En lo que concierne a las medidas restrictivas adoptadas contra personas que prestan apoyo al régimen sirio, toda vez que, en primer lugar, el nombramiento del presidente y del vicepresidente de una Cámara de Comercio cuya función consiste en promover la economía de Siria y el desarrollo de sus empresas y de sus actividades comerciales y de inversión supone una decisión del Gobierno, y que, en segundo lugar, la función ejercida por la persona objeto de las medidas restrictivas en el seno de esa Cámara de Comercio sólo puede explicarse por su proximidad con el régimen gobernante, y constituye una circunstancia fáctica que no ha sido cuestionada y que demuestra la existencia de un vínculo con dicho régimen, tal proximidad permite al Consejo considerar válidamente que esa persona se beneficia del régimen, lo apoya y está vinculada a él en el sentido del artículo 28, apartado 1, de la Decisión 2013/255 y del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 36/2012.

Finalmente, la reinscripción de personas objeto de tales medidas en las listas de las personas, entidades y organismos identificados bien como responsables de la represión violenta de manifestaciones pacíficas ocurrida en diversos puntos de Siria, bien como asociadas a dichos responsables, no puede calificarse de desproporcionada por su carácter supuestamente ilimitado en potencia, habida cuenta de que esa reinscripción se revisa periódicamente a fin de garantizar que las personas y entidades que dejen de responder a los criterios determinantes de la inclusión en la lista de que se trata sean excluidas. De lo anterior se deduce que, teniendo en cuenta la importancia crucial de la protección de la población civil en Siria y las exenciones contempladas por los actos mediante los que se adoptaron las medidas de que se trata, las restricciones del derecho de propiedad causadas por los actos impugnados no resultan desproporcionadas.

En lo que concierne a las medidas restrictivas adoptadas contra personas que prestan apoyo al régimen sirio, la congelación de fondos y de recursos económicos constituye una medida cautelar que no pretende privar de su propiedad a las personas afectadas. No obstante, conlleva indudablemente una restricción del ejercicio del derecho de propiedad.

Los actos mediante los que se imponen medidas restrictivas a personas, entidades y organismos identificados bien como responsables de la represión violenta de las manifestaciones pacíficas ocurrida en diversos puntos de Siria, bien como asociados a tales responsables, adoptados sobre la base del artículo 29 TUE, aplicables durante doce meses, que están sujetos a revisión continua y pueden, en su caso, ser prorrogados o modificados si el Consejo estima que no se han logrado los objetivos perseguidos, y que no implican la confiscación de los bienes de los interesados como productos del crimen, sino una congelación de forma cautelar, no constituyen una sanción ni tampoco implican una acusación de este carácter. En efecto, tales actos no constituyen una declaración en el sentido de que se ha cometido realmente una infracción, sino que se adoptan en relación con un procedimiento de carácter administrativo de forma cautelar y con el único fin de que el Consejo pueda garantizar la protección de la población civil. Por lo tanto, la inscripción de una persona sujeta a las referidas medidas en las listas de tales personas, entidades y organismos no vulnera el principio de presunción de inocencia.

(véanse los apartados 73 y 75 a 79)