Palabras clave

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Palabras clave

1. Medio ambiente - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Sujeción a evaluación de los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el anexo II - Facultad de apreciación de los Estados miembros - Límites - No consideración de criterios y/o umbrales relativos a las dimensiones y a la naturaleza de los proyectos - Incumplimiento

(Directiva 85/337 (CEE) del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 4, ap. 2)

2. Recurso por incumplimiento - Prueba del incumplimiento - Carga que incumbe a la Comisión - Refutación a cargo del Estado miembro demandado - Presentación de un cuadro en la vista - Obligación del Tribunal de Justicia de buscar las disposiciones que adaptan el Derecho interno - Inexistencia

(Art. 10 CE)

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1. El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de la incidencia de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, no concede a los Estados miembros la facultad de excluir global y definitivamente de la obligación de evaluación a una o varias clases de proyectos contempladas en el anexo II, y debe entenderse que el concepto de «clases» de proyectos no corresponde a las doce categorías principales del anexo II, sino a las subdivisiones de estas categorías, precedidas cada una por una letra del alfabeto. En cambio, los Estados miembros tienen la posibilidad de fijar los criterios y/o los umbrales que permitan determinar qué proyectos incluidos en el anexo II deben ser objeto de evaluación. Al establecer dichos umbrales y/o criterios, los Estados miembros deben tener en cuenta no sólo las dimensiones de los proyectos, sino también su naturaleza y su localización. En términos más generales, las disposiciones internas de carácter general o sectorial que prevean la evaluación del impacto ambiental de ciertos tipos de proyectos deben respetar las exigencias enunciadas en el artículo 3 de la Directiva y las normas de procedimiento que figuran en los artículos 5 a 9 de la Directiva y que se refieren en especial a la información del público.

La elección que realiza una disposición nacional de un criterio basado en la localización de los proyectos en unas zonas determinadas y, además, fundamentalmente rurales del territorio nacional tiene por efecto dispensar de la obligación de evaluación a un número considerable de proyectos situados fuera de estas zonas que pueden tener repercusiones notables sobre el medio ambiente. Tal elección, que excluye de manera general que se tomen en consideración criterios y/o umbrales relativos a las dimensiones y a la naturaleza de los proyectos, sobrepasa el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en virtud de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de la Directiva.

( véanse los apartados 30 a 32 y 36 )

2. Con el fin de facilitar el examen de las condiciones de adaptación del Derecho interno a la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de la incidencia de algunos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Gobierno del Estado miembro demandado puso en conocimiento de la Comisión y del Tribunal de Justicia, en la vista, un cuadro que indica, por cada una de las Comunidades Autónomas y por cada clase de proyectos enumerada en el anexo II, si la adaptación se ha realizado ya o si está pendiente. Sin embargo, este cuadro no hace referencia a ninguna de las disposiciones que adaptan el Derecho interno a la Directiva para cada una de las Comunidades Autónomas y para cada clase de proyectos. Pues bien, en el marco de un recurso por incumplimiento, el Tribunal de Justicia no puede llevar a cabo la búsqueda de estas disposiciones, que la Comisión no pudo efectuar a su debido tiempo, habida cuenta de la comunicación tardía de dicho documento, infringiendo lo dispuesto en el artículo 10 CE.

( véanse los apartados 42 a 44 )