Asunto C‑484/14

Tobias Mc Fadden

contra

Sony Music Entertainment Germany GmbH

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I)

«Procedimiento prejudicial — Sociedad de la información — Libre circulación de servicios — Red local inalámbrica (WLAN) profesional — Puesta a libre disposición del público — Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios — Mera transmisión — Directiva 2000/31/CE — Artículo 12 — Limitación de responsabilidad — Usuario desconocido de esa red — Vulneración de los derechos de los titulares de derechos sobre una obra protegida — Obligación de proteger la red — Responsabilidad civil del profesional»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)de 15 de septiembre de 2016

El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, en relación con el artículo 2, letra a), de dicha Directiva y con el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48, debe interpretarse en el sentido de que una prestación realizada por el operador de una red de comunicaciones y que consiste en poner ésta gratuitamente a disposición del público constituye un «servicio de la sociedad de la información», en el sentido de la primera disposición citada, cuando es llevada a cabo por el prestador de que se trate con fines publicitarios respecto a los bienes vendidos o los servicios realizados por dicho prestador. A este respecto, resulta, por una parte, de los considerandos 2 y 19 de la Directiva 98/48, por la que se modifica la Directiva 98/34, y, por otra parte, del artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, que los servicios de la sociedad de la información a que se refiere el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31 son únicamente los que se prestan normalmente a cambio de una remuneración. No obstante, de lo anterior no puede deducirse que una prestación de naturaleza económica realizada con carácter gratuito no pueda constituir en ningún caso un «servicio de la sociedad de la información» en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31. En efecto, la remuneración de un servicio efectuado por un prestador en el marco de su actividad económica no es necesariamente abonada por las personas que disfrutan de él. Sucede así en particular cuando una prestación efectuada con carácter gratuito es llevada a cabo por un prestador con fines publicitarios, puesto que el coste de dicha actividad queda integrado en el precio de venta de esos bienes o servicios. (véanse los apartados 37 a 39 y 41 a 43 y el punto 1 del fallo)

El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que ha sido prestado el servicio contemplado en dicha disposición, que consiste en facilitar acceso a una red de comunicaciones, dicho acceso no debe ir más allá del marco del procedimiento técnico, automático y pasivo que garantice la ejecución de la transmisión de datos requerida, no siendo necesario el cumplimiento de requisitos adicionales. En efecto, por una parte, del tenor de dicha disposición se desprende que la prestación del servicio debe implicar la transmisión de datos en una red de comunicaciones, y, por otra parte, del considerando 42 de esa Directiva resulta que la actividad de «mera transmisión» tiene una naturaleza meramente técnica, automática y pasiva. Además, ni de las demás disposiciones de la Directiva 2000/31 ni de los objetivos perseguidos por ella se desprende que la prestación de acceso a una red de comunicaciones deba satisfacer requisitos adicionales, como la existencia de una relación contractual entre el destinatario y el prestador de dicho servicio o que éste utilice medios publicitarios para promocionar dicha prestación. Finalmente, la citada disposición debe interpretarse en el sentido de que el requisito previsto en el artículo 14, apartado 1, letra b), de dicha Directiva no se aplica por analogía al citado artículo 12, apartado 1. En efecto, las exenciones de responsabilidad previstas en dichas disposiciones están sujetas a requisitos de aplicación distintos en función del tipo de actividad de que se trate. En particular, el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 establece concretamente que, para poder disfrutar de la exención de responsabilidad, los proveedores de alojamiento de sitios de Internet deben actuar con prontitud cuando tengan conocimiento de datos ilícitos con el fin de retirarlos o de hacer que el acceso a ellos sea imposible, mientras que, en cambio, el artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva no supedita la exención de responsabilidad que establece en favor de los proveedores de acceso a una red de comunicaciones al cumplimiento de un requisito como el anterior. (véanse los apartados 46 a 48, 50, 54, 57 a 59, 64 y 65 y los puntos 2 y 3 del fallo)

El artículo 12, apartado 1, primera mitad de la frase, de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, en relación con el artículo 2, letra b), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no existen requisitos distintos del mencionado en esa disposición a los que esté sujeto el prestador de servicios que facilita el acceso a una red de comunicaciones. (véanse el apartado 71 y el punto 4 del fallo)

El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la persona perjudicada por la infracción de sus derechos sobre una obra pueda solicitar una indemnización al proveedor de acceso a una red de comunicaciones, así como el reembolso de los gastos relativos al requerimiento extrajudicial o las costas judiciales en relación con su pretensión de indemnización, debido a que uno de dichos accesos ha sido utilizado por terceros para infringir sus derechos. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que, considerada aisladamente, no se opone a que esa persona solicite la cesación en la infracción, así como el pago de los gastos relativos al requerimiento extrajudicial y las costas judiciales, frente a un proveedor de acceso a una red de comunicaciones cuyos servicios hayan sido utilizados para cometer la infracción, cuando esas pretensiones tengan por objeto o resulten de la adopción de un requerimiento dictado por una autoridad o un tribunal nacional por el que se prohíba a dicho prestador permitir que continúe la infracción. (véanse el apartado 79 y el punto 5 del fallo)