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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 69/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de enero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

(Asunto C-281/07) (1)

(Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 - Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas - Artículo 3 - Recuperación de una restitución a la exportación - Error de la Administración nacional - Plazo de prescripción)

(2009/C 69/10)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Demandada: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesfinanzhof — Interpretación del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, primera frase, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1) — Aplicabilidad del plazo de prescripción previsto por el Reglamento no 2988/95 en caso de recuperación de una restitución a la exportación pagada tras un error de la Administración nacional sin que el actor económico afectado haya cometido una irregularidad.

Fallo

El plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, no es aplicable a un procedimiento de recuperación de una restitución a la exportación indebidamente pagada a un exportador debido a un error de las autoridades nacionales, cuando éste no haya incurrido en irregularidad alguna en el sentido del artículo 1, apartado 2, del referido Reglamento.

(1) DO C 211 de 8.9.2007.
2)

Si la función de copia que desempeñan los aparatos controvertidos en los litigios principales es secundaria en comparación con las funciones de impresión y de escaneado, debe considerarse que los mencionados aparatos constituyen unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos en el sentido de la nota 5 B del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada contenida en el anexo I del Reglamento no 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento no 1719/2005, unidades que, si se presentan aisladamente, se encuentran incluidas en la partida 8471 de esta Nomenclatura, con arreglo a la nota 5 C del mismo capítulo. En ese caso, debe concretarse la subpartida pertinente conforme a la nota 3 de la sección XVI de la mencionada Nomenclatura Combinada. Si dicha función de copia tiene, en cambio, una importancia equivalente a la de las otras dos funciones, estos aparatos deben clasificarse, conforme al punto 3, letra b), de las reglas generales para la interpretación de dicha Nomenclatura, en la partida que corresponda al módulo que les confiera su carácter esencial. Si esta determinación resulta imposible, deben clasificarse en la partida 9009 en virtud de lo dispuesto en el punto 3, letra c), de las citadas reglas generales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 301/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de octubre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Países Bajos) — X B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-411/07) (1)

(Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Partidas 8541, 8542 y 8543 - Acopladores ópticos)

(2008/C 301/21)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Partes en el procedimiento principal

Demandante: X B.V.

Demandada: Staatssecretaris van Financiën

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretación del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 290, p. 1) — Circuito optoelectrónico cerrado en una cápsula de plástico, que, además de un diodo emisor de luz (light emitting diode o LED), una película de plástico y un fotodetector, comprende un circuito amplificador y que está destinado a su instalación en, entre otros, equipos de comunicaciones e informáticos, electrónica de consumo y máquinas industriales — Partidas 8541, 8542 y 8543 de la NC.

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, debe interpretarse en el sentido de que un acoplador óptico está comprendido en la partida 8541 independientemente de si contiene un circuito amplificador o no.

(1) DO C 283 de 24.11.2007.
1)

El artículo 291, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 89/97 de la Comisión, de 20 de enero de 1997, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «persona que importe o haga importar la mercancía» contenido en dicha disposición se refiere a la persona a la que la mercancía va destinada y que tiene la intención de afectarla al destino especial prescrito, independientemente de que ella misma realice la declaración de aduana o que se haga representar a tal efecto en el sentido del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario. Dicho concepto no se refiere al representante de esta persona ante las autoridades aduaneras, salvo cuando se entiende que dicha persona actúa en nombre propio y por cuenta propia con arreglo al artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento no 2913/92 y, por ende, debe considerarse importador.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Kerstin Sundelind López/Miguel Enrique López Lizazo

(Asunto C-68/07) (1)

(Reglamento (CE) no 2201/2003 - Artículos 3, 6 y 7 - Competencia judicial - Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Competencia en materia de divorcio - Demandado que tiene la nacionalidad y es residente de un país tercero - Normas nacionales de competencia que establecen un foro exorbitante)

(2008/C 22/29)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Kerstin Sundelind López

Demandada: Miguel Enrique López Lizazo

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Högsta domstolen (Suecia) — Interpretación de los artículos 3, 6 y 7 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 — Competencia en materia de divorcio cuando la parte demandada no tiene su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro ni es nacional de un Estado miembro.

Fallo

Los artículos 6 y 7 del Reglamento no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, en lo que respecta a los Tratados con la Santa Sede, deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un asunto de divorcio, cuando el demandado no tiene su residencia habitual en un Estado miembro y no es nacional de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden fundar su competencia en su Derecho nacional para resolver dicha demanda si los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro son competentes con arreglo al artículo 3 de dicho Reglamento.

(1) DO C 82 de 14.4.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de marzo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Austria) — Gottfried Heinrich

(Asunto C-345/06) (1)

(Artículo 254 CE, apartado 2 - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Artículo 2, apartado 3 - Reglamento (CE) no 622/2003 - Seguridad aérea - Anexo - Lista de artículos prohibidos a bordo de aeronaves - No publicación - Fuerza vinculante)

2009/C 113/02

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Gottfried Heinrich

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria) — Interpretación del artículo 254 CE, apartado 2, así como del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43) — Validez del Reglamento (CE) no 622/2003 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, por el que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea (DO L 89, p. 9) — Omisión de publicación del anexo del Reglamento, en el que se establecen medidas detalladas aplicables a la seguridad de la aviación y, en particular, una lista de artículos prohibidos a bordo de las aeronaves.

Fallo

El anexo, no publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, del Reglamento (CE) no 622/2003 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, por el que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 68/2004 de la Comisión, de 15 de enero de 2004, carece de fuerza vinculante en la medida en que pretende imponer obligaciones a los particulares.

(1) DO C 281, de 18.11.2006.
1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, por lo que respecta al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de mayo de 2000, ambos inclusive, y los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, por lo que respecta al período comprendido entre el 31 de mayo de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, al negarse a liquidar y poner a disposición de la Comisión Europea los recursos propios adeudados como consecuencia de importaciones de equipos y materiales para uso exclusivamente militar, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, ambos inclusive, y al negarse a pagar los intereses de demora correspondientes.
1)

Declarar que la República Portuguesa no ha adoptado las medidas necesarias que requiere la ejecución de la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C-275/03), y por ello ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228 CE, apartado 1, al no haber derogado el Decreto ley no 48 051, de 21 de noviembre de 1967, que subordina a la prueba de la existencia de dolo o culpa la concesión de una indemnización de daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que adaptan el Derecho nacional.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de diciembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

(Asunto C-280/05) (1)

(Incumplimiento de Estado - Ayudas de Estado - Incompatibilidad con el mercado común - Obligación de recuperación - No ejecución)

(2008/C 22/03)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Di Bucci y E. Righini, agentes)

Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente, y D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2004/800/CE, de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, por la que se declara incompatible con el mercado común el régimen de ayudas estatales ejecutado por Italia por el que se establecen determinadas disposiciones urgentes a favor del empleo en empresas con problemas financieros en situación de procedimiento de suspensión de pagos específica y con más de mil trabajadores (ayuda no CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (DO L 352, p. 10) — No adopción, en el plazo señalado, de las medidas necesarias para recuperar determinadas ayudas que fueron declaradas incompatibles con el mercado común.

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión no 2004/800/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, relativa al régimen de las ayudas estatales ejecutado por Italia por el que se establecen determinadas disposiciones urgentes a favor del empleo, al no haber adoptado en los plazos señalados las medidas necesarias para obtener de los beneficiarios la recuperación de las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común mediante dicha Decisión.

2) Condenar en costas a la República Italiana.

(1) DO C 229 de 17.9.2005.
1.

¿Es compatible con el Derecho de la Unión el hecho de que, con arreglo al Derecho nacional, en el caso de un contrato de crédito vinculado a un contrato de venta, después de que el consumidor haya ejercido válidamente su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2008/48, (1) a) el derecho del consumidor contra el prestamista al reembolso de las cuotas del préstamo ya pagadas no sea eficaz hasta que el consumidor, por su parte, haya devuelto al prestamista el bien comprado o haya aportado la prueba de que ha enviado el bien al prestamista? b) el consumidor deba entregar el vehículo al prestamista en el domicilio social de este con arreglo a los artículos 358, apartado 4, primera frase, y 357, apartado 4, primera frase, primera alternativa, del BGB (Código Civil)? c) no exista mora en la recepción por parte del prestamista en la recepción del vehículo, si el prestamista está dispuesto a que se le entregue el vehículo como prestación anticipada, pero niega que concurran los requisitos jurídicos sustantivos de un desistimiento válido? d) la acción del consumidor pretendiendo el reembolso de las cuotas del préstamo ya pagadas por el consumidor, tras la devolución del vehículo financiado, deba desestimarse por infundada en el momento actual si el prestamista no se ha constituido en mora en la recepción del bien comprado?
II.2.

La sustancia alfa-fenilacetoacetamida (APAA) fue definida como precursor directo de las anfetaminas por el Reglamento Delegado (UE) 2020/1737 (2) de la Comisión, de 14 de julio de 2020, que modifica el Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 111/2005 del Consejo por lo que respecta a la inclusión de determinados precursores de drogas en la lista de sustancias catalogadas, y se incluye en la categoría 1 del anexo I del Reglamento n.o 273/2004 y en el anexo del Reglamento n.o 111/2005. Hasta su inclusión en los citados Reglamentos, ¿puede considerarse que la APAA era una sustancia o un material utilizado para la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y, en consecuencia, a qué normas de importación estaba sujeta?
3.

¿Admite el artículo 72, apartado 1, letra e), en relación con el apartado 4, letras a) y b), de la Directiva 2014/24, una normativa nacional o una práctica en la interpretación y aplicación de dicha normativa según las cuales, en un caso como el del litigio principal (en que el pliego de condiciones establecía un plazo máximo y una fecha límite para la ejecución del contrato; el plazo constituye también un indicador dentro del método de valoración de las ofertas; la ejecución efectiva del contrato se produjo excediendo el plazo máximo fijado en el pliego de condiciones y la fecha límite, sin que concurriesen circunstancias imprevisibles; el poder adjudicador recibió la obra sin objeciones, y no se impuso ninguna pena contractual por la demora), la ejecución del contrato en contra de lo dispuesto en el pliego de condiciones con respecto al plazo, no concurriendo circunstancias imprevisibles y sin que el poder adjudicador formulase objeción alguna, se ha de interpretar simplemente como una forma de ejecución incorrecta del contrato, y no como una modificación sustancial ilícita del contrato en la parte relativa al plazo de ejecución?
2)

¿Se opone la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 TFUE a una normativa nacional, como la recogida en el régimen nacional portugués del tributo adicional de solidaridad sobre el sector bancario, que permite deducir del pasivo determinado y aprobado ciertos elementos del pasivo que computan a efectos del cálculo de los fondos propios de nivel 1 y de los fondos propios de nivel 2, de conformidad con lo dispuesto en la parte II del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias previstas en la parte IX de dicho Reglamento, que solo pueden ser emitidos por entidades con personalidad jurídica, es decir, que no pueden ser emitidos por sucursales de entidades de crédito no residentes?
C 318/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 17 de marzo de 2022 — Lineas — Concessões de Transportes SGPS, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-207/22)

(2022/C 318/28)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lineas — Concessões de Transportes SGPS, S.A.

Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

Cuestión prejudicial

¿Puede tener la consideración de «entidad financiera», en el sentido de la Directiva 2013/36/UE (1) y del Reglamento (UE) n.o 575/2013, (2) una sociedad de cartera que tiene por objeto exclusivo la gestión de participaciones sociales de otras sociedades, como forma indirecta de ejercicio de actividades económicas, y que, en este ámbito, adquiere y posee con carácter duradero esas participaciones, que, en general, no son inferiores al 10 % del capital social de las sociedades participadas, sociedades estas cuya actividad se enmarca en la gestión de infraestructuras de transportes, incluyendo el diseño, la construcción y la gestión de carreteras y/o autopistas?

(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

(2) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica) el 28 de abril de 2022 — KBC Verzekeringen NV / P&V Verzekeringen CVBA

(Asunto C-286/22)

(2022/C 303/19)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: KBC Verzekeringen NV

Recurrida en casación: P&V Verzekeringen CVBA

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 1, punto 1, de la Directiva 2009/103/CE, (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en su versión aplicable antes de su modificación por la Directiva 2021/2118 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, por la que se modifica dicha Directiva, en la que se define el «vehículo» como «todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo, accionado mediante una fuerza mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los remolques, incluso no enganchados», en el sentido de que una bicicleta eléctrica («speed pedelec») cuyo motor ofrece únicamente asistencia al pedaleo, de suerte que la bicicleta no puede desplazarse de forma autónoma sin utilizar la fuerza muscular, sino únicamente mediante el uso de la fuerza motriz y de la fuerza muscular, y una bicicleta eléctrica dotada con una función de impulso mediante la cual la bicicleta acelera hasta una velocidad de 20 km/h sin pedalear cuando se pulsa el botón de refuerzo, pero en la que se requiere fuerza muscular para poder utilizar la función de refuerzo, no son vehículos en el sentido de dicha Directiva?

(1) DO 2009, L 263, p. 11.

(2) Directiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 2021, L 430, p. 1).