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1. Competencia ° Normas comunitarias ° Obligaciones de los Estados miembros ° Normativa que tiene por objeto reforzar los efectos de prácticas colusorias preexistentes ° Concepto

(Tratado CEE, arts. 5 y 85)

2. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos de empresas ° Nombramiento por la autoridad pública de los representantes de organizaciones profesionales que sean parte en el acuerdo ° Falta de incidencia

(Tratado CEE, art. 85)

3. Competencia ° Normas comunitarias ° Obligaciones de los Estados miembros ° Fijación por Comisiones de Tarifas de las tarifas de transportes de mercancías por carreteras que resultan obligatorias tras su aprobación por la autoridad pública ° Compatibilidad ° Requisitos

[Tratado CEE, arts. 3, letra f); 5, párr. 2, y 85]

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1. Aunque, considerado en sí mismo, el artículo 85 del Tratado se refiere únicamente a la conducta de las empresas y no a medidas legales o reglamentarias adoptadas por los Estados miembros, no obstante, es jurisprudencia reiterada que el artículo 85 del Tratado, considerado en relación con el artículo 5, obliga a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera legislativas o reglamentarias, que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. Tal es el caso cuando un Estado miembro impone o favorece prácticas colusorias contrarias al artículo 85 o refuerza los efectos de tales prácticas, o bien despoja a su propia normativa del carácter estatal, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica.

2. El hecho de que la autoridad pública proceda al nombramiento de personas propuestas por las organizaciones profesionales directamente interesadas, como miembros de un organismo encargado de fijar los precios, no excluye la existencia de una práctica colusoria en el sentido del artículo 85 del Tratado, puesto que estas personas han negociado y celebrado un acuerdo sobre precios en calidad de representantes de las organizaciones que las han propuesto.

3. La letra f) del artículo 3, el párrafo segundo del artículo 5 y el artículo 85 del Tratado no se oponen a que la normativa de un Estado miembro prevea que las tarifas de los transportes de mercancías por carretera a gran distancia sean fijadas por Comisiones de Tarifas y resulten, previa aprobación por la autoridad pública, obligatorias para todos los operadores económicos, siempre que los miembros de estas Comisiones, aunque designados por la autoridad pública a propuesta de los sectores profesionales interesados, no actúen como representantes de éstos con el cometido de negociar y concluir acuerdos sobre precios, sino como expertos independientes encargados de fijar las tarifas en función de consideraciones de interés general, y siempre que los poderes públicos no hagan dejación de sus prerrogativas y velen por que las Comisiones fijen las tarifas en función de consideraciones de interés general, sustituyendo la decisión de dichas Comisiones por la suya propia cuando resulte necesario.
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Recursos propios de las Comunidades Europeas ° Recaudación a posteriori de derechos a la importación o a la exportación ° Error de la Administración que "razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor" ° Caso de autos

(Acuerdo de Cooperación CEE°Yugoslavia; Reglamento nº 1697/79 del Consejo, art. 5, ap. 2)

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El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad aduanera haya considerado erróneamente que productos originarios de Portugal debían considerarse productos originarios de la Comunidad, a efectos de la aplicación del Acuerdo de Cooperación celebrado entre la Comunidad y la República Federativa Socialista de Yugoslavia, no se hayan percibido los derechos de importación y el importador haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa en vigor relativas a su declaración aduanera, los derechos de importación no pueden ser recaudados a posteriori. En efecto, dicho error no podía ser descubierto por un operador económico normalmente experimentado mediante la mera lectura de las disposiciones en vigor.
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1. Actos de las Instituciones - Decisión - Efecto directo - Requisitos - Facultad de los Estados miembros de establecer excepciones a las disposiciones que pueden tener efecto directo - Consecuencias

(Tratado CEE, art. 189, párr. 4)

2. Agricultura - Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria - Financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas - Directiva 85/73 - Niveles de las tasas fijados en la Decisión 88/408 - Facultad de los Estados miembros para establecer excepciones a los mismos al alza - Facultad delegable en las autoridades regionales o locales - Facultad que no impide a los particulares, debido a los requisitos objetivos impuestos para su ejercicio, la posibilidad de invocar la Decisión para oponerse al nivel de la tasa liquidada

(Directiva 85/73 del Consejo; Decisión 88/408 del Consejo, arts. 2 y 11)

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1. El efecto obligatorio que el artículo 189 del Tratado reconoce a una Decisión comunitaria tiene como consecuencia el que los particulares pueden invocar frente a un Estado miembro una disposición de dicha Decisión dirigida a dicho Estado miembro, cuando impone a su destinatario una obligación incondicional y suficientemente clara y precisa. Si su aplicación debe efectuarse en un plazo determinado, dicha disposición sólo puede ser invocada una vez transcurrido el plazo previsto, en el supuesto de que el Estado miembro se abstenga de aplicar la Decisión o lo haga de forma incorrecta.

El hecho de que la Decisión permita a sus destinatarios establecer excepciones a disposiciones claras y precisas contenidas en la misma Decisión no puede, en sí mismo, privar de efecto directo a dichas disposiciones. En particular, dichas disposiciones pueden tener efecto directo cuando el recurso a las posibilidades de establecer excepciones de tal modo reconocidas puede ser objeto de control jurisdiccional.

2. El apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 88/408, referente a los niveles de la tasa que se deberá percibir por las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas, de conformidad con la Directiva 85/73, puede ser invocado por un particular frente a un Estado miembro con el fin de oponerse a la percepción de tasas de importe superior al previsto en dicha disposición, cuando no se cumplan los requisitos a los que el apartado 2 del artículo 2 de la misma Decisión supedita la posibilidad de aumentar los niveles de la tasa fijados en el apartado 1 del artículo 2, a saber, la existencia de una desviación entre las circunstancias existentes en el Estado miembro interesado y la media comunitaria así como la no superación de los costes reales de inspección. Sin embargo, el apartado 1 del artículo 2 de la Decisión sólo puede ser invocado para oponerse a las liquidaciones de la tasa emitidas con posterioridad a la expiración del plazo previsto en el artículo 11 de dicha Decisión.

El apartado 2 de dicho artículo 2 de la Decisión 88/408 debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede delegar en las autoridades regionales o locales el ejercicio de la facultad que le confiere dicha disposición.
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Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Competencias especiales - Competencia "en materia contractual" - Concepto - Interpretación autónoma - Cadena de contratos - Acción de responsabilidad ejercitada por el subadquirente contra el fabricante por defectos de la cosa - Exclusión

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 2 y art. 5, punto 1)

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El concepto de "materia contractual", en el sentido del punto 1 del artículo 5 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que debe ser interpretado como un concepto autónomo, no puede ser entendido como si se refiriera a una situación en la que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a otra. Además, el objetivo de la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad que, entre otras cosas, pretende alcanzar el Convenio, exige que las reglas de competencia, que establecen excepciones al principio general consagrado por el artículo 2 del Convenio, se interpreten de modo que permitan al demandado que posea una información normal prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional ante el que puede ser demandado cuando no sea el del Estado de su domicilio. De lo que se sigue que el punto 1 del artículo 5 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que no se aplica al litigio entre el subadquirente de una cosa y el fabricante, que no es el vendedor, por defectos de la cosa o por no ser ésta adecuada para el uso al que está destinada.
25.

Con carácter complementario, Werner Faust precisa que no se había importado el contingente anual fijado por los Reglamentos controvertidos y que, dado que los certificados para las setas silvestres se habían expedido sin fijar un montante suplementario, los importadores' podían presumir que aún no se había sobrepasado la cuota. No se había eludido ninguna disposición de los Reglamentos. Por consiguiente, dado que el montante suplementario debía gravar las mercancías despachadas a libre práctica que sobrepasaran las cuotas, no había habido importación irregular y no cabía la posibilidad de percibir dichos montantes.
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Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que se reduce la ayuda del Fondo Social Europeo para una acción de formación profesional

(Tratado CEE, art. 190)

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Si bien es verdad que, en el marco de una solicitud inicial de ayuda del Fondo Social Europeo para una acción de formación profesional, una motivación sucinta de la decisión de la Comisión que deniega la ayuda satisface las exigencias del artículo 190 del Tratado, no es menos cierto, en cambio, que la decisión que reduzca la ayuda debe poner de manifiesto con claridad los motivos que justifiquen la reducción de la ayuda con respecto al importe aprobado inicialmente, habida cuenta de que esta última decisión supone para el solicitante consecuencias mucho más graves.

No satisface tal requisito, y debe por ello ser anulada, una decisión que se base en el hecho de que determinados gastos realizados no fueron aprobados en el momento de la concesión de la ayuda, siendo así que no se había notificado ninguna decisión de aprobación detallada y precisa, y que no contenga indicación alguna de las modalidades aplicadas para calcular el importe de la reducción que se comunicó al beneficiario.
La letra a) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento no 1408/71, cuya finalidad es resolver los conflictos de legislación que pueden plantearse cuando, durante un mismo período, el lugar de residencia y el del empleo no se sitúan en el mismo Estado miembro, no es aplicable al supuesto de un trabajador que, habiendo cesado definitivamente toda actividad profesional, disfruta de una pensión de jubilación anticipada y reside en un Estado miembro distinto del del último empleo. Por ello, tampoco le resulta aplicable el artículo 73 del Reglamento no 1408/71, de forma que pueden exigírsele los requisitos que, para la concesión de asignaciones familiares, establece la legislación del Estado miembro del último empleo, siendo irrelevante el hecho de que siga estando asegurado obligatoriamente a una de las ramas del régimen nacional de Seguridad Social.
Asunto C-22/90

República Francesa

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«FEOGA — No reconocimiento de gastos — Tasa suplementaria sobre la leche»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. W. Van Gerven, presentadas el 26 de junio de 1991 I-5296

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 1991 I-5303

Sumario de la sentencia

Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Tasa suplementaria sobre la leche — Productores que disponen de dos cantidades de referencia, en razón de ventas directas y de entregas a las industrias lácteas — Posibilidad de transferencia de cantidades de referencia de un sector de actividad a otro en función de las necesidades de comercialización — Beneficiarios — Productores que suspenden totalmente una de las actividades durante una campaña — Inclusión

(Reglamento n° 857/84 del Consejo, art. 6 bis)

El ámbito de aplicación del artículo 6 bis del Reglamento n° 857/84, que permite a los productores de leche que dispongan de dos cantidades de referencia, una en razón de ventas directas y otra en razón de entregas a las industrias lácteas, transferirlas de un sector de actividad a otro dentro de un período de doce meses, no puede limitarse al supuesto de que el productor de que se trate realice efectivamente estas dos actividades durante el mismo período de doce meses. La consecución del objetivo de esta disposición, que consiste en permitir a los productores hacer frente a una modificación de sus necesidades de comercialización, cuyos efectos pueden extenderse a más de una campaña, no estaría totalmente garantizada si, a causa de dicha limitación, no pudieran beneficiarse de esta disposición aquellos productores que, frente a la mencionada modificación, hayan interrumpido temporalmente sus ventas directas durante una campaña determinada.
Hasta que el Derecho nacional no se haya adaptado correctamente a una Directiva, los justiciables no pueden conocer sus derechos con toda plenitud. Esta situación de incertidumbre para los justiciables subsiste incluso después de que, en una sentencia, este Tribunal de Justicia haya declarado que el Estado miembro de que se trate no ha cumplido las obligaciones que se derivan de la Directiva y aun cuando este Tribunal de Justicia haya reconocido que uno u otro precepto de la Directiva es suficientemente preciso e incondicional para ser invocado anteun órgano jurisdiccional nacional.

Sólo una adecuada adaptación del Derecho interno a la Directiva pone fin a este estado de incertidumbre y solamente cuando se lleva a cabo tal adaptación se crea la seguridad jurídica necesaria para exigir de los justiciables que ejerciten sus derechos.

Por consiguiente, hasta el momento de adaptación del Derecho interno a la Directiva, el Estado miembro que incumple su obligación no puede proponer la excepción de extemporaneidad de una acción judicial ejercitada en su contra por un particular, con el fin de proteger los derechos que le reconocen los preceptos de dicha Directiva, de manera que sólo a partir de ese momento podrá empezar a correr un plazo para recurrir previsto en el Derecho nacional.
COMISIÓN / FRANCIA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 1 de octubre de 1991:;" 
En el asunto C-14/90, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. I. Pernice, miem­
bro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por Me N. Coutrelis, Abo­
gado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. 
Guido Berardis, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Ki.rchberg, 
parte demandante, 
contra 
República Francesa, representada por el Sr. P. Pouzoulet, sous-directeur des affai­
res juridiques del ministère des Affaires étrangères, y por el Sr. M. Giacomini, 
secrétaire des Affaires étrangères, del mismo Ministerio, en calidad de Agentes, 
que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 
9, boulevard du Prince-Henri, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar en el 
plazo señalado todas las disposiciones necesarias para atenerse a lo dispuesto en la 
Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas 
de calidad del aire para el. dióxido de nitrógeno (DO L 87, p. 1; EE 15/05, 
p. 133). 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.C. Rodríguez Iglesias y M. Diez 
de Velasco, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, y los Sres. C.N. Kakouris, 
R. Joliét, F. Grévisse, M. Zuleeg y P.J.G. Kapteyn, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-4333 
SENTENCIA DE 1.10.1991 — ASUNTO C-14/90 
decide: 
1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incum­
ben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar en el plazo señalado todas las . 
disposiciones necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva 
85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas de cali­
dad del aire para el dióxido de nitrógeno. 
2) Condenar en costas a la República Francesa. 
I - 4334
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A este respecto, basta señalar que los regímenes invocados por el Reino Unido no se basan en la nacionalidad de las personas y no pueden, por tanto, servir de justificación para que no se aplique, en materia de matriculación de buques de pesca, la prohibición de cualquier discriminación ejercida por razón de la nacionalidad.
29.

El Sr. Ryborg señala que las normas relativas a la residencia normal, establecidas en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 83/182, hacen hincapié en el lugar de los vínculos personales en el que la persona de que se trate viva habitualmente. La Directiva 83/182 no define qué debe entenderse por esos vínculos. No obstante, en una respuesta a una interpelación parlamentaria, la Comisión precisó que los vínculos personales de una pareja no casada se determinan conforme a los mismos criterios que se aplican para determinar los vínculos personales de otras personas, es decir, residencia común, frecuencia de las visitas, reparto de los gastos, etc. (DO 1987, C 351, p. 16). El Sr. Ryborg considera que, en el caso de autos, la aplicación de estos criterios no permite llegar a la conclusión de si su relación con su amiga danesa es asimilable o no a una relación conyugal. No existe ningún indicio sobre una residencia común o un posible reparto de los gastos. Por el contrario, ha resultado probado que, a lo largo del período considerado, mantuvo su trabajo y su apartamento en Flensburg, y que, desde la confiscación de su vehículo, sólo se reunía con su amiga los fines de semana.
13.

En su escrito de contestación, la Comisión mantiene que la infracción no ha disminuido hasta el punto de ya no poder ser considerada como una infracción y que la República Italiana ha cumplido sólo parcialmente las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva. Las estadísticas, para ser utilizables, deben completarse al 100 %. Mantiene que los cuadros relativos al tráfico nacional no incluyen el tráfico local y que los cuadros relativos al tráfico internacional aún no estaban disponibles. La Comisión añade también que faltan los datos relativos a los años de referencia 1987 y 1988, dado que la Oficina Estadística no ha recibido ninguna comunicación de datos por parte de las autoridades italianas.
30

Por lo que respecta a la crítica que se hace a la Comisión por no haber iniciado el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado hasta julio de 1987, cuando la Ley de Presupuestos que preveía las dotaciones presupuestarias en beneficio del IRI había sido adoptada en 1984, es necesario indicar, tal como la Comisión ha señalado acertadamente durante el procedimiento, que dichos retrasos se debían al comportamiento de la República Italiana, que no notificó las ayudas en la fase de proyecto y que no colaboró activamente durante el procedimiento de investigación administrativa. En consecuencia, esta crítica no puede ser acogida.
Según la Comisión, el Tribunal de Justicia observó en la sentencia Kupferberg, ya citada, que la circunstancia de que un Acuerdo cree un marco institucional especial de concertación y de negociación e implique cláusulas de salvaguarda, supuesto verificado en el marco del Acuerdo CEE-Turquía, no se opone al reconocimiento de una eventual aplicabilidad directa de ciertas disposiciones. Las Decisiones no 2/76 y no 1/80 constituyen una aplicación de los artículos 12 del Acuerdo y 36 del Protocolo. El hecho de que el Tribunal de Justicia hubiera declarado en la sentencia Demirel, ya citada, que los artículos 12 y 36 no son directamente aplicables no impide reconocer esta cualidad a las Decisiones que dan un contenido concreto a los principios de estos artículos.

Los artículos 12 de la Decisión no 2/76 y 29 de la Decisión no 1/80, que imponen a las partes contratantes adoptar las medidas que impliquen la ejecución de las disposiciones en cuestión, sólo son la repetición del artículo 22 del Acuerdo y pretenden sólo subrayar el carácter imperativo de la Decisión. Del mismo modo, no pueden deducirse, de las cláusulas de salvaguarda mencionadas en los artículos 9 de la Decisión no 2/76 y 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80, argumentos contra una aplicabilidad directa. Según su contexto, los artículos en cuestión en el presente caso pretenden conceder derechos incondicionales a los trabajadores turcos. El hecho de que las modalidades de aplicación de estos textos vengan fijadas por normativas nacionales se explica por la necesidad de garantizar la ejecución de las disposiciones relativas a la computación de los períodos de vacaciones, de enfermedad o de desempleo involuntario en el cálculo del período de empleo lícito. Del mismo modo, las cláusulas de salvaguarda económicas recogidas en los artículos 6 de la Decisión no 2/76 y 12 de la Decisión no 1/80 no afectan para nada, en condiciones normales, al derecho individual del trabajador turco.

Las disposiciones de «standstill» recogidas en los artículos 7 de la Decisión no 2/76 y 13 de la Decisión no 1/80 constituyen prohibiciones impuestas incondicionalmente a las partes contratantes y el Derecho comunitario reconoce tradicionalmente la aplicabilidad directa de tales prohibiciones. No se puede oponer como argumento al Sr. Sevince, que ha podido conocer los derechos que las Decisiones del Consejo de Asociación le reconocían, la ausencia de cualquier publicación oficial.

La Comisión considera por lo tanto que procede dar la respuesta afirmativa a la segunda cuestión.