Para evaluar los méritos que deben tomarse en consideración en una decisión de promoción prevista en el artículo 45 del Estatuto, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación y, en este aspecto, el control del Juez comunitario debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de los criterios y motivos que hayan podido conducir a la administración en su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de una forma manifiestamente errónea. Por consiguiente, el Juez no puede sustituir la apreciación de las cualificaciones y méritos de los candidatos efectuada por la Autoridad Facultad para Proceder a los Nombramientos por la suya propia.

Para proceder al examen de los méritos de los funcionarios con posibilidades de promoción, previsto por el artículo 45 del Estatuto, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no está obligada a basarse únicamente en los informes de calificación, sino que puede basar asimismo su apreciación en otros aspectos de sus méritos, tales como otras informaciones relativas a su situación administrativa y personal, que puedan matizar la valoración efectuada únicamente según los informes de calificación. Con carácter subsidiario, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos puede tomar en consideración, como criterios de selección para las promociones, la edad de los funcionarios susceptibles de ser promovidos y su antigüedad en el grado o en el servicio y, en igualdad de cualificaciones y de méritos de dichos funcionarios, estos elementos pueden constituir incluso un factor decisivo en la elección efectuada por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos.

Una promesa de promoción hecha sin tener en cuenta las disposiciones estatutarias no puede crear una expectativa legítima en aquella persona a quien se le hizo.

Si bien la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción frente a los funcionarios no promovidos, sí está obligada a motivar su decisión por la que se deniega una reclamación presentada, al amparo del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, por un funcionario no promovido, entendiéndose que la motivación de dicha decisión denegatoria debe coincidir con la motivación de la decisión contra la que se interpuso la reclamación.

En caso de falta total de motivación antes de la interposición de un recurso, dicha falta no puede subsanarse mediante explicaciones dadas tras la interposición del recurso. No obstante, si se demuestra que los datos que obraban en poder del demandante antes de la interposición del recurso constituían, por lo menos, un indicio de motivación, pueden aportarse precisiones complementarias durante el proceso.

(véanse los apartados 74 a 76)

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121), apartado 40; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión (T-16/94, RecFP p. II-335), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 11 de junio de 1996, Anacoreta Correia/Comisión (T-118/95, RecFP p. II-835), apartado 82