ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2

Basándose en esa información, la Comisión, mediante la Decisión C(2010) 7791 final, de 12 de noviembre de 2010, informó a la República de Malta de irregularidades detectadas en el ámbito de los controles de las actividades relacionadas con el atún rojo y la instó a abrir una investigación administrativa con arreglo al artículo 102, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006 (DO 2009, L 343, p. 1).
80

Frente a la referencia que hace la Comisión, en este contexto, al hecho de que el considerando 33 del Reglamento n.o 1829/2003 distingue entre la evaluación del riesgo para el medio ambiente y la evaluación de la seguridad, procede observar que dicho considerando indica que, cuando una solicitud de autorización en virtud del Reglamento n.o 1829/2003 se refiera a productos que contengan o consistan en organismos modificados genéticamente, el solicitante tiene la posibilidad de elegir entre presentar una autorización de liberación intencional en el medio ambiente ya obtenida con arreglo a la parte C de la Directiva 2001/18, o solicitar que, en el procedimiento de autorización conforme al Reglamento n.o 1829/2003, se lleve a cabo la evaluación del riesgo para el medio ambiente al mismo tiempo que la evaluación de la seguridad. De ello se infiere que una evaluación de los efectos de una liberación intencional en el medio ambiente puede efectuarse en un procedimiento basado en la Directiva 2001/18 o, alternativamente, en un procedimiento seguido con arreglo al Reglamento n.o 1829/2003. No obstante, aunque el considerando 33 del Reglamento n.o 1829/2003 hace referencia a la cuestión relativa a cuáles son las exigencias que debe cumplir una evaluación de los efectos de una liberación intencional en el medio ambiente en el marco de un procedimiento con arreglo al Reglamento n.o 1829/2003, ello no incide en absoluto en la cuestión de si las alegaciones formuladas en una solicitud de revisión interna en virtud del Reglamento n.o 1367/2006 entran en el ámbito del Derecho medioambiental en el sentido de este último Reglamento.
14

La Sala de Recurso examinó las razones que, según la recurrente, justificaban que no hubiera presentado los elementos de prueba ante la División de Anulación, en particular, la alegación de la recurrente de que su intención era presentarlos después de recibir las observaciones de la coadyuvante y que, como ésta no respondió dentro del plazo establecido, se puso fin a la fase contradictoria del procedimiento. La Sala de Recurso consideró que dicha justificación no resultaba convincente por las razones siguientes. En primer lugar, la regla 37, letra b), inciso iv), del Reglamento n.o 2868/95 debe interpretarse en el sentido de que exige a los solicitantes de nulidad que formulen sus alegaciones y aporten sus elementos de prueba al presentar la solicitud de nulidad. En segundo lugar, la regla 40, apartado 2, del Reglamento n.o 2868/95 [actualmente artículo 17, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.o 207/2009 y deroga los Reglamentos n.o 2868/95 y (CE) n.o 216/96 (DO 2017, L 205, p. 1)] permitía a la División de Anulación pronunciarse sobre la solicitud de nulidad sobre la base de las pruebas de que disponía, incluso sin observaciones de la coadyuvante. En tercer lugar, visto que no había límite temporal alguno para presentar una solicitud de nulidad, la recurrente dispuso de tiempo suficiente para reunir los elementos de prueba cuya unión a su solicitud consideraba necesaria.
18

Mediante el primer motivo, alega la ilegalidad, con arreglo al artículo 277 TFUE, del anuncio de oposición, a la luz del artículo 2 del Reglamento n.o 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), en su versión modificada, así como con arreglo a los principios de igualdad de trato y de no discriminación, según resultan del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 1 quinquies de Estatuto. Invoca, en particular, las sentencias del Tribunal que han negado la legalidad de anuncios de oposición que, como ocurre en el presente litigio, limitan al alemán, al inglés y al francés las lenguas de comunicación entre los candidatos y la EPSO (sentencias de 24 de septiembre de 2015, Italia y España/Comisión, T‑124/13 y T‑191/13, EU:T:2015:690, apartado 60; de 17 de diciembre de 2015, Italia/Comisión, T‑295/13, no publicada, EU:T:2015:997, apartado 100; de 17 de diciembre de 2015, Italia/Comisión, T‑275/13, no publicada, EU:T:2015:1000, apartado 44, y de 17 de diciembre de 2015, Italia/Comisión, T‑510/13, no publicada, EU:T:2015:1001, apartado 50).
30

La EUIPO sostiene que el acuerdo no contiene ningún consentimiento claro y preciso al registro como marca de la Unión de la marca controvertida, por las razones expuestas con precisión en la resolución impugnada. En su opinión, el acuerdo resulta vago e impreciso. El ámbito territorial y el período de aplicación del acuerdo no se especifican expresamente. En particular, la marca MONTORSI F. & F. no es correctamente identificada en el acuerdo. En efecto, en primer lugar, no fue mencionada en el documento privado. En segundo lugar, el término «comunitario» o «europeo» no se cita nunca en el acuerdo, que menciona únicamente los registros italianos y un litigio pendiente ante el Tribunale di Modena (Tribunal de Módena, Italia). Por último, el punto 2 del acuerdo indica que «las partes reconocen que los signos distintivos de cada una de ellas registrados y/o utilizados hasta ahora para productos comprendidos en la clase [internacional] 29 pueden coexistir». Dado que el registro de la marca controvertida se otorgó el 18 de enero de 2008, este punto fundamental del acuerdo lleva también a concluir que no cabe considerar que la marca controvertida forme parte con certeza de este acuerdo. Por consiguiente, parece más bien que los pactos sobre la coexistencia de las marcas y su registro se refieren únicamente a los registros italianos, como señaló acertadamente la resolución impugnada. En todo caso, la EUIPO considera que el hecho de que la marca controvertida no haya sido claramente identificada en el acuerdo es, por sí solo, un motivo suficiente para excluir que la coadyuvante haya dado un consentimiento expreso al registro de esta marca en la Unión.
64

La Sala de Recurso señaló, además, que los productos de que se trata no tenían una relación de complementariedad, ya que las piezas separadas controvertidas no eran indispensables ni importantes para la utilización de productos acabados comprendidos en las clases 14 y 26 protegidos por la marca anterior. Además, según la Sala de Recurso, los productos de que se trata no se ofrecen a través de los mismos canales de distribución. Según la Sala de Recurso, sus respectivas funciones son totalmente diferentes y no son productos competidores. Por último, dado que, según la Sala de Recurso, los productos controvertidos no están destinados al mismo público, no son intercambiables. Por ello, la Sala de Recurso concluyó que los productos controvertidos comprendidos en las clases 14 y 26 no eran similares.
En principio, únicamente cabe interponer recurso de anulación contra las medidas a través de la cuales la institución en cuestión fija definitivamente su postura al término del procedimiento administrativo. Por el contrario, no pueden considerarse actos impugnables los actos intermedios, cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva, ni tampoco los actos confirmatorios o bien de mera ejecución, en la medida en que tales actos no pretenden producir efectos jurídicos obligatorios autónomos respecto del acto de la institución de la Unión que se prepara, se confirma o se ejecuta.

No constituye acto recurrible un escrito mediante el que la Comisión, a raíz de la denuncia del demandante, interpreta el alcance de los compromisos adquiridos por una empresa a raíz de una decisión de la Comisión por la que se declara que una operación de concentración es compatible con el mercado interior. Dicho escrito no es una decisión sino una simple declaración, no obligatoria jurídicamente, que la Comisión está autorizada a hacer en el contexto de la supervisión a posteriori de la correcta aplicación de las decisiones que haya adoptado en materia de control de concentraciones. A ese respecto, dicho escrito no puede modificar de manera sustancial la situación jurídica del demandante, puesto que solo los compromisos definitivos regulan los derechos y obligaciones de la empresa de que se trate y de los operadores terceros que desean acogerse a los compromisos definitivos. Dicho escrito tampoco constituye un nuevo análisis de las obligaciones de la empresa de que se trate a la luz de hechos sustanciales nuevos, sino la mera reiteración de la regulación de dichas obligaciones que aparecen en los compromisos definitivos, tal como pasaron a ser vinculantes en virtud de la decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 35, 40, 41 y 44)
3.

Concentraciones de empresas — Examen por la Comisión — Compromisos de las empresas interesadas mediante los cuales la operación notificada pasa a ser compatible con el mercado interior — Posibilidad para terceros de presentar una denuncia ante la Comisión por incumplimiento de los compromisos — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo; Reglamentos (CE) de la Comisión n.o 773/2004, art. 7, y n.o 802/2004] (véanse los apartados 42 y 43)
6.

Transportes — Ayudas a los transportes — Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Ámbito de aplicación temporal — Aplicación a las ayudas abonadas a partir de la entrada en vigor del Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones transitorias [Arts. 107 TFUE, ap. 1, y 108 TFUE, ap. 3; Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CEE) n.o 1191/69 del Consejo] (véanse los apartados 132, 133 y 136)
La existencia de un acto lesivo, en el sentido de los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto, es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso interpuesto por los funcionarios y agentes de la Unión contra las instituciones y agencias de la Unión a las que pertenezcan. A este respecto, únicamente son lesivas las medidas emanadas de la autoridad competente y que contengan una postura definitiva de la administración dotada de efectos jurídicos obligatorios tales que afecten directa e inmediatamente a los intereses de la parte demandante modificando de forma caracterizada la situación jurídica de esta.

Así pues, el traslado de la sede de una agencia de la Unión es el resultado de un acuerdo de los Estados miembros y de un acto del legislador de la Unión. Por consiguiente, en la Decisión relativa al traslado de su sede, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo se limitó a recordar el principio del cambio de destino de su personal tal como había sido decidido por el común acuerdo de los Estados miembros. Al hacerlo, no modificó de forma caracterizada la situación jurídica de las partes demandantes, que en ese aspecto era el resultado del común acuerdo de los Estados miembros.

Por lo que respecta a los derechos económicos estatutarios de las partes demandantes, la determinación del coeficiente corrector aplicable al personal de una agencia no se deja a la apreciación de su autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo, sino que es consecuencia de las condiciones de vida del lugar de destino. De ello se desprende que la aplicación a las partes demandantes del coeficiente corrector establecido para la nueva sede no era sino una consecuencia mecánica del común acuerdo de los Estados miembros, por una parte, y del artículo 64, párrafo primero, del Estatuto, por otra parte.

Además, la Decisión impugnada prevé la posibilidad de entablar negociaciones individuales en relación con la fecha de entrada en funciones en la nueva sede de la Agencia y con el preaviso de dimisión entre el Director de la Agencia y los miembros del personal que no deseen incorporarse a la nueva sede. Por lo tanto, al adoptar dicha Decisión, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo definió una línea de conducta general sobre cuya base tenía intención de adoptar ulteriormente, en aplicación de las disposiciones pertinentes, decisiones individuales en las que constatase, en su caso, la dimisión de los agentes que no se hubiesen incorporado al servicio en la fecha señalada en la nueva sede, teniendo en cuenta la situación particular de cada uno de ellos.

(véanse los apartados 49, 50, 60, 61, 64, 69, 72 y 75)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 4 de octubre de 2018 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Asunto T‑328/16)

[«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión DEEP PURPLE — Marca anterior no registrada DEEP PURPLE — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — Inexistencia de riesgo de presentación engañosa»]

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Requisitos—Interpretación a la luz del Derecho de la Unión—Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 18 a 20)

2. Derecho nacional—Remisión a los Derechos nacionales—Derecho del Reino Unido—Régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passing off) (véanse los apartados 22 a 25)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Marca denominativa DEEP PURPLE y marca no registrada DEEP PURPLE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 34 a 36 y 48 a 50)

4. Procedimiento judicial—Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso—Requisitos—Motivo nuevo—Concepto—Argumentos que guardan una estrecha relación con un motivo formulado en el escrito de demanda—Exclusión (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 84, ap. 1) (véase el apartado 43)

5. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Motivación de las resoluciones—Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75] (véanse los apartados 44 y 45)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de marzo de 2016 (asunto R 736/2015‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre los Sres. Paice y Blackmore.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Asunto T‑445/16

(Publicación por extractos)

Schniga GmbH

contra

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

«Obtenciones vegetales — Solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal para la variedad vegetal Gala Schnico — Examen técnico — Obligación de motivación — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 2100/94 — Homogeneidad — Artículo 8 del Reglamento n.o 2100/94 — Examen complementario — Artículo 57, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 — Igualdad de trato — Examen de oficio de los hechos por la OCVV — Artículo 76 del Reglamento n.o 2100/94»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 23 de febrero de 2018

Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las obtenciones vegetales — Examen técnico — Facultad de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de conferir la responsabilidad del examen técnico a organismos competentes nacionales — Designación de una oficina de examen común para las variedades candidatas pertenecientes al mismo grupo de mutación vegetal — Procedencia [Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, art. 55, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 874/2009 de la Comisión, art. 13, ap. 1] Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las obtenciones vegetales — Examen técnico — Margen de apreciación de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales — Alcance [Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, art. 55, ap. 4] Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las obtenciones vegetales — Examen técnico — Obligaciones del solicitante en cuanto al material aportado a efectos del examen [Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, art. 55]
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 8 de marzo de 2018 — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Asunto T‑665/16)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión €$ — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001] — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 94 del Reglamento 2017/1001)»

1. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Motivación de las resoluciones—Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véanse los apartados 15 y 32)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro—Obligación de motivación de la denegación de registro—Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75, primera frase] (véanse los apartados 16 a 20)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de julio de 2016 (asunto R 2086/2015‑5), relativa a una solicitud de registro del signo €$ como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de julio de 2016 (asunto R 2086/2015‑5).
Del artículo 3 de las disposiciones generales de aplicación del artículo 45 del Estatuto, adoptadas por la Comisión, se desprende que el funcionario que cumple los cuatro primeros requisitos de dicho artículo, pero con respecto al cual no se ha convertido en definitivo un informe de evaluación, puede aun así ser promovido, siempre que dicho informe no haya podido completarse por un retraso que no le sea imputable. En tal caso, el funcionario en cuestión participa en el procedimiento de promoción sobre la base de otros elementos de información válidos que suplan la falta de informe de evaluación.

Por tanto, al negarse a reconocer al demandante el derecho a participar en el procedimiento de promoción por el hecho de que su ausencia justificada por una licencia por enfermedad no había permitido realizar algunos de sus informes de evaluación, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos infringió dicha disposición e incurrió en un error de Derecho.

A este respecto, la interpretación de esta disposición, según la cual la autoridad facultada para proceder a los nombramientos rehúsa la participación del funcionario en cuestión en el procedimiento de promoción pertinente sobre la base de información que suple sus informes de evaluación y supedita tal participación a que retome sus funciones, no tiene en cuenta las situaciones en las que este no retoma sus funciones en tiempo útil o incluso nunca las retoma.

Por otra parte, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos está obligada a proceder al ejercicio anual de promoción y no puede posponer varios años la participación de un funcionario en el procedimiento de promoción de dicho ejercicio cuando este es promovible en virtud de las disposiciones generales de aplicación del artículo 45 antes citado.

(véanse los apartados 24, 27, 31 y 32)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 16 de noviembre de 2017 — Mapei/EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø)

(Asunto T‑723/16)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión RE-CONzerø — Marca denominativa anterior de la Unión ZERO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 94 del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Procedimiento de recurso—Recurso ante el juez de la Unión—Competencia del Tribunal General—Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3] (véase el apartado 14)

2. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Motivación de las resoluciones—Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE—Formalidad esencial [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véanse los apartados 18 y 19)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca anterior—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 25 y 58)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Similitud entre las marcas de que se trata—Criterios de apreciación—Marca compuesta [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 26, 34 y 35)

5. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Similitud entre los productos o servicios de que se trata—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 30)

6. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca anterior—Marca figurativa RE-CONzerø y marca denominativa ZERO [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 33, 49 a 52, 56, 57, 59 y 60)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de julio de 2016 (asunto R 2374/2015‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Steenfabrieken Vandersanden y Mapei.

Fallo

1) Desestimar el recurso.