Palabras clave

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Palabras clave

1 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilicitud - Perjuicio - Relación de causalidad - Carga de la prueba

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

2 Competencia - Procedimiento administrativo - Obligaciones de la Comisión - Observancia de un plazo razonable

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 2, 3, ap. 1, y 4, ap. 1)

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Pliego de cargos - Obligación de comunicar un pliego de cargos adicional en caso de modificación de la infracción imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4)

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Fijación de prioridades por la Comisión

5 Derecho comunitario - Interpretación - Actos de las Instituciones - Motivación - Consideración

6 Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Organismo de Derecho privado que ejerce una actividad económica en materia de certificación de empresas de alquiler de grúas - Inclusión

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

7 Competencia - Prácticas colusorias - Distorsión de la competencia - Sistema de certificación de empresas de alquiler de grúas - Prohibición de alquilar grúas de empresas no certificadas - Apreciación en relación con la naturaleza del sistema - Definición de los criterios pertinentes por la Comisión

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

8 Competencia - Prácticas colusorias - Distorsión de la competencia - Fijación de los precios - Sistema de tarifas aconsejadas y de tarifas de compensación elaborado en el seno de una organización - Sistema que da lugar a la fijación de precios impuestos

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

9 Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio del comercio entre los Estados miembros - Criterios - Práctica colusoria que se extiende a todo el territorio de un Estado miembro

(Tratado CE, art. 85. ap. 1)

10 Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Carga de la prueba - Control jurisdiccional - Límites

(Tratado CE, art. 85, ap. 3)

11 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190)

12 Competencia - Multas - Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Elementos de apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15. ap. 2)

14 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Volumen de negocios tomado en consideración - Volumen de negocios del conjunto de las empresas que constituyen una asociación de empresas - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

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15 Para que se genere la responsabilidad de la Comunidad en el marco del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a la Institución comunitaria de que se trate, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la Institución y el perjuicio invocado.

Se reconoce una relación de causalidad en el sentido del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado cuando existe una relación de causa a efecto entre la falta cometida por la Institución de que se trate y el perjuicio invocado, relación cuya prueba incumbe a los demandantes.

16 Cuando un interesado presenta ante la Comisión una solicitud de declaración negativa en virtud del artículo 2 del Reglamento nº 17 o una notificación con vistas a obtener una exención en virtud del apartado 1 del artículo 4 del mismo Reglamento, la Comisión no puede diferir sine die su pronunciamiento. En aras de garantizar la seguridad jurídica y una protección jurisdiccional adecuada, la Comisión debe, en efecto, adoptar una decisión o enviar un escrito de archivo de las actuaciones, en el caso de que tal escrito se haya solicitado, dentro de un plazo razonable. Del mismo modo, cuando se presenta ante ella una denuncia relativa a la infracción del artículo 85 y/o del artículo 86 del Tratado, basada en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, la Comisión está obligada a adoptar, dentro de un plazo razonable, una posición definitiva sobre la denuncia. La observancia por parte de la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen fin a procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye, en efecto, un principio general del Derecho comunitario.

El carácter razonable de la duración del procedimiento administrativo se aprecia en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento seguido por la Comisión, del comportamiento de los interesados durante el procedimiento, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas.

17 El apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 y los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63, que aplican el principio de respeto de los derechos de defensa, exigen que se dé a las empresas afectadas por un procedimiento de declaración de infracción, desde la fase del procedimiento administrativo, la posibilidad de dar a conocer de forma eficaz su opinión sobre todos los cargos que se imputen en la Decisión.

En virtud de esta exigencia, cuando la Comisión se proponga imputar en su Decisión cargos que no hubiera mencionado en el primer pliego de cargos, deberá notificar a las empresas afectadas un segundo pliego de cargos.

18 La Comisión dispone de la facultad de conceder diferentes grados de prioridad a los expedientes que le son sometidos. A este respecto, si a raíz de la notificación de una práctica colusoria considera que las prácticas que le han sido notificadas no pueden beneficiarse de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, la Comisión, para determinar el grado de prioridad que ha de conceder a la notificación, puede tener en cuenta la circunstancia de que un Juez nacional haya hecho ya que cesen las infracciones de que se trata.

19 La motivación de un acto es indispensable para determinar el sentido exacto de lo que se decide en su parte dispositiva.

20 Un organismo de Derecho privado que ha establecido un sistema de certificación para las empresas de alquiler de grúas, siendo facultativa la afiliación a dicho sistema, que determina de manera autónoma los criterios que deben cumplir las empresas certificadas y que sólo expide un certificado previo pago de una cantidad, debe calificarse de empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, habida cuenta de que, en el contexto del Derecho de la competencia, tal calificación se aplica a cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación.

21 La apreciación de la conformidad de una conducta con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado se lleva a cabo teniendo en cuenta el contexto económico y jurídico.

Así pues, cuando la Comisión examina un sistema de certificación para empresas de alquiler de grúas, en cuyo seno se prohíbe a las empresas certificadas alquilar grúas de empresas no certificadas, dicha Institución está facultada para definir los criterios a los que debe atenerse el sistema a efectos de que la prohibición de alquiler pueda quedar excluida de la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

A este respecto, el carácter abierto del sistema y la aceptación de garantías equivalentes de otros sistemas son criterios pertinentes en los que la Comisión puede basarse para considerar que la prohibición controvertida falsea la competencia. En efecto, por un lado, cuando el acceso al sistema de certificación resulta difícil, la prohibición afecta considerablemente a las posibilidades de competir de las empresas no certificadas. Por otro lado, al impedir que las empresas certificadas recurran a empresas no certificadas incluso cuando estas últimas ofrecen garantías equivalentes a las garantías del sistema de certificación, la prohibición controvertida no encuentra ninguna justificación objetiva en la finalidad de mantener la calidad de los productos/servicios que garantiza el sistema de certificación; antes al contrario, la no aceptación de tales garantías protege a las empresas certificadas frente a la competencia de empresas no certificadas.

Por otra parte, la prohibición controvertida no sólo limita la libertad de acción de las empresas certificadas, sino que afecta también y especialmente a las posibilidades de competir de las empresas no certificadas.

22 Un sistema de tarifas establecido por una organización sectorial en cuyo seno se han federado empresas de alquiler de grúas de un Estado miembro, consistente en tarifas aconsejadas para el alquiler de grúas por los dueños de obras y en tarifas de compensación aplicadas a las operaciones de alquiler interno entre los miembros de la organización, constituye efectivamente un sistema de precios impuestos a los miembros de ésta, cuando tales tarifas, cuya observancia es objeto de controles, se incluyen en el concepto de tarifas aceptables que los miembros están obligados a practicar bajo pena de ser expulsados de la organización. En la medida en que permite a los miembros de la organización, aunque algunos de ellos no siempre observen los precios fijados, prever con un grado razonable de certeza la política de precios practicada por los demás miembros y en que se ha acreditado, además, que tiene por objeto el aumento de los precios del mercado, tal sistema restringe la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

23 Para que un acuerdo, una decisión o una práctica concertada puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, deben permitir prever con un grado de probabilidad suficiente, sobre la base de un conjunto de elementos de Derecho o de hecho, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, en los flujos de intercambios entre Estados miembros, hasta el punto de hacer temer que puedan obstaculizar la realización de un mercado único entre los Estados miembros.

A este respecto, las prácticas restrictivas de la competencia que se extienden a todo el territorio de un Estado miembro tienen como efecto, por su propia naturaleza, consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando así la interpenetración económica querida por el Tratado.

24 La concesión de una decisión individual de exención en favor de un acuerdo entre empresas está supeditada a que concurran cumulativamente los cuatro requisitos enunciados en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, de manera que basta con que falte uno de los cuatro requisitos para que deba denegarse la exención. Incumbe a las empresas notificantes facilitar a la Comisión la prueba de que se cumplen los cuatro requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 85.

El control ejercido por el Juez comunitario sobre las apreciaciones económicas complejas efectuadas por la Comisión, en el ejercicio de la facultad de apreciación que le confiere el apartado 3 del artículo 85 del Tratado respecto a cada uno de los cuatro requisitos que establece, debe limitarse a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

25 La obligación de motivar una decisión individual tiene la finalidad de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez, y de permitir al órgano jurisdiccional comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de la decisión. El alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado. Por tanto, incumbe a la Comisión desarrollar su razonamiento de manera explícita cuando, en el marco de su práctica decisoria, adopta una decisión que se aleja sensiblemente de sus decisiones precedentes.

Si bien en virtud del artículo 190 del Tratado la Comisión está obligada a mencionar los elementos de hecho en que se basa la justificación de la medida y las consideraciones jurídicas que la han llevado a adoptarla, no se exige, cuando se trata de una decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, que la Comisión examine todos los puntos de hecho y de Derecho que hayan sido suscitados por cada interesado durante el procedimiento administrativo.

26 Las infracciones de las normas sobre la competencia que pueden ser objeto de sanción son las cometidas deliberadamente o por negligencia. A este respecto, basta con que su autor no hubiere podido ignorar que su comportamiento debía dar lugar a una restricción de la competencia.

En el contexto específico de cada asunto la Comisión, en el ejercicio de su facultad de apreciación, decide sobre la oportunidad de imponer una multa para sancionar la infracción comprobada y preservar la eficacia del Derecho de la competencia.

27 El importe de una multa impuesta con motivo de la infracción de las normas sobre la competencia debe graduarse en función de las circunstancias de la violación y de la gravedad de la infracción, y la apreciación de esta última debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia.

28 La utilización del término genérico «infracción» en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, en la medida en que dicho término abarca sin establecer diferencias los acuerdos, las prácticas concertadas y las decisiones de asociaciones de empresas, revela que los límites máximos previstos en esta disposición se aplican del mismo modo a los acuerdos y prácticas concertadas, así como a las decisiones de asociaciones de empresas. De ello se infiere que el límite máximo del 10 % del volumen de negocios debe calcularse en relación con el volumen de negocios realizado por cada una de las empresas que participan en dichos acuerdos y prácticas concertadas o por el conjunto de empresas miembros de dichas asociaciones de empresas, al menos cuando, en virtud de sus normas internas, la asociación puede vincular a sus miembros. Que este análisis resulta fundado lo corrobora el hecho de que la influencia que haya podido ejercer sobre el mercado una asociación de empresas no depende de su propio «volumen de negocios», que no revela ni su dimensión ni su potencia económica, sino, en realidad, del volumen de negocios de sus miembros, que constituye una indicación de su dimensión y de su potencia económica.