El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un ciudadano comunitario, no residente en el Estado miembro en el que percibe los ingresos que constituyen la totalidad o la casi totalidad de sus rentas imponibles, no puede, a efectos de la determinación de la base imponible de los referidos ingresos en dicho Estado miembro, imputar rendimientos negativos derivados de una vivienda de su propiedad en la que reside, que está situada en otro Estado miembro, mientras que un residente del primer Estado miembro sí puede imputar tales rendimientos negativos a efectos de la determinación de la base imponible de sus rentas.

En lo que atañe a la fiscalidad directa, la situación de los residentes y la de los no residentes en un Estado miembro determinado no son comparables, por lo general, ya que presentan diferencias objetivas tanto desde el punto de vista de la fuente de los rendimientos como de la capacidad contributiva personal o de la consideración de la situación personal y familiar del sujeto pasivo. No obstante, ante una ventaja fiscal, de la que no disfrutara el no residente, la diferencia de trato entre estos dos grupos de contribuyentes puede calificarse de discriminación si no existe ninguna diferencia de situación objetiva que pueda justificar una diferencia de trato a este respecto. Ese es el caso, en particular, cuando un sujeto pasivo no residente no obtiene ingresos significativos en el Estado de su residencia y percibe la mayor parte de sus ingresos imponibles de una actividad ejercida en el Estado de empleo, de manera que el Estado de residencia no puede concederle las ventajas resultantes de tener en cuenta su situación personal y familiar, al consistir la discriminación en que la situación personal y familiar de dicha persona no se tiene en cuenta ni en el Estado de residencia ni en el Estado de empleo.

En la medida en que, siendo residente en un Estado miembro, una persona percibe la mayor parte de sus ingresos imponibles de una actividad por cuenta ajena que ejerce en otro Estado miembro sin obtener ingresos significativos en su Estado miembro de residencia, se encuentra, a efectos de tener en cuenta su capacidad contributiva, en una situación objetivamente comparable, para su Estado miembro de empleo, a la de un residente en este último Estado miembro que ejerce igualmente una actividad por cuenta ajena en este mismo Estado. Cuando un Estado miembro, para determinar la base imponible del impuesto sobre la renta adeudado por los sujetos pasivos residentes, toma en consideración los rendimientos negativos de un inmueble situado en otro Estado miembro, también está obligado, cuando se trate de residentes en este último Estado miembro que perciban en el primer Estado miembro la totalidad o la casi totalidad de sus ingresos imponibles y que no obtengan ingreso significativo alguno en su Estado miembro de residencia, a tomar en consideración esos mismos rendimientos negativos a los mismos efectos. De no hacerse así, la situación de estos últimos sujetos pasivos no sería tomada en consideración, a este respecto, en ninguno de los dos Estados miembros de que se trata.

La diferencia de trato en el litigio principal no proviene de la simple disparidad existente entre las legislaciones fiscales nacionales de que se trata. En efecto, aún cuando el Estado miembro de residencia autorizara que se tomaran en cuenta pérdidas como las del litigio principal a efectos de la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta de sus residentes, un sujeto pasivo que percibe la totalidad o la casi totalidad de sus ingresos en el Estado miembro de empleo, no podría, en ningún caso, beneficiarse de tal ventaja.

Por lo que respecta al riesgo de una doble toma en consideración de las pérdidas derivadas del inmueble de un sujeto pasivo no residente, la normativa nacional aplicable tiene por objeto evitar que se produzca tal riesgo por lo que respecta a los sujetos pasivos residentes que sufran pérdidas de inmuebles situados en el otro Estado miembro, cuya situación se puede comparar con la de un sujeto pasivo no residente que percibe la totalidad o la casi totalidad de sus rentas en el otro Estado miembro. Además, dicho Estado miembro puede, en el supuesto de que una parte de las operaciones de un sujeto pasivo sean efectuadas en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que ejerce su actividad por cuenta ajena, solicitar a las autoridades competentes de otro Estado miembro todas las informaciones necesarias para la liquidación correcta de los impuestos sobre la renta o todos los datos que considere necesarios para calcular la cuantía exacta del impuesto sobre la renta adeudado por un sujeto pasivo en función de la legislación que aplique.

Por consiguiente, una diferencia de trato que se basa en la residencia, presenta carácter discriminatorio, habida cuenta de que mientras que los rendimientos negativos de un inmueble situado en otro Estado miembro son tomados en consideración por el Estado miembro competente para determinar la base imponible del impuesto sobre la renta, concretamente profesional, de los sujetos pasivos que trabajan y residen en este último Estado miembro, no se tienen en cuenta en el caso de un sujeto pasivo que percibe la totalidad o la casi totalidad de sus rentas imponibles de una actividad por cuenta ajena ejercida en ese mismo Estado miembro pero que no reside en él. De ello se desprende que una normativa nacional constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores que, en principio, prohíbe el artículo 39 CE.

(véanse los apartados 59 a 62, 66, 71, 75, 77 a 80 y 84 y el fallo)