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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 243/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 28 de abril de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā apgabaltiesa — Letonia) — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

(Asunto C-233/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) n.o 2658/87 - Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Subpartidas 1517 90 91 y 1518 00 31 - Mezcla vegetal fluida, no transformada, no volátil, compuesta de aceite de colza (88 %) y de aceite de girasol (12 %)])

(2016/C 243/12)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Administratīvā apgabaltiesa

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SIA «Oniors Bio»

Demandada: Valsts ieņēmumu dienests

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una mezcla de aceites vegetales como la controvertida en el litigio principal debe ser clasificada, en cuanto mezcla de aceites vegetales alimenticia, en la subpartida 1517 90 91 de dicha Nomenclatura o, en cuanto mezcla de aceites vegetales no alimenticia, en la subpartida 1518 00 31 de ésta, procede tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de autos relativos a las características y propiedades objetivas inherentes a ese producto. Entre los elementos pertinentes que pueden justificar que tal mezcla se califique de «no alimenticia», procede apreciar la información suministrada por el fabricante de la mezcla en el marco de la declaración aduanera, según la cual, debido a las características del proceso de su fabricación, no cabe descartar la presencia de sustancias nocivas en dicha mezcla. A este respecto, el hecho de que un análisis de muestras extraídas de tal mezcla de aceites vegetales no haya revelado la presencia en ella de ninguna sustancia nociva no es suficiente, por sí solo, para cuestionar la calificación de «no alimenticia» de la mezcla examinada. Para ello se precisa la existencia de otros elementos probatorios pertinentes que puedan poner en entredicho la exactitud de la información relativa al proceso de fabricación de la mezcla en cuestión suministrada por su fabricante y contenida en la mencionada declaración, conforme a lo dispuesto en los artículos 62, 68 y 71 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005.

(1) DO C 245 de 27.7.2015.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 26 de mayo de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Invamed Group Ltd y otros/Commisioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-198/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Sección XVII - Material de transporte - Capítulo 87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios - Partidas 8703 y 8713 - Vehículos con motor eléctrico alimentado por batería - Concepto de «personas inválidas»))

(2016/C 260/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd, Invacare International SARL

Demandada: Commisioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Fallo

1) La partida 8713 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, debe interpretarse en el sentido de que: — la expresión «para inválidos» significa que el producto está destinado únicamente a los inválidos; — la circunstancia de que un vehículo pueda ser utilizado por personas no inválidas es irrelevante a efectos de la clasificación en la partida 8713 de la Nomenclatura Combinada; — las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada no pueden modificar el alcance de las partidas arancelarias de la Nomenclatura Combinada.

2) El término «inválidos», mencionado en la partida 8713 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1810/2004, debe interpretarse en el sentido de que designa a las personas que sufren una limitación no marginal de su capacidad para caminar, siendo irrelevante la duración de esta limitación y la posible presencia de otras limitaciones de capacidades.

(1) DO C 228 de 13.7.2015.
1)

Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 a 4 de la Decisión 2011/678/UE de la Comisión, de 27 de julio de 2011, relativa a la ayuda estatal en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina, aplicada por Bélgica [ayuda de Estado C 44/08 (ex NN 45/04)], al no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por el artículo l, apartados 3 y 4, de dicha Decisión y al no haber informado a la Comisión Europea de las medidas tomadas para atenerse a ella.
1)

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que: — Una sociedad domiciliada en Portugal que percibe dividendos de sociedades domiciliadas, respectivamente, en Túnez y en el Líbano, puede acogerse al artículo 63 TFUE para impugnar el tratamiento fiscal dispensado a esos dividendos en dicho Estado miembro, tratamiento basado en una normativa que no tiene por objeto aplicarse exclusivamente a las situaciones en que la sociedad beneficiaria ejerce una influencia decisiva en la sociedad distribuidora. — Una normativa como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual una sociedad domiciliada en un Estado miembro puede practicar la deducción íntegra o parcial de los dividendos en su base imponible cuando éstos son distribuidos por una sociedad domiciliada en ese mismo Estado miembro, pero que no puede llevar a cabo tal deducción cuando la sociedad distribuidora está domiciliada en un país tercero, constituye una restricción de los movimientos de capitales entre los Estados miembros y terceros países que, en principio, está prohibida por el artículo 63 TFUE. — La negativa a conceder una deducción íntegra o parcial de la base imponible de los dividendos obtenidos, de acuerdo con el artículo 46, apartados 1 y 8, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código del Impuesto sobre sociedades), en su versión vigente en el año 2009, puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales, cuando las autoridades tributarias del Estado miembro en que está domiciliada la sociedad beneficiaria encuentran imposible conseguir la información del país tercero en que está domiciliada la sociedad que distribuye esos dividendos, a fin de poder comprobar que se cumple el requisito de sujeción al impuesto de esta segunda sociedad. — La negativa a conceder una deducción parcial de acuerdo con el artículo 46, apartado 11, del Código del Impuesto sobre sociedades, en la citada versión, no puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales cuando ese precepto puede aplicarse a situaciones en que no puede comprobarse la sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora en el Estado en que se encuentra domiciliada, extremo que debe determinar el tribunal remitente.
3)

Los artículos 5 y 13 de la Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, adoptada en aplicación bien del margen de apreciación que el artículo 13 de dicha Directiva deja a los Estados miembros, bien de la competencia contemplada en el artículo 5 de la misma, ha de ser compatible con el Derecho de la Unión, en particular con las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados. Aunque tal normativa nacional, que tiene por objeto luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, persigue un objetivo legítimo capaz de justificar una restricción de las libertades fundamentales y aunque el hecho de presuponer que las transferencias de fondos por parte de una entidad sujeta a dicha Directiva a Estados miembros distintos de aquél en que se halla establecida presentan siempre un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es adecuado para garantizar la realización de dicho objetivo, esta normativa excede no obstante de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue, en la medida en que la presunción que establece se aplica a todas las transferencias de fondos, sin contemplar la posibilidad de destruir esa presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten tal riesgo.
2)

Las disposiciones del Derecho de la Unión, especialmente el artículo 101 TFUE y el Reglamento no 1/2003, deben interpretarse en el sentido de que no existe ningún vínculo jurídico entre la solicitud de dispensa del pago de las multas que una empresa ha presentado o va a presentar a la Comisión Europea y la solicitud abreviada presentada ante una autoridad nacional de competencia en relación con el mismo cártel que obligue a esta autoridad a examinar la solicitud abreviada a la luz de la solicitud de dispensa. A este respecto, carece de pertinencia la circunstancia de que la solicitud abreviada refleje fielmente o no el contenido de la solicitud presentada a la Comisión. Cuando la solicitud abreviada presentada ante una autoridad nacional de competencia tenga un ámbito de aplicación material más restringido que la solicitud de dispensa del pago de las multas presentada a la Comisión, esa autoridad nacional no estará obligada a ponerse en contacto con la Comisión o con la propia empresa para determinar si tal empresa ha constatado la existencia de ejemplos concretos de conductas ilegales en el sector supuestamente cubierto por la solicitud de dispensa, pero no por la solicitud abreviada.
1)

El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, para diferenciar el programa que se acaba de la secuencia de publicidad televisiva siguiente, permite que una pantalla dividida que muestre los créditos de cierre de un programa televisivo en una columna y un menú de presentación de los siguientes programas del prestador en la otra no vaya seguida necesariamente de una señal acústica u óptica o no se combine necesariamente con ella, siempre que tal medio de diferenciación cumpla por sí solo los requisitos establecidos en la primera frase de dicho artículo 19, apartado 1, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
1)

El Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija un precio mínimo por unidad de alcohol para la venta al por menor de vinos, siempre que esta medida sea efectivamente adecuada para garantizar el objetivo de protección de la salud y la vida de las personas y que, teniendo en cuenta los objetivos de la política agraria común y del correcto funcionamiento de la organización común de los mercados agrícolas, no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo de protección de la salud y la vida de las personas.
1)

Ni el Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 273/2012 de la Comisión, de 27 de marzo de 2012, ni el Reglamento (CE) no 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 712/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, imponen o prohíben que una autoridad nacional competente exija, en caso de traslado del domicilio social del titular de una autorización de comercialización, el pago de tantas tasas como autorizaciones de comercialización deban modificarse.
1)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que permite que, en virtud del artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, una autoridad nacional competente imponga una obligación tarifaria, como la controvertida en el litigio principal, para poner fin a un obstáculo a las llamadas a números no geográficos en la Unión Europea que no sea de carácter técnico, sino consecuencia de las tarifas aplicadas, sin que se haya procedido a un análisis de mercado que revele que la empresa de que se trata tiene un peso significativo en el mercado, si esa obligación constituye una medida proporcionada y necesaria para permitir que los usuarios finales puedan tener acceso a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión. Corresponde al juez nacional verificar que se cumple este requisito y que la obligación tarifaria resulta objetiva, transparente, proporcionada y no discriminatoria, está basada en la índole del problema detectado y se justifica a la luz de los objetivos enumerados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y que se han respetado los procedimientos a que se refieren los artículos 6, 7 y 7 bis de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140.
1)

Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 3 a 5 de la Decisión 2013/435/UE de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, relativa a la ayuda de Estado SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Francia en favor de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée y de la Compagnie Méridionale de Navigation, al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos, todas las medidas necesarias para recuperar de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) SA las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por el artículo 2, apartado 1, de dicha Decisión; al no haber cancelado, dentro de los plazos establecidos, todos los pagos de las ayudas mencionadas en dicho artículo 2, apartado 1, y al no haber informado a la Comisión, dentro del plazo fijado, de las medidas adoptadas para atenerse a la referida Decisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/D.G. Kieback

(Asunto C-9/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de los trabajadores - Legislación tributaria - Impuesto sobre la renta - Rendimientos obtenidos en el territorio de un Estado miembro - Trabajador no residente - Tributación en el Estado de empleo - Requisitos))

(2015/C 279/12)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Financiën

Demandada: D.G. Kieback

Fallo

El artículo 39 CE, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en la tributación del impuesto sobre la renta de un trabajador no residente que ha ejercido su actividad profesional en un Estado miembro durante parte del ejercicio fiscal, dicho Estado miembro deniegue al referido trabajador la concesión de una ventaja fiscal relacionada con su situación personal y familiar debido a que, si bien ha percibido en ese Estado miembro todos o casi todos sus ingresos durante ese período, éstos no representan la parte principal de su renta imponible en dicho ejercicio considerado en su totalidad. El hecho de que dicho trabajador se haya trasladado para ejercer su actividad profesional a un Estado tercero y no a otro Estado miembro de la Unión resulta irrelevante para esta interpretación.

(1) DO C 102 de 7.4.2014.
2)

Los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima no se oponen a que una autoridad fiscal decida que los servicios de medicina veterinaria están sujetos al impuesto sobre el valor añadido en circunstancias como las del litigio principal cuando esa decisión se base en normas claras y la práctica de esa autoridad no haya generado en un operador económico prudente y diligente una confianza razonable en que este impuesto no se aplica a tales servicios, extremo que debe verificar el órgano jurisdiccional remitente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 198/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 16 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Asunto C-143/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Dumping - Importaciones de determinados tubos de hierro o acero - Reglamento (CE) no 384/96 - Artículo 3, apartado 7 - Perjuicio para la industria - Factores conocidos - Relación de causalidad - No consideración de una investigación sobre la posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia de empresas comunitarias que operan en el sector afectado - Reglamento (CE) no 2320/97 - Validez])

(2015/C 198/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: TMK Europe GmbH

Demandada: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Fallo

El examen de la cuestión planteada no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios de Hungría, Polonia, Rusia, la República Checa, Rumania y la República Eslovaca, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a dichas importaciones originarias de la República de Croacia.

(1) DO C 235, de 21.7.2014.
1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Anicav y otros/Comisión (T-454/10 y T-482/11, EU:T:2013:282) en cuanto declara admisibles los recursos presentados en los asuntos T-454/10 y T-482/11, en la medida en que en éstos se solicitaba la anulación del artículo 52, apartado 2 bis, párrafo segundo, del Reglamento (CE)no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 687/2010 de la Comisión, de 30 de julio de 2010, así como de los artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.