Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T-84/07,

EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC), con domicilio social en Moscú (Rusia), representada inicialmente por los Sres. P. Vander Schueren y B. Evtimov, abogados, y posteriormente por los Sres. Evtimov y D. O’Keeffe, Solicitor,

parte demandante,

contra

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. J.-P. Hix y B. Driessen, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. G. Berrisch, abogado,

parte demandada,

apoyado por

Comisión Europea, representada por el Sr. H. van Vliet y la Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra el Reglamento (CE) nº 1911/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, por el que se aplica un derecho antidumping definitivo a las importaciones de soluciones de urea y nitrato de amonio originarias de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 384/96 (DO L 365, p. 26),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. L. Truchot, Presidente, y el Sr. H. Kanninen (Ponente) y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de diciembre de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

1. La normativa antidumping de base está constituida por el Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento de base») [sustituido por el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22)].

2. El artículo 1, apartados 1 y 2, del Reglamento de base (actualmente artículo 1, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1225/2009) dispone:

«1. Podrá aplicarse un derecho antidumping a todo producto objeto de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la Comunidad cause un perjuicio.

2. Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para el producto similar en el país de exportación.»

3. A tenor del artículo 2 del Reglamento de base (actualmente artículo 2 del Reglamento nº 1225/2009):

«1. El valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación.

No obstante, si el exportador en el país exportador no fabrica o no vende un producto similar, el valor normal podrá ser calculado sobre la base de los precios de otros vendedores o productores.

Los precios entre partes que estén asociadas o que tengan un acuerdo de compensación entre sí sólo podrán ser considerados como propios de operaciones comerciales normales y ser utilizados para establecer el valor normal si se determina que no se ven afectados por dicha relación.

[…]

2. Para determinar el valor normal se utilizarán en primera instancia las ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador, siempre que dichas ventas representen como mínimo el 5 % de las ventas en la Comunidad del producto considerado.

Sin embargo, podrá utilizarse un volumen inferior al 5 % cuando, por ejemplo, los precios cobrados se consideren representativos del mercado de que se trate.

3. Cuando, en el curso de operaciones comerciales normales, no existan ventas del producto similar o éstas sean insuficientes, o cuando, debido a una situación especial del mercado, dichas ventas no permitan una comparación adecuada, el valor normal del producto similar se calculará sobre la base del coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y en concepto de beneficios. También podrá calcularse utilizando los precios de exportaciones realizadas a un país tercero apropiado en el curso de operaciones comerciales normales y siempre que estos precios sean representativos. Podrá considerarse que existe una situación particular del mercado para el producto afectado a efectos del párrafo primero cuando, entre otras cosas, los precios sean artificialmente bajos, cuando exista un comercio de trueque significativo o cuando existan otros regímenes de transformación no comerciales.

[…]

5. Los costes deberán ser calculados normalmente sobre la base de los datos de la parte investigada, siempre que se atengan a los principios contables generalmente admitidos en el país de que se trate y se demuestre que reflejan razonablemente los costes de producción y venta del producto considerado. Si los costes asociados con la producción y venta del producto investigado no se reflejan razonablemente en los registros de la parte afectada, se ajustarán o se establecerán sobre la base de los costes de otros productores o exportadores en el mismo país o, cuando tal información no esté disponible o no pueda utilizarse, sobre cualquier otra base razonable, incluida la información de otros mercados representativos.

Se tomarán en cuenta las pruebas relativas a la imputación de costes siempre que se demuestre que hayan sido históricamente utilizadas. A falta de un método más adecuado, se dará prioridad a la imputación de costes en función del volumen de negocios. A menos que ya se haya hecho en las imputaciones de costes con arreglo al presente párrafo, los costes deberán ser ajustados de forma apropiada respecto a los costes extraordinarios que favorezcan la producción futura o actual.

Cuando, como resultado de operaciones de puesta en marcha desarrolladas durante todo el período de investigación o una parte del mismo, los costes de parte del período de amortización de costes se vean afectados por el uso de nuevas instalaciones de producción, que requieran inversiones suplementarias importantes, y por bajas capacidades de utilización, el coste medio para esta fase de puesta en marcha será el aplicable, con arreglo a las normas de imputación antes mencionadas, al final de dicha fase. Este coste medio se incluirá, para el período considerado, en la media ponderada de los costes mencionados en el párrafo segundo del apartado 4. La duración de la fase de puesta en marcha será determinada en función de las circunstancias del productor o exportador de que se trate, pero no podrá sobrepasar una parte apropiada del período inicial de amortización de costes. Para este ajuste de costes durante el período de investigación se tendrá en cuenta la información relativa a la fase de puesta en marcha que sobrepase el período, siempre que sea presentada antes de que se realicen las visitas de inspección y en un plazo de tres meses a partir de la apertura de la investigación.

6. Los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, y a los beneficios, se basarán en los datos reales de producción y ventas del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales, proporcionados por el exportador o productor investigado. Cuando dichos importes no puedan ser determinados de esta forma, se podrán calcular basándose en:

a) la media ponderada de los importes reales determinados para otros exportadores o productores investigados por lo que respecta a la producción y venta del producto similar, en el mercado interior del país de origen;

b) los importes reales aplicables a la producción y venta de la misma categoría de productos, por parte del exportador o productor en cuestión, en el mercado interno del país de origen y en el curso de operaciones comerciales normales;

c) cualquier otro método razonable, siempre que el importe del beneficio así establecido no sobrepase el beneficio normalmente obtenido por otros exportadores o productores por las ventas de productos de la misma categoría en el mercado interno del país de origen.

7. a) En el caso de importaciones procedentes de los países sin economía de mercado, el valor normal será determinado sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado, o del precio que aplica dicho tercer país a otros países, incluida la Comunidad, o, si esto no fuera posible, sobre cualquier otra base razonable, incluido el precio realmente pagado o pagadero en la Comunidad por el producto similar, debidamente ajustado en caso de necesidad para incluir un margen de beneficio razonable.

Se seleccionará un país tercero de economía de mercado apropiado de manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección. También se tendrán en cuenta los plazos; en su caso, se utilizará un país tercero de economía de mercado que esté sujeto a la misma investigación.

[…]

10. Se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de éstos. Se evitarán las duplicaciones al realizar los ajustes, en particular por lo que se refiera a los descuentos, reducciones, cantidades y fase comercial […]

[…]

i) Comisiones

Se realizará un ajuste en concepto de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión. Se entenderá que el término “comisiones” incluye el margen obtenido por un comerciante del producto o del producto similar si sus funciones son similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión.

[…]»

4. El artículo 11, apartados 1 a 3 y 5, del Reglamento de base (actualmente artículo 11, apartados 1 a 3 y 5, del Reglamento nº 1225/2009) dispone lo siguiente:

«1. Las medidas antidumping sólo tendrán vigencia durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping.

2. Las medidas antidumping definitivas expirarán cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de conclusión de la última reconsideración del dumping y del perjuicio, salvo que durante la reconsideración se determine que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio […]

3. La necesidad de proseguir con la imposición de medidas también podrá ser reconsiderada por iniciativa de la Comisión o a petición de un Estado miembro, a condición de que un período razonable de tiempo de al menos un año haya transcurrido desde la imposición de la medida definitiva, y siempre que lo haya solicitado cualquier exportador o importador o la industria de la Comunidad aportando pruebas suficientes de la necesidad de dicha reconsideración provisional.

Podrá abrirse una reconsideración provisional cuando la solicitud incluya pruebas suficientes en el sentido de que ya no es necesario seguir imponiendo la medida para contrarrestar el dumping y no parezca probable que el perjuicio continúe o reaparezca en caso de supresión o modificación de las medidas o de que la medida existente ya no sea suficiente para contrarrestar el dumping y sus efectos perjudiciales […]

[…]

5. Las disposiciones del presente Reglamento relativas a los procedimientos y al desarrollo de las investigaciones, con excepción de las relativas a los plazos, se aplicarán a cualquier reconsideración efectuada con arreglo a los apartados 2, 3 y 4. Estas reconsideraciones deberán efectuarse rápidamente y normalmente deberán haber concluido en un plazo de doce meses a partir de la fecha de su apertura […]»

5. Los considerandos 3 y 4 del Reglamento (CE) nº 1972/2002 del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se modifica el Reglamento de base (DO L 305, p. 1), declaran:

«(3) El apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 384/96 establece, entre otras cosas, que cuando, debido a una situación especial del mercado, las ventas del producto similar no permitan una comparación adecuada, el valor normal se calculará sobre la base del coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y de beneficios, o utilizando los precios de exportaciones realizadas a un país tercero apropiado en el curso de operaciones comerciales normales siempre y cuando dichos precios sean representativos. Conviene aclarar en qué circunstancias puede considerarse especial una situación del mercado en que las ventas del producto similar no permitan una comparación adecuada. Tales circunstancias pueden darse, por ejemplo, a causa de la existencia de un comercio de trueque, otros regímenes de transformación no comerciales u otros obstáculos al mercado. En consecuencia, las señales del mercado pueden no reflejar correctamente la oferta y la demanda, lo que a su vez puede tener una incidencia en los costes y precios correspondientes y puede hacer que los precios en el mercado interior difieran de los precios en el mercado internacional o de los precios en otros mercados representativos. Obviamente, cualquier aclaración realizada en este contexto no puede ser exhaustiva, teniendo en cuenta la gran variedad de posibles situaciones particulares del mercado que no permiten una comparación adecuada.

(4) Conviene indicar cómo debe actuarse en caso de que, de conformidad con el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 384/96, los registros no reflejen claramente los costes asociados con la producción y venta del producto considerado, en especial en situaciones en las que, debido a una situación especial del mercado, las ventas del producto similar no permiten una comparación adecuada. En esas circunstancias, los datos pertinentes deberán obtenerse de fuentes que no se vean afectadas por tales distorsiones. Estas pueden ser los costes de otros productores o exportadores en el mismo país o, cuando tal información no esté disponible o no pueda utilizarse, cualquier otra base razonable, incluida la información de otros mercados representativos. Los datos pertinentes pueden utilizarse para ajustar ciertos elementos en los registros de la parte considerada o, cuando esto no sea posible, para determinar los costes de la parte considerada.»

6. El artículo 2.2.1.1 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (DO 1994, L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Acuerdo antidumping de 1994»), que figura en el anexo 1A del Acuerdo por el que se constituye la Organización Mundial de Comercio (OMC), aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), dispone:

«A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el exportador o productor en el curso de la investigación, siempre que esas imputaciones hayan sido utilizadas tradicionalmente por el exportador o productor, sobre todo en relación con el establecimiento de períodos de amortización y depreciación adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital y otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputaciones de los costos a que se refiere este apartado, los costos se ajustarán debidamente para tener en cuenta las partidas de gastos no recurrentes que beneficien a la producción futura y/o actual, o para tener en cuenta las circunstancias en que los costos correspondientes al período objeto de investigación han resultado afectados por operaciones de puesta en marcha.»

Antecedentes del litigio

7. El 18 de septiembre de 2000, el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (CE) nº 1995/2000, por el que se establece un derecho antidumping definitivo, por el que se perciben definitivamente los derechos provisionales impuestos sobre las importaciones de soluciones de urea y nitrato de amonio originarias de Argelia, Bielorrusia, Lituania, Rusia y Ucrania, y por el que se da por concluido el procedimiento antidumping por lo que se refiere a las importaciones originarias de la República Eslovaca (DO L 238, p. 15). Las medidas impuestas a las importaciones de soluciones de urea y nitrato de amonio (en lo sucesivo, «SUNA» o «el producto de que se trata») originarias de Lituania se suprimieron tras la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.

Sobre la solicitud de reconsideración por expiración de las medidas antidumping

8. El 20 de junio de 2005, tras haberse publicado el 17 de diciembre de 2004 un anuncio de próxima expiración de determinadas medidas antidumping y de determinadas medidas compensatorias (DO C 312, p. 5), se presentó ante la Comisión de las Comunidades Europeas una solicitud de reconsideración por expiración de las medidas, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. Esta solicitud fue presentada por la Asociación Europea de Fabricantes de Fertilizantes.

9. El 22 de septiembre de 2005, previa consulta al Comité consultivo y tras determinar que existían pruebas suficientes para iniciar una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de SUNA originarias de Argelia, de Belarús, de Rusia y de Ucrania, la Comisi ón publicó un anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base (DO C 233, p. 14).

10. La investigación sobre la probabilidad de una continuación o reaparición del dumping abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 (en lo sucesivo, «período de investigación de reconsideración»). El análisis de las tendencias pertinentes para determinar la probabilidad de una continuación o reaparición del perjuicio abarcó el período que se extiende desde 2002 hasta el final del período de investigación de reconsideración.

11. Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de dar a conocer sus opiniones por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo fijado en el anuncio de inicio. Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones específicas para ser oídas.

12. El 19 de diciembre de 2006, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) nº 1911/2006, por el que se aplica un derecho antidumping definitivo a las importaciones de SUNA originarias de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base (DO L 365, p. 26; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»). A tenor de éste, el Consejo decidió mantener las medidas antidumping aplicables a las importaciones de SUNA originarias, entre otros países, de Rusia. Para ello impuso un derecho antidumping definitivo a las importaciones de mezclas de urea y nitrato de amonio en soluciones acuosas o amoniacales clasificadas bajo el código NC 3102 80 00 originarias, entre otros países, de Rusia. La demandante, productor y exportador en Rusia, es una de las empresas a las que afecta este derecho antidumping.

13. Los considerandos 58 a 63 del Reglamento impugnado tienen la siguiente redacción:

«(58) Se comprobó si los costes relacionados con la producción y la venta del producto considerado se reflejaron razonablemente en los registros de las partes afectadas. Por lo que se refiere a los costes del gas, se constató que el precio del gas en el mercado nacional pagado por los productores rusos era aproximadamente cinco veces inferior al precio de exportación de gas natural de Rusia. A este respecto, todos los datos disponibles indican que los precios del gas en el mercado nacional ruso eran precios regulados, muy inferiores a los precios de mercados no regulados del gas natural. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, los costes de gas de los productores rusos se ajustaron en función de la información de otros mercados representativos. El precio ajustado se basó en el precio medio del gas ruso al venderse para exportación en la frontera entre Alemania y Chequia (Waidhaus), neto de costes de transporte. Dado que Waidhaus es el eje principal de venta de gas ruso a la [Unión Europea], el mayor mercado del gas ruso, y sus precios reflejan razonablemente los costes, puede considerarse un mercado representativo en el sentido del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.

(59) El cálculo del valor normal se efectuó sobre la base de los costes de fabricación del tipo de producto exportado, previo ajuste teniendo en cuenta el coste del gas mencionado en el considerando 58, así como una cantidad razonable en concepto de costes de venta, generales y administrativos y un margen de beneficio, de conformidad con el artículo 2, apartados 3 y 6, del Reglamento de base.

(60) […] los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios no pudieron calcularse de acuerdo con el párrafo introductorio del artículo 2, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base, ya que los fabricantes vinculados no realizaron ventas representativas del producto afectado en el mercado nacional en el marco de su actividad comercial normal. No fue posible aplicar el artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento de base, puesto que solo estos dos productores estaban sujetos a la investigación. Tampoco podía aplicarse el artículo 2, apartado 6, letra b), ya que los costes de fabricación de productos pertenecientes a la misma categoría general de mercancías debía[n] ajustarse también en función de los costes del gas, por las razones indicadas en el considerando 58. Como se llegó a la conclusión de que era imposible determinar el ajuste necesario para todos los productos pertenecientes a la misma categoría general de mercancías vendidas en el mercado nacional, tampoco se pudieron calcular los márgenes de beneficio tras el ajuste. Por consiguiente, los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios se determinaron con arreglo al artículo 2, apartado 6, letra c), del Reglamento de base.

(61) […] los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio se determinaron sobre la base de la media ponderada de los gastos de venta, generales y administrativos y del beneficio de los mismos tres productores de Canadá y EEUU. Cabe señalar que el importe del beneficio así establecido no superaba el beneficio obtenido por los productores rusos en ventas de productos de la misma categoría general en su mercado nacional.

(62) Se comprobó que las exportaciones de los dos productores que cooperaron se hicieron sobre la base de un acuerdo entre agentes a través de dos comerciantes vinculados, uno establecido en Suiza y el otro en las Islas Vírgenes Británicas. Este último dejó de operar a comienzos de 2005. El precio de exportación se estableció sobre la base de los precios de exportación realmente abonados o abonables al primer cliente independiente en EEUU, su principal mercado de exportación.

(63) Los datos de los dos comerciantes vinculados ponen de manifiesto que los precios de exportación a terceros países eran inferiores al valor normal calculado para Rusia. De hecho, la investigación puso de manifiesto que, globalmente, durante el período de investigación de reconsideración esta diferencia de precios osciló entre el 2 y el 6 %. Esto puede indicar una probabilidad de reaparición del dumping en las exportaciones a la Comunidad en caso de que se deroguen las medidas.»

Sobre la solicitud de reconsideración provisional parcial presentada por la demandante

14. El 1 de agosto de 2005 se presentó ante la Comisión, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, una solicitud de reconsideración provisional parcial de las medidas adoptadas por el Reglamento nº 1995/2000. Dicha solicitud fue presentada por dos productores exportadores de Rusia, Novomoskovskiy Azot (en lo sucesivo, «NAK») y Nevinnomyssky Azot (en lo sucesivo, «Nevinka»), ambos filiales de la demandante (en lo sucesivo, conjuntamente considerados, «demandante»). En apoyo de su solicitud, la demandante invocó dos acontecimientos según ella significativos, a saber, la concesión en 2002 del estatus de economía de mercado a la Federación de Rusia y la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004.

15. Mediante escrito de 10 de agosto de 2005, la Comisión respondió a la demandante pidiéndole que presentase un cálculo completo del dumping basado en listas, transacción por transacción, de todas las ventas del producto de que se trata en el mercado interno y de todas las ventas de exportación, así como datos sobre los correspondientes costes de producción, respaldados con los justificantes habituales.

16. En su respuesta de 9 de septiembre de 2005, la demandante transmitió un cálculo del dumping en forma de cuadros. El 27 de octubre de 2005, la demandante presentó más documentos, cuadros adicionales y justificantes.

17. Mediante escrito de 16 de diciembre de 2005, la demandante se quejó del retraso en la tramitación de su solicitud, y el 23 de diciembre de 2005 la Comisión le explicó que el retraso se debía a la insuficiencia de los documentos facilitados.

18. El 16 de marzo de 2006, la Comisión envió un escrito a la demandante instándola a subsanar determinadas lagunas.

19. La demandante remitió información el 12 de mayo, el 31 de octubre y el 23 de noviembre de 2006, antes de que la Comisión iniciase la reconsideración provisional, el 19 de diciembre de 2006, publicando un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO C 311, p. 51). La Comisión concluyó, tras consultar al Comité consultivo, que la solicitud incluía a primera vista pruebas suficientes.

20. La reconsideración se limitó al examen del dumping en lo que respecta a la demandante. La investigación sobre el dumping abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.

21. Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones específicas por las que debían ser oídas.

22. El 10 de marzo de 2008, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) nº 238/2008, por el que se da por concluida la reconsideración provisional parcial, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, del derecho antidumping aplicable a las importaciones de SUNA originarias de Rusia (DO L 75, p. 14). Dicha reconsideración concluyó sin modificación de las medidas vigentes.

Procedimiento y pretensiones de las partes

23. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 13 de marzo de 2007, la demandante interpuso el presente recurso.

24. La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule el Reglamento impugnado, en particular su artículo 1, en lo que respecta a ella y a sus filiales identificadas en el considerando 14, letras a) y b), de dicho Reglamento.

– Condene en costas al Consejo.

25. El Consejo solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

26. Tras presentar una demanda de intervención el 3 de julio de 2007, la Comisión fue autorizada, mediante auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de 7 de septiembre de 2007, a intervenir en apoyo de las pretensiones del Consejo.

27. A raíz de la presentación por la demandante de un documento adicional en la vista, el 3 de enero de 2012 el Consejo comunicó a la Secretaría del Tribunal observaciones en las que se negaba la pertinencia de dicho documento.

28. Mediante escrito de 31 de enero de 2012, la Secretaría del Tribunal informó a las partes de la conclusión de la fase oral.

Fundamentos de Derecho

29. En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados respectivamente en la infracción de los artículos 1 y 2 del Reglamento de base y en la infracción del artículo 11, apartados 1 y 3, del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de los artículos 1 y 2 del Reglamento de base

30. Mediante su primer motivo, la demandante invoca la infracción de los artículos 1 y 2 del Reglamento de base. Articula dicho motivo en tres partes, a tenor de las cuales sostiene fundamentalmente, en primer lugar, que para calcular el valor normal se consideró erróneamente que los gastos relativos a la producción y venta del producto de que se trata no estaban razonablemente reflejados en sus registros contables y que, en consecuencia, procedía efectuar un ajuste. En segundo lugar, indica que el ajuste aplicado al precio del gas ruso se calculó, equivocadamente, tomando como referencia el precio en Waidhaus (Alemania) y que no se dedujo del importe de ese ajuste el derecho de exportación del 30 % aplicable al gas ruso. En tercer lugar, sostiene que se dedujeron indebidamente de su precio de exportación al primer cliente independiente las comisiones de empresas filiales que forman parte de la entidad económica que ella constituye.

31. Con carácter preliminar, procede recordar que, al adoptar, de conformidad con el Reglamento de base, acciones concretas de protección antidumping, el Consejo y la Comisión (en lo sucesivo, «las Instituciones») disponen de una amplia facultad de apreciación, debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben analizar (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C-69/89, Rec. p. I-2069, apartado 86, y de 29 de mayo de 1997, Rotexchemie, C-26/96, Rec. p. I-2817, apartado 10; sentencias del Tribunal General de 28 de septiembre de 1995, Ferchimex/Consejo, T-164/94, Rec. p. II-2681, apartado 131; de 5 de junio de 1996, NMB France y otros/Comisión, T-162/94, Rec. p. II-427, apartado 72; de 18 de septiembre de 1996, Climax Paper/Consejo, T-155/94, Rec. p. II-873, apartado 98; de 25 de septiembre de 1997, Shanghai Bicycle/Consejo, T-170/94, Rec. p. II-1383, apartado 63, y de 17 de julio de 1998, Thai Bicycle/Consejo, T-118/96, Rec. p. II-2991, apartado 32).

32. De ello se deduce que el control de dichas apreciaciones por parte del juez de la Unión debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1987, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 240/84, Rec. p. 1809, apartado 19; de 7 de mayo de 1987, Nippon Seiko/Consejo, 258/84, Rec. p. 1923, apartado 21; de 14 de marzo de 1990, Gestetner Holdings/Consejo y Comisión, C-156/87, Rec. p. I-781, apartado 63, y Rotexchemie, citada en el apartado 31 supra, apartado 11; sentencias, citadas en el apartado 31 supra, Climax Paper/Consejo, apartado 98; Shanghai Bicycle/Consejo, apartado 64, y Thai Bicycle/Consejo, apartado 33).

Sobre la primera parte del primer motivo

33. En el marco de esta primera parte, la demandante pretende demostrar que para calcular el valor normal las Instituciones aplicaron erróneamente el principio del ajuste y un método destinado a los países que no tienen economía de mercado, lo que es contrario no sólo al tenor literal del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, sino también a esa disposición en concordancia con las restantes disposiciones de los artículos 1 y 2 del Reglamento de base (primera imputación), así como a las disposiciones del Acuerdo antidumping de 1994 (segunda imputación).

– Sobre la primera imputación

34. Según la demandante, el texto del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base permite a las Instituciones comprobar que los principales gastos de producción y venta estén debidamente anotados y contabilizados en los registros de los productores. En cambio, no prevé que dichas Instituciones puedan verificar si tales gastos son razonables en comparación con el nivel de los precios en otro mercado. El tenor del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base no implica que haya de verificarse la «fiabilidad» de los principales elementos de los gastos de producción y venta del producto de que se trata a la luz de los precios o valores de insumos similares exportados a la Unión Europea o que se encuentren en mercados no regulados de países terceros.

35. La demandante sostiene, además, que la interpretación del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, en concordancia con las restantes disposiciones del artículo 1 y del artículo 2, apartados 1 a 6, del mismo Reglamento, no permite confirmar que las Instituciones pudiesen recurrir al ajuste del precio del gas en el caso de autos.

36. Con carácter preliminar, procede señalar que la demandante no discute en sí la decisión del Consejo de recurrir a las disposiciones del artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base para calcular el valor normal del producto de que se trata.

37. Dicha disposición indica, por una parte, los criterios para excluir el método de determinación del valor normal que se basa en los precios en el mercado interno del país exportador, y, por otra parte, los métodos subsidiarios para el cálculo de dicho valor.

38. En el caso de autos, las Instituciones recurrieron al método establecido en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, según el cual el valor normal del producto se calcula sobre la base del coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y en concepto de beneficios (en lo sucesivo, «valor normal calculado»).

39. Las partes disienten en lo que se refiere a la determinación del coste de producción del producto de que se trata en aplicación del artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base. Más concretamente, la controversia afecta al cálculo del coste que supone el gas en la elaboración de dicho producto.

40. Según consta, el gas constituye el principal insumo del producto de que se trata y el precio del gas que se le aplicó a la demandante para la elaboración de dicho producto estaba regulado en Rusia. El coste del gas en sí mismo soportado por la demandante no es objeto de controversia, ya que el Consejo no afirma que ese coste fuese distinto del consignado en los registros contables de la demandante. La demandante reprocha al Consejo que no calculase el valor normal del producto de que se trata basándose en dicho coste y que utilizase para ese cálculo otro precio del gas, más elevado, obtenido de otro mercado que no era el mercado interno ruso.

41. Se desprende del artículo 2, apartado 3, primera frase, en relación con el artículo 5, párrafo primero, primera frase, del Reglamento de base que, para calcular el valor normal basándose en el coste de producción, los gastos se calculan normalmente sobre la base de los datos contables de la parte investigada.

42. Las Instituciones sostienen que la segunda de estas dos disposiciones aporta dos precisiones, que pueden presentarse como dos requisitos, a saber, por una parte, que los datos deben atenerse a los principios contables generalmente admitidos en el país de que se trate y, por otra parte, que se demuestre que reflejan razonablemente los costes de producción y venta del producto considerado. Según ellas, el segundo requisito les permite verificar el carácter «razonable» del cómputo de los gastos en los registros, aun cuando se respeten los principios contables generalmente admitidos en el país de que se trate, y, en su caso, realizar ajustes basándose en otras fuentes de información distintas de los registros contables, con arreglo al artículo 2, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento de base.

43. El Consejo no afirma que no se cumpla el primer requisito en el caso de autos. En cambio, estima que los registros de la demandante no reflejan razonablemente los gastos de producción del producto de que se trata, por ser el precio del gas artificialmente bajo, netamente inferior a los precios del gas que se aplican en los mercados no regulados. Por ello, el Consejo considera que, con arreglo al artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base, estaba en su derecho de ajustar el precio del gas basándose en datos procedentes de otros mercados representativos.

44. Ha de examinarse, por tanto, si el Consejo podía excluir el coste del gas efectivamente soportado por la demandante e indicado por ésta en su contabilidad para la elaboración del producto de que se trata, por ser dicho coste artificialmente bajo debido a la regulación del precio del gas en Rusia, y si podía, en consecuencia, ajustar dicho coste al alza tomando como referencia el precio del gas en un mercado que él consideraba representativo.

45. A este respecto, debe señalarse en primer lugar que el artículo 2, apartado 3, primera frase, del Reglamento de base prevé el método de cálculo del valor normal cuando, en el curso de operaciones comerciales normales, no existan ventas del producto similar o éstas sean insuficientes, o cuando, debido a una situación especial del mercado, dichas ventas no permitan una comparación adecuada.

46. La segunda frase del artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, que define los casos de situación particular del mercado, fue insertada por el Reglamento nº 1972/2002. Según dicha frase, existe una situación particular del mercado, entre otros supuestos, cuando los precios sean artificialmente bajos, cuando exista un comercio de trueque significativo o cuando existan otros regímenes de transformación no comerciales.

47. Se desprende del considerando 3 del Reglamento nº 1972/2002 que la inserción del artículo 2, apartado 3, segunda frase, del Reglamento de base tiene por objeto aclarar en qué circunstancias puede considerarse especial una situación del mercado en que las ventas del producto similar no permitan una comparación adecuada. Según dicho considerando, tales circunstancias pueden darse, por ejemplo, a causa de la existencia de un comercio de trueque, otros regímenes de transformación no comerciales u otros obstáculos al mercado. En consecuencia, las señales del mercado pueden no reflejar correctamente la oferta y la demanda, lo que a su vez puede tener una incidencia en los costes y precios correspondientes y puede hacer que los precios en el mercado interior difieran de los precios en el mercado internacional o de los precios en otros mercados representativos.

48. El artículo 2, apartado 3, segunda frase, del Reglamento de base dispone que existe una situación particular del mercado, entre otros supuestos, cuando los precios en el mercado del país exportador sean artificialmente bajos.

49. En la vista, el Consejo afirmó que el recurso al método del valor normal calculado había venido motivado por la insuficiencia de operaciones comerciales normales comparables en Rusia. Aclaró que, en buena lógica, podía también considerarse que había una situación particular del mercado puesto que el precio del gas, principal insumo del producto de que se trata, estaba regulado y el precio del gas natural estaba fijado de forma artificialmente baja en el mercado interno.

50. Debe señalarse que el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base únicamente indica los criterios que permiten excluir los métodos de establecimiento del valor normal, calculado a partir del precio del producto en el mercado interno del país exportador. Dicha disposición no fija los sistemas de cálculo de los costes de producción para el establecimiento del valor normal calculado, puesto que ese cálculo se rige por el apartado 5 del mismo artículo.

51. El párrafo primero del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base dispone que los costes de producción deben ser calculados normalmente sobre la base de los datos de la parte investigada. Por lo tanto, el cálculo del valor normal se efectúa normalmente utilizando dichos datos.

52. El artículo 2, apartado 5, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de base contiene disposiciones específicas relativas a la imputación de costes y a los costes de puesta en marcha. Tales disposiciones contemplan posibilidades de ajuste de los costes consignados en los registros contables, pudiendo dichos costes adaptarse e imputarse de forma diferente en determinadas circunstancias.

53. Se desprende asimismo del artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base que los registros contables de la parte interesada no se tomarán como base para el cálculo del valor normal si los costes de producción de un producto que es objeto de una investigación no se reflejan razonablemente en dichos registros. En tal caso, a tenor de la segunda frase de dicho párrafo, los costes se ajustarán o se establecerán basándose en otras fuentes de información distintas de esos registros. Esa información puede extraerse de los costes de otros productores o exportadores o, cuando tal información no esté disponible o no pueda utilizarse, de cualquier otra fuente razonable, incluida la información de otros mercados representativos.

54. A este respecto, procede recordar que la segunda frase del artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base, relativa al método de cálculo del referido valor, fue insertada por el Reglamento nº 1972/2002.

55. Se desprende del considerando 4 de este último Reglamento que la inserción de esa segunda frase tenía por objeto indicar cómo debe actuarse si los registros no reflejan claramente los costes asociados con la producción y venta del producto considerado, en especial en situaciones en las que, debido a una situación especial del mercado, las ventas del producto similar no permiten una comparación adecuada. En tal caso, los datos deben proceder, según ese mismo considerando, de fuentes que no se vean afectadas por tales distorsiones.

56. En ese mismo considerando 4 del Reglamento nº 1972/2002 se precisa que puede recurrirse a los costes de otros productores o exportadores en el mismo país o, cuando tal información no esté disponible o no pueda utilizarse, a cualquier otra base razonable, incluida la información de otros mercados representativos. Se desprende igualmente de dicho considerando que los datos pertinentes pueden utilizarse para ajustar ciertos elementos en los registros de la parte considerada o, cuando esto no sea posible, para determinar los costes de la parte considerada.

57. En el caso de autos, el Consejo ha alegado ante el Tribunal que existía una situación particular del mercado por cuanto el precio del gas, principal insumo del producto de que se trata, estaba regulado de forma que dicho precio era artificialmente bajo en el mercado interno. La demandante no ha discutido el hecho de que el precio del gas en el mercado ruso estaba regulado y que suponía una parte importante del coste del producto considerado.

58. Dado que en Rusia el precio del gas está regulado, procede efectivamente considerar que el coste de producción del producto de que se trata se veía afectado por una distorsión del mercado interno ruso en lo que respecta al precio del gas, precio que no es el resultado de las fuerzas del mercado.

59. Por otra parte, la interpretación del artículo 2, apartado 5, primera frase, del Reglamento de base, expuesta por la demandante, consistente en calcular los costes de producción basándose exclusivamente en los registros contables de la parte interesada equivaldría a impedir en definitiva el recurso al valor normal calculado en el caso, en particular, de que los costes de producción se vean afectados por una situación particular del mercado, pese a que dicho recurso está expresamente previsto en el artículo 2, apartado 3, del mismo Reglamento.

60. Por lo tanto, las Instituciones se ajustaron a Derecho al concluir que uno de los datos de los registros de la demandante no podía considerarse razonable y que, en consecuencia, era necesario proceder a su ajuste, recurriendo a otras fuentes provenientes de mercados que aquéllas consideraban más representativos, y, por lo tanto, efectuar un ajuste del precio del gas.

61. En relación con la alegación de que únicamente el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base permite a las Instituciones establecer el valor normal tomando como referencia no los datos sobre precios y costes en el país exportador o de origen, sino los datos sobre precios y costes en un país tercero que tenga economía de mercado, la demandante sostiene que el ámbito de aplicación de dicha disposición se limita a una lista exhaustiva de países que no tienen economía de mercado. Pues bien, la demandante señala que en la fecha de apertura de la investigación relativa a la reconsideración por expiración de las medidas en el presente asunto, la Federación de Rusia no figuraba en la lista de los países a que se ha hecho referencia. La Federación de Rusia había obtenido el estatus de economía de mercado a escala nacional en 2002 y tal estatus constituye, según la demandante, una presunción absoluta de que los costes de los productores establecidos en dicho país y sometidos a una investigación son suficientemente fiables para que pueda calcularse el valor normal basándose, en particular, en el artículo 2, apartados 3 a 6, del Reglamento de base.

62. En el caso de autos, el valor normal no se estableció basándose en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, puesto que en el momento de los hechos, la Federación de Rusia no era uno de los países contemplados en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base y el artículo 2, apartados 1 a 6, de dicho Reglamento era aplicable a esos hechos. Pues bien, como se ha recordado en el apartado 53 de la presente sentencia, el artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base permite, en determinadas circunstancias, tomar en consideración datos procedentes de mercados distintos al del país exportador o de origen.

63. La demandante añade que la interpretación del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base propuesta por las Instituciones daría como resultado diversas incoherencias.

64. Por una parte, el productor que en el mercado nacional disfruta de bajos precios de los principales insumos de sus productos se enfrentaría a un dilema: o bien no aumentar sus precios, corriendo entonces el riesgo de ser considerado importador a la Unión de productos que son objeto de dumping, o bien aumentar sus precios para evitar toda investigación antidumping, corriendo entonces el riesgo de tener precios prohibitivos en el mercado nacional. Esos mismos productores, para evitar la investigación antidumping, se verían incitados a inscribir en sus registros, infringiendo su Derecho nacional, no el coste real de los insumos de sus productos, sino el coste medio de esos insumos en los mercados extranjeros no regulados.

65. A este respecto, como señala acertadamente el Consejo, su enfoque y el de la Comisión no obligan a la demandante a aumentar el precio de sus ventas en el mercado interno. La medida antidumping adoptada en el Reglamento impugnado no restringe las posibilidades de la demandante de aplicar los precios que desee en el mercado ruso (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de diciembre de 1997, Ajinomoto y NutraSweet/Consejo, T-159/94 y T-160/94, Rec. p. II-2461, apartado 196).

66. Por otra parte, según la demandante, los costes de fabricación de un producto en un país con estatus de economía de mercado podrían considerarse demasiado bajos en comparación con los costes de un producto equivalente en la Unión o en otros mercados extranjeros. La demandante alega que la investigación antidumping llevada a cabo en el caso de autos por las Instituciones sustituyó injustificadamente a la normativa en materia de ayudas de Estado, y más concretamente al Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 288, p. 1).

67. A este respecto, ha de recordarse que el Reglamento de base y el Reglamento nº 2026/97 tienen por objeto, como se desprende del considerando 5 de este último Reglamento, establecer con suficiente detalle los criterios de aplicación de cada uno de estos dos instrumentos de defensa comercial.

68. No obstante, nada indica que la cuestión planteada en el caso de autos, que trata de una normativa que obliga a Gazprom a suministrar en Rusia el gas natural a bajo precio, debiera haberse tratado únicamente desde la perspectiva de las ayudas estatales. Es de señalar que la demandante no ha aportado prueba alguna en tal sentido.

69. Por otra parte, nada indica tampoco que el solo hecho de que la cuestión pueda eventualmente examinarse desde la perspectiva de las ayudas estatales impidiese a las Instituciones analizar el presente asunto igualmente desde la perspectiva del Reglamento de base.

70. Como señaló el Consejo en la vista, la Comisión y el propio Consejo ya han tenido que examinar determinadas situaciones a la vez desde la perspectiva de las ayudas estatales y la del dumping (véase, a modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal de 17 de diciembre de 2008, HEG y Graphite India/Consejo, T-462/04, Rec. p. II-3685).

71. A lo sumo, como disponen el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base y el artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 2026/97, ningún producto podrá estar sometido a la vez a derechos antidumping y a derechos compensatorios a efectos de regular una situación derivada de la existencia de dumping o de la concesión de subvenciones a la exportación.

72. De lo anterior se desprende que la primera imputación carece de fundamento.

– Sobre la segunda imputación

73. La demandante considera que las disposiciones del Reglamento de base tienen por objeto aplicar las normas del Acuerdo antidumping de 1994 y que las instituciones deben interpretar y aplicar las disposiciones del Reglamento de base de conformidad con dicho Acuerdo.

74. A este respecto, según jurisprudencia reiterada, teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los Acuerdos de la OMC no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el juez de la Unión controla la legalidad de los actos de las instituciones con arreglo al artículo 230 CE, párrafo primero (sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Petrotub y Republica/Consejo, C-76/00 P, Rec. p. I-79, apartado 53, y del Tribunal General de 24 de septiembre de 2008, Reliance Industries/Consejo y Comisión, T-45/06, Rec. p. II-2399, apartado 87).

75. Sin embargo, en el supuesto de que la Unión tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto de la Unión se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos de la OMC, corresponderá al juez de la Unión controlar la legalidad del acto de la Unión de que se trate en relación con las normas de la OMC (sentencias del Tribunal de Justicia Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado 74 supra, apartado 54, y de 27 de septiembre de 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I-7723, apartado 30, y sentencia Reliance Industries/Consejo y Comisión, citada en el apartado 74 supra, apartado 88).

76. Se desprende del considerando 5 del Reglamento de base que este último tiene por objeto específicamente incorporar a la legislación de la Unión, en la mayor medida posible, las nuevas y detalladas normas del Acuerdo antidumping de 1994, entre las que se incluyen, en particular, las relativas al cálculo del margen de dumping, para asegurar una aplicación adecuada y transparente de dichas normas (sentencia Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado 74 supra, apartado 55).

77. Por lo tanto, la Comunidad adoptó el Reglamento de base para cumplir sus obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo antidumping de 1994 y, mediante el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, se propuso satisfacer las obligaciones específicas que se desprenden del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping de 1994 (véase, en este sentido, la sentencia Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado 74 supra, apartado 56).

78. En consecuencia, el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping de 1994 (véanse, en este sentido, las sentencias Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado 74 supra, apartado 57, y Reliance Industries/Consejo y Comisión, citada en el apartado 74 supra, apartado 91, y la jurisprudencia citada).

79. Por ello, es de señalar, en primer lugar, que la demandante hace referencia a uno de los últimos proyectos previos a la adopción del Acuerdo antidumping de 1994 que establecía, en lo que respecta a las disposiciones que pasarían a ser el artículo 2.2.1.1 de dicho Acuerdo, que, «por regla general, los costos deber[ía]n imputarse con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador, siempre que esos principios reflejen razonablemente los costos que implica la producción y venta del producto». Según ella, de esta redacción se desprende que el objeto inicial del artículo 2.2.1.1 del citado Acuerdo, y consecuentemente, del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, era asegurarse de que el productor investigado aplicase normas de contabilidad adecuadas, que reflejasen objetivamente los gastos reales soportados por éste, y no verificar si los precios de los insumos pagados por el productor se corresponden con los precios de los mercados no regulados.

80. No obstante, el hecho de invocar la versión de una disposición en forma de proyecto no basta para demostrar que la intención de los redactores de dicha disposición haya permanecido inalterada, sobre todo si el texto de la disposición, en su versión final, resulta ser diferente al de la disposición correspondiente, en su versión en la fase de proyecto, como subraya acertadamente, en lo sustancial, el Consejo.

81. En segundo lugar, se pone de manifiesto que el tenor de la disposición del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping de 1994 no presenta diferencias significativas con el texto del artículo 2, apartado 5, párrafo primero, primera frase, del Reglamento de base, que tiene por objeto que los datos se atengan a los principios contables generalmente admitidos en el país exportador y que se demuestre que reflejan razonablemente los costes de producción y venta del producto considerado.

82. No obstante, como subrayó acertadamente el Consejo en la vista, las disposiciones contempladas en el artículo 2, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento de base no se indican en el Acuerdo antidumping de 1994. Por lo tanto, el recurso a una interpretación a la luz del Acuerdo antidumping de 1994 no parece poder emplearse plenamente en lo que respecta a esas disposiciones que se refieren al supuesto de que los datos no reflejen razonablemente los costes del producto de que se trate.

83. Debe añadirse que las normas de la OMC no definen la expresión « situación especial del mercado», tal como aparece definida en el artículo 2, apartado 3, segunda frase, del Reglamento de base y que puede servir de fundamento a las Instituciones para evaluar si los datos tienen en cuenta razonablemente los costes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento de base, como se ha declarado en los apartados 51 a 60 de la presente sentencia.

84. Por lo tanto, la segunda imputación carece de fundamento.

85. Se desprende de todo lo anterior que la primera parte del primer motivo carece de fundamento.

Sobre la segunda parte del primer motivo

86. La demandante invoca la infracción del artículo 2, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento de base, un error manifiesto de apreciación y la falta de motivación, por cuanto, mediante el Reglamento impugnado, el Consejo decidió ajustar el precio pagado por el gas basándose en el precio en Waidhaus y no dedujo del importe del ajuste el derecho de exportación del 30 % aplicable al gas ruso. La demandante discute, a este respecto, las últimas frases del considerando 58 del Reglamento impugnado.

87. Dichas frases tienen la siguiente redacción:

«Los costes de gas de los productores rusos se ajustaron en función de la información de otros mercados representativos. El precio ajustado se basó en el precio medio del gas ruso al venderse para exportación en la frontera entre Alemania y Chequia (Waidhaus), neto de costes de transporte. Dado que Waidhaus es el eje principal de venta de gas ruso a la UE, el mayor mercado del gas ruso, y sus precios reflejan razonablemente los costes, puede considerarse un mercado representativo en el sentido del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.»

88. La demandante considera, por una parte, que si las Instituciones hubiesen elegido una base diferente, como el precio de exportación del gas ruso hacia los Estados bálticos o cualquier mercado representativo en el que se apliquen los precios del gas más próximos a sus propios niveles de precios del gas, el margen de dumping habría sido negativo o diferente. Según ella, las Instituciones deberían haber elegido una «base razonable» en el sentido del artículo 2, apartado 5, segunda frase, del Reglamento de base, en lugar del precio en Waidhaus.

89. El error manifiesto de apreciación resulta, según la demandante, de que, en primer lugar, los mercados representativos mencionados por la Comisión como posibles bases para el ajuste (a saber, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá o Japón) tienen los precios del gas más elevados del mundo y no están próximos a los niveles de precios del gas de la demandante.

90. En segundo lugar, el ajuste del precio del gas se efectuó basándose en un precio intracomunitario, el de la frontera germano-checa, que refleja no sólo los costes de producción y venta del gas, sino también el margen de beneficio intracomunitario de la plataforma Waidhaus. La demandante alega que la base elegida para el ajuste equivale a considerar que, por lo que respecta a la mayor parte de sus costes totales de producción, se encuentra establecida en la frontera germano-checa y compra el gas directamente en el mercado de Waidhaus. Pues bien, según ella, el hecho de colocarla en una situación en la que produjera el producto de que se trata en Rusia, pero pagando los derechos de exportación y los márgenes intracomunitarios, no constituye una «base razonable» en el sentido del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.

91. Por último, la demandante señala que el mercado de Waidhaus únicamente refleja la situación geográfica de Waidhaus, que se encuentra en la ruta de los principales gasoductos rusos entre Rusia y la Unión Europea, y el número de contratos de suministro y el volumen del gas que se negocian. Tales factores no son pertinentes para calificar el precio del gas en Waidhaus de «base razonable».

92. La demandante considera, por otra parte, que el Consejo cometió asimismo un error manifiesto de apreciación y vició el Reglamento impugnado de falta de motivación al negarse a deducir los derechos de exportación del 30 % aplicables al gas ruso, pese a haber deducido los gastos de transporte, como se desprende del tenor del considerando 58 del Reglamento impugnado.

93. Según la demandante, el razonamiento seguido es incoherente y contradictorio, pues del mismo modo que los consumidores rusos no tienen por qué pagar el transporte del gas de Rusia a Waidhaus, lo que llevó a deducir los gastos de transporte y distribución del gas, también debería haberse deducido el derecho del 30 % recaudado por la exportación del gas desde Rusia, derecho que ella nunca ha de soportar para la fabricación del producto de que se trata en Rusia.

94. La demandante añade que aun cuando las Instituciones pretendiesen sancionar el régimen de dobles precios aplicado por las autoridades rusas en el sector del gas, ello no dispensaba a dichas Instituciones de su obligación de fundamentar el ajuste del precio del gas en una base razonable con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.

95. A este respecto, por lo que se refiere en primer lugar a la elección del precio de Waidhaus como precio de referencia, ha de señalarse que las Instituciones no están obligadas a tomar en consideración todos los precios de referencia posibles en el marco de un procedimiento antidumping, sino que deben examinar detenidamente las propuestas eventualmente formuladas por las partes, en caso de duda sobre la elección del precio de referencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 1991, Nölle, C-16/90, Rec. p. I-5163, apartado 32).

96. En el caso de autos, no se hace evidente que el Consejo haya cometido un error manifiesto de apreciación en el Reglamento impugnado al optar por tomar como referencia el precio en Waidhaus, que resulta razonable por varios motivos.

97. Como se señala en el considerando 58 del Reglamento impugnado, Waidhaus es el principal punto de llegada de las entregas de gas ruso a la Unión. Se desprende de los autos que Waidhaus es una ciudad alemana situada en la ruta de los principales gasoductos rusos entre Rusia y la Unión y resulta ser, en términos de número de contratos negociados de suministro de gas y en términos de volumen de gas, el primer punto de llegada del gas exportado por los productores rusos a la Unión.

98. El precio del gas negociado en dicho lugar es por lo tanto el facturado por los vendedores rusos a sus clientes europeos y no un precio intracomunitario, contrariamente a lo que intenta sostener la demandante en la demanda.

99. Además, habida cuenta del volumen de gas y del número de contratos negociados, nada indica que el precio del gas ruso en Waidhaus no sea el resultado de fuerzas del mercado exentas de distorsiones.

100. En la vista, la demandante comunicó la Decisión de la Comisión de 8 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 CE (Asunto COMP/39.401 – E.ON/GDF) (resumen en DO C 248, p. 5), para sostener que la práctica colusoria sancionada por dicha Decisión había tenido efectos sobre los datos utilizados por la Comisión para calcular el ajuste en el presente asunto. Según ella, de la citada Decisión resulta que el precio del gas ruso en Waidhaus no es el resultado de las fuerzas del mercado.

101. También en la vista, la Comisión dijo dudar de la admisibilidad de un documento aportado en esa fase del procedimiento, en tanto que el Consejo únicamente cuestionó la pertinencia de tal documento.

102. Sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de dicho documento, puesto que la Decisión E.ON/GDF (véase el apartado 100) fue dictada por la Comisión después de haberse adoptado el Reglamento impugnado, basta señalar que, aunque efectivamente trata de las ventas de gas procedente de Rusia, únicamente se refiere al examen de un acuerdo de reparto de mercados en Alemania y en Francia entre E.ON y GDF para las ventas de gas a sus clientes. No tiene por objeto examinar el mercado de exportación del gas ruso al por mayor con destino al conjunto de la Unión, ni las relaciones de E.ON y GDF con su proveedor de gas ruso.

103. Por último, aunque la demandante niega que el precio de Waidhaus sea muy superior al del gas que se vende en el mercado interno ruso, ella misma reconoce, en la réplica, que puede ser inferior al precio del gas negociado en el Reino Unido, en los Estados Unidos o en Canadá. Por lo tanto, las Instituciones no eligieron el precio de referencia más alto del mercado. Además, no es seguro que el precio del gas exportado a los Estados bálticos no sea comparable al del gas que pasa por Waidhaus.

104. Por lo que respecta, en segundo lugar, a la decisión de no deducir los derechos de exportación aplicados en Rusia, deduciendo únicamente los gastos de transporte, la demandante invoca tres asuntos que dieron lugar a Reglamentos del Consejo que reflejan una práctica decisoria incoherente y errónea por parte de éste.

105. El Consejo contesta que, en los tres asuntos mencionados por la demandante, la Comisión y él únicamente dedujeron los impuestos especiales adeudados por las ventas interiores de gas, pero no dedujeron los derechos de exportación. A este respecto, precisa que en el considerando 31 del Reglamento (CE) nº 1891/2005 del Consejo, de 14 de noviembre de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) nº 3068/92 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cloruro potásico originario de Bielorrusia, Rusia o Ucrania (DO L 302, p. 14), se indica por error que los derechos de aduana de exportación se deducen del precio del gas exportado. El Consejo dice haber sido informado por la Comisión de que, en realidad, no se efectuó ningún ajuste de ese tipo.

106. A este respecto, exceptuando el Reglamento nº 1891/2005, cuyo considerando 31 alude a una deducción de los derechos de aduana de exportación, que en la práctica no se llevó a cabo, resulta que tales derechos no se dedujeron en los demás Reglamentos en que se apoya la demandante.

107. Se desprende en efecto del considerando 97 del Reglamento (CE) nº 954/2006 del Consejo, de 27 de junio de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero, originarias de Croacia, Rumanía, Rusia y Ucrania, se derogan los Reglamentos (CE) nº 2320/97 y (CE) nº 348/2000 del Consejo, se dan por concluidas las reconsideraciones provisionales y por expiración de los derechos antidumping sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero sin alear, originarias, entre otros países, de Rusia y Rumanía y se dan por concluidas las reconsideraciones provisionales de los derechos antidumping sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero sin alear, originarias, entre otros países, de Rusia y Rumanía y de Croacia y Ucrania (DO L 175, p. 4), invocado por la demandante, que el ajuste de los costes del gas realizado se basaba en el precio del gas para su exportación a Europa Occidental, menos los costes de transporte y el impuesto especial.

108. Asimismo, a tenor del considerando 54 del Reglamento (CE) nº 1050/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús y Rusia (DO L 191, p. 1), se efectuó un ajuste del precio del gas a partir del precio del gas exportado, deducidos los costes de transporte, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto especial.

109. En cualquier caso, el Consejo justifica la no deducción de los derechos de exportación por el hecho de que el importe de éstos no influye en la tarificación aplicada por Gazprom. Para sustentar esta afirmación, el Consejo comunicó, como anexo B2 al escrito de contestación, datos relativos a la evolución de los precios del gas ruso que demuestran que dicho precio parece, en gran medida, no depender del importe de los derechos de exportación. El Consejo añadió que Gazprom intentaba siempre aumentar todo lo posible el precio del gas que vendía y que la tarificación de dicho precio no estaba influenciada por el importe de los derechos de exportación, sino únicamente por los precios que los clientes de Gazprom estaban dispuestos a pagar. En la vista, el Consejo reiteró su análisis según el cual lo que importa es el precio pagado en Waidhaus, sin que sea pertinente saber lo que incluye dicho precio.

110. Pues bien, la demandante no ha podido explicar ni demostrar por qué la tarificación aplicada por Gazprom en Waidhaus podría haberse visto influenciada por el importe de los derechos de exportación. Procede considerar, por lo tanto, que el Consejo no cometió un error manifiesto de apreciación al no deducir tales derechos del precio pagado en Waidhaus.

111. Por otra parte, debe añadirse que la circunstancia de que en dos de los asuntos citados por la demandante se dedujesen los impuestos especiales y que en el presente asunto se hayan deducido también los gastos de transporte no afecta a la cuestión de si en el caso de autos pudo cometerse un error manifiesto de apreciación por la negativa a deducir los derechos de exportación.

112. Por último, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en la falta de motivación en relación con la negativa a deducir el derecho del 30 % aplicable a la exportación del gas ruso, pese a haberse deducido los gastos de transporte. En efecto, la motivación del Reglamento impugnado debe apreciarse teniendo en cuenta en particular la información que fue comunicada a la demandante y las observaciones que ésta presentó durante el procedimiento administrativo (sentencia del Tribunal de 4 de marzo de 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consejo, T-410/06, Rec. p. II-879, apartado 127).

113. En el caso de autos, en la página 5 del escrito de la Comisión de 12 de diciembre de 2006, remitido a la demandante durante el procedimiento administrativo y comunicado como anexo A12 de la demanda, se habían indicado a la demandante las razones por las que no procedía deducir el derecho del 30 % aplicable a las exportaciones de gas ruso, lo que dispensaba al Consejo de reiterar esas explicaciones en el cuerpo del Reglamento impugnado, para ceñirse a los motivos de hecho y de Derecho que constituían el fundamento de dicho Reglamento.

114. Por lo tanto, la segunda parte del primer motivo carece de fundamento.

Sobre la tercera parte del primer motivo

115. La demandante invoca una infracción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base y un error manifiesto de apreciación por cuanto, en el Reglamento impugnado, el Consejo dedujo de su precio de exportación al primer cliente independiente las comisiones de las empresas filiales que forman parte de la entidad económica única que ella constituye. La demandante critica, a este respecto, el considerando 62 del Reglamento impugnado, por cuanto reprodujo las conclusiones de la Comisión de 28 de septiembre de 2006, esto es, deducir del precio de exportación las comisiones de sus filiales comerciales, Eurochem Moscú y Eurochem Trading GmbH.

116. Según la demandante, los ajustes enumerados en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base no son ni obligatorios ni automáticos y la carga de la prueba recae sobre la parte que solicita el ajuste.

117. Con carácter preliminar, es preciso recordar el contexto fáctico pertinente en el que las Instituciones aplicaron, en el caso de autos, el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, que dispone que la comparación entre el valor normal y el precio de exportación debe hacerse en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios.

118. Para aplicar esta disposición, el Consejo expuso que la demandante y sus empresas de producción no vendían directamente el producto de que se trata a los clientes de los Estados Unidos. Explicó la forma en que se llevaba a cabo la venta en los siguientes términos. Las empresas de producción, filiales de la demandante, celebraban un contrato de agencia con ésta, que en virtud de dicho contrato percibía una comisión sobre las ventas del producto. La demandante, en calidad de comisionista, se encargaba de que sus empresas de producción vendiesen el producto a dos empresas de comercialización, igualmente filiales suyas, una sita en las Islas Vírgenes Británicas, pero cuya actividad había cesado en 2005, y la otra en Suiza. Estas empresas de comercialización vendían el producto al primer cliente independiente aplicando un margen.

119. Aunque la demandante ha indicado que negó tales conclusiones durante el procedimiento administrativo, se pone de manifiesto que es únicamente para alegar que todas sus filiales, incluidas sus empresas de producción y sus dos empresas de comercialización, las poseía, controlaba y gestionaba un mismo accionista, que era la propia demandante. Según ella, Eurochem Moscú y Eurochem Trading desempeñaban funciones idénticas a las de un servicio encargado de las ventas de exportación plenamente integrado.

120. Se desprende de los considerandos 59 a 62 del Reglamento impugnado que el valor normal y el precio de exportación se determinaron en la fase de «distribución».

121. A este respecto, por lo que se refiere al valor normal, el considerando 59 del Reglamento impugnado expone, como se ha indicado anteriormente, que dicho valor se calculó basándose en los costes de fabricación del tipo de producto exportado, previo ajuste teniendo en cuenta el coste del gas mencionado en el considerando 58 del propio Reglamento, así como una cantidad razonable en concepto de costes de venta, generales y administrativos y un margen de beneficio. El considerando 61 del Reglamento impugnado precisa que los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio se determinaron sobre la base de la media ponderada de los gastos de venta, generales y administrativos y del beneficio de tres productores de Canadá y EEUU, y que el importe del beneficio así establecido no superaba el beneficio obtenido por los productores rusos en ventas de productos de la misma categoría general en su mercado nacional.

122. Por lo que respecta al precio de exportación, el considerando 62 del Reglamento impugnado expone que el precio de exportación se estableció sobre la base de los precios de exportación realmente abonados o abonables al primer cliente independiente en EEUU, principal mercado de exportación de la demandante.

123. El artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base prevé la posibilidad de efectuar ajustes.

124. No obstante, según la jurisprudencia, tanto de la letra como del sistema del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base se desprende que únicamente puede efectuarse un ajuste del precio de exportación o del valor normal para tener en cuenta las diferencias relativas a factores que influyan en los precios y, por tanto, en la comparabilidad de éstos (sentencia del Tribunal de 21 de noviembre de 2002, Kundan y Tata/Consejo, T-88/98, Rec. p. II-4897, apartado 94). En otros términos, la razón de ser de un ajuste es restablecer la simetría entre el valor normal y el precio de exportación.

125. A este respecto, ha de recordarse que el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base dispone que se realizará un ajuste en concepto de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión. La segunda frase de di cha disposición precisa que el término «comisiones» también incluye el margen obtenido por un comerciante del producto o del producto similar si sus funciones son similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión.

126. Esta segunda frase del artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base resulta del artículo 1, apartado 5, del Reglamento nº 1972/2002. A tenor del considerando 6 de este último Reglamento, la razón de ser de la introducción de la frase en cuestión consistía en especificar, conforme a la práctica seguida por las instituciones, que tales ajustes también se realizarían si las partes no actuaban sobre la base de una relación obligado principal-agente, sino que obtenían el mismo resultado económico actuando como comprador y vendedor.

127. Por lo tanto, el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base permite efectuar un ajuste no sólo en concepto de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión, sino también en concepto del margen obtenido por comerciantes del producto si ejercen funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión (sentencia del Tribunal de 18 de marzo de 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, T-299/05, Rec. p. II-565, apartado 281).

128. Por lo tanto, procede examinar en el caso de autos los respectivos papeles desempeñados por la demandante, sus empresas de producción y sus empresas comerciales.

129. La demandante no ha negado que se pagasen comisiones en virtud del contrato de agencia relativo a las ventas de exportación. El Consejo ha subrayado que dicho contrato era de todo punto un contrato de agencia, que incluso contemplaba una cláusula compromisoria.

130. La demandante sostiene que las Instituciones no han demostrado la influencia de tales comisiones sobre la comparabilidad entre el precio de exportación y el valor normal.

131. Pues bien, el Consejo indicó que las comisiones pagadas constituían una compensación por tareas realizadas en el marco de funciones que eran similares a las de un agente que trabaje sobre la base de una comisión y que el pago de tales comisiones no constituía una mera redistribución interna de los beneficios sin influencia en la comparabilidad de los precios.

132. No se ha discutido que el producto de que se trata era nuevamente vendido por la empresa de comercialización, que fijaba un precio que incluía un margen, desempeñando así el papel de comerciante. Hay que añadir que la demandante no ha discutido su propio papel ni los respectivos papeles de sus empresas de producción y de comercialización, tal como se han recordado en el apartado 118, salvo para afirmar que ella y sus empresas constituían una entidad económica única.

133. La demandante se remite, además, a un documento informativo de la Comisión que mencionaba que todas las ventas de exportación de la demandante se realizaban directamente por medio de sociedades vinculadas. No obstante, tal mención no es suficiente para rebatir eficazmente las relaciones entre las sociedades en cuestión tal como fueron establecidas por el Consejo.

134. Así pues, no se pone de manifiesto que en el caso de autos se cometiese una infracción del artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base y un error manifiesto de apreciación en la aplicación de dicha disposición.

135. Por lo tanto, la tercera parte del primer motivo carece de fundamento.

136. Resulta de todo lo anterior que el primer motivo debe considerarse infundado y, en consecuencia, debe desestimarse.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 11, apartados 1 y 3, del Reglamento de base

137. Mediante su segundo motivo, la demandante invoca la infracción del artículo 11, apartados 1 y 3, del Reglamento de base.

138. La demandante precisa, en lo que respecta a la infracción del artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, que las Instituciones deberían haber iniciado, tramitado y concluido una reconsideración provisional correlativamente a la reconsideración por expiración de las medidas. Señala que aportó pruebas suficientes al formular su solicitud de reconsideración provisional el 1 de agosto de 2005 y, en cualquier caso, al comunicar a la Comisión datos en sus respuestas de 9 de septiembre y 27 de octubre de 2005 para el cálculo del margen de dumping.

139. La demandante añade, en lo que respecta a la infracción del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de base, que a la luz de esas mismas pruebas, las Instituciones adoptaron indebidamente el Reglamento impugnado, prorrogando los derechos antidumping en su cuantía inicial. Subraya, a este respecto, que los derechos antidumping prorrogados habían sido establecidos en aplicación de métodos destinados a países carentes de economía de mercado y basándose en una industria de la Unión necesariamente más reducida, puesto que la Unión únicamente estaba compuesta entonces por quince Estados miembros.

140. El Consejo solicita que se declare la inadmisibilidad del segundo motivo aduciendo que la principal alegación de la demandante en el marco de dicho motivo es que la Comisión y él se abstuvieron de iniciar oportunamente la reconsideración provisional de las medidas iniciales. Según el Consejo, dicho motivo no va dirigido a fundamentar la pretensión de la demandante de que se anule el Reglamento impugnado.

141. Con carácter subsidiario, el Consejo se ampara en la existencia de un plazo de caducidad. Sostiene que la demandante no puede ya impugnar, en esta fase, la abstención de iniciar la reconsideración provisional o la negativa a hacerlo, que –según él– han pasado a ser definitivas. Se basa en las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833), y de 15 de febrero de 2001, Nachi Europe (C-239/99, Rec. p. I-1197).

142. La demandante se opone a la excepción de inadmisibilidad alegando que su segundo motivo no se refiere únicamente al inicio extemporáneo de una reconsideración provisional, sino también al mantenimiento de las medidas antidumping por el Reglamento impugnado. Indica que la Comisión nunca se negó a iniciar una reconsideración provisional, ya que incluso la inició el 19 de diciembre de 2006, lo que según la demandante demuestra que ella no tenía la posibilidad de interponer un recurso por omisión contra la supuesta abstención de iniciar tal reconsideración ni un recurso de anulación contra la igualmente supuesta negativa a iniciar dicha reconsideración. Añade que los anuncios de la Comisión informando de la apertura de investigaciones no son actos impugnables.

143. En cualquier caso, la demandante señala que, en la fecha de presentación de la demanda, no disponía de la posibilidad de interponer un recurso por omisión, puesto que la Comisión ya había actuado. Tampoco tenía la posibilidad de interponer un recurso de anulación antes de la adopción del Reglamento controvertido.

144. A este respecto, ha de señalarse que mediante su segundo motivo, la demandante no impugna la negativa de la Comisión a efectuar una reconsideración provisional, puesto que dicha reconsideración provisional ya se había iniciado mediante el anuncio publicado el 19 de diciembre de 2006. La demandante dice impugnar más bien el mantenimiento del derecho antidumping, puesto que según ella aportó pruebas suficientes en el marco de su solicitud de reconsideración provisional.

145. Pues bien, como señala acertadamente el Consejo, si la negativa de la Comisión a iniciar una reconsideración provisional o la abstención de hacerlo a su debido tiempo fuese ilegal, ello no significaría que dicha ilegalidad viciase la legalidad del Reglamento impugnado, único acto cuya anulación se solicita en la demanda. El Reglamento impugnado puso fin al procedimiento iniciado a raíz de una solicitud de reconsideración por expiración de las medidas en vigor y no es una respuesta a la solicitud de reconsideración provisional formulada por la demandante, puesto que ésta obtuvo respuesta mediante el Reglamento nº 238/2008.

146. Por lo tanto, el segundo motivo debe declararse inadmisible por cuanto se refiere a las eventuales ilegalidades relativas a la solicitud de reconsideración provisional formulada por la demandante.

147. Interesa señalar, por añadidura, que, aun suponiendo que dicho motivo se basase en la circunstancia de que las Instituciones deberían haber tratado conjuntamente la solicitud de reconsideración prevista en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base y la prevista en el apartado 3 de ese mismo artículo, no se ha indicado por qué esa falta de examen conjunto puede afectar a la legalidad del Reglamento impugnado. La demandante no demuestra, en particular, qué es lo que habría cambiado en cuanto al fondo del litigio si las dos solicitudes se hubiesen tratado conjuntamente.

148. Procede, por lo tanto, declarar la inadmisibilidad del segundo motivo.

149. Se desprende de todo lo anterior que el recurso debe desestimarse en su totalidad.

Costas

150. A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las del Consejo, conforme a lo solicitado por éste.

151. A tenor del artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por lo tanto, la Comisión cargará con sus propias costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.