Palabras clave

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Palabras clave

1. Medio ambiente — Eliminación de residuos — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Definiciones

(Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, punto 13, y 8, ap. 3)

2. Medio ambiente — Eliminación de residuos — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Recogida

(Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 3)

3. Medio ambiente — Eliminación de residuos — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Recogida

(Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 4)

4. Medio ambiente — Eliminación de residuos — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Recogida

(Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, aps. 2 y 4)

5. Medio ambiente — Eliminación de residuos — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Operaciones de tratamiento de los residuos

(Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, ap. 3)

6. Medio ambiente — Eliminación de residuos — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Reutilización y valorización de los residuos

(Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 1)

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1. Del tenor del artículo 2, punto 13, de la Directiva 2000/53, relativa a los vehículos al final de su vida útil, resulta claramente que la información para el desmontaje se refiere a toda información necesaria para el tratamiento de un vehículo al final de su vida útil y que la lectura del artículo 8, apartado 3, de dicha Directiva debe efectuarse a la luz del mencionado punto 13 por lo que atañe a las modalidades de transmisión de tal información.

(véase el apartado 25)

2. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2000/53, relativa a los vehículos al final de su vida útil, describe con precisión el procedimiento que debe seguirse para dar de baja del registro de matriculación a un vehículo al final de su vida útil con el fin de garantizar, como establece el segundo considerando de esa Directiva, la coherencia de los enfoques nacionales. En el marco de dicho procedimiento se atribuye una función muy concreta a un documento clave llamado certificado de destrucción.

Esa función del documento mencionado no puede alterarse. Pues bien, aun admitiendo que un sistema nacional permite una mejor trazabilidad de los vehículos al final de su vida útil, si atribuye al certificado de destrucción un cometido distinto del que establece el artículo 5, apartado 3, de dicha Directiva, alterar de ese modo la función de dicho certificado pone en peligro la coherencia de los enfoques nacionales que se alude en el apartado precedente y por tanto, el buen funcionamiento del mercado interior.

Del mismo modo, la emisión de un documento distinto del certificado de destrucción contemplado en el mencionado artículo 5, apartado 3, y que cumple la función de ese último, puede crear una confusión capaz de impedir la realización del objetivo perseguido por dicha disposición.

(véanse los apartados 36 a 38)

3. Del propio tenor del artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2000/53, relativa a los vehículos al final de su vida útil, se desprende claramente que la entrega de un vehículo al final de su vida útil a una instalación de tratamiento autorizada debe ser gratuita, siendo los productores quienes soporten los costes de tal operación.

De ello se desprende, de entrada, que el sistema nacional debe establecer un sistema de compensación de los costes de tratamiento para toda empresa de desguace que acepte voluntariamente hacerse cargo de un vehículo al final de su vida útil para destrucción, en este caso el mismo que el establecido para las instalaciones de tratamiento a quienes el sistema nacional obliga a hacerse cargo de los vehículos.

(véanse los apartados 48 y 49)

4. Ni del tenor del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2000/53, relativa a los vehículos al final de su vida útil, con arreglo al cual los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los vehículos al final de su vida útil se transfieran a instalaciones de tratamiento autorizadas, ni del tenor del artículo 5, apartado 4, de dicha Directiva, según el cual los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la entrega del vehículo a una instalación autorizada de tratamiento se produzca sin coste alguno para el último usuario y/o propietario del vehículo, se desprende que esa transferencia a instalaciones deba entenderse en el sentido de que todas las instalaciones estén obligadas a aceptar hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útil. Por tanto, dicha Directiva no se opone a la mera facultad de hacerse cargo del vehículo que se otorga a determinadas instalaciones de tratamiento a condición de que el número de instalaciones de tratamiento obligadas a hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útil que se les presentan sea suficiente para permitir, en la práctica, una transferencia hacia una instalación de ese tipo.

De ese modo, un Estado miembro instaura un sistema para hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útil que no puede considerarse incompatible con el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2000/53, al establecer, por una parte, la obligación de las empresas de fragmentación y de los centros de reagrupamiento de hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útil y, por otra parte, las severas penas en que se incurre si se abandona un vehículo de ese tipo.

(véanse los apartados 51, 52 y 55 a 57)

5. Pese a la falta de definición del concepto de «déshabillage» (retirada de componentes y materiales) en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2000/53, relativa a los vehículos al final de su vida útil, tanto las operaciones de «déshabillage» como las de descontaminación guardan relación con componentes de vehículos que contienen sustancias peligrosas que, para reducir cualquier incidencia negativa en el medio ambiente, deben desmontarse antes de efectuar cualquier tratamiento. De ese modo, dicha disposición debe entenderse en el sentido de que el «déshabillage» debe entenderse como la operación mediante la cual se inicia el tratamiento en vistas a la descontaminación del que forma parte.

En consecuencia, un Estado miembro no incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de esa Directiva al imponer el principio de descontaminación previa a cualquier otro tratamiento sin precisar, no obstante, mediante la introducción del término «déshabillage», que la descontaminación se inicia con el desmontaje de los componentes fáciles de desmontar.

(véanse los apartados 61 y 63)

6. Por lo que atañe al contenido de la obligación de reciclaje contemplada en el artículo 7 de la Directiva 2000/53, relativa a los vehículos al final de su vida útil, la expresión «cuando ello sea viable desde el punto de vista medioambiental» no puede considerarse equivalente a la utilizada por una disposición nacional de transposición que vincula dicha viabilidad a unos requisitos de naturaleza económica, al no contemplarse el reciclaje más que si es evidentemente factible desde un punto de vista técnico. Aunque los conceptos de viable desde el punto de vista medioambiental y factible desde un punto de vista económico pueden presentar determinados aspectos comunes, resulta evidente que no son equivalentes.

(véanse los apartados 69 y 72 a 74)