Aunque la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción respecto a los candidatos no promocionados, sí está obligada, en cambio, a motivar la decisión por la que desestima una reclamación presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto por un candidato no promovido, debiendo suponerse que la motivación de esta decisión coincide con la motivación contra la que se dirige la reclamación.

Dado que, a tenor del artículo 45 del Estatuto, las promociones son discrecionales, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a revelar al candidato no seleccionado la apreciación comparativa que ha realizado de él y del candidato promovido, ni a exponer detalladamente la forma en la que ha considerado que el candidato nombrado cumplía los requisitos del anuncio de puesto de trabajo vacante, sino que es suficiente con que la motivación se refiera a los requisitos legales de los que el Estatuto hace depender la regularidad del procedimiento. En un procedimiento de promoción la motivación no debe versar, por tanto, sobre las cualidades respectivas de los candidatos, sino solamente sobre la regularidad de la promoción.

Aunque la falta total de motivación de una decisión desestimatoria de la candidatura de un funcionario candidato a una plaza que debe cubrirse mediante promoción no puede subsanarse con las explicaciones facilitadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos después de la interposición del recurso, por el contrario, la mera insuficiencia de la motivación formulada en el procedimiento administrativo previo no puede justificar la anulación de la decisión impugnada cuando la administración aporta precisiones complementarias durante la fase contenciosa.

(véanse los apartados 31, 34 y 37)

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, Rec. p. 1099), apartado 14; Tribunal de Justicia, 19 de noviembre de 1998, Parlamento/Gaspari (C-316/97P, Rec. p. I-7597), apartado 29; Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121), apartado 40, confirmada en casación por el Tribunal de Justicia, 9 de diciembre de 1993, Parlamento/Volger (C-115/92P, Rec. p. I-6549), apartados 22 a 24; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. II-201), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión (T-16/94, RecFP pp. I-A-103 y II-335), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 11 de junio de 1996, Anacoreta Correia/Comisión (T-118/95, RecFP pp. I-A-283 y II-835), apartado 82; Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1996, Benecos/Comisión (T-37/94, RecFP pp. I-A-461 y II-1301), apartados 39 a 46; Tribunal de Primera Instancia, 18 de marzo de 1997, Picciolo y Caló/Comité de las Regiones (asuntos acumulados T-178/95 y T-179/95, RecFP pp. I-A-51 y II-155), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 6 de noviembre de 1997, Berlinguieri Vinzek/Comisión (T-71/96, RecFP pp. I-A-339 y II-921), apartados 79 a 84; Tribunal de Primera Instancia, 26 de enero de 2000, Gouloussis/Comisión (T-86/98, RecFP pp. I-A-5 y II-23), apartados 73 a 77; Tribunal de Primera Instancia, 14 de junio de 2001, McAuley/Consejo (T-230/99, RecFP pp. I-A-127 y II-583) apartado 52