ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16.

Con arreglo al artículo 36 de dicha Directiva: «1. En caso de reducción del capital suscrito, los acreedores cuyos créditos se hubieren originado antes de la publicación de la decisión de reducción tendrán al menos el derecho a obtener una garantía por los créditos aún no vencidos en el momento de esta publicación. Los Estados miembros no podrán suprimir este derecho salvo si el acreedor dispone de garantías adecuadas o estas no son necesarias habida cuenta del patrimonio de la sociedad. Los Estados miembros fijarán las condiciones para ejercitar el derecho previsto en el párrafo primero. En cualquier caso, los Estados miembros deberán garantizar que los acreedores están autorizados a dirigirse a la autoridad administrativa o judicial competente para obtener las garantías adecuadas, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que debido a esta reducción del capital suscrito la satisfacción de sus derechos está en juego y que no han obtenido las garantías adecuadas de la sociedad. 2. Además, las legislaciones de los Estados miembros preverán al menos que la reducción no producirá efectos, o que no se podrá efectuar ningún pago en beneficio de los accionistas, en tanto que los acreedores no hubieran obtenido satisfacción o que un tribunal hubiera decidido que no había lugar a acceder a su petición. 3. El presente artículo se aplicará cuando la reducción del capital suscrito se realice por dispensa total o parcial del pago del saldo de las aportaciones de los accionistas.»
61.

Con carácter preliminar, de la resolución de remisión se desprende claramente que la Sra. Federspiel reside y ejerce su profesión en Bregenz (Austria). No obstante, no queda claro si presta sus servicios como médico por cuenta ajena o por cuenta propia. Sin embargo, como ha señalado acertadamente la Comisión, esta información no tiene carácter determinante. De hecho, el examen de las medidas nacionales con arreglo a los artículos 45 TFUE y 49 TFUE (libertad de establecimiento) no varía.
4)

El artículo 24 de la Directiva 2004/38 y el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que excluye de determinadas “prestaciones especiales en metálico no contributivas”, en el sentido del artículo 70 del Reglamento n.o 883/2004, que constituyen asimismo una “prestación de asistencia social” a efectos del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, a los nacionales de otros Estados miembros que se encuentran en una situación como la prevista en el artículo 14, apartado 4, letra b), de la citada Directiva, mientras que esas prestaciones se conceden a los nacionales de dicho Estado miembro que se hallan en la misma situación. En cambio, el artículo 45 TFUE, apartado 2, y el artículo 4 del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que excluye de un subsidio para los solicitantes de empleo (que es una “prestación especial en metálico no contributiva” en el sentido del artículo 70 del Reglamento n.o 883/2004, pero no responde a la definición de “prestación de asistencia social” a efectos del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38) a los nacionales de otros Estados miembros que tienen un vínculo real con el mercado laboral de dicho Estado que no han tenido la oportunidad de probar.»
49.

En este contexto, la cour du travail de Mons (Tribunal Laboral Superior de Mons) decidió suspender el procedimiento en los asuntos principales para someter al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en el asunto C‑168/16 y otra en el asunto C‑169/16, ambas redactadas en los términos, prácticamente idénticos, siguientes: ( 11 ) «Teniendo en cuenta: – las exigencias de previsibilidad de las soluciones y de seguridad jurídica que presidieron la adopción de las reglas en materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil establecidas por el [Convenio de Bruselas], así como por el [Reglamento n.o 44/2001] […], – las particularidades propias del sector de la navegación aérea europea, en el marco del cual el personal de tripulación [puesto a la disposición o que trabaja por cuenta de] una compañía aérea cuyo domicilio social está establecido [en el territorio de un Estado miembro] […] sobrevuela cotidianamente el territorio de la Unión Europea a partir de una base que puede estar situada, como en este caso, [en el territorio de otro Estado miembro], – las especificidades propias [de los litigios principales], – el criterio deducido del concepto de “base” [definido en el anexo III del Reglamento n.o 3922/91, en la redacción resultante del Reglamento n.o 1899/2006] utilizado por Reglamento n.o 883/2004 para determinar la legislación de seguridad social aplicable a los miembros de la tripulación de vuelo y de la tripulación de cabina a partir del 28 de junio de 2012, – la doctrina deducida de la jurisprudencia desarrollada por el [Tribunal de Justicia], ¿puede interpretarse el concepto de “lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo”, previsto en el artículo 19, punto 2, del [Reglamento n.o 44/2001] […] como asimilable al concepto de “base”, definido en el anexo III del [Reglamento n.o 3922/91, en la redacción resultante del Reglamento n.o 1899/2006] […], y ello con objeto de determinar el Estado [miembro] en cuyo territorio los trabajadores realizan habitualmente su trabajo, cuando esos trabajadores, en su calidad de miembros del personal de tripulación, son puestos a disposición de [o trabajan por cuenta de] una compañía sujeta al Derecho de [un Estado miembro] que lleva a cabo el transporte internacional de pasajeros por vía aérea en el conjunto del territorio de la [Unión], ya que ese criterio de conexión, deducido de la “base”, entendida como “centro efectivo de la relación laboral”, dado que todos los trabajadores comienzan en él sistemáticamente su jornada de trabajo y la terminan en ese lugar, organizando en él su trabajo cotidiano, y cerca de la cual han establecido su residencia efectiva durante el período de las relaciones contractuales […] es el que a la vez presenta vínculos más estrechos con un Estado [miembro] y asegura la protección más adecuada a la parte más débil en la relación contractual?»
22.

El Najvyšší súd (Tribunal Supremo) remite, pues, al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas prejudiciales: «1) ¿Es conforme al artículo 47, en particular a sus apartados 1, letra a), y 4, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, la actuación de una autoridad nacional que, en el marco de un procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato de un valor estimado de 3 millones de euros, ha considerado que no se cumplen los requisitos establecidos en el anuncio de licitación relativos a la capacidad económica y financiera de un licitador, sobre la base de una declaración jurada presentada por dicho licitador y de la información facilitada por el banco, según la cual el interesado podía obtener un crédito bancario especial sin una finalidad concreta por un importe máximo superior a la cuantía del contrato? 2) Las circunstancias propias del mercado de servicios bancarios de un Estado miembro, conforme a las cuales el banco, en su promesa de crédito vinculante, supedita la concesión de recursos económicos al cumplimiento de los requisitos previstos en el contrato de crédito, que no están definidos de forma concreta en el momento de la licitación ¿pueden constituir a efectos del artículo 47, apartado 5, de la citada Directiva 2004/18 una razón que justifique que el licitador no pueda facilitar los documentos solicitados por el poder adjudicador, es decir, en ese supuesto puede demostrarse la capacidad económica y financiera mediante una declaración jurada que acredite la existencia de una relación de crédito suficiente con el banco? 3) En el ámbito del control jurisdiccional de la decisión de la autoridad nacional competente en materia de contratos públicos de excluir a un licitador, el hecho de que los distintos contratos ya hayan sido ejecutados prácticamente en su totalidad por el licitador adjudicatario ¿se puede considerar un impedimento objetivo a causa del cual el órgano jurisdiccional nacional no pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con los artículos 1, apartado 1, y 2, apartados 3, 6, 7 y 8 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras?»
60.

Según el Abogado General Wahl, procedía anular la sentencia del Tribunal General, así como la nueva decisión. En primer lugar, no se había realizado ningún trámite de conformidad con los procedimientos establecidos en los Reglamentos n.o 1/2003 o 17, ( 27 ) ni después de la anulación de la decisión ( 28 ) ni antes ( 29 )de dicha anulación. En segundo lugar, los trámites procesales realizados en virtud de las disposiciones del Tratado CECA no podían ser considerados actos preparatorios válidos de la nueva decisión. Esto se debía a que las facultades conferidas a la Comisión por el Reglamento n.o 1/2003 eran distintas de las que le atribuía el Tratado CECA, ( 30 ) y a que «no existía ningún procedimiento sustanciado de conformidad con las disposiciones de los Reglamento n.o 17/62 y n.o 2842/98 ( 31 ) que se correspondiera con el previsto en los Reglamentos n.o 1/2003 y n.o 773/2004, que la Comisión pudiera reanudar para proceder inmediatamente a la adopción de una nueva decisión». ( 32 ) Por consiguiente, la Comisión no podía adoptar una nueva decisión sin, al menos, celebrar una nueva audiencia de forma que las partes pudieran exponer sus argumentos en presencia de los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros, que estaban invitadas a participar en la audiencia y a los que, como miembros del Comité consultivo, debe consultar la Comisión antes de adoptar una decisión. Lo más importante era la intervención, en particular, de la autoridad de competencia italiana, ya que la supuesta infracción se refería al territorio de un único Estado miembro, a saber, Italia. ( 33 )
14.

El artículo 28 del Reglamento Dublín III, comprendido en la sección V de dicho Reglamento, titulada «Internamiento para fines de traslado», está redactado en los términos siguientes: «1. Los Estados miembros no podrán internar a una persona por el único motivo de que se encuentre sometida al procedimiento establecido en el presente Reglamento. 2. Cuando exista un riesgo considerable de fuga,[ ( 4 )] los Estados miembros podrán internar a una persona para garantizar el desarrollo de los procedimientos de traslado de conformidad con el presente Reglamento sobre la base de una evaluación individual y únicamente en la medida en que el internamiento sea proporcionado y no puedan aplicarse efectivamente otras medidas menos coercitivas. 3. El internamiento será lo más breve posible y no podrá superar el período de tiempo razonablemente necesario para tramitar, con la debida diligencia, los procedimientos administrativos prescritos hasta que se efectúe el traslado de conformidad con el presente Reglamento. Cuando una persona sea internada con arreglo al presente artículo, el plazo de presentación de una petición de toma a cargo o de readmisión no podrá ser superior a un mes contado a partir del momento en que se presente la solicitud. El Estado miembro que lleve a cabo el procedimiento con arreglo al presente Reglamento pedirá en tales casos una respuesta urgente. Dicha respuesta deberá darse en el plazo de dos semanas a partir del momento en que se reciba la petición. La falta de respuesta en el plazo de dos semanas equivaldrá a la aceptación de la petición e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona o de readmitirla, con inclusión de la obligación de adoptar las medidas adecuadas para la llegada. Cuando una persona sea internada con arreglo al presente artículo, el traslado de esa persona del Estado miembro requirente al Estado miembro responsable se efectuará en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de aceptación expresa o tácita de la petición de toma a cargo o de readmisión de la persona interesada o a partir del momento en que el recurso o la revisión ya no tengan efecto suspensivo con arreglo al artículo 27, apartado 3. Cuando el Estado miembro requirente no respete los plazos de presentación de una petición de toma a cargo o de readmisión o cuando el traslado no se produzca en el plazo de seis semanas mencionado en el párrafo tercero, no se mantendrá a la persona internada. En consecuencia, seguirán siendo de aplicación los artículos 21, 23, 24 y 29. 4. Por lo que respecta a las condiciones de internamiento y a las garantías aplicables a las personas internadas, a fin de garantizar los procedimientos de traslado al Estado miembro responsable se aplicarán los artículos [9 a 11] de la Directiva [2013/33].»
44.

De acuerdo con la segunda línea interpretativa, defendida por el Gobierno griego y la Comisión Europea, los servicios de carga únicamente pueden beneficiarse de la exención de IVA si se llevan a cabo en la fase de comercialización final y se prestan directamente al armador. En este sentido, el Gobierno griego alega que esos servicios sólo pueden quedar exentos si el cargamento contiene bienes necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento del buque. Según ese Gobierno, los servicios que pueden beneficiarse de la exención son, exclusivamente, los vinculados al propio buque y prestados al propio armador. En apoyo de su punto de vista, según el cual solamente la última operación, esto es, el servicio prestado al armador, puede quedar exento en virtud del artículo 148, letra d), de la Directiva IVA, la Comisión expone que este enfoque no penaliza a ningún eslabón de la cadena de comercialización, dado que la persona que realiza la operación puede beneficiarse del derecho a deducción. De esta forma, en caso de subcontratación, los servicios prestados al armador por la empresa principal pueden beneficiarse de la exención del artículo 148, letra d), de la Directiva IVA, mientras que los servicios prestados a la empresa principal por el subcontratista no pueden quedar exentos por no haber sido efectuados en la última fase de comercialización, si bien ello no impide a la empresa principal deducir posteriormente el IVA satisfecho al subcontratista y obtener su reembolso. En opinión de la Comisión, la interpretación propuesta es la única que se adecúa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y al principio según el cual las exenciones previstas por el artículo 148 de la Directiva IVA son asimilables a las exportaciones. Es más, permite garantizar que la exención se aplique de forma simple, mientras que su extensión a fases anteriores de comercialización genera dificultades prácticas.
10.

Según las secciones 4.1.2.3 y 4.1.2.4, y la tabla 4.1.0: «4.1.2.3 Los criterios para clasificar una sustancia en la categoría 1 de toxicidad aguda están definidos solo basándose en los datos de toxicidad aguda acuática (EC50 o LC50), mientras que los criterios para clasificar una sustancia en las categorías crónicas de 1 a 3 siguen un planteamiento escalonado, cuya primera etapa consiste en sopesar si la información disponible sobre la toxicidad crónica merece la clasificación de peligro a largo plazo. Si no se dispone de datos adecuados de toxicidad crónica, el paso siguiente es combinar dos tipos de información, a saber, datos de toxicidad acuática aguda y datos del comportamiento o destino de la sustancia en el medio ambiente (datos sobre degradabilidad y bioacumulación). […] 4.1.2.4 El sistema introduce también una clasificación de tipo “red de seguridad” (la denominada categoría crónica 4) para que se use cuando los datos disponibles no permitan una clasificación con los criterios establecidos para las categorías aguda 1 o crónica 1 a 3, pero susciten, sin embargo, alguna preocupación (véase el ejemplo en la tabla 4.1.0). […] Clasificación de tipo “red de seguridad” Categoría: Crónica 4: Casos en los cuales los datos disponibles no permitan una clasificación con los criterios anteriores pero susciten, sin embargo, alguna preocupación. Figuran aquí, por ejemplo, las sustancias poco solubles para las que no se haya registrado toxicidad aguda en concentraciones inferiores o iguales a su solubilidad en el agua (nota 4) y que no se degraden rápidamente, conforme a la sección 4.1.2.9.5, y tengan un FBC determinado por vía experimental ≥ 500 (o, en su defecto, el log Kow ≥ 4), que indica un potencial de bioacumulación, que se clasificarán en esta categoría, a menos que la información científica demuestre que la clasificación no es necesaria. De esta información forman parte las NOEC de toxicidad crónica > la solubilidad en el agua o > 1 mg/l, o datos distintos de los proporcionados por los métodos indicados en la sección 4.1.2.9.5 que indiquen una degradación rápida en el medio ambiente. […] Nota 4 “No hay toxicidad aguda” significa que las C(E)L50 son superiores a la solubilidad en el agua. También sirve para sustancias poco solubles (solubilidad en el agua < 1 mg/l), cuando se disponga de información de que el ensayo de toxicidad aguda no proporciona una medida real de la toxicidad intrínseca.»
75.

Esta aseveración, no obstante, ha de matizarse inmediatamente, separando las actividades «marginales» de las «esenciales» de los entes instrumentales, que justifican la excepción in house. En cuanto a las primeras, ( 39 ) no creo que haya problemas para aceptar la postura de la Comisión, pues respecto de ellas la empresa opera en el mercado y puede competir, en pie de igualdad, con el resto de operadores económicos rivales.
47.

Por tanto, si aplicamos las observaciones anteriores al presente asunto, creo, en primer lugar, que una norma nacional, como el artículo 79, apartado 1, de la Ley sobre derechos de autor, que prevé el pago a un titular de derechos de un importe predeterminado que no tiene por qué estar necesariamente relacionado con el daño sufrido por él no puede satisfacer los requisitos de la Directiva 2004/48. No obstante, no estimo que pueda deducirse de ello que una norma equivalente, según la cual un titular de derechos puede reclamar un importe que no supere el doble (o incluso el triple, de concurrir las circunstancias adecuadas) de la cuantía de los derechos que se habrían debido abonar si el titular hubiera autorizado el uso de la obra, también deba considerarse necesariamente contraria al régimen establecido por la Directiva. Lo que el titular de derechos debe demostrar es que el daño sufrido y el importe reclamado no son desproporcionados entre sí. Con este fin, por tanto, debe acreditar el nexo de causalidad entre ambos. Dada la naturaleza del recurso previsto en el artículo 13, apartado 1, letra b), no es necesario que el titular de derechos acredite esa relación con certeza matemática, pues la motivación que subyace a esa disposición es atender a los supuestos en que esa tarea sea difícil o imposible. Ahora bien, a mi parecer, es necesario que el titular de derechos pruebe la existencia de cierta relación y no se le debe reconocer un derecho a indemnización por daños y perjuicios que no sea proporcionado al perjuicio efectivo.
17.

Sigo considerando que, en esta fase de la argumentación y en esta etapa del análisis de la posible justificación de una nueva restricción en el sentido del artículo 13 de la Decisión n.o 1/80, el Tribunal de Justicia debe llevar a cabo un análisis in abstracto de la razón imperiosa de interés general invocada por el Gobierno alemán. Pues bien, la búsqueda de una gestión eficaz de los flujos migratorios es uno de los objetivos de la política común de inmigración previstos en el artículo 79 TFUE, apartado 1, y en cuanto tal no parece contraria al objetivo perseguido por el Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía. La razón imperiosa de interés general aducida por el Gobierno alemán me parece tanto más admisible cuanto que, como es bien sabido, la Unión se enfrenta, desde hace algunos años, a una crisis migratoria sin precedentes, por lo que, a mi entender, no sería conveniente que el Tribunal de Justicia prohibiera a un Estado miembro la posibilidad de invocar —sin que ello baste, de todos modos, para justificar la normativa controvertida en el caso de autos— la realización de un objetivo que la propia Unión intenta alcanzar desesperadamente. No obstante, si el Tribunal de Justicia adoptase un enfoque más concreto, cabría preguntarse si el derecho de residencia de un menor nacido en territorio alemán, que haya residido siempre en Alemania (y, por tanto, en sentido estricto, nunca haya migrado), está realmente vinculado a la gestión de los flujos migratorios.
21.

En efecto, si bien el órgano jurisdiccional remitente no hace referencia a esta última disposición en el marco de su cuestión prejudicial, resulta indispensable mencionarla no sólo al objeto de proporcionarle una respuesta útil, sino también porque, a tenor del artículo 25, apartado 5, de la Directiva servicio universal, la aplicación del apartado 2 de dicho artículo «estará sujeta a los requisitos de la legislación comunitaria en materia de protección de los datos personales y de la intimidad, y, en particular, a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva [sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas]».
9.

De conformidad con la nota 1 de dicha Ley, se entenderá por organismo público una entidad local, un servicio gubernamental, en el sentido del artículo 41, apartado 6, de la misma Ley, o bien un organismo no gubernamental que figure en la edición de 1995 de la lista publicada por la Office of Public Service (Oficina de la Administración Pública) (servicio responsable de la publicación de textos oficiales) bajo el título «Organismos públicos». Además, con arreglo a la nota 2 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido de 1994, se entenderá por «entidad asimilada» toda entidad (distinta de un organismo público) que no tenga derecho a distribuir, y que no distribuya, los beneficios que eventualmente obtenga, que destine todos los beneficios obtenidos a través de la prestación de servicios correspondientes a la descripción del punto 2 de dicha Ley al mantenimiento y a la mejora de las instalaciones puestas a disposición en el marco de los servicios prestados, y que esté dirigida y gestionada por voluntarios que no tengan ningún interés económico, directo o indirecto, en sus actividades.
21.

No obstante, a este respecto cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. ( 7 )