Asunto T‑299/08

Elf Aquitaine SA

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del clorato de sodio — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Imputabilidad de la conducta infractora — Derecho de defensa — Obligación de motivación — Principio de individualización de las penas y sanciones — Principio de legalidad de las penas — Presunción de inocencia — Principio de buena administración — Principio de seguridad jurídica — Desviación de poder — Multas — Circunstancia agravante — Disuasión — Circunstancia atenuante — Cooperación durante el procedimiento administrativo — Valor añadido significativo»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa — Alcance

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 23 y 27, ap. 1]

3. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CEE) nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

5. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia — Decisión que afecta a una pluralidad de destinatarios — Necesidad de una motivación suficiente específicamente destinada a la entidad que debe asumir la infracción

(Arts. 81 CE, ap. 1, y 253 CE)

7. Actos de las instituciones — Presunción de validez — Decisión de la Comisión por la que se imputa a una sociedad matriz la infracción del Derecho de la competencia cometida por su filial

(Art. 249 CE)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, aps. 25 y 30]

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Necesidad de un comportamiento que haya facilitado a la Comisión la comprobación de la infracción

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 18 y 23, ap. 2; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión, aps. 20, 21 y 23, letra b)]

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión

[Art. 229 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 31]

1. El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. Es así, en efecto, porque, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por tanto, constituyen una única empresa, lo que permite a la Comisión remitir una Decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción.

En el caso particular de una sociedad matriz que posee el 100 % del capital social de su filial, responsable de una infracción de las normas del Derecho de la competencia, por un lado, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en la conducta de su filial y, por otro, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial.

En tales circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de dicha filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes pruebas para demostrar que su filial se comporta de manera autónoma en el mercado.

En efecto, la Comisión no está obligada a corroborar dicha presunción de ejercicio de una influencia decisiva mediante indicios adicionales. Aunque la práctica en decisiones anteriores de la Comisión haya consistido en corroborar dicha presunción mediante indicios adicionales, dicha observación no puede afectar a la conclusión de que la Comisión puede basarse justificadamente sólo en la posesión por una sociedad matriz de la práctica totalidad del capital social de su filial para presumir que ejercía una influencia decisiva sobre ésta.

(véanse los apartados 49 a 52 y 59)

2. El respeto del derecho de defensa exige que, durante el procedimiento administrativo ante la Comisión, una empresa acusada de infracción de las normas sobre competencia haya podido dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos tenidos en cuenta por la Comisión para fundamentar su alegación de que se ha producido una infracción del Tratado.

El Reglamento nº 1/2003 establece, en su artículo 27, apartado 1, la comunicación a las partes de un pliego de cargos en el que deben constar, de manera clara, todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión en esa fase del procedimiento, para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que se les imputan y defenderse de forma eficaz, antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva.

Este pliego de cargos constituye la garantía procedimental por la que se aplica el principio fundamental del Derecho comunitario que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento. Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y las pruebas en las que se basa la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el procedimiento administrativo dirigido contra ella.

En particular, el pliego de cargos debe precisar sin equívocos la persona jurídica a la que podrá imponerse una multa, debe estar dirigido a esta última y debe indicar en qué condición se imputan a dicha persona los hechos alegados. En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Por consiguiente, la empresa afectada sólo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa después de la notificación de dicho pliego.

Así, cuando la Comisión informa en un pliego de cargos a una sociedad matriz de que, basándose en la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, tiene intención de imputarle el comportamiento infractor de su filial, el hecho de que la Comisión no haya sometido dicha sociedad a ninguna medida de investigación antes de notificarle el pliego de cargos no vulnera el derecho de defensa de dicha empresa. A este respecto, dicha sociedad, durante el procedimiento administrativo, puede dar a conocer adecuadamente su punto de vista sobre la veracidad y la pertinencia de los hechos y de las circunstancias alegados por la Comisión en su pliego de cargos, tanto en sus observaciones en respuesta a dicho pliego como durante la audiencia ante el Consejero Auditor.

(véanse los apartados 134 a 140)

3. En virtud del principio de individualización de las penas y de las sanciones, una persona física o jurídica sólo debe ser sancionada por los hechos que se le imputen individualmente. Dicho principio es aplicable en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de sanciones en virtud de las normas comunitarias sobre competencia.

No obstante, este principio debe conciliarse con el concepto de empresa en el sentido del artículo 81 CE. Así pues, cuando una entidad económica infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción.

En efecto, no es una relación de instigación relativa a la infracción entre la sociedad matriz y su filial ni, con mayor motivo, una implicación de la primera en dicha infracción, sino el hecho de que constituyan una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE lo que habilita a la Comisión para dirigir la decisión sancionadora a la sociedad matriz de un grupo de sociedades.

Por consiguiente, la Comisión no vulnera el principio de individualización de las penas y de las sanciones al condenar a una sociedad matriz por una infracción que se considera que cometió ella misma por razón de los vínculos económicos y jurídicos que la unían su filial y le permitían determinar la conducta de ésta en el mercado.

(véanse los apartados 178 a 181)

4. El principio de legalidad de las penas exige que la ley defina claramente las infracciones y las penas que reprime. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales, qué actos y omisiones generan su responsabilidad penal.

Pues bien, en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión puede mediante decisión, multar a las empresas que infrinjan en particular las disposiciones del artículo 81 CE. En la medida en que se considere que una sociedad matriz y su filial formaban una empresa, en el sentido de este último artículo, la Comisión puede multar a las personas jurídicas que formaban parte de dicha empresa sin infringir el principio de legalidad de las penas.

(véanse los apartados 187 a 189)

5. El principio de igualdad de trato exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.

En el contexto de una decisión de la Comisión por la que se impone una multa a una sociedad matriz por una infracción de las normas sobre competencia cometida por su filial, en aplicación de la presunción de influencia decisiva de la sociedad matriz que posee prácticamente la totalidad del capital social de su filial, la Comisión dispone de un margen de apreciación para decidir si procede imputar la responsabilidad de la infracción a la sociedad matriz.

Por consiguiente, habida cuenta de que la Comisión dispone de la facultad, pero no de la obligación, de imputar la responsabilidad de la infracción a una sociedad matriz, cuando se cumplan los requisitos de dicha imputación, el mero hecho de que la Comisión no haya efectuado tal imputación en otro caso no implica que esté obligada a realizar la misma apreciación en la Decisión impugnada. Ahora bien, esa imputación está sujeta al control de los órganos jurisdiccionales de la Unión, a los que corresponde comprobar que se reúnan los requisitos de dicha imputación.

(véanse los apartados 196 a 198)

6. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad por tal infracción. Así pues, para estar suficientemente motivada con respecto a las sociedades matriz de las filiales que cometieron la infracción, la Decisión de la Comisión debe contener una exposición detallada de los fundamentos que puedan justificar la imputabilidad de la infracción a dichas sociedades.

(véanse los apartados 216 y 217)

7. Las decisiones de la Comisión gozan de presunción de validez y producen efectos jurídicos en tanto no hayan sido anuladas o revocadas. Además, la Comisión no está obligada a suspender el procedimiento iniciado contra una sociedad, por infracciones de las normas sobre competencia, hasta que el juez de la Unión no se haya pronunciado en el marco de un recurso interpuesto por la misma sociedad contra otra decisión que la sancione por otras infracciones de las normas sobre competencia. En efecto, ninguna disposición legal obliga a la Comisión a suspender la adopción de decisiones en asuntos que se refieran a hechos distintos.

(véase el apartado 241)

8. En el marco de la facultad de la Comisión para imponer multas a las empresas que infrinjan el artículo 81 CE, incumbe en principio a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona. A efectos de su aplicación y de su ejecución, las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 81 CE deben no obstante dirigirse a entidades dotadas de personalidad jurídica. Así pues, cuando la Comisión adopta una decisión en aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe identificar a la o las personas físicas o jurídicas que puedan ser consideradas responsables del comportamiento de la empresa de que se trate y que puedan ser sancionadas en ese concepto, a las que se dirigirá la decisión.

Las Directrices que la Comisión adopta para calcular el importe de las multas garantizan la seguridad jurídica de las empresas, habida cuenta de que determinan la metodología que dicha institución se obligó a seguir para determinar el importe de las multas. La Administración no puede apartarse de ella, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato.

Tratándose de dos empresas, a saber una sociedad matriz y su filial que, en la época en que se cometió la infracción, formaban una empresa en el sentido del artículo 81 CE, pero que ya no existía bajo esa forma el día en que se adoptó la Decisión que las multaba, la Comisión puede, por un lado, conforme al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, imponer una multa solidariamente a las dos empresas que deben responder por la infracción cometida y, por otro, con arreglo al apartado 30 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003, imponer un incremento del importe de base de la multa sólo a la sociedad matriz, dado que su volumen de negocios, particularmente importante en relación con otras entidades sancionadas el día en que se adoptó la Decisión impugnada, le permite movilizar más fácilmente los fondos necesarios para el pago de una multa.

A este respecto, el hecho de que la multa, que a efectos disuasorios sólo se impone a la sociedad matriz, se calcule en función del importe de base de la multa impuesta solidariamente a ambas sociedades que ya incluye un incremento específico a título disuasorio, no puede ser injusto.

En efecto, la multa impuesta solidariamente a ambas sociedades corresponde al importe de base de la multa que incluye un importe adicional calculado en función de un determinado porcentaje del valor de las ventas de la filial, de conformidad con el apartado 25 de las Directrices, «con el fin de disuadir a las propias empresas de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción».

En cambio, la multa que se impuso sólo a la sociedad matriz y que incluye un incremento importante del importe de base de la multa, conforme al apartado 30 de dichas Directrices, pretende «garantizar que las multas presenten un efecto suficientemente disuasorio» para aquellas empresas que tengan un volumen de negocios particularmente importante mas allá de las ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción.

Por consiguiente, por un lado, el importe adicional aplicado en virtud del apartado 25 de dichas Directrices y, por otro, el incremento específico impuesto a la sociedad matriz en virtud del apartado 30 de dichas Directrices responden a dos fines disuasorios distintos que la Comisión podía legítimamente tener en cuenta en la determinación de la multa.

(véanse los apartados 250 a 253, 255, 256, 288 y 289)

9. La Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de las multas y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de las empresas implicadas en la investigación realizada por sus servicios. En este ámbito, la Comisión está facultada para efectuar apreciaciones fácticas complejas, como las que se refieren a la cooperación respectiva de dichas empresas. En el marco de la apreciación de la cooperación aportada por los miembros de un cártel, tan sólo puede censurarse un error manifiesto de apreciación cometido por la Comisión, puesto que ésta dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas.

Si bien la Comisión está obligada a exponer los motivos por los que considera que las pruebas aportadas por las empresas en el marco de la Comunicación sobre la cooperación constituyen una contribución que justifica o no una reducción de la multa impuesta, corresponde a las empresas que desean impugnar la decisión de la Comisión al respecto demostrar que ésta, a falta de tales informaciones presentadas voluntariamente por dichas empresas, no habría podido demostrar lo sustancial de la infracción ni, por tanto, adoptar una decisión sancionadora.

La reducción de las multas en caso de cooperación de las empresas que hayan participado en infracciones del Derecho de la competencia se basa en la consideración de que tal cooperación facilite la labor de la Comisión de declarar la existencia de una infracción y, en su caso, poner fin a la misma. Habida cuenta de la razón de ser de la reducción, la Comisión no puede hacer caso omiso de la utilidad de la información aportada, que depende necesariamente de los elementos de prueba en su posesión.

Cuando la cooperación de una empresa se limita a confirmar, de manera menos precisa y explícita, parte de la información ya facilitada por la colaboración de otra empresa, el grado de cooperación prestado por esa empresa, pese a que pueda no carecer de una determinada utilidad para la Comisión, no puede considerarse comparable al prestado por la primera empresa que le facilitó dicha información. Una declaración que se limita a corroborar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía no facilita, en efecto, la labor de la Comisión de manera significativa. En consecuencia, no es suficiente para justificar una reducción por cooperación del importe de la multa. Además, la colaboración de una empresa en la investigación no da derecho a reducción alguna de la multa cuando dicha colaboración no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que recaen sobre ella en virtud del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003.

(véanse los apartados 340 a 344)

10. En cuanto al control ejercido por el juez de la Unión sobre las decisiones de la Comisión en materia de competencia, más allá del mero control de legalidad, que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, la competencia jurisdiccional plena otorgada, en aplicación del artículo 229 CE, al Tribunal por el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003 permite a este órgano jurisdiccional reformar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para modificar, por ejemplo, el importe de la multa.

(véase el apartado 379)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 17 de mayo de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del clorato de sodio – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Imputabilidad de la conducta infractora – Derecho de defensa – Obligación de motivación – Principio de individualización de las penas y sanciones – Principio de legalidad de las penas – Presunción de inocencia – Principio de buena administración – Principio de seguridad jurídica – Desviación de poder – Multas – Circunstancia agravante – Disuasión – Circunstancia atenuante – Cooperación durante el procedimiento administrativo – Valor añadido significativo»

En el asunto T‑299/08,

Elf Aquitaine SA, con domicilio social en Courbevoie (Francia), representada por Mes É. Morgan de Rivery y S. Thibault-Liger, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. X. Lewis, É. Gippini Fournier y R. Sauer, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una solicitud de anulación de la Decisión C(2008) 2626 final de la Comisión, de 11 de junio de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.695 – Clorato de sodio), en la medida en que dicha Decisión se refiere a ella, y, con carácter subsidiario, una solicitud de anulación o de reducción de los importes de las multas que se le impusieron en dicha Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de junio de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Mediante la Decisión C(2008) 2626 final de la Comisión, de 11 de junio de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) (Asunto COMP/38.695 – Clorato de sodio; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades Europeas sancionó, entre otras empresas, a la demandante, Elf Aquitaine SA que, hasta 2006, fue la sociedad matriz de Arkema France (anteriormente, Atochem SA, después, Elf Atochem SA, a continuación, Atofina SA y Arkema SA), por su participación en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas relativos al mercado del cloruro de sodio en el EEE, en el período comprendido entre el 11 de mayo de 1995 y el 9 de febrero de 2000 por lo que se refiere a la demandante y a Arkema France (considerandos 12 a 15 y artículo 1 de la Decisión impugnada).

2 El clorato de sodio es un potente oxidante obtenido mediante electrólisis de una solución acuosa de cloruro de socio en una célula sin diafragma. El clorato de sodio puede producirse en forma cristalizada o en solución. Encuentra su principal aplicación en la fabricación del dióxido de cloro, utilizado en la industria de la pulpa y del papel para el blanqueo de pulpa química. Sus otras aplicaciones incluyen, en muy menor medida, la purificación del agua potable, el blanqueo textil, los herbicidas y el refinado de uranio (considerando 2 de la Decisión impugnada).

3 Los principales competidores en el mercado del clorato de sodio en el EEE, en 1999, eran las siguientes empresas: En primer lugar, EKA Chemicals AB (en lo sucesivo, «EKA»), cuyo capital social pertenecía íntegramente al grupo Akzo Nobel y que tenía una cuota del 49 % de dicho mercado; Finnish Chemicals Oy, cuyo capital social pertenecía indirecta e íntegramente a Erikem Luxembourg SA (en lo sucesivo, «ELSA») y que tenía, por su parte, una cuota del 30 % de dicho mercado. A continuación, Arkema France, cuyo capital social pertenecía en un 97,55 % a la demandante de 1992 a 2000, tenía una cuota del 9 % de dicho mercado. Por último, Aragonesas Industrias y Energía SAU (en lo sucesivo, «Aragonesas»), cuyo capital social, directa o indirectamente, pertenecía íntegramente o en su mayor parte entre 1992 y 2000 a Uralita SA, disponía, al igual que Solvay SA/NV, de una cuota del 5 % de dicho mercado, mientras que otros productores disponían cumulativamente de una cuota del 2 % de dicho mercado (considerandos 13, 14, 25 a 30, 42 y 46 de la Decisión impugnada).

4 El 28 de marzo de 2003, EKA presentó ante la Comisión una solicitud de dispensa de pago con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2002»), en relación con la existencia de un cártel en el mercado del clorato de sodio. EKA apoyó su solicitud en pruebas documentales y una declaración oral (considerandos 54 y 55 de la Decisión impugnada).

5 El 30 de septiembre de 2003, la Comisión adoptó una decisión por la que concedía a EKA una dispensa condicional del pago de las multas de conformidad con el punto 15 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerando 55 de la Decisión impugnada).

6 El 10 de septiembre de 2004, la Comisión cursó solicitudes de información a Finnish Chemicals, a Arkema France y a Aragonesas, con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 CE y 82 CE (DO 2003, L 1, p. 1) (considerando 56 de la Decisión impugnada).

7 El 18 de octubre de 2004, Arkema France presentó, en su respuesta a la solicitud de información de la Comisión mencionada en el apartado 6 supra, una solicitud de dispensa de pago con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerando 57 de la Decisión impugnada).

8 El 29 de octubre de 2004, Finnish Chemicals presentó ante la Comisión una solicitud con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y le proporcionó oralmente información sobre el cártel. Finnish Chemicals confirmó dicha solicitud mediante correo de 2 de noviembre de 2004 y aportó simultáneamente pruebas documentales sobre su participación en la infracción de que se trata (considerando 58 de la Decisión impugnada).

9 A partir del 4 de noviembre de 2004, la Comisión envió varias solicitudes de información, conforme al artículo 18, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, en particular a Arkema France, a Aragonesas, a EKA y a Finnish Chemicals. También se entrevistó con estas dos últimas. Por lo que respecta a la demandante, le envió por primera vez una solicitud de información el 11 de abril de 2008 (considerandos 59 a 65 de la Decisión impugnada).

10 Mediante escrito de 11 de julio de 2007, la Comisión informó a Arkema France de su intención de rechazar su solicitud conforme a la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerando 563 de la Decisión impugnada).

11 Mediante escrito del mismo día, la Comisión también informó a Finnish Chemicals de su intención de concederle, conforme a la Comunicación sobre la cooperación de 2002, una reducción del 30 al 50 % del importe de la multa que se le había impuesto (considerando 583 de la Decisión impugnada).

12 El 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó un pliego de cargos del que eran destinatarias, además de la demandante, EKA, Akzo Nobel NV, Finnish Chemicals, ELSA, Arkema France, Aragonesas y Uralita. Éstas respondieron dentro del plazo señalado (considerandos 66 y 67 de la Decisión impugnada).

13 El 20 de noviembre de 2007, Arkema France y la demandante, en particular, ejercieron su derecho a ser oídas oralmente, durante una audiencia ante el Consejero Auditor (considerando 68 de la Decisión impugnada).

14 El 11 de junio de 2008, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, que notificó a la demandante el 16 de junio de 2008.

15 En la Decisión impugnada, la Comisión indica, en esencia, que Arkema France, EKA, Finnish Chemicals y Aragonesas siguieron una estrategia de estabilización del mercado del clorato de sodio con el objetivo último de repartirse los volúmenes de venta de este producto, de coordinar la política de fijación de precios a sus clientes y, de este modo, optimizar sus márgenes. El funcionamiento del cártel se basaba en contactos frecuentes entre los competidores en forma de reuniones bilaterales o multilaterales y de conversaciones telefónicas, sin seguir, no obstante, un esquema predefinido. Según la Comisión, EKA y Finnish Chemicals participan en estas prácticas colusorias a partir del 21 de septiembre de 1994, Arkema France a partir del 17 de mayo de 1995, Aragonesas a partir del 16 de diciembre de 1996 y ELSA a partir del 13 de febrero de 1997. Dichas prácticas perduraron hasta el 9 de febrero de 2000, al menos por lo que se refiere Arkema France, EKA, Finnish Chemicals y Aragonesas (considerandos 69 a 71 de la Decisión impugnada).

16 Por lo que se refiere, en particular, a la conducta infractora de Arkema France, la Comisión señala que los hechos expuestos en la Decisión impugnada muestran que ésta participó directamente en las prácticas contrarias a la competencia de que se trata. La Comisión también indica que, durante el período de tiempo en que se cometió la infracción, la demandante tenía más del 97 % del capital social de Arkema France. Por esta razón, la Comisión considera que cabe pensar razonablemente que debía conformarse a la política definida por su sociedad matriz y que, por lo tanto, no podía actuar de manera autónoma. En consecuencia, la Comisión concluye que puede presumirse que la demandante ejerció una influencia determinante en Arkema France, lo que se ve corroborado por otros indicios adicionales que enumera (considerandos 384 y 386 de la Decisión impugnada).

17 Respecto al cálculo del importe de la multa impuesta, en particular, a Arkema France y a la demandante, la Comisión se basó en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices») (considerando 498 de la Decisión impugnada).

18 En primer lugar, la Comisión indica que, para determinar el importe de base de la multa impuesta a Arkema France, debe tenerse en cuenta un importe correspondiente al 19 % del valor de las ventas de los productos afectados por el cártel de que se trata. Por un lado, en la medida en que Arkema Francee participó en la infracción durante al menos cuatro años y ocho meses, la Comisión considera que este importe debería multiplicarse por cinco para tener en cuenta la duración de la infracción. Por otro lado, con el fin de disuadir a las empresas implicadas, y en particular a Arkema France, de participar en los acuerdos horizontales de fijación de precios, la Comisión considera necesario imponer un importe de multa adicional correspondiente al 19 % del valor de dichas ventas. En consecuencia, concluye que procede imponer solidariamente a Arkema France y a la demandante una multa de 22.700.000 euros (considerandos 510 y 521 a 523 de la Decisión impugnada).

19 Además, por lo que atañe a los ajustes del importe de base de la multa, la Comisión señala, como circunstancias agravantes, que en la fecha de adopción de la Decisión impugnada ya había sancionado a Arkema France mediante tres decisiones en las que se consideraba a esta última responsable de actividades colusorias anteriores. Por una parte, la Comisión considera, en esencia, que la conducta reincidente de Arkema France justifica un aumento del 90 % del importe de base de la multa que se le imponga. Por otra, no señala ninguna circunstancia atenuante a favor de Arkema France o de la demandante que justifique una reducción de la multa. En particular, la Comisión considera que, habida cuenta de todos los hechos de que se trata, «ninguna circunstancia excepcional» puede justificar la concesión de una reducción del importe de la multa a Arkema France fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerandos 525, 526, 538 y 544 de la Decisión impugnada).

20 A continuación, la Comisión indica, en esencia, que, con el fin de garantizar que las multas tengan un efecto suficientemente disuasorio, y dado el gran tamaño del volumen de negocios de la demandante independientemente de la venta de las mercancías a las que se refiere la infracción y, por último, que éste supera ampliamente, en términos absolutos, el volumen de negocios de las demás empresas afectadas, procede imponerle un incremento del 70 % del importe de base de la multa (considerandos 545, 548 y 559 de la Decisión impugnada).

21 Asimismo, la Comisión observa que las multas que procede imponer a la Arkema France y a la demandante, en particular, son inferiores al 10 % de sus volúmenes de negocios totales respectivos en 2007 y que las multas que pueden imponérseles antes de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 ascienden, por una parte, para Arkema France, a 43.130.000 euros y, por otra, para la demandante, a 38.590.000 euros (considerandos 551 y 552 de la Decisión impugnada).

22 Por último, la Comisión considera que Arkema France no puede acogerse a ninguna reducción de multa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002, dado que la información que le proporcionó no aportaba un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de dicha Comunicación. En cambio, la Comisión considera que Finnish Chemicals le proporcionó pruebas de un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de esa misma Comunicación. En consecuencia, le concede una reducción del 50 % del importe de la multa que de otro modo le habría sido impuesta (considerandos 580, 588 y 591 de la Decisión impugnada).

23 Los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada tienen el siguiente tenor:

«Artículo primero

Las siguientes empresas infringieron el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar, durante los períodos indicados, en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas con objeto de asignar volúmenes de venta, fijar precios, intercambiar información comercialmente sensible sobre precios y volúmenes de venta y supervisar la ejecución de los acuerdos contrarios a la competencia en el mercado del clorato de sodio en el EEE:

a) [EKA], del 21 de septiembre de 1994 al 9 de febrero de 2000;

b) Akzo Nobel […], del 21 de septiembre de 1994 al 9 de febrero de 2000;

c) Finnish Chemicals […], del 21 de septiembre de 1994 al 9 de febrero de 2000;

d) [ELSA], del 13 de febrero de 1997 al 9 de febrero de 2000;

e) Arkema France […], del 17 de mayo de 1995 al 9 de febrero de 2000;

f) [La demandante], del 17 de mayo de 1995 al 9 de febrero de 2000;

g) Aragonesas […], del 16 de diciembre de 1996 al 9 de febrero de 2000;

h) Uralita […], del 16 de diciembre de 1996 al 9 de febrero de 2000.

Artículo 2

Por las infracciones citadas en el artículo 1, se imponen las siguientes multas:

a) EKA […] y Akzo Nobel […], responsables solidarios: 0 euro;

b) Finnish Chemicals […]: 10.150.000 euros, de los cuales, responsable solidario con [ELSA] (en liquidación): 50.900 euros;

c) Arkema France […] y [la demandante], responsables solidarios: 22.700.000 euros;

d) Arkema France […]: 20.430.000 euros;

e) [La demandante]: 15.890.000 euros;

f) Aragonesas […] y Uralita […], responsables solidarios: 9.900.000 euros.

[…]»

24 En el artículo 3 de la Decisión impugnada, la Comisión ordena a las empresas indicadas en el artículo 1 de dicha Decisión, por una parte, que pongan fin a las infracciones, si no lo han hecho todavía, y, por otra, que se abstengan de realizar cualquier acto o conducta descritos en el artículo 1 de dicha Decisión, y cualquier acto o conducta que tuviere el mismo o similar objeto o efecto.

25 El artículo 4 de la Decisión impugnada enumera a los destinatarios de ésta, que son las empresas indicadas en el artículo 1 de dicha Decisión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

26 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de agosto de 2008, la demandante interpuso el presente recurso.

27 Previo informe del juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió abrir la fase oral. El Tribunal también planteó varias preguntas a la demandante y a la Comisión. También instó a esta última a que presentara ciertos documentos. Las partes atendieron a estos requerimientos dentro del plazo señalado, a excepción de la trascripción de la solicitud oral de dispensa de pago de EKA, que la Comisión se negó a aportar.

28 En la vista celebrada el 2 de junio de 2010 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal.

29 Mediante auto de 11 de junio de 2010, Elf Aquitaine/Comisión (T‑299/08, no publicado en la Recopilación), el Tribunal, por una parte, ordenó a la Comisión que aportara la trascripción de la solicitud oral de dispensa de pago de EKA y, por otra, autorizó a los abogados de la demandante a que consultaran este documento en la Secretaría del Tribunal. La Comisión aportó este documento dentro del plazo señalado, que los abogados de la demandante consultaron en la Secretaría del Tribunal. En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal, la demandante indicó que, si bien no podía confirmar que este documento fuera idéntico a aquél al que se le había dado acceso en el marco del procedimiento administrativo ante la Comisión, no tenía ninguna razón para dudar de que no se tratase del mismo documento.

30 La fase oral del procedimiento concluyó el 16 de julio de 2010.

31 La demandante solicita al Tribunal que:

– Con carácter principal, se anule, con arreglo al artículo 230 CE, la Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a ella.

– Con carácter subsidiario, se anule o reduzca, con arreglo al artículo 229 CE, el importe de las multas que se le impusieron en el artículo 2, letras c) y e), de la Decisión impugnada.

─ En todos los casos, se condene en costas a la Comisión.

32 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Se desestime el recurso.

– Se condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

1. Sobre las pretensiones, formuladas con carácter principal, por las que se solicita que se anule la Decisión impugnada

33 En apoyo de su solicitud de anulación de la Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a ella, la demandante alega diez motivos. El primer motivo se basa en la infracción de las normas que regulan la imputación de la responsabilidad de una infracción dentro de los grupos de sociedades. El segundo motivo se refiere a la vulneración de seis principios fundamentales, derivada de la imputación que se le hizo de la responsabilidad de la conducta infractora de que se trata. El tercer motivo se basa en la valoración manifiestamente errónea de la serie de indicios que señaló. El cuarto motivo se refiere a una contradicción de motivos en la Decisión impugnada. Mediante el quinto motivo, se alega la vulneración del principio de buena administración. Mediante el sexto motivo, la vulneración del principio de seguridad jurídica. Mediante el séptimo motivo, una desviación de poder. En el octavo motivo se aduce el carácter infundado de la fijación de una multa que se le impuso a título personal. El noveno motivo se basa en la vulneración de los principios y de las reglas que determinaron el cálculo de la multa que, con carácter solidario, se impuso a Arkema France y a ella misma. Mediante el décimo motivo, se alega la infracción de las disposiciones de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción de las normas que regulan la imputación de la responsabilidad de una infracción dentro de los grupos de sociedades

34 El primer motivo de la demandante, con el que se alega que la Comisión infringió, en la Decisión impugnada, las normas que regulan la imputación de la responsabilidad de una infracción dentro de los grupos de sociedades, se divide en cinco partes.

Sobre la primera parte, relativa a un error de Derecho en la imputación a la demandante de la responsabilidad de la conducta infractora de que se trata

– Alegaciones de las partes

35 La demandante alega, en esencia, que la Comisión incurrió en error de Derecho al sostener, en el considerando 369 de la Decisión impugnada, que no estaba obligada a corroborar mediante pruebas concretas la presunción según la cual, en esencia, una sociedad matriz que posee la totalidad del capital social de su filial ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre ésta (en lo sucesivo, «presunción de ejercicio de una influencia decisiva»).

36 En primer lugar, se desprende tanto de abundante jurisprudencia, como de la práctica seguida por la Comisión en anteriores decisiones, que corresponde a esta institución corroborar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva mediante indicios concretos que acrediten dicha influencia. Estos indicios deberían poner de manifiesto que la sociedad matriz estaba implicada en la infracción, o bien que tenía conocimiento de ella, o bien que la organización interna del grupo le permitía intervenir concretamente en la política comercial de su filial. En particular, la demandante sostiene que la Comisión, durante cerca de cuarenta años antes de la adopción de la Decisión C(2004) 4876 final, de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (DO 2006, L 353, p. 12; en lo sucesivo «Decisión AMCA»), tuvo en cuenta indicios concretos que corroboraban la presunción de ejercicio de una influencia decisiva. La demandante también precisa que, en el considerando 574 de la Decisión C(2008) 5476 final, de 1 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C.39181 – Ceras para velas) (DO C 295, p. 17; en lo sucesivo, «Ceras para velas»), la Comisión reconoció que, antes de 2005, no imputaba la responsabilidad de una infracción a una sociedad matriz sin aportar indicios concretos que corroborasen dicha presunción.

37 En segundo lugar, la demandante señala que, en la Decisión de 10 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-2/37.857 – Peróxidos orgánicos) (DO 2005, L 110, p. 44; en lo sucesivo, «Decisión Peróxidos orgánicos»), la Comisión no imputó la responsabilidad de la infracción sancionada en esta Decisión a la demandante, al considerar que Arkema France era plenamente autónoma en el mercado.

38 En tercer lugar, la demandante sostiene, en esencia, que la obligación de la Comisión de dar cuenta de indicios adicionales que corroboren la presunción de ejercicio de una influencia decisiva en el marco de la aplicación del artículo 81 CE se ve confirmada por la jurisprudencia relativa a la imputación al Estado de una medida adoptada por una empresa pública con derecho a ayudas de Estado. Se remite, a este respecto, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión (C‑482/99, Rec. p. I‑4397), y a la sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2008, SIC/Comisión (T‑442/03, Rec. p. II‑1161). Según la demandante, conforme al artículo 295 CE, un accionista privado de un grupo de sociedades no puede, en nombre del principio de igualdad de trato, recibir peor trato que un accionista público.

39 En cuarto lugar, la demandante alega que la apreciación de la Comisión, que figura en el considerando 369 de la Decisión impugnada, de que no le corresponde corroborar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva mediante indicios adicionales que demuestren el control de una sociedad matriz sobre su filial, se opone a las soluciones adoptadas en la mayoría de los Estados miembros de la Unión, como Bélgica, Francia, Italia y el Reino Unido, así como en los Estados Unidos, cuya influencia en el Derecho comunitario de la competencia es innegable. Por un lado, en todos estos Estados, las autoridades nacionales de la competencia recurren a una serie de indicios con objeto de demostrar el comportamiento autónomo de una filial respecto de su sociedad matriz. Por otro lado, si bien es cierto que la Comisión no está vinculada por las soluciones adoptadas por las autoridades nacionales de la competencia de los Estados miembros, la Comisión debería no obstante tenerlas en cuenta, habida cuenta de los mecanismos de cooperación reforzada que rigen sus relaciones con dichas autoridades en la Red Europea de Competencia.

40 La Comisión se opone a las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

41 En primer lugar, debe señalarse que, tras recordar, en los considerandos 369 a 372 de la Decisión impugnada, la jurisprudencia relativa a la imputabilidad de la conducta infractora de una filial a su sociedad matriz, la Comisión indica, en los considerandos 386 y 387 de dicha Decisión, lo siguiente:

«(386) Durante el período de tiempo en el que se cometió la infracción, [la demandante] era titular de más del 97 % de las acciones de Arkema France. Habida cuenta de que en tales circunstancias cabe razonablemente pensar que la filial deberá conformarse a la política definida por su sociedad matriz (no pudiendo por tanto actuar de manera autónoma) y que la sociedad matriz no encontrará ningún obstáculo a la hora de definir dicha política para su filial, puede presumirse [que la demandante] ejerció una influencia decisiva sobre [Arkema France]. Existen además otros datos que corroboran la presunción de que la influencia ejercida por [la demandante] fue realmente decisiva. Para empezar, los miembros del consejo de administración de [Arkema France] eran todos designados por [la demandante]. Además, entre 1994 y 1999, el Sr. [P.] fue a la vez miembro del comité general de dirección de [Arkema France] y de [la demandante] y miembro del consejo de administración de [Arkema France]. Lo mismo puede decirse del Sr. [I.], que fue miembro del consejo de administración de [Arkema France] entre 1994 y 1998 y del comité de dirección general de [la demandante] entre 1994 y 1997. Además, el Sr. [W.] ocupó un puesto en el consejo de administración de [Arkema France] entre 1994 y 1999 y fue nombrado miembro del comité de dirección general de [la demandante] en 1999. Por otra parte, algunas otras personas, como el Sr. [D.] (1994-2000) y el Sr. [R.] (1994-1997), fueron simultáneamente miembros de los consejos de administración de [Arkema France] y de [la demandante]. A la vista de los diferentes solapamientos de personal entre los órganos de dirección y de control de [Arkema France], cuyos miembros (por lo que respecta a los órganos de dirección) habían sido designados y – cabe suponer – habrían podido ser destituidos por [la demandante], está claro que esta última estaba informada de todas las decisiones tomadas por [Arkema France] y podía influir en ellas en todo momento. Además, no existía ningún otro accionista importante que pudiera ejercer una influencia en la política comercial de su filial.

(387) Habida cuenta de la presunción que resulta de la participación de [la demandante] en [Arkema France] en el momento de la infracción (superior a un 97 %) y de los vínculos organizativos, la Comisión considera que [la demandante] ejerció una influencia decisiva en la conducta de su filial [Arkema France]».

42 Además, en los considerandos 396 a 415 de la Decisión impugnada, la Comisión desestima a las alegaciones que formularon Arkema France y la demandante en sus observaciones en respuesta al pliego de cargos y que tenían por objeto oponerse a la imputación de la responsabilidad por la infracción de que se trata a la demandante.

43 Se desprende por tanto de los motivos de la Decisión impugnada, expuestos en los apartados 41 y 42 supra, que la Comisión imputó la responsabilidad de la infracción de que se trata a la demandante basándose en la presunción de que una sociedad matriz que posee más de un 97 % del capital social de su filial ejerce una influencia decisiva sobre ésta. La Comisión también consideró, por un lado, que esta presunción se veía confirmada por indicios adicionales que había expuesto en la Decisión impugnada y, por otro, que las alegaciones formuladas por Arkema France y la demandante en sus observaciones en respuesta al pliego de cargos no permitían destruir dicha presunción.

44 Procede por lo tanto examinar si la Comisión, como sostiene la demandante, incurrió en un error de Derecho al concluir que el hecho de que aquélla poseyera más de un 97 % del capital social de Arkema France bastaba, por sí solo, para imputarle la responsabilidad de la infracción de que se trata.

45 En su sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 54), el Tribunal de Justicia recordó que el Derecho de la competencia tiene por objeto las actividades de las empresas (sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 59) y que el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 112; de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, Rec. p. I‑289, apartado 107, y de 11 de julio de 2006, FENIN/Comisión, C‑205/03 P, Rec. p. I‑6295, apartado 25).

46 El Tribunal de Justicia también precisó que, en este mismo contexto, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 55, y la jurisprudencia citada).

47 Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe a ella, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 56, y la jurisprudencia citada).

48 La infracción del Derecho de la competencia debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que podrán imponerse multas y el pliego de cargos debe dirigirse a esta última. Asimismo, es necesario que el pliego de cargos indique en qué condición se recriminan a una persona jurídica los hechos alegados (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 57, y la jurisprudencia citada).

49 Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (véanse la sentenica Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 58, y la jurisprudencia citada).

50 Es así, en efecto, porque, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por tanto, constituyen una única empresa, en el sentido de la jurisprudencia mencionada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia. Así pues, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite que la Comisión remita una Decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 59, y la jurisprudencia citada).

51 En el caso particular de una sociedad matriz que posee el 100 % del capital social de su filial, responsable de una infracción de las normas del Derecho de la competencia, por un lado, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en la conducta de su filial y, por otro, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 60, y la jurisprudencia citada).

52 En tales circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de dicha filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes pruebas para demostrar que su filial se comporta de manera autónoma en el mercado (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 61, y la jurisprudencia citada).

53 Si bien es cierto que el Tribunal de Justicia evocó, en su sentencia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, apartados 28 y 29) otras circunstancias, aparte de la posesión del 100 % del capital de la filial, como la no negación de la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial y la representación común de ambas sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia sólo mencionó dichas circunstancias con objeto de exponer el conjunto de elementos en los que el Tribunal General había basado su razonamiento y no para supeditar la aplicación de dicha presunción a la aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una influencia por parte de la sociedad matriz (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 62, y la jurisprudencia citada).

54 De todas las anteriores consideraciones se desprende que cuando una sociedad matriz participa en el 100 % del capital de su filial, existe una presunción iuris tantum de que esa sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, mencionada en el apartado 45 supra, apartado 63, y la jurisprudencia citada).

55 Se desprende además de la jurisprudencia del Tribunal que si una sociedad matriz posee prácticamente la totalidad del capital social de su filial, puede razonablemente concluirse que dicha filial no define de manera autónoma su comportamiento en el mercado y que constituye, con su sociedad matriz, una misma empresa en el sentido del artículo 81 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Michelin/Comisión, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, apartado 290, y la jurisprudencia citada).

56 En el caso de autos, procede observar, por un lado, que la demandante no niega, como señaló la Comisión en el considerando 386 de la Decisión impugnada, que en la época de los hechos de que se trata poseía más del 97 % del capital social de Arkema France y, más concretamente, un 97, 55 %, como se indicó en el considerando 13 de la Decisión impugnada. Por otro lado, si bien la demandante sostiene que el hecho de que no participen otros accionistas en el capital social de Arkema France, aparte de ella, no puede confirmar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, no presenta ninguna alegación que pueda rebatir la apreciación de la Comisión, que figura en el considerando 396 de la Decisión impugnada, de que la posesión por parte de una sociedad matriz de la práctica totalidad del capital social de su filial es asimilable a la posesión de la totalidad de dicho capital, puesto que, en principio, «los accionistas minoritarios no gozan en este caso de ningún derecho especial, aparte de su simple participación en los beneficios de la filial».

57 Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia expuesta en los apartados 45 a 55 de la presente sentencia, la Comisión presumió justificadamente, en la Decisión impugnada, que la demandante ejercía una influencia decisiva sobre Arkema France, basándose en la constatación de que poseía la práctica totalidad del capital social.

58 Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante invalida esta conclusión.

59 En primer lugar procede desestimar por infundada la alegación de que, por una parte, se desprende tanto de la jurisprudencia, como de la práctica seguida por la Comisión en decisiones anteriores a la Decisión AMCA, que la Comisión está obligada a corroborar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva mediante indicios concretos. En efecto, como se deriva de los apartados 45 a 55 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha recordado en la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión (citada en el apartado 45 supra), conforme a reiterada jurisprudencia, que la Comisión no estaba obligada a corroborar dicha presunción mediante indicios adicionales. Además, como indicó la Comisión en su Decisión Ceras para velas, aunque su práctica en decisiones anteriores a la Decisión AMCA haya consistido en corroborar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva mediante indicios adicionales, dicha observación no puede afectar a la conclusión, enunciada en el apartado 57 supra, de que la Comisión, en la Decisión impugnada, podía basarse justificadamente sólo en la posesión por la demandante de la práctica totalidad del capital social de Arkema France para presumir que ejercía una influencia decisiva sobre ésta.

60 En segundo lugar, procede desestimar por infundada la alegación de que la Comisión incurrió en error de Derecho al imputar la responsabilidad de la conducta infractora de que se trata a la demandante, a pesar de no haber efectuado tal imputación en la Decisión Peróxidos orgánicos. Por un lado, en la medida en que, como se desprende de los apartados 45 a 55 supra, la Comisión imputó en la Decisión impugnada la responsabilidad de la infracción de que se trata a la demandante basándose en una interpretación exacta del concepto de empresa en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, el mero hecho de que la Comisión no hubiese efectuado tal imputación en una decisión anterior por la que se sancionaba a Arkema France no puede poner en entredicho la legalidad de la Decisión impugnada a este respecto. Por otro lado, habida cuenta de que la Comisión dispone de la facultad, pero no de la obligación, de imputar la responsabilidad de la infracción a una sociedad matriz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 82, y la sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartado 331), el mero hecho de que la Comisión no haya efectuado tal imputación en la Decisión Peróxidos orgánicos no implica que esté obligada a realizar la misma apreciación en una Decisión ulterior (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 990).

61 En tercer lugar, aunque la demandante alega, en esencia, que la sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 38 supra (apartados 50 a 52, 55 y 56), y la sentencia SIC/Comisión, citada en el apartado 38 supra (apartados 94, 95, 98, 99, 101 a 105 y 107), tienden a confirmar que la Comisión está obligada a aportar indicios adicionales que corroboren la presunción de ejercicio de una influencia decisiva en la que se basa al aplicar el artículo 81 CE, esta alegación debe desestimarse por improcedente. En efecto, los referidos apartados, que se refieren a la cuestión de si una medida adoptada por una empresa pública es imputable al Estado y, por lo tanto, de si tal medida puede calificarse de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, por un lado, no tienen relación alguna con los requisitos de imputación de la responsabilidad de una infracción del artículo 81 CE a una sociedad matriz y, por otro, no se oponen a la existencia de la presunción de ejercicio de una influencia decisiva en materia de infracción del artículo 81 CE, de la que los órganos jurisdiccionales de la Unión han reconocido expresamente la legalidad, como se desprende de la jurisprudencia expuesta en los apartados 45 a 55 supra.

62 En cuarto lugar, debe desestimarse por improcedente la alegación de que, en esencia, la jurisprudencia, en varios Estados miembros de la Unión Europea y en Estados Unidos, exige que el ejercicio de una influencia decisiva de la sociedad matriz sobre su filial se vea confirmada por indicios concretos. En efecto, además de que la jurisprudencia de dichos Estados no vincula a la Comisión y no constituye el marco jurídico pertinente en el que corresponde examinar la legalidad de la Decisión impugnada, el no reconocimiento de la presunción de ejercicio de una influencia decisiva por parte de la jurisprudencia de dichos Estados, aunque resultase cierto, no implicaría, en todos los supuestos, que fuera ilegal en Derecho comunitario.

63 A la luz de las anteriores consideraciones, debe desestimarse la primera parte del presente motivo, en parte, por infundada y, en parte, por improcedente.

Sobre la segunda parte, relativa a la vulneración de los principios de autonomía jurídica y económica de las sociedades

– Alegaciones de las partes

64 La demandante sostiene que, cuando la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, como ha ocurrido en la práctica seguida por la Comisión en decisiones anteriores a la Decisión AMCA, no se ve corroborada por indicios adicionales que corfirmen la injerencia de la sociedad matriz en la actividad de su filial en el mercado en el que se produce la infracción, tal presunción es incompatible con el principio de autonomía de la persona jurídica, ya que implica la responsabilidad automática de la sociedad matriz por las infracciones cometidas por su filial.

65 En primer lugar, la demandante alega que, sólo como excepción debidamente justificada al principio de autonomía económica de la persona jurídica, puede reconocerse que una sociedad matriz forma parte del perímetro de la empresa en el sentido del artículo 81 CE. En tal supuesto excepcional, una sociedad matriz podría entonces verse atribuir la responsabilidad de la infracción cometida por su filial y ser condenada solidariamente al pago de la multa que se imponga a dicha filial, pero no podría ser condenada a una multa a título personal.

66 La demandante señala que el Derecho de sociedades, en los Estados miembros de la Unión, establece el principio de autonomía jurídica de las personas jurídicas, incluidas las filiales cuyo capital social pertenece íntegramente a su sociedad matriz. Este principio se deriva de los atributos de la personalidad jurídica y confiere en particular plena capacidad de obrar y un patrimonio propio a cada sociedad, que es plenamente responsable de sus propios actos, inclusive de las consecuencias de su actividad económica en el mercado. A este respecto, precisa que la jurisprudencia ha reconocido el principio de autonomía económica de una filial, que se deriva de la autonomía jurídica de ésta. Este principio también constituye un elemento fundamental del buen funcionamiento de las econonomías modernas. Por consiguiente, la demandante y Arkema France, como personas jurídicas distintas, disponen ambas de una autonomía jurídica y económica propia.

67 En segundo lugar, la demandante sostiene que el principio de autonomía económica de la filial constituye la traducción concreta de la utilización por ésta del conjunto de atributos jurídicos de su personalidad. Por un lado, el análisis del Derecho de la mayoría de Estados miembros de la Unión muestra que el principio de autonomía de la persona jurídica forma parte de los fundamentos jurídicos sobre los que se asienta su organización social, que sólo puede inaplicarse en circunstancias excepcionales, tal como se desprende de las diferentes jurisprudencias nacionales. Por otro lado, la Comisión está obligada, cuando aplica el Derecho de la compentencia, a no ignorar la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión, so pena de poner en peligro la necesaria convergencia de los distintos Derechos de la competencia dentro de las redes europea e internacional en materia de competencia.

68 La Comisión se opone a las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

69 La demandante sostiene, en esencia, que, al imputarle la responsabilidad de la infracción de que se trata, la Comisión vulneró los principios de autonomía jurídica y económica de las sociedades.

70 Ahora bien, sin que sea necesario pronunciarse sobre el alcance de los principios de autonomía jurídica y económica de las sociedades, ni tan sólo sobre la existencia del segundo de estos principios, basta obstervar que éstos, en cualquier caso, no pueden implicar que una sociedad cuyo capital pertenece en su totalidad o en su práctica totalidad a otra sociedad actúe necesariamente de manera autónoma en el mercado por el mero hecho de disponer de una personalidad jurídica o de medios económicos propios. En efecto, tal suposición pasaría totalmente por alto las numerosas posibilidades que existen en la práctica para una sociedad matriz que posee la totalidad o la práctica totalidad del capital de su filial de influir en la conducta de esta última de manera formal o informal.

71 Por consiguiente, la Comisión no vulneró los pretendidos principios de autonomía jurídica y económica que la demandante invoca en el presente caso.

72 Las alegaciones que la demandante formula a este respecto no pueden acogerse. Por un lado, por lo que se refiere a la alegación de que la presunción de ejercicio de una influencia decisiva es contraria al Derecho aplicable en determinados Estados miembros de la Unión, debe desestimarse por infundada, por las mismas razones que se han expuesto en el apartado 62 supra, a saber, en particular, que el Derecho de dichos Estados no constituye el marco jurídico pertinente en el que corresponde examinar la legalidad de la Decisión impugnada. Por otro lado, aunque la demandante sostiene que, al imputarle la responsabilidad de la infracción de que se trata, la Comisión infringió el Derecho de sociedades aplicable en los Estados miembros de la Unión y, por tanto, el principio de subsidiariedad, procede señalar que, conforme al artículo 81 CE, apartado 1, cuando una entidad económica infringe las normas sobre competencia, le corresponde responder por esta infracción, que la Comisión está facultada para sancionar en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

73 A la luz de las anteriores consideraciones, procede desestimar por infundada la segunda parte del presente motivo.

Sobre la tercera parte, relativa al error en que incurrió la Comisión por basarse, en en la Decisión impugnada, en indicios que no corroboran la presunción de ejercicio de una influencia decisiva

– Alegaciones de las partes

74 La demandante alega, en esencia, que la Comisión incurrió en error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación al considerar que los tres elementos adicionales expuestos en el considerando 386 de la Decisión impugnada (véase el apartado 41 supra) corroboraban la presunción de ejercicio de una influencia decisiva. A este respecto, sostiene en esencia que, por un lado, el hecho de haber nombrado a los miembros del consejo de administración de su filial y, por otro, el hecho de que cinco miembros del comité de dirección general o del consejo de administración de Arkema France también formaran parte de su comité de dirección general o de su consejo de administración no permiten corroborar dicha presunción.

75 La Comisión se opone a las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

76 Según la jurisprudencia expuesta en los apartados 52 a 55 supra, la Comisión no está obligada a corroborar mediante elementos adicionales la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, que tiene la facultad de establecer cuando una sociedad matriz posea la totalidad o la práctica totalidad del capital social de su filial, pero, en cambio, para destruir esta presunción, incumbe a la demandante presentar pruebas suficientes que permitan desmostrar que su filial se comportaba de manera autónoma en el mercado.

77 En consecuencia, aunque debiera considerarse, como afirma la demandante, que la Comisión se basó equivocadamente, en el considerando 386 de la Decisión impugnada, en indicios que no podían corroborar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, en cualquier caso, tal error no podría poner en entredicho que dicha institución podía basarse justificadamente sólo en la constatación de que la demandante poseía la práctica totalidad del capital social de su filial para presumir que ejercía una influencia decisiva sobre ésta.

78 Por consiguiente, la tercera parte del presente motivo debe desestimarse por improcedente, sin que sea necesario examinar las alegaciones de la demandante con las que, en esencia, se pretendía rebatir la pertinencia de los indicios que tuvo en cuenta la Comisión en la Decisión impugnada para corroborar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva.

Sobre la cuarta parte, basada en que la Comisión consideró equivocadamente que la demandante no había aportado una serie de indicios que destruyeran la presunción de ejercicio de una influencia decisiva

– Alegaciones de las partes

79 La demandante sostiene, en esencia, que la Comisión consideró equivocadamente que no había aportado una serie de indicios convergentes que destruyeran la presunción de ejercicio de una influencia decisiva y que acreditaran, por una parte, la autonomía de Arkema France en el mercado y, por otra, la no intromisión por su parte en la política comercial de su filial. Precisa, contrariamente a lo que afirma la Comisión, que la serie de indicios que presentó no se limita a demostrar que no había participado en el cártel o que no había tenido conocimiento de él.

80 En primer lugar, la demandante alega que demostró mediante una serie de indicios convergentes la autonomía de Arkema France en el mercado.

81 Primero, la demandante recuerda, como ha señalado en la primera parte de su primer motivo (véase el apartado 37 supra), que la Comisión reconoció la autonomía de Arkema France en el mercado en la Decisión Peróxidos orgánicos. Además, sostiene que, si en su Decisión de 3 de mayo de 2006, Peróxido de hidrógeno y perborato (asunto COMP/F/38.620), (DO L 353, p. 54; en lo sucesivo, «Decisión Peróxido de hidrógeno») la Comisión no intentó en ningún momento corroborar mediante una prueba concreta la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, fue porque en aquel momento consideró que no existía ningún indicio que permitiera confirmar dicha presunción. Por último, en la medida en que el clorato de sodio pertenece a la misma familia de productos contemplados en la Decisión Peróxidos orgánicos y en la Decisión Peróxido de hidrógeno y que se gestionaba dentro del grupo Elf Aquitaine exactamente de la misma manera que los productos afectados por estas dos decisiones, la Comisión no podía pretender justificadamente, en el marco del presente asunto, que la demandante se hubiera inmiscuido en la estrategia comercial de Arkema France.

82 Segundo, la demandante sostiene que Arkema France pertenecía a un grupo que se caracterizaba por una gestión descentralizada de sus filiales y que, en consecuencia, la demandante sólo actuaba al frente del grupo como sociedad de cartera no operativa, sin intervenir en absoluto en la gestión operativa de sus filiales. Por esta razón, la Comisión no debería haberle imputado la responsabilidad de la infracción de que se trata, del mismo modo que, por idéntica razón, no había efectuado tal imputación respecto a una de las sociedades matrices sancionadas en su Decisión de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.238, Tabaco crudo – España) (DO 2007, L 102, p. 14; en lo sucesivo, «Decisión Tabaco crudo España»).

83 Tercero, la demandante sostiene que Arkema France siempre definió su estrategia comercial de manera autónoma.

84 Por un lado, contrariamente a lo que afirmó la Comisión en el apartado 324 del pliego de cargos y como ésta reconoció durante la audiencia ante el Consejero Auditor, la demandante nunca adoptó o aprobó el plan de acción o el presupuesto de las actividades de Arkema France específicamente relacionadas con el clorato de sodio. Por el contrario, Arkema France disponía en la época de los hechos de todos los medios y recursos organizativos, jurídicos y financieros necesarios para la definición de la estrategia comercial de las actividades relacionadas con el clorato de sodio y con la gestión de estas actividades.

85 Por otro lado, la demandante formula una serie de alegaciones con objeto de demostrar que Arkema France actuaba de manera autónoma en el mercado. Según alega la demandante, para empezar, Arkema France gozaba de pleno poder para contratar sin autorización previa de su sociedad matriz, lo que le dio la posibilidad de gestionar de manera plenamente autónoma su política comercial. A continuación, Arkema France siempre definió libremente la gama de los productos o servicios que comercializaba en el mercado del clorato de sodio, ya que la demandante sostiene que nunca dirigió ninguna instrucción o directriz a su filial en relación con su producción, los precios practicados y las salidas comerciales para su producción. Además, Arkema France disfrutó de plena libertad para definir, sin intervención de su sociedad matriz, sus objetivos de venta y sus márgenes brutos, sin que el personal de la demandante pudiera inmiscuirse en este tipo de decisiones. Por otra parte, la demandante nunca estuvo presente en los mercados en los que operaba su filial, ni en las fases previas o posteriores a éstos. Por último, Arkema France intervino en el mercado del clorato de sodio en su nombre y por cuenta propia y no como su representante o su agente comercial.

86 Cuarto, según la demandante, Arkema France disponía de plena autonomía financiera. Esta conclusión se desprende, a su juicio, de las consideraciones formuladas en los apartados 81 a 85 supra y del carácter muy modesto de su actividad relacionada con el clorato de sodio dentro del grupo en la época de los hechos controvertidos. Añade que el control financiero que ejercía sobre Arkema France era muy general y no podía, por tanto, referirse a la actividad relativa al clorato de sodio.

87 Quinto, la demandante sostiene que Arkema France no la informaba de su actividad en el mercado y que la única rendición de cuentas a la que Arkema France se sometía respecto de ella se mantenía estrictamente dentro de los límites de las obligaciones de un holding por lo que atañe a las reglas contables y de regulación financiera aplicables. Por consiguiente, esta rendición de cuentas se circunscribió a un nivel muy general y no afectó a la política comercial de Arkema France.

88 Sexto, la demandante señala que, a la luz del conjunto de consideraciones expuestas en los apartados 81 a 87 supra, por un lado, la Comisión habría debido constatar que la actividad de Arkema France no estaba subordinada a las instrucciones de su sociedad matriz. Por otro, se desprende tanto de la jurisprudencia, como de la práctica seguida por la Comisión en decisiones anteriores, que el conjunto de indicios presentados por la demandante para destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva son pertinentes para desmostrar la autonomía de su filial. Al rechazar los indicios que la demandante le proporcionó, la Comisión, de facto, le denegó este tipo de prueba para destruir dicha presunción.

89 En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión, en el considerando 370 de la Decisión impugnada, negó indebidamente el carácter probatorio de su no participación en la infracción cometida por su filial, así como de su desconocimiento de dicha infracción, para descartar su responsabilidad, a pesar de que en dicha Decisión reconoció expresamente que la demandante nunca había estado directa o indirectamente implicada en la infracción de que se trata. Ahora bien, la Comisión y los órganos jurisdiccionales de la Unión consideran la participación o el conocimiento de una infracción un indicio pertinente cuando se trata de imputar la responsabilidad de la infracción a una sociedad matriz.

90 En tercer lugar, la demandante señala que la Comisión consideró equivocadamente, en el considerando 403 de la Decisión impugnada, que el hecho de que ella no interviniera en el mercado del clorato de sodio en el EEE, ni en los mercados previos o posteriores de este producto, no constituía una prueba de su independencia. A juicio de la demandante, esta postura es incompatible con la jurisprudencia tal como se desprende de la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión (T‑30/05, no publicada en la Recopilación).

91 La Comisión se opone a las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

92 La demandante sostiene, en esencia, que aportó una serie de indicios que demostraban la autonomía de Arkema France en el mercado del clorato de sodio y su no injerencia en la política comercial de su filial.

93 Procede recordar que, por una parte, como se desprende de la jurisprudencia expuesta en particular en los apartados 52 a 55 supra, cuando la Comisión se basa en la presunción de ejercicio de una influencia decisiva para imputar la responsabilidad de una infracción a una sociedad matriz, incumbe a ésta destruirla presentando pruebas suficientes que permitan desmostrar que su filial se comporta de manera autónoma en el mercado. Por otra, con el fin de probar la autonomía de su filial en el mercado y, por tanto, de destruir dicha presunción, corresponde a la sociedad matriz someter todo elemento relativo a los vínculos organizativos, económicos y jurídicos entre ella y su filial que puedan demostrar que no integran una única entidad económica.

94 En el caso de autos, procede por tanto examinar si la Comisión consideró justificadamente que los elementos de la serie de indicios que la demandante aportó no permitían probar la autonomía de Arkema France en el mercado y destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva.

95 En primer lugar, por lo que atañe a la alegación de la demandante de que la postura adoptada por la Comisión en la Decisión Peróxidos orgánicos y en la Decisión Peróxido de hidrógeno muestra que Arkema France se comportaba de manera autónoma en el mercado, procede desestimarla por infundada. En primer lugar, debe señalarse, por un lado, que la demandante interpreta erróneamente dichas Decisiones, puesto que la Comisión no concluyó en absoluto que Arkema France actuase de manera autónoma ya fuera, en particular, en el mercado del clorato de sodio ya fuera, de manera general, en los demás mercados de productos que comercializaba. En efecto, como se desprende en particular del artículo 1 de la Decisión Peróxidos orgánicos, la Comisión se limitó a sancionar a Arkema France (anteriormente, Atofina), sin pronunciarse sobre la cuestión de si procedía imputar la responsabilidad de esta infracción a la demandante. Por otro lado, debe observarse que, en la Decisión Peróxido de hidrógeno, la Comisión concluyó esencialmente, en particular en el considerando 427 de dicha Decisión, que la responsabilidad de la infracción de que se trata en esta Decisión debía imputarse a la demandante. Por consiguiente, ninguna de estas dos Decisiones permite concluir que la Comisión, en circunstancias parecidas a las del caso de autos, consideró que Arkema France actuaba de manera autónoma en el mercado.

96 Además, en la medida en que, como se ha señalado en el apartado 60 supra, la Comisión dispone de la facultad, pero no de la obligación, de imputar la responsabilidad de una infracción a una sociedad matriz, y en que, en el caso de autos, imputó la responsabilidad de la infracción de que se trata a la demandante basándose en una interprtación exacta del artículo 81 CE, la eventual constatación de que la Comisión, en los asuntos previos, o bien consideró que no procedía efectuar tal imputación, o bien corroboró la presunción de ejercicio de una influencia decisiva mediante indicios adicionales, en ningún supuesto permitiría concluir en el presente caso que incurrió en error de Derecho al imputar la responsabilidad de la infracción de que se trata a la demandante.

97 En segundo lugar, por lo que respecta a las alegaciones de la demandante de que la autonomía de Arkema France queda acreditada por la gestión descentralizada del grupo Elf Aquitaine y por el hecho de que la demandante no era más que una «sociedad de cartera no operativa» que no intervenía en la gestión operativa de sus filiales y, por tanto, que la Comisión no debería haberle imputado la responsabilidad de la infracción, como por otra parte no hizo en la Decisión Tabaco crudo España por lo que respecta a otra sociedad matriz, también procede desestimarlas por infundadas.

98 Para empezar, procede señalar, por un lado, que la afirmación de que la demandante es una «sociedad de cartera no operativa» no se apoya en ningún dato concreto que permita probar que no ejercía ninguna influencia decisiva en su filial. Por otro lado, como se desprende de la jurisprudencia expuesta en el apartado 60 supra, el hecho de que, en la Decisión Tabaco crudo España, la Comisión no imputara la responsabilidad de una infracción a una sociedad matriz no puede, en ningún supuesto, poner en entredicho la conclusión de que los requisitos para tal imputación se cumplían en la Decisión impugnada.

99 Además, y en cualquier caso, en el contexto de un grupo de sociedades, una sociedad de cartera tiene la vocación de agrupar participaciones en varias sociedades y la función de garantizar su unidad de dirección. Por consiguiente, no puede excluirse que la demandante haya ejercido una influencia decisiva en la conducta de su filial coordinando en particular las inversiones financieras dentro del grupo Elf Aquitaine. Asimismo, el reparto interno de las diferentes actividades de la demandante, que se asemeja a una gestión descentralizada, entre varias divisiones o departamentos constituye un fenómeno normal en grupos de sociedades como el grupo al frente del cual se encuentra la demandante. Por lo tanto, esta alegación no destruye de ningún modo la presunción de que la demandante y Arkema France constituían una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE.

100 En tercer lugar, aunque la demandante sostiene, por un lado, que Arkema France siempre definió de manera autónoma su estrategia comercial en el mercado del clorato de sodio, puesto que nunca adoptó ni aprobó el plan acción o el presupuesto de las actividades de Arkema France específicamente relacionadas con este producto y que ésta disponía, en esencia, de la capacidad de actuar de manera autónoma en el mercado y, por otro, que Arkema France disponía de plena autonomía financiera, ya que el control que ejercía sobre su filial era muy general, estas alegaciones también deben desestimarse por infundadas.

101 En efecto, aparte de que las alegaciones de la demandante no se apoyan en ningún dato concreto, debe primero señalarse que el hecho de que ésta nunca adoptara ni aprobara el plan de acción o el presupuesto de las actividades de Arkema France no permite probar que no pudiera modificarlos, ni rechazarlos, ni controlar su aplicación.

102 Además, no puede descartarse que la demandante ejerciera una influencia decisiva en la conducta de su filial al coordinar en particular las inversiones financieras dentro del grupo Elf Aquitaine.

103 Por último, si, como sostuvo por otra parte la demandante en su respuesta al pliego de cargos (véase la página 71 de dicha respuesta) y como se desprende del considerando 392 de la Decisión impugnada, ella controlaba los compromisos más importantes de su filial, esta circunstancia no hace más que reforzar la conclusión de la Comisión de que dicha filial no era autónoma respecto de la demandante.

104 En cuarto lugar, la alegación de la demandante de que Arkema France no la informaba de su actividad en el mercado y de que sólo le rendía cuentas en términos muy generales, conforme al Derecho francés y a sus estatutos, debe desestimarse por infundada. A este respecto, además de que procede señalar que esta alegación no se apoya en ningún dato contreto, el reconocimiento por parte de la demandante de que controlaba los compromisos más importantes de su filial viene a contradecir dicha alegación.

105 En quinto lugar, aunque la demandante alega que nunca participó en la infracción, que no tenía conocimiento de ella y que no intervenía ni en las fases anteriores ni posteriores al mercado de clorato de sodio, como tampoco en dicho mercado, que tenía para ella una importancia menor, procede observar que estas alegaciones no permiten probar la autonomía de Arkema France. Para empezar, procede recordar que, como se desprende de la jurisprudencia, no es una relación de instigación relativa a la infracción entre la sociedad matriz y su filial ni, con mayor motivo, una implicación de la primera en dicha infracción, sino el hecho de que constituyan una sola empresa lo que habilita a la Comisión para dirigir la decisión por la que se imponen multas a la sociedad matriz de un grupo de sociedades (sentencia Michelin/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 290). A continuación, no puede extraerse ninguna otra conclusión del hecho de que la demandante y Arkema France operasen en mercados distintos o de que el mercado del clorato de sodio tuviera, para la demandante, una importancia menor. En efecto, procede considerar que, en un grupo como el que tiene al frente a la demandante, el reparto de tareas constituye un fenómeno normal que no permite destruir la presunción de que la demandante y Arkema France constituían una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE. Por consiguiente, estas alegaciones deben desestimarse por improcedentes.

106 En sexto lugar, por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la Comisión, de facto, le denegó el derecho a destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva al considerar que los indicios que había presentado no permitían probar la autonomía de Arkema France, debe desestimarse por infundada. En efecto, en la Decisión impugnada, la Comisión no sólo no puso en duda el derecho de la demandante a presentar indicios que pudieran destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, sino que, como se desprende de las consideraciones expuestas en los apartados 95 a 105 supra, concluyó justificadamente que los elementos de dicha serie de indicios no permitían destruir dicha presunción después de examinar la serie de indicios que la demandante le había proporcionado.

107 A la luz del conjunto de las anteriores consideraciones, procede concluir que la Comisión consideró justificadamente que la demandante no había aportado pruebas que permitieran destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva.

108 Por consiguiente, procede desestimar la cuarta parte del primer motivo, en parte por infundada y en parte por improcedente.

Sobre la quinta parte, relativa a la transformación de la presunción de ejercicio de una influencia decisiva en presunción iuris et de iure

– Alegaciones de las partes

109 La demandante sostiene que, al rechazar la serie de indicios que le proporcionó, la Comisión transformó la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, que debería ser una presunción iuris tantum, en una presunción iuris et de iure.

110 En primer lugar, alega que la transformación de una presunción simple en una presunción iuris et de iure menoscaba el principio de la presunción de inocencia. Para empezar, esta transformación constituye una probatio diabolica, es decir, una prueba imposible de refutar y, por tanto, una prueba inadmisible conforme a la jurisprudencia. A continuación, durante la vista, la demandante precisó que tal presunción era contraria al principio de la presunción de inocencia establecido, por una parte, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Salabiaku c. Francia, de 7 de octubre de 1988 (serie A nº 141-A, § 28), y, por otra, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DO C 364, p. 1), y que tiene el mismo valor jurídico que los tratados en virtud del artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo primero. Por último, en respuesta a las cuestiones del Tribunal durante la vista, precisó que consideraba que la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 45 supra, era incompatible con las referidas disposiciones.

111 En segundo lugar, la demandante sostiene que la Comisión convirtió la presunción de ejercicio de una influencia decisiva que estableció en la Decisión impugnada en una presunción que no admite prueba en contrario.

112 Primero, se desprende de los considerandos 396 y 412 de la Decisión impugnada que la propia Comisión considera que resulta casi imposible, en la práctica, destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, habida cuenta de que la Comisión indica en ellos, en particular, que «esta presunción se ve confirmada en prácticamente todos los casos».

113 Segundo, la Comisión se negó a tener en cuenta los indicios que la demandante había presentado para destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, cuando precisamente estos indicios, en caso de que los invoque la Comisión, permiten a ésta confirmar dicha presunción.

114 Tercero, se desprende del considerando 401, in fine, de la Decisión impugnada que la Comisión considera, equivocadamente, que una sociedad matriz debe considerarse responsable de una infracción, haya interferido o no en la actividad de su filial, haya o no dejado actuar libremente a dicha filial y haya tenido o no conocimiento de las infracciones cometidas por ésta.

115 Cuarto, la Comisión no extrajo las consecuencias adecuadas de su error de interpretación, que reconoció durante la audiencia ante el Consejero Auditor, de las observaciones formuladas por Arkema France el 18 de octubre de 2004, en respuesta a la solicitud de información que ésta le dirigió el 10 de septiembre de 2004, y en las que había confundido a Elf Atochem y a la demandante.

116 Quinto, la Comisión se basó, en la Decisión impugnada, no en datos concretos que demuestren el ejercicio efectivo de una influencia decisiva de la demandante en la gestión comercial de Arkema France, sino en simples afirmaciones no respaldadas por pruebas, que constituyen otras presunciones y suposiciones que nunca comprobó.

117 Sexto, del rechazo del conjunto de elementos proporcionados por la serie de indicios que aportó la demandante debería deducirse que la Comisión exige pruebas documentales negativas sobre la no injerencia de una sociedad matriz en la política comercial de su filial.

118 La Comisión se opone a las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

119 La demandante alega, en esencia, que, al rechazar los indicios que le había proporcionado, la Comisión transformó la presunción de ejercicio de una influencia decisiva en presunción iuris et de iure. A su juicio, esa presunción es ilegal tanto con arreglo al CEDH y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

120 A este respecto, debe señalarse que, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 52 supra, no se exigió a la demandante que aportase una prueba de su no injerencia en la gestión de su filial, sino únicamente que aportara pruebas suficientes para demostrar que su filial se comportaba de manera autónoma en el mercado de referencia.

121 Pues bien, la circunstancia de que la demandante, en el caso de autos, no haya aportado pruebas que permitan destruir la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, como se desprende del examen de la cuarta parte del primer motivo (véanse los apartados 95 a 106 supra), no significa que dicha presunción no pueda, en ningún caso, destruirse.

122 Por esta razón, en primer lugar, procede desestimar por improcedente la alegación de la demandante expuesta en el apartado 110 supra, según la cual, en esencia, la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, que la Comisión estableció en la Decisión impugnada, y de la que el Tribunal de Justicia reconoció la legalidad en la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 45 supra, es contraria al principio de presunción de inocencia tal como éste, por un lado, ha sido reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el CEDH y, por otro, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por los órganos jurisdiccionales de la Unión. En segundo lugar, procede desestimar por infundadas las alegaciones espuestas en los apartados 111 a 117 supra, según las cuales, en esencia, la Comisión consideró equivocadamente que los indicios que la demandante le había proporcionado demostraban que no ejercía una influencia decisiva sobre Arkema France, ya que, como se comprobó al examinar la cuarta parte del primer motivo (véanse los apartados 95 a 106 supra), la Comisión, en la Decisión impugnada, imputó la responsabilidad de la infracción a la demandante debido a que ninguno de los indicios que la demandante había presentado permitían acreditar, en el presente caso, la autonomía en el mercado de Arkema France.

123 Por consiguiente, procede desestimar, en parte por infundados y en parte por improcedentes, la quinta parte del primer motivo y, en consecuencia, el primer motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo, relativo a la vulneración de seis principios fundamentales como consecuencia de la imputación de la responsabilidad de la conducta infractora de que se trata a la demandante

124 La demandante sostiene, en esencia, que la Comisión vulneró seis principios fundamentales al imputarle la conducta infractora de Arkema France. El presente motivo se divide por tanto en seis partes.

Sobre la primera parte, relativa a una violación del derecho de defensa de la demandante

– Alegaciones de las partes

125 La demandante considera, en esencia, que se vulneró su derecho de defensa antes y después de que se le notificara el pliego de cargos.

126 En primer lugar, la demandante alega, para empezar, que la apreciación de la Comisión, que figura en el considerando 406 de la Decisión impugnada, de que no estaba obligada a cumplir diligencias particulares por lo que a ella respecta con anterioridad a la notificación del pliego de cargos, se ve invalidada por la jurisprudencia tal como se desprende de las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octobre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión (C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821), y de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión (C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725). A su jucio, la Comisión debería haber utilizado sus facultades de investigación antes del envío del pliego de cargos para reunir indicios que corroborasen la presunción de ejercicio de una influencia decisiva en la demandante, en lugar de contentarse con los proporcionados por Arkema France. En la vista, precisó que esa obligación también se desprendía de la sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión (T‑99/04, Rec. p. II‑1501), y del Código de buenas prácticas de la Comisión relativo a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (en lo sucesivo, «Código de buenas prácticas»), que en la fecha de la vista estaba disponible en el sitio Internet de la Comisión.

127 A continuación, al no ser objeto de medidas de investigación, la demandante se vio privada de su derecho a explicar, antes de la adopción del pliego de cargos, el modo de funcionamiento del grupo Elf Aquitaine, sus relaciones con Arkema France y su papel puramente pasivo en la gestión de su actividad en relación con el clorato de sodio. También se vio en la imposibilidad de controlar la veracidad de la información facilitada por Arkema France para la que ésta solicitó confidencialidad, como la relativa al volumen de negocios de la demandante, que Arkema France había proporcionado a la Comisión en respuesta a una solicitud de información.

128 Además, dado que la investigación afectaba únicamente al período posterior a la salida de Arkema France del grupo Elf Aquitaine, el 18 de mayo de 2006, la Comisión no pudo obtener respuestas completas a las preguntas que le había formulado. Por consiguiente, la demandante perdió una oportunidad, por un lado, de lograr que se cambiasen las imputaciones que se le hacían, demostrando, desde la fase de investigación, la imposibilidad de que se le imputara la infracción cometida por Arkema France y, por otro, de evitar que le impusieran dos multas distintas. En la vista añadió que, en la medida en que había recibido el pliego de cargos en una fecha en la que Arkema France ya no formaba parte del grupo Elf Aquitaine y de que habían transcurrido cuatro años desde el principio de la investigación, en la fecha de la notificación de dicho pliego ya no disponía de pruebas que le permitieran defenderse adecuadamente.

129 Por último, la alteración de la capacidad de la demandante para defenderse se vio agravada por el carácter incoherente y contradictorio de la postura adoptada por la Comisión en la Decis