SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 7 de julio de 1998

Asuntos acumulados T-238/95, T-239/95, T-240/95, T-241/95 y T-242/95

Francesco Mongelli y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Pensiones — Coeficiente corrector — Determinación — Tipo de cambio»

Texto completo en lengua italiana II-925

Objeto:

Recursos que tienen por objeto, por una parte, pretensiones de anulación de las hojas de haberes pasivos en concepto de la pensión de jubilación de los demandantes a partir del mes de enero de 1995, en la medida en que aplican el coeficiente corrector de 94,2 fijado para Italia por el Reglamento (CECA, CE, Euratom) no 3161/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se adaptan, a partiidel 1 de julio de 1994, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 335, p. 1), y, por otra, pretensiones de pago de los atrasos adeudados, incrementados con los intereses de demora al tipo del 8 %.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Los demandantes, antiguos funcionarios de la Comisión destinados a Bruselas, residían en Italia y eran, todos ellos, titulares de una pensión de jubilación. Tres de ellos, los Sres. Mongelli, Capuano y Tinelli, percibían su pensión en francos belgas, habiendo optado, con arreglo al artículo 45 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), por el pago de las prestaciones en la moneda del país de la sede de la Institución en la que prestaban servicios. Los Sres. Castagnoli y Sadini percibían sus prestaciones directamente en Italia, en liras.

El 19 de diciembre de 1994, el Consejo adoptó el Reglamento (CECA, CE, Euratom) no 3161/94, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1994, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 335, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento no 3161/94»). Dicho Reglamento entró en vigor el 24 de diciembre de 1994 y sustituyó al Reglamento (Euratom, CECA, CE) no 3608/93 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, põiel que se adaptan a partir del 1 de julio de 1993 las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 328, p. 1), que había establecido un coeficiente corrector para Italia de 101,2.

El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento no 3161/94 fijaba, con efecto a 1 de julio de 1994, un coeficiente corrector de 94,2 para Italia, aplicable a las pensiones en virtud del apartado 4 del mismo artículo.

En las hojas de haberes pasivos del mes de enero de 1995, la Comisión aplicaba dicho coeficiente corrector a las prestaciones pagadas a los demandantes.

Tras observar que los importes de sus respectivas pensiones sufrieron una reducción con respecto a los meses del año anterior debido a la aplicación de dicho coeficiente, y al considerar ilegal y discriminatoria dicha reducción, los demandantes presentaron, en abril 1995, una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto contra sus hojas de haberes pasivos del mes de enero de 1995. La decisión denegatoria fue notificada a los demandantes mediante escrito de 14 de septiembre de 1995, que recibieron entre el 18 y el 25 de septiembre de 1995.

Fondo

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 64 del Estatuto

Con el fin de asegurar a todos los funcionarios una retribución que proporcione el mismo poder adquisitivo, cualquiera que sea su lugar de destino, el párrafo primero del artículo 64 del Estatuto dispone que la retribución de un funcionario, expresada en francos belgas, será ponderada mediante un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 100 %, según las condiciones de vida de los diferentes lugares de destino. Basándose en el párrafo segundo del artículo 64 y en el artículo 65 del Estatuto, el coeficiente corrector es de 100 para Bruselas y Luxemburgo y, para los restantes países, será determinado por el Consejo mediante la adopción de medidas, a propuesta de la Comisión, por mayoría cualificada (apartado 23).

En lo que respecta a las pensiones a que se refieren los artículos 77 a 81 bis del Estatuto, entre las que figuran las pensiones de jubilación de los antiguos funcionarios, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 82 del Estatuto dispone que serán afectadas por el coeficiente corrector fijado para el país en el que el titular de la pensión justifique tener su residencia. Aun cuando no remite expresamente al artículo 64 del Estatuto, aplicable a las retribuciones de los funcionarios, el artículo 82 del Estatuto menciona, no obstante, el coeficiente corrector fijado para cada país, que se establece precisamente basándose en los criterios mencionados en dicho artículo (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia 14 de diciembre de 1995, Pfloeschner/Comisión (T-285/94, RecFP p. II-889), apartado 48

En el presente caso, los demandantes alegan que el coeficiente corrector fijado para Italia por el Reglamento no 3161/94 es contrario al artículo 64 del Estatuto, debido a que las modalidades de cálculo de dicho coeficiente se basan en un criterio no previsto en dicho artículo, a saber, en una relación entre paridades económicas y tipos de cambio (apartado 25).

El Reglamento no 3161/94 es un Reglamento de ejecución del Estatuto, expresamente basado en los artículos 63 a 65 bis y 82 del Estatuto, así como en el Anexo XI de este último, y no puede, por tanto, en virtud del principio de jerarquía normativa, establecer excepciones a los principios contenidos en dichas disposiciones. Es, pues, legal la fijación por el apartado 1 de su artículo 6 de un coeficiente corrector para Italia, aplicable a las pensiones en virtud del apartado 4 del mismo artículo, calculado sobre la base de la relación entre, de una parte, la paridad económica entre Bruselas, ciudad de referencia, y la capital del Estado miembro de que se trate, y, de otra, el tipo de cambio oficial de su moneda, previsto en el párrafo segundo del artículo 63 del Estatuto, a saber, el tipo de cambio utilizado para la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas a 1 de julio del año de que se trata, puesto que garantiza, a dicha fecha, la equivalencia del poder adquisitivo entre las pensiones pagadas en Bruselas, afectadas por un coeficiente de 100 %, y las pagadas en Italia (apartados 26 y 27, y 29 a 33).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1998, Abello y otros/Comisión (C-30/96 P, Rec. p. I-377); Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Benzler/Comisión (T-536/96, RecFP p. II-777), apartados 32 y 33; Tribunal de Primera Instancia, 7 de diciembre de 1995, Abello y otros/Comisión (asuntos acumulados T-544/93 y T-566/93, RecFP p. II-815), apartado 40

De estos elementos se desprende que debe desestimarse el primer motivo (apartado 35).

Sobre el segundo motivo, basado en una violación del principio de igualdad de trato

El principio de igualdad de trato se garantiza a los titulares de pensiones en el sentido de que los coeficientes correctores aplicables se destinan a asegurar a todos los antiguos funcionarios prestaciones que proporcionan el mismo poder adquisitivo, cualquiera que sea su lugar de residencia. Con este fin, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 82 del Estatuto exige que las pensiones sean afectadas por el coeficiente corrector fijado para el país en el que el titular de la pensión justifique tener su residencia, no obstante el hecho de que la cuantía de la pensión pagada puede gastarse en un país distinto del de residencia. En efecto, la elección del país de residencia, en tanto que criterio de referencia para la evaluación de las condiciones de vida y del poder adquisitivo de los titulares de pensiones, está justificada por el hecho de que el concepto de residencia, a efectos del artículo 82 del Estatuto, debe ser entendido como el lugar donde el antiguo funcionario ha establecido efectivamente el centro de sus intereses y, por tanto, como el lugar donde se considera que efectúa sus gastos. Por consiguiente, si el importe de una pensión puede, en teoría, representar un poder adquisitivo distinto en función del país en que el beneficiario interesado opte por efectuar sus gastos, dicha circunstancia no puede constituir una violación del principio de igualdad de trato (apartados 41 a 43).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1988, Schäflein/Comisión (284/87, Rec. p. 4475), apartado9; Pfloeschner/Comisión, antes citada, apartado47

Por otra parte, en lo que respecta a la alegación según la cual en el cálculo del coeficiente corrector controvertido no se tuvo en cuenta la tasa de inflación existente en Italia, en la medida en que se fijó un coeficiente superior para otros Estados miembros que tienen monedas fuertes, basta con recordar que los demandantes desconocen los mecanismos precisos de cálculo de los coeficientes correctores, fijados en el apartado 5 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto, que se basan en las relaciones entre paridades económicas y tipos de cambio (apartado 44).

Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo (apartado 45).

Sobre el tercer motivo, basado en una violación del principio de protección de la confianza legítima

Un funcionario no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la legalidad de una nueva disposición reglamentaria, en especial en un ámbito cuyo objeto entraña una constante adaptación en función de las variaciones de la situación económica, tal como es el de la fijación de los coeficientes correctores que afectan a las pensiones de los funcionarios, y a falta de promesas concretas por parte de la administración (apartados 52 a 54).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1988, Christianos/Tribunalde Justicia (33/87, Rec. p. 2995), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1994, Di Marzio y Lebedef/Comisión (asuntos acumulados T-98/92 y T-99/92, RecFP p. II-541), apartado 68; Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1996, Barrauxy otros/Comisión (T-177/95, RecFP p. II-1451), apartado 47

De estos elementos se desprende que debe desestimarse el tercer motivo (apartado 55).

Sobre el cuarto motivo, basado en una infracción del párrafo segundo del artículo 63 del Estatuto y del artículo 45 del Anexo VIH del Estatuto

De las hojas de haberes pasivos de los demandantes se desprende que, a diferencia de lo alegado, no se efectuó ninguna operación de «doble conversión» con respecto a quienes, de entre ellos, optaron por el pago en francos belgas (apartado 63).

El artículo 45 del Anexo VIII del Estatuto, que ofrece a los titulares de pensiones la posibilidad de percibir el pago, a su elección, bien en la moneda de su país de origen, bien en la del país de residencia, bien en la del país en que tenga su sede la Institución en que prestan servicios, y al que remite el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 82 del Estatuto, se refiere únicamente a las condiciones de pago de las prestaciones. De ello se sigue que la elección por los demandantes de la moneda de pago de sus prestaciones no podía obstar a la aplicación, a sus pensiones, del coeficiente fijado para Italia, país en que residen, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 82 del Estatuto, y determinado basándose en la relación entre la paridad económica para Italia y el tipo de cambio oficial de su moneda, contemplado en el párrafo segundo del artículo 63 del Estatuto, a saber, el tipo de cambio utilizado para la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas a 1 de julio del año de que se trata (apartados 68 y 69).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de marzo de 1982, Grogan/Comisión(127/80, Rec. p. 869), apartados 14 y 15

De estos elementos se desprende que debe desestimarse el cuarto motivo (apartado 70).

Fallo:

Desestimar los recursos.