2.2.b)

Otros argumentos se invocan para justificar la concesión de franquicias fiscales. Se afirma que si pueden autorizarse franquicias para el tráfico aéreo, nada se opone a que el tráfico por vía marítima pudiese disfrutar de las mismas. Resulta de las observaciones de los Estados miembros, procedan de los Estados originarios de la Comunidad o de aquellos que se adhirieron a la misma a partir del 1 de enero de 1973, que en el momento de la adopción de la segunda Directiva en 1972 el problema de las franquicias en el tráfico marítimo no se planteaba entre los Estados miembros «continentales» y que no se agudizó hasta después de la adhesión de los tres nuevos Estados, dos de los cuales son insulares. Para apreciar el alcance de la reserva del apartado 2 del artículo 6, hay que situarla de nuevo en su propio contexto y en el contexto más general de la armonización de las disposiciones nacionales relativas al régimen tributario aplicable en el tráfico internacional e intracomunitário de viajeros. Como destaca la Comisión, el sistema de la Directiva 69/169 es fundamentalmente diferente al régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido. Mientras que la armonización realizada hasta ahora en materia de IVA se basa en el mantenimiento de las fronteras fiscales, es decir, en el principio de la imposición a la importación en el país de destino (con desgravación a la exportación del país de procedencia), ( 7 ) la armonización de las franquicias fiscales a la importación concedidas a los particulares se basa en el principio de la imposición en el país de origen (con desgravación en el país de destino). El apartado 1 del artículo 6 obliga a los Estados miembros a tomar las medidas apropiadas para evitar que sean concedidas desgravaciones por la compra de mercancías por parte de viajeros que residan en la Comunidad y se beneficien además del régimen de franquicias establecido por la Directiva. Tras la reserva preliminar relativa al tráfico aéreo, el apartado 2 obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para permitir, en los casos y en las condiciones descritas en los apartados 3 y 4, la desgravación en la fase del comercio al por menor de los impuestos sobre el volumen de negocios con respecto a las ventas de mercancías transportadas en los equipajes personales de los viajeros que salgan de un Estado miembro, pero excluyendo la desgravación por lo que se refiere a los impuestos sobre consumos específicos. Estos casos se refieren tanto a los no residentes como a los residentes que salen de un Estado miembro; en relación con estos últimos, la desgravación sólo se admite respecto a los objetos cuyo valor unitario, incluidos impuestos, sea superior al importe fijado en el apartado 1 del artículo 2. Es posible renunciar a gravar las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros en el Estado de destino, porque, «por regla general», la desgravación se ha efectuado en el Estado de procedencia, y se presume que no han sido desgravadas en aquél. Pero dicha renuncia no excluye la posibilidad de conceder, en determinados supuestos, una desgravación en destino, incluso en caso de desgravación en el punto de salida. Se tolera, pues, la anomalía de una ausencia total de tributación hasta que se alcancen los límites —inferiores— concedidos a los viajeros procedentes de procedentes de países terceros. Pienso, al igual que el Abogado General Sr. Capotorti, ( 8 ) que la reserva que figura en el apartado 2 del artículo 6 tiene un amplio alcance y que no prejuzga el régimen tributario aplicable a las ventas libres de impuestos en el tráfico marítimo intracomunitário. En efecto, los Estados candidatos a la adhesión habían sido consultados antes de la introducción de la modificación en el artículo 6. Pero la circunstancia de que dichos Estados no formularan en aquel momento objeciones contra una posible interpretación de dicha modificación en detrimento de las ventas a bordo de los transbordadores no puede equivaler a un consentimiento tácito de una interpretación sobre la que no se había llamado de modo especial su atención. Contra el argumento basado en el carácter «completo» del sistema de franquicias fiscales implantado por las directivas en el tráfico intracomunitário de viajeros, hay que señalar que el Tribunal de Justicia ha puesto sumo cuidado en unir al verbo «implantar» el adverbio «progresivamente»; dicha formulación contrasta claramente con el carácter «exhaustivo» ( 9 ) de la normativa referente a las franquicias aduaneras. El carácter progresivo de la armonización en este sector resulta reforzado por el hecho de que las Directivas adoptadas en este ámbito han sido numeradas sucesivamente. Es cierto que las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios son objeto en la actualidad de un «sistema común» de Impuesto sobre el Valor Añadido; pero, en realidad, el sistema tan sólo es «común» en parte. ( 10 ) La Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977 ( 11 )fijó de manera uniforme la base imponible a la que se aplica el IVA. Su artículo 2 dispone que estarán sujetas a dicho Impuesto las importaciones de bienes. El artículo 14 fija con carácter taxativo las exenciones relativas a la importación. Ninguna guarda relación con las franquicias de IVA a la importación de mercancías adquiridas en tráfico intracomunitário, sea por vía aérea o marítima. Pero, como pone de relieve el Gobierno británico, dichas exenciones están previstas sin perjuicio de las demás disposiciones fiscales comunitarias. ( 12 ) Por lo que respecta a los impuestos sobre consumos específicos, su armonización no se ha iniciado aún, con la excepción del impuesto sobre el tabaco. En este contexto, la referencia al Convenio de Nueva York de 1954, del que son partes contratantes todos los Estados miembros, no me parece totalmente fuera de lugar. El artículo 13 de dicho Convenio dispone que: «ninguna disposición del presente Convenio excluye el derecho que tienen los Estados contratantes que forman una unión aduanera o económica a establecer normas específicas aplicables a las personas que residen en los países que forman parte de la referida unión». Por otra parte, el artículo 234 del Tratado establece lo siguiente: «Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios Estados terceros, por otra.» Los Estados miembros no pueden, pues, invocar el Convenio de 1954 para oponerse a la aplicación, en sus relaciones mutuas, de un régimen que no regula la situación de la misma forma que dicho Convenio. Pero, a falta de un régimen común exhaustivo en materia de franquicias fiscales a la importación concedidas a particulares, es posible interpretar las disposiciones comunitarias existentes de una manera que resulte compatible con el Convenio de Nueva York. El régimen de las «tiendas libres de impuestos» en el tráfico marítimo o aéreo comunitario sigue siendo aún competencia de los Estados miembros y es la interpretación propuesta por la empresa Rewe la que sería incompatible con dicho Convenio. Por último, la evolución de los trabajos legislativos posteriores a la adopción de la Directiva de 1972 proporciona argumentos de peso. Tras la implantación de dicha reserva, la Comisión propuso ( 13 ) al Consejo, el 22 de septiembre de 1972, la adopción de una Tercera Directiva, al objeto, en particular, de armonizar el régimen de desgravación en los establecimientos de venta bajo control aduanero de los aeropuertos y de las ventas a bordo de aviones, de buques y de aerodeslizadores que efectúan comercialmente transportes de pasajeros, exceptuando, no obstante, el régimen fiscal de las consumiciones a bordo de dichos medios. Ante la resistencia de los Estados miembros, tuvo que retirar su propuesta. Pero resulta interesante señalar que la propia Comisión afirmaba en dicha propuesta que no existía aún un régimen comunitario para las ventas bajo control aduanero, no sólo en los aeropuertos y a bordo de los aviones, sino también a bordo de los buques y que el mismo régimen debería ser aplicable en ambos casos. Por último, durante el presente procedimiento, la Comisión propuso al Consejo, el 11 de abril de 1983, ( 14 ) la adopción de una Sexta Directiva que modificase la Directiva 69/169, suprimiendo pura y simplemente la parte de la frase «sin perjuicio de [...]», motivándola con las siguientes consideraciones: «Los Estados miembros deberán poder mantener las disposiciones que aplican actualmente para las ventas efectuadas en los establecimientos de venta bajo control aduanero de los aeropuertos y en los puertos o a bordo de los medios de transporte aéreo o marítimo respecto a los viajeros con destino a países terceros», con la precisión siguiente: «Parece oportuno limitar, para los viajeros que realizan desplazamientos entre Estados miembros (a bordo de aeronaves, de buques o de aerodeslizadores dedicados a la navegación marítima), el valor y la cuantía de las mercancías que pueden serles entregadas libres de impuestos y conceder el disfrute de las franquicias a la importación, dentro de los límites correspondientes a las franquicias concedidas a los viajeros procedentes de países terceros.»