Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Cuestión sobre la interpretación de una decisión marco adoptada con arreglo al título VI del Tratado UE

[Art. 234 CE; arts. 35 UE y 46 UE, letra b)]

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Cooperación policial y judicial en materia penal

[Art. 234 CE; arts. 35 UE y 46 UE, letra b)]

3. Actos de las instituciones — Ámbito de aplicación temporal — Normas de procedimiento

4. Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Estatuto de la víctima en el proceso penal — Decisión marco 2001/220/JAI

[Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, arts. 1, letra a), 2, ap. 1, y 8, ap. 1]

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1. El mero hecho de que la resolución de remisión sobre la interpretación de una decisión marco adoptada con arreglo al título VI del Tratado UE no mencione el artículo 35 UE, sino que cite el artículo 234 CE, no puede llevar aparejada la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Máxime cuando el Tratado UE no prevé explícita ni implícitamente la forma en que el órgano jurisdiccional nacional debe presentar su petición de decisión prejudicial.

(véase el apartado 36)

2. Con arreglo al artículo 46 UE, letra b), el régimen previsto en el artículo 234 CE es aplicable al artículo 35 UE, en las condiciones establecidas en este último artículo. Al igual que el artículo 234 CE, el artículo 35 UE somete el planteamiento de cuestiones al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial a la condición de que el órgano jurisdiccional nacional estime «necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo», de modo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas con arreglo al artículo 234 CE es, en principio, extrapolable a las peticiones de decisión prejudicial planteadas al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 35 UE.

De lo anterior se desprende que la presunción de pertinencia de que disfrutan las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales nacionales sólo puede destruirse en casos excepcionales, cuando resulte evidente que la interpretación solicitada de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en dichas cuestiones no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o cuando el problema sea de naturaleza hipotética o el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. Salvo en tales supuestos, el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los actos contemplados en el artículo 35 UE, apartado 1.

(véanse los apartados 34, 39 y 40)

3. En general las normas procesales son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, a diferencia de las normas sustantivas, que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor.

Ahora bien, la cuestión de la competencia jurisdiccional a efectos de una resolución sobre la restitución a la víctima de bienes aprehendidos durante el proceso penal es una norma procesal, de modo que, en el marco de un litigio sobre esa cuestión, no hay ningún obstáculo relativo a la aplicación temporal de la Ley que se oponga a que se tengan en cuenta las disposiciones pertinentes de la Decisión marco 2001/220/JAI, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, para realizar una interpretación conforme con la del Derecho nacional aplicable.

(véanse los apartados 48 y 49)

4. La Decisión marco 2001/220/JAI, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, debe interpretarse en el sentido de que, en un proceso penal y, más específicamente, en un procedimiento de ejecución posterior a una sentencia definitiva de condena, el concepto de «víctima» a efectos de dicha Decisión marco no incluye a las personas jurídicas que hayan sufrido un perjuicio directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro.

En efecto, interpretar la Decisión marco en el sentido de que también contempla a las personas jurídicas que alegan haber sufrido un perjuicio directamente causado por una infracción penal sería contrario al propio tenor del artículo 1, letra a), de dicha Decisión marco, que se refiere únicamente a las personas físicas que han sufrido un perjuicio directamente causado por conductas contrarias a la legislación penal de un Estado miembro. A ello se añade que ninguna otra disposición de la Decisión marco indica que el legislador de la Unión Europea tuviera intención de ampliar el concepto de víctima a las personas jurídicas a efectos de la aplicación de dicha Decisión marco. Todo lo contrario, varias de sus disposiciones, concretamente los artículos 2, apartados 1 y 2, y 8, apartado 1, confirman que el objetivo del legislador era referirse exclusivamente a las personas físicas víctimas de un perjuicio derivado de una infracción penal.

La Directiva 2004/80, sobre indemnización a las víctimas de delitos, no puede invalidar esta interpretación. En efecto, aun suponiendo que las disposiciones de una Directiva adoptada sobre la base del Tratado CE pudieran influir de algún modo en la interpretación de las disposiciones de una Decisión marco basada en el Tratado UE y que pudiera interpretarse que el concepto de víctima en el sentido de la Directiva incluye a las personas jurídicas, entre la Directiva y la Decisión marco no existe en modo alguno una relación que exija una interpretación uniforme del concepto de que se trata.

(véanse los apartados 53 a 55, 57 a 58 y 60 y el fallo)