En caso de error, aun manifiesto, de apreciación de los requisitos de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012, y aun cuando se hubiera confirmado que las condiciones en que se desarrolla la actividad de los trabajadores desplazados quedan manifiestamente fuera del ámbito de aplicación material de la disposición sobre cuya base se expidió el certificado A1, el procedimiento que ha de seguirse para resolver las eventuales controversias entre las instituciones de los Estados miembros afectados sobre la validez o exactitud de los certificados A1 debe respetarse.

De admitirse que el Estado miembro en el que está desplazado el trabajador pueda aprobar una normativa que autorice a sus propias instituciones a declarar unilateralmente la invalidez de un certificado A1 recurriendo ante un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro, quedaría en entredicho el sistema basado en la cooperación leal entre las instituciones competentes de los Estados miembros. Por consiguiente, mientras no se retire o no se declare su invalidez, el certificado A1 se impone, en principio, en el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro al que se desplazan los trabajadores afectados y, por lo tanto, vincula a sus instituciones.

En consecuencia, la normativa del Estado miembro de desplazamiento que autorice a sus autoridades competentes a que sometan unilateralmente a los trabajadores a la legislación de seguridad social de dicho Estado miembro se opone al principio de la afiliación de los trabajadores por cuenta ajena a un único régimen de seguridad social, establecido en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, así como al principio de seguridad jurídica, que exige, en particular, que las normas jurídicas sean claras, precisas y de efectos previsibles, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los particulares y las empresas.

Dicha normativa tampoco es compatible con las disposiciones de los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009 que regulan el procedimiento que debe seguirse en caso de caso de dificultades de interpretación o de aplicación de los mismos, y en particular cuando el Estado miembro en el que esté desplazado el trabajador estime que no concurren los requisitos de aplicación del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004.

En cuanto a la posibilidad de no tener en cuenta un certificado A1 obtenido de manera fraudulenta cuando, en el marco del diálogo previsto en el artículo 76, apartado 6, del Reglamento n.o 883/2004, la institución del Estado miembro al que han sido desplazados trabajadores formula una consulta a la institución expedidora de los certificados A1 en relación con información concreta que le lleva a considerar que estos certificados han sido obtenidos fraudulentamente, incumbe a la segunda institución, en virtud del principio de cooperación leal, revisar de oficio, a la luz de esta información, la procedencia de que se expidieran los certificados y, en su caso, retirarlos.

Si esta institución se abstiene de llevar a cabo esta revisión de oficio en un plazo razonable, la mencionada información debe poder invocarse en un procedimiento judicial para obtener del juez del Estado miembro al que los trabajadores han sido desplazados que no tenga en cuenta los certificados de que se trata.

Ahora bien, la normativa del Estado miembro de desplazamiento antes citada no cumple dichos requisitos.

En efecto, por una parte, esta normativa no establece ninguna obligación de iniciar el procedimiento de diálogo y conciliación establecido por los Reglamentos n.o 883/2004 y n.o 987/2009. Por otra parte, dicha normativa no se limita a atribuir únicamente al juez nacional la facultad de declarar la existencia de fraude y de no tener en cuenta por tal motivo un certificado A1 y admite, en cambio, que, al margen de cualquier procedimiento judicial, las instituciones de seguridad social nacionales y los inspectores de trabajo decidan someter a los trabajadores desplazados a la legislación de seguridad social de dicho Estado miembro.

(véanse los apartados 93 a 96, 100, 101, 104 y 105)