2.

El Gobierno de la República Francesa opina que la no tributación al IVA de los transportes entre la Francia continental y Córcega respecto a la parte del trayecto, marítimo o aéreo, efectuada en o sobre aguas internacionales es conforme con las disposiciones de la letra b) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva. Por consiguiente, considera que la Comisión no tiene fundamentos para exigir de la República Francesa la compensación en concepto de recursos propios IVA, con arreglo al Reglamento no 2892/77, respecto a la parte del trayecto situada fuera del territorio continental, ya que tal compensación sólo corre a cargo de los Estados miembros respecto a la parte de los transportes exenta conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Sexta Directiva. En apoyo de su tesis, el Gobierno de la República Francesa alega, en primer lugar, que el principio de territorialidad del IVA, en virtud del cual este Impuesto sólo puede aplicarse a las actividades que se desarrollen en el territorio nacional, se opone a la tributación de los transportes efectuados en aguas internacionales y en el espacio aéreo situado sobre éstas. En efecto, en virtud de principios admitidos en Derecho internacional, la soberanía de un Estado se extiende al conjunto del territorio terrestre, incluidas las vías fluviales así como las aguas interiores y el mar territorial, al igual que la integridad del espacio aéreo que se extiende sobre el territorio terrestre y marítimo del Estado, a excepción, no obstante, del mar internacional y del espacio aéreo situado sobre éste. Estos principios no han sido, en absoluto, cuestionados por el Derecho comunitario y el apartado 1 del artículo 3 de la Sexta Directiva consagra expresamente el principio de la territorialidad del IVA, de manera que las aguas internacionales no entran dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado CEE. Además, al ser el término «lugar» empleado en la letra b) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva un concepto geográfico que permite situar un transporte en el interior del territorio del Estado miembro en el que se desarrolla y puesto que las aguas internacionales no forman parte del territorio del Estado afectado, de ello resulta que el IVA no es aplicable a las prestaciones de transporte que se efectúen en el espacio aéreo o marítimo internacional y que, por tanto, la no tributación de esta parte del transporte no se rige, en absoluto, por las disposiciones transitorias del apartado 3 del artículo 28 de la Sexta Directiva, que conceden a los Estados miembros la facultad de continuar considerando exentas determinadas operaciones. El Gobierno de la República Francesa añade que el Derecho comunitario no contiene, en su estado actual, ninguna norma imperativa de tributación de las actividades de transporte efectuadas en o sobre aguas internacionales. A este respecto subraya, en primer lugar, que fue por razones prácticas, y no porque se hubiera reconocido a esta regla un fundamento jurídico, por lo que, en el transcurso de la Decimosexta reunión del Comité consultivo del IVA, la gran mayoría de las delegaciones se pronunciò a favor de que los transportes marítimos o aéreos que se efectúan en parte en o sobre aguas internacionales sean considerados como realizados en el interior del país. Además, el proyecto de enmienda de la letra b) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, que figura en la propuesta de Decimonovena Directiva, no constituye una simple precisión, como pretende la Comisión, sino que aporta una modificación sustancial al régimen de la territorialidad del IVA, lo que confirma, por tanto, lo acertado dé la tesis francesa, según la cual el Derecho comunitario actualmente en vigor no somete a tributación los transportes efectuados en aguas internacionales y en el espacio aéreo situado sobre éstas. Por otra parte, el Gobierno de la República Francesa sostiene que, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Berkholz y Trans Tirreno Express, ya citadas), se desprende que el someter a tributación las prestaciones de transportes entre dos puntos del territorio nacional, cuando el trayecto se efectúe en parte fuera^de éste, no constituye, en absoluto, una obligación que se deduzca del estado actual del Derecho comunitario, sino una simple facultad que los Estados miembros pueden ejercer, o no, demanera puramente discrecional. El Gobierno de la República Francesa subraya que, en la sentencia Trans Tirreno Express (ya citada), al afirmar que el régimen de la Sexta Directiva se aplica obligatoriamente al conjunto del territorio nacional de los Estados miembros, el Tribunal de Justicia reafirmó expresamente el principio de la territorialidad del IVA, declarando que la letra b) del apartado 2 del artículo 9 «no se opone» a la aplicación del IVA a las actividades en cuestión, lo que viene a apoyar la idea según la cual la no tributación de las actividades de transporte efectuadas fuera del territorio de un Estado miembro constituye la norma. El Gobierno de la República Francesa añade que la opinión del Abogado General Sir Gordon Slynn en el asunto Trans Tirreno Express (ya citado), invocada por la Comisión y. según la cual no sería normal que la forma de aplicarse un impuesto fuera diferente según el transporte se realizara por tierra o por mar entre los dos mismos puntos de un Estado miembro, no refleja el estado actual del Derecho comunitario y, por otra parte, no resulta apropiada en este caso, ya que sería imposible trasladarse a Córcega tomando un medio de transporte terrestre. Por último, el Gobierno de la República Francesa sostiene que la obligación impuesta á Portugal, como consecuencia de la autorización para que este país asimilara a los transportes internacionales los transportes marítimos y aéreos entre el continente portugués y el archipiélago de las Azores o la isla de Madeira (apartado 15 del artículo 15 de la Sexta Directiva), de compensar la pérdida del IVA en el nivel de recursos propios, conforme al artículo 374 del Acta de adhesión, no puede ser invocada por la Comisión en apoyo de su tesis. En efecto, esta norma, que implica una excepción al principio del artículo 2 del Reglamento no 2892/77, según el cual, las operaciones que sean objeto de una exención en virtud de los artículos 13 a 16 de la Sexta Directiva normalmente están excluidas de la base de los recursos propios IVA, constituye, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 28 de abril de 1988, LAISA, 31/86 y 35/86, Rec. 1988, p. 2285, apartado 15), una disposición específica destinada a resolver dificultades inherentes a la adhesión, tanto para la Comunidad como para el Estado solicitante, y, en ningún caso, puede poner en tela de juicio el Derecho común en materia de aplicación del IVA frente a los demás Estados miembros. El Gobierno de la República Francesa deduce de ello que los transportes marítimos o aéreos entre la Francia continental y Córcega están situados fuera del ámbito de aplicación territorial del IVA y no dan lugar a un pago compensatorio en concepto de recursos propios IVA, por no haber disposiciones expresas del Derecho comunitario vigente en este sentido.