Veamos en primer lugar, entre ellas, aquellas a través de las cuales el órgano jurisdiccional nacional, con especial referencia al artículo 2, a la letra f) del artículo 3 o al artículo 5 del Tratado CEE, desea saber si el principio de la libre circulación de mercancías en el mercado común genera derechos subjetivos en favor de los particulares que deban ser tutelados por los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por lo que a estas disposiciones respecta, no resulta difícil responder a las cuestiones planteadas en la medida en que, en relación con el artículo 5 ya se ha aclarado en la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia que, debido a lo genérico de su enunciado, no es directamente aplicable a los efectos de generar derechos subjetivos para los particulares. La sentencia Deutsche Grammophon (78/70, – Rec. 1971, p. 487 y ss., especialmente p. 498) destaca que el artículo 5 establece únicamente una obligación general para los Estados miembros, cuyo contenido concreto depende, en cada caso particular, de las disposiciones del Tratado o de las normas que se desprenden de su sistema general. Pero, por otra parte, no cabe duda en mi opinión de que una valoración similar, con arreglo a su tenor literal -la letra f) del artículo 3, en concreto, hace significativamente una referencia expresa a otros preceptos del Tratado- ha de hacerse también en relación con las otras dos disposiciones mencionadas. En este punto, no deben inducir a error, en modo alguno, determinadas afirmaciones contenidas en la sentencia Europemballage y Continental Can/Comisión (6/72, – Rec. 1973, p. 215). Precisamente se subraya en ella únicamente la gran importancia de los artículos 2 y 3 en relación con la interpretación de otra norma del Tratado, el artículo 86, que sí es directamente aplicable. Por el contrario, no puede de ninguna manera extraerse de la sentencia la conclusión de que los artículos iniciales del Tratado, en cuanto tales, incluyan disposiciones jurídicas suficientemente precisas y se encuentren por sí solos en condiciones de generar derechos subjetivos para los particulares.

Por ello, hay que afirmar ante todo que, ante la falta de principios claramente establecidos y de expresión de consecuencias jurídicas claras parece excluido atribuir al artículo 2, a la letra f) del artículo 3 y al artículo 5 del Tratado, se les considere por separado o en conjunto, una naturaleza jurídica tal que puedan tener transcendencia en la resolución de procedimientos jurídicos nacionales.

Por otra parte, en lo que al principio de la libre circulación de mercancías se refiere, que ciertamente es el núcleo de la primera cuestión, puede decirse con certeza que reviste una importancia fundamental para el mercado común y que expresa un objetivo fundamental de la Comunidad. Así resulta ya de la letra a) del artículo 3, con arreglo al cual la acción de la Comunidad llevará consigo «la supresión, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente». Así lo confirma también el hecho de que el Título I de la Segunda Parte del Tratado, titulado «Fundamentos de la Comunidad», lleve como epígrafe «Libre circulación de mercancías».

No obstante habrá que tener por cierta, de manera particular, la afirmación aducida tanto por los Gobiernos italiano y alemán como por la Comisión en el sentido de que el citado principio, en sí mismo, no se encuentra tan precisamente formulado y definido como para ser aplicable como norma jurídica a la que puedan vincularse en Derecho determinadas consecuencias. La definición de lo que, siguiendo la descriptiva expresión del Sr. Sacchi, se ha elaborado a partir del Tratado en materia de «condiciones análogas a las de un mercado interior», debe, al contrario, obtenerse del examen detenido de las disposiciones concretas del Tratado.

Es, por consiguiente, importante que el artículo 9 establece que la Comunidad se basará en una unión aduanera que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente. Son significativos por otra parte los artículos 12 y siguientes, que regulan en detalle la supresión de los derechos de aduanas entre los Estados miembros, y los artículos 30 y siguientes, que se ocupan pormenorizadamente de la supresión de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros. A lo sumo, podrían designarse estas disposiciones específicas como normas directamente aplicables, al menos después de la expiración del período transitorio, que generan derechos subjetivos en favor de los particulares. Por lo tanto, a ellas hay que ceñirse a la hora de establecer cuáles son los obstáculos a la libre circulación de mercancías ilícitos a tenor del Tratado. Junto a esto, hay que contemplar las disposiciones contenidas en los artículos 85 y siguientes y en el artículo 92 que, asimismo, se refieren a una restricción de los intercambios comerciales entre los Estados miembros; sin perder de vista en este punto, no obstante, que este último artículo no es susceptible de una aplicación directa con arreglo a la jurisprudencia sobre la materia.

En resumen, pues, se ha de declarar en relación con la primera cuestión que el principio de la libre circulación de mercancías no se encuentra fijado en el Tratado de tal manera que, por sí solo, pueda generar derechos subjetivos capaces de imponerse por encima de disposiciones nacionales específicas.

En contra de esta opinión no puede, por lo demás, extraerse nada decisivo de la citada sentencia dictada en el asunto 78/70, y me referiré a ello únicamente en aras de la exhaustividad. En la referida sentencia se decía, en efecto, que el ejercicio de los derechos de propiedad industrial no debe infringir las normas sobre libre circulación de mercancías en el mercado común. Pero no hay que olvidar que el principio de la libre circulación de mercancías no tiene en este contexto otra función que la de contribuir a determinar los límites de una disposición excepcional concreta, a saber, la contenida en el artículo 36. Por consiguiente, no se procedió en esa ocasión, en realidad, de manera distinta al asunto 6/72, en el que los principios de los artículos 2 y 3 se tomaron como referencia para la interpretación del artículo 96. Por el contrario, no se puede decir en modo alguno que la sentencia dictada en el asunto 78/70 atribuyera al referido principio una significación autónoma, de tal forma que permitiese conferir a los particulares derechos subjetivos.