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Palabras clave

1. Política social — Aproximación de las legislaciones — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Directiva 2001/23/CE — Artículos 3, apartado 1, y 1, apartado 1, letra c) — Consecuencias en las relaciones entre el Estado y los particulares — Sociedad de responsabilidad limitada de Derecho privado cuyo único accionista es una mancomunidad de servicios sociales de Derecho público — Entidad contra la que se pueden invocar dichos artículos

[Directiva 2001/23/CE del Consejo, arts. 1, ap. 1, letra c), primera frase, y 3, ap. 1]

2. Política social — Aproximación de las legislaciones — Transmisiones de empresas —Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Directiva 2001/23/CE — Artículos 3, apartado 1, y 1, apartado 1, letra c) — Posibilidad de invocar dichos artículos frente a un particular — Exclusión — Imposibilidad de que un organismo estatal que cede un centro de actividad imponga al trabajador la continuidad de su relación laboral con un cesionario

[Directiva 2001/23/CE del Consejo, arts. 1, ap. 1, letra c), y 3, ap. 1]

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1. Una sociedad de responsabilidad limitada de Derecho privado cuyo único accionista es una mancomunidad de servicios sociales de Derecho público figura entre las entidades contra las que se pueden invocar los artículos 3, apartado 1, y 1, apartado 1, letra c), primera frase, de la Directiva 2001/23/CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, ya que ambas disposiciones cumplen los requisitos para producir efecto directo.

A este respecto, resulta irrelevante el hecho de que, en virtud de un contrato de cesión que depende únicamente de la presidencia de dicha mancomunidad, las participaciones sociales poseídas por ésta vayan a ser transmitidas a una sociedad de responsabilidad limitada cuyo único accionista es una asociación privada, puesto que semejante proyecto no puede, como tal, cambiar la naturaleza jurídica de la primera sociedad.

(véanse los apartados 28 a 30 y el punto 1 del fallo)

2. Un organismo estatal que cede un centro de actividad no puede invocar los artículos 3, apartado 1, y 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2001/23, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, contra un trabajador para imponerle la continuidad de su relación laboral con el cesionario. En efecto, una directiva no puede crear, por sí sola, obligaciones a cargo de un particular y una disposición de una directiva no puede invocarse como tal contra dicho particular.

(véanse los apartados 32, 33 y 35 y el punto 2 del fallo)
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Agricultura — Organización común de mercados — Frutas y hortalizas — Organizaciones de productores — Imposición de cotizaciones a los productores no asociados de productos ecológicos — Principio de no discriminación — Productores que se encuentran en una situación objetivamente diferente de la de los asociados — Apreciación por los órganos jurisdiccionales nacionales — [Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, art. 15 ter, aps. 1 y 8]

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El artículo 15 ter, apartados 1 y 8, del Reglamento nº 1035/72, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento nº 3284/83, debe interpretarse de la siguiente forma:

– Un Estado miembro que haya aplicado el citado apartado 1, declarando obligatorias determinadas normas de producción y de comercialización adoptadas por una organización de productores para los productores establecidos en la circunscripción de dicha organización y no asociados a ésta, no puede, sin vulnerar el principio de no discriminación, aplicar el apartado 8 de la citada disposición convirtiendo a estos últimos en deudores de la totalidad o de una parte de las cotizaciones abonadas por los productores asociados, sin investigar si los productores no asociados, formen parte o no de un sector de producción legalmente regulado, como el sector de la agricultura ecológica, se encuentran o no en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados.

– Los productores no asociados se encuentran en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados cuando las normas adoptadas por dicha organización no son de aplicación o únicamente se aplican con carácter marginal a sus productos y las acciones emprendidas por esta última no benefician o benefician tan sólo marginalmente a los citados productos.

– Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar las pruebas presentadas a tal efecto.

(véase el apartado 30 y el fallo)
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de julio de 1998, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente artículo 226 CE), un recurso con el fin de que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de los artículos 2 y 3, apartados 1, 5 y 6, de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166, p. 77), al: — haber limitado a elementos del patrimonio con valor superior a 100.000 ATS la prohibición de blanqueo de capitales establecida en el artículo 165 del Strafgesetzbuch (Código Penal austríaco); — haber previsto la identificación de los clientes a la apertura de una cuenta de custodia de valores, no a partir del 1 de enero de 1994 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo), sino a partir del 1 de agosto de 1996; — no haber previsto la identificación del cliente en cada transacción efectuada en favor o con cargo a una cuenta de custodia de valores, sino, por el contrarío, haber previsto, en el apartado 5 del artículo 40 de la Bankwesengesetz (Ley bancaria), la identificación del cliente únicamente en el caso de la aceptación o adquisición de valores mobiliarios en favor de una cuenta de custodia de valores; — no haber previsto a partir del 1 de enero de 1994 la identificación del cliente en cada operación de apertura de una libreta de ahorro; — no haber previsto la identificación del cliente en cada transacción relacionada con una libreta de ahorro abierta antes o después del 1 de enero de 1994.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de noviembre de 1998. - Anne-Marie Toller contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado. - Asunto C-149/98 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-07623



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Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 168 A; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51]

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En virtud del artículo 168 A del Tratado CE y del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de los hechos.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 1997. - Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) y Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE - Sector textil - Error manifiesto de apreciación - Exceso de capacidad - Admisibilidad. - Asunto C-55/97 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-05383



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Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los elementos de prueba - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

[Tratado CE, art. 168 A; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51]

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Con arreglo al artículo 168 A del Tratado y al párrafo primero del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas por parte del Tribunal de Primera Instancia, excluyendo cualquier apreciación de hecho.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para determinar los hechos, salvo en el caso de que una inexactitud material de sus comprobaciones resultara de los documentos que obran en autos, y, por otra, para apreciar dichos hechos. Además, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le han sido sometidos, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y valoración de la prueba. Por consiguiente, dicha apreciación no constituye, excepto en caso de desnaturalización de estas pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1997. - Moccia Irme SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Interés para ejercitar la acción - Ayudas de Estado. - Asunto C-89/97 P(R).



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-02327



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1 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Denegación - Calificación jurídica de los hechos - Apreciación jurídica del interés del demandante en obtener la suspensión de la ejecución de una Decisión - Admisibilidad

[Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1]

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos de concesión - Perjuicio grave e irreparable - Interés del demandante en obtener la suspensión solicitada - Decisión administrativa negativa

(Tratado CECA, art. 39, párr. 2)

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3 Si bien con arreglo al párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, un recurso de casación únicamente puede fundarse en motivos relativos a la infracción de normas jurídicas, con exclusión de cualquier apreciación de los hechos, ello no impide, sin embargo, que en apoyo de un recurso de casación se planteen motivos relativos a la apreciación jurídica de dichas circunstancias de hecho y dirigidos a acreditar que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho.

A este respecto, un recurso de casación contra un auto sobre medidas provisionales que sostiene que se examinó de manera insuficiente el interés de la recurrente en conseguir la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida, no se limita a poner en tela de juicio las apreciaciones de hecho efectuadas por el Juez de medidas provisionales, sino que debe entenderse en el sentido de que va dirigido a acreditar que el auto impugnado incurre en error de Derecho por lo que respecta a la apreciación jurídica de dichas circunstancias.

4 El Juez de medidas provisionales únicamente podrá conceder la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales si se demuestra, en particular, que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes que se resuelva sobre el procedimiento principal. Pues bien, unas medidas provisionales que no sean adecuadas para evitar el perjuicio grave e irreparable al que se refiere la parte demandante no pueden a fortiori ser necesarias a tal efecto. A falta de un interés del demandante en la consecución de las medidas provisionales solicitadas, estas últimas no pueden, por consiguiente, cumplir el criterio de la urgencia.

En principio, no está prevista la formulación de demanda de suspensión de la ejecución contra una decisión administrativa negativa, dado que la concesión de una suspensión no puede tener como efecto la modificación de la situación de la parte demandante.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 15 de enero de 1998. - Dieter Obst contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Funcionario - Procedimiento de selección - Artículo 45 del Estatuto - Motivación - Reparación del perjuicio - Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infundado. - Asunto C-403/95 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-00027



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1 Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad - Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, arts. 49 y 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2 Recurso de casación - Motivos - Motivo dirigido contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas - Inadmisibilidad en caso de desestimación de todos los demás motivos

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 2]

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3 Del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en relación con la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento, resulta que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos que se critican de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos aducidos específicamente en apoyo de dicha pretensión de anulación.

No cumple este requisito el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional; en efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de este último Tribunal.

4 En el supuesto de que se desestimen todos los demás motivos de interposición de un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia, deberá declararse, con arreglo al párrafo segundo del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la inadmisibilidad del motivo de interposición relativo a la condena en costas.
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Funcionarios - Recursos - Acto lesivo - Concepto - Referéndum convocado por la administración entre su personal - Medida de carácter interno - Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

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Con arreglo a los artículos 90 y 91 del Estatuto, sólo pueden considerarse lesivos aquellos actos que afectan directa e individualmente la situación jurídica de los interesados.

La decisión de una Institución de convocar un referéndum entre su personal tan sólo constituye una medida de orden interno que no crea ninguna obligación para nadie de participar en él. Esta decisión, que no puede, por consiguiente, modificar de una forma caracterizada la situación jurídica de un funcionario, no puede ser calificada de acto lesivo, de forma que no puede admitirse el recurso interpuesto contra esta decisión.
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1. Recurso de anulación - Actos suceptibles de recurso - Concepto - Referéndum organizado por una Institución entre su personal - Medida de orden interno - Exclusión

(Tratado CEE, art. 173)

2. Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias de forma - Exposición sumaria de los motivos invocados

[Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, art. 19; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 38, ap. 1, letra c) ]

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1. Constituyen actos o decisiones suceptibles de recurso de anulación, con arreglo al artículo 173 del Tratado, aquellas medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses del demandante, modificando caracterizadamente la situación jurídica de éste.

La decisión de una Institución comunitaria de organizar un referéndum entre su personal no constituye más que una simple medida de orden interno, que no crea ninguna obligación, para nadie, de participar en la consulta. Por consiguiente, esta medida, que no puede producir consecuencias directas e inmediatas sobre la situación jurídica de una organización sindical de funcionarios, no puede ser objeto de un recurso de anulación interpuesto por esta organización.

2. Con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la demanda contendrá la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. La circunstancia de que una demanda no precise los motivos invocados en apoyo de las pretensiones del demandante y, en particular, tratándose de una demanda de indemnización, la índole del perjuicio supuestamente sufrido, así como el hecho que lo produjo, obliga a que se declare la inadmisibilidad de las pretensiones de indemnización.
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A este respecto, afirma la demandante que, en el supuesto de que se estime su pretensión en el litigio principal, la anulación de la Decisión o Decisiones impugnadas debe colocarla en la situación en la que se hubiera encontrado en el supuesto de que no se hubieran adoptado dicha Decisión o Decisiones. Esto no sería posible sin las medidas provisionales solicitadas ya que la demandante no se hallaría ya en condiciones de obtener las considerables cantidades de alcohol puestas a la venta al precio ofrecido por ella y en las condiciones fijadas para las licitaciones específicas n° 5/90 y n° 6/90. Dado que la demandante no pudo participar en los procedimientos de licitación n° 7/90 y n° 8/90 por lo prohibitivo de las condiciones fijadas para éstas, la demandante se hallaría, caso de no dictarse las medidas provisionales solicitadas, por la importancia y la duración de los contratos, excluida por mucho tiempo del mercado del alcohol destinado a ser utilizado en el sector de los carburantes.
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En sus respuestas de 30 de abril y 22 de junio de 1990 al escrito de requerimiento y al Dictamen motivado, las autoridades de la República Federal de Alemania expusieron que la finalidad de la Ley es, por un lado, reducir el Impuesto sobre la Circulación de Vehículos, que, para los vehículos pesados, es muy elevado en comparación con la media europea, y armonizar de este modo las condiciones de la competencia y, por otro, aumentar la insuficiente contribución de los vehículos pesados extranjeros a los costes de la infraestructura viaria alemana. Las medidas adoptadas no son contrarias, en particular, al artículo 76 del Tratado CEE, que no prevé ninguna obligación de «standstill», sino que es una disposición especial de la prohibición de discriminar, puesto que ni la nueva Tasa por la Utilización de las Carreteras ni la reducción del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos son en sí mismas discriminatorias.
AUTO DE 14.2.1990 — ASUNTO C-358/89 R 
cimiento del derecho antidumping, la casi 
totalidad de sus ventas en el mercado co­
munitario, que representan aproximada­
mente la tercera parte de su producción 
total, no acredita la inminencia de dicho 
riesgo cuando admite que su actividad si­
guió siendo rentable y que está en alza la 
demanda de los productos que vende en 
el mercado mundial. 2. Una diligencia de prueba, como es el 
nombramiento de un perito, habida 
cuenta que afecta al procedimiento prin­
cipal y no al procedimiento sobre medi­
das provisionales, pertenece a la compe­
tencia del Tribunal, con arreglo al 
artículo 45 del Reglamento de Procedi­
miento y no a la del Presidente al resol­
ver sobre medidas provisionales. 
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
14 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-358/89 R, 
Extramet Industrie SA, sociedad francesa, con domicilio social en Annemasse 
(Francia), representada por el Sr. Chantal Momège, Abogado de Paris, que de­
signa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Aloyse May, Abogado, 
31, Grand-Rue, 
parte demandante, 
contra 
Consejo de las Comunidades Europeas, representado por los Consejero de su Servi­
cio Jurídico, Sres. Yves Crétien y Erik Stein, en calidad de Agentes, que designa 
como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Jörg Käser, Director del Servicio Jurí­
dico del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad-Adenauer, 
parte demandada, 
apoyado por 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Eric White, miem­
bro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Reinhard 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-432 
EXTRAMET INDUSTRIE/CONSEJO 
Wagner, funcionario nacional en comisión de servicios, que designa como domici­
lio en Luxemburgo el del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, 
Centro Wagner, Kirchberg, 
parte coadyuvante, 
que tiene por objeto principal una demanda de suspensión de la ejecución del Re­
glamento (CEE) n° 2808/89 del Consejo, de 18 de septiembre de 1989, por el que 
se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio 
metal originarias de la República Popular China y de la Unión Soviética y se per­
cibe definitivamente el derecho antidumping provisional establecido sobre dichas 
importaciones, 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
(no se transcriben los fundamentos del auto) 
resuelve: 
1) Desestimar la demanda de medidas provisionales. 
2) Reservar la decisión sobre las costas, incluidas las de la parte coadyuvante. 
I-433
AUTO DEL TRIBUNAL (SALA CUARTA) DE 26 DE ENERO DE URSULA GODFROY CONTRA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - ADMISIBILIDAD. - ASUNTO 259/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00123

Pub.RJ página Pub somm



Partes

Parte dispositiva



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Funcionarios - Recurso - Reclamación administrativa previa - Decisión denegatoria presunta de una solicitud no impugnada dentro de plazo - Caducidad

(Estatuto de los funcionarios, arts. 90 y 91)

Partes

En el asunto 259/88,

Ursula Godfroy, de soltera Wagner, funcionaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con domicilio en Hagsfelder Weg 5, 7513 Blankenloch, República Federal de Alemania, representada por el Sr. Edmond Lebrun, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

parte demandante,

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, representado por el Sr. Francis Hubeau, Jefe de División, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Denis Waelbroeck, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del primero en el Palacio del Tribunal de Justicia (nº 1081), Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la reincorporación de la demandante al término de una excedencia voluntaria, que finalizó el 15 de septiembre de 1972,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres. T. Koopmans, Presidente de Sala; C.N. Kakouris y M. Díez de Velasco, Jueces,

oído el Abogado General,

resuelve:

Parte dispositiva

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.