Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 12 de mayo de 1999. - Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria Casilina SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera Lamifer SpA y Nuova Sidercamuna SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Tratado CECA - Quinto Código de ayudas a la siderurgia - Requisito de regularidad de la producción en el sentido del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia. - Asuntos acumulados T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 y T-130/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-01477



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Excepción de ilegalidad - Actos cuya ilegalidad puede ser alegada - Decisión general CECA en la que se basa la decisión individual impugnada

(Tratado CECA, arts. 33, párr. 2, y 36, párr. 3)

2 CECA - Ayudas a la siderurgia - Prohibición - Requisitos - Perjuicio para la competencia - Exclusión

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 95]

3 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por parte de la Comisión - Ayudas al cierre - Requisitos - Facultad discrecional de la Comisión - Producción regular

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 95; Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión]

4 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por parte de la Comisión - Principio de no discriminación - Violación - Requisitos

5 CECA - Ayudas a la siderurgia - Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión - Definición de los criterios de aplicación - Ayudas individuales incluidas en la aprobación - Examen por la Comisión - Aprobación respecto al régimen general y a los requisitos establecidos en la decisión de aprobación

(Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión, art. 4, ap. 2)

6 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

(Tratado CECA, arts. 5 y 15)

Índice

1 Puesto que la Decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda incompatible con el mercado común en el sentido del artículo 4, letra c), del Tratado CECA produce efectos jurídicos propios, entre ellos, la no aprobación definitiva de la ayuda, la empresa beneficiaria de ésta debe tener la posibilidad de interponer un recurso contra tal Decisión, lo que implica la posibilidad de invocar, en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra dicha Decisión, la ilegalidad de una Decisión general sobre la que ésta se basa, tanto si la empresa considerada impugnó la Decisión de incoar el procedimiento de examen de la ayuda como si no lo hizo.

2 El régimen del artículo 4, letra c), del Tratado CECA es distinto del establecido en el artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). El primero prohíbe de forma general e incondicional cualquier ayuda, por ser ésta contraria en su esencia a las condiciones mismas de establecimiento del mercado común del carbón y del acero. Por el contrario, el segundo, sólo prohíbe una ayuda si ésta puede falsear o amenaza con falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

De ello se desprende que una ayuda al cierre concedida por un Estado miembro a una empresa siderúrgica está incluida en la prohibición del artículo 4, letra c), del Tratado CECA, sin que sea preciso demostrar de hecho un menoscabo de las condiciones de competencia.

3 En virtud del artículo 4, letra c), del Tratado CECA, está prohibida toda ayuda de los Estados miembros a la siderurgia, cualquiera que sea su forma. Las excepciones a esta prohibición, como el Quinto Código de ayudas a la siderurgia, adoptado basándose en el artículo 95 del Tratado, deben interpretarse de manera restrictiva.

Habida cuenta de la generalidad de la prohibición de ayudas enunciada en el artículo 4, letra c), del Tratado CECA y del carácter excepcional y limitativo de las excepciones a dicha prohibición, la Comisión, en el ejercicio de su facultad de apreciación discrecional, pudo considerar, en el Quinto Código de ayudas a la siderurgia, que autorizó las ayudas en favor de las empresas del sector de la siderurgia que abandonaran definitivamente la fabricación de productos siderúrgicos, sin incurrir en ignorancia manifiesta del Derecho o desviación de poder, que una ayuda al cierre debía tener efectos significativos sobre el mercado y, por tanto sólo podía concederse a empresas que, aunque supuestamente fueran menos competitivas, hubieran mantenido la regularidad de la producción, en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Quinto Código. La Comisión puede, además, prever, en una Decisión posterior, las condiciones de aplicación de esta última disposición.

4 La violación por parte de la Comisión del principio de no discriminación implica que haya tratado de forma diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinados operadores en relación con otros, sin que esta diferencia de trato esté justificada por la existencia de diferencias objetivas de cierta importancia.

En el marco de las ayudas a la siderurgia es preciso, por tanto, examinar si la diferencia de trato entre empresas se basa en la existencia de diferencias objetivas de cierta importancia desde el punto de vista de los objetivos que la Comisión puede legalmente perseguir en el marco de su política industrial para la siderurgia europea.

5 En la medida en que el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Quinto Código de ayudas a la siderurgia, aunque impone el requisito de producción regular, no lo define, la Comisión, al aprobar un régimen general de ayudas notificado por un Estado miembro, no está necesariamente obligada a definir de forma abstracta los criterios de aplicación de este requisito que, a continuación, le permitan llevar a cabo, respetando los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, una evaluación uniforme y previsible de las solicitudes de ayudas individuales notificadas en virtud del artículo 6, apartado 6, del Quinto Código.

Después de precisar los criterios y de aprobar el régimen general, la Comisión, cuando le sean notificadas las ayudas concedidas con arreglo al régimen previamente autorizado, debe limitarse a comprobar que las ayudas se hallan cubiertas por el régimen general y respetan los requisitos impuestos en la Decisión por la que se aprueba éste. Si no actuara de esta forma, la Comisión podría, al examinar cada ayuda individual, revocar su Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas. Se pondrían en peligro con ello los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica tanto para los Estados miembros como para los operadores económicos. Efectivamente, la Comisión podría revisar en cualquier momento las ayudas individuales que se ajustaran rigurosamente a la Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas, violando de esta forma estos principios.

6 El requisito de motivación formulado por los artículos 5 y 15 del Tratado CECA debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas por el acto, en el sentido del artículo 33, párrafo segundo, del Tratado, puedan tener en recibir explicaciones. Tratándose de un acto de aplicación general, lo dispuesto en dichos artículos 5 y 15 obliga a la Comisión a mencionar en los considerandos de su Decisión la situación de conjunto que ha dado lugar a su adopción y los objetivos generales que persigue.

Partes

En los asuntos acumulados T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 y T-130/97,

Moccia Irme SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Nápoles, representada por los Sres. Emilio Cappelli, Paolo de Caterini y Andrea Bandini, Abogados de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume,

Prolafer Srl, sociedad italiana en liquidación, con domicilio social en Bérgamo (Italia),

Ferriera Acciaieria Casilina SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Montecompatri (Italia),

Dora Ferriera Acciaieria Srl, sociedad italiana en liquidación, con domicilio social en Bérgamo,

Ferriera Lamifer SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Travagliato (Italia),

representadas por los Sres. Carmine Punzi y Filippo Satta, Abogados de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume,

Nuova Sidercamuna SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Berzo Inferiore (Italia), representada por los Sres. Enrico A. Raffaelli, Abogado de Milán, Ivo Van Bael, Abogado de Bruselas, y Fabrizio Di Gianni, Abogado de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Paul Nemitz y Enrico Altieri y la Sra. Laura Pignataro, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Massimo Moretto, Abogado de Venecia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto varios recursos de anulación de las Decisiones 96/678/CECA de la Comision, de 30 de julio de 1996, y 97/258/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, relativas a las ayudas que Italia proyecta conceder en el marco del programa de reestructuración del sector siderúrgico privado italiano (respectivamente DO L 316, p. 24, y DO L 102, p. 42),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente; el Sr. K. Lenaerts, la Sra. V. Tiili y los Sres. J. Azizi y P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco normativo

1 La letra c) del artículo 4 del Tratado CECA establece lo siguiente:

«Se reconocen como incompatibles con el mercado común del carbón y del acero, y quedarán por consiguiente suprimidos y prohibidos dentro de la Comunidad, en las condiciones previstas en el Tratado:

[...]

c) las subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados o los gravámenes especiales impuestos por ellos, cualquiera que sea su forma;

[...]»

2 Conforme al párrafo primero del artículo 95 del Tratado, una vez obtenido el dictamen conforme del Consejo emitido por unanimidad y previa consulta al Comité Consultivo, la Comisión adoptó la Decisión nº 257/80/CECA, de 1 de febrero de 1980, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas específicas para la siderurgia (DO L 29, p. 5), conocida generalmente como «Primer Código de ayudas a la siderurgia». A tenor del párrafo segundo de la Parte I de los considerandos de esta Decisión, la prohibición de subvenciones o ayudas concedidas por los Estados prevista por el Tratado sólo contempla las medidas que constituyan instrumentos de una política siderúrgica puramente nacional y no se aplica a las ayudas que estén destinadas a aplicar una política siderúrgica comunitaria, como la política de reestructuración de la industria siderúrgica, que constituía el objetivo de la Decisión nº 257/80.

3 Posteriormente, el Primer Código de ayudas a la siderurgia fue sustituido por Códigos sucesivos, que establecieron en cada momento el régimen aplicable en materia de ayudas de Estado a la siderurgia, fijando los criterios conforme a los cuales las ayudas a la siderurgia financiadas por un Estado miembro, sea cual fuere su forma, pueden considerarse ayudas comunitarias y, por consiguiente, compatibles con el buen funcionamiento del mercado común.

4 En 1991, la Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas para la siderurgia (DO L 362, p. 57), estableció las nuevas disposiciones relativas a la concesión de ayudas de Estado en este ámbito (en lo sucesivo, «Quinto Código de ayudas a la siderurgia» o «Quinto Código»), aplicables desde el 1 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1996. A partir del 1 de enero de 1997 fue sustituida por la Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (DO L 338, p. 42), que constituye el Sexto Código de ayudas a la siderurgia.

5 El Quinto Código de ayudas a la siderurgia dispone lo siguiente:

- en el apartado 2 del artículo 4:

«Las ayudas a favor de las empresas del sector de la siderurgia que abandonen definitivamente la fabricación de productos siderúrgicos CECA podrán considerarse compatibles con el mercado común, siempre y cuando dichas empresas:

- [...]

- hayan fabricado con regularidad productos siderúrgicos CECA hasta la fecha de notificación de dichas ayudas,

- [...]»;

- en el apartado 1 del artículo 6:

«La Comisión será informada con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones respecto de los proyectos dirigidos a conceder o modificar las ayudas previstas en los artículos 2 a 5 [...]»;

- en el apartado 4 del artículo 6:

«Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprueba que una ayuda no es compatible con las disposiciones de la presente Decisión, informará al Estado miembro interesado de su decisión [...]»;

- en el apartado 6 del artículo 6:

«Todos los casos concretos de aplicación de las ayudas contempladas en los artículos 4 y 5 serán notificados a la Comisión [...]».

Hechos que dieron origen a los recursos

Notificación por el Gobierno italiano de la Ley nº 481/94 y del Decreto nº 683/94

6 En febrero de 1994 el Gobierno italiano notificó a la Comisión, conforme al apartado 1 del artículo 6 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia, el Decreto-ley nº 103, de 14 de febrero de 1994, por el que se aprueban medidas urgentes de ejecución del plan de reestructuración del sector siderúrgico. Éste fue puesto en vigor mediante el Decreto-ley nº 234, de 14 de abril de 1994, y, de nuevo, mediante el Decreto-ley nº 396, de 20 de junio de 1994, que fue convalidado y convertido en la Ley nº 481, de 3 de agosto de 1994, relativa a la reestructuración del sector siderúrgico privado italiano (GURI nº 183, de 6 de agosto de 1994, p. 12; en lo sucesivo, «Ley nº 481/94»).

7 Esta Ley establece, en particular, la concesión de ayudas al cierre de instalaciones siderúrgicas sometidas a la condición de su desmantelamiento. El apartado 3 de su artículo 1 dispone que las «solicitudes de ayudas [...] deberán dirigirse [...] antes del 30 de julio de 1994 [...]», mientras que el «desmantelamiento de las instalaciones deberá realizarse antes del 31 de marzo de 1995 y el pago completo de las ayudas [...] se efectuará antes del 31 de diciembre de 1996». En virtud del apartado 4 del artículo 1, un Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato italiano definirá las modalidades técnicas de aplicación. A continuación, las autoridades italianas notificaron el Reglamento de ejecución de la Ley nº 481/94, en concreto, el Decreto nº 683, de 12 de octubre de 1994, del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»). En virtud del apartado 1 de su artículo 1, para poder acogerse a las ayudas contempladas en el artículo 1 de la Ley nº 481/94, las empresas interesadas debían cumplir, entre otros, el siguiente requisito:

«e) haber realizado regularmente antes de la fecha de adopción del Decreto-ley nº 103 de 14 de febrero de 1994, [...] una producción certificada por un peritaje legal realizado por un experto jurado, especialista del sector, colegiado y designado por el tribunal en cuyo territorio se encuentre el domicilio de la sociedad».

Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 1994, por la que se autoriza, en principio, el régimen de ayudas notificado por el Gobierno italiano

8 Mediante Decisión de 12 de diciembre de 1994, la Comisión autorizó, en principio, el régimen de ayudas controvertido, si bien supeditando todos los supuestos concretos de aplicación de las ayudas, conforme al apartado 6 del artículo 6 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia, a la notificación previa (DO 1994, C 390, p. 20; en lo sucesivo, «Decisión de 12 de diciembre de 1994»).

9 La Comisión indicó que supeditaría en cada caso su autorización al cumplimiento de determinados requisitos. Por lo que se refiere al requisito de la regularidad de la producción, previsto por el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia, para poder acogerse a la ayuda, la empresa debe haber mantenido, durante todo 1993 y hasta febrero de 1994, fecha de notificación a la Comisión del Decreto-ley nº 103, de 14 de febrero de 1994, una actividad de producción media, de un mínimo de un turno por día, esto es, al menos ocho horas por día, durante cinco días por semana.

10 Por otra parte, la Comisión precisaba que las autoridades italianas podían demostrar, basándose en criterios objetivos, que una empresa que no cumpliera el citado requisito, había fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA.

Notificación por el Gobierno italiano de la ayuda prevista a favor de las demandantes

11 El 8 de septiembre de 1995, el 23 de noviembre de 1995 y el 11 de marzo de 1996 el Gobierno italiano notificó a la Comisión, con arreglo al apartado 6 del artículo 6 del Quinto Código de ayudas a la siderúrgica, ayudas al cierre definitivo en virtud de la Ley nº 481/94 a favor, entre otras, de las empresas demandantes de los seis asuntos T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 y T-130/97, esto es, respectivamente Moccia Irme SpA (en lo sucesivo, «Moccia»), Prolafer Srl (en lo sucesivo, «Prolafer»), Ferriera Acciaieria Casilina SpA (en lo sucesivo, «Casilina»), Dora Ferriera Acciaieria Srl (en lo sucesivo, «Dora»), Ferriera Lamifer SpA (en lo sucesivo, «Lamifer») y Nuova Sidercamuna SpA (en lo sucesivo, «Sidercamuna») por las cantidades siguientes:

Número de asunto Empresa demandante Cuantía de la ayuda

(en LIT)

T-164/96 Moccia 13.509 millones T-165/96 Prolafer 2.038 millones T-166/96 Casilina 2.908 millones T-167/96 Dora 3.438 millones T-122/97 Lamifer 4.889 millones T-130/97 Sidercamuna 16.127 millones

12 Las demandantes son empresas siderúrgicas en el sentido del artículo 80 del Tratado, que producen acero o laminados en caliente. Su capacidad de producción declarada en 1993 y su producción real en el período de referencia, esto es, del 1 de enero de 1993 al 28 de febrero de 1994, y la relación entre la segunda y la primera, expresada en porcentaje, han sido las siguientes:

Capacidad de producción Producción real

(en toneladas/año) (en toneladas)

T-164/96 Moccia 288.000 de acero bruto 0 165.000 de laminados en caliente

T-165/96 Prolafer 200.000 de acero 0 150.000 de laminados en caliente

T-166/96 Casilina 80.000 de laminados en caliente 11.356 de laminados en caliente (es decir, 14,2 %)

T-167/96 Dora 250.000 de laminados en caliente 21.444 de laminados en caliente (es decir, 8,6 %)

T-122/97 Lamifer 154.560 de laminados en caliente 23.542 de laminados en caliente (es decir, 15,2 %)

T-130/97 Sidercamuna 475.000 de redondos de hormigón y 36.002 de redondos de laminados comerciales (planos) de hormigón y de laminados comerciales planos (es decir, 7,6 %)

13 En total, 43 empresas siderúrgicas CECA instaladas en Italia presentaron solicitudes de ayudas con arreglo a la Ley nº 481/94.

Incoación por la Comisión del procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia

14 El 15 de diciembre de 1995, el 2 de febrero y el 12 de junio de 1996, la Comisión, mediante escritos reproducidos en sustancia en las comunicaciones de la Comisión 96/C 101/05, 96/C 121/03 y 96/C 215/03, dirigidas, con arreglo al apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código de ayudas, a los Estados miembros y a los terceros interesados, relativas a las ayudas que Italia ha decidido conceder a, respectivamente, Casilina, Acciaierie del Sud SpA, Officine Laminatoi Sebino SpA (OLS), Montifer Srl, Moccia et Mini Acciaierie Odolese SpA (MAO), Prolafer, Dora et Acciaierie San Gabriele SpA, Diano SpA, Lamifer, Ferriere Demafer Srl, Lavorazione Metalli Vari - LMV SpA y Sidercamuna (DO 1996, C 101, p. 4, C 121, p. 3, y C 215, p. 3), informó al Gobierno italiano de su decisión de iniciar el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia a propósito de las ayudas proyectadas en beneficio, entre otras, de las empresas demandantes.

15 En estas comunicaciones, la Comisión señaló que, de las informaciones que le habían transmitido, se deducía que ninguna de las empresas consideradas, entre ellas las demandantes, había mantenido una actividad de producción a razón, por término medio, de un turno diario, lo que corresponde al menos a ocho horas de trabajo diario durante cinco días por semana, durante todo el año 1993 y hasta el 28 de febrero de 1994.

16 Respecto a Moccia y Casilina, en la Comunicación 96/C 101/05, antes citada, la Comisión precisaba lo siguiente:

«En efecto, [Casilina] (ayuda nº 777/95) produjo apenas 11.356 toneladas de productos laminados en caliente, que equivalen al 14,2 % de su capacidad [...] [Moccia] (ayuda nº 793/95) no ha producido nada.»

17 Respecto a Prolafer y Dora, la Comisión precisaba, en la comunicación 96/C 121/03, antes citada, lo siguiente:

«En efecto, Prolafer (caso 977/95) [...] no realizó actividades productivas en 1993. Por su parte Dora (caso 978/95) sólo produjo 21.444 toneladas de productos laminados en caliente, lo que equivale al 8,6 % de su capacidad.»

18 Por último, respecto a Lamifer y Sidercamuna, precisaba en la comunicación 96/C 215/03, antes citada, lo siguiente:

«En efecto, [...][Lamifer] (caso 178/96) produjo solamente 23.542 toneladas de laminados en caliente, lo que equivale al 15,2 % de su capacidad; [Sidercamuna] (caso 182/96) produjo solamente 36.002 toneladas de laminados en caliente, lo que corresponde al 7,6 % de su capacidad.»

Decisiones de 30 de julio y de 18 de diciembre de 1996, por las que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado común

19 Mediante Decisión 96/678/CECA, de 30 de julio de 1996, relativa a determinadas ayudas que el Gobierno italiano tiene previsto conceder en el marco del programa de reestructuración del sector siderúrgico privado italiano (DO L 316, p. 24; en lo sucesivo, «Decisión 96/678»), la Comisión declaró incompatibles con el mercado común, en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado, las medidas de ayudas de Estado que la República Italiana proyectaba conceder a ocho de las nueve empresas de que se trata, entre las que se encontraban Moccia, Prolafer, Casilina y Dora.

20 Mediante Decisión 97/258/CECA, 18 de diciembre de 1996, relativa a determinadas ayudas para el cierre previstas por Italia en el marco del programa de reestructuración del sector siderúrgico privado italiano (DO L 102, p. 42; en lo sucesivo, «Decisión 97/258»), la Comisión declaró asimismo incompatibles con el mercado común, en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado, las medidas de ayudas de Estado que la República Italiana proyectaba conceder a cuatro de las cinco empresas de que se trata, entre las que se encontraban Lamifer y Sidercamuna.

21 La Comisión motivó estas Decisiones señalando, especialmente (Decisión 97/258), lo siguiente:

«[...] la Comisión llegó a la conclusión de que se cumplen todas las condiciones, salvo en lo que atañe a la regularidad de la producción, que originó la incoación del procedimiento.

A este respecto, procede recordar que, aunque el Código de ayudas supedita la concesión de las ayudas a que la empresa produzca con regularidad en el momento del cierre, no contiene una definición clara del concepto de regularidad. Por ello, en su Decisión de 12 de diciembre de 1994, la Comisión decidió que se consideraría que se cumple ese criterio cuando la empresa beneficiaria de la ayuda hubiera desarrollado una actividad de producción, como promedio, de un turno por día por lo menos, esto es, un mínimo de ocho horas al día durante cinco días por semana durante todo el año 1993 y hasta el 28 de febrero de 1994, fecha en que se notificó a la Comisión el Decreto-ley nº 103/94, cuyo contenido convirtió el Parlamento Italiano en la Ley nº 481/94. La Comisión decidió también que las autoridades italianas podrían demostrar, basándose en criterios objetivos, que una empresa que no cumpliera esa condición, había fabricado, sin embargo, con regularidad productos siderúrgicos CECA.

En ese caso, la Comisión examinaría la ayuda atendiendo a su especificidad para garantizar el cumplimiento del criterio de regularidad de la producción.

La finalidad del artículo 4 de las Directrices y de la Decisión (de 12 de diciembre de 1994) está clara: se pueden otorgar ayudas al cierre sólo a las empresas que estén en actividad de manera significativa, es decir, que produzcan regularmente para el mercado siderúrgico. En cambio, el legislador comunitario no ha creído necesario, ni oportuno, prever una excepción a la prohibición general enunciada en el artículo 4 del Tratado [...], dado que el cierre de una empresa que no produzca con regularidad no tiene efectos significativos sobre el mercado.

De esto se sigue que cabe admitir otros criterios que no sean los previstos por la Comisión en su Decisión, siempre y cuando sirvan para demostrar la regularidad de la producción. Ahora bien, es preciso señalar que los criterios propuestos por el Gobierno italiano (mantenimiento del contrato de suministro de energía, del personal, mantenimiento de las instalaciones, etc.) no bastan para demostrar que la empresa ha producido de manera regular, sino, simplemente, que habría podido hacerlo.

El artículo 4 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia está redactado de tal manera que no permite una interpretación en sentido amplio, gracias a la cual pueda incluirse, entre las empresas aptas para recibir las ayudas, aquellas que aunque no hayan producido con regularidad hayan estado simplemente en condiciones de fabricar de manera regular productos CECA.»

Procedimiento

22 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de octubre de 1996, Moccia, Prolafer, Casilina y Dora interpusieron sendos recursos que se registraron con los números T-164/96, T-165/96, T-166/96 y T-167/96.

23 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 1997, Lamifer interpuso el recurso que se registró con el número T-122/97.

24 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de abril de 1997, Sidercamuna interpuso el recurso que se registró con el número T-130/97.

25 Mediante acto separado, registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de noviembre de 1996, Moccia presentó, con arreglo al artículo 39 del Tratado, una demanda de medidas provisionales destinada a que se suspendiera la ejecución de la Decisión 96/678, así como de los actos previos a la misma, y a que la Comisión instara a las autoridades italianas a suspender, hasta el momento en que se dictara una resolución sobre el fondo del asunto, el pago de las ayudas para el cierre a que se refiere la Ley nº 481/94, y, con carácter subsidiario, a que la Comisión reanudara el procedimiento contradictorio de examen de la ayuda a su favor.

26 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1996, Moccia Irme/Comisión (T-164/96 R, Rec. p. II-2261), se desestimó la demanda de medidas provisionales presentada por la demandante.

27 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1997, Moccia Irme/Comisión [C-89/97 P(R), Rec. p. I-2327], se desestimó el recurso interpuesto contra este auto.

28 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.

29 En la vista de 17 de noviembre de 1998 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

30 Mediante auto del Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1998 se acordó la acumulación de los asuntos a efectos de la sentencia.

Pretensiones de las partes

31 Moccia solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión 96/678, con arreglo a los artículos 33 y 36 del Tratado, y, consiguientemente y si fuera necesario, prive de eficacia a los demás actos previos, coordinados o conexos.

- Condene en costas a la Comisión.

32 Prolafer solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión 96/678, la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y, consiguientemente y si fuera necesario, el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia así como todo acto previo, conexo o derivado, de cualquier índole.

33 Casilina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión 96/678, la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y todo acto previo, conexo o derivado, de cualquier índole.

- Condene en costas a la Comisión.

34 Dora solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión 96/678, la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y todo acto previo, conexo o derivado, de cualquier índole.

- Condene en costas a la Comisión.

35 Lamifer solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión 97/258, la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y todo acto previo, conexo o derivado.

36 Sidercamuna solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión 97/258.

- Ordene cualquier otra medida encaminada a proteger los intereses de la demandante, con arreglo a Derecho o a equidad.

- Condene en costas a la parte demandada.

37 En todos los asuntos, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.

- Condene en costas a la parte demandante.

Admisibilidad

38 En los seis asuntos la Comisión ha negado la admisibilidad de los motivos de recursos relativos, por una parte, al Quinto Código de ayudas a la siderurgia y, por otra parte, a la Decisión de 12 de diciembre de 1994.

Sobre los motivos de inadmisibilidad relativos a la impugnación del Quinto Código de ayudas a la siderurgia

39 La Comisión niega, por una parte, la pertinencia de las pretensiones de algunos recursos, en la medida en que se dirigen formalmente contra el Quinto Código. Por otra parte, considera que, en el asunto T-130/97, la excepción de ilegalidad dirigida contra el Quinto Código es extemporánea.

1. Sobre el motivo basado en la falta de pertinencia de las pretensiones de algunos recursos en la medida en que se dirigen formalmente contra el Quinto Código

40 La Comisión señala que Prolafer, Casilina, Dora y Lamifer desean alegar, con arreglo al párrafo tercero del artículo 36 del Tratado, la ilegalidad de todo acto anterior a las Decisiones de 12 de diciembre de 1994, 96/678 y 97/258, alcanzando por tanto el Quinto Código. Sin embargo, la argumentación de las demandantes únicamente está destinada a demostrar la infracción por la Comisión de este Código y no a ponerlo en entredicho.

41 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia comprueba que este motivo, presentado por la Comisión en el marco de la admisibilidad del recurso y sobre el que las demandantes no se han manifestado, carece de fundamento. Aunque, en estos asuntos, no se dirige directamente ninguna alegación contra el Quinto Código, que, por el contrario, constituye el criterio sobre el que se basa la alegación de ilegalidad de la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y de las Decisiones 96/678 y 97/258, esta circunstancia no permite por sí sola declarar inadmisibles las pretensiones de que se trata.

2. Sobre la pretensión de inadmisibilidad basada en la extemporaneidad de la excepción de ilegalidad dirigida contra el Quinto Código en el asunto T-130/97

42 En el marco del asunto Sidercamuna, la Comisión solicita que se declare la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad presentada contra el Quinto Código de ayudas a la siderurgia, que, en opinión de la Comisión, se formuló por primera vez en fase de réplica, y, por tanto, constituye un motivo nuevo.

43 En Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

44 En el presente asunto, la demandante del asunto T-130/97 afirma en la demanda que, habida cuenta del objetivo prioritario del programa de ayudas a la siderurgia, consistente en la reducción de la capacidad de producción, es ilegítimo supeditar la consecución de este objetivo a requisitos no relacionados con él, como el nivel de regularidad de la producción. En la réplica, se remite a esta alegación para justificar que ya en fase de demanda había formulado una excepción de ilegalidad contra el Quinto Código.

45 Sin embargo, la Comisión considera que esta alegación, formulada en la fase de demanda, no se refiere al Quinto Código, sino que su auténtico objetivo es censurar la violación o la interpretación errónea de éste en actos subordinados.

46 El Tribunal de Primera Instancia señala que la alegación formulada por la demandante critica el hecho de que la consecución de uno de los objetivos del Quinto Código, en concreto, la reducción de la capacidad de producción, se supedite a un requisito sin relación con ésta, es decir, la existencia de regularidad de la producción. Ahora bien, tal como se ha precisado anteriormente, en el apartado 5, este requisito se exige en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código. De ello se deduce que la alegación critica esta disposición del Quinto Código.

47 Por otra parte, esta alegación se formula en el marco de la parte del primer motivo de la demanda que se refiere a una violación por la Comisión del principio de efecto útil, y no en el marco de la parte que critica específicamente la infracción del artículo 4 del Quinto Código en actos subordinados.

48 De ello se desprende que la alegación de que se trata constituye una excepción de ilegalidad dirigida contra el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código. Dado que se formuló desde la fase de demanda, esta excepción no se propuso extemporáneamente. Por consiguiente, procede desestimar el motivo de inadmisibilidad propuesto por la Comisión.

Sobre los motivos de inadmisibilidad relativos a la impugnación de la Decisión de 12 de diciembre de 1994

49 Este Tribunal señala, con carácter previo, que Prolafer, Casilina, Dora y Lamifer invocan la ilegalidad de la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y solicitan que se anule.

50 Este Tribunal entiende que las demandantes desean, en realidad, alegar la ilegalidad de la Decisión de 12 de diciembre de 1994 de forma incidental, en el marco y en apoyo de sus recursos de anulación dirigidos contra las Decisiones de no aprobación de ayudas, esto es, en forma de excepción de ilegalidad.

51 Moccia y Sidercamuna propusieron formalmente una excepción de ilegalidad contra la Decisión de 12 de diciembre de 1994.

52 Todas las excepciones de ilegalidad dirigidas en los seis asuntos acumulados contra la Decisión de 12 de diciembre de 1994 tienen por objeto criticar el criterio enunciado en ellas por la Comisión para definir el requisito de regularidad de la producción exigido en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, en concreto, que la empresa que solicite una ayuda al cierre debe haber mantenido, durante 1993 y hasta febrero de 1994, una actividad de producción media, de, como mínimo, un turno por día, es decir, ocho horas de trabajo al día durante cinco días por semana.

53 La Comisión solicita que se declare la inadmisibilidad de estas excepciones de ilegalidad.

54 A este respecto expone dos motivos. El primero de ellos, formulado en todos los asuntos, se basa en que las Decisiones 96/678 y 97/258 (en lo sucesivo, «Decisiones impugnadas») no se basan en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, sino directamente en el Quinto Código de ayudas a la siderurgia. El segundo, formulado en los asuntos Lamifer y Sidercamuna, se basa en que la Decisión de 12 de diciembre de 1994 constituye, como mucho, el fundamento de la Decisión de incoar el procedimiento adoptada sobre la base del apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código, pero no la de no aprobar la ayuda, que es posterior y que sólo es un acto confirmatorio de la precedente.

1. Sobre el motivo basado en que las Decisiones impugnadas no se basan en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, sino directamente en el Quinto Código

55 La Comisión afirma que, en el presente asunto, no existe ninguna conexión entre las Decisiones impugnadas y la de 12 de diciembre de 1994. En efecto, en virtud del apartado 6 del artículo 6 del Quinto Código, todos los casos concretos de aplicación de las ayudas contempladas en los artículos 4 y 5 serán notificados a la Comisión con objeto de que ésta se pueda pronunciar al respecto y ello independientemente de la adopción de una decisión que autorice un régimen general de ayudas sobre la base de estos mismos artículos. De ello se deduce que las Decisiones impugnadas no pueden considerarse basadas jurídicamente en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, sino únicamente, por lo que se refiere al presente asunto, en el apartado 6 del artículo 6 del Quinto Código.

56 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, aunque en un recurso de anulación dirigido contra una decisión individual, un demandante pueda alegar la ilegalidad de determinadas disposiciones de las Decisiones generales que aplica la Decisión impugnada, carece de esta posibilidad cuando la decisión individual se basa en normas cuya ilegalidad alega (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 1981, Krupp Stahl/Comisión, asuntos acumulados 275/80 y 24/81, Rec. p. 2489, apartado 32; de 16 de febrero de 1982, Rumi/Comisión, 258/80, Rec. p. 487, apartado 6; de 21 de febrero de 1984, Walzstahl-Vereinigung y Thyssen/Comisión, asuntos acumulados 140/82, 146/82, 221/82 y 226/82, Rec. p. 951, apartado 20, y de 11 de octubre de 1984, Alpa/Comisión, 151/83, Rec. p. 3519, apartado 9).

57 En el presente asunto, las Decisiones impugnadas se remiten expresamente a la Decisión de 12 de diciembre de 1994, que aprueba la Ley nº 481/94 y es objeto de la excepción de ilegalidad. Recuerdan que, aunque el Quinto Código de ayudas a la siderurgia supedita la concesión de ayudas a que la empresa haya mantenido cierta regularidad de la producción hasta la fecha del cierre, no proporciona una definición clara del concepto de regularidad. Señalan que, por este motivo, la Decisión de 12 de diciembre de 1994 supeditó la concesión de ayudas al cierre al requisito de que las empresas hubieran mantenido una actividad de producción media, de un mínimo de un turno por día, esto es, al menos ocho horas al día durante cinco días por semana durante 1993 y hasta febrero de 1994. Indican que, aunque las demandantes cumplían los demás requisitos exigidos en el artículo 4 del Quinto Código, no respetaron éste. Señalan que, tras comprobarse este dato, se incoó el procedimiento contemplado en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código. Opinan que el Gobierno italiano no ha demostrado basándose en criterios objetivos, conforme a la Decisión de 12 de diciembre de 1994, que las empresas habían fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA.

58 De ello se deduce que la Decisión de 12 de diciembre de 1994 ha definido un criterio cuya aplicación a las demandantes implicó la incoación del procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código y en virtud del cual se declararon las ayudas incompatibles con el mercado común en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA.

59 Por tanto, en esta medida las Decisiones impugnadas se basan en la definición proporcionada por la Decisión de 12 de diciembre de 1994 del requisito de regularidad de la producción exigido por el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código. Pues bien, esta definición del requisito de regularidad de la producción constituye, a su vez, el objeto de la excepción de ilegalidad dirigida contra la Decisión de 12 de diciembre de 1994. De ello se deduce que las Decisiones impugnadas se basan en la norma cuya ilegalidad se alega. Por consiguiente, el motivo de inadmisibilidad formulado por la Comisión carece de fundamento.

60 En los seis asuntos acumulados la Comisión objeta, en primer lugar, que, conforme al apartado 6 del artículo 6 del Quinto Código, todos los casos concretos de ayuda debían notificársele, independientemente de la adopción de una Decisión que autorizó un régimen general de ayudas, de forma que no podía considerarse que las Decisiones impugnadas se basaban jurídicamente en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, sino únicamente en el apartado 6 del artículo 6 del Quinto Código. Añade que, aun a falta de la Decisión de que se trata, las Decisiones impugnadas habrían podido adoptarse legalmente y producir todos sus efectos. Sin embargo, esta alegación olvida que, al examinar los casos concretos de ayudas notificadas tras la aprobación del régimen general de ayudas mediante la Decisión de 12 de diciembre de 1994, la Comisión analizó la observancia del requisito de regularidad de la producción por referencia al criterio definido en esta Decisión, de forma que ésta constituye, en esa medida, la base jurídica de las Decisiones impugnadas.

61 En segundo lugar la Comisión objeta, en los asuntos T-164/96, T-165/96,T-166/96, T-167/96 y T-122/97, que el requisito de regularidad de la producción previsto en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código se mencionaba en su Decisión de 12 de diciembre de 1994 únicamente a título de ejemplo, de común acuerdo con el Gobierno italiano. Esta alegación olvida, sin embargo, que la Comisión, lejos de considerar el criterio desarrollado en la Decisión de 12 de diciembre de 1994 como un mero ejemplo, no vinculante, incoó, en aplicación de éste, el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código para, a continuación, declarar los proyectos de ayuda incompatibles con el mercado común.

62 En tercer lugar la Comisión objeta, en los asuntos T-164/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 y T-130/97, que la Decisión de 12 de diciembre de 1994, además de definir un criterio de aclaración del requisito de regularidad de la producción exigido en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, permitía al Gobierno italiano probar, basándose en criterios objetivos, que una empresa que no cumpliera este criterio había fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA, de forma que la referencia a esta Decisión en las Decisiones impugnadas no es determinante. Por tanto, continúa la Comisión, podía autorizarse la ayuda a pesar de la inobservancia del criterio definido en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, de manera que ésta no constituye la base de las Decisiones impugnadas. Sin embargo, esta objeción olvida que de las Decisiones impugnadas se deduce que la Comisión exigía que las empresas demandantes respetaran el criterio mencionado, que la inobservancia de este criterio dio lugar a la incoación del procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código y que, según la Comisión, al no haber aportado el Gobierno italiano la prueba de los criterios objetivos alternativos, las ayudas solicitadas se declararon incompatibles con el mercado común. De ello resulta que la no aprobación de las ayudas es el resultado final de la inobservancia del criterio definido por la Decisión de 12 de diciembre de 1994, que constituye una presunción que, en el presente asunto, no ha sido desvirtuada por el Gobierno italiano. Por tanto, las Decisiones impugnadas se basan, en esta medida, sobre dicho criterio.

63 En cuarto lugar, la Comisión objeta, en el asunto T-164/96, que la mera mención de la Decisión de 12 de diciembre de 1994 en la Decisión 96/678 no es determinante por sí sola en la medida en que Moccia no realizó ninguna actividad productiva en el período de referencia, de forma que no debía aplicarse el criterio definido por la primera Decisión. Sin embargo, esta alegación olvida que, desde el punto de vista formal, la Decisión 96/678 afirma la aplicación de este criterio a la demandante. Por otra parte, dicho criterio también se ha aplicado de hecho, en la medida en que la producción de la demandante se apreció únicamente tomando como referencia el período definido por el criterio, esto es, entre enero de 1993 y febrero de 1994 y no, por ejemplo, a partir de la fecha de entrada en vigor del Quinto Código, el 1 de enero de 1992.

2. Sobre el motivo basado en que la Decisión 97/258 sólo es un acto confirmatorio

64 En los asuntos T-122/97 y T-130/97, la Comisión señala que el criterio que define el requisito de la regularidad de la producción, impuesto por la Decisión de 12 de diciembre de 1994, ya había sido aplicado a las demandantes antes de la Decisión 97/258 por la Decisión anterior que iniciaba el procedimiento de examen de las ayudas, previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código. En efecto, esta última Decisión declaraba que las demandantes no cumplían dicho requisito e instaba, a continuación, a las autoridades italianas a probar, basándose en otros criterios objetivos, la existencia de regularidad de la producción. La Decisión 97/258 tenía por objeto afirmar que las autoridades italianas no habían conseguido aportar esta prueba. También recuerda la Comisión que las demandantes no cumplían el criterio enunciado por la Decisión de 12 de diciembre de 1994, pero que dicha Decisión sólo era, a este respecto, un acto confirmatorio. Ahora bien, dado que las demandantes no impugnaron dentro de plazo la decisión de incoación del procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código y no propusieron en el marco de este recurso una excepción de ilegalidad contra el criterio establecido por la Decisión de 12 de diciembre de 1994, su derecho a hacerlo en este proceso había precluido.

65 Este Tribunal señala que, en apoyo de su recurso de anulación de la Decisión 97/258, las demandantes alegan la ilegalidad de la Decisión de 12 de diciembre de 1994. El motivo de inadmisibilidad formulado por la Comisión tiene por objeto negar a las demandantes esta facultad debido a que habían tenido la posibilidad de alegarla en el marco de un recurso dirigido contra la decisión de incoación del procedimiento de examen. No obstante, basta con afirmar que la Decisión 97/258 produce efectos jurídicos propios, entre ellos la no aprobación definitiva de la ayuda, y que las demandantes deben, por tanto, tener la posibilidad de interponer un recurso contra tal Decisión (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión, 730/79, Rec. p. 2671, apartado 5, y de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Rec. p. I-833, apartado 14), lo que implica la posibilidad de invocar, en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra esta Decisión, la ilegalidad de la Decisión sobre la que se basa, tanto si impugnó la Decisión de incoar el procedimiento de examen de la ayuda como si no lo hizo (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de marzo de 1998, Preussag Stahl/Comisión, T-129/96, Rec. p. II-609, apartado 31).

66 De ello se deduce que este segundo motivo de inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad dirigida contra la Decisión de 12 de diciembre de 1994 carece de fundamento.

Sobre el fondo

67 Las demandantes formulan motivos que se refieren, por una parte, al fondo (I) y, por otra parte, al incumplimiento del deber de motivación (II) de las Decisiones impugnadas.

I. Sobre los motivos referidos al fondo de las Decisiones impugnadas

Notas preliminares

68 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en virtud de la segunda frase del párrafo primero del artículo 33 del Tratado, en el ejercicio de sus competencias para conocer de los recursos de anulación interpuestos contra las decisiones y recomendaciones de la Comisión, «el examen del Tribunal de Justicia no podrá referirse a la apreciación de la situación resultante de hechos o circunstancias económicas en consideración a la cual se hubieran tomado tales decisiones o formulado tales recomendaciones, excepto cuando se acuse a la Comisión de haber incurrido en desviación de poder o de haber ignorado manifiestamente las disposiciones del Tratado o cualquier norma jurídica relativa a su ejecución».

69 Este límite de la facultad de apreciación del órgano jurisdiccional comunitario también se aplica al examen de decisiones y recomendaciones cuya ilegalidad se niega por vía de excepción, sobre la base del párrafo tercero del artículo 36 del Tratado. En efecto, de ello se deduce que tal impugnación debe realizarse «en las condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 33» del Tratado (en este sentido, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1980, Ferriera Valsabbia y otros/Comisión, asuntos acumulados 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 y 85/79, Rec. p. 907, apartado 10).

70 Respecto al concepto de ignorancia manifiesta, el Tribunal recuerda que el término «manifiesta» exige que se alcance un cierto grado de incumplimiento de las disposiciones jurídicas, por ejemplo, que dicho incumplimiento resulte de un error evidente en la apreciación, a la luz de las disposiciones del Tratado, de la situación que dio lugar a la adopción de la Decisión (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1955, Países Bajos/Alta Autoridad, 6/54, Rec. pp. 201 y 225, y de 12 de febrero de 1960, Société métallurgique de Knutange/Alta Autoridad, asuntos acumulados 15/59 y 29/59, Rec. pp. 9 y 28, y el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1996, Alemania/Comisión, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, apartado 62).

71 Respecto al concepto de desviación de poder, el Tribunal señala que un acto sólo está viciado de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos pertinentes y concordantes, que fue adoptado con el fin exclusivo o al menos determinante de conseguir otros fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido para hacer frente a las circunstancias del caso (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C-331/88, Rec. p. I-4023, apartado 24, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 1996, Naloo/Comisión, T-57/91, Rec. p. II-1019, apartado 327).

Sobre los motivos basados en la inaplicabilidad del Tratado CECA

72 Las demandantes formulan motivos basados en la inaplicabilidad del Tratado al presente asunto.

A. Sobre el motivo basado en que las demandantes no pueden ser calificadas de empresas siderúrgicas CECA

73 Moccia y Sidercamuna afirman que una empresa que proyecta el cierre de sus instalaciones ya no es una empresa siderúrgica CECA en el sentido del artículo 80 del Tratado y, por tanto, este Tratado, incluida la prohibición impuesta en la letra c) del artículo 4, no le es aplicable.

74 No obstante, el Tribunal señala que una empresa siderúrgica CECA que solicita ayudas al cierre conserva esta condición mientras no cese completa y definitivamente su actividad de producción, eventualmente a consecuencia de la concesión de las citadas ayudas. En el presente asunto, consta que cuando se solicitaron las ayudas las demandantes ejercían una actividad de producción CECA o, aun sin ejercer tal actividad, todavía no habían procedido al cierre definitivo. Por consiguiente, la Comisión podía considerar fundadamente que las demandantes eran empresas siderúrgicas CECA. Por tanto, procede desestimar este motivo.

B. Sobre el motivo basado en que, al no poder falsear la competencia, una ayuda al cierre escapa a la prohibición de la letra c) del artículo 4 del Tratado

75 Moccia afirma esencialmente que el Quinto Código de ayudas a la siderurgia, que constituye una excepción basada en el artículo 95 del Tratado a la prohibición de la letra c) del artículo 4 del Tratado, debe respetar los principios fundamentales del Tratado y especialmente limitarse a lo necesario para evitar el falseamiento de la competencia. Pues bien, el cierre de una empresa supuestamente no competitiva no puede falsear la competencia. De ello se deduce que la ayuda al cierre concedida a una empresa en estas circunstancias no está prohibida y, por tanto, no puede estar reglamentada por el Quinto Código.

76 En el mismo orden de ideas, Sidercamuna expone que, por los motivos anteriormente citados, la ayuda al cierre solicitada en estas circunstancias no puede ser calificada de ayuda en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado. Subsidiariamente, si hubiera que aceptar esta calificación, la concesión de la ayuda no estaría prohibida.

77 En apoyo de este motivo las demandantes formulan tres alegaciones.

78 Moccia afirma que el concepto de ayuda de Estado en el sentido del Tratado CECA es idéntico al contenido en el Tratado CE, de forma que, incluso con arreglo al Tratado CECA, a falta de efectos desfavorables sobre la competencia, una ayuda es compatible con el mercado común.

79 Sidercamuna se remite a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1997, Wirtschaftsvereiningung Stahl y otros/Comisión (T-244/94, Rec. p. II-1963), que, en su apartado 32, declara lo siguiente:

«La letra c) del artículo 4 del Tratado prohíbe, en principio, las ayudas de Estado, dentro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en la medida en que puedan impedir que se alcancen los objetivos esenciales de la Comunidad definidos por el Tratado, en particular el establecimiento de un régimen de libre competencia.»

80 De ello deduce que una ayuda sólo está prohibida por la letra c) del artículo 4 del Tratado en la medida en que puede influir sobre una situación de equilibrio en materia de competencia.

81 Sidercamuna también se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad (30/59, Rec. p. 1, p. 40), párrafo cuarto, que, para describir el concepto de subvención según el Tratado, recuerda el tenor del cuarto guión del párrafo segundo del artículo 5 del Tratado, que obliga a la Comunidad a garantizar el establecimiento, el mantenimiento y la observancia de las condiciones normales de competencia.

82 Este Tribunal recuerda que el objetivo del artículo 4 del Tratado es el anteriormente recordado de garantizar «el establecimiento, el mantenimiento y la observancia de condiciones normales de competencia» (sentencia De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, citada en el apartado 81, Rec. p. 43). La letra c) de esta disposición prohíbe las subvenciones o ayudas concedidas por los Estados «cualquiera que sea su forma». Esta expresión no figura en las letras a), b) y d) del artículo 4 y dan una generalidad poco común a la prohibición así configurada (sentencia antes citada, Rec. p. 42). La prohibición así expresada se formula con un rigor excepcional porque tiene por objeto intervenciones directas en el funcionamiento del mercado común del carbón y del acero, consideradas, como tales, contrarias a las condiciones mismas de establecimiento de este mercado común, Por ello, se considera a dichas ayudas incompatibles con el mercado común, sin que sea necesario probar, ni siquiera examinar, si, de hecho, existe la violación de las condiciones de competencia o cabe el riesgo de que se produzca (véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Lagrange, en el asunto De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, antes citado, Rec. pp. 59 y 76).

83 Así, el régimen de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA es distinto del establecido en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE (antiguo artículo 92). El primero prohíbe de forma general e incondicional cualquier ayuda, por ser esta contraria en su esencia a las condiciones mismas de establecimiento del mercado común del carbón y del acero. Por el contrario, el segundo sólo prohíbe una ayuda si ésta puede falsear o amenaza con falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

84 De ello se desprende que una ayuda al cierre concedida por un Estado miembro a una empresa siderúrgica CECA está incluida en la prohibición de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA, sin que sea preciso demostrar de hecho un menoscabo de las condiciones de competencia. Por consiguiente, el Quinto Código, cuyo objeto es establecer excepciones a esta prohibición, puede aplicarse a tal ayuda.

85 Esta conclusión no queda puesta en entredicho por las sentencias Wirtschaftsvereiningung Stahl y otros/Comisión, citada en el apartado 79, y De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, citada en el apartado 81, invocadas por las demandantes.

86 La sentencia Wirtschaftsvereiningung Stahl y otros/Comisión, citada en el apartado 79, declara ciertamente, junto con otras dos sentencias de la misma fecha (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1997, EISA/Comisión, T-239/94, Rec. p. II-1839, apartado 61, y British Steel/Comisión, T-243/94, Rec. p. II-1887, apartado 40); que la letra c) del artículo 4 del Tratado prohíbe, en principio, las ayudas de Estado dentro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en la medida en que puedan impedir que se alcancen los objetivos esenciales de la Comunidad definidos por el Tratado, en particular el establecimiento de un régimen de libre competencia. Añade también (véanse el apartado 33 y las sentencias EISA/Comisión, antes citada, apartado 62, y British Steel/Comisión, antes citada, apartado 41) que la existencia de tal prohibición no significa que toda ayuda de Estado en el ámbito de la CECA deba considerarse incompatible con los objetivos del Tratado.

87 Sin embargo, la finalidad de estos postulados es solamente permitir al Tribunal afirmar que la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA no se opone, por tanto, a que las Instituciones comunitarias, que disponen de competencia exclusiva en el ámbito de las ayudas en la Comunidad, puedan autorizar, con carácter de excepción, ayudas previstas por los Estados miembros y compatibles con los objetivos del Tratado, basándose en los párrafos primero y segundo del artículo 95, a efectos de hacer frente a situaciones imprevistas (apartados 33 y 34 de la sentencia y sentencias EISA/Comisión, antes citada, apartados 62 y 63, y British Steel/Comisión, antes citada, apartados 41 y 42).

88 Por tanto, en el contexto de esta sentencia dichas afirmaciones no tenían por objeto, en contra de lo que afirma Sidercamuna, declarar que ayudas compatibles con los objetivos del Tratado quedaban substraídas de oficio del ámbito de la prohibición de la letra c) del artículo 4 del Tratado.

89 Ciertamente la sentencia De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, citada en el apartado 81, declara (Rec. p. 40, cuarto considerando, y p. 43, primer considerando), como se ha recordado en el apartado 82, que la finalidad del artículo 4 del Tratado es el enunciado en el tercer guión del párrafo segundo del artículo 5 del mismo Tratado, consistente en asegurar el establecimiento, el mantenimiento y la observancia de condiciones normales de competencia.

90 Sin embargo, en el contexto de esta sentencia, esta referencia no se hizo para justificar una limitación del ámbito de prohibición de las ayudas sino, al contrario, para motivar una extensión de ésta. En efecto, el Tribunal de Justicia se remite a ella, para extender la interpretación de los conceptos de subvenciones o de ayudas en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado al pago de una parte del coste de producción por otra persona distinta del comprador o del usuario, siendo así que este pago constituye un obstáculo manifiesto al establecimiento de condiciones normales de competencia. La misma sentencia cuida, además, de poner de manifiesto, como se ha recordado en el apartado 82, la generalidad poco común de la prohibición impuesta por esta disposición. De ello se deduce que la referencia realizada por esta sentencia al cuarto guión del párrafo segundo del artículo 5 del Tratado no expresa una limitación del ámbito de la prohibición de ayudas en el supuesto de menoscabo -probada en concreto- de las condiciones de competencia.

91 Procede, por tanto, desestimar el motivo.

Sobre los motivos basados en la ilegalidad del segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia

92 Moccia señala que un sistema de control comunitario destinado a impedir los abusos, particularmente en caso de cierre de una empresa, debe limitarse a establecer los requisitos indispensables para el ejercicio del control correspondiente y no debe imponer requisitos innecesariamente vejatorios. Ahora bien, eso es precisamente lo que ha sucedido en el presente asunto, en la medida en que se exige que una empresa supuestamente poco competitiva haya fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA.

93 Sidercamuna recuerda que el principio de efecto útil exige que la aplicación del Derecho comunitario se supedite a la consecución de sus objetivos. Como la reducción de la capacidad de producción es el objetivo prioritario del programa de ayuda a la industria siderúrgica, no es legítimo supeditar la consecución de este objetivo a requisitos que no guardan relación con él, como la observancia de cierto nivel de regularidad de la producción.

94 El Tribunal de Primera Instancia constata que la Comisión, al adoptar el Quinto Código, y el Consejo, al dar su conformidad, autorizaron las ayudas a favor de empresas que abandonan definitivamente su actividad de producción siderúrgica CECA, a condición de que las empresas beneficiarias hayan fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA hasta la fecha de notificación de las ayudas. Como resulta de las Decisiones impugnadas (véase el apartado 21 de esta sentencia), su objetivo era conceder una ayuda al cierre únicamente a las empresas que alcanzaran cierto umbral de actividad. Por el contrario, no consideraron necesario ni oportuno conceder una excepción a la prohibición general impuesta en el artículo 4 del Tratado, a favor de empresas que no producen regularmente, dado que el cierre de éstas carece de efecto significativo sobre el mercado.

95 Ahora bien, en virtud de la letra c) del artículo 4 del Tratado, está prohibida toda ayuda de los Estados miembros a la siderurgia, cualquiera que sea su forma. Las excepciones a esta prohibición, como el Quinto Código, adoptado basándose en el artículo 95 del Tratado, deben interpretarse de manera restrictiva (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 1997, UK Steel Association/Comisión, T-150/95, Rec. p. II-1433, apartado 114).

96 De ello se deduce que, habida cuenta de la generalidad de la prohibición de ayudas enunciada en la letra c) del artículo 4 del Tratado y del carácter excepcional y limitativo de las excepciones previstas, la Comisión, en el ejercicio de su facultad de apreciación discrecional, ha podido considerar, sin incurrir en ignorancia manifiesta del Derecho o desviación de poder, que una ayuda al cierre debía tener efectos significativos sobre el mercado y, por tanto sólo podía concederse a empresas que, aunque supuestamente fueran menos competitivas, hubieran mantenido la regularidad de la producción.

97 Por consiguiente, procede desestimar estos motivos.

Sobre los motivos basados en la interpretación realizada en el presente asunto por la Comisión del requisito de regularidad de la producción exigido por el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código

98 Procede recordar, con carácter preliminar, que, en su Decisión de 12 de diciembre de 1994, si bien autorizó, en principio, el régimen de ayudas regulado por la Ley nº 481/94, la Comisión supeditó todos los casos concretos de aplicación a la notificación previa e indicó que supeditaría, en cada caso, la concesión de su autorización a la observancia de determinados requisitos. Entre estos requisitos, la Comisión interpreta en dicha Decisión el de la regularidad de la producción, previsto por el segundo guión del párrafo segundo del artículo 4 del Quinto Código, en el sentido de que, para poder obtener la ayuda, la empresa debe «haber mantenido, durante 1993 y hasta febrero de 1994, fecha de notificación a la Comisión del Decreto-ley nº 103 de febrero de 1994, una actividad de producción media de, al menos, un turno por día, esto es, al menos ocho horas al día durante cinco días por semana».

99 Este criterio se basa en la comprobación objetiva de que la producción siderúrgica se realiza, por motivos de índole técnica, en ciclos continuos, en general sobre la base de tres turnos de ocho horas diarias durante siete días por semana, esto es, durante 168 horas por semana. La producción mínima exigida en aplicación de este criterio es de 40 horas semanales, que equivale a una cuarta parte o al 25 % de la producción máxima posible (o capacidad de producción). En las decisiones de no aprobación de las ayudas, la Comisión compara, para cada demandante, la producción máxima posible declarada con la producción real efectuada durante el período de referencia (de enero de 1993 a febrero de 1994) y expresa esta relación en porcentaje. El umbral mínimo exigido es del 25 % de la producción efectiva en relación con la producción máxima posible.

100 En cualquier caso, en su Decisión de 12 de diciembre de 1994, la Comisión procuró prever la posibilidad de que las autoridades italianas acreditaran, mediante criterios objetivos alternativos, que la empresa siderúrgica había mantenido la regularidad de la producción. En efecto, en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, la Comisión añadió que las autoridades italianas podían, no obstante, «demostrar, basándose en criterios objetivos, que una empresa que no cumpliera el citado requisito, había fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA».

101 Por último, procede señalar que la Comisión eligió un criterio principal y la posibilidad de criterios objetivos alternativos en estrecha colaboración con las autoridades italianas destinatarias de la Decisión de 12 de diciembre de 1994. En efecto, en el escrito dirigido a la Comisión por el Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato italiano el 5 de octubre de 1994 puede leerse lo siguiente: «Sería razonable aceptar la sugerencia de la Comisión conforme a la cual la regularidad de la producción en el sentido del apartado 2 del artículo 4 del Código de ayudas significa que una empresa receptora de ayudas al cierre debe haber producido durante 1993 a razón de, por lo menos, un turno diario. Esto no excluye naturalmente que la Comisión acepte la posibilidad de demostrar, con ayuda de otros parámetros objetivos, que una empresa que no responda plenamente al citado criterio pueda, sin embargo, haber producido regularmente en el momento de la notificación.»

102 De ello se deduce que, al establecer en la Decisión de 12 de diciembre de 1994, por una parte, un criterio principal equivalente a una presunción de regularidad de la producción en el sentido del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código y, por otra parte, la posibilidad de acreditar dicha producción mediante otros criterios objetivos, la Comisión no ha incurrido en desviación de poder y no ha ignorado manifiestamente las disposiciones del Tratado ni ninguna norma jurídica de aplicación de éstas.

103 Sin embargo, para afirmar tal desviación o tal inobservancia por parte de la Comisión en la aplicación del criterio principal a su situación concreta, las demandantes formulan motivos que, esencialmente, critican, por una parte, la elección del criterio principal y, por otra parte, la negativa de la Comisión a tener en cuenta criterios objetivos alternativos.

A. Sobre los motivos que critican la elección del criterio de producción mínima de un turno de ocho horas diarias durante cinco días por semana

104 Las demandantes critican, por una parte, las circunstancias en las que se aplicó el criterio y, por otra parte, el tenor de éste.

1. Sobre los motivos que critican las circunstancias en las que se aplicó el criterio

105 Moccia formula un motivo basado en la violación de los principios de publicidad y de irretroactividad de las normas jurídicas.

106 Afirma fundamentalmente, por una parte, que el criterio controvertido constituye una norma jurídica aplicada, por primera vez, por la Decisión 96/678. Ahora bien, se aplicó a hechos producidos entre enero de 1993 y febrero de 1994. Por tanto, se violó el principio de irretroactividad de normas jurídicas.

107 Por otra parte, esta norma jurídica no fue objeto de publicación previa a su aplicación. Por consiguiente, también se violó el principio de publicidad de normas jurídicas.

108 Este Tribunal señala que el motivo critica el hecho de que el criterio definido en la Decisión de 12 de diciembre de 1994 para apreciar el requisito de regularidad de la producción exigido en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código tenga en cuenta la producción realizada en una época ya trascurrida en el momento de su adopción y de su aplicación, es decir, hasta febrero de 1994, fecha de notificación a la Comisión del régimen de ayudas italiano.

109 Ahora bien, esta fijación del período de apreciación de la producción no es más que la aplicación del segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, que dispone que las ayudas al cierre sólo pueden considerarse compatibles con el mercado común si la empresa que solicita la ayuda ha fabricado con regularidad productos siderúrgicos CECA «hasta la fecha de notificación de dichas ayudas».

110 El Quinto Código de ayudas a la siderurgia fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 31 de diciembre de 1991. En virtud de su artículo 9, entró en vigor el 1 de enero de 1992.

111 El período de producción considerado por la Decisión de 12 de diciembre de 1994 para las empresas que solicitaran ayudas al cierre en aplicación de la Ley nº 481/94 era el comprendido entre enero de 1993 y febrero de 1994. Por tanto, es posterior a la fecha de publicación y de entrada en vigor del Quinto Código, que define el modo de apreciación controvertido.

112 Por consiguiente, procede desestimar estos motivos.

2. Sobre los motivos que critican el tenor del criterio

113 Las demandantes critican el propio tenor del criterio definido por la Decisión de 12 de diciembre de 1994 desde tres puntos de vista. En primer lugar, este criterio, al exigir una producción objetivamente elevada, impide que la ayuda beneficie a las empresas menos competitivas. En segundo lugar, el período de referencia definido es insuficiente y, en tercer lugar, la producción máxima posible constituye un parámetro arbitrario.

a) Sobre el motivo basado en que el criterio, al exigir una producción objetivamente elevada, impide que la ayuda beneficie a las empresas menos competitivas

114 Moccia y Lamifer afirman que, según el párrafo cuarto de la Parte I de los considerandos del Quinto Código, las ayudas al cierre deben beneficiar a las empresas menos competitivas. Ahora bien, al interpretar el criterio de regularidad de la producción, la Comisión exigió a las empresas solicitantes de tales ayudas umbrales de producción objetivamente elevados. De esta forma, no tuvo en cuenta que las ayudas al cierre están destinadas a las empresas menos competitivas.

115 El Tribunal señala, con carácter preliminar, que el párrafo cuarto de la Parte I de los considerandos del Quinto Código, al que se remiten las demandantes, tiene por objeto resumir los principios que rigieron las Decisiones nº 3484/85/CECA de la Comisión, de 27 de noviembre de 1985, y nº 322/89/CECA de la Comisión, de 1 de febrero de 1989, por las que se establecían normas comunitarias para las ayudas a la siderurgia, Códigos Tercero y Cuarto de ayudas a la siderúrgica. Su finalidad no es motivar específicamente las ayudas al cierre previstas por el Quinto Código. Sin embargo, dado que el Quinto Código estaba destinado a sustituir a los Códigos anteriores que habían expirado y que ningún motivo específico de este Código se separa formalmente de dichos principios, no se excluye que éstos se apliquen también al Quinto Código. Esta interpretación viene confirmada por el hecho de que el Sexto Código de ayudas a la siderurgia contiene, en su tercer considerando, una motivación similar, que se remite al Quinto Código, controvertido en el presente asunto.

116 Sin embargo, esta motivación debe aproximarse al propio tenor del Quinto Código, especialmente del segundo guión del apartado 2 del artículo 4, que exige la regularidad de la producción de las empresas solicitantes de una ayuda al cierre. De ello se deduce que el legislador comunitario no tuvo la intención de referirse a la categoría de empresas menos competitivas, sin distinción, sino únicamente, dentro de esta categoría, a las empresas que mantenían cierta «regularidad de la producción». Ahora bien, como se ha demostrado anteriormente (véanse los apartados 94 a 96), la Comisión no incurrió en error manifiesto al limitar la ayuda de que se trata a las empresas cuyo cierre tenía un efecto significativo sobre el mercado.

117 Por consiguiente, procede desestimar este motivo.

b) Sobre los motivos basados en la insuficiencia del período de referencia

118 Casilina, Dora y Lamifer afirman, por una parte, que como comienzo del período de referencia de la regularidad de la producción debería haberse fijado el 1 de enero de 1991 y, por otra parte, que la duración insuficiente del período de referencia no permitía apreciar si la presencia de una empresa en el mercado era significativa.

- Sobre el motivo basado en que como comienzo del período de referencia de la regularidad de la producción debería haberse fijado el 1 de enero de 1991

119 Las demandantes afirman que como comienzo del período de referencia de la regularidad de la producción debería haberse fijado el 1 de enero de 1991, puesto que esta fecha es la que figura en los guiones primero y tercero del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código.

120 El Tribunal pone de manifiesto que el apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código define los requisitos que debe cumplir una empresa para poder considerar compatible con el mercado común una ayuda al cierre que se le haya concedido.

121 El primer guión de este apartado exige que la empresa haya adquirido su personalidad jurídica «antes del 1 de enero de 1991». El segundo guión enuncia el requisito de una fabricación regular de productos siderúrgicos CECA «hasta la fecha de notificación de dichas ayudas». El tercer guión dispone que la empresa no debe haber modificado la estructura de su producción y de sus instalaciones «desde el 1 de enero de 1991».

122 De esta enumeración se deduce que cada uno de estos requisitos está provisto de un límite temporal único. Por otra parte, estos límites son diferentes unos de otros, siendo así que los requisitos deben cumplirse, respectivamente, antes del 1 de enero de 1991, después del 1 de enero de 1991 y antes de la fecha de notificación de las ayudas. Por tanto, desde el punto de vista puramente literal no procede considerar que el requisito contenido en el segundo guión del apartado sea menos completo que los otros dos requisitos, ni que deba completarse por referencia a éstos.

123 A continuación, aunque es cierto que el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código no menciona ninguna fecha a partir de la cual deba apreciarse la regularidad de la producción, sin embargo, si el legislador comunitario hubiera tenido intención de fijar el 1 de enero de 1991 como fecha a partir de la cual debe apreciarse el cumplimiento de este requisito, es difícilmente imaginable que no lo indicara, puesto que esta fecha era, además, anterior a la de entrada en vigor del Quinto Código.

124 Por último, la Comisión señala acertadamente que los objetivos de las guiones primero y tercero del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, por una parte, y los del segundo guión de esta disposición, por otra parte, son distintos. Los primeros tienen manifiestamente por objeto prevenir eventuales fraudes al evitar que los interesados puedan constituirse en sociedad, aumentar la estructura de su producción o ampliar sus instalaciones únicamente con objeto de obtener la ayuda. Por el contrario, el objetivo primordial perseguido por el requisito mencionado en el segundo guión del apartado 2 no es la prevención del fraude. En efecto, no es fraudulento que, por ejemplo, una empresa ya constituida, de acuerdo con el primer guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, antes del 1 de enero de 1991, esto es, con anterioridad a la adopción del Quinto Código, solicite ayudas al cierre aunque ya no produzca con regularidad. El objetivo perseguido por el requisito de regularidad de la producción es, al contrario, garantizar que la concesión de ayudas al cierre dé lugar a una reducción sensible de la producción, lo que supone que estas ayudas sólo se concedan a empresas que, en el momento del cierre, tengan un nivel de producción de cierta importancia.

125 Es cierto que la prevención del fraude también está incluida, con carácter accesorio, en el requisito de observancia de este requisito hasta el momento de la notificación de la ayuda, esto es, en una época por definición ya transcurrida y, por tanto, no sospechosa, que impida cualquier aumento de producción realizada con objeto de cumplir el criterio de regularidad de la producción. Sin embargo, esta exigencia, que sólo se refiere a los modos de apreciación del requisito correspondiente, es ajena al objeto de este último.

126 De ello se deduce que no hay razón determinante para admitir que la regularidad de la producción, exigida por el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, debe apreciarse a partir del 1 de enero de 1991, dado que esta fecha figura en los guiones primero y tercero del mismo apartado.

127 Por consiguiente, procede desestimar este motivo.

- Sobre el motivo basado en que la duración insuficiente del período de referencia no permitía apreciar si la presencia de una empresa en el mercado era significativa

128 Las demandantes recuerdan que la finalidad del criterio empleado consistía en permitir únicamente que obtuvieran ayudas las empresas cuya presencia en el mercado siderúrgico fuera significativa. Señalan que la presencia de una empresa en un mercado no puede evaluarse correctamente en función de un período objetivamente limitado, como el del presente asunto. En efecto, continúan, la presencia de una empresa en el mercado es significativa si dicha empresa mantiene de forma duradera cierta cuota del mercado, es decir, una cuota de mercado desde un punto de vista dinámico y no circunscrito arbitrariamente a un único año. Las demandantes se remiten por analogía a la Decisión 89/467/CEE de la Comisión, de 12 de julio de 1989, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/30.566 - UIP) (DO L 226, p. 25), adoptada en el marco del artículo 85 del Tratado CE, que ha reconocido que las variaciones considerables de las cuotas de mercado de distribuidores de un año a otro no reflejan necesariamente modificaciones de su presencia económica en el mercado, que, por el contrario, debe evaluarse desde un punto de vista dinámico.

129 La Comisión señala que el Quinto Código no precisa a partir de qué momento debe apreciarse el cumplimiento del requisito de regularidad de la producción. Por consiguiente, le correspondía determinar el punto de partida de esta apreciación y, por tanto, el período de referencia que debía tomarse en consideración. Añade que resolvió la cuestión partiendo de la finalidad de la disposición de que se trata, esto es, garantizar que las ayudas al cierre tengan un impacto significativo sobre el mercado. Explica que, para alcanzar este objetivo, por una parte, tenía que fijar un período lo más cercano posible a la fecha de notificación del régimen general, de forma que las ayudas sólo se concedieran a las empresas efectivamente activas en ese momento. Por otra parte, hacía falta que el período fuera suficientemente largo para poder comprobar si la presencia en el mercado de la empresa de que se trata podía considerarse bastante significativa. A tal fin la Comisión consideró justo fijar como período de referencia el comprendido entre el año anterior a la fecha de notificación del régimen general y la fecha en la que se realizó la notificación.

130 Este Tribunal constata, al igual que la Comisión, que, si empresas no representativas en el mercado de 1993 y en enero y febrero de 1994 pero que hubieran producido suficientemente en el bienio 1991-1992 hubieran podido obtener las ayudas de que se trata, la reducción de la producción que habría resultado de su cierre habría sido puramente virtual o, al menos, sensiblemente inferior. Por otra parte, también se habría llegado a un resultado contrario a los objetivos perseguidos si hubieran sido excluidas de la ayuda las empresas presentes de manera significativa en el mercado en 1993 pero insuficientemente activas en el bienio 1991-1992.

131 Procede añadir que, según los datos proporcionados por la Comisión y que no han sido impugnados, en el presente asunto, pudieron concederse ayudas al cierre a 33 de las 43 empresas siderúrgicas italianas que las habían solicitado, para una reducción efectiva de la producción de laminados en caliente superior a 5 millones de toneladas, siendo así que esta cantidad correspondía a los objetivos que se había fijado el Gobierno italiano en el marco de la concesión de las ayudas de que se trata. De ello se deduce que la opción realizada por la Comisión por lo que se refiere al período de referencia para apreciar la regularidad de la producción no solo permitió evaluar correctamente la presencia en el mercado de la empresa destinada al cierre, sino también alcanzar concretamente los objetivos de reducción fijados por el Gobierno italiano.

132 Tampoco procede tener en cuenta la alegación de las demandantes basada en la Decisión 89/467, de 12 de julio de 1989, antes citada. En esta última, adoptada sobre la base del artículo 81 del Tratado CE (antiguo artículo 85), la Comisión reconoció que las variaciones considerables de las cuotas de mercado de distribuidores de un año a otro no reflejaban necesariamente modificaciones de su presencia económica en el mercado, que, por el contrario, debe evaluarse desde un punto de vista dinámico. A este respecto basta con señalar, como hace la Comisión, que, en el presente asunto es inapropiado remitirse a la citada Decisión, adoptada en el sector de la distribución cinematográfica. En este caso se trataba de evaluar el poder económico de empresas destinadas a permanecer en el mercado y, especialmente, de determinar los efectos del acuerdo celebrado entre ellas, considerando la posibilidad de una eliminación de la competencia para una parte de los productos de que se trata. Por el contrario, en el presente asunto se trata de apreciar la presencia de una empresa siderúrgica en el mercado con el fin de cerrarla definitivamente, y, por tanto, en función de la reducción de la producción a que puede dar lugar el cierre. Pues bien, el efecto de este cierre sobre la producción siderúrgica global es tanto más significativo cuanto más importante haya sido la producción de la empresa en un período tan próximo al cierre como sea posible.

133 De ello se deduce que no se ha demostrado que la Comisión, al fijar la duración del período en el que debía apreciarse la regularidad de la producción, ignoró manifiestamente las disposiciones del Tratado o toda norma jurídica relativa a su aplicación o incurrió en desviación de poder.

134 Por consiguiente, procede desestimar este motivo.

c) Sobre los motivos que critican la elección de la producción máxima posible como parámetro de referencia para el cálculo de la regularidad de la producción

135 Casilina, Dora y Lamifer critican el hecho de que el criterio elaborado por la Comisión en su Decisión de 12 de diciembre de 1994 se refiera a la producción máxima posible. En efecto, por una parte, el criterio de referencia debería ser la producción real efectiva. Por otra parte, recurrir a la producción máxima posible es inadecuado para evaluar la producción de laminadoras, a diferencia de las acerías.

- Sobre el motivo basado en que la regularidad de la producción debería evaluarse basándose en la producción real efectiva

136 Las demandantes consideran que el empleo del concepto de producción máxima posible es arbitraria. La palabra «regularidad» de la producción empleada en el Quinto Código se refiere a una actividad de producción correspondiente a la históricamente desplegada por la empresa. Una producción puede considerarse regular si no difiere de forma importante de la tendencia observada en los años precedentes o siguientes. Este factor solo puede evaluarse sobre la base de datos reales, en concreto, la producción realizada en los años precedentes, y no en datos teóricos y potenciales, como la capacidad de producción.

137 Este Tribunal, remitiéndose a las fundadas alegaciones formuladas por la Comisión, señala que el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código no limita su facultad discrecional de elección del parámetro de referencia que sirve para comprobar si se ha cumplido el requisito de regularidad de la producción. Tal limitación sólo puede resultar de la necesidad de fijar parámetros que permitan garantizar la consecución del objetivo perseguido por la norma de que se trate, esto es, la reducción efectiva de la producción.

138 Ahora bien, las demandantes, en lugar de precisar cómo el criterio aplicado por la Comisión infringe manifiestamente las disposiciones del Quinto Código o contradice sus objetivos, se limita a proponer un criterio alternativo. Sin embargo, este criterio, consiste en la producción efectivamente realizada por la empresa y su regularidad de un año para otro, no tiene en cuenta la producción que la empresa es capaz de realizar y la proporción entre la capacidad de producción y la producción efectiva. De ello se deduce que, aplicando este criterio, podría concederse una ayuda al cierre a una empresa cuya producción efectiva, ciertamente regular, sólo fuera una pequeña parte de su capacidad de producción. Por tanto y a diferencia del criterio empleado por la Comisión, tal interpretación no garantizaría una reducción rápida y considerable de la producción real, sino una simple reducción de la capacidad de producción. Por otra parte, como señala acertadamente la Comisión, si se tuviera meramente en cuenta la continuidad de la media de producción de una empresa en un período determinado, como sugieren las demandantes, terminaría por concederse ayudas a las empresas que, aun encontrándose en una situación de crisis irreversible, han conseguido sobrevivir durante algunos años en el mercado a un nivel de producción completamente marginal y, por tanto, no significativo para la consecución de los objetivos perseguidos por dichas ayudas. Dado que la finalidad del Código de ayudas consiste en llevar a cabo, gracias a las ayudas al cierre, una reducción significativa de la producción, este criterio parece manifiestamente menos apto para alcanzar este objetivo que el aplicado por la Comisión.

139 De ello se deduce que no ha resultado probado que, al elegir un criterio de producción máxima posible, la Comisión haya ignorado manifiestamente las disposiciones del Tratado o toda norma jurídica relativa a su aplicación o haya incurrido en desviación de poder.

- Sobre el motivo basado en el carácter inapropiado de la producción máxima posible como criterio para evaluar la producción de las laminadoras

140 Las demandantes consideran que la producción máxima posible no es apropiada para evaluar la producción de laminadoras, a diferencia de las acerías. En efecto, este concepto, tal como lo aplica en el presente asunto la Comisión, se basa en el supuesto de una organización de la producción en tres turnos de trabajo, es decir, de una producción de tres veces ocho horas diarias. De hecho, estas son, por razones técnicas, las condiciones de producción de las acerías. Por el contrario, en las laminadoras se trabaja habitualmente a razón de un turno diario, es decir, de una producción de ocho horas diarias.

141 El Tribunal de Primera Instancia señala, en primer lugar, que la Comisión niega la exactitud de la afirmación de las demandantes, conforme a la cual la producción de las laminadoras se organiza, en principio, sobre la base de un solo turno, y afirma que las laminadoras trabajan normalmente en tres turnos de trabajo, especialmente por razones de eficacia del ciclo térmico, en concreto, la necesidad de evitar el consumo enorme de gas necesario para refrigerar el horno. De los autos, en concreto, del dictamen pericial del ingeniero Renzo Dusi, de 16 de enero de 1996, presentado por Lamifer, también se desprende que la limitación de la producción en 1993 al sábado y domingo implicó un aumento enorme del consumo de metano a causa de la poca eficacia del ciclo térmico. Por tanto, existen indicios de que una organización de la producción que no se base en tres turnos diarios no represente un nivel óptimo, incluso para las laminadoras.

142 De ello se deduce que la afirmación de las demandantes, que no se apoya en ningún elemento objetivo resultante de los autos, no ha resultado probada.

143 A continuación, como señala acertadamente la Comisión, el parámetro de la producción máxima posible calculada sobre la base de los tres turnos de trabajo presenta la ventaja de ser objetivo y poder aplicarse de forma general y uniforme a todas las empresas siderúrgicas.

144 Por último, procede señalar que, como ya se ha expuesto en el apartado 131, según los datos proporcionados por la Comisión y que no han sido impugnados, el criterio criticado permitió reducir efectivamente la producción de laminados en caliente en más de 5 millones de toneladas y alcanzar concretamente los objetivos de reducción fijados por el Gobierno italiano. De ello se deduce que el criterio no impidió manifiestamente la concesión a las empresas de laminado, en condiciones aceptables, de ayudas al cierre.

145 Por consiguiente, no se ha demostrado que, al decidir que la producción máxima posible debía calcularse basándose en tres turnos de trabajo incluso para las laminadoras, la Comisión incumplió manifiestamente disposiciones del Tratado o cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación, o incurrió en desviación de poder.

146 Por tanto, procede desestimar este motivo.

B. Sobre los motivos que critican la negativa de la Comisión a tener en cuenta criterios objetivos alternativos

147 Moccia, Prolafer y Sidercamuna critican el hecho de que el requisito de regularidad de la producción exigido en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas se haya interpretado en el sentido de que excluye a las empresas que, aunque no tengan producción efectiva suficiente, puedan producir.

148 Las demandantes afirman, en primer lugar, que el rechazo del criterio de aptitud para producir viola el objetivo del Quinto Código, esto es, la reducción de la capacidad de producción. En segundo lugar, este criterio ya había sido aceptado por la Decisión de 12 de diciembre de 1994. En tercer lugar, las Decisiones impugnadas rechazaron indebidamente la tesis del Gobierno italiano que justificaba el empleo de este criterio por la existencia de una importante crisis del mercado italiano. En cuarto lugar, al rechazar este criterio, las Decisiones impugnadas no tuvieron en cuenta las situaciones específicas de Moccia, Prolafer, Lamifer y Sidercamuna, que éstas podían alegar.

1. Sobre los motivos basados en que el rechazo del criterio de la posibilidad de producir constituye una violación de la finalidad del Quinto Código de ayudas a la siderurgia

149 Sidercamuna alega que privar del beneficio de las ayudas al cierre a las empresas siderúrgicas que, aunque no hubieran producido regularmente, podían hacerlo, infringe el artículo 4 del Quinto Código. En efecto, el objetivo de esta disposición consiste en alcanzar la eliminación de las capacidades de producción excedentarias. Pues bien, excluyendo el grupo de empresas mencionado del beneficio de las ayudas, no se alcanza este objetivo. Concretamente, no se podía excluir que estas empresas pudieran vender posteriormente sus instalaciones de producción a otras empresas aún activas y regresaran posteriormente al mercado, aumentando a largo plazo las capacidades de producción.

150 Añade que el hecho de conceder ayudas a este grupo de empresas produjo un efecto ciertamente imprevisible pero mayor que la concesión de ayudas únicamente a las empresas que cumplieran el criterio definido respectivamente por la Decisión de 12 de diciembre de 1994 y por el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código. De esta forma, la Comisión adoptó una Decisión en oposición flagrante con el efecto útil.

151 Concluye que, en las Decisiones de 12 de diciembre de 1994 y 97/258, la Comisión no sólo cometió un error manifiesto de apreciación y desviación de poder, sino también hizo uso de su facultad de interpretación en un sentido distinto del que corresponde a la aplicación del Tratado y del Quinto Código.

152 Asimismo, Moccia entiende que, al denegar la ayuda al cierre de empresas que, como ella, debieron suspender la producción por la crisis del mercado, incurrió en desviación de poder.

153 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la letra c) del artículo 4 del Tratado prohíbe las ayudas de Estado. Pues bien, puesto que la prohibición es la regla y el Quinto Código sólo constituye una excepción a este principio, debe interpretarse de forma estricta (sentencia UK Steel Association/Comisión, citada anteriormente, en el apartado 95 de esta sentencia, apartado 114). De ello se deduce que el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código, que exige que la empresa que solicite una ayuda al cierre haya fabricado regularmente productos siderúrgicos CECA, debe apreciarse de forma aún más rigurosa.

154 Este requisito prueba que el objetivo perseguido por el Quinto Código no consiste en incentivar el cierre de cualquier empresa y, por tanto, obtener cualquier reducción de la capacidad de producción. Al contrario, su objetivo consiste en autorizar únicamente la concesión de ayudas a empresas presentes de manera significativa en el mercado y cuyo cierre da lugar a la consiguiente reducción de la producción siderúrgica efectiva.

155 Por tanto, al establecer el requisito de regularidad de la producción en el apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia, el legislador comunitario quiso reforzar el efecto útil de las ayudas al cierre garantizando, como afirma acertadamente la Comisión, que produjeran efectos suficientemente significativos, no solo en términos de desmantelamiento de instalaciones, sino también de reducción del nivel actual de producción.

156 Pues bien, este objetivo se alcanzó puesto que, como se ha recordado en los apartados 131 y 144, la interpretación que hizo la Comisión de este requisito permitió conceder ayudas al cierre a 33 de las 43 empresas siderúrgicas italianas que las habían solicitado, para alcanzar una reducción efectiva de la producción de laminados en caliente que excedía de los 5 millones de toneladas.

157 Por el contrario, la opción propuesta por las demandantes como parámetro de referencia, esto es, la mera posibilidad de producir, habría ignorado manifiestamente el citado requisito, al hacer caso omiso de la producción efectiva y, por tanto, regular. Por otra parte, como señala acertadamente la Comisión, habría dado lugar inevitablemente a suprimir o, al menos, a debilitar considerablemente el efecto útil del objetivo perseguido. En efecto, sobre esta base se podría haber concedido ayudas a empresas que dispusieran de instalaciones inactivas. Ahora bien, el objetivo perseguido sólo podía alcanzarse en la medida en que las ayudas de que se trata pudieron concederse a las empresas suficientemente activas en el mercado.

158 De ello se deduce que, al descartar el criterio de posibilidad de producir, la Comisión no infringió manifiestamente las disposiciones del Tratado o una norma jurídica relativa a su aplicación, ni incurrió en desviación de poder.

2. Sobre el motivo basado en que la Comisión no podía rechazar en la Decisión 97/258 el criterio de posibilidad de producir, ya que lo había aceptado ya, aprobando, mediante la Decisión de 12 de diciembre de 1994, la normativa italiana

159 Sidercamuna señala que, al denegar la concesión de ayudas al cierre de empresas simplemente aptas para producir, contradijo su Decisión de 12 de diciembre de 1994 de aprobar la Ley nº 481/94 y el Reglamento de ejecución, sobre cuya base se habían solicitado las ayudas controvertidas, y, por tanto, violó los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. En al apartado 5 del artículo 1, el Reglamento de ejecución dispone que la existencia de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de suspensión de pagos no impide la concesión de ayudas, ya que estas ayudas están destinadas a fomentar la destrucción física de las instalaciones que sirven para fabricar productos siderúrgicos CECA. Al aprobar esta disposición, continúa Sidercamuna, la Comisión aprobó también el criterio de aptitud para producir.

160 El Tribunal de Primera Instancia señala que el artículo 1 del Reglamento de ejecución, titulado «Requisitos de admisibilidad de la solicitud», dispone, en la letra e) del apartado 1, que la autorización de ayudas al cierre está supeditada, sin excepción, al requisito de «haber realizado regularmente una producción certificada».

161 Habida cuenta del alcance general de esta disposición, la función del apartado 5 de este artículo consiste manifiestamente, como ha señalado acertadamente la Comisión, en declarar que la existencia de un procedimiento de quiebra no impide la concesión de ayudas al cierre y, por tanto, no constituye una causa de exclusión a priori del beneficio de esta medida. Por el contrario, no significa que una empresa sometida a un procedimiento de quiebra pueda obtener ayudas al cierre sin deber observar el requisito, definido en la letra e) del artículo 1 del Reglamento de ejecución, de haber realizado regularmente una producción certificada.

162 De ello se deduce que, al aceptar, mediante su Decisión de 12 de diciembre de 1994, el Reglamento de ejecución de la legislación italiana, la Comisión no consagró el criterio de posibilidad de producir y, por tanto, no violó los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

163 Por consiguiente, procede desestimar este motivo.

3. Sobre el motivo basado en el carácter injustificado del rechazo por parte de la Comisión de la tesis del Gobierno italiano relativa a la existencia de una crisis importante del mercado italiano

164 Si