dicha Directiva, una cláusula debe considerarse ya abusiva si, apreciada de conformidad con todas las circunstancias que concurran en la celebración del contrato, tal cláusula entraña la mera posibilidad de desequilibrio importante en función de las circunstancias que se den durante la vigencia del contrato, en particular porque la cláusula cree una posible ventaja a favor del vendedor en el momento de resolución anticipada del contrato, al fijarse de antemano en un determinado porcentaje del importe pendiente del leasing, apartándose de las normas aplicables de Derecho nacional en virtud de las cuales dicha ventaja no se fija de antemano, sino que debe establecerse en función de las circunstancias que concurran en la resolución del contrato, en particular la cuantía del tipo de interés al que puede colocarse un importe percibido anticipadamente durante el tiempo restante?

(1) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
—

Primer motivo invocado: Errores de Derecho o un manifiesto error o falta de motivación acerca de la denegación de suministro: — Primera parte del motivo: ST alega que es incorrecta la declaración del Tribunal General de que las condiciones de la sentencia Bronner para denegar el suministro con arreglo al artículo 102 TFUE no se aplican cuando existe una obligación de acceso regulada anterior. Además, la argumentación del Tribunal General de que el requisito de la sentencia Bronner sobre el «carácter imprescindible» no necesitaba cumplirse, pues la regulación anterior ya había reconocido «la necesidad de acceder al bucle local de la demandante» y de que, en consecuencia, la Comisión no necesitaba (re)considerar el «carácter imprescindible» de acuerdo con el artículo 102 TFUE es un error de Derecho. — Segunda parte: ST alega que la declaración del Tribunal General de que la sentencia del TJUE en el asunto TeliaSonera respalda el criterio de que las denegaciones de acceso por parte de ST no exigen la demostración que se cumplen los requisitos de la sentencia Bronner incurre en error de Derecho. — Tercera parte: ST alega que la declaración del Tribunal General de que la sentencia en el asunto Clearstream del Tribunal General debería distinguirse de ST porque, a diferencia de ST, no afectaba a un monopolio de Estado anterior o a una obligación de acceso regulada anterior incurre en error de Derecho. — Cuarta parte: ST alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho o en un manifiesto error o falta de motivación al declarar que una denegación presunta no es necesariamente menos grave que una denegación real y que es necesaria una valoración de cada caso concreto. — Quinta parte: ST alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho o en un error de valoración manifiesto al concluir que, puesto que ST era un antiguo monopolio estatal, este hecho proporcionaba el fundamento legal para prescindir de la aplicación de los requisitos de la sentencia Bronner en el caso de autos.
C 164/29

Recurso de casación interpuesto el 28 de febrero de 2019 por Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 12 de diciembre de 2018 en el asunto T-679/14, Teva UK Ltd y otros/Comisión

(Asunto C-198/19 P)

(2019/C 164/32)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (representantes: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Otras partes en el procedimiento: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Declare admisible y fundado el recurso de casación.

— Anule la sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 en el asunto T-679/14.

— Devuelva al asunto al Tribunal General para que dicte nueva resolución, a menos que el Tribunal de Justicia considere que dispone de suficiente información para anular la Decisión de la Comisión COMP/AT.39612 (1)«Perindopril (Servier)», de 9 de julio de 2014, en la medida en que declara que Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. y Teva Pharmaceutical Industries Limited infringieron el artículo 101 TFUE, y para anular la multa impuesta a Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. y Teva Pharmaceutical Industries Limited.

— Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Las recurrentes alegan tres motivos en apoyo de su recurso de casación:

1. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho en relación con el criterio aplicado para apreciar si Teva era un competidor potencial de Servier.

2. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que el acuerdo suponía una restricción de la competencia por el objeto en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1.

3. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3.

(1) Resumen de la Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2014, relativa a un procedimiento en virtud de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Asunto AT.39612 — Perindopril (Servier) [notificada con el número C(2014) 4955 final] (DO 2016, C 393, p. 7).