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1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1829/94 de la Comisión, de 26 de julio de 1994 (DO L 191, p. 5) (en lo sucesivo, «Reglamento no 3665/87), y del artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas (DO L 205, p. 5; EE 03/36, p. 206), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3403/93 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1993 (DO L 310, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2220/85»).
10

La Directiva 91/414 fue sustituida, con efectos a partir del 14 de junio de 2011, por el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CE y 91/414 del Consejo (DO L 309, p. 1). Dado que los hechos que dieron lugar al asunto principal tuvieron lugar antes de la adopción del Reglamento no 1107/2009, éste no es aplicable al litigio principal.
El artículo 126, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «criterios fijados por el Estado miembro en 2006 y 2007» incluye la campaña de comercialización que ese Estado miembro debía elegir, antes del 30 de abril de 2006, como período representativo para la concesión del pago aparte por azúcar, con arreglo al artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) no 319/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, (CE) no 2011/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, y (CE) no 2012/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006.
26

Pues bien, como sucursal de SAC, Skandia Sverige no opera de modo independiente ni soporta ella misma los riesgos económicos ligados al ejercicio de su actividad. Además, como sucursal, según la legislación nacional, no dispone de capital propio y sus activos forman parte del patrimonio de SAC. Por lo tanto, Skandia Sverige depende de SAC y, por sí misma, no tiene la condición de sujeto pasivo en el sentido del artículo 9 de la Directiva IVA.
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No obstante, se desprende de la resolución de remisión que Dunnes sí pone en tela de juicio que KMF sea titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado respecto de todas las prendas de vestir de KMF por cuanto, por una parte, éstas no poseen carácter singular, en el sentido del Reglamento no 6/2002, y, por otra, el citado Reglamento exige a KMF que demuestre que, de hecho, estas prendas de vestir tienen tal carácter.
15

En apoyo de ese recurso el Ordre des architectes alega la infracción de los artículos 50 y 52, letra a), de la Ley de 26 de junio de 1963. En efecto, ese Real Decreto prevé la dispensa de las obligaciones de un período de prácticas para todo nacional de un Estado parte en el Acuerdo EEE o de un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica que esté en posesión de un título, un certificado u otro documento previstos en el artículo 1, apartado 2/2, y en los anexos 1, letra b, y 2, letras a y b, de la Ley de 20 de febrero de 1939. Sin embargo, no somete esa dispensa a la observancia de requisitos que permitan comprobar que ese nacional ha realizado en el extranjero prestaciones consideradas equivalentes al período de prácticas. De tal forma ese Real Decreto prevé un mecanismo de dispensa general del período de prácticas en función de las cualificaciones que enumera, sin condicionar esa dispensa al hecho de que el Estado miembro de origen abra o no el acceso a la profesión de arquitecto al titular de esas cualificaciones. Además, los anexos V y VI de la Directiva 2005/36 no han sido correctamente transpuestos en el Derecho belga, a saber, en los anexos 1, letra b, y 2, letra a, de la Ley de 20 de febrero de 1939. Como consecuencia de ello, personas titulares de diplomas de arquitecto que no disponen del certificado complementario que les permita acceder a la profesión de arquitecto en su Estado miembro de origen pueden acceder a ella en Bélgica sin que el Ordre des architectes pueda imponerles una obligación de período de prácticas, dado que el Real Decreto de 23 de marzo de 2011 prevé la dispensa de éste.
10

El Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (DO L 152, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1423/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007 (DO L 317, p. 36) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1291/2000»), es aplicable a los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento no 341/2007, en virtud del artículo 2 de este último Reglamento.
Asunto C‑454/13

Proximus SA

contra

Commune d’Etterbeek

(Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Bruxelles)

«Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículos 12 y 13 — Tasas administrativas — Cánones por derechos de instalación de recursos — Ámbito de aplicación — Ordenanza municipal — Tasa que grava las antenas de telefonía móvil»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015

Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización — Directiva 2002/20/CE — Tasas y cánones aplicables a las empresas que suministran redes o servicios de comunicaciones electrónicas — Concepto — Tasa que se aplica a los titulares de derechos sobre las antenas de telefonía móvil — Inclusión — Requisitos

(Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 12 y 13)

Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se aplique una tasa a toda persona física o jurídica que sea titular de un derecho real o de un derecho de explotación sobre una antena de telefonía móvil.

En efecto, aun cuando una tasa de ese tipo se aplique a toda persona física o jurídica que sea titular de un derecho real o de un derecho de explotación sobre una antena de telefonía móvil —que constituye una infraestructura física que permite el suministro de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas—, no consta que dicha tasa revista las características de un canon que se imponga a las empresas que suministran redes y servicios de comunicaciones electrónicas como contrapartida a la facultad de instalar recursos. Además, el hecho imponible de la tasa en cuestión no está vinculado al procedimiento de autorización general que habilita a las empresas para suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicos, extremo éste que, no obstante, corresponde determinar al tribunal remitente.

(véanse los apartados 26, 28 y 29 y el fallo)
1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Anicav y otros/Comisión (T‑454/10 y T‑482/11, EU:T:2013:282), en cuanto declara admisibles los recursos presentados en los asuntos T‑454/10 y T‑482/11, en la medida en que éstos solicitaban la anulación del artículo 52, apartado 2 bis, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 687/2010 de la Comisión, de 30 de julio de 2010, y de los artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.
Los artículos 4, apartado 2, y 21, apartado 5, de la Directiva 2003/96, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece la percepción de un impuesto que grava la potencia térmica de los reactores nucleares, por no estar comprendido tal gravamen en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.

En primer lugar, al no figurar en la lista de productos energéticos establecida de manera exhaustiva en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96, la potencia térmica de un reactor nuclear no puede ser considerada un producto energético en el sentido de dicha Directiva.

En segundo lugar, el concepto de electricidad, en el sentido de la Directiva 2003/96, no incluye la potencia térmica de un reactor nuclear, dado que no existe relación alguna entre, por una parte, el hecho imponible del impuesto que grava la potencia térmica de los reactores nucleares y, por otra, la cantidad de energía eléctrica que dicho reactor produce realmente, habida cuenta de que tal impuesto está constituido por un importe mensual fijo calculado en función de una magnitud teórica, a saber, la cantidad de megavatios de potencia térmica máxima que se asigna para cada reactor nuclear en la autorización de establecimiento y explotación de éste expedida por el organismo nacional, y de que, además, el referido impuesto se caracteriza por el hecho de que el titular de dicha autorización sigue siendo sujeto pasivo del impuesto aunque el reactor no esté en funcionamiento.

En tercer lugar, no cabe afirmar que tal impuesto está calculado directa o indirectamente sobre la cantidad de energía efectivamente producida en el momento de su puesta a consumo, a los efectos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/96. Del mismo modo, no procede estimar que exista una relación directa e indisociable entre el hecho imponible del impuesto y el consumo de la energía eléctrica que produce un reactor nuclear.

(véanse los apartados 26, 27, 31 a 35 y 37 y el punto 1 del fallo)
El artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que, para recurrir a la posibilidad ofrecida por dicha disposición de abstenerse de conceder un plazo de salida voluntaria cuando el nacional de un tercer país representa un riesgo para el orden público, no es preciso realizar un nuevo examen de las circunstancias ya examinadas para apreciar la existencia de ese riesgo. No obstante, cualquier normativa o práctica de un Estado miembro en la materia debe garantizar que se compruebe de manera individualizada si la ausencia de un plazo de salida voluntaria es compatible con los derechos fundamentales de ese nacional.

En efecto, un Estado miembro no puede abstenerse de manera automática, por vía normativa o mediante la práctica, de conceder un plazo de salida voluntaria en el caso de que la persona de que se trate represente un riesgo para el orden público. No obstante, el Estado miembro de que se trate es libre de tener en cuenta dichas circunstancias, que pueden ser pertinentes, en particular, cuando dicho Estado miembro evalúa si procede conceder un plazo de salida voluntaria inferior a siete días.

(véanse los apartados 70, 74 y 75 y el punto 3 del fallo)
El artículo 13 del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una situación en la que el abono, impugnado por un síndico, de un importe de dinero que había sido embargado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia se realizó con posterioridad a la apertura de dicho procedimiento.

En efecto, la excepción, prevista en el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000, a la regla general según la cual la ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos es la lex fori concursus debe interpretarse de manera estricta y su alcance no puede ir más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo. Interpretar dicho artículo en el sentido de que también es aplicable a los actos que tienen lugar con posterioridad a la apertura de un procedimiento de insolvencia iría más allá de lo necesario para proteger las expectativas legítimas y la seguridad de las operaciones en Estados miembros distintos a aquel en el que se inicia el procedimiento. En consecuencia, procede estimar que el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 no es aplicable, en principio, a los actos producidos después de la apertura de un procedimiento de insolvencia.

No obstante, pese a la anterior conclusión, el pago se produjo sobre la base de un derecho real y, dado que ese derecho de embargo se constituyó antes de la apertura del procedimiento de insolvencia contra la sociedad deudora, dicho acto podía gozar, en particular según el artículo 5, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000, de una protección especial. Pues bien, para permitir a un acreedor invocar eficazmente su derecho real, es indispensable que ese acreedor pueda proceder, después de la apertura del procedimiento de insolvencia, a la realización de ese derecho, en principio con arreglo a la lex causae.

(véanse los apartados 34 a 37, 40 y 43 y el punto 1 del fallo)
Esta conclusión se deduce de la formulación clara, precisa y detallada de los artículos 7 a 10 del Reglamento no 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, y de los artículos 16 a 19 y 21 del Reglamento no 961/2010, que lo derogó, que establecen que la autoridad competente debe controlar, en cada caso, los requisitos para la liberación de los fondos e informar, según los casos, al Comité de Sanciones o a los Estados miembros y a la Comisión para que éstos puedan reaccionar, en su caso, con arreglo a las disposiciones aplicables.

En el ámbito de la política exterior y de seguridad común, y más concretamente de las medidas adoptadas contra Irán con el fin de evitar la proliferación nuclear, las operaciones realizadas a través de una entidad no designada como entidad sujeta a medidas restrictivas pueden infringir la prohibición establecida, respectivamente, en el artículo 7, apartado 4, del Reglamento no 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, y en el artículo 16, apartado 4, del Reglamento no 961/2010, que lo derogó, cuando se realizan con el fin de eludir las medidas de prohibición.

Efectivamente, el efecto útil de los artículos 7 a 10 del Reglamento no 423/2007 en relación con los artículos 16 a 19 y 21 del Reglamento no 961/2010 se vería comprometido si una entidad no designada pudiera libremente realizar operaciones a través de una entidad no designada para saldar deudas o efectuar pagos por cuenta de una entidad designada. De ello resulta que una entidad no designada debe siempre asegurarse de la legalidad de tales operaciones solicitando, en su caso, autorizaciones a la autoridad nacional competente.

(véanse los apartados 78 y 79)
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición nacional:

— no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula, y

— no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.

En efecto, cuando el juez nacional debe examinar una cláusula de un contrato relativa a intereses de demora calculados a partir de un tipo inferior al previsto por el Derecho nacional, la fijación por ley de ese límite máximo no impide a dicho juez apreciar el carácter eventualmente abusivo de tal cláusula en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13. De este modo, no cabe considerar que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva. Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario sea superior al establecido en el Derecho nacional y deba ser objeto de limitación con arreglo a ese Derecho, tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula.

(véanse los apartados 40 a 42 y el fallo)
2.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el FEADER — Concesión de ayudas y de primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno — Controles no fiables — No asunción de los gastos por los Fondos [Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, art. 20; Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, art. 6, ap. 2] (véase el apartado 77)
El artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, con las modificaciones introducidas por el Reglamento no 592/2008, debe interpretarse en el sentido de que la autorización requerida por el apartado 1, letra c), inciso i), de ese mismo artículo no puede denegarse cuando la asistencia hospitalaria de que se trata no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro de residencia del asegurado debido a la falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad. Tal imposibilidad debe apreciarse en el conjunto de hospitales de dicho Estado miembro que pueden dispensar esa asistencia y a la vista del lapso de tiempo durante el que esta última puede obtenerse en tiempo útil.

(véanse el apartado 36 y el fallo)
Asunto C‑132/13

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

contra

ILME GmbH

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln)

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2006/95/CE — Concepto de “material eléctrico” — Marcado “CE” de conformidad — Carcasas para conectores eléctricos multipolares»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de marzo de 2014

Aproximación de las legislaciones — Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión — Directiva 2006/95/CE — Concepto de material eléctrico — Carcasas para conectores multipolares de uso industrial — Inclusión — Requisitos — Límites

(Directiva 2006/95/CE de Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1 y 2, ap. 1)

El artículo 1 de la Directiva 2006/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, debe interpretarse en el sentido de que las carcasas para conectores multipolares de uso industrial están comprendidas dentro del concepto de material eléctrico en el sentido de dicha disposición, por lo que deben estar provistas del marcado CE cuando su incorporación correcta y conforme con la finalidad a la que están destinadas no pueda en ningún caso alterar su conformidad con las exigencias en materia de seguridad a la luz de las que han sido controladas.

Por el contrario, al prever el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/95, esencialmente, que únicamente puede comercializarse el material eléctrico que no ponga en peligro la seguridad de las personas y de los bienes, el marcado CE no puede colocarse en un componente que constituye un material eléctrico cuya seguridad dependa esencialmente del modo en que se incorpore a un aparato eléctrico final. En efecto, en tales circunstancias, por una parte, habida cuenta de que la calidad de dicho componente no permite prejuzgar la seguridad del aparato eléctrico al que se ha incorporado, la colocación del marcado CE en dicho componente puede inducir a error al usuario de dicho aparato. Por otra parte, la referida incorporación puede alterar tanto la conformidad de ese mismo componente con las exigencias de seguridad, previamente declarada, como la del aparato eléctrico al que se ha incorporado el componente de que se trata.

(véanse los apartados 33, 34 y 40 y el fallo)
En virtud del artículo 1, letra j), del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, el término «residencia» designa el lugar en que una persona reside habitualmente.

Para determinar el centro habitual de los intereses de una persona, el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta todos los criterios pertinentes, en particular los mencionados en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004, y, en virtud del apartado 2 de ese artículo, la voluntad del interesado en relación con el lugar de su residencia efectiva. Dicha voluntad debe apreciarse a la luz de los hechos y de las circunstancias objetivas del litigio principal, ya que una mera declaración de voluntad de residir en un lugar determinado no es, en sí misma, suficiente a efectos de la aplicación del apartado 2.

La lista de los elementos que deben tomarse en consideración en la determinación del lugar de residencia de una persona, actualmente codificada en el artículo 11 del Reglamento no 987/2009, no es exhaustiva y no establece un orden de preferencia entre los distintos criterios enunciados en el apartado 1 del citado artículo.

(véanse los apartados 43, 46 y 54)
9

El Reglamento (CE) no 606/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables (DO L 193, p. 1), en su versión del Reglamento de Ejecución (UE) no 315/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012 (DO L 103, p. 38) (en lo sucesivo, «Reglamento no 606/2009»), dispone en su artículo 9, apartado 1, párrafo primero: «Cuando no las establezca la Directiva 2008/84/CE de la Comisión […], las características de pureza e identidad de las sustancias que se utilicen en las prácticas enológicas a que se refiere el artículo 32, párrafo segundo, letra e), del Reglamento (CE) no 479/2008 serán las establecidas y publicadas en el Codex enológico internacional de la [OIV].»