CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MICHAL BOBEK

presentadas el 4 de marzo de 2021 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑357/19 y C‑547/19

Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Direcţia Naţională Anticorupţie,

PM,

RO,

SP,

TQ

contra

QN,

UR,

VS,

WT,

Autoritatea Naţională pentru Turism,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,

SC Euro Box Promotion SRL (C‑357/19)

y

CY,

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»

contra

Inspecţia Judiciară,

Consiliul Superior al Magistraturii,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (C‑547/19)

[Peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía)]

«Petición de decisión prejudicial — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Artículo 325 TFUE, apartado 1 — Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas — Procedimiento penal en un caso de corrupción — Proyectos financiados parcialmente con fondos europeos — Resolución de un tribunal constitucional sobre la legalidad de la composición de las salas judiciales — Legislación nacional que dispone la composición de las salas judiciales por sorteo — Recurso extraordinario contra sentencias firmes — Derecho a un tribunal establecido previamente por la ley — Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Independencia judicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Primacía del Derecho de la Unión — Procedimiento disciplinario contra miembros de la judicatura»

Índice

I. Introducción II. Marco jurídico A. Derecho de la Unión B. Derecho rumano 1. Constitución de Rumanía 2. Ley n.o 303/2004 3. Ley 304/2004 4. Reglamento del Tribunal Supremo 5. Código de Enjuiciamiento Penal 6. Código Penal III. Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales A. Asunto C‑357/19 B. Asunto C‑547/19 C. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia IV. Análisis A. Admisibilidad de las cuestiones prejudiciales 1. Asunto C‑357/19 a) Incompetencia de la Unión b) Relevancia de las cuestiones prejudiciales para el procedimiento principal 2. Asunto C‑547/19 a) Incompetencia de la Unión b) Relevancia de la cuestión prejudicial para el procedimiento principal B. Derecho de la Unión aplicable 1. Artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1 2. Decisión MCV (y Carta) 3. Artículo 325 TFUE, apartado 1; Convenio PIF (y Carta) a) Artículo 325, apartado 1, e IVA b) Artículo 325 TFUE, apartado 1, Convenio PIF y corrupción en relación con los fondos de la Unión c) ¿Comprende el artículo 325 TFUE, apartado 1, también las infracciones en grado de tentativa? d) ¿Depende la aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1, del resultado del procedimiento? 4. Conclusión provisional C. Apreciación 1. Marco normativo nacional 2. Derecho a un juez establecido previamente por la ley a) Criterio del Derecho de la Unión b) Análisis c) Conclusión provisional 3. Protección de los intereses financieros de la Unión 1) Marco jurídico del Derecho de la Unión 2) Posturas de las partes 3) Análisis i) ¿Qué examen procede aplicar? ii) Aplicación al presente asunto iii) Conclusión provisional 4. Principio de independencia judicial 1) Inquietudes del órgano jurisdiccional remitente 2) Marco jurídico del Derecho de la Unión 3) Análisis i) Composición y estatuto del Tribunal Constitucional ii) Competencias y actuación del Tribunal Constitucional iii) Principio de cosa juzgada iv) Salvedad v) Conclusión provisional 5. Principio de primacía V. Conclusión

I. Introducción

1. A lo largo del año 2019, diversos órganos jurisdiccionales rumanos remitieron múltiples peticiones de decisión prejudicial en relación con la independencia judicial, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. El primer grupo de asuntos se refería a una serie de modificaciones en la legislación nacional sobre el poder judicial; la mayor parte de ellas, realizadas mediante Decreto-ley. ( 2 )

2. Los dos presentes asuntos acumulados son los que abren el segundo grupo, ( 3 ) cuyo tema principal es muy distinto del primero: ¿pueden las sentencias del Curtea Constituțională a României (Tribunal Constitucional, Rumanía; en lo sucesivo, «Tribunal Constitucional») vulnerar los principios de independencia judicial y de Estado de Derecho, así como la protección de los intereses financieros de la Unión?

3. En concreto, estos dos asuntos acumulados giran en torno a los efectos de una resolución del Tribunal Constitucional en que se declara, en esencia, que determinadas salas de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía; en lo sucesivo, «Tribunal Supremo») se habían constituido de forma irregular. A raíz de dicha resolución, algunas de las partes interesadas pudieron interponer recurso extraordinario, lo cual, a su vez, planteó ciertas dudas no solo en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión en virtud del artículo 325 TFUE, apartado 1, sino también con la interpretación del concepto de «juez establecido previamente por la ley», consagrado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. Por último, todo ello se inserta en un marco institucional nacional en el que el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional constituye una infracción disciplinaria.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. Con arreglo al artículo 1 del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Convenio PIF»): ( 4 ) «1. A efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas; a) en materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa: – a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta; – al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto; – al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio; […] 2. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias y adecuadas para trasladar al Derecho penal interno las disposiciones del apartado 1 de manera que los comportamientos que contemplan supongan una infracción penal. 3. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2, cada Estado miembro adoptará asimismo las medidas necesarias para que la elaboración o el suministro intencionado de declaraciones y de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan el efecto mencionado en el apartado 1, supongan una infracción penal si no son ya punibles bien como infracción principal, bien por complicidad, instigación o tentativa de fraude tal como se contempla en el apartado 1. 4. Para determinar si una acción u omisión de las mencionadas en los apartados 1 y 3 es intencionada se podrán tener en cuenta circunstancias de hecho objetivas.»

5. A tenor del artículo 2 del Convenio PIF: «1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para que a los comportamientos que contempla el artículo 1, así como a la complicidad, instigación o tentativa ligados a los comportamientos contempladas en el apartado 1 del artículo 1, les sean impuestas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición, entendiéndose que debe considerarse como fraude grave cualquier fraude que afecte a un montante mínimo a fijar por cada Estado miembro. Este montante mínimo no puede ser fijado en más de 50000 ecus. […]»

B. Derecho rumano

1. Constitución de Rumanía

6. La Constitución de Rumanía, en su versión modificada y completada por la Ley n.o 429/2003, contiene las siguientes disposiciones: «Artículo 142. Estructura 1. El [Tribunal Constitucional] es el garante de la primacía de la Constitución. 2. El [Tribunal Constitucional] estará compuesto por nueve jueces, nombrados por períodos de nueve años no prorrogables ni renovables. 3. Tres jueces serán nombrados por la Camera Deputaţilor (Congreso), tres por el Senat (Senado) y tres por el Presidente de Rumanía. […] Artículo 143. Requisitos del nombramiento Los jueces del [Tribunal Constitucional] deberán disponer de excelentes cualificaciones jurídicas, un elevado nivel de competencia profesional y al menos dieciocho años de experiencia en una profesión jurídica o de enseñanza en una facultad de Derecho. […] Artículo 145. Independencia e inamovilidad Los jueces del [Tribunal Constitucional] serán independientes en el ejercicio de su cargo y no podrán ser destituidos durante su mandato. Artículo 146. Funciones Las funciones del [Tribunal Constitucional] son las siguientes: […] e) resolver conflictos jurídicos de carácter constitucional entre autoridades públicas, a instancia del Presidente de Rumanía, de uno de los presidentes de las dos cámaras del Parlamento de Rumanía, del Primer Ministro o del Presidente del Consiliul Superior al Magistraturii (Consejo Superior de la Magistratura; en lo sucesivo, «CSM»); […] Artículo 147. Resoluciones del [Tribunal Constitucional] 1. Las disposiciones de las leyes y decretos actualmente en vigor, así como las de los reglamentos, que sean declaradas inconstitucionales dejarán de surtir efectos jurídicos a los 45 días de la publicación de la correspondiente resolución del [Tribunal Constitucional], si en ese plazo el Parlamento o el Gobierno, según proceda, no modifica las disposiciones inconstitucionales de modo que sean conformes con la Constitución. Durante todo ese plazo, las disposiciones que hayan sido declaradas inconstitucionales quedarán suspendidas. 2. En los casos de inconstitucionalidad que afecten a leyes, antes de su promulgación el Parlamento deberá reconsiderar las disposiciones de que se trate para ponerlas en consonancia con la resolución del [Tribunal Constitucional]. […] 4. Las resoluciones del [Tribunal Constitucional] se publicarán en el Monitorul Oficial al României (Boletín Oficial de Rumanía). Desde la fecha de su publicación, producirán efectos vinculantes y tendrán únicamente efectos ex nunc.»

2. Ley n.o 303/2004

7. Con arreglo al artículo 99, letra ș), de la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Ley n.o 303/2004, sobre el estatuto de los jueces y fiscales; en lo sucesivo, «Ley n.o 303/2004»), ( 5 ) el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional constituye infracción disciplinaria.

3. Ley 304/2004

8. La composición de las salas del Tribunal Supremo se rige por los artículos 32 y 33 de la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Ley n.o 304/2004 sobre la organización judicial; en lo sucesivo, «Ley n.o 304/2004»). ( 6 ) Estos artículos han sido modificados en 2010, 2013 y 2018.

9. En su versión modificada por la Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Ley n.o 207/2018 que modifica y completa la Ley n.o 304/2004), ( 7 ) el artículo 32 de la Ley n.o 304/2004 presenta el siguiente tenor: «1. Al inicio de cada año, a propuesta del Presidente o del Vicepresidente del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno aprobará el número de salas de cinco jueces y su composición. 2. En materia penal, las salas de cinco jueces se constituirán con miembros de la Sección Penal del Tribunal Supremo. 3. En las demás materias, las salas de cinco jueces se constituirán con jueces especializados, en función de la naturaleza de cada asunto. 4. Los jueces que integren las mencionadas salas se designarán por sorteo celebrado en sesión pública por parte del Presidente o, en su ausencia, por uno de los dos Vicepresidentes del Tribunal Supremo. Los miembros de las salas solo podrán ser sustituidos con carácter excepcional, atendiendo a criterios objetivos establecidos por el Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (Reglamento relativo a la organización y al funcionamiento administrativo del Tribunal Supremo). 5. Cada sala de cinco jueces estará presidida por el Presidente del Tribunal Supremo, uno de los dos Vicepresidentes o los presidentes de las salas, cuando hayan sido integrados en la sala con arreglo al apartado 4. 6. Si ninguno de ellos ha sido integrado en la sala de que se trate, todos sus miembros la presidirán de forma rotatoria por orden de su antigüedad en la magistratura. 7. Los asuntos correspondientes a cada sala de cinco jueces se asignarán aleatoriamente mediante un sistema informático.»

4. Reglamento del Tribunal Supremo

10. El regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a ÎCCJ (Reglamento relativo a la organización y al funcionamiento administrativo del Tribunal Supremo; en lo sucesivo, «Reglamento del Tribunal Supremo») ( 8 ) fue adoptado sobre la base de la Ley n.o 304/2004. Fue modificado y completado por la resolución n.o 24 del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2010 (en lo sucesivo, «resolución n.o 24/2010») ( 9 ) y por la resolución n.o 3 del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2014 (en lo sucesivo, «resolución n.o 3/2014»). ( 10 )

11. En su versión modificada por la resolución n.o 3/2014, los artículos 28 y 29 del Reglamento del Tribunal Supremo presentan el siguiente tenor: «Artículo 28 1. En el Tribunal Supremo se constituirán salas de cinco jueces con la competencia jurisdiccional que la ley establezca. 2. Al comienzo de cada año, para los asuntos penales se crearán salas de cinco jueces constituidas solamente por miembros de la Sección Penal, y para el resto de las materias se crearán dos salas de cinco jueces constituidas por miembros de la Sección Primera de lo Civil, de la Sección Segunda de lo Civil y de la Sección de lo Contencioso-Administrativo y lo Tributario. 3. El número de salas de cinco jueces en materia penal se decidirá anualmente por la Sala de Gobierno a propuesta del Presidente de la Sección Penal. 4. Las salas de cinco jueces estarán presididas, según proceda, por el Presidente, los Vicepresidentes, el presidente de la Sala de lo Penal o el miembro más antiguo. Artículo 29 1. A fin de constituir las salas de cinco jueces en materia penal, el Presidente o, en su ausencia, uno de los Vicepresidentes del Tribunal Supremo designará anualmente, por sorteo celebrado en sesión pública, cuatro jueces o, en su caso, cinco jueces de la Sección Penal del Tribunal Supremo para la constitución de cada una de las salas. 2. A fin de constituir las dos salas de cinco jueces en las demás materias distintas de lo penal, el Presidente o, en su ausencia, uno de los Vicepresidentes del Tribunal Supremo designará anualmente, de la forma descrita en el apartado 1, los jueces que compondrán dichas salas. 3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo decidirá anualmente sobre el grado de representación de cada sección en la composición de las salas a las que se refiere el apartado 2 y aprobará la composición de las salas de cinco jueces; en el caso de las salas de cinco jueces en materia penal, se hará a propuesta del presidente de la Sección Penal. 4. Los jueces que hayan sido designados el año anterior no participarán en los sorteos del año siguiente. 5. Se designarán cuatro o, si procede, cinco jueces suplentes para cada sala, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 a 3.»

5. Código de Enjuiciamiento Penal

12. Con arreglo al artículo 426, párrafo primero, de la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Ley n.o 135/2010, relativa al Código de Enjuiciamiento Penal), ( 11 ) modificada por la Ley n.o 255/2013 y por la Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 18/2016 (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 18/2016) (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Penal»): «Se podrá interponer recurso extraordinario de anulación contra las sentencias penales firmes en los siguientes casos: […] d) cuando la composición del tribunal que haya conocido del recurso de apelación no sea conforme con las disposiciones legales o en caso de incompatibilidad.»

13. De conformidad con el artículo 428, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Penal, «el recurso extraordinario de anulación se podrá interponer por las causas establecidas en el artículo 426, letras a) y c) a h), en el plazo de 30 días desde la fecha de notificación de la resolución del tribunal de apelación.»

14. Con arreglo al artículo 432, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Penal: «En la vista en la que se juzga el recurso extraordinario de anulación, si el tribunal, habiendo escuchado a las partes y el informe del fiscal, considera el recurso fundado, dictará sentencia anulando la sentencia recurrida y, bien inmediatamente o bien fijando un plazo para ello, procederá, según los casos, a un nuevo enjuiciamiento del recurso de apelación o del asunto conforme a la anulación.»

6. Código Penal

15. El artículo 154 de la Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Ley n.o 286/2009 del Código Penal), ( 12 ) de 17 de julio de 2009, en su versión sucesivamente modificada y completada (en lo sucesivo, «Código Penal»), establece lo siguiente: «1. Los períodos de prescripción de la responsabilidad penal son los siguientes: a) 15 años, cuando la infracción cometida lleve aparejada la pena de cadena perpetua o de prisión por un período superior a 20 años; b) 10 años, cuando la infracción cometida lleve aparejada una pena de prisión por un período no inferior a 10 años y no superior a 20 años; c) 8 años, cuando la infracción cometida lleve aparejada una pena de prisión por un período no inferior a 5 años y no superior a 10 años; d) 5 años, cuando la infracción cometida lleve aparejada una pena de prisión por un período no inferior a un año y no superior a 5 años; e) 3 años, cuando la infracción cometida lleve aparejada una pena de prisión por un período inferior a un año o una multa. 2. Los períodos de prescripción establecidos en el presente artículo comenzarán a correr en la fecha en que se cometa la infracción. El inicio del cómputo será: en el caso de infracciones permanentes, en la fecha en que cese la acción u omisión; en el caso de infracciones continuadas, en la fecha en que se cometa la última acción u omisión, y, en el caso de infracciones por reiteración, en la fecha en que se cometa la última acción. 3. En el caso de infracciones progresivas, el período de prescripción de la responsabilidad penal comenzará a correr en la fecha en que se cometa la acción u omisión y se calculará en función de la pena correspondiente al resultado final. […]»

16. Las causas y los efectos de las interrupciones del período de prescripción se regulan en el artículo 155 del Código de Enjuiciamiento Penal del siguiente modo: «1. La realización de cualquier acto procesal en un asunto interrumpirá el período de prescripción de la responsabilidad penal. 2. Tras cada interrupción comenzará a correr un nuevo período de prescripción. 3. La interrupción del período de prescripción producirá efectos frente a todos los participantes en la infracción, aunque la acción de interrupción solo afecte a algunos de ellos. 4. Los períodos establecidos en el artículo 154, una vez transcurrido el doble de cada uno de ellos, se considerarán cumplidos independientemente del número de interrupciones sufridas. 5. La admisión provisional de la petición de reapertura de un procedimiento penal hará que dé comienzo a un nuevo período de prescripción de la responsabilidad penal.»

III. Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales

A. Asunto C‑357/19

17. El procedimiento principal en este asunto versa sobre los recursos extraordinarios interpuestos por el Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcţia Naţională Anticorupţie (Fiscalía del Tribunal Supremo — Dirección nacional de lucha contra la corrupción, Rumanía; en lo sucesivo, «Fiscalía»), por un lado, y por cuatro recurrentes en dicho asunto, por otro, contra una sentencia firme de 5 de junio de 2018.

18. En dicha sentencia, dictada por una sala de cinco jueces del Tribunal Supremo, se impusieron a los recurrentes varias penas por actos de corrupción, abuso en el desempeño del cargo y evasión fiscal. En ella, la sala resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia pronunciada el 28 de marzo de 2017 por la Sección Penal del Tribunal Supremo. La sala de cinco jueces estaba formada por el Presidente de la Sección Penal del Tribunal Supremo y otros cuatro jueces designados por sorteo con arreglo al Reglamento del Tribunal Supremo.

19. En cuanto a los actos de corrupción, se consideró que entre los años 2010 y 2012, la primera apelante, entonces ministra, había coordinado un mecanismo mediante el cual ella misma y algunas personas cercanas a ella percibieron cantidades de dinero entregadas por representantes de determinadas empresas, con el fin de tener garantizado el pago puntual de los trabajos realizados en el marco de programas financiados con cargo al presupuesto del Ministerio, en unas circunstancias en las que la asignación presupuestaria se había reducido de forma significativa y la liquidación de los trabajos acumulaba grandes retrasos. Estaban implicados en dicho mecanismo también el segundo recurrente (en aquel entonces, asistente personal de la ministra), el tercer recurrente (entonces, secretario general del Ministerio) y otras personas (un asesor personal de la ministra y el director de un organismo nacional de inversión).

20. En cuanto a los actos de abuso en el desempeño del cargo, se consideró que, a lo largo de 2011, la primera recurrente, en su condición de ministra, hizo que el Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo adjudicase un contrato de servicios a SC Europlus Computers SRL, sociedad administrada por el cuarto recurrente. El contrato tenía por objeto la prestación de servicios de promoción de Rumanía en los eventos celebrados con motivo de la organización por la Federación Rumana de Boxeo de la Gala Internacional de Boxeo Profesional. La adjudicación del contrato de servicios publicitarios supuso la percepción de fondos públicos por importe de 8116800 lei rumanos (en lo sucesivo, «RON») para la organización de un evento comercial cuyos ingresos totales percibieron los organizadores con exclusividad.

21. En consecuencia, se consideró que los fondos públicos se habían utilizado de una manera prohibida por la ley y que el contrato se había adjudicado en contra de lo establecido por la normativa en materia de contratación pública, al haberse adquirido servicios que no figuraban entre las categorías de gastos subvencionables a efectos de los programas con financiación europea en el marco del proyecto «Promoción de la marca turística de Rumanía», a través del Programa Operativo Regional 2007‑2013. Tales circunstancias motivaron la denegación de pagos por parte de la autoridad de gestión de los fondos europeos, de manera que los importes que deberían haberse reembolsado con cargo a los fondos europeos fueron sufragados íntegramente por el presupuesto del Estado, causando al Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo un perjuicio de 8116800 RON.

22. Con respecto a los actos de evasión fiscal, se apreció que el cuarto recurrente anotó en la contabilidad de SC Europlus Computers SRL apuntes basados en documentos emitidos por sociedades ficticias, que reflejaban gastos ficticios generados, supuestamente, por servicios de publicidad y consultoría, con el fin de reducir el importe de los impuestos debidos al presupuesto del Estado por los ingresos generados por los actos anteriormente relatados. Esto causó un perjuicio por importe de 646838 RON, de los cuales 388103 RON correspondían al IVA, y por importe de 90669 RON, que incluye un IVA de 54402 RON.

23. Después de que la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2018 hubiese adquirido firmeza (en apelación, por la sala de cinco jueces), el Tribunal Constitucional dictó su resolución n.o 685/2018 de 7 de noviembre de 2018 (en lo sucesivo, «sentencia n.o 685/2018»), por la que se estimó el recurso interpuesto por el Primer Ministro de Rumanía. En dicha sentencia se declaró que existía un conflicto jurídico de naturaleza constitucional entre el Parlamento y el Tribunal Supremo, a raíz de las decisiones de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo con arreglo a las cuales solo cuatro de los cinco miembros de las salas de cinco jueces se designaban por sorteo. Se estimó que esto era contrario a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley n.o 304/2004. En consecuencia, todas las salas de cinco jueces constituidas desde el 1 de febrero de 2014 se consideraban indebidamente constituidas. El Tribunal Constitucional ordenó al Tribunal Supremo que procediera a designar lo antes posible por sorteo a todos los miembros de las salas de cinco jueces. Asimismo, señaló que la resolución n.o 685/2018 era aplicable a los asuntos concluidos, en la medida en que los justiciables aún dispusieran de plazo para interponer los recursos extraordinarios pertinentes.

24. Los recurrentes, así como la Fiscalía, interpusieron recurso extraordinario de anulación sobre la base de la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional, con el objeto de que se anulase la sentencia de 5 de junio de 2018 y se examinasen de nuevo sus recursos de apelación. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente debe pronunciarse sobre el fundamento de los motivos invocados por ambas partes. Tiene la opción de desestimar el recurso extraordinario de anulación, con la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida, o bien estimarlo, anulando así la sentencia condenatoria y procediendo al nuevo examen de los recursos de apelación.

25. Dadas estas circunstancias, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, el artículo 325 [TFUE], apartado 1, y los artículos 1, apartado 1, letras a) y b), y 2, apartado 1, del [Convenio PIF] en el sentido de que se oponen a que un órgano ajeno al poder judicial como es la Curtea Constituțională a României (Tribunal Constitucional de Rumanía) dicte una resolución en la que se pronuncie sobre la legalidad de la composición de unas salas de un órgano jurisdiccional, creando con ello las condiciones necesarias para que puedan estimarse recursos extraordinarios contra sentencias judiciales firmes pronunciadas en un determinado período de tiempo? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 47, párrafo segundo, de la [Carta] en el sentido de que se opone a que un órgano ajeno al poder judicial, en una resolución obligatoria según el Derecho interno, declare la falta de independencia y de imparcialidad de una sala de un órgano jurisdiccional de la que forma parte un juez que tiene una función gubernativa en ese órgano jurisdiccional y que no ha sido designado por sorteo, sino en virtud de una norma transparente, conocida y no impugnada por las partes, la cual se aplica en todos los asuntos de los que conoce la sala de que se trata? 3) ¿Debe interpretarse la primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que permite que el órgano jurisdiccional nacional deje inaplicada una resolución que el Tribunal Constitucional ha pronunciado en un asunto que tiene por objeto un conflicto constitucional y que es obligatoria según el Derecho interno?»

B. Asunto C‑547/19

26. Mediante resolución judicial de 2 de abril de 2018, la Sección disciplinaria para Jueces del CSM estimó la acción disciplinaria ejercitada por la Inspecția Judiciară (Inspección Judicial, Rumanía) contra la recurrente, magistrada de la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest). En dicha resolución se le impuso la sanción de expulsión de la magistratura, de conformidad con el artículo 100, letra e), de la Ley n.o 303/2004. Se consideró que se habían vulnerado gravemente las disposiciones relativas a la atribución aleatoria de los asuntos. Con ello, la recurrente había cometido la infracción disciplinaria recogida en el artículo 99, letra o), de la Ley n.o 303/2004.

27. La recurrente impugnó la resolución de 2 de abril de 2018 ante el Tribunal Supremo. Paralelamente, la Asociația Forumul Judecătorilor din România (Asociación Judicial «Forum», Rumanía) interpuso otro recurso de apelación contra un auto en que se denegaba su intervención en el procedimiento original ante la Sección disciplinaria para Jueces del CSM. Ambos recursos fueron asignados a la sala de cinco jueces «Civil 2», constituida el 30 de octubre de 2017 por sorteo y aprobada por resolución n.o 68 de 2 de noviembre de 2017 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y fueron acumulados en el momento de la vista, celebrada el 22 de octubre de 2018.

28. El 7 de noviembre de 2018, el Tribunal Constitucional dictó su resolución n.o 685/2018. ( 13 )

29. El 8 de noviembre de 2018, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo adoptó la resolución n.o 137/2018. El 9 de noviembre de 2018, a raíz de dicha resolución, se designaron por sorteo a todos los miembros de las salas de cinco jueces para el año 2018.

30. El 29 de noviembre de 2018 se publicó la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional. Tras esta publicación, la Sección disciplinaria para Jueces del CSM adoptó la resolución n.o 1367 de 5 de diciembre de 2018, que contiene disposiciones «que garantizan la conformidad con los requisitos establecidos en la [resolución n.o 685/2018]» (en lo sucesivo, «resolución n.o 1367/2018»).

31. Para ajustarse a lo dispuesto en esta resolución, la sala que conocía del asunto, en su composición establecida mediante la resolución n.o 137/2018, dispuso, mediante auto de 10 de diciembre de 2018, que el asunto fuera cancelado del registro para que fuera nuevamente atribuido de forma aleatoria a una sala cuya composición se determinaría mediante sorteo conforme a las normas aprobadas por la Sección disciplinaria para Jueces del CSM, en virtud de la resolución n.o 1367/2018.

32. El 13 de diciembre de 2018 tuvo lugar, en la sede del Tribunal Supremo, el sorteo para designar a los miembros de las salas de cinco jueces para 2018. El litigio principal se asignó aleatoriamente a una sala de cinco jueces (Civil 3) de 2018, sala que ha remitido la presente petición de decisión prejudicial.

33. Mediante resolución judicial n.o 1535, de 19 de diciembre de 2018, de la Sala del CSM para los Jueces (en lo sucesivo, «resolución n.o 1535/2018»), se determinó que los asuntos asignados a las salas de cinco jueces constituidas para el año 2018 seguirían siendo examinados por dichas salas después del 1 de enero de 2019, aunque no se hubiese realizado ningún acto procesal en dichos asuntos.

34. En vista de estos hechos, la recurrente interpuso, en particular, una excepción de ilegalidad respecto a la composición de la sala que conoce de su asunto y una excepción de ilegalidad respecto a las resoluciones n.o 1367/2018 y n.o 1535/2018 de la Sala del CSM para los Jueces, así como respecto a las subsiguientes decisiones de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. ( 14 ) En su opinión, la intervención del Tribunal Constitucional y del CSM en la actividad del Tribunal Supremo constituía una infracción del principio de continuidad de la sala que conoce del asunto. Sin dicha intervención, el asunto se habría atribuido correctamente a una de las salas de cinco jueces constituidas para el año 2019, de conformidad con el artículo 32 de la Ley n.o 304/2004. En opinión de la recurrente, el hecho de que una sala haya seguido desempeñando sus actividades más allá del límite temporal previsto en la ley vulnera lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (en lo sucesivo, «CEDH») y en el artículo 47 de la Carta, lo que tiene efectos sobre el artículo 2 TUE. Al imponer una determinada conducta al Tribunal Supremo, el CSM, que es un órgano administrativo, ha vulnerado los principios del Estado de Derecho, perjudicando la independencia e imparcialidad en la administración de justicia que debe reunir en todo caso un órgano jurisdiccional predeterminado por ley.

35. El órgano jurisdiccional remitente explica que, aunque, en principio, la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional no afecta a la composición de las salas no penales, tiene un efecto indirecto en el presente procedimiento. Esto es así porque, en cumplimiento de dicha sentencia, el CSM ha adoptado una serie de actos administrativos en los que ha impuesto al Tribunal Supremo una interpretación diferente de las disposiciones relativas al carácter anual de la composición de las salas de cinco jueces.

36. Dadas estas circunstancias, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse los artículos 2 [TUE] y 19 [TUE], apartado 1, y el artículo 47 de la [Carta] en el sentido de que se oponen a que un tribunal constitucional (que, conforme al Derecho nacional, no es un órgano jurisdiccional) intervenga en lo que respecta al modo en el que el tribunal supremo ha interpretado y aplicado la normativa infraconstitucional a efectos de la constitución de las salas que han de juzgar asuntos?»

C. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

37. El órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑357/19 solicitó la aplicación del procedimiento acelerado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. El Presidente del Tribunal de Justicia desestimó esta solicitud el 23 de mayo de 2019. Mediante auto de 28 de noviembre de 2019 se concedió prioridad a este asunto en virtud del artículo 53, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, así como al asunto C‑547/19.

38. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2020, los asuntos C‑357/19 y C‑547/19 se acumularon a los efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

39. Han presentado observaciones escritas en el asunto C‑357/19 los recurrentes primero, segundo y cuarto, la Fiscalía, los Gobiernos polaco y rumano y la Comisión Europea.

40. En el asunto C‑547/19 han presentado observaciones escritas la recurrente, la Asociación Judicial «Forum», el CSM, la Inspección Judicial, el Gobierno rumano y la Comisión.

41. La primera recurrente en el asunto C‑357/19, el segundo recurrente en el asunto C‑357/19, la recurrente en el asunto C‑547/19, la Asociación Judicial «Forum», la Fiscalía, el Gobierno rumano y la Comisión han respondido a las preguntas por escrito formuladas por el Tribunal de Justicia.

IV. Análisis

42. Las presentes conclusiones siguen la siguiente estructura. En primer lugar, voy a ocuparme de las excepciones de admisibilidad formuladas por las partes contra las cuestiones prejudiciales (A). En segundo lugar, voy a exponer el marco jurídico de la Unión pertinente y señalaré las disposiciones de Derecho de la Unión aplicables a los presentes asuntos (B). En tercer lugar, voy a entrar en el fondo del asunto de las cuestiones prejudiciales (C).

A. Admisibilidad de las cuestiones prejudiciales

1. Asunto C‑357/19

43. La primera recurrente así como los recurrentes segundo y cuarto y el Gobierno polaco, han alegado que las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑357/19 son inadmisibles. ( 15 ) El primer grupo de objeciones se refiere a la supuesta incompetencia de la Unión en los ámbitos sobre los que versa el procedimiento principal, afectando efectivamente a la competencia del Tribunal de Justicia [letra a)]. Una segunda línea de objeciones trata de la irrelevancia de las cuestiones prejudiciales para el procedimiento principal [letra b)].

a) Incompetencia de la Unión

44. La primera recurrente y el cuarto alegan que el presente asunto queda fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, ya que todos los aspectos relativos a la interpretación y aplicación de las disposiciones controvertidas son estrictamente nacionales. En un sentido similar, el segundo recurrente considera que el asunto carece de toda conexión con el Derecho de la Unión.

45. Según el Gobierno polaco, en el contexto del procedimiento prejudicial no es admisible que el Tribunal de Justicia entre a valorar el fondo de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y se pronuncie sobre si estos están obligados a seguir las resoluciones de otras jurisdicciones nacionales. Además, las cuestiones prejudiciales no son necesarias para la resolución del procedimiento principal. Este versa sobre una situación meramente interna que no toca ningún ámbito en el que tenga competencias la Unión. Asimismo, la Carta solo es de aplicación cuando los Estados miembros aplican el Derecho de la Unión, lo cual no sucede aquí.

46. En mi opinión, estos argumentos no son convincentes.

47. Es cierto que la Unión carece de competencias legislativas directas en materia de organización judicial. Pero no es menos cierto que los Estados miembros tienen la obligación de cumplir con las exigencias de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del Convenio PIF, así como del artículo 47 de la Carta, cuando elaboren sus normas y adopten prácticas que tengan incidencia en la aplicación nacional del Derecho de la Unión. Esta lógica no se aplica en función de las áreas del Derecho. Se aplica y siempre se ha aplicado en función de la incidencia. Puede afectar a cualquier elemento de las estructuras o procedimientos nacionales utilizados para la aplicación nacional del Derecho de la Unión.

48. La cuestión concreta sobre la que trata el presente asunto, es decir, si la jurisprudencia nacional y las normas relativas a la composición de las salas judiciales del Tribunal Supremo están comprendidas en el ámbito de las citadas disposiciones, y qué potenciales obligaciones se desprenden de estas, es precisamente el objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas. Por lo tanto, baste señalar que la petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del Derecho de la Unión, concretamente de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del Convenio PIF, además del artículo 47 de la Carta. En este contexto, es evidente que el Tribunal de Justicia goza de competencias para responder a la petición de decisión prejudicial. ( 16 )

49. Por otro lado, al margen del debate sobre la aplicabilidad del artículo 325 TFUE, apartado 1, del Convenio PIF y de la Carta, y sobre el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en el sentido más tradicional, que habrá de ser objeto de análisis con mayor detalle más adelante en las presentes conclusiones, ( 17 ) la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha aclarado que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es de aplicación cuando un órgano nacional sea competente para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión. ( 18 )

50. No cabe duda de que el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional cuya independencia se ve supuestamente afectada por la resolución del Tribunal Constitucional aquí controvertida, es un órgano judicial nacional competente de forma ordinaria para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión.

51. En consecuencia, considero que ninguno de los argumentos formulados pone en duda la competencia del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones planteadas en el asunto C‑357/19.

b) Relevancia de las cuestiones prejudiciales para el procedimiento principal

52. El cuarto recurrente alega que la petición de decisión prejudicial no es necesaria para resolver el procedimiento principal, y que la cuestión interpretativa del Derecho de la Unión carece de relevancia. En su opinión, esto es así porque, independientemente de la respuesta que se dé a las cuestiones prejudiciales, dicha respuesta no permitirá al tribunal remitente resolver el litigio. El segundo recurrente aduce que las disposiciones del Derecho de la Unión citadas en las cuestiones prejudiciales son de naturaleza general, de modo que no suscitan ninguna duda y carecen de todo vínculo con el procedimiento principal. Asimismo, el segundo recurrente alega que, en cualquier caso, su situación jurídica no tiene que ver con ningún fraude cometido con fondos de la Unión.

53. Si bien comparte, en esencia, las mismas dudas, la primera recurrente añade que, al remitirse al Convenio PIF, el órgano jurisdiccional remitente ha tratado de cumplir las condiciones admisibilidad de forma ilegítima e infundada. Esta recurrente aduce que ha sido absuelta con carácter firma del delito de intento de utilización de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos para obtener indebidamente fondos del presupuesto de la Unión. Además, el presupuesto de la Unión no se ha visto afectado, y el objeto del recurso extraordinario de anulación interpuesto en el procedimiento principal no guarda relación alguna con dicho delito. Por lo tanto, considera que el presente asunto carece de todo vínculo con el Derecho de la Unión.

54. En mi opinión, procede rechazar estas objeciones.

55. En primer lugar, todas las cuestiones del asunto C‑357/19 han sido formuladas con motivo del análisis del recurso extraordinario pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. Este considera que, para resolver dicho recurso, es preciso aclarar, con las dos primeras cuestiones prejudiciales, la interpretación de diversas disposiciones del Derecho de la Unión, a fin de poder valorar si se oponen a la adopción de la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional que, de lo contrario, estaría obligado a cumplir. Si el Derecho de la Unión se opone a la adopción de dicha sentencia, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, con su tercera cuestión prejudicial, las consecuencias jurídicas que ello tendría, es decir, si sería posible dejar la resolución inaplicada en virtud del principio de primacía.

56. Sin querer anticipar en modo alguno la posible respuesta al fondo de todas estas cuestiones, no tengo la menor duda de que son relevantes para la resolución del procedimiento principal y tienen incidencia directa en la resolución que adopte el órgano jurisdiccional remitente. ( 19 ) En consecuencia, las cuestiones prejudiciales cumplen el requisito de «necesidad» a los efectos del artículo 267 TFUE. ( 20 )

57. En segundo lugar, los argumentos formulados en relación con la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑357/19, acerca de las infracciones concretas y la situación específica de los recurrentes, a mi parecer, no afectan a la admisibilidad de dicha cuestión. Se trata, en esencia, de argumentos basados en el hecho de que la primera recurrente ha sido absuelta del delito de fraude con fondos de la Unión, que a los demás intervinientes no les ha sido imputado tal delito y que el resultado de la reapertura del asunto mediante el recurso extraordinario en aplicación de la resolución n.o 685/2018 podría dar lugar a la revisión de la sentencia absolutoria. Por todo ello, se alega que las cuestiones prejudiciales son irrelevantes para la resolución del procedimiento principal.

58. Sin embargo, la primera cuestión prejudicial es, en todo caso, admisible. El procedimiento principal también versa sobre actos que constituyen fraude fiscal, que podría ocasionar pérdidas nada desdeñables en la recaudación del IVA. ( 21 ) Esto solo, de por sí, ya presenta una clara conexión con los intereses financieros de la Unión. ( 22 )

59. Además, en cuanto a los demás delitos mencionados (corrupción y abuso en el desempeño del cargo ( 23 )), la cuestión de si el artículo 325 TFUE, apartado 1, y/o el Convenio PIF comprenden o no una situación como la del procedimiento principal es una cuestión de fondo. Tal como ha expuesto el órgano jurisdiccional remitente en la resolución de remisión, la finalidad de la primera cuestión consiste en aclarar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del artículo 325 TFUE, apartado 1, y de los artículos 1, apartado 1, letras a) y b), y 2, apartado 1, del Convenio PIF también afectan a las condenas penales ya impuestas. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente también afirma que una interpretación de la frase «y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión» que contiene el artículo 325 TFUE, apartado 1, es necesaria para determinar si comprende los actos de corrupción y fraude cometidos en el contexto de contratación pública, con los que se pretendía obtener el reembolso de importes procedentes de fondos de la Unión, aunque el fraude a dichos fondos no se consumara.

60. Por lo tanto, el objetivo de la primera cuestión prejudicial es precisamente aclarar si el artículo 325 TFUE, apartado 1, y/o el Convenio PIF son aplicables en una situación como la del procedimiento principal. Obviamente, la respuesta a esta cuestión atañe al fondo del asunto, no a la admisibilidad.

2. Asunto C‑547/19

a) Incompetencia de la Unión

61. La Inspección Judicial ha alegado que la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑547/19 es inadmisible. ( 24 ) En su opinión, el artículo 2 TUE no se debe interpretar en el sentido de que la Unión posee competencias en los ámbitos comprendidos por él. Tras recalcar que la Carta y el artículo 19 TUE, apartado 1, presentan distintos ámbitos de aplicación, la Inspección Judicial alega que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el último se refiere a los «ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de si los Estados miembros están aplicando este Derecho a efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta. La aplicación de las disposiciones de la Carta solo es posible cuando los Estados miembros aplican el Derecho de la Unión, lo cual no sucede en el caso del procedimiento principal.

62. En primer lugar, tal como acabo de señalar en relación con el asunto C‑357/19, los argumentos formulados tratan más de la competencia del Tribunal de Justicia que de la admisibilidad del asunto. ( 25 )

63. En segundo lugar, no obstante, respecto a la competencia, a diferencia del asunto C‑357/19, el asunto C‑547/19 no guarda relación con los intereses financieros de la Unión y, por ende, con el artículo 325 TFUE. Trata de un aspecto que, en esencia, no está sometido al Derecho de la Unión (las disposiciones nacionales sobre la composición de las salas de un tribunal supremo) en un litigio principal que, conforme a la concepción tradicional del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, no está comprendido en este (el recurso contra una sanción disciplinaria por la que se aparta a un juez de sus funciones).

64. Sin embargo, la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha aclarado que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es de aplicación cuando un órgano nacional sea competente para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión. ( 26 ) En el presente asunto, no cabe duda de que el Tribunal Supremo, incluida su sala Civil 3, ( 27 ) que es el órgano judicial cuya independencia podría haberse visto afectada por la resolución controvertida del Tribunal Constitucional, es un órgano que, en su actividad desempeñada en otros asuntos, puede tener que pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones del Derecho de la Unión, cumpliendo así dicho requisito.

65. Habida cuenta de esta línea jurisprudencial, debo concluir que el Tribunal de Justicia es competente para responder a la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑547/19. Ya he expresado mis dudas en cuanto a la posibilidad de interpretar de forma tan extremadamente amplia el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. ( 28 ) Sin embargo, aunque se trate de un asunto en el límite, sospecho que no estamos aquí ante la mejor ocasión para explorar los límites de dicha disposición, por una simple razón de pragmatismo: la primera cuestión planteada en el asunto paralelo, el C‑357/19, que versa esencialmente sobre el mismo problema, al menos en mi opinión, es en todo caso admisible y está dentro de las competencias del Tribunal de Justicia.

b) Relevancia de la cuestión prejudicial para el procedimiento principal

66. En aras de la exhaustividad, quisiera añadir que la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑547/19 cumple el requisito de «necesidad» a los efectos del artículo 267 TFUE. ( 29 ) Por las razones antes indicadas, cabría dudar de si un asunto como el presente, pese a todo, sigue comprendido en el ámbito de aplicación (material) del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. No obstante, no cabe ninguna duda de que una decisión del Tribunal de Justicia se podría aplicar directamente en el procedimiento principal, de modo que resultaría relevante y necesaria en él.

67. En efecto, la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑547/19 se refiere a la interpretación del Derecho de la Unión en relación con una excepción de ilegalidad relativa a la composición de una sala judicial, actualmente pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. Dependiendo de la forma en que el órgano jurisdiccional remitente resuelva sobre dicha excepción una vez haya recibido la orientación del Tribunal de Justicia, es posible que el resultado del litigio principal sea muy diferente. Por lo tanto, la interpretación que se solicita al Tribunal de Justicia es «necesaria» a efectos del artículo 267 TFUE.

B. Derecho de la Unión aplicable

68. Con las diferentes cuestiones prejudiciales planteadas en los dos casos acumulados ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo desea aclarar la interpretación del artículo 325 TFUE, apartado 1; del Convenio PIF; del artículo 47 de la Carta y de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, así como del principio de primacía, y si dichas disposiciones y principios se oponen a la adopción o la aplicación de la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional.

69. En mi opinión, en relación con el caso concreto de Rumanía, existe un instrumento jurídico esencial que no ha sido invocado por el órgano jurisdiccional remitente en el presente procedimiento, pero que constituye la base de las anteriores peticiones de decisión prejudicial (y de otras paralelas): ( 30 ) la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (en lo sucesivo, «Decisión MCV»). ( 31 )

70. En consecuencia, es preciso determinar qué disposiciones del Derecho de la Unión son relevantes para el presente procedimiento.

1. Artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1

71. Como ya expuse con detalle en las conclusiones AFJR, ( 32 ) el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, según lo ha aplicado hasta ahora el Tribunal de Justicia, es potencialmente ilimitado. Obliga a los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Se trata de una disposición válida con independencia de si los Estados miembros aplican el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. ( 33 ) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es de aplicación cuando un órgano nacional sea competente para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión. ( 34 )

72. Esta postura da lugar a un extenso ámbito de aplicación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no solo desde el punto de vista institucional, sino también desde el sustantivo. El ámbito de aplicación sustantivo del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, comprende absolutamente todas las normas y prácticas nacionales que puedan afectar a la obligación de los Estados miembros de disponer soluciones eficaces, incluidas la independencia e imparcialidad de sus sistemas judiciales, sin ninguna regla de minimis al respecto. Los verdaderos límites del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al menos por el momento, se derivan únicamente de consideraciones relativas a la admisibilidad. ( 35 )

73. A la luz de dichas consideraciones, una vez satisfecho el umbral de admisibilidad, ( 36 ) el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es aplicable a los dos presentes asuntos. Desde el punto de vista sustantivo, ambos tratan de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en cuanto a las consecuencias de una resolución del Tribunal Constitucional y a su conformidad con las exigencias del principio de independencia judicial que rige en la Unión. Desde el punto de vista institucional, las peticiones de decisión prejudicial proceden de un órgano jurisdiccional de última instancia, el Tribunal Supremo, que efectivamente es competente para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión.

74. En cuanto a las referencias al artículo 2 TUE que se hacen en la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑357/19 y en la cuestión prejudicial en el asunto C‑547/19, al igual que en las conclusiones AFJR, ( 37 ) no veo motivo para realizar un análisis diferente de dicha disposición del Tratado. El Estado de Derecho, uno de los valores sobre los que se funda la Unión, se protege mediante la garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental a un juicio justo, que, a su vez, tienen el principio de independencia judicial como uno de sus elementos intrínsecos. ( 38 ) Por este motivo, el artículo 47 de la Carta, al igual que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye una concreción más precisa de dicha dimensión del valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE. ( 39 )

2. Decisión MCV (y Carta)

75. A diferencia de los asuntos objeto de mis conclusiones AFJR y Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice, ninguna de las resoluciones de remisión de los presentes asuntos plantea cuestiones específicas en relación con la Decisión MCV. ( 40 ) Por el contrario, la Decisión MCV se invoca una vez más en las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto paralelo, el C‑379/19, en el que hoy mismo presento unas conclusiones aparte.

76. De entrada, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional remitente solo invoque una cuestión prejudicial refiriéndose únicamente a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente los elementos de Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio. ( 41 )

77. En respuesta a las preguntas por escrito formuladas por el Tribunal de Justicia a las partes, la primera recurrente en el asunto C‑357/19 adujo que la Decisión MCV no trata de aspectos relativos a la aplicación o la supervisión del Estado de Derecho, la independencia judicial o la protección de los intereses financieros de la Unión. Además, en su opinión dicha Decisión no es aplicable al Tribunal Constitucional. La primera y el segundo recurrentes en el asunto C‑357/19 alegan que este no guarda relación alguna con la eficacia de la lucha contra la corrupción.

78. Por el contrario, la Comisión, el Gobierno rumano, la Fiscalía y la Asociación Judicial «Forum» consideran, en esencia, que la Decisión MCV, teniendo en cuenta en particular los indicadores 1 y 3 de su anexo, es aplicable a los problemas planteados por los presentes asuntos en cuanto a la lucha contra la corrupción, el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, con independencia de si existe o no una conexión particular con los intereses financieros de la Unión. La recurrente en el asunto C‑547/19 también considera que la Decisión MCV es aplicable en materia de la lucha contra la corrupción. Todas estas partes han observado que el Informe MCV de 2019 de la Comisión, ( 42 ) pese a no contener recomendaciones específicas, expresó inquietudes sobre las consecuencias del procedimiento iniciado por el Gobierno rumano ante el Tribunal Constitucional en relación con la consecución de los objetivos establecidos en los indicadores 1 y 3 del anexo de la Decisión MCV.

79. En mi opinión, a semejanza de lo que sugerí en las conclusiones AFJR, ( 43 ) la Decisión MCV (y las disposiciones pertinentes de la Carta, que resultan aplicables a raíz de dicha Decisión) ha de ser el criterio primordial a la hora de valorar la situación de los Estados miembros sometidos al régimen específico de la Decisión MCV. Las mismas consideraciones son válidas también en los presentes asuntos. El hecho de que la resolución de remisión en el asunto C‑547/19 no mencione la Decisión MCV apenas tiene relevancia.

80. Hay dos aspectos más que merecen ser señalados respecto a los presentes asuntos. En primer lugar, sin duda alguna estos asuntos pueden quedar comprendidos en el amplio alcance de los indicadores que contiene el anexo de la Decisión MCV. Cabe señalar que el anexo de la Decisión MCV contiene los «indicadores que debe cumplir Rumanía, mencionados en el artículo 1». Los indicadores 1, 3 y 4 que allí se establecen son, respectivamente, «garantizar procesos judiciales más transparentes y eficientes, en particular incrementando la capacidad y responsabilidad del [CSM] […]»; «ampliar los progresos ya realizados, continuar las investigaciones profesionales y no partidistas de las alegaciones de corrupción a alto nivel», y «tomar medidas complementarias de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las administraciones locales».

81. Tanto el asunto C‑357/19 como el asunto C‑547/19 versan sobre los potenciales efectos de la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional en cuanto a la eficiencia del proceso judicial (indicador 1). Además, el asunto C‑357/19 trata de la incidencia que dicha resolución constitucional puede tener en la lucha contra la corrupción, comprendida en los indicadores 3 y 4 de la Decisión MCV. Por lo tanto, existe una clara conexión material entre el objeto de los presentes asuntos y la Decisión MCV: la resolución del Tribunal Constitucional controvertida tiene repercusiones sobre la eficiencia del proceso judicial en general (ya que abre la posibilidad de revisar asuntos cerrados) y, en particular, sobre la lucha contra la corrupción (en la medida en que los efectos de dicha resolución se apliquen también en la práctica a asuntos sobre corrupción, como el C‑357/19). ( 44 )

82. En segundo lugar, ¿tiene alguna relevancia, desde el punto de vista del ámbito de aplicación (material o institucional) de la Decisión MCV, que las normas controvertidas no sean resultado de un cumplimiento nacional expreso de las obligaciones que se derivan de dicha Decisión, sino que estén recogidas en una resolución del Tribunal Constitucional nacional?

83. La Comisión, el Gobierno rumano y la Fiscalía han observado en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia que es irrelevante que los presentes asuntos versen sobre una resolución del Tribunal Constitucional, y no sobre actos de la autoridad legislativa o ejecutiva.

84. Estoy totalmente de acuerdo. La naturaleza y repercusiones sistemáticas de las resoluciones de un tribunal constitucional, que son de aplicación general y pueden llegar a modificar sustancialmente el entorno legislativo, hacen que, desde el punto de vista de sus efectos, dichas resoluciones no se puedan diferenciar de los actos del legislador o de otras instancias con competencias legislativas.

85. Por último, el hecho de que la resolución del Tribunal Constitucional de la que aquí se trata esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Decisión MCV significa que, por las razones expuestas en las conclusiones AFJR, ( 45 ) la resolución debe verse al mismo tiempo como un caso de aplicación de dicha Decisión y, por ende, del Derecho de la Unión a los efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta. En consecuencia, entra en juego, como criterio, el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, cuya función no es necesariamente la de fuente de derechos subjetivos para los justiciables individuales, sino, sobre todo, como criterio general del correcto cumplimiento nacional de las obligaciones impuestas por la Unión. ( 46 ) Así las cosas, el artículo 47 de la Carta es, sin duda, la disposición más relevante y concreta para que, en los presentes asuntos, el Tribunal de Justicia proporcione al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil a las cuestiones prejudiciales planteadas. ( 47 )

3. Artículo 325 TFUE, apartado 1; Convenio PIF (y Carta)

86. Con arreglo al artículo 325 TFUE, apartado 1, los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros. Por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 325 TFUE, apartado 1, presupone la existencia de fraude u otras actividades ilegales que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión.

87. ¿Es posible que alguna de las infracciones identificadas en el asunto C‑357/19 entre en el ámbito de aplicación de dicha disposición?

88. En mi opinión, la respuesta es afirmativa. En primer lugar, en cualquier caso, el artículo 325 TFUE, apartado 1, es aplicable a las infracciones relacionadas con el IVA [letra a)]. En segundo lugar, lo mismo cabe afirmar respecto de las infracciones de corrupción cometidas en proyectos financiados por la Unión [letra b)]. Por último, el hecho de que el presente asunto verse sobre una situación en que no se llegó a consumar el perjuicio a los intereses financieros de la Unión es irrelevante, a efectos de la interpretación del ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1 [letra c)]. E igualmente irrelevante es la circunstancia de que algunos de los recurrentes hayan sido absueltos de los delitos concretos relativos a los intereses financieros de la Unión [letra d)].

a) Artículo 325, apartado 1, e IVA

89. Tal como señaló la Comisión en sus observaciones escritas, así como la Fiscalía en su respuesta a las preguntas por escrito del Tribunal de Justicia, el procedimiento principal en el asunto C‑357/19 trata en parte de una condena impuesta al cuarto recurrente por un fraude fiscal, con la consiguiente pérdida en la recaudación del IVA. Las condenas en materia del IVA bastan para que el presente procedimiento entre en el ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del artículo 1, apartado 1, letra b), del Convenio PIF, relativo al fraude que afecte a los ingresos. En efecto, existe un vínculo directo entre la percepción de los ingresos procedentes del IVA y la puesta a disposición del presupuesto de la Unión de los recursos del IVA correspondientes. ( 48 ) Además, tal como han señalado la Comisión y la Fiscalía, parece que los importes del IVA no recaudados en este caso superan el umbral de 50000 euros, necesario para ser calificado como «fraude grave» con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF.

90. Ello nos lleva a la conclusión de que, a reserva de las comprobaciones que haga el tribunal nacional, tanto el artículo 325 TFUE, apartado 1, como el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF son aplicables como criterio relevante en relación con el asunto C‑357/19, por lo que respecta a la condena en materia del IVA.

b) Artículo 325 TFUE, apartado 1, Convenio PIF y corrupción en relación con los fondos de la Unión

91. En cuanto a las demás condenas por corrupción y abuso en el desempeño del cargo, ( 49 ) se plantea la cuestión de si las infracciones cometidas en la contratación pública, donde los proyectos de que se trata, al menos en parte, pueden recibir fondos de la Unión, también están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1.

92. El Gobierno rumano, la Fiscalía y la Comisión, en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, han sugerido que se responda afirmativamente a esta cuestión.

93. Yo estoy de acuerdo.

94. La actual jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 325 TFUE, apartado 1, se ha ocupado principalmente de la parte de dicha disposición referida a la «recaudación», sobre todo en los asuntos relativos a la recaudación del IVA ( 50 ) y de los derechos de aduana. ( 51 ) Sin embargo, el concepto de «intereses financieros» de la Unión comprende claramente tanto los ingresos como los gastos contemplados en el presupuesto de la Unión. ( 52 ) Por lo tanto, el artículo 325 TFUE, apartado 1, es aplicable a toda conducta fraudulenta que tenga por efecto desviar fondos de la Unión. ( 53 )

95. Esto es totalmente lógico. En efecto, es lógico que el presupuesto y los intereses financieros de una persona no se vean afectados únicamente por los ingresos perdidos (dinero debido que ha dejado de entrar), sino también por el gasto indebido o incorrecto (el dinero que había ha salido).

96. Así lo confirma también el Convenio PIF, ( 54 ) que proporciona una definición más precisa del concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, letra a), será constitutivo de este tipo de fraude, en materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa a «la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta»; al «incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto», y al «desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio». ( 55 )

97. En consecuencia, una situación que puede dar lugar a la percepción indebida, la retención indebida o el uso incorrecto de fondos de la Unión afecta a los intereses financieros de la Unión en el sentido del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio PIF.

98. Por otro lado, y sin perjuicio de las comprobaciones oportunas que haga el tribunal nacional, quisiera recordar que el Protocolo del Convenio PIF también comprende los actos de corrupción. ( 56 ) El artículo 2, apartado 1, de dicho Protocolo define la corrupción pasiva como «la acción deliberada de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de dichas ventajas, para actuar o abstenerse de actuar de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones e incumpla sus obligaciones oficiales, de tal modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de [la Unión Europea]».

99. Tal como señaló la Comisión en su respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, no cabe duda de que, a pesar de no figurar enumerado en el artículo 325 TFUE, apartado 1, el término «corrupción» está comprendido en la referencia a «toda actividad ilegal» que contiene dicha disposición. En efecto, esta expresión puede englobar absolutamente cualquier comportamiento ilícito, sin distinción alguna. ( 57 )

100. Por consiguiente, la corrupción de los funcionarios públicos o el abuso en el desempeño del cargo que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante la apropiación indebida de sus fondos pueden considerarse comprendidos en el concepto de «toda actividad ilegal» en el sentido del artículo 325 TFUE, apartado 1.

c) ¿Comprende el artículo 325 TFUE, apartado 1, también las infracciones en grado de tentativa?

101. En relación con los delitos de corrupción y abuso en el desempeño del cargo, de la resolución de remisión en el asunto C‑357/19 se desprende que el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 325 TFUE, apartado 1, comprende una situación en la que se ha intentado obtener ilegalmente fondos de la Unión, pero sin éxito. La primera recurrente y la Fiscalía han explicado, en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, que sobre aquella pesa la imputación de intentos de obtener ilegalmente fondos de la Unión.

102. El órgano jurisdiccional remitente aclara que precisamente en este contexto desea saber si la frase «y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión» que contiene el artículo 325 TFUE, apartado 1, comprende actos de corrupción o fraude cometidos en materia de contratación pública, cuando con ellos se pretendía obtener el reembolso de importes procedentes de fondos de la Unión fraudulentamente asignados, aunque dichos fondos no llegaran a asignarse.

103. En mi opinión, la frase «toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión» que contiene el artículo 325 TFUE, apartado 1, podría comprender no solo los actos (consumados) de corrupción y fraude cometidos en el contexto de la contratación pública, sino también los intentos de cometer tales actos, obviamente, siempre que alcancen el grado de «tentativa» y estén penados en el Derecho nacional.

104. Más allá de esta declaración general, no creo que le corresponda al Tribunal de Justicia comentar en modo alguno las circunstancias de hecho del procedimiento principal, ni entrar en el análisis de las distintas fases de un acto delictivo. Obviamente, las pretensiones, intenciones o deseos (forum internum) no son punibles. Solo cuando alguno se traduce en actos externos y se convierte en tentativas puede llegar a serlo, naturalmente, siempre que existan pruebas al respecto. Por lo general, las tentativas de delito, si son punibles, se encuadran en el mismo tipo delictivo que el propio acto consumado.

105. Así pues, no veo razón por la que un delito de corrupción en grado de tentativa que afecte a los intereses protegidos por el artículo 325 TFUE, apartado 1, deba ser tratado, o incluso calificado a efectos del Derecho de la Unión, de manera diferente que un delito de corrupción consumado del mismo tipo. El hecho de que en último término el autor de la infracción no consiguiese su objetivo y no lograse obtener los fondos sin duda puede tener relevancia en cuanto a que vaya a ser juzgado por un delito en grado de tentativa (y no consumado), pero no tiene incidencia en el alcance de la expresión «toda actividad ilegal» en el sentido del artículo 325 TFUE, apartado 1. Además, hay otros tres aspectos que merecen ser mencionados.

106. En primer lugar, el tenor del artículo 325 TFUE, apartado 1, no requiere expresamente la materialización de un perjuicio específico (de cierta cuantía). Como acertadamente ha señalado la Comisión, la jurisprudencia ha dejado claro que incluso las irregularidades que no tienen un impacto económico específico pueden menoscabar seriamente los intereses financieros de la Unión. ( 58 )

107. En segundo lugar, también debe considerarse el artículo 1, apartado 3, del Convenio PIF, del cual se desprende que los Estados miembros deben tipificar como delito la preparación de actos, como el suministro de declaraciones falsas que tengan como efecto la percepción indebida de fondos de la Unión, si no son ya punibles como infracción principal o accesoria (como la tentativa o la instigación). ( 59 )

108. En tercer lugar, la definición de «corrupción pasiva» que hace el artículo 2, apartado 1, del Protocolo del Convenio PIF incluye los actos de corrupción que causen o puedan causar un perjuicio a los intereses financieros de la Unión.

d) ¿Depende la aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1, del resultado del procedimiento?

109. Las circunstancias particulares del asunto C‑357/19 requieren una aclaración más. El procedimiento principal afecta a varias personas, de las cuales a solo una se le imputó un delito relacionado con los fondos de la Unión, del que finalmente fue absuelta. Ello ha impulsado a la primera y al segundo recurrentes a rebatir la aplicabilidad del artículo 325 TFUE, apartado 1. Por un lado, la primera recurrente alega, en esencia, que, al haber sido finalmente absuelta de los cargos relativos a dicho delito concreto, el presente asunto carece de todo vínculo con los intereses financieros de la Unión. Por otro, el segundo recurrente alega que los efectos del recurso extraordinario interpuesto con arreglo a la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional implican la revisión de una sentencia que, en otro caso, sería absolutoria y firme. En consecuencia, dicha revisión proporcionaría una nueva oportunidad de examinar los cargos y, en principio, podría dar lugar a una sentencia condenatoria, lo que tendría como consecuencia que la resolución del Tribunal Constitucional no perjudicase a los intereses financieros de la Unión. Implícitamente, podría ser incluso beneficioso para ellos, ya que permitiría condenar eventualmente a una persona que inicialmente ha sido absuelta.

110. A mi juicio, no puede admitirse esta argumentación.

111. En primer lugar, y con carácter preliminar, no se puede descartar que los otros dos delitos por los que se dictó sentencia condenatoria (corrupción y abuso en el desempeño del cargo) no puedan afectar a los intereses financieros de la Unión. El ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1, no se limita a la sanción de las infracciones tipificadas en el ordenamiento jurídico nacional que hacen referencia expresa a los intereses financieros de la Unión, o incluso a los fondos de la Unión. Ello supeditaría la aplicación de dicha disposición del Derecho primario de la Unión a la definición nacional de delitos concretos.

112. Por lo tanto, tal como acertadamente señalan la Comisión, el Gobierno rumano y la Fiscalía, si se han visto afectados o no los intereses financieros de la Unión no ha de depender de la definición de un determinado delito en el Derecho nacional, sino que se ha de valorar atendiendo al conjunto de las circunstancias y a la luz de los intereses protegidos por el artículo 325 TFUE, apartado 1. En efecto, como observa el Gobierno rumano, los intereses financieros nacionales y los de la Unión con frecuencia están interrelacionados. Por lo tanto, es lógico que la diferenciación entre los delitos generales que, de una u otra forma, inciden en el gasto público nacional, y aquellos que afectan específicamente a los intereses financieros de la Unión no resulte tan evidente en el plano abstracto.

113. En segundo lugar, respecto al delito de fraude (en grado de tentativa) con fondos de la Unión, por el que fue imputada la primera recurrente, cabe señalar que la «afectación» de los intereses financieros de la Unión, obviamente, debe valorarse de forma objetiva. Así, el vínculo con los intereses financieros de la Unión nace en relación con los elementos objetivos de las infracciones de que se trate. ( 60 ) Obviamente, no depende del resultado circunstancial del litigio en sí.

114. Por lo tanto, dicho en pocas palabras, el hecho de que a una persona se le impute un delito que puede estar incluido en «toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión» con arreglo al artículo 325 TFUE, apartado 1, depende de los elementos (constitutivos) objetivos del delito imputado. Si dicha persona es finalmente condenada o absuelta de tales imputaciones carece de relevancia para la aplicabilidad de la citada disposición. ( 61 )

115. Como observación final en cuanto al ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1, quisiera puntualizar que la aplicabilidad de esta disposición (o la del artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, o incluso también la del artículo 2, apartado 1, de su Protocolo) suscita de nuevo la aplicabilidad de la Carta. Si la acción penal ejercitada contra los recurrentes en el procedimiento principal constituye una aplicación del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, será de aplicación la Carta, de conformidad con su artículo 51, apartado 1. ( 62 )

4. Conclusión provisional

116. A tenor de las consideraciones que preceden, se concluye que la Decisión MCV, junto con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, constituyen disposiciones relevantes tanto para el asunto C‑357/19 como para el asunto C‑547/19. Asimismo, por lo que respecta al asunto C‑357/19 y a reserva de las comprobaciones que haga el tribunal nacional, el artículo 325 TFUE, apartado 1, así como el Convenio PIF y su Protocolo, parecen igualmente aplicables.

117. De igual manera, en principio son de aplicación en ambos asuntos el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo y el artículo 2 TUE. No obstante, debo recordar que, debido al marco jurídico específico que proporciona el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta en cuanto a las exigencias de la independencia del poder judicial, esta disposición ya ofrece, de por sí, un sólido criterio para efectuar el análisis que reclaman los presentes asuntos.

C. Apreciación

118. A fin de entrar en el fondo de las cuestiones prejudiciales planteadas en los presentes asuntos, voy a comenzar esbozando brevemente el marco normativo nacional (1). En segundo lugar, me voy a ocupar de la segunda cuestión planteada en el asunto C‑357/19, relativa a la interpretación del artículo 47 de la Carta (2). En tercer lugar, pasaré a analizar la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑357/19, relativa a la interpretación del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del Convenio PIF (3), para proceder después al examen de los mismos aspectos, pero a la luz del principio de independencia judicial, invocado al final de la cuestión prejudicial del asunto C‑547/19 (4). Por último, terminaré con la primacía del Derecho de la Unión, en respuesta a la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑357/19, planteada en el contexto particular descrito en la resolución de remisión, donde constituye una infracción disciplinaria que un juez nacional deje inaplicada una resolución del Tribunal Constitucional (5).

119. En cuanto a la estructura de las respuestas que he de dar al órgano jurisdiccional remitente, es mi intención ocuparme preferentemente del auténtico fondo del asunto y solo después, en caso de que aún sea necesario, abordar otros posibles aspectos institucionales más amplios planteados por el órgano jurisdiccional remitente. Reconozco que esto no es coherente con el orden ni con el tenor exacto de las cuestiones prejudiciales. Sin embargo, considero que esta es la forma en que el Tribunal de Justicia, cuya función no es resolver los conflictos interinstitucionales de un Estado miembro y menos aún prestar su apoyo en los desafíos institucionales a la autoridad de otras instancias nacionales, puede tratar en las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

1. Marco normativo nacional

120. Según la resolución de remisión en el asunto C‑547/19, las salas de cinco jueces fueron instauradas por primera vez en el Derecho nacional mediante la Ley n.o 202/2010, ( 63 ) por la que se modificaron los artículos 32 y 33 de la Ley n.o 304/2004. Estas salas, que conocen de asuntos penales y de otro tipo, se constituyeron al margen de las secciones del Tribunal Supremo, para actuar como tribunal de revisión (salas de recurso) dentro del Tribunal Supremo.

121. Inicialmente, los miembros de dichas salas (de recurso) los elegía el Presidente del Tribunal Supremo al inicio de cada año. Las salas las presidían el propio Presidente del Tribunal Supremo, el Vicepresidente o un presidente de sección. Los otros cuatro miembros de cada sala de cinco jueces (distintos de su presidente) se elegían por sorteo de conformidad con la Decisión n.o 24/2010, por la que se completa el Reglamento del Tribunal Supremo.

122. Posteriormente, la Ley n.o 255/2013 ( 64 ) modificó el artículo 32 de la Ley n.o 304/2004 de organización del poder judicial, confirmando la regla del sorteo de los miembros de las salas de cinco jueces. El órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑547/19 expone que el hecho de que tales modificaciones fuesen introducidas mediante un acto normativo en materia del procedimiento penal, así como el tenor de las propias disposiciones, planteaban dificultades interpretativas. Esto era así, sobre todo, debido a las diferencias entre el papel que el artículo 32, apartado 5, de la Ley n.o 304/2004 atribuía al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal Supremo, que debían presidir la sala de cinco jueces «cuando form[asen] parte de la misma de conformidad con el apartado 4 [del artículo 32]», y el papel del «Presidente de la Sección Penal o el magistrado de mayor edad», respecto al cual esta misma disposición declaraba que debía presidir la sala, sin referencia alguna al artículo 32, apartado 4, de la Ley. Además, el artículo 33, apartado 1, de la Ley n.o 304/2004, conforme al cual «el Presidente [del Tribunal Supremo] o, en su ausencia, el Vicepresidente, presidirá el pleno, […] la sala de cinco jueces, y, en el ámbito de las demás secciones, cualquier sala, siempre que intervenga en el procedimiento», quedó inalterado.

123. Según parece, es precisamente en este contexto en el que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo adoptó la resolución n.o 3, de 28 de enero de 2014, por la que se modifica y completa el Reglamento relativo a la organización y al funcionamiento administrativo del Tribunal Supremo. En ella se disponía que presidirían las salas de cinco jueces el Presidente, los Vicepresidentes, el presidente de la Sección Penal o el magistrado de mayor edad, según procediera, y que, en el caso de dichas salas, el sorteo afectaría solo a los otros cuatro miembros.

124. La Ley n.o 207/2018, ( 65 ) que modificó posteriormente el artículo 32 de la Ley n.o 304/2004, mantuvo la regla de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo aprobase el número y la composición de las salas de cinco jueces al principio de cada año. Con dicha modificación se subsanaron las anteriores inexactitudes al disponer que el sorteo afectaría a todos los miembros de cada sala de cinco jueces.

125. A raíz de esta última modificación legislativa, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo adoptó la resolución n.o 89/2018, de 4 de septiembre de 2018, en la que declaró que, habiendo analizado «las disposiciones del artículo 32 de la Ley n.o 304/2004 […], en lo que respecta a la actividad de las salas de cinco jueces, que debe llevarse a cabo por mayoría, procede señalar que las disposiciones de la nueva ley constituyen normas de organización tienen por objeto las salas sujetas a una regulación específica, constituidas “al comienzo de cada año” y que, a falta de normas transitorias, deben comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019».

126. En estas circunstancias, el 2 de octubre de 2018 el Tribunal Constitucional, a instancia del Primer Ministro de Rumanía, adoptó la resolución n.o 685/2018.

127. La resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional declaró que, mediante las resoluciones n.o 3/2014 y n.o 89/2018 de su Sala de Gobierno, el Tribunal Supremo había modificado con un acto administrativo una ley adoptada por el Parlamento. ( 66 ) A continuación, el Tribunal Constitucional analizó las consecuencias de tal situación a la luz del derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 21, apartado 3, de la Constitución de Rumanía. Consideró que esta disposición constitucional había sido vulnerada, dada la falta de independencia objetiva e imparcialidad, que también ocasionaba la quiebra de la garantía de un juez establecido por la ley. ( 67 )

128. El Tribunal Constitucional señaló que el artículo 32 de la Ley n.o 304/2004 es garantía de la imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional, elemento integrante del derecho a un juicio justo. Dicha garantía incluye tanto la asignación aleatoria de los asuntos como la composición de las salas de jueces por sorteo. ( 68 ) Asimismo, señaló que con la composición aleatoria de las salas se pretendía evitar que los magistrados más antiguos del Tribunal Supremo que formaran parte de ellas se convirtieran, «por derecho propio», en sus presidentes. ( 69 ) Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo «TEDH»), ( 70 ) el Tribunal Constitucional declaró que la interpretación del artículo 32 de la Ley n.o 304/2004 que había hecho la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en sus actos administrativos ejercía una presión latente en los demás miembros de la sala: los supeditaba a sus superiores jerárquicos o, cuando menos, podía tener como efecto generar en dichos jueces la reticencia o la vacilación a la hora de contradecirles. ( 71 ) Por otro lado, el Tribunal Constitucional señaló también, de nuevo remitiéndose a la jurisprudencia del TEDH, ( 72 ) que en el momento pertinente el Tribunal Supremo no estaba lícitamente constituido, pues las salas de cinco jueces habían sido formadas mediante un mecanismo que eludía la normativa aplicable. ( 73 )

129. Por último, la resolución n.o 685/2018 concluyó, en particular, que, «habida cuenta del comportamiento susceptible de sanción desde el punto de vista constitucional del [Tribunal Supremo], actuando a través de su Sala de Gobierno, que no ofrece garantías en lo que respecta al correcto restablecimiento del marco jurídico de funcionamiento de las salas de cinco jueces, incumbe a la Sección disciplinaria para Jueces del [CSM], sobre la base de sus prerrogativas constitucionales y jurídicas […], la obligación de identificar soluciones de principio en lo que atañe a la composición prevista por la ley de las salas y garantizar su aplicación».

130. Al hilo de dicha resolución del Tribunal Constitucional, el CSM adoptó las resoluciones n.o 1367 y n.o 1535, en virtud de las cuales el Tribunal Supremo sorteó las nuevas salas que conocerían de los asuntos en 2018. La actividad judicial de dichas salas también prosiguió en 2019, a pesar de que, al concluir 2018 no se había adoptado ninguna medida en relación con los asuntos asignados. Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo existente en aquel momento, cuando una sala que, en su composición establecida para un año, conozca de un asunto y al final de ese año no haya adoptado ninguna medida concreta en ese asunto, procede cambiar la composición de dicha sala. El asunto debía asignarse a los jueces elegidos por sorteo para el nuevo año natural. Sin embargo, este régimen parece haber quedado desvirtuado por las resoluciones del CSM.

131. Los acontecimientos jurídicos y jurisprudenciales nacionales antes descritos tuvieron una serie de consecuencias para los dos asuntos de que aquí se trata. En primer lugar, respecto al asunto C‑357/19, la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional ofreció a las partes la opción de interponer un recurso extraordinario contra las sentencias ya dictadas en firme por el Tribunal Supremo. En segundo lugar, respecto al asunto C‑547/19, junto con las posteriores decisiones administrativas adoptadas, en su aplicación, por la Sección disciplinaria para Jueces del CSM y por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, tuvieron consecuencias directas en la designación de la sala que había de conocer del asunto de la recurrente.

132. Brevemente, aunque en contextos sustantivos y procesales ligeramente distintos, la cuestión subyacente a ambas peticiones de decisión prejudicial es si la resolución n.o 685/2018, habida cuenta de sus consecuencias en resoluciones firmes del Tribunal Supremo y en la composición de las salas judiciales constituidas en su seno, es compatible o no con el Derecho de la Unión.

2. Derecho a un juez establecido previamente por la ley

133. Con su segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑357/19, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que se opone a la apreciación del Tribunal Constitucional según la cual una sala judicial carece de independencia e imparcialidad por incluir a un juez con competencias de administración judicial que, a diferencia de los otros miembros de la sala, no ha sido elegido de forma aleatoria. En dicha cuestión se señala que el mencionado juez ha sido designado para formar parte de la sala en virtud de una norma transparente que es conocida por las partes, que no ha sido impugnada por estas y que es aplicable con carácter general a todos los asuntos de los que conoce esa misma sala. Según el órgano jurisdiccional remitente, los principios de independencia judicial y seguridad jurídica se oponen a los efectos vinculantes de la resolución n.o 685/2018 del Tribunal Constitucional sobre las sentencias que ya habían devenido firmes cuando se dictó dicha sentencia, en defecto de motivos sólidos para cuestionar que se hubiese respetado el derecho a un juicio justo en tales asuntos.

134. Para poder responder a esta cuestión, estimo necesario, en primer lugar, analizar el criterio que se deduce del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta [letra a)], para después valorar si el Derecho de la Unión y, en particular, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a la resolución del Tribunal Constitucional controvertida [letra b)].

a) Criterio del Derecho de la Unión

135. En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente parecer expresar sus dudas solamente en relación con el derecho a un juez establecido previamente por la ley. Sin embargo, con ello solo se revela una parte de la realidad. De la resolución del Tribunal Constitucional controvertida se desprende que de lo que se trata es de la interpretación del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta no solo en relación con el derecho a un «juez establecido previamente por la ley», sino también en relación con otros elementos del derecho a un juicio justo, como los principios de independencia e imparcialidad, en particular en cuanto a la «independencia interna» de los jueces. ( 74 )

136. Con arreglo al artículo 52, apartado 3, de la Carta, la primera frase de su artículo 47, párrafo segundo, debe interpretarse de conformidad con el sentido y alcance de los derechos reconocidos por el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Se trata de garantizar que el nivel de protección respete el garantizado por el CEDH, según lo interpreta el TEDH. ( 75 )

137. En primer lugar, el TEDH ha declarado que la garantía de un tribunal establecido previamente por la ley trata de asegurar que la organización del sistema judicial no dependa de la discrecionalidad del poder ejecutivo. ( 76 ) En realidad, tampoco ha de depender de la discrecionalidad del poder judicial, aunque inevitablemente ha de disponer de cierto margen de organización propia. Las reglas pertinentes deben ser establecidas por una ley emanada del poder legislativo. ( 77 ) Además, la expresión «establecido por la ley» es expresión del principio de Estado de Derecho y está estrechamente vinculada a las exigencias de independencia e imparcialidad de la justicia. ( 78 )

138. El concepto de «establecido por la ley» no se refiere solo a la base jurídica de la existencia de un tribunal, sino también a su composición en cada caso, ( 79 ) que es de lo que se trata en el presente asunto.

139. La jurisprudencia del TEDH admite que las reglas por defecto de lo que significa exactamente «juez establecido por la ley» las establezca el Derecho nacional. En principio, la infracción de las disposiciones nacionales constituye una vulneración del artículo 6, apartado 1, del CEDH. ( 80 ) El análisis se centra en si se ha infringido la «ley» (en el sentido de legislación y demás disposiciones cuya vulneración signifique una participación irregular de los jueces en la resolución de un asunto). ( 81 ) Por ejemplo, si el Derecho nacional contiene normas relativas a la composición de la sala por sorteo, este constituye uno de los requisitos nacionales cuyo cumplimento debe tener en cuenta el Tribunal de Justicia. ( 82 )

140. No obstante, existe también el principio de subsidiariedad. El TEDH ha declarado que, dada la importancia de los intereses contrapuestos en juego (como la seguridad jurídica y el principio de inamovilidad de los jueces) y las posibles consecuencias de apreciar una infracción, no se ha de interpretar de forma excesivamente extensa el derecho a un tribunal establecido por la ley con arreglo al artículo 6, apartado 1, del CEDH. ( 83 ) Esto significa que no toda infracción de la legislación nacional constituye una vulneración del artículo 6, apartado 1, del CEDH: el TEDH ha elaborado un «test de gravedad» para determinar si una irregularidad reviste la suficiente gravedad para constituir una violación del derecho a un tribunal establecido por la ley, en función de: i) el carácter manifiesto de la infracción; ii) la incidencia de esa infracción en la finalidad del derecho, consistente en evitar injerencias indebidas en la justicia, a fin de preservar el Estado de Derecho y la separación de poderes, y iii) la valoración que los tribunales nacionales hagan de las consecuencias jurídicas de la infracción. ( 84 )

141. Estas consideraciones parecen similares a las formuladas por el Tribunal de Justicia en el asunto Simpson. En relación con el nombramiento (supuestamente irregular) de un juez del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia declaró que una irregularidad cometida con ocasión del nombramiento de los jueces supone la infracción del artículo 47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta, «en especial cuando esta irregularidad es de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el procedimiento de nombramiento y origina con ello una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o de los jueces afectados». ( 85 )El Tribunal de Justicia añadió que sucede así «cuando se cuestionan normas fundamentales que forman parte integrante del establecimiento y del funcionamiento de ese sistema judicial». ( 86 )

142. En segundo lugar, por lo que respecta a la «dimensión interna» de la independencia judicial, esta cuestión no ha sido abordada hasta la fecha por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, sí hay suficiente orientación del TEDH al respecto. ( 87 ) En el asunto Parlov-Tkalčić/Croacia, el TEDH declaró que la independencia judicial exige que los jueces individuales estén libres «no solo de influencias indebidas de procedencia externa, sino también interna. Esta independencia judicial interna requiere que no estén sometidos a la presión de otros jueces ni de aquellos con competencias administrativas en el tribunal, como el presidente del órgano jurisdiccional o el presidente de una sección de este […]. La ausencia de suficientes garantías que protejan la independencia de los jueces dentro del poder judicial y, en particular, frente a sus superiores jerárquicos puede llevar al Tribunal a concluir que las dudas del recurrente en cuanto a la (independencia e) imparcialidad del órgano jurisdiccional son objetivamente fundadas». ( 88 )

143. En el marco de este análisis, el TEDH examina, en particular, si las competencias otorgadas a los superiores jerárquicos, como los presidentes de los tribunales, pueden «generar presiones latentes sobre los jueces subordinados o, al menos, hacer que estos tengan reticencias a contradecir los deseos de sus superiores, es decir, si pueden tener efectos “disuasorios” que afecten a la independencia interna de los jueces». ( 89 )

b) Análisis

144. En el presente asunto, en su resolución n.o 685/2018 el Tribunal Constitucional consideró que las decisiones administrativas de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo habían vulnerado el derecho a un juez establecido por la ley, así como el principio de imparcialidad. Dentro de esta última dimensión, el Tribunal Constitucional recalcó la importancia del aspecto interno de la independencia judicial.

145. Quisiera subrayar, antes que nada, que en el presente asunto no es preciso analizar si el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta impone una conclusión idéntica. La cuestión no es esta. Sin embargo, lo que sí se puede concluir sin gran dificultad es que el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta no se opone a las conclusiones que dedujo el Tribunal Constitucional.

146. Es jurisprudencia reiterada que, cuando el Derecho de la Unión otorga a los Estados miembros un margen de apreciación, los tribunales nacionales siguen estando facultados para proteger los derechos fundamentales con arreglo a la Constitución nacional, siempre que ello no afecte al nivel de protección previsto por la Carta ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión. ( 90 )

147. Si esta condición se plasmó en la sentencia M. A.S. como una vía de entrada a los criterios constitucionales nacionales en cuanto límites a la obligación de dejar inaplicadas las disposiciones nacionales materialmente incompatibles con el artículo 325 TFUE, apartado 1, ( 91 ) queda claro que la misma postura es igualmente válida para valorar con carácter general la compatibilidad entre la legislación, las prácticas y la jurisprudencia nacionales, por un lado, y el Derecho de la Unión, por otro. ( 92 )

148. En el presente asunto, la cuestión de la composición de las salas judiciales, así como la relativa a los recursos disponibles en caso de infracción de la normativa nacional a este respecto (según su interpretación por los órganos jurisdiccionales nacionales, incluido el Tribunal Constitucional), no están sometidas al Derecho de la Unión. En las situaciones que no estén plenamente reguladas por el Derecho de la Unión, los Estados miembros mantienen su facultad discrecional. El grado supuestamente mayor o diferente de protección de los derechos fundamentales, cuya valoración corresponde a los tribunales nacionales, está admitido por el artículo 53 de la Carta, en especial respecto a las cuestiones que no están totalmente reguladas por el Derecho de la Unión. ( 93 )

149. Esto no significa que sea conforme con dicha lógica toda norma, práctica o resolución judicial nacional solo por presentarse como ejemplo de mayor o diferente grado de protección nacional de un determinado derecho fundamental. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya ha desarrollado las condiciones en que esto está permitido. La aplicación de las pautas nacionales de protección de los derechos fundamentales no debe afectar al grado de protección garantizado por la Carta. Además, como condición preliminar y ciertamente obvia, quisiera añadir que la norma o resolución nacional debe contribuir de forma razonable y cierta a proteger los derechos fundamentales en el ámbito nacional, según su oportuna interpreta