ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Se oponen el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en lo sucesivo, «Directiva sobre cláusulas abusivas»), el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2008/48/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva de contratos de crédito al consumo») u otras disposiciones del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores: — al espíritu de la zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Ley no 182/2006 sobre el concurso y sus formas de resolución), en su versión modificada por la Ley no 185/2013 (en lo sucesivo, «Ley concursal») que permite al órgano jurisdiccional evaluar la autenticidad, el importe o el orden de prelación de los créditos derivados de relaciones con consumidores exclusivamente sobre la base de una demanda incidental promovida por el administrador concursal, un acreedor o (con arreglo a las limitaciones anteriores) el deudor (consumidor)? — a disposiciones que, en el marco de la legislación nacional sobre procedimientos concursales, limitan el derecho del deudor (consumidor) a solicitar la revisión judicial de los créditos comunicados por los acreedores (proveedores de bienes y servicios) exclusivamente a los casos en los que el concurso del consumidor se resuelva mediante una quita aprobada y, en ese contexto, sólo para los créditos no garantizados, limitándose además las excepciones que el deudor puede invocar, en el caso de créditos exigibles reconocidos por una resolución de la autoridad competente, únicamente a la prescripción o caducidad del crédito, tal como disponen los artículos 192, apartado 3, y 410, apartados 2 y 3, de la Ley concursal?
1)

Si el Derecho de la Unión Europea y, concretamente, el artículo 34 TFUE, el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos [Directiva Marco] (1), así como el artículo 1, letras t) y u), del Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión Europea (2) pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como el artículo 1, apartado 2, de la O.G. [Decreto del Gobierno] nr. 80/2000, en la medida en que establece una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, pues, según esta normativa, para la libre circulación (venta, distribución) de productos y materiales de consumo nuevos de la categoría de los que afectan a la seguridad vial, la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y la protección contra el robo de vehículos de motor es necesario bien que el vendedor, distribuidor o comerciante presente un documento de homologación o de certificación emitido por el fabricante con vistas a la introducción en el mercado o a la comercialización, o bien, si el vendedor, distribuidor o comerciante no hubiera obtenido tal documento o no dispusiera de él, que tramite el procedimiento de homologación de dichos productos ante el Registrul Auto Român y que obtenga un certificado de homologación emitido por el RAR con vistas a la introducción en el mercado o a la comercialización, y ello aun cuando el vendedor, distribuidor o comerciante disponga de un certificado de conformidad con vistas a la introducción en el mercado o a la comercialización proporcionado por el distribuidor de las piezas en otro Estado miembro de la UE, que las distribuya libremente por el territorio de ese Estado miembro de la UE, siendo tal certificado insuficiente para permitir la libre circulación, venta o distribución de las mercancías de que se trata.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/41

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland (Países Bajos) el 7 de julio de 2014 — Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

(Asunto C-323/14)

2014/C 315/66

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Noord-Holland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Helm AG

Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Cuestión prejudicial

¿Es nulo el Reglamento (UE) no 248/2011 del Consejo (1) en la medida en que afecta al Grupo Jushi, dado que la Comisión no se pronunció, dentro del plazo de tres meses a partir de la incoación del procedimiento, acerca de si el Grupo Jushi, que formaba parte de las empresas seleccionadas para la investigación, cumple los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base? (2)

(1) -Reglamento de Ejecución (UE) no 248/2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China (DO L 67, p. 1).

(2) -Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
—

Que se declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 , relativa a la eficiencia energética de los edificios (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartado 2, y 9, apartado 1, de dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado de tales medidas a la Comisión, en relación con la parte continental de Finlandia, y, en relación con las Islas Åland, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado de ello a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/11

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 21 de marzo de 2014 — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Asunto C-131/14)

2014/C 194/13

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Recurridas: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los Reglamentos nos 1047/2001 (1) y 2988/95 (2) en el sentido de que está prohibido y constituye un fraude de ley y un comportamiento de elusión el del operador comunitario A (Malvi sas) que, sin disponer de un certificado de importación o habiendo agotado su cuota del contingente, adquiere determinadas partidas de mercancía a otro operador comunitario B (Tonini Roberto & C. sas), que a su vez las adquirió a un proveedor extracomunitario (Bananaservice srl), transmitiéndolas en un Estado extranjero a otro operador comunitario C (L’Olivo Maria) que, al reunir los requisitos correspondientes había obtenido un certificado en el ámbito del contingente y, sin ceder su certificado, las introdujo a libre práctica en la Comunidad Europea para transmitirlas, una vez despachadas de aduanas y a cambio de una remuneración adecuada inferior al derecho específico para importaciones fuera del contingente, a dicho operador B (Tonini Roberto & C. sas), que las vende finalmente al operador A (MALVI sas)?

(1) Reglamento (CE) no 1047/2001 de la Comisión, de 30 de mayo de 2001, por el que se establece un régimen de certificados de importación y de origen y se fija el modo de gestión de los contingentes arancelarios para los ajos importados de terceros países (DO L 145, p. 35).

(2) Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).
2)

a) En caso de que se determine que la citada normativa no se ajusta a los principios comunitarios respecto a los trabajadores con contrato de duración determinada de que se trata, ¿pueden establecerse razones objetivas para establecer excepciones a la igualdad de trato que debe garantizarse a dichos trabajadores respecto a los trabajadores con contrato de duración indefinida, por «objetivos de política social» en supuestos que consisten en la exigencia de evitar la inclusión mediante un sistema paralelo de puntuación de los trabajadores estabilizados respecto a los incorporados a la estructura permanente en virtud de la regla general del oposición de acceso a la función pública (regla establecida —salvo excepción legislativa, como la que, en el caso de autos, prevé que se supere un mero procedimiento de acceso— en virtud del citado artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución) y puede considerarse que se dan tales razones —a la luz de las afirmaciones ya formuladas por el Tribunal de Justicia en el [apartado] 47 de su auto de 7 de marzo de 2013— en el plano de la proporcionalidad, con la mera asignación a trabajadores en precario estabilizados por una asignación ad personam, compensable y no sujeta a revisión, con interrupción del desarrollo ordinario de los niveles retributivos alcanzados y del acceso a la selección para cualificaciones superiores? b) En caso contrario, una vez que se determine la idoneidad para el desarrollo de determinadas funciones, las valoraciones periódicas de correcto desempeño de las mismas, al objeto de la asignación de niveles retributivos y cualificaciones superiores, con una posterior oposición para promocionar en la carrera, ¿pueden constituir un adecuado reequilibrio de las posiciones de los trabajadores estabilizados respecto a los de los funcionarios que han entrado mediante oposición, sin que deba producirse ninguna privación de efectos de la antigüedad y de los niveles retributivos en detrimento de los primeros (por otro lado, sin ningún tipo de ventaja apreciable a favor de los segundos, en el sistema de promoción, antes descrito, adoptado por la AEEG), con la consiguiente inexistencia, en el caso de autos, de razones objetivas para introducir excepciones a la Directiva 1999/70, en los términos exigidos de objetividad y transparencia, que deban ponerse en relación con las condiciones laborales en cuestión en el particular contexto de referencia?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, (1) en el sentido de que también está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento un «adelanto» no comunicado de un vuelo que tiene como consecuencia que los pasajeros no puedan tomar dicho vuelo?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 102/22

Recurso de casación interpuesto el 4 de febrero de 2014 por JAS Jet Air Service France (JAS) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 3 de diciembre de 2013 en el asunto T-573/11, JAS Jet Air Service France/Comisión

(Asunto C-53/14 P)

2014/C 102/31

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (representantes: T. Gallois y E. Dereviankine, avocats)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2013 en el asunto T-573/11.

— Que se estimen las pretensiones formuladas por la sociedad JAS Jet Air Service France en primera instancia en la medida en que se refieren a la anulación de la Decisión de la Comisión Europea de 5 de agosto de 2011 en el asunto REM 01/2008 por la que se denegó la solicitud de condonación de derechos de importación por importe de 1 001 778,20 euros presentada por dicha sociedad el 24 de enero de 2008.

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación interpuesto contra la sentencia mediante la que el Tribunal General confirmó la Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2011, por la se denegó la solicitud de condonación de derechos de importación presentada por la recurrente.

En primer lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal infringió los artículos 13 del Reglamento (CEE) no 1430/79 (1) y 239 del Código aduanero comunitario, (2) al no reconocer la existencia de una «situación especial» que permitiese llevar a cabo la condonación solicitada. Aduce que el Tribunal General declaró que la situación de la recurrente no era comparable a la de la sociedad CALBERSON BV (asunto REM 10/01), a quien la Comisión acordó la condonación.

En segundo lugar, la recurrente estima que el Tribunal General infringió los artículos citados anteriormente al no tener en cuenta para reconocer la existencia de una «situación especial» el error de funcionamiento acaecido durante el procedimiento interno de expedición y control de las autorizaciones de importación con franquicia del IVA, denominadas AI2 (artículo 275 del code général des impôts francés y sus normas de desarrollo). Según la recurrente, el Tribunal General invirtió la carga de la prueba y, en consecuencia, violó los principios generales de Derecho al estimar que correspondía a la recurrente demostrar con precisión las consecuencias de dicho error de funcionamiento.

(1) Reglamento (CEE) no 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación (DO L 175, p. 1; EE 02/06, p. 36).

(2) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).
3)

Tercer motivo de casación, basado en que el Tribunal General vulneró el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 (3) y el artículo 4, apartados 2, in fine, y 3, del Reglamento no 1049/2001. A juicio de la recurrente, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al motivar su negativa a reconocer la existencia de intereses públicos superiores en la divulgación únicamente en el análisis de las alegaciones formuladas por la parte recurrente. Esta postura es contraria a lo dispuesto en el Reglamento no 1049/2001, así como a una jurisprudencia reiterada. De hecho, las alegaciones formuladas por un demandante a este respecto no pueden justificar en sí mismas por qué se niega la existencia de un interés público superior dado que jurídicamente no se impone al demandante la carga de probar circunstancias superiores. En la divulgación, la institución implicada debe ponderar los intereses en conflicto.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/23

Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2013 — Comisión Europea/República de Polonia

(Asunto C-639/13)

2014/C 45/39

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Lozano Palacios y M. Owsiany-Hornung, agentes)

Demandada: República de Polonia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 a 98 de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) en relación con el anexo III de la mencionada Directiva, al haber aplicado un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a bienes cuya finalidad es la prevención de incendios y la lucha contra los incendios que se recogen en el anexo no 3 de la Ley de 11 de marzo de 2004 sobre el impuesto de bienes y prestaciones de servicios.

— Que se condene en costas a la República de Polonia.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la Comisión alega que la República de Polonia aplica un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a bienes que no se recogen en el anexo III de la Directiva. Por el contrario, dichos bienes deben quedar sujetos al tipo normal, puesto que no están comprendidos en la excepción prevista en el artículo 98, apartado 2, de la Directiva. Por otra parte, las alegaciones de Polonia son puramente de política económica, por lo que no pueden tomarse en consideración a la hora de buscar una justificación jurídica a la infracción de las disposiciones de la Directiva. Por tanto, resulta indubitado que las disposiciones nacionales no se habían adaptado a las exigencias de la Directiva.

(1) DO L 347, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/8

Recurso de casación interpuesto el 15 de noviembre de 2013 por Intra-Presse contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 16 de septiembre de 2013 en el asunto T-488/11, Golden Balls Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-581/13 P)

2014/C 24/15

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Intra-Presse (representantes: P. Péters, advocaat, T. de Haan, avocat, M. Laborde, avocate)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos); Golden Balls Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2013 en el asunto T-448/11.

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que resuelva sobre el recurso interpuesto por Intra-Presse con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009. (1)

— Que se reserve la decisión sobre las costas.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente mantiene que la sentencia recurrida debería anularse por los motivos que se exponen a continuación.

En primer lugar, el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria al definir el público pertinente, al apreciar el grado de similitud conceptual entre las marcas añadiendo un requisito de «proceso intelectual de traducción», de «[comenzar por] traducir» o de «traducción previa» y al no tomar en consideración el renombre de la marca anterior para servicios de la clase 41. En segundo lugar, el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria al no efectuar una apreciación global y al no examinar la importancia del renombre de la marca anterior de la recurrente y la existencia de un posible vínculo.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Para que nazca un derecho análogo al previsto en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 es determinante que la elección voluntaria y autónoma de un transporte alternativo con otra compañía aérea se haya producido en un momento en que el retraso ya era de cinco horas con arreglo a los artículos 6, apartado 1, letra c), inciso iii), y 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 261/2004?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 304/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de julio de 2013 — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree

(Asunto C-422/13)

2013/C 304/08

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Demandada: Dr. med. vet. Uta Wree

Cuestión prejudicial

¿Es también una superficie agraria en el sentido del artículo 34, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, (1) una superficie que, si bien también sirve para fines agrarios (pastoreo ovino), constituye la capa protectora de un vertedero en fase de seguimiento posterior al cierre?

(1) Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30, p. 16).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/24

Petición de decisión prejudicial planteada por la Scottish Land Court (Reino Unido) el 18 de junio de 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

(Asunto C-335/13)

2013/C 260/42

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Scottish Land Court

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Robin John Feakins

Recurrida: The Scottish Ministers

Cuestiones prejudiciales

1) En una correcta interpretación, ¿es de aplicación el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión: (1) a) cuando un agricultor cumple con las condiciones para la aplicación de dos o más de los siguientes artículos: artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 23 bis, de dicho Reglamento, y artículos 37, apartado 2; 40, 42, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 de Consejo, (2) o bien únicamente, b) cuando un agricultor cumple las condiciones de dos o más de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 23 bis [omissis] del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión o, separadamente, de dos o más de los artículos 37, apartado 2, 40, 42, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo?

2) Interpretando el artículo 18, apartado 2, de la manera expresada en la primera cuestión, letra a), ¿el artículo 18, apartado 2, resulta total o parcialmente inválido por alguno de los siguientes motivos invocados por la parte recurrente: a) que la Comisión, al adoptar el Reglamento (CE) no 795/2004, no estaba facultada para introducir el artículo 18, apartado 2, a tal efecto, o b) que la Comisión, al adoptar el Reglamento (CE) no 795/2004, no indicó los motivos para introducir el artículo 18, apartado 2?

3) Si se interpreta el artículo 18, apartado 2, de la forma expuesta en la primera cuestión, letra a), y se responde negativamente a la segunda cuestión, ¿es de aplicación el artículo 18, apartado 2, cuando un agricultor ha recibido una autorización provisional para una atribución de la reserva nacional conforme al artículo 22 del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión para una explotación en 2005, pero dicha atribución no se declaró en el formulario SIGC hasta 2007, año en que el agricultor se hizo cargo de la explotación agrícola?

(1) Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).