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Palabras clave

Derecho comunitario — Efecto directo — Derechos individuales — Salvaguardia por los órganos jurisdiccionales nacionales — Recursos judiciales — Modalidades procesales nacionales — Requisitos de aplicación — Normativa nacional que impide la aplicación del procedimiento prejudicial — Improcedencia — Normativa nacional que prohíbe al Juez nacional apreciar de oficio un motivo basado en la violación del Derecho comunitario no invocado por el justiciable dentro de un plazo determinado — Improcedencia en relación con el caso de autos — (Tratado CEE, arts. 5 y 177)

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Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros, en virtud del principio de cooperación establecido por el artículo 5 del Tratado, proporcionar la protección jurídica que se deriva para los justiciables del efecto directo del Derecho comunitario. A falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar a los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho comunitario confiere a los justiciables. No obstante, estas modalidades no pueden ser menos favorables que las referentes a recursos semejantes de naturaleza interna, ni pueden articularse de tal manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. En este sentido, se deben descartar las normas de Derecho nacional que impidan la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado.

Cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho comunitario, debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, de su desarrollo y de sus peculiaridades, ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento.

Si bien es cierto que el hecho de imponer al justiciable un plazo de sesenta días para invocar un motivo nuevo basado en la violación del Derecho comunitario no es criticable en sí mismo, el Derecho comunitario se opone a la aplicación de una norma procesal nacional que prohíbe al Juez nacional, que conoce del asunto en el marco de sus competencias, apreciar de oficio la compatibilidad de un acto de Derecho interno con una disposición comunitaria, cuando esta última no haya sido invocada por el justiciable dentro de un plazo determinado, en un asunto en el que el órgano jurisdiccional que conoce del litigio principal es el primero que puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, en el que el plazo había expirado ya cuando éste celebró la vista, de forma que este órgano jurisdiccional quedó privado de la posibilidad de realizar de oficio esta apreciación, en el que no consta que otro órgano jurisdiccional nacional pueda verificar de oficio la compatibilidad de un acto nacional con el Derecho comunitario en un procedimiento ulterior, y en el que la imposibilidad de suscitar de oficio motivos basados en el Derecho comunitario pueda justificarse razonablemente mediante principios tales como el de seguridad jurídica o el del buen desarrollo del procedimiento.