Asunto T-170/06

Alrosa Company Ltd

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado mundial de producción y suministro de diamantes en bruto — Decisión que convierte en obligatorios los compromisos propuestos por la empresa en posición dominante — Artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 — Principio de proporcionalidad — Libertad contractual — Derecho a ser oído»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 11 de julio de 2007 II - 2607

Sumario de la sentencia

Una decisión de la Comisión que convierte en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa en posición dominante que versan sobre la limitación seguida del cese de sus relaciones contractuales con otra empresa, afecta a esta última directa e individualmente, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, en la medida en que la decisión de que se trata produce efectos directos e inmediatos sobre su situación jurídica, la menciona en sus disposiciones, fue adoptada al término de un procedimiento en el que ella participó de manera determinante, puede afectar sustancialmente a su posición competitiva en el mercado de referencia y pretende poner fin a la prolongada relación comercial que mantiene con dicha empresa. (véanse los apartados 38 a 40)

Una decisión de la Comisión que convierte en obligatorios los compromisos propuestos por unas empresas con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 1/2003, pone fin al procedimiento de comprobación y de sanción de una infracción a las normas sobre la competencia. Por tanto, tal decisión no puede considerarse una simple aceptación por la Comisión de una propuesta libremente formulada por un socio de negocios, sino que constituye una medida obligatoria que pone fin a una infracción o a una posible infracción, a propósito de la cual la Comisión hace uso de todas las prerrogativas que le confieren los artículos 81 CE y 82 CE, sin perjuicio de la particularidad de que la presentación de propuestas de compromisos por las empresas afectadas la dispensa de proseguir el procedimiento reglamentario establecido en el artículo 85 CE y, en particular, de demostrar la infracción. Una decisión adoptada con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 1/2003, al convertir en obligatorio un determinado comportamiento de un operador frente a terceros, puede producir indirectamente efectos jurídicos erga omnes que la empresa afectada, por sí sola, no podría generar; por tanto, la Comisión es su única autora, puesto que otorga fuerza vinculante a los compromisos propuestos por la empresa afectada, y sólo ella asume la responsabilidad de la misma. En efecto, la Comisión no esta obligada en modo alguno a tener en cuenta las propuestas de compromisos presentadas por las empresas afectadas, y menos aún a tenerlas en cuenta tal como se le han presentado. Por otra parte, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 1/2003 no se opone a que tal decisión pueda adoptarse por un período de tiempo indeterminado. Además, el principio de proporcionalidad, aunque no se mencione en el artículo 9 del Reglamento no 1/2003, es un principio general del Derecho comunitario que la Comisión está obligada a respetar cuando, sobre la base de este artículo, adopta decisiones que convierten en obligatorios los compromisos propuestos por las empresas. (véanse los apartados 87, 88, 91 y 92)

La Comisión, a pesar del margen de apreciación de que dispone para optar entre adoptar una decisión con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1/2003 o a su artículo 9, apartado 1, y el carácter voluntario de los compromisos propuestos por las empresas en el marco de esta última disposición, está obligada a respetar el principio de proporcionalidad cuando decide convertir en obligatorios tales compromisos. Puesto que el control de la proporcionalidad de una medida es un control objetivo, el carácter adecuado y necesario de la decisión de la Comisión debe ser apreciado en relación con la finalidad perseguida por ésta, que consiste, en el marco del artículo 7, del Reglamento no 1/2003, en poner fin a la infracción constatada y, en el marco del artículo 9 del mismo Reglamento, en responder a las inquietudes que la Comisión ha expresado en su evaluación preliminar. Aunque en el marco de dicho artículo 9, apartado 1, a diferencia de las Decisiones adoptadas en aplicación del artículo 7, apartado 1, la Comisión no está obligada a demostrar formalmente la existencia de una infracción, sí debe al menos demostrar que existen motivos reales de inquietud sobre la competencia que justifican que se disponga a adoptar una decisión con arreglo a los artículos 81 CE y 82 CE y que permitan obligar a la empresa afectada a respetar determinados compromisos, lo que presupone un análisis de mercado y una descripción de la infracción que, aunque menos definitivos que en el marco de aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1/2003, deben ser suficientes para permitir un control del carácter adecuado del compromiso. En consecuencia, la Comisión sólo puede adoptar, sin rebasar las facultades que le confieren tanto las normas sobre la competencia del Tratado como el Reglamento no 1/2003, bien sobre la base del artículo 7, apartado 1 o del artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento, una decisión que prohíba absolutamente toda relación comercial futura entre dos empresas, cuando dicha decisión sea necesaria para restablecer la situación anterior a la infracción. Además, el grado de control del Tribunal de Primera Instancia sobre los análisis efectuados por la Comisión sobre la base de las normas sobre la competencia del Tratado depende de la existencia, implícita en cada decisión considerada, de un margen de apreciación justificado por la complejidad de las normas de carácter económico que deben aplicarse. A este respecto, aunque el análisis efectuado por la Comisión, tanto en el marco del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1/2003 como en el de su artículo 9, apartado 1, puede requerir complejas apreciaciones económicas, no se permite que, a falta de éstas, el control ejercido por el Tribunal de Primera Instancia respecto de las Decisiones de la Comisión se limite, en todo caso, al error manifiesto de apreciación. (véanse los apartados 95 a 97, 99, 100, 103 a 105 y 107 a 110)

En el marco del examen de la proporcionalidad, la necesidad de una decisión de la Comisión que convierte en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa en posición dominante que versan sobre la limitación seguida del cese de sus relaciones contractuales debe apreciarse a la vista de sus objetivos, tales como el cese de las prácticas que impiden a la empresa afectada con la que contrata posicionarse como competidor efectivo en el mercado de referencia y abrir el acceso de los terceros a una fuente alternativa de abastecimiento. En particular, el respeto al principio de proporcionalidad exige que la institución, cuando existan medidas menos coercitivas que las que pretende convertir en obligatorias y le sean conocidas, examine si son aptas para responder a las inquietudes que justifican su actuación, antes de optar, si estas medidas resultan inadecuadas, por la fórmula más coercitiva. En este sentido, aunque la Comisión no debe suplantar a las partes modificando los compromisos que proponen con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 1/2003 para hacer que respondan a las inquietudes formuladas en el marco de su evaluación preliminar, tiene la posibilidad de convertir en obligatorios una parte de los compromisos propuestos, o en una determinada medida. Sin embargo, la Comisión tampoco puede sugerir a las partes que le presenten compromisos que vayan más allá de una decisión que pudiera adoptar con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1/2003. Únicamente circunstancias excepcionales, tales como una posición dominante colectiva de las empresas afectadas, pueden justificar que una decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 1/2003 prohíba a las empresas de forma absoluta y definitiva entablar relaciones contractuales entre ellas. Por tanto, en ausencia de tales circunstancias, una decisión de la Comisión que impone el cese de toda relación comercial directa o indirecta entre dos empresas, por un período de tiempo indeterminado, viola el principio de proporcionalidad. (véanse los apartados 112, 119 a 121, 131 y 139 a 141)

Puesto que el objeto del artículo 82 CE no es prohibir las posiciones dominantes, sino únicamente el abuso de las mismas, la Comisión no puede exigir que una empresa dominante se abstenga de efectuar adquisiciones que le permitan conservar o reforzar su posición en el mercado, si ésta no recurre, con tal motivo, a métodos incompatibles con las normas sobre la competencia. Las responsabilidades particulares que incumben a una empresa que ocupa tal posición no pueden llevar a exigir que se cuestione incluso la propia existencia de la posición dominante. (véase el apartado 146)