4.

Pasaré ahora al examen del fondo de la cuestión de si la normativa comunitaria en el sector de la pesca, habida cuenta de su contenido real y de sus fines, puede obstaculizar, aunque sólo sea en el plano de la competencia, la observancia por los Estados miembros de compromisos internacionales como los contraídos en el marco de la modificación ya precisada, introducida en el artículo 7 del Convenio complementario sobre los caladeros del Atlántico Nororiental. A tal fin, convendrá recordar los rasgos esenciales de la normativa comunitaria. El Reglamento no 2141/70 por el que se establece una política común de estructuras en el sector de la pesca, establece un régimen común para el ejercicio de la pesca en las aguas marítimas y prevé la coordinación de la políticas estructurales de los Estados miembros en el sector. Esta normativa común se caracteriza por el principio de igualdad de trato que los Estados miembros deben aplicar a todos aquellos que pescan en las aguas marítimas sobre las que cada Estado ejerce su soberanía o su propia jurisdicción. El artículo 5 de dicho Reglamento establece que cuando el ejercicio de la pesca en las aguas marítimas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados exponga algunos de sus recursos al riesgo de una explotación excesiva, el Consejo podrá adoptar las medidas necesarias para su conservación. Por otra parte el Reglamento prevé acciones apropiadas con vistas a contribuir a la mejora de la productividad y de las condiciones de producción y de comercialización y en la Comisión se ha constituido un Comité permanente ad hoc, encargado de promover la coordinación de las políticas nacionales de estructura. El Reglamento no 2142/70, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca, prevé el establecimiento de organizaciones de productores, de un régimen de precios y de un régimen de intercambios con los países terceros. Regula igualmente la atribución de ayudas por los Estados a las organizaciones de productores y prevé la posibilidad de establecer normas comunes de comercialización que pueden tener relación en particular con la clasificación por categorías de calidad, dimensión, peso, envasado, etc. El régimen de precios se basa en la fijación de un precio de orientación y, en su caso, de un precio de intervención. Las organizaciones de productores pueden fijar también un precio de retirada por debajo del cual no venden los productos aportados por sus miembros. La organización de productores fija en este caso el destino de los productos así retirados. Para la financiación de los precios de retirada, estas organizaciones deben constituir fondos de intervención nutridos por las contribuciones de los productores asociados. El régimen de intercambios con países terceros se caracteriza por la prohibición de percibir cualquier exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana y de aplicar cualquier restricción cuantitativa. Para preservar la estabilidad del mercado interior comunitario, el Reglamento prevé la fijación anual de precios de referencia y la percepción en el momento de la importación procedente de países terceros de un gravamen compensatorio igual a la diferencia existente entre el precio de referencia y el precio de entrada, para el caso naturalmente de que este último fuera inferior al precio de referencia. Este gravamen es igual para todos los Estados miembros. Para terminar, el Reglamento prevé también medidas comunitarias de salvaguardia en caso de peligro de perturbación a causa de importaciones o exportaciones. Habida cuenta de la existencia de esta normativa compleja que regula el sector de la pesca en el interior de la Comunidad, se trata de determinar si los Estados miembros pueden continuar celebrando individualmente acuerdos internacionales en esta materia. Sobre este punto, para cuya solución debe confrontarse el objeto del acuerdo internacional considerado con el objeto de la normativa común del mercado, la citada sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto AETR, antes citado, no lleva a privar a los Estados miembros de la posibilidad de asumir unilateralmente compromisos internacionales en el ámbito de la conservación de los recursos pesqueros, aun cuando dichos compromisos no se limitan a la pesca en alta mar, sino que tratan también, como en el presente caso, sobre las actividades pesqueras desplegadas en el mar territorial, es decir en un ámbito ya sometido, en otros aspectos, a una normativa comunitaria concreta. En el citado asunto AETR, en efecto, el contenido del acuerdo internacional que los Estados miembros estaban negociando, coincidía fundamentalmente con una normativa comunitaria que regulaba ya el mismo sector específico. Había pues una verdadera coincidencia material entre el objeto de la normativa comunitaria y el del convenio internacional considerado. En el presente caso, por el contrario, el artículo 5 del Reglamento no 2141/70 se limita a prever la posibilidad de que el Consejo adopte las medidas necesarias para la conservación de los recursos por lo que respecta al ejercicio de la pesca en las aguas marítimas controladas por los Estados miembros. Se trata pues, no de una norma material actual, sino simplemente de una disposición que prevé una facultad de acción comunitaria que no ha sido ejercida hasta la fecha. Señalemos de inmediato que junto a esta disposición, la cual, al estar circunscrita a las zonas marítimas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros, prevé una facultad de acción unilateral por parte de la Comunidad, el mismo Reglamento, en su artículo 1, atribuye a la Comunidad una misión más amplia, en función de la explotación racional de los recursos biológicos del mar, sin limitar su ámbito de aplicación geográfico. Lo mismo cabe observar respecto al artículo 102 del Acta de adhesión a las Comunidades de los tres nuevos Estados miembros la cual prevé que «a más tardar a partir del sexto año después de la adhesión, el Consejo, a propuesta de la Comisión, determinará las condiciones para el ejercicio de la pesca con miras a asegurar la protección de los fondos y la conservación de los recursos biológicos del mar». Tampoco esta norma impone límites geográficos a la tarea atribuida a la Comunidad. Su aplicación puede suponer en particular un sistema de contingentes comunitarios. Sin embargo, esta norma tampoco ha dado lugar a la adopción de medidas de aplicación. La aplicación plena y completa de las dos disposiciones antes citadas, habida cuenta de la materia de que se trata y de la exigencia de una acción común por parte de una pluralidad de Estados que implica la normativa, requerirá indudablemente acciones de la Comunidad en el plano internacional. En efecto, la conservación de los recursos pesqueros sólo puede llevarse a cabo de forma eficaz mediante acuerdos internacionales. Es indudable que se ha atribuido a la Comunidad la facultad de ocuparse por sí misma de este aspecto de la normativa sobre la pesca, incluso la de alta mar. Esto resulta ya de la simple consideración de la conexión necesaria, e incluso diríamos de la interdependencia, entre el funcionamiento de la organización común de mercados, la aplicación de su política estructural común en el sector de la pesca y las limitaciones a la pesca de altura que pueden justificarse por consideraciones ecológicas y económicas. Esta es por tanto la razón de que deba admitirse que si a la Comunidad se le han atribuido facultades legislativas en dicho campo, se le ha atribuido igualmente la facultad de negociar en el mismo campo en el plano internacional. Digamos además que aunque esta competencia no pudiera basarse directamente en las normas del Tratado CEE relativas a la agricultura (y, a este respecto no es necesario que nos pronunciemos aquí) bastaría con la circunstancia de que el Reglamento no 2141/70 se basa formalmente en el artículo 235 del Tratado. De acuerdo con la sentencia AETR, antes citada, la facultad de los Estados miembros de negociar en el plano internacional en una materia determinada no se ve automáticamente excluida por el hecho de que se haya atribuido a la Comunidad una facultad normativa en esa misma materia. Es preciso, por el contrario, como he dicho ya, -que haya un ejercicio efectivo de esta competencia y que, por consiguiente, la materia haya sido efectivamente regulada por el legislador comunitario. Sólo en dicho supuesto la competencia internacional de la Comunidad sustituirá completamente a la de los Estados. Además, debe subrayarse igualmente que no basta que un sector considerado en general haya sido objeto de una normativa comunitaria para que los Estados miembros se vean automáticamente despojados de toda facultad de intervenir en dicho sector. La incompatibilidad de una competencia estatal en una materia determinada debe apreciarse no in abstracto, sino concretamente por oposición con la normativa comunitaria. Si estas consideraciones son válidas por lo que respecta a la competencia de los Estados para dictar normas en el plano interno, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (por ejemplo, de las sentencias de 12 de julio de 1973, Geddo, 2/73, Rec. p. 865; de 23 de enero de 1975, Van der Hulst, 51/74,↔Rec. 1975, p. 79, y de 26 de febrero de 1976, Tasca, 65/75, Rec. p. 291), también deben serlo, con la misma razón, por lo que respecta a las competencias exteriores de los Estados. Si ha quedado demostrado que a pesar de existir una normativa común para el sector pesquero, dicha normativa no regula concretamente un aspecto específico como el de la conservación de los recursos pesqueros ¿se puede admitir que los Estados conserven aún competencia para asumir compromisos internacionales en este terreno? A este respecto no debe perderse de vista que al definir una normativa internacional de la pesca, con fines ecológicos es necesario, entre otras cosas, repartir las cargas económicas que implican las medidas de protección entre todos los sujetos de Derecho público interesados en la pesca en las zonas consideradas. Además de afectar al funcionamiento interno de las organizaciones de mercado, la definición de dicha normativa afecta también directamente a la ejecución misma de la política comercial común. Se trata por consiguiente de una materia que afecta en diversos aspectos a los intereses y competencias de la Comunidad. Por analogía con lo destacado por el Tribunal de Justicia en su dictamen 1/75 relativo à la política comercial común, una forma -y quizás la más adecuada- de llegar también en el sector considerado a una definición concreta de la política común consiste en que los acuerdos internacionales se negocien con los países terceros con intervención no ya de los Estados miembros, sino de la Comunidad que es la única que puede aplicar una política que salvaguarde los intereses verdaderamente comunes. Estas circunstancias no pueden dejar de tener repercusiones sobre la libertad de acción de los Estados miembros ya antes de que la competencia de la Comunidad se traduzca en medidas concretas, si no excluyendo la competencia concurrente de los Estados, por lo menos limitándola. Por consiguiente, en espera de una acción comunitaria concreta y habida cuenta de la urgencia impuesta por las circunstancias, los Estados podrán todavía adoptar, al actuar con carácter individual en el marco de sus propias competencias, las medidas necesarias para la realización de los objetivos cuya importancia ha reconocido el propio sistema comunitario, pero deberán hacerlo dentro de los límites en los cuales los medios previstos a tal fin no sean contrarios a las normas del Tratado. Además no deben perder de vista que las acciones adoptadas unilateralmente tendrán únicamente carácter transitorio y que no deben ser obstáculo para la efectividad plena y total no sólo de la normativa comunitaria en vigor, sino también de las medidas que la Comunidad adopte en dicho sector para la realización de los fines previstos en la ejecución de una política común. Por consiguiente, las obligaciones generales impuestas por el artículo 5 del Tratado, unido a lo que prevé el artículo 116 al que me he referido ya, deberían llevarnos a admitir que, en esta fase transitoria, existe una obligación precisa de los Estados miembros de ponerse previamente de acuerdo a nivel de la Comunidad para evitar, en el plano internacional, tomas de postura individuales que puedan dificultar la definición y la ejecución de la política comunitaria en este campo.