ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Art. 226 CE)

2. Estados miembros — Obligaciones — Incumplimiento — Justificación basada en dificultades técnicas — Improcedencia

(Art. 226 CE)

Índice

1. El objeto de un recurso por incumplimiento, con arreglo al artículo 226 CE, queda delimitado por el dictamen motivado de la Comisión, de forma que el recurso debe basarse en los mismos motivos y alegaciones que dicho dictamen. No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre la formulación de las imputaciones en la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso, cuando el objeto del litigio, tal como se define en el dictamen motivado, no se ha ampliado ni modificado. El Tribunal de Justicia ha estimado, en particular, que el objeto del litigio puede extenderse a hechos sucedidos con posterioridad al dictamen motivado, siempre que tengan la misma naturaleza que los mencionados en dicho dictamen y que formen parte del mismo comportamiento.

(véanse los apartados 10 a 12)

2. Un Estado miembro no puede alegar situaciones de su ordenamiento jurídico interno, tales como las dificultades de aplicación surgidas en la fase de ejecución de un acto comunitario, para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos que le incumben en virtud de las normas del Derecho comunitario. De ello se deriva que un Estado miembro no puede por tanto invocar dificultades técnicas para eludir las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.

(véanse los apartados 28 y 29)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones especiales de carácter no contributivo

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 4, ap. 2 bis, y 10 bis y anexo II bis]

Índice

Una prestación concedida en virtud de la Ley neerlandesa sobre el seguro de incapacidad laboral para jóvenes discapacitados (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), mencionada en el anexo II bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, modificado a su vez por el Reglamento nº 307/1999, debe ser considerada una prestación especial de carácter no contributivo en el sentido del artículo 4, apartado 2 bis, del Reglamento nº 1408/71, en la medida en que, por un lado, es una prestación sustitutoria destinada a las personas que no reúnen los requisitos del seguro para obtener una prestación de invalidez en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento y tiene carácter de ayuda social justificada por razones económicas y sociales, así como que, por otro lado, su concesión no está sujeta a la condición de que el beneficiario también tenga derecho a alguna otra prestación de seguridad social de carácter contributivo. Por consiguiente, sólo debe aplicarse la regla de coordinación del artículo 10 bis del citado Reglamento y, por lo tanto, dicha prestación no puede concederse a quienes residan fuera del Estado en el que se haya previsto, sino sólo a aquellos que residan dentro de este Estado.

(véanse los apartados 31, 34, 37, 38 y 44 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Base imponible

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 11, parte A, aps. 2, letra a), y 3, letra c)]

Índice

En el marco de un contrato de venta en el que se prevea que, conforme al uso al que el comprador destine el vehículo, el distribuidor deberá entregar éste ya matriculado y por un precio que incluya el impuesto de matriculación de vehículos automóviles nuevos que haya pagado antes de la entrega, dicho impuesto, cuyo hecho imponible no reside en la mencionada entrega, sino en la primera matriculación del vehículo en el territorio nacional, no se halla comprendido en el concepto de impuestos, derechos, tasas y exacciones parafiscales que, en el sentido del artículo 11, parte A, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, quedan comprendidos en la base imponible. Tal impuesto corresponde al importe recibido por el sujeto pasivo del comprador del vehículo, como reembolso de los gastos efectuados en nombre y por cuenta de este último, en el sentido del apartado 3, letra c), de la citada disposición, y queda excluido de dicha base.

(véanse los apartados 14, 16 y 30 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Trabajadores — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación personal

(Art. 39 CE)

2. Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Legislación tributaria

(Art. 18 CE)

Índice

1. No pueden invocar la libre circulación garantizada por el artículo 39 CE las personas que han ejercido el conjunto de su actividad profesional en el Estado miembro del que son nacionales y sólo han hecho uso de su derecho a residir en otro Estado miembro después de haberse jubilado, sin intención de ejercer allí una actividad laboral por cuenta ajena.

(véase el apartado 16)

2. El artículo 18 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas relativo a la pensión de jubilación pagada por una institución del Estado miembro interesado a una persona residente en otro Estado miembro supera, en ciertos casos, la cuota que se adeudaría en el supuesto de que esa persona residiera en el primer Estado miembro, cuando la referida pensión constituye la totalidad o la cuasi totalidad de los rendimientos de dicha persona.

En efecto, una normativa nacional que perjudique a determinados nacionales por el mero hecho de haber ejercido su libertad de circular y de residir en otro Estado miembro provoca una desigualdad de trato contraria a los principios que subyacen al estatuto de ciudadano de la Unión, a saber, la garantía de un mismo trato jurídico en el ejercicio de su libertad de circulación.

Es cierto que, en materia de impuestos directos, la situación de los residentes y la de los no residentes no son, por lo general, comparables. No obstante, en la medida en que la pensión de jubilación pagada en un Estado miembro constituye la totalidad o la cuasi totalidad de sus rendimientos, los jubilados no residentes se encuentran, objetivamente, en lo que atañe al impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la misma situación que los jubilados residentes en dicho Estado que perciben una pensión de jubilación idéntica.

(véanse los apartados 22, 26, 31 y 39 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Concepto — Tribunal arbitral — Exclusión

(Art. 234 CE)

Índice

Un tribunal arbitral convencional, como el collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Bélgica), que resuelve litigios que opongan a particulares a intermediarios de viajes, no constituye un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en el sentido del artículo 234 CE dado que las partes contratantes no están obligadas, de hecho o de Derecho, a dirimir sus diferencias a través del arbitraje y que las autoridades públicas belgas no están implicadas en la elección de la vía arbitral.

(véanse los apartados 13, 15 y 16 y el fallo)
Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, de los artículos 10 y 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, y, por otra, de los principios elaborados por el Tribunal de Justicia en materia de devolución de ingresos indebidos, al haber establecido con carácter retroactivo tasas que no constituyen derechos que tengan un carácter remunerativo y autorizados, dado que las inscripciones en el registro mercantil por las que se perciben ya dieron lugar a la percepción de un impuesto al que sustituyen aquéllas sin que exista posibilidad de que quienes lo pagaron obtengan su reembolso, o que estas tasas retroactivas se refieren a años en los que no se practicó ninguna inscripción en el registro que justifique su percepción, y al haber adoptado disposiciones que someten el reembolso de un impuesto que fue declarado contrario al Derecho comunitario por una sentencia del Tribunal de Justicia o cuya incompatibilidad con el Derecho comunitario resulta de tal sentencia a requisitos relativos específicamente a este impuesto y que son menos favorables que los que se aplicarían al reembolso del impuesto de que se trata si no existiesen estas disposiciones.
Asunto C‑126/03

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Federal de Alemania

«Incumplimiento de Estado – Directiva 92/50/CEE – Contratos públicos – Servicios de transporte de residuos – Procedimiento sin previa publicación de un anuncio de licitación – Contrato celebrado por una entidad adjudicadora en el marco de una actividad económica sujeta a la competencia – Contrato celebrado por una entidad adjudicadora con el fin de poder presentar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato – Justificación de la capacidad del prestador – Posibilidad de invocar las capacidades de un tercero – Subcontratación – Consecuencias de una sentencia en la que se declara un incumplimiento»

Sumario

Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios – Directiva 92/50/CEE – Ámbito de aplicación – Contrato sin relación con las actividades de interés general de una entidad adjudicadora – Inclusión – Contrato que prevé que se subcontraten actividades de una entidad territorial que actúa como prestador de servicios – Inclusión

[Directiva 92/50/CEE del Consejo, arts. 1, letras a) y b), 8 y 11]

El artículo 8 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en relación con los artículos 1, letras a) y b), y 11, apartado 1, de ésta, establece que los contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre un prestador de servicios y un ente territorial deberán ser objeto de un procedimiento abierto, restringido o negociado en el sentido de la referida Directiva, cuando tengan por objeto los servicios enumerados en el anexo I A de ésta.

En este sentido, la circunstancia de que un contrato no se enmarque en el contexto de las actividades de interés general de dicho ente territorial sino en el de una actividad económica independiente, claramente distinta y sometida a la competencia no se puede excluir la calificación de contrato público de dicho contrato en el sentido de los artículos 8 y 11 de la Directiva 92/50. En efecto, el artículo 1, letra a), de ésta no distingue entre los contratos celebrados por una entidad adjudicadora para cumplir su función de satisfacer necesidades de interés general y los contratos que no guardan relación con dicha función.

De la misma forma, carece de importancia que la propia entidad adjudicadora pretenda actuar como prestador de servicios y que el contrato de que se trata prevea, en este contexto, que se subcontrate una parte de las actividades a un tercero.

(véanse los apartados 13, 16 y 18)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos destinados a producir efectos jurídicos — Actos relativos a la fecha de subvencionabilidad de los nuevos gastos al modificarse documentos de programación para las intervenciones comunitarias de carácter estructural — Exclusión

(Art. 230 CE)

Índice

Cabe interponer el recurso de anulación contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, que tiendan a producir efectos jurídicos. No es así en el caso de un acto adoptado por la Comisión en el marco de intervenciones previstas con cargo a los Fondos Estructurales y relativo a la fecha de subvencionabilidad de los nuevos gastos al modificarse documentos de programación, que utiliza los términos «se proponen las normas siguientes», ya que el concepto de propuesta constituye precisamente una indicación clara de que dicho acto no va destinado a producir efectos jurídicos. Por otra parte, a la distribución de dicho acto a los Estados miembros ha precedido la advertencia expresa de la Comisión de que un documento de esta índole era interno, que aún no era definitivo y que se limitaba a reflejar la opinión de los servicios de la Comisión.

Lo mismo sucede con tres notas de la Comisión sobre este particular comunicadas a las autoridades nacionales. En efecto, por un lado, las mencionadas notas no hacen otra cosa que referirse a ese mismo acto que, por su parte, no va destinado a producir efectos jurídicos. Por otro lado, las citadas notas fueron enviadas por la Comisión en el marco del procedimiento de consulta escrita para la modificación de los complementos de programación, iniciado por los Comités de seguimiento correspondientes. De lo dispuesto en el artículo 15, apartado 6, en relación con los artículos 34, apartado 3, y 35 del Reglamento nº 1260/1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, se deduce que, en el marco de un procedimiento de esta índole, la Comisión tiene un papel meramente consultivo y no está facultada para dictar actos jurídicamente vinculantes salvo si las posibles modificaciones afectan a los datos contenidos en la decisión sobre la participación de los Fondos Estructurales en el sentido del artículo 34, apartado 3, de dicho Reglamento; sin embargo, no se ha alegado que éste sea el caso en el presente asunto.

(véanse los apartados 19 y 21 a 28)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario — Tránsito comunitario externo — Infracciones o irregularidades — Falta de notificación al obligado principal del plazo para aportar la prueba de la regularidad de la operación o del lugar de la infracción — Incidencia en el nacimiento de la deuda aduanera — Inexistencia — Incidencia en la recaudación de la deuda aduanera

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 203, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 379]

Índice

Las disposiciones del artículo 203, apartado 1, del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con las del artículo 379 del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, deben interpretarse en el sentido de que se origina una deuda aduanera cuando un envío en régimen de tránsito comunitario externo no ha sido presentado en la oficina de aduana de destino, ya que la falta de notificación al obligado principal del plazo en que podrá presentarse a la oficina de partida la prueba de la regularidad de la operación de tránsito o del lugar en que se ha cometido efectivamente la infracción no impide el nacimiento de la deuda aduanera. Dicha notificación constituye, sin embargo, un prerrequisito para la recaudación de la deuda aduanera por las autoridades aduaneras, de modo que el Estado miembro del que dependa la oficina de partida sólo puede proceder a la recaudación de la deuda si ha indicado al obligado principal que dispone de un plazo de tres meses para presentar las pruebas solicitadas y éstas no se han aportado en dicho plazo.

(véanse los apartados 23 y 26 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios – Directiva 92/50/CEE – Ámbito de aplicación – Contrato sin relación con las actividades de interés general de una entidad adjudicadora – Inclusión – Contrato que prevé que se subcontraten actividades de una entidad territorial que actúa como prestador de servicios – Inclusión

[Directiva 92/50/CEE del Consejo, arts. 1, letras a) y b), 8 y 11]

Índice

El artículo 8 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en relación con los artículos 1, letras a) y b), y 11, apartado 1, de ésta, establece que los contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre un prestador de servicios y un ente territorial deberán ser objeto de un procedimiento abierto, restringido o negociado en el sentido de la referida Directiva, cuando tengan por objeto los servicios enumerados en el anexo I A de ésta.

En este sentido, la circunstancia de que un contrato no se enmarque en el contexto de las actividades de interés general de dicho ente territorial sino en el de una actividad económica independiente, claramente distinta y sometida a la competencia no se puede excluir la calificación de contrato público de dicho contrato en el sentido de los artículos 8 y 11 de la Directiva 92/50. En efecto, el artículo 1, letra a), de ésta no distingue entre los contratos celebrados por una entidad adjudicadora para cumplir su función de satisfacer necesidades de interés general y los contratos que no guardan relación con dicha función.

De la misma forma, carece de importancia que la propia entidad adjudicadora pretenda actuar como prestador de servicios y que el contrato de que se trata prevea, en este contexto, que se subcontrate una parte de las actividades a un tercero.

(véanse los apartados 13, 16 y 18)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de mercancías - Intercambios con países terceros - Régimen de perfeccionamiento pasivo - Exención total o parcial de los derechos de importación aplicados a los productos compensadores - Incumplimiento de los requisitos y obligaciones de dicho régimen - Prueba de la inexistencia de consecuencias reales - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo; arts. 145 a 151]

Índice

$$Los artículos 145 a 151 del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un operador económico que ha declarado mercancías en una partida arancelaria errónea, con ocasión de su exportación temporal fuera del territorio comunitario en régimen de perfeccionamiento pasivo, aporte, incluso a falta de una modificación formal de la declaración de exportación temporal, la prueba de que la declaración errónea no ha tenido consecuencias reales sobre el funcionamiento correcto de dicho régimen en el sentido del artículo 150, apartado 2, de dicho Reglamento. Una prueba de esa índole debe permitir que se acredite, sin ambigüedades, que los productos compensadores son resultado del aprovechamiento de las mercancías de exportación temporal. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del procedimiento principal, si el operador económico ha aportado o no dicha prueba. En caso afirmativo, el importe de los derechos de importación que serían aplicables a las mercancías de exportación temporal en función de su partida arancelaria correcta puede deducirse con ocasión del despacho a libre práctica de los productos compensadores.

( véanse el apartado 55 y los puntos 1 a 4 del fallo )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Derecho comunitario - Efecto directo - Derechos individuales - Tutela por los órganos jurisdiccionales nacionales - Recursos judiciales - Regulación procesal nacional - Requisitos para su aplicación - Determinación, por cada Estado miembro, de la legitimación procesal - Límite - Respeto del derecho a una tutela judicial efectiva

2. Derecho comunitario - Principios - Derecho a una tutela judicial efectiva - Normativa nacional que impide a un importador recurrir en vía judicial contra una medida de incautación de mercancías vendidas a un minorista - Procedencia - Requisitos

Índice

1. Ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho comunitario confiere a los justiciables, siempre que dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). Además, aunque, en principio, incumbe al Derecho nacional determinar la legitimación de un justiciable para ejercitar una acción judicial, el Derecho comunitario exige, no obstante, que la normativa nacional no atente contra el derecho a una tutela judicial efectiva.

( véanse los apartados 49 y 50 )

2. El principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional conforme a la cual un importador no tiene la posibilidad de interponer recurso jurisdiccional contra una medida de incautación de las mercancías vendidas a un minorista, adoptada por la Administración Pública contra éste, puesto que el importador, por el hecho de que dicha Administración Pública le ha impuesto una multa, dispone de una vía de recurso que permite garantizar el respeto de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico comunitario.

En efecto, el interés de tal importador en que su actividad comercial no se vea obstaculizada debido a una disposición nacional contraria al Derecho comunitario resulta, en el presente asunto, suficientemente protegido, puesto que puede obtener una resolución judicial que declare la incompatibilidad entre dicha disposición y el Derecho comunitario.

( véanse los apartados 54 a 56 y el fallo )