ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
95.

Como se ve, el Gobierno español ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar la formalización correcta del contrato. Este objetivo podría perfectamente alcanzarse exigiendo la constitución de una fianza provisional, que puede considerarse autorizada en virtud de la letra i) del artículo 16 de la Directiva 71/305. Por el contrario, opino que la exigencia de clasificación en el Ministerio de Hacienda español no garantiza especialmente la correcta formalización de los contratos celebrados. Según el Gobierno español la garantía debería suponer una «amenaza» de suspensión de la clasificación en caso de falta de formalización de los contratos, con las dificultades que de ello se derivarían para obtener en lo sucesivo la adjudicación de contratos. No obstante, tal «amenaza» de ser excluido de futuras licitaciones, subsiste independientemente de la cuestión de la clasificación en España. Tal y como afirma la Comisión, las letras d) y g) del artículo 23 de la Directiva establecen que los poderes adjudicadores pueden excluir de la participación en la licitación a todo contratista «que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por algún medio que los poderes adjudicadores puedan justificar», o «que se le considere culpable de hacer falsas declaraciones al proporcionar los informes exigidos en aplicación del [...] Capítulo» (de la Directiva), relativo a los criterios de selección cualitativa. En todo caso, estas disposiciones facultan a los órganos de contratación para sancionar una falta de formalización consciente de los contratos —también en lo que respecta a los contratistas no españoles que hayan probado su capacidad económica, financiera o técnica por medios diferentes a la clasificación— proporcionando, en mi opinión, la existencia de esta posibilidad el mismo tipo de garantía para la formalización de los contratos, es decir, una «amenaza» de exclusión de futuras licitaciones, que el Gobierno español considera obtener a través de la exigencia de clasificación. En estas circunstancias, puede entenderse que, en el fondo, la exigencia española de clasificación en el Ministerio de Hacienda español, como requisito para la dispensa de la obligación de prestar fianza provisional, se traduce en que los contratistas no españoles, que no se hallen clasificados en España, soportan una carga económica especial. ( 37 ) Tal y como argumenta la Comisión, la Directiva 71/305 confiere, no obstante, a los contratistas el derecho a acreditar su aptitud mediante la presentación de los documentos de prueba citados en los artículos 23 a 26 de la Directiva 71/305, o mediante un certificado de clasificación en otro Estado miembro. No puede exigirse que los contratistas estén clasificados en el Estado miembro en el que tiene lugar la licitación. ( 38 ) Por consiguiente, no puede ser compatible con la Directiva el vincular cargas económicas a la falta de clasificación en España.
10.

Tanto el Juez de remisión como las partes del litigio principal parten del principio de que los artículos 77 y 79 del Reglamento n° 1408/71 se refieren únicamente a los subsidios familiares por hijos a cargo y no a los subsidios familiares por cónyuge a cargo. Esta premisa no es evidente de por sí. En efecto, el concepto de «subsidios familiares» («kinderbijslagen» en neerlandés; «assegni familiari» en italiano) se define de la manera siguiente en el inciso ii) de la letra u) del artículo 1 del Reglamento n° 1408/71: «las prestaciones periódicas en metálico concedidas exclusivamente en función del número y, en su caso, de la edad de los miembros de la familia». En su generalidad esta definición puede referirse también a otras prestaciones periódicas que las correspondientes a hijos a cargo, especialmente a las prestaciones periódicas por cónyuge a cargo cuando el importe de éstas se determine en función del número de miembros de la familia. Determinado número de argumentos textuales indican, sin embargo, que los artículos 77 y 79 del Reglamento n° 1408/71 no se refieren a los subsidios familiares por cónyuge a cargo. En efecto, tanto en la rúbrica del capítulo 8 del título III como en el título de los artículos 77 y 79 del Reglamento n° 1408/71, se hace mención expresa y exclusivamente de los «hijos a cargo». Por otra parte el texto de los artículos 77 y 79 no menciona más miembros de la familia que los hijos. Un argumento suplementario deriva de la distinción que el Reglamento establece entre los «subsidios familiares» y las «prestaciones familiares». Los subsidios por cónyuge a cargo derivan, en efecto, de la noción de «prestaciones familiares», como se define en el inciso i) de la letra u) del artículo 1 del Reglamento n° 1408/71, ( 9 ) pero no de la noción más estricta de «subsidios familiares». Los artículos 71 a 76 del Reglamento se aplican tanto a las prestaciones familiares como a los subsidios familiares. Los subsidios de los que trata el artículo 77 no se refieren, por el contrario, más que a los subsidios familiares que pueden pretender los titulares de una pensión así como a determinados suplementos de pensión que pueden conseguir a causa de sus hijos.
37.

En efecto, está claro que, al no existir más que una sola transacción a los efectos del artículo 3 del Reglamento de base, el importador no puede tener opción. El hecho de que haya indicado el nombre del intermediario bajo el concepto «vendedor» en su declaración relativa al valor en aduana no puede tener por efecto alterar la situación jurídica resultante de las disposiciones del Reglamento de base. Lo mismo sucede con el hecho de acompañar como anexo a la declaración la factura que le ha remitido el comisionista y no la enviada por el fabricante al comisionista. Se trata de dos problemas relativos al desarrollo correcto de las formalidades que no pueden cambiar el fondo de la situación jurídica, a saber, la existencia de una sola transacción en el sentido del artículo 3 y la falta de facultad de elección para el importador.
En una carta del Departamento irlandés de Asuntos Sociales, de 26 de junio de 1987, anexa a la resolución de remisión, puede leerse, en efecto:

«No action can be taken on anyone's claim as the Directive is still the subject of High Court Proceedings.

When a decision is given by the High Court, the necessary action will be taken to deal with it, and your case will be dealt with immediately».
11.

Sin embargo, se puede responder a esto que tal interpretación podría disuadir a las empresas de interesarse por los productos ofrecidos por los organismos de intervención, lo cual evidentemente sería perjudicial para la salida al mercado de las existencias. Ciertamente, cabe admitir que, habida cuenta del precio ofrecido, los compradores no pueden esperar que van a obtener productos de primera calidad. En particular, saben que con el tiempo la carne puede oxidarse aunque haya sido congelada según las reglas del arte. Sin embargo, este fenómeno químico, que se produce inevitablemente, no debe confundirse con el moho constatado en el marco del litigio principal, que proviene de una degradación biológica debida a la aparición, claramente menos previsible, de gérmenes. En efecto, es importante no perder de vista que en el presente asunto no se trata de carne refrigerada, tal como podemos conservar en nuestro frigorífico durante varios días a una temperatura próxima a los 4 °C, sino que se trata de carne congelada que, según la Directiva 83/90/CEE del Consejoj ( 4 ) debe ser almacenada y transportada a una temperatura que no puede ser superior a — 12 ° C (véase el Anexo I de la Directiva, Capítulo XIII, apartado 65).
27.

Dado que, en el marco de una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no puede pronunciarse sobre la compatibilidad de normas nacionales con el Derecho comunitario, corresponde al Tribunal de grande instance de Marsella apreciar si el procedimiento que en Francia está regulado por Ley de 1 de agosto de 1905, Decreto de 15 de abril de 1912, modificado por Decreto de 12 de febrero de 1973 y por Circular de 8 de agosto de 1980 (TORF de 25.9.1980, p. 8544) a la que se refirió el Agente del Gobierno francés, cumple el requisito antes mencionado o no. Si el Tribunal de grande instance llegara a la conclusión de que éste no es el caso, a mi juicio debería deducir de ello que el propio procedimiento no es conforme con el Derecho comunitario y absolver al procesado.
6.

Sin embargo, se trata de situar esta definición, enunciada en términos generales, en el cometido específico del concepto de empresa en el contexto del Reglamento de que se trata, especialmente en el de su artículo 15. La finalidad de esta disposición es asegurar que un empresario permitirá a un conductor empleado por él respetar las normas del Reglamento y le incitará a ello. Así lo reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia Cagnon y Taquet de 1975. ( 10 ) En ésta se afirma que el Reglamento n° 543/69, predecesor del Reglamento n° 3820/85, impone al «empresario que explota un servicio de transportes por carretera»(traducción provisional) la obligación de adoptar las medidas necesarias para que los miembros de la tripulación puedan disfrutar del tiempo diario de descanso prescrito por el Reglamento. ( 11 ) El artículo 15 (que, como señala la Comisión, «codifica» la sentencia dictada en el asunto Cagnon y Taquet) no habla del «empresario que explota un servicio de transportes por carretera», sino que utiliza el concepto más amplio de «empresa». No se trata de una mera diferencia de vocabulario. En mi opinión, el concepto de «empresa» del artículo 15 contempla toda persona (física o jurídica) que actúe como mandante del conductor, sea o no su empresario en el sentido del Derecho del trabajo. La sentencia Dufour de 1977 ( 12 ) sigue la misma orientación. En esta sentencia el Tribunal de Justicia declaró que la «empresa», a la que el Reglamento n° 543/69 impone cierto número de obligaciones, ( 13 ) es la empresa de transportes y no la empresa (de trabajo interino) que pone miembros de la tripulación a disposición de la empresa de transportes (aunque en función del Derecho nacional aplicable se pueda considerar a esta última como el «empresario» de los miembros de la tripulación). En efecto, el Tribunal de Justicia consideró que la empresa de transportes determina el vehículo que se debe conducir, el itinerario que se debe seguir y los tiempos de conducción y de descanso, ( 14 ) con otras palabras, así lo deduzco, es la empresa quien tiene la facultad y por tanto la responsabilidad de garantizar el respeto de las obligaciones impuestas por el Reglamento n° 543/69. ( 15 ) Así pues, llego a la conclusión de que el destinatario de las obligaciones enumeradas en el artículo 15 es la empresa que ejerce las actividades de transporte, por tener la facultad de organizar y verificar el trabajo de los miembros de la tripulación. No tiene importancia alguna la relación jurídica que exista entre la empresa y los miembros de la tripulación: no importa si la empresa de transportes opera con sus propios trabajadores o con miembros de tripulación puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal o incluso con trabajadores autónomos pero que utilizan el material perteneciente a la empresa de transportes (o incluso su propio material) según las instrucciones de la empresa de transportes.
23.

A este respecto procede observar que en el Anexo III del Reglamento que precedió inmediatamente al Reglamento n° 735/85, es decir el Reglamento n° 672/85, de 14 de marzo de 1985 (DO L 74, p. 79), la cotización del FF con respecto al ECU al contado se había fijado en 6,799470. La diferencia entre ésta y la cotización errónea que figura en el Reglamento n° 735/85, es decir 6,025450, sólo sería explicable si entretanto se hubiera producido una devaluación del FF en torno al 11 %. Se trataría por tanto de una «devaluación competitiva», mucho mayor que todas las producidas con ocasión de los movimientos monetarios precedentes. Ahora bien, todos los agentes de la empresa Cargill encargados de efectuar compras o ventas debían saber que desde la semana anterior no se había producido tal devaluación del FF, ni tampoco una más reducida. Por consiguiente, no podían ignorar que el Anexo III del Reglamento n° 735/85 contenía importantes errores y que su aplicación debía necesariamente dar lugar a la concesión de importes de ayuda incompatibles con los criterios establecidos por la normativa comunitaria relativa a este sector. Por lo demás, la Comisión declaró que representantes de varias empresas, entre los cuales estaba un empleado de Cargill-Amsterdam, le habían llamado por teléfono para señalar los errores y preguntarle qué iba a hacer. Teniendo en cuenta la situación, parece que algunas otras empresas renunciaron a pedir un certificado de fijación anticipada el 22 de marzo de 1985 y que las que lo habían solicitado no iniciaron un procedimiento al no obtenerlo.
22.

Después, el apartado 2 del artículo 9, tras haber indicado en su párrafo primero ciertos criterios que pueden tenerse en cuenta para «la apreciación de las circunstancias del caso de que se trate»(traducción no oficial), prevé en su párrafo segundo que no se tienen en cuenta las operaciones de cambio a plazo «respecto de las cuales no existe una conexión económica directa o indirecta con el contrato relativo a los productos»(traducción no oficial).
17.

Finalmente, el Gobierno del Reino Unido afirma que la asignación de movilidad no es complementaria de otras prestaciones pagadas en el Reino Unido. ( 17 ) El órgano jurisdiccional remitente ha mencionado en su cuestión que, con arreglo a la legislación del Reino Unido, el Sr. Newton no tenía derecho a ninguna prestación distinta de la asignación de movilidad. Efectivamente, el Tribunal de Justicia se pronunció en distintas ocasiones en situaciones en que la asignación controvertida venía a completar otra prestación. ( 18 ) Sin embargo, no considero en modo alguno que esta circunstancia sea decisiva. No aparece en el Reglamento. Además, desde un punto de vista práctico, tal existencia conduce a reservar el beneficio de.las normas de coordinación de los regímenes de Seguridad Social a las personas que ya reciben una prestación principal, lo cual es poco compatible con la lógica de este régimen comunitario. Finalmente, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que las asignaciones en favor de disminuidos que no vienen a completar otras prestaciones se hallan comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento. ( 19 )
6.

No se discute el hecho de que Francia no adoptó ninguna medida para prohibir la pesca de los peces sujetos a las dos cuotas mencionadas cuando fue obvio que el agotamiento de éstas era inminente. Fue la Comisión quien tuvo que adoptar las medidas necesarias en lugar del Gobierno francés, actuando con arreglo al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82. El Reglamento (CEE) n° 1601/86 de la Comisión (DO L 140, p. 22), que fue adoptado en respuesta al télex de 12 de mayo de 1986 y que entró en vigor el 27 de mayo de 1986, prohibió a los buques franceses seguir pescando gallineta en aguas de las islas Feroe. El Reglamento (CEE) n° 3465/86 de la Comisión (DO L 319, p. 29), que entró en vigor el 14 de noviembre de 1986, ordenó detener la pesca de las «otras especies» en las zonas noruegas de que se trata.
Como consecuencia de dichas opiniones, la Comisión se vio inducida a volver sobre sus pasos y a proponer al Consejo un nuevo texto de Directiva que tenía en cuenta las sugerencias de la Asamblea. A dicho texto se adjuntó una comunicación en la que la Comisión, refiriéndose al mercado de referencia, puntualiza de manera significativa que

«fully accepts that everything possible must be done to ensure that competition between the public and private sector takes place in conditions of neutrality and transparency;»

señalando, a continuación:

«After consultation with those concerned, it accepts that the application of the present Directive to public sector bodies acting in this area is practicable and will make a useful contribution to the achievement of these conditions.»

Además, la Comisión subraya la importancia de los mismos objetivos de neutralidad y transparencia de la competencia incluso en los supuestos de exportaciones hacia terceros países; no obstante, en consonancia con las observaciones del Parlamento, la Institución antes citada recalca que la contingencia asegurada en tales supuestos se caracteriza por un elevado contenido político, que únicamente se hallan en condiciones de garantizar los organismos que gozan de la garantía del Estado.

Por consiguiente, la nueva propuesta de la Comisión previó la aplicación de las reglas prudenciales indistintamente al sector público y al privado, con la única excepción del seguro del crédito a la exportación hacia terceros países, para el cual, atendiendo a la naturaleza eminentemente política de la contingencia cubierta, se consideró oportuno dejar la aplicación del régimen común para una coordinación normativa ulterior.
234.

Como observó acertadamente el Consejo, esta argumentación prescinde del hecho de que una relación de causalidad entre el dumping y el perjuicio no debe existir necesariamente respecto a todo el período examinado. Esto se refiere al hecho de que las medidas de dumping no se aplican de cara al pasado, sino al futuro. No se trata de un perjuicio pasado, sino de un perjuicio actual. ( 98 ) En la medida en que se ha demostrado que las importaciones procedentes del tercer país de que se trata (Japón) tienen un efecto nefasto para la industria comunitaria durante un período más largo —incluso si no está cubierto más que en parte por el período respecto al cual se realizó la investigación— y en que, además, está claro que, durante el período cubierto por la investigación, ha habido dumping y subcotaciones, no constituye un error fundamental resaltar un perjuicio —actual— consecuencia de las importaciones hechas con dumping. Verdad es que, en este caso, el alza de las importaciones con dumping no puede determinarse, a partir de los indicios enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, más que en relación con un corto lapso de tiempo; pero es verdad que las Autoridades comunitarias pueden hacerse una idea del volumen de dichas importaciones [letra a) del apartado 2 del artículo 4]. El indicio que constituyen los precios y las subcotaciones [letra b) del apartado 2 del artículo 4] puede aceptarse sin reserva. Respecto al impacto que de ahí deriva sobre la producción correspondiente [letra c) del apartado 2 del artículo 4] pueden tenerse en cuenta las tendencias reales (incluso antes del período al que se refiere la investigación) o virtuales. A reserva de los argumentos relativos a las causas de la evolución perjudicial a la industria comunitaria entre 1983 y 1986, a las que me referiré más tarde, la relación de causa y efecto se demuestra en el sentido de dicho artículo en el Reglamento impugnado (véanse los apartados 47 a 55). Por otra parte, la demandante tampoco ha alegado que no haya habido ningún dumping ni ninguna subvaloración antes del período al que se refiere la investigación. De esta forma, y por los motivos mencionados, debe desestimarse cuanto alega al respecto la demandante.
15.

En mi opinión, es bastante ambiguo el resumen del acta de la reunión del Comité permanente del CITES celebrada en Lausana entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 1985. De dicho resumen podría deducirse que la citada Resolución de 30 de abril de 1985 debía considerarse en adelante como derogada en todo caso en lo que respecta a las exportaciones que se efectuaran con certificados bolivianos extendidos con posterioridad a dicha reunión. Salvo en lo que atañe a las pieles de caimanes (véase el apartado 5 de la «Notification to the parties» de 17 de diciembre de 1985), la suspensión de la prohibición de importar recomendada por la Secretaría del CITES no estaba efectivamente motivada por la implantación de cuotas sino por las «medidas significativas» ya adoptadas por el Gobierno boliviano, a saber, una nueva legislación que prohibe la exportación o la reexportación de animales vivos, el establecimiento de un comité de alto nivel para controlar la aplicación del CITES, las medidas ya adoptadas para obtener asesoramientos científicos y el acuerdo de las autoridades bolivianas para presentar copias de todos los permisos de exportación ante la Secretaría (véanse los párrafos 2 y 3 del resumen del acta). La carta de notificación de este resumen del acta también menciona, entre los nuevos elementos aportados, el hecho de que desde ahora en adelante los permisos CITES bolivianos deberán estar firmados por el Jefe nacional de Vida silvestre, autoridad administrativa, y por el Director general del Centro de desarrollo forestal, autoridad científica (en cursiva en el original, a saber, el apartado 4 de la «Notification to the parties»).
14.

La línea de razonamiento que ya siguió este Tribunal de Justicia en las sentencias arriba citadas es, a mi parecer, la que mejor permite alcanzar una solución capaz de compaginar al mismo tiempo las exigencias de la seguridad jurídica con las de la justicia. Ello es aplicable a un caso en que, como el presente, no cabe pensar en la aplicación de la partida 99.05, relativa a los objetos para colecciones, hipótesis que no contemplan las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juez a quo y que, en cualquier caso, no es aplicable porque no se cumplen los presupuestos descritos en dicha partida (en especial, el «carácter histórico» del objeto). ( 7 ) También en el presente caso, se trata en efecto de precisar una serie de parámetros que, combinados entre sí, permitan a las autoridades aduaneras determinar de manera objetiva el carácter de objeto de arte de una mercancía determinada. Considero, a este respecto, que la ejecución a mano, la firma estampada por el artista en la obra y la producción en número extremadamente limitado de ejemplares son ciertamente indicios importantes que pueden dar carácter peculiar a un objeto determinado frente a productos análogos de carácter comercial. El precio elevado, y en todo caso sin relación con el valor propio de los elementos que componen la obra escultórica o estatuaria, así como la posible comprobación de que la misma obra es objeto de transacciones fuera del mercado habitual de objetos similares pueden, además, constituir una confirmación ulterior de que el objeto de que se trata no se encuentra en situación de competencia con obras análogas y, aun cuando pueda tener forma parecida a la de objetos de uso ordinario, no se destina en realidad a ser usado conforme a su aparente función. En otros términos, en mi opinión, cuando un objeto enteramente fabricado a mano, firmado por un artista y producido en número extremadamente limitado de ejemplares, que no son perfectamente iguales sino sólo semejantes, se vende a un precio elevado y que, en todo caso, carece de cualquier relación con el valor propio de los elementos que lo componen y es objeto de transacciones que se desarrollan en el ámbito del mercado de los objetos de arte, puede presumirse que el objeto de que se trata, incluso si tiene forma análoga a la de objetos de uso ordinario, no se usa normalmente según su destino aparente y constituye en realidad una obra de arte en el sentido del AAC.