DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. JEAN-PIERRE WARNER 
presentadas el 12 de marzo de 1980 ' 
Indice 
- Introducción 702 
- Acontecimientos que dieron lugar a la Decisión de la Comisión 
de 20 de diciembre de 1977 705 
- La Decisión de 20 de diciembre de 1977 715 
- Reacción de DCL ante la Decisión de 20 de diciembre de 1977 715 
- Los extremos controvertidos en el presente recurso 716 
- La falta de notificación de las condiciones de precios por parte de DCL. 717 
- El fondo de la solicitud de DCL para acogerse a una exención 
con arreglo al apartado 3 del artículo 85 720 
- Las cuestiones de procedimiento 728 
- Conclusión 736 
* Lengua original: inglés. 
701 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
Introducción 
El asunto que nos ocupa hoy tiene por 
objeto un recurso interpuesto con arreglo al 
artículo 173 del Tratado CEE por la socie­
dad «The Distillers Company Limited» (en 
lo sucesivo, «DCL») contra una Decisión de 
la Comisión de 20 de diciembre de 1977 
(78/163/CEE, DO 1978, L 50, p. 16). Me­
diante dicha Decisión, la Comisión declaró 
que ciertas restricciones impuestas por 
DCL a la exportación de sus productos 
(whisky escocés, ginebra, vodka y Pimm's) 
a partir del Reino Unido a otros Estados 
miembros de la CEE constituyen infraccio­
nes del apartado 1 del artículo 85 del Trata­
do y que no podían acogerse a una exención 
con arreglo al apartado 3 del artículo 85. 
DCL fue creada el 1877 mediante la fusión 
de 6 destiladores de whisky escocés. Cuenta 
hoy en día con más de 70 filiales y compa­
ñías asociadas cuyas actividades van más 
allá de la fabricación de bebidas alcohóli­
cas, si bien la mayor parte de las operacio­
nes comerciales del grupo sigue consistien­
do en la producción y distribución de bebi­
das espirituosas. 
38 de las filiales de DCL producen bebidas 
alcohólicas en el Reino Unido, de las cuales 
32 destilan whisky escocés, 4 fabrican 
ginebra, 1 vodka y otra Pimm's. El volumen 
de negocios total del grupo DCL durante el ejercicio clausurado el 31 de marzo de 1977 
alcanzó las 847.172.000 UKL, de las cuales 
732.053.000 UKL corresponden a la venta 
de bebidas (es decir, 507.473.000 UKL 
netas). 
Las filiales de DCL que producen whisky 
escocés son propietarias de más de 50 mar­
cas diferentes. Existen marcas corrientes 
entre las cuales las más importantes y las 
más conocidas son Johnnie Walker Red 
Label, Black & White, Haig White Label, 
Dewars, White Horse y Vat 69; también hay 
marcas de lujo, en particular Johnnie Wal­
ker Black Label, Haig Dimple y the Anti­
quary; hay igualmente whiskys de malta. 
Del total de las ventas de whisky escocés 
realizadas por el grupo DCL, aproximada­
mente el 15 % lo son en el mercado del 
Reino Unido, cerca del 15 % en los otros 
Estados miembros de la CEE y el resto lo 
constituyen las exportaciones efectuadas al 
resto del mundo. 
Según la Comisión, la cuota de mercado de 
whisky escocés de DCL representaba entre 
el 40 y el 50 % durante el período compren­
dido entre 1973 y 1977. DCL cuestiona 
dichas cifras. El cuadro que figura en la 
página 11 de su réplica indica que su parte 
de mercado acusó durante dicho lapso de 
tiempo una tendencia a la baja, pasando del 
50 % al principio del período a poco más 
del 30 % a su término. En los demás países 
de la CEE, las respectivas cuotas del merca­
do correspondientes a DCL en 1975 eran las 
siguientes: 54 % en Bélgica y Luxemburgo, 
47 % en Dinamarca, 35 % en Francia, 33 % 
en Italia y Alemania, 32 % en Irlanda y 
29 % en los Países Bajos. 
702 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
En el Reino Unido, los principales competi­
dores de las marcas de whisky escocés 
propiedad de DCL y de hecho, las marcas 
más vendidas en el país, son Bell's (propie­
dad de Arthur Bell & Sons Limited, socie­
dad independiente) y Teacher's propiedad 
de una filial de Allied Breweries Limited). 
En la parte continental de la CEE, los prin­
cipales competidores de Johnnie Walker 
Red Label, la marca más vendida, son Ba-
llantine's (propiedad de una multinacional 
americano-canadiense, Hiram Walker & 
Company Limited) y J & B (propiedad del 
Grand Metropolitan Hotels Limited, que 
ejerce sus actividades en el sector de la 
industria cervecera y de la hostelería). 
En cuanto a la ginebra, las principales mar­
cas producidas por las filiales de DCL son 
Gordon's, Booth's y High and Diy. La cuota 
del mercado británico de la ginebra corres­
pondiente a dichas filiales durante el perío­
do comprendido entre 1973 y 1975 alcanza­
ba aproximadamente el 70 %. En los demás 
países de la CEE, sus respectivas cuotas de 
mercado fueron estimadas del modo si­
guiente: 44 % en Bélgica, Luxemburgo y 
Dinamarca; 30 % en los Países Bajos; 27 % 
en Alemania; 20 % en Francia e Italia y 
10% en Irlanda. 
La filial de DCL que produce vodka es 
propietaria de la marca Cossack, que ocupa 
en el Reino Unido el segundo lugar entre las 
marcas más vendidas y que allí representa 
aproximadamente una cuarta parte del 
mercado del vodka, que constituye aproxi­
madamente un 2 % del total del mercado de 
las bebidas alcohólicas. Las ventas de dicha 
marca en otros países de la CEE parecen limitarse a Irlanda y a los Países Bajos, 
donde representan -según DCL, cuyas 
cifras la Comisión no cuestiona- respectiva­
mente el 0,43 % y el 0,02 % del mercado de 
las bebidas alcohólicas considerado en su 
conjunto. 
EI Pimm's es un producto único en su géne­
ro, vendido solamente por Pimm's Limited, 
filial de DCL. De acuerdo con esta última, 
su cuota en el conjunto del mercado británi­
co de las bebidas alcohólicas representa 
únicamente el 0,133 % y tropieza con difi­
cultades considerables para implantarse en 
otros mercados dentro de la CEE. 
DCL menciona cuotas de mercado del 
0,077 % en Francia (país para el que ha 
debido prepararse una fórmula especial, 
dado que el tipo de limonada con el que 
normalmente se mezcla Pimm's no se vende 
en ese país); 0,061 % en Irlanda; 0,031 % 
en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos; 
0,008 % en Italia; 0,006 % en Alemania, y 
0,005 % para Dinamarca. La Comisión 
tampoco cuestiona estas cifras, pero ha 
sugerido que quizá Pimm's no debería con­
siderarse en absoluto como una bebida 
alcohólica. 
Cada una de las 38 filiales de DCL es res­
ponsable de la comercialización de su pro­
pia marca o de sus propias marcas de bebi­
das alcohólicas. El sistema de distribución 
varía según se trate del Reino Unido o de 
otros Estados miembros de la CEE. 
En el Reino Unido, las filiales de DCL no se 
sirven normalmente de distribuidores, sino 
que venden directamente a los mayoristas. 
703 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
Estos son aproximadamente un millar. El 
comercio al por mayor se compone de un 
sector «vinculado», constituido esencial­
mente por grandes cerveceras propietarias 
de comercios al por menor (tanto tiendas 
como «public houses») y de un sector «li­
bre» dentro del cual las cerveceras y otros 
mayoristas aprovisionan a un amplio abani­
co de minoristas que incluyen comercios 
independientes, hipermercados, hoteles, etc. 
[...] El sector «vinculado» y el sector «libre» 
representan cada uno aproximadamente la 
mitad del mercado. 
En el resto de la CEE, es habitual que cada 
filial de DCL designe para cada país un 
distribuidor exclusivo de sus marcas. Los 
distribuidores exclusivos, que son casi 200 
en toda la Comunidad, revenden habitual­
mente a mayoristas. Los distribuidores de 
las diversas marcas DCL compiten entre sí. 
La mayor parte también vende una amplia 
gama de otros vinos y bebidas alcohólicas. 
El método aplicado • por las filiales de 
DCL para fijar los precios que aplican a los 
mayoristas que componen su clientela en el 
Reino Unido es muy anterior a la adhesión 
de dicho país a la Comunidad en 1973 
[véase la circular sobre los precios practica­
dos para la venta de whisky escocés en el 
Reino Unido (Home Trade Scotch Whisky 
Prices), de 31 de julio de 1970, y el escrito 
similar relativo a los precios de venta de la 
ginebra en el Reino Unido (Home Trade 
Gin Prices), de 16 de septiembre de 1972, 
anexado a la réplica]. Este mètodo consiste 
en fijar un precio bruto y sustraer, en su 
caso, una serie de deducciones, descuentos y reducciones, que en algunos momentos 
revistieron las formas siguientes: 
- un «descuento al por mayor», concedido 
a los clientes que compran una cantidad 
mínima; 
- una «deducción sobre la cantidad global», 
concedida en función de la cantidad de 
bebidas alcohólicas que un cliente haya 
comprado a filiales de DCL durante un 
afio determinado; 
- una «deducción especial diferida» (supri­
mida a partir del 31 de marzo de 1978); 
de hecho, una prima por fidelidad; 
- una «bonificación por rendimiento», que 
en realidad era una prima objetivo, única­
mente aplicable a las compras de whisky 
escocés efectuadas entre marzo de 1977 y 
marzo de 1978, si las compras de las 
diversas marcas de DCL durante el afio 
habían alcanzado al menos el 95 % del 
total del afio anterior; 
- un «descuento por pago al contado» con­
cedido sobre las bebidas alcohólicas que 
han satisfecho los impuestos a los clientes 
que pagan al contado en el momento del 
pedido; 
- «rebajas de promoción» concedidas por 
ciertas filiales DCL en forma de contribu­
ciones financieras a las campañas de 
promoción de sus marcas. 
704 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
Se emplea un método similar para fijar los 
precios que se aplican a los distribuidores 
exclusivos de bebidas alcohólicas DCL en 
otros Estados miembros de la CEE. Se fija 
un precio bruto uniforme para cada marca, 
del que se deduce una prima de distribuidor 
y, en su caso, un descuento por pago al 
contado. Las filiales de DCL también con­
tribuyen, en algunos casos, a los gastos 
soportados por sus distribuidores exclusivos 
en el marco de campañas de publicidad o de 
promoción de sus marcas. 
Antes de relatar los acontecimientos que 
dieron lugar a la adopción de la Decisión de 
la Comisión de 20 de diciembre de 1977, 
debo mencionar aún dos hechos relativos a 
la situación en el Reino Unido. 
El primero es que, hasta hace muy poco, 
todos los precios de las bebidas alcohólicas 
que se vendían en el mercado británico 
estaban controlados por una Comisión de 
precios creada bajo la Counter-Inflation Act 
1973 (Ley de 1973 sobre la lucha contra la 
inflación). Los precios practicados a la 
exportación no estaban sujetos a dicho 
control. 
El segundo, es que los impuestos especiales 
británicos sobre las bebidas alcohólicas son 
exigibles en el momento en que estos aban­
donan el depósito aduanero. Las bebidas 
alcohólicas destinadas a la exportación 
circulan en régimen de depósito aduanero 
hasta que pasan la aduana. No existe ningún sistema de reembolso de los impuestos 
especiales satisfechos a la salida del 
depósito si el producto es exportado a 
continuación. 
Acontecimientos que dieron lugar a la 
Decisión de la Comisión de 20 de 
diciembre de 1977 
Los acuerdos que las filiales de DCL cele­
braron con sus clientes en el Reino Unido y 
sus distribuidores exclusivos en otros Esta­
dos miembros respectivamente fueron obje­
to de procedimientos separados ante la 
Comisión. 
El procedimiento relativo a los acuerdos 
celebrados con los distribuidores exclusivos 
sólo presenta un interés marginal en este 
asunto. Fue un procedimiento muy largo. Ya 
el 31 de enero de 1963 DCL notificó a la 
Comisión un acuerdo tipo. A partir de 1965, 
al parecer, el acuerdo existente entre White 
Horse Distillers Limited y su distribuidor en 
Francia (actualmente Codina SA) se consi­
deró representativo de los demás acuerdos. 
La Comisión sugirió aportar una serie de 
modificaciones a dicho acuerdo, cosa que 
DCL aceptó. DCL se quejó en diferentes 
ocasiones a la Comisión de que ésta no 
concluyera el procedimiento. Al parecer, se 
dio a entender a DCL, en agosto de 1976, 
que la aprobación del acuerdo dependía de 
la aptitud que la Comisión adoptara en 
relación con las condiciones de precios que 
aplicaba en el Reino Unido, las cuales 
estaban siendo examinadas en aquel mo­
mento. Los últimos hechos que se produje­
ron en el marco del procedimiento White 
705 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
Horse/Corima fueron que la Comisión 
notificó un pliego de cargos el 7 de julio de 
1977 y que DCL formuló una «respuesta» 
escrita a dicho pliego el 2 de agosto de 
1977. 
Volvamos a los acuerdos celebrados entre 
las filiales DCL y sus clientes británicos. 
El 30 de junio de 1973, DCL, actuando en 
nombre de sus filiales, notificó a la Comi­
sión un ejemplar tipo de las «condiciones de 
venta» y solicitó para éstas una exención 
con arreglo al apartado 3 del artículo 85. Se 
trataba de una notificación formal presenta­
da por medio de un «formulario A/B» tal y 
como prescribe el Reglamento (CEE) 
n° 1133/68 de la Comisión. Dichas condi­
ciones incluían la cláusula 5 (b), con arreglo 
a la cual los productos, si se vendían embo­
tellados para entregarse en Gran Bretaña, no 
debían revenderse para ser entregados fuera 
de dicho país. La cláusula debía inscribirse 
en todos los contratos de reventa. Esto 
constituía, en efecto, una prohibición expre­
sa de exportar aplicable, entre otros, a los 
países de la CEE. Esta se completaba con la 
cláusula 6, que preveía que las mercancías 
vendidas en régimen de depósito aduanero 
no podían ser revendidas ni transmitidas de 
otro modo por el comprador excepto tras el 
despacho aduanero una vez que el compra­
dor hubiera satisfecho los derechos al tipo 
entero aplicables a los productos destinados 
al consumo en el Reino Unido. Los tipos de 
los derechos aplicables en el Reino Unido 
eran y son tan altos que prohibir la reventa 
de productos en régimen de depósito adua­
nero privaba a la exportación de todo atrac­
tivo económico. En la notificación no se mencionaba el 
método de fijación de los precios de venta 
en el Reino Unido. En respuesta a la cues­
tión III (1) del formulario A/B que, en la 
medida en que es relevante para el presente 
asunto, rezaba: «indicar si, y en qué medida, 
el acuerdo [...] se refiere [...] al cumplimien­
to de ciertos precios de compra o de venta, 
descuentos u otras condiciones de merca­
do», DCL declaró: «las condiciones no se 
refieren a ninguno de estos extremos, excep­
tuando lo mencionado en respuesta al apar­
tado II 3 (d) anterior». En respuesta a la 
cuestión II3 (d), había declarado: 
«Las condiciones se proponen definir las 
modalidades con arreglo a las cuales tienen 
lugar las ventas de productos en el Reino 
Unido. Algunas de estas modalidades están 
diseñadas para completar los compromisos 
adquiridos por la sociedad con vistas a la 
distribución de los productos en otros mer­
cados y, de este modo, permitir a los distri­
buidores utilizar los medios de distribución 
más económicos y más eficaces y, simultá­
neamente, responder a las exigencias de los 
consumidores y competir con las numerosas 
marcas de bebidas espirituosas». 
Se nos ha explicado en nombre de DCL que 
en aquel tiempo el método de fijación de los 
precios de venta en el Reino Unido no se 
consideraba relevante en el marco del ar­
tículo 85, ya que únicamente se aplicaba a 
las ventas efectuadas en el Reino Unido y 
las condiciones de venta impedían las ex­
portaciones a partir del Reino Unido por 
parte de los clientes que compraban a di­
chos precios. 
706 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
La recepción de la notificación por la Co­
misión rue seguida de un intercambio de 
correspondencia entre esta última y DCL, 
así como de reuniones entre los representan­
tes de cada una de las partes. Los detalles 
carecen de relevancia. 
El 24 de junio de 1975, DCL envió a los 
clientes británicos de sus filiales una circu­
lar titulada «Home Trade Conditions of Sale 
and Price Terms» (condiciones de venta y 
de precios aplicables en el Reino Unido). 
Esta carta es tan importante que es preciso 
leerla casi íntegramente. DCL decía: 
«A raíz del referéndum relativo al mercado 
común, les escribimos en nombre de nues­
tras filiales con el objeto de comunicarles 
una modificación de las condiciones de 
venta que regulan las ventas de bebidas 
alcohólicas que dichas sociedades llevan a 
cabo con ustedes y con sus otros clientes 
nacionales, y también para clarificar y con­
firmar la base sobre la cual las sociedades 
pertenecientes a nuestro grupo ofrecen a 
ustedes y a dichos clientes los diversos 
descuentos, deducciones y reducciones. 
Condiciones de venta 
Las condiciones de venta que se han aplica­
do en el mercado nacional desde una fecha 
anterior a la adhesión del Reino Unido al 
mercado común implican una prohibición 
de exportar. Dichas condiciones, incluyendo 
dicha prohibición, han sido notificadas a las 
autoridades de la CEE [...] A raíz del referéndum, modificamos las 
condiciones de venta con el fin de autorizar 
a los revendedores en el mercado nacional 
a exportar a otros países del mercado co­
mún. Les rogamos observen, no obstante, 
que las exportaciones sólo están autorizadas 
para el consumo dentro del mercado común: 
las exportaciones fuera del mercado común 
siguen estando prohibidas. 
Adjuntamos (Anexo I) una copia de las 
condiciones de venta modificadas que serán 
aplicables de ahora en adelante y hasta 
nueva orden a todas las ventas en el merca­
do nacional [...] 
Condiciones de precios 
Es importante precisar que si bien las condi­
ciones de venta modificadas autorizan las 
exportaciones de productos destinadas al 
consumo en otros países del mercado co­
mún, las diferentes deduccuiones, descuen­
tos y reducciones están destinadas a respon­
der a las particulares exigencias del merca­
do nacional y los compradores sólo tendrán 
derecho a ellas cuando los productos sean 
efectivamente consumidos en el Reino 
Unido. 
Por lo tanto, si desea comprar para exportar 
a otros países del mercado común, deberá 
mencionarlo en su pedido y la compra 
deberá efectuarse al precio bruto. 
Esperamos poder contar con la colaboración 
de todos nuestros compradores para que 
707 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
pueda ponerse en práctica un sistema simple 
y práctico. No obstante, si un cliente obtiene 
o solicita descuentos, deducciones o reduc­
ciones cuya concesión se reserva al caso de 
reventa en el mercado nacional y cualquiera 
de los productos comprados aparece en 
cualquier otro país que no sea el Reino 
Unido, todas las filiales del grupo DCL ten­
drán el derecho a venderle en lo sucesivo 
únicamente al precio bruto. 
Adjuntamos (Anexo II) una nota con ciertas 
disposiciones contractuales que ratifican y 
desarrollan los mencionados principios que, 
hasta nueva orden, formarán parte de todo 
contrato celebrado de ahora en adelante 
entre cualquier sociedad del grupo DCL y 
cualquier comprador nacional (como uste­
des) relativo a la compra de bebidas al­
cohólicas por parte de este último.» 
Como se indicaba en el escrito, se adjunta­
ban dos Anexos. 
El Anexo I exponía las nuevas «Condicio­
nes de venta». En esta versión modificada, 
la prohibición formulada en la cláusula 5 (b) 
se limitaba a las exportaciones fuera de la 
CEE y la antigua cláusula 6 relativa a las 
ventas en régimen de depósito aduanero 
había sido suprimida. 
El Anexo II se titulaba «Algunas disposicio­
nes contractuales (relativas a los precios) 
que completan las condiciones de venta». 
Después de recordar que DCL no vende personalmente los productos, el Anexo 
definía el concepto de «vendedor» refirién­
dose de hecho a toda filial de DCL y el de 
«comprador» refiriéndose a todo cliente de 
cualquiera de dichas filiales. Continuaba en 
los términos siguientes: 
«(2) Todas las deducciones, reducciones y 
descuentos (inmediatos o diferidos) consen­
tidos o pagados por el vendedor al compra­
dor o a su nombre en forma de una reduc­
ción del precio bruto sobre todo producto 
objeto de un contrato entre el comprador y 
el vendedor (en lo sucesivo designadas bajo 
el término "deducciones") están destinados 
a responder a las particulares circunstancias 
del mercado británico. En caso de que 
existan motivos fundados para que el vende­
dor crea que una determinada cantidad de 
dichos productos ha sido o será consumida 
fuera del Reino Unido, el vendedor estará 
facultado (sin perjuicio de sus otros dere­
chos) para aplicar al comprador, por toda 
remesa de productos que le entregue (ya sea 
con arreglo al contrato antes mencionado o 
a un contrato posterior a aquél) el precio 
bruto sin ningún tipo de reducción a menos 
que, hasta que y en la medida en que el 
comprador pruebe de modo suficiente al 
vendedor que dichos productos serán consu­
midos en el Reino Unido, siempre que, una 
vez presentada dicha prueba, el vendedor 
garantice al comprador que recibirá pun­
tualmente las deducciones correspondien­
tes a dichos productos, más un interés 
razonable calculado por los períodos duran­
te los cuales el comprador hubiera gozado 
de las deducciones de que se trata, de no 
existir las disposiciones anteriores de este 
apartado (2).» 
708 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
El apartado (3) definía, a efectos del aparta­
do (2), la prueba de los «motivos fundados 
del vendedor» para creer que una determi­
nada cantidad de dichos productos sería 
consumida fuera del Reino Unido. 
Por último, el apartado (4) establecía: «Las 
disposiciones precedentes completan las 
condiciones de venta del vendedor (objeto 
del Anexo I).» 
En este procedimiento nos hemos referi­
do al contenido del Anexo II bajo la 
denominación «condiciones de precios». 
Como este Tribunal puede ver, dichas 
condiciones instauraban un sistema dual 
de precios, con arreglo al cual se aplicaban 
a los clientes británicos que compraban 
bebidas alcohólicas destinadas al consumo 
en el Reino Unido precios inferiores a los 
que se les aplicaban si éstas se destinaban a 
la exportación. 
El intercambio de correspondencia entre 
DCL y la Comisión continuó. El 3 de julio 
de 1975 y, de nuevo el 8 de julio de 1975, 
DCL escribió a la Comisión en respuesta a 
los extremos suscitados por esta última. En 
el segundo escrito DCL se refería a las 
nuevas condiciones de venta. Afirmaba lo 
siguiente: 
«Con el fin de conformar tales condiciones 
con el artículo 85 del Tratado de Roma, se 
ha estado considerando su revisión desde 
hace un cierto tiempo. A raíz del reciente 
referéndum sobre la adhesión al mercado 
común, se han notificado a los clientes británicos de las filiales de DCL las nuevas 
condiciones de venta que serán aplicables 
en el futuro a todas las ventas que se les 
efectúen. Adjuntamos como anexo a la 
presente una copia de las nuevas condicio­
nes de venta, que les permitirá comprobar 
que la prohibición de exportar del Reino 
Unido a otros países de la CEE ha sido 
suprimida. Creemos que las nuevas condi­
ciones son enteramente conformes con el 
artículo 85.» 
El anexo de la carta contenía el texto del 
Anexo I de la circular de DCL de 24 de 
junio de 1975. DCL no daba ninguna indi­
cación a la Comisión sobre la existencia de 
la propia circular ni de la de su Anexo II. 
Pero entre tanto, el 27 de junio de 1975, 
se publicó un artículo en el Financial 
Times titulado «"Unofficial" whisky exports 
scotched» (exportaciones «no oficiales» 
de whisky suprimidas), refiriéndose a la 
circular y describiendo las grandes líneas 
del sistema dual de precios instituido por 
aquélla. 
Dicho artículo alertó a la Comisión, que 
escribió, el 4 de julio de 1975, una carta a 
DCL que parece haberse cruzado con la 
carta de DCL de 8 de julio de 1975. La 
Comisión llamaba la atención de DCL sobre 
el artículo y le solicitaba que le hiciera 
llegar sus comentarios, informaciones y 
documentos. Se indicaba que la solicitud se 
hacía de conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento n° 17. 
709 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
DCL respondió mediante escrito de 11 de 
julio de 1975, a la cual adjuntó el texto 
íntegro de la circular y de sus dos Anexos. 
La opinión expuesta por DCL y que ha 
mantenido durante el presente procedimien­
to, era que nada había cambiado en lo refe­
rente a las diversas deducciones ofrecidas a 
los clientes británicos de sus filiales. Escri­
bía lo siguiente: 
«La carta de 24 de junio, dirigida a dichos 
clientes, se propone clarificar y confirmar la 
base sobre la que se ofrecían dichas deduc­
ciones anteriormente, en particular, que se 
aplican al whisky escocés que se venda para 
ser consumido en el Reino Unido.» 
La Comisión, al acusar el recibo del escrito 
de DCL de 11 de julio de 1975, lo que hizo 
mediante escrito de 19 de agosto de 1975, 
solicitaba a DCL que le hiciese llegar toda 
la correspondencia ulterior relativa a sus 
condiciones de venta bajo la referencia 
IV/28.282. A continuación, refiriéndose a 
las nuevas disposiciones de las condiciones 
de venta de 24 de junio de 1975 relativas a 
la concesión de deducciones, reducciones y 
descuentos, afirmaba que éstas parecían 
dirigidas a impedir las exportaciones parale­
las destinadas a otros países de la CEE y 
que, en esta medida, eran contrarias al 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado y 
solicitaba informaciones complementarias 
de conformidad con el artículo 11 del Re­
glamento n° 17. 
Una de las cuestiones sobre las que este 
Tribunal deberá pronunciarse es la de si en 
estas circunstancias, DCL puede solicitar una exención para las condiciones de pre­
cios con arreglo al apartado 3 del artículo 
85, a pesar de lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 4 y en el apartado 1 del artículo 
6 del Reglamento n° 17, sobre la notifica­
ción, y en el Reglamento n° 1133/68, sobre 
la forma de dicha notificación. 
El 18 de mayo de 1976, la Comisión recibió 
una denuncia presentada con arreglo a la 
letra b) del apartado 2 del artículo 3 del 
Reglamento n° 17 por un grupo de distribui­
dores de whisky escocés de la región de 
Glasgow compuesto por una sociedad irre­
gular, A.Bulloch & Co., y cuatro sociedades 
de responsabilidad limitada, A. Bulloch 
(Agencies) Limited, John Grant (Blenders) 
Limited, Inland Fisheries Limited y Classic 
Wines Limited, que pertenecen y son admi­
nistradas predominantemente por miembros 
de la misma familia (me referiré a ellas con 
el nombre colectivo de «Bulloch». Son, 
como este Tribunal ya sabe, partes coadyu­
vantes en el presente procedimiento). La 
denuncia afirmaba que las condiciones de 
precios aplicadas por DCL eran contrarias a 
los artículos 85 y 86 del Tratado y que ello 
había perjudicado los negocios de Bulloch. 
Mediante escrito de 26 de mayo de 1976, la 
Comisión informó a DCL de la existencia 
de la denuncia. 
DCL notificó un cambio en las condiciones 
de precios a los clientes británicos de sus 
filiales mediante escrito de 23 de febrero de 
1977. En lo sucesivo, el precio del whisky 
destinado al consumo en los demás Estados 
miembros de la CEE debería ser el precio 
710 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
bruto aplicable a los distribuidores exclusi­
vos en dichos Estados («precio ' bruto de 
exportación CEE») en lugar del precio bruto 
nacional. DCL informó a la Comisión de 
esta modificación (entre otras muchas co­
sas) en un escrito de 25 de febrero de 1977. 
Puede que sea útil que nos detengamos un 
instante en la que en aquel momento era la 
estructura de precios para las marcas co­
rrientes de whisky escocés pertenecientes a 
DCL. Me baso en las cifras obtenidas por 
las verificaciones de la Comisión y recogi­
das en su Decisión. (Dichas verificaciones 
se referían expresamente a Johnnie Walker 
Red Label, pero el asunto fue debatido 
sobre el fundamento de que eran típicas). El 
precio bruto nacional (sin IVA ni Impuestos 
Especiales) era de 13,61 UKL por caja de 
12 botellas. Las deducciones que se aplica­
ban a las ventas a los mayoristas destinadas 
al mercado británico eran de 5,41 UKL de 
media por caja, lo que arroja un precio 
medio neto de 8,20 UKL. El precio bruto de 
exportación CEE era de 13,51 UKL por 
caja, precio sobre el cual un distribuidor 
exclusivo recibía habitualmente un descuen­
to de distribuidor de 4,62 UKL y podía 
beneficiarse de una reducción de 54 peni­
ques por pago al contado. Si obtenía los 
dos, entonces el precio neto era de 8,35 
UKL. Por lo tanto, DCL ganaba una media 
de 15 peniques menos por caja en sus ventas 
destinadas al mercado británico que en las 
ventas a los distribuidores exclusivos en 
otros Estados miembros. No obstante, lo 
más relevante a efectos del presente asunto, 
es que un mayorista británico que deseara 
exportar a otros Estados miembros debía 
pagar 5,16 UKL más por caja que un distri­
buidor exclusivo en cualquiera de dichos Estados (es decir, la diferencia entre 
8,35 UKL y 13,51UKL). 
El 7 de marzo de 1977, la Comisión 
recibió una nueva denuncia con arreglo al 
párrafo b) del apartado 2 del artículo 3 del 
Reglamento n° 17, formulada esta vez por 
una empresa londinense denominada Madi­
son Benson & Carter Limited y relativa a la 
dificultad para obtener whisky escocés de 
DCL destinado a la exportación. 
La voluminosa correspondencia intercam­
biada entre DCL y la Comisión alcanzó su 
punto culminante cuando la Comisión envió 
a DCL un pliego de cargos relativo a sus 
condiciones de venta y de precios, de 22 de 
abril de 1977. Dicho documento indicaba 
que la Comisión se proponía: 
a) considerar que la prohibición de expor­
tar y de revender whisky en régimen de 
depósito aduanero, aplicable hasta el 24 
de junio de 1975 en virtud de las cláu­
sulas 5 (b) y 6 de las condiciones de 
venta, era contraria al apartado 1 del 
artículo 85 y no podía ser objeto de una 
exención con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85; 
b) considerar que la prohibición de expor­
tar a países terceros era contraria al 
apartado 1 del artículo 85 y no podía 
ser objeto de una exención; 
c) considerar que las condiciones de pre­
cios eran contrarias al apartado 1 del 
711 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
artículo 85 y solicitar a DCL que pusie­
ra término a dicha infracción. 
En cuanto a la solicitud de DCL relativa a la 
concesión de una exención para las condi­
ciones de precios con arreglo al apartado 3 
del artículo 85, el pliego de cargos recorda­
ba la opinión de la Comisión según la cual 
no era necesario examinar dicha solicitud, 
dado que las condiciones de precios no 
habían sido notificadas de conformidad con 
las disposiciones del Reglamento n° 17 pero 
que, de cualquier modo, las condiciones de 
precios no cumplían los requisitos exigidos 
para la exención con arreglo al apartado 3 
del artículo 85. 
El 13 de mayo de 1977 la Comisión envió a 
DCL una copia del texto de las denuncias 
formuladas por Bulloch y por Madison, 
Benson & Carter Limited. En el caso de la 
denuncia de Bulloch, casi 19 de las 35 
páginas totales fueron omitidas. Aún admi­
tiendo que la Comisión tenía derecho a no 
difundir pasajes relacionados con los pro­
pios secretos comerciales de Bulloch, 
DCL insistió para obtener un texto más 
completo. Dicha solicitud fue rechazada por 
la Comisión por motivos que precisaba en 
un telex de 27 de mayo de 1977 dirigido a 
DCL en los términos siguientes: 
«[...] Si bien la Comisión está obligada a 
informar íntegramente a los interesados 
acerca de las materias relevantes a efectos 
de una Decisión, no está obligada, fuera de 
estos límites, a transmitir copia de las de­
nuncias ni en todo ni en parte. El examen 
llevado a cabo por la Comisión sobre este asunto está enteramente basado en informa­
ciones que han sido proporcionadas por 
DCL y exclusivamente en hechos que han 
sido recogidos en el pliego de cargos. Ya 
que las denuncias parecen confirmar la 
opinión de la Comisión según la cual los 
negociantes en whisky se veían perjudica­
dos por las prácticas de DCL, y con el fin de 
informar a ustedes de ello se les enviaron 
los extractos relevantes de dichas denuncias. 
Las páginas omitidas contienen elementos 
que son confidenciales o irrelevantes a 
efectos de la comprensión del asunto. Todos 
los elementos sobre los que la Comisión se 
basa o que pueden influenciar su opinión les 
han sido comunicados [...]» 
El 16 de junio de 1977, DCL envió a la 
Comisión lo que denominó su «réplica» al 
pliego de cargos. Para evitar toda confusión 
con la réplica que forma parte de los autos 
del asunto pendiente entre el Tribunal de 
Justicia (y para ajustamos a la terminología 
del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento 
n° 99/63/CEE de la Comisión) me referiré a 
este documento con el término «observacio­
nes escritas» de DCL. Dicho documento fue 
completado en el transcurso de las semanas 
y meses posteriores por seis suplementos. 
DCL no pretendía defender las prohibicio­
nes que figuraban en las antiguas cláusulas 
5 (b) y 6 de las condiciones de venta. Admi­
tía, en particular, que dichas prohibiciones 
no eran «indispensables» [en el sentido de la 
letra a) del apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado] para alcanzar el objetivo consis­
tente en la mejora de la distribución de sus 
productos. Por el contrario, DCL cuestiona­
ba la aplicabilidad del apartado 1 del artícu-
712 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
lo 85 a la prohibición de las exportaciones 
a países no miembros de la CEE. 
DCL admitía que las condiciones de precios 
estaban comprendidas en el ámbito del 
apartado 1 del artículo 85, pero mantenía 
que debían acogerse a una exención con 
arreglo al apartado 3 del artículo 85. Soste­
nía que la falta de notificación formal de 
dichas condiciones era irrelevante. En cuan­
to al fondo DCL mantenía esencialmente, al 
igual que ante este Tribunal de Justicia, que 
las circunstancias del mercado británico y la 
de los demás Estados miembros del conti­
nente son hasta tal punto diferentes que 
requieren métodos de distribución distintos. 
En el Reino Unido, como el whisky escocés 
es un producto bien arraigado y como los 
productores de cerveza controlan una gran 
parte de las salidas, existe una intensa com­
petencia entre los precios. En los países del 
continente, por el contrario, el whisky repre­
senta una cuota menor del mercado de las 
bebidas alcohólicas y, por diversos motivos, 
no puede competir con las precios de las 
bebidas alcohólicas locales. Por lo tanto, las 
ventas de whisky necesitan una promoción 
activa. Ello implica gastos para los distri­
buidores exclusivos. Estos últimos no pue­
den hacer frente a tales gastos si sus precios 
deben competir con los de exportadores 
paralelos que no tienen que soportar esos 
mismos gastos. Así pues, una misma marca 
de whisky escocés no puede distribuirse de 
modo eficaz en el Reino Unido y en los 
Estados miembros del continente si los 
exportadores paralelos no pagan un precio 
superior que reflejé los gastos de promoción 
que soportan los distribuidores exclusivos. 
DCL subrayaba que dichos gastos no se 
limitan a los gastos de publicidad a través de los medios de comunicación. También 
comprenden el estudio de mercado, el em­
pleo de vendedores, la distribución de 
material publicitario en los puntos de venta 
(«optics», etc.), la formación de los bar­
men, el examen de las quejas de los consu­
midores y, evidentemente, la gestión de las 
existencias. También engloban la protec­
ción de la marca contra los fraudes que, 
como es sabido, hace estragos en el merca­
do del whisky adoptando formas múltiples, 
como el relleno de botella con bebidas 
alcohólicas adulteradas y el uso de etiquetas 
falsificadas, además de las infracciones 
habituales de los derechos sobre las marcas 
comerciales. 
La Comisión celebró una audiencia el 23 de 
junio de 1977 en la que DCL y Bulloch 
estaban representadas. En esta ocasión 
DCL entregó a la Comisión una copia del 
primer suplemento a sus observaciones 
escritas consistente en una «valoración 
económica» llevada a cabo por Lady Hall, 
insigne economista de Oxford. 
A dicho suplemento siguió un segundo, el 
28 de junio de 1977, y un tercero, el 26 de 
julio de 1977. 
Consta que en la audiencia y, posteriormen­
te, con ocasión de un encuentro informal 
entre representantes de DCL y la Comisión 
que tuvo lugar el 19 de julio de 1977, se 
planteó la cuestión de si la diferencia entre 
los precios aplicados por DCL a los expor­
tadores paralelos, por un lado, y a sus distri­
buidores exclusivos, por otro, reflejaba 
efectivamente los costes suplementarios de 
713 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
estos últimos. A consecuencia de esto, 
DCL procedió a un análisis detallado de los 
costes de sus distribuidores exclusivos. (Se 
nos ha dicho en nombre de DCL que es casi 
seguro que ésta no hubiera podido asegurar­
se antes la cooperación de sus distribuidores 
exclusivos en dicho análisis, es decir, sin la 
presión a la que éstos estaban sometidos 
debido a la existencia del pliego de cargos 
de la Comisión). 
El 21 de septiembre de 1977, DCL escribió 
a la Comisión confirmando que los resulta­
dos de su estudio sobre dichos costes les 
serían entregados el 21 de octubre. 
Posteriormente llegó a oídos de DCL que su 
caso podría ser examinado por el Comité 
Consultivo, con arreglo al artículo 10 del 
Reglamento n° 17, en una reunión que debía 
celebrarse del 19 al 21 de octubre de 1977. 
El 11 de octubre del mismo año DCL escri­
bió nuevamente a la Comisión para expresar 
su estupor ante la idea de que el Comité 
Consultivo examinara un proyecto de Deci­
sión sin disponer de los resultados de la 
investigación, dado que los costes de los 
distribuidores, que los importadores parale­
los no soportaban, revestían una importan­
cia «tan crucial para el problema». 
Los resultados, de la investigación, en la 
medida en que se referían a los distribuido­
res de whisky escocés, se contenían en un 
cuarto suplemento a las observaciones 
escritas de DCL. Mostraban que sus costes 
adicionales se elevaban a 5,07 UKL por 
caja. Los suplementos cuarto y quinto, ambos de 
20 de octubre de 1977, fueron efectivamen­
te recibidos en la Comisión la mañana del 
21 de octubre. El mismo día, el Comité 
Consultivo se reunió y elaboró su informe 
sobre el asunto. La Comisión ha dicho 
(escrito de contestación apartados 172 a 
174) que dicho Comité había sido informa­
do, durante su reunión y antes de llegar a 
una decisión, de que el cuarto suplemento 
parecía confirmar las cifras proporciona­
das por DCL en sus observaciones escritas; 
que el Comité también había sido informa­
do de la recepción del quinto suplemento 
y de su contenido, pero que había decidido 
no aplazar su reunión para examinar más 
detenidamente dicho suplemento. (El quinto 
suplemento contenía las respuestas moti­
vadas de DCL a las cuestiones planteadas 
por funcionarios de la Comisión durante y 
después de la audiencia sobre la cuestión 
de si DCL podía modificar su sistema de 
precios). 
También es importante que, en la fecha de 
la reunión del Comité Consultivo, el acta de 
la audiencia no estaba disponible, ni siquie­
ra en forma de proyecto. El proyecto de acta 
fue enviado a las partes el 25 de octubre de 
1977 y las propuestas de modificación 
presentadas por DCL y calificadas de «meno­
res» por la Comisión fueron recibidas por 
esta última el 15 de noviembre de 1977. 
El 24 de noviembre de 1977 DCL presentó 
a la Comisión el sexto (y último) suplemen­
to. Dicho suplemento contenía los resulta­
dos del estudio de DCL sobre los costes de 
los distribuidores exclusivos de ginebra. 
714 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
La Decisión de 20 de diciembre de 1977 
Aproximadamente un mes más tarde, es 
decir el 20 de diciembre de 1977, la Comi­
sión adoptó la Decisión objeto del pre­
sente recurso. Mediante esta Decisión la 
Comisión: 
a) declaraba que la prohibición de ex­
portar y la prohibición de revender 
en régimen de depósito aduanero 
contenidas en las condiciones de venta 
de DCL hasta el 24 de junio de 1975 
eran contrarias al apartado 1 del artícu­
lo 85, y no podían ser objeto de una 
exención con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85; 
b) afirmaba que las condiciones de precios 
eran contrarias al apartado 1 del artícu­
lo 85 y no podían ser objeto de una 
exención con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85, tanto porque no le habían 
sido notificadas, como porque no cum­
plían los requisitos del apartado 3 del 
artículo 85; 
y 
c) exigía a DCL y a sus filiales que revo­
caran las condiciones de precios en la 
medida en que limitaban las exportacio­
nes a partir del Reino Unido a otros 
países de la CEE. 
La Comisión no estimó que las condiciones 
de venta violaran el Tratado en la medida en que prohibían las exportaciones a países 
terceros. Tampoco impuso ninguna multa a 
DCL. 
Reacción de DCL ante la Decisión de 20 
de diciembre de 1977 
DCL reaccionó a la Decisión anunciando 
que renunciaba de inmediato al sistema de 
diferenciación de precios, adoptando al 
mismo tiempo ciertas medidas que obede­
cían, según explicó, al convencimiento de 
que ya no sería posible en el futuro que una 
misma marca de whisky escocés compitiera 
eficazmente en el Reino Unido y a la vez 
recibiera el grado de promoción necesario 
para competir eficazmente en los países 
continentales de la CEE. Dichas medidas 
consistieron en retirar de la venta en el 
Reino Unido una marca corriente de 
whisky, Johnnie Walker Red Label, y una 
marca de lujo, Haig Dimple, y en solicitar a 
la Comisión de Precios del Reino Unido una 
autorización para aumentar el precio de 
otras cuatro marcas corrientes, Black & 
White, Vat 69, Dewars y White Horse a 
razón de 5,94 UKL la caja, y el precio de 2 
marcas de lujo, Antiquary y Johnnie Walker 
Black Label, a razón de 3,00 UKL por caja. 
Haig White Label debía seguir a la venta en 
el Reino Unido a su precio habitual de 
entonces. La Comisión de Precios concedió 
la autorización solicitada por DCL excepto 
en lo referente a Dewars, cuyo aumento se 
limitó a 3,00 UKL por caja y en lo referente 
a White Horse, para la cual no se autorizó 
ningún aumento. Una de las filiales de 
DCL introdujo una nueva marca corriente 
de whisky escocés, denominada «John 
Barr», que se vende en la botella cuadrada 
715 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
que antes se asociaba a la marca Johnnie 
Walker. DCL no adoptó medidas similares 
para las demás bebidas alcohólicas. 
La Comisión declaró que, por el hecho de 
que DCL hubiera adoptado dichas medidas, 
no debía presumirse que aceptaba que se 
hubiera ajustado debidamente a su Decisión. 
Esta es una cuestión que la Comisión podrá 
discutir con DCL, en función del resultado 
de este procedimiento. De todos modos, no 
puede surtir ningún efecto sobre aquél. 
Los extremos controvertidos en el presen­
te recurso 
Mediante el presente recurso, DCL solicita 
que se declare que la Decisión de 20 de 
diciembre de 1977 es nula en su totalidad y, 
subsidiariamente, que se declare que dicha 
Decisión es nula en la medida en que se 
refiere a la aplicación del apartado 3 del 
artículo 85 a las condiciones de precios. 
No obstante, se nos ha precisado en nombre 
de DCL que la impugnación de la Decisión 
en su totalidad se fundaba únicamente en los 
vicios sustanciales de forma que, en opinión 
de DCL, se cometieron durante el procedi­
miento que condujo a la adopción de la 
Decisión. Dichos vicios eran los siguientes: 
«a) algunos documentos importantes no 
fueron adecuadamente considerados, o 
en absoluto considerados, por el Comi­
té Consultivo, y en particular: i) la "valoración económica" de Lady 
Hall, la cual, como consta en la 
duplica de la Comisión (apartado 
66), no se contaba entre "los docu­
mentos más importantes" enumera­
dos por la Comisión cuando envió 
la convocatoria de la reunión del 
Comité con arreglo al apartado 5 
del artículo 10 del Reglamento 
n°17; 
ii) los suplemntos cuarto y quinto a 
las observaciones escritas de 
DCL que, como este Tribunal re­
cordará, no se recibieron hasta la 
mañana del día en que se reunía el 
Comité; 
iii) el sexto suplemento y el acta de la 
audiencia de 23 de junio de 1977, 
que sólo estuvieron disponibles en 
una fecha posterior a la de la reu­
nión del Comité Consultivo; 
b) la Comisión proporcionó a DCL una 
copia de la denuncia de Bulloch que 
había sido censurada en una medida 
inadmisible; 
c) en cuando al Pimm's, la Decisión de la 
Comisión se basó en motivos "insufi­
cientes y/o contradictorios".» 
DCL no cuestiona la corrección sustancial 
de la Decisión de la Comisión en la medida 
en que ésta consideraba que la prohibición 
716 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
de exportar y de revender en régimen de 
depósito aduanero que figuraba en Ias con­
diciones de venta de DCL, tal y como esta­
ban redactadas inicialmente, era contraria ai 
apartado 1 dei artículo 85 y no podia ser 
objeto de una exención con arreglo al apar­
tado 3 del artículo 85, o en la medida en que 
consideraba que el apartado 1 del artículo 
85 era aplicable al sistema de diferenciación 
de precios practicado a partir del 24 de 
junio de 1975. El único motivo que DCL a-
lega sobre el fondo es que la Comisión no 
hubiera debido denegar la exención con 
arreglo al apartado 3 del artículo 85 para las 
condiciones de precios. Por consiguiente, 
las principales cuestiones que se controvier­
ten en este asunto son: 
i) si, y en qué medida, la Decisión puede 
haber contenido vicios en el marco del 
procedimiento administrativo; 
ii) si la falta de notificación formal de las 
condiciones de precios imposibilitaba 
la exención de éstas con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85; y 
iii) en caso negativo, si la afirmación de la 
Comisión de que las condiciones de 
precios no cumplían las condiciones 
requeridas para que pudieran ser objeto 
de una exención con arreglo al apartado 
3 del artículo 85, puede mantenerse. 
Propongo dejar las cuestiones de procedi­
miento para el final y empezar examinando 
la cuestión de la notificación. La falta de notificación de las condiciones 
de precios por parte de DCL 
DCL admite que «por tratarse de una cues­
tión técnica» las condiciones de precios no 
fueron notificadas de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
n° 17 y del Reglamento n° 1133/68, aplica­
bles en la materia. 
En un intento de evitar las consecuencias de 
dicha omisión, formuló lo que parecían ser 
esencialmente cuatro alegaciones. 
La primera era que la notificación de las 
condiciones de venta cubría las condiciones 
de precios, en la medida en la que el objeti­
vo de las condiciones de precios era el 
mismo que el de la prohibición de exportar, 
a saber, proteger a los distribuidores exclu­
sivos en los Estados miembros del Conti­
nente contra las exportaciones paralelas 
efectuadas a los precios del Reino Unido. 
Las condiciones de precios, en opinión de 
DCL, eran un medio menos drástico de 
conseguir dicho objetivo. 
A mi parecer, dicha alegación no resiste el 
análisis. A efectos del presente asunto, es 
irrelevante que las condiciones de precios 
constituyeran o no una medida menos drás­
tica para conseguir el objetivo (cuestión 
sobre la que DCL y la Comisión disentían). 
No son los objetivos, sino (en la medida en 
que aquí nos interesa) los «acuerdos» los 
que deben notificarse con arreglo al aparta­
do 1 del artículo 4 del Reglamento n° 17. Si 
se considera objetivamente la notificación 
de DCL tal y como se efectuó mediante el 
717 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
formulario A/B el 30 de junio de 1973, no 
cabe mantener que constituya una notifica­
ción del mètodo de DCL relativo a la fija­
ción de los precios aplicables a sus clientes 
en el Reino Unido. Antes al contrario, las 
respuestas que se dan en dicha notificación 
a las cuestiones II, (3), (d) y III, (1), que 
hemos leído, estaban redactadas de manera 
que se evitara revelarlo. DCL puede tener 
razón al decir que no tenía ninguna obliga­
ción en aquella época de revelar el método, 
por los motivos que hemos recordado ante­
riormente, pero no puede mantener ahora 
que al proceder a dicha notificación reveló 
efectivamente dicho método. 
En segundo lugar, DCL mantuvo que no era 
necesario notificar separadamente las condi­
ciones de precios en 1975 porque dichas 
condiciones siempre se habían aplicado a 
las ventas efectuadas en el Reino Unido. En 
mi opinión, esta alegación tampoco puede 
acogerse. Suponiendo que DCL tuviera 
razón al decir que las condiciones de pre­
cios no debían notificarse necesariamente en 
1973, éstas adquirieron un significado-
diferente en 1975, cuando se suprimió la 
prohibición de exportar y se convirtieron en 
el único medio de que DCL disponía para 
limitar las exportaciones paralelas. Yo 
añadiría que, en mi opinión, el tenor de la 
circular de 24 de junio de 1975 y de su 
Anexo II muestran que DCL era consciente 
del cambio de la función de las condiciones 
de precios. Si dicho cambio no se hubiera 
producido, ya no hubiera sido necesario 
invitar a los revendedores a cooperar «para 
que un sistema simple y práctico pudiera 
funcionar», ni introducir nuevas cláusulas 
concebidas para penalizar a los clientes en 
caso de «tener motivos fundados para creer» que los productos comprados por éstos a los 
precios de mercado nacional británico se 
hubieran encontrado en el extranjero, ni 
decir que dichas nuevas cláusulas completa­
ban las condiciones de venta. 
En tercer lugar, DCL mantuvo que una vez 
que la Comisión había recibido su escrito de 
11 de julio de 1975 con el texto completo 
de la circular de 24 de junio y sus anexos, 
cumplir la «mera formalidad» consistente en 
notificar las condiciones de precios median­
te el formulario A/B carecía de sentido para 
DCL y la Comisión no hubiera ganado nada 
con ello. A primera vista, es un argumento 
atractivo. Pero sigue siendo cierto que la 
Comisión tuvo noticias de la existencia de 
las condiciones de precios a través de un 
artículo de prensa y que las obtuvo median­
te una solicitud de información con arreglo 
al artículo 11 del Reglamento n° 17. Está 
claro que no es el tipo de «notificación» que 
los autores del Reglamento n° 17 previeron. 
En efecto, incluyeron en la exposición de 
motivos del Reglamento considerandos 
redactados en los términos siguientes: 
«Considerando que las modalidades de 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 
deben ser determinadas teniendo en cuenta, 
por un lado, la necesidad de asegurar una 
vigilancia eficaz y por otro, la necesidad de 
simplificar en la medida de lo posible el 
control administrativo; 
[...] que se revela necesario, por tanto, 
someter, en principio, a las empresas que 
deseen alegar las disposiciones del apartado 
718 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
3 del artículo 85 a la obligación de notificar 
a la Comisión sus acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas.» 
Sería dificilmente compatible con los objeti­
vos allí enunciados afirmar que una empresa 
que no ha cumplido el Reglamento tiene 
derecho al mismo trato que otra que sí que 
lo haya hecho. Además, aparte de comuni­
car el acuerdo de que se trate a la Comisión, 
la notificación formal surte un triple efecto: 
prueba que, en el caso de que el acuerdo 
estuviera comprendido en el ámbito del 
apartado 1 del artículo 85, se solicita una 
exención con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85; indica los fundamentos de dicha 
solicitud de exención y fija, de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 6 del Regla­
mento n° 17, la fecha más próxima a partii­
de la cual la exención puede surtir efecto. 
No se ha suscitado la cuestión de si en caso 
de que la Comisión tenga noticia de la 
existencia de un acuerdo contrario al aparta­
do 1 del artículo 85 a través de la prensa y 
ejerza por ello las facultades que le corres­
ponden con arreglo al artículo 11 del Regla­
mento n° 17, una parte en el acuerdo pueda, 
sin embargo, solicitar una exención de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
85, cumplimentando a continuación un 
formulario A/B. Los hechos del asunto 
tampoco plantean dicha cuestión, así que no 
me referiré a ella. 
Queda la cuarta alegación de DCL que 
consiste en que la Comisión renunció en este caso a la notificación formal y que, por 
lo tanto, no puede insistir en ella. Se ha 
mantenido, en nombre de la Comisión, que 
dicha renuncia excedía de sus facultades. 
No creo que sea necesario pronunciarme 
sobre la pertinencia de esta alegación, por­
que no creo que pueda considerarse que la 
Comisión renunció a la notificación en este 
asunto. El Abogado de DCL se refirió al 
escrito de la Comisión de 19 de agosto de 
1975 en el que ésta solicitaba que se utiliza­
ra en lo sucesivo la misma referencia para 
toda correspondencia relativa a las condi­
ciones de venta y a las condiciones de pre­
cios y manifestó que, seguidamente, en el 
marco del procedimiento administrativo, la 
Comisión examinó las condiciones de venta 
y las condiciones de precios conjuntamente. 
No creo que el que la Comisión eligiera 
proceder así equivalga a renunciar a la 
notificación formal de las condiciones de 
precios. En el pliego de cargos la Comisión 
afirmó claramente que las condiciones de 
precios nunca habían sido debidamente 
notificadas y su opinión al respecto no ha 
cambiado desde entonces. 
Por lo tanto, concluyo que las alegaciones 
relativas a la cuestión de la notificación no 
pueden acogerse. 
Esto sería suficiente para resolver el litigio. 
No obstante, para el caso de que este Tribu­
nal adoptara una visión diferente, examinaré 
lo que constituye el fondo de la solicitud de 
DCL para acogerse a una exención con 
arreglo al apartado 3 del artículo 85. 
719 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
El fondo de la solicitud de DCL para 
acogerse a una exención con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85 
El apartado 3 del artículo 85 del Tratado 
prevé, en efecto, cuatro requisitos, dos 
positivos y dos negativos, para que un 
acuerdo pueda ser objeto de la exención de 
la prohibición con arreglo al apartado 1 del 
artículo 85: 
i) el acuerdo debe (en la medida en que es 
relevante para el caso de autos) contri­
buir a mejorar la producción o la distri­
bución de los productos; 
ii) debe reservar a los usuarios una parti­
cipación equitativa en el beneficio 
resultante; 
iii) no debe imponer a las empresas intere­
sadas restricciones que no sean indis­
pensables para alcanzar tales objetivos; 
iv) no debe ofrecer a dichas empresas la 
posibilidad de eliminar la competencia 
respecto de una parte sustancial de los 
productos de que se trate. 
En la Decisión relativa al presente asunto, la 
Comisión no examinó los requisitos (ii) y 
(iv). Solamente se refirió a los requisitos (i) 
Y (iü)· 
Por lo que respecta a la cuestión (i), la 
Comisión rechazó la tesis de DCL, según la cual la existencia de las condiciones de 
precios contribuía a mejorar la distribución 
de los productos de DCL, basándose en un 
fundamento que sólo puede calificarse de 
artificial. Consiste en decir que la mejora de 
la distribución que DCL aducía no resulta 
directamente de los acuerdos concluidos 
con los mayoristas británicos, de los que las 
condiciones de precios son parte integrante, 
sino que resulta de una serie distinta de 
acuerdos, a saber, los concluidos con los 
distribuidores exclusivos en otros Estados 
miembros. La Comisión desarrolló dicho 
argumento ante el Tribunal de Justicia. 
Según la Comisión, el hecho de que un 
acuerdo, suponiendo que esté comprendido 
en el ámbito de aplicación del apartado 1 
del artículo 85, pueda contribuir a aplicar 
otro (supuestamente beneficioso) en el 
ámbito de la distribución, no es suficiente 
para que el primer acuerdo pueda acogerse 
a la exención del apartado 3 del artículo 85. 
La Comisión también presentó dicho argu­
mento de otro modo, afirmando que las 
condiciones de precios y los acuerdos cele­
brados con los distribuidores exclusivos se 
refieren a mercancías diferentes. 
En mi opinión, este fundamento es insoste­
nible. No hay nada en el apartado 3 del 
artículo 85 que diga que la ventaja a la que 
se refiere deba derivar directamente de las 
condiciones del acuerdo considerado y que 
no puede provenir de los efectos de éste en 
su contexto económico y jurídico. Dicho 
contexto es claramente relevante para 
considerar si el acuerdo recae en principio 
dentro del ámbito del artículo 85 (véase la 
sentencia de 12 de diciembre de 1967, 
Brasserie de Haecht, 23/67,» Rec. p. 407) 
y considerar que es ¡n'elevante a efectos del 
720 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
apartado 3 del artículo 85 convertiría todo 
el artículo 85 en una disposición extraña­
mente coja. Además, si las filiales de 
DCL se hubieran comprometido expresa­
mente, en los acuerdos celebrados con sus 
distribuidores exclusivos, a protegerles 
mediante un sistema de diferenciación de 
precios, la validez de dicho compromiso 
hubiera dependido exactamente de las mis­
mas consideraciones que las aplicables a las 
condiciones de precios. 
Así llegamos al núcleo del asunto. A este 
respecto, la Comisión se expresó en su 
Decisión del modo siguiente [en la letra c) 
del apartado 2.2.2. de la Parte III]: 
«Ni siquiera en caso de que las condiciones 
de precios debieran considerarse en relación 
con el sistema de distribución exclusiva 
instaurado por DCL podrían acogerse a la 
exención. 
La Comisión reconoce que con frecuencia 
resulta ventajoso designar distribuidores 
exclusivos en los países de la CEE, encarga­
dos de promocional· las ventas de un pro­
ductor situado en otro Estado miembro. En 
cuanto a los acuerdos de distribución exclu­
siva celebrados por las filiales de DCL con 
los distribuidores establecidos en otros 
Estados miembros, la Comisión indicó su 
intención de adoptar una decisión favorable 
[...] 
Si bien hay que admitir que la designación 
de un distribuidor exclusivo contribuye a 
una mejora de la distribución, sin embargo no puede probarse que las condiciones de 
precios constituyan una restricción indis­
pensable para alcanzar dicho objetivo.» 
Así pues, se trata de saber si la Comisión 
podía razonablemente mantener que las 
condiciones de precios no eran indispensa­
bles para obtener la mejora de la distribu­
ción resultante de la aplicación del sistema 
de distribución exclusiva de DCL. Debo 
confesar que, tras algunas dudas iniciales, 
he llegado a la conclusión de que no podía. 
El análisis de las diferencias entre las condi­
ciones del mercado en el Reino Unido y en 
otros Estados miembros efectuado por 
DCL es, en conjunto, convincente. 
Tomemos, por ejemplo, el whisky escocés. 
Representa más del 50 % de las bebidas 
alcohólicas vendidas en el Reino Unido. El 
mercado del Reino Unido ha sido, por lo 
tanto, correctamente descrito, en mi opi­
nión, en el sentido de que ha alcanzado la 
fase de «madurez», aquella en que la com­
petencia en materia de precios adquiere la 
máxima importancia. La prueba de la sensi­
bilidad de dicho mercado en materia de 
precios consta en el quinto apéndice de las 
observaciones escritas de DCL. Se refleja, 
por ejemplo, que cuando Bell's y Teacher's 
aumentaron sus precios 60 peniques por 
caja (es decir, 5 peniques por botella) en 
abril de 1970, la cuota de mercado de 
DCL pasó a ser del 73 % en 6 meses, hasta 
el 1 de octubre, cuando sus propios precios 
aumentaron y esto comparado con una cuota 
del 51 % durante el período de 12 meses 
que finalizó el 31 de marzo de 1970. Análo-
721 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
gamente, un aumento de 45 peniques por 
caja (es decir menos de 4 peniques por 
botella) practicado por DCL el 1 de abril de 
1975, que no fue inmediatamente seguido 
por Bell's y Teacher's, redujo su cuota de 
mercado al 32 % durante el período de 6 
meses que finalizó el 31 de marzo de 1976, 
y ello comparado con una cuota de mercado 
del 51 % durante el período de 12 meses 
que finalizó el 30 de septiembre de 1975. 
Dichas pruebas no han sido impugnadas. En 
caso de necesitar una corroboración, ésta 
podría encontrarse en la pérdida casi total 
de la cuota de mercado sufrida por Black & 
White y Vat 69 como consecuencia de las 
alzas de precios que siguieron a la Decisión, 
así como en la pérdida de dos tercios de la 
cuota de mercado de Dewars. 
DCL también presentó pruebas relativas a la 
potencia comercial de las grandes industrias 
cerveceras británicas, consideradas como 
compradoras de whisky escocés. Dicha 
potencia, derivada del hecho de que los 
productores de cerveza controlan el comer­
cio al por menor, se encuentra adecuada­
mente atestiguada (entre otras pruebas) en el 
informe de la United Kingdom Monopolies 
Commission, adjunto a las observaciones 
escritas del DCL. Las presiones ejercidas 
por los productores de cerveza, que poseen 
sus propias marcas de whisky escocés, 
ayudan a explicar el bajo nivel de los pre­
cios al por mayor en el mercado británico. 
En todos los demás Estados miembros 
excepto, según creo, en Bélgica, el whisky 
escocés compite con productos locales 
tradicionales y populares. Pero no puede 
competir en cuanto a precios. En cinco de dichos Estados miembros, sólo 
tiene una cuota modesta del mercado de las 
bebidas alcohólicas: 3,5 % en Alemania; 
5,3 % en Dinamarca; 5,5 % en Francia; 
8,2 % en Italia, y 8,9 % en los Países Bajos. 
El mercado todavía se encuentra allí en una 
fase de «expansión», en la que los gastos 
elevados de promoción pueden considerarse 
normales. 
La situación es diferente en Bélgica, donde 
el whisky escocés representa el 36,6 % del 
mercado de las bebidas alcohólicas. Quizá 
pueda considerarse que el mercado del 
whisky escocés en dicho país se encuentra 
próximo a la fase de «madurez». 
Se nos ha dicho poco acerca del mercado 
irlandés. Probablemente ocupa unaposición 
intermedia entre el mercado británico y el 
resto de la Comunidad. Pero está claro que 
el whisky escocés en Irlanda debe competir, 
más que en otros mercados, con el whisky 
irlandés. 
DCL ha insistido en las dificultades adicio­
nales con las que se encuentra la comercia­
lización de whisky escocés en Alemania 
debido a las prácticas discriminatorias del 
monopolio estatal que el Tribunal de Justi­
cia consideró contrarias a Derecho en la 
sentencia de 13 de marzo de 1979, Hansen 
(91/78," Rec. p. 935), al igual que en Dina­
marca, en Francia y en Italia debido a la 
tributación discriminatoria declarada recien­
temente contraria a Derecho por el Tribunal 
de Justicia en los asuntos «aguardientes» 
(sentencias de 27 de febrero de 1980, 
Comisión/Francia, 168/78, Rec. p. 347; 
722 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
Comisión/Italia, 169/78,« Rec. p. 385; 
Comisión/Dinamarca, 171/78," Rec. p. 447, 
y Just, 68/79, " Rec. p. 501 ). En mi opinion, 
éste no es el mejor argumento de DCL. 
Los asuntos Hansen y Just ilustran los 
medios de impugnación a los que los comer­
ciantes víctimas de tal discriminación pue­
den recurrir. 
Más convincente resulta la argumentación 
expuesta por DCL en sus observaciones 
escritas para demostrar que una misma 
marca no puede competir eficazmente en el 
Reino Unido y el resto de la Comunidad 
sino sobre la base de un sistema de precios 
diferenciados. Dicho argumento decía que si 
bien las ventas de las principales marcas 
de DCL estaban uniformemente repartidas 
entre el Reino Unido y el resto de la Co­
munidad, sus principales competidores en 
el Reino Unido, Bell's y Teacher's, ven­
dían poco en otros Estados miembros, 
mientras que sus competidores principales 
en los Estados miembros del Continente, 
Ballantines y J & B, venden poco en el 
Reino Unido. 
DCL resumió su postura afirmando que se 
planteaban esencialmente tres cuestiones a 
las que había demostrado deber responderse 
afirmativamente. Dichas cuestiones eran las 
siguientes: 
«- ¿Es cierto que los distribuidores exclu­
sivos deben gastar una media de aproxi­
madamente 5 UKL por cada caja de 
whisky escocés que vendan para que el 
producto pueda competir eficazmente con otras bebidas alcohólicas en los 
mercados continentales de la CEE? 
— ¿Es cierto que es imposible que el 
whisky escocés compita eficazmente 
con otros productos en el Reino 
Unido a un precio que refleje los gas­
tos de promoción comercial soportados 
por los distribuidores exclusivos del 
continente? 
- ¿Es cierto que, por consiguiente, es 
imposible que una marca de whisky 
escocés compita en el Reino Unido y 
en la parte continental de la CEE al 
mismo tiempo sin un sistema de pre­
cios diferenciados?» 
La tesis mantenida por la Comisión, por 
otro lado, me ha parecido algo floja. 
En la propia Decisión, la Comisión aducía 
dos razones en apoyo de su postura. La 
primera era que «las bebidas alcohólicas de 
DCL no son productos nuevos que necesiten 
una introducción en el mercado que exija 
esfuerzos de promoción extraordinaria. Las 
condiciones del mercado [en los países de la 
CEE, a excepción del Reino Unido] no son 
de las que requieren proteger dichos merca­
dos contra la competencia por parte de los 
comerciantes que compran bebidas alcohó­
licas de DCL en el Reino Unido». 
Dejando de lado la afirmación de que las 
bebidas alcohólicas de DCL no son «produc­
tos nuevos», esto es más una conclusión que 
723 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
un fundamento. No hay nada en el apartado 
3 del artículo 85 ni en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia que permita decir que 
una restricción no pueda ser indispensable 
para mejorar la distribución de los produc­
tos, a menos que se trate de productos nue­
vos. Del mismo modo, no hay en principio 
ninguna razón por la que ello deba ser así. 
La única cuestión pertinente que puede 
plantearse en el marco del apartado 3 del 
artículo 85 es si, sobre la base de los he­
chos, ya sean los productos tradicionales o 
nuevos, la restricción de que se trata es 
indispensable para mejorar su distribución. 
La Comisión se ha referido a una serie de 
sentencias de este Tribunal. Algunas de 
ellas eran totalmente ajenas a cualquier 
problema de interpretación o de aplicación 
del apartado 3 del artículo 85 y no abusaré 
del tiempo de los Señores Jueces discutien­
do acerca de ellas. En cuando a la jurispru­
dencia relativa al apartado 3 del artículo 85, 
la sentencia en la que la Comisión se ha 
apoyado principalmente es la de 13 de julio 
de 1966, Consten y Grundig/Comisión 
(asuntos acumulados 56/64 y 58/64,« Rec. 
p. 429). 
Los hechos de dicho asunto se distinguen de 
los del caso de autos en dos aspectos. En 
primer lugar, la restricción para la que se 
solicitaba la exención era una prohibición 
absoluta de las exportaciones paralelas. En 
nuestro caso, si bien la Comisión y Bulloch 
mantenían que en la práctica, si no en apa­
riencia, el sistema de diferenciación de 
precios imposibilitaba las importaciones 
paralelas, dicha afirmación se veía contradi­
cha por el hecho de que las filiales de DCL hubieran vendido, en 1977, 340.000 
cajas de whisky escocés al precio de expor­
tación bruto CEE, cantidad que representa­
ba, según DCL, casi una décima parte del 
total de las exportaciones de las marcas de 
DCL de whisky escocés a los demás Esta­
dos miembros durante dicho año. En 
segundo lugar, los fundamentos con arre­
glo a los cuales se solicitaba la exención en 
el asunto Consten y Grundig, antes citado, 
no se parecen en nada a aquellos sobre los 
que DCL se basa en este caso. 
En cuanto a los principios establecidos en la 
sentencia Consten y Grundig, creo que hay 
dos aspectos importantes. El primero es que 
el Tribunal de Justicia insistió en la necesi­
dad de que la Comisión, cuando se le plan­
tea una solicitud de exención con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85, proceda a un 
examen pormenorizado de los hechos. 
DCL se queja en gran medida, en mi opi­
nión con cierta razón, precisamente porque 
la Comisión omitió efectuar tal examen. En 
segundo lugar, la Comisión se basa en la 
sentencia Consten y Grundig para mantener 
que cuando la Comisión debe llevar a cabo 
una compleja valoración de factores econó­
micos, el Tribunal de Justicia sólo dispone 
de una competencia limitada para intervenir 
en la apreciación de la Comisión. De eso no 
cabe duda, pero la Comisión ha llevado su 
razonamiento hasta el punto de dar a enten­
der que la competencia del Tribunal de 
Justicia en circunstancias similares es vir­
tualmente inexistente. Está claro que la 
sentencia Consten y Grundig no funda­
menta dicha argumentación. Ni tampoco las 
sentencias más recientes citadas por la 
Comisión. En la medida en que es relevan­
te para el presente caso, la sentencia de 23 
724 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
de octubre de 1974, Transocean Marine 
Paint Association/Comisión (17/74," Rec. 
p. 1063) simplemente estableció en térmi­
nos generales que la Comisión dispone de 
una amplia potestad discrecional a efectos 
de definir los requisitos para conceder las 
exenciones con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85; en el asunto en el que recayó 
la sentencia de 15 de octubre de 1974, 
Frubo/Comisión (71/74, Rec. p. 563), esta­
ba claro, sobre la base de los hechos, que la 
Comisión tenía la facultad de decidir como 
lo había hecho; y el asunto en el que recayó 
la sentencia de 25 de octubre de 1977, 
Metro/Comisión (26/76,« Rec. p. 1875), 
ilustra hasta que extremo el Tribunal de 
Justicia puede fiscalizar el ejercicio de las 
competencias de la Comisión. 
La segunda razón que la Comisión aduce en 
su Decisión en apoyo de su opinión sobre 
esta parte del asunto, es que DCL «está en 
situación de garantizar, a través de otros 
medios que no sean la obstaculización de 
las exportaciones paralelas, que sus distri­
buidores exclusivos cumplen eficazmente 
sus funciones». La Comisión cita a conti­
nuación dos ejemplos de modos de actuar 
que DCL hubiera podido seguir: 
a) «DCL podría» afirma, «como hace en el 
mercado británico, asumir personal­
mente la responsabilidad de promocio­
nal· las ventas en otros mercados de la 
CEE»; o 
b) DCL podría «tomar en consideración 
el coste de las actividades de promo­
ción llevadas a cabo por los distribuido­res exclusivos en los precios que les 
factura». 
Y la Comisión continúa diciendo: «no se ha 
demostrado que las condiciones del merca­
do descritas por DCL no permitan recurrir a 
otros sistemas de precios que no den lugar a 
una restricción de la competencia». No se 
desprende con claridad de la propia Deci­
sión si se trata de una conclusión basada en 
lo anterior o si se trata de una tercera vía 
que, en opinión de la Comisión, hubiera 
permitido a DCL superar la dificultad. A la 
luz de las alegaciones formuladas ante este 
Tribunal en representación de la Comisión, 
la última respuesta es la correcta. 
La solución según la cual DCL asumiría 
personalmente la responsabilidad de promo­
cional· las ventas en otros mercados de la 
CEE no puede aceptarse. 
En primer lugar, esta solución ignora las 
pruebas (contenidas en el Anexo V de las 
observaciones escritas de DCL) relativas a 
los vanos intentos de comercializar directa­
mente whisky escocés en el continente 
realizados por la propia DCL así como por 
Wm Teacher & Sons Limited (siendo Suiza 
el mercado en el caso de Teacher). La 
Comisión intentó rebatir dichas pruebas 
refiriéndose (en su escrito de defensa) al 
método seguido por Martini & Rossi para 
implantarse en el mercado británico, así 
como al adoptado por Arthur Guinness Son 
and Company Limited para implantarse en 
los mercados de «países de la Comunidad a 
excepción de Francia y Bélgica». DCL de­
mostró de manera convincente (véanse pp. 
725 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
39 a 42 de la réplica) que la referencia al 
caso de Martini & Rossi no era pertinente 
por una serie de razones. En lo referente a 
Guinness, DCL manifestó principalmente 
que no sabía mucho sobre dicho asunto y, 
en particular, que no sabía en qué medida 
Guinness había conseguido conquistar 
dichos mercados. La Comisión (en su dupli­
ca) cedió en este punto, manifestando que 
no había tenido la intención de sugerir que 
las operaciones de Martini & Rossi fueran 
«idénticas a las de DCL» y pareciendo 
admitir que todo lo que sabía acerca de 
Arthur Guinness Son and Company Limited 
era lo que se desprendía del informe anual 
de dicha compañía relativo al ejercicio de 
1977 que había «creado recientemente 
filiales en Alemania y en Italia». 
No obstante, la principal objeción a dicha 
solución es que equivale a mantener que 
DCL debería integrar verticalmente su 
sistema de distribución, porque «promo­
ción» en el presente caso no significa mera 
publicidad. DCL debería hacerse cargo de 
las organizaciones de almacenamiento y de 
venta de sus distribuidores o crear una 
propia. Sustituir cerca de 200 distribuidores 
por una red monolítica gestionada por el 
productor debe ser perjudicial para la com­
petencia. Ello significaría en particular el 
fin de la competencia entre las marcas DCL. 
A la segunda alegación de la Comisión, 
según la cual DCL debería tomar en consi­
deración los costes correspondientes a la 
promoción de las ventas efectuadas por los 
distribuidores exclusivos en los precios que 
se les aplican, DCL objetó que en ese caso 
tendría que venderles a pérdida. La Comi­sión replicó que ello no era necesario, dado 
que DCL podría incrementar todos sus 
precios, incluyendo los aplicados en el 
Reino Unido. Ahora bien, está claro que 
DCL no podría hacerlo en medida suficiente 
sin excluirse por ello del mercado británico. 
La falta de comprensión por parte de la 
Comisión de las pruebas que se le presenta­
ron está demostrada por el hecho de que en 
su escrito de contestación mencionaba que 
DCL había incrementado algunos de sus 
precios británicos como reacción a la Deci­
sión, como prueba de que nada impedía a 
DCL aumentar dichos precios. La Comisión 
proseguía diciendo: 
«Corresponde a DCL decidir si estima que 
la posible compensación comercial final 
justifica el intento de penetrar en los merca­
dos continentales de la CEE. Si DCL consi­
dera que las potenciales ventajas no justifi­
can los riesgos, probablemente decida no 
vender en la CEE continental. Si, por el 
contrario, las potenciales ventajas son con­
venientes, DCL probablemente esté dispues­
ta a efectuar los gastos y esfuerzos que sean 
necesarios para obtener dichas ventajas. Lo 
que una sociedad de la importancia de DCL, 
que ofrece un producto tan largamente 
arraigado como es el whisky escocés, no 
puede hacer con arreglo a la política comu­
nitaria de la competencia, es intentar encu­
brirse, obstaculizando, las importaciones 
paralelas y compartimentando el mercado 
en la CEE, para así poder practicar precios 
elevados al penetrar en el mercado.» 
En este pasaje, la Comisión parece decir 
que no le preocupa saber si los productos 
DCL se distribuyen o no en los Estados 
726 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
miembros del Continente; que la observan­
cia de su propia política en materia de im­
portaciones paralelas es más importante. 
Que este era el enfoque de la Comisión, 
enfoque que, en mi opinión, es incompatible 
con el correcto ejercicio por parte de la 
Comisión de las facultades discrecionales 
que le corresponden con arreglo al apartado 
3 del artículo 85, parece quedar confirmado 
en la siguiente fiase de la duplica: 
«Si desde su perspectiva comercial, 
DCL decide que no puede operar de mane­
ra suficientemente ventajosa como para 
que se justifiquen los costes económicos y 
de otro tipo que debería asumir, probable­
mente se retirará y dejará el mercado a otras 
empresas.» 
Consideraré a continuación la tercera alega­
ción de la Comisión, que mantiene que 
DCL no probó que las condiciones del 
mercado que describió no permitían aplicar 
otros sistemas de precios que no produjeran 
una restricción de la competencia. Ante este 
Tribunal, la Comisión, en apoyo de dicha 
afirmación, se basó en las cifras de los 
costes de los distribuidores que constan en 
los suplementos cuarto y sexto a las obser­
vaciones escritas de DCL. Dichas cifras, en 
mi opinión, no prueban, como sugiere la 
Comisión, que la alegación fundamental de 
DCL sea una falacia. Pero sí que prueban 
que el importe de la diferencia entre los 
precios que las filiales de DCL imponían a 
sus distribuidores exclusivos y a los expor­
tadores paralelos no siempre era apropiado. 
Esto es concretamente el caso de la ginebra, 
donde la diferencia alcanzaba las 5,25 UKL 
de media por caja, mientras que los costes adicionales de los distribuidores exclusi­
vos alcanzaban únicamente una media de 
4,21 UKL por caja. En cuanto al whisky, las 
cifras eran 5,16 y 5,07 UKL respectivamen­
te, de modo que quizá la diferencia se po­
dría considerar de minimis y estimar en 
efecto la alegación de DCL, según la cual su 
conocimiento del mercado, incluso antes de 
haber analizado detalladamente los costes 
de sus distribuidores exclusivos, le permitió 
apreciar el importe de dichos costes de 
manera relativamente precisa. 
La Comisión subrayó, no obstante que la 
cifra de 5,07 UKL era únicamente una 
media y que los costes de algunos distribui­
dores eran inferiores, y en algunos casos, 
muy inferiores. Esto, por supuesto, es cierto. 
También es cierto que los costes de algunos 
distribuidores eran superiores y en algunos 
casos muy superiores. La verdadera cues­
tión es si adoptar una media general no era 
recurrir a un método demasiado burdo. Creo 
que DCL tenía razón al decir que no podía 
cambiar la cifra en función del país. Aparte 
de la dificultad práctica que suponía que 
DCL supiera a qué país se destinaba un 
pedido al precio de exportación CEE, dicho 
procedimiento hubiera llevado a comparti­
mentar el mercado común todavía más. Al 
menos, con el sistema aplicado por DCL, el 
único compartimento existente era el que 
separaba al Reino Unido del resto de la 
Comunidad. Por otro lado, no estoy conven­
cido de que DCL no hubiera debido hacer 
diferencias entre las marcas. Las cifras 
parecen demostrar que los costes medios de 
promoción de algunas marcas son conside­
rablemente superiores a los que ocasiona la 
promoción de otras marcas. 
727 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
El hecho de que puedan hacerse dichas 
críticas de los índices diferenciales de pre­
cios de DCL no significa, sin embargo, que 
la Decisión de la Comisión pudiera mante­
nerse, ya que la Decisión no se basaba en la 
crítica de las cifras sino en la condena del 
sistema de doble precio como tal. En efecto, 
cuando DCL solicitó una reunión con la 
Comisión para discutir los resultados de la 
investigación acerca de los costes de los 
distribuidores exclusivos, la Comisión 
expresó su punto de vista en un telex de 24 
de octubre de 1977, en el que, si bien daba 
su acuerdo para la reunión del 15 de no­
viembre de 1977 u otra fecha posterior, 
decía que no había «ninguna relación entre 
la especificación de sus costes de distribu­
ción y el procedimiento en curso que pudie­
ra justificar lo más mínimo una ralentiza-
ción de dicho procedimiento», y afiadía: 
«Por lo tanto, debe quedar claro que nuestra 
próxima reunión tratará únicamente sobre su 
futura política de precios». Es significativo 
que la Decisión, que expone hechos y cifras 
detalladas en muchos otros aspectos, no 
diga nada acerca de los costes reales de los 
distribuidores exclusivos. 
De este modo llegamos a las cuestiones de 
procedimiento. 
Las cuestiones de procedimiento 
Por lo que a éstas se refiere, hay que exami­
nar en primer lugar la alegación de DCL, 
según la cual si la Comisión ha incurrido en 
un vicio sustancial de forma, debe declarar­
se la nulidad de la Decisión en su integri­
dad, sin que DCL tenga necesidad de pro­
bar que dicho vicio afectó al resultado del procedimiento. La única referencia que el 
Abogado de DCL ha citado en apoyo de 
dicha sugerencia es un manual de Derecho 
administrativo francés (La Ferrière: Traite 
de la juridiction administrative, 2° ed., vol. 
II, pp. 522-523). No obstante, como indiqué 
en la sentencia de 16 de octubre de 1975, 
Deboeck/Comisión (90/74, Rec. pp. 1123 
y ss., especialmente pp. 1140 a 1142), el 
Derecho comunitario difiere a este respecto 
del Derecho francés. En Derecho comunita­
rio quien impugne la validez de una Deci­
sión administrativa no puede basarse en una 
irregularidad del procedimiento que condu­
jo a dicha Decisión si no puede demostrar al 
menos la posibilidad de que, de no ser por 
dicha irregularidad, la Decisión hubiera 
sido diferente. Esta norma ha sido aplicada 
tanto en asuntos de competencia como en 
asuntos de funcionarios [véanse, en lo refe­
rente a los asuntos de competencia, las 
sentencias «quinina», de 15 de julio de 
1970, Chemiefarma/Comisión (41/69,« 
Rec. p. 661), apartados 47 a 53; Buch-
ler/Comisión (44/69, antes citada, p. 733), 
apartados 15, 35 y 36, y Boehringer Mann-
heim/Comisión (45/69, antes citada, p. 769), 
apartados 15,39 y 40; en cuanto a los asun­
tos de funcionarios, recordé la jurispruden­
cia anterior en la sentencia 
Deboeck/Comisión, y desde entonces la 
norma se ha visto confirmada en esa misma 
sentencia en los apartados 11 a 15, en la 
sentencia de 29 de septiembre de 1976, 
Morello/Comisión (9/76, Rec. p. 1415), 
apartado 11, y en la sentencia de 11 de 
mayo de 1978, De Roubaix/Comisión 
(25/77, Rec. p. 1081), apartado 22. Así 
pues, en mi opinión, todo vicio sustancial de 
forma en que haya incurrido la Comisión o, 
en este caso, el Comité Consultivo, sólo 
puede invalidar la Decisión de la Comisión 
728 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
en la medida en que se refiera a la aplica­
ción del apartado 3 del artículo 85 a las 
condiciones de precios, ya que DCL no 
discutió en el procedimiento administrativo 
la opinión de la Comisión acerca de ningún 
otro aspecto relevante, de modo que la 
Decisión no hubiera podido ser diferente en 
relación a ningún otro aspecto relevante. En 
efecto, resultaría extremadamente raro que, 
por ejemplo, el Tribunal de Justicia mantu­
viera ahora que la Decisión era nula en la 
medida en que declara que el apartado 1 del 
artículo 85 es aplicable a las condiciones de 
precios, mientras que en el procedimiento 
administrativo DCL (acertadamente, en mi 
opinión) aceptó que lo era. 
También hay que examinar el problema que 
se plantea acerca de la interpretación del 
apartado 2 del artículo 42 del Reglamento 
de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 
Se plantea porque dos de las alegaciones de 
DCL no fueron expuestas ni en la demanda 
ni en la réplica, sino que aparecieron por 
primera vez en un documento titulado «Ad­
dendum a la réplica» que DCL presentó con 
posterioridad a la duplica. Contiene afirma­
ciones de DCL relativas a la apreciación 
económica de Lady Hall, así como a la 
denuncia de Bulloch. La razón por la que 
DCL no expuso la primera de ellas antes, 
era que DCL no tuvo noticias de que el 
informe de Lady Hall no se encontraba en la 
lista de «los documentos más importantes» 
elaborada por la Comisión para el Comité 
Consultivo hasta que recibió la duplica. La 
razón por la que DCL no expuso antes la 
segunda alegación es que no tuvo conoci­
miento del contenido íntegro de la denuncia 
de Bulloch hasta que se le notificó la de­
manda de intervención de ésta, demanda que contenía el texto completo de la denun­
cia en anexo. Dicha demanda fue presentada 
con posterioridad a la réplica. Solo enton­
ces, según DCL, se dio cuenta de que la 
copia de la denuncia que la Comisión le 
había transmitido había sido censurada en 
un grado inadmisible. DCL se basa en el 
párrafo primero del apartado 2 del artículo 
42, el cual, implícitamente, permite que se 
invoquen «motivos nuevos» en el curso del 
procedimiento si se rundan «en razones de 
hecho y de Derecho que hayan aparecido 
durante la fase escrita del procedimiento». 
Creo que estas palabras se ajustan a nuestro 
caso, pero la Comisión expresó objeciones 
a la admisibilidad del addendum. Con arre­
glo a los párrafos segundo y tercero del 
apartado 2 del artículo 42, el Sr. Presidente 
permitió a las demás partes que respondie­
ran a las cuestiones suscitadas en el adden­
dum, y la decisión relativa a su admisibili­
dad se reservó para la sentencia definitiva. 
Dos asuntos recientes en los que se invocó 
sin éxito el apartado 2 del artículo 42 han 
sido acertadamente descartados por el Abo­
gado de DCL: se trata del asunto en el que 
recayó la sentencia de 25 de septiembre de 
1979, Comisión/Francia (232/78, « Rec. p. 
2729) y del asunto en que recayó la senten­
cia de 18 de octubre de 1979, 
GEMA/Comisión (125/78,- Rec. p. 3173). 
En estos dos asuntos, el apartado 2 del 
artículo 42 se invocó como un medio de 
extender el alcance del recurso. 
Me adhiero a la opinión expuesta por el 
Abogado General Sr. Capotarti en sus 
conclusiones en el asunto en que recayo 
la sentencia de 5 de abril de 1979, 
729 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
Kobor/Comisión (112/78, Rec. pp. 1573 y 
ss., especialmente pp. 1573 a 1581), opinión 
implícitamente admitida por el Tribunal de 
Justicia en dicho asunto. Dijo que «una 
interpretación demasiado estricta del aparta­
do 2 del artículo 42 no parece justificada; lo 
importante es determinar si la parte contra 
la que se invoca el nuevo motivo ha visto 
perjudicada su defensa debido al comporta­
miento de la otra parte en el procedimien­
to». En el caso de autos tanto la Comisión 
como Bulloch pudieron presentar observa­
ciones, por escrito y en la audiencia, sobre 
el addendum. Además, las alegaciones 
expuestas por la Comisión contra la admisi­
bilidad del addendum (en un largo escrito 
dirigido al Secretario con fecha de 23 de 
noviembre de 1978) me parecen mal conce­
bidas, aunque se interpretara estrictamente 
el apartado 2 del artículo 42. Así pues, 
consideraré admisible el addendum. 
Pasamos ahora a la primera de las irre­
gularidades de procedimiento alegadas por 
DCL, a saber, que un determinado número 
de documentos importantes no fueron ade­
cuadamente tomados en consideración o 
no lo fueron en absoluto por el Comité 
Consultivo. 
En los asuntos «quinina», el Abogado Gene­
ral Sr. Gand dijo, aludiendo específicamente 
al Comité Consultivo, que «la omisión o 
cumplimiento irregular de un requisito 
formal del procedimiento o de la consulta 
de un órgano previstos en una norma antes 
de adoptar una Decisión puedan constituir 
en ciertos casos un vicio sustancial de forma 
que implique la ilegalidad de la Decisión» 
(véanse las conclusiones del Abogado Ge­neral Sr. Gand en el asunto en el que recayó 
la sentencia de 15 de julio de 1979, Che-
miefarma/Comisión, antes citada, p. 713). 
Añadiré que, por lo que a mi respecta, veo 
el procedimiento del Comité Consultivo con 
cierta inquietud a causa del secreto que lo 
rodea. Las empresas afectadas se dejan en la 
ignorancia acerca de lo que la Comisión 
cuenta o deja de contar al Comité, así como 
el contenido del informe del Comité. No 
tienen oportunidad de dirigirse al Comité. 
La cuestión de si un procedimiento así es 
compatible con los principios fundamenta­
les del Derecho comunitario cuya observan­
cia el Tribunal de Justicia está obligado a 
garantizar, no se ha suscitado ni ha sido 
planteado en este asunto. No obstante, 
suponiendo que las disposiciones del artícu­
lo 10 del Reglamento n° 17, que prescriben 
dicho procedimiento, sean válidas, los 
riesgos de injusticia que acarrea exigen, a 
mi juicio, que se aplique con un escrupuloso 
cuidado. 
Sin embargo, no imputaré a la Comisión el 
hecho de no haber incluido el informe del 
Lady Hall entre «los documentos más impor­
tantes». No me parece que dicho informe 
aporte una contribución sustancial a las 
observaciones escritas de DCL y creo que la 
Decisión de excluirlo se inscribe efectiva­
mente en el marco de las facultades discre­
cionales de la Comisión a tenor del apartado 
5 del artículo 10. 
En cuanto a los suplementos cuarto y quinto 
a las observaciones escritas de DCL, alber­
go más dudas todavía. DCL manifiestamen­
te los consideraba importantes y yo creo que 
lo eran. El cuarto suplemento, como este 
730 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
Tribunal recordará, contenía los resultados 
de la encuesta de DCL sobre los costes de 
sus distribuidores exclusivos de whisky 
escocés, mientras que el quinto contenía las 
respuestas motivadas de DCL a dos cuestio­
nes planteadas por funcionarios de la Comi­
sión durante la audiencia: en primer lugar, 
el hecho de que una solución al problema de 
DCL podría ser aumentar los precios a los 
mayoristas británicos y reducir los precios a 
los distribuidores exclusivos del continente, 
y en segundo lugar, el hecho de que 
DCL quizá debiera aplicar precios diferen­
tes a los distribuidores exclusivos de los 
diferentes países en función de los diferen­
tes costes que cada uno soporta. La Comi­
sión admite naturalmente que el Comité 
Consultivo no fue informado de la existen­
cia de dichos documentos 14 días antes de 
la reunión, como el apartado 5 del artículo 
10 impone. La Comisión tampoco dice que 
no considerara importantes los documen­
tos de que se trata. Se defiende mantenien­
do que el Comité fue informado de su 
contenido durante la reunión y que éste 
decidió no posponer la reunión para estu­
diarlos en profundidad. «Dicha Decisión» 
afirma la Comisión, «dependía enteramen­
te de la facultad de apreciación del Comité 
y la Comisión no tenía ningún derecho ni 
obligación de intervenir. Al informar al 
Comité de la existencia de los documentos, 
la Comisión cumplió íntegramente sus 
obligaciones. La acción subsiguiente del 
Comité Consultivo no constituye ningún 
motivo de anulación de la Decisión de la 
Comisión.» (escrito de contestación, aparta­
do 174). Pero, a mi juicio, la inobservancia 
de requisitos de procedimiento por parte del 
Comité vicia tanto la Decisión de la Comi­
sión como su inobservancia por parte de la 
Comisión. DCL propuso que si el Tribunal de Justicia 
albergaba alguna duda al respecto, debería 
ordenar a la Comisión que le presentara «el 
acta de la reunión del Comité Consultivo». 
En este caso, el Tribunal de Justicia solicitó 
una copia del Acta redactada con arreglo al 
apartado 6 del artículo 10 del Reglamento 
n° 17. La Comisión accedió a dicha petición 
pero solicitó ser oída más detenidamente 
sobre la cuestión de la confidencialidad de 
dicha Acta si el Tribunal de Justicia tenía la 
intención de revelar su contenido a DCL. La 
Comisión se refería sin duda al procedi­
miento seguido en la sentencia de 17 de 
noviembre de 1976, Mills/BEI (110/75, 
Rec. pp. 1613 y ss., especialmente pp. 1634 
y 1635). Si yo hubiera creído que dicho 
punto podía ser decisivo en este asunto, 
habría solicitado a este Tribunal que escu­
chara a las partes al respecto. Pero como no 
lo creía, ni lo creo, no insistiré sobre la 
cuestión. 
En cuanto al sexto suplemento, que contenía 
los resultados de la investigación llevada a 
cabo por DCL sobre los costes de sus distri­
buidores exclusivos de ginebra, el argumen­
to de la Comisión era, en efecto, con otras 
palabras, que no era uno de «los documen­
tos más importantes». DCL no rebatió este 
punto. 
Llegamos así a la cuestión del Acta de la 
audiencia. 
DCL alega no sólo que el Acta no se hallaba 
en la lista de documentos más importantes 
que la Comisión envió al Comité Consulti­
vo, sino también que ni siquiera existía en 
731 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
forma de proyecto el 21 de octubre de 1977, 
cuando tuvo lugar la reunión del Comité. 
Este Tribunal recordará que el apartado 4 
del artículo 9 del Reglamento n° 99/63/CEE 
de la Comisión exige que se redacte dicha 
Acta y que se apruebe por los participantes 
en la audiencia. Cabe preguntarse por qué 
casi cuatro meses después de la audiencia 
aún no se había iniciado ninguna acción 
dirigida a cumplir dicho requisito. 
El Abogado de DCL ha mantenido que el 
Comité Consultivo no puede deliberar 
válidamente a menos que disponga del Acta 
de la audiencia. La Comisión ha señalado 
que los Reglamentos aplicables no contie­
nen ninguna disposición expresa que prevea 
que el Comité deba disponer de dicha Acta. 
En la sentencia de 15 de julio de 1970, 
Buchler/Comisión (44/69, Rec. p. 733), se 
mantuvo que tanto el Comité Consultivo 
como la Comisión habían actuado sobre la 
base de un proyecto de Acta que no tomaba 
en consideración las enmiendas propuestas 
por el demandante. El Tribunal de Justicia 
estimó que la validez de la Decisión de que 
se trataba en dicho caso solamente se hubie­
ra visto afectada si dicha versión del Acta 
hubiera podido inducir a error sobre un 
aspecto fundamental. Pero no era el caso, ya 
que todas las enmiendas propuestas se 
referían a cuestiones no esenciales. El pro­
yecto, por lo tanto, podía «facilitar una 
información completa sobre el contenido 
esencial de las declaraciones efectuadas 
durante la audiencia» (véanse los apartados 
16 y 17 de la sentencia). Una objeción 
similar en la sentencia de 14 de julio de 
1972, ICI/Comisión (48/69,» Rec. p. 619) recibió la misma respuesta (véanse los 
apartados 27 a 33 de la sentencia). Sobre 
estos precedentes puede basarse la tesis 
según la cual podría haber un vicio sustan­
cial de forma si el Comité Consultivo reci­
bió un proyecto de Acta incompleto o im­
preciso hasta el punto de poder ser inducido 
a error. No contemplan el supuesto de la 
situación en la que el Acta no existe en 
absoluto. 
Sin embargo, me parece implícitamente 
previsto en el Reglamento n° 99/63 conside­
rado en su conjunto y a la luz del artículo 10 
del Reglamento n° 17, que el Comité Con­
sultivo debe poder disponer del Acta. Me 
refiero en particular al artículo 1 del Regla­
mento n° 99/63, el cual impone a la Comi­
sión celebrar una audiencia antes de consul­
tar al Comité Consultivo. Difícilmente 
puede el legislador comunitario haber queri­
do que los miembros del Comité deban 
esclarecer lo que se ha dicho durante la 
audiencia recurriendo a otros medios dife­
rentes al Acta prescrita por el apartado 4 del 
artículo 9 del mismo Reglamento. Tampoco 
veo cómo la Comisión podría elaborar 
adecuadamente los documentos requeridos 
en el apartado 5 del artículo 10 del Regla­
mento n° 17, a saber, una exposición del 
asunto, la lista de los documentos más 
importantes y un anteproyecto de Decisión 
sin disponer siquiera de un proyecto de 
dicha Acta. 
Por lo tanto, considero que la inexistencia 
del Acta constituye a primera vista un vicio 
sustancial de forma. Digo «a primera vista», 
porque la Comisión ha mantenido que, 
suponiendo que fuera así, DCL no ha sufri-
732 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
do por ello ningún perjuicio, ya que «duran­
te la audiencia, los testigos y consejeros de 
DCL se limitaron a repetir cosas contenidas 
esencialmente en documentos anteriores». 
Yo no creo que lo que dijeron fuera una 
mera repetición. Por otro lado, me inclino a 
creer que no era tan nuevo o distinto de lo 
que se dijo en las observaciones escritas de 
DCL y en su segundo y tercer suplementos 
como para que se hubiera podido modificar 
el desenlace del asunto. Los nuevos elemen­
tos recogidos en el Acta consistían princi­
palmente en una alegación enérgica formu­
lada en nombre de Bulloch. Tampoco a este 
respecto me parece posible formar una 
opinión definitiva sin tomar en considera­
ción el contenido del informe del Comité 
Consultivo, que no fue transmitido a DCL. 
Así, también aquí, si hubiera creído que este 
punto podía resultar decisivo para la solu­
ción del litigio, habría instado a este Tribu­
nal a oír las alegaciones de las partes sobre 
si el informe tenía que guardarse secreto en 
el presente procedimiento. 
Me ocuparé ahora de la segunda de las 
principales irregularidades en el procedi­
miento alegadas por DCL, es decir, la relati­
va a la censura de la denuncia de Bulloch 
llevada a cabo por la Comisión. 
La cuestión que se plantea aquí es el alcance 
de las facultades de la Comisión para ampu­
tar una denuncia recibida de una «persona 
física o jurídica» con arreglo al artículo 3 
del Reglamento n° 17, al transmitirla a la 
empresa contra la que se formula. (Dicho 
artículo utiliza de hecho el término «solici­
tud», pero yo seguiré refiriéndome a «denun­cia», ya que es el término que ha venido 
usándose a lo largo de este procedimiento). 
No tengo la menor duda de que la Comisión 
tiene la facultad y, de hecho, el deber, de 
eliminar de dicha denuncia los pasajes que 
revelen secretos comerciales del denuncian­
te, lo que tampoco discute DCL. Imagino 
que probablemente también haya casos en 
que la Comisión deba evitar revelar la iden­
tidad del denunciante -lo cual puede inclu­
so requerir suprimir íntegramente la denun­
cia- con el objeto de proteger al denuncian­
te de posibles represalias; pero nada de 
esto ocurre en el presente asunto. La cues­
tión es si las facultades de la Comisión son 
aún más extensas y, en particular, si, y en su 
caso, en qué medida, permiten a la Comi­
sión suprimir cuanto considere desprovisto 
de relevancia. 
El principio general no se cuestiona. Todo 
el que pueda verse afectado por una deci­
sión administrativa que le concierna indivi­
dualmente tiene derecho a ser oído antes 
de que se adopte la decisión y, a tal fin, 
saber cuáles son los cargos formulados en 
su contra. De nuevo, el principio se aplica 
en Derecho comunitario tanto en materia 
de competencia como en materia de fun­
cionarios [por cuanto a competencia se 
refiere, véanse las sentencias «Quinina» 
(antes citadas), Transocean (antes citada) 
y la sentencia de 13 de febrero de 1979, 
Hoffinann-La Roche/Comisión (85/76,« 
Rec. p. 461); por lo que a los asuntos de 
funcionarios se refiere, véase la sentencia de 
11 de mayo de 1978, Oslizlok/Comisión 
(34/77, Rec. p. 1099) y la jurisprudencia 
anterior que recogí en mis conclusiones en 
dicho asunto, pp. 1124-1125]. 
733 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
Se nos ha dicho en nombre de la Comisión 
que las denuncias que reciben a menudo 
contienen «elementos absolutamente ajenos 
e irrelevantes, que incluyen informaciones 
relativas a otras sociedades a las que el 
pliego de cargos no se refiere en absoluto». 
No hay duda de que la Comisión puede 
efectivamente suprimir dichas informacio­
nes. Pero lo que censuró en la denuncia de 
Bulloch no es de estas características. De­
jando aparte los pasajes que DCL admitió 
haber sido pertinentemente omitidos (ya que 
revelaban secretos comerciales de Bulloch), 
la censura de la Comisión incluía capítulos 
referidos a la producción y a las ventas de 
whisky escocés en general, a la posición de 
DCL en el sector industrial de que se trata, 
a los mercados de whisky al por mayor y al 
por menor, a la política seguida por DCL en 
materia de distribución y a la «posición 
dominante» de la que gozaba DCL según 
Bulloch. La Comisión afirmó que dichos 
capítulos eran irrelevantes porque los únicos 
cargos de los que DCL debía responder eran 
los que la Comisión le había formulado en 
el pliego de cargos, el cual se basaba única­
mente en hechos cuya existencia DCL había 
reconocido, y porque el asunto no se basaba 
en absoluto en el artículo 86 del Tratado. En 
mi opinión, esto es interpretar la «relevan­
cia» en un sentido excesivamente estricto. 
La Comisión tampoco ha explicado por qué 
si consideraba relevantes los pasajes que 
omitió, no los omitió también en la versión 
de la denuncia de Bulloch que comunicó al 
Comité Consultivo como uno de los «docu­
mentos más importantes del asunto». 
DCL señaló los aspectos en los que se 
encontraba en desventaja en la presentación 
de su defensa a la Comisión, y a través de ésta, al Comité Consultivo, por el hecho de 
que dichos pasajes le hubieran sido oculta­
dos. No es necesario que abuse del tiempo 
de este Tribunal examinándolos todos. Me 
referiré sólo a dos. 
El primero es que a DCL se le denegó la 
oportunidad de rebatir los hechos que Bu­
lloch refirió erróneamente y que daban la 
impresión de que DCL era una multinacio­
nal que poseía o controlaba «filiales o socie­
dades afiliadas en casi 100 países» y que 
disfrutaba de una posición dominante en el 
mercado del whisky escocés. Es cierto que 
la Comisión desestimó la tesis según la cual 
DCL disfrutaba de una posición dominante. 
Pero no podemos estar seguros de la impre­
sión que estos hechos sin rebatir dejaron, 
consciente o inconscientemente, en los 
funcionarios encargados del caso, influen­
ciando así su actitud referente a este asunto. 
DCL puso de relieve un indicio en este 
sentido. El acta de la audiencia (p. 63) 
indican que el Dr. Sauter, jefe de la delega­
ción del Bundeskartellamt, formuló cuatro 
observaciones, una de las cuales era que 
«DCL pide mucho al solicitar una exención 
para su sistema de distribución cuantitativa 
cuando disfruta de una posición monopolísti­
ca». Creo que el Dr. Sauter no puede haber 
sacado dicha impresión sino de la versión 
íntegra de la denuncia de Bulloch. Tampoco 
la hubiera sacado si DCL hubiera estado en 
situación de rebatir las afirmaciones de 
Bulloch oportunamente. 
En segundo lugar, DCL declaró que si se le 
hubiera comunicado la versión íntegra de la 
denuncia de Bulloch (omitiendo únicamente 
los secretos comerciales de Bulloch), habría 
734 
DISTILLERS COMPANY / COMISIÓN 
podido servirse de las declaraciones de 
Bulloch que corroboraban su propia tesis. 
Entre estas declaraciones destaca la expli­
cación que dio Bulloch sobre sus razones 
para querer exportar las marcas de whisky 
escocés de DCL. Bulloch afirmaba que 
producía desde hacía muchos años sus 
propias «blends» de whisky escocés «Glen 
Catrine» y «Scots Earl», que eran «whiskies 
corrientes de buena calidad pero no marcas 
muy conocidas». Bulloch afirmó que había 
vendido algunas cantidades de Glen Catrine 
y de Scots Earl en el continente, pero que 
los compradores se mostraban algo reticen­
tes para tratar con un distribuidor que no 
podía ofrecerles «las marcas principales». 
Concluía así: «En el caso de Bulloch, ya que 
la única alternativa para exportar sus pro­
pias marcas de whisky sería que se embar­
cara en una campaña publicitaria, lo que 
está por encima de sus posibilidades, sus 
actividades de exportación no pueden conti­
nuar a menos que pueda aprovisionarse de 
marcas de whisky DCL». Ello muestra, 
según DCL, que de acuerdo con la propia 
Bulloch, una marca de whisky no podría 
distribuirse con éxito en los Estados miem­
bros del continente sin invertir dinero en su 
promoción. La Comisión desdeñó el argu­
mento manifestando que lo que Bulloch 
había dicho no añadía nada a «la alegación» 
que DCL había «formulado constantemente 
a lo largo del procedimiento». Creo que al 
hacer esto la Comisión actuó equivocada­
mente. Un argumento se ve fortalecido 
cuando las pruebas aportadas por la parte 
contraria confirman su pertinencia. 
Me parece imposible afirmar que si la 
Comisión hubiera enviado a DCL el texto 
íntegro de la denuncia Bulloch y recortado únicamente los pasajes en los que Bulloch 
revelaba sus secretos comerciales, la Deci­
sión de la Comisión hubiera sido inevitable­
mente la misma. En mi opinión, la Comisión 
parece haber perdido de vista que «no sola­
mente debe hacerse justicia, sino que debe 
resultar manifiesto que se ha hecho». No 
resulta manifiesto que se haya hecho justicia 
cuando se ha ocultado a una empresa, por 
razones no imperativas, una parte del texto 
de una denuncia presentada en su contra. 
El Abogado de DCL expresó durante la 
audiencia su temor de que el Tribunal de 
Justicia, aun llegando a la conclusión de que 
la Comisión había seguido un comporta­
miento contrario a Derecho al censurar el 
texto de la denuncia de Bulloch como lo 
hizo, estimara, sobre la base de su sentencia 
en el asunto Hoffmann-La Roche (antes 
citado), que la irregularidad había sido 
subsanada por el procedimiento iniciado 
ante el Tribunal de Justicia, en el cual se 
había comunicado a DCL el texto íntegro de 
la denuncia (véanse los apartados 15 a 19 de 
dicha sentencia). Sostuvo que la parte de la 
sentencia recaída en el asunto Hoffmann-La 
Roche de que se trata aquí se oponía a lo 
que el Tribunal de Justicia había declarado 
la semana precedente en la sentencia de 7 de 
febrero de 1979, Francia/Comisión (asuntos 
acumulados 15/76 y 16/76,« Rec. p. 321) y 
que, de ambas sentencias, debía prevalecer 
la última. Yo estoy de acuerdo. En la sen­
tencia Francia/Comisión el Tribunal de 
Justicia declaró que: 
«[...] en el marco de un recurso de anulación 
con arreglo al artículo 173 del Tratado, 
debe apreciarse la legalidad del acto impug-
735 
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 30/78 
nado en función de los elementos de hecho 
y de Derecho existentes en la fecha en que 
se adoptó el acto; 
que, por consiguiente, a efectos de dicha 
apreciación, no se puede tener en cuenta una 
regularización efectuada con posterioridad 
a esa fecha.» 
(Apartados 7 y 8 de la sentencia). 
Creo que esto es correcto, aunque sólo sea 
porque con arreglo al artículo 173 del Trata­
do, el Tribunal de Justicia «controlará la 
legalidad de los actos del Consejo y de la 
Comisión», que significa que deben ser 
conformes a Derecho en el momento de su 
adopción. La sentencia recaída en el asunto 
Hoffmann-La Roche ha sido criticada por 
una parte de la doctrina, fundadamente en 
mi opinión. Considerar que, en un caso 
como el presente, la violación por parte de 
la Comisión del derecho de una empresa a 
ser oída no vicia la Decisión de la Comisión 
si seguidamente se da a dicha empresa la 
oportunidad de ser oída ante este Tribunal 
equivaldría, a mi juicio, a decir que la 
Comisión puede incumplir impunemente formas esenciales del procedimiento, bien 
porque la empresa afectada no recurra al 
Tribunal de Justicia, o bien porque, en caso 
de hacerlo, la irregularidad puede subsanar­
se a lo largo del procedimiento. 
Por lo tanto, considero que el motivo aduci­
do por DCL en relación a la censura realiza­
da en la denuncia de Bulloch es procedente. 
La tercera alegación relativa al procedi­
miento formulada por DCL era que, por 
cuanto al Pimm's se refiere, la Decisión de 
la Comisión se apoyaba en «fundamentos 
insuficientes y/o contradictorios». Esta 
alegación, que no se desarrolló mucho, 
mantenía que uno de los fundamentos prin­
cipales que se invocaban a efectos de la 
Decisión era que «las bebidas alcohólicas de 
DCL no son productos nuevos», mientras 
que las pruebas aportadas habían demostra­
do que al menos el Pimm's era un producto 
nuevo en la parte continental de la CEE. A 
mi juicio, esta alegación se refiere más al 
fondo de la Decisión que al procedimiento. 
Si es correcto lo que he dicho sobre el 
fondo del asunto, esta alegación resulta 
superflua. 
Conclusión 
En conclusión, aunque creo que la Comisión ha incurrido al menos en un vicio 
sustancial de forma del procedimiento, y aunque creo que su Decisión no puede 
mantenerse en cuanto al fondo, considero que, por no haber notificado las 
condiciones de precios en debida forma, procede desestimar el recurso de DCL y 
condenarla en costas, incluyendo las de Bulloch. 
736