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C 305/26

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 11 de julio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Městský soud v Praze — República Checa) — CS y otros/České aerolinie a.s

(Asunto C-502/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transporte - Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 5, apartado 1, letra c) - Artículo 7, apartado 1 - Derecho a compensación - Vuelo con conexión directa - Vuelo compuesto por dos vuelos operados por transportistas aéreos diferentes - Gran retraso sufrido en el segundo vuelo, que tiene sus puntos de salida y de llegada fuera de la Unión Europea y que es operado por un transportista con domicilio en un tercer país)

(2019/C 305/32)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Městský soud v Praze

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Demandada: České aerolinie a.s.

Fallo

Los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, en relación con el artículo 3, apartado 5, de este, deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un vuelo con conexión directa, compuesto por dos vuelos y que dio lugar a una reserva única, con salida de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro y con destino en un aeropuerto situado en un tercer país, con escala en el aeropuerto de otro tercer país, un pasajero afectado por un retraso en su destino final igual o superior a tres horas que tiene su origen en el segundo vuelo, efectuado este, en el marco de un acuerdo de código compartido, por un transportista con domicilio en un tercer país, puede dirigir su recurso de compensación con arreglo a ese Reglamento contra el transportista aéreo comunitario que efectuó el primer vuelo.

(1) DO C 341 de 24.9.2018.
1)

Declarar que la República de Croacia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, al no especificar que los áridos de piedra depositados en el vertedero de Biljane Donje (Croacia) son residuos, y no subproductos, y que deben ser tratado como residuos. Declarar que la República de Croacia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2008/98, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos depositados en Biljane Donje se realice de forma que no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Declarar que la República de Croacia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/98, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurarse de que el poseedor de los residuos depositados en el vertedero de Biljane Donje realice el tratamiento de residuos por sí mismo o encargue su realización a un negociante o a una entidad o empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento de residuos, o a un recolector de residuos público o privado.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Oldenburg — Alemania) — ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Asunto C-634/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Traslado de residuos dentro de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 1013/2006 - Artículo 1, apartado 3, letra d) - Ámbito de aplicación - Reglamento (CE) n.o 1069/2009 - Traslado de subproductos animales)

(2019/C 263/05)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Oldenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ReFood GmbH & Co. KG

Demandada: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Fallo

El artículo 1, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, debe interpretarse en el sentido de que los traslados de subproductos animales objeto del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento relativo a los subproductos animales), están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1013/2006, salvo en los supuestos en que el Reglamento n.o 1069/2009 establezca de forma expresa la aplicación del Reglamento n.o 1013/2006.

(1) DO C 52 de 12.2.2018.
1)

El artículo 2 y el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la calificación como «marca de color» o como «marca figurativa» que un solicitante da a un signo en el momento de su registro constituye un elemento pertinente entre otros para determinar si dicho signo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva y si, en su caso, esa marca reviste carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la referida Directiva, pero no dispensa a la autoridad competente en materia de marcas de su obligación de realizar un análisis in concreto y global del carácter distintivo de la marca considerada, lo que implica que dicha autoridad no puede denegar el registro de un signo como marca por el único motivo de que ese signo no ha adquirido carácter distintivo por su uso en relación con los productos o servicios para los que se solicita.
—

queda excluido que los poderes adjudicadores no firmantes de dicho acuerdo marco no determinen la cantidad de las prestaciones que podrán solicitar cuando celebren contratos en ejecución del acuerdo marco o que la determinen mediante la referencia a sus necesidades ordinarias, so pena de violar los principios de transparencia y de igualdad de trato de los operadores económicos interesados en celebrar dicho acuerdo marco.
2)

Los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007, en su versión modificada por el Reglamento n.o 517/2013, deben interpretarse en el sentido de que un litigio como el que es objeto del procedimiento principal, en el que la parte demandante y la parte demandada tengan su domicilio o su residencia habitual en el mismo Estado miembro que aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret — Dinamarca) — C&D Foods Acquisitions ApS / Skatteministeriet

(Asunto C-502/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Proyecto de cesión de acciones de una subfilial - Gastos relativos a las prestaciones de servicios adquiridas para la realización de esta cesión - Cesión no realizada - Solicitud de deducción del impuesto soportado - Ámbito de aplicación del IVA))

(2019/C 16/28)

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Vestre Landsret

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: C&D Foods Acquisitions ApS

Recurrida: Skatteministeriet

Fallo

Los artículos 2, 9 y 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que una operación de cesión de acciones prevista pero no ejecutada, como la que es objeto del caso de autos, cuya causa exclusiva directa no es la actividad económica imponible de la sociedad de que se trata o que no es una prolongación directa, permanente y necesaria de esta actividad económica, no está comprendida del ámbito de aplicación del impuesto sobre el valor añadido.

(1) DO C 347 de 16.10.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Eslovenia) — E. G. / República de Eslovenia

(Asunto C-662/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Sistema Europeo Común de Asilo - Directiva 2013/32/UE - Artículo 46, apartado 2 - Recurso contra una resolución que deniega la concesión del estatuto de refugiado pero que concede el estatuto de protección subsidiaria - Admisibilidad - Falta de interés suficiente cuando el estatuto de protección subsidiaria concedido por un Estado miembro otorga los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional - Pertinencia, a efectos del examen de la identidad de dichos derechos y beneficios, de la situación particular del solicitante))

(2018/C 455/25)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Partes en el procedimiento principal

Demandante: E. G.

Demandada: República de Eslovenia

Fallo

El artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, debe interpretarse en el sentido de que el estatuto de protección subsidiaria acordado por una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal no confiere los «mismos derechos y beneficios que los otorgados por el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional», en el sentido de esta disposición, de manera que un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro no puede declarar inadmisible un recurso interpuesto contra una resolución que considera infundada una solicitud en cuanto a la concesión del estatuto de refugiado, pero que concede el estatuto de protección subsidiaria, por razón del interés insuficiente del solicitante en el mantenimiento del proceso, cuando se verifique que, según la normativa nacional aplicable, los derechos y beneficios que confieren esos dos estatutos de protección internacional no son efectivamente idénticos.

Tal recurso no puede declararse inadmisible aunque se compruebe que, a la vista de la situación concreta del solicitante, la concesión del estatuto de refugiado no podría conferirle más derechos y beneficios que la concesión del estatuto de protección subsidiaria toda vez que el solicitante no invoca, o no invoca aún, derechos que se conceden en virtud del estatuto de refugiado, pero que no se conceden, o solo en menor medida, en virtud del estatuto de protección subsidiaria.

(1) DO C 32 de 29.1.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Asunto C-153/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 168 y 173 - Deducción del impuesto soportado - Operaciones de venta a plazos de vehículos - Bienes y servicios utilizados indistintamente para operaciones sujetas al impuesto y para operaciones exentas - Nacimiento y alcance del derecho a deducir - Prorrata de deducción])

(2018/C 455/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Demandada: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Fallo

Los artículos 168 y 173, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse, por una parte, en el sentido de que, aun cuando los gastos generales correspondientes a operaciones de venta a plazos de bienes muebles como las controvertidas en el litigio principal no se reflejen en el importe adeudado por el cliente en concepto de entrega del bien en cuestión, es decir, la parte sujeta al impuesto de la operación, sino en el importe del interés debido por la parte «financiación» de la operación, esto es, la parte exenta de esta, tales gastos generales deben considerarse, a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), elemento constitutivo del precio de dicha entrega, y, por otra parte, en el sentido de que los Estados miembros no pueden aplicar un método de reparto que no tenga en cuenta el valor inicial del bien de que se trate en el momento de la entrega de este, en la medida en que dicho método no permite garantizar una asignación más precisa que la que resultaría de aplicar el criterio de reparto basado en el volumen de negocios.

(1) DO C 178 de 6.6.2017.
1)

El artículo 11 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe al juez del procedimiento de ejecución hipotecaria controlar, de oficio o a instancia de parte, la validez del título ejecutivo en relación con la existencia de prácticas comerciales desleales y, en cualquier caso, no permite que el juez que pudiera conocer del proceso declarativo para apreciar la existencia de esas prácticas adopte medidas cautelares, tales como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de febrero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Maakohus — Estonia) — Collect Inkasso OÜ y otros / Rain Aint y otros

(Asunto C-289/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Reglamento (CE) n.o 805/2004 - Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados - Requisitos para la certificación - Normas mínimas aplicables a los procedimientos relativos a los créditos no impugnados - Derechos del deudor - Falta de mención de la dirección de la institución a la que puede remitirse una impugnación del crédito o ante la que se puede interponer un recurso contra la resolución))

(2018/C 142/20)

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Tartu Maakohus

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Demandadas: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Fallo

El artículo 17, letra a), y el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una resolución judicial dictada sin que el deudor haya sido informado de la dirección del órgano jurisdiccional al que debe responder, ante el que debe comparecer o, en su caso, ante el que hay que incoar el procedimiento de impugnación, no puede certificarse como título ejecutivo europeo.

(1) DO C 249 de 31.7.2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Polonia) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

(Asunto C-66/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) n.o 805/2004 - Ámbito de aplicación - Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados - Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título ejecutivo europeo - Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado - Exclusión])

(2018/C 052/17)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Demandada: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Fallo

El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo.

(1) DO C 161 de 22.5.2017.
2)

No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta no supere los 500 m2 y a aquellos cuya superficie de venta rebase este umbral pero cuya base imponible no supere los 2000 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen su actividad en el sector de la venta de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados, y de vehículos automóviles, los viveros y el suministro de combustibles y carburantes de automoción, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
2)

El artículo 2, apartado 1, letra c), el artículo 3, apartados 1 y 2, y el anexo de la Directiva 75/363, en su versión modificada por la Directiva 82/76, deben interpretarse en el sentido de que la existencia de la obligación de un Estado miembro de prever una remuneración apropiada, en el sentido de ese anexo, para toda formación a tiempo completo o a tiempo parcial de médico especialista iniciada en el año 1982 y continuada hasta el año 1990 no depende de la adopción por ese Estado de medidas de transposición de la Directiva 82/76. El órgano jurisdiccional nacional está obligado, cuando aplica disposiciones de Derecho nacional tanto anteriores como posteriores a una directiva, a hacer todo lo posible por interpretarlas a la luz de la letra y de la finalidad de dicha directiva. En el supuesto de que, como consecuencia de la ausencia de medidas nacionales de transposición de la Directiva 82/76, no pudiera alcanzarse el resultado exigido por esta Directiva por vía de la interpretación, tomando en consideración el Derecho interno en su totalidad y aplicando los métodos de interpretación admitidos por éste, el Derecho de la Unión impone al Estado miembro en cuestión la obligación de reparar los daños que ha causado a los particulares por no haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en dicha Directiva. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si concurre el conjunto de los requisitos sentados a este respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que, en virtud del Derecho de la Unión, se considere generada la responsabilidad del Estado miembro.
2)

El artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una persona que alega que la publicación de información inexacta en Internet y la no supresión de comentarios que la afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad no puede presentar una demanda al objeto de obtener la rectificación de esa información y la supresión de esos comentarios ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio la información publicada en Internet sea o haya sido accesible.
—

no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé que, en una situación en la que el internamiento de un solicitante de protección internacional comienza después de que el Estado miembro requerido haya aceptado la petición de toma a su cargo, dicho internamiento puede mantenerse durante dos meses como máximo, siempre que, por un lado, la duración del internamiento no supere el tiempo necesario a efectos del procedimiento de traslado, apreciado teniendo en cuenta las exigencias concretas de dicho procedimiento en cada caso particular, y, por otro lado, no se prolongue más de seis semanas a partir de la fecha en que el recurso o la revisión ya no tenga efecto suspensivo;
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 195/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland, Países Bajos) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Asunto C-51/16) (1)

(«Procedimiento prejudicial - Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Clasificación de las mercancías - Tornillos para implantes destinados a ser introducidos en el cuerpo humano para el tratamiento de fracturas o la fijación de prótesis - Nomenclatura Combinada - Partida 9021 - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1212/2014 - Validez»)

(2017/C 195/05)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Noord-Holland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Fallo

La partida 9021 de la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidos en esa partida los tornillos para implantes sanitarios como los controvertidos en el litigio principal, en la medida en que dichos productos presentan características que los diferencian de los productos ordinarios por su acabado y su gran precisión, así como por su modo de fabricación y la especificidad de su función. En particular, el hecho de que los tornillos para implantes sanitarios como los controvertidos en el litigio principal únicamente pueden ser implantados en el cuerpo mediante instrumentos médicos específicos, y no con instrumentos ordinarios, constituye una característica que ha de tenerse en cuenta a los efectos de distinguir esos tornillos para implantes sanitarios de los productos ordinarios.

(1) DO C 136 de 18.4.2016.