Palabras clave

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Palabras clave

1. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios

[Art. 253 CE; Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, art. 100, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, art. 149]

2. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios

[Reglamento (CE) nº 1605/2002 del Consejo, art. 100, ap. 2]

3. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilicitud — Perjuicio — Relación de causalidad

[Art.288 CE, párr. 2]

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1. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del asunto concreto, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. Por tanto, en la medida en que, en el marco de un procedimiento comunitario de licitación, la Comisión decidió excluir la oferta de la empresa demandante tras compararla con las otras ofertas y, en particular con la oferta del licitador seleccionado, la Comisión no ha cumplido de modo adecuado su obligación de motivación cuando la información comunicada por la Comisión a petición de la empresa demandante, referente a las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, sólo consiste en un cuadro que indica, por una parte, la puntuación obtenida por la empresa demandante y por el licitador seleccionado con arreglo a los mencionados criterios de adjudicación y, por otra parte, el resultado final obtenido tras aplicar la fórmula que figura en el pliego de condiciones con el fin de determinar la mejor relación calidad-precio, y no contienen así pues ningún comentario, ni siquiera sucinto, acerca de la oferta del licitador seleccionado.

En particular, los elementos de la apreciación de la calidad de la oferta del licitador seleccionado respecto de los criterios cualitativos de adjudicación resultan tanto más necesarios cuando, pese a que el precio propuesto por el licitador seleccionado fuera más elevado que el propuesto por la empresa demandante, la Comisión consideró que la oferta de dicho licitador presentaba la mejor relación calidad-precio.

(véanse los apartados 46, 49, 67 y 69 a 73)

2. En el marco de un procedimiento comunitario de licitación, la obligación de motivación a cargo de la Comisión no implica la comunicación, en virtud del principio de transparencia, del informe del comité de evaluación y una copia de la oferta del licitador seleccionado. El artículo 100, apartado 2, del Reglamento nº 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, establece únicamente que el órgano de contratación comunicará, cuando se solicite por escrito, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada y el nombre del adjudicatario en un plazo de quince días desde la recepción de una solicitud por escrito.

(véase el apartado 127)

3. Cuando, en el marco de un procedimiento comunitario de licitación, una decisión de la Comisión de excluir a un licitador adolece de falta de motivación y, por ello, debe anularse, de ello no se deduce que la adjudicación del contrato al licitador seleccionado constituya un hecho ilícito ni que exista un vínculo de causalidad entre ese hecho y la pérdida alegada por la empresa demandante en su condición de licitador excluido. En efecto, nada permite considerar que la Comisión habría adjudicado el contrato de que se trata a la demandante si la decisión de que se trata hubiera sido suficientemente motivada. Por otra parte, en la medida en que una pretensión de indemnización se basa en los otros motivos, no examinados en el marco de la pretensión de anulación, es prematura y debe desestimarse por esa razón. En efecto, a falta de motivación de la decisión anulada, el Tribunal no puede examinar si ésta resulta de un error manifiesto de apreciación, de una vulneración del principio de igualdad de trato o del incumplimiento de la obligación de transparencia. Una pretensión de anulación basada en esos motivos sólo podría, en su caso, examinarse a la luz de los motivos de la decisión que sustituyera a la decisión anulada por el Tribunal.

(véanse los apartados 143, 144 y 146)