Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T-157/94,

Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (Ensidesa), sociedad española con domicilio social en Avilés (España), representada por los Sres. Santiago Martínez Lage y Jaime Pérez-Bustamante Köster, Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. Julian Currall y Francisco Enrique González-Díaz, miembros del Servicio Jurídico, y Géraud Sajust de Bergues, funcionario nacional adscrito al servicio de la Comisión, y posteriormente por los Sres. Jean-Louis Dewost, Director General del Servicio Jurídico, Julian Currall y Guy Charrier, funcionario nacional adscrito al servicio de la Comisión, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Ricardo García Vicente, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una solicitud de anulación de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Segunda ampliada),

integrado por los Sres.: C.W. Bellamy, en funciones de Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

A. Observaciones preliminares

1 El presente recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión»), mediante la cual la Comisión afirmó que diecisiete empresas siderúrgicas europeas y una de las asociaciones profesionales de éstas habían participado en una serie de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información confidencial sobre el mercado comunitario de vigas, en contra de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA, e impuso multas a catorce empresas de ese sector por infracciones cometidas entre el 1 de julio de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.

2 Según la Decisión, la demandante, Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (en lo sucesivo, «Ensidesa»), es un importante productor de acero en España; el Instituto Nacional de Industria, empresa estatal, posee el 99,99 % de sus acciones.

3 En 1990, el volumen de negocios consolidado de Ensidesa ascendió a 1.437 millones de ECU, de los cuales 12.757,5 millones de pesetas, o sea 99 millones de ECU (cantidad redondeada) al tipo de cambio medio ECU/PTA entonces vigente, en lo que respecta a las vigas.

4 Otros diez destinatarios de la Decisión, a saber, NMH Stahlwerke GmbH (en lo sucesivo, «NMH», asunto T-134/94), Eurofer ASBL (en lo sucesivo, «Eurofer», asunto T-136/94), ARBED SA (en lo sucesivo, «ARBED», asunto T-137/94), Cockerill-Sambre SA (en lo sucesivo, «Cockerill-Sambre», asunto T-138/94), Thyssen Stahl AG (en lo sucesivo, «Thyssen», asunto T-141/94), Unimétal - Société française des aciers longs SA (en lo sucesivo, «Unimétal», asunto T-145/94), Krupp Hoesch Stahl AG (en lo sucesivo, «Krupp Hoesch», asunto T-147/94), Preussag Stahl AG (en lo sucesivo, «Preussag», asunto T-148/94), British Steel plc (en lo sucesivo, «British Steel», asunto T-151/94) y Siderúrgica Aristrain Madrid, S.L. (en lo sucesivo, «Aristrain», asunto T-156/94), interpusieron también sendos recursos ante el Tribunal de Primera Instancia.

5 Dado que los once asuntos fueron acumulados a efectos de la instrucción y de la fase oral mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, en la presente sentencia se hará referencia a varios documentos presentados en los asuntos paralelos. Asimismo, como las demandantes en dichos asuntos formularon algunas alegaciones en la vista en el marco de un informe oral común, se hará referencia a las «demandantes».

B. Relaciones entre el sector siderúrgico y la Comisión entre 1970 y 1990

Crisis de los años setenta y creación de Eurofer

6 A partir de 1974, el sector siderúrgico europeo fue gravemente afectado por una caída de la demanda que creó problemas de exceso de oferta y capacidad y un bajo nivel de precios.

7 El 1 de enero de 1977, la Comisión aprobó, de conformidad con el artículo 46 del Tratado CECA, el denominado «Plan Simonet», en virtud del cual las empresas asumieron frente a la Comisión el compromiso voluntario y unilateral de adaptar sus niveles de entregas a los propuestos por la Comisión en los programas de previsiones que son publicados cada trimestre, con arreglo al número 2) del párrafo tercero del artículo 46 del Tratado. Este sistema resultó insuficiente para estabilizar el mercado, por lo que fue sustituido en 1978 por el «Plan Davignon», que combinaba los compromisos unilaterales y voluntarios con un régimen de precios indicativos y mínimos (Acuerdo denominado «Eurofer I»).

8 Los compromisos voluntarios unilaterales de las empresas para con la Comisión eran previamente discutidos entre ellas en la asociación profesional Eurofer, cuya creación en 1977 fue fomentada por la Comisión. En realidad, esta última se apoyó en gran medida en Eurofer para gestionar la crisis de la siderurgia, hasta el punto de que un escrito del miembro de la Comisión Sr. Davignon al presidente de Eurofer de 13 de julio de 1978 hace referencia a «la gestión en común de la anticrisis por la que han optado la Comisión y los productores» (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 2).

Régimen de cuotas establecido de 1980 a 1988

9 Como la situación del mercado siderúrgico continuó empeorando, la Comisión adoptó la Decisión nº 2794/80/CECA, de 31 de octubre de 1980, por la que se establece un régimen de cuotas de producción de acero para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 291, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión nº 2794/80»). Mediante dicha Decisión, la Comisión declaraba un estado de crisis manifiesta, en el sentido del artículo 58 del Tratado CECA, e imponía cuotas de producción obligatorias para la mayor parte de los productos siderúrgicos, incluidas las vigas.

10 Este régimen de crisis puede describirse de la manera siguiente. La Comisión fijaba un objetivo trimestral de producción comunitaria para las distintas categorías de productos y luego atribuía a cada empresa una cuota de producción, así como una cuota de entrega a escala comunitaria (cuotas «I»). Además, se acordaba asignar a cada empresa una cuota de entrega para cada uno de los mercados nacionales (cuotas «i»). Eurofer se encargaba del reparto de la cuota «I» de cada empresa en cuotas «i», en el marco de los acuerdos Eurofer II a Eurofer V. Si fuera necesario, la Comisión intervendría en caso de controversia entre empresas (véase el laudo arbitral dictado por el Sr. Davignon el 2 de junio de 1982 con respecto a las cuotas «i» de Italsider, anexo 3 del documento 11 de la demanda T-151/94).

11 También debe señalarse que los miembros de la Comisión Sres. Davignon y Andriessen, mediante escrito de 17 de enero de 1983 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 6), dirigieron a Eurofer una advertencia del siguiente tenor:

«La Comisión aprecia la cooperación que las empresas y sus asociaciones han aportado al éxito de las medidas anticrisis, incluso en materia de política de precios. Considera que dicha cooperación es un elemento esencial de su política siderúrgica y desea que continúe.

No obstante, señala a las asociaciones, y especialmente a Eurofer, el hecho de que éstas deben ejercer sus actividades respetando estrictamente el marco y los límites estipulados por el artículo 48 del Tratado CECA.

La Comisión desea precisar que no podrá aceptar que las empresas siderúrgicas o sus asociaciones anticipen o soslayen las Decisiones que la Comisión tome en la elaboración de la política de precios, y que las medidas que adopte y las Recomendaciones que formule en el marco de su política anticrisis se utilicen como pretexto para celebrar prácticas colusorias o para adoptar decisiones contrarias al Tratado. Tales prácticas o decisiones estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 65, serían nulas de pleno Derecho y serían perseguidas por la Comisión.

[...]»

12 Mediante escrito de 8 de febrero de 1983, el presidente de Eurofer respondió a los Sres. Davignon y Andriessen en estos términos (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 7):

«Querríamos [...] recordarles que, en materia cuantitativa, los acuerdos de restricción de producción y de entregas fueron celebrados ante la insistente petición de la Comisión Europea y del Consejo. Su Comisión es informada de todos los detalles del funcionamiento de dichos acuerdos y estamos decididos a seguir actuando de este modo.

En materia de precios, la Comisión y el Consejo no han dejado de insistir en la necesidad de un aumento destinado a permitir a las empresas siderúrgicas obtener suficientes ingresos [...]

Su Comisión es informada escrupulosamente de todos los esfuerzos realizados para lograr el objetivo fijado por ella, y estamos decididos a seguir en esta línea en el futuro.

En tales circunstancias, contamos con que, si un día nuestra actividad pudiera ir más allá de la interpretación que la Comisión da a las disposiciones del Tratado de París, nos lo comunicarían inmediatamente.»

13 Al persistir el estado de crisis manifiesta, las medidas de cuotas adoptadas por la Comisión fueron prorrogadas y completadas en varias ocasiones, especialmente mediante la adopción de un sistema de precios mínimos para las vigas y otros productos, entre 1984 y 1986 (Decisión nº 3715/83/CECA de la Comisión, de 23 de diciembre de 1983, por la que se establecen precios mínimos para determinados productos siderúrgicos, DO L 373, p. 1; EE 13/15, p. 219). Además, la Comisión adoptó la Decisión nº 3483/82/CECA, de 17 de diciembre de 1982, relativa a la obligación que tienen las empresas de la Comunidad de declarar sus entregas de determinados productos siderúrgicos (DO L 370, p. 1; EE 13/14, p. 3; en lo sucesivo, «Decisión nº 3483/82»), que establecía un «sistema de vigilancia» en cuyo marco cada empresa estaba obligada a declarar sus suministros por país.

14 A principios de 1984, la Comisión reforzó el sistema de las cuotas adoptando la Decisión nº 234/84/CECA, de 31 de enero de 1984, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 29, p. 1; EE 13/15, p. 254; en lo sucesivo, «Decisión nº 234/84»). El noveno considerando de esta Decisión hace referencia a una Declaración del Consejo de 22 de diciembre de 1983, según la cual la estabilidad de los flujos tradicionales de los productos siderúrgicos dentro de la Comunidad «es un elemento esencial que debe preservarse para que la reestructuración del sector siderúrgico se efectúe en un contexto competitivo compatible con la solidaridad impuesta por el sistema de cuotas de producción». En consecuencia, el artículo 15 B de dicha Decisión prevé, en caso de que un Estado miembro presente una denuncia a este respecto, que la Comisión, tras verificar el fundamento de dicha denuncia, pida a las empresas que hayan causado las perturbaciones señaladas que se comprometan por escrito a compensar, durante el trimestre siguiente, el desequilibrio producido en sus entregas tradicionales. En caso de que una empresa no quisiera someterse a ese principio de solidaridad, la Comisión podrá reducir la parte de sus cuotas que puede entregarse en el mercado común.

15 La política de estabilidad de los flujos tradicionales y los esfuerzos para mantener los precios a un nivel aceptable han sido objeto de varios intercambios entre la Comisión y Eurofer, especialmente:

- una nota de Eurofer de 2 de julio de 1984, en la que figuran las explicaciones dadas en una reunión entre representantes de la Comisión y del sector siderúrgico, que se celebró en Bruselas el 27 de junio de 1984 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 8), la cual, en lo que respecta a la aplicación del artículo 15 B de la Decisión nº 234/84, precisa lo siguiente:

«La Comisión estableció el sistema del artículo 15 B en respuesta a la preocupación de los Gobiernos nacionales. Éste no puede sustituir de ninguna manera al sistema "i" del Acuerdo Eurofer IV. Por el contrario, la Comisión necesita a Eurofer para las estimaciones de mercado y para arreglar todos los detalles. Sin Eurofer, la Comisión se vería en graves dificultades [...] En general, la Comisión se interesa sólo en el análisis global de la situación, sin entrar en los detalles secundarios [...] En lo que respecta al futuro, la Comisión está dispuesta a considerar un sistema a base de cuotas, pero entonces necesitaría el apoyo total de Eurofer»;

- el acta de una reunión Comisión-Eurofer de 16 de diciembre de 1985, en la que participó el miembro de la Comisión Sr. Narjes (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 10), la cual, en lo que se refiere a los flujos tradicionales, indica lo siguiente:

«La Comisión expresó su profunda preocupación por los desarrollos recientes del mercado. Lamentó que aún no se hubiese celebrado el Acuerdo Eurofer V y recalcó la responsabilidad de los productores en lo que respecta a los precios [...] La Comisión exhortó a los participantes a reconsiderar las modalidades de cooperación entre ellos, dado que estima que Eurofer desempeñó una función esencial en la aplicación del artículo 58. La Comisión tiene la intención de definir los criterios de aplicación del artículo 15 B tan pronto como sea posible, con el fin de hacer frente a la situación en caso de que Eurofer fracasara, o de facilitar un arreglo privado»;

- el acta de una reunión entre el Sr. Narjes y Eurofer de 10 de marzo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 13), la cual, a propósito del mercado español, indica que:

«Narjes recordó la Decisión de la Comisión relativa a la limitación de las entregas a España [...] En lo que respecta al reparto de la carga, era favorable a un acuerdo interno entre los productores de Eurofer»;

- el acta de una reunión entre el Sr. Narjes y los delegados de Eurofer de 16 de mayo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 14), que indica lo siguiente:

«La Comisión insistió en la necesidad de armonizar rápidamente los precios publicados en la Comunidad al mismo nivel y de evitar las diferencias entre los precios publicados y los precios del mercado. Las rebajas sectoriales deberían corresponder a la realidad. Se confirmó que la industria siderúrgica francesa estaba dispuesta a aumentar los precios, pero también que se necesitaba el apoyo, a este respecto, de quienes ya se habían introducido en el mercado. Eurofer expresó la esperanza de que el Acuerdo Eurofer V constituya la base adecuada de un restablecimiento general de los precios.»

16 En la misma época, la Comisión celebró una serie de acuerdos internacionales con el Reino de Suecia, el Reino de Noruega y la República de Finlandia, destinados a garantizar la estabilidad de los flujos tradicionales de intercambios entre estos países y la Comunidad (sistema denominado de «pactos»): véanse los escritos de la Comisión, presentados en la vista por las partes, dirigidos a las autoridades suecas el 4 de marzo de 1986, el 13 de febrero de 1987 y el 21 de enero de 1988, a las autoridades noruegas el 4 de marzo de 1986, el 11 de marzo de 1987 y el 10 de febrero de 1988 y a las autoridades finlandesas el 4 de marzo de 1986, el 10 de abril de 1987 y el 12 de febrero de 1988, intercambiados respectivamente en el marco del Acuerdo de 22 de julio de 1972 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Reino de Suecia, por otra (DO 1973, L 350, p. 76; EE 11/05, p. 76), del Acuerdo de 14 de mayo de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Reino de Noruega, por otra (DO 1974, L 348, p. 17; EE 11/05, p. 136), y del Acuerdo de 5 de octubre de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la República de Finlandia, por otra (DO 1974, L 348, p. 1; EE 11/05, p. 120).

17 Un pacto similar se aplicó al Reino de España, por un período transitorio de 3 años, mediante el Protocolo nº 10, sobre la reestructuración de la siderurgia española, anejo al Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas, firmada el 12 de junio de 1985 (DO L 302, p. 9; en lo sucesivo, «Acta de adhesión»). Así, la Comisión fijó, para cada uno de los años 1986, 1987 y 1988, el nivel de las entregas de productos siderúrgicos de origen español en los mercados comunitarios, excepto Portugal. La aplicación de dichas medidas transitorias específicas finalizó el 31 de diciembre de 1988.

Hechos anteriores al 30 de junio de 1988, fecha en que finalizó el régimen de crisis manifiesta

18 La Comisión preparó la salida del régimen de crisis y el retorno a condiciones normales de mercado, a partir de 1985. Un documento redactado por los servicios de la Dirección General Mercado interior y asuntos industriales de la Comisión (en lo sucesivo, «DG III») durante el año 1985 (documento III/534/FR, demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 5) recuerda que: «El sistema de las cuotas se basaba en gran medida en el sistema voluntario que había sido gestionado por Eurofer» y señala: «[Es preciso] que antes de mediados del año próximo se celebre un acuerdo sobre el futuro, ya que, si esto no se hace, durante la segunda mitad del año habrá una batalla por las cuotas de mercado que podría tener efectos desastrosos sobre los precios y sobre los beneficios de las empresas». Dicho documento termina diciendo: «Por tanto, Eurofer debe animarse a aceptar sus responsabilidades y a formular sus propuestas en cuanto a la manera en que la industria siderúrgica debería emerger de un período de protección para entrar en condiciones de libre mercado.»

19 En su Comunicación al Consejo sobre la introducción de un sistema de cuotas con arreglo al artículo 58 del Tratado CECA después del 31 de diciembre de 1985 [COM(85) 509, demanda en el asunto T-145/94, anexo 14], la Comisión describe en detalle un período transitorio antes del retorno al juego normal de la competencia. Estimando que lo peor de la crisis ha pasado prácticamente, llega a la siguiente conclusión:

«La reestructuración de la industria siderúrgica comunitaria aún no se ha completado. [...] Por lo tanto, es necesario un período de transición. Limitado a un máximo de tres años, dicho período permitirá a la industria pasar progresivamente de los controles extremadamente rígidos aplicados actualmente a un mercado totalmente competitivo, de acuerdo con los objetivos del Tratado CECA. [...] El sistema de las cuotas propuesto a partir del 1 de enero de 1986 [...] será el último antes de la vuelta a un mercado competitivo. [...] La Comisión no pretende incluir en la próxima Decisión las disposiciones del artículo 15 B de la Decisión 234/84/CECA en su forma actual. [...] Por otro lado, tiene la intención de proseguir, durante la primera fase del período transitorio, la vigilancia estadística de los flujos de productos siderúrgicos entre los Estados miembros, sobre la base de los certificados de producción y de los documentos de acompañamiento. Estos documentos permitirán controlar si los flujos tradicionales entre Estados miembros son objeto de perturbaciones graves. En el caso de que la vigilancia estadística mostrase que los flujos son perturbados, la Comisión examinaría inmediatamente si las sociedades interesadas han lanzado una ofensiva para hacerse con nuevos clientes en contra de las normas del Tratado, en particular de las normas sobre los precios.»

20 En su Decisión nº 3485/85/CECA, de 27 de noviembre de 1985, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 340, p. 5; EE 08/03, p. 35), la Comisión indica que, gracias a la mejora de las condiciones del mercado:

«Será posible desmantelar progresivamente el régimen de cuotas en dos o tres años como máximo. En su reunión de 25 de julio de 1985, el Consejo ya señaló la necesidad de volver de manera ordenada a un mercado libre de competencia entre las empresas de la Comunidad».

21 El acta de la reunión Comisión/Eurofer de 16 de mayo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 14), redactada por Eurofer, indica, en el epígrafe «Aplicación del artículo 58 en 1987»: «En lo que respecta al futuro después de 1987, los representantes de la Comisión declararon que, por su parte, aún no tenían una opinión sobre el tema.» La misma acta muestra que los responsables de Eurofer, reunidos tras la partida de los representantes de la Comisión, preveían, por su parte, varias posibilidades:

«Un debate inicial mostró que había que elegir entre tres posibilidades:

- libertad total y, en ese caso, cómo cooperar de la mejor manera;

- prolongación del artículo 58 y, en ese caso, cómo proceder con la Comisión;

- nada de artículo 58, sino un pacto privado.

En ese caso, qué tipo de pacto (producción, entregas) y qué cobertura (acero bruto, determinados productos, etc.).

Todos los miembros estuvieron de acuerdo en que, de todos modos, el objetivo era fijar un nivel de precios que corresponda a la rentabilidad para muchas sociedades.

Se expresaron diferentes tipos de opiniones, una de ellas, basada en la existencia de excesos de capacidad en los próximos años, estimó que eran inevitables pactos sobre las cantidades, otra, basada en la experiencia del pasado, puso en duda la capacidad de todas las sociedades para aceptar las adaptaciones necesarias a la celebración de un pacto privado después de un largo período de medidas artificiales.»

22 En su Decisión nº 3746/86/CECA, de 5 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Decisión nº 3485/85 (DO L 348, p. 1), la Comisión indicó: «La introducción del artículo 15 B se impuso en el momento culminante de la crisis de la industria siderúrgica. En la situación actual, ya no se justifica el mantenimiento de dicha disposición. Por lo tanto, debe ser suprimida.»

23 En su Comunicación al Consejo sobre la política siderúrgica, presentada el 18 de septiembre de 1987 [COM(87) 388 final/2; DO 1987, C 272, p. 3], la Comisión hizo, entre otras, las siguientes declaraciones:

«La Comisión no está dispuesta a prorrogar el régimen de cuotas, que, según el sentir general, debe ser actualizado, salvo si va acompañado de incentivos al cierre y de compromisos firmes por parte de las empresas y los Gobiernos afectados.

[...]

Aunque persiste la situación de crisis para los productos planos y los perfiles pesados, la Comisión, consciente del obstáculo que el sistema de cuotas, en sí mismo, puede representar para la reestructuración de la industria, no pondrá en práctica tal sistema más que en la medida en que obtenga el compromiso firme de las empresas de llevar a cabo un número satisfactorio de cierres, con arreglo a un calendario que no exceda de tres años.

[...]

En particular:

[...]

- pondrá fin al sistema durante el año 1988 si, antes del 1 de agosto de 1988, las empresas no han hecho un esfuerzo suplementario [...]»

24 El 8 de octubre de 1987, la Comisión confió a un grupo de tres «sabios», los Sres. Colombo, Friderichs y Mayoux, el mandato de investigar si, en tres categorías de productos, entre las que se encuentran las vigas, las empresas estaban dispuestas a aceptar compromisos para una reducción suficiente y rápida de las capacidades de producción consideradas excedentarias.

25 Según el «informe de los tres sabios» (DO C 9, de 14 de enero de 1988, p. 6):

«Es evidente que, al estar protegidas desde hace siete años por un sistema de cuotas y estar habituadas a ver que se prorroga, las empresas no están dispuestas a aceptar compromisos de cierre suficientes para justificar una prórroga de este sistema.

[...]

Sin embargo, frente a la situación económica internacional, se puede prever que la situación actual de precios relativamente elevados no durará mucho tiempo y está claro que el exceso de capacidad volverá a pesar sobre el mercado, obligando a la industria siderúrgica a reestructurar y cerrar instalaciones.

Por tanto, la Comisión debe actuar con firmeza y, a la vez, con un gran sentido de su responsabilidad.

El actual sistema de cuotas no puede mantenerse sin que las empresas acepten compromisos firmes para reducir sus capacidades. Por otra parte, si se abandona esta industria bruscamente a las fuerzas del mercado, el deterioro de los precios que probablemente se produciría podría afectar a todas las empresas y hacer así más difícil la reestructuración prevista».

26 El informe concluía diciendo:

«Al terminar nuestro trabajo, tenemos que subrayar una vez más la gravedad de la crisis siderúrgica, mucho más importante de lo que piensa la mayoría de los industriales.

Esta crisis exige una actitud resuelta e inequívoca de las autoridades comunitarias para hacer que la industria admita su responsabilidad.

En efecto, es urgente que las empresas siderúrgicas se reestructuren para hacer frente a la competencia mundial y se hagan plenamente competitivas, en un mercado que cada vez será más abierto.»

27 Fue también durante el año 1987 cuando la Comisión abandonó su doctrina en materia de mantenimiento de los «flujos tradicionales». Así, en el Anexo I de su Comunicación al Consejo de 18 de septiembre de 1987, antes citada, expresó su opinión de que «el mantenimiento de los flujos comerciales tradicionales de productos siderúrgicos entre los Estados miembros no es coherente con el objetivo comunitario de crear un mercado interior abierto en 1992».

28 La nueva política siderúrgica de la Comunidad se expuso en la Comunicación de la Comisión sobre la política siderúrgica, presentada al Consejo el 16 de junio de 1988 [COM(88) 343 final; DO 1988, C 194, p. 23]. En lo que se refiere a las medidas que deben tomarse, indicaba lo siguiente:

«Cabe señalar que el Tratado de París considera como situación normal la de la libre competencia en el mercado y sólo pide a la Comisión, en su artículo 5, que intervenga directamente en la producción cuando las circunstancias lo exigen [...] El Tratado también estipula que la competencia debe llevarse a cabo en condiciones normales.

Además, hay que tener en cuenta que la realización del mercado interior de 1992 también constituye un objetivo primordial para el mercado siderúrgico. La preparación para 1992 exigirá por parte de los empresarios un cambio radical de estrategias que, en determinadas ocasiones, sigan definiéndose en términos de mercados nacionales.»

29 La Comisión llegaba a la siguiente conclusión:

«El mercado siderúrgico ha mejorado hasta tal punto que el sistema de cuotas ya no se justifica. Dicho sistema también ha resultado inadecuado para impulsar a las empresas a acabar la reestructuración [...] la Comisión opina que la readaptación estructural debe proseguirse según las reglas normales del mercado.»

30 En su sesión nº 1255, de 24 de junio de 1988, el Consejo tomó nota de que la Comisión tenía previsto poner fin al régimen de cuotas en lo que respecta a la totalidad de los productos siderúrgicos el 30 de junio de 1988. Haciendo referencia a las medidas de acompañamiento y de vigilancia del mercado contempladas por la Comisión (estadísticas mensuales sobre la producción y las entregas, programas de previsiones y consulta a los interesados), el Consejo señaló que «nadie debe utilizar el sistema de vigilancia para soslayar el artículo 65 del Tratado CECA» (véase el resumen del proyecto de acta de la sesión nº 1255 del Consejo, anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-151/94).

31 Por otra parte, el 4 de mayo de 1988, la Comisión publicó un comunicado de prensa [IP(88) 261, véase la demanda en el asunto T-151/94, anexo 5, documento 4] relativo a la inspección que acababa de efectuar en el marco del asunto del acero inoxidable (véase el apartado 37 de la presente sentencia). En él se decía lo siguiente:

«Es la primera inspección en materia de cárteles en el sector del acero efectuada por la Comisión desde hace trece años. Cuando el sistema oficial de cuotas de la Comisión ya ha sido suprimido para algunos productos y se han presentado propuestas para poner fin al sistema de cuotas el 30 de junio de 1988, es obvio que la Comisión no puede tolerar que unos acuerdos no oficiales e ilegales celebrados por la propia industria sustituyan al sistema comunitario.»

32 En lo que se refiere a las vigas, el régimen de crisis concluyó el 30 de junio de 1988, fecha en que finalizó también el Acuerdo Eurofer V. No obstante, el sistema de vigilancia de las entregas entre Estados miembros establecido mediante la Decisión nº 3483/82 se mantuvo en vigor hasta noviembre de 1988.

Régimen de vigilancia instaurado a partir del 1 de julio de 1988

33 Aun cuando el régimen de crisis manifiesta finalizó el 30 de junio de 1988, de una nota interna de la DG III de 24 de octubre de 1988, presentada por la parte demandada con arreglo al auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, se desprende que el Consejo y la Comisión se habían puesto de acuerdo sobre la necesidad de facilitar la adaptación de las empresas a posibles cambios de la demanda. Para ello, se había convenido que la Comisión seguiría vigilando el mercado de tres maneras:

- recogiendo estadísticas mensuales sobre la producción y sobre las entregas de ciertos productos;

- siguiendo la evolución de los mercados de esos productos, en el marco de los programas trimestrales de previsiones;

- consultando regularmente a las empresas sobre la situación y las tendencias del mercado.

34 La Comisión aplicó esta política principalmente mediante su Decisión nº 2448/88/CECA, de 19 de julio de 1988, por la que se establece un régimen de vigilancia para determinados productos de las empresas de la industria siderúrgica (DO L 212, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión nº 2448/88»), en cuyo marco cada empresa estaba obligada a declarar sus entregas. Este sistema finalizó el 30 de junio de 1990, siendo sustituido por un régimen de información individual y voluntario.

35 Así, las empresas siguieron manteniendo contactos regulares y estrechos con la DG III, en los que se analizaban los parámetros del mercado (producción, entrega, existencias, precios, exportaciones, importaciones,etc.). Dichos contactos se mantuvieron en los siguientes marcos:

a) las reuniones trimestrales oficiales que reúnen a los representantes de los productores, de los usuarios y de los comerciantes y a los de la Comisión, en el transcurso de las cuales se analizan, de conformidad con el artículo 46 del Tratado CECA, los programas de previsiones («forward programmes»). Dichas reuniones se celebraron los días 4 de mayo de 1988, 1 de septiembre de 1988, 3 de noviembre de 1988, 1 de febrero de 1989, 28 de abril de 1989, 1 de septiembre de 1989, 7 de noviembre de 1989, 7 de febrero de 1990, 3 de mayo de 1990, 4 de septiembre de 1990 y 5 de noviembre de 1990;

b) las «reuniones de consulta» («consultation meetings»), limitadas a un reducido número de representantes del sector siderúrgico, miembros o no de Eurofer, y de la Comisión, que se celebraron, en particular, los días 27 de octubre de 1988, 26 de enero de 1989, 28 de abril de 1989, 27 de julio de 1989, 26 de octubre de 1989, 25 de enero de 1990 y 27 de julio de 1990;

c) las «reuniones restringidas» («restricted meetings»), limitadas a un número muy reducido de representantes de la industria, miembros o no de Eurofer, y de la Comisión, celebradas los días 8 de diciembre de 1988, 21 de marzo de 1989, 15 de junio de 1989 y 13 de diciembre de 1989;

d) los «almuerzos del acero» («steel lunches»), en los que se reunían en un marco informal los representantes de Eurofer y de la Comisión, con ocasión de las reuniones de consulta o de las reuniones restringidas.

36 El objetivo principal de estas diferentes reuniones era facilitar a la Comisión la información procedente del sector necesaria para la aplicación del artículo 46 del Tratado y del régimen de vigilancia establecido por la Decisión 2448/88. En ellas participaban funcionarios de la DG III (especialmente los Sres. Ortún, Kutscher, Evans, Drees, Aarts y Vanderseypen), el presidente del CDE, los presidentes de las comisiones de productos de Eurofer, algunos representantes de otras asociaciones siderúrgicas y ciertos miembros del personal de Eurofer. Los representantes del sector facilitaban a la Comisión una información general sobre la situación económica de cada producto. Los datos, generales y por productos, intercambiados en tales ocasiones, se referían al consumo real, al consumo aparente, a los precios, pedidos, entregas, importaciones, exportaciones y estado de las existencias. Eurofer enviaba a la DG III, generalmente algunos días después de la reunión de que se tratase, un resumen de las reuniones de consulta, más conocido con el nombre de «speaking notes».

Decisión «acero inoxidable» de 18 de julio de 1990

37 El 18 de julio de 1990, la Comisión adoptó la Decisión 90/417/CECA, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA en relación con el acuerdo y prácticas concertadas de los productores europeos de productos planos de acero inoxidable laminados en frío (DO L 220, p. 28; en lo sucesivo, «Decisión "acero inoxidable"»), mediante la cual impuso multas de cuantía comprendida entre 25.000 y 100.000 ECU a algunas empresas siderúrgicas, entre ellas British Steel, Thyssen Edelstahlwerke AG, sociedad hermana de Thyssen, y Ugine aciers de Châtillon y Gueugnon, filial de Unimétal, por haber infringido el apartado 1 del artículo 65 del Tratado al celebrar, el 15 de abril de 1986, un acuerdo de cuotas y precios.

Reflexiones de la Comisión, a partir de 1990, sobre el futuro del Tratado CECA.

38 La Comisión inició una reflexión sobre el futuro del Tratado CECA en el transcurso de 1990, como lo atestigua un proyecto de Comunicación del Sr. Bangemann, miembro de la Comisión encargado de la política industrial, a los miembros de la Comisión sobre esta cuestión, fechado el 23 de octubre de 1990 (anexo 10 de la demanda en el asunto T-156/94). En dicho documento, la Comisión se inclinaba por la opción de que el Tratado CECA expirara al llegar a su término, en el año 2002 «pero utilizando las facilidades que este Tratado ofrece para adaptar, en la medida de lo posible, su aplicación a la situación de los dos sectores, e introduciéndolas progresivamente ("phasing in") en el Tratado CEE en 2002» [véase también la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 1991, sobre el futuro del Tratado CECA, SEC (91) 407 final, demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 1].

39 En su Comunicación de septiembre de 1991 sobre la política de la competencia CECA (IV/832/91) (réplica en el asunto T-151/94, anexo 5), la Comisión propuso «procurar que las prácticas de competencia CECA y CEE estén armonizadas en la medida de lo posible en el futuro». Asimismo, en su Vigésimo Informe sobre la política de competencia, publicado en 1991, la Comisión señaló (apartado 122) lo siguiente: «Ha llegado el momento de armonizar, en la medida de lo posible, las normas de competencia CECA con las del Tratado de Roma.»

C. Procedimiento administrativo ante la Comisión

40 Los días 16, 17 y 18 de enero de 1991, la Comisión, basándose en decisiones individuales adoptadas con arreglo al artículo 47 del Tratado, llevó a cabo algunas inspecciones en las oficinas de siete empresas y de dos asociaciones de empresas. Los días 5, 7 y 25 de marzo de 1991, se efectuaron otras inspecciones. A raíz de varias peticiones realizadas al amparo del artículo 47 del Tratado, algunas de las empresas y asociaciones de empresas interesadas facilitaron otras informaciones. Así ocurrió en el caso de la demandante, que respondió mediante correo de 21 de agosto de 1991 a la solicitud de la Comisión de 31 de julio de 1991.

41 El 6 de mayo de 1992, la Comisión envió un pliego de cargos a las empresas y asociaciones afectadas, entre ellas la demandante. Ésta respondió al mismo mediante escrito de 31 de julio de 1992.

42 También se ofreció a las partes la oportunidad de presentar sus puntos de vista en la audiencia celebrada en Bruselas del 11 al 14 de enero de 1993, cuya acta les fue enviada el 8 de julio y el 8 de septiembre de 1993. En dicha ocasión, el Consejero auditor, habida cuenta de las numerosas alusiones de las partes presentes a determinados contactos que mantuvo la DG III con los productores de vigas durante el período objeto del pliego de cargos, les pidió que le comunicasen todas las pruebas que obrasen en su poder sobre el particular. Algunas demandantes respondieron a esa petición.

43 Mediante escrito de 22 de abril de 1993, el Consejero auditor comunicó a las partes afectadas su intención de no proceder a una segunda audiencia.

44 El 15 de febrero de 1994, es decir, la víspera de la adopción de la Decisión, las negociaciones entonces en curso entre la Comisión y los representantes del sector siderúrgico, que tenían como objeto la reestructuración de dicho sector mediante reducciones voluntarias de capacidades de producción, se rompieron tras comprobarse su fracaso.

45 Según el acta de la reunión nº 1189 de la Comisión (mañana y tarde), presentada por la parte demandada a petición del Tribunal de Primera Instancia, la Decisión fue definitivamente adoptada en la sesión de la tarde del 16 de febrero de 1994.

46 El 16 de febrero de 1994, a mediodía, el Sr. Van Miert, miembro de la Comisión encargado de los asuntos de competencia, celebró una rueda de prensa durante la cual anunció que la Comisión acababa de adoptar la Decisión e indicó el importe de las multas impuestas a las demandantes British Steel, Preussag y ARBED. Dichos importes no corresponden a los indicados en la Decisión. También detalló ciertos criterios utilizados para la fijación de las multas y respondió a las preguntas de los periodistas. En particular, negó cualquier conexión entre la adopción de la Decisión y el hecho de que fracasaran, la víspera, las negociaciones sobre las reducciones voluntarias de las capacidades de producción.

47 El 24 de febrero de 1994, durante un debate en el Parlamento Europeo, algunos parlamentarios se preguntaron sobre los motivos que habían inducido a la Comisión a adoptar la Decisión el día siguiente del fracaso de las negociaciones sobre la reestructuración del sector. El Sr. Van Miert defendió la postura de la Comisión señalando que se trataba de dos expedientes distintos.

D. Decisión

48 La Decisión, que fue notificada a la demandante mediante un escrito del Sr. Van Miert de 28 de febrero de 1994 (en lo sucesivo, «Escrito»), del que se acusó recibo el 7 de marzo de 1994, contiene la siguiente parte dispositiva:

«Artículo 1

Las siguientes empresas han participado, en los términos descritos en la presente Decisión, en las prácticas contrarias a la competencia que se indican a continuación del nombre de cada una, y que han tenido por efecto evitar, limitar y falsear la competencia normal en el mercado común. En los casos en que se imponen multas, la duración de la infracción se expresa en meses, salvo en el caso de la armonización de los suplementos, en el que la participación en la infracción se indica con una "x".

[...]

Ensidesa

a) Intercambio de información confidencial a través del Comité de vigas (24)

b) Fijación de precios en el Comité de vigas (24)

c) Reparto del mercado francés (3)

d) Reparto de mercados: British Steel, Ensidesa y Aristrain (8)

e) Armonización de suplementos (x)

[...]

Artículo 2

Eurofer ha infringido el artículo 65 del Tratado CECA al organizar el intercambio de información confidencial en relación con las infracciones que se enumeran en el artículo 1 cometidas por sus miembros.

Artículo 3

Las empresas y asociaciones de empresas enumeradas en los artículos 1 y 2 pondrán fin inmediatamente a las infracciones mencionadas en los mismos, en el supuesto de que no lo hubieran hecho todavía. Para ello las empresas y asociaciones de empresas se abstendrán de repetir o continuar cualquiera de las actuaciones mencionadas en el artículo 1 o en el artículo 2 y de adoptar medidas con efectos equivalentes.

Artículo 4

Se imponen las siguientes multas por las infracciones descritas en el artículo 1 que tuvieron lugar con posterioridad al 30 de junio de 1988 (31 de diciembre de 1989 [(1)] en el caso de Aristrain y Ensidesa):

[...]

Empresa Nacional Siderúrgica SA 4.000.000 ECU

[...]

Artículo 5

Las multas impuestas en el artículo 4 deberán abonarse, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión

[...]

El importe de las multas devengará intereses automáticamente a partir del momento en que expire el plazo citado, al tipo que aplique el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria a las operaciones en ECU el primer día laborable del mes en que se adopte la presente Decisión, incrementado en un 3,5 % es decir, 9,75 %.

No obstante, las multas superiores a 20.000 ECU podrán pagarse en cinco tramos anuales del mismo importe:

- el primero deberá abonarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión;

- el 2º, 3º, 4º, y 5º deberán abonarse 1, 2, 3 y 4 años respectivamente después de la notificación de la presente Decisión. A cada tramo habrá que sumarle el interés calculado sobre el saldo total de la multa pendiente de pago, aplicando el tipo de interés utilizado por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria en sus operaciones en ECU el mes precedente a la fecha de vencimiento de cada pago anual. Esta facilidad de pago estará condicionada a la constitución en la fecha prevista en el primer guión, de una garantía bancaria, considerada aceptable por la Comisión, que cubra el principal restante y los intereses.

En caso de demora en el pago, el tipo de interés se incrementará en tres puntos y medio porcentuales.

[...]

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

[...]

- Empresa Nacional Siderúrgica SA

[...]»

49 Tras recordar las disposiciones del artículo 5 de la Decisión, el Escrito señala:

«Sin embargo, en caso de que interpongan recurso ante los órganos jurisdiccionales de las Comunidades Europeas, la Comisión no procederá a adoptar ninguna medida de cobro entre tanto esté pendiente el asunto ante dichos órganos, siempre que se reúnan las dos condiciones siguientes:

- que acepten que su deuda devengue intereses, entre el momento de su exigibilidad y el del pago que debe realizarse durante el mes siguiente a la resolución judicial definitiva, a los tipos siguientes:

- 7,75 %, en caso de que ustedes hayan escogido pagar en una sola vez,

- en caso de que ustedes hayan escogido el pago por tramos, 7,75 % para el primer tramo y, para los tramos siguientes, el tipo de interés previsto para cada uno de ellos en el artículo 5 de la Decisión, incrementado en un punto y medio;

- y que faciliten a la Comisión, a más tardar en la fecha de expiración del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 5 de la Decisión, una garantía aceptable por la Comisión, que cubra el importe de la deuda, tanto por lo que respecta al principal como a los intereses [...]»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, trámites posteriores a la interposición del recurso y pretensiones de las partes

50 El presente recurso fue interpuesto mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 1994.

51 El 18 de abril de 1994 la demandante presentó, con arreglo al artículo 39 del Tratado, una demanda de suspensión de la ejecución del artículo 4 de la Decisión, en la medida en que le impone una multa. La demandante solicitó asimismo al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que acordase que el tipo de interés pagadero en el supuesto de que el recurso principal se desestimara no fuese superior al tipo de interés aplicado por el FECOM a sus operaciones en ECU durante el mes precedente a la fecha del respectivo vencimiento. Dicha demanda se registró en la Secretaría de este Tribunal con el número T-157/94 R.

52 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 1994, dicha demanda se archivó haciéndolo constar en el Registro de este Tribunal y cada una de las partes fue condenada a cargar con sus costas en el procedimiento sobre medidas provisionales.

53 Mediante escrito de 7 de septiembre de 1994 dirigido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Aristrain, demandante en el asunto T-156/94, pidió que se determinase si la Comisión había respetado en el presente caso las obligaciones que para ella se derivan del artículo 23 del Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «artículo 23»), relativo a la transmisión de documentos. La Comisión, a la que se instó para que presentase sus observaciones sobre dicha petición, respondió básicamente, mediante escrito de 12 de octubre de 1994, que consideraba que había satisfecho las exigencias del citado artículo 23.

54 La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, mediante escrito de 25 de octubre de 1994, solicitó a la Comisión que cumpliese las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23. La Comisión presentó en la Secretaría un conjunto de unos 11.000 documentos relativos a la Decisión, a los que acompañaba un escrito de 24 de noviembre de 1994, en el que señaló, en particular, que no debería facilitarse el acceso de las empresas afectadas a los documentos que contienen secretos comerciales, así como a los propios documentos internos de la Comisión.

55 A raíz de una reunión informal con las partes, celebrada el 14 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada), mediante escrito de 30 de marzo de 1995, pidió a las referidas partes que definieran su posición por escrito sobre los problemas de confidencialidad planteados, así como sobre una eventual acumulación de los asuntos. Habida cuenta de las respuestas incompletas de las partes, el Tribunal de Primera Instancia les dirigió una segunda serie de preguntas, mediante escrito de la Secretaría de 21 (25 en el caso de British Steel) de julio de 1995. Además, este Tribunal pidió a la parte demandada que definiera su posición sobre una nueva petición de British Steel, de fecha 14 de julio de 1995.

56 En sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, recibidas entre el 6 y el 15 de septiembre de 1995, las partes demandantes precisaron, en particular, sus peticiones de acceso a los documentos internos de la Comisión, a la luz de una lista de dichos documentos anexa a un escrito que ésta dirigió al Tribunal de Primera Instancia el 25 de junio de 1995.

57 Mediante auto de 19 de junio de 1996, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-537; en lo sucesivo, «auto de 19 de junio de 1996»), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) se pronunció sobre el derecho de las demandantes a acceder a los documentos del expediente transmitido por la demandada procedentes, por un lado, de las propias demandantes y, por otro lado, de terceras partes en los presentes procedimientos, clasificados por la Comisión como confidenciales en interés de estas partes. En cambio, el Tribunal se reservó su pronunciamiento sobre las peticiones de acceso de las partes demandantes a los documentos de dicho expediente clasificados por la demandada como documentos internos, así como sobre sus peticiones dirigidas a la aportación de documentos que no figuran en el citado expediente ordenando a la demandada que especificara de manera detallada y concreta las razones por las que consideraba que determinados documentos calificados por ella como «internos», de entre los documentos que integran dicho expediente, no podían, a su juicio, ser comunicados a las demandantes.

58 La parte demandada respondió a dicha petición del Tribunal de Primera Instancia mediante escritos de fechas 11, 12 y 13 de septiembre de 1996. En estos mismos escritos, sugirió la atribución de los presentes asuntos al Pleno del Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal. A la solicitud de que presentasen sus observaciones sobre esta última petición, las demandantes respondieron mediante escritos dirigidos al Tribunal de Primera Instancia entre el 4 y el 18 de octubre de 1996. La demandante, así como las demandantes en los asuntos T-134/94, T-137/94, T-138/94, T-148/94 y T-151/94, se opusieron a dicha atribución.

59 Mediante auto de 10 de diciembre de 1997, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-2293; en lo sucesivo, «auto de 10 de diciembre de 1997»), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) se pronunció sobre las peticiones de acceso de las demandantes a los documentos calificados por la Comisión como «internos», acordando que se aportasen a los autos ciertos documentos transmitidos a este Tribunal con arreglo al artículo 23, relativos a los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica durante el período de infracción que se tuvo en cuenta en la Decisión a efectos de fijar el importe de las multas, así como ciertos documentos de la Dirección General Relaciones Exteriores (DG I) relativos a los contactos mantenidos entre la Comisión y determinadas autoridades nacionales escandinavas. El Tribunal acordó asimismo que se practicaran determinadas diligencias de prueba, ordenando a la Comisión que presentara sus propias actas o notas de las reuniones que tuvieron lugar entre la DG III y los representantes de la industria siderúrgica entre julio de 1988 y noviembre de 1990. Por último, el Tribunal acordó y ordenó la acumulación de los asuntos a efectos de la prueba y de la fase oral, sin atribuirlos al Pleno.

60 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral y formular determinadas preguntas escritas a las partes, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento. Mediante escrito de la Secretaría de 26 de noviembre de 1997, pidió a la parte demandada que presentara el texto del acta definitiva de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde), en la medida en que se refiriese a la adopción de la Decisión impugnada. Mediante ese mismo escrito, el Tribunal pidió también a la Comisión que indicase, en lo que respecta a cada demandante y a las empresas Norsk Jernverk e Inexa Profil AB:

- el volumen de negocios que había tenido en cuenta para imponer la multa a cada empresa;

- los diferentes tipos que había aplicado al volumen de negocios para calcular la multa de cada empresa afectada;

- los argumentos o consideraciones, detallados para cada empresa, que había tenido en cuenta en lo que se refiere a las diferentes circunstancias, agravantes o atenuantes, para obtener el resultado final de la multa.

61 La parte demandada respondió a esas preguntas del Tribunal de Primera Instancia mediante escrito de 19 de enero de 1998, presentado en la Secretaría el 22 de enero de 1998. La demandada adjuntaba a dicho escrito dos documentos, titulados respectivamente «Proyecto de acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)» y «Proyecto de acta especial de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)», alegando que esos dos documentos estaban amparados por el secreto de las deliberaciones y no debían comunicarse a las partes demandantes.

62 El 14 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia celebró una reunión informal con las partes a efectos de planificar el desarrollo correcto de la vista. Especialmente, indicó a las partes que tenían derecho de acceder al expediente que le había sido transmitido con arreglo al artículo 23, en la medida indicada en los autos de 19 de junio de 1996 y de 10 de diciembre de 1997 y en la forma que estableciese la Secretaría. Pidió, asimismo, a las partes que le indicasen, después de haber tenido acceso al expediente, a qué otros documentos específicos pretendían hacer referencia en la vista.

63 Tanto la demandante como las demandantes ARBED, Aristrain, British Steel, Cockerill-Sambre, Preussag y Unimétal consultaron el referido expediente del Tribunal y obtuvieron copia de los documentos que consideraban necesarios para su defensa. Mediante escrito de 9 de febrero de 1998, la demandante presentó observaciones sobre algunos de los documentos en cuestión.

64 Mediante escritos de la Secretaría de 30 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia formuló a la Comisión y a Eurofer algunas preguntas adicionales relativas al sistema de intercambio mensual de información sobre pedidos y entregas establecido por Eurofer y mencionado en la Decisión con el nombre de «fast bookings». Dichas partes respondieron mediante escritos de 18 y 23 de febrero de 1998, respectivamente.

65 Mediante escrito de la Secretaría de 6 de febrero de 1998, el Tribunal también formuló a la parte demandada ciertas preguntas complementarias sobre el método de cálculo de las multas utilizado en el presente asunto, preguntas a las que la Comisión respondió mediante escrito de 20 de febrero de 1998, presentado en la Secretaría el 24 de febrero de 1998.

66 Mediante auto de 16 de febrero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) resolvió que fuese aportado a los autos, y comunicado a las partes demandantes, únicamente el documento titulado «Proyecto de acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)», presentado en la Secretaría el 22 de enero de 1998.

67 Mediante escritos de 13 y 19 de febrero de 1998, las demandantes formularon solicitudes comunes a efectos de que se practicaran diligencias de prueba en lo que respecta, especialmente, al cálculo de las multas y a la presentación de los documentos relativos a la adopción de la Decisión. La Comisión respondió mediante escrito de 2 de marzo de 1998.

68 Mediante escrito de la Secretaría de 11 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia pidió a la parte demandada, por un lado, que completase sus respuestas de 19 de enero y 20 de febrero de 1998 a las preguntas del Tribunal, indicando, para cada parte demandante, los cálculos aritméticos precisos que permitieran comprender concretamente cómo se habían determinado los importes de las multas y, por otro lado, que presentase el acta definitiva de la reunión de la Comisión (mañana y tarde) durante la que se adoptó la Decisión, así como sus anexos en la medida en que se refiriesen a dicha Decisión. La parte demandada respondió a esta petición mediante escrito de 19 de marzo de 1998 y presentó en la Secretaría el acta definitiva de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994, así como sus anexos.

69 Mediante auto de 23 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que los Sres. Ortún y Vanderseypen, funcionarios de la DG III, así como el Sr. Kutscher, antiguo funcionario de la DG III, fuesen examinados en calidad de testigos sobre los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica durante el período de infracción que se tuvo en cuenta a efectos de fijar el importe de las multas, o sea, del 1 de julio de 1988 al final de 1990.

70 En la vista que tuvo lugar del 23 al 27 de marzo de 1998, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Segunda ampliada, integrado por los Sres. A. Kalogeropoulos, Presidente, C.P. Briët, C.W. Bellamy, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces. Las partes demandantes presentaron un informe oral común sobre determinados puntos. El Prof. Steindorff, antiguo Secretario General de la delegación alemana en las negociaciones previas a la firma del Tratado CECA, fue oído en calidad de experto por el Tribunal de Primera Instancia. Este Tribunal examinó también en calidad de testigos a los Sres. Ortún, Vanderseypen y Kutscher, así como, a petición de Preussag, a sus empleados Sres. Mette y Kröll. Además, el Tribunal vio una grabación en vídeo de la rueda de prensa del Sr. Van Miert de 16 de febrero de 1994, aportada por Aristrain.

71 Varios documentos nuevos fueron presentados en la vista, bien a petición del Tribunal de Primera Instancia o bien con su autorización. El Tribunal pidió también a la Comisión que aportara ciertos documentos referentes a sus relaciones con las autoridades nacionales escandinavas durante 1989 y 1990. Estos documentos fueron presentados en la Secretaría con un escrito de la Comisión de 11 de mayo de 1998.

72 La fase oral concluyó al terminar la vista de 27 de marzo de 1998. Dado que, una vez expirado su mandato el 17 de septiembre de 1998, dos miembros de la Sala no podían participar en las deliberaciones del Tribunal, éstas fueron concluidas por los tres Jueces cuya firma lleva la presente sentencia, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento.

73 En su demanda, la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Se tengan por aportados como prueba documental los documentos que acompañan a su demanda, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del artículo 65 del Reglamento de Procedimiento.

- Se solicite información de la Comisión acerca de:

- la cifra base del cálculo utilizada para determinar la cuantía de la multa que le fue impuesta, y, en particular, sobre si dicha cifra fue la traducción a ECU, al cambio medio de 1990, de la cifra del volumen de negocios sectorial acreditada por ella;

- el método utilizado por la Comisión para calcular el coeficiente porcentual de la multa que le fue impuesta y, en particular, la influencia que en dicho coeficiente han tenido cada uno de los cargos y la duración de los mismos.

- Declare la nulidad total o parcial de los artículos 1 y 4 de la Decisión, en la medida en que le afectan.

- Subsidiariamente, modifique el artículo 4 de dicha Decisión en el sentido de reducir el importe de la multa impuesta a la demandante.

- Condene a la Comisión al pago de las costas procesales.

74 En su réplica, la parte demandante solicita asimismo al Tribunal de Primera Instancia que:

- Se tengan por aportados y se admitan como prueba documental los documentos que se acompañan al escrito de réplica, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del artículo 65 y en el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento.

- Se anule el escrito adjunto a la Decisión en tanto que forma parte de la misma y establece un tipo de interés distinto para el aplazamiento y la suspensión, disponiendo el Tribunal que, en ambos casos, el tipo de interés a satisfacer sea el tipo de interés FECOM puro.

75 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que: - Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

Sobre la pretensión de que se anule el artículo 1 de la Decisión

76 En apoyo de su pretensión de que se anule el artículo 1 de la Decisión, la demandante formula varias alegaciones que pueden agruparse como sigue. En primer lugar, presenta una serie de alegaciones relativas a una vulneración de sus derechos de defensa. En segundo lugar, la demandante formula varias alegaciones relativas a vicios sustanciales de forma en que incurrió la Comisión durante el procedimiento administrativo. Mediante una tercera serie de alegaciones, la demandante invoca una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado, así como varios defectos de motivación. Mediante una cuarta serie de alegaciones, la demandante se refiere a la implicación de la Comisión en las infracciones que se le reprochan.

A. Sobre la violación de los derechos de defensa de la demandante

Resumen de las alegaciones de la parte demandante

77 Mediante un primer motivo, la demandante, que cita la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 1992, Países Bajos y otros/Comisión (asuntos acumulados C-48/90 y C-66/90, Rec. p. I-565), apartado 47, alega que la Comisión violó sus derechos de defensa al no haberle advertido clara y expresamente, en el pliego de cargos, que estaba siendo inculpada por haber participado en dos conductas que la Decisión estimó incompatibles con el artículo 65 del Tratado, en concreto, los acuerdos de fijación de precios y la armonización de suplementos en el ámbito del Comité de vigas.

78 En lo que se refiere a estas dos imputaciones, el pliego de cargos se limitó a exponer, en la parte relativa a los hechos, un resumen de todas las reuniones celebradas en el Comité de vigas (véanse los puntos 110 a 271), y, en los fundamentos de Derecho, un resumen de las dos prácticas citadas pero sin precisar, tampoco (véanse los puntos 409 a 430), a qué empresas se les estaban reprochando.

79 Por lo que respecta más concretamente a la fijación de los precios, la demandante afirma que las referencias al mercado español pudieron haber sido suministradas por cualquiera de los otros dos inculpados españoles a los que la Comisión envió un pliego de cargos, a saber, Unesid y Aristrain. El mero hecho de que en el pliego de cargos se indique (punto 425) que, al igual que otras seis empresas, Ensidesa había recibido un fax de British Steel, no parece suficiente, según ella, para poder deducir que estaba siendo inculpada.

80 De un modo más especial sobre la armonización de suplementos, Ensidesa señala que las referencias a «los españoles» podían atañer también a cualquiera de los inculpados, ya que el nombre de Ensidesa figuraba sólo en un fax enviado por la Walzstahl-Vereinigung a quince empresas (véase el punto 264 del pliego de cargos).

81 Por tanto, la demandante estimó, según ella, que estos hechos no le estaban siendo imputados, y así se lo hizo saber a la Comisión en sus observaciones escritas sobre el pliego de cargos, solicitándole que, en caso contrario, se lo indicase expresamente. La demandante no recibió respuesta alguna a dicha petición y reprocha a la demandada no haber subsanado la falta de claridad de la inculpación o no haberle advertido del error de interpretación que estaba cometiendo.

82 Es más, al estimar, basándose en el pliego de cargos, que estos dos hechos no le estaban siendo imputados, la demandante no vio objeción alguna en comunicar a la Comisión lo que conocía de los mismos, lo que le condujo a autoinculparse. Alega que si hubiera sabido que la Comisión le estaba reprochando estos dos cargos, se hubiera defendido de ellos y no hubiera detallado cuál fue la participación de los productores españoles en las prácticas de que se trata.

83 Mediante una segunda alegación, la demandante, que se remite a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión (T-7/89, Rec. p. II-1711), apartado 53, señala que la demandada ha infringido las normas recogidas en el Duodécimo Informe sobre la Política de Competencia (páginas 40 y 41), y las ha privado, en cualquier caso, de todo contenido útil, limitándose a adjuntar al pliego de cargos un mero índice de los documentos de un expediente de 5.766 páginas (véase el anexo 5 de la demanda), sin ninguna mención respecto a su contenido ni a su procedencia. Además, cuando la demandante accedió físicamente al expediente, los documentos no estaban ordenados con arreglo a ningún criterio, no estaban clasificados por cargos, ni estaban paginados siguiendo un orden lógico. Ensidesa solicitó a la Comisión, en sus observaciones escritas como contestación al pliego de cargos, la subsanación de estos defectos formales, sin obtener respuesta alguna.

84 Mediante una tercera alegación, la demandante señala que la demandada violó sus derechos de defensa al no comunicarle, como anexo al pliego de cargos, más que una traducción de determinadas citas tan sólo de los fragmentos de los 5766 documentos que componen su expediente que le eran favorables para basar su inculpación. Tampoco las actas de la audiencia fueron traducidas al español, con la salvedad de las intervenciones de los representantes de Ensidesa y de Aristrain. En consecuencia, la demandante no pudo tener, desde el principio, un conocimiento íntegro y exacto del expediente, y se vio obligada a traducir cientos de documentos para su defensa. De esta forma, dispuso de menos tiempo para preparar su contestación al pliego de cargos, lo que afectó a su capacidad para defenderse de las imputaciones formuladas. Según ella, en sus observaciones escritas presentadas en respuesta al pliego de cargos, la demandante pidió que ese vicio de forma fuese subsanado, pero no obtuvo respuesta alguna.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

85 Procede recordar que, en el presente asunto, los derechos de defensa invocados por la demandante están garantizados por el párrafo primero del artículo 36 del Tratado, según el cual, antes de imponer una de las sanciones pecuniarias previstas en el Tratado, la Comisión debe ofrecer al interesado la posibilidad de formular sus observaciones (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1984, Eisen und Metall Aktiengesellschaft/Comisión, 9/83, Rec. p. 2071, apartado 32, y de 12 de noviembre de 1985, Krupp/Comisión, 183/83, Rec. p. 3609, apartado 7).

86 En lo que respecta a la observancia de esta garantía en el presente asunto, procede, en primer lugar, señalar que el pliego de cargos dirigido a los interesados el 6 de mayo de 1992 fue personalizado, en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, mediante la indicación de los comportamientos y de las pruebas que le concernían.

87 Así pues, en lo que se refiere más concretamente a la demandante, el Tribunal de Primera Instancia señala que, en la letra f) del punto 32 del pliego de cargos se indica que «Ensidesa confirmó su participación [...] en todas las reuniones [del Comité de vigas citadas en el punto 30], con la excepción de las de 21 de septiembre y 7 de noviembre de 1989». El capítulo VIII de dicho pliego de cargos contiene una descripción detallada de las infracciones de las normas sobre la competencia, indicando para cada uno de sus destinatarios los elementos de prueba en los que se basa la Comisión. En cuanto a la apreciación jurídica, Ensidesa es citada, en el punto 399 del pliego de cargos, como una de las sociedades que asistieron regularmente a las reuniones del Comité de vigas y que participaron en la cooperación resultante. En el punto 401, la Comisión indica que «el plan general de las partes era reunirse y llegar a un acuerdo sobre cuestiones específicas, espsecialmente y en varias ocasiones: la fijación de precios objetivo; la armonización de las diferencias [...]». Las modalidades de la práctica colusoria y su ejecución, en lo que respecta a estas dos infracciones, se describen respectivamente en los puntos 409 a 425 y 426 a 430 del pliego de cargos.

88 De lo que precede resulta que, salvo que en el pliego de cargos se precisara expresamente lo contrario, la demandante necesariamente debía estimar que le atañían todas las imputaciones relacionadas con el funcionamiento del Comité de vigas, que se describen en detalle en el capítulo VIII del pliego de cargos y se aprecian desde un punto de vista jurídico en el capítulo IX, y más concretamente las relativas a los acuerdos de fijación de precios y de armonización de suplementos, celebrados en dicho Comité.

89 De ello se desprende que se dio a la demandante la posibilidad de presentar sus observaciones escritas sobre los hechos que se le imputaban, en el plazo que se le señaló para ello. Por tanto, su alegación basada en la negativa de la Comisión a responder a la petición de aclaración presentada en dichas observaciones debe desestimarse por injustificada tanto más por cuanto, en su escrito de 4 de junio de 1992 en el que solicitaba una prórroga del plazo para responder al pliego de cargos (anexo 13 de la demanda), la demandante no mencionaba ninguna supuesta falta de claridad en la inculpación.

90 Dado que las imputaciones de la Comisión fueron claramente comunicadas a la demandante, ésta tampoco fue abusivamente inducida a autoinculparse en su respuesta al pliego de cargos, que, además, como señala la Comisión, es voluntaria.

91 Este Tribunal señala también que la Comisión adjuntó al pliego de cargos, por un lado, copia de los documentos que invocaba concretamente contra cada una de las empresas afectadas (anexo 3 del pliego de cargos), y, por otro lado, una lista de todos los documentos que constituían el expediente en el presente asunto («lista de acceso», anexo 2 del pliego de cargos). Además de la fecha de elaboración de cada uno de los documentos y de su muy sucinta identificación, esta última lista agrupaba dichos documentos, según su naturaleza, en doce series, señaladas por un número, y especificaba su grado de accesibilidad para cada una de las empresas de que se trata. Por otra parte, la Comisión instó a las empresas a que consultaran, en sus locales, todos los documentos accesibles.

92 De lo expuesto resulta que, en el presente asunto, la Comisión se atuvo al procedimiento de acceso al expediente descrito en su Duodécimo Informe sobre la política de competencia (pp. 40 y 41), procedimiento que fue aprobado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el marco del Tratado CE (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia Hercules Chemicals/Comisión, antes citada, apartados 53 y 54; de 18 de diciembre de 1992, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T-10/92, T-11/92, T-12/92 y T-15/92, Rec. p. II-2667, apartado 38; de 1 de abril de 1993, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, T-65/89, Rec. p. II-389, apartados 29 a 33, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995, BPB Industries y British Gypsun/Comisión, C-310/93 P, Rec. p. I-865, apartados 12 a 33, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T-30/91, Rec. p. II-1775, apartados 77 a 104).

93 Además, este Tribunal ha podido comprobar, en el presente asunto, que todos los documentos del expediente que la Comisión le transmitió en virtud del artículo 23 que se referían a la demandante fueron clasificados, en el anexo 2 del pliego de cargos, como «accesibles» o, por lo que respecta a algunos documentos internos de British Steel, como «parcialmente accesibles» para la demandante. En cuanto a esta última categoría, la demandante no ha discutido que las imputaciones se basan únicamente en extractos de esos documentos a los que se le permitió acceder.

94 Consta, por otra parte, que la demandante tuvo acceso al expediente en la forma regulada según el escrito de la Comisión de 6 de mayo de 1992. Por tanto, pudo obtener copia de todos los documentos clasificados por la Comisión como «accesibles» o «parcialmente accesibles».

95 Por lo demás, la demandante no ha especificado ante este Tribunal a qué se refiere cuando aduce que la presentación de los documentos enumerados en el anexo 2 del pliego de cargos era insuficiente para permitirle encontrar los documentos en cuestión al consultar el expediente, dado que esos documentos llevaban la misma numeración.

96 En cuanto al reproche que hace a la Comisión de haber citado, tanto en el pliego de cargos como en la Decisión, los documentos de cargo haciendo referencia únicamente a su fecha, sin mencionar al mismo tiempo el número que llevan en el expediente de la Comisión, es cierto que tal sistema hace más difícil la identificación de los documentos de que se trata, tanto para las partes afectadas como para el Tribunal de Primera Instancia, sobre todo en un caso en el que, como ocurre en el de autos, entran en juego miles de documentos, y que sería más conforme a una buena práctica administrativa el hecho de que, en tales circunstancias, la Comisión identificase los documentos que cita no sólo haciendo referencia a su fecha, sino también a su numeración en el expediente.

97 No obstante, el hecho de que en el pliego de cargos y en la Decisión no se haga referencia a la numeración de los documentos utilizada por la Comisión a efectos de constituir su expediente no puede, en el caso de autos, haber vulnerado los derechos de defensa de la demandante, dado que, sólo mediante la referencia a su fecha, ésta podía identificar dichos documentos, tanto en la lista adjunta como anexo 2 del pliego de cargos como en el expediente de la Comisión.

98 Por último, en lo que respecta a la inexistencia de traducción al español de determinados documentos, en primer lugar procede señalar que no puede exigirse a la Comisión que traduzca más documentos que aquellos en los que basa sus imputaciones. En cuanto a estos últimos documentos, deben ser considerados pruebas materiales en las que se apoya la Comisión y, por tanto, deben ponerse en conocimiento del destinatario tal como son, de modo que éste pueda conocer la interpretación que la Comisión les dio y en la que basó tanto su pliego de cargos como su Decisión. En el presente asunto, debe señalarse que el anexo I del pliego de cargos contenía una traducción de todos los extractos de los documentos citados en lengua original en dicho pliego. El Tribunal de Primera Instancia estima que ese modo de proceder permitió a la demandante saber con precisión en qué hechos y en qué razonamiento jurídico se apoyaba la Comisión y, por tanto, defender eficazmente sus derechos (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T-148/89, Rec. p. II-1063, apartado 21).

99 Este Tribunal considera que, en tales circunstancias, la demandante no ha demostrado que no se le dio la posibilidad, durante el procedimiento administrativo, de dar a conocer eficazmente su punto de vista en lo que respecta a los documentos invocados en su contra en el pliego de cargos.

100 En cuanto al acta de la audiencia, de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión (T-77/92, Rec, p. II-549), apartados 72 a 75, resulta que el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62), según el cual las declaraciones esenciales de cada persona oída serán consignadas en un acta a la que esa persona dará su conformidad tras haberla leído, obliga a la Comisión a dirigir a las partes copia del acta con el fin de permitirles comprobar si sus propias declaraciones han sido correctamente consignadas, pero cuando el acta misma ha sido redactada en varias lenguas, dado que los diferentes intervinientes se han expresado en distintos idiomas, no la obliga en absoluto a proporcionar la traducción de las declaraciones hechas por las demás partes. Este Tribunal considera que los mismos principios deben aplicarse en las circunstancias del presente asunto.

101 Además, la demandante no alega que, por el hecho de no haber traducción de las partes redactadas en un idioma distinto del español, el acta contuviera respecto a ella inexactitudes u omisiones sustanciales capaces de tener consecuencias perjudiciales que pudieran viciar el procedimiento administrativo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 52).

102 De cuanto precede resulta que la presente imputación debe desestimarse en su totalidad.

B. Sobre los vicios sustanciales de forma

Resumen de las alegaciones de la parte demandante

103 En la vista se formularon, en una presentación común hecha en nombre de todas las demandantes, las siguientes imputaciones, relativas a vicios sustanciales de forma durante el procedimiento de adopción de la Decisión.

104 Con carácter preliminar, las demandantes señalan que, en la rueda de prensa que dio el 16 de febrero de 1994 a mediodía, el Sr. Van Miert afirmó que la Decisión había sido adoptada, lo que según ellas no era cierto, y que además dio cifras inexactas sobre algunas multas (véase el anexo 1 de la demanda en el asunto T-151/94). Los comunicados de prensa de la Comisión, preparados antes de la adopción de la Decisión, también contenían errores, especialmente en lo que se refiere a la identidad de las empresas a las que se imponía una multa.

105 En tales circunstancias, las demandantes invocando la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C-137/92 P, Rec. p. I-2555; en lo sucesivo, «sentencia PVC»), y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, BASF y otros/Comisión (asuntos acumulados T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 y T-112/89, Rec. p. II-729; en lo sucesivo, «sentencia PEBD»), apartados 114 y 119, y de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión (T-31/91, Rec. p. II-1821), apartado 50, formulan cuatro imputaciones principales.

106 En primer lugar, no se alcanzó el quórum de nueve miembros de la Comisión exigido por el artículo 5 del Reglamento interno de la Comisión de 17 de febrero de 1993, entonces vigente (93/492/Euratom, CECA, CEE; DO L 230, p. 15; en lo sucesivo, «Reglamento interno de 1993»). Según las demandantes, aun cuando de la página 2 del acta de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994 parece resultar que estaban presentes nueve miembros al adoptarse la Decisión, en la sesión de la tarde (considerando XXV, p. 43), la lista de personas mencionadas como que asistieron «a la sesión en ausencia de los miembros de la Comisión», en la página 40 de dicha acta, se desprende en realidad que en esa misma sesión sólo estaban presentes seis miembros de la Comisión. Por tanto, a falta de quórum, no pudo haber, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento interno de 1993, ningún voto válido sobre la adopción de la Decisión.

107 En segundo lugar, las demandantes alegan que la Decisión no fue adoptada por la Comisión en la forma en que les fue notificada. Como mínimo, es imposible determinar el contenido exacto de la Decisión que la Comisión quiso adoptar el 16 de febrero de 1994.

108 En efecto, según el acta de la reunión (p. 43), la Comisión aprobó «en las lenguas auténticas, la Decisión recogida en el documento C(94) 321/2 y 3», mientras que la versión de la Decisión notificada a las demandantes lleva el número C(94) 321 final. Por otra parte, según la lista de documentos internos transmitidos al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 23, adjunta al escrito de la Comisión de 27 de junio de 1995, existe otra versión de la Decisión que lleva el número C(94) 321/4, de fecha 25 de febrero de 1994.

109 Además, cabe albergar ciertas dudas sobre las diferentes versiones de la Decisión presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia a raíz de la petición de éste de 11 de marzo de 1998. Aparte del hecho de que sólo las versiones española e italiana llevan en la guarda la mención «versión auténtica», los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 parecen estar compuestos de varios documentos preparados por separado, escritos con familias de caracteres diferentes y una numeración incoherente.

110 Dado que, durante la vista, la Comisión aceptó levantar la confidencialidad de los documentos internos relativos a la adopción de la Decisión que se encuentran en los archivadores nos 57, 58 y 61 del expediente transmitido al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 23, los Abogados de la demandante dijeron que sus dudas habían sido reforzadas por el descubrimiento de varias diferencias, que se resumían en una lista presentada en la vista, entre los documentos internos que figuran en dichos archivadores y los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3. Además, existen diferencias importantes entre el documento que se encuentra en el archivador nº 61 del expediente de la Comisión, que, según las demandantes, constituye el documento C(94) 321/1 tal como fue examinado por la Comisión en su reunión de la mañana del 16 de febrero de 1994, y los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3. Estas diferencias se resumían, a su vez, en una segunda lista presentada en la vista. Por último, algunas modificaciones fueron introducidas manualmente en la versión italiana del documento C(94) 321/2 tras haberse recibido un fax de los servicios de traducción de la Comisión el 16 de febrero de 1994 entre las 17.09 h y las 17.14 h, es decir, después de que finalizara la reunión a las 16.25 h.

111 En tercer lugar, las demandantes mantienen que ni la versión C(94) 321 final, ni las versiones C(94) 321/2 y C(94) 321/3 de la Decisión fueron autenticadas de conformidad con el artículo 16 del Reglamento interno de 1993. Efectivamente, ninguna de esas versiones se adjuntaba al acta, en el sentido de dicha disposición, que exige que vayan unidas físicamente. Además, añaden las demandantes, el acta no hace referencia alguna a los documentos que se le adjuntan.

112 En cualquier caso, el acta no puede considerarse autenticada de conformidad con los artículos 9 y 16 del Reglamento interno de 1993, al no figurar en la guarda las firmas originales del Presidente y del Secretario General.

113 En cuarto lugar, las demandantes alegan que el acta no lleva la fecha de su firma por el Presidente y el Secretario General de la Comisión, por lo que no puede presumirse que fuese autenticada en el momento de su aprobación.

114 Por último, las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que adopte diligencias de prueba destinadas, por un lado, a permitirles inspeccionar la versión original del acta que se encuentra en los archivos de la Comisión, y, por otro lado, a demostrar, por ejemplo a la vista de las agendas de los miembros de la Comisión y de otros documentos similares, quiénes de entre dichos miembros estaban efectivamente presentes al adoptarse la Decisión en la sesión de 16 de febrero de 1994 por la tarde.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Sobre la admisibilidad

115 Este Tribunal recuerda que la demandante no formuló en su demanda ningún motivo referente a irregularidades en el procedimiento de adopción de la Decisión. No obstante, el acta de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994 y sus anexos deben considerarse elementos que se presentaron durante el procedimiento, a raíz de las diligencias de prueba y de ordenación del procedimiento practicadas por el Tribunal de Primera Instancia. Pues bien, el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento no prohíbe la presentación de motivos nuevos basados en tales elementos. De ello se desprende que el presente motivo es admisible.

Sobre la falta de quórum

116 El párrafo primero del artículo 13 del Tratado, tal como ha sido añadido por el punto 2 del artículo H del Tratado de la Unión Europea, dispone que los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría del número de sus miembros, que entonces eran diecisiete. Según el párrafo segundo del artículo 13 del Tratado, la Comisión sólo puede reunirse válidamente cuando esté presente el número de miembros que fije su Reglamento interno.

117 El artículo 5 del Reglamento interno de 1993 disponía que «el número de miembros cuya presencia será necesaria para que la Comisión pueda adoptar acuerdos válidamente será igual a la mayoría del número de miembros previsto en el Tratado». De ello resulta que el quórum necesario para que la Comisión pudiera válidamente adoptar acuerdos en su reunión de 16 de febrero de 1994 era de nueve miembros.

118 A tenor del artículo 6 del mismo Reglamento: «La Comisión decidirá a propuesta de uno o varios de sus miembros. La Comisión procederá a una votación a petición de uno de sus miembros. La votación se referirá a la propuesta inicial o a una propuesta modificada por el miembro o los miembros responsables o el presidente. Las decisiones de la Comisión se adoptarán por la mayoría del número de miembros previsto en el Tratado.» De ello se desprende asimismo que las decisiones de la Comisión se adoptaban entonces con el acuerdo de nueve de sus miembros.

119 Del acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas el 16 de febrero de 1994 (en lo sucesivo, «acta»), transmitida al Tribunal de Primera Instancia a raíz de sus peticiones de 27 de noviembre de 1997 y de 11 de marzo de 1998, resulta que dicha reunión se celebró en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. El punto XVII del acta, discutido en la sesión de la mañana, dice lo siguiente:

«XVII. CASO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 65 DEL TRATADO CECA [C(94) 321; SEC(94) 267]

El Sr. RENAUDIERE, miembro del Gabinete del Sr. VAN MIERT, asiste a las deliberaciones sobre este punto.

El Sr. VAN MIERT expone a la Comisión los diferentes elementos del caso que se le somete. Recalca la extrema gravedad de las infracciones señaladas. Presenta a la Comisión las multas que propone imponer a las empresas de que se trata.

La Comisión aprueba la esencia de la Decisión propuesta por el Sr. VAN MIERT y procede a un debate en profundidad sobre el importe de las multas. Acuerda pronunciarse en un momento posterior de su presente reunión acerca de la Decisión final cuyo proyecto le será presentado por el Sr. VAN MIERT.

Los demás acuerdos de la Comisión sobre este punto son objeto de un acta especial.»

120 El punto XXV del acta, que fue discutido en la sesión de la tarde, dice lo siguiente:

«XXV. CASO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 65 DEL TRATADO CECA (CONTINUACIÓN DEL PUNTO XVII) [C(94) 321/2 y C(94) 321/3; SEC(94) 267]

La Comisión prosigue sus deliberaciones iniciadas en la sesión de la mañana. Fija de la siguiente manera las multas impuestas a las empresas de que se trata:

ARBED SA:11.200.000 ECU British Steel plc:32.000.000 ECU Unimétal SA:12.300.000 ECU Saarstahl AG: 4.600.000 ECU Ferdofin SpA:9.500.000 ECU Thyssen Stahl AG:6.500.000 ECU Preussag AG:9.500.000 ECU Empresa Nacional Siderúrgica SA:4.000.000 ECU Siderúrgica Aristrain Madrid SL:10.600.000 ECU SA Cockerill-Sambre:4.000.000 ECU Krupp-Hoesch Stahl AG:13.000 ECU NMH Stahlwerke GmbH:150.000 ECU Norsk Jernverk AS:750 ECU Inexa Profil AB:600 ECU

Por otra parte, la Comisión decide que las multas superiores a 20.000 ECU podrán pagarse en tramos. En consecuencia, aprueba, en las lenguas auténticas, la Decisión recogida en el documento C(94) 321/2 y C(94) 321/3.

* * * La reunión concluye a las 16.25 h.»

121 De la lectura conjunta de los puntos XVII y XXV del acta resulta que la Decisión no fue definitivamente adoptada en la deliberación del punto XVII, en la sesión de la mañana, sino que lo fue en la deliberación del punto XXV, durante la sesión de la tarde.

122 Por otra parte, de la lista de presencias que figura en la página 2 del acta se desprende que en la deliberación de la Comisión sobre el punto XXV estaban presentes nueve miembros de la Comisión, a saber: el Sr. Delors, Sir Leon Brittan y los Sres. Van Miert, Ruberti, Millan, Van den Broek, Flynn, Steichen y Paleokrassas. Por tanto, se había alcanzado el quórum exigido por el artículo 5 del Reglamento interno de 1993. Asimismo, la Decisión podía adoptarse con el acuerdo de los nueve miembros presentes, de conformidad con el artículo 6 de dicho Reglamento interno.

123 No obstante, la alegación de las demandantes se basa en una lista de presencias que figura en la página 40 del acta y que indica que los Sres. Budd y Santopinto, respectivamente Jefes de Gabinete de Sir Leon Brittan y del Sr. Ruberti, así como la Sra. Evans, miembro del Gabinete del Sr. Flynn, «[asistieron] a la sesión en ausencia de los miembros de la Comisión». Las demandantes deducen de ello que, en contra de lo que se indica en la página 2 del acta, Sir Leon Brittan y los Sres. Ruberti y Flynn no estaban presentes en el momento de la adopción de la Decisión a que se refiere el punto XXV.

124 Dicha alegación no puede ser acogida. En efecto, del propio tenor de la lista que figura en la página 2 del acta resulta que dicha lista tiene por objeto hacer una relación precisa de la presencia o de la ausencia de los miembros de la Comisión en la reunión de que se trate. Esa relación se refiere tanto a la sesión de la mañana como a la de la tarde y constituye, por tanto, la prueba de la presencia de los miembros de la Comisión en cuestión durante esas dos sesiones, a no ser que en ella se indique expresamente que un miembro estaba ausente en el momento de la discusión sobre un punto específico. En cambio, la lista que figura en la página 40 del acta no tiene por objeto hacer la relación de la presencia de los miembros de la Comisión, sino que se refiere sólo a las otras personas eventualmente presentes, como los Jefes de Gabinete. En tales circunstancias, las deducciones indirectas que las demandantes pretenden sacar de dicha lista no pueden prevalecer sobre la mención expresa, en la página 2 del acta, de la presencia o ausencia de los miembros de la Comisión.

125 En cualquier caso, este Tribunal considera que la mención «asisten a la sesión en ausencia de los miembros de la Comisión», que figura en la página 40 del acta, debe entenderse como sinónima de «asisten, en caso de que el miembro esté ausente en lo que respecta a un punto específico».

126 En efecto, dicha mención debe compararse con el artículo 8 del Reglamento interno de 1993, que dispone, entre otras cosas: «[...] En caso de ausencia de un miembro de la Comisión, su Jefe de Gabinete podrá asistir a la reunión y, a invitación del Presidente, exponer allí la opinión del miembro ausente [...]» Así pues, la lista de la página 40 del acta no tiene por objeto sustituir a la de la página 2, sino identificar a las personas que están autorizadas a asistir a la reunión con arreglo al referido artículo 8, y, en su caso, exponer en ella la opinión del miembro ausente.

127 No obstante, el hecho de que un Jefe de Gabinete pueda expresar la opinión, sobre un punto específico, del miembro de la Comisión al que representa, en ausencia de éste, no excluye la posibilidad de que el miembro de la Comisión en cuestión regrese a la reunión cuando se discuta otro punto, sin que por ello su Jefe de Gabinete abandone la sala de reunión cuando él vuelva. Por lo tanto, la mención, que figura en la página 40 del acta, de la presencia de los Sres. Budd y Santopinto y de la Sra. Evans en la sesión de la tarde puede explicarse por el simple hecho de que, según la página 2 del acta, Sir Leon Brittan y los Sres. Ruberti y Flynn estaban ausentes en el momento de la discusión de ciertos puntos del orden del día de la tarde, a saber, los puntos XXIII.B, XXIII.C y XXIV en parte (Sir Leon Brittan), así como los puntos XXIII.B y XXIII.C en parte (los Sres. Ruberti y Flynn). Sin embargo, de ello no se deduce que esos tres miembros de la Comisión estuvieran ausentes en el momento de la deliberación sobre el punto XXV, en contra del tenor explícito de la página 2 del acta.

128 Esta interpretación es corroborada por la página 7 del acta, en la que figura, con respecto a la sesión de la mañana, una lista de las personas que asistieron a la reunión «en ausencia» de los miembros de la Comisión, que coincide con la de la página 40 relativa a la sesión de la tarde. Pues bien, si la interpretación dada por las demandantes a la frase «asisten a la sesión en ausencia de los miembros de la Comisión» fuese correcta, del hecho de que en esa lista se indicase la presencia, durante toda la mañana, de los Sres. Kubosch y Budd, respectivamente miembro del Gabinete del Sr. Bangemann y Jefe de Gabinete de Sir Leon Brittan, resultaría que esos dos miembros de la Comisión estuvieron ausentes durante toda la sesión de la mañana. Es evidente que no fue así, ya que, según la página 2 del acta, el Sr. Bangemann estaba presente en la sesión de la mañana en lo que se refiere a los puntos I a XVIII, y Sir Leon Brittan en lo que respecta a los puntos XVII a XXII.

129 De cuanto precede resulta que, en el momento de la adopción de la Decisión, la tarde del 16 de febrero de 1994, se había llegado al quórum necesario.

130 Debe añadirse que el artículo 6 del Reglamento interno de 1993 prevé que la Comisión decide a propuesta de uno o varios de sus miembros y sólo procede a una votación a petición de uno de ellos. A falta de tal petición, no era necesario que la Comisión efectuara una votación formal en la sesión de la tarde. En cualquier caso, dado que, según dicho artículo 6 las decisiones de la Comisión se adoptan por la mayoría del número de miembros previsto en el Tratado, a saber, nueve miembros a la sazón, nada impedía a los nueve miembros presentes la tarde del 16 de febrero de 1994 decidir por unanimidad adoptar la Decisión.

131 De ello se desprende que la primera imputación de las demandantes es infundada.

Sobre la falta de correspondencia formal entre la Decisión adoptada y la notificada a la parte demandante

132 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la parte dispositiva y la motivación de la decisión notificada a su destinatario o destinatarios deben corresponder a las de la decisión adoptada por la Junta de Comisarios, con excepción de las adaptaciones puramente ortográficas o gramaticales que aún pueden ser introducidas en el texto de un acto tras su adopción final por la Junta de Comisarios (sentencia PVC, apartados 62 a 70).

133 Del punto XXV del acta resulta que la Comisión adoptó «en las lenguas auténticas, la decisión recogida en el documento C(94) 321/2 y C(94) 321/3».

134 De ello se deduce que la comparación pertinente debe efectuarse entre las versiones C(94) 321/2 y C(94) 321/3 de la Decisión leídas conjuntamente, que fueron adoptadas por la Comisión la tarde del 16 de febrero de 1994, por un lado, y las diferentes versiones de la Decisión notificadas a las demandantes en las lenguas auténticas, por otro lado.

135 Pues bien, las demandantes no han alegado, y este Tribunal no ha podido detectar, ninguna diferencia material entre las versiones C(94) 321/2 y C(94) 321/3 de la Decisión leídas conjuntamente, tal como fueron presentadas por la Comisión en la Secretaría de este Tribunal en las cuatro lenguas auténticas, y las versiones de la Decisión notificadas a las demandantes. En estas circunstancias, el hecho de que la Decisión fuese adoptada en forma de dos documentos, a saber C(94) 321/2 y C(94) 321/3, el segundo de los cuales aportaba algunas modificaciones al primero, algunas de ellas manuscritas, carece de pertinencia, aún con mayor razón por cuanto, fundamentalmente, dichas modificaciones sólo se refieren al pago por tramos de las multas y a la decisión de no imponer multas de un importe inferior a 100 ECU. Asimismo, el hecho de que en algunas versiones lingüísticas los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 tengan una paginación incoherente o familias de caracteres distintos es irrelevante, dado que el elemento intelectual y el elemento formal de dichos documentos leídos conjuntamente corresponden a la versión de la Decisión notificada a las demandantes (sentencia PVC, apartado 70).

136 El Tribunal de Primera Instancia estima, por el contrario, que las diferencias entre los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 dan testimonio de los esfuerzos realizados por la Comisión para no adoptar formalmente la Decisión hasta después de haber incorporado, en cada una de las versiones lingüísticas, todas las modificaciones decididas por la Junta de Comisarios, especialmente en lo que se refiere al pago por tramos de las multas y al hecho de no imponer multas de un importe inferior a 100 ECU.

137 De cuanto precede resulta también que las alegaciones basadas en una comparación minuciosa entre determinados documentos que se encuentran en los archivadores 57, 58 y 61 del expediente de la Comisión y los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 son inoperantes. Como acaba de señalar este Tribunal, la comparación pertinente debe efectuarse entre, por un lado, los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 presentados por la Comisión y, por otro lado, la versión notificada a las demandantes y no entre, por un lado, los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 y, por otro lado, determinados proyectos y otros documentos posiblemente anteriores que obran en el expediente de la Comisión. En lo que respecta, especialmente, al documento B contenido en el archivador 61, el Tribunal de Primera Instancia estima que no se ha probado en absoluto que dicho documento, que parece ser un documento de trabajo, constituya el documento C(94) 321 o corresponda al que fue examinado por la Comisión en la reunión de la mañana del 16 de febrero de 1994. En cualquier caso, el documento C(94) 321 carece de pertinencia, ya que la versión definitiva de la Decisión adoptada por la Comisión la constituyen los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3.

138 El hecho de que aún pueda haber cierta ambigüedad en cuanto al momento preciso en que se envió la traducción de ciertas modificaciones de menor importancia en la versión italiana de la Decisión carece asimismo de pertinencia, tanto más en la medida en que la demandante no es destinataria de la versión italiana de la Decisión.

139 Por último, se ha demostrado que el documento C(94) 321/4 no es más que una versión no confidencial de la versión C(94) 321 final, en la que ciertas cifras que constituían secretos comerciales de los destinatarios fueron suprimidas a efectos de la notificación de la Decisión a los demás destinatarios.

140 Por consiguiente, la segunda imputación de las demandantes es infundada.

Sobre la falta de autenticación de la Decisión

141 En cuanto a la tercera imputación de las demandantes, según la cual las versiones C(94) 321/2 y C(94) 321/3 de la Decisión no habían sido debidamente autenticadas de conformidad con el párrafo primero del artículo 16 del Reglamento interno de 1993, procede recordar que dicha disposición preveía lo siguiente:

«Los actos adoptados en reunión o mediante procedimiento escrito se incorporarán, en la lengua o lenguas en las que sean auténticos, como anexos al acta de la reunión de la Comisión durante la que se hayan adoptado o durante la que se haya tomado nota de su adopción. Dichos actos serán autenticados mediante las firmas del Presidente y del Secretario General, que se estamparán en la primera página de dicha acta.»

142 Asimismo, el párrafo segundo del artículo 9 del Reglamento interno de 1993 preveía que las actas de la Comisión «serán autenticadas con la firma del Presidente y del Secretario General».

143 Debe señalarse en primer lugar que el párrafo primero del artículo 16 del Reglamento interno de 1993 no definía de qué manera los actos adoptados en reunión debían «incorporarse com