Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Admisibilidad - Requisitos - Motivo que no se refiere a la totalidad del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia - Irrelevancia

[Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de casación - Motivos - Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación - Inadmisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

3. Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Obligación de adoptar medidas de ejecución - Alcance - Anulación de un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping - Reanudación de la investigación - Período de referencia

[Tratado CE, arts. 174 y 176 (actualmente arts. 231 CE y 233 CE); Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 13]

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$$1. Con arreglo al artículo 51, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y al artículo 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, el recurso de casación se limita a las cuestiones de derecho y debe indicar con precisión los elementos criticados de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, así como los fundamentos jurídicos en apoyo de la demanda de anulación de dicha sentencia.

El hecho de que un recurso de casación o un motivo de un recurso de casación no se refieran a todas las razones que hayan llevado al Tribunal de Primera Instancia a pronunciarse sobre una cuestión no implica la inadmisibilidad de dicho motivo.

( véanse los apartados 65 a 67 )

2. Permitir que una de las partes alegue por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada al examen de la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de los motivos que se debatieron ante él.

( véase el apartado 74 )

3. En virtud de los artículos 174 y 176 del Tratado (actualmente artículos 231 CE y 233 CE), la Institución o las Instituciones de las que emane el acto anulado están obligadas a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Para adecuarse a una sentencia de anulación y darle plena ejecución, las Instituciones están obligadas a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican, por una parte, la concreta disposición considerada ilegal, y revelan, por otra parte, las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que las Instituciones afectadas habrán de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado.

El procedimiento destinado a sustituir dicho acto puede así reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad.

Por lo que respecta a la anulación de un Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo, basada en circunstancias relativas a la determinación del perjuicio, surgidas en el curso del procedimiento antidumping y que no se refieren, ni afectan a la apertura del procedimiento, la Comisión puede ahondar en la cuestión de la determinación del perjuicio en el marco del procedimiento antidumping que continuaba abierto.

En lo relativo a la elección del período de referencia, el período previsto por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 es indicativo y no imperativo. Además, las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para determinar el período que ha de tenerse en cuenta para la determinación del perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping. Finalmente, según el sistema general del Reglamento de base, el perjuicio debe demostrarse en relación con el momento en que se adopte eventualmente una disposición que establezca medidas de defensa. En efecto, el establecimiento de derechos antidumping no constituye la sanción de un comportamiento anterior, sino una medida de defensa y protección contra la competencia desleal que resulta de las prácticas de dumping. Así, en general, los derechos antidumping no pueden establecerse ni aumentarse con efecto retroactivo, en virtud del artículo 13 de dicho Reglamento antidumping de base.

A fin de poder determinar los derechos antidumping que resultan adecuados para proteger la industria comunitaria contra las prácticas de dumping, es preciso realizar la investigación sobre la base de informaciones tan actuales como sea posible. El inicio de una investigación, en el sentido del artículo 7 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88, ya sea la apertura de un procedimiento antidumping o en el marco de la reconsideración de un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping, está siempre supeditado a la existencia de elementos de prueba suficientes de la existencia de dumping y del perjuicio resultante. Así ocurre también con la reapertura de la investigación, en el marco de un procedimiento antidumping que todavía está en curso, como consecuencia de una sentencia que anule un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping.

( véanse los apartados 80 a 82, 84, 85, 88 a 92 y 94 )

4. Al cumplir su deber de información, las Instituciones comunitarias deben actuar con toda la diligencia requerida, procurando dar a las empresas afectadas, en la medida en que lo permita el secreto comercial, indicaciones útiles para la defensa de sus intereses y eligiendo, de oficio si es preciso, las modalidades adecuadas para tal comunicación. En todo caso, a las empresas interesadas debe habérseles ofrecido la posibilidad, en el curso del procedimiento administrativo previo, de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegadas y sobre los elementos de prueba tenidos en cuenta por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio consiguiente.

( véase el apartado 99 )