SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 4 de marzo de 1998

Asunto T-146/96

Maria da Graça De Abreu

contra

Tribunal de Justicia de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios en prácticas — Nombramiento de un antiguo agente temporal — Mantenimiento de la antigüedad de escalón — Principio de igualdad de trato — Excepción de ilegalidad»

Texto completo en lengua francesa II-281

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 1995, por la que se nombra funcionaria a la demandante para un puesto de trabajo de mecanógrafa, en la medida en que la clasifica en el escalón 3 del grado C 4.

Resultado:

Anulación

Resumen de la sentencia

La demandante trabajaba en el gabinete de un Juez de la Institución demandada como agente temporal, con arreglo a la letra c) del artículo 2 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «RAA») en un puesto de trabajo de mecanógrafa de grado C 3, escalón 4.

La demandante aprobó el concurso-oposición general EUR/C/22, organizado por la Institución demandada y el Parlamento Europeo para la selección de mecanógrafos (DO 1992, C 47 A). Tras ser inscrita en la lista de reserva establecida el 30 de septiembre de 1992, fue nombrada funcionaria en prácticas mediante decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramiento («AFPN») de 5 de diciembre de 1995. Destinada a la Dirección de la Traducción, la demandante fue puesta simultáneamente a disposición del gabinete del referido Juez, donde trabaja desde entonces.

La decisión de nombramiento clasificaba a la demandante en el grado C 4, escalón 3, con arreglo al artículo 32 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas («Estatuto»).

La demandante presentó una reclamación de fecha 1 de abril de 1996 por la que impugnaba esta clasificación en el escalón 3. Invocó, en particular, el artículo 8 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 3947/92 del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, por el que se modifica el Estatuto y el RAA (DO L 404, p. 1; Reglamento controvertido o Reglamento), que completó el artículo 32 con un párrafo tercero del siguiente tenor:

«El agente temporal cuya clasificación se haya fijado de acuerdo con los criterios de clasificación aprobados por la institución conservará la antigüedad de escalón adquirida como agente temporal cuando sea nombrado funcionario en el mismo grado e inmediatamente después de dicho período.»

Mediante decisión del comité encargado de las reclamaciones, de 10 de junio de 1996, se desestimó la reclamación debido, en particular, a que no se había nombrado funcionaria a la demandante «en el mismo grado» inmediatamente después de su período de servicio como agente temporal y a que, por tanto, no era aplicable el párrafo tercero del artículo 32 del Estatuto.

El 24 de mayo de 1996, la demandante fue nombrada funcionaria titular, con efecto desde el 1 de julio de 1996, y clasificada en el escalón 3 del grado C 4. El 18 de junio de 1996, fue destinada en comisión de servicios al referido gabinete, también con efecto desde el 1 de julio de 1996, y clasificada en el escalón 5 del grado C 3.

Sobre la admisibilidad del recurso

El acto impugnado mediante el presente recurso, esto es, la clasificación de escalón de la demandante con motivo de su nombramiento como funcionaria, se refiere a un ámbito estatutario distinto de la clasificación superior que se le atribuyó por su actividad en el gabinete mencionado por razón de una comisión de servicios regida por el segundo guión de la letra a) del artículo 37 del Estatuto. Este último régimen, a diferencia del correspondiente a un funcionario destinado a un puesto de trabajo permanente, presenta una precariedad en el sentido de que en cualquier momento se puede poner fin a la comisión de servicios, a solicitud de la persona bajo cuya dependencia se haya puesto al funcionario de que se trate. Por tanto, la demandante corre el riesgo de volver a ser situada en cualquier momento en el escalón impugnado del grado C 4, en el que fue clasificada como funcionaria. De lo anterior se infiere que dicha clasificación afecta a la recurrente, de modo virtual y latente, incluso durante el período de comisión de servicios (apartado 16).

Por consiguiente, la legitimidad de la demandante no desaparece a causa de la comisión de servicios, de forma que procede declarar la admisibilidad del presente recurso (apartado 17).

Sobre la excepción de ilegalidad dirigida contra el artículo 8 del Reglamento controvertido y el párrafo tercero del artículo 32 del Estatuto

Sobre la admisibilidad de la excepción de ilegalidad

La excepción de ilegalidad, prevista en el artículo 184 del Tratado, garantiza a las partes el derecho de cuestionar por medio de un incidente la validez del acto reglamentario que constituye la base jurídica de una decisión de la que sean destinatárias, con el fin de obtener su anulación (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de enero de 1984, Andersen y otros/Parlamento (262/80, Rec. p. 195), apartado 6; Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1985, Salerno y otros/Comisión y Consejo (asuntos acumulados 87/77,130/77,22/83,9/84 y 10/84, Rec. p. 2523), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Reinarz/Comisión (asuntos acumulados T-6/92 y T-52/92, Rec. p. II-1047), apartado 56; Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Chavanede Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFPp. II-723), apartado 41

En el caso de autos, la disposición controvertida objeto de la excepción de ilegalidad no constituye formalmente la base jurídica de la decisión impugnada. Más bien, esta última fue adoptada sobre la base del párrafo segundo del artículo 32 del Estatuto, ya que la AFPN se abstuvo precisamente de fundarse en la disposición controvertida cuya aplicación reclama la demandante. Por tanto, parece que la excepción de ilegalidad no se dirige contra el acto reglamentario que forma la base jurídica directa de la decisión lesiva para la demandante, sino contra un único elemento (en el mismo grado) de la disposición controvertida, dado que la demandante alega que la única razón de haber sido excluida de la aplicación de esta disposición es el hecho de no ajustarse a este criterio (apartado 25).

Con el fin de determinar si la excepción de ilegalidad dirigida contra tal elemento de aplicación está contemplada por el artículo 184 del Tratado, debe recordarse que el propio tenor de este artículo permite proponer la excepción de ilegalidad a cualquiera de las partes de un litigio «en el que se cuestione un Reglamento». Además, el ámbito de aplicación de dicho artículo, habida cuenta de la necesidad de garantizar un control de legalidad eficaz, debe extenderse a los actos que no tienen la forma de un Reglamento pero que producen efectos análogos (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de marzo de 1979, Simmenthal/Comisión (92/78, Rec. p. 777), apañados 39 a 41

Por consiguiente, la excepción de ilegalidad puede dirigirse contra toda disposición reglamentaria pertinente para la adopción de la decisión administrativa objeto de un recurso de anulación, lo que ocurre con el criterio «en el mismo grado», que ha intervenido en la adopción de la decisión impugnada (apartados 27 y 29).

Nada se opone, en principio, a que pueda declararse la inaplicabilidad parcial de un acto normativo con arreglo al artículo 184 del Tratado. A este respecto, no procede distinguir entre un régimen normativo complejo, parcialmente inválido a causa de la ilegalidad de una disposición concreta, y una sola disposición normativa, parcialmente inválida a causa de la ilegalidad de un elemento específico, siempre que dicho elemento pueda separarse. El elemento «en el mismo grado» puede separarse del conjunto del párrafo tercero del artículo 32 del Estatuto sin que dicha disposición pierda su aptitud para producir efectos jurídicos (apartados 34 y 35).

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de junio de 1972, Jamet/Comisión (37/71, Rec. p. 483), apartado 11

Sobre la violación del principio de igualdad de trato

Existe una violación del principio de igualdad de trato cuando a dos categorías de personas, cuyas situaciones fáctica y jurídica no presenten diferencias esenciales, se les aplique un trato diferente. Este principio exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente (apartado 53).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de marzo de 1994, La Pietra/Comisión(T-100/92, RecFP p. II-275), apartado 50; Tribunal de Primera Instancia, 21 de febrero de 1995, Campo Ebro y otros/Consejo (T-472/93, Rec. p. II-421), apartado 82; Tribunal de Justicia, 9 de noviembre de 1995, Francovich(C-479/93, Rec. p. I-3843), apartado 23

El elemento del párrafo tercero del artículo 32 del Estatuto que contiene el criterio «en el mismo grado» viola el principio de igualdad de trato al reservar el beneficio del sistema de bonificación previsto por esta disposición —por lo demás, bastante generoso— únicamente a los agentes temporales que, con independencia de sus méritos, se encuentran fortuitamente en la situación de poder presentar su candidatura a un concurso para la selección de funcionarios del grado que corresponde precisamente al que poseen en ese momento y al excluir de dicho beneficio a todo agente destinado al grado inmediatamente superior (apartados 66 y 71).

Fallo:

Se anula la decisión del Tribunal de Justicia, de 5 de diciembre de 1995, por la que se nombra funcionaria a la demandante para el puesto de trabajo de mecanógrafa del grado C 4, en la medida en que fija su clasificación en el escalón 3 de su grado.