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En estas circunstancias, el Općinski sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu (Tribunal Municipal de Rijeka — Sección Permanente de Rab) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse los artículos 56 [TFUE] y 63 [TFUE] en el sentido de que se oponen a las disposiciones de la Ley de nulidad de los contratos de crédito que presentan elementos internacionales celebrados en [Croacia] con un prestamista no autorizado […], en particular, a lo dispuesto en el artículo 10 de dicha Ley, que establece la nulidad de los contratos de crédito y cualesquiera otros actos jurídicos que sean consecuencia de tales contratos o se basen en ellos, celebrados entre un deudor (en el sentido de los artículos 1 y 2, primer guion, de la referida Ley) y un prestamista no autorizado (en el sentido del artículo 2, segundo guion, de la misma Ley), aunque hayan sido suscritos antes de la entrada en vigor de la susodicha Ley, y con efectos desde su celebración, con la consecuencia de que las partes contratantes deberán restituirse recíprocamente todo lo que hayan recibido en virtud del contrato que haya sido declarado nulo y, cuando esto no sea posible o la naturaleza de lo ejecutado excluya su restitución, deberá satisfacerse una adecuada compensación económica, estimada sobre la base de los precios vigentes en la fecha de la resolución judicial? 2) ¿Debe interpretarse el [Reglamento n.o 1215/2012] y, en particular, sus artículos 4, apartado 1, y 25, en el sentido de que se oponen a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2, de la Ley de nulidad de los contratos de crédito que presentan elementos internacionales celebrados en [Croacia] con un prestamista no autorizado, con arreglo al cual, en las controversias relacionadas con contratos de crédito que presentan elementos internacionales en el sentido de dicha Ley, el deudor puede demandar al prestamista no autorizado ante los tribunales del Estado en el que este último tenga su sede o, con independencia de donde radique esta, ante los tribunales del lugar en el que el deudor tenga su domicilio o sede, mientras que el prestamista no autorizado, en el sentido de la referida Ley, solo puede entablar un proceso contra el deudor ante los tribunales del Estado en el que este último tenga su domicilio o sede? 3) ¿Puede calificarse de contrato celebrado por un consumidor, en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 y del acervo jurídico de la Unión Europea, si el beneficiario del préstamo es una persona física que ha celebrado un contrato de préstamo para invertir en apartamentos con el fin de desarrollar la actividad de prestación de servicios de alojamiento a turistas en su domicilio? 4) ¿Debe interpretarse el artículo 24, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 en el sentido de que los tribunales croatas son competentes para conocer de una demanda por la que se solicita la declaración de nulidad de un contrato de crédito y de las correspondientes garantías otorgadas y la cancelación de la inscripción de una hipoteca en el Registro de la Propiedad, cuando esta se ha constituido sobre inmuebles del deudor situados en el territorio de la República de Croacia en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de crédito?»