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1)

¿Deben interpretarse los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 1, de la Directiva 2009/103 (1) en el sentido de que se oponen a disposiciones de Derecho nacional cuya aplicación, en tanto normas nacionales pertinentes, determina que quede excluido de las prestaciones del seguro una víctima de un accidente de tráfico cuando concurran todas y cada una de las siguientes circunstancias: a) el accidente sea provocado por un conductor no asegurado; b) la víctima haya autorizado al conductor no asegurado a conducir el vehículo; c) la víctima era un pasajero del vehículo en el momento de producirse el accidente; d) la víctima estaba asegurada para conducir el vehículo en cuestión? En particular: i) ¿Debe calificarse dicha disposición de Derecho nacional como una disposición que «excluye del seguro» en el sentido del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2009/103? ii) En circunstancias como las que concurren en el presente asunto, ¿el permiso que la persona asegurada da a la persona no asegurada debe considerarse una «autorización expresa o implícita» en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/103? iii) ¿Incide en la respuesta que deba darse a esta cuestión el hecho de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 2009/103, los organismos nacionales que deban asumir la indemnización de los daños causados por vehículos no identificados o no asegurados puedan negar el pago de la indemnización a las personas que ocuparan asiento por propia voluntad en el vehículo que haya causado el daño o las lesiones cuando el organismo pueda probar que dichas personas sabían que el vehículo no estaba asegurado?
1)

Que se declare que la República de Hungría: — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, (1) en su versión modificada, así como en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE, (2) al no haber garantizado la independencia de la adjudicación de franjas con respecto a las empresas ferroviarias; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440, en su versión modificada, así como en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado la independencia de la tarifación con respecto a las empresas ferroviarias; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber incentivado a los administradores a reducir los costes de la puesta a disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado que el canon por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio sea equivalente al coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 2001/14, al no haber adoptado un sistema para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.
i)

estime las pretensiones formuladas en el escrito de interposición del recurso en primera instancia en el que se solicitaba la anulación total de la Decisión 2008/711/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2008, no C(2008) 869def., relativa a la ayuda estatal C 15/2007, (ex NN 20/2007), ejecutada por Italia, «en relación con los incentivos fiscales en favor de determinadas entidades de crédito que son objeto de reorganización» (DO L 237, p. 70), o
1)

¿Debe interpretarse el artículo 558, apartado 1, en relación con el artículo 555, apartado 1, letra c), del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993 (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación del Código aduanero»), (1) en la versión resultante del Reglamento (CE) no 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001, en el sentido de que existe una utilización indebida de un medio de transporte en el tráfico interior desde el momento de la carga e inicio del transporte, cuando al vehículo de uso comercial le ha sido concedida una autorización para el tráfico interior entre dos Estados miembros y la carga tiene lugar en uno de los dos Estados miembros pero el lugar de destino (lugar de descarga previsto) se encuentra en un Estado miembro diferente para el que no se ha concedido ninguna autorización?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Prato (Italia) el 18 de agosto de 2010 — Proceso penal contra Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

(Asunto C-413/10)

()

(2010/C 288/40)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Ordinario di Prato

Partes en el proceso principal

Michaela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea la normativa italiana en materia de recogida de apuestas, en particular, los artículos 4 de la Ley no 401/89 y 88 del Real Decreto no 773/31, según la redacción dada por el artículo 37, apartados IV y V, la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 38 del Decreto-ley no 223/06 y el artículo 23 del proyecto de convenio publicado en el DOUE de 30 de agosto de 2006?
3)

Como el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE no hace distinción alguna entre los trabajadores según que su baja médica durante el período de devengo de las vacaciones anuales se deba a un accidente de trabajo, a una enfermedad profesional, a un accidente in itinere o a una enfermedad no profesional, ¿dicho artículo confiere a los trabajadores un derecho a unas vacaciones retribuidas de idéntica duración cualquiera que sea el origen de su baja médica, o bien ha de interpretarse en el sentido de que no se opone a que la duración de las vacaciones retribuidas pueda variar en función del origen de la baja del trabajador, desde el momento en que la norma nacional establece en determinadas circunstancias una duración de las vacaciones anuales retribuidas superior al mínimo de cuatro semanas establecido por la Directiva?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/25

Recurso de casación interpuesto el 18 de mayo de 2010 por Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 4 de marzo de 2010 en el asunto T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-247/10 P)

()

2010/C 209/35

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (representante: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd; Consejo de la Unión Europea; Comisión Europea; Confederación Europea del Calzado (CEC); B.A.L.A. di Lanciotti Vittorio & C. Sas; Calzaturificio Elisabet Srl; Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc; Calzaturificio Leopamy Srl; Calzaturificio Lunella Srl; Calzaturificio Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C.; Calzaturificio Primitempi di Monaldi Geri; Calzaturificio R. G. di Rossi & Galiè Srl; Calz. S. G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc; Carim Srl; Florens Shoes SpA; Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C.; Grif Srl; Missouri Srl, New Swing Srl; Posodan Medical Shoes di Cirilli Michela; Viviane Sas

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 4 de marzo de 2010 en el asunto T-407/06.

— Que se anule el Reglamento (CE) no 1472/2006 (1) por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, en la medida en que afecta a la recurrente.

— Que se condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas en que la recurrente incurrió en el presente recurso de casación y en el procedimiento del asunto T-407/06 ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que:

El Tribunal General cometió un error de Derecho al decidir que la Comisión podía decidir legítimamente, conforme al artículo 17, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, (2) relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), no examinar ni resolver las solicitudes presentadas por la recurrente para que se le concediese el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado («EEM») y de trato individual («TI»).

El Tribunal General cometió un error de Derecho en cuanto a si se violó el derecho de defensa de la parte recurrente en relación con la infracción declarada del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base.

(1) Reglamento (CE) no 1472/2006, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam (DO L 275, p. 1).

(2) DO L 56, p. 1.
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2008/854/CE, de 2 de julio de 2008, relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98» [C1/04 (ex NN 158/03 y CP 15/03)] [notificada el 4 de julio de 2008 con el número C(2008) 2997 y publicada en el DO L 302, de 13.11.2008, p. 9] y del Tratado TFUE, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para suprimir el régimen de ayudas de Estado considerado ilegítimo e incompatible con el mercado interno en virtud de la citada Decisión.
3)

Aplicación incorrecta de las facultades especiales de la Comisión para establecer excepciones, en el ámbito de la competencia, a la admisibilidad de un recurso en relación con las normas de seguridad sanitaria uniformes. Asimismo, el Tribunal General incurrió en un error al declarar que existía una excepción por motivos militares del accidente radiológico de Thule que lo excluía de la protección sanitaria de la Directiva, a la luz de la facultad amplia y especial de la Comisión para formular una política de competencia europea mediante excepciones discrecionales previstas en acuerdos comerciales ilegales. Tal actuación no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal en materia de admisibilidad en otros ámbitos del Derecho de la Unión en los cuales la Comisión no dispone de una facultad discrecional semejante y en los cuales las alegaciones de que la Comisión no actuó no fueron declaradas manifiestamente inadmisibles. El Tribunal no tuvo en cuenta el hecho de que la Comisión no tiene una facultad de apreciación especial e ilimitada para aplicar las normas de seguridad sanitaria uniformes, dado que el Tratado CEEA define de modo estricto su facultad de exención y prevé de manera específica mecanismos que permiten a los particulares reclamar por las omisiones administrativas de la Comisión en los ámbitos en los que les otorga la protección. Ello incluye también las situaciones en las que la decisión de negarse a actuar de la Comisión se ha dirigido a otra parte.
1)

¿El concepto de «bienes de ocasión» contenido en el artículo 311, apartado 1, no 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1) incluye también bienes muebles usados que no están individualizados (mediante marca, modelo, número de serie, año de fabricación, etc.) de forma que se distingan de otros objetos del mismo género, sino que se determinan por características genéricas?
2)

Para justificar una reformatio in peius de la citada norma en materia de contratos de duración determinada y para que la prohibición establecida en la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE no sea aplicable, ¿basta con que el legislador interno persiga un objetivo cualquiera, aunque no sea adaptar el Derecho interno a dicha Directiva, o es necesario que dicho objetivo no sólo merezca una tutela equivalente, como mínimo, a la del objetivo preterido sino que además sea «declarado» expresamente?
1)

¿Pueden interpretarse los artículos 22 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo (1) y 68 del Reglamento (CE) no 817/2004 de la Comisión (2) en el sentido de que, en el caso de los programas específicos para pastos de la ayuda agroambiental prevista en el primer artículo mencionado, el control de los datos incluidos en la base de datos del ENAR [Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (sistema único de identificación y registro)], conforme al artículo 68 del Reglamento no 817/2004, debe extenderse a los pagos por superficie que presuponen un requisito de densidad de ganado?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/20

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 8 de febrero de 2010 — Office of Communications/The Information Commissioner

(Asunto C-71/10)

2010/C 113/31

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Office of Communications

Demandada: The Information Commissioner

Cuestión prejudicial

Conforme a la Directiva 2003/4/CE, (1) cuando una autoridad pública posee información medioambiental cuya divulgación tendría efectos negativos sobre diferentes intereses atendidos por varias excepciones [en el presente caso, el interés en la seguridad pública atendido por el artículo 4, apartado 2, letra b) y el interés en los derechos de propiedad intelectual atendido por el artículo 4, apartado 2, letra e)], pero, dicho efecto negativo, considerando cada excepción por separado, no sería de importancia suficiente para prevalecer sobre el interés público en la divulgación, ¿exige además la Directiva una apreciación global de los diferentes intereses atendidos por ambas excepciones y su ponderación en conjunto con el interés público en la divulgación?

(1) Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CE del Consejo (DO L 41, p. 26).
1)

Teniendo en cuenta, en su caso, el procedimiento modificado por la Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 28 de junio de 2007 (2007/445/CE; (1) DO L 169, p. 58, de 29 de junio de 2007), ¿debe considerarse que la inclusión en una lista, basada en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 (2) del Consejo, de 27 de diciembre de 2001 (DO L 344, p. 70, de 28 de diciembre de 2001), de una organización que no ha impugnado las Decisiones adoptadas en relación con ella, es válida desde el primer momento, aun cuando la inclusión se haya producido con infracción de garantías procesales elementales?
8)

El propietario alega en su recurso de casación que: i) El objetivo de la presunción establecida por la regla 77 del Reglamento no 2868/95 es permitir considerar que la OAMI ha cumplido sus obligaciones de notificación cuando envía una notificación al representante de una parte relativa a cuestiones para las que dicho representante está facultado para actuar. Por consiguiente, la OAMI no tiene ninguna otra obligación. Sin embargo, éste no es un elemento pertinente en el presente caso. ii) Respecto a los plazos de pago de la tasa de renovación, el «impedimento» cesa cuando el propio titular de la marca, y/o la persona a la que ha encargado específicamente del pago de la tasa, tiene conocimiento efectivo de la falta de pago involuntario. Cualquier otra conclusión privaría a esta disposición de objeto: un representante autorizado, muy especialmente, conoce siempre, y se espera que conozca, los plazos aplicables, de modo que de todas formas en general carece de interés el hecho de que la OAMI le envíe notificaciones. iii) El pago de la tasa de renovación es una mera operación financiera que no requiere que se esté representado por un jurista. Por ello, una parte puede pagar ella misma las tasas o designar a cualquier otra persona para hacerlo. Cuando el «representante» de una parte –que ha representado a la parte durante el procedimiento ante la Oficina– no ha sido específicamente encargado de pagar las tasas de renovación, la notificación de la falta de pago a dicho representante carece de incidencia; no se trata de una notificación a la parte y no puede asimilarse a ésta. Este representante no está jurídicamente obligado a responder a tal notificación (aun cuando, por cortesía profesional, pueda transmitirla a su cliente). iv) En circunstancias como las presentes, un representante designado a otros fines no es un «representante debidamente autorizado» respecto al pago de la tasa de renovación. Por ello, que se le dirija una notificación no cumple la regla 77 del Reglamento no 2868/95 y no conlleva la aplicación de la «presunción» que ésta establece. v) En resumen, la persona que debe tenerse en cuenta es la encargada de llevar a cabo el acto de que se trate. Únicamente cuando esta persona tiene conocimiento del plazo no respetado puede iniciarse el cómputo del plazo para interponer una demanda. vi) Aun cuando las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea no tienen fuerza obligatoria en Derecho comunitario, es preciso ciertamente tenerlas muy en cuenta. Cuando existe jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes relativa a una disposición formulada en términos idénticos, es conveniente que esta fórmula se interprete de la misma manera. Si las interpretaciones difieren, entonces una de ellas debe ser errónea. La recurrente alega que las decisiones paralelas de la OEP son correctas, al igual que su razonamiento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (República de Polonia) el 11 de noviembre de 2009 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanislawa Tomaszewska

(Asunto C-440/09)

2010/C 37/03

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Demandada y recurrente en casación: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Demandante y recurrida en casación: Stanislawa Tomaszewska

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 45, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) en relación con el artículo 15, apartado 1, letra a) del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156) en el sentido de que obliga a la autoridad competente de un Estado miembro que constata que un asegurado no cumple el requisito de haber cubierto en dicho Estado un período de cotización de una duración suficiente para tener derecho a una pensión de jubilación con arreglo a su legislación, a tener en cuenta el período cotizado en otro Estado miembro, de modo que tenga que determinar de nuevo el período cotizado del que depende el nacimiento del derecho, aplicando la disposición del Derecho nacional y considerando el período cotizado en otro Estado miembro como un período cotizado en dicho Estado, o sumando el período cotizado en otro Estado miembro al período nacional, previamente determinado según la disposición aplicable?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu (Rumanía) el 16 de octubre de 2009 — Ioan Tatu/Estado rumano, Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

(Asunto C-402/09)

2010/C 24/32

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Sibiu

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Ioan Tatu

Recurridas: Estado rumano, Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 90 CE a lo dispuesto por la OUG no 50/2008 (Decreto Ley con carácter de urgencia por el que se establece la tasa de contaminación para vehículos a motor), (1) con sus modificaciones posteriores (establecidas en las OUG no 208/2008 (2) y no 218/2008 (3))? ¿Se establece realmente una medida manifiestamente discriminatoria?

(1) OUG no 50/2008 por la que se establece la tasa de contaminación para vehículos a motor. M. Of. no 327, de 25.4.2008.

(2) OUG no 208/2008 por la que se establecen medidas sobre la tasa de contaminación para vehículos a motor, M. Of. de 8.12.2008.

(3) OUG no 218/2008 que modifica la Ordonanța de urgența a Guvernului no 50/2008 por la que se establece la tasa de contaminación para vehículos a motor.
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2008/697/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativa a la ayuda estatal C 13/07 (ex NN 15/06 y N 734/06) ejecutada por Italia en favor de New Interline (1) [notificada el 17 de junio de 2008 con el no C(2008) 1321] y del Tratado CE, al no haber adoptado dentro de los plazos establecidos todas las medidas necesarias para suprimir la ayuda considerada ilegal e incompatible con el mercado común mediante la referida Decisión.
a)

En relación con la legislación de la Vlaamse gewest, la Comisión aduce que en dicha legislación no se toman en consideración todos los criterios relevantes del anexo III de la Directiva al determinar si los proyectos mencionados en el anexo II de la Directiva deben o no someterse a una evaluación de las repercusiones sobre el medioambiente, de conformidad con los artículos 5 a 10 de la Directiva. El Gobierno flamenco no ha demostrado que los procedimientos alternativos que menciona para los proyectos indicados cumplan los requisitos de los artículos 2 y 5 a 10 de la Directiva.