Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Concentraciones — Reglamento (CE) nº 139/2004 — Procedimiento de control — Intereses públicos contemplados en el artículo 21, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento — Competencia de la Comisión para adoptar una decisión sobre el reconocimiento de un interés público protegido por medidas nacionales — Límites

[Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, arts. 8 y 21, ap. 4]

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión de la Comisión de cerrar un procedimiento incoado con arreglo al artículo 21, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresa, tras el abandono de un proyecto de concentración — Procedimiento que tiene el carácter de procedimiento por incumplimiento — Exclusión

[Arts. 86 CE, ap. 3, 226 CE y 230 CE; Reglamento (CE) nº 139/2004, art. 21, ap. 4]

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1. Cuando un Estado miembro comunica la existencia de un interés público distinto de los considerados en el Reglamento nº 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, cuya protección desea garantizar, la Comisión inicia el procedimiento de control previsto en el artículo 21, apartado 4, párrafo tercero, de dicho Reglamento. Seguidamente está obligada a examinar la compatibilidad de ese interés con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario antes de notificar su decisión al Estado miembro de que se trate en un plazo de 25 días laborables a partir de la citada comunicación, evitando, en la medida de lo posible, que su decisión se adopte una vez que la operación de concentración proyectada haya quedado comprometida definitivamente como resultado de las medidas nacionales. En ese caso, con el fin de garantizar la eficacia de la decisión adoptada con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 139/2004, la Comisión está obligada a adoptar respecto del Estado miembro de que se trate una decisión en la que, o bien se reconozca el interés en cuestión habida cuenta de su compatibilidad con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario, o bien no se reconozca dicho interés dada su incompatibilidad con los citados principios y disposiciones.

Dado que el procedimiento previsto en el artículo 21, apartado 4, del Reglamento nº 139/2004 se refiere al control de las operaciones concretas de concentración, la competencia de la Comisión para adoptar una decisión depende de la conclusión del acuerdo de concentración. A este respecto, del mismo modo que la Comisión no es competente para adoptar una decisión en virtud del Reglamento nº 139/2004 antes de la conclusión de un acuerdo de concentración, deja de ser competente tan pronto como ese acuerdo ha sido resuelto, aun cuando las empresas de que se trate prosigan sus negociaciones con miras a la celebración de un acuerdo «en otra forma».

Por consiguiente, en caso de abandono de un proyecto de concentración, la Comisión ya no es competente para poner fin al procedimiento incoado con arreglo al artículo 21, apartado 4, del Reglamento nº 139/2004 a través de una decisión sobre el reconocimiento de un interés público protegido por medidas nacionales.

(véanse los apartados 112 y 115 a 117)

2. Un escrito mediante el cual la Comisión informa a un Estado miembro de su decisión de no dar curso a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 21, apartado 4, del Reglamento nº 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, no produce efectos jurídicos vinculantes que puedan afectar a los intereses de una empresa demandante, que formaba parte de un proyecto de concentración abandonado posteriormente, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. Por consiguiente, esta decisión no puede constituir un acto recurrible.

En efecto, al dar curso a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 21, apartado 4, del Reglamento nº 139/2004 tras el abandono del proyecto de concentración por las empresas afectadas, la Comisión tampoco tiene intención de adoptar una decisión sobre el reconocimiento de un interés público protegido por medidas nacionales, sino más bien una decisión que declarara que el Estado miembro de que se trata ha infringido el artículo 21 de dicho Reglamento.

De ese modo, la Comisión se aleja del marco del procedimiento incoado con arreglo al artículo 21, apartado 4, del Reglamento, dándole curso como procedimiento por incumplimiento en los términos del artículo 226 CE o del artículo 86 CE, apartado 3. La Comisión dispone a estos efectos de una facultad discrecional para incoar procedimientos por incumplimiento con arreglo a los mencionados artículos 226 CE y 86 CE, apartado 3.

(véanse los apartados 120, 124 y 125)