AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

25 de octubre de 1994

Asunto T-180/94

M

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Reembolso de gastos médicos — Indemnización de un perjuicio moral — Reembolso de los gastos efectuados en el curso de un procedimiento administrativo previo — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II-663

Objeto:

Recurso que tiene por objeto: Por una parte, la anulación: — de una decisión por la que se niega al demandante la devolución del 100 % de los gastos correspondientes a cuidados dentales causados por una enfermedad grave; — de una decisión que deniega presuntamente peticiones de indemnización.

Por otra parte, la condena de la Comisión a pagar al demandante 1 ECU simbólico como indemnización del perjuicio moral que considera haber sufrido.

Resultado:

Desistimiento parcial y denegación en todo lo demás.

Resumen del auto

El demandante, que disfruta de un reembolso del 100 % de sus gastos médicos por haberse considerado grave la enfermedad que padecía, presentó el 13 de enero de 1993 un presupuesto relativo a la colocación de cuatro implantes mandibulares y de dientes o prótesis móviles. El 14 de enero de 1993, la oficina liquidadora aprobó solamente la colocación de los dientes o prótesis móviles, y ello conforme al baremo usual del 80 %.

Al estimar que tenía derecho al reembolso total de estos gastos, que consideraba causados por su enfermedad «grave», el demandante presentó una reclamación contra la decisión anterior el 3 de febrero de 1993. El 2 de julio de 1993 presentó una petición de reembolso de la que la oficina liquidadora aceptó reembolsar únicamente el 63,5 % en su liquidación de 6 de octubre de 1993.

Entre tanto, el 16 de julio de 1993, el Director General competente comunicó al demandante su decisión de autorizar el reembolso total de todos los gastos especificados en el presupuesto.

El 12 de noviembre de 1993, el demandante presentó una reclamación contra la decisión de la oficina liquidadora de 6 de octubre de 1993 y pidió el pago de la diferencia entre la cantidad reclamada y la cantidad pagada, además de los intereses de demora al tipo del 8 % anual, el pago de gastos y honorarios a Abogados producidos en el procedimiento administrativo previo y la reparación del perjuicio moral que consideraba haber sufrido.

El 4 de febrero de 1994, el Director General competente informó al demandante de que había ordenado a sus servicios pagarle la suma reclamada más los intereses de demora al tipo de 8 % a partir del 12 de noviembre de 1993..

Por entender que esta carta no le daba completa satisfacción, el demandante interpuso el presente recurso.

Sobre la admisibUidad

1. Sobre las pretensiones relativas a la anulación de la decisión de la Comisión de no reembolsar los gastos dentarios al tipo del 100 %yde no pagar los intereses por demora

El Tribunal de Primera Instancia entiende que la decisión por la que se niega el reembolso de los gastos correspondientes a cuidados dentales al tipo del 100 % está incorporada en la liquidación de la oficina liquidadora de 6 de octubre de 1993, la cual constituye un acto lesivo para el demandante por cuanto su petición de reembolso de 2 de julio de 1993 sólo ha sido satisfecha en parte. De todos modos, como la petición de reembolso de 2 de julio de 1993, a partir de la cual se tomó la decisión que se discute, no mencionaba en absoluto los intereses de demora, la decisión de 6 de octubre de 1993 no puede considerarse como una decisión que rehuse al demandante el pago de dichos intereses (apartados 16 y 17).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de enero de 1993, F./Comisión (T-88/91, Rec. p. II-13), apañados 27 a 29

El Tribunal de Primera Instancia reconoce que la Comisión dio cumplimiento, el 4 de febrero de 1994, a la reclamación del demandante, que por ello desistió de sus pretensiones. En todo caso, esas pretensiones ya no tenían objeto en el momento en que interpuso el recurso y no cabía por tanto su admisión (apartado 18).

2. Sobre las pretensiones relativas a la anulación de la decisión de 4 de febrero de 1994

El Tribunal de Primera Instancia juzga que no cabe admitir la pretensión de anulación de la decisión impugnada, en la medida en que ésta rechaza presuntamente la petición de reparación del perjuicio moral, puesto que semejante petición pretende en realidad, a falta de alegación de un perjuicio moral distinto del derivado de ser contraria a Derecho la decisión impugnada, que se declare dicha decisión contraria a Derecho y de este modo se confunde con las pretensiones de anulación dirigidas contra esta última, de las que el demandante desistió y cuya admisión no era posible en ningún caso (apartado 22).

Por otra parte, en la medida en que estas pretensiones están fundadas en «faltas posteriores cometidas por la Comisión» y en un «estado de incertidumbre y de inquietud» en que afirma encontrarse el demandante, se debería considerar en todo caso que dichas pretensiones, que no estarían pues vinculadas únicamente a la afirmación de que es contraria a Derecho la decisión impugnada, no podían ser admitidas, ya que no han estado precedidas del preceptivo procedimiento administrativo previo en dos etapas, petición y luego reclamación, como lo regulan los artículos 90 y 91 del Estatuto (apartado 23).

Al tratarse de pretensiones que se dirigen a la anulación de la misma decisión, en la medida en que ésta deniega presuntamente al demandante la aceptación de su petición de indemnización de los gastos efectuados en relación con el procedimiento administrativo previo, el Tribunal de Primera Instancia considera que el órgano jurisdiccional comunitario debe resolver sobre las costas con ocasión de una controversia que se refiera a la misma conformidad a Derecho del acto de que se trata y, en su caso, del importe (apartado 24).

Además, el Tribunal de Primera Instancia señala de oficio que el demandante no ha precisado en absoluto la magnitud del perjuicio que dice haber sufrido, contra lo que establece el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento. Si, en determinados casos particulares, especialmente cuando es difícil cifrar el perjuicio que se alega, no es indispensable precisar en la demanda su magnitud exacta ni cifrar el importe de la reparación pedida, en el presente caso el demandante no ha probado, ni siquiera alegado, la existencia de circunstancias particulares que justifiquen el hecho de no cifrar el perjuicio que pretende haber sufrido por esta causa (apartado 25).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1990, Automec/Comisión (T-64/89, Rec. p. II-367), apartados 75 a 77

El Tribunal de Primera Instancia añade que los gastos realizados en el procedimiento administrativo previo no pueden ser objeto de reembolso (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de octubre de 1970, Hake/Comisión (75/69, Rec. p. 901); Tribunal de Justicia. 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión (54/77, Rec. p. 585)

3. Sobre las pretensiones de indemnización

Cuando existe un vínculo directo entre un recurso de anulación y una acción de indemnización, procede la admisión de esta última como accesoria del recurso de anulación, sin que tenga que ir precedida necesariamente tanto de una petición a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos para que indemnice los perjuicios que se dice haber sufrido como de una reclamación que impugne el fundamento de la denegación presunta o expresa de su petición. Además, cuando existe un vínculo directo entre un recurso de anulación y una acción de indemnización, la inadmisibilidad del recurso de anulación implica la de la pretensión de indemnización (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Marcato/Comisión (T-5/90, Rec. II-731), apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1993, Piette de Stachelski/Comisión (T-53/92, Rec. p. II-35), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 46; Tribunalde Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP p. II-61), apartado 34

El Tribunal de Primera Instancia declara la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a la indemnización, que no sólo presentan un vínculo directo con las pretensiones dirigidas a la anulación, sino que incluso se confunden con el objeto mismo de éstas (apartado 29).

Fallo:

1) Se deja constancia del desistimiento de las pretensiones relativas a la anulación de la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 1993.