ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Dado que la inclusión en cuestión no está destinada a producir efectos jurídicos obligatorios, no constituye un acto impugnable.

Por lo que se refiere a la inclusión en la base de datos E‑Bacchus de denominaciones de vinos reconocidas por los Estados miembros como denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, esta inclusión no constituye un requisito para que estas denominaciones de vinos estén protegidas a nivel de la Unión, ya que esas denominaciones están protegidas automáticamente con arreglo al Reglamento (CE) no 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), sin que esta protección esté supeditada a su inclusión en la mencionada base de datos.

El régimen de la Unión que se aplica al sector vitivinícola ha sido modificado a fondo por el Reglamento (CE) no 479/2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, con el fin de alcanzar objetivos vinculados en particular con la calidad de los vinos. Para ello, el nuevo régimen de protección somete a toda solicitud de protección de una denominación de vino a un examen en profundidad que se realiza en dos fases, esto es, una primera que se desarrolla a nivel nacional y una segunda que se desarrolla a nivel de la Unión, con arreglo a los artículos 118 sexies a 118 decies del Reglamento no 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), sin que se establezca ningún mecanismo automático, ya que la Comisión dispone de una facultad efectiva de decisión en virtud del artículo 118 decies del Reglamento no 1234/2007, con arreglo a la cual puede decidir reconocer o rechazar la protección a la denominación de origen o a la indicación geográfica dependiendo de si se cumplen o no los requisitos establecidos por dicho Reglamento.

Dado que no son comparables los contextos jurídicos y las facultades de la Comisión en relación con las inclusiones en la base de datos E-Bacchus en virtud de los dos sistemas de protección de las denominaciones de vinos, tal como quedaron establecidos por el legislador de la Unión, no existe vulneración del principio de igualdad.

(véanse los apartados 74 y 75)
8

El documento no VI/5330/97 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1997, titulado «Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA» (en lo sucesivo, «Directrices») describe el método de aplicación de las correcciones a tanto alzado. En particular, prevé: «Debería considerarse la posibilidad de aplicar correcciones a tanto alzado cuando la Comisión constate que no se han llevado a cabo adecuadamente los controles contemplados de forma explícita en un reglamento o requeridos de forma implícita para respetar una norma explícita (la limitación de la ayuda a una determinada cantidad de producto, por ejemplo). Cuando los controles se han llevado acabo pero de forma imperfecta, debe determinarse la gravedad de la deficiencia. Casi todos los procedimientos de control son susceptibles de mejora y una de las responsabilidades de los inspectores de la Comisión es recomendar maneras de perfeccionar esos procedimientos y controles adicionales que, aunque no hayan sido contemplados por el legislador, puedan ofrecer garantías adicionales sobre la regularidad de los gastos en las circunstancias particulares del Estado miembro interesado. No obstante, el hecho de que el funcionamiento de un control sea susceptible de mejora no es en sí mismo motivo suficiente para la aplicación de correcciones financieras. Par ello debe existir un incumplimiento importante de normas comunitarias explícitas que suponga para el [Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)] un riesgo real de pérdidas o irregularidad.»
47

En un contexto análogo, por lo que respecta al tratamiento de los datos personales por las instituciones de la Unión, regido por el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), por una parte, y el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), por otra, el Tribunal de Justicia ya declaró, en el apartado 49 de la sentencia Comisión/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378), que dichos Reglamentos tienen objetivos distintos y que, a diferencia del Reglamento no 1049/2001, el Reglamento no 45/2001 no pretende garantizar la transparencia en el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas ni promover buenas prácticas administrativas facilitando el ejercicio del derecho de acceso a los documentos. Esta apreciación es también válida para la Directiva 95/46, cuyo objetivo coincide, en esencia, con el del Reglamento no 45/2001.
96

Mediante la segunda y tercera partes del primer motivo del recurso de casación principal, que conviene analizar conjuntamente, las recurrentes reprochan al Tribunal no haber examinado la restricción de la competencia que constituirían las TMI, y por tanto la cuestión de la necesidad objetiva de dichas tasas, en su contexto real, al permitir a la Comisión invocar una «hipótesis comparativa», basada en una prohibición de las tarificaciones ex post, que jamás se produciría en la realidad. La tesis de la Comisión, según la cual algunos de los problemas generados por la eliminación de las TMI podría resolverse con la prohibición de las tarificaciones ex post, diferiría mucho de una evaluación de lo que ocurriría en realidad en caso de eliminación de las TMI. Las recurrentes alegan que el Tribunal no respondió al argumento según el cual dicha prohibición simplemente no podría producirse sin una intervención normativa, habiéndose limitado el Tribunal a afirmar que el escenario planteado no debía ser el resultado del juego del mercado. Ahora bien, la Comisión, al introducir una condición ficticia en su análisis, esto es, la prohibición de las tarificaciones ex post, no cumplió su obligación de evaluar los efectos de las TMI sobre la competencia con respecto a lo que ocurriría sin ellas en la realidad. Las recurrentes reprochan igualmente al Tribunal una falta de motivación por no haber explicado cómo la prohibición de las tarificaciones ex post difería significativamente de las TMI aplicadas actualmente por MasterCard.
18

En su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente expone que no le parece que el artículo 10 del Decreto Legislativo no 146/2000 pueda ser objeto de una interpretación conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión. En efecto, el claro tenor del citado artículo, que se remite a los períodos de ausencia establecidos en las normas dictadas para proteger a las madres trabajadoras, normas entre las cuales no puede dejar de incluirse el artículo 16 del Decreto Legislativo no 151, en materia de permiso obligatorio de maternidad obligatorio, no permite al órgano jurisdiccional remitente escoger, de entre los posibles sentidos que pudieran darse al tenor de la regla de que se trata, el más respetuoso con los principios constitucionales nacionales y con los principios fundamentales del Derecho de la Unión, so pena de atribuir a dicho tenor un sentido no querido por el legislador. Por otra parte, la realización del objetivo perseguido por el artículo 10 del Decreto Legislativo no 146/2000 –es decir, que cada subcomisario en prácticas siga una formación profesional adecuada y completa antes de que se le atribuyan funciones institucionales– no sólo resultaría frustrada por las ausencias facultativas, sino también, de la misma manera, por las ausencias obligatorias.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 1, 2, letra c), 8, apartado 1, y 11, apartado 2, letra b), de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1), y de los artículos 2, apartados 1, letras a) y b), y 2, letra c), y 14 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204, p. 23).
32

En el acta levantada el 21 de marzo de 2008, las autoridades tributarias denegaron la deducción por importe de 5.118.071 RON relativa a las operaciones efectuadas desde el 1 de enero de 2007. Estimaron esencialmente que, en virtud del artículo 150, apartado 1, letra d), del Código tributario, en vigor desde el 1 de enero de 2007, E.ON ya no estaba sujeta al IVA en Rumanía por las operaciones de entrega de energía, lo que implicaba que ya no facturaba ni recaudaba el IVA correspondiente a esas operaciones en Rumanía, por incumbir esta obligación, a partir de esa fecha, al beneficiario de la entrega. En consecuencia, al no ejercer en Rumanía ninguna actividad sujeta al IVA, su representante fiscal no tenía derecho, según las autoridades tributarias, a deducir el IVA correspondiente a las adquisiciones efectuadas con vistas a la entrega de electricidad después del 1 de enero de 2007. Añadían tales autoridades que, desde el 1 de enero de 2007, ya no existía la posibilidad legal de mantener a su representante fiscal en Rumanía y efectuar operaciones por mediación de éste.
45

Por una parte, existen personas que residen a una distancia de más de cuatro kilómetros, por carretera, del lugar de explotación de la farmacia más próxima y a las que no se tiene en cuenta, como residentes permanentes, ni en su zona de abastecimiento ni en ninguna otra zona existente. Ciertamente, se puede tener en cuenta a estas personas en concepto de «visitantes» en una o varias zonas, pero no es menos cierto que su acceso a la atención farmacéutica depende por tanto de circunstancias que no les aseguran, en principio, un acceso permanente y continuo a dicha atención, ya que el acceso sólo está vinculado a la actividad laboral realizada o a la utilización de medios de transporte en una zona determinada. De ello se desprende que, para algunas personas, en particular las que residen en zonas rurales, el acceso a los medicamentos puede resultar poco apropiado, en la medida en que una norma nacional como la controvertida en el litigio principal no establece ninguna distancia máxima entre el lugar de residencia de una persona y la farmacia más próxima a éste.
(9)

Este procedimiento debe ofrecer importantes ventajas con respecto al procedimiento de exequátur contenido en el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [DO 2001, L 12, p. 1, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1496/2002 de la Comisión, de 21 de agosto de 2002 (DO L 225, p. 13; en lo sucesivo, “Reglamento no 44/2001”)], en el sentido de que no haya necesidad alguna de aprobación por parte de la judicatura en un segundo Estado miembro, con las consiguientes demoras y gastos.
2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (en lo sucesivo, «Test Claimants»), por una parte, y los Commissioners of Inland Revenue (en lo sucesivo, «Commissioners»), y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, por otra, en relación con las vías de recurso disponibles para los contribuyentes con objeto de obtener la devolución de cantidades abonadas indebidamente en concepto de impuestos declarados incompatibles con la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
4

El artículo 133, párrafo primero, letras a) a d), de la Directiva IVA establece: «Los Estados miembros podrán subordinar, caso por caso, la concesión a entidades que no sean de Derecho público de cada una de las exenciones enunciadas en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1 del artículo 132, al cumplimiento de una o de varias de las condiciones siguientes: a) los organismos de que se trate no deberán tener por objeto la consecución sistemática de beneficios, no pudiéndose distribuir en ningún caso los posibles beneficios, que deberán destinarse al mantenimiento o a la mejora de las prestaciones suministradas; b) estos organismos deberán ser gestionados y administrados, con carácter esencialmente filantrópico, por personas que no tengan, por sí mismas o por personas interpuestas, ningún interés directo ni indirecto en los resultados de la explotación; c) estos organismos deberán aplicar unos precios autorizados por las autoridades públicas o que no sean superiores a dichos precios o, por lo que se refiere a las actividades no susceptibles de autorización de precios, unos precios inferiores a los exigidos para operaciones análogas por las empresas comerciales sujetas al IVA; d) las exenciones no deberán ser capaces de provocar distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al IVA.»
21

En primer lugar, si bien es cierto que la sola lectura del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 87/344 no permite determinar el alcance de los términos «cuando se recurra a un abogado […] el asegurado tendrá la libertad de elección», no lo es menos que, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, deben tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la norma de la que forma parte (sentencia Eschig, antes citada, apartado 38).
17

Según el citado órgano jurisdiccional, aun si tuviera que considerarse que la aplicación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 no está subordinada a la celebración de un contrato a distancia, sería necesario, no obstante, a fin de evitar una ampliación del ámbito de aplicación de dicha disposición, que la página web del comerciante hubiera causado, al menos, la celebración efectiva del contrato con el consumidor. En consecuencia, considera que la citada disposición no debe ser aplicable cuando un consumidor celebra «fortuitamente» un contrato con un «empresario».
El Derecho de la Unión, como resulta, en particular, de los artículos 7, apartado 1, letra b), 8, apartado 4, y 24, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la discutida en el litigio principal, que, incluso para el período posterior a los tres primeros meses de residencia, excluye en cualesquiera circunstancias y de manera automática la concesión de una prestación, como el suplemento compensatorio previsto en el artículo 292, apartado 1, de la Ley sobre Seguridad Social General (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), en su versión modificada a partir del 1 de enero de 2011 por la Ley de Presupuestos de 2011 (Budgetbegleitbesetz 2011), a un nacional de otro Estado miembro que no ejerce una actividad económica, porque éste, pese a que se le haya expedido un certificado de registro, no cumple los requisitos para disfrutar del derecho de residencia legal por más de tres meses en el territorio del primer Estado, dado que la existencia de tal derecho de residencia está supeditada a la exigencia de que dicho nacional disponga de recursos suficientes para no solicitar la citada prestación.
El tribunal remitente entiende que esa cuestión no puede considerarse resuelta. Asimismo, señala que las marcas no 3 y no 6 no difieren entre sí únicamente en elementos que no afectan al carácter distintivo de las marcas y que, en consecuencia, en el presente asunto no concurren los requisitos del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento no 40/94, lo que diferencia el litigio principal de los hechos que motivaron la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia de 25 de octubre de 2012, Rintisch (C-553/11).
3

El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1), en su versión inicial, disponía: «Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales como consecuencia de una acción u omisión directamente atribuible al agricultor, y previa aplicación de los artículos 10 y 11, el importe total de los pagos directos a abonar en el año natural en que se produzca el incumplimiento se reducirá o se anulará de conformidad con las disposiciones de aplicación establecidas en virtud del artículo 7.»
A efectos de la clasificación arancelaria en la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento no 2388/2000, del Reglamento no 2031/2001, del Reglamento no 1832/2002 y del Reglamento no 1789/2003, de pantallas que poseen las características objetivas de que se trata en el litigio principal, procede tener en cuenta el destino inherente a aquéllas consistente en reproducir, por un lado, datos procedentes de una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos y, por otro lado, señales de vídeo compuestas. Dichas pantallas deben clasificarse en la subpartida 8471 60 90 de la Nomenclatura Combinada si se utilizan principal o exclusivamente en un sistema automático de tratamiento o procesamiento de datos, en el sentido de la nota 5, B, letra a), del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada, o en la subpartida 8528 21 90 de la citada Nomenclatura en caso contrario, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional nacional sobre la base de las características objetivas de las citadas pantallas, y en particular de las mencionadas en las Notas Explicativas relativas a la partida 8471 del Sistema Armonizado establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, junto con su Protocolo de enmienda, en particular en los puntos 1 a 5 de la parte del capítulo I, D, de dicho Sistema Armonizado, dedicado a las unidades de visualización de máquinas automáticas de tratamiento o procesamiento de datos.

En efecto, la mera posibilidad de que una pantalla reproduzca imágenes procedentes de fuentes que no sean una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos no excluye su clasificación en la partida 8471 de la Nomenclatura Combinada, habida cuenta del tenor de la nota 5, B, letra a), del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada, que se refiere a las unidades utilizadas «exclusiva o principalmente» en un sistema automático de tratamiento o procesamiento de datos. De los puntos de las Notas Explicativas relativas a la partida 8471 antes citados se deduce que los monitores utilizados principalmente en un sistema automático de tratamiento o procesamiento de datos pueden identificarse, además de por el hecho de que están provistos del tipo de conexión idónea para sistemas de tratamiento o procesamiento de datos, por otras características técnicas, en particular, por el hecho de que han sido diseñados para un trabajo de proximidad, que no tienen la posibilidad de reproducir señales de televisión, que tienen una débil emisión de campo magnético, que el paso de su pantalla empieza en 0,41 para una resolución media y disminuye cuando la resolución aumenta, que su ancho de banda es de 15 MHz o más, así como por el hecho de que la dimensión de los píxeles sobre la pantalla es más pequeña que en los monitores de vídeo de la partida 8528, mientras que la convergencia de los primeros en más fuerte que la de estos últimos.

(véanse los apartados 49, 51 y 54 y el punto 1 del fallo)
1.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países sin economía de mercado, como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) no 384/96 — Procedimiento de evaluación de los requisitos que permiten a un productor acogerse al estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Incumplimiento por la Comisión del plazo de tres meses establecido por el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del citado Reglamento — Consecuencias [Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra c)] (véanse los apartados 29 a 31, 34, 35 y 40)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Energía — Eficiencia energética de los edificios — Directiva 2002/91/CE — Obligación de expedir un certificado relativo a la eficiencia energética en caso de venta o alquiler de un inmueble — Elaboración del certificado por un perito — Normativa nacional que establece excepciones no contempladas en la Directiva — Incumplimiento (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/91/CE, arts.7, aps. 1 y 2, 10 y 15, ap. 1, y 2010/31/UE, art. 29) (véanse los apartados 26 y 27 y el fallo)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/91/CE, arts. 9 y 15, ap. 1, y 2010/31/UE, art. 29) (véase el apartado 28)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo establecido, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a los artículos 7, apartados 1 y 2, 10 y 15, apartado 1, de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 1, p. 65), en relación con el artículo 29 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153, p. 13).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 7, apartados 1 y 2, 10 y 15, apartado 1, de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber establecido la obligación de expedir un certificado relativo a la eficiencia energética en caso de venta o alquiler de un inmueble, con arreglo a los artículos 7 y 10 de la Directiva 2002/91, y al no haber notificado a la Comisión Europea las medidas de transposición del artículo 9 de la Directiva 2002/91.

2) Condenar en costas a la República Italiana.