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Palabras clave

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Palabras clave

1. Marca comunitaria – Procedimiento de recurso – Recurso ante el juez comunitario – Legalidad de la resolución de una Sala de Recurso – Impugnación mediante la invocación de hechos nuevos – Requisito para su procedencia – Procedimiento de oposición

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 63 y 74, ap. 1]

2. Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación relativos – Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares – Riesgo de confusión con la marca anterior – Marca denominativa «GAS STATION» y marca figurativa «BLUE JEANS GAS»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

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1. El recurso de que conoce el Tribunal de Primera Instancia, dirigido contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), consiste en el control de la legalidad de dichas resoluciones, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria. Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la Oficina sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la Oficina hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio.

A este respecto, del artículo 74, apartado 1, in fine, del mismo Reglamento, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la Oficina se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso.

(véase el apartado 13)

2. Existe, para el consumidor italiano, un riesgo de confusión entre el signo denominativo «GAS STATION», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «vestidos, calzados, sombrerería» incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, y la marca figurativa que contiene el término «BLUE JEANS GAS», registrada anteriormente en Italia para «pantalones, chaquetas, vaqueros, camisas, faldas, abrigos cortos, prendas de punto, jerséis, gabanes “capispalla”, calcetines, zapatos, botas, zapatillas», incluidos en la misma clase.

Por una parte, en efecto, los productos contemplados por las marcas controvertidas son idénticos o similares. Por otra parte, en lo que se refiere a los signos controvertidos, y en lo relativo a su elemento dominante que reside en la palabra «gas», son visual, fonética y conceptualmente idénticos. En cuanto a los signos controvertidos contemplados en su conjunto, el público relevante no conservará en su memoria las diferencias constituidas por el elemento gráfico secundario «BLUE JEANS», por una parte, y por el elemento denominativo secundario «station», por otra, sino que retendrá el elemento «gas».

(véanse los apartados 31, 34, 36, 37 y 39)
Con arreglo a las declaraciones de la demandante, esta ilustración corresponde a la marca tridimensional cuyo registro solicitó. Pues bien, la Sala de Recurso rechaza la fundamentación de esta posición. La forma en que los caramelos se representan en la bolsa no es conforme con la manera tradicional de representar una marca en un producto. Parece que la finalidad de esta representación es (más bien) ilustrar el contenido de la bolsa. En efecto, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la bolsa no muestra una forma, sino una imagen realista de un montón de caramelos sin envolver. Debe señalarse que esta representación no tiene por finalidad poner de relieve las características que la demandante estima que confieren un carácter distintivo a la marca (el hueco central, la cara interior plana y los bordes abombados). La Sala de Recurso considera que, por ello, se produce una divergencia entre la forma en que se representan los caramelos en el envase y la alegación según la cual dicha representación es una marca tridimensional y es percibida como tal por el consumidor medio. La apreciación de la Sala de Recurso la lleva más bien a considerar probable que el consumidor vea únicamente la imagen de los caramelos como una ilustración del contenido de la bolsa. Ilustrar los envases dándoles una forma atractiva para mostrar el aspecto del producto o sus posibilidades de utilización es una práctica muy extendida, en la industria de productos alimenticios, también en la industria de las golosinas, y obedece más a técnicas de marketing de los productos que a la voluntad de identificar los productos con ayuda de las marcas. Por consiguiente, la Sala de Recurso considera que la imagen no cumple la función de una marca, sino que sirve ùnicamente para ilustrar el producto. La frase que acompaña a la imagen, es decir, “The classic candy made with real butter and fresh cream”, confirma aún más que ésta será la probable percepción de un comprador de caramelos razonablemente atento. En efecto, la frase y la imagen se complementan: la frase describe la naturaleza de los caramelos y la imagen los muestra. La Sala de Recurso reconoce a la demandante que en un producto se pueden representar diferentes marcas al mismo tiempo. Ello no impide que a su juicio, basado en el aspecto de las bolsas que sirven de presentación a los caramelos de la demandante, la reproducción de los caramelos en dichas bolsas no sea conforme con la reproducción de la marca.
Asunto T‑305/02

Nestlé Waters France

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria – Marca tridimensional – Forma de una botella – Motivos de denegación absolutos – Carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2003

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas carentes de carácter distintivo – Marca tridimensional – Forma de una botella prevista como envase de los productos designados en la solicitud de marca

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

No carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, un signo tridimensional constituido por la forma de una botella cilíndrica que incluye diferentes elementos de presentación, cuyo registro se solicita para «aguas minerales, aguas gaseosas y gasificadas, aguas de manantial, aguas aromatizadas y en particular bebidas aromatizadas a base de agua mineral y de frutas y extractos de frutas, bebidas y zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y en general todas las bebidas sin alcohol» pertenecientes a la clase 32 del Arreglo de Niza, dado que la combinación de dichos elementos es auténticamente específica y no puede considerarse en modo alguno común, confiriendo así a la botella controvertida una apariencia particular que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público y que este último, familiarizado con la forma del envase de los productos de que se trata, pueda diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial.

(véanse los apartados 41 y 43)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 2 de marzo de 2004

Asunto T‑234/02

Christos Michael

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios – Nombramiento de un jefe de unidad adjunto y de un jefe de sector – Acto lesivo – Inexistencia – Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua griega II - 0000

Objeto: Recurso que tiene por objeto la anulación de las decisiones de la Comisión sobre el nombramiento de un jefe de unidad adjunto de la Unidad «Políticas internas, administración central, CCR y agencias» de la Dirección General «Control Financiero» y de un jefe del sector «Políticas Internas y Agencias» de esta unidad.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas, incluidos los gastos relativos al procedimiento sobre medidas provisionales.

Sumario

Funcionarios – Recurso – Acto lesivo – Concepto – Medida de organización interna de los servicios – Exclusión – Excepciones

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, párr. 2, y 91, párr. 1)

La existencia de un acto lesivo, con arreglo a los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso interpuesto por los funcionarios contra la institución a la que pertenecen.

Son lesivos únicamente los actos que pueden afectar directamente a la posición jurídica de un funcionario y que, por lo tanto, van más allá de las simples medidas de organización interna del servicio, las cuales no atentan contra la posición estatutaria del funcionario de que se trate ni contra la observancia del principio de correspondencia entre el grado del funcionario y el puesto al que está adscrito. Tal acto se inscribe dentro de la facultad discrecional que ostenta toda administración para repartir las funciones entre los miembros de su personal. No obstante, determinados actos pueden considerarse actos lesivos, aunque no afecten a los intereses ni al rango del funcionario, si perjudican los intereses morales o las perspectivas de futuro del interesado.

Únicamente las circunstancias especiales que hayan motivado las medidas de organización interna pueden determinar la admisibilidad de un recurso judicial contra éstas. Puede ser así cuando la decisión de que se trate tiene el carácter de una sanción encubierta, que manifieste la voluntad de discriminar al funcionario afectado o que incurra en desviación de poder.

(véanse los apartados 21 a 23)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T‑20/92, Rec. p. II‑799), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T‑36/93, RecFP pp. I‑A‑161 y II‑497), apartados 41 y 42; Tribunal de Primera Instancia, 28 de mayo de 1998, W/Comisión (asuntos acumulados T‑78/96 y T‑170/96, RecFP pp. I‑A‑239 y II‑745), apartado 45; Tribunal de Primera Instancia, 7 de julio de 1998, Moncada/Comisión (T‑178/97, Rec. pp. I‑A‑339 y II‑989), apartado 33; Tribunal de Primera Instancia, 23 de noviembre de 1999, Sabbioni/Comisión (T‑129/98, RecFP pp. I‑A‑223 y II‑1139), apartado 45
En el supuesto de una decisión de no admitir una candidatura para un puesto de trabajo declarado vacante, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos está sujeta a la obligación de motivación, por lo menos en la fase de desestimación de la reclamación contra dicha decisión. No obstante, dado que las promociones y los traslados se llevan a cabo mediante elección, basta que la motivación de la desestimación de la reclamación verse sobre la existencia de los requisitos legales a los que el Estatuto supedita la regularidad del procedimiento.

El ejercicio de la amplia facultad de apreciación de que dispone la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en materia de nombramientos implica un examen escrupuloso de los expedientes de candidatura y una meticulosa observancia de los requisitos establecidos en la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante, de modo que dicha autoridad está obligada a excluir a todo candidato que no responda a tales requisitos. La convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante constituye, en efecto, un marco legal que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se impone a sí misma y debe respetar escrupulosamente. Con el fin de controlar que dicha autoridad no ha rebasado los límites del citado marco legal y ha actuado teniendo en cuenta únicamente el interés del servicio, en el sentido del artículo 7 del Estatuto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia examinar cuáles son los requisitos exigidos en la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante y verificar a continuación si el candidato seleccionado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para ocupar el puesto vacante cumplía efectivamente esos requisitos. Tal examen debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las consideraciones que pudieron guiar la valoración de la Administración, ésta se mantuvo dentro de unos límites razonables y no ejerció su facultad de forma manifiestamente errónea. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación que hizo la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de los méritos de los candidatos por la suya propia.

(véanse los apartados 70 y 71)

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1987. Bonino/Comisión (233/85. Rec. p. 739), apartado 5; Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991). apartados 15, 16 y 17; Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1991, Frederiksen/Parlamento (T-169/89, Rec. p. II-1403), apartado 69; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP pp. I-A-15 y II-61). apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 19 de marzo de 1997, Giannini/Comisión (T-21/96, RecFP pp. I-A-69 y II-211), apartados 19 y 20
1)

Sobreseer las pretensiones de anulación del Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, y se deroga el Reglamento (CE) no 337/2000, y del Reglamento (CE) no 2062/2001 de la Comisión, de , que modifica por tercera vez el Reglamento no 467/2001.
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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Reglamentos por los que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en la Comunidad — Recurso de ciertos operadores tradicionales — Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamentos de la Comisión (CE) n os 896/2001 y 1121/2001]

2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior que protege a los particulares — Institución que no dispone de ningún margen de apreciación — Suficiencia de una mera infracción del Derecho comunitario

(Art. 288 CE, párr. 2)

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1. Un acto de alcance general como el reglamento puede, en determinadas circunstancias, afectar individualmente a una persona física o jurídica y, por tanto, revestir frente a ella el carácter de una decisión.

Este no es el caso, sin embargo, con respecto a ciertos operadores tradicionales, del Reglamento nº 896/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, ni del Reglamento nº 1121/2001, por el que se fijan los coeficientes de adaptación que deben aplicarse a la cantidad de referencia de cada operador tradicional en el marco de los contingentes arancelarios de importación de plátanos. Estos reglamentos, en efecto, constituyen medidas de alcance general que no afectan a dichos operadores debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, les individualiza de manera análoga a la del destinatario de una decisión. Por lo tanto, tales operadores no pueden considerarse individualmente afectados, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por los Reglamentos mencionados.

(véanse los apartados 107 y 115)

2. La existencia de responsabilidad extracontractual por parte de la Comunidad en el sentido del artículo 288 CE, párrafo segundo, está supeditada a un conjunto de requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado.

Por lo que respecta al primero de estos requisitos, se exige que se acredite una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. En cuanto a la exigencia de que la violación sea suficientemente caracterizada, el criterio decisivo para considerarla satisfecha es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución comunitaria de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. Cuando dicha institución sólo dispone de un margen de apreciación muy reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada.

(véanse los apartados 141 y 142)
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Palabras clave

Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 61, ap. 1, y 62, ap. 1]

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En los recursos interpuestos ante las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) cuyo objeto consiste en la revocación de una resolución adoptada por la División de Oposición, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar, habida cuenta de la continuidad funcional entre las unidades de la Oficina que resuelven en primera instancia y las Salas de Recurso, no queda determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que haya interpuesto el recurso. Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso.

véanse los apartados 25 y 29
Las Disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del Estatuto, adoptadas por la Comisión, no establecen un plazo concreto para que el Comité paritario ad hoc de apelación se pronuncie, en caso de que éste tenga que decidir sobre la calificación de un funcionario que ejerce funciones de representación del personal. Sin embargo, dado que, con arreglo al artículo 7 de dichas Disposiciones, todo procedimiento ha de concluir antes del 31 de diciembre del año de que se trate, debe aplicarse necesariamente el mismo plazo a los funcionarios que ejercen funciones de representación del personal para los cuales las disposiciones referidas establecen, en primer lugar, la consulta al Grupo ad hoc de calificación y, en caso de recurso, al Comité paritario ad hoc de apelación. Por otra parte, según el artículo 1, último párrafo, del anexo II del Estatuto, el funcionario no debe sufrir ningún perjuicio por el hecho de ejercer funciones de representación del personal. Ahora bien, si la fecha límite del 31 de diciembre no fuera aplicable al procedimiento de calificación de dichos funcionarios, habría que considerar que éstos sufren un perjuicio por el hecho de ejercer tales funciones, al no recibir la calificación definitiva al mismo tiempo que los funcionarios que no ejercen funciones de representación del personal.

(véase el apartado 63)
Para que un tribunal de un concurso pueda considerarse constituido conforme a lo dispuesto en el Estatuto y al artículo 3 de su anexo III, su composición debe hacerle apto para garantizar la valoración objetiva de las aptitudes de los candidatos en las pruebas. No obstante, las exigencias que deben satisfacer las competencias de los miembros del tribunal calificador varían en función de las circunstancias propias de cada concurso. De ello se desprende que las exigencias sobre los conocimientos lingüísticos de los miembros de un tribunal calificador varían en función de la importancia que revista el dominio de una lengua para la plaza que deba proveerse.

En relación con un concurso general de la categoría A, organizado con miras a la selección de administradores de grado A 7/A 6 en el ámbito, en particular, de la administración pública europea, en el que la finalidad de la prueba oral no es examinar los conocimientos lingüísticos de un candidato en su lengua principal, sino más bien su capacidad para comunicar en esa lengua en un entorno multicultural, el tribunal calificador no debe necesariamente, con respecto a dicha prueba, integrar a un miembro o a un asesor de la misma lengua principal que los candidatos, ya que el empleo de intérpretes puede perfectamente resolver los posibles problemas de comprensión.

La mera circunstancia, debido a la multiplicidad de las nacionalidades de los candidatos en un concurso, de que otros candidatos se hayan presentado ante un tribunal del que forma parte un miembro de la misma lengua principal que ellos es puramente fortuita y no refleja voluntad alguna de favorecer a tales candidatos. De ello se deduce que esta circunstancia no constituye ninguna violación del principio de igualdad de trato. En efecto, si el tribunal calificador debiera estar integrado por un miembro o un asesor que tenga la misma lengua principal que los candidatos respecto a la prueba oral con motivo de un concurso general para la categoría A, ello podría menoscabar la estabilidad de la composición del tribunal, la aplicación coherente de los criterios de valoración de todos los candidatos interesados e incluso violar el principio de igualdad de trato de los candidatos.

(véanse los apartados 28 a 31 y 33 a 35)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1990. Marcopoulos/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-32/89 y T-39/89. Rec. p. II-281). apartado 37: Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991. Valverde Mordt/Tribunal de Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartados 105 y 106, y Tribunal de Primera Instancia, 24 de septiembre de 2002. Sabbag/Comisión (T-113/01, no publicada en la Recopilación), apartados 41 a 43