ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
17

X intervino en la elaboración de la declaración del impuesto sobre el volumen de negocios del ejercicio 2010 de C Ltd., sociedad establecida en Alemania. Esa declaración se recibió a comienzos de 2012 en la administración tributaria. Por resolución de 12 de marzo de 2012, ésta rehusó reconocer a X como mandataria de C Ltd, para el procedimiento de liquidación del impuesto sobre el volumen de negocios del ejercicio 2010, en aplicación del artículo 80, apartado 5, de la Ley tributaria. El motivo expuesto era que X no estaba habilitada para prestar asistencia en materia fiscal a título profesional.
66

Como se desprende de los fundamentos de la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente considera que si, en una evaluación posterior de las alternativas, no fuera posible tener en cuenta el hecho de que el puente de que se trata en el litigio principal ya había sido construido al amparo de una autorización, no sólo la ejecución inmediata de la resolución de aprobación de dicha obra generaría un riesgo incalculable —aparentemente no deseado por el legislador— para dicha obra y para su promotor, sino que las consecuencias económicas y ecológicas de una realización a posteriori de una alternativa no se habrían tenido plenamente en cuenta. Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si también pueden incluirse, en la evaluación de las alternativas, los costes, las repercusiones ecológicas, en particular, sobre los hábitats y las especies protegidas con arreglo a la Directiva «hábitats», así como las consecuencias económicas que implicaría el desmantelamiento de una obra cuya construcción ya fue aprobada y llevada a cabo.
13

Por su parte, el órgano jurisdiccional remitente considera, sobre la base del examen de las distintas cláusulas de los contratos controvertidos, que éstos constituyen claramente una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en particular por la ventaja que confieren a Klausner Holz mediante fondos estatales y por la no aplicación del criterio del vendedor privado. Además, señala que dicha ayuda no está comprendida en el ámbito de aplicación de ningún reglamento de exención por categorías y que no constituye una ayuda de minimis en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379, p. 5).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 73, 78 y 85 bis del Estatuto de los Funcionario de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 781/98 del Consejo, de 7 de abril de 1998 (DO L 113, p. 4) (en lo sucesivo, «Estatuto»).
12

Mediante la resolución no 2014‑401 QPC, de 13 de junio de 2014, el Conseil constitutionnel, después de haber señalado que «las disposiciones controvertidas sólo se aplican a los alumnos o estudiantes que no hayan superado la edad límite prevista en el artículo L. 381‑4 del code de la sécurité sociale para estar afiliado con carácter obligatorio al régimen de seguridad social por su inscripción en un centro escolar o universitario», consideró, por una parte, que «el motivo basado en que, al adoptar las disposiciones controvertidas, el legislador no definió el concepto de “joven” [no estaba fundamentado] en los hechos» y, por otra, que «el principio de igualdad no se opone a que la aplicación de disposiciones legislativas relativas a los alumnos o estudiantes esté sujeta a un límite de edad».
6

Los considerandos 16, 20 y 21 del Reglamento Eurosur tienen la siguiente redacción: «(16) El presente Reglamento contiene disposiciones sobre la posibilidad de una estrecha cooperación con Irlanda y el Reino Unido, lo que puede contribuir a lograr mejor los objetivos de Eurosur. [...] (20) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la [Decisión 2000/365]; por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación. (21) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la [Decisión 2002/192]; por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.»
30

En primer lugar, el Tribunal General analizó, en los apartados 70 a 73 de la sentencia recurrida, el marco jurídico que regulaba la celebración del convenio de 2005. A este respecto, señaló que el artículo 26/A, apartado 5, de la Ley de Minas, que permite solicitar la prórroga de los derechos mineros, no resulta ser una disposición de naturaleza selectiva y que tampoco resulta de dicha disposición que las autoridades húngaras pueden denegar iniciar una negociación con el fin de celebrar un convenio de este tipo. Asimismo, el Tribunal General declaró que, aun cuando la citada disposición prevé que cualquier empresa minera puede solicitar la prórroga de sus derechos mineros, no obstante tal empresa puede también decidir no presentar la solicitud o no aceptar los tipos propuestos por las autoridades húngaras, de modo que no se celebre ningún convenio.
33

Por último, el Gran Ducado de Luxemburgo reconoce que, en Derecho luxemburgués, no existe duración máxima total, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra b), del Acuerdo marco, en lo que atañe a los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada celebrados con los trabajadores temporales del sector del espectáculo, en el sentido del artículo 4 de la Ley modificada de 30 de julio de 1999, ni limitación del número de renovaciones de estos contratos, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra c), del Acuerdo marco. En cambio, según dicho Estado miembro, que se remite a la sentencia Márquez Somohano (C‑190/13, EU:C:2014:146), apartado 45, la situación de estos trabajadores se caracteriza por la existencia de «razones objetivas», en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En particular, asevera que estos trabajadores participan en proyectos individuales y limitados en el tiempo y que la posibilidad de que un empresario renueve contratos de trabajo de duración determinada con los mismos trabajadores produce una cierta flexibilidad y determinadas ventajas sociales. Afirma que, por otro lado, la Comisión reconoce que trabajar sobre la base de proyectos individuales es una razón objetiva que puede justificar el recurso a sucesivos contratos de duración determinada. A este respecto, el Gran Ducado de Luxemburgo recuerda que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Kücük (C‑586/10, EU:C:2012:39), apartado 56, que, cuando una razón objetiva se deriva de la naturaleza concreta de las tareas que han de desempeñarse, el que un empresario se vea obligado a recurrir a trabajadores contratados mediante contratos de trabajo de duración determinada de manera reiterada no implica la inexistencia de tal razón objetiva, en el sentido de la cláusula 5 del acuerdo marco, ni la existencia de abuso, en el sentido de dicha cláusula.
Asunto C‑520/14

Gemeente Borsele

contra

Staatssecretaris van Financiën

y

Staatssecretaris van Financiën

contra

Gemeente Borsele

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 2, apartado 1, letra c), y 9, apartado 1 — Sujetos pasivos — Actividades económicas — Concepto — Transporte escolar»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de mayo de 2016

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Actividades económicas a efectos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE — Transporte escolar prestado por una corporación territorial — Diferencia entre los gastos de funcionamiento y los importes recibidos por el servicio de transporte escolar que indica que existe más bien un canon que una remuneración — Falta de relación directa entre el servicio prestado y el contravalor recibido — Exclusión

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 2, ap. 1, letra c), y 9, ap. 1]

El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una corporación territorial que preste servicios de transporte escolar no estará realizando actividades económicas, por lo que no tendrá la condición de sujeto pasivo, cuando a través de las aportaciones que reciba recupere únicamente una parte mínima de los gastos efectuados. Así es cuando no todo usuario adeuda a dicha corporación las aportaciones controvertidas, y sólo un tercio de ellos las han abonado, por lo que su importe cubre únicamente el 3 % del total de los gastos de transporte, mientras que el resto es asumido con cargo a fondos públicos. Una diferencia de esta importancia entre los gastos de funcionamiento y los importes recibidos por los servicios prestados tiende a sugerir que la aportación de los padres debe asimilarse más a un canon que a una remuneración propiamente dicha.

De tal asimetría se deriva que no exista relación efectiva entre la cantidad abonada y la prestación de servicios realizada. Por lo tanto, no queda de manifiesto que la relación entre el servicio de transporte prestado por el ayuntamiento y el contravalor que deben pagar los padres sea de carácter directo, tal como se exige para poder considerar que dicho contravalor constituya la remuneración de ese servicio y para calificar, por tanto, dicho servicio de actividad económica a efectos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112.

(véanse los apartados 33, 34 y 36 y el fallo)
Para determinar si existe una situación de litispendencia, del artículo 19, apartado 1, del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, se desprende que, en materia matrimonial no es necesario que exista una identidad de causa y de objeto entre las demandas presentadas ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos. Si bien es necesario que las partes en las demandas sean las mismas, estas últimas pueden tener distinto objeto, siempre que versen sobre una separación judicial, un divorcio o una nulidad matrimonial. Esta interpretación queda corroborada por la comparación entre los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento no 2201/2003, que revela que únicamente su apartado 2, sobre las demandas relativas a la responsabilidad parental, supedita su aplicación a una identidad de objeto y de causa de las demandas presentadas. En consecuencia, puede existir una situación de litispendencia cuando ante dos órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos se inician sendos procedimientos de separación y de divorcio, o cuando ante ambos órganos jurisdiccionales se inicia un procedimiento de divorcio.

(véase el apartado 33)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que los datos geográficos extraídos de un mapa topográfico por un tercero con el fin de elaborar y comercializar otro mapa conservan, después de su extracción, un valor informativo suficiente para poder calificarse de «elementos independientes» de una «base de datos» a efectos de esa disposición.

En efecto, la calificación de «base de datos» a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9 está supeditada a la existencia de una recopilación de «elementos independientes», es decir, de elementos separables unos de otros sin que resulte afectado el valor de su contenido informativo, literario, artístico, musical u otro. El valor del contenido informativo de un elemento de una recopilación no resulta afectado si, después de ser extraído de la recopilación, el elemento tiene un valor informativo autónomo. A este respecto, una disminución del valor informativo de un elemento que está relacionada con su extracción de la recopilación en la que figura no excluye necesariamente que ese elemento pueda estar comprendido en el concepto de «elementos independientes» a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9, siempre que dicho elemento conserve un valor informativo autónomo. El valor informativo autónomo de un elemento que se extrae de una recopilación debe apreciarse en función del valor de la información no para un usuario tipo de la recopilación, sino para cada tercero interesado en el elemento extraído.

Por consiguiente, los datos de una recopilación que son explotados económicamente de manera autónoma constituyen «elementos independientes» de una base de datos a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9, ya que, después de su extracción, dichos datos facilitan a los clientes de la sociedad que los explota información pertinente.

(véanse los apartados 17, 22, 24 y 27 a 29 y el fallo)
El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno debe remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del concepto de «transmisión de un centro de actividad» a efectos del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, en circunstancias caracterizadas tanto por resoluciones contradictorias de tribunales nacionales inferiores acerca de la interpretación de este concepto como por dificultades de interpretación recurrentes de éste en los distintos Estados miembros.

Si bien es cierto que el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir, no lo es menos que, de no existir recurso judicial alguno de Derecho interno contra la decisión de un órgano jurisdiccional, éste tiene, en principio, la obligación, cuando se plantee ante él una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, de someter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, a menos que haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición de Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna. La existencia de tal eventualidad debe valorarse en función de las características propias del Derecho de la Unión, de las dificultades concretas que presente su interpretación y del riesgo de divergencias jurisprudenciales dentro de la Unión.

(véanse los apartados 37 a 39 y 45 y el punto 2 del fallo)
El artículo 3, letra g), del Reglamento no 785/2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos, debe interpretarse en el sentido de que un ocupante de un helicóptero perteneciente a una compañía aérea comunitaria, transportado en virtud de un contrato concluido entre su empleador y esa compañía aérea para ejecutar una tarea específica, es un pasajero en el sentido de esa disposición. En efecto, dado que ese ocupante no realiza tareas de pilotaje de la aeronave, no forma parte de la categoría de miembro de la tripulación. El hecho de que el mismo ocupante tuviera la tarea de abrir la puerta por orden del piloto no basta para calificarle como miembro del personal de cabina, porque el piloto siempre está facultado para dar órdenes a todas las personas que se hallan a bordo de la aeronave, incluidos los pasajeros.

(véanse los apartados 27 a 31 y el punto 1 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Traslado del menor realizado conforme a una resolución judicial provisionalmente ejecutiva revocada posteriormente por una resolución que fija el domicilio del menor en el Estado miembro de origen — Menor que tiene aún su residencia habitual en el Estado miembro de origen inmediatamente antes de su no restitución — Retención ilícita — Menor que ya no tiene su residencia habitual en el Estado miembro de origen inmediatamente antes de su no restitución — Resolución denegatoria de la demanda de restitución que debe dictarse sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro

[Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, art. 11]
94

Por último, por lo que se refiere a la proporcionalidad del importe de la multa impuesta como tal, la recurrente no formula ninguna alegación que demuestre que el nivel de la sanción aplicada sea inapropiado o excesivo. A este respecto, procede desestimar la alegación de que el importe de una multa de 6,08 millones de euros es desproporcionado en comparación con el volumen de negocios al que se extiende el cártel, de 3,88 millones de euros. En efecto, queda acreditado que, en el presente caso, el importe de la multa impuesta a Villeroy & Boch y a sus filiales se redujo para que no superase el 10 % del volumen de negocios total de éstas obtenido en el ejercicio social anterior, conforme al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003. Pues bien, este límite garantiza ya que el nivel de dicha multa no sea desproporcionado en comparación con el tamaño de la empresa, determinado por su volumen de negocios global (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P, y C‑213/02 P, EU:C:2005:408, apartados 280 a 282).
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A estos efectos, como se desprende especialmente de los apartados 215, 292, 293 y 301 de la sentencia recurrida, dicho Tribunal se basó únicamente en pruebas de la época en que tuvieron lugar los hechos para considerar que no había quedado demostrada la responsabilidad de las recurrentes por lo que respecta al sistema de vigilancia y al mecanismo de compensación. Asimismo, no tuvo en cuenta como prueba de cargo la declaración de 6 de diciembre de 2007 del Sr. V. C., director de ventas de betún de Petrogal Española, S.A. (posteriormente, Galp Energía España), que fue aportada por las recurrentes a los autos del procedimiento jurisdiccional y que, por consiguiente, no había sido tomada en consideración por la Comisión en la Decisión controvertida.
1

Mediante su recurso de casación, Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, los Sres. Moesesie, Kooneeliusie, Newkingnak, Kuptana, la Sra. Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland), el Sr. Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi y Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society Ltd solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de abril de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión (T‑526/10, EU:T:2013:215; en lo sucesivo, «sentencia recurrida») mediante la cual éste desestimó sus recursos dirigidos a obtener la anulación del Reglamento (UE) no 737/2010 de la Comisión, de 10 de agosto de 2010, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el comercio de productos derivados de la foca (DO L 216, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido») y a que se declarara inaplicable el Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (DO L 286, p. 36; en lo sucesivo «Reglamento de base»).
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El capítulo IV de esta Directiva, titulado «Libre circulación de servicios», incluye el artículo 16 de ésta, denominado «Libre prestación de servicios». Dicho artículo dispone: «1. Los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. El Estado miembro en que se preste el servicio asegurará la libertad de acceso y el libre ejercicio de la actividad de servicios dentro de su territorio. Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios a requisitos que no respeten los principios siguientes: a) no discriminación: el requisito no podrá ser directa o indirectamente discriminatorio por razón de la nacionalidad o, en el caso de las personas jurídicas, por razón del Estado miembro en que estén establecidas; b) necesidad: el requisito deberá estar justificado por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; c) proporcionalidad: el requisito deberá ser el adecuado para conseguir el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo. 2. Los Estados miembros no podrán restringir la libre prestación de servicios por parte de un prestador establecido en otro Estado miembro, mediante la imposición de los siguientes requisitos: a) obligación de que el prestador esté establecido en el territorio nacional; […] 3. Las presentes disposiciones no impedirán que el Estado miembro al que se desplace el prestador imponga, con respecto a la prestación de una actividad de servicios, requisitos que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente y en conformidad con el apartado 1. […]»
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El tribunal remitente observa que las informaciones mencionadas en el apartado 14 de esta sentencia no forman parte de las que figuran en el anexo II de la tercera Directiva de seguros de vida. NN considera no obstante que el Derecho de la Unión, en particular el artículo 31, apartado 3, de la referida Directiva, no permite exigir a las empresas aseguradoras que comuniquen informaciones al tomador del seguro en virtud de esas «normas abiertas y/o no escritas».