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71

A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que no procede indemnizar a una persona por el perjuicio que haya sufrido como consecuencia de no haber actuado como cabe generalmente esperar de cualquier persona con el fin de evitar o de reducir su perjuicio y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales a reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada, siempre que dicha normativa permita al juez tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar, en particular, que el solicitante no ha hecho un uso abusivo de las citadas medidas.
80

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente que el artículo 16, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre los hábitats debe interpretarse en el sentido de que se opone a la adopción de decisiones por las que se conceden excepciones a la prohibición del sacrificio deliberado del lobo —enunciada en el artículo 12, apartado 1, letra a), en conexión con el anexo IV, letra a), de dicha Directiva— en virtud de la caza de gestión y cuyo objetivo es la lucha contra la caza furtiva, si: – el objetivo perseguido por tales excepciones no está fundamentado de manera clara y precisa y si, a la vista de datos científicos rigurosos, la autoridad nacional no puede acreditar que dichas excepciones sean idóneas para alcanzar el mencionado objetivo; – no se ha acreditado debidamente que el objetivo que tales excepciones persiguen no pueda alcanzarse mediante otra solución satisfactoria, puesto que la mera existencia de una actividad ilegal o las dificultades a las que se enfrenta el control de esta última no pueden constituir un elemento suficiente a este respecto; – no se garantiza que las excepciones no perjudican el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural; – las excepciones no han sido objeto de una evaluación sobre el estado de conservación de las poblaciones de la especie de que se trate, así como sobre la repercusión que la excepción prevista puede tener en tal estado de conservación, en el territorio de ese Estado miembro o, en su caso, en la región biogeográfica contemplada cuando las fronteras de dicho Estado miembro incluyan varias regiones biogeográficas o, incluso, si el área de distribución natural de la especie lo exige y, en la medida de lo posible, en el plano transfronterizo, y – no se cumplen todos los requisitos relativos al criterio selectivo y a la forma limitada de las tomas de un número limitado y especificado de determinados especímenes de las especies que figuran en el anexo IV de dicha Directiva en condiciones de riguroso control, cuya observancia debe acreditarse teniendo en cuenta, en particular, el nivel de la población, su estado de conservación y sus características biológicas. Incumbe al tribunal remitente comprobar si es esto lo que sucede en el litigio principal.
20

En tales circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse el artículo 28, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2014/24, en el sentido de que exige la plena identidad jurídica y económica entre los operadores seleccionados y los que presentan las ofertas en el ámbito del procedimiento restringido y, en particular, de que se opone a un acuerdo entre las sociedades de cartera que controlan a dos operadores preseleccionados, celebrado entre la fecha de selección y la fecha de presentación de las ofertas, cuando a) dicho acuerdo tenga por objeto y por efecto (inter alia) una fusión mediante la absorción de una empresa seleccionada por otra de las empresas seleccionadas (operación, por lo demás, autorizada por la Comisión Europea); b) los efectos de la operación de fusión no se consumen hasta después de la presentación de la oferta por parte de la empresa absorbente (motivo por el cual, en el momento de la presentación de la oferta, su composición no había variado con respecto a la que tenía en el momento de la selección previa); y c) la empresa posteriormente absorbida (cuya composición no había resultado modificada en la fecha límite para la presentación de las ofertas) haya decidido, no obstante, no participar en el procedimiento restringido, verosímilmente para cumplir el programa contractual establecido en el acuerdo celebrado entre las sociedades de cartera?»
29

Dado que el juez estimó dicho recurso, Ellinika Nafpigeia interpuso recurso de apelación ante el Efeteio Athinon (Tribunal de Apelación de Atenas, Grecia). Dicho órgano jurisdiccional ratificó la resolución dictada en primera instancia declarando, en particular, que ETYE nunca existió como entidad orgánica autónoma. Estimó, en primer lugar, que ETYE no constituía una unidad de producción autónoma, toda vez que para la producción y la reparación del material rodante era indispensable la aportación de las cuatro divisiones de producción de Ellinika Nafpigeia y que, si Ellinika Nafpigeia pusiera fin a toda su actividad, a ΕΤΥΕ le habría resultado imposible llevar a cabo la construcción y reparación de material ferroviario. En segundo lugar, ETYE no tenía su propia estructura administrativa, pues se la proporcionaba Ellinika Nafpigeia y, en tercer lugar, no disponía de autonomía financiera, ya que Ellinika Nafpigeia garantizaba su gestión financiera. El Efeteio Athinon (Tribunal de Apelación de Atenas) dedujo de todo ello que no se había producido una transmisión de empresa, de centro de actividad o de partes de un centro de actividad y que, por tanto, Ellinika Nafpigeia seguía siendo el empresario de los trabajadores afectados.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como la validez del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) n.o 91/2009 a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia (DO 2011, L 194, p. 6).
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Dicho tribunal opina que, puesto que los residuos debían trasladarse de Alemania a Rumanía, era necesario un procedimiento de notificación con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1013/2006. No obstante, se pregunta si era aplicable la excepción establecida en el artículo 1, apartado 3, letra b), de ese Reglamento y pone de relieve que, si fuera así, el traslado de residuos de que se trata en el litigio principal quedaría fuera del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. A este respecto, el citado tribunal considera que no se desprende del tenor de este último precepto, en el que figura la expresión «residuos generados a bordo de […] buques», ni del expediente de elaboración previo a la aprobación del Reglamento n.o 1013/2006, ni de los considerandos de este, como tampoco de su sistemática, que los restos y residuos procedentes de averías deban estar incluidos en la citada excepción.
11

En virtud del artículo 24 de la Lei n.o 23/2018 — Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência, transpõe a Diretiva 2014/104/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia, e procede à primeira alteração à Lei n.o 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência, e à quarta alteração à Lei n.o 62/2013, de 26 de agosto, Lei de Organização do Sistema Judiciário (Ley n.o 23/2018, de 5 de junio — Derecho a indemnización por infracción del Derecho de la competencia, por la que se transpone la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, por la que se modifica por primera vez la Ley n.o 19/2012, de 8 de mayo, por la que se establece un nuevo marco jurídico de la competencia, y por cuarta vez por la Ley n.o 62/2013, de 26 de agosto, relativa a la Organización del Poder Judicial), de 5 de junio de 2018 (Diário da República, 1.a serie, n.o 107, de 5 de junio de 2018), que transpuso al Derecho portugués la Directiva 2014/104, las disposiciones materiales de esta Ley, incluidas las relativas a la carga de la prueba, no se aplican de manera retroactiva y sus disposiciones procesales no se aplican a las acciones emprendidas antes de su entrada en vigor.
19

Por lo tanto, la Administración tributaria declaró que PORR no podía deducir el IVA indicado en esas facturas con arreglo al artículo 120, letra a), de la Ley del IVA, sino solamente en virtud del artículo 120, letra b), de dicha Ley. Señaló que no se había producido una doble tributación y que el error de facturación cometido no eximía a PORR de las sanciones impuestas. También subrayó que podía solicitarse a los emisores de las facturas en el asunto principal que las corrigieran.
34

En efecto, ese precepto de la Directiva 2014/104, la cual, por otra parte, no es aplicable ratione temporis a los hechos del litigio principal, no se refiere a la determinación de las entidades obligadas a reparar tal perjuicio, sino al reparto de la responsabilidad entre dichas entidades, de modo que no confiere competencias a los Estados miembros para proceder a tal determinación.
17

Ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), Falck y otros sostienen que los servicios de socorro de que se trata en el litigio principal no constituyen servicios de prevención de riesgos. Afirman que el concepto de «prevención de riesgos» hace referencia únicamente a la prevención de los riesgos relacionados con las grandes concentraciones en situaciones extremas, de modo que no tiene significado propio y no incluye la prevención de riesgos para la vida y la salud de las personas consideradas individualmente. De ello se deduce que el transporte en ambulancia cualificado, que supone, además de la prestación del servicio de transporte, la atención y asistencia por un socorrista asistido por un auxiliar de transporte sanitario (en lo sucesivo, «transporte en ambulancia cualificado»), no está comprendido en la exclusión establecida en el artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24, puesto que no constituye más que un servicio de transporte de pacientes en ambulancia.
16

Con carácter preliminar, debe recordarse que el artículo 45 TFUE, apartado 2, prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011 no es más que una expresión específica del principio de no discriminación consagrado en el citado artículo 45 TFUE, apartado 2, en el ámbito específico de las condiciones de empleo y de trabajo, y, por tanto, debe ser interpretado del mismo modo que este último artículo (sentencia de 5 de diciembre de 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, en lo sucesivo, SALK, EU:C:2013:799, apartado 23 y jurisprudencia citada).
5

El Reglamento n.o 1290/2005 fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549). El artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1290/2005 fue sustituido y recogido, en lo esencial, por el artículo 58, apartado 1, letra e), del Reglamento n.o 1306/2013, que añade a las prescripciones de esa primera disposición, en particular, que los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para iniciar los procedimientos judiciales necesarios, en su caso, a efectos de la recuperación de los pagos indebidos. Las disposiciones del artículo 32, apartados 5, párrafo cuarto, y 8, letra a), del Reglamento n.o 1290/2005 fueron recogidas, en lo sustancial, en el artículo 54, apartados 2, párrafo segundo, y 5, letra c), del Reglamento n.o 1306/2013.
41

En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que las eventuales dificultades técnicas a la hora de determinar el importe de la contraprestación no permiten, por sí solas, llegar a la conclusión de que esta no existe (véase, por analogía, la sentencia de 14 de julio de 1998, First National Bank of Chicago, C‑172/96, EU:C:1998:354, apartado 31).
1

Mediante su recurso de casación, Deza a.s. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de mayo de 2017, Deza/ECHA (T‑115/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:329), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de la Decisión ED/108/2014 del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), de 12 de diciembre de 2014, en la que se actualizaba y se completaba la entrada existente relativa a la sustancia química ftalato de bis (2-etilhexilo) (CE n.o 204-211-0, CAS n.o 117-81-7) (en lo sucesivo, «DEHP») en la lista de posibles sustancias (en lo sucesivo, «Decisión controvertida») que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1; corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 895/2014 de la Comisión, de 14 de agosto de 2014 (DO 2014, L 244, p. 6) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»).
5

El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva del IVA dispone: «1. No obstante lo dispuesto en el inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 2, las operaciones siguientes no estarán sujetas al IVA: a) las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya entrega pudiese quedar exenta en el territorio del Estado miembro en aplicación de lo dispuesto en los artículos 148 y 151, efectuadas por un sujeto pasivo o una persona jurídica que no sea sujeto pasivo; b) las adquisiciones intracomunitarias de bienes, distintas de las contempladas en la letra a) y en el artículo 4 y distintas de las adquisiciones de medios de transporte nuevos y de productos sujetos a impuestos especiales, efectuadas por un sujeto pasivo, a fin de atender las necesidades de su explotación agrícola, silvícola o pesquera, sujeta al régimen común global de los productores agrícolas, por un sujeto pasivo que realice exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que no originen derecho de deducción alguno, o por una persona jurídica que no sea sujeto pasivo. 2. La disposición prevista en la letra b) del apartado 1 solo se aplicará cuando se reúnan las siguientes condiciones: a) que el importe global de las adquisiciones intracomunitarias no rebase, en el año civil en curso, el umbral que fijen los Estados miembros y que en ningún caso será inferior a la cantidad de 10000 euros o su contravalor en moneda nacional; b) que el importe global de las adquisiciones intracomunitarias de bienes no haya rebasado, en el año civil anterior, el umbral previsto en la letra a). El umbral de referencia vendrá constituido por el importe global de las adquisiciones intracomunitarias de bienes contempladas en el apartado 1, letra b), sin incluir las cuotas del IVA que deban pagarse o ya pagadas, en el Estado miembro de partida de la expedición o el transporte de los bienes.»
30

No obstante, procede señalar que el ámbito de aplicación de la Directiva 86/653 no puede extenderse a personas que no reúnen los requisitos recordados en el apartado 23 de la presente sentencia, requisitos que una persona debe cumplir para poder tener la consideración de «agente comercial», en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la mencionada Directiva.
87

Por último, el recurrente en casación sostiene que, dado que no se respetan los principios y derechos que invocó en apoyo de su cuarto motivo de casación, su nueva inclusión en las listas controvertidas viola sus derechos fundamentales, en particular, su derecho a la propiedad, y vulnera el principio de proporcionalidad. Ahora bien, de las consideraciones anteriores se desprende que no se violaron los derechos ni se vulneraron los principios invocados por el recurrente. Por lo demás, el recurrente no impugna los apartados 147 a 165 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General desestimó su motivo basado en que la decisión del Consejo de volverlo a incluir en las listas controvertidas violaba sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la propiedad, y vulneraba el principio de proporcionalidad.
28

En efecto, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión, planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones que se le plantean (sentencias de 24 de junio de 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359, apartado 30 y jurisprudencia citada, y de 21 de mayo de 2015, Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, apartado 29).
20

Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 1008/2008, en relación con el artículo 2, punto 18, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, al indicar las tarifas aéreas por los servicios aéreos intracomunitarios, las compañías aéreas que no expresen dichas tarifas en euros podrán indicarlas en cualquier moneda local de su elección. En caso de respuesta negativa, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que una compañía aérea con domicilio social en un Estado miembro cuya moneda es el euro propone en Internet un servicio aéreo respecto al cual el lugar de salida del vuelo de que se trate está situado en otro Estado miembro cuya moneda no sea el euro, las tarifas aéreas podrán indicarse, si no se expresan en euros, en la moneda que tenga curso legal en este último Estado miembro.
16

Según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia únicamente puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un tribunal nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que le son planteadas (véase, en particular, la sentencia de 27 de junio de 2018, Altiner y Ravn, C‑230/17, EU:C:2018:497, apartado 22).
15

A raíz de un recurso presentado por C, el Secretario de Estado, mediante resolución de 24 de julio de 2015, concedió a C un permiso de residencia autónomo con efectos a partir del 16 de febrero de 2015. Esta resolución se justificaba por la entrega al Secretario de Estado, por parte de C, de un dictamen de 15 de febrero de 2015 del Dienst Uitvoering Onderwijs (Servicio de Aplicación de la Normativa sobre Enseñanza, Países Bajos), en el que se señalaba que dicha persona había quedado exenta de la obligación de integración cívica. No obstante, el Secretario de Estado confirmó la revocación, con efectos retroactivos desde el 10 de febrero de 2014, del permiso de residencia de que disfrutaba C para permanecer con su cónyuge.
45

En primer lugar, ha de observarse que la Directiva 2009/28 utiliza el concepto de «agente económico» sin, no obstante, definirlo. Habida cuenta del carácter general de los términos en que se establecen los criterios enumerados en las letras a) a c) del artículo 18, apartado 1, de esta Directiva, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicha disposición no ha procedido a una armonización completa del método de verificación relacionado con el sistema de balance de masa. Por tanto, sin perjuicio de la obligación de cumplir las exigencias generales establecidas en las letras a) a c) de dicha disposición, los Estados miembros conservan un amplio margen de maniobra a la hora de determinar, con mayor precisión, las condiciones concretas en las que los agentes económicos en cuestión han de utilizar dicho sistema (véase, en este sentido, la sentencia del 22 de junio de 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, apartados 40 y 77).
6

Según el órgano jurisdiccional remitente, del artículo 41 de la legge n. 833 — Istituzione del servizio sanitario nazionale (Ley n.o 833 por la que se establece el servicio nacional de salud), de 23 de diciembre de 1978 (suplemento ordinario de la GURI n.o 360, de 28 de diciembre de 1978; en lo sucesivo, «Ley n.o 833»), se desprende, por un lado, que «las relaciones de las unidades sanitarias locales competentes por razón del territorio con las instituciones, entidades y hospitales a los que se refiere el párrafo primero que hayan obtenido la clasificación con arreglo a la Ley n.o 132 de 12 de febrero de 1968, así como con el hospital Galliera de Génova y con la Soberana Orden militar de Malta, se regularán mediante convenios especiales» y, por otro, que las «instituciones sanitarias reconocidas que prestan asistencia pública conservarán su posición de sujetos activos en el sistema público de asistencia».