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Sobre este particular, el Tribunal General, en cuanto a la delimitación de las respectivas competencias del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública, declaró lo siguiente en los apartados 47 a 53 de la sentencia Missir Mamachi di Lusignano/Comisión (T‑401/11 P, EU:T:2014:625): «47 En el estado actual del Derecho de la Unión, dicha delimitación gira en torno al estatuto personal del demandante y al origen del litigio, conforme a reiterada jurisprudencia según la cual un litigio entre un funcionario y la institución de la que depende o dependía está comprendido, cuando tiene su origen en la relación de servicio que vincula o vinculaba al interesado con la institución, en el marco del artículo 270 TFUE (antiguo artículo 236 CE) y de los artículos 90 y 91 del Estatuto [de los Funcionarios] y se sitúa, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de los artículos 268 TFUE (antiguo artículo 235 CE) y 340 TFUE (antiguo artículo 288 CE), que establecen el régimen general en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión (sentencias Meyer-Burckhardt/Comisión, 9/75, EU:C:1975:131, apartado 7; Reinarz/Comisión y Consejo, 48/76, EU:C:1977:30, apartado 10, y Allo y otros/Comisión, 176/83, EU:C:1985:290, apartado 18; auto Pomar/Comisión, 317/85, EU:C:1987:267, apartado 7; sentencia Polinsky/Tribunal de Justicia, T‑1/02, EU:T:2004:298, apartado 47). 48 Siendo ello así, la jurisprudencia citada no permite determinar si el órgano ante el que las personas cercanas [al funcionario fallecido] deberían haber presentado su solicitud de indemnización del daño personal, tanto material como moral, que estiman haber sufrido es el Tribunal General o el Tribunal de la Función Pública. Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, en efecto, esta jurisprudencia sólo se refiere de forma específica al caso de un litigio i) entre un funcionario o un antiguo funcionario y la institución de la que depende o dependía y ii) que tiene su origen en la relación de servicio que les vincula o vinculaba, por lo que dicha jurisprudencia sólo puede extrapolarse parcialmente al caso de un litigio que —si bien es cierto que tiene su origen en la relación de servicio— no enfrenta a un funcionario o un antiguo funcionario, sino a un tercero cercano, miembro de la familia de éste o subrogado en sus derechos, a la institución de la que depende o dependía el funcionario. 49 Si dicho tercero se subroga en los derechos del funcionario o antiguo funcionario de que se trate, y actúa por tanto en su condición de derechohabiente de éste, reclamando en tal condición, en beneficio de la masa hereditaria, la reparación de un perjuicio que fue causado al propio funcionario, entonces procede dicha extrapolación, ya que el litigio sigue siendo, sin perjuicio de la atribución sucesoria producida, un litigio entre un funcionario y la institución de la que dependía, y tiene su origen en la relación de servicio que les vinculaba. 50 En el caso de autos, esta consideración se aplica en lo que respecta al segundo aspecto del perjuicio reclamado por el demandante, tal y como ha sido citado en el apartado 20 supra, es decir, al perjuicio moral ex haerede sufrido por [el funcionario fallecido] entre el momento de su agresión y el de su fallecimiento. A este respecto, el Tribunal de la Función Pública señaló acertadamente, en la última frase del apartado 116 de la sentencia recurrida, que la jurisprudencia citada en el apartado 47 supra era extrapolable a un litigio que enfrente a los derechohabientes de un funcionario fallecido o su representante legal con la institución de la que dependía dicho funcionario. 51 Por el contrario, si dicho tercero actúa con vistas a obtener reparación de un perjuicio que le es propio, ya se trate de un perjuicio material o moral, la extrapolación de la jurisprudencia en cuestión no puede justificarse ni por el contenido de ésta ni por las consideraciones de principio que inspiraron dicha jurisprudencia. Incluso si se admitiera que dicho litigio tiene su origen en la relación de servicio entre el funcionario de que se trate y la institución, la condición subjetiva personal, vinculada al estatuto de funcionario titular de los derechos en cuestión, faltaría en todo caso y el Tribunal de la Función Pública es, por tanto, en principio, incompetente ratione personae para conocer del asunto con arreglo al artículo 270 TFUE y a los artículos 90 y 91 del Estatuto. 52 Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la sentencia [Comisión/Petrilli (T‑143/09 P, EU:T:2010:531)] confirma este análisis y expone su razón de ser. En el apartado 46 de dicha sentencia, el Tribunal [General] consideró que el procedimiento contencioso en el ámbito de la función pública con arreglo al artículo 236 CE (actualmente artículo 270 TFUE) y a los artículos 90 y 91 del Estatuto, incluido el procedimiento tendente a la reparación de un daño causado a un funcionario o a un agente, obedece a reglas particulares y especiales con respecto a aquellas que resultan de los principios generales que regulan la responsabilidad extracontractual de la Unión en el marco del artículo 235 CE (actualmente artículo 268 TFUE) y del artículo 288 CE (actualmente artículo 340 TFUE). Según el Tribunal [General], en efecto, cuando actúa como empleador, la Unión está sometida a una mayor responsabilidad que se manifiesta en la obligación de reparar los daños causados a su personal como consecuencia de cualquier ilegalidad cometida en dicha condición, mientras que, conforme al régimen general, sólo está obligada a reparar los daños causados por una violación “suficientemente caracterizada” de una norma jurídica (jurisprudencia reiterada a partir de la sentencia [Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, EU:C:2000:361]). 53 Ahora bien, estas consideraciones relativas al régimen particular y especial de la mayor responsabilidad de la Unión con respecto a su personal, justificada en particular por la relación de servicio, con sus derechos y obligaciones específicos, tales como el deber de asistencia y protección, y por la relación de confianza que debe existir entre las instituciones y sus funcionarios, en el interés general, no se dan precisamente en el caso de los terceros que no son funcionarios. Incluso cuando se trata de miembros de la familia cercana de un funcionario, y sin perjuicio de las prestaciones sociales como las previstas en el artículo 76 del Estatuto [de los Funcionarios], la jurisprudencia no reconoce la existencia de un deber de asistencia y protección de las instituciones hacia éstos (sentencia [Leussink-Brummelhuis/Comisión, 169/83 y 136/84, EU:C:1986:371], apartados 21 a 23).»