A la luz de estas disposiciones, procede considerar que, si una parte presentó unos documentos en una lengua distinta de la lengua de procedimiento, sin acompañarlos de traducción, y la parte contraria tenía la posibilidad de solicitar al Tribunal la subsanación de dichos documentos, pero no formuló expresamente tal solicitud, sino que se limitó a impugnar la admisibilidad de los documentos, alegando que no estaban redactados en la lengua de procedimiento, solo incumbe al Secretario instar a la parte que presentó los documentos a subsanar este defecto si la traducción a la lengua de procedimiento resulta necesaria para la correcta tramitación del procedimiento.

En virtud del artículo 35, apartado 3, párrafos primero y segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la lengua de procedimiento se emplea en especial en los informes orales, en los escritos de alegaciones de las partes y en los documentos que los acompañen, y todo documento que se presente redactado en una lengua distinta debe acompañarse de una traducción en la lengua de procedimiento. El artículo 7, apartado 5, párrafo segundo, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal establece que en el caso de que los anexos de un escrito o documento procesal no vayan acompañados de una traducción en la lengua de procedimiento, el Secretario instará a la parte que los hubiere presentado a subsanar este defecto si la referida traducción resulta necesaria para la correcta tramitación del procedimiento De los apartados 64 y 68 de las Instrucciones prácticas a las partes en los procedimientos ante el Tribunal General se desprende que, cuando un escrito de contestación a la demanda no cumpla los requisitos formales relativos a la traducción a la lengua de procedimiento de los documentos redactados en otra lengua, se fijará un plazo razonable para la subsanación del defecto.

La calificación de restricción de la competencia por el objeto de un acuerdo de transacción en litigios relativos a patentes farmacéuticas celebrado entre una sociedad de medicamentos de referencia titular de las patentes y una sociedad de genéricos supone la presencia simultánea, en el acuerdo de transacción, de un incentivo para la sociedad de genéricos y de una limitación correlativa de los esfuerzos de esta para competir con la sociedad de medicamentos de referencia. Cuando concurren ambos requisitos, se impone una declaración de restricción de la competencia por el objeto en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, habida cuenta del grado de nocividad para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia del acuerdo así concluido.

Por lo tanto, la mera presencia, en tal acuerdo de transacción, de cláusulas de no comercialización y de no impugnación cuyo alcance se limita al de la patente en cuestión no permite concluir, pese a que dichas cláusulas tienen por sí mismas un carácter restrictivo, que existe una restricción de la competencia que presente un grado de nocividad suficiente como para ser calificada de restricción por el objeto, cuando dichos acuerdos se basan en el reconocimiento por las partes de la validez de la patente. La presencia de tales cláusulas resulta problemática, en cambio, cuando la sujeción de la sociedad de genéricos a dichas cláusulas no se basa en el reconocimiento por esta de la validez de la patente. Así, en el supuesto de que se produzca en la celebración de la transacción un pago no justificado de la sociedad de medicamentos de referencia a la sociedad de genéricos, debe considerarse que esta fue incentivada por dicho pago a sujetarse a las cláusulas de no comercialización y de no impugnación y procede concluir que existe una restricción por el objeto.

Cuando se declara la existencia de un incentivo, las partes no pueden ya alegar su reconocimiento, en el marco de la transacción, de la validez de la patente. El hecho de que una instancia judicial o administrativa confirme la validez de la patente resulta, a este respecto, indiferente. Así pues, es el incentivo, y no el reconocimiento de la validez de la patente por las partes de la transacción, lo que debe considerarse la verdadera causa de las restricciones de la competencia que introducen las cláusulas de no comercialización y de no impugnación, las cuales, al carecer en este caso de toda legitimidad, presentan por consiguiente un grado de nocividad para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia suficiente como para poder considerar una calificación de restricción por el objeto.

(véanse los apartados 112 a 114, 116, 120, 121 y 123)