Una vez más, se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre el ámbito de competencias de los Estados miembros en materia de determinación de los precios de los productos agrícolas. En el presente asunto se trata de examinar si, cuando existe una organización común de mercados (en este caso, la de la carne de vacuno) cada uno de los Estados miembros conserva la facultad de intervenir mediante medidas sobre los precios; si la respuesta es afirmativa, queda por definir la extensión de esta facultad.

Los hechos que dieron origen a este litigio pueden resumirse así:

El Reglamento (CEE) no 2453/76 del Consejo, de 5 de octubre de 1976 (DO L 279, p. 3), dispuso la transferencia al organismo de intervención italiano de cuarenta toneladas de carnes congeladas de vacuno propiedad de los organismos de intervención de los otros Estados miembros, para comercializarlas en Italia antes del 1 de abril de 1977 (plazo que se prorrogó luego hasta el 31 de diciembre de 1978). La Comunidad quería contribuir de este modo a la estabilización de los precios de la carne en Italia, teniendo en cuenta la difícil situación económica, caracterizada sobre todo por una elevada tasa de inflación (véase el segundo considerando del mencionado Reglamento).

El mes siguiente, la Comisión adoptó el Reglamento de ejecución (CEE) no 2697/76, de 5 de noviembre de 1976 (DO L 304, p. 19), que establecía en su artículo 3 que la venta de las carnes congeladas transmitidas al organismo de intervención italiano debía efectuarse «a precios fijados a tanto alzado por anticipado» mediante disposiciones ad hoc. En consecuencia, el Reglamento (CEE) no 2793/76 de la Comisión, de 18 de noviembre de 1976, relativo a las modalidades de aplicación del Reglamento no 2453/76 (DO L 319, p. 24), determinó los precios (apartado 1 del artículo 8 y Anexo II) y las condiciones de venta (artículos 1 a 5) de las carnes congeladas de vacuno incluidas en la primera parte de las cuarenta toneladas puestas a disposición del organismo de intervención italiano; hay que recordar, además, que la venta de estas carnes sólo se permitía a los minoristas [letra c) del apartado 1 del artículo 3]. Otros Reglamentos de la Comisión regularon posteriormente la comercialización del resto de las carnes.

En el marco del ordenamiento jurídico italiano, el «Comitato interministeriale dei prezzi» (CIP) -competente para regular los «precios de cualquier mercancía, en todos los intercambios […]» (véase el párrafo primero del artículo 4 del DL Lgt. de 19 de octubre de 1944, no 347)— adoptó a su vez, el 26 de julio de 1977, la disposición no 35 (publicada en la GURI no 207, de 29 de julio de 1977) por la que se fijaban los precios máximos de venta al público aplicables en todo el territorio nacional a la carne congelada o ultracongelada de vacuno adulto.

Una inspección llevada a cabo por la polizia giudiziaria italiana de minoristas que vendían carnes congeladas en la zona de Udine permitió posteriormente comprobar—subiendo desde los minoristas por medio de documentos contables hasta los mayoristas-, que la sociedad Grosoli, con domicilio social en Cadoneghe (provincia de Padua), había vendido carne congelada a minoristas a precios superiores a los impuestos por el CIP. El Pretore de Padua instruyó en consecuencia un proceso penal al Sr. Adriano Grosoli, administrador de la sociedad del mismo nombre, acusándole, entre otras cosas, del delito tipificado por el artículo 1 de la Ley no 63, de 18 de abril de 1977, «por haber vendido filetes y “ossobuchi” de ternera a precios superiores a los máximos fijados por el CIP». En el transcurso del procedimiento, el Pretore solicitó al Tribunal de Justicia, mediante resolución de 15 de julio de 1978, que se pronunciara con carácter prejudicial «sobre la compatibilidad con la normativa comunitaria de un régimen de precios vinculantes, limitado únicamente al sector del comercio al por menor, teniendo en cuenta que, en este caso, no carecería de fundamento la cuestión de inconstitucionalidad de las medidas legislativas del Estado italiano en materia de precios, en relación con el artículo 3 de la Constitución italiana».