Asunto T‑66/01

Imperial Chemical Industries Ltd

contra

Comisión Europea

«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de la sosa en el Reino Unido — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 82 CE — Prescripción de la facultad de la Comisión para imponer multas o sanciones — Plazo razonable — Requisitos sustanciales de forma — Fuerza de cosa juzgada — Existencia de posición dominante — Explotación abusiva de posición dominante — Perjuicio para el comercio entre los Estados miembros — Multa — Gravedad y duración de la infracción — Circunstancias atenuantes»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Prescripción en materia de actuaciones — Suspensión

[Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, art. 3]

2. Derecho comunitario — Principios — Observancia de un plazo razonable — Ámbito de aplicación — Competencia — Procedimiento administrativo — Procedimiento judicial — Distinción a efectos de apreciar si se observó un plazo razonable

(Reglamento nº 17 del Consejo)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Observancia de un plazo razonable

(Reglamento nº 17 del Consejo)

4. Procedimiento — Duración del procedimiento seguido ante el Tribunal General — Plazo razonable — Criterios de apreciación

5. Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa — Ámbito de aplicación — Competencia — Procedimiento administrativo — Alcance del principio tras la anulación de una primera decisión de la Comisión

(Arts. 81 CE, 82 CE y 233 CE; Reglamento nº 17 del Consejo)

6. Comisión — Principio de colegialidad — Alcance — Decisión en materia de competencia

7. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Alcance — Fuerza absoluta de cosa juzgada

8. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos

(Arts. 82 CE, 230 CE y 233 CE)

9. Competencia — Posición dominante — Caracterización mediante la posesión de una cuota de mercado extremadamente alta

(Art. 82 CE)

10. Competencia — Posición dominante — Abuso — Descuentos que tienen un efecto de exclusión del mercado — Descuentos por fidelidad

(Art. 82 CE)

11. Competencia — Posición dominante — Abuso — Descuentos por volumen — Procedencia — Requisitos — Carácter abusivo de un sistema de descuentos

(Art. 82 CE)

12. Competencia — Posición dominante — Abuso — Contratos de suministro exclusivo — Descuentos por fidelidad

(Art. 82 CE)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultad de apreciación de la Comisión

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo]

14. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción y se impone una multa — Anulación por vicio de procedimiento

(Reglamento nº 17 del Consejo)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Infracciones de especial gravedad

(Art. 82 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Concepto de infracciones del mismo tipo — Infracciones del artículo 81 CE, por una parte, y del artículo 82 CE, por otra — Exclusión

(Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Obligación de deducir del importe de la multa los gastos realizados para garantizar la aplicación de una decisión anulada posteriormente — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

18. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada — Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

19. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

20. Competencia — Multas — Imposición — Necesidad de que la empresa obtenga un beneficio de la infracción — Inexistencia — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Inexistencia de beneficio — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Ocultación de la práctica colusoria — Inexistencia de carácter secreto que no constituye una circunstancia atenuante

(Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

1. Con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 2988/1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en el ámbito de la competencia, la prescripción en materia de actuaciones quedará suspendida en tanto la decisión de la Comisión sea objeto de «procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas». Esta referencia debe entenderse, desde la creación del Tribunal de Primera Instancia, en el sentido de que alude en primer lugar a un procedimiento pendiente ante éste, pues son de su competencia los recursos contra sanciones o multas en el ámbito del Derecho de la competencia.

La prescripción queda en suspenso, asimismo, mientras la decisión de que se trate sea objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Puesto que el artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 tienen un ámbito de aplicación diferente, la inexistencia de efecto suspensivo de un recurso de casación no merma completamente la efectividad del artículo 3 de dicho Reglamento, que se refiere a situaciones en las que la Comisión debe esperar la resolución del órgano jurisdiccional comunitario. Además, el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 protege a la Comisión contra el efecto de la prescripción en las situaciones en que ha de esperar a la resolución de un órgano jurisdiccional comunitario, en el marco de procedimientos cuyo desarrollo escapa a su control, antes de saber si el acto impugnado adolece o no de ilegalidad.

No puede acogerse el argumento de que, a raíz de la anulación de una decisión de la Comisión, ésta no puede aprovechar su propia falta imponiendo una multa después de expirar el plazo de prescripción. En efecto, toda anulación de un acto adoptado por la Comisión es necesariamente imputable a ésta, en el sentido de que traduce un error por su parte. Por consiguiente, excluir la suspensión de la prescripción de las actuaciones cuando el resultado del recurso es el reconocimiento de un error imputable a la Comisión privaría totalmente de sentido al artículo 3 del Reglamento nº 2988/74. El propio hecho de que esté pendiente un recurso ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia justifica la suspensión, y no las conclusiones a las que llegan estos órganos jurisdiccionales en su sentencia.

En definitiva, si la Comisión tuviera la obligación de adoptar una nueva decisión tras la anulación de una decisión por el Tribunal General sin esperar la sentencia del Tribunal de Justicia, existiría un riesgo de que coexistiesen dos decisiones con el mismo objeto en el supuesto de que el Tribunal de Justicia anulase la sentencia del Tribunal General. Resulta contrario a las exigencias de economía del procedimiento administrativo imponer a la Comisión la obligación de adoptar una nueva decisión antes de saber si la decisión inicial adolece o no de ilegalidad con el único objetivo de evitar que se produzca la prescripción.

Puesto que la prescripción establecida en el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 quedó suspendida durante todo el procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia, no puede reprocharse a la Comisión que, antes de adoptar la Decisión impugnada, esperase a que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia dictaran resolución, hecho que se encuentra justificado por el respeto al procedimiento judicial y a las futuras sentencias.

(véanse los apartados 73, 74, 77, 82, 85, 86, 88, 89 y 132)

2. Al examinar una imputación basada en la vulneración del principio del plazo razonable, procede distinguir entre el procedimiento administrativo instruido en materia de competencia con arreglo al Reglamento nº 17 y el procedimiento judicial en caso de que se recurra la decisión de la Comisión. El período en el que el órgano jurisdiccional comunitario examinó la legalidad de la decisión y, en caso de interponerse recurso de casación, la validez de la sentencia dictada en primera instancia, no puede tenerse en cuenta para determinar la duración del procedimiento ante la Comisión.

(véase el apartado 102)

3. La vulneración del principio del plazo razonable para adoptar una decisión en un procedimiento administrativo de competencia sólo justificaría la anulación de una decisión adoptada por la Comisión en caso de que implicara también una violación del derecho de defensa de la empresa afectada. En efecto, cuando no se demuestra que el excesivo paso del tiempo ha afectado a la capacidad de las empresas interesadas para defenderse de forma eficaz, la inobservancia del principio del plazo razonable carece de incidencia sobre la validez del procedimiento administrativo.

(véase el apartado 109)

4. El principio general de Derecho comunitario según el cual toda persona tiene derecho a un juicio justo, inspirado en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en particular, el derecho a un juicio en un plazo razonable, es aplicable en un recurso jurisdiccional contra una decisión de la Comisión por la que se imponen multas a una empresa por violación del Derecho de la competencia.

El carácter razonable del plazo debe apreciarse de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de acuerdo con la trascendencia del litigio para el interesado, la complejidad del asunto y la conducta del demandante y de las autoridades competentes.

La lista de criterios al respecto no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto de acuerdo con cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada con arreglo a uno solo. Así, la complejidad del asunto puede tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo.

A falta de cualquier indicio de que la duración del procedimiento haya tenido alguna incidencia en la solución del litigio, el posible hecho de que el juez comunitario haya sobrepasado el plazo razonable, incluso suponiendo que resultase probado, no tiene repercusión alguna en la legalidad de la Decisión impugnada. Podría justificar el pago de una indemnización si la empresa lo solicitara.

(véanse los apartados 114, 116 y 117)

5. La anulación de un acto comunitario no afecta necesariamente a los actos preparatorios, pues el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede, en principio, reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad.

Puesto que el vicio de procedimiento se produjo en la última fase de la adopción de la decisión por que se sancionaba a una empresa por infringir las normas comunitarias de competencia, la anulación de dicha decisión no afecta a la validez de las medidas preparatorias, anteriores a la fase en que se produjo el vicio. Cuando adopta una nueva decisión, con un contenido esencialmente idéntico y basado en las mismas imputaciones, la Comisión, por lo tanto, no está obligada a efectuar nuevos trámites procedimentales.

En particular, no puede reprocharse a la Comisión que, antes de adoptar la nueva decisión, no concediera una nueva audiencia a la empresa en cuestión, o que no le diera la ocasión de presentar de nuevo sus alegaciones, o que no le remitiera un nuevo pliego de cargos.

En cuanto a las cuestiones de Derecho que pueden plantearse en el marco de la aplicación del artículo 233 CE, como las relativas al transcurso del tiempo, a la posibilidad de una reanudación de las actuaciones, al acceso al expediente supuestamente inherente a tal reanudación, a la intervención del consejero auditor y del Comité Consultivo, así como a las eventuales implicaciones del artículo 20 del Reglamento nº 17, tampoco requieren nuevas audiencias, en la medida en que no modifiquen el contenido de los cargos, y sólo cabría que fueran objeto, en su caso, de un control jurisdiccional posterior.

Por lo demás, como no era necesaria una nueva audiencia, ya no era precisa una nueva intervención del consejero auditor. En efecto, del propio contenido de la misión confiada al consejero auditor resulta que su intervención está necesariamente vinculada a la audiencia de las empresas, con vistas a una eventual decisión.

Además, en la medida en que la nueva decisión no incluye modificaciones sustanciales respecto a la anulada, la Comisión, que no tenía la obligación de dar nueva audiencia a la empresa en cuestión, tampoco estaba obligada a solicitar un nuevo informe al Comité Consultivo sobre prácticas colusorias y posiciones dominantes.

Por las mismas razones, el expediente elevado al Colegio de Comisarios no tenía que incluir, en particular, un nuevo informe del consejero auditor o un nuevo informe de los resultados de la consulta al Comité Consultivo.

(véanse los apartados 125, 126, 134, 135, 151, 153,154, 161, 162, 168 y 174)

6. El principio de colegialidad se basa en la igualdad de los miembros de la Comisión, en cuanto a la participación en la adopción de decisiones, e implica, en particular, que se delibere colectivamente sobre las decisiones y que todos sus miembros sean responsables de forma colectiva, en el plano político, de todas las decisiones adoptadas. El respeto a este principio, y especialmente la necesidad de que se delibere en común sobre las decisiones, interesa necesariamente a los sujetos de Derecho afectados por los efectos jurídicos que éstas producen, en el sentido de que deben tener la seguridad de que estas decisiones han sido efectivamente adoptadas por la Junta de Comisarios y corresponden exactamente a la voluntad de éste. Así sucede, en particular, con los actos calificados expresamente como decisiones, que la Comisión debe adoptar respecto a las empresas o las asociaciones de empresas para lograr el respeto de las normas de competencia y cuyo objeto es el de declarar una infracción de dichas normas, intimar a esas empresas e imponerles sanciones pecuniarias.

El simple hecho de que un comunicado de prensa que no procede de la Comisión y está desprovisto por completo de carácter oficial mencione una declaración efectuada por un portavoz de la Comisión precisando la fecha en que se aprobará una nueva decisión sobre competencia y su tenor no basta para considerar que la Comisión violó el principio de colegialidad. Al no estar vinculado por tal declaración, el Colegio de Comisarios puede resolver, tras una deliberación en común, no adoptar tal decisión.

(véanse los apartados 175 a 178)

7. Con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos.

La fuerza de cosa juzgada inherente a una sentencia puede suponer un obstáculo para la admisibilidad de un recurso si el que dio lugar a la sentencia de que se trata enfrentaba a las mismas partes, se refería al mismo objeto y se fundaba en la misma causa, y se ha precisado que dichos requisitos son necesariamente de carácter acumulativo. La fuerza de la cosa juzgada sólo afecta a las cuestiones de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjadas por la resolución judicial de que se trate.

(véanse los apartados 196 a 198)

8. La institución de la que emane el acto anulado sólo está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación. El procedimiento destinado a sustituir dicho acto puede así reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad.

Cuando una decisión de la Comisión por la que se sanciona a una empresa debido a un abuso de posición dominante se anula por haberse producido la autenticación de dicha decisión después de su notificación, lo cual constituye un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 230 CE, la Comisión puede reanudar su análisis en la fase de autenticación sin necesidad de examinar si las conclusiones relativas al mercado en cuestión, a las que había llegado cuando adoptó la primera decisión seguían siendo válidas a la luz de las circunstancias de hecho y de Derecho existentes en el momento de adoptar la decisión impugnada. La consideración de que la apreciación de la existencia de una posición dominante resulte de un análisis de la estructura del mercado y de la competencia en éste en el momento en que la Comisión adopta cada decisión no implica que ésta deba proceder en todos los casos a un nuevo análisis del mercado en cuestión en el momento de adoptar la decisión impugnada. En particular, la Comisión no estaba obligada a realizar tal análisis, ya que ello no era necesario para garantizar la ejecución de la sentencia por la que se anulaba la decisión.

(véanse los apartados 243 a 245)

9. La posición dominante a que se refiere el artículo 82 CE atañe a una situación de poder económico en que se encuentra una empresa y que permite a ésta impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores y, finalmente, los consumidores. Dicha posición, a diferencia de lo que sucede en una situación de monopolio o de cuasi monopolio, no excluye la posibilidad de que exista cierta competencia, pero coloca a la empresa que la disfruta en situación, si no de decidir, por lo menos de influir notablemente en las condiciones en que se desarrolla esa competencia y, en todo caso, de actuar en gran medida sin necesidad de tenerla en cuenta y sin que, no obstante, esa actitud le perjudique.

La existencia de una posición dominante resulta, en general, de la concurrencia de varios factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente determinantes. Para apreciar la existencia de una posición dominante en el mercado de referencia debe examinarse, en primer lugar, su estructura y, seguidamente, la situación de la competencia en dicho mercado.

Las cuotas de mercado muy elevadas constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante. En efecto, el hecho de tener una cuota de mercado muy alta coloca a la empresa que la posee durante cierto tiempo, por el volumen de producción y de oferta que representa —sin que aquellos que posean cuotas sensiblemente más bajas puedan satisfacer rápidamente la demanda de quienes querrían apartarse de la empresa que tiene la cuota más alta—, en una situación de fuerza que hace que sea inevitable mantener relaciones comerciales con ella y que, ya sólo por eso, le proporciona, al menos durante períodos relativamente largos, la independencia de comportamiento característica de la posición dominante.

Así, una cuota de mercado de entre un 70 y un 80 % constituye, por sí sola, un claro indicio de la existencia de una posición dominante. Igualmente, una cuota de mercado del 50 % constituye por sí misma, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de que existe posición dominante.

(véanse los apartados 254 a 257)

10. Un sistema de descuentos que tiene por efecto obstaculizar el acceso de los competidores al mercado se considerará contrario al artículo 82 CE si lo aplica una empresa en posición dominante. Tal es el caso de un descuento de fidelidad que se concede como contrapartida de un compromiso del cliente de abastecerse exclusivamente o casi exclusivamente de una empresa en posición dominante. En efecto, un descuento de este tipo intenta, por medio de la concesión de ventajas económicas, impedir que los clientes se abastezcan de los productores competidores. Al cerrar a los consumidores el acceso al mercado, la conducta de tal empresa puede tener repercusiones en el tráfico comercial y en la competencia en el mercado común.

(véanse los apartados 296, 297 y 337)

11. Se considera que, en general, los sistemas de descuento cuantitativos, vinculados únicamente al volumen de compras efectuadas a una empresa en posición dominante, no producen el efecto de excluir el acceso a los competidores al mercado, prohibido por el artículo 82 CE. Si bien el aumento de la cantidad suministrada se traduce en un menor coste para el proveedor, éste puede, en efecto, hacer que su cliente disfrute de esta reducción mediante una tarifa más favorable. Los descuentos por volumen de ventas, por lo tanto, reflejan el aumento de eficiencia y las economías de escala obtenidas por la empresa en posición dominante.

De ello se desprende que un sistema de descuentos en el que la cuantía del descuento aumenta en función del volumen de compras no infringe el artículo 82 CE, salvo si los criterios y las modalidades de concesión del descuento ponen de manifiesto que el sistema no está basado en ninguna contraprestación económica que lo justifique, sino que pretende, como en el caso de un descuento de fidelidad y por objetivos, impedir el abastecimiento de los clientes acudiendo a sus competidores.

Para determinar el posible carácter abusivo de un sistema de descuentos cuantitativos procede apreciar el conjunto de las circunstancias y, en particular, los criterios y condiciones de concesión de los descuentos, y examinar si éstos pretenden, mediante la concesión de una ventaja no basada en ninguna contraprestación económica que la justifique, privar al comprador de la posibilidad de elegir sus fuentes de abastecimiento, o al menos limitarle dicha posibilidad, impedir el acceso de los competidores al mercado, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes o reforzar su posición dominante mediante la distorsión de la competencia.

(véanse los apartados 298 a 300)

12. Para una empresa que ocupa una posición dominante en un mercado, el hecho de vincular a los compradores —aunque sea a instancia de éstos— mediante una obligación o promesa de abastecerse, en lo que respecta a la totalidad o a gran parte de sus necesidades, exclusivamente en dicha empresa, constituye una explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo 82 CE, tanto si la obligación de que se trata ha sido estipulada sin más, como si es la contrapartida de la concesión de descuentos. Lo mismo puede decirse cuando dicha empresa, sin vincular a los compradores mediante una obligación formal, aplica, ya sea en virtud de acuerdos celebrados con esos compradores, ya sea unilateralmente, un sistema de descuentos por fidelidad, es decir, de bonificaciones sujetas a la condición de que el cliente se abastezca en lo que respecta a la totalidad o a una parte importante de sus necesidades —cualquiera que sea el importe, grande o pequeño, de sus compras— exclusivamente en la empresa que está en posición dominante. En efecto, los compromisos de abastecimiento exclusivo de este tipo, con o sin contrapartida de reducciones de precios, o la concesión de descuentos por fidelidad para estimular al comprador a abastecerse exclusivamente en la empresa en posición dominante, son incompatibles con el objetivo de una competencia no falseada en el mercado común porque no se basan en una prestación económica que justifique esa carga o esa ventaja, sino que pretenden quitar al comprador, o limitarle, la posibilidad de elección en lo que respecta a sus fuentes de abastecimiento e impedir a otros productores el acceso al mercado.

(véase el apartado 315)

13. Con el fin de determinar el importe de las multas por la infracción de las normas de la competencia, la Comisión no sólo debe tener en cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares del caso concreto, sino también el contexto en el que se cometió la infracción y procurar que su acción tenga carácter disuasivo, sobre todo cuando se trata de infracciones especialmente perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Comunidad. Además, cuando la Comisión adopta una decisión con respeto a lo dispuesto en el Reglamento nº 2988/74, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en el ámbito del Derecho de la competencia, y al principio del plazo razonable, no se le puede reprochar que haya tardado en adoptar la decisión mencionada. En tales circunstancias, no procede anular la multa impuesta a la demandante debido al tiempo transcurrido entre los momentos de adopción de las respectivas decisiones.

(véanse los apartados 354 y 355)

14. Cuando una decisión de la Comisión en materia de competencia es anulada debido a un vicio procesal, la Comisión puede adoptar una nueva decisión sin incoar un nuevo procedimiento administrativo. Puesto que el contenido de la nueva decisión es prácticamente idéntico al de la anterior, y que ambas decisiones se basan en los mismos motivos, la nueva decisión está sometida, en el marco de la determinación del importe de la multa, a las normas vigentes en el momento de adoptarse la decisión anterior. En efecto, la Comisión reanuda el procedimiento en el momento en que se produjo el error procesal y adopta una nueva decisión, sin llevar a cabo una nueva apreciación del caso a la luz de normas que no existían en el momento en que se adoptó la primera decisión.

(véanse los apartados 366 a 368)

15. Para apreciar la gravedad de las infracciones de las normas de competencia imputables a una empresa, con objeto de determinar el importe de una multa que sea proporcional a la misma, la Comisión puede tener en cuenta la duración especialmente prolongada de determinadas infracciones; el número y la diversidad de las infracciones, que afecten a la totalidad o a la casi totalidad de los productos de la empresa de que se trate y, algunas de ellas, a todos los Estados miembros; la especial gravedad de las infracciones que, además, formen parte de una estrategia deliberada y coherente que persiga, mediante diversas prácticas eliminatorias de los competidores y mediante una política que asegure la fidelidad de los clientes, mantener artificialmente o reforzar la posición dominante de la empresa en los mercados en que la competencia ya sea restringida, los efectos de los abusos especialmente nefastos en la competencia y la ventaja obtenida por la demandante con estas infracciones.

La Comisión puede considerar, con arreglo a Derecho, que son especialmente graves las prácticas de una empresa en posición dominante que, al conceder descuentos sobre el volumen marginal a sus clientes y celebrar acuerdos de fidelización con los mismos, impide durante mucho tiempo las posibilidades de venta de todos sus competidores, en detrimento de los consumidores.

(véanse los apartados 370, 372 y 374)

16. El análisis de la gravedad de la infracción de las normas comunitarias de competencia debe tener en cuenta una eventual reincidencia. El concepto de reincidencia, tal como se entiende en cierto número de ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona ha cometido nuevas infracciones tras haber sido sancionada por infracciones similares. Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA van en el mismo sentido al referirse a una «infracción del mismo tipo». La Comisión, por lo tanto, no puede considerar que concurre una circunstancia agravante de reincidencia contra una empresa que explota de manera abusiva la posición dominante que posee en un mercado, en el sentido del artículo 82 CE, por prácticas colusorias anteriores contempladas en el artículo 81 CE, muy distintas, además, de las que dieron lugar a la vulneración del citado artículo 82.

(véanse los apartados 377 a 381)

17. En materia de competencia, cuando una empresa compromete gastos con objeto de constituir garantías para pagar una multa impuesta por una decisión que es posteriormente anulada por el órgano jurisdiccional comunitario y para demostrar que dicha decisión era ilegal, la Comisión no está obligada a tener en cuenta esos gastos cuando fija la multa en la decisión adoptada después de la sentencia de anulación, pues la empresa puede solicitar su reembolso mediante un recurso de indemnización.

(véase el apartado 383)

18. Para que una infracción de las normas sobre la competencia del Tratado pueda considerarse deliberada, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir una prohibición establecida por dichas normas. Es suficiente que no pudiera ignorar que la conducta que se le imputa tenía por objeto o daba como resultado restringir la competencia en el mercado común.

(véase el apartado 412)

19. Los factores que forman parte del objeto de un comportamiento pueden ser más importantes, a efectos de la fijación de la cuantía de la multa, que los relativos a sus efectos.

(véase el apartado 435)

20. Si bien el importe de la multa impuesta por infringir las normas comunitarias de competencia debe ser proporcionado en relación con la duración de la infracción y los demás elementos que puedan incluirse en la apreciación de la gravedad de la infracción, entre los que figura el beneficio que la empresa de que se trate haya podido obtener de sus prácticas, el hecho de que una empresa no haya obtenido ningún beneficio de la infracción no puede impedir que se imponga la multa, so pena de privar a ésta de su carácter disuasorio. De ello resulta que, a efectos de determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la inexistencia de beneficio derivado de la infracción de que se trate. Además, la inexistencia de ventajas financieras ligadas a la infracción no puede considerarse una circunstancia atenuante.

(véase el apartado 443)

21. La Comisión puede estimar que el carácter secreto es una circunstancia agravante al apreciar la gravedad de una infracción de los artículos 81 CE u 82 CE. Sin embargo, no puede deducirse de lo anterior que el no tener carácter secreto constituya una circunstancia atenuante.

(véanse los apartados 446 y 447)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 25 de junio de 2010 ( )

«Competencia – Abuso de posición dominante – Mercado de la sosa en el Reino Unido – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 82 CE – Prescripción de la facultad de la Comisión para imponer multas o sanciones – Plazo razonable – Requisitos sustanciales de forma – Fuerza de cosa juzgada – Existencia de posición dominante – Explotación abusiva de posición dominante – Perjuicio para el comercio entre los Estados miembros – Multa – Gravedad y duración de la infracción – Circunstancias atenuantes»

En el asunto T‑66/01,

Imperial Chemical Industries Ltd, anteriormente Imperial Chemical Industries plc, con domicilio social en Londres, representada inicialmente por los Sres. D. Vaughan y D. Anderson, QC, las Sras. S. Lee, Barrister, S. Turner y S. Berwick y el Sr. R. Coles, Solicitors, y posteriormente por el Sr. Vaughan, y las Sras. Lee, Berwick y S. Ford, Barristers,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. J. Currall y P. Oliver, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. J. Flynn, QC, y C. West, Barrister,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión 2003/7/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 del Tratado CE (asunto COMP/33.133-D: Ceniza de sosa – ICI) [notificada con el número C(2000) 3796] (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2003, L 10, p. 33) y, con carácter subsidiario, una solicitud de anulación o reducción de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A.W.H. Meij, Presidente, y los Sres. V. Vadapalas (Ponente) y A. Dittrich, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de junio de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que originaron el litigio

1 La demandante, Imperial Chemical Industries Ltd, anteriormente Imperial Chemical Industries plc, es una sociedad regulada por el Derecho del Reino Unido, activa en el sector químico. En la época de los hechos producía, en especial, carbonato sódico [ceniza de sosa].

2 El carbonato sódico está presente en la naturaleza en la forma de mineral de trona (sosa natural) o se obtiene mediante un procedimiento químico (sosa sintética). La sosa natural se obtiene mediante el triturado, purificación y calcinación del mineral de trona. La sosa sintética resulta de la reacción de la sal común y la piedra caliza mediante el procedimiento de «amoníaco – sosa», desarrollado por los hermanos Solvay en 1863.

3 En abril de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas llevó a cabo verificaciones respecto de los distintos productores de carbonato sódico en la Comunidad, con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22) en su versión aplicable en el momento de los hechos.

4 El 19 de junio de 1989, la Comisión remitió una petición de información a la demandante en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, a la que ésta respondió el 14 de septiembre de 1989.

5 El 19 de febrero de 1990, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra la demandante, Solvay y Chemische Fabrik Kalk (en lo sucesivo, «CFK», de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 17.

6 El 13 de marzo de 1990, la Comisión remitió a la demandante, a Solvay y a CFK un pliego de cargos. Cada una de estas sociedades recibió únicamente la parte o las partes del pliego de cargos relativa a las infracciones que le incumbían, junto a un anexo con las pruebas de cargo.

7 La Comisión formó un único expediente para todas las infracciones recogidas en el pliego de cargos.

8 En lo que respecta al presente asunto, la Comisión declaró en el título V del pliego de cargos que la demandante había abusado de la posición dominante que poseía en el mercado del carbonato sódico del Reino Unido.

9 El 31 de mayo de 1990, la demandante presentó sus observaciones escritas en respuesta a los cargos imputados por la Comisión. Fue oída por la Comisión los días 26 y 27 de junio de 1990.

10 El 19 de diciembre de 1990, la Comisión adoptó la Decisión 91/300/CEE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [82 CE] (IV/33.133-D: Ceniza de sosa – ICI) (DO 1991, L 152, p. 40). En esta Decisión, notificada a la demandante mediante escrito de 1 de marzo de 1991, la Comisión declaró que «[la demandante] infringió el artículo [82 CE] aproximadamente desde 1983 [y] hasta el momento presente mediante un comportamiento encaminado a excluir o limitar seriamente la competencia, consistente en […] conceder descuentos importantes y otros incentivos económicos relacionados con un tonelaje marginal con vistas a asegurar que el cliente comprase [a ICI] los suministros para satisfacer la totalidad o la mayor parte de sus necesidades, lograr el acuerdo de sus clientes para que [le] compraran la totalidad o la casi totalidad de los suministros que necesitaban o restringir las compras de éstos a los competidores a un volumen fijo [y], en un caso al menos, a hacer depender la concesión de descuentos y otras ventajas económicas de que el cliente aceptara comprar la totalidad del producto necesario [a ICI]».

11 Debido a la infracción [declarada], con arreglo al artículo 3 de la Decisión 91/300, se impuso a [la demandante] una multa de [diez millones de ecus].

12 El mismo día, la Comisión también adoptó la Decisión 91/297/CEE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (IV/33.133-A: Ceniza de sosa – Solvay, ICI) (DO 1991, L 152, p. 1), en la que declaró que «Solvay y [la demandante] [habían] infringido el artículo [81 CE] al participar, desde el 1 de enero de 1973 [y] hasta por lo menos la incoación del presente procedimiento, en una práctica concertada por la cual limitaban sus ventas de ceniza de sosa en la Comunidad a sus mercados propios respectivos: Europa occidental continental en el caso de Solvay, y el Reino Unido e Irlanda en el caso de [la demandante]». Solvay y la demandante fueron sancionadas respectivamente con una multa de siete millones de ecus.

13 El mismo día, la Comisión adoptó, por otra parte, la Decisión 91/298/CEE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (IV/33.133-B: Ceniza de sosa – Solvay, CFK) (DO 1991, L 152, p. 16), en la que declaró que «[Solvay] y CFK [habían] infringido el artículo [81 CE] al haber participado desde aproximadamente 1987 [y] hasta el momento actual en un acuerdo de reparto del mercado en el que Solvay garantizó a CFK un volumen mínimo anual de ventas de ceniza de sosa en Alemania, que se calculó teniendo en cuenta las ventas efectuadas por CFK en 1986, y se compensó a CFK de cualquier déficit recomprándole las toneladas necesarias para que sus ventas alcanzaran el mínimo garantizado». Solvay y CFK fueron sancionadas a multas de tres millones y de un millón de ecus, respectivamente.

14 Por otro lado, la Comisión adoptó el mismo día la Decisión 91/299/CEE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [82 CE] (IV/33.133-C: Ceniza de sosa – Solvay) (DO 1991, L 152, p. 21), mediante la que declaró que «Solvay [había] infringido el artículo [82 CE] aproximadamente desde 1983 [y] hasta el momento presente mediante un comportamiento encaminado a excluir o limitar seriamente la competencia, consistente en […] celebrar acuerdos con los clientes en los que se les exige que compren a Solvay los suministros para satisfacer la totalidad o una gran parte de sus necesidades de ceniza de sosa, durante un período de tiempo indefinido o excesivamente largo; conceder descuentos importantes y otros incentivos económicos con referencia a un volumen marginal que exceda del volumen básico contratado por el cliente, con el fin de garantizar que compre a Solvay los suministros para satisfacer todas o la mayor parte de sus necesidades; [y] supeditar la concesión de descuentos al acuerdo del cliente de comprar a Solvay los suministros para satisfacer todas sus necesidades». Solvay fue sancionada con una multa de veinte millones de ecus.

15 El 2 de mayo de 1991, Solvay solicitó que se anularan las Decisiones 91/297, 91/298 y 91/299. El 14 de mayo de 1991, la demandante interpuso sendos recursos ante este Tribunal que tenían por objeto solicitar la anulación de las Decisiones 91/297 y 91/300.

16 Mediante sentencia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión (T‑37/91, Rec. p. II‑1901; en lo sucesivo, «sentencia ICI II»), este Tribunal declaró que el motivo basado en una vulneración del derecho de defensa en lo referente al acceso al expediente debía desestimarse en su conjunto antes de anular la Decisión 91/300, debido a que la autenticación de dicha Decisión tuvo lugar tras la notificación, lo que constituía un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 230 CE.

17 El mismo día, este Tribunal anuló también la Decisión 91/297 (sentencias Solvay/Comisión, T‑30/91, Rec. p. II‑1775; en lo sucesivo, «sentencia Solvay I» e ICI/Comisión, T‑36/91, Rec. p. II‑1847; en lo sucesivo, «sentencia ICI I»), en la medida en que afecta a las partes demandantes en estos dos asuntos, por vulneración del derecho de acceso al expediente. Por otra parte, este Tribunal anuló la Decisión 91/298 (sentencia Solvay/Comisión, T‑31/91, Rec. p. II‑1821; en lo sucesivo, «sentencia Solvay II», en la medida en que afectaba a Solvay, así como la Decisión 91/299 (sentencia Solvay/Comisión, T‑32/91, Rec. p. II‑1825; en lo sucesivo, «sentencia Solvay III»), debido a la autenticación irregular de las Decisiones impugnadas.

18 La Comisión interpuso recursos de casación contra las sentencias ICI II, citada en el apartado 16 supra, Solvay II y Solvay III, citadas en el apartado 17 supra, mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de agosto de 1995.

19 Mediante las sentencias de 6 de abril de 2000, Comisión/ICI (C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341), y Comisión/Solvay (C‑287/95 P y C‑288/95 P, Rec. p. I‑2391), el Tribunal de Justicia desestimó los recursos de casación dirigidos contra las sentencias ICI II, citada en el apartado 16 supra, y Solvay II y Solvay III, citadas en el apartado 17 supra.

20 El martes, 12 de diciembre de 2000, una agencia de prensa publicó un comunicado redactado en los siguientes términos:

«Una portavoz declaró este martes que el miércoles La Comisión Europea impondrá a Solvay SA y a Imperial Chemical Industries plc […], sociedades de la industria química, una multa por infracción del Derecho de la competencia de la Unión Europea.

Las multas por el supuesto abuso de posición dominante en el mercado del carbonato sódico fueron impuestas en un primer momento hace diez años, pero fueron anuladas por el Tribunal de Justicia europeo por cuestiones de procedimiento.

La portavoz declaró que la Comisión adoptará de nuevo la misma decisión el miércoles, pero en la forma correcta.

Las sociedades no negaron en ningún momento el contenido de la decisión. Adoptaremos de nuevo la misma decisión, declaró la portavoz».

21 El 13 de diciembre de 2000, la Comisión adoptó la Decisión 2003/7/CE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 [CE] (COMP/33.133-D: Ceniza de sosa – ICI) (DO 2003, L 10, p. 33; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

22 El mismo día, la Comisión adoptó igualmente las Decisiones 2003/5/CE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] (COMP/33.133-B: Carbonato sódico – Solvay, CFK) (DO 2003, L 10, p. 1), y 2003/6/CE, referente al procedimiento de aplicación del artículo 82 [CE] (COMP/33.133-C: Carbonato sódico – Solvay) (DO 2003, L 10, p. 10).

23 La Decisión impugnada contiene la siguiente parte dispositiva:

«Artículo 1

[La demandante] ha venido infringiendo desde aproximadamente 1983 hasta como mínimo finales de 1989 lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado CEE, en la actualidad artículo 82 del Tratado CE, al adoptar un modo de proceder destinado a excluir o limitar drásticamente la competencia de la siguiente manera:

a) concediendo importantes descuentos e incentivos financieros por los volúmenes marginales con el fin de asegurarse que sus clientes le compraran a él la totalidad o la mayor parte de sus necesidades [a la demandante];

b) consiguiendo el acuerdo de sus clientes para que éstos compraran la totalidad o la mayor parte de sus necesidades [a la demandante] y/o restringieran los pedidos hechos a la competencia a un volumen concreto;

c) haciendo depender, en un caso como mínimo, la concesión de descuentos y otras ventajas financieras del acuerdo de sus clientes para comprar la totalidad de sus necesidades [a la demandante].

Artículo 2

Se impone [a la demandante] una multa de [diez] millones de euros por la infracción que se especifica en el artículo 1.

[…]»

24 La Decisión impugnada está redactada prácticamente en los mismos términos que la Decisión 91/300. La Comisión aportó únicamente algunas modificaciones de redacción y añadió una nueva parte denominada «Procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia».

25 En esta nueva parte de la Decisión impugnada, la Comisión consideró, refiriéndose a la sentencia de este Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931; en lo sucesivo, «sentencia PVC II de este Tribunal»), que tenía «derecho a volver a adoptar una Decisión que haya sido anulada por vicio de procedimiento, […] sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento administrativo» y que no tenía «por qué organizar una nueva audiencia si el texto de la nueva decisión no [añadía] nuevos cargos a los ya formulados en su primera decisión» (considerando 164).

26 La Comisión precisó igualmente en la Decisión impugnada que debía prorrogarse el plazo de prescripción por el período de tiempo durante el cual el recurso contra la Decisión 91/298 fue objeto de procedimientos pendientes ante este Tribunal y el Tribunal de Justicia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41) (considerandos 169 y 170). Así, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, la Comisión consideró que disponía hasta el fin del año 2003 para adoptar una nueva decisión (considerando 172). Por otro lado, indicó que no se infringía el derecho de defensa si la nueva decisión se adoptaba en un plazo razonable (considerando 164).

27 Respecto a la infracción propiamente dicha, la Comisión señaló en la Decisión impugnada que «el área geográfica y de producción» en los que debía evaluarse la penetración económica de la demandante era «el mercado de ceniza de sosa del Reino Unido» (considerando 125).

28 Para evaluar la implantación en el mercado de la demandante, a efectos de este asunto, la Comisión señaló que la cuota de la demandante en el mercado relevante era tradicionalmente de más del 90 % durante todo el período examinado, lo cual era en sí mismo una buena muestra del alto grado de implantación en el mercado (considerando 127). A continuación, tuvo en cuenta los datos económicos pertinentes, y basándose en ellos llegó a la conclusión, en la Decisión impugnada, de que, en todos los momentos decisivos, la demandante había venido ocupando una posición dominante en el sentido del artículo 82 CE (considerandos 128 a 136).

29 En cuanto al abuso de posición dominante, la Comisión señaló en la Decisión impugnada que la demandante había practicado una «vinculación» de sus clientes a través de una serie de mecanismos que en todos los casos tenían por objeto la exclusión (considerando 138). A este respecto expuso, en el considerando 139 de la Decisión impugnada, que los descuentos sobre el tramo superior tenían por objeto eliminar la competencia real:

– induciendo a los clientes a obtener de la demandante el tramo superior que podrían haber comprado a un proveedor secundario,

– reduciendo al mínimo o neutralizando el impacto competitivo de General Chemical mediante el mantenimiento de su presencia en el mercado en términos de precio, volumen y clientes dentro de unos límites que garantizaran el monopolio efectivo de la demandante,

– eliminando a Brenntag del mercado o, al menos, reduciendo en lo posible su efecto competitivo,

– reduciendo al mínimo la posibilidad de que los clientes se inclinaran por fuentes de suministro alternativas […],

– manteniendo y reforzando el monopolio de la demandante en el mercado de la ceniza de sosa británico.

30 Además, en el considerando 147 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que «los acuerdos con los principales clientes suponían la vinculación de estos últimos [a la demandante] para la mayor parte de sus compras (y en un caso, al menos, para la totalidad de éstas) y a la vez la reducción al mínimo de la competencia de los demás proveedores».

31 La Comisión precisó en la Decisión impugnada, asimismo, que otros incentivos económicos consolidaban la posición dominante de la demandante de forma incompatible con el concepto de competencia inherente al artículo 82 CE (considerando 149).

32 En cuanto a los efectos en el comercio entre los Estados miembros, la Comisión señaló en la Decisión impugnada que, si bien las medidas adoptadas por ICI para asegurar el mantenimiento de su posición dominante y su monopolio efectivo en el Reino Unido apuntaban más a la competencia directa de los productores del exterior de la Comunidad (Estados Unidos y Polonia) que a la comunitaria, los descuentos sobre el tramo superior y otros mecanismos de exclusión debían evaluarse, no obstante, en el contexto global del fenómeno de la rígida separación de los mercados nacionales en la Comunidad. A este respecto, la Comisión expuso que la demandante tenía especial interés en que General Chemical permaneciera en el mercado en cuestión como proveedor alternativo y que, si esta sociedad hubiera abandonado por completo dicho mercado, los clientes se habrían podido ver impulsados a buscar fuentes de suministro alternativas, y posiblemente más baratas, en la Europa occidental continental. Además, señaló que el mantenimiento y la consolidación de la posición dominante de la demandante en el Reino Unido afectaba a toda la estructura de la competencia del mercado común y garantizaba que se mantuviera el statu quo, basado en la división de mercados (considerandos 151 a 154).

33 La Comisión precisó en la Decisión impugnada que las infraccione cometidas revestían especial gravedad, en la medida en que «formaban parte de un plan deliberado destinado a consolidar el control por parte de [la demandante] de todo el mercado de ceniza de sosa británico de un modo que entraba en conflicto con los objetivos fundamentales del Tratado. Además, su intención específica era restringir o perjudicar las actividades comerciales de competidores concretos.» (considerando 156).

34 La Comisión señaló, además, en la Decisión impugnada, que la infracción había comenzado hacia 1983 y que continuó por lo menos hasta finales de 1989. Por último, precisó que tenía en cuenta que la demandante había abandonado el sistema de descuentos sobre el tramo superior a partir del 1 de enero de 1990 (considerandos 160 y 161).

35 Mediante escritos de 18 y 26 de enero, y de 8 de febrero de 2001, la demandante formuló ante la Comisión una solicitud de acceso al expediente. La Comisión denegó esta petición mediante escrito de 14 de febrero de 2001.

Procedimiento

36 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 20 de marzo de 2001.

37 En su escrito de interposición del recurso, la demandante solicitó a este Tribunal, en particular, que requiriera de la Comisión la presentación de los documentos que obran en el expediente del asunto COMP/33.133.

38 El 4 de mayo de 2001 se atribuyó el asunto a la Sala Cuarta del Tribunal y se nombró a un Juez Ponente.

39 Tras haber sido autorizadas por el Tribunal, la demandante y la Comisión, con fechas de 18 y 23 de diciembre de 2002, respectivamente, presentaron sus observaciones sobre las consecuencias que debían extraerse en el presente asunto de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375; en lo sucesivo, «sentencia PVC II del Tribunal de Justicia»). En sus observaciones, la demandante informó al Tribunal de que desistía del motivo basado en el principio de non bis in idem.

40 Al haberse modificado la composición de las Salas del Tribunal a partir del 1 de octubre de 2003, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Primera, a la que, por consiguiente, se atribuyó el presente asunto el 8 de octubre de 2003.

41 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal a partir del 13 de septiembre de 2004, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Cuarta en su nueva composición, a la que, por consiguiente, se atribuyó el presente asunto el 19 de octubre de 2004.

42 El 11 de enero de 2005, el Tribunal solicitó a la Comisión que presentase en la Secretaría una relación numerada detallada de los documentos del expediente administrativo. Dicha relación debía incluir una indicación sucinta que permitiese identificar al autor, la naturaleza y el contenido de cada documento. El Tribunal solicitó igualmente a la Comisión que le indicase cuáles de dichos documentos habían sido accesibles a la demandante, precisando, en caso de ser necesario, los motivos que, a su entender, impedían su puesta de manifiesto.

43 Mediante escritos de 28 de enero de 2005, la Comisión presentó en la Secretaría la relación numerada solicitada por el Tribunal y señaló que los documentos a los que había podido acceder la demandante durante el procedimiento administrativo eran aquellos en los que había basado sus imputaciones, los cuales, por lo tanto, acompañaban a la notificación del pliego de cargos. Asimismo señaló que «lamentaba informar al Tribunal de que [al parecer, en aquel momento], a causa, sin duda, de varias mudanzas durante los diez años anteriores, y a pesar de las exhaustivas investigaciones, le [resultaba] imposible encontrar determinados documentos» y que consideraba su deber informar sin demora al Tribunal y a la demandante de que «si bien la relación que acompaña a las […] observaciones enumera la totalidad de los documentos del expediente que obra en su poder, no incluye los documentos que faltan». Según la Comisión, el procedimiento tramitado en 1990 respetaba la jurisprudencia entonces aplicable al derecho de acceso al expediente. Asimismo, añadió que nada indicaba en esa fase que el expediente contuviera documentos que hubieran podido tener una verdadera influencia en la parte dispositiva de la Decisión 91/300, incluso teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia desde 1990.

44 Mediante escrito de 13 de abril de 2005, el Tribunal solicitó a la demandante que indicase los documentos que figuraban en la relación numerada que no se le habían facilitado durante el procedimiento administrativo y que, a su juicio, podían contener elementos que hubieran podido ser útiles para su defensa.

45 Mediante escrito de 9 de mayo de 2005, la demandante puso de relieve que algunos de los documentos que faltaban habrían sido útiles para su defensa. Asimismo señaló, de entre los documentos enumerados en la relación, los que le parecían útiles para su defensa y deseaba consultar. A su entender, esos documentos habrían podido permitirle desarrollar sus alegaciones en lo que respecta a la definición del mercado geográfico relevante, a la existencia de posición dominante, a la explotación abusiva de dicha posición dominante y a los efectos en el comercio entre los Estados miembros.

46 Mediante escrito de 7 de junio de 2005, el Tribunal requirió a la Comisión para que presentara en la Secretaría los documentos que forman el expediente administrativo contenidos en los «subexpedientes» 2 a 38, 50 a 59 y 60 a 65, excepto los documentos internos. También se requirió a la Comisión para que presentara versiones o resúmenes no confidenciales, en lugar de los documentos que contuvieran secretos comerciales, de la información que se le hubiera comunicado durante el procedimiento administrativo, respetando en todo caso su confidencialidad u otros datos protegidos. Además, se requirió a la Comisión para que presentara la versión completa, incluidos los datos confidenciales, de los documentos arriba mencionados con objeto de comprobar su carácter confidencial.

47 El 21 de junio de 2005, la Comisión solicitó al Tribunal, habida cuenta de la extensión de los documentos, que se le permitiera presentar sólo un original, acompañado de unos CD-ROM. Con fecha de 4 de julio de 2005 se accedió a lo solicitado.

48 Mediante escrito de 20 de julio de 2005, la Comisión presentó en la Secretaría los documentos requeridos por el Tribunal. La Secretaría dio traslado acto seguido a la demandante de los CD-ROM presentados por la Comisión.

49 El 13 de octubre de 2005, la demandante presentó sus observaciones sobre la utilidad para su defensa de los documentos que integraban el expediente administrativo. Con fecha de, 26 de octubre de 2007, la Comisión respondió a las observaciones de la demandante.

50 Debido a la finalización del mandato del Juez Ponente inicialmente designado, el Presidente del Tribunal nombró a un nuevo Juez Ponente mediante resolución de 22 de junio de 2006.

51 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal a partir del 25 de septiembre de 2007, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta, a la que, por consiguiente, con fecha de 8 de noviembre de 2007, se atribuyó el presente asunto.

52 Por impedimento del Juez Tchipev para participar en la vista y deliberación, el Presidente de este Tribunal, con fecha de 13 de febrero de 2008, designó al Juez Dittrich para completar la Sala con arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

53 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Sexta) decidió iniciar la fase oral y, dentro de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, formuló a la demandante y a la Comisión una serie de preguntas escritas. La demandante y la Comisión respondieron a las mismas en el plazo señalado.

54 En la vista de 26 y 27 de junio de 2008 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas del Tribunal.

55 En la vista, el Tribunal autorizó a la demandante a presentar observaciones a las respuestas por escrito de la Comisión de 16 de junio de 2008. Con fecha de 9 de julio de 2008, la demandante presentó sus observaciones, a las que la Comisión respondió con fecha de 3 de septiembre de 2008.

Pretensiones de las partes

56 La demandante solicita al Tribunal que:

– Declare la admisibilidad del recurso.

– Declare que, debido al transcurso del tiempo, la Comisión no estaba facultada para adoptar la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, que no estaba facultada para imponerle una multa.

– Anule la Decisión impugnada.

– Anule o reduzca la multa impuesta en el artículo 2 de la Decisión impugnada.

– Ordene a la Comisión que presente todos sus documentos internos referentes a la adopción de la Decisión impugnada y, en particular, el acta de la reunión del Colegio de Comisarios y todos los documentos adjuntos, así como todos los documentos remitidos al Colegio de Comisarios en aquella ocasión.

– Ordene a la Comisión que presente los documentos del expediente en el asunto COMP/33.133.

– Condene en costas a la Comisión, incluidos los gastos, con los intereses, de cualquier garantía aportada por la demandante en relación con la multa impuesta en la Decisión impugnada.

57 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

– Desestime el recurso por infundado.

– Deniegue el acceso al expediente solicitado por la demandante.

– Declare inadmisible la solicitud de una resolución específica que la condene a cargar con las costas de la demandante, incluidos los gastos e intereses ocasionados por la constitución de cualquier garantía abonada en relación con la multa o, en cualquier caso, que la desestime por infundada.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

58 Las pretensiones de la demandante tienen por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión impugnada, y, con carácter subsidiario, la anulación o reducción de la multa que se le impuso mediante dicha Decisión.

1. Sobre las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada

59 La demandante formula, en esencia, seis motivos para la anulación de la Decisión impugnada. Se basan, en primer lugar, en que la Comisión no estaba facultada para adoptar la Decisión impugnada; en segundo lugar, en una violación de las formalidades sustanciales; en tercer lugar, en la incorrecta evaluación del mercado de que se trata; en cuarto lugar, en la inexistencia de posición dominante; en quinto lugar, en la inexistencia de abuso de posición dominante y, en sexto lugar, en la inexistencia de efectos en el comercio entre los Estados miembros.

Sobre el primer motivo, basado en que la Comisión no estaba facultada para adoptar la Decisión impugnada

60 El primer motivo se divide en dos partes, basadas, respectivamente, en la aplicación errónea de las normas relativas a la prescripción y en la violación del principio del plazo razonable.

– Sobre la primera parte, basada en la aplicación errónea de las normas de prescripción

Alegaciones de las partes

61 La demandante señala que, aun cuando el plazo de prescripción establecido en el Reglamento nº 2988/74 sólo se aplica a la parte de la Decisión en cuestión en la que se impone la multa, se trata de una parte muy importante de dicha Decisión.

62 Según la demandante, el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 no tiene el efecto de prorrogar el plazo de prescripción en lo referido a un procedimiento judicial que tenga por objeto una decisión final de la Comisión. En efecto, la prescripción sólo queda suspendida si se interpone recurso contra las decisiones adoptadas durante el procedimiento administrativo, a saber, las diligencias de instrucción, incluida la aprobación de un pliego de cargos o la adopción de medidas en virtud de las facultades generales de investigación conferidas por el Reglamento nº 17 La interpretación seguida por la Comisión en la Decisión impugnada contraviene el tenor del artículo 3 del Reglamento 2988/74. La Comisión, a su entender, interpretó incorrectamente la expresión «en materia de actuaciones» contenida en los artículos 1 a 3 del Reglamento nº 2988/74, e ignoró que su Decisión final debía adoptarse antes de cumplirse el plazo de prescripción. Además, la interpretación de la Comisión vacía de su sentido el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2988/74, y demuestra una errónea comprensión de la estructura del mismo en la medida en que las implicaciones de la prescripción derivadas de una decisión se regulan en los artículos 4 a 6 y no en los artículos 1 a 3. En definitiva, tal interpretación resulta contraria al principio de que, para garantizar la seguridad jurídica, la Comisión debe finalizar sus actuaciones en un plazo definido y adoptar su decisión final estrictamente en un plazo de diez años desde que finaliza la infracción, salvo cuando la Comisión no haya podido finalizar sus investigaciones y procedimientos debido a los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones preliminares. Sin embargo, en el caso de autos, no se impidió a la Comisión poner fin a sus actuaciones.

63 La demandante considera que el planteamiento adoptado en la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, es incompatible con la afirmación contenida en el apartado 1098 de dicha sentencia, según la cual el objeto del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 es permitir la suspensión de la prescripción cuando la Comisión no haya podido intervenir por una razón objetiva que no pueda imputársele. A su juicio, en efecto, un recurso contra una decisión final por la que se impone una multa no impide actuar a la Comisión, puesto que dicha decisión final es plenamente ejecutiva hasta el momento en que sea anulada o declarada inexistente por el Tribunal.

64 En cualquier caso, la alegación de que la Comisión no pudo actuar no podría, en el caso de autos, aplicarse al recurso de casación interpuesto contra la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra. En efecto, la Comisión era perfectamente libre para adoptar de nuevo la Decisión 91/300 inmediatamente después de dictarse la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra. El plazo adicional resultante del recurso de casación, por lo tanto, es totalmente «atribuible» a la Comisión. Además, ese recurso de casación carece de objeto a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555»), y habida cuenta de la intención de la Comisión de adoptar de nuevo la Decisión 91/300. Por lo tanto, la Comisión no puede ampararse en su «propio error de procedimiento» y en el retraso de cinco años que ella originó.

65 Por lo demás, la interpretación de la Comisión se opone a lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia, con arreglo al cual el recurso de casación no tendrá efecto suspensivo. Según la demandante, aun cuando fuera preciso tener en cuenta la duración del procedimiento ante el Tribunal, el plazo de prescripción sólo habría sido suspendido por un período de cuatro años, un mes y quince días. Por consiguiente, la Comisión debería haber adoptado de nuevo la Decisión 91/300 antes del mes de abril de 1999.

66 Además, se desprende del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 que, en el caso del recurso de casación, el objeto del procedimiento no es la decisión de la Comisión, sino la sentencia del Tribunal.

67 Por otra parte, en la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, no se abordó específicamente la cuestión de si el recurso de casación debía tenerse en cuenta en relación con la suspensión del plazo de prescripción, ya que, en el asunto que condujo a esa sentencia, la Comisión sólo debía demostrar si la duración del procedimiento ante el Tribunal suspendía dicho plazo de prescripción. Por esta razón, las observaciones del Tribunal respecto a los efectos del recurso de casación en la suspensión de la prescripción sólo constituían un obiter dictum.

68 La demandante añade que una decisión adoptada por la Comisión vulnerando su propio Reglamento interno no puede tener el efecto de que se prorrogue el plazo de prescripción. Efectivamente, a su entender, la Comisión no legalizó correctamente la Decisión 91/300. Por lo tanto, dicha Decisión no puede tener el efecto de que se amplíen las facultades de la Comisión para imponer multas más allá del plazo ordinario de prescripción establecido en el Reglamento nº 2988/74. Considera que, efectivamente, tal resultado sería contrario al principio de que una parte no puede beneficiarse de su propia falta, así como al Derecho natural. Sin embargo, el retraso se debe enteramente a la actuación de la Comisión y ésta, en cualquier caso, no puede pretender ampararse en lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74.

69 En definitiva, la interpretación de los artículos 2 y 3 del Reglamento nº 2988/74, recogida en la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, permitiría a la Comisión adoptar una serie de decisiones sucesivas que se prolongarían hasta mediados del siglo XXI. Tal interpretación sería, por lo tanto, ilegal, puesto que se opondría al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

70 La Comisión rebate las alegaciones formuladas por la demandante.

– Apreciación del Tribunal

71 Con carácter preliminar, procede señalar que el Reglamento nº 2988/74 estableció una normativa completa que regula detalladamente los plazos dentro de los cuales la Comisión está facultada, sin incumplir la exigencia fundamental de seguridad jurídica, para imponer multas a las empresas que son objeto de procedimientos de aplicación de las normas sobre la competencia (sentencias de este Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 324, y de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 223).

72 Así, con arreglo al artículo 1, apartado 1, letra b), y apartado 2, y al artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2988/74, la prescripción de las actuaciones se produce cuando la Comisión no impone una multa o una sanción en los cinco años siguientes al momento inicial del plazo de prescripción, sin que, entretanto, se haya producido un acto que la interrumpa o, a más tardar, en los diez años siguientes a dicho momento inicial si se han producido actos que interrumpen la prescripción. No obstante, en virtud del artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento el plazo de prescripción así definido será prorrogado por el período durante el cual la prescripción haya estado suspendida conforme a lo establecido en el artículo 3 del mismo Reglamento (sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 140).

73 Con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 2988/1974, la prescripción en materia de actuaciones quedará suspendida en tanto la decisión de la Comisión sea objeto de procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

74 La referencia del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 a un «procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas» debe entenderse, desde la creación del Tribunal de Primera Instancia, en el sentido de que alude en primer lugar a un procedimiento pendiente ante éste, pues son de su competencia los recursos contra sanciones o multas en el ámbito del Derecho de la competencia.

75 En el caso de autos, la demandante no discute que, a reserva de la cuestión de la suspensión de la prescripción en virtud del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74, el período quinquenal de prescripción se cumplió durante el año 1995.

76 Por lo tanto, procede examinar únicamente si, con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 2988/74, la Comisión estaba facultada para adoptar, el 13 de diciembre de 2000, la Decisión impugnada.

77 A este respecto, del apartado 157 de la sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, resulta que, en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74, la prescripción queda en suspenso mientras la decisión de que se trate sea objeto de un procedimiento pendiente «ante el Tribunal [General] y el Tribunal de Justicia». En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la prescripción también quedó en suspenso durante toda la duración del procedimiento ante este Tribunal, y durante toda la duración del procedimiento ante el Tribunal de Justicia en el recurso de casación, sin que sea necesario pronunciarse sobre el período comprendido entre el pronunciamiento de la sentencia de este Tribunal y la interposición del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.

78 Sin embargo, a raíz del recurso interpuesto por la demandante ante el Tribunal, el 14 de mayo de 1991, y de la sentencia dictada el 29 de junio de 1995, así como del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, interpuesto por la Comisión, el 30 de agosto de 1995, y de la sentencia dictada el 6 de abril de 2000, la prescripción quedó suspendida por un período, como mínimo, de ocho años, ocho meses y veintidós días, como señala correctamente la Comisión en el considerando 171 de la Decisión impugnada.

79 En consecuencia, debido a esta suspensión de la prescripción, en el caso de autos no ha transcurrido ningún período de más de cinco años desde el fin de las infracciones de que se trata o desde una interrupción cualquiera de la prescripción hasta la adopción de la Decisión impugnada, el 13 de diciembre de 2000.

80 Por consiguiente, la Decisión impugnada fue adoptada respetando las normas de prescripción establecidas por el Reglamento nº 2988/74.

81 Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante desvirtúa esta consideración.

82 En primer lugar, en modo alguno se desprende del tenor de los artículos 2 y 3 del Reglamento nº 2988/74 que la «decisión de la Comisión», contemplada en el artículo 3, que es objeto de procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional y que comporta la suspensión de la prescripción en materia de actuaciones, sólo pueda ser uno de los actos que, mencionados en el artículo 2, interrumpen la prescripción, y que la lista que contiene sea limitativa (sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 141). En efecto, el artículo 3 protege a la Comisión contra el efecto de la prescripción en las situaciones en que ha de esperar a la resolución de un órgano jurisdiccional comunitario, en el marco de procedimientos cuyo desarrollo escapa a su control, antes de saber si el acto impugnado adolece o no de ilegalidad. El artículo 3 se refiere, por lo tanto, a los supuestos en que la inactividad de la institución no se debe a falta de diligencia. Ahora bien, tales supuestos se producen tanto en caso de recurso contra los actos que interrumpen la prescripción enumerados en el artículo 2 del Reglamento nº 2988/74 que pueden ser impugnados, como en caso de recurso contra una decisión que impone una multa o una sanción. En estas circunstancias, tanto el tenor del artículo 3 como su objetivo comprenden a la vez los recursos interpuestos contra los actos contemplados en el artículo 2 que son impugnables y los recursos dirigidos contra la decisión final de la Comisión. Como consecuencia, un recurso contra la decisión final por la que se imponen sanciones suspende la prescripción en materia de actuaciones hasta que el órgano jurisdiccional haya resuelto definitivamente sobre dicho recurso (sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartados 144 a 147).

83 En segundo lugar, la demandante sostiene que la interposición de un recurso contra una decisión por la que se imponen multas no impide en absoluto a la Comisión adoptar una decisión de este tipo. Sin embargo, admitir esta interpretación implicaría que la institución revocara la decisión impugnada para sustituirla por otra decisión que tuviera en cuenta el contenido de la impugnación. Ello supondría negar a la Comisión el propio derecho de hacer que el órgano jurisdiccional comunitario sostenga, en su caso, la legalidad de la decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 149).

84 En tercer lugar, la demandante no puede alegar que una decisión por la que se imponen multas es plenamente ejecutiva hasta que se anule en vía jurisdiccional. Por definición, los actos de ejecución de una decisión que sanciona una infracción no pueden ser considerados como actos encaminados a la instrucción o investigación de la infracción. Tales actos, cuya legalidad además está subordinada a la de la decisión que es objeto de un recurso, no pueden, por tanto, producir ningún efecto que interrumpa la prescripción de las actuaciones en caso de anulación de la decisión impugnada judicialmente (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 150).

85 En cuarto lugar, procede señalar que el artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 tienen un ámbito de aplicación diferente. La inexistencia de efecto suspensivo de un recurso de casación no merma completamente la efectividad del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74, que se refiere a situaciones en las que la Comisión debe esperar la resolución del órgano jurisdiccional comunitario. Por lo tanto, no puede acogerse la tesis de la demandante de que la Comisión no debía tener en cuenta el período durante el cual un recurso de casación estuvo pendiente ante el Tribunal de Justicia, puesto que llevaría a privar de su razón de ser y de sus efectos a la sentencia del Tribunal de Justicia sobre un recurso de casación.

86 En quinto lugar, la demandante no puede pretender que, a raíz de la anulación de la Decisión 91/300 por falta de autenticación, la Comisión no pueda aprovechar su propia falta imponiendo una multa después de expirar el plazo de prescripción quinquenal establecido en el Reglamento nº 2988/74. En efecto, toda anulación de un acto adoptado por la Comisión es necesariamente imputable a ésta, en el sentido de que traduce un error por su parte. Por consiguiente, excluir la suspensión de la prescripción de las actuaciones cuando el resultado del recurso es el reconocimiento de un error imputable a la Comisión privaría totalmente de sentido al artículo 3 del Reglamento. El propio hecho de que esté pendiente un recurso ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia justifica la suspensión, y no las conclusiones a las que llegan estos órganos jurisdiccionales en su sentencia (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 153).

87 En sexto lugar, el recurso de anulación tiene por objeto que el Tribunal examine si el acto impugnado está o no viciado de ilegalidad (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 144).

88 En séptimo lugar, la interpretación del artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 propuesta por la demandante da lugar a dificultades prácticas considerables. En efecto, si la Comisión tuviera la obligación de adoptar una nueva decisión tras la anulación de una decisión por el Tribunal General sin esperar la sentencia del Tribunal de Justicia, existiría un riesgo de que coexistiesen dos decisiones con el mismo objeto en el supuesto de que el Tribunal de Justicia anulase la sentencia del Tribunal General.

89 En octavo lugar, es contrario a las exigencias de economía del procedimiento administrativo imponer a la Comisión la obligación de adoptar una nueva decisión antes de saber si la decisión inicial adolece o no de ilegalidad con el único objetivo de evitar que se produzca la prescripción.

90 De las anteriores consideraciones resulta que debe desestimarse la primera parte del primer motivo.

– Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del principio del plazo razonable

Alegaciones de las partes

91 La demandante afirma que, con independencia de las cuestiones relativas a la prescripción, el transcurso del tiempo desde las supuestas infracciones afecta a las facultades de la Comisión para adoptar la totalidad de la decisión impugnada, y no únicamente a la parte referente a las multas.

92 Invocando el apartado 121 de la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, y el principio del plazo razonable, la demandante considera que es necesario examinar si la Comisión adoptó la Decisión impugnada en un plazo razonable a raíz de los procedimientos administrativos sobre competencia instruidos.

93 Según la demandante, se puede presumir que la Comisión vulneró el principio del plazo razonable cuando en un asunto transcurrieron más de once años y medio desde el inicio de la investigación hasta la adopción de la Decisión impugnada.

94 La demandante señala que, mientras que los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia duraron 105 meses en total, la Comisión dedicó treinta y cinco meses a adoptar su Decisión, incluidos los nueve meses comprendidos entre la sentencia Comisión/ICI, citada en el apartado 19 supra, y la Decisión impugnada. Además, es legítimo tener en cuenta la duración del procedimiento judicial, en particular, cuando este procedimiento se refiere a otra decisión y es anterior a la Decisión impugnada.

95 Según la demandante, la toma en consideración de la duración del procedimiento ante el Tribunal de Justicia es especialmente inaceptable. A raíz de las sentencias ICI II, citada en el apartado 16 supra, y Comisión/BASF y otros, citada en el apartado 64 supra, la Comisión fue consciente de que la Decisión 91/300 estaba viciada por falta de autenticación. Si la Comisión tenía la intención de adoptar de nuevo su decisión, debería haberlo hecho en aquel momento, en vez de interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, cuyo efecto fue retrasar cinco años y medio la adopción de dicha decisión.

96 Refiriéndose a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Garyfallou AEBE contra Grecia, de 27 de septiembre de 1997 [Recueil des arrêts et décisions (Recopilación de sentencias y resoluciones) 1997-V, p. 1821], la demandante estima que, para comprobar si el asunto fue juzgado en un plazo razonable, es preciso examinar el procedimiento en su conjunto.

97 Por otra parte, la demandante sostiene que el transcurso del tiempo desde las supuestas infracciones le impide ejercer plenamente su derecho de defensa. En primer lugar, alega que vendió su departamento de «carbonato sódico» a un comprador independiente el 6 de octubre de 1991, y que ya no trabaja en el mercado del carbonato sódico en el Reino Unido. Asimismo, sostiene que los miembros de su personal encargados del asunto en aquella época han dejado la empresa y ya no están disponibles para prestarle la ayuda necesaria. Además, el tiempo transcurrido desde las supuestas infracciones agrava sus perjuicios económicos, ya que, por ejemplo, se incrementan los costes soportados para garantizar los gastos y los intereses de demora. En cualquier caso, la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, se opone a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que la protección del artículo 6, apartado 1, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), no depende de que se pruebe que el plazo ha causado un perjuicio efectivo a los intereses de un demandante. La vulneración de una obligación fundamental del CEDH sólo puede conducir a que se anule la Decisión impugnada y no únicamente al pago de una indemnización de daños y perjuicios.

98 La Comisión rebate las alegaciones formuladas por la demandante.

Apreciación del Tribunal

99 Con carácter preliminar, procede recordar que el respeto al principio del plazo razonable se impone, en materia de competencia, a los procedimientos administrativos instados con arreglo al Reglamento nº 17 y que puedan desembocar en las sanciones previstas por éste y al procedimiento jurisdiccional (sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 179).

100 En primer lugar, la demandante alega que la duración del procedimiento administrativo, considerado en su conjunto, es decir, desde el inicio de la investigación hasta que se adoptó la Decisión impugnada, excedió de un plazo razonable.

101 Esta alegación debe desestimarse.

102 En efecto, al examinar una imputación basada en la vulneración del principio del plazo razonable, procede distinguir entre el procedimiento administrativo y el judicial. De este modo, el período en el que el órgano jurisdiccional examinó la legalidad de la Decisión 91/300 y la validez de la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra, no puede tenerse en cuenta para determinar la duración del procedimiento ante la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, apartado 123).

103 En segundo lugar, la demandante critica la duración del procedimiento administrativo desde que se dictó la sentencia Comisión/ICI, citada en el apartado 19 supra, hasta que se adoptó la Decisión impugnada.

104 A este respecto, procede recordar que dicho período se inició el 6 de abril de 2000, fecha en que se dictó la sentencia Comisión/ICI, citada en el apartado 19 supra, y finalizó el 13 de diciembre de 2000, al adoptarse la Decisión impugnada. En consecuencia, esta fase del procedimiento administrativo duró ocho meses y siete días.

105 Durante este período, la Comisión llevó a cabo únicamente modificaciones de forma de la Decisión 91/300, en particular mediante la introducción de un nuevo pasaje relativo a los «Procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia», dedicado a la apreciación del respeto de los plazos de prescripción. Por otro lado, la adopción de la Decisión impugnada no se vio precedida por ninguna diligencia de instrucción adicional, ya que la Comisión se basó en los resultados de la investigación llevada a cabo diez años antes. Sin embargo, procede admitir que, incluso en tales circunstancias, pueden resultar indispensables para llegar a tal resultado determinadas verificaciones y actos de coordinación en el seno de la administración.

106 Desde esta perspectiva, no puede afirmarse que el plazo de ocho meses y siete días transcurrido entre el pronunciamiento de la sentencia Comisión/ICI, citada en el apartado 19 supra, y la adopción de la Decisión impugnada deba considerarse irrazonable.

107 En tercer lugar, la demandante critica, en esencia, la duración del procedimiento administrativo que condujo a la adopción de la Decisión 91/300 (véase el apartado 94 supra).

108 No obstante, teniendo en cuenta la duración del procedimiento administrativo a partir de la notificación del pliego de cargos, así como la duración de el procedimiento anterior a ésta (véase, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/4 P, Rec. p. I‑8725, apartado 51), hay que señalar que esta duración no es excesiva, a la luz de las verificaciones efectuadas a partir del mes de abril de 1989, de las solicitudes de información posteriores y de la incoación de oficio del procedimiento el 19 de febrero de 1990. En estas circunstancias, no puede considerarse irrazonable la duración del procedimiento administrativo que culminó en la Decisión 91/300.

109 Procede añadir que, en cualquier caso, la vulneración del principio del plazo razonable sólo justificaría la anulación de una decisión adoptada a resultas de un procedimiento administrativo en materia de competencia en caso de que implicase también una violación del derecho de defensa de la empresa afectada. En efecto, cuando no se demuestra que el excesivo paso del tiempo haya afectado a la capacidad de las empresas interesadas de defenderse de forma eficaz, la inobservancia del principio del plazo razonable carece de incidencia sobre la validez del procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, apartado 122).

110 A este respecto, la demandante alega que le había resultado difícil ejercer su derecho a la defensa debido a que, con fecha de 6 de octubre de 1991, había vendido su departamento de «carbonato sódico» a un comprador independiente, a que ya no trabajaba en el mercado del carbonato sódico en el Reino Unido y a que no podía ponerse en contacto con los empleados encargados del asunto en aquel tiempo para obtener la ayuda necesaria, ya que habían abandonado la empresa.

111 Sin embargo, cabe señalar que la Comisión no realizó ninguna diligencia de instrucción entre el pronunciamiento de la sentencia Comisión/Solvay, citada en el apartado 19 supra, y la adopción de la Decisión impugnada.

112 Por lo tanto, en relación con el primer período, que dio lugar a la Decisión 91/300, y puesto que no presentaba inconveniente alguno desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa, la Comisión no tuvo en cuenta ningún dato nuevo que requiriera el ejercicio de tal derecho.

113 En consecuencia, no se ha vulnerado el derecho de defensa de la demandante.

114 En cuarto lugar, en cuanto al procedimiento judicial, debe recordarse que el principio general de Derecho comunitario según el cual toda persona tiene derecho a un juicio justo, inspirado en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, y, en particular, a un juicio en un plazo razonable, es aplicable en un recurso jurisdiccional contra una decisión de la Comisión por la que se imponen multas a una empresa por violación del Derecho de la competencia. El carácter razonable del plazo debe apreciarse de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de acuerdo con la trascendencia del litigio para el interesado, la complejidad del asunto y la conducta del demandante y de las autoridades competentes. La lista de estos criterios no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto de acuerdo con cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada con arreglo a uno solo. Así, la complejidad del asunto puede tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión, C‑403/04 P y 405/04 P, Rec. p. I‑729, apartados 115 a 117, y la jurisprudencia citada).

115 Además, en la sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417), tras declarar que el Tribunal General había incumplido los requisitos derivados del respeto del plazo razonable, el Tribunal de Justicia, por motivos de economía procesal y con el fin de garantizar una reparación inmediata y eficaz de tal irregularidad procesal, declaró fundado el motivo basado en la duración excesiva del procedimiento de anulación de la sentencia impugnada en la medida en que fijaba el importe de la multa impuesta a la demandante en tres millones de ecus. A falta de prueba de que la duración del procedimiento repercutiera en el resultado del litigio, el Tribunal de Justicia declaró que dicho motivo no acarreaba la anulación de la sentencia impugnada en su totalidad, pero que 50.000 ecus constituían una compensación equitativa debido a la duración excesiva del procedimiento y, por tanto, redujo el importe de la multa impuesta a la empresa afectada.

116 Por consiguiente, a falta de cualquier indicio de que la duración del procedimiento haya tenido alguna incidencia en la solución del litigio, el posible hecho de que el juez comunitario haya sobrepasado el plazo razonable en el caso de autos, incluso suponiendo que resultase probado, no tiene repercusión alguna sobre la legalidad de la Decisión impugnada (esta interpretación ha quedado recogida en el apartado 140 de la sentencia de este Tribunal de 17 de diciembre de 2009, Solvay/Comisión, T‑57/01, Rec. p. I‑0000).

117 Procede añadir que, en su recurso, la demandante no formuló una solicitud de indemnización.

118 Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte del primer motivo, y por consiguiente, desestimar el primer motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo, basado en vicios sustanciales de forma

119 El segundo motivo se compone, en esencia, de cinco partes, basadas, en primer lugar, en el carácter ilegal de las fases preparatorias de la Decisión 91/300, en segundo lugar, en el excesivo tiempo transcurrido entre el procedimiento administrativo y la adopción de la Decisión impugnada, en tercer lugar, en la obligación de realizar nuevos trámites procesales, en cuarto lugar, en la vulneración del derecho de acceso al expediente y, en quinto lugar, en la vulneración del artículo 253 CE.

– Sobre la primera parte, basada en el carácter ilegal de las fases preparatorias de la Decisión 91/300

Alegaciones de las partes

120 La demandante alega que los trámites procedimentales efectuados por la Comisión antes de adoptar una decisión sólo son fases preparatorias y no pueden, por sí mismos, ser objeto de recurso de anulación. Se deduce de la naturaleza accesoria de las fases procedimentales anteriores a la adopción de esa decisión que, contrariamente a lo señalado en el apartado 189 de la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, la anulación de dicha decisión debe conllevar igualmente la de esas fases procedimentales anteriores. En el caso de autos, la Comisión no puede, por lo tanto, invocar que dichas fases procedimentales anteriores a la Decisión 91/300 constituyen las etapas procedimentales necesarias para adoptar la Decisión impugnada.

121 Además, según la demandante, la Comisión inició un solo procedimiento administrativo por las supuestas infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE. Los dos asuntos sólo fueron separados en la fase de adopción de las Decisiones 91/297 y 91/300. La demandante recuerda asimismo que, en la sentencia ICI I, citada en el apartado 17 supra, el Tribunal declaró que los derechos de defensa habían sido vulnerados en la fase del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta resolución tuvo repercusiones en la Decisión 91/300, ya que la Comisión siguió exactamente el mismo procedimiento administrativo. Por lo tanto, en el asunto que dio lugar a la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra, el Tribunal debería haber decidido la anulación de la Decisión 91/300, por vulneración del derecho de defensa.

122 En la réplica, la demandante añade que, en la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra, el Tribunal se mostró muy crítico respecto al análisis del mercado en cuestión por parte de la Comisión, que consistió en disociar los datos probatorios de las alegaciones relativas al artículo 81 CE, por una parte, y al artículo 82 CE, por otra, y en instruir procedimientos distintos.

123 La Comisión rebate las alegaciones formuladas por la demandante.

Apreciación del Tribunal

124 Con carácter preliminar, procede recordar que la Decisión 91/300 fue anulada por un vicio de forma, a saber, la falta de autenticación, que afectaba exclusivamente a los requisitos para la adopción definitiva de esa Decisión por parte de la Comisión.

125 Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, la anulación de un acto comunitario no afecta necesariamente a los actos preparatorios, de modo que el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1998, España/Comisión, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, apartados 31 y 32, y sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 73).

126 En el caso de autos, puesto que el vicio de procedimiento constatado se produjo en la última fase de la adopción de la Decisión 91/300, la anulación no afectó a la validez de las medidas preparatorias de dicha Decisión anteriores a la fase en que se produjo el vicio (véase, en este sentido, la sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 39 supra, apartado 75).

127 Por otra parte, en cuanto a la alegación de la demandante de que, en la sentencia ICI I, citada en el apartado 17 supra, el Tribunal anuló la Decisión 91/297 por vulnerar el derecho de defensa, procede recordar que, en la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra, en el origen del presente asunto, el Tribunal también examinó detalladamente el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa, y que lo desestimó en su conjunto (véase el apartado 73). Posteriormente, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto contra esa última sentencia.

128 Además aun cuando el expediente administrativo es el mismo en los asuntos COMP/33.133, las Decisiones 91/297 y 91/300 se refieren a infracciones de distinta naturaleza, en dos mercados distintos. Sin embargo, la violación del derecho de defensa debe ser examinada en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto, en la medida en que depende esencialmente de los cargos formulados por la Comisión para demostrar la existencia de la infracción reprochada a la empresa afectada (véanse la sentencia ICI I, citada en el apartado 17 supra, apartado 70, e ICI II, citada en el apartado 16 supra, apartado 50, y, asimismo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 127).

129 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.

– Sobre la segunda parte, basada en la demora excesiva entre el procedimiento administrativo y la adopción de la Decisión impugnada

Alegaciones de las partes

130 La demandante alega que se produjo una demora de diez años entre las fases del procedimiento anteriores a las Decisiones 91/297 y 91/300, por una parte, y la Decisión impugnada, por otra, lo cual supone una denegación de la protección del derecho de defensa. En su opinión, las empresas deben tener la oportunidad de expresar su punto de vista y de defender realmente sus intereses. Por lo tanto, sólo es posible adoptar decisiones, en particular cuando imponen multas, en un plazo razonable después de que las empresas hayan podido dar a conocer sus observaciones, lo cual no ocurrió en el caso de autos.

131 La Comisión rebate las alegaciones formuladas por la demandante.

Apreciación del Tribunal

132 En primer lugar, como se ha indicado al examinar la primera parte del primer motivo, la prescripción, establecida en el artículo 3 del Reglamento nº 2988/74, quedó suspendida durante todo el procedimiento ante este Tribunal, así como ante el Tribunal de Justicia, a raíz de la interposición del recurso de casación contra la sentencia ICI II, citada en el apartado 16 supra. Por lo tanto, no puede reprocharse a la Comisión que, antes de adoptar la Decisión impugnada, esperase a que este Tribunal y el Tribunal de Justicia dictaran resolución. A este respecto, el hecho de que la Comisión no haya adoptado la Decisión impugnada durante los procedimientos ante este Tribunal y el Tribunal de Justicia está justificado por el respeto al procedimiento judicial y a las futuras sentencias.

133 En segundo lugar, como se desprende del examen de la segunda parte del primer motivo, la Comisión no vulneró el principio del plazo razonable al adoptar la Decisión impugnada, el 13 de diciembre de 2000.

134 En tercer lugar, resulta del examen de la tercera parte del segundo motivo, que se aborda posteriormente (apartados 151, 153 y 168), que la Comisión no estaba obligada, en el caso de autos, a efectuar nuevos trámites procedimentales tras la anulación de la Decisión 91/300, debida a un vicio de forma que afectaba exclusivamente al modo de adoptarse definitivamente dicha Decisión.

135 Por lo tanto, no puede reprocharse a la Comisión que no diera a la demandante la ocasión de presentar de nuevo sus alegaciones tras anularse la Decisión 91/300.

136 En estas circunstancias, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo.

– Sobre la tercera parte, basada en el incumplimiento de la obligación de acordar nuevos trámites procedimentales

Alegaciones de las partes

137 La demandante sostiene que la Comisión debería haber efectuado nuevos trámites procedimentales antes de adoptar la Decisión impugnada.

138 En primer lugar, la demandante alega que la Comisión debería haberle remitido un nuevo pliego de cargos. En su opinión, las alegaciones contenidas en el pliego de cargos notificado en 1990 formaban parte de la «acusación de que la “separación de los mercados” entre el Reino Unido y la Europa continental occidental, así como el principio del “mercado nacional” [eran] la consecuencia de un acuerdo o de una práctica concertada entre Solvay y [la demandante]». Sin embargo, la demandante señala que la Decisión de la Comisión sobre dicho acuerdo fue anulada por el Tribunal y que no ha vuelto a ser objeto procedimientos a este respecto. Por lo tanto, la demandante considera que tenía derecho a recibir, antes de adoptarse la Decisión impugnada, un pliego de cargos que no incluyera la imputación de concertación. Este pliego de cargos también debería haber expuesto los reproches de la Comisión a la luz del desarrollo del Derecho entre 1990 y 2000, en particular en lo referido a la definición del mercado en cuestión.

139 En segundo lugar, la demandante afirma que la Comisión debería haberle concedido nueva audiencia y la ocasión de exponer sus alegaciones. Considera que, en la sentencia PVC II del Tribunal, citada en el apartado 25 supra, éste no podía invocar el hecho de que no se hubiera formulado ningún cargo nuevo. En efecto, en su opinión, las empresas deben tener la oportunidad de presentar sus observaciones respecto a todos los cargos que se les imputen, en especial a la luz de nuevas cuestiones que puedan ser pertinentes para su defensa.

140 Según la demandante, el derecho a ser oído no sólo se refiere a los fundamentos de hecho, sino también a los de Derecho, como reconoció el Tribunal en las sentencias ICI I, citada en el apartado 17 supra, y PVC II, citada en el apartado 25 supra. Además, en sus sentencias de 3 de octubre de 1991, Italia/Comisión (C‑261/89, Rec. p. I‑4437), y de 4 de febrero de 1992, British Aerospace y Rover/Comisión (C‑294/90, Rec. p. I‑493), el Tribunal de Justicia reconoció qu