SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA SEGUNDA) DE 2 DE JULIO DE 1992. - DANSK PELSDYRAVLERFORENING CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - REGLAMENTO N. 26/62 - SOCIEDAD COOPERATIVA - CLAUSULA DE PROHIBICION DE COMPETENCIA - OBLIGACIONES DE SUMINISTRO EN EXCLUSIVA. - ASUNTO T-61/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página II-01931

Edición especial sueca página II-00001

Edición especial finesa página II-00001



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Agricultura - Productos agrícolas - Productos enumerados en el Anexo II del Tratado - Conceptos - Interpretación - Remisión a las Notas Explicativas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera

(Tratado CEE, art. 38, ap. 3 y Anexo II)

2. Agricultura - Normas sobre la competencia - Reglamento nº 26 - Ambito de aplicación - Productos no enumerados en el Anexo II del Tratado - Pieles y confecciones de pieles de animales - Exclusión

(Tratado CEE, art. 42 y Anexo II; Reglamento nº 26 del Consejo)

3. Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Sociedad cooperativa

(Tratado CEE, arts. 85 y 86)

4. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio a la competencia - Actividades de una sociedad cooperativa - Criterios de apreciación

(Tratado CEE, art. 85, aps. 1 y 3)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Cláusula de prohibición de competencia en los estatutos de una sociedad cooperativa - Procedencia - Requisitos

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

6. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

7. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio a la competencia - Compromisos de exclusividad en el marco de una cooperativa - Apreciación en función del contexto económico real - Principio de "fidelidad cooperativa" - Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

8. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión - Respeto garantizado de oficio por el Juez

(Tratado CEE, art. 190)

9. Competencia - Multas - Facultad de apreciación de la Comisión - Definición de postura de las autoridades nacionales - Irrelevancia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

10. Competencia - Normas comunitarias - Infracciones - Dolo - Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

Índice

1. Cuando no existan disposiciones comunitarias que expliquen los conceptos recogidos en el Anexo II del Tratado, y habida cuenta de que dicho Anexo reproduce exactamente ciertas partidas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, es preciso acudir, para interpretar dicho Anexo, a las Notas Explicativas de la mencionada Nomenclatura.

2. El artículo 1 del Reglamento nº 26, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y el comercio de productos agrícolas, limitó el ámbito de aplicación de dicho Reglamento a la producción y al comercio de los productos enumerados en el Anexo II del Tratado. No es posible por tanto aplicar este Reglamento a la producción y al comercio de productos que no están incluidos en el Anexo II del Tratado, como las pieles y confecciones de pieles de animales, aunque se trate de productos accesorios de otros productos que, por su parte, sí estén incluidos en dicho Anexo.

3. Desde el punto de vista del Derecho comunitario de la competencia, el concepto de empresa se aplica a toda entidad que desarrolle una actividad económica, independientemente del estatuto jurídico de la misma. El hecho de que tal entidad sea una cooperativa organizada con arreglo a la normativa de un Estado miembro no puede afectar a la naturaleza económica de la actividad ejercida por dicha cooperativa.

4. Aunque el hecho de que una empresa se organice adoptando la forma específica de sociedad cooperativa no constituye en sí mismo un comportamiento restrictivo de la competencia, dicha fórmula organizativa puede constituir sin embargo, habida cuenta del contexto en el que opera la cooperativa, un instrumento apto para influir en el comportamiento comercial de las empresas socios de la cooperativa, capaz de restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado en el que dichas empresas desarrollan sus actividades comerciales.

En efecto, toda cooperativa puede producir un efecto sobre la competencia, al menos de dos maneras. Por una parte, una sociedad cooperativa, en razón mismo de los principios que la regulan, puede afectar al libre juego de la competencia en lo referente a la actividad que constituye su objeto social, máxime cuando, en nombre de los principios cooperativos, dicha sociedad escapa, en una proporción que varía según los Estados miembros, a la aplicación de las normas de Derecho nacional que se imponen a las restantes formas de organización de las sociedades. Por otra parte, las obligaciones que recaen sobre los socios de la cooperativa, y en particular las obligaciones relacionadas con la aplicación del principio de "fidelidad cooperativa", en virtud del cual la cooperativa impone a sus socios, por regla general, obligaciones de entrega o de suministro en contrapartida de las ventajas especiales que les otorga, pueden influir tanto en la actividad económica de la cooperativa como en el libre juego de la competencia entre sus socios y frente a terceros.

Por consiguiente, no es posible considerar que el ejercicio de una actividad económica por parte de una sociedad cooperativa esté sustraído, por principio, a la aplicación de las disposiciones del apartado 1 de artículo 85 del Tratado, ni que los requisitos de aplicabilidad de las normas comunitarias sobre la competencia al sector cooperativo en tanto que tales sean, por su propia naturaleza, diferentes de los que afectan a las restantes formas de organización de la actividad económica. Aunque, al apreciar los efectos en un mercado dado de la presencia de una cooperativa, se pueden tomar en consideración las particulares características de esta forma de asociación de empresas, dichas características deben tenerse en cuenta principalmente a la luz de las disposiciones del apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

5. Para apreciar si una cláusula de prohibición de competencia recogida en los estatutos de una cooperativa está o no incursa en la prohibición que establece el apartado 1 de artículo 85 del Tratado, es preciso analizar cómo se desarrollaría la competencia si no existiera dicha cláusula. Para tener un efecto beneficioso sobre la competencia, el objetivo que se persigue al incluir tal cláusula debe contribuir en sí mismo al libre juego de la competencia. Además, la cláusula de prohibición de competencia debe ser en sí misma necesaria y proporcionada a la realización de dicho objetivo.

6. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común.

7. La valoración de un compromiso de exclusividad a la luz del apartado 1 del artículo 85 del Tratado exige tener en cuenta el contexto económico real en el que aquél puede producir sus efectos. En efecto, según las circunstancias y las condiciones reales de funcionamiento del mercado de que se trate, una obligación de suministro en exclusiva, al garantizar al productor la venta de sus productos y al distribuidor la seguridad de sus aprovisionamientos, puede intensificar la competencia en los precios y en los servicios ofrecidos al consumidor.

El principio de que el alcance de una obligación de suministro en exclusiva debe valorarse en el marco concreto en el que ésta produce sus efectos no puede admitir una excepción cuando tal obligación forma parte de las relaciones entre una cooperativa y sus socios, pues el afán de respetar el principio de "fidelidad cooperativa" no autoriza a incumplir las prohibiciones formuladas en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

8. La obligación de motivar de un modo suficientemente preciso los actos, consagrada en el artículo 190 del Tratado, constituye uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario, y al Juez le corresponde garantizar que se respeta, si es necesario suscitando de oficio un motivo basado en el incumplimiento de dicha obligación.

Una Decisión debe incluir una motivación que figure en el cuerpo mismo de ésta, y no puede ser explicada por primera vez y a posteriori ante el Juez, salvo si concurren circunstancias excepcionales.

9. Una definición de postura de las autoridades competentes de un Estado miembro relativa a los requisitos de aplicabilidad de las normas de la competencia no puede, de ninguna manera, vincular a la Comisión cuando ésta ejerce su competencia para imponer multas.

10. Para que una infracción de las normas del Tratado en materia de competencia pueda considerarse dolosa, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir una prohibición establecida por dichas normas; es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto o el efecto de la conducta que se le imputa era restringir la competencia en el mercado común.

Partes

En el asunto T-61/89,

Dansk Pelsdyravlerforening, con domicilio social en Glostrup (Dinamarca), representada por los Sres. Egon Hoegh y Lise Hoegh, Abogados de Copenhague, asistidos por el Profesor Bernhard Gomard, que designa como domicilio el despacho del Sr. Schmaltz-Joergensen, Director del Den Danske Bank International SA, 2, rue du Fossé,

parte demandante,

apoyada por

Reino de Bélgica, representado por los Sres. Robert Hoebaer, directeur d' administration en el ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, y L. van den Eynde, inspecteur-général en el ministère de l' Agriculture, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins,

y por

Reino de Dinamarca, representado por el Sr. Joergen Molde, Consejero Jurídico del Udenrigsministeriet, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Embajada de Dinamarca, 4, boulevard Royal,

partes coadyuvantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por la Sra. Ida Langerman, miembro de su Servicio Jurídico, y posteriormente por los Sres. Hans Peter Hartvig, Consejero Jurídico, y Berend Jan Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 28 de octubre de 1988, relativa a un procedimiento incoado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado CEE (IV/B-2/31.424, Hudson' s Bay - Dansk Pelsdyravlerforening, DO L 316, p. 43), y subsidiariamente la anulación o la reducción de la multa impuesta por dicha Decisión,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; A. Saggio, C. Yeraris, C.P. Briët y J. Biancarelli, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vista el 2 de octubre de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Comisión"), en la que ésta declaró que ciertos acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de Dansk Pelsdyravlerforening (Asociación danesa de criadores de animales de peletería) constituían infracciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, conminó a dichos criadores a poner fin a las infracciones y a abstenerse en lo sucesivo de adoptar medidas semejantes, denegó la exención prevista en el apartado 3 del artículo 85 e impuso una multa a Dansk Pelsdyravlerforening.

2 Dansk Pelsdyravlerforening (en lo sucesivo, "DPF") es una sociedad cooperativa danesa. Agrupa a más de 5.000 criadores de animales de peletería y es una federación de 5 asociaciones provinciales. El objeto de DPF es servir de nexo de unión entre las asociaciones provinciales, crear un espíritu de solidaridad y de comunidad entre los criadores daneses de animales de peletería, contribuir al desarrollo de la cría de animales de peletería en Dinamarca y representar los intereses de los criadores de animales de peletería ante las autoridades y ante otros sectores profesionales.

3 DPF opera también con el nombre de Danske Pels Auktioner (en lo sucesivo, "DPA"); en este caso, su actividad tiene por objeto la comercialización de las pieles producidas y trabajadas por sus socios.

4 Toda persona o grupo de personas que críe animales de peletería y que sea socio de una asociación provincial integrada en DPF es considerado socio (activo u honorario) de DPF. Por otra parte, las empresas que trabajan las pieles pueden también ser admitidas como socios.

5 DPF ofrece a sus socios servicios de asesoramiento, servicios veterinarios, posibilidades de formación, una revista mensual y actividades de experimentación y de investigación. Ciertos servicios son gratuitos y otros remunerados.

6 DPF ha establecido ciertas disposiciones especiales en provecho de sus socios, entre las que destacan las normas relativas a las ayudas de emergencia, las aplicables en materia de anticipos por cachorros y las normas sobre inclusión en la "lista de galardonados".

7 DPA organiza subastas de pieles. Estas subastas son públicas y abiertas a todos, ya sean socios de la demandante o cualesquiera otras personas interesadas, y tanto para la compra como para la venta.

8 Los productos de que se trata son pieles no trabajadas de visón, de zorro, de mapache y de mofeta. En el caso de autos, sin embargo, sólo tienen importancia las pieles de visón y de zorro. Las pieles se venden bien en subastas -por regla general-, bien mediante transacciones privadas con comerciantes de pieles -más raramente-. Existe un pequeño número de salas de subastas.

9 Dinamarca produce cada año unos 9 millones de visones y unos 240.000 zorros. La mayor parte de las pieles de estos animales se venden en subastas organizadas por DPA. Las pieles de visón vendidas en las subastas organizadas por DPA representan un tercio de la producción mundial. Alrededor del 98 % de las pieles vendidas en estas subastas son exportadas.

10 Hudson' s Bay and Annings Ltd (en lo sucesivo, HBA), que en 1986 se convirtió en Hudson' s Bay Company Properties (UK) Ltd, es la principal empresa de subastas de pieles del Reino Unido, con filiales en Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Noruega. En Dinamarca y en otros lugares dispone de agentes encargados de comprar y centralizar las pieles destinadas a ser subastadas en Londres.

11 El 4 de enero de 1985, HBA presentó ante la Comisión una solicitud en la que pedía a ésta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), declarara que DPF había infringido el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado.

12 El 27 de agosto de 1985, DPF notificó a la Comisión los acuerdos y decisiones siguientes:

a) Love for Dansk Pelsdyravlerforening ("Estatutos de la Asociación danesa de criadores de animales de peletería");

b) Regler fir avlernes kapitalfond ("Normas sobre las aportaciones de los criadores al capital social");

c) Regler for katastrofehjaelpsordningen ("Normas sobre las ayudas de emergencia").

DPF solicitó que se le concediera una certificación negativa y, subsidiariamente, una declaración de exención al amparo del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE.

13 El 30 de marzo de 1987, la Comisión decidió abrir el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17.

14 La Comisión, tras ofrecer a DPF la oportunidad de dar a conocer su punto de vista sobre las imputaciones formuladas por ella, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 y en el Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62), y tras haber consultado al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes, adoptó la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión"), cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

1. Los siguientes acuerdos y decisiones de asociaciones de empresas de la Asociación danesa de criadores de animales de peletería (Dansk Pelsdyravlerforening), así como las prácticas concertadas que se indican a continuación, constituyen infracciones a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85:

a) la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de DPF, en la que se establece que los socios activos son, entre otros, aquellos que se comprometen a no organizar ventas ni apoyar, de ningún otro modo, ventas de pieles en competencia con la actividad de venta de la Asociación danesa de criadores de animales de peletería, así como la aplicación de esta disposición;

b) el artículo 5 de las normas del Programa de ayudas de emergencia, que deniega la ayuda de emergencia si el asegurado ha suministrado pieles para ventas en subastas distintas de las de DPA (Danske Pels Auktioner) durante el año en que ha tenido lugar el siniestro o durante el precedente ejercicio económico;

c) la obligación de los socios de entregar toda su producción a DPA para su venta:

- en el supuesto de que al socio se le conceda un 'anticipo por cachorros' ,

- en el supuesto de que el socio desee ser incluido en la 'lista de galardonados' .

d) El artículo 5 del Acuerdo marco sobre control de desuello, que prohíbe a un centro de desuello mostrar pieles u organizar la expedición o la venta de pieles a compradores que no pertenezcan a DPA.

2. DPF deberá, en la medida en que no lo haya hecho con anterioridad, poner fin a las infracciones mencionadas en el apartado 1 y abstenerse en el futuro de adoptar medida alguna que tenga el mismo objeto o efecto que las mencionadas restricciones.

3. Se deniega una exención al amparo del apartado 3 del artículo 85 a los reglamentos notificados a la Comisión y a los que se hace referencia en las letras a) y b) del apartado 1.

4. (omissis)

Artículo 2

1. En razón de las infracciones cometidas, a las que se refiere el artículo 1, se impone una multa de 500.000 ECU (quinientos mil) a la Asociación danesa de criadores de animales de peletería.

2. (omissis)

Artículos 3 y 4

(omissis)"

15 Por lo que respecta al apartado 1 del artículo 85, la Decisión establece que, por una parte, la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de DPF y, por otra parte, la obligación de entregar la totalidad de la producción de pieles, a la que se subordina la posibilidad de disfrutar de los anticipos por cachorros, la de afiliarse al sistema de ayudas de emergencia y la de ser incluido en la "lista de galardonados", y que se halla también recogida en el Acuerdo marco sobre control de desuello, tienen por objeto o por efecto restringir la competencia. La Decisión señala que la aplicación del apartado 1 del artículo 85 no queda excluida por el artículo 2 del Reglamento nº 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y el comercio de productos agrícolas (DO 1962, 30, p. 993; EE 08/01, p. 29, en lo sucesivo, "Reglamento nº 26").

16 Por lo que respecta al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE, la Decisión concluye que la exención prevista en dicha disposición no puede aplicarse a la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de DPF, ni a las demás estipulaciones notificadas, puesto que no se cumplen los requisitos para la exención. Además, la Decisión afirma que el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento nº 17 no es aplicable a las normas relativas a los anticipos por cachorros, a los requisitos para la inclusión en la "lista de galardonados" y al Acuerdo marco sobre control de desuello, que no han sido notificados formalmente a la Comisión, y que, por esta razón, no es posible adoptar Decisión alguna sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 85 a dichos acuerdos.

17 Es preciso señalar que, en sus escritos de 4 de junio de 1987 y de 26 de noviembre de 1987, DPF presentó propuestas de modificación de algunas de sus normas. Sin embargo, según la Decisión, tales propuestas no han sido aplicadas, salvo en lo relativo a las normas sobre anticipos por cachorros. La Comisión ha declarado que sólo puede pensar en la posibilidad de otorgar una declaración negativa o una exención una vez efectuadas las modificaciones propuestas y tras haber tenido ocasión de examinar su aplicación.

Procedimiento

18 En este contexto, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de enero de 1989, DPF interpuso el presente recurso, en el que solicitaba, con carácter principal, la anulación de la Decisión y, con carácter subsidiario, la anulación de la multa impuesta o la reducción de su importe.

19 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

20 Mediante auto de 7 de junio de 1989, el Tribunal de Justicia admitió la intervención del Reino de Bélgica y del Reino de Dinamarca en apoyo de las pretensiones de la demandante.

21 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988 por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

22 Mediante auto de 15 de mayo de 1990, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión presentada el 20 de febrero de 1990 por los Sres. Harald Andersen y Joergen Hansen Pedersen.

23 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de marzo y el 21 de marzo de 1991, las partes principales respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante escrito del Secretario de fecha 14 de febrero de 1991.

24 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

25 En la vista celebrada el 2 de octubre de 1991 se oyeron los informes orales de las partes principales y del Reino de Bélgica, en su calidad de parte coadyuvante, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

26 DPF, parte demandante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Con carácter principal:

Declare nula y sin valor ni efecto alguno la Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 1988 en el asunto IV/B-2/31.424.

Con carácter subsidiario:

Anule o reduzca la multa impuesta por la Comisión en la Decisión citada.

2) Condene en costas a la demandada.

27 La Comisión, parte demandada, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Desestime el recurso.

2) Condene en costas a la demandante.

28 El Reino de Bélgica, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare fundadas las pretensiones de la parte demandante.

29 El Reino de Dinamarca, parte coadyuvante, apoya en su totalidad las pretensiones de la parte demandante.

Pretensiones principales tendentes a la anulación de la Decisión

30 En apoyo de sus pretensiones principales, DPF ha presentado un solo motivo, basado en la inexistencia de infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Dicho motivo se subdivide en cuatro partes. En primer lugar, DPF sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta la influencia del Reglamento nº 26 ni la de los principios de la política agrícola común. En segundo lugar, sostiene que es preciso tener en cuenta su estatuto de cooperativa y su objeto social. En tercer lugar, impugna el análisis del funcionamiento del mercado de referencia que efectuó la Comisión. Finalmente, la demandante alega, en cuarto y último lugar, que sus estatutos y las condiciones generales de venta que aplica no son contrarios al artículo 85 del Tratado.

1. La aplicación del Reglamento nº 26 y la influencia de los principios de la política agrícola común

Alegaciones de las partes

31 La demandante y las partes coadyuvantes alegan que es preciso tener en cuenta la influencia que sobre la licitud de las estipulaciones objeto del litigio tienen el Reglamento nº 26 y los objetivos y normas de la política agrícola común.

32 Aunque reconoce que en el Anexo II del Tratado, al que se remite el artículo 38 del mismo, no se mencionan las pieles de los animales de peletería, y que por tanto el Reglamento nº 26 no es aplicable a estas últimas, la demandante considera sin embargo que no es posible valorar sus actividades sin tener en cuenta los principios que rigen la política agrícola común y los objetivos que ésta persigue. La demandante subraya, a este respecto, que todas sus actividades están relacionadas con la cría de animales vivos para vender sus pieles. La cría de animales de peletería debe considerarse una explotación de carácter agrícola. En efecto, el animal de peletería, en tanto que "animal vivo", figura entre los productos agrícolas enumerados en el Anexo II del Tratado. En 1957, prosigue la demandante, la cría de animales de peletería representaba una parte insignificante de la producción agrícola de los Estados miembros. Esta circunstancia explica, a su juicio, el que no se mencione a estos animales en el Anexo II del Tratado.

33 Además, la demandante considera que cumple plenamente los objetivos que el artículo 39 del Tratado asigna a la política agrícola común. Gracias a los esfuerzos realizados por la demandante, la cría de animales de peletería se ha desarrollado considerablemente en Dinamarca y ha contribuido en buena medida a garantizar un nivel de vida equitativo a una parte de la población agrícola.

34 La Comisión responde que el Reglamento nº 26 sólo se aplica a los productos enumerados en el Anexo II. Aunque se trate de un producto accesorio a la producción de un producto incluido en dicho Anexo, el Reglamento nº 26 no es aplicable (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1981, Cooeperatieve Stremsel- en Kleursefabriek/Comisión, denominada "del cuajo", 61/80, Rec. p. 851). La Comisión subraya, además, que el Reglamento nº 26 no autoriza, con carácter general, a practicar restricciones de la competencia en el ámbito de la agricultura.

35 Según el Gobierno belga, la Decisión de la Comisión ataca los principios esenciales del cooperativismo en la agricultura. La cooperativa agrícola, mediante la creación de asociaciones de empresarios agrícolas, desempeña una función reguladora en interés de sus socios y por consiguiente favorece la competencia, tanto en beneficio de sus socios como de terceros. El Gobierno belga reconoce que el Reglamento nº 26 tiene un ámbito de aplicación limitado, pero subraya que forman parte de la producción agrícola otros productos que no figuran en el Anexo II del Tratado, y que los productores de los mismos forman parte de organizaciones agrícolas. Además, el Gobierno belga subraya que la producción agrícola evoluciona y que, por esta razón, el Reglamento nº 26 encuentra cada vez menos aplicación en las actividades vinculadas con la agricultura. Ahora bien, como la agricultura en la Comunidad Europea se caracteriza por su estructura familiar, el cooperativismo constituye, para estas explotaciones familiares, una garantía de acceso al mercado.

Apreciación del Tribunal

36 Este Tribunal de Primera Instancia recuerda, como ya hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de marzo de 1981, (61/80), antes citada, que según el artículo 42 del Tratado las disposiciones del Capítulo relativo a las normas sobre la competencia son aplicables a la producción y al comercio de productos agrícolas sólo en la medida determinada por el Consejo. El apartado 3 del artículo 38 del Tratado establece que los productos a los que se aplican los artículos 39 a 46 del Tratado son los que figuran en la lista del Anexo II del Tratado, a la cual el Consejo podía añadir nuevos productos en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado. De conformidad con lo dispuesto en estas normas, el artículo 1 del Reglamento nº 26 limitó su ámbito de aplicación a la producción y al comercio de los productos enumerados en el Anexo II del Tratado.

37 Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de marzo de 1981, denominada "del cuajo", antes citada, cuando no existan disposiciones comunitarias que expliquen los conceptos recogidos en el Anexo II del Tratado, y habida cuenta de que dicho Anexo reproduce exactamente ciertas partidas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, es preciso acudir, para interpretar dicho Anexo, a las Notas Explicativas de la mencionada Nomenclatura, denominada de Bruselas. Se deduce de la Nota Explicativa y del propio contenido del capítulo 43 de dicha Nomenclatura, titulado "Peletería y confecciones de peletería - peletería artificial o facticia", que las pieles y las confecciones de piel están incluidas en dicho capítulo 43, en particular las pieles de zorro (partida 4301.60) y las pieles de visón (partida 4302.11). Ahora bien, el capítulo 43 no figura en el Anexo II del Tratado. No es posible, por tanto, aplicar el Reglamento nº 26 a la fabricación de un producto que no está incluido en el Anexo II del Tratado, aunque se trate de un producto accesorio de otro producto que, por su parte, sí esté incluido en dicho Anexo (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1981, denominada "del cuajo", antes citada). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que, al no mencionarse las pieles ni las confecciones de pieles de animales en el Anexo II, que procede a una enumeración limitativa de la lista de productos agrícolas, las disposiciones del Reglamento nº 26 no son aplicables a las pieles ni a las confecciones de pieles de animales.

38 No pone en entredicho esta conclusión el hecho -suponiendo, por lo demás, que estuviera demostrado- de que, por una parte, la cría de animales de peletería sea considerada en Dinamarca explotación de carácter agrícola, y de que, por otra parte, los criadores de animales de peletería de este país se hayan agrupado en una sociedad cooperativa cuyas actividades contribuyen a alcanzar objetivos idénticos a los que persigue la política agrícola común, mencionados en el artículo 39 del Tratado.

39 De ello se sigue que carece de fundamento la primera parte de este motivo único, basada en la aplicabilidad del Reglamento nº 26.

2. La influencia de la estructura cooperativa y del objeto social de la demandante

Alegaciones de las partes

40 La demandante y las partes coadyuvantes sostienen que la condición de cooperativa de la demandante y su objeto social influyen en la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado a los hechos del caso.

41 Según la demandante, las actividades de una cooperativa típica consisten en una colaboración entre agricultores independientes -los cooperativistas-, en virtud de la cual los productos de éstos son elaborados en una empresa común y/o comercializados por ella (asociación de producción y de venta) o bien se compran en común los productos empleados en la producción primaria (agrupación de compras). La fórmula cooperativa permite pues mantener la estructura individual o familiar de las explotaciones primarias allí donde ésta resulta justificada y utilizar la empresa común para los servicios (compra, venta, asistencia técnica, etc.) de los que los socios no pueden ocuparse a título individual, permitiendo así aumentar la producción y mejorar su calidad, reforzar la competencia y, por consiguiente, bajar los precios, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar las condiciones de vida de la población agrícola. La demandante recalca que, en la mayor parte de las sociedades cooperativas, la condición de socio exige cumplir ciertas obligaciones para con la cooperativa, entre las cuales destacan la obligación de los socios de vender sus productos a través de la sociedad, el que los socios sólo puedan abandonarla después de transcurrido cierto plazo y el que eventualmente puedan imponérseles sanciones. Tales obligaciones resultan necesarias, según la demandante, para permitir la financiación de la sociedad (que sólo dispone de un capital de base muy escaso) y para proteger los intereses de todos los socios en la continuación de las actividades comunes. Por otra parte, la comunidad de intereses que existe entre los socios y la sociedad así como la solidaridad y la lealtad sobre las que ésta se basa implican que los socios se abstendrán de actuar en contra de los intereses de la sociedad, por ejemplo, participando activamente en una sociedad competidora. La demandante recuerda también que los derechos económicos de los socios de una cooperativa se determinan en función de las ventas que éstos realizan a través de ella y no de su aportación al capital, y que el principio de "una persona, un voto" resulta esencial en el marco de una sociedad cooperativa.

42 En cuanto a la relación existente entre los principios cooperativos y las normas sobre la competencia del Tratado, la demandante considera que una organización que actúe de conformidad con tales principios no infringe dichas normas. Según ella, se deduce especialmente de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1981, denominada "del cuajo", antes citada, y en particular de las observaciones del Gobierno francés en dicho asunto, que "la cooperativa agrícola exige el establecimiento de vínculos privilegiados, por una parte, entre los agricultores y, por otra parte, entre estos últimos y la cooperativa" (apartado 22), sin que estas reglas sean en principio incompatibles con el apartado 1 del artículo 85. Para pronunciarse sobre este punto es preciso, según la demandante, evaluar concretamente, en cada caso, las obligaciones que la cooperativa impone a sus socios.

43 La demandante se considera a sí misma como una cooperativa típica, en el sentido tradicional, que agrupa a gran número de pequeños criadores de animales de peletería, de dimensión familiar, para resolver los problemas comunes relacionados con las compras, el control de calidad, la lucha contra las enfermedades, la comercialización de los productos terminados, la investigación y el desarrollo.

La demandante explica que escogió como forma la de cooperativa a la vez por razones históricas, pues en Dinamarca las actividades ligadas a la agricultura se han organizado tradicionalmente en forma de cooperativa y la cría de animales de peletería se ha desarrollado a partir de la agricultura, y por razones económicas, pues la forma de sociedad cooperativa ha permitido conservar, en la cría de animales de peletería, la forma de empresas familiares. En opinión de la demandante, el hecho de que la comercialización de las pieles se realice a través de subastas no diferencia su actividad de las de otras cooperativas típicas, pues muchos otros productos agrícolas se venden en subastas.

En el caso de las pieles, cuyo mercado de referencia es el mercado mundial, todas las ventas al por mayor se realizan mediante subastas, que son determinantes para la formación de los precios. Sólo de esta manera pueden los criadores de animales de peletería preparar pieles de la máxima calidad posible, y sólo así resulta posible crear un mercado en el que la oferta se presente, tras haber sido clasificada, a numerosos compradores en unas condiciones que permitan una determinación racional de los precios.

Según las explicaciones de la demandante, el mercado de las pieles es totalmente transparente, al estar abiertas las subastas que ella organiza tanto a los socios de DPF como a terceros. Asimismo, sus socios pueden optar por vender todo o parte de su producción a través de otros canales de venta. En efecto, la demandante explica que, al contrario de lo que ocurre en otras cooperativas en diferentes Estados miembros, nunca ha querido establecer una obligación de comercialización ligada a la condición de socio; los socios sólo deben aceptar una obligación limitada de entregar sus pieles a la cooperativa en situaciones en las que disfruten de prestaciones específicas de la demandante (ayudas de emergencia, anticipos por cachorros, etc.).

44 La Comisión subraya, por su parte, que la demandante tiene por objeto no sólo la defensa de los intereses de sus socios ante la Administración y ante otros sectores profesionales, sino también la venta de las pieles producidas o preparadas por sus socios. La subastas representan una parte muy importante de las actividades de la demandante, y no es posible compararla, en este aspecto, con las de una cooperativa agrícola. Además, la Comisión recuerda que la sentencia de 25 de marzo de 1981, denominada "del cuajo", antes citada, no trataba de la situación de las cooperativas agrícolas a las que se referían las observaciones del Gobierno francés (apartado 25). La Comisión considera que el Gobierno francés había querido en aquel momento llamar la atención sobre la existencia, en el sector agrario, de gran número de pequeñas cooperativas locales, que debían considerarse incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Reglamento nº 26. No es éste el caso en el presente asunto. En efecto, el producto de que se trata no está incluido en el Anexo II del Tratado. Además, la demandante no es una pequeña cooperativa local, sino una sociedad cooperativa que ocupa una posición muy importante en el mercado de referencia. La Comisión señala, por otra parte, que el concepto de empresa a efectos del artículo 85 del Tratado no está ligado a formas jurídicas determinadas ni a la forma de propiedad de la empresa (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, y de 25 de marzo de 1981, denominada "del cuajo", antes citada).

45 Según el Gobierno belga, la cooperativa es, en las economías de mercado, una forma específica de empresa, intermedia entre las empresas en las que todas las unidades económicas son independientes y las empresas en las que todas las unidades económicas han sido integradas. La característica esencial de la cooperativa es la doble relación existente entre la sociedad y los socios. El socio de la cooperativa utiliza los servicios o suministra los productos al mismo tiempo que aporta capital. Si se asocia a la cooperativa, el socio se beneficia de las ventajas de ésta. Resulta pues normal que el socio se comprometa a no realizar su actividad simultáneamente con la cooperativa y contra ella, organizando ventas que le hagan la competencia. Los principios básicos del movimiento cooperativo no deben considerarse contrarios al apartado 1 del artículo 85 del Tratado. A través de la agrupación de pequeñas unidades económicas, el cooperativismo constituye una forma de concentración que favorece una auténtica competencia. Las estipulaciones que son el objeto de la Decisión corresponden a los principios fundamentales del cooperativismo. El Gobierno belga sostiene que las normas sobre la competencia deben aplicarse teniendo en cuenta la realidad del mercado. En su sentencia de 25 de octubre de 1977, Metro/Comisión (26/76, Rec. p. 1875), el Tribunal de Justicia reconoció que la naturaleza y la intensidad de la competencia pueden variar. Citando las conclusiones del Abogado General Sr. Reischl en las sentencias Roquette frères/Consejo (138/79, Rec. p. 3333), y Maizena/Consejo (139/79, Rec. p. 3393), en las que éste señalaba que en el ámbito de la agricultura las normas sobre la competencia tienen un alcance relativo, el Gobierno belga considera que, al examinar el respeto de las normas sobre la competencia por parte de una cooperativa agrícola, también deben tomarse en consideración los objetivos definidos en el artículo 39 del Tratado.

46 El Gobierno danés alega que el presente asunto suscita varias cuestiones de principio sobre la relación existente entre las normas comunitarias en materia de competencia y el movimiento cooperativo. Señala que, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades de responsabilidad limitada, el capital social de las cooperativas depende del número de socios y del volumen de negocios realizado por cada socio con la cooperativa. La cooperativa se basa en los principios de libertad de adhesión y de libertad para abandonar la cooperativa. Los resultados de la cooperativa se reparten entre los socios en proporción al volumen de negocios que han realizado con la cooperativa y no en proporción a su eventual aportación al capital. Todos los socios tienen los mismos derechos de voto, con independencia del capital aportado. El objetivo de la cooperativa es por tanto el de crear las condiciones para una cooperación voluntaria, con finalidad lucrativa, en interés de sus socios. La estructura de la cooperativa tiene una influencia directa sobre la delimitación de los derechos y deberes de los socios. Así, todo socio está obligado a comportarse lealmente con la cooperativa, es decir, con los demás socios, y los socios están obligados a no actuar directamente en contra de los intereses de la cooperativa.

47 En opinión del Gobierno danés, el movimiento cooperativo contribuye a la realización de los objetivos de la política agrícola común, tal como se definen en el artículo 39 del Tratado. Aun admitiendo que el Reglamento nº 26 no contempla la actividad de la demandante, por no ser ésta una actividad agrícola a efectos del Tratado CEE, en la medida en que las pieles de los animales de peletería no figuran en el Anexo II del Tratado, el Gobierno danés subraya, sin embargo, que dicho Reglamento expresa la naturaleza de las relaciones que deben prevalecer entre las normas de la política agrícola común y las normas comunitarias sobre la competencia y que, por consiguiente, sería preciso tener en cuenta las condiciones específicas de la producción agrícola y las ventajas ligadas a la utilización de la cooperativa como forma de organización. En consecuencia, un acuerdo celebrado entre cierto número de personas con el propósito de crear una cooperativa no infringe el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

48 Según el Gobierno danés, DPF es una cooperativa típica. Aunque sea una sociedad con un volumen de negocios muy notable, no por ello deja de estar integrada por numerosos productores de pequeña o mediana importancia. La situación es por tanto diferente de la que se daba en el asunto conocido como "del cuajo", antes citado. Los estatutos de DPF son simplemente la expresión del establecimiento de los vínculos necesarios entre los socios y la cooperativa, de los que depende la eficacia de ésta y, por tanto, su capacidad para enfrentarse a la competencia mundial, que resulta de una importancia esencial comparada con la situación de la competencia en la Comunidad.

Apreciación del Tribunal

49 Este Tribunal recuerda, con carácter preliminar, que el artículo 85 del Tratado se aplica a todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y que puedan afectar al comercio entre Estados miembros.

50 Este Tribunal considera, en primer lugar, que DPF debe ser considerada una empresa, a efectos del artículo 85 del Tratado, como, por otra parte, se deduce implícitamente de la respuesta dada más arriba a la primera parte del motivo único, basada en la aplicabilidad del Reglamento nº 26. En efecto, desde el punto de vista del Derecho comunitario de la competencia, por una parte, el concepto de empresa se aplica a toda entidad que desarrolle una actividad económica (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1991, Hoefner y Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979), independientemente del estatuto jurídico de dicha entidad y, por otra parte, la organización de subastas de pieles es una actividad económica. El hecho de que DPF sea una cooperativa organizada con arreglo a la normativa danesa no puede afectar a la naturaleza económica de la actividad ejercida por dicha cooperativa. En segundo lugar, este Tribunal considera que DPF puede también ser calificada de asociación de empresas, dado que, según los propios términos del punto 1 del artículo 4 de sus estatutos, dicha asociación puede agrupar no sólo a personas físicas, sino también a sociedades por acciones, sociedades colectivas o sociedades de cualquier otro tipo que desarrollen también, por su propia naturaleza, una actividad económica.

51 Procede, a continuación, que este Tribunal examine la pertinencia de la alegación de la demandante y de las partes coadyuvantes sobre la conciliación de los principios rectores del cooperativismo y las normas comunitarias sobre la competencia. A este respecto, es preciso señalar que, aunque el hecho de que una empresa adopte la forma jurídica específica de sociedad cooperativa no constituye en sí mismo un comportamiento restrictivo de la competencia, esta fórmula organizativa puede constituir, sin embargo, habida cuenta del contexto en el que opera la cooperativa, un instrumento apto para influir en el comportamiento comercial de las empresas socios de la cooperativa, capaz de restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado en el que dichas empresas desarrollan sus actividades comerciales.

52 Este Tribunal considera, en efecto, que toda cooperativa, según el contexto en el que opera, puede producir un efecto sobre la competencia, al menos de dos maneras. Por una parte, una sociedad cooperativa, como la del caso de autos, precisamente en razón de los principios que la regulan, puede afectar al libre juego de la competencia en lo referente a la actividad que constituye su objeto social, máxime cuando, en nombre de los principios cooperativos, dicha sociedad escapa, en una proporción que varía según los Estados miembros, a la aplicación de las normas de Derecho nacional que se imponen a las restantes formas de organización de las sociedades. Por otra parte, las obligaciones que recaen sobre los socios de la cooperativa, y en particular las obligaciones relacionadas con la aplicación del principio conocido como "de fidelidad cooperativa", en virtud del cual la cooperativa impone por regla general a sus socios obligaciones de entrega o suministro en contrapartida de las ventajas especiales que les otorga, pueden influir tanto en la actividad económica de la cooperativa como en el libre juego de la competencia entre sus socios y frente a terceros. En consecuencia, aunque al apreciar en un mercado dado los efectos de la presencia de una cooperativa se pueden tomar en consideración las particulares características de esta forma de asociación de empresas, dichas características deben tenerse en cuenta principalmente a la luz de las disposiciones del apartado 3 del artículo 85 del Tratado. Por lo tanto, la demandante y las partes coadyuvantes no pueden sostener que el ejercicio de una actividad económica por parte de una sociedad cooperativa esté sustraído, por principio, a la aplicación de las disposiciones del apartado 1 de artículo 85 del Tratado, ni alegar que los requisitos de aplicabilidad de las normas comunitarias sobre la competencia al sector cooperativo en tanto que tales sean, por su propia naturaleza, diferentes de los que afectan a las restantes formas de organización de la actividad económica (véase, a este respecto, la sentencia de 25 de marzo de 1981, denominada "del cuajo", antes citada). Pronunciarse de otro modo equivaldría a permitir a todo Estado miembro privilegiar un tipo determinado de empresa en su organización económica, con el solo propósito de permitir a las empresas de que se trate sustraerse a las normas comunitarias sobre la competencia aplicables a las empresas. Ello daría como resultado una ruptura de la igualdad entre operadores económicos, incompatible con los fundamentos mismos del ordenamiento jurídico comunitario.

53 En el caso de autos, la conclusión anterior viene reforzada por el hecho, ya mencionado, de que los estatutos de la demandante le permitan contar entre sus socios activos no sólo a criadores que sean personas físicas, sino también a sociedades por acciones, sociedades colectivas o cualquier otra forma de sociedad.

54 Es preciso recordar también, como ya hizo el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 30 de abril de 1986, Asjes (asuntos acumulados 209/84 a 213/84, Rec. p. 1425), y de 27 de enero de 1987, Verband der Sachversicherer/Comisión (45/85, Rec. p. 405), que cuando el Tratado ha querido sustraer ciertas actividades a la aplicación de las normas sobre la competencia ha establecido una excepción expresa al respecto. Así ocurre, en particular, con la producción y el comercio de productos agrícolas, en virtud del artículo 42 del Tratado. El Tribunal de Primera Instancia considera que estos principios, a los que se llegó con ocasión del examen de ciertos sectores de actividad, deben extenderse, por analogía, a ciertas formas y modos de organización de las empresas o de la actividad económica. Ahora bien, es evidente que ninguna disposición del Tratado ha excluido o modificado los requisitos para la aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia a las empresas organizadas en forma de cooperativas. Tales empresas podrán beneficiarse, en su caso, como cualquier otra empresa, de las excepciones previstas por el Tratado. Este sería el caso, por ejemplo, si la actividad de la demandante figurase en el Anexo II del Tratado y entrara así en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 26, cosa que, como este Tribunal ha señalado anteriormente, no sucede en el caso de autos.

55 Se deduce de todas las consideraciones precedentes que la parte demandante y las partes coadyuvantes no pueden sostener que el carácter de sociedad cooperativa de la demandante o su objeto social puedan ejercer algún tipo de influencia sobre los requisitos de aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia en el caso de autos.

56 Por consiguiente, carece de fundamento la segunda parte del motivo único, basada en la influencia de la estructura cooperativa y del objeto social de la demandante.

3. El análisis del mercado pertinente

Alegaciones de la parte demandante

57 La demandante admite, en lo esencial, la definición del mercado de referencia realizada por la Comisión. Sin embargo, acusa a la Comisión de haber efectuado un análisis incorrecto del funcionamiento del mercado. Alega que el mercado de las pieles, cuyos productos principales son las pieles de visón y de zorro, es un mercado global. Los gastos de transporte de las pieles tienen poca importancia comparados con el valor de éstas. La producción la realizan un gran número de pequeñas unidades de producción. A la búsqueda de pieles se dedican unos 1.000 compradores profesionales, que trabajan para los principales mayoristas y fabricantes de pieles procedentes de 30 países diferentes. Los compradores buscan pieles agrupadas en lotes compuestos por un gran número de pieles semejantes en tipo, tamaño, calidad y color. Un criador, por sí solo, no puede satisfacer estos requisitos. Sólo las salas de subasta pueden dar satisfacción a las exigencias de los compradores, tras haber efectuado la recogida de las pieles y haberlas seleccionado y clasificado. Para el criador, a la hora de elegir un canal de distribución, lo decisivo es la perspectiva de vender sus productos a los precios más elevados. Para los compradores, la competencia entre las salas de subasta radica en el surtido que las salas pueden ofrecer, en la confianza que ellos pueden depositar en la selección efectuada por las salas y en la calidad de los servicios que éstas ofrecen a la clientela, especialmente un envío rápido y correcto de las pieles. La demandante sostiene que de este análisis de la estructura del mercado se deduce que, en la práctica, no existe la posibilidad de vender pieles de manera eficaz utilizando un gran número de canales de distribución poco importantes o recurriendo a la venta directa a particulares. Por otra parte, la venta a revendedores privados sólo afecta a una parte muy escasa de la producción mundial de pieles, y ello únicamente en los países en los que el volumen de la producción de pieles es tan pequeño que el comercio de éstas no tiene importancia real en la economía del país.

58 Basándose en su análisis del mercado y de los circuitos de venta de pieles, la demandante considera que la Comisión no realizó un análisis correcto del funcionamiento del mercado en el inciso i) del apartado 4 de la Decisión, porque la venta a comerciantes de pieles fuera del sistema de subastas sólo existe en una proporción totalmente insignificante y sin efecto sobre las estructuras del mercado mundial. Más aún, el argumento formulado en el apartado 11 de la Decisión, según el cual "queda casi totalmente eliminada la posibilidad de que los criadores daneses vendan individualmente a compradores de otros Estados miembros" y el argumento recogido en el apartado 12, según el cual "se deniega a los socios, además, la posibilidad de realizar ventas privadas" parten de una concepción del mercado de las pieles que no se ajusta a la realidad.

Apreciación del Tribunal

59 El Tribunal considera que esta parte del motivo alegado por la demandante se basa en una interpretación errónea de la Decisión objeto del litigio. En efecto, en el inciso i) del apartado 4 de la Decisión, la Comisión se limita a afirmar que "las ventas de pieles se efectúan mediante ventas privadas a comerciantes de pieles o, más frecuentemente, mediante pública subasta". Las cifras que se citan en el mismo apartado de la Decisión se limitan a confirmar dicha afirmación y, por otra parte, los datos que figuran en la demanda confirman totalmente las proporciones que estas cifras representan. Más aún, la demandante no ha negado en ningún momento que los criadores puedan utilizar como canal de distribución para sus ventas el de las transacciones privadas. De ello se deduce que la demandante no tiene razón cuando sostiene que la Comisión describió el mercado concediendo una importancia supuestamente excesiva a las ventas privadas en comparación con las subastas, que no se ajustaba a la realidad. Por consiguiente, la Comisión no cometió un error de hecho en su apreciación del modo de funcionar del mercado.

60 Por consiguiente, carece de fundamento la tercera parte del motivo único, basada en la inexactitud de la descripción del mercado pertinente.

4. La conformidad de los estatutos y de las condiciones generales de la demandante con el artículo 85 del Tratado

61 La demandante formula cuatro alegaciones en apoyo de esta parte de su motivo. Sostiene, en primer lugar, que sus estatutos y condiciones generales no son contrarios al apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En segundo lugar, reprocha a la Comisión no haber valorado dichas estipulaciones en el contexto en que han de aplicarse. En tercer lugar, alega que las circunstancias examinadas en la Decisión tienen, en cualquier caso, una influencia tan escasa que resulta lícito no tenerlas en cuenta, siguiendo la regla de minimis. Por último, en su escrito de réplica hizo valer que, en cualquier caso, se cumplen los requisitos del apartado 3 del artículo 85 de Tratado, y que la Comisión habría debido acceder a su solicitud de exención al amparo del apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

62 El Tribunal recuerda que, a efectos de aplicar el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el perjuicio a la competencia puede resultar tanto del objeto de la práctica restrictiva de que se trate -la decisión de asociación de empresas, en el presente caso- como de sus efectos en el mercado. El juego de la libre competencia debe analizarse en el marco real en el que se produciría de no existir las estipulaciones objeto del litigio (véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, Société Technique Minière, 56/65, Rec. p. 337, y de 11 de julio de 1985, Remia/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545).

63 Procede pues examinar sucesivamente si las estipulaciones objeto del litigio están incursas en la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado y, en caso de respuesta afirmativa, investigar si, por una parte, la alteración del juego de la competencia que es objeto o efecto de las mismas es suficientemente importante y, por otra parte, en su caso, si son susceptibles de exención según lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo. Este examen debe ir precedido de un análisis del alcance de cada una de las estipulaciones objeto del litigio a la luz del apartado 1 del artículo 85. El Tribunal recuerda, a este respecto, que la Decisión critica cuatro estipulaciones. En primer lugar, la cláusula de prohibición de competencia incluida en la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de la demandante; en segundo lugar, el artículo 5 de las normas que regulan las ayudas de emergencia; en tercer lugar, las obligaciones de entrega en exclusiva a las que se subordina la posibilidad de que los miembros de la asociación se beneficien de los anticipos por cachorros y figuren en la lista de galardonados y, en cuarto y último lugar, el artículo 5 del Acuerdo tipo sobre control de desuello, con arreglo al cual un centro de desuello sólo puede mostrar las pieles en depósito a los representantes de la demandante.

4.1. El carácter restrictivo de la competencia de las estipulaciones objeto del litigio

4.1.1. La cláusula de prohibición de competencia incluida en la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de la demandante y las prácticas concertadas ligadas a la aplicación de dicha cláusula

64 La Decisión declara que la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de DPF constituye una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, en particular porque dicha estipulación impone una prohibición de competencia a los miembros de esta asociación, cerrando así el mercado danés a la competencia. En el inciso i) del apartado 10 de la Decisión, la Comisión concluye que "la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de DPF impone a sus miembros una obligación de no competencia. Esta obligación, en concreto, prohíbe que los socios actúen como agentes de recogida de pieles para competidores, cerrando, de esta manera, el mercado danés a la entrada de competidores. El efecto restrictivo de la prohibición se ha visto incrementado por unas prácticas concertadas consistentes en que los socios no depositaban pieles para la venta en los establecimientos de los competidores".

65 El tenor de la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de DPF es el siguiente:

"Los socios de la asociación Dansk Pelsdyravlerforening serán de tres clases:

- Socios activos (sección I);

- (omissis)

Se considerará socio activo a toda persona o agrupación (sociedad por acciones, sociedad colectiva u otra) que críe animales de peletería y sea socio de una asociación provincial integrada en Dansk Pelsdyravlerforening,

(omissis)

f) [que] se comprometan a no organizar ventas de pieles que puedan competir con las de la asociación de criadores daneses de animales de peletería y a no apoyar del modo que sea las ventas de pieles que compitan con la actividad de ventas de Dansk Pelsdyravlerforening."

Alegaciones de las partes

66 Según la demandante, la letra f) del punto 1 del artículo 4 de sus estatutos, que se incorporó a éstos en 1946, cuando ella adquirió una sala de subastas y comenzó a explotarla con el nombre de DPA, obliga únicamente a los socios a no dedicarse a actividades que compitan directamente con la actividad de ventas de la asociación. Ese sería el caso, por ejemplo, si un socio fuera contratado por un competidor para desarrollar un actividad de centro de depósito, de agente o de recogedor de pieles por cuenta de un tercero competidor. La demandante niega que dicha estipulación contenga una obligación de entrega de cualquier tipo, pues los socios tienen entera libertad para escoger la sala de subastas en la que quieren vender sus pieles, sin que ello tenga consecuencia alguna en cuanto a su condición de socios. Añade, además, que el contenido de tal estipulación es característico de los estatutos de las cooperativas.

67 En cuanto al efecto sobre la situación de la competencia, la demandante alega que la estipulación controvertida no significa que el mercado danés esté cerrado a la competencia. Todo competidor de la demandante puede, en efecto, contratar libremente a cualquier persona que no sea socio de la demandante para comprar, recoger o hacerse cargo de las pieles. La demandante impugna la afirmación de la Comisión según la cual el efecto restrictivo se vio agravado por prácticas concertadas consistentes en que los socios no depositaban pieles para la venta en los establecimientos de los competidores de la demandante.

68 La demandante subraya, por último, que, en su escrito de 10 de octubre de 1985, la Comisión aparentemente consideró que esta disposición no estaba incursa en la prohibición del apartado 1 del artículo 85. El hecho de que la demandante no respondiera a la petición que se le formuló en este escrito de incorporar una estipulación expresa que indicara que los socios pueden vender sus pieles a través de otros canales de distribución se debió a que una estipulación de estas características sería superflua y contraria a la tradición jurídica danesa, la cual, en el ámbito del cooperativismo, parte del principio de que lo que no está expresamente prohibido a los socios de una cooperativa está autorizado. LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0061.1

69 La Comisión recuerda, en primer lugar, que la estipulación objeto del litigio está formulada en términos muy amplios, que dan a entender que ésta implica una obligación de entrega. Añade que la demandante se negó a clarificar el contenido de dicha estipulación. La Comisión subraya, además, que el artículo 7 de los estatutos confiere a los administradores de la demandante la facultad de expulsar a los socios y que la demandante ha utilizado dicha facultad para expulsar a dos socios que habían recogido pieles por cuenta de HBA.

70 La Comisión considera, en segundo lugar, que la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos restringe el juego de la competencia, aunque se interprete en el sentido de que sólo obliga a los socios de la cooperativa a no dedicarse a actividades que compitan directamente con las subastas de la demandante. La Comisión opina que el efecto restrictivo de la prohibición resulta agravado por las prácticas concertadas que se oponen a que los socios suministren pieles a los competidores. Además, la Comisión alega que la estipulación controvertida no corresponde a ninguno de los sectores en los cuales la Comisión y el Tribunal de Justicia han considerado que a una cláusula de prohibición de competencia no le es aplicable el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, en razón de las circunstancias particulares en las que aquélla se aplica (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1985, Remia/Comisión, antes citada).

71 Finalmente, por lo que respecta a la alegación basada en su escrito de 10 de octubre de 1985, la Comisión responde que, manifiestamente, aquél no contenía una definición de postura definitiva ni un compromiso por su parte (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1975, Frubo/Comisión, 71/74, Rec. p. 563, apartados 19 y 20). Recuerda, además, que indicó con claridad en el pliego de cargos y en su escrito de 15 de mayo de 1985 que la estipulación controvertida restringía la competencia.

Apreciación del Tribunal

72 El Tribunal considera que el debate entre las partes conduce a examinar, por una parte, si, como sostiene la Decisión, la estipulación controvertida contiene una prohibición de competencia contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado y, por otra parte, si la aplicación de dicha cláusula de prohibición de competencia está acompañada de unas prácticas concertadas contrarias al mismo artículo.

73 Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si la estipulación controvertida contiene una prohibición de competencia contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, este Tribunal señala que se deduce de los propios términos de dicha estipulación que ésta obliga a los socios a no actuar de una manera que entre en competencia directa con la actividad de ventas de la demandante, aunque la propia estipulación no contenga, en sí misma, ninguna obligación de entrega en exclusiva. Por otra parte, la demandante confirmó en la vista que, como indicaba la Decisión, esta estipulación prohíbe a todos los socios de la cooperativa recoger pieles para subastas que no sean las de la demandante. Por tanto, la Comisión no se basó en una interpretación inexacta de la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos al considerar que esta estipulación contenía una cláusula de prohibición de competencia.

74 Se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1985, Remia/Comisión, antes citada, que una cláusula de prohibición de competencia puede estar comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Para apreciar si tal cláusula está incursa en la prohibición que establece dicho artículo, es preciso analizar cómo se desarrollaría la competencia si no existiera dicha cláusula. Para tener un efecto beneficioso sobre la competencia, el objetivo que se persigue al incluir la mencionada cláusula debe contribuir en sí mismo al libre juego de la competencia. Además, la cláusula de prohibición de competencia debe ser en sí misma necesaria y proporcionada a la realización de dicho objetivo.

75 En el caso de autos, procede que el Tribunal examine si la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos debe considerarse prohibida en razón de las alteraciones del juego de la competencia que son objeto o efecto de la misma, y que a tal efecto examine el juego de la competencia en el marco real en el que se desarrollaría si no existiera dicha cláusula. A este respecto, se deduce de la Decisión que los estatutos y las condiciones generales de venta de la demandante tienen por objeto o efecto restringir la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado ante todo en relación con terceros competidores, y no en las relaciones entre la cooperativa y sus socios.

76 Este Tribunal ha afirmado ya que la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos prohíbe a todos los socios recoger pieles para empresas de subastas distintas de la demandante. Ahora bien, se trata en este caso de una simple actividad de recogida y de expedición o reexpedición a la salas de subastas que no exige ningún conocimiento técnico especial, pues en esta fase no se realiza ni selección ni clasificación alguna. Por consiguiente, la estipulación controvertida no afecta a una actividad que los criadores sólo podrían realizar con ayuda de la cooperativa o gracias a la experiencia adquirida en el seno de la misma. Por lo tanto, la estipulación controvertida prohíbe a los socios de la demandante realizar una actividad que podrían realizar si no existiera dicha estipulación.

77 Ahora bien, este Tribunal subraya que la recogida de pieles realizada por cooperativistas por cuenta de terceros no es un supuesto teórico, como se deduce de las tentativas de HBA de contratar criadores daneses como recolectores de pieles para vender éstas en las subastas que ella organiza.

78 Ciertamente, la demandante y las partes coadyuvantes han sostenido que la condición de socio de un cooperativa obliga, por regla general, a cumplir ciertas obligaciones frente a esta última, y que resulta normal que los socios estén obligados a vender sus productos a través de la asociación, pues dicha obligación tiene su origen en el carácter limitado del capital de las cooperativas y en la necesidad de obtener garantías de que la venta se hará a través de la asociación, de permitir la financiación de las actividades de esta última y de garantizar los intereses de los demás socios en cuanto al mantenimiento de las actividades comunes necesarias. Sin embargo, no por ello deja de ser cierto que, por su carácter general e ilimitado, y por tanto desproporcionado en relación con el objetivo perseguido en este caso por la demandante, la cláusula de prohibición de competencia antes citada, que prohíbe a todo socio de la asociación recoger pieles para otras subastas realizadas por terceros, competidores de la demandante, y, como consecuencia, hace muy difícil para éstos un acceso efectivo al mercado, habida cuenta de la muy fuerte posición de la demandante en el mismo, está incursa en la prohibición formulada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Las alegaciones de la demandante y de las partes coadyuvantes a las que se ha hecho referencia, sean cuales sean su valor y la consideración que merecen, no llegan a desvirtuar dicha conclusión, pues sólo podrían ser examinadas, en su caso, a la luz de las disposiciones del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, a efectos de estudiar la posibilidad de conceder una exención.

79 Por lo que respecta a la alegación basada en el escrito de 10 de octubre de 1985 de la Comisión, del que se deducía, según la demandante, que la letra f) del punto 1 del artículo 4 de sus estatutos no era contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el Tribunal señala que dicho escrito se limita a precisar lo siguiente: "En estos momentos me inclino a pensar que la primera restricción [...] a saber, el que los socios se comprometan a no organizar ventas de pieles que puedan competir con las de los criadores daneses de animales de peletería y a no apoyar del modo que sea las ventas de pieles que compitan con la actividad de ventas de Dansk Pelsdyravlerforening, probablemente no supondrá problemas especiales si se incluye en ella una disposición expresa que indique que los socios pueden vender sus pieles a través de otros canales de ventas". Este escrito se limita, pues, a emitir un dictamen provisional, sin analizar el tema a fondo; además, el dictamen que se emite está supeditado a que se produzca una modificación de las estipulaciones controvertidas. Expresada en estos términos, la opinión así formulada no bastaba para dar a entender a la demandante que la Comisión no podría llegar más tarde a una conclusión diferente, ni para hacer nacer en la demandante expectativa legítima alguna. En consecuencia, procede desestimar la alegación basada en el alcance del escrito de 10 de octubre de 1985 de la Comisión.

80 El Tribunal estima, por consiguiente, que la Comisión ha demostrado suficientemente que la cláusula de prohibición de competencia incluida en la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos de la demandante, tal como la ha interpretado y aplicado esta última, puede restringir la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

81 Por lo que respecta, en segundo lugar, al fundamento de la afirmación formulada en el inciso i) del apartado 10 de la Decisión, según la cual "el efecto restrictivo de la prohibición se ha visto incrementado por unas prácticas concertadas consistentes en que los socios no depositaban pieles para la venta en los establecimientos de los competidores", este Tribunal considera que, para definir el concepto de "práctica concertada" es preciso remitirse a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (véase, recientemente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1982, Shell/Comisión, T-11/89, Rec. p. II-757), de la que se deduce que los criterios de cooperación y de coordinación, tal como los define esta jurisprudencia, deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común.

82 Ahora bien, este Tribunal ha podido comprobar que, como alegaba la demandante, la afirmación de la Comisión antes citada no viene apoyada por prueba alguna, ni tampoco por un principio de prueba que demuestre la realidad de tales prácticas concertadas. En efecto, en su Decisión, la Comisión se limita, por una parte, a mencionar ciertas prácticas, pero sin calificarlas ni indicar cuáles son los rasgos de coordinación y de cooperación que las caracterizan y que, en virtud de la jurisprudencia citada, podrían hacer que estuvieran incursas en la prohibición formulada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado y, por otra parte, a señalar que la demandante rehusó aclarar esta cuestión. En cuanto a las alegaciones presentadas con posterioridad por la Comisión, en los escritos que ha presentado ante el Tribunal, es preciso hacer constar que, incluso admitiendo que puedan paliar la insuficiencia de motivación de la Decisión a este respecto, dichas alegaciones se limitan, por una parte, a meras deducciones, efectuadas de manera indirecta y en abstracto a partir de ciertas afirmaciones de carácter general y, por otra parte, a invocar unas declaraciones de criadores al Abogado de HBA, relativas a la expulsión de dos cooperativistas que al parecer habían recogido pieles por cuenta de esta última, y en las que se alude a las diferentes interpretaciones de la estipulación controvertida que pudieron hacer ciertos criadores.

83 En consecuencia, el Tribunal entiende que es preciso considerar que la referencia que se hace en el inciso i) del apartado 10 de la Decisión a unas supuestas prácticas concertadas ligadas a la aplicación de la estipulación controvertida se basa en hechos materialmente inexactos y está viciada de un error de Derecho. Por lo tanto, procede anular el apartado 1 del artículo 1 de la Decisión en la medida en que vincula a la estipulación contemplada en su letra a) unas prácticas concertadas que constituyen una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

4.1.2. El artículo 5 de las normas relativas al sistema de ayudas de emergencia

84 La Decisión considera que el artículo 5 de las normas relativas al sistema de ayudas de emergencia infringe el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, en particular porque dicha estipulación obstaculiza la entrada en el mercado de los competidores, al cerrarles la principal fuente de abastecimiento de pieles en Dinamarca. En el inciso ii) del apartado 10 de la Decisión, la Comisión concluye que la obligación de entregar la totalidad de la producción de pieles, a la cual se supedita la posibilidad de afiliarse al sistema de ayudas de emergencia, limita el abanico de opciones de los socios de DPF, impidiéndoles decidir con total independencia su política de ventas. En su apartado 10 la Decisión considera, in limine, que la estipulación controvertida tiene por objeto o por efecto restringir la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

85 El artículo 5 de las normas relativas al sistema de ayudas de emergencia, cuya finalidad es indemnizar a los socios de DPF de las pérdidas económicas sufridas por la muerte de sus animales a causa de epizootia, está redactado como sigue:

"El asegurado perderá su derecho a disfrutar del sistema de ayudas de emergencia si él mismo o sus dependientes

(omissis)

d) vendieron pieles a través de un canal de venta distinto de Danske Pels Auktionr durante el año en el que se produjo el siniestro (15 de agosto - 14 de agosto) o durante el año anterior. Quedan exceptuadas de esta regla las pieles que el criador hubiera guardado para su uso personal;

(omissis)"

86 Las reglas de funcionamiento del sistema de ayudas de emergencia, tal como fueron expuestas por la demandante sin que la Comisión lo discutiera y tal como se deducen del examen de los estatutos de DPF, corresponden a un sistema de tipo mutualista y pueden resumirse como sigue. Los socios de la demandante no se afilian ipso facto al régimen de ayudas de emergencia, ya que se requiere una inscripción separada. Los socios pueden retirarse libremente del sistema en cualquier momento. En principio, un nuevo afiliado sólo puede aspirar a disfrutar de las ayudas de emergencia tras un año de adhesión. La concesión de las ayudas de emergencia tiene un carácter accesorio de los seguros que hubiera contratado el asegurado para cubrir el mismo riesgo. La financiación del sistema de ayudas de emergencia se realiza mediante una retención que efectúa DPF sobre las cantidades que debe abonar cada año en la cuenta de explotación de los cooperativistas que se adhieren al sistema. Como el importe que se abona en las cuentas de explotación de los socios se reparte entre estos últimos en proporción al valor de las pieles que éstos entregaron para ser vendidas en las subastas organizadas por la demandante durante el año de que se trate, todo socio afiliado participa en el sistema de ayudas de emergencia en proporción al valor de las pieles que entregó. Dado que las disposiciones estatutarias de DPF obligan a inmovilizar tanto las cuentas de capital como las cuentas de explotación, y que los afiliados al sistema de ayudas de emergencia abonan una "cotización" mediante el mecanismo excepcional de un cargo en su cuenta de explotación, dichos afiliados disponen así, en la práctica, de sumas que en caso contrario habrían debido ser inmovilizadas. Por consiguiente, para mantener la igualdad entre los cooperativistas, quienes han decidido no afiliarse al sistema de ayudas de emergencia reciben un pago de un importe equivalente al importe adeudado en la cuenta de explotación de los afiliados.

Alegaciones de las partes

87 La demandante niega que la estipulación controvertida tenga un carácter contrario a la competencia. Alega que el sistema de ayudas de emergencia, al que los cooperativistas son libres de adherirse o no y que pueden abandonar libremente, fue establecido en 1959, en una época en la que era imposible asegurarse contra el riesgo de epizootia en las compañías de seguros pagando una prima de una cuantía razonable. El mecanismo de las ayudas de emergencia se basa en el afán de los socios de la asociación de asegurarse mutuamente contra las epizootias, según los principios del sistema cooperativo. La demandante precisa que la obligación de entrega en exclusiva de las pieles, impuesta a los socios que deciden afiliarse al sistema de ayudas de emergencia, fue establecida por acuerdo de asamblea de 23 de octubre de 1967, y que tiene su origen en el hecho de que resulta técnicamente imposible que un criador se afilie al sistema de ayudas de emergencia sólo para una parte de su rebaño. En efecto, dentro de un rebaño concreto, resulta materialmente imposible limitar el acceso de las ayudas de emergencia, mediante un procedimiento de marcado o de cualquier otro tipo, a ciertos animales determinados del rebaño y, por tanto, el sistema debe necesariamente aplicarse a la totalidad de los animales del criadero.

88 Por lo demás, la demandante precisa que una limitación de las ayudas de emergencia a algunos de los animales de un rebaño, además de ser técnicamente imposible, podría dar lugar a abusos. Habida cuenta de las modalidades de financiación del sistema, para que cualquier socio de la asociación demandante contribuya a la financiación del sistema en una proporción que se corresponda realmente con la importancia de su actividad, es preciso que el socio pierda el derecho a la indemnización a la que podría aspirar en el caso de que haya vendido una parte de las pieles de los animales de su rebaño a través de canales de comercialización que no sean las subastas públicas organizadas por la demandante. Permitir a un socio de la asociación beneficiarse de las ayudas de emergencia sin imponerle simultáneamente la obligación de entregar la totalidad de sus pieles a la cooperativa tendría como consecuencia que el socio de que se trate podría verse cubierto por este régimen sin contribuir a su financiación, lo que sería incompatible con los principios de reciprocidad y de solidaridad, de los que el fondo de ayudas de emergencia constituye precisamente la expresión. Así, según la demandante, la obligación de entrega en exclusiva permite asegurar la aplicación coherente del principio según el cual todos los afiliados al sistema contribuyen de igual manera a su financiación.

89 La demandante alega también que a pesar de que, debido a la intervención de la Comisión, la obligación de entrega en exclusiva fue derogada a raíz de las modificaciones estatutarias aprobadas por la asamblea general de 28 de octubre de 1988, la cobertura de los riesgos de epizootia, que antes era total, no lo es ya en el sistema en vigor, salvo en el caso de que el criador que se afilió al sistema de ayudas de emergencia haya entregado la totalidad de sus pieles a la cooperativa; de no ser así, la indemnización que se le abona a partir de ahora en caso de epizootia sólo es proporcional a la parte de sus ventas que haya efectuado a través de la cooperativa. Por lo tanto, según la demandante, no resulta pertinente comparar los regímenes anterior y posterior a la modificación estatutaria producida en 1988, y el hecho de que, para satisfacer los deseos de la Comisión, la cooperativa haya establecido, con fines meramente prácticos, este nuevo sistema no significa en absoluto que el sistema anterior fuera contrario al apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

90 La demandante indica, además, que si el sistema de ayudas de emergencia está organizado del modo que se ha descrito, y no siguiendo un régimen en el cual el criador que quisiera asegurar su rebaño contra el riesgo de epizootia abonaría una prima por cabeza por cada animal que deseara asegurar, es porque a un régimen semejante le sería aplicable la legislación de seguros danesa. Ahora bien, la demandante tiene prohibido desarrollar una actividad de asegurador.

91 La demandante añade que la aplicación sistemática del principio de igualdad entre los cooperativistas no sólo no es en sí misma contraria a la competencia, sino que además la colocó a ella en una posición desfavorable en relación con sus competidores. En efecto, la demandante no pudo conceder a los criadores más importantes unas condiciones más favorables, como rebajas o descuentos, tal como haría una empresa que se dedicara a una actividad de asegurador. Por consiguiente, la tesis de la Comisión según la cual la obligación de entrega en exclusiva que se discute tiene por efecto cerrar el acceso al mercado danés a los competidores resulta inexacta, puesto que, por el contrario, dicha estipulación colocó a DPF en una posición más desfavorable que la de sus competidores, y en particular HBA. En efecto, esta última propone un mecanismo de seguro cuyo objeto es idéntico al sistema establecido en 1988 por la demandante y que resulta gratuito para los criadores que aceptan entregarle el 40 % de su producción de pieles. Ahora bien, la demandante sostiene que sus propios socios pueden afiliarse libremente al mecanismo de seguro creado por HBA. En consecuencia, la existencia de un sistema que proporciona una mejor cobertura de riesgos que la ofrecida por el sistema de ayudas de emergencia demuestra que este último no constituye una barrera a la entrada en el mercado danés para los competidores. Por lo tanto, según la demandante, la tesis de la Comisión olvida voluntariamente el dato esencial, a saber, que la oferta que DPF hace a sus socios no es sino una más de las numerosas ofertas que se hacen a los agentes económicos, que son quienes deciden si desean asegurar, y de qué modo, el riesgo de pérdida de animales por epizootia.

92 Por último, según la demandante, no es exacta la tesis, sostenida por la Comisión, de que la justificación de la necesidad de imponer la obligación de entrega en exclusiva sólo resulta pertinente desde el punto de vista del apartado 3 del artículo 85 del Tratado. No obstante, la demandante considera que, si el Tribunal llegara a la conclusión de que la estipulación controvertida está incursa en la prohibición formulada en el apartado 1 del artículo 85, procedería concluir que dicha estipulación resulta necesaria para permitir la aplicación del sistema de ayudas de emergencia y que, por consiguiente, debe ser objeto de una declaración individual de inaplicabilidad, tal como se prevé en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

93 La Comisión sostiene que el hecho de que un socio pueda decidir libremente si se afilia o no al sistema de ayudas de emergencia no resulta decisivo. En efecto, no es porque un criador sea libre de celebrar o no un acuerdo con la demandante, para acceder a un sistema de ayudas de emergencia creado por ella, por lo que dicho acuerdo debe considerarse no restrictivo de la competencia. Exceptuando ciertos casos que pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 86 del Tratado, siempre que una parte decide suscribir un acuerdo lo hace libremente. Lo que se discute, según la Comisión, es el propio contenido del acuerdo, es decir, en este caso, el alcance de la obligación de entrega en exclusiva impuesta a los socios que se afilian al sistema de ayudas de emergencia.

94 A este respecto, la Comisión sostiene, en primer lugar, que, para apreciar el alcance de dicha libertad de elección, es preciso de todos modos tener en cuenta las prácticas concertadas ligadas a la aplicación de la letra f) del punto 1 del artículo 4 de los estatutos, que tienen por efecto que un socio que desee disfrutar de sus derechos como cooperativista debe vender la totalidad de sus pieles a través de las subastas organizadas por la demandante. En segundo lugar, la Comisión considera que la razón esencial por la que el sistema de ayudas de emergencia infringe el apartado 1 del artículo 85 del Tratado estriba en el hecho de que dicho sistema se basa en una cláusula de exclusividad. En efecto, tal como demuestran sus Reglamentos (CEE) nº 1983/83 y nº 1984/83, de 22 de junio de 1983, relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, respectivamente, a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva y a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (DO L 173, pp. 1 y 5; EE 08/02, pp. 110 y 114; en lo sucesivo, "Reglamentos nº 1983/83 y nº 1984/84"), resulta "notorio" que la exclusividad y la distribución exclusiva son incompatibles con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

95 La Comisión añade que la obligación de entrega en exclusiva que se discute limita la libertad de acción de los afiliados, que se ven privados de la posibilidad de vender sus pieles a través de canales de comercialización distintos de los de la cooperativa. Esta cláusula de exclusividad produce también efectos frente a terceros, que se ven así privados de la posibilidad de vender, en la subastas que ellos organicen, las pieles de los animales de los cooperativistas que se afilien al sistema de ayudas de emergencia de DPF. Es ésta una consecuencia directa de dicha cláusula de exclusividad; la Comisión menciona, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1975, Frubo/Comisión, antes citada. Por lo tanto, importan poco las condiciones de seguro que otras empresas competidoras de la demandante puedan proponer a los socios de esta última.

96 La Comisión considera infundada la alegación de que las estipulaciones controvertidas resultan indispensables para el funcionamiento del sistema de ayudas de emergencia. Entiende, en efecto, que esta alegación no está relacionada con la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, sino con la aplicación del apartado 3. Según ella, resulta extremadamente difícil aplicar simultáneamente dos criterios para la valoración de la necesidad de imponer una restricción de la competencia, uno de ellos referido al apartado 1 del artículo 85 del Tratado y el otro referido al apartado 3 del artículo 85. Habida cuenta de la estructura del artículo 85, resulta lógico efectuar dicha valoración en el marco del examen de la aplicación del apartado 3 del artículo 85. En cualquier caso, la Comisión sostiene que el sistema de ayudas de emergencia, acompañado de una obligación de entrega en exclusiva, no pertenece a ninguno de los sectores económicos concretos en los cuales la práctica de la Comisión o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia han admitido, en ciertas circunstancias, que una obligación de entrega en exclusiva no estaba incursa en la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986, Pronuptia, 161/84, Rec. p. 353).

97 Por último, la Comisión niega que un sistema de seguros como el establecido por la demandante exija necesariamente imponer a sus beneficiarios una obligación de entrega en exclusiva de las pieles a la cooperativa. Por otra parte, el nuevo sistema establecido por la demandante a partir de octubre de 1988 no impone una obligación de ese tipo. Además, el hecho de que los cooperativistas que no participan en el sistema de ayudas de emergencia, es decir, alrededor de una cuarta parte de los socios de la cooperativa, reciban importes equivalentes a los importes cargados en las cuentas de explotación de los socios afiliados al sistema demuestra, según la Comisión, que dicho régimen se financia mediante la subasta de las pieles producidas por los socios, y que no es en absoluto útil que la totalidad de las pieles se venda en dichas subastas para que el sistema pueda funcionar.

Apreciación del Tribunal

98 Este Tribunal recuerda, con carácter preliminar, que aunque la Decisión señala que la demandante ocupa, de hecho, una posición dominante en el mercado de que se trata, dicha Decisión considera la estipulación controvertida contraria no al artículo 86 del Tratado, sino al artículo 85. Ahora bien, aunque, en el marco de la aplicación del artículo 86, el Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de que un agente económico vincule a los compradores, aun a petición de éstos, mediante un compromiso de exclusividad era contrario a las normas comunitarias sobre la competencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, y de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359), dicha jurisprudencia, limitada al artículo 86 del Tratado CEE, no puede trasladarse a todos los casos de aplicación del artículo 85. En efecto, en contra de lo que sostiene la Comisión, los compromisos de exclusividad, algunos de los cuales pueden por lo demás beneficiarse de los Reglamentos de exención nº 1983/83 y nº 1984/84, no son, en sí mismos, contrarios al apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Aunque, efectivamente, la Comisión deduce de este último Reglamento de exención que una obligación de entrega en exclusiva está incursa, por su propia naturaleza, en la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, es preciso recordar a este respecto que, tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, si bien la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a un acuerdo determinado supone un reconocimiento previo de que dicho acuerdo está incurso en la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85, ello no significa, sin embargo, que la posibilidad, prevista en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, de conceder una exención por categoría permita deducir que todo acuerdo perteneciente a dicha categoría satisface necesariamente, por tal razón, las condiciones del apartado 1 del artículo 85 (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Italia/Consejo y Comisión, 32/65, Rec. p. 563).

99 Según jurisprudencia reiterada (véase, recientemente, a propósito de un contrato de suministro exclusivo de cerveza, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 1991, Delimitis, C-234/89, Rec. p. I-935; véanse también las sentencias del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, Société Technique Minière, antes citada, y de 11 de diciembre de 1980, L' Oréal, 31/80, Rec. p. 3775), la valoración de un compromiso de exclusividad a la luz del apartado 1 del artículo 85 del Tratado exige tener en cuenta el contexto económico real en el que aquél puede producir sus efectos. En efecto, según las circunstancias y las condiciones reales de funcionamiento del mercado de que se trate, una obligación de suministro exclusivo, al garantizar al productor la venta de sus productos y al distribuidor la seguridad de sus aprovisionamientos, puede intensificar la competencia de precios y de servicios ofrecidos al consumidor en el mercado de que se trate, cuya fluidez contribuye así a mejorar.

100 El principio de que el alcance de la obligación que se discute debe valorarse en el marco real en el que ésta produce sus efectos no puede admitir una excepción basada en que la obligación impuesta está justificada por el afán de respetar el principio conocido como de "fidelidad cooperativa". En efecto, este último principio no puede tener por objeto ni por efecto justificar el incumplimiento de las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por parte de las empresas coooperativas, beneficiarias de la cláusula de exclusividad impuesta a sus socios.

101 Este Tribunal hace constar que la estipulación contenida en la letra d) del artículo 5 de las normas relativas al sistema de ayudas de emergencia, hasta su derogación en octubre de 1988, imponía a los socios que deseaban acceder a las ayudas de emergencia organizadas por la demandante la obligación de entregar a ésta la totalidad de las pieles de los animales de su criadero, para ser vendidas en las subastas públicas organizadas por la demandante, so pena de perder sus derechos a las ayudas de emergencia. Dicha obligación afectaba tanto a las ventas realizadas en el ejercicio en el que se producía un siniestro como a las ventas realizadas en el ejercicio anterior.

102 A la luz de estas consideraciones, el Tribunal debe apreciar si la obligación de entrega en exclusiva, impuesta a los socios que desean acceder a las ayudas de emergencia organizadas por la demandante, tiene por objeto afectar al juego de la competencia dentro del mercado común y, a mayor abundamiento, si la estipulación controvertida produce efectos restrictivos de la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Por el contrario, no corresponde al Tribunal examinar en el marco del presente motivo, consagrado exclusivamente a la valoración de la estipulación controvertida a la luz del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, si dicha estipulación satisface los requisitos prescritos en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

103 Por lo que respecta, en primer lugar, a la apreciación del objeto de la estipulación controvertida, este Tribunal de Primera Instancia considera que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, para determinar si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, es preciso examinar los objetivos perseguidos por el acuerdo en tanto que tal, a la luz del contexto económico en el que debe ser aplicado (sentencia de 28 de marzo de 1984, CRAM y Rheinzink/Comisión, asuntos acumulados 29/83 y 30/83, Rec. p. 1679, apartado 26). En las circunstancias del caso de autos, el análisis del contexto económico que es preciso realizar consiste, a juicio de este Tribunal, en examinar en qué medida la estipulación controvertida, al establecer una obligación de entrega en exclusiva, se inserta dentro de la estructura del sistema de ayudas de emergencia y de las modalidades de funcionamiento de la cooperativa y puede afectar a las condiciones de funcionamiento del mercado de pieles danés.

104 A este respecto, en lo relativo al contenido de la estipulación controvertida y a su incidencia sobre la autonomía de decisión de los afiliados, el Tribunal hace constar que de dicha estipulación se deduce que, para los afiliados al sistema de ayudas de emergencia, queda excluida toda forma de venta distinta de las subastas organizadas por la demandante durante un período de dos años, mientras que el período durante el cual la cobertura del siniestro queda garantizada se limita, ejercicio por ejercicio, a un año. La demandante no ha aportado justificación alguna de esta obligación que se impone a los cooperativistas que desean ser indemnizados del perjuicio resultante de una epizootia sobrevenida en un ejercicio dado, en virtud de la cual éstos deben haber entregado, para su venta en las subastas públicas organizadas por la demandante, no sólo la totalidad de las pieles de animales vendidas en el ejercicio en el que se ha producido el siniestro, sino también la totalidad de las pieles vendidas en el ejercicio anterior. Ahora bien, para apreciar la repercusión exacta de dicha obligación sobre las condiciones reales de funcionamiento del mercado, es preciso tener en cuenta el efecto disuasorio que una obligación de este tipo provoca necesariamente en los afiliados, pues éstos no ignoran que, en caso de "desafiliación", asumen el riesgo de no estar asegurados contra una epizootia aparecida en el ejercicio en el que se produce una nueva afiliación al sistema. En estas circunstancias, el alcance de la alegación según la cual los cooperativistas son libres de afiliarse al sistema y de abandonarlo debe, de todos modos, relativizarse. En consecuencia, la estipulación controvertida, que no es en absoluto útil para el buen funcionamiento del sistema de ayudas de emergencia, contribuye a la inercia del sistema y, por consiguiente, puede hacer más rígido el comportamiento de los agentes económicos, cuya autonomía de decisión restringe de modo manifiesto.

105 Por lo demás, el Tribunal señala que, por una parte, las modificaciones estatutarias adoptadas por la demandante el 28 de octubre de 1988, que pusieron fin a la obligación de entrega en exclusiva que se discute, sin que la demandante haya sostenido ante el Tribunal que ello haya provocado ninguna perturbación en el funcionamiento del sistema de ayudas de emergencia, y, por otra parte, el hecho de que, según la propia demandante, HBA, que también ha establecido un sistema de ayudas de emergencia, imponga a sus asegurados una obligación de entrega que no tiene carácter exclusivo, sino que se limita a un 40 % del total de las ventas, bastan por sí mismos para demostrar que el establecimiento de una obligación de entrega en exclusiva como la que aquí se examina no tiene relación alguna con la organización y el buen funcionamiento de un sistema semejante.

106 Aunque la demandante alega que la obligación de entrega en exclusiva impuesta a los afiliados está justificada por el hecho de que resulta técnicamente imposible asegurar sólo a algunos de los animales del rebaño de un criador, y añade que resulta jurídicamente imposible establecer un sistema de seguro per capita, la razón de ello, según afirma, reside en el hecho de que la normativa nacional danesa le prohíbe desarrollar una actividad de asegurador. Hay que precisar a este respecto, en prim