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Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 4)

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Del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 53 del mismo Estatuto, se deduce que deben cumplirse dos condiciones acumulativas para que una persona pueda válidamente representar a partes que no sean Estados miembros o instituciones comunitarias ante los órganos jurisdiccionales comunitarios: que esa persona sea abogado y que esté facultada para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Estas exigencias constituyen reglas sustanciales de forma y su inobservancia lleva consigo la inadmisibilidad del recurso.

Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por una parte que no sea un Estado miembro o una institución comunitaria y firmado por una persona que, aunque pueda representar a las partes en procedimientos ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, no es miembro del Colegio y, por este motivo, no es abogado en el sentido del artículo 19 del Estatuto.

(véanse los apartados 11, 13 y 16)
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Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente

(Art. 230 CE, párr. 4)

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Para que el demandante resulte directamente afectado, como requisito para la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto al amparo del artículo 230 CE, párrafo cuarto, la medida comunitaria impugnada debe surtir efectos directos en la situación jurídica del demandante y no debe atribuir ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias. Ello significa que, en caso de que una institución dirija un acto comunitario a un Estado miembro, si la acción que debe poner en práctica el Estado miembro para ejecutar dicho acto tiene carácter automático, o si sus consecuencias se imponen de manera inequívoca, el referido acto afecta entonces directamente a cualquier persona respecto de la cual surte efectos tal acción. Si, por el contrario, el acto deja al Estado miembro la posibilidad de actuar o no actuar, o no le obliga a actuar en un sentido determinado, es la acción o inacción del Estado miembro lo que afecta directamente a la persona interesada, y no el acto comunitario en sí mismo.

A este respecto, la Decisión 2005/101, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal, que designa como lugares de importancia comunitaria zonas del territorio finlandés, no afecta a los derechos ni a las obligaciones de los propietarios de bienes inmuebles, ni al ejercicio de esos derechos, ya que no crea obligación alguna a cargo de los operadores económicos ni de las personas particulares y no contiene ninguna disposición sobre el régimen de protección de los lugares de importancia comunitaria, como serían, por ejemplo, medidas de conservación o procedimientos de autorización.

Asimismo, las obligaciones derivadas de la citada Directiva 92/43, y en particular de sus artículos 4 y 6, que incumben a los Estados miembros interesados una vez que los lugares de importancia comunitaria han sido designados por la Decisión impugnada, no son directamente aplicables a los referidos operadores, ya que necesitan un acto del Estado miembro interesado que precise la forma en la que ese Estado se propone darles cumplimiento.

(véanse los apartados 52 a 54 y 59)
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1. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e irreparable – Carga de la prueba – Relación de causalidad entre el perjuicio alegado y el acto recurrido

(Art. 242 CE)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e irreparable – Perjuicio económico

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e irreparable – Perjuicio no económico

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a esta última aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de dicha naturaleza. Por lo tanto, si el demandante no demuestra el vínculo entre el supuesto daño y los actos cuya ejecución solicita que se suspenda, la medida provisional solicitada no puede ser considerada pertinente ni necesaria a efecto de evitar la realización del perjuicio alegado.

(véanse los apartados 65, 66 y 70)

2. Un perjuicio de índole económica no puede, en principio, ser considerado irreparable, ni siquiera difícilmente reparable, ya que puede ser objeto de una compensación económica posterior mediante, en particular, un eventual recurso de indemnización en virtud del artículo 288 CE.

(véase el apartado 72)

3. La decisión de no adjudicación de un contrato público no surte necesariamente el efecto de causar un daño irreparable de la reputación y credibilidad de los licitadores cuyas ofertas no hayan sido elegidas. En efecto, la participación en una licitación pública, por definición altamente competitiva, implica necesariamente riesgos para todos los participantes y la eliminación de un licitador, en virtud de las normas de la licitación, no tiene, en sí misma, nada de perjudicial.

(véase el apartado 82)
Al establecer la figura del Defensor del Pueblo Europeo, el Tratado ha abierto a los ciudadanos de la Unión una vía alternativa a la del recurso ante el juez comunitario para defender sus intereses. Esta vía alternativa, extrajudicial, responde a criterios específicos y no persigue necesariamente los mismos objetivos que un recurso en vía judicial. Además, tal y como se desprende del artículo 195 CE, apartado 1, y del artículo 2, apartados 6 y 7, de la Decisión 94/262, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, estas dos vías no pueden utilizarse de forma paralela. En efecto, aunque las reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo no interrumpen los plazos de recurso fijados en los procedimientos judiciales, el Defensor del Pueblo debe declarar inadmisible una reclamación y dar por terminado su estudio si el ciudadano afectado ha planteado simultáneamente un recurso ante el juez comunitario sobre los mismos hechos. Por tanto, corresponde al ciudadano decidir cuál de las dos vías disponibles es más indicada para lograr sus intereses.

A tenor del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia las costas recuperables se limitan, por una parte, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante este Tribunal y, por otra parte, a los gastos que hayan sido necesarios con tal motivo. El artículo 91 de dicho Reglamento considera «procedimiento» únicamente el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, con exclusión de la fase administrativa previa.

A este respecto, los gastos relativos a los procedimientos ante el Defensor del Pueblo, y en particular los gastos de abogado, no pueden considerarse gastos necesarios en el sentido del citado artículo. En efecto, contrariamente a los procedimientos jurisdiccionales comunitarios, el procedimiento ante el Defensor del Pueblo está configurado de tal modo que no es necesaria la intervención de un abogado. Así, no es necesario fundamentar jurídicamente, sino que es suficiente con exponer los hechos en la reclamación. En tales circunstancias, la libre elección del ciudadano de actuar representado por un abogado en el procedimiento ante el Defensor del Pueblo implica de debe soportar él personalmente los gastos.

Por tanto, en la medida en que dichos gastos no constituyen costas recuperables en el sentido del mencionado artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, no son objeto de reembolso en tanto que perjuicios en el marco de un recurso de indemnización.

(véanse los apartados 50, 52 y 55)
3

Mediante autos de 16 de julio y de 22 de octubre de 2003, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención, por una parte, del Reino de los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones del Consejo y, por otra parte, del Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines y de los Sres. L. Jalandoni y F. Agcaoili y de la Sra. M.C. Ledesma (en lo sucesivo, «Negotiating Panel y sus miembros») en apoyo de las pretensiones del demandante.
Constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica.

Pues bien, unos escritos de la Comisión relativos a la imputación de intereses de demora respecto de notas de adeudo a cargo de un Estado miembro y dirigidos a éste, que no constituyen en sí mismos reclamaciones de pago de intereses de demora ni tampoco proceden al cálculo concreto de estos, y que se limitan a precisar las normas comunitarias vigentes sobre el cálculo de los referidos intereses y a explicar por qué razón la Comisión no procedió a efectuar de oficio una compensación entre los créditos que figuran en las notas de adeudo de que se trata y los pagos destinados al Estado miembro en cuestión, no producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante.

(véanse los apartados 36 a 39)
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Recurso de anulación – Actos recurribles – Concepto – Actos que producen efectos jurídicos obligatorios – Actos de trámite – Decisión de la Comisión de recurrir al Comité de Especialidades Farmacéuticas con el fin de obtener un dictamen motivado – Acto que constituye una fase preliminar de un procedimiento consultivo – Exclusión

(Art. 230 CE; Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 30)

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Sólo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante. Cuando se trata de actos o decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, principalmente al finalizar un procedimiento interno, sólo constituyen actos que pueden impugnarse las medidas que fijan definitivamente la posición de la institución al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva. La situación sería diferente solamente en el caso de que los actos o decisiones adoptados durante la fase preparatoria reuniesen no sólo las características jurídicas propias de los actos recurribles, sino que constituyesen además el momento conclusivo de un procedimiento especial, distinto del que permite a la institución pronunciarse sobre el fondo.

Por consiguiente, la decisión de la Comisión de recurrir al Comité de Especialidades Farmacéuticas con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, con el fin de obtener un dictamen motivado, como el relativo a la armonización de las características de los productos, no es un acto recurrible. En efecto, dicha decisión no fija una posición definitiva de la institución, ni tampoco constituye el momento conclusivo de un procedimiento especial, distinto del que puede llevar a la adopción de una decisión relativa a dicha armonización, sino que se limita a poner en práctica un procedimiento consultivo, del que no es más que una etapa preliminar.

(véanse los apartados 21 a 23 y 26)
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1. Procedimiento — Presentación, ante el Tribunal de Primera Instancia, de dictámenes de los servicios jurídicos de las instituciones comunitarias — Requisitos

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Interpretación contra legem del requisito relativo a la necesidad de resultar individualmente afectadas — Improcedencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Acto de la Mesa del Parlamento Europeo que modifica las condiciones de utilización de los créditos de una partida presupuestaria por los grupos políticos y por los diputados no inscritos — Recursos interpuestos por diputados no inscritos — Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. El interés público, que exige que las instituciones puedan hacer uso de los dictámenes emitidos con absoluta independencia por sus servicios jurídicos, se vería menoscabado si se admitiera que tales documentos internos pueden presentarse, en el marco de un litigio ante el Tribunal de Primera Instancia, por personas ajenas a los servicios a petición de los cuales se realizaron, sin que la institución de que se trate lo haya autorizado o sin que lo haya ordenado el órgano jurisdiccional.

(véase el apartado 34)

2. Del tenor del propio artículo 230 CE, párrafo cuarto, se desprende que una persona física o jurídica sólo está legitimada para solicitar la anulación de un acto que no sea una decisión de la que sea destinataria si resulta afectada no sólo directamente, sino también individualmente por dicho acto, de modo que la interpretación de la citada disposición no puede conducir a ignorar este último requisito, expresamente previsto por el Tratado, sin sobrepasar las competencias que éste atribuye al juez comunitario.

(véase el apartado 62)

3. Los sujetos distintos de los destinatarios de un acto sólo pueden afirmar que se ven afectados individualmente por dicho acto si éste les afecta debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y los individualiza de manera análoga a la del destinatario del acto.

A este respecto, el acto adoptado por la Mesa del Parlamento Europeo y que modifica las condiciones de utilización de los créditos de una partida presupuestaria por los grupos políticos y por los diputados no inscritos se aplica de manera general y seguirá aplicándose en el futuro tanto a unos como a otros. Así pues, puede afectar tanto a los futuros grupos políticos y diputados no inscritos como a los que componían el Parlamento en el momento de su adopción, aun cuando no afecte individualmente a ninguno de ellos. Además, la condición de diputados no inscritos no individualiza a un demandante de una manera análoga a la del destinatario de un acto.

(véanse los apartados 63, 65 y 66)
Asunto T‑358/02

Deutsche Post AG y DHL International Srl

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado – Autorización por la Comisión de ayudas concedidas por las autoridades italianas en favor de Poste Italiane – Recurso de anulación interpuesto por competidores – Inadmisibilidad»

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 27 de mayo de 2004

Sumario del auto

Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión de la Comisión que no califica de ayuda de Estado una medida nacional – Legitimación activa de una empresa competidora – Requisito – Afectación sustancial de su posición en el mercado – Carácter no imperativo de la participación como denunciante en el procedimiento ante la Comisión

(Arts. 87 CE, ap. 1, 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4)

Una decisión de la Comisión que considera que una medida nacional no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, adoptada al término del procedimiento formal de examen previsto por el artículo 88 CE, apartado 2, afecta individualmente a las empresas que presentaron la denuncia que dio lugar a dicho procedimiento y cuyas observaciones fueron oídas, siendo tales observaciones las que determinaron el curso de dicho procedimiento, si, en todo caso, su posición en el mercado queda sustancialmente afectada por la medida de ayuda objeto de la decisión.

En cuanto a una empresa que no haya desempeñado un papel activo en el procedimiento administrativo ante la Comisión, puede demostrar que también resulta individualmente afectada, si bien en cualesquiera circunstancias ha de demostrar que la medida autorizada por la decisión impugnada podía afectar, de modo sustancial, a su posición en el mercado de referencia. No constituye tal afectación sustancial la mera circunstancia de que la citada decisión pudiera influir en las relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate y la empresa interesada se encontrara en una relación de competencia cualquiera con el beneficiario de esa decisión. Así pues, una empresa no puede limitarse a invocar su condición de competidora de la empresa beneficiaria de la medida de que se trate, sino que además debe demostrar la importancia de la afectación de su posición en el mercado.

(véanse los apartados 34, 36 y 37)
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Recurso por omisión – Eliminación de la omisión después de la interposición del recurso – Desaparición del objeto del recurso – Sobreseimiento

(Arts. 232 CE y 233 CE)

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El recurso previsto en el artículo 232 CE está basado en la idea de que la inacción ilegal de la institución demandada permite recurrir ante el Tribunal de Justicia a fin de que éste declare que la abstención de actuar es contraria al Tratado mientras la institución de que se trate no haya subsanado dicha abstención. Esta declaración produce el efecto, a tenor del artículo 233 CE, de que la institución demandada esté obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad extracontractual que puedan traer causa de la propia declaración. En el caso de que el acto cuya omisión constituye el objeto del litigio haya sido adoptado después de la interposición del recurso, pero antes de pronunciarse la sentencia, una declaración del juez comunitario de la ilegalidad de la abstención inicial ya no puede producir las consecuencias previstas por el artículo 233 CE. De ello se deriva que, en tal caso, al igual que en aquel en que la institución demandada haya respondido al requerimiento para actuar en el plazo de dos meses, el objeto del recurso ha desaparecido, por lo que ya no procede resolver.

(véase el apartado 31)
El problema de la admisibilidad del recurso ante el òrgano jurisdiccional que conoce sobre el fondo no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el asunto principal. Puede, no obstante, resultar necesario, cuando se plantea la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, demostrar la existencia de determinados elementos que permitan afirmar, a primera vista, la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 21)

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de enero de 1988, Distrivet/Consejo (376/87 R, Rec. p. 209), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 25 de noviembre de 1999, Martinez y de Gaulle/Parlamento(T-222/99 R, Rec. p. II-3397), apartado 60
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Por lo que respecta en particular al requisito de urgencia, el Consejo considera que la materialización del perjuicio no es inminente y que los demandantes no han justificado urgencia alguna en apoyo de su recurso. El Parlamento considera, por su parte, que la celebración de las oposiciones no causará ningún perjuicio grave e irreparable a los demandantes. Afirma, por una parte, que el tribunal de la oposición no se ha constituido aún y, por otra, que los demandantes siempre podrán hacer valer sus derechos una vez que el tribunal de la oposición se haya pronunciado sobre su admisión a las pruebas.
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento que establece un procedimiento de notificación y de evaluación de las sustancias activas existentes en el mercado de los productos fitosanitarios - Recurso de empresas que comercializan productos fitosanitarios que contienen sustancias activas y de una asociación que las agrupa - Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párrafo 4; Reglamento (CE) nº 451/2000 de la Comisión; Directiva 91/414/CEE del Consejo)

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$$Las empresas que comercializan productos fitosanitarios que contienen sustancias activas no pueden considerarse individualmente afectadas por el Reglamento nº 451/2000, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la segunda y tercera fases del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414, en el que se establece el procedimiento de notificación y evaluación de determinadas sustancias activas. Por una parte, en la medida en que en la mayoría de los Estados miembros los operadores económicos deben ser titulares de una autorización de comercialización para poder comercializar productos fitosanitarios que incorporen sustancias activas, el hecho de ser titular de una autorización de comercialización no constituye una cualidad propia o una situación de hecho específica que individualice a las demandantes de manera análoga a la del destinatario de una decisión. Por otra parte, no basta con que un acto tenga mayores repercusiones económicas en determinados operadores que en sus competidores para que se los considere individualmente afectados por dicho acto.

Asimismo, una asociación que agrupa a dichas empresas no puede alegar la existencia de un interés individual propio y distinto del de sus miembros para justificar su legitimación activa. En efecto, ni el artículo 43 del Tratado (actualmente artículo 37 CE, tras su modificación), que sirvió de base jurídica para la adopción de la Directiva 91/414, ni la propia Directiva prevén la intervención de particulares en la adopción de la normativa de que se trata. Por tanto, la Comisión no estaba obligada a consultar ni a oír a las demandantes en el marco de la adopción del Reglamento impugnado. Además, ni el proceso de elaboración de los actos normativos ni los actos normativos en sí mismos, en cuanto medidas de alcance general, exigen, con arreglo a principios generales del Derecho comunitario, como el derecho a ser oído, la participación de las personas afectadas, ya que se supone que los intereses de éstas los representan los órganos políticos a los que corresponde adoptar dichos actos.

( véanse los apartados 68, 70, 72, 77, 78 y 80 )