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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 298/5

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 2 de agosto de 2013 — E./B.

(Asunto C-436/13)

2013/C 298/07

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: E.

Recurrida: B.

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando se ha prorrogado la competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en materia de responsabilidad parental en el sentido del artículo 12, apartado 3, del Reglamento del Consejo, (1) ¿permanece dicha prórroga de la competencia sólo hasta que se dicta una resolución firme en el procedimiento o, por el contrario, sigue surtiendo efectos después de que se dicte tal resolución firme?

2) ¿Permite el artículo 15 del Reglamento del Consejo a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro traspasar la competencia cuando no existe ningún procedimiento en curso con respecto al menor?

(1) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugal) el 24 de junio de 2013 — Modelo Continente Hipermercados, S.A./Autoridade para as Condições do Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

(Asunto C-343/13)

2013/C 260/45

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal do Trabalho de Leiria

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Demandada: Autoridade para as Condições do Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

Cuestiones prejudiciales

1) A la luz del Derecho comunitario y, en particular, de la Directiva [2011/35/UE (1) y de su artículo 19], ¿implica la fusión de sociedades un régimen de transmisión de la responsabilidad en materia de infracciones laborales que entrañe que la sociedad absorbente sea responsable de hechos cometidos por la sociedad absorbida con anterioridad a la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil?

2) ¿Puede una sanción en materia de relaciones laborales tener la consideración de crédito a favor de terceros (en este caso, a favor del Estado en virtud de la normativa en materia de infracciones laborales) a efectos de la aplicación de la Directiva, con la consecuencia de que se transfiera a la sociedad absorbente la correspondiente deuda (multa) por infracción laboral, deuda de la que será acreedor el Estado?

3) La interpretación del artículo 112 del Código das Sociedades Comerciais en el sentido de que no implica la extinción del procedimiento por una infracción laboral cometida con anterioridad a la fusión ni de la multa que corresponda imponer, ¿resulta contraria a la citada Directiva comunitaria, que establece los efectos de la fusión de sociedades, constituyendo de este modo una interpretación extensiva del precepto contraria a los principios del Derecho comunitario y, en particular, al artículo 19 de la Directiva?

4) ¿Constituye la anterior interpretación una violación del principio de que no pueden existir infracciones laborales sin que la entidad absorbente haya incurrido en responsabilidad objetiva (atenuada) o en responsabilidad por culpa?

(1) Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO L 110, p. 1).
—

Que se anule la sentencia no 564397 dictada por el Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-336/11 el 9 de abril de 2013, notificada en esa misma fecha, se estimen las pretensiones formuladas por Società Italiana Calzature SpA (en lo sucesivo, «SIC») con el recurso en primera instancia, se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 8 de abril de 2011 relativa al asunto R 634/2010-2 y, con arreglo a la resolución de la División de Oposición de 5 de marzo de 2010 relativa a la oposición no B 1.350.711, se declare que debe rechazarse el registro de la marca comunitaria de VICINI no 6.513.386 por falta de novedad, en la medida en que es similar, hasta el punto de ser confundida, al signo denominativo anterior «ZANOTTI», que ha sido objeto de una marca comunitaria registrada con el no 244.277 y del registro italiano no 452.869, de los que SIC es titular.
2)

Si el contrato de comisión de transporte se considera un contrato de transporte de mercancías en el sentido del artículo 4, apartado 4, antes citado, pero no es posible aplicar la presunción especial de determinación de la ley prevista por dicha norma al no existir la coincidencia que requiere, ¿debe interpretarse su primera frase, con arreglo a la cual el contrato de transporte de mercancías no está sujeto a la presunción general del apartado 2, en el sentido de que el juez debe determinar en tal caso la ley aplicable no con arreglo a dicha presunción, descartada definitivamente, sino aplicando el principio general de determinación establecido en el artículo 4, apartado 1, es decir, identificando el país con el que el contrato presente los lazos más estrechos, sin tomar en particular consideración el lugar de establecimiento de la parte que realiza la prestación característica del contrato?
2)

Segundo motivo de casación: Violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General i) El Tribunal General aplicó indebidamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) al considerar que existía una nueva ayuda en favor de Rousse Industry AD. ii) El Tribunal General dictó su sentencia infringiendo el artículo 107 TFUE, apartado 1, al estimar erróneamente que la ayuda era incompatible con el mercado interior de la Unión y falseaba la competencia, y al estimar que el hecho de que el Estado no exigiera la devolución de la deuda constituía una ventaja para la empresa. iii) La sentencia del Tribunal General no es acorde con los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 296 TFUE, porque la Sala, en su apreciación de los criterios elegidos por la Comisión Europea respecto al acreedor privado, aplicó un enfoque jurídicamente erróneo. En su Decisión, la Comisión Europea no fundamentó sus conclusiones sobre el criterio del acreedor privado en un análisis y en motivos económicos, por lo que no existía ninguna base para que el Tribunal General se adhiriera a las alegaciones de la Comisión Europea. iv) El Tribunal General interpretó y aplicó incorrectamente el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 y el artículo 296 TFUE, dado que en su Decisión la Comisión Europea debía indicar el importe de la ayuda que debía devolverse junto con los intereses, y, en este sentido, los intereses debían determinarse con arreglo a un tipo razonable fijado por la Comisión, lo que no ha sucedido, es decir, el acto de la Comisión es infundado.
a)

Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 24 de enero de 2013 y notificada el 25 de enero de 2013 en el asunto T-474/09 y, en consecuencia, que se anule asimismo la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) (en lo sucesivo, «OAMI»), de 18 de agosto de 2009, R 1253/2008-2, en el procedimiento de anulación no 2004 C (solicitud de registro de marca comunitaria no 1.077.858, JACKSON SHOES), que fue notificada a la recurrente el 30 de septiembre de 2009, de conformidad con las disposiciones aplicables del Derecho comunitario.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/17

Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2013 — Parlamento Europeo/Comisión Europea

(Asunto C-65/13)

2013/C 108/36

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Parlamento Europeo (representantes: A. Tamás y J. Rodrigues, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de noviembre de 2012 relativa a la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la puesta en relación y la compensación de las ofertas y demandas de empleo y el restablecimiento de EURES.

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de anulación, el Parlamento alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 38 del Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (1) Sostiene que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión se extralimitó en los poderes que el legislador de la Unión le había conferido.

Añade que el artículo 38 del citado Reglamento sólo confiere a la Comisión poderes de ejecución, cuyos límites están fijados en el artículo 291 TFUE. Según el Parlamento, este último artículo debe interpretarse en el sentido de que no permite la adopción de actos de alcance general que completen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Únicamente los actos legislativos o los actos delegados en el sentido del artículo 290 TFUE pueden completar elementos no esenciales de un acto de base.

Pues bien, el acto adoptado por la Comisión, entendido como un acto de ejecución en el sentido del artículo 291 TFUE, completa también determinados elementos no esenciales del Reglamento (UE) no 492/2011. Por ello, el Parlamento considera que, de ser necesario completar elementos no esenciales del Reglamento (UE) no 492/2011, a falta de un poder para adoptar actos delegados en el sentido del artículo 290 TFUE, la Comisión debería haber presentado al legislador una propuesta legislativa para completar o modificar el acto de base.

(1) Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141, p. 1).
Segundo motivo de casación: Alega la recurrente que el Tribunal General infringió, además, el artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88, en relación con el principio de atribución (artículos 5 TUE, apartado 2, y 7 TFUE), puesto que atribuyó a la Comisión, incurriendo en error de Derecho, la facultad para realizar correcciones financieras extrapoladas (primera parte del segundo motivo de casación). Aunque pudiera desprenderse del artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88 la facultad de la Comisión para realizar reducciones extrapoladas, a juicio de la recurrente el Tribunal General confirmó en el caso de autos, incurriendo en error de Derecho, el modo de llevar a cabo la extrapolación. Por una parte, la Comisión no debería haber calificado los errores apreciados de sistemáticos respecto del conjunto del programa operativo, ni debería haber extrapolado al conjunto del programa la cuota de error calculada a tales efectos. Por otra parte, la Comisión no debería haber utilizado el procedimiento de muestreo aleatorio para proceder a una reducción extrapolada para el conjunto del programa (segunda parte del segundo motivo de casación). Además, según la recurrente, la Comisión llevó a cabo, mediante la extrapolación de errores no representativos y correcciones a tanto alzado, una reducción desproporcionada de la participación financiera en el programa operativo (tercera parte del segundo motivo de casación).
—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 49, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 2, números 1, 22, 32 y 33, artículo 3, apartados 7, 8 y 13, artículo 6, apartados 1 y 3, artículo 9, y a los artículos 13, 14 y 17 a 23, artículos 10 y 11, artículo 16, apartados 1 y 2, artículo 26, apartado 2, letras b), c) y d), tercera y cuarta frase, artículo 29, artículo 38, apartados 1 a 4, artículo 39, apartados 1 a 4, artículo 40, apartados 1 a 3 y 5 a 7, y al anexo I, números 1 y 2, de dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado las mencionadas disposiciones a la Comisión.
2)

Si se responde afirmativamente a la primera cuestión, ¿cómo ha de interpretarse el artículo 3, letra c), del Reglamento en una situación en la que una patente de base vigente protege varios productos y, en la fecha de la solicitud de un certificado para uno de los productos (A) protegidos por la patente de base, aunque todavía no se haya obtenido ningún certificado para otros productos (B, C) protegidos por la misma patente de base, sí se han expedido certificados solicitados sobre la base de solicitudes para dichos productos (B, C) antes de que se haya resuelto sobre la solicitud de un certificado para el primero de los productos citados (A)?
1)

¿Se ha de interpretar el artículo 13, parte B, letra d), número 6, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, (1) en el sentido de que la expresión «fondos comunes de inversión definidos como tales por los Estados miembros» incluye fondos de pensiones como aquéllos a los que se hace referencia en el procedimiento principal, que tengan las siguientes características, en el supuesto de que el Estado miembro reconozca como fondos comunes de inversión las instituciones descritas en el apartado 2 de la presente resolución de remisión: a) el reembolso al trabajador (beneficiario) depende de la ganancia obtenida por las inversiones del fondo de pensiones; b) el empresario no está obligado a hacer pagos adicionales para asegurar un determinado reembolso a favor del beneficiario; c) el fondo de pensiones invierte colectivamente el dinero acumulado aplicando el principio de dispersión del riesgo; d) el volumen de los pagos al fondo de pensiones se basa en los convenios colectivos entre las organizaciones del mercado laboral que representan a los trabajadores y empresarios individuales, y no en la decisión personal del trabajador individual; e) el trabajador individual puede optar personalmente por hacer aportaciones adicionales al fondo de pensiones; f) los autónomos, empresarios y directivos pueden optar por pagar cotizaciones para la contingencia de jubilación al fondo de pensiones; g) una parte predeterminada de los ahorros para pensiones, pactada colectivamente para los trabajadores, se dedica a la adquisición de una renta vitalicia; h) los beneficiarios asumen los costes del fondo de pensiones; i) los pagos al fondo de pensiones son deducibles a efectos del impuesto nacional sobre la renta, hasta ciertos límites cuantitativos; j) los pagos a un plan de pensiones personal, incluido un fondo de pensiones constituido en una institución financiera en que las contribuciones puedan ser invertidas en un fondo común de inversión, son deducibles a efectos del impuesto nacional sobre la renta en la misma medida que en la letra i); k) la contrapartida al derecho de deducción a efectos fiscales de las contribuciones mencionadas en la letra i) es que los reembolsos tributan, y l) los fondos acumulados en principio se han de reembolsar después de que el beneficiario alcanza la edad de jubilación?
2)

¿Se ha de interpretar el artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011 en el sentido de que se opone al artículo 7, apartado 2, del Reglamento búlgaro no 29 de 11 de agosto de 2008, con arreglo al cual no se conceden ayudas a solicitantes/beneficiarios cuando conste que han creado artificialmente las condiciones para obtener la ayuda a fin de conseguir una ventaja contraria a los objetivos de la medida?
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 2011/746/UE de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativa a las ayudas estatales C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) y C 13/2006 (ex N 587/2005) ejecutadas por Italia a favor de Portovesme Srl, ILA SpA, Euralluminia SpA y Syndial SpA [notificada el 24.2.2012 con el número C(2011) 956 y publicada en el DO L 309 de 24.11.2011, pp. 1-22], al no haber adoptado en los plazos establecidos todas las medidas necesarias para suprimir el régimen de ayudas de Estado considerado ilegal e incompatible con el mercado común por la citada Decisión.
7)

Si el Tribunal de Justicia no reconociera a los principios antes señalados el valor de principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea al objeto de su aplicación horizontal y generalizada y, por tanto, que una disposición como el artículo 32, apartados 5 a 7, de la Ley no 183/10, es contraria únicamente a las obligaciones establecidas en la Directiva 1999/70/CE y en la Carta de Niza, ¿debe considerarse que una sociedad como la demandada constituye un organismo estatal al objeto de la aplicación directa, vertical y ascendente del Derecho de la Unión, y en particular de la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE y de la Carta de Niza?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 11, apartados 9 y 10, primera frase, del Reglamento (CE) no 384/1996 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, (1) relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea [actualmente Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo] (2) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), en relación con el artículo 2, apartados 8 y 9, de dicho Reglamento, en el sentido de que, cuando no se ha demostrado un cambio de circunstancias a los efectos del artículo 11, apartado 9, dichas disposiciones tienen prioridad sobre las facultades implícitas de las instituciones resultantes del artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base para la determinación del precio de exportación, incluida –como en el caso del Reglamento (CE) no 1279/2007 del Consejo (3)– la facultad implícita de las instituciones de valorar la fiabilidad en el futuro de los precios de exportación de Severstal-Metiz mediante la realización de una comparación con los precios mínimos según el compromiso de precios y los precios de venta en terceros países? ¿Influye en la respuesta a esta cuestión el hecho de que, como sucede en el caso de Severstal-Metiz y del Reglamento (CE) no 1279/2007 del Consejo, las instituciones, al ejercer sus facultades relacionadas con la valoración del carácter permanente de la modificación de circunstancias relativas a la existencia de dumping conforme al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, acuerden modificar la medida antidumping (reducir el tipo del derecho de aduana)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 295/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Italia) el 26 de julio de 2012 — Nintendo Co., Ltd y otros/PC Box Srl, 9Net Srl

(Asunto C-355/12)

2012/C 295/41

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Milano

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., NIntendo of Europe GmbH

Demandadas: PC Box Srl, 9Net Srl

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE, (1) a la luz del considerando 48 de dicha Directiva, en el sentido de que la tutela de las medidas técnicas de protección relativas a obras o materiales cubiertos por derechos de autor puede ampliarse también a un sistema producido y comercializado por una empresa, en el que se ha instalado en el hardware un dispositivo para detectar, sobre el soporte distinto que contiene la obra protegida (videojuego producido por la misma empresa además de por terceros, titulares de obras protegidas), un código de reconocimiento, sin el cual dicha obra no podrá ser visualizada ni utilizada en dicho sistema, constituyendo así ese equipo un sistema cerrado a la interoperabilidad con equipos y productos complementarios no procedentes de la empresa productora del propio sistema?

2) En caso de que deba valorarse si el uso de un producto o componente con el fin de eludir una medida técnica de protección prevalece o no sobre otras finalidades u otros usos comercialmente pertinentes, ¿puede interpretarse el artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE, también a la luz del considerando 48 de la misma Directiva, en el sentido de que el juez nacional ha de aplicar criterios de valoración de ese elemento que tomen en consideración el destino peculiar atribuido por el titular de los derechos al producto que recoge el contenido protegido, o ha de aplicar, de forma alternativa o simultánea, criterios de carácter cuantitativo relativos a la entidad comparativa de los usos, o criterios de carácter cualitativo, es decir, relativos a la naturaleza y relevancia de los propios usos?

(1) DO L 167, p. 10.
2)

¿Es contraria al artículo 2, apartado 1, letra c), y al artículo 26 de la Directiva 2006/112 una disposición nacional según la cual un servicio prestado a título gratuito, consistente en la mejora de un bien patrimonial arrendado o cedido para su uso, está sometido al impuesto en todo caso? ¿Es relevante para responder a esta cuestión en las circunstancias del litigio principal el hecho de que — el prestador del servicio gratuito ejerciera el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido sobre los bienes y servicios empleados para realizar la mejora, lo que hasta la fecha no se le ha denegado mediante resolución de la inspección fiscal, devenida firme; — en el momento de la inspección fiscal, la sociedad aún no hubiera comenzado a realizar operaciones imponibles con los terrenos, pero todavía no hubiera concluido la vigencia de los contratos?
2)

El objetivo de impedir el incumplimiento de un marco contractual existente, no discutido en sí y muy detallado, entre una persona jurídica de Derecho público y una empresa de Derecho privado no controlada por aquélla, si la celebración de una operación o de una transacción con el objetivo de poner fin a una controversia actual de interpretación sobre el citado marco contractual, de forma tal que dicha transacción parta de los derechos de las partes conforme a una decisión provisional de un juez de medidas cautelares y sin que tal transacción pueda causar a la actividad de que se trata de la autoridad pública un perjuicio grave ni pérdida patrimonial y, entretanto, los consumidores siguen careciendo de tal servicio, ¿puede tener la consideración de razón imperiosa de interés general o al menos de circunstancia objetiva que justifique que personas jurídicas de Derecho público, con carácter excepcional y apartándose del principio de igualdad de trato y de prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, consagrado en los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, y de la obligación de transparencia derivada de los mismos, no acudan al mercado y adjudiquen directamente el contrato?