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El informe de calificación constituye un elemento de juicio indispensable cuando se toma en consideración la carrera de un funcionario con el fin de adoptar una decisión sobre su promoción. No obstante, el hecho de que, durante todo el ejercicio de promoción, el informe de calificación de un funcionario no estuviera incluido en su expediente individual no implica necesariamente que dicho ejercicio de promoción estuviera viciado de ilegalidad. En efecto, no es necesario que todos los candidatos, en el momento de adoptarse la decisión de promoción, se encuentren exactamente en la misma fase en lo que se refiere a sus informes de calificación y la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a aplazar su decisión si el informe más reciente de cualquiera de los candidatos no fuese aún definitivo, por haberse acudido al calificador de alzada o al Comité Paritario de Calificación.

Sin embargo, el procedimiento adolecerá de irregularidad si la ausencia de informe de calificación no se debe al desarrollo normal del procedimiento de calificación sino a un retraso considerable de éste, imputable a la administración. Dicha irregularidad sólo puede ocasionar la anulación de la decisión de no promover a un funcionario si la inexistencia del informe de calificación pudo tener una incidencia decisiva en el procedimiento de promoción, en particular si no se pudo paliar dicha inexistencia mediante otros datos relativos a los méritos del interesado. En tal contexto, incumbe a la administración demostrar, mediante datos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, que respetó las garantías establecidas por el artículo 45 del Estatuto a favor de los funcionarios con posibilidades de promoción y que procedió al citado examen comparativo de los méritos de los candidatos a la promoción.

(véanse los apartados 29 a 32, 35 y 36)

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de enero de 1983, List/Comisión (263/81, Rec. p. 103). apartado 27; Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1992, Moritz/Comisión (C-68/91 P, Rec. I-6849), apañado 16; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Moat/Comisión(T-58/92, Rec. p. II-1443), apartado 59; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Rasmussen/Comisión(T-557/93, RecFP pp. I-A-195 y II-603), apartado 33; Tribunal de Primera Instancia, 21 de noviembre de 1996, Michael/Comisión(T-144/95, RecFP pp. I-A-529 y II-1429), apartado 52; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 2000, Jacobs/Comisión(T-82/98, RecFP pp. I-A-39 y II-169), apartados 34, 36 y 40; Tribunal de Primera Instancia, 5 de octubre de 2000, Rappe/Comisión(T-202/99. RecFP pp. I-A-201 y II-911), apartados 39, 40, 43 y 45
Un funcionario que ha decidido voluntariamente no presentar su candidatura a un puesto vacante y que ha renunciado, por tanto, a participar en el procedimiento de nombramiento pierde su legitimación para impugnar el nombramiento de un tercero como resultado de un procedimiento que haya seguido su curso normal. Este principio es aplicable, mutatis mutandis, cuando el demandante ha decidido voluntariamente no responder a una convocatoria para la presentación de candidaturas con vistas a la selección de un agente temporal.

Teniendo en cuenta que los procedimientos y obligaciones relativos a la selección de los funcionarios no son aplicables a la selección de un agente temporal de grado A 1, en el sentido del artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a otros agentes, la autoridad competente para celebrar los contratos dispone de un amplia facultad de apreciación tanto a la hora de elegir las modalidades de organización del procedimiento de selección como al tramitar éste. En particular, a efectos de seleccionar a su Secretario General, una institución no está en modo alguno obligada a realizar una convocatoria para la presentación de candidaturas. Por consiguiente, si bien es cierto que, del mismo modo en que una convocatoria para cubrir plaza vacante vincula a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, la autoridad competente para celebrar los contratos está por supuesto obligada a atenerse a las condiciones establecidas en la convocatoria para la presentación de candidaturas que ha decidido libremente realizar, no se le puede imputar, en cambio, no haber facilitado una descripción más precisa y detallada de algunos de los requisitos enunciados en dicha convocatoria.

Por otro lado, existen mayores motivos para aplicar la regla — según la cual una convocatoria de concurso puede limitarse también a reproducir, sin especificar el nivel de experiencia requerido para el puesto por cubrir, la fórmula general del artículo 5, apartado 1, del Estatuto correspondiente a la categoría a la que pertenezca el puesto de que se trate y dejar, por tanto, al tribunal la responsabilidad de apreciar caso por caso si los títulos y diplomas presentados, así como la experiencia profesional acreditada por cada candidato, corresponden al nivel exigido por el Estatuto y, por ende, por la convocatoria, para el ejercicio de las funciones de que se trate- cuando se trata de un puesto de agente temporal de alto nivel para el cual una institución ha optado libremente por utilizar el procedimiento de convocatoria para la presentación de candidaturas.

(véanse los apartados 56, 58 y 60)

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1989, Belardinelli y otros/Tribunal de Justicia (225/87, Rec. p. 2353), apartados 13 y 14; Tribunal de Primera Instancia, 23 de octubre de 1990, Pitrone/Comisión (T-46/89, Rec. p. II-577), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 11 de febrero de 1999, Leite Mateus/Comisión (T-21/98, RecFP pp. I-A-25 y II-107), apartado 31
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1. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto - Vocablo «VITALITE»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

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1. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar [...] el destino [...] del producto». En relación, a este respecto, con el registro solicitado para determinados productos diseñados para usos de carácter médico, nutritivo o dietético específico, así como para los «alimentos para bebés» y las «aguas minerales con y sin gas» del vocablo «VITALITE», éste, aunque en francés se lea «vitalité», no puede considerarse que pueda servir para designar el destino de los «alimentos para bebés» y del «agua mineral con o sin gas». En consecuencia, la relación existente entre el sentido de la palabra «vitalité», por una parte, y los productos de que se trata, por otra, no es suficientemente estrecha para estar comprendida en la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En efecto, la relación se establece a través de la evocación y no de la designación en el sentido de dicha disposición. Por lo tanto, contrariamente al conjunto de los demás productos, diseñados todos ellos para usos de carácter médico, nutritivo o dietético específico, en lo que atañe a los «alimentos para bebés» y a las «aguas minerales con o sin gas», el registro del vocablo «VITALITE» no puede ser denegado con arreglo a la disposición antes citada.

( véanse los apartados 18, 21, 24 y 25 )

2. Los registros de marcas ya efectuados en algunos Estados miembros no constituyen más que un elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria.

( véanse el apartado 33 )
En efecto, la elaboración de dicha lista constituye tan sólo una de las etapas sucesivas que permiten la selección de los funcionarios promovibles y que culminan con la decisión por la que se designa a los funcionarios promovidos. La lista es un acto preparatorio que no produce ningún efecto definitivo y no constituye, por tanto, un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.

La publicación de la lista de los funcionarios promovidos al grado A 5 en la Comisión, en el marco de un determinado ejercicio, constituye un acto lesivo para un funcionario que puede ser promovido a dicho grado y cuyo nombre no figura en la lista. No puede declararse la inadmisibilidad del recurso interpuesto por este último y que tiene por objeto la anulación de la lista en la medida en que ésta no recoge su nombre, basándose en que no presentó su candidatura para uno de los puestos de grado A 5 declarados vacantes.

(véanse los apartados 30 y 31)
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Aunque es cierto que la Comisión no justificó la utilización de los resultados de explotación de los yacimientos a cielo abierto de British Coal indicando que los costes de explotación de las empresas licenciatarias no estaban disponibles, tal omisión no puede, sin embargo, viciar de irregularidad la motivación de la Decisión impugnada, dado que, como resulta evidente, la demandante conocía necesariamente dicha circunstancia.
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1. Funcionarios - Selección - Concurso - Concurso-oposición - No admisión a las pruebas - Decisión lesiva - Obligación de motivación - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, Art. 25, párr. 2; Anexo III, art. 5)

2. Funcionarios - Selección - Concurso - Concurso-oposición - Requisitos de admisión - Fijación en la convocatoria de concurso - Documentos justificativos - Consideración por el tribunal tan sólo de los documentos presentados antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes de participación

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo III, art. 2)

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1. La obligación de motivar cualquier decisión individual adoptada en aplicación del Estatuto tiene como finalidad, de un lado, indicar al interesado los datos necesarios para saber si la decisión resulta fundada o no y, de otro, hacer posible el control jurisdiccional. Cuando se trata de la decisión de un tribunal de concurso de no admitir a un candidato a las pruebas, es necesario que el tribunal indique concretamente cuáles de los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso se reputan no cumplidos por el candidato. Si bien en el caso de un concurso-oposición con numerosa participación el tribunal puede, en una primera fase, limitarse a motivar la negativa de una forma concisa y a comunicar a los candidatos tan sólo los criterios y el resultado de la selección, está obligado a facilitar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente.

Se cumple esta exigencia de motivación siempre que, después de haber procedido, a instancia del interesado, a un nuevo examen de su candidatura, el tribunal, en la carta dirigida al candidato no admitido a las pruebas, puntualiza que no se ha justificado íntegramente la experiencia profesional exigida por la convocatoria de concurso-oposición al expirar el plazo señalado por dicha convocatoria para la presentación de candidaturas.

2. Si bien el tribunal de un concurso-oposición dispone de una facultad de apreciación para evaluar los títulos y la experiencia profesional de los candidatos, no deja de estar vinculado por el texto de la convocatoria del concurso-oposición. En efecto, la función esencial de dicha convocatoria consiste en informar a los interesados, de la manera más exacta posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate, para que puedan apreciar, por un lado, si procede que presenten su candidatura y, por otro, qué documentos acreditativos revisten importancia para los trabajos del tribunal y, por consiguiente, deben adjuntarse a la candidatura.

El tribunal está únicamente obligado a tener en cuenta los documentos acreditativos que los candidatos deben presentar antes de expirar el plazo señalado en la convocatoria de concurso-oposición para la presentación de candidaturas. En modo alguno tiene la obligación de repasar todos los impresos de candidatura para verificar si se han remitido todos los documentos exigidos y, en su caso, requerir de los interesados la presentación de documentos adicionales, ni de tomar en consideración documentos presentados después de transcurrido dicho plazo.
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Mediante esento de 30 de agosto de 1988, el jefe del Servicio especializado «Pensiones» informò al demandante de que el Consejo, después de haber adoptado, el 5 de octubre de 1987, el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 3019/87, por el que se establecen las disposiciones particulares y excepcionales aplicables a los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en un país tercero (DO L 286, p. 3), fijó, para los países extracomunitarios, nuevos coeficientes correctores, que, no obstante, sólo eran aplicables a las retribuciones de los funcionarios en activo. El artículo 3 del Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2175/88 del Consejo, de 18 de julio de 1988, por el que se fijan los coeficientes correctores aplicables en terceros países (DO L 191, p. 1), disponía que el coeficiente corrector aplicable a la pensión cuyo titular fije su residencia en un tercer país será igual a 100. El jefe del Servicio precisaba que estas nuevas modalidades de cálculo se aplicarían a partir del 10 de octubre de 1987, sin afectar al importe de la pensión del demandante con efecto retroactivo. Precisaba: «Para garantizarle de la mejor manera el mantenimiento de su poder adquisitivo y mientras mantenga su residencia en Canadá, se le pagará mensualmente una indemnización compensatoria igual a 225,62 CAD».
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1. Funcionarios - Recurso - Acto lesivo - Decisión de no admisión a un concurso adoptada después de reconsiderar una decisión anterior - Plazo de recurso - Comienzo del plazo - Notificación de la nueva decisión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios - Selección - Concurso - Oposición - Exigencia de títulos universitarios - Concepto de título universitario - Apreciación en relación con la legislación del Estado donde se hayan cursado los estudios

3. Funcionarios - Selección - Concurso - No admisión al concurso - Decisión lesiva - Obligación de motivación - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 25, párr. 2; Anexo III, art. 5)

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1. La decisión por la que un tribunal de un concurso se niega a admitir a un candidato a las pruebas, después de haber procedido, a petición del interesado, a reconsiderar su candidatura, sustituye a la decisión anteriormente adoptada por el tribunal y no puede considerarse meramente confirmatoria de ésta.

Al tratarse de una decisión de un tribunal de concurso susceptible de ser impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia sin reclamación administrativa previa, el plazo de recurso comienza a transcurrir a partir de la notificación de la nueva decisión.

2. A falta de disposición contraria en un Reglamento o una Directiva aplicable a los concursos y oposiciones de selección organizados por las Instituciones comunitarias, o en la convocatoria de concurso, la exigencia de la posesión de un título universitario para ser admitido al concurso debe entenderse necesariamente en el sentido que da a esta expresión la legislación propia del Estado miembro en el que el candidato haya cursado los estudios que alega.

En efecto, dado que la organización de la enseñanza universitaria compete a los Estados miembros, las Instituciones comunitarias están obligadas, en virtud de su deber de cooperar lealmente con los Estados miembros, a respetar las normas adoptadas por éstos en el ejercicio de su competencia. Así sucede, en particular, cuando se trata de disposiciones de Derecho constitucional.

3. La obligación de motivar toda decisión lesiva, con arreglo al párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, tiene por objeto, por un lado, facilitar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión está o no fundada y, por otro, posibilitar el control jurisdiccional de la legalidad.

Está suficientemente motivada la decisión por la que un tribunal excluye a un candidato de las pruebas a un concurso basándose en que no cumple el requisito de estar en posesión de un título universitario, cuando esta decisión hace constar claramente la razón por la que el tribunal calificador considera que el título presentado por el candidato no es un título universitario e indica, además, que el tribunal no se ha considerado vinculado por las decisiones de otros tribunales de concurso, alegadas por el interesado, según las cuales los titulares del mismo diploma fueron admitidos a participar en concursos organizados por otras Instituciones para puestos equivalentes.
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Mediante auto de 28 de marzo de 1990, el Tribunal de Primera Instancia ordenó realizar un dictamen pericial con el fin de determinar «si el hecho de no haber informado al demandante acerca de su estado de salud podía haberle causado un perjuicio, y, en particular, acerca de la circunstancia de que este último no pudiera, en este caso, tomar medidas preventivas para no empeorar su estado de salud». Al mismo tiempo, el Tribunal de Primera Instancia designó como perito al profesor Scotti.
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Hay que manifestar que, incluso si se considera aisladamente, el término «Dienstantritt» debe militar en favor de la interpretación preconizada por el Parlamento, tal y como figura en el apartado 5 del artículo 5 del anexo VII del Estatuto, y este término no puede tener otro significado que el ingreso al servicio de las Comunidades. Efectivamente, el artículo 71 del Estatuto, cuya aplicabilidad en el caso de autos ha sido recalcada por el Parlamento en su escrito de iniciación del procedimiento de oposición, pone en el mismo plano «el ingreso en el servicio» («Dienstantritt») y el traslado, que es el ingreso en nuevas funciones, llegado el caso, en otro lugar de servicio. Esta yuxtaposición de los términos «ingreso en el servicio» («Dienstantritt») y «traslado» en el artículo 71 del Estatuto demuestra que el primer término no puede en ningún caso englobar al segundo y sólo se refiere al ingreso al servicio de las Comunidades. De esto se deduce que el término «ingreso en funciones» («Dienstantritt») tiene necesariamente este mismo significado en todas las versiones lingüísticas del apartado 5 del artículo 5 del anexo VII del Estatuto, lo que aparece con especial claridad en las versiones inglesa y española de esta disposición («the service of the Communities within two years of entering it» y «el servicio de las Comunidades antes de dos años desde el día de su ingreso al servicio de éstas»).
PIEMONTE / CONSEJO 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
(Sala Tercera) 
26 de septiembre de 1990 * 
En el asunto T-52/89, 
Alfonso Piemonte, funcionario del Consejo de las Comunidades Europeas, con do­
micilio en Overijse (Bélgica), representado por la Sra. Françoise Decoster, Abo­
gada de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la fiduciaria 
Myson SARL, 6-8, rue Origer, 
parte demandante, 
apoyado por 
Fédération de la fonction publique européenne, con domicilio social en Bruselas, 
representada por el Sr. Georges Vandersanden, Abogado de Bruselas, que designa 
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alex Schmitt, 62, avenue Gui­
llaume, 
parte coadyuvante, 
contra 
Consejo de las Comunidades Europeas, representado por el Sr. Arthur Alan Dash-
wood, Director en el Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como 
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Jörg Käser, Director de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad 
Adenauer, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de una decisión del Consejo, comunicada me­
diante nota de 6 de mayo de 1988, por la que se deniega al demandante el pago 
global de los gastos de viaje para personas asimiladas a hijos a cargo que no resi­
den en el lugar de destino del funcionario, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
II-515 
SENTENCIA DE 26.9.1990 — ASUNTO T-52/89 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. A. Saggio, Presidente; C. Yeraris y B. Vesterdorf, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas. 
II-516
C 137/25

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de febrero de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Asunto C-258/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Artículo 59 del Protocolo Adicional - Decisión n.o 3/80 - Seguridad social de los trabajadores migrantes turcos - Supresión de las cláusulas de residencia - Artículo 6 - Prestación complementaria - Suspensión - Renuncia a la nacionalidad del Estado miembro de acogida - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Prestaciones especiales en metálico no contributivas - Requisitos de residencia)

(2020/C 137/33)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: H. Solak

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Fallo

El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) n.o 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se suspende el pago de una prestación que complementa una pensión de invalidez destinada a garantizar unos ingresos mínimos, y que se ha concedido con arreglo a dicha normativa, a un nacional turco que pertenece al mercado regular de trabajo de un Estado miembro y que ha retornado a su país de origen tras haber renunciado a la nacionalidad de dicho Estado miembro, adquirida durante su residencia en él.

(1) DO C 276 de 6.8.2018.
C 301/12

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf — Alemania) — flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Asunto C-130/18) (1)

([Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Transporte aéreo - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 5, apartado 1, letra c) - Derecho a una indemnización en caso de cancelación de un vuelo - Transporte alternativo que no permite a un pasajero llegar a su destino con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista del vuelo cancelado - Retraso de entre dos y tres horas])

(2018/C 301/15)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Eurowings GmbH

Fallo

El artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un pasajero que haya sido informado de la cancelación de su vuelo con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista tiene derecho a la indemnización prevista por dicha disposición en caso de que el transporte alternativo ofrecido por el transportista le permita llegar a su destino final con más de dos horas de retraso, pero menos de tres, con respecto a la hora de llegada prevista del vuelo cancelado.

(1) DO C 182 de 28.5.2018.