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80

En cuanto a la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, debe destacarse que multitud de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se mezclan, por regla general o, incluso se comercializan juntas, bien en los mismos establecimientos bien como bebidas alcohólicas mezcladas con anterioridad. Considerar que estos productos deben, por ese mero hecho, considerarse similares, pese a que no están destinados al consumo ni en las mismas circunstancias, ni en el mismo estado de ánimo, ni, en su caso, por las mismas categorías de consumidores, haría de un número elevado de productos que pueden calificarse de «bebidas» una sola y única categoría a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2012, Yilmaz/OAMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T‑584/10, EU:T:2012:518, apartado 55 y jurisprudencia citada].
100

En segundo lugar, tal como resulta de los documentos aportados por el Consejo en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal (véase el apartado 37 anterior), el demandante planteó durante el procedimiento ante el Consejo la cuestión de la falta de progresión del procedimiento [confidencial], pese a la adopción de la resolución de 15 de febrero de 2016 que autorizaba a la Fiscalía General a proceder en rebeldía. De este modo, en primer término, en su correo de 4 de octubre de 2016 el demandante sugirió al Consejo que preguntara a la Fiscalía General por qué los investigadores aún no habían sometido el asunto a un tribunal si afirmaban haber probado su culpabilidad, siendo así que la investigación estaba en curso desde hacía casi dos años y medio. En segundo término, en su correo de 14 de diciembre de 2016 al Consejo, el demandante, justo tras haber recordado la existencia de la resolución de 15 de febrero de 2016, subrayó nuevamente la falta de progresión del procedimiento de que se trata y alegó que las autoridades ucranianas pretendían mantenerlo pendiente tanto tiempo como fuera posible con el fin de proporcionar al Consejo una base para prolongar las medidas restrictivas de que era objeto. En tercer término, en su correo de 13 de enero de 2017 al Consejo, el demandante señaló claramente que era sorprendente que la Fiscalía General aún no hubiera sometido el asunto relativo al procedimiento [confidencial] a un tribunal, en particular a la vista del hecho de que se había autorizado —aunque ilegalmente en su opinión- el recurso a un procedimiento en rebeldía—.
48

Sin embargo, también según reiterada jurisprudencia, aunque la autoridad absoluta que caracteriza a las sentencias de anulación de un órgano jurisdiccional de la Unión se extiende tanto al fallo de la sentencia como a los fundamentos que constituyen su sustento necesario, una sentencia anulatoria no puede implicar la anulación de un acto que, pudiendo adolecer de la misma ilegalidad, no ha sido sometido al control del juez de la Unión. En efecto, la toma en consideración de los fundamentos de Derecho que revelan las razones exactas de la ilegalidad declarada por el juez de la Unión no tiene otro objeto que determinar el sentido exacto de lo que se ha declarado en el fallo. Además, la autoridad de un fundamento de Derecho de una sentencia de anulación no puede aplicarse a quienes no eran parte en el proceso y respecto de los cuales, por tanto, nada puede haber decidido la sentencia. En estas circunstancias, si bien el artículo 266 TFUE, apartado 1, exige a la institución interesada evitar que todo acto destinado a sustituir al acto anulado adolezca de irregularidades idénticas a las detectadas en la sentencia de anulación, esta disposición no implica que tenga la obligación de revisar, a instancia de los interesados, decisiones idénticas o similares, supuestamente afectadas por la misma irregularidad, dirigidas a destinatarios distintos del demandante (véase la sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C‑310/97 P, EU:C:1999:407, apartados 54 a 56 y jurisprudencia citada).
51

En efecto, ha de recordarse, en segundo lugar que, ciertamente, según reiterada jurisprudencia, con arreglo al principio de unicidad de la función pública, que fue consagrado en el artículo 9, apartado 3, del Tratado de Ámsterdam, todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión están sometidos a un Estatuto único y a las mismas disposiciones (véase, en este sentido, el auto de 11 de octubre de 2012, Cervelli/Comisión, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, apartado 25 y jurisprudencia citada). Sin embargo, al alegar, en el caso de autos, que su traslado interinstitucional condujo a la suspensión de su participación en el ejercicio de promoción 2015, vulnerándose así dicho principio de unicidad, el demandante no reprocha al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haya aplicado normas diferentes a las del Parlamento ni, menos aún, que esas dos instituciones hayan adoptado diferentes normas internas de promoción. Lo que le reprocha es, al contrario, no haber aplicado íntegramente sus propias normas y, en particular, la medida pro rata temporis, como si hubiese seguido siendo funcionario de dicha institución. Con su argumentación, el demandante no reprocha, por tanto, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haber respetado el principio de unicidad de la función pública europea, de manera que la alegación que hacer referencia al incumplimiento de dicho principio no puede prosperar.
6.

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Grandes proyectos — Evaluación — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites [Reglamentos (UE, Euratom) n.o 966/2012, (UE) n.o 347/2013 y (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo] (véanse los apartados 146 a 152 y 189)
4.

Presupuesto de la Unión Europea — Ayuda económica de la Unión — Obligación del beneficiario de cumplir las condiciones de concesión de la ayuda — Contratos celebrados en el marco de un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Condiciones para no subvencionar los gastos — Conflicto de intereses que afecta al beneficiario — Concepto — Consecuencias — Reintegro de los importes adelantados al beneficiario [Reglamento (CE) n.o 2321/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, art. 183] (véase el apartado 62)
2.

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Investigaciones — Controles y verificaciones in situ — Determinación de la información y la documentación necesarias para la correcta realización de los controles y comprobaciones in situ — Facultad de apreciación de la OLAF [Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3; Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, art. 7, ap. 2] (véase el apartado 68)
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 31)
1)

Anular, en la medida en que afectan a Alkarim for Trade and Industry LLC, la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1245 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, la Decisión (PESC) 2018/778 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento (UE) n.o 36/2012, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011, en la redacción que le dieron el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1241 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/774 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
Por consiguiente, una nota que se pronuncia sobre la modificación de la tasa anual de acumulación de derechos a pensión y la edad de jubilación del interesado, y por la que se fija la fecha de entrada en servicio de este a efectos de la aplicación del régimen transitorio previsto por el Reglamento n.o 1023/2013, por el que se modifica el Estatuto y el régimen aplicable a los otros agentes, produce efectos jurídicos que afectan inmediata y definitivamente a la situación administrativa de la interesada, en la medida en que, mediante dicha decisión, la Comisión la excluye del régimen transitorio establecido en los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto, aplicándole la tasa anual de acumulación de derechos a pensión y la edad de jubilación modificados por la reforma de 2014. De ello se desprende que dicha nota constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto y no puede considerarse que contenga meras informaciones relativas al alcance de las disposiciones del Estatuto relativas a los derechos a pensión y su modalidad de cálculo tras la entrada en vigor de la reforma de 2014.

Toda modificación legislativa se aplica en principio a los efectos futuros de las situaciones originadas durante la vigencia de la normativa derogada, a menos que el legislador disponga expresamente lo contrario. No puede decirse lo mismo de las situaciones que se originan y se consolidan definitivamente durante la vigencia de la normativa anterior, que ha creado derechos adquiridos.

Por consiguiente, por lo que respecta en primer lugar al ámbito de aplicación ratione temporis del nuevo artículo 77 del Estatuto, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013, la aplicación inmediata de dicho artículo no puede ser contraria a los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad.

En efecto, el nuevo artículo 77 del Estatuto no afecta a los derechos a pensión acumulados al tipo del 1,9 % por los servicios prestados antes del 1 de enero de 2014, es decir, antes de su entrada en vigor, ni a los derechos de los funcionarios y agentes que hayan solicitado acceder a la jubilación a la edad legal de 63 años y cuya pensión se haya fijado antes del 1 de enero de 2014 (artículo 24 bis del anexo XIII del Estatuto). Solo pueden quedar comprendidas en el ámbito de aplicación de las nuevas normas introducidas por el legislador de la Unión con la reforma de 2014 las situaciones que aún no estuvieran definitivamente consolidadas en el momento de la entrada en vigor de esta reforma, es decir, los derechos a pensión correspondientes a los servicios que presten durante la vigencia de las nuevas normas los funcionarios y agentes no incluidos en ningún régimen transitorio.

(véanse los apartados 71 a 73)
3.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Obligación de dar acceso parcial a los datos no amparados por la excepción — Aplicación a los documentos comprendidos en una categoría cubierta por una presunción general de denegación de acceso — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 6] (véanse los apartados 30 a 32)
7.

Marca de la Unión Europea – Observaciones de terceros y oposición – Examen de la oposición – Prueba del uso de la marca anterior – Uso efectivo – Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca – Objeto y ámbito de aplicación material del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 45 a 48)
1.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a), sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, párr. 2, letra a), y 58, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 15 a 20)
7.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 65)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 20 de noviembre de 2018 — St Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS)

(Asunto T‑790/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión ST ANDREWS — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Procedencia geográfica — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Nombres geográficos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 21 a 26, 32, 33 y 57)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa ST ANDREWS [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 38, 41, 44, 49 y 58)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 40)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 42, 52 y 53)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de octubre de 2017 (asunto R 92/2017‑4) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo ST ANDREWS como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
4.

Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento n.o 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE [Art. 296 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra c); Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véase el apartado 66)
3.

Parlamento Europeo—Financiación de los partidos políticos a escala europea—Concesión de subvenciones—Evaluación del riesgo para el presupuesto y los intereses financieros de la Unión—Criterios—Toma en consideración de la dificultad de evaluar la viabilidad administrativa y financiera de una fundación política creada nuevamente—Procedencia [Reglamento (CE) n.o 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, ap. 2, 4, ap. 3, 8 y 10, ap. 2; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 202, ap. 2; Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) n.o 2004/2003, arts. 6, ap. 3, letras a), c) y f), y 7, ap. 3, y anexo I] (véanse los apartados 48 a 50, 52, 54 y 55)
Así, en una situación en la que se ha presentado una solicitud de asistencia en debida forma a la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo cuando tanto el asistente parlamentario acreditado como el miembro del Parlamento afectado ejercían sus funciones respectivas en la institución, dicha autoridad sigue estando obligada a tramitar una investigación administrativa relativa al acoso psicológico alegado, con independencia de que, entretanto, dicho acoso hubiera terminado o no con motivo del cese de uno u otro de los afectados.

El deber de asistencia no redunda únicamente en beneficio de los funcionarios y agentes en activo, sino que puede ser invocado asimismo por antiguos funcionarios o antiguos agentes.

Puesto que ni el artículo 24 ni el artículo 90, apartado 1, del Estatuto establecen el plazo en que debe presentarse una solicitud de asistencia, es preciso aplicar el requisito según el cual dicha solicitud debe presentarse en un plazo razonable a partir del período en el que se han producido los hechos alegados en ella, que no puede exceder, en principio, de cinco años.

En lo que respecta a las medidas que se deben tomar en una situación que entra en el ámbito de aplicación del artículo 24 del Estatuto, incluida la tramitación de una solicitud de asistencia en la que se alega haber sido objeto de acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto por parte de un miembro de la institución, la administración dispone de una amplia facultad de apreciación, bajo el control del juez de la Unión, en la elección de las medidas y de los medios de aplicación del artículo 24 del Estatuto. El control del juez de la Unión a este respecto se limita, por tanto, a comprobar si la institución interesada se ha mantenido dentro de límites razonables y no ha ejercido su facultad de apreciación de un modo manifiestamente erróneo.

La definición de acoso psicológico establecida en el artículo 12 bis del Estatuto constituye un concepto objetivo que, pese estar basado en una calificación contextual de actos y comportamientos de terceros que no siempre es fácil de realizar, no implica, sin embargo, llevar a cabo apreciaciones complejas, como las que pueden exigir determinados conceptos de naturaleza económica, científica o incluso técnica, que justificarían reconocer a la administración un margen de apreciación al aplicar el concepto en cuestión. Por tanto, ante una alegación de incumplimiento del artículo 12 bis del Estatuto, ha de investigarse si la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo ha cometido un error de apreciación de los hechos a la luz de la definición de acoso psicológico prevista en esta disposición y no un error manifiesto de apreciación de tales hechos.

(véanse los apartados 74 y 75)
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aplicable, por analogía, al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea se deprende que este artículo contempla una situación en la que la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen.

Entre las diversas funciones de la marca, la función de indicación del origen desempeña un papel esencial. Sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, para distinguir ese servicio o producto de los de otras empresas. Dicha empresa identificada es aquella bajo cuyo control se comercializa dicho producto o servicio.

El legislador de la Unión Europea ha consagrado la función de indicación del origen propia de la marca en el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir marcas si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Así pues, mientras que el artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009 enumera situaciones en las que la marca no puede ab initio desempeñar su función de indicación del origen, el artículo 51, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento se refiere al supuesto de que el uso de la marca se haya generalizado hasta el punto de que el signo que la constituye tiende a designar la categoría, el género o la naturaleza de los productos o servicios para los que fue registrado, y no ya los productos o los servicios específicos procedentes de una determinada empresa. La marca, convertida en designación usual de un producto, ha perdido por lo tanto su carácter distintivo, de manera que ya no desempeña dicha función.

Puede entonces declararse la caducidad de los derechos conferidos al titular de una marca en el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009 siempre que, en primer lugar, dicha marca se haya convertido en una designación usual, en el comercio, de un producto o de un servicio para el que esté registrada y en segundo lugar, esa transformación se deba a la actividad o a la inactividad de dicho titular. Se trata de requisitos acumulativos.

(véanse los apartados 22 a 26)
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 12 de junio de 2018 — Fenyves/EUIPO (Blue)

(Asunto T‑375/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión Blue — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 14, 15 y 28)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 22)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca figurativa Blue [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 33, 37, 42, 43 y 46)

4. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véanse los apartados 39 a 41)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de marzo de 2017 (asunto R 1974/2016‑5), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo Blue como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
4.

Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de nulidad absoluta—Registro contario al artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Marca denominativa TSA LOCK [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 29, 33 a 40 y 50 a 54)