La Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que permita el encarcelamiento de un nacional de un tercer país por el mero hecho de la entrada ilegal por una frontera interior desencadenante de una situación irregular cuando el procedimiento de retorno previsto por la precitada Directiva para aquel nacional aún no ha finalizado.

En efecto, toda vez que tal nacional de un tercer país está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115, en virtud del artículo 2, apartado 1, de ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo artículo 2, apartado 2, deben serle de aplicación las normas y los procedimientos comunes previstos por la citada Directiva a los efectos de su expulsión, salvo que hubiera regularizado su situación. Pues bien, de acuerdo con tales normas y procedimientos, un nacional de un tercer país como el descrito en el apartado anterior debe ser objeto de un procedimiento de retorno cuyas fases se desarrollan conforme a una graduación de las medidas que han de tomarse para la ejecución de la decisión de retorno, y que, si se trata de una privación de libertad, permite, a lo sumo, el internamiento en un centro especializado, medida que está estrictamente delimitada en aplicación de los artículos 15 y 16 de la misma Directiva, con objeto de asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los nacionales de los terceros países afectados.

Por otro lado, del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/115, que permite a los Estados miembros decidir no aplicar esta Directiva a los nacionales de terceros países que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de la fronteras exteriores de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro, se desprende que esta disposición alude exclusivamente al cruce de una frontera exterior de un Estado miembro, según la definición que de la misma ofrece el artículo 2, punto 2, del Código de fronteras Schengen, y no, por tanto, al cruce que tiene lugar por una frontera común a Estados miembros integrados en el espacio Schengen. Así pues, los Estados miembros no pueden, con arreglo a la referida disposición, excluir del ámbito de aplicación de la precitada Directiva a los nacionales de terceros países incursos en situación irregular por el motivo de haber entrado a través de una frontera interior de forma ilegal. Además, ya que dicha disposición se refiere únicamente a la hipótesis de que tales nacionales hayan entrado en el territorio del Estado miembro de que se trate, y no cuando están intentando abandonarlo y salir del espacio Schengen, tampoco permite excluir a los referidos nacionales del ámbito de aplicación de la antedicha Directiva por el hecho de que fueron interceptados y detenidos en las circunstancias últimamente referidas.

Esta interpretación de la Directiva 2008/115 es válida también cuando otro Estado miembro pueda hacerse cargo del extranjero en cuestión, en aplicación de un acuerdo o de un convenio en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la referida Directiva. En efecto, dicho artículo no puede interpretarse en el sentido de que introduce un supuesto de exclusión del ámbito de aplicación de esta Directiva que vendría a sumarse a los contemplados en el artículo 2, apartado 2, de la misma. Conforme a la redacción, la estructura y la finalidad de la Directiva 2008/115, ésta seguirá siendo aplicable a la situación de tal nacional de un tercer país, y el Estado miembro que decida devolver a ese nacional a otro Estado miembro, en virtud de dicha disposición, actuará con arreglo a las normas y a los procedimientos comunes establecidos en la precitada Directiva.

(véanse los apartados 61, 62, 68, 69, 71, 77, 78, 82, 83, 86 y 93 y el punto 2 del fallo)