ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Si es aplicable el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, (1) en el supuesto de que un accionista de un club de fútbol que se presenta a sí mismo y es percibido en los medios de comunicación y en la sociedad como el principal dirigente («patron») de ese club de fútbol declare lo siguiente en un medio de comunicación:

«No cojo a un homosexual en el equipo ni aunque el Steaua tenga que cerrar. El rumor rumor es, pero poner algo así por escrito si no es verdad…, y encima que salga en la portada. Quizás no es cierto que sea homosexual (el jugador de fútbol búlgaro X). Pero ¿y si es verdad? Le dije a un tío mío que no creía ni en Satanás ni en Cristo. Yo le dije: “Vamos a suponer que Dios no existe. Pero ¿y si existe? ¿Qué pierdes por comulgar? ¿No estaría bien ir al cielo?” Y me dio la razón. Un mes antes de morir fue a comulgar. Qué Dios le perdone. En mi familia no pinta nada un gay y el Steaua es mi familia. Mejor jugamos con alguien de la cantera que con un gay. Yo no discrimino. Nadie puede obligarme a trabajar con alguien. Tengo derecho a trabajar con quien quiera igual que ellos tienen sus derechos».

«¡No cojo a un homosexual en el equipo ni aunque el Steaua tenga que cerrar! Quizás no es cierto que sea homosexual, pero ¿y si es verdad? En mi familia no pinta nada un homosexual y el Steaua es mi familia. Mejor jugar con alguien de la cantera que tener a un homosexual en el campo. Yo no discrimino. Nadie puede obligarme a trabajar con alguien. Yo también tengo derecho a trabajar con quien quiera, igual que ellos tienen sus derechos. Aunque el mismísimo Dios me dijese en sueños que X seguro al 100 % que no es homosexual, no lo cogería. Se ha escrito demasiado en los periódicos sobre que es homosexual. No lo cogería ni aunque el ȚSKA me lo ofreciera gratis. Puede ser el mayor pendenciero y el mayor borracho…pero si es homosexual no quiero saber nada de él.»
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 133/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Stuttgart (Alemania) el 27 de febrero de 2012 — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg

(Asunto C-101/12)

2012/C 133/35

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Stuttgart

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Herbert Schaible

Demandada: Land Baden-Württemberg

Cuestiones prejudiciales

Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuestiones de si:

a) la obligación del demandante de identificar individualmente cada animal con arreglo a los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 21/2004 (1)

b) la obligación del demandante de identificar electrónicamente cada animal con arreglo al artículo 9, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 21/2004, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1560/2007 (2)

c) la obligación del demandante de llevar el registro de la explotación C con arreglo al artículo 5, apartado 1, en relación con el anexo B, apartado 2, del Reglamento (CE) no 21/2004

son compatibles con normas de rango superior del Derecho de la Unión y, por tanto, válidas.

(1) Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) no 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L 5, p. 8).

(2) Reglamento (CE) no 1560/2007 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 21/2004 en lo que se refiere a la fecha de introducción de la identificación electrónica de animales de las especies ovina y caprina (DO L 340, p. 25).
2)

¿Deben interpretarse los artículos 26, apartado 2, 28, 30 y 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a intervenciones legislativas reiteradas como las dispuestas en los puntos 1 y 2 del Decreto ley con carácter de urgencia no 22, de 28 de mayo de 2007, y en el punto 69 del Decreto ley con carácter de urgencia no 106, de 4 de octubre de 2007, que modificaron el artículo 157, apartado 4, del Cod fiscal, de tal manera que sólo a algunos sujetos pasivos de IVA (aquéllos que realizaron o se considera que realizaron la importación después del 15 de abril de 2007 y han obtenido el certificado de aplazamiento del pago) de entre los que se encuentran en situaciones idénticas (como titulares de bienes en importación temporal durante el período de preadhesión), no se les exige el pago del IVA en la aduana?
4)

¿Deben interpretarse los artículos 41, apartado 2, letra a), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que cuando una solicitud de practicar prueba mediante un informe pericial independiente, presentada por el obligado tras haber sido informado con arreglo al artículo 221, apartado 1, del Reglamento no 2913/92, no es objeto de una resolución explícita por parte de una autoridad aduanera ni es examinada en la motivación de posteriores resoluciones, existe una vulneración insubsanable del derecho a una buena administración y del derecho de defensa en el procedimiento administrativo que ya no puede sanarse en el procedimiento judicial, porque el interesado, en las circunstancias del procedimiento principal, únicamente tiene la posibilidad de demostrar su objeciones a la clasificación arancelaria de la mercancía en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional de primera instancia planteando preguntas a un perito independiente?
2)

¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 CE, antes citados, en el sentido de que también se oponen en principio a una normativa nacional como la establecida en el artículo 38, apartado 2, del Decreto-Ley no 223, de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006, según el cual «El artículo 1, apartado 287, de la Ley no 311, de 30 de diciembre de 2004, se sustituye por el texto siguiente: “287. Mediante decisión del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, se establecerán las nuevas modalidades de distribución de apuestas en eventos distintos de las carreras hípicas, observando los siguientes criterios: […] l) definición de las medidas de protección de los concesionarios de recogida de apuestas a cuota fija sobre acontecimientos distintos de las carreras hípicas reguladas por el reglamento aprobado mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze no 111, de 1 de marzo de 2006.”» Ello teniendo especialmente en cuenta la previsión contenida en el artículo 38, apartado 2, antes citado, que establece una orientación general de protección de las concesiones adjudicadas con anterioridad a la modificación del marco normativo y una serie de límites y medidas que de hecho acaban garantizando el mantenimiento de las posiciones comerciales ya existentes, como ponen de manifiesto las obligaciones de apertura de nuevos puntos de venta a una determinada distancia de los ya asignados y la interpretación general del artículo 38, apartado 2, antes citado, realizada por la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, que incluye entre los contratos de concesión la cláusula de caducidad antes mencionada en el supuesto de ejercicio directo o indirecto de actividades transfronterizas asimilables.
2)

En particular: — ¿El período controlado deberá, en cualquier caso, so pena de que el control adolezca de una irregularidad que el controlado podría invocar contra la decisión que extrae las consecuencias de los resultados del referido control, finalizar dentro del período de doce meses que precede al período, denominado «de control», durante el cual las operaciones de control se efectuaron? — En caso de respuesta positiva a la cuestión precedente, ¿como deberá entenderse la facultad, expresamente prevista en el Reglamento, de ampliar el período controlado para períodos «posteriores al período de doce meses»? — En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿el período controlado deberá, no obstante, so pena de que el control adolezca de una irregularidad que el controlado podría invocar contra la decisión que extrae las consecuencias de los resultados del referido control, conllevar un período de doce meses que finalice dentro del período de control que precede a aquél durante el cual el control tiene lugar, o bien el control podrá tener sólo por objeto un período que finalice antes del inicio del período de control anterior?
—

Que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 TFUE (ex 49 TCE) y el artículo 36 del Acuerdo EEE al aprobar y mantener las disposiciones que figuran en la letra c) del artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre la renta de los no residentes, y en el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según las cuales los fondos de pensiones extranjeros domiciliados en otros Estados miembros y que ofrezcan planes de pensiones de empleo en España, las entidades aseguradoras que operan en España en régimen de libre prestación de servicios, entre otras, están obligadas a nombrar un representante fiscal con residencia en España.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/3

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 28 de noviembre de 2011 — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-606/11)

2012/C 65/05

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Grattan plc

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que debe contestarse en sentido negativo a la primera cuestión planteada en el asunto C-591/10, Littlewoods Retail Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs:

1) Los principios del Derecho de la UE de efectividad y/o equivalencia, ¿exigen que, en caso de pago en exceso del IVA contraviniendo dicho Derecho, la reparación se articule a través de una sola vía de recurso tanto para la devolución del principal pagado en exceso como para el valor de uso de las cantidades pagadas en exceso y/o de los intereses?

2) En circunstancias en las que existen vías de recurso alternativas con arreglo al Derecho nacional, ¿supone vulnerar los principios de efectividad y/o equivalencia que tales vías de recurso no se encuentren recogidas en las disposiciones legales que regulan la presentación de las reclamaciones de devolución del principal y de los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones administrativas que resuelvan dichas reclamaciones?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 13/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el/la Landgericht Hamburg (Alemania) el 20 de octubre de 2011 — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH

(Asunto C-535/11)

2012/C 13/10

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Novartis Pharma GmbH

Demandada: Apozyt GmbH

Cuestión prejudicial

¿El término «desarrollados» de la frase inicial del anexo 1 del Reglamento (CE) no 726/2004, (1) por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136, p. 1), comprende también los procesos en los cuales, previa prescripción y encargo, un médico trasvasa a otros recipientes cantidades parciales de un medicamento desarrollado y terminado conforme a los mencionados procedimientos, si con ello no se altera la composición del medicamento y, en particular, la producción de jeringuillas precargadas con un medicamento autorizado conforme al Reglamento?

(1) DO L 136, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 355/9

Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2011 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-485/11)

2011/C 355/15

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Bordes y G. Braun, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, al establecer una tasa adicional que grava a los operadores de comunicaciones electrónicas mediante el artículo 33 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle (Ley de comunicación audiovisual), (1) la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. (2)

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la Comisión manifiesta dudas sobre la compatibilidad del artículo 302 bis KH del Code général des impôts (Código tributario), introducido por el artículo 33 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, con la Directiva «autorizaciones», antes citada. Al imponer una tasa a las empresas que explotan una red o prestan un servicio de comunicaciones electrónicas en virtud de la autorización general, la Comisión considera que la parte demandada infringe, más concretamente, el artículo 12 de la Directiva. La Comisión se opone a la tesis de las autoridades nacionales de que dicho artículo sólo se refiere a las tasas que los Estados pueden imponer «en relación con» la expedición de una licencia o una operación vinculada al procedimiento de autorización de los operadores de comunicaciones electrónicas. Según la demandante, el artículo antes citado pretende englobar en realidad cualquier forma de tasa «administrativa», es decir, vinculada a todos los gastos generados por la gestión, el control y la aplicación del régimen de autorización, y no sólo los vinculados a su expedición.

(1) JORF no 0056, p. 4321.

(2) DO L 108, p. 21.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 331/11

Recurso de casación interpuesto el 26 de agosto de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 16 de junio de 2011 en el asunto T-210/08, Verhuizingen Coppens NV/Comisión Europea

(Asunto C-441/11 P)

2011/C 331/18

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, S. Noë y F. Ronkes Agerbeek, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Verhuizingen Coppens NV

Pretensiones de la parte recurrente

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia:

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de junio de 2011, Verhuizingen Coppens/Comisión (T-210/08).

— Que se desestime el recurso de anulación o que se declare sólo la nulidad del artículo 1, letra i), de la Decisión C(2008) 926 final relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.543 — Servicios de mudanza internacionales) en la medida en que ésta considera responsable a Verhuizingen Coppens NV por el acuerdo sobre comisiones.

— Que se fije el importe de la multa en la cantidad que el Tribunal de Justicia considere adecuada.

— Que se condene a Verhuizingen Coppens NV a abonar las costas del presente procedimiento de casación y la parte de las costas del procedimiento ante el Tribunal General que el Tribunal de Justicia considere adecuada.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que el Tribunal General ha infringido el Derecho, en particular los artículos 263 y 264 TFUE y el principio de proporcionalidad, al declarar en su totalidad la nulidad de la Decisión de la Comisión que establece la responsabilidad de Coppens por una única infracción continuada, que en el período de referencia consistía en un acuerdo sobre comisiones y en un acuerdo sobre presupuestos ficticios, ya que no se demostró que Coppens estuviera al corriente del acuerdo sobre comisiones o que habría debido estarlo. También en interés de la buena administración de justicia y del mantenimiento efectivo de las normas sobre competencia de la Unión, el Tribunal General habría podido declarar solamente la nulidad de la Decisión controvertida en la medida en que considera a Coppens responsable por el acuerdo sobre comisiones. A juicio de la recurrente, una declaración de nulidad total significa que la participación de Coppens en el acuerdo sobre presupuestos ficticios queda impune, a menos que la Comisión adopte una nueva decisión respecto a esa parte de la infracción original. No obstante, ello podría llevar a una duplicación indeseable de procedimientos administrativos y judiciales e incluso, posiblemente, a una contradicción con el principio non bis in idem.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 282/13

Recurso interpuesto el 13 de julio de 2011 — Comisión Europea/Irlanda

(Asunto C-374/11)

2011/C 282/24

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: E. White, I. Hadjiyiannis, A. Marghelis, agentes)

Demandada: Irlanda

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia, Comisión/Irlanda (C-188/08).

— Que se ordene a Irlanda pagar a la Comisión una cantidad a tanto alzado de 4 771,20 euros multiplicada por el número de días que transcurran entre la fecha de la sentencia recaída en el asunto C-188/08 y la fecha de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento (o bien la fecha en que Irlanda ejecute plenamente la sentencia recaída en el asunto C-188/08 si tal ejecución tiene lugar durante la tramitación del presente procedimiento).

— Que se ordene a Irlanda pagar a la Comisión una multa coercitiva diaria de 26 173,44 euros desde el día en que se dicte sentencia en el presente procedimiento hasta la fecha en que Irlanda ejecute la sentencia recaída en el asunto C-188/08.

— Que se condene en costas a Irlanda.

Motivos y principales alegaciones

Habiendo transcurrido más de un año y medio desde que el Tribunal de Justicia dictara sentencia en el asunto C-188/08, la Comisión considera que Irlanda ha tenido tiempo suficiente para ejecutarla. La Comisión señala que Irlanda anunció su intención de adoptar la normativa necesaria antes de que finalizara el año 2010. No obstante, este objetivo no ha sido cumplido y no parece que Irlanda esté cerca de dar plena ejecución a la sentencia. En consecuencia, la Comisión considera que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Koszalinie (República de Polonia) el 28 de junio de 2011 — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orłowska, Czesław Orłowski

(Asunto C-325/11)

2011/C 269/56

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Krystyna Alder, Ewald Alder

Demandadas: Sabina Orłowska, Czesław Orłowski

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, (1) relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, y el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que admiten que, cuando una persona con domicilio o residencia habitual en un Estado miembro distinto al Estado miembro en que está pendiente el procedimiento judicial no haya designado a un representante procesal domiciliado en este último Estado miembro, los documentos dirigidos a dicha persona permanezcan en los autos y se considere que ha tenido lugar la notificación o traslado de los mismos? [omissis]

(1) Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (DO L 324, p. 79).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 226/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Geldern (Alemania) el 24 de mayo de 2011 — Nadine Büsch y Björn Siever/Ryanair Ltd

(Asunto C-255/11)

2011/C 226/28

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Geldern

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nadine Büsch y Björn Siever

Demandada: Ryanair Ltd

Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

1) ¿El derecho a compensación previsto en el artículo 7 del Reglamento no 261/2004 (1) es una acción de indemnización de daños que se somete, en virtud del artículo 29, primera frase, del Convenio de Montreal, (2) a las restricciones de dicho Convenio cuando se confiere a causa de un gran retraso del vuelo?

2) ¿El derecho a compensación del artículo 7 del Reglamento no 261/2004 es de naturaleza no compensatoria en el sentido del artículo 29, segunda frase, del Convenio de Montreal en la medida en que excede de los daños sufridos por el pasajero a causa del gran retraso? ¿Excluye esto totalmente un derecho a compensación o, en caso de retraso, éste se adquiere sólo por el importe de los daños efectivamente sufridos?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).

(2) Decisión 2001/593/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) (DO L 194, p. 38).
3)

Si, en relación con las dos cuestiones anteriores, se considera que la concesión –a través de las disposiciones nacionales examinadas en el caso de autos– de un derecho exclusivo para la realización, gestión, organización y funcionamiento de juegos de azar no es compatible con los artículos 43 y 49 del Tratado CE: a) ¿Es admisible, en el sentido de las citadas disposiciones del Tratado, que, durante un período transitorio –necesario para la adopción de una normativa compatible con las disposiciones del Tratado CE– las autoridades nacionales no examinen las solicitudes para el ejercicio de las citadas actividades presentadas por personas establecidas legalmente en otros Estados miembros? b) En caso de respuesta afirmativa, ¿con arreglo a qué criterios debe determinarse la duración de dicho período? c) Si no se autoriza ese período transitorio, ¿con arreglo a qué criterios deben examinar las autoridades nacionales las citadas solicitudes?