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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 328/26

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 18 de octubre de 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Asunto C-497/10 PPU)

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2010/C 328/45

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Barbara Mercredi

Recurrida: Richard Chaffe

Cuestiones prejudiciales

1) Se pide al Tribunal de Justicia que especifique cuál es criterio apropiado para determinar la residencia habitual de un menor, a efectos: a) del artículo 8 del Reglamento (CE) no 2201/2003 (1) y b) del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2201/2003.

2) ¿Es un órgano jurisdiccional una «institución u organismo» que pueda adquirir un derecho de custodia a efectos de las disposiciones del Reglamento (CE) no 2201/2003?

3) ¿Es aplicable el artículo 10 con posterioridad a que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido hayan rechazado la restitución del menor solicitada con arreglo al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, sobre la base de que no se cumplen los requisitos de los artículos 3 y 5 de éste? En particular, ¿cómo debe resolverse el conflicto que surge cuando el Estado requerido estima que los requisitos de los artículos 3 y 5 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores no se cumplen y el Estado requirente estima que sí se cumplen?

(1) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).
2)

Además, el recurrente en casación alega que el hecho de que el informe de evaluación esté redactado de tal modo que no demuestre cómo el Comité de evaluación llegó a sus conclusiones no puede achacársele. Arguye que si la AEMA no dio más puntuación a los subcriterios ello debería haber causado directamente la anulación de la decisión impugnada por falta de motivación, dado que el hecho de que «no está claro» qué tipo de criterios se utilizaron es parte de la obligación de motivación.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, (1) en las circunstancias del procedimiento principal, en el sentido de que es de aplicación cuando se prohíbe a un nacional de un Estado miembro abandonar el territorio de su propio Estado por haber cometido en un tercer Estado un delito relacionado con estupefacientes, siempre que se den las siguientes circunstancias: 1.1 Que el Derecho interno no haya sido expresamente adaptado a las mencionadas disposiciones de la Directiva para los nacionales del propio Estado miembro; 1.2 Que las razones del legislador nacional para establecer los fines que justifican la limitación de la libre circulación de los nacionales búlgaros se basen en el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen), (2) y 1.3 Que la aplicación de las medidas administrativas se realice conforme al artículo 71 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 y al quinto y al vigésimo considerandos del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 317/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhofs (Alemania) el 25 de agosto de 2010 — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp como administrador concursal del patrimonio de Harald Raab

(Asunto C-421/10)

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2010/C 317/29

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Finanzamt Deggendorf

Recurrida: Markus Stoppelkamp als Insolvenzverwalter über das Vermögen des Harald Raab

Cuestión prejudicial

¿Es suficiente para ser un «sujeto pasivo no establecido en el interior del país» en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, (1) que la sede de la actividad económica del sujeto pasivo esté en el extranjero, o debe exigirse como requisito adicional que no tenga su domicilio particular en el interior del país?

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 301/4

Recurso interpuesto el 20 de julio de 2010 — Comisión Europea/República de Polonia

(Asunto C-362/10)

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2010/C 301/06

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: S. La Pergola y K. Herrmann)

Demandada: República de Polonia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 y 11, de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, (1) al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

— Que se condene en costas a la República de Polonia.

Motivos y principales alegaciones

La demandante considera que la República de Polonia no ha adoptado, hasta la fecha, las disposiciones nacionales para adaptar su Derecho nacional debidamente a la Directiva 2003/98/CE. La Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Ley de 6 de septiembre de 2001 sobre el acceso a la información pública) no se refiere a la reutilización de información en el sector público, puesto que ni siquiera contiene una definición del término «reutilización». Por este motivo, los derechos y obligaciones derivados de dicha Ley no pueden constituir una adaptación adecuada a la Directiva 2003/98.

(1) DO L 345, p. 90.
1)

¿Deben interpretarse los artículos 31 y 32 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, (1) relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), en relación con el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que exigen que un tribunal nacional aplique Roma II y, en particular, su artículo 15, letra c), en un asunto en el que el hecho que genera el daño hubiera ocurrido el 29 de agosto de 2007?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 234/28

Petición de decisión prejudicial planteada por el Veste Landsret (Dinamarca) el 1 de julio de 2010 — Danske Svineproducenter/Justitministeriet

(Asunto C-316/10)

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2010/C 234/45

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Veste Landsret

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Danske Svineproducenter

Recurrida: Justitministeriet

Cuestión prejudicial

¿Se han de interpretar el artículo 249 CE, párrafo segundo [actualmente, artículo 288 TFUE, párrafo segundo] y el artículo 37 del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, (1) relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97, además del artículo 3, letras f) y g), en relación con el capítulo II, puntos 1.1, letra f), y 1.2, y con el capítulo VII, parte D, del anexo I de dicho Reglamento, en el sentido de que los Estados miembros no pueden adoptar normas nacionales que establezcan requisitos específicos sobre la altura interior de transporte, la inspección de la altura y la densidad de carga?

(1) DO L 3, p. 1.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, en el sentido de que el transportista aéreo, al objeto de que se reconozca que ha tomado todas las medidas razonables para evitar las circunstancias extraordinarias, está obligado a planificar oportunamente sus recursos a fin de que sea posible llevar a cabo el vuelo previsto después de que desaparezcan las circunstancias extraordinarias no previstas con anterioridad, es decir, en un momento determinado después de la hora prevista de despegue?
a)

¿Constituye la señal de alimentación multilateral codificada una «comunicación al público vía satélite» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letras a) y c), de la Directiva 93/83 en el caso de que los medios de descodificación de la propia señal de alimentación no estén a disposición del público, pero sí estén disponibles para descodificar las señales portadoras de los programas de radiodifusión posteriores cuando se portan vía satélite, y los programas de radiodifusión posteriores no estén codificados cuando se transmiten a través de transmisores terrestres?
1)

¿Es compatible con el requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 19, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, (1) un régimen sancionador que ordena imperativamente la imposición de una multa de cuantía idéntica, ascendente a 100 000 HUF, para cualquier infracción a lo dispuesto en los artículos 13 a 16 del Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, (2) que tratan de la utilización de la hoja de registro del aparato de control en el sector de los transportes por carretera?
2)

En caso de responderse a la primera cuestión que la Directiva postal no se opone en cuanto tal a que los Estados miembros sometan obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no universales a un mecanismo externo de reclamación como el previsto en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, para los proveedores de servicios postales universales, ¿deben interpretarse los principios de libre prestación de servicios (artículos 49 CE y ss.; actualmente artículos 56 TFUE y ss.) en el sentido de que las restricciones a la libre prestación de servicios introducidas por un Estado miembro por razones imperiosas de interés general en materia de protección de los consumidores, en virtud de las cuales se somete obligatoriamente a los proveedores de los servicios postales no universales a un mecanismo externo de reclamación como el previsto en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, para los proveedores de servicios postales universales, son compatibles con el TFUE aun cuando en la aplicación del correspondiente mecanismo de reclamación no se establezca ninguna diferencia en función de si la reclamación afecta a consumidores o a otros usuarios finales, a pesar de que los usuarios de estos servicios (en el caso de autos, servicios urgentes y de mensajería) son en su gran mayoría usuarios profesionales?
3)

¿Deben interpretarse en el sentido de que permiten que se efectúe la devolución del IVA mediante una resolución de la inspección fiscal en la que se compense el importe a devolver con deudas tributarias por IVA y por otros impuestos y con créditos públicos correspondientes a diferentes períodos impositivos, determinados todos ellos en la propia resolución de la inspección fiscal, así como con los intereses liquidados sobre dichos importes hasta la fecha en que se dictó la resolución de la inspección fiscal, teniendo en cuenta que durante la inspección fiscal se declaró correcta la cuota a devolver declarada y, al mismo tiempo, concurren las siguientes circunstancias: a) durante el procedimiento de inspección fiscal no se adoptó ninguna medida cautelar para asegurar futuros créditos públicos que pudieran determinarse en el curso del procedimiento que dio lugar a la resolución de la inspección fiscal; b) la compensación con créditos públicos no está prevista en el Derecho nacional como medio de ejecución forzosa ni como medida cautelar; c) los plazos de impugnación y de pago voluntario de los importes principales e intereses compensados no habían expirado, dado que dichas cantidades se determinaron en la misma resolución de la inspección fiscal, y parte de ellos han sido impugnados por vía judicial?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 96/82/CE (1) del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO 1997 L 10, p. 13), modificada por última vez por el Reglamento (CE) no 1137/2008 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO L 311, p. 1) — «Directiva Seveso II» —, en el sentido de que las obligaciones que en virtud de dicha Directiva impone a los Estados miembros, en particular, la de tener en cuenta, en su política de utilización del suelo, así como en los procedimientos de aplicación de esta política, la necesidad, a largo plazo, de respetar las distancias adecuadas entre los establecimientos contemplados en la Directiva y los edificios frecuentados por el público, estén dirigidas a las entidades responsables del planeamiento, que, sobre la base de una ponderación de los intereses públicos y privados afectados, deben decidir sobre la utilización del suelo, o se dirigen también a las autoridades competentes para la concesión de licencias de obras que, en el marco de una competencia reglada, deben decidir sobre la aprobación de un proyecto de construcción en una zona municipal urbanizada ya existente?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/4

Recurso de casación interpuesto el 23 de noviembre de 2009 por The Wellcome Foundation Ltd contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) dictada el 23 de septiembre de 2009 en el asunto T-493/07: The Wellcome Foundation Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-461/09 P)

2010/C 37/06

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: The Wellcome Foundation Ltd (representante: R. Gilbey, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Serono Genetics Institute S.A.

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que, al confirmar la resolución impugnada de la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia infringió los requisitos legales de los artículo 8, apartado 1, letra b), y 52, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria. (1)

— Anule la sentencia recurrida por la que se confirma la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que deniega la anulación de todas las resoluciones de la OAMI y del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas, y condene a la OAMI al pago de las costas.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que, basándose en los hechos del caso como aparecen en los registros de marca y como se presentaron ante la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia consideró, sin base legal, que el público relevante tenía un alto grado de atención.

La recurrente manifiesta que el Tribunal de Primera Instancia se negó a tener en cuenta pruebas presentadas por la recurrente, cuando dichas pruebas deberían haberse admitido, dado que eran una mera ampliación de las alegaciones y pruebas ya presentadas ante la OAMI.

La recurrente observa que, para describir el grado de similitud de los productos, el Tribunal de Primera Instancia ha utilizado una terminología vaga e incoherente, por lo que no ha motivado de manera precisa, exacta y coherente la sentencia recurrida.

La recurrente señala que, habida cuenta de lo hechos que se habían sometido al Tribunal de Primera Instancia, éste ha aplicado criterios jurídicamente incorrectos, incompletos y deficientes para concluir que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que los productos tenían un escaso grado de similitud.

La recurrente indica que, habida cuenta de los hechos que se habían sometido al Tribunal de Primera Instancia, éste concluyó que los signos tenían un escaso grado de similitud al no aplicar el criterio apropiado para realizar la comparación global de los signos.

Por último, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia basó su conclusión sobre el riesgo de confusión en criterios jurídicamente incorrectos, incompletos o deficientes, en la medida en que tales criterios jurídicamente incorrectos, incompletos o deficientes se aplicaron para definir el público pertinente, evaluar el grado de similitud de los productos y evaluar el grado de similitud de los signos.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Paris (Francia) el 12 de noviembre de 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

(Asunto C-524/09)

2010/C 37/36

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal administratif de Paris

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ville de Lyon

Demandada: Caisse des dépôts et consignations

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Comunicar o negarse a comunicar la información prevista en el apartado 12 del anexo XVI del Reglamento (CE) no 2216/2004, (1) de 21 de diciembre de 2004, compete exclusivamente al Administrador Central o también al administrador del registro nacional?

2) En el supuesto de que el administrador del registro nacional fuera competente, ¿la información debe ser considerada «información sobre emisiones en el medio ambiente», en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE, (2) de 28 de enero de 2003, frente a la cual no cabe oponer «la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial», o se rige su comunicación por normas específicas de confidencialidad?

3) En el supuesto de que fuese de aplicación la normativa específica de confidencialidad, ¿está prohibido comunicar dicha información con anterioridad al vencimiento del plazo de cinco años o bien dicho plazo sólo afecta al período quinquenal de asignación de los derechos de emisión, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, (3) de 13 de octubre de 2003?

4) En el supuesto de que fuese de aplicación dicho plazo de cinco años, ¿el artículo 10 del Reglamento (CE) no 2216/2004, de 21 de diciembre de 2004, permite alguna excepción al mismo y, en su caso, cabe denegar tal excepción, basándose en el citado artículo, a una entidad local o regional que desee que se le comunique dicha información para negociar un convenio de delegación del servicio público de calefacción urbano?

(1) Reglamento (CE) no 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 386, p. 1).

(2) Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO 41, p. 26).

(3) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 28 de octubre de 2009 — Vasilikí Stylianoú Vandórou/Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

(Asunto C-422/09)

2010/C 24/35

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoúlio tis Epikrateías

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vasilikí Stylianoú Vandórou

Demandada: Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

Cuestión prejudicial

«¿Por “experiencia profesional” que la autoridad nacional competente tiene en cuenta para decidir si los conocimientos adquiridos mediante esta experiencia compensan total o parcialmente la diferencia sustancial contemplada entre las materias que cubre la formación recibida por el interesado en el Estado miembro de procedencia y las materias cubiertas por el título correspondiente en el Estado miembro de acogida, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19), en su versión modificada por el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2001/19/CΕ (DO L 206) y antes de su derogación mediante el artículo 62 de la Directiva 2005/36/CΕ (DO L 255), ha de entenderse también la experiencia que reúne de modo acumulativo las siguientes características: a) Fue adquirida por el interesado tras la obtención del título que le garantiza el acceso a determinada profesión regulada en el Estado miembro de procedencia. b) Fue adquirida en el marco de una actividad profesional ejercida en el Estado miembro de acogida que, si bien no se identifica con la profesión regulada a cuyo derecho de acceso en el Estado miembro de acogida se refiere la solicitud del interesado en virtud de la Directiva 89/48 (y que, por otra parte, no puede ejercerse de modo lícito en el Estado miembro de acogida antes de la aprobación de la solicitud en cuestión), según la opinión decisiva al respecto de la autoridad nacional competente para resolver sobre la solicitud, es una actividad profesional que parece afín a la mencionada profesión regulada. c) Con arreglo a la apreciación esencial de la mencionada autoridad nacional, se considera que, debido a tal afinidad, puede cubrir, al menos en parte, las diferencias sustanciales entre las materias cubiertas por la formación adquirida por el interesado en el Estado miembro de procedencia y las materias cubiertas por el título correspondiente en el Estado miembro de acogida»?
I.

El Tribunal de Primera Instancia declaró que la disposición del Reglamento (CEE) no 2454/93 sobre el carácter exclusivo del formulario T2M para demostrar el carácter comunitario de los productos haliéuticos que han sido pescados en aguas internacionales y que han atravesado el territorio de un país tercero es necesaria y proporcionada. Según la recurrente en casación, el Tribunal de Primera Instancia no respondió al conjunto de sus alegaciones y motivos, en particular en relación con la posibilidad de que el legislador comunitario prevea medios alternativos de prueba, a la vista del carácter claramente inadecuado de la medida para salvaguardar las transacciones. Además, afirma que el Tribunal de Primera Instancia no motivó suficientemente su conclusión relativa a la necesidad y proporcionalidad de las medidas comunitarias, mientras que interpretó erróneamente el carácter del formulario aduanero T2M como componente del derecho de libre circulación.