Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión por la que se prohíbe un régimen de ayudas sectorial - Recurso de una empresa beneficiaria de una ayuda individual concedida en virtud de dicho régimen que debe ser recuperada - Admisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Examen por la Comisión - Obligación de la Comisión de extender el procedimiento de examen a las modificaciones introducidas en un régimen de ayudas ya en aplicación - Inexistencia

[Tratado CE, art. 93, aps. 2 y 3 (actualmente art. 88 CE, aps. 2 y 3)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Examen por la Comisión - Régimen de ayudas que ha dejado de estar en vigor - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

4. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado

[Tratado CE, arts. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación) y 190 (actualmente art. 253 CE)]

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$$1. Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello los individualiza de manera análoga a la del destinatario. Por consiguiente, una empresa no puede impugnar, en principio, una Decisión de la Comisión por la que se prohíbe un régimen de ayudas sectorial si sólo se ve afectada por esta Decisión debido a su pertenencia al sector de que se trata y a su condición de beneficiario potencial de dicho régimen.

En efecto, tal Decisión se presenta frente a la empresa demandante como una medida de alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente e implica efectos jurídicos en relación con una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta. Sin embargo, se encuentra en una situación diferente una empresa a la que la Decisión que no afecta solamente por su condición de empresa del sector de que se trate, potencialmente beneficiaria del régimen de ayudas controvertido, sino también en su calidad de beneficiaria efectiva de una ayuda individual concedida en virtud de este régimen y cuya recuperación ha ordenado la Comisión. Dicha empresa se ve también afectada en la medida en que la Decisión de la Comisión obliga al Estado miembro a exigirle la devolución de la ayuda concedida.

( véanse los apartados 32 a 36 )

2. Cuando la Comisión ha iniciado el procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 2) contra un régimen de ayudas ya en aplicación, no está obligada a prolongar este procedimiento cuando el Estado miembro de que se trate modifique dicho régimen. En efecto, en caso contrario, este Estado podría dilatar el procedimiento a su antojo, retrasando así la adopción de una decisión final.

Esta solución no queda desvirtuada por el hecho de que la obligación, establecida en el artículo 93, apartado 3, primera frase, del Tratado, de informar a la Comisión de los proyectos dirigidos a conceder o a modificar ayudas no se aplica únicamente al proyecto inicial, sino que alcanza también a las modificaciones posteriores de este proyecto, teniendo en cuenta que esta información puede proporcionarse a la Comisión en el marco de las consultas a que haya dado lugar la notificación inicial. En efecto, dicha hipótesis se refiere a las modificaciones que un proyecto de ayudas puede sufrir en el proceso de adopción, por lo que no cabe aplicar la solución alcanzada en ella a una situación en la que el régimen de ayudas ya está vigente cuando llega a conocimiento de la Comisión.

( véanse los apartados 43 y 44 )

3. Ante un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales del régimen de que se trate, sin encontrarse obligada a examinar cada caso concreto en que se aplique. Esta facultad no puede verse afectada por la circunstancia de que el régimen de ayudas controvertido no esté ya vigente. En efecto, también en este caso debe reconocerse a la Comisión la posibilidad de apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de dicho régimen basándose en sus características generales.

( véase el apartado 51 )

4. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

En lo que atañe, más precisamente, a una Decisión en materia de ayudas de Estado, si bien de las propias circunstancias en las que se concedió la ayuda es posible deducir, en determinados casos, que puede afectar a los intercambios entre Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia, corresponde a la Comisión mencionar al menos dichas circunstancias en los motivos de su Decisión.

( véanse los apartado 65 y 66 )