SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 11 de diciembre de 1996

Asunto T-177/95

Patrick Banaux y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Coeficiente corrector específico»

Texto completo en lengua francesa II-1451

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de las hojas de haberes en las que se liquidan los atrasos por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994, en virtud del Reglamento (CECA, CE, Euratom) no 3161/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1994, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 335, p. 1), en la medida en que en dichas hojas de haberes se aplica con carácter retroactivo un coeficiente corrector específico para Karlsruhe, fijado en 99,8.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El párrafo primero del artículo 63 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) dispone: «La retribución de los funcionarios será expresada en francos belgas. Será pagada en la moneda del país en que el funcionario ejerza sus funciones.»

Para que todos los funcionarios dispongan, con independencia de su lugar de destino, de un poder adquisitivo equivalente por la retribución que reciben, el párrafo primero del artículo 64 del Estatuto establece que «la retribución de un funcionario, expresada en francos belgas [...] será ponderada mediante un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 100 %, según las condiciones de vida en los diferentes lugares de destino». El párrafo segundo del artículo 64 del Estatuto precisa que dichos coeficientes los establecerá el Consejo a propuesta de la Comisión.

El artículo 65 del Estatuto se refiere al nivel de las retribuciones. Establece, en su apartado 1, el procedimiento y las modalidades del examen anual de dicho nivel y, en su caso, de su adaptación. Con arreglo al apartado 2 del artículo 65 del Estatuto, «en caso de variación importante del coste de vida, el Consejo adoptará de común acuerdo, en un plazo máximo de dos meses, medidas de adaptación de los coeficientes correctores y, en su caso, sobre aplicación con carácter retroactivo».

El artículo 9 del Anexo XI del Estatuto establece que «basándose en un informe de la Oficina Estadística y cuando existan elementos objetivos que revelen una distorsión sensible del poder adquisitivo en un lugar determinado, en relación con el nivel comprobado en la capital del Estado miembro correspondiente, el Consejo, a propuesta de la Comisión y con arreglo al párrafo segundo del artículo 64 del Estatuto, decidirá la fijación de un coeficiente corrector para dicho lugar» (coeficiente corrector específico).

Los demandantes eran funcionarios de la Comisión destinados en el Instituto Europeo transuraniano, en Karlsruhe (Alemania).

Mediante la sentencia Chavane de Dalmassy y otros/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia anuló las hojas de haberes de determinados funcionarios destinados en Karlsruhe en la medida en que resultaban de la aplicación del Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3834/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1991, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 361, p. 13). El Tribunal de Primera Instancia declaró que el apartado 2 del artículo 6 de dicho Reglamento vulneraba el principio, establecido en el Anexo XI del Estatuto, de la fijación del coeficiente corrector de cada Estado miembro en función del coste de la vida en la capital, en la medida en que fijaba un coeficiente corrector provisional para Alemania sobre la base del coste de la vida en Bonn, aunque Berlín hubiese pasado a ser la nueva capital desde el 1 de octubre de 1990.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Chavane de Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFP p. II-723)

Tras una propuesta de la Comisión de 14 de noviembre de 1994, el Consejo adoptó el Reglamento (CECA, CE, Euratom) no 3161/94, de 19 de diciembre de 1994, põiel que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1994, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (Reglamento no 3161/94). Dicho Reglamento entró en vigor el 24 de diciembre de 1994. Sustituye al Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 3608/93 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1993, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 328, p. 1), que estableció en función del coste de la vida en Bonn un coeficiente corrector de 99,8 para Alemania y coeficientes correctores específicos de 113 para Berlín y de 110,6 para Munich.

El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento no 3161/94 establece, con efectos a 1 de julio de 1994 y mediante referencia al coste de la vida en Berlín, un coeficiente corrector para Alemania de 111,4. El mismo artículo determina un coeficiente corrector específico de 99,8 aplicable a la remuneración de los funcionarios destinados a Karlsruhe.

El 29 de diciembre de 1994, la Comisión estableció, con arreglo al Reglamento no 3161/94, las hojas de haberes de los demandantes en las que se liquidan los atrasos por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994.

Dichas hojas de haberes se comunicaron a los demandantes a principios del mes de enero de 1995.

Mediante escrito de 28 de marzo de 1995, los demandantes interpusieron una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto contra dichas hojas de haberes.

Mediante decisión de 19 de julio de 1995, comunicada a los demandantes mediante escrito de 24 de julio de 1995, el Director General del Personal y de la Administración de la Comisión desestimó esta reclamación.

Sobre el fondo

Sobre el objeto del recurso

El presente recurso de anulación se dirige contra las hojas de haberes de los demandantes en las que se liquidan los atrasos por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994, a pesar de que las pretensiones de los demandantes se refieran a las «hojas de haberes de los demandantes por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994». En efecto, no se reclamó contra estas últimas hojas de haberes y, en la vista, el representante de los demandantes manifestó que las consideraba legales, en la medida en que se habían establecido de conformidad con la normativa aplicable a la sazón. Confirman además esta lectura de las pretensiones de los demandantes los puntos 20 y 21 del recurso, que tiene el siguiente tenor literal: «La Comisión estableció con arreglo al Reglamento [no 3161/94] las hojas de haberes de los demandantes en las que se liquidan los atrasos por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994. Las hojas de haberes impugnadas aplican por primera vez, con efecto retroactivo a 1 de julio de 1994, un coeficiente corrector específico para Karlsruhe fijado en 99,8.» Además, el objeto de la reclamación de los demandantes era el mismo (apartado 32).

Sobre el motivo único invocado por los demandantes

El principio de la equivalencia del poder adquisitivo se impone con arreglo al artículo 64 del Estatuto. Tiene por objeto garantizar a todos los funcionarios una retribución que suponga el mismo poder adquisitivo, sea cual fuere su lugar de destino. A tal efecto, la retribución de los funcionarios está ponderada mediante un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 100 %, según las condiciones de vida en los distintos lugares de destino (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 13 de julio de 1978, Jacquemart/Comisión (114/77, Rec. p. 1697)

La aplicación de este principio no se articula solamente basándose en este artículo, sino también en los artículos 63, 65 y 65 bis del Estatuto, el ùltimo de los cuales dispone que las normas de desarrollo de los artículos 64 y 65 serán las establecidas en el Anexo XI. Todos estos artículos se sitúan al mismo nivel de la jerarquía de las normas que el artículo 64 del Estatuto y, por lo tanto, deben también tenerse en consideración para determinar el contenido y el alcance del principio de equivalencia del poder adquisitivo (apartado 35).

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 65 del Estatuto obliga al Consejo a proceder anualmente a un examen del nivel de las retribuciones. Dicho examen supone no sólo una evaluación del nivel de las retribuciones de los funcionarios comunitarios en relación con la de los funcionarios nacionales, sino también una evaluación de las equivalencias del poder adquisitivo entre las retribuciones de los funcionarios comunitarios destinados en distintos lugares. Se efectúa, a tenor del mismo artículo, con arreglo a un informe presentado por la Comisión y fundado en la situación a 1 de julio. En virtud del párrafo primero del apartado 1 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto, dicho informe se refiere especialmente al coste de la vida en Bruselas y a las paridades económicas entre Bruselas y los demás lugares de destino en los Estados miembros. Lo elabora la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Oficina Estadística) cada año antes del final del mes de septiembre (apartado 36).

Conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 1 y al artículo 9 del Anexo XI del Estatuto, puede establecerse un coeficiente corrector específico basándose en dicho informe, que contendrá a tal efecto el cálculo de las paridades económicas que reflejen las equivalencias del poder adquisitivo entre las retribuciones pagadas a los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en los Estados miembros, en las capitales y en otros lugares de destino, en relación con Bruselas (apartado 37).

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 65 del Estatuto, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 1 y el apartado 1 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto imponen un marco temporal preciso al Consejo para proceder a dicho examen anual de las retribuciones (apartado 38).

Así, antes del final de cada año, el Consejo debe decidir con arreglo al informe elaborado por la Oficina Estadística antes del final del mes de septiembre si procede fijar o adaptar el nivel de las retribuciones o los coeficientes correctores y los coeficientes correctores específicos. A tenor del apartado 1 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto, esta decisión surtirá efectos a 1 de julio, puesto que el período de referencia en el que se basa el informe de la Oficina Estadística lo constituyen, en virtud del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto, los doce meses anteriores al 1 de julio del año durante el cual se realiza el examen (apartado 39).

Sólo en caso de variación sensible del coste de la vida respecto de los datos disponibles en el momento del examen anual del nivel de las retribuciones en septiembre y teniendo en cuenta una previsión de la evolución del poder adquisitivo respecto al correspondiente período, que se establece en el mes de marzo de cada año con arreglo al párrafo primero del apartado 1 del artículo 5 del Anexo XI del Estatuto, puede el Consejo adoptar medidas de adaptación intermedias en virtud del apartado 2 del artículo 65 del Estatuto. En tal situación, la Comisión debe remitir una propuesta en este sentido al Consejo, conforme al apartado 2 del artículo 4 del Anexo XI del Estatuto, a más tardar durante la segunda quincena del mes de abril. El Consejo dispone de un plazo máximo de dos meses para adoptar dichas medidas, que, conforme al apartado 1 del artículo 4 del Anexo XI del Estatuto, surtirán efecto el 1 de enero (apartado 40).

Así pues, la aplicación del principio de equivalencia del poder adquisitivo se realiza, en principio, mediante una adaptación anual de los coeficientes correctores y de los coeficientes correctores específicos y sólo excepcionalmente, en caso de evolución sensible del coste de la vida, se producirá una adaptación intermedia (apartado 41).

Conforme al apartado 1 del artículo 3 y al apartado 1 del artículo 4 del Anexo XI del Estatuto, que se le añadió a éste mediante el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades en lo que respecta a las modalidades de adaptación de las retribuciones (DO L 361, p. 1), los coeficientes correctores y los coeficientes correctores específicos se aplican, en principio, con carácter retroactivo. En efecto, el apartado 1 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto establece que las medidas anuales de adaptación de las retribuciones tendrán efecto a 1 de julio, pues no pueden ser adoptadas, como se acaba de señalar, antes del final del mes de septiembre. En cuanto a las medidas de adaptación intermedias, surten efecto, con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del Anexo XI del Estatuto, el 1 de enero, pues sólo pueden ser adoptadas una vez que la Oficina Estadística haya establecido, en el mes de marzo, la previsión de la evolución del poder adquisitivo y previa propuesta de la Comisión en este sentido, a más tardar durante la segunda quincena del mes de abril (apartado 42).

De ello se deduce que no puede acogerse la alegación de los demandantes según la cual el principio de equivalencia del poder adquisitivo impone al Consejo la obligación de fijar «inmediatamente» el coeficiente corrector específico, tras haber observado una distorsión sensible del coste de la vida. Los demandantes tampoco pueden sostener fundadamente que el Consejo sólo pueda dar efecto retroactivo a la fijación de un nuevo coeficiente corrector en caso de que este último suponga un aumento de las retribuciones ya percibidas, puesto que ninguna disposición estatutaria contiene esta limitación (apartado 43).

No obstante, procede también examinar si el efecto retroactivo a 1 de julio de 1994 del Reglamento no 3161/94 vulnera, en el presente caso, los principios de seguridad jurídica, de confianza legítima y de respeto de los derechos adquiridos (apartado 44).

Si bien, por regla general, el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas se opone a que el punto de partida del ámbito de aplicación temporal de un acto comunitario se fije en una fecha anterior a su publicación, puede ocurrir de otro modo, con carácter excepcional, siempre que lo exija el fin perseguido y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados (apartado 45).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695), apartado 17

En el presente caso, la finalidad perseguida mediante la adopción del Reglamento controvertido, a saber, el respeto del principio de equivalencia del poder adquisitivo, exige que tenga efecto retroactivo. En efecto, sólo puede comprobarse una evolución en el coste de la vida cuando ésta ya se ha producido, de modo que el respeto del mencionado principio sólo puede garantizarse con carácter retroactivo (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de enero de 1992, Comisión/Consejo (C-301/90, Rec. p. I-221), apartado 29

En lo que respecta a la confianza legítima, un funcionario no puede alegar el principio de la protección de la confianza legítima para cuestionar la conformidad a Derecho de una disposición reglamentaria nueva, sobre todo en un ámbito cuyo objeto exige una constante adaptación en función de las oscilaciones de la situación económica (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1994, Di Marzio y Lebedef/Comisión (asuntos acumulados T-98/92 y T-99/92, RecFP p. II-541), apartado 68

En el presente caso, el carácter variable en el tiempo de las retribuciones de los funcionarios comunitarios se deduce claramente de las disposiciones estatutarias (apartado 48).

Además, las mismas disposiciones anuncian el principio del efecto retroactivo de las medidas que deban adoptarse para garantizar el mantenimiento de la equivalencia del poder adquisitivo, por cuanto establecen que la adaptación anual del nivel de las retribuciones tendrá siempre efecto el 1 de julio del año correspondiente mientras que el Consejo la efectúa con posterioridad a esta fecha (apartado 49).

Por último, los demandantes no han demostrado que la Comisión, al darles garantías precisas, haya generado esperanzas fundadas de obtener para el período de que se trata la aplicación del coeficiente corrector para Alemania establecido mediante referencia al coste de la vida en Berlín. En efecto, el escrito de 21 de febrero de 1992 del Director General del Personal y de la Administración al Sr. Chavane de Dalmassy, Presidente de la Union syndicale en Karlsruhe, citado por los demandantes, no compromete en ningún caso a la Comisión a aplicar a la retribución de los funcionarios destinados en Karlsruhe, por el período controvertido comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994, el coeficiente corrector para Alemania fijado mediante referencia al coste de la vida en Berlín a raíz de la sentencia Chavane de Dalmassy y otros/Comisión (apartado 50).

Referencia: Chavane de Dalmassy y otros/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1996, Ortega Urretavizcaya/Comisión (T-587/93, RecFP p. II-1027), apartado 57

Por otra parte, de aquella sentencia los demandantes no pueden deducir el derecho a obtener una retribución fijada para el período de que se trata sobre la base del coeficiente corrector para Alemania establecido mediante referencia al coste de la vida en Berlín. En efecto, en el apartado 56 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia señaló que el Consejo tendría que haber fijado, por un lado, el coeficiente corrector para Alemania sobre la base del coste de la vida en Berlín y, por otro lado, coeficientes correctores específicos para los diferentes lugares de destino en dicho país en los que se hubiera observado una distorsión sensible del poder adquisitivo respecto del coste de la vida en la capital, Berlín (apartado 51).

Por consiguiente, en su sentencia Chavane de Dalmassy y otros/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia ya había previsto que el principio de equivalencia del poder adquisitivo podía exigir que el Consejo, al ejecutar dicha sentencia, adoptara coeficientes correctores específicos a partir del momento en que el coeficiente corrector para Alemania se fijara mediante referencia al coste de la vida en Berlín. Por lo tanto, los demandantes no pueden ampararse en esta sentencia para reclamar, por el período controvertido, la protección de su confianza legítima con vistas a una fijación de las retribuciones sobre la base del coeficiente corrector para Alemania establecido mediante referencia al coste de la vida en Berlín. El Reglamento no 3161/94 constituye, en efecto, la aplicación del apartado 56 de la sentencia Chavane de Dalmassy y otros/Comisión, a partir de la fecha prevista por las disposiciones estatutarias aplicables, a saber, el 1 de julio de 1994. Así pues, el Consejo ha aplicado precisamente el principio de equivalencia del poder adquisitivo y, por lo tanto, el principio de igualdad de trato. Ha evitado que los funcionarios destinados en Karlsruhe disfruten de una ventaja que no les corresponde, contraria a dicho principio, percibiendo retribuciones ponderadas mediante un coeficiente corrector para Alemania establecido mediante referencia al coste de la vida en Berlín, que es sensiblemente más elevado que el coste de la vida en Karlsruhe (apartado 52).

Además, en lo que respecta a la presunta alegación de que el Reglamento no 3161/94 vulnera los derechos adquiridos de los demandantes, las hojas de haberes en las que se liquidan los atrasos por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994 no han supuesto ninguna liquidación negativa debida a la aplicación del Reglamento no 3161/94. Este último ha fijado efectivamente un coeficiente corrector específico para Karlsruhe de 99,8, que corresponde muy exactamente al coeficiente corrector para Alemania establecido anteriormente mediante referencia al coste de la vida en Bonn, con arreglo al cual se establecieron las hojas de haberes de los demandantes por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994, sin que éstos las impugnaran. Además, en la medida en que los demandantes aspiran en realidad a que se les aplique, por el período controvertido, el coeficiente corrector para Alemania establecido mediante referencia al coste de la vida en Berlín, desconocen de una manera flagrante el principio de equivalencia del poder adquisitivo, puesto que el coste de la vida en Karlsruhe es considerablemente menor que en Berlín. Por consiguiente, no pueden afirmar de buena fe que el principio de equivalencia del poder adquisitivo les conceda el derecho a que se aplique a sus retribuciones el coeficiente corrector para Alemania establecido mediante referencia al coste de la vida en Berlín (apartado 53).

En estas circunstancias, el Consejo, al adoptar el Reglamento no 3161/94 no violó el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas ni el principio del respeto de los derechos adquiridos, sino que, por el contrario, hizo una justa aplicación del principio de equivalencia del poder adquisitivo en el marco temporal fijado por las disposiciones estatutarias aplicables (apartado 54).

Fallo:

Se desestima el recurso.