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Asunto 282/85

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI)

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Admisibilidad — Interés y legitimación»

Sumario

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afecten directa e individualmente — Decisión de la Comisión que declara la incompatibilidad con el mercado común de un proyecto de ayuda — Recurso de un organismo controlado por el Estado y encargado del reparto de la ayuda proyectada — Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 2)

Una decisión de la Comisión que declare la incompatibilidad con el mercado común de un proyecto de ayuda, notificado por un Estado miembro, no afecta de forma directa e individual, en el sentido del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, a un organismo creado por las autoridades de dicho Estado, sometido a su control y destinado a repartir la ayuda proyectada. En efecto, tal organismo no podría alegar, con respecto a la ayuda proyectada, un interés propio, distinto de aquel del Estado, en la anulación de la mencionada decisión, ni podría tampoco actuar en cuanto defensor colectivo de los operadores económicos afectados, dado que el régimen de ayuda notificado no determina sus eventuales beneficiarios.
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Procede insistir, en primer lugar, en que la parte demandante no afirma que deba anularse la decisión de la Comisión de 3 de julio de 1984 por ser contraria a la Decisión general no 1831/81, que constituye su base. Por el contrario, la propia parte demandante reconoce que la decisión de la Comisión se atiene a lo dispuesto en la Decisión general no 1831/81. Parece, entonces, que lo que en realidad critica la parte demandante es el sistema establecido por dicha Decisión general. Sin embargo, la parte demandante no aporta ningún elemento que permita poner en tela de juicio la legalidad de la Decisión general no 1831/81.
17

En el caso de autos, de cualquier forma, no solamente se fijaron los criterios de valoración de los méritos, tal y como se deriva del acta de la reunión del tribunal del concurso de 29 de junio de 1983, luego que éste hubo examinado tales méritos con el fin de verificar si los candidatos cumplían el requisito de admisión contemplado en el punto V.2 de la convocatoria del concurso, a saber, si tenían una experiencia profesional mínima de seis años en un puesto de responsabilidad en relación con el puesto a proveer, sino que, además, se fijaron de forma que la posición de la Sra. Vlachou no quedó correctamente establecida; efectivamente, tal y como la parte demandada ha indicado en la vista, el tribunal consideró que el valor probatorio de determinados documentos presentados por la Sra. Vlachou no era indiscutible.
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El Gobierno del Reino Unido subraya, al igual que el Gobierno alemán, la importancia primordial del secreto profesional para la obtención y el intercambio de información entre las autoridades competentes. Por tanto, con el fin de estimular este intercambio de información, se adoptaron disposiciones específicas en los apartados 2 y 3 del artículo 12, que tratan de dicha información comunicada por una autoridad competente a otra autoridad. Sin embargo, dado que la obligación de secreto profesional no es absoluta, ha de ser compatible con el Derecho interno. Por más que la Directiva, según el Gobierno británico, no pretenda armonizar las disposiciones internas relativas al secreto profesional y a sus excepciones, éstas no pueden ir en contra de la finalidad de la Directiva. Por consiguiente, es contrario a dicha finalidad autorizar una divulgación en circunstancias tales que impidan la obtención y el intercambio de información. Por esta razón, el Gobierno del Reino Unido propone interpretar el artículo 12 en el sentido de que permite, con carácter excepcional, toda disposición de Derecho interno que autorice la divulgación. Respecto a la última frase del apartado 1, en su opinión la Directiva no limita las excepciones a las específicamente reconocidas bien en el texto mismo de dicha Directiva o bien en una determinada disposición legal nacional.
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Salvo esta reserva, el funcionario tiene la obligación de aceptar cualquier destino, conforme a las exigencias del servicio, en el conjunto de la Comunidad, en cualquier lugar de trabajo de la institución en la que ejerza sus funciones (véase sentencia de 24 de febrero de 1981, Carbognani, asuntos 161 y 162/80, Rec. 1981, p. 543). El Tribunal ha declarado, en sus sentencias de 28 de mayo de 1970 (Peco, asunto 36/69, Rec. 1970, p. 370) y de 28 de septiembre de 1983 (Rosani, asuntos 193-198/82, Rec. 1983, p. 2841), que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe poder contar con que los funcionarios de nivel elevado posean la suficiente capacidad de adaptación para desempeñar empleos de distinta naturaleza. Es oportuno hacer constar además que las funciones desempeñadas inicialmente por el demandante en las que deseaba ser readmitido ya no existen y que el empleo que ocupó en un principio exige actualmente, como consecuencia de la reorganización del servicio, conocimientos distintos de los exigidos en el momento en que fue contratado el demandante. El demandante, reclutado en la categoría A, debería tener ciertamente tal capacidad de adaptación y los informes de calificación muestran por otra parte, muy en especial, su dominio de varias lenguas comunitarias. Además, el demandante nunca se negó a realizar los trabajos que le fueron confiados y en particular los de tipo lingüístico, sino que, por el contrario, intentó orientar su carrera pasando al servicio lingüístico y esto a partir de 1978, año en que participó en un concurso interno para una plaza de lingüista revisor. Su negativa posterior a participar en concursos del servicio LA parece motivada esencialmente por su deseo de acceder al grado A5. En estas circunstancias, no puede quejarse de que la Comisión le haya empleado en trabajos de tipo lingüístico que, aunque diferentes de los que realizó inicialmente, no eran incompatibles con su grado y además debían facilitar la reorientación de su carrera.
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El Gobierno danés señala que la tributación de servicios prestados a bordo de buques de navegación marítima plantea problemas en lo que atañe a la determinación del ámbito de aplicación geográfica y personal de la Directiva. Considera que, en cualquier caso, no pueda sostenerse que un Estado miembro sólo puede gravar los servicios prestados a bordo de un barco en la medida en que éste se encuentre dentro del ámbito de la soberanía territorial del Estado. En el artículo 3 la Directiva determina su ámbito de aplicación territorial remitiéndose al artículo 227 del Tratado, el cual no da ninguna definición más precisa del ámbito de aplicación geográfica o personal. Por lo tanto, corresponde a cada Estado miembro determinar el ámbito de aplicación de su legislación, de conformidad con las normas de Derecho internacional. Con estos límites coincide el ámbito de aplicación de la propia Directiva. En consecuencia, nada impide que los Estados miembros apliquen su legislación fiscal sobre los buques que enarbolan su pabellón cuando éstos se encuentran fuera del ámbito de su soberanía territorial. Aunque un buque se encuentre en aguas de otro Estado miembro, según el Derecho internacional nada impide que el Estado del pabellón aplique su propia legislación a los actos que tienen lugar a bordo de un buque, teniendo en cuenta que tales disposiciones sólo pueden materializarse en el momento en que el buque haya salido de la zona de soberanía del otro Estado. Por lo tanto, no se excluye la posibilidad de que el Estado del pabellón aplique sus propias leyes fiscales, incluso cuando el buque se encuentra fuera del ámbito de su soberanía territorial. Cada Estado miembro debe elegir a este respecto la política fiscal que considere razonable. Según el Gobierno danés, los conflictos de carácter fiscal que puede implicar la aplicación de estas concepciones pueden resolverse sin dificultad, mediante la cooperación de los Estados afectados. En el caso de autos nunca había habido dificultades entre Dinamarca y la República Federal de Alemania sobre el particular; en el trayecto de referencia las autoridades danesas toman a su cargo los transbordadores daneses y las autoridades alemanas los transbordadores alemanes. En cuanto a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, el Gobierno danés indica que la explotación de máquinas de azar no constituye un servicio para las necesidades directas de los buques marítimos a que se refiere el punto 8 del artículo 15 de la Sexta Directiva.
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El Gobierno del Reino Unido defiende que no hay diferencia sustancial entre las disposiciones de la Finance Act 1972, modificada en 1977, y las de la Finance Act 1981. Los objetivos de la antigua legislación se vieron, según él, frustrados por la decisión del Manchester VAT Tribunal en el asunto del Club Center of Leeds y ello puso de manifiesto que la notificación hecha en 1977 a la Comisión se refería a una disposición legislativa que no podría haber alcanzado los objetivos indicados en la propia notificación. Por consiguiente, y para alcanzar precisamente los objetivos indicados en tal notificación, el Reino Unido entendió, después del asunto Club Center of Leeds, que era necesario modificar la legislación de 1972/1977 de forma que fuera del todo coherente con sus objetivos. La legislación de 1981 concretó con éxito las intenciones del Reino Unido tal como habían sido notificadas en 1977, por lo que toda nueva notificación hubiera resultado superflua. La consecuencia es que el Reino Unido no estaba sujeto a ninguna obligación de notificación a la Comisión, por cuanto no se trataba de introducir una «medida especial» que requiriese la aplicación del apartado 2 del artículo 27.
El Impuesto sobre el Valor Añadido que un Estado miembro percibe con ocasión de la importación de un vehículo automóvil procedente de otro Estado miembro no constituye un derecho de aduana de importación, o una exacción de efecto equivalente a tal derecho, en el sentido de los artículos 12 y 13 del Tratado, sino que debe ser considerado parte integrante de un régimen general de tributos internos en el sentido del artículo 95 del Tratado y, por tanto, su compatibilidad con el Derecho comunitario debe apreciarse en el marco de este artículo.

La aplicación de las exenciones previstas por el artículo 14 de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios no se deja totalmente a la discreción de las autoridades de los Estados miembros. Estas deben respetar los objetivos fundamentales perseguidos por el esfuerzo de armonización en este sector, tales como, especialmente, facilitar la libre circulación de personas y de mercancías y evitar los casos de doble imposición. Por esta razón, están obligadas, en lo que se refiere a los vehículos automóviles utilizados por estudiantes procedentes de otro Estado miembro, a aplicar el concepto de importación temporal de modo que no obstaculicen, mediante una doble imposición de los referidos vehículos, la libertad de los nacionales de los Estados miembros de cursar sus estudios en el Estado miembro de su elección. De ello resulta que las normas del Derecho comunitario, y especialmente las establecidas por la Sexta Directiva, se oponen a que un Estado perciba el Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación por un vehículo automóvil comprado en otro Estado miembro, con pago del Impuesto en ese Estado, y matriculado en él, cuando dicho vehículo es utilizado por un nacional del segundo Estado miembro que tiene un domicilio en ese Estado pero cursa sus estudios en el primer Estado miembro donde está inscrito, por el período de duración de sus estudios, en el Registro de extranjeros. El hecho de que la persona interesada esté o no casada es irrelevante a este respecto.
2

De los autos y, más especialmente, del escrito de requerimiento de 15 de enero de 1982 y del dictamen motivado de 29 de octubre de 1982, se deduce que la Comisión inició el procedimiento del artículo 169 a consecuencia de la puesta en vigor, en la República Federal de Alemania, de la Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplaz (Ley relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el puesto de trabajo), de 13 de agosto de 1980 (Arbeits- rechtliches EG-Anpassungsgesetz; BGBl. I, 1980, p. 1308). Dicha Ley tiene por objeto, en particular, la introducción de una serie de nuevos artículos en el Código Civil alemán, en el Libro 2, Título 6, consagrado a los contratos de arrendamiento de servicios. El artículo 611 bis prohibe al empresario tratar desfavorablemente a un trabajador por razón de su sexo, al concertar un contrato de trabajo, en la promoción profesional o en el despido. No obstante, el mismo artículo dispone que puede dispensarse lícitamente un trato distinto cuando el sexo constituye un requisito determinante de una actividad profesional. El artículo 611 ter establece que el empresario no debe publicar ofertas de empleo dirigidas únicamente a los hombres o a las mujeres, salvo cuando el sexo constituya un requisito determinante de la actividad de que se trate. El artículo 612 fue completado por un nuevo apartado, conforme al cual ningún contrato de trabajo puede establecer una retribución desigual por razón del sexo, entre personas de sexo diferente, por un trabajo idéntico o similar.
15

No cabe acoger esta argumentación. En efecto, según el Anexo II del Tratado (ex 22.09), los aguardientes están expresamente excluidos de la categoría de productos agrícolas. Consecuentemente, deben considerarse productos industriales y esta calificación no puede cuestionarse por la importancia económica que estos productos puedan tener para los agricultores de la región de que se trate.
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La atención particular que prestan las Instituciones comunitarias a los problemas relativos al acceso a la formación profesional y a su mejora deriva, por otra parte, de las «Orientaciones generales» que el Consejo estableció en 1971 para la elaboración de un programa de actividades a nivel comunitario en materia de formación profesional (DO 1971, C 81, p. 5; EE 05/01, p. 148), de la Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación a la vida activa (DO C 308, p. 1; EE 05/02, p. 119), así como la Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de los ochenta (DO C 193, p. 2; EE 05/03, p. 45).
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Sobre el particular, en relación con las empresas públicas y las empresas a las que conceden derechos especiales o exclusivos, debe señalarse que el apartado 1 del artículo 90 dispone que los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán ninguna medida contraria a las normas del Tratado. El objeto del apartado 2 de dicho artículo consiste en precisar los límites dentro de los que, especialmente, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedan sometidas a las normas del Tratado. No obstante, este apartado no exonera al Estado miembro que haya encargado a una empresa una gestión semejante de la prohibición de adoptar medidas en favor de dicha empresa y destinadas a proteger su actividad que, contrariamente al artículo 30 del Tratado, obstaculicen las importaciones de los demás Estados miembros.
Asunto 244/83

Meggle Milchindustrie GmbH & Co. KG

contra

Consejo y Comisión de las Comunidades Europeas

«Responsabilidad extracontractual de la Comunidad»

Sumario

Agricultura — Política agrícola común — Sistema de tipos de cambio «verdes» — Legalidad — Repercusiones en el mercado de la caseína y de los caseinatos — Ausencia de medidas correctoras — Responsabilidad de la Comunidad — Condiciones — Violación del principio de no discriminación — Ausencia

(Tratado CEĶ art. 21 5, párrafo 2)

Si bien es verdad que, en ciertas operaciones, la aplicación de los tipos de cambio «verdes» puede, llegado el caso, acarrear ventajas o desventajas que pueden parecer discriminaciones, sin embargo esto no impide que, de modo general, esta aplicación sirva para remediar situaciones monetarias que, a falta de dichos tipos, desembocarían en discriminaciones mucho más graves, patentes y generales.

De ello resulta que la adopción del sistema de tipos de cambio «verdes», aunque no le falten inconvenientes, está justificada por las exigencias de la política agrícola común y no es contraria al principio de no discriminación. La misma conclusión se impone necesariamente en cuanto a las consecuencias de la aplicación de este sistema a la situación de los productores de caseína y de caseinatos, los cuales no pueden comprometer la responsabilidad de la Comunidad en base al artículo 215, párrafo 2, del Tratado.
3

De los autos se desprende que las autoridades alemanas sometieron a la Comisión la solicitud de la Universidad, de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos antes citados. En su Decisión 78/851/CEE, de 5 de octubre de 1978 (DO L 293, p. 30), destinada a todos los Estados miembros, la Comisión declaró que los requisitos para la admisión con franquicia, contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento n° 1798/75, no se cumplían, puesto que en la Comunidad se fabricaban aparatos de valor científico equivalente a dicho aparato y que podían utilizarse para el mismo uso particular. A raíz de esta Decisión, el 7 de mayo de 1979 las autoridades alemanas denegaron definitivamente la solicitud de la Universidad.
2

Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre sociedades importadoras de lana y el Ministerio de Sanidad italiano acerca del pago de un derecho fijo por inspección sanitaria de lanas importadas de países no miembros de la Comunidad. Esas sociedades invocaron el Reglamento (CEE) n° 827/68 del Consejo, de 28 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados para determinados productos enumerados en el Anexo II del Tratado (DO L 151, p. 16; EE 03/02, p. 170), Reglamento que en el apartado 2 de su artículo 2, prohibe a los Estados miembros percibir cualquier exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana por los «productos de origen animal» importados, que no estén expresados en otra partida, indicados en la partida arancelaria 05.15 del Arancel Aduanero Común. El Ministerio de Sanidad objetó a esta alegación que las lanas no están comprendidas en el Anexo II del Tratado. En consecuencia, mantiene, que no están sometidas a una organización común de mercados agrícolas.
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Consta que el Derecho comunitario no se opone a que los Estados miembros hagan extensiva la aplicación de sus legislaciones o de los convenios colectivos laborales celebrados por los interlocutores sociales en materia de salarios mínimos a toda persona que realice un trabajo por cuenta ajena, aunque sea de carácter temporal, en su territorio, con independencia de cuál sea el país de establecimiento del empresario, al igual que el Derecho comunitario tampoco prohibe a los Estados miembros hacer cumplir dichas normas por todos los medios adecuados al efecto. No obstante, no cabe calificar de medio adecuado una normativa o práctica que impone con carácter general una carga social o parasocial, que restringe la libre prestación de servicios, a todos los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro que empleen a trabajadores nacionales de países terceros, con independencia de que hayan cumplido o no la normativa en materia de salario social mínimo del Estado miembro en que se realiza la prestación, habida cuenta de que una medida general de este tipo no contribuye, por su naturaleza, a asegurar el cumplimiento de dicha normativa ni a beneficiar en modo alguno a la mano de obra de que se trata.
12

En sus observaciones orales, la Comisión modificó su postura sobre este punto. Remitiéndose a los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión del Bundesfinanzhof, consideró que sería más apropiado establecer una analogía entre el régimen fiscal aplicable al alcohol importado y el aplicable al alcohol nacional no sometido al monopolio. En consecuencia, propone que se responda a las cuestiones planteadas en el sentido de que se respetaría la norma que prohibe la discriminación, prevista en el artículo 95, si el alcohol importado disfrutara del mismo régimen que el alcohol no sometido al monopolio, esto es, si la «Monopolausgleichspitze» se redujera en el importe de la deducción a tanto alzado aplicable al «Branntweinaufschlag». La Comisión estima que dicha solución tendría la ventaja de evitar una distorsión de la competencia en favor del alcohol importado con respecto al alcohol nacional no sometido al monopolio. En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, la Comisión declaró mantener esta postura, ya que, a su juicio, la primera tesis que había sostenido cuestionaría la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de febrero de 1976, Rewe-Zentrale (45/75,↔ Rec. p. 181).
17

En la sentencia de 18 de enero de 1979, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que, habida cuenta de la naturaleza particular de determinadas prestaciones de servicios, no pueden considerarse incompatibles con el Tratado exigencias específicas impuestas a los prestadores, motivadas por la aplicación de las normas que regulan este tipo de actividades. No obstante, la libre prestación de servicios, en su condición de principio fundamental del Tratado, sólo puede quedar limitada por normativas justificadas en aras del interés general y que afecten a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio de dicho Estado, en la medida en que este interés no esté protegido por las normas a las que se halle sometido el prestador en el Estado miembro en que esté establecido.
21

No obstante, debe señalarse que las asignaciones fijadas de este modo no pueden superar los límites razonables inherentes a un reembolso de los gastos de viaje y estancia. En la medida en que el importe a tanto alzado de las asignaciones fuera excesivo o que, en realidad, se tratara parcialmente de una retribución en cubierta y no de un reembolso de gastos, los Estados miembros estarían facultados para someter semejante retribución al Impuesto nacional sobre la Renta, habida cuenta de que, en el estado actual del Derecho comunitario, las retribuciones de los miembros del Parlamento no son responsabilidad de las Instituciones comunitarias, sino de las legislaciones nacionales. Sin embargo, la apreciación del carácter supuestamente excesivo de las cantidades a tanto alzado fijadas por el Parlamento -cuestión que depende exclusivamente del Derecho comunitario- no ha sido planteada por el órgano jurisdiccional nacional, ante el cual no se ha alegado que, a la sazón, la cuantía de las asignaciones fuera injustificadamente elevada.
1

Mediante resolución de 9 de junio de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de junio siguiente, la Cour de cassation de Bélgica planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25) relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de setiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 17, 18 y 22 de dicho Convenio.