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Estimo, por último, que no es necesario que el Tribunal de Justicia defina su postura en torno al problema planteado por la Comisión: la posible incompatibilidad de la legislación irlandesa con el artículo 11 del Reglamento no 1612/68 del Consejo, relativo a la libre circulación de los trabajadores, y el artículo 7 del Reglamento no 1251/70 de la Comisión, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo. No nos encontramos, en efecto, ante un caso de procedimiento por incumplimiento. Por otra parte, dicho problema no lo ha mencionado el órgano jurisdiccional de remisión, lo que hace suponer que no se ha presentado en el litigio principal. Se trata, en definitiva, de un problema totalmente marginal. Dicho problema no puede presentarse, en efecto, más que en el caso de que la superación del porcentaje admitido del 25 % de nacionales de países terceros se deba a la contratación de uno o varios marinos-pescadores que hayan contraído matrimonio con irlandesas. Nada permite prever en este momento que las autoridades irlandesas no estén dispuestas a considerar pescadores irlandeses a tales miembros de la tripulación.
Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 25 de marzo de 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. - ASUNTO 1/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 02797



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La Comisión imputa al Reino de Bélgica el no haber adoptado en el plazo prescrito las medidas necesarias para la aplicación, en todo el territorio nacional, de la Directiva 80/68 del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

2. Un Decreto de 24 de enero de 1984, seguido de varias órdenes ministeriales de 22 de marzo de 1984 y de 27 de marzo de 1985, aplica en lo fundamental (según ha confirmado en la vista el agente de la Comisión) la mencionada directiva en la Región flamenca.

3. En cambio, el agente del Gobierno belga ha reconocido que los textos relativos a la aplicación en las Regiones valona y de Bruselas de las disposiciones previstas por la Directiva 80/68 están tramitándose todavía por los diferentes organismos competentes.

4. El Estado demandado indicó que, tras las reformas institucionales de 8 de agosto de 1980, que transferían a las regiones una amplia competencia en materia de protección del medio ambiente, la autoridad nacional ya no tiene la competencia necesaria y suficiente para la aplicación de la directiva, por lo que la adopción de las nuevas instituciones y administraciones regionales sólo pudo hacerse progresivamente, de forma que no eran inmediatamente operativas.

5. Por tanto, es casi incuestionable que la aplicación de dicha directiva haya topado en Bélgica con dificultades de naturaleza excepcional. Es probablemente por esa razón que la Comisión dejó transcurrir un plazo suplementario de cuatro años entre la fecha en que la directiva hubiera debido ejecutarse (18 de diciembre de 1981) y la fecha en que presentó su recurso (3 de enero de 1986). Mientras tanto, una de las regiones del Reino de Bélgica había aplicado la directiva.

6. Por mi parte, no puedo sino recordar la jurisprudencia constante del Tribunal, según la cual "un Estado miembro no puede ampararse en disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones que se derivan de las directivas comunitarias".(1)

7. Por consiguiente, propongo al Tribunal:

- que declare que el Reino de Bélgica, al no adoptar en el plazo prescrito las disposiciones necesarias para adecuarse a la Directiva 80/68 del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

- que condene en costas al Estado demandado.

(*) Traducido del francés.

(1) Véase, últimamente, la sentencia de 10 de marzo de 1987 (Comisión/Italia, 386/85, Rec. 1987, pp. 1061 y ss., especialmente p. 1067), apartado 7, y las numerosas sentencias anteriores.
b)

Al no haber respetado la propia Comisión el plazo señalado para la liquidación definitiva de las cuentas del FEOGA, establecido en el artículo 5 del Reglamento no 729/70, la Comisión no tiene derecho a basarse en un argumento jurídico que no presentó a su debido tiempo.
Conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn presentadas el 15 de enero de 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - DIRECTIVAS RELATIVAS A LOS INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS DE CARNES FRESCAS Y DE PRODUCTOS A BASE DE CARNE - NO ADAPTACION DEL DERECHO NACIONAL. - ASUNTO 386/85.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 01061



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

En 1980 el Consejo adoptó tres Directivas relativas a los problemas sanitarios y de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de algunas carnes y productos a base de carne. Se publicaron respectivamente con los números 80/214, 80/1099 y 80/1100 (DO 1980 L 47, p. 3; L 325, p. 14; L 325, p. 16).

Quizás tenga cierta importancia señalar que en las dos últimas Directivas, 80/1099 y 80/1100, el Consejo subrayó que la existencia de cierta enfermedad que afectaba a los cerdos representaba un peligro para el ganado porcino de la Comunidad y que debían adoptarse medidas para garantizar que no se extendiera la enfermedad debido a la comercialización de la carne de cerdo.

Por consiguiente, se fijaron fechas para la aplicación de estas Directivas: la 80/214 debía haber sido aplicada el 31 de diciembre de 1980, y las otras dos, el 1 de julio de 1981.

Después de haber preguntado a las autoridades italianas qué había ocurrido, mediante escrito fechado el 22 de diciembre de 1983, y al no obtener respuesta, la Comisión emitió el 7 de junio de 1985 un dictamen motivado por el que declaraba que Italia había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Tratado. Acto seguido, la Comisión inició el presente procedimiento.

En su escrito de contestación, así como hoy ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno italiano ha señalado que ha sido presentado en el Parlamento un proyecto de ley para la aplicación de la Directiva 80/1099, proyecto que, aparentemente, está a punto de pasar al Senado. Parece que el retraso es mayor en la elaboración de la legislación necesaria para la aplicación de las Directivas 80/214 y 80/1100.

El hecho de que estas Directivas no se hayan aplicado en el plazo establecido constituye claramente una violación del Tratado.

En mi opinión la Comisión tiene derecho a obtener la declaración que solicita y a que se condene en costas al Gobierno italiano.

(*) Traducido del inglés.
3.

En definitiva, me parece que se puede concluir que la pretensión del Sr. C. Richter no se ve apoyada por pruebas indiscutibles y concordantes entre ellas. Sugerimos por lo tanto al Tribunal que rechaze el recurso interpuesto contra la Comisión de las Comunidades Europeas y reparta entre las partes las costas del procedimiento, a tenor del artículo 70 del Reglamento de Procedimiento.
2.

No se discute que la operación que tiene por objeto el terreno edificable está exenta en virtud de la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Directiva, a cuyo tenor: «En el curso del período transitorio», inicialmente fijado en cinco años a partir del 1 de enero de 1978, «los Estados miembros podrán: [...] b) continuar dejando exentas las operaciones enumeradas en el Anexo F, en las condiciones vigentes en el Estado miembro.» El apartado 16 del Anexo F se refiere a las «entregas de edificios y de terrenos indicados en el apartado 3 del artículo 4», cuyo apartado b) alude a la «entrega de terrenos edificables». Tampoco se niega, por una parte, que el Derecho alemán vigente en la fecha de la Directiva eximía del impuesto a las operaciones de este tipo y, por otra, que al no haberse adoptado ninguna decisión en el citado plazo, el régimen transitorio continúa aplicándose. Planteada como primera cuestión a resolver, la determinación de si las entregas y las prestaciones de servicios suministradas por el empresario y por los responsables de la edificación o la fiduciaria, en el modelo descrito, se integran, con la compra del terreno, en una operación única, el Gobierno alemán y la Comisión han llegado a una propuesta idéntica de solución: dichas entregas y prestaciones, que no pueden considerarse incluidas en los supuestos de exención contemplados por el Juez remitente, están sujetas al impuesto en virtud del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva. Llegados a este punto, se hace necesaria una precisión: si bien, como se desprende de sus escritos, la Comisión pudo estimar, a partir de la resolución remisoria, que la jurisprudencia del Bundesfinanzhof había creado una extensión de los supuestos de exención prevista por la letra a) del apartado 9 del artículo 4 de la Ley alemana sobre los impuestos sobre el volumen de negocios, los debates, como hemos indicado, han permitido establecer que, en la práctica, la Administración fiscal alemana somete al IVA las entregas y prestaciones en cuestión. El Juez remitente evoca, pues, una hipótesis de no acumulación que resulta teóricamente posible mediante la combinación del Derecho nacional y de la jurisprudencia del Bundesfinanzhof, pero que de hecho no se produce. Por lo que se refiere a la segunda cuestión, el Gobierno alemán y la Comisión consideran que la Directiva, habida cuenta de las disposiciones de su artículo 33, no constituye un obstáculo, en lo tocante a las ventas inmobiliarias, para el mantenimiento o el establecimiento por un Estado miembro de impuestos de transmisión. Los esposos Kerrutt únicamente han presentado observaciones orales, insistiendo particularmente en la segunda cuestión. En su opinión, el objetivo perseguido por el Derecho, tanto comunitario como nacional, es evitar que un mismo hecho dé lugar a una doble imposición.
3.

Al tratar de la primera cuestión prejudicial, la parte demandante en el asunto principal, los Países Bajos y la Comisión consideran que el carácter gratuito de la mercancía importada no pone en cuestión la aplicación de los principios expresados por nuestra jurisprudencia Schul I y II. Por el contrario, el Gobierno francés, interviniendo en la vista, estimó que el importador de un bien cedido a título gratuito no puede hacerse reconocer un derecho a la deducción del IVA del Estado miembro de exportación, por cuanto él no ha soportado personalmente tal imposición en el momento de la adquisición del bien. Esta última interpretación no puede ser acogida. En efecto, el bien de ocasión importado con motivo de una donación está necesariamente gravado por el IVA que le ha sido aplicado inicialmente en el Estado miembro de exportación. Negarse a tomar en consideración la parte del IVA aún incorporada en el valor del bien en el momento de la importación significaría exponer al bien importado al riesgo de una acumulación de IVA, ya que la cesión de un mismo bien efectuada por particulares en el interior del Estado miembro de importación, tanto a título gratuito como a título oneroso, no da lugar a nueva imposición (asunto 15/81, Schul I, apartados 15, 31 y 34). A este respecto, dedujo el Tribunal, en particular del artículo 2, apartados 2 y 7, de la Sexta Directiva IVA (Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) que el hecho generador de la imposición, «en cuanto a las operaciones a la importación, [...] lo constituye la sola entrada de un bien al interior de un Estado miembro, haya habido o no una transacción, se haya efectuado la operación a título oneroso o a título gratuito, por una persona sujeta al impuesto o por un particular» (Schul I, apartado 14, el subrayado nos pertenece), mientras que, para las operaciones efectuadas en el interior de un Estado miembro, es la entrega del bien a título oneroso por el sujeto al impuesto, actuando en tal carácter, lo que desencadena la imposición. Dicho de otro modo, siendo la importación, dado que ella existe, el hecho generador exclusivo de la imposición, poco importan las modalidades de transferencia de la propiedad del bien importado. En consecuencia, los principios resultantes de la jurisprudencia Schul I y II, a propósito de la importación de un bien adquirido a título oneroso, deben aplicarse a los bienes cedidos por vía de donación.
4.

El argumento que se funda sobre el carácter «no decisorio» tiene un peso muy diferente. En las conclusiones que presenté el 7 de diciembre de 1982 en el citado asunto 230/81, expresé el criterio de que la Resolución conocida con el nombre de informe Žagari contenía una auténtica decisión de trasladar funcionarios de Luxemburgo a Estrasburgo y sobre todo a Bruselas. Es verdad —señalé— que confía a los órganos competentes del Parlamento la tarea de precisar las medidas necesarias para ello, pero — concluí— este mandato no representa sino el «aspecto ejecutivo» de un acto que produce ya efectos jurídicos externos (apartado 23). El Tribunal de Justicia no admitió esta tesis y de su rechazo dedujo el carácter inatacable del acto. Este último, ha observado, no incluye una verdadera «decisión sobre medidas concretas, en particular sobre el traslado del personal». La decisión se deja para «un examen posterior», y -subrayo esta importante observación- no podrá adoptarse más que respetando por una parte el «derecho-deber» de los Gobiernos en materia de fijación de las sedes, y, por otra parte, la autonomía del Parlamento en materia de organización (apartado 57). En el presente litigio, que reproduce sin renovarlos los temas del asunto 230/81, no trato de volver sobre la cuestión, es decir, la de plantearnos una vez más qué condiciones debe satisfacer un acto del Parlamento para que se le pueda reconocer una naturaleza decisoria. En verdad, si fuera considerada como tal la Resolución de 20 de mayo de 1983, no eludiría la objeción de incompetencia porque el Parlamento se ha colocado en el lugar de los Estados al modificar la sede de la Secretaría. En este sentido, el texto controvertido es completamente explícito y no existe artificio de interpretación que pueda inducir a error sobre sus intenciones. Basta pensar que habla secamente de «distribuir» el personal entre Estrasburgo y Bruselas, y no hay que subestimar la consideración que figura en la letra F en que la Resolución afirma que Luxemburgo «está llamado a» ser únicamente la sede del Tribunal de Justicia y del Banco Europeo de Inversiones. En sí y por sí, ciertamente, esta afirmación no es más que una simple opinión (o deseo) política; pero ¿cómo negar que la voluntad de retirar de Luxemburgo todos los servicios de la Secretaría se hace patente sin ceremonias? Repito sin embargo que considero el problema resuelto. Igual que lord Denning, pienso que «like the centurion of the Gospel, I am also a man set under authority [como el centurión del Evangelio, también soy un hombre sometido a una autoridad]». Esta autoridad es la indicación inequívoca que, con superior criterio el Tribunal de Justicia ha proporcionado sobre este punto. La tomo como dato de orientación para el examen del segundo argumento formulado por la Institución demandada.
Personalmente, estoy convencido de que estas consideraciones bastan, al menos por lo que respecta a la enfermedad de Newcastle, para excluir las medidas objeto de litigio de la excepción al artículo 36. Sin embargo, debe admitirse que existe un margen de riesgo. No obstante, falta determinar si dichas medidas responden a los requisitos exigidos por la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, es decir, que únicamente pueda prevenirse este riesgo a través de estas medidas, frase en la que la palabra «únicamente» implica la imposibilidad de contemplar normas igualmente eficaces, pero menos restrictivas.

Tres argumentos me convencen de que las cosas no son así. El primero se basa en la afirmación irlandesa y británica según la cual las aves de corral vacunadas pueden ser portadoras del virus «salvaje». No niego que esta teoría sea fundada; me limito a poner de relieve que la misma justificaría la prohibición de importar dichas aves de corral, pero no la de hacer que entren las aves de corral cuya vacunación (que, como se sabe, es casi siempre facultativa) no se haya practicado. Ahora bien, la prohibición también tiene por objeto a las aves de corral no vacunadas. En consecuencia, al menos desde este punto de vista, es imposible calificarla como necesaria.

El segundo argumento es a contrario. Ya he mencionado, aunque sea fugazmente, el apartado 2 del artículo 11 de la Directiva 71/118. Ahora observo que el mismo faculta a las autoridades nacionales para prohibir o restringir las importaciones procedentes de Estados en los que haya aparecido una epizootia, pero únicamente con carácter temporal y sólo por lo que se refiere a las carnes frescas de aves de corral procedentes de las regiones afectadas. En otras palabras, el legislador establece límites temporales, espaciales y materiales. ¿Puede creerse que el artículo 36 legitime medidas en las que no existe la sombra de límites y, además, adoptadas en presencia de un riesgo no específico, sino genérico y potencial?

No obstante, el tercer argumento es decisivo y lo facilitan las medidas danesas. Al igual que el Eire y el Ulster, Dinamarca practica el método de la «erradicación». Sin embargo, sus autoridades no prohiben las importaciones. Se limitan a exigir:

a) que las aves de corral importadas procedan de regiones que hayan permanecido inmunes durante los seis meses anteriores a la exportación,

b) que las vacunas utilizadas sean de tipos determinados,

c) que algunas muestras de las aves de corral vacunadas y no vacunadas hayan sido objeto, en el momento del sacrificio, de exámenes de laboratorio con resultado negativo.

En resumen, nos encontramos ante un sistema de certificación que se inspira en el régimen (certificado de inspección veterinaria) previsto en el artículo 8 de la Directiva 71/118, aunque amplía sus contenidos. Pero, sobre todo, estamos en presencia de un sistema que funciona: prueba de ello son las cifras que he recordado en el punto 8 y el hecho de que el Reino Unido haya adoptado un sistema similar para Inglaterra, Escocia y el País de Gales, después de la sentencia de este Tribunal de Justicia de 15 dejuliodel982.
Por ejemplo, se puede tener la impresión de que las formulaciones utilizadas en la primera sentencia Coditei, antes citada, no bastan enteramente para definir el objeto específico del derecho de autor de una obra cinematográfica. No se trata sin duda simplemente del cálculo de la retribución, sino de la garantía de una retribución adecuada a la prestación intelectual que supone la creación de una película, que necesita la utilización de diversos derechos de autor (música, literatura, etc.) e implica riesgos financieros considerables. Por ello esta obra no confiere únicamente derechos -inalienables- que protegen la personalidad humana, sino también -en forma de monopolio- el derecho a explotar la película, reproduciéndola y exhibiéndola. Pero si el titular de un derecho sobre una película no está en condiciones de explotarla de este modo -lo que a menudo sucede con los productores europeos menores, que no poseen en todas partes sus propias organizaciones de distribución-el resultado económico para él variará, evidentemente, en gran medida, en caso de cesión de los derechos de explotación, según que un territorio determinado esté cubierto exclusivamente por un distribuidor o según que en el territorio objeto de la concesión reine, con arreglo a lo que exige el artículo 85, una situación de competencia. En este último caso, es evidente que los diferentes distribuidores, para conseguir llegar a los clientes, tendrán que rivalizar a la baja y, por lo tanto, no podrán pagar, por su parte, por ello, al titular inicial las mismas cantidades que las que éste podría obtener si realizaron la explotación por sí mismo, basándose en su derecho de autor.

Desde esta perspectiva, no cabe duda que puede defenderse el punto de vista de que el objeto específico del derecho de autor de una película comprende no solamente la exclusión de cualquier explotación por un tercero no autorizado, sino también, en su caso, la explotación por una sola persona, tanto sea el propio titular del derecho o por el titular de una licencia exclusiva, al que se le haya concedido el derecho previo pago de un canon. Esta opinión corresponde a la expresada por el Gobierno neerlandés, si bien consideraciones semejantes han sido también expuestas por el Agente del Gobierno federal alemán, en el sentido de que el ejercicio del derecho de autor sobre una película por medio de un contrato no podrá sujetarse al artículo 85 cuando permanezca en los límites de lo que el titular del derecho puede hacer por sí mismo con arreglo al artículo 36.
El examen necesario a estos efectos debería fundarse en una comparación de las cargas soportadas por el azúcar y por la isoglucosa, comparación que ya tuvo cierta importancia en los procedimientos prejudiciales 103/77 y 145/77 y que en aquel caso me llevó incluso a considerar que alegación de discriminación de los productores de isoglucosa en relación con los productores de azúcar era infundada. De hecho, todavía considero justificado -y la sentencia dictada en los asuntos 103/77 y 145/77 tampoco se opone a ello— comparar la situación de los fabricantes de isoglucosa con la de las empresas modernas y bien situadas que fabrican azúcar y que, gracias a condiciones favorables de producción, no sólo cubren la cuota B, sino que además fabrican un volumen considerable de azúcar C. En aquella época por lo menos, es decir, cuando se adoptó el Reglamento no 1111/77, las citadas consideraciones no podían considerarse extrañas a la materia de que se trata y por esta razón, en las circunstancias actuales, no es posible basarse de forma determinante en una comparación con la nueva normativa adoptada en 1979, después de la sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia, y sobre cuya base las demandantes llegan, como ya es sabido, a la conclusión de que fueron objeto, en aquel entonces, de una grave discriminación.

Si, al realizar la comparación a la que considero apropiado proceder, se tiene en cuenta que una parte de la cotización sobre la producción de azúcar B se repercute sobre los cultivadores de remolacha a través de un precio mínimo inferior para la remolacha azucarera -el Tribunal de Justicia lamentó, en el procedimiento prejudicial, la falta de semejante corrección, la cual podría llevarse a cabo fácilmente a posteriori, y a la que también se hace referencia en las observaciones de las Instituciones demandadas en el presente procedimiento— se aprecia, en efecto, que los productores de azúcar tenían que soportar aproximadamente la misma carga que los productores de isoglucosa, es decir, entre 1,5 y 5,4 unidades de cuenta por cada 100 kg, lo que da una media ponderada de 5 unidades de cuenta por cada 100 kg. Tampoco pienso que haga falta, como sugiere una de las demandantes, proceder a una nueva corrección del cálculo por el hecho que, durante la campaña 1977/1978, el precio de las remolachas C fuera, supuestamente, inferior. Por una parte, el Consejo podía perfectamente basarse, cuando se adoptó el Reglamento impugnado, en las cifras relativas a la campaña anterior. Por otra, no se puede desechar la alegación de la Comisión, por el momento indiscutida, de que no existía un nivel uniforme de precios y de que los precios de las remolachas B también eran, en algunos casos, superiores al precio mínimo previsto.

Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la mera comparación de las cargas soportadas no basta para justificar la discriminación alegada por los fabricantes de isoglucosa.