Asuntos acumulados T-454/10 y T-482/11

Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) y otros

contra

Comisión Europea

«Agricultura — Organización común de mercados — Ayudas en el sector de las frutas y hortalizas — Recurso de anulación — Afectación directa — Admisibilidad — Frutas y hortalizas transformadas — Fondos operativos y programas operativos — Financiación de actividades que no están “auténticamente relacionadas con la transformación”»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 30 de mayo de 2013

[Reglamentos (CE) no 1234/2007 del Consejo, arts. 103 quater y 122, párr. 1, letra c), (CE) no 1580/2007 de la Comisión, arts. 29 y 52, ap. 2 bis, párr. 2, y (UE) no 543/2011 de la Comisión, arts. 27, 50, ap. 3, y 60, ap. 7]

[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamentos de la Comisión (CE) no 1580/2007, art. 52, ap. 2 bis, y (UE) no 543/2011, arts. 50, ap. 3, y 60, ap. 7]

[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamentos de la Comisión (CE) no 1580/2007, art. 52, ap. 2 bis, y (UE) no 543/2011, arts. 50, ap. 3, y 60, ap. 7]

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 29)

En el recurso de anulación, el requisito de que la decisión impugnada afecte directamente a una persona física o jurídica, tal como dispone el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, implica que la medida de la Unión Europea impugnada debe producir directamente efectos en la situación jurídica del particular y no dejar ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin intervención de otras normas intermedias. El artículo 52, apartado 2 bis, del Reglamento no 1580/2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos no 2200/96, no 2201/96 y no 1182/2007 en el sector de las frutas y hortalizas, y los artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7, del Reglamento de Ejecución no 543/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1234/2007 en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, afectan directamente a las organizaciones de productores y a sus miembros, en la medida en que su posición competitiva se deriva directamente de los porcentajes a tanto alzado específicos establecidos en el artículo 52, apartado 2 bis, del Reglamento no 1580/2007 y en el artículo 50, apartado 3, del Reglamento de Ejecución no 543/2011, así como por el carácter subvencionable de las inversiones y acciones relacionadas con la transformación mediante financiación de la Unión en virtud del artículo 60, apartado 7, de este último Reglamento. En efecto, estas disposiciones han instaurado un sistema según el cual las organizaciones de productores pueden recibir la ayuda relativa a las actividades de transformación efectuadas también por transformadores que no forman parte de una organización de productores, incluso en el caso de que se considere que estas actividades no están «auténticamente» relacionadas con la transformación. Además, no resulta controvertido que el artículo 52, apartado 2 bis, del Reglamento no 1580/2007 ni el artículo 50, apartado 3, del Reglamento de Ejecución no 543/2011 dejen facultad de apreciación a los Estados miembros, al tratarse de la aplicación de porcentajes a tanto alzado para calcular el valor de la producción comercializada. Lo mismo ocurre con el artículo 60, apartado 7, del Reglamento de Ejecución no 543/2011. (véanse los apartados 36 y 38 a 40)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 41)

En cuanto a la organización común de mercados, el Reglamento no 1580/2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos no 2200/96, no 2201/96 y no 1182/2007 en el sector de las frutas y hortalizas, y el Reglamento de Ejecución no 543/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1234/2007 en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, son actos reglamentarios en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, porque no se trata de actos legislativos, según la definición del artículo 289 TFUE, apartado 3, ni de actos individuales. Además, debe considerarse que el artículo 52, apartado 2 bis, del Reglamento no 1580/2007 y el artículo 50, apartado 3, del Reglamento de Ejecución no 543/2011 no incluyen medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. En efecto, si bien es cierto que el pago de las ayudas de la Unión en aplicación de estas disposiciones se lleva a cabo a través de las autoridades nacionales, no resulta menos cierto que los instrumentos en virtud de los cuales estas autoridades efectúan los pagos en cuestión no hacen referencia a las demandantes ni les son remitidos ni notificados. Además, cada organismo pagador ejerce sus funciones según las reglas aplicables en el Estado miembro de que se trate, que no prevén necesariamente la adopción de actos que puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales nacionales. (véanse los apartados 42 y 43)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 46)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 49)