Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto — Incompatibilidad de la coordinación y cooperación con el deber de cada empresa de determinar de manera autónoma su comportamiento en el mercado

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única — Concepto

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Multas — Presupuestos para la imposición de multas por la Comisión — Infracción cometida dolosa o culposamente — Obstrucción o facilitación de información incorrecta o desnaturalizada en respuesta a una petición de información de la Comisión

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 1 y 2]

8. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Obligación de responder a éste — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 18, ap. 1, y 23, ap. 1, letra a)]

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Situación económica de la empresa de que se trate

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 5, letra b)]

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, título D]

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1. Una infracción del artículo 81 CE puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Cuando las diferentes acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico y falsean el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto. Además, puede considerarse a una empresa responsable de una práctica colusoria global aunque se haya demostrado que sólo ha participado directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de esa práctica colusoria, siempre que supiera, o debiera necesariamente saber, por una parte, que la práctica colusoria en la que participó se inscribía en un plan global y, por otra parte, que ese plan global abarcaba todos los elementos constitutivos de la práctica colusoria. Del mismo modo, una empresa que haya participado en una infracción única y compleja, mediante comportamientos propios que pretendieran contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos de aplicación por otras empresas en relación con la misma infracción durante todo el período de su participación en ésta. Así ocurre cuando se demuestra que la empresa de que se trate conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo.

(véanse los apartados 55 y 56)

2. En lo que atañe a la práctica de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, debe recordarse que la Comisión ha de aportar pruebas concretas y concordantes para fundar la firme convicción de que se ha cometido la infracción alegada. La existencia de una duda en el juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara la infracción. Por lo tanto, el juez no puede llegar a la conclusión de que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate, de modo suficiente en Derecho, si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular en un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa. Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los elementos de la infracción. Basta que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios que invoca la institución, valorado globalmente.

Por lo demás, es habitual que las actividades que implican los acuerdos contrarios a la competencia se desarrollen de forma clandestina, que las reuniones se celebren en secreto y que la documentación relativa a aquéllas se reduzca al mínimo. De ello se deduce que, aunque la Comisión descubra algunos documentos que demuestren de manera explícita una toma de contacto ilícita entre operadores, tales como informes de reuniones, normalmente éstos serán fragmentarios y dispersos, por lo que a menudo se hace necesario reconstituir algunos detalles mediante deducciones. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la libre competencia debe inferirse de un determinado número de coincidencias y de indicios que, considerados conjuntamente, a falta de otra explicación congruente, pueden constituir la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

(véanse los apartados 57 a 59)

3. La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción en virtud del artículo 81 CE, apartado 1, la carga de cuya prueba corresponde a la Comisión.

(véase el apartado 60)

4. Las declaraciones hechas en el marco de la política de clemencia desempeñan un papel importante. Tales declaraciones, realizadas en nombre de empresas, tienen un valor probatorio nada desdeñable, en la medida en que implican unos riesgos jurídicos y económicos considerables. No obstante, la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria, cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas, no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otros elementos probatorios.

(véase el apartado 69)

5. Un intercambio de información no debe ser necesariamente recíproco para violar el principio de comportamiento autónomo en el mercado. La divulgación de información sensible elimina la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de un competidor e influye, directa o indirectamente, en la estrategia del destinatario de la información.

(véase el apartado 71)

6. Tratándose de comportamientos consistentes en la organización regular, durante varios años, de contactos multilaterales y bilaterales entre productores competidores cuyo objeto era el establecimiento de prácticas ilícitas, destinadas a organizar artificialmente el funcionamiento del mercado de los empalmes de cobre, en particular, en lo tocante a precios, el hecho de que determinadas características o de que la intensidad de tales prácticas hubieran cambiado con posterioridad a las verificaciones efectuadas por la Comisión no resulta pertinente a efectos de la continuación de la práctica colusoria, en la medida en que el objetivo de las prácticas contrarias a la libre competencia seguía siendo el mismo, a saber, la concertación sobre los precios de los empalmes. A este respecto, es probable que, tras las verificaciones de la Comisión, una práctica colusoria conozca una forma menos estructurada y una actividad de intensidad más variable. Sin embargo, el que una práctica colusoria pueda pasar por períodos de actividad de intensidades variables no implica que pueda llegarse a la conclusión de que ha cesado.

(véanse los apartados 73 y 76)

7. El hecho de que el Reglamento nº 1/2003 permita a la Comisión imponer una multa de un importe máximo del 1 % del volumen de negocios de una empresa por la obstrucción o por facilitar una información incorrecta o desnaturalizada en respuesta a una petición de información, como infracción autónoma, no empece a la posibilidad de tenerlo en cuenta como una circunstancia agravante. No obstante, debe precisarse que la elección de una de las dos calificaciones excluye la posibilidad de optar simultáneamente por la otra en lo tocante al mismo comportamiento.

(véase el apartado 109)

8. Aunque las empresas puedan libremente responder o no responder a las peticiones que se les formulan con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, del artículo 23, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento se desprende que, en la medida en que las empresas hayan aceptado responder, están obligadas a proporcionar información correcta.

A este respecto, procede considerar que, teniendo en cuenta el sistema del Reglamento nº 1/2003, la obligación de facilitar información correcta se aplica igualmente en el caso de una respuesta al pliego de cargos. No existe ciertamente ninguna obligación de responder a un pliego de cargos. Además, el ejercicio del derecho de defensa implica asimismo el derecho a refutar el valor probatorio de los documentos en los que se basa la Comisión. No obstante, si una empresa proporciona otra información, como la declaración de un testigo, para demostrar que los elementos probatorios aportados por la Comisión en el pliego de cargos son falsos, tal información debe ser correcta.

(véase el apartado 111)

9. Al determinar el importe de la multa que impone a una empresa por infracción de las normas sobre competencia, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la situación financiera deficitaria de dicha empresa, ya que la exigencia de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

Este principio no resulta desvirtuado en absoluto por el punto 5, letra b), de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA]. En efecto, la capacidad para pagar sólo es importante en un contexto social específico, constituido por las consecuencias que el pago de la multa podría tener, en particular, en lo relativo a un aumento del desempleo o un deterioro de los sectores económicos a los que la empresa afectada vende o de los que se abastece.

(véanse los apartados 120 y121)

10. Una reducción del importe de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa de que se trate permite a la Comisión apreciar la existencia de una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin. Una reducción del importe de la multa basada en la Comunicación sobre la cooperación de 1996 sólo se justifica cuando quepa considerar que la información solicitada y, en general, el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta.

(véase el apartado 123)