ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Los artículos 47 y 48 de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional que autoriza a un operador económico a valerse de las capacidades de una o varias entidades terceras para satisfacer los requisitos mínimos de participación en un procedimiento de licitación que dicho operador sólo cumple parcialmente, utilizando incluso sus declaraciones bancarias.

A este respecto, la Directiva 2004/18 permite acumular capacidades de varios operadores económicos para cumplir las exigencias mínimas de capacidad establecidas por el poder adjudicador siempre que se acredite ante éste que el candidato o el licitador que invoca capacidades de una o más entidades tendrá efectivamente a su disposición los medios de estas últimas que resulten necesarios para la ejecución del contrato. Si bien no puede excluirse que existan obras cuyas particularidades necesiten una determinada capacidad que no puede obtenerse uniendo las capacidades inferiores de varios operadores, el poder adjudicador está facultado, sin embargo, para exigir que el nivel mínimo de la capacidad de que se trate sea alcanzado por un único operador económico o recurriendo a un número limitado de operadores económicos, cuando dicha exigencia esté relacionada y sea proporcionada al objeto del contrato de que se trate. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se ha establecido expresamente en la licitación y en el pliego de condiciones del contrato en cuestión que, habida cuenta de la especificidad de las prestaciones objeto de dicho contrato, un único operador económico debe alcanzar un nivel mínimo de capacidad.

(véanse los apartados 26, 28 a 30 y 34 y el punto 1 del fallo)
El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación de un Estado miembro que supedita la concesión de una ayuda económica para estudios superiores a los estudiantes no residentes al cumplimiento del requisito de que al menos uno de sus progenitores haya trabajado en ese Estado miembro durante un período mínimo e ininterrumpido de cinco años en el momento de solicitar la ayuda económica, pero que no contempla tal requisito en relación con los estudiantes que residen en el territorio de dicho Estado miembro, con el fin de estimular el aumento de la proporción de residentes con un título de enseñanza superior.

En efecto, tal distinción basada en la residencia puede redundar en perjuicio principalmente de los nacionales de otros Estados miembros, en la medida en que los no residentes son, en la mayor parte de los casos, no nacionales, y por tanto, constituye una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad que sólo podría admitirse si estuviera objetivamente justificada. A este respecto, el objetivo social consistente en aumentar significativamente la proporción de residentes con un título de enseñanza superior es un objetivo de interés general reconocido a escala de la Unión. Asimismo, el requisito de que el progenitor trabajador fronterizo haya cumplido un período mínimo de trabajo ininterrumpido es adecuado y necesario para alcanzar ese objetivo. En efecto, parece legítimo que el Estado que ofrece la ayuda intente asegurarse de que el trabajador transfronterizo presente efectivamente un nexo de integración con la sociedad exigiendo un vínculo suficiente para luchar contra el riesgo de un «turismo de becas de estudio». Pues bien, dicho requisito permite demostrar una conexión de tal naturaleza de esos trabajadores, así como la existencia de una probabilidad razonable de que el estudiante regrese al Estado miembro de que se trate tras finalizar sus estudios. No obstante, ese requisito va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo, en la medida en que no permite a las autoridades competentes conceder la ayuda cuando los padres hayan trabajado en el Estado miembro de que se trate durante un período de tiempo significativo anterior al momento en que se formuló esa solicitud y, dentro de ese período de tiempo se hayan producido algunas breves interrupciones que no tienen entidad suficiente para romper el vínculo entre el solicitante de la ayuda económica y el Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 43 a 47, 57, 58, 69 y 70 y el fallo)
3

El artículo 15, apartado 7, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO 1985, L 370, p. 8; EE 07/04, p. 28), en su versión modificada por el Reglamento n.o 561/2006 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 3821/85»), establece: «Cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con aparato de control de conformidad con el anexo I, el conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite un inspector: i) las hojas de registro de la semana en curso y las utilizadas por el conductor en los 15 días anteriores, ii) la tarjeta de conductor si posee una, y iii) cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso y los 15 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento [...] n.o 561/2006. No obstante, después del 1 de enero de 2008, los períodos a que se refieren los anteriores incisos i) y iii) abarcarán el día en curso y los 28 días anteriores; [...]»
6

El Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»), establece en el apartado 2 de la regla 15, rubricada «Escrito de oposición»: «El escrito de oposición deberá incluir: [...] b) una clara identificación de la marca o el derecho anterior en el que se basa la oposición, a saber: i) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento [n.o 40/94, cuyo tenor es idéntico al del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento n.o 207/2009] o en el caso de que se base en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento [n.o 40/94, cuyo tenor es idéntico al del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009], una indicación del número de expediente o el número de registro de la marca anterior, una indicación de que ésta se ha registrado o una solicitud de registro, así como la indicación de los Estados miembros, entre los que se incluya, en su caso, el Benelux, en los que esté protegida la marca anterior o a los que se haya extendido dicha protección o, cuando proceda, una indicación de que se trata de una marca [de la Unión]; [...] e) una representación de la marca anterior tal y como se ha registrado o solicitado; si la marca anterior es en color, la representación será en color; [...]».
4

La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 50/2008, por el que se establece el impuesto sobre la contaminación de los automóviles), de 21 de abril de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 327, de 25 de abril de 2008; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 50/2008»), que entró en vigor el 1 de julio de 2008, estableció un impuesto de contaminación para los vehículos de las categorías M1 a M3 y N1 a N3 (en lo sucesivo, «impuesto de contaminación»). La obligación de satisfacer dicho impuesto nacía, en particular, con la primera matriculación de un automóvil en Rumanía.
31

El mero hecho que una obligación de declaración, como la controvertida en el litigio principal, no esté prevista en el Derecho austriaco no puede impedir que la República Federal de Alemania imponga tal obligación. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la libertad de establecimiento no puede entenderse en el sentido de que un Estado miembro tenga que dictar sus normas fiscales, en particular una obligación de declaración como la controvertida en el litigio principal, en función de las de otro Estado miembro, para garantizar, en cualquier situación, la eliminación de toda disparidad derivada de las normativas fiscales nacionales (véanse, en este sentido, las sentencias Columbus Container Services, C‑298/05, EU:C:2007:754, apartado 51, y National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, apartado 62).
64

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial planteada en cada uno de los litigios principales que el artículo 33 de la Directiva 2011/95 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se imponga una obligación de residencia como la controvertida en los litigios principales a un beneficiario del estatuto de protección subsidiaria que perciba determinadas prestaciones sociales específicas con el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro que le haya concedido dicha protección, aunque la normativa nacional aplicable no prevea la imposición de tal medida a los nacionales de terceros países que residan legalmente en dicho Estado miembro por razones que no sean de Derecho internacional, humanitarias o políticas que perciban tales prestaciones, siempre que los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria no se hallen en una situación objetivamente comparable, en relación con el fin perseguido por dicha normativa, a la de los nacionales de terceros países que residen legalmente en territorio del Estado miembro de que se trate por razones que no son de Derecho internacional, humanitarias o políticas, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del anexo del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9, y corrección de errores, DO 2007, L 12, p. 3 y DO 2013, L 160, p. 15), según su modificación por el Reglamento (CE) no 107/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 (DO L 39, p. 8) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1924/2006»), por una parte, y por otra parte la validez del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109, p. 29), del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (DO L 164, p. 45), y del anexo III de ésta, entendidos a la luz del anexo del Reglamento no 1924/2006.
2)

El artículo 50, apartado 1, del Reglamento no 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 669/2008, según el cual las sanciones aplicadas por los Estados miembros en caso de violación de las disposiciones de dicho Reglamento deben ser proporcionadas, ha de interpretarse en el sentido de que la imposición de una multa que sanciona el traslado de residuos como los incluidos en el anexo IV de dicho Reglamento en el país de tránsito por un puesto fronterizo distinto del especificado en el documento de notificación y autorizado por las autoridades competentes, cuyo importe de base equivale al de la multa impuesta en caso de infracción de la obligación de obtener una autorización y de presentar una notificación previa por escrito, sólo puede considerarse proporcionada si las circunstancias que caracterizan la infracción cometida permiten constatar que se trata de infracciones de gravedad equivalente. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, tomando en consideración todas las circunstancias fácticas y jurídicas que caractericen el asunto del que conoce, especialmente los riesgos que puede causar la infracción en el ámbito de la protección del medio ambiente de la salud humana, si el importe de la sanción no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que consisten en garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud humana.
23

El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de manifestar en su jurisprudencia relativa al artículo 16, punto 1, letra a), del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), que es también válida para la interpretación del artículo 22, punto 1, del Reglamento no 44/2001, que, a fin de garantizar, en la medida de lo posible, la igualdad y la uniformidad de los derechos y las obligaciones que para los Estados contratantes y las personas interesadas derivan de este Convenio, se ha de determinar de manera autónoma en el Derecho de la Unión el significado de la expresión «en materia de derechos reales inmobiliarios» (sentencia Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, apartado 40 y la jurisprudencia citada).
6

Basándose en el artículo 172 TFUE, el Reglamento (UE) no 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión no 661/2010/UE (DO L 348, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) no 473/2014 de la Comisión, de 17 de enero de 2014 (DO L 136, p. 10; en lo sucesivo, «Reglamento no 1315/2013»), establece orientaciones para el desarrollo de una red transeuropea de transporte con una estructura de doble capa, consistente en una red global y en una red básica que se superpone a la red global. Este Reglamento identifica proyectos de interés común y especifica los requisitos que se han de cumplir para la gestión de las infraestructuras de la red transeuropea de transporte.
17

La ejecución y el control de la observancia del Reglamento INDNR se garantizan a través del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 (DO L 343, p. 1).
54

En efecto, es preciso señalar que el anexo II B, punto 2, párrafo primero, de la Directiva 1999/13 establece que el sistema estándar «podrá» utilizarse cuando se apliquen recubrimientos, barnices, adhesivos o tintas y que, en los casos en que dicho método no resulte adecuado, la autoridad competente «podrá» permitir al operador aplicar cualquier sistema alternativo de exención del que piense que cumple los principios recogidos en el anexo II B, punto 1, de la Directiva. Procede hacer constar que el tenor de dicha disposición no permite excluir en modo alguno, en el supuesto de que el sistema estándar no resulte adecuado, la aplicación de otro método a las instalaciones en las que pueda considerarse que el contenido en sólidos del producto es constante. Así pues, del mismo modo que el sistema estándar puede no aplicarse a tales instalaciones, también puede concederse a esas instalaciones una prórroga del plazo cuando aún se hallen en fase de desarrollo sustitutos que contengan una baja concentración de disolventes o estén exentos de éstos.
46

A la luz de la detallada exposición que en ese sentido contiene la resolución de remisión, resumida en los apartados 29 a 33 de la presente sentencia, se advierte que los interrogantes del tribunal remitente no conciernen a la cuestión de si un origen gitano puede calificarse como «origen étnico» en el sentido de la Directiva 2000/43 y, más en general, del Derecho de la Unión, lo que ese tribunal se inclina fundadamente por considerar cierto. En efecto, el concepto de origen étnico, que proviene de la idea de que los grupos sociales se identifican en especial por una comunidad de nacionalidad, de fe religiosa, de lengua, de origen cultural y tradicional y de entorno de vida, se aplica a la comunidad gitana [véanse en ese sentido, a propósito del artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las sentencias Natchova y otros c. Bulgaria, de 6 de julio de 2005, asuntos nos 43577/98 y 43579/98, Recueil des arrêts et décisions 2005‑VII, y Sejdić y Finbci c. Bosnia-Herzegovina, de 22 de diciembre de 2009, asuntos nos 27996/06 y 34836/06, Recueil des arrêts et décisions 2009, §§ 43 a 45 y 50].
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 1, 17, 29 y 33 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999 y aprobado en nombre de la Unión Europea mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, (DO L 194, p. 38; en lo sucesivo, «Convenio de Montreal»), del artículo 2, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO L 285, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO L 140, p. 2) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2027/97»), del artículo 3, letras c) y g), del Reglamento (CE) no 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos (DO L 138, p. 1), del artículo 67 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), del artículo 18 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO L 199, p. 40), así como del artículo 7, apartado 1, letra f), de la Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, Segunda Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE (DO L 172, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 (DO L 228, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 88/357»).
2)

Condenar en costas a LG Display Co. Ltd y a LG Display Taiwan Co. Ltd.
25

No obstante, al disfrutar las cuestiones que versan sobre el Derecho de la Unión de una presunción de pertinencia, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias Cipolla y otros, C‑94/04 y C‑202/04, EU:C:2006:758, apartado 25, y Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, apartado 32).
7

El Reglamento (CE) no 1322/2004 del Consejo, de 16 de julio de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2320/97 por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios, entre otros países, de Rusia y Rumanía (DO L 246, p. 10), incluye, en particular, los considerandos siguientes: «[...] (9) Mediante la Decisión 2003/382/CE de la Comisión [de 8 de diciembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (asunto IV/E‑1/35.860‑B — Tubos de acero sin soldadura] (en lo sucesivo, “Decisión de competencia”), se imponían multas a varios productores comunitarios por su implicación en dos casos de infracción del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. (10) Tras la adopción de la Decisión de competencia, se consideró, en un principio, que en caso de existir una vinculación entre dicha Decisión y el Reglamento (CE) no 2320/97, ésta no parecía lo suficientemente importante como para exigir un reexamen de las conclusiones de dicho Reglamento. No obstante, a raíz de la publicación de la citada Decisión, una de las partes interesadas señaló la posibilidad de que el comportamiento anticompetitivo repercutiera en las medidas antidumping vigentes, y facilitó información adicional sobre cuestiones relacionadas con las conclusiones en materia de perjuicio y causalidad del Reglamento (CE) no 2320/97. El presente Reglamento se propone examinar si la Decisión de competencia debe tener alguna repercusión sobre las medidas antidumping actualmente vigentes. [...] (19) Habida cuenta de que la coincidencia de la gama de productos, de las empresas implicadas y del período en que tuvieron lugar los dos procedimientos ha sido sólo limitada, se ha concluido que el impacto del comportamiento anticompetitivo ha afectado de forma parcial a la investigación antidumping en virtud de la cual se establecieron los derechos definitivos en 1997. Por otro lado, si se excluyen los datos relativos a las empresas que infringieron el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, los resultados parecen seguir siendo comparables a los calculados teniendo en cuenta los datos de los diez productores comunitarios que cooperaron, incluidos aquellos que participaron en la conducta anticompetitiva mencionada, es decir, que seguiría existiendo dumping. Así pues, resulta bastante improbable que el comportamiento anticompetitivo de los productores comunitarios haya tenido un impacto significativo en las conclusiones originales de la investigación antidumping. No obstante, no puede afirmarse con certeza que las condiciones generales del mercado hubiesen sido las mismas de no haberse producido esta conducta anticompetitiva. (20) A la luz de todo lo expuesto anteriormente, se considera oportuno dejar de aplicar las medidas impuestas mediante el Reglamento (CE) no 2320/97. Esta decisión se halla en consonancia con el principio de gestión saneada y con las buenas prácticas administrativas [...]».
1

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 60 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras (DO L 105, p. 1; EE 02/09, p 276), en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33) (en lo sucesivo, «Reglamento no 918/83»), así como la interpretación de la regla general 5, letra b), de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), tal y como fue modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).