Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Concepto ° Actos que producen efectos jurídicos ° Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173)

2. Consejo ° Facultad de organización interna ° Derecho de acceso del público a los documentos del Consejo ° Establecimiento del principio por el artículo 22 del Reglamento Interno y definición de las modalidades por la Decisión 93/731/CE ° Base jurídica ° Apartado 3 del artículo 151 del Tratado

(Tratado CE, art. 151, ap. 3; Acta final del Tratado de la Unión Europea, anexo 17; Reglamento Interno del Consejo, art. 22; Decisión 93/731/CE del Consejo)

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1. Todas las disposiciones adoptadas por las Instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, que tienden a producir efectos jurídicos, son susceptibles de recurso de anulación.

No ocurre así en el caso del Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión. En efecto, dicho Código refleja el acuerdo entre ambas Instituciones sobre los principios que habrán de regir el acceso a sus documentos, al tiempo que las insta a poner en práctica dichos principios mediante normas específicas, por lo que se limita a prefigurar decisiones posteriores destinadas, éstas, a producir efectos jurídicos. Al trazar las líneas generales según las cuales ambas Instituciones adoptarán medidas relativas a la confidencialidad y a la puesta de manifiesto de los expedientes que obren en su poder, el Código responde al interés del Consejo y de la Comisión en evitar discordancias importantes en sus prácticas posteriores en la materia. Al tratarse de un acto que constituye la expresión de una mera coordinación voluntaria y que, por consiguiente, no está en sí mismo destinado a producir efectos jurídicos, dicho Código no puede ser objeto de un recurso de anulación.

2. Mientras que el legislador comunitario no haya adoptado una normativa general sobre el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las Instituciones comunitarias, éstas deben adoptar las medidas que tengan por objeto la tramitación de tales solicitudes en virtud de su facultad de organización interna, que las habilita para adoptar medidas apropiadas con vistas a garantizar su funcionamiento interno en interés de una buena administración, y la circunstancia de que dichas medidas produzcan efectos jurídicos con respecto a terceros no significa que escapen al ámbito de la facultad de organización interna.

En el estado actual del Derecho comunitario, no puede por tanto censurarse al Consejo haber actuado ilegalmente cuando, con la intención de atenerse a la evolución del Derecho en materia de acceso del público a los documentos que obran en poder de las autoridades públicas, acceso que la Declaración relativa al derecho de acceso a la información, que figura en anexo (nº 17) al Acta final del Tratado de la Unión Europea, relaciona con el carácter democrático de las Instituciones, se basó en el apartado 3 del artículo 151 del Tratado para establecer en el artículo 22 de su Reglamento Interno que el propio Consejo aprobará las modalidades según las cuales el público tendrá acceso a sus documentos cuya divulgación no tenga consecuencias graves o perjudiciales y definir dichas modalidades en la Decisión 93/731. En particular, no puede censurársele haber incurrido en una desviación de poder, al haber eludido un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso, ni haber menoscabado las prerrogativas del Parlamento, al no asociarlo a la elaboración de las normas que adoptó.