AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 25 de julio de 1996

Asunto T-98/96 R

Mario Costacurta

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Decisión de cambio de destino — Suspensión de la ejecución»

Texto completo en lengua francesa II-1111

Objeto:

Demanda de suspensión de la ejecución de la Comisión de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 1996, sobre cambio de destino del demandante a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de Luxemburgo.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

El demandante era funcionario de la Comisión y ocupaba un puesto de trabajo en la delegación de la Comisión en Kinshasa (República del Zaire). El 4 de julio de 1995, presentó una solicitud de rotación anticipada. El 5 de enero de 1996, se le informó de que la autoridad administrativa competente aconsejaba destinarle a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (Oficina). El 19 de enero de 1996, se opuso alegando que la Oficina no formaba parte del sistema de rotación para el año 1996. El 20 de mayo de 1996, el demandante recibió la confirmación de esta postura, contra la que presentó, el 31 de mayo de 1996, una reclamación. El 10 de junio de 1996, recibió la decisión de 31 de mayo de 1996 de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos relativa a su nuevo destino en la Oficina a partir del 1 de julio de 1996. Contra dicha decisión, presentó una nueva reclamación.

Fundamentos de Derecho

Las medidas provisionales a las que se refieren los artículos 185 y 186 del Tratado deben presentar un carácter provisional en el sentido de que no deben prejuzgar la decisión sobre el fondo (apartado 15).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de julio de 1996, Sogecable/Comisión (T-52/96 R, aún no publicada en la Recopilación), apartados 15 y 16

Según el apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento, la demanda de medidas provisionales debe indicar no solamente el objeto del litigio, sino también las circunstancias que den lugar a la urgencia. Ahora bien, considerando que tal urgencia debe apreciarse, según reiterada jurisprudencia, en relación con la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar que la parte que solicita la medida sufra un perjuicio grave e irreparable, el demandante está obligado a aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin tener que sufrir personalmente un perjuicio que implicaría, en su contra, consecuencias graves e irreparables. Además, las medidas solicitadas, a pesar de su carácter provisional, no deben ser desproporcionadas en relación con el interés de la parte demandada en que se ejecuten sus actos, aun cuando sean objeto de un recurso judicial (apartados 23 a 25).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Aubineau/Comisión (T-102/95R, RecFP p. I-365), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1996, U/Cedefop (T-24/96 R, RecFP p. II-479), apartado 60; Tribunal de Primera Instancia, 22 de abril de 1996, De Persio/Comisión (T-23/96 R, RecFP p. II-527), apartados 33 y 34

En un caso como el de autos, que se refiere a una decisión de cambio de destino de un funcionario, el requisito de la urgencia debe ser examinado considerando el hecho de que las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para organizar sus servicios en función de las misiones que les son confiadas y para destinar con arreglo a éstas al personal que se halla a su disposición. Por consiguiente, la urgencia vinculada a una demanda de medidas provisionales en relación con una decisión de cambio de destino debe apreciarse teniendo en cuenta el hecho de que, si bien dicha medida ocasiona inconvenientes a los funcionarios interesados, no constituye en sí misma un acontecimiento anormal e imprevisible en sus carreras. Por ello, la suspensión de la ejecución no podría justificarse sino por circunstancias imperativas y excepcionales que pudieran irrogar al funcionario interesado un perjuicio grave e irreparable (apartados 27 y 28).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión (asuntos acumulados 161/80 y 162/80, Rec. p. 543), apartado 28; Aubineau/Comisión, antes citada, apartado 23; U/Cedefop, antes citada, apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 5 de julio de 1996, Clarke/Cedefop(T-85/96 R, RecFP p. II-1003), apartados 67 y 68; Tribunal de Primera Instancia. 12 de julio de 1996, Presle/Cedefop (T-93/96R, RecFP p. II-1093), apartado 45

En el presente asunto, el demandante no ha demostrado en absoluto la existencia de dichas circunstancias y, por lo tanto, de un riesgo de perjuicio grave e irreparable que podría irrogarle la ejecución de la decisión antes de dictarse la sentencia en el recurso principal. Por lo demás, consta en autos que la decisión impugnada no contiene ningún cambio de grado ni ninguna modificación de la situación estatutaria del demandante. En particular, el motivo basado en el riesgo de una salida definitiva del sistema de rotación carece de fundamento. En efecto, en caso de anulación de la decisión impugnada, la administración someterá a nuevo examen el destino del demandante y, en ese momento, podrá decidir su incorporación a una de sus delegaciones en un país tercero (apartados 29 y 30).

Por lo que se refiere al plazo de tres semanas fijado para la ejecución de la decisión de cambio de destino, aunque es evidentemente breve, no puede en sí mismo ocasionar un perjuicio grave e irreparable (apartado 31).

Fallo:

Se desestima la demanda de medidas provisionales.