Asunto T‑440/17

Arca Capital Bohemia a.s.

contra

Comisión Europea

«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Documentos correspondientes a un procedimiento de control de ayudas de Estado — Denegación de acceso — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de terceros — Excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría — Presunción general de confidencialidad — Obligación de realizar un examen concreto e individual — Interés público superior»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 11 de diciembre de 2018

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Interés público superior que justifica la divulgación de documentos — Concepto — Interés particular del solicitante — Exclusión

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Obligación de conceder un acceso parcial a los datos no cubiertos por las excepciones — Aplicación a los documentos comprendidos en una categoría cubierta por una presunción general de denegación de acceso — Exclusión

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 15 y 16)

La respuesta a una solicitud inicial en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no es más que una primera toma de posición, en principio no susceptible de recurso, porque no produce efectos jurídicos si no concurren circunstancias excepcionales. Otra cosa ocurre, en particular, cuando la respuesta a la solicitud inicial incurre en un vicio de forma en la medida en que omitió informar a la demandante de su derecho a presentar una solicitud confirmatoria o cuando una institución adopta su posición de manera definitiva mediante la respuesta a una solicitud inicial. (véanse los apartados 19 y 20)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 31 a 33)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 35 a 37, 56, 60, 61 y 72)

Para interpretar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, hay que reconocer la existencia de una presunción general según la cual la divulgación de los documentos del expediente administrativo relativo al control de ayudas de Estado perjudica, en principio, los intereses comerciales de las empresas implicadas en dicho procedimiento. En efecto, el derecho de consultar el expediente administrativo en el marco de un procedimiento de control incoado de conformidad con el artículo 108 TFUE, apartado 2, y el derecho de acceso a los documentos, con arreglo al Reglamento n.o 1049/2001, se distinguen jurídicamente, pero no es menos cierto que conducen a una situación comparable desde un punto de vista funcional. Con independencia de la base jurídica sobre la que se concede, el acceso al expediente permite a los interesados obtener la totalidad de las observaciones y documentos presentados a la Comisión. A este respecto, la normativa que regula el procedimiento de control de ayudas de Estado establece reglas estrictas en cuanto al tratamiento de la información comercialmente sensible obtenida o elaborada en ese procedimiento ya que el artículo 30 del Reglamento 2015/1589, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE, exige que no se divulgue la información obtenida con arreglo a dicho Reglamento que esté amparada por el secreto profesional. En esas condiciones, un acceso generalizado, con fundamento en el Reglamento n.o 1049/2001, a los documentos correspondientes al expediente administrativo relativo al procedimiento de control de ayudas de Estado podría poner en peligro el equilibrio que el legislador de la Unión ha querido asegurar en el Reglamento 2015/1589 entre la obligación para el Estado miembro afectado y, en su caso, la voluntad de terceros de comunicar a la Comisión informaciones comerciales eventualmente sensibles, para permitir que esta aprecie la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado interior, por un lado, y, por otro, la garantía de la protección reforzada inherente, en virtud del secreto profesional y del secreto empresarial, a las informaciones así comunicadas a la Comisión. Si personas distintas del Estado miembro afectado por el procedimiento de control de una ayuda de Estado, que es el único facultado por la normativa sobre las ayudas de Estado para acceder al expediente de dicho procedimiento, pudieran obtener el acceso a los documentos con fundamento en el Reglamento n.o 1049/2001, se alteraría el régimen instaurado por esa normativa. Esta conclusión se impone con independencia de si la solicitud de acceso se refiere a un procedimiento ya concluido o a un procedimiento pendiente. En efecto, atendiendo a los intereses protegidos en el marco de un procedimiento relativo al control de ayudas de Estado, la publicación de las informaciones sensibles relacionadas con las actividades económicas de las empresas a las que afecta dicho procedimiento, en particular, el beneficiario de la ayuda, puede lesionar sus intereses comerciales, con abstracción de que ya esté concluido el procedimiento de aplicación del artículo 108 TFUE. (véanse los apartados 41, 42, 44 a 46 y 48)

Las informaciones amparadas por el secreto profesional pueden ser tanto informaciones confidenciales como secretos comerciales. Como se desprende de los considerandos 10 y 11 de la Comunicación de la Comisión relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal, los secretos comerciales en los expedientes correspondientes a un procedimiento de control de ayudas de Estado, relativos, en primer lugar, al beneficiario de la ayuda, pero también a un tercero, pueden referirse, en particular, a los métodos de evaluación de costes de fabricación y distribución, a los secretos y procesos de producción, a las fuentes de suministro, a las cantidades producidas y vendidas, a las cuotas de mercado, a las listas de clientes y distribuidores, a los planes de comercialización, a la estructura de los costes de producción, a la política de ventas, y a la información sobre la organización interna de la empresa. Estas informaciones, que no son de dominio público, podrían usarse en favor de otras empresas si acabaran divulgándose, puesto que proporcionan a la empresa que las posee una ventaja económica, estratégica u organizativa y estructural. Por tanto, esa divulgación puede lesionar los intereses comerciales del beneficiario de la ayuda o de un tercero implicado en el procedimiento de control de ayudas de Estado. Por consiguiente, al haber sido obtenidas con arreglo al Reglamento 2015/1589, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE, esas informaciones están amparadas por el secreto profesional. (véanse los apartados 53 y 54)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 63)

Incumbe a quien alega la existencia de un interés público superior que justifique la divulgación de documentos con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, invocar de manera concreta las circunstancias que justifican la divulgación de los documentos de que se trate. Por lo que respecta a documentos que se integran en un procedimiento de control de ayudas de Estado que dio lugar a una decisión de la Comisión que declara la compatibilidad con el mercado interior de ayudas concedidas en la privatización y reestructuración de los bancos nacionales, el demandante no puede invocar válidamente un interés que guarde relación con el control de la gestión de fondos públicos y con el control de los procesos de privatización ni el que presuntamente resultó de la amenaza potencial que recaía sobre la estabilidad del sector bancario en el Estado miembro en cuestión como consecuencia de la supuesta ilegalidad de las operaciones de privatización de un banco nacional. En efecto, en un procedimiento ante el juez de la Unión relativo a la decisión denegatoria de acceso a los documentos solicitados, el demandante no puede desvirtuar las apreciaciones de la Comisión en cuanto a la compatibilidad de la ayuda con alegaciones relativas a posibles ilegalidades de las medidas adoptadas por el Estado miembro de que se trate. No corresponde al demandante ni al juez de la Unión preguntarse acerca de ella. Por el contrario, si los procedimientos nacionales, en particular los relativos a las infracciones de determinadas personas implicadas en las operaciones de privatización de un banco nacional, están en curso, es allí donde puede garantizarse la protección del interés público relativo al control de la gestión de fondos públicos por parte de los organismos estatales. Por consiguiente, el acceso a los documentos solicitado por el demandante guarda únicamente relación con su eventual interés privado en apoyar sus propias convicciones relativas a la ilegalidad de las actuaciones de los organismos del Estado miembro en cuestión y, en su caso, en demostrarlas en los procedimientos judiciales que ha iniciado o en denunciar públicamente los posibles errores cometidos en esos procedimientos. (véanse los apartados 73 y 79 a 81)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 76)