Las instituciones de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación en la organización de sus servicios en función de las misiones que les son confiadas y en el destino, a efectos de dichas misiones, del personal que se encuentra a su disposición, siempre que dicho destino, sin embargo, se decida en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo. Teniendo en cuenta el alcance de la facultad de apreciación de las instituciones respecto a la valoración del interés del servicio, el control del Tribunal de la Función Pública sobre el cumplimiento del requisito relativo al interés del servicio debe limitarse a la cuestión de si la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal se ha mantenido dentro de los límites razonables, sin haber utilizado su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea. A este respecto, las dificultades en las relaciones personales internas, cuando causan tensiones perjudiciales para el buen funcionamiento del servicio, pueden justificar, en interés del servicio, el traslado de un funcionario, para poner fin a una situación administrativa que se ha vuelto insostenible. Además, un cambio de destino decidido en interés del servicio no requiere el consentimiento del funcionario afectado.

Asimismo, lo propio de las funciones diplomáticas es evitar cualquier tensión y mitigar las que, no obstante, pudieran surgir. Además, requieren imperativamente la confianza de los interlocutores. Así pues, tan pronto como esta confianza se debilita, por la razón que sea, el funcionario implicado ya no puede realizar tales funciones y para que los reproches que se le hagan no se extiendan a todo el servicio de que se trate, es prudente que la institución adopte, a la mayor brevedad posible, una medida de alejamiento en lo que respecta a dicho funcionario. Esas medidas también son aplicables cuando se han constatado incumplimientos en la gestión del servicio por parte del jefe de un servicio que realiza misiones diplomáticas, como jefe de la delegación. En efecto, no puede negarse que tales incumplimientos, de ser ciertos, son perjudiciales para el correcto funcionamiento de la delegación.

Por otra parte, cuando el contrato laboral de un agente precisa las funciones que se le atribuyen y su lugar de destino, esta precisión no tiene incidencia sobre la sujeción del contrato de dicho agente a las disposiciones del Régimen aplicable a los otros agentes. Así pues, en la medida en que los agentes de los servicios diplomáticos nacionales contratados como agentes temporales en virtud del artículo 2, letra e), del referido Régimen están sujetos a ese régimen, la posibilidad de que se les cambie de destino está contenida implícitamente en el contrato laboral que han suscrito con la institución y, una vez que los dos requisitos mencionados con anterioridad (cambio de destino en interés del servicio y respeto de la equivalencia de los puestos de trabajo) se cumplen, ese cambio de destino no puede constituir una violación del referido contrato.

(véanse los apartados 59, 61 a 64, 96 y 97)

Tribunal de Justicia: sentencias Hecq/Comisión, C-116/88 y C-149/88, EU:C:1990:98, apartado 22, y Ojha/Comisión, C-294/95 P, EU:C:1996:434, apartados 41 y 42

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Dejaiffe/OAMI, T-223/99, EU:T:2000:292, apartado 53

Tribunal de la Función Pública: sentencias de Albuquerque/Comisión, F-55/06, EU:F:2007:15, apartado 55, y la jurisprudencia citada, y Plasa/Comisión, F-52/08, EU:F:2009:54, apartado 77