Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Desestimación — Calificación jurídica de los hechos — Admisibilidad

(Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58)

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación — Requisitos para que no haya contracción de los derechos de importación enunciados en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) nº 2913/92 — Error de la Administración que «razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor» — Criterios de apreciación — Reglamento (CEE) nº 1359/95, que contiene disposiciones que pueden calificarse de complejas

[Reglamentos (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 220, ap. 2, letra b), y Reglamento (CE) nº 1359/95 del Consejo]

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1. Con arreglo a los artículos 225 CE y 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia es, por lo tanto, el único competente, por un lado, para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones fuera consecuencia de los documentos que obran en autos, y, por otro lado, para apreciar tales hechos. Por consiguiente, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho, sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Por el contrario, cuando el Tribunal de Primera Instancia haya comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, en virtud del artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de tales hechos y las consecuencias jurídicas que el Tribunal de Primera Instancia haya deducido de los mismos. Una operación de calificación de esta índole constituye en efecto una cuestión de Derecho que, como tal, puede estar sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

(véanse los apartados 40 y 41)

2. Según el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 2913/92, por el que se establece el Código aduanero comunitario, para que las autoridades competentes puedan no proceder a contraer a posteriori derechos de importación, es preciso que concurran tres requisitos acumulativos, a saber, que los derechos no hayan sido percibidos como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes, que el error cometido por éstas sea de tal índole que no pueda ser descubierto con un grado razonable de diligencia por un sujeto pasivo de buena fe y que éste haya respetado todas las normas contenidas en la legislación en vigor por lo que atañe a su declaración en aduana.

Por lo que respecta al carácter detectable de un error cometido por las autoridades aduaneras competentes, éste debe apreciarse teniendo en cuenta la índole del error, la experiencia profesional de los agentes interesados y la diligencia que estos últimos hayan demostrado. Por lo que se refiere a la naturaleza del error, debe ser apreciada a la luz de la complejidad o, por el contrario, del carácter suficientemente sencillo de la normativa de que se trata y del período de tiempo durante el cual las autoridades hayan persistido en su error.

A este respecto, determinadas disposiciones del Reglamento nº 1359/95, por el que se modifican los anexos I y II del Reglamento nº 2658/87 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y el arancel aduanero común y por el que se deroga el Reglamento nº 802/80, crean una situación que no es suficientemente sencilla como para que su examen permita detectar fácilmente que la utilización, a partir del 1 de julio de 1995, de los contingentes arancelarios aplicables a ciertas mercancías sigue estando sujeta al requisito de presentar un certificado de importación, establecido en el Reglamento nº 1431/94, por el que se establecen las disposiciones de aplicación en el sector de la carne de aves de corral del régimen de importación establecido en el Reglamento nº 774/94. En estas circunstancias, dicha normativa puede calificarse objetivamente de compleja, y los errores cometidos por las autoridades aduaneras al modificar su arancel vigente, sin especificar que la importación de las referidas mercancías estaba supeditada a la presentación de tal certificado, son de tal índole que no podían ser detectados razonablemente por los agentes económicos.

(véanse los apartados 46, 48, 54 y 56)