ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

La presente petición de decisión prejudicial se refiere a dos cuestiones distintas. En primer lugar, al ámbito de aplicación temporal del artículo 211 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión ( 2 ) (en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión») y, en segundo lugar, a la interpretación del artículo 294, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 ( 3 ) (en lo sucesivo, «Reglamento de desarrollo del código aduanero comunitario» o «Reglamento de desarrollo del CAC»), en el supuesto de que el artículo 211 del Reglamento n.o 952/2013 no fuese aplicable ratione temporis.
24.

Cabe admitir que, hasta la fecha, en esa materia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no siempre ha respetado los límites mencionados. Por consiguiente, comenzaré estas conclusiones por este último aspecto, exponiendo brevemente parte de la jurisprudencia reciente relativa a este particular e ilustrando cómo, a través de la supuesta interpretación de conceptos jurídicos indeterminados que figuran en la Directiva 2009/103, en particular el de «circulación de vehículos», el Tribunal de Justicia ha ido adentrándose progresivamente en apreciaciones cada vez más fácticas (A). A continuación, indicaré cuál es, al menos en mi opinión, el ámbito de aplicación preciso del artículo 3 de la Directiva 2009/103, que se refiere a la obligación de aseguramiento y no a la asignación de responsabilidades en casos concretos (B). Después contextualizaré estas observaciones en el marco constitucional más amplio, recordando que la función del Tribunal de Justicia es proporcionar, con arreglo al artículo 267 TFUE, unainterpretación del Derecho de la Unión (C). Concluiré proponiendo que, habida cuenta de todos esos elementos, el Derecho de la Unión no regula el interrogante concreto suscitado en el procedimiento principal que se sigue ante el órgano jurisdiccional remitente (D).
121.

Aunque la aplicación de la resolución n.o 417/2019 no dé lugar al sobreseimiento de la causa, es cierto que se hace apremiante el riesgo de que, a causa de su aplicación, llegue a prescribir la acción penal. Asimismo, según ha alegado también la Comisión, aun considerando que los artículos 154 y 155 del Código de Enjuiciamiento Penal no contienen normas en materia de plazos que, de por sí, resulten problemáticas, la aplicación de la resolución n.o 417/2019 significa que todos los asuntos pendientes en la fase de apelación deberán ser sometidos a un nuevo enjuiciamiento no ya en esa fase, sino desde cero, lo que implica repetir todas las fases del procedimiento, aumentando así significativamente la posibilidad de prescripción.
12.

En este contexto, el Finanzgericht des Saarlandes (Tribunal de lo Tributario del Sarre, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse el artículo 56, apartado 2, de la Directiva 2006/112 en el sentido de que la “prestación de servicios de arrendamiento […] de un medio de transporte a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo” comprende también la cesión de un vehículo afectado a la empresa de un sujeto pasivo (vehículo de empresa) a un miembro de su personal, cuando este no realiza por ello una contraprestación diferente a (una parte de) su prestación de trabajo, es decir, cuando no realiza ningún pago, no emplea por ello ninguna parte de su retribución en metálico y tampoco elige entre diversas ventajas ofrecidas por el sujeto pasivo conforme a un acuerdo entre las partes en virtud del cual el derecho al uso del vehículo de empresa está vinculado a la renuncia a otras ventajas?»
20.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley sobre el Derecho de Autor: «1. El ejercicio de la gestión colectiva prevista en el contrato de mandato no podrá limitar en modo alguno los derechos patrimoniales de los titulares. 2. La gestión colectiva se ejercerá de conformidad con las siguientes normas: a) las decisiones sobre los métodos y reglas para el cobro de los cánones y demás cantidades a los usuarios y sobre el reparto de dichas cantidades entre los titulares de derechos, así como las decisiones relativas a otros aspectos de mayor relevancia para la gestión colectiva, deberán ser adoptadas por los miembros en el marco de la asamblea general, conforme a lo dispuesto en los estatutos; b) la comisión debida por los titulares de derechos que sean miembros de una entidad de gestión colectiva para cubrir los gastos de funcionamiento de esta […] y la comisión debida a la entidad de gestión colectiva que sea la única perceptora […] no podrán representar conjuntamente más del 15 % de las cantidades percibidas anualmente; c) salvo en el caso de decisión expresa de la asamblea general, las cantidades percibidas por una entidad de gestión colectiva no podrán utilizarse para fines comunes distintos de la cobertura de los costes efectivos vinculados al cobro de las cantidades debidas y a su reparto entre los miembros; la asamblea general podrá decidir que, como máximo, el 15 % de las cantidades percibidas se utilicen para fines comunes y únicamente dentro de los límites del objeto de actividad; d) las cantidades percibidas por una entidad de gestión colectiva se repartirán individualmente entre los titulares de derechos de forma proporcional al uso del repertorio de cada uno de ellos, a más tardar seis meses después de la fecha de la percepción; los titulares de derechos podrán reclamar el pago de las cantidades percibidas nominalmente o de aquellas cuyo reparto no requiera la presentación de documentos específicos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de percepción; e) la comisión debida por los titulares de derechos se deducirá de las cantidades adeudadas a cada uno de ellos, tras el cálculo del reparto individual; […] 3. Los cánones pagados a las entidades de gestión colectiva no constituirán ni podrán equipararse a sus ingresos. 4. En el ejercicio de su mandato, con arreglo a la presente Ley, no se podrá transferir ni ceder a las entidades de gestión colectiva derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor, ni el ejercicio de tales derechos.»
61.

El grado de conexión entre un documento y el cumplimiento de las funciones del SEBC de momento no es relevante, en este contexto, para calificar un documento como parte de los archivos. En efecto, contrariamente a lo que opina Eslovenia, cuando la divulgación de la información contenida en un documento no amenace con afectar al buen funcionamiento o la independencia del BCE debido a su importancia secundaria para las actividades del SEBC, ello no significa que dicho documento no pueda considerarse en absoluto parte de los «archivos del BCE». Este requisito funcional se refiere más bien al alcance de la inmunidad en el caso concreto, ( 24 ) que será analizada a continuación en una segunda fase (véase la sección 2).
106.

No obstante, todo ello no acaba de resolver el problema, en la medida en que, como ya he señalado, existe una duda acerca de si el requisito de obtener una autorización para prestar servicios como los controvertidos en el litigio principal resulta únicamente de la Decisión n.o 626/2017 o del artículo 15 de la Ley n.o 38/2003, no siendo dicha Decisión sino una medida de aplicación de esta Ley. Así, cabe preguntarse si no era precisamente dicha Ley la que debería haber sido comunicada a la Comisión.
32.

En segundo lugar, debe señalarse que no todas las versiones lingüísticas de la disposición en cuestión utilizan un término que pueda originar la mencionada ambigüedad. En efecto, si bien, por ejemplo, las versiones inglesa, francesa, española y neerlandesa, utilizan un término correspondiente al término italiano «parte», ( 8 ) otras versiones, como, por ejemplo, las versiones alemana y portuguesa, utilizan términos que no tienen ninguna connotación posible de naturaleza contractual, sino que se refieren, sin ambigüedad, al interés del sujeto en recurrir ante la autoridad reguladora. ( 9 ) Dicha circunstancia aboga en favor de una interpretación del término «parte» en un sentido diferente del de «parte contratante» y, por lo tanto, apoya una interpretación de la disposición en cuestión en el sentido de que no supedita la posibilidad de presentar una reclamación a la existencia de una relación contractual entre el sujeto que presenta la reclamación y el gestor de la red de transporte o de distribución contra el cual se presenta la reclamación.
29.

La autoridad irlandesa de planificación aduce, en particular, que el Tribunal de Justicia no considera que la prórroga de una autorización de explotación constituya una autorización de un proyecto en el sentido de la Directiva EIA si no implica obras o intervenciones que modifiquen la realidad física del emplazamiento. ( 10 ) Sin embargo, esta objeción no es convincente, porque el concepto de proyecto que figura en la Directiva EIA, que tiene por objeto la evaluación general de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente, es más restrictivo que el resultante de la Directiva hábitats. ( 11 ) Además, aplicando los criterios de la Directiva EIA también existe una autorización de proyecto, ya que, a falta de prórroga de la autorización, la terminal de gas no puede construirse y no podrían realizarse las obras o las intervenciones previstas para modificar la realidad física del emplazamiento.
73.

En el apartado 18 de la sentencia CPP ( 59 ) el Tribunal de Justicia admitió que, en algunos casos, podía recurrir a la interpretación intertextual, de manera que los conceptos que se utilizan en diferentes directivas puedan tener el mismo significado. No obstante, por una parte, este método de interpretación solo se aplica cuando los objetivos perseguidos por las directivas en cuestión son comunes, lo que claramente no ocurre en el presente asunto, tal como se desprende de los puntos 66 a 70 de las presentes conclusiones. Por otra parte, de dicho apartado 18 no se desprende en modo alguno que el Tribunal de Justicia considere que todas las actividades u operaciones contempladas por la Primera Directiva sobre el seguro de vida y por la normativa que la sustituye estén comprendidas en la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112. Por el contrario, el apartado 18 de la sentencia CPP ( 60 ) se refería específicamente a la Primera Directiva sobre el seguro distinto del seguro de vida. Pues bien, es preciso observar que esta Directiva no cubría las operaciones accesorias, tales como las operaciones de gestión de inversiones, de manera que la cuestión de la inclusión de actividades distintas del seguro (en el sentido habitual del término) no se planteaba. Por lo tanto, no es posible ampliar el alcance de dicho apartado 18 a los conceptos que figuran en otras Directivas.
16.

No me cabe, por tanto, sino remitirme íntegramente a dichas conclusiones. En ellas no solo examino el control jurisdiccional de las ODE acordadas por el Ministerio Fiscal (sobre lo que versa este reenvío), sino también la idoneidad de los miembros de esta institución para ser calificados de «autoridad judicial emisora» en el sentido de la Decisión marco.
139.

Los recurrentes alegan que los términos utilizados por la normativa controvertida son demasiado imprecisos, como los conceptos de «breve período» o de «clientes de paso que no fijan su domicilio». Además, las condiciones para la obtención de la autorización no están lo suficientemente claras. Al invocar el objetivo de la diversidad social o el de la necesidad de evitar el agravamiento de la escasez de vivienda, la normativa controvertida permite a los municipios decidir discrecionalmente las condiciones en que se han de conceder las autorizaciones. Los recurrentes alegan también que en la práctica es difícil acceder a las deliberaciones de la junta municipal, aunque se publiquen en la casa consistorial y en línea. Lo primero obliga a acudir al ayuntamiento y lo segundo no es una buena solución, ya que la página web no siempre está actualizada y no es fácil de usar.
70.

No obstante, existen algunos atenuantes que inciden en la imposición del pago de la suma a tanto alzado en el presente asunto. En primer término, la Directiva 2018/843 amplió el plazo para establecer los registros centrales relativos a la información sobre la titularidad real con arreglo a los artículos 30 y 31 de la Directiva 2015/849, aunque no modificó el plazo de transposición respecto a las demás obligaciones en virtud de esta Directiva (véase el punto 7 de las presentes conclusiones). No veo ninguna razón para no tener en cuenta la mencionada ampliación como un atenuante, tal como ha indicado la Comisión. En segundo término, Rumanía ha demostrado que cooperó de buena fe con la Comisión durante el procedimiento. ( 68 ) Por último, no se discute que Rumanía no ha sido condenada hasta el momento por el Tribunal de Justicia por no haber procedido a la transposición de una directiva en el plazo establecido. ( 69 )
2)

Los requisitos específicos conforme a los cuales los empleadores, como las agencias de trabajo temporal y otros intermediarios, pueden invocar las excepciones al principio del Estado de empleo establecidas en el artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1408/71 y en el artículo 12 del Reglamento n.o 883/2004 no pueden considerarse análogas a efectos de la aplicación del artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1408/71 y del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004.
1.

La petición de decisión prejudicial presentada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baviera, Alemania) versa sobre la aplicación efectiva del Derecho de la Unión y, más concretamente, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. ( 2 ) ¿Cómo garantizar que se cumplan las resoluciones judiciales nacionales, en el caso de autos en el ámbito particularmente sensible del Derecho del medio ambiente? Ante la voluntad manifiesta de cargos públicos de no cumplir lo dispuesto en resoluciones judiciales firmes, ¿autoriza u obliga el Derecho de la Unión a recurrir a la medida privativa de libertad que constituye el arresto coercitivo cuando esta existe en el ordenamiento jurídico nacional de que se trate pero su aplicación no está prevista en el caso de tales personas? Esta cuestión debe conducir a la toma en consideración de dos derechos fundamentales, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad.
34.

A continuación, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el SEAE aún no había adoptado disposiciones generales de aplicación para aplicar el artículo 10 del anexo X del Estatuto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto. Por otro lado, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que las decisiones de 17 de diciembre de 2013 y de 3 de diciembre de 2014 no pueden considerarse disposiciones generales de aplicación en el sentido del artículo 1, párrafo tercero, del anexo X del Estatuto. Según el Tribunal General, para la adopción de simples directrices internas, como dichas decisiones, las instituciones no están obligadas a respetar los requisitos de procedimiento fijados en el artículo 110 del Estatuto y, en particular, a recabar el dictamen del Comité del Estatuto y a consultar al comité de personal de la institución afectada por el texto. En cambio, el artículo 110 del Estatuto establece que una institución no puede adoptar disposiciones generales de aplicación sin cumplir el doble requisito de consultar a su comité de personal y de recabar el dictamen del Comité del Estatuto.
115.

En cuanto al argumento de que los solicitantes de AC podrían ser reacios a confiar información a la EMA por temor a que fuese divulgada en virtud del Reglamento n.o 1049/2001, se trata realmente de un argumento relativo a la cuestión de la confidencialidad de la información que está protegida por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, y no a la cuestión del proceso de toma de decisiones protegido por el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001. En consecuencia, entiendo que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho cuando declaró que el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001 no es aplicable porque el proceso de solicitud de AC ya había llegado a término y que, por tanto, la decisión en el asunto ya había sido adoptada. Asimismo considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la concesión de acceso a los informes controvertidos no perjudicaría gravemente al proceso de toma de decisiones de la EMA.
49.

En efecto, la simple alusión a la posibilidad de declarar la renuncia sin forma alguna no permite al tomador ejercer el derecho de renuncia con garantías, pues normalmente no queda constancia, en particular, del momento exacto ni del contenido de una declaración de renuncia verbal o telefónica. La inseguridad jurídica que de ahí se deriva resulta especialmente contraproducente para el objetivo perseguido con las Directivas de seguros, de permitir al tomador, merced a una información exacta, el ejercicio efectivo y con garantías de su derecho de renuncia. Por este motivo, recientemente el Derecho austriaco ha impuesto también (desde el 1 de enero de 2019) expresamente la formalización por escrito. ( 25 ) Esto podría explicar también por qué en los demás Estados miembros en que la forma de la declaración de renuncia no ha sido objeto de regulación legal la forma de dicha declaración depende de los datos que contienen la información sobre el derecho de renuncia o la solicitud de seguro. ( 26 )
9.

Según el artículo 8 de esta Decisión Marco: «1. La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9. 2. En caso de que la condena, por su duración, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá tomar la decisión de adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional para delitos del mismo tipo. La duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo. 3. En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria. 4. La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión.»
27.

Para empezar, ha de señalarse que la evaluación que realizan las autoridades es un examen global tanto sobre el cónyuge ya presente en territorio danés —desde hace más de 20 años en el caso de B— como sobre la solicitante en el procedimiento principal. Me pregunto si no es algo contradictorio, habida cuenta de la naturaleza de la solicitud —dirigida a la obtención de un permiso de residencia con fines de reagrupación familiar—, exigir que la solicitante también presente una vinculación mayor con Dinamarca que con su Estado de origen. En efecto, por definición, la reagrupación familiar se solicita en una situación en la que la vida en común se ha visto interrumpida o resulta imposible y en la que ambos miembros de la pareja viven separados. Tampoco se puede negar que una parte considerable de las reagrupaciones familiares versa sobre situaciones en las que ambos miembros de la pareja tienen la misma nacionalidad o son originarios del mismo Estado en cuyo territorio iniciaron su vida en común. Esto también es así en el caso de los trabajadores turcos. Según mi interpretación del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía y de la Decisión n.o 1/80, en la parte en que estos dos textos describen la situación jurídica de los miembros de la familia de los trabajadores turcos, sus redactores tenían en mente sobre todo, si bien no de manera exclusiva, ( 30 ) a los familiares de nacionalidad turca. Por tanto, en el contexto de una solicitud de reagrupación familiar en el marco de la cual se presupone, por lo general, que se ha generado un vínculo familiar en el Estado de origen y que se trata de restablecer el núcleo familiar en el territorio del Estado de acogida, me pregunto en qué medida atribuir a los cónyuges solicitantes la carga de probar que presentan una vinculación mayor con Dinamarca que con su Estado de origen no implica exigirles satisfacer una suerte de probatio diabolica, máxime cuando la descripción de la práctica administrativa no revela una ponderación particular de los criterios no satisfechos por la persona solicitante del permiso de residencia con fines de reagrupación familiar.
40.

Asimismo, conviene recordar que el artículo 21, párrafo primero, de la Directiva 2008/9 fija un plazo para que el Estado miembro de devolución informe al solicitante de su decisión de aprobar o denegar su solicitud de devolución tras el recibo de la información solicitada con arreglo al artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva o en el caso de que no reciba una contestación a su solicitud. Así, es posible afirmar que el artículo 21 de la Directiva 2008/9 no excluye, por lo tanto, la posibilidad de que el Estado miembro apruebe una devolución del IVA a pesar de que el solicitante no haya contestado a una solicitud de información adicional. Esto constituye una prueba más de que no se pretendió que el plazo fijado en el artículo 20, apartado 2, tuviera carácter preclusivo en el sentido de que su incumplimiento supusiera la extinción automática del derecho a deducir.
11.

Las excepciones a las garantías mínimas de la duración del tiempo de trabajo y de descanso aplicables al personal de la Policía Nacional están reguladas en el Decreto n.o 2002-1279, de 23 de octubre de 2002. El artículo 1 de dicho Decreto fue modificado por el Decreto n.o 2017-109, de 30 de enero de 2017 (en lo sucesivo, «Decreto n.o 2017-109»). Esta disposición, en su versión modificada, está redactada del siguiente modo: «Las garantías mínimas establecidas en el artículo 3, apartado I, del Decreto de 25 de agosto de 2000 antes citado no se aplicarán a la organización del trabajo de los funcionarios públicos en activo de los servicios de la Policía Nacional cuando así lo exijan las funciones de seguridad y orden público, policía judicial, e inteligencia e información que les han sido confiadas. No obstante, esta excepción deberá cumplir los requisitos siguientes: 1) La duración del tiempo de trabajo semanal, computada por cada período de siete días, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder de 48 horas de media a lo largo de un semestre del año civil […]».