Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Art. 226 CE)

2. Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario — Transportes efectuados al amparo de un cuaderno TIR

[Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, arts. 454, ap. 2, y 455, ap. 2]

3. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros

[Reglamento (CEE) nº 1150/2000 del Consejo, art. 6]

4. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros

[Reglamento (CEE) nº 1150/2000 del Consejo, arts. 6, ap. 3, letra b), y 17]

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1. En el marco de un recurso por incumplimiento, aunque las pretensiones contenidas en el escrito de interposición del recurso no pueden, en principio, ampliarse más allá de los incumplimientos alegados en la parte dispositiva del dictamen motivado y en el escrito de requerimiento, no es menos cierto que la Comisión está legitimada para instar la declaración de un incumplimiento de las obligaciones cuyo origen se encuentra en la versión inicial de un acto comunitario, posteriormente modificado o derogado, que hayan sido mantenidas por las nuevas disposiciones. Por el contrario, el objeto del litigio no puede ampliarse a las obligaciones derivadas de nuevas disposiciones que no tengan su equivalente en la versión inicial del acto de que se trata, so pena de constituir un vicio sustancial de forma en cuanto a la regularidad del procedimiento por el que se declare el incumplimiento.

(véase el apartado 34)

2. De la lectura conjunta de los artículos 454, apartado 2, y 455, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, y del artículo 11 del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR se desprende que el requerimiento de pago de la deuda aduanera, cuando no se haya hecho la liquidación, debe efectuarse, en principio, a más tardar tres años después de la fecha de la aceptación del cuaderno TIR; este plazo es de cuatro años en caso de liquidación obtenida de manera fraudulenta. No obstante, como el objetivo del citado artículo 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación es garantizar la aplicación diligente y uniforme de las disposiciones en materia de recaudación de la deuda aduanera con el fin de que los recursos propios de las Comunidades se pongan eficaz y rápidamente a su disposición, la notificación de la infracción o de la irregularidad debe producirse, en cualquier caso, lo antes posible, a saber, en cuanto las autoridades aduaneras tengan conocimiento de dicha infracción o irregularidad y, por tanto, en su caso, mucho antes de la expiración de los plazos máximos de un año y, en caso de fraude, de dos años, contemplados en el artículo 11, apartado 1, del Convenio TIR. Por los mismos motivos, el requerimiento de pago en el sentido del artículo 11, apartado 2, del Convenio TIR debe enviarse en cuanto las autoridades aduaneras estén en condiciones de hacerlo, por tanto, en su caso, antes de la expiración del plazo de dos años a partir de la notificación de la infracción o de la irregularidad a los afectados.

(véanse los apartados 68 a 70)

3. Los Estados miembros están obligados a constatar un derecho de las Comunidades sobre los recursos propios tan pronto como sus autoridades aduaneras estén en condiciones de calcular el importe de los derechos resultante de la deuda aduanera y de determinar el deudor y, por tanto, están obligados también a anotar tales derechos en la contabilidad con arreglo al artículo 6 del Reglamento nº 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades.

Los Estados miembros no pueden dejar de constatar los derechos de crédito, ni siquiera cuando los impugnen, so pena de admitir que el comportamiento de un Estado miembro perturbe el equilibrio financiero de las Comunidades.

En este contexto, incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 del Reglamento nº 1150/2000 un Estado miembro que no contabiliza la deuda aduanera desde el envío de los requerimientos de pago con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Convenio TIR, envío que supone que las autoridades aduaneras están en condiciones de calcular el importe de los derechos resultante de dicha deuda y de determinar el deudor.

(véanse los apartados 75 a 77)

4. Incumple la obligación que le incumbe en virtud del artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, de tomar las medidas necesarias para poner a disposición de la Comisión los recursos propios conforme a dicho Reglamento, un Estado miembro que decide unilateralmente anotar los derechos constatados correspondientes a operaciones TIR en la contabilidad B, en vez de anotarlos en la contabilidad A, por un importe equivalente al límite máximo de cobertura de la garantía acordado en el régimen TIR, sin que la asociación garante haya impugnado los derechos de que se trata en los plazos previstos, sin que tales derechos puedan sufrir variaciones por ser objeto de controversia y sin someter a la Comisión los problemas con los que tropezó al aplicar el Derecho comunitario a pesar de las objeciones de ésta.

(véanse los apartados 82, 89, 92 y 93, 95 y 105 y el fallo)