Asunto C‑56/17

Bahtiyar Fathi

contra

Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad)

«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Fronteras, asilo e inmigración — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Artículo 3 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Examen de una solicitud de protección internacional sin una decisión explícita sobre la determinación del Estado miembro responsable del examen — Directiva 2011/95/UE — Artículos 9 y 10 — Motivos de persecución por motivos de religión — Prueba — Legislación iraní sobre la apostasía — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46, apartado 3 — Tutela judicial efectiva»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de octubre de 2018

[Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 46, ap. 3]

[Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, letra d), y 3, ap. 1]

Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Examen de una solicitud de protección internacional sin una decisión explícita sobre la determinación del Estado miembro responsable del examen — Procedencia

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, debe interpretarse, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en el sentido de que no se opone a que las autoridades de un Estado miembro procedan al examen en cuanto al fondo de una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra d), de este Reglamento, cuando tales autoridades no hayan adoptado una decisión explícita que establezca, sobre la base de los criterios previstos por dicho Reglamento, que la responsabilidad de proceder a ese examen corresponde a tal Estado miembro. (véanse el apartado 56 y el punto 1 del fallo)

El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, debe interpretarse, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en el sentido de que, en el marco de un recurso interpuesto por un solicitante de protección internacional contra la decisión de considerar infundada su solicitud de protección internacional, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro no está obligado a examinar de oficio si los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de dicha solicitud, según se definen en el Reglamento n.o 604/2013, se han aplicado correctamente. Es cierto que el considerando 54 de la Directiva 2013/32 dispone que esta debe aplicarse a los solicitantes respecto de los cuales se aplica el Reglamento [n.o 604/2013], además de las disposiciones de dicho Reglamento y sin perjuicio de las mismas. Sin embargo, de ello no puede deducirse que, en el marco de un recurso interpuesto, con arreglo al artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32, por un solicitante de protección internacional contra la decisión de considerar infundada su solicitud de protección internacional, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro deba examinar de oficio la aplicación correcta de los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, previstos por el Reglamento [n.o 604/2013]. En efecto, por una parte, en el considerando 53 de la Directiva 2013/32 consta expresamente que esta no se aplica a los procedimientos entre Estados miembros regulados por el Reglamento [n.o 604/2013]. Por otra parte, el artículo 2, letra d), del Reglamento [n.o 604/2013] dispone que, a efectos de este Reglamento, el «examen de una solicitud de protección internacional» se refiere a «todo examen de una solicitud de protección internacional o toda resolución o sentencia sobre una solicitud de protección internacional dictada por las autoridades competentes conforme a la Directiva [2013/32] y a la Directiva [2011/95], con excepción de los procedimientos de determinación del Estado [miembro] responsable en virtud de las disposiciones [de dicho] Reglamento». (véanse los apartados 67 a 70 y 72 y el punto 2 del fallo)

Con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95, «al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes elementos: [...] el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de participar en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por esta». El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de subrayar, al interpretar la Directiva 2004/83, que esta disposición da una definición amplia del concepto de «religión», integrando todos sus componentes, ya sean públicos o privados, ya colectivos o individuales (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z, C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518, apartado 63). A este respecto, se desprende claramente del tenor de esta disposición, concretamente, de la utilización de la expresión «en particular», que la definición del concepto de «religión» que contiene únicamente ofrece una lista no exhaustiva de los elementos que pueden caracterizar este concepto en el contexto de una solicitud de protección internacional basada en el temor a ser perseguido por motivos de religión. Concretamente, tal y como se desprende de esta definición, el concepto de «religión» comprende, por una parte, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, lo que, habida cuenta de la generalidad de los términos utilizados, pone de relieve que contempla tanto las religiones «tradicionales» como otras convicciones, y, por otra parte, la participación en cultos formales, ya sea individualmente o en comunidad, o la abstención de participar en ellos, lo que implica que la falta de pertenencia a una comunidad religiosa no puede, por sí sola, ser determinante para la evaluación de este concepto. Además, por lo que se refiere al concepto de «religión» previsto en el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [...], el cual, tal y como se desprende del considerando 16 de la Directiva 2011/95, también ha de tenerse en cuenta al interpretar esta Directiva, el Tribunal de Justicia ha subrayado la acepción amplia de este concepto, comprensiva tanto del forum internum, es decir, del hecho de tener convicciones, como del forum externum, es decir, de la manifestación pública de la fe religiosa, puesto que la religión puede manifestarse en cualquiera de estas dos formas (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de mayo de 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen y otros, C‑426/16, EU:C:2018:335, apartado 44, y de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, apartado 47 y jurisprudencia citada). (véanse los apartados 77 a 81)

El artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que un solicitante de protección internacional que invoca, en apoyo de su solicitud, un riesgo de persecución por motivos de religión no debe, para fundamentar sus alegaciones relativas a sus creencias religiosas, formular declaraciones o aportar documentos relativos a todos los elementos del concepto de «religión» mencionado en esta disposición. No obstante, corresponde al solicitante fundamentar de manera creíble estas alegaciones, aportando elementos que permitan a la autoridad competente garantizar su veracidad. En efecto, como también ha señalado el Abogado General en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, los actos que, en caso de que el solicitante regrese a su país de origen, puedan cometer las autoridades de dicho país en su contra por motivos de religión deben apreciarse en función de su gravedad. De este modo, según dicho criterio, pueden ser calificados de «persecución» sin que sea necesario que entren en conflicto con cada uno de los elementos del concepto de religión. Sin embargo, es importante que el solicitante fundamente debidamente sus alegaciones relativas a su supuesta conversión religiosa, puesto que las declaraciones relativas a la convicción religiosa o a la pertenencia a una comunidad religiosa únicamente constituyen el punto de partida en el proceso de examen de los hechos y circunstancias previsto en el artículo 4 de la Directiva 2011/95 (véanse, por analogía, las sentencias de 2 de diciembre de 2014, A y otros, C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, apartado 49, y de 25 de enero de 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, apartado 28). En el marco de las comprobaciones realizadas por las autoridades competentes, en virtud del artículo 4 de dicha Directiva, si las declaraciones de un solicitante de protección internacional presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos solo podrán tenerse en cuenta si concurren los requisitos acumulativos previstos en el artículo 4, apartado 5, letras a) a e), de la misma Directiva. Entre dichos requisitos se exige, en particular, que las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica y general disponible que sea pertinente para su solicitud, y que se compruebe la credibilidad general del solicitante (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, apartado 33). En su caso, la autoridad competente también ha de tomar en consideración las explicaciones que se le faciliten sobre la falta de elementos probatorios y sobre la credibilidad general del solicitante (sentencia de 25 de enero de 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, apartado 41 y jurisprudencia citada). Como ha señalado el Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones, en el marco de solicitudes de protección internacional basadas en el temor a sufrir persecución por motivos religiosos, habrán de tenerse en cuenta principalmente, además de la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, sus convicciones sobre la religión y las circunstancias de su adquisición, la forma en la que entiende y vive su fe (o su falta de fe), su relación con aspectos doctrinales, rituales o prescriptivos de la religión a la que afirma pertenecer o de la que se quiere alejar, su función, en su caso, en la transmisión de su fe o incluso la conjunción de elementos religiosos y elementos de identidad, étnicos o de género. (véanse los apartados 83, 84, 86 a 88 y 90 y el punto 3 del fallo)