Para disfrutar automáticamente de la licencia por enfermedad prevista en el artículo 59, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto, el funcionario está obligado a probar su imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente. A este respecto, aunque la presentación de un certificado médico genera una presunción de regularidad de la ausencia, la disposición del artículo 59, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, según la cual el interesado «podrá ser sometido a los controles médicos que la Institución disponga», tiene necesariamente por objeto permitir la destrucción de esta presunción. Una vez destruida la presunción de regularidad de la ausencia, la imposibilidad del funcionario para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente deja de estar justificada, y se halla en la necesidad de tener que, o bien justificar que, a pesar de ello, le es imposible ejercer sus funciones, en particular presentando un nuevo certificado médico, o bien reanudar sus funciones en la fecha indicada por el médico de control.

Una divergencia entre las conclusiones médicas contenidas respectivamente en un certificado elaborado por el médico que trata al funcionario y en un certificado del médico de control tras un control médico regular, no constituye, en sí misma, una discrepancia en el sentido del artículo 59, apartado 3, del Estatuto, ya que, al carecer de todo efecto retroactivo, las conclusiones del médico de control no cuestionan la pertinencia de las conclusiones establecidas con anterioridad por el médico que trata al funcionario. De ello se desprende que, en tal caso, el artículo 59 del Estatuto no obliga a la Institución a solicitar dictamen a la Comisión de invalidez.

Si las conclusiones del médico de control le parecen injustificadas desde el punto de vista médico, le corresponde al funcionario probar de nuevo su incapacidad para trabajar. Se vuelve a presumir automáticamente que su ausencia es regular a partir de la presentación de un nuevo certificado de incapacidad para trabajar. Si la Institución pretende organizar un nuevo control tras este segundo certificado del médico que trata al funcionario, es necesario distinguir si el segundo certificado se refiere o no a una afección diferente de la recogida en el primero. En caso afirmativo, un dictamen divergente emitido por el médico de control tras un segundo control no puede interpretarse como una discrepancia, y la solicitud de dictamen a la Comisión de invalidez no es, en modo alguno, necesaria. Por el contrario, si el segundo certificado de incapacidad para trabajar no se refiere a una afección diferente, la divergencia entre los certificados del médico que trata al funcionario, por una parte, y los dictámenes del médico de control, emitidos, en cualquier caso, en un corto espacio de tiempo, por otra, pone de manifiesto una verdadera discrepancia médica que debe ser resuelta por un órgano tercero. En tal caso, es necesario solicitar el dictamen de la Comisión de invalidez, de conformidad con el artículo 59, apartado 3, del Estatuto.

(véanse los apartados 53 a 61)

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de junio de 1992, V/Parlamento (C-18/91 P, Rec. p. I-3997), apartado 33; Tribunal de Primera Instancia, 26 de enero de 1995, O/Comisión (T-527/93, RecFP p. II-29), apartado 36