33

En estas circunstancias, la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala Nacional de Recurso) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Permite el artículo 51 [de la Directiva 2004/18], en relación con l[os] principio[s] de igualdad de trato y no discriminación de los operadores económicos y de transparencia, consagrados por el artículo 2 de dicha Directiva, que, al aclarar o completar la documentación, un operador económico indique contratos ejecutados (es decir, entregas efectuadas) distintas de las indicadas en la relación de entregas que adjuntó a su oferta y, en particular, puede referirse a contratos ejecutados por otra entidad si en la oferta no mencionó que puede disponer de las capacidades de éste? 2) A la luz de la sentencia de 10 de octubre de 2013, Manova [C‑336/12, EU:C:2013:647], de la que se desprende que “el principio de igualdad de trato debe interpretarse en el sentido que no se opone a que, una vez transcurrido el plazo de presentación de candidaturas a un contrato público, [un poder adjudicador] solicite a un candidato que presente documentos descriptivos de su situación, como el balance publicado, cuya existencia antes del transcurso del plazo de presentación de candidaturas sea objetivamente verificable, siempre que los documentos de dicho contrato no exigieran expresamente su presentación bajo pena de exclusión de la candidatura”, ¿debe interpretarse el artículo 51 de la Directiva [2004/18] en el sentido de que sólo es posible completar la documentación aportando documentos cuya existencia anterior al transcurso del plazo de presentación de ofertas o de solicitudes de participación sea objetivamente verificable, o bien en el sentido de que el Tribunal de Justicia sólo señaló una de las posibilidades y también es posible completar la documentación en otros casos, por ejemplo aportando posteriormente documentos que no existían antes del transcurso de dicho plazo pero que pueden acreditar objetivamente el cumplimiento de un requisito de participación? 3) En caso de que se responda a la segunda cuestión en el sentido de que también puede completarse la documentación con documentos distintos de los mencionados en la sentencia de 10 de octubre de 2013, Manova [C‑336/12, EU:C:2013:647] ¿pueden aportarse documentos procedentes del mismo operador económico, de un tercero subcontratado o de otras entidades en cuyas capacidades se base el operador económico, si éstos no fueron mencionados al presentar la oferta? 4) ¿Permite el artículo 44 [de la Directiva 2004/18] en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), [de esta Directiva] y el principio de igualdad de trato de los operadores económicos consagrado en el artículo 2 de [ésta], basarse en las capacidades de otro operador económico a las que se refiere el artículo 48, apartado 3, [de la mencionada Directiva] de manera que se sumen los conocimientos y la experiencia de dos entidades que, por separado, no poseen los conocimientos y la experiencia exigidos por el poder adjudicador, cuando dicha experiencia sea indivisible (es decir, que el requisito para participar en el procedimiento deba cumplirlo íntegramente un mismo operador económico) y la ejecución del contrato también sea indivisible (constituya un todo)? 5) ¿Permite el artículo 44 de la Directiva [2004/18] en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), [de esta Directiva] y con el principio de igualdad de trato de los operadores económicos consagrado en el artículo 2 de ésta, basarse en la experiencia de un grupo de operadores económicos, de tal manera que un operador económico que ha ejecutado un contrato como miembro de una agrupación de operadores económicos puede remitirse a la ejecución por ese grupo con independencia de su grado de participación en la ejecución de dicho contrato, o sólo puede basarse en la experiencia propia y efectivamente adquirida por él mismo en la ejecución de la parte del contrato que se le asignó internamente dentro de la agrupación? 6) ¿Puede interpretarse el artículo 45, apartado 2, letra g), de la Directiva 2004/18, con arreglo al cual puede ser excluido de la participación en la licitación todo operador económico al que se le considere gravemente culpable de hacer declaraciones falsas al proporcionar información o que no haya proporcionado dicha información, en el sentido de que se excluye del procedimiento a todo operador económico que haya proporcionado información falsa que haya influido o haya podido influir en el resultado del procedimiento, asumiendo que la responsabilidad de tal inducción a error resulta únicamente de haber facilitado al poder adjudicador información falsa que haya influido en su decisión sobre la exclusión del operador económico (y la desestimación de su oferta), con independencia de si el operador económico actuó con dolo, negligencia o culpa o sin observar la diligencia debida? ¿Sólo puede considerarse a un operador económico “gravemente culpable de hacer declaraciones falsas” o de no haber “proporcionado […] información” en el caso de que haya aportado datos falsos (no conformes con la realidad) o también en el caso de que, pese a haber aportado datos correctos, el operador económico lo haya hecho de una manera que pretenda crear en el poder adjudicador la convicción de que el operador económico cumple los requisitos establecidos por aquél, sin ser cierto? 7) ¿Permite el artículo 44 de la Directiva [2004/18] en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), [de ésta] y con el principio de igualdad de trato de los operadores económicos consagrado en el artículo 2 de esta Directiva que un operador económico base su experiencia haciendo referencia a dos o más contratos en conjunto como si fueran uno solo, aunque el poder adjudicador no previera tal posibilidad ni en el anuncio de licitación ni en el pliego de condiciones?»