Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Plazos - Inicio del cómputo - Fecha en que se tiene conocimiento del acto - Carácter subsidiario - Fecha de publicación

(Tratado CECA, art. 33, párr. 3)

2 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por parte de la Comisión - Decisiones generales y Decisiones individuales - Adopción de Decisiones individuales para autorizar ayudas no comprendidas en las categorías de ayudas autorizadas por una Decisión general - Competencia

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 95; Decisión general nº 3855/91]

3 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por parte de la Comisión - Requisitos - Conciliación de los objetivos del Tratado - Facultad discrecional de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Tratado CECA, arts. 3, 4, letra c), y 95]

4 CECA - Ayudas a la siderurgia - Concesión de una ayuda no notificada previamente - Decisión posterior de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de la ayuda con el mercado común - Legalidad - Recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 95]

5 Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Discriminación - Concepto

6 Actos de las Instituciones - Elección de la base jurídica - Criterios - Artículo 95 del Tratado CECA - Alcance

[Tratado CECA, art. 95; Tratado CE, art. 235 (actualmente art. 308 CE)]

7 Derecho comunitario - Principios - Protección de la confianza legítima - Límites - Operador prudente y perspicaz

8 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por parte de la Comisión - Requisitos - Respeto del principio de proporcionalidad - Obligación de la Comisión de imponer reducciones de capacidad - Inexistencia - Valoración de consideraciones de orden político, económico y social

(Tratado CECA, arts. 5 y 95, párr. 1)

9 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

(Tratado CECA, arts. 5, 15 y 33, párr. 2)

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1 A falta de publicación o de notificación, corresponde a quien tiene conocimiento de un acto que lo afecta solicitar su texto completo en un plazo razonable. Sin embargo, el plazo para recurrir sólo empieza a correr a partir del momento en que el tercero interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de las motivaciones del acto de que se trata, de manera que pueda ejercitar una acción en vía judicial.

No obstante, el criterio de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto como inicio del plazo de interposición del recurso tiene carácter subsidiario respecto de los de publicación o notificación del acto.

2 El Quinto Código comunitario de ayudas a la siderurgia sólo constituye un marco jurídico exhaustivo y vinculante respecto de las ayudas que enumera y que considera compatibles con el Tratado CECA. En este ámbito, establece un sistema global destinado a garantizar un trato uniforme, en el marco de un solo procedimiento, a todas las ayudas comprendidas en las categorías exentas que define. Por lo tanto, la Comisión sólo está vinculada por este sistema cuando aprecia la compatibilidad con el Tratado de ayudas contempladas en dicho Código. No puede entonces autorizar tales ayudas mediante una Decisión individual contraria a las normas generales establecidas por este Código.

Por el contrario, las ayudas no comprendidas en las categorías exentas de la prohibición por las disposiciones del Código pueden disfrutar de una excepción individual a dicha prohibición si la Comisión estima, en el marco del ejercicio de su facultad discrecional en virtud del artículo 95 de dicho Tratado, que tales ayudas son necesarias para lograr los objetivos del Tratado. En efecto, el Código de ayudas no puede tener por objeto prohibir las ayudas que no están comprendidas en las categorías que enumera de forma exhaustiva.

3 El artículo 4, letra c), del Tratado CECA prohíbe, en principio, las ayudas de Estado en la medida en que puedan impedir que se alcancen los objetivos esenciales de la Comunidad definidos en el Tratado, en particular, el establecimiento de un régimen de libre competencia.

No obstante, esta disposición no se opone a que la Comisión autorice, con carácter excepcional, ayudas previstas por los Estados miembros y compatibles con los objetivos del Tratado, basándose en el artículo 95, párrafos primero y segundo, de dicho Tratado, para hacer frente a situaciones imprevistas. La Comisión está habilitada para tomar todas las medidas necesarias para la consecución de los objetivos del Tratado y, por tanto, para autorizar, siguiendo el procedimiento que establece, las ayudas que considere necesarias para alcanzar dichos objetivos. El requisito de la necesidad se cumple, en particular, cuando el sector afectado se ve confrontado con situaciones de crisis excepcional. A este respecto, existe un estrecho vínculo, en el marco de la aplicación del Tratado en tiempos de crisis, entre la concesión de ayudas a la industria siderúrgica y los esfuerzos de reestructuración que se exigen a esta industria. La Comisión aprecia discrecionalmente, en el marco de dicha aplicación, la compatibilidad con los principios fundamentales del Tratado de las ayudas destinadas a acompañar las medidas de reestructuración. En este ámbito, el control de legalidad debe limitarse a examinar si la Comisión sobrepasó los límites inherentes a su facultad de apreciación, mediante una desnaturalización de los hechos o un error manifiesto en su apreciación, o a causa de una desviación de poder o de procedimiento.

La función de la Comisión consiste, habida cuenta de la diversidad de los objetivos fijados por el Tratado, en garantizar la conciliación permanente de esos diferentes objetivos, utilizando su facultad discrecional con el fin de llegar a la satisfacción del interés común. Cuando la Comisión aprecie eventuales contradicciones entre los objetivos considerados por separado, debe conceder a uno de los objetivos del artículo 3 de este Tratado el predominio que aconsejen los hechos y circunstancias económicas a la vista de los cuales adoptó su Decisión.

A este respecto, la privatización de una empresa con el fin de asegurar su viabilidad y la supresión de empleos en una medida razonable contribuyen a realizar los objetivos del Tratado, teniendo en cuenta la sensibilidad del sector siderúrgico y el hecho de que el agravamiento de la crisis habría podido provocar, en la economía del Estado miembro de que se trata, problemas sumamente graves y persistentes.

4 La falta de notificación previa de las ayudas de Estado en el ámbito CECA no es suficiente para dispensar a la Comisión o impedirle tomar una iniciativa basándose en el artículo 95 del Tratado y, eventualmente, declarar la ayuda compatible con el mercado común.

Puesto que la Comisión llegó a la conclusión de que las ayudas para la reestructuración de una empresa siderúrgica eran necesarias para el buen funcionamiento del mercado común y que no provocaban distorsiones de competencia inaceptables, la falta de notificación no afecta a la legalidad de la Decisión impugnada, ni en su conjunto ni por lo que se refiere a la ayuda no notificada previamente.

Además, esta toma de posición de la Comisión no impide que los justiciables afectados por el pago anticipado de la ayuda puedan acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales solicitando el reconocimiento de la invalidez de los actos de ejecución de la ayuda irregular o la concesión de una compensación por los posibles perjuicios sufridos, aunque posteriormente la ayuda se declare compatible con el mercado común.

5 Para poder reprochar a la Comisión haber cometido una discriminación, es necesario que haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para algunos operadores respecto de otros, sin que esta diferencia de trato esté justificada por la existencia de diferencias objetivas de cierta importancia.

6 La elección de la base jurídica de un acto no puede depender únicamente de la convicción de una Institución respecto al fin perseguido, sino que debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre tales elementos figuran, en particular, el objetivo y el contenido del acto.

Sólo está justificado recurrir a una disposición de «último recurso» como el artículo 95 del Tratado CECA, disposición equivalente al artículo 235 del Tratado CE (actualmente artículo 308 CE), como fundamento jurídico de un acto, si ninguna otra disposición confiere a las Instituciones comunitarias la competencia necesaria para adoptar dicho acto.

7 Si bien el principio del respeto de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Comunidad, los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las Instituciones comunitarias.

El buen funcionamiento del mercado común del acero implica la necesidad evidente de una adaptación constante en función de las variaciones de la situación económica, y los operadores económicos no pueden invocar un derecho adquirido al mantenimiento de la situación jurídica existente en un momento dado. Por otra parte, puesto que un operador prudente y perspicaz puede prever la adopción de medidas comunitarias específicas destinadas a compensar situaciones evidentes de crisis, el principio de protección de la confianza legítima no puede ser invocado.

8 Según el artículo 95, párrafo primero, del Tratado CECA, las Decisiones adoptadas por la Comisión para hacer frente a casos no previstos por el Tratado deben respetar las disposiciones de su artículo 5, que prevé que la Comisión debe cumplir su misión sólo «mediante intervenciones limitadas». Esta última disposición debe interpretarse como una consagración del principio de proporcionalidad.

En el ámbito de las ayudas de Estado, el principio de proporcionalidad no exige que se establezca una relación cuantitativa entre los importes de las ayudas y la importancia de la reducciones de capacidad de producción impuestas. Tampoco impone que las únicas contrapartidas exigibles y adecuadas a la autorización de las ayudas sean reducciones de capacidad. En los casos en que la Comisión considera que no es posible una reducción de capacidad o que ésta no es la solución más adecuada a los objetivos perseguidos, siempre puede imponer otras contrapartidas, a saber, limitaciones de producción y de ventas, siempre que sean aptas para minimizar el impacto de la ayuda sobre la competencia. La apreciación de la Comisión no puede estar sujeta a un control que se base únicamente en criterios económicos. Puede legítimamente tener en cuenta una amplia gama de consideraciones de orden político, económico o social, en el marco del ejercicio de su facultad discrecional en virtud del artículo 95 del Tratado.

9 La motivación de un acto debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No se exige, sin embargo, que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes. Debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. La motivación de un acto debe apreciarse en función, en particular, del interés que los destinatarios u otras personas afectadas por el acto, en el sentido del artículo 33, párrafo segundo, del Tratado CECA, puedan tener en recibir explicaciones. Además, la alegación relativa a la insuficiencia de motivación es tanto menos fundada en la medida en que la empresa interesada desempeñó, por medio de su representante en el Comité Consultivo, un papel activo en el procedimiento de elaboración de la Decisión impugnada, y que conocía las razones de hecho y de Derecho que condujeron a la Comisión a considerar las ayudas compatibles con el mercado común.