En efecto, tal decisión es un acto de alcance general y no contiene una toma de postura firme de la administración en cuanto a la situación individual del interesado. Por consiguiente, esa decisión no es una decisión que le afecte directa e individualmente.

En lo que respecta a la decisión de la administración de clasificar a determinados funcionarios de esa institución, con arreglo a una decisión interna por la que se adoptan disposiciones de aplicación del artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, en el tipo de puesto de trabajo de «jefe de unidad o equivalente», creado por el Reglamento no 1023/2013, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, dicha decisión, en la medida en que la lista de funcionarios que establece no contiene el nombre de un funcionario de grado AD 13, no puede considerarse una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la que se deniegue a ese funcionario el disfrute del régimen excepcional del artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, ni tampoco como una decisión de esa autoridad que afecte a las perspectivas de carrera de dicho funcionario privándolo de la posibilidad de ser ascendido al grado AD 14 en el régimen del Estatuto modificado.

Corrobora esta conclusión, por una parte, el hecho de que, en el caso de un acto de carácter general destinado a aplicarse mediante una serie de decisiones individuales que afectan a numerosos funcionarios de una institución, la falta de aplicación de esta medida de orden general en un caso particular no puede considerarse una decisión, ni siquiera tácita, de desestimación de una petición como la que se contempla en el artículo 90, apartado 1, del Estatuto.

Por otra parte, en materia de promoción, un funcionario cuyo nombre no figura en la lista anual de funcionarios promovidos puede presentar una reclamación directamente contra esta lista, puesto que, a causa de la obligación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de llevar a cabo anualmente un ejercicio de promoción, la no inclusión del nombre de un funcionario en esa lista única significa que dicha autoridad, que está obligada a proceder anualmente a un examen comparativo de los méritos de todos sus funcionarios, se ha negado a ascender al interesado en el ejercicio de promoción de que se trata, lo que revela una apreciación firme de dicha autoridad sobre la situación del mismo.

Sin embargo, no es éste el caso del régimen excepcional del artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto modificado, que, por lo demás, tiene carácter facultativo y no exige un examen comparativo de los méritos como el que se contempla en el artículo 45 del Estatuto. En efecto, en primer lugar, al utilizar en esta disposición la expresión «podrá asignar», el legislador de la Unión se ha limitado a conferir a cada autoridad facultada para proceder a los nombramientos la facultad de aplicar o no este régimen excepcional, al tiempo que establece una limitación temporal al ejercicio de dicha facultad, ya que la decisión o decisiones de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos deben adoptarse antes del 31 de diciembre de 2015, así como una limitación en el número de beneficiarios, puesto que sólo puede disfrutar de este régimen un número de funcionarios equivalente al 5 % del número de funcionarios del grupo de funciones AD en ejercicio a 31 de diciembre de 2013.

En segundo lugar, en la decisión interna por la que se adoptan disposiciones de aplicación del artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto modificado se utilizan las expresiones «podrá identificar», «podrá clasificar» y «en cualquier momento entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015», lo que revela claramente que, en tal decisión, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no había decidido imponerse la obligación de aplicar el régimen excepcional del artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del nuevo Estatuto ni tampoco aplicarlo mediante una única decisión de clasificación.

(véanse los apartados 47 a 51)

Tribunal de Justicia: sentencia de 16 de octubre de 1980, Hochstrass/Tribunal de Justicia, 147/79, EU:C:1980:238, apartado 3

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 19 de octubre de 2006, Buendía Sierra/Comisión, T‑311/04, EU:T:2006:329, apartado 108, y la jurisprudencia citada