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85

A este respecto, no parece que estos controles administrativos no puedan efectuarse sobre otras empresas establecidas en Austria distintas de ÖS. Además, el referido Estado miembro no ha demostrado que quede menos garantizada la supervisión del cumplimiento de la obligación de confidencialidad de los datos necesarios para la impresión de los documentos oficiales controvertidos si dicha impresión se confía, a través de un procedimiento de licitación pública, a otras empresas, a las que se exijan garantías de confidencialidad y seguridad en un contrato sujeto a las normas del Derecho civil, estén dichas empresas establecidas en Austria o en otros Estados miembros.
80

Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, en relación con la regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento de Ejecución, en la medida en que, en los apartados 66 a 69 de la sentencia recurrida, consideró que las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al lugar, el momento, el alcance y la naturaleza del uso de la marca nacional anterior de que se trata no adolecían de errores. En particular, a su juicio, el Tribunal General incurrió en error al tener en cuenta elementos de prueba que carecían de fecha y que no se referían al período pertinente.
3

El artículo 1 de la legge n.o 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) [Ley n.o 220 por la que se establecen las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de Estabilidad 2011)], de 13 de diciembre de 2010 (Suplemento Ordinario de la GURI n.o 297, de 21 de diciembre de 2010; en lo sucesivo, «Ley n.o 220/2010»), dispone en su apartado 78, letra b), lo siguiente: «[…] 4) mientras dure la concesión, el endeudamiento deberá mantenerse dentro de los límites de un coeficiente que […] que no deberá exceder del valor establecido mediante decreto del Ministerio de Economía y Hacienda; […] 8) las operaciones que impliquen una modificación subjetiva del concesionario estarán supeditadas a la autorización previa de la AAMS, so pena de caducidad de la concesión. Por modificación subjetiva del concesionario ha de entenderse toda operación realizada por éste de fusión, escisión, transmisión de empresa, cambio de sede social o del objeto social y disolución de la sociedad, con la salvedad, no obstante, de las operaciones de venta o colocación de acciones del concesionario en un mercado regulado. 9) las operaciones que impliquen una transmisión de participaciones, incluso de aquellas que confieran el control, cuyo titular sea el concesionario, y que puedan suponer una disminución, durante el ejercicio en que se lleve a cabo la operación, del índice de solvencia patrimonial establecido mediante decreto del Ministerio de Economía y Hacienda estarán supeditadas a la autorización previa de la AAMS, sin perjuicio de la obligación que incumbe al concesionario, en tales supuestos, de restablecer, so pena de caducidad de la concesión, el índice mencionado mediante un aumento de capital u otra operación o instrumento destinados a restablecer dicho índice, dentro de los seis meses desde la fecha a partir de la cual se aprobaron las cuentas. […] 17) los beneficios excedentarios de las actividades a que se hace referencia en el apartado 6 únicamente podrán destinarse a finalidades distintas de las inversiones relacionadas con las actividades objeto de concesión previa autorización de la AAMS. […] 23) se impondrán sanciones, en concepto de penalización, en caso de incumplimiento imputable al concesionario de las cláusulas del contrato mediante el que se le adjudicó la concesión, aun cuando se trate de un incumplimiento involuntario; las sanciones se graduarán en función de la gravedad del incumplimiento, respetando los principios de proporcionalidad y de efectividad de las sanciones; […] 25) el concesionario que cese su actividad cuando expire la concesión habrá de continuar llevando a cabo las actividades de administración ordinaria en lo que concierne a la gestión y la explotación de las actividades de recaudación [de las apuestas] de los juegos objeto de la concesión hasta que la gestión y la explotación se hayan transmitido a un nuevo concesionario; […]»
9

El Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), ha derogado el Reglamento n.o 44/2001. Ahora bien, de conformidad con su artículo 66, apartado 1, el Reglamento n.o 1215/2012 solamente se aplica a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015.
41

En lo que se refiere al principio de efectividad, procede recordar que los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar, en cada caso, una protección efectiva de los derechos que confiere el Derecho de la Unión y que dicho principio exige, en particular, que las autoridades tributarias de los Estados miembros no hagan imposible o excesivamente difícil, en la práctica, el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de septiembre de 2011, Q-Beef y Bosschaert, C‑89/10 y C‑96/10, EU:C:2011:555, apartado 32 y de 14 de septiembre de 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, apartado 59).
2

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Merck Sharp & Dohme Corporation (en lo sucesivo, «MSD») y el Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks (Director General de Patentes, Dibujos y Modelos, Reino Unido) (en lo sucesivo, «director»), en relación con la desestimación por parte de éste de una solicitud de certificado complementario de protección presentada por MSD, debido a que, al no existir en el Reino Unido una autorización de comercialización del medicamento denominado «Atozet», la solicitud no cumplía los requisitos que figuran en el artículo 3, letra b), del Reglamento CCP, irregularidad que el director consideró que no podía subsanarse con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento CCP.
21

Sobre este particular, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 16 de julio de 2015, Sommer Antriebs- und Funktechnik, C‑369/14, EU:C:2015:491, apartado 32 y jurisprudencia citada).
29

En segundo lugar, por lo que respecta al principio de neutralidad fiscal, principio en virtud del cual el legislador de la Unión plasma, en materia de IVA, el principio general de igualdad de trato, hay que señalar que los sujetos pasivos que no cumplan sus obligaciones fiscales, en particular, las relativas al registro, no se hallan en una situación comparable a la de aquellos sujetos pasivos que las cumplen (véase, por analogía, la sentencia de 5 de octubre de 2016, Maya Marinova, C‑576/15, EU:C:2016:740, apartado 49). Por tanto, el principio de neutralidad fiscal no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la exigencia de constitución de una garantía, como la que es objeto del litigio principal.
50

Por otra parte, dado que el canon controvertido en los litigios principales no se percibe de los consumidores de electricidad, no depende en absoluto del consumo de electricidad. Además, y en cualquier caso, si bien es cierto que no cabe excluir que el importe del canon se incluya en el precio de la electricidad vendida a los consumidores, no parece posible, dada la naturaleza particular de este producto, determinar su origen y, en consecuencia, identificar la parte de ésta que ha sido producida por los aerogeneradores sujetos al canon, de manera que no podrá ser facturado al consumidor de forma transparente como un componente añadido al precio.
10

El artículo 141 de la misma Directiva dispone: «Los Estados miembros adoptarán medidas específicas para no someter al IVA las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas en su territorio, en virtud del artículo 40, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) que quien realice la adquisición de bienes sea un sujeto pasivo no establecido en este Estado miembro, sino identificado a efectos del IVA en otro Estado miembro; b) que la adquisición de bienes se realice con motivo de una entrega subsiguiente de dichos bienes efectuada en ese mismo Estado miembro por el sujeto pasivo contemplado en la letra a); c) que los bienes así adquiridos por el sujeto pasivo contemplado en la letra a) se expidan o transporten directamente a partir de un Estado miembro que no sea aquél en el que se encuentre identificado a efectos del IVA y con destino a la persona para la cual se efectúe la subsiguiente entrega; d) que el destinatario de la entrega subsiguiente sea otro sujeto pasivo o una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, identificados a efectos del IVA en ese mismo Estado miembro; e) que el destinatario contemplado en la letra d) haya sido designado, conforme a lo dispuesto en el artículo 197, como deudor del impuesto exigible en concepto de la entrega efectuada por el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro en que sea exigible el impuesto.»
20

En efecto, en la medida en que, mediante su primer motivo de casación, Toshiba reprocha, en esencia, al Tribunal General haber desestimado su alegación de que la Comisión no podía adoptar la Decisión controvertida sin enviarle un nuevo pliego de cargos, alegando, en particular, que, a diferencia de lo que consideró el Tribunal General, el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión controvertida no se inscribía en la prolongación del procedimiento que llevó a la Decisión de 2007, no se trata claramente de un nuevo motivo.
12

El Reglamento n.o 44/2001 fue derogado por el artículo 80 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). Sin embargo, en virtud de su artículo 81, párrafo segundo, este último Reglamento sólo es aplicable desde el 10 de enero de 2015.
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, los Sres. Georgios Leventis y Nikolaos Vafeias, representantes de Brave Bulk Transport ltd., sociedad de fletamento marítimo, y, por otra parte, Malcon Navigation Co. ltd. (en lo sucesivo, «Malcon Navigation»), que tiene por objeto una demanda de indemnización presentada por esta última empresa contra Brave Bulk Transport ltd. y contra los representantes de Brave Bulk Transport solidariamente, y en el que se discute la competencia de los tribunales helénicos para conocer de esa demanda.
25

En efecto, según jurisprudencia reiterada, los requisitos que debe reunir una medida para incluirla en el concepto de «ayuda» en el sentido del artículo 107 TFUE no concurren si la empresa beneficiaria podía obtener la misma ventaja que se puso a su disposición mediante recursos del Estado en circunstancias que correspondan a las condiciones normales del mercado. Cuando un acreedor público otorga facilidades de pago de una deuda a cargo de una empresa, esa apreciación se realiza, en principio, aplicando el criterio del acreedor privado (véanse, en particular, las sentencias de 24 de enero de 2013, Frucona Košice/Comisión, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, apartados 70 y 71, y de 21 de marzo de 2013, Comisión/Buczek Automotive, C‑405/11 P, no publicada, EU:C:2013:186, apartados 31 y 32).
2)

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el que se examina en el litigio principal, puede deducirse de la información contenida en un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que un importador carece de fundamento para invocar una confianza legítima, en virtud de esta disposición, a efectos de oponerse a una recaudación a posteriori de los derechos de importación. Sin embargo, en la medida en que tal informe no contenga sino una descripción general de la situación controvertida, lo que incumbe comprobar al tribunal nacional, no podrá bastar, por sí solo, para acreditar de manera suficiente con arreglo a Derecho que estos requisitos se cumplen efectivamente en todos sus aspectos, en particular en lo que atañe al comportamiento pertinente del exportador. En estas circunstancias, incumbe en principio a las autoridades aduaneras del Estado de importación aportar prueba, mediante elementos suplementarios, de que la expedición, por parte de las autoridades aduaneras del Estado de exportación, de un certificado de origen modelo A incorrecto es imputable a la presentación incorrecta de los hechos por el exportador. No obstante, cuando las autoridades aduaneras del Estado de importación no puedan aportar dicha prueba, incumbirá, en su caso, al importador demostrar que el mencionado certificado se ha basado en la presentación exacta de los hechos por el exportador.
6

El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 301/2012 de la Comisión, de 2 de abril de 2012, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la Nomenclatura Combinada (DO 2012, L 99, p. 19), adoptado en virtud del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2658/87, clasifica las mercancías que se describen en la primera columna del cuadro del anexo en el código NC que se indica en la segunda columna. En cuanto a la subpartida 8703 21 10, este cuadro establece: Vehículo automóvil nuevo de tres ruedas, de tracción trasera, concebido para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa, de 998 cm3 de cilindrada. La distancia entre las ruedas delanteras es de 130 cm, aproximadamente. El vehículo no dispone de diferencial. El vehículo está equipado con un sistema de dirección tipo automóvil. Se conduce utilizando un manillar con dos empuñaduras donde se integran los mandos. El vehículo tiene cinco marchas hacia adelante y una marcha atrás. 8703 21 10 La clasificación viene determinada por las reglas generales 1 y 6 para la interpretación de la Nomenclatura Combinada y por el texto de los códigos NC 8703, 8703 21 y 8703 21 10. Los vehículos de tres ruedas se clasifican en la partida 8711 siempre que no tengan las características de los vehículos automóviles de la partida 8703 (véanse asimismo las notas explicativas del SA, partida 8711, párrafo quinto). La partida 8703 comprende los vehículos ligeros de tres ruedas de construcción más simple, como los equipados con un motor de motociclo y ruedas y que, debido a su estructura mecánica, presentan las características de los vehículos automóviles propiamente dichos, esto es, un sistema de dirección tipo automóvil (véanse también las notas explicativas del SA a la partida 8703, párrafo segundo). Dado que el vehículo está equipado con un sistema de dirección tipo automóvil, lo que constituye una característica de los automóviles convencionales de la partida 8703, se excluye su clasificación en la partida 8711. Por consiguiente, el vehículo se debe clasificar en el código NC 8703 21 10 como un vehículo automóvil nuevo concebido principalmente para el transporte de personas.
Las disposiciones del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía, por una parte, así como por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, concluido, aprobado y confirmado en nombre de esta última mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas, concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad por el Reglamento (CEE) n.o 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, y de la Decisión n.o 1/95 del Consejo de Asociación CE‑Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual las empresas de transporte de mercancías por carretera con domicilio social en Turquía únicamente pueden realizar tal transporte con destino a ese Estado miembro o a través de su territorio si disponen de certificados concedidos dentro de los límites de un contingente establecido para ese tipo de transporte con arreglo a un acuerdo bilateral entre el Estado miembro y la República de Turquía o si se les ha expedido un permiso en virtud de un interés público relevante, siempre y cuando esa normativa no implique una nueva restricción a la libre prestación de servicios, a efectos del artículo 41, apartado 1, del citado Protocolo Adicional, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

A este respecto, procede recordar que del artículo 15 del Acuerdo CEE‑Turquía y del artículo 42, apartado 1, del Protocolo Adicional resulta que las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a los transportes y los actos adoptados con arreglo a tales disposiciones pueden ser extendidos, por parte del Consejo de Asociación, a la República de Turquía teniendo en cuenta la situación geográfica de esta. Pues bien, el Consejo de Asociación no ha adoptado hasta la fecha ninguna medida destinada a extender a la República de Turquía las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a los servicios de transporte, de manera que, en el estado actual del desarrollo de la Asociación entre dicho Estado tercero y la Unión, no existe ninguna normativa específica en este ámbito. Así pues, hasta tanto el Consejo de Asociación no adopte normas relativas a los servicios de transporte, con arreglo al artículo 15 del Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía y al artículo 42 del Protocolo Adicional, las condiciones de acceso de los transportistas turcos al mercado de los transportes de la Unión seguirán sujetas a las normativas nacionales de los Estados miembros y a los acuerdos bilaterales celebrados entre los Estados miembros y la República de Turquía.

(véanse los apartados 45 a 47 y 58 y el fallo)
El artículo 2, punto 2, de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que los organismos obtenidos mediante técnicas o métodos de mutagénesis constituyen organismos modificados genéticamente [(OMG)] en el sentido de esta disposición.

A este respecto, el artículo 2, punto 2, letra a), de la Directiva 2001/18 precisa que, a efectos de la definición de OMG, se produce una modificación genética siempre que se utilicen, al menos, las técnicas que se enumeran en el anexo I A, parte 1, de esta Directiva. Pues bien, aunque el anexo I A, parte 1, de dicha Directiva no cita explícitamente las técnicas o métodos de mutagénesis, esta circunstancia no es suficiente para excluir los organismos obtenidos mediante estas técnicas o métodos de la definición de OMG que figura en el artículo 2, punto 2, de la misma Directiva. Por un lado, resulta relevante indicar que, como se desprende de la expresión «entre otras» que figura en la primera frase de la parte 1 del anexo I A de la Directiva 2001/18, la lista de las técnicas de modificación genética que contiene esta parte no es exhaustiva. Por lo tanto, no puede considerarse que esta lista excluya aquellas otras técnicas de modificación genética que no estén explícitamente mencionadas en ella. Por otro lado, debe señalarse que el legislador de la Unión Europea no incluyó la mutagénesis en la lista exhaustiva de las técnicas que no dan lugar a una modificación genética a las que se refiere el artículo 2, punto 2, letra b), de la Directiva 2001/18, en relación con la parte 2 del anexo I A de esta Directiva. Por el contrario, la mutagénesis se cita explícitamente en el anexo I B de dicha Directiva entre las técnicas o métodos de «modificación genética» a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, relativo a los organismos que han de ser excluidos del ámbito de aplicación de esta.

(véanse los apartados 33 a 37 y 54 y el punto 1 del fallo)
El examen de la cuestión prejudicial no ha revelado la existencia de ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, en relación con el artículo 2, letra k), del mismo Reglamento, a la vista del artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 13 TFUE.

En este contexto, ha de considerarse que, al establecer la obligación de efectuar el sacrificio ritual en un matadero autorizado, que cumpla los requisitos del Reglamento (CE) n.o 853/2004, el artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 1099/2009, en relación con el artículo 2, letra k), del mismo Reglamento, tan solo persigue organizar y encuadrar, desde un punto de vista técnico, el libre ejercicio del sacrificio sin aturdimiento previo con fines religiosos. Pues bien, tal encuadramiento técnico no implica, en sí mismo, una limitación del Derecho de libertad de religión de los musulmanes practicantes. En efecto, ha de señalarse en primer lugar que el artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 1099/2009, en relación con el artículo 2, letra k), del mismo Reglamento, sujeta al sacrificio ritual a los mismos requisitos técnicos que son aplicables, en principio, a todo sacrificio de animales en la Unión, con independencia del método utilizado. En segundo lugar, debe precisarse que, al establecer tales requisitos técnicos, el legislador de la Unión concilió el respeto de métodos específicos de sacrificio prescritos por ritos religiosos con las normas esenciales establecidas por los Reglamentos n.o 1099/2009 y n.o 853/2004 sobre la protección del bienestar animal durante la matanza y de la salud del conjunto de los consumidores.

(véanse los apartados 58 a 60, 62 y 84 y el fallo)