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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Disposición que fija el precio de intervención derivado del azúcar blanco para todas las zonas de Italia para una campaña de comercialización - Recurso de fabricantes de azúcar italianos - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente artículo 230 CE, párr. 4, tras su modificación); Reglamento (CE) nº 1534/95 del Consejo, art. 1, letra f)]

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$$Procede declarar la inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por fabricantes italianos de azúcar contra el artículo 1, letra f), del Reglamento nº 1534/95, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 1995/1996, los precios de intervención derivados del azúcar blanco para todas las zonas de Italia.

En efecto, dicha disposición se aplica a situaciones determinadas objetivamente y está dirigida, en general, a grupos de personas consideradas de forma abstracta, en la medida en que, por una parte, al imponer al organismo de intervención italiano la obligación de comprar a ese precio toda la cantidad que le ofrezcan las empresas productoras, se aplica a un número indefinido de transacciones y, por otra parte, al repercutirse también la fijación de dicho precio directamente sobre los precios mínimos de compra que estas últimas deben pagar a los productores de remolacha italianos, debe aplicarse también a un número indefinido de transacciones que anteceden a las operaciones de intervención.

Asimismo, el sistema de «regionalización» de los precios del azúcar blanco, que prevé la fijación anual de un precio de intervención para las zonas no deficitarias y de un precio de intervención derivado para cada una de las zonas deficitarias sobre la base más próxima posible a la realidad económica, se aplica objetivamente al conjunto de los fabricantes de azúcar y de los productores de remolacha y no contempla individualmente a dichos fabricantes.

Aun suponiendo que en el momento de la adopción del mencionado Reglamento el Consejo conociera la identidad de las demandantes, en su calidad de titulares de cuotas de producción de azúcar, esta circunstancia no bastaría para considerarlas individualmente afectadas, puesto que el alcance general y, por ende, la naturaleza normativa de un acto no se pone en tela de juicio por la posibilidad de determinar con mayor o menor precisión el número o incluso la identidad de los sujetos de derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que conste que dicha aplicación se hace en virtud de una situación objetiva de hecho o de Derecho definida por el acto de que se trate.

Por otra parte, el mero hecho de que las demandantes fueran titulares de cuotas de producción no permite probar que se hayan lesionado derechos específicos suyos. En efecto, antes de la adopción del Reglamento controvertido, la atribución de cuotas de producción no iba acompañada de un derecho adquirido a la fijación de un precio de intervención determinado. La situación jurídica de las demandantes no difería de la de los demás titulares de cuotas de producción, todos los cuales debían conformarse con los precios de intervención fijados por el Consejo en función de la situación de abastecimiento previsible para las diferentes zonas de producción.