ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En virtud de todo lo expuesto; vistos los autos; habiendo considerado el informe del Juez Ponente; oídas las observaciones de la parte demandada en el litigio principal y de la Comisión de las Comunidades Europeas; oídas las conclusiones del Abogado General; visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 48 a 51 y 177; visto el Reglamento no 3 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de septiembre de 1958, y, en particular, sus artículos 4, 11 y 19; visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 20; visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión planteada por la cour d'appel de Paris (Chambre sociale) mediante resolución de 27 de junio de 1969, declara:
La Comisión está obligada a resolver mediante Decisión cuando priva a un acuerdo de la exención del pago de multas prevista en el apartado 5 del artículo 15 del Reglamento no 17, y declara basándose en el apartado 6 del artículo 15 de dicho Reglamento que se reúnen los requisitos de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que no ha lugar a la aplicación del apartado 3 del artículo 85; la Comisión debe apreciar los hechos del caso, compararlos con lo dispuesto en el apartado l y apartado 3 del artículo 85 y declarar explícitamente que el acuerdo de que se trata reúne en sí mismo todos los requisitos previstos por el apartado l y que no ha lugar a la aplicación del apartado 3. La Comisión debe motivar dicha Decisión con claridad suficiente para permitir al Tribunal de Justicia y a todos los interesados comprobar la correcta aplicación de los mencionados textos.
Dado que la integración contemplada en el Tratado constitutivo de la CECA es solamente parcial, la Alta Autoridad no está facultada para tener en cuenta, en materia de transportes, las exigencias de una política regional, de conformidad con los principios enunciados en el párrafo segundo del artículo 80 del Tratado CEE.

El párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio sobre las disposiciones transitorias no contiene excepción alguna a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4 y en los párrafos primero y cuarto del artículo 70, sino que se limita a imponer a la Alta Autoridad la obligación de conceder, durante el período transitorio, los plazos necesarios para la modificación de las tarifas de apoyo vigentes en ese momento con el fin de evitar toda perturbación económica grave.

Es erróneo afirmar que la prohibición contemplada en la letra c) del articulo 4 debe ser aplicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67. Lejos de desvirtuar lo dispuesto en la letra c) de dicho artículo 4, las medidas de salvaguardia previstas en el artículo 67 sólo pretenden compensar las desventajas de tipo económico que, para el mercado común, se derivan de una acción estatal que la Alta Autoridad no haya podido hacer cesar inmediatamente.
4.

Considerando que, a tenor de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 70 del Tratado, las medidas internas especiales relativas a las tarifas son las aplicadas en interés de una o varias empresas productoras de carbón o acero. Considerando que las medidas relativas a las tarifas de que se trata, que hacen posible que determinados usuarios se beneficien de una reducción de precios, pero que no se justifican en virtud de la situación en que se encuentran sus beneficiarios en materia de condiciones de transporte, ofrecen condiciones de precios distintas a unos usuarios que se encuentran, o pueden encontrarse, en unas condiciones comparables desde el punto de vista del transporte; que, de esta manera, constituyen medidas en materia de tarifas prohibidas por la letra b) del artículo 4 y por el párrafo primero del artículo 70. Considerando, además, que el mercado común reposa en el principio de que las condiciones de competencia entre las empresas productoras de carbón y acero deben derivar de las condiciones naturales y no falseadas de producción en las que se encuentren; que toda medida interna especial en materia de tarifas que contenga un elemento de ayuda o subvención vulnera este principio, por cuanto modifica artificialmente las condiciones de producción de las empresas beneficiarías; que está igualmente prohibida por la letra c) del artículo 4 del Tratado. Considerando que las demandantes alegan que la prohibición recogida en la referida letra c) del artículo 4 hubiese debido aplicarse de conformidad con lo previsto en el artículo 67, en virtud del cual, cuando la acción de un Estado miembro que pudiere repercutir sensiblemente en las condiciones de competencia en el mercado común produzca efectos perjudiciales para las empresas del carbón y del acero sometidas a la jurisdicción de dicho Estado, la Alta Autoridad podrá autorizar a este último a conceder una ayuda a dichas empresas. Considerando que estos argumentos no pueden acogerse, puesto que el artículo 67 se limita a prever determinadas medidas de salvaguardia que la Comunidad puede adoptar contra la actuación de un Estado miembro que, aun cuando incida sensiblemente en las condiciones de competencia de las industrias del carbón y del acero, no se refiere de modo inmediato y directo a dichas empresas; que, lejos de infringir la letra c) del artículo 4, las aludidas medidas de salvaguardia sólo pretenden compensar las desventajas de tipo económico que, en el mercado común, pueden derivarse de una acción estatal que la Alta Autoridad no pueda hacer cesar directamente por carecer de facultades para ello.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 56/19

Sentencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 2014 — Léon Van Parys/Comisión

(Asunto T-171/14) (1)

((«Recurso de anulación - Unión aduanera - Escrito de la Comisión por el que se informa del mantenimiento de la suspensión del plazo de tramitación de una solicitud de condonación de los derechos de aduana - Demanda declarativa - Incompetencia del Tribunal General - Falta de interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad manifiesta»))

(2015/C 056/26)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Firma Léon Van Parys (Amberes, Bélgica) (representantes: P. Vlaemminck, B. Van Vooren y R. Verbeke, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Caeiros, B.-R. Killmann y M. van Beek, agentes)

Objeto

Por una parte, pretensión de anulación del escrito de la Comisión, de 24 de enero de 2014, por el que se informa a la demandante del mantenimiento de la suspensión del plazo de tramitación de la solicitud de condonación de los derechos de aduana establecido en el artículo 907 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1), y, por otra parte, pretensión que tiene por objeto que se declare que el artículo 909 del Reglamento no 2454/93 produjo sus efectos con respecto a la demandante a raíz de la sentencia de 19 de marzo de 2013, Firma Van Parys/Comisión (T-324/10, Rec, EU:T:2013:136).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a Firma Léon Van Parys a cargar con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea.

(1) DO C 151, de 19.5.2014.
—

Que se ordene a la Comisión que abone al demandante una indemnización por los daños sufridos por la violación de sus derechos fundamentales que supuso un baldón para su honor y su reputación, por el importe que el Tribunal de la Función Pública considere adecuado ex aequo et bono y con arreglo a su jurisprudencia, pero que en todo caso no sea inferior a un año del salario neto del demandante durante el periodo en el cual prestó servicios regularmente para la demandada e inmediatamente anterior al incidente de 2000.
En el marco de un recurso de un agente contractual contratado sin haber superado previamente una prueba CAST porque la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) no tuvo la posibilidad material de organizarla, la Comisión no puede oponer válidamente la inadmisibilidad del recurso invocando la falta de superación de dicho procedimiento de selección y, por tanto, la inexistencia de un acto lesivo. Por el contrario, la Comisión no puede ampararse en irregularidades que pueden haber sido consecuencia de su propio comportamiento.

No cabe calificar de acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, y del artículo 91, apartado 1, del Estatuto una nota mediante la cual la Oficina «Gestión y liquidación de los derechos individuales» (PMO) insta al director general de la Dirección General «Personal y Administración» de la Comisión a proponer contratos que clasifiquen en el grupo de funciones II a agentes contractuales clasificados en el grupo de funciones I individualmente identificados. En efecto, esa nota no produce efectos jurídicos que puedan cambiar la situación de los agentes en cuestión, dado que la reclasificación de éstos requeriría la adopción de una decisión a tal efecto por parte de la autoridad facultada para proceder a la contratación.

Si bien es cierto que la existencia de un hecho nuevo y sustancial puede justificar la presentación de una solicitud de reexamen de una decisión ya definitiva, no lo es menos que ese hecho debe poder modificar de manera sustancial la situación de quien pretende obtener el reexamen de tal decisión. No ocurre así en el caso de una nota de la administración que no constituye un acto lesivo y cuyo descubrimiento, por consiguiente, no puede calificarse de hecho nuevo y sustancial que justifique un reexamen de la decisión definitiva.

(véanse los apartados 31 y 32)

Tribunal de Justicia: sentencia de 13 de noviembre de 1986, Becker/Comisión,232/85, EU:C:1986:428, apartado 10

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 7 de febrero de 2001, Impesca/Comisión,T‑186/98, EU:T:2001:42, apartado 51

Tribunal de la Función Pública: autos de 19 de febrero de 2008, R/Comisión,F‑49/07, EU:F:2008:18, apartado 79, y de 11 de junio de 2009, Ketselidis/Comisión,F‑72/08, EU:F:2009:58, apartado 35
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

(véanse los apartados 46 a 49 y 51)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y jurisprudencia citada
De conformidad con lo prescrito en el artículo 45 del Estatuto, cuando un funcionario puede ser promovido en el curso del año durante el cual es trasladado, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos competente para resolver sobre su promoción es la de la institución de origen. En efecto, para apreciar si un funcionario debe ser promovido con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año N, y, en general, a lo largo del año N, dicha autoridad, en la práctica, debe proceder a un examen comparativo de los pasados méritos de los funcionarios, en particular, a lo largo del año N-1 y a la vista de los informes de rendimiento de esos funcionarios en los años N-1 y anteriores. Es por lo tanto necesario comparar los méritos de los funcionarios trasladados con los de los funcionarios que todavía eran sus colegas durante el año anterior a su traslado, apreciación que sólo puede realizar válidamente la institución de origen.

En cambio, no sucede así si el traslado del funcionario se produce durante el año anterior a aquel durante el cual podía ser promovido con efectos de 1 de enero. En esta situación, los méritos del funcionario correspondientes al año N-1 no pueden compararse sólo con los de sus antiguos colegas de su institución de origen, puesto que deben tenerse en cuenta también los méritos de sus colegas de su nueva institución. En tales circunstancias, es competente para resolver sobre su promoción la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la institución de acogida. La comparación de los méritos y de los informes de un funcionario que acaba de ser trasladado a otra institución es menos sencilla que una comparación realizada únicamente entre los funcionarios de la institución de acogida, pero no es, en sí misma, ni imposible ni discriminatoria. Tal comparación requiere un esfuerzo adicional para hacer comparables apreciaciones que, en origen, no lo son necesariamente, por lo que tal trámite no puede ser asimilado a una violación del principio de igualdad de trato.

(véanse los apartados 22 a 25)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 11 de junio de 1998, Skrikas/Parlamento, T‑167/97, apartado 45

Tribunal de la Función Pública: 28 de junio de 2011, Mora Carrasco y otros/Parlamento, F‑128/10, apartados 35 y 39; 5 de julio de 2011, Alari/Parlamento, F‑38/11, apartado 31
Así pues, del compromiso expresado en una propuesta de bonificación de anualidades no se deriva ni una nueva obligación que recaiga en la institución en cuestión ni, por consiguiente, una modificación de la situación jurídica del interesado, en especial porque, incluso cuando el interesado da su consentimiento a la transferencia al régimen de pensiones de la Unión de los derechos a pensión adquiridos por él en otro régimen, la institución que formula la proposición no tiene la obligación correlativa, una vez efectuada la transferencia del importe del capital anunciado por el régimen de pensiones nacional, de reconocer automáticamente al interesado el número de anualidades indicadas en su propuesta inicial, a la vista de la cual el funcionario confirmó su voluntad de transferir dicho capital al régimen de pensiones de la Unión.

A este respecto, en la fase en que se formula la propuesta de bonificación de derechos a pensión, la institución de que se trate se compromete simplemente a aplicar correctamente a la situación del interesado el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y las disposiciones generales de aplicación. Esta obligación de la institución se deriva directamente de las disposiciones estatutarias de que se trata, incluso cuando no exista un compromiso expreso por parte de la institución.

En el procedimiento de transferencia de los derechos a pensión regulado en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, es la decisión que adopte, según los casos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad facultada para proceder a la contratación, una vez realizada efectivamente la transferencia del capital que representa los derechos a pensión adquiridos por el interesado antes de su entrada en funciones al servicio de la Unión, lo que constituye el acto lesivo que puede ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto. En cambio, una propuesta de bonificación de derechos a pensión, aunque haya sido aceptada por el interesado, no es un acto que pueda ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

Con arreglo al principio de economía procesal, el juez de la Unión puede decidir que no procede pronunciarse específicamente sobre las pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación cuando constate que dichas pretensiones están desprovistas de contenido autónomo y, en realidad, se confunden con las dirigidas contra el acto impugnado en la reclamación. Éste puede ser el caso, en particular, cuando constate que la decisión desestimatoria de la reclamación se limita a confirmar el acto impugnado en la reclamación y que, además, tal acto no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90 del Estatuto.

(véase el apartado 34)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 33

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 19 de noviembre de 2014, EH/Comisión, F‑42/14, EU:F:2014:250, apartado 85
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2010 :156 1AUTO D EL PR ESIDENTE DE LA SA LA PR IMERA
DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA
de 8 de diciembre de 2010
Asunto F-77/10
Fernando Ar royo Redondo
contra
Comisión Europea
«Solución a mistosa — Archivo»
Objeto: Recurso interpuesto en virtud del ar tículo 270 TFUE, aplicable al Tratado C EEA 
conforme a s u artículo 106 bis, por el que el Sr. Arroyo Redondo solicita la anulación d e 
la decisión d e la Comisión, de 20 de noviembre de 2009 , de no i ncluirlo en la lista de 
funcionarios promovidos al grado AD 10 p or el ejercicio de promoción 2009 .
Resultado:Se ar chiva el asunto F-77/10, Arroyo R edondo/Comisión, haciéndolo constar e n el 
registro del Tribunal. Las partes se repartirán las costas con arr eglo a l o acordad o 
entre ellas.
Sumario
Funcionarios — Recursos — Solución amistosa de l litigio ante el Tribunal de l a Función Pública — 
Archivo
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 69)
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 2 de julio de 2007

Asunto F‑117/05

Carlos Sánchez Férriz

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Promoción — No inscripción en la lista de los funcionarios promovidos — Ejercicio de promoción 2004 — Puntos de prioridad — Mérito — Antigüedad — Admisibilidad»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, por el que el Sr. Sánchez Férriz solicita, con carácter principal, la anulación de la decisión de la Comisión de 30 de noviembre de 2004, por la que se establece la lista de funcionarios promovidos en virtud del ejercicio de promoción de 2004, en la medida en que el nombre del demandante no figura en dicha lista, y, con carácter subsidiario, la anulación de la decisión relativa a la atribución de los puntos de prioridad en virtud del mismo ejercicio.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad manifiesta de una parte del recurso y se desestima el recurso en todo lo demás por ser manifiestamente infundado. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Un funcionario no está legitimado para actuar en interés de la ley o de las instituciones y no puede alegar, en apoyo de un recurso de anulación, más que aquellas imputaciones que le afecten personalmente. En consecuencia, es manifiestamente inadmisible un recurso interpuesto por un funcionario y dirigido a obtener la anulación de la lista de funcionarios promovidos al grado superior en un ejercicio de promoción, en la medida en que dicha lista no contiene el nombre del demandante, cuando éste no ha revelado cuál es su interés personal en interponer el recurso, limitándose a invocar la ilegalidad de determinadas categorías de puntos de promoción, sin aportar no obstante, en sus escritos, ningún dato concreto sobre su situación personal respecto al ejercicio de promoción en cuestión, tales como, en particular, el número de puntos de promoción de las referidas categorías que ha recibido. Tal consideración no se desvirtúa por el hecho de que el número de dichos puntos de promoción resulte de un documento anexo al escrito de contestación a la demanda, dado que incumbe al demandante determinar, en sus escritos, su interés en ejercitar la acción y, en su caso, remitirse a los datos correspondientes presentados en anexo.

(véanse los apartados 31 y 32)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, Rec. p. 2105), apartado 14

Tribunal de Primera Instancia: 22 de noviembre de 2006, Sánchez Férriz/Comisión (T‑436/04, RecFP pp. I‑A‑2‑277 y II‑A‑2‑1439), apartado 35; 23 de noviembre de 2006, Lavagnoli/Comisión (T‑422/04, aún no publicada en la Recopilación), apartado 31