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Asunto C‑19/03

Verbraucher-Zentrale Hamburg eV

contra

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I)

«Política económica y monetaria – Reglamento (CE) nº 1103/97 – Introducción del euro – Conversión entre las unidades monetarias nacionales y la unidad euro – Redondeo de importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar después de la conversión – Contrato celebrado en el sector de las telecomunicaciones – Concepto de “importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar” – Sistema de tarifas por minuto de las comunicaciones telefónicas»

Sumario de la sentencia

Política económica y monetaria – Introducción del euro – Reglamento (CE) nº 1103/97 – Norma que prevé el redondeo después de la conversión de los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar – Aplicación a una tarifa telefónica – Exclusión – Redondeo de dicha tarifa aplicado por un operador nacional – Procedencia – Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1103/97 del Consejo, art. 5]

El Reglamento nº 1103/97, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, pretende, por una parte, garantizar el cumplimiento del principio de continuidad de los contratos, de forma que la transición a la moneda única se realice sin afectar a las obligaciones previamente asumidas por los ciudadanos y las empresas, y comparte, por otra, el objetivo de neutralidad de la transición al euro. El Reglamento sólo establece una regulación de mínimos del redondeo de determinados importes y deja a cargo de las autoridades nacionales el mantenimiento o la adopción de disposiciones que ayuden a la consecución de dicho objetivo.

De lo que se desprende que la primera frase del artículo 5 de dicho Reglamento, que dispone el redondeo al céntimo más próximo de los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar, no debe ser interpretada en sentido amplio. Así, el citado precepto no se aplica a una tarifa fijada por un operador nacional, como el precio por minuto de comunicación telefónica, que consiste en un importe que no es efectivamente facturado al consumidor ni abonado por éste ni se registra como tal en un documento contable o en un extracto de cuenta. El hecho de que dicha tarifa se determine como un múltiplo de la unidad utilizada como base de cálculo del importe de la factura o que constituya, desde el punto de vista del consumidor, la unidad básica para determinar el precio de los bienes o servicios de que se trate carece de relevancia a estos efectos.

No obstante, este mismo Reglamento no se opone a que se redondeen al céntimo más próximo importes como la citada tarifa, siempre que esta forma de redondeo sea compatible con el principio de continuidad de los contratos garantizado por el artículo 3 del mismo Reglamento y con el objetivo de neutralidad de la transición al euro, esto es, siempre que no afecte a las obligaciones contractuales asumidas por los agentes económicos, incluidos los consumidores, y que no altere de forma significativa el precio que efectivamente deba ser abonado.

(véanse los apartados 31, 32, 34, 36, 40 a 43 y 57 y los puntos 1 y 2 del fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Competencias especiales — Pluralidad de demandados

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 6, número 1)

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El artículo 6, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada en último lugar por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas. En efecto, habida cuenta de que ni los actos de violación reprochados a los diferentes demandados ni la normativa nacional conforme a la que son apreciados dichos actos son los mismos, no existe riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables como consecuencia de acciones de violación de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes, ya que las posibles diferencias entre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de que se trata no se inscriben en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho.

De lo antedicho resulta que no puede establecerse entre tales acciones el vínculo de conexión exigido para aplicar el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas.

(véanse los apartados 20, 25, 27, 28, 31, 33, 35 y 41 y el fallo)
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Palabras clave

Medio ambiente — Protección — Competencia de la Comunidad — Sanciones penales — Decisión marco 2003/80/JAI, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal — Base jurídica adecuada — Artículo 175 CE — Decisión que se basa en el título VI del Tratado de la Unión Europea — Infracción del artículo 47 UE

(Arts. 135 CE, 175 CE y 280 CE, ap.4; Art. 47 UE; Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, arts. 1 a 7)

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La Decisión marco 2003/80, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, al estar basada en el título VI del Tratado de la Unión Europea, invade las competencias que el artículo 175 CE atribuye a la Comunidad e infringe pues en su conjunto, debido a su indivisibilidad, el artículo 47 UE. En efecto, los artículos 1 a 7 de dicha Decisión marco, que comportan una armonización parcial de la legislación penal de los Estados miembros, especialmente por lo que se refiere a los elementos constitutivos de diferentes infracciones penales contra el medio ambiente, podrían haber sido adoptados válidamente sobre la base del artículo 175 CE puesto que, tanto por su finalidad como por su contenido, tienen como objetivo principal la protección del medio ambiente, que constituye uno de los objetivos esenciales de la Comunidad.

A este respecto, si bien es cierto que, en principio, la Comunidad no es competente en materia de Derecho penal ni en materia de Derecho procesal penal, ello no es óbice para que el legislador comunitario adopte medidas relacionadas con el Derecho penal de los Estados miembros y que estime necesarias para garantizar la plena efectividad de las normas que dicte en materia de protección medioambiental, cuando la aplicación por las autoridades nacionales competentes de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias constituye una medida indispensable para combatir los graves atentados contra el medio ambiente. El hecho de que los artículos 135 CE y 280 CE, apartado 4, reserven a los Estados miembros la aplicación de la legislación penal nacional y la administración de justicia en los ámbitos de la cooperación aduanera y de la lucha contra los perjuicios causados a los intereses financieros de la Comunidad, respectivamente, no permite poner en duda esta competencia del legislador comunitario en el marco de la aplicación de la política medioambiental.

(véanse los apartados 41, 42, 47, 48 y 51 a 53)
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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo — Adaptación de las imputaciones con posterioridad al dictamen motivado, a causa de una modificación de la legislación nacional — Procedencia

(Art. 226 CE)

2. Política social — Trabajadores y trabajadoras — Acceso al empleo y condiciones de trabajo — Igualdad de trato — Excepciones — Protección de la mujer — Alcance — Prohibición del empleo de mujeres en la industria minera subterránea, así como para trabajos en medio hiperbárico y trabajos de buceo — Improcedencia

(Directiva 76/207/CEE del Consejo, art. 2, ap. 3)

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1. Si bien es cierto que el objeto de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE está circunscrito por el procedimiento administrativo previsto por dicha disposición y, en consecuencia, el dictamen motivado de la Comisión y el recurso han de fundarse en idénticas imputaciones, esta exigencia no puede, no obstante, llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso cuando el objeto del litigio no se ha ampliado ni se ha modificado sino que, por el contrario, solamente se ha restringido.

Por lo tanto, si se produce un cambio legislativo a lo largo del procedimiento administrativo previo, el recurso podrá referirse a disposiciones nacionales que no sean idénticas a las contempladas en el dictamen motivado. En la medida en que basta que el sistema establecido por la legislación aludida en el curso del procedimiento administrativo previo haya sido mantenido en su conjunto por las nuevas medidas adoptadas por el Estado miembro con posterioridad al dictamen motivado y contra las que se dirige el recurso, no se excluye que baste asimismo que las nuevas medidas introduzcan excepciones en el sistema objeto del dictamen motivado, subsanando de este modo parcialmente las deficiencias imputadas.

(véanse los apartados 28 a 30)

2. El apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, aun cuando admite las diferencias de trato fundadas en el deseo de protección de la mujer, especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad, no permite, sin embargo, excluir a las mujeres de un empleo basándose en que deberían estar más protegidas que los hombres contra riesgos que afectan por igual a hombres y mujeres y que son distintos de unas necesidades de protección específicas de la mujer como las expresamente mencionadas

Por consiguiente, ni la prohibición general del empleo de mujeres en el sector de la industria minera subterránea y para trabajos en medio hiperbárico, aun matizada por excepciones, ni la prohibición absoluta de emplear a mujeres para trabajos de buceo, constituyen una diferencia de trato admisible con arreglo a dicha disposición.

(véanse los apartados 43, 45, 50, 69 y 74)
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Palabras clave

1. Medio ambiente – Conservación de las aves silvestres – Directiva 79/409/CEE – Ejecución por los Estados miembros – Excepciones a la prohibición de matar o capturar las especies protegidas – Prevención de perjuicios importantes a los cultivos – Requisito – Inexistencia de otra solución satisfactoria

[Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, letra a)]

2. Medio ambiente – Conservación de las aves silvestres – Directiva 79/409/CEE – Ejecución por los Estados miembros – Excepciones a la prohibición de matar o capturar las especies protegidas – Requisito – Captura en pequeñas cantidades – Criterios

[Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, letra c)]

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1. A tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, sólo pueden establecerse excepciones a lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Directiva, que prohíbe el recurso a cualquier medio, instalación o método de captura o caza masiva o no selectiva, si no hubiere otra solución satisfactoria y por los motivos enumerados con carácter taxativo en ese mismo artículo 9, apartado 1, letras a) a c), entre los que se encuentra la prevención de perjuicios importantes a los cultivos.

(véase el apartado 24)

2. Para apreciar en qué medida una excepción establecida por un Estado miembro al amparo del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, respeta el requisito de que la captura de las aves de que se trate se efectúe en pequeñas cantidades, no habiéndose presentado prueba científica alguna en sentido contrario, el Tribunal de Justicia puede utilizar como base de referencia los dictámenes del comité ORNIS, comité para la adaptación al progreso técnico y científico de dicha Directiva, creado por el artículo 16 de la misma, habida cuenta de la autoridad científica de los dictámenes de dicho comité. En este caso se encuentra el dictamen que propone el criterio de las pequeñas cantidades, aunque no sea jurídicamente vinculante para los Estados miembros.

(véase el apartado 41)
Asunto C‑382/02

Cimber Air A/S

contra

Skatteministeriet

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret)

«Sexta Directiva IVA – Artículo 15, números 6, 7 y 9 – Exención de las operaciones de exportación fuera de la Comunidad – Concepto de aeronaves utilizadas por las compañías de navegación aérea que se dedican esencialmente al tráfico internacional – Exención del avituallamiento en vuelos interiores»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido – Exenciones previstas en la Sexta Directiva – Exención de determinadas operaciones relativas a las aeronaves utilizadas por las compañías de navegación aérea que se dedican esencialmente al tráfico internacional remunerado – Ámbito de aplicación – Operaciones relativas a las aeronaves que efectúan vuelos interiores – Inclusión – Concepto de «compañía que se dedique esencialmente al tráfico internacional» – Apreciación por los órganos jurisdiccionales nacionales

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 15, números 6, 7 y 9)

Las disposiciones del artículo 15, números 6, 7 y 9, de la Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que establecen la exención del impuesto sobre el valor añadido para determinadas operaciones relativas a aeronaves utilizadas por las compañías de navegación aérea que se dediquen esencialmente al tráfico internacional remunerado, deben interpretarse en el sentido de que están exentas del impuesto sobre el valor añadido las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, a las que se refieren dichas disposiciones, destinadas a aeronaves que efectúan vuelos interiores, pero que son utilizadas por tales compañías.

Para determinar si una compañía de navegación aérea se dedica esencialmente al tráfico internacional en el sentido del artículo 15, número 6, antes citado, debe considerarse como tal, en todo caso, aquella cuyas actividades no internacionales sean sensiblemente menos importantes que sus actividades internacionales. A este respecto, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar la importancia respectiva de las actividades internacionales y no internacionales de dicha compañía. Para ello deben tomarse en consideración todos los elementos que aporten indicios sobre la importancia relativa del tipo de tráfico de que se trate, en particular, el volumen de negocios.

(véanse los apartados 30, 39 y 40 y los puntos 1 y 2 del fallo)
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Palabras clave

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Principio de igualdad de trato respecto de las importaciones procedentes de diferentes países — Alcance en lo que atañe a productos procedentes de diferentes países y que son todos objeto de dumping, pero que en unos casos están sujetos a procedimientos de reconsideración de un derecho definitivo y en otros a una investigación inicial

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, arts. 5, 9, ap. 5, y 11, ap. 2]

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Existe una diferencia objetiva entre el procedimiento de investigación inicial destinado a determinar la existencia de una práctica de dumping y el procedimiento de reconsideración de una medida antidumping de próxima expiración En efecto, mientras que las importaciones sujetas a un procedimiento de reconsideración son aquellas que ya han sido objeto de medidas antidumping definitivas y respecto de las cuales se han aportado suficientes elementos de prueba como para acreditar que la supresión de dichas medidas provocaría con toda probabilidad la continuación o la reaparición del dumping y del perjuicio, cuando las importaciones están sujetas a una investigación inicial el objetivo de ésta consiste precisamente en determinar la existencia, importancia o efectos de cualquier supuesto dumping, aun cuando la apertura de una investigación de este tipo requiera la existencia de elementos de prueba suficientes que justifiquen el inicio de un procedimiento de esa índole.

De lo anterior se desprende que el hecho de recaudar un derecho antidumping definitivo hasta la terminación del procedimiento de reconsideración de que es objeto, cuando durante el mismo período de tiempo no se recauda ningún derecho de este tipo respecto de productos similares originarios de otro país en relación con los cuales se tramita una investigación inicial, no constituye una violación del principio de igualdad de trato.

Por otra parte, el Consejo no tiene la obligación de excluir la aplicación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, que dispone que seguirá percibiéndose el derecho antidumping definitivo hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración, en virtud del principio de no discriminación formulado en el artículo 9, apartado 5, del mismo Reglamento. En efecto, cuando el Consejo decide dar por concluido un procedimiento de reconsideración debido a que no se ha impuesto ningún derecho antidumping definitivo sobre las importaciones que se encuentran en una situación comparable con las importaciones sujetas a reconsideración, pero que proceden de otras fuentes y han sido objeto de una investigación inicial, el principio enunciado en esta última disposición no exige que dicha institución restablezca una igualdad de trato absoluta por lo que se refiere a la percepción de los derechos sobre las importaciones que se encuentran en esas situaciones diferentes.

(véanse los apartados 50 a 52)
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Palabras clave

Política social – Trabajadores y trabajadoras – Igualdad de retribución – Normativa nacional que sólo prevé la retribución de las horas extraordinarias de los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial en caso de superarse un número de horas idéntico para ambas categorías – Improcedencia – Requisitos – Discriminación indirecta de las trabajadoras a tiempo parcial

(Art. 141 CE; Directiva 75/117/CEE del Consejo, art. 1)

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Los artículos 141 CE y 1 de la Directiva 75/117, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional por la que los profesores a tiempo parcial no perciben –ni tampoco los que trabajan a tiempo completo– ninguna retribución por las horas extraordinarias que realizan cuando éstas no superan tres horas al mes, si esta diferencia de trato afecta a un número mucho mayor de mujeres que de hombres y si tal diferencia de trato no puede justificarse por un objetivo ajeno a la pertenencia a un determinado sexo o no es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido.

(véanse el apartado 19 y el fallo)
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1. Actos de las instituciones – Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América – Institución competente para adoptar un acto de esta naturaleza – Consideración del reparto de competencias y del equilibrio institucional establecido por el Tratado en el ámbito de la política comercial común – Falta de fuerza obligatoria de las Directrices – Falta de pertinencia

(Arts. 133 CE y 300 CE)

2. Acuerdos internacionales – Determinación del carácter vinculante – Criterio decisivo – Intención de las partes – Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América – Falta de fuerza obligatoria – Menoscabo del ejercicio, por parte de la Comisión, de su facultad de iniciativa legislativa – Exclusión

(Art. 300 CE)

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1. El hecho de que un acto como las Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América esté desprovisto de fuerza obligatoria no basta para conferir a la Comisión competencia para adoptarlo. En efecto, puesto que, en el presente asunto, se trata de un acto destinado a reducir los riesgos de que surjan tensiones como consecuencia de la existencia de obstáculos técnicos al comercio de mercancías, la determinación de los requisitos para que pueda adoptarse tal acto exige tener debidamente en cuenta el reparto de competencias y el equilibrio institucional establecidos por el Tratado en el ámbito de la política comercial común.

(véase el apartado 40)

2. A la hora de determinar si un acto, como las Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América, reviste o no fuerza obligatoria, la voluntad de las partes constituye, en principio, el criterio decisivo. En el presente asunto, esta voluntad está claramente expresada en el propio tenor de las Directrices, al precisar éstas, en su punto 7, que dicho documento tiene por objetivo establecer las directrices que los organismos competentes en materia de regulación del Gobierno federal de Estados Unidos y los servicios de la Comisión «tienen la intención de aplicar de manera voluntaria». De esta precisión se deduce que, al acordar estas Directrices, las partes nunca tuvieron intención de contraer compromisos que las obligaran jurídicamente. En consecuencia, estas Directrices no constituyen un acuerdo de carácter obligatorio y, por tanto, no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 300 CE.

Al carecer de fuerza obligatoria, dichas Directrices no han podido generar obligaciones a cargo de la Comisión cuando ésta ejerce su función de iniciativa legislativa en el marco del procedimiento legislativo comunitario. Asimismo, el mero hecho de que un acto como dichas Directrices reconozca la posibilidad de iniciar consultas previas y de recabar las informaciones que se consideren necesarias antes de presentar las correspondientes propuestas no puede tener por efecto menoscabar el ejercicio, por parte de la Comisión, de su facultad de iniciativa.

(véanse los apartados 42, 43, 45, 50 y 51)