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Aproximación de las legislaciones — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2000/35/CE — Posibilidad de invocar el derecho a reclamar los costes de cobro en contra de un particular, cuando no se han adoptado medidas de adaptación del Derecho interno — Exclusión

[Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra e)]

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Cuando en un litigio entre particulares no sea posible, sobre la base del Derecho nacional, incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado un particular obligado al pago de una deuda profesional los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador en defensa o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no puede servir por sí sola de fundamento a tal posibilidad, puesto que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular ni ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona.

(véanse los apartados 16 y 17 y el fallo)
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Política económica y monetaria – Introducción del euro – Reglamento (CE) nº 1103/97 – Norma que prevé el redondeo después de la conversión de los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar – Aplicación a una tarifa telefónica – Exclusión – Redondeo de dicha tarifa aplicado por un operador nacional – Procedencia – Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1103/97 del Consejo, art. 5]

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El Reglamento nº 1103/97, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, pretende, por una parte, garantizar el cumplimiento del principio de continuidad de los contratos, de forma que la transición a la moneda única se realice sin afectar a las obligaciones previamente asumidas por los ciudadanos y las empresas, y comparte, por otra, el objetivo de neutralidad de la transición al euro. El Reglamento sólo establece una regulación de mínimos del redondeo de determinados importes y deja a cargo de las autoridades nacionales el mantenimiento o la adopción de disposiciones que ayuden a la consecución de dicho objetivo.

De lo que se desprende que la primera frase del artículo 5 de dicho Reglamento, que dispone el redondeo al céntimo más próximo de los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar, no debe ser interpretada en sentido amplio. Así, el citado precepto no se aplica a una tarifa fijada por un operador nacional, como el precio por minuto de comunicación telefónica, que consiste en un importe que no es efectivamente facturado al consumidor ni abonado por éste ni se registra como tal en un documento contable o en un extracto de cuenta. El hecho de que dicha tarifa se determine como un múltiplo de la unidad utilizada como base de cálculo del importe de la factura o que constituya, desde el punto de vista del consumidor, la unidad básica para determinar el precio de los bienes o servicios de que se trate carece de relevancia a estos efectos.

No obstante, este mismo Reglamento no se opone a que se redondeen al céntimo más próximo importes como la citada tarifa, siempre que esta forma de redondeo sea compatible con el principio de continuidad de los contratos garantizado por el artículo 3 del mismo Reglamento y con el objetivo de neutralidad de la transición al euro, esto es, siempre que no afecte a las obligaciones contractuales asumidas por los agentes económicos, incluidos los consumidores, y que no altere de forma significativa el precio que efectivamente deba ser abonado.

(véanse los apartados 31, 32, 34, 36, 40 a 43 y 57 y los puntos 1 y 2 del fallo)
Asunto C‑320/02

Förvaltnings AB Stenholmen

contra

Riksskatteverket

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Regeringsrätten (Suecia)]

«Sexta Directiva IVA – Artículo 26 bis – Régimen especial aplicable a los bienes de ocasión – Concepto de bien de ocasión – Caballo vendido tras ser entrenado»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido – Régimen especial de los bienes de ocasión – Concepto de bienes de ocasión – Animales vivos – Inclusión – Animal comprado a un particular y vendido tras ser entrenado

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 26 bis)

El artículo 26 bis de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que prevé un régimen especial en el ámbito de los bienes de ocasión, definidos como bienes muebles corporales que sean susceptibles de nueva utilización, directamente o previa reparación, debe interpretarse en el sentido de que los animales vivos pueden considerarse bienes de ocasión conforme a dicho artículo.

Puede considerarse que constituye un bien de ocasión en el sentido del mencionado artículo un animal que se compra a un particular (que no es criador) y que, tras ser entrenado para un uso concreto, es revendido. Poco importa, en efecto, que el incremento del valor del animal de que se trate no se deba a una «reparación», en el sentido estricto del término, sino, por ejemplo, a un proceso biológico o al entrenamiento del animal. Por otro lado, dado que el sistema común del impuesto sobre el valor añadido tiene por objetivo, en principio, gravar el valor económico añadido en las diferentes fases del proceso de producción y distribución, hasta la fase del consumo final, por los sujetos pasivos que actúen como tales, en el sentido de la Sexta Directiva, sería contrario a tal sistema gravar la totalidad del precio de venta exigido por el sujeto pasivo revendedor, en vez del mero valor económico añadido mientras el animal estuvo en su poder.

(véanse los apartados 26, 27 y 29 y los puntos 1 y 2 del fallo)
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Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilicitud - Perjuicio - Relación de causalidad - Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario - Excepciones - Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se remita a ellos expresa y precisamente - Control jurisdiccional - Exclusión antes de la expiración de un plazo razonable obtenido por la Comunidad para cumplir las normas de la OMC

[Tratado CE, arts. 178 (actualmente art. 235 CE) y 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

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$$Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a la que se refiere el artículo 215, párrafo segundo, del Tratado, es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones comunitarias, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado. Pues bien, teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los Acuerdos OMC no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

En todo caso, por lo que se refiere al período anterior a la fecha de expiración del plazo de quince meses obtenido por la Comunidad para cumplir sus obligaciones con arreglo a las normas de la OMC, el juez comunitario no puede ejercer dicho control, en particular en el marco de un recurso de indemnización interpuesto con arreglo al artículo 178 del Tratado, so pena de privar de efecto al acto de concesión de un plazo razonable para cumplir las recomendaciones o resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, previsto en el marco del sistema de solución de diferencias establecido por los Acuerdos OMC.

( véanse los apartados 51 a 53 y 62 )
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Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Tasa suplementaria sobre la leche — Entrega efectuada por un productor a un comprador — Incumplimiento por el comprador de sus obligaciones de cobro de la cantidad adeudada al productor — Recaudación de la tasa dirigida directamente contra el productor — Procedencia — Requisitos — [Art. 10 CE; Reglamento (CEE) nº 3950/92 del Consejo, arts. 1 y 2; Reglamento (CEE) nº 536/93 de la Comisión, art. 7)]

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Los artículos 1 y 2 del Reglamento nº 3950/92, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, no autorizan al organismo competente a interponer directamente un recurso contra un productor, en un caso distinto del de las ventas directas, para cobrar el importe adeudado por él en concepto de tasa suplementaria sobre la leche. Sin embargo, la obligación de los Estados miembros, derivada del artículo 10 CE, de adoptar las medidas que garanticen el cobro de la tasa en el supuesto de que esté condenado al fracaso el sistema previsto en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, conlleva la facultad de interponer directamente un recurso contra el productor con vistas a cobrar el importe debido cuando se acredite que éste no lo ha pagado al comprador y que este último no pretende cobrarlo del productor. Por el contrario, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento nº 536/93, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria y, en particular, la falta de autorización como comprador, no es pertinente en sí mismo.

(véanse el apartado 41 y el fallo)
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1. Libre prestación de servicios - Disposiciones del Tratado - Ámbito de aplicación - Actividad de explotación de máquinas recreativas y de suerte o azar - Inclusión - Monopolio de explotación de dichos juegos - Inaplicabilidad del artículo 31 CE

(Arts. 2 CE, 28 CE, 29 CE, 31 CE y 49 CE)

2. Libre prestación de servicios - Restricciones - Normativa nacional que reserva el derecho de explotación de los juegos de suerte o azar a las salas de los casinos - Justificación - Protección del orden social y prevención del fraude - Existencia de condiciones menos estrictas en otros Estados miembros - Irrelevancia - Modalidades de organización y de control - Facultad de apreciación de las autoridades nacionales

(Art. 49 CE)

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1. Los juegos de suerte o azar constituyen actividades económicas a efectos del artículo 2 CE. En particular, la actividad de explotación de máquinas recreativas y de azar, sea o no separable de las actividades relativas a la producción, importación y distribución de dichas máquinas, debe ser calificada de actividad de servicios, con arreglo al Tratado, y, en consecuencia, no se le pueden aplicar los artículos 28 CE y 29 CE, relativos a la libre circulación de mercancías. Además, dado que los juegos de suerte o azar constituyen una actividad de servicios, un monopolio de explotación de tales juegos no está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 31 CE, que tiene por objeto los intercambios de mercancías.

( véanse los apartados 48, 56 y 59 a 61 y los puntos 1 a 3 del fallo )

2. Una normativa nacional que solamente autoriza la explotación y práctica de los juegos de suerte o azar en determinados lugares, como las salas de los casinos, y se aplica indistintamente a los propios nacionales y a los nacionales de otros Estados miembros constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios. Sin embargo, los artículos 49 CE y siguientes no se oponen a tal normativa nacional, dado que se fundamenta en cuestiones de política social y prevención del fraude.

Por otra parte, la posible existencia, en otros Estados miembros, de normativas que establezcan requisitos de explotación y práctica de los juegos de suerte o azar menos restrictivos que los previstos en la legislación controvertida no afecta a la compatibilidad de esta última con el Derecho comunitario. En efecto, corresponde a las autoridades nacionales apreciar si, en el marco del objetivo perseguido, es preciso prohibir total o parcialmente las actividades de esa naturaleza o sólo limitarlas y prever a tal efecto modalidades de control más o menos estrictas.

Asimismo, corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales, en el marco de su facultad de apreciación, decidir las modalidades de organización y control de las actividades de explotación y práctica de los juegos de suerte o azar, como puedan ser la celebración con el Estado de un contrato administrativo de concesión o la limitación de la explotación y práctica de determinados juegos a los lugares debidamente autorizados a tal fin.

( véanse los apartados 75, 79, 81, 87 y 88 y los puntos 4 a 6 del fallo )
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1. Libre circulación de capitales - Restricciones a la adquisición de terrenos agrícolas y forestales por nacionales de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo - Apreciación a la luz del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - Alcance jurídico idéntico al de las disposiciones comunitarias

[Tratado CE, art. 73 B (actualmente art. 56 CE); Acuerdo EEE, art. 40 y anexo XII]

2. Libre circulación de capitales - Restricciones a la adquisición de bienes inmuebles - Régimen de autorización previa en materia de adquisición de terrenos agrícolas - Procedencia - Límites - Improcedencia de requisitos de residencia y de explotación personal

[Tratado CE, arts. 73 B, 73 C, 73 D, 73 F y 73 G (actualmente arts. 56 CE, 57 CE, 58 CE, 59 CE y 60 CE)]

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1. Normas nacionales que someten a restricciones administrativas las transacciones relativas a terrenos agrícolas y forestales, cuando se trata de una transacción entre nacionales de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), deben apreciarse a la luz del artículo 40 y del anexo XII de dicho Acuerdo, estipulaciones que revisten el mismo alcance jurídico que las disposiciones del artículo 73 B del Tratado (actualmente artículo 56 CE) que son fundamentalmente idénticas.

En efecto, de dichas estipulaciones resulta que las reglas en ellas enunciadas y que prohíben las restricciones de los movimientos de capitales y la discriminación son idénticas, por lo que respecta a las relaciones entre los Estados parte del Acuerdo EEE, ya sean miembros de la Comunidad o miembros de la AELC, a las que impone el Derecho comunitario en las relaciones entre los Estados miembros. Por tanto, las medidas nacionales relativas a las adquisiciones de terrenos agrícolas y forestales no pueden sustraerse a la aplicación de las citadas reglas.

( véanse los apartados 28 y 32 y el punto 1 del fallo )

2. El artículo 73 B del Tratado (actualmente artículo 56 CE) y los artículos 73 C, 73 D, 73 F y 73 G del Tratado (actualmente artículos 57 CE a 60 CE) no se oponen a que la adquisición de terrenos agrícolas se supedite a la emisión de una autorización previa. Sin embargo, los citados artículos se oponen a que dicha autorización se deniegue en cualquier circunstancia debido a que el adquirente no explota personalmente los terrenos de que se trata en el marco de una explotación agrícola y no tiene su residencia en ella.

( véanse el apartado 54 y el punto 2 del fallo )
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Facultad de los Estados miembros de aplicar un tipo reducido a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios - Suministro de gas natural y de electricidad - Aplicación selectiva del tipo reducido a un solo aspecto del suministro - Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 12, ap. 3, letra b)]

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$$No hay nada en el enunciado del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva 77/388, en su versión resultante de la Directiva 96/95, que autoriza la aplicación de un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a los suministros de gas natural y electricidad, que obligue a interpretar esta disposición en el sentido de que exige que el tipo reducido sólo puede aplicarse si se aplica a todo suministro de gas natural y electricidad. Una aplicación selectiva del tipo reducido a aspectos concretos y determinados, como la cuota fija que da derecho a una cantidad mínima de electricidad a los clientes, no puede excluirse siempre que no conlleve riesgo alguno de distorsión de la competencia.

( véanse los apartados 24 y 26 a 28 )
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Aproximación de las legislaciones - Etiquetado y presentación de los productos alimenticios - Directiva 2000/13/CE - Normativa nacional no armonizada que establece la obligación de indicar de forma clara y comprensible para todos que ha transcurrido la fecha de duración mínima - Normativa justificada por razones de represión del fraude a los consumidores

(Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, ap. 2)

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$$La Directiva 2000/13, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, no se opone a una normativa nacional que establece que, cuando ha transcurrido la fecha de duración mínima de un producto alimenticio, esta circunstancia debe ser indicada de forma clara y comprensible para todos, mediante una mención específica. Tal norma de etiquetado constituye una disposición nacional no armonizada, justificada por razón de la represión del fraude a los consumidores, que se contempla en el artículo 18, apartado 2, de dicha Directiva. En efecto, tal norma tiene por finalidad informar al consumidor sobre las características de un producto alimenticio y, en particular, sobre el hecho de que, cuando ha transcurrido la fecha de duración mínima, ese producto ya no tiene su frescura inicial. Dicha información permite evitar el fraude al consumidor, el cual puede así estar seguro de que el producto puesto a la venta conserva todas sus características originales por el hecho de que todavía no ha transcurrido su fecha de duración mínima. Tal medida, que no exige necesariamente la colocación de una etiqueta adicional sobre todo envase comercializado una vez pasada la fecha de duración mínima, no excede de lo estrictamente necesario para reprimir los posibles fraudes.

( véanse los apartados 33, 35, 38 y el fallo )
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Aproximación de las legislaciones - Etiquetado y presentación de los productos alimenticios - Directiva 79/112/CEE - Normativa nacional que prohíbe con carácter general las indicaciones relativas a la salud en el etiquetado de los productos alimenticios - Normativa nacional que supedita la inclusión de tales indicaciones a un procedimiento de autorización previa - Improcedencia

[Directiva 79/112/CEE del Consejo, arts. 2, ap. 1, letras a) y b), y 15, aps. 1 y 2, modificada por la Directiva 97/4/CE]

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$$Resulta de los artículos 2, apartado 1, letras a) y b), y 15, apartado 1, de la Directiva 79/112, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, modificada por la Directiva 97/4, que los productos alimenticios cuyo etiquetado contiene indicaciones no fraudulentas relativas a la salud deben ser considerados conformes con las normas de dicha Directiva, y que los Estados miembros no pueden prohibir su comercialización basándose en motivos fundados en posibles irregularidades de dicho etiquetado. La competencia que se deja a los Estados miembros de prever normas que se añaden a las establecidas por la Directiva 79/112 está limitada por su artículo 15, apartado 2, que enumera de forma exhaustiva, las razones que pueden justificar la aplicación de normas nacionales no armonizadas que prohíban el comercio de productos que se ajusten a aquélla, entre las que figura la protección de la salud y de los consumidores.

De lo anterior se desprende que dichas disposiciones se oponen a la normativa nacional de un Estado miembro que prohíbe con carácter general, sin perjuicio de una autorización previa cuyo objetivo es prohibir las indicaciones fraudulentas relativas a la salud, cualquier indicación relativa a la salud que figure en el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios. En efecto, tal normativa nacional que prevé un procedimiento de autorización previa de toda indicación relativa a la salud que figure en el etiquetado de productos alimenticios, incluidos los fabricados legalmente en otros Estados miembros, en los que se encuentran en libre circulación, tiene, en realidad, como consecuencia que los productos alimenticios con indicaciones relativas a la salud no puedan comercializarse libremente, ni siquiera en el caso de que no puedan inducir a engaño al consumidor y, no puede considerarse, por tanto, proporcionada al objetivo perseguido.

( véanse los apartados 30, 31, 37, 40, 41 y 44 y el fallo )
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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Legislación tributaria - Impuesto sobre los beneficios de las sociedades - Imposición como dividendos encubiertos de los intereses pagados por una sociedad para retribuir el préstamo de un accionista que poseía una importante participación en su capital y que no tenía derecho a un crédito fiscal - Disposición que, entre las sociedades accionistas, grava principalmente a las sociedades matrices extranjeras - Improcedencia - Justificación - Inexistencia

(Art. 43 CE)

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$$El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación fiscal de un Estado miembro, que dispone que la retribución de los recursos ajenos que una sociedad haya obtenido de un socio, como la sociedad matriz, que posea una participación sustancial en su capital, se considerará, en algunos casos, constitutiva de un reparto de beneficios encubierto, sólo se aplica a la retribución de los recursos obtenidos de un socio que no tiene derecho a crédito fiscal, puesto que en la mayor parte de los casos, una sociedad matriz residente tiene derecho al crédito fiscal mientras que, por lo general, una sociedad matriz extranjera no tiene tal derecho.

Semejante diferencia de trato entre filiales residentes en función del domicilio de su sociedad matriz hace menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento por parte de sociedades domiciliadas en otros Estados miembros, las cuales, en consecuencia, podrían renunciar a la adquisición, la creación o el mantenimiento de una filial en el Estado miembro que adopte dicha disposición y constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento, en principio prohibido por el artículo 43 CE.

Dicha legislación no puede justificarse ni por motivos basados en el riesgo de evasión fiscal, dado que no tiene por objeto específico excluir los montajes puramente artificiales cuyo objetivo sea eludir la legislación fiscal nacional, sino que contempla, de forma general, cualquier situación en la que la sociedad matriz tenga, sea cual fuere el motivo, su domicilio fuera del Estado miembro, ya que esta situación no implica, por sí misma, un riesgo de evasión fiscal, ni por la necesidad de garantizar la coherencia de un régimen tributario, puesto que no existe una relación directa entre el tratamiento fiscal desfavorable sufrido por la filial de una sociedad matriz no residente y una ventaja fiscal cualquiera que pudiera compensar a aquélla por ese tratamiento recibido.

( véanse los apartados 27, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45 y el fallo )