Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Cooperación policial y judicial en materia penal

[Arts. 34 UE, ap. 2, letra b), y 35 UE, ap. 1]

2. Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la cooperación judicial

(Art. 34 UE, ap. 2; Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, art. 31, ap. 1)

3. Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros

(Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, arts. 1, ap. 3, y 2, ap. 2)

4. Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros

(Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, art. 2, ap. 2)

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1. De conformidad con el artículo 35 UE, apartado 1, el Tribunal de Justicia es competente, con arreglo a las condiciones que establece este artículo, para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación y la validez, entre otras, de las decisiones marco, lo que implica necesariamente que puede verse obligado a interpretar, incluso sin tener competencia expresa a este efecto, determinadas disposiciones de Derecho primario como el artículo 34 UE, apartado 2, letra b), cuando se insta al Tribunal de Justicia a apreciar si la Decisión marco fue adoptada legítimamente sobre la base de esta última disposición.

(véase el apartado 18)

2. La Decisión marco 2002/584, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, que regula la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros relativas a la cooperación judicial en materia penal y, más en particular, de las normas sobre los requisitos, procedimientos y efectos de la entrega entre autoridades nacionales de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias, no fue adoptada en contra de lo dispuesto en el artículo 34 UE, apartado 2, letra b).

En efecto, el artículo 34 UE, apartado 2, en la medida en que enumera y define, en términos generales, los distintos tipos de instrumentos jurídicos que pueden ser utilizados para la consecución de los objetivos de la Unión enunciados en el título VI del Tratado UE, no puede interpretarse en el sentido de que se opone a que la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros mediante la adopción de una decisión marco con arreglo al referido apartado 2, letra b), tenga lugar en ámbitos distintos de los mencionados en el artículo 31 UE, apartado 1, letra e), y, en particular, en la materia relativa a la orden de detención europea.

Además, el artículo 34 UE, apartado 2, tampoco establece un orden de prelación entre los diferentes instrumentos que enumera. Si bien es cierto que la orden de detención europea también podría haberse regulado mediante convenio, no lo es menos que el Consejo, en ejercicio de su facultad de apreciación, puede dar prioridad al instrumento jurídico de la decisión marco cuando se cumplen los requisitos para la adopción de tal acto.

Esta última conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, de conformidad con el artículo 31, apartado 1, de la Decisión marco, ésta sustituye desde el 1 de enero de 2004, sólo en las relaciones entre Estados miembros, a las disposiciones correspondientes de los convenios anteriores en materia de extradición que se enumeran en esta disposición. Cualquier otra interpretación, sin apoyo en el artículo 34 UE, apartado 2, ni en ninguna otra disposición del Tratado UE, conllevaría el riesgo de que la facultad reconocida al Consejo de adoptar decisiones marco en los ámbitos que antes estaban regulados mediante convenios internacionales se vea privada sustancialmente de su efecto útil.

(véanse los apartados 28, 29, 37, 38 y 41 a 43)

3. El principio de legalidad de los delitos y las penas (nullum crimen, nulla poena sine lege), que forma parte de los principios generales del Derecho en que se basan las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, ha sido consagrado asimismo en diferentes Tratados internacionales y, en particular, en el artículo 7, apartado 1, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Este principio implica que la Ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales, qué actos y omisiones desencadenan su responsabilidad penal.

A este respecto, el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en la medida en que suprime el control de la doble tipificación de las infracciones penales mencionadas en dicha disposición, no es inválido por violar dicho principio de legalidad de los delitos y las penas. En efecto, la Decisión marco no tiene por objeto armonizar las infracciones penales de que se trata en cuanto a sus elementos constitutivos o las penas correspondientes. Si bien es cierto que el referido artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco suprime el control de la doble tipificación para las categorías de infracciones mencionadas en esta disposición, no lo es menos que la definición de estas infracciones y de las penas aplicables sigue siendo competencia del Derecho del Estado miembro emisor, que, como se dispone por lo demás en el artículo 1, apartado 3, de esta misma Decisión marco, debe respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 UE y, por ende, el principio de legalidad de los delitos y las penas.

(véanse los apartados 49, 50 y 52 a 54)

4. El artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en la medida en que suprime el control de la doble tipificación de las infracciones mencionadas en dicha disposición, no es inválido por violar el principio de igualdad y no discriminación.

En efecto, por una parte, en lo que se refiere a la elección de las 32 categorías de infracciones enumeradas en dicha disposición, el Consejo consideró legítimamente, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y habida cuenta del elevado grado de confianza y solidaridad entre los Estados miembros, que, bien por su propia naturaleza, bien por la pena aplicable de un máximo de al menos tres años, las categorías de infracciones en cuestión son infracciones que causan un perjuicio tan grave al orden público y a la seguridad pública que resulta justificado no exigir el control de la doble tipificación. Por consiguiente, aun suponiendo que la situación de las personas sospechosas de haber cometido alguna de las infracciones penales incluidas en la lista del artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco o de las personas condenadas por haber cometido tales infracciones sea comparable a la situación de las personas sospechosas de haber cometido infracciones distintas de las enumeradas en esta disposición, o que han sido condenadas por haberlas cometido, la distinción está, en cualquier caso, justificada objetivamente.

Por otra parte, por lo que atañe al hecho de que la imprecisión en la definición de las categorías de infracciones penales en cuestión podría dar lugar a divergencias en la ejecución de la Decisión marco en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, basta señalar que ésta no tiene por objetivo la armonización del Derecho penal sustantivo de los Estados miembros y que ninguna disposición del título VI del Tratado UE supedita la aplicación de la orden de detención europea a la armonización de las legislaciones penales de los Estados miembros en el ámbito de las infracciones de que se trate.

(véanse los apartados 57 a 60)