Asunto C‑15/17

Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

contra

Rajavartiolaitos

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus)

«Procedimiento prejudicial — Convención de Montego Bay — Artículo 220, apartado 6 — Ejecución por los Estados ribereños — Competencia del Tribunal de Justicia para interpretar disposiciones del Derecho internacional — Directiva 2005/35/CE — Contaminación procedente de buques — Artículo 7, apartado 2 — Convenio Marpol 73/78 — Descarga de hidrocarburos en la zona económica exclusiva por un buque extranjero en tránsito — Circunstancias en las que un Estado ribereño puede iniciar un procedimiento contra un buque extranjero — Libertad de navegación — Protección del medio marino — Graves daños o amenaza de graves daños a las costas, los intereses conexos o a cualesquiera recursos del mar territorial o de la zona económica exclusiva — Prueba objetiva y clara»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de julio de 2018

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 44 y 49)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 45)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 46)

El artículo 220, apartado 6, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y a la introducción de sanciones, incluidas las sanciones penales, para las infracciones de contaminación, en su versión modificada por la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, deben interpretarse en el sentido de que las expresiones «prueba objetiva y clara» y «pruebas objetivas claras», empleadas respectivamente en estas disposiciones, se refieren no solo a la comisión de una infracción, sino también a la prueba de las consecuencias de esa infracción. Se deduce pues que los autores de la Convención de Montego Bay quisieron conferir al Estado ribereño el derecho a adoptar tal medida particularmente severa cuando, por un lado, la infracción cometida por un buque causa o amenaza con causar graves daños a dicho Estado y, por otro lado, se demuestra que el buque en cuestión es el autor de tal infracción. Puesto que estos dos requisitos, que tienen la misma importancia, son acumulativos, el artículo 220, apartado 6, de la Convención de Montego Bay ha de interpretarse en el sentido de que, en virtud de dicho artículo, la facultad de intervención del Estado ribereño está supeditada a la existencia de una prueba objetiva y clara tanto de la comisión, por ese buque, de una infracción, en el sentido del artículo 220, apartado 3, de la Convención, como de los graves daños o la amenaza de causar graves daños al Estado ribereño de que se trate, provocados por dicha infracción. (véanse los apartados 61, 62 y 65 y el punto 1 del fallo)

Las expresiones «costas o [...] intereses conexos», que figura en el artículo 220, apartado 6, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y «costa o intereses conexos», que figura en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/123, deben interpretarse en el sentido que, en principio, tienen el mismo significado que la expresión «costas o intereses conexos», empleada en el artículo I, apartado 1, y en el artículo II, apartado 4, del Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que causen o puedan causar una Contaminación por Hidrocarburos, celebrado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969, debiendo puntualizarse que ese artículo 220, apartado 6, se aplica igualmente a los recursos no vivos del mar territorial del Estado ribereño y a cualesquiera recursos de su zona económica exclusiva. (véase el apartado 79 y el punto 2 del fallo)

El artículo 220, apartado 6, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/123, deben interpretarse en el sentido de que los recursos del mar territorial o de la zona económica exclusiva a los que se hace referencia en estas disposiciones incluyen tanto a las especies capturadas como a las especies vivas asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, como son las especies de flora y fauna utilizadas como alimento por las especies capturadas. Es preciso señalar que el artículo 220, apartado 6, de la Convención de Montego Bay se refiere a los daños causados o que se amenace con causar a «cualesquiera» recursos del mar territorial o de la ZEE del Estado ribereño. Por tanto, según su propio tenor, esta disposición debe interpretarse ampliamente, y no en el sentido de que excluye algunos recursos de su ámbito de aplicación. (véanse los apartados 81 y 84 y el punto 3 del fallo)

En principio, no procede tener en cuenta el concepto de «contaminación considerable» al que se hace referencia en el artículo 220, apartado 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al aplicar el artículo 220, apartado 6, de dicha Convención y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/123, ni tampoco al apreciar las consecuencias de una infracción, tal y como se definen en dichas disposiciones. Pues bien, aun cuando la protección de los «intereses conexos» del Estado ribereño resulta normalmente pertinente en una situación en la que se ha producido una contaminación, es preciso observar que el artículo II, apartado 4, del Convenio relativo a la Intervención en Alta Mar de 1969 se refiere específicamente, no obstante, a las consecuencias perjudiciales económicas, sociales o relacionadas con las salud que puedan derivarse de tal contaminación para el Estado ribereño, a saber, más concretamente al hecho de que se cause o se amenace con causar un daño grave, en primer término, a las distintas actividades profesionales relacionadas con la utilización del mar llevadas a cabo por la población ribereña y que constituyen un medio de existencia esencial para dicha población, en segundo término, a las actividades turísticas de sus regiones costeras y, por último, a la salud y al bienestar de la referida población. De esta comparación resulta que existen diferencias esenciales entre el artículo 220, apartado 5, y el artículo 220, apartado 6, de la Convención de Montego Bay. En efecto, por un lado, el referido artículo 220, apartado 5, en relación con el artículo 1, apartado 4, de la Convención de Montego Bay, no tiene como finalidad proteger específicamente los bienes y los intereses conexos del Estado ribereño y, por otro lado, ese Estado no tiene que demostrar la existencia de un «grave daño» causado a tales intereses. (véanse los apartados 88 a 90 y 92 y el punto 4 del fallo)

Para apreciar las consecuencias de una infracción, tal como se definen en el artículo 220, apartado 6, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/123, han de tomarse en consideración todos los indicios que permitan demostrar que se ha causado o que se amenaza con causar un daño a los bienes y a los intereses conexos del Estado ribereño y evaluar la importancia del daño causado o que se amenaza con causar a dichos bienes o intereses, teniendo en cuenta, en particular: – el carácter acumulativo de los daños causados a varios de esos bienes e intereses conexos, o incluso a todos ellos, y el distinto grado de vulnerabilidad del Estado ribereño en lo que concierne a los daños causados a los diversos bienes e intereses conexos; – las consecuencias desfavorables previsibles de las descargas sobre los referidos bienes e intereses conexos, basándose no solo en los datos científicos disponibles, sino también en la naturaleza de la o las sustancias nocivas contenidas en la descarga en cuestión y en el volumen, el sentido, la velocidad y la duración de la propagación de la descarga. (véase el apartado 102 y el punto 5 del fallo)

Las características geográficas y ecológicas particulares y la vulnerabilidad de la zona del mar Báltico influyen en las condiciones de aplicación del artículo 220, apartado 6, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/123, en lo que concierne a la definición y a la calificación de la infracción y, aunque no de modo automático, en la apreciación del alcance del daño causado por dicha infracción a los bienes y a los intereses conexos del Estado ribereño. A este respecto procede señalar, tal como observó el Abogado General en el punto 105 de sus conclusiones, que el mar Báltico es reconocido internacionalmente como una zona especial caracterizada por particularidades geográficas y un ecosistema particularmente vulnerable que requiere una especial protección. No obstante, es preciso recordar que el objetivo específico del artículo 220, apartado 6, de la Convención de Montego Bay no es garantizar una protección particular a una zona especial, sino proteger ciertos bienes e intereses del Estado ribereño con independencia de si el mar adyacente a dicho Estado constituye una zona especial o no. (véanse los apartados 104, 106 y 108 y el punto 6 del fallo)