AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 29 de marzo de 1996

Asunto T-24/96 R

U

contra

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

«Funcionarios — Destino — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales»

Texto completo en lengua alemana II-479

Objeto:

Suspensión de la ejecución de la decisión de la parte demandada relativa al destino del demandante en Tesalónica; mantenimiento provisional de su destino en la Representación de la Comisión Europea en Berlín.

Resultado:

Prórroga de la suspensión de la ejecución acordada mediante el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 29 de febrero de 1996 hasta el 12 de abril inclusive. Continuación del destino del demandante en Berlín hasta dicha fecha. Desestimación de la demanda en todo lo demás.

Resumen del auto

El 12 de noviembre de 1993, el demandante fue contratado por el demandado (Cedefop) en virtud de un contrato de trabajo de duración indeterminada. Dicho contrato estableció como lugar de destino Berlín, que en aquella fecha era la sede del Cedefop.

El 1 de septiembre de 1994, el Consejo transfirió la sede del Cedefop a Tesalónica [Reglamento (CE) no 1131/94, de 16 de mayo de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional; DO L 127, p. 1].

El 23 de enero de 1995, el Director del Centro firmó con una delegación del personal un «acuerdo marco» sobre «medidas de acompañamiento en materia social relacionadas con el traslado del Cedefop a Tesalónica» que establecía, en particular, disposiciones relativas al nombramiento definitivo del personal (4.1) y al supuesto de que el interesado no pudiera abandonar Berlín (4.3).

El 1 de marzo de 1995, el personal del demandado fue sometido a las disposiciones aplicables a los funcionarios y demás agentes de las Comunidades Europeas [Reglamento (CE) no 251/95 del Consejo, de 6 de febrero de 1995, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional; DO L 30, p. 1].

El 1 de abril de 1995, se nombró al demandante funcionario en prácticas y, posteriormente, el 1 de enero de 1996, funcionario titular.

Como consecuencia de su solicitud basada en el punto 4.3 del acuerdo marco, el demandante fue destinado, por un período de seis meses a partir del 1 de septiembre de 1995 (fecha del traslado efectivo del Cedefop a Tesalónica), a la Representación de la Comisión Europea en Berlín (decisión del demandado de 31 de julio de 1995, que se remite a su Decisión General de 7 de julio de 1995).

Mediante escrito de 12 de febrero de 1996 (que el demandante recibió el 17 de febrero siguiente), el demandado, respondiendo a la petición del demandante para que su destino fuera prorrogado, le hizo llegar su decisión de 8 de febrero de 1996 por la que, a partir del 1 de marzo de 1996, se le destinaba a la sede del demandado.

El demandante interpuso el recurso principal por el que solicitó la anulación de la decisión de 8 de febrero de 1996 y que iba acompañado de una demanda de medidas provisionales, al mismo tiempo que comunicaba al demandante los motivos de su reclamación administrativa.

Mediante auto de 29 de febrero de 1996, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia suspendió la ejecución de la decisión impugnada hasta que se dictara el auto que pusiera fin al presente procedimiento de medidas provisionales.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de la demanda

El recurso no es manifiestamente inadmisible, en la medida en que se dirige contra la denegación de la petición del demandante de que se prorrogara su destino en la Representación de la Comisión Europea en Berlín (objetivo que guarda relación suficiente con la demanda de medidas provisionales), puesto que esta denegación constituye, a primera vista, una decisión distinta de la adoptada el 31 de julio de 1995. En efecto, los funcionarios que se hayan beneficiado de una medida prevista en el punto 4.3 del acuerdo marco tienen la posibilidad de solicitar la prórroga con arreglo a la misma disposición (apartados 55 y 56).

La eventualidad de que las medidas provisionales solicitadas puedan interferir con los intereses de la Comisión, aun cuando ésta no sea parte en el litigio, puede ser considerada, en su caso, cuando se valoren los intereses en juego y, en consecuencia, no puede cuestionarse la admisibilidad de la demanda (apartado 57).

Referencia: Tribunal de Justicia, 22 de mayo de 1978, Simmenthal/Comisión (92/78 R, Rec. p. 1129), apartados 9, 10, 18 y 19

El hecho de que el recurso principal no haya sido interpuesto sino el mismo día en que se comunicaron al demandado los motivos de la reclamación, no basta para declarar la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales presentada en relación con dicho recurso (apartado 58).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de diciembre de 1979, B./Parlamento (794/79 R, Rec. p. 3635), apartado 3

Sobre la urgencia y la valoración de los intereses

Las Instituciones disponen, dentro de los límites impuestos por el Estatuto, de una amplia facultad de apreciación para organizar sus servicios en función de las misiones que les hayan sido confiadas y para destinar, en atención a éstas, al personal que se halla a su disposición. De este modo, la urgencia que se atribuye a una demanda de medidas provisionales en relación con una decisión de nuevo destino, debe apreciarse respecto al hecho de que, si bien tal medida ocasiona inconvenientes a los funcionarios interesados, no constituye un acontecimiento anormal e imprevisible en sus carreras. En estas circunstancias, la suspensión de la ejecución no podría justificarse sino por circunstancias imperativas y excepcionales que pudieran irrogar al funcionario interesado un perjuicio grave e irreparable (apartados 60 y 61).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de febrero de 1981, Carbognaniy Coda Zabetta/Comisión (asuntosacumulados 161/80y 162/80, Rec. p. 543), apartado 28; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Aubineau/Comisión (T-102/95 R, RecFP p. II-365), apartado 23

Estos principios, desarrollados en particular para tener en cuenta la multiplicidad de los lugares de trabajo de las Instituciones, se pueden trasladar además al caso de autos por otra razón, ya que, a primera vista, la actividad del demandante en Berlín se ejerce, al menos en lo esencial, en beneficio de la Comisión y no en el del demandado, organismo al que corresponde el puesto de trabajo que ocupa y que le paga su sueldo. El punto 4.3 del acuerdo marco no impide que la concesión de la medida de prórroga solicitada por el demandante constituya una facultad discrecional del demandado cuyo interés por incorporar a sus servicios a los funcionarios de que se trata puede aumentar en función de las consecuencias que acarrea su ausencia continuada. Por otra parte, aunque la Comisión, sólo hiciera posible con retraso la movilidad a que se refiere el acuerdo marco (acuerdo cuyo punto 4.3. permitía, según el demandante, que los funcionarios esperasen dicha movilidad), a primera vista, no es imputable al demandado y, por lo tanto, impide al Juez de las medidas provisionales hacer abstracción del interés en el servicio por parte de aquél (apartado 63).

El hecho de que la decisión impugnada obligue al demandante a abandonar el centro de sus intereses en Berlín, donde se encuentran su familia y sus amigos, no rebasa los límites de las consecuencias que normalmente puede acarrear una medida relativa al destino geográfico de un funcionario y no constituye un perjuicio grave e irreparable (apartado 65).

La misma apreciación no se impone necesariamente en la medida en que, según el demandante, la ejecución de la decisión impugnada pueda afectar a la vida en común que mantiene desde hace muchos años con otra persona. Sin embargo, el hecho de que haya asumido las obligaciones de funcionario con total conocimiento de causa y que haya aceptado así las consecuencias que de ello puedan derivarse, en lo que respecta a su destino y, por consiguiente, a su vida privada, se opone en todo caso a que la valoración de los intereses pueda decantarse en favor de la concesión de las medidas solicitadas (apartado 66).

Las mismas consideraciones se aplican aun cuando el demandante pretende que la ejecución de la decisión impugnada impide que siga visitando regularmente a su padre gravemente enfermo que vive en Münster. En todo caso, las indicaciones del demandante en lo que se refiere a la frecuencia de sus visitas, efectuadas con anterioridad, son, al igual que las referidas a su necesidad, demasiado imprecisas para permitir la conclusión de que se corre el peligro de ocasionar un perjuicio grave e irreparable (apartado 67).

En el plano profesional, el demandante, que no ocupa un puesto de plantilla en la Comisión, no puede correr el peligro de «perderlo» como consecuencia de la ejecución de la decisión impugnada. Por otra parte, su destino en Tesalónica no puede menoscabar sus posibilidades de ser recrutado, en el marco de un traslado, para ocupar un puesto vacante fuera del Cedefop (apartado 68).

A diferencia de lo que sostiene el demandante, la decisión impugnada no puede, prima facie, menoscabar su situación de funcionario, su dignidad personal o su prestigio profesional. El peligro alegado por el demandante, a la vista del tenor literal del escrito de 12 de febrero de 1996, de que si no tomara posesión en la fecha fijada en dicha decisión se le tendría por presentada la renuncia, no es real, puesto que el demandado ha declarado formalmente, durante la audición, que dicho comportamiento no sería calificado de renuncia presunta. Por otra parte, a primera vista, esta fecha no supone una exigencia que el demandante no pueda cumplir en condiciones aceptables (apartados 69 y 70).

De cuanto antecede se deduce que no está justificada la concesión de las medidas solicitadas hasta que se dicte la sentencia definitiva. Sin embargo, ante los intereses en juego, parece apropiado prorrogar la suspensión de la ejecución ordenada el 29 de febrero de 1996, durante un período que permita al demandante adoptar las disposiciones necesarias para incorporarse al servicio en Tesalónica, en condiciones similares a las que implicaría la decisión impugnada. Durante este tiempo seguirá destinado en Berlín. Se desprende de los autos que la Representación de la Comisión no se opone a dicha medida (apartado 71).

Fallo:

Se prorroga hasta el 12 de abril de 1996 inclusive la suspensión de la ejecución acordada mediante auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 29 de febrero de 1996. Hasta la referida fecha, el demandante seguirá destinado en Berlín.

Se desestima la demanda de medidas provisionales en todo lo demás.