De reiterada jurisprudencia resulta que, teniendo en cuenta su naturaleza y su sistema, los acuerdos OMC no forman parte en principio de las normas en relación con las que puede ser controlada la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión (véanse, en particular, las sentencias de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C‑149/96, EU:C:1999:574, apartado 47; de 1 de marzo de 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, apartado 39, y de 4 de febrero de 2016, C & J Clark International y Puma, C‑659/13 y C‑34/14, EU:C:2016:74, apartado 85).

El Tribunal de Justicia únicamente ha reconocido en dos supuestos excepcionales, que guardan relación con la voluntad del legislador de la Unión de limitar él mismo su margen de maniobra en la aplicación de las normas de la OMC, que corresponde al juez de la Unión controlar en su caso la legalidad de un acto de la Unión y de los actos adoptados para su aplicación en relación con los acuerdos OMC o con una resolución del OSD que declara el incumplimiento de dichos acuerdos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, apartado 40).

Se trata, en primer lugar, del supuesto en que la Unión haya pretendido cumplir una obligación concreta asumida en el marco de esos acuerdos y, en segundo lugar, del supuesto en que el acto del Derecho de la Unión de que se trate se remita expresamente a disposiciones específicas de esos mismos acuerdos (sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, apartado 41 y jurisprudencia citada).

Por tanto, procede determinar a la luz de estos criterios si, en el presente asunto, la validez de los Reglamentos controvertidos puede examinarse en relación con el artículo VI del GATT de 1994 y la resolución del OSD de 28 de julio de 2011.

Procede señalar antes de nada que el Reglamento n.o 91/2009 controvertido en el litigio principal no se remite expresamente a disposiciones específicas del artículo VI del GATT de 1994 y que de él no se deduce que, al ser adoptado, el Consejo hubiese pretendido cumplir una obligación concreta asumida en el marco de dicho acuerdo o, más genéricamente, de los acuerdos OMC.

Por otra parte, aunque los Reglamentos de Ejecución n.os 924/2012 y 2015/519 concretan en cierta medida la voluntad de la Unión de dar respuesta a la resolución del OSD de 28 de julio de 2011 —habida cuenta del carácter excepcional de los supuestos que permiten un control de legalidad en relación con las normas procedentes de la OMC, como se ha recordado en el apartado 47 de la presente sentencia—, ello no basta para considerar que, adoptando dichos Reglamentos, la Unión pretendiese cumplir una obligación concreta asumida en el marco de la OMC que justifique una excepción a la imposibilidad de invocar normas de la OMC ante el juez de la Unión y que permita que este ejerza el control de la legalidad de los actos de la Unión controvertidos en relación con las citadas normas (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, apartados 42 a 48, y de 4 de febrero de 2016, C & J Clark International y Puma, C‑659/13 y C‑34/14, EU:C:2016:74, apartados 93 a 98).

En estas circunstancias, no cabe considerar que la legalidad de los Reglamentos controvertidos pueda apreciarse en relación con el artículo VI del GATT de 1994 o con la resolución del OSD de 28 de julio de 2011.

(véanse los apartados 44, 47 a 50, 52 y 56)