El artículo 122, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, establece que «la Comisión controlará la legalidad de los actos del presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), cuya legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comunitario, al control por otro órgano […]». De este modo, el ámbito de aplicación de esta disposición está expresamente condicionado por la falta de control por otro órgano de la legalidad de los actos del presidente de la Oficina. Ahora bien, el Tribunal General, como órgano judicial del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, primera frase constituye «otro órgano», en la medida en que ejerce tal control de la legalidad conforme al artículo 263 TFUE, párrafo primero, segunda frase.

De ello resulta que un acto del Presidente de la Oficina no entra en el ámbito de aplicación del artículo 122 del Reglamento no 207/2009, por lo que no es aplicable, en particular, el apartado 3, segunda frase, de dicho artículo, en virtud del cual «deberá recurrirse a la Comisión en un plazo de un mes a partir del día en que el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto en cuestión». En consecuencia, la Oficina no puede invocar que la presentación ante la Comisión de una reclamación contra un acto del presidente de la Oficina, o la tramitación de un procedimiento administrativo al efecto, o una posible resolución implícita o explícita de la Comisión sobre dicha reclamación constituyen, bajo cualquier forma, requisitos previos obligatorios, siquiera de admisibilidad, de un recurso interpuesto ante el juez de la Unión contra tal acto, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo primero, segunda frase, y párrafo cuarto.

Confirma tal apreciación una interpretación teleológica del artículo 122 del Reglamento de marcas no 207/2009. En efecto, cuando en el artículo 230 CE, párrafo primero, que regula el sistema de tutela jurisdiccional del Tratado aún existía un vacío legal que afectaba a los órganos y organismos de la Unión, el reconocimiento a la Comisión de una función de control de la legalidad, previsto en el artículo 122 del citado Reglamento, respondía a la necesidad, percibida por el legislador de la Unión, de suscitar una decisión de la Comisión que hiciera que los actos adoptados por órganos u organismos de la Unión pudieran recurrirse, al menos indirectamente, ante el juez de la Unión. De este modo, la formulación «actos […] cuya legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comunitario, al control por otro órgano» confirma que se trataba de conferir a la Comisión una potestad de control residual y subsidiaria, con el fin de garantizar el acceso al juez de la Unión, al menos a través de una resolución implícita o explícita de la Comisión en el sentido del artículo 122, apartado 3, frases tercera y cuarta, del Reglamento de marcas no 207/2009. Sin embargo, desde la entrada en vigor del artículo 263 TFUE, párrafo primero, segunda frase, tal objetivo ha perdido su razón de ser y no puede justificar una supuesta obligatoriedad del procedimiento en virtud del artículo 122 de dicho Reglamento como fase previa al recurso ante el juez de la Unión.

(véanse los apartados 54 a 56)