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1. Recurso de anulación - Objeto - Anulación parcial - Requisito - Posibilidad de disociar las disposiciones impugnadas - Criterio objetivo

(Art. 230 CE)

2. Agricultura - Organización común de mercados - Carne de vacuno - Medidas especiales de apoyo - Artículo 5, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 690/2001 - Cofinanciación obligatoria a cargo de los Estados miembros - Ilegalidad

[Reglamento (CE) nº 690/2001 de la Comisión, art. 5, ap. 5]

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1. La anulación parcial de un acto comunitario sólo es posible en la medida en que los elementos cuya anulación se solicita puedan separarse del resto del acto.

A este respecto, la cuestión de si la anulación parcial de un acto modificaría su sustancia, constituye un criterio objetivo y no un criterio subjetivo, ligado a la voluntad política de la autoridad que lo ha adoptado. Dicha autoridad no habría podido, en consecuencia, alegar que, sin el elemento cuya anulación se solicita, probablemente no habría adoptado las demás disposiciones del acto impugnado.

( véanse los apartados 33, 36 y 37 )

2. Procede anular el artículo 5, apartado 5, del Reglamento nº 690/2001, relativo a medidas especiales de apoyo al mercado en el sector de la carne de vacuno, en la medida en que dicha disposición obliga a cada Estado miembro interesado a financiar un porcentaje del precio de la carne adquirida con arreglo a dicho Reglamento.

En efecto, el Reglamento nº 1254/1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, no contiene ninguna disposición que autorice a la Comisión a establecer excepciones al principio que se desprende de la normativa de base conforme al cual todas las medidas comunitarias de apoyo en el sector de la carne de vacuno deben ser financiadas exclusivamente por la Comunidad. Poco importa, a este respecto, que el Reglamento nº 690/2001 sólo establezca su aplicación por un período limitado a un semestre.

( véanse los apartados 73 a 76 y el fallo )
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Libre circulación de mercancías - Tránsito comunitario - Tránsito comunitario externo - Infracciones o irregularidades - Inobservancia del plazo de notificación al obligado principal - Relevancia para la exigibilidad de la deuda aduanera - Inexistencia

(Reglamento nº 2913/92 del Consejo; Reglamento nº 2454/93 de la Comisión, art. 379, ap. 1)

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$$El artículo 379, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con este último, debe interpretarse en el sentido de que la oficina de partida puede exigir al obligado principal el pago de una deuda aduanera nacida de una infracción o irregularidad cometida en un envío realizado bajo el régimen de tránsito comunitario externo, cuando dicha oficina no le notificó antes de que expirase el undécimo mes siguiente a la fecha de registro de la declaración de tránsito comunitario que dicho envío no se había presentado en la oficina de destino y que no había podido determinarse el lugar en que se produjo la infracción o irregularidad.

En efecto, un reglamento de aplicación debe ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con el reglamento de base. Pues bien, ninguna disposición del Código aduanero permite concluir que la inobservancia del plazo de once meses provoque la extinción de la deuda aduanera del obligado principal. Este plazo constituye una norma de procedimiento dirigida únicamente a las autoridades administrativas y cuya finalidad es garantizar la aplicación diligente y uniforme de las disposiciones en materia de recaudación de la deuda aduanera, con el fin de que los recursos propios de la Comunidad se pongan rápidamente a su disposición.

Dado que el incumplimiento del plazo de once meses no tiene por sí solo ninguna repercusión en la exigibilidad y en las formas de recaudación de la deuda aduanera, el hecho de que la oficina de partida no haya respetado unas instrucciones administrativas relativas a la transmisión de información, como el Sistema de Información Previa, o de que el retraso de la notificación se deba a un error o negligencia de dicha oficina, carece de pertinencia.

( véanse los apartados 29, 30, 34, 38 a 40 y el fallo )
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Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Signos que pueden constituir una marca - Signos que no pueden ser percibidos visualmente - Inclusión - Requisito - Signos que pueden ser objeto de representación gráfica - Signos olfativos

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 2)

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$$El artículo 2 de la Directiva 89/104 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

( véanse los apartados 55 y 73 y los puntos 1 y 2 del fallo )
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Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios - Directiva 92/50/CEE - Adjudicación de los contratos - Oferta más ventajosa económicamente - Criterios - Protección del medio ambiente - Procedencia - Requisitos - Criterio que sólo pueden cumplir determinadas empresas, de las que una pertenece a la entidad adjudicadora - Irrelevancia - Solución idéntica en caso de aplicabilidad de la Directiva 93/38/CEE

[Directivas del Consejo 92/50/CEE, art. 36, ap. 1, letra a), y 93/38/CEE, art. 34, ap. 1, letra a)]

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$$El artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en el marco de un contrato público relativo a la prestación de servicios de transporte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta criterios ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular, el principio de no discriminación.

Por otra parte, el principio de igualdad de trato no se opone a que se tomen en consideración tales criterios por el mero hecho de que la propia empresa de transportes de la entidad adjudicadora sea una de las pocas empresas que pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios mencionados.

No sería diferente si el procedimiento de adjudicación del contrato público de que se trata en el asunto principal estuviera comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. En efecto, en la medida que las Directivas en materia de contratos públicos, cuyas disposiciones relativas a los criterios de adjudicación tienen, esencialmente, el mismo tenor literal, pretenden alcanzar objetivos similares en sus respectivos ámbitos de aplicación y que el deber de respetar el principio de igualdad de trato responde a la esencia misma de dichas directivas, no hay ningún motivo para interpretarlas de diferente manera.

( véanse los apartados 69, 86 y 88 a 93 y los puntos 1 a 3 del fallo )
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1. Arancel Aduanero Común - Valor en aduana - Valor de transacción - Determinación - Gastos de análisis - Inclusión - Criterios

[Reglamento (CEE) nº 1224/80 del Consejo, art. 3, apts. 1 y 3, letra a)]

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación - Requisitos para abstenerse de efectuar la recaudación establecidos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1697/79 - Caso concreto

[Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo, art. 5, ap. 2]

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$$1. Los gastos de los análisis destinados a acreditar la conformidad de las mercancías importadas con la normativa nacional del Estado miembro de importación, que el importador haya facturado al comprador además del precio de las mercancías, forman parte integrante del «valor de transacción» de éstas en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1224/80, referente al valor en aduana de las mercancías, en la medida en que dichos análisis constituyan una operación necesaria para que la entrega de la mercancía tenga lugar conforme a las estipulaciones del contrato. En efecto, debe considerarse que los gastos correspondientes a los citados análisis forman parte de los «pagos efectuados o por efectuar, como condición de la venta de las mercancías importadas, por el comprador al vendedor [...] para satisfacer una obligación del vendedor» en el sentido del artículo 3, apartado 3, letra a), del Reglamento nº 1224/80.

( véanse los apartados 23, 24 y 27, y el punto 1 del fallo )

2. El artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, supedita a tres requisitos acumulativos la no recaudación a posteriori por las autoridades nacionales, a saber, que los derechos no hayan sido percibidos como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes, que el error sea de tal naturaleza que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor de buena fe y que éste debe haber observado todas las disposiciones previstas por la normativa en vigor en relación con su declaración en aduana.

De ello se infiere que las autoridades aduaneras de un Estado miembro deben renunciar a la recaudación a posteriori de los derechos, con arreglo dicha disposición, cuando, con motivo de una inspección in situ de las importaciones realizadas en un período anterior, no formularon objeciones contra el hecho de que los gastos a tanto alzado no se hubieran incluido en el valor en aduana para operaciones similares y no consta que el operador económico, que haya observado todas las disposiciones previstas por la normativa en vigor en relación con las declaraciones en aduana, pudiera albergar dudas sobre la exactitud del resultado de dicha inspección.

( véanse los apartados 35 a 37, 39 y 40, y el punto 2 del fallo )
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1. Libre circulación de capitales - Restricciones - Prohibición por un Estado miembro de inscribir una hipoteca en la moneda de otro Estado miembro - Improcedencia

[Tratado CE, art. 73 B (actualmente art. 56 CE)]

2. Libre circulación de capitales - Disposiciones del Tratado - Artículo 73 B (actualmente artículo 56 CE) - Aplicación en Austria a la fecha de su adhesión a la Unión Europea - Repercusión de la entrada en vigor del Tratado - Regularización de una inscripción hipotecaria que adolece de nulidad en el sistema jurídico nacional - Inexistencia

[Tratado CE, art. 73 B (actualmente art. 56 CE); Acta de adhesión de 1994]

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1. El artículo 73 B del Tratado (actualmente artículo 56 CE) debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición se opone a una normativa de un Estado miembro que obliga a inscribir en moneda nacional una hipoteca destinada a garantizar un crédito pagadero en la moneda nacional de otro Estado miembro.

( véanse el apartado 19 y el punto 1 del fallo )

2. Conforme al artículo 73 A del Tratado (derogado por el Tratado de Amsterdam), el artículo 73 B del Tratado (actualmente artículo 56 CE) entró en vigor el 1 de enero de 1994 en los Estados que en aquel momento formaban parte de la Unión Europea. Dado que la República de Austria no se adhirió a la Unión hasta el 1 de enero de 1995, y ante la falta de disposiciones en sentido contrario en el Acta de adhesión de 1994, el artículo 73 B del Tratado sólo comenzó a surtir efecto en dicho Estado miembro a partir de esta última fecha.

En consecuencia, el artículo 73 B del Tratado debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición no se aplicaba en Austria antes de la fecha de adhesión de la República de Austria a la Unión. Dicha disposición no puede regularizar, a partir de la entrada en vigor en Austria del Tratado, una inscripción hipotecaria que adolecía en dicho sistema jurídico nacional de una nulidad absoluta e insanable que producía efectos ex tunc y entrañaba la inexistencia de dicha inscripción.

( véanse los apartados 21, 22 y 25 y los puntos 2 y 3 del fallo )
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Agricultura - Organización común de mercados - Tabaco crudo - Salida al mercado de las existencias en poder de los organismos de intervención - Facultad de apreciación de la Comisión - Alcance - Consecuencias

(Reglamento nº 3389/73 de la Comisión)

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$$Cuando, en el marco del régimen de comercialización de tabacos en poder de los organismos de intervención, la Comisión decide no proceder a la licitación debido al riesgo de perturbación del mercado, dispone de una amplia facultad de apreciación de situaciones económicas complejas. La decisión de aceptar o rechazar una oferta no es, por consiguiente, una mera operación administrativa mecánica, sino que implica la apreciación de una situación económica compleja. En tales circunstancias, incluso decisiones que posteriormente pudieran resultar criticables no hacen necesariamente que la Comunidad incurra en responsabilidad, al no haberse producido un error manifiesto de apreciación por parte de la Institución.
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1 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuesto sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Prestaciones de servicios a título oneroso - Concepto - Transporte de trabajadores hacia su lugar de trabajo realizado por el empresario a título gratuito y sin relación concreta con la prestación laboral o el salario - Inaplicabilidad

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 2, número 1)

2 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuesto sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Prestaciones de servicios a título oneroso - Concepto - Utilización privada de un bien de la empresa - Inclusión - Límites

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 6, ap. 2)

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3 El número 1 del artículo 2 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que un empresario que efectúa el transporte de sus trabajadores, a partir de una distancia determinada, desde sus domicilios hasta su lugar de trabajo, gratuitamente y sin relación concreta con la prestación laboral o el salario no realiza una prestación de servicios a título oneroso en el sentido de esta disposición.

4 El apartado 2 del artículo 6 de la Sexta Directiva 77/388 debe interpretarse en el sentido de que el transporte gratuito de trabajadores, efectuado por el empresario entre sus domicilios y su lugar de trabajo, con un vehículo afectado a la empresa satisface, en principio, necesidades privadas de los trabajadores y, por tanto, sirve a fines ajenos a la empresa. No obstante, esta disposición no es aplicable cuando las necesidades de la empresa, habida cuenta de determinadas circunstancias particulares, tales como la dificultad de utilizar otros medios de transporte apropiados y los cambios de lugar de trabajo, aconsejan que el empresario efectúe el transporte de los trabajadores, en cuyo caso esta prestación no se realiza con fines ajenos a la empresa. A este respecto carece de relevancia que el empresario no transporte a los trabajadores en sus propios vehículos, sino que encargue a uno de sus trabajadores que efectúe el transporte con su vehículo particular.
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1. Libre prestación de servicios ° Restricciones ° Procedencia ° Requisitos

(Tratado CE, art. 59)

2. Libre prestación de servicios ° Cobro de créditos por vía judicial ° Restricciones ° Intervención preceptiva de Abogado ° Justificación por razones de interés general ° Protección de los destinatarios de servicios y buena administración de justicia ° Procedencia

(Tratado CE, art. 59)

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1. Una normativa nacional que impide el ejercicio por los nacionales de los demás Estados miembros de una actividad de prestación de servicios sólo se sustrae a la prohibición contenida en el artículo 59 del Tratado si se cumplen cuatro requisitos, a saber, que se aplique de manera no discriminatoria, que esté justificada por razones imperiosas de interés general, que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, quedando claro que sólo pueden admitirse restricciones justificadas por razones imperiosas de interés general si dicho interés no queda ya salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que está establecido.

2. El artículo 59 del Tratado no se opone a una normativa nacional que prohíbe a una empresa establecida en otro Estado miembro el cobro, por vía judicial, de créditos de terceros debido a que dicha actividad, ejercida con carácter profesional, está reservada a la profesión de Abogado. En efecto, esta prohibición no es discriminatoria, ya que se aplica indistintamente a los prestadores nacionales y a los de los otros Estados miembros, está destinada a proteger a los destinatarios de servicios contra los perjuicios que podrían resultar de la intervención de personas carentes de la capacitación profesional o moral necesaria y a garantizar una buena administración de justicia, puede lograr dicho objetivo debido a la garantía de competencia que asegura la intervención de un Abogado, y no puede considerarse desproporcionada, aun cuando no se encuentre en otros Estados miembros, ya que es competencia de un Estado miembro decidir cuál debe ser el alcance del ámbito de actividad reservado a los Abogados.
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Convenio sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones ° Reconocimiento y ejecución ° Motivos de denegación ° Falta de entrega o de notificación al demandado declarado en rebeldía de la cédula de emplazamiento de forma regular y con tiempo suficiente ° Concepto de "rebeldía" ° Demandado que desconoce del proceso iniciado en su contra y representado por un Abogado al que no le ha otorgado poder ° Inclusión ° Recurso contra la resolución por falta de representación procesal iniciado en el Estado de origen ° Irrelevancia

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 27, número 2)

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Un demandado que desconoce la existencia de un proceso iniciado en su contra y por el que comparece ante el Juez del Estado de origen un Abogado a quien no ha otorgado poderes, queda en situación de absoluta indefensión y debe considerársele en rebeldía, en el sentido del número 2 del artículo 27 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, aun cuando el procedimiento seguido ante el Juez del Estado de origen haya adquirido carácter contradictorio. Esta conclusión no queda desvirtuada por la facultad que posee el demandado de interponer un recurso de anulación contra la resolución dictada por falta de representación procesal, dado que el momento pertinente para que el demandado pueda defenderse es el del comienzo del proceso.

Se deduce de lo anterior que el número 2 del artículo 27 del Convenio es aplicable a las resoluciones dictadas contra un demandado al que no se haya entregado o notificado la cédula de emplazamiento, de forma regular y con tiempo suficiente, y que no haya estado representado válidamente en el proceso, cuando, a consecuencia de la comparecencia ante el Juez del Estado de origen de un supuesto representante del demandado, las resoluciones no se han dictado en rebeldía.
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Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Libre prestación de servicios ° Peluqueros ° Estado miembro que exige para el ejercicio de la profesión a sus propios nacionales que hayan adquirido su formación en el territorio nacional requisitos más rigurosos que los que aplica a los nacionales de los demás Estados miembros ° Procedencia

(Tratado CEE, arts. 52 y 59; Directiva 82/489 del Consejo)

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Dado que las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de personas no pueden aplicarse a actividades cuyos elementos están contenidos por entero en un solo Estado miembro, y puesto que la finalidad de la Directiva 82/489, por la que se adoptan medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios de los peluqueros, no es coordinar las condiciones para el acceso y el ejercicio de la profesión previstas por las disposiciones nacionales, el Derecho comunitario no se opone a una normativa nacional mediante la cual un Estado miembro, para la explotación de un salón de peluquería, exige a sus propios nacionales que se han formado en el territorio nacional la posesión de un título, pero permite a los peluqueros de los demás Estados miembros, con determinados requisitos relativos al ejercicio anterior de la profesión, explotar dicho salón sin hallarse en posesión de dicho título y sin estar obligados a confiar su explotación a un directivo técnico que posea dicho título.