SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 26 de febrero de 2003

Asunto T-145/01

Benito Latino

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Enfermedad profesional — Regularidad del dictamen de la comisión médica — Prueba del origen profesional de la enfermedad — Incertidumbre científica — Regularidad del procedimiento previo a la consulta a la comisión médica»

Texto completo en lengua francesa II-337

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2000, por la que se rechaza la solicitud del demandante de que se reconozca el origen profesional de sus lesiones de artrosis y de que se imponga a la Comisión el pago de los honorarios y gastos accesorios del médico de la comisión médica por él designado, así como la mitad de los honorarios y gastos accesorios del tercer médico integrante de esta comisión.

Resultado:

Se anula la Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2000 en la medida en que impone al demandante el pago de los honorarios y gastos accesorios del mèdico de la comisión mèdica por él designado y la mitad de los honorarios y gastos accesorios del tercer médico. El recurso se desestima en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Seguridad social — Seguro de accidentes y enfermedades profesionales — Determinación del origen profesional de la enfermedad — Carga de la prueba que incumbe al funcionario — Enfermedad que no figura en la lista europea de enfermedades profesionales — Insuficiencia de prueba de la posible influencia del ejercicio de las funciones en el desarrollo de una enfermedad derivada de múltiples factores

En el marco de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas, la misión de elaborar con total objetividad e independencia una valoración de las cuestiones de carácter médico que incumbe a la comisión médica exige que esta comisión disponga, por un lado, de todos los elementos que puedan resultarle de utilidad y, por otro, de una completa libertad de apreciación. Las valoraciones médicas propiamente dichas deben considerarse definitivas cuando se emiten en condiciones regulares. El juez está facultado únicamente para verificar, por una parte, la regularidad de la constitución y el funcionamiento de la comisión médica, y por otra, la regularidad de su dictamen y, concretamente, si éste contiene una motivación que permita apreciar las consideraciones en que se basa y si establece una relación comprensible entre las comprobaciones médicas que incluye y las conclusiones a las que llega. En particular, cuando se someten a la comisión médica complejas cuestiones de carácter médico relativas, específicamente, a un diagnóstico difícil o a la relación de causalidad entre las afecciones que sufre el funcionario de que se trate y el ejercicio de su actividad profesional en una institución comunitaria, aquélla debe indicar, en su dictamen, los elementos en que se fundamenta y debe precisar en casos de divergencia manifiesta las razones por las que se aparta de ciertos informes médicos anteriores pertinentes, más favorables al interesado. (véanse los apartados 47 y 48) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1999, Nardone/Comisión (T-27/98, RecFP pp. I-A-267 y II-1293), apartados 30, 68, 87 y 88; Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1999, Latino/Comisión (T-300/97, RecFP pp. I-A-259 y II-1263), apartado 41; Tribunal de Primera Instancia, 16 de junio de 2000, C/Consejo (T-84/98, RecFP pp. I-A-113 y II-497), apartado 43; Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 2000, Plug/Comisión (T-47/97, RecFP pp. I-A-119 y II-527), apartado 117

En la medida en que la enfermedad de que se trate pueda derivar de diversos factores (enfermedad derivada de múltiples factores), el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad de un funcionario no supone que su causa esencial o preponderante sea el ejercicio de sus funciones al servicio de las Comunidades. Cuando una enfermedad tiene su origen en varias causas, profesionales o extraprofesionales, cada una de las cuales ha contribuido a su aparición, corresponde a la comisión médica determinar si el ejercicio de las funciones — cualquiera que sea, por otra parte, la evaluación de la importancia de este factor en relación con los factores extraprofesionales- presenta una relación directa con la enfermedad del funcionario. Ante una enfermedad derivada de múltiples factores, cuyo posible origen profesional es difícil o incluso imposible de probar en un caso concreto — excepto en circunstancias particulares-, en el estado actual de los conocimientos científicos, la comisión médica está facultada para tomar en consideración, en su caso, los resultados de un estudio epidemiológico que pueda indicar, sobre la base de datos científicos, si en regla general existe una relación de causalidad entre el ejercicio de una actividad profesional determinada y la aparición, agravamiento o aceleración de esta enfermedad y en qué proporción, sobre la base de datos científicos. En efecto, la comisión médica puede basarse fundadamente, en su caso, en los resultados de dicho estudio, efectuado conforme a un método riguroso, para llegar a la conclusión de que, con toda probabilidad, esta relación causal existe en un caso concreto. Dicha comprobación médica bastaría para probar la existencia de una relación de causalidad de forma suficiente con arreglo a Derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Reglamentación de cobertura. En efecto, según las normas de Derecho común sobre la prueba, ésta puede aportarse por cualquier medio, en particular invocando indicios serios, precisos y coherentes que demuestren que el origen profesional de las lesiones es objetivamente probable y puede presumirse razonablemente en el caso de que se trate. (véanse los apartados 50 a 52) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de julio de 1997, S/Tribunal de Justicia (T-4/96. Rec. p. II-1125), apartados 79 y 80

Si la comisión médica llega a la conclusión de que, en el estado actual de los conocimientos científicos, es imposible demostrar el origen profesional de las afecciones que sufre un funcionario, la cuestión de si, no obstante, éstas pueden ser calificadas de enfermedad profesional a efectos del artículo 73 del Estatuto, es competencia exclusiva de la administración bajo el control del juez comunitario. El artículo 3 de la Reglamentación de cobertura establece un doble régimen de cobertura de las enfermedades profesionales. Su párrafo primero prevé que cuando la enfermedad figure en la «lista europea de enfermedades profesionales», aneja a la Recomendación de la Comisión de 22 de mayo de 1990 (DO L 160, p. 39) o a sus posibles complementos, se considerará enfermedad profesional. En este caso, basta que el funcionario afectado pruebe que estuvo expuesto al riesgo de contraer esta enfermedad en el ejercicio de sus funciones en las Comunidades. La posible incertidumbre en cuanto a la relación de causalidad entre el ejercicio de las funciones y la enfermedad no permite invertir esta presunción legal, que constituye una excepción a las normas de Derecho común sobre la prueba y que, por esta razón, no puede ser objeto de una interpretación amplia. En cambio, en el marco del artículo 3, apartado 2, de la Reglamentación de cobertura, el funcionario afectado debe aportar por cualquier medio la prueba de la existencia de una relación de causalidad. Aunque la imposibilidad de probar dicha relación pueda dar lugar a situaciones injustas en ciertos casos, la simple prueba de que el ejercicio de las funciones en las Comunidades puede tener una influencia en la aparición, agravamiento o aceleración de una afección derivada de múltiples factores no permite considerar que el origen profesional de esta afección esté suficientemente demostrado. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir al legislador para admitir que, en el caso de ciertas enfermedades derivadas de múltiples factores, la duda debe beneficiar al funcionario afectado cuando sea objetivamente imposible determinar si es probable que el ejercicio de estas funciones influyera en el deterioro del estado de salud del interesado, por una parte, y en qué medida este ejercicio contribuyó a dicho deterioro — en relación con los posibles factores extraprofesionales — , por otra. (véanse los apartados 81, 83, 84, 86 y 87) Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de enero de 1987 (Rienzi/Comisión, 76/84, Rec. p. 315), apartados 9 a 12; Tribunal de Justicia, 4 de octubre de 1991 (Comisión/Gill, C-185/90 P, Rec. p. I-4779), apartados 17 y 18; Tribunal de Primera Instancia, 12 de julio de 1990, Vidrányi/Comisión (T-154/89, Rec. p. II-445), apartado 48; Tribunal de Primera Instancia, 13 de febrero de 2001, N/Comisión (T-2/00, RecFP pp. I-A-37 y II-135), apartado 41

Por lo que respecta a los honorarios y gastos accesorios de los médicos que integran la comisión médica, el artículo 23, apartado 2, último párrafo, de la Reglamentación de cobertura dispone que, en casos excepcionales y por decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, adoptada previo dictamen del médico por ella designado, todos los honorarios y gastos accesorios podrán correr a cargo de la institución. Esta disposición reserva una amplia facultad de apreciación a la administración. Sin embargo, en un caso que se caracteriza por la incertidumbre científica sobre el origen de las afecciones de que se trata y por el hecho de que, según la comisión médica, su origen profesional no puede excluirse y es incluso «posible», el deber de asistencia y protección, que implica que la autoridad competente no sólo tome en consideración el interés del servicio sino también el del funcionario afectado, le obliga a considerar la aplicación de esta disposición a favor de este último. Al no haber recabado con anterioridad la opinión a este respecto del médico de la comisión médica designado por el funcionario afectado y decidir después imponer a dicho funcionario el pago de los honorarios y gastos accesorios del médico que él designó y de la mitad de los honorarios y gastos accesorios del tercer médico, la institución incumple las obligaciones derivadas de su deber de asistencia y protección respecto al funcionario y vulnera el principio de buena administración. (véanse los apartados 92 y 93)

Corresponde al legislador determinar el régimen de cobertura de los riesgos de enfermedad profesional. A este respecto, el artículo 73, apartado 1, del Estatuto prevé únicamente el principio de dicha cobertura en las condiciones fijadas por una reglamentación adoptada de común acuerdo por las instituciones. Pues bien, aunque es cierto que éstas tenían la posibilidad de adoptar de común acuerdo un enfoque más favorable para las personas que sufren una enfermedad derivada de múltiples factores cuyo origen no puede demostrarse de forma suficiente con arreglo a Derecho, supeditar esta cobertura, en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Reglamentación de cobertura, a la prueba de la existencia probable de una relación causal entre el ejercicio de las funciones en las Comunidades y el desarrollo, aceleración o agravamiento de la enfermedad, no es incompatible con el principio mismo de cobertura, tal como se enuncia en el artículo 73, apartado 1, del Estatuto, que supedita expresamente la garantía a los requisitos definidos por dicha Reglamentación. Ni el principio de proporcionalidad ni el deber de asistencia y protección obligan a las instituciones comunitarias a conceder las prestaciones destinadas a cubrir los riesgos de enfermedad profesional cuando se demuestra la existencia de una relación de causalidad meramente posible entre el ejercicio de funciones al servicio de las Comunidades y la enfermedad y existe una gran probabilidad de que esta afección resulte de una causa totalmente ajena al ejercicio de estas funciones, según los conocimientos científicos actuales. (véanse los apartados 95 y 96)