2.

Es necesario además dilucidar la cuestión de saber si, cuando las mercancías importadas no pueden ser transportadas al lugar indicado por la Aduana por no estar disponible por motivos no imputables al importador, es posible considerar como día de la importación la fecha en la que la Administración de Aduanas no sólo ha emitido la declaración general de que las mercancías deben considerarse mercancías importadas consignadas en Aduana, sino que también ha aceptado la declaración de importación en Aduana y los otros documentos de importación. Es necesario, por lo tanto, examinar si unas circunstancias que pueden ser calificadas de fuerza mayor o de fenómeno comparable pueden influir sobre la definición que ha de elaborarse para la expresión «día de la importación». Respecto a este tema, la primera tentación es partir de la observación hecha a propósito de la primera cuestión, según la cual el Derecho comunitario deja a las autoridades nacionales un cierto margen en lo relativo a la determinación de la fecha de importación. Este margen ofrece ciertamente la posibilidad de tener en cuenta también, en cierta medida, circunstancias tales como las que se citan en la segunda cuestión. Podría pensarse entonces que, en una situación de este tipo y haciendo una excepción a su práctica normal que exige un amarre definitivo del buque al lugar de descarga con los correspondientes controles aduaneros, la Aduana considere suficiente que las mercancías estén presentes en el territorio aduanero y que sea posible un cierto control. Ello sería admisible desde el momento en que el buque navegue con las mercancías importadas dentro del puerto de importación y tenga a bordo a los funcionarios de Aduanas que, aunque no sean competentes para efectuar los controles aduaneros y no puedan efectuar el despacho de aduanas, sí están sin embargo autorizados para aceptar la declaración general de aduanas mediante la cual la mercancía se convierte en mercancía aduanera y queda sometida al régimen aduanero. En mi opinión, requiere un esfuerzo suponer que sería pedirle demasiado a la Aduana que tuviera en cuenta situaciones extraordinarias como las del procedimiento principal. En realidad -en todo caso tal como se han planteado las preguntas- no se trata de hechos ya lejanos cuyo examen podría hacerse también más difícil por motivos de alejamiento en el espacio, haciendo abstracción del hecho de que, a propósito de la perdida de la fianza, las autoridades del país de importación deben tomar en consideración todos los hechos que puedan constituir fuerza mayor que, a su vez, no excluyen totalmente el peligro de un abuso. Además, según lo expuesto a lo largo del procedimiento, a decir verdad, se ha puesto de manifiesto con claridad que, desde el punto de vista del Derecho comunitario, no procede contemplar o modificar, en relación con casos de fuerza mayor, la expresión «día de la importación», tal como se ha definido hasta la fecha. A diferencia de la sentencia de 11 de julio de 1978, Union francaise de céréales (6/78, Rec. p. 1675), que trataba de montantes compensatorios de adhesión para unos mercancías que habían perecido durante el transporte, que debían ser exportados a una de los nuevos Estados miembros así como de la garantía de una preferencia comunitaria a estos efectos, no es verdaderamente posible hablar de una laguna de Derecho comunitario, que debería colmarse aplicando por analogía las disposiciones relativas a la fuerza mayor. Siento más bien la tentación de recordar la sentencia de 14 de febrero de 1978, IFG/Comisión (68/77, Rec. p. 354), y sus afirmaciones relativas a la aplicación por analogía del artículo 30 del Reglamento (CEE) no 193/75 (DO L 25, p. 10), disposición relativa a la consideración de la fuerza mayor. Según esta sentencia, el punto importante es saber si unos compromisos determinados, cuyo incumplimiento está sancionado con la pérdida de la fianza, fueron contraídos con una autoridad competente o si el exceder un plazo determinado sólo tiene como consecuencia la aplicación de un régimen de importación más desfavorable. Es evidente que aquí nos enfrentamos a este segundo tipo de casos. En efecto, en el caso de importaciones, no existe en general obligación de actuar en fechas determinadas y si, por razones de fuerza mayor, no puede efectuarse una importación durante el período de validez de un certificado, este período puede prorrogarse conforme al artículo 20 del Reglamento no 193/75. Como ha subrayado acertadamente la Comisión, el importador puede precaverse frente al riesgo de una exacción superior en caso de importación tardía mediante la fijación anticipada de la exacción reguladora, tal como se contempla en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 120/67. En realidad, estas consideraciones permiten afirmar que, en circunstancias extraordinarias como las del litigio principal, no cabe pensar, en recurrir a criterios diferentes o complementarios en lo referente a la expresión «día de la importación».