SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 22 de enero de 1998

Asunto T-98/96

Mario Costacurta

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Decisión de cambio de destino — Artículo 7 del Estatuto — Anexo X del Estatuto»

Texto completo en lengua francesa II-49

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, en primer lugar, la anulación de la «decisión» del Comité de Dirección del Servicio Exterior contenida en una nota de 30 de abril de 1996 y, en segundo lugar, la anulación de la decisión de la Comisión de 31 de mayo de 1996, por la que se asigna al demandante un nuevo destino en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante es un funcionario de la Comisión destinado desde el 16 de febrero de 1993 en la Dirección General de Desarrollo (DG VIII), más precisamente, en la Delegación de la Comisión en Kinshasa.

El 4 de julio de 1995, basándase en una nota de la Comisión de 20 de junio de 1995, relativa a la movilidad, para el año 1996, de los funcionarios destinados en las delegaciones en países terceros, el demandante presentó una solicitud de movilidad anticipada.

El 12 de enero de 1996, recibió notificación de una nota de 14 de diciembre de 1995 del Jefe de la Unidad 2 «Personal» de la Dirección E «Gestión del Servicio Exterior» de la Dirección General de Relaciones Exteriores: Europa y Nuevos Estados Independientes, Política Exterior y de Seguridad Común, Servicio Exterior (DG IA) (Jefe de la Unidad IA.E.2). En dicha nota se le informaba de que el Comité de Dirección del Servicio Exterior (en lo sucesivo, «Comité») de la DG IA, había «asignado [su] destino futuro, en interés del servicio», en la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Oficina de Publicaciones»), a la que perteneció hasta su destino a Kinshasa. En dicha nota se le informó además acerca de la posibilidad de interponer recurso de alzada en un plazo de dos semanas y se le indicó que «dicho destino se le [confirmaría] mediante comunicación de la decisión de la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos], que no se [adoptaría] hasta después de vencido el plazo de alzada».

El demandante interpuso recurso de alzada el 19 de enero de 1996.

El 8 de marzo de 1996, presentó asimismo una solicitud de motivación al Comité Central de Personal.

El 20 de mayo de 1996, mediante nota del Jefe de la Unidad IA.E.2 de 30 de abril de 1996, se le comunicò que el Comité había «adoptado la decisión de reintegrarle en los servicios centrales (OPOCE)».

El 30 de mayo de 1996, el demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

El 10 de junio de 1996, recibió la decisión de 31 de mayo de 1996 de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), asignándole nuevo destino, junto con su puesto de trabajo, en la Oficina de Publicaciones a partir del 1 de julio de 1996 (en lo sucesivo, «decisión»).

El 14 de junio de 1996, el demandante presentó una reclamación contra la decisión, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, con el fin de completar la reclamación anterior de 30 de mayo de 1996.

Sobre la admisibilidad

Los actos preparatorios de una decisión no son actos lesivos a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto y, por tanto, sólo pueden ser invocados con carácter incidental al impugnarse los actos anulables. Este es el caso del dictamen emitido por el Comité que propuso a la AFPN cambiar de destino al demandante en el marco del sistema de movilidad del personal fuera de la Comunidad (apartados 21 a 24).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1990, Marcopoulos/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-32/89 y T-39/89, Rec. p. II-281), apartado 21

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7 del Estatuto

Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para organizar sus servicios en función de las misiones que les son confiadas y para destinar, en función de éstas, al personal que se encuentra a su disposición, siempre y cuando, no obstante, el destino se lleve a cabo en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo (apartado 36).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 19 de junio de 1997, Forçat Icardo/Comisión (T-73/96, RecFP p. II-485), apartado 26

En el caso de autos, en primer lugar, dado que el demandante fue trasladado junto con su puesto, es de suponer que se ha respetado la equivalencia de los puestos de trabajo. En segundo lugar, el concepto de interés del servicio no puede quedar reducido al interés de un servicio concreto, a saber, el Servicio Exterior de la DG IA (apartados 37 y 38).

En el presente caso, el propio demandante solicitó su salida de la Delegación de Kinshasa, invocando, en particular, «relaciones como mínimo difíciles con el Jefe de la Delegación»; ahora bien, el cambio de destino de un funcionario con el fin de poner término a una situación administrativa que ha pasado a ser insostenible debe considerarse adoptado en interés del servicio. En estas circunstancias, la decisión no puede ser considerada una sanción encubierta (apartado 39).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de marzo de 1990, Hecq/Comisión (asuntos acumulados C-116/88 y C-149/88, Rec. p. I-599), apartado 22

Además, el cambio de destino de un funcionario no supone su consentimiento. De lo contrario, se limitaría de forma intolerable la libertad de disposición de las Instituciones en la organización de sus servicios y en la adaptación de esta organización a la evolución de las necesidades; el hecho de que el demandante no solicitara su reintegración en la Oficina de Publicaciones no puede, por tanto, conducir a la conclusión de que su cambio de destino a dicho servicio es una sanción encubierta (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión (asuntos acumulados 161/80 y 162/80, Rec. p. 543), apartado 28

En tercer lugar, la práctica de la Comisión consistente en que, al término del destino de un funcionario en un país tercero, se le traslada de nuevo a su servicio de origen no puede ser considerada una violación del principio de no discriminación. En efecto, a un funcionario trasladado a una Dirección diferente de la DG VIII o la DG IA no se le priva de la posibilidad de, con arreglo al artículo 7 del Estatuto, sea posteriormente destinado de nuevo a una delegación exterior (apartado 41).

Por último, la circunstancia, por lo demás no probada, de que desde su cambio de destino a la Oficina de Publicaciones el demandante tuviera poco trabajo no puede afectar a la legalidad de la decisión, que se aprecia en el momento de su adopción (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de enero de 1997, SFEI y otros/Comisión (T-77/95, Rec. p. II-1), apartado 74

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción de las disposiciones relativas a la movilidad de los funcionarios destinados fuera de la Unión

Un funcionario no puede aspirar a ningún derecho a obtener sucesivamente dos destinos en una delegación exterior, ni a disfrutar de un destino en la delegación que haya indicado en su solicitud de movilidad. En consecuencia, la Comisión no está obligada a agotar las posibilidades de movilidad hacia otras delegaciones exteriores que pueda tener el demandante, antes de decidir su cambio de destino con arreglo al artículo 7 del Estatuto. En estas circunstancias, el examen del fundamento de las razones que justificaban que el demandante no fuese destinado a las otras delegaciones exteriores que había solicitado no puede influir en la legalidad de la decisión adoptada con arreglo al artículo 7 del Estatuto (apartado 54).

El plazo de dos semanas a contar desde la recepción del recurso de alzada del demandante contra una decisión de cambio de destino, previsto en las orientaciones de la Comisión de de julio de 1988 sobre el nuevo sistema de movilidad del personal fuera de la Comunidad, no puede ser considerado un plazo perentorio cuya inobservancia esté sancionada con la nulidad de la decisión adoptada al término del procedimiento, sino que constituye una norma de buena administración cuya finalidad es evitar que, tanto en interés de la administración como de los funcionarios, la AFPN retrase sin justificación la adopción de la decisión definitiva (apartados 56 a 60).

Sobre el tercer motivo, basado en la incompetencia de la AFPN

La decisión lleva las firmas de los Directores de la Dirección E de la DG IA y de la Dirección «Personal» de la Dirección General de Personal y Administración de la Comisión. De la respuesta del demandante en la vista se desprende que, en realidad, no cuestiona la competencia de principio de la AFPN firmante de la decisión. En lo que respecta a si un funcionario puede ser trasladado de los servicios de la Comisión a los de la Oficina de Publicaciones, sin puesto de trabajo vacante, esta cuestión no es pertinente en el presente caso, puesto que con respecto al demandante se adoptó una medida de cambio de destino, es decir, de destino junto con su puesto, a la Oficina de Publicaciones (apartados 66 a 68).

Sobre el cuarto motivo, basado en la violación del principio de confianza legítima

La posibilidad de invocar el principio de protección de la confianza legítima asiste a toda persona interesada a la que una Institución, mediante promesas concretas, haya hecho concebir esperanzas fundadas. Mora bien, en este caso, no se ha alegado que se hicieran dichas promesas. El cambio de destino de un funcionario, con arreglo al artículo 7 del Estatuto, no constituye un acontecimiento anormal e imprevisible en su carrera. Por tanto, el hecho de haberle sido asignado un nuevo destino en la Oficina de Publicaciones no puede constituir violación del principio de protección de la confianza legítima (apartados 72 y 73).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1977, Geist/Comisión (61/76, Rec. p. 1419), apartado 34; Tribunal de Justicia, 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, Rec. p. 1731), apartado21; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1988, Aldingery Virgili/Parlamento (asuntos acumulados23/87 y 24/87, Rec. p. 4395), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión(T-123/89, Rec. p. II-131), apartados 25 y 26; Tribunal de Primera Instancia, 23 de octubre de 1990, Pitrone/Comisión (T-46/89, Rec. p. II-577), apartado 41

Sobre el quinto motivo, basado en la violación del deber de asistencia y protección

Una decisión de cambio de destino de un funcionario que da lugar a su traslado a otro lugar de destino, contra su voluntad, debe adoptarse con la prudencia necesaria y con especial cuidado, habida cuenta, en particular, de los intereses personales del funcionario afectado. Sin embargo, la consideración los intereses personales del funcionario no puede llegar hasta el punto de prohibir a la AFPN decidir el cambio de destino de un funcionario contra su voluntad (apartado 78).

Referencia: Carbognaniy Coda Zabetta/Comisión, antes citada, apartado 28; Hecq/Coraisión, antes citada, apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497), apartado 83; Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión (C-294/95 P, Rec. p. I-5863), apartado 47

En el presente caso, al margen de su oposición de principio a un retorno a la Oficina de Publicaciones, el demandante no alegó ninguna circunstancia personal que la Comisión debería haber tenido en cuenta (apartado 79).

Sobre el sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 25 y 101 bis del Estatuto

Una decisión que implique el traslado de un funcionario contra su voluntad es un acto lesivo a efectos del artículo 25 del Estatuto y, por consiguiente, debe ser motivada. No obstante, una decisión está suficientemente motivada cuando se adopta en un contexto conocido por el funcionario interesado, que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él. Así sucede cuando una decisión de cambio de destino en interés del servicio se refiere expresamente al artículo 7 del Estatuto y al interés del servicio y cuando el funcionario conocía el contexto en que se ha tomado dicha decisión (apartados 86 a 90).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1981, Demont/Comisión (791/79, Rec. p. 3105), apartado 12; Hecq/Comisión, antes citada, apartado 26; 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión, antes citada, apartado 35

Fallo:

Desestimar el recurso.