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1)

Anular el Reglamento (CE) no 85/2006 del Consejo, de 17 de enero de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de salmón de piscifactoría originario de Noruega, en la medida en que afecta a la Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, la Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Salmar Farming AS, Hydroteck AS, Hallvard Lerøy AS y Lerøy Midnor AS.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 331/16

Sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2011 — Polonia/Comisión

(Asunto T-4/06) (1)

(Agricultura - Acta de adhesión de 2003 - Reglamento (CE) no 1260/2001 - Reglamento (CE) no 1686/2005 - Reglamento (CE) no 1193/2009 - Campaña de comercialización 2004/2005 - Cotización complementaria - Fijación de dos coeficientes - Competencia - Base jurídica - Norma de habilitación - Obligación de motivación - Respeto de los requisitos sustanciales de forma)

2011/C 331/28

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: República de Polonia (representantes: inicialmente J. Pietras, posteriormente E. Ośniecka-Tamecka, posteriormente T. Nowakowski, posteriormente M. Dowgielewicz, B. Majczyna y P. Rosiak y, finalmente, B. Majczyna, M. Szpunar y D. Krawczyk, agentes)

Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente A. Szmytkowska, C. Cattabriga y F. Erlbacher, posteriormente A. Szmytkowska y P. Rossi, agentes)

Objeto

Recurso de anulación dirigido contra el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1686/2005 de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2004/2005, los importes de las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO L 271, p. 12), en su versión modificada por el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1193/2009 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2009, que corrige los Reglamentos (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005 y (CE) no 164/2007 y fija los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 (DO L 321, p. 1).

Fallo

1) Anular el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1686/2005 de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2004/2005, los importes de las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar, en su versión modificada por el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1193/2009 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2009, que corrige los Reglamentos (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005 y (CE) no 164/2007 y fija los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 74, de 25.3.2006.
1)

Anular el Reglamento (CE) no 366/2006 del Consejo, de 27 de febrero de 2006, que modifica el Reglamento (CE) no 1676/2001, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de películas de tereftalato de polietileno originarias, entre otros países, de la India, en la medida en que impone un derecho antidumping a MTZ Polyfilms Ltd.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/31

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2009 — Laytoncrest/OAMI — Erico (TRENTON)

(Asunto T-171/06) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa TRENTON - Marca comunitaria denominativa anterior LENTON - Derecho a ser oído - Artículo 73 del Reglamento (CE) no 40/94 y regla 54 del Reglamento (CE) no 2868/95 - No retirada de la solicitud de marca - Artículo 44, apartado 1, del Reglamento no 40/94 - Obligación de pronunciarse basándose en las pruebas disponibles - Regla 20, apartado 3, y regla 50, apartado 1, del Reglamento no 2868/95»)

2009/C 113/63

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Laytoncrest Ltd (Londres) (representantes: N. Dontas y P. Georgopoulou, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Erico International Corp. (Solon, Ohio, Estados Unidos) (representantes: M. Samer, O. Gillert y F. Schiwek, abogados)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 26 de abril de 2006 (asunto R 406/2004-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Erico International Corp. y Laytoncrest Ltd.

Fallo

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de abril de 2006 (R 406/2004-2).

2) La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las costas en que haya incurrido Laytoncrest Ltd.

3) Erico International Corp. cargará con sus propias costas.

(1) DO C 212, de 2.9.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/42

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2007 — Italia/Comisión

(Asunto T-308/05) (1)

(Fondos Estructurales - Cofinanciación - Reglamentos (CE) nos 1260/1999 y 448/2004 - Requisitos para la subvencionabilidad de anticipos pagados por organismos nacionales en el marco de regímenes de ayudas de Estado o en relación con la concesión de ayudas - Prueba de la utilización de los fondos por los destinatarios últimos - Recurso de anulación - Acto impugnable)

(2008/C 22/78)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: República Italiana (representantes: inicialmente A. Cingolo, porteriormente P. Gentili, avvocati dello Stato)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Flynn y M. Velardo, agentes, asistidos por G. Faedo, abogada)

Objeto

Recurso de anulación de las Decisiones supuestamente contenidas en los escritos de la Comisión no 5272, de 7 de junio de 2005, no 5453, de 8 de junio de 2005, nos 5726 y 5728, de 17 de junio de 2005, y no 5952, de 23 de junio de 2005.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la República Italiana.

(1) DO C 257 de 15.10.2005.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 319/11

Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011 — Arch Chemicals y otros/Comisión

(Asuntos acumulados T-75/04 y T-77/04 a T-79/04) (1)

(Recurso de anulación - Policía sanitaria - Comercialización de biocidas - Reglamento (CE) no 2032/2003 - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad)

2011/C 319/19

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, Estados Unidos) y Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Reino Unido) (asunto T-75/04); Rhodia UK Ltd, anteriormente Rhodia Consumer Specialties Ltd (Watford, Hertfordshire, Reino Unido) (asunto T-77/04); Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres) (asunto T-78/04); y Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Países Bajos) (asunto T-79/04); (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados)

Demandadas: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis y F. Simonetti, posteriormente P. Oliver y G. Wilms, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: European Chemical Industry Council (CEFIC) (Bruselas) (representantes: inicialmente M. Bronckers, Y. van Gerven y P. Charro, posteriormente Y. van Gerven, abogados)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Parlamento Europeo (representantes: inicialmente A. Neergaard y M. Moore, posteriormente A. Neergaard y J. Rodrigues, agentes); Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente B. Hoff-Nielsen, M. Sims y F. Ruggeri Laderchi, posteriormente M. Sims y F. Florindo Gijón y finalmente F. Florindo Gijón y R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agentes), y Reino de los Países Bajos (representantes: inicialmente S. Terstal, posteriormente H. Sevenster, agentes)

Objeto

Anulación de los artículos 3, 4, apartado 2, 5, apartado 3, 10, apartado 2, párrafo segundo, 11, apartado 3, 13, 14, apartado 2, y del anexo II del Reglamento (CE) no 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1896/2000 (DO L 307, p. 1).

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) Condenar a Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc y Troy Chemical Co. BV a cargar con sus propias costas así como con las expuestas por la Comisión Europea, incluidas, por lo que respecta a Sumitomo Chemical (UK) plc, las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

3) Condenar al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, al Reino de los Países Bajos y al Chemical Industry Council (CEFIC) a cargar con sus propias costas.

(1) DO C 106, de 30.4.2004.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/23

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de abril de 2008 — KONGRA-GEL y otros/Consejo

(Asunto T-253/04) (1)

(«Política Exterior y de Seguridad Común - Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Motivación»)

(2008/C 142/41)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: KONGRA-GEL y otros nueve demandantes cuyos nombres figuran en anexo a la sentencia (representantes: M. Muller, QC, E. Grieves y C. Vine, Barristers, y J.G. Pierce, Solicitor)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: E. Finnegan y D. Canga Fano, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representates: inicialmente R. Caudwell, y posteriormente E. Jenkinson, agentes, asistidos por S. Lee, Barrister)

Objeto

Por un lado, anulación parcial de la Decisión 2004/306/CE del Consejo, de 2 de abril de 2004, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2003/902/CE (DO L 99, p. 28), así como del Reglamento (CE) no 2580/2001 (DO L 344, p. 70), y, por otro lado, reclamación de una indemnización por daños y perjuicios.

Fallo

1) Anular, en lo que atañe a KONGRA-GEL, la Decisión 2004/306/CE del Consejo, de 2 de abril de 2004, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2003/902/CE.

2) Condenar al Consejo a cargar con sus propias costas, así como con las costas en que han incurrido los demandantes.

3) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 262 de 23.10.2004.
1)

Fijar el importe de la multa impuesta a Nintendo Co., Ltd, y Nintendo of Europe GmbH en 119 242 500 euros.
—

La parte demandante aduce la ilegalidad de la decisión impugnada por cuanto el Parlamento Europeo, al disponer la incorporación inmediata de la Decisión 150/2022 y el consiguiente cálculo de la pensión de la parte demandante con una nueva metodología, retroactiva y de efectos permanentes, que incidirá directamente en el derecho a pensión, ha violado el principio de seguridad jurídica, que se opone a la vulneración de los derechos adquiridos, conforme a la finalidad del artículo 28 del Estatuto y del artículo 75 de la Decisión MAE, así como el principio de confianza legítima, que no permite erosionar ni transformar el tratamiento de la pensión. Por otro lado, desde el momento en que tan solo afecta a los antiguos diputados italianos al Parlamento Europeo, únicos destinatarios de una medida que efectúa un nuevo cálculo retroactivamente con un método contributivo del derecho a pensión generado cuando el método contributivo aún no había sido introducido en Italia, tal cálculo es manifiestamente contrario al principio de igualdad, creando una discriminación ilegal respecto a los antiguos diputados al Parlamento Europeo de los demás Estados miembros, así como a los diputados al Parlamento Europeo elegidos con posterioridad a 2009 y al resto de ciudadanos en general, que no están sometidos a ese tipo de tratamiento reductivo.
1.

Primer motivo, basado en la extralimitación de la competencia del Consejo en materia de medidas restrictivas. Según los demandantes, la obligación de notificación no es una medida necesaria para hacer efectiva la Decisión 2014/145/PESC (3) y, por tanto, esa disposición invade la competencia de los Estados miembros para aplicar medidas restrictivas. Además, el Consejo no era competente para crear y definir, por sí solo, una infracción de una obligación de notificación que no es una medida restrictiva, ni para armonizar las sanciones relativas a dicha infracción.
1.

Primer motivo: se alega que la Decisión impugnada adolece de vicios de forma y de fondo, habida cuenta de las siguientes irregularidades: — La Decisión impugnada infringe los artículos 22, apartado 6, y 28, apartado 2, del Reglamento MUR, (1) por cuanto, primero, los costes no constituyen un gasto razonable en que se haya incurrido correctamente en lo que se refiere al uso de las competencias e instrumentos de resolución; segundo, la JUR no adoptó una decisión adecuada con respecto al modo en que ha de recuperar los costes y debería haber impuesto los costes a la entidad objeto de resolución y, por tanto, al comprador indirectamente; tercero, el artículo 28, apartado 2, del Reglamento MUR solamente autoriza a la JUR a dar instrucciones a las autoridades nacionales de resolución sobre cualquier aspecto de la ejecución del dispositivo de resolución siempre que los costes de que se trate en la decisión de resolución estén asociados al procedimiento que ha dado lugar a esta, y cuarto, el Reglamento MUR no autoriza a la JUR a recabar asesoramiento legal o de otro tipo a cargo de la entidad objeto de supervisión o de sus accionistas. — La intervención de asesores externos es contraria al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con arreglo al cual, toda persona tiene derecho a que sean las instituciones, órganos y organismos de la Unión los que traten sus asuntos y no asesores externos. — Los costes impuestos a la demandante mediante la Decisión impugnada estarían en cualquier caso cubiertos por las aportaciones ordinarias de cada entidad objeto de supervisión dirigidas a sufragar los gastos administrativos de la JUR. — De las normas especiales que permiten la recuperación de los gastos relativos al asesoramiento legal en determinadas circunstancias se infiere que, fuera de estos casos, la regla es que tales costes no son recuperables. — No se incurrió en los costes en cuestión de manera razonable y adecuada. — Algunos costes se refieren a materias de Derecho esloveno, y los únicos competentes para interpretar y aplicar este Derecho son las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales. — Algunos costes se refieren a materia sancionadora, la cual queda también fuera de la competencia de la JUR.
C 432/30

Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2022 — Sberbank Europe/Consejo y otros

(Asunto T-523/22)

(2022/C 432/38)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Sberbank Europe AG (Viena, Austria) (representante: O. Behrends, abogado)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Junta Única de Resolución

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare nula, con arreglo al artículo 264 TFUE, la Decisión impugnada. (1)

— Condene a la JUR, la Comisión y al Consejo a cargar con las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca nueve motivos.

1. Primer motivo, basado en que la JUR se extralimitó en sus competencias al adoptar una Decisión con respecto a la demandante.

2. Segundo motivo, basado en que la JUR incurrió en vicios sustanciales de forma con respecto a la demandante.

3. Tercer motivo, basado en que la Decisión impugnada incurre en una serie de vicios de fondo.

4. Cuarto motivo, basado en que la JUR no consideró adecuadamente la posibilidad de adoptar medidas alternativas de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento del MUR. (2)

5. Quinto motivo, basado en que la JUR no eligió la opción menos gravosa en el contexto de la medida de resolución con respecto a la parte demandante.

6. Sexto motivo, basado en que la JUR infringió normas sustantivas y de procedimiento que regulan el instrumento de venta del negocio, incluido el artículo 20 del Reglamento del MUR.

7. Séptimo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de proporcionalidad y cometió un error manifiesto de apreciación con respecto a las posibles soluciones alternativas.

8. Octavo motivo, basado en que la JUR no se puso en contacto con la dirección de la parte demandante o de Sberbank Slovenia en relación con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento del MUR.

9. Noveno motivo, basado en que la JUR se abstuvo de seguir el plan de resolución sin ninguna justificación verosímil.

(1) La Decisión impugnada por la parte demandante en este asunto es la Decisión de la JUR de 1 de marzo de 2022 (SRB/EES/2022/20) relativa a la filial eslovena de la demandante (Sberbank banka d.d.), incluida, en su caso, la aprobación de dicha Decisión por la Comisión y/o el Consejo.

(2) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
1.

Primer motivo, basado en que el Panel de Recurso consideró erróneamente, en la Decisión recurrida, que la JUR había realizado una interpretación y una aplicación correctas del artículo 12 nonies del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 255, p. 1) y que esta se había mantenido dentro de los límites de su facultad de apreciación.
5.

Quinto motivo, basado en la aplicación incorrecta del artículo 2c, apartado 1b, n.o 5, de la KWG relativo a las sospechas de lavado de dinero y de financiación del terrorismo. — Se alega que no se han tenido en cuenta las medidas tomadas o proyectadas ni las pruebas aportadas, y no se ha reconocido la inexistencia de indicio sospechoso alguno.
C 276/21

Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2022 — Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation)

(Asunto T-319/22)

(2022/C 276/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Alemania) (Representantes: F. Dehn, L. Maritzen y C. Kleiner, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «aquamation» — Solicitud de registro n.o 18453264

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de marzo de 2022 en el asunto R 2154/2021-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI, incluidas las relativas al procedimiento ante la Sala de Recurso.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

— Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del punto 36 del EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards de 2009. — A este respecto, se alega que en particular el punto 36 establece que el BEI ha de exigir que todos los proyectos financiados deberán respetar al menos: — La normativa nacional aplicable en materia de medio ambiente. — La normativa de la Unión aplicable en materia de medio ambiente, en particular la Directiva EIA de la Unión y la Directiva sobre conservación de la naturaleza, así como las Directivas sectoriales y las Directivas «transversales». — Los principios y los estándares de los convenios medioambientales internacionales pertinentes incorporados al Derecho de la Unión. En el presente asunto no se ha respetado ninguno de los puntos mencionados. En efecto, han quedado probadas las siguientes infracciones: a. La normativa de la Unión en materia de medio ambiente y, en particular: a.I El considerando 36, en relación con los artículos 4 y 14 del Reglamento (UE) n.o 347/2013 (falta de análisis de los costes y los beneficios). a.II El considerando 31 del Reglamento n.o 347/2013, en relación con el artículo 5, apartado 1, y el anexo IV, nota 1, de la Directiva 2011/92/UE (impactos acumulativos externos). a.III El considerando 31 del Reglamento n.o 347/2013, en relación con el artículo 5, apartado 1, y el anexo IV, nota 1, de la Directiva 2011/92/UE (impactos acumulativos internos) — Prohibición de «Salami Slicing» (táctica de fragmentación). a.IV El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE y el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats. a.V El artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2009/147, Directiva sobre aves. a.VI El considerando 30 y el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1367/2006, en relación con el artículo 6 de la Directiva EIA (transparencia y participación). a.VII El considerando 28, en relación con el artículo 7 del Reglamento UE 347/2013 (normativa sobre hábitats). a.VIII La infracción del artículo 191 TFUE, apartado 1, considerada conjuntamente con el incumplimiento de la Declaración del BEI sobre principios y normas sociales y medioambientales, aprobado por el Consejo de Administración el 3 de febrero de 2009. b. La normativa italiana y, en particular: b.I El Decreto Legislativo 42/2004 de aplicación del Convenio del Paisaje, artículo 26. b.II El Decreto Legislativo 42/2004 de aplicación del Convenio del Paisaje, artículo 146. b.III El artículo 14 ter de la Ley n.o 241, de 7 de agosto de 1990, relativo a la Conferencia de servicios. b.IV La norma A57 del Decreto Ministerial de compatibilidad mediombiental 223/14. b.V El Decreto Legislativo 152/06 (falta de sanciones). b.VI El artículo 452 quater del Código Penal (desastre medioambiental).
—

Anule la resolución impugnada en la medida en que, debido a que incurrió en diferentes errores de apreciación de hecho y de Derecho e hizo caso omiso de su obligación de buena administración, la Sala de Recurso consideró que la marca de la Unión MY BOYFRIENDS IS OUT OF TOWN, n.o 11352804, no había sido objeto de uso efectivo en el período controvertido para los servicios de las clases 41 y 43 invocados.
1.

Primer motivo, basado en que la demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación al no considerar, o al no considerar adecuadamente, los posibles efectos del apilamiento de genes en la expresión genética en combinación con la exposición a condiciones de sequía, y/o al no exigir la realización de una evaluación adecuada en condiciones de sequía.
5.

Quinto motivo: el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 no se opone a su derecho a acceder a la información controvertida. La divulgación de esta información no perjudicaría a los intereses comerciales de una persona física o jurídica. La información solicitada no contiene secretos comerciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/943. (2)