SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Órgano unipersonal)

de 20 de julio de 2001

Asunto T-351/99

Christian Brumter

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante — Nombramiento — Obligación de motivación — Examen comparativo de los méritos de los candidatos — Facultad de apreciación de la AFPN — Informe de calificación — Solicitud de traslado»

Texto completo en lengua francesa II-757

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación, por una parte, de la decisión de la Comisión de 29 de enero de 1999 por la que se desestima la candidatura del demandante al puesto objeto de la convocatoria para proveer plaza vacante COM/173/98 y, por otra, de la decisión de 27 de enero de 1999 de nombrar al Sr. Gérard Zahlen a dicho puesto.

Resultado:

Se anulan la decisión de la Comisión por la que se nombra al Sr. Zahlen al puesto objeto de la convocatoria para proveer plaza vacante COM/173/98 y la decisión desestimatoria de la candidatura del Sr. Brumter para dicho puesto. Se condena en costas a la parte demandada.

Sumario

La total falta de motivación de una decisión no puede subsanarse mediante explicaciones dadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tras la interposición de un recurso. En dicho momento, semejantes explicaciones ya no cumplen su función. En efecto, la obligación de motivación, que deriva de lo dispuesto en los artículos 25, párrafo segundo, y 90, apartado 2, del Estatuto, tiene la finalidad, por una parte, de proporcionar al interesado los indicios suficientes para apreciar la procedencia de la desestimación de su candidatura y la conveniencia de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra, de permitir que éste ejerza su control. Por lo tanto, tras la interposición del recurso, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede ya regularizar su decisión mediante una respuesta motivada desestimatoria de la reclamación. (véase el apartado 33) Referencia: Volger/Parlamento, antes citada, apartado 40

El examen de las candidaturas al traslado o promoción con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto, que prevé expresamente un examen comparativo de los méritos de los funcionarios candidatos a la promoción. La obligación de realizar dicho examen es manifestación, a la vez, del principio de igualdad de trato de los funcionarios y del principio de las perspectivas de carrera. A efectos de dicho examen comparativo de los méritos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos ostenta una amplia facultad discrecional. No obstante, el ejercicio de esta facultad supone un examen escrupuloso de los expedientes de los candidatos y una observación a conciencia de las exigencias establecidas en la convocatoria para proveer plaza vacante relativa al puesto de que se trate, por lo que dicha autoridad está obligada a prescindir de todo candidato que no se ajuste a tales exigencias. La convocatoria para proveer plaza vacante constituye, en efecto, un marco legal que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se impone a sí misma y que debe cumplir escrupulosamente. (véanse los apartados 69 a 71) Referencia: Volger/Parlamento, antes citada, apartado 24; Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991), apartados 15 y 16; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Weissenfels/Parlamento (T-22/92, Rec. p. II-1095), apartado 66; Tribunal de Primera Instancia, 19 de marzo de 1997, Giannini/Comisión (T-21/96, RecFP pp. I-A-69 y II-211), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 12 de mayo de 1998, Wenk/Comisión (T-159/96, RecFP pp. I-A-193 y II-593), apartado 63; Tribunal de Primera Instancia, 27 de abril de 1999, Thinus/Comisión(T-283/97, RecFP pp. I-A-69 y II-353), apartado 42

En un procedimiento de promoción, al objeto de controlar si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha traspasado los límites del marco legal que constituye la convocatoria para proveer plaza vacante del puesto que debe cubrirse, corresponde al juez examinar, en primer lugar, cuáles eran, en el caso concreto, los requisitos establecidos en dicha convocatoria y comprobar, acto seguido, si tales requisitos concurrían efectivamente en el candidato elegido por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para ocupar el puesto vacante. Dicho examen debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las razones que hayan podido conducir a la administración a su valoración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido su facultad de una manera manifiestamente errónea. El juez no puede sustituir la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en cuanto a las calificaciones de los candidatos por la suya propia. (véase el apartado 72) Referencia: Tribunal de Justicia,, 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión (282/81, Rec. p. 1245), apartado 9; Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1987, Bonino/Comisión (233/85, Rec. p. 739), apartado 5; Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1991, Frederiksen/Parlamento (T-169/89, Rec. p. II-1403), apartado 69; Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992, Schönherr/CES (T-25/90, Rec. p. II-63), apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Schloh/Consejo (T-11/91, Rec. p. II-203), apartado 51; Parlamento/Frederiksen, antes citada, apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP pp. I-A-15 y II-61), apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 6 de junio de 1996, Baiwir/Comisión (T-262/94, RecFP pp. I-A-257 y II-739), apartado 66; Giannini/Comisión, antes citada, apartado 20; Delvaux-Comisión, antes citada, apartado 38