Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Directiva mediante la que se aplica el Acuerdo marco sobre el permiso parental - Carácter normativo - Recurso de una asociación que representa y defiende a escala europea los intereses de las pequeñas y medianas empresas - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 173, párr. 4, y 189; Acuerdo sobre la política social, arts. 3 y 4; Directiva 96/34/CE del Consejo)

2 Política social - Acuerdo sobre la política social - Acuerdos de los interlocutores sociales - Aplicación mediante una Decisión del Consejo a propuesta de la Comisión - Requisito - Cumplimiento del principio de democracia - Representatividad de los firmantes del Acuerdo

(Acuerdo sobre la política social, arts. 3, ap. 4, y 4)

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3 Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación dirigido por una asociación europea que representa y defiende a escala europea los intereses de las pequeñas y medianas empresas contra la Directiva 96/34 relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, el Centre européen de l'entreprise publique y la Confédération européenne des syndicats.

En primer lugar, la Directiva 96/34, adoptada por el Consejo sobre la base del apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tiene, por su naturaleza, carácter normativo y no constituye una Decisión en el sentido del artículo 189 del Tratado.

En efecto, el Acuerdo marco sobre el permiso parental que la Directiva tiene por objeto aplicar, establece disposiciones mínimas cuyo objetivo es facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres que trabajan y se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un contrato o una relación de trabajado definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro. Además, la Directiva 96/34 responde a las exigencias del artículo 189 del Tratado, dado que va dirigida a los Estados miembros, que están obligados a tomar las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la Directiva, y que el Acuerdo marco al que remite confiere a las autoridades nacionales competencia por lo que respecta a la forma y a los medios que permitan alcanzar dichos resultados.

En segundo lugar, la asociación demandante no resulta afectada por la Directiva impugnada debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otra persona, de forma que pudiese considerársela individualmente afectada por la citada Directiva.

Por una parte, no puede afirmar que tiene un derecho general a participar en la fase de negociación del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social, ni un derecho especial, en el presente caso, a participar en la negociación del Acuerdo marco. En efecto, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre la política social no confieren a ningún interlocutor social, con independencia de cuáles sean los intereses que pretenda representar, un derecho general a participar en cualquier negociación entablada con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Acuerdo, aun cuando todos los interlocutores sociales consultados conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo estén facultados para iniciar dicha negociación. La mera circunstancia de que la demandante haya solicitado en varias ocasiones a la Comisión, en el presente caso, poder participar en las negociaciones entabladas por otros interlocutores sociales nada cambia, ya que el control de la fase de negociación propiamente dicha corresponde exclusivamente a los interlocutores sociales interesados y no a la Comisión.

Por otra parte, al no distinguirse la demandante, habida cuenta de su representatividad, del conjunto de las demás organizaciones de interlocutores sociales consultadas por la Comisión que no celebraron el Acuerdo marco, no tiene derecho a exigir al Consejo que impida la aplicación del Acuerdo marco a escala comunitaria y, por consiguiente, no resulta individualmente afectada por la Directiva 96/34.

En efecto, aun cuando incumbe a la Comisión y al Consejo comprobar, con respecto al contenido del Acuerdo de que se trate, si los interlocutores sociales firmantes de un Acuerdo celebrado en virtud del apartado 4 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre la política social tienen una representatividad acumulada suficiente, y toda vez que un interlocutor social consultado por la Comisión conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo, que no haya celebrado el Acuerdo de que se trata y cuya representantividad, con respecto al contenido de este último, sea necesaria para completar la representatividad acumulada de los firmantes, tiene derecho a impedir al Consejo y a la Comisión que materialicen su aplicación a escala comunitaria mediante un acto legislativo, resulta, en el presente caso, que la Comisión y el Consejo consideraron con razón que la representatividad acumulada de los firmantes del Acuerdo marco era suficiente, con respecto al contenido de éste, habida cuenta de su naturaleza interprofesional y su carácter general, para aplicarlo a escala comunitaria.

4 La Comisión y el Consejo están obligados a comprobar la representatividad de los interlocutores sociales firmantes de un Acuerdo celebrado en virtud del apartado 4 del artículo 3 y del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social, cuya aplicación a escala comunitaria se solicita al Consejo. Dicho examen les impone que comprueben si, con respecto al contenido del Acuerdo de que se trate, los interlocutores sociales firmantes de este último tienen una representatividad acumulada suficiente.

En efecto, la intervención de estas dos Instituciones confiere una base comunitaria de carácter legislativo a un Acuerdo celebrado entre interlocutores sociales, sin recurrir a los procedimientos clásicos de elaboración de un texto legislativo previstos por el Tratado, que implican la participación del Parlamento Europeo.

Pues bien, dado que el procedimiento contemplado en el apartado 4 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo no prevé la intervención del Parlamento Europeo, el cumplimiento del principio de democracia, en el que se basa la Unión, requiere -a falta de participación del Parlamento Europeo en el proceso de adopción de un acto legislativo- que la participación de los pueblos en dicho proceso se garantice de forma alternativa, en este caso a través de los interlocutores sociales que celebraron el Acuerdo al que el Consejo, decidiendo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, confiere un soporte legislativo a escala comunitaria.