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4.

Incumplimiento de la obligación de motivación La recurrente señala que la sentencia recurrida no contiene motivación suficiente de la razón por la que el Tribunal General consideró que en los Estados bálticos una parte considerable de los ciudadanos conoce el significado del término ruso «пломбир». En particular, carece de la comprobación de que a este respecto se trata de una palabra del vocabulario básico, que comprenden personas cuya lengua materna no es el ruso. La sentencia también carece (en particular, en sus apartados 64 y 65) de una motivación suficiente para considerar que el término «пломбир» no era, en la antigua URSS, una designación de fantasía o una marca de producto. Por último, no se motiva en la sentencia (apartado 66) por qué la mera mención de una denominación del estándar GOST permite concluir que se trata de un «término habitual» en ruso y por qué dicho estándar debe ser conocido por el público de la Unión Europea.
3)

El principio de independencia judicial, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido interpretado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala, sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117) ¿se opone a que las competencias de los jueces sean sustituidas por las resoluciones del Tribunal Constitucional (Resolución n.o 51 de 16 de febrero de 2016, Resolución n.o 302 de 4 de mayo de 2017 y Resolución n.o 26 [de 16 de enero de 2019]), con las consiguientes pérdida de previsibilidad del proceso penal (aplicación retroactiva) e imposibilidad de interpretar y aplicar la ley al asunto concreto? ¿Se opone el Derecho de la Unión a la existencia de una norma interna que regula la responsabilidad disciplinaria de los magistrados que dejan inaplicada la resolución del Tribunal Constitucional, en el contexto de la cuestión prejudicial planteada?
—

Sostiene que, contrariamente a la opinión del Tribunal General, un extracto de la base de datos TMView no es un «documento equivalente» en el sentido de la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95; ello resulta, por un lado, del tenor inequívoco de la disposición, que, en lo que respecta a los documentos equivalentes admitidos, se refiere a la naturaleza y no al origen de documento, y, por otro lado, de la razón de ser de la disposición.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Reino Unido) el 26 de marzo de 2019 — Secretary of State for the Home Department/O A

(Asunto C-255/19)

(2019/C 206/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Secretary of State for the Home Department

Recurrida: O A

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Debe entenderse la «protección del país de su nacionalidad» en el sentido de los artículos 11, apartado 1, letra e), y 2, letra e), de la Directiva reconocimiento (1) como protección del Estado?

2. Para resolver sobre la existencia de fundados temores a ser perseguido en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva reconocimiento y sobre la disponibilidad de protección frente a tal persecución en el sentido del artículo 7 [de la Directiva reconocimiento], ¿debe aplicarse en ambos casos la «prueba de la protección» o la «investigación de la protección» y, si es así, se rige por los mismos criterios en ambos casos?

3. Al margen de la aplicabilidad de la protección por agentes no estatales con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), y presumiendo una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe valorarse la efectividad o disponibilidad de la protección únicamente atendiendo a las medidas/funciones de protección de los agentes estatales o se pueden considerar las medidas/funciones de protección de agentes privados (sociedad civil), como las familias o los clanes?

4. Los criterios que rigen la «investigación de la protección» que se ha de efectuar al considerar la desaparición de las circunstancias a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra e), ¿son los mismos que se aplican en el contexto del artículo 7 (tal como se presume en las cuestiones segunda y tercera)?

(1) Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12).
1.

Con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 1, la República Helénica está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-149/14. Sin embargo, la República Helénica no adoptó todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al fallo de la citada sentencia. En particular, la República Helénica no estableció programas de acción relativos a las zonas vulnerables caracterizadas por la presencia de masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por contenidos de nitratos de origen agrícola. En consecuencia, la Comisión decidió interponer recurso ante el Tribunal de Justicia.
1)

La disposición del artículo 70, apartado 1, de la Ley 4235/2014, con arreglo a la cual «[…] en el caso de las hipotecas o anotaciones de hipotecas inscritas en los registros hipotecarios pertinentes y, en su caso, en la Oficina del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, a favor del banco denominado “Αgrotiki Trapeza tis Ellados ΑΕ” (en lo sucesivo, “Banco”), en liquidación especial, y en contra de agricultores que son personas físicas o en contra de terceros agricultores que son personas físicas sobre sus bienes inmuebles agrícolas o sobre sus instalaciones de producción agrícola, con el fin de garantizar todos los créditos del Banco, que resulten de los préstamos —principal, intereses, intereses de demora, incluidos los intereses sobre intereses devengados y sobre los intereses de demora, cargas, gastos o costes y otros fondos que se determinan en el correspondiente contrato de préstamo— otorgados para conceder a los agricultores, personas físicas, financiación a corto o a medio plazo por parte del citado Banco, en relación exclusivamente con su actividad agrícola, y cuyo reembolso ha sufrido un retraso total o parcial, el importe del préstamo con respecto al cual se ha inscrito hipoteca o anotación de hipoteca se limitará a un porcentaje del ciento veinte por ciento (120 %) del capital financiado, siempre que, en conjunto, los citados créditos del Banco que resulten de la financiación no superen (incluidas las cantidades ya pagadas) el doble del capital inicial, mientras que se limitará al doble del capital de la financiación obtenida, si todos los referidos créditos superan el doble del capital inicial en el momento de la entrada en vigor del presente artículo y el préstamo vence totalmente, si no lo ha hecho ya, y es exigible desde ese mismo momento. En el supuesto de que se haya inscrito la hipoteca o la anotación de hipoteca sobre más de uno de los bienes inmuebles del agricultor, persona física, o tercero persona física, la hipoteca o la anotación de hipoteca viene limitada por el Banco al inmueble o a los inmuebles que garantizan el propio crédito dentro de los límites señalados y, preferentemente, a aquel o aquellos que no constituyen la vivienda principal o la instalación principal de almacenamiento del equipo agrícola de ese agricultor o ese tercero», ¿debe interpretase en el sentido de que está comprendida en el concepto de ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?
C 206/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 27 de febrero de 2019 — OI/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

(Asunto C-191/19)

(2019/C 206/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: OI

Recurrida: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

Cuestiones prejudiciales

1) En el caso de un pasajero que dispone de una reserva confirmada para un vuelo concreto y al que, cuando se presenta en el aeropuerto para realizar la facturación, se le cambia la reserva por otra para un vuelo posterior, en contra de su voluntad, ¿constituye dicho cambio de reserva una denegación de embarque en el sentido del artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, (1) si el vuelo para el que el pasajero tenía la reserva confirmada se efectúa de todas formas?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿la disposición del artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.o 261/2004 debe aplicarse por analogía a los supuestos de denegación de embarque en el sentido del artículo 4, apartado 3, del citado Reglamento?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 182/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Köln (Alemania) el 22 de febrero de 2019 — DER Touristik GmbH/FZ

(Asunto C-153/19)

(2019/C 182/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FZ

Demandada: DER Touristik GmbH

Cuestión prejudicial

¿Constituyen los derechos a reducción del precio del viaje que un viajero ostenta, en virtud un contrato de viaje, frente al organizador de viajes por la no conformidad del vuelo debida a un retraso, derechos a la compensación suplementaria prevista en el artículo 12 del Reglamento n.o 261/2004 (1) y puede deducirse del importe de dichos derechos a compensación suplementaria con arreglo al artículo 12 del Reglamento el derecho a compensación reconocido en caso de retraso del vuelo conforme al artículo 7 del Reglamento?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 148/16

Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2019 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera ampliada) dictada el 15 de noviembre de 2018 en el asunto T-793/14, Tempus Energy y Tempus Energy Technology/Comisión

(Asunto C-57/19 P)

(2019/C 148/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: É. Gippini Fournier y P. Němečková, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— anule la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera ampliada) de 15 de noviembre de 2018, notificada a la Comisión al día siguiente, en el asunto T-793/14, Tempus Energy Ltd y Tempus Energy Technology Ltd/Comisión Europea, y

— desestime el recurso de anulación de la Decisión C(2014) 5083 final de la Comisión, (1) de 23 de julio de 2014, de no formular objeciones al régimen de ayudas relativo al mercado de capacidad en el Reino Unido;

subsidiariamente,

— anule la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera ampliada) de 15 de noviembre de 2018, notificada a la Comisión al día siguiente, en el asunto T-793/14, Tempus Energy Ltd y Tempus Energy Technology Ltd/Comisión Europea,

— devuelva el asunto al Tribunal General para que este examine el segundo motivo formulado en primera instancia,

y, en todo caso, condene a las demandantes en primera instancia a cargar con las costas de primera instancia y del recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

El recurso de casación se basa en un único motivo: el Tribunal General incurrió en error al interpretar el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (2) de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al considerar que la medida de ayuda notificada suscitaba serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior.

Dado que el Tribunal General se basó en una serie de indicios de la existencia de serias dificultades, el motivo único se divide en dos partes relativas a las dos series de indicios examinados en la sentencia recurrida:

— Primera parte: el Tribunal General incurrió en error al tomar en consideración, como principal indicio de la existencia de dudas, la duración y las circunstancias de los contactos previos a la notificación y la complejidad y la novedad de la medida.

— Segunda parte: el Tribunal General incurrió en error al declarar que la Comisión no había procedido a una investigación adecuada de determinados aspectos del mercado de capacidad del Reino Unido.

(1) Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (DO 2014, C 348, p. 5).

(2) DO 2015, L 248, p. 9.
—

Primero, con infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, el Tribunal General erró al concluir que la Comisión no había incurrido en error de Derecho ni experimentado serias dificultades al estimar que no cabía esperar que las garantías y préstamos estatales concedidos a A/S Femern Landanlæg para el proyecto de conexiones ferroviarias internas danesas falsearan la competencia, puesto que el mercado pertinente no está abierto a la competencia. La parte recurrente arguye que esta conclusión errónea del Tribunal General se basa en cuatro errores de Derecho, que se corresponden con cuatro submotivos: a) El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no cabía esperar que las garantías y préstamos estatales concedidos a A/S Femern Landanlæg afectaran a la competencia a pesar de que el proyecto de enlace fijo (operado por Femern A/S) y el proyecto de conexiones ferroviarias internas danesas (operado por Femern Landanlæg) constituyen conjuntamente un proyecto integrado y ya se ha considerado que las garantías y préstamos estatales concedidos a Femern A/S podían falsear la competencia. b) El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el mercado de la gestión de infraestructuras ferroviarias en Dinamarca no está, ex lege, abierto a la competencia. c) El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el mercado de la gestión de infraestructuras ferroviarias en Dinamarca no está, de facto, abierto a la competencia. d) Los mercados de la construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, que están abiertos a la competencia, están separados del mercado de la gestión y funcionamiento, en sentido estricto, de las infraestructuras ferroviarias.
2)

Y, en cualquier caso, ¿es contraria al Derecho de la Unión y, en particular, a los principios de libre circulación de servicios y máxima apertura a la competencia en materia de contratos públicos de servicios, una norma nacional como el artículo 33, apartado 3 bis, del Decreto Legislativo n.o 163 de 12 de abril de 2006, que, si se interpreta a la luz de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 25, del Decreto Legislativo n.o 163 de 12 de abril de 2006, sobre el modelo organizativo de los consorcios de municipios, excluye la posibilidad de constituir entidades de Derecho privado como, por ejemplo, un consorcio de Derecho común con participación también de entidades privadas?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 9, 24, 72 y 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, en el sentido de que constituye una prestación de servicios sujeta a IVA que un operador de comunicaciones electrónicas cobre a sus antiguos clientes (a los que ha concedido ventajas promocionales que pueden consistir en la gratuidad de los costes de instalación, de activación del servicio, de portabilidad o de equipos o en la aplicación de tarifas especiales, a cambio de su compromiso de respetar un período de permanencia, que no han cumplido por motivos que les son imputables) un importe que, por imperativo legal, no puede exceder de los costes en los que la empresa suministradora haya incurrido para la instalación del servicio y debe ser proporcional a la ventaja concedida al cliente, identificada y cuantificada como tal en el contrato celebrado, por lo que no puede corresponder automáticamente al valor total de las cuotas pendientes de vencimiento en la fecha de la resolución?
—

Infracción de los artículos 10, 13 y 14 del Tratado de la Unión Europea. Infracción de los artículos 114, 168, apartado 4, letra c), 289 y 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: el Reglamento impugnado, al indicar que Ámsterdam será la sede de la EMA, se ha limitado a consignar la elección fruto de un procedimiento que culminó en la reunión del Consejo de 20 de noviembre de 2017, en cuya adopción el Parlamento Europeo no había tomado parte. En consecuencia, dado que el Parlamento no pudo participar en modo alguno en el procedimiento de toma de decisiones para la adopción de ese Reglamento, fue privado en esencia de sus prerrogativas que, por el contrario, debían ser plenamente respetadas en virtud de las disposiciones de los Tratados que regulan el procedimiento legislativo elegido.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) el 28 de diciembre de 2018 — Rolibérica, Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho

(Asunto C-834/18)

(2019/C 112/32)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Rolibérica, Lda

Recurrida: Autoridade para as Condições do Trabalho

Cuestión prejudicial

¿Cabe interpretar el Reglamento (CE) n.o 561/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en el sentido de que impone la obligación de que el período de descanso semanal de los conductores que se dedican al transporte por carretera de mercancías y de viajeros debe comenzar y terminar dentro del periodo comprendido entre las 00.00 horas del lunes y las 24.00 horas del domingo o debe interpretarse, por el contrario, en el sentido de que el período de descanso semanal puede disfrutarse íntegra e ininterrumpidamente entre dos semanas de trabajo?

(1) Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 , relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
—

El Tribunal General incurrió en un error de Derecho cuando declaró, en el apartado 34 del auto recurrido en casación, que no es necesario pronunciarse sobre la base de las demandas de la recurrente o de sus miembros relativas a los daños causados por las decisiones recurridas, únicamente porque i) la recurrente no concretó si ella o sus miembros pretenden «realmente» interponer tales demandas, ii) no se basó en una prueba precisa, concreta y verificable en lo relativo a los efectos de las decisiones recurridas, e iii) no daba detalles en cuanto a las condenas resultantes de la denegación de acceso a los documentos, y a pesar de que iv) el Tribunal General condenó simultáneamente a la recurrente en costas, costas que, por tanto, constituyeron el daño concreto y cierto causado a la recurrente por las decisiones recurridas.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, en relación con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación [(DO 2000, L 303, p. 16) [omissis]; en lo sucesivo, «Carta»], en el sentido de que cuando se interponga ante el órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro un recurso alegando la infracción de la prohibición de discriminación por motivos de edad respecto de un juez de ese órgano jurisdiccional, junto con la solicitud de suspensión del acto impugnado, ese órgano jurisdiccional —a fin de proteger los derechos resultantes del Derecho de la Unión mediante la aplicación de una medida cautelar prevista en el Derecho nacional— debe denegar la aplicación de las disposiciones nacionales que atribuyen la competencia en el litigio en el que se ha interpuesto el recurso a una sección de ese órgano jurisdiccional que no puede actuar debido a que los jueces que deben integrarla aún no han sido nombrados?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) el 29 de octubre de 2018 — CO / Comune di Gesturi

(Asunto C-670/18)

(2019/C 25/28)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CO

Demandada: Comune di Gesturi

Cuestión prejudicial

¿Se opone el principio de no discriminación previsto en los artículos 1 y 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, (1) a una disposición como la prevista en el artículo 5, apartado 9, del Decreto-ley n.o 95, de 6 de julio de 2012 (convalidado, con modificaciones, por la Ley n.o 135, de 7 de agosto de 2012, en su versión modificada por el artículo 6 del Decreto-ley n.o 90, de 24 de junio de 2014, convalidado por la Ley n.o 114, de 11 de agosto de 2014), que prohíbe a las administraciones públicas adjudicar misiones de estudio y de consultoría a aquellos trabajadores del sector público o privado que se encuentren en la actualidad jubilados?

(1) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).