ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
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El artículo 11 de la Directiva 2008/98, titulado «Reutilización y reciclado», establece en sus apartados 2 y 3: «2. Con objeto de cumplir los objetivos de la presente Directiva y de avanzar hacia una sociedad europea del reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que se logran los siguientes objetivos: [...] b) antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70 % de su peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos. 3. La Comisión establecerá normas detalladas sobre la aplicación y los métodos de cálculo para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado 2 del presente artículo teniendo en cuenta el Reglamento (CE) n.o 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos [DO 2002, L 332, p. 1]. Estas normas podrán incluir períodos de transición para los Estados miembros que, en 2008, reciclen menos del 5 % de cada una de las categorías de residuos a que se refiere el apartado 2. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 39, apartado 2, de la presente Directiva.»
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Los puntos 4 a 6, 13 y 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») establecen lo siguiente: «4. [...] Procede fijar las multas en un nivel suficientemente disuasorio, no sólo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (efecto disuasorio general). 5. Con el fin de alcanzar estos objetivos, conviene que, como base para la determinación de las multas, la Comisión se remita al valor de las ventas de bienes o servicios a que se refiere la infracción. La duración de la infracción también debería desempeñar un papel significativo a la hora de determinar el importe adecuado de la multa. [...] 6. En efecto, la combinación del valor de las ventas en relación con la infracción y de la duración se considera un valor sustitutivo adecuado para reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma. [...] [...] 13. Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta [este sería el caso por ejemplo de acuerdos horizontales por los que se fija el precio de un determinado producto, cuando ese precio es utilizado como base para la determinación del precio de otros productos de menor o mayor calidad] con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). [...] [...] 35. En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.»
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Pese a que el Reglamento n.o 1234/2007 fue derogado, a su vez, por el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 641), sus disposiciones relativas a las normas de comercialización de los productos en los sectores de los huevos y de la carne de aves de corral seguirán aplicándose hasta la fecha de aplicación de las correspondientes normas de comercialización establecidas mediante actos delegados, conforme al artículo 230, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013.
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La transposición de la Directiva 2003/88 en el Derecho austriaco —y, más concretamente, en lo que atañe a los funcionarios del Ayuntamiento de Viena— se llevó a cabo mediante el artículo 41a de la Gesetz über das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien — Besoldungsordnung 1994 (Ley relativa al régimen pecuniario de los funcionarios del Ayuntamiento de Viena, capital federal — Normativa sobre el régimen pecuniario de 1994), en su versión modificada en 1994 (en lo sucesivo, «BO»): «1) Salvo en caso de ser destinado inmediatamente a otro servicio del Ayuntamiento de Viena, el funcionario tendrá derecho, cuando deje el servicio o cuando finalice su relación laboral, a percibir una compensación por aquella parte de sus vacaciones anuales que no haya utilizado todavía (compensación [económica] por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas). Únicamente tendrá derecho a percibir la mencionada compensación cuando no sea responsable de no haber agotado sus derechos a vacaciones anuales. 2) El funcionario será responsable de no haber agotado sus derechos a vacaciones anuales, en particular, cuando deje de prestar servicios 1. en caso de despido [...] siempre que éste obedezca a falta del funcionario; 2. en caso de extinción de la relación laboral de conformidad con el artículo 33, apartado 1 [ausencia injustificada del trabajo], con el artículo 73 [dimisión del funcionario] o con el artículo 74 [separación del servicio] [de la Gesetz über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien — Dienstordnung 1994 (Ley sobre el Estatuto de los funcionarios del Ayuntamiento de Viena, capital federal — Normativa sobre los servicios de 1994) (en lo sucesivo, “DO”)], o 3. en caso de reconocimiento de la jubilación voluntaria con arreglo al artículo 68b, apartado 1, punto 1), al artículo 68c, apartado 1, o al artículo 115i de la [DO]. 3) La compensación [económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas] será calculada por separado respecto de cada año civil en el que no se hayan agotado los derechos a vacaciones anuales y tales derechos no hayan prescrito. 4) El funcionario tendrá derecho a la compensación [económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas] del saldo remanente de sus derechos recuperables una vez deducidos los días de vacaciones efectivamente utilizados durante el correspondiente año civil. [...]»
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En el contexto del litigio seguido frente al Sr. Mennens ante el Amtsgericht Düsseldorf (Tribunal Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) Emirates alegó en esencia, por una parte, que, en el caso de un billete para un conjunto de vuelos, si el transportista realiza el cambio de clase sólo en uno de los vuelos o trayectos parciales, el porcentaje de reembolso que establece el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 261/2004 no se aplicará al precio total del billete, sino al precio del vuelo o trayecto parcial afectado. Por otra parte, Emirates sostiene que dicho porcentaje no se aplicará al precio más impuestos y tasas de dicho vuelo o trayecto parcial sino al precio sin impuestos.
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La Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 50 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 50, por el que se establece el impuesto de contaminación para automóviles), de 21 de abril de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 327 de 25 de abril de 2008; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 50/2008»), que entró en vigor el 1 de julio de 2008, introdujo un impuesto de contaminación para los vehículos de las categorías M1 a M3 y N1 a N3. La obligación de pagar dicho impuesto nacía, en particular, en el momento de la primera matriculación de un automóvil en Rumanía.
7

El artículo 49 del decreto legislativo n.o 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163 — Código de los contratos públicos de obras, servicios y suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (Suplemento Ordinario de la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006), en su versión modificada por el decreto legislativo n.o 152 (Decreto Legislativo n.o 152), de 11 de septiembre de 2008 (Suplemento Ordinario de la GURI n.o 231, de 2 de octubre de 2008) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 163/2006»), que lleva por título «Recurso a las capacidades de un tercero», transpone en el ordenamiento jurídico italiano los artículos 47 y 48 de la Directiva 2004/18.
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Por último, no se puede considerar que el método seguido por el Tribunal General imponga al demandante una carga de la prueba ilegal y poco razonable, dado que dicho método no excluye la posibilidad de que el recurrente demuestre que su inscripción en las listas de personas y entidades objeto de medidas restrictivas no se basa en una base fáctica suficientemente sólida, por ejemplo, refutando las alegaciones del Consejo relativas a su posición en la vida económica siria o alegando indicios suficientemente concretos y precisos que puedan indicar que no apoyaba al régimen sirio y que no se beneficiaba de él.
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En virtud del artículo 1, apartado 1, del Reglamento gran ducal, de 19 de diciembre de 2008, por el que regulan las disposiciones de aplicación de la concesión del crédito fiscal para pensionistas (règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités d’application de l’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés) (Mémorial A 2008, p. 2645): «El crédito fiscal para pensionistas (CFP) será bonificado por la caja de pensiones o por cualquier otro obligado al pago de la pensión a los pensionistas que dispongan de una ficha de retenciones fiscales en la que se encuentre la inscripción CFP. Si en la ficha de retenciones no está inscrito un crédito fiscal o si el pensionista no dispone de una ficha de retenciones, la caja de pensiones o cualquier otro obligado al pago de la pensión no podrá conceder un crédito fiscal. [...]»
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Es preciso indicar que, según el artículo 22, apartado 5, del Reglamento, la inscripción en el Registro de la licencia será realizada a instancia de parte. No obstante, este artículo, al igual que el artículo 19 del Reglamento, no contiene una disposición análoga a la del artículo 17, apartado 6, del Reglamento, según el cual «mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del Registro de la marca comunitaria».
Dado que las normas relativas a la formación de la voluntad de las instituciones de la Unión están establecidas en los Tratados y no tienen carácter dispositivo ni para los Estados miembros ni para las propias instituciones, sólo los Tratados pueden, en casos particulares, facultar a una institución para modificar un proceso decisorio establecido por ellos. En este contexto, la práctica de las instituciones y, en particular, una supuesta práctica reiterada en lo que respecta a la elaboración de la posición de la Unión, conforme a lo previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 9, mediante conclusiones no puede modificar las normas de los Tratados que las instituciones deben respetar. En efecto, una mera práctica del Consejo no puede ir contra las normas del Tratado y, por consiguiente, no puede crear un precedente que vincule a las instituciones de la Unión.

Por otra parte, el hecho de que una institución de la Unión no observe la forma jurídica establecida por los Tratados constituye un vicio sustancial de forma que puede ocasionar la anulación del acto de que se trate, ya que esa inobservancia puede crear incertidumbres acerca de la naturaleza del acto o del procedimiento que debe seguirse para su adopción, poniendo así en peligro la seguridad jurídica. Así sucede cuando los términos empleados en el acto impugnado contribuyen a esta incertidumbre, por cuanto éstos no son compatibles con la fuerza obligatoria que debe tener una decisión de una institución de la Unión en virtud del artículo 288 TFUE, y ningún elemento de dicho acto pone de manifiesto que los Estados miembros estén obligados a adoptar una posición en nombre de la Unión, contrariamente a lo que establece el artículo 218 TFUE, apartado 9.

(véanse los apartados 41, 42, 44 y 46)
Asunto C‑591/15

The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

contra

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

y

Her Majesty’s Treasury

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Procedimiento prejudicial — Artículo 355 TFUE, punto 3 — Estatuto de Gibraltar — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Situación meramente interna — Inadmisibilidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de junio de 2017

Tratados de la Unión—Ámbito de aplicación territorial—Gibraltar—Inclusión—Libre prestación de servicios—Aplicabilidad (Arts. 56 TFUE y 355 TFUE, punto 3) Libre prestación de servicios—Disposiciones del Tratado—Inaplicabilidad en una situación meramente interna de un Estado miembro—Prestaciones de servicios por operadores establecidos en Gibraltar a personas establecidas en el Reino Unido—Situación meramente interna (Arts. 56 TFUE y 355 TFUE, punto 3)
El respeto del derecho de defensa en un procedimiento tramitado ante la Comisión con el objeto de imponer una multa a una empresa por infringir las normas de defensa de la competencia exige que la empresa interesada haya podido exponer de modo útil su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y las circunstancias alegados y sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción. El artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea concreta el contenido de tal derecho.

En este sentido, el artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE], establece que, antes de adoptar una decisión que constate una infracción de las normas de competencia e imponga una multa, la Comisión deberá ofrecer a quienes estén sometidos al procedimiento la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que les sean imputados y que únicamente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cuales las partes interesadas hayan podido presentar sus observaciones.

De ello se desprende que el pliego de cargos tiene por finalidad permitir el ejercicio del derecho de defensa a cada una de las personas jurídicas afectadas por el procedimiento administrativo en materia de competencia.

Por el contrario, cuando la Comisión no tenga la intención de constatar que una sociedad haya incurrido en una infracción, no está obligada en virtud del derecho de defensa a remitir a dicha sociedad el pliego de cargos. En efecto, la remisión a una determinada sociedad del pliego de cargos tiene por objeto garantizar el respeto del derecho de defensa de esa misma sociedad y no de una tercera persona, aun cuando esta última estuviera afectada por el mismo procedimiento administrativo.

(véanse los apartados 43 a 46)
La libertad de establecimiento debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual tanto una sociedad no residente que ejerza una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente como una sociedad residente, incluida la filial residente de una sociedad no residente, están sujetas a un impuesto con las características del fairness tax cuando dichas sociedades distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo, a condición de que el método de determinación de la base imponible de dicho impuesto no lleve, de hecho, a tratar a esa sociedad no residente de manera menos ventajosa que a una sociedad residente, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Al proceder a esa verificación, el órgano jurisdiccional remitente deberá tomar en consideración el hecho de que la normativa controvertida en el litigio principal tiene por objeto gravar los beneficios comprendidos en el ámbito de la competencia tributaria belga que han sido distribuidos, pero sobre los que dicho Estado miembro no ha ejercido esa competencia tributaria a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional. Por lo tanto, en una situación en la que el método de cálculo de la base imponible de una sociedad no residente diera lugar a que dicha sociedad quedara sujeta al impuesto incluso por beneficios no comprendidos en el ámbito de la competencia fiscal de ese Estado miembro, esa sociedad no residente sufriría un trato menos ventajoso que el dispensado a una sociedad residente.

(véanse los apartados 48 y 61 y el punto 1 del fallo)
La Directiva 2005/29, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica las Directivas 84/450, 97/7, 98/27 y 2002/65 y el Reglamento n.o 2006/2004 (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que protege la salud pública y la dignidad de la profesión de odontólogo, por una parte, prohibiendo con carácter general y absoluto toda publicidad relativa a prestaciones de tratamientos bucales y dentales y, por otra parte, estableciendo determinados requisitos de discreción en lo que se refiere a los rótulos de las consultas de odontología.

El considerando 18 de la Directiva 2000/31 precisa que el concepto de «servicios de la sociedad de la información» cubre una amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea y que dichos servicios no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que tales servicios representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquellos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales. En estas circunstancias, procede considerar que la publicidad en línea puede constituir un servicio de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva 2000/31 (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Mc Fadden, C‑484/14 , EU:C:2016:689 , apartados 41 y 42 ).

La Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe con carácter general y absoluto toda publicidad relativa a prestaciones de tratamientos bucales y dentales, en tanto que prohíbe toda forma de comunicación comercial por vía electrónica, incluida la realizada a través de un sitio de Internet creado por un odontólogo.

En efecto, ha de señalarse que el legislador de la Unión no excluyó ninguna profesión regulada del principio de autorización de las comunicaciones comerciales en línea previsto en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2000/31. Por tanto, aunque esta disposición permite tener en cuenta particularidades de las profesiones sanitarias en la elaboración de las normas profesionales correspondientes, determinando, en su caso de manera estricta, las formas y las modalidades de las comunicaciones comerciales en línea mencionadas en dicha disposición al objeto, en particular, de garantizar que no se perjudique la confianza que tienen los pacientes en estas profesiones, no es menos cierto que estas normas profesionales no pueden prohibir con carácter general y absoluto toda forma de publicidad en línea destinada a promocionar la actividad de una persona que ejerce tal profesión.

(véanse los apartados 48 a 50 y el punto 2 del fallo)
El examen de la tercera cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún factor que pueda afectar a la validez de los límites del contenido de agua de la carne de pollo congelada establecidos en el artículo 15, apartado 1, y en los anexos VI y VII del Reglamento n.o 543/2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento n.o 1234/2007 en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.o 1239/2012.

Pues bien, el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 543/2008 y los anexos VI y VII de éste definen con claridad el contenido y el alcance de las prescripciones que establecen. Estas disposiciones determinan sin ambigüedad tanto los productos a los que se refieren, concretamente los pollos congelados y ultracongelados, como el límite del contenido de agua que no debe superarse.

Puesto que los anexos VI y VII del Reglamento n.o 543/2008, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.o 1239/2012, son suficientemente precisos para realizar los controles de los pollos congelados y ultracongelados destinados a exportarse con restitución por exportación, la circunstancia de que un Estado miembro no haya establecido las modalidades prácticas cuya adopción se prevé en el artículo 18, apartado 2, de dicho Reglamento no hace que dichos controles no sean oponibles a las empresas afectadas.

(véanse los apartados 23, 30 y 52 y los puntos 1 y 3 del fallo)