Asunto C‑18/13

Maks Pen EOOD

contra

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad)

«Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Deducción del impuesto soportado — Prestaciones realizadas — Control — Prestador que no dispone de los medios necesarios — Concepto de fraude fiscal — Obligación de comprobar de oficio el fraude fiscal — Exigencia de prestación efectiva del servicio — Obligación de llevar una contabilidad suficientemente detallada — Procedimiento judicial — Prohibición de que el juez califique penalmente el fraude y agrave la situación del demandante»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 13 de febrero de 2014

[Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 242 y 273]

Derecho de la Unión Europea — Recurso interpuesto ante el juez nacional — Aplicación de oficio de una disposición del Derecho de la Unión que conduce a descartar la regla nacional que prohíbe la reformatio in peius — Obligación del juez nacional — Inexistencia — Excepción

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Impuesto que figura en las facturas emitidas por un prestador de servicios que no dispone de los recursos necesarios para prestar los servicios facturados — Prestaciones realizadas por otro prestador de servicios — Exclusión del derecho a deducción — Procedencia — Requisitos — Comprobación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional

La Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un sujeto pasivo deduzca el impuesto sobre el valor añadido que figura en las facturas emitidas por un prestador de servicios cuando, aunque la prestación se haya realizado, resulte que no ha sido efectivamente realizada por ese prestador o por su subcontratista particularmente porque no disponían del personal, de los recursos materiales ni de los activos que serían necesarios para prestar el servicio, porque los costes de su prestación efectiva del servicio no se han justificado en su contabilidad o porque la identidad de las personas que firmaron determinados documentos como prestadores del servicio resultó ser incorrecta, siempre que se cumpla la doble condición de que tales hechos sean constitutivos de un comportamiento fraudulento y que, teniendo en cuenta los elementos objetivos presentados por las autoridades tributarias, se demuestre que el sujeto pasivo sabía o debería haber sabido que la operación invocada formaba parte de dicho fraude para fundamentar el derecho de deducción, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente. (véanse el apartado 32 y el punto 1 del fallo)

El Derecho de la Unión no puede obligar al juez nacional a aplicar de oficio una disposición de dicho Derecho cuando tal aplicación provoque que no se aplique el principio, recogido en su Derecho procesal nacional, de prohibición de la reformatio in peius. Sin embargo, en cualquier caso, no parece que en un litigio, que desde su origen tiene por objeto el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido que figura en un determinado número de facturas concretas, pueda aplicarse tal prohibición a la presentación de elementos nuevos por parte de la Administración tributaria durante el procedimiento judicial que, refiriéndose a esas mismas facturas, no pueden considerarse agravantes de la situación del sujeto pasivo que invoca ese derecho de deducción. (véase el apartado 37)

Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados o facultados para examinar de oficio los fundamentos de Derecho basados en una norma del Derecho nacional de carácter imperativo, deben hacerlo por referencia a una norma del Derecho de la Unión de carácter imperativo como la que exige a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales que denieguen el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido cuando resulte acreditado, mediante datos objetivos, que ese derecho ha sido invocado de modo fraudulento o abusivo. Incumbe a dichos órganos jurisdiccionales, al apreciar el carácter fraudulento o abusivo de la invocación del referido derecho a deducir, interpretar el Derecho nacional en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para alcanzar el resultado que ésta persigue, lo que requiere hacer todo lo que forme parte de su competencia tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste. A este respecto, aun cuando una norma de Derecho nacional tipificase el fraude fiscal como infracción penal y dicha calificación incumbiese únicamente al juez de lo penal, no parece que, en principio, una norma como ésta se oponga a que el juez que ha de examinar la legalidad de una liquidación complementaria que pone en tela de juicio la deducción del impuesto sobre el valor añadido efectuada por un sujeto pasivo pueda fundarse en los elementos objetivos presentados por la Administración tributaria para determinar la existencia de un fraude, mientras que, según otra disposición del Derecho nacional, no cabe deducir un impuesto sobre el valor añadido «indebidamente». (véanse los apartados 38 y 39 y el punto 2 del fallo)