Además, lo cierto es que las decisiones de la Comisión sobre la compatibilidad con el mercado común de las operaciones de concentración, deben estar sostenidas por elementos suficientemente significativos y concordantes y que, en el contexto del análisis de una operación de concentración de tipo «conglomerado», es sumamente importante la calidad de las pruebas que presenta la Comisión para acreditar la necesidad de una decisión que declare la operación de concentración incompatible con el mercado común. Sin embargo, de ello no puede deducirse que la Comisión deba sujetarse a exigencias de prueba más estrictas en materia de decisiones de prohibición de operaciones de concentración que en materia de decisiones de autorización de dichas operaciones, en particular cuando esta última se apoya en la tesis de la existencia de una posición dominante colectiva. En efecto, la función esencial de la prueba es convencer del fundamento de una tesis o, como en materia de control de operaciones de concentración, confirmar las apreciaciones que subyacen a las decisiones de la Comisión. Además, el hecho de que se trate o no de una tesis de la existencia de una posición dominante colectiva, no puede afectar, por sí sólo, a las exigencias de prueba aplicables. La complejidad intrínseca de una tesis de restricción de la competencia planteada respecto de una operación de concentración notificada, constituye un elemento que procede tener en cuenta para apreciar la probabilidad de las distintas consecuencias de esa operación, al objeto de identificar la que tenga más posibilidades, pero dicha complejidad no tiene, como tal, influencia sobre el nivel probatorio exigido.

Esta interpretación del Reglamento no queda desvirtuada por su artículo 10, apartado 6, según el cual una operación de concentración notificada se considera compatible con el mercado común si la Comisión no adopta en plazo una decisión sobre la compatibilidad de dicha operación. En efecto, esta disposición es una manifestación concreta del imperativo de celeridad que caracteriza la sistemática general de dicho Reglamento y que obliga a la Comisión a respetar plazos estrictos para la aprobación de la decisión final. Dicha disposición constituye sin embargo una excepción a la sistemática general del Reglamento, que se deriva, en particular, de los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, de éste, según la cual la Comisión decide expresamente sobre las operaciones de concentración que se le notifican.

De los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Reglamento no 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, no se deduce que éste imponga unas exigencias de prueba diferentes en materia de decisiones de autorización de operaciones de concentración, por una parte, y en materia de decisiones de prohibición de esas operaciones, por otra. En efecto, el análisis prospectivo necesario en materia de control de las operaciones de concentración, que consiste en examinar de qué modo podría semejante operación modificar los factores que determinan la situación de la competencia en un mercado dado, a fin de verificar si dicha operación supondría un obstáculo significativo para una competencia efectiva, requiere imaginar las diversas relaciones de causa a efecto posibles, para dar prioridad a aquella cuya probabilidad sea mayor. No es posible deducir del Reglamento una presunción general de compatibilidad o de incompatibilidad con el mercado común de una operación de concentración notificada.

De lo que se sigue que la Comisión no está obligada a mantener las valoraciones de hecho y de Derecho contenidas en el pliego de cargos. Por el contrario, debe motivar su decisión final mediante apreciaciones definitivas basadas en los resultados de la totalidad de su investigación, tal como éstos se presentan en el momento de la clausura del procedimiento formal. Además, la Comisión no está obligada a explicar eventuales diferencias en relación con sus apreciaciones provisionales formuladas en dicho pliego de cargos.

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho cuando, en su examen de los argumentos basados en la existencia de errores manifiestos de apreciación, no se limitó a utilizar el pliego de cargos como un instrumento para verificar la exactitud, el carácter completo y la aptitud para servir de fundamento de los hechos en los que se basa la Decisión controvertida, sino que consideró probadas determinadas conclusiones contenidas en dicho pliego, sin demostrar las razones por las que, a pesar de la posición final adoptada por la Comisión en la Decisión controvertida, dichos elementos debían ser considerados incontestablemente probados. Ahora bien, aparte de los elementos no controvertidos, en su caso, que son hasta tal punto manifiestos, por ejemplo, debido su naturaleza empírica y verificable, que resultan incontestables, no es posible presumir que las afirmaciones que se contienen en un pliego de cargos no puedan ser modificadas a consecuencia de las respuestas dadas a dicho pliego. En efecto, es posible que las partes notificantes, en sus respuestas al pliego de cargos, completen o aclaren, a la vista de dicho pliego, su «posición» sobre el funcionamiento del mercado o mercados de referencia, de forma que puedan añadirse nuevos elementos o que hechos ya examinados por la Comisión puedan ser situados en una nueva perspectiva.

No es posible impedir necesariamente al Tribunal de Primera Instancia que utilice el pliego de cargos para interpretar una decisión de la Comisión en materia de control de las operaciones de concentración, en particular cuando se trata del examen de los hechos que le sirven de base, y ello sin perjuicio del carácter preparatorio y provisional de este documento y a pesar de que la Comisión no esté obligada a dar explicaciones sobre posibles diferencias de la decisión final respecto de éste.

Se desprende del derecho de defensa de las partes notificantes de una operación de concentración que éstas tienen derecho a presentar, en el marco de su audiencia escrita y oral tras la recepción del pliego de cargos, todo aquello que consideren capaz de refutar las imputaciones de la Comisión y de llevarla a autorizar su operación de concentración propuesta. Por consiguiente, no puede, en principio, reprochárseles que no presentasen determinadas alegaciones, hechos o pruebas, eventualmente decisivos, más que en el marco de sus alegaciones en respuesta al pliego de cargos. En efecto, sólo mediante este pliego pueden las partes que intervienen en la operación de concentración obtener las indicaciones necesarias respecto de las reservas de la Comisión sobre su proyecto de concentración, así como de las alegaciones y las pruebas sobre los que ésta se basa a este respecto. Una alegación formulada como respuesta al pliego de cargos forma parte de la investigación que ha de desarrollarse en el marco del procedimiento formal de examen y no es extemporánea, sino que se formula en el momento previsto a estos efectos en el procedimiento de control de operaciones de concentración. A la vista de las exigencias del derecho de defensa, semejante alegación no puede estar sometida a unas exigencias de prueba más estrictas, respecto de su carácter probatorio y de convicción, que las impuestas a las alegaciones de los competidores, de los clientes y de otros terceros interrogados por la Comisión durante el procedimiento administrativo o que a las pruebas presentadas por las empresas notificantes en un momento anterior de la investigación de la Comisión.

Además, cuando la Comisión examina en su Decisión las alegaciones formuladas por las empresas notificantes en respuesta al pliego de cargos y aprovecha la ocasión para revisar sus propias conclusiones provisionales recogidas en este pliego de cargos y, en su caso, apartarse de ellas, sin formular ninguna solicitud de información ni efectuar estudios de mercado adicionales, no está realizando con ello una «delegación» de la investigación en las empresas notificantes.

Es cierto que la Comisión está obligada a examinar detenidamente las alegaciones de las partes participantes en la concentración respecto de su carácter exacto, completo y convincente y a no tenerlas en cuenta en caso de que tenga dudas fundamentadas. Es igualmente cierto que, en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 447/98, la notificación de la operación de concentración prevista debe contener datos exactos y completos, y que, conforme al artículo 11 del Reglamento no 4064/89, las partes notificantes están obligadas a responder a las posibles solicitudes de información de la Comisión de forma completa y exacta y en los plazos establecidos. Si no lo hacen así y los requerimientos en cuestión han sido realizados por vía de decisión, la Comisión puede imponer multas y multas coercitivas con arreglo a los artículos 14 y 15 del Reglamento no 4064/89. Sin embargo, no es menos cierto que ésta, con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, tiene que aplicar los mismos criterios que usa para examinar las alegaciones de terceros o que los usados en un momento anterior de su investigación, so pena de vulnerar el derecho de defensa de las partes notificantes, pero puede al mismo tiempo extraer las consecuencias apropiadas en el supuesto de que, en un momento avanzado del procedimiento, resulte que la notificación de que se trate no respeta las exigencias del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 447/98.

En estas circunstancias, teniendo en cuenta en particular los condicionantes temporales que se derivan de los plazos procedimentales que establece el Reglamento no 4064/89, la Comisión no puede, en principio, estar obligada, en cada caso concreto, a enviar, tras el pliego de cargos y la audiencia de las empresas afectadas, requerimientos de información a múltiples operadores económicos poco antes de la transmisión de su proyecto de decisión al Comité consultivo para el control de operaciones de concentración entre empresas, en aplicación del artículo 19 del Reglamento no 4064/89.

(véanse los apartados 89 y 91 a 95)