ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 7 de la Directiva 2004/8, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42, que trata de los planes nacionales de apoyo a la cogeneración, debe interpretarse en el sentido de que su ámbito de aplicación no se limita únicamente a las instalaciones de cogeneración que se caracterizan por ser instalaciones de alta eficiencia en el sentido de esta Directiva.

El principio de igualdad de trato y de no discriminación consagrado, en particular, en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, está dirigido a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, tal y como se desprende, en particular, del artículo 51, apartado 1, de la Carta.

De ello resulta que cuando un Estado miembro adopta medidas de apoyo en favor de la cogeneración y de las fuentes de energía renovables que se inscriben en un marco como el establecido, por un lado, por la Directiva 2004/8, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42, en particular, su artículo 7, y, por otro lado, por la Directiva 2001/77, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, en particular, su artículo 4, dicho Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, y debe, en consecuencia, respetar el principio de igualdad de trato y de no discriminación, consagrado particularmente en los artículos 20 y 21 de la Carta.

(véanse los apartados 48 y 49)
El principio de imagen fiel establecido en el artículo 2, apartados 3 a 5, de la Directiva 78/660, Cuarta Directiva relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, no permite establecer una excepción al principio de valoración de los activos en función de su precio de adquisición o de su coste de producción, según se establece en el artículo 32 de dicha Directiva, en favor de una valoración en función de su valor real, cuando el precio de adquisición o el coste de producción de dichos activos sea manifiestamente inferior a su valor real.

En virtud del artículo 32, de dicha Directiva, la imagen fiel que deben ofrecer las cuentas anuales de una sociedad no se basa en una valoración de los activos efectuada en función de su valor real, sino en función de su coste histórico.

Aunque, en virtud del artículo 2, apartado 5, de dicha Directiva, es por lo tanto posible, en casos excepcionales, inaplicar este artículo 32 cuando la aplicación de este método ofrezca una imagen falseada del patrimonio, de la situación financiera o de los resultados de la sociedad, la infravaloración de activos en las cuentas de las sociedades no puede, por sí misma, constituir tal caso excepcional. En efecto, la posibilidad de que ciertos activos estén infravalorados en las cuentas de las sociedades, en el supuesto de que su valor de adquisición sea inferior a su valor real, no es sino el corolario necesario de la opción efectuada por el legislador de la Unión, en el artículo 32 de dicha Directiva, en favor de un método de valoración en función del coste histórico de los activos, y no de su valor real.

Además, la infravaloración de determinados activos en las cuentas de una sociedad es conforme con el principio de prudencia enunciado en el artículo 31, apartado 1, letra c), de dicha Directiva. En particular, la valoración de tales activos por su valor real haría aparecer una plusvalía en las cuentas de la sociedad, lo que sería contrario al artículo 31, apartado 1, letra c), inciso aa), de dicha Directiva, según el cual sólo podrán anotarse los beneficios obtenidos en la fecha de cierre del balance.

(véanse los apartados 35, 37 a 40 y 42 y el fallo)
7

A tenor del artículo 53 de la referida Directiva, titulado «Excepción para instrumentos de pago de escasa cuantía y dinero electrónico»: «1. En caso de instrumentos de pago que, con arreglo al contrato marco, solo afectan a operaciones de pago individuales no superiores a 30 [euros] o que, o bien tienen un límite de gasto de 150 [euros], o bien permiten almacenar fondos que no exceden en ningún momento la cantidad de 150 [euros], los proveedores de servicios de pago podrán convenir con sus usuarios de servicios de pago que: a) no se apliquen el artículo 56, apartado 1, letra b), el artículo 57, apartado 1, letras c) y d), y el artículo 61, apartados 4 y 5, si el instrumento de pago no permite bloquear o impedir futuras utilizaciones; b) no se apliquen los artículos 59 y 60 ni el artículo 61, apartados 1 y 2, si el instrumento de pago se utiliza de forma anónima o el proveedor de servicios de pago es incapaz, por otros motivos intrínsecos del propio instrumento de pago, de demostrar que la operación de pago ha sido autorizada; c) no obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 1, el proveedor de servicios de pago no tenga la obligación de notificar al usuario del servicio de pago su rechazo de la orden de pago, si la no ejecución resulta evidente en el contexto de que se trate; d) no obstante lo dispuesto en el artículo 66, el ordenante no puede revocar la orden de pago una vez que se haya transmitido al beneficiario la orden de pago o su consentimiento; e) no obstante lo dispuesto en los artículos 69 y 70, se apliquen otros períodos de ejecución. 2. Para las operaciones de pago a nivel nacional, los Estados miembros o sus autoridades competentes podrán reducir o duplicar las cantidades contempladas en el apartado 1. Podrán incrementarlas hasta 500 [euros] para instrumentos de prepago. 3. Los artículos 60 y 61 se aplicarán asimismo al dinero electrónico en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2000/46/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades (DO L 275, p. 39)], a menos que el proveedor de servicios de pago del ordenante no tenga la capacidad para bloquear la cuenta o el instrumento de pago. Los Estados miembros podrán limitar esta excepción a cuentas o instrumentos de pago de una determinada cuantía.»
50

Por último, asegura que el bloqueo del expediente legislativo en cuestión se debe asimismo, al menos parcialmente, al hecho de que los Estados miembros, precisamente debido a la divulgación no autorizada, tuvieron grandes dificultades para apartarse de sus posiciones iniciales de negociación. En particular, las delegaciones de los Estados que querían proponer modificaciones que la opinión pública podía percibir que restringirían el derecho de acceso del público fueron reticentes a hacerlo. El Consejo alega que el Tribunal General se equivocó al no reconocer que la divulgación no autorizada causó esos efectos negativos sobre el proceso de toma de decisiones del Consejo. Sostiene que, por una parte, el Tribunal General incurrió en error al considerar infundada esa alegación, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, dado que una de las propuestas en cuestión, posterior a la divulgación no autorizada, restringía el derecho de acceso del público, mientras que esa propuesta, contrariamente a lo que el Tribunal General sostuvo, no había sido presentada por la delegación de un Estado miembro, sino por la propia Comisión. Aduce que, por otra parte, el Tribunal General, en los apartados 82 y 83 de la sentencia recurrida, rechazó equivocadamente los elementos presentados por el Consejo para explicar la mínima exhaustividad de los informes del expediente de que se trata y que se refieren a la identificación nominativa de las delegaciones en los grupos de trabajo. Mientras que el Tribunal General explicó ese hecho por la interposición del recurso de que conoció, según el Consejo, dado el carácter sensible de las cuestiones controvertidas, ese cambio se debe precisamente a la divulgación no autorizada. El Consejo ilustra esa disminución del nivel de detalle mencionando un informe con fecha de julio de 2009 del grupo de trabajo de que se trata, en el que ya no se mencionaba la identidad de las delegaciones y se recurría a expresiones del tipo «cierto número de delegaciones» y «otras delegaciones».
1

Mediante su recurso de casación, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (en lo sucesivo, «PPG») y SNF SAS (en lo sucesivo, «SNF») solicitan la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2011, PPG y SNF/ECHA (T‑1/10, Rec. p. II 6573; en lo sucesivo, «auto recurrido»), por el que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad de su recurso de anulación de la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que identifica la acrilamida (CE no 201-173-7) como una sustancia que reúne los criterios mencionados en el artículo 57 del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1, y –corrección de errores– DO 2007, L 136, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento REACH»), y que introduce la acrilamida en la lista de sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV de dicho Reglamento, con arreglo a su artículo 59 (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).
a)

[...] En un proceso civil el tribunal está vinculado, como regla general, por la exposición de los hechos que figura en la demanda, por el objeto de ésta y por tanto por el derecho que la parte pretende ejercer. Conforme al artículo 121, apartado 1, letra c), de la Ley de enjuiciamiento civil la demanda debe mencionar el derecho invocado pero no un fundamento jurídico específico. El hecho de estar vinculado por la demanda no implica que el tribunal esté vinculado por un fundamento jurídico erróneo invocado por la parte. Si los hechos expuestos por la parte confieren a la demanda o a la reconvención un fundamento distinto, el tribunal puede atribuir la nueva calificación procedente al fundamento jurídico.
El Reglamento (CE) no 1470/2001 del Consejo, de 16 de julio de 2001, por el que se establecen derechos antidumping definitivos y por el que se recaudan definitivamente los derechos provisionales impuestos a las importaciones de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas (CFL-i) originarias de la República Popular China, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1322/2006 del Consejo, de 1 de septiembre de 2006, y el Reglamento (CE) no 1205/2007 del Consejo, de 15 de octubre de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas (CFL-i) originarias de la República Popular China tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 y por el que se amplían las importaciones de los mismos productos procedentes de la República Socialista de Vietnam, de la República Islámica de Pakistán y de la República de Filipinas, comprenden todos los productos cuyas características esenciales sean las mismas que se mencionan en esos Reglamentos y que estén comprendidos asimismo en la subpartida ex 8539 31 90 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si ocurre así con los productos controvertidos en el litigio principal, a pesar de que cuenten con un interruptor solar, o si los productos controvertidos en el litigio principal son productos diferentes por presentar características adicionales que no aparecen precisadas en los citados Reglamentos.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), y, en particular, de los artículos 8 y 9 de ésta, así como del artículo 34 TFUE, al utilizar un criterio puramente cuantitativo para apreciar el carácter comercial de la tenencia por particulares de tabaco manufacturado procedente de otro Estado miembro, aplicando dicho criterio por vehículo individual (y no por persona) y globalmente respecto de todas las labores de tabaco, e impidiendo pura y simplemente la importación por particulares de labores de tabaco procedentes de otro Estado miembro cuando la cantidad supere 2 kilogramos por vehículo individual.
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Según la Comisión, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al reducir la responsabilidad de una entidad de la «empresa Tomkins», al considerar que el tiempo que había durado su participación en la infracción había sido reducido con respecto a otra entidad de dicha empresa, a saber, su filial Pegler. Considera que la reducción de la responsabilidad de Pegler en cuanto a la infracción se basó en el estatuto de «sociedad dormida» reconocido a Pegler y no en que el grupo en cuestión no hubiera participado en la infracción. Afirma que el hecho de que la sociedad mencionada en último lugar pudiera no ser el destinatario idóneo en el seno del grupo por un período determinado sólo afecta a dicha filial y no exime al conjunto de la empresa de su responsabilidad con respecto a la infracción de las normas sobre competencia. Así, el Tribunal General no podía anular legalmente la multa impuesta a Tomkins por el período comprendido entre el 20 de enero de 1989 y el 29 de octubre de 1993 por considerar que «la responsabilidad de Tomkins se hallaba estrictamente vinculada con la de Pegler» y ello basándose en tal vínculo, siendo así que, a su juicio, éste no existía.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartados 1 y 2, letra j), y 27 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) no 788/2008 el Consejo, de 24 de julio de 2008 (DO L 213, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento»).
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Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien el artículo 295 CE no cuestiona la facultad de los Estados miembros para adoptar un régimen de adquisición de la propiedad inmobiliaria, dicho régimen no puede eludir las normas fundamentales del Derecho de la Unión, en particular, las de no discriminación, libertad de establecimiento y libre circulación de capitales (sentencia de 23 de septiembre de 2003, Ospelt y Schlössle Weissenberg, C-452/01, Rec. p. I-9743, apartado 24 y jurisprudencia citada).
24

Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 25 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1) –cuya interpretación por el Tribunal de Justicia es aplicable también, en principio, a la disposición equivalente del Reglamento no 44/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Rec. p. I-9773, apartado 38), a saber, el artículo 32 del Reglamento– no se limita a las resoluciones que pongan fin en su totalidad o en parte a un litigio, sino que abarca también las resoluciones anteriores a la sentencia definitiva y las resoluciones por las que se ordenen medidas provisionales o cautelares (sentencia de 14 de octubre de 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, Rec. p. I-9657, apartado 46).
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 22, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277, p. 1), y del artículo 13, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 (DO L 368, p. 15).
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Por otro lado, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia resulta que debido a la degradación sufrida por el edificio de que se trata en el litigio principal como consecuencia de las obras de demolición iniciadas en el mes de septiembre de 2003, una de las tiendas situada en dicho edificio no paga el alquiler desde el mes de noviembre de 2003. En particular, el acceso al citado inmueble está restringido y ya no hay iluminación.
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El anexo VI del Protocolo de admisión, rubricado, «Lista contemplada en el artículo 20 del Protocolo [de admisión]: Medidas transitorias para Bulgaria», dispone en su sección 1, puntos 1, 2 y 14: «1. El artículo III-133 y el párrafo primero del artículo III-144 de la Constitución sólo serán plenamente aplicables, respecto de la libre circulación de trabajadores y de la libre prestación de servicios que supongan un desplazamiento temporal de trabajadores según se define en el artículo 1 de la Directiva 96/71/CE, entre Bulgaria, por un lado, y los Estados miembros actuales, por otro, con sujeción a las disposiciones transitorias establecidas en los puntos 2 a 14. 2. No obstante lo dispuesto en los artículos 1 a 6 del Reglamento (CEE) no 1612/68 [del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77)] y hasta el final de un período de dos años a partir de la fecha de adhesión, los Estados miembros actuales aplicarán medidas nacionales, o medidas que resulten de acuerdos bilaterales, para regular el acceso de los nacionales búlgaros a sus mercados de trabajo. Los Estados miembros actuales podrán seguir aplicando tales medidas hasta el final de un período de cinco años a partir de la fecha de adhesión. […] 14. La aplicación de los puntos 2 a 5 y 7 a 12 no podrá generar, para los nacionales búlgaros, condiciones de acceso a los mercados de trabajo de los Estados miembros actuales más restrictivas que las existentes en la fecha de la firma del Tratado de adhesión. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los puntos 1 a 13, los Estados miembros actuales darán preferencia a los trabajadores nacionales de los Estados miembros frente a los trabajadores nacionales de terceros países, por lo que respecta al acceso a su mercado de trabajo, mientras estén aplicando medidas nacionales o medidas que resulten de los acuerdos bilaterales. Los trabajadores migrantes búlgaros y sus familias que residan y trabajen legalmente en otro Estado miembro o los trabajadores migrantes de otros Estados miembros y sus familias que residan y trabajen legalmente en Bulgaria no recibirán un trato más restrictivo que el que sea de aplicación a los procedentes de terceros países que residan y trabajen legalmente en ese Estado miembro o en Bulgaria, respectivamente. Por otra parte, en aplicación del principio de preferencia comunitaria, los trabajadores migrantes de terceros países que residan y trabajen en Bulgaria no recibirán un trato más favorable que el que sea de aplicación a los nacionales búlgaros.»
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De los autos remitidos al Tribunal de Justicia no se desprende que el organismo de inversión colectiva que debe ser creado por una caja de previsión laboral, con arreglo a la normativa controvertida en el litigio principal, constituya un OICVM, en el sentido de la Directiva 85/611. Además, no resulta que dicho organismo cumpla los requisitos contemplados en la definición de un OICVM que da el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, en particular el segundo párrafo de dicha disposición. En consecuencia, el Tribunal de Justicia parte de la premisa que dicho organismo no constituye un OICVM.
1.

Agricultura — Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria — Medidas de protección contra las encefalopatías espongiformes transmisibles — Importación de productos lácteos procedentes de explotaciones de riesgo — Medidas nacionales de prohibición — Decisión de la Comisión por la que se ordena la suspensión de las citadas medidas — No ejecución — Incumplimiento [Reglamentos (CE) no 999/2001 y no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CE) no 727/2007 de la Comisión; Decisión 2009/726/CE de la Comisión] (véanse los apartados 28 a 31 y 36)
La validez del artículo 4 bis, apartado 4, de la Directiva 1999/32, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CE, según su modificación por la Directiva 2005/33, no puede examinarse a la luz del principio de Derecho internacional general pacta sunt servanda ni del principio de cooperación leal enunciado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, debido a que esa disposición de la citada Directiva podría dar lugar a una infracción del anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio Marpol 73/78). En efecto, la Unión no es parte contratante del Convenio Marpol 73/78, incluido el Protocolo firmado el 26 de septiembre de 1997 que añadió a ese Convenio el anexo VI, y no está vinculada por él. La validez del artículo 4 bis, apartado 4, de la Directiva 1999/32 tampoco puede examinarse a la luz del principio de Derecho internacional general pacta sunt servanda, porque ese principio obligatorio se aplica únicamente a los sujetos de Derecho internacional que son parte contratante de un acuerdo internacional concreto y por ello están vinculados por éste. No se advierte tampoco que el anexo VI constituya la expresión de normas consuetudinarias reconocidas por el Derecho internacional general, que como tales, vinculan a las instituciones de la Unión y forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión.

No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la incidencia del citado anexo VI en el alcance del artículo 4 bis, apartado 4, de la Directiva 1999/32. Interpretar disposiciones de Derecho derivado en relación con una obligación impuesta por un acuerdo internacional que no vincule a todos los Estados miembros equivaldría a extender el alcance de esa obligación a los Estados miembros que no sean parte contratante en dicho acuerdo. Sin embargo, esos últimos Estados miembros deben ser considerados terceros Estados respecto a dicho acuerdo. Pues bien, esa extensión sería contraria al principio de Derecho internacional general del efecto relativo de los tratados, según el cual los tratados no deben perjudicar ni beneficiar a terceros Estados («pacta tertiis nec nocent nec prosunt»).

(véanse los apartados 37 a 39, 41, 47, 50 y 54 y los puntos 2 y 3 del fallo)