Los artículos 1 a 3 de la Directiva 2010/64, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento penal, no permite a la persona contra quien se haya dictado una orden penal formular oposición contra ésta por escrito en una lengua distinta de la lengua de procedimiento, aun cuando dicha persona no domine esta última lengua, siempre que, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, las autoridades competentes no consideren, a la luz del procedimiento en cuestión y de las circunstancias del asunto, que dicha oposición constituye un documento esencial.

En efecto, por un lado, el derecho a interpretación consagrado en el artículo 2 de la Directiva 2010/64 tiene por objeto la traducción por un intérprete de las comunicaciones orales entre el sospechoso o acusado y los servicios de investigación, las autoridades judiciales o, en su caso, su abogado, pero no la traducción escrita de todo documento escrito aportado por dicho sospechoso o acusado. Así pues, el referido artículo garantiza a una persona la asistencia gratuita de un intérprete si formula ella misma de modo oral una oposición contra la orden penal de la que es destinataria ante la secretaría del órgano jurisdiccional nacional competente, para que ésta levante acta de dicha oposición, o si formula oposición por escrito, la asistencia de un abogado, el cual se encargará de redactar el documento correspondiente en la lengua del procedimiento. Por el contrario, exigir a los Estados miembros que, además de permitir que las personas afectadas sean informadas, plenamente y en su idioma, de los hechos que se les imputan y presenten su propia versión de los hechos, se ocupen sistemáticamente de la traducción de todo recurso interpuesto por dichas personas contra una resolución judicial de la que sean destinatarias, iría más allá de los objetivos perseguidos por la propia Directiva 2010/64.

Por otro lado, el derecho a la traducción de determinados documentos esenciales consagrado en el artículo 3, apartados 1 y 2 de la Directiva 2010/64, se refiere únicamente, en principio, a la traducción escrita en una lengua que la persona afectada entienda de determinados documentos redactados por las autoridades competentes en la lengua del procedimiento. En principio, no incluye la traducción escrita en la lengua de procedimiento de un documento como la oposición formulada contra una orden penal.

Sin embargo, toda vez que el artículo 3, apartado 3, de la referida Directiva permite a las autoridades competentes decidir caso por caso si cualquier otro documento, distinto de aquellos mencionados en el artículo 3, apartados 1 y 2, de esta Directiva, resulta esencial, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la oposición formulada por escrito contra una orden penal debe considerarse un documento esencial cuya traducción es necesaria, tomando en consideración, en particular, las características del procedimiento aplicable a la orden penal y del asunto de que conoce. A este respecto, resulta pertinente el hecho de que esta oposición, que puede presentarse por escrito o de modo oral directamente ante la secretaría del órgano jurisdiccional competente, no está sometida a la obligación de motivación, debe interponerse dentro de un plazo particularmente corto de dos semanas a partir de la notificación de la referida orden, no requiere la intervención obligatoria de un abogado y está redactada por la persona afectada en un idioma que domina pero que no es la lengua de procedimiento.

(véanse los apartados 38, 40 a 44, 47 y 49 a 51 y el punto 1 del fallo)