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1)

¿Se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE (actualmente, artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE), a una disposición tributaria nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que niega a una sociedad matriz no residente, segregada con carácter permanente como sociedad holding dentro de un grupo de sociedades establecido en su Estado de residencia, donde ese grupo desarrolla actividades, la exención del impuesto sobre los rendimientos del capital correspondiente a un reparto de dividendos, cuando poseen participaciones de dicha sociedad personas que, si percibiesen directamente los ingresos, no tendrían derecho a la devolución o a la exención y 1) no existen razones sólidas, ya sean económicas o de otro tipo, para la interposición de la sociedad matriz no residente, o 2) la sociedad matriz no residente no obtiene de su propia actividad económica más del 10 % de sus ingresos brutos totales en el ejercicio correspondiente (actividad que no existe cuando la sociedad extranjera obtiene sus ingresos brutos de la administración de activos), o 3) la sociedad matriz no residente no participa en el tráfico económico general con un establecimiento adecuado para su propio objeto social, mientras que sí se concede la exención del impuesto sobre los rendimientos del capital a las sociedades holding residentes, sin necesidad de cumplir los mencionados requisitos?
1.

Primer motivo de casación, basado en la infracción de los artículos 31 y 32 de la Directiva 2001/83/CE Se alega a este respecto que la Decisión de Ejecución impugnada se basa en un procedimiento iniciado y sustanciado de manera formalmente ilegal. Las partes recurrentes objetan antes de nada que, en contra de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2001/83/CE, (1) el procedimiento no se inició antes, sino una vez denegada la renovación de la autorización del medicamento. Además, a falta de datos actualizados sobre la problemática de la seguridad, no existe ningún caso particular que sea de interés para la Unión. El nombramiento de un miembro del CHMP como ponente principal procedente del Estado miembro en el que se inició el procedimiento constituye asimismo una vulneración del principio de examen imparcial y equitativo que reconoce el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En todo caso, existe parcialidad objetiva y subjetiva cuando, en el momento en que se inicia el procedimiento a escala nacional, hay un litigio aún pendiente entre el Estado miembro del ponente principal y el titular de la autorización en relación con la denegación de la renovación de la autorización del medicamento. Por último, las partes recurrentes sostienen que se ha violado el derecho a ser oído, puesto que la primera recurrente no fue oída en el procedimiento ante el CHMP respecto al contenido previsto de la modificación de la autorización.
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿tiene el titular de tal instalación derecho a la asignación gratuita de derechos de emisión en aplicación directa de lo dispuesto en la Directiva 2003/87/CE y en la Decisión 2011/278/UE (2) de la Comisión en el supuesto de que dicha asignación gratuita no sea posible en virtud del Derecho nacional por el mero hecho de que el Estado miembro de que se trata no ha incluido en el ámbito de aplicación de la ley nacional de transposición de la Directiva 2003/87/CE las instalaciones de fabricación de polímeros y, por tanto, dichas instalaciones no participan en el comercio de derechos de emisión?
1)

¿Debe entenderse el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95, (1) en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32 (2) y el artículo 78, apartado 2, letra a), del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que: A) permite que la solicitud de protección internacional de un apátrida de origen palestino que está registrado como refugiado en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (en lo sucesivo, «OOPS»), en cuya zona de operaciones (Franja de Gaza) tenía su residencia habitual antes de la solicitud, se examine con arreglo al artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, en lugar de con arreglo al artículo 1, sección D, segunda frase, de dicha Convención, siempre y cuando la asunción de la responsabilidad para examinar la solicitud no se produzca por motivos familiares o humanitarios y el examen de la solicitud esté regulado por la Directiva 2011/95? B) permite que una solicitud de esta índole no se examine con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95 y que, por consiguiente, no se aplique la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho de este precepto?
1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General no ha demostrado que los acuerdos amistosos constituyen infracciones «por el objeto», en el sentido de la sentencia Cartes Bancaires. En particular, el Tribunal General no ha explicado de qué modo los acuerdos amistosos revelan por sí mismos un grado de nocividad suficiente para la competencia sin necesidad de valorar sus efectos reales y potenciales. En su lugar, el Tribunal General expresa sus dudas y su incertidumbre acerca de puntos decisivo del análisis de los acuerdos amistosos.
I.1)

¿Exigen los artículos 65, 66 y 69 del Reglamento (CE) n.o 1580/2007 (1) de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 2200/96, (CE) n.o 2201/96 y (CE) n.o 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, y (desde el 23 de junio de 2011), los artículos 64, 65 y 68 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 (2) de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, que la decisión sobre la aprobación del programa operativo y los importes de los fondos o la modificación de dicha decisión, o bien la decisión sobre el importe aprobado de la ayuda, no se adopten como mera comunicación, sino formalmente como decisión vinculante (al menos, provisionalmente) que pueda ser impugnada por el solicitante de forma anticipada, es decir, con independencia de la impugnación de la decisión final (con arreglo al artículo 70 del Reglamento n.o 1580/2007 o al artículo 69 del Reglamento n.o 543/2011) relativa a la solicitud del pago (liquidado definitivamente) de la ayuda?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 428/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 11 de agosto de 2016 — Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd

(Asunto C-447/16)

(2016/C 428/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Roland Becker

Demandada: Hainan Airlines Co. Ltd

Cuestión prejudicial

En un supuesto de transporte de personas en dos vuelos, sin permanencia significativa en el aeropuerto de transbordo, ¿puede considerarse el lugar de salida del primer tramo lugar de cumplimiento a los efectos del artículo 5, número 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 (1) aun cuando el derecho a obtener una compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (2) ejercitado mediante la demanda se base en una incidencia ocurrida en el segundo tramo y la demanda se dirija contra la parte del contrato de transporte que era el transportista aéreo encargado de efectuar el segundo vuelo, sin serlo del primero?

(1) Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
4)

¿En cuánto esta condición de doctor, es la justificación objetiva alegada para que a los profesores titulares de Escuelas Universitarias interinos que no la posean se les aplique la reducción de jornada al 50 %, y que sin embargo no afecta a los profesores titulares de Escuelas Universitarias no interinos que tampoco la ostente, puede entenderse que es discriminatoria y por tanto contraria a la cláusula 4 del Acuerdo marco, anexo a la Directiva 1999/70/CE?
4)

El artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 y el artículo 103, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, ¿deben interpretarse en el sentido de que sólo son aplicables a las indicaciones falsas o engañosas que puedan generar en el público destinatario una impresión incorrecta sobre la procedencia geográfica de un producto?
2.

No obstante, la República Helénica no recuperó las ayudas en cuestión dentro del plazo de cuatro meses, como debía. Además, la República Helénica continúa sin haber llevado a cabo las actuaciones necesarias para la ejecución de la Decisión. En cualquier caso, la República Helénica no informó suficientemente a la Comisión Europea acerca de las actuaciones relativas para la ejecución de la Decisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 350/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 24 de mayo de 2016 — Kamin und Grill Shop GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

(Asunto C-289/16)

(2016/C 350/17)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Kamin und Grill Shop GmbH

Recurrida en casación: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Cuestión prejudicial

¿Procede considerar que un producto se vende «directamente» al consumidor final, a efectos del artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 834/2007, (1) siempre que el operador o su personal de ventas venda el producto al consumidor final sin intermediación de un tercero, o se requiere, además, que la venta se realice en el lugar de almacenamiento del producto y en presencia simultánea del operador o de su personal de ventas y del consumidor final?

(1) Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91 (DO L 189, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 343/21

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 13 de mayo de 2016 — Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc.

(Asunto C-273/16)

(2016/C 343/32)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente y recurrida en el recurso incidental: Agenzia delle Entrate

Recurrida y recurrente en el recurso incidental: Federal Express Europe Inc.

Cuestión prejudicial

¿Puede interpretarse el artículo 144, en relación con el artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 (1) (correspondientes a los artículos 14, apartados 1 y 2, y 11, parte B, apartado 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977) (2) en el sentido de que la única condición para que las prestaciones conexas, consistentes en el servicio de transporte interno denominado inbound —desde los espacios aeroportuarios hasta el destino, en el territorio del Estado miembro, y con la cláusula «franco destino»—, no tributen a efectos del IVA es que su valor quede comprendido en la base imponible, con independencia de que estén efectivamente sujetas a tributación en aduana en el momento de la importación de los bienes, y que, por tanto, no es compatible con las citadas disposiciones de la Unión la normativa nacional contenida en el artículo 9, apartado 1, número 2, en relación con el artículo 69, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.o 633, de 26 de octubre de 1972, en su versión en vigor ratione temporis, en virtud de la cual en cualquier caso, y por tanto también en los supuestos de importación exentos del IVA —como en el caso de autos, al tratarse de documentos y de bienes de escaso valor— debe cumplirse el ulterior requisito de efectiva sujeción al IVA (y de pago efectivo del impuesto en aduana) con ocasión de la importación de dichos bienes, y ello, eventualmente, teniendo en cuenta también la relación de accesoriedad de los servicios de transporte respecto a las prestaciones principales (importaciones) y la finalidad de simplificación que subyace a ambas operaciones?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).

(2) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 326/11

Recurso de casación interpuesto el 16 de junio de 2016 por la República Portuguesa contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) dictado el 19 de abril de 2016 en el asunto T-550/15, Portugal/Comisión

(Asunto C-337/16 P)

(2016/C 326/21)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Recurrente: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão y J. Saraiva de Almeida, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule el auto recurrido, en la medida en que, mediante dicho auto, el Tribunal General estimó la excepción de inadmisibilidad alegada por la Comisión en los presentes autos.

— Que se declare el recurso contra la Decisión controvertida válidamente interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE.

— Que se condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

La República Portuguesa considera que la Decisión es inválida por los siguientes motivos:

A — Primer motivo — Cómputo del plazo para recurrir la Decisión de 20 de julio de 2015

Primera alegación

Infracción del artículo 263 TFUE

Segunda alegación

Cómputo del plazo para recurrir la Decisión impugnada a partir de la notificación de la Decisión definitiva, el 20 de julio de 2015.

B — Segundo motivo — Cómputo del plazo para recurrir a partir de la publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial

Primera alegación

Redacción del artículo 263 TFUE, apartado 6.

Segunda alegación

Existencia de práctica reiterada de publicación de decisiones de esta naturaleza y antecedentes judiciales idénticos.

C — Tercer motivo — El Tribunal General incurrió en error de Derecho al no haber dado preferencia a la interpretación que no implica la caducidad
b)

las observaciones sobre el proyecto de modificación legislativa ponen de manifiesto que la finalidad de las disposiciones sancionadoras citadas consiste en aclarar o introducir una prohibición para los juegos de azar ofrecidos en línea por sociedades de juegos de azar establecidas fuera de Dinamarca y directamente dirigidos al mercado danés, en parte mediante la prohibición de la publicidad relativa, entre otros, a los juegos de azar ofrecidos en línea por sociedades de juegos de azar establecidas fuera de Dinamarca, por cuanto, según esas mismas observaciones, resulta que no cabe ninguna duda de que, conforme a las normas vigentes antes de la modificación, los juegos de azar son ilegales cuando una sociedad de juegos de azar establecida fuera de Dinamarca recurre a canales de venta en los que el dispositivo de juego se vende físicamente dentro de las fronteras de Dinamarca; sin embargo, existen mayores dudas sobre si los juegos de azar ofrecidos desde fuera de Dinamarca a participantes que se hallan en Dinamarca por entidades establecidas físicamente fuera de su territorio están asimismo comprendidos en el ámbito de la disposición; por consiguiente, resulta necesario aclarar cuáles de estas formas de juego se encuentran comprendidas en el ámbito de esta disposición. Además, de las observaciones se desprende que se recomienda introducir una prohibición de publicidad sobre juegos de azar, loterías y apuestas que no dispongan de licencia con arreglo a dicha Ley, y que dicha modificación se ajusta a la actual prohibición prevista en el artículo 12, apartado 3, de la Ley sobre apuestas hípicas (hestevæddeløbsloven), pero constituye una aclaración del artículo 10, apartado 4, de la [actualmente derogada] Ley sobre apuestas y loterías (Tips- og lottoloven). Asimismo, las observaciones indican que la finalidad de la prohibición es proteger a los proveedores de juegos de azar que disponen de una licencia expedida por las autoridades danesas frente a la competencia de las empresas que no disponen de dicha licencia y que, por consiguiente, no pueden ofrecer legalmente servicios de juegos de azar en Dinamarca.
3.

El Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al concluir que la Comisión no infringió el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no vulneró el principio de buena administración y no incumplió el deber de motivación que le impone el artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) cuando decidió no responsabilizar a Brink’s Company solidariamente junto con Schenker China Ltd [como sucesor económico de BAX Global (China) Co. Ltd] por el comportamiento relacionado con el factor de ajuste monetario chino («Chinese Currency Adjustment Factor»).
c)

Considerando que ninguno de los dos textos normativos nacionales mencionados fue comunicado a la Comisión Europea en el contexto de un procedimiento de información en el ámbito de las normas y reglamentaciones técnicas establecidas en la Directiva 98/34/CE, (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y transpuesta al ordenamiento jurídico interno por el Decreto-Ley n.o 58/2000, de 18 de abril: 1. ¿Debe el juez nacional decidir la inaplicabilidad total de un texto normativo nacional que introduce normas técnicas y que, contraviniendo lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, no fue notificado a la Comisión Europea o limitar la decisión de inaplicabilidad a las nuevas reglas técnicas introducidas por el texto normativo nacional?, o 2. ¿Debe declararse la total inaplicabilidad de un texto normativo nacional que introduce normas técnicas y que, contraviniendo lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, no fue notificado a la Comisión Europea o debe limitarse la decisión de inaplicabilidad a las nuevas reglas técnicas introducidas por el texto normativo nacional? 3. ¿Son inaplicables todas las normas técnicas que figuran en el mencionado Reglamento o sólo las normas técnicas modificadas o introducidas por el Decreto-Ley n.o 119/2009, de 19 de mayo?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 191/12

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italia) el 2 de marzo de 2016 — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli

(Asunto C-141/16)

(2016/C 191/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Regionale di Milano

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani

Recurrida: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 56 y 52 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a juegos de suerte y apuestas, como la sentada en las sentencias Gambelli, Placanica y Costa y Cifone, de la relativa a la discriminación fiscal, como la que emana de las sentencias Lindman, Comisión/España y Bianco y Fabretti, y de los principios del Derecho de la Unión de igualdad de trato, no discriminación y confianza legítima, a una normativa nacional, como la italiana objeto del presente asunto, que establece la sujeción, incluso con efecto retroactivo, al Impuesto único sobre apuestas y juegos de suerte o azar, con arreglo a los artículos 1 a 3 del Decreto Legislativo n.o 504, de 23 de diciembre de 1998, en su versión modificada por el artículo 1, apartado 66, letra b), de la Ley de Estabilidad de 2011 (Legge di Stabilità 2011), de los intermediarios nacionales de transmisión de datos de juego por cuenta de operadores de apuestas establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, en particular de aquéllos que tengan las características de la sociedad Stanleybet Malta Ltd. y, en su caso, de los propios operadores de apuestas, solidariamente con sus intermediarios nacionales?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 175/5

Recurso de casación interpuesto el 29 de enero de 2016 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 18 de noviembre de 2015 en el asunto T-659/14: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/OAMI

(Asunto C-56/16 P)

(2016/C 175/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: O. Mondéjar Ortuño y E. Zaera Cuadrado, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Estime el recurso de casación en su totalidad.

— Anule la sentencia recurrida.

— Condene en costas a la parte demandante ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General infringió el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 (1) puesto en relación con el artículo 8, apartado 4, y el artículo 53, apartado 2, letra d), del mismo Reglamento, al considerar que la protección atribuida por el Reglamento n.o 491/2009 (2) a las denominaciones origen registradas puede ser completada por el Decreto-Lei n.o 173/2009 y el Decreto-Lei n.o 212/2004 y el Código portugués de propiedad intelectual.

(1) Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 154, p. 1).
4)

¿Se oponen la letra a) [del apartado 2] del artículo 138 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo y los principios de seguridad jurídica, de proporcionalidad y de protección de la confianza legítima a que se exija el pago del IVA al proveedor del medio de transporte nuevo expedido hacia otro Estado miembro, en una situación en que: — el adquirente, antes de la expedición, informa al proveedor de que reside en el Estado miembro de destino y le muestra un documento acreditativo de que se le ha atribuido en dicho Estado miembro un número de identidad de extranjero, en el que se indica una residencia en este Estado que no es la que el adquirente afirma tener; — el adquirente aporta posteriormente al proveedor documentos acreditativos de que el medio de transporte adquirido se ha sometido a inspección técnica en el Estado miembro de destino y de que se le ha atribuido en dicho Estado una matrícula turística; — no se ha demostrado que el proveedor haya colaborado con el adquirente para evitar el pago del IVA; — los servicios aduaneros no han planteado ninguna objeción a la anulación de la declaración aduanera del vehículo sobre la base de los documentos de que disponía el proveedor?