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El artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, dispone que un Estado miembro puede solicitar a una institución que no divulgue sin su consentimiento previo un documento originario de dicho Estado. No obstante, esta disposición no concede al Estado miembro afectado un derecho de veto general e incondicional que le permita oponerse, de forma puramente discrecional y sin tener que motivar su decisión, a la divulgación de cualquier documento en poder de una institución por el mero hecho de que dicho documento proceda de ese Estado miembro. En efecto, el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001 sólo autoriza al Estado miembro afectado a oponerse a la divulgación de documentos procedentes de él mismo sobre la base de las excepciones materiales previstas en los apartados 1 a 3 de ese artículo, motivando debidamente su postura al respecto.

Por consiguiente, antes de denegar el acceso a un documento originario de un Estado miembro, corresponde a la institución a la que se solicita el acceso examinar si éste ha basado su oposición en las excepciones materiales establecidas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento n.o 1049/2001 y si ha motivado debidamente su postura al respecto. Por tanto, en el contexto del proceso de adopción de una decisión de denegación del acceso, la Comisión debe asegurarse de que tal motivación existe y dejar constancia de ella en la decisión que adopte al concluir el procedimiento. En cambio, no incumbe a la institución a la que se solicita el acceso a un documento examinar exhaustivamente la decisión de oposición del Estado miembro de que se trate, llevando a cabo un control que vaya más allá de verificar la mera existencia de una motivación en la que se haga referencia a las excepciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento n.o 1049/2001. A este respecto, el examen de la institución de que se trate no consiste en determinar si la motivación esgrimida por el Estado miembro interesado es errónea sin duda alguna posible, sino en determinar si, habida cuenta de las circunstancias del caso concreto y de las normas jurídicas aplicables, los motivos invocados por el Estado miembro en apoyo de su oposición pueden, a primera vista, justificar la denegación de acceso y, por lo tanto, si tales motivos permiten a esa institución asumir la responsabilidad que le confiere el artículo 8 del Reglamento n.o 1049/2001. Asimismo, no se trata de que la institución imponga su opinión ni sustituya la apreciación del Estado miembro interesado por la suya propia, sino de que evite la adopción de una decisión que no considere defendible. En efecto, como autora de la decisión de acceso o de denegación, la institución es responsable de su legalidad.

(véanse los apartados 30, 36, 38, 41, 43, 46 y 47)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 11 de mayo de 2017 —

Barqawi/Consejo

(Asunto T‑303/15)

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos — Error manifiesto de apreciación»

1. Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Siria — Alcance del control [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo; Reglamento de Ejecución (UE) 2015/375 del Consejo] (véanse los apartados 36 a 38)

2. Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y recursos económicos — Recurso de anulación presentado por una persona que se beneficia de las políticas aplicadas por el régimen sirio afectada por una decisión de congelación de fondos — Reparto de la carga de la prueba — Decisión basada en un conjunto de indicios — Procedencia — Requisitos [Art. 296 TFUE; Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo; Reglamento de Ejecución (UE) 2015/375 del Consejo] (véase el apartado 39)

3. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Limitación por el Tribunal de Justicia — Medidas restrictivas contra Siria — Efectos de la anulación de un reglamento a partir de la expiración del plazo del recurso de casación o de la desestimación de éste — Inaplicación de este plazo al momento en que surte efectos la anulación de la decisión [Art. 264 TFUE, párr. 2; Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo; Reglamento de Ejecución (UE) 2015/375 del Consejo] (véanse los apartados 64 a 68)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE, por el que se solicita la anulación de la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2015, L 64, p. 41), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2015/375 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2015, L 64, p. 10), en la medida en que el nombre del demandante fue inscrito en la lista de personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas.

Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2015/375 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que afectan al Sr. Ahmad Barqawi.
7.

Instituciones de la Unión Europea — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (CE) n.o 45/2001 — Exigencia de licitud del tratamiento — Causas de justificación — Carácter no cumulativo [Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5] (véase el apartado 57)
Asunto T‑26/15 P

Comisión Europea

contra

Emil Hristov

«Recurso de casación — Función pública — Nombramiento — Procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de una agencia reguladora — EMA — Preselección por un comité de preselección — Nombramiento por el Consejo de administración de la EMA — Composición del comité de preselección — Acumulación de las funciones de miembro del comité de preselección y de miembro del Consejo de administración de la EMA — Imparcialidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala de Casación) de 5 de julio de 2016

Funcionarios — Selección — Procedimiento de selección y de nombramiento de un puesto de director — Comité de preselección — Principio de imparcialidad — Composición — Acumulación de las funciones de miembro del comité y de miembro del órgano de nombramiento — Procedencia [Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 64 a 66]

Durante un procedimiento de selección de los candidatos que debe llevar al nombramiento del director una agencia de la Unión, el hecho de que un miembro del comité de preselección sea igualmente miembro del Consejo de administración de la agencia no suscita, como tal, dudas sobre su imparcialidad como miembro de dicho comité. La mera pertenencia al comité de preselección y al Consejo de administración no puede fundar per se una presunción de parcialidad de los miembros del comité de preselección por lo que se refiere al procedimiento ante dicho comité.

(véase el apartado 52)
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Regla 22, ap. 3] (véase el apartado 20)
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Según la demandante, el ILS es un sistema que permite a los aviones acercarse a la pista de aterrizaje con mala visibilidad. Este sistema consta fundamentalmente de tres partes: la primera parte, a saber, el «localizador», asegura la guía lateral del avión; la segunda parte, a saber, la «senda de planeo», asegura la guía vertical del avión; y la tercera parte, a saber, los «marcadores de distancia», señala la aproximación a la pista. Así pues, entiende que el ILS debe considerarse un equipamiento indispensable para la navegación aérea y la seguridad, y para la protección y la adecuación de las pistas y de las instalaciones a los estándares aplicables. A este respecto, la demandante se refiere a la calificación dada a ese sistema por Belgocontrol (organismo belga de control aéreo) y por Eurocontrol. Por otra parte, se remite a las referencias al ILS contenidas en el Reglamento (CE) n.o 2096/2005 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2005, por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea (DO 2005, L 335, p. 13), en el Reglamento (CE) n.o 859/2008 de la Comisión, de 20 de agosto de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo en lo relativo a los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión (DO 2008, L 254, p. 1), en el Reglamento (UE) n.o 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2012, L 296, p. 1), y en el Reglamento (UE) n.o 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo (DO 2014, L 44, p. 1). La demandante precisa que, toda vez que la prestación de servicios de navegación aérea recibe la calificación de servicio no económico en el Reglamento (CE) n.o 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (DO 2004, L 96, p. 10), y en las Directrices, el ILS, como instrumento necesario para la navegación aérea, no presenta un carácter económico. En su opinión, el hecho de que no se exija legalmente la instalación del ILS no cambia nada.
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La demandante afirma que, al adoptar la decisión impugnada (apartado 34 anterior) y los actos impugnados (apartado 44 anterior, tercer guion) (en lo sucesivo, designados conjuntamente, «actos recurridos»), el Consejo vulneró la obligación de motivación, el principio de respeto del derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, según los interpretan los tribunales de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, dado que no le comunicó ni los motivos precisos ni los medios de prueba y los documentos que justificaran mantener, previa revisión, la inscripción de su nombre en la lista controvertida. La demandante mantiene que, conforme a la jurisprudencia, la falta de motivación es un vicio sustancial de forma que no puede subsanarse por el mero hecho de que el interesado llegue a tener conocimiento de los motivos de la decisión adoptada contra él en el curso del procedimiento ante el juez de la Unión. La demandante añade que, antes de la interposición de este recurso, los únicos motivos que se le comunicaron son los citados en el anterior apartado 5. Como se reconoció en la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Sina Bank/Consejo (T‑15/11, EU:T:2012:661), esa motivación resultaba insuficiente por ser demasiado lacónica y genérica. Además, no se le comunicó ningún medio de prueba acerca de sus supuestos vínculos con la «Daftar» y de su posible contribución a la financiación de «intereses estratégicos del régimen», que por lo demás no se especificaban. En cualquier caso, la motivación comunicada es errónea porque, por un lado, no hay prueba alguna de que la sociedad demandante siga estando controlada por la Fundación ni de que esté controlada por la «Daftar» o ligada a ésta, y porque, por otro lado, la demandante financia casi exclusivamente a particulares y a empresas de capital privado, y en muy escasa medida al Gobierno o a entidades públicas. Los motivos adicionales expuestos en el escrito de 5 de diciembre de 2011 (apartado 16 anterior) no aportan una motivación suficiente a los actos impugnados. El Consejo se limita a indicar en aquel escrito que la Fundación es el accionista mayoritario de la sociedad demandante, sin precisar cuáles fueran los «intereses estratégicos del régimen» que la demandante hubiera financiado, ni qué disposiciones específicas de la Decisión 2010/413 y del Reglamento n.o 267/2012 hubieran justificado el mantenimiento de su nombre en la lista controvertida. La demandante añade que, a pesar de sus solicitudes en este sentido, el Consejo no le comunicó ninguna información detallada sobre los motivos del mantenimiento de la inscripción de su nombre en la lista controvertida. Los únicos aspectos que el Consejo le comunicó o que invocó no constituyen una prueba de lo afirmado en los actos recurridos. La demandante concluye que la inexistencia de elementos específicos y concretos en la motivación de los actos recurridos no le permite comprender el alcance de éstos y afecta de ese modo al ejercicio de su derecho de defensa y de su derecho a la tutela judicial efectiva.
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Es preciso apreciar por tanto que las instituciones no han acreditado de forma suficiente en Derecho la existencia de una distorsión sensible del precio del APB en Indonesia imputable al sistema de IDE, en cuanto éste establecía tipos diferenciados de gravamen de los impuestos a la exportación sobre el APB y el biodiésel. Así pues, al considerar que el precio del APB no se reflejaba razonablemente en los registros de los productores indonesios examinados y al excluirlos, las instituciones infringieron el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.
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Debe interpretarse esta disposición en el sentido de que la posibilidad de aportar un documento equivalente no se refiere solamente al certificado de renovación, sino tanto al certificado de registro como al certificado de renovación. En efecto, la exigencia de presentar el certificado de registro no es un fin en sí misma, sino que tiene por objeto permitir a la OAMI que pueda disponer de pruebas fiables de la existencia de la marca en la que se base la oposición. Procede recordar que la primera frase de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 prevé que la parte que presente oposición debe aportar «pruebas» de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior y que la segunda frase de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 sólo constituye una precisión en cuanto a los elementos que deben presentarse para aportar tales «pruebas». Una interpretación teleológica de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 permite pues concluir que, en definitiva, lo esencial es que la OAMI disponga de «pruebas» fiables de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior en la que se base una oposición.
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Conviene observar en ese sentido que, en el punto 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso apreció que los elementos figurativos de la marca anterior en su forma registrada no podían ser considerados insignificantes. En el punto 35 de la resolución impugnada prosiguió, precisando que la palabra «arthur» no estaba representada en caracteres totalmente habituales y banales, y recordando que la marca anterior en la que se sustentaba la oposición no estaba registrada como una marca denominativa sino como una marca figurativa. Finalmente, en el punto 36 de la resolución impugnada la Sala de Recurso apreció que el signo utilizado ofrecía al consumidor una impresión muy diferente a la que producía la marca anterior en su forma registrada, ya que no reproducía ninguno de los elementos figurativos de esta última y estaba constituido por otros elementos figurativos, en especial caracteres de imprenta apenas estilizados.
La realización de una copia imagen del disco duro de ordenadores de una empresa que es objeto de una inspección en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003 está comprendida dentro de las facultades que el artículo 20, apartado 2, letras b) y c), de ese Reglamento confiere a la Comisión, puesto que se inscribe en el marco de la aplicación por la Comisión de la tecnología de las herramientas para el análisis forense, cuyo objetivo es buscar en el disco duro de un ordenador la información pertinente para la investigación con ayuda de un programa específico.

A este respecto, el artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 establece que, para la realización de las tareas que le asigna este Reglamento, la Comisión podrá proceder a cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas. Por lo que respecta a las facultades de que dispone la Comisión para proceder a una inspección, el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 dispone, en particular, que los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para proceder a una inspección estarán facultados para examinar los libros y cualquier otra documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material, y para hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación.

Pues bien, en la medida en que la copia de los datos almacenados en un soporte de datos digitales de la empresa inspeccionada se realice durante una inspección para permitir la búsqueda, en los locales de la Comisión, de los documentos pertinentes para la investigación, la realización de tal copia está comprendida en las facultades que el artículo 20, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento n.o 1/2003 confiere a la Comisión.

En efecto, el artículo 20, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento n.o 1/2003 no establece que el control de los libros o de la documentación profesional de las empresas sometidas a inspección deba realizarse exclusivamente en los locales de estas si la inspección no ha podido concluirse en el tiempo previsto inicialmente. Únicamente obliga a la Comisión, al controlar la documentación en sus propios locales, a respetar las mismas garantías respecto de las empresas inspeccionadas que las que le vienen impuestas durante un control in situ.

(véanse los apartados 47, 48, 50, 53 y 58)
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 17 de febrero de 2017 — Unilever/EUIPO — Technopharma (Fair & Lovely)

(Asunto T‑811/14)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Fair & Lovely — Marcas nacionales y del Benelux denominativas anteriores FAIR & LOVELY — Resolución sobre el recurso — Artículo 64, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Derecho a ser oído — Artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009 — Suspensión del procedimiento administrativo — Regla 20, apartado 7, letra c), y Regla 50, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2868/95 — Confianza legítima — Desviación de poder — Errores manifiestos de apreciación»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Respeto del derecho de defensa [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 64, ap. 1, y 75] (véanse los apartados 31 y 35 a 37)

2. Derecho de la Unión Europea — Principios — Protección de la confianza legítima — Requisitos — Garantías concretas dadas por la Administración (véase el apartado 39)

3. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Suspensión del procedimiento — Requisitos [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Reglas 20, ap. 7, letra c), y 50, ap. 1] (véanse los apartados 54 a 56 y 61)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de octubre de 2014 (asunto R 1004/2013‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre Technopharma y Unilever.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 6 de octubre de 2014 (asunto R 1004/2013‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre Technopharma Ltd y Unilever NV.

2) La EUIPO cargará con sus propias costas y con la mitad de las de Unilever.
Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, constituidas por la forma del propio producto, no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. Sin embargo, en la aplicación de estos criterios debe tenerse en cuenta que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de una marca tridimensional que el de una marca denominativa o figurativa. Sólo una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea.

Dichos criterios, desarrollados en relación con las marcas que se confunden con el aspecto de los productos, son también aplicables en el supuesto de que un signo esté constituido por un motivo aplicable a la superficie de un producto.

A este respecto, un signo compuesto por una serie de elementos que se repiten regularmente se presta muy en especial a ser utilizado como motivo de superficie. Hay pues en principio una probabilidad inherente a ese signo de ser utilizado como motivo de superficie, y ello con abstracción de su calificación por el solicitante de marca como marca figurativa, marca tridimensional, motivo de superficie u otra clase. Siendo así, únicamente cuando sea poco probable la utilización de un motivo de superficie, dada la naturaleza de los productos designados, ese signo no podrá ser considerado un motivo de superficie en relación con los productos designados. En los otros supuestos se puede considerar que el signo considerado, que reúne las características típicas de un motivo de superficie a causa de la secuencia repetitiva de sus elementos, constituye ciertamente un motivo de superficie. Se trata de un criterio objetivo que no depende de las intenciones comerciales de la empresa interesada.

Los criterios establecidos por la jurisprudencia relativa a la apreciación del carácter distintivo de las marcas que se confunden con el aspecto de los productos son aplicables a los motivos de superficie aplicables al envase de productos vendidos usualmente en un envase y que normalmente sólo se extraen de su envase inmediatamente antes de consumirlos.

Sin embargo, la aplicación de esta jurisprudencia no se justifica en el caso de un motivo de superficie aplicado en un simple envase para el transporte. En efecto, un motivo de superficie aplicado en un simple envase para transporte no es asimilable a la apariencia de un producto.

(véanse los apartados 23, 24, 26, 54, 55, 57, 66 y 67)