a)

La demandante señala, con carácter preliminar, que no pide tener derecho a percibir los atrasos del SDA en lo que respecta al período comprendido entre diciembre de 1984 y su solicitud de 1987, salvo los que pudieran concedérsele con arreglo al artículo 165 A de la Social Security Act 1975. En lo que se refiere a las solicitudes de atrasos de una prestación, reconoce que las leyes nacionales pueden poner válidamente límites temporales a las mismas, como ocurre con el apartado 3 del artículo 165 A, que limita los pagos atrasados a doce meses. No obstante, mantiene que ese efecto debe distinguirse cuidadosamente de la situación en lo que respecta al futuro. En lo que se refiere al futuro, la aplicación del artículo 165 A por el Adjudication Officer da lugar, según la demandante, no sólo a una limitación en el tiempo, sino también a la creación de un requisito que debe cumplirse para obtener la prestación, a saber, que la persona de que se trate debe probar que tenía derecho a la NCIP inmediatamente antes de las fechas previstas en el artículo 20 de las Social Security Regulations 1984. Según la demandante, esta aplicación del artículo 165 A es manifiestamente discriminatoria, ya que mantiene la discriminación inherente al artículo 20 de las Social Security Regulations 1984, como ha declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke (384/85, Rec. p. 2865). El efecto discriminatorio resulta evidente, añade la demandante, si se considera a un hombre que tenga un pasado profesional idéntico al suyo. Este no habría dejado de percibir la NCIP, con arreglo al apartado 2 del artículo 36 de la Social Security Act 1975, porque, aun cuando hubiera empezado a cohabitar con una mujer, el «requisito de incapacidad» para realizar tareas domésticas no le sería aplicable. Por lo tanto, simplemente habría seguido percibiendo la pensión y disfrutaría ahora de una pensión a la que tendría derecho sin limitación en el tiempo. Sin embargo, el resultado sería diferente para una mujer, a pesar de que las circunstancias fuesen las mismas, como lo demuestra el caso de la demandante. En efecto, añade, en 1982 se le había retirado su pensión a causa de la aplicación del requisito discriminatorio previsto en el apartado 2 del artículo 36 y, como no presentó una reclamación u otra solicitud en una época en que la Ley interna no le dejaba ninguna oportunidad de éxito, perdió su pensión indefinidamente. La demandante concluye de todo ello que, si bien es cierto que la aplicación del artículo 165 A de la Social Security Act 1975 implica como requisito que la persona afectada debe probar que tenía derecho a la NCIP inmediatamente antes de los plazos previstos en el artículo 20 de las Social Security Regulations 1984, dicho requisito equivale a efectuar una discriminación en su contra, pues nunca podrá demostrar que tenía derecho a tal prestación, ya que no era así con arreglo al apartado 2 del artículo 36 de la Social Security Act 1975. Además, no puede tenerse en cuenta en su contra el hecho de que no presentara una solicitud que, habida cuenta de la ley nacional aplicable, no podía prosperar. Señala que su solicitud no se refiere a una NCIP, sino al SDA; presentó una solicitud para este subsidio que le conferirá, si pudiese demostrar que cumple los requisitos, un derecho al mismo para el futuro. Para evitar el efecto discriminatorio, la demandante estima que las referencias hechas a los requisitos exigidos por el artículo 20 deben interpretarse, en el caso de una persona casada que entre en el ámbito de aplicación de la disposición discriminatoria del apartado 2 del artículo 36, como referencias a una mujer que habría tenido derecho a las prestaciones si la disposición discriminatoria no hubiese existido y si hubiese podido presentar con éxito una reclamación. Aun cuando no exista discriminación directa, la demandante estima que hay manifiestamente una discriminación indirecta. Si bien es cierto que el artículo 20 de las Social Security Regulations 1984 establece como requisito que la solicitud de NCIP se presente dentro del plazo señalado, dicho requisito produce el efecto, según la demandante, de excluir a un número desproporcionado de mujeres y es, en sí mismo, discriminatorio. A este respecto, la demandante señala que, en la medida en que se aplicaba el requisito discriminatorio del apartado 2 del artículo 36, las mujeres afectadas no percibían la prestación, con arreglo a la legislación interna, y no presentaron ninguna solicitud antes de finales de 1984. Incluso después de diciembre de 1984, algunas mujeres no presentaban ninguna solicitud porque, por un lado, la prestación (NCIP) ya había sido suprimida y, por otro lado, de la legislación interna seguía resultando que las solicitudes no podían prosperar y el Gobierno del Reino Unido, lejos de fomentar tales solicitudes, seguía pretendiendo que serían desestimadas. La situación no varió hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 1987 en el asunto 384/85, Borrie Clarke, antes citada, pero en esa fecha cualquier solicitud de NCIP ya estaba fuera de plazo, dado que habían transcurrido más de doce meses. Según la demandante, el requisito de que la solicitud de NCIP debe formularse dentro del plazo no está, además, objetivamente justificado, porque mantiene un estado de hecho manifiestamente discriminatorio y, en especial, porque la circunstancia de que unas mujeres como ella no hayan presentado ninguna solicitud hasta haberse conocido el resultado de la sentencia Clarke debe atribuirse básicamente al hecho de que el Gobierno del Reino Unido, lejos de fomentar tales solicitudes, mantenía públicamente que no prosperarían. A este respecto, no puede ser justo autorizar al Gobierno de un Estado miembro a disuadir activamente a los solicitantes basándose en una perspectiva errónea del Derecho comunitario y luego invocar la inexistencia de solicitud para motivar la denegación de conceder, no los pagos atrasados de una prestación, sino una pensión por una duración indefinida en el futuro. Por consiguiente, la demandante propone al Tribunal de Justicia que responda afirmativamente a la cuarta cuestión prejudicial.