Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Interés para ejercitar la acción ° Recurso interpuesto contra un acto derogado ° Efectos respectivos de la derogación y de la anulación

(Tratado CEE, arts. 174 y 176)

2. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Decisión de la Comisión adoptada en virtud de la Directiva 90/425/CEE y dirigida a los Estados miembros, que prohíbe la exportación de una especie animal desde algunos de ellos o que la somete a condiciones especiales ° Operadores del sector afectado y asociaciones en que se agrupan

(Tratado CEE, art. 173, párr. 2; Directiva 90/425/CEE del Consejo)

3. Recurso de indemnización ° Carácter autónomo respecto del recurso de anulación ° Agotamiento de los recursos internos ° Excepción ° Imposibilidad de obtener una indemnización ante el Juez nacional dada la imputabilidad del perjuicio a la Comunidad

(Tratado CEE, art. 178)

4. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Acto normativo que implica opciones de política económica ° Decisión de la Comisión basada en los apartados 3 y 4 del artículo 10 de la Directiva 90/425/CEE que prohíbe la exportación de una especie animal desde algunos Estados miembros o que la somete a condiciones especiales ° Violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que protege a los particulares

(Tratado CEE, arts. 43 y 215, párr. 2; Directiva 90/425/CEE del Consejo, art. 10. aps. 3 y 4)

5. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Acto normativo que implica opciones de política económica ° Violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que protege a los particulares ° Prohibición o medidas restrictivas de las exportaciones de una especie animal desde algunos Estados miembros con el fin de evitar la propagación de una epidemia ° Principios de proporcionalidad, de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima ° Violación ° Inexistencia ° Responsabilidad no generada

(Tratado CEE, art. 215, párr. 2; Directiva 90/425/CEE del Consejo, art. 10, aps. 3 y 4; Decisiones 93/128/CEE y 93/177/CEE de la Comisión)

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1. Un demandante puede justificar un interés en interponer un recurso de anulación contra un acto derogado, pues la derogación no surte los mismos efectos jurídicos que una eventual anulación por el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, la derogación de un acto de una Institución no es un reconocimiento de su ilegalidad y produce un efecto ex nunc, mientras que su anulación produce un efecto ex tunc. Además, en el supuesto de que un acto sea anulado, la Institución de la que emana el acto está obligada, en virtud del artículo 176 del Tratado, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, lo que puede implicar restablecer una situación adecuada para eliminar las consecuencias que había producido el acto o la renuncia a adoptar un acto idéntico.

2. Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación contra una Decisión de la Comisión adoptada en virtud de la Directiva 90/425, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales y dirigida a los Estados miembros, que prohíbe las exportaciones de una especie animal desde algunos Estados miembros o que impone a estos Estados medidas específicas de control veterinario, interpuesto por operadores que ejercen en los Estados miembros de que se trata una actividad de venta o de exportación de las especies en cuestión.

En efecto, esta Decisión no afecta a los citados operadores debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas, de manera que puedan considerarse individualmente afectados en el sentido del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado. En primer lugar, el hecho de que su número e identidad fueran conocidos antes de adoptarse la Decisión no basta para conferirles esta condición. En segundo lugar, no pueden invocar el hecho de que participaron o deberían haber participado en el proceso que condujo a la adopción de la Decisión, porque los operadores no tienen derecho a ser oídos cuando la Comisión adopta medidas cautelares con arreglo a lo previsto en la Directiva antes citada, y porque su posición no ha resultado modificada únicamente por el hecho de que se hayan dirigido a la Comisión para criticar la Decisión adoptada. Por último, la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta las consecuencias que tendría su Decisión sobre la situación de éstos.

Procede, asimismo, declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra la misma Decisión por una asociación que agrupe a dichos operadores, salvo en el supuesto de que ésta pueda acreditar un interés propio basado en la posición de negociadora que ocupó ante la Comisión o de que pueda alegar que actúa en representación de sus miembros, que disponen de un derecho de recurso propio.

3. La acción de indemnización es una vía de recurso autónoma con una función particular en el marco del sistema de recursos del Tratado.

Sólo puede declararse la inadmisibilidad de un recurso de indemnización por no haberse agotado las vías de recurso internas si las vías de recurso nacionales garantizan de manera eficaz la protección de los particulares que se consideran lesionados por los actos de las Instituciones comunitarias. No es este el caso cuando la ilegalidad alegada no emana de un organismo nacional sino de una Institución comunitaria. En efecto, en este caso el perjuicio es imputable a la Comunidad y su reparación no puede obtenerse a través de las vías de recurso nacionales, ya que el Juez comunitario posee competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de indemnización de un perjuicio de este tipo.

4. La responsabilidad extracontractual de la Comunidad por actos normativos, y en concreto los adoptados en materia de política económica, sólo se genera en caso de incumplimiento de una norma superior de Derecho que protege a los particulares. Si la Institución adoptó el acto ejercitando una amplia facultad de apreciación, el nacimiento de la responsabilidad de la Comunidad exige, además, que el incumplimiento esté caracterizado, es decir, que sea grave y manifiesto.

Tal es precisamente el caso cuando operadores económicos que pretenden demandar a la Comunidad por responsabilidad en un supuesto en que la Comisión ha ejercido, en el ámbito de la Política Agrícola Común, la facultad que ostenta en virtud de los apartados 3 y 4 del artículo 10 de la Directiva 90/425 para establecer, mediante una Decisión dirigida a los Estados miembros, una prohibición de exportar una especie animal desde determinados Estados miembros o imponer condiciones especiales a dichas exportaciones.

Entre las normas superiores de Derecho que protegen a los particulares figuran el principio de proporcionalidad, la prohibición de la desviación de poder, el principio de igualdad de trato, el principio de protección de la confianza legítima y el derecho a ser oído.

5. Ni la Decisión 93/128, que prohíbe las exportaciones de una especie animal desde determinados Estados miembros, ni la Decisión 93/177, que impone condiciones especiales a estas mismas exportaciones, generan la responsabilidad de la Comunidad frente a operadores que ejercen, en los Estados miembros interesados, una actividad de venta o de exportación de las especies de que se trata, para quienes la adopción de estas Decisiones no ha constituido una violación grave y manifiesta de los principios de proporcionalidad, de igualdad de trato o de protección de la confianza legítima.

En efecto, por una parte, en una situación de urgencia caracterizada por la aparición de una enfermedad peligrosa que, dada la importancia de los flujos de exportación, puede propagarse fácilmente a otros Estados miembros y por el riesgo de que otros Estados miembros adopten medidas unilaterales de protección, la Comisión no ha violado de manera grave y manifiesta el principio de proporcionalidad al adoptar la Decisión 93/128 a fin de proteger la salud pública y animal, con un período de aplicación limitado, y posteriormente la Decisión 93/177 que permitió la reanudación de las exportaciones.

Por otra parte, no cabe reprochar a la Comisión una violación del principio de igualdad de trato, ya que la situación en los Estados miembros a cuyas exportaciones se referían las citadas Decisiones no era comparable con la que existía en los otros Estados miembros.

Por último, los operadores que sufrieron restricciones en su actividad no podían esperar legítimamente que, ante tal situación, la Comisión no tomaría medidas como las que adoptó.