Palabras clave

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Palabras clave

1. Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo - Finalidad y contexto diferentes de los del Derecho comunitario - Alcance limitado de la obligación de interpretar las normas del Acuerdo conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las correspondientes normas del Derecho comunitario - Homogeneidad de las normas jurídicas en la totalidad del Espacio Económico Europeo no garantizada

2. Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo - Sistema jurisdiccional - Competencia del Tribunal del Espacio Económico Europeo para pronunciarse sobre las competencias respectivas de la Comunidad y de sus Estados miembros - Vulneración inadmisible de la autonomía del sistema jurídico comunitario

(Tratado CECA, art. 87; Tratado CEE, arts. 164 y 219)

3. Acuerdos internacionales - Acuerdos de la Comunidad - Acuerdo por el que se crea un órgano jurisdiccional que dicte resoluciones obligatorias para la Comunidad - Compatibilidad con el Derecho comunitario - Excepción - Sistema jurisdiccional del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo - Sistema que puede condicionar la interpretación futura de las normas comunitarias en materia de libre circulación y de la competencia - Vulneración de los fundamentos de la Comunidad

(Tratado CEE, art. 164)

4. Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo - Posibilidad ofrecida a los órganos jurisdiccionales de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio de solicitar al Tribunal de Justicia que interprete el Acuerdo - Procedencia - Falta de efecto obligatorio de las respuestas del Tribunal de Justicia - Improcedencia

5. Procedimiento - Intervención - Derecho de intervención - Extensión a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio en el marco del Espacio Económico Europeo - Utilización de una modificación del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia

(Tratado CEE, art. 188, párrafo segundo, y art. 236; Estatuto del Tribunal de Justicia CEE, arts. 20 y 37)

6. Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo - Sistema jurisdiccional - Incompatibilidad con el Derecho comunitario - Utilización de una modificación del artículo 238 del Tratado para remediar la incompatibilidad - Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 164 y 238)

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1. El hecho de que el tenor de las disposiciones del Acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo sea idéntico al de las normas comunitarias correspondientes no significa necesariamente que hayan de ser interpretadas de manera idéntica. En efecto, un Tratado internacional no ha de interpretarse exclusivamente en función de los términos en que está redactado, sino también a la luz de sus objetivos.

Respecto a los objetivos del Acuerdo y los del Derecho comunitario, hay que poner de manifiesto que el Acuerdo prevé la aplicación de un régimen de libre comercio y de competencia en las relaciones económicas y comerciales entre las partes contratantes. Por el contrario, en lo que se refiere a la Comunidad, tal régimen se ha desarrollado y se inserta en el ordenamiento jurídico comunitario, cuyos objetivos van más allá de los perseguidos por el Acuerdo. En efecto, el Tratado CEE tiene por objeto alcanzar una integración económica que desemboque en el establecimiento de un mercado interior y de una unión económica y monetaria, dado que la totalidad de los Tratados comunitarios tiene como objetivo contribuir a hacer progresar de manera concreta la Unión Europea.

Respecto al contexto en el que se inscribe el objetivo del Acuerdo, éste difiere asimismo de aquél dentro del cual se persiguen los objetivos comunitarios. El Espacio Económico Europeo ha de realizarse en virtud de un Tratado internacional que sólo crea, en general, derechos y obligaciones entre las partes contratantes y que no establece ninguna transferencia de derechos de soberanía en favor de los órganos intergubernamentales que instituye. Por el contrario, el Tratado CEE, aunque haya sido celebrado en forma de Convenio internacional, no por ello deja de ser la carta constitucional de una Comunidad de Derecho. En efecto, los Tratados comunitarios han creado un nuevo ordenamiento jurídico en favor del cual los Estados han limitado sus derechos de soberanía y cuyos sujetos no son únicamente los Estados, sino también sus nacionales. Los rasgos esenciales del ordenamiento jurídico comunitario así creado son, en particular, su primacía con respecto a los Derechos de los Estados miembros y el efecto directo de toda una serie de disposiciones.

De ello se desprende que la homogeneidad de las normas jurídicas en la totalidad del Espacio Económico Europeo no queda garantizada por la identidad de contenido o de redacción de las disposiciones de Derecho comunitario y de las disposiciones correspondientes del Acuerdo.

Tampoco queda garantizada por el mecanismo de interpretación de las normas del Acuerdo que éste prevé y por el que dichas normas deberán interpretarse conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las disposiciones correspondientes de Derecho comunitario. En efecto, por una parte, dicho mecanismo sólo alude a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia anterior a la fecha de la firma del Acuerdo, lo cual será fuente de dificultades debido al carácter evolutivo de esta jurisprudencia. Por otra parte, a pesar de que el Acuerdo no precise si se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su conjunto y, en especial, a la jurisprudencia sobre el efecto directo y la primacía del Derecho comunitario, de un Protocolo que completa el Acuerdo se desprende que las partes contratantes se comprometen únicamente a introducir en sus ordenamientos jurídicos respectivos una norma con rango de ley que haga posible que los términos del Acuerdo prevalezcan sobre disposiciones legales contrarias, de manera que el respeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no abarca elementos esenciales de la misma, que son inconciliables con las características del Acuerdo.

2. Al ser competente para resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación o la aplicación del Acuerdo, es posible que el Tribunal del Espacio Económico Europeo deba interpretar el concepto de parte contratante, que, en el caso de la Comunidad, puede referirse, según los casos, bien a la Comunidad, bien a la Comunidad y a sus Estados miembros, o bien únicamente a éstos. Este Tribunal del Espacio Económico Europeo deberá, pues, pronunciarse sobre las competencias respectivas de la Comunidad y de sus Estados miembros en las materias regidas por las disposiciones del Acuerdo. La atribución de esta competencia es incompatible con el Derecho comunitario, ya que puede vulnerar el orden de competencias definido en los Tratados y la autonomía del sistema jurídico comunitario, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, conforme al artículo 164 del Tratado CEE, de manera exclusiva, ya que los Estados miembros se han comprometido, en virtud del artículo 87 del Tratado CECA y del artículo 219 del Tratado CEE, a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto del previsto por éstos.

3. Cuando un Acuerdo internacional celebrado por la Comunidad prevé un sistema jurisdiccional propio que comprende un órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias entre las partes contratantes del Acuerdo y, por consiguiente, para interpretar las disposiciones de éste, las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional vinculan a las Instituciones de la Comunidad, incluido este Tribunal de Justicia, especialmente cuando este Tribunal de Justicia deba pronunciarse sobre la interpretación del Acuerdo internacional, por cuanto que este último forma parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario.

Un Acuerdo internacional que prevé tal sistema jurisdiccional es, en principio, compatible con el Derecho comunitario, ya que la competencia de la Comunidad en materia de relaciones internacionales y su capacidad para celebrar Acuerdos internacionales implica, necesariamente, la facultad de someterse a las resoluciones de un órgano jurisdiccional creado o designado en virtud de tales Acuerdos para la interpretación y la aplicación de sus disposiciones.

Por lo que se refiere al Acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo, la cuestión se plantea, no obstante, desde una perspectiva diferente. En efecto, por una parte, al recoger una parte esencial de las normas que regulan las relaciones económicas y comerciales dentro de la Comunidad y que constituyen, en su mayoría, preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario, este Acuerdo tiene por efecto insertar en el ordenamiento jurídico comunitario un vasto conjunto de normas jurídicas que se yuxtapone a un grupo de normas comunitarias de idéntico tenor. Por otra parte, al atribuirse un objetivo de aplicación uniforme y de igualdad de condiciones de competencia, este Acuerdo se refiere, necesariamente, a la interpretación, tanto de sus disposiciones, como de las correspondientes normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Aunque el Acuerdo obliga al Tribunal del Espacio Económico Europeo a interpretar las disposiciones del Acuerdo a la luz de la jurisprudencia pertinente de este Tribunal de Justicia anterior a la fecha de la firma del Acuerdo, el Tribunal del Espacio Económico Europeo ya no estará sometido a tal obligación respecto a las sentencias dictadas por este Tribunal de Justicia después de dicha fecha. Por consiguiente, el objetivo de garantizar la homogeneidad del Derecho en el conjunto del Espacio Económico Europeo no sólo rige la interpretación de las disposiciones propias del Acuerdo, sino, también, la de las normas correspondientes del Derecho comunitario.

De ello resulta que, al condicionar la interpretación futura de las normas comunitarias en materia de libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales, así como de las normas en materia de competencia, el mecanismo jurisdiccional previsto en el Acuerdo infringe el artículo 164 del Tratado CEE y, de modo más general, vulnera los propios fundamentos de la Comunidad, por lo que es incompatible con el Derecho comunitario.

4. Si bien es cierto que ninguna norma del Tratado CEE se opone a que un Acuerdo internacional confiera a este Tribunal de Justicia competencia para interpretar las disposiciones de tal Acuerdo, a efectos de su aplicación en Estados terceros, y que no se puede formular ninguna objeción de principio ni contra la libertad, reconocida a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio por el Acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo, de autorizar, o no, a sus órganos jurisdiccionales para que planteen cuestiones a este Tribunal de Justicia, ni contra el hecho de que no exista la obligación, para algunos de estos órganos jurisdiccionales, de dirigirse al Tribunal de Justicia, por el contrario, es imposible que las respuestas que este Tribunal de Justicia dé a los órganos jurisdiccionales de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio tengan un efecto puramente consultivo y carezcan de efecto vinculante. Tal situación desvirtuaría la función del Tribunal de Justicia, tal como la concibe el Tratado, es decir, la de un órgano jurisdiccional cuyas sentencias son de obligado cumplimiento.

5. Puesto que el derecho de intervención en los asuntos pendientes ante este Tribunal de Justicia se regula en los artículos 20 y 37 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, el cual puede ser modificado por las Instituciones comunitarias conforme al procedimiento del párrafo segundo del artículo 188 del Tratado, la atribución en el marco del Espacio Económico Europeo a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio del derecho de intervención no exige una modificación del Tratado, en el sentido de su artículo 236.

6. El artículo 238 del Tratado CEE no proporciona base alguna para establecer, mediante un Acuerdo internacional, un sistema jurisdiccional que infringe el artículo 164 de este Tratado y, de modo más general, los propios fundamentos de la Comunidad. Por estas mismas razones, la modificación del artículo 238 no podría subsanar la incompatibilidad con el Derecho comunitario del sistema jurisdiccional del Acuerdo.