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31

A este respecto, procede recordar que, a tenor de la cláusula 1, letra a), del Acuerdo marco, uno de sus objetivos es mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación. De igual modo, el párrafo tercero del preámbulo del Acuerdo marco precisa que éste «ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco general para garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada, protegiéndolos contra la discriminación». El considerando 14 de la Directiva 1999/70 indica al efecto que el objetivo del Acuerdo marco consiste, en particular, en mejorar la calidad del trabajo de duración determinada estableciendo condiciones mínimas que garanticen la aplicación del principio de no discriminación (sentencia de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C‑444/09 y C‑456/09, EU:C:2010:819, apartado 47, y autos de 18 de marzo de 2011, Montoya Medina, C‑273/10, no publicado, EU:C:2011:167, apartado 29, y de 9 de febrero de 2012, Lorenzo Martínez, C‑556/11, no publicado, EU:C:2012:67, apartado 34).
24

A este respecto, es preciso recordar que, si bien en el asunto que dio lugar al auto Comisión/Akzo y Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566] sólo un número limitado de documentos se veía afectado, el razonamiento expuesto en ese auto no se basaba en esa circunstancia en cuanto tal. En efecto, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, en los apartados 41 y 42 del antedicho auto, que la mera toma de conocimiento por la Comisión de las informaciones contenidas en documentos supuestamente cubiertos por el secreto profesional no bastaba para demostrar la necesidad de adoptar medidas provisionales, cuando esas informaciones no habían sido divulgadas a terceros ni utilizadas en un procedimiento por infracción de las normas de la Unión Europea sobre la competencia. Asimismo, el Tribunal de Justicia precisó en el apartado 43 de ese mismo auto que la posibilidad de un conocimiento más profundo de los documentos en cuestión por parte de la Comisión no permitía demostrar la realidad de un perjuicio grave e irreparable a los intereses de las sociedades afectadas.
En caso de que el control de la legalidad, por parte del Tribunal General, de una Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y se impone una multa por tal infracción, desemboque en la anulación de dicha Decisión en cuanto a la multa impuesta, ello no implica en modo alguno que el Tribunal General, por tal razón, esté privado de la facultad de ejercer su competencia jurisdiccional plena. En efecto, el Tribunal General sigue siendo plenamente competente a efectos de la apreciación del importe de la multa, toda vez que las recurrentes solicitan, en su recurso, la reducción de tal importe, invocando, en particular, la falta de capacidad contributiva en el sentido del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003.

En el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, por tanto, el Tribunal General, en lo que concierne a esas empresas, está investido de un poder sancionador que le permite modificar, por sí solo, basándose en los datos facilitados por las partes y acatando el principio de contradicción, el importe de la multa que se les había impuesto en la Decisión controvertida. Al sustituir, con arreglo a Derecho, la apreciación de la Comisión por la suya propia en el ejercicio del poder sancionador, el hecho de que el Tribunal General estime oportuno, finalmente, imponer una multa del mismo importe que el fijado en la decisión de la Comisión no menoscaba la legalidad de su proceder. En el ejercicio de esta competencia, el juez de la Unión está facultado para tener en cuenta todas las circunstancias de hecho que considere pertinentes, tanto si son anteriores como posteriores a la decisión adoptada.

(véanse los apartados 30 a 34, 38 a 40 y 43)
89

A la vista del conjunto de consideraciones expuestas, procede responder a las tres cuestiones prejudiciales planteadas que el Reglamento n.o 1393/2007 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se notifica o se traslada un documento a su destinatario residente en el territorio de otro Estado miembro, en el supuesto de que el documento no esté redactado en una lengua que el interesado entienda o bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en el que debe procederse a la notificación o al traslado, o no vaya acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas: — el órgano jurisdiccional que conoce del asunto en el Estado miembro de origen debe cerciorarse de que dicho destinatario ha sido debidamente informado, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de ese Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar el citado documento; — en caso de omisión de este requisito de forma, incumbe a ese órgano jurisdiccional la subsanación del procedimiento conforme a lo dispuesto por el referido Reglamento; — no corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto obstaculizar el ejercicio por el destinatario de su derecho a negarse a aceptar el documento; — sólo después de que el destinatario haya ejercido efectivamente su derecho a negarse a aceptar el documento podrá el órgano jurisdiccional que conoce del asunto verificar la procedencia de esa negativa; para ello, ese órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta toda la información pertinente que obre en autos a fin de determinar si el interesado entiende o no la lengua en la que está redactado el documento, y — cuando dicho órgano jurisdiccional constate que la negativa del destinatario del documento no estaba justificada, podrá, en principio, aplicar las consecuencias establecidas en su Derecho nacional para ese supuesto, siempre que se preserve el efecto útil del Reglamento n.o 1393/2007.
El considerando 8 del Reglamento no 1121/2010, por el que se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Edam Holland (IGP)], dispone que el término «Edam» puede seguir utilizándose, haciendo una referencia expresa al artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 510/2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. En efecto, la citada disposición del Reglamento no 510/2006 preveía que cuando un nombre de un producto agrícola o alimenticio que figura en una denominación inscrita en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas es genérico, la utilización comercial de dicho nombre no vulnera la protección de la denominación registrada. Esto es aplicable al nombre «Edam».

En consecuencia, no cabe reconocer a una agrupación profesional de fabricantes y de distribuidores de «Edam» un interés en ejercitar una acción dirigida a la anulación del Reglamento no 1121/2010, puesto que una posible anulación de éste no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la agrupación, habida cuenta de que dicho Reglamento establece que el término «Edam» puede seguir utilizándose, en particular, para la comercialización de quesos, siempre que se respeten los principios y normas aplicables del ordenamiento jurídico de la Unión.

(véanse los apartados 21 y 22)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 16 de julio de 2015 — P

(Asunto C‑507/14) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inexistencia de toda duda razonable — Competencia judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Artículo 16, apartado 1, letra a) — Determinación del momento en que se inicia un procedimiento ante un órgano jurisdiccional — Solicitud de suspensión del procedimiento — Irrelevancia»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que no suscita ninguna duda razonable — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 28 y 29)

2. Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Momento de inicio de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional — Momento en que se presenta el escrito de demanda o documento equivalente ante ese órgano jurisdiccional — Suspensión del procedimiento a instancias del demandante que lo presentó antes de su notificación a la parte demandada — Irrelevancia — Requisito [Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, art. 16, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 30 a 34, 37, 39 a 41 y 43 y el fallo)

3. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional — Determinación y apreciación de los hechos del litigio — Aplicación de las disposiciones interpretadas por el Tribunal de Justicia (Art. 267 TFUE) (véase el apartado 42)

Fallo

El artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, aun cuando el procedimiento haya estado mientras tanto suspendido a instancias del demandante que lo presentó, sin que se haya notificado dicho procedimiento a la parte demandada ni ésta haya tenido conocimiento del mismo o haya intervenido en él de cualquier modo, siempre que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la notificación o traslado de dicho escrito o documento al demandado.

( 1 ) DO C 65 de 23.2.2015.
68

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma la OAMI, el razonamiento del Tribunal General expuesto en el apartado 24 de la sentencia recurrida no es circular. En efecto, por un lado, la primera frase del apartado 24 de la sentencia recurrida indica, fundamentalmente, que el comportamiento anterior del gerente de ultra air, sociedad que solicita la nulidad de la marca impugnada, no es en absoluto pertinente en relación con el derecho de que ésta dispone de presentar dicha solicitud ante la OAMI. La segunda frase de dicho apartado justifica esta afirmación en la naturaleza y el objeto del procedimiento de nulidad de que se trata, que consiste en la salvaguardia de los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009. En la medida en que debe poder declararse la nulidad de una marca que no debería haberse registrado por su carácter descriptivo o por la falta de carácter distintivo, la protección de los intereses generales no resulta afectada por las actividades anteriores del gerente de la sociedad que inició el procedimiento de anulación en cuestión.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena)

de 22 de abril de 2015 — Paraskevopoulou

(Asunto C‑668/13) 1 ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cuestión prejudicial idéntica — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) no 1408/71 — Artículo 7, apartado 2, letra c) — Aplicabilidad de los convenios de seguridad social entre Estados miembros — Refugiado repatriado originario de un Estado miembro — Cumplimiento de períodos de empleo en el territorio de otro Estado miembro — Solicitud de concesión de una prestación de vejez — Denegación»

1. Cuestiones prejudiciales — Cuestiones prejudiciales idénticas a otras ya resueltas por la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 18 a 20)

2. Seguridad social — Trabajadores migrantes — Normativa de la Unión — Sustitución de los convenios de seguridad social celebrados entre Estados miembros — Carácter imperativo — Acuerdo bilateral relativo a las prestaciones de seguridad social de los nacionales de uno de los Estados signatarios que tuvieron la condición de refugiados políticos en el territorio del otro Estado signatario — Acuerdo que no figura en el anexo III del Reglamento (CEE) no 1408/71 — Desplazamiento anterior a la celebración del acuerdo — Inaplicabilidad del acuerdo [Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, arts. 6 y 7, ap. 2, letra c), y anexo III] (véanse el apartado 21 y el fallo)

Fallo

El artículo 7, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo bilateral relativo a las prestaciones de seguridad social de los nacionales de uno de los Estados signatarios que tuvieron la condición de refugiados políticos en el territorio del otro Estado signatario, celebrado en una fecha en que uno de los dos Estados signatarios aún no se había adherido a la Unión Europea y que no figura en el anexo III de dicho Reglamento, ya no es aplicable a la situación de los refugiados políticos repatriados a su Estado de origen antes de la conclusión del acuerdo bilateral y de la entrada en vigor del citado Reglamento.

( 1 ) DO C 85, de 22.3.2014.
Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión

(Asunto C‑506/13 P‑R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Recurso de casación — Suspensión de la ejecución de una sentencia del Tribunal General — Ayuda financiera en apoyo de un proyecto de investigaciones médicas — Nota de adeudo para la recuperación de una ayuda financiera — Pretensión de anulación — Demanda reconvencional que pretende el pago del importe demandado — Condena al pago de dicho importe»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Carácter acumulativo — Ponderación de todos los intereses en conflicto (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 160, ap. 3) (véase el apartado 12)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Perjuicio económico — Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante — Apreciación en relación con la situación del grupo al que pertenece la empresa (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE) (véanse los apartados 18 a 20)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (T‑552/11), que declara inadmisible un recurso de anulación contra la nota de adeudo no 3241109207, de 9 de septiembre de 2011, expedida por la Comisión, para el recobro de una parte de los anticipos abonados a la recurrente en el marco del contrato no 510743, relativo a la ayuda financiera comunitaria en favor del proyecto «WARD IN HANDS», celebrado en el marco del programa ETEN específico para la investigación y el desarrollo en el sector de la cooperación médica — Acto recurrible.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2

El Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009.
Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretación del artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), y del artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Alquiler de embarcaciones de recreo — Acuerdo sobre el reparto de los costes entre la empresa arrendadora y la empresa arrendataria de una embarcación — Posibilidad de facturación de determinados costes a la empresa arrendataria — Falta de facturación — Normativa nacional que exige el pago del IVA sobre estos costes no facturados.
Recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General (Sala Quinta) de 1 de julio de 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Comisión (T‑62/08), Cementir Italia/Comisión (T‑63/08) y Nuova Terni Industrie Chimiche/Comisión (T‑64/08), en las que el Tribunal General desestimó los recursos de anulación formulado contra la Decisión 2008/408/CE de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 36/A/06 (ex NN 38/06) ejecutada por Italia en favor de ThyssenKrupp, Cementir y Nuova Terni Industrie Chimiche (DO 2008, L 144, p. 37).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de abril de 2011 — Dai Cugini/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Asunto C‑151/10)

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 97/81/CE — Igualdad de trato entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo — Discriminación — Obstáculo administrativo que limita las posibilidades de trabajo a tiempo parcial — Publicidad y conservación obligatorias de los contratos y horarios de trabajo»

Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial — Directiva 97/81/CE — Normativa nacional que exige la conservación y la publicidad de los contratos y horarios de los trabajadores a tiempo parcial (Directiva 97/81/CE del Consejo, anexo, cláusulas 4 y 5, ap. 1) (véanse los apartados 45, 46, 49, 50, 55 y 56 y el fallo)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Arbeidshof te Antwerpen (Afdeling Hasselt) — Interpretación de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9) — Legislación nacional que establece un sistema de publicidad y de control de los horarios de los trabajadores contratados a tiempo parcial, consistente en la redacción y conservación obligatorias, bajo sanción de carácter penal o administrativo, de documentos que mencionen el horario exacto de las prestaciones de cada trabajador.

Fallo

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone a los empresarios obligaciones de conservación y de publicidad de los contratos y de los horarios de los trabajadores a tiempo parcial si se asegura que dicha normativa no da lugar a que se trate a tales trabajadores de manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo que se encuentren en una situación comparable o si se asegura, de existir una diferencia de trato, que ésta resulta justificada por razones objetivas y no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente proceder a las comprobaciones de carácter fáctico y jurídico que sean necesarias, en particular, a la luz del Derecho nacional aplicable, con el fin de apreciar si así sucede en el asunto de que conoce.

En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que la normativa nacional controvertida en el litigio principal es incompatible con la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, anexo a la Directiva 97/81, habrá que interpretar la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo en el sentido de que se opone asimismo a dicha normativa.
Petición de decisión prejudicial — Judecătoria Focşani — Interpretación de los artículos 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE y 59 TFUE, párrafo primero, y 169 TFUE, así como de las Directivas 84/5/CEE, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), 92/49/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (DO L 228, p. 1), 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), 2005/14/CE, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 149, p. 14), y 2009/103/CE, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263, p. 11) — Seguro de responsabilidad civil del automóvil — Daños ocasionados por vehículos asegurados — Normativa nacional que establece cláusulas de exclusión desfavorables para los consumidores — Condiciones de exclusión que exceden de las establecidas por las directivas — Posibilidad del órgano jurisdiccional nacional de invocar la nulidad de la cláusula de exclusión del riesgo asegurado.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria

—

Efectos de la marca comunitaria

—

Limitaciones

—

Artículo 12, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94

—

Objeto

—

Falta de influencia determinante en la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 12, letra b)] (véase el apartado 33)

Objeto del litigio

Objeto

Recursos de casación interpuestos contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 19 de noviembre de 2009, en los asuntos acumulados T‑64/07 a T‑66/07 y en los asuntos acumulados T‑200/07 a T‑202/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, por las que dicho Tribunal desestimó los seis recursos interpuestos contra las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 21 de diciembre de 2006 (asuntos R 1033/2006‑4, R 1034/2006‑4, R 1035/2006‑4, R 1276/2006‑4, R 1277/2006‑4 y R 1278/2006‑4), relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas 150, 250, 350, 222, 333 y 555, como marcas comunitarias — Infracción de los artículos 7, apartado 1, letra c), y 76 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) — Carácter descriptivo de marcas compuestas exclusivamente por cifras.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar los recursos de casación.

2) Condenar en costas a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.