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2)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, el derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes), los principios de seguridad jurídica, no discriminación, transparencia, imparcialidad, libre competencia, proporcionalidad, protección de la confianza legítima y coherencia y, cuando se consideren aplicables, los artículos 3 y 43 de la Directiva 2014/23/UE, en el sentido de que se opone a una normativa como la recogida en el artículo 20, apartado 1, del Decreto-ley n.o 148, de 16 de octubre de 2017, que, en aplicación del artículo 21, apartados 3 y 4, del Decreto-ley n.o 78, de 1 de julio de 2009, convalidado, con modificaciones, como Ley n.o 102, de 3 de agosto de 2009, dispone que «la Agencia de Aduanas y Monopolios autorizará la continuidad de la concesión existente, relativa a la gestión, incluso a distancia, de las loterías nacionales instantáneas, hasta la expiración del plazo máximo previsto en el artículo 4, apartado 1, del acto de concesión, a fin de garantizar nuevos y mayores ingresos para el presupuesto del Estado, de un importe de 50 millones de euros para 2017 y de 750 millones de euros para 2018», teniendo en cuenta que: — se dispone la continuidad de la única concesión existente, en lugar de proceder a una renovación mediante una convocatoria abierta a una pluralidad de operadores, con arreglo al artículo 21, del Decreto-ley n.o 78, de 1 de julio de 2009, convalidado, con modificaciones como Ley n.o 102, de 3 de [agosto] de 2009, sin que, por tanto, se convoque una nueva licitación; — con anterioridad a la expiración del plazo fijado para la concesión entró en vigor el Decreto-ley n.o 148 de 2017, en concreto el 16 de octubre de 2017, es decir, el mismo día de su publicación en la Gazzetta Ufficiale (Boletín Oficial) italiana, pese a que la concesión no debía extinguirse hasta el 30 de septiembre de 2019; — a fin de garantizar nuevos y mayores ingresos para el presupuesto del Estado, de un importe de 50 millones de euros para 2017 y de 750 millones de euros para 2018, se modifican algunos aspectos relativos a las modalidades y al plazo de pago de la contraprestación debida por la concesión, así como, potencialmente, al importe total del pago adeudado atendiendo a su onerosidad, en particular mediante la modificación de los plazos de pago, que se anticipan respecto a lo previsto en la concesión inicial, en consideración —según alegan las recurrentes— del hecho objetivo y notorio del valor económico del tiempo?
—

Que se declare que, al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar del principal beneficiario, Telecom Castilla-La Mancha S.A., la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por el artículo 1 de la Decisión (UE) 2016/1385 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concedida por la autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla-La Mancha (1) (publicada en el DOUE No L 222 de 17 de agosto de 2016, página 52), al no haber acreditado haber cancelado todos los pagos pendientes de dicha ayuda y al no haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta Decisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 3 y 4 de la Decisión; y
6)

El artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 91/2009 por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (en su versión modificada), dispone que el tipo de derecho antidumping individual aplicable a la empresa Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., con domicilio social en Ningbo City, del 64,4 %, estará sujeto a la presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial válida que se ajuste a los requisitos expuestos en el anexo II, y que si no se presenta dicha factura, se aplicará el tipo de derecho antidumping aplicable a todas las demás empresas. ¿Puede aplicarse al declarante de buena fe el tipo de derecho antidumping individual en el marco de una recaudación a posteriori de derechos antidumping con ocasión de una investigación de la OLAF, cuando la OLAF ha comprobado que los elementos de fijación en cuestión no tienen su origen, conforme a la declaración, en Indonesia, sino que han sido efectivamente fabricados en China por la empresa Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., pero no puede presentarse ninguna factura con las indicaciones requeridas para el derecho antidumping individual porque el objetivo perseguido precisamente por los exportadores era engañar a las autoridades de los Estados miembros?
—

en tercer lugar, en los apartados 79 a 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error al declarar que la Comisión había concluido erróneamente que no existía justificación alguna para los tipos impositivos progresivos del impuesto en el sector del comercio minorista a efectos de redistribución. La afirmación del Tribunal General de que el impuesto polaco en el sector del comercio minorista no es discriminatorio y tiene fines redistributivos se basa en la suposición errónea de que las empresas con ingresos elevados (volumen de negocios) son más rentables que las empresas con ingresos más bajos (volumen de negocios). Así pues, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que el objetivo de redistribución, que no está inextricablemente ligado al impuesto en el sector del comercio minorista, puede justificar un trato desigual de las empresas. Además, al basarse en esta presunción errónea, el Tribunal General trasladó erróneamente la carga de la prueba en lo que respecta a la justificación de los tipos impositivos progresivos por la supuesta finalidad redistributiva del Estado miembro a la Comisión, que tendría que demostrar que no existe tal justificación.
1)

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1), y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de ésta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria
1.

1. ¿Constituye la expresión «autoridad judicial», en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Decisión Marco, (1) un concepto autónomo de Derecho de la Unión? 2. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1.1., ¿con arreglo a qué criterios puede determinarse si una autoridad del Estado miembro de ejecución es tal autoridad judicial y si la orden de detención europea ejecutada por esta autoridad es, por consiguiente, una resolución judicial? 3. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1.1., ¿está comprendido el Ministerio Fiscal neerlandés, en particular el officier van justitie (fiscal), dentro del concepto de autoridad judicial en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Decisión Marco, de modo que la orden de detención europea ejecutada por dicha autoridad constituye una resolución judicial? 4. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1.3., ¿puede permitirse que la entrega inicial sea examinada por una autoridad judicial, en concreto, por la Overleveringskamer te Amsterdam (Sala competente en materia de entregas del Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam), de conformidad con el artículo 15 de la Decisión Marco, en virtud de lo cual se garantiza al justiciable, entre otros, el derecho a ser oído y el derecho de acceso a la justicia, mientras que la entrega posterior de conformidad con el artículo 27 de la Decisión Marco se atribuye a otra autoridad, a saber, el Officier van Justitie (fiscal), no garantizándose así al justiciable el derecho a ser oído ni el derecho de acceso a la justicia, de suerte que se genera una manifiesta falta de coherencia en el seno de la Decisión Marco sin una justificación razonable? 5. En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones 1.3. y 1.4., ¿deben interpretarse los artículos 14, 19 y 27 de la Decisión Marco en el sentido de que un fiscal que actúa como autoridad judicial de ejecución debe respetar ante todo el derecho a ser oído y el derecho de acceso a los tribunales del justiciable, antes de poder autorizarse el enjuiciamiento, la condena o el mantenimiento en detención de una persona con vistas a la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, por un delito cometido antes de su entrega en virtud de una orden de detención europea, y que no es el delito por el que se solicita su entrega?
C 328/4

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 28 de mayo de 2019 — Roberto Abate SpA/Agenzia delle Entrate

(Asunto C-416/19)

(2019/C 328/04)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Roberto Abate SpA

Recurrida: Agenzia delle Entrate

Cuestión prejudicial

¿Son compatibles el apartado 1223 del artículo único de la Ley n.o 296 de 27 de diciembre de 2006 (actualmente artículo 16 bis, apartado 11, de la Ley n.o 11, de 4 de febrero de 2005) y el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2007 con el Derecho de la Unión Europea, en particular, con el artículo 108 TFUE, [apartado] 3, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia denominada Deggendporf, con la Decisión C(2008) 380 de la Comisión Europea y con el principio de proporcionalidad?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța (Rumanía) el 10 de abril de 2019 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

(Asunto C-294/19)

(2019/C 288/16)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Constanța

Partes en el procedimiento principal

Demandada y recurrente: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

Demandante y recurrida: SC Piscicola Tulcea SA

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 2, y 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, (1) y el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1120/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, (2) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en circunstancias como las del litigio principal, excluye del pago de los derechos al agricultor sobre la base de que las instalaciones piscícolas utilizadas como tierras de cultivo no constituyen «superficie agraria» en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 73/2009, al no ser consideradas terreno admisible de conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 73/2009?

(1) DO 2009, L 30, p. 16.

(2) DO 2009, L 316, p. 1.
2.

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1.b): a) ¿Debe interpretarse que la categoría B3020, en particular su cuarto guion, exige que los residuos de que se trata no contengan ningún material extraño, es decir, que no puede clasificarse en esa categoría un residuo que contenga materiales distintos de residuos y desechos de papel o cartón (materiales extraños), independientemente de la cantidad y la peligrosidad de estos? b) En caso de respuesta negativa a la cuestión 2.a): ¿Puede la presencia de materiales extraños en un residuo, en especial en función de su cantidad, excluir que se clasifique ese residuo en la categoría B3020, en particular en su cuarto guion, aun cuando no concurran los requisitos del encabezamiento del anexo III del Reglamento n.o 1013/2006, es decir, cuando el residuo esté contaminado con otros materiales en un grado tal que no aumente los riesgos asociados a ese residuo lo suficiente como para que se considere oportuno someterlo al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito, teniendo en cuenta las características de peligrosidad mencionadas en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE, (3) y cuando no impida la valorización de ese residuo de manera ambientalmente correcta?
1)

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1), y en particular sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual, en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de ésta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.
C 213/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg (Alemania) el 27 de febrero de 2019 — MG y NH/Germanwings GmbH

(Asunto C-190/19)

(2019/C 213/05)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: MG y NH

Demandada: Germanwings GmbH

Cuestión prejudicial

¿Puede haber lugar a derecho a compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) aunque fuera un retraso relativamente leve en la llegada el que dio lugar a que el pasajero perdiera un vuelo de conexión directa, a consecuencia de lo cual llegó al destino final con un retraso de tres horas o superior a tres horas, si bien fueron dos transportistas aéreos distintos los encargados de efectuar uno y otro vuelo y la reserva había sido confirmada por una agencia de viajes que había combinado los vuelos para su cliente?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Recurso interpuesto el 16 de abril de 2019 — Comisión Europea/República de Eslovenia

(Asunto C-316/19)

(2019/C 187/59)

Lengua de procedimiento: esloveno

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y B. Rous Demiri)

Demandada: República de Eslovenia

Pretensiones de la parte demandante

— En virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del artículo 39 del Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, de los artículos 2, 18 y 22 del Protocolo n.o 7 sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea y del artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, al haberse incautado unilateralmente en los locales del Banco de Eslovenia de documentos vinculados al cumplimiento de las funciones del SEBC y del Eurosistema y haber cooperado de manera desleal con el BCE a tal respecto.

— Asimismo, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que condene en costas a la República de Eslovenia.

Motivos y principales alegaciones

Con el registro y la incautación llevados a cabo en el Banco de Eslovenia el 6 de julio de 2016 se vulneró la inviolabilidad de los archivos de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 39 del Protocolo n.o 4 y los artículos 2 y 22 del Protocolo n.o 7, en relación con el artículo 18 de este último Protocolo, así como en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. El registro y la incautación fueron realizados de manera unilateral, sin el consentimiento del BCE, y, en el supuesto de falta de acuerdo entre el BCE y los órganos eslovenos, sin que existiera una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A pesar de las reiteradas advertencias, los órganos eslovenos responsables de la incautación no intentaron separar los documentos que forman parte de los archivos de la Unión y no trataron de modo constructivo sobre este tema con el BCE.
C 182/5

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 21 de enero de 2019 — CV/Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(Asunto C-37/19)

(2019/C 182/07)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: CV

Recurrida: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 (1) y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso considerados separadamente, en el sentido de que se oponen a una normativa o a una jurisprudencia nacionales en virtud de las cuales una vez extinguida la relación laboral el trabajador no tiene derecho a una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas (comprendida la figura jurídica de los denominados «días festivos suprimidos», equiparable por su naturaleza y su función a las vacaciones anuales) en el supuesto de que no haya podido invocar tal derecho, antes de la extinción de la relación laboral, por un hecho ilegal (despido que ha sido objeto de una sentencia de un juez nacional devenida firme, que ordena la readmisión del trabajador con carácter retroactivo) imputable al empresario, correspondiente al período transcurrido entre el comportamiento del empresario y la posterior readmisión?

(1) Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
C 148/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juizo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 (Portugal) el 31 de enero de 2019 — LE/Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

(Asunto C-74/19)

(2019/C 148/17)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juizo Local Cível de Lisboa — Juiz 18

Partes en el procedimiento principal

Demandante: LE

Demandada: Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Está comprendida en el concepto de «circunstancias extraordinarias», a que se refiere el considerando 14 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) la circunstancia de que un pasajero, en el transcurso de un vuelo, muerda a otros pasajeros y agreda a los miembros de la tripulación que intentaron calmarlo, hasta el punto de justificar, según el comandante del vuelo, el desvío al aeropuerto más cercano para desembarcar a dicho pasajero y descargar su equipaje, lo que dio lugar al retraso en la llegada del vuelo a destino?

2) ¿Puede eximir de responsabilidad a la compañía aérea por el retraso en el despegue de un avión en el vuelo de regreso, en el que embarca el pasajero que ha presentado reclamación (hoy demandante), una «circunstancia extraordinaria» que se produzca en el vuelo de ida, inmediatamente anterior, del mismo avión?

3) A efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, ¿tomó la compañía aérea (hoy demandada) todas las medidas razonables sin que, pese a ello, pudiera impedirse el retraso, al analizar y concluir que el envío de otro avión no evitaría el retraso ya manifestado y al derivar al pasajero en escala (hoy demandante) al vuelo del día siguiente, por efectuar dicha compañía un único vuelo diario al destino final del pasajero?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 165/2014, (1) en particular sus artículos 34, apartado 3, párrafo segundo, y 36, apartado 2, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige que los conductores de vehículos equipados con un tacógrafo digital en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.o 165/2014, en caso de que no consten días de trabajo en su tarjeta de conductor [artículo 2, apartado 2, letra f), del mismo Reglamento], respecto a los cuales no lleven tampoco hojas de registro, lleven en relación con dichos días las correspondientes certificaciones de la empresa, conforme a los requisitos mínimos del impreso previsto en el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2006/22/CE, (2) que deberán presentar en caso de inspección?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 158, apartado 3, del Reglamento n.o 2454/93 (1) en el sentido de que crea un fundamento independiente para el ajuste del valor en aduana mediante la suma de cánones o derechos de licencia al precio efectivamente pagado o pagadero por las mercancías importadas, no obstante la norma establecida en el artículo 157 del Reglamento n.o 2454/93?