Palabras clave

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Palabras clave

1 Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Precios de intervención y precios de intervención derivados - Fecha límite para fijar los precios de intervención - Incumplimiento de la fecha límite - Consecuencias

[Reglamentos del Consejo (CEE) nº 178/81 y (CE) nº 1580/96]

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Reglamentos

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

3 Agricultura - Política Agrícola Común - Evaluación de una situación económica compleja - Facultad de apreciación del Consejo - Comprobación global de los datos de base - Legalidad - Control jurisdiccional - Límites

4 Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Regionalización de los precios de intervención - Discriminación entre productores o consumidores - Inexistencia

[Tratado CE, art. 40, ap. 3, párr. 2 (actualmente art. 34 CE, ap. 2, párr. 2, tras su modificación); Reglamentos del Consejo (CEE) nº 1785/81 y (CE) nº 1580/96]

5 Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Regionalización de los precios - Mercado interior

[Reglamento (CEE) nº 1785/81 del Consejo]

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1 La fecha límite del 1 de agosto para la fijación del precio de intervención y de los precios de intervención derivados del azúcar blanco que figura en el artículo 3, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1785/81, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, no tiene carácter perentorio. Por consiguiente, el incumplimiento de esta fecha límite no puede tener como efecto invalidar el Reglamento nº 1580/96 por el que se fijan, para la campaña de comercialización 1996/1997, los precios de intervención después del 1 de agosto.

(véanse los apartados 34 y 70)

2 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. No se exige que la motivación de los Reglamentos especifique los elementos de hecho y de Derecho, a veces muy numerosos y complejos, sobre la base de los cuales estos Reglamentos han sido adoptados, cuando éstos se inscriban en el marco sistemático del conjunto del que formen parte.

(véanse los apartados 38, 40, 41 y 70)

3 Cuando la ejecución de la política agrícola de la Comunidad por parte del Consejo implica la necesidad de evaluar una situación económica compleja, la facultad discrecional de que dispone no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que haya que adoptar, sino también en cierta medida a la comprobación de los datos de base. Al controlar el ejercicio de esta competencia, el Juez debe limitarse a examinar si la misma no adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trate no se ha extralimitado manifiestamente de su facultad de apreciación.

(véanse los apartados 48, 49 y 70)

4 La regionalización de los precios de intervención del azúcar no puede considerarse discriminatoria en el sentido del artículo 40, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 34 CE, apartado 2, párrafo segundo, tras su modificación), puesto que las diferencias de trato entre los operadores de las zonas deficitarias y aquellos de las zonas excedentarias se fundamentan en diferencias objetivas, a saber, una producción insuficiente de remolachas y de azúcar en las zonas deficitarias.

(véanse los apartados 75, 77 y 81)

5 Las restricciones a la libre circulación dentro de la Comunidad del azúcar producido en las zonas deficitarias, así como el hecho de que se prive a los productores de estas zonas de la posibilidad de exportar azúcar, que resulta en la práctica del sistema de regionalización de los precios de intervención, son las consecuencias necesarias, e incluso perseguidas, de éste.

(véase el apartado 78)