Palabras clave

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Palabras clave

1. Libertad de establecimiento — Restricciones

(Art. 43 CE y 46 CE)

2. Libre prestación de servicios — Libertad de establecimiento — Normativa nacional sobre las concesiones de explotación de establecimientos de juego

(Art. 43 CE y 49 CE)

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1. El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que reserva la explotación de los juegos de azar en los establecimientos de juego exclusivamente a los operadores que tengan su domicilio en el territorio de ese Estado miembro. En efecto, la obligación impuesta a los titulares de concesiones de explotación de establecimientos de juego de tener su domicilio social en el territorio nacional constituye una restricción de la libertad de establecimiento dado que realiza una discriminación respecto a las sociedades cuyo domicilio social está en otro Estado miembro e impide que esas sociedades exploten establecimientos de juego en el Estado miembro de que se trata a través de una agencia, una sucursal o una filial.

Sin que sea necesario determinar si el objetivo de permitir un control eficaz de los operadores que actúan en el sector de los juegos de azar con objeto de evitar la explotación de tales actividades con fines delictivos o fraudulentos puede considerarse comprendido en el concepto de orden público, de forma que haga compatible con el Derecho de la Unión la restricción considerada, basta apreciar al respecto que la exclusión con carácter general de los operadores que tienen su domicilio en otro Estado miembro resulta desproporcionada, por ir más allá de lo necesario para combatir la criminalidad. En efecto, existen otros medios para controlar las cuentas y las actividades de esos operadores, como la posibilidad de exigir la llevanza de cuentas separadas de cada establecimiento de juego perteneciente a un mismo operador, verificadas por un auditor externo, la de exigir la comunicación sistemática de las decisiones de los órganos de los titulares de las concesiones y la de reunir informaciones sobre sus directivos o sus principales accionistas. Además, pueden efectuarse controles de cualquier empresa establecida en un Estado miembro y se le pueden imponer sanciones cualquiera que sea el lugar de residencia de sus directivos.

(véanse los apartados 32 y 34 a 38 y 40 y el punto 1 del fallo)

2. La obligación de transparencia derivada de los artículos 43 CE y 49 CE así como de los principios de igualdad de trato y de no discriminación por la nacionalidad se opone al otorgamiento, sin licitación alguna, de todas las concesiones de explotación de establecimientos de juego en el territorio de un Estado miembro.

En efecto, aun si en el estado actual del Derecho de la Unión los contratos de concesión de servicios no se rigen por ninguna de las directivas mediante las cuales el legislador de la Unión ha regulado el ámbito de los contratos públicos, las autoridades públicas que celebran tales contratos están obligadas a respetar las normas fundamentales de los Tratados, en particular, los artículos 43 CE y 49 CE, así como a cumplir la obligación de transparencia que de ellos se deriva. Sin implicar necesariamente la obligación de convocar una licitación, esa obligación de transparencia, que se aplica al supuesto en que la concesión de servicios de que se trate pueda interesar a una empresa establecida en un Estado miembro que no sea aquel en el que se adjudique esa concesión, exige que la autoridad concedente garantice, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación, por una parte.

Por otra parte, el hecho de que la expedición de autorizaciones de explotación de establecimientos de juego no equivalga a un contrato de concesión de servicios no puede justificar, por si sólo, que las exigencias que se derivan del artículo 49 CE, en particular, el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia, se violen. En efecto, la obligación de transparencia es un requisito previo obligatorio del derecho de un Estado miembro a conceder autorizaciones de explotación de establecimientos de juego, cualquiera que sea la forma de selección de los operadores, ya que los efectos de la concesión de esas autorizaciones respecto a empresas establecidas en otros Estados miembros y que puedan estar interesadas en el ejercicio de esta actividad son los mismos que los de un contrato de concesión de servicios.

(véanse los apartados 49, 50, 52, 53 y 58 y el punto 2 del fallo)