6.

En lo que a las condiciones laborales se refiere, es preciso verificar, en primer lugar, si el trabajador de que se trata se halla integrado en la organización concebida por el empresario, en el caso de autos, si forma parte de la Administración municipal, o bien si, y en qué medida, es libre de organizar autónomamente su propia actividad. En efecto, resulta patente que la posibilidad de autoorganizarse (elección de los propios colaboradores, de las estructuras necesarias para el desarrollo de sus propias funciones y de los horarios de trabajo), conjuntamente con la falta de integración orgánica en una empresa o Administración, son elementos típicos de una actividad realizada en régimen de autonomía. Por el contrario, la supeditación a determinadas directrices, así como a un cierto control y facultad disciplinaria del empresario, aunque caracterice a la relación laboral, no resulta incompatible con la naturaleza autónoma de la actividad. En efecto, la sujeción a las directrices ajenas se manifiesta de manera evidente incluso en el ámbito de relaciones cuyo objeto consiste en una actividad indudablemente autónoma, como por ejemplo en el contrato administrativo de concesión; y, como ya tuvo ocasión de declarar este Tribunal de Justicia en relación con las profesiones de notario y de agente judicial, el sometimiento «a un control disciplinario bajo la supervisión de la autoridad pública, lo que también ocurre en otras profesiones reglamentadas, así como el hecho de que sus remuneraciones se determinen mediante ley, no basta para considerar que se encuentran en una situación jurídica de subordinación respecto a un empresario en el sentido propio del apartado 4 del artículo 4». ( 6 ) En lo tocante al régimen de retribuciones, el hecho de que las contraprestaciones (aunque legalmente establecidas ( 7 )) se calculen en función de las prestaciones efectivas y su consiguiente carácter aleatorio son indicios evidentes de la existencia de una relación no laboral. De hecho, es innegable que en una relación laboral, el riesgo económico ha de recaer exclusivamente en el empresario. Sin embargo, en el caso de autos, el riesgo económico recae íntegramente en el Recaudador, en el sentido de que la falta del cobro de tributos supone la inexistencia de ganancias, circunstancia que no se produciría de existir un vínculo de subordinación con el Ayuntamiento, ya que, en tal supuesto, el Recaudador recibiría, en cualquier caso, su contraprestación, tanto si recaudara los tributos como si no. Y por último debo abordar el factor responsabilidad. En el caso de autos debe distinguirse entre responsabilidad que deriva de los comportamientos propios del Recaudador y responsabilidad derivada de los actos administrativos, es decir, relativos a la esencia del tributo. No cabe duda de que el Recaudador puede ser responsable tan sólo en relación con el primer tipo de responsabilidad y que, por lo tanto, sobre la base de la normativa nacional correspondiente, deberá verificarse si el trabajador de que se trata es responsable frente a terceros por su propios actos y comportamientos. Por las consideraciones que anteceden es evidente que la locución «con carácter independiente», contenida en el apartado 4 del artículo 4 de la Sexta Directiva del IVA, debe interpretarse en el sentido de que procede calificar de trabajador autónomo al trabajador que orgánicamente no se halle integrado en una empresa; que disponga de una apropiada libertad de organización en cuanto a los recursos humanos y materiales que ha de utilizar para el desarrollo de la actividad de que se trate, y que asuma el riesgo económico de dicha actividad.