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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 48 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO L 100, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»).
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El artículo 3 del Decreto del Presidente de la República no 633, de 26 de octubre de 1972, por el que se establece y se regula el impuesto sobre el valor añadido (suplemento ordinario no 1 de la GURI no 292, de 11 de noviembre de 1972, p. 2), modificado en varias ocasiones (en lo sucesivo, «DPR no 633/72»), define las prestaciones de servicios de la siguiente manera: «Constituyen prestaciones de servicios las prestaciones efectuadas a cambio de una contraprestación y en virtud de contratos de obra, de transporte, de mandato, de agencia, de mediación, de depósito y, en general, de obligaciones de hacer o de no hacer, y de permitir, cualquiera que sea su fuente. Constituyen asimismo prestaciones de servicios, cuando se efectúen a cambio de una contraprestación: 1) La cesión de bienes en alquiler, arrendamiento, arrendamiento financiero y prestaciones similares; […].»
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Igualmente procede recordar que el Tratado CE no define el concepto del «movimientos de capitales». No obstante, es jurisprudencia reiterada que, en la medida en que el artículo 73 B del Tratado ha reproducido en lo fundamental el contenido del artículo 1 de la Directiva 88/361, y aunque ésta fuera adoptada sobre la base de los artículos 69 y 70, apartado 1, del Tratado CEE (los artículos 67 a 73 del Tratado CEE fueron sustituidos por los artículos 73 B a 73 G del Tratado CE, actualmente artículos 56 CE a 60 CE), la Nomenclatura de los «movimientos de capitales» que la acompaña como anexo mantiene el valor indicativo que le era propio para definir el concepto de «movimientos de capitales» (véanse, en particular, la sentencias de 23 de febrero de 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03, Rec. p. I-1957, apartado 39, y de 3 de octubre de 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Rec. p. I-9521, apartado 41).
Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32) y del artículo 6 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, p. 20) — Obligación de comunicar los planes de gestión de residuos.
El artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, que establece que las partes contratantes no podrán introducir nuevas restricciones relativas a la libre circulación de los trabajadores, no está supeditado al requisito de que el nacional turco de que se trate satisfaga las exigencias del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión. Por otro lado, el alcance de dicho artículo 13 no se limita a los emigrantes turcos que ejerzan una actividad por cuenta ajena.

En efecto, estas dos disposiciones de la Decisión no 1/80 contemplan dos supuestos distintos, ya que el artículo 6 regula los requisitos de ejercicio de un empleo que permita la integración progresiva del interesado en el Estado miembro de acogida, mientras que el artículo 13 se refiere a las medidas nacionales relativas al acceso al empleo, incluyendo en su ámbito de aplicación a los miembros de la familia, cuya admisión en el territorio de un Estado miembro no depende del ejercicio de un empleo. Dicho artículo 13 no está destinado a proteger a los nacionales turcos ya integrados en el mercado laboral de un Estado miembro, sino que se aplica precisamente a los nacionales turcos que no gozan todavía de derechos en materia de empleo ni, en consecuencia, de residencia, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la decisión no 1/80.

Sin embargo, el mismo artículo 13, exige que el nacional turco se encuentre en situación legal en el Estado miembro de acogida por lo que respecta a la residencia y al empleo, lo que significa que el trabajador turco o los miembros de su familia deben haber respetado las normas del Estado miembro de acogida en materia de entrada, de residencia y, en su caso, de empleo, de manera que se hallen legalmente en el territorio de dicho Estado. Por lo tanto, dicho artículo no podrá beneficiar a un nacional turco que se halle en situación ilegal.

(véanse los apartados 50, 51 y 53)
La obligación, impuesta por la normativa de un Estado miembro, de suscribir un seguro de responsabilidad civil del automóvil para todas las compañías de seguros, incluidas aquellas cuyo domicilio principal se encuentra en otro Estado miembro, pero que desarrollan sus actividades en el primer Estado miembro, restringe la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios consagradas en los artículos 43 CE y 49 CE. En efecto, tal medida afecta al acceso al mercado de los operadores afectados, en particular cuando somete a las compañías de seguro no sólo a la obligación de asegurar todos los riesgos que se les proponen, sino también a exigencias de moderación tarifaria. Dado que acarrea adaptaciones y costes de tal magnitud para dichas empresas, la obligación de contratar hace menos atractivo el acceso al mercado de ese Estado miembro y, en caso de acceso a dicho mercado, reduce la capacidad de las empresas afectadas de desarrollar, en principio, una competencia eficaz con las empresas tradicionalmente implantadas en dicho Estado.

Sin embargo, esa obligación es adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo. Así, la finalidad misma del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil es garantizar la indemnización de las víctimas de accidentes de tráfico. Este objetivo de protección social que se considera esencialmente una garantía de indemnización adecuada para dichas víctimas, puede tenerse en cuenta como razón imperiosa de interés general Además, con respecto al criterio de proporcionalidad, no es indispensable que la medida restrictiva adoptada por las autoridades de un Estado miembro corresponda a una concepción compartida por todos los Estados miembros en lo tocante a las modalidades de protección del interés legítimo de que se trate. En consecuencia, el hecho de que algunos Estados miembros hayan optado por establecer un régimen distinto para garantizar que todo propietario de vehículo pueda concertar, a una tarifa no excesiva, un contrato de seguro de responsabilidad civil del automóvil no puede demostrar que la obligación de contratar vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. Por último, con respecto al criterio de proporcionalidad la obligación de contratar no impide que las compañías de seguros calculen para un tomador de seguro domiciliado en una zona caracterizada por un número importante de accidentes una tarifa más elevada que para un tomador de seguro domiciliado en una zona con un riesgo menos elevado.

(véanse los apartados 67, 70, 71, 74, 75, 83, 85, 91 y 93)
La formulación sobre el nacimiento de un derecho del maestro de obras a realizar el proyecto tras la autorización de la autoridad competente que figura en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11, está desprovista de toda ambigüedad, el artículo 2, apartado 1, de la referida Directiva ha de entenderse necesariamente en el sentido de que significa que, cuando el solicitante no haya solicitado y obtenido la autorización requerida y no haya realizado el estudio de las repercusiones sobre el medio ambiente en los casos en los que éste se exija, no podrá comenzar las obras relativas al proyecto de que se trata, a no ser que incumpla los requisitos de dicha Directiva.

Dicho análisis es válido para el conjunto de proyectos que están comprendidos en el ámbito de aplicación de la referida Directiva, ya estén incluidos en el anexo I y deban, en consecuencia, estar sometidos a una evaluación sistemática en aplicación de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 1, de ésta, ya estén incluidos en el anexo II de la citada Directiva y únicamente estén, por ello y de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de esta última, sujetos a un estudio de repercusiones cuando, a la vista de los límites o criterios fijados por el Estado miembro o sobre la base de un examen caso por caso, puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente.

Además, tal análisis literal de dicho artículo 2, apartado 1, responde al objetivo que se persigue con la citada Directiva, como se recuerda, en particular, en el quinto considerando de la Directiva 97/11, según el cual «los proyectos para los que se requiera una evaluación deberían estar sujetos a una autorización para su realización [y] la evaluación debería llevarse a cabo antes de que se haya otorgado dicha autorización».

(véanse los apartados 50 a 53)
Asunto C-103/06

Philippe Derouin

contra

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf de Paris — Région parisienne)

(Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris)

«Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) no 1408/71 — Trabajadores por cuenta propia que residen y ejercen una actividad en Francia — Contribución social generalizada — Contribución para el reembolso de la deuda social — Inclusión de rendimientos obtenidos en otro Estado miembro e imponibles fiscalmente en ese Estado en virtud de un convenio para evitar la doble imposición»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 18 de octubre de 2007 I - 1855

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de abril de 2008 I - 1880

Sumario de la sentencia

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social

[Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo]

El Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 307/1999, debe interpretarse en el sentido que no se opone a que un Estado miembro, cuya legislación social es la única aplicable a un trabajador por cuenta propia residente, excluya de la base de contribuciones como la contribución social generalizada y la contribución para el reembolso de la deuda social los rendimientos percibidos por dicho trabajador en otro Estado miembro, con arreglo, en particular, a un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta.

(véanse el apartado 32 y el fallo)
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A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que debe existir una relación de proporcionalidad razonable entre los medios utilizados y la finalidad perseguida. Procede investigar, pues, si se ha respetado el equilibrio entre las exigencias del interés general y el interés de la persona o personas afectadas. En tal investigación es preciso reconocer un gran margen de apreciación al legislador, tanto para elegir las medidas de aplicación como para determinar si el propósito de alcanzar el objetivo de la norma de que se trate legitima las consecuencias de dichas medidas, desde el punto de vista del interés general [véase en este sentido, en particular, TEDH, sentencia J.A. Pye (Oxford) Ltd. y J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. c. Reino Unido de 30 de agosto de 2007, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, §§ 55 y 75].
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Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1552/89)», hasta el 31 de mayo de 2000 y, a partir de esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), al no haber constatado y procedido al abono de los recursos propios no percibidos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, en al ámbito de la importación de material de guerra y de productos para uso civil y militar, y al no haber abonado los intereses de demora devengados por no haber pagado dichos recursos propios a la Comisión.
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A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 19 de febrero de 2002, Arduino, C-35/99, Rec. p. I-1529, apartado 25, y de 11 de julio de 2006, Chacón Navas, C-13/05, Rec. p. I-6467, apartado 33).
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2004/800/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, por la que se declara incompatible con el mercado común el régimen de ayudas estatales ejecutado por Italia por el que se establecen determinadas disposiciones urgentes a favor del empleo en empresas con problemas financieros en situación de procedimiento de suspensión de pagos específica y con más de 1.000 trabajadores (ayuda nº CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (DO L 352, p. 10) — No adopción, en el plazo señalado, de las medidas necesarias para recuperar determinadas ayudas que fueron declaradas incompatibles con el mercado común.
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 4, 9 y 13 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), y del artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) — Vertederos de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón (La Mojonera).
Además, como en el caso de las excepciones a las libertades fundamentales, las excepciones previstas en los artículos 296 CE y 297 CE deben ser objeto de interpretación estricta. Por cuanto se refiere, más concretamente, al artículo 296 CE, procede señalar que, aunque dicho artículo haga referencia a las medidas que un Estado miembro puede estimar necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad o de los datos cuya divulgación considere contraria a dichos intereses, no cabe interpretarlo, no obstante, como si atribuyera a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones a las disposiciones del Tratado mediante la mera invocación de dichos intereses. Por consiguiente, corresponde al Estado miembro que pretende acogerse a lo dispuesto en el artículo 296 CE demostrar la necesidad de recurrir a la excepción contemplada en dicho artículo con objeto de proteger los intereses esenciales de su seguridad.

Si bien corresponde a los Estados miembros establecer las medidas adecuadas para garantizar su seguridad interior y exterior, no por ello cabe deducir que tales medidas se sustraen totalmente a la aplicación del Derecho comunitario. El Tratado sólo establece excepciones expresas aplicables en caso de situaciones que pueden poner en peligro la seguridad pública en sus artículos 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE y 297 CE, que se refieren a unos supuestos excepcionales claramente delimitados. No puede deducirse de ello que exista una reserva general, inherente al Tratado, que excluya del ámbito de aplicación del Derecho comunitario cualquier medida adoptada por motivos de seguridad pública. Reconocer la existencia de tal reserva, al margen de las condiciones específicas previstas en las disposiciones del Tratado, podría contravenir el carácter imperativo y la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento no 1552/89, por el que se aplica la Decisión 88/376, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento no 1355/96, hasta el 31 de mayo de 2000, y, a partir de esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento no 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, un Estado miembro que, por una parte, se negó a calcular y pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios no recaudados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, correspondientes a la importación de material militar con exención de derechos de aduana, y, por otra, se negó a abonar los intereses de demora devengados por la falta de pago de dichos recursos propios a la Comisión.
Asunto C-167/05

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de Suecia

«Incumplimiento de Estado — Artículo 90 CE, párrafo segundo — Tributos internos que gravan productos de otros Estados miembros — Tributos que pueden proteger indirectamente otros productos — Prohibición de discriminación entre productos importados y productos nacionales que compiten con ellos — Impuestos especiales — Tributación diferenciada de la cerveza y del vino — Carga de la prueba»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 18 de julio de 2007 I - 2129

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de abril de 2008 I - 2150

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Tributos internos — Tributos que pueden proteger indirectamente otros productos

[Tratado CE, art. 95, párr. 2 (actualmente art. 90 CE, párr. 2, tras su modificación)]

Un sistema nacional que grava el vino, esencialmente importado de otros Estados miembros, con impuestos especiales más elevados que los que gravan la cerveza, producto esencialmente nacional, y que se basa en la tributación sobre el porcentaje de volumen de alcohol del vino y de la cerveza, no parece que produzca el efecto de proteger indirectamente la cerveza nacional y, por tanto, no es incompatible con el artículo 95, párrafo segundo, del Tratado CE (actualmente artículo 90 CE, párrafo segundo, tras su modificación), en la medida en que, por una parte, es tal la diferencia de precios de venta entre la cerveza fuerte y el vino de categoría intermedia que compite con ella que la diferencia de tributación entre estos dos productos no puede influir en el comportamiento del consumidor en el sector considerado, y, por otra parte, porque de los datos estadísticos relativos a la venta de los productos de que se trata tampoco se desprende un efecto protector.

(véanse los apartados 57 a 60)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — Motivos de defensa (Arts. 10 CE y 88 CE, ap. 2) (véanse los apartados 19, 20 y 25)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal (Art. 88 CE, ap. 2) (véase el apartado 28)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2004/800/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, por la que se declara incompatible con el mercado común el régimen de ayudas estatales ejecutado por Italia por el que se establecen determinadas disposiciones urgentes a favor del empleo en empresas con problemas financieros en situación de procedimiento de suspensión de pagos específica y con más de 1.000 trabajadores (ayuda nº CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (DO L 352, p. 10) — No adopción, en el plazo señalado, de las medidas necesarias para recuperar determinadas ayudas que fueron declaradas incompatibles con el mercado común.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2004/800/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, relativa al régimen de las ayudas estatales ejecutado por Italia por el que se establecen determinadas disposiciones urgentes a favor del empleo, al no haber adoptado en los plazos señalados las medidas necesarias para obtener de los beneficiarios la recuperación de las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común mediante dicha Decisión.

2) Condenar en costas a la República Italiana.