Asunto T-341/07

José Maria Sison

contra

Consejo de la Unión Europea

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Posición común 2001/931/PESC y Reglamento (CE) no 2580/2001 — Recurso de anulación — Adaptación de las pretensiones — Control jurisdiccional — Motivación — Requisitos de ejecución de una medida comunitaria de congelación de fondos»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 30 de septiembre de 2009 II ‐ 3629

Sumario de la sentencia

[Posición común 2001/931/PESC del Consejo, arts. 1, ap. 4 y 6; Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]

[Posición común 2001/931/PESC del Consejo, considerando primero y art. 1, ap. 4; Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]

[Posición común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4; Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]

[Art. 253 CE; Posición común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 6; Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]

Tanto la motivación de una decisión inicial de congelación de fondos como la motivación de las decisiones subsiguientes no solamente deben referirse a los requisitos legales de aplicación del Reglamento no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y en particular a la existencia de una decisión nacional adoptada por una autoridad competente, sino también a las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera, en el ejercicio de su facultad discrecional de apreciación, que es preciso aplicar al interesado una medida de congelación de fondos. Por otra parte, se desprende del artículo 1, apartado 6, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, al que se remite también el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, que, si bien es cierto que las decisiones subsiguientes de congelación de fondos deben ir precedidas de una revisión de la situación del interesado, ello es para asegurarse de que su permanencia en la lista litigiosa está justificada, en su caso, sobre la base de nuevos datos o nuevas pruebas. No obstante, cuando los motivos de una decisión subsiguiente de congelación de fondos son esencialmente idénticos a los que ya se invocaron para una decisión anterior, una mera declaración a tal efecto podrá ser suficiente, en particular cuando el interesado es un grupo o una entidad. A este respecto, la amplia facultad de apreciación de que dispone el Consejo, en cuanto a los datos que hay que tomar en consideración para adoptar o mantener una medida de congelación de fondos, se extiende a la evaluación de la amenaza que una persona o una entidad pueden seguir representando si en el pasado cometieron actos terroristas, aunque hayan suspendido sus actividades terroristas durante un tiempo más o menos largo. En estas circunstancias, no puede exigirse al Consejo que indique de forma más específica en qué modo el bloqueo de fondos del demandante contribuye, de forma concreta, a la lucha contra el terrorismo o que proporcione pruebas que tiendan a demostrar que el interesado podría utilizar sus fondos para cometer o facilitar actos de terrorismo en el futuro. (véanse los apartados 60 a 62, 65 y 66)

En un recurso de anulación, la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Por lo tanto, no procede examinar la impugnación del fundamento de dicha motivación en la fase de control del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 253 CE. (véase el apartado 67)

Al adoptar una decisión de congelación de fondos con arreglo al Reglamento no 2580/2001 y a la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, el Consejo remite a las personas afectadas por la decisión la exposición de motivos de ésta. Cuando el Consejo se refiere, en dicha exposición de motivos, a varias resoluciones nacionales respecto a las que podría alegarse, a priori, que se adoptaron por autoridades competentes en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la mencionada Posición común, para afirmar, a continuación, en su escrito de contestación a la demanda, y confirmar en la vista que sólo algunas de estas resoluciones nacionales se utilizaron como fundamento de la decisión de congelación de fondos impugnada con arreglo a esta última disposición, tales explicaciones equivalen a una confesión judicial que debe beneficiar al demandante, desde el momento en que no son manifiestamente incompatibles con el propio tenor de la decisión de congelación de fondos en cuestión. (véanse los apartados 100 a 103)

Para determinar el alcance de una disposición de Derecho comunitario, hay que tener en cuenta tanto sus términos como su contexto y sus finalidades. Teniendo en cuenta tanto los términos, el contexto y las finalidades de las disposiciones relevantes de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, (véase, en particular, el primer considerando de la exposición de motivos de esta Posición común) y del Reglamento no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, como la función preponderante desempeñada por las autoridades nacionales en el proceso de congelación de fondos previsto en el artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento, una decisión de «apertura de investigaciones o de procedimientos» debe, para poder ser invocada de forma válida por el Consejo, inscribirse en el marco de un procedimiento nacional que tenga por objeto directo y principal la imposición de una medida preventiva o represiva contra el interesado, en relación con la lucha contra el terrorismo y debido a su implicación en éste. No cumple esta exigencia la resolución de una autoridad judicial nacional que sólo se pronuncia con carácter accesorio e incidental sobre la posible implicación del interesado en tal actividad en el marco de un litigio que versa, por ejemplo, sobre derechos y obligaciones de carácter civil. (véanse los apartados 110 y 111)