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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 126/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 24 de enero de 2012 — Körös-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Asunto C-33/12)

2012/C 126/07

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Körös-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Cuestión prejudicial

¿En caso de uso como pasto permanente, constituyen los diques superficies agrarias utilizadas, en el sentido del artículo 143 ter, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003, (1) aun cuando su uso agrario no sea prioritario y cumplan también un objetivo hidráulico o de prevención de inundaciones?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 126/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Nyíregyházi Törvényszék (Hungría) el 26 de enero de 2012 — Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Asunto C-38/12)

2012/C 126/08

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Nyíregyházi Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 143 ter, apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, (1) en el sentido de que, para la campaña de 2008, excluye del régimen de pago único por superficie (RPUS) financiado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía los costados (taludes) de diques y terraplenes construidos para prevenir inundaciones aun en el supuesto de que, a 30 de junio de 2003 así como con posterioridad a dicha fecha, los pastos plantados sobre ellos se hayan conservado en buen estado, al segarlos y utilizarlos para el pastoreo de manera regular, y se trate de superficies que se mantienen en buenas condiciones agronómicas?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 143 ter, apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 en el sentido de que excluye de las ayudas por superficie las superficies agrarias utilizadas de modo secundario?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿se oponen los artículos 18 y 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguos artículos 12 y 39 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea), 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo de 15 de octubre de 1968 relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad, (3) o 3 del Reglamento (CEE) no 1408/71, a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal, en cuya virtud la concesión de una prestación como la establecida en la Ley de 21 de diciembre de 2007, relativa a la prestación por hijo a cargo, a los trabajadores que ejercen su actividad profesional en el territorio del Estado miembro de que se trate y residen con los miembros de su familia en el territorio de otro Estado miembro se suspenderá hasta la cuantía del importe de las prestaciones familiares establecidas para los miembros de su familia por la legislación del Estado miembro de residencia, ya que la normativa nacional obliga a aplicar a la prestación de que se trata las normas de no acumulación de las prestaciones familiares establecidas en los artículos 76 del Reglamento (CEE) no 1408/71 (4) y 10 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 157/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 2 de abril de 2012 — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi y otros

(Asunto C-160/12)

2012/C 157/08

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Maria Rosa Gramegna

Recurrida: A.S.L. Lodi y otros

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de libertad de establecimiento, no discriminación y defensa de la competencia que inspiran el artículo 49 TFUE y siguientes a una normativa nacional que no permite a un farmacéutico, habilitado e inscrito en el correspondiente colegio profesional pero que no es titular de un establecimiento comercial incluido en el mapa farmacéutico, distribuir al por menor, en la parafarmacia de la que es titular, también medicamentos sujetos a prescripción médica con «receta blanca», es decir, no sufragados por el sistema nacional de seguridad social y que están totalmente a cargo del ciudadano, prohibiendo también en este sector la venta de determinadas clases de productos farmacéuticos y limitando el número de establecimientos comerciales que pueden establecerse en el territorio nacional?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 165/10

Recurso de casación interpuesto el 5 de marzo de 2012 por Bernhard Rintisch contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 16 de diciembre de 2011 en el asunto T-109/09, Bernhard Rintisch/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto C-121/12 P)

2012/C 165/16

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Bernhard Rintisch (representante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia de la Sala Séptima del Tribunal General de 16 de diciembre de 2011 en el asunto T-109/09.

— Que se condene en costas a la OAMI.

Motivos y principales alegaciones

El recurrente alega que la sentencia recurrida debería anularse debido a que el Tribunal General infringió el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo (1) [actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009] (2) e incurrió en desviación de poder. Según el recurrente, el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 al declarar que la Sala de Recurso había actuado conforme a Derecho no teniendo en cuenta los documentos y las pruebas aportados por el recurrente. El Tribunal General incurrió en error al considerar que la Sala de Recurso se había negado justificadamente a ejercer sus facultades discrecionales cuando decidió no tener en cuenta los referidos documentos.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
1)

¿Es compatible con las disposiciones de los Tratados de la UE que regulan el principio de libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE), el principio de igualdad de trato (artículo 54 TFUE) y el principio de libre circulación de capitales [artículo 56 TFUE (sic)] la exención del impuesto sobre los dividendos que confiere la normativa húngara al perceptor de dividendos que sea residente en Hungría, siendo así que a) el perceptor de dividendos no residente únicamente está exento del impuesto sobre los dividendos si cumple determinados requisitos legales, a saber, que su participación (en el caso de acciones, la parte de sus acciones nominativas) en el capital social de la sociedad residente en el momento del reparto (asignación) de los dividendos haya sido permanentemente de al menos un 20 % durante al menos dos años consecutivos, teniendo en cuenta que, en caso de que la participación permanente del 20 % se haya mantenido durante menos de dos años consecutivos, la sociedad que reparte los dividendos no estará obligada a retener el impuesto sobre los dividendos y la sociedad que percibe los dividendos o, en el caso de asignaciones no dinerarias, la sociedad que las reparte no estarán obligadas a pagar dicho impuesto al presentar su declaración tributaria, si otra persona o quien reparte los dividendos ha garantizado el pago del impuesto; b) y dándose la circunstancia de que el perceptor de dividendos no residente no cumple los requisitos que le exige la normativa nacional para quedar exento del impuesto bien cuando su participación (en el caso de acciones, la parte de sus acciones nominativas) en el capital social de la sociedad residente en el momento del reparto (asignación) de los dividendos no alcance el umbral mínimo del 20 % exigido por la ley, o bien cuando no haya mantenido dicho porcentaje permanentemente durante al menos dos años consecutivos, o bien, en el caso de que la participación permanente del 20 % se haya mantenido durante menos de dos años consecutivos, si el pago del impuesto no ha sido garantizado por ningún tercero o por quien reparte los dividendos (?)
1)

En el marco de un procedimiento judicial relativo a la declaración de no responsabilidad y a la orden de expulsión hacia el Estado miembro que es responsable a juicio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de asilo (Estado miembro requirente), ¿puede un solicitante de asilo invocar que el traslado no se efectuó en el plazo de seis meses previsto en el artículo 19, apartado 4, del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, (1) y que, por tanto, la responsabilidad incumbe ahora al Estado miembro requirente?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 49/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāta (República de Letonia) el 19 de diciembre de 2011 — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests

(Asunto C-650/11)

2012/C 49/31

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākās tiesas Senāta

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Ilgvars Brunovskis

Recurrida: Lauku atbalsta dienests

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 125, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003 (1) en el sentido de que la prima por vaca nodriza es aplicable en función del número total de vacas nodrizas nacidas en el año civil?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 102, apartado 2, del Reglamento no 1973/2004 (2) en el sentido de que por período de seis meses se ha de entender el plazo para presentar las solicitudes de prima?

3) Si la respuesta a la segunda cuestión es afirmativa, en el supuesto de que un Estado miembro haya reducido este plazo de presentación ¿tendría el Estado miembro la obligación de indemnizar por las pérdidas en que hubiera incurrido el agricultor si no le fue posible hacer uso plenamente del plazo de solicitudes establecido en el Reglamento?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas (DO L 345, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 39/9

Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo

(Asunto C-576/11)

2012/C 39/16

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: O. Beynet y B. Simon, agentes)

Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 23 de noviembre de 2006, en el asunto C-452/05.

— Que se ordene al Gran Ducado de Luxemburgo que abone a la Comisión la multa coercitiva propuesta de un importe de 11 340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2006 en el asunto C-452/05, desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que se ejecute la sentencia dictada en el asunto C-452/05.

— Que se ordene al Gran Ducado de Luxemburgo que abone a la Comisión un importe a tanto alzado diario de 1 248 euros, desde el día en que se dictó la sentencia de 23 de noviembre en el asunto C-452/05 hasta el día en que se dicte la sentencia en el presente asunto o hasta el día en que se ejecute la sentencia dictada en el asunto C-452/05, si su ejecución se produce anteriormente.

— Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la Comisión alega que, tal como se desprende del examen de la información remitida por las autoridades luxemburguesas, Luxemburgo no ha ejecutado plenamente, hasta ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia, a pesar de haber transcurrido casi cinco años desde que se dictó esta última. En efecto, Luxemburgo no ha cumplido las disposiciones del artículo 5, apartado 4, ni las del artículo 5, apartado 2. En efecto, seis instalaciones de tratamiento de aguas residuales de aglomeraciones de más de 10 000 equivalentes-habitante en Luxemburgo aún no cumplen las exigencias previstas en la Directiva 91/271/CEE. (1)

(1) Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, p. 40).
7)

Condene a la UE, al Consejo y a la Comisión, demandados en primera instancia, a indemnizar el perjuicio material y el daño moral sufridos por el recurrente, en una cantidad que habrá de fijarse, ex aequo et bono, en un importe no inferior a 5 000 000 de euros, así como a cargar con las costas.
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante (España) el 8 de noviembre de 2011 — Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(Asunto C-561/11)

(2012/C 25/65)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Mercantil de Alicante

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fédération Cynologique Internationale

Demandada: Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

Cuestión prejudicial

En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir su utilización en el tráfico económico por tercero previsto en el art. 9.1 del Reglamento (CE) No 207/2009 (1) del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria ¿se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique un riesgo de confusión (por ser similar a la marca comunitaria y similar los servicios o productos), o por el contrario, queda excluido aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria, en tanto no se anule previamente ese registro de marca posterior?

(1) DO L 78, p. 1
Recurso de casación interpuesto el 24 de noviembre de 2011 por Omnicare, Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-290/09, Omnicare, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Astellas Pharma GmbH

(Asunto C-588/11 P)

(2012/C 25/77)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Omnicare, Inc. (representante: M. Edenborough, QC)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Astellas Pharma GmbH

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Asimismo, que se condene a la OAMI al pago de las costas tanto del procedimiento ante el Tribunal de Justicia como ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente invoca un único motivo, en particular, que el Tribunal General aplicó incorrectamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo (1) (el «nuevo Reglamento»). El presente asunto se refiere a la oposición formulada por Astellas Pharma GmbH (anteriormente Yamanouchi Pharma GmbH) («oponente») sobre la base de la marca alemana no 394 01 348, registrada por la oponente, y la alegación de la existencia de riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (2) (el «antiguo Reglamento») (pero que es idéntico a las partes pertinentes del nuevo Reglamento). Como la marca anterior se había registrado más de cinco años antes de que se formulara la oposición, la oponente debía acreditar el uso efectivo de la marca para poder invocarla en apoyo de su oposición.

La recurrente alega que el Tribunal General consideró erróneamente que la marca anterior invocada por la oponente había sido objeto, con arreglo a la Ley, de un uso efectivo. No se discute que la marca en cuestión fue usada durante operaciones comerciales realizadas por o con el consentimiento de la oponente en relación con los servicios para los que estaba registrada. No obstante, dicho uso se refería a la prestación de servicios por los que no se percibió contraprestación. Por ello, no puede, con arreglo a las disposiciones aplicables, invocarse para acreditar que la marca había sido objeto de un uso efectivo. Este extremo ha sido objeto de jurisprudencia que según la recurrente a) fue aplicada incorrectamente por el Tribunal General y b) que, en cualquier caso, es contradictoria. Por consiguiente, la cuestión de las consecuencias jurídicas que deben extraerse en tal situación de hecho debe resolverse por el Tribunal de Justicia.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 370/17

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 23 de septiembre de 2011 — Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

(Asunto C-500/11)

2011/C 370/28

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fruition Po Limited

Demandada: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando: a) un Estado miembro ha de resolver sobre el reconocimiento de una entidad como una organización de productores conforme al artículo 11 del Reglamento no 2200/96; (1) b) los objetivos y estatutos de la entidad reúnen los requisitos previstos en el artículo 11; c) los miembros productores de la entidad reciben todos los servicios que, según el artículo 11, debe prestar la organización de productores; y d) la entidad encomienda la prestación de una parte sustancial de dichos servicios a subcontratistas, ¿debe interpretarse el artículo 11 del Reglamento no 2200/96, en concordancia con el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que la entidad debe ejercer cierto grado de control sobre los subcontratistas?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿qué grado de control debe entenderse que exige dicho artículo 11?

3) En particular, ¿ejerce la entidad el grado de control exigido, en su caso, por el artículo 11, cuando: a) los subcontratistas son: 1) una sociedad, el 93 % de cuyas participaciones pertenecen a los miembros de la entidad; y 2) una sociedad, el 50 % de cuyas participaciones pertenecen a la primera sociedad y cuyos estatutos prevén que las decisiones de la sociedad deben aprobarse por unanimidad; b) ninguna de las dos sociedades está sometida a una obligación contractual de cumplir las instrucciones de la entidad con respecto a las actividades de las que se trata; c) pero, a consecuencia de la pertenencia de las participaciones antes descrita, la entidad y los subcontratistas actúan de común acuerdo?

4) ¿Incide en la respuesta a las cuestiones anteriores que: a) el artículo 6, apartado 2, del Reglamento no 1432/03, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en lo relativo al reconocimiento de las organizaciones de productores, expresamente preveía en el momento de los hechos que los «Estados miembros establecerán las condiciones» según las cuales una organización de productores podrá confiar a terceros la ejecución de sus tareas; y b) en el momento de los hechos el Estado miembro mencionado en la primera cuestión no había establecido dichas condiciones?

(1) Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 297, p. 1).
Segundo, las recurrentes alegan que el Tribunal confirma, de manera jurídicamente errónea, la Decisión de la Comisión de exigir responsabilidad a las recurrentes como responsables solidarias, tomando como base del volumen de negocios del grupo de la ThyssenKrupp AG. En ese sentido, la sentencia vulnera el artículo 23 del Reglamento no 1/2003, el principio del Estado de Derecho bajo la forma del principio nulla poena sine lege, el principio de la proporcionalidad de las sanciones, el principio in dubio pro reo y el principio de culpabilidad. La sentencia es errónea desde el punto de vista jurídico, en la medida en que se basa en la suposición de que una filial forma con su empresa matriz (y con otras sociedades del grupo) una agrupación de responsabilidad en forma de unidad económica. Por otra parte, y al margen de ello, vulnera el principio de culpabilidad porque se impone a las recurrentes junto a sus sociedades matrices una sanción como responsables solidarias. Con carácter subsidiario se alega que el Tribunal ha confirmado la responsabilidad solidaria a pesar de no haber ordenado cuotas de responsabilidad en la relación interna.