C 148/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de marzo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Asunto C-349/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Ayudas de Estado - Reglamento (CE) n.o 800/2008 (Reglamento general de exención por categorías) - Artículo 8, apartado 2 - Ayudas que tienen un efecto incentivador - Concepto de «comenzar a trabajar en el proyecto» - Competencias de las autoridades nacionales - Ayuda ilegal - Inexistencia de decisión de la Comisión Europea o de un órgano jurisdiccional nacional - Obligación que incumbe a las autoridades nacionales de recuperar por su propia iniciativa una ayuda ilegal - Base jurídica - Artículo 108 TFUE, apartado 3 - Principio general del Derecho de la Unión de protección de la confianza legítima - Decisión de la autoridad nacional competente por la que se concede una ayuda en virtud del Reglamento n.o 800/2008 - Conocimiento de las circunstancias que excluyen la idoneidad de la solicitud de ayuda - Generación de confianza legítima - Inexistencia - Prescripción - Ayudas cofinanciadas a través de un fondo estructural - Normativa aplicable - Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 - Normativa nacional - Intereses - Obligación de reclamar intereses - Base jurídica - Artículo 108 TFUE, apartado 3 - Normativa aplicable - Normativa nacional - Principio de efectividad)

(2019/C 148/03)

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Tallinna Ringkonnakohus

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eesti Pagar AS

Demandadas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Fallo

1) El artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] (Reglamento general de exención por categorías), debe interpretarse en el sentido de que se comienza a «trabajar en el proyecto o actividad», a efectos de dicha disposición, cuando se realiza un primer pedido de equipos destinados a ese proyecto o actividad mediante la formalización de un compromiso incondicional y jurídicamente vinculante antes de presentarse la solicitud de ayuda, con independencia de la cuantía de los eventuales costes de rescisión de tal compromiso.

2) El artículo 108 TFUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición exige a la autoridad nacional recuperar por su propia iniciativa una ayuda que ha concedido de conformidad con el Reglamento n.o 800/2008 cuando constate posteriormente que no se cumplían los requisitos establecidos en este Reglamento.

3) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que una autoridad nacional no puede, al conceder una ayuda aplicando erróneamente el Reglamento n.o 800/2008, generar una confianza legítima en la regularidad de dicha ayuda en el beneficiario de esta.

4) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad nacional ha concedido una ayuda en virtud de un fondo estructural aplicando erróneamente el Reglamento n.o 800/2008, el plazo de prescripción aplicable a la recuperación de la ayuda ilegal es, si se cumplen los requisitos de aplicación del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de cuatro años, conforme al artículo 3, apartado 1, de este Reglamento, o, en su defecto, el plazo previsto por el Derecho nacional aplicable.

5) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad nacional procede por su propia iniciativa a la recuperación de una ayuda que ha concedido erróneamente a tenor del Reglamento n.o 800/2008, le incumbe reclamar intereses al beneficiario de esa ayuda conforme a las normas del Derecho nacional aplicable. A este respecto, el artículo 108 TFUE, apartado 3, exige que tales normas garanticen la recuperación íntegra de la ayuda ilegal y que, por tanto, se ordene en particular al beneficiario de la ayuda el pago de los intereses correspondientes a todo el período durante el que se benefició de esa ayuda y a un tipo igual al que se habría aplicado si hubiese tenido que pedir prestado en el mercado el importe de la ayuda en el curso de ese período.

(1) DO C 269 de 14.8.2017.