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En estas circunstancias, el Tribunalul Maramureș decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse los artículos 273 y 287, punto 18, de la Directiva [2006/112] en el sentido de que la obligación de registrar al sujeto pasivo a efectos del IVA y de exigirle el pago del impuesto y de los importes accesorios correspondientes por haber sobrepasado el límite máximo exento recae en la autoridad fiscal desde la fecha en que el sujeto pasivo presentó ante la autoridad fiscal competente declaraciones fiscales de las que resulta que ha sobrepasado el límite máximo exento del pago del IVA? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el principio de seguridad jurídica a una práctica nacional consistente en que la autoridad fiscal exige al sujeto pasivo el pago del IVA retroactivamente al no estar exenta del pago del IVA la prestación de servicios veterinarios y haberse sobrepasado el límite máximo exento, cuando: — la autoridad fiscal no registró de oficio al sujeto pasivo a efectos del IVA ni le exigió el pago del IVA cuando éste presentó las declaraciones fiscales de las que resulta que había sobrepasado el límite máximo exento, sino sólo posteriormente, una vez que el Reglamento no 1620/2009 modificó las modalidades de aplicación del Código Fiscal en el sentido de que la exención prevista en el artículo 141, apartado l, letra a), del Código Fiscal no se aplica a la prestación de servicios veterinarios, tal como se desprende de la sentencia [Comisión/Italia (122/87, EU:C:1988:256)] tampoco en un periodo anterior a dicha modificación; — la autoridad fiscal tuvo conocimiento de que se había sobrepasado el límite máximo exento antes de que el Reglamento no 1620/2009 modificase las modalidades de aplicación del Código Fiscal en el sentido señalado anteriormente, a través de las declaraciones fiscales presentadas por el sujeto pasivo; — antes de publicarse el Reglamento no 1620/2009, la autoridad fiscal no había adoptado, en su ámbito de competencia —en el que también está comprendido el sujeto pasivo del procedimiento principal— actos administrativos en materia fiscal mediante los que constatara que sujetos pasivos con la condición de consultorios veterinarios no se habían registrado a efectos del IVA tras haber sobrepasado el límite máximo exento del IVA y, en consecuencia, les impusiera obligaciones de pago; — con anterioridad a la adopción y entrada en vigor del Reglamento no 1620/2009, no se había publicado ninguna versión en rumano de la sentencia Comisión/Italia [(122/87, EU:C:1988:256)]?»
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Rademacher se opone a este planteamiento. Considera que los motores de que se trata no son «herramientas», a efectos del artículo 2, apartado 1, punto 6, de dicha Ley. En efecto, ese artículo está precisado, a su entender, por el apartado 6 del anexo I de la ElektroG, que contiene una lista de productos. Esta lista, ciertamente, no es exhaustiva pero los productos que incluye, en su opinión, tienen la característica común de actuar sobre los materiales —es decir, las substancias objeto de transformación— y de modificarlos físicamente. Sin embargo, en la medida en que los motores de que se trata no tengan otra función que proporcionar energía al sistema y dirigirlo, la utilización de esos productos no supone transformación alguna directa, ni una acción sobre las materias o sustancias, por lo que no pueden tener la consideración de «instrumentos eléctricos y electrónicos» a efectos del artículo 2, apartado 1, punto 6, de la ElektroG. Rademacher considera que, en cualquier caso, los motores de que se trata no tienen función propia y son un componente de un producto principal que no está incluido en el ámbito de aplicación de la ElektroG.
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El órgano jurisdiccional remitente señala que la afirmación de STV según la cual el agricultor está obligado a pagar, por su propia iniciativa, la remuneración mencionada en el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento no 2100/94, antes de la siembra, suscita dudas, habida cuenta, en particular, de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1768/95. Dicho órgano jurisdiccional señala que esta disposición parece oponerse a que se considere que el agricultor está obligado a abonar, por adelantado, antes de la siembra, esa remuneración. Además, el órgano jurisdiccional indica que si la referida remuneración pudiera pagarse después del cultivo de la variedad protegida, se plantearía la cuestión de determinar hasta qué fecha el agricultor debería cumplir la obligación para poder acogerse a la excepción prevista en el artículo 14 del Reglamento no 2100/94 y escapar así a las disposiciones del artículo 94 de dicho Reglamento relativas a las infracciones. Sin embargo, según el citado órgano jurisdiccional, las disposiciones de los Reglamentos no s 2100/94 y 1768/95 no ofrecen una respuesta clara y precisa a esta cuestión a la que, además, el Tribunal de Justicia no ha tenido ocasión de responder.
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La Decisión 2004/156/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2004, por la que se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87 (DO L 59, p. 1; en lo sucesivo, «directrices»), establece en su punto 7.4, párrafos quinto y sexto: «Al final del proceso de verificación, el verificador emitirá un juicio con respecto a si el informe sobre emisiones contiene alguna inexactitud importante. Si el verificador concluye que el informe de emisiones no contiene ninguna manifestación falsa importante, el titular podrá presentar el informe de emisiones a la autoridad competente de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 de la Directiva [2003/87]. Si el verificador concluye que el informe de emisiones contiene una inexactitud importante, el informe del titular no se considerará satisfactorio. De acuerdo con el artículo 15 de la Directiva [2003/87], los Estados miembros velarán por que los titulares cuyo informe verificado no haya sido considerado satisfactorio a más tardar el 31 de marzo de cada año respecto a las emisiones del año anterior no puedan proceder a nuevas transferencias de derechos de emisión mientras no se considere satisfactorio su informe verificado. Los Estados miembros fijarán el régimen de sanciones aplicable de acuerdo con el artículo 16 de la Directiva [2003/87]. La cifra total de emisiones para una instalación en un informe de emisiones que haya sido considerado satisfactorio en la verificación será utilizada por la autoridad competente para comprobar si el titular ha cedido derechos de emisión suficientes respecto a esa misma instalación.»
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El artículo 4 de la Directiva 92/83 dispone: «1. Los Estados miembros podrán aplicar tipos impositivos reducidos a la cerveza elaborada por pequeñas fábricas de cerveza independientes, con arreglo a la producción anual de las mismas y dentro de los siguientes límites: — los tipos reducidos no se aplicarán a las empresas que produzcan más de 200000 hectolitros de cerveza al año; — los tipos reducidos, que podrán situarse por debajo del tipo mínimo, no serán inferiores en más del 50 % al tipo normal nacional del impuesto especial. 2. A efectos de la aplicación de los tipos reducidos, se entenderá por “pequeña fábrica de cerveza independiente” las fábricas de cerveza que sean independientes, desde el punto de vista jurídico y económico, de cualquier otra fábrica de cerveza, utilicen instalaciones físicamente separadas de cualquier otra fábrica de cerveza y no produzcan bajo licencia. No obstante, en el caso de que dos o más pequeñas fábricas de cerveza cooperen y su producción anual conjunta no exceda de 200000 hectolitros, serán consideradas como una única fábrica de cerveza independiente. 3. Los Estados miembros velarán por que el tipo impositivo reducido que, en su caso, fijen se aplique de igual manera a la cerveza suministrada en su territorio por pequeñas fábricas de cerveza independientes situadas en otros Estados miembros. Velarán en particular por que las entregas procedentes de otros Estados miembros no sean gravadas con un tipo impositivo superior al de su exacto equivalente nacional.»
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El Consejo recuerda que el Tribunal General examinó ampliamente la proporcionalidad de las medidas en los apartados 187 a 217 de la sentencia recurrida. Por otra parte, no era necesario un examen de la situación individual de cada recurrente, porque las medidas restrictivas discutidas no constituían la sanción de un acto reprobable presunto o probado y, por tanto, no tenían que ajustarse a la conducta de las personas sujetas a ellas. En ese sentido, el Consejo manifiesta que los recurrentes no han invocado ante el Tribunal General ni ante el Tribunal de Justicia circunstancia alguna que justificara ese trato diferenciado. En consecuencia, alegan infundadamente que el Tribunal General cometió un error por no considerar un argumento que nunca fue expuesto ante ese Tribunal.
El artículo 23, apartado 8, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, no es aplicable a un contrato público cuyo valor no alcanza el umbral de aplicación previsto por dicha Directiva. En el marco de un contrato público no sujeto a la citada Directiva pero que presenta un interés transfronterizo cierto —circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente—, las normas fundamentales y los principios generales del Tratado FUE, en particular, los principios de igualdad de trato y de no discriminación así como la obligación de transparencia que de ellos se deriva deben interpretarse en el sentido de que el poder adjudicador no puede rechazar una oferta que reúne los requisitos de la convocatoria de la licitación basándose en motivos no previstos en dicha convocatoria.
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En virtud del apartado 1, número 4c, de las disposiciones complementarias a la Ley de Extranjería, existe «un riesgo de fuga de un nacional de un tercer país contra el que se ha adoptado una medida administrativa coercitiva» cuando, en vista de los hechos, haya una razón admisible para suponer que el nacional puede sustraerse a la ejecución de la medida ordenada. A este respecto, dichas disposiciones indican que pueden constituir tal riesgo: la circunstancia de que el nacional no esté localizable en su domicilio declarado; la existencia de infracciones anteriores contra el orden público o de condenas previas del nacional, a pesar de su rehabilitación; la circunstancia de que el nacional no haya abandonado el país en el plazo fijado para su salida voluntaria; la circunstancia de que resulte evidente que el nacional no se atendrá a la medida impuesta; la circunstancia de que posea documentos falsos o de que no posea ninguno; la circunstancia de que el nacional proporcione información errónea; la circunstancia de que ya haya huido en el pasado o la circunstancia de que no haya respetado una prohibición de entrada.
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El Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), al que se hace referencia tanto en el escrito de requerimiento como en el dictamen motivado emitidos por la Comisión en el marco del presente asunto, fue derogado y sustituido por el Reglamento no 492/2011 desde el 16 de junio de 2011, es decir, en una fecha posterior a la expiración del plazo establecido en el dictamen motivado. No obstante, la redacción del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 492/2011 reproduce íntegramente la redacción del artículo 3 del Reglamento no 1612/68 y establece lo siguiente: «En el marco del presente Reglamento, no serán aplicables las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, ni las prácticas administrativas de un Estado miembro: a) que limiten o subordinen a condiciones no previstas para los nacionales la oferta y la demanda de trabajo, el acceso al empleo y su ejercicio por los extranjeros, o b) que, aun siendo aplicables sin acepción de nacionalidad, tengan por finalidad o efecto exclusivo o principal, eliminar a los nacionales de otros Estados miembros de la oferta de empleo. El párrafo primero no se aplicará a las condiciones relativas a los conocimientos lingüísticos exigidos en razón de la naturaleza del empleo a cubrir.»
El artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1223/2009, sobre productos cosméticos, debe interpretarse en el sentido de que puede prohibir la introducción en el mercado de la Unión Europea de productos cosméticos, algunos de cuyos ingredientes hayan sido objeto de ensayos en animales fuera de la Unión, para hacer posible la comercialización de productos cosméticos en terceros países, si los datos resultantes de esos ensayos se utilizan para probar la seguridad de esos productos a fin de introducirlos en el mercado de la Unión.

A este respecto, el hecho de haber invocado en el informe sobre la seguridad de un producto cosmético los resultados de experimentos con animales relacionados con un ingrediente de uso cosmético para demostrar la seguridad de éste para la salud humana debe considerarse suficiente para acreditar que esos experimentos se han realizado con el objeto de cumplir las exigencias del Reglamento n.o 1223/2009 a fin de obtener el acceso al mercado de la Unión. Carece de incidencia que los experimentos con animales se exigieran para hacer posible la comercialización de productos cosméticos en terceros países. En efecto, el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1223/2009 no establece distinción alguna en función del lugar en el que se haya realizado el ensayo con animales en cuestión. La introducción por vía de interpretación de esa distinción sería contraria al objetivo de la protección de los animales perseguido por el Reglamento n.o 1223/2009 en general y por su artículo 18 en especial.

(véanse los apartados 39 a 41 y 45 y el fallo)
Para apreciar el carácter de «órgano jurisdiccional» del órgano remitente, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de circunstancias, como son el origen legal de ese órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación, por dicho órgano, de normas jurídicas y su independencia.

El Klagenævnet for Udbud (Comisión de recursos en materia de contratación pública) cumple dichos criterios, incluido el de la independencia y debe, por tanto, calificarse de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE. En efecto, en lo que respecta al criterio relativo a la independencia, en primer lugar, este órgano tiene el carácter de tercero respecto a las partes del litigio, en particular con respecto a la autoridad que adoptó la resolución de que conoce. Además, el hecho de que la Secretaría de ese órgano esté vinculada al Ministerio de Empresa y Crecimiento no puede desvirtuar esta apreciación. Asimismo, dicho órgano ejerce sus funciones con plena autonomía, sin estar subordinado a una relación jerárquica y sin recibir instrucciones de terceros.

Por último, en lo que respecta a la independencia de los miembros que componen ese órgano, dada la preponderancia de los votos de que disponen sus miembros que, por su condición de magistrados, gozan de protección particular contra la remoción, el hecho de que los expertos de ese órgano no gocen de la misma protección no puede, en todo caso, llevar a cuestionar la independencia de dicho órgano.

(véanse los apartados 23, 25, 26, 31 y 32)
En el marco del examen de una infracción al Derecho de la competencia de la Unión, para apreciar si una filial determina de manera autónoma su conducta en el mercado o aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, el juez de la Unión está obligado a tomar en consideración todos los elementos pertinentes, los cuales pueden variar según el caso y no pueden ser por tanto objeto de una enumeración exhaustiva.

Dentro de este ejercicio, corresponde al juez de la Unión llevar a cabo una apreciación sobre los hechos coetáneos al período de infracción, sin perjuicio no obstante de la posibilidad de basarse en datos relativos a un período anterior a éste, siempre que pueda acreditar la pertinencia de dichos datos para el período de infracción y que no trasponga automáticamente a dicho período las conclusiones derivadas de la apreciación de datos anteriores a este último.

Dentro de esa apreciación global, si bien la existencia de una instrucción expresa dada por una sociedad matriz a su filial de no participar en prácticas contrarias a la competencia en un mercado concreto puede constituir un indicio probatorio del ejercicio efectivo de una influencia determinante por parte de la primera sobre la segunda, el hecho de que esta última no haya actuado conforme a dicha instrucción no puede ser considerado como un indicio probatorio del ejercicio efectivo de dicha influencia.

Sin embargo, el hecho de que una filial no siga una instrucción dada por su sociedad matriz no es suficiente, por sí mismo, para acreditar la falta de ejercicio efectivo de una influencia determinante por ésta sobre aquélla, dado que no es necesario que la filial siga todas las instrucciones de su sociedad matriz para demostrar la existencia de una influencia determinante, siempre que el incumplimiento de esas instrucciones no fuese la regla general.

Por último, el hecho de que sea difícil aportar la prueba en contrario necesaria para destruir una presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante no implica, en sí mismo, que ésta sea irrefutable, sobre todo cuando son las entidades contra las que opera la presunción quienes están en mejores condiciones para buscar dicha prueba en su propia esfera de actividades.

(véanse los apartados 33, 34, 39 a 41 y 44)
Asunto C‑397/14

Polkomtel sp. z o.o.

contra

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy)

«Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Artículo 28 — Números no geográficos — Acceso de los usuarios finales que residen en el Estado miembro del operador a los servicios prestados mediante números no geográficos — Directiva 2002/19/CE — Artículos 5, 8 y 13 — Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión — Imposición, modificación o supresión de las obligaciones — Imposición de obligaciones a las empresas que controlen el acceso a los usuarios finales — Control de precios — Empresa que no tiene un peso significativo en el mercado — Directiva 2002/21/CE — Resolución de litigios entre empresas — Decisión de la autoridad nacional de reglamentación que fija las formas de cooperación y el sistema de tarificación por los servicios entre empresas»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de abril de 2016

Aproximación de las legislaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Acceso a números y servicios de comunicaciones electrónicas — Números no geográficos — Normativa nacional que obliga a un operador a garantizar el acceso a los números no geográficos dentro del territorio nacional a todos los usuarios finales de su red y no solamente a los de otros Estados miembros — Procedencia (Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 28) Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Necesidad de una decisión prejudicial y pertinencia de las cuestiones planteadas — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional — Presunción de pertinencia de las cuestiones prejudiciales planteadas (Art. 267 TFUE) Aproximación de las legislaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación — Directiva 2002/19/CE — Resolución de litigios entre empresas — Directiva 2002/21/CE — Facultad de la autoridad nacional de reglamentación de imponer a un operador tanto la obligación de garantizar a los usuarios finales el acceso a los servicios utilizando números no geográficos prestados a través de la red de otro operador como otras obligaciones tarifarias — Respeto del principio de proporcionalidad — Verificación por el órgano jurisdiccional nacional (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/19/CE, arts. 5, ap. 1, 8, aps. 3 y 4, y 13, 2002/21/CE, arts. 6 a 8, y 2002/22/CE, art. 28)
Únicamente podrá considerarse que una actividad es conforme con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, si se garantiza que no genera ninguna perturbación que pueda afectar significativamente a los objetivos de la Directiva 92/43, y en particular a sus objetivos de conservación de los hábitats naturales, de la fauna y de la flora. Para constatar que se ha infringido el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, la Comisión deberá demostrar de modo suficiente en Derecho que el Estado miembro de que se trate no ha adoptado las medidas de protección adecuadas, consistentes en evitar que las actividades relacionadas con la explotación de proyectos, siempre que éstas tengan lugar después de la clasificación de los lugares en cuestión, causen deterioro de los hábitats de dichas especies y puedan provocar, en detrimento de éstas, perturbaciones que puedan tener efectos significativos respecto del objetivo de la Directiva consistente en garantizar la conservación de esas especies.

Sin embargo, para demostrar el incumplimiento del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, la Comisión no tiene que probar la existencia de una relación de causalidad entre la explotación de las instalaciones de un proyecto y una perturbación significativa para las especies de que se trata: basta con que la institución demuestre la existencia de una probabilidad o un riesgo de que dicha explotación ocasione esas perturbaciones. No obstante, que la Comisión pruebe dichos riesgo o probabilidad no excluye que el Estado miembro de que se trate pueda demostrar que la medida controvertida cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 y que ha sido objeto de análisis en relación con las repercusiones sobre los objetivos de conservación del lugar protegido.

(véanse los apartados 28 a 30)