Asunto T-214/06

Imperial Chemical Industries Ltd

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los metacrilatos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Participación en una parte de la infracción — Derecho de defensa — Multas — Obligación de motivación — Gravedad de la infracción — Efecto disuasorio — Igualdad de trato — Proporcionalidad — Principio de buena administración — Cooperación durante el procedimiento administrativo — Duración del procedimiento — Plazo razonable»

Sumario de la sentencia

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 53 a 56)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 57 y 66)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 58 a 62 y 69)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 63 y 64)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 84 a 86)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 97 y 100)

No puede considerarse que la apreciación de la gravedad de una infracción a las normas de la Unión en materia de competencia deba estar estrictamente vinculada a la incidencia sobre la competencia o al perjuicio a ésta y que, por consiguiente, los propietarios sucesivos de un único conjunto de activos objeto de dicha infracción coadyuven a una única gravedad de esa infracción. En efecto, el efecto de una práctica contraria a la competencia no es, en sí mismo, el criterio determinante para apreciar el importe adecuado de la multa. Asimismo, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA hacen claramente hincapié en la naturaleza de la infracción como elemento determinante a la hora de apreciar la gravedad de ésta, en el contexto de la fijación del importe de partida de la multa. Por lo que atañe a la incidencia concreta de la infracción, dichas Directrices prevén el criterio de las repercusiones concretas sobre el mercado, que se refiere a la infracción en su conjunto y no a los efectos del comportamiento específico de cada empresa, al mismo tiempo que precisan que ese criterio únicamente se tendrá en cuenta cuando pueda determinarse. Por otra parte, las prácticas colusorias horizontales de precios o de repartos de mercados pueden ser calificadas de infracciones muy graves sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté, en particular, obligada a demostrar las repercusiones concretas de la infracción en el mercado. Finalmente, el criterio de las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, mencionado en el penúltimo párrafo del punto 1 A de las Directrices, es un criterio facultativo que permite modular el importe de partida de la multa en el caso de las infracciones en las que están implicadas varias empresas, y no un criterio determinante a la hora de fijar el antedicho importe. Por otra parte, este criterio no afecta a la cuantificación de los efectos contrarios a la competencia del comportamiento específico de cada una de las empresas que participan en una infracción determinada, sino a la toma en consideración, a efectos de la determinación del importe de partida de la multa, de las diferencias objetivas que pueden existir entre ellas, como, en particular, una disparidad considerable en cuanto a su dimensión. De lo anterior se deduce que, aun suponiendo que un cambio de propietario del conjunto de activos objeto de una infracción no hubiera dado lugar a ningún perjuicio suplementario para la competencia, esta circunstancia no permitiría concluir que los propietarios sucesivos coadyuvaron a una única gravedad de la infracción y que el importe de partida de la multa debe, por tanto, repartirse entre ellos para evitar tener en cuenta dos veces la incidencia del comportamiento infractor de cada uno de ellos sobre la competencia. (véanse los apartados 103, 110, 112, 114 y 116 a 118)

En materia de competencia, el volumen de negocios global de una empresa constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su potencia económica. Por consiguiente, la Comisión puede, con vistas a la determinación del importe de la multa por infracción a las normas sobre competencia en un nivel que garantice suficientemente su efecto disuasorio, tener en cuenta el volumen de negocios total de la empresa de que se trate. De este modo, aunque el volumen de negocios global de una empresa constituye una indicación del tamaño de ésta y de su potencia económica que puede ser imperfecta y aproximada, al mismo tiempo, ese criterio puede ser utilizado en el contexto de la determinación del incremento de la multa como método disuasorio. Esta solución tiene el mérito indiscutible de permitir a la Comisión hacer uso, en el marco de la determinación del importe de las multas, de un criterio objetivo y aplicarlo indistintamente a todas las empresas de que se trate. De lo anterior se deduce que la alegación según la cual el volumen de negocios de una empresa sólo refleja de forma imperfecta o aproximada su poder económico no basta, como tal, para refutar la pertinencia de ese criterio en el contexto de la determinación del incremento del importe de la multa como método disuasorio. Es cierto que no debe perderse de vista el objetivo perseguido por la imposición del antedicho incremento, a saber, la modulación de la multa de forma que no resulte insignificante o, por el contrario, excesiva, sobre todo habida cuenta de la capacidad económica de la empresa en cuestión. Sin embargo, corresponde a la empresa que invoca tales argumentos esgrimir elementos que permitan demostrar que su volumen de negocios tomado en consideración por la Comisión da una visión hasta tal punto engañosa de su capacidad financiera que entraña no tener en cuenta en el caso de autos el referido objetivo. (véanse los apartados 145 a 149)

Habida cuenta del margen de apreciación de que la Comisión dispone a la hora de determinar los importes de las multas impuestas por infringir las normas de la Unión en materia de competencia, no puede exigírsele que, en virtud de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, garantice que las diferencias entre los niveles de los incrementos disuasorios impuestos a diferentes empresas reflejen estrictamente cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios. Aunque el volumen de negocios constituye un criterio pertinente en el marco de la determinación del importe de la multa en un nivel que garantice suficientemente su efecto disuasorio, la fijación de una multa adecuada no puede, sin embargo, ser necesariamente el resultado de un simple cálculo aritmético basado en el volumen de negocios. (véase el apartado 174)

En materia de competencia, para justificar un reducción del importe de la multa basada en la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, debe poder considerarse que la información facilitada por una empresa a la Comisión revela una autentica cooperación por parte de dicha empresa, teniendo en cuenta que la finalidad de reducir el importe de la multa consiste en recompensar a las empresas por haber prestado durante el procedimiento administrativo una contribución que haya permitido que la Comisión pruebe con más facilidad la existencia de una infracción. De este modo, el comportamiento de la empresa debe facilitar la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y demostrar un auténtico espíritu de cooperación. Habida cuenta de la razón de ser de la reducción, la Comisión no puede hacer caso omiso de la utilidad de la información aportada, que depende necesariamente de los elementos de prueba en su posesión. En particular, ha quedado establecido que una declaración que se limitaba a corroborar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía no facilitaba la labor de la Comisión de manera significativa y no era suficiente para justificar una reducción por cooperación del importe de la multa. De ello se deduce que el mero hecho de que un documento tenga cierta utilidad para la Comisión y que, por tanto, ésta lo invoque en su Decisión no permite justificar una reducción por cooperación del importe de la multa. (véanse los apartados 182, 183 y 201)

Si bien la Comisión está obligada a exponer los motivos por los que considera que las pruebas aportadas por las empresas en el marco de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel constituyen una contribución que justifica o no una reducción de la multa impuesta, corresponde a las empresas que desean impugnar la decisión de la Comisión al respecto demostrar que ésta, a falta de tales informaciones presentadas voluntariamente por dichas empresas, no habría podido demostrar lo sustancial de la infracción ni, por tanto, adoptar una decisión sancionadora. (véase el apartado 184)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 208 a 217)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 222, 223, 235, 241 y 244 a 246)

La aplicación del punto 3, sexto guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, que prevé una circunstancia atenuante relativa a la colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento, fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, debe ser excepcional. En efecto, la aplicación del punto 3, sexto guión, de las antedichas Directrices no puede tener como consecuencia privar a la Comunicación sobre la cooperación de su efecto útil. Pues bien, de dicha Comunicación se desprende claramente que ésta define el marco que permite recompensar, por su colaboración en la investigación de la Comisión, a las empresas que son o han sido parte de acuerdos secretos que afectan a la Unión. De ello se deduce que las empresas sólo pueden, en principio, obtener una reducción del importe de la multa por su cooperación cuando cumplen los requisitos establecidos en dicha Comunicación. Además, una reducción del importe de la multa no puede justificarse por el mero hecho de que una empresa transmita información que vaya más allá de la información que la Comisión puede exigir que se facilite en virtud del artículo 18 del Reglamento no 1/2003, como, en concreto, elementos de cargo. Es cierto que la colaboración de una empresa en la investigación no da lugar a ninguna reducción del importe de la multa cuando dicha colaboración no ha sobrepasado el nivel derivado de las obligaciones que recaían sobre ella en virtud del artículo 18 del Reglamento no 1/2003. Sin embargo, lo inverso no es necesariamente cierto. En efecto, incluso los elementos de cargo pueden tener una utilidad limitada para la Comisión, en particular, con respecto a las contribuciones anteriores de otras empresas. Ahora bien, la utilidad de una información constituye el elemento determinante a la hora de apreciar la solicitud de reducción del importe de la multa en virtud de la cooperación con la Comisión. (véanse los apartados 252, 258 y 260 a 262)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 282 a 285)