2.

La Regione Toscana, parte demandada en el asunto principal, expresa sus dudas respecto a la admisibilidad de la solicitud de interpretación. El juez nacional no formula ninguna cuestión ni expresa ninguna duda sobre la interpretación de las disposiciones comunitarias correspondientes. A su juicio, la legislación italiana, en la medida en que introduce restricciones subjetivas no conformes a la Directiva, es incompatible con ésta. El Tribunal de Justicia, pronunciándose con carácter prejudicial, no puede ni aplicar el Derecho comunitario a un caso concreto, ni resolver sobre la validez de una disposición de Derecho interno respecto al Derecho comunitario. Sin embargo, el Tribunal de Justicia puede deducir de la redacción de la cuestión formulada por el juez nacional la cuestión relativa a la interpretación del Tratado. En el caso de autos, el juez nacional no plantea ninguna cuestión y, en realidad, sólo quiere obtener del Tribunal de Justicia una resolución sobre la compatibilidad de la normativa con el Derecho comunitario. La única cuestión de interpretación abstractamente previsible se referiría al concepto de empresario agrícola a título principal con arreglo al artículo 3 de la Directiva 72/159. Se trataría, más especialmente, de saber si este concepto debe comprender a todas las personas físicas y jurídicas y, en caso afirmativo, si los interesados pueden obtener de esta obligación un derecho subjetivo. El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 72/159 debe ser situado en el contexto de la propia Directiva, que es una de las tres Directivas relativas al régimen común de las estructuras agrícolas y que pretende a la modernización de las explotaciones. Tiene por objeto la aplicación de un régimen común que vaya más allá de la simple coordinación de las políticas nacionales. Teniendo en cuenta el objetivo de racionalizar las estructuras, sólo los empresarios agrícolas que respondan a características determinadas deben beneficiarse de los estímulos previstos en la Directiva. El régimen de las intervenciones se fija de modo común para todos los Estados miembros; en lo que se refiere a los beneficiarios, los Estados miembros tienen la obligación de establecer una definición con arreglo a las disposiciones del artículo 3 y dentro del respeto de las condiciones mínimas relativas a la renta obtenida de la explotación agrícola y al tiempo de trabajo dedicado a ésta, conservando siempre una facultad discrecional en lo que se refiere a otros aspectos. El apartado 1 del artículo 3 tiene, pues, la connotación de una norma típicamente facultativa. Por ello, los Estados miembros no están obligados a considerar como empresarios agrícolas, a efectos de la Directiva, a todas las personas que no sean personas físicas. Este punto de vista se atiene a la definición de directiva en Derecho comunitario, según la cual la directiva obliga a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que deba conseguirse, en este caso la adopción de una definición de empresario agrícola a título principal con arreglo a las condiciones indicadas en el apartado 1 del artículo 3, dejándoles siempre la elección de la forma y de los medios, en este caso la determinación de los demás elementos de la definición. La Directiva tiene como fin la selección de determinados empresarios, dotados de especiales características, y no la admisión sin discriminación de todos los empresarios en el régimen de intervención. La obligación que tiene el Estado de no excluir del concepto de empresario a título principal a las sociedades de capitales, suponiendo que esa obligación exista, no podría nunca crear un derecho subjetivo en favor de los interesados. Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que una obligación impuesta a los Estados por el Derecho comunitario produzca un efecto directo en el ordenamiento jurídico interno, debe ser clara, precisa e incondicional y, en el caso de una obligación positiva de hacer, debe no implicar el ejercicio de ninguna facultad discrecional por parte de los Estados. El apartado 1 del artículo 3 se limita a enunciar determinadas condiciones mínimas, dejando siempre a los Estados una amplia facultad discrecional en la definición del concepto de empresario a título principal. Un eventual incumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte del Estado no puede crear nunca un derecho subjetivo en beneficio de un particular, sino, como mucho, dar lugar al procedimiento previsto por los artículos 169 y siguientes del Tratado CEE. Como la Directiva 72/159 no tiene por objeto crear derechos individuales relativos a los empresarios, sino definir las estructuras del mercado, las consideraciones del juez a quo relativas a la garantía de los derechos fundamentales no son pertinentes. Por otra parte, la cuestión sometida al Tribunal de Justicia no se refiere, a la validez de la Directiva. En todo caso, las limitaciones por parte de las disposiciones comunitarias al derecho de propiedad y al de iniciativa económica son perfectamente concebibles y legítimas, siempre que estén justificadas por objetivos de interés general. Por consiguiente, la Regione Toscana, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare admisible la cuestión de interpretación, propone que se responda a ésta de la manera siguiente: El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 72/159 deja libres a los Estados miembros para definir como mejor les parezca el concepto de empresario a título principal, dentro del respeto de las condiciones mínimas que especifica, y no obliga a estos mismos Estados miembros a incluir también en esta definición a las personas jurídicas, en todo o en parte, o a las sociedades de capitales. En especial, el apartado 1 del artículo 3 no crea en favor de los diferentes empresarios que sean personas jurídicas un derecho subjetivo que los jueces nacionales estén obligados a proteger.