Para cerciorarse de si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos ha incurrido en un error manifiesto de apreciación en la valoración de los méritos de los candidatos a una plaza vacante en virtud de los requisitos exigidos en la convocatoria para proveer la plaza vacante, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación realizada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la suya propia, sino comprobar si, habida cuenta de las razones que hayan podido conducir a la administración a su valoración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido su facultad de una manera manifiestamente errónea.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones sobre promoción ni frente a sus destinatarios, a quienes no pueden lesionar, ni frente a los candidatos no promovidos, para quienes los fundamentos de tal motivación pueden resultar perjudiciales.

Sin embargo, si bien es cierto que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción, sí está obligada a motivar su decisión por la que desestima una reclamación presentada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto por un candidato no promovido, entendiéndose que la motivación de dicha decisión desestimatoria debe coincidir con la motivación de la decisión contra la cual se dirigió la reclamación.

La finalidad de dicha obligación de motivación, al menos en la fase de desestimación de la reclamación, es, por una parte, proporcionar al interesado una indicación suficiente para apreciar el fundamento del acto lesivo y la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra, permitir que este último pueda controlar la legalidad de dicha decisión. Siendo discrecionales las promociones, basta que la motivación de la desestimación de la reclamación se refiera a la existencia de los requisitos legales a que el Estatuto subordina la regularidad del procedimiento. En concreto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a revelar, al candidato no seleccionado, la apreciación comparativa que ha realizado de él y del candidato promovido, ni a exponer detalladamente la forma en la que ha considerado que el candidato nombrado cumplía los requisitos del anuncio de puesto de trabajo vacante. En su decisión por la que desestima una reclamación, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede limitarse a indicar al funcionario afectado el motivo individual y pertinente por el que se desestimó su candidatura.

(véanse los apartados 50 a 52)

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, Rec. p. 1099), apartados 11 y 12; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. II-201 ), apartado 25; Tribunal de Justicia, 9 de diciembre de 1993, Parlamento/Volger (C-115/92 P, Rec. p. I-6549), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 29 de mayo de 1997, Contargyris/Consejo (T-6/96, RecFP pp. I-A-119 y II-357), apartado 148; Tribunal de Primera Instancia, 18 de diciembre de 1997, Delvaux/Comisión (T-142/95, RecFP pp. I-A-477 y II-1247), apartado 84; Tribunal de Primera Instancia, 19 de febrero de 1998, Campogrande/Comisión (T-3/97, RecFP pp. I-A-89 y II-215), apartado 112; Tribunal de Primera Instancia, 21 de septiembre de 1999, Oliveira/Parlamento (T-157/98, RecFP pp. I-A-163 y II-851), apartado 52