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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 92/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de febrero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Innsbruck, Austria) — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Asunto C-507/06) (1)

(Derecho a la prestación por cuidado de hijos austriaca - Denegación del reconocimiento de los períodos de percepción de prestaciones familiares en otro Estado miembro - Reglamento (CEE) no 1408/71)

(2008/C 92/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Innsbruck

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Malina Klöppel

Demandada: Tiroler Gebietskrankenkasse

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) — Interpretación del artículo 72 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión resultante del Reglamento (CE) no 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001 (DO L 187, p. 1), y del artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión resultante del Reglamento (CE) no 410/2002 de la Comisión, de 27 de febrero de 2002 (DO L 62, p. 17) — Derecho a la prestación por cuidado de hijos — Posibilidad de ampliar, de treinta a treinta y seis meses, el período reconocido en el caso de transferirse el cuidado, y reconocimiento de la prestación al otro progenitor — Denegación del reconocimiento de los períodos, cubiertos por el padre junto con la madre, durante los cuales se reconoció y abonó al otro progenitor una prestación equiparable en otro Estado miembro

Fallo

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión resultante del Reglamento (CE) no 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, se opone a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento, a efectos de la concesión de una prestación familiar como la prestación por cuidado de hijos austriaca, del período de percepción de una prestación equiparable en otro Estado miembro de la misma manera que si aquél se hubiera cubierto en su propio territorio.

(1) DO C 56 de 10.3.2007.
1)

Declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud, respectivamente, de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, hasta el 31 de mayo de 2000, y, a partir de esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, al haberse negado a calcular y a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios no recaudados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002 correspondientes a la importación de material militar con exención de derechos de aduana, y al haberse negado a abonar los intereses de demora devengados por la falta de pago de dichos recursos propios a la Comisión de las Comunidades Europeas.
—

Ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, y de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, al haber adoptado el artículo 2, apartado 1, de la Ley no 109, Ley marco en materia de obras públicas (legge quadro in materia di lavori pubblici), de 11 de febrero de 1994, en su versión modificada por la Ley no 166, de 1 de agosto de 2002;
5.

Consecuencias jurídicas de una obtención de pruebas contraria al Derecho de la Unión: a) Si las pruebas se obtienen mediante una OEI contraria al Derecho de la Unión, ¿del principio de efectividad del Derecho de la Unión puede derivarse directamente una prohibición de utilización de las pruebas? b) En el caso de pruebas obtenidas mediante una OEI contraria al Derecho de la Unión, ¿el principio de equivalencia del Derecho de la Unión implica una prohibición de utilización de las pruebas si la medida en la que se basa la obtención de las pruebas en el Estado de ejecución no podría haber sido ordenada en un caso interno similar en el Estado de emisión y las pruebas obtenidas mediante ese tipo de medida interna ilegal no podrían utilizarse con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado de emisión? c) ¿Es contrario al Derecho de la Unión, en particular al principio de efectividad, el hecho de que la utilización en un proceso penal de pruebas cuya obtención era contraria al Derecho de la Unión precisamente porque no había sospecha de delito se vea justificada, en el marco de una ponderación de intereses, por la gravedad de los hechos que se hayan conocido por primera vez a raíz del análisis de las pruebas? d) Con carácter subsidiario: ¿resulta del Derecho de la Unión, en particular del principio de efectividad, que las infracciones del Derecho de la Unión en materia de obtención de pruebas no pueden quedar totalmente sin consecuencias en los procedimientos penales nacionales, incluso en el caso de delitos graves, y que, por lo tanto, deben tenerse en cuenta a favor del acusado al menos al valorar la prueba o al determinar la pena?
1)

Motivo basado en la inadecuación de la base jurídica para la adopción del Reglamento y, en este contexto, en la infracción del artículo 192 TFUE, apartado 2, letra c), en relación con el artículo 194 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, por no haberse adoptado el Reglamento controvertido sobre la base del artículo 192 TFUE, apartado 2, letra c), que requiere la unanimidad del Consejo, habida cuenta de que el Reglamento afecta de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético. Polonia invoca contra el Reglamento impugnado, en primer lugar, la inadecuación de la base jurídica, a saber, el artículo 122 TFUE, apartado 1. Polonia señala que el objetivo principal del Reglamento impugnado es ejercer una influencia considerable en las condiciones de explotación de los recursos energéticos, en la elección entre diferentes fuentes de energía y en la estructura general del abastecimiento energético. Habida cuenta de que el Reglamento afecta de forma significativa a la libertad de configuración de la combinación energética, debería haberse adoptado sobre la base del artículo 192 TFUE, apartado 2, letra c), al que se refiere el artículo 194 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, es decir, mediante un procedimiento legislativo especial en el que el Consejo decidiese por unanimidad.
4)

Cuando una persona no residente posea en el territorio de un Estado miembro, en el seno de una persona jurídica residente, medios humanos y técnicos con los que se prestan los servicios de procesamiento de los bienes necesarios para la entrega de estos por parte de la entidad no residente, ¿deben interpretarse el artículo 192 bis, letra b), de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y los artículos 11 y 53, apartado 2, del Reglamento de Ejecución n.o 282/2011 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del IVA, en el sentido de que dichos servicios de procesamiento, prestados a través de los medios técnicos y humanos de la persona jurídica residente son: (i) servicios recibidos por la persona jurídica no residente de la persona jurídica residente mediante dichos medios humanos y técnicos o, en su caso, (ii) servicios prestados por la persona jurídica no residente a sí misma, mediante esos medios humanos y técnicos?
—

en el mismo contexto, el Tribunal General incurrió en diferentes errores y desnaturalizaciones y no dio respuesta a las alegaciones del recurrente, en particular, al no abordar el efecto de la moratoria de la suspensión de las obligaciones de pago y al hacer una interpretación errónea del concepto de liquidez en el sentido del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014.
—

Declare que la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión (1) al no adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATS) designado por ella se atiene a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 29/2009.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012 (1) (Reglamento Bruselas I bis), en relación con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1346/2000 (2) sobre procedimientos de insolvencia, en el sentido de que en los conceptos de «la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos» contenidos en artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis) queda también comprendido un procedimiento en virtud del cual el crédito se describe en la demanda como un mero crédito comercial, sin que se haga mención alguna al procedimiento de quiebra abierto anteriormente contra la parte demandada, mientras que el fundamento jurídico efectivo de tal crédito se basa en las normas especiales del Derecho de quiebras neerlandés (artículo 25, apartado 2, de la Nederlandse Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling —Ley neerlandesa de 30 de septiembre de 1893, relativa a la quiebra y a la suspensión de pagos-; en lo sucesivo, «NFW»), en virtud de las cuales: — debe elucidarse si tal crédito debe ser considerado un crédito verificable (artículo 26 en relación con el artículo 110 de la NFW) o un crédito no verificable (artículo 25, apartado 2, de la NFW), — la cuestión de si ambas acciones pueden ejercitarse de forma simultánea y la de si una acción no parece excluir a la otra —habida cuenta de las consecuencias jurídicas específicas de cada una de ellas (en particular, la posibilidad de ejecutar una garantía bancaria aplazada tras la declaración de quiebra)— parecen determinarse con arreglo a las disposiciones específicas del Derecho de quiebras neerlandés? Además
1

¿Se aplica el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental que abroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000: (1) a) a una demanda de modificación de un derecho de visita en el sentido del artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento presentada por el titular de ese derecho de visita en virtud de una resolución judicial con efecto diferido motivado por el interés de los menores, pero firme y que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictada en el Estado de la anterior residencia habitual de los menores más de cuatro meses antes de la iniciación del procedimiento con arreglo al artículo 9, apartado 1, b) y ello excluyendo la competencia de principio prevista en el artículo 8 de dicho Reglamento, aun cuando el considerando 12 de dicho Reglamento especifica que «las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad [; e]sto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del menor […]»?
E)

No habiéndose dictado por el legislador español ninguna norma limitativa de las renovaciones, expresas o tácitas, de la contratación de los trabajadores indefinidos no fijos, ¿debe considerarse como una vulneración de la cláusula quinta del acuerdo anexo a la Directiva 1999/70/CE, el caso de un trabajador del sector público, como el del litigio presente, que tiene un contrato de indefinido no fijo cuya duración prevista no ha sido nunca expresada ni precisada y que se ha prolongado desde, cuando menos, el año 2002 (readmisión tras el despido) hasta 2021 sin que se haya convocado ningún proceso selectivo para cubrir su plaza y poner fin a la situación de temporalidad?
1.

De conformidad con lo dispuesto en: (i) el artículo 30, apartados 1, 3 y 4, del Reglamento n.o 1260/1999 (1) y la norma n.o 1, punto 1.9, [del anexo] del Reglamento n.o 1685/2000; (2) (ii) el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 70/2001 y (iii) los artículos 38 y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999; el artículo 4 del Reglamento n.o 438/2001; (3) el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 448/2001; (4) el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/1995 (5) y el artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999, (6) la venta de la empresa beneficiaria de la ayuda, junto con sus activos inmobiliarios, ¿constituye automáticamente una modificación tan sustancial de las condiciones de realización de la inversión cofinanciada en dicha empresa que justifica por sí misma una disposición nacional como la establecida en el artículo 18, apartado 5, del Decreto Interministerial n.o 192249/EΥS 4057/19.8.2002 (Decreto Ministerial n.o 9216/EYS 916/12.2-18.2.2004), que prohíbe de forma absoluta la transmisión, durante un largo período de tiempo, del patrimonio inmobiliario de una empresa que ha recibido una ayuda, so pena de revocación total o parcial de la decisión de concesión de la ayuda y de devolución total o parcial de la ayuda pública concedida?
C 303/32

Recurso de casación interpuesto el 17 de junio de 2022 por SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS AB contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) dictada el 30 de marzo de 2022 en el asunto T-324/17, SAS Cargo Group y otros / Comisión

(Asunto C-403/22 P)

(2022/C 303/39)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS AB (representantes: B. Creve and M. Kofmann, advokater, y J. Killick and G. Forwood, avocats)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida, en la medida en que desestimó la demanda de anulación presentada por las recurrentes.

— Anule en todo o en parte la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se refiere a las recurrentes.

— Anule o reduzca sustancialmente la multa impuesta.

— Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia.

— Condene en costas a la Comisión, incluidas las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cinco motivos.

Primer motivo, basado en errores de Derecho relativos a la violación del derecho de defensa y del derecho de acceso al expediente al no darles acceso a pruebas de cargo y de descargo.

Segundo motivo, basado en errores de Derecho relativos al derecho a ser oído con respecto al criterio de los efectos cualificados y las rutas de entrada.

Tercer motivo, basado en errores de Derecho relativos a la aplicación de los criterios de los efectos cualificados.

Cuarto motivo, basado en errores de Derecho relativos a la infracción única y continuada.

Quinto motivo, basado en errores de Derecho relativos al ejercicio por parte del Tribunal General de su competencia ilimitada para determinar la multa.
3)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿es conforme con los principios básicos contables y con el objetivo y función del deber de publicación, establecidos en los artículos 4, 30 y 33 de la Directiva 2013/34/UE, así como con el derecho a un procedimiento equitativo, consagrado como principio general del Derecho en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y con los principios fundamentales de seguridad jurídica y de proporcionalidad, una actuación de la Administración tributaria de un Estado miembro consistente en determinar una diferencia tributaria a cargo de un contribuyente que es una persona particular, sobre la base de lo dispuesto en la Ley de contabilidad, por el mero hecho de que el contribuyente no ha podido poner a disposición de la Administración tributaria la totalidad de la documentación contable de una sociedad mercantil, que es independiente del contribuyente, para demostrar que ha utilizado en interés de esa sociedad, en condición de empleadora, las cantidades en metálico que ha manejado en el ámbito de su trabajo en cumplimiento de instrucciones o a raíz de mandatos, y, en consecuencia, la Administración tributaria esgrime en contra del contribuyente la falta de unos documentos de los que este no tiene por qué disponer o no ha podido disponer por razones objetivas, dándose la circunstancia de que dichos documentos son públicamente accesibles debido a la obligación de publicación de los estados financieros anuales por las empresas?
C 222/21

Recurso de casación interpuesto el 5 de abril de 2022 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) dictada el 26 de enero de 2022 en el asunto T-286/09 RENV, Intel Corporation/Comisión

(Asunto C-240/22 P)

(2022/C 222/32)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre, N. Khan, M. Kellerbauer y C. Sjödin, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Intel Corporation Inc., Association for Competitive Technology, Inc., Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida, con excepción del punto 3 del fallo.

— Devuelva el asunto al Tribunal General.

— Reserve la decisión en cuanto a las costas.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente formula seis motivos de casación.

Primer motivo de casación: El control que lleva a cabo la sentencia recurrida del ámbito del análisis de los criterios de cobertura y duración de la Decisión (1) es ultra petita. Además, la sentencia recurrida incurre en error de Derecho al denegar cualquier apreciación global de la capacidad de las prácticas de Intel de excluir la competencia a la luz de todas las circunstancias relevantes del caso y al interpretar equivocadamente las orientaciones dadas a ese respecto en la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C-413/14 P, EU:C:2017:632).

Segundo motivo de casación: El control de la sentencia recurrida del as efficient competitor test (en lo sucesivo, «análisis AEC») llevado a cabo en la Decisión vulnera el derecho de defensa de la Comisión.

Tercer motivo de casación: El control de la sentencia recurrida del análisis AEC de la Decisión en relación con Dell incurre en error con respecto al nivel de prueba, distorsiona al claro significado de la prueba, aplica un razonamiento contradictorio y vulnera el derecho de defensa de la Comisión.

Cuarto motivo de casación: El control de la sentencia recurrida del análisis AEC de la Decisión en relación con Hewlett-Packard Company incurre en error con respecto al nivel de prueba, vulnera el derecho de defensa de la Comisión y contiene otros varios errores de Derecho.

Quinto motivo de casación: El control de la sentencia recurrida del análisis AEC de la Decisión en relación con Lenovo yerra en su interpretación del análisis AEC y del artículo 102 TFEU, distorsiona la prueba y vulnera el derecho de defensa de la Comisión.

Sexto motivo de casación: En la medida en que la sentencia recurrida se basa en su control del análisis AEC de la Decisión a efectos de la anulación parcial de la Decisión, no considera adecuadamente las implicaciones de sus declaraciones sobre el análisis AEC.

(1) Decisión de la Comisión C(2009) 3726 final, de 13 de mayo de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo [102 TFUE] y en el artículo 54 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/C-3/37 990 — Intel).