SENTENCIA DE 26.6.1980 - ASUNTO 136/79 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 26 de junio de 1980 * 
En el asunto 136/79, 
National Panasonic (UK) Limited, representada por los Sres. David Vaughan, 
Barrister de Inner Temple, y D.F. Gray, Solicitor de Loveli, White & King, que 
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me J.C. Wolter, 2, rue 
Goethe, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero 
Jurídico Sr. John Temple Lang, que designa como domicilio en Luxemburgo 
el despacho del Sr. Mario Cervino, Consejero Jurídico de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg. 
parte demandada, 
que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión, de 
22 de junio de 1979, relativa a las visitas de inspección que deben efectuarse 
conforme al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17/62 del Consejo, 
* Lengua de procedimiento: inglés. 
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NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces; 
Abogado General: Sr. J.P. Warner; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante recurso de 24 de agosto de 1979, National Panasonic (UK) Limited, 
con domicilio social en el Reino Unido (en lo sucesivo, «National Panasonic»), 
solicitó, con arreglo a los artículos 173 y 174 del Tratado CEE, la anulación de 
la Decisión de la Comisión, de 22 de junio de 1979, relativa a las visitas de 
inspección que deben efectuarse conforme al apartado 3 del artículo 14 del 
Reglamento n° 17 del Consejo (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). 
Mediante el mismo recurso, la demandante solicitó, además, que se conminara 
a la Comisión a devolver a National Panasonic todas las copias de documentos 
hechas por los funcionarios de la Comisión durante estas visitas de inspección, 
a destruir las notas que se tomaron con ocasión de las visitas y a 
comprometerse a no hacer uso alguno de dichos documentos, notas o 
informaciones. 
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2 La empresa demandante es una sociedad inglesa, filial de la empresa japonesa 
«Matsushita Electric Industrial Company» y distribuidor exclusivo en el Reino 
Unido de los productos electrónicos «National Panasonic» y «Technics», 
destinados a la venta al consumidor. Otra filial del grupo Matsushita es la 
empresa National Panasonic Vertriebsgesellschaft mbH, con domicilio social 
en la República Federal de Alemania, distribuidor de los productos National 
Panasonic en dicho Estado miembro. 
3 El 11 de enero de 1977, la sociedad alemana antes mencionada notificó a la 
Comisión un acuerdo relativo a la distribución de los productos National 
Panasonic, solicitando una declaración negativa o una exención con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado. 
4 Aunque la notificación no indicaba si el acuerdo iba o no acompañado de una 
prohibición de exportar a otro Estado miembro, ciertas informaciones reunidas 
por la Comisión revelaron que National Panasonic imponía a sus revendedores 
la obligación de no reexportar los productos National Panasonic y Technics a 
otros Estados miembros. 
5 Basándose en dichas informaciones, la Comisión estimó que podía considerar 
que la demandante había participado y participaba todavía en acuerdos y 
prácticas concertadas contrarios al artículo 85 del Tratado CEE y, en 
consecuencia, decidió proceder a una visita de inspección conforme al 
Reglamento n° 17 del Consejo y, más en particular, al apartado 3 de su artículo 
14. A tal efecto adoptó, el 22 de junio de 1979, la Decisión impugnada, que 
establecía, entre otras cosas, en el artículo 3, que los agentes acreditados por 
la Comisión la notificarían inmediatamente antes del inicio de la visita de 
inspección, mediante su entrega en mano a los representantes de la empresa 
afectada. 
6 La visita de inspección de la que se trata fue efectuada el 27 de junio de 1979 
por dos funcionarios acreditados por la Comisión, los cuales se presentaron en 
la oficina de ventas de National Panasonic de Slough, Berkshire, acompañados 
por un funcionario del «Office of Fair Trading» que es, en el Reino Unido, la 
«autoridad competente» y que debe ser oído conforme al apartado 4 del artículo 
14 del Reglamento n° 17, y, tras notificar la Decisión antes mencionada 
mediante su entrega en mano, procedieron efectivamente a las operaciones de 
inspección, sin esperar a que llegara el asesor jurídico de la interesada. Ese 
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NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
mismo día abandonaron las oficinas de la empresa, llevándose copias de varios 
documentos, así como notas tomadas durante la visita de inspección. 
7 La demandante niega la conformidad a Derecho de esta visita de inspección, 
afirmando que la Decisión de la Comisión por la que se ordenó está viciada de 
ilegalidad. En apoyo de su recurso formula cuatro motivos, alegando que dicha 
Decisión infringe el artículo 14 del Reglamento n° 17, viola derechos 
fundamentales, no está suficientemente motivada y contraviene el principio de 
proporcionalidad. 
a) En cnanto a la infi-acción del artículo 14 del Reglamento n" 17 
8 La demandante afirma, en primer lugar, que la Decisión impugnada es ilegal 
porque no se adecúa a la letra ni al espíritu de las disposiciones del apartado 
3 del artículo 14 del Reglamento n° 17 del Consejo. A este respecto, afirma 
que, correctamente interpretadas, dichas disposiciones prevén un 
procedimiento en dos fases, que sólo permite que la Comisión adopte una 
Decisión por la que se obligue a una empresa a someterse a visitas de 
inspección después de haber intentado efectuarlas sobre la base de un mandato 
escrito a favor de sus 'propios agentes. Tanto el artículo 11 del mismo 
Reglamento, que presenta una estructura similar e impone un procedimiento en 
dos fases, como el apartado 1 del artículo 13, que distingue entre las visitas de 
inspección realizadas por la Comisión de manera informal y las ordenadas 
mediante Decisión, confirman esta interpretación. 
9 Este razonamiento no parece fundado. Para permitir que la Comisión cumpla 
con la misión que se le confía de velar por el respeto de las normas sobre la 
competencia en el mercado común, el Reglamento n° 17 prevé, en su octavo 
considerando, que «debe [...] disponer [...], en el ámbito del mercado común, 
del poder de exigir las informaciones y de proceder a las verificaciones que son 
necesarias para descubrir los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas 
prohibidos por el apartado 1 del artículo 85, así como la explotación abusiva 
de una posición dominante prohibida por el artículo 86». A tal efecto, dicho 
Reglamento establece procedimientos distintos, lo que prueba que el ejercicio 
de las facultades reconocidas a la Comisión en materia de información y en 
materia de visitas de inspección no responde a los mismos requisitos. 
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10 Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 11, relativo a la facultad de la Comisión de 
solicitar la información que considere necesaria, disponen lo siguiente: 
«2. Cuando la Comisión dirija una solicitud de información a una empresa 
o asociación de empresas, cursará, simultáneamente, una copia de esta petición 
a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre 
la sede de la empresa o de la asociación de empresas. 
3. En su solicitud la Comisión indicará las bases jurídicas y el objeto de 
aquélla, así como las sanciones previstas en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 15 del presente Reglamento para el caso en que se le suministre una 
información inexacta. 
[...] 
5. Si una empresa o asociación de empresas no facilitare la información 
requerida en el plazo fijado por la Comisión, o la suministrare de forma 
incompleta, la Comisión la pedirá mediante Decisión. En esta se precisará la 
información solicitada, se fijará un plazo apropiado en el que se deberá 
suministrar la información y se indicarán las sanciones previstas en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 15, y en la letra c) del apartado 1 del artículo 16, así 
como el recurso que se puede interponer ante el Tribunal de Justicia contra la 
Decisión.» 
De este texto se deduce que, efectivamente, el artículo de que se trata prevé, 
para el ejercicio de dicha facultad, un procedimiento en dos fases, de las que 
la segunda, que implica la adopción por la Comisión de una Decisión que 
«precisará la información solicitada», sólo puede iniciarse si ha resultado 
infructuosa la primera fase, caracterizada por el envío de una solicitud de 
información a las empresas o asociaciones de empresas. 
11 Por el contrario, el artículo 14 del mismo Reglamento, relativo a las facultades 
de la Comisión «en materia de verificación», presenta una estructura distinta. 
Los apartados 2 y 3 de dicho artículo, que definen los requisitos para el 
ejercicio de estas facultades, están redactados en los siguientes términos: 
«2. Los agentes acreditados por la Comisión para efectuar esas verificaciones 
ejercerán sus facultades en base a la presentación de un mandato escrito que 
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indique el objeto y la finalidad de la verificación, así como la sanción prevista 
en la letra c) del apartado 1 del artículo 15 del presente Reglamento, en el caso 
de que los libros u otros documentos profesionales requeridos fueran 
presentados de manera incompleta. La Comisión dará aviso, con la suficiente 
antelación, a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio 
deba ser efectuada la verificación, de esta misión y de la identidad de los 
agentes acreditados. 
3. Las empresas y asociaciones de empresas deberán someterse a las 
verificaciones que la Comisión haya ordenado mediante Decisión. En ésta se 
señalará el objeto y la finalidad de la verificación, se fijará la fecha en la que 
dará comienzo y se indicarán las sanciones previstas en la letra c) del apartado 
1 del artículo 15 y en la letra d) del apartado 1 del artículo 16, así como el 
recurso [que quepa interponer] ante el Tribunal de Justicia contra la Decisión.» 
Esta disposición no excluye ciertamente que la Comisión pueda proceder a 
visitas de inspección sin adoptar una Decisión, únicamente mediante mandato 
escrito dado a sus agentes, pero, por otra parte, no contiene elemento alguno 
del que se deduzca que sólo puede adoptar una Decisión a efectos del apartado 
3 si, previamente, ha intentado efectuar una visita de inspección mediante 
simple mandato. Mientras que el apartado 5 del artículo 11 subordina 
expresamente la adopción de una Decisión de la Comisión al requisito de que 
ésta haya pedido previamente la información necesaria mediante solicitud 
«dirigida a los interesados» y su apartado 3 fija con precisión los elementos 
fundamentales que debe contener tal solicitud, el artículo 14 no subordina el 
procedimiento de inspección mediante Decisión a requisitos previos de este 
tipo. 
12 La demandante invoca equivocadamente en apoyo de su teoría el texto del 
apartado 1 del artículo 13 del mismo Reglamento, que establece que, a petición 
de la Comisión, las autoridades nacionales procederán a las visitas de 
inspección que la Comisión juzgue oportunas con arreglo al apartado 1 del 
artículo 14 o que haya ordenado mediante Decisión tomada conforme al 
apartado 3 del artículo 14. Al distinguir entre ambos procedimientos de 
inspección, dicha disposición revela claramente, por la palabra «o», que estos 
dos procedimientos no se acumulan necesariamente, sino que constituyen dos 
posibilidades alternativas de control, cuya elección depende de las 
particularidades de cada caso. 
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13 La diferencia de regulación que existe en la materia entre los artículos 11 y 14, 
antes citados, se explica, por lo demás, por la diversidad de las exigencias a las 
que responden ambas disposiciones. Mientras que la información que la 
Comisión considere oportuno conocer no pueda reunirse, por regla general, sin 
la colaboración de las empresas o asociaciones de empresas que la poseen, las 
visitas de inspección, por el contrario, no dependen necesariamente de este 
mismo requisito. En general, tienen por objeto controlar, a través de medidas 
como las enumeradas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 14 del 
Reglamento n° 17, el carácter real y el alcance de la información de la que 
dispone la Comisión y, en consecuencia, no suponen necesariamente una 
colaboración previa por parte de las empresas o asociaciones de empresas que 
poseen los elementos materiales indispensables para el control. 
14 Por otra parte la demandante afirma que si el artículo í 4 del Reglamento 
tuviera que interpretarse de forma diferente que el artículo 11, en el sentido de 
que permitiera que la Comisión adoptara una Decisión de efectuar una visita 
de inspección sin proceder previamente a una visita de inspección tal como la 
prevista en el apartado 2 del artículo 14, la Comisión, recurriendo al 
procedimiento de ese mismo artículo, podría eludir los requisitos del artículo 
11 y evitar así las garantías que este último ofrece a las empresas y 
asociaciones de empresas afectadas. 
15 No obstante, este razonamiento no tiene en cuenta la distinción establecida por 
el propio Reglamento entre la «información» del artículo 11 y las 
«verificaciones» del artículo 14. El hecho de que, al efectuar una visita de 
inspección, los agentes acreditados por la Comisión dispongan de la facultad 
de solicitar, durante la visita, información sobre cuestiones concretas 
específicas derivadas de los libros y documentos profesionales que examinan, 
no basta para afirmar que una visita de inspección se identifica con un 
procedimiento cuyo único objeto es obtener información, en el sentido del 
artículo 11 del Reglamento. 
16 Por todas estas razones procede desestimar el primer motivo como infundado. 
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b) En cnanto a la violación de los derechos fundamentales 
17 A continuación la demandante alega que, al no comunicarle previamente la 
Decisión impugnada de efectuar una visita de inspección, la Comisión violó, 
en el presente asunto, derechos fundamentales de la interesada, en particular 
el derecho a recibir notificación previa de la intención de aplicar una Decisión 
que le afecte, así como el derecho a ser oída antes de que se adopte una 
Decisión que lesione sus derechos y el derecho a hacer uso de la posibilidad 
que le reconoce el artículo 185 del Tratado de solicitar la suspensión de la 
ejecución de dicha Decisión. La demandante invoca, en particular, el artículo 
8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, a tenor del cual «toda 
persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 
y su correspondencia». Considera que estas garantías deben asegurarse 
también, mutatis mutandis, a las personas jurídicas. 
18 Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14 de mayo de 
1974, Nold (4/73,*- Rec. pp. 419 y ss., especialmente p. 508), los derechos 
fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho, 
cuyo respeto asegura el propio Tribunal, conforme a las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros, así como a los Tratados 
internacionales en los que han sido parte o a los que se han adherido los 
Estados miembros. 
19 A este respecto, procede señalar que, en cuanto que se aplica a personas 
jurídicas, el artículo 8 del Convenio Europeo, al mismo tiempo que enuncia el 
principio de la no injerencia de las autoridades públicas en el ejercicio de los 
derechos a los que se refiere el apartado 1, admite, en el apartado 2, que dicha 
injerencia es posible en tanto en cuanto «esté prevista por la Ley y constituya 
una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la 
protección de los derechos y libertades de los demás». 
20 En el presente asunto -tal como se deduce de los considerandos séptimo y 
octavo del Reglamento n° 17—, las facultades reconocidas a la Comisión por el 
artículo 14 de dicho Reglamento tienen por objeto permitir que ésta cumpla con 
la misión que le confía el Tratado CEE de velar por el respeto de las normas de 
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competencia en el mercado común. Tal como se deduce del párrafo cuarto del 
Preámbulo del Tratado, de la letra f) del artículo 3 y de los artículos 85 y 86, 
la función de dichas normas es evitar que se falsee la competencia en perjuicio 
del interés general, de las empresas individuales y de los consumidores. El 
ejercicio de las facultades reconocidas a la Comisión por el Reglamento n° 17 
contribuye al mantenimiento del régimen de competencia establecido por el 
Tratado, cuyo respeto se impone imperativamente a las empresas. En 
consecuencia, en estas circunstancias, no parece que, al reconocer a la 
Comisión las facultades de proceder a visitas de inspección sin comunicación 
previa, el Reglamento n° 17 suponga una violación del derecho invocado por 
la demandante. 
21 Por otra parte, por lo que respecta, más en particular, a la tesis según la cual la 
demandante fue privada, en el presente asunto, del derecho a ser oída antes de 
que se adoptara una Decisión respecto a ella, es necesario precisar que el 
ejercicio de este derecho de defensa se inscribe principalmente en el marco de 
los procedimientos judiciales o administrativos que tienen por objeto hacer que 
cese una infracción o declarar una incompatibilidad jurídica, tales como los 
procedimientos a los que se refiere el Reglamento n° 99/63/CEE de la 
Comisión, de 25 de julio de 1963 (DO 1963,127, p. 2268;EE 08/01, p. 62). Por 
el contrario, el procedimiento de inspección del que se trata en el artículo 14 
del Reglamento n° 17 no tiene por objeto hacer que cese una infracción o 
declarar una incompatibilidad jurídica, sino solamente permitir que la 
Comisión reúna la documentación necesaria para comprobar el carácter real y 
el alcance de una determinada situación de hecho y de Derecho. Sólo si la 
Comisión considera que los elementos de valoración así reunidos justifican el 
inicio de un procedimiento a efectos del Reglamento n° 99/63, antes 
mencionado, la empresa o asociación de empresas afectada deberá ser oída, 
antes de que se adopte dicha Decisión, de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 19 del Reglamento n° 17 y las disposiciones del Reglamento n° 99/63. 
Es precisamente esta diferencia sustancial entre las Decisiones adoptadas como 
consecuencia de este procedimiento y las Decisiones por las que se ordena una 
visita de inspección la que explica el tenor del apartado 1 del artículo 19, antes 
mencionado, el cual, al enumerar las Decisiones que la Comisión no puede 
adoptar antes de haber dado a los interesados la posibilidad de ejercitar su 
derecho de defensa, no menciona la prevista en el apartado 3 del artículo 14 del 
mismo Reglamento. 
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22 Por ùltimo, la alegación según la cual la falta de información previa privó a la 
demandante de la posibilidad de hacer uso del derecho a solicitar al Tribunal 
de Justicia la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, que le 
reconoce el artículo 185 del Tratado, va en contra del propio contenido del 
artículo 185. En efecto, esta disposición supone que se adoptó una Decisión y 
que ésta produjo sus efectos jurídicos, mientras que la comunicación previa, 
que la demandante reprocha a la Comisión no haberle transmitido, tendría que 
haber precedido a la adopción de la Decisión impugnada y no hubiera podido 
tener efectos obligatorios. 
23 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el segundo motivo tampoco parece 
fundado. 
c) En cnanto a la falta de motivación 
24 La demandante afirma también que la Decisión impugnada no es conforme a 
Derecho en cuanto no está motivada, o no lo está suficientemente, en particular 
debido a que no indica, en forma alguna, las razones por las que la Comisión 
aplicó en el caso de autos el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17, 
sin intentar antes proceder a una visita de inspección informal. 
25 El propio artículo 14, antes citado, define en el apartado 3 los elementos 
esenciales de motivación de la Decisión por la que se ordena una visita de 
inspección, estableciendo que «se señalará el objeto y la finalidad de la 
verificación, se fijará la fecha en la que dará comienzo y se indicarán las 
sanciones previstas en la letra c) del apartado 1 del artículo 15 y en la letra d) 
del apartado 1 del artículo 16, así como el recurso [que cabe interponer] ante 
el Tribunal de Justicia contra la Decisión». 
26 Ha quedado acreditado que la Decisión impugnada señala en su exposición de 
motivos la finalidad perseguida, que consiste en comprobar la concurrencia de 
circunstancias que puedan poner de manifiesto la posible existencia de una 
prohibición de exportar contraria al Tratado, e indica las sanciones previstas 
en la letra c) del apartado 1 del artículo 15 y en la letra d) del apartado 1 del 
artículo 16 del Reglamento n° 17. También ha quedado acreditado que, en los 
artículos 1 y 2, señala los elementos a los que debe referirse la visita de 
inspección decidida, así como el lugar y la fecha en que se efectuará. Por 
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último, el párrafo segundo del artículo 3 de la Decisión indica las posibilidades 
de recurso ante el Tribunal de Justicia de las que se dispone contra dicha 
Decisión, de acuerdo con el artículo 173 del Tratado. 
27 Teniendo en cuenta estos elementos, resulta que la Decisión impugnada 
satisface las exigencias del Reglamento n° 17 en cuanto a su motivación y que 
procede desestimar el presente motivo como infundado. 
d) En cuanto a la violación del principio de proporcionalidad 
28 La demandante observa además, que el principio de proporcionalidad, tal como 
lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, implica que sólo puede 
justificarse una Decisión de efectuar una visita de inspección adoptada sin 
procedimiento previo si la situación es muy grave, si hay extrema urgencia y 
si se requiere absoluta discreción antes de que se inicien las operaciones de 
control. Por último, señala que, al no indicar en su motivación ninguna de estas 
circunstancias, la Decisión impugnada contraviene dicho principio. 
29 La opción de la Comisión entre la visita de inspección mediante simple 
mandato y la visita de inspección ordenada por vía de Decisión no depende de 
las circunstancias invocadas por la demandante, sino de las necesidades de una 
investigación adecuada, teniendo en cuenta las particularidades del caso de 
autos. 
3 0 Considerando que la Decisión impugnada tenía únicamente por objeto permitir 
que la Comisión reuniera los elementos necesarios para apreciar la posible 
existencia de una violación del Tratado, no parece, en consecuencia, que la 
Comisión haya actuado en el presente asunto de forma desproporcionada 
respecto al objetivo perseguido ni, por lo tanto, que haya violado el principio 
de proporcionalidad. 
31 Por todas estas razones, dado que tampoco puede acogerse este último motivo, 
procede desestimar el recurso como infundado. 
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Costas 
32 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, Ia 
parte que pierda el proceso será condenada en costas. 
33 Por haber sido desestimados los motivos de la parte demandante, procede 
condenarla en costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
decide: 
1) Desestimar el recurso. 
2) Condenar en costas a la parte demandante. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte El Presidente 
H. Kutscher 
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