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21.

Por lo que atañe a la denegación de una solicitud de protección internacional, el órgano jurisdiccional remitente considera, haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de julio de 2011, Samba Diouf, ( 10 ) que el artículo 39 de la Directiva 2005/85 no obliga a prever un procedimiento de apelación. No obstante, en su opinión, ello no excluye que las razones por las que un recurso en primera instancia comporta un efecto suspensivo automático puedan justificar que un Estado miembro opte por iniciar un recurso de apelación también provisto de dicho efecto suspensivo automático, en cuanto que, como la apelación no ha sido resuelta, no puede establecerse que el demandante no corra ningún riesgo, en el sentido del artículo 4 de la Carta, en caso de retorno a su país de origen.
58.

La Comisión sostiene que, en las circunstancias del litigio principal, la Administración tributaria no está en posesión de la información necesaria para comprobar que se han cumplido los requisitos materiales, dado que en los años posteriores, entre 2007 y 2009, el demandante no se registró a efectos del IVA, no ingresó el correspondiente impuesto, no declaró el inicio de la actividad económica, no presentó la declaración tributaria y no recopiló las facturas ni las conservó durante diez años, conforme dispone la normativa tributaria rumana o, al menos, hasta el final del plazo de prescripción de cinco años. Excepción hecha de la conservación de los recibos de caja que no resultaban legibles, el demandante no cumplió la obligación de llevar la contabilidad.
105.

En la primera parte, la Comisión observa que las modalidades del control ex post, que conllevan una verificación limitada de la conformidad del vehículo con el tipo homologado, requieren necesariamente que los vehículos individuales se ajusten de manera precisa a sus tipos homologados, así como que estos últimos sean conformes con los requisitos técnicos vigentes en el momento de su homologación. Por ello, las normas relativas a la homologación disponen, en primer lugar, que un tipo ya homologado no puede recibir una nueva homologación (artículo 6, apartado 6, de la Directiva marco). ( 28 ) En segundo lugar, tales normas prevén la asignación a cada tipo homologado de un número de identificación que indica la situación jurídica vigente en el momento de la homologación, que no debe confundirse (anexos II, punto 7, y VII de la Directiva marco), y la expedición a cada vehículo comercializado de un certificado de conformidad que también incluye información sobre dicha situación jurídica (anexo X de la Directiva marco). De ello se desprende, según la Comisión, que el sistema de control ex post definido en la Directiva marco, en particular en los artículos 12 y 30, contiene una «prohibición de sustitución de la homologación» implícita, que se ve vulnerada por la estimación de las solicitudes de Daimler por parte de la KBA.
11.

El artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 680/2007 y (CE) n.o 67/2010, ( 7 ) establece lo siguiente: «Concesión de ayuda financiera de la Unión 1. Después de cada una de las convocatorias de propuestas [...], la Comisión, de acuerdo con el procedimiento de examen mencionado en el artículo 25, decidirá la cuantía de la ayuda financiera que se concederá a los proyectos seleccionados o partes de ellos. [...] 2. La Comisión notificará a los beneficiarios y a los Estados miembros interesados las ayudas financieras que vayan a ser concedidas.»
«1)

A efectos del principio de equivalencia entre trabajadores temporales e indefinidos ¿deben considerarse “situaciones comparables” la extinción del contrato de trabajo por “circunstancias objetivas” ex art.49.1 c) ET y la derivada de “causas objetivas” ex art.52 ET, y por tanto la diferencia indemnizatoria en uno y otro supuesto constituye una desigualdad de trato entre trabajadores temporales e indefinidos, prohibida por la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada?
119.

ClientEarth, con el apoyo del Gobierno finlandés, sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en los apartados 113 a 127 de la sentencia recurrida, al establecer criterios que hacen que la presunción general de confidencialidad tenga un carácter iuris et de iure. Más concretamente, considera que al declarar en el apartado 120 de esa sentencia que las alegaciones de la recurrente en casación basadas, en particular, en la falta de demostración de un riesgo real de presión pública, en el carácter no sensible de los documentos controvertidos y en la falta de pertinencia del hecho de que los procesos de toma de decisiones se encuentren en una fase temprana, no podían en modo alguno destruir esa presunción general, debido a que esas alegaciones sólo tenían por objeto criticar el carácter general de la fundamentación de las decisiones controvertidas y que no aportaban elementos concretos que permitieran destruir dicha presunción general, el Tribunal General la convirtió en una presunción iuris et de iure.
26.

Este problema no es exclusivo del procedimiento de exclusión forzosa, sino que se plantea en relación con otros conceptos del Derecho de sociedades, como, por ejemplo, el deber de lealtad de los administradores. Sobre la base de la consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la que me he referido en el punto 24 de las presentes conclusiones, el deber de lealtad es un compromiso que el administrador asume frente a la sociedad desde el momento en que acepta libremente ejercer su cargo. En este sentido, cualquier demanda de la sociedad o de un accionista que tuviera por objeto que se declarase que un administrador ha incumplido ese deber estaría comprendida en el ámbito del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 44/2001 aunque dicho deber no tiene un lugar de ejecución específico en el sentido de dicha disposición, pues resulta aplicable en todas partes. Por lo tanto, es imposible determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado en particular sobre la base de dicha disposición.
45.

Esta misma necesidad fue subrayada por el Consejo de Europa en el informe: «Una justicia penal de menores adaptada a los niños: de la retórica a la realidad». ( 15 ) En dicho informe, el Consejo de Europea concreta aún más e insta a los Estados miembros, en particular, a que fijen una edad mínima de responsabilidad penal que sea, al menos, de 14 años, definiendo una variedad de soluciones adaptadas a los delincuentes más jóvenes para sustituir a las acciones penales tradicionales, y a que garanticen que la detención de menores se utilice tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve posible, en particular estableciendo medidas y sanciones alternativas no privativas de libertad en sustitución de la prisión provisional y del encarcelamiento posterior al proceso, como las advertencias o las amonestaciones, las medidas educativas, las multas, la libertad vigilada, los programas de formación, etc. Todas estas recomendaciones recogen, en esencia, las normas que figuran en la Convención sobre los Derechos del Niño ( 16 ) y en las Reglas de Beijing. ( 17 )
18.

El artículo 24 del Reglamento Dublín III, titulado «Presentación de una petición de readmisión cuando no se haya presentado una nueva solicitud en el Estado miembro requirente», está redactado en los siguientes términos: «1. Cuando un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), sin documento de residencia y que no haya presentado una nueva solicitud de protección internacional, considere que es responsable otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, y el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), podrá pedir a ese otro Estado miembro que readmita a la persona en cuestión. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, [ ( 8 )] cuando el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra una persona sin documento de residencia, decida buscar en el sistema Eurodac, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento […] n.o 603/2013, la petición de readmisión de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b) o c), del presente Reglamento o de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra d), cuya solicitud de protección internacional no haya sido denegada mediante una resolución definitiva, lo hará lo antes posible y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac, con arreglo al artículo 7, apartado 5, del Reglamento […] n.o 603/2013. Si la petición de readmisión se basa en pruebas distintas de los datos obtenidos del sistema Eurodac, se enviará al Estado miembro requerido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Estado miembro requirente tuvo conocimiento de que otro Estado miembro podía ser responsable de la persona en cuestión. 3. Cuando la petición de readmisión no se formule en los plazos establecidos en el apartado 2, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la persona en cuestión sin documento de residencia dará a esta la oportunidad de presentar una nueva solicitud. 4. Cuando una persona a la que se refiere en el artículo 18, apartado 1, letra d), del presente Reglamento, cuya solicitud de protección internacional haya sido denegada mediante una resolución definitiva en un Estado miembro, se encuentre sin documento de residencia en otro Estado miembro, el último Estado miembro podrá pedir al anterior Estado miembro o bien que readmita a la persona interesada o bien que tramite su procedimiento de retorno, conforme a la Directiva 2008/115[…] Cuando el último Estado miembro haya decidido pedir al anterior Estado miembro la readmisión de la persona interesada, no serán de aplicación las normas establecidas en la Directiva 2008/115[…]. […]»
95.

En estas circunstancias, no me parece que la decisión de retorno notificada al Sr. Gnandi pueda considerarse ajustada a las garantías procesales prescritas en la Directiva 2008/115 y, en particular, en su artículo 12, apartado 1, que dispone que estas decisiones «consignarán [...] información sobre las vías de recurso de que se dispone», y en su artículo 14, apartado 2, que establece que los Estados miembros proporcionarán a las personas mencionadas en el apartado 1 de este artículo ( 40 ) confirmación escrita de que la decisión de retorno no se ejecutará temporalmente. Con carácter más general, las lagunas y las contradicciones ( 41 ) de esta información en las circunstancias del litigio principal no responden, a mi juicio, a las exigencias de un procedimiento equitativo y transparente, mencionadas en el considerando 6 de esta Directiva.
38.

No obstante, esa obligación de abstenerse de adoptar medidas que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por una directiva durante su plazo de transposición no puede interpretarse en el sentido de que las normas nacionales aplicables deban interpretarse de conformidad con esa directiva. Como el Tribunal de Justicia aclaró en la sentencia Adeneler y otros, «la obligación general en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su Derecho interno de conformidad con [una directiva aún no transpuesta] nace únicamente a partir de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a dicha directiva». ( 10 ) De este modo, el Tribunal de Justicia se negó a adoptar el planteamiento de algunos Abogados Generales que habían sugerido, precisamente sobre la base de la jurisprudencia derivada de la sentencia Inter-Environnement Wallonie, que se ampliara la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con directivas no transpuestas incluso antes de la expiración del plazo establecido para su transposición. ( 11 )
2.

El contexto particular del presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de desarrollar su jurisprudencia relativa al principio del carácter unitario de la marca de la Unión. ( 2 ) Se trata en particular de precisar cómo el análisis del riesgo de confusión y del perjuicio para el renombre, en virtud del artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009, ( 3 ) debe integrar dos aspectos: por un lado, el hecho de que las marcas en conflicto coexistan pacíficamente en una parte del territorio de la Unión y, por otro lado, el hecho de que incluyan una indicación de procedencia geográfica. ( 4 )
62.

La vigilancia del proveedor de un medio de transporte nuevo es especialmente necesaria en vista de las «particularidades» de las operaciones intracomunitarias referentes a tales bienes. ( 26 ) En efecto, por una parte, la calificación de la operación se complica por el hecho de que el IVA correspondiente a la misma también es soportado por un particular que no tiene la condición de sujeto pasivo y que no debe cumplir las obligaciones en materia de declaración y contabilidad, de forma que no resulta posible un control posterior a su respecto. Por otra parte, como consumidor final, el particular no tiene derecho a la deducción del IVA, ni siquiera en caso de reventa de un vehículo adquirido y, por este motivo, tiene más interés en eludir el impuesto que un operador económico. ( 27 )
85.

A la luz de las consideraciones que preceden, propongo que el Tribunal de Justicia responda de la siguiente forma a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania): «1) El artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que las resoluciones adoptadas por un órgano jurisdiccional que responden a las pretensiones accesorias a una acción por infracción dirigidas contra dos codemandados establecidos en dos Estados miembros diferentes, como la compensación del perjuicio, la destrucción o la retirada de los productos falsificados, el reembolso de los honorarios de abogado o incluso la publicación de la sentencia, surten efectos jurídicos en todo el territorio de la Unión Europea. 2) El artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “otras sanciones” alude a pretensiones tales como la destrucción de los productos falsificados, la retirada de estos mismos productos y la publicación de la sentencia. En cambio, no forman parte de dicho concepto las pretensiones relativas a la compensación del perjuicio, la obtención de información sobre las cuentas de la empresa y el reembolso de los honorarios de abogado. 3) El artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002 y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, deben interpretarse en el sentido de que la ley aplicable a las pretensiones accesorias a una demanda por violación de la propiedad intelectual relativas a la destrucción de los productos falsificados, a la retirada de estos mismos productos, a la publicación de la sentencia, a la compensación del perjuicio, a la obtención de información sobre las cuentas de la empresa y al reembolso de los honorarios de abogado, es la del territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la supuesta infracción. En el presente asunto, el hecho que originó la supuesta infracción es la fabricación de productos falsificados. 4) El artículo 20, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “actos de reproducción realizados con fines de cita” incluye el hecho de que un tercero utilice la imagen de los productos que incorporan los dibujos o modelos comunitarios protegidos para la comercialización de sus propios productos. Corresponde al tribunal nacional comprobar que dicho acto de reproducción es compatible con los usos comerciales, que no menoscaba la explotación normal de estos dibujos o modelos y que se menciona la fuente.»
14.

En el contexto de este procedimiento, mediante resolución de 23 de noviembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de enero de 2016, el Okresný súd Dunajská Streda (Tribunal de distrito de Dunajská Streda) plantea las cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse la expresión “el contrato entre el tercero y el empresario no será ejecutado”, recogida en el artículo 11 de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes […], en el sentido de que comprende: a) la total inejecución del contrato y, por tanto, el supuesto de que ni el empresario ni el tercero realicen siquiera de forma parcial las prestaciones estipuladas en el contrato, o b) también la inejecución parcial del contrato y, en consecuencia, por ejemplo, el supuesto de que no se alcance el volumen de negocio previsto o, en su caso, que el contrato no se mantenga en vigor durante el plazo estipulado? 2) Si se considera correcta la interpretación formulada en la letra b) de la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 86/653 en el sentido de que no constituye una excepción en perjuicio del agente una cláusula del contrato de agencia comercial según la cual el agente esté obligado a reembolsar una parte proporcional de su comisión en el caso de que el contrato celebrado entre el empresario y el tercero no se ejecute en la medida prevista y, en particular, en la medida estipulada en el contrato de agencia comercial? 3) En un supuesto como el que constituye el objeto del procedimiento principal, a fin de valorar si concurren “circunstancias atribuibles al empresario”, en el sentido del artículo 11, apartado 1, segundo guión, de la Directiva 86/653, ¿deben examinarse: a) tan sólo las circunstancias jurídicas que han conducido directamente a la extinción del contrato (por ejemplo, cuando la extinción se deba al incumplimiento por parte de un tercero de las obligaciones de él resultantes) b) o debe apreciarse también si tales circunstancias jurídicas no han sido consecuencia de la conducta del empresario en las relaciones jurídicas con dicho tercero, que haya dado lugar a una pérdida de la confianza del tercero en el empresario y, en consecuencia, le ha inducido a incumplir las obligaciones derivadas del contrato concluido con el empresario?»
11.

La normativa de la Unión a este respecto está constituida actualmente por el Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo, ( 5 ) el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, ( 6 ) el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, ( 7 ) y por el Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo. ( 8 )
84.

Considero que, en la medida en que no aparece en el propio recurso de casación que ha interpuesto contra la sentencia recurrida (véanse mis conclusiones presentadas en el asunto C‑656/15 P este mismo día), ( 18 ) ni en una adhesión a la casación, sino en su escrito de contestación al presente recurso de casación interpuesto por TV2 A/S, y en que esta solicitud no tiene por objeto ni la estimación ni la desestimación, total o parcial, del recurso de casación (artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia), la Comisión no puede extender el objeto del presente recurso de casación, que no versa sobre estas apreciaciones. La solicitud de la Comisión no puede sino declararse inadmisible.
3.

El contexto de la exención está constituido por la decisión del legislador de la Unión de no conceder, en principio, el derecho a deducción a las empresas que realicen prestaciones exentas, como por ejemplo los médicos y los centros educativos. En consecuencia, pese a que no se gravan las prestaciones realizadas por dichas empresas, las prestaciones que reciben siguen estando gravadas con el IVA, lo que, en definitiva, da lugar a una exención meramente parcial de las prestaciones a favor de los consumidores finales, pues por lo general el IVA no deducible se tiene en cuenta en el cálculo de los precios, de manera que el destinatario de las prestaciones debe soportar dicho impuesto, si no directamente, sí de forma indirecta.
70.

En cuanto a Polychrono, la República Helénica proporcionó doce muestras para el año 2012 y doce muestras para el año 2013. La Comisión señala que cuatro de las muestras facilitadas relativas al año 2012 superan los valores prescritos. Observa además que tres muestras proporcionadas relativas al año 2013 también superan dichos valores. Según la Comisión, ello supone que el número de muestras que no cumplen los requisitos supera al permitido en el cuadro 3 del anexo I. La Comisión considera que las muestras facilitadas no pueden considerarse representativas porque no se han recogido de conformidad con la letra D del anexo I. En particular, no se han facilitado muestras relativas al período comprendido entre enero y abril de 2012, ni entre enero y abril, ni entre noviembre y diciembre de 2013. En principio, la Comisión no ha modificado su postura según la cual la República Helénica no ha presentado muestras que acrediten el cumplimiento, a la luz de las dieciséis muestras que dicho Estado miembro presentó en su defensa con respecto al año 2013 durante la fase de alegaciones escritas del procedimiento.
33.

El Tribunal de Justicia no siguió dicha tesis. Declaró, al contrario, que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, cuando el contrato de trabajo se remita a un convenio colectivo que vincula al cedente, el cesionario que no sea parte de tal convenio no quede vinculado por convenios colectivos posteriores al vigente en la fecha de transmisión del centro de actividad.
41.

Según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma jurídica de la Unión solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional no tienen relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal. ( 32 ) No obstante, ésa no es la situación del presente asunto. La cláusula 4, apartado 3, del pliego de condiciones, núcleo de la controversia en el litigio principal, se refiere expresamente al artículo 24, apartado 5, de la Ley de contratación pública. En ese contexto, no parece plausible que la letra a) de la primera cuestión prejudicial planteada no guarde una relación clara con la naturaleza o el objeto real de la acción, por lo que procede admitirla. ( 33 )