Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Demanda - Exigencias formales - Exposición de los motivos que justifiquen a primera vista la concesión de las medidas solicitadas

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, aps. 2 y 3)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1, párr. 1)

3. Recurso de anulación - Actos recurribles - Actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros - Concepto - Actos que afectan únicamente a la organización interna del Parlamento - Exclusión

(Art. 230 CE)

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1. Del artículo 104, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que una demanda de medidas provisionales debe, por sí sola, permitir a la parte demandada elaborar sus observaciones y al Juez de medidas provisionales pronunciarse sobre la demanda, en su caso, sin necesidad de apoyarse en otras informaciones. Con objeto de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de justicia, para que una demanda de este tipo sea admisible es necesario que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa se desprendan de una forma coherente y comprensible del propio texto de la demanda. Si bien este texto puede sustentarse y complementarse en aspectos específicos mediante la remisión a pasajes determinados de documentos adjuntos al mismo, la remisión global a otros escritos, incluso si se adjuntan a la demanda, no puede paliar la no inclusión de los elementos esenciales en ésta.

A este respecto, la remisión a los motivos y alegaciones contenidos en el recurso de anulación no permite -aunque dicho recurso se adjunte a la demanda de medidas provisionales- paliar la inexistencia, en esta última, de cualquier explicación de los motivos del recurso principal constitutivos de un fumus boni iuris de la demanda de medidas provisionales.

( véanse los apartados 34 y 36 )

2. El examen de la admisibilidad del recurso principal no debe efectuarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. Sin embargo, cuando lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal en el que se basa la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso.

( véase el apartado 42 )

3. El artículo 230 CE, párrafo primero, que prevé que el Tribunal de Justicia controle, en particular, la legalidad de los actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, tiene por objeto permitir que queden sometidos al control del Juez comunitario los actos que el Parlamento adopta en el ámbito del Tratado que pudieran invadir las competencias de los Estados miembros o de las demás instituciones o sobrepasar los límites fijados a la competencia del propio Parlamento. En cambio, los actos que afecten únicamente a la organización interna de los trabajos del Parlamento no pueden ser objeto de recurso de anulación. Pertenecen a esta categoría los actos del Parlamento que o bien no producen efectos jurídicos, o bien sólo producen efectos jurídicos en el interior del Parlamento en lo que se refiere a la organización de sus trabajos y están sujetos a procedimientos de verificación fijados por su Reglamento.

A este respecto, a primera vista el Acuerdo marco sobre relaciones entre el Parlamento y la Comisión, que se limita a regular las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, no ha modificado la situación jurídica de los diputados que actúan a título individual por lo que respecta al derecho que les confiere el artículo 197 CE, párrafo tercero, no menoscaba el derecho garantizado por dicha disposición y no produce, por tanto, efectos jurídicos frente a los diputados que actúan a título individual.

( véanse los apartados 43 y 51 )