Asunto C-92/12 PPU

Health Service Executive

contra

S. C. y A. C.

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda)]

«Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Menor que reside habitualmente en Irlanda, donde ha sido objeto de acogimiento en varias ocasiones — Conductas agresivas y peligrosas para la propia menor — Resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor, en régimen cerrado, en un establecimiento en Inglaterra — Ámbito de aplicación material del Reglamento — Artículo 56 — Procedimientos de consulta y de aprobación — Obligación de reconocer o de declarar ejecutiva la resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor en un establecimiento en régimen cerrado — Medidas provisionales — Procedimiento prejudicial de urgencia»

Sumario de la sentencia

Una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que dispone el acogimiento de un menor en régimen cerrado en un centro asistencial terapéutico y educativo situado en otro Estado miembro que implique, para su protección, una privación de libertad durante un período de tiempo determinado, está comprendida en el ámbito material de aplicación del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000. Según el artículo 1, apartado 3, letra g), del Reglamento no 2201/2003 están excluidas del ámbito de aplicación de éste «las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores» y, por consiguiente, las medidas de internamiento de un menor que sancionen la comisión de una infracción penal. Así pues, el acogimiento que implica medidas privativas de libertad está comprendido en el ámbito de aplicación del citado Reglamento cuando dicho acogimiento se ordene para proteger al menor y no para sancionarlo. (véanse los apartados 65 y 66 y el punto 1 del fallo)

La aprobación a la que se refiere el artículo 56, apartado 2, del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, debe darla una autoridad competente de Derecho Público antes de que se dicte la resolución sobre el acogimiento de un menor. No basta con que dé su aprobación el establecimiento en el que el menor ha de ser acogido. En caso de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro que dispuso el acogimiento albergue dudas acerca de si la aprobación se concedió válidamente en el Estado miembro requerido, porque no se haya podido determinar con certeza cuál era la autoridad competente en ese último Estado, es posible proceder a una regularización con el fin de asegurarse de que se ha cumplido íntegramente el requisito de la aprobación que establece el artículo 56 del Reglamento no 2201/2003. (véanse el apartado 95 y el punto 2 del fallo)

El Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ordena el acogimiento forzoso de un menor en régimen cerrado en un establecimiento situado en otro Estado miembro debe, antes de ejecutarse en el Estado miembro requerido, ser declarada ejecutiva en ese Estado miembro. Con el fin de no privar al Reglamento de su efecto útil, la resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido acerca de la solicitud de declaración de ejecutoriedad debe dictarse con una particular celeridad, sin que los recursos interpuestos contra tal resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido puedan tener efecto suspensivo. (véanse el apartado 133 y el punto 3 del fallo)