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Los artículos 203 y 204 del Reglamento no 2913/92, por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 648/2005, en relación con el artículo 859, número 2, letra c), del Reglamento no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 444/2002, deben interpretarse en el sentido de que la mera superación del plazo de presentación, establecido de conformidad con el artículo 356, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada, no da lugar a una deuda aduanera como consecuencia de la sustracción de las mercancías en cuestión a la vigilancia aduanera en el sentido del artículo 203 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada, sino a una deuda aduanera sobre la base del artículo 204 de este último Reglamento.

En efecto, los artículos 203 y 204 del Reglamento no 2913/92 tienen diferentes ámbitos de aplicación. Mientras el primero tiene por objeto los comportamientos que dan lugar a una sustracción de la mercancía a la vigilancia aduanera, el segundo contempla incumplimientos de obligaciones e inobservancia de condiciones vinculadas a los diferentes regímenes aduaneros sin efecto sobre la vigilancia aduanera. En consecuencia, del tenor literal del artículo 204 del Reglamento no 2913/92 se desprende que esta disposición solamente se aplica en los casos que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 203 de dicho Reglamento.

A este respecto, según el artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento no 2913/92, dará origen a una deuda aduanera de importación el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que quede sujeta una mercancía sometida a derechos de importación como consecuencia de la utilización del régimen aduanero en el que se encuentre, salvo que se pruebe que dichas infracciones no han tenido consecuencias reales para el correcto funcionamiento de ese régimen. Todo supuesto que no esté incluido en esa excepción está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 204 del Reglamento no 2913/92.

No obstante, el artículo 859, número 2, letra c), del Reglamento no 2454/93 prevé expresamente que cuando el plazo establecido con arreglo al artículo 356 de este Reglamento no se haya respetado y la presentación tardía de la mercancía no pueda justificarse de conformidad con el apartado 3 de dicho artículo, se considerará que la superación del plazo de presentación queda sin consecuencia real sobre el correcto funcionamiento del depósito temporal o del régimen aduanero considerado, en la medida en que la mercancía se haya presentado al menos en la oficina de destino en un plazo razonable.

(véanse los apartados 31, 32, 39, 41 y 45 y el punto 1 del fallo)
El artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pluralidad de presuntos autores del daño alegado a los derechos patrimoniales de autor protegidos en el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, esta disposición no permite determinar, atendiendo al hecho causante de este daño, la competencia de un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó aquel de los presuntos autores contra quien se ejercita la acción, pero permite determinar la competencia de esta jurisdicción atendiendo al lugar en que se ha producido el daño alegado siempre que éste pueda producirse en la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda. En este este último supuesto, este órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece.

En efecto, la expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001, se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares.

En unas circunstancias en las que sólo se demanda a uno de los varios presuntos autores de un daño alegado ante un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó, no puede considerarse que el hecho causante se haya producido en la circunscripción territorial de dicho órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001.

Sin embargo, la competencia para conocer de una acción en materia delictual o cuasidelictual puede establecerse, atendiendo a la producción del daño, en favor del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado una demanda con objeto de que se declare una vulneración de los derechos patrimoniales de autor, cuando el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra dicho órgano jurisdiccional protege los derechos patrimoniales que invoca el demandante y el daño alegado puede materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercite la acción.

No obstante, habida cuenta de que la protección que otorga el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se presenta la demanda únicamente es válida para el territorio de este último, el órgano jurisdiccional ante quien se ha ejercitado una acción por tratarse del lugar en que se ha producido el daño sólo será competente para conocer del daño causado en el territorio de dicho Estado miembro.

(véanse los apartados 27, 31, 35, 38 y 40 y el fallo)
En el marco de un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE, según la exigencia de precisión del pliego de cargos, este último debe indicar en calidad de qué se imputan a una empresa los hechos alegados. No cumple tal requisito un pliego de cargos en el que la Comisión no indica que éste se ha remitido a una sociedad matriz por haber ejercido una influencia decisiva en el comportamiento comercial de una de sus filiales. No puede deducirse, en particular, que la Comisión indica claramente a esa sociedad que pretende atribuirle una responsabilidad derivada en cuanto sociedad matriz cuando el pliego de cargos se limita a señalar que dicha sociedad matriz ha participado en el cartel a través del director de su filial, mencionando a esta última sólo en su calidad de predecesora de otra filial, y menos aún cuando no se ha remitido ningún pliego de cargos a la primera filial. En estas circunstancias, se viola el derecho de defensa de la sociedad matriz.

(véanse los apartados 24 a 30)
Pues bien, el hecho de que la empresa adherida acepte privarse del cobro de la cantidad correspondiente al descuento obtenido en virtud de esas condiciones privilegiadas constituye una rebaja del precio, en el sentido del artículo 11, parte A, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva. Esa rebaja, que no debe incluirse en la base imponible de la operación de que se trata, hace referencia en particular a la diferencia entre el precio de venta normal al por menor y la cantidad de dinero efectivamente recibida por el minorista.

En efecto, mediando presentación de esa tarjeta por su titular, la empresa adherida renuncia precisamente a exigir una parte del precio normal, de modo que dicho titular no efectúa ningún pago por el importe de ese descuento.

La utilización de una tarjeta vendida a los consumidores por una empresa y que permite obtener productos o servicios ofrecidos por las empresas adheridas en condiciones privilegiadas, acordadas entre éstas y la empresa que emite la tarjeta, no puede constituir un «pago», a efectos de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en la medida en que se trata, de hecho, de una rebaja de precio.

Las rebajas de precio acordadas por las empresas adheridas no se incluyen en la base imponible de las operaciones eventuales efectuadas entre éstas y los titulares de una tarjeta emitida por una empresa que permite obtener productos o servicios ofrecidos por las empresas adheridas en condiciones privilegiadas, acordadas entre éstas y la empresa que emite la tarjeta.

No puede considerarse que las cantidades pagadas por los consumidores a la referida empresa por la adquisición de su tarjeta constituyan indirectamente la contraprestación, o una parte de ésta, de prestaciones de las que tales consumidores pueden beneficiarse posteriormente en las empresas adheridas. No existe una relación suficientemente directa entre el importe pagado, por esos consumidores, para la obtención de dicha tarjeta y los bienes o las prestaciones de servicios eventualmente obtenidos, por esos mismos consumidores, de parte de las empresas adheridas.

A este respecto, además de que no existe ningún contrato entre los titulares de las citadas tarjetas y las empresas adheridas y de que éstas empresas no reciben ninguna parte de los ingresos obtenidos por la empresa emisora de la venta de esas tarjetas, tampoco existe ninguna relación necesaria entre el pago por el consumidor a la empresa que emite la tarjeta, para obtener una tarjeta, y el valor de los descuentos eventualmente obtenidos, por el mismo consumidor, en las empresas adheridas. El importe de los eventuales descuentos, que depende en particular de la utilización de la citada tarjeta y de la disponibilidad de las ofertas en las empresas adheridas, es aleatorio y prácticamente imposible de determinar por adelantado.

(véanse los apartados 18 y 20 a 22)
El artículo 70, apartado 1, del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que, puesto que sólo es aplicable a las mercancías objeto de una «misma declaración», cuando estas mercancías son examinadas por las autoridades aduaneras durante el período que precede a la concesión del levante de dichas mercancías por parte de tales autoridades, esta disposición no permite a dichas autoridades extender los resultados de un examen parcial de mercancías incluidas en una declaración aduanera a mercancías incluidas en declaraciones aduaneras anteriores a las que estas mismas autoridades ya concedieron el levante.

El artículo 78 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades aduaneras extender los resultados del examen parcial de mercancías incluidas en una declaración aduanera, efectuado a partir de muestras de estas últimas, a mercancías incluidas en declaraciones anteriores presentadas en aduana por el mismo declarante, que no fueron objeto de tal examen ni pueden ya serlo, una vez concedido el levante de las mercancías, cuando estas mercancías sean idénticas.

A este respecto, es irrelevante que el declarante en aduana ya no pueda solicitar un examen adicional de las mercancías de que se trate y, en su caso, la toma de muestras adicionales. En efecto, el artículo 78 del Código aduanero se aplica, por principio, tras la concesión del levante de las mercancías, en un momento en que la presentación de éstas puede resultar imposible.

No obstante, es preciso que el declarante en aduana disponga del derecho a impugnar tal extensión, en particular cuando estime que, a pesar de las propias indicaciones ofrecidas en sus declaraciones aduaneras, el resultado del examen parcial de las mercancías incluidas en una declaración no es extrapolable a mercancías incluidas en declaraciones anteriores, presentando cualquier elemento de prueba que sustente esa alegación y que, a su juicio, acredite la inexistencia de identidad de las mercancías controvertidas.

Por lo demás, si bien el artículo 78 del Código aduanero no establece ningún plazo específico para la revisión de las declaraciones aduaneras, las autoridades aduaneras, conforme al artículo 221, apartado 3, de dicho Código, pueden comunicar una nueva deuda aduanera durante un plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de esa deuda.

(véanse los apartados 34, 35, 38, 40 y 43 y el fallo)
El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que grava con un impuesto con ocasión de la primera utilización en la red viaria nacional un automóvil matriculado y que ya ha sido sometido a gravamen con motivo de su matriculación en otro Estado miembro, cuando dicho vehículo se destina a ser utilizado esencialmente en esos dos Estados miembros de manera efectiva y con carácter permanente o, de hecho, es utilizado de este modo, siempre que dicho impuesto no sea discriminatorio.

En efecto, dado que la tributación de los vehículos automóviles no ha sido armonizada a nivel de la Unión Europea, los Estados miembros pueden ejercer libremente su potestad tributaria en este ámbito, siempre que la ejerzan respetando el Derecho de la Unión. Por lo tanto, un Estado miembro puede gravar con un impuesto de matriculación un vehículo automóvil matriculado en otro Estado miembro cuando el vehículo se destina a ser utilizado esencialmente en el territorio del primer Estado miembro con carácter permanente o cuando de hecho se utiliza de tal manera.

Además, en tal contexto, las desventajas que pueden resultar del ejercicio paralelo por diferentes Estados miembros de la potestad tributaria, siempre y cuando tal ejercicio no sea discriminatorio, no constituyen restricciones de las libertades de circulación. Una desventaja no es discriminatoria si todos los residentes del Estado miembro en el que el vehículo no está matriculado, tanto si ejercen una actividad por cuenta ajena como si no, están sujetos a dicho impuesto ya sea con ocasión de la inscripción de un vehículo de motor en el registro de matriculación de dicho Estado miembro, ya sea a partir de la primera utilización de un vehículo matriculado en otro Estado miembro en la red viaria del primer Estado miembro.

(véanse los apartados 23, 24, 28, 30 y 32 y el fallo)
El principio de igualdad de trato debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, una vez transcurrido el plazo de presentación de candidaturas a un contrato público, una entidad adjudicadora solicite a un candidato que presente documentos descriptivos de su situación, como las cuentas anuales publicadas, cuya existencia antes del transcurso del plazo de presentación de candidaturas sea objetivamente verificable, siempre que los documentos de dicho contrato no exigieran expresamente su presentación bajo pena de exclusión de la candidatura. Dicha solicitud no debe beneficiar o perjudicar indebidamente al candidato o candidatos a los que se haya formulado.

Tal petición de aclaración de una oferta debe dirigirse, en principio, de manera equivalente a todos los licitadores que se encuentren en la misma situación, referirse a todos los puntos de la oferta que requieran una aclaración y no puede tener como consecuencia que el licitador afectado presente lo que constituiría en realidad una nueva oferta.

(véanse los apartados 34 a 38 y 42 y el fallo)
31

El Gobierno polaco, apoyado por el Gobierno lituano, alega que la prohibición de matricular los vehículos equipados con un dispositivo de dirección a la derecha no está relacionada con consideraciones acerca del funcionamiento o la conformidad del dispositivo de dirección de dichos vehículos con los requisitos técnicos de las Directivas 2007/46 y 70/311, sino con la posibilidad de que el conductor conduzca de modo seguro dichos vehículos en carreteras en las que se circula por la derecha. Esas Directivas se limitan a establecer prescripciones en materia de fabricación, montaje y homologación de los vehículos y no se ocupan del emplazamiento del volante, dado que dicho extremo no guarda relación con un requisito técnico que afecte al vehículo, sino que está relacionado con la seguridad vial. Las prescripciones técnicas también persiguen un objetivo de seguridad vial, pero no son las únicas medidas que permiten garantizar dicha seguridad. En consecuencia, la medida nacional controvertida no está comprendida en el ámbito de aplicación de esas Directivas y debe apreciarse a la luz de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, tanto si se trata de vehículos nuevos como de ocasión.
31

Por último, en contra de lo sostenido por el Gobierno griego en la vista, el contenido del artículo 4, apartado 1, párrafo cuarto, de dicha Directiva no cuestiona esta interpretación. Si bien es cierto que esta disposición prevé que los Estados miembros no están obligados a exigir los requisitos profesionales a todas las personas físicas que trabajan para una empresa y ejercen una actividad de mediación de seguros, no lo es menos que la citada disposición regula la situación de las empresas que llevan a cabo por su propia cuenta la mediación en los seguros, no la de las empresas de seguros que efectúan la venta directa de servicios de seguros.
27

Por último, por lo que respecta al motivo basado, por vía de excepción, en la ilegalidad de la regla 40, apartado 5, del Reglamento no 2868/95, el Tribunal General declaró en concreto lo siguiente, en los apartados 67 a 70 de la sentencia recurrida: «67 El Tribunal señala que, si bien es cierto que las reglas del Reglamento no 2868/95 no pueden contradecir las disposiciones y el sistema del Reglamento no 207/2009, no es menos cierto que no cabe afirmar que exista contradicción alguna entre la regla 40, apartado 5, del Reglamento no 2868/95 y las disposiciones sobre caducidad que figuran en el Reglamento no 207/2009. 68 En efecto, mientras que el Reglamento no 207/2009 prevé la norma sustantiva, a saber, la sanción de caducidad para las marcas comunitarias que no han sido objeto de un uso efectivo, el Reglamento no 2868/95 establece las normas procesales aplicables, en particular el reparto de la carga de la prueba y las consecuencias del incumplimiento de los plazos fijados. Además, y como se ha señalado antes […], de la sistemática del Reglamento no 207/2009 se desprende que, en lo que respecta a la solicitud de caducidad por falta de uso efectivo, el alcance y la intensidad del examen de la OAMI estarán delimitados por los medios y los hechos alegados por las partes. [...] 70 En lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad, hay que recordar que la inobservancia injustificada de plazos fundamentales para el buen funcionamiento del sistema comunitario puede sancionarse con la pérdida de un derecho por la normativa comunitaria, sin que ello sea incompatible con dicho principio de proporcionalidad [...]».
46

Se desprende, por lo demás, de la resolución de remisión que, al emplear la expresión «consentimiento irrevocable», la Cour de cassation reprodujo la terminología empleada por la cour d’appel de Bruselas para indicar, por una parte, que Martin Y Paz se había obligado frente a Gauquie, en el marco de una explotación compartida de duración indeterminada, a no oponerse al uso por parte de ésta de signos idénticos a sus marcas para bolsos y zapatos, y, por otra parte, que esa obligación no podía rescindirse unilateralmente o, al menos, no de forma abusiva, como en el caso de autos. El empleo de dicha expresión en la petición de decisión prejudicial parece por tanto indicar que Martin Y Paz revocó su consentimiento ilícitamente, no permitiendo concluir que resulte evidente que el artículo 5 de la Directiva 89/104 no guarda relación alguna con el objeto del procedimiento principal.
88

Basándose en la jurisprudencia mencionada en el apartado 86 de la presente sentencia, la Comisión está obligada, ante todo, a velar por que la sanción no resulte «insignificante», atendiendo, en especial, a la capacidad económica de las empresas implicadas, lo cual, no obstante, no exige que una empresa que tiene un volumen de negocio especialmente elevado respecto al de los otros miembros de un cártel deba sufrir una multa incrementada estrictamente con arreglo a la relación existente entre su volumen de negocio y el de todas las otras empresas implicadas en el cártel de que se trate. En efecto, si tal fuera el caso, las multas impuestas a las empresas más grandes de un cártel e incrementadas de acuerdo con dicho método aritmético podrían, ciertamente, tener un efecto suficientemente disuasorio, pero incurrirían en el riesgo de ser desproporcionadas respecto a la gravedad de la concreta infracción cometida, en particular, en el supuesto de que, como en el caso de autos, existan unas diferencias considerables entre los volúmenes de negocio de las empresas en cuestión (véase la sentencia de 13 de junio de 2013, Versalis/Comisión, C-511/11 P, apartado 105).
21

La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C-94/04 y C-202/04, Rec. p. I-11421, apartado 25; de 7 de diciembre de 2010, R., C-285/09, Rec. p. I-12605, apartado 32, y de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, apartado 32 y la jurisprudencia citada).
20

El 31 de julio de 2009, L interpuso un recurso que cuestionaba la legalidad del referido plan ante el órgano jurisdiccional remitente. En particular, señala que M no tuvo en cuenta que pretendía urbanizar zonas ajenas a la aglomeración, razón por la cual no puede tratarse de un plan «de desarrollo interno» en el sentido del artículo 13 bis del BauGB. En cambio, M sostiene que el recurso al procedimiento acelerado establecido en el antedicho artículo 13 bis era conforme a Derecho.
2)

cuando una parte no tuviese la capacidad de ser parte en el procedimiento, no se hallase debidamente representada o hubiese sido privada ilegalmente de la posibilidad de actuación procesal. No obstante, no podrá solicitarse la reapertura del procedimiento cuando la imposibilidad de actuación procesal haya cesado antes de que la sentencia haya adquirido fuerza de cosa juzgada, cuando la falta de representación haya sido invocada en la demanda o cuando la parte haya confirmado la realización de las fases del procedimiento.»