Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Motivos — Motivos que pueden ser invocados contra una decisión de la Comisión en materia de ayudas estatales

(Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para la competencia

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros

[Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14]

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Obligación de motivación — Alcance

(Arts. 87 CE, ap. 1, y 253 CE)

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1. En el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de la información existente en la fecha en que el acto fue adoptado. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones.

A este respecto, no puede reprocharse a la Comisión no haber tenido en cuenta eventuales datos que se le habrían podido presentar durante el procedimiento administrativo en materia de ayudas de Estado pero que no lo fueron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio y por suputación qué elementos podrían habérsele presentado.

Resulta de ello que cuando un demandante ha participado en el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, no puede invocar elementos de hecho que no eran conocidos por la Comisión y que no señaló a ésta en dicho procedimiento de investigación formal. En cambio, nada le impide exponer, en contra de la decisión final, un motivo jurídico no formulado en la fase del procedimiento administrativo.

Salvo casos completamente excepcionales, esta solución puede extenderse al supuesto en que una empresa no ha participado en el procedimiento de investigación previsto en el artículo 88 CE, apartado 2.

Se aplica así a un demandante que, a pesar de tener conocimiento de la incoación del procedimiento de investigación formal que tenía por objeto, concretamente, una condonación de un crédito que le fue concedida, y de la necesidad y la importancia que para él tenía facilitar determinada información, a causa de las dudas expresadas por la Comisión respecto de la compatibilidad de esta condonación de crédito con el Derecho comunitario, decidió no tomar parte en el procedimiento de investigación formal, sin por ello alegar que la decisión de incoación del procedimiento estuviera insuficientemente motivada para permitirle ejercer eficazmente sus derechos.

(véanse los apartados 82 a 85, 90 y 104)

2. En la medida en que un ente público, que era titular de un crédito cierto y líquido frente a una empresa, renunció a este crédito a cambio de acciones en el capital de una sociedad cuyo valor era nulo en el momento de la transacción y que esta empresa no ha demostrado que, después de esta condonación de crédito, haya transferido este importe al capital de otra sociedad que, por lo tanto, hubiera sido la beneficiaria, debe considerarse que dicha empresa, que ha conservado dicho importe en su patrimonio, disfrutó de una transferencia de recursos públicos, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

(véanse los apartados 169 y 170)

3. Las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, en principio, falsean las condiciones de competencia.

Desde el momento en que un organismo público favorece a una empresa que opera en un sector caracterizado por una fuerte competencia otorgándole una ventaja, existe una distorsión de la competencia o un riesgo de que se produzca.

Éste es el caso cuando, por ejemplo, un ente público condona sin contrapartida real un crédito del que era titular frente a una empresa que ejerce su actividad en un sector que está completamente abierto a la competencia.

(véanse los apartados 177 a 180)

4. Cuando una ayuda económica otorgada por un Estado miembro refuerza la posición de una empresa frente a otras que compiten con ella en los intercambios comerciales intracomunitarios, procede considerar que la ayuda influye sobre dichos intercambios.

Sucede así que, cuando una sociedad holding recibe una ayuda, ésta se traduce en una ventaja financiera en el mercado en el que operan las sociedades que controla, reforzando su posición respecto de las demás empresas y permitiéndole aumentar sus exportaciones.

La solicitud de recuperación del valor de tal ayuda no puede considerarse una violación del principio de proporcionalidad ni una infracción del artículo 14 del Reglamento nº 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE].

(véanse los apartados 181, 184, 198 y 199)

5. No puede reprocharse a la Comisión una discriminación consistente en tratar de forma diferente situaciones comparables porque, con ocasión de la determinación del importe de una ayuda estatal, calculó según métodos diferentes el valor de unos títulos que una sociedad adquirió y vendió sucesivamente, en la medida en que esta valoración se refería a valores en fechas diferentes y en contextos diferentes, caracterizados el uno por la existencia de un precio fijado por una normativa estatal y el otro por la determinación del valor en función de la realidad económica.

(véanse los apartados 201, 207 a 211 y 218)

6. La obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues éste pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Desde esta perspectiva, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

Además, esta exigencia debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Aplicado a la calificación de una medida de ayuda, este principio exige que se indiquen las razones por las que la Comisión considera que la ayuda de que se trata está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1.

Suponiendo que se haya concedido una ayuda, la Comisión debe, además, exponer de manera suficientemente clara los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en la estructura de la Decisión, tales como aquellos, en particular, que permiten al demandante y al juez comunitario conocer las razones por las que ésta consideró que la operación litigiosa daba lugar a una distorsión de la competencia y afectaba al comercio en el interior de la Unión.

(véanse los apartados 234 a 236 y 246)