Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única — Concepto

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios

(Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, ap. 13)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Principio de individualización de las sanciones

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión]

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Duración de la infracción

(Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio — Apreciación

(Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, ap. 25)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Apreciación

(Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, ap. 29)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Circunstancias atenuantes — Comportamiento anticompetitivo autorizado o fomentado por las autoridades públicas

(Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, ap. 29, último guión)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Reducción a causa de la situación económica de la empresa — Requisitos

(Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, ap. 35)

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1. Resultaría artificioso subdividir un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas, cuando, por el contrario, constituye una única infracción que se fue concretando progresivamente a través tanto de acuerdos como de prácticas concertadas.

En tales circunstancias, una empresa que haya participado en una infracción de este tipo, mediante comportamientos propios, calificables de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y que pretendían contribuir a la realización de la infracción en su conjunto, es también responsable, durante todo el tiempo que dure su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción.

Para acreditar la existencia de una infracción única y continuada, la Comisión debe probar que la empresa intentó contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas en la consecución de los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo.

En efecto, las prácticas colusorias sólo pueden ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia si se acredita que se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo.

Así pues, deben concurrir tres requisitos para acreditar la participación en una infracción única y continuada, a saber la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan y el hecho de que tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes.

En lo que atañe a la existencia de un plan global que persigue un objetivo único, el concepto de objetivo único no puede determinarse mediante una referencia general a la distorsión de la competencia en el mercado afectado por la infracción, puesto que el perjuicio para la competencia constituye, como objeto o efecto, un elemento consustancial a todo comportamiento incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1. Tal definición del concepto de objetivo único entrañaría el riesgo de privar al concepto de infracción única y continuada de una parte de su sentido, en la medida en que tendría como consecuencia que varios comportamientos contrarios al artículo 81 CE, apartado 1, relativos a un sector económico deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única. Así pues, para calificar diferentes actuaciones como una infracción única y continuada, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir un vínculo de complementariedad, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos acuerdos y prácticas concertadas de que se trata.

(véanse los apartados 33 a 37 y 40)

2. El apartado 13 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 prevé que, «con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción […].». No resulta de esa regla que sólo deba computarse el valor de las ventas derivadas de las operaciones realmente afectadas por las prácticas infractoras para calcular el valor pertinente de las ventas. En efecto, el texto del apartado 13 hace referencia a las «ventas […] en relación directa o indirecta con la infracción» y no a las «ventas afectadas por la infracción». La formulación del apartado 13 abarca pues las ventas realizadas en el mercado pertinente.

Esa interpretación se refuerza por el objetivo de las reglas de la competencia de la Unión. Para determinar el importe de base de las multas que se han de imponer en los asuntos sobre carteles la Comisión no está obligada a acreditar en cada caso las ventas específicas afectadas por el cartel. Esa obligación nunca se ha impuesto por los tribunales de la Unión y nada indica que la Comisión tuviera la intención de sujetarse a tal obligación en esas Directrices. Además, es inevitable que en los asuntos sobre carteles, que son secretos por naturaleza, no se descubran ciertos documentos acreditativos de cada una de las manifestaciones de las prácticas anticompetitivas.

La parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos que fueron objeto de la infracción proporciona una idea bastante ajustada de la importancia de la infracción en el mercado afectado. En particular, el volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva constituye un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia.

(véanse los apartados 61 a 66)

3. Cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas en la infracción. Esta conclusión constituye la consecuencia lógica del principio de individualización de las penas y sanciones, en virtud del cual una empresa sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente, principio que es aplicable en cualquier procedimiento administrativo que pueda dar lugar a sanciones en virtud de las normas comunitarias sobre competencia. La gravedad de las infracciones debe ser objeto de una apreciación individual que tenga en cuenta múltiples factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas. El hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa.

No obstante, la valoración de las circunstancias individuales no se realiza al apreciar la gravedad de la infracción, es decir, al determinar el importe de base de la multa, sino en el contexto del ajuste de éste en función de circunstancias atenuantes o agravantes.

La Comisión está facultada para tener en cuenta ciertos aspectos de la «gravedad», en el sentido del artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, en el contexto de las circunstancias atenuantes y agravantes, y no en el contexto de la «gravedad», en el sentido de sus Directrices para el cálculo de las multas.

Las Directrices referidas introdujeron un cambio fundamental de metodología para el cálculo de las multas. En primer lugar, la clasificación de las infracciones en tres categorías («leves», «graves» y «muy graves») se abandonó. El sistema actual, que comprende una escala que va de 0 % a 30 %, permite una diferenciación más afinada en función de la gravedad de las infracciones. En segundo lugar, los importes a tanto alzado no se mantuvieron. En lo sucesivo, el importe de base se calcula a partir del valor de las ventas, realizadas por cada empresa individual, en relación directa o indirecta con la infracción. Esta nueva metodología permite pues tener en cuenta con mayor facilidad el alcance de la participación individual de cada empresa en la infracción al apreciar la gravedad de ésta. También permite considerar una posible disminución con el tiempo de la gravedad de una infracción única.

Si bien la gravedad relativa de la infracción y las circunstancias específicas del asunto deben tenerse en cuenta, la Comisión sigue estando facultada para tenerlas en cuenta al apreciar la gravedad de la infracción o al ajustar el importe de base en función de circunstancias atenuantes o agravantes. En los casos en los que la Comisión sigue ese último criterio la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes debe permitir no obstante una consideración adecuada de la gravedad relativa de la participación en una infracción única así como una posible variación en el tiempo de esa gravedad.

(véanse los apartados 84 a 87, 89, 90 y 92)

4. En lo referido a la multiplicación del importe determinado en función del valor de las ventas por el número de años de participación en la infracción, el artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 se limita a señalar que, «a fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración», sin precisar no obstante la forma concreta en la que debe tenerse en cuenta la duración. La multiplicación por el número de años de participación en la infracción prevista en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 equivale a aumentar el importe el 100 % por cada año. Ese criterio representa un cambio de metodología fundamental en la consideración de la duración del cartel. El artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 no se opone sin embargo a esa evolución.

Aun si la Comisión ha tenido a veces en cuenta la evolución en el tiempo de una infracción al aumentar el importe de la multa por la duración, ninguna previsión de esas Directrices le obliga a aplicar en tal caso un coeficiente multiplicador no superior a dos, ni a reducir el porcentaje del valor de las ventas determinado en razón de la gravedad.

(véanse los apartados 107 a 110)

5. El apartado 25 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 prevé que, «independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas […] con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción».

El principio de igualdad de trato no se ha vulnerado puesto que la Comisión ha aplicado el mismo importe adicional a todos los destinatarios de la decisión, debido a que todos participaron en la infracción única y continuada que incluía la fijación de precios y/o el reparto del mercado.

El texto del apartado 25 de esas Directrices («incluirá», «will include» y «fügt hinzu») muestra por otro lado que en el caso de las infracciones flagrantes la imposición de un importe adicional es una operación automática que no requiere la existencia de otros factores.

(véanse los apartados 116 y 117)

6. En virtud del tercer guión del apartado 29 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003, para beneficiarse de una reducción de la multa en razón de circunstancias atenuantes, la empresa interesada debe «aport[ar] la prueba de que su participación en la infracción es sustancialmente limitada» y «demostr[ar] por tanto que, durante el tiempo en que se adhirió a los acuerdos ilícitos, dicha empresa eludió efectivamente la aplicación de los mismos adoptando un comportamiento competitivo en el mercado».

No obstante, el empleo de la expresión «por ejemplo» indica que la lista de circunstancias enumeradas en el apartado 29 de esas Directrices no es exhaustiva. Además, las circunstancias específicas del caso, en particular la participación o no de una empresa en todos los aspectos constitutivos de la infracción, deben tenerse en cuenta, si no al apreciar la gravedad de la infracción al menos al ajustar el importe de base en función de circunstancias atenuantes y agravantes. En efecto, esa obligación es una de las razones que permitieron al Tribunal de Justicia afirmar que el concepto de infracción única y continuada no contradice el principio de que la responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia tiene carácter personal. Los criterios enunciados en el tercer guión del apartado 29 no pueden garantizar por sí solos esa posibilidad.

(véanse los apartados 126 y 127)

7. El apartado 29, último guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 prevé que «el importe de base de la multa podrá reducirse […] cuando el comportamiento anticompetitivo haya sido autorizado o fomentado por las autoridades públicas o la normativa». Respecto a ello, el mero conocimiento de un comportamiento anticompetitivo no supone que ese comportamiento haya sido implícitamente «autorizado o fomentado» por la institución en el sentido del apartado 29, último guión, de esas Directrices. En efecto, una supuesta inacción no puede equipararse a un acto positivo como una autorización o un estímulo.

(véanse los apartados 131 y 134)

8. Una reducción de la multa en virtud del apartado 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 se somete a tres requisitos acumulativos, a saber: la presentación de una solicitud durante el procedimiento administrativo; la existencia de un contexto económico y social particular, y la incapacidad contributiva de la empresa, que deberá aportar pruebas objetivas de que la imposición de una multa pondría irremediablemente en peligro su viabilidad económica y conduciría a privar a sus activos de todo valor.

La presentación de una solicitud de reducción de la multa no constituye una mera exigencia formal sino un requisito a falta del cual no puede realizarse una apreciación válida de la situación económica dado que la Comisión no dispone en tal caso de la información pertinente, como los datos internos de la empresa interesada, que permita apreciar su viabilidad económica.

(véanse los apartados 171 y 176)