Podría revestir, al respecto, cierta importancia el apartado 2 del artículo 60 del Acta de adhesión, cuyo tenor es el siguiente:

«En cuanto a los productos no sometidos en el momento de la adhesión a la organización común de mercados, las disposiciones del Título I relativas a la supresión progresiva de las exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana, y de las restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente, no se aplicarán a dichas exacciones, restricciones y medidas cuando éstas formen parte de una organización nacional de mercado en la fecha de la adhesión. Tal disposición sólo será aplicable en la medida necesaria para asegurar el mantenimiento de la organización nacional y hasta el establecimiento de la organización común de mercados para dichos productos.»

Sobre este punto se plantea la cuestión -y a ello limitó la Comisión en un primer momento su apreciación- de si, tras el vencimiento del plazo establecido por el apartado 2 del artículo 9 del Acta de adhesión, esto es, después del 31 de diciembre de 1977, sigue siendo posible invocar el apartado 2 del artículo 60 y, por tanto, si éste puede considerarse como una «disposición particular» en el sentido del apartado 2 del artículo 9 que establece:

«Sin perjuicio de las fechas, plazos y disposiciones particulares previstos en la presente Acta, la aplicación de las medidas transitorias concluirá al final de 1977.»

El Gobierno francés sostiene con énfasis esta opinión. Remitiéndose a los trabajos preparatorios del Acta de adhesión, señala que, a diferencia del artículo 8 del Tratado, no se estableció en éstos el principio de un período transitorio. El Acta de adhesión, alega, únicamente prevé en su Cuarta Parte, así como en Anexos y Protocolos, distintas medidas provisionales a las que había, o todavía hay, que aplicar plazos de distinta duración. Es particularmente importante, señala, que en el apartado 2 del artículo 9 no se habla únicamente de un plazo de principio, sino que también se encuentran en él reservas en relación con las cuales tiene cierta importancia el vago concepto de «disposiciones particulares». Atendiendo a considerables diferencias y divergencias estructurales en la política agraria, que se hacían notar precisamente en relación con la carne de ovino, como muestran las diferencias de precios, el referido apartado representa una medida transitoria importante para la agricultura. Si se compara a éste con el artículo 45 del Tratado y se comprueba que, a diferencia de otras disposiciones particulares que contienen formalmente una limitación temporal, el apartado 2 del artículo 60 no especifica fecha alguna, sólo podrá concluirse, en opinión del Gobierno francés, que la jurisprudencia desarrollada en la citada sentencia Charmasson en relación con el propio Tratado, no es determinante en relación con el Acta de adhesión y que, por tanto, incluso después del vencimiento del plazo del apartado 2 del artículo 9, no puede aplicarse el principio de la libre circulación de mercancías frente a organizaciones nacionales de mercado, mientras falte una organización común de mercados en el sector de que se trata.

Como ya hizo en las sentencias de 29 de marzo de 1979, Meijer (118/78, ↔ Rec. p. 1387), y Comisión/Reino Unido, antes citada, en las que se trataba de restricciones a la importación en el marco de la organización británica del mercado de la patata, también ahora la Comisión se opone a este planteamiento. Defiende en suma la opinión de que en ningún caso pueden justificarse, después del final de 1977, obstáculos nacionales a los intercambios comerciales invocando la existencia de una organización nacional de mercado y el apartado 2 del artículo 60 del Acta de adhesión.

Sobre esta discrepancia basta recordar que en . la citada sentencia Comisión/Reino Unido, para cuya redacción se tuvieron presentes las mencionadas alegaciones de la República Francesa, ya que intervino como coadyuvante en apoyo del Reino Unido, este Tribunal de Justicia corroboró el punto de vista de la Comisión.

Si no me equivoco, en aquella ocasión fueron tres las reflexiones trascendentes para el Tribunal de Justicia: la procedencia de tomar en consideración el sistema general del Acta de adhesión, la necesidad de tener en cuenta, además, las conexiones del artículo 60 con las disposiciones generales del Tratado sobre los fundamentos y el sistema de la Comunidad, así como sobre los principios de la política agrícola común y, finalmente, la obligación de respetar el principio de la igualdad de trato de los Estados miembros en relación con las normas esenciales de funcionamiento del mercado común. Ello llevó al Tribunal de Justicia a sentar el principio de que las normas de funcionamiento del mercado común gozan de prioridad y en ningún caso pueden interpretarse latu sensu las excepciones o las disposiciones que de ellas se separan. Y ello condujo además a la conclusión de que el apartado 2 del artículo 60 del Acta de adhesión no puede ser considerado como una «disposición particular» en el sentido del apartado 2 del artículo 9, que encierra una clara limitación en el tiempo, con lo cual quedó claro que, a partir del transcurso del plazo del apartado 2 del artículo 9, es decir, después de 1977, ya no se podían justificar medidas que obstaculizaran la libre circulación de mercancías invocando organizaciones particulares de mercado de ámbito nacional. Expresamente subrayó este Tribunal de Justicia que la persistencia hasta la fecha de vacíos en la política agrícola común no puede constituir impedimento alguno para la aplicación de las normas generales vigentes para el mercado común, y si después de transcurrir el citado período se apreciaba aún la necesidad de medidas particulares, éstas no podían ser adoptadas de manera unilateral por los Estados miembros invocando organizaciones nacionales de mercado.

Con ello, la solución del presente litigio queda efectivamente esbozada en el sentido de que no debe reconocerse a partir del 1 de enero de 1978 fundamento jurídico alguno para el mantenimiento de las restricciones francesas relativas, entre otras, a la importación de carne de ovino procedente del Reino Unido.

No obstante, me gustaría todavía analizar algunos argumentos complementarios expuestos por el Gobierno francés en la vista oral que, en su opinión, deben dar lugar a un juicio distinto.

Así, se alegó que los problemas relacionados con la organización francesa del mercado de la carne de ovino son de naturaleza distinta que los que surgieron en el asunto de la citada sentencia Comisión/Reino Unido. Según ello, lo que importa ante todo es que las negociaciones sobre la organización común de mercados para este sector están muy avanzadas y se puede contar con su próxima conclusión. Ello es trascendente, afirmó el Gobierno francés, en relación con ciertos enunciados contenidos en la sentencia Comisión/Reino Unido, según los cuales no pueden mantenerse por «tiempo indefinido» organizaciones nacionales de mercado y sus correspondientes obstáculos a los intercambios.

Pero, en realidad, este argumento no conduce a nada. Cuando, en particular en la sentencia Comisión/Reino Unido, se elaboró el principio de que después del año 1977 no son admisibles excepciones a la regla general contenida en el apartado 2 del artículo 60, no puede naturalmente ser decisiva, en la medida en que no existe al respecto la menor reserva, la cuestión de si la disolución de la organización nacional de mercado no se vislumbra en absoluto por el momento o, por el contrario, como parece muy posible en relación con la carne de ovino, se va a producir en un plazo relativamente breve tras el vencimiento del período transitorio del apartado 2 del artículo 9.

Se hizo también referencia a la evolución de los precios en el Reino Unido, por una parte, y en Francia, por otra, que presenta en los últimos años un cierto acercamiento y a ello se vinculó la esperanza de que concurran las condiciones que permitan la libre circulación de mercancías aun manteniendo la normativa francesa.

Pero también esta alegación ha de contemplarse a la luz de los principios contenidos en la mencionada sentencia, ya que no puede extraerse de ello la conclusión de que el Acta de adhesión concede un plazo de espera adicional, en función de la evolución económica, para medidas que, en sí mismas, son contrarias al Tratado. Además, prescindiendo plenamente de que, en cualquier caso, la obligación de solicitar una licencia de importación ha de considerarse como una medida, ilegal, de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, no puede olvidarse que todavía hoy hay que registrar considerables diferencias de precios y que no puede en modo alguno decirse con seguridad cuando quedarán reducidas a un margen que excluya la recaudación de un impuesto a la importación y los bloqueos temporales de la importación.

Recuerda además el Gobierno francés que también en el Reino Unido existe una organización nacional del mercado de la carne de ovino que, en contra del principio de igualdad de trato, al parecer se mantiene intacta. Citando cifras ciertamente impresionantes, indica que el desmantelamiento de las medidas francesas arrastraría una durísima competencia de carne de ovino británica de bajo precio que pondría en grave peligro la economía. de determinadas regiones deprimidas de Francia.

Hay que decir al respecto, en primer lugar, que el Derecho comunitario no requiere en absoluto una supresión de las organizaciones nacionales de mercado, sino únicamente poner fin a los obstáculos a la libre circulación de mercancías que aquéllas conllevan. Por ello, no tiene nada de particular que, en cuanto a la organización inglesa del mercado de la carne de ovino que, al parecer, no contempla régimen de importación alguno, no se exijan modificaciones similares a las exigidas con respecto a la organización francesa de dicho mercado que efectivamente obstaculiza la importación. Por otra parte, no es nada seguro, si se cumple la tesis de la Comisión, que se produzcan en la proporción temida los pretendidos efectos sobre la estructura económica de Francia. Efectivamente, no debe olvidarse, y así lo puso en todo caso de relieve claramente la sentencia Comisión/Reino Unido, que el Derecho comunitario sólo excluye, después del vencimiento del período transitorio, medidas nacionales unilaterales; por el contrario, no impide en absoluto, cuando lo exige la situación, la adopción de medidas por la Comunidad, por ejemplo, en forma de ayudas, como ya se contempló también en una propuesta de la Comisión.

Por último, alegó también el Gobierno francés, y en ello observa cierta contradicción con la interpretación restrictiva del apartado 2 del artículo 60 del Acta de adhesión, que también las Instituciones comunitarias, tras el vencimiento del período transitorio, postulan una aplicación flexible de los preceptos comunitarios en el sector agrícola y que, al respecto, se puede pensar en las excepciones al Reglamento (CEE) no 1422/78 del Consejo (DO L 171, p. 14; EE 03/14, p. 158) o en la rebaja del precio de la mantequilla británica por medio de ayudas; además, alega, no se ha vacilado en reconocer en el artículo 102 del Acta de adhesión, que trata de una medida de protección de los fondos pesqueros, y a pesar de su imprecisa redacción, una «medida particular» que permite orillar el artículo 9.

Por lo que se refiere al artículo 102 del Acta de adhesión, basta indicar que dicho precepto puede considerarse sin más como una «medida particular» en el sentido del apartado 2 del artículo 9 del Acta de adhesión a causa de la clara limitación temporal que contiene, que es lo determinante con arreglo a la sentencia del asunto 231/78. Por lo demás, basta hacer la reflexión, por una parte, de que en ningún caso se dirigía a obstaculizar los intercambios comerciales con el consiguiente detrimento del importante principio de la libre circulación de mercancías, y que, por otra parte, también es significativo que no nos encontramos ante medidas nacionales adoptadas de manera unilateral, sino ante excepciones a la normativa comunitaria autorizadas por las Instituciones comunitarias.

En consecuencia, ya sólo queda la conclusión contenida en la redacción inicial del recurso de la Comisión, de que, al seguir aplicando después del 1 de enero de 1978 su régimen nacional a la importación de carne de ovino procedente del Reino Unido, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 12 y 13 del Tratado.