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AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 19 de octubre de 2007

Asunto F‑23/07

M

contra

Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMEA)

«Función pública — Funcionarios — Invalidez — Comisión de invalidez — Negativa a convocarla — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el cual M solicita la anulación de la decisión de la EMEA, de 25 de octubre de 2006, por la que se desestima su solicitud de que se constituya la Comisión de invalidez, y de la decisión de la EMEA, de 31 de enero de 2007, por la que se desestima su petición de indemnización.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Decisión por la que se reitera la postura adoptada en la decisión inicial — Acto meramente confirmatorio — Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios — Recursos — Recurso de anulación no interpuesto dentro de plazo — Recurso de indemnización que tiene por objeto un resultado idéntico — Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

1. Constituye un acto meramente confirmatorio, y no una nueva decisión que tenga por efecto reabrir el plazo para recurrir, una decisión mediante la cual la Administración se limita, a falta de evolución del estado de salud del funcionario afectado, a reiterar su negativa a constituir la Comisión de invalidez, aun cuando esta decisión se tome a la vista de un informe médico del que no se disponía cuando la Administración adoptó su postura inicial.

(véanse los apartados 40 y 43)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 20 de mayo de 1987, Gherardi Dandolo/Comisión (214/85, Rec. p. 2163), apartados 15 a 17

2. No es admisible una demanda de indemnización por daños cuando, con ella, un funcionario pretende un resultado idéntico al que le hubiera procurado el éxito de un recurso de anulación que omitió interponer a su debido tiempo. Por lo tanto, un funcionario que no interpuso, dentro de los plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de anulación contra un acto supuestamente lesivo no puede, a través de una demanda de indemnización del perjuicio irrogado por dicho acto, subsanar dicha omisión consiguiendo, de esta forma, nuevos plazos de recurso.

(véase el apartado 45)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303), apartado 32

Tribunal de Primera Instancia: 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T‑20/92, Rec. p. II‑799), apartado 46; 28 de junio de 2005, Ross/Comisión (T‑147/04, RecFP pp. I‑A-171 y II‑771), apartado 48
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 30 de enero de 2008

Asunto F‑64/07 R

S

contra

Parlamento Europeo

«Función pública — Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución de un acto — Urgencia — Inexistencia»

Objeto: Demanda presentada con arreglo a los artículos 242 CE, 243 CE, 157 EA y 158 EA, mediante la que S solicita la suspensión de la ejecución de la Decisión del Parlamento, de 27 de julio de 2006, por la que se le destina a Bruselas como asesor de la Directora General de Información.

Resultado: Se desestima la demanda de medidas provisionales. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Demanda — Requisitos de forma

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

1. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente, a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a esta última aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal, sin tener que sufrir un perjuicio de esta naturaleza. Si bien es exacto que, para acreditar la existencia de un perjuicio de esta naturaleza, no es necesario exigir que se acredite con absoluta certeza que vaya a producirse el perjuicio, bastando con que éste pueda predecirse con un grado de probabilidad suficiente, no es menos cierto que la demandante sigue estando obligada a probar los hechos que, en su opinión, justifican la posibilidad de un perjuicio grave e irreparable.

(véanse los apartados 30 y 31)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 1 de julio de 1999, Samper/Parlamento (T‑111/99 R, RecFP pp. I‑A‑111 y II‑609), apartado 38; 7 de diciembre de 2001, Lior/Comisión (T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657), apartado 49; 6 de diciembre de 2002, D/BEI (T‑275/02 R, RecFP pp. I‑A‑259 y II‑1295), apartados 59 y 60

2. Con arreglo al artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, las demandas de medidas provisionales especificarán, en particular, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de las medidas provisionales solicitadas.

(véase el apartado 38)
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Legitimación activa — Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente que no sea local

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios — Estatuto — Régimen aplicable a los otros agentes — Ámbito de aplicación

(Arts. 238 CE y 282 CE; Régimen aplicable a otros agentes, arts. 1, 2, 3 y 5)

1. No sólo las personas que tengan la categoría de funcionario o agente que no sea local, sino también aquellas que reivindiquen dichas categorías, pueden impugnar ante los órganos judiciales comunitarios una decisión que les perjudique, dado que dichos órganos judiciales tienen al menos competencia para verificar, en primer lugar, si son efectivamente competentes para conocer de la admisibilidad y del fondo del litigio.

(véanse los apartados 64 y 65)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 11 de marzo de 1975, Porrini y otros (65/74, Rec. p. 319), apartado 13; 5 de abril de 1979, Bellintani y otros/Comisión (116/78, Rec. p. 1585), apartado 6; 20 de junio de 1985, Klein/Comisión (123/84, Rec. p. 1907), apartado 10

Tribunal de Primera Instancia: 19 de julio de 1999, Mammarella/Comisión (T‑74/98, RecFP pp. I‑A‑151 y II‑797), apartado 16

2. Ni el Estatuto de los Funcionarios ni el Régimen aplicable a otros agentes constituyen una normativa exhaustiva que prohíba la contratación de personas al margen del marco normativo que establecen. Al contrario, la capacidad que los artículos 282 CE y 238 CE reconocen a la Comunidad para entablar relaciones contractuales sometidas al Derecho de un Estado miembro se extiende a la celebración de contratos de trabajo o de prestación de servicios. Dadas las circunstancias, la contratación de una persona mediante un contrato que se remita expresamente a la normativa nacional sólo podrá considerarse ilegal en el caso de que la institución demandada no haya determinado las condiciones de empleo del interesado en función de las necesidades del servicio, sino con la finalidad de eludir la aplicación de lo dispuesto en el Estatuto de los Funcionarios o en el Régimen aplicable a otros agentes, incurriendo de este modo en una desviación de procedimiento.

Para verificar que la institución no incurre en una desviación de procedimiento, no basta con apreciar que ésta puede considerar legítimamente que los diferentes tipos de contrato previstos en el Régimen aplicable a otros agentes y sometidos a la competencia de los órganos judiciales comunitarios no están adaptados a la situación de los colaboradores a quienes quiere encomendar determinadas misiones, sino que procede verificar igualmente, en segundo término, si las condiciones de trabajo ofrecidas a éstos responden a las exigencias sociales mínimas que existen en todo Estado de Derecho.

(véanse los apartados 70 y 87)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: Mammarella/Comisión, antes citada, apartados 39 y 40, y la jurisprudencia citada
Habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de la que dispone la administración para evaluar y comparar los méritos de los candidatos en el marco de cualquier procedimiento de selección y, en particular, en el procedimiento de certificación previsto en el artículo 45 bis del Estatuto, el control del Tribunal de la Función Pública en este ámbito debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de los elementos sobre los que se haya basado la administración para elaborar su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido su facultad de manera manifiestamente errónea o para fines que no son aquellos para los que le había sido conferida. Por tanto, el Tribunal no puede sustituir la apreciación de la administración sobre los méritos y las calificaciones de los candidatos por la suya propia cuando ningún elemento del expediente permita afirmar que, al apreciar tales méritos y tales calificaciones, la administración haya cometido un error.

Por otro lado, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación en la selección de los candidatos, pero debe atenerse al texto de la convocatoria de candidaturas tal como se ha publicado.

(véanse los apartados 22 y 23)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencia de 4 de febrero de 1987, Bouteiller/Comisión, 324/85, EU:C:1987:59, apartado 6

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 11 de julio de 2006, Tas/Comisión, F‑12/05, EU:F:2006:68, apartado 43; de 6 de mayo de 2009, Campos Valls/Consejo, F‑39/07, EU:F:2009:45, apartado 43; de 25 de febrero de 2010, Pleijte/Comisión, F‑91/08, EU:F:2010:13, apartado 61, y de 2 de diciembre de 2014, Migliore/Comisión, F‑110/13, EU:F:2014:257, apartado 90
El artículo 45, apartado 1, del Estatuto obliga a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, antes de tomar cualquier decisión sobre la promoción, a un examen comparativo de los méritos del conjunto de funcionarios promovibles. Más concretamente, en el marco de su examen, dicha autoridad puede recabar la asistencia de los servicios administrativos en los diferentes niveles de la jerarquía, conforme a los principios inherentes al funcionamiento de toda estructura administrativa jerarquizada, materializados en el párrafo primero del artículo 21 del Estatuto, a tenor del cual los funcionarios de cualquier rango estarán obligados a asistir y aconsejar a sus superiores. No obstante, un examen previo, en el seno de las direcciones generales, de los expedientes de los funcionarios promovibles no puede tener por efecto sustituir al examen comparativo que debe efectuarse a continuación, si así se ha previsto, por parte del comité de promoción y, posteriormente, por parte de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. En particular, a menos que se prive de objeto al examen comparativo de los méritos de todos los funcionarios promovibles, no puede admitirse que dicha autoridad se limite a examinar los méritos de los funcionarios que estén mejor situados en las listas elaboradas por los distintos servicios o direcciones generales.

(véase el apartado 48)

Tribunal de Primera Instancia: sentencias de 30 de noviembre de 1993, Tsirimokos/Parlamento, T‑76/92, EU:T:1993:106, apartado 17; de 8 de mayo de 2001, Caravelis/Parlamento, T‑182/99, EU:T:2001:131, apartado 34, y de 3 de febrero de 2005, Heurtaux/Comisión, T‑172/03, EU:T:2005:34, apartado 40
Con arreglo al artículo 35 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, convertido, tras modificaciones, en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, sólo pueden ser tomadas en consideración las pretensiones expuestas en el escrito de interposición del recurso. En consecuencia, salvo que se modifique el objeto del litigio, por principio, una parte no puede, durante el procedimiento, presentar nuevas pretensiones o ampliar el objeto de las pretensiones existentes. Tan sólo es admisible que un demandante adapte sus pretensiones si aparece un elemento nuevo que pueda tener incidencia en el objeto del recurso, como, por ejemplo, la adopción en el curso del procedimiento de un acto que revoque y sustituya al acto impugnado.

Un escrito que se limita a informar a un empleado público de la fecha a partir de la cual se le abonará una pensión de jubilación, tras la expiración de los efectos de la decisión de mantenerle en situación de servicio activo, no produce efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a sus intereses, modificando, de forma caracterizada, su situación jurídica, y, por tanto, no puede ser un acto lesivo.

El deber de asistencia y protección que tiene la administración respecto de sus agentes refleja el equilibrio de los derechos y obligaciones recíprocos que ha establecido el Estatuto en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público. Este deber supone, en particular, que, al resolver acerca de la situación de un funcionario o de un agente, la autoridad tome en consideración la totalidad de los elementos que puedan determinar su decisión, y que, al hacerlo, tenga en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario interesado. No obstante, la protección de los derechos de los funcionarios debe siempre estar limitada por el respeto de las normas en vigor.

En consecuencia, el interés del servicio y el interés del funcionario son dos conceptos diferentes. En el caso específico del artículo 52, párrafo segundo, del Estatuto, el interés del funcionario afectado ya ha sido tenido en cuenta, debido a que éste debe solicitar poder continuar en situación de servicio activo más allá del límite de edad estatutariamente previsto para la jubilación de oficio. Según los propios términos de esta disposición, la decisión que debe adoptar la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, competente para pronunciarse sobre esta solicitud, depende exclusivamente del interés del servicio, sin que dicha autoridad deba tener en cuenta los intereses del funcionario solicitante. Por lo tanto, el funcionario no necesita demostrar a la autoridad la existencia de su interés personal en continuar en situación de servicio activo, ya que tal interés carece de pertinencia en el marco de su solicitud.

(véanse los apartados 53 y 54)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, apartado 117, y la jurisprudencia citada
Se desprende del artículo 25 del anexo IX del Estatuto que se prohíbe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos adoptar una decisión definitiva, desde el punto de vista disciplinario, pronunciándose sobre hechos que son objeto, simultáneamente, de un procedimiento penal, en tanto no se haya pronunciado mediante resolución firme el tribunal penal competente. Por tanto, este artículo no otorga a dicha autoridad, encargada de adoptar una decisión definitiva respecto a un funcionario contra el que se ha iniciado un procedimiento disciplinario, una facultad discrecional en lo que respecta a la facultad de suspender o no el procedimiento cuando dicho funcionario está inculpado ante un tribunal penal.

(véase el apartado 37)

Tribunal de Primera Instancia: sentencias Tzoanos/Comisión, T‑74/96, EU:T:1998:58, apartados 32 y 33; Pessoa e Costa/Comisión, T‑166/02, EU:T:2003:73, apartado 45; François/Comisión, T‑307/01, EU:T:2004:180, apartado 59, y Franchet y Byk/Comisión, T‑48/05, EU:T:2008:257, apartado 341
A efectos del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, tan sólo resultan lesivos los actos o medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de un funcionario o de un agente al modificar, de modo caracterizado, su situación jurídica. En el caso de un agente sometido al régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea tales actos deben emanar de la autoridad facultada para proceder a la contratación y poseer carácter decisorio. Por otra parte, un acto que no contiene ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior constituye un acto meramente confirmatorio de éste y no puede producir el efecto de abrir un nuevo plazo de recurso.

A este respecto, no constituye un acto lesivo un escrito que se limita a recordar a un agente las estipulaciones de su contrato relativas a la fecha en que finaliza éste y que no contiene ningún elemento nuevo en relación con las citadas estipulaciones. En cambio, en el supuesto de que el contrato pueda ser renovado, la decisión adoptada por la administración de no renovarlo constituye un acto lesivo, distinto del contrato en cuestión y que puede ser objeto de una reclamación y de un recurso dentro de los plazos establecidos en el Estatuto. En efecto, tal decisión, que se produce tras un nuevo examen del interés del servicio y de la situación del interesado, contiene un elemento nuevo respecto del contrato inicial y no puede considerarse meramente confirmatoria de éste.

(véanse los apartados 44 y 46)

Tribunal de la Función Pública: sentencias Bennett y otros/OAMI, F‑102/09, EU:F:2011:138, apartados 57 a 59, y Solberg/OEDT, F‑124/12, EU:F:2013:157, apartados 16 a 18, y la jurisprudencia citada
47

En su escrito de formalización de la intervención, aun sumándose a la argumentación del Consejo, el Tribunal de Cuentas afirma, en esencia, que el Acuerdo marco no se puede invocar frente a las instituciones de la Unión Europea en lo que atañe a la falta de consideración, a fines de la aplicación del artículo 45 del Estatuto, de la antigüedad adquirida por un funcionario cuando era agente temporal. Considera que esta situación no constituye ni una vulneración del principio de no discriminación ni un abuso resultante de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada, y que, en todo caso, la demandante no ha alegado la existencia de tal abuso.
16

En apoyo de su pretensión de anulación, el demandante invoca dos motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 82, apartado 2, letra b), del ROA, del artículo 2, número 1, letra c), de las disposiciones generales de aplicación de 7 de abril de 2004, relativas a los procedimientos que regulan la contratación y el empleo de los agentes contractuales en la Comisión, publicadas en las Informations administratives no 49-2004 (en lo sucesivo, «DGA 2004»), del artículo 1, número 3, letra c), del anexo I de las disposiciones generales de aplicación, de 2 de marzo de 2011, del artículo 79, apartado 2, del ROA, que regula las condiciones de empleo de los agentes contractuales contratados por la Comisión con arreglo a los artículo 3 bis y 3 ter de dicho régimen, publicadas en las Informations administratives no 33-2011 (en lo sucesivo, «DGA 2011»), así como de las disposiciones de la CMI. El segundo motivo aduce un error manifiesto de apreciación.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Selección — Oposición — Naturaleza jurídica de la relación existente entre el candidato aprobado y la institución que convoca una oposición general — Aplicabilidad del Derecho nacional — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, art. 27)

2. Funcionarios — Igualdad de trato — Solicitud de prórroga de la validez de una lista de reserva debido al permiso por maternidad y al permiso parental de una candidata aprobada — Desestimación — Discriminación por razón del sexo — Inexistencia

(Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directivas del Consejo 92/85/CEE y 96/34/CE)

1. Las relaciones de las instituciones con los candidatos aprobados de una oposición organizada en virtud del artículo 27 del Estatuto no pueden regirse por las disposiciones de Derecho nacional.

(véase el apartado 45)

2. De las disposiciones de Derecho de la Unión que regulan el permiso por maternidad y el permiso parental no se desprende que una persona que haya ejercido su derecho a acogerse a uno u otro de estos permisos pueda exigir a un potencial empleador que suspenda por lo que a ella se refiere los procedimientos en los que ésta participa. Por consiguiente, una candidata aprobada de una oposición no puede afirmar que el ejercicio de dichos derechos le ha impedido objetivamente realizar gestiones para ser seleccionada por una institución de la Unión.

A este respecto, salvo circunstancias médicas particulares vinculadas a la gestación o al alumbramiento, el hecho de que una mujer disfrute de un permiso por maternidad no supone un obstáculo para que pueda tomar parte en un procedimiento de selección. Al limitar a las dos semanas en torno al alumbramiento el período en el que una mujer tiene la obligación de no trabajar, el legislador de la Unión no ha pretendido presumir que la persona afectada se halla imposibilitada para realizar cualquier gestión profesional durante las semanas restantes del permiso por maternidad. En efecto, si bien una mujer tiene derecho a decidir dedicarse exclusivamente a su hijo durante su permiso por maternidad, no es menos cierto que no puede utilizar su opción personal como pretexto para afirmar haber sido víctima de una discriminación por razón de sexo.

Asimismo, en cuanto al permiso parental, el hecho de que la persona ejerza su derecho a acogerse a dicho permiso no impide que tome parte en un procedimiento de selección en el seno de la Unión, máxime cuando, al estar la facultad de disfrutar de un permiso parental a disposición tanto de mujeres como de hombres, el ejercicio por una persona de su derecho a acogerse al permiso parental no puede provocar una discriminación directa por razón de sexo.

(véanse los apartados 46, 49 a 53 y 55)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 30 de junio de 1998, Brown, C‑394/96, apartado 22; 27 de octubre de 1998, Boyle y otros, C‑411/96, apartado 58; 19 de noviembre de 1998, Høj Pedersen y otros, C‑66/96, apartado 33; 18 de marzo de 2004, Merino Gómez, C‑342/01, apartado 32; 18 de noviembre de 2004, Sass, C‑284/02, apartado 32
La amplia facultad de apreciación de que dispone la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a la hora de comparar los méritos de los candidatos a puestos vacantes, en particular cuando el puesto que debe cubrirse forma parte de los grados más altos de la administración, como es el puesto de director en el Tribunal de Cuentas, debe ejercerse respetando toda la normativa pertinente, es decir, no sólo el anuncio de contratación, sino también las eventuales normas de conducta que dicha autoridad haya establecido para el ejercicio de su facultad de apreciación, como por ejemplo las directrices internas en materia de selección de personal. Tales normas internas forman parte, pues, del marco legal del que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede separarse sin especificar las razones que le impulsaron a hacerlo, so pena de vulnerar el principio de igualdad de trato, cuando ejerce su amplia facultad de apreciación. En este contexto, el control del Tribunal sobre el ejercicio de las amplias prerrogativas de que disfruta la autoridad competente se limita, en consecuencia, a verificar principalmente si esta última se ha mantenido dentro de unos límites no criticables, ha decidido al término de un procedimiento exento de irregularidades y, al comparar los méritos de los candidatos, no ha ejercido su facultad de apreciación de modo manifiestamente erróneo o para fines distintos de aquellos para los que le fue otorgada.

(véanse los apartados 40 y 41)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, apartado 81, y la jurisprudencia citada; 25 de octubre de 2005, Fardoom y Reinard/Comisión, T‑43/04, apartado 35, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: 22 de octubre de 2008, Tzirani/Comisión, F‑46/07, apartado 67; 30 de enero de 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, apartado 56, y la jurisprudencia citada