ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
La modificación de un informe de calificación sólo constituirá un hecho nuevo y sustancial que permita reabrir los plazos para la presentación de una reclamación contra una decisión de no promoción si, cuando se efectuó el examen comparativo de los méritos para el ejercicio de promoción considerado, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tuvo en cuenta la primera versión del informe de calificación. Es ese caso, y habida cuenta de la modificación posterior del informe de calificación, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos está obligada a examinar de nuevo su decisión de no promoción, ya que esta decisión fue adoptada sobre la base de elementos e información manifiestamente inexactos.

Los plazos para presentar reclamaciones e interponer recursos que fijan los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público y no pueden disponer de ellos ni las partes ni el Juez, pues fueron establecidos para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas. Las eventuales excepciones o dispensas deben interpretarse de manera restrictiva. Únicamente la existencia de hechos nuevos sustanciales puede justificar la presentación de una solicitud para que se vuelva a examinar una decisión definitiva.IA

La apreciación de los méritos de los funcionarios constituye el criterio determinante en materia de promoción y la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sólo podrá tomar en consideración la edad de los candidatos y su antigüedad en el grado o servicio con carácter subsidiario.

Cuando un funcionario no promovido no ha acreditado que sus méritos son superiores a los de los funcionarios promovidos, los demás elementos, como la edad o la antigüedad, que pudieran ser más favorables al interesado, no pueden enervar el resultado de la comparación de los informes de calificación realizada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

(véanse los apartados 64 y 70)

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento (293/87, Rec. p. 23); Tribunal de Primera Instancia, 29 de febrero de 1996, Lopes/Tribunalde Justicia (T-280/94, RecFP pp. I-A-77 y II-239), apartado 138; Tribunal de Primera Instancia, 16 de septiembre de 1998, Rasmussen/Comisión (T-234/97, RecFP pp. I-A-507 y II-1533), apartado 27; Tribunal de Primera Instancia, 21 de septiembre de 1999, Oliveira/Parlamento, T-157/98 (RecFP pp. I-A-163 y II-851), apartado 41
El interés para ejercitar la acción, requisito indispensable para la admisibilidad del recurso, se aprecia en el momento de la interposición de éste. No obstante, para que un funcionario pueda proseguir un recurso cuyo objetivo consiste en la anulación de una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, es preciso que conserve un interés personal en la anulación de la decisión impugnada. Al respecto, si falta un interés actual para ejercitar la acción, ya no procede pronunciarse sobre el recurso.

En virtud de los principios de buena administración y de igualdad de trato, incumbe a las instituciones comunitarias garantizar a todos los candidatos de una oposición un desarrollo de las pruebas lo más armonioso y regular posible. A este fin, la administración está obligada a velar por la adecuada organización de la oposición y, en particular, por que el material distribuido a los candidatos esté cuidadosamente preparado. No obstante, una irregularidad que haya tenido lugar durante el desarrollo de las pruebas de una oposición sólo afecta a la conformidad de tales pruebas a Derecho si tiene carácter sustancial y puede falsear los resultados de las mismas. Cuando se produce tal irregularidad, corresponde a la institución demandada probar que ésa no ha afectado a los resultados de las pruebas.

(véanse los apartados 46 y 47)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de febrero de 1999, Jiménez/OAMI (T-200/97, RecFP pp I-A-19 y II-73). apartado 55; Tribunal de Primera Instancia, 9 de noviembre de 1999, Papadeas/Comité de las Regiones (T-102/98, RecFP pp. I-A-211 y II-1091), apartado 68
Un sistema de impugnación y arbitraje organizado por una institución en el marco del procedimiento que debe seguirse en caso de ausencia debida a enfermedad es ilegal en la medida en que priva al funcionario en cuestión de las garantías procesales previstas en el artículo 59 del Estatuto, al no prever, a diferencia del sistema de la Comisión de invalidez, una discusión médica en profundidad entre tres médicos independientes, entre los que debe figurar un médico en que confíe el funcionario de que se trata, que es el único que puede apreciar qué médico conoce mejor su estado, y, por tanto, al no permitir que los tres médicos adopten una conclusión común que indique, en particular, los puntos sobre los que existe un acuerdo o sobre los que existen opiniones divergentes.

(véanse los apartados 44, 47, 48 y 51)
El lugar de origen y el lugar de selección de un funcionario en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Anexo VII del Estatuto no son necesariamente idénticos. La modificación de la determinación del lugar de origen no implica automáticamente la del lugar de selección dado que dicha modificación se realiza precisamente cuando el funcionario prueba que los dos lugares no coinciden, demostrando que el centro de sus intereses no corresponde al de su lugar de selección.

(véase el apartado 25)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 15 de diciembre de 1999

Asunto T-144/98

Dino Cantoreggi

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los méritos»

Texto completo en lengua francesa II-1325

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de una denegación de promoción.

Resultado:

Se anulan las decisiones del Parlamento Europeo, de 12 de febrero, de 25 de febrero y de 22 de junio de 1998, por las que, respectivamente, se nombraba al Sr. N Jefe de la División de «Gestión Técnica de los Edificios», se desestimaba la candidatura del demandante a dicho puesto y se desestimaba su reclamación. Se condena al Parlamento Europeo al pago de sus propias costas y las del demandante. El Sr. N, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante — Convocatoria de transferencia interinstitucional — Objeto — Examen comparativo de los méritos de los candidatos — Facultad de apreciación de la Administración — Límites — Observancia de los requisitos exigidos por la convocatoria — Control jurisdiccional

La función de la convocatoria para proveer plaza vacante, al igual que la de la convocatoria de transferencia interinstitucional, consiste fundamentalmente en fijar el marco de legalidad del examen comparativo de los méritos de los candidatos a la plaza vacante.

A fin de comprobar si la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no ha rebasado los límites de dicho marco legal, incumbe al Tribunal de Primera Instancia determinar, en primer lugar, cuáles son los requisitos exigidos para proveer la plaza vacante y comprobar, a continuación, si el candidato elegido cumple efectivamente estos requisitos. Sin embargo, el examen debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las consideraciones que hayan podido conducir a la Administración a su valoración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido su facultad de una manera manifiestamente errónea. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir por su propia apreciación de los méritos de los candidatos la de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos.

(véanse los apartados 25 a 27)

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 12 de mayo de 1998, Wenk/Comisión (T-159/96, RecFP p. II-593), apartados 24 y 64
La motivación de las decisiones que impliquen una acusación, exigida por el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, debe permitir, por una parte, al Juez comunitario controlar su legalidad y, por otra, proporcionar al interesado indicaciones suficientes para saber si la decisión está fundada. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto y la naturaleza de los motivos invocados. A este respecto, un dictamen desfavorable del médico asesor, que no precisa las apreciaciones médicas en la que se basa, puede constituir una motivación adecuada, aunque breve, de la decisión administrativa por la que se deniega una solicitud de autorización previa de reembolso de los gastos relativos a una cura termal. En efecto, según la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad, tal autorización únicamente se concede si el médico asesor de la oficina liquidadora ha reconocido que esta cura es estrictamente necesaria. No obstante, si la interesada solicita que se le comunique la totalidad el dictamen médico en el que se basa la decisión impugnada, la Institución está obligada a proporcionarle este complemento de motivación. Se cumple esta obligación cuando, durante el procedimiento contencioso, dicha Institución completa la motivación breve de la decisión impugnada en su respuesta a la reclamación del interesada, proporcionándole todos los datos significativos del informe de médico asesor

(véanse los apartados 27 a 32)

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 62; Tribunalde Primera Instancia, 6 de mayo de 1997, Quijano/Comisión(T-169/95, RecFP p. II-273); Tribunal de Primera Instancia, 17 de diciembre de 1997, Dricot y otros/Comisión (T-159/95, RecFP p. II-1035), apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 17 de noviembre de 1998. Gómez de Enterría y Sánchez/Parlamento (T-131/97, RecFP p. II-1855), apartado 48; Tribunal de Justicia, 19 de noviembre de 1998, Parlamento/Gaspari (C-316/97 P, Rec. p. I-7597), apartados 26 y 29; conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Parlamento/Gaspari, antes citado, Rec. p. I-7599, apartado 20
Aunque el Régimen aplicable a los otros agentes no declare aplicable a los agentes temporales el artículo 31 del Estatuto, relativo a los criterios de clasificación en grado de los funcionarios en el momento de su nombramiento, las normas contenidas en esta disposición pueden aplicarse razonablemente a los agentes temporales, en virtud del principio de buena administración.

La autoridad habilitada para celebrar los contratos de trabajo dispone de una amplia facultad de apreciación cuando examina las aptitudes y la experiencia profesional de los agentes temporales respecto al artículo 31, apartado 2, del Estatuto. El control jurisdiccional no puede sustituir la apreciación de dicha Autoridad y debe limitarse a la cuestión de si ésta ha utilizado sus facultades de modo manifiestamente erróneo.

La facultad de que dispone la autoridad habilitada para celebrar los contratos de trabajo en virtud del artículo 31, apartado 2, del Estatuto para nombrar agentes temporales recién seleccionados en el grado superior de las carreras de base y de las carreras iniciales e intermedias es una facultad que debe ser interpretada como una excepción a las reglas generales de clasificación. Por lo tanto, dicha autoridad no está obligada a aplicar esta disposición, aun en presencia de un candidato que posea aptitudes excepcionales.

El deber de asistencia y protección que tiene la administración respecto de sus agentes refleja el equilibrio de los derechos y obligaciones recíprocos que ha establecido el Estatuto en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público. Dicho deber implica en particular que, cuando resuelve sobre la situación de un funcionario, la autoridad tome en consideración la totalidad de los elementos determinantes para adoptar su decisión y que, al hacerlo, tenga en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario interesado. No obstante, la protección de los derechos y los intereses de los funcionarios siempre debe hallar su límite en la observancia de las normas en vigor.

(véanse los apartados 53 y 54)

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de octubre de 1986, Schwiering/Tribunalde Cuentas (321/85, Rec. p. 3199), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión (T-123/89, Rec. p. II-131), apartado 32; Tribunal de Primera Instancia, 16 de marzo de 1993, Blackman/Parlamento (asuntos acumulados T-33/89 y T-74/89, Rec. p. II-249), apartado 96; Tribunal de Primera Instancia, 15 de marzo de 1994, La Pietra/Comisión (T-100/92, RecFP p. II-275), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Petit-Laurent/Comisión (T-211/95, RecFP p. II-57), apartado 75
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de indemnización - Plazo de prescripción - Comienzo del cómputo del plazo - Responsabilidad derivada del Reglamento (CEE) nº 857/84, que implica la no asignación de una cantidad de referencia a los productores de leche que hayan suscrito un compromiso de no comercialización - Fecha que se debe tomar en consideración - Renuncia temporal a invocar la prescripción - Acto que no interrumpe el plazo

[Tratado CE, arts. 178 y 215; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 43; Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1078/77, 857/84 y 2187/93; Comunicación del Consejo y de la Comisión 92/C 198/04]

Índice

El plazo de prescripción de las acciones dirigidas contra la Comunidad en materia de responsabilidad extracontractual, establecido en el artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia, no puede empezar a correr antes de que se cumplan todos los requisitos a los que está supeditada la obligación de reparación y, en especial, tratándose de casos en los que la responsabilidad resulta de un acto normativo, antes de que se hayan producido los efectos dañosos de dicho acto.

Por lo que se refiere al perjuicio sufrido por los productores de leche o de productos lácteos que, como consecuencia de compromisos de no comercialización o de reconversión suscritos con arreglo al Reglamento nº 1078/77, no pudieron obtener, habida cuenta del Reglamento nº 857/84, una cantidad de referencia ni, por consiguiente, comercializar cantidad alguna de leche exenta de la tasa suplementaria, el plazo de prescripción comenzó a correr el día en que, llegados a término sus compromisos de no comercialización, los productores afectados habrían podido reanudar las entregas de leche si no les hubiera sido denegada una cantidad de referencia, a saber, en el caso de compromisos llegados a término antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento nº 857/84, esta última fecha.

Por otra parte, dado que dicho perjuicio no se causó instantáneamente, sino que prosiguió día tras día durante cierto tiempo por el hecho de mantenerse en vigor un acto ilegal, la prescripción prevista en el artículo 43 del Estatuto se aplica al período anterior en más de cinco años a la referida fecha y no afecta a los derechos nacidos durante los períodos posteriores.

Por lo que se refiere, más en particular, al concepto de acto que interrumpe el plazo, no constituye tal acto la renuncia a alegar la prescripción, expresada en la Comunicación del Consejo y de la Comisión relativa a la ulterior adopción del Reglamento nº 2187/93 que preveía una oferta de indemnización a los productores afectados. En efecto, el texto de la Comunicación previó simplemente una autolimitación del derecho a invocar la prescripción, de la que los productores podrían beneficiarse en las condiciones contempladas en el Reglamento nº 2187/93, dado que dicha renuncia cesó de producir efectos al finalizar el período señalado para la aceptación de la oferta de indemnización, momento a partir del cual, al no haberse aceptado la oferta ni haberse interpuesto un recurso, las Instituciones podían alegar de nuevo la prescripción.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 16 de septiembre de 1998

Asunto T-215/97

Sari Kristiina Jouhki

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Convocatoria de concurso — No admisión al concurso»

Texto completo en lengua finesa II-1513

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del tribunal del concurso COM/B/973 de no admitir a la demandante al concurso.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La demandante era candidata al concurso COM/B/973 para la constitución de una lista de reserva destinada a la selección de asistentes adjuntos (nivel B5/B4 — enfermero/a) de nacionalidad austriaca, finlandesa o sueca.

La convocatoria del concurso establecía que «en la fecha indicada para la presentación de las candidaturas, los candidatos deberán: a) haber realizado estudios completos de nivel de enseñanza secundaria superior, sancionados por un diploma de fin de estudios, así como estudios de enfermería sancionados por un diploma reconocido por una autoridad competente».

La demandante presentó su candidatura dentro del plazo establecido. Unicamente adjuntó a su formulario de candidatura una copia de su diploma de fin de estudios de enfermería.

Al no haber sido admitida a participar en el concurso, presentó una reclamación y, tras la desestimación de ésta, interpuso un recurso.

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en la convocatoria del concurso

La convocatoria del concurso impone inequívocamente a los candidatos, so pena de no ser admitidos al concurso, la obligación de comunicar al tribunal del concurso, antes de la fecha límite, los documentos que acrediten que han cursado con éxito, en particular, estudios de enseñanza secundaria superior. Pues bien, consta que la demandante no comunicó al tribunal del concurso, antes de la fecha límite, copia de su diploma de fin de estudios de enseñanza secundaria superior (apartados 53 y 54).

Por consiguiente, la decisión del tribunal del concurso de no admitir a la demandante al concurso fue adoptada con plena observancia de lo dispuesto en la convocatoria del concurso.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato

Se produce una violación del principio de igualdad de trato cuando a dos categorías de personas cuyas situaciones de hecho y de Derecho no ofrecen ninguna diferencia esencial se les da un trato distinto o cuando dos situaciones distintas son tratadas de la misma forma (apartado 62).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Tagaras/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-18/89 y T-24/89, Rec. p. II-53), apartado68; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Ibarra Gil/Comisión (T-207/95, RecFP p. II-31), apartado 68

Pues bien, en el caso de autos la demandante no ha demostrado en modo alguno que la Comisión haya aplicado un trato distinto a candidatos que comunicaron expedientes de candidatura en las mismas circunstancias, a saber, adjuntando únicamente su diploma de enfermería y no su diploma de estudios de enseñanza secundaria superior (apartado 63).

Fallo:

Se desestima el recurso.
1)

El Consejo y la Comisión están obligados a reparar el perjuicio sufrido por el Sr. Wilhelm Pelle y el Sr. Ernst-Reinhard Konrad a causa de la aplicación del Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos, tal como fue desarrollado por el Reglamento (CEE) no 1371/84 de la Comisión, de 16 de mayo de 1984, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/68, en la medida en que dichos reglamentos no previeron la atribución de una cantidad de referencia a los productores que, en cumplimiento de un compromiso contraído con arreglo al Reglamento (CEE) no 1078/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por el que se establece un régimen de primas por no comercialización de leche y de productos lácteos y por reconversión de ganado vacuno lechero, no hubieran entregado leche durante el año de referencia elegido por el Estado miembro de que se tratara.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Comportamiento ilegal de las instituciones - Productores de leche privados de cantidades de referencia en el marco del régimen de la tasa suplementaria tras haber suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización - Necesidad de acreditar la intención de reanudar la producción de leche al término del compromiso de no comercialización - Obtención posterior de una cantidad de referencia provisional - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2); Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1078/77 y 857/84]

Índice

$$La responsabilidad de la Comunidad por los daños causados a determinados productores de leche como consecuencia de la aplicación del Reglamento nº 857/84, por el que se establece, en el marco del régimen de la tasa suplementaria, la cantidad de referencia para cada productor tomando como base la producción entregada durante un año de referencia, está supeditada al requisito de que tales productores hayan manifestado claramente su intención de reanudar la producción de leche al término del compromiso de no comercialización suscrito con arreglo al Reglamento nº 1078/77. En efecto, para que la ilegalidad que llevó a la declaración de invalidez de los reglamentos que dieron lugar a la situación de dichos productores pueda originar una indemnización en beneficio de estos últimos, los productores deben haberse visto en la imposibilidad de reanudar la producción de leche. Ello implica que los productores cuyo compromiso finalizó antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 857/84 hayan reanudado dicha producción o, al menos, hayan tomado medidas al efecto, tales como la realización de inversiones o de reparaciones o el mantenimiento de los equipos necesarios para la producción.

En este sentido, el hecho de que se hubiera denegado una cuota a un productor porque, en el momento en que la solicitó, no reunía los requisitos previstos en la legislación comunitaria destinada a reparar la invalidez del Reglamento nº 857/84 no excluye que, en el momento en que terminó su compromiso, confiara legítimamente en la posibilidad de reanudar la producción de leche y, por consiguiente, tuviera derecho a recibir una indemnización. Por el contrario, también es posible que una serie de productores no quisieran reanudar la producción de leche cuando finalizó su compromiso y se les atribuyera una cantidad de referencia años después, en la medida en que reunieran los requisitos exigidos en ese momento. En consecuencia, el hecho de haber obtenido posteriormente una cantidad de referencia provisional no prueba, por sí solo, que, al finalizar su compromiso de no comercialización, un productor tuviera intención de reanudar la producción de leche.

( véanse los apartados 45, 51 y 52 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Aceite de oliva - Comercialización en la Comunidad - Requisitos - Determinación de las características de los aceites de oliva en el Reglamento (CEE) nº 1429/92 - Inexistencia de medidas transitorias para el aceite de oliva a granel - Violación de los principios de confianza legítima, de no discriminación, de proporcionalidad o de respeto de los derechos adquiridos - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1429/92 de la Comisión]

Índice

La Comisión no ha incurrido en un comportamiento ilegal que pueda dar lugar a una responsabilidad de la Comunidad al no establecer en su Reglamento nº 1429/92, por el que se modifica el Reglamento nº 2568/91 relativo a las características que deben presentar las diversas categorías de aceites de oliva, disposiciones transitorias en favor de los operadores económicos que tuvieran aceite de oliva a granel en un régimen aduanero de suspensión. En efecto, dicha Institución no ha violado los principios de confianza legítima, de no discriminación o de proporcionalidad, ni tampoco los derechos adquiridos de los operadores afectados.