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1)

La regla 2, letra b), y la regla 3, letra b), de las Reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en las versiones resultantes, respectivamente, del Reglamento (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, y del Reglamento (CE) n.o 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, deben interpretarse en el sentido de que, cuando el carácter esencial de una mezcla de gases, como el gas licuado de petróleo controvertido en el litigio principal, viene determinado por todos los componentes de la mezcla en su conjunto, de modo que no es posible determinar el componente que le confiere su carácter esencial y, en todo caso, es imposible determinar la cantidad exacta de cada uno de los componentes del gas licuado de petróleo controvertido, no debe presumirse que la sustancia que confiere al producto su carácter esencial, en el sentido de la regla 3, letra b), de tales Reglas generales, es aquella que se halla presente en mayor proporción en la mezcla.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Asunto C-448/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios - Reglamento (CE) n.o 258/97 - Artículo 1, apartado 2, letra c) - Concepto de alimentos y de ingredientes alimentarios con una «estructura molecular primaria nueva»])

(2017/C 006/03)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Davitas GmbH

Demandada: Stadt Aschaffenburg

con intervención de: Landesanwaltschaft Bayern

Fallo

El artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «estructura molecular primaria nueva» se refiere a los alimentos o a los ingredientes alimentarios que no han sido objeto de consumo humano en el territorio de la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997.

(1) DO C 448 de 15.12.2014.
1)

El examen de los artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de igualdad de armas garantizados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de esas disposiciones en tanto en cuanto éstas someten al impuesto sobre el valor añadido los servicios prestados por los abogados a los justiciables que no disponen de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia nacional gratuita.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 243/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de mayo de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen‘s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health

(Asunto C-477/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 2014/40/UE - Artículo 20 - Cigarrillos electrónicos y envases de recarga - Validez - Principio de igualdad de trato - Principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica - Principio de subsidiariedad - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 16 y 17))

(2016/C 243/07)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Pillbox 38 (UK) Ltd

Demandada: Secretary of State for Health

Fallo

El examen de la cuestión prejudicial planteada no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 20 de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE.

(1) DO C 7 de 12.1.2015.
3)

El artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que el importe del perjuicio al que alude esta disposición debe fijarse en función de los datos concretos presentados al respecto por el titular de la variedad infringida, si es necesario, mediante una cantidad a tanto alzado si dichos datos no son cuantificables. Esta disposición no se opone a que no se incluyan en la evaluación de ese perjuicio las costas procesales en las que se haya incurrido durante un procedimiento de medidas provisionales desestimado ni a que no se tengan en cuenta los gastos extrajudiciales soportados en el procedimiento sobre el fondo. El hecho de no tomar en consideración esos gastos queda supeditado, sin embargo, a que la cuantía de las costas procesales que puedan otorgarse a la víctima de la infracción no puedan disuadirla de defender sus derechos judicialmente, habida cuenta de los importes que quedarán a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la acción principal de resarcimiento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 156/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie — Bélgica) — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

(Asunto C-499/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Unión aduanera y Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Interpretación - Reglas generales - Regla 3, letra b) - Concepto de «mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor» - Embalajes separados])

(2016/C 156/15)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Demandada: Belgische Staat

Fallo

La regla 3, letra b), de las Reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del Reglamento (CE) n.o 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007, debe interpretarse en el sentido de que las mercancías, como las que son objeto del litigio principal, que se presentan al despacho de aduanas en embalajes separados y no se embalan conjuntamente hasta que se ha efectuado esta operación, no obstante, se pueden considerar «mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor», en el sentido de esta regla y, en consecuencia, clasificar en una única partida arancelaria cuando se determine, teniendo en cuenta otros factores objetivos cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional nacional, que tales mercancías forman un todo unitario y están destinadas a ser comercializadas al por menor como tal.

(1) DO C 26 de 26.1.2015.
2)

Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la discutida en el litigio principal, en virtud de la que un vendedor establecido en otro Estado miembro está sometido a una exigencia de autorización de venta al por menor para la importación de bebidas alcohólicas con vistas a esa clase de venta a consumidores residentes en el primer Estado miembro, cuando ese vendedor lleva a cabo el transporte de esas bebidas o lo encarga a un tercero, siempre que esa normativa sea apta para lograr el objetivo perseguido de protección de la salud y del orden públicos, que ese objetivo no se pueda alcanzar con una eficacia de grado siquiera equivalente con medios menos restrictivos y que esa normativa no constituya un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.
1)

Los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo, en la redacción que le da el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que en su Derecho nacional los Estados miembros establezcan para la comercialización de combustible diésel requisitos de calidad que se recojan en una norma nacional y que sean adicionales a los dispuestos en dicha Directiva, como puede ser el requisito relativo al punto de inflamación que es controvertido en el asunto principal, teniendo en cuenta que no se trata de una especificación técnica del combustible diésel que, a efectos de dicha Directiva, tenga relación con la protección de la salud y el medio ambiente.
1)

El artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, así como los artículos 10 quater a 11 bis, el artículo 12 bis y el artículo 12 ter del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, en sus respectivas versiones modificadas y actualizadas por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificados por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, deben interpretarse en el sentido de que un certificado de la clase E-101, expedido por la institución competente de un Estado miembro para hacer constar la sujeción de un trabajador al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro, pese a que a dicho trabajador le es aplicable el Acuerdo relativo a la seguridad social de los bateleros del Rin, firmado en Ginebra el 30 de noviembre de 1979, adoptado por la Conferencia gubernamental encargada de revisar el Acuerdo relativo a la seguridad social de los bateleros del Rin, firmado en Ginebra el 13 de febrero de 1961, no es vinculante para las instituciones de los demás Estados miembros. El hecho de que la institución emisora del certificado no pretendiera expedir el verdadero E-101, sino que utilizó ese modelo por razones administrativas carece de pertinencia al respecto.
—

al haber autorizado el depósito de tierras de excavación en la parcela no 115/1 del municipio de Teharje (Bukovžlak), sin comprobar si se había permitido el depósito anterior o simultáneo de otros residuos en el mismo lugar, y habida cuenta de que no se adoptó ninguna medida para eliminar de él los residuos que no estaban comprendidos en la autorización concedida, dicho paraje debía ser considerado un vertedero ilegal, que no cumplía las condiciones y los requisitos previstos, por una parte, en los artículos 13 y 36, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas y, por otra parte, en los artículos 5, apartado 3, letra e), 6, en relación con la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE, 7 a 9, 11 y 12 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, así como a los anexos I a III de esta última, y
2)

La Directiva 92/49, según su modificación por la Directiva 2007/44, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad nacional competente no está obligada a imponer al adquirente propuesto restricciones o condiciones, antes de que esa autoridad pueda oponerse a la adquisición proyectada. Cuando la referida autoridad decida acompañar la aprobación de un proyecto de adquisición de restricciones o condiciones, éstas no pueden basarse en un criterio que no figure entre los enunciados en el artículo 15 ter, apartado 1, de dicha Directiva, ni ir más allá de lo necesario para que la adquisición proyectada se ajuste a esos criterios.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 253/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg — Alemania) — Procedimiento penal contra Zoran Spasic

(Asunto C-129/14 PPU) (1)

((Petición de decisión prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación policial y judicial en materia penal - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 50 y 52 - Principio non bis in idem - Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen - Artículo 54 - Conceptos de sanción que «se haya ejecutado» y «se esté ejecutando»))

2014/C 253/17

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Nürnberg

Parte en el procedimiento penal principal

Zoran Spasic

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretación del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en relación con el artículo 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Principio «non bis in idem» — Requisito consistente en que se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena — Persona que ha sido condenada y sancionada con una pena privativa de libertad y con una multa por los mismos hechos en otro Estado miembro, pero que no ha cumplido la pena de prisión.

Fallo

1) El artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995, que somete la aplicación del principio non bis in idem a la condición de que, en caso de condena, la sanción «se haya ejecutado» o «se esté ejecutando», es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el referido principio.

2) El artículo 54 de ese Convenio debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que se haya pagado únicamente la multa penal impuesta a una persona, condenada por la misma resolución de un tribunal de otro Estado miembro a una pena privativa de libertad que no se ha ejecutado, no permite considerar que la sanción se haya ejecutado o se esté ejecutando, en el sentido de esa disposición.

(1) DO C 151, de 19.5.2014.
1)

La nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión resultante del Reglamento (UE) no 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que unas videocámaras integradas en gafas deportivas, como las que son objeto del procedimiento principal, carezcan de la función de «zoom óptico» no impide la clasificación de dichas gafas en las subpartidas 8525 80 91 y 8525 80 99 de la citada nomenclatura.
1)

El Reglamento (CE) no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, es inválido en cuanto infringe el artículo 2, apartado 7, letra b), y el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, según su modificación por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004. El examen de las cuestiones prejudiciales no ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pueda afectar a la validez del Reglamento no 1472/2006 en relación con el artículo 296 TFUE y con el artículo 2, apartado 7, letra c), con el artículo 3, apartados 1, 2 y 5 a 7, con el artículo 4, apartado 1, con el artículo 5, apartado 4, con el artículo 9, apartado 6, o con el artículo 17 del Reglamento no 384/96, según su modificación por el Reglamento no 461/2004, considerados por separado algunos de esos artículos o disposiciones, y conjuntamente otros.
6)

El Derecho de la Unión no se opone a una regla nacional como la discutida en el litigio principal, que prevé la obligación de que el juez nacional ejerza un derecho a prestaciones pecuniarias que no derivan directamente de la ley en un plazo relativamente corto, a saber, antes del término del ejercicio presupuestario en curso, si esa regla no infringe el principio de equivalencia ni el principio de efectividad. Corresponde al tribunal remitente comprobar que esas condiciones concurren en el asunto principal.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri y otros/Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA

(Asunto C-593/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Artículos 49 TFUE, 51 TFUE y 56 TFUE - Libertad de establecimiento - Participación en el ejercicio del poder público - Directiva 2006/123/CE - Artículo 14 - Organismos encargados de comprobar y acreditar el cumplimiento por parte de las empresas que realizan obras públicas de los requisitos exigidos por la ley - Normativa nacional que exige que el domicilio social de esos organismos esté situado en Italia))

(2015/C 279/09)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, Conferenza Unificata Stato Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche europee, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari esteri

Demandadas: Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA

Fallo

1) El artículo 51 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que la excepción al derecho de establecimiento prevista en esa disposición no se aplica a las actividades de certificación ejercidas por las sociedades que tienen la condición de organismos de certificación.

2) El artículo 14 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que las sociedades que tienen la condición de organismos de certificación deben tener su domicilio social en el territorio nacional.

(1) DO C 61, de 1.3.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de mayo de 2015 — Reino de España/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-147/13) (1)

([Recurso de anulación - Establecimiento de una cooperación reforzada - Patente unitaria - Reglamento (UE) no 1260/2012 - Disposiciones sobre traducción - Principio de no discriminación - Artículo 291 TFUE - Delegación de facultades a órganos que no pertenecen a la Unión Europea - Artículo 118 TFUE, párrafo segundo - Base jurídica - Principio de autonomía del Derecho de la Unión])

(2015/C 213/08)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Reino de España (representantes: E. Chamizo Llatas y S. Centeno Huerta, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta y L. Grønfeldt, agentes)

Parte coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de Bélgica (representantes: C. Pochet, J.-C. Halleux y T. Materne, agentes), República Checa (representantes: M. Smolek y J. Vláčil, agentes), Reino de Dinamarca (representantes: C. Thorning y M. Wolff, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, M. Möller y J. Kemper, agentes), República Francesa (representantes: G. de Bergues, F.-X. Bréchot, D. Colas y N. Rouam, agentes), Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría (representantes: M. Fehér y K. Szíjjártó, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman y J. Langer, agentes), Reino de Suecia (representantes: A. Falk y C. Meyer-Seitz, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: M. Holt, agente, asistido por J. Stratford, QC, y por T. Mitcheson, Barrister), Parlamento Europeo (representantes: M. Gómez-Leal, U. Rösslein y M. Dean, agentes), Comisión Europea (representantes: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders y F. Bulst, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) El Reino de España cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3) El Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 171, de 15.6.2013.