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Palabras clave

Índice



Palabras clave

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Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de un reglamento que establece un derecho antidumping definitivo - Requisitos para su concesión - Especificidad del perjuicio - Falta de perjuicio apreciable para la industria comunitaria

(Tratado CEE, art. 185; Reglamento de Procedimiento, art. 83, apartado 2)

Índice

Si bien no se puede excluir que, en determinados casos, se puede revelar que la suspensión del establecimiento de un derecho antidumping definitivo es necesaria para evitar un daño grave e irreparable a la parte que solicita dicha suspensión, esta última debe aportar, como mínimo, los elementos probatorios que demuestren, por una parte, que el establecimiento de dicho derecho le ha causado un perjuicio que le afecta de modo particular y, por otra, que, sopesados los intereses en conflicto, la balanza se inclina a su favor en el sentido de que la concesión de la medida provisional solicitada no causaría un perjuicio apreciable a los intereses de la industria comunitaria.
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - ARCHIVO. - ASUNTO 11/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 05337



Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

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En el asunto 11/86,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Alberto Prozzillo, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georges Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

parte demandante,

contra

República Italiana, representada por su Agente Sr. Luigi Ferrari Bravo, Jefe del Servizio de lo contenzioso diplomatico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, Avvocato dello Stato, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que al negarse a aplicar ciertas disposiciones de la Decisión 85/403/CEE de la Comisión, de 19 de junio de 1985, que modifica la Decisión 85/341/CEE, relativa a ciertas medidas de protección contra la peste porcina africana en Bélgica y, en particular, al haber ordenado a las autoridades veterinarias encargadas del control no admitir los productos fabricados con las carnes a que se refiere el inciso ii) de la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la mencionada Decisión, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; G. Bosco, O. Due, J.C. Moitinho de Almeida y G.C. Rodríguez Iglesias, Presidentes de Sala; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T.F. O' Higgins y F. Schockweiler, Jueces,

Abogado General: Sr. C.O. Lenz

Secretario: Sr. P. Heim

oído el Abogado General,

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de noviembre de 1987, la parte demandante informó al Tribunal, conforme al artículo 78 del Reglamento de Procedimiento, que desiste de su recurso y solicitó que se repartan las costas.

Mediante télex presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de noviembre de 1987, la parte demandada tomó nota del desistimiento y no planteó ninguna objeción respecto al reparto de las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1) Archivar el asunto 11/86, dejando constancia al efecto en el Registro del Tribunal.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 16 de diciembre de 1987.
16

A este respecto es necesario reconocer, como lo ha subrayado la parte demandante, que del último considerando de la primera página de la citada Decisión 86/475 se deduce que, respecto a una parte de los gastos no reconocidos, por un importe de 4804749681 DR, relativa a las ayudas otorgadas por la República Helénica a la exportación de sus productos agrícolas, la Comisión no ha tomado una decisión definitiva en el curso de la liquidación de cuentas correspondiente al ejercicio 1982. El texto del considerando es el siguiente: «Considerando que los gastos no atribuidos incluyen un importe de 4804749681 DR por las restituciones y por los montantes compensatorios de adhesión, que no ha podido ser objeto de una decisión definitiva durante la presente liquidación de cuentas debido al pago de ayudas nacionales por parte de Grecia en caso de exportación. Esos gastos, o parte de ellos, podrán todavía ser financiados por el FEOGA durante la liquidación de las cuentas del ejercicio 1983, a condición de que Grecia aporte las pruebas necesarias, a más tardar seis semanas después de la notificación de la presente Decisión.» En consecuencia, parece difícil concebir que la Decisión 86/475 relativa al ejercicio 1982 pueda ejecutarse respecto a un importe sobre el cual no se tomará una decisión definitiva hasta el momento de la liquidación de cuentas correspondientes al ejercicio 1983.
1)

La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada, sino del Derecho del Estado miembro de ejecución exclusivamente. En cambio, esa autoridad judicial puede aplicar una disposición nacional que establezca que se denegará la ejecución de una orden de detención europea cuando dicha ejecución daría lugar a una vulneración de un derecho fundamental consagrado por el Derecho de la Unión, siempre que el alcance de esta disposición no exceda el del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia.
26

Por último, el órgano jurisdiccional remitente señala que es posible ejecutar en Alemania la pena privativa de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Bosanska Krupa. Dado que S.M. ya se encuentra en territorio alemán, el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, que ha sido ratificado tanto por la República Federal de Alemania como por Bosnia y Herzegovina, no es pertinente. En consecuencia, la ejecución de la pena se rige por el Derecho alemán, que no requiere que el procesado tenga la nacionalidad alemana ni que dé su consentimiento. No obstante, esta ejecución solo es posible si el Estado de condena presta su consentimiento. En el caso de autos, no es así, ya que las autoridades bosnias han solicitado la extradición de S.M. y no que las autoridades alemanas se encarguen de la ejecución de dicha pena.
37

Desde esta perspectiva, la acumulación, por parte del deudor, de varios retrasos en el pago de entregas de bienes o de prestaciones de servicios sucesivas, en ejecución de un mismo contrato, no puede tener por efecto reducir la cantidad fija mínima adeudada en concepto de compensación por los costes de cobro por cada retraso en el pago a una cantidad fija única. Esta reducción supondría, en primer término, privar de efecto útil al artículo 6 de la Directiva 2011/7, cuyo objetivo es, como se ha señalado en el apartado anterior, no solo desalentar la morosidad, sino también compensar al acreedor mediante estas cantidades «por los costes de cobro en que haya incurrido», costes que tienden a aumentar en proporción al número de pagos y cantidades que el deudor no satisface a su vencimiento. Tal reducción equivaldría, además, a establecer una excepción a favor del deudor respecto al derecho a la cantidad fija prevista en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva sin ninguna «razón objetiva» para ello, en el sentido del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la misma Directiva. Esta reducción supondría, por último, dispensar al deudor de una parte de la carga financiera derivada de su obligación de pagar, por cada pago no satisfecho al vencimiento, la cantidad fija de 40 euros prevista en dicho artículo 6, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 37).
12

A entregó a C un total de 77000 euros, 64705,88 euros de ellos por el valor del bien y 12294,12 euros en concepto del IVA correspondiente. C se quedó todo el importe. En su contabilidad y en sus declaraciones fiscales, C consignó un precio de venta de 52100,84 euros, más 9899,16 euros de IVA, según lo que figuraba en la factura que él mismo le había expedido a W. Por consiguiente, C solo pagó el impuesto por esa última cuantía, esto es, 9899,16 euros. Por su parte, W no consignó la operación en su contabilidad ni en sus declaraciones fiscales, por lo que tampoco pagó ningún impuesto por ese concepto.
38

A este respecto, se desprende de la jurisprudencia relativa al sistema creado por el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), en su versión modificada y posteriormente reproducida, sucesivamente, por el Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y por el Reglamento n.o 1215/2012, que una demanda de reconvención no se confunde con un simple medio de defensa. Aunque presentada en un proceso iniciado a través de otra vía legal, es una demanda distinta y autónoma, cuyo tratamiento procesal es independiente de la demanda principal y que puede, así, sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, apartado 32 y jurisprudencia citada).
21

Conforme a reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2021, IS (Ilegalidad de la resolución de remisión), C‑564/19, EU:C:2021:949, apartados 60 y 61 y jurisprudencia citada].
27

Tras recordar el contenido del artículo 2.1 de la Ley Regional n.o 5/2011, del punto 2.4 de las Directrices que acompañan a la Recomendación de 13 de julio de 2010, del artículo 26 bis de la Directiva 2001/18 y de los artículos 16 y 17 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas (DO 2002, L 193, p. 1), dicho órgano jurisdiccional señala que el litigio principal no versa sobre el hecho de que el maíz MON 810 pueda comercializarse libremente en la Unión, sino sobre el hecho de que, en virtud de la Ley Regional n.o 5/2011, no puede cultivarse en todo el territorio de la región FVJ. A este respecto, recuerda, por una parte, que en el auto de 8 de mayo de 2013, Fidenato (C‑542/12, no publicado, EU:C:2013:298), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 26 bis de la Directiva 2001/18 debe interpretarse en el sentido de que no permite a un Estado miembro oponerse al cultivo en su territorio de OMG, como las variedades del maíz MON 810, ya que la obtención de una autorización nacional constituye una medida de coexistencia destinada a evitar la presencia accidental de OMG en otros cultivos y, por otra parte, que, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/321 de la Comisión, de 3 de marzo de 2016, por la que se adapta el ámbito geográfico de la autorización de cultivo del maíz (Zea mays L.) modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (DO 2016, L 60, p. 90), se prohibió el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810 en todo el territorio italiano.
7

El artículo 213 de la Directiva del IVA dispone lo siguiente: «1. Los sujetos pasivos deberán declarar el comienzo, la modificación y el cese de su actividad como tales sujetos pasivos. Con arreglo a las condiciones que establezcan, los Estados miembros autorizarán, y podrán exigir, que la declaración sea efectuada por vía electrónica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1, los sujetos pasivos o personas jurídicas que no sean sujetos pasivos que efectúen adquisiciones intracomunitarias de bienes no sujetos al IVA en virtud del apartado 1 del artículo 3 deberán declarar que efectúan tales adquisiciones cuando dejen de cumplirse las condiciones para no someterlas al impuesto, establecidas con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo.»
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1306/2013»).
45

Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 16, letra l), de la Directiva 2011/83 pretende, en particular, establecer una protección de los intereses de los prestadores de algunos servicios, a fin de que estos no sufran los desproporcionados inconvenientes derivados de la anulación, sin gastos y no justificada, de un servicio que haya dado lugar a una reserva previa, como consecuencia de un desistimiento del consumidor poco tiempo antes de la fecha prevista para la prestación del referido servicio (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2005, easyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, apartado 28).
17

AR no disfrutó todos los días de vacaciones anuales retribuidas a los que tenía derecho en relación con el año 2017. Su empresario no la incitó a disfrutar de sus días de vacaciones ni le advirtió de que las vacaciones no solicitadas podían extinguirse al final del año natural o del período de aplazamiento a que se refiere el artículo 7, apartado 3, de la BUrlG. AR ejercitó ante los tribunales de lo social una acción por la que solicitaba que se declarara que disponía de catorce días de vacaciones retribuidas correspondientes al año 2017. Sostiene que, debido a su incapacidad laboral continua, su derecho a vacaciones anuales retribuidas no se extinguió el 31 de marzo de 2019, ya que su empresario no la avisó a tiempo del riesgo de pérdida de los días de vacaciones.
22

El decreto‑legge n. 132 — Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (Decreto Ley n.o 132, de medidas urgentes de desjudicialización y otras actuaciones para reducir la acumulación de asuntos en el orden civil), de 12 de septiembre de 2014 (GURI n.o 212, de 12 de septiembre de 2014), convertido en ley, con modificaciones, mediante la Ley n.o 162 de 10 de noviembre de 2014 (GURI n.o 261, de 10 de noviembre de 2014) (en lo sucesivo, «Decreto Ley n.o 132/2014»), dispone en los dos primeros párrafos de su artículo 12 —cuyo epígrafe es «Separación por mutuo acuerdo, petición de disolución o de cese de los efectos civiles del matrimonio y modificación de las condiciones de la separación o del divorcio ante el funcionario del registro civil»— que los cónyuges, con la asistencia opcional de un abogado, podrán celebrar ante el funcionario del registro civil competente, un acuerdo de disolución del matrimonio o de cesación de los efectos civiles de este, a condición de que no tengan hijos menores o hijos mayores de edad legalmente incapaces, gravemente discapacitados, o económicamente dependientes.
2) El artículo 54, punto 2, del Reglamento n.o 865/2006, en relación con el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de protección de la confianza legítima, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un espécimen —que está en posesión de un criador— de una especie animal mencionada en el Anexo A del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, pueda considerarse que ha nacido y se ha criado en cautividad en el sentido del artículo 8, apartado 3, de ese Reglamento cuando los ascendientes de ese espécimen, los cuales no forman parte del plantel reproductor de ese criador, los adquirió un tercero, antes de la entrada en vigor de los citados Reglamentos, de un modo perjudicial para la supervivencia en la naturaleza de la especie en cuestión.
39

A ese respecto, es preciso comprobar, en primer lugar, si el artículo 44 del Reglamento n.o 987/2009 regula con carácter exclusivo o no el cómputo de los períodos de educación de los hijos cubiertos en diferentes Estados miembros. En efecto, en caso afirmativo, tales períodos solo podrán tomarse en consideración en virtud de esta disposición, de modo que el artículo 21 TFUE no será aplicable. En cambio, si el artículo 44 del Reglamento n.o 987/2009 debiera interpretarse en el sentido de que no se aplica con carácter exclusivo, no quedará ya de entrada excluido que la jurisprudencia derivada de la sentencia de 19 de julio de 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), que establece el cómputo por un Estado miembro de los períodos de educación de los hijos cubiertos por la persona de que se trate en otros Estados miembros en virtud del artículo 21 TFUE, sea extrapolable a una situación como la controvertida en el litigio principal, que, a diferencia de la que dio lugar a dicha sentencia, sí está comprendida en el ámbito de aplicación ratione temporis del Reglamento n.o 987/2009, pero en la que la persona de que se trata no cumple el requisito del ejercicio de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia que impone el artículo 44, apartado 2, de dicho Reglamento.
110

Sin embargo, tal presunción admite prueba en contrario (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2013, Eni/Comisión, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, apartado 47). En efecto, como ha subrayado el Tribunal de Justicia, tal presunción no se basa en la posesión de tal porcentaje del capital social de la filial, sino en el grado de control que este implica (sentencia de 27 de enero de 2021, The Goldman Sachs Group/Comisión, C‑595/18 P, EU:C:2021:73, apartado 35). Pues bien, pese a que el hecho de que una sociedad sea titular de casi todo el capital social de otra constituye un indicio muy sólido a favor de la existencia de tal control, no permite excluir con certeza que una o varias otras personas puedan poseer, por sí solas o conjuntamente, el poder de decisión, puesto que es posible, en particular, que la propiedad del capital social se haya disociado de los derechos de voto.
43

En segundo lugar, en cuanto a la alegación de la República de Bulgaria por la que sostiene que le fue imposible, en el plazo fijado por la Directiva 2008/56, cumplir con las obligaciones que se le imponen en virtud del artículo 17, apartados 2 y 3, de esta, en particular, debido, por una parte, a las dificultades a las que tuvo que hacer frente al intentar adjudicar el contrato público de que se trata y, por otra parte, a la necesidad de respetar las exigencias del Derecho de la Unión, de la legislación nacional pertinente, así como del procedimiento de aprobación del proyecto Scirena Black Sea, procede señalar que la República de Bulgaria no ha explicado de qué manera la necesidad de respetar las exigencias del Derecho de la Unión ha podido impedirle cumplir con las obligaciones que se derivan para esta de la disposición antes citada de la Directiva 2008/56. Por lo demás, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, un Estado miembro no puede esgrimir disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva [sentencia de 2 de abril de 2020, Comisión/España (Riesgos de inundación — Planes de gestión de las islas Canarias), C‑384/19, no publicada, EU:C:2020:271, apartado 12 y jurisprudencia citada].
4

El referido artículo 12 fue suprimido por el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), antes de que el propio Reglamento n.o 1254/1999 fuera derogado mediante el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no. 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1305/2013»).
50

De lo anterior resulta que el artículo 30 de la Directiva 2001/14 no establece un procedimiento de aprobación de los cánones de infraestructura. En particular, los apartados 2 a 5 de ese artículo no exigen que los administradores de infraestructuras sometan al organismo regulador para su aprobación los cánones por la utilización de infraestructuras que esperan percibir o las variables que permitan calcularlos. Por el contrario, estas disposiciones se limitan a prever el control de los cánones ya establecidos, lo que se desprende, en particular, del apartado 2 y del apartado 3, primera frase, del citado artículo. Dicho control incumbe al organismo regulador, que resuelve, o bien tras la presentación de un recurso, o bien de oficio.