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Las informaciones con carácter de secreto profesional comunicadas a una asociación profesional por sus miembros, y que de este modo pierden dicho carácter para éstos, no lo pierden con respecto a terceros. En el supuesto de que dicha asociación comunique dichos datos a la Comisión en el marco de un procedimiento de infracción de las normas sobre la competencia iniciado con arreglo al Reglamento n° 17, la Comisión no puede invocar las disposiciones de los artículos 19 y 20 de dicho Reglamento para justificar la transmisión de tales datos a los terceros denunciantes. En efecto, el apartado 2 del artículo 19 tan sólo confiere a éstos el derecho a ser oídos, pero no el derecho a recibir informaciones confidenciales.
Asunto 145/78

A.P. Augustijn

contra

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State

«Transporte de mercancías por carretera»

Sumario de la sentencia

Transportes — Política común — Transportista de mercancías por carretera — Acceso a la profesión — Requisito de capacidad profesional — Exención definitiva — Facultad de apreciación de los Estados miembros

(Directiva 74/561 del Consejo, art. 4, ap. 2)

El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 74/561, que autoriza excepcionalmente, en casos particulares debidamente justificados, a los Estados miembros a conceder una exención definitiva del requisito de capacidad profesional para la continuación de la explotación de una empresa de transportes únicamente a las personas que posean una experiencia práctica de al menos tres años en la gestión diaria de dicha empresa, no ampara el caso de una persona que no tenga intención de continuar la explotación de esta misma empresa. No obstante, esta disposición no debe entenderse en el sentido de que no permita a las autoridades competentes de los Estados miembros considerar que cabe conceder una exención definitiva del requisito de capacidad profesional en el caso de los socios que, después de adquirir ambos una experiencia práctica de al menos tres años en la gestión diaria de una misma empresa, deciden continuar la actividad de ésta mediante la creación de dos empresas nuevas.
La aplicación objetivamente errónea del Derecho comunitario, basada en una interpretación de buena fe por las autoridades nacionales, no puede estar comprendida en el artículo 8 del Reglamento no 729/70, sino que, por el contrario, debe apreciarse a la luz de las disposiciones generales de los artículos 2 y 3 del mismo Reglamento, a tenor de los cuales el FEOGA financiará las restituciones concedidas y las intervenciones emprendidas «según las normas comunitarias» en el marco de la organización común de los mercados agrícolas; estas disposiciones sólo permiten a la Comisión imputar al FEOGA los importes pagados de acuerdo con las normas establecidas en los diferentes sectores de los productos agrícolas, corriendo por cuenta de los Estados miembros cualquier otro importe pagado, en particular los importes que las autoridades nacionales hayan pagado por considerarse erróneamente autorizadas para ello en el marco de la organización común de mercados.
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que el artículo 36, en particular, después de disponer que los artículos 30 a 34 no serán obstáculo para las restricciones a la importación, exportación o tránsito, justificadas, entre otros motivos, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, precisa que, tales restricciones no deben constituir, en modo alguno, un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio «entre los Estados miembros»;
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Considerando que, mediante escrito presentado en la Secretaría el 10 de junio de 1975, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no haber aplicado en el plazo previsto en el artículo 43 de dicha Directiva la totalidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir las disposiciones de la Directiva 70/458/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente a la comercialización de las semillas de plantas hortícolas (DO L 225, p. 7; EE 03/04, p. 54; versión codificada que recoge las modificaciones posteriores en el DO C 66 de 1974, p. 62);
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Considerando que, en el caso de los productos vinícolas, los factores naturales de la zona de origen, como la uva de la que se han obtenido dichos productos, desempeñan un papel importante en la determinación de su calidad y de sus características; que, si bien el método de elaboración de dichos productos puede contribuir a caracterizarlos, por sí solo no resulta decisivo, independientemente de la calidad de las uvas utilizadas, para determinar su procedencia; que, además, el método de elaboración de un producto vinícola constituye un criterio de conexión tanto menos apto para caracterizar por sí solo su procedencia cuanto que, en la medida en que no esté vinculado a la utilización de una determinada uva, puede utilizarse en otros medios geográficos; que no cabe excluir la posibilidad de que el método de elaboración utilizado en una determinada zona sea practicado también, en la medida en que no esté protegido por derechos de exclusividad, por fabricantes que tengan la totalidad o una parte de sus instalaciones en otras zonas geográficas; que, además, la comparación entre las disposiciones del apartado 1 del artículo 3 y las de la tercera frase del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento sobre «vinos espumosos y brandies» pone de manifiesto que, habida cuenta del Anexo 2 de dicho Reglamento, las condiciones que deben cumplir los vinos espumosos de calidad extranjeros y el Sekt son fundamentalmente idénticas; que, del mismo modo, las disposiciones del apartado 1 del artículo 40 y del apartado 1 del artículo 44 de la Ley del vino tampoco ponen de manifiesto la existencia de una diferencia apreciable entre el Weinbrand y el brandy de calidad extranjero por lo que respecta a las exigencias de calidad aplicables a uno y otro producto; que, por lo demás, la condición establecida para el Weinbrand en el no 4 del apartado 1 del artículo 40 es tanto menos fundamental en el presente caso cuanto que, por un lado, la legislación vinícola no excluye la posibilidad de que el producto destilado nacional se obtenga con vinos extranjeros y que, por otro lado, la obligación de almacenar el producto destilado en una empresa situada en el territorio alemán no implica necesariamente que todos los productores establecidos en dicho territorio apliquen efectivamente el método de elaboración específico de que se trata;
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que, asimismo, la circunstancia de que una empresa de un Estado miembro disfrute de la exclusiva sobre los mensajes publicitarios televisivos no es, en sí misma, incompatible con la libre circulación de los productos cuya comercialización intentan promover tales mensajes; que no sería así si el derecho de exclusiva fuera utilizado para favorecer, dentro de la Comunidad, determinadas corrientes de intercambio o a determinados operadores económicos en relación con otros; que, como subraya el artículo 3 de la Directiva de la Comisión de 22 de diciembre de 1969, sobre la supresión de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación no contempladas por otras disposiciones adoptadas en virtud del Tratado CEE (DO 1970, L 13, p. 29), pueden constituir medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas las que rijan la comercialización de productos cuyos efectos restrictivos superen el marco de los efectos propios de una simple regulación del comercio; que así ocurrirá, en concreto, cuando dichos efectos restrictivos sean desproporcionados en relación con el objetivo perseguido, cual es, en el supuesto que nos ocupa, la organización, con arreglo al ordenamiento de un Estado miembro, de la televisión en función del interés público.
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Considerando que, por lo que se refiere a las prácticas colusorias anteriores, la seguridad general de los contratos exige, en particular cuando la práctica se ha notificado conforme a las disposiciones del Reglamento no 17, que el Juez no declare su nulidad de pleno derecho sino una vez que la Comisión haya adoptado una Decisión en virtud de dicho Reglamento.
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Considerando que de los autos se deduce que el procedimiento principal se refiere a la cuestión de si un trabajador de nacionalidad neerlandesa, empleado en una empresa alemana y víctima, en la República Federal de Alemania, de un accidente laboral del que resultó una incapacidad de más del 50 %, goza en Alemania de la protección especial contra la resolución del contrato establecida por el artículo 14 de la Ley de 16 de junio de 1953 relativa a las incapacidades graves toda vez que cumple los requisitos a que está supeditada la concesión de dicha protección, si bien no reside en la República Federal de Alemania, requisito este último que solamente se exige a los trabajadores extranjeros y no a los que poseen la nacionalidad alemana; que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional tiene por objeto dilucidar si la prohibición de discriminación contenida en el artículo 48 del Tratado y en el artículo 7 del Reglamento no 1612/68 se refiere también a la protección especial contra la resolución del contrato que el legislador de un Estado miembro sólo concede a determinadas categorías de trabajadores, por consideraciones específicas de carácter social.
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Considerando, no obstante, que, en caso de que este ejercicio no reuniera los elementos contractuales o de concertación contemplados por esta disposición, la respuesta a la cuestión formulada conduciría a examinar si el ejercicio del derecho de protección controvertido es compatible con otras disposiciones del Tratado, relativas en particular a la libre circulación de mercancías.
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Considerando que debe entenderse que la expresión «regularmente en vías de tramitación» deriva de la aplicación conjunta del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 865/68 del Consejo, de 28 de junio de 1968, y del artículo 2, la letra q) del artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva de la Comisión de 22 de diciembre de 1969, disposiciones de las que resulta que los Estados miembros, so pena de violar la prohibición de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, tienen la obligación de resolver, dentro de un plazo que no sea excesivo, cualquier solicitud de licencia de importación relativa a los productos de que se trate;
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que, en consecuencia, mientras no disponga otra cosa un Reglamento aprobado en virtud de la letra e) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado, las autoridades nacionales pueden intervenir contra una práctica colusoria, aplicando su Derecho interno, aun cuando el examen de dicha práctica desde el punto de vista del Derecho comunitario esté pendiente ante la Comisión, con la salvedad, no obstante, de que esta aplicación del Derecho nacional no puede menoscabar la aplicación plena y uniforme del Derecho comunitario y los efectos de los actos de ejecución de éste.
El término «legislación» utilizado en la letra b) del artículo 1, en el principio y en la letra d) del apartado 1 del artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento no 3 del Consejo de la CEE, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.) comprende también una legislación nacional que establece un seguro de muerte prematura con prestaciones en favor de los sobrevivientes, aunque esta legislación haya entrado en vigor con posterioridad al Reglamento no 3 y no haya sido notificada.
Basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las partes o una de ellas no han podido tener conocimiento y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones supondría violar un principio elemental del Derecho.

La parte coadyuvante que apoya a la parte demandada está facultada para proponer excepciones de inadmisibilidad que no hayan sido presentadas por aquélla, en la medida en que dichas excepciones tengan por objeto la desestimación de las pretensiones de la parte demandante.

La declaración de la responsabilidad de la Alta Autoridad por falta de servicio no está contemplada en el marco del recurso de nulidad regulado en el artículo 33 del Tratado CECA, sino que sólo puede basarse en el artículo 40 o, en su caso, en el artículo 34 de dicho Tratado. No puede invocarse en sentido contrario un argumento basado en la tercera frase del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la CECA, ya que dicha disposición sólo pretende establecer un plazo de caducidad, sin modificar no obstante la naturaleza del recurso previsto en la materia.
Las normas establecidas por un Tratado internacional o por una Ley implican las normas sin las cuales las primeras no tendrían sentido o no permitirían una aplicación razonable y eficaz. Del artículo 8 del Tratado se deduce que la Alta Autoridad goza de cierta autonomía para determinar las medidas de ejecución que exige la realización de los objetivos contemplados en el Tratado.

La reducción de los precios del carbón belga prevista por la letra a) del apartado 2 del artículo 26 no puede resultar del mero juego de la oferta y la demanda en el mercado. En aplicación de una regla de Derecho generalmente admitida, la reacción indirecta de la Alta Autoridad ante un acto ilícito de las empresas debe ser proporcional a la envergadura de dicho acto; por consiguiente, una intervención indirecta de la Alta Autoridad tal como una reducción de la compensación es insuficiente para garantizar por sí misma la realización del objetivo del artículo 26. La misión de garantizar el cumplimiento del objetivo contemplado en el artículo 26 requiere para la Alta Autoridad la facultad de fijar los precios; el artículo 61 del Tratado no es aplicable para estos fines. El alcance de la facultad de fijar los precios comprende velar por garantizar al conjunto de los consumidores de carbón belga un descenso de precio de este carbón, desde el comienzo del período transitorio y en la medida prescrita por el artículo 26.

Aunque un motivo no justificado se hubiera acumulado a los motivos que justifican la actuación de la Alta Autoridad, la Decisión no 22/55 no adolece por ello de desviación de poder, siempre que no vulnere el fin esencial del artículo 26.