Por otro lado, el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 94/25 precisa que sus disposiciones no excluyen la posibilidad de que los Estados miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, adopten disposiciones sobre navegación en determinadas aguas con el fin de proteger el medio ambiente y la estructura de las vías navegables, y de garantizar la seguridad de estas últimas, siempre que ello no requiera modificar las embarcaciones que se ajustan a dicha Directiva.

En efecto, la Directiva 2003/44, que ha ampliado el ámbito de aplicación de la Directiva 94/25 para incluir en ella las motos acuáticas, no era aplicable en la época en la que se produjeron los hechos objeto de litigio.

La Directiva 94/25, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo, en su versión modificada por la Directiva 2003/04, no se opone a una normativa nacional que por razones de protección del medio ambiente prohíbe el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas.

Han de considerarse «medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación», en el sentido del artículo 28 CE, las medidas adoptadas por un Estado miembro que tienen por objeto o efecto tratar de manera menos favorable a los productos que provienen de otros Estados miembros, así como los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados, a falta de armonización de las legislaciones nacionales, de la aplicación a las mercancías procedentes de otros Estados miembros, donde se fabrican y comercializan legalmente, de normas relativas a los requisitos que deben cumplir dichas mercancías, aunque dichas normas se apliquen indistintamente a todos los productos. También se engloba en el mismo concepto cualquier otra medida que obstaculice el acceso al mercado de un Estado miembro de los productos originarios de otros Estados miembros. A este respecto, aun cuando una normativa nacional no tenga por objeto ni por efecto tratar de manera menos favorable a los productos procedentes de otros Estados miembros, la restricción del uso de un producto que aquella imponga en el territorio de un Estado miembro puede tener, dependiendo de su alcance, una influencia considerable sobre el comportamiento de los consumidores, que puede afectar, a su vez, al acceso de dicho producto al mercado de este Estado miembro.

Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a una normativa nacional que, por razones de protección del medio ambiente, prohíbe el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas, siempre que:

— las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar las medidas de aplicación previstas para designar las zonas situadas fuera de las vías de navegación públicas en las que puedan utilizarse las motos acuáticas;

— dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado las zonas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y

— tales medidas hayan sido adoptadas en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa.

Corresponde al tribunal remitente verificar si se cumplen estos requisitos.

Ciertamente, cuando la normativa nacional que establece las aguas y vías navegables no permita a los usuarios de motos acuáticas hacer un uso adecuado e inherente a dichos productos o lo limite enormemente, lo que corresponde apreciar al tribunal remitente, la citada normativa podría tener influencia considerable sobre el comportamiento de los consumidores, que, al saber que el uso autorizado por tal normativa es muy limitado, sólo tendrán un interés reducido en adquirir el producto de que se trate. La citada normativa tendría por efecto impedir el acceso de estos productos al mercado nacional de que se trate y sería por tanto una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación prohibida por el artículo 28 CE.

Sin embargo, una normativa de este tipo puede estar justificada por el objetivo de la protección del medio ambiente en tanto respete los requisitos señalados. En efecto, dado que la limitación o la prohibición de uso de motos acuáticas son medios adecuados para garantizar la protección del medio ambiente, las autoridades nacionales también deben demostrar que los efectos restrictivos de dicha normativa sobre la libre circulación de mercancías no van más allá de lo necesario para cumplir dicho objetivo. A este respecto, aunque no cabe excluir que medidas diferentes de la prohibición controvertida puedan garantizar cierto grado de protección del medio ambiente, tampoco se puede negar a los Estados miembros la posibilidad de lograr un objetivo como el de la protección del medio ambiente mediante la adopción de normas generales que sean, por un lado, necesarias en atención a las particularidades geográficas del Estado miembro afectado y, por otro, fáciles de aplicar y controlar por las autoridades nacionales. No obstante, dado que la redacción de la normativa nacional permite presumir que, en las zonas que deben designarse mediante disposiciones de aplicación, pueden utilizarse motos acuáticas sin provocar riesgos o molestias inadmisibles para el medio ambiente, de ello se puede concluir que una prohibición general de uso de dichos productos fuera de las vías de navegación públicas es una medida que va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de la protección del medio ambiente.

Por lo demás, si el órgano jurisdiccional remitente constata que las medidas de aplicación se han adoptado dentro de un plazo razonable, aunque posterior a los hechos, y que dichas medidas designan como zonas navegables las aguas en las que los inculpados en el asunto principal condujeron las motos acuáticas, razón por la cual fueron objeto de acciones penales, para que la normativa nacional siga siendo proporcionada y, por tanto, siga estando justificada conforme al objetivo de la protección del medio ambiente será necesario que los inculpados puedan invocar la designación efectuada, lo cual también viene exigido por el principio general del Derecho comunitario de aplicación retroactiva, según el caso, de la ley penal más favorable y de la pena más leve.

(véanse los apartados 26 a 28, 34, 36, 38, 40, 43 y 44 y el fallo)