Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Determinación del objeto de la cuestión

(Art. 234 CE)

2. Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil

(Art. 234 CE)

3. Acuerdos internacionales — Acuerdo de Cooperación CEE-Países miembros del Acuerdo de Cartagena — Cláusula de la nación más favorecida — Efecto directo — Inexistencia

[Acuerdo de Cooperación CEE-Países miembros del Acuerdo de Cartagena, art. 4; Reglamento (CEE) nº 1591/84 del Consejo]

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1. Si bien el Tribunal de Justicia carece de competencia en virtud del artículo 234 CE para aplicar la regla comunitaria a un litigio concreto y, por consiguiente, para calificar una disposición de Derecho nacional a la luz de dicha regla, puede, sin embargo, en el marco de la cooperación judicial establecida por este artículo y a partir de los datos de las actuaciones, proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación del Derecho comunitario que pudieran serle útiles en la apreciación de los efectos de aquella disposición.

(véase el apartado 24)

2. Las cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

(véase el apartado 27)

3. El artículo 4 del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y por otra el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, aprobado mediante el Reglamento nº 1591/84, disposición que consagra el régimen de la nación más favorecida entre las partes contratantes, no confiere a los particulares derechos que puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro.

En efecto, la interpretación seguida por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 1 de marzo de 2005, Van Parys, C‑377/02, en cuanto a la falta de efecto directo de la cláusula de la nación más favorecida incluida en el Acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 98/278, sucesor de dicho Acuerdo de cooperación, es igualmente válida en relación con el artículo 4 del anterior Acuerdo. Si bien, ciertamente, la cláusula de la nación más favorecida, tal como figura, por un lado, en el Acuerdo marco de cooperación, y, por otro, en el Acuerdo de cooperación, está redactada en términos divergentes, la redacción diferente de esta última sólo puede considerarse un elemento que necesita una interpretación divergente por lo que se refiere a su posible efecto directo en la medida en que la estructura general de los acuerdos y su finalidad dan testimonio de la voluntad de las partes contratantes de haber querido, mediante la redacción divergente, privar al artículo 4 del Acuerdo marco de cooperación del efecto directo que habría sido reconocido anteriormente al artículo 4 del Acuerdo de cooperación.

Ahora bien, el Acuerdo marco de cooperación, y en particular su artículo 4, no presentan características que muestren que las partes contratantes estuvieran situadas en una situación menos favorable en relación con la que tenían en virtud del Acuerdo de cooperación, en particular por lo que se refiere a la cláusula del trato de la nación más favorecida. Al contrario, la comparación de ambos acuerdos muestra un refuerzo progresivo de la intensidad de la cooperación a la que las partes se han comprometido.

(véanse los apartados 38, 39, 42, 44 y 45 y el fallo)