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Sobre este particular, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la divulgación de dictámenes tales como el dictamen jurídico de que se trata, por un lado, podría dar lugar a dudas sobre la legalidad de los actos legislativos sobre los que versen dichos dictámenes y, por otro lado, podría comprometer la independencia del asesoramiento del Servicio Jurídico del Consejo, de modo que el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar que existe un interés general en proteger dictámenes jurídicos como el de autos. Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la motivación de la denegación parcial de acceso al dictamen jurídico en cuestión y la decisión de divulgar su párrafo introductorio demuestran que el Consejo había examinado el contenido de dicho dictamen. A este respecto, se expresó en los apartados 69 a 80 de la sentencia recurrida en los siguientes términos: «69 Es preciso señalar que la institución está obligada a apreciar, en cada caso concreto, si los documentos cuya divulgación se solicita están amparados efectivamente por alguna de las excepciones enumeradas en el Reglamento no 1049/2001 (véase, por analogía, respecto de la Decisión 94/90[/CECA, CE, Euratom], la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2000, Países Bajos y Van der Wal/Comisión, asuntos acumulados C-174/98 P y C-189/98 P, Rec. p. I-1, apartado 24). 70 En el presente caso, es preciso señalar que el documento de que se trata es un dictamen del Servicio Jurídico del Consejo relativo a una propuesta de directiva del Consejo que establece normas mínimas para la recepción de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. 71 Sin embargo, el hecho de que el documento de que se trata sea un dictamen jurídico no puede justificar por sí solo la aplicación de la excepción invocada. En efecto, como se ha recordado anteriormente, cualquier excepción al derecho de acceso a los documentos de las instituciones comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1049/2001 debe interpretarse y aplicarse de forma estricta (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2000, Denkavit Nederland/Comisión, T-20/99, Rec. p. II-3011, apartado 45). 72 Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Primera Instancia comprobar si, en el presente caso, el Consejo no incurrió en un error de apreciación al considerar, con arreglo al artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento no 1049/2001, que la divulgación del dictamen jurídico de que se trata supone un perjuicio para la protección de que puede disfrutar este tipo de documento. 73 Para justificar su negativa a divulgar la totalidad del dictamen jurídico de que se trata, el Consejo alega en la decisión [controvertida], esencialmente, que los dictámenes de su Servicio Jurídico constituyen un instrumento importante que le permiten cerciorarse de la compatibilidad de sus actos con el Derecho comunitario y hacer avanzar la discusión relativa a los aspectos jurídicos de que se trate. Asimismo alega que de tal divulgación puede derivarse una incertidumbre en cuanto a la legalidad de los actos legislativos adoptados a raíz de dichos dictámenes. El Consejo también hace referencia a las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto que dio lugar a la sentencia [del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1995,] España/Consejo [(C-350/92, Rec. p. I-1985)], así como al auto [del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 3 de marzo de 1998,] Carlsen y otros/Consejo, [(T-610/97 R, Rec. p. II-485)], y a la sentencia [del Tribunal de Primera Instancia de 8 de noviembre de 2000,] Ghignone y otros/Consejo [(T-44/97, RecFP pp. I-A-223 y II-1023)]. 74 Es cierto que dicha motivación, acerca de la necesidad de protección invocada, parece referirse a todos los dictámenes jurídicos del Consejo relativos a actos legislativos y no específicamente al dictamen jurídico de que se trata. Sin embargo, la generalidad de la motivación del Consejo se justifica por el hecho de que la evocación de información adicional, en particular sobre el contenido del dictamen jurídico de que se trata, privaría de finalidad a la excepción invocada. 75 Además, aun cuando el Consejo denegó, en un primer momento, el acceso del demandante al dictamen jurídico de que se trata, de la decisión [controvertida] se desprende que finalmente aceptó divulgar el párrafo único introductorio del citado dictamen. En dicho párrafo introductorio se señala que el dictamen de que se trata contiene el asesoramiento del Servicio Jurídico del Consejo sobre la cuestión de la competencia comunitaria en materia de acceso de nacionales de países terceros al mercado de trabajo. 76 De lo anterior se deduce que es infundado el motivo según el cual el Consejo no examinó el contenido del dictamen jurídico de que se trata con objeto de pronunciarse sobre la solicitud de acceso controvertida. 77 En cuanto a la pertinencia de la necesidad de protección de dicho dictamen invocada por el Consejo en la decisión [controvertida], el Tribunal de Primera Instancia considera que la divulgación del dictamen jurídico de que se trata tiene como efecto hacer públicos los debates internos del Consejo referentes a la cuestión de la competencia comunitaria en materia de acceso de nacionales de terceros países al mercado de trabajo y, más en general, relativos a la cuestión de la legalidad del acto legislativo sobre el que versa. 78 La divulgación de tal dictamen puede, habida cuenta de la naturaleza particular de dichos documentos, dar lugar a una duda sobre la legalidad del acto legislativo de que se trata. 79 Además, es preciso señalar que el Consejo puede legítimamente considerar que la independencia del asesoramiento de su Servicio Jurídico, realizado a solicitud de otros servicios de dicha institución o al menos dirigido a éstos, puede constituir un interés que se ha de proteger. A este respecto, el demandante no ha explicado en qué medida, en las circunstancias del presente caso, la divulgación del dictamen jurídico de que se trata contribuiría a proteger al Servicio Jurídico del Consejo de influencias exteriores ilegítimas. 80 Habida cuenta de lo anterior, el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar que existía un interés en proteger el dictamen jurídico de que se trata.»