El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, en relación con el anexo IV del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que instaura una obligación de principio, que recae sobre el Estado miembro, de ejecutar, mediante normas de alcance general adecuadas, el conjunto de las normas enunciadas en dicho anexo, a excepción, concretamente, de las normas tituladas «Normas en materia de rotación de cultivos [en su caso]» y «Niveles mínimos de carga ganadera o regímenes apropiados». Esta apreciación se aplica mutatis mutandis y aún con más razón al artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 73/2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, en relación con el anexo III de dicho Reglamento, que, con arreglo a esta interpretación, lleva a cabo una distinción explícita entre normas obligatorias y facultativas.

En efecto, la obligación de definición mediante una actividad normativa que recae sobre los Estados miembros, tal como está establecida en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 1782/2003, por un lado, implica su deber de respetar todas las normas incluidas en el anexo IV de dicho Reglamento y, por otro, está íntimamente vinculada a una cierta latitud por su parte para definir concretamente estas normas, ya que se basan en conceptos y términos generales cuya aplicación concreta implica necesariamente la existencia de una facultad de apreciación. Sin embargo, del tenor del artículo 5 del Reglamento n.o 1782/2003 no se desprende que los Estados miembros estén, en su caso, facultados para no aplicar en absoluto ciertas normas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Pues bien, habida cuenta de la imprecisión del artículo 5, apartado 1, del mismo Reglamento sobre el carácter obligatorio de dichas normas, es preciso recurrir al tenor de cada una de ellas separadamente para determinar su carácter obligatorio y el alcance de la facultad de apreciación dejada a los Estados miembros en cuanto a su determinación y aplicación concretas.

Además, aun suponiendo que, según el Estado miembro de que se trate, las tierras agrarias o las zonas correspondientes ya hayan presentado en sí mismas características más o menos conformes con los objetivos del Reglamento n.o 1782/2003, convirtiendo así las normas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales en inoperantes o haciendo que su ejecución sea desproporcionada, esta mera circunstancia no le libera, habida cuenta del principio de seguridad jurídica, de su obligación de ejecutar las disposiciones pertinentes del dicho Reglamento mediante una normativa nacional apropiada. No es menos cierto que, en el marco del ejercicio de la facultad de apreciación que le permiten los términos generales e imprecisos que caracterizan estas normas, el Estado miembro puede modularlas y concretarlas de modo que se adapten al contexto nacional. En cambio, no se puede renunciar por completo a su ejecución.

En efecto, la ejecución mediante una normativa nacional apropiada de las normas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales en inoperantes tiene por objeto igualmente permitir controles y sanciones en caso de incumplimiento. Habida cuenta del requisito fundamental consistente en la existencia de controles y sanciones, el Estado miembro de que se trate no puede invocar su supuesta facultad de apreciación o el principio de proporcionalidad para justificar la falta total de ejecución de dichas normas y la Comisión está facultada para insistir en su ejecución, aunque sólo sea para establecer un sistema de control y de sanción completo y eficaz.

(véanse los apartados 43, 44, 62, 65 y 66)