Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios - Recursos - Competencia del Tribunal de Primera Instancia - Interpretación de un concepto de Derecho nacional para la aplicación de una disposición estatutaria - Inclusión

2. Funcionarios - Retribución - Asignaciones familiares - Asignación por hijo a cargo - Asimilación de una persona a un hijo a cargo - Requisito - Obligación legal de dar alimentos por parte del funcionario - Concepto - Apreciación en función del Derecho nacional aplicable al funcionario

(Estatuto de los Funcionarios, art. 67; Anexo VII, art. 2, ap. 4)

3. Derecho comunitario - Interpretación - Principios - Interpretación autónoma - Límites - Remisión, en ciertos casos, al Derecho de los Estados miembros

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1. En la medida en que la aplicación de una norma estatutaria depende de la aplicación de una norma jurídica que pertenece al ordenamiento jurídico de uno de los Estados miembros, el interés de una buena justicia y de una exacta aplicación del Estatuto exigen que su control se ejerza, asimismo, sobre la aplicación que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos de una Institución comunitaria haya dado al Derecho interno de uno de los Estados miembros.

2. Según el apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, la asimilación de una persona a un hijo a cargo respecto a la que el funcionario tiene la obligación legal de dar alimentos y cuyo mantenimiento le impone gastos importantes reviste un carácter excepcional. Por consiguiente, hay que interpretar restrictivamente el requisito de la existencia, a cargo del funcionario, de una obligación legal de dar alimentos respecto de una persona distinta de un hijo a cargo.

El concepto de "obligación legal de dar alimentos" utilizado en el Estatuto se inspira en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros quienes, por ministerio de la ley, imponen a los parientes y/o afines de grado más o menos lejano una obligación mutua de socorro alimenticio. Por tanto, este concepto debe interpretarse en el sentido de que contempla exclusivamente la obligación de dar alimentos impuesta al funcionario como efecto de una fuente de Derecho independiente de la voluntad de las partes y que excluye que se tomen en consideración obligaciones de carácter convencional, natural o indemnizatorio.

Puesto que ni el Derecho comunitario ni el Estatuto proporcionan al Juez comunitario indicaciones que le permitan precisar, mediante una interpretación autónoma, el contenido y el alcance de la obligación legal de dar alimentos que permita conceder a un funcionario el beneficio de la asignación por hijo a cargo con arreglo al apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, procede examinar si el ordenamiento jurídico interno a que se halle sometido el funcionario le impone tal obligación.

3. Los términos de una disposición de Derecho comunitario que no incluya ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, debe ser objeto normalmente de una interpretación autónoma, que ha de buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate. No obstante, a falta de una remisión expresa, la aplicación del Derecho comunitario puede implicar, llegado el caso, una referencia al Derecho de los Estados miembros cuando el Juez comunitario no pueda encontrar en el Derecho comunitario o en los principios generales del Derecho comunitario los datos que le permitan precisar su contenido y alcance mediante una interpretación autónoma.