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2)

El Reglamento no 1191/69, en su versión modificada por el Reglamento no 1893/91, se opone a la concesión de indemnizaciones compensatorias, como las controvertidas en el litigio principal, cuando no es posible determinar el importe de los costes imputables a la actividad que las empresas de que se trate desarrollen en el marco de la ejecución de sus obligaciones de servicio público.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, al mantener en vigor las disposiciones del artículo 47, apartados 5 y 6, de la Ley no 428, de 29 de diciembre de 1990, en caso de «crisis de la empresa» en el sentido del artículo 2, párrafo quinto, letra c), de la Ley no 675, de 12 de agosto de 1977, de forma que no quedan garantizados los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 3, apartados 1, 3 y 4, así como en el artículo 4 de la citada Directiva, en caso de transmisión de una empresa declarada en estado de crisis.
1)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la adopción por un Estado miembro de una normativa nacional, como el Decreto Presidencial 164/2004, por el que se establecen disposiciones relativas a los trabajadores con contratos de duración determinada en el sector público, que, con objeto de adaptar el Derecho interno específicamente a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones en el sector público, prevé la adopción de medidas para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada enumeradas en el apartado 1, letras a) a c), de esta cláusula, cuando ya existe en Derecho interno una «medida legal equivalente» en el sentido de dicha cláusula, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, relativa a la rescisión obligatoria del contrato de trabajo de los empleados del sector privado, siempre y cuando, dicha normativa, por una parte, no menoscabe la efectividad de la prevención de los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, tal como se desprende de dicha medida legal equivalente y, por otra parte, respete el Derecho comunitario y, especialmente, la cláusula 8, apartado 3, de dicho Acuerdo.
1)

Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 31, apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2846/98 del Consejo, de 17 de diciembre de 1998, y de los artículos 23, apartados 1 y 2, y 24 y 25, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, al no haber controlado, inspeccionado ni aplicado de forma efectiva el ejercicio de la pesca, conforme a la prohibición de utilizar redes de enmalle de deriva para la captura de ciertas especies y al no haberse cerciorado de que se adoptaran medidas oportunas contra los responsables de infracciones a la normativa comunitaria en materia de utilización de las redes de enmalle de deriva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

(Asunto C-275/07) (1)

(Incumplimiento de Estado - Tránsito comunitario externo - Cuadernos TIR - Derechos de aduana - Recursos propios de las Comunidades - Puesta a disposición - Plazos - Intereses de demora - Normas de contabilización)

2009/C 113/10

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Wilms, M. Velardo y D. Recchia, agentes)

Demandada: República Italiana (representantes: I. Braguglia y G. Albenzio, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 8 y 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1) y del artículo 6, apartado 2, letra a) de dicho Reglamento, sustituido, a partir del 30 de mayo de 2000, por el Reglamento (CE Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1) — Normas de contabilización — Intereses de demora debidos en caso de pago retrasado de los recursos propios.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas

(1) DO C 199, de 25.8.2007.
1)

La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 y la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos, no se oponen a que el productor de residuos mezcle residuos clasificables conforme a códigos diferentes de la lista aneja a la Decisión 2000/532 durante su almacenamiento temporal, previo a su recogida, en el lugar de producción. No obstante, los Estados miembros deben adoptar medidas que obliguen al productor de residuos a clasificar y a almacenar por separado los residuos durante su almacenamiento temporal, previo a su recogida, en el lugar de producción, utilizando a tal fin los códigos de la mencionada lista, si estiman que esas medidas son necesarias para conseguir los objetivos fijados en el artículo 4, párrafo primero, de la Directiva 75/442, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 44/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht für Strafsachen Wien — Austria) — Proceso penal contra Vladimir Turansky

(Asunto C-491/07) (1)

(«Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen - Artículo 54 - Principio ne bis in idem - Ámbito de aplicación - Concepto de “juzgado en sentencia firme’ - Resolución por la cual una autoridad policial ordena el archivo de diligencias penales - Resolución que no extingue la acción pública y carece de efecto ne bis in idem según el Derecho nacional»)

(2009/C 44/32)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht für Strafsachen Wien

Parte en el proceso principal

Vladimir Turansky

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landesgericht für Strafsachen Wien — Interpretación del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO 2000, L 239, p. 19) — Interpretación del principio ne bis in idem — Ámbito de aplicación — Decisión por la que una autoridad policial pone fin a las actuaciones penales con carácter definitivo.

Fallo

El principio non bis in idem consagrado en el artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica del Benelux, de la República Federal de Alemania, y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990, no es de aplicación a una resolución por la cual una autoridad de un Estado contratante, después de examinar el fondo del asunto de que conoce, ordena, en una fase previa a la inculpación de una persona sospechosa de un delito, el archivo de las diligencias penales, cuando esta resolución de archivo, de acuerdo con el Derecho nacional de ese Estado, no extingue definitivamente la acción pública y no impide por tanto que se emprendan nuevas diligencias penales, por los mismos hechos, en ese Estado.

(1) DO C 22 de 26.1.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 19/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de noviembre de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania)] — Metherma GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Düsseldorf

(Asunto C-403/07) (1)

(Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Partidas 8101 y 8102 - Rotura y trituración de barras de volframio o de molibdeno «simplemente obtenidas por sinterizado» - Volframio y molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado - Desperdicios y desechos)

(2009/C 19/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Metherma GmbH & Co. KG

Demandada: Hauptzollamt Düsseldorf

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesfinanzhof — Interpretación del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1) — Cambio de partida arancelaria para barras de volframio o molibdeno obtenidas por sinterizado cuando las barras se rompen

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión aplicable durante el año 2001, es decir, la resultante del Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87, debe interpretarse en el sentido de que las barras de volframio o de molibdeno «simplemente obtenidas por sinterizado» están comprendidas, respectivamente, en las subpartidas 8101 91 10 y 8102 91 10. Dichas barras, que han de considerarse forma bruta de los metales de que se trata y no manufacturas de estos metales, no pueden ser transformadas, mediante trituración o rotura, en desechos incluidos, respectivamente, en las subpartidas 8101 91 90 y 8102 91 90 de la Nomenclatura Combinada antes referida.

(1) DO C 283 de 24.11.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 313/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lunds tingsrätt, Suecia) — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser/Anders Holmqvist

(Asunto C-310/07) (1)

(Aproximación de las legislaciones - Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Artículo 8 bis - Actividades en varios Estados miembros)

(2008/C 313/12)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Lunds tingsrätt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser

Demandada: Anders Holmqvist

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Lunds tingsrätt — Interpretación del artículo 8 bis de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) — Garantía salarial en favor de un trabajador que ejerce su trabajo en una empresa de transportes por carretera que tiene su sede y su único centro de actividad en un Estado miembro y que lleva a cabo entregas de mercancías entre el Estado miembro de origen y otros Estados miembros

Fallo

El artículo 8 bis de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, debe interpretarse en el sentido de que, para que se considere que una empresa establecida en un Estado miembro tiene actividades en el territorio de otro Estado miembro, no es necesario que ésta disponga de una filial o de un establecimiento permanente en este otro Estado. No obstante, es necesario que esta empresa disponga en este último Estado de una presencia económica permanente, caracterizada por la existencia de medios humanos que le permitan desarrollar actividades. En el caso de una empresa de transporte establecida en un Estado miembro, la mera circunstancia de que un trabajador contratado por ésta en dicho Estado efectúe entregas de mercancías entre este último Estado y otro Estado miembro no permite concluir que la mencionada empresa dispone de una presencia económica permanente en otro Estado miembro.

(1) DO C 211 de 8.9.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de noviembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd

(Asunto C-209/07) (1)

(Competencia - Artículo 81 CE, apartado 1 - Concepto de «acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia» - Acuerdo de reducción de capacidad de producción - Carne de vacuno)

(2009/C 6/07)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Competition Authority

Demandadas: Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Supreme Court — Interpretación del artículo 81 CE, apartado 1 — Medidas que limitan o controlan la producción — Inclusión de un acuerdo que tiene como efecto una reducción puntual de capacidad estructural.

Fallo

Un acuerdo con las características del acuerdo tipo celebrado entre los diez principales transformadores de carne de vacuno en Irlanda, miembros de la Beef Industry Development Society Ltd, y que establece, en particular, una reducción de la capacidad de transformación del orden del 25 %, tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1.

(1) DO C 140 de 23.6.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 285/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Roma) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

(Asunto C-265/07) (1)

(Operaciones comerciales - Directiva 2000/35/CE - Lucha contra la morosidad en los pagos - Procedimiento de cobro de créditos no impugnados)

(2008/C 285/14)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale ordinario di Roma

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Caffaro Srl

Demandada: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

En el que participa: Banca di Roma SpA

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Roma (Italia) — Interpretación del artículo 5 de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200, p. 35) — Procedimiento de cobro de créditos no impugnados — Normativa nacional que exige que haya expirado un plazo de 120 días en la fecha de notificación del título ejecutivo para que pueda procederse al cobro del crédito.

Fallo

La Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, como el artículo 14 del Decreto-ley no 669/1996, de 31 de diciembre de 1996, convalidado, tras su modificación, por la Ley no 30, de 28 de febrero de 1997, en su versión modificada por el artículo 147 de la Ley no 388, de 23 de diciembre de 2000, en virtud de la cual un acreedor, provisto de un título ejecutivo relativo a un pago no impugnado adeudado por una administración pública como contraprestación de una operación comercial, no puede proceder a la ejecución forzosa contra esa administración antes de que transcurra un plazo de 120 días desde la notificación del título ejecutivo a dicha administración.

(1) DO C 199 de 25.8.2007.
2)

Las declaraciones públicas mediante las que un empleador da a conocer que, en el marco de su política de contratación, no empleará a trabajadores de determinado origen étnico o racial bastan para presumir la existencia de una política de contratación directamente discriminatoria, en el sentido del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2000/43. Incumbe en tal caso a ese empleador probar que no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato. Puede hacerlo demostrando que la práctica real de contratación de su empresa no corresponde a esas declaraciones. Compete al tribunal remitente verificar que los hechos imputados a ese empleador están demostrados, y apreciar si son suficientes los elementos que dicho empleador aporte en apoyo de sus afirmaciones de que no ha vulnerado el principio de igualdad de trato.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 92/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo

(Asunto C-328/07) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/48/CE - Respeto de los derechos de propiedad intelectual - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

(2008/C 92/15)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: W. Wils, agente)

Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: C. Schiltz, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45 y —corrección de errores— DO L 195, p. 16).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al no adoptar, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

(1) DO C 211 de 8.9.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

(Asunto C-489/06) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directivas 93/36/CEE y 93/42/CEE - Contratos públicos - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro - Suministros para hospitales)

2009/C 113/04

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Patakia y X. Lewis, agentes)

Demandada: República Helénica (representante: D. Tsagkaraki y S. Chala, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1) y de los artículos 17 y 18 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1) — Rechazo de productos sanitarios en el marco de licitaciones públicas de suministros para hospitales públicos en Grecia, por motivos de «idoneidad general y seguridad del uso», a pesar de que dichos productos estaban provistos del marchamo CE de conformidad, y de que, en cualquier caso, no se había seguido el procedimiento previsto en la Directiva 93/42/CEE para los productos sanitarios.

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, en su versión modificada por la Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2001, y de los artículos 17 y 18 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, al haber rechazado las ofertas de productos sanitarios provistos del marchamo CE de conformidad, sin que las entidades adjudicadoras competentes de los hospitales griegos hubieran seguido el procedimiento establecido por la Directiva 93/42, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003.

2) Condenar en costas a la República Helénica.

(1) DO C 326, de 30.12.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 327/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania

(Asunto C-247/06) (1)

(Incumplimiento de Estado - Repercusión de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Instalación de calefacción - Producción de energía - Incineración parcial de sustancias peligrosas)

(2008/C 327/02)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: U. Wölker y F.Simonetti, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y C. Schulze-Bahr, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de las pretensiones de la parte demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: T. Harris e I. Rao, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 4, apartado 1, en relación con el anexo I, no 9, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 (DO L 73, p. 5) — Autorización sin evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de una instalación de calefacción mediante la producción de calor de proceso en parte a través de la combustión de residuos peligrosos — Operaciones de eliminación y operaciones de recuperación de residuos.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

3) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 190 de 12.8.2006.