SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 6 de noviembre de 1997

Asunto T-71/96

Sonja Edith Berlìngieri Vinzek

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Concurso-oposición — No admisión a las pruebas orales»

Texto completo en lengua francesa II-921

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una demanda de anulación de la decisión del tribunal del concurso COM/A/955, de 26 de marzo de 1996, por la que no se admitió a la demandante a la prueba oral del concurso y, en la medida en que sea necesario, de la decisión inicial del mismo tribunal, de 16 de febrero de 1996.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La convocatoria de concurso general COM/A/955, destinada a establecer una lista de reserva para la selección de administradores principales (A 5/A 4) de nacionalidad austriaca, se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 4 de octubre de 1995 (DO C 259 A, p. 9, únicamente en versión alemana). Este concurso de méritos, con posterior prueba oral, comprende cuatro opciones, una de ellas para la selección de agentes con experiencia en administración general, administración pública y gestión.

El apartado IV.B de la convocatoria de concurso, relativo al examen de los títulos, tiene el siguiente tenor:

«1. Previa admisión al concurso, el tribunal del concurso establecerá los criterios según los cuales apreciará los méritos de los candidatos, teniendo en cuenta especialmente la naturaleza y la duración de la experiencia profesional que tenga relación con el concurso.

2. El tribunal, basándose en dichos criterios, procederá a continuación a examinar los méritos de los candidatos admitidos a la oposición. Serán convocados a la prueba oral los candidatos con mayores méritos.»

La demandante, ciudadana austriaca, tiene formación de veterinaria y ha ocupado, desde 1974, distintos empleos como consultora independiente en los ámbitos técnico-administrativos vinculados al sector veterinario. Presentó en debida forma su candidatura para el concurso COM/A/955, eligiendo la alternativa «administración general, administración pública y gestión».

Mediante escrito de 16 de febrero de 1996 fue informada de que el tribunal del concurso, una vez examinados los «justificantes» de los candidatos con arreglo a los apartados IV.B.l y IV.B.2 de la convocatoria del concurso y teniendo en cuenta especialmente la naturaleza y la duración de la experiencia profesional en relación con el concurso, había decidido no convocarla al examen oral, por más que la candidata cumplía los requisitos de admisión establecidos por la convocatoria del concurso.

Mediante escrito de 29 de febrero de 1996, la demandante solicitó que se reconsiderara esta decisión. La demandada denegó esta petición mediante escrito del Jefe de la Unidad 7 «Selección» de la Dirección A «Personal» de la Dirección General Personal y Administración (DG IX) (Unidad IX.A.7) de 26 de marzo de 1996.

Mediante escrito de 23 de abril de 1996, el Abogado de la demandante reiteró la petición de que le fueran comunicados los criterios seguidos para valorar los méritos de los candidatos, así como el momento preciso en que aquéllos se adoptaron. Dado que la parte demandada no atendió inmediatamente esta solicitud, la demandante interpuso el presente recurso mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de mayo de 1996.

Mediante escrito de 6 de junio de 1996 dirigido al Abogado de la demandante, el Jefe de la Unidad IX.A.7 precisó del siguiente modo los criterios que había establecido el tribunal del concurso «al principio de sus actuaciones»:

«Para la valoración de los expedientes de los candidatos inscritos, que permitirá la selección de aquellos que serán admitidos a la prueba oral, el tribunal ha decidido tomar en consideración todos los requisitos de admisión previstos por la convocatoria del concurso y especialmente la experiencia profesional y valorar a los candidatos en función de sus cualidades respectivas.

Por lo que se refiere a la formación de los candidatos, el tribunal ha decidido calificarla sobre un máximo de 45 puntos, en función de su extensión.

En lo relativo a la experiencia profesional, los siguientes aspectos serán apreciados especialmente: duración, naturaleza de la actividad profesional ejercida, nivel y calidad de las funciones desempeñadas, eventual experiencia en organizaciones internacionales. La experiencia profesional se calificará sobre un máximo de 65 puntos.

Para los conocimientos lingüísticos, el tribunal ha fijado un máximo de 7 puntos, en función de su amplitud.

El tribunal ha decidido admitir a la prueba oral únicamente a los candidatos que superen el umbral de 80 puntos sobre los 117 posibles.»

En el mismo escrito, la eliminación de la demandante se explicó del siguiente modo:

«Los puntos que el tribunal del concurso ha atribuido a la Sra. S. Berlingieri Vinzek, a saber, 25 puntos por la “formación”, 30 puntos por la “experiencia profesional” y 7 puntos por los “conocimientos lingüísticos”, es decir, 62 puntos en total, no han permitido al tribunal incluirla entre los candidatos que serían convocados a la prueba oral.

Por lo tanto, considerando en especial la experiencia profesional de su cliente, centrada básicamente en una actividad consultiva en el sector veterinario, el tribunal sólo ha podido concederle una calificación de 30 puntos sobre 65.»

Mediante escrito de 2 de junio de 1997 dirigido a la Secretaría, la demandante solicitó autorización para unir a los autos un conjunto de documentos relativos a su inclusión en la lista de aptitud del concurso COM/A/1032, convocado para la selección del Jefe de la Unidad 2 «Legislación veterinaria y zootécnica» de la Dirección B.II «Calidad y salud» de la Dirección General Agricultura (DG VI) (Unidad VI.B.II.2), que le fue comunicada por escrito de la Comisión de 16 de abril de 1997.

La segunda parte de las pretensiones del recurso

La demandante no sólo pretende la anulación de la decisión del tribunal del concurso de 26 de marzo de 1996, sino también, en cuanto sea necesario, la anulación de la decisión inicial de dicho tribunal de 16 de febrero de 1996 (apartado 17).

Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, la decisión por la que un tribunal del concurso se niega a admitir a un candidato a las pruebas, después de haber reconsiderado su candidatura, a petición del interesado, sustituye a la decisión anteriormente adoptada por el tribunal y no puede considerarse como una mera confirmación de la primera (apartado 18).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de marzo de 1986, Adams y otros/Comisión (294/84, Rec. p. 977), apartados 14 a 16; Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1987, Beiten/Comisión (206/85, Rec. p. 5301), apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 11 de febrero de 1992, Panagiotopoulou/Parlamento (T-16/90, Rec. p. II-89), apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1994, Cortés Jiménez y otros/Comisión (T-82/92, RecFP p. II-237), apartado 17

Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre la pretensión de anular la decisión del tribunal del concurso de 16 de febrero de 1996 (apartado 19).

La unión a los autos de los documentos relativos al concurso COM/A/1032

Si bien es verdad que no hay ninguna disposición del Reglamento de Procedimiento que prevea expresamente los requisitos precisos para que nuevos documentos puedan presentarse a la vista, la constante práctica del Tribunal de Primera Instancia, inspirada en el principio de contradicción y en el respeto del derecho de defensa, es no aceptar la inclusión de tales documentos en los autos más que en circunstancias excepcionales, cuando, por motivos válidos, no pudieron aportarse en la fase escrita del procedimiento (apartado 22).

En el presente caso, la demandante expuso válidamente las razones por las que los documentos de que se trata no fueron aportados por ella en el curso de la fase escrita del procedimiento. Por otra parte, el retraso en la presentación de dichos documentos no vulnera el derecho de defensa de la Comisión, toda vez que ya le habían sido dirigidos en el marco de un procedimiento de provisión de empleo y procedían además de los propios servicios de la Comisión (apartado 23).

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad de la convocatoria del concurso COM/A/955 y de las decisiones adoptadas a partir de ella

De la lectura del artículo 4 en relación con los párrafos primero a cuarto del artículo 5 del Anexo III del Estatuto se desprende que el tribunal del concurso debe, en primer lugar, establecer la lista de candidatos admitidos al concurso, previo examen de sus expedientes. A continuación, fija los criterios de apreciación de los méritos y procede, basándose en dichos criterios, al examen de los méritos de los candidatos admitidos al concurso (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 13 de julio de 1989, Caturla-Poch y De la Fuente Pascual/Parlamento (asuntos acumulados 361/87 y 362/87, Rec. p. 2471), apartado 8

En el caso de autos, la demandada se ha atenido correctamente a este procedimiento (apartado 33).

Los criterios de selección establecidos in concreto por el tribunal del concurso, especialmente los relativos a la experiencia profesional de los candidatos (duración, naturaleza de la actividad profesional ejercida, nivel y calidad de las funciones desempeñadas, eventual experiencia en organizaciones internacionales), son criterios cualitativos normales en el ámbito de la apreciación de los méritos de los candidatos a un concurso (apartado 38).

Las apreciaciones realizadas por el tribunal del concurso, al valorar las aptitudes de los candidatos, sólo podrían someterse al control del Juez comunitario en caso de flagrante incumplimiento de las normas que presiden los trabajos del tribunal. Allora bien, en el presente caso, dichas normas imponen el procedimiento seguido por el tribunal (apartado 39).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90.T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841), apartado 90

Sobre el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación

En lo que se refiere a los requisitos y exigencias impuestos por la convocatoria del concurso, el tribunal calificador dispone una amplia facultad de apreciación en cuanto a la fijación de las modalidades de desarrollo de un concurso y al contenido detallado de las pruebas previstas. El Juez comunitario sólo puede censurar el desarrollo de una prueba en la medida necesaria para garantizar la igualdad de trato entre los candidatos y la objetividad de la elección efectuada entre ellos (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 8 de marzo de 1988, Sergio y otros/Comisión (asuntos acumulados 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 y 78/86, Rec. p. 1399), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 21 de mayo de 1996, Kaps/Tribunal de Justicia (T-153/95, RecFP p. II-663), apartado 37

Estos principios son aplicables al examen comparativo de los méritos de los candidatos, cuando el tribunal procede a una primera selección entre éstos, basándose en los criterios que él mismo ha establecido anteriormente, para admitir únicamente los méritos mejores y más adecuados para las funciones que se hayan de ejercer (apartado 48).

En el presente caso, la demandante no ha probado que el tribunal del concurso haya incurrido en un error manifiesto de apreciación, considerando la naturaleza de los puestos de administradores principales (A 5/A.4) que se trataba de proveer, al calificar su experiencia profesional, «centrada básicamente en una actividad consultiva en el sector veterinario», con menor puntuación que la de personas que hayan ejercido funciones de administración, organización o gestión (apartado 55).

Por lo demás, la demandante no ha proporcionado ningún indicio de cualquier desigualdad de trato de los candidatos, por parte del tribunal del concurso, que permita dudar de la objetividad de sus trabajos (apartado 56).

Por lo que respecta a la posterior inclusión de la demandante en la lista de aptitud del concurso COM/A/1032, este concurso especial se refería a la selección de un Jefe de Unidad en el sector de la legislación veterinaria y zootécnica, ámbito en el que la demandante tiene una experiencia profesional específica. Cualesquiera que sean los criterios establecidos por el tribunal de dicho concurso especial para apreciar los méritos de los candidatos, no se puede hacer ninguna comparación válida entre sus trabajos y los de un tribunal de un concurso general convocado para la selección de agentes que tengan experiencia en administración en general, administración pública o gestión. El concepto de experiencia profesional exigida a los candidatos de un concurso debe apreciarse exclusivamente a la luz de las finalidades de dicho concurso, tal como aparecen en la descripción general de las tareas que se da en la convocatoria del concurso (apartado 57).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de mayo de 1990, Sparr/Comisión(T-50/89, Rec. p. II-207), apartado 18

Sobre el tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

La obligación que establece el artículo 25 del Estatuto, de motivar cualquier decisión individual lesiva, tiene por objeto, por una parte, permitir que el Juez ejercite su control sobre la legalidad de la decisión y, por otra, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es o no fundada. Más en especial, por lo que se refiere a las decisiones por las que se deniega la admisión a un concurso, es necesario, a tal efecto, que el tribunal del concurso indique con precisión cuáles son los requisitos, establecidos en la convocatoria del concurso, que se ha juzgado que no cumplía el candidato. En caso de un concurso con participación numerosa, el tribunal puede limitarse, en una primera fase, a motivar la negativa de manera sucinta y a no comunicar a los candidatos más que una información sobre los criterios y el resultado de la selección (apartados 72 a 74).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de noviembre de 1978, Salerno y otros/Comisión (asuntos acumulados 4/78, 19/78 y 28/78, Rec. p. 2403); Tribunal de Justicia, 21 de marzo de 1985, De Santis/Tribunal de Cuentas (108/84, Rec. p. 947); Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1989, Belardinelliy otros/Tribunal de Justicia (225/87, Rec. p. 2353), apartado 7; Tribunal de Primera Instancia, 21 de mayo de 1992, Almeida Antunes/Parlamento (T-54/91, Rec. p. II-1739), apartado33; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Camera-Lampitelli y otros/Comisión (T-27/92, Rec. p. II-873), apartado 51; Tribunal de Primera Instancia, 30 de mayo de 1995, Innamorati/Parlamento(T-289/94, RecFP p. II-393), apartado 27; Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1996, Belhanbel/Comisión (T-125/95, RecFP p. II-115), apartado 21

Pues bien, en el presente caso no se puede acusar al tribunal del concurso de haber informado a la demandante de la decisión de no admitirla a la prueba oral por medio del escrito tipo fechado el 16 de febrero de 1996, que indicaba, con precisión suficiente, cuáles eran los requisitos de la convocatoria del concurso que, a juicio del tribunal, no concurrían en la demandante (apartado 75).

Sin embargo, el tribunal del concurso tiene la obligación de proporcionar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente. Estas indicaciones individuales deben ser enviadas por el tribunal antes de que expire el plazo que señalan los artículos 90 y 91 del Estatuto para permitir a los candidatos hacer uso de sus derechos, si lo estiman oportuno. La decisión de un tribunal de no admitir a un candidato a la prueba siguiente de un concurso sólo está motivada de modo suficiente si proporciona al interesado las razones por las que en éste no concurren los criterios aplicados en la selección. Las dificultades inherentes a todo examen comparativo no pueden dispensar al tribunal de dar semejante motivación. La exigencia de proceder a un juicio global de los candidatos no excusa tampoco de dar una motivación satisfactoria según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (apartado 76).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de junio de 1983, Verzyck/Comisión (225/82, Rec. p. 1991), apartado 16; Sergio y otros/Comisión, antes citada, apartado 49

En la medida en que el escrito de 26 de marzo de 1996 no indicaba a la demandante los criterios según los cuales habían sido apreciados los méritos de los candidatos y los resultados de la selección efectuada y no contenía ningún dato, siquiera sumario, de motivación individual, resulta que el tribunal del concurso no motivó de manera suficiente su decisión de no admitir a la demandante a la prueba oral y que está fundado el motivo dirigido contra la motivación inicial de esta decisión (apartados 77 y 78).

Referencia: Verzyck/Comisión, antes citada, apartado 17; Sergio y otros/Comisión, antes citada, apartado 51

Si bien una falta total de motivación no puede remediarse mediante explicaciones dadas después de la interposición del recurso, porque, en esa fase, dichas explicaciones ya no cumplen su función, en caso de insuficiencia de motivación pueden aportarse precisiones complementarias en el curso del procedimiento y dejar sin objeto un motivo basado en la insuficiencia de motivación, de forma que no justifica la anulación de la decisión de que se trata, teniendo en cuenta, sin embargo, que la Institución no queda autorizada para sustituir la motivación inicial errónea por una motivación completamente nueva (apartado 79).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861), apartado 22; Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1984, Picciolo/Parlamento (111/83, Rec. p. 2323), apartado 22; Tribunal de Justicia, 27 de marzo de 1985, Kypreos/Consejo (12/84, Rec. p. 1005), apartado 8; Sergio y otros/Comisión, antes citada, apañado 52; Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990. Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225). apartado 15; Tribunal de Justicia, 9 de diciembre de 1993, Parlamento/Volger (C-115/92 P, Rec. p. I-6549), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Kalavros/Tribunalde Justicia (asuntos acumulados T-160/89y T-161/89, Rec. p. II-871), apartado 72; Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121), apartados40 y 41; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES(T-25/92, Rec. p. II-201), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1993, Perakis/Parlamento(T-78/92, Rec. p. II-1299), apartado 52; Tribunal de Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión(asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171), apartados 74 a 76; Tribunal de Primera Instancia, 21 de marzo de 1996, Farrugia/Comisión(T-230/94, Rec p. II-195), apartados 31 a 38

La motivación que dio la Comisión en su escrito de 6 de junio de 1996 pone remedio a los defectos de la motivación inicial, en la medida autorizada por la jurisprudencia (apartado 81).

Por lo demás, la comunicación de los resultados numéricos obtenidos por un candidato en las diferentes pruebas constituye una motivación suficiente del juicio de valor que formuló el tribunal del concurso (apartado 84).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati (C-254/95 P, Rec. p. I-3423), apartado 31; Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunalde Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartados 130 a 133; Camera-Lampitelli y otros/Comisión, antes citada, apartados 51 y 52; Belhanbel/Comisión, antes citada, apartado 22; Kaps/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 81

Fallo:

Se desestima el recurso.

Se condena a la Comisión a pagar, además de sus propias costas, la tercera parte de las causadas por la demandante.