En relación con la Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco, la Cour de cassation planteó una cuestión que tiene dos partes. Pregunta, en primer lugar, si la Directiva, y en particular su artículo 5, producen efectos directos en el sentido de la posibilidad de aplicación directa del Derecho comunitario; efectivamente, tan sólo en este caso puede un órgano jurisdiccional nacional tomar este texto como criterio de su valoración del Derecho nacional. Seguidamente la Cour de cassation quiere saber si dicho artículo 5 prohibe a los Estados miembros adoptar disposiciones legislativas que, para la venta al consumidor de las labores del tabaco importadas, o fabricadas en el país, impongan un determinado precio, o sea, el que figura en el sello fiscal.

Por lo que se refiere a esta cuestión me parece oportuno examinar en primer lugar su segunda parte.

Por ello recordaré en primer lugar el texto del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva del Consejo:

«Sin perjuicio de la aplicación de las legislaciones nacionales sobre el control del nivel de los precios o el respeto de los precios impuestos, los fabricantes e importadores determinarán libremente los precios máximos de venta al por menor de cada uno de los productos.»

La demandante en el asunto principal, que alegó esta disposición ante el órgano jurisdiccional belga, afirma —refiriéndose en particular a la génesis y a los considerandos de la Directiva— que el legislador quiso expresar de esta manera que tan sólo son lícitos los precios máximos y que la formación de los precios, por lo demás, debe seguir siendo libre. La alusión adicional que figura en la segunda frase (en el texto español, primera): «las legislaciones sobre el respeto de los precios impuestos» puede solamente referirse, so pena de no ser compatible con el Tratado CEE, a los precios impuestos individual y contractualmente por los fabricantes. Por el contrario no se puede tratar aquí de la legislación de regímenes colectivos en el sentido de una competencia atribuida a los Estados miembros para fijar los precios ni de una facultad semejante que se hubiera concedido a los fabricantes e importadores.

A esta opinión se opone la de aquellos que pretenden que con esta adición el Consejo autorizó expresamente un sistema de precios vinculados; la falta de una tentativa de armonización en este sector permite afirmar que dicho sistema no es considerado un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

Hay una tercera opinión en cierto modo equidistante entre las anteriores. Para sus partidarios, también la génesis y tenor de la disposición de que se trata muestran claramente que la Directiva no establece solamente el principio de los precios máximos. Semejante objetivo en relación con los precios estaría fuera de lugar, por lo demás, en una Directiva de carácter fiscal. Por otra parte, opinan que la segunda frase (primera en español) del apartado 1 del artículo 5 no debe interpretarse como una autorización expresa de los sistemas de precios fijos que estaría efectivamente fuera del marco de una armonización. Dicha frase debería, por el contrario, entenderse como una simple remisión a la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la determinación de los precios, como una reserva a favor de los regímenes nacionales de precios impuestos que disponen o la determinación directa de los precios o la autorización de los precios impuestos por los fabricantes e importadores. La conformidad a Derecho de tales sistemas debería ser correctamente evaluada en relación con las disposiciones generales del Tratado CEE, de las que tampoco el Consejo puede disentir.

Respecto al presente litigio, se puede perfectamente demostrar, a mi parecer, que la opinión sostenida por Inno no es exacta y que la remisión que hace la Directiva a los precios máximos de venta al por menor no permite, pues, deducir de ella una prohibición de establecer un sistema de precios fijos.

Ante todo, semejante objetivo en relación con la competencia no tiene verdaderamente su lugar en una Directiva de armonización de las bases de imposición.

Por otra parte, también puede hacer referencia a los propios términos de la segunda frase (primera en español) del apartado 1 del artículo 5. Como toda disposición legislativa tiene por naturaleza alcance general, la expresión «legislaciones sobre los precios impuestos» permite perfectamente suponer que estas palabras se refieren a los sistemas colectivos de establecimiento de los precios y no tan sólo, por vía de consecuencias, a las determinaciones de los precios individuales, realizadas mediante contrato.

Las indicaciones que nos proporciona el origen de dicha disposición, finalmente, van también claramente en este sentido. De este modo, en la propuesta modificada de una Directiva relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco, que la Comisión presentó al Consejo el 20 de noviembre de 1970, el apartado 1 del artículo 6, convertido más tarde en el apartado 1 del artículo 5, declaraba simplemente, después de la frase que afirmaba que los fabricantes e importadores determinarán libremente los precios máximos de venta al por menor de cada uno de sus productos: «Esta disposición no puede, sin embargo, constituir un obstáculo para la aplicación de las legislaciones nacionales sobre el control del nivel de precios». El Comité Económico y Social, que debía emitir dictamen sobre esta propuesta, pidió -por motivos de los que me ocuparé inmediatamente-que los términos «precios máximos de venta al por menor» fueran reemplazados por «precios fijos de venta al por menor» o por «precios de venta al por menor». Esta propuesta de enmienda se refería al apartado 1 del artículo 5 y al apartado 1 del artículo 6. Además el Comité Económico y Social sugirió que, en el marco de la reserva a favor de las legislaciones nacionales, la segunda frase del apartado 1 del artículo 6 fuera completada con las siguientes palabras: «o sobre la determinación de los precios fijos de venta al por menor» (véase DO C 93, p. 12). Esta última propuesta correspondía a un proyecto de resolución de la Comisión de finanzas y presupuestos del Parlamento Europeo, proyecto que dicha Comisión justificó en un informe de 11 de octubre de 1971 (Parlamento Europeo, documentos de sesiones, documento no 117/71 de 11 de octubre de 1971) declarando que el texto de la Directiva debía precisar que no estaba prohibida la determinación de los precios fijos de venta al por menor. El propio Parlamento, en su resolución de 16 de diciembre de 1971 (DO C 2, p. 10) ha ido incluso más lejos. Ha mantenido también que, dado que todos los Estados miembros tenían un sistema similar, tanto el artículo 5 como el artículo 6 de la Directiva debían hablar, no de precios máximos de venta al por menor, sino de precios fijos de venta al por menor. Sin embargo, pensando al parecer en la próxima adhesión de tres nuevos Estados miembros que no conocen este sistema, el Consejo no quiso pronunciarse formalmente por esta solución, sino que prefirió añadir a la segunda frase del apartado 1 del artículo 5 una reserva sobre el respeto a los precios impuestos. Opino que esta misma génesis no permite dudar de que las palabras que se añadieron finalmente se referían tan sólo a los precios impuestos por los fabricantes e importadores y a la obligación de respetarlos que se imponía a los minoristas.

Esta interpretación está además explícitamente confirmada por un acta del Consejo, según la cual el Consejo y la Comisión concuerdan en que por «precios impuestos» hay que entender «los precios establecidos por los fabricantes o importadores y even-tualmente homologados por el Estado». No se puede en modo alguno compartir la opinión de Inno, que afirma que esta expresión se refiere tan sólo a los precios declarados lícitos por el Estado como precios máximos autorizados, porque para esto hubiera bastado hablar de disposiciones sobre el control del nivel de precios.

Tampoco se puede contradecir esta interpretación alegando el octavo considerando de la Directiva del Consejo que declara «que los imperativos de la competencia implican un régimen de precios libres para todos los grupos de labores del tabaco». En mi opinión, este considerando debe tan sólo expresar que el Estado, en la medida de lo posible, se abstendrá de influir en la formación de los precios. Teniendo en cuenta los términos del apartado 1 del artículo 5 y la génesis que he indicado, este considerando poco preciso en relación con el objetivo evidente de la Directiva, es insuficiente para probar la pretendida voluntad del Consejo de garantizar la libre formación de los precios al nivel del comercio al por menor.

La interpretación del artículo 5 de la Directiva no lleva, pues, a la conclusión de que no pueden existir en principio más que precios máximos de venta al por menor y que los precios fijados por los fabricantes o importadores no pueden ser declarados obligatorios. En el caso presente basta esta comprobación. En otras palabras, no es pues necesario examinar por el momento si la Directiva debía indicar efectivamente que desde el punto de vista del Consejo los regímenes de precio fijo son conformes a Derecho, lo que, suponiendo que ésta haya sido su intención, plantearía automáticamente la cuestión de si el Tratado autoriza tales regímenes o si, a la vista de los principios generales del Tratado, es dudosa la validez de la Directiva.

En cuanto a la otra parte de la cuestión referente a la Directiva, que pregunta si el apartado 1 del artículo 5 es una norma con efecto directo que puede ser alegada ante los órganos jurisdiccionales nacionales, no debe de hecho seguir examinándose, porque está claro que el artículo 58 de la Ley belga de 3 de julio de 1969 no es incompatible con las disposiciones de la Directiva. Sin embargo, sobre este punto añadiré unas pocas palabras. Como ya ha mostrado la jurisprudencia actual, las Directivas no pueden, en conjunto, producir efecto directo. Por el contrario no cabe excluir que semejante efecto acompañe a ciertas disposiciones de una Directiva. Para esto habrá de tratarse de disposiciones claras o incondicionales, que prescriban un determinado comportamiento, un resultado preciso y que no reserven a los Estados miembros ninguna facultad de apreciación. Sobre este punto me remito a las sentencias de 6 de octubre de 1970, Grad (9/70, ↔ Rec. p. 825); de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn (41/74,↔ Rec. p. 1337), y de 1 de febrero de 1977, Verbond nederlandse ondernemingen (51/76, Rec. p. 113). Según las observaciones anteriores es, no obstante, claro que, para la primera (segunda en español) frase del apartado 1 del artículo 5, que la demandante en el litigio principal invoca en su favor, no concurren estos requisitos, ya que la segunda frase, que debe ponerse en relación con la primera, contiene una reserva; los Estados miembros pueden establecer excepciones al régimen de precios máximos, ya que les es posible, o bien atenerse al régimen de precios máximos o bien controlar el nivel de precios en el momento de fijar los precios máximos o también declarar obligatorios los precios máximos elegidos por los fabricantes e importadores.

En resumen, pues, se puede confirmar que la Directiva 72/464 del Consejo no permite llegar a la conclusión de que no puede aplicarse el artículo 58 de la Ley belga de 1969.