Un acto de este tipo produce efectos jurídicos obligatorios, en la medida en que, mientras esta regla no se modifique formalmente o quede derogada, el Banco no puede apartarse de ella cuando aprecia las ofertas hechas por las empresas de trabajo temporal en el marco de los procedimientos de licitación relativos a la puesta a disposición de la institución de trabajadores en régimen de trabajo temporal.

Únicamente las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de un tercero modificando sustancialmente su situación jurídica constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación. Para determinar si un acto cuya anulación se solicita produce tales efectos, hay que atenerse a su contenido esencial, al contexto en el que ha sido elaborado y a la intención de su autor con respecto a su calificación. En cambio, la forma que adopte un acto es irrelevante, en principio, para apreciar la admisibilidad de un recurso de anulación. No obstante, no cabe excluir que el Tribunal tome en consideración la forma en que se adoptan los actos cuya anulación se solicita, en la medida en que aquélla pueda permitir identificar su naturaleza.

No constituye un acto impugnable, en el sentido del artículo 263 TFUE, una medida adoptada por una institución en la que se refleje únicamente la intención de ésta, o de uno de sus servicios, de seguir cierta línea de conducta en un ámbito determinado. Estas orientaciones internas, que indican las líneas generales en las que proyecta basarse la institución para adoptar, conforme a las disposiciones pertinentes, ulteriores decisiones individuales cuya legalidad podrá impugnarse con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 263 TFUE, únicamente producen efectos en la esfera interna de la Administración, sin que generen ningún derecho u obligación para terceros. No pueden constituir, por lo tanto, actos lesivos susceptibles, como tales, de ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE.

En el supuesto de un recurso interpuesto por una organización sindical contra una decisión del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo por la que se limita la duración máxima de los servicios prestados por un mismo trabajador puesto a su disposición por una empresa de trabajo temporal, la posición de interlocutora social de esta organización en el contexto de las discusiones sobre los trabajadores en régimen de trabajo temporal que versaban, concretamente, sobre la duración de la prestación de sus servicios en el Banco, basta para demostrar que dicha organización resulta individualmente afectada, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, por el acto impugnado. Esta calidad le es, en efecto, particular, en la medida en que, de entre las diferentes organizaciones sindicales eventualmente activas en la defensa de los intereses del personal contratado por, y trabajando para, el Banco, es esa organización la que entabló discusiones con el Banco precisamente sobre las cuestiones cubiertas por el acto impugnado, lo cual la singulariza con respecto a cualquier otra organización sindical.

El mero hecho de que una organización sindical representativa del personal haya participado en las negociaciones que llevaron a la adopción de un acto no basta para modificar la naturaleza de la legitimación activa que, en el marco del artículo 263 TFUE, pueda tener respecto a este acto. Sin embargo, puede declararse la admisibilidad de un recurso de una asociación cuando defienda sus propios intereses, distintos de los de sus miembros, por ejemplo, cuando su posición negociadora haya resultado afectada por el acto adoptado, y ello en situaciones particulares en las que esa asociación ocupaba una posición de negociadora claramente circunscrita e íntimamente ligada al objeto mismo de la decisión, lo cual la colocaba en una situación de hecho que la caracterizaba en relación con cualquier otra persona.

En efecto, según la explicación relativa al artículo 27 de la Carta, que, en virtud del artículo 6 TFUE, apartado 1, párrafo tercero, y del artículo 52, apartado 7, de la Carta, debe tenerse en cuenta al interpretar dicho artículo, el acervo de la Unión en el ámbito al que se refiere el artículo 27 de la Carta, que especifica las condiciones en que este artículo es aplicable, está constituido, en particular, por la Directiva 2002/14, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea.

De ello se deduce que el artículo 27 de la Carta, que no establece ninguna regla jurídica directamente aplicable, no es suficiente por sí mismo para conferir a los particulares un derecho subjetivo a la consulta y a la información que sea invocable como tal.

Como las directivas se dirigen a los Estados miembros y no a las instituciones u órganos de la Unión, no se puede considerar que las disposiciones de la Directiva 2002/14, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, impongan, como tales, obligaciones a las instituciones en sus relaciones con su personal.

Sin embargo, el hecho de que una directiva no vincule, como tal, a las instituciones no excluye que las normas o principios que dicha directiva establezca puedan ser invocados contra las instituciones cuando ellos mismos no sean más que la expresión específica de normas fundamentales del Tratado y de principios generales que se imponen directamente a estas instituciones. En efecto, en una comunidad de Derecho, la aplicación uniforme del Derecho es una exigencia fundamental y todo sujeto de Derecho está sometido al principio del respeto de la legalidad. Por tanto, las instituciones están obligadas a respetar las normas del Tratado FUE y los principios generales del Derecho que les son aplicables, de la misma manera que cualquier otro sujeto de Derecho.

Asimismo, una directiva podría vincular a una institución cuando ésta, en particular en el marco de su autonomía organizativa, haya pretendido ejecutar una obligación particular establecida por una directiva o en el supuesto de que un acto de alcance general de aplicación interna se remita, a su vez, expresamente a las medidas adoptadas por el legislador de la Unión en aplicación de los Tratados. Por último, las instituciones, con arreglo al deber de lealtad que pesa sobre ellas, deben tener en cuenta, cuando actúan como empleador, las disposiciones legislativas adoptadas a nivel de la Unión.

(véanse los apartados 104 a 106)