Palabras clave

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Palabras clave

1 Libre circulación de personas - Derecho de entrada y de residencia de los nacionales de los Estados miembros - Directivas 90/364/CEE y 90/365/CEE - Requisito de ingresos - Importe exigido - Obligación de fijar los mismos importes para los beneficiarios de las dos Directivas - Inexistencia - Facultad de apreciación de los Estados miembros - Normativa nacional que exige ingresos más elevados para los miembros de la familia de los beneficiarios de la Directiva 90/364/CEE - Procedencia

(Directivas del Consejo 90/364/CEE y 90/365/CEE)

2 Libre circulación de personas - Derecho de entrada y de residencia de los nacionales de los Estados miembros - Directivas 90/364/CEE y 90/365/CEE - Requisitos exigidos para la expedición del título de residencia - Justificación del cumplimiento de tales requisitos - Facultad de apreciación de las autoridades nacionales en cuanto a la prueba exigida a este efecto - Límites - Normativa nacional que limita los medios de prueba y excluye los documentos no expedidos por una autoridad pública - Improcedencia

(Directivas del Consejo 90/364/CEE y 90/365/CEE)

3 Libre circulación de personas - Derecho de entrada y de residencia de los nacionales de los Estados miembros - Directiva 93/96/CEE - Requisitos exigidos para la expedición del título de residencia - Normativa nacional que exige a los estudiantes nacionales de otros Estados miembros requisitos de ingresos de una determinada cuantía y que deben ser justificados mediante documentos específicos - Improcedencia

(Directiva 93/96/CEE del Consejo)

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1 Aunque la formulación de las Directivas 90/364, relativa al derecho de residencia, y 90/365, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional, sea idéntica en lo que se refiere a la cuantía de los recursos exigidos de los beneficiarios de las dos Directivas, de ello no puede deducirse que los Estados miembros estén obligados a fijar las mismas cuantías en ambos casos. Los Estados miembros disponen de cierto margen de maniobra en esta materia. Pues bien, el hecho de que un Estado miembro establezca un régimen más favorable para los miembros de la familia de las personas que hayan ejercido una actividad profesional que para los de la familia de los beneficiarios de la Directiva 90/364 no constituye, en sí mismo, una prueba de que la superior cuantía exigida a estos últimos sobrepase el margen de maniobra de los Estados miembros.

(véanse los apartados 25 y 26)

2 Si bien las Directivas 90/364, relativa al derecho de residencia, y 90/365, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional, establecen las condiciones materiales, en particular por cuanto atañe al seguro de enfermedad y al nivel de recursos, para la expedición de un permiso de residencia, no tratan de forma expresa la manera en que los beneficiarios de dichas Directivas deben justificar el cumplimiento de dichas condiciones. Los Estados miembros están obligados, sin embargo, a ejercer sus competencias en este ámbito respetando tanto las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado como la eficacia de las disposiciones de las Directivas que establecen medidas para suprimir entre ellos los obstáculos a la libre circulación de personas. Por otra parte, los Estados miembros deben recurrir a las diversas posibilidades que ofrecen otras normas del Derecho comunitario, en lo relativo, particularmente, a la prueba, por medio de certificaciones expedidas por los organismos nacionales de Seguridad Social a petición de los interesados, acerca de la cobertura de un determinado régimen de Seguridad Social y sobre el importe de las pensiones o rentas abonadas por dichos organismos. Por lo tanto, un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 90/364 y 90/365 al limitar los medios de prueba que pueden ser empleados y, en particular, al disponer que determinados documentos deben ser expedidos o visados por una autoridad de otro Estado miembro.

(véanse los apartados 34 a 37 y 48 y el punto 1 del fallo)

3 Del tenor literal del artículo 1 de la Directiva 93/96, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, se deduce que, entre las condiciones necesarias para obtener un derecho de residencia, no hay ninguna que se refiera a un determinado nivel de recursos que además haya de ser justificado mediante documentos específicos. Tan sólo se habla de una declaración o de cualquier otro medio al menos equivalente que permita al estudiante dar garantías a la autoridad nacional competente de que dispone para sí mismo, así como, llegado el caso, para su cónyuge y los hijos que tenga a su cargo, de recursos suficientes como para evitar que, durante su período de residencia, se conviertan en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida.

De ello se deduce que un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al exigir a los estudiantes nacionales de otros Estados miembros que solicitan el reconocimiento de su derecho de residencia en ese Estado miembro, así como el de los miembros de su familia, en virtud de esta Directiva, que garanticen, en primer lugar, a las autoridades nacionales que disponen de recursos de una determinada cuantía y, a continuación, por lo que respecta a los medios de prueba que deben utilizarse a tal efecto, al no permitir de forma clara al estudiante optar entre la declaración y cualquier otro medio al menos equivalente y, finalmente, al no admitir que se utilice la declaración cuando el estudiante esté acompañado por miembros de su familia.

(véanse los apartados 44, 46 y 48 y el punto 1 del fallo)