Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestión que carece manifiestamente de pertinencia

(Art. 234 CE)

2. Tratado CE - Regímenes de la propiedad - Principio de neutralidad - Límites - Sujeción a las normas fundamentales del Tratado - Legislación nacional que regula la adquisición de bienes inmuebles - Respeto de las disposiciones relativas a la libre circulación de capitales

[Arts. 73 B y 222 del Tratado CE (actualmente arts. 56 CE y 295 CE)]

3. Libre circulación de capitales - Restricciones a la adquisición de bienes inmuebles - Régimen de autorización previa a la adquisición de parcelas edificables - Improcedencia - Justificación - Inexistencia - Autorización al amparo de las medidas transitorias del Acta de adhesión de 1994 relativas a Austria - Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

[Art. 73 B del Tratado CE (actualmente art. 56 CE); art. 70 del Acta de adhesión de 1994]

4. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en lo que atañe a su aplicación en los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio - Exclusión

(Art. 234 CE; Acuerdo EEE)

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1. En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, establecido en el artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse, puesto que las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario. Además, en principio, corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, a la luz de las peculiaridades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como su pertinencia. De ello se desprende que las cuestiones planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. El único caso en el que el Tribunal de Justicia no se pronuncia es el supuesto excepcional de que resulte evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal.

El supuesto en el que el Derecho interno obliga a conceder a un nacional los mismos derechos que los nacionales de otros Estados miembros ostentan en virtud del Derecho comunitario en una situación idéntica no se corresponde con el caso excepcional antes mencionado. Al contrario, en esa situación la respuesta del Tribunal de Justicia puede ser útil al órgano jurisdiccional nacional.

( véanse los apartados 29 a 33 )

2. Aunque el régimen jurídico aplicable a la propiedad inmobiliaria sigue siendo competencia de cada uno de los Estados miembros en virtud del artículo 222 del Tratado (actualmente artículo 295 CE), no queda sustraído de las normas fundamentales del Tratado. Así, las normas nacionales que regulan la adquisición de la propiedad inmobiliaria a los efectos de prohibir el establecimiento de residencias secundarias, deben respetar las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales.

( véase el apartado 39 )

3. El artículo 73 B, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 56 CE, apartado 1) se opone a un procedimiento de autorización administrativa previa a una adquisición inmobiliaria como el establecido en la Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (Ley del Land de Vorarlberg, de transmisión de bienes inmuebles), que obliga a todo adquirente de terrenos sin construir a demostrar de manera plausible que el terreno recibirá, en un plazo razonable, un uso conforme al plan urbanístico o que persiga fines de interés público, general o cultural.

Si bien las restricciones al establecimiento de residencias secundarias en una determinada zona geográfica que un Estado miembro decide para mantener, con un objetivo de ordenación del territorio, una población permanente y una actividad económica autónoma respecto del sector turístico contribuyen ciertamente a una finalidad de interés general, una medida que impone al adquirente la obligación a aportar la prueba del uso futuro del terreno que adquiere deja, no obstante, a la administración un amplio margen de apreciación que se asemeja a una facultad discrecional, de la que no se excluye que pueda ser aplicada de manera discriminatoria. Por otra parte, puesto que un procedimiento de mera declaración va acompañado de instrumentos jurídicos adecuados, puede permitir eliminar el requisito de autorización previa, sin perjudicar, no obstante, la eficacia de los objetivos que persigue la autoridad pública, de tal forma que dicha exigencia no puede ser analizada como una medida estrictamente indispensable para alcanzar dichos objetivos.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si tal procedimiento puede ampararse en la excepción establecida en el artículo 70 del Acta de adhesión de 1994, que permite a Austria mantener su legislación vigente sobre residencias secundarias durante un período de cinco años a partir de la fecha de la adhesión. La normativa en cuestión, aprobada con posterioridad a la fecha de adhesión, se beneficia efectivamente de dicha excepción si es esencialmente idéntica a la legislación anterior o si se limita a reducir o suprimir un obstáculo al ejercicio de los derechos y las libertades comunitarias que figure en la legislación anterior.

( véanse los apartados 44, 46, 47, 50, 51 y 53 a 57 y el punto 1 del fallo )

4. Si bien el Tribunal de Justicia es competente en principio para pronunciarse con carácter prejudicial acerca de la interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en virtud del artículo 234 CE, cuando tal cuestión se plantea ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, esta competencia únicamente es válida por lo que respecta a las Comunidades, de tal forma que el Tribunal de Justicia no es competente, según el artículo 234 CE, para pronunciarse acerca de la interpretación de dicho Acuerdo en lo que atañe a su aplicación en los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Tal competencia tampoco le ha sido atribuida al Tribunal de Justicia en el marco del Acuerdo EEE. En efecto, del apartado 2 del artículo 108 de éste y del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC, relativo a la creación de un Órgano de Vigilancia y de un Tribunal de Justicia, se desprende que el Tribunal de la AELC es competente para pronunciarse sobre la interpretación del Acuerdo EEE aplicable en los Estados de la AELC. Éste no contiene ninguna disposición que prevea una competencia paralela del Tribunal de Justicia.

El hecho de que el Estado de la AELC en cuestión se haya convertido posteriormente en Estado miembro de la Unión Europea, de modo que la cuestión emana de un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, no puede producir el efecto de atribuir al Tribunal de Justicia una competencia de interpretación del Acuerdo EEE en lo que se refiere a su aplicación a situaciones que no competen al ordenamiento jurídico comunitario. Así pues, si bien el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la interpretación del Derecho comunitario, del cual forma parte integrante el Acuerdo EEE, por lo que respecta a su aplicación en los nuevos Estados miembros a partir de la fecha de su adhesión, no es competente para pronunciarse sobre los efectos de dicho Acuerdo en el ordenamiento jurídico nacional de dichos Estados durante el período anterior a dicha adhesión.

( véanse los apartados 65 a 71 y el punto 2 del fallo )