A este respecto, en materia de ayudas estatales, el fumus boni iuris parece, a primera vista, particularmente sólido en un caso en el que la decisión objeto de la demanda de suspensión de la ejecución parte de la premisa de que la nueva medida fiscal tiene carácter selectivo por razones idénticas a las que la Comisión expuso en decisiones anteriores para calificar de ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior el régimen fiscal inicial, mientras que el Tribunal General anuló precisamente esas decisiones anteriores por no haber demostrado la Comisión que dicho régimen fuera selectivo, y ello tras un minucioso examen, tanto de hecho como de Derecho. En efecto, en un caso de esta índole, la probabilidad de que prospere el recurso al que va unida la demanda de medidas provisionales debe considerarse muy elevada.

No es menos cierto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los requisitos relativos al fumus boni iuris y a la urgencia son distintos y acumulativos, de modo que el demandante sigue estando obligado a demostrar la inminencia de un perjuicio grave e irreparable. De ello se deduce que, con la excepción del contencioso específico de la adjudicación de contratos públicos, un fumus boni iuris, por sólido que sea, no puede paliar la inexistencia de urgencia.

En un procedimiento de medidas provisionales, como los requisitos exigidos para la concesión de una medida provisional son interdependientes, la mayor o menor solidez del fumus boni iuris no carece de influencia en la apreciación de la urgencia. Así, tras haber calificado el fumus boni iuris de particularmente sólido, el juez de medidas provisionales debe tomar aún más en consideración la urgencia que pueda invocar una parte demandante.

La apreciación de la cuestión de si es urgente que el juez de medidas provisionales adopte medidas provisionales depende de la situación de hecho en que se encuentre la parte que solicita tales medidas. A estos efectos no es suficiente un riesgo puramente teórico e hipotético. Así pues, en principio, la mera existencia de una obligación jurídica no puede crear para el justiciable una situación de urgencia que requiera la concesión de una medida provisional mientras no se haya adoptado ninguna medida de ejecución vinculante destinada a hacer cumplir dicha obligación.

Tratándose de una demanda de suspensión de la ejecución que tiene por objeto una decisión en materia de ayudas estatales estrechamente vinculada a decisiones anteriores anuladas por el Tribunal General, el perjuicio que la recuperación de las pretendidas ayudas estatales podría causar a un Estado miembro no puede considerarse lo bastante inminente como para justificar la concesión de la suspensión de la ejecución solicitada, cuando la Comisión ha declarado expresamente que dispensaba a las autoridades de dicho Estado miembro de su obligación de recuperar las ayudas hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre los recursos de casación contra las sentencias que anularon las mencionadas decisiones anteriores, y que esta suspensión de las medidas de recuperación no violaba el Derecho de la Unión.

(véanse los apartados 33, 37, 40 y 46)