CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NICHOLAS EMILIOU

presentadas el 12 de enero de 2023 ( 1 )

Asunto C‑747/21 P

PAO Severstal

contra

Comisión Europea

y

Asunto C‑748/21 P

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Dumping — Importaciones de determinados productos planos de acero laminados en frío originarios de China y Rusia — Derecho antidumping definitivo — Reglamento (CE) n.o 1225/2009 — Reglamento (UE) 2016/1036 — Artículo 9, apartado 4 — Eliminación del perjuicio — Regla del derecho inferior — Margen de venta con pérdidas — Período relevante para el cálculo del objetivo de beneficio — Margen de apreciación — Naturaleza de los derechos antidumping»

I. Introducción

1. En sus recursos de casación, PAO Severstal y Novolipetsk Steel PJSC (NLMK), ( 2 ) dos sociedades de Derecho ruso activas en el mercado de la fabricación y distribución de productos siderúrgicos, en particular, de productos planos de acero laminados en frío, solicitan al Tribunal de Justicia que anule las sentencias del Tribunal General ( 3 ) mediante las que este desestimó sus recursos de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1328 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de determinados productos planos de acero laminados en frío originarios de la República Popular China y de la Federación de Rusia (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»). ( 4 )

2. Las recurrentes invocan tres motivos de casación, prácticamente idénticos. No obstante, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, limitaré el análisis de las presentes conclusiones al segundo motivo de casación, que versa, en esencia, sobre la interpretación y la aplicación de la «regla del derecho inferior» recogida en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, ( 5 ) que, en esencia, ha sido derogado y sustituido por el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea. ( 6 )

3. Aunque las principales cuestiones jurídicas planteadas por los presentes recursos de casación a este respecto son bastante técnicas, para responder a las alegaciones formuladas por las recurrentes, es preciso examinar algunos de los principios fundamentales en los que se asienta la normativa antidumping de la Unión: ¿cuáles son la naturaleza y los objetivos de los derechos antidumping?

II. Marco jurídico

4. El artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.o 1225/2009, relativo al establecimiento de derechos definitivos, vigente durante la investigación, disponía lo siguiente: «Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y un perjuicio, y que los intereses de la Unión exigen una intervención […], la Comisión impondrá un derecho antidumping definitivo […]. El importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido, y debería ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Unión.»

5. El artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036, en vigor en el momento de la adopción del Reglamento controvertido, está redactado, en la parte aquí pertinente, en términos idénticos.

III. Hechos

6. A raíz de una denuncia, la Comisión Europea publicó, el 14 de mayo de 2015, un anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados productos planos de acero laminados en frío originarios de la República Popular China y la Federación de Rusia, ( 7 ) de conformidad con el Reglamento n.o 1225/2009. La investigación sobre el dumping y el consiguiente perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio comprendió desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «período considerado»).

7. El 10 de febrero de 2016, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/181 de la Comisión, que impone un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados productos planos de acero laminados en frío originarios de la República Popular China y de la Federación de Rusia. ( 8 )

8. Posteriormente, el 29 de julio de 2016, la Comisión adoptó el Reglamento controvertido. El tipo de los derechos antidumping definitivos impuestos a Severstal y NLMK era del 34 % y del 36,1 %, respectivamente.

IV. Sentencias recurridas

9. El 28 de octubre de 2016, Severstal y NLMK solicitaron al Tribunal General que anulase el Reglamento controvertido. En sus respectivos recursos, Severstal invocó seis motivos y NLMK cinco.

10. El 22 de septiembre de 2021, el Tribunal General dictó las dos sentencias recurridas, en las que desestimó los recursos de las recurrentes y las condenó a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión. Además, el Tribunal General también condenó a Eurofer, European Steel Association, ASBL —que intervinieron en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión— a cargar con sus propias costas.

V. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

11. En su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑747/21 P, interpuesto el 3 de diciembre de 2021, Severstal solicita al Tribunal de Justicia que: – Anule la sentencia dictada en el asunto T‑753/16. – Resuelva sobre el fondo del asunto, si el estado del litigio lo permite. – Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que vuelva a resolver. – Condene a la Comisión a cargar con las costas de las dos instancias.

12. En su escrito de contestación, fechado el 23 de febrero de 2022, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Severstal.

13. En su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑748/21 P, interpuesto el 3 de diciembre de 2021, NLMK solicita al Tribunal de Justicia que: – Anule la sentencia dictada en el asunto T‑752/16. – Resuelva sobre el fondo del asunto, si el estado del litigio lo permite. – Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que vuelva a resolver. – Condene a la Comisión a cargar con las costas de las dos instancias.

14. En su escrito de contestación, fechado el 23 de febrero de 2022, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a NLMK.

15. Mediante resolución del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2022, ambos asuntos se acumularon a efectos de la fase oral y de la sentencia.

16. El 24 de octubre de 2022, mediante diligencia de ordenación del procedimiento acordada con arreglo al artículo 62 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se formularon varias preguntas a las partes, que fueron respondidas mediante escritos de 24 de noviembre de 2022 (en el caso de la Comisión) y de 1 de diciembre de 2022 (en el caso de las recurrentes).

VI. Apreciación del segundo motivo de casación

17. Como se ha mencionado en la introducción de las presentes conclusiones, mi análisis se limitará al segundo motivo invocado por las recurrentes.

18. Mediante este motivo, las recurrentes impugnan, respectivamente, los apartados 243 a 257 (Severstal) y 209 a 223 (NLMK) de las sentencias recurridas. En esos pasajes, el Tribunal General desestimó por infundada la primera parte del sexto motivo de Severstal y la primera parte del quinto motivo de NLMK. En el contexto de los citados motivos, las recurrentes alegaron que, en el Reglamento controvertido, la Comisión había incurrido en errores de Derecho y en errores manifiestos de apreciación al determinar el margen de perjuicio con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.o 1225/2009 (actualmente artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036). ( 9 )

A. Alegaciones de las partes

19. En sus recursos de casación, las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error al interpretar el artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036 y al controlar la aplicación de dicha disposición por la Comisión. Sostienen asimismo que las sentencias recurridas no están suficientemente motivadas en lo que atañe a sus alegaciones sobre estos puntos.

20. En particular, las recurrentes reprochan al Tribunal General que confirmara la elección por la Comisión de un objetivo de beneficio del 9,9 % para la industria de la Unión al calcular el «margen de venta con pérdidas» a efectos de la aplicación del artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036. Las recurrentes subrayan que, si bien el período de investigación abarca entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015, la Comisión tomó en cuenta 2008, situado varios años atrás en el tiempo, al objeto de identificar el «año representativo» más reciente para determinar el objetivo de beneficio. En opinión de las recurrentes, la afirmación del Tribunal General según la cual la Comisión no está constreñida por los límites temporales del período considerado (en este caso, del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2015) al seleccionar el año representativo más reciente es contraria al principio de confianza legítima.

21. Por otra parte, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error manifiesto al confirmar el planteamiento de la Comisión. Consideran que el período señalado por la Comisión no es suficientemente representativo porque está demasiado alejado en el tiempo. Además, en su opinión, el citado período se eligió arbitrariamente, puesto que otros períodos más recientes eran suficientemente representativos. Las recurrentes añaden que, en primera instancia, formularon alegaciones dirigidas a demostrar la existencia de una contradicción en el Reglamento controvertido: los años de crisis financiera se tomaron en cuenta al determinar la existencia de un perjuicio para la industria de la Unión, pero no al determinar el objetivo de beneficio de esa industria. Estiman que este planteamiento selectivo de la Comisión no puede considerarse aceptable con arreglo a las disposiciones del Reglamento 2016/1036 y que el Tribunal General no explicó adecuadamente las razones por las que desestimó sus alegaciones a este respecto.

22. Por último, las recurrentes sostienen que el Tribunal General no apreció correctamente el elemento de «perjuicio», en particular porque no abordó su alegación según la cual la reducción de los costes de producción de la industria de la Unión (en la que se basó la Comisión para evaluar el perjuicio causado) debería vincularse, entre otros factores, a la situación resultante de la crisis financiera mundial de 2012.

23. La Comisión defiende las sentencias recurridas. En su opinión, el Tribunal General abordó correctamente las alegaciones formuladas por las recurrentes y expuso por qué la Comisión no cometió error alguno al elegir 2008 como año más representativo para calcular el objetivo de beneficio. En particular, la Comisión hace hincapié en el margen de apreciación de que dispone en virtud del artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036, y subraya que el método elegido en el Reglamento controvertido para determinar el objetivo de beneficio es conforme con la jurisprudencia pertinente del Tribunal General. ( 10 )

24. La Comisión añade que la alegación relativa a una supuesta vulneración del principio de confianza legítima es a la vez inadmisible (puesto que no se planteó en primera instancia) e infundada (dado que las recurrentes nunca recibieron garantía alguna en cuanto a la forma en que la Comisión llevaría a cabo su evaluación). Por otra parte, dicha institución considera que algunas de las alegaciones formuladas por las recurrentes en su segundo motivo de casación son inoperantes, puesto que cuestionan su apreciación del nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio para la industria de la Unión. Sin embargo, según la Comisión, las recurrentes no han impugnado las apreciaciones del Tribunal General relativas a la existencia del nexo causal. ( 11 )

B. Análisis

25. En su segundo motivo de casación, las recurrentes formulan tres alegaciones diferentes.

26. Por las razones que se exponen a continuación, ninguna de ellas me parece convincente.

1. Confianza legítima

27. En primer lugar, la alegación relativa a una supuesta vulneración del principio de confianza legítima es —como señala acertadamente la Comisión— inadmisible, puesto que no fue planteada ante el Tribunal General y no puede invocarse por primera vez en casación. ( 12 )

28. En cualquier caso, las recurrentes no explican la forma y las circunstancias en que la Comisión les habría dado garantías (y aún menos garantías concretas) en cuanto al método y los criterios de determinación del objetivo de beneficio. A este respecto, es preciso tener en cuenta que, según reiterada jurisprudencia, el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima solo se extiende a un justiciable al que una autoridad administrativa nacional haya hecho concebir esperanzas fundadas basadas en garantías concretas, incondicionales y concordantes, procedentes de fuentes autorizadas y fiables, que le hubiera proporcionado. ( 13 ) Por consiguiente, esta alegación es, en cualquier caso, infundada.

2. Efectos de la crisis financiera en la industria de la Unión

29. En segundo lugar, también coincido con la Comisión en que son inoperantes las alegaciones de las recurrentes según las cuales el Tribunal General (i) no apreció correctamente los efectos de la crisis financiera en la situación de la industria de la Unión y/o (ii) no explicó de manera satisfactoria las razones por las que desestimó las alegaciones de las recurrentes sobre tal particular.

30. En efecto, en la medida en que las apreciaciones del Tribunal General relativas a la existencia del perjuicio y del nexo causal no han sido impugnadas en casación, las alegaciones de las recurrentes, con independencia de su fundamento, en ningún caso podrían conducir a la anulación de las sentencias recurridas.

3. Interpretación del artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036

31. En tercer lugar, y lo que es más importante, el Tribunal General no cometió, en mi opinión, error de Derecho alguno al interpretar el artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036. Tampoco omitió exponer, en las sentencias recurridas, las razones por las que desestimó las alegaciones de las recurrentes a este respecto.

32. El artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036 recoge, en particular, la «regla del derecho inferior» (en lo sucesivo, «RDI»), según la cual «el importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido, y debería ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Unión».

33. No obstante, el Reglamento 2016/1036 no establece ningún método o conjunto de criterios para determinar el denominado «margen de perjuicio». De ello se sigue que las autoridades de la Unión disponen de un amplio margen de apreciación a este respecto. En consecuencia, tienen libertad para elegir el método que consideren más apropiado habida cuenta de las circunstancias, siempre que, en particular, sea razonable, se aplique de manera objetiva y coherente, y conduzca, por tanto, a resultados plausibles.

34. En su práctica, las autoridades de la Unión han utilizado en efecto distintos métodos para realizar tal determinación. ( 14 ) En algunos casos, el margen de perjuicio se ha calculado comparando los precios de reventa de las importaciones con los precios reales de la industria de la Unión (método denominado «subcotización»). Sin embargo, en otros casos, se ha considerado que tal comparación no aportaba indicaciones apropiadas sobre el margen de perjuicio, puesto que las importaciones ejercían una importante presión a la baja sobre el precio de venta de la industria de la Unión. ( 15 )

35. En estos supuestos, la Comisión recurrió al método de la subcotización, en el que el margen de perjuicio se calcula comparando los precios de importación reales con un «precio indicativo», que representa el precio que la industria de la Unión podría aplicar razonablemente en el mercado de la Unión en ausencia de importaciones objeto de dumping. Para establecer este precio hipotético, debe añadirse un «objetivo de beneficio» —entendido como el margen de beneficio que podría obtenerse razonablemente en ausencia de importaciones objeto de dumping— al coste de producción de la industria de la Unión.

36. Es importante señalar que el de la subcotización fue el método que se aplicó efectivamente en el Reglamento controvertido, dado que, en opinión de la Comisión, durante el período considerado, se produjeron importantes volúmenes de importaciones procedentes de los países afectados, lo que tuvo un efecto negativo sobre la rentabilidad de la industria de la Unión. ( 16 )

37. Las recurrentes no discuten la idoneidad de este método en el presente asunto. En cualquier caso, he de señalar que, ya a mediados de los años ochenta, el Tribunal de Justicia consideró este método, en principio, aceptable. ( 17 )

38. Ciertamente, las recurrentes solo cuestionan la forma en que se aplicó este método en el Reglamento controvertido. En particular, rechazan el período concreto utilizado por la Comisión para determinar el objetivo de beneficio y reprochan al Tribunal General que no censurase el planteamiento de la Comisión ni respondiera suficientemente a sus alegaciones a este respecto.

39. En el considerando 155 del Reglamento controvertido, la Comisión declaró que «los años 2005 a 2008 parecían ser representativos para establecer un objetivo de beneficio, pues no fueron años afectados por la crisis económica […] ni se caracterizaron por circunstancias de mercado excepcionalmente favorables. Además, el volumen de las importaciones […] en esos años indicaba que la competencia era intensa».

40. En los apartados 251 a 257 (asunto T‑753/16) y 217 a 223 (asunto T‑752/16) de las sentencias recurridas, el Tribunal General declaró, en esencia, que, para seleccionar los años representativos más recientes a efectos de la determinación del objetivo de beneficio de la industria de la Unión, la Comisión no estaba constreñida por los límites temporales del período considerado. Según el Tribunal General, el margen de beneficio que debe utilizarse para calcular el precio indicativo debe corresponderse con el margen de beneficio que la industria de la Unión podría obtener de forma razonable en «condiciones normales de competencia, en ausencia de importaciones objeto de dumping». Así pues, el Tribunal General consideró que la Comisión, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, puede concluir que el año representativo más reciente se sitúa, en su caso, fuera del período considerado. A continuación, el Tribunal General detalló las razones por las que, a su juicio, las recurrentes no habían aportado ninguna prueba que demostrase que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al descartar como años más representativos los posteriores a 2008.

41. Las recurrentes critican tres aspectos de los citados pasajes. Sin embargo, ninguno de sus argumentos me parece convincente.

42. En primer lugar, considero inadmisibles las alegaciones de las recurrentes relativas a la existencia de un «error manifiesto» de apreciación del Tribunal General, debido a que los años más representativos identificados por la Comisión no eran suficientemente representativos y/o fueron seleccionados arbitrariamente. Estas alegaciones no plantean ninguna cuestión de Derecho y no resultan más admisibles por calificar los supuestos errores de «manifiestos».

43. A este respecto, procede recordar que la supuesta comisión de un error en la apreciación de los hechos por el Tribunal General no es una cuestión que, en principio, pueda plantearse válidamente en el marco de un recurso de casación, salvo en los casos en que las partes aleguen una desnaturalización de los elementos de prueba. ( 18 ) Pues bien, no sucede así en los presentes recursos de casación.

44. En segundo lugar, considero que las sentencias recurridas están suficientemente motivadas en cuanto atañe a las razones por las que el Tribunal General desestimó las alegaciones de las recurrentes relativas a la comisión de un error en la interpretación o en la aplicación del artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036. Según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control jurisdiccional. ( 19 )

45. Es evidente que los apartados 251 a 257 (asunto T‑753/16) y 217 a 223 (asunto T‑752/16) de las sentencias recurridas explican adecuadamente, aun cuando sea de manera sucinta, las razones por las que el Tribunal General consideró poco convincentes las críticas de las recurrentes relativas a la determinación por la Comisión de los años más representativos.

46. En tercer lugar, considero infundadas las críticas de las recurrentes relativas a una supuesta incoherencia del Reglamento controvertido, que el Tribunal General no censuró. Las razones que me llevan a esta conclusión exigen aclaraciones adicionales.

a) Interpretación y aplicación de la regla del derecho inferior

47. Con carácter preliminar, he de señalar que la RDI, empleada por la Comisión en los presentes asuntos, además de estar justificada por consideraciones de comercio justo y proporcionalidad, es considerada por muchos la consecuencia lógica de que los derechos antidumping solo puedan imponerse, en virtud de normas tanto de la Unión ( 20 ) como de la OMC, ( 21 ) cuando los productos objeto de dumping han provocado un perjuicio en el mercado interno (o amenazan con hacerlo). ( 22 )

48. Esta consideración me ofrece una oportunidad perfecta para explicar por qué carecen de fundamento las críticas formuladas por las recurrentes contra el Tribunal General y, en consecuencia, contra la interpretación de la RDI por la Comisión. Para ello, puede resultar útil, como se indica en la introducción de las presentes conclusiones, centrarse en lo básico y examinar algunos de los principios fundamentales de la normativa antidumping de la Unión.

49. Desde al menos principios del siglo XIX, ( 23 ) son muchas las obras en las que se trata de desvelar la verdadera esencia de las normas antidumping. ¿Cuál es su justificación económica? ¿A qué tipo de conducta comercial deben dirigirse y por qué?

50. Se trata, sin duda, de temas fascinantes que son objeto de debates académicos y políticos entre juristas especializados en comercio internacional, economistas y responsables políticos. Sin embargo, a efectos del presente asunto, hay que dejar de lado las consideraciones filosóficas y económicas más profundas y examinar la normativa antidumping de la Unión desde el prisma del «positivismo jurídico normativo». Dicho en términos más sencillos, es preciso centrarse en la naturaleza y la finalidad de los derechos antidumping, tal como se conciben en el ordenamiento jurídico de la Unión.

51. En esencia, el «dumping» no es sino una forma de discriminación de precios. ( 24 ) En el Derecho de la Unión, esta práctica no está prohibida, al menos en términos absolutos, ni es, con carácter más general, considerada ilegal. Ahora bien, se considera desleal cuando provoca un perjuicio en el mercado nacional (o amenaza con hacerlo). En ese caso, la Unión puede reaccionar, si lo considera oportuno, adoptando medidas destinadas a contrarrestar tales efectos negativos.

52. Así pues, en el sistema de la Unión, los derechos antidumping no son sanciones destinadas a castigar a las empresas por su comportamiento anterior. ( 25 ) Tampoco son medidas compensatorias que tienen por objeto el resarcimiento del daño. ( 26 ) La imposición de derechos antidumping constituye «una medida de defensa y protección contra la competencia desleal que resulta de las prácticas de dumping», ( 27 ) dirigida a «impedir o hacer económicamente poco interesantes las importaciones objeto de dumping». ( 28 ) Por tanto, los derechos antidumping solo son medidas de carácter comercial (es decir, medidas destinadas a regular las importaciones de determinados bienes) con un objetivo prospectivo: corregir un desequilibrio en el mercado nacional. ( 29 )

53. Por consiguiente, no es en absoluto irrazonable —contrariamente a las alegaciones de las recurrentes— que, en determinadas circunstancias, el período considerado no se corresponda con los años más representativos. De hecho, estos conceptos responden a una función diferente, de modo que la Comisión debe atender a distintos parámetros a la hora de determinarlos.

54. El «período considerado» tiene por objeto identificar las tendencias significativas del mercado interior de la Unión, habida cuenta de la evolución de la industria de esta, en la medida en que la constatación de un perjuicio con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 suele implicar el deterioro de la situación de la industria durante un determinado período. ( 30 ) Dado que, en ausencia de un perjuicio (real o potencial), las medidas antidumping no estarían justificadas, parece razonable que cualquier apreciación respecto de la existencia de dicho elemento se realice sobre la base de informaciones tan actuales como sea posible ( 31 ) y tenga como referencia un período de tiempo suficientemente largo. ( 32 )

55. A la inversa, no es necesario que la selección de los «años más representativos» a efectos de la determinación del objetivo de beneficio indicativo se base en datos recientes, si estos datos no proporcionan una imagen adecuada de los elementos necesarios para restablecer una competencia leal durante el período posterior a la investigación. Como declaró el Tribunal General en la sentencia EFMA, a la que dicho Tribunal se refirió acertadamente en los apartados 249 (asunto T‑753/16) y 215 (asunto T‑752/16) de las sentencias recurridas, el margen de beneficio que debe utilizarse para calcular el precio indicativo debe corresponderse con el margen de beneficio que la industria de la Unión «podría obtener de forma razonable en condiciones normales de competencia, en ausencia de importaciones objeto de dumping». ( 33 )

56. En mi opinión, se trata de un planteamiento razonable, teniendo en cuenta la propia razón de ser de la RDI, especialmente cuando se examina a la luz de los principios básicos de la normativa antidumping de la Unión anteriormente expuestos. En este contexto, es lógico que, para determinar el objetivo de beneficio, la Comisión pueda optar por tomar en consideración la evolución del mercado nacional al objeto de identificar el año o los años más recientes en los que la competencia fue normal. Ciertamente, esto puede implicar, a mi juicio, la elección de un período en el que el dumping aún no había desplegado sus efectos y en el que no existían otras circunstancias excepcionales o transitorias que afectaran a los márgenes de beneficios (normales) de la industria de la Unión.

57. A este respecto, he de observar que el legislador de la Unión también ha considerado razonable este planteamiento, pues lo codificó en gran medida en el artículo 7, apartado 2 quater, del Reglamento 2016/1036. ( 34 ) Además, dicho planteamiento también ha sido considerado conforme con las disposiciones pertinentes de la OMC. ( 35 )

58. En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión no está constreñida por los límites temporales del período considerado al seleccionar los años representativos más recientes a efectos de establecer un precio indicativo. Con mayor motivo, tampoco encuentro ninguna incoherencia o contradicción a este respecto en el Reglamento controvertido.

59. A la vista de las consideraciones que preceden, considero que todas las alegaciones formuladas por las recurrentes en apoyo de su segundo motivo de casación son inadmisibles o infundadas.

VII. Conclusión

60. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el segundo motivo de casación invocado por PAO Severstal en el asunto C‑747/21 P y por Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) en el asunto C‑748/21 P.

( 1 ) Lengua original: inglés.

( 2 ) En lo sucesivo, conjuntamente, «recurrentes».

( 3 ) Sentencia de 22 de septiembre de 2021, Severstal/Comisión (T‑753/16, no publicada, EU:T:2021:612), y de 22 de septiembre de 2021, NLMK/Comisión (T‑752/16, no publicada, EU:T:2021:611), respectivamente. En lo sucesivo, «sentencias recurridas».

( 4 ) DO 2016, L 210, p. 1.

( 5 ) DO 2009, L 343, p. 51.

( 6 ) DO 2016, L 176, p. 21.

( 7 ) DO 2015, C 161, p. 9.

( 8 ) DO 2016, L 37, p. 1.

( 9 ) Habida cuenta de que, como se ha indicado en el punto 5 anterior, las dos disposiciones, en la parte pertinente, son idénticas, en las presentes conclusiones se hará referencia únicamente al artículo 9, apartado 4, del Reglamento 2016/1036.

( 10 ) La Comisión se refiere al apartado 60 de la sentencia de 28 de octubre de 1999, EFMA/Consejo (T‑210/95, en lo sucesivo, sentencia EFMA, EU:T:1999:273).

( 11 ) La apreciación sobre el nexo causal realizada por la Comisión en el Reglamento controvertido constituía el objeto del quinto motivo de Severstal, examinado por el Tribunal General en los apartados 200 a 241 de la sentencia dictada en el asunto T‑753/16, y del cuarto motivo de NLMK, examinado en los apartados 166 a 207 de la sentencia dictada en el asunto T‑752/16.

( 12 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:531), apartado 74 y jurisprudencia citada.

( 13 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 31 de marzo de 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria (C‑195/21, EU:C:2022:239), apartado 65.

( 14 ) Para un breve resumen, con referencias adicionales, véase Van Bael & Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, 6.a ed., Wolters Kluwer, 2019, pp. 297 a 303.

( 15 ) Véase el artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2016/1036.

( 16 ) Considerando 154 del Reglamento controvertido.

( 17 ) Sentencia de 5 de octubre de 1988, Silver Seiko y otros/Consejo (273/85 y 107/86, EU:C:1988:466), apartados 41 y 42.

( 18 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Yieh United Steel/Comisión (C‑79/20 P, EU:C:2022:305), apartado 52 y jurisprudencia citada.

( 19 ) Véase, en particular, la sentencia de 7 de marzo de 2018, SNCF Mobilités/Comisión (C‑127/16 P, EU:C:2018:165), apartado 34 y jurisprudencia citada.

( 20 ) Véase especialmente el artículo 1, apartado 1, del Reglamento 2016/1036. Véanse asimismo los artículos 3, 7, apartado 1, 9, apartado 3, y 11, apartado 1, de dicho Reglamento.

( 21 ) Véase el artículo VI, apartado 1, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, según el cual el dumping «es condenable cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de producción existente de una parte contratante o si retrasa de manera importante la creación de una rama de producción nacional». En aras de la exhaustividad, debe observarse que, de conformidad con el artículo 9.1, del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, la RDI es «deseable» pero no obligatoria. De hecho, algunos miembros de la OMC (como EE. UU.) no aplican la RDI. Sin embargo, varios miembros de dicha organización sí son favorables a que esta regla sea vinculante en el sistema de la OMC. Las negociaciones más recientes sobre esta cuestión pueden consultarse en Chun, H. J., Ahn, D., «Evolution and Limitations of the Lesser Duty Rule under the WTO Anti-Dumping Agreement», Journal of World Trade, 2022, pp. 985 a 1012.

( 22 ) Véanse, en particular, Vermulst, E. A., «The Anti-Dumping Systems of Australia, Canada, the EEC and the United States of America: Have Anti-Dumping Laws Become a Problem in International Trade?», Michigan Journal of International Law, vol. 10, n.o 3, 1989, pp. 773 y 774, y las referencias allí citadas.

( 23 ) Véase, en particular, el importante estudio llevado a cabo por J. Viner en 1926, «Memorandum on Dumping», encargado por la Liga de las Naciones. Para un análisis posterior a los Acuerdos de Marrakech, véase Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., «Dumping, Antidumping and Antitrust», Journal of World Trade, 1996, pp. 27 a 52.

( 24 ) Véanse las conclusiones del Abogado General VerLoren van Themaat presentadas en los asuntos acumulados Allied Corporation y otros/Comisión (239/82 y 275/82, EU:C:1984:1), p. 1038.

( 25 ) Véase la sentencia de 3 de octubre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:531), apartado 91.

( 26 ) Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas en el asunto Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:138), punto 76.

( 27 ) Véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Profit Europe y Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), apartado 67 y jurisprudencia citada.

( 28 ) Tomo los términos empleados por el órgano jurisdiccional remitente en el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de diciembre de 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), apartado 26.

( 29 ) En esta misma línea, véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Consejo/Gul Ahmed Textile Mills (C‑638/11 P, EU:C:2013:277), punto 60. Con carácter más general, sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta cuestión, véase Kuplewatzky, N., «Defining Anti-Dumping Duties under European Union Law», Trade, Law and Development, vol. 10, 2018, pp. 448 a 462.

( 30 ) En este sentido, véase Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A., EC Anti‑Dumping Law, John Wiley & Sons, 1998, p. 271.

( 31 ) Véase la sentencia de 3 de octubre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:531), apartado 92. Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas en el asunto Epicheiriseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon y otros/Consejo (121/86, EU:C:1989:299), pp. 3939 y 3940.

( 32 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo (C‑69/89, EU:C:1991:186), apartado 87.

( 33 ) Sentencia EFMA, apartado 60. El subrayado es mío.

( 34 ) El artículo 9, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento 2016/1036 remite expresamente al artículo 7, apartado 2 quater, del mismo Reglamento en lo que respecta a la aplicación de la RDI. El pasaje pertinente de este último tiene el siguiente tenor: «en los casos en que el margen de perjuicio se calcule sobre la base de un precio indicativo, el objetivo de beneficio empleado se establecerá teniendo en cuenta factores tales como el nivel de rentabilidad antes del aumento de las importaciones procedentes del país objeto de investigación […] y el nivel de rentabilidad previsible en condiciones normales de competencia». Algunos de los trabajos preparatorios de este Reglamento se refieren, en efecto, al apartado 60 de la sentencia EFMA como una de las fuentes de inspiración de la nueva disposición: véase, por ejemplo, el documento de trabajo de la Dirección General de Comercio de la Comisión «Draft guidelines on the determination of the profit margin used in establishing the injury margin» (Proyecto de directrices de determinación del margen de beneficio utilizado para establecer el margen de perjuicio), de 2013.

( 35 ) Véase el informe del grupo especial elaborado en el contexto de la DS405, Unión Europea — Medidas antidumping sobre determinado calzado procedente de China, apartados 7.920 a 7.928.