2.

Según la Comisión,.d razonamiento de las demandantes, que no impugnan la ayuda en sí misma, sino que pretenden que el reembolso en cuestión se destine a compensar las pérdidas sufridas debido a la aplicación de un régimen nacional de precios que es contrario al Derecho comunitario, y que imputan a la Comisión no haber entablado un procedimiento por incumplimiento contra la República Italiana, es jurídicamente erróneo. La Comisión alega en primer lugar que la normativa italiana en materia de fijación de precios del azúcar no es incompatible con el Derecho comunitario. Eri efecto, a su juicio, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ún régimen nacional de fijación de los precios para las fases del comercio al por mayor y/o al por menor no es en sí, contrariamente a la hipótesis de la fijación de precios en la fase de la producción, incompatible con el Derecho comunitario, incluso en los sectores agrarios regulados por Reglamentos por los que se establece una organización común de mercados para los productos de que se trata, a menos de que se pueda demostrar que este régimen nacional puede comprometer los objetivos y el funcionamiento de la organización común, en especial de su régimen de precios (citada sentencia Tasca). La Comisión añade que la sentencia Kefer (citada) no puede invocarse en apoyó de la tesis sostenida por las demandantes, sino que constituye, por el contrario, la confirmación de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, por una parte, los Estados miembros ya no pueden intervenir, mediante disposiciones nacionales, en el mecanismo de formación de los precios tal como se deduce de la organización común de mercados y, por otra parte, un Reglamento comunitario que implique un régimen de precios que se aplique a las fases de la producción y del comercio al por mayor deja intacta la facultad de los Estados miembros, sin perjuicio de otras disposiciones del Tratado, de adoptar medidas apropiadas en materia de formación de los precios en la fase del comercio al por menor y del consumo, á condición de que no pongan en peligro los objetivos o el funcionamiento de la organización común de mercados. En lo que se refiere a la Decisión impugnada por las demandantes, la Comisión mantiene que šu conformidad a Derecho se demuestra por sus motivos. Así, se deduce claramente del apartado IV. 1 de la Decisión controvertida que el elemento determinante de su motivación reside en el hecho de que el reembolso decidido constituye una ayuda de Estado que puede implicar una distorsión de la competencia en el comercio intracomunitane En efecto, en su opinion, la ayuda se concede a los comerciantes italianos que posean azúcar en existencias el 29 de octubre de 1984, mientras que sus competidores de los demás Estados miembros no pueden beneficiarse de la misma, de manera que la medida en cuestión tiene como efecto conceder a los comerciantes italianos de azúcar una ventaja con relación a sus homólogos de los demás Estados miembros. Además, este reembolso afectaría también a los intercambios de azúcar entre Italia y los demás Estados miembros que quisieran exportar a este país. Se deduce de ello necesariamente que el reembolso decidido en 1984 constituye una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE y, tal como la Comisión expuso en el apartado IV.2 de los motivos de la Decisión impugnada, las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del citado artículo 92 no son aplicables en el caso presente. Ahora bien, según la Comisión, las demandantes no expusieron el menor argumento que pudiera refutar este razonamiento de la Comisión. Se limitaron a alegar que el régimen italiano de fijación de los precios del azúcar es contrario al Derecho comunitario y que el reembolso decidido se destina a compensar los efectos de la disminución de los precios máximos. En cuanto al primer punto invocado por las demandantes, la Comisión expone que, aunque el Tribunal de Justicia considerara el régimen italiano incompatible con las exigencias del Derecho comunitario, lo que es altamente improbable, no existiría entre esta normativa nacional y la Decisión impugnada ningún vínculo que pudiera justificar la anulación de esta última, puesto que esta Decisión no se basaría en absoluto en la tesis de la Comisión según la cual la normativa italiana en materia de fijación de los precios del azúcar no es contraria al Derecho comunitario. En efecto, el preámbulo de esta Decisión se limita a aludir, a título indicativo, a la intención de la Comisión de no entablar un procedimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE contra la República Italiana, sin que esta mención sea un elemento constitutivo y jurídicamente necesario de la verdadera motivación de la Decisión. En cuanto a la segunda alegación de las demandantes, el elemento determinante de la motivación de la Decisión controvertida reside, según la Comisión, en el hecho de que el reembolso de que se trata constituye una ayuda que puede falsear la competencia e importa poco saber si el pago decidido por las autoridades italianas se destina a atenuar los efectos de las medidas nacionales que fijan los precios del azúcar. Además, a falta de esta ayuda, la resolución CIP n° 39/1984 tendría como resultado reducir los márgenes de beneficio relativos a las cantidades en existencias de los comerciantes italianos, sin que ello implicara una pérdida en cifras absolutas. Por consiguiente, la mera existencia del régimen italiano de control de los precios del azúcar carece, en su opinión, de relevancia para la calificación como «ayudas», en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE, de los reembolsos en cuestión, de manera que la cuestión de si dicho régimen es conforme al ordenamiento jurídico comunitario y, en especial, a las normas relativas a las organizaciones comunes de mercado en el sector de que se trata no tiene, a su juicio, ningún objeto. En efecto, aunque la Comisión hubiera decidido la incompatibilidad del régimen italiano de los precios del azúcar con el Derecho comunitario y hubiese emprendido contra el Estado italiano el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CEE, esta institución habría, en cualquier caso, adoptado conforme a Derecho la Decisión impugnada. Por último, la Comisión añade que la remisión, en el caso de autos, al apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE carece de todo fundamento. En efecto, a su juicio, la supuesta discriminación invocada por las demandantes existe no entre productores o categorías de productores, sino entre comerciantes que disponían, en Italia, el 30 de octubre de 1984, de azúcar en existencias y los que no la tenían. Por consiguiente, el apartado 3 dél artículo 40 no podía aplicarse al caso dé autos.