Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos destinados a producir efectos jurídicos — Concepto — Requisitos

(Art. 263 TFUE)

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión de la Comisión relativa a un requerimiento de información dirigido a un Estado miembro para facilitar información en el marco de un procedimiento de ayudas de Estado, adoptada en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 659/1999 — Inclusión

[Arts. 263 TFUE, párr. 1, y 288 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 10, aps. 2 y 3]

3. Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos de trámite — Exclusión — Decisión de la Comisión relativa a un requerimiento de información dirigido a un Estado miembro para facilitar información, adoptada en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 659/1999 — Acto que produce efectos jurídicos autónomos — Inclusión

[Arts. 258 TFUE y 263 TFUE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 10, ap. 3]

4. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión relativa a un requerimiento de información dirigido a un Estado miembro para facilitar información sobre una empresa pública, adoptada en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 659/1999 — Recurso interpuesto por dicha empresa — Procedencia

[Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) nº 659/1999, art. 10, ap. 3]

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1. En el marco de los recursos de anulación interpuestos por los Estados miembros o las instituciones, se consideran actos impugnables, en el sentido del artículo 263 TFUE, todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios. Además, un Estado miembro está legitimado para interponer un recurso de anulación contra un acto que produce efectos jurídicos obligatorios sin tener que demostrar que tiene interés en ejercitar la acción.

Cuando el recurso de anulación contra un acto adoptado por una institución se interpone por una persona física o jurídica, únicamente es posible interponer dicho recurso si los efectos jurídicos obligatorios de dicho acto pueden afectar a los intereses del demandante modificando sustancialmente su situación jurídica. Cuando un recurso de anulación se interpone por una parte demandante no privilegiada contra un acto del que no es destinataria, esta exigencia relativa a la afectación de los intereses de la parte demandante se solapa con las condiciones del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 36 a 38)

2. Una decisión de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, y se requiere a un Estado miembro para que le facilite la información relativa a una ayuda supuestamente ilegal tiene por objeto producir efectos jurídicos obligatorios y constituye, por lo tanto, un acto impugnable en el sentido del artículo 263 TFUE. En efecto, un requerimiento como este se inscribe dentro de la segunda fase del procedimiento establecido por el artículo 10 de dicho Reglamento para permitir a la Comisión obtener del Estado miembro de que se trate la información necesaria relativa a tal ayuda, fase que se traduce en la adopción por la Comisión de una decisión en el sentido del artículo 288 TFUE. Al establecer que un requerimiento de información adopte la forma de una decisión, el legislador de la Unión ha tenido la intención de atribuir a tal acto un carácter vinculante.

(véanse los apartados 41 y 43 a 45)

3. Los trámites intermedios que tienen por objeto preparar la decisión final no constituyen, en principio, actos que puedan ser objeto de un recurso de anulación. En efecto, un recurso de anulación dirigido contra actos que expresan una opinión provisional de la Comisión podría obligar al juez de la Unión a efectuar una valoración de cuestiones sobre las cuales la institución de que se trata no ha tenido aún ocasión de pronunciarse y, de esta manera, tendría como consecuencia una anticipación de los debates sobre el fondo del asunto y una confusión de las distintas fases de los procedimientos administrativo y judicial. Por lo tanto, admitir a trámite tal recurso sería incompatible con los sistemas de reparto de competencias entre la Comisión y el juez de la Unión y de medios de impugnación previstos por el Tratado, así como con las exigencias de una buena administración de justicia y de un desarrollo regular del procedimiento administrativo de la Comisión.

Un acto intermedio tampoco puede ser objeto de recurso cuando consta que la ilegalidad de que adolece dicho acto puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión final de la que dicho acto constituye un acto de elaboración. En tales circunstancias, el recurso interpuesto contra la decisión que pone fin al procedimiento garantizará una tutela judicial suficiente. De no cumplirse esta última condición, se considerará que el acto intermedio produce efectos jurídicos autónomos, por lo que debe poder ser objeto de un recurso de anulación.

Este es el caso de un requerimiento, dirigido por la Comisión a un Estado miembro, para que facilite información sobre los beneficios y costes de una empresa pública en el marco de un procedimiento de declaración de que existe una ayuda de Estado, en aplicación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE. En efecto, un recurso interpuesto contra una decisión que ponga fin al procedimiento sobre tal ayuda de Estado no garantiza una tutela judicial suficiente a las recurrentes, habida cuenta de que, por una parte, la ilegalidad de que adoleciera el acto intermedio, a saber, el carácter desproporcionado en la medida en que la información solicitada no es pertinente, podrían afectar a la legalidad de la decisión final de la Comisión, habida cuenta de que esta última decisión no se basará en la información obtenida en respuesta al referido requerimiento y de que, por otra parte, la negativa de un Estado miembro a cumplir tal requerimiento constituye un incumplimiento de una obligación que le incumbe en virtud de los Tratados en el sentido del artículo 258 TFUE, en cuyo marco la no ejecución de tal requerimiento no puede justificarse sobre la base de su supuesta ilegalidad. En efecto, toda oposición a la legalidad de tal requerimiento debe efectuarse en el marco de un procedimiento distinto, a saber, el del recurso de anulación previsto en el artículo 263 TFUE.

(véanse los apartados 50 a 60)

4. Conforme al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, una persona física o jurídica sólo puede interponer un recurso contra decisiones dirigidas a otra persona si dichas decisiones le afectan directa e individualmente. A este respecto, un requerimiento de la Comisión dirigido a un Estado miembro para que facilite información sobre los ingresos y gastos de una empresa pública en el marco de un procedimiento de declaración de que existe una ayuda de Estado, en aplicación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, afecta directamente a dicha empresa en la medida en que, en primer lugar, en cuanto beneficiaria de la medida a la que se refiere la información contemplada en dicho requerimiento y en cuanto poseedora de dicha información, estará obligada a dar curso al requerimiento de información y, en segundo lugar, el contenido definitivo y exhaustivo de la información solicitada se desprende del propio acto controvertido, sin dejar margen de apreciación alguno al Estado interesado. Por lo demás, tal empresa está individualmente afectada por un requerimiento como el citado puesto que la información contemplada en él se refiere únicamente a dicha empresa, en el marco de un procedimiento de investigación de una presunta ayuda de Estado en beneficio de ella.

(véanse los apartados 65, 68 a 70 y 74)