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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113; en lo sucesivo, «Primera Directiva»), de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 (DO L 149, p. 14) (en lo sucesivo, «Segunda Directiva»), de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 129, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2005/14 (en lo sucesivo, «Tercera Directiva»), y de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263, p. 11).
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En efecto, esta circunstancia adicional no modifica en absoluto la conclusión según la cual la presentación en una página de Internet de un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a una obra protegida publicada y libremente accesible en otra página de Internet tiene por efecto poner dicha obra a disposición de los usuarios de la primera página mencionada y constituye, por tanto, una comunicación al público. No obstante, dado que no existe un público nuevo, en todo caso tal comunicación al público no exige la autorización de los titulares de los derechos de autor.
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El Decreto Legislativo no206, de 6 de septiembre de 2005, por el que se establece el Código de consumo (decreto legislativo no 206 – Codice del consumo) (suplemento ordinario de la GURI no 162, de 8 de octubre de 2005; en lo sucesivo «Código de consumo»), contiene un artículo 21, apartado 1, letra b), que fue incluido por el Decreto Legislativo no 146, de 2 de agosto de 2007, que transpuso en particular la Directiva 2005/29 en Derecho interno. Dicho artículo establece: «Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información que no se corresponda con la realidad o información que pese a ser correcta, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, sobre uno o más de los siguientes elementos, y que en todos los casos le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado: [...] b) las características principales del producto, tales como su disponibilidad, [...]».
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El artículo 3 de la Directiva establece: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. [...] El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
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La legge regionale no 12 – Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi (Ley regional no 12 – Medidas relativas a las becas para el fomento de la adquisición de nuevas cualificaciones para los licenciados de la región de Apulia), de 26 de mayo de 2009 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia no 78, de 29 de mayo de 2009, p. 9856; en lo sucesivo, «Ley regional»), define las medidas de apoyo para cursar estudios de postgrado, en el marco de lo dispuesto en el programa operativo regional de la Regione Puglia para el FSE.
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Según el artículo 61 del Reglamento no 1013/2006, éste derogó y sustituyó al Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1), y las referencias hechas a este último Reglamento se considerarán como hechas al Reglamento no 1013/2006. Éste fue aprobado sobre la base del artículo 175 CE, apartado 1, el cual se corresponde actualmente con el artículo 192 TFUE. El Reglamento no 259/93 fue aprobado, por su parte, sobre la base del artículo 130 S del Tratado CE (actualmente artículo 175 CE, tras su modificación).
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El Oberlandesgericht Koblenz dirigió entonces a la Comisión una solicitud de dictamen conforme a lo dispuesto en el punto 3.2 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO 2009, C 85, p. 1). En su dictamen, la Comisión indicó que no era necesario que el Oberlandesgericht Koblenz apreciara él mismo si las medidas controvertidas podían o no calificarse de ayudas de Estado, ya que podía basarse en su decisión de 17 de junio de 2008 para extraer de ella todas las consecuencias derivadas de la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3. En cuanto al fondo, la Comisión señaló que las medidas controvertidas eran selectivas e imputables al Estado.
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El Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 2003, L 1, p. 1), que sucedió al Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), dispone en su artículo 23, apartados 2 y 3, que sustituyó al artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17: «2. Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia: a) infrinjan las disposiciones del artículo 81 [CE] o del artículo 82 [CE]; […] Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. […] 3. A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.»
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Mediante el recurso de casación, la tutora alega, en particular, que el tribunal de apelación aplicó incorrectamente el artículo 15, apartado 1, número 1, de la Ley OCTA, dado que a su juicio esta disposición debe interpretarse, específicamente, con arreglo a lo dispuesto en las Directivas Primera y Segunda. Sostiene que se desprende de estas normas de la Unión que un Estado miembro no puede fijar límites indemnizatorios inferiores a los importes mínimos establecidos en el artículo 1 de la Segunda Directiva. Aduce que de ello se deriva que el artículo 7 del Decreto no respeta los límites indemnizatorios fijados en el artículo 15, apartado 1, número 1, de la Ley OCTA y por las Directivas antes mencionadas.
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A este respecto, en lo que se refiere al Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos Convenios de Adhesión (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la aplicación de las reglas de competencia de dicho Convenio requiere la existencia de un elemento de extranjería y que, a efectos de aplicación del artículo 2 del Convenio de Bruselas (actualmente artículo 2 del Reglamento no 44/2001), el carácter internacional de la relación jurídica de que se trate no tiene que derivar necesariamente de que, debido al fondo del litigio o al domicilio respectivo de las partes del litigio, estén implicados varios Estados contratantes (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, apartados 25 y 26).
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El Sr. Schaible destaca que la obligación de identificar electrónicamente cada animal no se impone a los ganaderos de bovino y de porcino a pesar de que dichos animales están tan expuestos a las epizootias como el ganado ovino y caprino. Considera que el sistema de identificación de la explotación permite combatir eficazmente las epizootias del ganado porcino. El Sr. Schaible alega que no está prevista la introducción de un sistema obligatorio de identificación electrónica del ganado bovino y que de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de agosto de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1760/2000 en lo referente a la identificación electrónica de los animales de la especie bovina y por el que se derogan las disposiciones sobre el etiquetado voluntario de la carne de vacuno [COM(2011) 525 final], resulta que la Comisión propone mantener el carácter facultativo de la identificación electrónica del ganado bovino debido, en particular, a los problemas surgidos en el marco de la identificación individual obligatoria del ganado ovino y caprino. El Sr. Schaible considera que las políticas de la Unión en este ámbito no son coherentes y que la Unión está experimentando con una tecnología que no está lista para ser aplicada en un sector en el que los agricultores gozan de poca influencia.
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Por lo que respecta a la alegación del Consejo y de los Estados miembros coadyuvantes de que el Convenio pretende, en particular, prohibir las exportaciones de dispositivos ilícitos con destino a la Unión procedentes de Estados europeos que no son miembros de ésta, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, debe señalarse que esta finalidad concreta –a la que ya contribuye la prohibición, prevista en el artículo 4, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/84, de las importaciones con fines comerciales de dispositivos ilícitos en la Unión procedentes de Estados terceros, incluidos los Estados europeos que no son miembros de la Unión–, no pone en entredicho la existencia de una relación específica entre la Decisión impugnada y la política comercial común.
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La referida interpretación se ve confirmada por el informe del Sr. Jenard sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, p. 1), Convenio cuyo ámbito de aplicación material coincide con el del Reglamento no 44/2001. Efectivamente, de la página 10 de dicho informe se desprende que la aplicación del Convenio se limitará a «los litigios y […] las resoluciones judiciales que se refieran a todas las obligaciones contractuales o extracontractuales que no afecten ni al estado y la capacidad de las personas, ni al campo de las sucesiones, testamentos y regímenes matrimoniales, ni a la quiebra, ni a la seguridad social, y que, a este respecto, deberá interpretarse el Convenio en el sentido más amplio».
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La Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), fue derogada y sustituida por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114), que entró en vigor el 31 de enero de 2006. No obstante, dadas las fechas en que se produjeron los hechos, el presente litigio continúa sometido al Reglamento no 93/37.
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Por lo que respecta a las características del acto de atribución del servicio, es cierto que, como ha alegado la COCOM en sus observaciones escritas, la Directiva 2006/123 no obliga a hacer uso de una forma jurídica especial, por lo que tales características pueden variar de un Estado miembro a otro. No obstante, no es menos cierto que deben cumplirse determinados criterios mínimos, como, en particular, la existencia de un acto que atribuya de manera clara y transparente a un prestador de servicios privado la obligación del servicio social que se le encomienda (véase, por analogía, la sentencia Fallimento Traghetti del Mediterraneo, antes citada, apartado 37 y jurisprudencia citada).
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En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el sujeto pasivo puede fundamentar su derecho a la devolución del IVA facturado por error en los principios del Derecho de la Unión que rigen el sistema común del IVA. Considerando que la solución del litigio principal depende de la interpretación del Derecho de la Unión, el Administrativen sad Varna decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Está legitimado un sujeto pasivo, conforme al principio de neutralidad fiscal, para solicitar, dentro del plazo de prescripción establecido, la devolución del IVA no adeudado e indebidamente facturado si con arreglo al Derecho interno la operación por la que repercutió el impuesto está exenta, se ha eliminado el riesgo de pérdida de ingresos fiscales y no es de aplicación la normativa establecida en la ley nacional en materia de rectificación de facturas? 2) ¿Se oponen el sistema común del IVA y los principios de equivalencia, de efectividad y de igualdad de trato a la negativa por parte de la oficina tributaria competente, basada en una disposición nacional por la que se transpone el artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE, a devolver a un sujeto pasivo el IVA facturado por éste, cuando dicho impuesto no se debía por tratarse de una operación exenta pero se facturó, repercutió y pagó indebidamente, si al adquirente o destinatario de los servicios ya le fue denegado por resolución firme de la inspección fiscal el derecho a deducción respecto de la misma operación, basándose en que el proveedor o prestador del servicio había repercutido ilegalmente el impuesto? 3) ¿Puede un sujeto pasivo invocar directamente los principios comunitarios que rigen el sistema común del IVA, en concreto los principios de neutralidad fiscal y de efectividad, para impugnar una disposición nacional, o su aplicación por las autoridades tributarias o judiciales, contraria a dichos principios, o a la inexistencia, contraria a dichos principios, de una disposición nacional?»
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A este respecto, procede señalar que la determinación de la base imponible de una operación como la prevista en el artículo 18, letra c), de la Directiva IVA, está comprendida en el artículo 74 de la Directiva IVA, y no en el artículo 80 de ésta. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los requisitos de aplicación de este último artículo son exhaustivos y una normativa nacional no puede determinar, apoyándose en dicha disposición, que la base imponible sea el valor normal de mercado en casos no comprendidos entre los contemplados en la citada disposición (véase la sentencia de 26 de abril de 2012, Balkan and Sea Properties y Provadinvest, C-621/10 y C-129/11, apartados 45, 51 y 52). Ahora bien, de la resolución de remisión no resulta que la situación de que se trata esté comprendida en uno de los casos contemplados en el mencionado artículo 80.
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El órgano jurisdiccional remitente entiende que el artículo 6, apartados 2 y 5, de la Directiva 2002/58 resulta pertinente para interpretar el artículo 97, apartado 1, de la TKG. Dicho órgano destaca, por una parte, que el hecho de proceder a la «facturación», que es una de las finalidades a cuyos efectos, de conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 5, de la Directiva, podrán ser tratados los datos de tráfico, no incluye necesariamente el cobro del precio facturado. No obstante, entiende que no existe ninguna razón objetiva que justifique un nivel distinto de protección de datos para la facturación y para el cobro de los créditos. Por otra parte, según indica el órgano remitente, con arreglo al artículo 6, apartado 5, de dicha Directiva, sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de tráfico las personas que actúen «bajo la autoridad» del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público (en lo sucesivo, «proveedor de servicios»). En opinión del órgano jurisdiccional remitente, dicho concepto no aclara si el proveedor de servicios debe reservarse durante todo el proceso de tratamiento de datos la posibilidad de determinar la utilización que se haga de dichos datos, incluso en cada caso individual, o si basta con la adopción de una regulación de alcance general sobre el respeto del secreto de las comunicaciones y el cumplimiento de la normativa de protección de datos, como la que establecen las disposiciones contractuales de que se trata en el caso de autos, junto con el hecho de que sea posible obtener la eliminación o la devolución de los datos ante el mero requerimiento en ese sentido.
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Resulta, por tanto, manifiesto que, en la fase actual del litigio principal, la interpretación de los artículos 56 TFUE y siguientes y 102 TFUE que se solicita no guarda ninguna relación con el objeto del litigio y carece de pertinencia para su resolución. Por un lado, la compatibilidad del Reglamento controvertido con los artículos 56 TFUE y siguientes no es objeto de la decisión impugnada y, por otro lado, la anulación parcial de dicha decisión por el Tribunal do Comércio de Lisboa, en la parte en que constata la infracción del artículo 102 TFUE, no se ha discutido ante el órgano jurisdiccional remitente.
La redacción del artículo 76 del Reglamento no 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, limita la aplicación del principio de examen de oficio de los hechos a los que son objeto del examen previsto en sus artículos 54 y 55. Con arreglo al artículo 51 del Reglamento no 874/2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, las normas relativas a los procedimientos incoados ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales son aplicables mutatis mutandis a los procedimientos de recurso. De este modo, el principio de examen de oficio de los hechos también se impone en un procedimiento de esta naturaleza ante la Sala de Recurso.

A este respecto, los requisitos relacionados, en particular, con la distinción y la novedad son requisitos sine qua non para la concesión de la protección comunitaria, en virtud del artículo 6 del citado Reglamento. Por tanto, la protección otorgada a falta de los mismos es ilegal y es una cuestión de interés público que se declare su nulidad.

Según el artículo 20, apartado 1, del Reglamento no 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) declarará la nulidad de la protección comunitaria de una obtención vegetal si se demostrare que en el momento de la concesión de la protección no se reunían las condiciones establecidas en los artículos 7 o 10 de dicho Reglamento.

No cabe duda de que la declaración de nulidad de una protección otorgada indebidamente puede ser pronunciada también en interés de un tercero, en particular, cuando éste presentó una solicitud de protección vegetal cuya desestimación se ha fundamentado en la falta de carácter distintivo de la variedad candidata respecto de la indebidamente protegida. Sin embargo, ello no puede justificar que se permita a un tercero, bajo cualquier circunstancia y sin motivos específicos, instar la nulidad de esa protección, después de un procedimiento para la concesión de la misma y tras haber expirado los plazos de presentación de la oposición de terceros, previstos en el artículo 59 del Reglamento no 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

El tercero que solicite la anulación de una protección vegetal deberá presentar los elementos probatorios y fácticos sustanciales que permitan alegar, fundadamente, que existen serias dudas sobre la legalidad de la concesión de la protección vegetal, otorgada después del examen previsto en los artículos 54 y 55 del Reglamento no 2100/94. Por consiguiente, en el marco del recurso interpuesto contra la resolución por la que se deniega una solicitud de nulidad de una protección vegetal otorgada, incumbe al recurrente demostrar que de los hechos y de las pruebas que presentó, relativas al examen de fondo y al examen técnico, se infiere que la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales estaba en la obligación de proceder al control previsto en el artículo 20, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 53, 54, 57 y 58)
Tanto la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas de 1996, títulos C y D, como la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel de 2002, puntos 21 y 23, exigen, como requisito para poder beneficiarse de una reducción de la multa que, de otro modo, se impondría, que las empresas faciliten a la Comisión elementos de prueba que contribuyan a determinar la infracción cometida. A este respecto, la información que no cumple el requisito de que estas empresas deben contribuir a confirmar la existencia de la infracción cometida, en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación de 1996, no podría constituir una prueba que aporte un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya dispone la Comisión, en el sentido del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

Además, las empresas afectadas no pueden pretender obtener una recompensa doble por la misma información, a saber, la que les ha permitido beneficiarse de una dispensa parcial por el período al que aquélla se refiere, si esa información no aporta, en relación con el período posterior a éste, ningún valor añadido a la investigación de la Comisión.

(véanse los apartados 42, 43 y 47)
Un recurso por incumplimiento no es admisible si, en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, el incumplimiento alegado no seguía produciendo efectos. No sucede así y, en consecuencia, el recurso es admisible, cuando el incumplimiento alegado por la Comisión consiste en el hecho de que un supervisor de protección de datos personales no pudo cumplir su mandato hasta su finalización y no resulta controvertido que esa duración del mandato aún no había expirado en la fecha fijada en el dictamen motivado.

(véanse los apartados 29 a 31)