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6.

Tampoco me puedo declarar conforme con el parecer de la ONEM. En primer lugar, éste contradice los términos de la disposición en litigio. En ella se habla de «recobrar» y no de «adquirir de nuevo». Pero, según la interpretación de la ONEM, deben cumplirse los requisitos para adquirir de nuevo el derecho a prestación siempre que se haya ejercido un empleo como mínimo durante tres meses. Si el propósito del legislador fuera éste, no se comprendería porqué se habla de «recobrar» y no «de adquirir de nuevo».
5.

No creo que este criterio se pueda deducir de la letra a) del apartado 2 del artículo 15 del citado Reglamento, en el que se fundó, sin embargo, la autoridad nacional para adoptar la medida impugnada en el procedimiento principal. En efecto, la disposición de que se trata está formulada en los siguientes términos: «Cuando las mercancías sean transportadas en el mismo tipo de transporte hasta un punto situado allende el punto de entrada en el territorio aduanero de la Comunidad, los gastos de transporte se repartirán proporcionalmente a la distancia recorrida fuera y dentro del territorio aduanero de la Comunidad, a menos que se suministre al servicio de aduanas la justificación de los gastos en que se haya incurrido en virtud de una tarifa obligatoria y general para el transporte de mercancías hasta el punto de entrada en el territorio aduanero de la Comunidad.» Como se deduce claramente del tenor de la citada disposición, el reparto de los gastos proporcionalmente a la distancia recorrida, respectivamente, fuera y dentro de la Comunidad supone la unicidad del tipo de transporte y, por consiguiente, la unicidad de la tarifa aplicada para la totalidad del transporte. Ahora bien, también es evidente, y las partes están, por lo demás, de acuerdo a este respecto, que el hecho de que las mercancías hayan recorrido todo el trayecto en el interior de un contenedor —como sucedió en el presente asunto — no reviste ninguna importancia para la aplicación de esta disposición. El contenedor no es un tipo de transporte. Por el contrario, es importante saber cómo se transportó dicho contenedor. Si, como sucede en el presente asunto, el contenedor se transporta primero en barco y a continuación en camión, el coste unitario del transporte, habida cuenta la aplicación sucesiva de tarifas diferentes (e incluso muy diferentes), no podrá considerarse uniforme y, por tanto, un reparto de este gasto únicamente en función de la distancia no podrá considerarse nunca como representativo del gasto efectivamente soportado en cada parte del recorrido total. Por ende, debe excluirse la aplicación al presente asunto de la letra a) del apartado 2 del artículo 15.
10.

Tal y como l'Office national pone de manifiesto, no puede hablarse en este caso de «aplicación implícita» del apartado 2 del artículo 51, como parece desprenderse de la redacción de la cuestión planteada. La pensión de jubilación italiana de la Sra. Ravida no fue incrementada debido a cambio alguno en sus circunstancias personales, ni porque se hubieran modificado las normas para su cálculo. Fue incrementada a causa de la evolución general de la situación económica y social. Por tanto, si es aplicable algún apartado del artículo 51, es el 1 y no el 2. Si se aplica el apartado 1 del artículo 51, l'Office national no puede efectuar un nuevo cálculo de la prestación de la Sra. Ravida a fin de tener en cuenta la revalorización de la prestación italiana.
25.

Las consideraciones expuestas a propósito de la cuarta cuestión me permiten concluir —sin necesidad de examinar la siguiente cuestión planteada por el órgano remitente— ( 12 ) proponiendo a este Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Centrale Raad van Beroep de la siguiente forma: «La letra a) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento n° 1408/71 debe ser interpretada en el sentido de que el trabajador que reside en un Estado miembro y que ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro está sometido exclusivamente a la legislación de este último Estado miembro, aunque su actividad se realice a tiempo parcial y sólo sea ejercida algunos días a la semana. Esta legislación no puede privar al citado trabajador del beneficio de un régimen de seguro por el simple hecho de no residir en el territorio del Estado.»
17.

Por consiguiente, el problema que se plantea en relación con una medida de este tipo no es tanto un problema de discriminación, como de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, que, a mi juicio, se impone a los Estados miembros con el mismo fundamento que el principio de no discriminación, cuando actúan como «gestores» de los intereses comunes en el ámbito de una organización común de mercados, exige, como es notorio, que las medidas restrictivas adoptadas sean idóneas para alcanzar el objetivo perseguido y no rebasen los límites de lo que para ello resulte necesario. En aplicación del referido principio, parece claro que una prohibición como la que establece la Orden británica resultaría de todo punto legítima si determinados recursos pesqueros estuviesen gravemente amenazados, si no hubiese ninguna posibilidad razonable de adoptar medidas alternativas igualmente eficaces y si el sacrificio impuesto a los pescadores no resultase excesivo (en el sentido de que tales pescadores no tuviesen un interés efectivo en utilizar aquel determinado tipo de redes).
9.

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se encuentra sin embargo más que un solo asunto en el que se haya discutido la cuantía del tipo de un tributo interior que sólo gravaba los productos importados, al no existir productos nacionales similares o concurrentes. Se trata del asunto Stier (sentencia de 4 de abril de 1968, 31/67, Rec. 1968, pp. 348, 356) en la cual el Tribunal de Justicia declaró que: «— El artículo 95 no prohibe a los Estados miembros gravar los productos importados con un tributo interior cuando no haya un producto nacional similar u otras producciones nacionales que puedan ser protegidas. — No le estaría sin embargo permitido gravar productos que, por no haber una producción interior comparable, se librarian de la aplicación de las prohibiciones del artículo 95, mediante derechos de un importe tal que pusieran en cuestión la libre circulación de mercancías en el interior del mercado común por lo que se refiere a dichos productos. — Sin embargo no puede presumirse semejante ataque a la libre circulación de mercancías cuando el tipo impositivo se encuadre en el marco general del sistema fiscal nacional del cual forma parte integrante el derecho que se discute»(traducción provisional).
30.

No me detendré mucho en la tercera cuestión del Juez de remisión, referente al tipo de cambio que ha de aplicarse para convertir el valor de base en la divisa del Estado miembro de importación, porque me parece que la respuesta a la cuestión de interpretación es lo bastante clara con una simple lectura de las normas. A falta de previsiones específicas en el Reglamento (CEE) n° 551/83, son aplicables las disposiciones en vigor en materia de derechos de aduana a las que se remite el párrafo 2 del artículo 1 del mismo Reglamento. Con arreglo a dichas disposiciones y en particular al artículo 9 y a la letra g) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1224/80, el tipo de cambio que se ha de aplicar es, por regla general, el que esté en vigor en el momento en que la Oficina de aduanas acepta el documento mediante el cual el declarante manifiesta su voluntad de despachar a libre práctica las mercancías.
4.

El Gobierno belga afirma, en primer lugar, que la autorización de que se trata no aporta al control sanitario previsto por la Directiva 64/432 ninguna medida de control sanitario ni ninguna medida restrictiva para los intercambios intracomunitários. Mantiene, a continuación, que el régimen de autorización tiene como finalidad paliar la falta, en el marco de la Directiva 64/432, de un sistema de información armonizado. Mientras éste no se realice, el sistema aplicado por Bélgica sigue siendo una necesidad cuyo fin es alcanzar dos objetivos: — informar al importador de que la importación no está prohibida por razones sanitarias ; — proporcionar un documento de información administrativa tanto para la autoridad de control como para el importador.
3.

La segunda categoría —a la que pertenece la sociedad Hall & Sons (Dairy Farmers) Ltd (en lo sucesivo, «Hall»)— está constituida por los productores que venden su leche u otros productos lácteos directamente al consumo. También los productores de esta categoría pueden ser sometidos a una tasa suplementaria sobre las cantidades vendidas que sobrepasen la cantidad de referencia que les fue asignada [véase el apartado 2 del artículo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/68]. El artículo 6 del Reglamento (CEE) no 857/84 contiene algunas disposiciones que regulan la aplicación del régimen de tasa a esta categoría de productores. El apartado 1 establece las normas que permiten fijar la cantidad de referencia que se atribuye a cada productor que vende sus productos directamente al consumo: «Se atribuirá a cada productor de leche y de productos lácteos contemplado en el apartado 2 del artículo 5 quater, del Reglamento (CEE) no 804/68 una cantidad de referencia que corresponderá a las ventas directas efectuadas por este último durante el año civil de 1981, aumentadas en un 1 %.» El apartado 2 impone a los Estados miembros la obligación de velar por que las cantidades de referencia que atribuyen no sobrepasen una cantidad total determinada. ( 4 ) El apartado 3 dispone que algunos artículos del Reglamento (CEE) no 857/84 que se refieren a la primera categoría de productores se apliquen asimismo a los productores contemplados en el artículo 6, según normas que deben determinarse de conformidad con el procedimiento que en él se precisa. Se trata de los artículos 3 y 4 (que permiten a los Estados miembros adaptar las cantidades de referencia individuales para tener en cuenta la situación particular de determinados productores), así como el artículo 7 (que regula la transferencia de cantidades de referencia en caso de venta, alquiler o transmisión hereditaria de una explotación). Por último, el artículo 12 del Reglamento (CEE) no 857/84 contiene algunas definiciones. En la letra h) define el concepto de «leche o equivalente de leche vendido directamente al consumidor» del siguiente modo: «la leche o los productos lácteos convertidos en equivalentes de leche, vendidos sin la mediación de una empresa que trate o transforme leche».
9.

Realmente, en la mayor parte de los casos la situación es más compleja. Para la transmisión de un bien inmueble se debe tener en cuenta la interacción entre el impuesto sobre transmisiones y el Impuesto sobre el Volumen de Negocios. Los bienes inmuebles, aunque no se «consumen», no están excluidos por su naturaleza del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Volumen de Negocios, pero crean, en cambio, problemas específicos. La legislación neerlandesa en la materia parte del principio de que se debe evitar en la medida de lo posible la acumulación de ambos impuestos. En este sentido, el artículo 15 de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que regula el impuesto sobre transmisiones, dispone que la entrega de un bien inmueble sujeto al Impuesto sobre el Volumen de Negocios está, en principio, exenta del impuesto sobre transmisiones. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que a menudo se modifica la naturaleza del bien inmueble durante el proceso de transmisión, lo que puede tener importantes consecuencias de carácter técnico fiscal, como es el caso en el presente asunto, en el que una villa se transforma en terreno edificable. De acuerdo con el régimen de exenciones contenido en el artículo 11 de la Wet op de omzetbelasting (Ley del Impuesto sobre el Volumen de Negocios) de 1968, la transmisión de una casa «vieja» está, en principio, exenta del Impuesto sobre el Volumen de Negocios (pero no por ello está exenta del impuesto sobre transmisiones). Por el contrario, la transmisión de un terreno edificable está sujeta al Impuesto sobre el Volumen de Negocios (pero no al impuesto sobre transmisiones).
62.

No entra en la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros apreciar la compatibilidad de una medida de fomento estatal con el mercado común. La Comisión, como autoridad competente para el control de las ayudas, ( 39 ) tampoco ha autorizado el régimen citado como ayuda. Aunque el Gobierno italiano ha notificado a su debido tiempo el proyecto de Ley 64/81, la Comisión, según sus propias afirmaciones, no ha iniciado el procedimiento de examen de las ayudas con respecto al régimen de preferencias. Por ello, limitándose a estos hechos, no era aplicable la disposición de la última frase del apartado 3 del artículo 93 dél Tratado CEE, que prohibe a los Estados miembros ejecutar las medidas proyectadas antes de que haya recaído resolución definitiva de la Comisión. La consiguiente invalidez de una medida adoptada, no obstante, con inobservancia de este precepto, que debe ser reconocida por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, así como por sus autoridades administrativas, no afecta al régimen de reserva, en el marco que aquí nos interesa exclusivamente.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 19 de octubre de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA HELENICA. - INCUMPLIMIENTO - ADAPTACION DEL DERECHO NACIONAL A LO DISPUESTO EN UNA DIRECTIVA. - ASUNTO 329/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 04159

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Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. F.G. Jacobs presentó sus conclusiones el 19 de octubre de 1989.(* )En ellas proponía que el Tribunal de Justicia declarara que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 169 del Tratado CEE, al no adoptar y comunicar a la Comisión, dentro del plazo establecido, las medidas necesarias para atenerse a la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, y que condenara en costas a la República Helénica.

(*) Lengua original: inglés.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 18 de abril de 1989. - JEAN-PIERRE KERZMANN CONTRA TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIOS - ANULACION DE NOMBRAMIENTO. - ASUNTO 198/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02083

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. F.G. Jacobs presentó sus conclusiones el 18 de abril de 1989.(* )En ellas proponía que:

1) Se desestimara el recurso.

2) Se condenara a cada parte a cargar con sus propias costas.

(*) Lengua original: inglés.
36.

Finalmente, hay que tener todavía en cuenta un aspecto que apareció en la fase oral. Se planteó la cuestión de qué efecto produciría una eventual declaración de nulidad por parte del Tribunal de Justicia. Se dijo que no tendría efectos ex tune, dado que la propia Comisión solicitó que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 174 del Tratado CEE, los Reglamentos declarados nulos siguiesen produciendo efectos hasta la promulgación de los Reglamentos que se adoptaren a consecuencia de dicha declaración; se dijo también que no tendría efectos ex nunc dado que los Reglamentos únicamente estarían vigentes hasta el 31 de diciembre de 1986, por lo que entretanto habrían perdido su vigencia.
42.

Sin adoptar la forma de un motivo autónomo, las demandantes sostienen que no es cierto que el miembro competente de la demandada aprobara la decisión litigiosa. La fotocopia autenticada de la decisión que les fue remitida no presenta la firma del miembro competente de la demandada; en cuanto al documento presentado por la demandada para probar que el miembro competente de ¡a Comisión firmó la decisión litigiosa, no prueba que el Comisario de que se trata aprobara la decisión, por cuanto su firma no está acompañada por una fecha y, por otra parte, el documento no indica cuáles son los escritos acompañados en el anexo. No se puede excluir que el miembro competente de la Comisión firmara en blanco previamente el documento de que se trata, en fecha imposible de determinar.
3.

La primera cuestión no precisará una larga exposición, al haber sido resuelta por el Tribunal de Justicia el problema que plantea en la sentencia Salzano. Tratándose en efecto de saber en qué condiciones deben considerarse «debidos», en el sentido del artículo 76 del Reglamento no 1408/71 citado, los subsidios familiares abonados por el Estado miembro del lugar de residencia para servir de fundamento a la suspensión de los subsidios familiares de lamisma naturaleza abonados en el Estado miembro del lugar dé empleo, el Tribunal de Justicia, siguiendo mis conclusiones, declaró que: «La suspensión del derecho a los subsidios familiares debidos en virtud del artículo 73 del Reglamento no 1408/71 en el país del lugar de empleo de uno de los padres no se produce cuando el otro reside con los hijos en otro Estado miembro y ejerce en él una actividad profesional sin percibir, no obstante, subsidios familiares a causa de que no se reúnen todos los requisitos exigidos por la legislación del referido Estado miembro para percibir efectivamente dichos subsidios» (apartado 11, el subrayado es nuestro) (traducción provisional). Como precisa la motivación de dicha decisión, los requisitos de que se trata son tanto los de fondo como los de forma impuestos por la legislación del Estado miembro del lugar de residencia (asunto 191/83, Salzano, apartados 7 a 10). En otras palabras, si la Sra. Ferraioli no ha presentado ninguna solicitud en este sentido, hipótesis en que se situó el Bundessozialgericht en su primera cuestión prejudicial, no se reúnen los requisitos de aplicación de la cláusula contra la acumulación del artículo 76. Es exacto que esta interpretación lleva necesariamente a reconocer a los esposos una facultad de opción en cuanto a la legislación aplicable para la concesión de los subsidios. Como ya señalé en mis conclusiones del asunto Salzano, esta solución no debe sorprender. A las observaciones que entonces hacíamos se puede añadir que de la jurisprudencia se desprende sin ambigüedad que, lejos de ser una disposición que imponga al Estado miembro del lugar de residencia la carga exclusiva de los subsidios familiares, el artículo 76 se propone sólo, como recordaremos después, evitar cualquier enriquecimiento sin causa que puede hacer posible la dispersión geográfica de la familia del emigrante. Señalemos, de paso, que sería al menos paradójico que esta disposición comunitaria privara a los esposos de la igualdad de trato que les reconoce en esta materia el Derecho interno de los Estados miembros afectados, por el solo hecho de que uno de ellos, vuelto a su país de origen con sus hijos, ejerza en él una actividad profesional.
2.

En su recurso ante el Amtsgericht Aachen, el demandante reclama la devolución de la parte de la prima de seguro que no debería haber pagado si se le hubiese reconocido una bonificación (127,61 DM). A este respecto, alega que las disposiciones alemanas sobre tarifas, según las cuales la clasificación en los grupos de ausencia de siniestralidad no se aplica a los contratos de seguro sobre vehículos matriculados con placas de aduana, no se justifican objetivamente y estima, en particular, que infringen la prohibición de discriminación enunciada por el Tratado CEE, en la medida en que, en su calidad de residente extranjero CEE, le excluyen dej derecho de las reducciones de tarifas concedidas con carácter individual. La compañía de seguros demandada solicita que se desestime el recurso. En su opinión, las disposiciones impugnadas están totalmente justificadas desde el punto de vista objetivo. En tales supuestos, debe considerarse que existe un aumento del riesgo por el hecho de que el vehículo no tiene su estacionamiento habitual en el interior del país y porque, durante la mayor paite del período de validez del contrato de seguro, el vehículo circula por itinerarios insuficientemente conocidos. No puede afirmarse que la tarifa aplicada por la demandante, oficialmente autorizada, excluya sistemáticamente a los asegurados residentes en otro Estado miembro de la Comunidad de las reducciones tarifarias concedidas con carácter individual a los asegurados que residen dentro del país.
1.

Si nos atenemos inicialmente al tenor del número 1 del artículo 5, no cabe duda de que la versión alemana, que he citado al inicio («[...] wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre»), sugiere que el hecho de que haya un litigio sobre la existencia de un contrato no excluye a priori el fuero del lugar de cumplimiento. Otras versiones lingüísticas, en particular la francesa y la italiana, en las que se ha basado fundamentalmente la recurrente en casación y que, naturalmente, no pueden ser ignoradas, no son tan claras. Pero, por otra parte, no observo que de las formulaciones utilizadas en ellas («en matière contractuelle» e «in materia contrattuale») se desprenda necesariamente la conclusión de que la formación del contrato no deba ser objeto de litigio y que la competencia de un Tribunal con arreglo al nùmero 1 del artículo 5 esté excluida cuando el litigio verse sobre la existencia de un contrato.
61979C0080

Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 15 de junio de 1989. - DETALMO PIRZIO-BIROLI CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIOS - AGENTE DE LA ASOCIACION EUROPEA PARA LA COOPERACION (AEC) - RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE FUNCIONARIOS DE LA COMISION. - ASUNTOS ACUMULADOS 80/79 Y 205/81.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02441

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4.

Es también relativamente sencillo el problema de determinar a partir de qué fecha conceden derechos a los particulares las invocadas disposiciones de los Reglamentos por los que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino. Por lo que se refiere al Reglamento no 14/64, de las disposiciones del artículo 25 de dicho Reglamento en relación con las de los apartados 1 y 3 del artículo 1 del Reglamento no 82/64/CEE (DO 1964, 105, p. 1626), resulta que las prohibiciones que reitera el artículo 12 del primero de dichos Reglamentos produjeron sus efectos -con todas las consecuencias que ello implica-el 1 de noviembre de 1964: en efecto, aunque los Reglamentos que debían adoptarse en aplicación del Reglamento no 14/64 no fueron adoptados antes del 31 de julio de 1964 (de hecho, lo fueron el 30 de julio de 1964: se trata de los Reglamentos no 111/64/CEE, DO 1964, 130, p. 2174; no 112/64/CEE, DO 1964, 130, p. 2180, y no 114/64/CEE, DO 1964, 130, p. 2187), el elemento decisivo radicaría en que la fecha del 1 de noviembre de 1964 sustituyó a la del 31 de julio de 1964. Del mismo modo, por lo que se refiere al Reglamento no 805/68, del párrafo segundo del artículo 34 resulta que el régimen previsto en dicho Reglamento, y concretamente las prohibiciones que reiteran sus artículos 20 y 22, entraron en vigor el 29 de julio de 1968. A este respecto, en la regulación aplicable a las importaciones de carne de bovino no ha habido ninguna solución de continuidad entre el 1 de noviembre de 1964 y el momento al que se remontan las operaciones objeto de controversia.
—

Si la Comisión no definió su posición, el hecho de no haber emitido un dictamen no puede ser objeto de recurso.