Por consiguiente, indicando lo anterior, me alejo del punto de vista defendido por el Gobierno alemán y el Ministerio, que en la audiencia manifestaron que, en el ámbito de la libertad de establecimiento, a diferencia de la libre circulación de servicios y de la libre circulación de mercancías, no existe la obligación de reconocimiento. En efecto, consideran que un Abogado que desea establecerse en otro Estado miembro debe familiarizarse con un sistema jurídico completamente diferente; la capacitación y la experiencia adquiridas en su Estado miembro de origen o en el Estado miembro de acogida son, al respecto, irrelevantes. Esta argumentación no me convence, ya que parte del principio de que no puede existir ninguna correspondencia significativa entre los sistemas jurídicos nacionales de la Comunidad y las modalidades de ejercicio de la práctica jurídica en los diferentes Estados miembros, una suposición que me parece difícilmente sostenible a la luz de los lazos históricos de parentesco entre determinado número de sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros ( 25 ) y del modo de organización de la Administración de Justicia. Además, y sobre todo, pasa por alto los esfuerzos realizados por un Abogado de otro Estado miembro para familiarizarse con el Derecho y la práctica jurídica del Estado miembro en el que intenta ejercer asimismo su profesión.

Ello no significa que las diferencias existentes entre los Estados miembros no puedan justificar la existencia de procedimientos de admisión aplicables a los Abogados de otros Estados miembros, pero, en mi opinión, la libertad de establecimiento y el ejercicio de una profesión en la totalidad del territorio de la Comunidad resultarían obstaculizados injustificadamente si, al analizar la solicitud de admisión de un Abogado de otro Estado miembro, no se debiera, en absoluto, tener en cuenta la capacitación ya adquirida y su equivalencia con la capacitación exigida por el Derecho del Estado miembro de acogida.

También en esta idea se basa la sentencia Thieffry. ( 26 ) Ciertamente, en aquel asunto, los hechos eran más simples que en el presente, puesto que ya se había reconocido la equivalencia entre un título belga y un título francés de licenciatura en Derecho (por una Universidad francesa) y el Sr. Thieffry había obtenido, asimismo, el «certificat d'aptitude à la profession d'avocat», exigido por la legislación francesa, después de haber superado las pruebas del correspondiente examen. ( 27 ) La denegación del acceso a la profesión por parte de las autoridades competentes, basada únicamente en que el interesado no estaba en posesión del diploma nacional, era en aquellas circunstancias claramente contraria al artículo 52 del Tratado. ( 28 ) Ahora bien, también en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia afirmó en términos generales que corresponde a los Estados miembros asegurar una aplicación de las normativas o prácticas nacionales, conforme al objetivo definido por las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, obligación que, por lo demás, las autoridades francesas habían cumplido de manera general al prever la posibilidad de examinar la equivalencia de las aptitudes académicas y profesionales en función de su correspondencia con las capacitaciones exigidas en su propia legislación. ( 29 ) Además, el Tribunal de Justicia subrayó que es importante que el reconocimiento de los títulos de habilitación profesional a efectos del establecimiento sea admitido en cada Estado miembro en la mayor medida posible compatible con las exigencias profesionales nacionales. ( 30 )