Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Alcance de la carga de la prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Empresa transmitida varias veces en el período de infracción — Sucesión en el tiempo de varias sociedades matrices

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03]

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación — Consideración de la realidad económica en el momento de la comisión de la infracción

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 3; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03]

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva o subordinada de la empresa — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, número 3, primer guión]

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Facultad de apreciación de la Comisión — Obligación de garantizar una proporción entre el importe de las multas y el volumen global del mercado del producto de que se trata — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 3]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo — Cálculo — Volumen de negocios que ha de tomarse en consideración — Multa superior al volumen de negocios anual realizado con el producto de que se trata — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

7. Competencia — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago — Determinación del importe de la multa que debe ser pagado por la empresa solidariamente responsable — Empresa transmitida varias veces en el período de infracción — Sucesión en el tiempo de varias sociedades matrices

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03]

Índice

1. Corresponde a la Comisión probar no sólo la existencia de una práctica colusoria, sino también su duración. A este respecto, es necesario que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión deba invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas.

En el supuesto de que se acredite que una empresa participó en una infracción tanto antes como después de un cierto período, participando en una serie de reuniones contrarias a la competencia sin distanciarse públicamente de su contenido, se puede admitir que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida si la empresa fue invitada a participar en las reuniones contrarias a la competencia que tuvieron lugar en este período y excusó varias veces su ausencia.

(véanse los apartados 41 a 42 y 46 a 48)

2. En el cálculo del importe de las multas impuestas por vulnerar las normas de competencia, el enfoque de la Comisión consistente en asignar a una sociedad matriz el mismo importe de partida que el correspondiente a la filial que participó directamente en el cártel, sin que dicho importe de partida se reparta, en el caso de que varias sociedades matrices se sucedan en el tiempo, no puede ser considerado como inapropiado por sí mismo. La finalidad que persigue la Comisión empleando este método de cálculo es permitir que a una sociedad matriz, responsable de una infracción por la imputación que se le hace, se le pueda asignar el mismo importe de partida que el que le habría sido asignado en el supuesto de que ella misma hubiese participado directamente en el cártel. Pues bien, esto es conforme con el objeto de la política de competencia y, en concreto, con el del instrumento de dicha política que constituyen las multas, que consiste en orientar el comportamiento de las empresas en el sentido del respeto de las normas de competencia.

La circunstancia de que la acumulación de los importes asignados a las sucesivas sociedades matrices supere el importe asignado a su filial no puede conducir por sí misma a la conclusión de que este método de cálculo sea evidentemente erróneo. Habida cuenta de la aplicación de la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA y del principio de individualización de las penas y de las sanciones, se permite a la Comisión, una vez probada la existencia de una entidad económica que participó en la infracción, responsabilizar a una de las personas jurídicas pertenecientes a ésta, o que le hubiesen pertenecido, ya se trate de la sociedad matriz o de una filial, del pago de un importe más elevado que aquél del que responde otra persona jurídica, o las demás personas jurídicas, que forman o hayan formado dicha entidad económica. De ello resulta que, tratándose de una infracción cometida por una filial que perteneció sucesivamente a varias entidades económicas durante la infracción, no se puede considerar a priori como inadecuado que la acumulación de los importes asignados a las sociedades matrices sea más elevada que el importe, o la acumulación de los importes, asignado a dicha filial.

(véanse los apartados 74 y 76)

3. En el cálculo del importe de las multas impuestas por vulnerar las normas de competencia, la apreciación de la gravedad de la infracción debe referirse a la realidad económica tal como se manifestaba en la época en que se cometió dicha infracción. A este respecto, los elementos pertinentes que deben tomarse en consideración son, en particular, la dimensión y la potencia económica de cada empresa, así como la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas. Para apreciar estos elementos, hay que referirse necesariamente al volumen de negocios obtenido en dicha época.

El año de referencia no debe ser necesariamente el último año completo durante el cual perduró la infracción.

En el cálculo de las multas, cuando la Comisión aplica un enfoque individualizado, con el objeto de tratar a los destinatarios de la Decisión que únicamente son considerados responsables por su condición de sociedades matrices como participantes directos en la infracción, el año de referencia no puede ser, sin otros indicios pertinentes, un año en el cual la entidad económica formada por la sociedad matriz y la filial no existiese todavía.

(véanse los apartados 91, 93 y 95)

4. A tenor del número 3, primer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA, constituye una circunstancia atenuante, si resulta acreditada, la «función exclusivamente pasiva o subordinada» de una empresa en la comisión de la infracción. Un papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa de la que se trate de una «actitud reservada», es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia.

Entre los elementos que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en un cártel pueden tenerse en cuenta, en particular, su participación mucho más esporádica en las reuniones en comparación con la de los participantes ordinarios en el cártel, al igual que su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en ésta o incluso la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por representantes de otras empresas que hayan participado en la infracción.

Además, el hecho de que otras empresas que participen en un único e idéntico cártel hayan podido ser más activas que un participante dado no implica, sin embargo, que éste haya tenido un papel exclusivamente pasivo o subordinado. De hecho, únicamente podría tenerse en cuenta su pasividad total y debe ser acreditada por la parte que la invoca.

(véanse los apartados 106 a 108)

5. En la determinación del importe de una multa impuesta por vulnerar las normas de competencia, la Comisión dispone de una facultad de apreciación y no está obligada a aplicar, a tal efecto, una fórmula matemática precisa. Con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, el importe de la multa debe determinarse en función de la gravedad de la infracción y de su duración. Además, dicho importe es el resultado de una serie de cálculos efectuados por la Comisión con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA. La determinación de dicho importe se realiza en función de diversas circunstancias ligadas al comportamiento individual de la empresa de que se trate, tales como la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

De este marco jurídico no cabe deducir que la Comisión esté obligada a garantizar la existencia de una proporción entre el importe total de las multas así calculadas e impuestas a los participantes del cártel y el volumen del mercado del producto de que se trata en un determinado año de la infracción, teniendo en cuenta que la infracción ha durado más de veinte años y que los importes de las multas dependen también de otras circunstancias ligadas al comportamiento individual de las empresas a que se refiere.

(véanse los apartados 141 a 142)

6. El artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado pretende evitar que las multas sean desproporcionadas. En el supuesto de que el importe de la multa final no supere el límite del 10 % del volumen de negocios, no se puede considerar desproporcionado por el hecho de que el importe total de las multas supere el volumen global del mercado correspondiente, ni por el hecho de que la multa supere el volumen de negocios anual obtenido por una empresa con el referido producto. El límite del 10 % del volumen de negocios se aplica sin que se deba tener en cuenta el papel concreto de una empresa en el cártel.

Por lo que respecta a la comparación entre las empresas destinatarias de una decisión que les impone multas, una diferencia de trato puede ser la consecuencia directa del límite máximo impuesto a las multas por el Reglamento nº 1/2003, que sólo se aplica, evidentemente, en los supuestos en que el importe de la multa perseguido hubiese superado el 10 % del volumen de negocios de la empresa interesada. Tal diferencia de trato no puede constituir una vulneración del principio de igualdad de trato.

(véanse los apartados 144 y 147)

7. El principio de seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho de la Unión que exige, particularmente, que cualquier acto de las instituciones de la Unión, especialmente cuando imponga o permita imponer sanciones, sea claro y preciso, con el fin de que las personas afectadas puedan conocer sin ambigüedad los derechos y obligaciones que derivan de éste y adoptar las medidas oportunas en consecuencia.

Cuando una sociedad matriz y una filial constituyen o han constituido una entidad económica que ha participado en una práctica colusoria, la Comisión puede declararlas solidariamente responsables de la infracción de la normativa de la competencia.

En el caso de una filial que perteneció sucesivamente a varias sociedades matrices, nada obsta a que la Comisión declare a las diferentes sociedades matrices responsables solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial. En cambio, una decisión que confiera a la Comisión plena libertad para el cobro de la multa de cualquiera de las personas jurídicas afectadas, en aplicación de la cual pueda decidir la Comisión, en consecuencia, cobrar la multa total o parcialmente de la filial o de una o de todas las sociedades matrices que tuvieron sucesivamente el control de la filial, hasta ser completamente resarcida, hace depender, sin que se pueda apuntar ninguna justificación basada en el carácter disuasorio de las multas, el importe efectivamente cobrado de una de las sociedades de los importes cobrados de las demás. Pues bien, dado que estas sucesivas sociedades matrices no formaron nunca, conjuntamente, una entidad económica común, ninguna responsabilidad solidaria las puede unir entre sí. El principio de individualización de las penas y de las sanciones exige que el importe efectivamente pagado por una de las sociedades matrices no supere la parte proporcional de su responsabilidad solidaria. Al no precisar la parte proporcional correspondiente a las sociedades matrices y conferir plena libertad a la Comisión para ejecutar las responsabilidades solidarias respectivas de las sucesivas sociedades matrices, que no formaron nunca una entidad económica entre sí, la Decisión es incompatible con la obligación que tiene la Comisión, con arreglo al principio de seguridad jurídica, de permitir a estas sociedades conocer sin ambigüedad el importe exacto de la multa que deben pagar por el período por el que son responsables solidariamente con la filial de la infracción. Una decisión de este tipo vulnera tanto el principio de seguridad jurídica como el de individualización de las penas y de las sanciones.

(véanse los apartados 161, 163 a 167 y 169 a 170)