IV.

Por último, como antes anunciaba, se plantea incluso la cuestión de dilucidar si el Tribunal de Justicia es competente para ordenar al Gobierno del Reino Unido que ponga fin sin dilación a la ayuda que concedió a sus productores. Por mi parte, albergo dudas. Ciertamente, la prohibición de la ejecución de una ayuda nacional incompatible con el mercado común, contemplada en la última frase del apartado 3 del artículo 93, tiene efecto directo, tal como se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64, ↔ Rec. pp. 1141 y ss., especialmente p. 1162), confirmada por las sentencias de 11 de diciembre de 1973 dictadas en los asuntos Lorenz GmbH (120/73,↔ Rec. pp. 1471 y ss., especialmente p. 1483); Markmann KG (121/73, Rec. p. 1495); Nordsee (122/73, Rec. p. 1511), y Lohrey (141/73, Rec. p. 1527). Sin embargo, procede todavía determinar el procedimiento jurídico que, en el ordenamiento comunitario, podría dotar de plena eficacia a la prohibición de que se trata. Desgraciadamente, no cabe trasladar al ordenamiento jurídico comunitario la conclusión, a menudo reiterada por el Tribunal de Justicia, de que las normas de Derecho nacional, cualesquiera que sean, no pueden oponerse a la aplicación de una prohibición comunitaria dotada de efecto directo. El Tribunal de Justicia únicamente puede dirigir órdenes conminatorias a una Institución comunitaria o a una persona física o jurídica, pero no a un Estado. Cuando se trata de una orden conminatoria dirigida a un Estado miembro y que, además, no entraña una obligación pecuniaria, no es un título ejecutivo y no puede ser objeto de ejecución forzosa (artículo 192). El Tribunal de Justicia no puede transformar en una medida positiva objeto de ejecución forzosa —la única medida provisional que puede tener algún efecto— una orden conminatoria de abstenerse de hacer alguna cosa, que es sin embargo la única que el Tribunal de Justicia puede adoptar en el presente caso, aunque equivaldría simplemente a repetir una norma ya resultante de las mismas disposiciones del Tratado. Ni el texto ni el sistema del artículo 186 permiten a la Comisión servirse de sus disposiciones para conseguir que el Tribunal de Justicia ejerza una competencia complementaria paralela a la competencia ordinaria que el Tratado confiere a la Comisión, y que debe ejercerse en las formas que el artículo 93 pone a su disposición. La decisión definitiva contemplada en el apartado 3 del artículo 93 únicamente puede tener por objeto la mera declaración en el sentido de que la ayuda nacional es contraria al Tratado: si la Comisión no juzgó oportuno someter su Decisión a un plazo o a condiciones, no puede obtener del Tribunal de Justicia que «regule» las condiciones de ejecución de dicha Decisión. El mismo alcance del apartado 3 del artículo 93 se opone a que el recurso contra la Decisión de prohibición adoptada por la Comisión pueda tener efecto suspensivo. Por ser la Decisión adoptada por la Comisión (o por lo demás, por el Consejo, en el marco del procedimiento previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 93) un acto declarativo, una orden conminatoria en el sentido de la solicitada por la Comisión equivaldría a cuestionar no sólo el carácter ejecutivo de dicha Decisión, sino también los efectos obligatorios de las mismas disposiciones del Tratado. Acceder a la pretensión de la Comisión sería reconocer que es necesario confirmar el carácter directamente obligatorio de una disposición del Tratado, carácter que es evidente y que ha sido confirmado de forma reiterada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El único fin del presente procedimiento es, pues, sustituir la ejecución forzosa, que se impone a las empresas, pero que no existe en las relaciones entre la Comisión y los Estados, por los efectos políticos de la declaración según la cual la actitud de un Estado miembro es contraria al Tratado. El Tribunal de Justicia no puede, en ningún caso, dirigir una orden conminatoria a un Estado miembro. Lo que podría hacer, a lo sumo, es, mediante un procedimiento acelerado de declaración de incumplimiento, reconocer, sin esperar a su sentencia sobre el fondo, que, al haber ejecutado y al continuar ejecutando su medida de ayuda después de que el Consejo hubiera deliberado sobre el asunto y, en todo caso, después de la notificación de la Decisión de la Comisión, el Reino Unido ha violado y continúa violando el Tratado, antes incluso de pronunciarse sobre el fondo de ambos asuntos principales; en este caso, el artículo 171 se aplicaría mutatis mutandis. Ahora bien, dada la «inmunidad» de los Estados y habida cuenta del sistema organizado por el artículo 93, que no confiere al Tribunal de Justicia una competencia más amplia que el artículo 169, no es posible dar el salto consistente en ordenar directamente a un Estado miembro que ponga fin a la concesión de una ayuda nacional; a lo sumo, este Tribunal podría únicamente declarar la existencia de un incumplimiento de una obligación derivada del Tratado, pero, incluso en este caso, sólo al Estado miembro afectado correspondería deducir las consecuencias de la resolución del Tribunal de Justicia. En consecuencia, en mi opinión, el Tribunal de Justicia no es competente para adoptar la «medida provisional» que solicita la Comisión.