II.

Sobre una serie de problemas que plantean estas cuestiones, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado con anterioridad. Por esta razón, antes de examinar cada una de ellas, me parece oportuno recordar la grandes líneas de esta jurisprudencia. En su sentencia de 8 de abril de 1976, Royer (48/75,↔ Rec. p. 497), este Tribunal declaró, en relación con el derecho de residencia de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro: «El derecho de los nacionales de un Estado miembro a entrar en el territorio de otro Estado miembro y a residir en él lo confiere directamente el Tratado -en particular sus artículos 48, 52 y 59— o, en su caso, las disposiciones adoptadas para su apliación, a toda persona que se encuentre comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, con independencia de que el Estado de acogida le expida una autorización de residencia.» Sobre la naturaleza jurídica de la tarjeta de estancia de que se trata en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE del Consejo de 15 de octubre de 1968 (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), el Tribunal de Justicia declaró que este documento no era un acto constitutivo de derechos, sino que estaba destinado únicamente a que el Estado miembro reconociera la situación individual de un nacional de otro Estado miembro en relación con las disposiciones del Derecho comunitario (asunto 48/75, antes citado, apartado 33, p. 513). En el mismo asunto, el Tribunal de Justicia declaró que la tarjeta de residencia servía tan sólo para probar el derecho de residencia y que debía ser expedida a todo el que probara su. pertenencia a una de las categorías de personas que tienen tal derecho (asunto 48/75, antes citado, apartados 34 a 36 y 37 y apartado 2 del fallo). En cuanto a la cuestión de las condiciones en que los nacionales de otro Estado miembro pueden quedar sujetos a las medidas de la policía de extranjeros, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto 48/75, antes citado (apartado 42, p. 514): «Por otra parte, el Derecho comunitario no impide que, en caso de infracciones a las disposiciones nacionales sobre el control de extranjeros, los Estados miembros impongan las sanciones adecuadas —distintas de la decisión de expulsión del territorio-necesarias para garantizar la eficacia de sus disposiciones.» Este derecho de los Estados miembros a aplicar y ejecutar medidas de policía de extranjeros incluso en relación con los nacionales de otros Estados miembros, fue expresamente confirmado por este Tribunal de Justicia en su sentencia de 7 de julio de 1976, Watson y Belmann (118/75,↔ Rec. pp. 1185 y ss., especialmente p. 1198), apartados 17 y 18. En relación con posibles sanciones, el Tribunal de Justicia declaró (véase el apartado 21, p. 1199): «En cuanto a las otras sanciones, como la multa o la privación de libertad, si bien las autoridades nacionales pueden someter el incumplimiento de las disposiciones relativas a la declaración de presencia de los extranjeros a sanciones comparables a las que se aplican a las infracciones nacionales de la misma importancia, no estaría sin embargo justificado establecer a este respecto sanciones tan desproporcionadas a la gravedad de la infracción que se conviertan en un obstáculo a la libre circulación de personas.» A la luz de esta jurisprudencia, el examen de las cuestiones que han sido sometidas al Tribunal de Justicia me lleva a señalar lo siguiente: 1. La primera cuestión parte de la idea, conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de que la tarjeta de estancia prevista en el artículo 4 de la Directiva 68/360 del Consejo y que en la cuestión presentada se denomina «documento de estancia», tiene un efecto puramente declarativo. Esta precisión y esta formulación subrayan de modo explícito el carácter jurídico particular de este documento que lo distingue de la autorización de residencia prevista por la Ley alemana sobre los extranjeros, que tiene, por su parte, efecto constitutivo. La caducidad de una autorización de residencia en el sentido del apartado 1 del artículo 2 de la Ley alemana sobre los extranjeros implica automáticamente la extinción del derecho del extranjero a residir en la República Federal de Alemania. La caducidad de la tarjeta de estancia prevista en el artículo 4 de la Directiva 68/360 del Consejo, por el contrario, tiene únicamente por consecuencia privar a su titular de la prueba escrita de su derecho de residencia que de hecho subsiste sin modificación, ya que el interesado puede, por lo demás, exigir que dicho documento de prueba sea prorrogado o renovado. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, la tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE se asemeja más al documento de identidad que se expide a los nacionales que a la autorización general de residencia prevista por la Ley alemana sobre los extranjeros. Estas consideraciones generales bastan ya, en mi opinión, para excluir cualquier asimilación de los dos títulos de residencia desde el punto de vista administrativo y penal. Más concretamente la cuestión tiene por objeto determinar si las disposiciones penales de los párrafos primero y segundo del apartado 1 del artículo 47 de la Ley alemana sobre los extranjeros son aplicables a la tarjeta de estancia contemplada por el artículo 4 de la Directiva del Consejo 68/360. Al respecto, la Comisión observó oportunamente que la ampliación de la cuestión al párrafo primero del apartado 1 del artículo 47 (entrada sin autorización de residencia) se debía sin duda a un error. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 2 de la Ley alemana sobre la entrada y residencia de los nacionales de la CEE de 22 de julio de 1969, las personas que gozan del derecho de libre circulación pueden efectivamente entrar en la República Federal de Alemania sin ser titulares de una autorización de residencia. Como, por otra parte, las disposiciones de dicha Ley priman, según su artículo 15, sobre la Ley alemana sobre los extranjeros, el propio Derecho nacional de la República Federal de Alemania no considera punible el hecho de que las personas cuyos derechos derivan del artículo 48 del Tratado CEE, entren en la República Federal sin autorización de residencia. En lo que se refiere ahora al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 47 de la Ley alemana sobre los extranjeros, no incumbe al Tribunal de Justicia interpretar esta disposición del Derecho alemán para saber si hay que entender por «autorización de residencia» el derecho material de residencia o si este concepto comprende igualmente el documento que se limita a confirmar un derecho de residencia ya existente. El hecho de que la tarjeta de estancia prevista por el artículo 4 de la Directiva 68/360 del Consejo no esté comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición penal de la Ley general alemana sobre los extranjeros deriva de consideraciones del Derecho comunitario. Según la norma general establecida en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE, consagrada en particular para los trabajadores en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado CEE, está prohibida toda discriminación o desigualdad de trato entre los nacionales de los Estados miembros por razón de la nacionalidad. Así pues, los nacionales de los Estados miembros deben asimilarse, en principio, a los nacionales propios. Como ya se ha indicado, el documento especial de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE se asemeja más, desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, a los documentos de identidad expedidos a los nacionales que a la autorización general de residencia prevista por la Ley alemana sobre los extranjeros. Cuando un nacional propio incumple su obligación de estar en posesión, de un documento de identidad, conforme al Derecho alemán, sólo puede ser condenado a una multa por una infracción administrativa. La gravedad de la infracción cometida por un nacional de otro Estado miembro de la CEE, que incumple su obligación de poder probar un derecho material de residencia existente, no debe ser enjuiciado de otro modo. Este punto de vista está, por lo demás, en la línea de la actual jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Este, ciertamente, declaró lícitas, como se ha recordado la aprobación y aplicación de las disposiciones de policía de extranjeros, incluso respecto a los nacionales de los Estados miembros de la CEE, pero en cuanto a las sanciones subrayó expresamente que éstas debían estar de acuerdo con el principio de igualdad de trato con los nacionales y al de proporcionalidad de los medios (véase el asunto 118/75, antes citado, apartados 21 y 22, p. 1199). Una interpretación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 47 de la Ley alemana sobre los extranjeros en el sentido de que esta disposición se aplicase igualmente a la tarjeta de estancia prevista en el artículo 4 de la Directiva del Consejo 68/360 constituiría, ante todo, una infracción de la prohibición establecida en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE. En segundo lugar, semejante interpretación llevaría a aplicar penas completamente desproporcionadas con la gravedad del incumplimiento de las formalidades dispuestas por la legislación sobre los extranjeros y de este modo constituiría un obstáculo directo a la libre circulación garantizada por el Derecho comunitario, lo que constituiría igualmente una violación del Tratado CEE. 2. Sobre la segunda cuestión hay que observar que parte del supuesto erróneo de que la aplicación de la disposición penal del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 47 de la Ley alemana sobre los extranjeros podría depender del tipo de autorización de residencia elegido por la autoridad que expide este documento. Como el derecho de residencia de los nacionales de los Estados miembros deriva directamente del Tratado o de las disposiciones comunitarias adoptadas para su ejecución, la naturaleza jurídica de este derecho no podría modificarse, por ejemplo, cuando la autoridad competente expide por error una autorización general de residencia prevista por la Ley alemana sobre los extranjeros. Como además, según ha declarado también la jurisprudencia, un nacional de un Estado miembro cuyo derecho de residencia deriva del artículo 48 del Tratado CEE, puede exigir jurídicamente el documento especial de estancia previsto por el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 68/360 del Consejo y la expedición de una autorización general de estancia en el sentido del apartado 1 del artículo 2 de la Ley alemana sobre los extranjeros constituiría igualmente una violación del Derecho comunitario. 3. En lo que se refiere a la tercera cuestión, puedo ser muy breve. De acuerdo con lo que observé sobre la primera cuestión, la desigualdad de trato examinada en la tercera cuestión constituye evidentemente una violación de la prohibición de discriminación establecida por el párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE. 4. En lo que se refiere a la cuarta cuestión, su respuesta es consecuencia, igualmente, de las observaciones expuestas sobre la primera. Más aún, es evidente que una primera condena contraria al Derecho comunitario no puede, como la Comisión ha señalado oportunamente, influir sobre la valoración del mismo hecho en caso de nuevas actuaciones.