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C 161/46

Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2020 — NEC Oncoimmunity/EASME

(Asunto T-132/20)

(2020/C 161/58)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: NEC Oncoimmunity A/S (Oslo, Noruega) (representantes: T. Nordby, R. Bråthen y O. Brouwer, abogados)

Demandada: Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Con carácter principal, con arreglo al artículo 263 TFUE: — Anule la decisión impugnada (decisión, de 16 de diciembre de 2019, por la que se pone fin a la participación de la demandante en el procedimiento H2020/EIC/SMEInst-2018-2020-2, relativo al proyecto MEDIVAC (850078). — Condene a la parte demandada a cargar con las costas de la demandante y las costas de eventuales partes coadyuvantes.

— Con carácter subsidiario, de conformidad con el articulo 272 TFUE: — Declare que la decisión impugnada incumple las obligaciones contractuales de la parte demandada. — Condene a la parte demandada a cargar con las costas de la demandante y las costas de eventuales partes coadyuvantes.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos relativos a las pretensiones formuladas con arreglo al artículo 263 TFUE y un motivo relativo a las pretensiones formuladas con arreglo al artículo 272 TFUE.

1. Primer motivo, con arreglo al artículo 263 TFUE, basado en que la parte demandada incurrió en un error de Derecho y aplicó incorrectamente los criterios de elegibilidad para el instrumento de subvenciones dedicado a las PYME establecido en el Reglamento n.o 1290/2013. (1)

2. Segundo motivo, con arreglo al artículo 263 TFUE, basado en que la parte demandada incurrió en un error de Derecho, dado que la decisión impugnada viola el principio de igualdad de trato.

3. Tercer motivo, con arreglo al artículo 263 TFUE, basado en que la decisión impugnada viola los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

4. Único motivo, con arreglo al artículo 272 TFUE, basado en que la decisión impugnada, a causa del error identificado en la interpretación de la normativa aplicable y de una práctica discriminatoria, dio lugar también a una interpretación incorrecta y a un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con la demandante.

(1) Reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1906/2006 (DO 2013, L 347, p. 81).
1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada por las siguientes razones, en la medida en que se refiere a la afirmación de que la Exención a la Financiación de Grupos (EFG) constituye una ventaja (económica) en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, resultante, en particular: i. Del hecho de que la Comisión no tuviera en cuenta: la génesis histórica de la introducción de las normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC) en el sistema del impuesto de sociedades del Reino Unido; las limitaciones impuestas al Reino Unido mediante la aplicación del Derecho de la Unión, en particular la libertad de establecimiento; la territorialidad y otras razones sustantivas de la estructura de las normas SEC introducida en la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010], y el alcance de la soberanía fiscal de los Estados miembros, incluido el Reino Unido, al diseñar las normas SEC. ii. La afirmación de la Comisión según la cual el carácter opcional de la solicitud del capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 constituye un trato favorable que genera una ventaja.
C 10/47

Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2019 — Clouds Sky/EUIPO — The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)

(Asunto T-738/19)

(2020/C 10/57)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Clouds Sky GmbH (Colonia, Alemania) (representante: C. Weil, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: The Cloud Networks Ltd (Londres, Reino Unido)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión «Wi-Fi Powered by The Cloud» — Marca de la Unión n.o 9436817

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de septiembre de 2019 en el asunto R 696/2019-5

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

— Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión de Ejecución (PESC) 2019/1299 del Consejo, de 31 de julio de 2019, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1292, de 31 de julio de 2019, por el que se aplica el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 no indican una base jurídica lícita para mantener al demandante en la lista a pesar del cambio fundamental que se ha producido en las circunstancias de Libia. El demandante alega que el Consejo no ha aducido razones particulares, específicas y concretas para la adopción de las medidas impugnadas, que no se basan en pruebas fundadas.
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración de los marcos que establecen la competencia de la autoridad facultada para celebrar contratos (AFCC). En particular, la parte demandante alega que su queja fue tramitada por un despacho de abogados y que, por tanto, no fue tramitada por la autoridad facultada para ello. Según la parte demandante, esta transferencia de competencias a un asesor externo no le permitió ejercer su derecho a presentar una queja que fuera tramitada en el marco de adopción e impugnación de las decisiones administrativas, vulnerándose los principios de seguridad jurídica y de transparencia.
—

En particular, se alega que la parte demandada: i) no otorgó a la parte demandante el derecho a ser oído, y ii) no motivó adecuadamente su decisión.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo. 12, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 en relación con el artículo 1, apartado 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/158 y con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 En el segundo motivo se alega que la demandada infringió lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 en relación con el art. 1, apartado 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/158 y con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011, por cuanto, al aplicar el método de comprobación utilizado por ella para el examen ad hoc, omitió el necesario acondicionamiento previo específico.
1.

Primer motivo, basado en que la decisión impugnada incurrió en error en su apreciación de la definición de mercado y por ello de lo que constituye posición dominante. En concreto, la decisión impugnada incurrió en error al concluir que: — Los «search ads» (anuncios de búsqueda) y «non-search ads» (anuncios no relacionados con la búsqueda) no compiten. — Los anuncios vendidos directamente y aquellos vendidos a través de intermediarios no compiten.
—

En particular, las demandantes alegan que: i) la valoración de la necesidad de un Servicio de interés económico general (SIEG) y de su alcance es defectuosa e insuficiente; ii) la Comisión incurrió en error al determinar que la ayuda era conforme con el marco del SIEG; iii) la decisión impugnada no valoró suficientemente las últimas modificaciones a la ayuda, por lo que carece de motivación adecuada; iv) la valoración en la decisión impugnada acerca de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas de ayuda es defectuosa e insuficiente; y v) la decisión impugnada no valora suficientemente el impacto significativo sobre la competencia en el suministro de gas en Lituania y el comercio con otros Estados miembros.
5.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2. El cumplimiento de las obligaciones de traducción impuestas por el Reglamento (UE) 2018/1724 exige que se establezca con certeza y expresamente a qué lengua hay que traducir. Sin embargo, la normativa institucional del Reglamento (UE) 2018/1724 es muy confusa a este respecto. Por tanto, el Reglamento (UE) 2018/1724 no se ajusta al delicado equilibrio institucional previsto por el artículo 291 TFUE y el Reglamento (UE) n.o 182/2011 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento de comitología»), ya que la normativa autoriza efectivamente a la Comisión Europea a sortear el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.o 182/2011 y regular de modo informal.
C 93/69

Recurso interpuesto el 4 de enero de 2019 — Irish Wind Farmer’s Association y otros/Comisión

(Asunto T-6/19)

(2019/C 93/89)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Irish Wind Farmer’s Association Clg (Kilkenny, Irlanda), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlanda), Foyle Windfarm Ltd (Dublín, Irlanda) y Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlanda) (representantes: M. Segura Catalán y M. Clayton, abogadas)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule el escrito de la Comisión Europea de 25 de octubre de 2018 relativo al asunto SA.44671 Irlanda — Presunta ayuda de Estado ilegal concedida en el sector de los combustibles fósiles mediante bonificaciones en el gravamen sobre bienes inmuebles.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan un único motivo, que denuncia que la Comisión se abstuvo de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, y al artículo 4, apartado 4, del Reglamento 2015/1589, (1) a pesar de plantearse dudas sobre la existencia de una ayuda de Estado, vulnerando los derechos procesales de las demandantes. El motivo comprende dos partes:

1. En la primera parte se alega que la Comisión debería haber adoptado una decisión formal. Se aduce que la Comisión no examinó debidamente la denuncia, como prescriben las normas que regulan su actuación, y que el acto impugnado se ha adoptado infringiendo las disposiciones del Reglamento 2015/1589.

2. En la segunda parte se alega que la Comisión debería haber reconocido que existían dudas sobre si debía considerarse la medida como ayuda y, por lo tanto, debería haber incoado el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 4, apartado 4, del Reglamento 2015/1589. En particular, al haber interpretado erróneamente el alcance de la denuncia, se abstuvo de examinar debidamente toda la información proporcionada por el denunciante al respecto e incurrió en error en cuanto a la valoración de la selectividad, y tampoco examinó el resto de los requisitos enumerados en el artículo 107 TFUE.

(1) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).
C 82/59

Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2018 — ABLV Bank / JUR

(Asunto T-758/18)

(2019/C 82/71)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: ABLV Bank AS (Riga, Letonia) (representantes: O. Behrends, M. Kirchner y L. Feddern, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de la JUR de 17 de octubre de 2018 sobre ABLV Bank en la medida en que se refiere a la negativa de la JUR a recalcular y reembolsar las contribuciones abonadas ex ante por el banco al Fondo Único de Resolución.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca diez motivos.

1. Primer motivo, basado en que la JUR no concedió suficiente importancia a la naturaleza pro rata temporis de las contribuciones al Fondo.

2. Segundo motivo, basado en que la JUR no tuvo en cuenta que ella misma había reconocido expresamente que las contribuciones al Fondo eran reembolsables sobre una base pro rata temporis.

3. Tercer motivo, basado en que la JUR no tuvo en cuenta el reconocimiento explícito del artículo 12, apartado 1, del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2015/63 (1) según el cual solo se adeudan contribuciones parciales si las condiciones se cumplen únicamente una parte del año de que se trate.

4. Cuarto motivo, basado en que la JUR se fundamentó erróneamente en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014. (2)

5. Quinto motivo, basado en que la JUR interpretó erróneamente el artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado de la Comisión 2015/63.

6. Sexto motivo, basado en que la JUR vulneró los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

7. Séptimo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de proporcionalidad.

8. Octavo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio nemo auditur.

9. Noveno motivo, basado en que la JUR no tuvo en cuenta la pertinencia de sus acciones anteriores.

10. Décimo motivo, basado en que la JUR infringió los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(1) Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).

(2) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
3.

Tercer motivo, basado en que, mediante la adopción de la Decisión, la Comisión ha infringido de manera manifiesta el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, en relación con el artículo 102 TFUE, y ha violado el principio de proporcionalidad, ya que se le han impuesto a Gazprom, en relación con el establecimiento de restricciones territoriales, compromisos que no tienen en cuenta adecuadamente las reservas de la Comisión, que son selectivos y que copian compromisos que ya habían sido propuestos por esa empresa, que ejerce una posición de dominio, pese a que no han dado lugar a que esta modificara su conducta.
1.

Primer motivo, basado en que los actos impugnados adolecen de un error manifiesto de apreciación y no se sustentan en pruebas precisas y concordantes. — A este respecto, alega que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación en lo que concierne a las funciones y al papel del demandante y no exhibió pruebas precisas y concordantes que sustentasen sus alegaciones. El demandante aduce asimismo que el Consejo no examinó adecuadamente las pruebas o que, cuando menos, su apreciación de estas fue manifiestamente errónea.
—

Los requisitos de la relación laboral de corta duración del BCE y la normativa del mismo relativa a relaciones laborales de corta duración vulneran, en primer lugar, los derechos del niño y violan los principios de protección a la familia y no discriminación establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en segundo lugar, el principio de no discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos y, por último, el principio de no discriminación y de igualdad entre los contribuyentes.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión violó el principio de presunción de inocencia al denegar la petición de las partes demandantes de que se retrasara la publicación de cualquier versión no confidencial de la Decisión de 7 de diciembre de 2016 (1) hasta que se sustanciara el recurso presentado por las partes demandantes ante el Tribunal General solicitando la anulación de dicha Decisión. A su vez, la Decisión de 7 de diciembre de 2016 se adoptó vulnerando la presunción de inocencia, tal como establece la sentencia de 10 de noviembre de 2017, Icap y otros/Comisión (T-180/15, EU:T:2017:795), apartados 253 a 269. Por consiguiente, las partes demandantes se encuentran en la misma posición que un tercero que no es destinatario: no han podido contar con todas las garantías inherentes al ejercicio del derecho de defensa en un procedimiento que siga su curso normal y que concluya con una resolución sobre la procedencia de la imputación. Ello hace imposible cualquier publicación de la Decisión de 7 de diciembre de 2016 hasta que el Tribunal General haya apurado su control de los hechos fijados por la Comisión.
1.

Primer motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error de Derecho al considerar que la resolución, en 2014, del Banco Espíritu Santo, S.A. tuvo lugar exclusivamente con arreglo al Derecho portugués y antes de la entrada en vigor de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190) (En lo sucesivo, «Directiva 2014/59»).
—

Anule lo dispuesto en el artículo 9, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 2018/120 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por el que se establecen, para 2018, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión y se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo (DO 2018, L 27, p. 1), dado que: — crea entre determinados ciudadanos de la Unión Europea una discriminación injustificada habida cuenta del objetivo perseguido y vulnera el principio de igualdad; — el Consejo de la Unión Europea ha excedido su margen de apreciación al no basarse en ningún dato objetivo en lo que respecta a las capturas de las poblaciones de lubina mediante pesca recreativa en el mar; — vulnera el principio de proporcionalidad y no respeta el artículo 17 de la política pesquera común, ya que manifiestamente no se tuvo en cuenta el peso económico y sociológico de la pesca recreativa en el mar.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión infringió las disposiciones del Tratado en la parte en que atañen y regulan, directa o indirectamente, los requisitos para dar la autorización a la fusión de empresas, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado y sus disposiciones de aplicación, entre las cuales figuran, en particular, los artículos 6, apartado 1, letra b), y 2, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 139/2004, sin haber valorado completamente los efectos contrarios a la competencia de la concentración, incluida la valoración de los efectos de la concentración en los mercados relevantes determinados sobre la base del modelo O & D. Pues bien, la valoración de la concentración según el modelo O & D lleva a detectar una serie de distorsiones de la competencia causadas por la misma.
Asunto T-199/18: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2018 — SCF Terminal (Cyprus) y S H B/Consejo y otros

Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2018 — SCF Terminal (Cyprus) y S H B/Consejo y otros

(Asunto T-199/18)

Partes

Demandantes: SCF Terminal (Cyprus) LTD (Limassol, Chipre) y S H B, Inc. (Monrovia, Liberia) (representantes: P. Tridimas, Barrister y K. Kakoulli, P. Panayides y C. Pericleous, abogados)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Eurogrupo y Unión Europea

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Condene a las demandadas a pagar a las demandantes los importes mostrados en el cuadro anexo a esta demanda más los intereses devengados desde el 26 de marzo 2013 hasta que el Tribunal General pronuncie su sentencia.

— Condene en costas a las demandadas.

Alternativamente, mediante una pretensión subsidiaria, las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Declare la existencia de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea y/o de las instituciones demandadas.

— Determine el procedimiento que ha de seguirse para declarar el perjuicio indemnizable efectivamente sufrido por las demandantes.

— Condene en costas a las demandadas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cuatro motivos que son esencialmente idénticos o similares a los invocados en el asunto T-197/18, JV Voscf y otros/Consejo y otros.
—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 11 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 11 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.
4.

Cuarto motivo, basado en la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo y por la que se deroga la Posición Común 2008/369/PESC (DO 2010, L 336, p. 30), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2016/2231 del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo (DO 2016, L 336I, p. 7), y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo, de 18 de julio de 2005, por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo (DO 2005, L 193, p. 1).
—

anule la Resolución de la Quinta Sala de Recurso y obligue a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a examinar de nuevo la solicitud del signo denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» como marca de la Unión, Solicitud de registro n.o 015299671, eliminando en particular las irregularidades existentes y determinando, que el signo denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» no cumple los requisitos del artículo 7, apartado 1, en particular las letras b) y c), del Reglamento 2017/1001, por lo que no existe ningún motivo de denegación absoluto
1.

En el primer motivo, el demandante alega que el acto impugnado incumple la obligación de motivación de la parte demandada, ya que carece de motivación suficiente de la desestimación de su candidatura. Aunque ENISA facilitó al demandante la puntuación por cada criterio de selección y su puntuación total, la evaluación de todos los candidatos fue de naturaleza comparativa y, por tanto, los puntos otorgados a cada candidato se derivaban de un análisis comparativo. Por ello, el demandante afirma, que teniendo en cuenta que ENISA no le comunicó un razonamiento específico sobre los puntos que se le otorgaron por cada criterio, incluyendo las ventajas comparativas de los candidatos que superaron esa fase y pasaron a las entrevistas y las pruebas, ENISA no motivo de manera suficiente lo que no permite al demandante comprobar si el acto lesivo estaba bien fundamentado y si procedía interponer un recurso ante el Tribunal, para que éste examinara la legalidad del acto.