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31

En efecto, como acertadamente señaló la Comisión en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal, la propuesta de ICE no contenía ningún argumento sobre el vínculo existente entre los veintiséis artículos del Tratado FUE relativos a la política económica y monetaria de la Unión, a los que la propuesta remitía en bloque, y el contenido de dicha propuesta. Únicamente en el escrito de demanda los artículos 122 TFUE y 136 TFUE fueron evocados por el demandante como fundamentos específicos de la competencia de la Comisión para la presentación de un acto jurídico de la Unión como el contemplado en la propuesta de ICE. Por consiguiente, no se puede reprochar a la Comisión que en la Decisión impugnada no analizara detalladamente las diferentes disposiciones del Tratado FUE invocadas en bloque en la propuesta de ICE y se limitara a constatar su falta de pertinencia, no obstante lo cual examinó con mayor detenimiento la que le pareció que podía tener cierta relevancia y, lo que es más, expuso las razones por las que no podía servir de base jurídica.
76

En el presente caso, no puede penalizarse al promotor del medicamento nilotinib por hacer uso de la excepción prevista por el artículo 8, apartado 3, letra a), del Reglamento no 141/2000 y obtener el consentimiento del titular de la autorización de comercialización del medicamento huérfano inicial para las mismas indicaciones terapéuticas. Al haberse obtenido este consentimiento de conformidad con dicha disposición, la EMA no podía sino llegar a la conclusión de que era aplicable la excepción establecida en el artículo 8, apartado 3, letra c), del Reglamento no 141/2000.
149

En sexto lugar debe observarse que no cabe atribuir pertinencia alguna al hecho de que, cuando decidió adoptar medidas restrictivas frente al Banco Central de Siria, el Consejo incluyó disposiciones específicas en los actos vigentes en ese momento, mediante la Decisión 2012/122/PESC del Consejo, de 27 de febrero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2011/782 (DO L 54, p. 14), y el Reglamento (UE) no 168/2012 del Consejo, de 27 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento no 36/2012 (DO L 54, p. 1), para prever excepciones.
17

A continuación, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que, contrariamente a lo que había decidido la División de Oposición, la demandante no había demostrado la importancia del uso ni, como consecuencia, el uso efectivo de la marca anterior (puntos 32 a 39 de la resolución impugnada). Así pues, la Sala de Recurso concluyó que debía desestimarse la oposición en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 y de la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada (punto 40 de la resolución impugnada).
2

A los efectos del registro de la sustancia de que se trata, Spraylat Boya estaba representada por la demandante, Spraylat GmbH, en virtud de las disposiciones del artículo 8 del Reglamento no 1907/2006. Durante el procedimiento de registro, la demandante señaló que Spraylat Boya era una «pequeña» empresa, en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124, p. 36). Esta declaración le permitió beneficiarse de una reducción de la tasa que debe abonarse por toda solicitud de registro, prevista en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento no 1907/2006 (DO L 107, p. 6). De conformidad con el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento, la referida tasa se definió en el Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) no 1907/2006 (DO L 107, p. 6). El anexo I al Reglamento no 340/2008 contiene los importes de las tasas que deben abonarse por las solicitudes de registro presentadas con arreglo al artículo 6 del Reglamento no 1907/2006, así como las reducciones que se conceden a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. Además, en virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008, cuando una persona física o jurídica que declare tener derecho a una reducción del importe de la tasa o a la exención de ésta no pueda demostrar que tiene derecho a la reducción o a la exención, la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) aplicará el importe íntegro de la tasa además de una tasa administrativa. A este respecto, el Consejo de administración de la ECHA adoptó el 12 de noviembre de 2010 la Decisión MB/D/29/2010 sobre la clasificación de servicios por los que se aplican tasas. En el artículo 2 y en la tabla 1 de dicha Decisión se indica que la tasa administrativa prevista en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008 se eleva a 20 700 euros para una gran empresa, a 14 500 euros para una mediana empresa, a 8 300 euros para una pequeña empresa y a 2 070 euros para una microempresa.
(21)

Los valores límite para el arsénico, el plomo, el antimonio, el bario y el mercurio fijados en la Directiva se calculan como sigue: basándose en las recomendaciones del Instituto de Salud Pública y Protección del Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM) formuladas en el informe de 2008 titulado Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements (sustancias químicas en los juguetes. Una metodología general de evaluación de la seguridad de los productos químicos en los juguetes, centrándose en los elementos), la exposición de los niños a las sustancias químicas en los juguetes no puede superar un determinado nivel, denominado “ingesta diaria tolerable”. Dado que los niños también están expuestos a sustancias químicas a través de fuentes distintas de los juguetes, solo debe asignarse a los juguetes un porcentaje de la ingesta diaria tolerable. El Comité científico de toxicología, ecotoxicología y medio ambiente recomendó en su informe de 2004 que pudiera asignarse a los juguetes como máximo el 10 % de la ingesta diaria tolerable. Sin embargo, en el caso de las sustancias particularmente tóxicas (como el arsénico, el plomo y el mercurio), el legislador decidió que la asignación recomendada no debía superar el 5 % de la ingesta diaria tolerable, a fin de garantizar que sólo estén presentes rastros que sean compatibles con las buenas prácticas de fabricación. Para obtener valores límite, el porcentaje máximo de la ingesta diaria tolerable debe multiplicarse por el peso de un niño, estimado en 7,5 kilos, y dividirse por la cantidad de material del juguete ingerido, estimada por el RIVM en 8 mg diarios para el material para juguetes raspado, 100 mg para el material para juguetes quebradizo y 400 mg para el material para juguetes líquido o pegajoso. Estos límites de ingesta fueron respaldados por el Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales (CCRSM) en su dictamen titulado Risks from organic CMR substances in toys (Riesgos de las sustancias CRM orgánicas en los juguetes), adoptado el18 de mayo de 2010. Dado que las ingestas diarias tolerables están establecidas por estudios científicos y la ciencia puede evolucionar, el legislador ha previsto la posibilidad de modificar estos límites cuando se disponga de nuevas pruebas científicas.
22

En el presente asunto, la demandante sostiene que el Reglamento no 267/2012 no le fue comunicado de manera inmediata tras su adopción el 23 de marzo de 2012, extremo que el Consejo no discute. No obstante, el Consejo precisó en la vista, sin que la demandante lo refutara, que el Reglamento no 267/2012 le había sido notificado a ésta el 11 de diciembre de 2012, después de que el Consejo decidiera mantener su nombre en la lista de personas y entidades que son objeto de medidas restrictivas, tras revisar dicha lista de conformidad con lo previsto en el artículo 46, apartado 6, del mismo Reglamento.
Incumbe a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) examinar si, en el marco de un procedimiento de oposición, se cumplen los requisitos de aplicación del motivo de denegación del registro invocado. En este contexto, deberá apreciar la realidad de los hechos alegados y la fuerza probatoria de los elementos aportados por las partes. Es posible que deba tener en cuenta, en particular, el Derecho nacional del Estado miembro que confiere protección al signo anterior en el que se basa la oposición. En tal caso, deberá informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, acerca del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tal información resulta necesaria para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación del motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados.

De la jurisprudencia se desprende que, para que un oponente pueda impedir el registro de una marca de la Unión basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, es necesario y suficiente que, en la fecha en la que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) verifique si concurren todos los requisitos para la oposición, pueda invocarse la existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que haya adquirido firmeza.

En estas circunstancias, si bien es cierto que la Oficina, cuando se pronuncia sobre una oposición basada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, debe tomar en consideración las resoluciones de los tribunales de los Estados miembros de que se trate relativas a la validez o a la calificación de los derechos anteriores invocados, a fin de verificar si tales derechos siguen produciendo los efectos que exige la citada disposición, no lo es menos que no puede sustituir la apreciación de los tribunales nacionales competentes por la suya propia, sin que, por otro lado, el Reglamento n.o 207/2009 le confiera tal facultad.

Por otra parte, la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión, sino solo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión. Además, si bien corresponde a la Oficina comprobar, fundándose en las pruebas que incumbe presentar al oponente, la existencia de la marca nacional invocada en apoyo de la oposición, no le corresponde zanjar un conflicto entre esa marca y otra marca en el plano nacional, conflicto que es competencia de las autoridades nacionales.

En consecuencia, mientras la marca nacional anterior se halle efectivamente protegida, la existencia de un registro nacional anterior o de otro derecho anterior a aquella es irrelevante a efectos de una oposición contra una solicitud de marca de la Unión, incluso en el supuesto de que la marca solicitada sea idéntica a una marca nacional anterior de la empresa que dio origen a la solicitud o a otro derecho anterior a la marca nacional en la que se base la oposición.

(véanse los apartados 108 a 111)
En materia de ayudas estatales, la venta por un accionista a un tercero de acciones de una sociedad beneficiaria de una ayuda ilegal no influye en la obligación de recuperación de la ayuda. Si la empresa a la que se concedieron las ayudas estatales ilegales conserva su personalidad jurídica y continúa realizando, por sí misma, las actividades subvencionadas por las ayudas estatales, es normalmente esta empresa quien conserva la ventaja competitiva derivada de las citadas ayudas y, por consiguiente, es a ella a quien hay que obligar a reembolsar su importe. Por ello, no se puede exigir al comprador que reembolse tales ayudas.

Se deduce del principio de igualdad de trato entre empresas públicas y privadas que los capitales que el Estado pone, directa o indirectamente, a disposición de una empresa en circunstancias que corresponden a las condiciones normales de mercado no pueden considerarse ayudas estatales. En lo que respecta a las empresas públicas, esta apreciación se efectúa aplicando, en principio, el criterio del inversor privado.

La aplicabilidad del criterio de inversor privado depende en definitiva de que el Estado miembro de que se trate conceda, en su condición de accionista y no en la de poder público, una ventaja económica a una empresa que le pertenece. En efecto, las intervenciones del Estado dirigidas al cumplimiento de las obligaciones que le incumben como poder público no pueden compararse con las de un inversor privado en una economía de mercado. En particular, pueden ser pertinentes al respecto la naturaleza y el objeto de la medida de que se trate, el contexto en el que se inserta y el objetivo perseguido, así como las reglas a las que dicha medida está sujeta.

(véanse los apartados 291 y 292)
4.

Competencia — Transportes — Normas sobre la competencia — Transporte aéreo — Reglamento no 17 — Ámbito de aplicación — Actividades que se refieren directamente a la prestación de servicios de transporte aéreo — Exclusión — Actividades que no se refieren al transporte aéreo en sí, sino a un mercado proveedor o abastecido — Inclusión (Art. 101 TFUE; Reglamentos del Consejo no 17 y no 141, considerando 3 y art. 1) (véanse los apartados 113, 115 a 117 y 121)
Aunque la fundamentación explícita del recurso en el artículo 263 TFUE y los títulos de los motivos alegados en su apoyo instan al Tribunal a que ejerza sus competencias en materia de control de legalidad de la resolución de compensación extrajudicial entre las deudas y los créditos adoptada por la Comisión sobre la base del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, ha de considerarse que, al formular el motivo basado en el error manifiesto de apreciación de la Comisión, los demandantes solicitan al Tribunal que declare, sobre la base del artículo 272 TFUE, que no existe el crédito que la Comisión afirma ostentar.

Puesto que el artículo 272 TFUE erige al juez de la Unión en juez de plena jurisdicción, permitiéndole, por oposición al juez de la legalidad que conoce sobre la base del artículo 263 TFUE, conocer de todo tipo de acción en virtud de una cláusula compromisoria, este artículo 272 TFUE constituye la base jurídica adecuada para pronunciarse sobre una pretensión que persigue que se declare que no existe un crédito contractual controvertido.

Por lo que respecta a la posibilidad de recalificar parcialmente un recurso como recurso interpuesto sobre la base del artículo 272 TFUE, procede recordar que cuando se le somete un recurso de anulación o un recurso de indemnización, siendo así que el litigio es, en realidad, de naturaleza contractual, el Tribunal procede a recalificar el recurso, si concurren los requisitos de tal recalificación. En cambio, en un litigio de carácter contractual, el Tribunal considera que no puede recalificar un recurso de anulación cuando la voluntad expresa de la parte demandante de no basar su recurso en el artículo 272 TFUE se opone a tal recalificación, o cuando el recurso no se fundamenta en un motivo derivado de la vulneración de las normas que regulan la correspondiente relación contractual, ya sean cláusulas contractuales o disposiciones de la ley nacional designada en dicho contrato.

De ello se desprende que la modificación de la calificación del recurso es posible, sin afectar al derecho de defensa de la institución demandada, en el supuesto de que, por una parte, la voluntad expresa de la parte demandante no se oponga a ello y de que, por otra, al menos un motivo basado en la violación de las normas que regulan la relación contractual de que se trata se invoque en la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. Estos dos requisitos son cumulativos.

(véanse los apartados 53, 54 y 57 a 60)
En la medida en que los actos que incluyen medidas restrictivas adoptadas en el marco de la política exterior y de seguridad común están basados en el criterio de la ayuda facilitada para evitar otras medidas restrictivas y dado que en tales actos se señaló que la demandante había participado en actividades destinadas a evitar las sanciones, su motivación es insuficiente, en el sentido de que no permite ni al demandante ni al Tribunal comprender las circunstancias que llevaron al Consejo a considerar que ese criterio concurría en el caso del demandante y, por lo tanto, a adoptar tales actos. En efecto, dicha motivación parece una mera repetición del propio criterio. No contiene ningún elemento que especifique las razones por las que ese criterio es aplicable a la demandante. A falta de mayores precisiones, esta motivación no basta para permitir al demandante comprobar, sobre la base del criterio de la ayuda para evitar las medidas restrictivas, la fundamentación de los actos impugnados, defenderse ante el Tribunal y a éste ejercer su control.

A este respecto, si bien la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por la que se adoptaron las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control, no resulta evidente, en cambio, en el caso del banco central de la República Islámica de Irán, que éste haya necesariamente ayudado a personas o entidades que participen en el Gobierno iraní o estén controladas por éste y cuyos nombres estén incluidos en las listas de personas y entidades a las que se refieren las medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán a infringir tales medidas o apartarse de las mismas prestándoles servicios bancarios tales como la puesta a disposición de fondos.

(véanse los apartados 53 a 58, 75 y 77 a 79)
En el contexto de la adopción de la Decisión 2012/739, del Reglamento de Ejecución no 363/2013 y de la Decisión 2013/255, relativos a medidas restrictivas contra Siria, que mantuvieron el nombre del demandante en las listas de las personas sometidas a medidas restrictivas, el argumento del efecto de sorpresa de esas medidas ya no puede invocarse válidamente, en principio. No obstante, el derecho a ser oído antes de adoptarse actos por los que se mantienen medidas restrictivas contra personas ya afectadas por ellas presupone que el Consejo haya apreciado la existencia de nuevos datos respecto a esas personas.

Puesto que cuando el Consejo mantuvo el nombre del interesado en las listas de las personas afectadas por las medidas restrictivas contra Siria no apreció factores nuevos que no se hubieran puesto en conocimiento del interesado después de adoptarse los actos que decidieron su primera inscripción en las listas referidas, y el demandante no hizo uso de la posibilidad, a iniciativa propia, de presentar sus observaciones al Consejo sin que se le invitara expresamente de nuevo a ello antes de adoptarse cada acto posterior, ya que no se habían apreciado datos nuevos respecto a él, el demandante tuvo ocasión durante varios meses de presentar al Consejo sus observaciones y de refutar el fundamento de los motivos, indicados con suficiente claridad en los actos impugnados, que condujeron a su inscripción y mantenimiento en las listas de las personas afectadas por las medidas restrictivas. Por tanto, no cabe apreciar ninguna vulneración del derecho del demandante a ser oído.

(véanse los apartados 114 a 119 y 123)
3.

Marca comunitaria — Presentación de la solicitud de marca comunitaria — Identificación de los productos o los servicios comprendidos por la marca — Exigencias de claridad y de precisión — Determinación por las autoridades competentes y los operadores económicos de la amplitud de la protección conferida por la marca [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 26, ap. 1, letra c); Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 2, ap. 2] (véanse los apartados 34 a 37)
Aun cuando el artículo 134, apartado 5, del Reglamento no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, se refiera de modo general a las situaciones de exclusión citadas en el artículo 93, apartado 1, letras a), b), d) y e), del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, de la remisión que hace dicho apartado 5 al apartado 3 del mismo artículo y de la mención según la cual los órganos de contratación podrán dirigirse directamente a las autoridades mencionadas en el apartado 3, se desprende que el apartado 5 se refiere al supuesto en el que, sin estar obligados los candidatos a presentar los certificados previstos en el apartado 3 relativos a dichas situaciones de exclusión, el órgano de contratación desea asegurarse de que esos candidatos no se hallan incursos en alguna de esas situaciones de exclusión.

En consecuencia, dado que el órgano de contratación desea asegurarse de que los candidatos no han incurrido en falsas declaraciones a tenor del artículo 94, letra b), del Reglamento no 1605/2002, y no a tenor del artículo 93, apartado 1, del mismo Reglamento, aquél no está obligado a observar lo dispuesto en el artículo 134, apartado 5, del Reglamento no 2342/2002.

(véanse los apartados 47 y 48)
En el marco del examen comparativo de los méritos de los funcionarios candidatos a una promoción, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación y, en ese ámbito, el control del juez de la Unión debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las vías y medios que hayan podido llevar a la administración a su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites no criticables y no ha usado de sus facultades de una manera manifiestamente errónea. Por lo tanto, el juez de la Unión no puede sustituir la apreciación de las cualificaciones y los méritos de los funcionarios por parte de la citada autoridad por la suya propia.

A este respecto, para preservar el efecto útil de la facultad de apreciación que el legislador ha querido conferir a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en materia de promoción, el juez de la Unión no puede anular una decisión por el mero motivo de que considere que tiene dudas razonables en cuanto a la apreciación efectuada por dicha autoridad, incluso demostrando la existencia de un error de apreciación.

Por consiguiente, no corresponde al juez de la Unión volver a realizar un examen detallado de todos los expedientes de los candidatos promovibles para asegurarse de que comparte la conclusión a la que llegó la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, ya que si así lo hiciera, excedería el marco del control de legalidad que le es propio, sustituyendo así su apreciación de los méritos de los candidatos promovibles por la de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

Sin embargo, la amplia facultad de apreciación reconocida a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos queda limitada por la necesidad de efectuar el examen comparativo de las candidaturas de manera cuidadosa e imparcial, en interés de servicio y respetando el principio de igualdad de trato. En la práctica, este examen debe realizarse con métodos igualitarios y basándose en fuentes de información y en datos comparables.

(véanse los apartados 29 a 32)

Tribunal de Justicia: 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión (282/81, Rec. p. 1245), apartados 9 y 13; 3 de abril de 2003, Parlamento/Samper (C-277/01 P, Rec. p. I-3019), apartado 35

Tribunal General: 15 de septiembre de 2005, Casini/Comisión (T-132/03, RecFP pp. I-A-253 y II-1169), apartados 52 y 53