SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 24 de abril de 1996

Asunto T-6/94

A

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Ausencia irregular — Retribución — Artículo 60 del Estatuto — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II- 555

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se condene al Parlamento Europeo, con arreglo al párrafo cuarto del artículo 88 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, a pagar a la demandante, en primer lugar, el importe de los sueldos que el Tribunal de Justicia no le pagó por los meses de diciembre de 1990, febrero, marzo, mayo, junio y la mitad de julio de 1991; en segundo lugar, el importe de los sueldos que no le pagó durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 1991 y el 31 de diciembre de 1992, menos las indemnizaciones parciales que percibió la demandante durante este último período, y, en tercer lugar, el importe de la indemnización a la que cree tener derecho por vacaciones no disfrutadas en 1992, más los intereses legales desde la fecha de devengo correspondiente a cada cantidad hasta el momento en que se pague.

Resultado:

Declaración de inadmisibilidad.

Resumen de la sentencia

La demandante, antigua funcionaria de grado G 3 de la División Traducción griega del Parlamento Europeo enfermó, con frecuencia a partir de 1988, y efectuó, durante los años siguientes, varias estancias en Grecia. Mediante el presente recurso solicita, principalmente, el pago de las fracciones de su retribución que no le han sido abonadas. El recurso sólo abarca el período comprendido entre diciembre de 1990 y diciembre de 1992.

Admisibilidad

El período anterior a la reclamación de 23 de octubre de 1991

La demandante solicitó, mediante reclamación de fecha 23 de octubre de 1991 dirigida al Secretario General del Parlamento, que se le pagasen los sueldos correspondientes a los meses de diciembre de 1990, febrero, marzo, mayo, junio y la mitad del mes de julio de 1991 así como los gastos de tres viajes a los que creía tener derecho con arreglo a las disposiciones del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto). El 10 de febrero de 1992, el Secretario General desestimó la reclamación, sin que la demandante interpusiese, durante el año 1992, un recurso contra dicho acto lesivo. Sin que resulte necesario profundizar en las cuestiones de si, por una parte, se trataba de una petición o de una reclamación en el sentido del artículo 90 del Estatuto y, por otra, hubieran sido necesarias unas reclamaciones específicas contra las hojas de haberes correspondientes al período de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia manifiesta que, en cualquier caso, la demandante no se ha atenido al plazo de tres meses establecido en el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto (apartados 45 y 46).

La demandante pretende erroneamente que el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra, el 5 de diciembre de 1991, condujo a una suspensión de los plazos. En efecto, el Juez comunitario no puede aplicar los plazos dispuestos en el Estatuto, que tienen carácter de orden público. Igualmente, no existe una base estatutaria que permita efectuar una aplicación mutatis mutandis del párrafo cuarto del artículo 88 del Estatuto (apartado 47).

Seguidamente, procede examinar si en la carta de la demandante de 7 de septiembre de 1993, en la que solicitaba el pago de los salarios objeto de litigio, se ha alegado un hecho nuevo y, por lo tanto, iniciado un nuevo plazo. La demandante aduce que, después del dictamen de la comisión médica de invalidez que le fue comunicado el 29 de junio de 1993, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) no adoptó ninguna decisión en el sentido que se hubiera podido esperar, es decir, en el de un despido. Por este motivo, la demandante decidió impugnar esta «inactividad de la AFPN». Si se toman en consideración estas fechas, de 29 de junio y 7 de septiembre de 1993, ha cumplido el plazo de tres meses dentro del cual debe presentarse una reclamación. Por consiguiente, la carta de 7 de septiembre de 1993 fue enviada dentro de plazo. En cualquier circunstancia, la demandante cometió un error excusable en cuanto al cálculo de dichos plazos (apartados 48 y 49).

El dictamen de la comisión médica de invalidez declaró que la demandante padecía importantes trastornos de salud. No obstante, esta conclusión global adoptada en 1993 no permite afirmar que la AFPN y su médico asesor deberían haber tomado en consideración los certificados médicos controvertidos, relativos al período anterior al 23 de octubre de 1991, para autorizar el pago del sueldo de la demandante durante sus ausencias. Si bien según la comisión médica de invalidez no se excluía en 1993 la continuación de la actividad profesional, este dictamen no constituye un hecho nuevo en relación con los certificados médicos que se referían a circunstancias ocurridas casi dos años antes. Por lo tanto, no puede justificar las ausencias de la demandante que no estuviesen explicadas en un certificado médico. Por consiguiente, el dictamen de la comisión médica de que se trata no abrió de nuevo el plazo de recurso (apartado 50).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comisión (231/84, Rec. p. 3027), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Williams/Tribunal de Cuentas (T-58/89, Rec. p. II-77), apartado 39

En lo referente a la eventual existencia de un error excusable, es jurisprudencia reiterada que, en relación con los plazos para recurrir, que no tienen carácter dispositivo ni para el Juez ni para las partes y que son de orden público, el concepto de error excusable debe interpretarse de forma restrictiva y sólo puede referirse a circunstancias excepcionales en las que, en particular, la Institución de que se trate haya tenido un comportamiento de tal naturaleza que pueda provocar, por sí solo o de manera determinante, una confusión comprensible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredita haber prestado toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso (apartado 52).

Referencia: Tribunal de Justicia, 31 de marzo de 1992, Burban/Parlamento (C-255/90 P, Rec. p. I-2253), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 16 de marzo de 1993, Blackmann/Parlamento(asuntos acumulados T-33/89 y T-74/89, Rec. p. II-249), apartado 34; Tribunalde Primera Instancia, 15 de marzo de 1995, Cobrecafy otros/Comisión (T-514/93, Rec. p. II-621), apartado 40

Aún suponiendo que existiese una confusión en el ánimo de la demandante, por haber esperado esta el desarrollo de los distintos procedimientos disciplinario y médico iniciados contra ella hasta que se produjo una definición de postura precisa y cierta por parte de la AFPN, para decidir de que modo continuaría defendiendo sus intereses, resulta obligado señalar que no se trataba de un error excusable. En efecto, el Parlamento no ha tenido en modo alguno un comportamiento que pudiese haber provocado tal actitud por parte de la demandante. Además, la voluntad declarada de la demandante de esperar una definición de postura precisa y cierta por parte de la AFPN debe considerarse una decisión autónoma propia, en lo referente a la elección de las gestiones que realizaría posteriormente ante la AFPN, lo que excluye que haya sido víctima de una confusión que indujese a error. Por tanto, no cabe admitir el recurso en la medida en que se refiere al período anterior a la reclamación de 23 de octubre de 1991 (apartados 53 y 54).

El período posterior a la reclamación

El presente recurso es de carácter exclusivamente indemnizatório y no tiene por objeto la anulación de ningún acto administrativo. Por lo tanto, no debía presentarse una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto con anterioridad a la interposición de dicho recurso en el plazo establecido en dicha disposición. No obstante, un funcionario que no ha impugnado dentro de plazo una decisión de la AFPN que le atañe no puede ampararse en la supuesta ilegalidad de dicha decisión en el marco de un recurso de indemnización. Por consiguiente, procede examinar si la demandante ha cumplido los plazos para impugnar las distintas decisiones que la AFPN adoptó al respecto (apartado 55).

Referencia: Tribunal de Justicia. 19 de noviembre de 1981, Fournier/Comisión (106/80, Rec. p. 2759). apartado 17; Tribunal de Justicia, 7 de octubre de 1987, Schina/Comisión (401/85. Rec. pp. 3911 y ss., especialmente p. 3929); Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995. Saby/Comisión (T-44/93, RecFPp. II-541), apartados 22 y 33

a) El período comprendido entre la segunda mitad de julio y el 6 de octubre de 1991

Dicho período no fue retribuido. Se suspendió el pago del sueldo de la demandante a partir del 2 de abril de 1991, mediante decisión de la AFPN de 30 de mayo de 1991, adoptada con arreglo al artículo 60 del Estatuto, alegando su ausencia irregular. Esta decisión, que fue comunicada a la demandante mediante telegrama del mismo día, constituye un acto lesivo en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. En su reclamación de 23 de octubre de 1991, la demandante sólo mencionó de modo indirecto dicho período. Aun en el supuesto de que la reclamación se refiriese a él, no es menos cierto que la demandante no interpuso, en los plazos establecidos en el artículo 91 del Estatuto, un recurso contra la desestimación de su reclamación. Tampoco formuló una reclamación independiente contra el acto lesivo adoptado el 30 de mayo de 1991. Tampoco presentó, en los plazos previstos por el Estatuto, una reclamación contra su hoja de haberes del mes de noviembre de 1991, de la que, sin embargo, se deducía que no había percibido retribución alguna durante el período antes mencionado (apartados 56 y 57).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Chavane de Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFP p. II-723), apartado 20

b) Los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1991 y de enero, febrero y marzo de 1992

La demandada ha presentado seis hojas de haberes correspondientes a dicho período. La demandante no interpuso en los plazos establecidos en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto una o varias reclamaciones contra dichas hojas alegando que no estaban justificadas las deducciones objeto de litigio. Al constituir las hojas de haberes actos lesivos, falta un procedimiento administrativo previo contra dichos actos (apartado 58).

Referencia: Chavane de Dalmassy y otros/Comisión, antes citada

c) Los meses de abril y mayo de 1992

Faltan las hojas de haberes correspondientes a los meses de abril y mayo de 1992. El telegrama de 24 de marzo de 1992 difícilmente puede calificarse de acto lesivo, dado que anuncia la suspensión del sueldo con sujeción a un requisito. Se trata más bien de un acto de trámite. La propia decisión por la que se suspende el pago de los sueldos, que constituyó el acto lesivo, fue adoptada y aplicada más tarde por los servicios de la parte demandada, sin que esta haya presentado una comunicación al respecto destinada a la demandante. Por consiguiente, procede examinar cuando se inició el plazo de tres meses para interponer una reclamación contra la nueva decisión de suspensión del pago de los salarios. Conforme al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto el plazo comienza a más tardar a partir del día en el que el interesado «tuviera conocimiento» de la medida de carácter individual de que se trata. La demandante recibió una hoja de haberes correspondiente al mes de agosto de 1992 que comprendía los meses de junio (en parte), julio y agosto de 1992. Por lo tanto, en dicha fecha a más tardar, la demandante supo que no se le había pagado ninguna cantidad por los meses de abril y de mayo de 1992. En dicho momento, pudo interponer una reclamación contra la decisión que suspendió el pago de sus sueldos, lo que, no obstante, no hizo (apartados 59 y 60).

d) Los meses de junio a diciembre de 1992

Para los meses de junio a diciembre de 1992, existen hojas de haberes contra las cuales la demandante no presentó reclamación en los plazos establecidos. No cabría admitir un eventual recurso de anulación contra dichos actos debido a la falta de procedimiento administrativo previo (apartado 61).

Procede añadir las siguientes indicaciones: la demandante reanudó su trabajo el 10 de junio de 1992. Tuvieron que recuperarse cuatro días de vacaciones anuales durante los meses de abril y mayo de 1992. La demandante no presentó una reclamación específica contra la hoja de haberes correspondiente al mes de agosto de 1992, en la que constaba la falta de pago de dichos días. Se deduce de los autos que la demandante cobró los gastos de viaje anuales con su sueldo de agosto de 1992. A la demandante no se le retribuyó la jornada del día 12 de octubre de 1992, puesto que su permiso por enfermedad había finalizado el 9 de octubre de 1992 y no se reincorporó al trabajo hasta el 13 de octubre de 1992. No presentó, dentro de plazo, una reclamación específica contra la hoja de haberes correspondiente al mes de diciembre de 1992, en el que constaba la falta de pago de dicha jornada laboral. A la demandante no se le retribuyeron los días 2 y 3 de diciembre de 1992, dado que se ausentó del servicio aquellos días sin presentar un certificado médico. No presentó, dentro de plazo, una reclamación contra la hoja de haberes correspondiente al mes de febrero de 1993, en el que constaba la falta de pago de dichas jornadas laborales (apartados 62 a 65).

e) Las vacaciones de 1992

En cuanto a la indemnización por vacaciones no disfrutadas en 1992, de los escritos que la AFPN dirigió a la demandante se desprende que la ausencia de esta última se consideró irregular a partir del 1 de febrero de 1992 y que los días de ausencia se dedujeron de sus vacaciones anuales. Al haberse agotado estas el 1 de abril de 1992, se suspendió el pago del sueldo a la demandante a partir de dicho día. Por consiguiente, se denegó su petición de vacaciones anuales para el período comprendido entre el 15 de diciembre de 1992 y el 23 de diciembre de 1992. Aun en el supuesto de que la demandante hubiera inteipuesto una reclamación — mediante su carta al Secretario General mencionada en el escrito de la demandante de 16 de diciembre de 1992-, esta fue desestimada por el Parlamento. Ello constituiría un procedimiento administrativo previo en dos fases. No obstante, no se ha cumplido el plazo para los recursos de anulación. Si se interpretase que la demandante no ha formulado una reclamación, debe decidirse la inadmisibilidad del recurso de anulación por falta de procedimiento administrativo previo (apartados 66 y 67).

f) Observaciones generales

Procede examinar de nuevo si la carta de la demandante de 7 de septiembre de 1993 abrió un nuevo plazo. Ahora bien, el dictamen de la comisión médica de invalidez que precedió a dicha carta sólo contiene una conclusión médica global adoptada en 1993, que no permite afirmar que los certificados médicos controvertidos presentados durante el año 1992 deberían haber sido aceptados por la AFPN y su médico asesor, sobre todo si se considera que, según dicho dictamen, no se excluía la continuación de la actividad profesional. El dictamen de que se trata no puede justificar las ausencias de la demandante no explicadas mediante certificado médico. Por lo tanto, la demandante no cumplió los plazos aplicables a los procedimientos administrativos que deberían haber precedido a su recurso de anulación. Los plazos de que se trata no pueden suspenderse por motivos de equidad o mediante interpretación del Estatuto. La demandante no alegó caso fortuito o fuerza mayor en el sentido del artículo 42 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 68 a 70).

Tampoco se trata de un error excusable, puesto que la Institución no adoptó en ningún momento un comportamiento que diese a entender a la demandante que un dictamen de la comisión médica tendría un efecto suspensivo sobre los plazos. La voluntad de la demandante de impugnar una «inactividad» de la AFPN no constituye tampoco un error excusable (apartados 71 y 72).

Por consiguiente, las pretensiones pecuniarias de la demandante ceden ante el carácter definitivo de los actos lesivos que no impugnó dentro de plazo. Por lo tanto, al no poder acordarse la admisibilidad de un eventual recurso de anulación contra dichos actos lesivos, se deduce de la jurisprudencia que el recurso de indemnización tampoco es admisible en la medida en que se refiere al período posterior a la reclamación de 23 de octubre de 1991 (apartado 73).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.