2.

La Comisión señala que se trata de una disposición de Derecho social que va más allá del sector comercial, puesto que toca a otros sectores de actividad, como por ejemplo el sector industrial; por el contrario, no afecta a todos los comercios, ya que están expresamente excluidos los pequeños almacenes de alimentación. Especifica que dicha legislación no prohibe que se abran los comercios los domingos, pero que hace que eso sea imposible para aquellos que no pueden funcionar sólo con el trabajo del propio comerciante, es decir, en la práctica, los comercios de cierta importancia y sobre todo los designados comúnmente con la expresión de «grandes superficies». Por último, esta normativa autoriza que se abran los comercios al por menor los domingos por la mañana. La Comisión estima que una legislación de Derecho social que produce un efecto directo sobre la comercialización de los productos puede afectar a las posibilidades de venta de las mercancías importadas y, por tanto, en su caso, a la importación de mercancías. La prohibición de ocupar a trabajadores por cuenta ajena los domingos, en las condiciones descritas, constituye una medida indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los importados, puesto que afecta de la misma manera a todas las mercancías, cualquiera que sea su origen. Indica que, en la sentencia de 23 de noviembre de 1989, Torfaen Borough Council (145/88, Rec. p. 3851), el Tribunal de Justicia resolvió que una medida indistintamente aplicable de este tipo debía apreciarse, por un lado, examinando si la normativa en cuestión persigue un fin justificado por lo que respecta al Derecho comunitario y, por otro lado, investigando si los posibles obstáculos creados a los intercambios comunitarios no van más allá de lo que es necesario para conseguir el objetivo deseado. Según la Comisión, el Tribunal de Justicia ha pretendido de este modo establecer un principio aplicable a todas las normativas de este tipo que existen en la Comunidad. De hecho, es fácil comprobar que la normativa de que se trata pretende proteger a los trabajadores por cuenta ajena garantizándoles, por una parte, un día libre a la semana y, por otra parte, que ese día libre sea el mismo para todos con objeto de permitir la vida familiar. Opina que esto constituye una decisión de política económica y social conforme con los objetivos de interés general perseguidos por el Tratado CEE y comparable a las medidas de protección social consistentes en la prohibición de trabajar por la noche, en la limitación de la duración semanal y diaria del trabajo o en el derecho a vacaciones anuales pagadas. Por lo que respecta al examen de la proporcionalidad de los posibles obstáculos al comercio intracomunitário en relación con los objetivos legítimos perseguidos, el Tribunal de Justicia consideró, en la mencionada sentencia Torfaen Borough Council, que «la cuestión de si los efectos de una normativa nacional determinada se mantienen efectivamente dentro de dicho marco entra en el ámbito de la apreciación de los hechos que corresponde al órgano jurisdiccional nacional»(traducción provisional). La Comisión estima que no puede dejarse dicha apreciación a los órganos jurisdiccionales nacionales. Según ella, cabe el riesgo, en primer lugar, de que al llevar a cabo esa apreciación, los órganos jurisdiccionales nacionales lleguen en algunos casos a soluciones contrarias al Derecho comunitario. Por otra parte, existe el riesgo de que distintos órganos jurisdiccionales lleguen a soluciones diferentes para casos similares, o incluso idénticos, al no haber una unificación mediante un órgano jurisdiccional único en la Comunidad. La Comisión estima que, si bien la diversidad de las legislaciones nacionales en materia de días y de horas de apertura de comercios hace difícil una apreciación uniforme, el examen de una normativa concreta debe, no obstante, permitir determinar si las normas que establece son contrarias o no al Derecho comunitario y proporcionar al Juez nacional la solución del problema de interpretación que le permitirá resolver el litigio que le haya sido sometido. En el caso de autos, la Comisión considera que no parece que los efectos restrictivos sobre la libre circulación de las mercancías de la prohibición de ocupar a trabajadores por cuenta ajena los domingos, suavizada por excepciones que se refieren principalmente a la venta de bienes de consumo inmediato, sean desproporcionados en relación con el resultado perseguido. Dichos efectos son, en realidad, muy limitados. Sin duda, los consumidores se encuentran en la imposibilidad de adquirir los domingos por la tarde determinadas mercancías, importadas o no. No es difícil de imaginar que dicha imposibilidad haga bajar la demanda total de algunos productos y reduzca, por consiguiente, las importaciones de los mismos. No obstante, la Comisión estima que, en general, es poco probable que el cierre de determinadas categorías de comercios los domingos haga que los consumidores renuncien definitivamente a adquirir los productos vendidos los otros seis días de la semana y el domingo por la mañana. Además, no es evidente que el ligero cambio que pueda afectar al consumo no beneficie a los productos importados: un consumidor que renuncie a adquirir un mueble de origen nacional comprará quizá productos alimenticios importados. La Comisión considera que el hecho de que no exista en todos los Estados miembros la obligación de que el día de descanso semanal de los trabajadores por cuenta ajena sea el domingo no puede reducir los intercambios intracomunitários. Por el contrario, las diferencias entre los días y horas de apertura de los comercios pueden incrementar los intercambios entre dos Estados miembros que tengan frontera común. Según la Comisión, estas circunstancias permiten afirmar que la prohibición de ocupar a trabajadores por cuenta ajena los domingos no produce, sobre los intercambios, efectos desproporcionados en relación con el objetivo legítimo de protección social. Asimismo, habida cuenta del hecho de que los comercios pueden abrir los domingos por la mañana y de las excepciones previstas por la normativa por lo que respecta a los comercios que venden productos alimenticios, no parece que el objetivo de protección social perseguido por la legislación pueda conseguirse por otro medio que obstaculice menos los intercambios. Por otra parte, la Comisión recuerda que el artículo 34 del Tratado CEE prohibe entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente. Según ella, el objeto de la prohibición de ocupar a trabajadores en domingo no es restringir las corrientes de exportación, puesto que la finalidad que persigue es garantizar la protección social de los trabajadores. La Comisión considera que el efecto de esta normativa sobre las corrientes de exportación parece ser muy limitado. Opina que sólo afecta a los consumidores que quieran hacer compras los domingos por la tarde para transportar las mercancías compradas a otro Estado miembro. De cualquier forma, en su opinión, una limitación de este tipo no afecta específicamente a las corrientes de exportación, porque la legislación se aplica en función de criterios objetivos a todos los comercios de un sector determinado, sin hacer distinciones entre las mercancías que el consumidor pretende utilizar in situ y las que desea exportar.