6.

a) Considerando que del párrafo segundo del artículo 12 del Convenio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión no 37/53 de la Alta Autoridad, de 11 de julio de 1953 (DO 1953, 10, p. 153), se desprende que las prácticas colusorias «antiguas», las concertadas con anterioridad al 10 de febrero de 1953 no son nulas desde el establecimiento del mercado común (10 de febrero de 1953), sino que se benefician de una autorización a reserva de prohibición y, salvo Decisión particular de la Alta Autoridad, únicamente les afecta la prohibición del artículo 65, a partir del 31 de agosto de 1953 y desde entonces son nulas; que, si se hubiese presentado con anterioridad a esta fecha una solicitud de autorización relativa a una práctica colusoria del tipo aludido, el período en que ésta hubiera permanecido en vigor se habría prolongado más allá de dicha fecha, hasta tanto la Alta Autoridad no hubiese denegado la autorización. b) Considerando que, de la aplicación de los principios jurídicos anteriormente expuestos al caso de autos, se desprende que la Alta Autoridad ha afirmado con justo criterio, al adoptar la Decisión impugnada, que las prohibiciones del apartado 1 del artículo 65 del Tratado no eran aplicables a las Decisiones de 5 de febrero de 1953 hasta la entrada en vigor de las Decisiones nos 5/56 a 7/56, dado que en el supuesto de estas Decisiones, que se adoptaron cinco días antes de la entrada en vigor del mercado común, se trata de prácticas colusorias «antiguas», en relación con las cuales se presentó una solicitud de autorización con anterioridad al 31 de agosto de 1953, que se denegó en virtud de las Decisiones nos 5/56 a 7/56. Considerando que, en virtud de lo expuesto, las objeciones de la demandante a este respecto son infundadas. i) Considerando que la parte demandante alega que las Decisiones de 5 de febrero de 1953 no eran, en realidad, «antiguas» prácticas colusorias, sino que habían sido adoptadas ad hoc pocos días antes de la entrada en vigor del mercado común, es decir, con la intención de enervar la aplicación inmediata de las prohibiciones del apartado 1 del artículo 65 del Tratado. Considerando que, aunque semejante intención se hubiese añadido a los motivos que, impulsaron a las partes interesadas a adoptar las Decisiones de 5 de febrero de 1953, lo que este Tribunal estima posible aunque no probado, esto no basta para excluir la aplicación de los artículos 1 a 3 de la Decisión no 37/53 de la Alta Autoridad; que la Resolución no 20 del Consejo de la Alta Comisión aliada, de 9 de septiembre de 1952, había obligado a las sociedades de venta de carbón del Ruhr a reorganizar la venta de dicho producto con anterioridad al 31 de marzo de 1953; que esta medida podía inducir a los interesados a incluir igualmente disposiciones relativas a la admisión de pedidos directos por los mayoristas, tanto más cuanto que la Resolución no 20 mencionaba expresamente a dichos mayoristas varias veces; que si, por consiguiente, a las sociedades de venta de carbón del Ruhr les incumbía la obligación jurídica de negociar su reorganización, no ha sido suficientemente probado que las Decisiones de 5 de febrero de 1953 se adoptarán con el único fin de enervar la aplicación del artículo 65 del Tratado. Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Decisión no 37/53 de la Alta Autoridad, el elemento determinante es si los acuerdos, decisiones o prácticas concertadas existían ya cuando se estableció el mercado común (10 de febrero de 1953); que tal es el caso de las Decisiones de 5 de febrero de 1953; ii) Considerando que, en segundo lugar, la parte demandante alega que, dado que las Decisiones de 5 de febrero de 1953, nunca se autorizaron, les es plenamente aplicable la prohibición absoluta del artículo 65 y son, por consiguiente, nulas; que esta tesis es infundada. Considerando, en efecto, que la Alta Autoridad denegó la autorización a las Decisiones de 5 de febrero de 1953, que esta denegación no se hizo constar nunca expresamente, sino que claramente va implícita en la autorización dada a las condiciones de venta en virtud de las Decisiones nos 5/56 a 7/56. Considerando que, en virtud de lo expuesto, este Tribunal de Justicia considera ajustado a Derecho lo afirmado por la parte demandada en el sentido de que la autorización dada a las nuevas condiciones por las Decisiones nos 5/56 a 7/56 equivalía jurídicamente a la negativa formal a autorizar el régimen anterior, y según la cual, por las razones anteriormente expuestas en las letras a) y b) del apartado 6 supra, la fecha fijada para la entrada en vigor del nuevo régimen (22 de febrero de 1956) debía ser aquella en que, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión no 37/53, las prohibiciones del artículo 65 debían aplicarse al régimen anterior. Considerando, aparte de lo dicho, que no es posible observar divergencia alguna, como pretenden los demandantes, entre prácticas colusorias finalmente autorizadas y las Decisiones de 5 de febrero de 1953; que las prácticas colusorias ulteriormente autorizadas no fueron objeto de ninguna solicitud de autorización presentada dentro de plazo, dado que la solicitud de autorización de las prácticas colusorias autorizadas en virtud de las Decisiones nos 5/56 a 7/56 fue presentada por unos interesados distintos de aquellos que adoptaron las Decisiones de 5 de febrero de 1953 y que su contenido no coincide con los términos de estas Decisiones. Considerando que, previo examen de las condiciones de venta del carbón del Ruhr, que les fueron presentadas para su autorización y de las que las Decisiones de 5 febrero de 1953 constituyen una parte, la Alta Autoridad dio a entender que no podía autorizar el régimen anterior; que, sin embargo, dicha Institución debía evitar que el anterior régimen jurídico relativo a la venta de carbón del Ruhr dejara de estar en vigor sin ser sustituido por un nuevo régimen compatible con el Tratado; que se ajustaba a esta voluntad, plenamente conforme con los objetivos generales del Tratado y, en especial, de la letra a) de su artículo 3, el esperar a que los productores de carbón presentaran un nuevo régimen, que pudiera ser autorizado, antes de pronunciarse negativamente de forma expresa sobre el anterior; que todo el esfuerzo que ha exigido la puesta en práctica de un régimen de venta del carbón del Ruhr constituye un conjunto orgánico que se inicia con las solicitudes de autorización de las Decisiones de 5 de febrero de 1953 y concluye con la autorización dada a los acuerdos finalmente adoptados a las exigencias de la Alta Autoridad y contenidos en las Decisiones n os 5/56 a 7/56; que no se puede escindir artificialmente la evolución continua, cuyo colofón es el régimen vigente para privar a la primera solicitud de autorización, que se presentó dentro de plazo, del efecto suspensivo previsto en la Decisión no 37/53. c) Considerando que, por consiguiente, lo afirmado en la Decisión impugnada, a saber, que las prohibiciones del apartado 1 del artículo 65 no eran aplicables a las Decisiones de 5 de febrero de 1953 hasta la entrada en vigor de las Decisiones nos 5/56 a 7/56, el 22 de febrero de 1956, no se ve afectado por error jurídico alguno; que esta observación no prejuzga la cuestión que el Landgericht de Essen dejó de plantear en su resolución de suspensión del procedimiento, relativa al Derecho con arreglo al cual debía apreciarse la legalidad de dichas Decisiones durante el período comprendido entre el 5 y el 10 de febrero y si, de conformidad con el Derecho aplicable en este período, eran o no válidas. d) Considerando que es cierta la afirmación de la demandante de que la Decisión recurrida se basa fundamentalmente en el hecho de que la Alta Autoridad no reaccionó contra el régimen comercial controvertido hasta la adopción de las Decisiones nos 5/56 a 7/56; que el artículo 12 del Convenio no prevé plazo alguno para actuar frente a los acuerdos «anteriores», disfrutando la Alta Autoridad, a este respecto, de una potestad discrecional: que, si dicha Institución necesitó tres años para examinar el anterior régimen comercial del carbón del Ruhr y para introducir uno nuevo, no cabe ver en ello un uso abusivo de esta potestad discrecional, sobre todo si se tienen en mente la extrema importancia económica y social de esta reorganización. Considerando que, si la parte demandante estimaba que la Alta Autoridad había debido actuar en fecha anterior contra el régimen comercial controvertido, tuvo la posibilidad de requerir que actuara conforme al artículo 35 del Tratado y de interponer un recurso por omisión si no hubiere actuado; que, dado que la parte demandante nunca siguió dicho procedimiento ha de considerarse que la Alta Autoridad no violó el Tratado al no actuar en aquel entonces.