Pues bien, el artículo 26 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados cuya aplicación por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros sobre la base de conceptos y criterios comunes fomentan las disposiciones de la Directiva, garantiza a los refugiados el disfrute de la libertad de circulación al disponer expresamente que tal libertad no solamente engloba el derecho de viajar libremente por el territorio del Estado que les haya concedido el estatuto de refugiado, sino también el derecho de escoger su lugar de residencia en tal territorio. No hay ningún dato que indique que el legislador de la Unión optó por incluir en la Directiva 2011/95 únicamente el primero de dichos derechos y no el segundo. Una interpretación diferente implicaría que tal derecho sólo se garantizaría a los refugiados, creando así —pese a la falta de indicación explícita en este sentido en la referida Directiva— una distinción, contraria al objetivo de establecer un estatuto uniforme para todos los beneficiarios de protección internacional, entre el contenido de la protección que se garantiza a este respecto a los refugiados, por una parte, y a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria, por otra.

No obstante, la circulación de las personas que perciben dichas prestaciones o su concentración desigual en el territorio del Estado miembro puede suponer un reparto inadecuado entre las distintas instituciones competentes en la materia de la carga que supone el pago de dichas prestaciones, sin que la eventual condición de beneficiario del estatuto de protección subsidiaria revista una relevancia particular a este respecto.

Los artículos 29 y 33 de la Directiva 2011/95, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se imponga una obligación de residencia a un beneficiario del estatuto de protección subsidiaria que perciba determinadas prestaciones sociales específicas con el objetivo de llevar a cabo un reparto adecuado entre las distintas instituciones competentes en la materia de la carga que supone el pago de dichas prestaciones, si la normativa nacional aplicable no contempla la imposición de tal medida a los refugiados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el Estado miembro de que se trate por razones que no sean de Derecho internacional, humanitarias o políticas o a los nacionales de dicho Estado miembro que perciban tales prestaciones.

El artículo 33 de la Directiva 2011/95, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se imponga una obligación de residencia a un beneficiario del estatuto de protección subsidiaria que perciba determinadas prestaciones sociales específicas con el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro que le haya concedido dicha protección, aunque la normativa nacional aplicable no prevea la imposición de tal medida a los nacionales de terceros países que residan legalmente en dicho Estado miembro por razones que no sean de Derecho internacional, humanitarias o políticas que perciban tales prestaciones, siempre que los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria no se hallen en una situación objetivamente comparable, en relación con el fin perseguido por dicha normativa, a la de los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate por razones que no son de Derecho internacional, humanitarias o políticas, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

Podrá apreciarse tal diferencia de situación si el hecho de que un nacional de un tercer país que recibe asistencia social sea beneficiario de protección internacional implica que tendrá que hacer frente a mayores dificultades de integración que otro nacional de un tercer país que resida legalmente en el Estado miembro de que se trate y que reciba asistencia social.

Así podría ocurrir, en particular, si, por efecto de una norma nacional según la cual la residencia de los nacionales de terceros países que residen legalmente en dicho Estado miembro por razones que no son de Derecho internacional, humanitarias o políticas se supedita con carácter general a un requisito que tiene como fin que éstos estén en condiciones de subvenir a sus propias necesidades, dichos nacionales no pudiesen recibir asistencia social hasta que hubiesen residido legalmente de manera ininterrumpida durante un determinado período de tiempo en el Estado miembro de acogida. En efecto, tal residencia llevaría a presumir que los nacionales de terceros países afectados están suficientemente integrados en dicho Estado miembro, de modo que no se hallarían en una situación comparable a la de los beneficiarios de protección internacional en relación con el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países.

(véanse los apartados 62 a 64 y el punto 3 del fallo)