Palabras clave

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Palabras clave

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1. Cuestiones prejudiciales ° Sometimiento del asunto al Tribunal de Justicia ° Organo jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 177 del Tratado ° Concepto ° Organo jurisdiccional nacional que resuelve en equidad un recurso contra un laudo arbitral

(Tratado CEE, arts. 5 y 177)

2. Monopolios nacionales de carácter comercial ° Concepto ° Control de las corrientes de intercambios comerciales entre Estados miembros por parte de las autoridades nacionales ° Concesión de distribución de energía eléctrica otorgada a un distribuidor regional ° Cláusula de compra en exclusiva pactada entre distribuidores regionales y locales ° Exclusión

(Tratado CEE, art. 37)

3. Competencia ° Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general ° Sujeción a las normas del Tratado ° Límites ° Distribución de energía eléctrica ° Distribuidor regional que impone a los distribuidores locales una cláusula de compra en exclusiva que excluye toda importación ° Procedencia ° Requisito

(Tratado CEE, arts. 85, ap. 1, 86 y 90, ap. 2)

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1. Un órgano jurisdiccional nacional que, en un caso previsto por la Ley, resuelve un recurso interpuesto contra un laudo arbitral, debe ser considerado un órgano jurisdiccional nacional a efectos del artículo 177 del Tratado, incluso en el caso de que, en virtud del convenio arbitral celebrado entre las partes, dicho órgano jurisdiccional deba resolver en calidad de amigable componedor. En efecto, aunque resuelva en equidad, dicho órgano jurisdiccional se encuentra obligado, en virtud de los principios de primacía y de uniformidad de aplicación del Derecho comunitario, en relación con el artículo 5 del Tratado, a respetar las normas del Derecho comunitario, y en particular las normas sobre la competencia.

2. La aplicación del artículo 37 del Tratado, relativo a los monopolios nacionales de carácter comercial, supone una situación en la que las autoridades nacionales están en condiciones de controlar o dirigir los intercambios entre los Estados miembros, o bien de influir sensiblemente en dichos intercambios, por medio de un organismo constituido con ese fin o de un monopolio cedido por el Estado a un tercero.

No es este artículo sino el artículo 85 del Tratado el que se aplica a una situación en la que una empresa de distribución regional de energía eléctrica, a pesar de ser titular de una concesión no exclusiva de distribución de electricidad en el territorio asignado, prohíbe importar energía eléctrica a los distribuidores locales de electricidad, por medio de una cláusula de compra en exclusiva. En efecto, no son la autoridad pública y la empresa de distribución regional quienes ha celebrado los contratos de que se trata, sino esta última y los distribuidores locales. Dichos contratos determinan las condiciones de suministro de energía eléctrica y no suponen una transmisión a los distribuidores locales de la concesión de servicio público otorgada a la empresa regional, pues tales condiciones, y en particular la cláusula de compra en exclusiva, se basan en los contratos celebrados entre los distribuidores y no son inherentes a la concesión territorial otorgada por los poderes públicos.

3. El artículo 85 del Tratado se opone a que una empresa de distribución regional de energía eléctrica aplique una cláusula de compra en exclusiva, incluida en sus condiciones generales de venta, que prohíbe a los distribuidores locales importar electricidad destinada a la distribución pública y que, habida cuenta de su contexto económico y jurídico, a saber, de la existencia de otros acuerdos de exclusiva de la misma naturaleza y del efecto acumulativo de los mismos, afecta al comercio entre los Estados miembros.

El artículo 86 del Tratado se opone igualmente a una situación como la descrita, si la empresa de que se trata forma parte de un grupo de empresas que ostenta una posición dominante colectiva en una parte sustancial del mercado común.

Sin embargo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90 del Tratado, la aplicación de dicha cláusula no resulta afectada por esta doble prohibición, en la medida en que la restricción de la competencia a que da lugar sea necesaria para permitir a la empresa garantizar su misión de interés general. A este respecto, el Juez nacional, al que corresponde apreciar esta necesidad, debe tener en cuenta las condiciones económicas en las que debe operar la empresa en razón de las limitaciones que se le imponen, y en particular los costes que debe soportar y las normativas, especialmente en materia de medio ambiente, a las que se encuentra sometida.