AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995. - EMPRESA NACIONAL DE URANIO SA CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - DEMANDA DE AUTORIZACION PARA PRACTICAR EL EMBARGO DE BIENES DE LA COMUNIDAD EN PORTUGAL. - ASUNTO C-2/94 SA



Recopilación de Jurisprudencia 1995 página I-02767



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

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1. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas ° Demanda de autorización para practicar el embargo de los bienes de una Institución ° Inexistencia de título ejecutivo ° Sobreseimiento

(Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 1)

2. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Costas recuperables ° Determinación de los intereses de demora devengados en razón del pago tardío de las costas ° Competencia exclusiva del Tribunal de Justicia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 74, ap. 1)

Índice

1. El examen por el Tribunal de Justicia de una demanda de autorización para practicar un procedimiento de ejecución forzosa sobre los bienes de una Institución presupone que el demandante esté en posesión de un título ejecutivo. En caso de no existir, procede sobreseer la demanda.

2. La facultad de declarar una eventual obligación de pagar intereses de demora en razón del pago tardío y de fijar el tipo aplicable forma parte de la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia en virtud del apartado 1 del artículo 74 del Reglamento de Procedimiento.

Partes

En el asunto C-2/94 SA,

Empresa Nacional de Urânio SA (ENU), sociedad portuguesa, con domicilio social en Urgeiriça, municipio de Nelas, representada por el Profesor João Mota de Campos y el Sr. João Luis Mota de Campos, Abogados de Lisboa, Rua António Enes, 16-5ºE, 1000 Lisboa,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. António Caeiro y Juergen Grunwald, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una demanda de autorización para practicar el embargo de bienes de la Comunidad en Portugal,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (Ponente), J.-P. Puissochet, G. Hirsch y H. Ragnemalm, Jueces;

Abogado General: Sr. A. La Pergola;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 1994, la Empresa Nacional de Urânio (en lo sucesivo, "ENU") solicitó, con arreglo al artículo 1 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Protocolo"), autorización para practicar el embargo de bienes pertenecientes a la Comisión de las Comunidades Europeas hasta cubrir el importe de su crédito contra esta última resultante de un auto del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 1994 (ENU/Comisión, C-107/91 DEP, no publicado en la Recopilación) sobre la tasación de costas efectuada a raíz de la sentencia de 16 de febrero de 1993 (ENU/Comisión, C-107/91, Rec. p. I-599).

2 En la citada sentencia de 16 de febrero de 1993, el Tribunal de Justicia declaró, en el marco de un recurso interpuesto en virtud del artículo 148 del Tratado CEEA, que la Comisión se había abstenido de adoptar una Decisión respecto a la solicitud que le había presentado ENU con arreglo al párrafo segundo del artículo 53 del Tratado CEEA. La Comisión fue condenada en costas.

3 Por falta de acuerdo entre las partes sobre las costas recuperables, el Tribunal de Justicia, mediante el citado auto de 15 de marzo de 1994, fijó en 6.000.000 ESC el importe total de las costas que la Comisión debía reembolsar a ENU.

4 Dado que la Comisión no pagó, ENU formuló la presente demanda ante el Tribunal de Justicia, a fin de solicitar autorización para obtener satisfacción de sus derechos hasta un importe de 6.000.000 ESC, al que había de añadirse el importe de los intereses devengados y de las costas del procedimiento, con objeto de entablar un procedimiento de ejecución forzosa ante los Tribunales de su jurisdicción nacional, en virtud de los artículos 155 y 164 del Tratado CEEA.

5 Consta en autos que, con posterioridad a la presentación de esta demanda, la Comisión abonó a ENU la cantidad de 6.000.000 ESC.

6 En su respuesta escrita a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, ENU insistió en el interés que tenía en mantener su demanda en cuanto a los intereses de demora presuntamente devengados como consecuencia del pago tardío de la Comisión.

7 La autorización para entablar un procedimiento de ejecución forzosa presupone la existencia de un título ejecutivo.

8 En el caso de autos, no existe ningún título ejecutivo referido a los intereses de demora presuntamente adeudados a ENU como consecuencia del retraso en el pago por parte de la Comisión. El auto de 15 de marzo de 1994 sobre tasación de costas, antes citado, no hace referencia a la cuestión de los intereses de demora eventualmente devengados con posterioridad a la fecha en que fue dictado.

9 Según ENU, la facultad de declarar la obligación de pagar intereses de demora y fijar el tipo aplicable corresponde al órgano jurisdiccional nacional ante el que ella se propone entablar el procedimiento de ejecución.

10 Ahora bien, esta argumentación es errónea. La facultad de declarar una eventual obligación de pagar intereses de demora y de fijar el tipo aplicable forma parte de la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia en virtud del apartado 1 del artículo 74 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

11 Por ello, procede sobreseer la presente demanda.

Decisión sobre las costas

Costas

12 Habida cuenta de las particulares circunstancias que originaron el presente litigio, parece equitativo decidir que cada parte soporte sus propias costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1) Sobreseer el asunto.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 29 de septiembre de 1995.