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Los artículos 28 a 31 de la Ley de 24 de febrero de 2017 por la que se modifica la Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la Entrada en el Territorio, la Residencia, el Establecimiento y la Expulsión de los Extranjeros con el Fin de Reforzar la Protección del Orden Público y de la Seguridad Nacional (Moniteur belge de 19 de abril de 2017, p. 51890) (en lo sucesivo, «Ley de 24 de febrero de 2017») introdujeron en la Ley de 15 de diciembre de 1980 los artículos 44 quater a 44 septies, que tienen el siguiente tenor: «Artículo 44 quater. Mientras transcurre el plazo establecido en el artículo 44 ter, el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia no podrá ser objeto de una expulsión forzosa. Para evitar todo riesgo de fuga durante el plazo establecido en el artículo 44 ter, el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia podrá quedar sujeto a medidas preventivas. El rey podrá determinar estas medidas mediante decreto adoptado en Consejo de Ministros. Artículo 44 quinquies. § 1. El ministro o su delegado adoptará todas las medidas necesarias para ejecutar la orden de abandonar el territorio cuando: 1.o no se haya concedido un plazo al ciudadano de la Unión o al miembro de su familia para abandonar el territorio del Reino; 2.o el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia no haya abandonado el territorio del Reino en el plazo que le ha sido concedido; 3.o antes de expirar el plazo concedido para abandonar el territorio del Reino, el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia presente un riesgo de fuga, no haya cumplido las medidas preventivas impuestas o suponga una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. § 2. Si el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia se opone a su expulsión o presenta un riesgo de peligrosidad con ocasión de su expulsión, se procederá a su retorno forzoso, en su caso, con escolta. Podrán adoptarse medidas coercitivas respecto a dichas personas de conformidad con los artículos 1 y 37 de la Ley de 5 de agosto de 1992 sobre la función de policía [(Moniteur belge de 22 de diciembre de 1992, p. 27124)]. Cuando la expulsión sea ejecutada por vía aérea, las medidas se adoptarán de conformidad con las directrices comunes sobre la expulsión por vía aérea anejas a la [Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión (DO 2004, L 261, p. 28)]. § 3. El rey designará, mediante decreto adoptado en Consejo de Ministros, la entidad encargada de garantizar el control de los retornos forzosos y determinará las modalidades de dicho control. Esta entidad será independiente de las autoridades competentes en materia de expulsión.» Artículo 44 sexies. Si las circunstancias de cada caso lo justifican, el ministro o su delegado podrá aplazar temporalmente la expulsión. Informará de tal extremo al interesado. Para evitar todo riesgo de fuga, el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia podrán quedar sujetos a medidas preventivas. Estas medidas se determinarán mediante decreto adoptado en Consejo de Ministros. El ministro o su delegado podrá ordenar, en los mismos casos, el arresto domiciliario del ciudadano de la Unión o del miembro de su familia durante el tiempo necesario para la ejecución de estas medidas. Artículo 44 septies. § 1. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad nacional o salud pública, y salvo que puedan aplicarse con eficacia medidas de carácter menos coercitivo, para garantizar la ejecución de la medida de expulsión, se podrá internar a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias durante el tiempo estrictamente necesario para la ejecución de la medida sin que la duración del internamiento pueda superar los dos meses. No obstante, el ministro o su delegado podrá prorrogar por dos meses dicho período de internamiento siempre que se hayan iniciado los trámites necesarios para la expulsión del extranjero en los siete días hábiles siguientes al internamiento del ciudadano de la Unión o del miembro de su familia, dichos trámites estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia y siga existiendo la posibilidad de expulsar efectivamente al interesado en un plazo razonable. Expirada la primera prórroga, el ministro será la única persona facultada para adoptar la decisión de prorrogar la duración del internamiento. Transcurrido un plazo de cinco meses, el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia deberá ser puesto en libertad. Cuando así lo requiera la protección del orden público o de la seguridad nacional, el internamiento podrá prorrogarse por períodos sucesivos de un mes, si bien el período de internamiento total no podrá superar los ocho meses. § 2. El ciudadano de la Unión o el miembro de su familia a que se refiere el apartado 1 podrá interponer recurso contra la decisión de internamiento de que sea objeto de conformidad con los artículos 71 y siguientes.»