SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 28 de junio de 1996

Asunto T-500/93

Y

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Procedimiento disciplinario — Derecho de defensa — Prueba testifical — “Legítima defensa” — Exceptio veritatis — Circunstancias atenuantes — Motivación — Recurso de indemnización — Perjuicio moral»

Texto completo en lengua portuguesa II-977

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 1992 por la que se impuso al demandante la sanción disciplinaria de suspensión de subida de escalón durante dos años, así como la reparación del daño moral que el demandante alega haber sufrido.

Resultado:

Anulación y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario del Tribunal de Justicia de grado LA 6, estaba destinado, en calidad de jurista lingüista, en una de las divisiones lingüísticas de la Dirección de la Traducción.

Mediante notas de los días 4 de marzo, 15 de abril y 8 de mayo de 1991, el Director de la Traducción instó a que se incoara un procedimiento disciplinario contra el interesado. Mediante oficio de 3 de julio de 1991, el Presidente del Tribunal de Justicia elevó un informe al Consejo de Disciplina a fin de que se incoara un procedimiento disciplinario contra el demandante.

El Consejo de Disciplina comprobó que el demandante, por un lado, en un altercado que tuvo lugar el 7 de febrero de 1991, había acusado a su Jefe de División, «públicamente y en voz alta, de haber cometido varios delitos de fraude o de corrupción», y que, por otro lado, había «reiterado y desarrollado tales acusaciones, acompañándolas de expresiones ofensivas tanto para el Jefe de la División como para el Director de la Traducción, en sus observaciones a su informe de calificación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1990». El Consejo de Disciplina estimó que el tono y los términos empleados por el demandante eran inaceptables y comprobó, asimismo, que el demandante nunca había cuestionado la realidad material de los hechos que se le imputaban.

El Consejo de Disciplina rechazó, además, las peticiones del demandante dirigidas, por un lado, a que se examinara a determinados testigos con vistas a demostrar la existencia de circunstancias atenuantes en su favor y, por otro lado, a que se llevara a cabo un careo con su Jefe de División. El 15 de septiembre de 1992, el Consejo de Disciplina propuso que se impusiera al demandante la sanción disciplinaria de amonestación.

Mediante decisión de 28 de septiembre de 1992, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) impuso al demandante la sanción de suspensión de subida de escalón durante dos años. El 11 de enero de 1993, el demandante formulò una reclamación contra dicha decisión. La reclamación fue desestimada.

Sobre la pretensión de anulación

Sobre el motivo basado en la violación del derecho de defensa

Al no haberse cuestionado la realidad material de los hechos imputados al demandante, procede examinar si la negativa del Consejo de Disciplina a dar curso favorable a la petición del examen de los testigos citados por el demandante pudo constituir una violación de su derecho de defensa, en la medida en que dicho examen habría permitido acreditar la existencia de circunstancias que pudieran excluir la ilicitud de los hechos que se le imputaban (principio de exceptio veritatis, legítima defensa), o atenuar su culpabilidad en relación con el Derecho disciplinario de la Función Pública de las Comunidades Europeas (apartado 42).

Aunque es verdad que, en virtud del párrafo segundo del artículo 4 del Anexo IX del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), el funcionario inculpado puede presentar testigos, corresponde al Consejo de Disciplina valorar la pertinencia de los testigos propuestos en relación con el objeto del litigio y la necesidad de proceder al examen de los testigos citados (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1968, Van Eick/Comisión (35/67, Rec. p. 481)

Teniendo en cuenta las preguntas que el demandante proponía que se formularan a los testigos, no puede considerarse que el Consejo de Disciplina haya ejercido su facultad de apreciación en la materia de una manera errónea al estimar que tales preguntas carecían de pertinencia o eran supérfluas para permitirle emitir su dictamen, en la medida en que el expediente del procedimiento disciplinario contenía suficientes datos tanto sobre los hechos imputados al demandante como en cuanto al fundamento de sus alegaciones de defensa. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que una de las preguntas versaba efectivamente sobre los hechos imputados al demandante en el marco del procedimiento disciplinario incoado contra él. Para descartar el testimonio de que se trata, el Consejo de Disciplina alegó que no era necesario investigar sobre ese extremo, habida cuenta, por una parte, de que las contradictorias versiones de las dos únicas personas presentes, a saber, el demandante y su Jefe de División, harían imposible la reconstitución del desarrollo exacto de los hechos y, por otra parte, de que no se había cuestionado que, al final del incidente, el demandante había acusado a su Jefe de División de haber cometido varios delitos de fraude o de corrupción (apartados 45 a 48).

En cuanto al primer fundamento de la negativa del Consejo de Disciplina, basado en que no se habían cuestionado los hechos imputados al demandante, el testimonio propuesto por éste versaba no sólo sobre la cuestión de determinar si había pronunciado o no las mencionadas acusaciones contra su Jefe de División, cosa que admite el propio demandante, sino sobre los hechos que precedieron inmediatamente a dichas acusaciones o que constituyeron el conjunto de circunstancias en las que expresó las acusaciones de que se trata y, en particular, sobre las provocaciones e intimidaciones que alega haber sufrido de la parte de su Jefe de División, las cuales constituyeron, según el demandante, otras tantas circunstancias atenuantes en su favor. Por consiguiente, si el carácter contradictorio de las versiones de los dos principales protagonistas del incidente, a saber, el demandante y su Jefe de División, podía eventualmente constituir una razón para hacer superfluo el careo entre ellos, el Consejo de Disciplina no podía invocar tal razón para poner en duda la utilidad del testimonio de una persona que ocupaba el despacho contiguo al del Jefe de División del demandante, en donde el incidente había tenido su comienzo (apartados 50 y 51).

En cuanto al segundo fundamento para denegar la petición de la prueba testifical propuesta por el demandante, basado en la naturaleza de las acusaciones que se le imputaban, las cuales, según el Consejo de Disciplina, se reflejaban en el resto del expediente, tampoco dicho fundamento podía justificar esta negativa, en la medida en que tales acusaciones se referían necesariamente a hechos distintos de los relacionados con el incidente del 7 de febrero de 1991. Para el supuesto de que, al justificar de este modo su negativa a proceder al examen del testigo propuesto por el demandante, el Consejo de Disciplina se hubiera referido implícitamente a la facultad de apreciación y de evaluación global de que dispone la autoridad disciplinaria en cuanto a la gravedad de los hechos calificados como falta disciplinaria y en cuanto a la elección de la sanción disciplinaria, tal facultad sólo puede ejercerse si versa sobre todos los hechos concretos y sobre las circunstancias agravantes o atenuantes propias de cada caso, lo que no pudo ocurrir en el caso de autos porque el Consejo de Disciplina se abstuvo de indagar, antes de su evaluación global, sobre la realidad y la naturaleza de los hechos y circunstancias esenciales que, según el demandante, habrían constituido circunstancias atenuantes de su responsabilidad derivada de su comportamiento del 7 de febrero de 1991. Al no haber procedido a una investigación suficientemente completa que hubiera dado al interesado todas las garantías que recoge el Estatuto, el Consejo de Disciplina no estuvo en condiciones de ejercer, con pleno conocimiento de causa, la facultad de apreciación global de que dispone la autoridad disciplinaria en la materia (apartado 52).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, F./Comisión (403/85, Rec. p. 645), apartados 16, 26 y 30; Tribunal de Primera Instancia. 17 de octubre de 1991, De Compte/Parlamento (T-26/89, Rec. p. II-781), apartado 221

Por último, el carácter irregular de la omisión del Consejo de Disciplina de proceder al examen del testigo propuesto por el demandante no queda subsanado por el hecho de que el Consejo de Disciplina haya admitido, de una manera general, la existencia de circunstancias atenuantes en descargo del demandante, haciendo constar la actitud provocadora de su Jefe de División y considerando que algunas de las alegaciones del demandante, relativas al funcionamiento interno del Servicio, no estaban desprovistas de fundamento. En efecto, aunque al admitir tales circunstancias atenuantes en favor del demandante el Consejo de Disciplina estimó que la responsabilidad de este último resultaba «fuertemente atenuada», y aunque propuso por ello que se le impusiera la sanción disciplinaria de amonestación, no puede excluirse que el Consejo de Disciplina, después de haber examinado al testigo propuesto por el demandante, pudiera haber hecho constar que las provocaciones de las que pudo haber sido objeto el demandante con ocasión del incidente del 7 de febrero de 1991 tenían tal carácter y amplitud como para que su responsabilidad en dicho incidente debiera considerarse todavía más atenuada (apartado 53).

Si bien es cierto que la AFPN dispone, en principio, de la facultad de efectuar una apreciación del grado de atenuación de la responsabilidad del demandante que sea diferente de la efectuada sobre este punto por el Consejo de Disciplina, así como de la facultad de elegir, a continuación, la sanción disciplinaria que estime adecuada para sancionar las faltas disciplinarias imputadas al demandante, no es menos verdad que la determinación por la AFPN de la sanción a imponer debe basarse en una evaluación global de todos los hechos concretos y de las circunstancias agravantes o atenuantes propias del caso de autos. Pues bien, al no haberse practicado la prueba testifical sobre el incidente del 7 de febrero de 1991 que había propuesto el demandante, la AFPN no disponía de todos los datos de hecho necesarios para determinar cuál debía ser el grado de esta atenuación parcial de responsabilidad, habida cuenta de las circunstancias atenuantes invocadas por el demandante en relación con dicho incidente. En estas condiciones, la AFPN no podía decidir agravar la sanción disciplinaria que había de imponerse al demandante (apartado 56).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1973, De Greef/Comisión (46/72, Rec. pp. 543 y ss., especialmente p. 556); Tribunal de Justicia, 29 de enero de 1985, F./Comisión (228/83, Reep. 275); Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, F./Comisión, antes citada, apartados 18 y 26; De Compte/Parlamento, antes citada, apartados 220 y 221

Sobre las pretensiones de indemnización

En el sistema de recursos que establecen los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de indemnización, que constituye una vía procesal autónoma con respecto al recurso de anulación, sólo es admisible si ha sido precedido por un procedimiento administrativo previo con arreglo a las disposiciones del Estatuto. Este procedimiento difiere según que el daño cuya reparación se pida resulte de un acto lesivo, en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, o de una conducta de la administración desprovista de carácter decisorio. En el primer supuesto, incumbe al interesado presentar ante la AFPN, dentro del plazo establecido, una reclamación dirigida contra el acto de que se trate. En el segundo supuesto, en cambio, el procedimiento administrativo deberá iniciarse mediante la presentación, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, de una petición dirigida a obtener una indemnización por daños y perjuicios, y continuarse, en su caso, mediante una reclamación dirigida contra la decisión desestimatoria de la petición (apartado 64).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995. Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497)

Sin embargo, cuando existe una relación directa entre un recurso de anulación y una acción de indemnización, esta última es admisible en cuanto accesoria del recurso de anulación, sin que necesariamente deba ser precedida por una petición que inste a la AFPN a reparar el perjuicio presuntamente sufrido ni por una reclamación que impugne la procedencia de la denegación implícita o explícita de la petición (apartado 66).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841); Ojha/Comisión, antes citada

En cuanto al perjuicio moral presuntamente sufrido a raíz de las presiones, amenazas e intimidaciones del Jefe de División del demandante, así como a raíz de la presunta pasividad de la administración en poner fin a las mismas, la pretensión de indemnización no se refiere al perjuicio derivado de un solo acto cuya anulación se solicite en el caso de autos, sino a varias faltas y omisiones en que presuntamente incurrió la Institución demandada. Por consiguiente, el procedimiento administrativo que precede a la formulación de la referida pretensión de reparación debería haber comenzado obligatoriamente con una petición del demandante instando a la AFPN a reparar el perjuicio moral presuntamente sufrido (apartado 68).

Referencia: Cámara Alloisio y otros/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Schneider/Comisión (T-54/92, RecFP p. II-887); Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Ditterich/Comisión (T-79/92, RecFP p. II-907)

En cuanto al perjuicio moral presuntamente derivado de haberse rebasado el plazo del procedimiento disciplinario, si bien es cierto que está directamente relacionado con el recurso de anulación, no es menos verdad que, al tratarse de una pretensión formulada por primera vez en la fase de réplica, contraviniendo de este modo el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento, debe declararse su inadmisibilidad (apartado 69).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de marzo de 1993, Blackman/Parlamento (asuntos acumulados T-33/89 y f-74/89, Rec. p. II-249)

Fallo:

Se anula la decision del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 1992 por la que se impuso al demandante la sanción disciplinaria de suspensión de subida de escalón durante dos años.

Se desestima el recurso en todo lo demás.