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C 28/30

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Inglaterra y País de Gales) Family Division el 16 de noviembre de 2020 — SS / MCP

(Asunto C-603/20)

(2021/C 28/48)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Inglaterra y País de Gales), Family Division

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SS

Demandada: MCP

Cuestión prejudicial

¿Atribuye el artículo 10 de Bruselas II (1) la competencia a un Estado miembro, sin límite temporal, cuando un menor con residencia habitual en dicho Estado miembro ha sido ilícitamente trasladado a (o retenido en) un tercer Estado en el que, tras dicho traslado (o retención) ha adquirido la residencia habitual?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 21 de octubre de 2020 — PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(Asunto C-564/20)

(2021/C 19/44)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: PF, MF

Recurridas: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe limitarse la autoridad única de control de un Estado miembro a comunicar los datos de capturas en un determinado caladero tal como fueron registrados por los pescadores con arreglo a los artículos 14 y 15 del Reglamento n.o 1224/2009 cuando proceda a certificarlos y notificarlos a la Comisión Europea, en virtud de los artículos 33, apartado 2, letra a), y 34 de dicho Reglamento (1), si tiene razones fundadas para considerar que los datos registrados son manifiestamente inverosímiles, o está facultada para aplicar métodos razonables y científicamente válidos para tratar y certificar dichos datos registrados con el fin de notificar a la Comisión unas cifras de capturas más precisas?

2) En caso de que motivos fundados hayan llevado a la autoridad única de control a la anterior convicción, ¿está facultado dicho organismo para utilizar otras fuentes de datos, como las licencias de pesca, las autorizaciones de pesca, los sistemas de localización de buques, las declaraciones de desembarque, las notas de venta o los documentos de transporte?

(1) Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009 , por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006 (DO 2009, L 343, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 29 de septiembre de 2020 — RightNow GmbH / Wizz Air

(Asunto C-469/20)

(2021/C 9/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: RightNow GmbH

Demandada: Wizz Air

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1), en el sentido de que una cláusula contenida en las condiciones generales de contratación de una compañía aérea comercial que no ha sido negociada individualmente y según la cual a un contrato de transporte celebrado por vía electrónica con un consumidor le es aplicable el Derecho del Estado miembro en el que el transportista aéreo tenga su domicilio social, que no es idéntico al Derecho aplicable en el lugar de la residencia habitual del consumidor, es abusiva en la medida en que induce a error al consumidor al no indicarle que la elección de otro Derecho, con arreglo al artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I) (2), está limitada y que no cabe elegir cualquier estatuto legal, sino únicamente alguno de los señalados en el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Roma I?

Mediante auto del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2020, se ordenó el archivo del asunto, haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Justicia.

(1) DO 1993, L 95, p. 29.

(2) DO 2008, L 177, p. 6.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Silistra (Bulgaria) el 16 de octubre de 2020 — DB, LY / Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Asunto C-520/20)

(2020/C 433/49)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Silistra

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: DB, LY

Demandada: Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 39, en particular, el artículo 39, apartado 3, de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa a la creación, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), en el sentido de que no se opone a una normativa y una práctica administrativa nacional en virtud de las cuales el órgano de ejecución competente puede y debe denegar la ejecución cuando entienda que existen indicios de que la descripción introducida en el SIS no se ajusta a los fines para los que fue registrada, en particular, a los mencionados en el artículo 38, apartado 1?
2)

Para el caso de que la respuesta fuere negativa y, por consiguiente, sí fuera posible: ¿deben interpretarse el artículo 49 del TFUE y los artículos 76 y 77 (en relación con el artículo 74 y anexo 14) de la Directiva de contratación en el sentido de que permite[n] a los poderes adjudicadores recurrir a conciertos con entes privados sin ánimo de lucro (no solo organizaciones de voluntariado) para la prestación de toda suerte de servicios sociales a las personas a cambio del reembolso de costes, sin acudir a los procedimientos previstos en la Directiva y sea cual fuere el valor estimado, simplemente previa calificación de dichas figuras como no contractuales, cuando además, dicha normativa nacional no recoge explícitamente los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Directiva, sino que remite a un ulterior desarrollo reglamentario sin incluir expresamente entre las pautas que deberá seguir ese desarrollo reglamentario que el mismo recoja explícitamente los requisitos establecidos en el artículo 77 de la repetida Directiva?
4.

Error de Derecho al considerar que la Comisión no estaba obligada a divulgar datos sobre la subcotización y la subvalorización en relación con el exportador serbio. En particular, el Tribunal General incurrió en: 4.1 Error de Derecho al haber concluido que el respeto del derecho de defensa de Eurofer no hacía necesaria la divulgación de datos sobre la subcotización y la subvalorización. 4.2 Error de Derecho por haber considerado que el denunciante en una investigación anti-dumping no puede invocar las exigencias que resultan del respeto de su derecho de defensa. 4.3 Error de Derecho al haber estimado que el Reglamento controvertido respetó el principio de buena administración recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
2)

¿Se opone la Directiva 93/13, interpretada a la luz del principio de efectividad del Derecho de la Unión, a un criterio jurisprudencial nacional que considera que una cláusula o un conjunto de cláusulas, como las controvertidas en el asunto principal, están redactadas de forma «clara y comprensible» en el sentido de la Directiva porque: — la oferta previa del préstamo detalla las operaciones de cambio realizadas durante la vigencia del préstamo y precisa que el tipo de cambio de euros en francos suizos será el aplicable dos días hábiles antes de la fecha del acontecimiento que determine la operación y que se publique en el sitio web del Banco Central Europeo; — en la oferta se menciona que el prestatario acepta las operaciones de cambio de francos suizos a euros y de euros a francos suizos necesarias para el funcionamiento y el reembolso del crédito, y que el prestamista realizará la conversión a francos suizos del saldo pendiente de las cuotas mensuales en euros tras el pago de los gastos inherentes al préstamo; — la oferta indica que, si de la operación de cambio resulta un importe inferior a la cuota exigible en francos suizos, la amortización del capital será menos rápida y la eventual parte del principal no amortizado en una cuota se anotará en el saldo deudor de la cuenta en francos suizos, y se precisa que la amortización del capital del préstamo evolucionará, al alza o a la baja, en función de las fluctuaciones del tipo de cambio aplicado a las cuotas mensuales, y que esta evolución puede conllevar la ampliación o la reducción del período de amortización del préstamo y, en su caso, modificar la carga total del reembolso; — los apartados «cuenta interna en euros» y «cuenta interna en francos suizos» detallan las operaciones efectuadas en cada pago de plazo en el saldo acreedor o el saldo deudor de cada cuenta, y el contrato expone de forma transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera; pese a que, en la oferta, no figura, en particular, mención expresa alguna del «riesgo del tipo de cambio» que recae sobre el prestatario habida cuenta de la falta de percepción de ingresos en la moneda de cuenta, ni mención expresa alguna del «riesgo del tipo de interés»?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 7 de mayo de 2020 — C.E. Roeper GmbH / Hauptzollamt Hamburg

(Asunto C-216/20)

(2020/C 279/40)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: C.E. Roeper GmbH

Demandada: Hauptzollamt Hamburg

Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

1) ¿Son aplicables las notas explicativas de la subpartida 1521 9099 (1) de la nomenclatura combinada, (2) por la presencia del término «fundidas» en su texto?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse la expresión «en bruto» de la subpartida 1521 9091 de la nomenclatura combinada en el sentido de que esta subpartida comprende la cera de abejas que ha sido fundida en el país de exportación y de la que, a raíz de dicho proceso de fundición, se han eliminado en su mayor parte los cuerpos extraños, de forma mecánica, de suerte que sigue observándose con todo la presencia de tales cuerpos?

(1) Notas Explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea (DO 2019, C 119, p. 1).

(2) Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en la versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 9 de octubre de 2019, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 2019, L 280, p. 1).
1.

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el art[ículo] 17 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea] y la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y especialmente sus artículos 36, 73 y 74, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la antes expuesta, que se aplicó mediante la medida de resolución consistente en la constitución de una entidad puente y la segregación de activos, y que, al transponer parcialmente la citada directiva, y antes de que hubiera finalizado el plazo para su transposición: a) no previó la realización de una valoración razonable, prudente y realista de los activos y pasivos de la entidad de crédito objeto de la medida de resolución antes de su adopción; b) no previó el pago de una eventual compensación basada en la valoración indicada en la anterior letra a) a la entidad objeto de resolución o, según los casos, a los titulares de acciones o de otros títulos de propiedad y, en lugar de eso, se limitó a prever que el eventual saldo del producto de la venta del banco puente fuera restituido a la entidad de crédito inicial o a su masa de insolvencia; c) no previó que los accionistas de la entidad objeto de la medida de resolución tuvieran derecho a percibir un importe no inferior al que se estima que habrían recibido si la entidad se hubiera liquidado totalmente en el marco de un procedimiento ordinario de insolvencia y solo previó ese mecanismo de salvaguarda para los acreedores cuyos créditos no habían sido transmitidos, y d) no previó una valoración, distinta de la mencionada en la letra a), encaminada a determinar si se habría dispensado un trato más favorable a los accionistas y a los acreedores en caso de que la entidad de crédito objeto de resolución hubiera entrado en un procedimiento normal de insolvencia?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Rennes (Francia) el 21 de enero de 2020 — PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Asunto C-27/20)

(2020/C 95/25)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de grande instance de Rennes

Partes en el procedimiento principal

Demandante: PF, QG

Demandada: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular los artículos 20 y 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 4 del Reglamento n.o 883/2004 (1) y el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011, (2) en el sentido de que se opone a una disposición nacional, como el artículo R 532-3 del code de la sécurité sociale (Código de la Seguridad Social, Francia), que define el año civil de referencia para el cálculo de los subsidios familiares como el penúltimo año anterior al período de pago, cuya aplicación da lugar, en una situación en la que el beneficiario de la prestación sufre, tras un aumento sustancial de sus ingresos en otro Estado miembro, una reducción de los mismos a raíz de su vuelta al Estado de origen, a que este beneficiario, a diferencia de los residentes que no han ejercido su derecho a la libre circulación, se vea parcialmente privado de los derechos a los subsidios familiares?

(1) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1).

(2) Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1).
C 68/38

Recurso interpuesto el 10 de enero de 2020 — Comisión Europea/República Helénica

(Asunto C-11/20)

(2020/C 68/41)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Bouchagiar y T. Ramopoulos, agentes)

Demandada: República Helénica

Pretensiones de la parte demandante

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2011 en el procedimiento SA.28864, relativo a las ayudas compensatorias pagadas por el Instituto Griego de Seguros Agrarios (ELGA) durante los años 2008 y 2009, y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados al efecto, todas las medidas necesarias para la ejecución de la citada Decisión o, en cualquier caso, al no haber informado suficientemente a la Comisión de las medidas que adoptó con arreglo al artículo 4 de la citada Decisión.

— Condene en costas a la República Helénica.

Motivos y principales alegaciones

En virtud de la Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2011 en el procedimiento SA.28864, la República Helénica debería haber recuperado en el plazo de cuatro meses las ayudas incompatibles concedidas a través del Instituto Griego de Seguros Agrarios (ELGA) en los años 2008 y 2009, y haber informado suficientemente a la Comisión Europea de las medidas necesarias a tal efecto.

Sin embargo, la República Helénica no ha recuperado las ayudas controvertidas, como era su obligación. Además, la República Helénica todavía no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la Decisión. En cualquier caso, la República Helénica no ha informado suficientemente a la Comisión Europea acerca de las medidas relativas a la ejecución de la Decisión.
6.

La Comisión concluyó que el ejercicio de la actividad de veterinario como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en Hungría no está comprendido en la excepción del artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109/CE. A su juicio, las actividades de los veterinarios a las que Hungría atribuye un carácter de poder público no suponen una participación directa y específica en el desempeño del poder público y no son necesaria e inseparablemente inherentes a dicha profesión, dado que, bien tienen exclusivamente carácter preparatorio y complementario, bien son actividades que se realizan en virtud de un acuerdo especial o bajo la supervisión del poder público.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Namur (Bélgica) el 15 de noviembre de 2019 — C. J./Région wallonne

(Asunto C-830/19)

(2020/C 27/32)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Namur

Partes en el procedimiento principal

Demandante: C. J.

Demandada: Région wallonne

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 2, 5 y 19 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, (1) en relación con el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader e introduce disposiciones transitorias, (2) a que, en el marco de la aplicación de dichas disposiciones, los Estados miembros tengan en cuenta el conjunto de la explotación y no solo la parte del joven agricultor y/o las unidades de trabajo (UT) para determinar los límites máximos y mínimos cuando la explotación agrícola está organizada como asociación de hecho de la que el joven agricultor adquiere una parte indivisa y se convierte en titular de la explotación aunque no en su titular único?

(1) DO 2013, L 347, p. 487.

(2) DO 2014, L 227, p. 1.
4)

¿Se opone la Directiva 93/13, interpretada a la luz del principio de efectividad del Derecho de la Unión, a una jurisprudencia nacional que considera que una cláusula o un conjunto de cláusulas, como las controvertidas en el asunto principal, están redactadas de forma «clara y comprensible» en el sentido de la Directiva, sobre la base de que: — la oferta previa de préstamo detalla las operaciones de cambio realizadas durante la vigencia del préstamo y precisa que el tipo de cambio euro/franco suizo será el aplicable dos días hábiles antes de la fecha del acontecimiento que determine la operación y que se publique en el sitio web del Banco Central Europeo; — en la oferta se menciona que el prestatario acepta las operaciones de cambio de francos suizos a euros y de euros a francos suizos necesarias para el funcionamiento y el reembolso del préstamo, y que el prestamista realizará la conversión a francos suizos del saldo pendiente de las cuotas mensuales en euros tras el pago de los gastos inherentes al préstamo; — la oferta indica que, si de la operación de cambio resulta un importe inferior a la cuota exigible en francos suizos, la amortización del capital será menos rápida y la eventual parte del principal no amortizado en una cuota se anotará en el saldo deudor de la cuenta en francos suizos, y se precisa que la amortización del capital evolucionará, al alza o a la baja, en función de las fluctuaciones del tipo de cambio aplicado a las cuotas mensuales; añade que dicha evolución puede entrañar la ampliación o la reducción del período de amortización del préstamo y, en su caso, modificar la carga total del reembolso; — los apartados «cuenta interna en euros» y «cuenta interna en francos suizos» detallan las operaciones efectuadas en cada pago de plazo en el saldo acreedor o el saldo deudor de cada cuenta, y el contrato expone de forma transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera, pese a que, en la oferta, no figura, en particular, mención expresa alguna del «riesgo de tipo de cambio» que recae sobre el prestatario habida cuenta de la falta de percepción de ingresos en la moneda de cuenta, ni mención expresa alguna del «riesgo del tipo de interés»?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland (Reino Unido) el 2 de octubre de 2019 — TKF/Department of Justice for Northern Ireland

(Asunto C-729/19)

(2019/C 423/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal in Northern Ireland

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: TKF

Recurrida: Department of Justice for Northern Ireland

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 75, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 4/2009, (1) relativo a las obligaciones de alimentos, en el sentido de que solo es aplicable a las «resoluciones» dictadas en Estados que eran miembros de la Unión en el momento en que dichas resoluciones fueron adoptadas?

2) Teniendo en cuenta que Polonia ahora es un Estado miembro de la Unión vinculado por el Protocolo de La Haya, ¿las resoluciones en materia de alimentos dictadas por un órgano jurisdiccional polaco en 1999 y 2003, es decir, antes de que Polonia se convirtiera en un Estado miembro de la Unión, pueden ahora registrarse y ejecutarse en otro Estado miembro de la Unión de acuerdo con alguna disposición del Reglamento (CE) n.o 4/2009, relativo a las obligaciones de alimentos, y en concreto: a) a tenor de los artículos 75, apartado 3, y 56 del Reglamento relativo a las obligaciones de alimentos; b) a tenor del artículo 75, apartado 2, y de la sección 2 del capítulo IV del Reglamento relativo a las obligaciones de alimentos; c) a tenor del artículo 75, apartado 2, letra a), y de la sección 3 del capítulo IV del Reglamento relativo a las obligaciones de alimentos; d) a tenor de cualesquiera otros artículos del Reglamento relativo a las obligaciones de alimentos?

(1) Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1).