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Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 5 de diciembre de 2019 — Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

(Asunto T‑29/19)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there — Marcas nacionales denominativas anteriores idéa logistique, IDEA y Groupe idea — Marca nacional figurativa anterior iDÉA — Registros internacionales que designan a la Unión Europea — Marcas figurativa anterior iDÉA y denominativa anterior IDEA — Motivos de denegación relativos — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 72] (véase el apartado 20)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there — Marcas denominativas idéa logistique, IDEA y groupe idea — Marcas figurativas iDÉA [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 46, 50, 72 y 79 a 81)

3. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Control de la calificación jurídica atribuida a los hechos del litigio [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 72] (véase el apartado 120)

4. Procedimiento judicial — Obligación del órgano jurisdiccional de ceñirse al litigio tal y como ha quedado delimitado por las partes — Obligación del órgano jurisdiccional de pronunciarse ateniéndose únicamente a las alegaciones formuladas por las partes — Inexistencia (véase el apartado 120)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de noviembre de 2018 (asunto R 2064/2017‑4), relativa a un procedimiento de oposición entre Idea Groupe y The Logistical Approach.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 12 de noviembre de 2018 (asunto R 2064/2017‑4).
146

En primer lugar, es preciso señalar que, como resulta además del tenor de la sección 9 del formulario CO relativo a la notificación de las operaciones de concentración de conformidad con el Reglamento n.o 139/2004, que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 802/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento n.o 139/2004 (DO 2004, L 133, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 172, p. 9), y del punto 78 de las Directrices sobre las concentraciones horizontales, las eficiencias generadas por la concentración deben poder favorecer la competencia en beneficio de los consumidores. El considerando 29 del Reglamento n.o 139/2004, al que se refiere la demandante, recuerda así que tales eficiencias derivadas de una concentración pueden contrarrestar los efectos sobre la competencia y, en particular, el perjuicio potencial para los consumidores que en caso contrario podría resultar de la concentración, y que, como consecuencia de ello, esta no obstaculice de forma significativa la competencia efectiva en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
111

No obstante, basta señalar que los productores exportadores en cuyo nombre ejercita la acción la CCCME son diecinueve productores exportadores chinos identificados en el anexo A.2 de la demanda como Hebei Cheng’An Babel Casting Co. Ltd, Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd, Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd, Qingdao Jiatailong Industrial Co. Ltd, Qingdao Jinfengtaike Machinery Co. Ltd, Shahe City Fangyuan Casting Co. Ltd, Shandong Heshengda Machinery Technology Co. Ltd, Baoding Shuanghu Casting Co. Ltd, Tang County Kaihua Metal Products Co. Ltd, Weifang Nuolong Machinery Co. Ltd, Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co. Ltd, Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co. Ltd, Zibo Joy’s Metal Co. Ltd, Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial, Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co. Ltd, Laiwu City Haitian Machinery Plant, Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry, Rockhan Technology Co. Ltd y Botou GuangTai Precision Casting Factory.
76

Procede señalar que no todos los miembros del tribunal de oposición estuvieron presentes en esas diecinueve reuniones. Por otra parte, no se ha presentado ningún acta de dichas reuniones, de modo que es imposible saber lo que allí se debatió. En particular, el Tribunal no puede comprobar si en esas reuniones se decidió el modo en que debían desarrollarse las pruebas, como en el litigio que dio lugar a la sentencia de 12 de febrero de 2014, De Mendoza Asensi/Comisión (F‑127/11, EU:F:2014:14) (véase el apartado 69 anterior). Cabe indicar también que, al haberse desarrollado esas reuniones antes del inicio de las pruebas del centro de evaluación, no pudieron permitir al tribunal de oposición examinar las prestaciones y méritos de los candidatos ni llevar a cabo una evaluación comparativa de estos.
44

En lo que atañe a la alegación de la EUIPO y de la parte coadyuvante basada en el principio general del Derecho administrativo de la Unión según el cual un acto administrativo no puede ser objeto de revisión si no constituye la expresión de una posición definitiva adoptada por un órgano administrativo de la Unión, procede comenzar señalando que tal principio general de Derecho no ha sido reconocido por los Tribunales de la Unión. Si bien es cierto que un recurso contra un acto de trámite no es admisible en la medida en que no se dirige contra un acto que constituya la posición definitiva de la Administración adoptada al término del procedimiento, el juez de la Unión ya ha reconocido la admisibilidad de los recursos dirigidos contra actos que no establecen la posición definitiva de la Administración, pero cuyo alcance para su destinatario justifica que no se consideren meros actos de trámite. Además, no se ha declarado nunca que una resolución de una Sala de Recurso tenga carácter de acto de trámite, aun cuando se devuelva el asunto, tras la anulación de una resolución de la División de Oposición, para que dicha División proceda a su examen. En efecto, el artículo 72 del Reglamento 2017/1001, cuando prevé que «contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General», no establece ninguna distinción entre tales resoluciones, en función de si constituyen o no la posición final de los órganos de la EUIPO.
38

Aunque la decisión desestimatoria de la reclamación sea confirmatoria de la decisión de no promoción y, por consiguiente, no proceda un pronunciamiento específico sobre las pretensiones de anulación de la decisión desestimatoria de la reclamación, la motivación contenida en esta última decisión revela los fundamentos jurídicos de la decisión de no promoción. Por consiguiente, habida cuenta del carácter evolutivo del procedimiento administrativo previo, esta motivación también deberá tomarse en consideración para el examen de la legalidad de la decisión de no promoción, ya que dicha motivación debe coincidir con este último acto (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2014, Mocová/Comisión, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, apartados 31 y 33 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 2009, Comisión/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, apartado 59).
50

En el caso de autos, basta con señalar que la decisión de 2 de julio de 2018, que es una decisión individual cuyos destinatarios, en el sentido del artículo 263 TFUE, son los intérpretes requeridos para prestar servicios mínimos (auto de 27 de febrero de 2019, SFIE‑PE/Parlamento, T‑401/18, no publicado, EU:T:2019:132, apartado 42), no afectó a los demandantes a los que no requirió, ya que no adoptó ninguna medida respecto a ellos y su situación personal no se vio afectada. En consecuencia, los demandantes que no fueron destinatarios de la decisión de 2 de julio de 2018 no están individualizados de manera análoga a la de los destinatarios en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 49 anterior y, por tanto, no están legitimados para solicitar la anulación de dicha decisión.
125

No obstante, el Reglamento n.o 1107/2009 estableció en su artículo 80 una serie de disposiciones transitorias. En particular, según el artículo 80, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1107/2009, la Directiva 91/414 siguió siendo de aplicación, con respecto al procedimiento y condiciones de aprobación, para las sustancias activas cuya integridad hubiera sido establecida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414 en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (DO 2008, L 15, p. 5).
124

En tercer lugar, a su juicio, el hecho de que la CNCM, como órgano central, no tenga ninguna actividad bancaria y, por tanto, no sea conocida por los consumidores es irrelevante en la medida en que, con arreglo a la jurisprudencia, no es necesario que la marca sea explotada por su titular y basta que la exploten de forma efectiva terceros autorizados, lo que considera que sucede en el presente caso.
2.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Método de clasificación de las mezclas peligrosas para el medio ambiente acuático — Exclusión [Art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) n.o 286/2011 y n.o 944/2013, anexo I, punto 4.1.3.5.5] (véanse los apartados 57 y 65 a 68)
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 27 de marzo de 2019 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Asunto T‑265/18)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión Formata — Marca internacional figurativa anterior Formata — Causa de nulidad relativa — Artículo 60, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Regla 37 del Reglamento (CE) n.o 2868/95 [actualmente artículo 12 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625] — Condiciones de representación de la marca anterior — Regla 19 del Reglamento n.o 2868/95 (actualmente artículo 7 del Reglamento Delegado 2018/625) — Confianza legítima — Restitución de los gastos de representación — Artículo 109 del Reglamento 2017/1001 y regla 94 del Reglamento n.o 2868/95 (actualmente artículo 109 del Reglamento 2017/1001)»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de nulidad — Admisibilidad — Requisitos [Reglamento (CE) de la Comisión n.o 2868/95, art. 1, reglas 37 y 39, ap. 3, sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, arts. 12 y 15, ap. 4) (véanse los apartados 30 a 32)

2. Derecho de la Unión Europea — Principios — Protección de la confianza legítima — Requisitos — Garantías concretas dadas por la Administración — Conformidad de las garantías con las normas aplicables (véase el apartado 41)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de febrero de 2018 (asunto R 2032/2017‑4), relativa a un procedimiento de nulidad entre la Sra. Biernacka-Hoba y Formata Bogusław Hoba.

Fallo

1) Anular la Decisión de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 13 de febrero de 2018 (asunto R 2032/2017‑4), en la medida en que condenó a la Sra. Ilona Biernacka-Hoba a cargar con las costas de Formata Bogusław Hoba en los procedimientos de nulidad y de recurso y fijó el importe de las costas que la Sra. Biernacka-Hoba debía abonar a Formata Bogusław Hoba en 1000 euros, y reformarla en el sentido de que no procede condenar a la Sra. Biernacka-Hoba a abonar dicho importe.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 9 de julio de 2019 — Alemania/Comisión

(Asunto T‑53/18)

«Aproximación de las legislaciones — Reglamento (UE) n.o 305/2011 — Reglamento (UE) n.o 1025/2012 — Productos de construcción — Normas armonizadas EN 13341:2005 + A1:2011 y EN 12285-2:2005 — Obligación de motivación»

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Art. 296 TFUE, párr. 2)

(véanse los apartados 22 a 24)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación, en primer lugar, de la Decisión (UE) 2017/1995 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, por la que se mantiene en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la norma armonizada EN 13341:2005 + A1:2011, sobre tanques termoplásticos fijos para almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de calefacción, queroseno y combustibles diésel, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2017, L 288, p. 36), y, en segundo lugar, de la Decisión (UE) 2017/1996 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, por la que se mantiene en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la norma armonizada EN 12285-2:2005, sobre tanques de acero fabricados en taller, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2017, L 288, p. 39).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
186

De la distinción entre pruebas de una infracción e indicios que fundamentan una decisión de inspección resulta que estos últimos no pueden someterse al mismo grado de formalismo que el relativo, en particular, al respeto de las normas establecidas por el Reglamento n.o 1/2003 y por la jurisprudencia dictada sobre la base de dicho Reglamento en lo tocante a las facultades de investigación de la Comisión. Si se exigiera el mismo formalismo para la recogida de indicios previa a una inspección y la recopilación de las pruebas de una infracción, esto implicaría efectivamente que la Comisión debería respetar unas normas que rigen sus facultades de investigación cuando aún no se ha abierto formalmente ninguna investigación a los efectos del capítulo V del Reglamento n.o 1/2003 y que la Comisión todavía no ha empleado las facultades de investigación que le confieren en particular los artículos 18 a 20 del Reglamento n.o 1/2003, es decir, no ha adoptado ninguna medida que implique la imputación de una infracción, especialmente una decisión de inspección.
5

El 5 de marzo y el 29 de octubre de 2013, con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), la Comisión inició un procedimiento de infracción contra las demandantes, así como contra Barclays, contra Crédit Agricole SA y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (en lo sucesivo, conjuntamente, «Crédit Agricole»), contra Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Ltd y DB Group Services (UK) Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «Deutsche Bank»), contra JP Morgan Chase & Co., JP Morgan Chase Bank National Association y JP Morgan Services LLP (en lo sucesivo, conjuntamente, «JP Morgan»), contra Royal Bank of Scotland plc y The Royal Bank of Scotland Group plc (en lo sucesivo conjuntamente, «RBS») y contra Société Générale (considerando 89 de la Decisión impugnada).
36

En apoyo de sus alegaciones, las demandantes formulan tres imputaciones principales. En primer lugar, alegan que el régimen de ayudas que se discute debe calificarse de régimen de ayudas existente con arreglo al artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento 2015/1589, puesto que la posibilidad de que las entidades locales concedan subvenciones a las empresas de transporte público de viajeros por carretera ya se había establecido en el artículo 19 del décret n.o 49‑1473, relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers (Decreto n.o 49‑1473, relativo a la Coordinación y a la Armonización del Transporte Ferroviario y por Carretera), de 14 de noviembre de 1949 (JORF de 15 de noviembre de 1949, p. 11104; en lo sucesivo, «Decreto de 1949»), antes de que el 1 de enero de 1958 entrara en vigor en Francia el Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Europea (actualmente Tratado FUE). En segundo lugar, consideran que, como los mercados de transporte público de los Estados miembros de la Unión estaban cerrados a la competencia antes de 1995, fecha de apertura a la competencia de dichos mercados según la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), la Comisión no podía considerar que las ayudas otorgadas en virtud del régimen de ayudas que se discute constituían ya ayudas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en el momento en que se establecieron y, por tanto, no podían considerarse ayudas existentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, letra b), inciso v), primera frase, del Reglamento 2015/1589. En tercer lugar, sostienen que el análisis efectuado por la Comisión sobre el carácter de nueva ayuda o de ayuda existente del régimen de ayudas que se discute con arreglo al artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento 2015/1589 no les permite conocer las razones por las que la Comisión estimó que las subvenciones a la inversión otorgadas por la Región constituían, desde el momento en que se aplicaron por primera vez, un régimen de ayudas estatales en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
31

Por lo que se refiere al procedimiento de declaración de medicamento huérfano, el artículo 3 del Reglamento n.o 141/2000 establece los criterios que debe cumplir el medicamento para ser declarado medicamento huérfano. El artículo 3, apartado 1, letra b), primer supuesto, del Reglamento n.o 141/2000 prevé que el promotor del medicamento huérfano debe, en particular, demostrar que no existe un método satisfactorio autorizado en la Unión de diagnóstico, prevención o tratamiento de la afección sobre la que actúa el medicamento para el que se ha presentado la solicitud de declaración de medicamento huérfano. En el caso de que, no obstante, exista este método, el legislador ha previsto, en el artículo 3, apartado 1, letra b), segundo supuesto, del Reglamento n.o 141/2000, la posibilidad de que sea declarado medicamento huérfano todo posible medicamento destinado a tratar la misma afección, siempre que su promotor demuestre que ese medicamento aportará un beneficio considerable a quienes padecen dicha afección (sentencia de 9 de septiembre de 2010, Now Pharm/Comisión, T‑74/08, EU:T:2010:376, apartado 34).
En materia de política de rotación de funcionarios, las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación discrecional en la organización de sus servicios en función de las misiones que les son confiadas y en el destino, a efectos de dichas misiones, del personal que se encuentra a su disposición, siempre que dicho destino, sin embargo, se decida en interés del servicio y respetando la equivalencia de los empleos. Al efectuar su control de las decisiones en relación con la organización de los servicios, el órgano jurisdiccional de la Unión, cuando conoce de un recurso, debe comprobar si la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos se ha mantenido dentro de sus límites razonables y no ha utilizado sus facultades discrecionales de forma manifiestamente incorrecta. Para demostrar la existencia de un error manifiesto, el funcionario debe aportar elementos de prueba que priven de plausibilidad a las apreciaciones tenidas en cuenta por la Administración.

Respecto al interés del servicio, este requiere que no se produzca ruptura alguna en su continuidad, lo que implica que el control también debe referirse a la existencia de posibles errores manifiestos que priven de plausibilidad a las apreciaciones de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos. No obstante, la renovación del personal es inherente al ejercicio de la movilidad y no cuestiona por sí misma la continuidad del servicio, pues esta continuidad queda asegurada mediante la coordinación entre el personal saliente, el personal que permanece y el personal nuevo, que es seleccionado, en particular, con arreglo a los conocimientos y a la experiencia que puedan aportar al tipo de puesto de que se trate.

(véanse los apartados 27 a 29, 39 y 41)
7.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009/CE [Reglamento n.o 207/2009/CE del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 65)
8.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los distintos motivos de denegación — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 69)
185

En primer lugar, los demandantes alegan que el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013 y el artículo 32, apartado 1, del Reglamento n.o 468/2014 no han sido respetados, dado que el Banco de Italia no les permitió tener acceso a los documentos de su expediente hasta el 14 de septiembre de 2016, es decir, en la fecha en que terminó el plazo para la presentación de las pruebas que acreditaban que se cumplían los requisitos para la adquisición de una participación cualificada.
155

Por otra parte, el Tribunal es el único juez de la eventual necesidad de completar los elementos de información de que dispone sobre los asuntos de que conoce, para lo que acordará diligencias de prueba como la solicitada en el presente caso, las cuales no pueden tener por objeto suplir la carencia de la parte demandante en la práctica de la prueba (véase la sentencia de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑481/07 P, no publicada, EU:C:2009:461, apartado 44 y jurisprudencia citada). En el caso de autos, como la demandante no ha demostrado las cantidades que, en su opinión, se le deben pagar, no procede acordar la diligencia de prueba solicitada (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión, T‑184/15, no publicada, EU:T:2016:652, apartado 102).
158

En lo que respecta más concretamente a la alegación referida al criterio relativo al «buen conocimiento de los asuntos, instituciones y normativa de la Unión Europea» que, según el demandante, el Defensor del Pueblo no examinó de forma objetiva, es preciso observar asimismo que, en cualquier caso, el demandante no ha indicado las razones por las que estima que tal criterio no se examinó de forma objetiva, de modo que, en la medida en que esta alegación no se confunde con las demás alegaciones formuladas por el demandante a las que el Tribunal ya ha respondido en el marco de los motivos ya examinados, procede declarar su inadmisibilidad. En efecto, la mera enunciación de una alegación no permite al Tribunal determinar su verdadera naturaleza.