Palabras clave

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Palabras clave

1. CECA - Ayudas a la siderurgia - Prohibición - Requisitos - Perjuicio para la competencia - Exclusión

[Tratado CECA, art. 4, letra c)]

2. CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por la Comisión - Ayudas al cierre - Requisitos para su concesión - Interpretación estricta - Producción regular

(Tratado CECA, art. 4; Decisión General nº 3855/91, art. 4, ap. 2, párr. 1, segundo guión)

3. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

4. CECA - Ayudas a la siderurgia - Prohibición - Régimen excepcional - Aprobación por la Comisión de las ayudas proyectadas en relación con los requisitos establecidos por el régimen

[Tratado CECA, art. 4, letra c); Decisión General nº 3855/91)

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1. El artículo 4, letra c), del Tratado CECA, a diferencia del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación), no exige, para que las ayudas se consideren incompatibles con el mercado común, que éstas falseen o amenacen con falsear la competencia. En efecto, el artículo 4, letra c), del Tratado CECA prohíbe todas las ayudas sin ninguna restricción con el fin de garantizar el establecimiento, el mantenimiento y la observancia de las condiciones normales de competencia, por lo que las ayudas se consideran incompatibles con el mercado común, sin que sea necesario probar, ni siquiera examinar, si existe de hecho un menoscabo de las condiciones de competencia o cabe el riesgo de que se produzca.

( véanse los apartados 32 y 33 )

2. Por constituir el Quinto Código de ayudas a la siderurgia una excepción al artículo 4 del Tratado CECA, debe interpretarse en sentido estricto. Esta necesidad de una interpretación estricta se desprende del propio texto de los considerandos del Quinto Código, en los que la Comisión manifestó claramente su interés en que dicho Código se interpretara en sentido estricto y únicamente en relación con lo expresamente consignado en él. Además, el Tribunal de Primera Instancia consideró correctamente que el objetivo del Quinto Código consiste en autorizar únicamente la concesión de ayudas a empresas presentes de manera significativa en el mercado y cuyo cierre da lugar a la consiguiente reducción de la producción siderúrgica. Por lo tanto, debe confirmarse la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual el requisito de regularidad de la producción previsto en el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, segundo guión, del Quinto Código, fue establecido para reforzar el efecto útil de las ayudas al cierre garantizando que produjeran efectos suficientemente significativos, no sólo en términos de desmantelamiento de instalaciones, sino también de reducción de la producción actual.

( véanse los apartados 40, 41 y 45 )

3. De los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para apreciar los hechos, excepto en el caso de que la inexactitud material de sus apreciaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se hayan presentado ante él, y para valorar tales hechos. Sin perjuicio, en su caso, de la desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal de Primera Instancia, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

( véase el apartado 78 )

4. En el marco de un régimen que establece excepciones a la prohibición estricta de las ayudas prevista en el artículo 4, letra c), del Tratado CECA, como el Quinto Código de ayudas a la siderurgia, las ayudas proyectadas sólo pueden aprobarse si cada una de ellas cumple los requisitos establecidos en dicho régimen. Durante el procedimiento de examen de las ayudas proyectadas compete a la Comisión examinar si la concesión de una ayuda cumple tales requisitos. En tales circunstancias, está excluida toda necesidad de motivación que no sea la afirmación de que no concurren en el supuesto de que se trate determinados criterios previstos por dicho régimen.

( véase el apartado 90 )