La Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/96, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la cual un ciudadano de la Unión Europea ha hecho uso de su libertad de circulación al trasladarse a un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y residir en él, en virtud del artículo 7, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1, de esta Directiva, ha adquirido posteriormente la nacionalidad de ese Estado miembro, conservando al mismo tiempo su nacionalidad de origen, y, varios años después, ha contraído matrimonio con un nacional de un tercer Estado con el que continúa residiendo en el territorio de dicho Estado miembro, ese nacional no disfruta de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro en cuestión sobre la base de la citada Directiva.

En efecto, del tenor del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva se desprende que quedan comprendidos en su ámbito de aplicación y son beneficiarios de los derechos que esta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias, tal como se definen en el artículo 2, punto 2, de la misma Directiva, que los acompañen o se reúnan con ellos (sentencia de 12 de marzo de 2014, O. y B., C‑456/12, EU:C:2014:135, apartado 38).

Además, si bien es cierto que la mencionada Directiva pretende facilitar y reforzar el ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no es menos cierto que su objeto se refiere a las condiciones de ejercicio de ese derecho, como resulta de su artículo 1, letra a) (sentencias de 5 de mayo de 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, apartado 33, y de 12 de marzo de 2014, O. y B., C‑456/12, EU:C:2014:135, apartado 41). Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la medida en que, en virtud de un principio de Derecho internacional, un Estado miembro no puede negar a sus propios nacionales el derecho a entrar en su territorio y a residir en él y estos disfrutan por lo tanto en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado, la citada Directiva no pretende regular la residencia de un ciudadano de la Unión en un Estado miembro del que es nacional.

En estas circunstancias, procede considerar que la Directiva 2004/38 no es aplicable a la situación de la Sra. Ormazabal desde que esta fue naturalizada en el Reino Unido. Esta conclusión no puede verse cuestionada por la circunstancia de que la Sra. Ormazabal haya hecho uso de su libertad de circulación al trasladarse al Reino Unido y residir en él y de que haya conservado la nacionalidad española además de la británica, ya que, pese a esa doble circunstancia, desde que adquirió esta última nacionalidad, la Sra. Ormazabal ya no reside en un «Estado miembro distinto del Estado del que [tiene] la nacionalidad», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, y, por consiguiente, ya no está incluida en el concepto de «beneficiario» de dicha Directiva, en el sentido de esta disposición.

Habida cuenta de la jurisprudencia indicada en los apartados 32 y 37 de la sentencia, su cónyuge, el Sr. Lounes, nacional de un tercer Estado, tampoco está incluido en ese concepto y no puede, por lo tanto, disfrutar de un derecho de residencia derivado en el Reino Unido sobre la base de esa misma Directiva.

(véanse los apartados 34, 36, 37, 42 a 44 y 62 y el fallo)