Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Arts. 226 CE y 228 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias

(Art. 228 CE, ap. 2)

3. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva

(Art. 228 CE, ap. 2)

4. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva

(Art. 228 CE, ap. 2)

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1. La exigencia de que el objeto de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE quede circunscrito por el procedimiento administrativo previo contemplado en dicha disposición no puede llegar hasta el extremo de imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso cuando el objeto del litigio no se ha ampliado ni se ha modificado sino que, por el contrario, solamente se ha restringido. Si se produce un cambio legislativo a lo largo del procedimiento administrativo previo, el recurso podrá referirse a disposiciones nacionales que no sean idénticas a las contempladas en el dictamen motivado. Nada impide aplicar el mismo criterio cuando el cambio legislativo se produzca con posterioridad a la interposición del recurso y la imputación mantenida por la Comisión en relación con dicho cambio legislativo esté necesariamente incluida en la imputación relativa a la falta total de ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, la Comisión está facultada para circunscribir la amplitud del incumplimiento cuya declaración solicita al amparo del artículo 228 CE, a fin de tener en cuenta las medidas parciales de ejecución que se hayan adoptado en el curso del segundo procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 35, 37 y 38)

2. El procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, tiene por objeto inducir al Estado miembro infractor a ejecutar la sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento y, por ende, garantizar la aplicación efectiva del Derecho comunitario por dicho Estado. Las medidas previstas en esta disposición, la suma a tanto alzado y la multa coercitiva, tienen ambas este mismo objeto. La condena al pago de una multa coercitiva o de una suma a tanto alzado no tiene por objeto indemnizar el perjuicio que haya podido causar el Estado miembro de que se trate, sino ejercer una presión económica que le induzca a poner fin al incumplimiento declarado. Por consiguiente, las sanciones pecuniarias impuestas deben determinarse en función del grado de persuasión necesario para que dicho Estado miembro modifique su comportamiento.

(véanse los apartados 59 y 60)

3. Cuando se trata de imponer a un Estado miembro una multa coercitiva para sancionar la no ejecución de una sentencia de incumplimiento, corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su facultad de apreciación, fijar la multa coercitiva de tal manera que, por una parte, sea adecuada a las circunstancias y, por otra, proporcionada al incumplimiento declarado y a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. A tal efecto, los criterios de base que deben tomarse en consideración para garantizar la naturaleza coercitiva de la multa con vistas a la aplicación uniforme y efectiva del Derecho comunitario son, en principio, la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Para aplicar estos criterios deben tenerse en cuenta, en particular, las consecuencias de la falta de ejecución sobre los intereses privados y públicos y la urgencia de que el Estado miembro de que se trate cumpla sus obligaciones.

(véanse los apartados 61 y 62)

4. En lo que se refiere al criterio de la duración de la infracción, el coeficiente correspondiente debe ser determinado tomando como punto de referencia el momento en que el Tribunal de Justicia aprecia los hechos y no el momento en que la Comisión interpone su recurso ante aquél y sobre la base de una escala que no esté limitada por la comprendida entre 1 y 3, propuesta por la Comisión.

(véase el apartado 71)