ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Es descriptivo de los productos objeto de la solicitud de marca comunitaria, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, desde el punto de vista del consumidor germanófono medio de la Unión Europea, el signo fluege.de, cuyo registro se solicita para «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina», «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes» y «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal», comprendidos en las clases 35, 39 y 43 del Arreglo de Niza.

Al ser espontáneamente perceptible por dicho público como un nombre de dominio que hace referencia a la dirección de una página web en los ámbitos aéreo y de los vuelos, la marca solicitada es descriptiva de los servicios de «transporte» pertenecientes a la clase 39 y, más concretamente, dentro de éstos, de los servicios de transporte aéreo. Por lo que se refiere a los otros servicios, definidos de manera muy amplia en la solicitud de marca, cabe afirmar que pueden prestarse en el ámbito del trasporte aéreo y de los vuelos y en estrecha relación con los mismos.

El hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel no tiene el efecto de conferir al signo resultante —ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet— carácter distintivo. En efecto, la parte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel, en su caso formado por un punto y un grupo de letras que corresponden a la extensión nacional, sino a lo sumo el dominio de segundo nivel al que va unido el dominio de primer nivel.

Un nombre de dominio, como tal, hace referencia, a lo sumo, sólo a una dirección de Internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un productor o de un prestador determinados. La práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para registrarse como marca comunitaria a la luz de los motivos de denegación absolutos previstos en el Reglamento no 207/2009.

A este respecto, procede recordar la necesidad de distinguir entre los derechos derivados del registro de un nombre de dominio, por un lado, y los derechos derivados del registro de un signo como marca comunitaria, por otro lado. Así, el hecho de que una parte posea un nombre de dominio no implica que dicho nombre de dominio pueda, por este motivo, registrarse como marca comunitaria. Para ello, tiene que cumplir todos los requisitos exigidos por el Reglamento no 207/2009 a este respecto. De este modo, toda alegación que pueda vincularse a la ausencia de un imperativo de disponibilidad debido a un supuesto derecho exclusivo adquirido sobre el nombre de dominio en cuestión es, por tanto, inoperante.

(véanse los apartados 20, 26, 28 a 31, 38 y 41)
8

A raíz de la presentación de una segunda denuncia de UPS, en la que esta alegaba que no se habían investigado todas las medidas enumeradas en su primera denuncia y que se habían otorgado ayudas ilegales con posterioridad a la adopción de la Decisión final de 2002, y de otra denuncia de un competidor de la demandante, la Comisión notificó a la República Federal de Alemania, mediante escrito de 12 de septiembre de 2007, su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la ayuda estatal C 36/07 (ex NN 25/07) otorgada por las autoridades alemanas en favor de Deutsche Post (DO 2007, C 245, p. 21; en lo sucesivo, «decisión de incoación de 2007»). En esta nueva decisión, la Comisión invocó la necesidad de llevar a cabo una investigación global sobre todas las distorsiones de la competencia resultantes de los fondos públicos concedidos a la demandante. Dicha institución señaló que el procedimiento iniciado mediante la decisión de incoación de 1999 se completaría para integrar la información recientemente comunicada y adoptar una posición definitiva sobre la compatibilidad con el Tratado CE de la concesión de esos fondos públicos.
407

En el caso de autos, la Comisión indicó, en los considerandos 250 y 251 de la Decisión impugnada, las razones por las que consideraba que no había nada que avalara la afirmación de que era necesaria otra entrevista con el Sr. C1. Pues bien, no sólo las demandantes siguen sin refutar con concreción los elementos expuestos por la Comisión sobre esta cuestión, sino que, además, tampoco explican válidamente por qué Pacific no aprovechó la posibilidad de interrogar por sí misma al Sr. C1 durante la audiencia. No resulta convincente, a este respecto, la remisión de las demandantes durante la vista a la decisión de Chiquita de comentar, en la audiencia de 18 de junio de 2010, únicamente el período posterior al 8 de abril de 2005, fecha de su solicitud de dispensa. Así, aunque de las declaraciones que hizo durante dicha audiencia se desprenda, en efecto, que Chiquita quería utilizar el tiempo asignado para su defensa para contrarrestar la posibilidad de que la Comisión le retirara la dispensa en el asunto controvertido, de manera que no quería utilizar dicho tiempo para comentar el período anterior a su solicitud de dispensa, respecto del cual no rebatía las conclusiones de la Comisión, de dichas declaraciones no se desprende que Chiquita se opusiera a que Pacific planteara preguntas al Sr. C1 sobre el período anterior. Por el contrario, Chiquita, afirmó incluso expresamente que su oferta de dejar interrogar al Sr. C1 seguía en vigor.
47

En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que la norma según la cual la participación de socios que no ejerzan la profesión de biólogo en el capital de laboratorios no podía exceder el 25 %, actualmente recogida en el artículo R 6212‑82 del CSP, no iba más allá de lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo de salud pública invocado (apartados 80 a 89). En el apartado 82 de la sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda el margen de apreciación del Estado miembro, que puede considerar que existe el riesgo de que en la práctica se infrinja la normativa legal dirigida a garantizar la independencia profesional de los biólogos, puesto que el ánimo de lucro de una persona que no sea biólogo no está mitigado de un modo equivalente al de los biólogos autónomos y la subordinación del biólogo, como trabajador por cuenta ajena, a una SEL de responsabilidad limitada que explote laboratorios de análisis biomédicos poseída mayoritariamente por personas que no sean biólogos podría dificultar que aquel se oponga a las instrucciones dadas por las personas que no sean biólogos. En el mismo apartado, añade, en particular, que no puede excluirse, que las referidas personas que no sean biólogos se vean tentadas a renunciar a determinados exámenes menos rentables desde el punto de vista económico o más complicados de realizar o a reducir la actividad de asesoramiento a los pacientes en las fases preanalítica y postanalítica, cuya existencia es una de las características de la organización de la biología clínica en Francia.
43

En tercer lugar, pese a admitir que el modo de cálculo de la tarifa preferente no cambió, la Comisión formula varios argumentos para acreditar la novedad de la ayuda, a saber: en primer término, la base jurídica y contractual de la ayuda se convirtió en judicial; en segundo término, la base material de la ayuda ya no resulta de un convenio entre las partes, sino que es impuesta unilateralmente al Estado por la empresa beneficiaria de modo indirecto (de rebote) mediante un procedimiento civil; en tercer término, los motivos de interés general que existían en 1960 ya no existen y sólo está en juego la rentabilidad de la empresa beneficiaria; por último, la duración de la ayuda es incierta y, en cualquier caso, no guarda relación con la lógica económica que predominaba en el momento de fijar la duración de la validez inicial del contrato.
165

Además, debe recordarse que del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base resulta que la carga de la prueba recae sobre el productor exportador que desea gozar del estatuto reconocido a las empresas que operan en condiciones de economía de mercado. En efecto, según el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, la solicitud presentada con arreglo a la disposición referida, letra b), debe hacerse por escrito y contener pruebas suficientes de que el productor opera en condiciones de economía de mercado. Por lo tanto, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor exportador no cumple los requisitos establecidos para acogerse a dicho estatuto. Corresponde, en cambio, a las citadas instituciones apreciar si los elementos aportados por el productor son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto [sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2012, Brosmann Footwear (HK) y otros/Consejo, C‑249/10 P, apartado 32; véanse también, en este sentido, las sentencias Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, citada en el apartado 122 supra, apartado 53, y Shanghai Excell M&E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, citada en el apartado 64 supra, apartado 83].
141

No obstante, es preciso también que el pasaje de las buenas prácticas invocado por la demandante pueda apreciarse como una regla de conducta. A este respecto, debe señalarse que en el punto 3.4.3 de las buenas prácticas se subraya que sólo en el supuesto de que una consulta sea «apropiad[a] y útil» la Comisión procederá a llevarla a cabo. Por tanto, en la medida en que la consulta a las empresas se presenta como una mera facultad, no puede reprochársele a la Comisión no haber respetado el punto 3.4.3 por incluir en su cuestionario preguntas que no habían sido objeto de una consulta previa o, a fortiori, por no recoger todas las observaciones presentadas por las empresas consultadas.
108

Por último, en tercer lugar, los demandantes alegan que la falta de medidas transitorias no puede justificarse, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, con respecto al objetivo perseguido por la Decisión de 1 de abril de 2009, ya que ésta no contiene ninguna motivación pertinente que permita verificar si tales medidas habrían puesto en peligro ese objetivo. En la vista añadieron que los miembros del consejo de administración de la ESAL no fueron consultados previamente a la adopción de dicha Decisión. A este respecto, ha de señalarse que si bien es cierto que el primer y el segundo considerandos de la Decisión de 1 de abril de 2009 únicamente constituyen un breve resumen de la situación financiera del fondo de pensión, no es menos cierto que ponen claramente de manifiesto la necesidad de preservar en la mayor medida posible su liquidez. Pues bien, como se desprende de las consideraciones que se han expuesto en los apartados 104 a 106, es precisamente esa necesidad la que justifica que la Mesa no acompañase la Decisión de 1 abril de 2009 de medidas transitorias adicionales. Además, previamente a la adopción de dicha Decisión, la situación financiera del fondo de pensiones y las medidas planteadas para sanearla habían sido exhaustivamente analizadas en varias reuniones con los gestores del fondo y los representantes de la ESAL, la última de las cuales tuvo lugar el 31 de marzo de 2009. En tales circunstancias, los demandantes no pueden válidamente invocar una falta de motivación pertinente con respecto a la falta de medidas transitorias.
99

Debe señalarse, ante todo, a semejanza de lo que observa la Sala de Recurso, que la marca solicitada contiene una sílaba más que la que integra la primera marca denominativa anterior y que la primera de ambas sílabas que contiene la marca solicitada es distinta de aquella en que consiste la marca denominativa anterior. No obstante, estos rasgos de diferenciación no bastan para descartar entre los consumidores pertinentes la impresión de que tales marcas, apreciadas globalmente, son semejantes desde el punto de vista fonético, habida cuenta de sus elementos de similitud. En efecto, en primer lugar, dichas marcas están formadas por una sílaba idéntica, por una parte, que constituye el único elemento denominativo que integra la primera marca denominativa anterior y, por otra, que es una de las dos sílabas que forman la marca solicitada. En segundo lugar, suponiendo incluso que proceda considerar que la Sala de Recurso cometió un error al estimar que, en español, el acento recae, en principio, sobre la segunda sílaba, es necesario señalar que la demandante no demostró que, en el caso de autos, el acento recayera sobre la primera sílaba y no sobre la segunda, de forma que la pronunciación de la primera sílaba disminuya la importancia de la segunda. En estas condiciones, debe considerarse que el consumidor pertinente podrá percibir con claridad la similitud fonética entre ambas marcas en pugna, habida cuenta de la identidad de la sílaba «ram» en las marcas en pugna. En tercer lugar, aunque pueda considerarse, en principio, que el consumidor normalmente da más importancia a la parte inicial de las palabras, ello no será así en el caso objeto de examen. Por una parte, como se ha señalado en el apartado 95 supra, habida cuenta de que las marcas controvertidas son dos signos cortos, la identidad de la sílaba «ram» en las marcas en cuestión puede atraer y retener muy especialmente la atención del consumidor pertinente cuando se pronuncie. Por otra parte, y en todo caso, aunque, como alega la demandante, la consonante «r», en principio, no sea tónica en español, no es menos cierto que se trata de una consonante fuerte y distintiva que puede hacer que aumente la importancia fonética de la segunda sílaba de la marca solicitada.
2.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Requisitos [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 38 y 39)
6.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento entre los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 49)
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2012 — Monier Roofing Components/OAMI (CLIMA COMFORT)

(Asunto T-371/11)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa CLIMA COMFORT — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Derecho a ser oído — Artículo 75, segunda frase, del Reglamento no 207/2009 — Examen de oficio de los hechos — Artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Apreciación del carácter distintivo — Criterios [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 13, 18, 19 y 36)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa CLIMA COMFORT [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 14, 25 a 29 y 32 a 43)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 28 de abril de 2011 (asunto R 2026/2010-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo CLIMA COMFORT como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Cuando un titular haya confiado la gestión del seguimiento de su marca comunitaria a un representante profesional y haya informado debidamente de ello a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), ésta está obligada a respetar esa elección remitiendo sus comunicaciones oficiales de servicio a dicho representante designado, de forma que éste se halle en condiciones de defender los intereses de su mandante con el grado de diligencia superior del que se supone debe dar muestras como profesional cualificado. A este respecto, la Oficina no puede basarse en el artículo 47, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, ni en la regla 29 del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, sosteniendo que tales disposiciones le obligan a informar al titular de una marca comunitaria, pero no a su representante profesional designado, de la próxima expiración del registro de esa marca. Esta argumentación pasa por alto efectivamente la regla 67 del Reglamento no 2868/95, en virtud de la cual, si se ha designado un representante, todas las notificaciones deben dirigirse al mismo.

(véanse los apartados 47 a 49)
10

Al tiempo de su constitución, la sociedad colectiva Akcros pertenecía a partes iguales a Pure Chemicals Ltd, sociedad perteneciente inicialmente al 100 % a Akzo, que pasó a ser Akzo Nobel, y a diferentes sociedades, entre ellas, en último término, Elementis UK Ltd y Elementis Services Ltd, que formaban parte de un grupo cuya sociedad de cabeza era Elementis plc (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Elementis»).
5

El 5 de octubre de 2007, la parte coadyuvante, Salini Costruttori SpA, presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la marca controvertida respecto de todos los servicios para los que estaba registrada. Los motivos de nulidad invocados en apoyo de tal solicitud eran los contemplados, en primer lugar, en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009], en segundo lugar, en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009], y, en tercer lugar, en el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009). En apoyo de esta solicitud, la parte coadyuvante invocó el signo SALINI utilizado en Italia y notoriamente conocido para designar los servicios «negocios inmobiliarios; construcciones de edificios; reparación; servicios de instalación; servicio de diseño».
10

Mediante resolución de 20 de septiembre de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso desestimó el recurso. En primer lugar, en el apartado 18 de la resolución impugnada, se atuvo a las conclusiones de la División de Oposición, no impugnadas por las partes, de que los productos de que se trata son idénticos o similares. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 21 y 22 de la resolución impugnada, que, desde el punto de vista visual y fonético, la similitud de los signos en conflicto era escasa. Desde el punto de vista conceptual, declaró, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que el turco no es una lengua oficial de la Unión Europea, de modo que un posible significado del término «hellim» en turco no resulta determinante para la evaluación del riesgo de confusión. Además, aun suponiendo que el público reconociera la designación de un queso especial chipriota, esto no tendría incidencia, puesto que se trata de un significado meramente descriptivo que no puede utilizarse como base para comparar los signos. Por lo tanto, la comparación conceptual es neutra. En tercer lugar, por lo que respecta al riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró en el apartado 26 de la resolución impugnada que el hecho de que la marca anterior sea colectiva no supone que la referida marca posea un carácter distintivo medio. La Sala de Recurso destacó que la marca colectiva se distingue de la marca individual por el hecho de que no se le aplica el motivo de denegación de la indicación geográfica descriptiva, puesto que la marca colectiva distingue los productos que protege según su procedencia de un colectivo de fabricantes regionales. Teniendo en cuenta el escaso carácter distintivo de la marca anterior, así como la escasa similitud visual y fonética de los signos en conflicto, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que no existía riesgo de confusión aunque los productos fueran idénticos o similares.
99

De las páginas 36 y 37 de la versión inglesa de la parte C.1 de las Directrices de la OAMI que invoca la demandante resulta que el punto C.II.2 de esa parte, titulado «Traducción de las pruebas relativas a los registros de marca», prevé: «[…] tanto las pruebas presentadas por el oponente […] como cualquier otro documento o certificado [previamente] presentado […] han de estar [redactados] bien en la lengua de procedimiento, o acompañados de una traducción […] De conformidad con la regla 98, apartado 1, la traducción deberá reproducir la estructura y el contenido del documento original. En principio, habrá de traducirse la totalidad del documento en el orden correcto. En particular, no se admitirá una traducción que se limite a aquellas partes que el oponente considere “esenciales” o a aquellas partes que “se supone que el solicitante no podrá entender” […] Deben presentarse traducciones de documentos individuales y no una traducción constituida por fragmentos de otros documentos […] No obstante, la [OAMI] reconoce que no es necesaria una traducción de los epígrafes de los certificados (como “fecha de presentación”, “reivindicación de color”, etc.), siempre que se identifiquen también mediante los códigos INID o los códigos nacionales. El oponente no está obligado a presentar una traducción a la lengua de procedimiento de la explicación de los códigos INID ni de los códigos nacionales. Pueden omitirse en la traducción las indicaciones administrativas irrelevantes, o aquellas partes que no guarden relación con el asunto […] La OAMI admite traducciones sencillas, realizadas por cualquier persona […] La OAMI acepta incluso inscripciones manuscritas en las copias de los certificados originales para reproducir el significado de las distintas entradas en la lengua de procedimiento, siempre que estén completas y sean legibles […]»
106

Seguidamente, por lo que se refiere al Reglamento no 961/2010, debe recordarse que, con arreglo al artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no obstante lo dispuesto en el artículo 280 TFUE, las resoluciones del Tribunal que anulan un reglamento sólo producen efecto a partir de la expiración del plazo del recurso de casación previsto en el artículo 56, párrafo primero, de dicho Estatuto o, si se interpusiera un recurso de casación dentro de dicho plazo, a partir de la desestimación de éste. Por lo tanto, el Consejo dispone de un plazo de dos meses, ampliado, por razón de la distancia, en un plazo de diez días, a partir de la notificación de la presente sentencia, para paliar la violación declarada adoptando, en su caso, nuevas medidas restrictivas contra los demandantes. El riesgo de daños graves e irreversibles a la eficacia de las medidas restrictivas establecidas en el Reglamento no 961/2010 no es suficientemente elevado en el caso de autos, habida cuenta de la considerable repercusión de esas medidas en los derechos y las libertades de los demandantes, para justificar el mantenimiento de los efectos de dicho Reglamento frente a éstas durante un período que supere el previsto en el artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 16 de septiembre de 2011, Kadio Morokro/Consejo, T-316/11, no publicada en la Recopilación, apartado 38).