Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Juez comunitario - Consideración del Convenio Europeo de Derechos Humanos

[Tratado de la Unión Europea, art. F, ap. 2 (actualmente art. 6 UE, ap. 2)]

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Solicitud de información - Derecho de defensa - Derecho absoluto a guardar silencio - Inexistencia - Derecho a negarse a dar una respuesta que suponga el reconocimiento de una infracción - Preguntas en las que se pide a una empresa que describa el objeto de algunas reuniones así como las decisiones adoptadas durante ellas - Violación del derecho de defensa

[Tratado CE, art. 89 (actualmente art. 85 UE, tras su modificación), Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, ap. 5]

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1. El Juez comunitario no es competente para apreciar la legalidad de una investigación de Derecho de la competencia respecto de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puesto que éstas no forman parte, como tales, del Derecho comunitario. No obstante, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales comunitarios. A este respecto, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se inspiran en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos reviste un significado particular. Por otra parte, a tenor del artículo F, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (actualmente artículo 6 UE, apartado 2), «la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el [Convenio Europeo de Derechos Humanos] y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario».

( véanse los apartados 59 y 60 )

2. El derecho a guardar silencio sólo puede reconocerse a una empresa destinataria de una decisión de solicitud de información en el sentido del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17, en la medida en que se viera obligada a dar respuestas que implicaran admitir la existencia de la infracción cuya existencia debe ser probada por la Comisión. En efecto, el reconocimiento de un derecho absoluto a guardar silencio excedería de lo que es necesario para preservar los derechos de defensa de las empresas y constituiría un obstáculo injustificado para el cumplimiento, por parte de la Comisión, de la misión de velar por el respeto de las normas sobre la competencia en el mercado común, que le asigna el artículo 89 del Tratado (actualmente artículo 85 CE, tras su modificación).

Por otra parte, en efecto, nada impide que el destinatario demuestre posteriormente, en el marco del procedimiento administrativo o durante un procedimiento ante el Juez comunitario, en el ejercicio de su derecho de defensa, que los hechos expuestos en sus respuestas o los documentos comunicados tienen un significado distinto al que les ha dado la Comisión.

Las preguntas por las que la Comisión insta a una empresa a describir el «objeto» de las reuniones en las que supuestamente participó y las «decisiones adoptadas» durante ellas pueden obligar a la empresa a confesar su participación en un acuerdo ilegal contrario a las normas comunitarias sobre competencia y constituyen por tanto una vulneración del derecho de defensa, cuando está claro que la Comisión sospecha que el objeto de tales reuniones fue llegar a acuerdos sobre los precios de venta, que podían impedir o restringir el juego de la competencia.

( véanse los apartados 66, 67, 71, 73 y 78 )