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El artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), primera alternativa, de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que existe financiación mayoritaria por el Estado cuando las actividades de las cajas públicas del seguro de enfermedad se financian con carácter principal mediante cotizaciones a cargo de los afiliados, que se establecen, calculan y recaudan siguiendo normas de Derecho público. Tales cajas del seguro de enfermedad deben considerarse organismos de Derecho público y, por consiguiente, poderes adjudicadores a efectos de la aplicación de las normas de esta Directiva.

En efecto, el texto del artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), primera alternativa, de la Directiva 2004/18 no contiene ninguna precisión respecto a las modalidades conforme a las cuales debe efectuarse la financiación a la que se refiere esta disposición. Así, en particular, dicha disposición no exige que la actividad de los organismos considerados esté directamente financiada por el Estado o por otra entidad pública para que se considere cumplido el requisito correspondiente. Por tanto, una forma de financiación indirecta basta a este respecto.

Por tanto, una financiación de un régimen público del seguro de enfermedad que tiene su origen en actos del Estado, está, en la práctica, garantizada por los poderes públicos y está asegurada mediante una forma de recaudación de las cotizaciones correspondientes regulada por las disposiciones de Derecho público, cumple el requisito relativo a la financiación mayoritaria por el Estado, a efectos de la aplicación de las normas comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos.

(véanse los apartados 51, 57 y 59 y el punto 1 del fallo)
La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en anexo a la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la adopción por un Estado miembro de una normativa nacional que, con objeto de adaptar el Derecho interno específicamente a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones en el sector público, prevé la adopción de medidas para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada enumeradas en el apartado 1, letras a) a c), de esta cláusula, cuando ya existe en Derecho interno una «medida legal equivalente» en el sentido de dicha cláusula, siempre y cuando, dicha normativa, por una parte, no menoscabe la efectividad de la prevención de los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, tal como se desprende de dicha medida legal equivalente y, por otra parte, respete el Derecho comunitario y, especialmente, la cláusula 8, apartado 3, de dicho Acuerdo.

(véanse el apartado 87 y el punto 1 del fallo)
En la medida en que se adopten normas comunitarias para realizar los fines del Tratado, los Estados miembros no pueden, fuera del marco de las instituciones comunes, contraer compromisos que puedan afectar a dichas normas o alterar su alcance. Las disposiciones del Reglamento no 725/2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias, cuya base jurídica es el artículo 80 CE, apartado 2, disposición que, en su párrafo segundo, se refiere al artículo 71 CE, constituyen normas comunitarias dictadas para alcanzar los fines del Tratado.

Una posible infracción, por la Comisión, del artículo 10 CE no tiene entidad suficiente como para permitir a un Estado miembro tomar iniciativas susceptibles de afectar a las normas comunitarias dictadas para alcanzar los fines del Tratado, y ello contraviniendo las obligaciones que, para dicho Estado, derivan de los artículos 10 CE, 71 CE y 80 CE, apartado 2. Efectivamente, un Estado miembro no puede sentirse autorizado para adoptar unilateralmente medidas correctoras o de defensa para prevenirse contra un posible incumplimiento, por parte de una institución, de las normas del Derecho comunitario.

La mera circunstancia de que la Comunidad no sea miembro de una organización internacional no faculta en modo alguno a un Estado miembro para que actúe a título individual en el marco de su participación en una organización internacional con el fin de suscribir compromisos capaces de afectar a las normas comunitarias dictadas para alcanzar los objetivos del Tratado.

La circunstancia de que la Comunidad no tenga la calidad de miembro de una organización internacional no impide que se pueda ejercer efectivamente la competencia externa de la Comunidad, en particular a través de los Estados miembros que actúen solidariamente en interés de la propia Comunidad.

(véanse los apartados 30 y 31)
Asunto C-488/07

Royal Bank of Scotland Group plc

contra

The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Escocia)]

«Sexta Directiva IVA — Deducción del impuesto soportado — Bienes y servicios utilizados indistintamente para operaciones gravadas y para operaciones exentas — Deducción a prorrata — Cálculo — Métodos previstos en el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero — Obligación de aplicar la regla del redondeo del artículo 19, apartado 1, párrafo segundo»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de diciembre de 2008 I ‐ 10411

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Bienes y servicios utilizados indistintamente para operaciones con derecho a deducción y operaciones que no conllevan tal derecho

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 17, ap. 5, párr. 3, y 19, ap. 1)

Los Estados miembros no están obligados a aplicar la regla de redondeo prevista en el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, cuando la prorrata del derecho a deducción del impuesto soportado se calcula según alguno de los métodos especiales del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letras a), b), c) o d), de esta Directiva.

El artículo 19, apartado 1, de la Sexta Directiva sólo se remite a la prorrata de deducción, prevista en el artículo 17, apartado 5, párrafo primero, de esta Directiva, y, por tanto, sólo establece una regla detallada de cálculo para la prorrata a la que se refiere esta última norma. De ello resulta que, en la medida en que un caso determinado se someta a un régimen excepcional, como el establecido en el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letras a) a d) de la Sexta Directiva, queda excluido de la regla de cálculo de la prorrata de deducción del artículo 19 de esta Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros no están obligados a aplicar la regla de redondeo de esta última disposición cuando recurren a los métodos de cálculo previstos en el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letras a), b), c) o d), de esta misma Directiva, y pueden adoptar reglas propias de redondeo respetando los principios subyacentes en el sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

(véanse los apartados 22, 25 y 29 y el fallo)
Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Hojas secas compuestas de harina de arroz, sal y agua

[Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, anexo I; Reglamentos (CE) no 1196/97 y (CE) no 1624/97 de la Comisión)
Una notificación por correo urgente no constituye una notificación mediante carta certificada con acuse de recibo en el sentido de la regla 62, apartado 1, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria.

Cuando la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) no pueda demostrar que un documento ha sido debidamente notificado o cuando no se hayan respetado las disposiciones relativas a su notificación, aunque el citado documento haya llegado a su destinatario, de la regla 68 del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria se desprende que la Oficina tiene la posibilidad de presentar la prueba de la fecha de la citada recepción y que el documento se considera notificado en tal fecha.

(véase el apartado 23)
Asunto C-226/07

Flughafen Köln/Bonn GmbH

contra

Hauptzollamt Köln

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf)

«Directiva 2003/96/CE — Marco comunitario para la tributación de los productos energéticos y de la electricidad — Artículo 14, apartado 1, letra a) — Exención de los productos energéticos utilizados para producir electricidad — Facultad de imposición por motivos de política medioambiental — Efecto directo de la exención»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de julio de 2008 I - 6001

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Imposición de los productos energéticos y de la electricidad — Directiva 2003/96/CE

[Directiva 2003/96/CE del Consejo, art. 14, ap. 1, letra a)]

El artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, en la medida en que establece la exención de los productos energéticos utilizados para producir electricidad de la tributación prevista en dicha Directiva, tiene efecto directo, en el sentido de que un particular puede invocarlo ante los órganos jurisdiccionales nacionales —con respecto a un período durante el cual el Estado miembro interesado no adaptó dentro del plazo señalado, su Derecho interno a dicha Directiva— en un litigio, como el del procedimiento principal, en el que se enfrenta a las autoridades aduaneras de ese Estado, para que se deje de aplicar una normativa nacional que, en principio, es incompatible con la referida disposición y, por lo tanto, obtener la devolución del impuesto contrario a ésta.

En efecto, la obligación de eximir de la tributación prevista en dicha Directiva los productos energéticos utilizados para producir electricidad está formulada de modo suficientemente preciso e incondicional para conferir a los particulares el derecho a invocarla ante el juez nacional con el fin de oponerse a normas nacionales incompatibles con ella. El hecho de que el artículo 14, apartado 1, reserve a los Estados miembros mediante una fórmula introductoria un margen de apreciación en cuanto a las condiciones para garantizar la franca y correcta aplicación de la exención no puede cuestionar el carácter incondicional de dicha obligación de exención.

No desvirtúa esta última conclusión la posibilidad que tienen los Estados miembros, prevista en el artículo 14, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2003/96, de gravar los productos de que se trata por motivos de política medioambiental, dado que dicha limitación a la regla de la exención sólo tiene un carácter eventual y un Estado miembro que no haya ejercido dicha facultad no puede invocar su propia omisión para denegar a un contribuyente una exención a la que éste puede legítimamente aspirar en virtud de la Directiva 2003/96.

(véanse los apartados 31 a 33 y 39 y el fallo)
Asunto C-173/07

Emirates Airlines — Direktion für Deutschland

contra

Diether Schenkel

(Petición de decisión prejudicial planteada por el l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main)

«Transporte aéreo — Reglamento (CE) no 261/2004 — Compensación de los pasajeros en caso de cancelación de vuelos — Ámbito de aplicación — Artículo 3, apartado 1, letra a) — Concepto de “vuelo”»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 6 de marzo de 2008 I - 5239

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de julio de 2008 I - 5252

Sumario de la sentencia

Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) no 261/2004 — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos — Ámbito de aplicación

[Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra a)]

Debe interpretarse el concepto de «vuelo», a los efectos del Reglamento no 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, en el sentido de que consiste, esencialmente, en una operación de transporte aéreo y de que, por lo tanto, constituye en cierto modo una «unidad» de este tipo de transporte realizada por un transportista aéreo que fija su itinerario. Se desprende de lo anterior que un viaje de ida y vuelta no puede considerarse como un solo y mismo vuelo. Por consiguiente, el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que prevé la aplicación de este Reglamento a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el caso de un viaje de ida y vuelta en el que los pasajeros que hayan partido inicialmente de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado regresan a dicho aeropuerto mediante un vuelo con salida desde un aeropuerto situado en un país tercero. La circunstancia de que el vuelo de ida y el vuelo de vuelta sean objeto de una única reserva carece de incidencia en la interpretación de esta disposición.

(véanse los apartados 40, 47 y 53 y el fallo)
Asunto C-143/07

AOB Reuter & Co.

contra

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg)

«Agricultura — Reglamento (CEE) no 3665/87 — Artículo 11 — Régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas — Requisito para la concesión de la restitución — Restitución pagada al exportador tras la presentación de documentos falsificados por su cocontratante — Mercancía no exportada — Requisitos para la imposición de sanciones»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 24 de abril de 2008 I - 3173

Sumario de la sentencia

Agricultura — Organización común de mercados — Restituciones a la exportación

[Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, art. 11, ap. 1]

El artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 3665/87 por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 2945/94, debe interpretarse en el sentido de que la sanción que prevé es aplicable a un exportador que ha solicitado una restitución a la exportación por una mercancía cuando dicha mercancía no haya sido exportada como consecuencia de un comportamiento fraudulento de su cocontratante.

En efecto, en la medida en que se compruebe que no se ha efectuado la exportación del producto por el que se concedió una restitución, es evidente que el exportador ha solicitado una restitución superior a la aplicable, habida cuenta de que a falta de exportación efectiva no se adeuda restitución alguna.

Además, no puede añadirse un nuevo supuesto de exención, basado, en particular, en la falta de comportamiento culposo del exportador, a la lista exhaustiva contenida en la referida disposición. El comportamiento culposo o el error de un cocontratante constituyen un riesgo comercial habitual y no pueden considerarse imprevisibles en las transacciones comerciales. El exportador puede elegir libremente a sus cocontratantes y le incumbe tomar las adecuadas precauciones, bien mediante la inclusión de cláusulas a tal efecto en los contratos pertinentes, bien mediante la contratación de un seguro específico.

(véanse los apartados 25, 36 y 37 y el fallo)
1)

El Reglamento (CE) no 615/98 de la Comisión, de 18 de marzo de 1998, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte, y, en particular, sus artículos 1 y 5, apartados 3 y 7, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad nacional competente en materia de restituciones a la exportación está facultada para decidir que un transporte de animales no se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de , sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE, en su versión modificada por la Directiva 95/29/CE del Consejo, de , pese a que, con arreglo al artículo 2, apartado 3, del mismo Reglamento, el veterinario oficial haya certificado que dicho transporte era conforme con lo dispuesto en esta Directiva. Para llegar a esta conclusión, la citada autoridad debe basarse en elementos objetivos, en relación con el bienestar de los animales, que puedan cuestionar los documentos presentados por el exportador, correspondiendo a éste acreditar, en su caso, que los elementos invocados por la autoridad competente para concluir que no se ha cumplido la Directiva 91/628, en su versión modificada por la Directiva 95/29, no son pertinentes.
19

Mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se aprobó la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006 (BOE no 124, p. 18636; en lo sucesivo, «Ley de Cupo de 2002»). Los artículos 3 a 7 de dicha Ley establecen: «Artículo 3. Determinación del cupo del año base El cupo líquido del año base del quinquenio 2002-2006 se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones, todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes. Artículo 4. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por aquélla. Dos. Para la determinación del importe total de dichas cargas se deducirá del total de gastos del presupuesto del Estado la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los correspondientes Reales Decretos. […] Artículo 5. Ajustes Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 siguientes, las cifras que resulten de la imputación a que se refiere el número cuatro del artículo anterior se ajustarán para perfeccionar la estimación de los ingresos por impuestos directos imputables al País Vasco y al resto del Estado según lo establecido en el artículo 55 del Concierto. […] Artículo 6. Compensaciones Uno. Del cupo correspondiente a cada Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos: a) La parte imputable de los tributos no concertados. b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria. c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado. […] Artículo 7. Índice de imputación El índice de imputación al que se refieren los artículos 4 y 6 precedentes, determinado básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en relación con el Estado, es el 6,24 por 100 para el quinquenio en curso.»
35

Sobre este particular, si bien, según lo indica el órgano jurisdiccional de remisión, el vino de cocina es, como tal, un producto alimenticio, comprendido dentro del ámbito de aplicación del capítulo 21 de la Nomenclatura Combinada aneja al Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), no es menos cierto que este producto alimenticio contiene un alcohol etílico clasificado en las partidas 2207 y 2208 de dicha Nomenclatura.
25

Es cierto que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si estima que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse, en particular, las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Schilling y Fleck-Schilling, C-209/01, Rec. p. I-13389, apartado 19, y de 17 de junio de 2004, Recheio — Cash & Carry, C-30/02, Rec. p. I-6051, apartado 12).
8

Los factores que deben tenerse en cuenta para otorgar el consentimiento a que se refiere el mencionado artículo 101, apartado 1, figuran en el Código de la ITC sobre acontecimientos deportivos y de otro tipo inscritos en la lista (Independent Television Commission Code on Sports and other Listed Events), en su versión modificada.
21

Por último, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, cuando un organismo desarrolla actividades que no tengan carácter industrial o mercantil y, paralelamente, actividades sujetas a competencia, estas últimas pueden diferenciarse y no ser incluidas en el ámbito de aplicación de las normas comunitarias en materia de contratos públicos, si puede trazarse una separación entre estos dos tipos de actividades y, por tanto, determinar que no hay interferencias económicas entre ellas. El órgano jurisdiccional remitente cita a este respecto el punto 68 de las conclusiones del Abogado General Jacobs, de 21 de abril de 2005, en el asunto en el que, tras la retirada de la petición de decisión prejudicial, se dictó el auto de archivo de 23 de marzo de 2006, Impresa Portuale di Cagliari (C-174/03), donde se propone hacer una salvedad en este sentido al enfoque de la sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada.
Cuando las autoridades aduaneras alberguen dudas fundadas acerca de la veracidad del valor declarado, si sus dudas se confirman después de haber solicitado informaciones complementarias y de haber proporcionado a la persona afectada una ocasión razonable para hacer valer su punto de vista sobre los motivos en los que se basan dichas dudas, sin que haya sido posible comprobar el precio realmente pagado o por pagar, están facultadas, conforme al artículo 31 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, a calcular el valor en aduana para aplicar el derecho antidumping establecido por la Decisión no 67/94 tomando como base el precio que se haya convenido para las mercancías de que se trate en el marco de la venta anterior más próxima a aquella para la que se haya formulado la declaración en aduana y de cuya veracidad no tengan ningún motivo objetivo para dudar.
32

Así, aunque los Estados miembros gocen de libertad, en el marco de la Directiva 80/987, para no prever, en su ordenamiento jurídico interno, una garantía de pago para indemnizaciones debidas en caso de despido, ya que el artículo 3, párrafo primero, de esta Directiva no impone en efecto ninguna obligación en este sentido, una normativa nacional por la que se establece tal garantía queda incluida, no obstante, en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario a partir de la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2002/74, es decir, el 8 de octubre de 2002, en lo que atañe a su aplicación a hechos posteriores a dicha entrada en vigor (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2006, Cordero Alonso, C-81/05, Rec. p. I-7569, apartados 31 y 32). Por ello, tal normativa está supeditada, desde esa fecha, al respeto de los principios generales y los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, entre los que figura en particular el principio general de igualdad y de no discriminación (véase la sentencia Rodríguez Caballero, antes citada, apartados 31 y 32).