Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Art. 258 TFUE)

2. Libre circulación de capitales — Restricciones — Derecho de sociedades

(Arts. 56 CE, ap. 1, 58 CE y 86 CE, ap. 2)

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1. Las partes no pueden modificar durante el procedimiento el objeto del litigio y la fundamentación del recurso sólo debe examinarse en relación con las pretensiones contenidas en el escrito de interposición del recurso. Por otro lado, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento de dicho Tribunal, la Comisión tiene que indicar, en todo recurso presentado en virtud del artículo 258 TFUE, los cargos precisos sobre los cuales este Tribunal de Justicia está llamado a pronunciarse, así como, al menos en forma sumaria, los elementos de hecho y de Derecho sobre los que se basan dichos cargos. No obstante, el hecho de que la Comisión, en el marco de un recurso por incumplimiento, haya detallado en el escrito de réplica una imputación que había formulado de manera más general en el recurso, haciendo referencia, a modo de argumento adicional para mostrar el fundamento de su imputación, a otro derecho del que dispone un Estado en una sociedad privatizada, no modifica el objeto del incumplimiento imputado ni, por tanto, tiene incidencia en el alcance del litigio.

(véanse los apartados 20, 21 y 23)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE el Estado miembro que mantiene en una sociedad anónima derechos especiales previstos en favor de dicho Estado y de otras entidades públicas, atribuidos en relación con acciones privilegiadas («golden shares») poseídas por dicho Estado en el capital social de la referida sociedad, relativos a la no aplicación del límite de voto del 5 % previsto para las votaciones de otros accionistas, al derecho de nombrar a un administrador de la sociedad, cuando el Estado haya votado en contra de la lista de administradores aprobada por dicha sociedad y al derecho de veto respecto de los acuerdos de la junta general de accionistas referentes a:

a) la modificación de los estatutos, incluidos los relativos al aumento de capital, la fusión, la escisión y la disolución,

b) la celebración de contratos «de grupo paritário» y de «subordinação»,

c) la supresión o limitación del derecho preferente de los accionistas en los aumentos de capital.

En efecto, en la medida en que el derecho de veto confiere al referido Estado una influencia sobre la gestión y control de la sociedad que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene en dicha sociedad, puede disuadir a los operadores de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas en esta última al no poder participar en la gestión y el control de dicha sociedad de modo proporcional al valor de sus acciones. Asimismo, el derecho de veto controvertido puede generar un efecto disuasorio sobre las inversiones de cartera en la sociedad en la medida en que la negativa del Estado de que se trate a la aprobación de un acuerdo importante, que los órganos de la sociedad hayan presentado como beneficiosa para los intereses de ésta, puede, en efecto, pesar sobre el valor de las acciones de dicha sociedad y, por lo tanto, sobre el aliciente de una inversión en tales acciones.

En lo tocante a la limitación del 5 % en el ejercicio por todo accionista de los derechos de voto inherentes a las acciones ordinarias que posea, con excepción del Estado, que no está sometido a dicha limitación, los derechos de voto correspondientes a las acciones constituyen uno de los principales medios de participación del accionista en la gestión de una empresa o en su control. En consecuencia, cualquier medida encaminada a impedir el ejercicio de tales derechos o a someterlo a condiciones puede disuadir a los inversores de otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas afectadas y constituye una restricción a la libre circulación de capitales. Por otra parte, las restricciones de voto son un instrumento que puede limitar la posibilidad de los inversores directos de participar en la sociedad para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos con ésta, que permitan participar de forma efectiva en su gestión o en su control, que reducen el interés en adquirir una participación en el capital de una sociedad.

Por lo que se refiere al derecho de nombrar a un administrador, tal derecho constituye una restricción a la libre circulación de capitales en la medida en que semejante derecho específico es una excepción al Derecho común de sociedades y ha sido establecido por una medida legislativa nacional únicamente en beneficio de los actores públicos. Si bien es cierto que esta facultad puede ser atribuida por la ley como derecho de una minoría cualificada, en tal caso, debe ser accesible a todos los accionistas y no reservarse exclusivamente al Estado. En efecto, al limitar la posibilidad de los accionistas distintos del Estado de participar en la sociedad para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos con ésta, que permitan participar de forma efectiva en su gestión o en su control, el derecho de nombrar a un administrador puede disuadir a los inversores directos de otros Estados miembros de invertir en el capital de esa sociedad.

Por lo que se refiere a las excepciones permitidas por el artículo 58 CE, ciertamente, la necesidad de garantizar la seguridad del abastecimiento energético del Estado miembro de que se trate en caso de crisis, guerra o terrorismo, puede constituir una razón de seguridad pública en el sentido del artículo 58 CE. No obstante, las exigencias de seguridad pública, en particular, como excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales, deben interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda determinar unilateralmente su alcance sin control por parte de las instituciones de la Unión. Por tanto, la seguridad pública sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Cuando un Estado se limita a invocar el motivo relativo a la seguridad del abastecimiento energético, sin precisar las razones exactas por las que considera que cada uno de los derechos especiales controvertidos o todos ellos permiten evitar tal menoscabo a un interés fundamental de la sociedad, no puede admitirse una justificación basada en la seguridad pública.

Por otra parte, respecto a la proporcionalidad de la restricción controvertida, la incertidumbre, causada por el hecho de que el ejercicio de los derechos especiales que confiere al Estado la posesión de acciones privilegiadas del capital social de la sociedad no está sujeto a ningún requisito ni circunstancia específica y objetiva, constituye un menoscabo considerable de la libre circulación de capitales en la medida en que confiere a las autoridades nacionales, respecto del ejercicio de los referidos derechos, un margen de apreciación con tal carácter discrecional que dicho margen no puede considerarse proporcionado en relación con los objetivos perseguidos.

Por último, el artículo 86 CE, apartado 2, no es aplicable a las citadas disposiciones nacionales y, por tanto, no puede ser invocado para justificar tales disposiciones en la medida en que éstas constituyen restricciones a la libre circulación de capitales consagrada por el Tratado. En efecto, el artículo 86 CE, apartado 2, interpretado en relación con el apartado 1 del mismo artículo, puede invocarse para justificar la concesión, por parte de un Estado miembro, a una empresa encargada de la gestión de servicios de interés económico general, de derechos especiales o exclusivos contrarios a las normas del Tratado, en la medida en que el cumplimiento de la misión específica a ella confiada no pueda garantizarse sino mediante la concesión de tales derechos y siempre que el desarrollo de los intercambios comerciales no resulte afectado de una forma contraria al interés de la Unión. Sin embargo, ése no es el objeto de una normativa nacional que atribuye a un Estado miembro derechos especiales en una sociedad anónima en relación con las acciones privilegiadas poseídas por dicho Estado en el capital social de esa sociedad.

(véanse los apartados 56 a 58, 62 a 64, 84, 85, 87, 90 y 92 a 97 y el fallo)