Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Medidas destinadas a compensar el coste de las misiones de servicio público asumidas por una empresa — Exclusión — Requisitos — Obligaciones de servicio público claramente definidas — Establecimiento de forma objetiva y transparente de los parámetros que sirven para calcular la compensación — Limitación de la compensación al coste — Ilegalidad de la medida que atribuye a una empresa pública una parte de una tasa — Ilegalidad que afecta únicamente a la parte de la tasa atribuida a la empresa — [Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Prohibición de ejecución antes de la decisión final de la Comisión — Efecto directo — Alcance — Medida no notificada que atribuye a una empresa pública una parte de una tasa — Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de oponerse a la percepción de la tasa y a la atribución de su producto — [Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

3. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) — Ámbito de aplicación — Tasa que no constituye un obstáculo prohibido por los artículos 12 o 95 del Tratado (actualmente artículos 25 CE y 90 CE, tras su modificación) — Tasa a la que se aplica automáticamente dicho artículo 30 — Exclusión — [Tratado CE, arts. 12, 30 y 95 (actualmente arts. 25 CE, 28 CE y 90 CE, tras su modificación)]

4. Disposiciones fiscales — Tributos internos — Tasa portuaria atribuida a una empresa pública independientemente del servicio prestado por ésta — Inexistencia de discriminación de los productos importados — Procedencia — [Tratado CE, arts. 12, 30 y 95 (actualmente arts. 25 CE, 28 CE y 90 CE, tras su modificación)]

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1. La atribución por un Estado miembro a una empresa pública de una parte considerable de una tasa, como la que se cobra en un puerto con ocasión de toda carga y descarga de mercancías, así como el cobro de ésta a los usuarios, deben calificarse de ayuda de Estado a efectos del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) en la medida en que afecte a los intercambios entre Estados miembros, siempre que no esté vinculada a una misión de servicio público claramente definida, y/o el cálculo de la compensación supuestamente necesaria para el cumplimiento de dicha misión no haya sido efectuado sobre la base de parámetros previamente definidos de forma objetiva y transparente, para evitar que esta compensación confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa pública de que se trate respecto a otras empresas competidoras. Para que esto no sea así, es preciso que dicha compensación no supere los costes necesarios para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable.

véanse los apartados 31, 32, 35, 39, 40 y 47 y el punto 1 del fallo

2. Del efecto directo reconocido a la última frase del artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3) se desprende que el carácter inmediatamente aplicable de la prohibición de ejecución prevista en este artículo alcanza a toda ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada. Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales proteger los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la prohibición de ejecución de las ayudas, extrayendo de este hecho todas las consecuencias, con arreglo a su Derecho nacional, para impedir tanto la atribución de una parte de la tasa a las empresas beneficiarias como su cobro.

véanse los apartados 42 y 47 y el punto 1 del fallo

3. El ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) no incluye el de las disposiciones del Tratado relativas a las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana [artículos 12 del Tratado (actualmente artículo 25 CE, tras su modificación) y 16 del Tratado (derogado por el Tratado de Amsterdam)], ni el de las disposiciones del Tratado relativas a los tributos internos discriminatorios [artículo 95 del Tratado (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación)]. De ello se deduce que si una tasa, como la que se cobra en un puerto con ocasión de toda carga y descarga de mercancías, está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 12 o 95 del Tratado, han de aplicarse las disposiciones de uno u otro de estos artículos y no las del artículo 30 del Tratado. La eventualidad de que esta tasa no constituya un obstáculo prohibido por los mencionados artículos 12 o 95 no implica que las disposiciones de dicho artículo 30 se le apliquen automáticamente.

véanse los apartados 56 y 58

4. Si no existe discriminación alguna respecto a los productos procedentes de otros Estados miembros, la medida mediante la que un Estado miembro prevé el cobro de un tributo interno, como una tasa portuaria relativa a la carga y descarga de mercancías, y la atribución de una parte considerable de los ingresos recaudados con este tributo interno a una empresa pública, sin que el importe así atribuido corresponda a un servicio efectivamente prestado por ésta, no infringe las disposiciones del artículo 95 del Tratado (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación).

véanse el apartado 62 y el punto 2 del fallo