SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 14 de julio de 1998

Asunto T-42/97

Giorgio Lebedef

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Denegación de una “comisión de servicio sindical” de la persona designada por un sindicato — Admisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II-1071

Objeto:

Por una parte, anulación de una decisión de la Comisión de 12 de mayo de 1996, por la que se deniega al demandante la «comisión de servicio sindical» solicitada por su sindicato y la reconsideración de cualquier «comisión de servicio sindical» concedida con anterioridad y, por otra, declaración de ilegalidad del procedimiento de «comisión de servicio sindical».

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Las relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales y profesionales representativas del personal (OSP) se rigen por un acuerdo-marco celebrado el 20 de septiembre de 1974 (acuerdo-marco). Este instrumento estipula que la Comisión concederá diversas ventajas a dichas organizaciones.

Con arreglo al acuerdo-marco, la Comisión puede conceder dispensas de servicio a los delegados sindicales debidamente nombrados, para permitir que se dediquen, en su caso, a sus actividades sindicales. Habitualmente se denomina a esta posibilidad «comisión de servicio sindical».

La Comisión limita la adhesión al acuerdo-marco a las OSP que hayan conseguido que al menos uno de sus representantes resulte elegido miembro de la sección local del Comité de personal. No obstante, para conceder la «comisión de servicio sindical», con arreglo a una decisión adoptada en 1989 (decisión de 1989), la Comisión exige que, además de ser parte del acuerdo-marco, la OSP de que se trate tenga al menos dos representantes en el Comité central de personal (CCP).

El demandante es uno de los dirigentes del sindicato «Action & Défense — Luxembourg». A raíz de las elecciones al Comité local de personal de la Comisión en Luxemburgo de noviembre de 1996, en las que resultó elegido miembro, dicho sindicato se adhirió al acuerdo-marco.

Mediante escrito de 12 de enero de 1996, el demandante presentò a la administración una solicitud de «comisión de servicio sindical» como persona designada a tal efecto por el Comité ejecutivo del sindicato «Action & Défense — Luxembourg» (A & D — L). Asimismo solicitó a la administración que reconsiderara todas las decisiones anteriores por las que se otorgaron «comisiones de servicio sindicales». Esta solicitud fue objeto de una decisión denegatoria presunta. El 12 de julio de 1996 el demandante presentó una reclamación contra esta decisión denegatoria presunta de su solicitud, registrada el 24 de julio de 1996. Mediante decisión de 22 de noviembre de 1996, notificada al demandante el 28 de noviembre siguiente, la Comisión desestimó expresamente dicha reclamación.

Sobre la admisibilidad

Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia señala que, dado que la Comisión desestimó expresamente la reclamación del demandante, mediante acto notificado a éste el 28 de noviembre de 1996, la demanda, presentada el 28 de febrero de 1997, se entabló dentro del plazo de tres meses establecido en el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

En relación con la falta de legitimación activa del demandante, debe recordarse que, en virtud del artículo 91 del Estatuto, pueden impugnarse ante el Tribunal de Primera Instancia los actos lesivos y que, según una muy reiterada jurisprudencia, deben considerarse como tales los actos que afecten a una situación jurídica determinada. En el caso de autos, dado que el demandante, que es dirigente de una organización sindical, interpuso su recurso con arreglo a dicha disposición, debe comprobarse si se cumplen dichos requisitos.

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de mayo de 1989, Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas (asuntos acumulados 193/87 y 194/87, Rec. p. 1045), apartado 13

De los autos se desprende que el demandante fue elegido miembro del Comité local de personal de la Comisión en Luxemburgo entre los candidatos de la lista de su sindicato. A raíz de esta elección, como asimismo revelan los documentos unidos a los autos a petición del Tribunal de Primera Instancia, el sindicato del que el demandante es un dirigente solicitó que éste pudiera estar en la situación de «comisión de servicio sindical». Con arreglo a dicha decisión, esta organización, mediante escrito de 12 de enero de 1996, firmado por el demandante como secretario general del sindicato A & D — L, la referida organización solicitó a la Comisión que se le concediera dicha «comisión de servicio».

De cuanto precede se deriva que el recurso interpuesto por el demandante debe interpretarse teniendo en cuenta su condición de funcionario miembro de un sindicato, nombrado por éste para ser objeto de una «comisión de servicio sindical».

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia subraya que, aunque la «comisión de servicio sindical» sea una ventaja concedida a un sindicato en función de sus resultados electorales, implica que al funcionario designado para beneficiarse de la misma se le atribuya el derecho a desempeñar funciones de carácter sindical. En estas circunstancias, la decisión denegatoria de la concesión de dicha ventaja afecta a la situación personal de ese funcionario. En consecuencia, dicha decisión le causa una lesión y hace que nazca a su favor un interés en pedir su anulación, por lo que procede admitir las pretensiones formuladas con carácter principal, cuyo objetivo consiste en la anulación de la decisión por la que se deniega al demandante el beneficio de una «comisión de servicio sindical».

Referencia: Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartados 19 y 20

En cuanto a las pretensiones formuladas con carácter subsidiario que, como señala acertadamente la Comisión, se contradicen con el fundamento de la petición principal, procede, en primer lugar, declarar que deben apreciarse conjuntamente. En efecto, el segundo motivo de dichas pretensiones, cuyo objetivo es la anulación de todas las decisiones de «comisión de servicio sindical», debe interpretarse como una consecuencia necesaria de la ilegalidad de este procedimiento, a la que se refiere el primer motivo de dichas pretensiones (apartado 23).

En relación, en primer lugar, con la petición formulada al Tribunal de Primera Instancia para que declare la ilegalidad del procedimiento de «comisión de servicio sindical», admitiendo incluso que puede reputarse una petición de anulación, el único acto de la Comisión al que se refiere el demandante al respecto es la decisión de 1989. Ahora bien, habida cuenta de la fecha de adopción de este acto, el plazo del recurso, que es de orden público, y cuya inobservancia puede plantear de oficio el Tribunal de Primera Instancia, expiró hace mucho tiempo, de forma que dicha petición se formuló fuera de plazo.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de julio de 1997, Fichtner/Comisión (T-63/96, RecFP p. II-563), apartado 25

En la medida en que el objetivo de dichas pretensiones es la anulación del acto põiel que la Comisión se negó a anular sus decisiones anteriores por las que se concedía una «comisión de servicio sindical», es necesario señalar, acto seguido, que las únicas decisiones a las que se ha referido el demandante al respecto en la reclamación están fechadas en 1992 y 1993. Ahora bien, dado que los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público y de obligado cumplimiento para las partes y el Juez, cualquier recurso contra dichos actos es extemporáneo. Por lo tanto, mediante la presentación ante la AFPN de una solicitud con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, un funcionario no puede hacer que renazca a su favor una acción contra una decisión que, al expirar los plazos anteriormente referidos, se haya convertido en definitiva.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de septiembre de 1994, Carrer y otros/Tribunal de Justicia (T-495/93, RecFP p. II-651), apartado 20

Sobre el fondo

El demandante invoca dos motivos basados en la infracción de los artículos 24 bis, 25, 37, 38 y 39 del Estatuto, del acuerdo-marco y del Convenio no 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la protección del derecho de organización y de los procedimientos de determinación de las condiciones de empleo en la Función Pública, que entró en vigor el 25 de febrero de 1981. Mediante su primer motivo, el demandante se opone a la decisión de la Comisión por la que, de una manera presunta, se negó a concederle la «comisión de servicio sindical». El segundo motivo se refiere a la negativa de la Comisión a pronunciarse sobre la legalidad y la validez de las «comisiones de servicio sindicales» concedidas anteriormente. Dado que se ha declarado la inadmisibilidad de las pretensiones en cuyo apoyo se invoca el segundo motivo, el análisis del fondo se limita al primer motivo.

El artículo 24 del Estatuto reconoce el derecho de asociación y, especialmente, el derecho de todo funcionario a ser miembro de organizaciones sindicales. Las relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales que se constituyan con arreglo a dicho artículo se atemperan esencialmente, a las reglas contenidas en el acuerdo-marco firmado el 20 de septiembre de 1974.

Referencia: Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartado 13

Dicho acuerdo otorga varias ventajas a las organizaciones sindicales firmantes. El disfrute de estas ventajas, según lo establecido, se supedita al cumplimiento de determinados requisitos, cuya justificación debe buscarse en el coste que representan para la Comisión. Así, el acuerdo fija umbrales de representatividad para que se acepte su firma por dichas organizaciones, y la organización sindical de la que el demandante es un dirigente no pudo realizarlo hasta después de las elecciones que se celebraron en noviembre de 1996.

A continuación afirma el Tribunal de Primera Instancia que el acuerdo-marco se remite a ulteriores decisiones para la determinación de los requisitos para la concesión de algunas de las ventajas de que se trata. Es así, particularmente, en lo que atañe a la posibilidad de otorgar dispensas de servicio a delegados nombrados por los sindicatos, prevista en el apartado 14, cuyas modalidades decide la Comisión, como se indica en el segundo párrafo de dicha disposición (apartado 36).

De ello se deduce que, contrariamente a lo que alega el demandante, el acuerdo-marco, firmado por su sindicato, prevé la posibilidad de la «comisión de servicio sindical» y encomienda a la Comisión la adopción de las modalidades de concesión. En estas circunstancias, el demandante no puede sostener que el hecho de que su organización haya firmado el acuerdo basta para que se le reconozca el derecho a estar en situación de «comisión de servicio sindical». Por el contrario, sólo existe este derecho si en la organización sindical del demandante concurren los requisitos previstos en los actos a los que se refiere el apartado 14 del acuerdo.

Ahora bien, ha quedado acreditado que la decisión de 1989 regula la «comisión de servicio sindical», estableciendo un umbral mínimo de representatividad de dos miembros en el CCP y que la organización del demandante no ha cumplido dicho requisito. Por lo tanto, de ello resulta que el sindicato del demandante, que lo designó para una «comisión de servicio sindical», no cumple las exigencias previstas y que, por consiguiente, el demandante no puede pretender ostentar un derecho a tal comisión de servicios.

De una reiterada jurisprudencia se deduce que las Instituciones de la Comunidad disponen de una amplia facultad discrecional en la organización de sus servicios en función de las misiones que les han sido confiadas y en el destino, para el cumplimiento de éstas, del personal que se encuentra a su disposición.

Referencia: Tribunal de Justicia. 23 de marzo de 1988. Hecq/Comisión (19/87, Rec. p. 1681). apañado 6; Tribunal de Primera Instancia. 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497). apartado 81

Ahora bien, la decisión de 1989 se refiere al destino de determinados funcionarios que, con arreglo a las disposiciones del Estatuto que reconocen el derecho de participación, así como al acuerdo-marco, en su calidad de delegados sindicales, tienen la posibilidad de dedicarse a funciones de carácter sindical. Por lo tanto, fue adoptada en ejercicio de la facultad discrecional reconocida por la jurisprudencia a las Instituciones y, contrariamente a lo que indica el demandante, teniendo en cuenta el coste que representa el reconocimiento de tal posibilidad, la Comisión puede poner condiciones en cuanto a la representatitivad de las organizaciones de que se trata. En consecuencia, el demandante no puede poner en duda la legalidad de la decisión de 1989.

Además, el Tribunal de Primera Instancia considera que, dado que la concesión de la «comisión de servicio sindical» es consecuencia de los resultados electorales de cada organización sindical y, por lo tanto, de su representatividad, el demandante tampoco puede sostener que, en la medida en que establece como criterio de representatividad que la organización sindical de que se trate esté representada por dos de los miembros del CCP, esta decisión establezca una diferencia de trato injustificada entre dichas organizaciones (apartado 41).

Asimismo, la falta de armonización de los sistemas electorales en vigor en los lugares de destino de la Comisión resulta del Anexo II del Estatuto. En efecto, el párrafo segundo del artículo 1 de dicho Anexo establece que los requisitos para la elección a cada sección local del Comité de personal se determinan por la Asamblea General de los funcionarios de la Institución empleados en el correspondiente lugar de destino, lo que permite la existencia de sistemas electorales distintos en cada uno de esos lugares. Por lo tanto, el demandante no puede esgrimir dicha falta de armonización de los sistemas electorales, que se deriva directamente del Anexo II del Estatuto, para sostener que es arbitrario el requisito referente a la elección de dos representantes en el CCP.

Fallo:

Se desestima el recurso