Del tenor del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 se desprende que uno de los efectos de una decisión adoptada en virtud de dicho artículo es convertir en obligatorios los compromisos propuestos por las empresas que respondan a las inquietudes en materia de competencia que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar. Es preciso hacer constar que una decisión de ese tipo no certifica la conformidad de la práctica objeto de tales inquietudes con el artículo 101 TFUE. Por consiguiente, una decisión adoptada en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 no puede generar en las empresas afectadas la confianza legítima en que su conducta es conforme con el artículo 101 TFUE.

El artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], debe interpretarse en el sentido de que una decisión de compromisos relativa a determinados acuerdos entre empresas y adoptada por la Comisión Europea en virtud del artículo 9, apartado 1, del referido Reglamento no se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales examinen la conformidad de dichos acuerdos con las normas en materia de competencia y declaren, en su caso, la nulidad de tales acuerdos con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 2. Por otra parte, los considerandos 13 y 22 del Reglamento n.o 1/2003, leídos conjuntamente, precisan de forma explícita que las decisiones relativas a los compromisos se entienden sin perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia y de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para adoptar una decisión sobre el caso, y no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.

No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden ignorar este tipo de decisiones porque, en cualquier caso, tales actos tienen carácter decisorio. Además, tanto el principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, como el objetivo de la aplicación eficaz y uniforme del Derecho de la Unión en materia de competencia obligan al juez nacional a tener en cuenta el análisis preliminar de la Comisión y a considerarlo un indicio —o, incluso, un principio de prueba— del carácter contrario a la competencia del acuerdo en cuestión a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, en la medida en que, a tenor del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, en relación con el considerando 13 de ese mismo Reglamento, la Comisión puede realizar un simple «análisis preliminar» de la situación de competencia, sin que la decisión relativa a los compromisos adoptada en virtud de dicho artículo se pronuncie sobre si se ha producido o no la infracción o si esta aún existe, no cabe excluir que un órgano jurisdiccional nacional llegue a la conclusión de que la práctica objeto de la decisión de compromisos es contraria al artículo 101 TFUE y que, por ello, tenga la intención de declarar, a diferencia de la Comisión, que se ha infringido dicho artículo.

(véanse los apartados 26, 27, 29 y 30 y el fallo)