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1)

El artículo 7, letra a) del Reglamento (CE) no 2362/98 de la Comisión, de 28 de octubre de 1998, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1632/2000 de la Comisión, de 25 de julio de 2000, puesto en relación con el artículo 11 de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que el requisito según el cual el agente económico debe ejercer una actividad comercial como importador «por cuenta propia y con carácter autónomo» se exige, no sólo para el registro de dicho agente como operador «recién llegado» en el sentido de esa disposición, sino también para que éste pueda conservar su calidad de «recién llegado» con vistas a la importación de plátanos en el marco de los contingentes arancelarios establecidos por el Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, en su versión modifica por el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos.
117

En efecto, después de haber recordado, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que «la Sala de Recurso declaró, [en el apartado 37 de la resolución controvertida], que “la gran mayoría de las botellas disponibles en el mercado tienen una sección cilíndrica”», el Tribunal General señaló, en el apartado siguiente de la misma sentencia, que «nada permite considerar, sin embargo, que la Sala de Recurso pretendió, en el contexto de la resolución controvertida, atribuir a esas palabras un significado matemático en el sentido de la “representación de un corte de una forma geométrica [y que] [la palabra “sección”] debe entenderse, al contrario, en el sentido de “una de las partes más o menos distintas en las que alguna cosa se divide o puede ser dividida o de las que está compuesta” (“any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up”, Oxford Dictionary)».
16

El Consejo señala que adoptó la Decisión impugnada basándose en el artículo 18, apartado 2, de la Decisión 2008/633, en relación con el artículo 9 del Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias (en lo sucesivo «Protocolo sobre las disposiciones transitorias»). A este respecto, indica que la Decisión impugnada no hace referencia ni al Tratado UE en general ni al artículo 34 UE, apartado 2, letra c), en particular.
25

En el supuesto de que deba prevalecer la tesis según la cual un transporte de esa índole sólo puede aprobarse si el cuaderno de a bordo u hoja de ruta deja constancia de que las disposiciones del Reglamento no 1/2005 se respetarán igualmente en la parte del viaje que transcurra fuera del territorio de la Unión, el tribunal remitente considera que el organizador del viaje no podrá limitarse a declarar que se cumplirá la normativa en vigor en los terceros países en cuestión y, en su caso, los convenios internacionales aplicables en esos países, sino que será preciso que esto se refleje en lo indicado en el cuaderno de a bordo u hoja de ruta. Pues bien, según el tribunal remitente, ése no es el caso en el presente asunto, ya que la sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta controvertida en el litigio principal no incluye ningún dato realista, en el sentido en que dicho adjetivo debe entenderse según el artículo 14, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento no 1/2005, puesto que no menciona ningún lugar de descanso durante las etapas del viaje comprendidas entre Brest y Karaganda, y entre esta última localidad y Andiján, lugar de destino final. Por otra parte, el sellado oficial por parte de la autoridad del lugar de partida daría a entender que se aprueba la totalidad del viaje con todos sus pormenores hasta el lugar de destino, lo que, según el tribunal remitente, resultaría inoportuno asimismo frente a las autoridades de los terceros países.
4

El artículo 3 de la Convención de Viena, titulado «Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente Convención», dispone: «El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará: […] b) A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convención; […]»
6

El artículo 204 de la Directiva IVA dispone: «1. Cuando, en aplicación de los artículos 193 a 197 y de los artículos 199 y 200, el deudor del impuesto sea un sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado miembro en el que se devengue el IVA, los Estados miembros podrán permitirle nombrar a su representante fiscal como la persona que adeuda el impuesto. Además, cuando el hecho imponible se efectúe por un sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado miembro en el que se devengue el IVA y que no exista, con el país de la sede o de establecimiento de dicho sujeto pasivo, ningún instrumento jurídico que instituya una asistencia mutua similar a la prevista por la Directiva 76/308/CEE […] y por el Reglamento (CE) no 1798/2003 […], los Estados miembros podrán adoptar disposiciones por las que se atribuya la consideración de deudor del impuesto a un representante fiscal designado por el sujeto pasivo no establecido. No obstante, los Estados miembros no podrán aplicar la opción contemplada en el párrafo segundo a los sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad tal como se definen en el punto 1 del artículo 358 que hayan optado por el régimen especial de servicios prestados por vía electrónica. 2. La posibilidad prevista en el párrafo primero del apartado 1 quedará sujeta a las condiciones y modalidades que establezca cada Estado miembro.»
13

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente estima que no está clara la compatibilidad de este régimen tributario con el Derecho de la Unión. En su opinión, es cierto que, en la sentencia Schröder (C‑450/09, EU:C:2011:198), el Tribunal de Justicia declaró que existe restricción a la libre circulación de capitales consagrada por el artículo 63 TFUE si no se permite deducir las rentas alimenticias privadas abonadas por contribuyentes no residentes y relacionadas con los rendimientos nacionales por el alquiler de bienes inmuebles, cuando sí se permite dicha deducción en el caso de pagos idénticos realizados por contribuyentes residentes que son sujetos pasivos por obligación personal. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, en esta sentencia Schröder (EU:C:2011:198), el Tribunal de Justicia, al no habérsele preguntado al respecto, no se pronunció, en particular, sobre la cuestión de si debía tenerse en cuenta que el régimen tributario nacional en cuestión se basaba en el denominado principio «de correspondencia» («Korrespondenzprinzip»), según el cual, cuando el deudor de una renta tiene derecho a la deducción de ésta, el beneficiario de la renta debe tributar por ella.
6

A raíz de la sentencia Costa y Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), el sector de los juegos de azar fue reformado por el Decreto-ley no 16, de 2 de marzo de 2012, por el que se establecen disposiciones urgentes en materia de simplificación fiscal, de mejora de la eficacia y potenciamiento de los procedimientos de liquidación (GURI no 52, de 2 de marzo de 2012, p. 1), convalidado, con modificaciones, por la Ley no 44, de 26 de abril de 2012 (GURI no 99, de 28 de abril de 2012, suplemento ordinario número no 85, pp. 1 y siguientes; texto coordinado, pp. 23 y siguientes; en lo sucesivo, «Decreto-ley no 16»).
22

En estas circunstancias, la Cour d’appel de Bruxelles decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 12, quinto guión, de la Directiva 97/67 […] en el sentido de que impone una obligación de no discriminación, en particular, en las relaciones entre el proveedor del servicio universal y los preparadores de correo, en lo relativo a las rebajas operativas concedidas por dicho proveedor, mientras que las rebajas exclusivamente cuantitativas quedan sujetas a la aplicación del artículo 12, cuarto guión, [de esta Directiva]? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿respeta [el sistema de] rebajas exclusivamente cuantitativas la obligación de no discriminación prevista en el artículo 12, cuarto guión, [de dicha Directiva] si la diferenciación de precio que establece se basa en un factor objetivo considerando el mercado geográfico y de servicios relevante y no genera un efecto de exclusión o de inducción a la lealtad? 3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿vulnera la rebaja cuantitativa concedida al preparador de correo el principio de no discriminación establecido en el artículo 12, quinto guión, [de la misma Directiva] cuando su importe no sea igual al de la rebaja concedida a un remitente que deposite un número equivalente de envíos, sino al conjunto de los descuentos concedidos a los remitentes sobre la base del número de envíos de cada uno de dichos remitentes que ha agrupado el preparador?»
15

El artículo 1, apartados 1 y 4, del Decreto del Ministro de Medio Ambiente y de Protección del territorio y del mar de 17 de diciembre de 2009 establece: «1. El sistema de control de la trazabilidad de los residuos, en lo sucesivo también el Sistri, gestionado por la sección del cuerpo de carabineros encargada de la protección del medio ambiente (Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente), estará operativo: a) a los ciento ochenta días a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para los productores iniciales de residuos peligrosos, incluidas las contempladas en el artículo 212, apartado 8, del Decreto Legislativo [no 152/2006], que empleen a más de cincuenta asalariados, para las empresas y establecimientos productores iniciales de residuos no peligrosos contemplados en el artículo 184, apartado 3, letras c), d) y g), del mismo Decreto Legislativo [no 152/2006] que empleen a más de cincuenta asalariados, para los negociantes e intermediarios, para las agrupaciones formadas con vistas a la valorización y de reciclaje de determinados tipos de residuos que organizan la gestión de tales residuos por cuenta de sus miembros y para las empresas contempladas en el artículo 212, apartado 5, del Decreto Legislativo [no 152/2006] que recogen y transportan residuos especiales, para las empresas y entidades que efectúan operaciones de valorización y de eliminación de residuos y para las personas contempladas en el artículo 5, apartado 10, del presente Decreto, b) a los doscientos diez días a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto para las empresas y las entidades productoras iniciales de residuos peligrosos, incluidas las contempladas en el artículo 212, apartado 8, del Decreto Legislativo no 152/2006, que empleen hasta cincuenta asalariados, y para los productores iniciales de residuos no peligrosos contemplados en el artículo 184, apartado 3, letras c), d) y g), del mismo Decreto Legislativo [no 152/2006] que empleen de cincuenta a once asalariados. [...] 4. Las empresas y entidades productoras iniciales de residuos no peligrosos contempladas en el artículo 184, apartado 3, letras c), d) y g), del Decreto Legislativo [no 152/2006], que no empleen a más de diez asalariados, las empresas que recogen y transportan sus propios residuos no peligrosos, contempladas en el artículo 212, apartado 8, del Decreto Legislativo [no 152/2006], los agricultores definidos en el artículo 2135 del código civil que producen residuos no peligrosos y las empresas y entidades productoras iniciales de residuos no peligrosos procedentes de actividades distintas de las contempladas en el artículo 184, apartado 3, letras c), d) y g), del Decreto Legislativo [no 152/2006], pueden adherirse voluntariamente al Sistri a partir de la fecha prevista en el apartado 1, letra b).»
28

En efecto, TfL sostiene que la ventaja económica concedida a los taxis londinenses por el efecto de la política relativa a los carriles destinados a los autobuses no se concede mediante fondos estatales, ya que dicha política no tiene ninguna incidencia en esos fondos. Arguye que tal política tampoco es selectiva, puesto que los taxis londinenses y los VTC no se encuentran en una situación jurídica o fáctica comparable con respecto al objetivo perseguido por una política de esa naturaleza. Afirma que, en cualquier caso, el efecto específico de esa política se ve justificado por la naturaleza y la estructura general del sistema. Añade, por último, que la referida política no afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros por tratarse de una medida local que se aplica únicamente en Londres.
10

En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca cuatro motivos. El primero se basa en la desnaturalización de los hechos. Según el recurrente, en el resumen del contenido de la decisión impugnada, el Tribunal General no hizo constar que el Parlamento no había examinado el contenido de su petición. Mediante su segundo motivo, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al estimar que sólo la declaración de inadmisibilidad de su petición habría podido restringir su derecho de petición y, por tanto, afectar a su posición jurídica. El tercer motivo se basa en la falta de motivación de la sentencia recurrida, puesto que, según el recurrente, el Tribunal General no se pronunció sobre la falta de motivación de la decisión impugnada. Finalmente, mediante su cuarto motivo, el recurrente alega que el Tribunal General no se pronunció sobre su motivo relativo a la imposibilidad de exponer su caso ante la Comisión de Peticiones.
5

El artículo 2, letras a), c), e), f) y g), de esa Directiva dispone: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras d) y f); [...] c) “refugiado”: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país [...]; [...] e) “persona con derecho a protección subsidiaria”: nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; f) “estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria; g) “solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado».
6

El artículo 54 de la misma Directiva, titulado «Secreto profesional», dispone que: «1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes, todas aquellas personas que estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes […] estén sujetos al secreto profesional. Ninguna información confidencial […] recibi[da] en el ejercicio de sus funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, salvo en forma genérica o colectiva tal que impida la identificación concreta de empresas de inversión, gestores del mercado, mercados regulados o cualquier otra persona, sin perjuicio de los supuestos contemplados por el derecho penal o por las demás disposiciones de la presente Directiva. 2. Cuando una empresa de inversión [haya sido declarado en quiebra o esté en proceso de liquidación obligatoria], toda aquella información confidencial que no ataña a terceros podrá ser divulgada en el curso de procedimientos civiles o mercantiles si fuera necesario para el desarrollo de los mismos. 3. Sin perjuicio de los supuestos cubiertos por el Derecho penal, las autoridades competentes […] que reciban información confidencial con arreglo a la presente Directiva podrán utilizarla exclusivamente en el desempeño de sus obligaciones y en el ejercicio de sus funciones […] Sin embargo, si la autoridad competente u otra autoridad, organismo o persona que ha comunicado la información consiente en ello, la autoridad que recibe la información podrá utilizarla para otros fines. 4. Toda información confidencial recibida, intercambiada o transmitida en virtud de la presente Directiva estará sujeta al secreto profesional contemplado en el presente artículo. No obstante, el presente artículo no será obstáculo para que las autoridades competentes intercambien o transmitan información confidencial […] con el consentimiento de la autoridad competente u otra autoridad, organismo o persona física o jurídica que haya comunicado la información. 5. El presente artículo no impedirá a las autoridades competentes intercambiar o transmitir, con arreglo a su Derecho interno, información confidencial que no se haya recibido de una autoridad competente de otro Estado miembro.»
13

El artículo 4, apartado 6, del Decreto ministerial sobre reglas de ejecución de las normas en materia de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables previstas en el artículo 11, apartados 1, 2 y 3, del Decreto Legislativo no 79, de 16 de marzo de 1999 (decreto ministeriale — Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), de 11 de noviembre de 1999 (GURI no 292, de 14 de diciembre de 1999, p. 26; en lo sucesivo, «Decreto ministerial de 11 de noviembre de 1999»), dispone: «La obligación prevista en el artículo 11, apartados 1 y 2, del Decreto Legislativo [no 79/1999], podrá cumplirse importando, total o parcialmente, electricidad generada por instalaciones que hayan iniciado sus operaciones después del 1 de abril de 1999 y estén alimentadas por fuentes renovables, siempre que dichas instalaciones estén ubicadas en países extranjeros que hayan adoptado medidas semejantes de fomento e incentivo de las fuentes de energía renovables, basadas en mecanismos de mercado que reconozcan la misma posibilidad a las instalaciones establecidas en Italia. En ese caso, el obligado presentará la solicitud prevista en el apartado 3 junto con el contrato de adquisición de energía generada por la instalación y con un título válido de comercialización de dicha energía en el sistema eléctrico nacional. Todos los datos deberán ser certificados por la autoridad designada, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 3, de la Directiva 96/92/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO 1997, L 27, p. 20)], en el país en el que esté establecida la instalación. En el caso de países no pertenecientes a la Unión Europea, la aceptación de la solicitud está condicionada a que el gestor del sistema de transmisión nacional celebre un acuerdo con la autoridad local homóloga competente, en el que se establezcan las modalidades para llevar a cabo las comprobaciones necesarias.»
20

En segundo lugar, el Reino de los Países Bajos alega que dichas pretensiones no presentan relación alguna con las alegaciones formuladas en el cuerpo de la demanda. Considera que esas alegaciones no se refieren al hecho de que se mantengan vigentes disposiciones legislativas supuestamente incompatibles con las de la Directiva 2006/54, que tampoco se identifican con precisión en dicha demanda, sino que recogen la postura de la Comisión de que la normativa neerlandesa no garantizaba una transposición íntegra de dicha Directiva.
19

La Comisión señala que la Directiva no se aplica a las aglomeraciones urbanas de menos de 2000 e-h, de forma que la falta de recogida de aguas residuales urbanas que correspondan a una carga de menos de 2000 e-h no es, en sí misma, constitutiva de una infracción del artículo 3 de la Directiva. Además, a pesar del hecho de que la Directiva exige un porcentaje de recogida del 100 %, la Comisión, en el marco del ejercicio de la facultad discrecional de que dispone para incoar un procedimiento de infracción, consideró en el presente caso que un porcentaje de recogida del 98 % era suficiente, si bien exigiendo igualmente que el residuo del 2 % de las aguas no recogidas no represente un e-h superior o igual a 2 000. Remitiéndose al apartado 25 de la sentencia Comisión/Grecia (C‑440/06, EU:C:2007:642), la Comisión sostiene además que, desde el momento en que algunas aglomeraciones urbanas no disponen de sistemas que permitan la recogida, conforme exige el artículo 3 de la Directiva, del 98 % de las aguas residuales urbanas que vierten, con mayor razón no se cumple la obligación de someter la totalidad de los vertidos a un tratamiento secundario o equivalente, prevista en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva.
a)

en el sector de la producción vegetal: i) al régimen de ayuda a los productores de determinados cultivos herbáceos establecido en el Reglamento (CE) no 1251/1999 [del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos (DO L 160, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2704/1999 del Consejo, de 14 de diciembre de 1999 (DO L 327, p. 12)]; ii) al régimen de ayuda a los productores de arroz establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 3072/95 [del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por el que se establece la organización común del mercado del arroz (DO L 329, p. 18), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2072/98 del Consejo, de 28 de septiembre de 1998 (DO L 265, p. 4)]; iii) a las medidas específicas relativas a determinadas leguminosas en grano establecidas en el Reglamento (CE) no 1577/96 [del Consejo, de 30 de julio de 1996, por el que se establece una medida específica en favor de determinadas leguminosas de grano (DO L 206, p. 4), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1826/97 de la Comisión, de 22 de septiembre de 1997 (DO L 260, p. 11)];
23

El órgano jurisdiccional remitente indica que la ZOZP no define el concepto de «utilización de vehículos», pero esta laguna ha sido colmada por la jurisprudencia. A este respecto, señala que el objetivo principal del seguro obligatorio con arreglo a la ZOZP consiste en la socialización del riesgo y en la necesidad de proteger las necesidades de los perjudicados y de los pasajeros en el marco de la circulación vial. Según el órgano jurisdiccional remitente, en virtud de la jurisprudencia eslovena, para valorar si determinado daño está cubierto o no por el seguro obligatorio, no es decisivo, sin embargo, si dicho daño se ha producido en una vía pública. No obstante, no existe cobertura en virtud del seguro obligatorio cuando se utiliza el vehículo como maquinaria de trabajo, por ejemplo en una superficie agrícola, puesto que en ese caso no se trata de circulación vial.