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22

De ello se deduce que el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no autoriza a la institución de que se trate a efectuar ninguna deducción sobre la parte del capital que corresponde al importe de los derechos a pensión en sí mismo. A este respecto, de la jurisprudencia recordada por el Tribunal General en el apartado 24 de la sentencia recurrida se desprende no solo que la autoridad nacional de que se trate es la única competente para calcular ese último importe, sino también que este no puede ser posteriormente modificado o impugnado por la Comisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 1989, Bonazzi-Bertottili y otros/Comisión, 75/88, 146/88 y 147/88, no publicada, EU:C:1989:410, apartados 17 y 20, y de 5 de diciembre de 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, apartados 29 y 32).
«(32)

La repercusión de las disposiciones sobre medición y facturación de las Directivas 2006/32/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (DO 2006, L 114, p. 64)], 2009/72/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55),] y 2009/73/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO 2009, L 211, p. 94)], en el ahorro de energía ha sido limitada. En muchos lugares de la Unión, dichas disposiciones no han determinado que los clientes reciban información actualizada sobre su consumo de energía, ni una facturación basada en el consumo real con la frecuencia que, según revelan los estudios, es necesaria para permitir a los clientes regular su consumo de energía. En los sectores de la calefacción de la vivienda y del agua caliente en edificios de pisos, la insuficiente claridad de dichas disposiciones ha dado lugar, además, a numerosas quejas de los ciudadanos.
31

No obstante, la Directiva 2006/126 no pretende establecer las exigencias que deben cumplirse para el canje de permisos de conducción procedentes de Estados terceros, ya que dicha facultad es competencia exclusivamente de los Estados miembros, de modo que esos Estados no pueden quedar vinculados por las apreciaciones efectuadas por otros Estados miembros a este respecto.
47

Aunque el Tribunal de Justicia ya ha enmarcado, en distintas circunstancias y teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que esta Directiva confiere a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, y que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela judicial efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, apartado 57 y jurisprudencia citada).
9.

Competencia — Multas — Importe — Determinación — Normas relativas a la clemencia — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Principio de igualdad de trato — Alcance — Imposibilidad para una empresa de exigir la aplicación no discriminatoria de un trato ilegal concedido a otras empresas [Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación 2006/C 298/11 de la Comisión] (véanse los apartados 79 a 87)
Las disposiciones generales del capítulo III del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, deben interpretarse en el sentido de que, cuando se alega que se ha trasladado ilícitamente a menores, una resolución de restitución de estos menores dictada a raíz de una resolución relativa a la responsabilidad parental por un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que dichos menores residían habitualmente puede ser declarada ejecutiva en el Estado de acogida con arreglo a dichas disposiciones generales.

Es preciso señalar que el considerando 17 del Reglamento n.o 2201/2003 pone de relieve el carácter complementario de dicho Reglamento al indicar que completa lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1980, que, no obstante, sigue siendo aplicable. La articulación de los dos instrumentos en cuestión se determina en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, que establece que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro deberán aplicar los apartados 2 a 8 de dicha disposición al procedimiento de restitución previsto por el Convenio de La Haya de 1980. Procede señalar que estas disposiciones no exigen que, ante una supuesta sustracción internacional de menores, una persona, organismo o autoridad se basen en el Convenio de La Haya para solicitar la restitución inmediata del menor al Estado miembro de su residencia habitual. Por tanto, el titular de la responsabilidad parental puede solicitar, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento n.o 2201/2003, el reconocimiento y la ejecución de una resolución relativa a la patria potestad y a la restitución de menores adoptada por un órgano jurisdiccional competente con arreglo al capítulo II, sección 2, del Reglamento n.o 2201/2003, aun cuando no haya interpuesto una demanda de restitución basada en el Convenio de La Haya de 1980.

(véanse los apartados 48, 50, 51, 53 y 62 y el punto 1 del fallo)
1.

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Obligación de los Estados miembros de establecer sistemas de gestión y de control — Facultades de control y de inspección in situ de la Comisión — Posibilidad de comprobar más de una vez determinados gastos — Comprobaciones que ponen de manifiesto deficiencias significativas que pueden conducir a irregularidades sistemáticas — Suspensión y reanudación de los pagos intermedios por la Comisión — Irrelevancia [Art. 317 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, arts. 38 y 39, aps. 1, 2, letra c), y 3, letra b); Reglamento (CE) n.o 438/2001 de la Comisión, arts. 4 y 10] (véanse los apartados 45 a 48, 50, 65, 66, 68 y 69)
86

Por lo que se refiere más concretamente a la instalación interior, de esa información se deduce que puede resultar difícil, si no imposible, como argumenta EVN, determinar con precisión la cantidad de calor emitida por esta instalación en cada vivienda. De hecho, esta cantidad incluye no solo el calor emitido dentro de la vivienda afectada por los elementos materiales de la instalación interior, como las tuberías y cañerías que pasan por ella, sino también los intercambios de calor entre las estancias calentadas y las no calentadas. Así, como ha señalado el Abogado General en el punto 85 de sus conclusiones, las viviendas de un edificio en régimen de propiedad horizontal no son independientes en el plano térmico, ya que el calor circula entre las unidades calentadas y las menos calentadas o no calentadas.
3)

El anexo I, sección I, capítulo II, parte D, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 739/2011 de la Comisión, de 27 de julio de 2011, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la autoridad competente, a efectos de la inspección de las canales de aves de corral, retire estas últimas de la cadena de sacrificio y lleve a cabo un examen tanto externo como interno de dichas canales, levantando sus tejidos adiposos en caso de necesidad, siempre que dicho examen no exceda de lo necesario para garantizar la eficacia de ese control, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional nacional.
66

En tercer lugar, en lo tocante al artículo 8 de la Directiva 2014/61, algunas de cuyas disposiciones, en la medida en que son facultativas, no requieren, según el Reino de Bélgica, una transposición al Derecho nacional, de la tabla de correspondencias mencionada en el apartado anterior se desprende que, en cualquier caso, las disposiciones de dicho artículo respecto a las cuales no se discute la obligatoriedad de su transposición aún no habían sido incorporadas al Derecho interno en la Región de Bruselas Capital. Si bien dicha tabla de correspondencias hace referencia a un «proyecto de Orden de modificación del Reglamento de urbanismo», el Reino de Bélgica no ha proporcionado posteriormente información alguna en relación con la adopción y la entrada en vigor de la orden proyectada. Por consiguiente, procede concluir que el Reino de Bélgica aún no ha adoptado las medidas necesarias para la transposición, respecto a la Región de Bruselas Capital, del artículo 8 de la Directiva 2014/61.
6

El artículo 2 de dicha Directiva dispone cuanto sigue: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social; b) “tratamiento de datos personales” (“tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción; […] d) “responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que solo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o [de la Unión], el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o [de la Unión]; […] f) “tercero”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento; g) “destinatario”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que reciba comunicación de datos, se trate o no de un tercero. No obstante, las autoridades que puedan recibir una comunicación de datos en el marco de una investigación específica no serán considerados destinatarios; h) “consentimiento del interesado”: toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernan.»
46

Por otra parte, a pesar de que no existen normas del Derecho de la Unión relativas a las modalidades de los recursos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, para determinar la intensidad del control jurisdiccional de las decisiones nacionales adoptadas con arreglo a un acto del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta la finalidad de este y velar por que no se menoscabe su eficacia (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de junio de 2002, HI, C‑92/00, EU:C:2002:379, apartado 59, y de 11 de diciembre de 2014, Croce Amica One Italia, C‑440/13, EU:C:2014:2435, apartado 40).
3

Los anexos I y III del Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 222, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1560/2003), contienen, respectivamente, un «Formulario tipo a efectos de la determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional» y un «Formulario tipo de solicitudes de readmisión».
3

Los considerandos decimotercero y vigesimoprimero de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), tienen la siguiente redacción: «Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo; […] Considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para evitar que se estipulen cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores por un profesional y que, si a pesar de ello figuraran tales cláusulas, estas no obligarían al consumidor y el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia».
32

En tales circunstancias, el Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunal de lo Tributario de Baden-Wurtemberg) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse las disposiciones del [ALCP], en particular su preámbulo, sus artículos 1, 2, 4, 6, 7, 16 y 21 y el artículo 9 de su anexo I, en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual, para no perder ningún elemento de tributación, se gravan (sin aplazamiento) las plusvalías latentes, aún no realizadas, de los derechos societarios cuando un nacional de ese Estado miembro que inicialmente estaba allí sujeto a tributación por obligación personal traslada su domicilio desde ese Estado miembro a Suiza y no a un Estado miembro […] o a otro Estado en que sea aplicable el Acuerdo EEE?»
4

El artículo 7, apartados 3 a 6, de dicha convención establece lo siguiente: «3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un Estado contratante no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en apátrida, por el hecho de abandonar el país cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse en el registro correspondiente o cualquier otra razón análoga. 4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un período fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, si no declaran ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad. 5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación de ese Estado podrá subordinar la conservación de la nacionalidad, a partir del año siguiente a la fecha en que el interesado alcance la mayoría de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en aquel momento en el territorio del Estado o de inscripción en el registro correspondiente. 6. Salvo en los casos a que se refiere el presente artículo, una persona no perderá la nacionalidad de un Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, aunque dicha pérdida no esté expresamente prohibida por ninguna otra disposición de la presente Convención.»
16

En su defensa, el Ministro alega que el artículo 67 del Reglamento n.o 883/2004 no puede interpretarse del mismo modo que el artículo 73 del Reglamento n.o 1408/71. En efecto, a diferencia del segundo de los artículos mencionados, que se aplicaba a cualquier «trabajador por cuenta ajena», el primero emplea, según el Ministro, de forma neutra, el término «persona». Además, en opinión del Ministro, ese término debe entenderse a la luz del artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004, que no tenía equivalente en el Reglamento n.o 1408/71 y del que, según el Ministro, resulta claramente que en el caso de una persona que ya no ejerce una actividad por cuenta ajena solo puede considerarse que ejerce dicha actividad en caso de que perciba una prestación en metálico por el hecho o como consecuencia del ejercicio de la mencionada actividad.
36

Sin embargo, añade que, tras la entrada en vigor de la Directiva 2000/78, ya no podría imponerse en Austria una sanción disciplinaria comparable porque sería inadmisible establecer una diferenciación, tan siquiera a efectos de la aplicación del Derecho disciplinario, en función de que los abusos deshonestos sobre un menor de entre 14 años y 18 años de edad tuvieran carácter homosexual masculino o carácter heterosexual o lésbico. Ahora bien, a su entender, la resolución disciplinaria de 10 de junio de 1975 se basó manifiestamente en tal diferenciación, pues atendió esencialmente al carácter penalmente punible que revestían en aquel entonces los hechos imputados a E.B. debido a su carácter homosexual masculino. Aunque no puede descartarse que una incitación similar a prácticas heterosexuales o lésbicas se hubiese considerado una vulneración de las buenas costumbres, susceptible de ser castigada mediante actuaciones disciplinarias en el momento de los hechos, la eventual sanción disciplinaria que se hubiera impuesto al funcionario declarado culpable de abusos deshonestos hubiera sido mucho menos severa al no concurrir los elementos constitutivos del delito tipificado en el artículo 129, apartado I, de la StG. Según el órgano jurisdiccional remitente, en particular, los hechos cometidos por E.B. no habrían podido justificar la sanción consistente en la jubilación forzosa.
10

El artículo 142, apartado segundo, del Regio Decreto n.o 1592 — Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (Real Decreto n.o 1592, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes sobre la enseñanza superior), de 31 de agosto de 1933 (suplemento ordinario de la GURI n.o 283, de 7 de diciembre de 1933), en vigor en el momento de los hechos del procedimiento principal, prevé que, «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39, letra c), se prohíbe la matriculación simultánea en distintas universidades y en distintos centros de enseñanza superior, en distintas facultades o escuelas de la misma universidad o centro y en estudios universitarios distintos de la misma facultad o escuela».
48

Sin embargo, como el contrato de interinidad afecta a dos trabajadores (el trabajador sustituto y el trabajador sustituido), se distingue de los otros tipos de contratos de trabajo de duración determinada. A este respecto, el tribunal remitente precisa que, aunque la indemnización prevista en el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores puede tener un efecto disuasorio sobre el empresario que desea poder reducir su personal fácilmente, no es menos cierto que esta indemnización no tiene el mismo efecto en lo que atañe a los contratos de interinidad, ya que su finalización no da lugar a una disminución del personal.
6

El artículo 3 de la legge n.o 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (Ley n.o 130, Disposiciones sobre cremación y dispersión de las cenizas), de 30 de marzo de 2001 (GURI n.o 91, de 19 de abril de 2001), dispone: «1. En los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el [decreto del Presidente della Repubblica n.o 285, approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Decreto del Presidente de la República n.o 285, por el que aprueba el reglamento de policía mortuoria), de 10 de septiembre de 1990 (GURI n.o 239, de 12 de octubre de 1990),] podrá ser modificado por un reglamento adoptado en aplicación del artículo 17, apartado 1, de la Ley n.o 400, de 23 de agosto de 1988, en su versión modificada, a propuesta del Ministerio de Sanidad, oídos los Ministerios de Interior y de Justicia, y previo dictamen de las comisiones parlamentarias competentes, sobre la base de los principios siguientes: […] b) la autorización de proceder a la cremación se acordará en función de la voluntad del difunto expresada en vida o manifestada por un miembro de su familia de acuerdo con las modalidades siguientes: […] c) la dispersión de las cenizas, siguiendo la voluntad del difunto, no está permitida más que en un sector del cementerio reservado a este efecto, en plena naturaleza o en un terreno privado; la dispersión en terreno privado debe hacerse al aire libre con la autorización del propietario y no puede dar lugar a remuneración; en cualquier caso, la dispersión de las cenizas está prohibida en zonas habitadas […]; la dispersión en el mar, en las aguas de los lagos y en los cursos de agua está permitida en las zonas sin embarcaciones y sin construcciones; d) la dispersión de las cenizas será efectuada por el cónyuge o por otra persona miembro de la familia habilitada, por el ejecutor testamentario o por el representarte legal de la asociación regulada en la letra b), punto 2, anterior a la que el difunto estaba adherido y, en su defecto, por una persona habilitada a este efecto por el municipio; […] f) el transporte de la urna con las cenizas no está sometido a las medidas sanitarias de prevención previstas para el transporte de cadáveres, salvo indicación contraria de las autoridades sanitarias; […] i) debe habilitarse una sala de espera en el crematorio para permitir la realización de los ritos funerarios y rendir un último homenaje al difunto con dignidad. […]»
46

En efecto, un planteamiento según el cual la Directiva 89/665 no exige tutela judicial cuando no existe un procedimiento formal de contratación pública, de manera que no serían recurribles ni la decisión del poder adjudicador de no incoar dicho procedimiento ni la decisión por la que se determina si un contrato público está o no comprendido dentro del ámbito de aplicación de las normas de la Unión pertinentes, tendría como consecuencia convertir en facultativa la aplicación de las normas de la Unión pertinentes, según la voluntad de cada poder adjudicador, cuando, por el contrario, dicha aplicación es obligatoria si se cumplen los requisitos previstos en estas normas (véase en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C‑26/03, EU:C:2005:5, apartados 36 y 37).