Para tener en cuenta tal efecto, contrario al interés general comunitario, no puede considerarse que el incumplimiento de una obligación legal, que, por lamentable que resulte, puede explicarse debido a las cargas objetivas que recaen sobre la institución y sus agentes en materia de control de concentraciones, sea constitutivo de una violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario a efectos de generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. En cambio, existe derecho a la reparación de los daños que resultan del comportamiento de la institución cuando éste se traduce por un acto manifiestamente contrario a la norma jurídica y gravemente perjudicial para los intereses de terceros que no pueda justificarse ni explicarse en virtud de las cargas particulares que recaen objetivamente sobre el servicio en el marco de un funcionamiento normal.

El hecho de que el Tribunal de Primera Instancia haya anulado una decisión de la Comisión por la que se declaraba una operación de concentración incompatible con el mercado común no puede asimilarse, sin otro tipo de análisis, a la apreciación de una violación suficientemente caracterizada y, por consiguiente, no basta por sí mismo para generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. Concretamente, los simples errores de apreciación y la falta de pruebas pertinentes utilizadas en el marco de un recurso de anulación no bastan como tales para calificar una violación manifiesta y grave de los límites impuestos a la facultad de apreciación de la Comisión en materia de control de concentraciones, en particular ante una situación de oligopolio compleja.

El concepto de violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario, necesaria para generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, no incluye los errores o faltas que, aunque revistan claramente un carácter grave, no sean ajenos a la actuación normal de una institución encargada de velar por la aplicación de las normas sobre competencia, que son complejas, delicadas y están sujetas a un amplio margen de interpretación.

Consideradas conjuntamente, estas disposiciones tienen por objeto conferir derechos a los particulares en el sentido de que la Comisión, al presentársele una operación de concentración en virtud del Reglamento no 4064/89, debe, en principio, adoptar una decisión, ya sea en el sentido de autorizar dicha operación, ya sea en el sentido de prohibirla, en función de su apreciación de cuál sea la evolución económica atribuible a la operación en cuestión que tiene mayores probabilidades. De este modo, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, una empresa que haya notificado una operación de concentración de dimensión comunitaria tiene derecho a que dicha operación sea declarada compatible con el mercado común. Esta empresa no puede, sin embargo, realizar esta operación sin la autorización de la Comisión y una decisión de prohibición acarrea graves consecuencias. Semejante intervención de la Comunidad en el tráfico económico, que exige que una empresa obtenga una autorización antes de realizar la concentración proyectada y que obliga a la Comisión a prohibir la realización de dicha operación si ésta resulta incompatible con el mercado común, implica necesariamente que las empresas a las que se deniegue la autorización, puedan reclamar una indemnización por las consecuencias perjudiciales de tal decisión si se demuestra que la misma se basa en una violación suficientemente caracterizada de las normas materiales aplicadas por la Comisión para apreciar la compatibilidad de la operación de que se trate con el mercado común.

La Comisión dispone de un margen de apreciación para mantener el control de la política comunitaria de la competencia, lo que implica que no cabe esperar de ella una práctica rigurosamente constante e invariable en la aplicación de las normas pertinentes y, correlativamente, que goza de cierta libertad en la elección de los instrumentos econométricos a su disposición, así como en la de los enfoques apropiados para el estudio de un fenómeno, siempre que tales elecciones no sean manifiestamente contrarias a las normas admitidas de la disciplina económica y se apliquen de manera consecuente.

En materia de responsabilidad extracontractual, no cabe excluir, en principio, que los vicios manifiestos y graves de que adolece el análisis económico subyacente a una decisión, adoptada sobre la base del artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, por la que se declare una operación de concentración incompatible con el mercado común en virtud del artículo 2, apartados 1 y 3, de dicho Reglamento, puedan constituir violaciones suficientemente caracterizadas para generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.

En relación con la presentación extemporánea de compromisos, de la Comunicación sobre las soluciones aceptables con arreglo al Reglamento no 4064/89 y al Reglamento no 447/98 se desprende que las partes en una operación de concentración notificada pueden tener en cuenta tales compromisos si se cumplen dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, que dichos compromisos resuelvan claramente y sin necesidad de investigación adicional los problemas de competencia identificados y, por otra parte, que haya tiempo suficiente para consultar a los Estados miembros sobre estos compromisos.

En el marco del control de las operaciones de concentración, las empresas afectadas pueden proponer compromisos a la Comisión con el fin de obtener una decisión por la que se declare la compatibilidad de su operación con el mercado común. En función del estado de evolución del procedimiento administrativo, los compromisos propuestos deben permitir a la Comisión o bien considerar que la operación notificada ya no suscita serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común en la fase de investigación preliminar, o bien responder a las objeciones formuladas en el marco de la investigación en profundidad. Estos compromisos permiten por tanto, en un primer momento, evitar que se incoe la fase de investigación en profundidad o, en una fase ulterior, evitar que se adopte una decisión por la que se declare la incompatibilidad de la operación con el mercado común. El artículo 8, apartado 2, del Reglamento no 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, permite, en efecto, a la Comisión incorporar a una decisión por la que se declare que una concentración es compatible con el mercado común, con arreglo a los criterios definidos en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, condiciones y cargas destinadas a garantizar que las empresas interesadas cumplan los compromisos que hayan contraído con esta institución para hacer que la concentración sea compatible con el mercado común.

Con arreglo al artículo 87, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, dicho Tribunal puede resolver que una parte cuyas pretensiones se estimen en su totalidad cargue con sus propias costas en el supuesto de que no haya presentado hasta la vista, y sólo a requerimiento de dicho Tribunal en virtud del artículo 65, letra b), y del artículo 67, apartado 3, párrafo tercero, de su Reglamento de Procedimiento, documentos solicitados por la demandante que eran importantes para que ésta pudiera hacer valer sus alegaciones y para permitir a dicho Tribunal resolver el recurso, los cuales deberían haberse aportado desde la presentación de sus escritos procesales, y ello aun cuando pudiera considerarse a priori que los documentos en cuestión no eran accesibles conforme al Reglamento no 4064/89 o al Reglamento no 1049/2001 y aunque esto no haya tenido ninguna incidencia en el asunto, en la medida en que dichos documentos fueron sometidos finalmente a un debate contradictorio.

(véanse los apartados 135 a 139)