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1. Derecho comunitario ° Interpretación ° Métodos ° Interpretación de un Reglamento de ejecución a la luz del Reglamento de base

2. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados rodamientos de bolas y de rodillos cónicos originarios de Japón ° Campo de aplicación material ° Cojinetes de bolas ° Exclusión

(Reglamentos del Consejo nos 2176/84, arts. 7 y 12, y 1739/85, art. 1, ap. 1)

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1. Cuando un texto de Derecho comunitario derivado exige una interpretación, debe interpretarse, en la medida de lo posible, en el sentido de su conformidad con las disposiciones del Tratado. Un Reglamento de ejecución debe asimismo ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con las disposiciones del Reglamento de base.

2. El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento nº 1739/85 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados rodamientos de bolas originarios de Japón, debe interpretarse en el sentido de que no incluye los cojinetes de bolas. Así interpretada, esta disposición no incurre en la ilegalidad que le hubiera afectado si, infringiendo los artículos 7 y 12 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84, según los cuales los derechos antidumping se aplican solamente a los productos que sean objeto de prácticas antidumping identificadas durante la investigación, hubiera incluido dichos productos a pesar de que no habían sido tenidos en cuenta en el procedimiento antidumping.
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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Disposiciones del Tratado - Ambito de aplicación personal - Nacional de un Estado miembro que ejerce su actividad en el territorio de dicho Estado tras haberse formado en él - Exclusión - Residencia en otro Estado miembro - Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 52)

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Al no existir un elemento de extranjería suficientemente relevante para permitir la aplicación de las normas del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, y en particular el principio de no discriminación, procede interpretar el artículo 52 del Tratado en el sentido de que dicho artículo no se opone a que un Estado miembro imponga a aquellos de sus nacionales que, utilizando la capacitación y la experiencia profesionales adquiridas en dicho Estado, ejercen su actividad profesional en su territorio y perciben en él la totalidad o la casi totalidad de sus ingresos, o poseen en él la totalidad o la casi totalidad de su patrimonio, una carga fiscal más gravosa cuando no residan en dicho Estado que cuando residan en él.
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1. Agricultura - Organización común de mercados - Certificados de importación y de exportación - Certificados de importación expedidos equivocadamente como consecuencia de un error de la Administración - Acción de responsabilidad ejercitada por el beneficiario ante el Juez nacional - Procedencia teniendo en cuenta el Reglamento nº 3719/88

(Reglamento nº 3719/88 de la Comisión, arts. 24 y 25)

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación - Ambito de aplicación del Reglamento nº 1697/79 - Error de la Administración que no ha podido "ser conocido, razonablemente, por el deudor" - Criterios de apreciación

(Reglamento nº 1697/79 del Consejo, art. 5, ap. 2)

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1. Los artículos 24 y 25 del Reglamento nº 3719/88, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, que autorizan al organismo emisor de un certificado a proceder a su corrección, no se oponen a una posible acción de reclamación de responsabilidad ejercitada, conforme al Derecho nacional, por el beneficiario de determinados certificados de importación, cuando ha quedado acreditado que no deberían haberse emitido, contra el organismo emisor y en el cual se tiene en cuenta, principalmente, la confianza legítima del agente económico en dichos certificados.

2. La acción de recaudación a posteriori de exacciones reguladoras a la importación que no fueron pagadas debido a un error cometido por las autoridades competentes de un Estado miembro en el momento de expedir certificados de importación resulta de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación.

Para apreciar si ha existido un "error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor", a efectos del apartado 2 de dicho artículo, debe tenerse en cuenta, en particular, la naturaleza del error, la experiencia profesional del agente económico afectado y la diligencia que éste haya demostrado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, de acuerdo con esta interpretación, el error que condujo a que no se cobraran los derechos podía o no ser conocido por el deudor.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 7 de noviembre de 1991 ( *1 )

En el asunto C-309/90,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Gouloussis, Consejero Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. R. Hayder, representante del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

República Helénica, representada por la Sra. E. Skandalou, miembro del Servicio Especial de lo Contencioso Comunitario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar y al no comunicar a la Comisión, en los plazos señalados, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en las Directivas 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios (DO L 223, p. 15; EE 06/03, p. 9); 85/614/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se modifica, con motivo de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 85/384/CEE del Consejo (DO L 376, p. 1; EE 06/03, p. 55), y 86/17/CEE del Consejo, de 27 de enero de 1986, por la que se modifica, con motivo de la adhesión de Portugal, la Directiva 85/384/CEE del Consejo (DO L 27, p. 71, rectificación publicada en el DO L 87, p. 36),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; F.A. Schockweiler, F. Grévisse y P.J.G. Kapteyn, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco y M. Zuleeg, Jueces;

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide :

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar y al no comunicar a la Comisión, en los plazos señalados, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en las Directivas del Consejo 85/384/CEE, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios; 85/614/CEE, de 20 de diciembre de 1985, por la que se modifica, con motivo de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 85/384/CEE, y 86/17/CEE, de 27 de enero de 1986, por la que se modifica, con motivo de la adhesión de Portugal, la Directiva 85/384/CEE.

2) Condenar en costas a la República Helénica.

( *1 ) Lengua de procedimiento: griego.
24.

Con carácter complementario, Wünsche precisa que no se había importado el contingente anual fijado por los Reglamentos controvertidos y que, dado que los certificados para las setas silvestres se habían expedido sin fijar un montante suplementario, los importadores podían presumir que aún no se había sobrepasado la cuota. No se había eludido ninguna disposición de los Reglamentos. Por consiguiente, dado que el montante suplementario debía gravar las mercancías despachadas a libre práctica que sobrepasaran las cuotas, no había habido importación irregular y no cabía la posibilidad de percibir dichos montantes.
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Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Tasa suplementaria sobre la leche - Atribución de cantidades de referencia exentas de la tasa - Productores que hayan suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización o por reconversión - Atribución de una cantidad de referencia específica - Exclusión de los productores a los que una incapacidad laboral les impide entregar leche entre la terminación de su compromiso y el año de referencia tenido en cuenta por el Estado miembro de que se trate - Violación de los principios de protección de la confianza legítima y de no discriminación - Inexistencia

(Reglamento nº 857/84 del Consejo, art. 3, ap. 3, y art. 3 bis, tal como fue modificado por los Reglamentos nº 764/89 y nº 1639/91)

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Las disposiciones del apartado 3 del artículo 3 en relación con las del artículo 3 bis del Reglamento nº 857/84, tal como fue modificado por el Reglamento nº 764/89 y posteriormente por el Reglamento nº 1639/91, no contemplan la posibilidad de atribuir una cantidad de referencia a un productor cuyo período de reconversión, en ejecución de un compromiso adquirido con arreglo al Reglamento nº 1078/77, haya expirado antes del 1 de enero de 1983, año de referencia tenido en cuenta por el Estado miembro de que se trate.

La normativa así interpretada no viola el principio de protección de la confianza legítima, pues éste no exige que pueda atribuirse una cantidad de referencia a un productor que no reanudó, a la expiración de su período de reconversión, la producción lechera a causa de una incapacidad profesional y que, por dicha razón, no efectuó entregas de leche durante el año de referencia tenido en cuenta por el Estado miembro de que se trate. Dicho productor tampoco puede prevalerse, a efectos de obtener una cantidad de referencia, de la cantidad de leche que había entregado durante uno de los otros años situados dentro del período comprendido entre 1981 y 1983, si durante esos dos años no hubiese estado obligado por su compromiso.

La normativa tampoco vulnera la prohibición de discriminación, pues la diferencia de trato que sufre tal productor, por el hecho de que no puede justificar entregas de leche efectuadas durante los años 1981 y 1982 y porque, por tanto, no puede solicitar que se tenga en cuenta otro año de referencia, se produce como consecuencia de que la normativa de que se trata no permite tener en cuenta un año de referencia situado fuera del período comprendido entre 1981 y 1983 ni tampoco una cantidad teórica calculada sobre la base de entregas de leche efectuadas durante un período anterior a 1981. Dicha exclusión se justifica objetivamente por la necesidad de limitar, en interés a la vez de la seguridad jurídica y de la eficacia del régimen de tasa suplementaria, el número de años que pueden tenerse en cuenta como años de referencia.
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1. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Normativa comunitaria - Ambito de aplicación material - Prestaciones contempladas y prestaciones excluidas - Criterios de distinción - Prestaciones abonadas por el empresario al trabajador en concepto de continuación del pago del salario en caso de enfermedad - Inclusión - Coste de las prestaciones soportado por el empresario - Irrelevancia

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo, art. 4, ap. 1)

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de Enfermedad - Trabajador que se encuentra en un Estado miembro distinto del Estado competente - Incapacidad laboral - Comprobación realizada por la institución del lugar de estancia - Reconocimiento obligatorio - Límites - Examen del trabajador por un médico elegido por la institución competente

(Reglamento nº 574/72 del Consejo, art. 18, aps. 1 a 5)

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1. La distinción entre prestaciones excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 y prestaciones reguladas por éste depende esencialmente de los elementos constitutivos de cada prestación, en particular, de su finalidad y de los requisitos para su concesión, y no del hecho de que una prestación sea o no calificada por una legislación nacional como prestación de Seguridad Social.

Las prestaciones abonadas al trabajador por el empresario en concepto de continuación del pago del salario en caso de enfermedad y cuyo abono, durante un período máximo de seis semanas, interrumpe el pago de los subsidios diarios de enfermedad previstos en la Ley nacional de Seguridad Social constituyen prestaciones de enfermedad en el sentido del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 1408/71. La circunstancia de que el coste de dichas prestaciones recaiga sobre el empresario no puede impedir la inclusión de dichas prestaciones en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, dado que la calificación de un subsidio como prestación de Seguridad Social cubierta por este Reglamento no depende del modo en que se financia el mismo.

2. Los apartados 1 a 4 del artículo 18 del Reglamento nº 574/72 deben interpretarse en el sentido de que la institución competente, incluso en el caso en que ésta sea el empresario y no una institución de la Seguridad Social, se encuentra vinculada, tanto fáctica como jurídicamente, por las comprobaciones médicas realizadas por la institución del lugar de residencia o de estancia en cuanto al comienzo y a la duración de la incapacidad cuando no somete al interesado al examen de un médico elegido por ella, como autoriza el apartado 5 de dicho artículo.

Las dificultades de orden práctico alegadas por un empresario que no pudo hacer un uso eficaz de la facultad prevista en el apartado 5 del artículo 18 no pueden poner en tela de juicio la interpretación de una de las disposiciones de este Reglamento, tal y como resulta de su tenor y de su finalidad.
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1. Recurso de indemnización - Objeto - Solicitud de indemnización dirigida contra la Comunidad conforme al párrafo segundo del artículo 215 del Tratado - Competencia exclusiva del Tribunal de Justicia - Solicitud de devolución de cantidades indebidamente percibidas por las autoridades nacionales con arreglo a una normativa comunitaria declarada inválida - Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales

(Tratado CEE, arts. 178 y 215, párr. 2)

2. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto normativo - Violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que proteja a los particulares - Inobservancia del sistema de reparto de competencias entre las Instituciones comunitarias - Inexistencia de responsabilidad

(Tratado CEE, art. 215, párr. 2)

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1. El artículo 178 del Tratado, en relación con el artículo 215, otorga al Tribunal de Justicia la competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de indemnización de daños imputables a la Comunidad, la cual, en virtud del párrafo segundo del artículo 215, está obligada a reparar, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, los perjuicios causados por sus Instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. En cambio, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen competencia exclusiva para conocer de las acciones de devolución de importes percibidos indebidamente por un organismo nacional basándose en una normativa comunitaria que más tarde se declaró inválida.

2. La mera declaración de que un acto normativo de la Comunidad no es válido, no basta en sí misma para generar, en virtud del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado, la responsabilidad extracontractual de la Comisión por los perjuicios que los particulares hubieran sufrido. En efecto, sólo se incurre en dicha responsabilidad en caso de violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que proteja a los particulares. No es ése el caso cuando el acto declarado inválido es contrario al sistema de reparto de competencias entre las diferentes Instituciones de la Comunidad, pues dicho sistema tiene como objetivo garantizar el respeto del equilibro institucional previsto por el Tratado y no la protección de los particulares.
SENTENCIA DE 7.11.1991 — ASUNTO C-309/90 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 7 de noviembre de 1991 * 
En el asunto C-309/90, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Gouloussis, 
Consejero Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del 
Sr. R. Hayder, representante del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, 
Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
República Helénica, representada por la Sra. E. Skandalou, miembro del Servicio 
Especial de lo Contencioso Comunitario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que 
designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Grecia, 117, 
Val Sainte-Croix, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que la República Helénica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar y al no 
comunicar a la Comisión, en los plazos señalados, las disposiciones legales, regla­
mentarias y administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en las Directivas 
85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo 
de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que in­
cluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de estableci­
miento y de la libre prestación de servicios (DO L 223, p. 15; EE 06/03, p. 9); 
85/614/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se modifica, con 
motivo de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 85/384/CEE del 
Consejo (DO L 376, p. 1; EE 06/03, p. 55), y 86/17/CEE del Consejo, de 27 de 
enero de 1986, por la que se modifica, con motivo de la adhesión de Portugal, la 
Directiva 85/384/CEE del Consejo (DO L 27, p. 71, rectificación publicada en el 
DO L 87, p. 36), 
* Lengua de procedimiento: griego. 
I-5312 
COMISION / GRECIA 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; F.A. Schockweiler, F. Grévisse y 
P.J.G. Kapteyn, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho 
de Almeida, M. Diez de Velasco y M. Zuleeg, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le in­
cumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar y al no comunicar a la Comi­
sión, en los plazos señalados, las disposiciones legales, reglamentarias y adminis­
trativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en las Directivas del Consejo 
85/384/CEE, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplo­
mas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye 
medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento 
y de la libre prestación de servicios; 85/614/CEE, de 20 de diciembre de 1985, 
por la que se modifica, con motivo de la adhesión de España y de Portugal, la 
Directiva 85/384/CEE, y 86/17/CEE, de 27 de enero de 1986, por la que se 
modifica, con motivo de la adhesión de Portugal, la Directiva 85/384/CEE. 
2) Condenar en costas a la República Helénica. 
I-5313
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 25 de julio de 1991 ( *1 )

En el asunto C-252/89,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. María Condou-Durande, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Guido Berardis, también miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Gran Ducado de Luxemburgo, representado por el Sr. Claude Franek, Primer Agregado de Gobierno del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el del citado Ministerio, 5 A, rue de Prague,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo, al no haber establecido ni comunicado a la Comisión los programas así como al no haber adoptado ni comunicado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a los envases para alimentos líquidos (DO L 176, p. 18; EE 15/06, p. 22), ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G. F. Mancini, G. C. Rodríguez Iglesias y M. Diez de Velasco, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliét, F. A. Schockweiler y P.J. G. Kapteyn, Jueces;

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no haber establecido ni comunicado a la Comisión los programas así como al no haber adoptado ni comunicado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a los envases para alimentos líquidos.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

( *1 ) Lengua de procedimiento: francés.
2.

En su resolución de remisión, el Bundesfinanzhof se inclina a pensar que los citados aparatos no pueden clasificarse en la partida 9030. Efectivamente, esta partida agrupa únicamente los aparatos que sirven para «medir», es decir, aquellos aparatos que tienen por finalidad medir determinadas magnitudes indicando su valor. Por el contrario, el hecho de que la forma de funcionamiento de un aparato se base en un proceso de técnicas de medida no basta para que este aparato se convierta en un aparato de medida. Ahora bien, los aparatos de que se trata miden ciertamente magnitudes eléctricas, pero no tienen por finalidad indicar tales magnitudes, es decir, «medir». No obstante, el Bundesfinanzhof pone de manifiesto que, mediante sus Reglamentos (CEE) n° 2334/83, de 11 de agosto de 1983 (DO L 224, p. 14; EE 02/10, p. 61), y (CEE) n° 1368/87, de 18 de mayo de 1987 (DO L 130, p. 5), relativos a la clasificación de mercancías en la subpartida 90.28 A II a) del Arancel Aduanero Común, la Comisión decidió que unos aparatos comparables a los que aquí se cuestionan debían considerarse como «aparatos para la medida de magnitudes eléctricas», considerando que «la comparación de resultados de análisis, convertidos en magnitudes eléctricas, con datos programados, constituye una operación de medida». De esta forma, el término «medida», según la interpretación de la Comisión, no incluye la indicación de la magnitud medida. De esto se deduce, a juicio del Bundesfinanzhof, que los citados Reglamentos n° 2334/83 y n° 1368/87, así como, por otra parte, el Reglamento (CEE) n° 646/89 de la Comisión, de 14 de marzo de 1989, por el que se sustituyen en determinados Reglamentos relativos a la clasificación de las mercancías los códigos establecidos con arreglo a la Nomenclatura del Arancel Aduanero Común vigente el 31 de diciembre de 1987 por los establecidos basándose en la Nomenclatura combinada (DO L 71, p. 20), serían inválidos si el término «medida» que se utiliza en la partida 9030 de la Nomenclatura combinada hubiera de tener el sentido que el Bundesfinanzhof se inclina a darle.