2.

a) Por lo que se refiere a la segunda cuestión prejudicial, la Generalität de Cataluña alega que la medida discutida responde a uno de los supuestos previstos por el artículo 36 del Tratado, como es la protección de la salud pública, ya que establece, como medida de prevención en relación con una sustancia que genera dependencia, una limitación parcial de la publicidad que, obviamente, incita al consumo de dicho producto. Añade que, aunque en numerosas ocasiones y por distintos medios se ha planteado la cuestión relativa a la necesidad de una Directiva armonizadora de las legislaciones de los Estados miembros en materia de publicidad de bebidas alcohólicas, el único pronunciamiento positivo que existe en la materia es la Directiva del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, p. 23). Si bien esta Directiva establece en su artículo 15 criterios estrictos en materia de publicidad televisiva para las bebidas alcohólicas, no obstante no constituye una normativa armonizada en el ámbito alcohol-publicidad, de manera que los Estados miembros pueden legislar en la materia, lo cual, en cualquier caso, está previsto en el apartado 4 del artículo 100 A del Tratado, aun en el caso de armonización comunitaria. También el Tribunal de Justicia, por su parte, ha aceptado que, en principio, una legislación sobre restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas se justifique por preocupaciones inherentes a la salvaguardia de la salud pública, en la sentencia de 10 de julio de 1980, Comisión/Francia, antes citada. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia condenó la legislación francesa por su carácter arbitrario. No obstante, en el presente caso, para limitar la publicidad se ha adoptado un criterio objetivo, como es la graduación alcohólica. Resulta, pues, innegable, que un Estado miembro puede establecer medidas destinadas a luchar contra el alcoholismo y a promover unos hábitos saludables de vida. El Estado miembro está facultado para adoptar las medidas que considere necesarias para la protección de la salud pública, atendiendo a la realidad del problema que se pretende solucionar (incremento del nivel de consumo de alcohol de alta graduación o protección de un determinado grupo social, por ejemplo). Por todo ello, en opinión de la Generalität de Cataluña, procede responder a la segunda cuestión prejudicial en sentido afirmativo. b) En su respuesta a la tercera cuestión prejudicial, la demandada en los litigios principales aborda en primer lugar el principio de proporcionalidad y, a continuación, la inexistencia de discriminación arbitraria o de restricción encubierta en el comercio entre los Estados miembros. Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, al que debe responder cualquier medida nacional para estar justificada conforme al Tratado, debe contestarse a dos preguntas: — ¿Es proporcional el beneficio que produce dicha exigencia con la restricción causada a la libre circulación de mercancías? En opinión de la Generalität de Cataluña, la medida adoptada se justifica por razones de protección de la salud y, concretamente, la de la juventud; se refiere a bebidas de alta graduación cuyas consecuencias sobre la salud son obviamente más negativas; prohibe la publicidad de estas bebidas en determinados soportes de publicidad; responde a la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública, y beneficia a la sociedad en general, la cual deja de verse sometida a una incitación al consumo de productos de alta graduación. La restricción que dicha medida pueda causar a la libre circulación de mercancías debe valorarse teniendo en cuenta que la medida no condiciona directamente a la importación, se aplica indistintamente a productos nacionales e importados, y está limitada por lo que a las bebidas afectadas y a los medios de publicidad prohibidos se refiere. La Generalität de Cataluña señala, por otra parte, que los demandantes en los litigios principales no son importadores de bebidas alcohólicas que pretendan evitar una medida de efecto equivalente a una restricción a la importación, sino empresas de alquiler de soportes de publicidad exterior, que desean evitar una pérdida de clientes. — ¿No existe otro medio para garantizar la protección de la salud pública que cause menos perjuicio a la libre circulación de mercancías? La Generalität de Cataluña considera que la respuesta debe ser negativa. La citada medida nacional es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido, teniendo en cuenta, especialmente, que es una medida preventiva, justificada por razones de salud pública, que impone restricciones a la publicidad en lugares respecto a los que la Administración tiene responsabilidad directa y que tienen un carácter público (vías públicas, transportes públicos, etc.), con el fin de evitar que el colectivo social se vea, involuntaria e indiscriminadamente, afectado por la publicidad. Por lo que se refiere a la inexistencia de discriminación arbitraria o de restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, la Generalität de Cataluña señala que la prohibición parcial de publicidad de bebidas alcohólicas parte de un criterio objetivo, en concreto, el contenido en alcohol puro de las bebidas. Refiriéndose a la sentencia de 10 de julio de 1980, Comisión/Francia, antes citada, y a las conclusiones del Abogado General Sr. Reischl en dicho asunto, la Generalität de Cataluña señala que, dado que la normativa se aplica de forma idéntica a todas las bebidas que superen los 23 grados, cualquiera que sea su origen (nacional o de importación), no estamos ante un medio de discriminación arbitraria ni ante una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros. La inexistencia de finalidad proteccionista y de carácter discriminatorio de dicha legislación se pone de manifiesto por el hecho de que se ha sancionado a empresas de publicidad por haber anunciado bebidas alcohólicas de más de 23 grados de origen español. La Generalität de Cataluña cita, a título de ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 15 de junio de 1990. Añade que, lejos de tener una finalidad proteccionista, la citada normativa sólo pretende proteger la salud pública, como lo muestra el hecho de que parte de un criterio de nocividad objetiva, como es el contenido en alcohol. La nocividad de una bebida alcohólica depende de su grado de alcohol puro. También puede depender de otros criterios (volumen ingerido, momento en que se ingiere, persona que la ingiere, etc.), pero estos criterios no son objetivos. El hecho de que el concepto de nocividad se haya situado en el límite de 23 grados tampoco puede discutirse, dado que, además de no existir una normativa comunitaria, nos hallamos ante un supuesto en el que difícilmente puede pronunciarse el conocimiento científico. Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, decidir en qué nivel pretenden asegurar la protección de la salud pública. No puede considerarse que la prohibición parcial de publicidad de bebidas alcohólicas de más de 23 grados suponga una medida que pueda favorecer el consumo de vinos o cavas. En efecto, no existen relaciones de competencia entre ambos tipos de productos, dado que no pertenecen a la misma categoría de bebidas ni tienen el mismo tipo de fermentación, ni se consumen en las mismas circunstancias sociales (véase, respecto a la competencia entre el vino y la cerveza, la sentencia de 12 de julio de 1983, Comisión/Reino Unido, 170/78, Rec. p. 2265). Por último, la Generalität de Cataluña puntualiza que existen bebidas alcohólicas nacionales con una graduación superior a los 23 grados y que, por lo tanto, ven limitadas parcialmente sus posibilidades de publicidad. Por consiguiente, debe responderse negativamente a la tercera cuestión prejudicial. c) Al conjunto de los elementos que expone como respuesta a las cuestiones prejudiciales, la Generalität de Cataluña considera necesario añadir lo siguiente, en el asunto C-176/90. De la referencia que se hace en la sentencia «Cassis de Dijon», antes citada, a las «exigencias imperativas» resulta que otros supuestos distintos de los previstos en el artículo 36 del Tratado CEE podrían justificar que determinadas normativas nacionales tengan un efecto restrictivo sobre las importaciones. Estos supuestos, que responden al concepto de «rule of reason», deben cumplir los siguientes requisitos : — Inexistencia de normativa comunitaria sobre la materia. — Norma nacional indistintamente aplicable a la producción nacional y a las importaciones. — Los mismos requisitos de invocabilidad que los motivos contenidos en el artículo 36 del Tratado CEE. La Generalität de Catalunya declara haber demostrado ya que los requisitos primero y tercero se cumplen. Por lo que se refiere al segundo requisito, alude a la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 15 de mayo de 1990 (sic), y al carácter objetivo del elemento que se tiene en cuenta para establecer la limitación de publicidad. Añade que la compatibilidad con el artículo 30 del Tratado de las medidas indistintamente aplicables a la producción nacional y a la importación se condicionan asimismo al cumplimiento de los criterios de proporcionalidad y sustituibilidad. La Generalität de Cataluña recuerda los siguientes aspectos: la medida objeto de los litigios principales se justifica por razones de protección de la salud y, especialmente, la de un sector de la sociedad; afecta a las bebidas de elevado grado de alcohol, cuyas consecuencias negativas sobre la salud son, incuestionablemente, más intensas; prohibe la publicidad de estas bebidas en determinados soportes de publicidad; responde a la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública. Como ya se indicó en relación con el artículo 36, la restricción que dicha medida pueda causar a la libre circulación debe valorarse partiendo de que la medida no condiciona directamente la importación, se aplica indistintamente a productos nacionales e importados y está limitada por lo que a las bebidas afectadas y a los medios de publicidad prohibidos se refiere. Respecto al criterio de sustituibilidad, la Generalität de Cataluña señala que la respuesta debe ser negativa por razones análogas a las expuestas en relación con el artículo 36. La citada medida nacional es estrictamente necesaria para alcanzar el objetivo perseguido, teniendo en cuenta, especialmente, el hecho de que se trata de una medida preventiva, justificada por razones de salud pública, que impone restricciones a la publicidad en lugares respecto a los que la Administración tiene responsabilidad directa y que tienen un carácter público (vías públicas, transportes públicos, etc.), con el fin de evitar que el colectivo social se vea, involuntaria e indiscriminadamente, afectado por la publicidad. Tal medida de restricción indirecta y parcial debe prevalecer frente al principio de libre circulación de mercancías. La medida adoptada es insustituible. Por consiguiente, no es necesario acudir a la excepción prevista en el artículo 36 del Tratado para legitimar la medida discutida, sino que basta con invocar el propio artículo 30, en tanto que exigencia imperativa que obedece al legítimo objetivo de salud pública.