1)

Considerando que mediante la cuestión planteada dicho órgano jurisdiccional solicita, en primer lugar, al Tribunal de Justicia que declare si el artículo 12 del Reglamento no 3 «debe interpretarse en el sentido de que sólo es aplicable la legislación del Estado en cuyo territorio trabajan las personas a que se refiere dicho artículo». a) Considerando que el Reglamento no 3 se publicó conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Tratado CEE, a tenor del cual el Consejo «adoptará, en materia de Seguridad Social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes y a sus derechohabientes […] el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros»; que, como este pago supone la afiliación al sistema de Seguridad Social de un Estado miembro, el Tratado ha impuesto de este modo al Consejo la obligación de adoptar normas que impidan que los interesados, a falta de legislación que les sea aplicable, queden sin protección en materia de Seguridad Social; que para alcanzar este objetivo era necesario disponer la aplicación obligatoria de una legislación determinada; que el artículo 12 del Reglamento no 3 responde a esta exigencia, obligando al Estado en el que están ocupados los trabajadores por cuenta ajena o asimilados, a aplicarles su legislación; que este carácter obligatorio queda confirmado por los términos categóricos tanto del artículo 12 («estarán sujetos a la legislación de dicho Estado») como del título al que éste pertenece («disposiciones que determinan la legislación aplicable»); que, habida cuenta de las disposiciones citadas del artículo 51 del Tratado, procede ver en dicha obligación el elemento esencial del artículo 12. b) Considerando que la cuestión planteada al Tribunal de Justicia pretende que se concrete si -y en qué medida, en su caso- la aplicación obligatoria de la legislación del Estado donde está ocupado el trabajador excluye la aplicación de la legislación de cualquier otro Estado miembro, incluso de aquel donde el trabajador tenga su residencia. Considerando que el artículo 12 no contiene ninguna disposición que prohíba aplicar simultáneamente varias legislaciones; que, en estas circunstancias, la intención de los autores del Reglamento no 3 de establecer esta limitación a la libertad del legislador nacional sólo se puede presumir en la medida en que tal acumulación sea claramente contraria al espíritu del Tratado y, en particular, de sus artículos 48 a 51. Considerando que estas disposiciones tratan de establecer una libertad lo más completa posible de circulación de los trabajadores; que esta finalidad lleva consigo la eliminación de los obstáculos legislativos que pueden perjudicar a los trabajadores migrantes; que, en caso de duda, los artículos citados y las medidas adoptadas para su ejecución deben interpretarse en el sentido de que su finalidad es evitar que se perjudique la situación jurídica de los trabajadores migrantes, en particular en materia de Seguridad Social; que, por otra parte, estas disposiciones no se oponen a que la legislación de los Estados miembros pretenda dar una protección social adicional a los trabajadores migrantes. Considerando que no se puede establecer sin precepto expreso una prohibición de acumulación de dos legislaciones nacionales, referidas a los trabajadores, máxime cuando una de dichas legislaciones, lejos de dirigirse solamente a los trabajadores, se aplica indistintamente al conjunto de la población, en atención a un criterio referido no al ejercicio de una actividad por cuenta ajena, sino a la mera residencia; que, puesto que los artículos 48 a 51 del Tratado, agrupados en el capítulo titulado «trabajadores», constituyen la base, el marco y los límites del Reglamento no 3, no permiten prohibir a un Estado que aplique a toda su población, incluidos sus nacionales que trabajan en otro país miembro, una protección social adicional. Considerando que, según las observaciones precedentes, el artículo 12 del Reglamento no 3 sólo prohíbe la aplicación de la legislación de un Estado miembro distinto de aquel en el que trabaja el interesado en la medida en que dicha legislación obligue a éste a contribuir a la financiación de una institución de Seguridad Social que no pueda aportarle ventajas adicionales respecto al mismo riesgo y durante el mismo período; que, por consiguiente, los Estados miembros distintos de aquel en cuyo territorio está ocupado el asegurado, pueden prever o no, en favor de este último, la concesión de derechos a prestaciones, aunque el interesado goce respecto al mismo riesgo y período, de derechos análogos conforme a la legislación del Estado en que trabaja.