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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 49/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011 — República Francesa/People’s Mojahedin Organization of Iran, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

(Asunto C-27/09 P) (1)

(Recurso de casación - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Posición común 2001/931/PESC - Reglamento (CE) no 2580/2001 - Congelación de fondos aplicable a un grupo inscrito en una lista establecida, revisada y modificada por el Consejo de la Unión Europea - Derecho de defensa)

2012/C 49/02

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: República Francesa (representantes: E. Belliard, G. de Bergues y A. Adam, agentes)

Otras partes en el procedimiento: People’s Mojahedin Organization of Iran (representantes: J.-P. Spitzer, abogado, D. Vaughan, QC, y M.-E. Demetriou, Barrister), Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea (representantes: Boelaert y P. Aalto, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) en el asunto T-284/08, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo de la Unión Europea, mediante la que se anuló la Decisión 2008/583/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2007/868/CE (DO L 188, p. 21), en la medida en que afectaba a la People’s Mojahedin Organization of Iran.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la República Francesa.

(1) DO C 82, de 4.4.2009.
3)

A efectos de determinar el centro de los intereses principales de una sociedad deudora, el artículo 3, apartado 1, frase segunda, del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en los siguientes términos: — El centro de los intereses principales de una sociedad deudora debe determinarse dando preferencia al lugar de la administración central de dicha sociedad, como puede demostrarse por los datos objetivos y que pueden comprobarse por terceros. En el supuesto de que los órganos de dirección y control de una sociedad se encuentren en el lugar de su domicilio social y de que las decisiones de gestión de esa sociedad se adopten, de forma que pueda comprobarse por terceros, en dicho lugar, no puede desvirtuarse la presunción establecida en el citado precepto. En el supuesto de que el lugar de administración central de una sociedad no se encuentre en su domicilio social, ni la presencia de activos sociales ni la existencia de contratos referentes a su explotación financiera en un Estado miembro distinto de aquel del domicilio social de la sociedad pueden ser considerados datos suficientes para desvirtuar esa presunción, salvo a condición de que una consideración del conjunto de los datos relevantes permita demostrar que, de forma que pueda comprobarse por terceros, el centro efectivo de dirección y control de dicha sociedad, así como de administración de sus intereses, se encuentra en el otro Estado miembro. — En caso de traslado del domicilio de una sociedad deudora antes de presentarse la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia, se presume que el centro de sus intereses principales se encuentra en su nuevo domicilio social.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 298/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de julio de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc

(Asunto C-427/09) (1)

(Derecho de patentes - Medicamentos - Certificado complementario de protección para los medicamentos - Reglamento (CEE) no 1768/92 - Artículo 2 - Ámbito de aplicación)

2011/C 298/04

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Generics (UK) Ltd

Demandada: Synaptech Inc

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) — Interpretación del articulo 13, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 182, p. 1) — Concepto de primera autorización de comercialización — Consideración solamente de las autorizaciones emitidas con arreglo a la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO L 22, p. 369; EE 13/01, p. 18) — Autorización emitida con arreglo a la legislación aplicable en Austria antes de la adhesión de este Estado al EEE.

Fallo

Un producto, como el controvertido en el litigio principal, que, como medicamento para uso humano, ha sido comercializado en la Comunidad Europea antes de haber obtenido una autorización de comercialización con arreglo a la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas, en su versión modificada por la Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 y, en particular, sin haberse sometido a pruebas de inocuidad y eficacia, no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea, establecido en el artículo 2 de este Reglamento, en su versión modificada, y no puede ser objeto de un certificado complementario de protección.

(1) DO C 11, de 16.1.2010.
2)

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 1999/44 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional otorgue al vendedor el derecho a negarse a sustituir un bien no conforme, única forma de saneamiento posible, debido a que, a causa de la obligación de retirar ese bien del lugar en el que hubiera sido instalado y de instalar en él el bien de sustitución, le impone costes desproporcionados en comparación con la relevancia de la falta de conformidad y del valor que tendría el bien si fuera conforme. No obstante, dicha disposición no se opone a que, en tal caso, el derecho del consumidor al reembolso de los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso y a la instalación del bien de sustitución se limite a la asunción, por el vendedor, de una cantidad proporcionada.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 186/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de mayo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Paris) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux

(Asunto C-384/09) (1)

(Fiscalidad directa - Libre circulación de capitales - Artículo 64 TFUE - Personas jurídicas establecidas en un Estado tercero - Posesión de inmuebles situados en un Estado miembro - Impuesto sobre el valor de mercado de tales inmuebles - Denegación de exención - Apreciación en relación con los países y territorios de Ultramar - Lucha contra el fraude fiscal - Responsabilidad solidaria)

2011/C 186/07

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de grande instance de Paris

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Prunus SARL, Polonium SA

Demandada: Directeur des services fiscaux

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal de grande instance de Paris — Interpretación de los artículos 56 CE y siguientes — Impuesto sobre el valor de mercado de los inmuebles situados en Francia — Compatibilidad con el Tratado de una normativa nacional que exime de este impuesto a las personas jurídicas que tienen su sede de dirección efectiva en Francia o en un Estado miembro de la Unión Europea, pero que supedita la concesión de la exención, en el caso de las personas jurídicas que tienen el centro de su efectiva administración y dirección en el territorio de un Estado tercero, a la existencia de un convenio de asistencia administrativa, celebrado entre Francia y ese Estado, para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal o a la existencia de un tratado que contenga una cláusula de no discriminación por razón de la nacionalidad — Denegación de la exención a dos sociedades establecidas en las Islas Vírgenes Británicas — Obligación de pago del impuesto por los deudores solidarios, personas jurídicas establecidas en Francia.

Fallo

El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 63 TFUE no empece a la aplicación de una normativa nacional, que existía el 31 de diciembre de 1993, que exime del impuesto sobre el valor de mercado de los inmuebles situados en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea a las sociedades que tengan su domicilio social en el territorio de ese Estado y que condiciona esa exención, respecto a una sociedad cuyo domicilio social se encuentre en el territorio de un país y territorio de Ultramar, a la existencia de un convenio de asistencia administrativa celebrado entre dicho Estado miembro y ese territorio para luchar contra el fraude y la evasión fiscales o a la circunstancia de que, con arreglo a un tratado que contenga una cláusula de no discriminación por razón de nacionalidad, tales personas jurídicas no deban estar sujetas a un impuesto más gravoso que aquél al que están sujetas las sociedades establecidas en el territorio de ese mismo Estado miembro.

(1) DO C 312, de 19.12.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de diciembre de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Everything Everywhere Limited (anteriormente T-Mobile UK Limited)/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-276/09) (1)

(Sexta Directiva IVA - Exención - Artículo 13, parte B, letra d), números 1 y 3 - Negociación de créditos - Operaciones relativas a pagos y transferencias - Existencia de dos prestaciones de servicios distintas o de una prestación única - Cargos adicionales facturados cuando se utilizan determinadas modalidades de pago de servicios de telefonía móvil)

2011/C 30/09

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Everything Everywhere Limited (anteriormente T-Mobile UK Limited)

Demandada: The Commissioners of Her Majesty’s Revenue Customs

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) (England Wales) — Interpretación del artículo 13, parte B, letra d), número 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Exenciones — Alcance — Concepto de «servicios que tienen por efecto transmitir fondos e implicar modificaciones jurídicas y financieras» — Servicios que adeudan en una cuenta y abonan en otra el importe correspondiente — Servicios que no incluyen la ejecución de tareas que consisten en adeudar en una cuenta y en abonar en otra el importe correspondiente, pero que, cuando se produce una transferencia de fondos, pueden considerarse como causa de dicha transferencia — Sistema de pago de las llamadas efectuadas con un teléfono móvil.

Fallo

A efectos de la percepción del impuesto sobre el valor añadido, los cargos adicionales facturados por un prestador de servicios de telecomunicaciones a sus clientes, cuando estos últimos no pagan tales servicios mediante domiciliación bancaria o por transferencia a través del Bankers’ Automated Clearing System, sino mediante tarjeta de crédito o de débito, con cheque o en metálico en una entidad bancaria o a través de un agente habilitado para recibir el pago por cuenta del prestador de servicios, no constituyen la contrapartida de una prestación de servicios distinta e independiente de la prestación de servicios principal, consistente en facilitar servicios de telecomunicaciones.

(1) DO C 267, de 7.11.2009.
1)

Los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, puestos en relación con el artículo 29 del Reglamento (CEE) no 574/72, del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 311/2007 de la Comisión, de 19 de marzo de 2007, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que dispone que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro Estado miembro en el que tengan derecho, en aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento no 1408/71, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de este último Estado miembro, deberán abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión o renta, incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen.
2)

El Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, modificado por el Reglamento (CE) no 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, y el Reglamento no 2454/93, modificado por el Reglamento no 2787/2000, son aplicables en los nuevos Estados miembros a partir del 1 de mayo de 2004, sin que quepa acogerse al régimen previsto en el capítulo 5, punto 1, del anexo IV del Acta de adhesión cuando las formalidades de exportación a que éste se refiere no se hayan cumplido para mercancías que circulen en la Comunidad ampliada en la fecha de la adhesión de estos nuevos Estados miembros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 134/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(Asunto C-218/09) (1)

(Remisión prejudicial - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Restituciones a la exportación - Artículo 5, apartado 3 - Requisitos para su concesión - Excepción - Concepto de fuerza mayor - Productos que han perecido durante el transporte)

2010/C 134/13

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van beroep te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Demandadas: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Beroep te Brussel — Interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1) — Requisitos para la concesión de restituciones a la exportación — Excepción — Producto que pereció durante el transporte por motivos de fuerza mayor.

Fallo

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1384/95 de la Comisión, de 19 de junio de 1995, debe interpretarse en el sentido de que el deterioro sufrido por un cargamento de carne de bovino, en las circunstancias descritas por el órgano jurisdiccional remitente, no constituye un caso de fuerza mayor en el sentido de esta disposición.

(1) DO C 220, de 12.9.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

(Asunto C-439/08) (1)

(Política de la competencia - Procedimiento nacional - Intervención de las autoridades nacionales de la competencia en los procedimientos judiciales - Autoridad nacional de competencia de naturaleza mixta con carácter judicial y administrativo - Recurso contra una resolución de tal autoridad - Reglamento (CE) no 1/2003)

2011/C 55/03

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van beroep te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VZW Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW

Demandadas: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Beroep te Brussel (Bélgica) — Interpretación de los artículos 2, 5, 15, apartado 1, y 35, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1) — Presentación por las autoridades nacionales de competencia de observaciones escritas y alegación de motivos fácticos y jurídicos en el marco de un procedimiento de recurso interpuesto contra su resolución — Pluralidad de autoridades en un Estado miembro

Fallo

El artículo 35 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no reconoce a una autoridad nacional de competencia la facultad de participar, como parte recurrida, en un procedimiento judicial dirigido contra una resolución de la que dicha autoridad es la autora. Incumbe a las autoridades nacionales de competencia calibrar la necesidad y la utilidad de su intervención en relación con la aplicación efectiva del Derecho de competencia de la Unión. No obstante, la no comparecencia sistemática de la autoridad nacional de competencia en tales procedimientos judiciales compromete el efecto útil de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.

Ante la inexistencia de normativa de la Unión, los Estados miembros son competentes, conforme al principio de autonomía procesal, para designar el órgano u órganos que, formando parte de la autoridad nacional de competencia, están facultados para participar, como parte recurrida, en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional contra una resolución de la que dicha autoridad es autora, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y la plena efectividad del Derecho de competencia de la Unión.

(1) DO C 313, de 6.12.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 221/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de junio de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-211/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Artículo 49 CE - Seguridad social - Tratamiento hospitalario necesario durante la estancia temporal en otro Estado miembro - Inexistencia de un derecho a intervenir por parte de la institución competente complementaria a la institución del Estado miembro de estancia)

2010/C 221/03

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Vidal Puig y E. Traversa, agentes)

Demandada: Reino de España (representante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de Bélgica (representantes: M. Jacobs y L. Van den Broeck, agentes), Reino de Dinamarca (representantes: J. Bering Liisberg y R. Holdgaard, agentes), República de Finlandia (representante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: H. Walker, agente, M. Hoskins, Barrister)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 49 CE y del artículo 22, apartado 1, letras a) e i), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) — No reembolso de los gastos hospitalarios efectuados en el extranjero — Circunstancias excepcionales.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

3) El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 197, de 2.8.2008.
2)

El artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2003, sobre las medidas transitorias que deben adoptarse en relación con el comercio de productos agrícolas con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 230/2004 de la Comisión, de 10 de febrero de 2004 no se opone a una disposición nacional como el artículo 6, apartado 1, de la Ley del gravamen sobre los excedentes (Üleliigse laovaru tasu seadus), en su versión modificada por la Ley adoptada el 25 de enero de 2007, en virtud de la cual los excedentes de un agente económico se determinan deduciendo de las existencias de que dispusiera efectivamente a 1 de mayo de 2004 sus existencias de enlace, definidas como el promedio de sus existencias a 1 de mayo de los cuatro ejercicios anteriores multiplicado por un coeficiente de 1,2, que corresponde al crecimiento de la producción agrícola observado en el Estado miembro de que se trata durante el mismo período.