Sin embargo, del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 no se deduce que la Comisión esté obligada a requerir automáticamente al Estado miembro interesado la suspensión del pago de una ayuda que no haya sido notificada conforme al artículo 108 TFUE, apartado 3. En efecto, lo contrario llevaría a privar de su interés a la obligación legal impuesta al Estado miembro por el apartado 3 del artículo 108 TFUE de no ejecutar las ayudas proyectadas antes de la decisión definitiva de la Comisión, y produciría la consecuencia de invertir las funciones de los Estados miembros y de la Comisión.

Cuando la Comisión decide, mediante un único acto, incoar un procedimiento de investigación formal y adoptar un requerimiento de suspensión, tal requerimiento es separable del resto del acto, pudiendo por ello ser, por sí solo, objeto de un recurso de anulación. En efecto, aun cuando se dicten simultáneamente la decisión de incoar un procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado prevista en el artículo 13 del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, y el requerimiento de suspensión de una medida que puede constituir ayuda de Estado previsto en el artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento, constituyen actos distintos que se rigen por disposiciones distintas del Reglamento n.o 659/1999, a saber, por una parte, su artículo 4, apartado 4, y, por otra parte, sus artículos 11, apartado 1, y 12. Además, el legislador de la Unión pretendió conferir al requerimiento de suspensión la forma de «decisión» en el sentido del artículo 288 TFUE, pues tal acto debe considerarse como un acto que produce efectos jurídicos obligatorios y que, por ello, constituye un acto impugnable.

Sin embargo, ello no es así cuando se trata de un recurso interpuesto contra una decisión de incoar un procedimiento de investigación formal y un requerimiento de suspensión en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE. En efecto, no puede excluirse que un requerimiento de suspensión pueda adolecer de ilegalidades distintas de las derivadas de la calificación errónea de la medida examinada por la Comisión como ayuda de Estado ilegal. El control judicial de tales ilegalidades no podría efectuarse si la adopción de una decisión por la que concluye el procedimiento de investigación formal conllevara la pérdida del objeto del recurso interpuesto contra el requerimiento de suspensión. Ahora bien, en una comunidad de Derecho como la Unión, ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado FUE.

Cuando se interponen recursos, por una parte, contra una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal respecto de una medida nacional y, por otra parte, contra una decisión final que pone fin a dicho procedimiento y declara que la medida nacional examinada constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, la desestimación del recurso contra esta última decisión conlleva la desaparición del objeto del recurso interpuesto contra la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. A este respecto, cuando la apreciación de la Comisión contenida en una decisión final está validada por el juez de la Unión Europea, inclusive respecto de la calificación de la medida nacional examinada como ayuda de Estado nueva, dicha medida debe suprimirse y recuperarse las ayudas ab initio. En consecuencia, en un caso así, ya no procede pronunciarse sobre la cuestión de si tal medida, que debía ser suspendida a raíz de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, debía serlo fundadamente o no.

No se exige ningún otro requisito distinto de los establecidos en el del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, para que la Comisión pueda adoptar un requerimiento en virtud de esta disposición, siendo ello el resultado de la voluntad del legislador y no de un olvido por parte de este. En particular, la adopción de un requerimiento de suspensión no puede estar sujeta a los requisitos establecidos para la adopción de un requerimiento de recuperación conforme al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999 ni a requisitos inspirados de otro modo en esta última disposición.

El Derecho de la Unión no excluye la posibilidad de recuperar las ayudas abonadas ilegalmente antes de que la Comisión se pronuncie sobre su compatibilidad. Por una parte, para que surta pleno efecto lo dispuesto por el artículo 108 TFUE, apartado 3, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales, en caso de incumplimiento de esta última disposición, deducir todas las consecuencias de ello, conforme a su Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos que implican la ejecución de las medidas de ayuda, como a la devolución de las ayudas económicas concedidas contraviniendo esta disposición. En particular, el hecho de comprobar que una ayuda se ha otorgado violando lo dispuesto en la última frase del artículo 108 TFUE, apartado 3, puede conllevar, según las circunstancias, su devolución conforme a las normas internas de procedimiento, aunque dicha ayuda se declare posteriormente compatible con el mercado interior. Por otra parte, el legislador de la Unión ha previsto la posibilidad de que, antes de que finalice el procedimiento de investigación formal, la Comisión adopte requerimientos para recuperar las ayudas abonadas ilegalmente. Sin embargo, debido a que tal requerimiento afectaría a la situación del beneficiario, ha supeditado su aplicación a requisitos estrictos, definidos en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE.

En el marco de una decisión que obliga a un Estado miembro a suspender la ejecución de una medida nacional no notificada y calificada de ayuda de Estado ilegal, la Comisión no está obligada a invocar una práctica consolidada o una jurisprudencia a la luz de las cuales el carácter de ayuda de Estado de la medida nacional en cuestión resulte indubitado.

(véanse los apartados 71, 72 y 77 a 80)