No considero justificada esta objeción del Consejo. Puede que el Reglamento de Procedimiento ya no reconozca, efectivamente, a las partes el derecho de reaccionar por escrito separado contra las observaciones presentadas por, una parte coadyuvante. ( 9 ) Deducir de ello que en la réplica no se puede decir ni una palabra sobre tales observaciones me parece excesivo, máxime cuando el Reglamento de Procedimiento sólo menciona, como única limitación al contenido de la réplica, que en élla no se presenten nuevos motivos. La réplica presentada en el presente asunto por el Parlamento contiene una serie de alegaciones nuevas relativas a motivos ya desarrollados en el escrito de interposición del recurso, y trata una serie de alegaciones que se habían formulado contra dichos motivos, bien por el Consejo, bien por la Comisión. No creo que ello sea inadmisible. Por los mismos motivos tampoco se puede compartir el criterio en que se basa la segunda objeción del Consejo, es decir, que una réplica sólo puede tratar sobre los aspectos que se habían tratado en el escrito de contestación.

Aun en el supuesto de que debiera reconocerse cierto valor a las alegaciones del Consejo, no quiero sugerir al Tribunal de Justicia que prescinda de debatir las alegaciones efectuadas por el Parlamento en su réplica. Efectivamente, el presente asunto trata sobre la salvaguarda del equilibrio interinstitucional de competencias a través del control jurisdiccional de la correcta base jurídica de un acto. La importancia de la elección de una base jurídica correcta se opone, en mi opinión, a que las alegaciones presentadas por; una parte basadas en una infracción (evidente) del Reglamento no sean debatidas, puesto que constituyen, efectivamente, cuestiones de orden público, de manera que el Tribunal de Justicia, si lo desea, puede incluso formular nuevos motivos de oficio. A este respecto me gustaría remitirme a la sentencia dictada en el asunto C-62/88. ( 10 )

En aquel asunto Grecia había impugnado, con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, la base jurídica de un Reglamento, ( 11 ) que había sido adoptado por el Consejo basándose en el artículo 113 del Tratado CEE. El Gobierno griego había alegado, entre otras cosas, que ese Reglamento debería haberse basado en el artículo 31 del Tratado CEEA. El Consejo opuso la excepción de inadmisibilidad de este último motivo, alegando que el recurso del Gobierno griego únicamente se había interpuesto con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, y no con arreglo al artículo 146 del Tratado CEEA. Aunque el Tribunal de Justicia reconoció que una interpretación literal del artículo 173 del Tratado CEE corroboraba el criterio del Consejo, examinó los motivos formulados por el Gobierno griego. Efectivamente, tal y como se expuso en la sentencia, la necesidad de una apreciación completa y coherente de la legalidad de las actuaciones de las Instituciones comunitarias exige que el artículo 173 del Tratado CEE se interprete de manera que no se excluya la competencia del Tribunal de Justicia para examinar, en el marco de un recurso interpuesto contra un acto adoptado con arreglo al Tratado CEE, un motivo que se basa en la infracción de una disposición del Tratado CEEA. ( 12 ) De dicha sentencia se deduce la negativa del Tribunal de Justicia a no entrar en el examen de motivos relacionados con la base jurídica de un acto de una Institución comunitaria, a pesar de la existencia de irregularidades de procedimiento. Consideraciones similares se oponen a que en el presente asunto se prescinda de las alegaciones formuladas por el Parlamento en su réplica.