Palabras clave

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Palabras clave

1. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

[Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, letra b)]

2. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 6, letra b) — Efecto directo

[Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, letra b)]

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1. El artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite que un empresario del sector público decida el traslado forzoso a otro servicio de un trabajador que presta sus servicios como bombero en un servicio de intervención por el hecho de que éste haya solicitado que se respete, dentro de este último servicio, la duración media máxima de trabajo semanal prevista en dicha disposición. La circunstancia de que tal trabajador no sufra como consecuencia de este traslado ningún perjuicio específico distinto del que se deriva de la infracción de dicho artículo 6, letra b), carece de relevancia a estos efectos.

(véanse los apartados 53 a 55 y el fallo)

2. El artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, cumple todos los criterios exigidos para producir efecto directo dado que impone a los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge, consistente en establecer un máximo de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por lo que respecta a la duración media del tiempo de trabajo semanal. La circunstancia de que la Directiva permita a los Estados miembros establecer excepciones a lo dispuesto en su artículo 6 no afecta al carácter preciso e incondicional de la letra b) de este último artículo. En efecto, la facultad de los Estados miembros de no aplicar este artículo 6 está supeditada al cumplimiento de todos los requisitos mencionados en el artículo 22, apartado 1, párrafo primero, de la misma Directiva, de forma que puede determinarse la protección mínima que debe en todo caso establecerse.

Por lo tanto, un trabajador del sector público puede invocar directamente lo dispuesto en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 frente a su empleador con el fin de que se respete el derecho a un tiempo semanal medio de trabajo de 48 horas como máximo que le reconoce esta disposición. A este respecto, los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos de la Administración, incluidas las autoridades descentralizadas, están obligados a aplicar íntegramente el Derecho de la Unión y tutelar los derechos que éste concede a los particulares, así como a abstenerse de aplicar, en su caso, cualquier disposición contraria del Derecho interno.

Un traslado forzoso producido como consecuencia del hecho de que el trabajador haya solicitado que se respete la jornada máxima de trabajo semanal prevista en tal disposición produce el efecto de vaciar de todo contenido el derecho conferido por la misma. Tal medida priva a esta disposición de todo efecto útil respecto de este trabajador. Así pues, resulta evidente que esta medida no garantiza ni la aplicación íntegra de dicho artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 ni la tutela de los derechos que esta disposición concede a los trabajadores en el Estado miembro en cuestión.

Por otra parte, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sancionado en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tiene, según el artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo primero, «el mismo valor jurídico que los Tratados», quedaría privado en lo esencial de su eficacia si un empresario, como reacción a una reclamación formulada por un trabajador o al hecho de que este trabajador emprenda acciones legales con el fin de que se cumplan las disposiciones de una directiva dirigidas a proteger su seguridad y su salud, pudiera adoptar una medida de represalia. En efecto, el temor a una medida de represalia de estas características, contra la que no se pudiera ejercitar ninguna acción judicial, podría disuadir a los trabajadores que se considerasen perjudicados por una medida adoptada por su empresario de hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional y, por tanto, podría poner gravemente en peligro la consecución del objetivo perseguido por la Directiva.

(véanse los apartados 57 a 61, 63, 65 y 66)