ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 211/18

Recurso de casación interpuesto el 19 de mayo de 2011 por World Wide Tobacco España, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 8 de marzo de 2011 en el asunto T-37/05, World Wide Tobacco España/Comisión

(Asunto C-240/11 P)

2011/C 211/35

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: World Wide Tobacco España, S.A. (representantes: M Odriozola y A Vide, Abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— Que se anule parcialmente la sentencia del Tribunal General en el asunto T-37/05.

— Que se reduzca el importe de la multa impuesta a la recurrente.

— Que se condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

Motivos y principales alegaciones

En primer lugar, la parte recurrente considera que la Comisión infringió el principio de igualdad de trato al imponer un factor disuasorio más estricto a WWTE (World Wide Tobacco España, S.A.) que a otras empresas transformadoras. La Comisión impuso un factor disuasorio a WWTE por el hecho de pertenecer a un grupo multinacional con una fuerza económica y financiera considerable. El hecho de que WWTE haya actuado, quod non, bajo la influencia determinante de sus matrices se consideró únicamente como un factor adicional.

En segundo lugar, de modo subsidiario, el Tribunal de Justicia debe recalcular el factor multiplicador en la medida en que considere que alguna de las matrices no es responsable de la conducta de WWTE. El Tribunal General no debió inadmitir las alegaciones de WWTE por no incorporar en su demanda las alegaciones de sus matrices porque corresponde a las matrices desvirtuar su imputación de responsabilidad, no a la filial. En todo caso, las sentencias dictadas y por dictar en los recursos de matrices, incluyendo la sentencia en el asunto T-24/05, tienen efectos de cosa juzgada entre obligados solidarios.

En tercer lugar, el Tribunal General no debió declarar inadmisible por falta de claridad la alegación de la recurrente en la que se pretendía que la Comisión había impuesto una multa que infringía el límite del 10 % de la facturación por no ser las matrices responsables. Las razones son idénticas a las esbozadas en el párrafo anterior: únicamente las matrices tienen la capacidad de defenderse de su imputación y la sentencia obtenida tiene efectos de cosa juzgada entre obligados solidarios.

Finalmente, la Comisión infringe las Directrices sobre el cálculo de multas al no tener en cuenta que durante 1996 y 1997 WWTE no cumplió los acuerdos. Asimismo, la parte recurrente considera que, al no haber incluido una referencia expresa a esta circunstancia atenuante en la Decisión impugnada, la Comisión no puede pretender haberla tenido en cuenta.
1)

a) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros denegar al nacional de un país tercero cuyo cónyuge y cuyos hijos menores son ciudadanos de la Unión la residencia en el Estado miembro de residencia del cónyuge y de los hijos, cuya nacionalidad éstos poseen, aun cuando dichos ciudadanos de la Unión no dependen para su sustento del nacional del país tercero? (Nota: recurrente Dereci) b) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros denegar al nacional de un país tercero cuyo cónyuge es ciudadano de la Unión la residencia en el Estado miembro de residencia del cónyuge, cuya nacionalidad éste posee, aun cuando dicho ciudadano de la Unión no depende para su sustento del nacional del país tercero? (Nota: recurrentes Heiml y Maduike) c) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros denegar al nacional mayor de edad de un país tercero cuya madre es ciudadana de la Unión la residencia en el Estado miembro de residencia de la madre, cuya nacionalidad ésta posee, aun cuando, si bien la ciudadana de la Unión no depende para su sustento del nacional del país tercero, éste sí depende para su sustento de la ciudadana de la Unión? (Nota: recurrente Kokollari) d) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros denegar a la nacional mayor de edad de un país tercero cuyo padre es ciudadano de la Unión la residencia en el Estado miembro de residencia del padre, cuya nacionalidad éste posee, aun cuando, si bien la ciudadana de la Unión no depende para su sustento de la nacional del país tercero, ésta recibe su sustento del ciudadano de la Unión? (Nota: recurrente Stevic)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 204/14

Petición de decisión prejudicial planteada por la The High Court of Ireland (Irlanda) el 13 de abril de 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice and Law Reform, Irlanda, Attorney General

(Asunto C-175/11)

2011/C 204/26

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

The High Court of Ireland

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: HID, BA

Demandadas: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice and Law Reform, Irlanda, Attorney General

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se oponen las disposiciones de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005 (1) o los principios generales del Derecho de la Unión Europea a que un Estado miembro adopte medidas administrativas por las que se establece que las solicitudes de asilo de un tipo particular, definido sobre la base de la nacionalidad o país de origen del solicitante de asilo, sean examinadas mediante un procedimiento acelerado o prioritario?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 39 de la citada Directiva, en relación con el vigesimoséptimo considerando de esa misma Directiva y el artículo 267 TFUE, en el sentido de que el recurso efectivo que prescriben las citadas normas haya de estar previsto en el Derecho nacional cuando la función de apelación o revisión respecto a la decisión en primera instancia de la solicitud se asigne por ley a un recurso de apelación al tribunal establecido en virtud de una ley parlamentaria, con competencia para dictar resoluciones vinculantes a favor del solicitante de asilo sobre las cuestiones de Derecho y de hecho pertinentes a la solicitud pese a la existencia de disposiciones administrativas u organizativas que posean todas o algunas de las siguientes características: — que un Ministro del Gobierno conserve una facultad de apreciación residual para invalidar una decisión negativa respecto a una solicitud; — la existencia de vínculos administrativos u organizativos entre las entidades responsables de resolver en primera instancia y de resolver los recursos de apelación; — el hecho de que los miembros del tribunal a quienes corresponde la facultad de resolver sean designados por el Ministro y el desempeño de su cargo sea temporal, por un periodo de tres años y sean remunerados por cada asunto; — que el Ministro conserve facultades de dar instrucciones de la naturaleza de las que se especifican en el artículo 12, el artículo 16, apartado segundo B, letra b), y el artículo 16, apartado 11 del citado texto legal?

(1) DO L 326, p. 13.
1)

Declare que: — El Estado portugués ha incumplido el artículo 6, en relación con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/60/CE, (1) al no haber publicado los planes hidrográficos de cuenca nacionales e internacionales. — El Estado portugués ha incumplido el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/60/CE, al no haber publicado y puesto a disposición del público, incluidos los usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los proyectos de planes hidrológicos de cuenca. — El Estado portugués ha incumplido el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE, al no haber enviado a la Comisión un ejemplar de los planes hidrográficos de cuenca.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/10

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 8 de abril de 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (compañía registrada en Alemania), Sportradar (compañía registrada en Suiza)

(Asunto C-173/11)

2011/C 194/13

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Demandadas: Sportradar GmbH (compañía registrada en Alemania), Sportradar (compañía registrada en Suiza)

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando una parte introduce en su servidor de la red situado en el Estado miembro A información de una base de datos protegida por un derecho sui generis con arreglo a la Directiva 96/9/CE (1) (en lo sucesivo, «Directiva sobre las bases de datos») y, a solicitud de un usuario situado en el Estado miembro B, el servidor de la red envía dicha información al ordenador del usuario, de manera que la información quede guardada en la memoria del ordenador y se pueda visualizar en su pantalla, a) ¿constituye el acto de envío de la información un acto de «extracción» o «reutilización» por esa parte? b) ¿se produce un acto de extracción y/o reutilización por esa parte? i) ¿sólo en el Estado miembro A? ii) ¿sólo en el Estado miembro B? iii) ¿tanto en el Estado miembro A como en el Estado miembro B?

(1) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, p. 20).
1)

¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 (1) del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en el sentido de que para que se dé un uso efectivo de una marca comunitaria basta con el uso de la misma dentro de las fronteras de un solo Estado miembro, siempre que dicho uso, como si se tratase de una marca nacional, pueda tener la consideración de uso efectivo en dicho Estado miembro (véanse la Declaración Conjunta no 10 del Consejo y la Comisión Europea de 20 de diciembre de 1993, relativa al artículo 15 del Reglamento no 40/94 (2) y las Opposition Guidelines de la OAMI)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 173/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 1 de abril de 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros — Università del Salento

(Asunto C-159/11)

2011/C 173/12

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Recurridas: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consulenza Tecnico Economica (OICE), Etacons Srl, Ing. Vito Prato Engineering Srl, Barletti — del Grosso & Associati Srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Coadyuvante: Università del Salento

Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, (1) y en particular, el artículo 1, apartado 2, letras a) y d), el artículo 2, el artículo 28 y el anexo II, categorías 8 y 12, ¿se oponen a una normativa nacional que permite la celebración de acuerdos por escrito entre dos Administraciones adjudicadoras para el estudio y la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de establecimientos hospitalarios que se realizarán a la luz de la legislación nacional en materia de seguridad de las instalaciones y en particular de los edificios estratégicos, a cambio de una contraprestación no superior a los costes soportados para la ejecución de la prestación, cuando la Administración ejecutante pueda presentar la condición de operador económico?

(1) DO L 134, p. 114.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 145/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 8 de febrero de 2011 — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Asunto C-56/11)

2011/C 145/08

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.

Demandada: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se origina para el transformador el deber de información regulado en el artículo 14, apartado 3, sexto guión, del Reglamento no 2100/94 (1) y en el artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1768/95 (2) sólo cuando recibe la solicitud de información del titular de una protección de obtención vegetal antes de concluir la campaña de comercialización a que se refiere la solicitud (o, en caso de que sean varias, antes de concluir la última)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se considera presentada «dentro del plazo» una solicitud de información cuando el titular afirma en ella que existen motivos para creer que el transformador ha sometido o pretende someter a tratamiento, con fines de plantación, el producto de la cosecha obtenido por un agricultor nominalmente designado en la solicitud que ha cultivado material de propagación de la variedad protegida, o además deben justificarse en la solicitud de información los motivos alegados (por ejemplo, remitiendo una copia de la declaración de plantación del agricultor)?

3) ¿Los motivos que originan para el transformador el deber de información pueden derivarse del hecho de que el transformador ejecute por encargo del titular un contrato de propagación para producir semillas para consumo de la variedad protegida, celebrado por el titular con el agricultor que haya de realizar la propagación, cuando, en su caso, el agricultor, al cumplir el contrato de propagación, tenga de hecho la posibilidad de utilizar con fines de plantación parte de las semillas destinadas a propagación?

(1) Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2100/94 (DO L 173, p. 14).
1)

El Tribunal General y la Sala de Recurso llegaron a la conclusión equivocada de que la existencia de goodwill daba lugar a un derecho de alcance no meramente local. No es así excepto si el goodwill tiene un alcance no meramente local.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 103/12

Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-625/10)

2011/C 103/21

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, habida cuenta de las insuficientes medidas adoptadas para desarrollar el primer paquete ferroviario, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud: — del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, en su versión modificada, (1) y del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE; (2) — del artículo 6, apartados 2 a 5, de la Directiva 2001/14/CE, y — del artículo 11 de la Directiva 2001/14/CE.

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

Para fundamentar su recurso, la Comisión invoca dos motivos.

En primer lugar, la Comisión reprocha a la parte demandada no haber cumplido todas las obligaciones previstas en el primer paquete ferroviario, que no sólo impone la separación entre las entidades que realizan la explotación de los servicios ferroviarios (en Francia, la SNCF) y aquellas otras encargadas de gestionar la infraestructura (en Francia, RFF), sino que también obliga a que las denominadas funciones «esenciales» de adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, percepción de los cánones correspondientes a la utilización de dicha infraestructura y expedición de licencias sean ejercidas por organismos independientes. Ahora bien, la SNCF está encargada de determinadas funciones esenciales en materia de atribución de franjas ferroviarias, funciones que ejerce a través de la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF). La Comisión concluye que este servicio especializado no es independiente de la SNCF en el plano jurídico, ni tampoco en los ámbitos organizativo y decisorio.

En segundo lugar, la Comisión alega que la normativa nacional no cumple de manera correcta y completa las exigencias de la Directiva 2001/14/CE relativas al establecimiento de un sistema de mejora del rendimiento en materia de cánones de acceso a la infraestructura ferroviaria. La legislación francesa también plantea problemas en la medida en que no se incentiva suficientemente a los administradores a que reduzcan los costes de la puesta a disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso.

(1) Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25).

(2) Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).
—

Que se anule la Decisión de la Comisión (DG ENTR) de no seleccionar la oferta de la recurrente en el Lote 1, presentada en la licitación abierta ENTR/05/078 — YOUR EUROPE Lote 1 (Trabajo editorial y de traducción) para la «Administración y mantenimiento del portal Tu Europa» (DO 2006/S 143-153057) y de adjudicar el contrato a otro licitador.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 72/11

Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-596/10)

2011/C 72/18

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Dintilhac y M. Afonso, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 a 99 y del anexo III de la Directiva IVA, (1) al aplicar un tipo reducido de IVA a las operaciones relativas a los équidos, especialmente caballos, cuando éstos no se destinan normalmente a la preparación de alimentos o a la producción agrícola.

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión invoca dos motivos en apoyo de su recurso basados en la no conformidad de la normativa nacional con la Directiva IVA, al aplicar aquélla, por un lado, un tipo reducido del 5,5 % a las operaciones que no están incluidas en las excepciones contempladas en el anexo III de dicha Directiva y, por otro, un tipo reducido del 2,10 % a determinadas operaciones.

En su primer motivo, la demandante señala que, además del hecho de aplicar un tipo reducido de IVA del 5,5 % a las operaciones relativas a los équidos vivos sin establecer distinciones en función de su utilización, la normativa francesa contiene otras disposiciones no conformes con la Directiva IVA y, concretamente, con los puntos 1 y 11 de su anexo III.

Mediante su segundo motivo, la Comisión denuncia la práctica administrativa de la demandada consistente en aplicar un tipo impositivo del 2,10 % a las ventas, efectuadas a personas que no tributan en concepto de IVA, de animales vivos no destinados a la carnicería o charcutería, en particular, caballos de carreras, de competición, de recreo y de adiestramiento.

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
1)

¿Debe interpretarse el artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (1) en el sentido de que dicha disposición se opone a la normativa de un Estado miembro conforme a la cual los períodos de crianza de los hijos cubiertos en otro Estado miembro de la Unión Europea sólo se computan como períodos cubiertos en el territorio nacional cuando el progenitor que se haya encargado de la crianza haya residido habitualmente en el extranjero con su hijo y haya cubierto períodos de cotización obligatoria durante la crianza o inmediatamente antes del nacimiento del hijo en virtud de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia que haya ejercido en el extranjero, o, en caso de residencia común en el extranjero de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, el cónyuge o la pareja del progenitor que se haya encargado de la crianza haya cubierto dichos períodos de cotización obligatoria o no los haya cubierto por pertenecer a los grupos de personas mencionados en el artículo 5, apartados 1 y 4, del SGB VI, o por estar exento de la obligación de afiliación al régimen de seguro obligatorio en virtud del artículo 6 del SGB VI (artículos 56, apartado 3, frases segunda y tercera, 57 y 249 del SGB VI)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 13/16

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland (Reino Unido) el 29 de septiembre de 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, FP McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Asunto C-474/10)

()

2011/C 13/27

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal in Northern Ireland

Partes en los procedimientos principales

Demandantes: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, FP McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Demandadas: Department of the Environment for Northern Ireland, en ambos procedimientos

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe entenderse la Directiva [2001/42] (1) en el sentido de que, cuando la autoridad nacional que elabora un plan contemplado en el artículo 3 de la Directiva es a la vez la autoridad con competencia general en materia medioambiental en ese Estado miembro, éste puede negarse a designar, a efectos de los artículos 5 y 6 de la Directiva, la autoridad de consulta contemplada en el apartado 3 del artículo 6 de la misma?

2) ¿Debe entenderse la Directiva en el sentido de que, cuando la autoridad que elabora un plan contemplado en el artículo 3 de la misma es a la vez la autoridad con competencia general en materia medioambiental, el Estado miembro está obligado a velar por que se designe a un organismo de consulta independiente de aquella autoridad?

3) ¿Debe entenderse la Directiva en el sentido de que se cumple el requisito del apartado 2 del artículo 6 de la Directiva relativo a dar a las autoridades contempladas en el apartado 3 y al público mencionado en el apartado 4 del mismo artículo 6, con la debida antelación, la posibilidad real de expresar sus opiniones en «plazos adecuados», cuando las disposiciones de adaptación de la normativa nacional prevén que la autoridad responsable de elaborar el plan fijará el plazo para la expresión de opiniones en cada caso, o, por el contrario, debe la normativa nacional de adaptación a la Directiva fijar un plazo, o diferentes plazos según las circunstancias, para la expresión de opiniones?

(1) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30).