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27

La exigencia de que las sanciones sean no discriminatorias se refiere, sin lugar a dudas, a la situación en la que una infracción de las disposiciones del Reglamento n.o 165/2014 de un mismo grado de gravedad da lugar a sanciones diferentes dependiendo de si las empresas de transporte por carretera están o no establecidas en el Estado miembro en cuyo territorio se ha cometido la infracción. Este Reglamento parte de la premisa de que estas empresas, con independencia de su lugar de establecimiento, se encuentran en una situación comparable cuando cometen una infracción de las disposiciones del Reglamento n.o 165/2014 en el territorio de un mismo Estado miembro. Por consiguiente, un Estado miembro debe garantizar que el régimen de sanciones establecido en su territorio, con arreglo al artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.o 165/2014, se aplique sin introducir distinciones basadas en el lugar de establecimiento de la empresa de transporte por carretera que ha infringido las disposiciones de dicho Reglamento.
12

Deutsche Bahn sostuvo por su parte que, dado que el Reglamento n.o 260/2012 se dirige a los proveedores de servicios de pago, no protege a los ordenantes, sino los pagos. En su opinión, el Reglamento no obliga a los beneficiarios de pagos a proponer el adeudo domiciliado SEPA a todos los consumidores en el conjunto de la Unión. Por otra parte, según Deutsche Bahn, los consumidores disponen de métodos alternativos de pago para la compra de billetes en su sitio de Internet. En cualquier caso, el requisito relativo al domicilio del consumidor está, en su opinión, justificado. En efecto, en el contexto de un régimen de adeudos domiciliados, el proveedor de servicios de pago, a diferencia de lo que ocurre con otros regímenes de pago, no proporciona, según Deutsche Bahn, ninguna garantía de pago al beneficiario.
36

En este contexto, procede recordar que el hecho de que un bien no haya sido recibido directamente del emisor de la factura no se deriva necesariamente de una ocultación fraudulenta del verdadero proveedor y no constituye necesariamente una práctica abusiva, sino que puede tener otros motivos, como, en particular, la existencia de dos ventas sucesivas respecto de los mismos bienes que, siguiendo lo acordado, son transportados directamente del primer vendedor al segundo adquirente, de modo que existen dos entregas sucesivas en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva del IVA, pero un único transporte efectivo. Además, no es necesario que el primer adquirente se haya convertido en propietario de los bienes controvertidos en el momento de dicho transporte, dado que la existencia de una entrega en el sentido de dicha disposición no presupone la transmisión de la propiedad jurídica del bien (véase, en ese sentido, el auto de 6 de febrero de 2014, Jagiełło, C‑33/13, no publicado, EU:C:2014:184, apartado 32 y jurisprudencia citada).
19

Este señala que, si bien la Decisión 2009/402 tiene por objeto, de manera general, el mercado de las frutas y hortalizas, que forma parte de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, que se regía en el momento de los hechos por el Reglamento (CEE) n.o 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972 (DO 1972, L 118, p. 1; EE 03/05, p. 258), y posteriormente por el Reglamento n.o 2200/96, por los que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, al que pertenece el sector de la cereza garrafal destinada a la industria, y, si bien se desprende de la sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada, EU:C:2015:90), que el CEBI recibió las ayudas controvertidas en el litigio principal a fin de dar salida a los productos franceses manipulando el precio de venta o las cantidades ofrecidas en el mercado, el CEBI no figura, no obstante, entre los ocho Comités Económicos Agrarios enunciados en el considerando 15 de la Decisión 2009/402.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, por una parte, la interpretación de las partidas 7307 y 7322 de la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014 (DO 2014, L 312, p. 1) y, por otra parte, la validez del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/23 de la Comisión, de 5 de enero de 2015, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2015, L 4, p. 15).
13

El artículo 60 de la misma Directiva, que trataba de la responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas, establecía en su apartado 1: «Sin perjuicio del artículo 58, los Estados miembros velarán por que, en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante le devuelva de inmediato el importe de la operación no autorizada y, en su caso, restablezca en la cuenta de pago en la cual se haya adeudado el importe el estado que habría existido de no haberse efectuado la operación de pago no autorizada.»
6

El derecho a rectificar el importe del impuesto en caso de créditos contra deudores inmersos en un procedimiento de insolvencia fue introducido en la Ley n.o 235/2004 del impuesto sobre el valor añadido mediante la Ley n.o 47/2011 (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), en cuya exposición de motivos se indica lo siguiente: «Se trata de introducir una nueva posibilidad de rectificar el importe del impuesto repercutido en los casos de créditos contra deudores (adquirentes) que son objeto de un procedimiento de insolvencia, y ello debido a la evolución negativa de la situación económica. La presente propuesta reacciona de manera activa a la situación económica actual y constituye una medida de lucha contra la crisis con objeto de ayudar a las empresas cuyo cash-flow se vea reducido por los créditos incobrables contra empresas insolventes. Debido a las consecuencias de la crisis financiera mundial cada vez más empresas se encuentran inmersas en un procedimiento de quiebra y ya no pueden hacer frente a sus obligaciones frente a sus acreedores (proveedores). Muchos proveedores (acreedores) ya no pueden cobrar la totalidad de los créditos que tienen frente a los compradores (deudores). Esta circunstancia tiene una incidencia negativa en la situación económica de empresas que hasta entonces eran “viables”. Por lo tanto, sobre la base de dicha disposición, el acreedor (proveedor) podrá rectificar el importe del impuesto repercutido si el comprador (deudor) no le ha pagado los bienes entregados o el servicio prestado, y si el juez que conoce de la insolvencia ha abierto un procedimiento de insolvencia contra el comprador. […] La propuesta es totalmente conforme con los artículos 90 y 185 de la [Directiva 2006/112]. Una normativa similar es aplicable en al menos 12 Estados miembros de la Unión Europea. Dicho régimen se aplica, en formas diferentes, en los siguientes Estados miembros: Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Italia, Grecia, Letonia y Gran Bretaña.»
39

No desvirtúa esta apreciación la tesis expuesta por el Gobierno checo según la cual el exportador, en virtud, en particular, del artículo 59, apartado 1, y del artículo 161, apartado 2, del código aduanero, debería en cualquier caso haber procedido a la inclusión de las mercancías en dicho régimen aduanero por medio de una declaración en aduana a tal efecto, lo que habría podido hacer, en su caso, ex post, de manera que el incumplimiento inicial de este requisito no supondría la pérdida definitiva del derecho a la exención a la exportación. En efecto, como se desprende de los apartados 29 a 31 de la presente sentencia, tal inclusión, independientemente de que se haga antes o después de la exportación, constituye una obligación formal que, además, no se engloba en el sistema común del IVA sino en el régimen aduanero. Por consiguiente, el incumplimiento de dicha obligación no excluye como tal que se cumplan los requisitos materiales que justifican la concesión de la exención.
12

ET sostiene que la solicitud del Ministerio Fiscal es inadmisible y, con carácter subsidiario, infundada. A este respecto, ET alega que el arresto por impago no solo es una «medida» en el sentido del Derecho penal neerlandés, sino que también constituye una sanción penal en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y del artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, ET aduce que la aplicación del arresto por impago constituye una agravación de la resolución de decomiso cuya ejecución se solicita, de modo que es ilegal.
1)

Anular el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 12 de julio de 2018, NKT Verwaltungs y NKT/Comisión (T‑447/14, no publicada, EU:T:2018:443), mediante el que el Tribunal General desestimó el recurso de NKT Verwaltungs GmbH y de NKT A/S por el que se solicitaba la anulación de la Decisión C(2014) 2139 final de la Comisión, de 2 de abril de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y [d]el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39610 — Cables de energía), por cuanto en dicha Decisión se consideraba a estas sociedades responsables de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, en la medida en que dicha infracción se refiere, en primer término, a comportamientos relacionados con ventas en países no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo (EEE), en segundo término, a una negativa colectiva a suministrar accesorios y asistencia técnica a competidores que no participaban en el cartel y, en tercer término, en lo relativo al período comprendido entre el 3 de julio de 2002 y el 21 de noviembre de 2002, a la asignación de proyectos relativos a cables de energía subterráneos en el EEE.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 10 de julio de 2019 — Caviro Distillerie y otros/Comisión

(Asunto C‑345/18 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Política comercial — Dumping — Decisión de Ejecución (UE) 2016/176 — Importación de ácido tártrico originario de China y producido por Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Reglamento (CE) n.o 1225/2009 — Artículo 3, apartados 2, 3 y 5 — Inexistencia de perjuicio importante — Error manifiesto de apreciación — Determinación del perjuicio — Evaluación de todos los factores e indicadores económicos pertinentes que influyen en la situación de la industria de la Unión Europea — Cuota de mercado»

1. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio — Facultad de apreciación de las instituciones — Control jurisdiccional — Límites [Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, art. 3, aps. 1, 2, 3, 5 y 6] (véanse los apartados 14 a 17 y 40)

2. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio — Factores que hay que tener en cuenta — Apreciación global [Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, art. 3, aps. 1, 2, 3, 5 y 6] (véanse los apartados 19 a 22)

3. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización — Motivo basado en la desnaturalización de las pruebas — Necesidad de indicar de manera precisa cuáles son los elementos desnaturalizados y de demostrar los errores de análisis que han llevado a dicha desnaturalización (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 66)

4. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Motivación implícita del Tribunal General — Procedencia — Requisitos (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 36 y 53, párr. 1) (véanse los apartados 77 y 78)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA e Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA.

( 1 ) DO C 259 de 23.7.2018.
7

El artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 659/1999 (DO 2004, L 140, p. 1; corrección de errores en DO 2005, L 25, p. 74, y en DO 2005, L 131, p. 45), titulado «Procedimiento de notificación simplificada de determinadas modificaciones de ayudas existentes», dispone lo siguiente: «1. A efectos [del artículo 1, letra c),] del Reglamento [n.o 659/1999], se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado [interior]. No obstante, un aumento con respecto al presupuesto inicial de un régimen de ayudas de hasta el 20 % no se considerará modificación de ayudas existentes. 2. Las modificaciones de ayudas existentes que se enumeran a continuación se notificarán en el impreso de notificación simplificada establecido en el Anexo II: […] c) La imposición de criterios más estrictos para la aplicación de un régimen de ayudas autorizado y la reducción de la intensidad de la ayuda o de los gastos subvencionables. […]»
18

Mediante sentencia de 4 de febrero de 2016, el Tribunal Central Administrativo Sul (Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo Sur, Portugal), en el marco de un recurso interpuesto por la Fazenda Pública (Hacienda Pública, Portugal), revocó la sentencia dictada en primera instancia, estimando que la cesión de crédito controvertida formaba parte de la actividad económica de PNC, que debía considerarse una prestación de servicios imponible y que no estaba amparada por ninguna de las exenciones previstas en el artículo 9 del Código del IVA. En particular, dicho órgano jurisdiccional estimó que la operación en cuestión no podía beneficiarse de la exención prevista en el artículo 9, punto 27, letra a), de dicho Código relativa a las operaciones bancarias y financieras de concesión y de negociación de créditos.
1

La petición de decisión prejudicial versa, por un lado, sobre la validez de la Decisión C(2008) 6317 final de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por la que se constata que procede la contracción a posteriori de los derechos de importación y que no se justifica la condonación de estos derechos en un caso particular (asunto REM 03/07; en lo sucesivo, «Decisión REM 03/07»), y, por otro lado, sobre la interpretación de los artículos 220, apartado 2, letra b), y 239 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000 (DO 2000, L 311, p. 17) (en lo sucesivo, «código aduanero»), así como del artículo 905, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 (DO 1993, L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1335/2003 de la Comisión, de 25 de julio de 2003 (DO 2003, L 187, p. 16) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»).
58

También en virtud del principio de primacía, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, el juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión tendrá la obligación de garantizar la plena eficacia de tales disposiciones, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, aun posterior, sin que deba solicitar o esperar su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, apartado 35 y jurisprudencia citada).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, letras c), primer guion, y e), duodécimo guion, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de 2002 (DO 2002, L 128, p. 41) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), y de los artículos 52, letra a), y 56, apartado 1, letra k), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), así como del artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 1777/2005 del Consejo, de 17 de octubre de 2005, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 77/388 (DO 2005, L 288, p. 1).
12

La Ley n.o 116, de 11 de agosto de 2014 (suplemento ordinario de la GURI n.o 192, de 20 de agosto de 2014; en los sucesivo, «Ley n.o 116/2014»), que convirtió en Ley, con modificaciones, el Decreto-ley n.o 91, de 24 de junio de 2014, modificó el preámbulo del anexo D del Decreto Legislativo n.o 152/2006 introduciendo las siguientes disposiciones: «1. La clasificación de los residuos será efectuada por el productor, que les atribuirá el código CER [Catálogo Europeo de Residuos] apropiado, aplicando las disposiciones contenidas en la Decisión [2000/532]. 2. Si un residuo se clasifica con un código CER de residuo peligroso “absoluto”, será peligroso sin mayores precisiones. Las características de peligrosidad, comprendidas entre H 1 y H 15, que presente el residuo deberán determinarse a efectos de la gestión de ese residuo. 3. Si un residuo se clasifica con un código CER de residuo no peligroso “absoluto”, será no peligroso sin mayores precisiones. 4. Si un residuo se clasifica con códigos CER espejo, uno peligroso y otro no peligroso, a efectos de establecer si el residuo es o no peligroso, deberán determinarse las características de peligrosidad que presenta el residuo. Para determinar las características de peligrosidad que posee un residuo deberán llevarse a cabo los siguientes controles: a) identificar los compuestos presentes en el residuo por medio de: la ficha informativa del productor; el conocimiento del proceso químico; la toma de muestras y el análisis del residuo; b) determinar los peligros relacionados con esos compuestos por medio: de la normativa europea en materia de etiquetado de sustancias y preparados peligrosos; de las fuetes informativas europeas e internacionales; de la ficha de datos de seguridad de los productos de los que procede el residuo; c) establecer si las concentraciones de los compuestos que contiene el residuo implican que este presenta características de peligrosidad, a través de una comparación entre las concentraciones medidas durante el análisis químico y el valor de corte para las indicaciones de riesgo específicas de los componentes o a través de pruebas efectuadas con el fin de comprobar si el residuo presenta características de peligrosidad. 5. Si los análisis químicos detectan los componentes de un residuo sin mayores precisiones y, por tanto, no se conocen los compuestos precisos que lo constituyen, para identificar las características de peligrosidad del residuo deberán tomarse como referencia los compuestos más peligrosos, en aplicación del principio de cautela. 6. Cuando las sustancias presentes en un residuo no se conozcan o no se hayan determinado de alguna de las maneras establecidas en los apartados anteriores, o bien cuando no pueden determinarse las características de peligrosidad, el residuo se clasificará como peligroso. 7. La clasificación tendrá lugar en cualquier caso antes de que el residuo se aleje de su lugar de producción.»
9

Mediante escrito de 22 de diciembre de 2014, A & G solicitó que el importe que adeudaba en concepto de IVA se redujera a cero euros. La Oficina Tributaria denegó su solicitud. La reclamación y el recurso de A & G contra la resolución de la Oficina Tributaria fueron desestimadas. El Finanzgericht (Tribunal de lo Tributario, Alemania) consideró, en particular, que A & G no podía acogerse a la exención establecida en el artículo 132, apartado 1, letra j), de la Directiva 2006/112. En efecto, las prestaciones efectuadas por A & G, consistentes en dispensar una formación teórica y una enseñanza práctica de la conducción, no están comprendidas en el concepto de «enseñanza escolar o universitaria», en el sentido de esa disposición, ya que, en virtud de una recomendación relativa a la conducción vial en la escuela en vigor durante el período controvertido, la enseñanza práctica de la conducción no es un componente necesario ni deseable de dicha enseñanza.
16

El artículo 19 del decreto legislativo n. 385 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n.o 385 — Texto único de las leyes en materia bancaria y de crédito), de 1 de septiembre de 1993 (suplemento ordinario a la GURI n.o 230, de 30 de septiembre de 1993), en su versión modificada por el decreto legislativo n. 72 (Decreto Legislativo n.o 72), de 12 de mayo de 2015 (en lo sucesivo, «Texto único bancario»), que transpuso en Derecho italiano el contenido de la Directiva CRD IV, atribuye al Banco de Italia la competencia para expedir las autorizaciones de adquisición de participaciones cualificadas en las entidades de crédito. El apartado 5 de ese artículo precisa que esas autorizaciones se concederán «en caso de concurrir condiciones aptas para garantizar una gestión sana y prudente del banco, valorando la calidad potencial del adquirente y la solidez financiera del proyecto de adquisición de conformidad con los siguientes criterios: la reputación del potencial adquirente en el sentido del artículo 25 […]».
5

Según el artículo 102, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671): «El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se: a) rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posteriormente la protección, o b) [suprimirá].»