5.

La cuarta cuestión planteada por el Hoge Raad, que se debe examinar ahora, se compone de dos partes: Se trata por una parte, de si, cuando el Juez de origen ha llegado a la conclusión de que el demandado estaba domiciliado en el Estado del Juez de origen en el momento de la notificación de la cédula de emplazamiento, y que por esa razón la notificación en dicho lugar fue regular, es además necesario que el Juez requerido examine si la notificación se produjo con tiempo suficiente en el sentido del número 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas. El Hoge Raad desea saber, por otra parte, en caso de respuesta afirmativa a la primera parte de la cuarta cuestión, si el examen puede limitarse a la cuestión de si la cédula de emplazamiento llegó al domicilio del demandado con tiempo suficiente, o si es oportuno comprobar también si dicha notificación presentaba las garantías necesarias para que el demandado pudiera tener conocimiento personalmente del acto con tiempo suficiente. a) Parece que la primera parte de la cuarta cuestión comprende un problema relativo al ámbito de aplicación en cuanto al fondo del número 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas. La primera idea que se presenta es la de preguntarse en primer lugar si la disposición de que se trata sólo afecta eventualmente a los supuestos en que la notificación debe practicarse en el extranjero, es decir, que no se aplica a los supuestos que, desde el punto de vista del Juez que conoce del asunto, constituyen casos puramente nacionales, porque tanto el domicilio de las partes como el lugar donde está situado el objeto del litigio se hallan en el territorio nacional. De hecho, en el último supuesto mencionado, la aplicación del número 2 del artículo 27 parece constituir una protección suplementaria que puede considerarse injustificada. En efecto, podría afirmarse que si, en dicha situación, la ejecución en el territorio nacional es perfectamente posible, porque no ha lugar a apreciar que el derecho de defensa haya sido mermado, no se entiende por qué debería aplicarse otro criterio en relación con el respeto del derecho de defensa en el supuesto de ejecución sobre un patrimonio situado en el extranjero. Sin embargo, los términos generales del artículo 27 no parecen proporcionar elementos en apoyo de dicha conclusión, en particular cuando se compara con el artículo 20 del Convenio de Bruselas, en el cual se trata expresamente del supuesto de un demandado domiciliado en el territorio de un Estado contratante, emplazado ante un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante. La doctrina parece igualmente basarse en general en el hecho de que la disposición que nos interesa se aplica incluso cuando el demandado tiene su domicilio en el Estado del Juez de origen y cuando sólo es necesaria una notificación en el territorio nacional de la cédula de emplazamiento (véase Billow- Böckstiegel, op. cit., nota III sobre el artículo 27; Martha Weser, Convenio Comunitario sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de las Resoluciones, p. 332; Droz, Competencia judicial y eficacia de las resoluciones en el Mercado Común, p. 315). Ahora bien, si se considera que esa tesis es acertada, es decir, si se considera que el número 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas se aplica en principio cuando procede ejecutar en el extranjero, la respuesta a la primera parte de la cuarta cuestión no plantea por lo demás dificultad alguna. Según el informe Jenard, es evidente que el número 2 del articulo 27 debe ser considerado como una regla de protección específica en el marco del procedimiento de reconocimiento, que exige, por parte del Juez requerido, un examen autónomo desde dos puntos de vista que deben ser considerados de manera acumulativa. De dicha regla no se desprende sólo que el Juez requerido no está vinculado por las declaraciones del primer Juez acerca de la regularidad de la notificación de la cédula de emplazamiento, que debe apreciarse según el Derecho del Juez de origen y los acuerdos internacionales que ha de aplicar [véase Bülow-Bockstiegel, op. cit., nota III, punto 4, letra a), sobre el artículo 27]. Además, el Juez requerido debe igualmente examinar en todos los supuestos si la notificación se efectuó con tiempo suficiente para que el demandado pudiera defenderse. A este respecto, como Biilow- Böckstiegel, op. cit., destaca, por ejemplo, no está vinculado por las disposiciones que el primer Juez debía aplicar; le corresponde además llevar a cabo un examen con carácter autónomo, en su caso de oficio, tomando en consideración todas las circunstancias del asunto (naturaleza del litigio, partes litigantes, carácter obligatorio de la asistencia de Abogado, necesidad de efectuar traducciones, etc.). b) En lo que atañe a la segunda parte de la cuarta cuestión, queremos en primer lugar resaltar que es acertada a nuestro parecer la opinión de quienes defienden en principio una interpretación restrictiva del número 2 del artículo 27. En este sentido, es determinante que el Convenio de Bruselas prevé ya en el procedimiento de origen garantías considerables que derivan en particular del artículo 20 y del Convenio de la Haya, celebrado en 1965, relativo a la notificación. Igualmente, se afirma en el informe Jenard que el artículo 27 sólo se aplica en supuestos excepcionales, y asimismo se pronuncia en este sentido Martha Weser (op. cit., p. 333), cuando resalta que el supuesto de denegación del reconocimiento con arreglo al número 2 del artículo 27 sólo se producirá en raras ocasiones. Además, en lo que atañe a esta parte de la cuestión, es relevante que, con arreglo al Convenio de Bruselas u otros acuerdos pertinentes, no se aplica el principio según el cual un acto procesal deba ser comunicado directamente, personalmente, al destinatario. Cuando se prevé dicha exigencia, ello se dice expresamente, como por ejemplo en el artículo 36 del Convenio de Bruselas, donde se trata de una notificación de la resolución al deudor en persona o en su domicilio. En consecuencia, puede en principio considerarse que es suficiente una notificación en el domicilio del demandado, y que, respecto a la cuestión de si la notificación se realizó con tiempo suficiente, carece de relevancia el hecho de que el demandado haya tenido efectivamente conocimiento de la cédula de emplazamiento; más aun, basta que haya tenido la posibilidad de tener conocimiento. Es lo que destacan con insistencia Linke (Die Versäumnisentscheidungen im deutschen, österreichischen, belgischen und englischen Recht, ihre Anerkennung- und Vollstreckbarerklärung, p. 157) y Billow- Böckstiegel [op. cit., nota III, punto 4, letra b), sobre el artículo 27], señalando el carácter similar de las exigencias establecidas por los artículos 20 y 27, y es lo que igualmente puede deducirse de las observaciones que figuran en el informe Jenard acerca del artículo 20 del Convenio de Bruselas. Quien está domiciliado en un lugar o quien tiene varios domicilios, en su caso en varios Estados contratantes, debe por tanto ser consciente de las consecuencias que de ello derivan. En el supuesto de una notificación practicada en estas circunstancias, puede en principio presumirse que el destinatario y en particular cuando se trata de un comerciante, tomará las medidas necesarias para ser informado de los documentos de esta naturaleza que puedan serle enviados. Como igualmente se ha destacado en el curso del procedimiento, sólo puede ser otra la solución en escasos supuestos excepcionales de una especial naturaleza. Sólo en circunstancias especiales, por ejemplo una hospitalización necesaria con carácter súbito, cuando no puede presumirse que hayan sido tomadas medidas para obtener información con tiempo suficiente acerca de los documentos notificados, habrá de considerarse que, respecto al artículo 27 y su función protectora, no es suficiente una notificación en el domicilio, y que es preciso además procurar una notificación personal. En términos generales, a nuestro entender, no es posible añadir más acerca del problema suscitado por el Hoge Raad en su cuarta cuestión. Por lo que se nos ha manifestado en el curso del procedimiento, debería por tanto considerarse y ello debería bastar para la resolución en el procedimiento principal, que, en principio, era procedente la notificación en la dirección de la parte recurrente en casación en la República Federal de Alemania, y que es oportuno examinar solamente si, desde dicho momento, disponía de tiempo suficiente para preparar una primera defensa adecuada como la que es necesaria en el marco del procedimiento monitorio de orden judicial de pago.