Palabras clave

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Palabras clave

1. Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Beneficiarios — Miembros de la familia de un ciudadano de la Unión nacionales de Estados terceros — Requisito — Ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación

(Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, punto 2, y 3, ap. 1; Directiva 2003/86/CE del Consejo, art. 3, ap. 3)

2. Ciudadanía de la Unión Europea — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su derecho de libre circulación — Requisito para su inclusión — Aplicación de medidas que tienen el efecto de privarlo del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión

(Arts. 20 TFUE y 21 TFUE)

3. Derechos fundamentales — Respeto de la vida privada y familiar — Denegación del derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión nacionales de Estados terceros

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 7)

4. Ciudadanía de la Unión Europea — Disposiciones del Tratado — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Negativa de un Estado miembro a reconocer un derecho de residencia a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión nacionales de un Estado tercero

(Arts. 20 TFUE y 21 TFUE)

5. Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Regla de standstill del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional — Alcance

(Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía, art. 41, ap. 1)

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1. Las Directivas 2003/86, sobre el derecho a la reagrupación familiar, y 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no son aplicables a los nacionales de terceros Estados que solicitan un derecho de residencia para reunirse con ciudadanos de la Unión miembros de su familia que nunca han ejercido su derecho de libre circulación y siempre han residido en el Estado miembro cuya nacionalidad poseen.

En efecto, según el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/86, ésta no se aplica a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, por un lado. Por otra parte, la Directiva 2004/38 no reconoce derechos de entrada y de residencia en un Estado miembro a todos los nacionales de terceros países, sino únicamente a aquellos que son miembros de la familia, en el sentido del artículo 2, punto 2, de esta Directiva, de un ciudadano de la Unión que haya ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad.

(véanse los apartados 47, 56 y 58)

2. La situación de un ciudadano de la Unión que no ha ejercitado su derecho a la libre circulación no puede equipararse, sólo por esta razón, a una situación puramente interna. En efecto, dado que, la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros, el artículo 20 TFUE se opone a medidas nacionales que tengan por efecto privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por ese estatuto.

Ese criterio, relativo a la privación del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, guarda relación con situaciones caracterizadas por la circunstancia de que el ciudadano de la Unión se vea obligado de hecho a abandonar no sólo el territorio del Estado miembro del que es nacional, sino también la Unión en su conjunto.

En lo que concierne al derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión nacionales de terceros Estados, ese criterio tiene, por tanto, un carácter muy específico, en el sentido de que se refiere a situaciones en las que, pese a no ser aplicable el Derecho secundario en materia de derecho de residencia de los nacionales de terceros Estados, excepcionalmente no cabe denegar un derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un nacional de un Estado miembro, pues de hacerlo se vulneraría el efecto útil de la ciudadanía de la Unión de la que disfruta ese último nacional. El solo hecho de que a un nacional de un Estado miembro le pueda parecer deseable, por razones de orden económico o para mantener la unidad familiar en el territorio de la Unión, que miembros de su familia, que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro, puedan residir con él en el territorio de la Unión no basta por sí mismo para considerar que el ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión si ese derecho no fuera concedido.

(véanse los apartados 61, 62, 64 y 66 a 68)

3. Si un tribunal nacional considera, atendiendo a las circunstancias de un litigio del que conoce, que la situación de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión nacionales de terceros Estados está regida por el Derecho de la Unión, deberá examinar si la denegación del derecho de residencia de éstos vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar previsto en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si considerase, en cambio, que esa situación no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, deberá realizar ese examen a la luz del artículo 8, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En efecto, todos los Estados miembros son partes en ese Convenio, que reconoce en su artículo 8 el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

(véanse los apartados 72 y 73)

4. El Derecho de la Unión, y en particular sus disposiciones sobre la ciudadanía de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer Estado la residencia en su territorio, siendo así que ese nacional pretende residir con un miembro de su familia, el cual es ciudadano de la Unión, reside en el referido Estado miembro, cuya nacionalidad tiene, y no ha ejercido nunca su derecho de libre circulación, siempre que esa denegación no implique privar al ciudadano de la Unión interesado del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

(véanse el apartado 74 y el punto 1 del fallo)

5. El artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación CEE-Turquía debe interpretarse en el sentido de que procede considerar como una «nueva restricción», a los efectos de dicha disposición, la adopción de una nueva normativa más restrictiva que la precedente, la cual atenuaba el rigor de una normativa anterior reguladora de las condiciones de ejercicio de la libertad de establecimiento de los nacionales turcos en el momento de la entrada en vigor de dicho Protocolo en el territorio del Estado miembro interesado.

En efecto, el alcance de la obligación de «standstill» se extiende a cualquier nuevo obstáculo al ejercicio de la libertad de establecimiento, de la libre prestación de servicios o de la libre circulación de los trabajadores, consistente en un endurecimiento de los requisitos existentes en una fecha determinada, por lo que es necesario asegurarse de que los Estados miembros no se alejan del objetivo perseguido por las cláusulas de standstill, modificando normas que han adoptado en favor de las mencionadas libertades de los nacionales turcos con posterioridad a la entrada en vigor del Protocolo Adicional o de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía en su territorio.

(véanse los apartados 94 y 101 y el punto 2 del fallo)