A este respecto, por un lado, el concepto de materia contractual en el sentido del artículo 5, número 1, letra a), del citado Reglamento no puede ser entendido como referido a una situación en la que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a la otra. De este modo, la aplicación de la regla de competencia especial prevista en materia contractual en dicho artículo 5, número 1, letra a), presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante. Por otro lado, la responsabilidad delictual o cuasidelictual sólo surge cuando pueda establecerse un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina.

El concepto de materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del artículo 5, número 3, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, abarca todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y que no estén relacionadas con la materia contractual en el sentido del artículo 5, número 1, letra a), de dicho Reglamento.

El concepto de «materia delictual o cuasidelictual», que figura en el artículo 5, número 3, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe entenderse de modo que incluya las demandas presentadas por el titular de un crédito de una sociedad anónima para exigir la responsabilidad por las deudas de dicha sociedad, por un lado, a un miembro de su consejo de administración y, por otro, a un accionista de ésta, debido a que permitieron que la citada sociedad siguiera funcionando a pesar de que estaba infracapitalizada y obligada a solicitar la declaración de liquidación.

A este respecto, no es admisible la interpretación de que la calificación de tales demandas deberían recibir la misma calificación que las deudas de la sociedad de modo que se incluyan en la materia contractual y no contractual. En efecto, provocaría que se multiplicasen los tribunales competentes para conocer de demandas que cuestionasen un mismo comportamiento ilegal de un administrador o de un accionista de una sociedad, en función de la naturaleza de las diferentes deudas de dicha sociedad que pueden ser objeto de tales demandas. En tal situación, el objetivo de proximidad de las reglas de competencia especiales establecidas en el artículo 5, números 1 y 3, del Reglamento no 44/2001, basadas en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre el contrato o el lugar donde se ha producido el hecho dañoso y el tribunal que debe conocer del mismo, se opone a que la determinación del tribunal competente pueda depender de la naturaleza de las deudas de la sociedad afectada.

En estas condiciones, la circunstancia de que el crédito de que se trata haya sido transmitido por el acreedor inicial a otra persona tampoco tiene incidencia sobre la determinación del tribunal competente con arreglo al artículo 5, número 3, del Reglamento de que se trata.

(véanse los apartados 38, 41, 42 y 59 y los puntos 1 y 3 del fallo)