Asunto C‑431/16

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

y

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

contra

José Blanco Marqués

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

«Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) n.o 1408/71 — Artículos 12 y 46 bis a 46 quater — Prestaciones de la misma naturaleza — Concepto — Norma que prohíbe la acumulación — Concepto — Requisitos — Norma nacional que establece un complemento de la pensión de incapacidad permanente total para los trabajadores mayores de 55 años — Suspensión del complemento en caso de empleo o de percepción de una pensión de jubilación»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 15 de marzo de 2018

Una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual el complemento de pensión de invalidez permanente total queda suspendido durante el período en el que el beneficiario de la pensión percibe una pensión de jubilación en otro Estado miembro o en Suiza, constituye una cláusula de reducción en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, modificado por el Reglamento n.o 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por consiguiente, debe considerarse que la norma nacional controvertida en el litigio principal se refiere a las prestaciones a las que el interesado tiene derecho en otro Estado miembro o en Suiza, dado que, en relación con este último Estado, a efectos de la aplicación del Reglamento n.o 1408/71, la Confederación Suiza debe asimilarse a un Estado miembro de la Unión (sentencia de 18 de noviembre de 2010, Xhymshiti,C‑247/09, EU:C:2010:698, apartado 31). Además, consta que la aplicación de esta regla nacional tiene como efecto reducir el importe total de las prestaciones a las que puede tener derecho el interesado. (véanse los apartados 37, 38 y 41 y el punto 1 del fallo)

El artículo 46 bis, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, modificado por el Reglamento n.o 592/2008, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «legislación del primer Estado miembro» que figura en dicha disposición incluye la interpretación que un órgano jurisdiccional supremo ha realizado de una disposición legislativa nacional. Aunque no cabe tomar en consideración resoluciones judiciales aisladas o muy minoritarias, no ocurre lo mismo con una interpretación jurisprudencialmente confirmada por el órgano jurisdiccional nacional supremo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 2003, Comisión/Italia,C‑129/00, EU:C:2003:656, apartado 32). (véanse los apartados 47 y 48 y el punto 2 del fallo)

Debe considerarse que un complemento de pensión de incapacidad permanente total concedido a un trabajador en virtud de la legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, y una pensión de jubilación adquirida por el mismo trabajador en Suiza son de la misma naturaleza, en el sentido del Reglamento n.o 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, modificado por el Reglamento n.o 592/2008. En el presente caso, se deduce del auto de remisión que el objeto y la finalidad del complemento del 20 % es proteger a una categoría específica de personas particularmente vulnerables, como son los trabajadores comprendidos entre los 55 y los 65 años a los que se ha declarado en situación de incapacidad permanente total y para quienes resulta difícil encontrar empleo en una profesión diferente de la que ejercían anteriormente. Para alcanzar dicho objetivo, se concede a esos trabajadores un complemento a la pensión de incapacidad permanente total, cuyo importe se fija en función de la base reguladora que se tiene en cuenta para determinar el importe de dicha pensión de incapacidad. De lo anterior se desprende que el complemento del 20 % y la pensión de incapacidad permanente total, de la que constituye un accesorio de pleno Derecho, presentan características análogas a las de las prestaciones de vejez, en la medida en que tienen por objeto garantizar medios de subsistencia a los trabajadores declarados en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual y que, habiendo alcanzado una cierta edad, tendrán además dificultades para encontrar un empleo en un ámbito diferente al de su profesión habitual. De este modo, en caso de que el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total logre integrarse de nuevo en el mercado de trabajo con un empleo distinto del que ejercía anteriormente, la concesión de la pensión de incapacidad permanente total como tal sigue estando garantizada y solo queda en suspenso el abono del complemento del 20 % debido al desempeño de este nuevo empleo, que le permite recuperar una parte de los ingresos profesionales perdidos. (véanse los apartados 51 a 53, 56 y 61 y el punto 3 del fallo)