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El artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional que establece requisitos procesales específicos, como los controvertidos en el litigio principal, para las demandas interpuestas por los consumidores que hayan celebrado contratos de préstamo denominados en moneda extranjera que contengan una cláusula que estipule una diferencia entre el tipo de cambio aplicable al desembolso del préstamo y el aplicable a su amortización y/o una cláusula que estipule una opción de modificación unilateral que permita al prestamista aumentar los intereses y los gastos, siempre que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en tal contrato permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dichas cláusulas abusivas.

Aunque el Tribunal de Justicia ya ha enmarcado de este modo, en distintas circunstancias y teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que otorga esta Directiva a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, y que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela judicial efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de abril de 2016, Sales Sinués y Drame Ba, C‑381/14 y C‑385/14, EU:C:2016:252, apartado 32 y jurisprudencia citada).

(véanse los apartados 35 y 55 y el punto 1 del fallo)
El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a que se apliquen a los miembros del Tribunal de Contas (Tribunal de Cuentas, Portugal) medidas generales de reducción salarial como las controvertidas en el litigio principal, vinculadas a exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo y a un programa de ayuda financiera de la Unión Europea.

Las referidas medidas preveían una reducción limitada del importe de las retribuciones, en aplicación de un tanto por ciento variable en función del nivel de las propias retribuciones. Las medidas no se aplicaron únicamente a los miembros del Tribunal de Contas, sino, con mayor amplitud, a una serie de cargos públicos y de personas que ejercen funciones en el sector público, incluidos representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello, no puede considerarse que tales medidas hayan sido adoptadas específicamente en relación con los miembros del Tribunal de Contas, sino que constituyen, por el contrario, medidas generales destinadas a lograr que un conjunto de miembros de la función pública nacional contribuya al esfuerzo de austeridad que imponen las exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo del Estado portugués. Por último, tal como resulta de la denominación de la Ley n.o 75/2014 y de los propios términos de su artículo 1, apartado 1, las medidas de reducción salarial establecidas por esa misma Ley, que entraron en vigor el1 de octubre de 2014, tenían carácter temporal. En tales circunstancias, no se puede considerar que las medidas de reducción salarial controvertidas en el litigio principal menoscaben la independencia de los miembros del Tribunal de Contas.

(véanse los apartados 47 a 52 y el fallo)
Asunto C‑529/16

Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

contra

Hauptzollamt München

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München)

«Procedimiento prejudicial — Arancel aduanero común — Código aduanero — Artículo 29 — Determinación del valor en aduana — Operaciones transfronterizas entre sociedades vinculadas — Acuerdo previo sobre precios de transferencia — Precio de transferencia pactado que se compone de un importe inicialmente facturado y de una corrección a tanto alzado tras concluir el período de facturación»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de diciembre de 2017

Unión aduanera — Arancel aduanero común — Valor en aduana — Valor de transacción — Determinación — Valor de transacción pactado que se compone de un importe inicialmente facturado y de una corrección a tanto alzado tras concluir el período de facturación — Exclusión

[Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, arts. 28 a 31]

Los artículos 28 a 31 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, deben interpretarse en el sentido de que no permiten aceptar como valor en aduana un valor de transacción pactado que se compone, por una parte, de un importe inicialmente facturado y declarado y, por otra, de un ajuste a tanto alzado efectuado tras concluir el período de facturación, sin que sea posible saber si, al final del período de facturación, tal ajuste se efectuará al alza o a la baja.

(véanse el apartado 35 y el fallo)
De la lectura conjunta de los artículos 39 TFUE y 40 TFUE, los considerandos 65 y 77 del Reglamento n.o 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), y el artículo 164, apartado 3, letra b), de este Reglamento se deduce que el objetivo principal que se persigue con la concesión, en su caso, de restituciones a la exportación es estabilizar el mercado interior. A este respecto, el artículo 162 del Reglamento n.o 1234/2007 confiere a la Comisión un margen discrecional para decidir si establece o no restituciones a la exportación y, por tanto, para decidir si suprime o no una restitución ya instaurada.

(véanse los apartados 49 y 50)
El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, como la controvertida en el litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en condiciones análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con carácter principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada íntegra de trabajo no tiene una duración medida o establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio trabajador, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 49 y el fallo)
Asunto C‑519/16

Superfoz — Supermercados Lda

contra

Fazenda Pública

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra)

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Reglamento (CE) n.o 882/2004 — Controles oficiales de piensos y alimentos — Financiación de los controles oficiales — Artículos 26 y 27 — Imposición general — Tasas o gravámenes — Tasa sobre los establecimientos comerciales de alimentación»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de julio de 2017

Aproximación de las legislaciones — Controles oficiales de piensos y alimentos — Financiación — Tasas adeudadas por la realización de controles oficiales — Tasa sobre los establecimientos comerciales de alimentación — Producto de la tasa que no se destina a financiar de modo específico los controles oficiales que se efectúen a causa o en beneficio de los sujetos pasivos — Procedencia

[Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 26 y 27]

Los artículos 26 y 27 del Reglamento n.o 882/2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, en su versión modificada por el Reglamento n.o 652/2014, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la imposición de una tasa, como la que es objeto del litigio principal, que grava únicamente a los establecimientos de comercio minorista de alimentación y cuyo producto no se destina a financiar de modo específico los controles oficiales que se efectúen a causa o en beneficio de esos sujetos pasivos.

(véanse el apartado 43 y el fallo)
El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, que afirma que la publicación de información inexacta sobre ella en Internet y la no supresión de comentarios que la afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad, puede presentar una demanda al objeto de obtener la rectificación de dicha información, la supresión de esos comentarios y la reparación de la totalidad del perjuicio sufrido ante los tribunales del Estado miembro en que se halla su centro de intereses.

Cuando la persona jurídica ejerce la mayor parte de sus actividades en un Estado miembro distinto del de su domicilio, esta persona jurídica puede, basándose en el lugar en que se ha materializado el daño, demandar en ese otro Estado miembro al presunto autor de la lesión. En lo que atañe a una persona jurídica que desarrolla una actividad económica, como la sociedad demandante en el litigio principal, su centro de intereses debe corresponder al lugar en que su reputación comercial es mayor, y, por lo tanto, debe determinarse en función del lugar en el que ejerce la parte esencial de su actividad económica. Aunque el centro de intereses de una persona jurídica puede coincidir con el lugar de su domicilio cuando ejerce la totalidad de sus actividades o una parte esencial de éstas en el Estado miembro en que está situado dicho domicilio y, en consecuencia, la reputación de que goza allí es más importante que en cualquier otro Estado miembro, la ubicación del domicilio no constituye en sí misma un criterio decisivo en el marco de tal análisis.

También debe precisarse que, en el supuesto de que de los elementos que el tribunal debe analizar en la fase de examen de su competencia no se desprenda que la actividad económica de la persona jurídica de que se trate sea preponderante en un Estado miembro, de modo que no sea posible identificar el centro de intereses de la persona jurídica que afirma ser víctima de una vulneración de sus derechos de la personalidad, esta persona jurídica no podrá tener derecho a presentar una demanda con arreglo al artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 contra el presunto autor de la vulneración a efectos de obtener una indemnización íntegra sobre la base del lugar de producción del daño.

(véanse los apartados 41, 43 y 44 y el punto 1 del fallo)
La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos.

(véanse el apartado 42 y el fallo)
El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno no puede ser considerado como un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia cuando el recurso de casación interpuesto contra una decisión de dicho órgano jurisdiccional no ha sido examinado a causa del desistimiento de la parte recurrente.

Tal como ha subrayado en diversas ocasiones el Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia constituye por definición el último órgano ante el cual los particulares pueden alegar los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico de la Unión. Los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia se encargan, en el plano nacional, de la interpretación uniforme de las normas jurídicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler,C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 34, y de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo,C‑173/03, EU:C:2006:391, apartado 31).

De ello resulta que no cabe considerar que el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo del contencioso de extranjería) sea un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia, en la medida en que sus resoluciones pueden ser objeto de control por una instancia superior ante la cual los particulares pueden alegar los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico de la Unión. En consecuencia, sus resoluciones no emanan de un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero.

La circunstancia de que, en virtud de las disposiciones del artículo 18 del Real Decreto de 30 de noviembre de 2006 por el que se establece el procedimiento de casación ante el Consejo de Estado, se presuma iuris et de iure que un recurrente que haya interpuesto un recurso de casación contra una resolución del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo del contencioso de extranjería) ha desistido de la instancia cuando no ha solicitado la continuación del procedimiento en un plazo de treinta días a partir del día en que se le haya notificado el informe del magistrado instructor que dictamine que el recurso es inadmisible o infundado no altera en modo alguno el hecho de que las resoluciones del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo del contencioso de extranjería) pueden ser impugnadas ante una instancia superior y, por tanto, emanan de un órgano jurisdiccional que no resuelve en última instancia.

(véanse los apartados 34 y 36 a 38 y el punto 1 del fallo)
33

En primer término, debe señalarse que el Banco Santander y el Gobierno español no pueden invocar la inaplicabilidad de la Directiva 93/13 basándose en su artículo 1, apartado 2. En efecto, en el presente caso, no se plantea ante el órgano jurisdiccional remitente la cuestión del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3 de esta Directiva, de una cláusula del contrato de préstamo hipotecario sometido a su examen, sino que éste expone sus dudas acerca del efecto que sobre el carácter efectivo de la protección concedida por la Directiva 93/13 a los consumidores tienen tanto el procedimiento simplificado de ejecución extrajudicial previsto en el artículo 129 de la LH, al que se remite dicha cláusula contractual, como el procedimiento tendente a la entrega del bien previsto en el artículo 41 de la LH y en el artículo 250 de la LEC, habida cuenta de la circunstancia de que el consumidor no está facultado, en el marco de este procedimiento, para hacer valer eficazmente la existencia de una cláusula abusiva en el contrato en cuestión.
6

El artículo 13, apartado 1, del decreto legislativo n.o 471 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.o 662 [Decreto Legislativo n.o 471, relativo a la reforma de las sanciones tributarias no penales en materia de impuestos directos, de impuesto sobre el valor añadido y de recaudación tributaria, de conformidad con el artículo 3, párrafo 133, letra q), de la Ley n.o 662, de 23 de diciembre de 1996], de 18 de diciembre de 1997 (suplemento ordinario de la GURI n.o 5, de 8 de enero de 1998), en su versión vigente en la fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 471/97»), tenía la siguiente redacción: «El que elude, total o parcialmente, en los plazos reglamentarios, los pagos a cuenta, periódicos, de cantidades pendientes o a saldo del impuesto resultantes de la declaración, previa deducción, en estos casos, de los importes de los pagos periódicos o a cuenta, aunque no hayan sido efectuados, estará sujeto a una sanción administrativa por un importe igual al 30 % de cada suma no abonada, incluso cuando, tras la corrección de los errores materiales o de cálculo detectados durante la comprobación de la declaración anual, resulte que la cuantía adeudada es mayor o que la deducción aplicable es inferior. […]»
4

El artículo 1 de la Segunda Directiva dispone: «1. El seguro contemplado en el apartado 1 del artículo 3 de la [Primera Directiva] cubrirá obligatoriamente los daños materiales y los daños corporales. […] 4. Cada Estado miembro creará o autorizará un organismo que tendrá por misión reparar, al menos hasta los límites de la obligación del aseguramiento, los daños materiales o corporales causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento mencionada en el apartado 1. Dicha disposición no obstará al derecho de los Estados miembros de dar o no a la intervención de dicho organismo un carácter subsidiario, así como al de reglamentar los recursos entre dicho organismo y el o los responsables del siniestro y de otros aseguradores u organismos de seguridad social obligados a indemnizar a la víctima por el mismo siniestro. No obstante, los Estados miembros no podrán autorizar al mencionado organismo a condicionar el pago de la indemnización a la demostración por parte de la víctima, sea cual fuere la forma, de que la persona responsable no puede pagar o se niega a hacerlo. […]»
24

El órgano jurisdiccional remitente señala que la interesada ha demostrado que cotizó durante la totalidad de los seis años anteriores a la extinción de su relación laboral y que las cotizaciones, de carácter mensual, se calcularon basándose en el salario que se percibe por un mes completo (es decir, por 30 o 31 días), y no por horas o días trabajados. Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional indica que, en el caso de un trabajador a tiempo parcial vertical como la demandante, la normativa nacional controvertida en el litigio principal permite tener en cuenta únicamente los días trabajados, y no todo el período de seis años de cotización. De este modo, señala que los días de cotización obligatoria no se toman en consideración en su totalidad para determinar la duración de la prestación por desempleo.
58

Pues bien, según Irlanda, para empezar, pese a que la tributación de los vehículos no está armonizada y los Estados miembros mantienen su libertad de acción al respecto, la Comisión intenta mediante el presente procedimiento proceder a la armonización de las bases imponibles de los impuestos de matriculación de los Estados miembros. Por otro lado, aduce que el objetivo y el efecto de la base elegida por Irlanda es que la tributación de los vehículos responda a la utilización efectiva de los mismos, por lo que es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La introducción de un método de cálculo ex ante que se basara en la utilización prevista y no en la efectiva carecería de coherencia. Añade que con la devolución con intereses, en el momento de la exportación, de la parte del impuesto de matriculación pagada en exceso se busca garantizar que el contribuyente pague exactamente el importe correcto del impuesto y no salga perjudicado económicamente por haber abonado por adelantado el importe total de la cuota. Afirma, por último, que el artículo 56 TFUE no obliga a los Estados miembros, so pretexto de que la duración del arrendamiento financiero sea la misma, a hacer tributar por el mismo importe a quienes utilicen su vehículo con intensidad y a quienes lo utilicen muy poco, y que el hecho de que sea posible en teoría sustituir el parámetro de la utilización efectiva y el estado del vehículo en el momento de la exportación por una exención aplicada por anticipado y basada en la duración de la utilización carece al respecto de relevancia, al igual que carece de ella la existencia o inexistencia en otros Estados miembros de regímenes tributarios basados en la duración de la utilización.
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En particular, del artículo 6, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.o 1367/2006 se desprende que, por lo que respecta en concreto a la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 1049/2001, el motivo de denegación deberá interpretarse de manera estricta, teniendo en cuenta el interés público que reviste la divulgación y si la información solicitada se refiere a emisiones al medio ambiente (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 83).
58

No obstante, deben distinguirse las circunstancias del asunto principal de las del asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de octubre de 2013, Sabou (C‑276/12, EU:C:2013:678). En efecto, este último asunto se refería a solicitudes de información dirigidas por la Administración tributaria de un Estado miembro a la Administración tributaria de otro Estado miembro y, en particular, al derecho del contribuyente que era objeto de una inspección fiscal en el Estado miembro requirente de participar en el procedimiento relativo a tales solicitudes. Sin embargo, no se había dirigido una solicitud de información al administrado en cuestión, contrariamente a lo que sucede con Berlioz en el asunto principal. Así, en el asunto sobre el que versaba aquella sentencia, el Tribunal de Justicia estaba llamado a pronunciarse sobre la existencia del derecho del contribuyente que era objeto de solicitudes de información entre Administraciones tributarias nacionales a ser oído en el marco de ese procedimiento, y no, como sucede en el presente asunto, sobre la existencia del derecho a la tutela judicial de un administrado del Estado miembro requerido contra una medida sancionadora impuesta a tal administrado por no atender una decisión de requerimiento adoptada frente a él por la autoridad requerida a raíz de una solicitud de información dirigida a esta autoridad por la autoridad requirente.
12

En el momento de sus despidos, ISS no concedió a los trabajadores BSA, JAH, JH y BL el plazo de preaviso ampliado en seis meses. En efecto, según ISS, los trabajadores de que se trata no tenían una antigüedad ininterrumpida de diez años al servicio del cesionario y, por tanto, no cumplían los requisitos para el reconocimiento de una ampliación de dicho plazo.