Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Servicios comprendidos en el anexo II B de la Directiva 2004/18/CE

(Arts. 49 TFUE y 56 TFUE; Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 21, 23 y 35, ap. 4, y anexo II B)

2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Servicios comprendidos en el anexo II B de la Directiva 2004/18/CE

(Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 53)

3. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Servicios comprendidos en el anexo II B de la Directiva 2004/18/CE

(Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 21, 23 y 35, ap. 4, y anexo II B)

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1. Aunque los contratos comprendidos en el anexo II B de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, no estén sujetos a las normas establecidas por la Directiva en relación con las obligaciones de convocar una licitación con publicidad previa, los órganos de contratación que los celebran se hallan sujetos a las reglas fundamentales del Derecho de la Unión y, en particular, a los principios consagrados por el Tratado FUE en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios.

Por lo tanto, el régimen establecido por el legislador de la Unión para los contratos relativos a los servicios incluidos en dicho anexo II B no puede interpretarse en el sentido de que supone un obstáculo a la aplicación de los principios que se derivan de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y, en consecuencia, de las obligaciones que tienen por objeto garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad de trato de los licitadores, en el supuesto en que dichos contratos presenten, no obstante, un interés transfronterizo cierto.

(véanse los apartados 29 y 31)

2. Si bien es cierto que la obligación de indicar la ponderación relativa de cada uno de los criterios de adjudicación en la fase de la publicación del anuncio de licitación, tal como dispone el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, responde a la necesidad de garantizar el respeto del principio de igualdad de trato y el cumplimiento de la obligación de transparencia que de él se deduce, no es menos cierto que, a falta de disposición específica en este sentido en esa Directiva, no está justificado considerar que el alcance de este principio y de esta obligación llega hasta exigir que, en el marco de los contratos no sujetos a una disposición como dicho artículo 53, la ponderación relativa de los criterios utilizados por el órgano de contratación se determine previamente y se anuncie a los licitadores potenciales cuando se les invita a presentar sus ofertas. En efecto, la mención de la ponderación de los criterios de adjudicación en el caso de un contrato que no está sujeto a una disposición como el artículo 53, apartado 2, no constituye una obligación que incumbe al órgano de contratación.

(véase el apartado 43)

3. Los principios de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación implican que las entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento. Por lo que atañe a los propios criterios de adjudicación, éstos no deben ser objeto, con mayor razón, de ninguna modificación a lo largo del procedimiento de adjudicación.

En consecuencia, incumple las obligaciones que le incumben en virtud del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia que de él se deduce un Estado miembro que modifica la ponderación de los criterios de adjudicación de un contrato de prestación de servicios de interpretación y de traducción, comprendidos en el anexo II B de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, a raíz de un primer examen de las ofertas presentadas.

(véanse los apartados 59, 60 y 66)