Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 11 de marzo de 1999. - Siderúrgica Aristrain Madrid SL contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Tratado CECA - Competencia - Acuerdos entre empresas, decisiones de asociación de empresas y prácticas concertadas - Fijación de precios - Reparto de mercados - Sistemas de intercambio de información. - Asunto T-156/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-00645

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Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Imputaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad del Tratado CECA - Inadmisibilidad

(Tratado CECA, arts. 33, 36, 65 y 66)

2 Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Juez comunitario - Consideración del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos

(Tratado de la Unión Europea, art. F, ap. 2)

3 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Garantías de procedimiento - Control jurisdiccional efectivo de las Decisiones de la Comisión - Órgano jurisdiccional independiente e imparcial - Competencia jurisdiccional plena

(Tratado CECA, arts. 33, 36 y 65)

4 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Infracción cometida por un grupo y sus filiales - Dificultad de identificación de la sociedad matriz - Imputación solidaria a las filiales

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

5 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Régimen lingüístico - Anexos del pliego de cargos - Disponibilidad en su lengua de origen

6 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Obligaciones de la Comisión - Observancia de un plazo razonable

(Tratado CECA, art. 65)

7 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Métodos de cálculo - Conversión en ECU del volumen de negocios de las empresas en el año de referencia aplicando los tipos de cambio medios del mismo año - Procedencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

8 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Conducta divergente de la convenida en el cartel - Apreciación

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

9 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Infracciones - Comisión deliberada - Concepto

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

10 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

11 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Cese de la infracción tras la intervención de la Comisión - Exclusión

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

12 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Fijación de la multa por el Juez comunitario - Facultad jurisdiccional plena

(Tratado CECA, art. 36, párr. 2)

Índice

1 Procede declarar la inadmisibilidad de una imputación que tiene por objeto cuestionar la legalidad del sistema de represión de las prácticas colusorias establecido por los artículos 65 y 66 del Tratado CECA, o incluso la legalidad del sistema de control jurisdiccional de los actos de la Administración dispuesto por los artículos 33 y 36 de dicho Tratado.

En efecto, el propio Tratado no es un acto de la Comisión y, por tanto, no puede ser controlado por el Juez comunitario en virtud de los artículos 33 o 36.

2 Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario. Para ello, el Juez comunitario se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, reviste un significado particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, al que se hace referencia en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea.

3 En el procedimiento administrativo que lleva a la adopción de una Decisión por la que se señala una infracción de las normas sobre la competencia y se impone, por tal concepto, una multa en el marco del Tratado CECA, la Comisión está obligada a respetar las garantías de procedimiento previstas por el Derecho comunitario. Estas garantías de procedimiento no prohíben la acumulación, por parte de la Comisión, del ejercicio de las funciones de acusación y de decisión y no obligan a la Comisión a dotarse de una organización interna que impida que un solo y mismo funcionario pueda actuar en un mismo asunto en calidad de investigador y de ponente.

La exigencia de un control jurisdiccional efectivo de cualquier Decisión de la Comisión por la que se señale y reprima una infracción de las normas comunitarias de la competencia constituye un principio general de Derecho comunitario, que resulta de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. Debe considerarse que es conforme con dicha exigencia el control de plena jurisdicción de la sanción ejercido por el Tribunal de Primera Instancia, órgano jurisdiccional independiente e imparcial, con arreglo al artículo 36 del Tratado CECA, considerado, en su caso, en relación con el control de legalidad de los otros elementos de la Decisión, ejercido en virtud del artículo 33 del Tratado.

4 En atención a la unidad del grupo económico constituido por una sociedad matriz y sus filiales, las actuaciones de las filiales pueden imputarse a la sociedad matriz cuando las filiales, aun teniendo personalidad jurídica distinta, no determinan de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplican en lo esencial las instrucciones que les transmite el grupo, el cual asume un papel de impulso y de coordinación.

No obstante, en una situación en la que un grupo y sus filiales participan en igual medida en infracciones, sin que sea posible distinguir entre los distintos componentes según su grado de participación individual, pero en la que, debido a la composición del grupo y a la dispersión de sus acciones, es imposible o excesivamente difícil identificar a la persona jurídica que está a la cabeza del grupo y a la que, como responsable de la coordinación de la acción de éste, hubiesen podido imputarse las infracciones cometidas por sus diversas sociedades integrantes, la Comisión tiene derecho a considerar que las filiales son responsables solidarias de todas las actuaciones del grupo, con el fin de evitar que la separación formal entre estas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pueda obstar a la constatación de la unidad de su comportamiento en el mercado a efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia.

5 En el marco del procedimiento administrativo que lleva a la adopción de una Decisión por la que se señalan infracciones de las normas sobre la competencia CECA, no puede exigirse a la Comisión que traduzca más documentos que aquellos en los que basa sus imputaciones. Por otra parte, estos últimos documentos deben ser considerados pruebas materiales en las que se apoya la Comisión y, por tanto, deben ponerse en conocimiento del destinatario tal como son, de modo que éste pueda conocer la interpretación que la Comisión les dio y en la que basó tanto su pliego de cargos como su Decisión, y, por tanto, pueda defender eficazmente sus derechos.

6 La observancia por parte de la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen fin a procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye un principio general del Derecho comunitario. El carácter razonable de la duración del procedimiento administrativo se aprecia en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento seguido por la Comisión, del comportamiento de los interesados durante el procedimiento, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas.

7 Cuando la Comisión impone multas a varias empresas por infracciones de las normas sobre la competencia en el marco del Tratado CECA, nada le impide expresar el importe de la multa en ECU, unidad monetaria convertible en moneda nacional. Por otra parte, eso permite a las empresas comparar más fácilmente los importes de las multas impuestas.

A efectos del cálculo de la multa, la Comisión puede convertir en ECU el volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas durante el año de referencia, esto es, el último año completo del período de infracción contemplado, sobre la base del tipo de cambio medio de ese mismo año.

En primer lugar, la Comisión debe normalmente utilizar un único método de cálculo de las multas impuestas a las empresas sancionadas por haber participado en una misma infracción. Después, para poder comparar los diferentes volúmenes de negocios comunicados, expresados en las respectivas monedas nacionales de las empresas afectadas, la Comisión debe convertir dichos volúmenes de negocios en una única unidad monetaria, como el ECU, cuyo valor se determina en función del valor de cada moneda nacional de los Estados miembros.

Además, por una parte, la consideración del volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas durante el año de referencia permite a la Comisión apreciar la dimensión y la potencia económica de cada empresa, así como la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas, elementos que son pertinentes para apreciar la gravedad de la infracción cometida por cada empresa. Por otra parte, el hecho de haber tenido en cuenta, para la conversión en ECU de los correspondientes volúmenes de negocios, los tipos de cambio medios del año de referencia permite a la Comisión evitar que las eventuales fluctuaciones monetarias ocurridas desde el cese de la infracción incidan en la apreciación de la dimensión y potencia económica relativas de las empresas, así como de la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas y, por consiguiente, en la apreciación de la gravedad de la infracción. Esta apreciación debe, en efecto, referirse a la realidad económica tal como se manifestaba en la época en que se cometió dicha infracción.

El método de cálculo de la multa consistente en aplicar el tipo de cambio medio del año de referencia permite evitar los efectos aleatorios de las modificaciones de los valores reales de las monedas nacionales que pueden producirse entre el año de referencia y el año en que se adoptó la Decisión. Si bien este método puede significar que una empresa determinada deba pagar una cantidad, expresada en moneda nacional, nominalmente superior o inferior a la que tendría que haberse pagado en el supuesto de aplicarse el tipo de cambio de la fecha en que se adoptó la Decisión, ello no es sino la consecuencia lógica de las fluctuaciones de los valores reales de las diferentes monedas nacionales.

8 El hecho de que una empresa no haya desempeñado una función especialmente activa o no haya actuado como instigador no la exime de su participación en la infracción.

Además, el hecho de que una empresa, cuya participación en una concertación con sus competidores en materia de precios ha sido demostrada, no se haya comportado en el mercado de un modo conforme al acordado con sus competidores no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta, como circunstancia atenuante, al determinar el importe de la multa que debe imponerse. En efecto, una empresa que, a pesar de la concertación con sus competidores, lleve a cabo una política más o menos independiente en el mercado puede simplemente tratar de utilizar la práctica colusoria en su beneficio.

9 Para que una infracción de las normas sobre la competencia pueda considerarse cometida deliberadamente, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir la prohibición prevista en el artículo 65 del Tratado CECA; es suficiente con que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era falsear el juego normal de la competencia en el mercado común.

10 Una reducción del importe de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa de que se trate ha permitido a la Comisión apreciar una infracción de las normas sobre la competencia con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

11 El cese de una infracción de las normas sobre la competencia cometida deliberadamente por una empresa no puede considerarse una circunstancia atenuante cuando fue determinado por la intervención de la Comisión.

12 Por su naturaleza, la fijación de una multa por el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del ejercicio de su facultad de plena jurisdicción, no es una operación aritmética precisa. Por otra parte, este Tribunal no está vinculado por los cálculos de la Comisión, sino que debe efectuar su propia apreciación, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

Partes

En el asunto T-156/94,

Siderúrgica Aristrain Madrid, S.L., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. Antonio Creus e, inicialmente, por el Sr. Xavier Ruiz Calzado y, posteriormente, por la Sra. Natalia Lacalle, Abogados del Ilustre Colegio de Barcelona, que designa como domicilio en Bruselas el despacho Cuatrecasas, avenue d'Auderghem 78,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. Julian Currall y Francisco Enrique González-Díaz, miembros del Servicio Jurídico, y Géraud Sajust de Bergues, funcionario nacional adscrito al servicio de la Comisión, y posteriormente por los Sres. Jean-Louis Dewost, Director General del Servicio Jurídico, Julian Currall y Guy Charrier, funcionario nacional adscrito al servicio de la Comisión, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Ricardo García Vicente, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una solicitud de anulación de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Segunda ampliada),

integrado por los Sres.: C.W. Bellamy, en funciones de Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

A. Observaciones preliminares

1 El presente recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión»), mediante la cual la Comisión afirmó que diecisiete empresas siderúrgicas europeas y una de las asociaciones profesionales de éstas habían participado en una serie de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información confidencial sobre el mercado comunitario de vigas, en contra de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA, e impuso multas a catorce empresas de ese sector por infracciones cometidas entre el 1 de julio de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.

2 Según la Decisión, la demandante Siderúrgica Aristrain Madrid, S.L. (en lo sucesivo, «Aristrain Madrid»), que actuaba anteriormente bajo la denominación José María Aristrain Madrid, S.A., y Siderúrgica Aristrain Olaberría, S.L. (en lo sucesivo, «Aristrain Olaberría»), que actuaba anteriormente bajo la denominación José María Aristrain, S.A., son sociedades pertenecientes al grupo siderúrgico Aristrain (en lo sucesivo, «Aristrain»), cuyas acciones corresponden a los miembros de la familia Aristrain.

3 En 1990, el volumen de ventas consolidado del grupo ascendió a 73.216 millones de pesetas, de los cuales 34.458 millones de pesetas correspondieron a las ventas de vigas en la Comunidad. Sus entregas de vigas en la CECA ascendieron a 512.123 toneladas en 1989, lo que la convierte en el segundo productor comunitario de dicho producto. Según la demandante, las ventas totales de Aristrain en los mercados comunitarios (excepto España, Luxemburgo, Grecia e Irlanda) pasaron de 149.941 toneladas en 1988 a 291.690 toneladas en 1993.

4 Aristrain, cuya creación se remonta a 1955, está especializada en la fabricación de vigas, que representan el 90 % de la facturación CECA del grupo y el 100 % en el caso de la demandante. Ésta insiste en dicha especificidad que la convierte en una empresa familiar y monoproductora, que no es miembro de la asociación profesional Eurofer y que tiene unos intereses muy diferentes a los de los grandes grupos integrados a los que se refiere la Decisión.

5 Otros diez destinatarios de la Decisión, a saber, NMH Stahlwerke GmbH (en lo sucesivo, «NMH», asunto T-134/94), Eurofer ASBL (en lo sucesivo, «Eurofer», asunto T-136/94), ARBED SA (en lo sucesivo, «ARBED», asunto T-137/94), Cockerill-Sambre SA (en lo sucesivo, «Cockerill-Sambre», asunto T-138/94), Thyssen Stahl AG (en lo sucesivo, «Thyssen», asunto T-141/94), Unimétal - Société française des aciers longs SA (en lo sucesivo, «Unimétal», asunto T-145/94), Krupp Hoesch Stahl AG (en lo sucesivo, «Krupp Hoesch», asunto T-147/94), Preussag Stahl AG (en lo sucesivo, «Preussag», asunto T-148/94), British Steel plc (en lo sucesivo, «British Steel», asunto T-151/94), y Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (en lo sucesivo, «Ensidesa», asunto T-157/94), interpusieron también sendos recursos ante el Tribunal de Primera Instancia.

6 Dado que los once asuntos fueron acumulados a efectos de la instrucción y de la fase oral mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, en la presente sentencia se hará referencia a varios documentos presentados en los asuntos paralelos. Asimismo, como las demandantes en dichos asuntos formularon algunas alegaciones en la vista en el marco de un informe oral común, se hará referencia a las «demandantes».

B. Relaciones entre el sector siderúrgico y la Comisión entre 1970 y 1990

Crisis de los años setenta y creación de Eurofer

7 A partir de 1974, el sector siderúrgico europeo fue gravemente afectado por una caída de la demanda que creó problemas de exceso de oferta y capacidad y un bajo nivel de precios.

8 El 1 de enero de 1977, la Comisión aprobó, de conformidad con el artículo 46 del Tratado CECA, el denominado «Plan Simonet», en virtud del cual las empresas asumieron frente a la Comisión el compromiso voluntario y unilateral de adaptar sus niveles de entregas a los propuestos por la Comisión en los programas de previsiones que son publicados cada trimestre, con arreglo al número 2) del párrafo tercero del artículo 46 del Tratado. Este sistema resultó insuficiente para estabilizar el mercado, por lo que fue sustituido en 1978 por el «Plan Davignon», que combinaba los compromisos unilaterales y voluntarios con un régimen de precios indicativos y mínimos (Acuerdo denominado «Eurofer I»).

9 Los compromisos voluntarios unilaterales de las empresas para con la Comisión eran previamente discutidos entre ellas en la asociación profesional Eurofer, cuya creación en 1977 fue fomentada por la Comisión. En realidad, esta última se apoyó en gran medida en Eurofer para gestionar la crisis de la siderurgia, hasta el punto de que un escrito del miembro de la Comisión Sr. Davignon al presidente de Eurofer de 13 de julio de 1978 hace referencia a «la gestión en común de la anticrisis por la que han optado la Comisión y los productores» (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 2).

Régimen de cuotas establecido de 1980 a 1988

10 Como la situación del mercado siderúrgico continuó empeorando, la Comisión adoptó la Decisión nº 2794/80/CECA, de 31 de octubre de 1980, por la que se establece un régimen de cuotas de producción de acero para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 291, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión nº 2794/80»). Mediante dicha Decisión, la Comisión declaraba un estado de crisis manifiesta, en el sentido del artículo 58 del Tratado CECA, e imponía cuotas de producción obligatorias para la mayor parte de los productos siderúrgicos, incluidas las vigas.

11 Este régimen de crisis puede describirse de la manera siguiente. La Comisión fijaba un objetivo trimestral de producción comunitaria para las distintas categorías de productos y luego atribuía a cada empresa una cuota de producción, así como una cuota de entrega a escala comunitaria (cuotas «I»). Además, se acordaba asignar a cada empresa una cuota de entrega para cada uno de los mercados nacionales (cuotas «i»). Eurofer se encargaba del reparto de la cuota «I» de cada empresa en cuotas «i», en el marco de los acuerdos Eurofer II a Eurofer V. Si fuera necesario, la Comisión intervendría en caso de controversia entre empresas (véase el laudo arbitral dictado por el Sr. Davignon el 2 de junio de 1982 con respecto a las cuotas «i» de Italsider, anexo 3 del documento 11 de la demanda T-151/94).

12 También debe señalarse que los miembros de la Comisión Sres. Davignon y Andriessen, mediante escrito de 17 de enero de 1983 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 6), dirigieron a Eurofer una advertencia del siguiente tenor:

«La Comisión aprecia la cooperación que las empresas y sus asociaciones han aportado al éxito de las medidas anticrisis, incluso en materia de política de precios. Considera que dicha cooperación es un elemento esencial de su política siderúrgica y desea que continúe.

No obstante, señala a las asociaciones, y especialmente a Eurofer, el hecho de que éstas deben ejercer sus actividades respetando estrictamente el marco y los límites estipulados por el artículo 48 del Tratado CECA.

La Comisión desea precisar que no podrá aceptar que las empresas siderúrgicas o sus asociaciones anticipen o soslayen las Decisiones que la Comisión tome en la elaboración de la política de precios, y que las medidas que adopte y las Recomendaciones que formule en el marco de su política anticrisis se utilicen como pretexto para celebrar prácticas colusorias o para adoptar decisiones contrarias al Tratado. Tales prácticas o decisiones estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 65, serían nulas de pleno Derecho y serían perseguidas por la Comisión.

[...]»

13 Mediante escrito de 8 de febrero de 1983, el presidente de Eurofer respondió a los Sres. Davignon y Andriessen en estos términos (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 7):

«Querríamos [...] recordarles que, en materia cuantitativa, los acuerdos de restricción de producción y de entregas fueron celebrados ante la insistente petición de la Comisión Europea y del Consejo. Su Comisión es informada de todos los detalles del funcionamiento de dichos acuerdos y estamos decididos a seguir actuando de este modo.

En materia de precios, la Comisión y el Consejo no han dejado de insistir en la necesidad de un aumento destinado a permitir a las empresas siderúrgicas obtener suficientes ingresos [...]

Su Comisión es informada escrupulosamente de todos los esfuerzos realizados para lograr el objetivo fijado por ella, y estamos decididos a seguir en esta línea en el futuro.

En tales circunstancias, contamos con que, si un día nuestra actividad pudiera ir más allá de la interpretación que la Comisión da a las disposiciones del Tratado de París, nos lo comunicarían inmediatamente.»

14 Al persistir el estado de crisis manifiesta, las medidas de cuotas adoptadas por la Comisión fueron prorrogadas y completadas en varias ocasiones, especialmente mediante la adopción de un sistema de precios mínimos para las vigas y otros productos, entre 1984 y 1986 (Decisión nº 3715/83/CECA de la Comisión, de 23 de diciembre de 1983, por la que se establecen precios mínimos para determinados productos siderúrgicos; DO L 373, p. 1; EE 13/15, p. 219). Además, la Comisión adoptó la Decisión nº 3483/82/CECA, de 17 de diciembre de 1982, relativa a la obligación que tienen las empresas de la Comunidad de declarar sus entregas de determinados productos siderúrgicos (DO L 370, p. 1; EE 13/14, p. 3; en lo sucesivo, «Decisión nº 3483/82»), que establecía un «sistema de vigilancia» en cuyo marco cada empresa estaba obligada a declarar sus suministros por país.

15 A principios de 1984, la Comisión reforzó el sistema de las cuotas adoptando la Decisión nº 234/84/CECA, de 31 de enero de 1984, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 29, p. 1; EE 13/15, p. 254; en lo sucesivo, «Decisión nº 234/84»). El noveno considerando de esta Decisión hace referencia a una Declaración del Consejo de 22 de diciembre de 1983, según la cual la estabilidad de los flujos tradicionales de los productos siderúrgicos dentro de la Comunidad «es un elemento esencial que debe preservarse para que la reestructuración del sector siderúrgico se efectúe en un contexto competitivo compatible con la solidaridad impuesta por el sistema de cuotas de producción». En consecuencia, el artículo 15 B de dicha Decisión prevé, en caso de que un Estado miembro presente una denuncia a este respecto, que la Comisión, tras verificar el fundamento de dicha denuncia, pida a las empresas que hayan causado las perturbaciones señaladas que se comprometan por escrito a compensar, durante el trimestre siguiente, el desequilibrio producido en sus entregas tradicionales. En caso de que una empresa no quisiera someterse a ese principio de solidaridad, la Comisión podrá reducir la parte de sus cuotas que puede entregarse en el mercado común.

16 La política de estabilidad de los flujos tradicionales y los esfuerzos para mantener los precios a un nivel aceptable han sido objeto de varios intercambios entre la Comisión y Eurofer, especialmente:

- una nota de Eurofer de 2 de julio de 1984, en la que figuran las explicaciones dadas en una reunión entre representantes de la Comisión y del sector siderúrgico, que se celebró en Bruselas el 27 de junio de 1984 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 8), la cual, en lo que respecta a la aplicación del artículo 15 B de la Decisión nº 234/84, precisa lo siguiente:

«La Comisión estableció el sistema del artículo 15 B en respuesta a la preocupación de los Gobiernos nacionales. Éste no puede sustituir de ninguna manera al sistema "i" del Acuerdo Eurofer IV. Por el contrario, la Comisión necesita a Eurofer para las estimaciones de mercado y para arreglar todos los detalles. Sin Eurofer, la Comisión se vería en graves dificultades [...] En general, la Comisión se interesa sólo en el análisis global de la situación, sin entrar en los detalles secundarios [...] En lo que respecta al futuro, la Comisión está dispuesta a considerar un sistema a base de cuotas, pero entonces necesitaría el apoyo total de Eurofer»;

- el acta de una reunión Comisión-Eurofer de 16 de diciembre de 1985, en la que participó el miembro de la Comisión Sr. Narjes (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 10), la cual, en lo que se refiere a los flujos tradicionales, indica lo siguiente:

«La Comisión expresó su profunda preocupación por los desarrollos recientes del mercado. Lamentó que aún no se hubiese celebrado el Acuerdo Eurofer V y recalcó la responsabilidad de los productores en lo que respecta a los precios [...] La Comisión exhortó a los participantes a reconsiderar las modalidades de cooperación entre ellos, dado que estima que Eurofer desempeñó una función esencial en la aplicación del artículo 58. La Comisión tiene la intención de definir los criterios de aplicación del artículo 15 B tan pronto como sea posible, con el fin de hacer frente a la situación en caso de que Eurofer fracasara, o de facilitar un arreglo privado»;

- el acta de una reunión entre el Sr. Narjes y Eurofer de 10 de marzo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 13), la cual, a propósito del mercado español, indica:

«Narjes recordó la Decisión de la Comisión relativa a la limitación de las entregas a España [...] En lo que respecta al reparto de la carga, era favorable a un acuerdo interno entre los productores de Eurofer»;

- el acta de una reunión entre el Sr. Narjes y los delegados de Eurofer de 16 de mayo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 14), que indica lo siguiente:

«La Comisión insistió en la necesidad de armonizar rápidamente los precios publicados en la Comunidad al mismo nivel y de evitar las diferencias entre los precios publicados y los precios del mercado. Las rebajas sectoriales deberían corresponder a la realidad. Se confirmó que la industria siderúrgica francesa estaba dispuesta a aumentar los precios, pero también que se necesitaba el apoyo, a este respecto, de quienes ya se habían introducido en el mercado. Eurofer expresó la esperanza de que el Acuerdo Eurofer V constituya la base adecuada de un restablecimiento general de los precios.»

17 En la misma época, la Comisión celebró una serie de acuerdos internacionales con el Reino de Suecia, el Reino de Noruega y la República de Finlandia, destinados a garantizar la estabilidad de los flujos tradicionales de intercambios entre estos países y la Comunidad (sistema denominado de «pactos»): véanse los escritos de la Comisión, presentados en la vista por las partes, dirigidos a las autoridades suecas el 4 de marzo de 1986, el 13 de febrero de 1987 y el 21 de enero de 1988, a las autoridades noruegas el 4 de marzo de 1986, el 11 de marzo de 1987 y el 10 de febrero de 1988 y a las autoridades finlandesas el 4 de marzo de 1986, el 10 de abril de 1987 y el 12 de febrero de 1988, intercambiados respectivamente en el marco del Acuerdo de 22 de julio de 1972 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Reino de Suecia, por otra (DO 1973, L 350, p. 76; EE 11/05, p. 76), del Acuerdo de 14 de mayo de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Reino de Noruega, por otra (DO 1974, L 348, p. 17; EE 11/05, p. 136), y del Acuerdo de 5 de octubre de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la República de Finlandia, por otra (DO 1974, L 348, p. 1; EE 11/05, p. 120).

18 Un pacto similar se aplicó al Reino de España, por un período transitorio de tres años, mediante el Protocolo nº 10, sobre la reestructuración de la siderurgia española, anejo al Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas, firmada el 12 de junio de 1985 (DO L 302, p. 9; en lo sucesivo, «Acta de Adhesión»). Así, la Comisión fijó, para cada uno de los años 1986, 1987 y 1988, el nivel de las entregas de productos siderúrgicos de origen español en los mercados comunitarios, excepto Portugal. La aplicación de dichas medidas transitorias específicas finalizó el 31 de diciembre de 1988.

Hechos anteriores al 30 de junio de 1988, fecha en que finalizó el régimen de crisis manifiesta

19 La Comisión preparó la salida del régimen de crisis y el retorno a condiciones normales de mercado, a partir de 1985. Un documento redactado por los servicios de la Dirección General Mercado interior y asuntos industriales de la Comisión (en lo sucesivo, «DG III») durante el año 1985 (documento III/534/FR, demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 5) recuerda: «El sistema de las cuotas se basaba en gran medida en el sistema voluntario que había sido gestionado por Eurofer» y señala: «[Es preciso] que antes de mediados del año próximo se celebre un acuerdo sobre el futuro, ya que, si esto no se hace, durante la segunda mitad del año habrá una batalla por las cuotas de mercado que podría tener efectos desastrosos sobre los precios y sobre los beneficios de las empresas.» Dicho documento termina diciendo: «Por tanto, Eurofer debe animarse a aceptar sus responsabilidades y a formular sus propuestas en cuanto a la manera en que la industria siderúrgica debería emerger de un período de protección para entrar en condiciones de libre mercado.»

20 En su Comunicación al Consejo sobre la introducción de un sistema de cuotas con arreglo al artículo 58 del Tratado CECA después del 31 de diciembre de 1985 [COM(85) 509, demanda en el asunto T-145/94, anexo 14], la Comisión describe en detalle un período transitorio antes del retorno al juego normal de la competencia. Estimando que lo peor de la crisis ha pasado prácticamente, llega a la siguiente conclusión:

«La reestructuración de la industria siderúrgica comunitaria aún no se ha completado. [...] Por lo tanto, es necesario un período de transición. Limitado a un máximo de tres años, dicho período permitirá a la industria pasar progresivamente de los controles extremadamente rígidos aplicados actualmente a un mercado totalmente competitivo, de acuerdo con los objetivos del Tratado CECA. [...] El sistema de las cuotas propuesto a partir del 1 de enero de 1986 [...] será el último antes de la vuelta a un mercado competitivo. [...] La Comisión no pretende incluir en la próxima Decisión las disposiciones del artículo 15 B de la Decisión 234/84/CECA en su forma actual. [...] Por otro lado, tiene la intención de proseguir, durante la primera fase del período transitorio, la vigilancia estadística de los flujos de productos siderúrgicos entre los Estados miembros, sobre la base de los certificados de producción y de los documentos de acompañamiento. Estos documentos permitirán controlar si los flujos tradicionales entre Estados miembros son objeto de perturbaciones graves. En el caso de que la vigilancia estadística mostrase que los flujos son perturbados, la Comisión examinaría inmediatamente si las sociedades interesadas han lanzado una ofensiva para hacerse con nuevos clientes en contra de las normas del Tratado, en particular de las normas sobre los precios.»

21 En su Decisión nº 3485/85/CECA, de 27 de noviembre de 1985, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 340, p. 5; EE 08/03, p. 35), la Comisión indica que, gracias a la mejora de las condiciones del mercado:

«Será posible desmantelar progresivamente el régimen de cuotas en dos o tres años como máximo. En su reunión de 25 de julio de 1985, el Consejo ya señaló la necesidad de volver de manera ordenada a un mercado libre de competencia entre las empresas de la Comunidad».

22 El acta de la reunión Comisión/Eurofer de 16 de mayo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 14), redactada por Eurofer, indica, en el epígrafe «Aplicación del artículo 58 en 1987»: «En lo que respecta al futuro después de 1987, los representantes de la Comisión declararon que, por su parte, aún no tenían una opinión sobre el tema.» La misma acta muestra que los responsables de Eurofer, reunidos tras la partida de los representantes de la Comisión, preveían, por su parte, varias posibilidades:

«Un debate inicial mostró que había que elegir entre tres posibilidades:

- libertad total y, en ese caso, cómo cooperar de la mejor manera;

- prolongación del artículo 58 y, en ese caso, cómo proceder con la Comisión;

- nada de artículo 58, sino un pacto privado.

En ese caso, qué tipo de pacto (producción, entregas) y qué cobertura (acero bruto, determinados productos, etc.).

Todos los miembros estuvieron de acuerdo en que, de todos modos, el objetivo era fijar un nivel de precios que corresponda a la rentabilidad para muchas sociedades.

Se expresaron diferentes tipos de opiniones, una de ellas, basada en la existencia de excesos de capacidad en los próximos años, estimó que eran inevitables pactos sobre las cantidades, otra, basada en la experiencia del pasado, puso en duda la capacidad de todas las sociedades para aceptar las adaptaciones necesarias a la celebración de un pacto privado después de un largo período de medidas artificiales.»

23 En su Decisión nº 3746/86/CECA, de 5 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Decisión nº 3485/85 (DO L 348, p. 1), la Comisión indicó: «La introducción del artículo 15 B se impuso en el momento culminante de la crisis de la industria siderúrgica. En la situación actual, ya no se justifica el mantenimiento de dicha disposición. Por lo tanto, debe ser suprimida.»

24 En su Comunicación al Consejo sobre la política siderúrgica, presentada el 18 de septiembre de 1987 [COM(87) 388 final/2; DO 1987, C 272, p. 3], la Comisión hizo, entre otras, las siguientes declaraciones:

«La Comisión no está dispuesta a prorrogar el régimen de cuotas, que, según el sentir general, debe ser actualizado, salvo si va acompañado de incentivos al cierre y de compromisos firmes por parte de las empresas y los Gobiernos afectados.

[...]

Aunque persiste la situación de crisis para los productos planos y los perfiles pesados, la Comisión, consciente del obstáculo que el sistema de cuotas, en sí mismo, puede representar para la reestructuración de la industria, no pondrá en práctica tal sistema más que en la medida en que obtenga el compromiso firme de las empresas de llevar a cabo un número satisfactorio de cierres, con arreglo a un calendario que no exceda de tres años.

[...]

En particular:

[...]

- pondrá fin al sistema durante el año 1988 si, antes del 1 de agosto de 1988, las empresas no han hecho un esfuerzo suplementario [...]»

25 El 8 de octubre de 1987, la Comisión confió a un grupo de tres «sabios», los Sres. Colombo, Friderichs y Mayoux, el mandato de investigar si, en tres categorías de productos, entre las que se encuentran las vigas, las empresas estaban dispuestas a aceptar compromisos para una reducción suficiente y rápida de las capacidades de producción consideradas excedentarias.

26 Según el «informe de los tres sabios» (DO C 9, de 14 de enero de 1988, p. 6):

«Es evidente que, al estar protegidas desde hace siete años por un sistema de cuotas y estar habituadas a ver que se prorroga, las empresas no están dispuestas a aceptar compromisos de cierre suficientes para justificar una prórroga de este sistema.

[...]

Sin embargo, frente a la situación económica internacional, se puede prever que la situación actual de precios relativamente elevados no durará mucho tiempo y está claro que el exceso de capacidad volverá a pesar sobre el mercado, obligando a la industria siderúrgica a reestructurar y cerrar instalaciones.

Por tanto, la Comisión debe actuar con firmeza y, a la vez, con un gran sentido de su responsabilidad.

El actual sistema de cuotas no puede mantenerse sin que las empresas acepten compromisos firmes para reducir sus capacidades. Por otra parte, si se abandona esta industria bruscamente a las fuerzas del mercado, el deterioro de los precios que probablemente se produciría podría afectar a todas las empresas y hacer así más difícil la reestructuración prevista.»

27 El informe concluía diciendo:

«Al terminar nuestro trabajo, tenemos que subrayar una vez más la gravedad de la crisis siderúrgica, mucho más importante de lo que piensa la mayoría de los industriales.

Esta crisis exige una actitud resuelta e inequívoca de las autoridades comunitarias para hacer que la industria admita su responsabilidad.

En efecto, es urgente que las empresas siderúrgicas se reestructuren para hacer frente a la competencia mundial y se hagan plenamente competitivas, en un mercado que cada vez será más abierto.»

28 Fue también durante el año 1987 cuando la Comisión abandonó su doctrina en materia de mantenimiento de los «flujos tradicionales». Así, en el Anexo I de su Comunicación al Consejo de 18 de septiembre de 1987, antes citada, expresó su opinión de que «el mantenimiento de los flujos comerciales tradicionales de productos siderúrgicos entre los Estados miembros no es coherente con el objetivo comunitario de crear un mercado interior abierto en 1992».

29 La nueva política siderúrgica de la Comunidad se expuso en la Comunicación de la Comisión sobre la política siderúrgica, presentada al Consejo el 16 de junio de 1988 [COM(88) 343 final; DO 1988, C 194, p. 23]. En lo que se refiere a las medidas que deben tomarse, indicaba lo siguiente:

«Cabe señalar que el Tratado de París considera como situación normal la de la libre competencia en el mercado y sólo pide a la Comisión, en su artículo 5, que intervenga directamente en la producción cuando las circunstancias lo exigen [...] El Tratado también estipula que la competencia debe llevarse a cabo en condiciones normales.

Además, hay que tener en cuenta que la realización del mercado interior de 1992 también constituye un objetivo primordial para el mercado siderúrgico. La preparación para 1992 exigirá por parte de los empresarios un cambio radical de estrategias que, en determinadas ocasiones, sigan definiéndose en términos de mercados nacionales.»

30 La Comisión llegaba a la siguiente conclusión:

«El mercado siderúrgico ha mejorado hasta tal punto que el sistema de cuotas ya no se justifica. Dicho sistema también ha resultado inadecuado para impulsar a las empresas a acabar la reestructuración [...] la Comisión opina que la readaptación estructural debe proseguirse según las reglas normales del mercado.»

31 En su sesión nº 1255, de 24 de junio de 1988, el Consejo tomó nota de que la Comisión tenía previsto poner fin al régimen de cuotas en lo que respecta a la totalidad de los productos siderúrgicos el 30 de junio de 1988. Haciendo referencia a las medidas de acompañamiento y de vigilancia del mercado contempladas por la Comisión (estadísticas mensuales sobre la producción y las entregas, programas de previsiones y consulta a los interesados), el Consejo señaló que «nadie debe utilizar el sistema de vigilancia para soslayar el artículo 65 del Tratado CECA» (véase el resumen del proyecto de acta de la sesión nº 1255 del Consejo, anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-151/94).

32 Por otra parte, el 4 de mayo de 1988, la Comisión publicó un comunicado de prensa [IP(88) 261, véase la demanda en el asunto T-151/94, anexo 5, documento 4] relativo a la inspección que acababa de efectuar en el marco del asunto del acero inoxidable (véase el apartado 38 de la presente sentencia). En él se decía lo siguiente:

«Es la primera inspección en materia de cárteles en el sector del acero efectuada por la Comisión desde hace trece años. Cuando el sistema oficial de cuotas de la Comisión ya ha sido suprimido para algunos productos y se han presentado propuestas para poner fin al sistema de cuotas el 30 de junio de 1988, es obvio que la Comisión no puede tolerar que unos acuerdos no oficiales e ilegales celebrados por la propia industria sustituyan al sistema comunitario.»

33 En lo que se refiere a las vigas, el régimen de crisis concluyó el 30 de junio de 1988, fecha en que finalizó también el Acuerdo Eurofer V. No obstante, el sistema de vigilancia de las entregas entre Estados miembros establecido mediante la Decisión nº 3483/82 se mantuvo en vigor hasta noviembre de 1988.

Régimen de vigilancia instaurado a partir del 1 de julio de 1988

34 Aun cuando el régimen de crisis manifiesta finalizó el 30 de junio de 1988, de una nota interna de la DG III de 24 de octubre de 1988, presentada por la parte demandada con arreglo al auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, se desprende que el Consejo y la Comisión se habían puesto de acuerdo sobre la necesidad de facilitar la adaptación de las empresas a posibles cambios de la demanda. Para ello, se había convenido que la Comisión seguiría vigilando el mercado de tres maneras:

- recogiendo estadísticas mensuales sobre la producción y sobre las entregas de ciertos productos;

- siguiendo la evolución de los mercados de esos productos, en el marco de los programas trimestrales de previsiones;

- consultando regularmente a las empresas sobre la situación y las tendencias del mercado.

35 La Comisión aplicó esta política principalmente mediante su Decisión nº 2448/88/CECA, de 19 de julio de 1988, por la que se establece un régimen de vigilancia para determinados productos de las empresas de la industria siderúrgica (DO L 212, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión nº 2448/88»), en cuyo marco cada empresa estaba obligada a declarar sus entregas. Este sistema finalizó el 30 de junio de 1990, siendo sustituido por un régimen de información individual y voluntario.

36 Así, las empresas siguieron manteniendo contactos regulares y estrechos con la DG III, en los que se analizaban los parámetros del mercado (producción, entrega, existencias, precios, exportaciones, importaciones, etc.). Dichos contactos se mantuvieron en los siguientes marcos:

a) las reuniones trimestrales oficiales que reúnen a los representantes de los productores, de los usuarios y de los comerciantes y a los de la Comisión, en el transcurso de las cuales se analizan, de conformidad con el artículo 46 del Tratado CECA, los programas de previsiones («forward programmes»). Dichas reuniones se celebraron los días 4 de mayo de 1988, 1 de septiembre de 1988, 3 de noviembre de 1988, 1 de febrero de 1989, 28 de abril de 1989, 1 de septiembre de 1989, 7 de noviembre de 1989, 7 de febrero de 1990, 3 de mayo de 1990, 4 de septiembre de 1990 y 5 de noviembre de 1990;

b) las «reuniones de consulta» («consultation meetings»), limitadas a un reducido número de representantes del sector siderúrgico, miembros o no de Eurofer, y de la Comisión, que se celebraron, en particular, los días 27 de octubre de 1988, 26 de enero de 1989, 28 de abril de 1989, 27 de julio de 1989, 26 de octubre de 1989, 25 de enero de 1990 y 27 de julio de 1990;

c) las «reuniones restringidas» («restricted meetings»), limitadas a un número muy reducido de representantes de la industria, miembros o no de Eurofer, y de la Comisión, celebradas los días 8 de diciembre de 1988, 21 de marzo de 1989, 15 de junio de 1989 y 13 de diciembre de 1989;

d) los «almuerzos del acero» («steel lunches»), en los que se reunían en un marco informal los representantes de Eurofer y de la Comisión, con ocasión de las reuniones de consulta o de las reuniones restringidas.

37 El objetivo principal de estas diferentes reuniones era facilitar a la Comisión la información procedente del sector necesaria para la aplicación del artículo 46 del Tratado y del régimen de vigilancia establecido por la Decisión nº 2448/88. En ellas participaban funcionarios de la DG III (especialmente los Sres. Ortún, Kutscher, Evans, Drees, Aarts y Vanderseypen), el presidente del CDE, los presidentes de las comisiones de productos de Eurofer, algunos representantes de otras asociaciones siderúrgicas y ciertos miembros del personal de Eurofer. Los representantes del sector facilitaban a la Comisión una información general sobre la situación económica de cada producto. Los datos, generales y por productos, intercambiados en tales ocasiones, se referían al consumo real, al consumo aparente, a los precios, pedidos, entregas, importaciones, exportaciones y estado de las existencias. Eurofer enviaba a la DG III, generalmente algunos días después de la reunión de que se tratase, un resumen de las reuniones de consulta, más conocido con el nombre de «speaking notes».

Decisión «acero inoxidable» de 18 de julio de 1990

38 El 18 de julio de 1990, la Comisión adoptó la Decisión 90/417/CECA, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA en relación con el acuerdo y prácticas concertadas de los productores europeos de productos planos de acero inoxidable laminados en frío (DO L 220, p. 28; en lo sucesivo, «Decisión "acero inoxidable"»), mediante la cual impuso multas de cuantía comprendida entre 25.000 y 100.000 ECU a algunas empresas siderúrgicas, entre ellas British Steel, Thyssen Edelstahlwerke AG, sociedad hermana de Thyssen, y Ugine aciers de Châtillon y Gueugnon, filial de Unimétal, por haber infringido el apartado 1 del artículo 65 del Tratado al celebrar, el 15 de abril de 1986, un acuerdo de cuotas y precios.

Reflexiones de la Comisión, a partir de 1990, sobre el futuro del Tratado CECA

39 La Comisión inició una reflexión sobre el futuro del Tratado CECA en el transcurso de 1990, como lo atestigua un proyecto de Comunicación del Sr. Bangemann, miembro de la Comisión encargado de la política industrial, a los miembros de la Comisión sobre esta cuestión, fechado el 23 de octubre de 1990 (anexo 10 de la demanda). En dicho documento, la Comisión se inclinaba por la opción de que el Tratado CECA expirara al llegar a su término, en el año 2002 «pero utilizando las facilidades que este Tratado ofrece para adaptar, en la medida de lo posible, su aplicación a la situación de los dos sectores, e introduciéndolas progresivamente ("phasing in") en el Tratado CEE en 2002» [véase también la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 1991, sobre el futuro del Tratado CECA, SEC(91) 407 final, demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 1].

40 En su Comunicación de septiembre de 1991 sobre la política de la competencia CECA (IV/832/91) (réplica en el asunto T-151/94, anexo 5), la Comisión propuso «procurar que las prácticas de competencia CECA y CEE estén armonizadas en la medida de lo posible en el futuro». Asimismo, en su Vigésimo Informe sobre la política de competencia, publicado en 1991, la Comisión señaló (apartado 122) lo siguiente: «Ha llegado el momento de armonizar, en la medida de lo posible, las normas de competencia CECA con las del Tratado de Roma.»

C. Procedimiento administrativo ante la Comisión

41 Los días 16, 17 y 18 de enero de 1991, la Comisión, basándose en decisiones individuales adoptadas con arreglo al artículo 47 del Tratado, llevó a cabo algunas inspecciones en las oficinas de siete empresas y de dos asociaciones de empresas. Los días 5, 7 y 25 de marzo de 1991, se efectuaron otras inspecciones. A raíz de varias peticiones realizadas al amparo del artículo 47 del Tratado, algunas de las empresas y asociaciones de empresas interesadas facilitaron otras informaciones. Así ocurrió en el caso de la demandante, que respondió mediante correos de 17 y 19 de septiembre de 1991 a las peticiones de la Comisión de 24 de julio y 6 de agosto de 1991.

42 El 6 de mayo de 1992, la Comisión envió un pliego de cargos a las empresas y asociaciones afectadas, entre ellas la demandante. Ésta respondió al mismo mediante escrito de 22 de julio de 1992.

43 También se ofreció a las partes la oportunidad de presentar sus puntos de vista en la audiencia celebrada en Bruselas del 11 al 14 de enero de 1993, cuya acta les fue enviada el 8 de julio y el 8 de septiembre de 1993. En dicha ocasión, el Consejero auditor, habida cuenta de las numerosas alusiones de las partes presentes a determinados contactos que mantuvo la DG III con los productores de vigas durante el período objeto del pliego de cargos, les pidió que le comunicasen todas las pruebas que obrasen en su poder sobre el particular. Algunas demandantes respondieron a esa petición.

44 Mediante escrito de 22 de abril de 1993, el Consejero auditor comunicó a las partes afectadas su intención de no proceder a una segunda audiencia.

45 El 15 de febrero de 1994, es decir, la víspera de la adopción de la Decisión, las negociaciones entonces en curso entre la Comisión y los representantes del sector siderúrgico, que tenían como objeto la reestructuración de dicho sector mediante reducciones voluntarias de capacidades de producción, se rompieron tras comprobarse su fracaso.

46 Según el acta de la reunión nº 1189 de la Comisión (mañana y tarde), presentada por la parte demandada a petición del Tribunal de Primera Instancia, la Decisión fue definitivamente adoptada en la sesión de la tarde del 16 de febrero de 1994.

47 El 16 de febrero de 1994, a mediodía, el Sr. Van Miert, miembro de la Comisión encargado de los asuntos de competencia, celebró una rueda de prensa durante la cual anunció que la Comisión acababa de adoptar la Decisión e indicó el importe de las multas impuestas a las demandantes British Steel, Preussag y ARBED. Dichos importes no corresponden a los indicados en la Decisión. También detalló ciertos criterios utilizados para la fijación de las multas y respondió a las preguntas de los periodistas. En particular, negó cualquier conexión entre la adopción de la Decisión y el hecho de que fracasaran, la víspera, las negociaciones sobre las reducciones voluntarias de las capacidades de producción.

48 El 24 de febrero de 1994, durante un debate en el Parlamento Europeo, algunos parlamentarios se preguntaron sobre los motivos que habían inducido a la Comisión a adoptar la Decisión el día siguiente del fracaso de las negociaciones sobre la reestructuración del sector. El Sr. Van Miert defendió la postura de la Comisión señalando que se trataba de dos expedientes distintos.

D. Decisión

49 La Decisión fue notificada a la demandante mediante un escrito del Sr. Van Miert de 28 de febrero de 1994 (en lo sucesivo, «Escrito»). La demandante acusó recibo del mismo el 7 de marzo de 1994.

50 Si bien la Comisión estimó, en la exposición de motivos de la Decisión, que dos sociedades pertenecientes al grupo Aristrain, a saber, Aristrain Madrid y Aristrain Olaberría, habían participado en las infracciones de que se trata, sólo Aristrain Madrid es destinataria de la Decisión, que contiene la siguiente parte dispositiva:

«Artículo 1

Las siguientes empresas han participado, en los términos descritos en la presente Decisión, en las prácticas contrarias a la competencia que se indican a continuación del nombre de cada una, y que han tenido por efecto evitar, limitar y falsear la competencia normal en el mercado común. En los casos en que se imponen multas, la duración de la infracción se expresa en meses, salvo en el caso de la armonización de suplementos, en el que la participación en la infracción se indica con una "x".

[...]

Aristrain

a) Intercambio de información confidencial a través del Comité de vigas (24)

b) Fijación de precios en el Comité de vigas (24)

c) Reparto de mercados: British Steel, Ensidesa y Aristrain (8)

d) Armonización de suplementos (x)

Artículo 2

Eurofer ha infringido el artículo 65 del Tratado CECA al organizar el intercambio de información confidencial en relación con las infracciones que se enumeran en el artículo 1 cometidas por sus miembros.

Artículo 3

Las empresas y asociaciones de empresas enumeradas en los artículos 1 y 2 pondrán fin inmediatamente a las infracciones mencionadas en los mismos, en el supuesto de que no lo hubieran hecho todavía. Para ello las empresas y asociaciones de empresas se abstendrán de repetir o continuar cualquiera de las actuaciones mencionadas en el artículo 1 o en el artículo 2 y de adoptar medidas con efectos equivalentes.

Artículo 4

Se imponen las siguientes multas por las infracciones descritas en el artículo 1 que tuvieron lugar con posterioridad al 30 de junio de 1988 (31 de diciembre de 1989 [(1)] en el caso de Aristrain y Ensidesa):

[...]

Siderúrgica Aristrain Madrid SL10.600.000 ECU

[...]

Artículo 5

Las multas impuestas en el artículo 4 deberán abonarse, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión [...]

El importe de las multas devengará intereses automáticamente a partir del momento en que expire el plazo citado, al tipo que aplique el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria a las operaciones en ECU el primer día laborable del mes en que se adopte la presente Decisión, incrementado en un 3,5 % es decir, 9,75 %.

No obstante, las multas superiores a 20.000 ECU podrán pagarse en cinco tramos anuales del mismo importe:

- el primero deberá abonarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión;

- el 2º, 3º, 4º, y 5º deberán abonarse 1, 2, 3 y 4 años respectivamente después de la notificación de la presente Decisión. A cada tramo habrá que sumarle el interés calculado sobre el saldo total de la multa pendiente de pago, aplicando el tipo de interés utilizado por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria en sus operaciones en ECU el mes precedente a la fecha de vencimiento de cada pago anual. Esta facilidad de pago estará condicionada a la constitución en la fecha prevista en el primer guión, de una garantía bancaria, considerada aceptable por la Comisión, que cubra el principal restante y los intereses.

En caso de demora en el pago, el tipo de interés se incrementará en tres puntos y medio porcentuales.

[...]

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

[...]

- Siderúrgica Aristrain Madrid, SL

[...]»

51 Tras recordar las disposiciones del artículo 5 de la Decisión, el Escrito señala:

«Sin embargo, en caso de que interpongan recurso ante los órganos jurisdiccionales de las Comunidades Europeas, la Comisión no procederá a adoptar ninguna medida de cobro entre tanto esté pendiente el asunto ante dichos órganos, siempre que se reúnan las dos condiciones siguientes:

- que acepten que su deuda devengue intereses, entre el momento de su exigibilidad y el del pago que debe realizarse durante el mes siguiente a la resolución judicial definitiva, a los tipos siguientes:

- 7,75 %, en caso de que ustedes hayan escogido pagar en una sola vez,

- en caso de que ustedes hayan escogido el pago por tramos, 7,75 % para el primer tramo y, para los tramos siguientes, el tipo de interés previsto para cada uno de ellos en el artículo 5 de la Decisión, incrementado en un punto y medio;

- y que faciliten a la Comisión, a más tardar en la fecha de expiración del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 5 de la Decisión, una garantía aceptable por la Comisión, que cubra el importe de la deuda, tanto por lo que respecta al principal como a los intereses [...]»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, trámites posteriores a la interposición del recurso y pretensiones de las partes

52 El presente recurso fue interpuesto mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 1994.

53 El 7 de junio de 1994 la demandante presentó, con arreglo al artículo 39 del Tratado CECA, una demanda de suspensión de la ejecución de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión, en la medida en que le impone una multa de 10.600.000 ECU. La demandante solicitó asimismo al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que la dispensase de la obligación de constituir un aval bancario que garantizase el eventual pago de la multa o, con carácter subsidiario, que determinase el importe de dicho aval. La referida demanda se registró en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia con el número T-156/94 R.

54 Durante el procedimiento sobre medidas provisionales, a raíz de los contactos mantenidos entre representantes de la Comisión y de Aristrain en los meses de mayo y junio de 1994, el miembro de la Comisión encargado de la política de la competencia, Sr. Karel Van Miert, comunicó a la demandante, mediante escrito de 22 de junio de 1994, que propondría a la Comisión que modificase la Decisión de modo que Aristrain Olaberría, sociedad perteneciente al mismo grupo de empresas que Aristrain Madrid, fuese también destinataria de la misma. Según el tenor literal del citado escrito, la modificación propuesta consistía en que cada una de esas dos sociedades del grupo Aristrain soportase, proporcionalmente a su volumen de negocios respectivo, una multa cuyo importe total sería equivalente al de la multa impuesta únicamente a Aristrain Madrid.

55 El Presidente del Tribunal de Primera Instancia consideró que, en consecuencia, ya no parecía justificado, a primera vista, que la Comisión siguiese exigiendo a la demandante, para evitar el cobro de la multa de que se trata, una fianza que cubriese su importe total. Por ello, mediante auto de 25 de agosto de 1994, Aristrain/Comisión (T-156/94 R, Rec. p. II-715; en lo sucesivo, «auto de 25 de agosto de 1994»), resolvió suspender la obligación de la demandante de constituir, en favor de la Comisión, un aval bancario, en la medida en que el importe de la suma que deba garantizarse sea superior al 50 % del importe de la multa, con sus intereses correspondientes, impuesta a la demandante por la Decisión, hasta que la Comisión efectúe la modificación de la Decisión respecto a la imputación de dicha multa o, en todo caso y como máximo, hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ponga fin al procedimiento principal.

56 Entretanto, mediante escritos de 24 de marzo, 28 de abril y 3 de agosto de 1994, la demandante solicitó a la Comisión que aportase, en virtud del principio de transparencia, ciertos documentos relativos al procedimiento de adopción de la Decisión, especialmente las actas de las reuniones de los jefes de gabinete de los miembros de la Comisión celebradas antes del 16 de febrero de 1994, el acta de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994, los memorandos internos elaborados para esas reuniones y cualquier documento relativo al cálculo de la multa que se le había impuesto. Mediante escritos de 18 de abril, 6 de junio y 5 de agosto de 1994, la Comisión denegó dichas solicitudes.

57 Mediante escrito de 7 de septiembre de 1994 dirigido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante pidió que se determinase si la Comisión había respetado en el presente caso las obligaciones que para ella se derivan del artículo 23 del Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «artículo 23»), relativo a la transmisión de documentos. La Comisión, a la que se instó para que presentase sus observaciones sobre dicha petición, respondió básicamente, mediante escrito de 12 de octubre de 1994, que consideraba que había satisfecho las exigencias del citado artículo 23. Mediante escrito de 18 de octubre de 1994, la demandante reiteró su petición de 7 de septiembre de 1994.

58 La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, mediante escrito de 25 de octubre de 1994, solicitó a la Comisión que cumpliese las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23. La Comisión presentó en la Secretaría un conjunto de unos 11.000 documentos relativos a la Decisión, a los que acompañaba un escrito de 24 de noviembre de 1994, en el que señaló, en particular, que no debería facilitarse el acceso de las empresas afectadas a los documentos que contienen secretos comerciales, así como a los propios documentos internos de la Comisión.

59 A raíz de una reunión informal con las partes, celebrada el 14 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada), mediante escrito de 30 de marzo de 1995, pidió a las referidas partes que definieran su posición por escrito sobre los problemas de confidencialidad planteados, así como sobre una eventual acumulación de los asuntos. Habida cuenta de las respuestas incompletas de las partes, el Tribunal de Primera Instancia les dirigió una segunda serie de preguntas, mediante escrito de la Secretaría de 21 (25 en el caso de British Steel) de julio de 1995. Además, este Tribunal pidió a la parte demandada que definiera su posición sobre una nueva petición de British Steel, de fecha 14 de julio de 1995.

60 En sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, recibidas entre el 6 y el 15 de septiembre de 1995, las partes demandantes precisaron, en particular, sus peticiones de acceso a los documentos internos de la Comisión, a la luz de una lista de dichos documentos anexa a un escrito que ésta dirigió al Tribunal de Primera Instancia el 25 de junio de 1995.

61 Mediante auto de 19 de junio de 1996, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-537; en lo sucesivo, «auto de 19 de junio de 1996»), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) se pronunció sobre el derecho de las demandantes a acceder a los documentos del expediente transmitido por la demandada procedentes, por un lado, de las propias demandantes y, por otro lado, de terceras partes en los presentes procedimientos, clasificados por la Comisión como confidenciales en interés de estas partes. En cambio, el Tribunal se reservó su pronunciamiento sobre las peticiones de acceso de las partes demandantes a los documentos de dicho expediente clasificados por la demandada como documentos internos, así como sobre sus peticiones dirigidas a la aportación de documentos que no figuran en el citado expediente ordenando a la demandada que especificara de manera detallada y concreta las razones por las que consideraba que determinados documentos calificados por ella como «internos», de entre los documentos que integran dicho expediente, no podían, a su juicio, ser comunicados a las demandantes.

62 La parte demandada respondió a dicha petición del Tribunal de Primera Instancia mediante escritos de fechas 11, 12 y 13 de septiembre de 1996. En estos mismos escritos, sugirió la atribución de los presentes asuntos al Pleno del Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal. A la solicitud de que presentasen sus observaciones sobre esta última petición, las demandantes respondieron mediante escritos dirigidos al Tribunal de Primera Instancia entre el 4 y el 18 de octubre de 1996. Las demandantes en los asuntos T-134/94, T-137/94, T-138/94, T-148/94, T-151/94 y T-157/94 se opusieron a dicha atribución.

63 Mediante auto de 10 de diciembre de 1997, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-2293; en lo sucesivo, «auto de 10 de diciembre de 1997»), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) se pronunció sobre las peticiones de acceso de las demandantes a los documentos calificados por la Comisión como «internos», acordando que se aportasen a los autos ciertos documentos transmitidos a este Tribunal con arreglo al artículo 23, relativos a los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica durante el período de infracción que se tuvo en cuenta en la Decisión a efectos de fijar el importe de las multas, así como ciertos documentos de la Dirección General Relaciones Exteriores (DG I) relativos a los contactos mantenidos entre la Comisión y determinadas autoridades nacionales escandinavas. El Tribunal acordó asimismo que se practicaran determinadas diligencias de prueba, ordenando a la Comisión que presentara sus propias actas o notas de las reuniones que tuvieron lugar entre la DG III y los representantes de la industria siderúrgica entre julio de 1988 y noviembre de 1990. Por último, el Tribunal acordó y ordenó la acumulación de los asuntos a efectos de la prueba y de la fase oral, sin atribuirlos al Pleno.

64 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral y formular determinadas preguntas escritas a las partes, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento. Mediante escrito de la Secretaría de 26 de noviembre de 1997, pidió a la parte demandada que presentara el texto del acta definitiva de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde), en la medida en que se refiriese a la adopción de la Decisión impugnada. Mediante ese mismo escrito, el Tribunal pidió también a la Comisión que indicase, en lo que respecta a cada demandante y a las empresas Norsk Jernverk e Inexa Profil AB:

- el volumen de negocios que había tenido en cuenta para imponer la multa a cada empresa;

- los diferentes tipos que había aplicado al volumen de negocios para calcular la multa de cada empresa afectada;

- los argumentos o consideraciones, detallados para cada empresa, que había tenido en cuenta en lo que se refiere a las diferentes circunstancias, agravantes o atenuantes, para obtener el resultado final de la multa.

65 La parte demandada respondió a esas preguntas del Tribunal de Primera Instancia mediante escrito de 19 de enero de 1998, presentado en la Secretaría el 22 de enero. La demandada adjuntaba a dicho escrito dos documentos, titulados respectivamente «Proyecto de acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)» y «Proyecto de acta especial de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)», alegando que esos dos documentos estaban amparados por el secreto de las deliberaciones y no debían comunicarse a las partes demandantes.

66 El 14 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia celebró una reunión informal con las partes a efectos de planificar el desarrollo correcto de la vista. Especialmente, indicó a las partes que tenían derecho de acceder al expediente que le había sido transmitido con arreglo al artículo 23, en la medida indicada en los autos de 19 de junio de 1996 y de 10 de diciembre de 1997 y en la forma que estableciese la Secretaría. Pidió, asimismo, a las partes que le indicasen, después de haber tenido acceso al expediente, a qué otros documentos específicos pretendían hacer referencia en la vista.

67 La demandante, al igual que las demandantes ARBED, Cockerill-Sambre, British Steel, Ensidesa, Preussag y Unimétal, consultó el referido expediente del Tribunal y obtuvo copia de los documentos que consideraba necesarios para su defensa. Mediante escrito de 9 de febrero de 1998, Ensidesa presentó observaciones sobre algunos de los documentos en cuestión.

68 Mediante escritos de la Secretaría de 30 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia formuló a la Comisión y a Eurofer algunas preguntas adicionales relativas al sistema de intercambio mensual de información sobre pedidos y entregas establecido por Eurofer y mencionado en la Decisión con el nombre de «fast bookings». Dichas partes respondieron mediante escritos de 18 y 23 de febrero de 1998, respectivamente.

69 Por otra parte, mediante escrito de la Secretaría de igual fecha, este Tribunal instó a la demandante a que le comunicara el volumen de negocios realizado por Aristrain en lo que respecta a las vigas en 1990 en la CECA, desglosado entre las distintas sociedades del grupo, especialmente entre Aristrain Madrid y Aristrain Olaberría. La demandante respondió a esa petición mediante fax recibido en la Secretaría del Tribunal el 24 de febrero de 1998.

70 Mediante escrito de la Secretaría de 6 de febrero de 1998, el Tribunal también formuló a la parte demandada ciertas preguntas complementarias sobre el método de cálculo de las multas utilizado en el presente asunto, preguntas a las que la Comisión respondió mediante escrito de 20 de febrero de 1998, presentado en la Secretaría el 24 de febrero.

71 Mediante auto de 16 de febrero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) resolvió que fuese aportado a los autos, y comunicado a las partes demandantes, únicamente el documento titulado «Proyecto de acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)», presentado en la Secretaría el 22 de enero de 1998.

72 Mediante escritos de 13 y 19 de febrero de 1998, las demandantes formularon solicitudes comunes a efectos de que se practicaran diligencias de prueba en lo que respecta, especialmente, al cálculo de las multas y a la presentación de los documentos relativos a la adopción de la Decisión. La Comisión respondió mediante escrito de 2 de marzo de 1998. Por otra parte, mediante escrito de 18 de febrero de 1998, la demandante, haciendo referencia a las diversas diligencias de prueba solicitadas en la demanda (véase el auto de 10 de diciembre de 1997, antes citado, apartado 56), indicó al Tribunal de Primera Instancia que:

- renunciaba, con ciertas reservas, a su solicitud de que compareciesen testigos, en la medida en que no hubiese sido ya estimada por este Tribunal;

- reiteraba su solicitud de que se presentasen los documentos relativos, por un lado, a la adquisición de Aristrain por British Steel (véanse los apartados 363 y siguientes de la presente sentencia) y, por otro lado, a la investigación llevada a cabo por la Comisión sobre el cártel de los productos planos o «coils» (véase el apartado 522 de la presente sentencia);

- se remitía a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia en lo que respecta a las demás diligencias de prueba solicitadas por ella.

73 Mediante escrito de la Secretaría de 11 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia pidió a la parte demandada, por un lado, que completase sus respuestas de 19 de enero y 20 de febrero de 1998 a las preguntas del Tribunal, indicando, para cada parte demandante, los cálculos aritméticos precisos que permitieran comprender concretamente cómo se habían determinado los importes de las multas y, por otro lado, que presentase el acta definitiva de la reunión de la Comisión (mañana y tarde), durante la que se adoptó la Decisión, así como sus anexos en la medida en que se refiriesen a dicha Decisión. La parte demandada respondió a esta petición mediante escrito de 19 de marzo de 1998 y presentó en la Secretaría el acta definitiva de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994, así como sus anexos.

74 Mediante auto de 23 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que los Sres. Ortún y Vanderseypen, funcionarios de la DG III, así como el Sr. Kutscher, antiguo funcionario de la DG III, fuesen examinados en calidad de testigos sobre los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica durante el período de infracción que se tuvo en cuenta a efectos de fijar el importe de las multas, o sea, del 1 de julio de 1988 al final de 1990.

75 En la vista que tuvo lugar del 23 al 27 de marzo de 1998, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Segunda ampliada, integrado por los Sres. A. Kalogeropoulos, Presidente, C.P. Briët, C.W. Bellamy, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces. Este Tribunal desestimó la solicitud formulada por el Abogado de la demandante de poder exponer el informe oral en inglés en el asunto T-156/94. Además, las partes demandantes presentaron un informe oral común sobre determinados puntos. El Prof. Steindorff, antiguo Secretario General de la delegación alemana en las negociaciones previas a la firma del Tratado CECA, fue oído en calidad de experto por el Tribunal de Primera Instancia. Este Tribunal examinó también en calidad de testigos a los Sres. Ortún, Vanderseypen y Kutscher, así como, a petición de Preussag, a sus empleados Sres. Mette y Kröll. Además, el Tribunal vio una grabación en vídeo de la rueda de prensa del Sr. Van Miert de 16 de febrero de 1994, aportada por la demandante.

76 Varios documentos nuevos fueron presentados en la vista, bien a petición del Tribunal de Primera Instancia o bien con su autorización. El Tribunal pidió también a la Comisión que aportara ciertos documentos referentes a sus relaciones con las autoridades nacionales escandinavas durante 1989 y 1990. Estos documentos fueron presentados en la Secretaría con un escrito de la Comisión de 11 de mayo de 1998.

77 La fase oral concluyó al terminar la vista de 27 de marzo de 1998. Dado que, una vez expirado su mandato el 17 de septiembre de 1998, dos miembros de la Sala no podían participar en las deliberaciones del Tribunal, éstas fueron concluidas por los tres Jueces cuya firma lleva la presente sentencia, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento.

78 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Declare nula total o parcialmente la Decisión, en la medida en que se refiera a ella.

2) A título subsidiario, suprima o reduzca sustancialmente la multa que le ha sido impuesta por el artículo 4 de la Decisión.

3) Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento, incluidos los gastos e intereses que se derivasen del afianzamiento o pago eventual de la totalidad o de una parte de la multa.

4) Condene a la Comisión a pagar a la demandante la totalidad de los gastos que resulten de la fase del procedimiento administrativo previo.

79 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

Sobre la pretensión de que se anule el artículo 1 de la Decisión

80 En apoyo de su pretensión de que se anule el artículo 1 de la Decisión, la demandante formula varias alegaciones que pueden agruparse como sigue. En primer lugar, presenta una serie de alegaciones relativas a una vulneración de sus derechos procedimentales. En segundo lugar, la demandante formula varias alegaciones relativas a vicios sustanciales de forma en que incurrió la Comisión durante el procedimiento administrativo. Una tercera serie de alegaciones de la demandante invoca una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado. Mediante una cuarta serie de alegaciones, la demandante se refiere a la implicación de la Comisión en las infracciones que se le reprochan. En quinto lugar, por último, la demandante invoca una desviación de poder.

A. Sobre la violación de los derechos procesales de la parte demandante

Sobre la violación del derecho a un tribunal imparcial

Resumen de las alegaciones de la parte demandante

81 La demandante alega que la Decisión fue adoptada vulnerando el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial. Este derecho que tiene su origen en el principio del «proceso equitativo», ha sido recogido en el apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), y, más en general, en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, a las que se remite el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea, como principio general del Derecho comunitario.

82 Según la demandante, la vulneración de ese derecho resulta fundamentalmente de que el procedimiento seguido por la Comisión no atribuye a órganos o personas diferentes las funciones de instrucción y de decisión, siendo así que las disposiciones del Tratado CECA no prevén un recurso de plena jurisdicción, como el exigido por el CEDH, contra las decisiones de la Comisión.

83 La demandante empieza por rechazar la objeción según la cual la Comisión no es un «tribunal» en el sentido literal del artículo 6 del CEDH y, por tanto, no tiene que atenerse a las exigencias de dicho artículo, como afirmó el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión (asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125), y de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión (asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825; en lo sucesivo, «sentencia Pioneer»).

84 Efectivamente, debería optarse por un concepto «material», y no «formal», del concepto «acusación» contemplado en dicho artículo, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») [sentencias Deweer/Bélgica, de 27 de febrero de 1980 (nº 35, serie A, pp. 23 y 24); Öztürk/Alemania, de 21 de febrero de 1984 (nº 73, serie A); Engel y otros/Países Bajos, de 8 de junio de 1984 (nº 22, serie A); Campbell y Fell/Reino Unido, de 28 de junio de 1984, (nº 80, serie A), y Funke, Crémieux y Miailhe/Francia, de 25 de febrero de 1993 (nos 256-A a C, serie A)]. Así pues, el hecho de que las sanciones previstas por los Tratados CECA y CE no se califiquen formalmente de penales en lo que respecta al Derecho «interno» -en este caso, el Derecho comunitario- no excluye que tengan tal carácter desde el punto de vista material, en lo que respecta al CEDH.

85 La demandante alega que las decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Cedh») en los asuntos SA Stenuit/Francia (Queja nº 15598/85, decisión de 11.7.89, D.R. 61, pp. 125 a 131, punto 62) y M. & Co./Alemania (Queja nº 13258/87, decisión de 9.2.90, D.R. 64, pp. 146 a 153) atribuyen un carácter de «acusación penal» al derecho administrativo de sancionar en los asuntos de competencia, teniendo en cuenta, por un lado, el objetivo de interés general de las disposiciones de referencia y, por otro lado, la naturaleza y la severidad de la multa administrativa impuesta.

86 En el presente asunto, las multas impuestas por la Comisión en virtud del artículo 65 del Tratado tienen carácter de instrumento para la realización de los objetivos de dicho Tratado, especialmente para el establecimiento de un mercado común. Asimismo, tienen carácter disuasorio y represivo, como atestigua el comunicado de prensa publicado por la Comisión el 16 de febrero de 1994. Por último, su importe es especialmente elevado, ya que la cantidad de 10,6 millones de ECU representa el 11,9 % del volumen de negocios de la demandante, cuando en el asunto SA Stenuit/Francia, antes citado, la Cedh había considerado que una multa que podía llegar al 5 % del volumen de negocios anual de las empresas infractoras mostraba «muy claramente que la referida sanción tenía la finalidad de ser disuasoria» (punto 62 de la decisión citada). Así pues, estas multas tienen carácter de sanción penal en el sentido del apartado 1 del artículo 6 del CEDH, cuyas garantías son, por tanto, aplicables a los procedimientos por los que se ejecutan.

87 Basándose luego en las sentencias del TEDH Piersack/Bélgica, de 1 de octubre de 1982 (nº 53, serie A); Albert y Le Compte/Bélgica, de 10 de febrero de 1983 (nº 58, serie A); De Cubber/Bélgica, de 26 de octubre de 1984 (nº 86, serie A), y Hauschildt/Dinamarca, de 24 de mayo de 1989 (nº 154, serie A), la demandante expone que, en los asuntos de carácter «criminal» que implican la intervención de un órgano administrativo, los sistemas procedimentales conformes al artículo 6 del CEDH serían aquellos en los que la fase de la instrucción se separa de la fase de la decisión, o sea, por lo menos, aquellos que prevén una ulterior revisión por un Tribunal con plena jurisdicción sobre todas las cuestiones de hecho y de Derecho, así como sobre la discrecionalidad del órgano administrativo de que se trate (véase también la sentencia del TEDH Obermeier/Austria, de 28 de junio de 1990, nº 179 de la serie A).

88 Pues bien, la Comisión adoptó la Decisión asumiendo las facultades tanto de instrucción como de decisión, por medio de las mismas personas y sin que dicha decisión estuviera sujeta a un recurso de plena jurisdicción, en el sentido en que lo entiende la jurisprudencia del TEDH.

89 En cuanto a la instrucción y a la decisión en el seno de un mismo órgano administrativo, la demandante considera que el sistema procedimental de la Comisión no ofrece garantías suficientes para poder ser calificado de imparcial desde un punto de vista objetivo y funcional.

90 Para demostrar la inexistencia de un recurso de plena jurisdicción en el Derecho comunitario de la competencia, la demandante se basa, por un lado, en la remisión que hace el artículo 36 del Tratado CECA a su artículo 33, y, por otro lado, en una jurisprudencia reiterada según la cual, a la hora de apreciar una situación compleja, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación, de modo que, cuando el Tribunal de Justicia controla la legalidad del ejercicio de ese tipo de competencia, se limita a comprobar que se respeten las normas de procedimiento, que la motivación sea suficiente, que los hechos sean materialmente exactos y que no haya error manifiesto de apreciación ni desviación de poder. En este sentido, la demandante invoca las sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1962, «Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH y otros/Alta Autoridad (13/60, Rec. p. 165); de 22 de enero de 1976, Balkan (55/75, Rec. p. 19), y de 11 de julio de 1985, Remia/Comisión (42/84, Rec. p. 2545). La demandante cita también el apartado 23 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión (C-225/91, Rec. p. I-3203), donde el Tribunal de Justicia especificó que no podía «sustituir por su apreciación de hecho, en particular en el orden económico, la del autor de la Decisión». A este respecto, se remite también a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1991, Hilti/Comisión (T-30/89, Rec. p. II-1439, apartado 136), y de 10 de marzo de 1992, SIV y otros/Comisión (asuntos acumulados T-68/89, T-77/89 y T-78/89, Rec. p. II-1403), en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia estimó que no tenía competencia para reformar la Decisión controvertida y que no le correspondía proceder a una nueva apreciación global sobre las pruebas de las que había tenido que conocer, ni sacar consecuencias de ellas en lo que respecta a las normas sobre la competencia. Alega que un Tribunal que controlase verdaderamente las cuestiones de hecho y de Derecho, así como la facultad discrecional de la Administración, habría entrado sin dificultad en la apreciación de la realidad del asunto, a saber, las razones por las que la Comisión había impuesto una multa tan elevada.

91 Según la demandante, esto es así a pesar del tenor del artículo 36 del Tratado CECA. Por un lado, el Tribunal de Justicia afirmó, en su sentencia de 10 de diciembre de 1957, ALMA/Alta Autoridad (8/56, Rec. p. 179), que podía controlar y revisar la sanción en el marco del Tratado CECA sólo en el supuesto de que hubiera existido «iniquidad manifiesta» por parte de la Alta Autoridad. La Comisión dispondría de ese modo de una gran libertad para determinar el importe de las multas, sin que el Tribunal de Primera Instancia pueda controlar las razones exactas por las que se impone un importe determinado (véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Warner en los asuntos acumulados BMW Belgium y otros/Comisión, 32/78 y 36/78 a 82/78, en los que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1979, Rec. pp. 2435 y ss., especialmente p. 2484, y las conclusiones del Juez Sr. Vesterdorf, en funciones de Abogado General, en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Rhône Poulenc/Comisión, T-1/89, Rec. pp. II-867 y ss., especialmente pp. II-869 y II-1026 -conclusiones comunes a las sentencias denominadas «polipropileno» de 24 de octubre de 1991, T-2/89, T-3/89, Rec. pp. II-1087, II-1177; de 17 de diciembre de 1991, T-4/89, T-6/89, T-7/89, T-8/89, Rec. pp. II-1523, II-1623, II-1711, II-1833, y de 10 de marzo de 1992, T-9/89 a T-15/89, Rec. pp. II-499, II-629, II-757, II-907, II-1021, II-1155, II-1275). Por otro lado, el control ejercido en el marco del recurso de plena jurisdicción a que se refiere el artículo 36 del Tratado no se refiere a todos los elementos de la Decisión impugnada, sino que se limita única y exclusivamente a la eventual modificación de la sanción económica impuesta. En lo que respecta a esos otros elementos tales como la base legal sobre la que se basa dicha sanción, el control del Tribunal sólo puede ejercerse de la manera prevista en el artículo 33 del Tratado.

92 Por otra parte, la demandante alega que, habida cuenta de la nueva perspectiva abierta en Derecho comunitario por el Tratado de la Unión Europea, que, en el apartado 2 de su artículo F, prevé que es necesario que la Unión tenga en cuenta las tradiciones constitucionales de los Estados miembros como principios generales de Derecho comunitario, el Tribunal de Primera Instancia no debería, en el presente asunto, limitarse a apreciar la Decisión a la luz del apartado 1 del artículo 6 del CEDH.

93 A este respecto, la demandante alega que los sistemas procedimentales de los Estados miembros relativos a las sanciones administrativas, más concretamente en materia de competencia, van en general más allá de la restrictiva interpretación del TEDH sobre el derecho a un tribunal independiente. En efecto, los Estados miembros prevén, por lo general, que las multas por violación del Derecho de la competencia sean impuestas por un órgano diferente al que llevó a cabo las investigaciones y además prevén todos ellos, en las fases ulteriores del procedimiento, un recurso de plena jurisdicción ante los tribunales ordinarios, conforme a los requisitos del artículo 6 del CEDH. Sobre este punto, la demandante invoca los Derechos francés, griego, belga, portugués, español, danés, alemán e italiano, señalando que los sistemas británico, irlandés y neerlandés no prevén multas en esta materia. Por consiguiente, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia considerase que la Decisión respeta el derecho a un tribunal imparcial según los criterios establecidos por el TEDH, la demandante llega a la conclusión de que en ningún caso respeta el derecho fundamental a un tribunal imparcial tal como es definido por las tradiciones constitucionales de los Estados miembros que se reflejan en sus procedimientos de aplicación del Derecho de la competencia.

94 De ello se sigue, según la demandante, que la Decisión fue adoptada vulnerando los derechos humanos, cuyo respeto debe ser garantizado por el Tribunal de Primera Instancia (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419; de 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, y de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

95 Procede declarar la inadmisibilidad de la presente imputación en la medida en que tiene por objeto cuestionar la legalidad del sistema de represión de las prácticas colusorias establecido por los artículos 65 y 66 del Tratado, o incluso la legalidad del sistema de control jurisdiccional de los actos de la Administración dispuesto por los artículos 33 y 36 del Tratado.

96 En efecto, el propio Tratado no es un acto de la Comisión y, por tanto, no puede ser controlado por el Juez comunitario en virtud de los artículos 33 o 36 del Tratado (véase, en lo que respecta al Tratado de la Unión Europea, el auto del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 1995, Roujansky/Consejo, C-253/94 P, Rec. p. I-7, apartado 10).

97 Pues bien, es el propio Tratado el que, en materia de represión de las prácticas colusorias, prevé la acumulación de las funciones de investigación, de acusación y de decisión, confiándolas a una misma Institución, que es la Comisión (véanse los apartados 1 a 5 del artículo 65).

98 Sin embargo, como la demandante ha mantenido que su imputación no tenía por objeto impugnar la legalidad del Tratado, procede considerar que, mediante dicha imputación, pretende cuestionar el hecho de que, en materia de represión de las prácticas colusorias, las funciones de investigación y de decisión no estén confiadas a personas u órganos distintos, dentro de la Comisión, y no el hecho de que una misma Institución comunitaria asuma esas dos funciones.

99 A este respecto, si bien es cierto que la Comunidad no se ha adherido al CEDH y que, además, no tiene competencia para hacerlo en el estado actual del Derecho comunitario (dictamen 2/94 de 28 de marzo de 1996, Rec. p. I-1759, apartado 36), no es menos cierto que, a tenor del apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea, la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el CEDH y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, como principios generales del Derecho comunitario.

100 De una jurisprudencia reiterada resulta también (véanse, además del dictamen 2/94, antes citado, apartado 33, las sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 1996, Perfili, C-177/94, Rec. p. I-161, apartado 20, y de 18 de diciembre de 1997, Annibaldi, C-309/96, Rec. p. I-7493, apartado 12) que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario. Para ello, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se inspiran en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el Tribunal de Justicia ha indicado que el CEDH revestía un significado particular (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 18, y de 29 de mayo de 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, apartado 14). Como el Tribunal de Justicia ha precisado también, de ahí se deduce que no pueden admitirse en la Comunidad medidas incompatibles con el respeto de los derechos humanos reconocidos y garantizados de esta manera (véase, especialmente, la sentencia ERT, antes citada, apartado 41).

101 Procede asimismo señalar que, en el procedimiento administrativo ante la Comisión, ésta está obligada a respetar las garantías de procedimiento previstas por el Derecho comunitario (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T-11/89, Rec. p. II-757, apartado 39).

102 No obstante, de la sentencia Pioneer, antes citada (apartados 6 a 8), resulta que la acumulación, por parte de la Comisión, del ejercicio de las funciones de acusación y de decisión, no es contrario a las garantías de procedimiento previstas por el Derecho comunitario. Igualmente, de la sentencia Shell/Comisión, antes citada (apartado 40), resulta que dichas garantías de procedimiento no obligan a la Comisión a dotarse de una organización interna que impida que un solo y mismo funcionario pueda actuar en un mismo asunto en calidad de investigador y de ponente.

103 Habida cuenta de lo que precede, aun suponiendo que las multas impuestas con arreglo al artículo 65 del Tratado tengan carácter de multas penales, la imputación de la demandante sólo puede acogerse si las Decisiones de la Comisión en las que se imponen dichas multas no pueden ser objeto de recurso ante un órgano jurisdiccional dotado de competencia de plena jurisdicción, en el sentido del CEDH.

104 A este respecto, procede recordar que el apartado 5 del artículo 65 del Tratado confiere a la Comisión la facultad de imponer, a las empresas que pudieren infringir las disposiciones del apartado 1 del mismo artículo, multas y multas coercitivas que equivalgan como máximo al doble del volumen de negocios realizado con los productos objeto de la infracción en cuestión, sin perjuicio, si ese objeto era restringir la producción, el desarrollo técnico o las inversiones, de un aumento del máximo así determinado hasta el 10 % del volumen de negocios anual de las empresas de que se trate, por lo que respecta a las multas, y del 20 % del volumen de negocios diario, en el caso de las multas coercitivas.

105 La exigencia de un control jurisdiccional efectivo de cualquier Decisión de la Comisión por la que se señale y reprima una infracción de las mencionadas normas comunitarias de la competencia constituye un principio general de Derecho comunitario, que resulta de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de junio de 1995, Guérin automobiles/Comisión, T-186/94, Rec. p. II-1753, apartado 23).

106 En el caso de autos, este principio general de Derecho comunitario no ha sido vulnerado.

107 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, establecido por la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1; corrección de errores publicada en el DO 1989, L 241, p. 4). Como se desprende del tercer considerando de dicha Decisión, fue creado, entre otras cosas, con el fin de mejorar la protección judicial de los justiciables en los recursos que requieran un examen profundo de hechos complejos.

108 En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia ejerce, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la misma Decisión, las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia por los Tratados constitutivos de las Comunidades y por los actos adoptados para su ejecución, «en relación con los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas con arreglo al párrafo segundo del artículo 33 [...] del Tratado CECA».

109 En tercer lugar, el artículo 4 de dicha Decisión hace aplicables a los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia las disposiciones del artículo 36 del Tratado CECA, que dispone, en su apartado 2, que «las sanciones pecuniarias y las multas coercitivas impuestas en virtud de las disposiciones del presente Tratado podrán ser objeto de un recurso de plena jurisdicción».

110 En el marco de un recurso basado en el párrafo segundo del artículo 33 y en el párrafo segundo del artículo 36 del Tratado CECA, el control de la legalidad de una Decisión de la Comisión por la que se declara una infracción de las normas sobre la competencia y se impone por ello una multa a la persona física o jurídica implicada debe considerarse un control jurisdiccional efectivo de dicho acto. En efecto, los motivos que pueda invocar dicha persona física o jurídica en apoyo de su pretensión de anulación o de modificación de una sanción pecuniaria pueden permitir al Tribunal de Primera Instancia apreciar el fundamento, tanto jurídico como fáctico, de toda acusación formulada por la Comisión en el ámbito de la competencia (véase, en el marco del Tratado CE, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Enso Española/Comisión, T-348/94, Rec. p. II-1875, apartado 63).

111 A este respecto, debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual la inexistencia de un recurso de plena jurisdicción puede deducirse de la remisión que hace el párrafo tercero del artículo 36 del Tratado al apartado 1 de su artículo 33. En efecto, al disponer que «los recurrentes podrán alegar, en apoyo [del recurso de plena jurisdicción contra las sanciones pecuniarias y las multas coercitivas], en las condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 33 del presente Tratado, la irregularidad de las decisiones y recomendaciones cuya inobservancia se les reprocha», el párrafo tercero del artículo 36 del Tratado no tiene en absoluto por efecto limitar, a los motivos admisibles en el marco del recurso de anulación, los motivos que pueden formularse en el marco del recurso de plena jurisdicción, sino sólo adaptar las condiciones en las que puede oponerse una excepción de ilegalidad en apoyo de tal recurso.

112 Por otra parte, en contra de lo que afirma la demandante, el Tribunal de Justicia, en su sentencia ALMA/Alta Autoridad, antes citada, no consideró en absoluto que podía controlar y revisar la sanción sólo en el supuesto de que hubiera existido «iniquidad manifiesta» por parte de la Alta