SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 17 de diciembre de 1997

Asunto T-110/96

Dominique-François Bareth

contra

Comité de las Regiones de la Unión Europea

«Funcionarios — Concurso-oposición interno — Negativa a nombrar a un candidato aprobado — Desviación de poder — Principio de igualdad de trato — Obligación de motivación»

Texto completo en lengua francesa II-1163

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación de la decisión del Comité de las Regiones de 20 de septiembre de 1995, en la medida en que deniega el nombramiento del demandante para ocupar uno de los puestos de trabajo vacantes objeto de la convocatoria de concurso-oposición interno A/02/95 y nombra a otros candidatos aprobados para ocupar dichos puestos de trabajo.

Resultado:

Estimación.

Resumen de la sentencia

El demandante ingresó al servicio del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (CES) en calidad de funcionario el 1 de mayo de 1992.

El 11 de mayo de 1995, la Mesa del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) publicó una convocatoria para proveer vacante relativa a ocho puestos de Jefe de unidad y/o de administrador principal de grado A 5 en distintos servicios de la Secretaría General del CdR.

El 23 de mayo de 1995, el Presidente del CdR, por considerar que ninguno de los candidatos reunía los requisitos exigidos para lograr una promoción o un traslado dentro de su Institución, decidió organizar un concurso-oposición interno, con arreglo a la letra b) del párrafo primero del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

Se trata del concurso-oposición A/02/95. La convocatoria, publicada el 29 de mayo de 1995, señalaba:

«III. CONCURSO-OPOSICIÓN

Podrán participar en el concurso-oposición [...] los candidatos que justifiquen reunir los requisitos siguientes:

Diploma o títulos exigidos — Nivel de experiencia requerido

a) Haber completado estudios de nivel universitario sancionados por un diploma o poseer una experiencia profesional de un nivel equivalente.

b) Poseer una experiencia profesional postuniversitaria de al menos diez años en la fecha establecida para la presentación de las candidaturas, de la cual los tres últimos años, al menos, en sectores relacionados con el grado y las funciones que han de desempeñarse. Se valorará especialmente la experiencia adquirida en el ámbito de la Administración regional o local.

Conocimientos lingüísticos

[...]

V. PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS

La valoración de los títulos y de las pruebas será puntuada de la siguiente forma:

1. Títulos y experiencia profesional: 0 a 25 puntos 2. 1.a prueba escrita: 0 a 25 puntos 3. 2.a prueba escrita 0 a 25 puntos 4. Prueba oral: 0 a 35 puntos

Serán incluidos en la lista de aptitud, por orden de mérito, los candidatos que hayan alcanzado por lo menos el 60 % de los puntos previstos en el conjunto de las pruebas.»

Se presentaron dieciocho candidaturas. Doce procedían de la Secretaría General del CdR y seis, entre ellas la del demandante, de la Estructura común.

Mediante escrito de 6 de julio de 1995, se informó al demandante de que había sido admitido a participar en el concurso-oposición. En total, fueron admitidos catorce candidatos, de los cuales nueve procedían de la Secretaría General del CdR y cinco de la Estructura común. Los nueve candidatos del CdR son todos ellos agentes temporales en el seno de este organismo.

Se requirió a los candidatos para que indicaran su preferencia en cuanto al puesto de trabajo al que desearían ser destinados. Al término de las pruebas, el tribunal del concurso-oposición elaboró una lista de aptitud clasificando a los candidatos aprobados por orden de mérito (lista de aptitud). El demandante figuraba en sexta posición en dicha lista.

El 20 de septiembre de 1995, la Mesa del Comité de las Regiones, en su calidad de Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), nombró a ocho candidatos aprobados para ocupar los puestos de trabajo vacantes (decisión controvertida). Todos estos son antiguos agentes temporales del CdR. Cuatro de ellos estaban clasificados en la lista de aptitud delante del demandante y otros cuatro detrás de él.

Mediante escrito de 26 de septiembre de 1995, el demandante solicitó al Secretario General del CdR que le comunicara la clasificación de los aprobados por orden de méritos o, en su defecto, que le informara sobre el puesto que ocupaba en la lista de aptitud. Le preguntó, asimismo, si habían sido nombrados otros aprobados que estuvieran clasificados detrás de él en la citada lista y, en caso afirmativo, que le expusiera los motivos de su nombramiento.

El demandante no recibió respuesta a dicho escrito.

Mediante una nota de 11 de octubre de 1995, el Presidente del CdR le informó de que la AFPN había decidido no nombrarle para ocupar uno de los puestos de trabajo vacantes.

Mediante escrito de 10 de noviembre de 1995, el demandante solicitó al Secretario General del CdR que le indicara si habían sido nombrados candidatos aprobados clasificados detrás de él y, en caso afirmativo, que le expusiera los motivos que habían llevado a la AFPN a apartarse de la clasificación de la lista de aptitud. Además, el demandante señalaba que «persistentes rumores en el seno del CES, del CdR y de la Estructura común [indicaban] que habían sido admitidos todos los candidatos a dicho concurso-oposición, si bien sólo habían sido nombrados los aprobados del CdR, aun cuando sus puestos en la clasificación eran inferiores a los de los aprobados procedentes del CES».

El demandante tampoco recibió respuesta a este escrito.

El 18 de diciembre de 1995, presentó una reclamación contra la decisión controvertida, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.

Mediante decisión de 18 de abril de 1996, notificada al demandante el 22 de abril de 1996, el CdR denegó expresamente la citada reclamación.

Mediante escrito de 9 de mayo de 1996 dirigido al Secretario General del CdR, el demandante puso de manifiesto que seguían sin habérsele comunicado la lista de aprobados y su orden de clasificación.

El 22 de julio de 1996, el demandante interpuso su recurso.

Sobre el fondo

Vistos los documentos que obran en autos, deben apreciarse conjuntamente los tres motivos invocados por el demandante, debido a la interdependencia de las alegaciones que ha formulado en apoyo de estos tres motivos. El primer motivo se basa en la infracción de la convocatoria del concurso, en la infracción del artículo 27 del Estatuto y en desviación de poder. El segundo se refiere a la violación del principio de igualdad de trato y el tercero se funda en la infracción del artículo 25 del Estatuto.

En primer lugar, el demandante se preocupó de la suerte que la AFPN iba a reservar a los resultados del concurso-oposición interno A/02/95 desde el momento en que fue informado de que había sido incluido en la lista de aptitud y de que el nombramiento de los candidatos aprobados para ocupar los puestos de trabajo vacantes figuraba en el orden del día de una de las reuniones de la AFPN (apartado 39).

De la misma forma, cuando el Presidente del CdR le informó, el 11 de octubre de 1995, que la AFPN había decidido no nombrarle para ocupar uno de los ocho puestos vacantes a los que se refería la convocatoria del concurso-oposición, el demandante volvió a solicitar al Secretario General del CdR, mediante su escrito de 11 de noviembre de 1995, que le indicara si habían sido nombrados los candidatos aprobados clasificados detrás de él, y, en caso afirmativo, que le expusiera los motivos que habrían llevado a la AFPN a apartarse de la clasificación de la lista de aptitud (apartado 41).

Finalmente, incluso cuando su reclamación ya había sido desestimada, el demandante dirigió, el 9 de mayo de 1996, un nuevo escrito al Secretario General del CdR con el fin de poner de manifiesto que no se le habían comunicado aún ni la lista de aprobados ni su orden de clasificación (apartado 42).

En segundo lugar, los ocho aprobados nombrados por la AFPN ocupaban ya, en calidad de agentes temporales, los puestos de trabajo que debían proveerse, antes de que la Mesa del CdR publicara la convocatoria para proveer vacante relativa a dichos puestos (apartado 43).

En tercer lugar, la AFPN reconoce haber dado una especial importancia a la experiencia o a la formación profesional de los candidatos aprobados en el momento de nombrarlos. Pues bien, en virtud de la convocatoria de concurso-oposición A/02/95, los puntos atribuidos a los títulos y a la experiencia profesional de los candidatos no podían sobrepasar 25 sobre un total de 100 puntos. En consecuencia, dichas notas no podían constituir válidamente un elemento preponderante a la hora de nombrar a los aprobados. De ello se desprende, además, que el tribunal del concurso-oposición ya hubiera debido tener en cuenta los títulos y la experiencia profesional en el momento de establecer la lista de aptitud (apartado 44).

Los elementos a que acaba de hacerse referencia pueden influir sobre la amplitud de la obligación de motivación que recaía sobre el CdR en el presente caso (apartado 45).

Efectivamente, la obligación de motivar una decisión lesiva tiene por finalidad permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de la decisión y proporcionar al interesado una base suficiente para saber si la decisión es conforme a Derecho o si adolece de un vicio que permita impugnar su legalidad. La obligación de motivación establecida en el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto no es más que la reproducción de la obligación general establecida en el artículo 190 del Tratado CE. Además, dicha obligación constituye un principio esencial del Derecho comunitario al cual sólo pueden establecerse excepciones por consideraciones muy relevantes. En el contexto de la función pública comunitaria y, en particular, de los procedimientos de selección previstos en el artículo 27 del Estatuto, la finalidad de la obligación de motivación es, en particular, dar a los candidatos la seguridad de que dichos procedimientos se tramitan sin favoritismo, con arreglo a criterios objetivos e imparciales definidos de una forma equitativa (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión(T-l/90, Rec. p. II-143), apartado 73

Pues bien, es necesario reconocer que la motivación dada por el CdR para justificar la excepción a la clasificación de la lista de aptitud es especialmente sucinta y evasiva (apartado 47).

Si bien es cierto que cuando procede a nombrar a un candidato aprobado, la AFPN está facultada para apartarse del orden de los candidatos que figuran en la lista de aptitud establecida por el tribunal del concurso-oposición, sin embargo el uso de dicha facultad no puede estar justificado por una motivación tan sucinta y evasiva como la contenida en la nota de 11 de octubre de 1995 y en la decisión de 18 de abril de 1996. Efectivamente, cuando la AFPN hace caso omiso del orden de clasificación de la lista de aptitud establecida al término de un concurso-oposición, sólo lo puede hacer por razones que lo justifiquen, motivando su decisión de una forma clara y completa. Pues bien, en el presente caso, la motivación de la nota y de la decisión de que se trata no respeta las citadas exigencias y tampoco permite al Tribunal de Primera Instancia verificar si había razones fundadas que justificaran el nombramiento de los cuatro aprobados clasificados detrás del demandante en la lista de aptitud (apartado 48).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de diciembre de 1986, Kotsonis/Consejo (246/84, Rec. p. 3989), apartado 9; Tribunal de Justicia, 20 de febrero de 1992, Parlamento/Hanning (C-345/90P, Rec. p. I-949), apartado 28

Además, la motivación dada por el CdR no tiene entidad suficiente como para disipar la duda suscitada por el conjunto de indicios que vienen a apoyar la alegación del demandante acerca de la existencia de una desviación de poder y de una desigualdad de trato entre los candidatos aprobados del concurso-oposición interno A/02/95 (apartado 49).

En estas circunstancias, el CdR no ha cumplido la obligación de motivar la decisión controvertida, en la medida en que, por un lado, denegó el nombramiento del demandante para ocupar uno de los puestos de trabajo a los que se refería la convocatoria de concurso-oposición interno A/02/95 y, por otro, nombró para los citados puestos de trabajo a los cuatro aprobados que se hallaban clasificados detrás de él en la lista de aptitud. Por otra parte, no obstante las oportunidades que se le dieron, el CdR no pudo subsanar la insuficiencia de motivación de la decisión controvertida. No facilitó ningún dato concreto, objetivo y pertinente en relación con la formación y la experiencia profesionales de los cuatro aprobados a los que se ha hecho referencia, que hubieran podido justificar la decisión controvertida (apartado 50).

Fallo:

Se anula la decisión del Comité de las Regiones de 20 de septiembre de 1995, en la medida en que deniega el nombramiento del demandante para ocupar uno de los puestos de trabajo vacantes objeto de la convocatoria del concurso-oposición interno A/02/95.

Se anula la decisión del Comité de las Regiones de 20 de septiembre de 1995, en la medida en que nombra a algunos candidatos aprobados clasificados detrás del demandante en la lista de aptitud para ocupar determinados puestos de trabajo vacantes objeto de la convocatoria de concurso-oposición interno A/02/95.