Palabras clave

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Palabras clave

1. CECA - Disposiciones relativas a las discriminaciones respecto al precio y las demás condiciones de compra - Facultades de la Comisión

[Tratado CECA, art. 4, letra b), y 63, ap. 1]

2. CECA - Disposiciones relativas a las prácticas colusorias y a los abusos de posición dominante - Facultades de la Comisión

[Tratado CECA, art. 4, letra d), y 66, ap. 7]

3. CECA - Disposiciones relativas a las discriminaciones respecto al precio y las demás condiciones de compra - Disposiciones relativas a las prácticas colusorias y a los abusos de posición dominante - Inexistencia de una norma que imponga un plazo de prescripción al ejercicio de las competencias de la Comisión - Respeto de las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima - Decisión sobre una denuncia respecto a una infracción anterior en muchos años a su presentación y que ha sido objeto en el pasado de otra denuncia que la Comisión se negó a examinar - Incumplimiento de dichas exigencias - Exclusión - Requisitos

(Tratado CECA, art. 63, ap. 1, y 66, ap. 7)

4. Recurso de casación - Motivos - Fundamentos de una sentencia viciados por una infracción del Derecho comunitario - Fallo justificado en virtud de otros fundamentos de Derecho - Desestimación

5. Recurso de anulación - Motivos - Falta de motivación o motivación insuficiente - Error manifiesto de apreciación - Sentencia anulatoria que no efectúa la distinción necesaria entre los dos motivos - Sentencia que adolece de un error de Derecho

(Tratado CECA, art. 33)

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$$1. Las facultades que el artículo 63, apartado 1, del Tratado CECA confiere a la Comisión le permiten, para garantizar el efecto útil de la prohibición establecida en el artículo 4, letra b), de dicho Tratado, no sólo obligar a las autoridades de los Estados miembros a hacer cesar, en el futuro, las discriminaciones sistemáticas que ha comprobado, sino también a sacar de esta comprobación de la Comisión todas las consecuencias en relación con los efectos que dichas discriminaciones hayan podido tener en las relaciones entre compradores y productores en el sentido de esta última disposición incluso antes de la intervención de la Comisión. En efecto, si bien es cierto que las recomendaciones adoptadas con arreglo a esta disposición sólo puede exigir a un Estado miembro un comportamiento determinado en el futuro, dicho comportamiento puede consistir en eliminar los efectos de una discriminación cometida en el pasado.

Esta facultad de la Comisión no puede tampoco limitarse a las situaciones en las que ésta puede obligar a las autoridades a que pongan fin en lo sucesivo a dichas discriminaciones. En efecto, esto implicaría la aplicación de un requisito de simultaneidad de la infracción y del ejercicio de sus competencias por parte de la Comisión y daría lugar, por tanto a distinciones arbitrarias entre las empresas que hubieran puesto fin a una infracción después de la presentación de una denuncia, las cuales tendrían que asumir todas las consecuencias de su comportamiento, incluida, en su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios, y las empresas que hubieran puesto fin al comportamiento imputado antes de la presentación de la denuncia, las cuales no tendrían que asumir ninguna consecuencia.

( véanse los apartados 78, 81, 84 y 85 )

2. El artículo 66, apartado 7, del Tratado CECA, reconoce a la Comisión la facultad de adoptar recomendaciones relativas a comportamientos que ya hayan cesado antes de la adopción de éstas, a fin de garantizar el efecto útil del artículo 4, letra d), del referido Tratado. Por un lado, en efecto, los particulares no pueden invocar directamente este artículo ante los órganos jurisdiccionales nacionales si la Comisión no ha intervenido respecto a la misma infracción y, por otro lado, esta disposición no establece ninguna sanción para las infracciones cometidas en el pasado. A este respecto, la posibilidad de que la Comisión adopte decisiones, también prevista en dicho artículo 66, apartado 7, no es suficiente, pues está supeditada a la adopción previa de una recomendación.

( véase el apartado 90 )

3. Para cumplir su función, el plazo de prescripción debe fijarse de antemano y la fijación de dicho plazo y de su forma de aplicación incumben al legislador comunitario. Pues bien, este último no ha establecido un plazo de prescripción para la facultad de la Comisión de adoptar recomendaciones basadas en los artículos 63, apartado 1, y 66, apartado 7, del Tratado CECA. No obstante, la exigencia fundamental de seguridad jurídica se opone a que la Comisión retrase indefinidamente el ejercicio de sus facultades.

A este respecto, no cabe considerar que vulnere la seguridad jurídica o la confianza legítima el examen, por parte de la Comisión, de una denuncia respesto a una infracción de las disposiciones relativas a las prácticas colusorias y abuso de posición dominante cometida varios años antes y que ya ha sido objeto de una denuncia anterior que la misma institución había rechazado examinar, cuando la segunda denuncia se ha presentado tras una sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia que declara incorrecta la interpretación de las normas comunitarias contenida en la decisión relativa a la primera denuncia.

( véanse los apartados 105 a 109 )

4. Si los fundamentos de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia revelan una infracción del Derecho comunitario, pero su fallo se fundamenta en otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse.

( véase el apartado 137 )

5. Cuando el Tribunal de Primera Instancia, al anular una decisión por una supuesta falta de motivación, reprocha en realidad a la institución demandada haber incurrido en un error manifiesto de apreciación, no efectúa la necesaria distinción entre la exigencia de motivación y la legalidad de la decisión en cuanto al fondo, de modo que incurre en error de Derecho. No obstante, este error de Derecho no afecta al fallo de la sentencia recurrida si la decisión adolece efectivamente de un error manifiesto de apreciación.

( véanse los apartados 144 a 146 )