En efecto, en la medida en que las operaciones de que se trate disfruten de financiación de la Unión, deben considerarse sujetas a la aplicación del Derecho de la Unión. De este modo, el concepto de irregularidad con arreglo al artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que no sólo contempla toda violación del citado Derecho, sino también la violación de las disposiciones del Derecho nacional que contribuyen a garantizar la buena aplicación del Derecho de la Unión relativo a la gestión de los proyectos financiados por los fondos de la Unión. Es el caso de una violación de las disposiciones del Derecho nacional aplicables a las operaciones respaldadas por los Fondos Estructurales.

El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, deben interpretarse en el sentido de que la infracción de disposiciones nacionales por un poder adjudicador beneficiario de Fondos Estructurales en el marco de la adjudicación de un contrato público con un valor estimado inferior al umbral previsto en el artículo 7, letra a), de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1422/2007, con motivo de la adjudicación de dicho contrato, puede constituir una irregularidad en el sentido de dicho artículo 1, apartado 2, o del citado artículo 2, punto 7, siempre que dicha infracción tenga o pueda tener como efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al imputarle un gasto indebido.

El artículo 98, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento n.o 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, debe interpretarse en el sentido de que las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros, cuando han sido aplicadas a gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales por haberse infringido las disposiciones en materia de adjudicación de contratos públicos, son medidas administrativas en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

En efecto, del propio tenor del artículo 98, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006, interpretado en relación con el artículo 4, apartado 1, primer guion, del Reglamento n.o 2988/95, se desprende que las correcciones financieras que los Estados miembros deben efectuar cuando detectan irregularidades en relación con las operaciones o con los programas operativos tienen por objeto retirar una ventaja indebidamente percibida por los operadores económicos de que se trata, en particular obligando a rembolsar los importes indebidamente pagados. A este respecto, la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción, sino la mera consecuencia de la constatación de que no se han respetado las condiciones exigidas para la obtención del beneficio resultante de la normativa de la Unión, lo que convierte la ventaja percibida en indebida. No puede poner tal conclusión en entredicho el hecho de que el importe absoluto que debe ser restituido pueda, en algún caso, no coincidir perfectamente con la pérdida efectivamente sufrida por los Fondos Estructurales.

(véanse los apartados 49 a 51 y el punto 2 del fallo)