Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho comunitario — Interpretación — Actos de las instituciones — Motivación

2. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única — Imputación de responsabilidad a una empresa debido a su participación en la infracción considerada en su conjunto — Procedencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Imputación a una empresa — Responsabilidad derivada de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción — Procedencia — Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Cese de las infracciones — Facultad de la Comisión — Órdenes conminatorias dirigidas a las empresas

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 7, ap. 1]

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad y duración de la infracción — Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

7. Competencia — Multas — Importe — Carácter apropiado — Control jurisdiccional

[Arts. 229 CE y 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 31]

8. Recurso de anulación — Control jurisdiccional — Límites del recurso

(Art. 233 CE)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado — Criterios de apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Duración de la infracción — Infracciones de larga duración

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 1, sección B, párr. 1)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — No aplicación efectiva de un acuerdo — Apreciación en relación con el comportamiento individual de cada empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, puntos 1, sección A, párr. 1, y 3)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva o subordinada de la empresa

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, puntos 2 y 3)

13. Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Motivo nuevo — Concepto

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal, art. 48, ap. 2)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa imputada — Requisitos — Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo; Comunicación de la Comisión 96/C 207/04, título D, punto 2)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Fijación de la multa en proporción a los criterios de apreciación de la gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1. La parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción.

(véase el apartado 41)

2. Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición.

La infracción única y continua incluye, a menudo, una serie de actos que se suceden cronológicamente y que, en el momento en que se cometen, pueden constituir igualmente por sí mismos, una infracción de las normas de competencia. La particularidad de dichos actos es que están incardinados en una estrategia de conjunto.

(véanse los apartados 45 y 46)

3. Una empresa que haya participado en una infracción única y compleja de las normas de la competencia mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo.

Una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, tal como se coordine con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente.

(véanse los apartados 50 y 53)

4. La facultad de la Comisión de formular intimaciones debe ejercitarse en función de la naturaleza de la infracción observada.

De hecho, en la medida en que una empresa ya no opera en el sector de que se trata, la intimación para el cese de las infracciones no le concierne. Por tanto, no se puede vulnerar el principio de proporcionalidad.

La aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, puede implicar la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones cuya ilegalidad se haya declarado, pero también la de adoptar un comportamiento futuro similar o toda medida que pudiera tener un objeto o un efecto equivalente.

Si la empresa afectada no se ha comprometido a no repetir su comportamiento contrario a la competencia, la Comisión puede también conminarla a que se abstenga en el futuro de toda medida que pudiera tener un objeto o un efecto equivalente, incluso si dicha empresa ya no opera en el sector afectado por la práctica colusoria.

Tales medidas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido.

(véanse los apartados 61, 63, 65 y 67)

5. Para determinar el concepto de «ejercicio económico precedente», la Comisión debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones establecido por el Reglamento nº 17 y el Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, el efecto que se pretenda alcanzar sobre la empresa afectada, en particular teniendo en cuenta el volumen de negocios que refleje la situación económica real de ésta durante el período en que se cometió la infracción.

Sin embargo, tanto de los objetivos del sistema en que se encuadran el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, como de la jurisprudencia se desprende que la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios presupone, por una parte, que la Comisión dispone de datos sobre el volumen de negocios del último ejercicio anterior a la fecha de adopción de la decisión y, por otra, que estos datos se refieren a un ejercicio completo de actividad económica normal durante un período de doce meses.

Así, si las cuentas anuales del ejercicio cerrado antes de la adopción de la Decisión aún no se han aprobado o no se han comunicado a la Comisión, ésta tiene el derecho y la obligación de utilizar el volumen de negocios de un ejercicio anterior a éste a fin de aplicar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003. Del mismo modo, cuando, a raíz de una reestructuración o de una modificación de las prácticas contables, las cuentas formuladas por la empresa para el ejercicio económico precedente correspondan a un período inferior a doce meses, la Comisión está facultada para recurrir, a efectos de la aplicación de las citadas disposiciones, al volumen de negocios alcanzado durante un ejercicio anterior referido a un año entero. Ocurre lo mismo cuando una empresa no ha ejercido ninguna actividad económica durante el ejercicio económico anterior y, en consecuencia, la Comisión no dispone de un volumen de negocios correspondiente a la actividad económica desarrollada por ésta durante dicho ejercicio. En efecto, el volumen de negocios correspondiente a dicho período no proporciona ninguna indicación sobre la importancia de dicha empresa, en contra de lo exigido por la jurisprudencia, ni puede, por ello, servir de base para el cálculo del límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

También es posible que, durante un ejercicio de actividad económica normal, el volumen de negocios de una empresa disminuya considerablemente, en comparación con ejercicios anteriores, por diversas razones, como un contexto económico difícil, una crisis en el sector en cuestión, un siniestro o una huelga. No obstante, cuando el volumen de negocios de una empresa se refiere realmente a un ejercicio completo durante el que ésta ha desarrollado actividades económicas, aunque sea a menor escala, la Comisión debe calcular el límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, sobre la base de dicho volumen de negocios. Por consiguiente, a menos que exista algún indicio de que la empresa haya cesado su actividad comercial o haya desviado su volumen de negocios para evitar la imposición de una multa elevada, procede considerar que la Comisión está obligada a calcular el límite máximo de la multa a partir del volumen de negocios más reciente que corresponda a un año entero de actividad económica.

(véanse los apartados 89 y 90 y 94 a 97)

6. La facultad de la Comisión de imponer multas que le atribuye el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, es uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario.

Esta misión comprende la tarea de proceder a la instrucción y sancionar las infracciones individuales e incluye igualmente el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. Así, incluye igualmente las funciones tanto de reprimir las conductas ilícitas como de impedir su repetición.

De ello se deduce que la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de las multas.

(véanse los apartados 79 y 91)

7. En el caso de los recursos dirigidos contra las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas a determinadas empresas por haber infringido las normas sobre la competencia, el juez comunitario es competente para apreciar, en el marco de la facultad jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE, 17 del Reglamento nº 17 y 31 del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, el carácter apropiado de la cuantía de las multas. Esta apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información, cuya mención en la Decisión no viene exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación prevista en el artículo 253 CE.

(véanse los apartados 105 y 106)

8. Si el destinatario de una decisión decide interponer recurso de anulación, al juez comunitario sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las partes relativas a otros destinatarios, que no han sido impugnadas, no integran el objeto del litigio que el juez comunitario ha de resolver.

(véase el apartado 112)

9. Para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción. Para declarar que existen repercusiones sobre el mercado, es suficiente que los precios convenidos hayan servido de base para fijar los precios de transacciones individuales, limitando así el margen de negociación de los clientes.

En cambio, no cabe exigir a la Comisión, una vez acreditada la aplicación de los acuerdos del cártel, que demuestre sistemáticamente que tales acuerdos permitieron efectivamente que las empresas implicadas alcanzasen un nivel de precios facturados superior al que habría predominado de no haber existido el cártel. Sería desproporcionado exigir dicha demostración que requeriría recursos considerables puesto que supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez y cuya infalibilidad no está probada en absoluto. En efecto, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel. Éstos no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen una reducción de la multa.

El comportamiento efectivo que pretende haber seguido una empresa carece de pertinencia a la hora de evaluar las repercusiones de un cártel sobre el mercado. Sólo se deben tener en cuenta los efectos que resultan de la infracción en su conjunto. Así, la toma en consideración del comportamiento infractor de una empresa afectada sobre la competencia se utiliza para apreciar su situación individual, pero no tiene repercusión alguna en la inclusión de la infracción en la categoría de las infracciones «muy graves».

En lo que respecta a una infracción de larga duración, es poco probable que las empresas afectadas hayan considerado que las prácticas imputadas carecieran completamente de eficacia o de utilidad.

La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». A este respecto, de la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen, en particular, fijar los precios pueden ser calificados de «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas. La descripción de las infraccion es «muy graves» no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.

(véanse los apartados 126, 128 a 130, 133, 134, 136 y 137)

10. La duración de la infracción es uno de los elementos a tener en cuenta para determinar el importe de la multa que se impondrá a las empresas que hayan infringido las normas de competencia. En lo que respecta a las infracciones de larga duración, la Comisión puede aplicar automáticamente el incremento del porcentaje máximo del 10 % por año del importe calculado por la gravedad de la infracción. En efecto, aunque el punto 1, sección B, párrafo primero, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no prevé un incremento automático, concede un margen de apreciación al respecto a la Comisión.

Nada en las Directrices prohíbe tomar en consideración la duración real de la infracción en el marco del cálculo del importe de la multa. Tal enfoque es totalmente lógico y razonable, y se inscribe en el marco de la facultad de apreciación de la Comisión.

Cuando se demuestra que una empresa conocía los comportamientos ilegales de otros participantes o cuando podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a aceptar el riesgo derivado de los mismos, se considera también responsable, durante todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción. Así, la Comisión puede considerar implícitamente que la duración de la infracción no debe dividirse en función de la intensidad de la participación en la infracción de la empresa demandante en los mercados afectados. Si el papel desempeñado por la empresa de que se trata en el cártel se ha tenido en cuenta correctamente para determinar el importe de partida de la multa, el hecho de que la empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos del cártel no puede tenerse nuevamente en cuenta en la determinación de la duración de la infracción.

El incremento del importe de la multa en función de la duración de la infracción se realiza mediante la aplicación de un determinado porcentaje al importe de partida, que se determina en función de la gravedad del conjunto de la infracción, lo que refleja ya así la distinta intensidad de la infracción. Así pues, no sería lógico tener en cuenta una variación en la intensidad de la infracción durante el período de que se trata a la hora de calcular el incremento de este importe en función de la duración de la infracción. Sigue siendo necesario establecer una distinción entre la duración efectiva de la práctica colusoria y la gravedad de dicha práctica inherente a su propia naturaleza.

(véanse los apartados 147, 148, 150, 152, 156, 157, 159 y 160)

11. Las circunstancias atenuantes establecidas en el apartado 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se basan todas ellas en el comportamiento característico de cada empresa. A efectos de su apreciación procede tener en cuenta no los efectos resultantes de la totalidad de la infracción, que deben tenerse en cuenta en la valoración de sus repercusiones concretas sobre el mercado para evaluar su gravedad, sino el comportamiento individual de cada empresa, para examinar la gravedad relativa de la participación de cada empresa en la infracción.

Por tanto, las empresas deben formular otras alegaciones que puedan demostrar que, durante el período en que tomaron parte en los acuerdos ilícitos, se abstuvieron efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos, que incumplieron clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

(véanse los apartados 178 y 180)

12. El papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa de que se trate de una «actitud reservada», es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia. Entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en unas prácticas colusorias cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios en las prácticas colusorias, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción.

La pequeña dimensión de una empresa sólo constituye una circunstancia significativa que debe tomarse en consideración en determinadas circunstancias. Cuando los dirigentes de dicha empresa asumen la presidencia durante varias reuniones y las organizan, la Comisión puede concluir legítimamente que no existe un comportamiento pasivo: es evidente que convocar reuniones, proponer un orden del día y distribuir documentos preparatorios para tales reuniones es incompatible con la función pasiva de un subordinado que adopta una actitud reservada, puesto que tales iniciativas revelan una actitud favorable y activa de las empresas implicadas en relación con la elaboración, el seguimiento y el control de la práctica colusoria.

La Comisión no está vinculada por una práctica decisoria: el hecho de que en asuntos anteriores haya podido tener en cuenta la situación económica del sector como circunstancia atenuante no implica que necesariamente deba continuar observando esta práctica La Comisión ha de efectuar un análisis individual de las circunstancias propias de cada asunto, sin que esté vinculada por decisiones anteriores que afectan a otros operadores económicos, a otros mercados de productos y servicios o a otros mercados geográficos en distintos períodos de tiempo.

(véanse los apartados 184, 185, 189 y 193 a 195)

13. Del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal resulta que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

Sin embargo, procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituye una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo con éste.

(véanse los apartados 198 y 199)

14. La Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de las multas y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de las empresas implicadas en la investigación realizada por los servicios de esta institución. Con arreglo a la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, la cooperación de una empresa con la Comisión sólo podrá justificar una reducción de la multa si facilita la labor de la Comisión de declarar la existencia de una infracción y poner fin a la misma.

La Comisión no está vinculada por una práctica decisoria anterior cuando concede un cierto porcentaje de reducción por un determinado comportamiento: no está obligada a conceder la misma reducción proporcional al valorar un comportamiento similar en un procedimiento administrativo posterior.

La Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas. En este marco, la Comisión está facultada para efectuar apreciaciones fácticas complejas, como las que se refieren a la cooperación respectiva de las empresas afectadas. La lista de circunstancias que dan lugar a una reducción de la multa, recogida en la sección D, número 2, de la Comunicación sobre cooperación tiene únicamente carácter indicativo.

La Comisión no puede hacer caso omiso de la utilidad de la información aportada, que depende necesariamente de los elementos de prueba en su posesión. Cuando una empresa se limita a confirmar, de manera menos precisa y explícita, información ya facilitada por otra empresa, ello no facilita la labor de la Comisión de manera significativa y excluye una reducción por cooperación del importe de la multa.

La clemencia es una recompensa que la Comisión otorga a la empresa por facilitar la constatación de la infracción, sin importar la fase en la que la empresa aporte su ayuda, tanto si la ayuda consiste en informaciones y elementos de prueba nuevos como si se trata de la admisión de elementos fácticos o de la calificación jurídica de los mismos.

La reducción de la multa por el hecho de haber cooperado, depende principalmente de la calidad y la utilidad de la cooperación aportada que la Comisión evalúa en el marco de su amplio margen de apreciación, el cual sólo puede censurarse si se utiliza de manera manifiestamente excesiva.

Al valorar la colaboración prestada por las empresas implicadas, la Comisión no puede desconocer el principio de igualdad de trato, que sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado.

La evaluación de la utilidad de la cooperación no se basa en una fórmula aritmética que implique de oficio una reducción de al menos el 20 % si los dos guiones de la sección D de la Comunicación sobre cooperación son aplicables.

(véanse los apartados 219 a 225, 238, 246 y 248)

15. El principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulte apropiado y necesario para conseguir el objetivo perseguido.

En el contexto del cálculo de las multas, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores y no hay que atribuir a ninguno de estos factores una importancia desproporcionada en relación con los demás elementos de apreciación.

El principio de proporcionalidad implica en este contexto que la Comisión debe fijar la multa en proporción a los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y, a este respecto, debe aplicar dichos elementos de forma coherente y justificada objetivamente.

Así, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la situación financiera deficitaria de una empresa infractora al determinar el importe de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado. En todo caso, suponiendo que una medida adoptada por una autoridad comunitaria provoque la liquidación de una empresa, tal liquidación de una empresa en su forma jurídica en cuestión, aunque puede perjudicar a los intereses financieros de los propietarios, accionistas o titulares de acciones, no significa sin embargo que los elementos personales, materiales e inmateriales representados por las empresas pierdan también ellos su valor.

Así, ni el Reglamento nº 17, ni el Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, ni las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA establecen que el importe de las multas deba fijarse directamente en función del tamaño del mercado afectado, ya que dicho elemento no es más que un elemento pertinente entre otros.

Si bien las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios global o del volumen de negocios de las empresas en el mercado de que se trate, tampoco se oponen a que dicho volumen de negocios se tenga en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan. El volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la amplitud de la infracción y de la responsabilidad de cada miembro del cártel en el mercado de que se trate. En efecto, constituye un elemento objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia y representa, por tanto, un buen indicador de la capacidad de cada empresa de que se trata de infligir un daño. Sin embargo, no existe un principio de aplicación general según el cual la sanción deba ser proporcionada al volumen de negocios realizado por la empresa gracias a la venta del producto objeto de la infracción.

La Comisión no está obligada a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a dichas empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate. La Comisión no tiene la obligación de determinar el importe de la multa teniendo en cuenta el tamaño de las empresas implicadas; no existe razón alguna para tratar a las pequeñas y medianas empresas de forma diferente que al resto de empresas, ya que este hecho no les exime de su deber de cumplir las reglas de competencia.

(véanse los apartados 260, 261, 264, 266, 267, 275 y 277 a 283)