Así entendidas, a la luz de su finalidad, las citadas disposiciones no se aplican, en principio, a los dictámenes emitidos por los superiores jerárquicos consultados en el marco de un procedimiento de promoción o de traslado. En efecto, los citados dictámenes no deben ponerse en conocimiento de los candidatos, en la medida en que contienen únicamente una evaluación comparativa de sus aptitudes y méritos, basada en elementos de hecho mencionados en su expediente personal o comunicados a los interesados, que, por esta razón han tenido ya la posibilidad de formular sus observaciones. Estos dictámenes, que presentan un alcance limitado en el procedimiento de nombramiento de que se trate, no se rigen por las disposiciones del artículo 6 del Estatuto. Sin embargo, no es éste el caso cuando los referidos dictámenes contienen asimismo, además de las apreciaciones derivadas del examen comparativo de las candidaturas, datos relativos a la competencia, al rendimiento o al comportamiento de un candidato que no se habían incluido previamente en su expediente personal.

El examen de las candidaturas para ei traslado o la promoción en virtud del artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto, el cual ordena expresamente llevar a cabo un examen comparativo de los méritos de los funcionarios con posibilidades de promoción.

La obligación de efectuar dicho examen comparativo es expresión a un tiempo del principio de igualdad de trato de los funcionarios y del principio de sus posibilidades de carrera.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación para efectuar el examen comparativo de los méritos de los candidatos a una promoción, previsto en el artículo 45 del Estatuto. Sin embargo, el ejercicio de dicha amplia facultad de apreciación supone un examen escrupuloso de los expedientes y una minuciosa observancia de los requisitos exigidos en la convocatoria para proveer vacante correspondiente al puesto de trabajo de que se trata, de forma que debe excluirse a cualquier candidato que no cumpla las citadas exigencias. En efecto, la convocatoria para proveer plaza vacante constituye un marco normativo que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se impone a sí misma y que debe respetar escrupulosamente.

Al objeto de controlar si, al no elegir a un candidato, la referida autoridad no ha sobrepasado los límites de dicho marco normativo, debe examinarse, en primer lugar, cuáles eran los requisitos exigidos por la convocatoria para proveer plaza vacante y comprobar, a continuación, si el candidato excluido no cumplía tales requisitos. Sin embargo, un examen de esta índole debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las razones que hayan podido llevar a la Administración a su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de una forma manifiestamente errónea, debiendo aclararse que la apreciación de los candidatos no sólo depende de la competencia y del valor profesional de los interesados, sino también de su carácter, de su comportamiento y del conjunto de su personalidad. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre las aptitudes de los candidatos por la suya propia.

(véanse los apartados 56 a 58 y 64)

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión (282/81, Rec. p. 1245), apartado 9; Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1984, Picciolo/Parlamento (111/83, Rec. p. 2323), apartado 16; Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1987, Bonino/Comisión (233/85, Rec. p. 739), apartado 5: Tribunal de Justicia, 22 de junio de 1989, Brus/Comisión (104/88, Rec. p. 1873), apartado 12; Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1991, Frederiksen/Parlamento (T-169/89, Rec. p. II-1403), apartado 69; Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992, Schönherr/CES (T-25/89, Rec. p. II-63), apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121), apartado24, confirmada por el Tribunal de Justiciaen recursode casación el 9 de diciembre de 1993, Parlamento/Volger (C-115/92P, Rec. p. I-6549); Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Weissenfels/Parlamento (T-22/92, Rec. p. II-1095), apartado 66; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP pp. I-A-15 y II-61), apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 6 de junio de 1996, Baiwir/Comisión (T-262/94, RecFP pp. I-A-257 y II-739). apartado 66; Tribunal de Primera Instancia. 19 de marzo de 1997, Giannini/Comisión (T-21/96, RecFP pp. I-A-69 y II-211). apartados 19 y 20; Tribunal de Primera Instancia, 27 de abril de 1999, Thinus/Comisión (T-283/97, RecFP pp. I-A-69 y II-353). apartado 42