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Asunto C‑235/03

QDQ Media, S.A.,

contra

Alejandro Omedas Lecha

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona)

«Directiva 2000/35/CE — Concepto de costes de cobro — Gastos de abogado y procurador en un procedimiento judicial en el que no es preciso valerse de estos profesionales — Imposibilidad de inclusión en las costas sobre la base del Derecho nacional — Imposibilidad de invocar la Directiva frente a un particular»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de marzo de 2005.

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2000/35/CE — Posibilidad de invocar el derecho a reclamar los costes de cobro en contra de un particular, cuando no se han adoptado medidas de adaptación del Derecho interno — Exclusión

[Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra e)]

Cuando en un litigio entre particulares no sea posible, sobre la base del Derecho nacional, incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado un particular obligado al pago de una deuda profesional los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador en defensa o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no puede servir por sí sola de fundamento a tal posibilidad, puesto que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular ni ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona.

(véanse los apartados 16 y 17 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Prescripción decenal del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 659/1999 — Interrupción del plazo de prescripción — Necesidad de informar al beneficiario de la ayuda de una medida que interrumpe la prescripción — Inexistencia

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 15]

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El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 659/1999 –en virtud del cual el plazo de prescripción al que están sometidas las facultades de la Comisión en materia de recuperación de ayudas ilegales quedará interrumpido mediante toda medida adoptada con respecto a la ayuda ilegal por la Comisión o un Estado miembro, a petición de ésta– no puede interpretarse, ni desde el punto de vista de su contenido ni de su objetivo, en el sentido de que una solicitud de información dirigida por la Comisión al Estado miembro de que se trate únicamente puede constituir una «medida tomada por la Comisión» si ha sido notificada al beneficiario de la ayuda.

Ciertamente, el beneficiario de la ayuda tiene un interés práctico en ser informado de las acciones adoptadas por la Comisión que pueden interrumpir la prescripción, pero este interés no puede implicar que la aplicación de la disposición antes citada esté subordinada a la exigencia de que dichas acciones le sean notificadas. En efecto, aun suponiendo que la condición de parte pudiera justificar esta condición, el procedimiento establecido en el artículo 88 CE, apartado 2, se desarrolla principalmente entre la Comisión y el Estado miembro interesado y está abierto contra éste y no contra los beneficiarios que, si bien disponen de determinados derechos procesales, no gozan del estatuto de parte en el proceso.

(véanse los apartados 27 a 35)
Palabras clave

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Palabras clave

Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Principio ne bis in idem — Ámbito de aplicación — Decisión de las autoridades judiciales de un Estado miembro de archivar un asunto debido a que se ha iniciado un procedimiento análogo en otro Estado miembro, sin que exista apreciación alguna en cuanto al fondo — Exclusión

(Art. 2 UE, párr. 1, cuarto guión; Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, art. 54)

Índice

El principio non bis in idem, consagrado en el artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que pretende evitar que una persona, al ejercer su derecho a la libre circulación, se vea perseguida por los mismos hechos en el territorio de varios Estados miembros, no se aplica a una decisión de las autoridades judiciales de un Estado miembro de archivar un asunto después de que el ministerio fiscal haya decidido no proseguir la acción penal debido únicamente a que se han iniciado actuaciones penales en otro Estado miembro contra el mismo imputado y por los mismos hechos, sin que exista apreciación alguna en cuanto al fondo. En efecto, tal decisión no puede considerarse una decisión que juzga en firme a una persona en el sentido de dicho artículo 54.

La aplicación de este principio a tal decisión de archivo de un procedimiento penal haría más difícil o incluso ilusoria cualquier posibilidad concreta de sancionar en los Estados miembros afectados el comportamiento ilícito atribuido al imputado. Esta consecuencia sería manifiestamente contraria a la propia finalidad de las disposiciones del título VI del Tratado de la Unión Europea, tal como se expone en el artículo 2 UE, párrafo primero, cuarto guión.

(véanse los apartados 30 y 33 a 35 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Necesidad de facilitar al Tribunal de Justicia precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el régimen normativo — Alcance de la obligación en el ámbito de la competencia

(Arts. 82 CE, 86 CE y 234 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23)

2. Libre prestación de servicios — Restricciones — Impuesto sobre la publicidad exterior y la colocación de anuncios percibido por una corporación local — Procedencia — Requisitos

(Art. 49 CE)

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1. Para que el Tribunal de Justicia pueda dar una respuesta eficaz a las cuestiones prejudiciales que se le plantean, es necesario que el juez nacional defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben dichas cuestiones o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones.

Esta exigencia de precisión en cuanto al contexto fáctico y al régimen normativo es especialmente pertinente en el ámbito de la competencia, que se caracteriza por unas situaciones de hecho y de Derecho complejas.

Por lo que respecta al contexto fáctico de las cuestiones prejudiciales referentes a la interpretación de los artículos 82 CE y 86 CE, la delimitación del mercado pertinente desde el punto de vista de los productos y del área geográfica y el cálculo de las cuotas de mercado de las distintas empresas que operan en dicho mercado constituyen el punto de partida de cualquier apreciación de una situación a la luz del Derecho de la competencia.

(véanse los apartados 22, 23, 25 y 27)

2. El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la percepción por parte de una corporación local de un impuesto sobre la publicidad exterior y la colocación de anuncios que, por una parte, debido a que se aplica indistintamente a todas las prestaciones de servicios que impliquen publicidad exterior y la colocación de anuncios públicos, no establece ninguna distinción en función del lugar de establecimiento del prestador o del destinatario de los servicios de colocación de anuncios ni en función del lugar de origen de los productos o servicios objeto de los mensajes publicitarios difundidos y, por otra, como se aplica sólo a las actividades publicitarias exteriores que impliquen la utilización del espacio público administrado por las corporaciones locales y su importe está fijado en un nivel que puede considerarse modesto en relación con el valor de las prestaciones de servicios sujetas a él, en cualquier caso, no prohíbe, obstaculiza ni hace menos atractivas de otro modo las prestaciones de servicios publicitarios que se realicen en el territorio de las corporaciones de que se trate, incluso cuando dichas prestaciones tienen carácter transfronterizo debido al lugar de establecimiento bien del prestador, bien del destinatario de los servicios.

(véanse los apartados 37 a 39 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación – Motivos – Apreciación errónea de los hechos – Inadmisibilidad – Desestimación – Calificación jurídica de los hechos – Admisibilidad

(Art. 225 CE)

2. Recurso de anulación – Actos susceptibles de recurso – Concepto – Actos que producen efectos jurídicos obligatorios – Silencio o inacción de una institución – Reembolso de una cantidad percibida en exceso en relación con una multa sin definición de postura sobre la solicitud de pago de intereses presentada por la empresa acreedora – Exclusión

(Art. 230 CE)

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1. Si bien el Tribunal de Justicia no es competente para controlar la apreciación de los hechos que realiza el Tribunal de Primera Instancia, lo es para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias jurídicas que de ella ha deducido el Tribunal de Primera Instancia.

(véase el apartado 36)

2. Las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada la situación jurídica de éste, constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación en el sentido del artículo 230 CE. En principio, el mero silencio de una institución no puede asimilarse a una denegación presunta, a menos que una disposición del Derecho comunitario prevea expresamente tal consecuencia. Sin descartar la posibilidad de que en circunstancias específicas pueda no aplicarse este principio, de tal manera que pueda considerarse excepcionalmente que el silencio o la inacción de una institución se equiparan a una decisión denegatoria presunta, debe considerarse que, en el caso de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se disminuye el importe de una multa, seguida por un escrito dirigido por el demandante a la Comisión mediante el que se solicita a ésta el reembolso de la fracción de la multa indebida más intereses, el pago por la Comisión únicamente del principal sin una definición de postura expresa sobre la solicitud de pago de intereses no supone ninguna decisión denegatoria presunta de dicha solicitud.

(véanse los apartados 44 y 45)
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Palabras clave

1. Funcionarios – Decisión lesiva – Contratación de un agente temporal por un grupo político del Parlamento – Desestimación de una candidatura – Obligación de motivación como muy tarde en la fase de desestimación de la reclamación – Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 25, párr. 2)

2. Funcionarios – Recursos – Recurso de indemnización – Inexistencia en la demanda de cuantificación del perjuicio y de justificación de tal omisión – Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1)

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1. La obligación de motivación que prescribe el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, y, en lo que atañe a las decisiones adoptadas a raíz de una reclamación, la que prescribe el artículo 90, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Estatuto, tienen por objeto, por un lado, proporcionar al interesado una indicación suficiente para apreciar la fundamentación de la decisión y la oportunidad de interponer un recurso judicial tendente a cuestionar su legalidad y, por otro, permitir al juez ejercer su control.

En caso de decisiones que implican la elección entre diversos candidatos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, o por analogía la autoridad competente para celebrar los contratos, está sujeta a una obligación de motivación, al menos en la fase de desestimación de la reclamación formulada por el candidato no seleccionado contra la decisión que rechaza su candidatura y/o contra aquella que dispone el nombramiento de otro candidato. El alcance de esta obligación de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias concretas de cada caso.

En lo que atañe a la contratación de un agente temporal por un grupo político del Parlamento, en la medida en que la autoridad competente, cuya decisión, basada en principio en una apreciación subjetiva, se funde asimismo en datos objetivos, a saber, la comparación de la documentación de cada candidato con los requisitos exigidos y la toma en consideración de la propuesta del tribunal calificador derivada de los resultados de las pruebas, se aparta del informe del tribunal calificador y, por lo tanto, del orden de prioridad basado en el resultado de las pruebas y comunicado al demandante, una motivación de carácter general o en forma de mera referencia a la regularidad del procedimiento de selección no permite al interesado conocer las razones de su exclusión.

(véanse los apartados 39 a 41, 44 y 46)

2. En lo que atañe al perjuicio material alegado para fundamentar una pretensión de reparación, en algunos casos particulares, concretamente cuando resulta difícil cuantificar este perjuicio, no es indispensable precisar en la demanda su alcance exacto ni cuantificar el importe de la reparación reclamada.

No obstante, deberá declararse la inadmisibilidad de un recurso cuando el demandante no sólo no haya probado, sino que ni siquiera haya alegado, la existencia de circunstancias particulares que justificaran que se abstuviera de cuantificar en la demanda el tipo de perjuicio alegado.

(véase el apartado 62)
Asunto C‑463/02

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de Suecia

«Incumplimiento de Estado – Directiva 77/388/CEE – IVA – Artículo 11, parte A, apartado 1, letra a) – Base imponible – Subvención directamente vinculada al precio – Reglamento (CE) nº 603/95 – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común de impuesto sobre el valor añadido – Base imponible – Entregas de bienes y prestaciones de servicios – Subvenciones directamente vinculadas al precio – Concepto – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados – Exclusión – Régimen nacional que no aplica el impuesto sobre el valor añadido al importe de dichas ayudas – Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 11, parte A, ap. 1, letra a)]

El artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, pretende someter al impuesto sobre el valor añadido la totalidad del valor de los bienes o de las prestaciones de servicios, por lo que establece que la base imponible incluye las subvenciones pagadas a los sujetos pasivos que estén directamente vinculadas al precio de la operación en cuestión. No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la citada disposición un Estado miembro que se abstiene de aplicar el impuesto al importe de las ayudas abonadas en aplicación del Reglamento nº 603/95, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes desecados.

En efecto, el concepto de «subvenciones directamente vinculadas al precio» incluye únicamente las subvenciones que constituyen la contraprestación total o parcial de una operación de entrega de bienes o de prestación de servicios y que son pagadas por un tercero al vendedor o al prestador.

Ahora bien, no se cumplen los requisitos para la sujeción de dichas ayudas al impuesto en la venta por una empresa transformadora, tras su secado, de forrajes comprados a los productores de forrajes verdes, ya que en este caso la ayuda no se abona a la empresa transformadora beneficiaria de la misma con el fin específico de que ésta entregue forraje desecado a un comprador a un precio inferior al vigente en el mercado mundial. Tampoco se cumplen tales requisitos en la subcontratación de dicha empresa por un productor de forrajes verdes, dado que en este supuesto la empresa transformadora no es la beneficiaria de la ayuda que percibe, sino que asume únicamente la función de un intermediario entre el organismo otorgante de las ayudas y el productor de forrajes.

(véanse los apartados 31, 32, 36, 37, 41, 43, 47 y 50)
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de mercancías – Restricciones cuantitativas – Medidas de efecto equivalente – Medicamentos – Solicitud de autorización de comercialización en referencia a un medicamento ya autorizado – Posibilidad de utilizar la evaluación en materia de seguridad y eficacia efectuada para dicho medicamento sin riesgos para la salud pública – Denegación de la solicitud si los medicamentos no tienen un origen común – Improcedencia – Justificación – Inexistencia

(Arts. 28 CE y 30 CE)

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Los artículos 28 CE y 30 CE se oponen a que, en el supuesto de que:

– se haya presentado una solicitud de autorización de comercialización para un medicamento en referencia a un medicamento ya autorizado,

– el medicamento para el que se solicita la autorización haya sido importado de un Estado miembro donde ha obtenido una autorización de comercialización, y

– la evaluación en materia de seguridad y eficacia efectuada para el medicamento ya autorizado pueda aplicarse, sin riesgos para la salud pública, al medicamento para el que se solicita la autorización de comercialización,

se deniegue ésta por el único motivo de que ambos medicamentos no tienen un origen común, es decir, porque los fabricantes no forman parte del mismo grupo de empresas y no producen dichos medicamentos en virtud de acuerdos celebrados con un mismo licenciante.

En estas circunstancias, la restricción a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros, derivada de la denegación de la autorización de comercialización para el segundo medicamento, no puede estar justificada por razones de protección de la salud pública cuando dicha denegación se basa en el mero hecho de que ambos medicamentos no tienen un origen común. Aunque el origen común puede constituir un elemento importante para demostrar que la evaluación en materia de seguridad y eficacia efectuada para el medicamento ya autorizado pueda aplicarse, sin riesgos para la salud pública, en el marco de la solicitud de autorización del segundo medicamento, el hecho de que los dos medicamentos no tengan un origen común no es motivo, por sí solo, para denegar la autorización de comercialización del segundo medicamento.

(véanse los apartados 15 a 18 y 21 y el fallo)
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Por otra parte, alega que del examen de todas las medidas de adaptación del Derecho interno al artículo 7 de la Directiva 76/464 que ha comunicado el Gobierno francés no cabe deducir la existencia de una actividad programática conforme con dicha Directiva. Considera fundamentalmente que se trata de una serie de medidas no coordinadas que no establecen ni plazos ni calendario, no aplican una planificación concreta y articulada con objetivos concretos de reducción de las emisiones que deben ser logrados en plazos determinados, no presentan una estructura transparente, completa y coherente ni abarcan todas las aguas receptoras del territorio francés.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

2. Funcionarios - Transferencia interinstitucional - Promoción en razón de la transferencia - Requisito

(Estatuto de los Funcionarios, art. 8, párrs. 2 y 3)

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1. Se desprende de los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y que, por tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para apreciar los hechos, excepto en el caso de que la inexactitud material de sus apreciaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se hayan presentado ante él, y para valorar tales hechos. Sin perjuicio, en su caso, de la desnaturalización de elementos de prueba aportados ante el Tribunal de Primera Instancia, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

( véase el apartado 40 )

2. La transferencia, en aplicación del artículo 8 del Estatuto, de un funcionario a la institución a la que ha sido adscrito, en virtud de la regla general establecida en el párrafo segundo de dicho artículo, no tiene, en principio y por sí mismo, incidencia en el estatuto del interesado, por lo que se refiere, en particular, a su grado y a su antigüedad de escalón. La única excepción a esta regla es la hipótesis excepcional contemplada en el artículo 8, párrafo tercero, según el cual la transferencia implica la necesidad para la institución a la cual se efectúa la transferencia de hacer coincidir dicha transferencia con una promoción. La aplicación de la regla del párrafo tercero de dicho artículo está supeditada, en particular, al requisito de que la transferencia implique necesariamente la adquisición de un grado superior al que ocupaba el funcionario en su institución de origen.

( véanse los apartados 58 a 61 )
Palabras clave

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Palabras clave

Seguridad social de los trabajadores migrantes - Prestaciones familiares - Titulares de pensiones debidas en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros - Prestaciones por hijos a cargo y por huérfanos de titulares de pensiones- Requisitos para su concesión que no se cumplen en el Estado miembro de residencia - Derecho del titular de la pensión o de la renta no reconocido en virtud únicamente de la legislación nacional de un Estado miembro distinto del de residencia - Inexistencia de una obligación de la institución competente de ese Estado miembro de conceder prestaciones - Excepción - Existencia de un derecho adquirido en virtud de un convenio de seguridad social celebrado anteriormente a la entrada en vigor de la normativa comunitaria

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 1408/71, arts. 77, ap. 2, 78, ap. 2, letra b), y 79, ap. 1, y nº 2001/83]

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$$Los artículos 77, apartado 2, letra b), y 78, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 2001/83 del Consejo, en relación con el artículo 79, apartado 1, de dicho Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que la institución competente de un Estado miembro distinto del de residencia del titular de una pensión o de una renta de vejez o de invalidez o del de residencia de los huérfanos de un trabajador fallecido no está obligada a conceder a los interesados prestaciones por hijos a cargo o prestaciones de orfandad cuando no se cumplen o han dejado de cumplirse los requisitos previstos por la legislación del Estado miembro de residencia para la concesión de tales prestaciones y la legislación del otro Estado miembro no reconoce por sí sola tal derecho del titular de la pensión o de la renta o de los huérfanos del trabajador fallecido. No obstante, en esta situación la institución competente del Estado miembro distinto del de residencia puede estar obligada a conceder las prestaciones de que se trata en virtud de un convenio de seguridad social celebrado entre los dos Estados miembros afectados y que formaba parte de sus normativas nacionales antes de la entrada en vigor del Reglamento, cuando los interesados han adquirido un derecho al mantenimiento de la aplicación de dicho convenio después de tal entrada en vigor.

( véanse el apartado 32 y el fallo )