Palabras clave

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Palabras clave

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1. Agricultura ° Política Agrícola Común ° Reglamentos ° Procedimiento de elaboración ° Medidas de salvaguardia ° Obligación de la Comisión de prever en su Reglamento de ejecución un plazo para someter las medidas al Consejo ° Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1932/93 de la Comisión; Decisión 87/373/CEE del Consejo]

2. Agricultura ° Organización común de mercados ° Frutas y hortalizas ° Importaciones de países terceros ° Medidas de salvaguardia para la importación de guindas ° Principio de proporcionalidad ° Principio de protección de la confianza legítima ° Acuerdos interinos sobre comercio celebrados por la Comunidad con Estados terceros ° Infracción ° Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1932/93 de la Comisión]

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1. Al adoptar el Reglamento nº 1932/93, por el que se establecen medidas de salvaguardia en lo referente a las importaciones de guindas, la Comisión no estaba obligada a prever un plazo dentro del cual un Estado miembro podría someter al Consejo las medidas de salvaguardia adoptadas. En efecto, la Decisión 87/373 del Consejo, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, cuyo artículo 3 prevé que se fije tal plazo, sólo se aplica, según sus considerandos segundo y tercero, a las competencias conferidas con posterioridad a su entrada en vigor y no puede, pues, afectar a la validez de medidas de ejecución adoptadas en virtud de competencias de ejecución conferidas a la Comisión antes de su entrada en vigor. Además, cuando el Consejo decida utilizar el procedimiento previsto en dicho artículo 3, el plazo dentro del cual cualquier Estado miembro puede someterle la decisión adoptada por la Comisión debe ser indicado en el propio acto por el que el Consejo confiera a ésta la facultad de tomar medidas de salvaguardia, y no en las decisiones que la Comisión pueda adoptar en virtud de esta habilitación.

2. Las medidas de salvaguardia relativas a la importación de guindas, establecidas en el sector de las frutas y hortalizas por el Reglamento nº 1932/93, no violan el principio de proporcionalidad. En efecto, estas medidas, a las que se dio preferencia frente a otras más rigurosas, en particular las medidas restrictivas del volumen de las importaciones, permitían alcanzar el objetivo perseguido, es decir, frenar la caída de los precios de los productos en el mercado comunitario, y fueron adoptadas después de que un sistema menos riguroso, el de los certificados de importación, resultara ser insuficiente.

En su adopción tampoco se violó el principio de protección de la confianza legítima, puesto que los operadores económicos no podían esperar legítimamente el mantenimiento de la situación existente, puesto que ésta podía ser modificada por las decisiones que las Instituciones comunitarias adoptaran, especialmente teniendo en cuenta que, poco antes de adoptarse dicho Reglamento, la Comisión había establecido un sistema de certificados de importación justificado por las evoluciones desfavorables del mercado.

Por último, tampoco puede considerarse que estas medidas constituyan una infracción de los Acuerdos interinos sobre comercio, celebrados entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, por una parte, y la República de Polonia, la República Federativa Checa y Eslovaca y la República de Hungría, por otra parte, puesto que, si bien el artículo 15 de cada uno de los Acuerdos interinos prevé la obligación de cada Parte de iniciar negociaciones cuando una de ellas adopte medidas de salvaguardia relativas a los intercambios de productos agrícolas, tal estipulación sólo produce efectos entre las Partes contratantes y prevé una formalidad posterior a la adopción de las medidas de salvaguardia. No puede, por ello, ser invocada eficazmente para impugnar la validez de las propias medidas de salvaguardia.