SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 14 mayo de 1996

Asunto T-82/95

Carmen Gómez de Enterria y Sánchez

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Cese en el puesto de trabajo — Artículo 50 del Estatuto — Defensa de los intereses del funcionario afectado»

Texto completo en lengua francesa II-599

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión por la que se cesa a la parte demandante en su puesto de trabajo, con arreglo al artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

La demandante era Director General, de grado A 1, en la Dirección General de la Traducción y de Servicios Generales del Parlamento Europeo.

El 30 de noviembre de 1994, la Mesa del Parlamento (Mesa) decidió adoptar con respecto a cuatro funcionarios propuestos por el Secretario General, entre los que se hallaba la demandante, una medida de cese en sus puestos de trabajo, con arreglo al artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), en una fecha que habría de decidir el Presidente del Parlamento, a propuesta del Secretario General, previa audiencia de los interesados. En la misma fecha, el Presidente informó a los interesados de la decisión y les instó a ponerse en contacto con el Secretario General para que formularan sus observaciones. Mediante escrito de 1 de diciembre de 1994, la demandante solicitó una entrevista con el Secretario General. Esta se celebró el 7 de diciembre de 1994. El 12 de diciembre de 1994, la demandante presentó por escrito sus observaciones acerca de la aplicación con respecto a ella del artículo 50.

Mediante escrito de 19 de diciembre de 1994, el Presidente del Parlamento confirmó la decisión de cese en el puesto de trabajo, que debía entrar en vigor el 31 de marzo de 1995.

El 21 de febrero de 1995, la demandante presentó una reclamación contra la referida decisión, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.

El 13 de marzo de 1995, la demandante interpuso el presente recurso así como, mediante documento separado, una demanda con objeto de conseguir la suspensión de la ejecución de la decisión por la que se la cesaba en su puesto de trabajo. El 11 de abril, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia dictó un auto mediante el cual desestimó la citada demanda (Gómez de Enterría/Parlamento, T-82/95 R, RecFP p. II-297).

Mediante escrito de 13 de julio de 1995, el Presidente del Parlamento denegó expresamente la reclamación presentada por la demandante.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones

Al ser de orden público los requisitos de admisibilidad, procede señalar que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada, incumbe a las Instituciones, conforme al artículo 176 del Tratado CE, adoptar las medidas necesarias para la plena ejecución de una sentencia de anulación, y que el Tribunal de Primera Instancia carece de competencia para dirigir a las Instituciones órdenes conminatorias a dicho fin. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones en la medida en que la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare, por una parte, que deberá ser reincorporada al puesto de trabajo en el que fue cesada, o a otro similar y, por otra, que se le abonen las retribuciones atrasadas que se le puedan adeudar, junto con los intereses que el Tribunal de Primera Instancia decida (apartado 16).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 30 de noviembre de 1994, G/Comisión (T-588/93. RecFPp. II-875), apartado 26

Sobre el fondo

En lo relativo al primer motivo, fundado en la violación de los derechos de defensa de la demandante, en la medida en que no se le dio la posibilidad de defender adecuadamente sus intereses

Con carácter preliminar, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlamento, este organismo ejerce las atribuciones conferidas por el Estatuto a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) relativas a la aplicación del artículo 50 del Estatuto (apartado 26).

Es jurisprudencia reiterada que las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación en lo referente a las decisiones por las que se cesa en sus puestos de trabajo a los funcionarios de grados A 1 y A 2. El ejercicio de esta facultad discrecional, atribuida en términos amplísimos, exige que el funcionario con respecto al cual se prevé adoptar una medida de esta índole haya tenido previamente la oportunidad de alegar adecuadamente sus intereses (apartado 27).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de junio de 1971, Almini/Comisión (19/70, Rec. p. 623), apartados8 a 11; Tribunal de Justicia, 11 de mayo de 1978, Oslizlok/Comisión(34/77, Rec. p. 1099), apartados 16 y 17

Este Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar si la AFPN, antes de adoptar la decisión impugnada, tomó en consideración las observaciones formuladas por la demandante, según exige la jurisprudencia antes citada (apartado 28).

Este Tribunal de Primera Instancia estima que debe interpretarse el tenor literal del acta de la reunión celebrada por la Mesa en el sentido de que este organismo, en el momento de adoptar su decisión de 30 de noviembre de 1994, entendió que no pueden adoptarse decisiones definitivas de cese en sus puestos de trabajo con respecto a funcionarios determinados sin que, previamente, se les haya dado la oportunidad de alegar adecuadamente sus intereses. A tenor del escrito del Presidente del Parlamento de la misma fecha, la Mesa tenía previsto adoptar con respecto a la demandante una medida de cese en su puesto de trabajo. Sin embargo, se instaba a ésta a ponerse en contacto con el Secretario General del Parlamento con el fin de examinar las posibilidades de ser destinada a otro puesto de trabajo de su categoría o servicio perteneciente a su grado, como prevé el párrafo tercero del artículo 50 del Estatuto, y el Presidente señalaba que la demandante tendría entonces la oportunidad de alegar sus intereses. Finalmente, el Presidente rogaba a la demandante que tuviera a bien exponerle sus posibles observaciones. De conformidad con dichos requerimientos, la demandante solicitó una entrevista con el Secretario General del Parlamento, la cual se celebró el 7 de diciembre de 1994. El 12 de diciembre de 1994, la demandante formuló sus observaciones por escrito. Del escrito del Presidente del Parlamento de 19 de diciembre de 1994, por el que se confirmaba la decisión de la Mesa de 30 de noviembre de 1994 y se fijaba la fecha en que habría de entrar en vigor dicha decisión se desprende que el Presidente había tomado nota de las observaciones escritas de la demandante y que había sido informado asimismo del contenido de la entrevista celebrada el 7 de diciembre de 1994 (apartados 29 a 31).

En estas circunstancias, y considerando el hecho de que la Mesa ejerce las funciones de la AFPN en lo relativo a las decisiones por las que se aplica el artículo 50 del Estatuto, este Tribunal de Primera Instancia entiende que no puede estimarse que la demandante haya tenido la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos más que si sus observaciones escritas y/u orales hubieran llegado a conocimiento de la AFPN, es decir de la Mesa, antes de adquirir firmeza la decisión por la que se la cesaba en su puesto de trabajo. Consta en autos que la Mesa se reunió los días 12 y 13 de diciembre de 1994. Sin embargo, el acta de dicha reunión no contiene ningún dato que permita acreditar, ni siquiera pensar, que hubieran llegado a conocimiento de la Mesa las observaciones escritas y/u orales de la parte demandante o que, por lo menos, hubiera existido un cambio de impresiones acerca de las reacciones de ésta frente a la decisión adoptada por la Mesa en su reunión del 30 de noviembre de 1994. Durante la vista, el Parlamento confirmó expresamente que no podía remitirse a los medios de prueba susceptibles de acreditar que, con anterioridad al 19 de diciembre de 1994, se hubiera informado a la Mesa de las observaciones presentadas por la demandante (apartado 32).

Referencia: Oslizlok/Comisión, antes citada, apartado 26

En esta situación, es forzoso reconocer que a la demandante no se le dio la oportunidad de defender adecuadamente sus intereses, lo cual presupone precisamente que la AFPN había sido informada de las observaciones formuladas por el funcionario interesado antes de que se adoptara la decisión definitiva por la que se aplicaba con respecto a éste el artículo 50 del Estatuto. Esta afirmación no resulta desvirtuada por el hecho de que, según afirmó el Parlamento durante la vista, con ocasión de una reunión celebrada el 2 de febrero de 1995, se informara a la Mesa del desarrollo del procedimiento de aplicación del artículo 50 del Estatuto. En efecto, no puede considerarse que una posible información de la Mesa, producida más de un mes después de que la decisión de cese en el puesto de trabajo se viera confirmada mediante el escrito del Presidente del Parlamento, hubiera tenido lugar a su debido tiempo. Por lo demás, el acta de la reunión celebrada por la Mesa el 2 de febrero de 1995 no contiene ningún dato que permita apoyar la afirmación del Parlamento según la cual, durante la citada reunión, se informó a dicho organismo del desarrollo del procedimiento (apartado 33).

Debe señalarse además que el Parlamento no ha afirmado que a la demandante se le diera la oportunidad de defender adecuadamente sus intereses antes de que la Mesa adoptara su decisión de 30 de noviembre de 1994. Además, aun suponiendo, por una parte, que la demandante hubiera tenido la posibilidad de formular sus observaciones con ocasión de las dos entrevistas que mantuvo con el Secretario General del Parlamento antes del 30 de noviembre de 1994 y, por otra parte, que el hecho de que hubiera tenido ocasión de exponer oralmente sus observaciones fuera suficiente para permitir al funcionario interesado alegar adecuadamente sus intereses, es forzoso reconocer que, en el acta de la reunión de la Mesa de 30 de noviembre de 1994, no hay ningún dato que permita afirmar que este organismo hubiera sido informado acerca de las posibles observaciones formuladas por la demandante. Además, según se ha señalado ya, tanto el acta antes citada como el escrito del Presidente del Parlamento de 30 de noviembre de 1994 presuponen que la demandante debía tener la oportunidad de alegar sus intereses, lo cual confirma que, con anterioridad, no se le dio dicha posibilidad (apartado 34).

Por consiguiente, este Tribunal de Primera Instancia no puede sino reconocer que a la demandante no se le dio, en su debido momento, la posibilidad de alegar adecuadamente sus intereses con respecto a la medida por la que se la cesaba en su puesto de trabajo. De ello se desprende que procede anular la decisión por la que se cesó a la demandante en su puesto de trabajo, sin que sea necesario pronunciarse acerca de los demás motivos planteados (apartados 35 y 36).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto que se dicten órdenes conminatorias dirigidas al Parlamento Europeo.

Se anula la decisión por la que se cesa a la demandante en su puesto de trabajo, que le fue comunicada mediante escritos del Presidente del Parlamento de 30 de noviembre y de 19 de diciembre de 1994.