Palabras clave

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Palabras clave

1. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exención de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria así como de las prestaciones relacionadas directamente con los mismos

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra b)]

2. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exención de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria así como de las prestaciones relacionadas directamente con los mismos

[Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra b)]

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1. El concepto de prestaciones «relacionadas directamente» con «la hospitalización y la asistencia sanitaria» a los efectos del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que no comprende actividades consistentes en la extracción, el transporte, el análisis de sangre del cordón umbilical así como el almacenamiento de las células progenitoras contenidas en esa sangre, cuando la asistencia sanitaria dispensada en un medio hospitalario, con el que esas actividades sólo están relacionadas de forma potencial, no es efectiva, ni está en curso ni aún se ha planificado.

En efecto, consta que, sean cuales sean las cifras exactas derivadas del estado actual de los conocimientos científicos, en el caso de la mayoría de los destinatarios de las actividades consideradas no hay ni probablemente habrá nunca una prestación principal comprendida en el concepto de «hospitalización y asistencia sanitaria», en el sentido del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva. Sólo si se cumpliera la doble hipótesis de que, en primer lugar, el estado de la ciencia médica permita o exija la utilización de las células progenitoras del cordón para el tratamiento o la prevención de una enfermedad determinada, y de que, en segundo lugar, surja o pueda surgir esa enfermedad en un caso específico, existiría una relación suficientemente directa entre la hospitalización y la asistencia sanitaria que constituirían la prestación principal, por una parte, y las actividades antes citadas, por otra parte. En esas circunstancias, incluso si se reconociera que las actividades de las que se trata en el asunto principal sólo podrían tener la finalidad de utilizar las células progenitoras del cordón así conservadas en el marco de la asistencia sanitaria dispensada en un medio hospitalario, y que no podrían desviarse hacia otros fines, no cabría considerar que las actividades objeto del litigio principal se realizan efectivamente como prestaciones accesorias de la hospitalización de los destinatarios o de la asistencia sanitaria dispensada a éstos, y que constituyen la prestación principal.

(véanse los apartados 47, 49 y 52 y el punto 2 del fallo)

2. Cuando las prestaciones de los bancos de células progenitoras se realizan por personal sanitario autorizado, siendo así que esos bancos de células progenitoras, aun cuando autorizados para manipular tejidos y células humanas por las autoridades sanitarias competentes de un Estado miembro, en el marco de la Directiva 2004/23, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, no disfrutan de ninguna ayuda del sistema público de seguridad social ni éste reembolsa la remuneración que se les abona, el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, no se opone a que las autoridades nacionales consideren que un banco de células progenitoras no es «otro establecimiento de la misma naturaleza [que los establecimientos hospitalarios, centros de cuidados médicos y de diagnóstico] legalmente reconocido» en el sentido del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388. Sin embargo, esa disposición tampoco puede interpretarse en el sentido de que exige que las autoridades competentes rehúsen equiparar a un banco privado de células progenitoras con un establecimiento «legalmente reconocido» a los efectos de la exención de la que se trata. En la medida necesaria, corresponde al tribunal remitente comprobar que la denegación de reconocimiento a efectos de la exención enunciada en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388 se ajusta al Derecho de la Unión y en particular al principio de neutralidad fiscal.

En efecto, en principio corresponde al Derecho nacional de cada Estado miembro establecer las normas conforme a las cuales puede concederse el reconocimiento previsto en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388 a los establecimientos que lo soliciten. Cuando un sujeto pasivo solicita que se le reconozca la condición de establecimiento legalmente reconocido a efectos del referido artículo, corresponde a las autoridades competentes observar los límites de la facultad de apreciación que les otorga esa disposición aplicando los principios del Derecho de la Unión, en particular el principio de igualdad de trato, que, en materia de impuesto sobre el valor añadido, se traduce en el principio de neutralidad fiscal. En ese aspecto, para determinar los organismos a los que debe «reconocerse» con arreglo a la citada disposición, las autoridades nacionales deben tomar en consideración varios elementos, de acuerdo con el Derecho de la Unión y bajo el control de los órganos jurisdiccionales nacionales, entre los que figuran el carácter de interés general de las actividades del sujeto pasivo de que se trate, el hecho de que otros sujetos pasivos que desarrollen las mismas actividades disfruten ya de un reconocimiento similar, así como la posibilidad de que seguros de enfermedad u otros organismos de seguridad social se hagan cargo, en gran parte, del coste de las prestaciones en cuestión.

Al respecto, el mero hecho de que las prestaciones del sujeto pasivo se lleven a cabo por profesionales sanitarios cualificados no impide por sí mismo que las autoridades nacionales denieguen la concesión a ese sujeto pasivo del reconocimiento que le permitiría disfrutar de la exención prevista en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva. Por otro lado, las autoridades nacionales están facultadas para tomar en consideración el hecho de que las actividades del sujeto pasivo no se beneficien de ninguna ayuda del sistema público de seguridad social ni sean objeto de reembolso alguno por dicho sistema a fin de determinar si una entidad debe ser reconocida. Sin embargo, ello no significa que la exención considerada debe excluirse sistemáticamente cuando las instituciones de seguridad social no reembolsan el coste de las prestaciones de servicios. Se trata antes bien de un elemento que debe ponderarse, y que puede compensarse, por ejemplo, por la necesidad de asegurar la igualdad de trato. En efecto, si la situación de un sujeto pasivo es comparable a la de otros operadores que prestan los mismos servicios en situaciones comparables, el solo hecho de que las instituciones de seguridad social no se hagan cargo de la totalidad del coste de estas prestaciones no justifica una diferencia de trato entre prestadores por lo que respecta a la sujeción al impuesto sobre el valor añadido. Por último, el hecho de que un sujeto pasivo haya sido autorizado por las autoridades sanitarias competentes para manipular células progenitoras del cordón en virtud de la legislación nacional para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2004/23 puede constituir un elemento que aboga a favor de que ese prestador sea considerado en su caso como «legalmente reconocido», en el sentido del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva. No obstante, el mero hecho de haber autorizado tales prestaciones en aplicación de las normas de la Unión sobre calidad y seguridad prescritas en el sector considerado no puede conducir por sí mismo y de manera automática a un reconocimiento conforme al artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva, pues de ser así se privaría a las autoridades nacionales de la facultad de apreciación que esa última disposición les atribuye. En efecto, la obtención de esa autorización es una condición necesaria para ejercer la actividad de banco privado de células progenitoras. No obstante, la concesión de esa autorización no es por sí misma sinónimo de reconocimiento a los efectos del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva.

(véanse los apartados 63 a 65, 68, 69, 71, 74, 75 y 81 y el punto 2 del fallo)