Asunto T‑751/16

Confédération nationale du Crédit mutuel

contra

Banco Central Europeo

«Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartados 1, letra d), y 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) de 13 de julio de 2018

[Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2015/62 de la Comisión, considerando 90 y arts. 4, ap. 1, punto 94, y 412, ap. 1; Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, art. 4, ap. 1, letra d); Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, art. 26]

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 28)

Una norma de Derecho derivado de la Unión Europea debe interpretarse, en la medida de lo posible, de la manera que mejor se adecue a las disposiciones del Tratado y a los principios generales del Derecho de la Unión. Sin embargo, como se desprende del uso de la expresión «en la medida de lo posible», esta jurisprudencia no es aplicable cuando se trate de una disposición cuyo sentido sea claro y carente de ambigüedad y que, por lo tanto, no requiera interpretación alguna. En caso de una disposición de esa naturaleza, corresponde únicamente al juez de la Unión comprobar su conformidad con las disposiciones del Tratado y con los principios generales del Derecho de la Unión. (véanse los apartados 33 y 34)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 37)

El artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en su versión modificada por el Reglamento 2015/62, debe interpretarse en el sentido de que atribuye a las autoridades competentes una facultad discrecional para denegar el otorgamiento de la excepción instituida por dicha disposición, aun cuando se cumplan los requisitos que figuran en ella. En efecto, mediante esta excepción, la Comisión, con el refrendo del legislador, ha previsto la posibilidad de que las exposiciones de una entidad de crédito frente a entes del sector público que, dada la garantía del Estado, presenten el mismo riesgo bajo que las exposiciones frente a dicho Estado y que no se deban a una decisión de inversión por su parte —por cuanto que la entidad de crédito está obligada a transferir los importes de que se trata— no sean pertinentes a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento y puedan ser, por tanto, excluidas de este. El artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 se refiere exclusivamente a aquellas exposiciones a las que, aplicando el criterio estándar para el cálculo de requisitos mínimos de fondos propios, se les asigna una ponderación del riesgo del 0 %. En consecuencia, al aplicar el artículo 429, apartado 14, de dicho Reglamento han de conciliarse dos objetivos: por un lado, seguir la lógica del ratio de apalancamiento que determina que se incluya, en el cálculo de dicho coeficiente, la medida de la exposición total de una entidad de crédito, con independencia del nivel de riesgo y, por otro, tener en cuenta el objetivo de la Comisión, refrendado por el legislador, de que, en su caso, determinadas exposiciones que presentan un nivel de riesgo particularmente bajo y que no se derivan de una decisión de inversión de la entidad de crédito no sean pertinentes para el cálculo del ratio de apalancamiento y puedan excluirse de este. Pues bien, cabe señalar que reconocer a las autoridades competentes una facultad discrecional para la ejecución del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 permite a estas arbitrar una solución entre esos dos objetivos, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. (véanse los apartados 53 a 57)

Habida cuenta de que el Banco Central Europeo dispone de una facultad discrecional y, en consecuencia, de un amplio margen de apreciación a la hora de decidir si concede o no el beneficio del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en su versión modificada por el Reglamento 2015/62, el control judicial que el juez de la Unión debe ejercer sobre la conformidad a Derecho de la motivación de una decisión por la que se deniega el referido beneficio no debe llevarle a sustituir la apreciación del Banco por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que la Decisión impugnada no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder. (véase el apartado 71)

Aunque el Banco Central Europeo tiene libertad para decidir, en el ejercicio de la facultad discrecional que le reconoce el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en su versión modificada por el Reglamento 2015/62, si concede o no la excepción prevista por esta disposición, dicha facultad debe ejercerse sin incumplir los objetivos perseguidos por esa excepción y sin privarla de su efecto útil. De ello se sigue necesariamente que el Banco no se puede apoyar en razones que hagan prácticamente inaplicable la posibilidad ofrecida por el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, privando de su efecto útil a dicha disposición e incumpliendo los objetivos que se perseguían con su introducción. Por consiguiente, el Banco Central Europeo no puede excluir del amparo del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 las exposiciones de una entidad de crédito frente a una institución financiera de Derecho público partiendo de consideraciones inherentes a las propias exposiciones a que se refiere esta disposición. Esto es lo que ocurre cuando se indica que las exposiciones de esa entidad de crédito frente a dicha institución financiera figuran en el activo de su balance. En efecto, habida cuenta de que las exposiciones respecto de las que la citada disposición prevé la posibilidad de que no sean tenidas en cuenta a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento de una entidad de crédito están destinadas, por su naturaleza, a figurar en el activo del balance de esa entidad, la consideración de que las exposiciones frente a una institución financiera de Derecho público figuran en el activo de una entidad de crédito no puede justificar válidamente la negativa a conceder la excepción solicitada. Cabe afirmar lo mismo, y por motivos análogos, de una consideración de que las citadas exposiciones constituyen una parte de las cantidades depositadas en la referida entidad de crédito como ahorro regulado, que aparece registrado en el pasivo de su balance. De igual forma, dado que el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 únicamente se refiere a exposiciones frente a entes del sector público que se apoyan en la garantía de un Estado, una negativa basada en el principio de que un Estado puede encontrarse en situación de incumplimiento de sus obligaciones de pago sin un examen de la probabilidad de que el Estado en cuestión se vea afectado por tal contingencia haría prácticamente inaplicable la posibilidad contemplada en dicha disposición. Por otro lado, consecuentemente, dado que el Banco Central Europeo no examina la probabilidad de un impago, una referencia hecha en la decisión de denegar el amparo del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 al volumen de las exposiciones de una entidad de crédito frente a una institución financiera de Derecho público tampoco puede justificar, por sí sola, la toma en consideración de dichas exposiciones en el cálculo del ratio de apalancamiento. En efecto, el expresado volumen solo podría resultar pertinente en caso de que, a raíz de un impago del Estado en cuestión, la citada entidad de crédito no pudiera recuperar de esa institución financiera las sumas transferidas procedentes del ahorro regulado y tuviera que recurrir a ventas forzadas de activos. (véanse los apartados 79, 81 a 83, 86, 87, 91 y 92)

De la definición del riesgo de apalancamiento excesivo que figura en el artículo 4, apartado 1, punto 94, del Reglamento n.o 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en su versión modificada por el Reglamento 2015/62, se deduce que los riesgos que se derivan de un apalancamiento excesivo se materializan en una situación de liquidez insuficiente. En efecto, una entidad de crédito puede verse obligada a tomar medidas no previstas en su plan de negocio, incluida una venta de urgencia de activos, precisamente con el fin de obtener liquidez, con las consecuencias indicadas en dicha disposición, como se expone en el considerando 90 del Reglamento n.o 575/2013. Dado que las consecuencias negativas de un apalancamiento excesivo se manifiestan en caso de insuficiente liquidez, la circunstancia de que el intervalo de ajuste de las posiciones de la entidad de crédito con las de una institución financiera de Derecho público concierne al riesgo de iliquidez no priva a dicho intervalo de tiempo de pertinencia a la hora de apreciar el riesgo vinculado a su ratio de apalancamiento. No obstante, ese intervalo de ajuste no origina un riesgo de iliquidez a efectos de la apreciación de los requisitos de cobertura de las necesidades de liquidez que figuran en el artículo 412 del Reglamento n.o 575/2013 y en el Reglamento 2015/61 por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito. En efecto, la concesión por el Banco Central Europeo de la posibilidad de acogerse al artículo 26 del Reglamento 2015/61 —que permite a las autoridades competentes, y, por consiguiente, al Banco, compensar las entradas y salidas de liquidez interdependientes cuando, dada la existencia de una garantía de la administración central de un Estado miembro y de la brevedad del intervalo de tiempo que las separa, tal intervalo de ajuste no origina un riesgo de iliquidez— con respecto a las entradas y salidas de liquidez vinculadas a las exposiciones frente a una institución financiera equivale al reconocimiento por parte del Banco de que el intervalo de tiempo que pueda mediar entre ellas no origina un riesgo de iliquidez. (véanse los apartados 101 a 104, 108 y 109)