ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, al haberse negado a calcular, constatar y poner a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios correspondientes a la importación de material militar durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002 y al haberse negado a abonar los intereses de demora devengados por no haber puesto a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas dichos recursos propios.
2)

¿Implica el principio de neutralidad fiscal que, para la aplicación del artículo 135, apartado 1, letra g), de la Directiva del IVA, en el caso de fondos que no sean OICVM (2), no debe apreciarse únicamente si aquellos son equiparables a un OICVM, sino también si, desde el punto de vista del consumidor medio, son equiparables a otros fondos que no son OICVM pero que sí tienen la consideración de fondos comunes de inversión en el Estado miembro?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE (1) del Consejo, en relación con el artículo 3, letra j), de esta, en el contexto del principio de efectividad del Derecho de la Unión y de la finalidad de dicha Directiva y a la luz del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (2) en relación con el artículo 4, apartado 1, de esta, en el sentido de que se opone a la inclusión, en los contratos de crédito al consumo cuyo contenido no haya sido negociado individualmente entre el profesional (prestamista) y el consumidor (prestatario), de cláusulas que prevean la aplicación del tipo de interés no solo al importe del crédito desembolsado al consumidor, sino también a los costes del crédito no correspondientes a intereses (es decir, las comisiones u otros gastos que no forman parte del importe del crédito desembolsado al consumidor, pero que forman parte del importe total que este debe pagar en cumplimiento de su obligación en virtud del contrato de crédito al consumo)?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 17 y 18 de la Directiva 2009/28/CE, (1) y el artículo 30 de la Directiva 2018/2001, (2) en el sentido de que los mecanismos de control mediante balance de masas y los sistemas nacionales o voluntarios que estas disposiciones prevén solo tienen por objeto evaluar y justificar la sostenibilidad de las materias primas y de los biocarburantes, así como de sus mezclas, de manera que su finalidad no consiste en delimitar, en los productos acabados resultantes de cotratamiento, el control y la trazabilidad de la cuota de energía procedente de fuentes renovables contenida en dichos productos y, en consecuencia, en armonizar la toma en consideración de la cuota de energía contenida en dichos productos a los efectos contemplados en el artículo 17, apartado 1, letras a), b) y c), de la Directiva 2009/28/CE y en los artículos 25 y 29, apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c), de la Directiva 2018/2001?
C 432/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) el 11 de julio de 2022 — DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Asunto C-460/22)

(2022/C 432/08)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Demandada: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cuestión prejudicial

¿Debe considerarse que una empresa que presta servicios de comunicaciones electrónicas en el mercado de que se trata, pero que no ha concurrido a un procedimiento de subasta determinado (en lo sucesivo, «procedimiento de subasta») porque no cumplía los requisitos de participación establecidos en el pliego de condiciones que contenía las normas detalladas del procedimiento de subasta (en lo sucesivo, «pliego de condiciones»), razón por la cual la resolución de la autoridad nacional de reglamentación que establece el resultado de la subasta no contiene ninguna disposición relativa a tal empresa, es una empresa afectada por una decisión de la autoridad nacional de reglamentación a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco), (1) y que, por consiguiente, está facultada para ejercer frente a dicha resolución el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]?

(1) DO 2002, L 108, p. 33.
Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de 2022 por the airscreen company GmbH & Co. KG contra el auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 7 de marzo de 2022 en el asunto T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(Asunto C-320/22 P)

(2022/C 424/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente en casación: the airscreen company GmbH & Co. KG (representantes: O. Spieker, D. Mienert y J. Selbmann, Rechtsanwälte)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Moviescreens Rental GmbH

Mediante auto de 28 de septiembre de 2022 el Tribunal de Justicia (Sala de admisión a trámite de recursos de casación) resuelve no admitir a trámite el recurso de casación. La recurrente en casación cargará con sus propias costas.
—

el artículo 267 TFUE, párrafo primero, letras a) y b), y párrafo tercero, en relación con el artículo 127, apartado 1, del Acuerdo sobre la retirada, al no plantear una cuestión acerca de la validez de la Decisión de la Comisión, de 26 de mayo de 2014, mediante la que se instaba a Rumanía a no ejecutar el laudo arbitral («requerimiento de suspensión de 2014») y de la decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2014 por la que se inició el procedimiento de investigación formal acerca de la ejecución por parte de Rumanía del laudo arbitral (2) («decisión de incoación de 2014») y al no haber planteado una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, que no era ni un «acto claro» ni un «acto aclarado», siendo así que se trataba del órgano jurisdiccional de última instancia.
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿significa esto que los conocimientos científicos y técnicos sobre las propiedades de alteración endocrina, como, por ejemplo, aquellos en los que se basan los Reglamentos n.o 283/2013 (2) y n.o 2018/605, (3) no se tienen en cuenta a la hora de examinar la autorización de un producto fitosanitario? ¿Cómo se relaciona lo anterior con el requisito establecido en el artículo 29, apartado 1, letra e), del Reglamento n.o 1107/2009 de que este examen se realiza a la luz de los conocimientos científicos y técnicos existentes?
Recurso de casación interpuesto el 14 de julio de 2022 por OC contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 4 de mayo de 2022 en el asunto T-348/20, OC/Comisión

(Asunto C-479/22 P)

(2022/C 340/32)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: OC (Ι. Ktenidis, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

Anulación de la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 4 de mayo de 2022 en el asunto T-384/20, OC/Comisión Europea (UE:T:2022:273)

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida en su totalidad.

— Resuelva definitivamente el litigio.

— Condene a la Comisión al pago de las costas tanto del procedimiento de casación como del procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca los tres motivos siguientes:

1. Primer motivo, basado en la interpretación errónea del artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 (1) en cuanto respecta, por un lado, al concepto de persona física «identificable» y, por otro lado, al concepto de «probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física», así como en la desnaturalización de los elementos de prueba relativos a la identificación de la recurrente por parte de una determinada persona.

2. Segundo motivo, basado en la interpretación errónea del artículo 9, apartado 1, del Reglamento 883/2013 (2) y del artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 6, apartado 2, del CEDH, en cuanto concierne al alcance de la presunción de inocencia.

3. Tercer motivo, basado en la desnaturalización del elemento de prueba relativo a la vulneración del derecho a una buena administración en el sentido del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(1) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2018, L 295, p. 39).

(2) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1).
2)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en el sentido de que debe entenderse que un producto es «impropio para la alimentación humana» cuando a) quede totalmente excluido y sea imposible usar dicho producto en la industria alimentaria, es decir, cuando no sea posible utilizar o transformar el producto en cuestión en la industria alimentaria y no se pueda fabricar a partir de ese producto un producto que pueda ser consumido por el hombre, o bien b) dicho producto no pueda ser consumido por el hombre en el estado en que se encuentra al ser importado, pero que, a partir de ese producto, tras su uso o su transformación en la industria alimentaria, se pueda fabricar un producto que pueda ser consumido por el hombre?
3)

En caso de que se considere que la Directiva 2006/123 no es«self-executing», ¿es compatible con el principio de seguridad jurídica la simple exclusión o no aplicación de una ley nacional incluso cuando el órgano jurisdiccional nacional no puede realizar una interpretación conforme, o debe o puede, por el contrario, aplicarse la ley nacional en ese caso, sin perjuicio de las sanciones concretas que prevea el ordenamiento [de la Unión Europea] en caso de incumplimiento por el Estado miembro de las obligaciones derivadas de la adhesión al Tratado (artículo 49) o de la falta de transposición de la Directiva (procedimiento de infracción)?
2)

¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993 del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que son compatibles con una interpretación del Derecho nacional por la que, en caso de que no sea posible mantener la validez del contrato tras la supresión de sus cláusulas abusivas, no se exige al profesional, contra el que el consumidor ha presentado una reclamación relativa a la existencia de cláusulas contractuales abusivas, adoptar por iniciativa propia medidas dirigidas a comprobar si el consumidor es consciente de las consecuencias que acarrea la eliminación de las cláusulas abusivas del contrato o de que no sea posible mantener la obligatoriedad del contrato?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Brně (República Checa) el 14 de abril de 2022 — CD/Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

(Asunto C-257/22)

(2022/C 266/17)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Krajský soud v Brně

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CD

Demandadas: Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 4, apartados 2 y 3, y 5 in fine de la Directiva 2008/115/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en relación con los artículos 2, 4 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que, para apreciar si la decisión de retorno, con arreglo al artículo 6 de la de la Directiva 2008/115 no vulnera el principio de no devolución, debe aplicarse el concepto de país de origen seguro, conforme a los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32/UE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, unido a la definición estricta del principio de no devolución, comprendiendo exclusivamente la prohibición de tratos inhumanos y degradantes en el sentido del artículo 4 de la Carta y del artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?

(1) DO 2008, L 348, p. 98.

(2) DO 2013, L 180, p. 60.
C 244/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível da Maia (Portugal) el 15 de marzo de 2022 — WH, NX / TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A.

(Asunto C-202/22)

(2022/C 244/20)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível da Maia

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: WH, NX

Demandada: TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A.

Cuestiones prejudiciales

1) Si, a la luz de los artículos 5, apartado 1, letra c); 6, apartado 1; 7, apartado 1, y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 261/2004, (1) el gran retraso en el transporte al destino final en autobús proporcionado por el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo a los pasajeros que perdieron una conexión aérea debe ser objeto de compensación del mismo modo que los retrasos de los vuelos.

2) Si, a la luz del considerando 14 y del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, la avería de dicho autobús y la necesidad de sustituirlo en el trayecto al destino final constituye una circunstancia extraordinaria que exime al transportista de la obligación de compensar a los pasajeros en caso de gran retraso respecto de la hora de llegada prevista o previsible del autobús al destino final.

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Deben interpretarse los artículos 2, 4, 5, 27 y 29 de la Directiva sobre ciudadanía 2004/38, (1) que desarrollan los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro (en el caso de autos, derivada de los artículos 18 y 22 del Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken —Orden Ministerial de 30 de junio de 2020 por la que se establecen medidas urgentes para limitar la propagación del coronavirus COVID-19—, tras su modificación por, respectivamente, los artículos 3 y 5 de la Orden Ministerial de 10 de julio de 2020) que, mediante una medida de alcance general: — impone a los ciudadanos belgas y a los miembros de sus familias, así como a los ciudadanos de la Unión que residen en territorio belga y a los miembros de sus familias, la prohibición de principio de salir de Bélgica para realizar viajes no esenciales a países de la UE y del espacio Schengen que estén coloreados en rojo según un código de colores elaborado a partir de datos epidemiológicos; — impone a los ciudadanos de la Unión no belgas y a los miembros de sus familias (ya tengan o no un derecho de residencia en el territorio belga) restricciones de entrada (tales como cuarentenas y pruebas) para viajes no esenciales a Bélgica desde países de la UE y del espacio Schengen que están coloreados en rojo según un código de colores elaborado a partir de datos epidemiológicos?
1.

¿Puede existir cualquier otro elemento no relacionado con la conformidad en el sentido del artículo 2, punto 14, de la Directiva 2011/83/UE, (1) o cualquier otro requisito no relacionado con la conformidad en el sentido del artículo 2, punto 12, de la Directiva (UE) 2019/771, (2) si la obligación del garante está vinculada a circunstancias propias del consumidor, en particular, a su actitud subjetiva respecto al objeto de la venta (en el presente caso, la satisfacción con el objeto de la venta dejada a la discreción del consumidor), sin que dichas circunstancias personales estén relacionadas con el estado o las características del objeto de la venta?
2)

¿Es compatible con el principio non bis in idem, establecido en el artículo 50 de la [Carta] y en el artículo 54 del [CAAS], e impide definitivamente que se incoe un nuevo procedimiento penal en un Estado miembro contra la misma persona y por los mismos hechos, la circunstancia de que, aun cuando frente a la resolución del fiscal por la que se ordena el archivo del procedimiento penal (instrucción) en un Estado miembro cabe la posibilidad de reabrir la instrucción hasta el momento en que prescriba la infracción penal, la fiscalía no haya considerado justificado proceder de oficio a tal reapertura?
C 128/9

Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2021 — Comisión / Hungría

(Asunto C-823/21)

(2022/C 128/12)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár y J. Tomkin, agentes)

Demandada: Hungría

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 2013/32, (1) interpretado en relación con el artículo 18 de la Carta, al supeditar, respecto de los nacionales de terceros países que se encuentren en territorio húngaro, incluidas sus fronteras, la posibilidad de acceder al procedimiento de protección internacional y de presentar una solicitud de protección internacional al cumplimiento del requisito de que tramiten un procedimiento previo ante una representación diplomática de Hungría sita en un tercer país.

— Que se condene en costas a Hungría.

Motivos y principales alegaciones

Con arreglo a la regulación del derecho de asilo introducida en Hungría por la Ley LVIII de 2020, adoptada con carácter provisional pero cuya vigencia ha sido prorrogada posteriormente en sucesivas ocasiones, todas aquellas personas, con algunas pocas excepciones, que deseen presentar en ese Estado una solicitud de asilo deben presentar previamente una carta de intenciones en la embajada de Hungría en Belgrado o Kiev, y solo tras una respuesta favorable a esa carta de intenciones y la emisión de una autorización de entrada resulta posible acceder al procedimiento de protección internacional.

La Comisión considera que este nuevo procedimiento de asilo es incompatible con el artículo 6 de la Directiva 2013/32, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, interpretado a la luz del artículo 18 de la Carta.

En efecto, el derecho relativo al «acceso al procedimiento», garantizado por el artículo 6 de la Directiva, implica ante todo la posibilidad de que los nacionales de terceros países que se encuentren en el territorio de un Estado miembro, incluidas sus fronteras, formulen una solicitud de protección internacional.

Sin embargo, de las disposiciones aplicables de la Ley LVIII de 2020 se desprende que, si los nacionales de terceros países que se encuentran en territorio húngaro, incluidas sus fronteras, manifiestan su voluntad de acogerse a la protección internacional, las autoridades húngaras no considerarán esta declaración como la formulación de una solicitud de protección internacional en el sentido de la Directiva 2013/32. La solicitud no será registrada y no se reconocerán al interesado los derechos que corresponden al solicitante. En su lugar, para presentar su solicitud, el interesado debe abandonar el territorio húngaro, regresar a un tercer país y tramitar un procedimiento previo ante la embajada de Hungría en ese país.

(1) Directiva del Parlamento y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
2.

¿Puede interpretarse el concepto de «responsable del tratamiento» definido en el artículo 4, punto 7, del RGPD en el sentido de que también se ha de considerar como tal un poder adjudicador que no haya adquirido el derecho de propiedad del producto informático creado y no haya tomado posesión de él, a pesar de que la versión definitiva de la aplicación creada proporcione enlaces o interfaces a dicho poder adjudicador, y/o la declaración de confidencialidad, que no ha sido aprobada o reconocida oficialmente por el organismo público de que se trate, le declarase expresamente a este como responsable del tratamiento?
2)

Si la intención de uso y el uso real del vehículo son relevantes para responder a la primera cuestión prejudicial, ¿cómo debe demostrarse la intención de uso y el uso no permanentes en cuestión, si el período de uso del vehículo particular en el Estado miembro no puede determinarse de antemano?