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Por una parte, una pretensión de anulación del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 428/2005 del Consejo, de 10 de marzo de 2005, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliéster originarias de la República Popular China y de Arabia Saudí, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2852/2000 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliéster originarias de la República de Corea y por el que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a tales importaciones originarias de Taiwán (DO L 71, p. 1), y, por otra parte, una pretensión, al amparo del artículo 241 CE, de que se declaren inaplicables las disposiciones del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en la medida en que apoyen las conclusiones impugnadas contenidas en el Reglamento nº 428/2005.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera — Obligación de motivación

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

2. Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

1. Cuando, en el marco del sistema de puntuación establecido por la Comisión, la comisión paritaria de evaluación se refiere a circunstancias específicas que permiten poner en entredicho la validez o la fundamentación de la apreciación inicial del evaluador o del ratificador, el evaluador de apelación está obligado a emitir un informe motivado, es decir, que contenga datos que puedan responder suficientemente a dichas circunstancias específicas, y no podrá liberarse de dicha obligación mediante una simple remisión implícita a la motivación inicial del informe de evolución de carrera. Tal posibilidad tendría como consecuencia privar de efecto útil al conjunto del procedimiento ante la comisión paritaria de evaluación.

(véanse los apartados 59 y 61)

2. Habida cuenta del hecho de que los evaluadores disfrutan de una amplia facultad de apreciación en las opiniones que emiten sobre el trabajo de las personas cuya calificación tienen a su cargo, es competencia del funcionario que solicita la anulación de su informe de evolución de carrera demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación.

Dicho error existe en el caso de la evaluación del rendimiento de un jefe de unidad hecha en relación con los objetivos asignados sobre la base de un aumento de efectivos que finalmente no se ha producido, cuando dichos objetivos no fueron revisados a la baja una vez que resulta evidente que no se cubrirían los puestos anunciados.

(véanse los apartados 83, 90 y 92)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de octubre de 2005, Fardoom y Reinard/Comisión (T‑43/04, RecFP pp. I‑A‑329 y II‑1465), apartado 79
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Celebración de un contrato mediante licitación

2. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Procedimiento de licitación

3. Derecho comunitario — Principios — Protección de la confianza legítima — Requisitos

Índice

1. La Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación respecto de los elementos que hay que tener en cuenta para decidir adjudicar un contrato tras una licitación y el control del juez comunitario debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

(véase el apartado 50)

2. Cuando el anuncio publicado en el marco de un procedimiento de licitación contiene una disposición que prohíbe a las entidades de un mismo grupo jurídico presentar ofertas en relación con la misma contratación, la Comisión, a falta de una definición normativa o jurisprudencial del concepto de agrupación jurídica que establezca los criterios de tal agrupación, está obligada, para pronunciarse sobre si concurren los requisitos de aplicación de la referida disposición, a realizar un examen caso por caso teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes. Por tanto, con el fin de apreciar la existencia de una agrupación jurídica, la Comisión tiene que determinar si las entidades de que se trata están vinculadas estructuralmente, ya que ese elemento puede crear un riesgo de conflicto de intereses o de distorsión de la competencia entre los licitadores, bien entendido, no obstante, que otros factores pueden apoyar el análisis de los vínculos estructurales, como los referentes al grado de independencia de las entidades de que se trata.

(véanse los apartados 51 a 53)

3. El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima, que constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad, se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Constituyen seguridades de esa índole, cualquiera que sea la forma en que le hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables. Por el contrario, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas.

A este respecto, no puede considerarse que las decisiones relativas a la selección de ofertas, adoptadas por la Comisión en el marco del procedimiento de licitación y en las que se indica de modo expreso que la firma del contrato marco está supeditada a la aportación por los interesados de la prueba de que no se hallan en ninguno de los supuestos de exclusión del procedimiento de licitación, contengan por ello seguridades concretas sobre el hecho de que el contrato marco será firmado en todo caso y, por consiguiente, no pueden hacer concebir en las entidades de que se trata esperanzas fundadas en ese sentido.

(véanse los apartados 88 y 90)
2)

Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc y Troy Chemical Co. BV cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
73

En relación con la impugnación de las competencias de la Comisión en dicho ámbito, esta Institución considera que si, como parece desprenderse de los apartados 99 y siguientes de su recurso, Brandt opina que la Comisión no está facultada para aplicar el Reglamento no 2204/2002 y, de un modo más general, los reglamentos de exención a las decisiones individuales que adopta, su tesis es manifiestamente errónea. Puntualiza que, por una parte, el cuarto considerando del Reglamento no 2204/2002 reserva a los Estados miembros la posibilidad de notificar las ayudas al empleo y obliga a la Comisión a examinar dichas notificaciones, en particular, a la luz de los criterios establecidos en el Reglamento no 2204/2002 y el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 [CE] y 88 [CE] a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10, p. 33), o de conformidad con las directrices o la regulación comunitaria aplicables. Por otra parte, es más que evidente que, para examinar la compatibilidad de una ayuda, la Comisión está obligada a aplicar todas las disposiciones potencialmente pertinentes, ya se trate de directrices, de otras reglas o de reglamentos. Según la Comisión, si no fuera así, nunca podría adoptar decisiones negativas, ya que no estaría facultada para excluir la hipótesis de que una ayuda pudiera ser compatible con el mercado común en virtud de un reglamento de exención.
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 16 de septiembre de 2008 — Nortrail Transport/Comisión

(Asunto T-496/04)

«Unión aduanera — Operación de tránsito comunitario externo — Productos de pesca procedentes de Noruega — Solicitud de condonación y devolución de derechos de importación — Cláusula de equidad — Reglamentos (CEE) nos 2913/92 y 2454/93 — Circunstancias particulares — Apertura con carácter retroactivo de contingentes arancelarios»

Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Cláusula de equidad establecida por los artículos 239 del Código aduanero comunitario y 905 de su Reglamento de aplicación — «Situación especial» [Decisión no 1/94 del Comité Mixto CE-Noruega, art. 17, ap. 7; Reglamentos del Consejo (CEE) no 2913/92, art. 239, (CE) no 992/95 y (CE) no 3061/95, art. 2; Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, art. 905, ap. 1; Decisión 95/312/CE del Consejo, art. 5 y anexo I] (véanse los apartados 40 a 44, 48, 51, 53, 54, 58, 59, 61 y 64 a 69)

Objeto

Anulación de la Decisión de la Comisión REM 15/02, de 1 de octubre de 2004, por la que se declara injustificada la devolución de derechos de importación a la demandante objeto de la solicitud presentada por la República Federal de Alemania.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Nortrail Transport GmbH cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 16 de septiembre de 2008 — Nortrail Transport/Comisión

(Asunto T-496/04)

«Unión aduanera — Operación de tránsito comunitario externo — Productos de pesca procedentes de Noruega — Solicitud de condonación y devolución de derechos de importación — Cláusula de equidad — Reglamentos (CEE) nos 2913/92 y 2454/93 — Circunstancias particulares — Apertura con carácter retroactivo de contingentes arancelarios»

Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Cláusula de equidad establecida por los artículos 239 del Código aduanero comunitario y 905 de su Reglamento de aplicación — «Situación especial» [Decisión no 1/94 del Comité Mixto CE-Noruega, art. 17, ap. 7; Reglamentos del Consejo (CEE) no 2913/92, art. 239, (CE) no 992/95 y (CE) no 3061/95, art. 2; Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, art. 905, ap. 1; Decisión 95/312/CE del Consejo, art. 5 y anexo I] (véanse los apartados 40 a 44, 48, 51, 53, 54, 58, 59, 61 y 64 a 69)

Objeto

Anulación de la Decisión de la Comisión REM 15/02, de 1 de octubre de 2004, por la que se declara injustificada la devolución de derechos de importación a la demandante objeto de la solicitud presentada por la República Federal de Alemania.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
45

En el caso de autos, las demandantes invocan siete motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basa en la vulneración del derecho de defensa, ya que la Comisión únicamente puso a su disposición una versión no confidencial de la Decisión impugnada en la que se ocultaron la mayoría de las cifras en aras del respeto del principio del secreto empresarial. El segundo motivo se basa en la infracción de lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartado 3, al haber decidido la Comisión no incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, pese a que tuvo serias dificultades a la hora de apreciar la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común. En los motivos tercero, cuarto y quinto, las demandantes afirman que el examen hecho por la Comisión de las medidas relativas a la exención del impuesto sobre sociedades, a la supresión de una provisión y a la posibilidad de utilizar una garantía del Estado para los préstamos, fue insuficiente o incompleto y disienten de que dichas medidas no se hayan calificado de ayudas de Estado. En apoyo de su sexto motivo, las demandantes cuestionan el método y el contenido del cálculo realizado por la Comisión de la diferencia entre los elementos de las sobrecompensaciones y las subcompensaciones del coste adicional de los SIEG. Por último, en apoyo de su séptimo motivo, las demandantes sostienen que, contrariamente a los principios establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747; en lo sucesivo, «sentencia Altmark»), la Comisión no comprobó si los SIEG se habían prestado originando el menor coste para la colectividad.
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Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión 2001/822/CE, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad — Decisión por la que se rechaza conceder una excepción de la citada Decisión respecto de las normas de origen para el azúcar procedente de las Antillas Neerlandesas — Incumplimiento de la obligación de motivación

(Art. 253 CE; Decisión 2001/822/CE del Consejo, anexo III, art. 37; Decisión 2003/34/CE de la Comisión)

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La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

No cumple los requisitos exigidos en el artículo 253 CE una decisión de la Comisión por la que se rechaza conceder una excepción de la Decisión 2001/822, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar (PTU) a la Comunidad, respecto de las normas de origen para el azúcar procedente de las Antillas Neerlandesas que no permite determinar de manera suficientemente clara, en primer lugar, la motivación que indujo a la Comisión a concluir que las normas en materia de origen cumulativo permitían resolver el problema y que la utilización de azúcar de Guyana no lleva al cese de actividades del productor; en segundo lugar, si el artículo 37, apartado 3, letra b), del anexo III de la Decisión PTU, relativo a las condiciones para la concesión de una excepción a las normas de origen, fue aplicado, o no, por la Comisión y, en último lugar, el método de cálculo utilizado por la Comisión relativo al valor añadido del azúcar de Guyana en el marco de una posible aplicación del artículo 37, apartado 7, de dicho anexo.

(véanse los apartados 20, 42, 43, 45 y 49)
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Sumario

Funcionarios – Recurso – Acto lesivo – Concepto – Medida de organización interna de los servicios – Exclusión – Excepciones

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, párr. 2, y 91, párr. 1)

La existencia de un acto lesivo, con arreglo a los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso interpuesto por los funcionarios contra la institución a la que pertenecen.

Son lesivos únicamente los actos que pueden afectar directamente a la posición jurídica de un funcionario y que, por lo tanto, van más allá de las simples medidas de organización interna del servicio, las cuales no atentan contra la posición estatutaria del funcionario de que se trate ni contra la observancia del principio de correspondencia entre el grado del funcionario y el puesto al que está adscrito. Tal acto se inscribe dentro de la facultad discrecional que ostenta toda administración para repartir las funciones entre los miembros de su personal. No obstante, determinados actos pueden considerarse actos lesivos, aunque no afecten a los intereses ni al rango del funcionario, si perjudican los intereses morales o las perspectivas de futuro del interesado.

Únicamente las circunstancias especiales que hayan motivado las medidas de organización interna pueden determinar la admisibilidad de un recurso judicial contra éstas. Puede ser así cuando la decisión de que se trate tiene el carácter de una sanción encubierta, que manifieste la voluntad de discriminar al funcionario afectado o que incurra en desviación de poder.

(véanse los apartados 21 a 23)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T‑20/92, Rec. p. II‑799), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T‑36/93, RecFP pp. I‑A‑161 y II‑497), apartados 41 y 42; Tribunal de Primera Instancia, 28 de mayo de 1998, W/Comisión (asuntos acumulados T‑78/96 y T‑170/96, RecFP pp. I‑A‑239 y II‑745), apartado 45; Tribunal de Primera Instancia, 7 de julio de 1998, Moncada/Comisión (T‑178/97, Rec. pp. I‑A‑339 y II‑989), apartado 33; Tribunal de Primera Instancia, 23 de noviembre de 1999, Sabbioni/Comisión (T‑129/98, RecFP pp. I‑A‑223 y II‑1139), apartado 45
Para valorar los méritos que deben tomarse en consideración en el marco de una decisión de promoción prevista en el artículo 45 del Estatuto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación y el control del órgano jurisdiccional comunitario debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de los criterios y motivos que hayan podido conducir a la administración en su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de una forma manifiestamente errónea. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de las cualificaciones y méritos de los candidatos que corresponde a dicha autoridad por la suya propia. Sin embargo, la facultad discrecional que así se reconoce a la administración resulta limitada por la necesidad de proceder al examen comparativo de las candidaturas de modo cuidadoso e imparcial, en interés del servicio y con arreglo al principio de igualdad de trato. En la práctica, tal examen debe desarrollarse de un modo igualitario y a partir de fuentes de información y de datos comparables.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción frente a los funcionarios no promovidos pero sí está obligada, en cambio, a motivar su decisión por la que desestima la reclamación de un funcionario no promovido, motivación que debe coincidir con la de la decisión contra la cual se dirigió la reclamación. Dado que las promociones se efectúan, a tenor del artículo 45 del Estatuto, «mediante libre designación», basta que la motivación de la desestimación de la reclamación se refiera a la observancia de los requisitos legales a los que el Estatuto supedita la conformidad a Derecho de la promoción.

(véase el apartado 42)

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990. Culin/Comisión(C-343/87. Rec. p. I-225). apañado 13; Tribunal de Justicia. 9 de diciembre de 1993. Parlamento/Volger (C-115/92P. Rec. p. I-6549). apartados 22 y 23; Tribunal de Primera Instancia. 9 de marzo de 2000. Vicente Núñez/Comisión (T-10/99. RecFP pp. I-A-47 y II-203). apartado 42 y la jurisprudencia citada
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Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas carentes de carácter distintivo – Marca tridimensional – Forma de una botella prevista como envase de los productos designados en la solicitud de marca

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

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No carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, un signo tridimensional constituido por la forma de una botella cilíndrica que incluye diferentes elementos de presentación, cuyo registro se solicita para «aguas minerales, aguas gaseosas y gasificadas, aguas de manantial, aguas aromatizadas y en particular bebidas aromatizadas a base de agua mineral y de frutas y extractos de frutas, bebidas y zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y en general todas las bebidas sin alcohol» pertenecientes a la clase 32 del Arreglo de Niza, dado que la combinación de dichos elementos es auténticamente específica y no puede considerarse en modo alguno común, confiriendo así a la botella controvertida una apariencia particular que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público y que este último, familiarizado con la forma del envase de los productos de que se trata, pueda diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial.

(véanse los apartados 41 y 43)
Una decisión de una institución comunitaria que se comunica al conjunto de su personal y que trata de garantizar a los funcionarios interesados un trato idéntico en lo relativo a la calificación, aun cuando no constituya una disposición general de aplicación, en el sentido del artículo 110 del Estatuto, constituye una directriz interna y, como tal, debe considerarse como una norma de conducta indicativa que la administración se impone a sí misma y de la cual no puede separarse sin precisar las razones que le llevaron a ello, so pena de violar el principio de la igualdad de trato.

(véase el apartado 43)

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión (190/82, Rec. p. 3981), apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latharn/Comisión(T-63/89, Rec. p. II-19), apartado 25
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Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Máquinas destinadas a la transmisión de datos en el interior de redes locales informáticas - Máquinas que no realicen una función propia en el sentido de la nota 5 E del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada - Clasificación en la partida 8471 de la Nomenclatura Combinada

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$$La nota 5 E del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común, contenida en el anexo I del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por los Reglamentos nos 3009/95 y 1734/96, según la cual las máquinas que realicen una función propia distinta del procesamiento de datos y que trabajen en unión con una máquina automática para el procesamiento de datos deben clasificarse en la partida que corresponda a su función o, en su defecto, en una partida residual, implica que la primera máquina está destinada a ejercer una función específica y que es apta para hacerlo, pero que el hecho de que esté conectada a una máquina automática de proceso de datos presenta alguna ventaja. Sin embargo, no puede considerarse que ejercen una «función propia» las máquinas que están exclusivamente destinadas a las máquinas automáticas para el proceso de datos, están directamente conectadas a éstas y cuya función es suministrar y recibir datos en un formato utilizable por dichas máquinas. Tales máquinas son comparables a cualquier otro medio mediante el cual una máquina automática de proceso de datos recibe o suministra datos, en el sentido de que no realizan ninguna función que puedan ejercer sin la ayuda de tal máquina. En estas circunstancias, la transmisión de datos dentro de dicho sistema no puede considerarse como una función propia.

Dado que los productos en cuestión reúnen los requisitos relativos a las «unidades» a que se refiere la nota 5 B del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada, deben ser clasificados en la partida 8471 en calidad de «unidades» de máquinas automáticas para el proceso de datos.

( véanse los apartados 33, 39 a 41 y 46 )