Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T‑457/09,

Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband , con domicilio social en Münster (Alemania), representada inicialmente por los Sres. A. Rosenfeld e I. Liebach, y posteriormente por los Sres. Rosenfeld y O. Corzilius, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea , representada inicialmente por los Sres. L. Flynn, K. Gross y B. Martenczuk, y posteriormente por los Sres. Flynn, Martenczuk y T. Maxian Rusche, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2009/971/CE de la Comisión, de 12 de mayo de 2009, relativa a la ayuda estatal C 43/08 (ex N 390/08) que Alemania tiene previsto conceder para la reestructuración de WestLB AG (DO L 345, p. 1),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada),

integrado por el Sr. H. Kanninen (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Pelikánová y los Sres. E. Buttigieg, A.M. Collins y S. Gervasoni, Jueces;

Secretario: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de diciembre de 2013;

dicta la presente

Motivación de la sentencia

Sentencia

Hechos

1. Beneficiario

1. En la época en que ocurrieron los hechos, WestLB AG era un banco comercial, que operaba a escala internacional, establecido en el Estado federado alemán (Land) de Renania del Norte‑Westfalia (en lo sucesivo, «Land de NRW»). Con unos activos brutos de 286 500 millones de euros (situación a 31 de diciembre de 2007), era uno de los principales proveedores de servicios financieros de Alemania. Como banco central de las cajas de ahorro del Land de NRW y del Land de Brandeburgo (Alemania), desempeñaba una función de puente entre estas instituciones bancarias y los mercados financieros mundiales. WestLB ofrecía toda la gama de productos y servicios de un banco universal.

2. Cuando ocurrieron los hechos, los accionistas de WestLB (en lo sucesivo, «accionistas») eran, en primer lugar, la demandante, a saber, Westfälisch‑Lippischer Sparkassen- und Giroverband, en segundo lugar, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, en tercer lugar, el Land de NRW, en cuarto lugar, la Landschaftsverband Westfalen‑Lippe, y, en quinto lugar, la Landschaftsverband Rheinland.

3. La demandante y Rheinischer Sparkassen- und Giroverband son dos agrupaciones de cajas de ahorros de la región de Westfalia‑Lippe (Alemania) y de la región de Renania (Alemania), respectivamente, y, en la época en que ocurrieron los hechos, eran propietarias, cada una de ellas, del 25,03 % del capital de WestLB. En cuanto al Land de NRW, era propietario del 37,4 % de dicho capital. Por último, la Landschaftsverband Westfalen‑Lippe y la Landschaftsverband Rheinland son dos agrupaciones de municipios de la región de Westfalia‑Lippe y de la región de Renania, respectivamente, cada una de ellas propietaria del 6,09 % de dicho capital.

2. Dificultades financieras de WestLB y notificación del banco malo

4. A partir de mediados del año 2007, las inversiones en cartera estructuradas de WestLB, de un valor nominal de 23 000 millones de euros, entre las que había créditos hipotecarios arriesgados (subprimes) (en lo sucesivo, «cartera de 23 000 millones de euros»), se desvalorizaron. Al no poder refinanciar esta cartera en el mercado, WestLB tuvo que consolidarla en su balance, consignando en el mismo importantes pérdidas.

5. El 20 de enero de 2008, durante una reunión de urgencia, los accionistas decidieron, por una parte, inyectar hasta 2 000 millones de euros en WestLB para compensar las pérdidas previstas del año 2007 y las depreciaciones contables temporales y, por otra parte, que WestLB pondría en marcha planes de reestructuración y negociaría una posible fusión con el Landesbank (banco regional) de los Estados federados alemanes (Länder) de Hesse y de Turingia (en lo sucesivo, «Helaba»).

6. El 7 de febrero de 2008, la República Federal de Alemania informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de que, de no adoptarse medidas de apoyo, existía el riesgo de que, a 31 de marzo de 2008, WestLB dejara de cumplir los requisitos mínimos de capital legalmente exigidos.

7. El 8 de febrero de 2008, los accionistas llegaron a un acuerdo denominado «documento sobre cuestiones clave» (Eckpunktepapier). En dicho acuerdo se preveía una medida sustitutoria de las que se contemplaron el 20 de enero de 2008, a saber, la creación de un banco malo (en lo sucesivo, banco malo), dirigida a aislar WestLB de los riesgos derivados de la cartera de 23 000 millones de euros. Ese mismo día, la República Federal de Alemania informó a la Comisión de la existencia del acuerdo, que fue notificado el 27 de marzo de 2008.

8. El 31 de marzo de 2008, los accionistas aprobaron la creación del banco malo, sujeta a la autorización del Parlamento del Land de NRW.

3. Descripción del banco malo

9. La creación del banco malo suponía la venta, con efecto desde el 31 de marzo de 2008, de la cartera de 23 000 millones de euros, por su valor nominal, a una sociedad vehicular establecida en Irlanda, Phoenix Light SF Ltd (en lo sucesivo, «Phoenix Light»). Dicha sociedad se había comprometido a seguir refinanciando dicha cartera.

10. Para pagar el precio de venta, Phoenix Light emitió obligaciones por un valor nominal de 23 000 millones de euros. Las obligaciones se emitieron en dos tramos. El primer tramo estaba formado por obligaciones comunes (en lo sucesivo, «senior notes»), de un valor nominal total de 18 000 millones de euros. El segundo tramo estaba formado por obligaciones subordinadas, que se ven afectadas prioritariamente en caso de impago de los activos transferidos (en lo sucesivo, «junior notes»), de un valor nominal total de 5 000 millones de euros.

11. El Land de NRW avaló la devolución de la totalidad del capital cubierto por las junior notes frente a sus titulares. Según el Eckpunktepapier, podía solicitar de los otros cuatro accionistas una compensación proporcional a su participación en WestLB por cualquier rembolso efectuado en virtud de la garantía de este modo constituida (en lo sucesivo, «garantía controvertida»), con un límite de 2 000 millones de euros. En caso de que se requiriera hacer uso de los 3 000 millones de euros adicionales, el Land de NRW podía solicitar que estos accionistas le transfirieran el número correspondiente de sus acciones de WestLB. Los accionistas podían también convenir una compensación en efectivo.

12. Phoenix Light debía pagar anualmente una comisión de aval por la garantía controvertida. Debía asimismo remunerar a los titulares de las obligaciones. Estos gastos y todos los gastos administrativos del banco malo se cubrieron mediante la remuneración por los títulos transferidos a Phoenix Light.

13. A continuación, WestLB compró las junior notes por dos razones. Por una parte, al estar las obligaciones cubiertas por la garantía del Land de NRW, los auditores de WestLB consideraron que, a diferencia de la cartera de 23 000 millones de euros, su valor no debía corregirse a la baja. Por otra parte, las junior notes podían utilizarse como garantía para conseguir los fondos necesarios para su compra.

14. WestLB también compró las senior notes.

4. Notificación complementaria

15. El 11 de abril de 2008, la República Federal de Alemania remitió a la Comisión una notificación complementaria relativa al banco malo. Señaló que, a raíz de la autorización por el Parlamento del Land de NRW, se había creado tal estructura y, aun reconociendo que su realización implicaba la concesión de una ayuda estatal, solicitó su autorización inmediata como ayuda de salvamento. La República Federal de Alemania se comprometió a presentar a la Comisión, en un plazo de seis meses, que vencía el 8 de agosto de 2008, bien un plan de reestructuración de WestLB, bien la prueba de que la garantía controvertida había cesado completamente. Señaló que, en esta segunda hipótesis, WestLB debería rembolsar los «abonos» que, en su caso, hubiera percibido y que se anularían todos los efectos económicos de la garantía.

5. Autorización de la garantía controvertida por un período de seis meses

16. El 30 de abril de 2008, la Comisión adoptó la Decisión C(2008) 1628 final, relativa al banco malo creado por la República Federal de Alemania en beneficio de WestLB (ayuda NN 25/2008, ex CP 15/08) (en lo sucesivo, «Decisión provisional»).

17. En esta Decisión, la Comisión consideró, en primer lugar, que la garantía controvertida era una ayuda estatal en el sentido del artículo 87 CE (considerandos 28 a 39 de la Decisión provisional).

18. En segundo lugar, la Comisión señaló que la ayuda mencionada en el apartado anterior no estaba destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. En consecuencia, no podía considerarse compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra b). Sin embargo, después de haber examinado la ayuda a la luz de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 2004, C 244, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de salvamento y reestructuración»), la Comisión consideró que podía autorizarla en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra c) (considerandos 41 a 58 de la Decisión provisional).

19. A este respecto, la Comisión señaló, en primer lugar, que WestLB era una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de salvamento y reestructuración. La Comisión señaló que, de no haberse concedido la garantía controvertida, por una parte, WestLB no hubiera podido cumplir los requisitos legales de capitalización y, por otra parte, su calificación crediticia hubiera experimentado una degradación susceptible de dificultar su refinanciación y de provocar pérdidas adicionales, que hubieran podido provocar el cese sus actividades a medio plazo (considerandos 44 y 45 de la Decisión provisional).

20. La Comisión señaló, en segundo lugar, que la garantía controvertida era equivalente a un «préstamo de capital» que permitía al WestLB cumplir con los requisitos legales de capitalización y, por lo tanto, seguir con su actividad. La Comisión observó que esta garantía se ajustaba a las limitaciones establecidas por las Directrices de salvamento y reestructuración, en la medida en que, por una parte, se había establecido por un período de seis meses y era de carácter reversible, y, por otra parte, el elemento de ayuda que suponía era el mínimo necesario para garantizar la continuidad de la actividad (considerandos 47 a 49, 52, 54 y 55 de la Decisión provisional).

21. La Comisión señaló, en tercer lugar, que la ayuda concedida estaba justificada por razones sociales graves, no era susceptible de producir efectos colaterales negativos graves y era la primera ayuda de salvamento o de reestructuración recibida por WestLB en los últimos diez años, como exigían las Directrices de salvamento y reestructuración (considerandos 56 y 57 de la Decisión provisional).

22. En la parte dispositiva de la Decisión provisional, la Comisión llegó a la conclusión de que la garantía controvertida constituía una ayuda estatal, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, ejecutada infringiendo el artículo 88 CE, apartado 3, y que era compatible con el mercado común en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra c). Señaló que, el 8 de agosto de 2008 a más tardar, la República Federal de Alemania debía comunicarle, bien un plan de reestructuración de WestLB, bien la prueba de que la garantía controvertida había cesado completamente. La Comisión señaló que la República Federal de Alemania se había comprometido, en este último supuesto, a que «el acuerdo existente entre el Land de NRW y Phoenix Light», relativo a la garantía controvertida, se diese por terminado. Como consecuencia de ello, WestLB debería rembolsar los abonos recibidos en virtud de dicho acuerdo.

23. Por último, la Comisión autorizó la ayuda de que se trata hasta el 8 de agosto de 2008 y señaló que, en el supuesto de que la República Federal de Alemania le comunicara un plan de reestructuración creíble, la autorización se prorrogaría, en principio, hasta la adopción de una Decisión definitiva sobre ese plan.

6. Notificación y examen de la prórroga del banco malo

24. La Comisión, la República Federal de Alemania, WestLB y los accionistas se comunicaron regularmente con vistas a la adopción de un plan de reestructuración. La demandante alega que, el 15 de julio de 2008, en el marco de una reunión con WestLB y los accionistas, la Comisión señaló los criterios a los que, a su entender, debería supeditarse su autorización, a saber, que dicho plan permitiera alcanzar, dentro de ciertos plazos vinculantes, una reducción del 50 % de los activos brutos totales de WestLB y una modificación en la estructura de su accionariado.

25. Mediante escrito de 8 de agosto de 2008, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión su intención de transformar el banco malo en una estructura permanente. La notificación iba acompañada de un plan de reestructuración para WestLB (en lo sucesivo, «plan de reestructuración inicial») y de un acuerdo adoptado por los accionistas, llamado «acuerdo sobre cuestiones clave» (Eckpunktevereinbarung).

26. El plan de reestructuración inicial preveía, en particular, importantes medidas de reducción de los activos brutos y de las actividades de WestLB, y un cambio de su accionariado que garantizaría que los accionistas dejaran de tener la mayoría de control el 30 de septiembre de 2009 (los accionistas y la República Federal de Alemania se comprometieron a informar a la Comisión con mayor precisión sobre este particular antes del 31 de diciembre de 2008).

27. En el acuerdo sobre cuestiones clave, los accionistas se comprometieron a encontrar soluciones a las dificultades de WestLB compatibles con una reforma duradera del sector de los bancos regionales alemanes. Manifestaron que pretendían someter a la Comisión, antes del 31 de diciembre de 2008, un plan de reestructuración retocado que incluiría medidas de reducción que fueran más allá del plan de reestructuración inicial, y que tuviera en cuenta la modificación del accionariado.

28. Por carta de 1 de octubre de 2008, que incluía una invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88 CE, apartado 2 [Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal C 43/08 (ex N 390/08) — WestLB — Alemania] (DO C 322, p. 16; en lo sucesivo, «Decisión de incoación»), la Comisión notificó a la República Federal de Alemania su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal a que se refiere el artículo 88 CE, apartado 2 (en lo sucesivo, «procedimiento de investigación formal») en relación con la «cobertura de riesgos creada para WestLB por sus accionistas públicos».

29. En primer lugar, la Comisión confirmó las apreciaciones que había expresado en la Decisión provisional sobre la existencia de una ayuda estatal (considerandos 34 y 35 de la Decisión de incoación) y sobre la posibilidad de examinar su compatibilidad con el mercado común únicamente con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c). Consideró que la crisis en el «mercado de las subprimes» todavía no había llevado a una grave perturbación en la economía en el sentido del artículo 87 CE, apartado 3, letra b) (considerandos 43 y 45 de la Decisión de incoación). La Comisión señaló que, dado que la República Federal de Alemania tenía la intención de transformar el banco malo en una estructura permanente, la ayuda de que se trataba debía analizarse en adelante como una ayuda de reestructuración (considerando 33 de la Decisión de incoación).

30. A continuación, la Comisión expresó sus dudas en cuanto a la conformidad del plan de reestructuración inicial con las Directrices de salvamento y reestructuración y señaló que precisaba de información adicional (considerando 47 de la Decisión de incoación).

31. A este respecto, observó que WestLB no se proponía apartarse de su modelo comercial, que había resultado insuficiente a largo plazo. Por lo tanto, para garantizar su viabilidad, podrían ser necesarias modificaciones más drásticas. La Comisión señaló que las dificultades de WestLB se debían aparentemente a la composición de su accionariado y a los intereses divergentes de los accionistas, y expresó sus dudas sobre la posibilidad de una reorientación estratégica útil si no se daba una solución a esos problemas estructurales. La Comisión valoró positivamente el hecho de que el plan de reestructuración inicial previera una modificación del accionariado, porque ello podría suponer un cambio en el modelo comercial de WestLB. Sin embargo, dado que el plan no contenía medidas concretas en este aspecto, no era posible determinar en qué medida contribuiría a reestablecer la viabilidad de dicho banco (considerandos 48 a 50 de la Decisión de incoación).

32. Por último, la Comisión instó a las partes interesadas a presentar sus observaciones, haciéndolo únicamente la República Federal de Alemania, el 24 de noviembre de 2008.

33. El 16 de diciembre de 2008, la República Federal de Alemania solicitó una prórroga del plazo previsto para comunicar medidas concretas relativas a la modificación del accionariado de WestLB. La Comisión prorrogó dicho plazo hasta el 31 de marzo de 2009.

34. Según la demandante, el 31 de marzo de 2009, durante una reunión con la República Federal de Alemania, la Comisión presentó una «hoja de ruta» en la que se consignaban las condiciones que habrían de cumplirse, con arreglo a un calendario predeterminado, para autorizar el banco malo como estructura permanente y señaló que podría adoptar una decisión negativa el 13 de mayo de 2009.

35. Del 6 al 8 de abril de 2009 se celebraron conversaciones entre la Comisión, la República Federal de Alemania, WestLB y los accionistas sobre la reestructuración del banco y los requisitos necesarios para evitar una decisión negativa.

36. El 30 de abril de 2009, la República Federal de Alemania presentó un plan de reestructuración que incorporaba algunas modificaciones tratadas con la Comisión en relación con el plan de reestructuración inicial (en lo sucesivo, «plan de reestructuración definitivo»).

37. Este plan preveía, en primer lugar, un cambio del accionariado de WestLB que debía concretarse antes del 31 de diciembre de 2008 (por ejemplo, a través de una carta de intenciones). WestLB se ofrecería a la venta —en su totalidad o en forma de unidades comerciales independientes— mediante un procedimiento de licitación que se iniciaría antes del 31 de agosto de 2010, de forma que la venta sería efectiva a más tardar el 1 de enero de 2012, cumpliéndose determinadas condiciones.

38. A continuación, para facilitar la venta de WestLB, se preveían medidas de racionalización dirigidas a reducir costes y riesgos, y a dar una nueva orientación comercial, concretamente, el cierre de varios centros y la reducción de los activos brutos y de los activos ponderados en función del riesgo en un 25 % a 31 de marzo de 2010 y en un 50 % al final de marzo de 2011 en relación con los de 2007.

39. Por último, el plan en cuestión contemplaba, o bien la liquidación, o bien la reducción de varios ámbitos de actividad de WestLB.

7. Decisión impugnada

40. El 12 de mayo de 2009, la Comisión adoptó la Decisión 2009/971/CE, relativa a la ayuda estatal C 43/08 (ex N 390/08) que Alemania tiene previsto conceder para la reestructuración de WestLB.

41. Mediante escrito de 29 de mayo de 2009, la República Federal de Alemania informó a la Comisión de que, a su entender, dicha Decisión contenía errores e inexactitudes, en particular, su considerando 42, redactado en los siguientes términos:

«[…] Todas las modificaciones al plan de reestructuración [inicial] se trataron con la Comisión, [la República Federal de Alemania] las aceptó y finalmente se presentaron a la Comisión el 30 de abril de 2009 como modificación del plan de reestructuración. No obstante, tres de los cinco accionistas todavía no habían confirmado oficialmente el plan [de reestructuración definitivo]. Por ello, el plan de reestructuración [definitivo], aún aceptado por [la República Federal de Alemania] y [por los accionistas], no puede considerarse vinculante. Durante el procedimiento, la Comisión constató que los [accionistas] no cumplían los plazos y retrasaban el procedimiento. Por esta razón, la Comisión considera necesario supeditar su Decisión a determinadas condiciones.»

42. La República Federal de Alemania alegó que la penúltima frase de dicho considerando no era exacta, en la medida en que «la prórroga del plazo había sido motivada y fue aprobada por la Comisión».

43. El 10 de junio de 2009, la Comisión propuso a la República Federal de Alemania modificar la redacción de la penúltima frase de dicho considerando, señalando que se trataba de una simple precisión, en los siguientes términos:

«Durante el procedimiento, la Comisión constató que los [accionistas] no podían cumplir la agenda original del plan de reestructuración autorizado y que el calendario de la toma de decisiones retrasaba el procedimiento.»

44. Al haber manifestado la República Federal de Alemania su conformidad con la nueva redacción mediante un correo electrónico de 22 de junio de 2009, el 28 de julio de 2009, la Comisión adoptó un corrigendum de la Decisión 2009/971 . La Comisión remitió dicho corrigendum a la República Federal de Alemania y, al mismo tiempo, la versión corregida de dicha Decisión (DO L 345, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

45. En la Decisión impugnada, la Comisión hizo constar, en primer lugar, que, en la Decisión provisional, ya había considerado que la creación del banco malo suponía la concesión de una ayuda estatal a WestLB, y señaló que el importe de dicha ayuda, una vez el banco malo se transformara en una estructura permanente, correspondía con toda probabilidad al valor nominal (5 000 millones de euros) de la garantía controvertida (considerandos 52, 54 a 58 y 60 de la Decisión impugnada).

46. En segundo lugar, la Comisión consideró, contrariamente a lo que hizo en la Decisión provisional y en la Decisión de incoación, que sí era posible examinar la compatibilidad de la ayuda de que se trata con el mercado común con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra b).

47. La Comisión señaló que este cambio de criterio se debía a que, tras la adopción de la Decisión de incoación, había comprobado, en la Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial (DO 2008, C 270, p. 8; en lo sucesivo, «Comunicación sobre las medidas adoptadas en razón de la crisis financiera»), en la Comunicación titulada «La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia» (DO 2009, C 10, p. 2) y en la Comunicación sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro, que las medidas de apoyo a la banca podían, por su naturaleza, poner remedio a la amenaza de una perturbación considerable de la economía alemana (considerandos 61 y 62 de la Decisión impugnada).

48. Sin embargo, la Comisión señaló que, como había explicado en las tres Comunicaciones citadas en el apartado anterior, la compatibilidad con el mercado común de las ayudas concedidas en el contexto de la crisis financiera debía evaluarse con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las particularidades de una crisis sistémica de los mercados financieros (considerando 63 Decisión impugnada).

49. En tercer lugar, la Comisión analizó la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. La Comisión señaló que lo primero que debía verificar, con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración, era si existía un plan de reestructuración con el que la WestLB pudiera reestablecer su viabilidad a largo plazo, luego, si la ayuda se limitaba temporal y financieramente al mínimo necesario y si WestLB hacía una aportación importante a los costes de reestructuración y, por último, si la ayuda distorsionaba la competencia de forma contraria al interés común. Por otra parte, la Comisión recordó que podía imponer condiciones al beneficiario (considerando 65 de la Decisión impugnada).

50. A este respecto, la Comisión examinó, en primer lugar, las medidas previstas por el plan de reestructuración definitivo y llegó a la conclusión de que aquéllas permitirían restablecer la viabilidad de WestLB a largo plazo (considerandos 66 a 75 de la Decisión impugnada).

51. A continuación, la Comisión estimó, por una parte, que WestLB estaba haciendo una aportación propia sustantiva y lo más elevada posible a la reestructuración y, por otra parte, que el importe de la ayuda se limitaba al mínimo necesario (considerandos 76 y 79 de la Decisión impugnada).

52. Por último, en los considerandos 80 a 87 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si el plan de reestructuración definitivo contemplaba medidas susceptibles de mitigar en lo posible los efectos adversos de la ayuda en los competidores, llegando a la conclusión, en el considerando 88 de dicha Decisión, de que, en su conjunto, las «medidas compensatorias» eran proporcionadas a los efectos de falseamiento de la competencia y, dentro de lo posible, minimizaban estos efectos.

53. En consideración a lo anterior, la Comisión consideró la ayuda compatible con el mercado común, siempre y cuando se cumplieran determinados requisitos (considerando 89 de la Decisión impugnada).

54. La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene el siguiente tenor:

« Artículo 1

La ayuda en forma de garantía por un importe de 5 000 millones EUR que [la República Federal de Alemania] tiene previsto conceder al [WestLB], es compatible con el mercado común, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 2 [y en el anexo].

Artículo 2

1. El [plan de reestructuración definitivo] deberá aplicarse en su integridad cumpliendo todas las condiciones que figuran en el anexo y de acuerdo con el calendario anunciado.

2. Si procede […], la Comisión podrá, en respuesta a una solicitud suficientemente fundada por parte de [la República Federal de Alemania]:

a) autorizar una prórroga de los plazos […], o

b) en circunstancias extraordinarias modificar, sustituir o renunciar a una o a varias de las condiciones […].

[…]»

55. El anexo de la Decisión impugnada está redactado en los siguientes términos:

«Relativo al artículo 2, apartado 1

[…]

2.1. Los [accionistas] […] venderán el WestLB en su totalidad o en partes separadas […] antes del 31 de diciembre de 2011.

2.2. Los [accionistas] […] deberán iniciar un procedimiento de licitación […] a más tardar el 31 de agosto de 2010 y concluirán un contrato de compraventa con el comprador antes del 31 de agosto de 2011, de forma que la venta tenga efecto a más tardar el 31 de diciembre de 2011. En casos debidamente justificados la Comisión podrá autorizar una venta directa o una consolidación de Landesbank […]

3.1. Sobre la base de los activos brutos del WestLB auditados a 31 de diciembre de 2007 […] los activos brutos totales deberán reducirse en un 25 % a 31 de marzo de 2010 y en un 50 % a 31 de marzo de 2011 […]

[…]

4.1. Las actividades comerciales esenciales del WestLB deberán separarse y, a más tardar el 30 de octubre de 2009, agruparse en los siguientes ámbitos segmentados […]:

a) banca de transacciones;

b) integración/medianas empresas ( Verbund/Mittelstand );

c) clientes empresariales/mercado de capitales/financiaciones estructuradas.

4.2. [Estos ámbitos] deberán venderse conjuntamente o por separado a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

4.3. Hasta la venta, ninguno de [estos ámbitos] podrá expandir sus actividades comerciales mediante adquisiciones o concentraciones con otras empresas […]

[…]

4.5. Por lo que respecta a las actividades de mercado de capitales […], hasta su venta se deberán aplicar las siguientes limitaciones:

[…]

4.6. Por lo que respecta a las actividades en el sector de clientes empresariales/financiaciones estructuradas […], hasta su venta se deberán aplicar las siguientes limitaciones:

[…]

5.1. Las participaciones […] que se citan a continuación se venderán en su totalidad lo antes posible, a más tardar antes de […] 2010: [se enumeran dieciséis participaciones]

[…]

5.8. Hasta su venta, el WestLB suspenderá en caso de pérdidas todos los pagos en instrumentos de capital híbrido. Estos instrumentos participarán también en las pérdidas si el balance del WestLB sufriera pérdidas sin movilización de las reservas de capital.

6.1. El WestLB se venderá en su totalidad [o] por partes en un procedimiento de licitación abierto, no discriminatorio y transparente manteniendo los plazos establecidos en los puntos 2.1 y 2.2. [del anexo a la Decisión impugnada].

6.2. El procedimiento de licitación estará abierto a todos los posibles compradores nacionales y extranjeros […].

[…]

6.4. El comprador

a) será una tercera parte independiente de los [accionistas] […];

b) deberá estar razonablemente en situación de obtener todas las autorizaciones necesarias de las autoridades […] pertinentes […];

c) sobre la base de sus recursos financieros, y en particular su calificación, debe poder garantizar la solvencia del [WestLB] [a largo plazo].

6.5. La venta completa de áreas comerciales segmentadas se [prefiere] a la simple transferencia de la mayoría de derechos de voto […] [Esta simple transferencia] solo será admisible si no aparecen ofertas en el procedimiento de licitación para la adquisición completa de una o varias de las áreas comerciales segmentadas. Se informará a la [Comisión] antes de la adjudicación y tendrá derecho a plantear objeciones.

6.6. La posibilidad de una venta directa […] o una consolidación de Landesbank con aprobación de la Comisión sigue siendo válida. En este caso los anteriores [accionistas] pueden convertirse en accionistas minoritarios si pierden la mayoría de control [de WestLB].

6.7. Las áreas comerciales y las actividades que no se hayan vendido […] deberán concluir definitivamente a 31 de diciembre de 2011 o se dejarán expirar una vez alcanzado el vencimiento correspondiente del negocio subyacente.

[…]

Relativo al artículo 2, apartado 2 [de la Decisión impugnada]

Al aplicar la cláusula de revisión con arreglo al artículo 2, apartado 2 [de la Decisión impugnada], la Comisión tendrá debidamente en cuenta las condiciones de la oferta y la situación de los mercados de capitales.»

8. Evolución de la situación de WestLB tras la adopción de la Decisión impugnada

56. Tras la adopción de la Decisión impugnada, el valor de la cartera de 23 000 millones de euros se degradó hasta el punto de que la existencia de la garantía controvertida no era suficiente para que WestLB pudiera cumplir los requisitos legales de capital. Mediante Decisión de 7 de octubre de 2009, la Comisión autorizó de forma provisional la concesión de una nueva garantía a favor de WestLB, de un importe de 6 400 millones de euros, en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra b) (Ayuda de Estado N 531/2009), (DO C 305, p. 4). La República Federal de Alemania se comprometió a presentar nuevas medidas de reestructuración antes del 30 de noviembre de 2009.

57. El 10 de diciembre de 2009, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión una aportación de capital de 3 000 millones de euros a WestLB y una garantía suplementaria de 1 000 millones de euros cuya finalidad era transferir a un nuevo banco malo activos por un valor nominal de 85 100 millones de euros. Mediante Decisión de 22 de diciembre de 2009, la Comisión autorizó estas nuevas medidas con carácter provisional.

58. El 15 de diciembre de 2009, la República Federal de Alemania comunicó a la Comisión un plan de reestructuración modificado (en lo sucesivo, «plan de liquidación»).

59. El 20 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó una nueva Decisión en relación con las medidas de ayuda implantadas en beneficio de WestLB entre 2007 y el final de 2011 (ayudas C 40/2009 y C 43/2008) (en lo sucesivo, «Decisión final de 2011»). En dicha Decisión, la Comisión derogó la Decisión impugnada (artículo 3 de la Decisión final de 2011). Examinó conjuntamente, desde la perspectiva del Derecho sobre ayudas estatales, las diferentes aportaciones de capital y garantías concedidas a WestLB entre 2007 y diciembre de 2011, incluida la garantía controvertida. La Comisión consideró que se trataba de ayudas a la reestructuración compatibles con el mercado común en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), siempre que cumplieran las medidas establecidas en el plan de liquidación.

Procedimiento

60. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 13 de noviembre de 2009, la demandante interpuso un recurso que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada.

61. Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el mismo día, la demandante formuló una demanda de medidas provisionales destinada a obtener la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada. Mediante auto de 18 de marzo de 2011, Westfälisch‑Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Comisión (T‑457/09 R, no publicado en la Recopilación), el juez de medidas provisionales desestimó esta demanda, reservando la decisión sobre las costas.

62. Mediante escrito de 26 de abril de 2012, la Comisión comunicó al Tribunal que había adoptado la Decisión final de 2011, afirmando que, tras la adopción de dicha Decisión, «la demandante [había dejado de tener] interés en ejercitar la acción, suponiendo que alguna vez [hubiese] existido tal interés». Sin embargo, no explicó la razón de tal afirmación.

63. El Tribunal, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento (en lo sucesivo, «diligencias de ordenación del procedimiento»), instó a la demandante a que se pronunciara sobre las consecuencias que la adopción de la Decisión final de 2011 implicaba a los efectos del presente recurso.

64. La demandante cumplimentó dicho requerimiento mediante escrito de 11 de junio de 2012.

65. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal requirió a la Comisión, mediante escrito de 28 de noviembre de 2012, para que presentara sus observaciones en relación con el escrito de la demandante de 11 de junio de 2012.

66. Mediante escrito de 11 de enero de 2013, la Comisión dio cumplimiento a lo requerido. En dicho escrito, la Comisión solicitó motivadamente al Tribunal el sobreseimiento del asunto.

67. Mediante escrito de 4 de abril de 2013, la demandante presentó sus observaciones en relación con la petición de sobreseimiento formulada por la Comisión.

68. Mediante resolución de 16 de octubre de 2013, el Tribunal, a propuesta de la Sala Primera, atribuyó el asunto a la Sala Primera ampliada, con arreglo al artículo 14, apartado 1, y al artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.

69. Mediante auto de 24 de octubre de 2013, el Tribunal (Sala Primera ampliada) unió la petición de sobreseimiento formulada por la Comisión al examen del fondo del asunto.

70. El 31 de octubre de 2013, el Tribunal, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, formuló por escrito a las partes algunas preguntas, a las que aquéllas dieron respuesta dentro del plazo señalado al efecto.

71. Previo informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera ampliada) decidió iniciar la fase oral.

72. En la vista de 6 de diciembre de 2013 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.

Pretensiones de las partes

73. En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la Decisión impugnada.

— Condene en costas a la Comisión.

74. En su escrito de contestación, la Comisión solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso por ser en parte inadmisible y en parte infundado.

— Condene en costas a la demandante.

75. En su escrito de 26 de abril de 2012, la Comisión solicita al Tribunal que:

— Ofrezca a la demandante la posibilidad de manifestar si está dispuesta a desistir de su recurso.

— Si la demandante no desistiera de su recurso, declare que éste ha quedado sin objeto.

76. En el escrito de 11 de junio de 2012, la demandante solicita al Tribunal que:

— Desestime la solicitud de la Comisión de que el Tribunal declare que el litigio ha quedado sin objeto.

— Con carácter subsidiario, en el supuesto de que considere que el recurso contra la Decisión impugnada ha quedado sin objeto, autorice la adaptación de los motivos de dicho recurso y de las pretensiones deducidas en el mismo y considere que, en adelante, van dirigidos a la anulación parcial de la Decisión final de 2011, en la medida en que ésta sustituye a la Decisión impugnada.

77. En su escrito de 11 de enero de 2013, la Comisión solicita al Tribunal que:

— Declare que procede el sobreseimiento del recurso.

— Desestime la solicitud de adaptación de los motivos y de las pretensiones de la demandante.

— Condene en costas a la demandante.

78. En su escrito de 4 de abril de 2013, la demandante solicita al Tribunal que:

— Desestime la petición de sobreseimiento formulada por la Comisión.

— En el supuesto de que el Tribunal pronuncie el sobreseimiento, condene en costas a la Comisión.

— Ordene la celebración de una vista.

Fundamentos de Derecho

1. Sobre la admisibilidad del recurso de anulación

Sobre la legitimación activa de la demandante

79. Con carácter preliminar, procede señalar que, al gozar de personalidad jurídica, la demandante, persona jurídica de Derecho público, puede interponer un recurso de anulación en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, como alega acertadamente. Sin embargo, dado que la Decisión impugnada está únicamente dirigida a la República Federal de Alemania, procede comprobar si, con arreglo a dicha disposición, dicha Decisión afecta individualmente a la demandante, debiendo aclararse que no existe duda en cuanto a que le afecta directamente, extremo, por lo demás, no discutido por las partes.

80. Según reiterada jurisprudencia, los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, los individualiza de manera análoga a la del destinatario de una decisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. p. 197, y de 13 de diciembre de 2005, Comisión/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, Rec. p. I‑10737, apartado 33).

81. La demandante alega que la Decisión impugnada le afecta individualmente en su totalidad en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior. Formula, a este respecto, varias observaciones, que pueden agruparse en dos alegaciones principales, basadas, la primera, en el hecho de que participó en la adopción de la medida calificada por la Comisión de ayuda estatal en la Decisión impugnada y, la segunda, en su especial afectación en su condición de accionista.

82. La Comisión señala que la Decisión impugnada sólo afecta a la demandante de manera parcial. A este respecto, señala, por una parte, que la demandante no puede basar su legitimación activa en su condición de organismo que ha adoptado la medida calificada de ayuda estatal en dicha Decisión. Por otra parte, la Comisión señala que la demandante sólo está afectada individualmente como accionista por las condiciones que constan en el anexo de la Decisión impugnada relativas a la obligación de los accionistas de vender WestLB a un tercero independiente (en lo sucesivo, «obligación de venta»).

Sobre la primera alegación, basada en que la demandante participó en la adopción de la medida calificada de ayuda estatal en la Decisión impugnada

83. Según la jurisprudencia, la posición jurídica de un organismo distinto de un Estado miembro, que tenga personalidad jurídica y haya tomado una medida calificada de ayuda estatal en una Decisión final de la Comisión (en lo sucesivo, «dispensador de la ayuda»), puede verse afectada individualmente por dicha Decisión si ésta le impide ejercer como considere oportuno sus competencias propias, que consisten, en particular, en la concesión de la ayuda controvertida de que se trata (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, T‑214/95, Rec. p. II‑717, apartado 29, y de 6 de marzo de 2002, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, T‑127/99, T‑129/99 y T‑148/99, Rec. p. II‑1275, apartados 50 y 51).

84. La demandante alega, por una parte, que es coautora de la medida calificada de ayuda estatal en la Decisión impugnada y, por otra parte, que adoptó dicha medida en el ejercicio de sus competencias propias. Según la demandante, la Decisión impugnada le impide ejercer como considere oportuno dichas competencias, que, en el caso de autos, consisten en la concesión de la garantía controvertida. En consecuencia, su recurso sería admisible de acuerdo con la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior.

85. En sus escritos, la Comisión no pone en tela de juicio que la demandante pueda ser considerada como la dispensadora de la ayuda examinada en la Decisión impugnada. Señala que la demandante no representaba un interés propio, lo cual le impide, según la jurisprudencia, interponer válidamente un recurso en su condición de dispensadora de la ayuda. Sin embargo, en su respuesta a las preguntas del Tribunal de 31 de octubre de 2013, y también durante la vista, la Comisión alegó que no podía considerarse que la demandante fuera la dispensadora de la ayuda. Según la Comisión, la ayuda examinada en la Decisión impugnada fue concedida a WestLB sólo por el Land de NRW.

86. De la parte dispositiva de la Decisión impugnada, que sólo se refiere a una «garantía por un importe de 5 000 millones EUR» (véase el apartado 54 supra ), se desprende que la garantía controvertida es la única medida formalmente calificada de ayuda estatal en dicha Decisión.

87. Por lo tanto, procede analizar si puede considerarse que la demandante concedió una parte de dicha ayuda.

88. A este respecto, procede señalar en primer lugar que, desde el punto de vista formal, la garantía controvertida se concedió por el Land de NRW, y no por los accionistas distintos de éste (en lo sucesivo, «otros accionistas»), frente a eventuales compradores de las junior notes, siendo la participación de estos últimos, incluida la demandante, en el supuesto de que se requiriera hacer uso de esta garantía, un cuestión de carácter puramente interno de los accionistas.

89. De este modo, por una parte, mientras que del considerando 24 de la Decisión impugnada se desprende que los compradores de las junior notes podrían solicitar al Land de NRW una compensación económica si tuvieran que soportar pérdidas derivadas de la degradación del valor de dichos títulos, nada hay en la misma ni en los autos que permita considerar que podrían asimismo solicitar una compensación del tipo que fuera a los demás accionistas. La actuación de éstos, caso de ejecutarse la garantía controvertida, se limita, en virtud de los acuerdos alcanzados por los accionistas, a ofrecer al Land de NRW una compensación proporcional a su participación en el capital por los dos primeros miles de millones de euros gastados y, por cualquier importe adicional, o bien a transferirle acciones de WestLB, o bien a convenir una compensación en efectivo (véase el apartado 11 supra y el considerando 24 de la Decisión impugnada).

90. A este respecto, procede añadir que la propia demandante confirmó, en su respuesta a las preguntas del Tribunal de 31 de octubre de 2013, y también durante la vista, que sólo el Land de NRW se ofreció como garante del valor nominal de las junior notes frente a los propietarios de dichos títulos y que estos propietarios no podrían solicitar compensación alguna a los demás accionistas.

91. Por otra parte, de los considerandos 24 y 26 de la Decisión impugnada y del considerando 20, tercer párrafo, de la Decisión provisional se desprende que la intervención de los demás accionistas en favor del Land de NRW, en caso de hacerse uso de la garantía controvertida, no es automática, sino que exige que la solicitud de compensación se formule previamente por dicho Land. Por lo tanto, el Land de NRW no sólo sigue siendo el único avalista del valor nominal de las junior notes frente a los propietarios de dichos títulos, sino también el que decide acerca del reparto de las cargas asociadas a la eventual ejecución de la garantía controvertida entre los accionistas, sin perjuicio de que se cumplan los límites máximos convenidos por aquéllos.

92. A continuación, en el aspecto sustantivo, procede señalar que, como alegaron las partes durante la vista, WestLB es el beneficiario de la garantía controvertida por cuanto, con arreglo a la misma, las operaciones descritas en los apartados 9 a 14 supra , para las que se creó el banco malo, le han permitido, en la práctica, eliminar de su balance activos cuyo valor estaba seriamente degradado e incluir en el mismo nuevos activos, concretamente, las junior notes, cuyo valor nominal, equivalente al de los activos eliminados, estaba garantizado. Pues bien, mientras que la participación del Land de NRW en la garantía controvertida pudo suponer una ventaja para WestLB en tal contexto, no puede considerarse que la de los demás accionistas haya originado su creación.

93. Así, en primer lugar, contrariamente a lo alegado por la demandante durante la vista, el compromiso de los demás accionistas frente al Land de NRW, consistente en una obligación de devolución parcial a dicho Land de los gastos en que se incurriera en caso de ejecución de la garantía controvertida (en lo sucesivo, «compromiso de los demás accionistas»), no puede considerarse como una «contragarantía» en beneficio de los titulares de las junior notes, en la medida en que dicho compromiso no incluye la obligación de abonar un porcentaje del valor nominal de las junior notes a dichos titulares en la doble hipótesis de que, por una parte, se hiciera uso de la garantía y, por otra parte, el Land de NRW no hiciera frente a la misma.

94. En segundo lugar, en cuanto a la cuestión de si, como alegó la demandante durante la vista, el compromiso de los demás accionistas refuerza la solvencia del Land de NRW frente a los titulares de las junior notes, debe señalarse que, incluso suponiendo que se demuestre el riesgo de insolvencia del Land de NRW, entidad territorial cuya autonomía y prerrogativas como poder público se derivan de la Constitución alemana, y que, en caso de quiebra, la República Federal de Alemania no esté obligada, en virtud de su Derecho interno, a prestarle asistencia financiera para cubrir sus deudas, no hay nada en los autos que permita considerar que la existencia del compromiso de los demás accionistas pueda favorecer el derecho de los titulares de las junior notes a que se ejecute la garantía controvertida o a que se les confiera una prioridad en relación con los demás acreedores de dicho Land.

95. De lo que antecede se deprende que, como alega la Comisión, la ayuda autorizada en la Decisión impugnada sólo fue concedida por el Land de NRW, y que los demás accionistas no pueden considerarse dispensadores de una parte de esa ayuda.

96. No invalida esta conclusión ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante durante la vista.

97. Así, la demandante alegó, en primer lugar, que, en la Decisión impugnada, la propia Comisión había calificado a los demás accionistas de dispensadores de la ayuda.

98. A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que la cuestión de si la demandante es el dispensador de la ayuda es una cues tión objetiva, que depende de los datos fácticos expuestos en la Decisión impugnada, no rebatidos por la demandante, y no de la apreciación que de estos datos pueda efectuar la Comisión.

99. En segundo lugar, procede señalar que, en el marco de la Decisión impugnada, la Comisión no estaba obligada a identificar con precisión al dispensador de la ayuda. Como con razón indicó durante la vista, la Comisión podía limitarse a exponer las razones por las cuales había considerado que la garantía controvertida fue concedida por el Estado con recursos públicos. Dado que, en ninguna de las fases del procedimiento administrativo, se cuestionó por parte de la República Federal de Alemania la atribución al Estado de la garantía controvertida y la existencia de una transferencia de fondos públicos, la cuestión de si los demás accionistas podían considerarse dispensadores de la ayuda no era pertinente en el contexto de dicha Decisión.

100. En tercer lugar, en cuanto a dicha apreciación, es verdad que en el considerando 22, primer guion, de la Decisión impugnada, la Comisión indica que la garantía controvertida consiste, en parte, en una «declaración de garantía [de los accionistas] […] a prorrata de su correspondiente participación para cubrir las obligaciones del WestLB hasta un importe de 2 000 millones [de euros] frente a Phoenix Light». Del mismo modo, en el considerando 23, cuarto guion, de la Decisión impugnada, la Comisión indica que Phoenix Light paga «al garante» una comisión del aval anual por la garantía controvertida. Sin embargo, la Comisión constata al mismo tiempo, en el considerando 23, tercer guion, de dicha Decisión, que fue el Land de NRW quien concedió una garantía para las junior notes , gracias a la cual estos títulos son más seguros. Por último, procede recordar que la Comisión indicó en el dispositivo de la Decisión provisional que la República Federal de Alemania se había comprometido a que si no presentaba a la Comisión un plan de reestructuración a más tardar el 8 de agosto de 2008, «el acuerdo entre el Land de NRW y Phoenix Light» relativo a la garantía controvertida se rescindiría (véanse los apartados 15 y 22 supra ).

101. En segundo lugar, la demandante alegó durante la vista que el Land de NRW jamás habría decidido garantizar el valor nominal de las junior notes de no haber existido el compromiso de los demás accionistas. Considera, por tanto, dicho compromiso una condición sine qua non de la garantía controvertida.

102. A este respecto, procede señalar que la demandante no ha respaldado su afirmación con ningún elemento probatorio. Por lo tanto, no es posible establecer si, de no haber existido el compromiso de los demás accionistas, el Land de NRW hubiera decidido o no conceder la garantía controvertida.

103. En cualquier caso, el artículo 87 CE, apartado 1, no distingue según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates/Comisión, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, apartado 85, y la jurisprudencia citada). En consecuencia, las razones subjetivas que llevaron al Land de NRW a aceptar ser el único garante del valor nominal de las junior notes frente a los titulares de éstas no tienen ninguna incidencia en la cuestión de si el compromiso de los demás accionistas supone una ventaja apreciable para WestLB y puede considerarse una ayuda estatal en favor de dicho banco.

104. En tercer lugar, durante la vista, la demandante alegó que el Land de NRW se ofreció como único garante del valor nominal de las junior notes por ser la única opción factible desde un punto de vista práctico. Según la demandante, dado que dichos títulos iban destinados a ser colocados en los mercados financieros internacionales, la garantía asociada a los mismos debía ser simple desde un punto de vista jurídico y de tal índole que permitiera a los inversores, que no se encuentran en situación de realizar análisis pormenorizados de las operaciones de compra de títulos de esta clase, por una parte, identificar fácilmente al garante y, por otra, no tener que dirigirse a garantes diferentes en caso de que la garantía tuviese que ejecutarse.

105. A este respecto, procede desestimar de entrada la alegación de que los inversores no pueden realizar análisis pormenorizados de las compras de títulos en los mercados financieros internacionales. Esta alegación carece de datos que la avalen y es poco plausible, pues cabe exigir a cualquier inversor un mínimo deber de diligencia, con mayor motivo, cuando se trata de inversores que deciden operar en mercados financieros internacionales durante un período en que dichos mercados se ven afectados por una importante crisis.

106. A continuación, procede señalar que la alegación de la demandante no aclara por qué no habría sido posible contemplar otras opciones que también cumplieran con el criterio de simplicidad de cara a los titulares de las junior notes.

107. De este modo, dicha alegación no permite comprender por qué otras opciones como la concesión de una garantía solidaria de todos los accionistas sobre una parte del valor nominal de cada título, acompañada por una garantía exclusiva del Land de NRW por la parte restante, o bien un sistema de contragarantías mediante el cual los demás accionistas acepten cubrir un porcentaje de la responsabilidad de dicho Land en caso de impago, no habrían permitido a los compradores de las junior notes identificar fácilmente a los garantes de dichos títulos y dirigirse a un único garante en caso de ejecución de la garantía. Estos dos sistemas alternativos, acompañados, en su caso, de acuerdos internos sobre reparto de los costes de una eventual ejecución de la garantía, hubieran podido suponer, a diferencia del compromiso de los demás accionistas de que se trata en el presente asunto, una ventaja adicional para los titulares de las junior notes.

108. Por último, y en cualquier caso, la cuestión de si el sistema elegido por los accionistas para garantizar el valor nominal de las junior notes era el único sistema factible carece de incidencia en la cuestión de si el compromiso de los demás accionistas confirió una ventaja a WestLB, beneficiario de la ayuda estatal identificada por la Comisión en la Decisión impugnada. En consecuencia, tampoco incide en la cuestión de si esos accionistas pueden considerarse como dispensadores de la ayuda de que se trata.

109. A la vista de todo lo anterior, procede considerar que no se ha acreditado que la demandante se vea afectada individualmente por la Decisión impugnada en condición de dispensadora de la ayuda de que se trata.

Sobre la segunda alegación, basada en la afectación individual de la demandante en su condición de accionista

110. La demandante alega que se ve afectada individualmente, como accionista, por la Decisión impugnada, incluso por lo que respecta a todas las condiciones que lleva aparejada dicha Decisión.

111. La Comisión reconoce que la demandante está afectada individualmente, como accionista, por la obligación de venta. En cambio, niega que esté afectada individualmente por las demás condiciones que lleva aparejada la Decisión impugnada.

112. Según reiterada jurisprudencia, a menos que pueda invocar un interés para ejercitar la acción distinto del de una sociedad afectada por un acto de la Unión Europea y en la que posee una parte del capital, una persona únicamente puede defender sus intereses frente a dicho acto ejercitando sus derechos como socio de dicha sociedad, la cual sí está legitimada para interponer recurso (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de junio de 2000, Euromin/Consejo, T‑597/97, Rec. p. II‑2419, apartado 50, y de 24 de marzo de 2011, Freistaat Sachsen y Land Sachsen‑Anhalt/Comisión, T‑443/08 y T‑455/08, Rec. p. II‑1311, apartado 62, y auto del Tribunal de 27 de marzo de 2012, European Goldfields/Comisión, T‑261/11, no publicado en la Recopilación, apartado 21).

113. En consecuencia, procede examinar si la demandante tiene un interés en ejercitar la acción distinto del interés de WestLB en relación con la anulación de la Decisión impugnada.

114. La demandante alega que su interés en ejercitar la acción es diferente del de WestLB, en la medida en que la Decisión impugnada la obliga a renunciar a su derecho de propiedad y a aceptar una reestructuración radical de ese banco, en la que se incluye una reducción de los activos brutos del 50 %, que reduce de forma sustancial el valor de la acción.

115. De entrada, debe señalarse que, como reconoce la propia Comisión, la demandante tiene un interés en ejercitar la acción distinto del de WestLB en lo tocante a la obligación de venta.

116. En efecto, esta obligación afecta únicamente a los accionistas, que se ven forzados a renunciar, en plazos vinculantes, a su derecho de propiedad sobre WestLB para que se autorice la ayuda concedida a favor de dicho banco, y que es necesaria para su reestructuración. En cambio, WestLB no tiene que realizar ninguna actuación en virtud de dicha obligación, que ni afecta a su patrimonio ni condiciona su comportamiento en el mercado.

117. Sin embargo, por lo que respecta a las demás condiciones que lleva aparejadas la Decisión impugnada, entre las que se cuentan las relativas a la reducción de los activos brutos de WestLB, debe señalarse, en primer lugar, que se refieren a la actividad comercial de ese banco y a la venta o liquidación de su patrimonio. En el marco de un recurso contra la Decisión impugnada, el propio WestLB podría sostener cualquier alegación en relación con la ilegalidad o la ausencia de necesidad de dichas condiciones.

118. A continuación, procede subrayar que la Comisión indica, sin que la demandante la contradiga en este extremo, que los derechos no políticos de un accionista de una sociedad anónima alemana se limitan, por una parte, a la distribución de los beneficios de la sociedad y, por otra parte, a recibir en caso de liquidación de la empresa, si procede, una cuota de liquidación. Procede, por tanto, considerar que, en virtud del Derecho alemán, la condición de accionista no confiere derechos sobre los activos de la empresa. Las condiciones relativas a la reducción de los activos brutos de una empresa no pueden, por tanto, afectar a ningún derecho de los accionistas.

119. Por último, procede observar que la alegación de la demandante, según la cual, en síntesis, cualquier decisión adoptada por la Comisión y con eventuales consecuencias negativas en el valor de la acción de una sociedad anónima puede impugnarse ante el Tribunal por los accionistas de dicha sociedad es incompatible con la jurisprudencia mencionada en el apartado 112 supra y debe, por lo tanto, rechazarse.

120. Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede concluir que, por lo que respecta a las condiciones que lleva aparejada la Decisión impugnada distintas de la obligación de venta, entre las que se cuentan las referidas a la reducción de los activos brutos de WestLB, el interés en ejercitar la acción de la demandante se confunde con el de WestLB, por lo que no está afectada individualmente por la Decisión impugnada. En cambio, la demandante sí está individualmente afectada por dicha Decisión en la medida en que la autorización de la garantía controvertida se ha supeditado al cumplimiento de la obligación de venta.

Conclusión sobre la legitimación activa de la demandante

121. De todo lo anterior resulta que la demandante sólo tiene legitimación activa para impugnar la Decisión en la medida en que la misma lleva aparejada la obligación de venta.

122. En consecuencia, los motivos y alegaciones presentados por la demandante en apoyo de su demanda de anulación de la Decisión impugnada sólo pueden examinarse en tanto y cuanto pretenden demostrar la ilegalidad de que se incluya dicha obligación en el anexo de dicha Decisión, y debe declararse su inadmisibilidad en todo lo demás.

Sobre el interés de la demandante en ejercitar la acción

123. Con carácter preliminar, procede señalar que, en el marco de la Decisión final de 2011, la Comisión autorizó, siempre que se cumpliera el plan de liquidación, seis medidas de ayuda, además de la garantía controvertida. Estas seis medidas están enumeradas en el artículo 1, apartado 1, letras b) a g), de dicha Decisión.

124. El plan de liquidación, que sustituye al plan de reestructuración definitivo, implica la desaparición de WestLB y prevé, como alega la Comisión, sin que la demandante le rebata en este punto:

— la segregación de determinadas actividades de WestLB que formarán una «Verbundbank» (agrupación bancaria) que prestará servicios a las cajas de ahorros del Land de NRW y del Land de Brandeburgo y a sus clientes;

— la venta de un gran número de ámbitos de actividad y de participaciones de WestLB;

— el traspaso definitivo de todas las demás carteras de WestLB a un nuevo banco malo, denominado EAA;

— la creación de un banco de servicio y gestión de carteras, denominado provisionalmente SPM Bank y luego Portigon, encargado de prestar servicios a EAA y a la Verbundbank;

— la limitación de la licencia bancaria universal de WestLB mediante la revocación de determinadas autorizaciones.

125. Por lo tanto, como confirmó la Comisión durante la vista, procede considerar que el plan de liquidación supone un desmantelamiento ordenado de las actividades de WestLB, además del traspaso de una parte de las mismas a la Verbundbank, para garantizar la continuidad de ciertos servicios considerados estratégicos para las cajas de ahorros a las que WestLB, en su condición de banco central, facilitaba, en la época en que ocurrieron los hechos, la relación con los mercados financieros mundiales.

126. En cambio, el plan de liquidación no prevé ni una modificación global del accionariado de WestLB antes de su liquidación, ni que los accionistas no puedan ser titulares de participaciones de cualquier clase después de esa liquidación en las entidades que continúen algunas de las actividades de WestLB, tales como la Verbundbank, EAA o el banco de servicios y de gestión de carteras denominado provisionalmente SPM Bank, y luego Portigon.

127. A este respecto, la Comisión señala, sin ser contradicha por la demandante, por una parte, que la Verbundbank fue adquirida por Helaba el 1 de julio de 2012 y, por otra parte, que, en virtud del acuerdo de traspasar a esta última la Verbundbank, la demandante se ha convertido en accionista de Helaba y, de este modo, indirectamente, en copropietaria de la Verbundbank.

128. Tal es el contexto fáctico a la luz del cual procede examinar la petición de sobreseimiento presentada por la Comisión, basada en el hecho de que, según ella, la demandante ha dejado de tener interés en ejercitar la acción contra la Decisión impugnada a raíz de la adopción de la Decisión final de 2011.

129. Según reiterada jurisprudencia, el interés de la parte demandante en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de la interposición, so pena de que se declare la inadmisibilidad. Además, el interés de esta parte demandante en obtener una satisfacción debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1963, Forges de Clabecq/Alta Autoridad, 14/63, Rec. p. 719 y ss., especialmente p. 748, y de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, apartado 42).

130. En efecto, con arreglo a una jurisprudencia asimismo reiterada, procede declarar el sobreseimiento del recurso de anulación cuando la parte demandante haya perdido su interés en la anulación de la decisión impugnada debido a un acontecimiento acaecido durante el procedimiento, con la consecuencia de que la anulación de dicha decisión ya no puede producir, por sí misma, efectos jurídicos (véase la sentencia del Tribunal de 9 de septiembre de 2011, Dow AgroSciences y otros/Comisión, T‑475/07, Rec. p. II‑5937, apartado 67, y la jurisprudencia citada).

131. Sin embargo, como con razón alega la demandante, una parte demandante puede seguir justificando un interés en obtener la anulación de un acto derogado en la medida en que la derogación no entraña los mismos efectos jurídicos que una eventual anulación por el Tribunal. En efecto, la derogación de una decisión de una institución no constituye un reconocimiento de su ilegalidad y produce un efecto ex nunc , mientras que su anulación produce un efecto ex tunc (véase la sentencia Dow AgroSciences y otros/Comisión, citada en el apartado 130 supra , apartado 68, y la jurisprudencia citada).

132. Además, en el supuesto de que un acto sea anulado, la institución de la que emana el acto está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Tales medidas guardan relación, en especial, con la supresión de los efectos de las ilegalidades declaradas en la sentencia de anulación. En este sentido, la institución interesada puede verse obligada a reponer a la demandante en la situación en que se encontraba inicialmente o a evitar que se adopte un acto idéntico (véase la sentencia Dow AgroSciences y otros/Comisión, citada en el apartado 130 supra , apartado 69, y la jurisprudencia citada).

133. Como se ha señalado en el apartado 59 supra , la Decisión impugnada y, por lo tanto, todas las condiciones que llevaba aparejada fueron derogadas por la Decisión final de 2011. Sin embargo, la Comisión no la anuló. En consecuencia ha seguido produciendo efectos jurídicos sobre la situación de la demandante respecto al período comprendido entre el momento de su entrada en vigor y el momento de su derogación (del 12 de mayo de 2009 al 20 de diciembre de 2011). En particular, como con razón alega la demandante, se ha visto obligada en virtud de la Decisión impugnada a renunciar a su participación en WestLB. Por lo tanto, la anulación de la Decisión impugnada puede tener, por sí misma, consecuencias sobre la situación jurídica de la demandante, por lo que ésta conserva su interés en ejercitar la acción (véase, en este sentido, la sentencia Dow AgroSciences y otros/Comisión, citada en el apartado 130 supra , apartado 70).

134. La Comisión aduce, en esencia, dos alegaciones dirigidas a invalidar esta conclusión.

135. En primer lugar, la Comisión subraya que la obligación de venta no ha sido ejecutada, al no haber sido posible encontrar un comprador para WestLB, y que ya no figura en el plan de liquidación, dado que la demandante ha llegado a convertirse en copropietario de Helaba y, por lo tanto, de la Verbundbank. Según la Comisión, de ello se desprende que si llegara a anularse la Decisión impugnada esto no cambiaría la situación jurídica de la demandante en lo relativo a la obligación de venta. Pues bien, al ser admisible el recurso únicamente en lo relativo a esta obligación, la demandante no podría conseguir ninguna ventaja de estimarse el recurso.

136. A este respecto, procede señalar que la demandante estuvo sometida a la obligación de venta durante un período de más de dos años. Ciertamente, dicha obligación no fue ejecutada en la práctica. Sin embargo, la demandante conserva un interés en solicitar la anulación de la Decisión impugnada en tanto en cuanto ésta lleva aparejada esta obligación.

137. En efecto, una parte demandante puede seguir teniendo interés en instar la anulación de un acto no ejecutado que la afecte directamente para obtener del juez de la Unión la declaración de que se ha cometido una ilegalidad contra ella, de suerte que dicha declaración pueda servir de base a un eventual recurso de indemnización destinado a reparar adecuadamente el perjuicio ocasionado por el acto impugnado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de marzo de 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, T‑299/05, Rec. p. II‑565, apartado 53, y la jurisprudencia citada).

138. Así ocurre en el caso de autos, por cuanto la demandante incurrió en gastos con vistas a la venta de su participación en WestLB, aunque dicha venta no llegó a celebrarse. Contrariamente a lo alegado por la Comisión, por una parte, estos gastos se derivan de manera suficientemente directa de la Decisión impugnada y, por otra parte, pese a las diferentes decisiones adoptadas con respecto al WestLB a raíz de la crisis financiera, no hay ninguna razón para considerar imposible determinar razonablemente la parte de los gastos en que incurrió la demandante en relación con las actuaciones encaminadas a la venta que tuvo que realizar.

139. En este contexto, la demandante sigue teniendo interés en que se declare la ilegalidad de la Decisión impugnada, ya que, por una parte, dicha declaración vincularía al juez de la Unión con vistas a un recurso de indemnización y, por otra parte, podría constituir la base para una eventual negociación extrajudicial entre la Comisión y la demandante encaminada a reparar el perjuicio sufrido por esta última (véase, en este sentido, la sentencia Shanghai Excell M & E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, citada en el apartado 137 supra , apartado 55, y la jurisprudencia citada).

140. Por otra parte, aceptar la alegación de la Comisión equivaldría a admitir que los actos adoptados por las instituciones y derogados después de la interposición de un recurso de anulación, pero antes de que el Tribunal pueda pronunciar la sentencia pertinente, escaparían a todo control jurisdiccional, si no han sido ejecutados. Ahora bien, procede considerar que tal situación sería incompatible con el espíritu del artículo 263 TFUE, en virtud del cual el juez de la Unión controlará la legalidad de los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE), que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos con respecto a terceros. En efecto, si la Unión es una comunidad de Derecho, es porque ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado ni con el Derecho que se deriva de éste (véase, en este sentido, la sentencia Shanghai Excell M & E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, citada en el apartado 137 supra , apartados 56 y 57).

141. Procede, por lo tanto, desestimar la primera alegación formulada por la Comisión encaminada a oponerse a la conclusión según la cual la demandante sigue teniendo interés en ejercitar la acción.

142. En segundo lugar, la Comisión alega que la demandante ha dejado de tener interés en ejercitar la acción contra la Decisión impugnada en la medida en que todos los efectos perjudiciales que las condiciones impuestas por esta Decisión hubieran podido provocar en su situación jurídica también resultan de la Decisión final de 2011.

143. A este respecto, basta señalar que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la Decisión final de 2011 no provoca el conjunto de efectos perjudiciales mencionados en el apartado anterior. Así, dicha Decisión no impone a la demandante una obligación de venta, permitiéndole, por lo tanto, poseer participaciones, en principio de cualquier clase, en las actividades escindidas de WestLB.

144. En consecuencia, la segunda alegación expuesta por la Comisión con el fin de invalidar la conclusión según la cual la demandante sigue teniendo interés en ejercitar la acción también debe ser desestimada.

145. A la vista de las consideraciones que anteceden, hay que concluir que la demandante sigue teniendo interés en ejercitar la acción. Por lo tanto, procede desestimar la petición de sobreseimiento presentada por la Comisión.

146. En consecuencia, no es necesario examinar la solicitud de adaptación de motivos y pretensiones a raíz de la adopción de la Decisión final de 2011 presentada por la demandante para el supuesto de que el Tribunal considerara que el recurso contra la Decisión impugnada hubiese quedado sin objeto.

2. Sobre el fondo

Observaciones preliminares

147. La demandante aduce ocho motivos en apoyo de su recurso. Estos motivos se basan, el primero, en la vulneración del principio de colegialidad, el segundo, en la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que no se ha examinado el falseamiento de la competencia provocado por la garantía controvertida, el tercero, en la infracción del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), el cuarto, en la vulneración del principio de proporcionalidad, el quinto, en la vulneración del principio de igualdad de trato, el sexto, en la infracción del artículo 295 CE, el séptimo, en la infracción del artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] CE (DO L 83, p. 1), y, el octavo, en la incumplimiento de la obligación de motivación.

148. La Comisión considera infundados el conjunto de dichos motivos.

149. Como se ha señalado en el apartado 122 supra , los motivos esgrimidos por la demandante sólo son admisibles en la medida que van encaminados a demostrar la ilegalidad de la inclusión de la obligación de venta en el anexo de la Decisión impugnada.

150. La demandante aduce la ilegalidad de esta inclusión en sus motivos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Sin embargo, en el marco de esos mismos motivos, también formula alegaciones relacionadas con la legalidad de las demás condiciones incluidas en el anexo de la Decisión impugnada. Al ser estas últimas alegaciones inadmisibles, deben rechazarse de entrada.

151. A continuación, procede señalar que la obligación de venta no hubiera podido incluirse legalmente en el anexo de la Decisión impugnada si dicha Decisión hubiese sido adoptada infringiendo, bien el principio de colegialidad, bien el artículo 87 CE, apartado 3, letra b), bien el artículo 87 CE, apartado 1, y la obligación de motivación en lo relativo a la vulneración de la competencia por la garantía controvertida, como alega la demandante en el marco de los tres primeros motivos, respectivamente. Por lo tanto, debe entenderse que estos motivos también son admisibles y que deben ser examinados.

152. Así, procede examinar:

— En primer lugar, el primer motivo, basado en una vulneración del principio de colegialidad;

— en segundo lugar, el tercer motivo, basado en una infracción del artículo 87 CE, apartado 3, letra b);

— en tercer lugar, el segundo motivo, basado en una infracción del artículo 87 CE, apartado 1;

— en cuarto lugar, el octavo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación;

— en quinto lugar, los motivos cuarto, quinto, sexto y séptimo, basados en la vulneración del principio de proporcionalidad, del principio de igualdad de trato, del artículo 295 CE y del artículo 7, apartado 4, del Reglamento nº 659/1999.

153. Por último, procede examinar, en el marco del segundo motivo, algunas alegaciones expresadas en el octavo motivo relativas a la insuficiente motivación de la Decisión impugnada con respecto a los eventuales efectos de la garantía controvertida sobre la competencia.

Sobre el primer motivo, basado en una vulneración del principio de colegialidad

154. En la demanda, la demandante alega que la Decisión impugnada no fue adoptada por el Colegio de Comisarios, sino únicamente por el miembro de la Comisión que, en aquella época, estaba encargado de las cuestiones de competencia, es decir, por la Sra. N. Kroes, lo cual constituye, según ella, una vulneración del principio de colegialidad establecido en el artículo 219 CE y en el artículo 1 del Reglamento interno de la Comisión [C(2000) 3614] (DO 2000, L 308, p. 26).

155. Sin embargo, como hace ver acertadamente la Comisión, de la nota del Director del Registro de la Secretaría General de la Comisión de 12 de mayo de 2009, en la que se certifica la adopción, ese mismo día, de determinadas Decisiones de la Comisión (SEC 2009 663/2002) se desprende que la Decisión impugnada fue adoptada por el Colegio de Comisarios siguiendo el procedimiento escrito, y no por la Sra. Kroes.

156. En la réplica, la demandante reconoce que la nota del Director del Registro de la Secretaría General de la Comisión mencionada en el apartado anterior demuestra que la Decisión impugnada fue adoptada mediante el procedimiento escrito. No obstante, mantiene el presente motivo y presenta dos nuevas alegaciones (en lo sucesivo, «nuevas alegaciones»).

157. El primer lugar, la demandante alega que el procedimiento escrito «suele durar cinco días». Sin embargo, según ella, la Comisión comunicó a WestLB la versión alemana de la Decisión impugnada el 6 de mayo de 2009. Según la demandante, de dos correos electrónicos remitidos por la Comisión los días 6 y de 7 de mayo de 2009 puede deducirse que el texto de esta Decisión fue retocado el 7 de mayo de 2009. En consecuencia, la demandante alega que no puede comprender «cuál fue el texto adoptado [mediante procedimiento escrito] y en qué momento tuvo esto lugar». Solicita a la Comisión que «realice las aclaraciones necesarias» a este respecto.

158. En segundo lugar, la demandante alega que «la prueba de que se hubiese seguido un procedimiento escrito no explica […] cuál es la razón por la cual una Decisión que debió haber sido presentada […] en la reunión de la Comisión de 13 de mayo de 2009 fue rápidamente anticipada en un día». Señala que, como se desprende de un correo electrónico del Ministerio de Economía alemán de 11 de mayo de 2009, tal cambio fue decidido por la Comisión para «aligerar la jornada del miércoles, en la que habían de adoptarse un gran número de decisiones». La demandante deduce de ello que se había previsto adoptar la Decisión impugnada en la reunión del 13 de mayo de 2009 y no mediante el procedimiento escrito. Por otra parte, la demandante sostiene que dicho procedimiento sólo debe utilizarse para la adopción de decisiones de gestión corriente y que su utilización está vetada para la adopción de una Decisión que implica una obligación de venta.

159. La Comisión sostiene que las nuevas alegaciones son inadmisibles, al tratarse de nuevos motivos presentados en fase de réplica. Alega que, en cualquier caso, estas alegaciones son manifiestamente infundadas.

160. Del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, en relación con el artículo 48, apartado 2, de este mismo Reglamento, se desprende que el escrito de interposición del recurso debe indicar la cuestión objeto del litigio y contener una exposición sumaria de los motivos invocados y que se prohíbe invocar motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que se funden en elementos de Derecho y de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento (sentencia del Tribunal de 8 de marzo de 2007, France Télécom/Comisión, T‑340/04, Rec. p. II‑573, apartado 164).

161. No obstante, procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituye la ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo con éste (sentencias del Tribunal de 19 de septiembre de 2000, Dürbeck/Comisión, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, apartado 39, y de 10 de abril de 2003, Travelex Global and Financial Services y Interpayment Services/Comisión, T‑195/00, Rec. p. II‑1677, apartado 34).

162. La demandante ya no pone en tela de juicio que la Decisión impugnada haya sido adoptada por el Colegio de Comisarios, como alegó en el escrito de demanda. Sin embargo, en sus nuevas alegaciones, sigue sosteniendo que la Decisión impugnada no fue realmente, o válidamente, adoptada por el Colegio de Comisarios. Procede, por lo tanto, considerar que existe una relación suficiente entre el motivo inicial y las nuevas alegaciones, de manera que éstas son admisibles.

163. Procede, por lo tanto, examinar las nuevas alegaciones en cuando al fondo.

164. Mediante la primera de las nuevas alegaciones, la demandante expone, en lo esencial, por una parte, que la versión definitiva de la Decisión impugnada no fue comunicada a los miembros de la Comisión en tiempo útil, y, por otra parte, que la Comisión debería aclarar si la versión definitiva de la Decisión impugnada fue adoptada efectivamente mediante el procedimiento escrito.

165. En cuanto a la primera cuestión, procede señalar que la demandante se contenta con indicar que el procedimiento escrito «suele durar cinco días» y que la Comisión estuvo trabajando en el texto de la Decisión impugnada hasta el 7 de mayo de 2009. Sin embargo, el artículo 12 del Reglamento interno de la Comisión, que contempla la posibilidad de que ésta adopte una propuesta que emane de uno o varios de sus miembros mediante un procedimiento escrito, no establece un plazo para que los miembros de la Comisión dispongan del texto de la propuesta de que se trate antes de su adopción. El párrafo segundo de dicha disposición se limita a establecer que «[e]l texto de la propuesta será comunicado por escrito a todos los miembros de la Comisión […] junto con el plazo fijado para dar a conocer las reservas o las enmiendas a que pueda dar lugar dicha propuesta».

166. Por otra parte, procede considerar que la Comisión señaló, en la dúplica, sin que la contradijera la demandante, que las modificaciones introducidas en el texto sólo afectaban a correcciones menores en la versión alemana en relación con la versión redactada en inglés, que era la lengua de trabajo.

167. En consecuencia, la afirmación de que la Decisión impugnada fue adoptada habiéndose concedido a los miembros de la Comisión un plazo demasiado corto para su examen no puede admitirse.

168. En cuanto a la segunda cuestión, basta con subrayar que la Comisión ya señaló que la Decisión impugnada había sido adoptada, en su versión definitiva, mediante el procedimiento escrito, el 12 de mayo de 2009. Así lo corrobora la nota del Director del Registro de la Secretaría General de la Comisión mencionada en el apartado 155 supra y no puesta en duda por la demandante.

169. Procede, pues, desestimar la primera de las nuevas alegaciones por infundada.

170. Con la segunda de sus nuevas alegaciones, la demandante viene a alegar, en esencia, que no debió haberse utilizado el procedimiento escrito para adoptar la Decisión impugnada, en la medida en que ese procedimiento está, según ella, reservado a la adopción de decisiones de gestión corriente.

171. A este respecto, basta comparar la redacción de los artículos 13 y 14 del Reglamento interno de la Comisión, en virtud de los cuales los procedimientos de habilitación y de delegación, respectivamente, están reservados para adoptar medidas de gestión o de administración, con la redacción del artículo 12 de dicho Reglamento, que no contiene tal limitación en cuanto al procedimiento escrito.

172. Contrariamente a lo que señala la demandante, no invalida tal conclusión la nota explicativa del Reglamento interno de la Comisión que aparece en el sitio web de ésta, adjunta a la réplica de la demandante. Como alega con razón la Comisión, esta nota no tiene ninguna fuerza jurídica vinculante, como su propio texto aclara. Por otra parte, en dicha nota explicativa se menciona que, «en la mayoría de los casos, [el procedimiento escrito, el procedimiento de habilitación y el procedimiento de delegación] sirven para liberar al órgano colegiado de las decisiones relacionadas con la gestión corriente y asuntos que no requieran debate», lo cual en modo alguno significa que se excluya el procedimiento escrito para la adopción de decisiones que no se refieran a la gestión corriente.

173. De lo anterior se desprende que la segunda de las nuevas alegaciones también es infundada.

174. En consecuencia, el presente motivo debe desestimarse.

Sobre el tercer motivo, basado en una infracción del artículo 87 CE, apartado 3, letra b)

175. La demandante recuerda que la Comisión autorizó la concesión de la garantía controvertida al WestLB en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), y alega que cometió un error al aplicar dicha disposición.

176. La demandante formula al respecto varias alegaciones que pueden agruparse en dos argumentos, el primero, de carácter principal y, el segundo, de carácter subsidiario. Estos argumentos se basan, respectivamente, en el hecho de que la Comisión consideró erróneamente que la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), podía equipararse a la del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), y a la de las Directrices de salvamento y reestructuración, y en el hecho de que, en la Decisión impugnada, la Comisión impuso, sin razón, condiciones más estrictas que aquéllas que pueden aplicarse con arreglo a la aplicación de dichas Directrices en relación con el artículo 87 CE, apartado 3, letra c).

Sobre el primer argumento, alegado con carácter principal, basado en el hecho de que la Comisión consideró erróneamente que la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), podía equipararse a la del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), y a la de las Directrices de salvamento y reestructuración

177. La demandante alega que la Comisión, al examinar la compatibilidad de la garantía controvertida con el mercado común en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), consideró que la finalidad de aquella disposición era equiparable, por una parte, a la del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), y, por otra parte, a la de las Directrices de salvamento y reestructuración. Esto constituye, en su opinión, un grave error de apreciación.

178. En esencia, la demandante esgrime dos críticas en apoyo de su argumento, rebatidas por la Comisión. La primera crítica se basa en el hecho de que el objetivo dirigido a que se ponga remedio a una perturbación en la economía de un Estado miembro siempre es conforme con el interés común. La segunda crítica se basa en la existencia de dos errores cometidos por la Comisión en la Decisión impugnada, respectivamente, no teniendo en cuenta la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), en la medida en que examinó la compatibilidad de la garantía controvertida con el mercado común a la luz de las Directrices de salvamento y reestructuración, y no supeditando, en cualquier caso, la autorización de la garantía controvertida a condiciones menos severas que las que pueden exigirse con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c).

– Sobre la primera crítica, basada en el hecho de que el objetivo dirigido a que se ponga remedio a una perturbación en la economía de un Estado miembro siempre es conforme con el interés común

179. La demandante alega que la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), en los supuestos contemplados en las Directrices de salvamento y reestructuración, es ayudar a empresas en crisis en un entorno económico saludable. Según ella, la existencia de este entorno es la razón por la cual, por una parte, en virtud de esta disposición, no pueden autorizarse las ayudas susceptibles de alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común y, por otra parte, la Comisión debe garantizar que los efectos sobre la competencia de las ayudas autorizadas sean mínimos. En cambio, considera que la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), es poner remedio a una perturbación del conjunto de una economía. Según ella, esto siempre sería conforme al interés común y sería una condición indispensable para la existencia de una competencia viable. La demandante deduce de ello que la autorización de una ayuda cubierta por dicha disposición no puede supeditarse a condiciones dirigidas a proteger la competencia.

180. De entrada, procede señalar a este respecto que, en la Decisión impugnada, la Comisión consideró que la finalidad de la garantía controvertida era permitir la reestructuración de WestLB, lo cual, en razón de la importancia sistémica del mismo, era necesario para poner remedio a una grave perturbación en la economía alemana provocada por una importante crisis financiera, extremo que la demandante no rebate.

181. Además, en la medida en que pueda interpretarse que la presente crítica significa que la Comisión, después de haber comprobado que la garantía controvertida iba dirigida a poner remedio a una grave perturbación en la economía alemana, estaba obligada a considerarla compatible con el mercado común y no podía supeditar la autorización al cumplimiento de una serie de condiciones, procede señalar, en primer lugar, que de la propia redacción del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), se desprende que la Comisión, al comprobar, como ocurre en el caso de autos, que una ayuda estatal está encaminada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, no está, sólo por ello, obligada a considerar que esta ayuda es compatible con el mercado común.

182. En efecto, a diferencia de las ayudas que constituyen excepciones a la prohibición general de ayudas estatales establecidas en artículo 87 CE, apartado 2, que, a tenor de dicha disposición, «serán» consideradas compatibles con el mercado común, el artículo 87 CE, apartado 3, prevé que determinadas categorías de ayudas, entre ellas, aquellas destinadas a poner remedio a una perturbación en la economía de un Estado miembro, «podrán» considerarse compatibles con dicho mercado.

183. Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, el artículo 87 CE, apartado 3, confiere a la Comisión una facultad discrecional cuyo ejercicio requiere apreciaciones de carácter económico y de carácter social que deben efectuarse en un contexto comunitario (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión, 730/79, Rec. p. 2671, apartado 24; de 24 de febrero de 1987, Deufil/Comisión, 310/85, Rec. p. 901, apartado 18, y de 14 de enero de 1997, España/Comisión, C‑169/95, Rec. p. I‑135, apartado 18).

184. En consecuencia, la diferencia de redacción, subrayada por la demandante, entre el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), que permite autorizar determinadas ayudas, siempre que «no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común», y el artículo 87 CE, apartado 3, letra b), que no establece tal requisito, no puede llevar a considerar que la Comisión no esté autorizada a evaluar la incidencia de una ayuda autorizada en virtud de esta última disposición sobre el o los mercados correspondientes en el conjunto de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 6 de julio de 1995, AITEC y otros/Comisión, T‑447/93 a T‑449/93, Rec. p. II‑1971, apartados 138 a 143; véase también, por analogía, la sentencia España/Comisión, citada en el apartado 183 supra , apartado 17).

185. Por último, la facultad de la Comisión, dimanante del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, consistente en decidir que una ayuda incompatible con los términos del artículo 87 CE se «modifique», implica necesariamente que una decisión por la que se autorice una ayuda en virtud del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), pueda ir acompañada de condiciones destinadas a garantizar que la ayuda no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (sentencia del Tribunal de 13 de septiembre de 1995, TWD/Comisión, T‑244/93 y T‑486/93, Rec. p. II‑2265, apartados 53 a 55).

186. Procede, por lo tanto, concluir que el artículo 87 CE, apartado 3, letra b), no impide a la Comisión supeditar la autorización de la garantía controvertida al cumplimiento de condiciones.

187. En cuanto a la cuestión de si estas condiciones pueden ir dirigidas a corregir los efectos de la ayuda autorizada sobre la competencia, basta con subrayar que, atendiendo a los considerandos 68 y 69 de la Decisión impugnada, relativos a la obligación de venta, y a la vista del lugar que ocupan en la parte de la Decisión impugnada dedicada a examinar las medidas establecidas en el plan de reestructuración definitivo, destinado a garantizar a largo plazo la viabilidad de WestLB, la autorización de la garantía controvertida no fue supeditada al cumplimiento de la obligación de venta con la finalidad de minimizar sus efectos sobre la competencia, sino que lo fue con la finalidad de garantizar la viabilidad de WestLB.

188. En consecuencia, la primera crítica debe ser rechazada.

– Sobre la segunda crítica, basada en la existencia de dos errores cometidos por la Comisión en la Decisión impugnada, respectivamente, por no haber tenido en cuenta la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), en la medida en que examinó la compatibilidad de la garantía controvertida con el mercado común a la luz de las Directrices de salvamento y reestructuración, y por no haber supeditado, en cualquier caso, la autorización de la garantía controvertida a condiciones menos severas que las que cabe exigir con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c)

189. Por una parte, la demandante alega que la Comisión no tuvo en cuenta la finalidad del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), al examinar la compatibilidad de la garantía controvertida con el mercado común a la luz de las Directrices de salvamento y reestructuración, cuando ella misma había considerado que dicha garantía podía poner remedio a una grave perturbación en la economía alemana. Por otra parte, la demandante alega que la autorización de una ayuda basada en el artículo 87 CE, apartado 3, letra b), debe, en cualquier caso, estar sometida a condiciones menos severas que la autorización de una ayuda basada en el artículo 87 CE, apartado 3, letra c).

190. A este respecto, procede recordar que, como se ha señalado en el apartado 183 supra , según reiterada jurisprudencia, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación en relación con el artículo 87 CE, apartado 3. En consecuencia, el juez de la Unión, al ejercer su control, debe limitarse a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de la obligación de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. No corresponde al juez de la Unión sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia (véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión, T‑152/99, Rec. p. II‑3049, apartado 48, y la jurisprudencia citada).

191. En el marco de esta amplia facultad de apreciación, la Comisión puede seguir los criterios que considere más apropiados para valorar si una ayuda puede considerarse compatible con el mercado común, siempre y cuando sean pertinentes a la luz del artículo 3 CE, letra g), y del artículo 87 CE, y para perfilar estos criterios en directrices que se ajusten al Tratado. La adopción de tales directrices por parte de la Comisión tiene su origen en el ejercicio de su facultad de apreciación y sólo supone una autolimitación de dicha facultad, respetando siempre el principio de igualdad de trato. Cuando la Comisión analiza una ayuda individual a la luz de tales directrices, previamente establecidas por ella, no puede considerarse que sobrepase los límites de su facultad de apreciación o renuncie a la misma. Por una parte, la Comisión conserva su facultad de derogar o modificar tales directrices si las circunstancias así lo exigen. Por otra parte, tales directrices se aplican en un sector determinado y nacen de la voluntad de la Comisión de seguir aplicando la política que estableció en su día (véase, en este sentido, la sentencia Vlaams Gewest/Comisión, citada en el apartado 83 supra , apartado 89).

192. A este respecto, procede, en primer lugar, subrayar que, antes de adoptar la Decisión impugnada, la Comisión informó a los Estados miembros de las orientaciones que tenía previsto aplicar a las ayudas concedidas a entidades financieras en razón de la crisis financiera, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 87 CE y siguientes. Tal fue principalmente el objeto de la Comunicación sobre las medidas adoptadas en razón de la crisis financiera, a la que alude la Comisión en el considerando 63 de la Decisión impugnada.

193. Del apartado 10 de la citada Comunicación se desprende que la compatibilidad con el mercado común, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), de las medidas adoptadas por los Estados miembros debido a la crisis financiera debe evaluarse siguiendo los principios generales establecidos en las Directrices sobre salvamento y reestructuración, aun cuando las «circunstancias actuales» podrían permitir la aprobación de algunas medidas excepcionales. En consecuencia, al aplicar las Directrices sobre salvamento y reestructuración en la Decisión impugnada, la Comisión respetó la autolimitación de su facultad de apreciación que se había impuesto previamente a sí misma.

194. En segundo lugar, ha de señalarse que la demandante no ha alegado ningún motivo que pueda justificar que los criterios establecidos en las Directrices de salvamento y reestructuración que, en la época en que se adoptó la Decisión impugnada, la Comisión consideró los más idóneos para valorar si las ayudas concedidas por razón de la crisis financiera podían considerarse compatibles con el mercado común, no son pertinentes, a la luz del artículo 3 CE, letra g), y del artículo 87 CE, con respecto a las ayudas consideradas necesarias para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.

195. Por otra parte, dichas Directrices pueden considerarse, en principio, idóneas para evaluar la compatibilidad de estas ayudas con el mercado común, en particular si sus beneficiarios son, como ocurre en el caso de autos, bancos de importancia sistémica cuya viabilidad económica estaba comprometida hasta el punto de poner en peligro su propia existencia.

196. Así, por una parte, el hecho de que tal ayuda sea necesaria para poner remedio a una grave perturbación de una economía no significa que no pueda considerarse que es una ayuda a una empresa en crisis, en el sentido del punto 9 de las Directrices de salvamento y reestructuración, según el cual tal empresa es aquélla incapaz, con sus recursos propios o con los fondos que estén dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo. Por principio, un banco cuya viabilidad económica esté comprometida hasta el punto de poner en peligro su existencia puede considerarse una empresa en crisis.

197. Por otra parte, para que pueda considerarse que una ayuda de reestructuración es compatible con el mercado común, las Directrices de salvamento y reestructuración exigen que el beneficiario esté sometido a un plan de reestructuración que restablezca su viabilidad a largo plazo en un plazo razonable, que la ayuda vaya acompañada de medidas destinadas a prevenir cualquier falseamiento indebido de la competencia y que se limite estrictamente a los costes de reestructuración (respectivamente, puntos 35 a 37, 38 a 42 y 43 a 45 de dichas Directrices). Pues bien, la Comisión está en su derecho de exigir que la autorización de las ayudas concedidas a los bancos de importancia sistémica en razón de la crisis financiera esté supeditada al cumplimiento de estas condiciones, incluso en el supuesto de que la ayuda vaya dirigida a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.

198. En primer lugar, por lo que se refiere a la exigencia de un plan de reestructuración que permita restablecer, en un plazo razonable, la viabilidad a largo plazo de esos bancos, la Comisión puede, en principio, considerar que la reestructuración de un banco de importancia sistémica cuya viabilidad no está garantizada no puede contribuir a poner remedio de forma dura