Palabras clave

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Palabras clave

1. Pesca - Política común de estructuras - Acuerdo de pesca entre la CEE y Argentina - Apoyo a la constitución de sociedades mixtas - Ayuda financiera comunitaria - Decisión de reducción o de supresión de la ayuda - Competencia de la Comunidad a pesar de la falta de disposición específica

[Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina; Reglamento (CEE) nº 3447/93 del Consejo]

2. Pesca - Política común de estructuras - Acuerdo de pesca entre la CEE y Argentina - Apoyo a la constitución de sociedades mixtas - Ayuda financiera comunitaria - Reducción de la ayuda - Obligación de la Comisión de consultar a la comisión mixta y de obtener la autorización de las autoridades argentinas - Inexistencia

(Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina)

3. Pesca - Política común de estructuras - Acuerdo de pesca entre la CEE y Argentina - Apoyo a la constitución de sociedades mixtas - Ayuda financiera comunitaria - Abandono de las aguas argentinas por los buques sin autorización previa de la Comisión - Incumplimiento manifiesto de un requisito de concesión de la ayuda

(Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina)

4. Pesca - Política común de estructuras - Acuerdo de pesca entre la CEE y Argentina - Reducción de una ayuda financiera por no haber cumplido la sociedad mixta beneficiaria la obligación de pescar durante un período determinado en aguas argentinas - Reducción calculada pro rata temporis - Violación del principio de proporcionalidad - Inexistencia

(Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina)

5. Pesca - Política común de estructuras - Decisión de la Comisión por la que se reduce el importe de una ayuda financiera comunitaria - Consulta voluntaria a un comité a pesar de su carácter no obligatorio - Irrelevancia para la legalidad de la Decisión

6. Pesca - Política común de estructuras - Acuerdo de pesca entre la CEE y Argentina - Apoyo a la constitución de sociedades mixtas - Ayuda financiera comunitaria - Decisión de reducción de la ayuda - Cálculo del importe definitivo de la ayuda - Aplicación por analogía de las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 3699/93 - Procedencia

[Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina; Reglamento (CEE) nº 3699/93 del Consejo]

7. Derecho comunitario - Principios - Observancia de un plazo razonable - Obligación de la Comisión en los procedimientos administrativos - Violación - Efectos

8. Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Protección de la confianza legítima - Reducción de una ayuda financiera por incumplimiento de un requisito principal al que está supeditada la concesión de la ayuda - Violación - Inexistencia - Imposibilidad para el beneficiario de invocar irregularidades anteriores no sancionadas

9. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que se reduce el importe de una ayuda financiera comunitaria debido a las modificaciones efectuadas en el proyecto inicial - Insuficiencia de meras consideraciones relativas a dichas modificaciones

(Art. 253 CE)

10. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Perjuicio - Suspensión de una ayuda financiera durante el procedimiento administrativo que finaliza con una decisión de reducción de la ayuda

(Art. 288 CE, párr. 2)

11. Recurso de indemnización - Autonomía con respecto al recurso de anulación - Recurso que tiene por objeto la revocación de una decisión individual que ha adquirido carácter definitivo - Inadmisibilidad

(Art. 235 CE)

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1. Aunque el Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad y la República Argentina y el Reglamento nº 3447/93, por el que dicho Acuerdo fue aprobado en nombre de la Comunidad, no contienen ninguna disposición específica relativa a una posible reducción o supresión de una ayuda financiera concedida en el marco de dicho Acuerdo, dado que, conforme al artículo 7 de dicho Acuerdo y al artículo 3, apartado 1, de su Protocolo, la Comunidad concede una ayuda financiera para la constitución de sociedades mixtas, ésta también debe tener competencia para reducir dicha ayuda si no se han respetado los requisitos a los que estaba sujeta la concesión de la ayuda.

Cualquier otra interpretación del Acuerdo de pesca sería contraria a los principios generales del Derecho comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, tales como el principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o el que permite resolver unilateralmente las obligaciones sinalagmáticas cuando uno de los contratantes incumple sus obligaciones. De ello se deduce que, con arreglo al Reglamento nº 3447/93 y al Acuerdo de pesca, la Comisión es competente, con carácter general, para adoptar dichas decisiones de reducción o de supresión.

( véanse los apartados 84 a 87 )

2. El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad y la República Argentina se desglosa en dos componentes: un componente internacional, a saber, la cooperación entre la Comunidad y la República Argentina, y un componente comunitario que incluye, en particular, la financiación concedida por la Comisión a los armadores comunitarios para la constitución de sociedades mixtas en el marco del Acuerdo de pesca. La selección y la evaluación de los proyectos de constitución de sociedades mixtas están comprendidas en el componente internacional del Acuerdo de pesca. En efecto, la constitución de tales sociedades constituye un instrumento de la cooperación entre la Comunidad y la República Argentina en el sector de la pesca. Conforme a los apartados 2 a 5 del anexo III del Acuerdo, la selección de los proyectos como tales requiere una evaluación en el seno de la comisión mixta y una aprobación tanto por la Comunidad como por las autoridades argentinas. Por el contrario, la concesión de la ayuda financiera a los armadores comunitarios para los proyectos seleccionados es un acto unilateral de la Comunidad y está comprendida, por tanto, en el componente comunitario del Acuerdo de pesca. Pues bien, no se puede deducir de estas disposiciones que la Comisión esté obligada a consultar a la comisión mixta y a obtener la aprobación de las autoridades argentinas antes de adoptar una decisión de reducción de una ayuda financiera concedida a un armador comunitario para la constitución de una sociedad mixta.

( véanse los apartados 101 a 106 )

3. El abandono de las aguas jurisdiccionales o de soberanía argentina por los buques de una sociedad mixta que ha recibido una ayuda financiera concedida por la Comisión en el marco del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad y la República Argentina y, en consecuencia, el cese de las actividades de pesca en dichas aguas, sin autorización previa de la Comisión, constituye un incumplimiento manifiesto de un requisito de concesión de dicha ayuda. En efecto, uno de los principales objetivos perseguidos por la Comunidad al celebrar el Acuerdo de pesca era obtener el acceso de los armadores comunitarios a los recursos pesqueros argentinos. Para conseguir este objetivo, el Acuerdo fomenta la constitución de sociedades mixtas. De lo anterior se deduce que las sociedades mixtas constituidas con arreglo al Acuerdo de pesca están obligadas a explotar y, en su caso, a transformar los recursos pesqueros argentinos. Sólo los productos de la pesca capturados en aguas argentinas constituyen recursos pesqueros argentinos y no se puede considerar como tales los productos de la pesca capturados por un buque que enarbola pabellón argentino tanto en el interior como en el exterior de las aguas de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, ya que el objetivo perseguido por el Acuerdo de pesca es obtener el acceso de la Comunidad a nuevas zonas de pesca comprendidas en la ZEE argentina.

Aunque hubiera sido necesario abandonar las aguas argentinas debido al agotamiento de los recursos pesqueros en la ZEE argentina, o incluso a las prohibiciones o restricciones decretadas por las autoridades argentinas, los beneficiarios de la ayuda, que tienen una obligación de información y de lealtad inherente al sistema de ayudas financieras comunitarias y esencial para su funcionamiento, deberían haber informado a la Comisión de los problemas surgidos en la ejecución de los proyectos.

( véanse los apartados 116, 117, 119, 120 y 122 a 124 )

4. La reducción pro rata temporis de una ayuda financiera concedida por la Comisión a una sociedad mixta en el marco del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad y la República Argentina, respecto al período durante el cual el buque explotado por la citada sociedad mixta no faenó en la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, es absolutamente proporcionada habida cuenta del incumplimiento reprochado, a saber, el cese de las actividades de pesca en dicha zona. En efecto, dado que la Comunidad, mediante el Acuerdo de pesca, busca principalmente el acceso de los armadores comunitarios a la ZEE argentina, la obligación de explotar o transformar los recursos pesqueros argentinos debe considerarse una obligación principal inherente al sistema de subvención de las sociedades mixtas y la salida de las aguas argentinas, sin autorización de la Comisión, implica necesariamente un incumplimiento de otras obligaciones principales impuestas al beneficiario de la ayuda: la constitución de la sociedad mixta y el aprovisionamiento prioritario del mercado comunitario.

( véanse los apartados 142 y 143 )

5. En el marco del procedimiento de concesión de una ayuda financiera comunitaria, la consulta voluntaria por la Comisión a un comité, consulta que no era obligatoria, no afecta a la legalidad de la Decisión de reducción de la ayuda financiera, que, por otro lado, se aprobó cumpliendo los procedimientos establecidos obligatoriamente para su adopción.

( véase el apartado 158 )

6. En el marco de un procedimiento de reducción de una ayuda financiera comunitaria concedida por la Comisión para la constitución de una sociedad mixta de pesca en virtud del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad y la República Argentina, la Comisión, que sólo estaba obligada a aplicar el principio de proporcionalidad para calcular el importe definitivo de la ayuda, pudo, fundadamente, para fijar el importe debido, en concepto de la transferencia del buque, inspirarse por analogía en las disposiciones del Reglamento nº 3699/93, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos. Al actuar de este modo, pretendía armonizar el trato reservado a la sociedad mixta constituida en el marco del Acuerdo de pesca con relación a las sociedades mixtas comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

( véase el apartado 163 )

7. El respeto del principio del plazo razonable es un principio general del Derecho comunitario que la Comisión está obligada a aplicar en el marco de sus procedimientos administrativos. No obstante, la vulneración del principio del respeto del plazo razonable, suponiéndola acreditada, no justifica la anulación automática de la Decisión impugnada.

( Véanse los apartados 167 y 170 )

8. En un caso en el que el beneficiario de una ayuda financiera comunitaria no cumple un requisito principal al que estaba supeditada la concesión de la ayuda, dicho beneficiario no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima o el principio de seguridad jurídica para impedir que la Comisión reduzca la ayuda que se le había concedido. La eventual existencia de irregularidades anteriores que no hayan sido perseguidas no puede crear, en ningún caso, una confianza legítima en dicho beneficiario.

( véanse los apartados 177 y 179 )

9. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe ser adecuada a la naturaleza jurídica del acto de que se trate y deberá mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de forma que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal de Primera Instancia pueda ejercer su control.

Cuando se trata de una Decisión por la que se reduce una ayuda financiera comunitaria a un proyecto que no ha sido ejecutado como estaba previsto, la motivación de tal acto debe indicar las razones por las cuales las modificaciones tomadas en cuenta se consideraron inaceptables. Las consideraciones relativas a la importancia de dichas modificaciones o a su falta de autorización previa no pueden, por sí mismas, constituir una motivación suficiente a este respecto. No obstante, la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

( véanse los apartados 193 a 195 )

10. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a la que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones comunitarias, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado.

No puede excluirse que la suspensión de una ayuda financiera durante un procedimiento administrativo que tenga por objeto la adopción de una Decisión de reducción cause un perjuicio a alguna de las partes contempladas en dicho procedimiento antes de que se adopte la Decisión de reducción de la ayuda.

( véanse los apartados 202 y 207 )

11. Si bien la acción de indemnización basada en el artículo 288 CE, párrafo segundo, constituye una vía autónoma en el marco de las vías de recurso con arreglo al Derecho comunitario, de modo que la inadmisibilidad de una pretensión de anulación no implica, por sí sola, la de una petición de indemnización, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de indemnización cuando tiene por objeto, en realidad, la revocación de una decisión individual que ha adquirido carácter definitivo, y tuviere como efecto, si fuere admitido, anular los efectos jurídicos de dicha decisión.

( véase el apartado 213 )