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1. Derecho comunitario — Principios — Proporcionalidad — Alcance

2. Derecho comunitario — Principios — Proporcionalidad — Actos de las instituciones

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1. El principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa, y que los inconvenientes ocasionados no deben ser desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. Por lo tanto, a efectos de la adopción de una normativa cuyo objetivo sea la protección de la salud pública el legislador comunitario debe tener plenamente en cuenta, además del objetivo principal, los intereses que concurran y, en particular, el derecho de propiedad, así como las exigencias del bienestar de los animales.

(véanse los apartados 35 y 37)

2. La validez de un acto comunitario en relación con el principio de proporcionalidad no puede depender de apreciaciones retrospectivas sobre su grado de eficacia. Cuando el legislador comunitario ha de valorar los efectos futuros de una normativa que haya de adoptar y dichos efectos no pueden preverse con exactitud, su valoración únicamente puede ser censurada si se revela como manifiestamente errónea, teniendo en cuenta los elementos de que disponía al adoptar la normativa de que se trate. Por consiguiente, a efectos de la adopción de una normativa cuyo objetivo sea la protección de la salud pública, debe admitirse que, cuando surgen dudas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud de las personas, aplicando el principio de cautela y de acción preventiva, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos. En cambio, cuando elementos nuevos modifican la percepción de un riesgo o muestran que ese riesgo puede limitarse mediante medidas menos rigurosas que las existentes, corresponde a las instituciones y, en particular, a la Comisión, que tiene el poder de iniciativa, velar por que se adapte la normativa a los nuevos datos.

(véanse los apartados 38 a 40)
Asunto C‑469/03

Proceso penal

contra

Filomeno Mario Miraglia

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bologna)

«Artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Principio non bis in idem — Ámbito de aplicación — Decisión de las autoridades judiciales de un Estado miembro de sobreseimiento de la acción penal debido únicamente a la iniciación de un procedimiento análogo contra la persona de que se trata en otro Estado miembro»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2005.

Sumario de la sentencia

Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Principio ne bis in idem — Ámbito de aplicación — Decisión de las autoridades judiciales de un Estado miembro de archivar un asunto debido a que se ha iniciado un procedimiento análogo en otro Estado miembro, sin que exista apreciación alguna en cuanto al fondo — Exclusión

(Art. 2 UE, párr. 1, cuarto guión; Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, art. 54)

El principio non bis in idem, consagrado en el artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que pretende evitar que una persona, al ejercer su derecho a la libre circulación, se vea perseguida por los mismos hechos en el territorio de varios Estados miembros, no se aplica a una decisión de las autoridades judiciales de un Estado miembro de archivar un asunto después de que el ministerio fiscal haya decidido no proseguir la acción penal debido únicamente a que se han iniciado actuaciones penales en otro Estado miembro contra el mismo imputado y por los mismos hechos, sin que exista apreciación alguna en cuanto al fondo. En efecto, tal decisión no puede considerarse una decisión que juzga en firme a una persona en el sentido de dicho artículo 54.

La aplicación de este principio a tal decisión de archivo de un procedimiento penal haría más difícil o incluso ilusoria cualquier posibilidad concreta de sancionar en los Estados miembros afectados el comportamiento ilícito atribuido al imputado. Esta consecuencia sería manifiestamente contraria a la propia finalidad de las disposiciones del título VI del Tratado de la Unión Europea, tal como se expone en el artículo 2 UE, párrafo primero, cuarto guión.

(véanse los apartados 30 y 33 a 35 y el fallo)
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1. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE — Ámbito de aplicación — Concesión de servicios públicos para la gestión de un aparcamiento público de pago — Exclusión

(Directiva 92/50/CEE del Consejo)

2. Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Contratos de concesión de servicios públicos — Inclusión — Límites — Caso de autos

(Arts. 12 CE, 43 CE y 49 CE)

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1. La adjudicación de la gestión de un aparcamiento público de pago por una autoridad pública a un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el prestador percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros para el uso de dicho aparcamiento, constituye una concesión de servicios públicos a la que no resulta de aplicación la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios.

(véanse el apartado 43 y el punto 1 del fallo)

2. Las autoridades públicas que celebren contratos de concesión de servicios públicos están obligadas a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado CE, en particular los artículos 43 CE y 49 CE, y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad establecido en el artículo 12 CE, que constituyen expresiones específicas del principio general de igualdad de trato. Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad implican, en particular, una obligación de transparencia que consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.

Sin embargo, estará excluida la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 CE, 43 CE y 49 CE, así como de los principios generales cuya expresión específica constituyen dichos artículos, en el supuesto de que, cumulativamente, la autoridad pública concedente ejerza sobre la entidad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y la entidad realice la parte esencial de su actividad junto con la autoridad a que pertenece.

Los preceptos y los principios citados se oponen, a este respecto, a que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios públicos a una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma.

(véanse los apartados 46 a 49, 62 y 72 y el punto 2 del fallo)
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1. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre el patrimonio — Normativa nacional que deniega a los contribuyentes no residentes el derecho a las cantidades exentas reconocidas a los contribuyentes residentes — Procedencia — Requisito

(Arts. 56 CE y 58 CE)

2. Libre circulación de capitales — Restricciones — Convenio fiscal bilateral para evitar la doble imposición — Derecho a aplicar deducciones personales reservado a los residentes de los Estados miembros parte del convenio — Procedencia

(Arts. 56 CE y 58 CE)

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1. Los artículos 56 CE y 58 CE no se oponen a una normativa tributaria que establece un impuesto sobre el patrimonio que niega a los contribuyentes no residentes cuyo patrimonio está situado en su mayor parte en el Estado en el que son residentes la aplicación de las cantidades exentas que concede a los contribuyentes residentes.

En efecto, los contribuyentes que tienen sólo una parte no fundamental de su patrimonio en un Estado miembro distinto del Estado en el que son residentes no se encuentran, por regla general, en una situación comparable a la de los residentes en este otro Estado, dado que no sólo la parte principal de los ingresos, sino también la mayor parte del patrimonio de estos últimos se concentran habitualmente en su Estado de residencia. Por consiguiente, este Estado miembro es el más indicado para tener en cuenta la capacidad contributiva global del residente, aplicándole, en su caso, las reducciones previstas por su normativa. En consecuencia, la negativa de las autoridades afectadas a conceder a los no residentes la cantidad exenta a la que tienen derecho los residentes no constituye una discriminación contra ellos.

(véanse los apartados 37, 38 y 43 y el punto 1 del fallo)

2. Los artículos 56 CE y 58 CE no se oponen a que una norma prevista por un convenio fiscal bilateral para evitar la doble imposición, según la cual las personas físicas residentes en uno de los dos Estados tienen derecho en el otro a las deducciones personales concedidas por éste a sus propios residentes, no se extienda a un residente en un Estado miembro que no sea parte del citado convenio.

El hecho de que los derechos y obligaciones recíprocos que se derivan de tal convenio sólo se apliquen a las personas residentes en uno de los dos Estados miembros contratantes es una consecuencia inherente a los convenios bilaterales para evitar la doble imposición.

(véanse los apartados 60, 61 y 63 y el punto 2 del fallo)
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1. Libre circulación de personas – Trabajadores – Concepto – Nacional de un Estado miembro que trabaja en una organización internacional – Inclusión – Límite – Trabajador nacional de un Estado miembro cuya carrera profesional se ha desarrollado en su totalidad en el territorio de dicho Estado miembro

(Art. 39 CE)

2. Estados miembros – Obligaciones – Obligación de cooperación leal con las instituciones comunitarias – Falta de cómputo de los períodos de actividad al servicio de las Comunidades Europeas para la concesión de una pensión de jubilación anticipada en virtud de un régimen nacional – Improcedencia

(Art. 10 CE; Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 11, ap. 2)

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1. Un funcionario de las Comunidades Europeas que trabaja en un Estado miembro diferente de su Estado de origen tiene la condición de trabajador migrante. En efecto, no pierde la condición de trabajador, en el sentido del artículo 39 CE, apartado 1, por ocupar un empleo en una organización internacional, ni siquiera si las condiciones de su ingreso y residencia en el país de empleo están regidas de modo particular por un Convenio internacional.

Las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de los trabajadores y, en especial, el artículo 39 CE, no pueden, no obstante, aplicarse a situaciones puramente internas de un Estado miembro. No está contemplado en estas disposiciones un trabajador que haya desempeñado todas sus actividades profesionales en el territorio del Estado miembro del que es nacional, en un primer momento, en calidad de trabajador por cuenta ajena y, en un segundo momento y hasta la edad de la jubilación, como funcionario de las Comunidades Europeas.

(véanse los apartados 37, 39, 40 y 43)

2. El artículo 10 CE, en relación con el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permite que se computen los años de trabajo que un nacional comunitario haya cumplido al servicio de una institución comunitaria, en orden al reconocimiento de un derecho a pensión de jubilación anticipada en virtud del régimen nacional.

En efecto, semejante normativa nacional puede obstaculizar y, por lo tanto, desalentar el ejercicio de una actividad profesional en una institución de la Unión Europea en la medida en que cuando un trabajador, que ha estado afiliado a un régimen nacional de pensiones, acepta un empleo en tal institución, corre el riesgo de perder la posibilidad de disfrutar, con arreglo al citado régimen, de una prestación de vejez a la que habría tenido derecho en caso de no haber aceptado tal empleo.

No pueden admitirse semejantes consecuencias habida cuenta del deber de cooperación y de asistencia leales que recae sobre los Estados miembros con respecto a la Comunidad y que halla su expresión en la obligación, impuesta por el artículo 10 CE, de facilitar a ésta el cumplimiento de su misión.

(véanse los apartados 47 a 49 y el fallo)
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Recursos propios de las Comunidades Europeas — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros — Obligación independiente de la posibilidad de contracción y de recaudación a posteriori de los derechos aduaneros — Falta de constatación y de puesta a disposición sin que exista causa de fuerza mayor o imposibilidad definitiva de proceder al cobro por causas ajenas a la responsabilidad del Estado miembro de que se trata — Incumplimiento

[Reglamentos del Consejo (CEE, Euratom) nº 1552/89, art. 17, ap. 2, y (CEE) nº 2913/92, art. 220, ap. 2, letra b); Decisión 94/728/CE, Euratom del Consejo, arts. 2 y 8]

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Los Estados miembros están obligados a liquidar el derecho de las Comunidades sobre los recursos propios desde que sus autoridades aduaneras dispongan de los elementos necesarios y, por tanto, estén en condiciones de calcular el importe de los derechos resultante de la deuda aduanera y determinar el deudor, con independencia de si se reúnen los requisitos para la aplicación del artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, y, por tanto, si cabe proceder o no a la contracción y a la recaudación a posteriori de los derechos aduaneros de que se trata.

En estas circunstancias, incumple sus obligaciones en virtud del Derecho comunitario y, en concreto, de los artículos 2 y 8 de la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, un Estado miembro que no liquide el derecho de las Comunidades sobre los recursos propios y no ponga el importe correspondiente a disposición de la Comisión, sin que medie alguna de las condiciones establecidas en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento nº 1552/89, por el que se aplica la Decisión 88/376, relativa al sistema de recursos propios de la Comunidad, a saber, que los derechos liquidados no han podido ser cobrados por causa de fuerza mayor o que resulta definitivamente imposible proceder al cobro por causas ajenas a su responsabilidad.

(véanse los apartados 66, 68 y 70 y el fallo)
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Política social – Aproximación de las legislaciones – Despidos colectivos – Directiva 98/59/CE – Concepto de despido colectivo – Extinción del contrato de trabajo sin el consentimiento del empleado y que depende de circunstancias ajenas a la voluntad del empresario – Inclusión

[Directiva 98/59/CE del Consejo, art. 1, ap. 1, párr. 1, letra a)]

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El concepto de despido, contemplado en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, tiene un alcance comunitario y no puede definirse mediante una remisión a las legislaciones de los Estados miembros. Dicho concepto debe interpretarse en el sentido de que no engloba únicamente los despidos por motivos de índole estructural, tecnológica o coyuntural, sino cualquier extinción del contrato de trabajo no pretendida por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento. Por consiguiente, la extinción del contrato de trabajo sin el consentimiento del trabajador no puede quedar excluida del ámbito de aplicación de la Directiva por el mero hecho de que dependa de circunstancias ajenas a la voluntad del empresario. Los objetivos de la Directiva, que consisten principalmente en reforzar la protección de los trabajadores en caso de despido colectivo, sólo se alcanzarían parcialmente si la extinción del contrato de trabajo se hallase excluida del régimen de la Directiva.

(véanse los apartados 49, 50, 52, 53, 60 y 66 y el punto 1 del fallo)
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1. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Medidas destinadas a compensar el coste de las misiones de servicio público asumidas por una empresa Exclusión Requisito Equivalencia entre las ventajas concedidas y los costes adicionales

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados Prohibición Excepciones Ayudas concedidas en favor de una empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general Límites Medida que confiere una ventaja que sobrepasa los costes adicionales del servicio público

[Tratado CE, art. 90, ap. 2 (actualmente art. 86 CE, ap. 2)]

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1. Siempre que el gravamen sobre las ventas directas de medicamentos que un Estado miembro impone a los laboratorios farmacéuticos corresponda a los costes adicionales realmente soportados por los mayoristas distribuidores para el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público, la no sujeción de estos últimos al gravamen citado puede considerarse la contrapartida de las prestaciones realizadas y, por lo tanto, una medida que no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación). Por lo demás, cuando se cumple este requisito de equivalencia entre la exención concedida y los costes adicionales, los mayoristas distribuidores no disfrutan, en realidad, de una ventaja en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, ya que el único efecto de la medida de que se trata es colocar a éstos y a los laboratorios farmacéuticos en unas condiciones de competencia comparables.

( véanse el apartado 27 y el punto 1 del fallo )

2. El artículo 90, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 2) debe interpretarse en el sentido de que no cubre una ventaja fiscal de la que disfrutan determinadas empresas encargadas de la gestión de un servicio público, como la de los mayoristas distribuidores que distribuyen medicamentos a las farmacias, en la medida en que tal ventaja sobrepase los costes adicionales del servicio público. En efecto, la citada ventaja, en la parte que sobrepase tales costes, no puede considerarse necesaria para permitir a los citados operadores desempeñar su misión concreta.

( véanse los apartados 32 y 33 y el punto 2 del fallo )
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Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Actos que les afectan directa e individualmente Reglamento del Consejo por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto de la importación de arroz originario de los países y territorios de Ultramar Recurso de las Antillas Neerlandesas Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación); Reglamento (CE) nº 1036/97 del Consejo]

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$$Para que pueda considerarse que las personas físicas o jurídicas resultan individualmente afectadas por un acto de alcance general adoptado por una institución comunitaria, es necesario que su posición jurídica se vea afectada en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a la de un destinatario.

El Reglamento nº 1036/97, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto de la importación de arroz originario de los países y territorios de Ultramar no afecta individualmente a las Antillas Neerlandelas (PTU).

Por una parte, el interés general que puede tener un PTU, como entidad competente para las cuestiones de orden económico y social en su territorio, en conseguir un resultado favorable para la prosperidad económica de éste no basta, de por sí, para considerar que lo dispuesto en el Reglamento nº 1036/97 le afecta, en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), ni con mayor razón le afecta individualmente.

Por otra, la afirmación de que, en el momento en que adoptó el Reglamento nº 1036/97, el Consejo estaba obligado, en la medida en que las circunstancias no se opusieran a ello, a tener en cuenta las repercusiones negativas que dicho Reglamento pudiera tener sobre la economía de los PTU afectados y de las empresas interesadas no libera en modo alguno a las Antillas Neerlandesas de la necesidad de probar que dicho Reglamento les afecta en razón de una situación de hecho que las caracteriza respecto a cualquier otra persona. Ahora bien, el hecho de que las Antillas Neerlandesas fueran con diferencia el mayor exportador de arroz originario de los PTU hacia la Comunidad no permite distinguirlas de los demás PTU. En efecto, aunque la afirmación de que las medidas de salvaguardia establecidas en el Reglamento nº 1036/97 podían tener importantes consecuencias socioeconómicas para las Antillas Neerlandesas resultara fundada, ha de tenerse en cuenta que de ellas se derivaban consecuencias similares para los demás PTU. La actividad económica de transformación en el territorio de los PTU de arroz procedente de países terceros, es una actividad comercial que puede ejercerse en cualquier momento por cualquier operador económico en cualquier PTU. Dicha actividad económica no permite caracterizar a las Antillas Neerlandesas respecto a cualquier otro PTU.

( véanse los apartados 60, 64, 72 a 74 y 76 )