2.

a) La demandante arguye en primer lugar que el señor K., su rival en el concurso-oposición, no satisfacía los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria. No debería, pues, haber sido admitido al concurso-oposición por no tener la experiencia necesaria, es decir, «una experiencia profesional mínima de 6 años en puestos de responsabilidad en actividad relacionada con el empleo a cubrir» que era, en este caso, de revisor/traductor principal. La demandante también expone que un tribunal compuesto por las mismas personas en un concurso-oposición posterior para el empleo de jefe de equipo, con el no CC/LA/4/83, en cuya convocatoria se exigía el requisito de experiencia profesional que, a excepción del número de años, se expresaba en los mismos términos, interpretaba los requisitos de admisión en el sentido de que se requería un cierto grado de experiencia como revisor o jefe de equipo o por ambos conceptos. El Tribunal de Cuentas alega que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está facultada para examinar los resultados de las deliberaciones del tribunal del concurso o las bases sobre las que éste fundamentó sus decisiones. Por ello, no está facultado para investigar si la decisión del tribunal de admitir al Sr. K. al concurso-oposición era correcta o no. En cualquier caso, debe ponerse en duda el interés legítimo de la demandante para impugnar la decisión del tribunal del concurso de admitir al Sr. K. desde el momento en que ella misma fue admitida al concurso sobre la base de la propia interpretación de los requisitos de ingreso que ahora impugna. b) Procede poner en claro en este momento si el requisito de admisión antes mencionado constituye un criterio objetivo que pueda ser objeto de control judicial o si requiere una evaluación por parte del tribunal de concurso. En el primer caso, el contenido de las decisiones de dicho tribunal no estaría abierto a control por cuanto disfrutaría de un margen de discrecionalidad; en este caso, la única cuestión que quedaría por examinar sería la de si el procedimiento se desarrolló de una forma legal. La convocatoria del concurso-oposición exige «una experiencia profesional mínima de 6 años en puestos de responsabilidad en actividad relacionada con el empleo a cubrir». Tal y como se declara en dicha convocatoria, se trataba de un empleo de revisor/traductor principal. Sin embargo, la convocatoria no indica qué debe entenderse por «puestos de responsabilidad». Los requisitos de admisión no están, pues, indicados de forma que sea posible determinar su cumplimiento mediante la mera aplicación de criterios objetivos. Por ello, era necesario que el tribunal del concurso determinara los criterios para la admisión de candidatos, antes de admitirles al concurso-oposición, para poder decidir al respecto sobre la base de tales criterios. Este deber surge de la incompleta formulación de la convocatoria del concurso-oposición y del Artículo 5 del Anexo III del Estatuto. De acuerdo con el primer apartado de este artículo, el tribunal de concurso debe inicialmente examinar tan sólo los expedientes de los candidatos y establecer una lista de los que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Sin embargo, si los requisitos de la convocatoria no son directamente aplicables por sí solos sino que requieren una interpretación de valor por parte del tribunal, éste puede establecer los criterios para la interpretación de los requisitos de admisión antes de examinar si los candidatos pueden ser admitidos. En caso de que no hubiera expuesto tales criterios por adelantado, el tribunal no se hallaría en condiciones de establecer correctamente la lista de aptitud de candidatos a que se refiere el sexto apartado del Artículo 5 del Anexo III del Estatuto, que debe ir acompañada de un informe motivado. En este contexto, creo que hay que aplicar por analogía el tercer apartado del Artículo 5 del Anexo III cuando un criterio de admisibilidad de convocatoria de concursos que no haya sido establecido con suficiente detalle requiera un juicio de valor por parte del tribunal del mismo. Sin embargo, las actas de la reunión del tribunal del 29 de junio de 1983 no contienen indicación alguna de que hubiera establecido tales criterios para la interpretación de los requisitos de admisión. Las actas indican meramente que, luego de deliberar, el tribunal decidió admitir a los dos candidatos al concurso-oposición. Esta conclusión, es decir, el hecho de que el tribunal no estableciera los criterios para la interpretación de los requisitos de admisión, antes del examen de los expedientes de los candidatos, está confirmado por las declaraciones de la parte demandada en la fase oral. El Tribunal de Cuentas declaró, en efecto, que el requisito de experiencia profesional en puestos de responsabilidad fue discutido por primera vez al examinarse las dos candidaturas. Partiendo de la base de que ninguno de los dos candidatos podría ser admitido en caso de aplicarse los requisitos estrictamente, se acordó exigir solamente experiencia profesional a un nivel inferior, es decir, como traductor. Esta actitud por parte del tribunal es incompatible con el Anexo III del Estatuto. Desde el momento en que, según mi punto de vista, el tercer apartado del artículo 5 del Anexo III debe ser aplicado por analogía cuando los requisitos de ingreso no fueran suficientemente explícitos, es decir, como en el caso de la valoración de los méritos, los criterios para su comprobación deben establecerse por adelantado, puedo referirme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1965, en el asunto Morina ( 9 ) en el que el Tribunal declaró: «Especialmente, en caso de no establecerse los criterios de conformidad con arreglo a los cuales realizó su valoración de los méritos, el tribunal del concurso omitió en su informe un factor que era esencial para apoyar las declaraciones contenidas en él; de este modo, infringió las disposiciones del apartado sexto del artículo 5 del Anexo III del Estatuto»(traducción provisional). Estas declaraciones del Tribunal de Justicia son plenamente aplicables en este caso. Lo mismo cabe decir del considerando que figura a continuación en esta sentencia, según el cual: «Considerando que los requisitos previstos por estas disposiciones deben considerarse sustanciales; que, en efecto, los criterios de valoración deben fijarse previamente para asegurar que los méritos se examinan de forma objetiva y sin que haya posibilidad de arbitrariedad; que, además, el requisito de que el informe sea “motivado” autoriza a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para ejercer juiciosamente su discrecionalidad, lo cual significa que necesita ser informado de los criterios generales empleados por el tribunal del concurso y la forma en que éste los aplicó a las personas que aparecen en la lista de aptitud; que estos requisitos fueron también previstos en interés de los candidatos, de forma que su infracción constituye, respecto a los candidatos que no hayan tenido éxito, un motivo de reclamación fundado en el artículo 91 del Estatuto de los funcionarios»(traducción provisional). Resulta claramente de las actas de la reunión del tribunal del 29 de junio de 1983 y de las declaraciones del Tribunal de Cuentas en el transcurso de la fase oral que no fue el tribunal quien fijó tales criterios. Por esta única razón, la decisión del tribunal de admitir a ambos candidatos al concurso-oposición no CC/LA/20/82 debe ya considerarse ilegal.