Así, ante la falta de definición clara de un servicio como servicio público, no se atiende el primer criterio de la sentencia Altmark. Además, el mero hecho de que un servicio sea designado de interés general en Derecho nacional no implica que todo operador que lo efectúe esté encargado de la ejecución de obligaciones de servicio público en el sentido de dicha sentencia. En efecto, la calificación de un servicio como SIEG exige que la responsabilidad de su gestión se confíe a determinadas empresas.

Si bien los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de definir lo que consideran un servicio de interés económico general (SIEG), sin embargo tal facultad no es ilimitada y no puede ejercerse de forma arbitraria con el único fin de evitar que a un sector concreto se le apliquen las normas sobre competencia. En efecto, para poder ser calificado de SIEG, el servicio en cuestión debe revestir un interés económico general que posea características específicas respecto al de otras actividades económicas.

Además, la existencia o no de una personalidad jurídica distinta de la del Estado, atribuida por el Derecho nacional a un órgano que ejerza actividades económicas, no es relevante a efectos de apreciar la existencia de relaciones económicas entre el Estado y este órgano, y, por lo tanto, a efectos de apreciar que dicho órgano pueda ser el beneficiario de una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

Además, si bien el Protocolo no 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, que completa los Tratados UE y FUE, se aplica al sector de la radiodifusión y, más concretamente, a la financiación del servicio público de radiodifusión concedida a los organismos de radiodifusión, en cambio, la financiación de los operadores de plataformas de emisión de señales no se ve concernida por el citado Protocolo. Además, los objetivos de dicho Protocolo consistentes en garantizar las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad y en preservar el pluralismo de los medios de comunicación no guardan ninguna relación con la elección de la tecnología de difusión.

En materia de ayudas de Estado, del sistema general del Tratado se deduce que el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE no debe nunca conducir a un resultado contrario a las disposiciones específicas del Tratado. El margen de apreciación de los Estados miembros para configurar sus servicios de interés económico general (SIEG) no puede ejercerse de modo que dé lugar a la vulneración del principio de igualdad de trato, que está garantizado, con respecto al servicio de explotación de redes, concretamente, por el principio de neutralidad tecnológica.

Así, cuando existen varias plataformas de transmisión, no es posible considerar que una de ellas es esencial para la transmisión de las señales de radiodifusión sin respetar el principio de neutralidad tecnológica. Por tanto, al definir el servicio de explotación de una red como SIEG, las autoridades nacionales no deben discriminar a las demás plataformas. Un sistema de competencia no falseada, como el previsto por el Tratado FUE, tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos.

No obstante, el respeto del principio de neutralidad tecnológica no implica que, en todos los casos, la definición de una determinada plataforma para la explotación de redes de radiodifusión constituya un error manifiesto. En efecto, cuando la Comisión no examina más en profundidad la elección del Estado miembro, no puede constatar fundadamente la existencia de un error manifiesto de las autoridades nacionales en la definición de una determinada plataforma para la explotación de la red. Sin embargo, tal deficiencia es irrelevante en un caso en el que no se cumple el primer requisito de la sentencia Altmark ante la falta de una definición clara y precisa del servicio de explotación de redes de radiodifusión como servicio público.

(véanse los apartados 77 a 79)