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1. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas carentes de carácter distintivo - Examen en el caso de una marca compleja - Necesidad de examinar cada uno de los elementos independientemente de su importancia relativa

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

2. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas carentes de carácter distintivo - Acrónimo figurativo «BioID»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

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1. La falta de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, de una marca compleja, es decir, una marca compuesta de varios elementos, no puede determinarse en función de la importancia relativa de algunos de los elementos que la forman respecto a la de otros elementos de dicha marca desprovistos de carácter distintivo. En efecto, una marca compleja no entra en el ámbito de aplicación de dicha disposición cuando uno solo de los elementos que la forman es distintivo en relación con los productos o servicios de que se trata. Puede darse ese caso, aun cuando el único elemento distintivo de la marca compleja no sea dominante respecto a los demás elementos que forman dicha marca.

Es preciso, por tanto, apreciar el carácter distintivo de una marca compleja a la luz de todos los elementos que la componen.

( véase el apartado 36 )

2. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, se deniega el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Respecto al registro de la marca figurativa con el acrónimo «BioID», solicitado para determinados productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 del Arreglo de Niza, entre los que se hallan en especial productos de uso obligado para la identificación biométrica de seres vivos y servicios que se efectúan por medio de dicha identificación, ese acrónimo carece de carácter distintivo en la medida en que está formado por una combinación de elementos cada uno de los cuales carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de que se trata, ya que pueden utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos productos y servicios.

( véanse los apartados 22, 30, 31 y 41 )
Cuando el puesto de trabajo que debe proveerse es de grado A 1 o A 2, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone, en particular, de una amplia facultad de apreciación para comparar los méritos de los candidatos para el citado puesto de trabajo. No obstante, el ejercicio de esta amplia facultad de apreciación requiere un examen en profundidad de los expedientes de candidatura y una atenta observación de las exigencias establecidas en la convocatoria para proveer plaza vacante, de forma que la referida autoridad se halla obligada a excluir a cualquier candidato que no cumpla tales exigencias. En efecto, la convocatoria para proveer plaza vacante constituye un marco normativo que se dicta a sí misma la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y que ésta debe respetar escrupulosamente.

Con el fin de controlar si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha sobrepasado los límites de la convocatoria para proveer plaza vacante y ha actuado de esta forma tan sólo en interés del servicio con arreglo al artículo 7 del Estatuto, incumbe al Tribunal de Primera Instancia comenzar por conocer los requisitos exigidos para la provisión del puesto de trabajo vacante, y después comprobar si el candidato elegido por la referida autoridad para ocupar el citado puesto de trabajo cumplía efectivamente tales requisitos.

Un examen de esta índole no implica que el Tribunal de Primera Instancia sustituya la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre las cualidades respectivas de los candidatos por la suya propia. El Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las consideraciones que hayan podido guiar a la administración en su apreciación, ésta se ha movido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido sus facultades de una forma manifiestamente errónea. Sólo puede cuestionarse la apreciación de la referida autoridad facultada para proceder a los nombramientos en caso de error manifiesto.

(véanse los apartados 50 a 53)

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991), apartados 15, 16 y 17; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión (T-20/89, Rec. p. II-769), apartado 29; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, Rec. p. II-665), apartado 81; Tribunal de Primera Instancia, 19 de marzo de 1997, Giannini/Comisión (T-21/96, RecFP pp. I-A-69 y II-211), apartados 19 y 20; Tribunal de Primera Instancia, 12 de mayo de 1998, Wenk/Comisión (T-159/96, RecFP pp. I-A-193 y II-593), apartados 63 y 64; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1999, Forvass/Comisión (T-203/97, RecFP pp. I-A-129 y II-705), apartado 45; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1999, Cendrowicz/Comisión (T-143/98, RecFP pp. I-A-273 y II-1341) apartados 39 y 40; Tribunal de Primera Instancia, 20 de julio de 2001, Brumter/Comisión (T-351/99, RecFP pp. I-A-165 y II-757), apartados 71 y 72; Tribunal de Primera Instancia, 20 de septiembre de 2001, Coget y otros/Tribunalde Cuentas( T-95/01, RecFP pp. I-A-191 y II-879), apartado 113
Desde el punto de vista de los principios de la función pública comunitaria, cada institución tiene la facultad de atribuir, dentro de los límites estatutarios, a un agente funciones inferiores a las que ejercía anteriormente. A este respecto, el interés personal del funcionario en que su carrera evolucione no puede legítimamente primar sobre el interés del servicio definido por la institución, en particular en el contexto de una reorganización.

En el ámbito de una reorganización de los servicios, una decisión de asignación de nuevo destino a un funcionario, que se limita a cambiarle de destino conservando su plaza y a no mantenerle en sus funciones anteriores, afecta únicamente a la situación administrativa de dicho funcionario. Al no tratarse de un nombramiento para un puesto vacante, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no tiene que efectuar ninguna elección comparativa entre varios candidatos. Por consiguiente, no tiene obligación de consultar el informe de calificación del interesado para realizar una eventual comparación con los informes de otros funcionarios.

(véase el apartado 62)
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Corus añade que, Dalmine, a la que se concedió una reducción del 20 % del importe de su multa, informó simplemente a la Comisión de que no negaba la veracidad de los hechos, sin reconocer no obstante haber participado en una infracción. El alcance de su cooperación no supera por tanto a la de Corus. A juicio de Corus, la desigualdad de trato sufrida por ella, que la Comisión no justifica en su escrito de contestación, es por tanto manifiesta. Dalmine cooperó menos incluso que Corus, en particular en la medida en que inicialmente se negó a trasmitir a la Comisión parte de la información que se le solicitaba e invocó seguidamente el derecho a no declarar contra sí misma para justificar su negativa a responder a determinadas preguntas, tanto en su respuesta al PC como en el recurso, declarado manifiestamente inadmisible, que interpuso contra la decisión que la Comisión adoptó en su contra en base al artículo 11, apartado 5, del Reglamento n° 17. Además, según Corus, Dalmine cuestionó tanto la legalidad de las decisiones en las que la Comisión se basó para realizar las inspecciones en diciembre de 1994 como la posibilidad de que la Comisión utilizara los documentos que obtuvo durante las mismas (considerando 118 de la Decisión impugnada).
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Agricultura - Organización común de mercados - Plátanos - Régimen de importaciones - Implantación de un régimen de certificados de exportación que afecta únicamente a los operadores de las categorías A y C - Violación insuficientemente caracterizada del principio de no discriminación - Responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Inexistencia

[Art. 288 CE; Reglamento (CE) nº 478/95 de la Comisión; Decisión 94/800/CE del Consejo]

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$$El establecimiento del régimen de certificados de exportación de plátanos mediante la Decisión 94/800, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), y el Reglamento nº 478/95, por el que se establecen disposiciones complementarias de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo que se refiere al régimen del contingente arancelario para la importación de plátanos en la Comunidad y por el que se modifica el Reglamento nº 1442/93, no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. En efecto, si bien debe considerarse demostrada la existencia de una violación de una norma jurídica, puesto que el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo (C-122/95), la ilegalidad del artículo 1, apartado 1, primer guión, de la Decisión 94/800, mediante el cual el Consejo aprobó la celebración del Acuerdo marco, en la medida en que éste exime a los operadores de la categoría B del régimen de certificados de exportación en él establecido, y, en la sentencia de 10 de marzo de 1998, T. Port (asuntos acumulados C-364/95 y C-365/95), la invalidez del artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 478/95, y aun cuando, en las dos sentencias citadas, el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones controvertidas habían sido adoptadas vulnerando el principio de no discriminación, que es un principio general de Derecho comunitario destinado a proteger a los particulares, el Consejo y la Comisión, al adoptar dichas disposiciones, no vulneraron, manifiesta y gravemente, los límites impuestos a su facultad de apreciación, habida cuenta de la dimensión internacional y de las complejas apreciaciones económicas que requiere el establecimiento o modificación del régimen comunitario de importación de plátanos, y, por consiguiente, el principio de no discriminación no ha sido violado de manera suficientemente caracterizada en el presente asunto.

( véanse los apartados 72 a 75 y 81 )
Una vez acreditada la realidad de los hechos que se imputan al funcionario, la elección de la sanción apropiada corresponde a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, y el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de dicha autoridad por la suya propia, salvo en caso de error manifiesto o de desviación de poder. Dado que los artículos 86 a 89 del Estatuto no establecen relaciones fijas entre las sanciones disciplinarias que se indican y las diferentes clases de incumplimientos y que no precisan en qué medida la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes debe afectar a la elección de la sanción, la determinación de ésta ha de basarse en una evaluación global por parte de dicha autoridad de todos los hechos concretos y de las circunstancias propias de cada caso individual.

No queda excluido que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, a los efectos de determinar la gravedad de los incumplimientos que se imputan a un funcionario, pueda verse obligada a apreciar la incidencia en el rendimiento de este último, en particular, en el supuesto de que el comportamiento que se le reprocha consista en el ejercicio de actividades ajenas al servicio no autorizadas. No obstante, cuando durante la audiencia previa prevista en el artículo 87 del Estatuto se haya informado varias veces al funcionario de que el procedimiento disciplinario se refiere únicamente a sus supuestas actividades ajenas al servicio no autorizadas y no a su comportamiento en el servicio o a su rendimiento, cualquier apreciación relativa al rendimiento del interesado, incluida la dirigida a examinar la incidencia de sus actividades ajenas en el ejercicio de sus funciones al servicio de la institución, necesariamente queda fuera del objeto del procedimiento disciplinario de que se trata.

(véanse los apartados 72 a 74)

Referencia: 5 de febrero de 1987, F./Comisión, antes citada; Williams/Tribunal de Cuentas, antes citada; Onidi/Comisión, antes citada
El artículo 85 del Estatuto — a tenor del cual todas las cantidades percibidas en exceso darán lugar a su devolución, en particular si la irregularidad del pago fuera tan evidente que el beneficiario no hubiera podido dejar de advertirla- debe interpretarse en el sentido de que el interesado está obligado a la devolución cuando la irregularidad de que se trata no hubiera podido pasar inadvertida a un funcionario normalmente diligente. Sobre este particular, los datos tomados en consideración son el nivel de responsabilidad del funcionario, su grado y su antigüedad, así como el nivel de claridad de las disposiciones estatutarias que establecen los requisitos para la concesión de la indemnización. Además, cuando se devuelvan unas cantidades cuyo abono pueda verse modificado en función de los datos que únicamente el funcionario puede comunicar a la Administración, debe tenerse en cuenta asimismo la importancia de las modificaciones producidas en la situación familiar o personal del funcionario.

(véase el apartado 51)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Kschwendt/Comisión (T-545/93, RecFP pp. I-A-185 y II-565), apartados 103 y 104; Tribunal de Primera Instancia, 5 de junio de 1996, Maslias/Parlamento (T-92/94, RecFP pp. I-A-249 y II-713), apartados 60 y 61; Tribunal de Primera Instancia, 17 de enero de 2001, Kraus/Comisión (T-14/99, RecFP pp. I-A-7 y II-39), apartado 38
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1. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto - Sintagma «New Born Baby»

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Falta de carácter distintivo del signo - Signo que no tiene carácter descriptivo - Insuficiencia de la afirmación de la falta de todo carácter imaginativo para negar el carácter distintivo del signo

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 7, ap. 1, letras b) y c)]

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1. En relación con el registro como marca comunitaria del sintagma «New Born Baby», solicitado para los productos «muñecas para jugar y accesorios de juguete para muñecas», éste no designa ni la calidad, ni el destino, ni ninguna otra característica de dichos productos.

Por una parte, en efecto, por lo que respecta a las muñecas para jugar, aun suponiendo que el signo «New Born Baby» pueda considerarse descriptivo de lo que representan dichas muñecas, tal consideración no basta, en principio, para acreditar que el signo de que se trata es descriptivo de las propias muñecas. Sólo lo sería en la medida en que el público al que se dirige el producto, a saber, los compradores de juguetes, al decidir comprarlo, asimile ese juguete con lo que representa. Por otra, por lo que respecta a los accesorios de juguete para muñecas, éstos no representan a recién nacidos, sino otros objetos. Además, el signo controvertido no contiene tampoco una indicación descriptiva del destino de los productos de que se trata, dada la inexistencia de un vínculo directo y concreto entre el signo y dichos productos para el público al que éstos se dirige.

Por consiguiente, no puede denegarse el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

( véanse los apartados 24 a 33 )

2. En la medida en que un signo cuyo registro se solicita se haya considerado descriptivo, la falta de carácter distintivo no puede resultar únicamente de que una Sala de Recurso haya señalado que el mismo carece de «todo carácter imaginativo».

( véanse los apartados 39 y 41 )
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1. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas carentes de carácter distintivo - Vocablo «electronica»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

2. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto - Vocablo «electronica»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

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1. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Tratándose, en este caso, del registro solicitado para catálogos y organización de ferias especializadas en componentes y módulos electrónicos del vocablo «electronica», éste no es susceptible de constituir una marca comunitaria, teniendo en cuenta que está desprovisto de carácter distintivo. El vocablo «electronica» es casi idéntico a la palabra «electrónica» en español y en portugués. Pues bien, es patente que la ausencia de tilde sobre la «o» del vocablo «electronica» no constituye una característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos y servicios de la demandante de los de otras empresas.

( véanse los apartados 36 a 38 )

2. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características de éste». En el caso de autos, se refiere al registro solicitado para catálogos y organización de ferias especializadas en componentes y módulos electrónicos del vocablo «electronica», éste no es susceptible de constituir una marca comunitaria, teniendo en cuenta que, al menos en español y portugués, describe una característica esencial de los productos y servicios considerados, permitiendo designar los propios productos y servicios, y no su vínculo con la empresa que los fabrica o que los suministra. De este modo, la marca no contiene elementos que permitan diferenciarla de su significado como propia descripción de los productos y servicios designados.

( véanse los apartados 41, 42 y 44 )
De acuerdo con el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, para conceder la indemnización por expatriación se requiere que el funcionario no haya residido ni ejercido su actividad profesional principal de forma habitual en el país del lugar de destino durante el período de cinco años que finalice seis meses antes de su entrada al servicio de las Comunidades. No se tienen en cuenta las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado miembro o a una organización internacional.

Dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que, si la entrada en servicio del funcionario en una institución comunitaria va precedida de un período de actividad profesional que no debe tomarse en consideración porque se desempeñó en una organización internacional, el período de referencia se corresponde con los cinco años inmediatamente anteriores al comienzo del período no considerado y no con los cinco años que finalizan seis meses antes de dicho período.

En efecto, el plazo de seis meses previsto por la citada disposición debe ser interpretado a la luz de su finalidad, que es evitar que los funcionarios que, de forma habitual y durante prácticamente la totalidad del período de referencia, hayan residido o ejercido su actividad profesional principal en el país del lugar de destino deseado, modifiquen su residencia habitual o el lugar de ejercicio de su actividad profesional principal poco antes de que se produzca su entrada en el servicio.

Cuando, antes de la entrada en servicio del funcionario, se produzca un período que no pueda ser tomado en cuenta para la aplicación de la disposición mencionada, el riesgo que acaba de definirse no existe y el plazo de seis meses es absorbido por dicho período si su duración sobrepasa los seis meses anteriores a la entrada en funciones.

(véanse los apartados 36, 39 y 42 a 44)

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento (188/83, Rec. p. 3465), apartado 8; Tribunal de Justicia, 10 octubre 1989, Atala-Palmerini/Comisión (201/88, Rec. p. 3109), apartados 3 y 6; Tribunal de Primera Instancia, 14 de diciembre de 1995, Diamantaras/Comisión (T-72/94, RecFP pp. I-A-285 y II-865), apartado 50
Si bien una parte puede ejercitar una acción de responsabilidad sin verse obligada por ninguna norma a pretender la anulación del acto contrario a Derecho que le causa perjuicios, no puede sin embargo soslayar de este modo la inadmisibilidad de una acción en la que se impugnara la misma ilegalidad y que pretendiera conseguir los mismos fines pecuniarios. En particular, un funcionario que no ha impugnado los actos supuestamente lesivos interponiendo dentro de plazo un recurso de anulación, no puede subsanar esta omisión y obtener nuevos plazos de recurso mediante una pretensión de indemnización.

(véase el apartado 38)

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1966, Schreckenberg/Comisión (59/65, Rec. pp. 785 y ss., especialmente p. 797); Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 46; Tribunal de Primera Instancia, 28 de mayo de 1997, Burban/Parlamento (T-59/96, RecFP pp. I-A-109 y II-331), apartados 26 y 27
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Recurso de anulación - Actos recurribles - Negativa del Consejo a adoptar una propuesta de Reglamento por el que se imponen derechos antidumping definitivos - Exclusión

[Art. 173 del Tratado CE (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

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$$Tanto del sistema del Tratado como del Reglamento antidumping de base nº 384/96, se desprende que el Consejo no tiene la obligación de adoptar una propuesta de Reglamento presentada por la Comisión estableciendo derechos antidumping definitivos.

Cuando el Consejo no adopta un reglamento por el que se establecen derechos antidumping definitivos porque la votación efectuada en su seno no haya permitido conseguir una mayoría simple a favor de la propuesta presentada, esta negativa no puede ser objeto de un recurso de anulación. Por una parte, el Consejo no ha adoptado disposición alguna susceptible de recurso. Por otra, la simple constatación de que, al término de la votación, no se haya alcanzado la mayoría necesaria para la adopción de una propuesta de Reglamento antidumping, no constituye, en sí misma, un acto impugnable en el sentido del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación).

( véanse los apartados 52, 53 y 56 a 58 )