Haré, en primer lugar, algunas observaciones sobre el alcance del examen que ha de efectuar el Tribunal de Justicia.

El Gobierno británico señaló rotundamente a este respecto que sólo tenían importancia las cuestiones formuladas en el punto 10 de la resolución de remisión. Ello se desprende del escrito del Juez a quo de 10 de marzo de 1978, que remite para las cuestiones planteadas a la resolución dictada en septiembre de 1977. En la medida en que dicho escrito contiene además cuestiones adicionales, no debe olvidarse que, en opinión del Juez, esas otras cuestiones se plantean sólo «incidentalmente», que son, por consiguiente, accesorios y que no son efectivamente indispensables para la solución del litigio. Como, además, el problema que preocupa al Juez remitente se refiere solamente a los Movement of Pigs Regulations y no a todos los aspectos de las normas sobre comercialización de Irlanda del Norte, sólo procede examinar las cuestiones relativas al artículo 37 del Tratado, mientras que las relativas a los artículos 85 y 86 del Tratado, al Reglamento no 26 o al artículo 8 del Tratado, no tienen ninguna importancia para el litigio principal.

A mi juicio, en efecto, los Movement of Pigs Regulations se encuentran en primer plano del procedimiento principal. Por un incumplimiento de dichas normas se ha solicitado una sanción y en relación con ellas se plantea en primer lugar la cuestión de la compatibilidad con el Derecho comunitario. Pero no menos cierto me parece también que los Movement of Pigs Regulations no constituyen una normativa autónoma. Guardan una estrecha relación en la práctica con el régimen de comercialización de cerdos grasos de Irlanda del Norte y su función consiste en garantizar eficazmente el respeto del monopolio de comercialización concedido al Board. Por ello, el examen que ha de realizarse no debe descuidar este último aspecto. Si resultase, en efecto, que el monopolio de comercialización es contrario al Derecho comunitario, ello implicaría al mismo tiempo la ilegalidad de una normativa nacional que tiene, respecto al monopolio de comercialización, una función exclusivamente ejecutiva.

A ello se añade además, a mi juicio, el hecho -que nos lleva a la otra parte del problema planteado por el Gobierno británico-de que sólo desde este segundo plano debe determinarse cuáles de entre las numerosas cuestiones planteadas deben ser examinadas por el Tribunal de Justicia. No me parecería oportuno que ante la petición de decisión prejudicial inhabitual que se le plantea a esta ocasión -en la que algunas cuestiones se formulan en la propia resolución de remisión y otras se plantean inciden-talmente en el oficio remitido con ella— el Tribunal de Justicia practicara un formalismo riguroso y se considerara únicamente vinculado por las cuestiones formuladas en la resolución de remisión, sin tener en cuenta el riesgo de retraso del procedimiento que pudiera representar en, su caso una nueva remisión. Lo único que importa es que el Tribunal de Justicia conoce de este modo perfectamente el problema que se plantea en el litigio principal y a partir de ahí, su objetivo debe consistir en indicar en lo posible al Juez nacional, situándose en la perspectiva del Derecho comunitario, todos los criterios importantes que deben permitirle examinar a continuación la compatibilidad de las normas de comercialización de Irlanda del Norte con el Derecho comunitario. Por eso me inclino a pensar que la estrecha delimitación de la petición de decisión prejudicial, tal como la considera necesaria el Gobierno británico, no es en modo alguno obligatoria, pero si el Tribunal de Justicia la considera oportuna para efectuar un examen adecuado de dicha petición, puede analizar perfectamente todos los elementos de juicio que el órgano jurisdiccional nacional ha indicado tanto en el propio texto de su resolución de remisión como en el oficio remitido con ella.

He de precisar aún un extremo que, sin embargo, apenas ofrece dificultades. Diversas cuestiones se formulan, en efecto, de tal forma que el Tribunal de Justicia podría entenderlas como una solicitud de que se verifique la compatibilidad del Derecho nacional con el Derecho comunitario. Ahora bien, como el Tribunal de Justicia haría entonces una aplicación del Derecho, lo cual es una tarea reservada al órgano jurisdiccional competente, no es competente para ello. En este sentido, deberé pues proceder como ya lo hice en toda una serie de asuntos, es decir, extrayendo de las cuestiones formuladas incorrectamente aquellos elementos que pueden ser objeto de un procedimiento prejudicial y extraer después del Derecho comunitario los elementos necesarios que permitan al Juez nacional resolver el caso concreto que nos ocupa. El presente procedimiento no ofrece a este respecto ninguna dificultad, como tampoco la ofrecían algunos asuntos anteriores que planteaban el mismo problema.