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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 26/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 20 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’Agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL

(Asunto C-40/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Unión aduanera y Arancel Aduanero Común - Franquicia de los derechos de importación - Animales especialmente preparados para ser utilizados en laboratorio - Establecimiento público o de utilidad pública, o privado autorizado - Importador que tenga como clientes a tales establecimientos - Envases - Jaulas para el transporte de animales))

(2015/C 026/10)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’Agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Demandada: Utopia SARL

Fallo

1) El artículo 60 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, debe interpretarse en el sentido de que, si los animales especialmente preparados para ser utilizados en laboratorio que un importador introduce en el territorio de la Unión Europea se destinan a un establecimiento público o de utilidad pública, o privado autorizado, cuya actividad principal sea la enseñanza o la investigación científica, el importador podrá disfrutar de la franquicia de derechos de importación prevista en el citado artículo para esa clase de mercancías aunque el propio importador no sea un establecimiento de esa naturaleza.

2) La regla general 5, letra b), de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, tal y como fue modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que las jaulas que sirven para el transporte de animales vivos destinados a la investigación en laboratorio no están comprendidas en la categoría de los envases que deben clasificarse con las mercancías que contienen.

(1) DO C 102, de 7.4.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 198/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Karoline Gruber/Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Asunto C-570/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 2011/92/UE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente - Construcción de un centro comercial - Efecto vinculante de una resolución administrativa por la que se decide no llevar a cabo una evaluación de las repercusiones - Falta de participación del público))

(2015/C 198/10)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Karoline Gruber

Demandada: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Fallo

El artículo 11 de la Directiva 2011/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una decisión administrativa por la que se declara que para un determinado proyecto no es preciso realizar una evaluación de impacto ambiental, tiene también efectos vinculantes para los vecinos que no están legitimados para recurrir contra la citada decisión administrativa, siempre que dichos vecinos, que forman parte del «público interesado» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, reúnan los criterios previstos por el Derecho nacional en cuanto al «interés suficiente» o al «menoscabo de un derecho». Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si se cumple dicho requisito en el asunto pendiente ante él. En caso de respuesta afirmativa, debe declarar que una decisión administrativa de no efectuar esa evaluación carece de efecto vinculante respecto a tales vecinos.

(1) DO C 24, de 25.1.2014.
1)

El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que el residente de un Estado miembro, que está comprendido en el ámbito de aplicación de ese Reglamento y que trabaja durante varios días al mes en virtud de un contrato de trabajo eventual en el territorio de otro Estado miembro, está sometido a la legislación del Estado de empleo tanto durante los días en los que ejerce una actividad por cuenta ajena como durante los días en que no la ejerce.
1)

El artículo 1, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, y los artículos 2, 44, apartado 1, y 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen en principio a que se declare la ilegalidad de la evaluación de las ofertas de los licitadores por el mero hecho de que el adjudicatario del contrato haya tenido vínculos significativos con expertos nombrados por el poder adjudicador que hayan evaluado las ofertas. El poder adjudicador está obligado, en cualquier caso, a comprobar la existencia de eventuales conflictos de intereses y a tomar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y poner remedio a los conflictos de intereses. En el marco del examen de un recurso dirigido a obtener la anulación de la decisión de adjudicación debido a la parcialidad de los expertos, no puede exigirse al licitador excluido que demuestre concretamente la parcialidad del comportamiento de los expertos. Corresponde, en principio, al Derecho nacional determinar si —y en qué medida— las autoridades administrativas y judiciales competentes deben tener en cuenta la circunstancia de que una eventual parcialidad de los expertos haya tenido o no incidencia en la decisión de adjudicación del contrato. El artículo 1, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2007/66, y los artículos 2, 44, apartado 1, y 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18 deben interpretarse en el sentido de que exigen que un derecho de recurso relativo a la legalidad de la licitación sea accesible, tras el vencimiento del plazo previsto por el Derecho nacional, a un licitador razonablemente informado y normalmente diligente que no pudo comprender las condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder adjudicador, tras haber evaluado las ofertas, informó exhaustivamente sobre los motivos de su decisión. Tal derecho de recurso podrá ejercitarse hasta que finalice el plazo de recurso contra la decisión de adjudicación del contrato.
3)

El artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una acción que tiene por objeto que se declare la responsabilidad del emisor de un certificado por el folleto relativo a éste y por el incumplimiento de otras obligaciones jurídicas de información que incumben a dicho emisor, siempre que esta responsabilidad no esté incluida en la materia contractual, en el sentido del artículo 5, punto 1, de dicho Reglamento. En virtud del punto 3 del mismo artículo, los tribunales del domicilio del demandante son competentes, en razón de la materialización del daño, para conocer de tal acción, en particular, cuando el daño alegado se materializa directamente en una cuenta bancaria que el demandante tiene en un banco establecido en el territorio de estos tribunales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Asunto C-349/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Impuestos especiales - Directivas 92/12/CEE y 2008/118/CE - Ámbito de aplicación - Aceites minerales y productos energéticos - Aceites lubricantes utilizados para fines distintos de los de carburante de automoción o combustible para calefacción - Exclusión - Impuesto especial aplicado sobre el consumo de productos energéticos, fijado por un Estado miembro conforme a las normas propias del régimen de los impuestos especiales armonizados - Concepto de «formalidades relativas al cruce de fronteras» - Artículo 110 TFUE - Plazo de pago más corto en determinados casos para las adquisiciones intracomunitarias que para los productos adquiridos en el mercado nacional))

(2015/C 118/06)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Minister Finansów

Demandada: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Fallo

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los productos que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dichas Directivas, como los aceites lubricantes utilizados para fines distintos de los de carburante de automoción o combustible para calefacción, estén sujetos a un impuesto que se rige por reglas idénticas a las relativas al régimen de los impuestos especiales armonizados establecido por dichas Directivas, siempre que el hecho de gravar tales productos mediante el mencionado impuesto no dé lugar, en el comercio entre los Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

(1) DO C 274, de 21.9.2013.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci y otros

(Asunto C-171/13) (1)

(Procedimiento prejudicial - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Seguridad social de los trabajadores migrantes - Supresión de las cláusulas de residencia - Prestaciones complementarias concedidas con arreglo a la normativa nacional - Requisito de residencia - Aplicación a los antiguos trabajadores turcos - Nacionales turcos que han adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida)

(2015/C 073/04)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Recurridas: M.S. Demirci, D. Cetin, A.I. Önder, R. Keskin, M. Tüle, A. Taskin

Fallo

Las disposiciones de la Decisión no 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, examinadas también a la luz del artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, deben interpretarse en el sentido de que los nacionales de un Estado miembro que han formado parte, como trabajadores turcos, del mercado legal de trabajo de ese Estado no pueden, por haber conservado la nacionalidad turca, invocar el artículo 6 de la Decisión no 3/80 para oponerse a un requisito de residencia establecido por la normativa de dicho Estado para el pago de una prestación especial de carácter no contributivo, en el sentido del artículo 4, apartado 2 bis, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005.

(1) DO C 178, de 22.6.2013.
1)

Que, en lo que atañe al vertedero de Kiato: — la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13 y 36, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, al no haber adoptado las medidas necesarias para que la gestión de los residuos del vertedero de que se trata se realizara sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente y para prohibir el abandono, el vertido o la gestión incontrolada de residuos del vertedero de que se trata. — La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 8, 9, letras a) a c), y 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, y el artículo 23 de la Directiva 2008/98, al tolerar la explotación de ese vertedero sin una autorización de vertedero válida que respete los requisitos y el contenido establecidos para la concesión de tal autorización, y, por tanto, sin que el poseedor de los residuos o la entidad explotadora puedan demostrar, antes o en el momento de la entrega, que dichos residuos pueden ser admitidos en el vertedero con arreglo a los requisitos establecidos en la autorización. — La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, letra a), de la Directiva 1999/31, al no velar por que, durante la fase de explotación de un vertedero, la entidad explotadora aplique el programa de control y vigilancia especificado en el anexo III de dicha Directiva.
2)

El artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), de ésta, y el artículo 4 del Reglamento no 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento no 1244/2010, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se excluye a nacionales de otros Estados miembros de la percepción de determinadas «prestaciones especiales en metálico no contributivas» en el sentido del artículo 70, apartado 2, del Reglamento no 883/2004, siendo así que tales prestaciones se garantizan a los nacionales del Estado miembro de acogida que se encuentran en la misma situación, en la medida en que dichos nacionales de otros Estados miembros no disfruten del derecho de residencia en virtud de la Directiva 2004/38 en el Estado miembro de acogida.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 212/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 15 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München — Alemania) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München

(Asunto C-297/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Clasificación arancelaria - Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Sección XVI, nota 2 - Partidas 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 y 8473 - Conceptos de «partes» y de «artículos» - Partes y accesorios (motores, fuentes de alimentación, láseres, generadores, cables y termosoldadoras) destinados al funcionamiento de sistemas de programación - Inexistencia de clasificación prioritaria en la partida 8473 respecto de las demás partidas de los capítulos 84 y 85])

2014/C 212/10

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht München

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Data I/O GmbH

Demandada: Hauptzollamt München

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht München — Interpretación del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por los Reglamentos (CE) de la Comisión no 2031/2001, de 6 de agosto de 2001 (DO L 279, p. 1), no 1832/2002, de 1 de agosto de 2002 (DO L 290, p. 1), no 1789/2003, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1), y no 1810/2004, de 7 de septiembre de 2004 (DO L 327, p. 1) y, en particular, de su sección XVI, nota 2, letras a) y b) — Clasificación de partes y accesorios (motores, generadores, láseres, cables y termosoldadoras) destinados a los sistemas de programación en la partida 8473 — Posible prioridad de dicha partida con respecto a otras partidas de los capítulos 84 y 85.

Fallo

Debe interpretarse la nota 2, letra a), de la sección XVI de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, y del Reglamento (CE) no 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, en el sentido de que un producto, que puede clasificarse tanto en la partida 8473 de la nomenclatura combinada que figura en ese anexo en calidad de parte de una máquina perteneciente a la partida 8471 de esa nomenclatura, como en alguna de las partidas 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 y 8544 de esa misma nomenclatura en calidad de artículo independiente, debe clasificarse, como tal, en alguna de estas últimas partidas en función de sus características propias.

(1) DO C 260, de 7.9.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 421/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de septiembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense — España) — Vueling Airlines, S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Asunto C-487/12) (1)

([Procedimiento prejudicial - Transporte aéreo - Normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Unión Europea - Reglamento (CE) no 1008/2008 - Libertad de fijación de precios - Facturación de equipaje - Suplemento de precio - Concepto de «tarifas aéreas» - Protección de los consumidores - Imposición de una multa al transportista por una cláusula contractual abusiva - Normativa nacional según la cual el transporte del pasajero y la facturación del equipaje deben estar comprendidos en el precio base del billete de avión - Compatibilidad con el Derecho de la Unión])

2014/C 421/06

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vueling Airlines, S.A.

Demandada: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Fallo

El artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma, como la controvertida en el litigio principal, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste, siempre que el equipaje responda a determinados requisitos relativos en particular a su peso, por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio por el transporte de tal equipaje.

(1) DO C 26, de 26.1.2013.