ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1

Para los períodos de programación 1989-1993 y 1994-1999, las reglas en materia de fondos estructurales (particularmente en lo que respecta a los objetivos, la programación, los pagos, la gestión y el control y las correcciones financieras) se establecieron, en particular, en el Reglamento (CEE) n.o 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 185, p. 9), modificado, en particular, por el Reglamento (CEE) n.o 2081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO 1993, L 193, p. 5), y por el Reglamento (CEE) n.o 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 374, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) n.o 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO 1993, L 193, p. 20).
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por omisión

—

Personas físicas o jurídicas

—

Actos que les afectan directa e individualmente

—

Abstención por parte de la Comisión de concluir un procedimiento de investigación formal en materia de ayudas

—

Legitimación activa de una empresa competidora

—

Requisito

—

Afectación sustancial de su posición en el mercado (Art. 88 CE, ap. 2; arts. 263 TFUE, párr. 4, y 265 TFUE, párr. 3) (véanse los apartados 34, 35, 42 a 44, 47 a 50, 55, 59 y 60)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso por omisión que tiene por objeto que se declare que la Comisión ilegalmente no adoptó una decisión, dentro de un plazo razonable, en el procedimiento con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, incoado el 12 de septiembre de 2007 en relación con las ayudas de Estados concedidas por las autoridades alemanas a favor de Deutsche Post AG [ayuda C 36/07 (ex NN 25/07)].

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) UPS Europe NV/SA y United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG cargarán con sus propias costas así como con las costas en las que haya incurrido la Comisión Europea.

3) Deutsche Post AG cargará con sus propias costas.
1.

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras — Toma en consideración, a efectos de la motivación, de las respuestas de una institución a lo solicitado por un licitador excluido — Requisitos — No sustitución de la motivación inicial por una nueva motivación — Apreciación de los elementos de información a disposición de la demandante en el momento de la interposición del recurso [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión] (véase el apartado 27)
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:T:2010 :170 1AUTO D EL PR ESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
de 28 de abril de 2010
Asunto T-103/10 P(R)-R
Parlamento Europeo
contra
U
«Procedimiento sobre me dida s provisionales — Función p ública — Funcionarios — Decisión d e 
separación d el servicio — Auto del Presidente del Tribunal de la Función P ública de la Unión E uropea 
en un procedimiento sobre me dida s provisionales — Demanda d e suspensión d e la ejecución — 
Sobreseimiento»
Objeto: Demanda e n la que se solicita la suspensión d e la ejecución d el auto del Presidente del 
Tribunal de la Función P ública de la Unión E uropea de 18 de diciembre de 2009 , 
U/Parlamento (F-92/09 R, RecFP pp . I-A-1-511 y II-A-1-2771 ).
Resultado:Se sobresee la demanda d e me dida s provisionales presentada p or el Parlamento Europeo. 
Se reserva la decisión s obre las costas.
Sumario
Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de l a ejecución — Pretensión que queda sin 
objeto — Sobreseimiento
(Art. 278 TFUE; Reglamento de P rocedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2)
18

En la medida en que la solicitud del tercero interviniente se refiere a los gastos en que incurrió ante la Sala de Recurso, debe recordarse que, en virtud del artículo 81, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) [actualmente artículo 85, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)], recaerán en la parte vencida en un procedimiento de nulidad las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para el procedimiento, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de ejecución.
72

Sin embargo, como este Tribunal ha declarado ya, una nota de adeudo es una mera comunicación de información al deudor sobre una obligación derivada, en el presente asunto, de un contrato financiado por el noveno FED en el que la Comisión no era parte. En el caso de que el deudor no abone la cantidad que se le reclama, la Comisión puede, bien renunciar al cobro del crédito, bien proceder a una compensación, bien recurrir a la ejecución forzosa, que puede llevarse a cabo mediante una decisión ejecutiva o en virtud de un título ejecutivo obtenido por vía contenciosa. Por lo tanto, la nota de adeudo no tiene carácter ejecutivo, sino que es un mero acto preparatorio que precede a la adopción de la decisión de la Comisión de proseguir o no el procedimiento de cobro, bien iniciando un procedimiento contencioso, bien adoptando una decisión que constituya título ejecutivo. La nota de adeudo no es, por consiguiente, una medida que fije definitivamente la postura de la Comisión, no produce efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del deudor y, por tanto, no puede ser objeto de un recurso de anulación (véase en este sentido la sentencia del Tribunal de 17 de abril de 2008, Cestas/Comisión, T-260/04, Rec. p. II-701, apartados 75 y 76).
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 29 de julio de 2010

Asunto T-475/08 P

Radu Duta

contra

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Agentes temporales — Contratación — Puesto de letrado en el gabinete de un juez — Recurso de casación manifiestamente inadmisible»

Objeto: Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 4 de septiembre de 2008, Duta/Tribunal de Justicia (F-103/07, RecFP pp. I-A-1-277 y II-A-1-1481), y que tiene por objeto la anulación de dicha sentencia.

Resultado: Se desestima el recurso de casación. El Sr. Radu Duta cargará con sus propias costas, así como con aquellas en las que haya incurrido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la presente instancia.

Sumario

1. Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 48, ap. 2, 138, ap. 1, párr. 1, letra c), y 144]

2. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de la Función Pública — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 141, ap. 2)

1. De las disposiciones relacionadas entre sí del artículo 138, apartado 1, párrafo primero, letra c), del artículo 48, apartado 2, y del artículo 144 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General resulta que el recurso de casación debe contener, en particular, una exposición sumaria de los motivos invocados, y que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

(véase el apartado 28)

Referencia: Tribunal de Justicia, 13 de noviembre de 2001, Dürbeck/Comisión (C-430/00 P, Rec. p. I-8547), apartado 17; Tribunal General, 19 de enero de 2010, De Fays/Comisión (T-355/08 P), apartado 34

2. Un motivo que no se dirija específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia de que se trate y que se limite, en esencia, a reproducir las alegaciones ya formuladas ante el Tribunal de la Función Pública es, en realidad, una petición dirigida a obtener un mero reexamen de la demanda presentada ante el Tribunal de la Función Pública, lo cual excede de la competencia del juez de casación.

(véase el apartado 32)

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de marzo de 2004, Médiateur/Lamberts (C-234/02 P, Rec. p. I-2803), apartado 77, y jurisprudencia citada; Tribunal de Justicia, 20 de septiembre de 2006, Ouariachi/Comisión (C-4/06 P, no publicado en la Recopilación), apartado 24
Demanda de suspensión de la ejecución de la decisión 2007/492/CE de la Comisión, de 24 de enero de 2007, relativa a la ayuda estatal C 38/2005 (ex NN 52/2004) concedida por Alemania al grupo Biria (DO L 183, p. 27).
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2006 — European Association of Im‑ and Exporters of Birds and live Animals y otros/Comisión

(Asunto T‑209/06 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de medidas provisionales y de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Urgencia — Inexistencia»

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Concepto (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 32, 34 y 35)

Objeto

Demanda por la que se solicita, de un lado, la suspensión de la ejecución de la Decisión 2006/522/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2006, por la que se modifican las Decisiones 2005/759/CE y 2005/760/CE en lo que respecta a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena y a los desplazamientos de determinadas aves vivas en la Comunidad (DO L 205, p. 28), y, de otro lado, la concesión de cualquier otra medida provisional necesaria.

Fallo

Desestimar la demanda de medidas provisionales.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2007 — Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30/Comisión

(Asunto T-177/06)

«Suministro de datos relativos al procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo — Reglamento (CE) no 3605/93 — Sistema europeo de cuentas de 1995 (SEC 95) — Reglamento (CE) no 2223/96 — Comunicado de prensa de Eurostat — Recurso de anulación — Acto recurrible — Inadmisibilidad»

Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios [Art. 230 CE; Reglamentos (CE) del Consejo no 3605/93, no 2223/96 y no 2103/2005] (véanse los apartados 51 a 66 y 71)

Objeto

Anulación del comunicado de prensa de Eurostat no 48/2006, de 24 de abril de 2006, en la medida en que contiene une decisión de la Comisión (Eurostat) relativa a la clasificación de Madrid Calle 30 en el sector de «administraciones públicas» del sistema europeo de cuentas de 1995 (SEC 95).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 26 de abril de 2007

Asunto T‑415/04

Tebaldi y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2003 — Denegación de promoción — Atribución de puntos de promoción — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso que tiene por objeto la pretensión de que se anule, con carácter principal, la lista de los funcionarios promovidos al grado superior con ocasión del ejercicio de promoción de 2003, en la medida en que dicha lista no contiene los nombres de los demandantes, y, con carácter subsidiario, la decisión por la que se dispone la atribución de puntos de promoción en concepto del ejercicio de evaluación de 2003.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Es manifiestamente inadmisible un recurso interpuesto por un funcionario y cuyo objeto es obtener la anulación de la lista de los funcionarios promovidos al grado superior con ocasión de un ejercicio de promoción, en la medida en que dicha lista no contiene el nombre del demandante, así como, con carácter subsidiario, la anulación de la atribución de los puntos de promoción en lo que a él respecta, cuando el demandante no ha aportado en sus escritos ningún dato concreto sobre su situación personal en relación con el ejercicio de promoción de que se trata —tales como, en particular, su grado, su antigüedad en el grado, el número de puntos de promoción obtenidos en total y en las diferentes categorías y el umbral de promoción que se aplica al grado de que se trata— y no ha puesto de relieve, por tanto, en qué consiste su interés personal en interponer el recurso.

Por otra parte, cuando el demandante se expresa en sus escritos en términos generales y abstractos, cuestionando en particular la atribución de determinadas categorías de puntos de promoción, sin indicar en qué medida tal atribución afecta a sus propios intereses, sin plantear su caso particular y sin acreditar la existencia de un vínculo entre la conducta lesiva que invoca y su situación individual, tal conducta lesiva no afecta a su situación jurídica personal, sino a la situación general del personal de su institución, y no puede fundamentar la admisibilidad del recurso, pues un funcionario no está legitimado para ejercitar acciones en interés de la ley o de las instituciones y sólo puede invocar, para fundamentar un recurso de anulación, conductas que le resulten personalmente lesivas.

(véanse los apartados 28 a 32 y 36)

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, Rec. p. 2105), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Sebastiani/Parlamento (T‑163/89, Rec. p. II‑715), apartado 25
Demanda de la Comisión mediante la que se solicita que los demandados sean condenados a devolver el importe de la ayuda económica pagada en exceso por la Comunidad Europea en virtud de dos contratos celebrados en el marco de la ejecución del programa comunitario «Telematics systems in the area of transport».
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Es manifiestamente inadmisible un recurso interpuesto por un funcionario y cuyo objeto es obtener la anulación de la lista de los funcionarios promovidos al grado superior con ocasión de un ejercicio de promoción, en la medida en que dicha lista no contiene el nombre del demandante, así como, con carácter subsidiario, la anulación de la atribución de los puntos de promoción en lo que a él respecta, cuando el demandante no ha aportado en sus escritos ningún dato concreto sobre su situación personal en relación con el ejercicio de promoción de que se trata —tales como, en particular, su grado, su antigüedad en el grado, el número de puntos de promoción obtenidos en total y en las diferentes categorías y el umbral de promoción que se aplica al grado de que se trata— y no ha puesto de relieve, por tanto, en qué consiste su interés personal en interponer el recurso.

Por otra parte, cuando el demandante se expresa en sus escritos en términos generales y abstractos, cuestionando en particular la atribución de determinadas categorías de puntos de promoción, sin indicar en qué medida tal atribución afecta a sus propios intereses, sin plantear su caso particular y sin acreditar la existencia de un vínculo entre la conducta lesiva que invoca y su situación individual, tal conducta lesiva no afecta a su situación jurídica personal, sino a la situación general del personal de su institución, y no puede fundamentar la admisibilidad del recurso, pues un funcionario no está legitimado para ejercitar acciones en interés de la ley o de las instituciones y sólo puede invocar, para fundamentar un recurso de anulación, conductas que le resulten personalmente lesivas.

(véanse los apartados 28 a 32 y 36)

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, Rec. p. 2105), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Sebastiani/Parlamento (T‑163/89, Rec. p. II‑715), apartado 25
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e irreparable – Perjuicio económico – Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante o modificar irremediablemente su posición en el mercado

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e irreparable – Perjuicio no económico – Menoscabo de la reputación de una empresa causado por la no adjudicación de un contrato público – Inexistencia

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

1. En el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, un perjuicio de índole económica no puede, en principio, ser considerado como irreparable, ni siquiera como difícilmente reparable, ya que puede ser objeto de una compensación económica posterior y constituye, por consiguiente, una pérdida que económicamente puede ser reparada a través de los recursos previstos por el Tratado, en particular, en el artículo 288 CE. No ocurriría lo mismo si, a falta de las medidas provisionales solicitadas, la demandante se encontrara en una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar irremediablemente su posición en el mercado.

(véanse los apartados 43, 45 y 46)

2. La decisión de no adjudicación de un contrato público no tiene necesariamente por efecto causar un perjuicio irreparable a la reputación y a la credibilidad de los licitadores cuya oferta no ha sido seleccionada. En efecto, la participación en una licitación pública –por definición altamente competitiva– implica necesariamente riesgos para todos los participantes y la eliminación de un licitador en virtud de las normas de la licitación no tiene, en sí misma, nada de perjudicial. Asimismo, el hecho de que una empresa no logre renovar un contrato de duración definida en una nueva licitación es consecuencia del carácter periódico de las licitaciones relativas a los contratos públicos y no atenta contra la credibilidad ni contra la reputación de dicha empresa.

(véanse los apartados 53 y 54)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Firma de un abogado — Demandante representado por un procurador que no es abogado — Inadmisibilidad

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 4)

Índice

Del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53 del citado Estatuto, se desprende con claridad que deben cumplirse dos requisitos acumulativos para que una persona pueda representar válidamente ante los órganos jurisdiccionales comunitarios a las partes que no sean los Estados miembros y las instituciones comunitarias, a saber, que dicha persona sea abogado y que esté facultada para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichas exigencias constituyen reglas sustanciales de forma cuya inobservancia lleva consigo la inadmisibilidad del recurso.

Procede, por tanto, declarar la inadmisibilidad de la demanda presentada por una parte no privilegiada y firmada por un procurador que, aunque esté facultado para representar a las partes en determinados recursos ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, no cumple todos los requisitos previstos en la normativa nacional pertinente para ejercer como abogado y que, por tanto, no es abogado en el sentido del artículo 19 del Estatuto.

(véanse los apartados 7, 9 y 10)
Asuntos acumulados T‑314/03 y T‑378/03

Musée Grévin SA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Programa PHARE/JOP – Proyecto de empresa conjunta en Polonia – Financiación comunitaria – Solicitud de devolución de la totalidad de los fondos pagados – Cláusula compromisoria – Recurso de anulación – Inadmisibilidad»

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 10 de mayo de 2004

Sumario del auto

1. Recurso de anulación – Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual – Incompetencia del juez comunitario – Inadmisibilidad

(Arts. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE y 249 CE)

2. Recurso de anulación – Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual – Recalificación del recurso – Exclusión

[Arts. 230 CE y 238 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

1. Es inadmisible un recurso de anulación dirigido contra escritos de la Comisión relativos a la devolución de fondos pagados en concepto de subvenciones concedidas en el marco del programa JOP, aplicado, a su vez, en el marco del programa PHARE, en la medida en que dichos escritos se incluyen en un marco puramente contractual del que son indisociables y que, por su propia naturaleza, no figuran entre los actos contemplados en el artículo 249 CE, cuya anulación puede ser solicitada al juez comunitario con arreglo al artículo 230 CE.

(véanse los apartados 85 y 87)

2. Cuando se le ha sometido un recurso de anulación, siendo así que el litigio es, en realidad, de naturaleza contractual, el Tribunal de Primera Instancia no puede recalificar el recurso, pues, por una parte, la demandante señaló expresamente en sus escritos que el recurso no estaba basado en el artículo 238 CE y, por otra, contrariamente a lo previsto por el artículo 44, primer párrafo, letra c), del Reglamento de Procedimiento, la demandante mencionada no expone, ni siquiera brevemente, ningún motivo, alegación o argumento basado en el Derecho del Estado miembro aplicable al acuerdo en cuestión en virtud de la cláusula compromisoria prevista por tal acuerdo.

(véase el apartado 88)