Palabras clave

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Palabras clave

1. Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado — Directiva 2005/85/CE — Derecho a un recurso judicial efectivo

(Directiva 2005/85/CE del Consejo, art. 39, ap. 1)

2. Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado — Directiva 2005/85/CE — Derecho a una tutela judicial efectiva

(Directiva 2005/85/CE del Consejo, arts. 23 y 39)

3. Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado — Directiva 2005/85/CE — Derecho a una tutela judicial efectiva

(Directiva 2005/85/CE del Consejo, art. 39)

4. Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado — Directiva 2005/85/CE — Derecho a una tutela judicial efectiva

(Directiva 2005/85/CE del Consejo, art. 39)

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1. Se desprende del tenor del artículo 39, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/85, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, y, en particular, de las resoluciones que en él se enumeran sin carácter exhaustivo, que el concepto de «resolución adoptada sobre [la] solicitud de asilo» tiene por objeto una serie de resoluciones que, puesto que conllevan la denegación de la solicitud de asilo o se adoptan en la frontera, equivalen a una decisión definitiva y denegatoria sobre el fondo. Lo mismo ocurre con las otras resoluciones para las que, en virtud del artículo 39, apartado 1, letras b) a e), de la Directiva 2005/85, existe expresamente un derecho a un recurso jurisdiccional efectivo. Por lo tanto, las resoluciones contra las que el solicitante de asilo ha de disponer de un recurso en virtud del artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2005/85 son aquellas que implican una denegación de la solicitud de asilo por razones de fondo o, en su caso, por razones de forma o de procedimiento que excluyen una resolución sobre el fondo. Por consiguiente, la referida disposición no tiene por objeto las resoluciones preparatorias a la resolución sobre el fondo ni las resoluciones de organización del procedimiento.

Además, interpretar el tenor del artículo 39 de la Directiva 2005/85 en el sentido de que «una resolución adoptada sobre [la] solicitud» designaría toda resolución dictada en relación con la solicitud de asilo y, por tanto, las decisiones preparatorias de la decisión última sobre la solicitud de asilo o las resoluciones de organización del procedimiento, no es conforme con el interés vinculado a la rapidez de los procedimientos en materia de solicitud de asilo. Como se desprende del undécimo considerando de la referida Directiva, dicho interés en que, según el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2005/85, un procedimiento en la referida materia concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo, es compartido tanto por los Estados miembros como por los solicitantes de asilo.

(véanse los apartados 41 a 44)

2. El artículo 39 de la Directiva 2005/85, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, y el principio de tutela judicial efectiva deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, con arreglo a la cual no cabe ningún recurso autónomo contra la resolución de la autoridad administrativa competente por la que ésta decide tramitar una solicitud de asilo por tal procedimiento acelerado, habida cuenta de que las razones que condujeron a dicha autoridad a examinar el carácter fundado de la referida demanda en el marco de tal procedimiento pueden estar efectivamente sujetas a control jurisdiccional en el marco de un recurso que tenga por objeto la resolución denegatoria final, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional nacional.

En efecto, la resolución sobre el procedimiento que ha de aplicarse al examen de la solicitud de asilo, considerada de manera aislada e independientemente de la resolución final que accede a dicha solicitud o la deniega, constituye un acto preparatorio a la resolución final en la que se resuelve sobre la solicitud. En tales circunstancias, la falta de recurso en esta fase del procedimiento no constituye una violación del derecho a un recurso efectivo, siempre que la legalidad de la resolución final adoptada en un procedimiento acelerado, y en particular los motivos que conduzcan a la autoridad competente a desestimar la solicitud de asilo por infundada, puedan ser objeto de un examen en profundidad por el órgano jurisdiccional nacional en el marco del recurso contra la resolución por la que se desestima la referida solicitud.

La efectividad de tal recurso no está garantizada si, por la imposibilidad de ejercer un recurso contra la resolución de la autoridad competente para examinar una solicitud de asilo en el marco de un procedimiento acelerado no pueden ser objeto de tal control, cuando dichos motivos son los mismos que condujeron a la denegación de dicha solicitud. Tal situación hace imposible de hecho y de Derecho el control de legalidad de la resolución. Por consiguiente, es necesario que tales motivos puedan impugnarse efectivamente después ante el juez nacional y ser examinados por éste en el marco del recurso cuyo objeto sea la resolución final que pone fin al procedimiento sobre la solicitud de asilo. En efecto, es incompatible con el Derecho de la Unión que tal normativa nacional pueda interpretarse en el sentido de que los motivos que condujeron a la autoridad administrativa competente a examinar la solicitud de asilo en un procedimiento acelerado no puedan ser objeto de ningún control jurisdiccional.

Por lo que respecta a la interpretación del Derecho nacional por el órgano jurisdiccional nacional, la exigencia de una interpretación conforme del Derecho nacional que permite a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar, en el marco de sus competencias, la plena efectividad de la Directiva 2005/85 y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta. El objetivo de la Directiva 2005/85 consiste en crear un marco común de garantías que permitan asegurar el pleno respeto de la Convención de Ginebra y de los derechos fundamentales. El derecho a un recurso efectivo constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión. Para que el ejercicio de dicho derecho sea efectivo, es necesario que el juez nacional pueda comprobar el carácter fundado de los motivos que condujeron a la autoridad administrativa competente a considerar que la solicitud de protección internacional era infundada o abusiva sin que pueda aplicarse a dichos motivos una presunción iuris et de iure de legalidad. Asimismo, en el marco de dicho recurso el órgano jurisdiccional nacional que conozca del asunto ha de comprobar si la resolución de tramitar una solicitud de asilo por un procedimiento acelerado ha sido adoptada de conformidad con los procedimientos y garantías fundamentales previstos en el capítulo II de la Directiva 2005/85, tal como lo prevé el artículo 23, apartado 4, de ésta.

(véanse los apartados 55 a 58, 60, 61 y 70 y el fallo)

3. Cuando en virtud de una normativa nacional relativa al procedimiento de concesión o de retirada de la condición de refugiado, el plazo de recurso contra la resolución final relativa a una solicitud de asilo sea de quince días en el supuesto de un procedimiento acelerado, mientras que es de un mes en el caso de una resolución adoptada en aplicación del procedimiento ordinario, lo relevante ha de ser que el plazo disponible sea materialmente suficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo. En lo que respecta a los procedimientos abreviados, un plazo de quince días no parece, en principio, materialmente insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, sino que parece razonable y proporcionado en su contraste con los derechos e intereses de que se trata. No obstante, en el supuesto en que en una situación dada dicho plazo resultase insuficiente habida cuenta de las circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si dicho elemento puede justificar por sí solo que se estime el recurso interpuesto indirectamente contra la resolución por la que se decide tramitar la solicitud de asilo por un procedimiento acelerado, de modo que, estimando el recurso, el referido órgano jurisdiccional ordene que la demanda se tramite por el procedimiento ordinario.

(véanse los apartados 66 a 68)

4. La Directiva 2005/85 sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado no exige que exista una doble instancia. Únicamente es necesario que exista un recurso, garantizado por el artículo 39 de la Directiva 2005/85, ante una instancia jurisdiccional. El principio de tutela judicial efectiva da al particular un derecho de acceder a un tribunal y no a varias instancias.

(véase el apartado 69)