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Auto del Tribunal General (Sala Segunda) de 15 de octubre de 2013 — Andechser Molkerei Scheitz/Comisión

(Asunto T‑13/12)

«Recurso de anulación e indemnización — Salud pública — Lista de los aditivos alimentarios autorizados en los alimentos — Glucósidos de esteviol — Recurso inadmisible o manifiestamente infundado»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Necesidad de un interés existente y efectivo — Apreciación en el momento de interponer el recurso — Recurso que puede reportar un beneficio al demandante — Inexistencia — Inadmisibilidad (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 30 a 32 y 41)

2. Recurso por omisión — Requerimiento a la institución — Inexistencia — Inadmisibilidad (Art. 265 TFUE) (véanse los apartados 42 y 43)

3. Recurso de indemnización — Autonomía respecto a los recursos de anulación y por omisión — Alcance (véanse los apartados 46 a 49 y 51 a 54)

4. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Requisitos acumulativos — Incumplimiento de uno de los requisitos — Desestimación del recurso en su totalidad (Art. 340 TFUE, párr. 2) (véanse los apartados 56 y 57)

5. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Demanda que tiene por objeto la reparación de los daños causados por una institución de la Unión [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 58)

6. Recurso de indemnización — Daños inminentes y previsibles — Declaración de la responsabilidad de la Unión — Sometimiento del asunto al Tribunal General — Procedencia (Art. 340 TFUE) (véase el apartado 59)

7. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Perjuicio real y cierto — Carga de la prueba — Recurso que no contiene ningún elemento de prueba, ni siquiera ninguna proposición de prueba — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno [Art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letras c) y e)] (véanse los apartados 59, 62 y 65 a 69)

Objeto

Pretensión de anulación del Reglamento (UE) no 1131/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los glucósidos de esteviol (DO L 295, p. 205), en la medida en que autoriza la utilización de glucósidos de esteviol extraídos de la planta Stevia rebaudiana Bertoni sólo como aditivos alimentarios y no como ingredientes alimentarios vegetales de origen agrícola o como extractos aromáticos, y una pretensión de indemnización.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 9 de septiembre de 2013 — Planet/Comisión

(Asunto T‑489/12)

«Cláusula compromisoria — Sexto programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Contratos relativosa los proyectos Ontogov, FIT y RACWeb — Costes subvencionables — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Necesidad de un interés existente y efectivo — Apreciación en el momento de interponer el recurso — Requisito que debe respetarse en todos los recursos interpuestos ante el juez de la Unión — Interés que se refiere a situaciones futuras e inciertas — Exclusión (Arts. 263 TFUE, 272 TFUE y 340 TFUE, párr. 1) (véanse los apartados 31, 32 y 48)

2. Recurso de anulación — Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual — Incompetencia del juez de la Unión — Inadmisibilidad — Recalificación del recurso — Exclusión [Arts. 256 TFUE, 263 TFUE, 272 TFUE y 288 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 51 a 54)

Objeto

Recurso con arreglo a los artículos 272 TFUE y 340 TFUE, párrafo primero, que tiene por objeto que se declare, por una parte, que la negativa de la Comisión a considerar costes subvencionables determinados importes adelantados en la ejecución de los contratos «Ontology enabled E-Gov Service Configuration (Ontogov)», «Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT)» y «Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)», celebrados en el marco del sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002-2006), constituye un incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones contractuales y, por otra parte, que dichos importes son costes subvencionables que no deben ser devueltos.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
38

Así, el mero hecho de invocar la existencia de una garantía procesal ante el Juez de la Unión no puede entrañar la admisibilidad del recurso en la medida en que éste se funda en motivos basados en la violación de normas materiales (véase en este sentido el auto WWF-UK/Consejo, citado en el punto 22 supra, apartado 47; véase por analogía el auto del Tribunal de 11 de enero de 2012, Phoenix-Reisen y DRV/Comisión, T-58/10, no publicado en la Recopilación, apartado 33). En efecto, los motivos formulados por Eurofer en apoyo de su demanda de anulación de la Decisión impugnada no versan sobre un supuesto incumplimiento de la obligación de consulta. En cambio, estos motivos se basan en un incumplimiento del artículo 10 bis de la Directiva 2003/87 en la medida en que la Comisión no determinó correctamente la referencia de producto para el metal caliente, en un incumplimiento de la obligación de motivación de la Decisión impugnada y en una violación del principio de proporcionalidad. Por otro lado, Eurofer no niega que la Comisión ha cumplido su obligación de consulta. En efecto, indica que, en su condición de parte participante en el procedimiento de consulta en representación de los intereses de sus miembros, comunicó las posturas y opiniones de éstos durante dicho procedimiento.
Solicitud de anulación dirigida, por una parte, contra la Decisión 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011, que modifica la Decisión 2010/656/PESC del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 11, p. 36), y, por otra parte, contra el Reglamento (UE) nº 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 560/2005 del Consejo por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (DO L 11, p. 1), y contra el Reglamento (UE) nº 330/2011 del Consejo, de 6 de abril de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 560/2005 (DO L 93, p. 10), en la medida en que afectan a la demandante.
1.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Reglamento por el que se establecen derechos antidumping — Importador exclusivo no asociado al exportador y que no es el importador principal o el usuario final del producto — Otros criterios que han de tomarse en consideración [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1225/2009] (véanse los apartados 23 a 34, 39 a 48, 55 y 58)
Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 18 de diciembre de 2012 — Alemania/Comisión

(Asunto T-205/11)

«Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Plazo para recurrir — Extemporaneidad — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de publicación o de notificación — Fecha en que se tiene conocimiento del acto — Carácter extemporáneo del recurso — Impugnación de la fecha de inicio del plazo — Carga de la prueba que recae en el demandante (Art. 263 TFUE, párr. 6; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 101 y 102, ap. 2) (véanse los apartados 13, 14, 19, 49, 51 y 52)

2. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de notificación de la decisión — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado que pone fin al procedimiento formal de examen — Presentación de la decisión a la representación permanente del Estado miembro interesado — Acuse de recibo en forma de sello estampado en el escrito de acompañamiento de la Decisión — Sello sin firma ni rúbrica — Notificación regular que hacer correr el plazo de recurso — Inexistencia de obligación para la Comisión de comprobar la habilitación de la persona que recibe el correo — Falta de pertinencia de las normas de organización internas de la representación permanente [Art. 263 TFUE, párr. 6; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 102, ap. 2; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, art. 7] (véanse los apartados 15, 25 y 32 a 48)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2011/527/EU de la Comisión, de 26 de enero de 2011, relativa a la ayuda de Estado de Alemania C 7/10 (ex CP 250/2009 y NN 5/10) en concepto de la cláusula de saneamiento prevista por la Ley relativa al impuesto sobre sociedades («KStG, Sanierungsklausel») (DO L 235, p. 26).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 21 de junio de 2011

Asunto T-12/10 P

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Reembolso de las costas — Nota de la Comisión en la que informa al recurrente de su intención de practicar una retención sobre su asignación por invalidez — Inexistencia de acto lesivo — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

Objeto: Recurso de casación contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 29 de octubre de 2009, Marcuccio/Comisión (F-94/08, RecFP pp. I-A-1-421 y II-A-1-2281), en el que se solicita la anulación de dicho auto.

Resultado: Se desestima el recurso de casación. El Sr. Luigi Marcuccio cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea en relación con el presente procedimiento.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Nota en la que la administración informa al interesado de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Una nota en la que la administración informa al interesado de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez, en el supuesto de que aquél no presente ante el juez comunitario una solicitud de tasación de las costas a las que fue condenado en un asunto anterior, no constituye una toma de posición definitiva de la administración y no cabe considerar que haya afectado directa e inmediatamente a los intereses de aquél, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

(véanse los apartados 21 y 22)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Actos que les afectan directamente — Criterios — Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) por la que se identifican los boratos como sustancias extremadamente preocupantes

[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 7, aps. 2 y 3, 31, ap. 9, letra a), 33, 34, letra a), y 59, y anexo XIV]

Índice

Para que una persona resulte directamente afectada, como requisito para la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica contra una decisión dirigida a otra persona, se requiere que la medida cuestionada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y que no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicha medida encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias.

A este respecto, procede considerar que la resolución de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) que identifica a los boratos como sustancias extremadamente preocupantes, a efectos de su inclusión en el anexo XIV del Reglamento nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, en su versión modificada, no surte efecto directamente en la situación jurídica de una demandante, importadora de boratos, en relación con las obligaciones que prevé dicho Reglamento, puesto que se ha determinado, por un lado, que la identificación de los boratos como sustancias extremadamente preocupantes, resultante del procedimiento regulado en el artículo 59 del Reglamento nº 1907/2006, no constituye una nueva información que pudiera afectar a las medidas de gestión de riesgos o sobre peligros, en el sentido del artículo 31, apartado 9, letra a), del mismo Reglamento, y, por otro lado, que las obligaciones de información establecidas en el artículo 7, apartado 2, en el artículo 33 y en el artículo 34, letra a), del mismo Reglamento no vinculan a la parte demandante.

Además, el mero hecho de que un acto pueda influir en la situación material del interesado no basta para que pueda considerarse que lo afecta directamente. Únicamente la existencia de circunstancias específicas puede habilitar a un justiciable, que afirma que el acto afecta a su posición en el mercado, a interponer recurso al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Un demandante que se haya limitado a alegar que sus clientes son reticentes a seguir comprando productos que figuren en la lista de sustancias que reúnen los criterios no acredita la concurrencia de tales circunstancias específicas.

(véanse los apartados 22, 24, 37 y 39 a 41)
Recurso de anulación de la Decisión C(2008) 6018 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a las inversiones efectuadas por la Gemeente Rotterdam en el complejo Ahoy’ [ayuda de Estado C 4/2008 (ex N 97/2007, ex CP 91/2007)].
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión que concluye un procedimiento en materia de ayudas — Empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda — Legitimación activa — Requisitos (Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4) (véanse los apartados 22 a 27 y 35)

2. Procedimiento — Plazo para la proposición de prueba — Artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Ámbito de aplicación (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 48, ap. 1, y 66, ap. 2) (véase el apartado 32)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación parcial de la Decisión 2009/157/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a la medida de ayuda ejecutada por Francia en favor del grupo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (DO 2009, L 53, p. 13).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) UOP Ltd cargará con sus propias costas, así como con las costas en que hayan incurrido la Comisión Europea y el IFP.
1

El 19 de enero de 2006, la demandante, Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) una solicitud de registro del signo Natur-Aktien-Index como marca comunitaria en virtud del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), modificado [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de anulación

—

Recurso contra una decisión confirmatoria de otra decisión anterior no impugnada dentro de plazo

—

Inadmisibilidad

—

Concepto de decisión confirmatoria

—

Decisión adoptada tras reconsiderarse la decisión anterior y sobre la base de elementos nuevos

—

Exclusión (Art. 230 CE) (véanse los apartados 28 a 30)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de anulación contra el escrito de la Comisión, de 2 de octubre de 2008, en el que se indica a los demandantes que procede aplicar intereses compuestos en el proceso de recuperación de las ayudas estatales declaradas ilegales por las Decisiones 2002/820/CE, 2002/894/CE y 2003/27/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativas al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empresas de las provincias de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, respectivamente, en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2002, L 296, p. 1, DO 2002, L 314, p. 26, y DO 2003, L 17, p. 1, respectivamente), y por las Decisiones 2002/892/CE, 2002/540/CE y 2002/806/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativas al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación en las provincias de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, respectivamente (DO 2002, L 314, p. 1, DO 2002, L 174, p. 31, y DO 2002, L 279, p. 35, respectivamente), decisiones validadas por las sentencias del Tribunal General de 9 de septiembre de 2009, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión (T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 y T‑270/01, aún no publicada en la Recopilación), y Diputación Foral de Álava y otros/Comisión (T‑230/01 a T‑232/01 y T‑267/01 a T‑269/01, aún no publicada en la Recopilación).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad de los recursos.

2) El Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, el Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa y el Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya cargarán con sus respectivas costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.
111

La alegación por las demandantes del artículo 5 del Convenio de Rotterdam (véase el apartado 84 supra) tampoco sirve para demostrar, de modo suficiente en Derecho, que la obligación de información y de notificación que corresponde a la Comunidad en virtud de esta disposición pueda causar a Cheminova A/S un perjuicio previsible y calculable en un país tercero determinado durante el curso del procedimiento principal. Aunque las demandantes han señalado que el malatión está incluido, en virtud del Reglamento (CE) no 1376/2007 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2007, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 307, p. 14), en la parte 1 del anexo I de este Reglamento no 304/2003, que desarrolla el Convenio de Rotterdam, basta con señalar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 304/2003, esta inclusión tiene como única consecuencia instaurar una obligación de información con respecto a eventuales países importadores. Por consiguiente, las demandantes no han demostrado que el mecanismo del Convenio de Rotterdam comporte directa e inevitablemente pérdidas de ventas de productos basados en el malatión en los mercados de países terceros determinados. Al contrario, han admitido, en respuesta a una cuestión planteada por el juez de medidas provisionales, que correspondía únicamente al país tercero decidir sobre la importación o no de los productos en cuestión.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 11 de octubre de 2007 — MB Immobilien/Comisión

(Asunto T-120/07 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado en los nuevos Länder — Obligación de recuperación — Demanda de suspensión de la ejecución — Urgencia — Ponderación de intereses»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Perjuicio económico — Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante — Apreciación en relación con la situación del grupo al que pertenece — Control ejercido por una persona física y no por una persona jurídica — Falta de pertinencia [Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2] (véanse los apartados 33 a 38)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado (Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 45 y 46)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2007/492/CE de la Comisión, de 24 de enero de 2007, relativa a la ayuda estatal C 38/2005 (ex NN 52/2004) concedida por Alemania al grupo Biria (DO L 183, p. 27).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 11 de junio de 2008 — European Association of Im‑ and Exporters of Birds and live Animals y otros/Comisión

(Asunto T‑209/06)

«Recurso de anulación — Admisibilidad — Artículo 230 CE, párrafo cuarto — Personas físicas y jurídicas — Asociaciones — Decisión 2006/522/CEE — Afectación individual — Policía sanitaria — Medidas de protección en relación con la gripe aviar»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión sobre medidas de protección en relación con la gripe aviar que afecta a las importaciones en la Comunidad de aves procedentes de países terceros (Art. 230 CE, párr. 4; Decisión 2006/522/CE de la Comisión) (véanse los apartados 28 a 34)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión sobre medidas de protección en relación con la gripe aviar que afecta a las importaciones en la Comunidad de aves procedentes de países terceros (Art. 230 CE, párr. 4; Decisión 2006/522/CE de la Comisión) (véase el apartado 36)

Objeto

Pretensión de anulación de la Decisión 2006/522/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2006, por la que se modifican las Decisiones 2005/759/CE y 2005/760/CE en lo que respecta a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena y a los desplazamientos de determinadas aves vivas en la Comunidad (DO L 205, p. 28).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
39

El Parlamento añade que el procedimiento de licitación constituye un todo indisociable y la adjudicación del contrato a la sociedad Mostra es su resultado. Considera que no era posible ninguna otra decisión que no fuera la de desestimar la oferta de la demandante y adjudicar el contrato a la sociedad Mostra. Según el Parlamento, en cualquier caso, no era posible adjudicar el contrato a una empresa que no cumplía los criterios de selección. El Parlamento no podía limitarse a revocar únicamente la Decisión de 1 de diciembre de 2006 por la que se desestimó la oferta de la demandante manteniendo a la vez la parte del procedimiento de evaluación que le era favorable.
72

Sin embargo, la fecha límite inicialmente prevista para que el órgano de contratación publicara las aclaraciones era el 29 de noviembre de 2005. El 14 de noviembre de 2005, la Comisión publicó el corrigendum no 1, señalando que la fecha límite para que el órgano de contratación publicara las aclaraciones sería el 24 de noviembre de 2005. Procede destacar que parece que la corrección que la Comisión hizo al plazo de publicación de las aclaraciones resultaba necesaria para que se respetara el plazo de once días entre la fecha límite de publicación de las aclaraciones por la Comisión y la fecha de presentación de ofertas, plazo establecido en el punto 2 y en el punto 13, párrafo tercero, de las instrucciones a los licitadores. En efecto, en estos puntos se dispone que la fecha límite para publicar las eventuales aclaraciones constituye el dies a quo de un plazo de once días durante el cual los licitadores pueden elaborar y presentar sus ofertas con la seguridad de que el pliego de condiciones no sufrirá ninguna modificación más.