CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER

presentadas el 5 de octubre de 1971 ( *1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

En el marco de un proceso que se ventila ante el tribunal du travail de Tongres, dicho órgano jurisdiccional belga, competente en materia social, solicita que este Tribunal de Justicia interprete el Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, p. 561).

Por lo que se refiere a los hechos, conviene señalar que el Sr. Janssen, demandante en el litigio principal, de nacionalidad belga y domiciliado actualmente en Bélgica, trabajó en Francia del 16 de octubre de 1967 al 31 de diciembre de 1969 como trabajador del campo por cuenta ajena, y que, en dicho concepto, estuvo asegurado contra los riesgos de enfermedad y de invalidez en la Mutualité sociale agricole de la Somme. A partir del 1 de enero de 1970, comenzó a trabajar «ayudando» en la explotación agraria de su padre. En este concepto es como está asegurado en el organismo demandado en el litigio principal, organismo al que ha cotizado regularmente. En enero de 1970, su mujer dio a luz en una clínica belga. El demandante considera que su entidad aseguradora, l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, de Bruselas, debe abonarle los gastos correspondientes al referido parto. Pero dicho organismo se niega a intervenir, alegando que el interesado no ha cumplido el período mínimo de cotización de seis meses que es preciso tener cubierto cuando sobreviene la contingencia o situación protegida, tal como prevén las disposiciones aplicables al caso, es decir, las del Real Decreto de 30 de julio de 1964 («por el que se regulan las condiciones con arreglo a las cuales se hace extensible a los trabajadores autónomos la aplicación de la Ley de 9 de agosto de 1963, por la que se establece y organiza un régimen de seguro obligatorio de enfermedad e invalidez»).

Al considerar que esta negativa a intervenir resultaba inadmisible, el Sr. Janssen recurrió al tribunal du travail de Tongres, ante quien alegó principalmente que, con arreglo al Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, los períodos de cotización que había cubierto en Francia debían ser tomados en consideración, y que, si así se hacía, quedaba cumplido el requisito de un período mínimo de cotización que exigía el Derecho belga. Como esta argumentación suscitaba una cuestión de Derecho europeo, el tribunal, mediante resolución de 30 de abril de 1971, decidió suspender el procedimiento y solicitar a este Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una decisión prejudicial sobre

«la interpretación de las palabras “y asimilados” que figuran en los Reglamentos nos 3 y 4 de la CEE, y, más concretamente, sobre la cuestión de si los “ayudantes” en el sentido de la legislación social belga, que son considerados como trabajadores autónomos, se incluyen en el ámbito de aplicación de los referidos Reglamentos en concepto de asimilados a los trabajadores por cuenta ajena».

Para determinar la respuesta que requiere esta cuestión (sobre la que únicamente han presentado observaciones el demandante en el litigio principal y la Comisión de las Comunidades Europeas), es preciso, en primer lugar, poner de relieve algunas particularidades de la legislación belga.

El Seguro de Enfermedad-Invalidez está regulado en Bélgica por una Ley de 9 de agosto de 1963, cuyo artículo 22 prevé que, mediante Real Decreto, la Ley se podrá hacer extensible, en todo o en parte, a los trabajadores autónomos y a los ayudantes. La referida extensión fue llevada a cabo mediante el ya mencionado Real Decreto de 30 de julio de 1964, cuya última modificación la introdujo el Real Decreto de 29 de junio de 1970. Para el concepto de «ayudantes», es preciso acudir a la definición que da el artículo 6 del Real Decreto no 38, de 27 de julio de 1967, por el que se regula el régimen social de los trabajadores autónomos, con arreglo al cual se entiende por «ayudante» toda persona que en Bélgica y con carácter habitual, durante por lo menos 18 días al año, ayuda o reemplaza a un trabajador autónomo, sin estar vinculado por un contrato de trabajo. Lo anterior equivale a decir que el Derecho belga considera a los referidos ayudantes como trabajadores autónomos.

Por otra parte, el artículo 16 del Reglamento no 3 relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (disposición contenida en el capítulo «Enfermedad, maternidad» y que, según el demandante, resultaba aplicable en su caso) prevé lo siguiente:

«Para adquirir, conservar o percibir el derecho a las prestaciones cuando un trabajador por cuenta ajena o asimilado haya estado sujeto sucesiva o simultáneamente a la legislación de dos o más Estados miembros, se sumarán los períodos de cotización y los períodos asimilados cubiertos con arreglo a la legislación de cada uno de los Estados miembros, siempre que no se superpongan.»

Al no poderse considerar al demandante como un trabajador por cuenta ajena en sentido estricto, el problema queda reducido a saber (como muy bien lo ha percibido el órgano jurisdiccional remitente) qué debe entenderse por «asimilado» en el sentido del Reglamento no 3.

Aunque el concepto de «asimilado» no se encuentra definido en ningún texto comunitario, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de dictar dos sentencias prejudiciales al respecto y de precisar así el ámbito de aplicación ratione personae del Reglamento no 3. Recordemos sobre todo esta jurisprudencia, que nos conducirá a la solución del caso de autos.

En el asunto Unger (sentencia de 19 de marzo de 1964, 75/63, ↔ Rec. pp. 347 y ss., especialmente pp. 361 y ss.), en primer lugar, el Tribunal de Justicia subrayó que el concepto de «trabajador por cuenta ajena o asimilado» debía definirse con referencia a las disposiciones en materia de Seguridad Social. El Tribunal de Justicia afirmó que la expresión «trabajadores por cuenta ajena o asimilados» se refiere «a todos aquellos que, en cuanto tales y sea cual sea su denominación, se encuentren cubiertos por los diferentes regímenes nacionales de Seguridad Social». De dicha sentencia se deduce que el criterio de la asimilación no forma parte de la legislación laboral nacional, sino de la legislación nacional en materia de Seguridad Social.

Ese es también el criterio de la sentencia de 19 de diciembre de 1968, De Cicco (19/68, ↔ Rec. pp. 689 y ss., especialmente pp. 699 y ss.), que dice que «el ámbito de aplicación material del Reglamento no 3 está determinado esencialmente en función del de las legislaciones nacionales en materia de Seguridad Social designadas por las disposiciones» comunitarias. El Tribunal de Justicia añadió que las disposiciones del Reglamento no 3 se basan en una concepción amplia del círculo de beneficiarios, ya que dichas disposiciones no sólo se refieren a los trabajadores por cuenta ajena en el sentido estricto, del término, sino también a todos aquellos que son asimilados a tales trabajadores. El alcance exacto de la asimilación, afirmaba la sentencia, únicamente puede determinarse en función de las legislaciones nacionales a que remite el Reglamento. Y dicha asimilación, proseguía la sentencia, se produce cada vez que, «por efecto de una legislación nacional, las disposiciones de un régimen general de Seguridad Social se extienden a una categoría de personas distintas de los trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Reglamento no 3».

Ahora bien, si nos ceñimos a las normas del Derecho belga a que nos hemos referido hasta el momento, parece que dicho requisito se cumple efectivamente en lo relativo a los «ayudantes» agrícolas. Sin embargo, como acertadamente señala la Comisión, la impresión así producida a primera vista se desvanece ante un examen más minucioso. Es verdad (como lo ha demostrado de modo convincente la Comisión) que el concepto de «asimilación» no excluye que la extensión de un régimen general de Seguridad Social pueda ir acompañada de algunas modalidades particulares. No obstante, tanto el sentido literal del término «asimilación» como la interpretación sistemática del Reglamento no 3 impiden admitir que pueda tratarse de requisitos tales que conduzcan a que determinados grupos de personas que no son trabajadores por cuenta ajena en sentido estricto resulten sometidos de hecho a un régimen específico nítidamente caracterizado y, por tanto, autónomo. Ahora bien, es preciso reconocer que eso es lo que ocurre en Derecho belga con los trabajadores autónomos y con los ayudantes. A este respecto, un primer elemento característico viene dado por el hecho de que el apartado 3 del artículo 18 del mencionado Real Decreto no 38, de 27 de julio de 1967, preveía que el régimen de prestaciones del Seguro de Enfermedad-Invalidez en favor de los trabajadores autónomos y de los ayudantes debía articularse «en el marco» de la Ley de 9 de agosto de 1963, y no mediante una mera remisión extensiva. Observando con mayor detenimiento, uno también se da cuenta (lo que es más importante todavía) de que el Real Decreto adoptado al respecto el 29 de junio de 1970 define con precisión los límites y las modalidades de la extensión del régimen general. En realidad, de las prestaciones previstas en el régimen general, el Real Decreto de 1970 recoge únicamente las prestaciones relativas a las «graves contingencias» de asistencia sanitaria (la Comisión lo ha demostrado detalladamente en la página 13 de su escrito). Por último, tanto los trabajos preparatorios como la sistemática general del Real Decreto de 27 de julio de 1967, por el que se regula el régimen social de los trabajadores autónomos, ( 1 ) indican que dicho Decreto pretendía establecer, para las categorías de personas que designaba, un régimen especial que formaba un conjunto integrado. Dicho régimen fue establecido mediante la unificación de los ámbitos de aplicación de los tres sectores de la Seguridad Social (protección a la familia, jubilación y supervivencia, enfermedad e invalidez), mediante la unificación de las modalidades de afiliación y de cotización, así como mediante la agrupación de las estructuras (creación de una Oficina nacional de Seguros Sociales para los trabajadores autónomos). Así pues, resulta que, en efecto, salvo que se extienda el concepto de asimilación a los casos en que se constituyen regímenes especiales autónomos para categorías determinadas de personas, no se puede afirmar que en el caso de autos exista asimilación con los trabajadores por cuenta ajena en el sentido del artículo 16 del Reglamento no 3. La exactitud de este punto de vista la confirma, además, el Reglamento no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 (DO L 149, pp. 24 y ss.; EE 05/01, p. 98), relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. La letra a) del artículo 1 de este Reglamento, destinado a sustituir al Reglamento no 3, da la siguiente definición del término «trabajador»: «toda persona que esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas de un régimen de Seguridad Social, que se aplique a los trabajadores por cuenta ajena, sin perjuicio de las limitaciones del Anexo V». Ahora bien, una limitación de este tipo se ha establecido para Bélgica, y ello en los términos siguientes: «La disposición del inciso i) de la letra a) del artículo 1 del Reglamento no será aplicable a los trabajadores autónomos y demás personas beneficiarías de asistencia sanitaria por aplicación de la Ley de 9 de agosto de 1963 por la que se establece y organiza un régimen de seguro obligatorio contra la enfermedad y la invalidez mientras no disfruten para tal asistencia de una protección idéntica a la concedida a los trabajadores por cuenta ajena». Lo cierto es que, como ha explicado la Comisión, ése es el único modo de evitar que cuando los trabajadores autónomos en el sentido de la legislación belga residan o establezcan su residencia en el extranjero, se beneficien, paradójicamente, de una protección más amplia que la que se les concede en Bélgica.

Por consiguiente, de conformidad con la propuesta de la Comisión y contrariamente a la opinión del demandante en el litigio principal, que no ha podido encontrar en los textos comunitarios ningún argumento pertinente en apoyo de sus tesis, concluyo que procede responder de la siguiente manera a la cuestión planteada por el tribunal du travail de Tongres a este Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

Aquellas personas (como los ayudantes en el sentido del Derecho belga) a quienes las disposiciones del Derecho nacional hayan extendido la aplicación de un régimen general de Seguridad Social que cubra a los trabajadores por cuenta ajena contra una o varias contingencias, no podrán ser consideradas como «asimilados a los trabajadores por cuenta ajena» en el sentido del Reglamento no 3 cuando la extensión no abarque todas las contingencias, de modo que resulte que, en realidad, el legislador nacional tuvo la intención de instituir un régimen especial autónomo.

( *1 ) Lengua original: alemán

( 1 ) Véase el Rapport au Roi, Pasionomie 1967, II, pp. 1001 y ss.