Asunto C‑162/15 P‑R

Evonik Degussa GmbH

contra

Comisión Europea

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Recurso de casación — Procedimiento administrativo — Publicación de una Decisión por la que se declara la existencia de un cártel ilegal en el mercado europeo del peróxido de hidrógeno y del perborato — Decisión de la Comisión por la que se deniega una solicitud destinada a obtener el tratamiento confidencial de cierta información contenida en la Decisión por la que se declara la existencia de dicho cártel — Comunicación sobre la cooperación — Sentencia del Tribunal General por la que se desestima el recurso de anulación interpuesto contra tal Decisión — Demanda de suspensión de la ejecución de esta Decisión — Fumus boni iuris — Urgencia — Ponderación de los intereses»

Sumario — Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016

[Arts. 278 TFUE, 279 TFUE y 339 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 7; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 30]

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Perjuicio que no puede evaluarse — Perjuicio que no puede repararse por medio de un recurso de indemnización — Carácter irreparable

[Arts. 101 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE y 339 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 30; Reglamento (CE) n.o 773/2004, art. 16, ap. 1; Comunicaciones de la Comisión 2002/C 45/03, apartados 31, 32 y 33; 2006/C 298/11, apartados 39 y 40, y 2015/C 256/01, apartado 35 bis]

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Examen prima facie de los motivos invocados en apoyo del recurso principal — Carácter confidencial de la información relativa a una infracción de las normas de competencia aún no examinada por el Tribunal de Justicia — Motivo no carente a primera vista de fundamento

[Arts. 101 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE y 339 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 30; Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión]

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Examen prima facie de los motivos invocados en apoyo del recurso principal — Motivos no carentes a primera vista de fundamento — Alcance — Cuestión jurídica compleja — Carácter confidencial de la información relativa a una infracción de las normas de competencia aún no examinada por el Tribunal de Justicia — Inclusión

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 21)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 22 a 25)

Por lo que respecta al contencioso sobre la protección provisional de información supuestamente confidencial, el juez de medidas provisionales, so pena de no tener en cuenta la naturaleza intrínsecamente accesoria y provisional del procedimiento de medidas provisionales, sólo puede, en principio, concluir que no existe fumus boni iuris cuando resulta evidente que la información controvertida no tiene carácter confidencial. Lo cual no ocurre cuando se trata de una cuestión jurídica compleja cuya solución no aparece de manera inmediata y que se ha suscitado en un litigio de carácter más general que conlleva un recurso de casación que tiene por objeto la anulación de la sentencia del Tribunal General por la que se deniega el trato confidencial de la información controvertida, cuando el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún ni sobre la cuestión de los criterios que deben tomarse en consideración para determinar si una información dada constituye un secreto comercial ni tampoco sobre el supuesto carácter confidencial de la información controvertida. (véanse los apartados 29, 47 y 48)

La divulgación de información conforme al artículo 30 del Reglamento n.o 1/2003 y el derecho a acceder a los documentos regulado en el Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tienen diferente régimen jurídico. No obstante, dado que la divulgación tiene por objeto pasajes extraídos de ciertos documentos, la consecuencia necesaria de tal divulgación es que la información llega a conocimiento de terceros y, por consiguiente, deja de estar protegida. En un contexto en el que una empresa que ha comunicado a la Comisión información relativa a una infracción a las normas de competencia de la Unión, con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, niega que la Comisión pueda legalmente publicar pasajes de esa información, si bien es cierto que las consideraciones sobre el acceso al expediente con arreglo al Reglamento n.o 1049/2001 no son directamente aplicables, debe admitirse, en cambio, que son pertinentes las apreciaciones que llevaron al Tribunal de Justicia a concluir, como parte de esa jurisprudencia, que la Comisión puede legítimamente presumir que la divulgación de los documentos obrantes en un expediente relacionado con la aplicación del artículo 101 TFUE es contraria, en principio, a la protección de los intereses comerciales de las empresas implicadas en dicho procedimiento. Así pues, cabe considerar que un acceso generalizado a tales documentos podría poner en peligro el equilibrio que el legislador de la Unión pretendió asegurar en el Reglamento n.o 1/2003 y en el Reglamento n.o 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, entre la obligación de las empresas interesadas de comunicar a la Comisión informaciones comerciales que pueden resultar sensibles, para permitir que ésta compruebe la existencia de un cártel y aprecie su compatibilidad con el artículo 101 TFUE, por un lado, y, por otro, la garantía de la protección reforzada inherente a las informaciones así comunicadas a la Comisión, en virtud del secreto profesional y del secreto empresarial. Ahora bien, nada indica, de entrada, que la divulgación de ciertos pasajes de los documentos de que se trata en la versión no confidencial de la decisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas de competencia no pueda producir los mismos efectos cuando sustancialmente equivalga a un acceso generalizado, aunque parcial, a esos documentos. De ser esto cierto, no se trataría entonces de permitir a un particular acogerse a una presunción reconocida exclusivamente a favor de la Comisión, sino de aceptar que las consideraciones que sirvieron para justificar dicha presunción son aplicables, por analogía, a una situación similar, y, en su caso, extraer de esas mismas consideraciones una presunción en virtud de la cual, salvo prueba en contrario, las empresas pueden legítimamente confiar en que la información aportada con arreglo a un programa de clemencia estará amparada por el secreto profesional. (véanse los apartados 50 y 52 a 55)

Para apreciar, en el examen de una demanda de medidas provisionales dirigida a que se suspenda la ejecución de una decisión de la Comisión que denegó una solicitud de trato confidencial presentada por la parte demandante de dichas medidas, si se cumple el requisito relativo al fumus boni iuris, procede considerar que no resulta evidente que la información proporcionada a la Comisión, en relación con una infracción de las normas de competencia de la Unión, con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, no tenga carácter confidencial, al concurrir circunstancias que ponen en entredicho el trato que dispensó la Comisión a algunos datos confidenciales. A este respecto, en primer lugar, resulta dudosa una diferenciación entre los documentos facilitados a la Comisión por una empresa con arreglo a la comunicación de la Comisión sobre la cooperación, por un lado, y la información que contienen, y no entre tales documentos y la relación de los hechos que aquélla considera probados a la vista de su contenido, especialmente porque la información en cuestión se facilita mediante pasajes de los referidos documentos. La protección dispensada al secreto profesional tiene por objeto la información considerada digna de tal protección, y se manifiesta mediante la prohibición de permitir que terceros puedan disponer del soporte que contiene esa información, como, por ejemplo, un documento. En segundo lugar, si se considerase infundada tal diferenciación, no podría excluirse que el trato a los pasajes de los documentos confidenciales deba ser el mismo que daban a dichos documentos, en particular, las Comunicaciones sobre la cooperación, según las cuales la divulgación de esos documentos operaría en detrimento de algunos intereses tanto públicos como privados incluso si tuviera lugar una vez que la decisión del caso haya sido adoptada, y mediante las que la Comisión hizo expresa referencia, como razones que justifican la confidencialidad de los documentos, a la protección de los demás intereses referidos en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, entre ellos, claro está, los intereses comerciales designados en su apartado 2, primer guion. En tercer lugar, la circunstancia de que las citadas Comunicaciones mencionen que el hecho de que se conceda una dispensa de pago o una reducción del importe de la multa no exime a la empresa de las consecuencias civiles de su participación en una infracción de las normas de competencia no basta, por sí sola, para concluir que las empresas afectadas no podían esperar que se diera un trato confidencial a los documentos en cuestión. De lo anterior se infiere que no puede negarse, a priori, que una empresa podía confiar en que la Comisión no divulgaría los documentos en cuestión, ni siquiera parcialmente, mediante su entrega a terceros o mediante la inclusión de pasajes de su contenido en la versión no confidencial de la decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE. En cualquier caso, aun admitiendo que la Comisión pueda divulgar, efectivamente, conforme al artículo 30 del Reglamento n.o 1/2003, la información controvertida, tampoco puede excluirse la posibilidad de que se le exija, a pesar incluso de la falta de garantías que permitieran generar la confianza legítima de las empresas, que proporcione indicaciones claras y precisas en relación con la práctica seguida en sus decisiones anteriores y, en su defecto, que procure hacer comprensibles las reglas confusas mediante la adopción de nuevas reglas, para los futuros casos, dotadas de la claridad necesaria, de manera que no redunde en perjuicio del justiciable ni de una buena administración. Ello es especialmente urgente cuando la Comisión ya ha publicado una versión no confidencial de una decisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas de competencia y, al hacerlo, había tenido en cuenta las objeciones relativas al carácter confidencial de determinada información y había omitido la mayor parte de la información para la que la empresa afectada había solicitado un trato confidencial. (véanse los apartados 57 a 59, 61, 62 y 64 a 66)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 60)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 82, 86, 87 y 92 a 95)