ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El párrafo segundo del mecanismo específico previsto en el capítulo 2 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, debe interpretarse en el sentido de que no obliga al titular o al beneficiario de la patente o certificado complementario de protección, antes de poder ampararse en los derechos que les confiere el párrafo primero del mecanismo, a notificar su intención de oponerse al proyecto de importación. No obstante, si dicho titular o su beneficiario no proceden a manifestar tal intención durante el plazo de espera de un mes que prevé el párrafo segundo del mecanismo, la persona que proyecte importar el producto farmacéutico tendrá derecho a solicitar a las autoridades competentes la autorización para importarlo y, en su caso, a proceder a su importación y comercialización. Por tanto, en virtud del mecanismo específico, dicho titular o su beneficiario carecerán de la facultad de invocar los derechos que les confiere el párrafo primero de dicho mecanismo respecto de la importación y la comercialización del producto farmacéutico que se hayan efectuado antes de que ese titular o su beneficiario manifestasen tal intención.

Sin embargo, ni siquiera en dicha situación puede considerarse que el titular o el beneficiario de la patente o certificado complementario de protección hayan perdido el derecho a acogerse al mecanismo específico. Si bien ya no podrán lograr que se les indemnice por el perjuicio que les hayan deparado las importaciones a las que no se opusieron cuando debían, seguirán teniendo la posibilidad, en principio, de oponerse en el futuro a la importación o comercialización del producto farmacéutico protegido por la patente o certificado complementario de protección.

(véanse los apartados 32 y 33 y el punto 1 del fallo)
Los apartados 1 y 10 del artículo 3 de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, tienen por objeto asegurar a los trabajadores desplazados que se les apliquen las normas de protección mínima del Estado miembro de acogida en lo que respecta a las condiciones de trabajo y empleo relativas a las materias mencionadas en el apartado 1, y, en su caso, a las establecidas por los Estados miembros en virtud del apartado 10, mientras realizan actividades con carácter temporal en el territorio de dicho Estado miembro. Las medidas de control del cumplimiento de esas normas de protección mínima no están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/71 ni están armonizadas a escala de la Unión Europea y, por consiguiente, los Estados miembros pueden definirlas libremente, respetando el Tratado y los principios generales del Derecho de la Unión.

Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se impone al destinatario de servicios realizados por los trabajadores por cuenta ajena desplazados de un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro la obligación de declarar a las autoridades competentes, antes del comienzo de la ocupación de esos trabajadores, los datos identificativos de éstos cuando ellos mismos no puedan presentar la prueba de la declaración que su empleador debería haber efectuado ante las autoridades competentes del Estado miembro de acogida antes del inicio de la prestación, siempre que dicha normativa pueda estar justificada por una razón imperiosa de interés general, como la protección de los trabajadores o la lucha contra el fraude social, y a condición de que se determine que esa normativa es adecuada para garantizar la consecución del objetivo o de los objetivos legítimos perseguidos y no va más allá de lo necesario para lograrlos, aspecto éste que incumbirá comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

Una normativa nacional de esa índole, al permitir un control de la obligación de declaración que incumbe al empleador de los trabajadores desplazados con carácter temporal, puede considerarse el corolario de tal obligación, necesaria para lograr los objetivos que se pretende alcanzar con el Sistema de Información Transfronteriza de Consulta en materia de Migración en la Administración Social (sistema «LIMOSA»).

(véanse los apartados 72 y 75 y el fallo)
El derecho a ser oído en todo procedimiento, tal y como se aplica en el marco de la Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y, en particular, de su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad nacional no oiga al nacional de un tercer país específicamente en relación con una decisión de retorno cuando, tras haber declarado el carácter irregular de su estancia en el territorio nacional al término de un procedimiento en que su derecho a ser oído haya sido plenamente respetado, pretenda adoptar respecto de él una decisión de retorno, tanto si ésta es consecutiva a la denegación de un permiso de residencia como si no.

En efecto, habida cuenta de que en virtud de la Directiva 2008/115 la decisión de retorno está estrechamente relacionada con la comprobación del carácter irregular de la situación, el derecho a ser oído no puede interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad nacional competente pretenda adoptar simultáneamente una decisión en la que declare la irregularidad de la situación y una decisión de retorno, dicha autoridad haya de oír necesariamente al interesado de manera que le permita hacer valer su punto de vista específicamente respecto de esta última decisión, siempre que éste haya tenido la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista en relación con la irregularidad de su situación y los motivos que puedan justificar, en virtud del Derecho nacional, que dicha autoridad no adopte una decisión de retorno.

No obstante, de la obligación de adoptar respecto de los nacionales de terceros países que se hallen en situación irregular en su territorio una decisión de retorno al término de un procedimiento justo y transparente establecida por el artículo 6, apartado 1, de esta Directiva, resulta que, en el marco de la autonomía procesal de que disponen, los Estados miembros deben, por una parte, establecer explícitamente en su Derecho nacional la obligación de abandonar el territorio en caso de situación irregular y, por otra parte, garantizar que se oiga debidamente al interesado en el marco del procedimiento relativo a su solicitud de residencia o, en su caso, sobre la irregularidad de su situación. A este respecto, derecho a ser oído no puede instrumentalizarse con la finalidad de que se reabra de manera indefinida el procedimiento administrativo y ello, con el fin de preservar el equilibro entre el derecho fundamental del interesado a ser oído antes de que se adopte en su contra una decisión y la obligación de los Estados miembros de luchar contra la inmigración ilegal.

(véanse los apartados 60 a 62, 71 y 82 y el fallo)
En materia de conductas anticompetitivas comprendidas en el artículo 81 CE algunos tipos de coordinación entre empresas revelan un grado de nocividad para la competencia suficiente para que pueda considerarse innecesario el examen de sus efectos. Así pues, algunos comportamientos colusorios, como los que llevan a la fijación horizontal de los precios por los cárteles, pueden considerarse hasta tal punto aptos para generar efectos negativos, en especial en los precios, la cantidad o la calidad de los productos o los servicios, que cabe estimar innecesaria la demostración de que tienen efectos concretos en el mercado a efectos de aplicar el artículo 81 CE, apartado 1.

En el supuesto de que el análisis de un tipo de coordinación entre empresas no revele un grado suficiente de nocividad para la competencia, es necesario en cambio examinar sus efectos y, para aplicar la prohibición, exigir que concurran los factores acreditativos de que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible.

Para apreciar si un acuerdo entre empresas o una decisión de asociación de empresas tiene un grado de nocividad suficiente para ser considerado una restricción de la competencia por el objeto, debe atenderse al contenido de sus disposiciones, a los objetivos que pretende alcanzar y al contexto económico y jurídico en el que se inscribe. Al apreciar dicho contexto, se debe considerar también la naturaleza de los bienes o de los servicios afectados, así como las condiciones reales del funcionamiento y de la estructura del mercado o mercados pertinentes. Además, si bien la intención de las partes no constituye un factor necesario para determinar el carácter restrictivo de un acuerdo entre empresas, nada impide que las autoridades de la competencia o los tribunales nacionales y de la Unión la tengan en cuenta.

No cabe aceptar que el concepto de restricción de la competencia por el objeto no debe interpretarse de manera restrictiva. En efecto, so pena de dispensar a la Comisión de la obligación de probar los efectos concretos en el mercado de acuerdos de los que no se ha demostrado en absoluto que sean nocivos por su propia naturaleza para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, el concepto de restricción de la competencia por el objeto sólo puede aplicarse a ciertos tipos de coordinación entre empresas que revelen un grado de nocividad para la competencia suficiente para que se pueda considerar innecesario el examen de sus efectos. La circunstancia de que los tipos de acuerdos previstos en el artículo 81 CE, apartado 1, no constituyan una lista exhaustiva de colusiones prohibidas carece de pertinencia en este sentido.

(véanse los apartados 49 a 54, 57 y 58)
El criterio que debe tomarse en consideración para clasificar en la partida 2707 o en la partida 2710 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la versión modificada por el Reglamento no 1006/2011, un producto como un aceite es el contenido, en términos de peso, de los constituyentes aromáticos con respecto a los constituyentes no aromáticos.

Debe interpretarse que la expresión «constituyentes aromáticos» empleada en el capítulo 27 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la versión modificada por el Reglamento no 1006/2011, es más amplia que la expresión «hidrocarburos aromáticos».

Debe interpretarse que el número 1 de las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la versión modificada por el Reglamento no 1006/2011, correspondientes a las subpartidas 2707 99 91 y 2707 99 99 de ésta no es taxativo, de modo que un producto incluido en la partida 2707 de dicha Nomenclatura Combinada pero que no pueda clasificarse en una subpartida concreta deberá clasificarse en la subpartida 2707 99 99 de esa misma Nomenclatura Combinada.

(véanse el apartado 66 y el punto 4 del fallo)
El artículo 6, apartado 4, del Reglamento no 341/2007, por el que se abren contingentes arancelarios, se fija su modo de gestión y se instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de terceros países, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a aquellas operaciones mediante las cuales un importador, titular de certificados de importación con aplicación del tipo reducido, compra fuera de la Unión Europea una mercancía a un operador que es, él mismo, un importador tradicional en el sentido del artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento pero ha agotado sus propios certificados de importación con aplicación del tipo reducido, para revenderle posteriormente dicha mercancía después de haberla importado en la Unión. No obstante, tales operaciones serán constitutivas de abuso de derecho cuando hayan sido concebidas artificialmente, con el fin esencial de beneficiarse del arancel preferencial. La comprobación de la existencia de una práctica abusiva exige que el órgano jurisdiccional remitente tenga en cuenta todos los hechos y circunstancias del caso de autos, incluidas las operaciones comerciales anteriores y posteriores a la importación de que se trate.

(véanse el apartado 40 y el fallo)
13

El artículo 12, apartados 1 y 2, de la misma Directiva dispone: «1. Salvo que se utilice el procedimiento previsto en el artículo 11, la tenencia de un arma de fuego durante un viaje a través de dos o más Estados miembros sólo se permitirá si el interesado ha obtenido la autorización de dichos Estados miembros. Los Estados miembros podrán conceder dicha autorización para uno o varios viajes y por un plazo máximo de un año, renovable. Estas autorizaciones se harán constar en la tarjeta europea de armas, que el viajero deberá presentar ante todo requerimiento de las autoridades de los Estados miembros. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los cazadores, respecto de las categorías C y D, y los tiradores deportivos, respecto de las categorías B, C y D, podrán tener en su poder sin autorización previa una o varias armas de fuego durante un viaje a través de dos o más Estados miembros a fin de practicar sus actividades, siempre y cuando estén en posesión de una tarjeta europea de armas de fuego en la que se enumeren dicha o dichas armas de fuego y puedan probar el motivo del viaje, en particular, exhibiendo una invitación u otra prueba de sus actividades de caza o de tiro deportivo en el Estado miembro de destino. Los Estados miembros no podrán condicionar la aceptación de una tarjeta europea de armas de fuego al pago de tasas o cánones. No obstante, no será de aplicación esta excepción respecto de los viajes que se realicen a un Estado miembro que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8, prohíba la adquisición y tenencia del arma en cuestión o que la someta a licencia; en este caso se hará una mención expresa en la tarjeta europea de armas de fuego. En el contexto del informe contemplado en el artículo 17, la Comisión examinará asimismo, consultando con los Estados miembros, los resultados de la aplicación del párrafo segundo, en particular en lo que respecta a sus repercusiones en el orden y la seguridad públicos.»
14

El órgano jurisdiccional remitente expone que, en virtud del concepto de causalidad adecuada, el autor de un perjuicio debe asumir la reparación de todas las consecuencias, incluidas las fortuitas, cuyo eventual acaecimiento podía anticipar in abstracto, pero no la reparación de las consecuencias atípicas. Según esta jurisprudencia, cuando una empresa ajena a un cártel aprovecha el efecto paraguas, no existe una causalidad adecuada entre el cártel y el perjuicio eventualmente sufrido por el comprador, puesto que se trata de un perjuicio indirecto, un efecto colateral de una decisión independiente que una persona ajena al cártel ha adoptado en función de sus propias consideraciones de gestión. Se considera que el efecto que produce en un competidor la situación del mercado, modelada por los miembros de un cártel, las conclusiones económicas que dicho competidor extrae para su empresa, así como para sus productos, y las decisiones de gestión que adopta en consecuencia, en particular para fijar los precios, son circunstancias en buena medida determinadas por un gran número de factores, que no guardan ninguna relación con ese cártel.
101

Por otra parte, en relación con la salvaguardia de los ingresos fiscales nacionales, el Gobierno alemán sostiene que la libre circulación de capitales no debería obligar a los Estados miembros a renunciar a los ingresos fiscales en favor de los Estados terceros. Sostiene que, en efecto, el objetivo del mercado interior es garantizar una asignación eficaz de los recursos en el seno de la Unión, preservando la neutralidad fiscal dentro de dicho mercado. Pues bien, precisa que, por consiguiente, los Estados terceros que no forman parte de ese mercado no están obligados a aceptar una pérdida comparable de ingresos fiscales respecto a los Estados miembros.
10

Tras examinar las precisiones aportadas por las autoridades francesas en cuanto al proyecto de modificación del Decreto no 81-501, de 12 de mayo de 1981, adoptado para aplicar la Ley no 80-539 (JORF de 14 de mayo de 1981, p. 1406), la Comisión les informó de su decisión de incoar el procedimiento formal de examen. Mediante la publicación de esa decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea el 3 de junio de 2008 (DO C 135, p. 7), la Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida discutida.
(3)

Los requisitos de calidad, seguridad y eficacia de las especialidades farmacéuticas derivadas de la sangre y del plasma humanos preparadas industrialmente quedaron garantizados por la Directiva 2001/83 [...]. Sin embargo, dado que esta última Directiva establece específicamente que no se aplica a la sangre total, al plasma ni a las células sanguíneas de origen humano, la calidad y la seguridad de estos componentes, en la medida en que se destinen a la transfusión y no estén procesados como tales, no quedan sujetos a ninguna legislación comunitaria vinculante. Por todo ello es fundamental, pensando en la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio de la Comunidad, que las disposiciones comunitarias garanticen un nivel de calidad y de seguridad de la sangre y sus componentes, sea cual sea su destino, que sea homogéneo entre los Estados miembros a lo largo de toda la cadena de transfusión sanguínea. Por ello, el fijar normas elevadas de calidad y seguridad contribuirá a tranquilizar a la población en cuanto a que la sangre humana y sus componentes procedentes de donaciones efectuadas en otro Estado miembro cumplen, no obstante, los mismos requisitos que en su propio país.
47

En efecto, si así fuera, dadas las circunstancias del litigio principal la situación no sería la de un particular que invoca el efecto directo de una disposición de una directiva frente al Estado miembro sino la situación inversa. Pues bien, conforme a una jurisprudencia bien asentada, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada, como tal, contra dicha persona (sentencia de 24 de enero de 2012, Dominguez, C‑282/10, apartado 37 y jurisprudencia citada).
4

Los artículos 12, 15, 16, 18 a 20 y 42 de la Segunda Directiva establecen, en particular: «Artículo 12 Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la reducción del capital suscrito, los accionistas no podrán ser eximidos de la obligación de hacer su aportación. [...] Artículo 15 a) Aparte de los casos de reducción del capital suscrito, no podrá hacerse distribución alguna entre los accionistas cuando, en la fecha del cierre del último ejercicio, el activo neto resultante de las cuentas anuales sea, o fuese a ser, como consecuencia de una distribución, inferior al importe del capital suscrito aumentado con las reservas que la ley o los estatutos no permitieran distribuir; [...] d) el término “distribución”, tal como figura en las letras a) y c), englobará, en particular, el abono de dividendos y el de intereses relativos a las acciones. [...] Artículo 16 Toda distribución que contravenga lo dispuesto en el artículo 15 deberá ser restituida por los accionistas que la hubieran percibido, si la sociedad demuestra que estos accionistas conocían la irregularidad de las distribuciones hechas a su favor o no podían ignorarlo teniendo en cuenta las circunstancias. [...] Artículo 18 1. Las acciones de una sociedad no podrán ser suscritas por ésta. [...] Artículo 19 1. Cuando la legislación de un Estado miembro permita a una sociedad adquirir sus propias acciones, por sí misma o bien por una persona que actúe en nombre propio pero por cuenta de esta sociedad, someterá estas adquisiciones al menos a las siguientes condiciones: a) la autorización para adquirir se concederá por la junta general, que fijará las modalidades de las adquisiciones previstas, y en particular el número máximo de acciones a adquirir, el plazo durante el cual se concede la autorización y que no podrá exceder de dieciocho meses y, en caso de adquisición a título oneroso, los contravalores mínimos y máximos. [...] [...] Artículo 20 1. Los Estados miembros podrán no aplicar el artículo 19: [...] d) a las acciones adquiridas en virtud de una obligación legal o resultante de una decisión judicial [...] [...] Artículo 42 Para la aplicación de la presente Directiva, las legislaciones de los Estados miembros garantizarán un trato igual de los accionistas que se encuentren en condiciones idénticas.»
—

la comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2011, por la que se ofrece información adicional al informe de la Comisión sobre la cláusula de excepción de 13 de julio de 2011 [COM(2011) 829 final; en lo sucesivo, «comunicación impugnada»], en la medida en que en dicha comunicación la Comisión Europea excluye definitivamente la presentación de propuestas oportunas al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la base del artículo 10 del anexo XI del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) no 1080/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 (DO L 311, p. 1), con la redacción resultante de la corrección de errores publicada el 5 de junio de 2012 (DO L 144, p. 48) (en lo sucesivo, «Estatuto»);
5

El procedimiento tributario está regulado por lo dispuesto en la Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (Decreto del Gobierno no 92, sobre el Código de procedimiento tributario), de 24 de diciembre de 2003(Monitorul Oficial al României, Parte I, no 941, de 29 de diciembre de 2003; publicado de nuevo en el Monitorul Oficial al României, Parte I, no 513, de 31 de julio de 2007), en su versión vigente en la fecha en la que ocurrieron los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código de procedimiento tributario»).
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En estas circunstancias, por albergar dudas sobre la compatibilidad del Derecho español con los principios derivados de la Directiva 1999/44, el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «Si un consumidor, tras no obtener la puesta en conformidad del bien –porque, pese a pedirla de forma reiterada, la reparación no ha sido llevada a cabo–, reclama judicialmente con carácter exclusivo la resolución del contrato y tal resolución no es procedente por estarse ante una falta de conformidad de escasa importancia, ¿puede el Tribunal reconocer de oficio al consumidor una reducción adecuada del precio?»