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RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2010 :98 1SENTENCIA D EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA (Sala Primera)
de 14 de septiembre de 2010
Asunto F-52/09
Delfina da Silva Pinto Branco
contra
T ribunal de J usticia de l a Un ión Europea
«Función p ública — Funcionarios — Selección — Funcionario en prácticas — Separación d el servicio 
al término d el período de prácticas — Derecho de defensa — Evaluación d e las aptitudes — 
Control jurisdiccional»
Objeto: Recurso interpuesto al amparo de los artículos 236 CE y 152 EA, me diante el cual la 
Sra. Da Silva Pinto Branco solicita, con c arácter principal, que se anule la decisión d el 
Tribunal de Justicia, de 24 de octubre de 2008 , de separarla del servicio al término d el 
período de prácticas, así como que se condene a l a institución a i ndemnizarla por el 
daño m oral que, según alega, le irr ogó la referida s eparación d el servicio.
Resultado:Se desestima el recurso. La demandante cargará c on la totalidad d e las costas.
Sumario
1. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Acto de t rámite — Medidas adoptadas 
durante el período de p rácticas de u n funcionario — Exclusión
(Estatuto de l os Funcionarios, arts. 34, 90 y 91)
2. Funcionarios — Selección — Período de p rácticas — Separación de l servicio al término de l período 
de p rácticas — Petición de se r oídos del funcionario en prácticas y de l calificador — Denegación — 
Vulneración de l principio de r espeto de l derecho de de fensa e i ncumplimiento de l deber de a sistencia y 
protección — Inexistencia
(Estatuto de l os Funcionarios, arts. 24 y 34, ap. 3)
3. Funcionarios — Selección — Período de p rácticas — Apreciación de l os resultados — Evaluación de 
las aptitudes de l funcionario en prácticas — Control jurisdiccional — Límites
(Estatuto de l os Funcionarios, art. 34)
1. Tan sólo resultan lesivos los actos o me dida s que producen efectos jurídicos obligatorios que 
puedan afectar dir ecta e i nmediatamente a l os intereses del demandante al modificar, de m odo 
caracterizado, la situación jurídica de éste. Cuando se trata de actos o d ecisiones cuya elaboración s e 
efectúa en varias fases, principalmente al finalizar un procedimiento interno, cabe considerar q ue, en 
principio, sólo constituyen actos que pueden impugnarse las me dida s que fijan definitivamente la 
postura d e la institución a l finalizar di cho procedimiento, con e xclusión d e las me dida s intermedias 
cuyo objetivo es preparar l a decisión d efinitiva. Así, en m ateria d e recurso de los funcionarios, los
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DA SILVAPINTO BRANCO/TRIBUNALDEJUSTICIA
 actos de trámite que preceden a u na decisión no r esultan lesivos a e fectos del artículo 90, apartado 2, 
del Estatuto. En este caso se encuentran los informes sobre el período de prácticas y e l dictamen del 
Comité de informes en los que se fundamente la decisión d e separar d el servicio a u n funcionario en 
prácticas.
(véanse los apartados 32 a 34)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 24 de junio de 1993 , Seghers/Consejo (T-69/92, Rec. p. II-651), apartado 28; 
17 de diciembre de 2003 , Mc Auley/Consejo (T-324/02, RecFP pp . I-A-337 y II-1657 ), apartado 28; 11 de abril de 
2006 , Angeletti/Comisión ( T-394/03, RecFP pp . I-A-2-95 y II-A-2-441), apartado 36; 17 de mayo de 2006 , 
Lavagnoli/Comisión (T-95/04, RecFP pp . I-A-2-121 y II-A-2-569), apartado 33
Tribunal de la Función P ública: 24 de mayo de 2007 , Lofaro/Comisión ( F-27/06 y F -75/06, RecFP pp . I-A-1-155 
y II-A-1-835), apartado 58
2. En m ateria d e separación d el servicio de un funcionario en prácticas, la negativa de la autoridad 
facultada p ara p roceder a l os no mbramientos a dar c urso favorable a l a pe tición d e ser oídos de dicho 
funcionario en prácticas y d el calificador no p uede constituir una vulneración d el principio de respeto 
del derecho de defensa y d el principio de contradicción, ni un incumplimiento del deber de asistencia y 
protección, ni una infracción d el artículo 24 d el Estatuto.
En efecto, el principio de respeto del derecho de defensa, tal como se plasma en el artículo 34, 
apartado 3, del Es tatuto, no p uede implicar q ue la autoridad f acultada p ara p roceder a l os 
nombramientos tenga la obligación, con c arácter general, de oír al funcionario en prácticas antes de 
adoptar la decisión d e separarlo del servicio, ni siquiera cuando el Comité de informes haya expresado 
la conveniencia de que así se haga.
Por su parte, el deber de asistencia y p rotección, que refleja el equilibrio entre derechos y o bligaciones 
que el Estatuto ha instituido en las relaciones entre la autoridad p ública y l os agentes del servicio 
público, implica que, al pronunciarse sobre la situación d e un funcionario, la ad ministración t omará 
en consideración t odos los elementos que puedan determinar su decisión y q ue, al proceder de este 
modo, tendrá e n cuenta no s ólo el interés del servicio sino también el interés del funcionario de que se 
trate. Así sucede cuando la ad ministración di spone de los informes sobre el período de prácticas y d e 
las observaciones formuladas por el interesado en relación c on di chos informes, es decir, de los datos 
relativos al interés del servicio, por un lado, y d e los correspondientes al interés del funcionario en 
prácticas afectado, por otro.
Por último, la obligación d e asistencia, que incumbe a l a ad ministración e n virtud del artículo 24 d el 
Estatuto, se refiere a l a defensa de los funcionarios contra los comportamientos de terceros, pero no 
contra los actos que em anen de la propia ad ministración, cuyo control se contemp la en otras 
disposiciones del Estatuto.
(véanse los apartados 50 a 53)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 12 de julio de 1973 , di P illo/Comisión (10/72 y 47/72, Rec. p. 763), apartado 16; 4 de febrero de 
1987 , Maurissen/Tribunal de Cuentas (417/85, Rec. p. 551), apartado 12
Tribunal de Primera Instancia: 5 de marzo de 1997 , Rozand-Lambiotte/Comisión ( T-96/95, RecFP pp . I-A-35 
y II-97), apartado 120
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DA SILVAPINTO BRANCO/TRIBUNALDEJUSTICIA
3. La finalidad d el período de prácticas es pe rmitir que la ad ministración r ealice un juicio concreto 
sobre las aptitudes del funcionario en prácticas para d esempe ñar u na función d eterminada, sobre su 
predisposición p ara c umplir las tareas que le incumben y s obre su rendimiento en el servicio. Al 
término d el período de prácticas, y sin estar vinculada p or las apreciaciones efectuadas en el momento 
de la selección, la ad ministración d ebe estar e n condiciones de em itir un juicio acerca de si el 
funcionario en prácticas me rece ser no mbrado con c arácter definitivo en la función a l a que aspira. 
Esta decisión implica una apreciación gl obal de las cualidad es y d el comportamiento del funcionario en 
prácticas, teniendo en cuenta tanto los factores positivos como los aspectos negativos que se pongan de 
relieve e n el transcurso del período de prácticas.
La ad ministración di spone de un amplio margen a l a hora de apreciar las aptitudes y p restaciones de 
un funcionario en prácticas desde el punto de vista del interés del servicio. Por lo tanto, en lo 
referente al resultado d e un pe ríodo d e prácticas y a l as aptitudes de un candida to a u n 
nombramiento definitivo en el servicio público, no c orresponde al Tribunal sustituir la apreciación d e 
las instituciones por la suya propia, salvo en casos de error manifiesto de apreciación o d e desviación 
de poder.
(véanse los apartados 59 y 61)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: Rozand-Lambiotte/Comisión, antes citada, apartado 112
Tribunal de Justicia: 17 de noviembre 1983 , Tréfois/Tribunal de Justicia (290/82, Rec. p. 3751 ), apartado 24