Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional

(Art. 234 CE)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia

(Art. 234 CE)

3. Libre prestación de servicios — Servicios postales de la Comunidad — Directiva 97/67/CE — Servicios reservados a los proveedores del servicio postal universal

(Art. 86 CE, ap. 2; Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 2)

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1. En el marco del procedimiento establecido por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.

(véase el apartado 23)

2. El mero hecho de que el Tribunal de Justicia haya de pronunciarse en términos abstractos y generales no puede acarrear la inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial. En efecto, una de las características esenciales del sistema de cooperación judicial establecido por el artículo 234 CE consiste en que el Tribunal de Justicia responde en términos más bien abstractos y generales a una cuestión de interpretación del Derecho comunitario que se le plantea, mientras que corresponde al órgano jurisdiccional remitente resolver el litigio de que conoce teniendo en cuenta la respuesta del Tribunal de Justicia.

(véase el apartado 24)

3. El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, que establece que el correo transfronterizo y la publicidad directa podrán seguir formando parte del sector reservado, con las limitaciones de precios y pesos establecidas en el apartado 1 de dicho artículo, en la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, debe interpretarse en el sentido de que únicamente permite a los Estados miembros reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio postal universal en la medida en que acrediten:

— que, sin tal reserva, se impediría la prestación de ese servicio universal, o

— que dicha reserva es necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables.

El objetivo del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva es garantizar el mantenimiento del servicio postal universal, dotándolo, en particular, de los recursos necesarios para que pueda funcionar en condiciones de equilibrio financiero. No obstante, el requisito enunciado en dicha disposición no puede reducirse únicamente a este aspecto financiero, en la medida en que no cabe excluir que existan otras razones por las cuales, conforme al artículo 86 CE, apartado 2, los Estados miembros puedan decidir reservar el correo transfronterizo para garantizar que no se impida el cumplimiento de la misión específica encomendada al prestador del servicio universal. Ahora bien, consideraciones, como las de oportunidad, relativas a la situación general del sector postal, incluida la referente al grado de liberalización de éste en el momento en que se adopta una decisión en cuanto al correo transfronterizo, no bastan para justificar que se reserve este último, a menos que, sin tal reserva, se impida la prestación del servicio postal universal o que dicha reserva sea necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables.

(véanse los apartados 31, 40, 41 y 50 y el fallo)