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Recurso de casación interpuesto el 23 de julio de 2020 por easyJet Airline Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera ampliada) dictada el 13 de mayo de 2020 en el asunto T-8/18, easyJet Airline / Comisión

(Asunto C-343/20 P)

(2020/C 297/50)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: easyJet Airline Co. Ltd (representantes: J. Rivas Andrés, avocat, y A. Manzaneque Valverde, abogada)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida y/o anule la Decisión (UE) 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) ejecutada por Italia — Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público (SIEG), (1) en lo que respecta a la recurrente.

— Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General para que lo examine nuevamente.

— Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento y de la primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida debería ser anulada por los siguientes cuatro motivos:

Primero: la sentencia recurrida incurrió en un error de Derecho al combinar la apreciación de dos requisitos para la existencia de una ayuda de Estado (recursos públicos y ventaja).

Segundo: la sentencia recurrida incurrió en un error de Derecho al considerar que el criterio del operador en una economía de mercado no podía aplicarse al presente supuesto. El Tribunal General cometió un error al concluir que los operadores aeroportuarios no contribuían con importes significativos de sus propios fondos y que no actuaban como operadores privados de mercado. Además, el razonamiento en la sentencia recurrida relativo a la no aplicación del criterio del operador en una economía de mercado es contrario al artículo 345 TFUE y a los principios de igualdad de trato y no discriminación y vulnera el derecho de defensa de easyJet.

Tercero: la sentencia recurrida incurrió en un error de Derecho al concluir que los operadores aeroportuarios actuaban como meros intermediarios de la Región de Cerdeña.

Cuarto: la sentencia recurrida incurrió en un error de Derecho relativo a la identificación de (i) los beneficiarios finales del plan regional, (ii) la ventaja indirecta y (iii) los efectos secundarios del plan.

(1) DO 2017, L 268, p. 1.
C 279/34

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg (Alemania) el 10 de junio de 2020 — CY / Eurowings GmbH

(Asunto C-252/20)

(2020/C 279/46)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CY

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Puede haber lugar al derecho a compensación en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) también cuando, debido a un retraso relativamente breve en la llegada, un pasajero ha perdido un vuelo de conexión directa, a consecuencia de lo cual llega al destino final con un retraso igual o superior a tres horas, si bien uno y otro vuelo fueron efectuados por diferentes transportistas aéreos y la reserva no fue realizada a través del transportista aéreo que efectuó el primer trayecto del vuelo y que es la parte demandada en el procedimiento principal?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es el transportista aéreo que opera efectivamente el vuelo retrasado en el primer trayecto el «transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo» en el sentido de los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, del Reglamento n.o 261/2004 o lo es el transportista aéreo que realiza el vuelo puntual en el segundo trayecto, a través del cual se reservaron ambos vuelos?

3) En el supuesto de que ambos transportistas aéreos tuvieran la consideración de «transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo» en el sentido de los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004: ¿Tiene entonces el pasajero derecho a elegir a cuál de los dos transportistas aéreos reclamar?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1)
2

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el principio según el cual el tribunal nacional debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en el sentido de que obliga a un tribunal nacional que, tras expedir un requerimiento de pago contra un determinado deudor, ha constatado que dicho deudor probablemente no tiene su residencia habitual en el Estado de su jurisdicción, y siempre que dicha circunstancia impida la expedición de un requerimiento de pago contra tal deudor con arreglo al Derecho nacional, a revocar de oficio el requerimiento de pago expedido aunque no exista disposición legal alguna que lo establezca expresamente?
C 279/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania) el 3 de abril de 2020 — FI / Eurowings GbmH

(Asunto C-157/20)

(2020/C 279/32)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Parte apelante: FI

Parte apelada: Eurowings GmbH

Cuestión prejudicial

¿Constituye la huelga del propio personal (en este caso, de los tripulantes de cabina), organizada por un sindicato, de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo una «circunstancia extraordinaria» a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg (Austria) el 20 de abril de 2020 — Airhelp Limited/Austrian Airlines AG

(Asunto C-164/20)

(2020/C 230/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Korneuburg

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Airhelp Limited

Apelada: Austrian Airlines AG

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, (1) y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, en el sentido de que la enfermedad, certificada por un médico de los servicios aeroportuarios, y subsiguiente incapacidad para volar de un pasajero que se encuentra ya a bordo de una aeronave que aún no ha despegado, en una situación en la que el transportista aéreo se niega a transportar a dicho pasajero de suerte que este tiene que abandonar la aeronave y su equipaje tiene que ser descargado, puede considerarse una «circunstancia extraordinaria» a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91?

(1) DO 2004, L 46, p. 1.
3.

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el principio según el cual el tribunal nacional debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en el sentido de que obliga a un tribunal nacional que, tras expedir un requerimiento de pago contra un determinado deudor, ha constatado que dicho deudor probablemente no tiene su residencia habitual en el Estado de su jurisdicción, y siempre que dicha circunstancia impida la expedición de un requerimiento de pago contra tal deudor con arreglo al Derecho nacional, a revocar de oficio el requerimiento de pago expedido aunque no exista disposición legal alguna que lo establezca expresamente?
2)

En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de la segunda alternativa: ¿es contraria al artículo 5, párrafo primero, del Reglamento n.o 2271/96 una interpretación del Derecho nacional conforme a la cual la parte que pone fin al contrato puede dar por terminado cualquier contrato de tracto sucesivo celebrado con un cocontratante que haya sido incluido por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) estadounidense en la Specially-Designated-Nationals-Liste (SDN) —incluida una terminación contractual que persiga cumplir las sanciones impuestas por los Estados Unidos— sin que se requiera a tal efecto una causa para la terminación del contrato y sin que dicha parte haya de exponer y de probar en un procedimiento civil que la causa de la terminación del contrato no es, en todo caso, el cumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos?
C 175/6

Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2020 por Bruno Gollnisch contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 10 de diciembre de 2019 en el asunto T-319/19, Bruno Gollnisch / Parlamento Europeo

(Asunto C-122/20 P)

(2020/C 175/06)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Bruno Gollnisch (representante: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto dictado el 10 de diciembre de 2019 por el Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-319/19.

— Devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que se pronuncie de nuevo.

— Le conceda igualmente el importe de 5 000 euros en concepto de gastos de procedimiento del presente recurso de casación.

Condene en costas al Parlamento Europeo. Si el Tribunal de Justicia estimara estar suficientemente informado, el recurrente solicita asimismo al Tribunal de Justicia que:

— Examine las cuestiones de fondo del litigio.

— Anule la decisión de la Oficina del Parlamento Europeo de 10 de diciembe de 2018 por la que se modificaron las medidas de aplicación del estatuto de los diputados del Parlamento Europeo.

— Se estimen las pretensiones del recurrente formuladas en primera instancia, sin perjuicio de las pretensiones formuladas dirigidas contra el auto del presente recurso de casación.

— Condene al Parlamento Europeo a cargar con la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

Contra el auto se alega que ha incurrido en error al considerar que la decisión impugnada no se refería individualmente al recurrente, que en consecuencia su reclamación de 27 de febrero de 2019 no constituía un procedimiento administrativo previo y que, al no haber tenido en cuenta los plazos del recurso contencioso, estos debían considerarse expirados.
2)

¿Se opone el Derecho de la Unión Europea a una norma nacional en virtud de la cual una persona que comercializa vino importado de Moldavia puede quedar exenta de responsabilidad por una infracción administrativa consistente en la comercialización de vino que ha sido objeto de prácticas enológicas no autorizadas en la Unión Europea si los organismos nacionales no han rebatido la presunción en la que se apoya esa persona de que el vino se elaboró utilizando prácticas enológicas autorizadas por la Unión Europea, presunción que dicha persona puede tener a la luz del Documento V I 1 expedido por las autoridades moldavas en virtud del Reglamento (CE) n.o 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola?
C 95/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 12 de diciembre de 2019 — Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa y otros

(Asunto C-915/19)

(2020/C 95/17)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Eco Fox Srl

Recurridas: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Cuestión prejudicial

Se pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dilucide si —en relación con los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, el Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, (1) y sus posteriores modificaciones, el Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, (2) y las eventuales disposiciones posteriores pertinentes de Derecho [de la Unión Europea]— constituye una ayuda de Estado, sujeta como tal a la obligación de notificación previa a la Comisión Europea, un acto normativo como el Reglamento adoptado mediante la Orden Ministerial n.o 37/2015 impugnado en el presente asunto, el cual, en ejecución directa de las sentencias del Consiglio di Stato relativas a la anulación parcial de los Reglamentos anteriores ya comunicados a la Comisión, incidía con carácter retroactivo en las modalidades de aplicación del impuesto especial bonificado sobre el biodiésel modificando retroactivamente los criterios de reparto de las ventajas fiscales entre las empresas solicitantes sin ampliar la duración temporal del programa de ventajas fiscales.

(1) Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999, L 83, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 2004, L 140, p. 1).
C 77/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 6 de noviembre de 2019 — Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Asunto C-815/19)

(2020/C 77/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Natumi GmbH

Recurrida: Land Nordrhein-Westfalen

Interviniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Cuestiones prejudiciales

1) Debe interpretarse el artículo 28 en relación con el punto 1.3 del anexo IX del Reglamento (CE) n.o 889/2008 (1) en el sentido de que, en la transformación de productos alimenticios ecológicos, puede utilizarse como ingrediente el alga Lithothamnium calcareum?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Está permitido también el uso de algas muertas?

3) En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿Pueden utilizarse las menciones «con calcio», «con algas marinas ricas en calcio» o «con calcio de calidad procedente del alga marina Lithothamnium» en relación con un producto que contiene como ingrediente el alga (muerta) Lithothamnium calcareum y que está etiquetado como producto biológico?

(1) Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control (DO 2008, L 250, p. 1).
2)

¿Debe interpretarse el artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, en el sentido de que se permite a un conductor no cumplir las disposiciones de los apartados 2 y 7 del artículo 15 del Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, que ha sido sustituido por el Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, según las cuales el conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite un inspector, las hojas de registro y cualquier registro del día en curso y los veintiocho días anteriores, en caso de utilización de un vehículo durante un período de veintiocho días para trayectos que en algunos casos están comprendidos en la excepción antes citada y en otros casos no permiten ninguna excepción al uso de un aparato de control?
3

¿Es relevante para el reconocimiento de la condición de trabajador a efectos de la Directiva 2003/88/CE que el presunto empleador no esté obligado a ofrecer trabajo al demandante concreto, es decir, que le ofrezca trabajo “cuando precise” de sus servicios, o que el demandante concreto no esté obligado a aceptarlo, es decir, que la actividad esté “siempre sujeta al derecho incondicional del mensajero a aceptar o no el trabajo ofrecido”?
1)

Para que se aplique la protección de un dibujo o modelo comunitario no registrado conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, (1) de 12 de diciembre de 2001 («Reglamento»), a través del dibujo o modelo hecho público en el sentido del artículo 11, apartado 1, ¿debe tener lugar un hecho de divulgación, en el sentido del artículo 11, apartado 2, dentro de los límites geográficos de la Comunidad, o es suficiente que el hecho, donde quiera que haya tenido lugar, sea tal que, en el tráfico comercial normal, pudiera haber sido razonablemente conocido por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad (suponiendo que el dibujo o modelo no haya sido divulgado de manera confidencial conforme a los términos de la frase final del artículo 11, apartado 2)?
C 399/28

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Erding (Alemania) el 2 de septiembre de 2019 — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Asunto C-648/19)

(2019/C 399/32)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Erding

Partes en el procedimiento principal

Demandante: EUflight.de GmbH

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestión prejudicial

¿El ejercicio del derecho a compensación previsto en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) requiere que el pasajero embarque en el vuelo, aun en caso de gran retraso conocido antes del inicio del vuelo?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
3)

¿Son contrarios los artículos 1, 2 y 3, del Reglamento (CEE) n.o 856/1984, los artículos 1 y 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 3950/1992, los artículos 1, apartado 1, y 5 del Reglamento (CE) n.o 1788/2003 y los artículos 55, 64 y 65 del Reglamento (CE) n.o 1234/07 y sus respectivos anexos (junto con las normas italianas de transposición contenidas en el artículo 2 del Decreto-ley n.o 49, de 28 de marzo de 2003, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.o 119, de 30 de mayo de 2003, y el artículo 2 de la Ley n.o 468, de 26 de noviembre de 1992, en la medida en que se hace referencia a esa disposición en el artículo 2 del Decreto-ley), que incluyen y no excluyen del cómputo de la cantidad asignada a los Estados miembros la leche destinada a la fabricación de quesos con denominación de origen protegida para su exportación o envío a mercados de países ajenos a la Unión, en la medida en que atañen a dicha exportación, a los objetivos de protección que establece el Reglamento (CEE) n.o 2081/1992, que protege los productos con denominación de origen protegida, y en particular su artículo 13, confirmado por el Reglamento (CE) n.o 510/2006 y el Reglamento (UE) n.o 1151/2012, y en relación también con los objetivos de protección previstos en el artículo 4 de dicho Reglamento, así como a los artículos 32 TFUE (antiguo artículo 27), 39 TFUE (antiguo artículo 33), 40 TFUE (antiguo artículo 34), 41 TFUE (antiguo artículo 35) y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad y no discriminación y de libre iniciativa económica a efectos de exportación fuera de la Unión?
—

Contactos no acreditados no pueden suponer infracciones del artículo 101 TFUE, apartado 1. No obstante, el Tribunal General confirmó la constatación de la decisión de que una infracción única y continuada basada en tales contactos no acreditados forma parte de un «conjunto de pruebas» que la Comisión podía invocar. El Tribunal General incurrió en error de Derecho al sustituir la motivación de la decisión por la suya propia.
1)

La sentencia recurrida adolece de desnaturalización de los hechos y de un error de Derecho en relación con la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 2185/96. A juicio de la recurrente en casación, el Tribunal General no tuvo en cuenta que el objeto real del recurso de indemnización era dilucidar si la OLAF había infringido el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 2185/96 (1) al solicitar a la recurrente en casación que le permitiera obtener datos que no estaban relacionados en modo alguno con su investigación. Además, el Tribunal General no tuvo en cuenta que la recurrente en casación permitió efectivamente a la OLAF que realizara su investigación sobre todas las categorías de datos que solicitó.
—

Que se declare que, por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana, por no haber procedido a una caracterización adicional de aquellas que presentan un riesgo, sin tampoco determinar las medidas necesarias, y por no haber incluido en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir medidas básicas y complementarias adecuadas, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), leído en relación con el artículo 1, letra a, y el punto 2.1.2 del anexo V; del artículo 5, leído en relación con el punto 2.2 del anexo II; y del artículo 11, apartado 1, apartado 3, letras a), c) y e), y apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (1);