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1. Agricultura – Aproximación de las legislaciones – Normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos – Directiva 92/46/CEE – Concepto de «leche destinada a la elaboración de productos lácteos» – Componentes lácteos de un producto que contiene igualmente componentes no lácteos que no pueden ser separados de los primeros – Exclusión

(Directiva 92/46//CEE del Consejo, art. 2, punto 2)

2. Agricultura – Aproximación de las legislaciones – Normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos – Directiva 92/46/CEE – Concepto de «productos a base de leche» – Productos semiacabados – Inclusión – Criterios – Características y propiedades objetivas del producto

(Directiva 92/46/CEE del Consejo, art. 2, punto 4)

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1. El artículo 2, punto 2 de la Directiva 92/46, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «leche destinada a la elaboración de productos lácteos» no comprende los componentes lácteos de un producto que contenga también otros componentes no lácteos y cuyos componentes lácteos no puedan separarse de los componentes no lácteos. En efecto, la referida disposición no contempla más que a la leche considerada como un producto simple, cuya composición únicamente puede modificarse mediante la adición y/o la sustracción de los componentes naturales de la leche.

(véanse los apartados 26 y 28 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 2, punto 4, de la Directiva 92/46, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «productos a base de leche» se refiere tanto a los productos acabados como a los productos semiacabados que aún deban ser objeto de una transformación antes de poder ser vendidos al consumidor. En tal caso procede comprobar con respecto al producto semiacabado si la leche que contiene es una parte esencial del mismo, ya sea por su cantidad o por su efecto caracterizador. Para ello, es preciso tener en cuenta las características y propiedades objetivas del producto semiacabado en el momento de su importación, en particular la proporción de leche o de producto lácteo que contenga, el uso que pueda hacerse de él o su sabor.

(véanse los apartados 34 y 37 a 39 y el punto 2 del fallo)
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Seguridad social de los trabajadores migrantes – Seguro de enfermedad – Reembolso por el Estado miembro competente de los gastos producidos con motivo de la prestación de asistencia sanitaria en otro Estado miembro – Aplicación de las tarifas vigentes en el Estado miembro de estancia – Artículo 34 del Reglamento (CEE) nº 574/72 – Práctica de una entidad gestora del seguro de enfermedad que consiste en reembolsar íntegramente los gastos médicos que no exceden de un determinado importe – Procedencia

[Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, art. 34]

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Cuando no se haya dado cumplimiento a las formalidades que confieren derecho, con ocasión de estancias en un Estado miembro distinto del Estado competente, a disfrutar de prestaciones en especie realizadas, por cuenta de la institución competente, por la institución del lugar de estancia, el artículo 34 del Reglamento nº 574/72 ofrece a los beneficiarios de la seguridad social la posibilidad de obtener del Estado competente el reembolso de los gastos ocasionados durante la estancia en cuestión con arreglo a las tarifas aplicadas por la institución del lugar de estancia. Este artículo debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la práctica de una entidad gestora del seguro de enfermedad que se inscribe en el marco de la aplicación de una normativa interna y que consiste en reembolsar íntegramente los gastos médicos en que incurren sus beneficiarios con ocasión de una estancia en otro Estado miembro, cuando tales gastos no exceden de un determinado importe. En efecto, la circunstancia de que el reembolso en cuestión revista un carácter íntegro basta para garantizar que la cobertura de que disfruta el beneficiario de la seguridad social es al menos equivalente, cuando no superior, a la cobertura de la que habría disfrutado si el reembolso se hubiera producido con arreglo a las condiciones previstas en el referido artículo.

(véanse los apartados 24 y 27 y el fallo)
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Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común de impuesto sobre el valor añadido – Base imponible – Entregas de bienes y prestaciones de servicios – Subvenciones directamente vinculadas al precio – Concepto – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados – Exclusión – Régimen nacional que no aplica el impuesto sobre el valor añadido al importe de dichas ayudas – Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 11, parte A, ap. 1, letra a)]

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El artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, pretende someter al impuesto sobre el valor añadido la totalidad del valor de los bienes o de las prestaciones de servicios, por lo que establece que la base imponible incluye las subvenciones pagadas a los sujetos pasivos que estén directamente vinculadas al precio de la operación en cuestión. No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la citada disposición un Estado miembro que se abstiene de aplicar el impuesto al importe de las ayudas abonadas en aplicación del Reglamento nº 603/95, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes desecados.

En efecto, el concepto de «subvenciones directamente vinculadas al precio» incluye únicamente las subvenciones que constituyen la contraprestación total o parcial de una operación de entrega de bienes o de prestación de servicios y que son pagadas por un tercero al vendedor o al prestador.

Ahora bien, no se cumplen los requisitos para la sujeción de dichas ayudas al impuesto en la venta por una empresa transformadora, tras su secado, de forrajes comprados a los productores de forrajes verdes, ya que en este caso la ayuda no se abona a la empresa transformadora beneficiaria de la misma con el fin específico de que ésta entregue forraje desecado a un comprador a un precio inferior al vigente en el mercado mundial. Tampoco se cumplen tales requisitos en la subcontratación de dicha empresa por un productor de forrajes verdes, dado que en este supuesto la empresa transformadora no es la beneficiaria de la ayuda que percibe, sino que asume únicamente la función de un intermediario entre el organismo otorgante de las ayudas y el productor de forrajes.

(véanse los apartados 27, 28, 32, 33, 37, 39, 43 y 46)
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Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Elaboración de las decisiones - Comunicación escrita de la Comisión a los Estados miembros de los resultados de sus verificaciones - Contenido - Requisitos - Incumplimiento - Efecto

[Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo, art. 5, ap. 2, letra c); Reglamento (CEE) nº 1663/95 de la Comisión, art. 8, ap. 1, párr. 1]

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$$Conforme al artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1663/95, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 729/70 en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, cuando considere que las intervenciones no se han efectuado con arreglo a las disposiciones comunitarias, la Comisión debe comunicar el resultado de sus verificaciones al Estado miembro afectado. Dicha comunicación indicará las medidas correctivas que deban adoptarse para garantizar el cumplimiento de la normativa en el futuro, así como una evaluación de aquellos gastos que la Comisión prevea excluir, y hará referencia al Reglamento nº 1663/95. El Estado miembro dispone de un plazo de dos meses para responder a la comunicación. A este respecto, la Comisión está obligada a respetar, en las relaciones con los Estados miembros, los requisitos que ella misma se ha impuesto mediante los reglamentos de desarrollo. En efecto, el incumplimiento de estos requisitos puede privar de contenido, en función de su gravedad, a la garantía de procedimiento que el artículo 5, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 729/70 otorga a los Estados miembros al establecer un límite temporal en relación con los gastos cuya financiación puede denegar el FEOGA.

No responde a los requisitos que establece el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1663/95, un escrito de la Comisión que no contiene ninguna referencia a dicho Reglamento, ni ninguna evaluación de los gastos cuya financiación puede ser denegada y fija un plazo de respuesta de seis semanas. Por estas tres irregularidades, la Comisión infringió gravemente las normas que establece el artículo 8, apartado 1, antes citado, y vulneró la garantía de procedimiento que el artículo 5, apartado 2, letra c), párrafo quinto, del Reglamento nº 729/70 otorga a los Estados miembros. No cabe considerar que un escrito así constituya un escrito al que se refiere dicho artículo 8 ni que marque el comienzo del plazo de veinticuatro meses previsto en el Reglamento nº 729/70.

( véanse los apartados 23, 24, 26 y 27 )
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Medio ambiente Residuos Directiva 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE Concepto Sustancia de la que se desprende su poseedor Criterios de apreciación

(Directiva 75/442/CEE, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE)

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$$La ganga que resulta de la explotación de una cantera y es almacenada, durante un período indefinido, en espera de una posible utilización ha de ser calificada como residuo a efectos de la Directiva 75/442 relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156, cuando su poseedor se desprende o tiene la intención de desprenderse de ella. El lugar de almacenamiento de la ganga, su composición y el hecho de que, suponiendo que quedara probado, no suponga un peligro real para la salud de las personas ni para el medio ambiente no son criterios pertinentes para calificarla o no como residuo.

( véanse los apartados 39 y 51 y los puntos 1 y 2 del fallo )
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Libre circulación de mercancías – Restricciones cuantitativas – Medidas de efecto equivalente – Práctica administrativa que clasifica como medicamentos los preparados vitamínicos que contengan más del triple de la dosis diaria recomendada – Justificación – Protección de la salud pública – Inexistencia – Necesidad de una evaluación pormenorizada de cada caso

[Tratado CE, arts. 30 y 36 (actualmente arts. 28 CE y 30 CE, tras su modificación); Directiva 65/65/CEE del Consejo, art. 1]

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Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), al clasificar sistemáticamente como medicamentos los preparados vitamínicos producidos o comercializados legalmente como complementos alimenticios en otros Estados miembros, cuando contienen el triple de vitaminas, distintas de las A y D, que la dosis diaria recomendada por la asociación nacional de nutrición.

En efecto, dado que tal clasificación, basada únicamente en la dosis diaria recomendada, no satisface plenamente la exigencia de que la clasificación se realice en función de las propiedades farmacéuticas de cada preparado vitamínico y que, por tanto, no se desprende necesariamente que cualquier preparado incluido en la misma se ajuste a la definición de medicamento «por su función» en el sentido de la Directiva 65/65, relativa a las especialidades farmacéuticas, esta práctica crea un obstáculo a los intercambios, en la medida en que los preparados vitamínicos legalmente comercializados o producidos en otros Estados miembros como complementos alimenticios no pueden comercializarse en el Estado miembro de que se trata, sin someterse previamente al procedimiento de autorización de comercialización de un medicamento.

Dicha práctica no puede justificarse por las razones mencionadas en el artículo 36 del Tratado (actualmente artículo 30 CE, tras su modificación) de protección de la salud y de la vida de las personas, dado que no distingue en función de las distintas vitaminas añadidas ni del nivel de riesgo que su adición puede suponer eventualmente para la salud pública y que su carácter sistemático no permite identificar ni evaluar un verdadero riesgo para la salud pública, lo que exigiría un análisis pormenorizado, caso por caso, de los efectos que puede producir la adición de las vitaminas en cuestión.

(véanse los apartados 62, 65, 78, 79 y 83 y el fallo)
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Aproximación de las legislaciones Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras Directiva 93/37/CEE Adjudicación de los contratos Ofertas anormalmente bajas Exclusión automática Improcedencia Obligación de iniciar un procedimiento de verificación contradictorio Aplicación de un criterio matemático para determinar las ofertas anormalmente bajas que impide a las empresas interesadas conocer, antes de la presentación de sus ofertas, el umbral de exclusión Procedencia Requisitos Exclusión de determinadas justificaciones Improcedencia

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 30, ap. 4)

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$$El artículo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa y a la práctica administrativa de un Estado miembro que, por una parte, permiten que la entidad adjudicadora rechace por anormalmente bajas las ofertas que suponen una baja que supera el umbral de anomalía teniendo únicamente en cuenta las justificaciones de los precios propuestos que correspondan al menos al 75 % del importe de base del contrato indicado en el anuncio de licitación, justificaciones que los licitadores estaban obligados a adjuntar a sus ofertas, sin que, después de la apertura de las plicas, se dé a los licitadores la posibilidad de alegar su punto de vista sobre los componentes del precio propuestos que hubieran dado lugar a sospechas, y, por otra parte, imponen a la entidad adjudicadora la obligación de tener en cuenta exclusivamente, a efectos de verificar las ofertas anormalmente bajas, justificaciones basadas en la economía del procedimiento de construcción, en las soluciones técnicas adoptadas o en las condiciones especialmente favorables de que disfrute el licitador, con exclusión de las justificaciones relativas a todos aquellos elementos cuyos valores mínimos son establecidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o puedan determinarse a partir de datos oficiales.

En cambio, siempre que se cumplan todas las exigencias que el mencionado artículo impone y no se vean afectados los objetivos que persigue la Directiva 93/37, dicho artículo, no se opone, en principio, a la normativa y a la práctica administrativa de un Estado miembro que, en materia de determinación y de verificación de las ofertas anormalmente bajas, por un lado, obligan a todos los licitadores, so pena de excluirlos de participar en la licitación, a acompañar sus ofertas de justificaciones de los precios propuestos que correspondan al menos al 75 % del importe de base de dicha licitación, y, por otro lado, aplican un método de cálculo del umbral de anomalía basado en la media de todas las ofertas recibidas para la adjudicación de que se trate, de manera que los licitadores no están en condiciones de conocer dicho umbral en el momento de presentar su documentación; no obstante, la entidad adjudicadora debe poder reconsiderar el resultado al que conduzca la aplicación de este método de cálculo.

( véanse el apartado 86 y el fallo )
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Directiva 69/335/CEE - Derecho de aportación e impuesto que presenta las mismas características que tal derecho - Concepto - Cuota mínima del impuesto sobre sociedades de capital que debe ingresarse a cuenta de la deuda tributaria efectiva del impuesto sobre sociedades - Exclusión

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, arts. 4 y 10, letras a), b) y c)]

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$$El artículo 10 de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, que enumera otros impuestos indirectos que tienen características idénticas al impuesto sobre las aportaciones, y cuya recaudación se prohíbe, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la percepción, a cargo de sociedades de capital que, encontrándose en quiebra o en liquidación, no obtienen ninguna renta u obtienen una renta anual que no sobrepasa una determinada cantidad, de una cuota tributaria mínima devengada por cada trimestre en que dichas sociedades hayan sido sujetos pasivos por obligación personal del impuesto sobre sociedades, en la medida en que tal impuesto no tiene las mismas características que los impuestos prohibidos por la disposición de que se trata.

Dicha cuota mínima del impuesto que están obligadas a pagar las sociedades de capital, que deriva directamente de la condición de una sociedad de capital de sujeto pasivo por obligación personal del impuesto sobre sociedades y que debe ingresarse a cuenta de la deuda tributaria efectiva del impuesto sobre sociedades correspondiente a un período impositivo determinado, no presupone operación alguna que implique movimiento de capitales o de bienes -ni en forma de cesión ni en forma de aumento- y, por lo tanto, no corresponde a ninguna de las operaciones gravadas que enumera el artículo 4 de la Directiva y al que se remite su artículo 10, letras a) y b). Tampoco se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 10, letra c), en la medida en que, por una parte, no tiene ninguna relación formal con la inscripción de las sociedades sujetas a la misma, dado que la inscripción de una sociedad en el Registro mercantil no está supeditada al pago de dicho impuesto ni el impago de éste entraña la cancelación de los asientos de la sociedad en ese Registro y en que, por otra parte, no está relacionada con el cumplimiento de formalidades previas al ejercicio de una actividad, a las que puedan estar sujetas dichas sociedades por razón de su forma jurídica.

( véanse los apartados 19, 20, 22, 23, 26 a 28 y el fallo )
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Funcionarios - Promoción - Examen comparativo de los méritos - Promoción automática de los funcionarios que hayan figurado el año anterior en la lista de funcionarios con mayores méritos - Ilegalidad - Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la que se declara esta ilegalidad - Contradicción en los fundamentos de Derecho - Error de Derecho - Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1, párr. 1)

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$$Para cada ejercicio de promoción, el artículo 45, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto impone a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos la obligación de proceder a un examen comparativo de los méritos de los candidatos que pueden ser promovidos, así como de los informes a ellos referidos.

Si bien la exigencia de un examen comparativo de los méritos no excluye que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos pueda tomar en consideración la circunstancia de que un candidato ya haya figurado en la lista de los funcionarios con mayores méritos en un ejercicio anterior, no obstante exige que los méritos de cada candidato sean apreciados en relación con los de los demás candidatos a la promoción, incluidos los funcionarios que, anteriormente, no figuraban en la lista de aquellos con mayores méritos.

No es incoherente considerar que, por una parte, en el marco del procedimiento de promoción controvertido, los funcionarios que figuraron en la lista de los de mayores méritos el año anterior sólo son inscritos en la lista del ejercicio en curso a condición de que concurran los méritos y que, por otra parte, al actuar de este modo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha procedido a un examen comparativo de los méritos de los candidatos a la promoción, conforme a las exigencias del artículo 45, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto. Realmente, la apreciación de la posible disminución de méritos de un candidato, la cual tiene carácter puramente individual, no implica que se haya procedido a un verdadero examen comparativo de los méritos de todos los funcionarios que podían ser promovidos.

Por la misma razón, el Tribunal de Primera Instancia no ha incurrido en un error de Derecho al considerar que el examen de la posible disminución de los méritos de un funcionario que pretende la promoción no equivale a un examen comparativo de los méritos, como exige el artículo 45, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto.

( véanse los apartados 18, 19, 23 y 24 )
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Agricultura - Organización común de mercados - Frutas y hortalizas - Organizaciones de productores - Percepción de cotizaciones de los productores no asociados de productos frescos - Exención de los productores no asociados de productos destinados a la transformación - Procedencia - Violación del principio de no discriminación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, art. 15 ter, aps. 1 y 8]

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$$El artículo 15 ter, apartado 8, del Reglamento nº 1035/72, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 3284/83 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha aplicado el apartado 1 de dicho artículo, es decir, cuando ha declarado obligatorias determinadas normas de producción y de comercialización adoptadas por una organización de productores para los productores establecidos en la circunscripción y no asociados a dicha organización, puede no someter a la obligación de cotización, respecto de un mismo producto, a determinados productores no asociados en la medida en que su producción no esté destinada al mercado de productos frescos sino a la transformación industrial.

Dado que las situaciones de que se trata son objetivamente diferentes -productos destinados al mercado de los productos frescos y productos destinados a la transformación-, el hecho de que sean tratadas de forma distinta no vulnera el principio general de no discriminación.y

(véanse los apartados 27 y 28 y el fallo)