ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
9.

Por último, todavía queda por examinar si la prohibición de publicidad no constituye un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, mencionados en la segunda frase del artículo 36. Una normativa comercial constituye un medio de discriminación arbitraria cuando discrimina entre productos nacionales e importados por motivos que no son objetivos ni están justificados. ( 15 ) Las demandantes en los litigios principales han sostenido que el criterio de un contenido de alcohol del 23 %, utilizado para distinguir entre bebidas con alto y bajo grado de alcohol, no es objetivo ni está justificado. Dicho criterio está destinado en particular a que la prohibición de publicidad no afecte a las bebidas de bajo grado, de las que Cataluña es un importante productor, y sí que afecte a las bebidas altamente alcohólicas, que mayormente no son productos catalanes. Señalan que la Generalität de Cataluña, en sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, no se ha remitido a estudios científicos que demuestren que el límite del 23 % de alcohol no es arbitrario y que está justificado objetivamente. ( 16 ) A falta de una norma comunitaria y considerando que todo criterio entraña un elemento de arbitrariedad, opino no obstante que el criterio de un contenido de alcohol del 23 % no es injusto para distinguir entre bebidas con un alto o bajo grado de alcohol. Según parece, dicho límite corresponde (más o menos) a la distinción entre bebidas alcohólicas obtenidas por fermentación y por destilación, ( 17 ) distinción que responde a diferencias de hábitos de consumo y a agentes económicos. También puede encontrarse un indicio de que el criterio es procedente en el asunto Blesgen, en el que el Tribunal de Justicia se halló ante un criterio de contenido de alcohol del 22 % y contra el cual no se formuló objeción alguna. ( 18 ) Una normativa comercial constituye una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros cuando su efecto obstaculizador de los intercambios no se limita a cuanto es necesario para proteger el interés contemplado por la normativa. Sin embargo, como antes se ha expuesto (punto 7), éste no es el caso en el presente asunto. Así, llegamos, pues, a la conclusión de que se reúnen todos los requisitos del artículo 36 y de que una normativa comercial como la prohibición de publicidad controvertida, que tiene por finalidad la protección de la salud pública —aunque fuera discriminatoria, que no lo es (véase a continuación)— no es incompatible con el artículo 30 del Tratado CEE en virtud del artículo 36.
6.

También es cierto que el «vino sin alcohol» de que se trata en el asunto principal es una bebida producida a partir de vino al que, mediante un procedimiento especial, se le ha extraído el alcohol. No obstante, estimo que el producto que queda después de desalcoholizar el vino, es decir, después de que ese vino ha perdido una de sus características esenciales, ya no puede considerarse vino en el sentido de la normativa comunitaria. Ello es así, aún con mayor razón, si se tiene en cuenta que el proceso de desalcoholización no constituye una práctica enològica autorizada, en el sentido del Título II del Reglamento n° 822/87. Así pues, debe considerarse que un vino que ha sido desalcoholizado ya no entra en el ámbito de aplicación del Reglamento n° 822/87.
17.

Ahora bien, el artículo 17 de la Social Security Act 1985 introdujo en la Social Security Act 1975 un nuevo artículo 165 A, aplicable a partir del 2 de septiembre de 1985. Según esta disposición, «no person shall be entitled to any benefit unless, [...] a) he makes a claim for it i) in the prescribed manner; and ii) subject to subsection (2) below, within the prescribed time; [...] [...] (3) Notwithstanding any regulations made under this section, no person shall be entitled c) to any other benefit [...] in respect of any period more than 12 months before the date on which the claim is made».
6.

De ello se desprende que la compatibilidad del artículo 61 de la Mediawet con el artículo 59 del Tratado debe apreciarse sin tener en cuenta el hecho de que se trata de una situación provisional. A este respecto, el Gobierno de los Países Bajos alega que la medida impugnada no es incompatible con el artículo 59; de hecho la misma no establece discriminación alguna entre las empresas neerlandesas distintas del Bedrijf y las empresas de los demás Estados miembros. Por otra parte, las empresas u organismos cuya actividad no se desarrolla en el ámbito nacional pueden recurrir a los medios técnicos de su elección; además, en lo tocante a la producción de los programas televisivos, es patente la posibilidad, en la medida del 25 %, de recurrir a las empresas de otros Estados miembros. No puede acogerse la tesis del Gobierno demandado. Ciertamente, es innegable que la norma de que se trata favorece a una empresa nacional, garantizándole la cobertura de la mayor parte de las necesidades nacionales; por lo tanto, limita considerablemente, o incluso impide, la posibilidad de ofrecer en los Países Bajos los servicios pertinentes a las empresas de los demás Estados miembros. ( 3 ) Además, no puede considerarse que la circunstancia de que la medida de referencia sea igualmente desventajosa para las demás empresas nacionales legitime la restricción contra las personas de los demás Estados miembros que prestan los mismos servicios. En realidad, una medida restrictiva de la libre prestación de servicios, que, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en diversas ocasiones, constituye una libertad fundamental garantizada por el Tratado, no puede reputarse compatible con el artículo 59 por el mero hecho de que sus efectos restrictivos no favorezcan a la totalidad de las empresas nacionales del tipo objeto de examen. De hecho, estoy convencido de que un razonamiento de tal naturaleza, que incluso siguió el Tribunal de Justicia en un asunto relativo a la libre circulación de mercancías, ( 4 ) es igualmente válido en relación con la libre prestación de servicios. El grado de integración comunitaria ya alcanzado no permite que se defina el alcance del artículo 59 de forma distinta y más reducida que el del artículo 30. Y ello sin tener en cuenta que, en la reciente sentencia «telecomunicaciones», ( 5 ) el Tribunal de Justicia precisó que el alcance del artículo 30 se establece en función de un «sistema de competencia no falseada» lo que supone «igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos», planteamiento que no creo que pueda únicamente limitarse a los operadores dedicados a los intercambios comerciales.
18.

Por otra parte, tal Decisión que, como ya he señalado, es una medida provisional, no puede en sí misma deparar un perjuicio a un Estado miembro en el caso de que, en el momento de la liquidación de cuentas, se hiciera patente que no habría debido aplicarse reducción alguna de los anticipos. Por consiguiente, en tal circunstancia incumbe, en mi opinión, a la Comisión devolver al Estado miembro a la situación en que se habría encontrado si la Institución no hubiese hecho uso erróneo de su facultad. En el marco de la liquidación de cuentas, no sólo debe aplicarse al importe de las reducciones una «corrección positiva» en favor del Estado afectado, sino que éste también debe ser reembolsado por la carga financiera que de manera irregular gravó su presupuesto como consecuencia de las reducciones. En otras palabras, la Comisión estará obligada a abonar estas cantidades en la cuenta del Estado miembro con inclusión de intereses con arreglo a procedimientos que a ella le corresponde determinar. Quede dicho, por otra parte, que en mi opinión tales situaciones deberían ser relativamente escasas, habida cuenta de la exigencia de una infracción manifiesta.
12.

Aceptando que el supuesto planteado por el Gobierno británico constituye el arquetipo de las situaciones en las que la autoridad competente tiene no sólo la facultad sino también, a mi juicio, el deber de realizar las necesarias comprobaciones, me parece que, aun prescindiendo de tales supuestos extremos, los funcionarios encargados de los controles fronterizos pueden también formular preguntas a personas cuya eonducta dé lugar a sospechas o, en cualquier caso, ante circunstancias de particular alarma para la seguridad pública. A este respecto debe señalarse, no obstante, que si bien «las circunstancias específicas que podrían justificar la aplicación del concepto de orden público pueden variar de un país a otro y de una época a otra y que por ello es necesaria, a este respecto, una cierta discrecionalidad de las autoridades nacionales competentes con los límites que imponen el Tratado y las normas adoptadas para su aplicación»(traducción provisional), ( 12 ) es cierto que, como también ha declarado el Tribunal de Justicia recientemente, «la reserva que contempla el Tratado CEE en cuanto a la libre circulación de personas en relación con el orden, la seguridad y la salud públicas debe entenderse no como un requisito previo que se exige para la adquisición del derecho de entrada y de residencia, sino como una posibilidad de imponer restricciones al ejercicio de un derecho que deriva directamente del Tratado, en determinados casos y siempre que exista una justificación apropiada. Por lo tanto, no justifica medidas administrativas que, de manera general, exijan en la frontera otras formalidades que la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte en vigor». ( 13 ) De ello se sigue, en primer lugar, que la propia exigencia de información motivada por razones de tutela del orden o de la seguridad pública deberá estar justificada por circunstancias específicas, y, en segundo lugar, que corresponderá a las autoridades nacionales, cuando consideren que deben denegar el acceso a su territorio de un nacional comunitario, justificar concretamente la adopción de tal medida en relación con el comportamiento personal del individuo en cuestión, ( 14 ) teniendo presente que «en la medida en que puede justificar determinadas restricciones a la libre circulación de personas amparadas por el Derecho comunitario, el recurso al concepto de orden público por las autoridades nacionales requiere en cualquier caso, además de la perturbación del orden social que implica cualquier infracción de la ley, la existencia de una amenaza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad»(traducción provisional). ( 15 )
19.

La Comisión hace hincapié en el hecho de que las dos categorías a las que se refiere el artículo 3 bis contemplan a aquellos agentes económicos que han renunciado mediante contrato a comercializar leche durante cierto tiempo. Al haber declarado el Tribunal de Justicia en las dos sentencias mencionadas que, en virtud del principio de confianza legítima, las referidas personas podían tener intención de reanudar la producción de leche una vez finalizado el período de no comercialización, tales personas pueden exigir que se les atribuya una cantidad de referencia. Según la Comisión, por consiguiente, el derecho a obtener una cantidad de referencia debe concebirse como la contrapartida de la existencia de la obligación de no comercialización. Ahora bien, el demandante en el litigio principal no ha asumido nunca dicha obligación, puesto que, en el momento de la sucesión, había expirado el período de no comercialización y había finalizado la correspondiente obligación. Por lo tanto, siempre según la Comisión, el demandante no tenía derecho a obtener una cantidad de referencia.
4.

Las partes discuten en el procedimiento principal sobre si, al importar los medicamentos de que se trata, Eurim-Pharm debe presentar efectivamente un certificado de despacho de aduanas, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 73 de la AMG. El Freistaat Bayern, parte recurrente ante el Juez a quo, entiende que ello es así (aunque opina que el certificado puede expedirse incluso antes de que el medicamento haya sido etiquetado y se le haya adjuntado un prospecto: véase el apartado 5). Eurim-Pharm GmbH opina, por el contrario, que sólo se exige certificado de despacho de aduanas para medicamentos que presenten un carácter de especialidad farmacéutica terminada («Fertigarzneimittel») y que los medicamentos extranjeros (aún) no son especialidades terminadas. El Bayerische Verwaltungsgericht de Munich, ante el que se sometió el asunto en primera instancia, estimó la alegación de Eurim-Pharm y el Freistaat Bayern interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia ante el Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Esta apelación fue desestimada. El Verwaltungsgerichtshof también entendió que los medicamentos de que se trataba no eran especialidades farmacéuticas terminadas y que no procedía aplicar el artículo 73 de la AMG. El Freistaat Bayern interpuso contra esta sentencia un recurso de casación («Revision» alemana) ante el Bundesverwaltungsgericht, órgano jurisdiccional que efectúa la remisión. Como permite inferir la cuestión planteada, este Tribunal, a diferencia de lo que habían declarado las primeras instancias, considera que los medicamentos que aún no están provistos de etiqueta y del prospecto exigidos por la AMG son, sin embargo, medicamentos que poseen el carácter de especialidades farmacéuticas terminadas ( 1 ) y, por consiguiente, que procede aplicar el artículo 73 de la AMG. Según el Bundesverwaltungsgericht, al importar los medicamentos de que se trata, Eurim-Pharm debe presentar, por consiguiente, a los Servicios de Aduanas alemanes un certificado de despacho de aduanas. Como, según el Bundesverwaltungsgericht, este certificado no puede expedirse hasta que el producto haya sido debidamente etiquetado y se le haya adjuntado un prospecto, el artículo 73 de la AMG, interpretado de este modo, hace absolutamente imposible la importación de medicamentos comercializados en otros Estados miembros conforme a las disposiciones allí vigentes pero que, en el momento de la importación, no cumplen aún totalmente los requisitos de la AMG. ( 2 ) Por este motivo, el Bundesverwaltunsgericht planteó al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial citada anteriormente. De todo lo dicho se deduce que la cuestión se refiere exclusivamente a la necesidad de un certificado de despacho de aduanas en la medida en que se basa en el requisito exigido en el apartado 1 del artículo 73 de la AMG de que los medicamentos estén autorizados para ser comercializados en Alemania, y no en el requisito relativo a la condición del destinatario a que se refiere dicho artículo. Este segundo requisito no es objeto del presente asunto, puesto que Eurim-Pharm lo cumple. Por consiguiente, examinaré a continuación únicamente el requisito citado en primer lugar.
22.

Estas últimas tienen, ciertamente, razón al sostener que no estaban obligadas a convocar una licitación. Sin embargo, existen otras posibilidades de hacer jugar la competencia, solicitando, por ejemplo, ofertas de varias empresas, como se ha hecho, concretamente, en el Reino Unido. Por lo que se refiere al argumento de que no hubo tiempo suficiente, parece difícil de aceptar, dado que las operaciones de entrega de los cereales coloreados tuvieron lugar a lo largo de tres años, entre el 26 de octubre de 1983 y el 6 de octubre de 1986, según una afirmación de la Comisión que no ha sido discutida. Además, no es posible justificar la infracción de un Reglamento comunitario por una mera sujeción a plazos.
6.

Esta observación no parece fundada, ya que, en realidad, tal interpretación de la norma no tiene suficientemente en cuenta el contexto más general en que se sitúa la disposición. En primer lugar, hay que considerar que la referida Directiva, que establece normas comunitarias de carácter horizontal y general, aplicables a los productos alimenticios, fue adoptada con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado común y la libre circulación de mercancías, garantizando a la vez una información correcta y una protección suficiente de los consumidores. ( 3 ) El artículo 15 prevé, en efecto, que los Estados miembros no pueden prohibir el comercio de los productos alimenticios que se ajusten a las normas establecidas en la Directiva, mediante la aplicación de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios. En segundo lugar, debe señalarse que las disposiciones de la Directiva no pueden, de todas formas, interpretarse en el sentido de que implican una limitación de los derechos que resultan directamente para los particulares del artículo 30 del Tratado. Ahora bien, en lo que se refiere a este artículo, el Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de precisar que las razones de protección de los consumidores que pueden justificar la exigencia de determinadas denominaciones o indicaciones desaparecen en el caso de que las indicaciones que figuren en la etiqueta de origen del producto tengan un contenido informativo que incluya informaciones equivalentes a las prescritas por la normativa del Estado de importación y comprensibles para los consumidores de dicho Estado. ( 4 ) En efecto, es evidente que la obligación de poner ciertas indicaciones según modalidades determinadas, si bien no excluye de manera absoluta la importación de productos originarios de otros Estados miembros o que se encuentren en libre práctica, puede, no obstante, hacer más difícil su venta, sobre todo en caso de importaciones paralelas; por tanto, una exigencia de este tipo no puede considerarse compatible con dicho artículo 30, a no ser que esté efectivamente justificada por razones de interés general relacionadas con la protección de los consumidores. El artículo, 14 de la Directiva 79/112 debe, por consiguiente, interpretarse no sólo en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de garantizar una información correcta a los consumidores, sino también en el sentido de que fija los medios y los límites dentro de los cuales este derecho fundamental puede ser protegido, evitando los obstáculos injustificados al comercio.
14.

La Comisión propone ampliar a la moneda falsa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre estupefacientes prohibidos, pero que el Tribunal precise que basa su jurisprudencia en fuentes secundarias del Derecho, es decir, en normas de Derecho derivado y no en el propio Tratado. La normativa aplicable al asunto presente sería el Arancel Aduanero Común, el artículo 2 de la Directiva 79/623 (antecedente del Reglamento no 2144/87) y, respecto al IVA, la Sexta Directiva. No obstante, se debe señalar que el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva 79/623 no expiró hasta el 1 de enero de 1982, de manera que es dudosa su aplicabilidad al asunto presente. No obstante, este aspecto no tiene una importancia decisiva, puesto que la Directiva no trata expresamente de la cuestión de si las mercancías ilegales deben gravarse con derechos de aduana. A este respecto, parece no haber gran diferencia entre la normativa aplicable al asunto presente y la normativa aplicable a los asuntos anteriores, ya citados.
6.

Pero el Advocaat-Generaal del Hoge Raad refleja en sus conclusiones las dudas de la doctrina neerlandesa. Así, el Sr. Van Kalmthout considera que un desembolso a fondo perdido no estará necesariamente sujeto al impuesto sobre las aportaciones, en particular cuando tiene por objetivo el absorber un patromonio social negativo, en la medida en que no se producirá un incremento del valor de las partes sociales. ( 3 ) Por el contrario, el Sr. Aardema considera que un patrimonio negativo que se convierte en menos negativo experimenta, de alguna manera, un incremento de su valor. ( 4 ) Por último, según el Sr. Tijnagel, el impuesto sobre las aportaciones únicamente se devenga en la medida en que, como consecuencia de la condonación de deuda, el valor de las partes sociales en la filial se incrementa hasta el punto de ser superior al importe nominal de las partes sociales. ( 5 )
6.

En relación con tal reproche, hay que observar, no obstante, que el acto que se impugna no es la comunicación trasladada a la recurrente en junio de 1988, sino la Decisión posterior que se contiene en la comunicación fechada el 21 de abril de 1989. Esta última Decisión fue adoptada incuestionablemente tras numerosos contactos entre la Administración belga y la Comisión (véanse comunicación del Ministère de l'Emploi et du Travail, de 30 de junio de 1988, anexo 9 de la demanda; comunicación de la Comisión, de 16 de septiembre de 1988, anexo 12; la comunicación del Ministro Sr. Busquin, de 16 de septiembre de 1988, anexo 13 bis; comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 1988, anexo 13 ter; comunicación del Ministro Sr. Maystadt, de 31 de enero de 1989, anexo 14 bis; comunicación de la Comisión, de 22 de marzo de 1989, anexo 14 ier); y precisamente a raíz de dichos contactos la Comisión se inclinó a modificar, siquiera sea en parte, su propia Decisión anterior, que aquí carece de relevancia. Por otra parte, la norma invocada por la demandante no prevé un procedimiento formal de consulta, sino que se limita a exigir que las autoridades del Estado miembro de que se trate tengan la oportunidad de formular sus observaciones antes de la adopción de una decisión definitiva, como ha ocurrido precisamente en el presente supuesto. Por tanto, también el segundo motivo de recurso resulta infundado.
5.

El régimen establecido por la normativa comunitaria prevé en particular, en el artículo 2, que el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice éste [letra a) del apartado 1], así como la presentación y la publicidad de los productos alimenticios (apartado 3), no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente sobre las características del producto o atribuyendo al mismo efectos o propiedades que no posea o, finalmente, sugiriéndole que el producto posee características particulares, cuando todos los productos alimenticios similares posean estas mismas características. El artículo 3 de la Directiva enumera, sin perjuicio de algunas condiciones y excepciones previstas en los artículos siguientes, las únicas indicaciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado de los productos alimenticios. El artículo 15 dispone, por último, que los Estados miembros no pueden prohibir el comercio de los productos alimenticios que se ajusten a lo previsto en la Directiva mediante la aplicación de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios; esto no se aplica a las disposiciones que estén justificadas, concretamente y en cuanto al tema que aquí nos ocupa, por razones de protección de la salud pública o de represión de la competencia desleal.
3.

El inspector del IVA competente no consideró justificada la aplicación del tipo cero por parte de la demandada, es decir, la no facturación del IVA. En su opinión, por «avituallamiento de buques» en el sentido de la Ley neerlandesa de 28 de diciembre de 1978 sólo puede entenderse una entrega que coincida con el avituallamiento de los buques, es decir, una entrega a bordo, seguida inmediatamente de la exportación. Ésta es también la opinión del Staatssecretaris van Financiën, demandante en el procedimiento principal. Éste también opina que la letra a) del apartado 4 del artículo 15 de la Directiva IVA, a la que fue adaptado el Derecho neerlandés mediante la mencionada Ley de 28 de diciembre de 1978, no comprende entregas a cualquiera que destine una mercancía al avituallamiento de buques; en efecto, esto estaría muy alejado del avituallamiento efectivo y no evitaría, en concreto, que no se modificara su destino hasta el momento de entrega a bordo. El demandante en el procedimiento principal subraya, por otra parte, que la ampliación de la exención a las entregas previas al avituallamiento propiamente dicho requiere una consulta previa del Comité consultivo, conforme al apartado 2 del artículo 16, consulta a la que, sin embargo, no han procedido los Países Bajos.