En el mismo sentido pueden extraerse conclusiones similares, e incluso quizás más claras, de las normas de Derecho derivado adoptadas de conformidad con el artículo 49 del Tratado CEE para hacer efectivo el principio de la libre circulación de los trabajadores.

En lo que al derecho de residencia de los trabajadores de los demás Estados miembros se refiere, es importante resaltar que en el segundo considerando del preámbulo de la Directiva del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88) se declara que «la regulación aplicable en materia de estancia debe aproximar lo más posible, la situación de los trabajadores de los demás Estados miembros y de los miembros de sus familias a la de los nacionales». De hecho, la Directiva contiene normas que muestran que los trabajadores extranjeros se hallan sometidos no sólo a los procedimientos especiales, sino también a condiciones especiales, y que por consiguiente es incuestionable que los mismos deben ser tratados en todos los aspectos del mismo modo que los nacionales del Estado de acogida. Debe hacerse referencia al artículo 4, conforme al cual, la tarjeta de residencia sólo podrá expedirse cuando, entre otras cosas, se presente una declaración de contratación suscrita por el empresario, o al apartado 2 del artículo 7, que establece que en la primera renovación, el plazo de validez de la tarjeta de residencia podrá limitarse cuando el trabajador lleve en el Estado de acogida más de doce meses consecutivos en situación de paro involuntario. El Tribunal de Justicia ha dejado también claro que no pueden admitirse excepciones a tales diferencias de trato en forma de requisitos especiales aplicables a los nacionales de los demás Estados miembros (véase sentencia en el asunto 118/75 ( 10 )). En conexión con lo anterior, debe mencionarse igualmente el Reglamento no 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970 relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo (DO 1970, L 142, p. 24; EE 05/01, p. 93). En concreto, se desprende claramente del artículo 2 que el mencionado derecho no es una mera consecuencia del principio de igualdad de trato.

El Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), posee una especial importancia; tal como subrayó correctamente el Gobierno neeerlandés, su preámbulo deja claro que debe establecerse una distinción entre la prohibición de discriminación, que se extiende a varios aspectos (en particular «con respecto al empleo, retribución y demás condiciones de trabajo» contenidas en el primer considerando, y en todo cuanto se relaciona con «el ejercicio de una actividad por cuenta ajena y con el acceso a la vivienda», mencionados en el quinto considerando), y otros derechos (en particular el derecho de desplazarse libremente en el territorio de los Estados miembros para ejercer una actividad como perceptor de salario o sueldo, y el derecho del trabajador a que su familia se instale con él). De acuerdo con ello, la primera parte del Reglamento lleva por título «Del empleo y de la familia de los trabajadores» [las partes segunda y tercera, que establecen normas de aplicación de las letras a) y d) del artículo 49 no interesan en el caso que nos ocupa]. El título primero («Del acceso al empleo») se basa claramente, como lo demuestran los artículos 1 a 3, en el principio de igualdad de trato. Lo mismo cabe decir del título II (cuyo encabezamiento «Del ejercicio del empleo y de la igualdad de trato» no deja lugar a dudas), como puede observarse en los tres artículos que componen dicho título (con ciertas reservas respecto al artículo 8). El título III («De la familia de los trabajadores») ( 11 ) se caracteriza, por otro lado, põiel hecho de que el apartado 1 del artículo 10 sólo enumera a determinadas personas que tienen derecho a instalarse con el trabajador, y el apartado 2 del artículo 10 establece además simplemente que los Estados miembros favorecerán la admisión de cualquier miembro de la familia que no se beneficie de lo dispuesto en el apartado 1, y que se encontrase a cargo o viviese en el país de origen con el trabajador antes mencionado. Si con dicha norma se hubiese pretendido crear un patrón mínimo, dejando abiertas otras posibilidades bajo el principio de igualdad de trato, no hubiese sido difícil haberlo hecho constar de forma clara. Sin embargo, lo que ocurre en realidad es que el título tercero no contiene un principio general de igualdad de trato, sino que se limita a exigir la igualdad de trato en campos específicos, como la vivienda, en el apartado 3 del artículo 10, y la educación de los hijos de los trabajadores, en el artículo 12.

Asimismo, debe destacarse que en los artículos 48 a 51 del Tratado CEE, relativos a la libre circulación de los trabajadores, no aparece mencionado en ningún lugar el derecho de las familias de los trabajadores a seguir a éstos. Por consiguiente, el Reglamento (CEE) no 1612/68 va más allá del contenido mínimo del Tratado en esta materia.

Ello apoya indudablemente la conclusión sacada por el Gobierno neerlandés de que el problema del derecho de los miembros de las familias de los trabajadores migrantes y de otras personas vinculadas con ellos a acompañarles, se halla regulado exclusivamente por el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1612/68. Es posible que la restricción del derecho del trabajador/a a traer consigo a su compañero/a a otro Estado miembro, que de dicha norma resulta, pueda afectar a su derecho a la libre circulación. Sin embargo, lo mismo podría afirmarse de otros ejemplos citados por el Gobierno neerlandés: la restricción de los derechos de sufragio y la inexistencia de derecho a la educación de los hijos de los trabajadores migrantes en su lengua materna.

La jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia tampoco justifica una conclusión diferente, incluso si es cierto —como ha puesto de relieve la Comisión—, que se halla ampliamente basada en el interés de dar pleno efecto al principio de libertad de circulación. Si entiendo correctamente, ello es especialmente cierto con respecto a la frase «ventajas sociales» utilizada en el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68, que ha sido definida con mucha amplitud. Debe hacerse referencia a la sentencias en los asuntos 152/73 ( 12 ) (indemnización por despido pagada por el Servicio de Correos de la República Federal de Alemania), 32/75 ( 13 ) (reducciones en los viajes por ferrocarril), 261/83 ( 14 ) (ingresos mínimos garantizados a parientes en línea ascendente), 122/84 ( 15 ) (asistencia social) y 137/84 ( 16 ) (uso de lenguas en los Tribunales). El'asunto 152/82, ( 17 ) que se refiere a tasas académicas suplementarias aplicables a estudiantes extranjeros y en el que se subrayaba, con respecto al principio de igualdad de trato, que el derecho a la libre circulación no debe interpretarse restrictivamente, es en cierto modo similar (Rec. 1983, p. 2323, especialmente p. 2335, apartado 11).

Sin embargo, habida cuenta de la estructura del Reglamento (CEE) no 1612/68, problemas tales como los que se plantean en el presente procedimiento no pueden ser resueltos por referencia al artículo 7. Como quiera que las sentencias más arriba mencionadas se refieren a la delimitación de los derechos de los trabajadores que tienen derecho a ser admitidos, el presente asunto tiene que ver con la delimitación de la categoría de personas que tienen derecho a instalarse con el trabajador. A este respecto, no puede darse por supuesto que los Estados miembros hayan limitado su libertad de acción más allá de lo que debe inferirse del Reglamento (CEE) no 1612/68, y debe subrayarse de nuevo que, al determinar la categoría de personas que tienen derecho a acompañar a un trabajador, los Estados miembros fueron más allá de la obligación mínima establecida en el Tratado. Por tanto, no es sorprendente que una jurisprudenciatan liberal no pueda aplicarse en este campo. El recurrir exclusivamente al principio de igualdad de trato, y el hecho de que, según la sentencia en el asunto 267/83, ( 18 ) la frase «tendrán derecho a instalarse» del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1612/68. no debe interpretarse restrictivamente (apartado 17), no basta para justificar el amplio alcance del punto de vista de la Comisión.

Finalmente, debe prestarse cierta atención al punto siguiente:

Si el problema de si los compañeros/as de los trabajadores/as tienen derecho o no a acompañarles tuviera que resolverse de acuerdo con la prohibición de discriminación establecida en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68, el resultado podría diferir de un Estado miembro a otro. Por otro lado, las normas establecidas en el artículo 10 relativas a las personas con derecho a acompañar al trabajador son uniformes en todos los Estados miembros. Por consiguiente, resulta difícil encontrar en la estructura del Reglamento (CEE) no 1612/68 argumentos que apoyen la propuesta de que tal derecho de acompañamiento se deriva del artículo 7 del mencionado Reglamento. El reconocimiento del mencionado derecho a los. compañeros/as constituiría una ampliación de la categoría de personas a las que se aplica el artículo 10 del Reglamento, ampliación que entra dentro de las competencias del Consejo, no del Tribunal.