Los artículos 3 a 5 de la Directiva 98/70, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12, en su versión modificada por la Directiva 2009/30, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, con arreglo al objetivo de promoción de la utilización de biocombustibles en el transporte marcado a los Estados miembros por las Directivas 2003/30, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, 2009/28, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77 y 2003/30, y 2009/30, obliga a las compañías petroleras que comercialicen gasolina o gasóleo a comercializar también en el mismo año civil una determinada cantidad de biocombustibles, mezclándola con esos productos, cuando esa cantidad se calcula en porcentajes de la cantidad total de dichos productos que comercializan al año y esos porcentajes se ajustan a los valores límites máximos fijados por la Directiva 98/70.

A este respecto, las disposiciones de la Directiva 98/70 y, en particular, su artículo 5, no pueden interpretarse con independencia de las disposiciones de las Directivas 2003/30 y 2009/28, que estaban en vigor en la fecha de los hechos del litigio principal y de la presentación de la petición de decisión prejudicial. En efecto, la circunstancia de que las Directivas 2009/28 y 2009/30 (esta última modifica la Directiva 98/70) fueran adoptadas y entraran en vigor en la misma fecha y el hecho de que, junto con la Directiva 2003/30, formen parte de un conjunto de medidas destinadas a promover la producción y la utilización de energías renovables indican que el legislador de la Unión quiso garantizar una coherencia necesaria entre esas Directivas. La Directiva 2003/30, que, según su artículo 1, tenía por objeto fomentar la utilización de biocarburantes como sustitutivos del gasóleo o la gasolina a efectos de transporte en los Estados miembros, no imponía a los Estados miembros los medios que debían aplicar para alcanzar los objetivos nacionales indicativos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, sino que les dejaba, a este respecto, elegir libremente en cuanto a la naturaleza de las medidas que debían adoptarse. De este modo, del considerando 19 de la Directiva 2003/30 se desprende que los Estados miembros disponían de diferentes medios para alcanzar los objetivos previstos en ella, como, entre otros, un régimen de exención fiscal, ayudas financieras a la industria transformadora o el establecimiento de un porcentaje de biocarburantes de cumplimiento obligatorio por parte de las compañías petroleras.

La conclusión de que el artículo 5 de la Directiva 98/70, en relación con lo dispuesto en la Directiva 2003/30, no se oponía a que un Estado miembro obligara a las compañías petroleras a comercializar un porcentaje obligatorio de biocombustibles con fines de transporte para alcanzar los objetivos nacionales indicativos fijados con arreglo al artículo 3, apartado 1, de esa última Directiva se impone con mayor razón si dicho artículo 5 se interpreta en relación con lo dispuesto en la Directiva 2009/28, la cual, como resulta de su noveno considerando y de su artículo 1, fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el transporte.

(véanse los apartados 37 a 42 y 47 y el punto 1 del fallo)