SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 12 de mayo de 1998

Asunto T-184/94

Martin O'Casey

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Anulación de la decisión por la que se desestima la candidatura del demandante al puesto de asistente del Director Adjunto del centro de trabajo común del ITER en Naka (Japón) — Ofrecimiento del puesto — Ruptura del acuerdo — Pretensión de indemnización»

Texto completo en lengua inglesa II-565

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por un lado, la pretensión de que se anule la carta del Director Adjunto del International Thermonuclear Experimental Reactor y Jefe del centro de trabajo común de Naka (Japón), de 16 de julio de 1993, por la que se comunica al demandante que se desestima su candidatura al puesto de asistente administrativo de dicho Director Adjunto, así como la decisión de desestimación que contiene, y, por otro lado, la pretensión de una indemnización de daños y perjuicios en reparación del perjuicio material y moral de este modo sufrido por el demandante.

Resultado:

Inadmisibilidad.

Resumen de la sentencia

Mediante Decisión 92/439/Euratom, de 22 de abril de 1992, la Comisión de las Comunidades Europeas, basándose en el artículo 101 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado CEEA), decidió celebrar, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Comunidad), un Acuerdo de cooperación con el Gobierno de Japón, el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de los Estados Unidos de América en las actividades de diseño técnico del reactor termonuclear experimental internacional (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) (DO L 244, p. 13).

Para asegurar la realización de los objetivos de dicho Acuerdo, a saber, llevar a cabo conjuntamente actividades con el fin de elaborar un diseño técnico detallado, completo y plenamente integrado del referido reactor y obtener todos los datos técnicos necesarios para las futuras decisiones acerca de su construcción, el Acuerdo prevé la creación de un Consejo, que será responsable de la dirección general del proyecto. El Consejo designará un Director, que dirigirá y coordinará la realización de las actividades de investigación y que, en el desempeño de sus deberes y responsabilidades, actuará de forma independiente y no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna de las Partes.

El Acuerdo prevé, por otra parte, la constitución de un equipo central común (Joint Central Team), que asistirá al Director en el desempeño de sus funciones. Los miembros del equipo central común distintos de los directores adjuntos, así como del administrador y del jefe de cada centro de trabajo común, serán elegidos por el Director entre las personas cualificadas designadas por las Partes.

Mediante Acuerdos de delegación u otros medios, tal y como se especifique en los Protocolos anexos al Acuerdo de Cooperación, cada Parte pondrá a disposición del equipo central común un número aproximadamente igual de personas cualificadas. El equipo central común tendrá su sede en los centros de trabajo común: Garching (Alemania), Naka (Japón) y San Diego (Estados Unidos de América).

Los negociadores se pusieron de acuerdo sobre los nombres de los candidatos probables de las Partes para los puestos más importantes. Los candidatos de la Comunidad ocuparían, en particular, el puesto de Director (Sr. Rebut), así como uno de los cuatro puestos de Director Adjunto, cuyo titular sería también el Jefe del centro de trabajo común de Naka (Japón) (Sr. Huguet). Por otro lado, la Comunidad estaría representada en el Consejo por el Sr. Maisonnier, que es el Director del programa Fusión en la Dirección General de Ciencia, Investigación y Desarrollo de la Comisión (DG XII).

El demandante, Martin O'Casey, es agente temporal, de grado A 4, en la empresa común Joint European Torus (JET) (Reino Unido), en cuyo servicio de contratos trabaja, desde el 1 de mayo de 1980, en calidad de administrador.

Según el demandante, a principios del mes de abril de 1992, el Sr. Huguet, Director Adjunto en la JET y que había sido designado Director Adjunto de ITER y Jefe del centro de trabajo común de Naka (Japón), le propuso que aceptara ser su asistente administrativo en las nuevas funciones que había de asumir en Japón a partir del mes de septiembre o del mes de octubre de 1992. El demandante prometió considerar la oferta.

En la tarde del 30 de abril de 1992, el demandante mantuvo otra reunión con el Sr. Huguet, relacionada con la referida oferta y, habida cuenta de las seguridades que este último le dio, declaró que aceptaba de buen grado el puesto ofrecido.

Quedó convenido que la DG XII decidiría la atribución del puesto y que el demandante participaría en una entrevista a su debido tiempo.

Hacia mediados del mes de junio de 1992, el demandante se reunió de nuevo con el Sr. Huguet, a fin de informarse sobre los progresos realizados en la DG XII en cuanto a la decisión de atribuir el puesto y a su publicación. El Sr. Huguet confirmó al demandante que era competente para ofrecerle el puesto y que su decisión no podía ser contradicha. En vista de estas seguridades, el demandante, conforme al deseo expresado por el Sr. Huguet, confirmó su aceptación de la oferta.

En enero de 1993, el Sr. Huguet, de visita en la JET, volvió a encontrarse con el demandante y le reafirmó que tenía más necesidad que nunca de sus servicios en Japón.

En febrero de 1993, se publicó la convocatoria de vacante del puesto de administrador asistente del Director Adjunto y Jefe del centro de trabajo común de Naka (COM/R5043/93). El demandante presentó su candidatura y recibió un acuse de recibo en el que se tomaba nota de la misma.

En mayo de 1993, el demandante se enteró, a través de un colaborador del centro de trabajo común de Näka, de que habían ofrecido el mencionado puesto a la Sra. Z., que trabajaba en la Dirección General de Telecomunicaciones, Mercado de la Información y Valoración de la Investigación (DG XIII). Posteriormente, el demandante tuvo conocimiento de que la Sra. Z. rechazó la oferta. Por otra parte, el demandante se enteró de que circulaban rumores de carácter difamatorio en relación con su persona.

Los días 10 de mayo, 9 de junio y 9 de julio de 1993, el demandante se dirigió por escrito al Sr. Huguet, en Naka, solicitándole información. Este último le contestó el 16 de julio de 1993, mediante una carta impresa en papel con membrete oficial del ITER, comunicándole que estaba previsto nombrar a un candidato norteamericano para el puesto de asistente administrativo en Naka.

Los días 9 de junio, 30 de junio y 2 de agosto de 1993, el demandante envió escritos a la DG XII, al objeto de manifestar sus observaciones e inquietudes en relación con el procedimiento de nombramiento del puesto de que se trata. No recibió respuesta alguna antes de haber iniciado el procedimiento administrativo previo.

El 10 de septiembre de 1993, el demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), impugnando la decisión de excluirle del concurso COM/R5043/93, que se le había comunicado mediante el escrito del Sr. Huguet de 16 de julio de 1993, y solicitando la indemnización del perjuicio de este modo sufrido.

Mediante escrito de 13 de septiembre de 1993, la Comisión comunicó al demandante que el concurso COM/R5043/93 seguía en vías de tramitación y que se le informaría acerca del resultado del procedimiento.

El 27 de septiembre de 1993, el Sr. Huguet se dirigió por escrito a la DG XII pan exponer su punto de vista sobre la reclamación del demandante. Ese mismo día, el Sr. Huguet comunicó al Sr. Maisonnier que se había elegido a un candidate norteamericano para el puesto de administrador del centro de trabajo común del ITER en Naka y que, por consiguiente, dicho puesto ya no estaba disponible parí los candidatos de la Comunidad.

El 18 de noviembre de 1993, un responsable de la Comisión informó oralmente de ello al demandante durante una reunión interservicios.

El 22 de noviembre de 1993, la Comisión retiró la convocatoria para proveer plaza vacante COM/R5043/93.

El 8 de diciembre de 1993, a resultas de la reunión de 18 de noviembre de 1993, el demandante transmitió a la Comisión un escrito que contenía datos complementarios en apoyo de su reclamación. El 15 de diciembre de 1993, la Comisión comunicó al demandante que, en razón de las vacaciones de fin de año y con objeto de respetar el plazo estatutario para responder, ya había sido preparado un proyecto de respuesta a la reclamación con anterioridad a la recepción del escrito de 8 de diciembre de 1993.

La Comisión desestimó la reclamación del demandante mediante Decisión de 17 de diciembre de 1993, comunicada a este último por carta de 14 de enero de 1994, cuyo acuse de recibo firmó éste el 7 de febrero de 1994.

Sobre la admisibilidad

Sobre la admisibilidad de la pretensión de anulación

En primer lugar, el artículo 152 del Tratado CEEA, que atribuye al Juez comunitario competencia para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca su estatuto o que resulten del régimen que les sea aplicable, debe interpretarse en el sentido de que no sólo se aplica a aquellas personas que tienen la condición de funcionarios o de agentes distintos de los agentes locales, sino también a quienes reclaman dicha condición (apartado 56).

Está comprendido dentro de lo previsto en el artículo 152 del Tratado CEEA un recurso en cuyo marco una persona reclama la condición de agente de la Comunidad ante el ITER, estructura resultante de un acuerdo internacional en el que la Comunidad es Parte, cuando el recurso verse sobre la primera fase de un procedimiento de nombramiento cuyo objeto es que las Partes del ITER presenten candidatos cualificados para el puesto a la autoridad oficialmente facultada para pronunciarse sobre dichas candidaturas, a saber, el Director del ITER. En efecto, el Juez comunitario es competente para conocer de la fase de preselección cuando ésta adolezca de alguna irregularidad imputable a la Comunidad y, en particular, la de haber considerado erróneamente que no era válida una candidatura interna y haberse negado erróneamente, por lo tanto, a transmitirla al Director del ITER. En cambio, el Juez comunitario es incompetente para conocer sobre la segunda fase del procedimiento de nombramiento, en cuyo marco el Director del ITER elige con total independencia al titular del puesto entre las personas presentadas por las Partes. En efecto, la Comunidad es ajena a tal decisión, pues el ITER es un organismo de Derecho internacional distinto de la Comunidad. Un control judicial de esta elección implicaría la apreciación de los méritos de candidatos presentados por Partes que no son la Comunidad, lo que manifiestamente excedería de la competencia del Juez comunitario (apartados 57 a 62).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de enero de 1987, Ainsworth y otros/Comisión y Consejo (asuntos acumulados 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 y 13/85, Rec. p. 167), apartados 11 y 12; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1994, Altmann y otros/Comisión(T-177/94, Rec. p. II-1245), apartado 35; Tribunal de Primera Instancia, 12 de diciembre de 1996, Altmann y otros/Comisión (asuntos acumulados T-177/94 y T-377/94, Rec. p. II-2041), apartado 81

En segundo lugar, la existencia de un acto lesivo con arreglo al apartado 2 del artículo 90 y al apartado 1 del artículo 91 del Estatuto es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso interpuesto por los funcionarios o agentes contra la Institución a la que pertenecen. Unicamente constituyen actos que pueden ser objeto de un recurso de anulación aquellas medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que afecten directamente y de forma inmediata a los intereses del demandante, modificando de un modo caracterizado su situación jurídica. Tales actos deben emanar de la AFPN y revestir carácter decisorio (apartado 63).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de mayo de 1992, Whitehead/Comisión(T-34/91, Rec. p. II-1723), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CBS (T-586/93, Rec. p. II-665), apartado 28; Tribunal de Primera Instancia, 25 de octubre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia (T-26/96, RecFP p. II-1357), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 3 de junio de 1997, H/Comisión (T-196/95, RecFP p. II-403), apartados 44 y 45

No sucede así en el caso de la carta enviada a una persona que ha presentado su candidatura a una plaza vacante del ITER y en la que se anuncia una decisión desestimatoria de la candidatura que no emana de la autoridad oficialmente facultada para decidir sobre dicha candidatura y cuyo autor tampoco afirma que actúa por delegación, en nombre y por cuenta de tal autoridad. La referida carta no puede considerarse objetivamente como constitutiva de una decisión definitiva de la mencionada autoridad y no puede afectar directamente y de forma inmediata a la situación jurídica y estatutaria del demandante (apartados 64 a 69).

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1957, ALMA/Alta Autoridad (8/56, Rec. pp. 179 y ss., especialmente p. 191; Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1994, PIA HiFi/Comisión(C-388/93, Rec. p. I-387), apartado 10

En vista de cuanto antecede, procede declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que pretende la anulación de la carta que el Sr. Huguet envió al demandante el 16 de julio de 1993. También procede declarar su inadmisibilidad en la medida en que pretende la anulación de la decisión del Director del ITER por la que se desestima la candidatura del demandante, anunciada mediante carta de 16 de julio de 1993 (apartados 71 a 83).

Sobre la admisibilidad de la pretensión de indemnización

Sobre la admisibilidad de la pretensión de reparación del daño resultante de la negativa a nombrar al demandante para el puesto controvertido

Cuando existe una relación estrecha entre una pretensión de anulación y una acción de indemnización, la inadmisibilidad de la pretensión de anulación implica la de la pretensión de indemnización. En el caso de autos, la pretensión de reparación del daño resultante de la negativa a nombrar al demandante para el puesto controvertido está estrechamente relacionada con su pretensión de anulación. Por lo tanto, al ser preciso declarar la inadmisibilidad de esta última, lo mismo sucede con la pretensión de indemnización (apartados 89 y 90).

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de diciembre de 1967, Collignon/Comisión(4/67, Rec. p. 469); Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303), apartado 31; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35), apartados 38 a 40; Moat/Comisión, antes citada, apartado 46; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP p. II-61), apartados 34 a 36; Lopes/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 46

Sobre la admisibilidad de la pretensión de reparación del daño resultante de la difamación de la que el demandante alega haber sido objeto

Sólo cuando existe una relación directa entre un recurso de anulación y una acción de indemnización, esta última es admisible en cuanto accesoria del recurso de anulación, sin que necesariamente deba ser precedida por una petición que inste a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) a reparar el perjuicio presuntamente sufrido ni por una reclamación que impugne la procedencia de la denegación implícita o explícita de la petición. En cambio, cuando el perjuicio alegado no resulta de un acto cuya anulación se solicite, sino de varias acciones culposas y omisiones supuestamente cometidas por la Administración, el procedimiento administrativo previo debe iniciarse imperativamente con una petición que inste a la AFPN a reparar dicho perjuicio. La pretensión de indemnización que el demandante basa en el perjuicio causado por la existencia de los supuestos rumores difamatorios de que alega haber sido víctima es independiente del recurso de anulación. Teniendo en cuenta que el demandante no ha observado este procedimiento en dos fases, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de indemnización relacionada con los supuestos rumores difamatorios (apartados 98 y 99).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T-500/93, RecFP p. II-977), apartado 66

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.