Asunto T‑113/07

Toshiba Corp.

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Reparto del mercado — Derecho de defensa — Prueba de la infracción — Infracción única y continuada — Multas — Gravedad y duración de la infracción — Motivación — Importe de partida — Año de referencia»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Falta de comunicación de un documento — Consecuencias

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Comunicación de las respuestas al pliego de cargos — Requisitos — Límites

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción — Testimonios escritos de los empleados de una sociedad implicada en la infracción — Valor probatorio — Apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia

(Art. 6 UE, ap. 2; art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

5. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Utilización de un conjunto de indicios

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción — Apreciación del valor probatorio de los diferentes medios de prueba — Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación de la Comisión 2002/C 45/03)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación de la Comisión 2002/C 45/03, punto 21)

9. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única — Concepto — Responsabilidad personal de las empresas coautoras de la infracción por la totalidad de ésta — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Alcance de la carga de la prueba

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Infracción cometida por varias empresas

[Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad y duración de la infracción — Facultad de apreciación de la Comisión

[Artículo 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3]

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Respeto del principio de igualdad de trato

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

1. Corolario del principio del respeto del derecho de defensa, el derecho de acceso al expediente en un procedimiento administrativo de aplicación de las reglas de la competencia implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos incluidos en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

La falta de comunicación de un documento en el que la Comisión se ha apoyado para fundamentar la imputación a una empresa sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo el documento no comunicado.

Por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa.

(véanse los apartados 41, 46 y 47)

2. En un procedimiento tramitado por infracción de las reglas de la competencia sólo al comienzo de la fase contradictoria administrativa la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento, y disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. En consecuencia, la respuesta al pliego de cargos de las demás empresas que hayan participado en la infracción no está comprendida, en principio, en el conjunto de documentos del expediente de instrucción que las partes pueden consultar.

Sin embargo, si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en el contexto de un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás empresas implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre esta prueba. En estas circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento adjunto a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado en la infracción.

Por analogía, si un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o un documento adjunto a tal respuesta puede ser pertinente para la defensa de una empresa, porque permite que ésta alegue aspectos que no concuerdan con las deducciones realizadas por la Comisión en esa fase, constituye un medio de prueba de descargo. En ese supuesto debe permitirse que la empresa interesada examine ese pasaje o el documento en cuestión y se manifieste sobre ellos.

(véanse los apartados 42 a 44)

3. Los testimonios escritos de los empleados de una sociedad, elaborados bajo el control de ésa y presentados por ella para su defensa en el procedimiento administrativo tramitado por la Comisión no pueden calificarse en principio como manifestaciones diferentes e independientes de las declaraciones de esa misma sociedad. En efecto, como regla general, la posición de una sociedad sobre la realidad de los hechos que le imputa la Comisión se apoya en primer lugar en los conocimientos y opiniones de sus empleados y directivos.

(véase el apartado 58)

4. La existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción del artículo 81 CE, apartado 1. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa.

En efecto, en esta última situación, es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal como se deriva, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que forma parte de los derechos fundamentales que constituyen principios generales del Derecho comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones de que se trata, así como la naturaleza y el grado de rigor de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

(véanse los apartados 79 y 80)

5. En materia de competencia, es necesario que la Comisión se refiera a pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción. Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia. La existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia.

Por otro lado, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, basándose únicamente en la conducta en el mercado de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia. Esa regla también es aplicable cuando los medios de prueba en los que se apoya la Comisión son insuficientes. En efecto, en ese caso dichos medios no permiten acreditar la existencia de la infracción de modo inequívoco y sin necesidad de una interpretación.

En cambio, esa regla no es aplicable a todos los casos en los que una infracción se acredita por deducción a partir de otros hechos, por pruebas indirectas o por pruebas no documentales. En efecto, en lo referido a los medios de prueba que pueden invocarse para acreditar la infracción del artículo 81 CE, el principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba.

(véanse los apartados 81, 82, 85 y 87)

6. En un procedimiento por infracción del artículo 81 CE, apartado 1, el único criterio pertinente para apreciar valor probatorio de los diferentes medios de prueba reside en su credibilidad. Según las reglas generales en materia de prueba la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento depende de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y de su contenido.

En cuanto a las declaraciones de las empresas, puede atribuirse además un valor probatorio especialmente alto a las que, en primer lugar, son dignas de confianza, en segundo lugar, se formulan en nombre de una empresa, en tercer lugar, emanan de una persona profesionalmente obligada a actuar en interés de dicha empresa, en cuarto lugar, van contra los intereses del declarante, en quinto lugar, provienen de un testigo directo de los hechos expuestos y, en sexto lugar, se manifiestan por escrito, deliberadamente y tras una profunda reflexión.

En cambio, en el caso de que una empresa a la que se imputa haber participado en una práctica colusoria formule una declaración cuya exactitud niegan varias de las demás empresas imputadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas, entendiéndose que el grado de corroboración necesario puede ser menor por la fiabilidad de las declaraciones de que se trate.

(véanse los apartados 90 a 93)

7. Aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cartel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que el hecho de solicitar beneficiarse de la aplicación de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel para obtener una dispensa o reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados de la participación de los demás miembros del cartel. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación.

En lo que atañe en particular a los testimonios, es ciertamente posible que los empleados de una empresa que ha solicitado la dispensa de multas, que están obligados a actuar en interés de ésta, compartan la voluntad de presentar cuantos datos de cargo sea posible, dado que su cooperación en el contexto del procedimiento también puede tener incidencia favorable en su futuro profesional. No obstante, aun siendo así los empleados de que se trata también han de ser conscientes de las potenciales consecuencias negativas de la presentación de datos inciertos, que se hacen más probables por la exigencia de corroboración por otros medios de prueba.

(véanse los apartados 94 y 111)

8. Para que la Comisión pueda conceder una reducción de la multa en virtud del punto 21 de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel los medios de prueba de que se trate deben presentar un valor probatorio significativo en relación con los que ya están en poder de la Comisión. Por consiguiente, es legítimo que en una solicitud de dispensa o reducción de multas presentada después de la respuesta al pliego de cargos la empresa que desea obtener una reducción de la multa se centre en los aspectos que a su parecer no se han acreditado de forma suficiente en Derecho hasta el momento, para aportar un valor añadido significativo. Pues bien, esa circunstancia puede explicar que la empresa interesada omita los aspectos que considera acreditados sin duda alguna por los datos previamente comunicados.

De igual modo, vista la redacción del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación, no puede excluirse que la presentación de datos provistos de cierto valor probatorio, pero referidos a hechos que ya están demostrados por otros medios, no dé lugar a ninguna reducción.

(véanse los apartados 146 y 147)

9. Los acuerdos y prácticas concertadas que contemplan el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo son necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, que son en su totalidad coautoras de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, en función principalmente de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas. No obstante, la mera circunstancia de que cada empresa participe en la infracción de una forma propia a cada una no basta para excluir su responsabilidad por la totalidad de la infracción, incluyendo los comportamientos que son ejecutados materialmente por otras empresas participantes, pero que comparten un mismo objetivo o el mismo efecto contrario a la competencia.

Así pues, una empresa que haya participado en una infracción de este tipo, mediante comportamientos propios, calificables de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, o del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y que pretendían contribuir a la realización de la infracción en su conjunto, es también responsable, durante todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción, cuando se demuestra que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilegales de otros participantes o cuando podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a aceptar el riesgo.

Así ocurre en el caso de una empresa de un tercer Estado que sólo jugó un papel pasivo en el contexto de un pacto común que reservaba la atribución de proyectos específicos en el mercado del EEE a los productores europeos, dado que esa empresa se había comprometido a no obtener la adjudicación de esos proyectos, ya que estaba al corriente del pacto en cuestión y su papel pasivo no se debía a su elección voluntaria sino a la forma de su participación en el acuerdo relativo al mercado del EEE, siendo su participación una condición previa para que pudiera realizarse la atribución de los proyectos en el EEE entre los productores europeos.

(véanse los apartados 218 a 222)

10. La exigencia de seguridad jurídica, de la que deben beneficiarse los agentes económicos, implica que, cuando existe un litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión, sobre quien recae la carga de la prueba de las infracciones que afirme haber descubierto, debe aportar pruebas adecuadas para demostrar suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de los hechos que constituyen la infracción. Por lo que respecta a la duración que se atribuye a una infracción, el mismo principio de seguridad jurídica exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

Además, el hecho de que no se haya aportado la prueba de la existencia de una infracción continuada para determinados períodos concretos no impide considerar que la infracción se ha prolongado durante un período global más amplio que aquéllos siempre que dicha constatación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que dura varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, pudiendo separarse por intervalos de tiempo más o menos largos, no influye en la existencia de dicho acuerdo, siempre que las diferentes acciones que formen parte de esta infracción persigan una única finalidad y se inscriban en el marco de una infracción única y continuada.

(véanse los apartados 235 y 236)

11. Cuando una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, ha sido cometida por varias empresas, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas. Así pues, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa.

En el contexto de un acuerdo en el que las empresas de terceros Estados se comprometieron a no penetrar en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) y las empresas europeas se repartieron los diferentes proyectos en ese mismo mercado mediante actos colusorios positivos, la gravedad del comportamiento de las empresas de terceros Estados es comparable a la del comportamiento de las empresas europeas, ya que el hecho de que no participaran en la atribución de los proyectos en el EEE no era el resultado de su elección sino la mera consecuencia de la naturaleza de su participación en el acuerdo en cuestión.

(véanse los apartados 258 y 260 a 262)

12. En un procedimiento por infracción del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia.

El importe de la multa se fija por la Comisión en función de la gravedad de la infracción y, si procede, de su duración. La gravedad de la infracción debe apreciarse en función de criterios como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas. Deben tenerse en cuenta elementos objetivos como el contenido y la duración de los comportamientos contrarios a la competencia, su número y su intensidad, la extensión del mercado afectado y el deterioro sufrido por el orden público económico. El examen ha de tomar en consideración igualmente la importancia relativa y la cuota de mercado de las empresas responsables, así como una eventual reincidencia.

(véanse los apartados 280 y 281)

13. En cada caso concreto en el que la Comisión decide imponer multas en virtud del Derecho sobre la competencia está obligada a respetar los principios generales del Derecho, entre los que figura el principio de igualdad de trato, tal como ha sido interpretado por los órganos jurisdiccionales comunitarios. Ese principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente.

Así pues, dado que procede basarse en el volumen de negocios de las empresas implicadas en una misma infracción para determinar las relaciones entre las multas que han de imponerse, es preciso delimitar el período que debe considerarse, para que los volúmenes obtenidos sean tan comparables como sea posible. En ese aspecto, cuando la Comisión se basa en años diferentes para determinar el valor de las ventas mundiales de algunas empresas y realiza el cálculo del importe inicial de las multas que ha de imponer a éstas por el período de su participación en la infracción como empresas individuales según sus volúmenes de negocios en años diferentes, no trata de igual modo a esas empresas. Si bien el objetivo invocado por la Comisión es legítimo ya que permite comparar la capacidad para causar un perjuicio a la competencia de los accionistas de una sociedad conjunta durante el período precedente a la constitución de ésta, no puede sin embargo justificar ese trato desigual ya que la Comisión habría podido emplear otros métodos para lograr el objetivo que pretendía sin tratar a las empresas de forma desigual en lo que se refiere a la elección del año de referencia.

(véanse los apartados 282, 283, 286, 287 y 290 a 292)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 12 de julio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Reparto del mercado – Derecho de defensa – Prueba de la infracción – Infracción única y continuada – Multas – Gravedad y duración de la infracción – Motivación – Importe de partida – Año de referencia»

En el asunto T‑113/07,

Toshiba Corp., con domicilio social en Tokio, representada inicialmente por la Sra. J. MacLennan, Solicitor, y los Sres. A. Schulz y J. Borum, abogados, posteriormente por la Sra. MacLennan y el Sr. Schulz,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. F. Arbault y la Sra. J. Samnadda, posteriormente por el Sr. X. Lewis, después por los Sres. J. Bourke y F. Ronkes Agerbeek, y finalmente por los Sres. Ronkes Agerbeek y N. Khan, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas), en cuanto afecta a la demandante, y con carácter subsidiario una pretensión de modificación de los artículos 1 y 2 de dicha Decisión para que se anule o reduzca la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretario: Sra. C. Kantza, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de diciembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1. Demandante

1 La demandante, Toshiba Corp., es una sociedad japonesa activa en diferentes sectores, y en especial en el de los conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS»). Entre octubre de 2002 y abril de 2005, su actividad en materia de GIS se ejercía por una sociedad conjunta, a saber, TM T & D Corp., perteneciente a partes iguales a Toshiba Corp. y a Mitsubishi Electric Corp. (en lo sucesivo, «Melco») y disuelta en 2005.

2. Productos

2 Los GIS sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas. Se trata de material eléctrico pesado, utilizado como componente principal en las subestaciones eléctricas. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones eléctricas llave en mano o como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones.

3. Procedimiento administrativo

3 El 3 de marzo de 2004 ABB Ltd informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de los GIS y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

4 La solicitud de dispensa de las multas presentada por ABB se completó con observaciones orales y pruebas documentales. El 25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.

5 Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones en los locales de varias sociedades activas en el sector de los GIS.

6 El 20 de abril de 2006 la Comisión formuló un pliego de cargos que se notificó a 20 sociedades, entre ellas la demandante. Los días 18 y 19 de julio de 2006 la Comisión procedió a la audiencia de las sociedades a las que había enviado el pliego de cargos.

4. Decisión impugnada

7 El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 6762 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

8 En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas, para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea» que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente. Por otra parte, en los considerandos 124 a 132 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas cuotas.

9 El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre los dos grupos de productores, que estaba a cargo en particular de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá, Japón y 17 países de Europa occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores» también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas para los proyectos de GIS en Europa.

10 Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E‑Group Operation Agreement for GQ‑Agreement» (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.

11 Basándose en los hechos constatados en la Decisión y en las apreciaciones jurídicas formuladas en ella, la Comisión declaró que las empresas implicadas habían infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») y les impuso multas cuyo importe se calculó siguiendo el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas») y en la Comunicación sobre la cooperación.

12 En el artículo 1 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que la demandante había participado en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004.

13 Por la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a la demandante en el artículo 2 de la Decisión impugnada una multa de 90.900.000 euros, de los que debía pagar solidariamente con Melco 4.650.000 euros, correspondientes a la infracción competida por TM T & D.

Procedimiento y pretensiones de las partes

14 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de abril de 2007 la demandante interpuso el presente recurso. El escrito de contestación y la réplica se presentaron los días 27 de agosto y 22 de octubre de 2007.

15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de noviembre de 2007, la demandante solicitó que se dictara sentencia estimatoria en rebeldía, en virtud del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Esa solicitud fue denegada por decisión de la Sala Segunda del Tribunal de 11 de diciembre de 2007.

16 La fase escrita terminó con la presentación del escrito de dúplica el 17 de diciembre de 2007.

17 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió el 22 de septiembre de 2009 abrir la fase oral. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal se instó a la Comisión a presentar ciertos documentos y se solicitó a las partes que se manifestaran sobre la pertinencia de esos mismos documentos en relación con las alegaciones basadas en la vulneración del derecho de acceso al expediente. El Tribunal también formuló dos preguntas escritas a la Comisión, invitando a ésta a responderlas en la vista.

18 En respuesta a lo instado por el Tribunal la Comisión presentó los documentos requeridos el 26 de octubre de 2009. La demandante presentó sus observaciones sobre esos documentos el 19 de noviembre de 2009. La Comisión respondió a las observaciones de la demandante el 2 de diciembre de 2009.

19 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal se oyeron en la vista celebrada el 11 de diciembre de 2009.

20 Mediante auto de 11 de junio de 2010 el Tribunal decidió reabrir la fase oral, ordenó a la Comisión que presentara varios documentos en el marco de las diligencias de prueba previstas por el artículo 65 del Reglamento de Procedimiento y determinó la forma de su consulta por la demandante.

21 La Comisión dio cumplimiento a esa diligencia de prueba en el plazo prescrito.

22 La fase oral concluyó el 28 de julio de 2010.

23 En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que le afecta.

– Con carácter subsidiario de segundo grado, modifique los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada, anulando o reduciendo sustancialmente la multa que se le ha impuesto.

– Condene en costas a la Comisión, incluidos los gastos correspondientes a la garantía bancaria.

24 En la vista la demandante desistió de su primera pretensión, de anulación de la Decisión impugnada en su totalidad.

25 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso por infundado.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

26 En apoyo de su recurso la demandante aduce cuatro motivos. El primero se funda en que la Comisión no acreditó de forma suficiente en Derecho en la Decisión impugnada la existencia del pacto común. El segundo se basa en que la Comisión no demostró la existencia de una infracción única y continuada. El tercero se basa en la vulneración de su derecho de defensa. El cuarto se funda en que la Comisión le impuso una multa indebida.

27 La Comisión refuta el fundamento de los motivos aducidos por la demandante.

28 Hay que observar de entrada que la demandante no ha precisado qué motivos de los invocados sustentan sus diferentes pretensiones. Debe considerarse al respecto que los motivos primero, segundo y tercero se aducen por la demandante en apoyo de su pretensión de anulación de la Decisión impugnada en cuanto le afecta. En efecto, si se estimara alguno de esos motivos debería en principio anularse la Decisión impugnada en su totalidad, en cuanto afecta a la demandante. Por otro lado, el cuarto motivo atañe a la determinación de la multa impuesta a la demandante y por tanto ésta lo invoca en apoyo de su pretensión de anulación o reducción sustancial del importe de la multa que se le ha impuesto.

1. Sobre la pretensión de anulación de los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada en cuanto afectan a la demandante

29 Como quiera que la anulación de la Decisión impugnada, a causa de la vulneración del derecho de defensa de la demandante, haría superfluo el examen del fondo de esa Decisión, es preciso examinar en primer lugar el tercer motivo. Deberán examinarse después los motivos primero y segundo.

Sobre el tercer motivo, fundado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la demandante

30 La demandante afirma que se ha vulnerado su derecho de defensa. En la primera parte del motivo alega un error procedimental fundamental en lo que se refiere a la identificación de la infracción en la parte dispositiva de la Decisión impugnada. En la segunda parte alega la infracción del derecho de acceso al expediente. En la tercera mantiene que la Comisión deformó sustancialmente datos obrantes en éste.

31 La Comisión niega el fundamento de las alegaciones de la demandante.

Sobre la primera parte, basada en la insuficiente identificación de la infracción en la parte dispositiva de la Decisión impugnada

– Alegaciones de las partes

32 Según la demandante, en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada la Comisión se limitó a mencionar la participación de la demandante en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas, sin identificar una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, lo que constituye un error procedimental fundamental.

33 La Comisión rebate el fundamento de la alegación de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

34 Del artículo 1 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión declaró que las sociedades afectadas habían participado en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas contrarios al artículo 81 CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE en el sector de los GIS y precisó los períodos de tiempo correspondientes. Así pues, la parte dispositiva de la Decisión impugnada no especifica en qué consistían los acuerdos y prácticas sancionados.

35 No obstante, hay que recordar que la parte dispositiva de una decisión debe interpretarse a la luz de los motivos en que se basa (sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 761). En el presente caso, en el considerando 2 de la Decisión impugnada en particular se presenta un resumen de los elementos constitutivos de la infracción sancionada, y éstos se detallan en otros considerandos de esa decisión. Siendo así, debe considerarse que, vistos los motivos en los que se sustenta la parte dispositiva, la Comisión identificó en ésta de forma suficientemente precisa la infracción sancionada. Por tanto, se ha de desestimar la presente parte del motivo.

Sobre la segunda parte, fundada en la vulneración del derecho de acceso al expediente

– Alegaciones de las partes

36 La demandante afirma que la Comisión no le concedió acceso a todos los medios de cargo y de descargo.

37 Sobre los medios de cargo, la demandante alega que sólo tuvo acceso parcial a la respuesta de Hitachi al pliego de cargos y que no pudo tener acceso a las declaraciones de Fuji que supuestamente confirmaban las declaraciones de ABB mencionadas en el considerando 125 de la Decisión impugnada. Por tanto, estima que no pudo manifestarse ni ser oída sobre esos elementos, que en consecuencia no podían invocarse en la Decisión impugnada.

38 En lo que atañe a los medios de descargo la demandante puntualiza que, al no habérsele concedido acceso completo al expediente, no le fue posible conocer si otras partes habían presentado medios adicionales pertinentes. En cualquier caso, considera que habría debido tener acceso a la respuesta suplementaria de Hitachi Ltd al pliego de cargos, que contradice las conclusiones deducidas en la Decisión impugnada de las declaraciones de Hitachi acerca del cómputo. Alude también a las declaraciones de empleados de Melco y de Hitachi que contradicen la existencia del pacto común. Finalmente, se refiere a las declaraciones del Sr. S. presentadas por Areva, que contradicen aparentemente la teoría sobre la duración del acuerdo GQ.

39 La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

40 El respeto del derecho de defensa exige, en particular, que la persona interesada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción del Tratado (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 66).

41 Corolario del principio del respeto del derecho de defensa, el derecho de acceso al expediente implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos incluidos en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 40 supra, apartado 68).

42 A este respecto, hay que recordar que sólo al inicio de la fase contradictoria administrativa se informa a la empresa afectada, mediante el pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento, y sólo entonces dicha empresa disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. En consecuencia, la respuesta al pliego de cargos de las demás partes no está comprendida, en principio, en el conjunto de documentos del expediente de instrucción que las partes pueden consultar (sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, apartado 163).

43 Sin embargo, si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en el contexto de un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás partes implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre esta prueba. En estas circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento unido como anexo a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado en la infracción (véase la sentencia Hoechst/Comisión, apartado 42 supra, apartado 164, y la jurisprudencia citada). La jurisprudencia antes mencionada es aplicable por analogía al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

44 Por analogía, si un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o un documento adjunto a esa respuesta puede ser pertinente para la defensa de una empresa porque permite a ésta invocar datos que no concuerdan con las deducciones realizadas en esa fase por la Comisión, constituye un medio de descargo. En ese caso la empresa afectada debe tener la posibilidad de examinar el pasaje o el documento considerado y manifestarse sobre él.

45 No obstante, el mero hecho de que otras empresas invocaran los mismos argumentos que la empresa interesada y que en su caso emplearan más recursos en su defensa no basta para considerar que tales argumentos constituyan medios de descargo (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartados 353 y 355).

46 En cuanto a las consecuencias de un acceso al expediente que no se haya ajustado a esas reglas, la falta de comunicación de un documento en el que la Comisión se ha apoyado para fundamentar la imputación a una empresa sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo el documento no comunicado (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 40 supra, apartados 71 y 73).

47 Por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la eventual decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 40 supra, apartados 74 y 75).

48 La posibilidad de que un documento que no se ha comunicado pueda incidir en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión sólo puede determinarse tras un examen provisional de ciertos medios de prueba que revele que los documentos no comunicados pudieron tener, en relación con dichos medios de prueba, una importancia que no se habría debido menospreciar (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 40 supra, apartado 76).

49 En el presente asunto deben desestimarse de entrada las alegaciones de la demandante de que no tuvo acceso a la totalidad del expediente de la Comisión. En efecto, de la jurisprudencia citada en el apartado 41 supra se deduce que la protección del derecho de defensa de las personas interesadas en un procedimiento administrativo no implica que deba concederse un acceso total al expediente.

50 En lo que atañe a los medios de cargo hay que señalar que la demandante no precisa qué medios de cargo apreciados en la Decisión impugnada estaban contenidos en la parte de la respuesta de Hitachi al pliego de cargos a la que no tuvo acceso. Tampoco especifica las razones por las que el hecho de haber tenido acceso sólo parcial a dicho documento no le permitió manifestarse sobre las declaraciones de Hitachi acerca del cómputo, que constituyen el medio de cargo esencial en él. Así pues, la alegación de la demandante basada en el acceso parcial a la respuesta de Hitachi al pliego de cargos debe desestimarse.

51 Además, la Comisión reconoce que no podía apoyarse en las observaciones de Fuji que no se comunicaron a la demandante para fundamentar las imputaciones contra esta última en la Decisión impugnada, pero niega haberlas invocado efectivamente como medios de cargo.

52 No obstante, hay que observar que la Comisión se refirió en los considerandos 125 y 255 de la Decisión impugnada a las observaciones suplementarias de Fuji, en particular a las presentadas el 21 de noviembre de 2006, para confirmar la existencia del pacto común.

53 En esas circunstancias, la suerte de la alegación de la demandante depende del resultado del examen del primer motivo, referido a la prueba de la existencia del pacto común. En efecto, si se apreciara que la existencia de dicho pacto fue acreditada de forma suficiente en Derecho, incluso tras haber prescindido de las mencionadas observaciones de Fuji como medio de cargo, habría que desestimar las alegaciones de la demandante. En cambio, si se apreciara que dichas observaciones constituyen un medio necesario en apoyo de las constataciones sobre la existencia del pacto común formuladas en la Decisión impugnada sería preciso acoger la alegación de la demandante, y en consecuencia anular la Decisión impugnada en cuanto afecta a ésta.

54 Acerca de los medios de descargo, el Tribunal ha solicitado a la Comisión la presentación de todos los documentos que la demandante ha identificado con un mínimo de precisión. Dado que la solicitud formulada a la Comisión se basó en las indicaciones comunicadas por la propia demandante, no procede acoger su solicitud, contenida en las observaciones de 19 de noviembre de 2009, de que la Comisión le comunique todos los documentos presentados en respuesta a las solicitudes análogas formuladas por el Tribunal en los asuntos T‑112/07, Hitachi y otros/Comisión, y T‑133/07, Mitsubishi Electric/Comisión.

55 En lo que se refiere a los diferentes documentos presentados por la Comisión en el presente asunto, debe observarse en primer término que, en contra de lo alegado por la demandante, la respuesta suplementaria de Hitachi al pliego de cargos no desvirtúa el contenido fáctico de las declaraciones de esta última sobre el mecanismo de notificación y de cómputo. En esa respuesta suplementaria Hitachi se limitó a refutar la interpretación de esas declaraciones por la Comisión, en particular en lo que atañe a su pertinencia como prueba del pacto común y de la existencia de una infracción única que comprendía este último así como el acuerdo GQ. Pues bien, esa misma alegación ya había sido expuesta por Hitachi en el extracto de su primera respuesta al pliego de cargos, comunicado a la demandante por la Comisión. Por consiguiente, la respuesta suplementaria de Hitachi al pliego de cargos no puede considerarse como un medio de descargo cuya comunicación hubiera podido influir en el desarrollo del procedimiento y el contenido de la Decisión impugnada.

56 También se ha de señalar que la demandante se queja infundadamente en sus observaciones de 19 de noviembre de 2009 de que, a raíz de la solicitud del Tribunal a la Comisión, sólo tuvo acceso parcial a la respuesta suplementaria de Hitachi al pliego de cargos. En efecto, el carácter parcial del acceso a ese documento deriva de que en sus escritos la demandante lo identificó como un potencial medio de descargo únicamente en cuanto se refiere al mecanismo de notificación y de cómputo.

57 En segundo lugar, debe observarse que en las declaraciones escritas presentadas en noviembre de 2006 los empleados de Melco y de Hitachi niegan la existencia del pacto común y de las discusiones relativas a éste, y mencionan la existencia de barreras de entrada «elevadas» en el mercado europeo. Por otro lado, uno de los testigos de Melco señala que Fuji no participó en las negociaciones precedentes a la firma del acuerdo GQ, mientras que el otro manifiesta que en su opinión la exclusión de algunos países europeos del ámbito de aplicación del acuerdo GQ se debía al riesgo de la aplicación del Derecho sobre la competencia. Por su parte, los testigos de Hitachi relatan los detalles de una propuesta de Alstom acerca de un arreglo entre los productores europeos y japoneses presentada en julio de 2002, y del rechazo de esa propuesta por Hitachi.

58 Acerca de ello, se ha de observar que los testimonios escritos de los empleados de una sociedad, elaborados bajo el control de ésa y presentados por ella para su defensa en el procedimiento administrativo tramitado por la Comisión no pueden calificarse en principio como manifestaciones diferentes e independientes de las declaraciones de esa misma sociedad. En efecto, como regla general, la posición de una sociedad sobre la realidad de los hechos que le imputa la Comisión se apoya en primer lugar en los conocimientos y opiniones de sus empleados y directivos.

59 Por otro lado, durante el procedimiento administrativo la propia demandante refutó la existencia del pacto común y de las discusiones referidas a éste e invocó la existencia de barreras a la entrada «elevadas» en el mercado europeo. En consecuencia, el hecho de que otras empresas hayan formulado esas alegaciones no puede considerase como medio de descargo.

60 De igual forma, los detalles de la propuesta de Alstom presentada en julio de 2002 se revelaron en el pliego de cargos, en tanto que la ausencia de Fuji en las negociaciones ligadas al acuerdo GQ se menciona en el testimonio del Sr. M., al que la demandante no niega haber tenido acceso. Por tanto, esos datos no constituyen medios de descargo.

61 En cambio, no se advierte que la alegación acerca de la razón por la que algunos países europeos estaban excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo GQ haya sido aducida por la demandante, ni que ésta haya tenido acceso a un documento que la reprodujera. Así pues, el pasaje correspondiente del testimonio de uno de los empleados de Melco podría considerarse como medio de descargo. No obstante, se trata de una declaración que emana de un empleado de una de las empresas implicadas en la que ese empleado se limita a negar la existencia del comportamiento infractor, y que carece de soporte alguno. Siendo así, no cabe apreciar que la comunicación de ese medio pudiera haber influido en el desarrollo del procedimiento ni en el contenido de la Decisión impugnada.

62 En tercer lugar, hay que observar que la demandante misma reconoce en sus observaciones de 19 de noviembre de 2009 que las declaraciones del Sr. S., presentadas por Areva, confirman su propia alegación referida a la supuesta suspensión de la aplicación del acuerdo GQ entre 1999 y 2002. Del mismo modo, en contra de lo afirmado por la demandante, la alegación de que era necesario entrar en contacto con TM T & D en 2002 con vistas a la reanudación de las actividades del cartel fue expuesta en la nota explicativa de Areva acerca del funcionamiento del cartel, a la que tuvo acceso la demandante.

63 El único factor potencial de descargo contenido en las declaraciones del Sr. S. es la afirmación de que el acuerdo GQ no podía funcionar a falta de un productor importante como Siemens. No obstante, esa afirmación procedente de un empleado de una empresa a la que se imputa haber participado en la infracción no está acreditada, y la contradicen tanto las declaraciones de otras empresas implicadas como los medios documentales obtenidos por la Comisión y expuestos en los considerandos 191 a 198 de la Decisión impugnada. En consecuencia, la comunicación de ese dato no habría podido influir en el desarrollo del procedimiento ni en el contenido de la Decisión impugnada.

64 Por cuanto precede deben desestimarse las alegaciones de la demandante acerca del acceso a los medios de descargo. Sin embargo, como resulta del apartado 53 supra, la suerte de la presente parte del motivo depende del resultado del examen de las alegaciones expuestas por la demandante en su primer motivo.

Sobre la tercera parte, fundada en la deformación sustancial de los datos del expediente

– Alegaciones de las partes

65 La demandante afirma que la Comisión ha deformado sustancialmente los datos del expediente y por consiguiente ha vulnerado su derecho de defensa así como la obligación de tramitar el expediente con imparcialidad y diligencia.

66 Según la demandante, en primer término, en contra de lo manifestado en el considerando 255 de la Decisión impugnada, la empresa perteneciente al grupo del que forma parte VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (en lo sucesivo, «VA TECH») no guardó silencio acerca de la existencia del pacto común, sino que la negó expresamente en la audiencia.

67 En segundo término, la demandante refuta que en la audiencia no hubiera sido capaz de responder a las preguntas sobre los proyectos computados en la cuota prevista por el acuerdo GQ y la lista de los proyectos supuestamente notificados aportada por ABB. Con apoyo en un extracto de la transcripción de la audiencia, puntualiza que no estaba al corriente del cómputo.

68 En tercer término, la demandante mantiene que en la Decisión impugnada la Comisión afirmó erróneamente que esa parte había confirmado que el cartel GQ había continuado después del 24 de abril de 1999, a pesar de que la demandante siempre había mantenido que el cartel a escala mundial finalizó tras la interrupción de su participación por Siemens e Hitachi.

69 En cuarto término, en contra de lo afirmado por la Comisión en el considerando 306 de la Decisión impugnada, la demandante alega que no corroboró las declaraciones de Hitachi sobre la existencia de la notificación y que negó tanto la notificación como el cómputo.

70 En quinto término, la demandante mantiene que, al no haber tenido acceso a las declaraciones de las otras partes en las que la Comisión basó sus conclusiones, no puede excluir que el contenido de esas declaraciones también haya sido sustancialmente deformado en la Decisión impugnada, lo que es demás muy probable conforme a las alegaciones antes expuestas.

71 La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

72 Por un lado, debe señalarse que el principio del respeto del derecho de defensa, cuyo contenido se ha recordado en el apartado 40 supra, sólo puede vulnerarse por una deformación sustancial de los hechos cuando ésta haya afectado a la posibilidad de que la parte interesada comprenda el alcance de las imputaciones formuladas por la Comisión o aprecie los medios invocados en apoyo de ellas.

73 Ahora bien, en el presente asunto la demandante no precisa de qué manera la supuesta deformación de los hechos cometida por la Comisión ha dificultado su defensa.

74 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación basada en la vulneración del principio del derecho de defensa.

75 Por otra parte, la obligación de tramitar el expediente con imparcialidad y diligencia, que forma parte del principio de buena administración, se vulnera siempre que se deforma sustancialmente un dato de hecho. No obstante, tal vulneración sólo permite declarar la ilegalidad de la Decisión impugnada en el caso de que la Comisión no hubiera podido llegar a las mismas conclusiones si hubiera interpretado correctamente los datos de hecho en cuestión.

76 Siendo así, la interpretación de los diferentes datos de hecho que supuestamente se han deformado de forma sustancial, y las consecuencias de una deformación si en su caso fuera apreciada, se examinarán junto con los motivos de la demandante que impugnan los datos de hecho de que se trata.

77 Por cuanto antecede debe desestimarse la tercera parte del tercer motivo.

Sobre el primer motivo, fundado en que la Comisión no ha demostrado de forma suficiente en Derecho la existencia del pacto común

78 Según la jurisprudencia, incumbe a la Comisión probar las infracciones que declare y determinar los elementos probatorios aptos para demostrar de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción (véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Dresdner Bank y otros/Comisión, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP y T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, apartado 59, y la jurisprudencia citada).

79 En ese contexto, la existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa (sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 60).

80 En efecto, en esta última situación, es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal como se deriva, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que forma parte de los derechos fundamentales que constituyen principios generales del Derecho comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones de que se trata, así como la naturaleza y el grado de rigor de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (véase en ese sentido la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 61, y la jurisprudencia citada).

81 De este modo, es necesario que la Comisión se refiera a pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción. Sin embargo, debe señalarse que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartados 62 y 63, y la jurisprudencia citada).

82 Además, habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. En cualquier caso, los elementos fragmentarios y dispersos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartados 64 y 65, y la jurisprudencia citada).

83 La demandante mantiene al respecto que no ha lugar actualmente a aplicar reglas más flexibles en materia de prueba, ligadas a las dificultades a las que pudiera hacer frente la Comisión al intentar demostrar una infracción. Según esa parte, en primer lugar, el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 1, p. 1), ha reforzado las potestades del Comisión en ese ámbito. En segundo lugar, en el presente asunto la Comisión ha obtenido un número importante de medios de prueba gracias a su programa de dispensa de multas. En tercer lugar, mediante la utilización de las tecnologías modernas existen múltiples copias de los documentos relativos a los miembros del cartel en distintos ordenadores. Según la demandante, los referidos documentos pueden por tanto buscarse e identificarse con mayor facilidad y su contenido puede reconstituirse incluso tras haber sido borrados.

84 No pueden acogerse sin embargo esos argumentos de la demandante. En efecto, aunque del considerando 25 del Reglamento nº 1/2003 se deduce que el reforzamiento de los poderes de la Comisión tiene por objeto en especial permitir la detección de las infracciones del artículo 81 CE, ese reforzamiento no garantiza por sí solo que en un caso concreto podrán obtenerse con más facilidad los medios probatorios, en primer lugar. La misma apreciación es aplicable al programa de dispensa de multas, en segundo lugar. En efecto, para que puedan invocarse válidamente por la Comisión como pruebas de una infracción, los medios aportados por las empresas interesadas deben cumplir en cualquier caso los criterios jurisprudenciales aplicables. Así pues, la existencia de solicitudes de dispensa de multas no necesariamente simplifica por sí misma la función de la Comisión. En tercer lugar, el impacto de la proliferación de ficheros informáticos se contrarresta por las medidas técnicas adoptadas al respecto por los miembros del cartel. En el presente asunto, de los considerandos 173 a 175 de la Decisión impugnada resulta que las partes encriptaron los documentos pertinentes por medio de útiles informáticos y que se utilizaron buzones informáticos anónimos para las comunicaciones relativas a la actividad infractora. Por un lado, no se ha acreditado que la demandante hubiera rehusado sistemáticamente adherirse a esas medidas, ya que los datos del expediente no ponen de manifiesto una oposición duradera. Por otro, de esos mismos datos resulta que, cuando la demandante no utilizaba el encriptado y los buzones electrónicos anónimos, la comunicación con ella se realizaba por teléfono y por fax y no por correo electrónico o por otra forma de intercambio de ficheros electrónicos.

85 Por otro lado, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta en el mercado de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia comunitarias (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 186, y la jurisprudencia citada).

86 Como alega la demandante, esa regla también es aplicable cuando los medios de prueba en los que se apoya la Comisión son insuficientes. En efecto, en ese caso dichos medios no permiten acreditar la existencia de la infracción de modo inequívoco y sin necesidad de una interpretación (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Coats Holdings y Coats/Comisión, T‑36/05, no publicada en la Recopilación, apartado 74).

87 En cambio, en contra de lo alegado por la demandante, esa regla no es aplicable a todos los casos en los que una infracción se acredita por deducción a partir de otros hechos, por pruebas indirectas o por pruebas no documentales. En efecto, en lo referido a los medios de prueba que pueden invocarse para acreditar la infracción del artículo 81 CE, el principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 72). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.

88 Por consiguiente, aun si las circunstancias alegadas por la demandante, de suponerlas demostradas, pueden resultar pertinentes para la apreciación global del conjunto de indicios que invoca la Comisión, por sí solas no tienen como consecuencia permitir que la empresa interesada refute las alegaciones de la Comisión presentando una explicación alternativa de los hechos.

89 Además, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas a las que imputa haber participado en la infracción. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios al artículo 81 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 85 supra, apartado 192). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.

90 No obstante, en el caso de que una empresa a la que se imputa haber participado en una práctica colusoria formule una declaración cuya exactitud niegan varias de las demás empresas imputadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas, entendiéndose que el grado de corroboración necesario puede ser menor por la fiabilidad de las declaraciones de que se trate (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 85 supra, apartados 219 y 220).

91 En cuanto al valor probatorio de los diferentes medios de prueba, el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, citada en el apartado 87 supra, apartado 72).

92 Según las reglas generales en materia de prueba la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento depende de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y de su contenido (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartados 1053 y 1838).

93 En cuanto a las declaraciones, puede atribuirse además un valor probatorio especialmente alto a las que en primer lugar son dignas de confianza, en segundo lugar se formulan en nombre de una empresa, en tercer lugar emanan de una persona profesionalmente obligada a actuar en interés de dicha empresa, en cuarto lugar van contra los intereses del declarante, en quinto lugar provienen de un testigo directo de los hechos expuestos y en sexto lugar se manifiestan por escrito, deliberadamente y tras una profunda reflexión (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 85 supra, apartados 205 a 210).

94 Además, aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cartel ilícito, dada la posibilidad, que señala la demandante, de que tales participantes tiendan a presentar cuantos más medios de cargo puedan sobre la actividad de sus competidores, no es menos cierto que el hecho de solicitar beneficiarse de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener una dispensa o reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados de la participación de los demás miembros del cartel. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70).

95 También conviene observar al respecto que las consecuencias potenciales de la comunicación de información deformada son tanto más graves dado que la declaración de una empresa, si es rebatida. tendrá que ser corroborada, como se deduce del apartado 90 supra. En efecto, esa circunstancia eleva el riesgo de que las declaraciones inciertas sean identificadas tanto por la Comisión como por las demás empresas implicadas.

96 En lo que atañe a la aplicación de esas reglas en el presente caso, con carácter previo es preciso recordar que, según las constataciones expuestas en la Decisión impugnada, el pacto común era un pacto no escrito que comprendía en primer lugar el compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado de los proyectos de GIS en el Espacio Económico Europeo (EEE), en segundo lugar el compromiso de las empresas europeas de no penetrar en el mercado japonés de los proyectos de GIS, y en tercer lugar el compromiso de las empresas europeas de notificar a las empresas japonesas los proyectos de GIS en países europeos distintos de los países constructores y de computar esos mismos proyectos en la cuota conjunta «europea» prevista en el acuerdo GQ. Según la Comisión el objetivo del mecanismo de notificación y de cómputo era ofrecer una compensación a las empresas japonesas, consideradas como competidores potenciales en el mercado del EEE por las empresas europeas.

97 Entre los diversos componentes del pacto común enumerados en el apartado 96 supra, el supuesto compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado del EEE constituye el fundamento de la imputación que la Comisión formula contra la demandante. Por tanto, es la existencia de ese compromiso lo que debe probarse de forma suficiente en Derecho. No obstante, los demás componentes del pacto común, si están acreditados, pueden resultar pertinentes como pruebas indirectas que permiten deducir la existencia del compromiso correlativo de las empresas japonesas.

98 La demandante niega la existencia del pacto común y su participación en éste. Critica la fuerza probatoria de los diferentes medios invocados por la Comisión en la Decisión impugnada y menciona otros medios que según ella sugieren que dicho pacto no existió. La demandante considera por tanto que la Comisión estaba obligada a acoger la explicación alternativa de la ausencia de los productores japoneses del mercado de los proyectos de GIS en el EEE, ligada a la existencia de barreras jurídicas, técnicas y comerciales a la entrada en ese mismo mercado. Siendo así, al adoptar la Decisión impugnada la Comisión invirtió la carga de la prueba, infringió el principio de presunción de inocencia y excedió los límites de su competencia.

99 La Comisión mantiene que la existencia del pacto común, y en particular el compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado del EEE, está demostrada de forma suficiente en Derecho por un conjunto de pruebas que comprende pruebas documentales, declaraciones de empresas, testimonios y medios relativos al funcionamiento efectivo del cartel.

100 Es preciso por tanto valorar la fiabilidad y el contenido de los diferentes medios de prueba referidos para verificar si, considerados en conjunto, los medios invocados por la Comisión sustentan una convicción firme sobre la existencia del pacto común, que no puedan desvirtuar los medios invocados por la demandante.

101 Las alegaciones de la demandante fundadas en la vulneración del principio de presunción de inocencia y en que la Comisión excedió los límites de su competencia descansan en la premisa de que la Comisión no ha aportado la prueba de la existencia del pacto común y de la participación en él de la demandante. En consecuencia, si las alegaciones de la demandante sobre la prueba de la existencia de la infracción y de su participación en ella debieran desestimarse, ello implicaría necesariamente que las alegaciones basadas en la infracción del principio de presunción de inocencia y en que la Comisión excedió los límites de su competencia también deberían serlo. En cambio, si se apreciara que la participación de la demandante en la infracción imputada no se ha demostrado en la Decisión impugnada, esa apreciación justificaría por sí sola la anulación de ésta en lo que afecta a la demandante.

Sobre los medios aportados por ABB

– Alegaciones de las partes

102 La demandante refuta que los diferentes medios aportados por ABB constituyan una prueba del pacto común.

103 Con carácter previo la demandante alega que en términos generales los medios presentados por ABB tiene bajo valor probatorio debido a que ABB disfrutaba de una dispensa de multas condicionada. Según ella las declaraciones de ABB ya no contribuían a su propia inculpación. En cambio, ABB podría haberse inclinado en alto grado a responder a las preguntas de la Comisión de una forma que confirmara la existencia del cartel, dado que aún corría el riesgo de perder el beneficio de la dispensa si su cooperación se hubiera considerado insuficiente. Por tanto, es preciso mantener un criterio crítico acerca de los medios de prueba procedentes de ABB.

104 Por otro lado, la demandante impugna el valor probatorio de cada uno de los medios presentados por ABB, considerados por separado. En primer término la demandante afirma que la declaración de ABB de 11 de marzo de 2004, que confirmaba la existencia del pacto común, es ambigua, ya que ABB también reconoció que no existía ningún acuerdo expreso, y que el pacto común se basaba en el contexto fáctico, es decir en el hecho de que los clientes europeos sólo aceptaban limitadamente a las empresas japonesas, y éstas hacían frente a algunas dificultades técnicas y jurídicas si intentaban penetrar en el mercado europeo. Además, según ABB los productores japoneses participaban en el cartel únicamente en cuanto éste abarcaba territorios fuera del EEE.

105 En segundo término la demandante se pregunta sobre el testimonio prestado por el Sr. M., un antiguo empleado de ABB, en la entrevista que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2005. Mantiene al respecto que la voluntad de ABB de apoyar la teoría de la Comisión se manifestó en los esfuerzos de su asesor externo por orientar las declaraciones del Sr. M. para que éste reconociera que la penetración del mercado europeo por los productores japoneses podía llegar a ser rentable con el tiempo.

106 La demandante añade que el Sr. M. ya no era empleado de ABB en el momento de la entrevista, lo que implica que ya no estaba obligado a actuar en interés de ABB. Del mismo modo, el hecho de que el Sr. M. se desdijera de sus declaraciones revela la presión ejercida sobre él, antes que su voluntad de presentar informaciones precisas.

107 La demandante afirma también que las declaraciones del Sr. M. acerca de la existencia del pacto común son una «prueba de oídas» poco convincente. Según ella, el Sr. M. declaró que no estaba presente cuando se concluyó el pacto común, y que éste no se había mencionado en las reuniones en las que participó. Por tanto, esas declaraciones se basan en la opinión personal del Sr. M. sobre la existencia de un cartel. La demandante observa sobre ello que, suponiendo que hubiera existido el pacto común, sería razonable esperar que, dada su supuesta importancia, las empresas que habían presentado una solicitud de dispensa de multas hubieran aportado medios de prueba existentes al tiempo de los hechos controvertidos.

108 En cuanto al contenido de las declaraciones del Sr. M., la demandante alega que, aunque éste declaró que la conclusión de un acuerdo sobre los mercados extranjeros presuponía la existencia de un acuerdo sobre los países constructores de los diferentes participantes, el Sr. M. también explicó que, aun si era tal vez posible que los productores japoneses penetraran en el mercado europeo, ese esfuerzo no habría sido rentable sin embargo. Posteriormente, el 4 de octubre de 2005 el asesor externo de ABB presentó una nueva declaración, supuestamente aclaratoria de las precedentes declaraciones del Sr. M. y que afirmaba formalmente la existencia del pacto común. Según la demandante esos dos medios son contradictorios y en consecuencia no pueden ser invocados.

109 En tercer término la demandante sostiene que las declaraciones de los Sres. W. y P., empleados de ABB, son «vagas especulaciones», fundadas en opiniones personales sin soporte. De tal forma, cuando se interrogó al Sr. W. sobre los motivos de la abstención de los productores japoneses de participar en licitaciones de los GIS en Europa, no se refirió al pacto común. En cambio, en sus declaraciones precedentes había explicado que la existencia de las «elevadas» barreras hacía difícil la penetración en el mercado europeo.

110 La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

111 Con carácter previo, de los apartados 94 y 95 supra resulta que no es obligado tratar automáticamente con circunspección los medios aportados por una empresa que ha solicitado una dispensa de multas. En lo que atañe en particular a los testimonios, es ciertamente posible que los empleados de tal empresa, que están obligados a actuar en interés de ésta, compartan la voluntad de presentar cuantos datos de cargo sea posible, dado que su cooperación en el contexto del procedimiento también puede tener incidencia favorable en su futuro profesional. No obstante, aun siendo así los empleados de que se trata también han de ser conscientes de las potenciales consecuencias negativas de la presentación de datos inciertos, que se hacen más probables por la exigencia de corroboración.

112 En cuanto al Sr. M., la demandante alega fundadamente que un antiguo empleado ya no está obligado en principio a actuar en interés de su antigua empresa en lo que atañe a la cooperación voluntaria en un procedimiento administrativo. No obstante, esa circunstancia también implica que no tiene en principio interés en manifestar datos inciertos en ese contexto. Conviene señalar al respecto que el Sr. M. ya estaba jubilado en el momento de presentar su testimonio. Siendo así, no se aprecia que su falta de cooperación en el procedimiento administrativo hubiera tenido consecuencias desfavorables para él.

113 Por otro lado, no cabe considerar que los medios aportados por ABB no pudieran producir efectos perjudiciales para ésta. En efecto, dado que esos medios fueron aportados antes del envío del pliego de cargos, ni ABB ni sus empleados y su antiguo empleado podían tener certeza sobre la amplitud y el contenido exacto de los cargos que se iban a imputar a ABB.

114 En cuanto a los diferentes medios invocados por la demandante, en primer lugar, en sus observaciones de 11 de marzo de 2004, es decir antes de que se le concediera la dispensa condicionada, ABB mencionó expresamente la existencia de un pacto común en virtud del cual las sociedades japonesas no presentarían ofertas para los proyectos europeos, ni las sociedades europeas lo harían para los proyectos japoneses.

115 ABB manifestó ciertamente que el pacto común se basaba en la circunstancia de que los productores japoneses no eran bien admitidos por los clientes europeos y tenían que hacer frente a ciertos obstáculos en el mercado europeo. No obstante, de sus observaciones de 11 de marzo de 2004 se deduce inequívocamente que según ABB las empresas japonesas implicadas no se limitaron a advertir la existencia de esos obstáculos sino que se comprometieron con sus homólogos europeos a no penetrar en el mercado del EEE. Así pues, las barreras a la entrada en dicho mercado constituían un factor que llevó a concluir dicho pacto. Por otro lado, conviene observar que esa apreciación no es paradójica ya que es normal que un productor, en el contexto de un reparto de mercados, como el que alega la Comisión en el presente caso, ceda a sus competidores los mercados en los que su posición es débil.

116 Además, es verdad que ABB declaró que no existía ningún acuerdo expreso con los productores japoneses sobre la manipulación de las licitaciones, sobre la fijación de los precios y sobre el reparto de los proyectos en el EEE. Sin embargo, entendida en su contexto, esa declaración se refiere al reparto de los mercados nacionales entre los productores europeos o al reparto de proyectos de GIS en el EEE. No contradice por tanto la existencia del compromiso general de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado del EEE, claramente manifestado por ABB. Por otra parte, no cabe apreciar ninguna incoherencia en las declaraciones de ABB. En efecto, dado que según ABB las empresas japonesas se habían comprometido a no penetrar en el mercado del EEE, no habría sido de utilidad para ellas concluir acuerdos detallados con los productores europeos acerca del reparto de proyectos de GIS en ese mismo mercado.

117 Por cuanto antecede, se ha de concluir que las declaraciones de ABB de 11 de marzo de 2004 no son ambiguas y que constituyen indicios de la existencia del pacto común.

118 En segundo lugar, debe apreciarse que el asesor externo de ABB intervino en un momento preciso de la entrevista con el Sr. M. para sugerir a éste que podía ser rentable para los productores japoneses penetrar en el mercado europeo, de lo que el Sr. M. no parecía convencido. Por tanto, debe considerarse que el Sr. M. manifestaba dudas sobre el interés comercial de esa actuación, y tener presente esa circunstancia al apreciar el contenido de su testimonio. No obstante, la demandante no explica en qué grado esa intervención del asesor externo de ABB afecta a la credibilidad del testimonio del Sr. M. sobre otros aspectos.

119 Además, la demandante mantiene fundadamente que el testimonio del Sr. M. no parece ser el resultado de una profunda reflexión y que tampoco fue revisado tras reflexión y verificación adicionales. En efecto, el testimonio se prestó oralmente y no hay indicación alguna de que la Comisión hubiera formulado previamente preguntas escritas al Sr. M. ni de que las declaraciones sobre el pacto común y las barreras a la entrada en el mercado del EEE hubieran sido verificadas y revisadas posteriormente por su autor.

120 Sin embargo, la demandante no presenta medios que permitan pensar que las eventuales revisiones de las declaraciones del Sr. M. hubieran sido motivadas por presión alguna que éste hubiera sufrido.

121 La alegación de la demandante de que el testimonio del Sr. M. no es más que una «prueba de oídas» debe desestimarse. En efecto, el Sr. M. fue uno de los representantes de ABB en el cartel entre 1988 y 2002, esto es durante casi todo el tiempo de su funcionamiento, en tanto que la propia ABB era uno de los principales actores. Por tanto, el Sr. M. fue un testigo directo y privilegiado de las circunstancias que relató.

122 Debe constatarse al respecto que el Sr. M. confirmó en su testimonio que no estaba presente cuando se concluyó el pacto común. De igual forma, al ser interrogado sobre si la cuestión del pacto común se había suscitado en reuniones a las que había asistido, el Sr. M. respondió que no era necesario hacerlo ya que el pacto común se tenía por evidente. Sin embargo, esas circunstancias no desvirtúan el valor probatorio del testimonio del Sr. M. En efecto, un testigo puede ciertamente aportar la prueba de un hecho duradero aunque no haya asistido a su comienzo, por una parte. Por otra, si bien el Sr. M. declaró que la cuestión del pacto común no se había discutido expresamente en las reuniones en las que había participado, de su testimonio resulta que a su juicio ello fue así porque el contenido de ese pacto era comprendido, aceptado y puesto en práctica por los participantes en el cartel sin que fuera precisa una discusión expresa.

123 En ese contexto, debe observarse que el compromiso de un grupo de productores de no penetrar en el mercado reservado al otro grupo, como el compromiso imputado por la Comisión a los productores japoneses, descansa en un concepto sencillo que puede llevarse a la práctica con facilidad. De igual modo, esa puesta en práctica no necesita en principio una interrelación entre las empresas interesadas. Por consiguiente, tal compromiso puede existir ciertamente como un pacto no escrito, lo que también permite reducir el riesgo de que sea descubierto. En ese aspecto la Comisión indicó en los considerandos 170 a 176 de la Decisión impugnada que en el presente caso los participantes en el cartel adoptaron una serie de precauciones organizativas y técnicas para evitar su divulgación.

124 En lo que atañe al contenido del testimonio del Sr. M., éste declaró que existía entre los productores europeos y japoneses un pacto relativo a la protección mutua de los mercados domésticos, anterior al acuerdo GQ, que ese pacto era una condición necesaria para la conclusión de los acuerdos relativos a otras regiones y que el respeto de sus reglas implicaba que los productores japoneses no penetraran en el mercado doméstico de los productores europeos, aun cuando eran capaces de hacerlo en el plano técnico. El Sr. M. también explicó en ese contexto el mecanismo de notificación y de cómputo así como el hecho de que los proyectos de GIS en los países constructores no eran objeto de discusiones entre los dos grupos de productores ni se imputaban en las cuotas previstas por el acuerdo GQ.

125 Además, como se ha señalado en el apartado 118 supra, el Sr. M. no estaba convencido del interés comercial de las empresas japonesas en penetrar en el mercado europeo de los proyectos de GIS. No obstante, la opinión del Sr. M., compartida por el Sr. P., no desvirtúa el hecho de que, tanto según los cuatro testigos de ABB como la propia ABB, las empresas japonesas se habían comprometido a no penetrar en el mercado del EEE pese a que eran capaces de hacerlo en el plano técnico.

126 También es preciso observar al respecto que la posible falta de interés comercial de los productores japoneses en penetrar en el mercado del EEE en un momento dado no priva de objeto a la existencia de un acuerdo como el pacto común. En efecto, dicho pacto puede eliminar el riesgo residual de la penetración futura en los mercados afectados en caso de cambio de la situación competitiva y garantizar así una seguridad a largo plazo para los dos grupos de productores, al estabilizar sus respectivas posiciones privilegiadas, por un lado. Por otro, puede constituir la base de una confianza mutua entre los dos grupos. Pues bien, según las declaraciones del Sr. M., esa confianza era necesaria para poner en práctica el cartel a escala mundial.

127 Por cuanto precede, hay que estimar que el testimonio del Sr. M. constituye un indicio de la existencia del pacto común.

128 En tercer término, en contra de lo afirmado por la demandante, el Sr. Wi. declaró que la ausencia de las empresas japonesas del mercado europeo era la consecuencia de un sistema de protección de los mercados japonés y europeo, motivado por el hecho de que cada uno de los dos grupos de productores no deseaba que el otro grupo operase en su mercado doméstico. De igual modo, el Sr. P. se refirió espontáneamente a un acuerdo común con las empresas japonesas en virtud del cual estas últimas no iban a intervenir en el mercado europeo y las empresas europeas no iban a actuar en el mercado japonés. Así pues, los testimonios de los Sres. Wi. y P. no pueden calificarse como «vagas especulaciones», sino que constituyen al contrario medios confirmatorios de la existencia del pacto común.

129 La misma apreciación es aplicable también al último testimonio presentado a iniciativa de ABB, prestado por el Sr. V.‑A. Preguntado por la existencia de algún pacto entre los productores europeos y japoneses, el Sr. V.‑A. mencionó la existencia de un acuerdo entre los productores japoneses y europeos conforme al cual las empresas europeas no iban a «atacar» a las empresas japonesas en el mercado japonés, y viceversa. Además, el Sr. V.‑A. manifestó haber participado en una discusión explícita entre las empresas europeas y el representante de una empresa japonesa sobre el respeto de ese acuerdo, suscitada por tentativas de las empresas japonesas de penetrar en el mercado europeo.

130 Como conclusión, debe apreciarse que las declaraciones y testimonios aportados por ABB constituyen medios aptos para demostrar la existencia del pacto común, dado que se menciona la existencia de éste, se describe su contenido esencial y se ofrecen indicaciones sobre su duración y sus participantes.

131 Del mismo modo, los medios aportados por ABB son coherentes acerca de la existencia y el contenido sustancial del pacto común. Aunque exista una divergencia referida al interés comercial de las empresas japonesas en penetrar en el mercado europeo, esa circunstancia carece de pertinencia en el presente caso, considerando las declaraciones sobre la existencia del pacto común, como se ha expuesto en el apartado 125 supra.

132 Además, las declaraciones de ABB se formularon en nombre de una empresa y de su contenido se deduce que se basaban en averiguaciones internas y en discusiones con empleados de esa empresa. En consecuencia se les debe reconocer un cierto grado de valor probatorio.

133 Las declaraciones formuladas por los cuatro testigos considerados son creíbles, ya que provienen de testigos directos de los hechos que relatan, y de las circunstancias del caso no se deduce que esos testigos hayan tenido motivación alguna para presentar datos deformados. Así pues, se les debe reconocer un alto valor probatorio.

134 No obstante, en virtud de la jurisprudencia expuesta en el apartado 90 supra, en cualquier caso el contenido de las declaraciones y testimonios aportados por ABB se debe corroborar por otros medios.

Sobre la corroboración de los medios aportados por ABB

– Alegaciones de las partes

135 La demandante afirma que en la Decisión impugnada la Comisión no ha puesto de manifiesto medios suficientes que corroboren los medios aportados por ABB, ni se refiere en particular a ningún medio de prueba existente al tiempo de los hechos controvertidos.

136 En primer lugar, la alegación de Fuji de que era consciente del pacto común, manifestada en su respuesta al pliego de cargos, no está acreditada ni explicada, y por tanto constituye sólo una tesis unilateral por su parte. Además, no especifica si era la única parte en el supuesto pacto, si se trataba de un pacto de los productores europeos o bien si los productores japoneses también estaban implicados. Además, en su solicitud de dispensa de multas de 11 de julio de 2006 Fuji no mencionó la existencia del pacto común. Éste tampoco fue mencionado en los cinco testimonios de los empleados de Fuji presentados por ésta.

137 Según la demandante, las declaraciones posteriores de Fuji que supuestamente corroboraban la existencia del pacto común, y en especial su declaración de 21 de noviembre de 2006, no le fueron comunicadas, y no pueden tomarse en consideración por tanto.

138 Por otro lado, el bajo valor probatorio de los medios aportados por Fuji se confirma por el hecho de que ésta no disfrutó de dispensa alguna de multas por parte de la Comisión a cambio de la comunicación de dichos medios.

139 En segundo lugar, en cuanto a la apreciación de que Alstom y Areva no negaron la existencia del pacto común y de que VA TECH no la refutó abiertamente, la demandante mantiene que la asimilación del silencio a una confesión constituiría una vulneración del derecho a no autoinculparse y de los principios fundamentales en materia de prueba. Por otro lado, desde el punto de vista práctico la existencia del pacto común carecía en grado amplio de pertinencia para los productores europeos, y su silencio era por tanto previsible. En el orden procedimental la demandante señala que al no haber tenido acceso a los escritos de que se trata no pudo verificar el fundamento de la alegación de la Comisión. Además, la demandante considera que VA TECH refutó efectivamente la existencia del pacto común.

140 En tercer lugar, la demandante alega que su mera participación en las reuniones con productores europeos en el contexto del acuerdo GQ carece de pertinencia acerca de la existencia del pacto común.

141 La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal

142 En primer lugar, en lo que atañe a los medios aportados por Fuji, de los anteriores apartados 51 a 53 resulta que las observaciones que no se comunicaron a la demandante, y en especial las observaciones de Fuji de 21 de noviembre de 2006, no pueden invocarse como medio de cargo. Por tanto, esas observaciones no pueden confirmar el contenido de los medios aportados por ABB.

143 En cambio, en su respuesta al pliego de cargos, cuyo pasaje pertinente se comunicó a la demandante, Fuji declaró que estaba al corriente del pacto común en virtud del cual los productores japoneses no intentarían penetrar en el mercado europeo, precisando que la principal razón de la ausencia de Fuji del mercado del EEE consistía en que no era un proveedor significativo probable de los GIS en Europa.

144 Se ha de constatar que esa declaración es algo vaga ya que Fuji se limita a mencionar el compromiso de los productores japoneses de no penetrar en el mercado europeo. No obstante, Fuji corrobora así el aspecto esencial derivado de los datos aportados por ABB e imputado por la Comisión a los productores japoneses. Por tanto, la declaración considerada no carece de pertinencia en el presente caso. Ello es tanto más cierto dado que la limitada amplitud del conocimiento de Fuji puede explicarse por su papel secundario dentro del cartel y en particular por el hecho, como resulta del considerando 150 de la Decisión impugnada, de que Fuji era la única empresa japonesa que no era miembro del comité del grupo de los productores japoneses, responsable en especial de la concertación entre los dos grupos de productores en el contexto del acuerdo GQ.

145 En lo que se refiere a los empleados de Fuji, conviene observar que no han negado la existencia del pacto común, sin que sólo han guardado silencio sobre ello. Así pues, el contenido de las declaraciones de los empleados de Fuji no desvirtúa el valor probatorio de la declaración de Fuji en su respuesta al pliego de cargos.

146 En cuanto al contenido de la solicitud de dispensa de multas, conforme al apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación, para que la Comisión pueda conceder una reducción de la multa los medios de prueba de que se trate deben presentar un valor probatorio significativo en relación con los que ya están en poder de la Comisión. Por consiguiente, es legítimo que en una solicitud de dispensa o reducción de multas presentada después de la respuesta al pliego de cargos la empresa que desea obtener una reducción de la multa se centre en los aspectos que a su parecer no se han acreditado de forma suficiente en Derecho hasta el momento, para aportar un valor añadido significativo. Pues bien, esa circunstancia puede explicar que la empresa interesada omita los aspectos que considera acreditados sin duda alguna por los datos previamente comunicados.

147 De igual modo, vista la redacción del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación, no puede excluirse que la presentación de datos provistos de cierto valor probatorio, pero referidos a hechos que ya están demostrados por otros medios, no dé lugar a ninguna reducción.

148 En segundo lugar, del extracto de la transcripción de la audiencia de VA TECH resulta que ésta negó expresamente en esa audiencia la existencia del pacto común. Por tanto, la alegación contraria de la Comisión carece de fundamento de hecho.

149 En lo que atañe a la posición supuestamente neutra de Alstom y de Areva, la Comisión afirma que no se basó en esa circunstancia para deducir la existencia del pacto común sino que se limitó a constatarla. Aunque esa interpretación se confirma por el texto del considerando 125 de la Decisión impugnada, en el que no se reconoce ningún valor confirmativo a la posición de Alstom, de Areva y de VA TECH, en contra de las declaraciones de Fuji que confirmaban la existencia del pacto común, se desvirtúa en cambio por el considerando 255 de dicha Decisión, en el que la Comisión se refiere al reconocimiento implícito de la existencia del pacto común por algunos productores europeos. En cualquier caso, la posición neutra de Alstom y de Areva no puede interpretarse como una prueba de la existencia del pacto común. En efecto, considerando la carga de la prueba que incumbe a la Comisión en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, la falta de impugnación de un hecho por una empresa no demuestra ese hecho.

150 En tercer lugar, como alega la demandante, el mero hecho de que ella participara en las reuniones del acuerdo GQ no constituye una prueba de la existencia del pacto común. En efecto, la cuestión pertinente es determinar si ese pacto se puso en práctica por los diferentes participantes al mismo tiempo que el acuerdo GQ y en conexión con éste, según afirma la Comisión.

151 En cuarto lugar, del considerando 127 de la Decisión impugnada resulta que en la reunión de 10 de julio de 2002 durante la que se discutió la evolución de los métodos de funcionamiento del cartel después de que Siemens y la empresa Hitachi hubieran reanudado su participación en ese cartel, Alstom presentó una propuesta según la cual los productores europeos debían permanecer en Europa y los productores japoneses en Japón, sin intentar penetrar en el mercado europeo. Además, en ese considerando se puntualiza que en la siguiente reunión el 15 de julio de 2002 el representante de la empresa Hitachi había indicado que esta última rechazaba esa propuesta, que los productores europeos habían reaccionado manifestando que Europa, incluida Europa central y oriental, er