1.

Primer motivo, basado en la vulneración de las normas jurídicas relativas a la aplicación del Tratado —imposición al BES de las cargas ligadas a la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Portuguesa—: — Se imponen al BES obligaciones en relación con la actuación de un tercero a la que no ha dado su conformidad y que no lo beneficia, sin que tal actuación se haya escogido aplicando criterios que garanticen el respeto del principio de optar por la solución económicamente más ventajosa, con el consiguiente detrimento eventual de los acreedores y accionistas del BES. — Conforme a la Decisión impugnada, el nombramiento del administrador encargado de la supervisión queda a cargo del fondo de resolución. Sin embargo, si sólo incumbe a la República Portuguesa la designación de un administrador único encargado de la supervisión, no parece aceptable que la carga correspondiente a la retribución de éste recaiga íntegramente sobre el BES. Esa opción ignora los principios subyacentes a las ayudas públicas: (i) refuerza la ventaja de que disfruta el banco puente, liberándolo de cargas por la resolución que de otro modo le corresponderían por ley; (ii) menoscaba la competencia en favor del banco puente, liberándolo de cargas que no se cuantificaron en la autorización de la ayuda pública. — La normativa de la UE en materia de ayudas públicas no proporciona ningún fundamento que justifique la imposición de la retribución del administrador encargado de la supervisión al BES, que, cabe recordar, no es destinatario de la Decisión ni beneficiario de la ayuda. — El Reglamento (UE) no 806/2014, sobre el Mecanismo Único de Resolución, aplicable a partir de 2016, no precisa nada a este respecto, pese a regular la figura del administrador en el artículo 19, sin que tampoco se den más precisiones en el Reglamento no 1093/2010 ni en la Directiva 2014/59/UE, cuyo plazo de transposición aún no ha expirado. — En el marco del Derecho de la Unión Europea, así como, por otro lado, en el ámbito de la actuación de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, servicio responsable del acto que cristalizó en la Decisión impugnada, hay disposiciones interpretativas sólidas de las figuras del administrador encargado de la supervisión y de su retribución, que pueden servir para colmar las lagunas en la previsión de la situación aquí considerada, fundamentalmente por lo que respecta a la estructura cuantitativa de la retribución del administrador de la supervisión, que debe resultar del acuerdo entre las partes, sin perjuicio de su aprobación por la Comisión Europea y de la necesaria independencia y los medios que deben concederse. — La Comisión Europea no puede imponer al demandante el modo en que tratar en la práctica la retribución del administrador encargado de la supervisión, por lo que su decisión de imponer tal carga pecuniaria de forma vinculante (es decir, sin previa aceptación del BES, ni tan siquiera de su importe) no encuentra fundamento jurídico ni en el Reglamento (UE) no 806/2014, ni en cualquier otro texto normativo. — La propia Comisión Europea se limita a declarar en la Decisión recurrida que incumbe al banco malo la retribución del administrador encargado de la supervisión y que esta retribución deberá configurarse «de modo que no menoscabe la independencia y la eficacia del administrador en el ejercicio de su mandato». No se da, por tanto, una definición concreta de la estructura de la retribución, fundamentalmente del modo en que ésta ha de tratarse en la práctica, ni de sus límites.