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32

Sobre este particular, por lo que respecta a los contratos de préstamo denominados en moneda extranjera y reembolsables en moneda nacional, el Tribunal de Justicia ha precisado que la exclusión de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas relativas a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, no puede aplicarse a cláusulas que se limitan a determinar, a efectos del cálculo de las cuotas de devolución, el tipo de conversión de la divisa en la que está denominado el contrato de préstamo, sin que, no obstante, el prestamista realice ningún servicio de cambio con ocasión de ese cálculo, y que no establecen, por tanto, ninguna «retribución» cuya adecuación como contrapartida de una prestación realizada por el prestamista no puede ser apreciada en relación con su carácter abusivo en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 58).
2)

El Derecho de la Unión, en concreto el principio de efectividad, no se opone a una norma procesal del Derecho administrativo nacional que dispone que, para que un requisito contrario al Derecho de la Unión, impuesto por una resolución administrativa en principio inimpugnable por una categoría de justiciables, pueda ser anulado debido a su carácter no ejecutable si se exigiese su cumplimiento mediante una resolución posterior, el justiciable debe demostrar que es evidente, sobre la base de un examen sumario que no deje lugar a dudas, que el requisito en cuestión no podía adoptarse con arreglo al Derecho de la Unión, sin perjuicio, no obstante, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que esa norma no se aplique de manera tan estricta que haga ilusoria, en la práctica, la posibilidad de que un justiciable obtenga la anulación efectiva del requisito de que se trate.
27

A este respecto, el tribunal remitente señala que la disposición nacional que debe aplicar es el artículo 19, apartado 1, de la UStG, que establece que la deuda tributaria se transferirá al destinatario de la prestación cuando el empresario no explote su empresa en el territorio nacional o no posea en él un establecimiento permanente (Betriebsstätte). Precisa que mediante esta disposición no solo se transpuso el artículo 196 de la Directiva 2006/112, sino también su artículo 194.
2)

Los artículos 5, apartado 1, letra c), 7, apartado 1, y 8, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 deben interpretarse en el sentido de que un vuelo desviado que aterriza en un aeropuerto distinto del aeropuerto para el que se efectuó la reserva pero existente en la misma ciudad o región no puede conferir al pasajero un derecho a compensación por cancelación de vuelo. No obstante, el pasajero de un vuelo desviado a un aeropuerto alternativo existente en la misma ciudad o región que el aeropuerto para el que se efectuó la reserva tiene derecho, en principio, a una compensación en virtud de dicho Reglamento cuando llega a su destino final con tres horas o más de retraso con respecto a la hora de llegada inicialmente programada por el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.
111

Pues bien, la recurrente no ha alegado ni demostrado que el Tribunal General desnaturalizara los hechos cuando consideró, en los apartados 18 y 21 de la sentencia recurrida, que ST y la recurrente habían respondido cada una al pliego de cargos y a la carta de exposición de los hechos. Asimismo, la recurrente no ha alegado ni demostrado una desnaturalización de los hechos en los apartados 133, 138 y 139 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General declaró, por una parte, que, en la Decisión controvertida, la Comisión no había modificado su apreciación relativa al estrechamiento de márgenes al imputar a ST y a la recurrente hechos sobre los que estas no habían tenido ocasión de manifestarse, y, por otra parte, que la toma en consideración del análisis plurianual para la demostración de un estrechamiento de márgenes en la Decisión controvertida estuvo motivada por la objeción formulada por ST en su respuesta al pliego de cargos y que hizo suya la propia recurrente, de modo que el análisis plurianual no tuvo como consecuencia imputar a la recurrente y a ST hechos respecto de los que estas no tuvieron la oportunidad de expresarse.
13

No obstante, la Comisión indicó que la recuperación no sería necesaria si Hungría suprimía la medida fiscal controvertida con efectos retroactivos a la fecha de su entrada en vigor. Afirmó que, en el futuro, por ejemplo a partir de 2017, Hungría podría introducir un régimen impositivo no progresivo que no estableciera distinciones entre los operadores económicos sujetos al impuesto.
12

El 16 de enero de 2013, la Comisión, de conformidad con el artículo 2 de su Reglamento (CE) n.o 773/2004, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), incoó el procedimiento de instrucción previsto en el artículo 11, apartado 6, del Reglamento n.o 1/2003 respecto de Ervin, Winoa, MTS, Würth y Pometon. Les fijó un plazo para que le comunicaran por escrito si estaban dispuestas a iniciar conversaciones con vistas a una transacción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 bis, apartado 1, del Reglamento n.o 773/2004.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12), de los artículos 1, 2, letra k), y 3, apartados 1 y 2, así como apartado 3, letra a), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16), y de los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55).
60

No obstante, cabe señalar que la calificación de un período de guardia como «período de descanso» a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/88 se entiende sin perjuicio del deber de los empresarios de cumplir las obligaciones específicas que les incumben en virtud de los artículos 5 y 6 de la Directiva 89/391, con el fin de proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores. De ello se desprende que los empresarios no pueden introducir períodos de guardia tan largos o frecuentes que constituyan un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores, con independencia de que dichos períodos se califiquen de «períodos de descanso» en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2003/88. Corresponde a los Estados miembros definir, en su ordenamiento jurídico nacional, las modalidades de aplicación de esta obligación [sentencia dictada en el día de hoy, Radiotelevizija Slovenija (Período de disponibilidad no presencial en un lugar remoto), C‑344/19, apartados 61 a 65 y jurisprudencia citada].
1)

El artículo 2, apartado 1, punto 4, letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, debe interpretarse en el sentido de que una entidad a la que se han conferido funciones de carácter público definidas de manera exhaustiva por el derecho nacional puede considerarse creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil en el sentido de dicha disposición, aun cuando no haya sido constituida bajo la forma de administración pública, sino de asociación de Derecho privado y algunas de sus actividades, para las que tiene capacidad de autofinanciación, no sean de carácter público.
50

La República de Polonia alega, en particular, que la jurisprudencia relativa al artículo 260 TFUE, apartado 2, no puede aplicarse automáticamente al apartado 3 del mismo artículo, ya que el apartado 3 tiene por objeto sancionar una infracción menos grave que la prevista en el apartado 2, consistente en no haber acatado una primera sentencia del Tribunal de Justicia en la que se declare un incumplimiento. En cualquier caso, el coeficiente de gravedad de 10 fijado por la Comisión es, en su opinión, desproporcionado en relación con la gravedad de la infracción imputada, ya que no tiene en cuenta el riesgo real de las consecuencias de esa infracción para el interés general y el de los particulares. Por otra parte, sostiene que la Comisión no ponderó que la propia Directiva 2016/680 prevé que, bajo determinadas condiciones, los sistemas de tratamiento automatizado establecidos con anterioridad al 6 de mayo de 2016 podrán ajustarse a los requisitos de la Directiva hasta el 6 de mayo de 2023 o en un plazo posterior. Por tanto, considera que el importe de la suma a tanto alzado propuesta por la Comisión debe reducirse.
13

El artículo 3a de la UStG regula la determinación del lugar de las otras prestaciones indicando: «(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 a 8 y en los artículos 3b, 3e y 3f, cualquier otra prestación se entenderá realizada en el lugar en el que el empresario ejerza su actividad empresarial. […] (2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 a 8 y en los artículos 3b, 3e y 3f, cualquier otra prestación que se lleve a cabo en beneficio de un empresario para las necesidades de su empresa se entenderá realizada en el lugar en el que el beneficiario ejerza su actividad empresarial. No obstante, si [la citada] prestación se realiza en beneficio de un establecimiento de un empresario, será el lugar de ese establecimiento el que resulte determinante. Las frases 1 y 2 se aplicarán mutatis mutandis en el caso de otra prestación realizada en beneficio de una persona jurídica dedicada exclusivamente a actividades no empresariales a la que se haya asignado un número de identificación a efectos del impuesto sobre el volumen de negocios y en el caso de otras prestaciones realizadas en beneficio de una persona jurídica dedicada tanto a actividades económicas como no económicas; esto no se aplicará a las demás prestaciones que se destinen exclusivamente a fines privados del personal o de un socio. (3) No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, [con efecto a partir del 30 de junio de 2013]: […] 2. El arrendamiento a corto plazo de un medio de transporte se entenderá realizado en el lugar en el que el medio de transporte se ceda efectivamente al beneficiario. Se considera que el arrendamiento es de corta duración en el sentido de la primera frase si es por un período ininterrumpido a) que no exceda de 90 días por lo que respecta a los medios de transporte marítimos, b) que no exceda de 30 días por lo que respecta a los demás medios de transporte. El arrendamiento de un medio de transporte que no pueda considerarse de corta duración, en el sentido de la segunda frase, efectuado en beneficio de un destinatario que no sea ni un empresario para cuya empresa se adquiere la prestación ni una persona jurídica dedicada a una actividad no económica a la que se haya asignado un número de identificación a efectos del impuesto sobre el volumen de negocios se entenderá realizado en el lugar en el que el beneficiario tenga su domicilio o su sede. […]»
45

A este respecto, por lo que se refiere a los motivos mencionados en el artículo 1 de la citada Directiva distintos de la discapacidad, el Tribunal de Justicia ha declarado que una diferencia de trato basada en la situación matrimonial de los trabajadores, y no expresamente en su orientación sexual, constituía, no obstante, una discriminación directa basada en esa orientación, ya que, al estar reservado el matrimonio, en el momento de los hechos considerados y en los Estados miembros de que se trata, a las personas de distinto sexo, los trabajadores homosexuales no podían cumplir el requisito necesario para obtener la ventaja reclamada. En tales circunstancias, la situación matrimonial no podía considerarse un criterio aparentemente neutro (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de abril de 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, apartado 73; de 10 de mayo de 2011, Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, apartados 49 y 52, y de 12 de diciembre de 2013, Hay, C‑267/12, EU:C:2013:823, apartados 41, 44 y 47).
44

A este respecto resulta de reiterada jurisprudencia que las declaraciones formuladas durante los trabajos preparatorios que preceden a la adopción de una directiva no pueden tenerse en cuenta para su interpretación cuando el contenido de las declaraciones no se plasme de algún modo en el texto de la disposición de que se trate y no tengan, por consiguiente, alcance jurídico (véase, en particular, la sentencia de 22 de octubre de 2009, Swiss Re Germany Holding, C‑242/08, EU:C:2009:647, apartado 62 y jurisprudencia citada).
35

En particular, la expresión «concesión y negociación de créditos» que figura en la referida disposición debe interpretarse en sentido amplio, de modo que su alcance no puede circunscribirse exclusivamente a los préstamos y créditos concedidos por entidades bancarias y financieras. En efecto, la anterior interpretación viene corroborada por la finalidad del sistema común instaurado por la Directiva IVA, que persigue, en particular, garantizar la igualdad de trato entre los sujetos pasivos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C‑235/18, EU:C:2019:412, apartados 44 y 45 y jurisprudencia citada).
15

El artículo 23, apartados 1 y 2, de la Ley sobre la electricidad establece: «1. Se crea una [CREG]. La [CREG] es un organismo autónomo con personalidad jurídica y que tiene su sede en el distrito administrativo de Bruselas-Capital [(Bélgica)]. En el marco de las funciones enumeradas en el artículo 23, la [CREG] tomará todas las medidas razonables para alcanzar, en estrecha concertación, en su caso, con las demás autoridades federales afectadas, incluida la Autorité belge de la concurrence [(Autoridad Belga de la Competencia)], y sin perjuicio de sus competencias, los siguientes objetivos: […] 2. Se encomendará a la [CREG] una misión de asesoramiento de las autoridades públicas en lo que respecta, por una parte, a la organización y al funcionamiento del mercado de la electricidad y, por otra, una misión general de supervisión y control de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. A tal efecto, la [CREG]: […] 3.o supervisará la transparencia y la competencia en el mercado de la electricidad de conformidad con el artículo 23 bis; 3.o bis apreciará el carácter objetivamente justificado de la relación entre los precios y los costes de empresa a que se refiere el artículo 23 ter; 4.o supervisará y controlará los intercambios comerciales de productos energéticos al por mayor de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1227/2011 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO 2011, L 326, p. 1)], respetando las respectivas competencias de la Autoridad Belga de la Competencia y de la Autorité des services et marchés financiers (FSMA) [(Autoridad de Servicios y Mercados Financieros, Bélgica)]; […] 8.o controlará el cumplimiento por parte del gestor de la red y de las empresas eléctricas de las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Ley y de sus decretos de ejecución, así como de otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables al mercado de la electricidad, en particular, en lo que respecta a las cuestiones transfronterizas y a las materias reguladas por el Reglamento (CE) n.o 714/2009 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO 2009, L 211, p. 15)]; 9.o controlará la aplicación del Reglamento técnico, aprobará los documentos a que se refiere dicho Reglamento, en particular por lo que se refiere a las condiciones de conexión y de acceso a la red de transporte y a los requisitos de la responsabilidad de equilibrio en la zona de ajuste, y evaluará los resultados pasados de las normas del Reglamento técnico que regulan la seguridad y la fiabilidad de la red de transporte; […]».
3

El Reglamento n.o 44/2001 fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). Sin embargo, con excepción de algunas de sus disposiciones, este último Reglamento solo es aplicable, en virtud de su artículo 81, a partir del 10 de enero de 2015. Por tanto, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos del litigio principal, este se rige por el Reglamento n.o 44/2001.
5

El artículo 3 de la citada Directiva establece: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
38

En aplicación del artículo 94 del Tratado CE [posteriormente artículo 89 CE (a su vez, actual artículo 109 TFUE)] se adoptó el Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO 1998, L 142, p. 1), sobre cuya base fueron aprobados posteriormente el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] (Reglamento general de exención por categorías) (DO 2008, L 214, p. 3), y el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2014, L 187, p. 1) (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 58 y jurisprudencia citada).
40

Por otra parte, es cierto que el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 43 de la sentencia de 20 de noviembre de 2003, Unterpertinger (C‑212/01, EU:C:2003:625), en el contexto del artículo 13 A, apartado 1, letra c), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), cuyo tenor reproduce sin cambios sustanciales el artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, que un servicio que consiste en elaborar un dictamen médico y que tiene por objeto responder a las preguntas que se formulan con motivo de una solicitud de dictamen, pero que se presta con el fin de permitir que un tercero adopte una decisión que produzca efectos jurídicos con respecto al interesado o a otras personas, no está exenta del IVA como «asistencia a personas físicas», dado que la finalidad principal de dicha prestación realizada mediante tal dictamen no consiste en proteger, mantener o restablecer la salud de la persona de que se trate por medio de operaciones exentas, sino en cumplir un requisito legal o contractual previsto en el proceso decisorio relativo a la concesión de una pensión de invalidez.
11

La Directiva 95/46 fue derogada, con efectos a 25 de mayo de 2018, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; corrección de errores en DO 2018, L 127, p. 2), cuyo artículo 1, titulado «Objeto», precisa en particular que dicho Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y que protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. Por otra parte, el artículo 94, apartado 2, de este Reglamento indica que toda referencia a la Directiva 95/46 ha de entenderse en adelante hecha a dicho Reglamento.
26

En primer lugar, Edison alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar, en los apartados 41, 46 y 54 de la sentencia recurrida, que la prueba de que la energía eléctrica no está incluida en la clase 4 de la octava edición de la Clasificación de Niza deriva de que la expresión«energía eléctrica» figura en una lista indicativa y no exhaustiva publicada por la EUIPO, que incluye ejemplos de productos y servicios que, aunque aparecen en la lista por orden alfabético de los productos incluidos en la clase 4 desde la novena edición de la Clasificación de Niza, «no están claramente incluidos en el tenor literal» del título de dicha clase. Según Edison, esta lista no es más que una comunicación de la EUIPO, que no es jurídicamente vinculante y sí recurrible. Por otra parte, añade que dicha lista, elaborada el 8 de febrero de 2016, no se aplica a su solicitud de limitación presentada el 15 de junio de 2015.