Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General en la que se retoman motivos y alegaciones formulados ante dicho Tribunal — Admisibilidad

(Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2 — Decisión basada en hechos incompletos o en una calificación jurídica errónea de tales hechos — Adopción de una decisión de rectificación — Procedencia — Calificación jurídica idéntica a la de la decisión de incoar el procedimiento

(Art. 88 CE, ap. 2)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Motivación implícita del Tribunal General — Procedencia — Requisitos

(Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 36 y 53, párr. 1)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Incoación de un procedimiento de investigación formal — Plazo máximo de dos meses — Inaplicabilidad en caso de ayuda no notificada

[Arts. 87 CE y 88 CE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 4, ap. 5, 7, ap. 6 y 13, ap. 2]

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Obligación de finalizar en un plazo razonable el examen preliminar iniciado a raíz de una denuncia — Apreciación in concreto — Alcance

(Arts. 87 CE y 88 CE)

6. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Medida que modifica un régimen de ayudas existentes — Calificación de ayudas nuevas

[Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 1, letra c); Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, art. 4, ap. 1; Comunicación 98/C 74/06 de la Comisión]

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Compatibilidad de una ayuda con el mercado común — Ayuda que aporta una mejora de la situación financiera de la empresa beneficiaria sin ser necesaria para cumplir los objetivos establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 3 — Ayuda que debe ser necesaria para el desarrollo de las regiones desfavorecidas — Criterios de apreciación de la necesidad de la ayuda

(Art. 107 TFUE, ap. 3)

9. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen global de un régimen de ayudas — Procedencia

(Arts. 107 TFUE y 108 TFUE)

10. Ayudas otorgadas por los Estados — Compatibilidad de una ayuda con el mercado común — Confianza legítima eventual de los interesados — Protección — Requisitos y límites

(Art. 108 TFUE)

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1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 47)

2. Es cierto que los textos que regulan el procedimiento en materia de ayudas de Estado no prevén expresamente la posibilidad de adoptar una decisión de corrección y de ampliación de un procedimiento pendiente.

Sin embargo, ello no puede llevar a prohibir a la Comisión hacer una rectificación o, en su caso, ampliar el procedimiento de investigación formal, si repara en que la decisión inicial de incoar el procedimiento estaba basada en hechos incompletos o en una calificación jurídica errónea de tales hechos.

(véanse los apartados 50 y 51)

3. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 56)

4. Del tenor de los artículos 4, apartado 5, y 7, apartado 6, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, se desprende inequívocamente que éstos sólo se aplican en caso de ayuda notificada. Por otra parte, el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento prevé expresamente que en los asuntos de presunta ayuda ilegal, la Comisión no está sujeta al plazo establecido, concretamente, en los artículos 4, apartado 5, y 7 apartado 6, del citado Reglamento.

En efecto, si no se ha notificado el régimen controvertido, la Comisión no está sometida a la regla del plazo de examen de dos meses previsto en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 659/1999.

(véanse los apartados 74 y 75)

5. En los procedimientos de examen de ayudas de Estado, la Comisión tiene la obligación de actuar dentro de un plazo razonable y no está autorizada a perpetuar un estado de inactividad durante la fase previa de examen.

El carácter razonable de la duración del procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto, como la complejidad de éste y el comportamiento de las partes.

(véanse los apartados 81 y 82)

6. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 88)

7. Una medida que autoriza que se tengan en cuenta determinados proyectos iniciados antes de la presentación de la solicitud de ayudas constituye una modificación de un régimen de ayudas existente cuando la ley nacional por la que se establece el citado régimen guarde silencio sobre la relación temporal entre la presentación de la solicitud de ayuda y el inicio de las obras y cuando las autoridades del Estado miembro hayan informado a la Comisión de que la concesión de las ayuda previstas en dicha Ley sólo podría referirse a proyectos que tuvieran que ser realizados «posteriormente» y de que, además, este requisito se confirmaría en las normas de desarrollo de la mencionada ley.

Asimismo, no cabe calificar a esta modificación de puramente formal o administrativa, en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 659/1999, puesto que podía influir en la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado interior. Así ocurre cuando en la Decisión de aprobación se mencionaba expresamente el requisito según el cual la solicitud de ayuda debía preceder obligatoriamente al inicio de la ejecución de los proyectos de inversión, requisito al que la Comisión supedita regularmente su aprobación de los regímenes de ayudas de finalidad regional, como se desprende del punto 4.2 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional.

En efecto, la modificación del régimen de ayudas introducida por dicha medida no es menor ni anodina y, por lo tanto, el régimen controvertido debía calificarse de ayuda nueva, en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, y no de ayuda existente.

(véanse los apartados 91, 93 y 94)

8. La Comisión puede denegar la concesión de una ayuda cuando ésta no haya servido como incentivo a las empresas beneficiarias para actuar de forma que contribuyan a la realización de uno de los objetivos contemplados en el citado artículo 107 TFUE, apartado 3. Dicha ayuda debe ser necesaria para conseguir los objetivos previstos en esta disposición, de modo que, sin ella, el juego de las leyes del mercado no permitiría lograr, por sí solo, que las empresas beneficiarias adoptasen un comportamiento que pueda contribuir a la realización de esos objetivos. En efecto, una ayuda que aporta una mejora de la situación financiera de la empresa beneficiaria sin ser necesaria para cumplir los objetivos establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 3, no puede considerarse compatible con el mercado interior.

De los elementos que preceden se desprende que, en el contexto del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra a), para ser compatible con el mercado interior la ayuda proyectada debe ser necesaria para el desarrollo de las regiones desfavorecidas. A tal fin ha de demostrarse que, de no recibirse la ayuda proyectada, no se haría la inversión destinada a sostener el desarrollo de la región de que se trate. En cambio, si resultara que dicha inversión se realizaría aun de no mediar la ayuda proyectada, deberá concluirse que el único efecto de ésta es mejorar la situación económica de las empresas beneficiarias, pero sin responder al requisito establecido en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra a), es decir, ser necesaria para el desarrollo de las regiones desfavorecidas.

El carácter necesario de la ayuda proyectada para el desarrollo de las regiones desfavorecidas puede deducirse tanto de la anterioridad de la solicitud de ayuda respecto del inicio de la aplicación del proyecto de inversión como sobre la base de otros criterios de apreciación.

(véanse los apartados 104 a 106 y 109)

9. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 114)

10. En materia de ayudas de Estado, el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima implica que las autoridades competentes de la Unión hayan dado al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables. En efecto, tiene ese derecho todo justiciable al que una institución, un órgano o un organismo de la Unión, al darle garantías concretas, le haya hecho concebir esperanzas fundadas. Constituye una garantía de ese tipo, con independencia de la forma en que se comunique, la información concreta, incondicional y concordante.

Además, en principio, y salvo circunstancias excepcionales, sólo puede invocarse una confianza legítima en la regularidad de una ayuda de Estado si ésta se ha concedido con observancia del procedimiento que prevé el artículo 108 TFUE.

(véanse los apartados 132 y 134)