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1)

¿Debe interpretarse el artículo 217, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 19, p. 1), en el sentido de que los Estados miembros, al establecer las modalidades prácticas de contracción de los importes de derechos, pueden limitarse a recoger en su legislación nacional normas en las que se determina únicamente — que a efectos de la aplicación de la legislación nacional se entenderá por «contracción»«la anotación, en los registros contables o bien haciendo uso de cualquier otro soporte sustitutivo, del importe de los derechos que se corresponda con una deuda aduanera» –en particular el artículo 1, apartado 6, de la Ley general en materia de derechos de aduana e impuestos especiales, refundida mediante Real Decreto de 18 de junio de 1977 (Belgisch Staatsblad de 21 de septiembre de 1977, p. 11425), confirmado mediante la Ley de 6 de julio de 1978 relativa a los derechos de aduana e impuestos especiales (Belgisch Staatsblad de 12 de agosto de 1978, p. 9013), en su versión sustituida, con efectos de 1 de enero de 1994, por el artículo 1, apartado 4, de la Ley de modificación de la Ley general sobre derechos de aduana e impuestos especiales (Belgisch Staatsblad de 30 de diciembre de 1993, p. 29031) y — que las normas en materia de contracción y de condiciones de pago de los importes que deben liquidarse en virtud de una deuda aduanera se determinan en los reglamentos de las Comunidades Europeas –en particular el artículo 3 de la Ley general sobre derechos de aduana e impuestos especiales, refundida mediante Real Decreto de 18 de julio de 1977(Belgisch Staatsblad de 21 de septiembre de 1977, p. 11425), confirmado mediante Ley de 6 de julio de 1978 sobre derechos de aduana e impuestos especiales (Belgisch Staatsblad de 12 de agosto de 1978, p. 9013), en su versión modificada, con efectos de 1 de julio de 1990, por el artículo 72 de la Ley de 22 de diciembre de 1989 sobre disposiciones en materia fiscal (Belgisch Staatsblad de 29 de diciembre de 1989, p. 21141), o bien deben los Estados miembros, al ejecutar el artículo 217, apartado 2, del Código Aduanero Comunitario, establecer en su legislación nacional el modo en que se efectúa en la práctica la contracción descrita en el artículo 217, apartado 1, del Código Aduanero Comunitario, de forma que el deudor pueda averiguar si la contracción descrita en el artículo 217, apartado 1, del Código Aduanero Comunitario ha sido efectivamente practicada por las autoridades aduaneras?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento no 343/2003 (1) en el sentido de que un Estado miembro que no es en sí competente para instruir el procedimiento de una solicitante de asilo conforme a las reglas de los artículos 6 a 14 de dicho Reglamento deviene obligatoriamente competente cuando se encuentran en él su nuera gravemente enferma y en situación de grave peligro por circunstancias culturales o sus nietos menores de edad, necesitados de atención por la enfermedad de la nuera, y la solicitante de asilo está dispuesta y capacitada para ocuparse de la nuera o de los nietos? ¿Es esto así aun cuando no exista una petición del Estado miembro en sí competente con arreglo al artículo 15, apartado 1, primera frase, del Reglamento 343/2003?
2)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 423/2007 en el sentido de que sólo se produce una elusión si el autor adapta sus actos formalmente, aunque en realidad sólo de forma aparente, a las prohibiciones resultantes del artículo 7, apartados 1 a 3, del Reglamento (CE) no 423/2007, de manera que, incluso con la interpretación más extensa posible, ya no queden comprendidos en el ámbito de las normas de prohibición? ¿Se excluyen, en consecuencia, recíprocamente los elementos de las prohibiciones de elusión y de puesta a disposición? Si las respuestas son afirmativas: ¿Puede una conducta que en principio no quede comprendida en la prohibición de la puesta a disposición (indirecta) constituir aún así una elusión en el sentido del artículo 7, apartado 4, del Reglamento no 423/2007? ¿O representa el artículo 7, apartado 4, del Reglamento no 423/2007 una cláusula residual aplicable a cualquier acto que persiga como resultado la puesta a disposición de un recurso económico a una persona o una entidad que figure en la lista?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 238/5

Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca

(Asunto C-261/11)

2011/C 238/09

Lengua de procedimiento: danés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y N. Fenger, agentes)

Demandada: Reino de Dinamarca

Pretensiones de la parte demandante

— Que se ceclare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 31 del Espacio Económico Europeo, al haber adoptado y mantenido en vigor una normativa sobre la tributación inmediata en el momento de la salida de las transferencias de elementos patrimoniales a otro Estado miembro mientras que las transferencias de elementos patrimoniales análogas dentro del territorio de Dinamarca no son objeto de tributación.

— Que se condene en costas al Reino de Dinamarca.

Motivos y principales alegaciones

Con arreglo a la normativa tributaria danesa, la transferencia de elementos patrimoniales de una empresa para utilizarlos fuera de Dinamarca se considera una venta y es tratada fiscalmente como corresponde a ésta, mientras que se estima que la actividad de la empresa dentro del territorio del Estado cesa sólo cuando los elementos patrimoniales en cuestión son efectivamente vendidos. Por lo tanto, una empresa que transfiere elementos patrimoniales entre distintos centros de actividad dentro del territorio de Dinamarca no es gravada por el valor de dichos elementos patrimoniales en relación con la citada transferencia. En cambio, en el supuesto de que esa misma empresa transfiera elementos patrimoniales a un centro de actividad estable situado fuera de Dinamarca, será gravada inmediatamente por el valor de dichos elementos como si hubieran sido vendidos.

Según la Comisión, esa diferencia en el trato constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento, incompatible con el artículo 49 TFUE. La Comisión no impugna la tributación que los Estados miembros imponen sobre las plusvalías acumuladas por una empresa cuando está establecida en Dinamarca. No obstante, la Comisión considera que las causas que hacen nacer una obligación fiscal deben ser las mismas, (en particular la realización del activo o cualquier factor que conlleve una modificación de la amortización), con independencia de que los elementos patrimoniales en cuestión se transfieran fueran del territorio danés o permanezcan dentro de éste.

En opinión de la Comisión, no existe justificación alguna para gravar inmediatamente las plusvalías no realizadas en el momento de la transferencia de elementos patrimoniales de Dinamarca a otro Estado miembro, si este tipo de tributación no existe en situaciones nacionales comparables. En este contexto, el Reino de Dinamarca podría, por ejemplo, determinar el valor de las plusvalías no realizadas con respecto a las cuales se propone conservar la competencia fiscal, aunque ello no suponga la inmediata exigibilidad del impuesto ni otros requisitos vinculados al aplazamiento del pago.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 226/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Supreme Court (Irlanda) el 26 de mayo de 2011 — Peter Sweetman, Irlanda, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government/An Bord Pleanala

(Asunto C-258/11)

2011/C 226/29

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Peter Sweetman, Irlanda, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Recurrida: An Bord Pleanala

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cuáles son los criterios jurídicos que debe aplicar una autoridad competente para valorar la posibilidad de que un plan o proyecto como el descrito en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva (1) sobre los hábitats cause «perjuicio a la integridad del lugar»?

2) ¿Tiene la aplicación del principio de cautela como consecuencia que ese plan o proyecto no pueda ser autorizado si, en caso de aprobarse, pudiera causar la pérdida irrecuperable y permanente de la totalidad o parte del hábitat en cuestión?

3) ¿Cuál es la relación, en caso de que exista, entre el artículo 6, apartado 4, y la adopción de la decisión, en virtud del artículo 6, apartado 3, de que el plan o el proyecto no causará ningún perjuicio a la integridad del lugar en cuestión?

(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21.5.1992, DO L 206, p. 7.
3)

Subsidiariamente , para el supuesto de que el Tribunal entendiese que cabe en este caso recurrir a la cooperación reforzada y que se puede establecer la regulación sustantiva de títulos jurídicos sujetos al Derecho de la Unión sin disponer de un sistema de resolución de litigios en relación con los mismos, el Reino de España entiende que no se cumplen los requisitos necesarios para la cooperación reforzada por lo que concurren los siguientes motivos de anulación: 3.1 violación del artículo 20, apartado 1, TUE , porque la cooperación reforzada no es en este caso un último recurso, ni cumple las finalidades previstas en el TUE, y porque se refiere a áreas excluidas de la cooperación reforzada por ser competencias exclusivas de la UE. 3.2 violación del artículo 326 TFUE , porque la cooperación reforzada en este caso vulnera el principio de no discriminación, afecta al mercado interior y a la cohesión económica, social y territorial, discriminando los intercambios entre Estados miembros y distorsionando la competencia entre ellos. 3.3 violación del artículo 327 TFUE , porque la cooperación reforzada no respeta los derechos del Reino de España que no participa en ella.
—

Que se declare que Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben, en virtud de los artículos 7, apartado 1, párrafo primero, 9, apartado 1, y 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, al no establecer mapas estratégicos de ruido en los grandes ejes viarios y en las aglomeraciones identificadas por Malta en su informe, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/49/CE, (1) al no ponerlos a disposición ni divulgarlos entre la población, y al no enviar a la Comisión la información procedente de dichos mapas estratégicos de ruido.
5)

Si la finalidad (el uso) debe calificarse de causa para la corrección del importe de la deducción, ¿cómo debe interpretarse el artículo 173 de la Directiva 2006/112? ¿Prevé que pueda procederse a la corrección también en supuestos en los que los bienes y servicios no se usaron inicialmente para una actividad no sujeta al impuesto o no se usaron en absoluto tras su adquisición, pero están a disposición de la empresa y se utilizan en un período [impositivo] posterior a su adquisición para la actividad gravada del sujeto pasivo?
—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 9 y 11 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al no consultar al Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido y permitir que quienes no sean sujetos pasivos entren a formar parte de un grupo, tal como se desprende de la Decisión de 18 de febrero de 1991, no VB91/347.
—

Dado que el material presentado estaba infectado de virus y que, por tanto, no podía aportarse un certificado fitosanitario relativo a dicho material y que nunca podría aportarse tal certificado, el Tribunal General también incurrió en error al afirmar (o al asumir implícitamente) que la expresión «lo antes posible», en relación con la petición de enviar el certificado fitosanitario que faltaba respecto del material que ya se había presentado, no podía considerarse un plazo o, en cualquier caso, no podía considerarse un plazo expirado, en relación con un requerimiento individual en el sentido del artículo 55, apartado 4, del RC, que da lugar a la denegación de la solicitud con arreglo al artículo 61, apartado 1, letra b), del RC.
1)

¿Son compatibles con el Derecho de la Unión y con las normas citadas la circular impugnada en primera instancia y las normas de Derecho interno que en ésta se mencionan [a saber, Circular del Ministerio del Interior no 4853, de 18 de mayo de 2009 y, en especial, el Decreto Legislativo no 152, de 2 de abril de 2006]? En particular, ¿vulneran los principios e infringen las normas que establece la Directiva 89/106/CEE, sobre los productos de construcción, (1) que no impone de modo alguno el marcado CE sino que más bien dispone (en el artículo 6, apartados 1 y 2) que los Estados miembros «no pondrán obstáculos en su territorio a la libre circulación, la comercialización ni la utilización de los productos que cumplan las disposiciones» de dicha Directiva, garantizando que «las normas o condiciones impuestas por organismos públicos o privados que actúen como una empresa pública o como un organismo público sobre la base de una posición de monopolio no pondrán obstáculos al uso de dichos productos para los fines a los que estén destinados» y permitiendo que «los productos no cubiertos por el apartado 2 del artículo 4 se comercialicen en su territorio si satisfacen las disposiciones nacionales conformes con el Tratado, hasta que las especificaciones técnicas europeas contempladas en los Capítulos II y III dispongan otra cosa»?
—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) y de los artículos 45 a 48 TFUE, al no adoptar todas las medidas necesarias para suprimir la normativa conforme a la cual no se pagan determinadas prestaciones sociales a nacionales de otros Estados de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos.
2)

a) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, letra d), en relación con el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (2) en el sentido de que no impide su aplicación el hecho de que un informe de prensa que cita una obra o prestación protegida no sea una obra literaria protegida por derechos de autor? b) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, letra d), en relación con el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29 en el sentido de que no impide su aplicación el hecho de que la obra o prestación citada no vaya acompañada del nombre del autor o del intérprete?
7)

¿Queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30), un plan de desviación de un río que a) entraña la construcción de diques y el trasvase de agua de una demarcación hidrográfica a otra; b) está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327, p. 1); c) versa sobre obras previstas por la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40), y d) puede tener repercusiones sobre el medio ambiente en zonas mencionadas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7)? En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, deberá plantearse además la siguiente cuestión prejudicial:
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, (1) y en virtud del Reglamento (CE) no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, (2) al no haber adoptado las medidas nacionales de aplicación del artículo 12 del Reglamento no 273/2004 ni haber informado de ellas a la Comisión, como exige el artículo 16 de dicho Reglamento, y al no haber adoptado las medidas nacionales de aplicación del artículo 31 del Reglamento no 111/2005.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/45

Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Italiana

(Asunto C-508/09)

2010/C 24/78

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Zadra y D. Recchia, agentes)

Demandada: República Italiana

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE al adoptar y aplicar la regione Sardegna una normativa relativa a la autorización de las excepciones al régimen de protección de las aves silvestres que no cumple los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE. (1)

— Que se condene en costas a la República Italiana.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que la normativa aprobada por la regione Sardegna no es acorde con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE.

La Ley regional no 2 de 13 de febrero de 2004 que regula las capturas cinegéticas excepcionales y los Decretos 3/V de 2004 y 8/IV de 2006, adoptados sobre la base de la Ley regional mencionada, no cumplen las exigencias del artículo 9 de la Directiva por cuanto

— a veces se exige el dictamen del órgano científico y, en el supuesto de que sea negativo, no se respeta, a veces no se exige en absoluto;

— no se da una motivación suficiente (acerca de las necesidades de que han de protegerse, mediante las capturas cinegéticas excepcionales, las alternativas examinadas, los resultados previsiblemente esperados);

— no existe un sistema de control adecuado que permita comprobar que se cumplen los requisitos a que está sujeta la excepción y actuar en el momento oportuno.

— la Ley no exige el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva y, por lo tanto, no se mencionan en las medidas de excepción.

La Ley no 2 de 3 de febrero de 2004 fue modificada por la Ley regional no 4 de 11 de mayo de 2006. A pesar de las modificaciones, la Ley no 2 de 13 de febrero de 2004 no se ajusta a las exigencias del artículo 9 de la Directiva, como tampoco el Decreto no 2225/DecA/3 de 30 de enero de 2009, adoptado en virtud de la Ley antes mencionada, por cuanto

— la implantación de la consulta del órgano científico no impide la adopción de actos de excepción en los que falten la motivación y la justificación, así como de actos establecedores de excepciones, además sin el dictamen del órgano científico;

— la Ley regional 2/2004, en su versión modificada, sigue sin establecer que las medidas de excepción individuales mencionen los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 79/409 (en realidad, ello no se encuentra tampoco en el Decreto 2225).

(1) Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125).
C)

Sobre la inadmisibilidad de la pretensión de resarcimiento del daño inherente al lucro cesante: no consideración de las alegaciones e infracción del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia El Tribunal de Primera Instancia ha infringido el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento y ha ignorado las alegaciones de las recurrentes al no haber tenido en cuenta los numerosos elementos probatorios aportados en el marco del recurso, y haber considerado que la pretensión de resarcimiento del perjuicio sufrido por las recurrentes en concepto de lucro cesante carece de las precisiones necesarias.
—

Que se declare que la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 4, inciso v), del Reglamento (CE) no 2037/2000 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, al no retirar del servicio los halones para usos no críticos contenidos en los sistemas de protección contra incendios y en los extintores de incendios de los barcos y al no recuperar tales halones.
1)

Un contrato de prestación de servicios (en el caso de autos, un contrato de prestación del servicio de socorro) que no prevé el pago directo de una remuneración al adjudicatario por parte de la entidad adjudicadora sino que: a) la remuneración por la prestación de los servicios se fija a través de negociaciones entre el adjudicatario del contrato y los terceros, que son a su vez entidades adjudicadoras (en el caso de autos, organismos de seguridad social); b) en caso de desacuerdo, se prevé que una comisión de arbitraje al efecto, cuyo laudo es recurrible ante los tribunales ordinarios, dirima la controversia; c) la remuneración no la pagan directamente los usuarios del servicio al adjudicatario, sino una oficina liquidadora central a la que legalmente debe dirigirse el adjudicatario, mediante pagos a cuenta periódicos, ¿debe considerarse por esa mera razón como una concesión de servicios en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Directiva y no como un contrato de servicios en el sentido del artículo 1, apartado 2, letras a) y d), de la Directiva?