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El Tribunal de la Función Pública examinó, en primer lugar, la segunda parte del primer motivo y la estimó en los siguientes términos: «81 En materia de concursos, se ha considerado que la amplia facultad de apreciación de que dispone el tribunal calificador de un concurso respecto a la determinación de las modalidades y del contenido detallado de las pruebas orales a las que deben someterse los candidatos debe compensarse con un cumplimiento riguroso de las normas que regulan la organización de dichas pruebas (sentencias Girardot/Comisión, T‑92/01, EU:T:2002:220, apartado 24, y Christensen/Comisión, T‑336/02, EU:T:2005:115, apartado 38). 82 Según reiterada jurisprudencia un tribunal calificador de un concurso se halla obligado a garantizar que sus apreciaciones sobre todos los candidatos examinados, durante los ejercicios orales, se efectúen en unas condiciones de igualdad y de objetividad (sentencia Pantoulis/Comisión, T‑290/03, EU:T:2005:316, apartado 90). 83 Si bien es cierto que, en el caso de autos, el comité de preselección no es un tribunal calificador de un concurso y que su dictamen no es vinculante ni para el CCN ni para la Comisión, no es menos cierto que esta jurisprudencia puede aplicarse en el presente asunto, ya que el comité de preselección tenía como finalidad, al igual que el tribunal calificador de un concurso, seleccionar a los mejores candidatos entre quienes presentan su candidatura tras la publicación de la convocatoria de la vacante controvertida y disponía de un amplio margen de maniobra para la organización de las pruebas de preselección (véase, para un comité de selección en un procedimiento interno, la sentencia CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, apartado 60). 84 Correspondía por lo tanto a la Comisión, en virtud de los principios de buena administración y de igualdad de trato, velar por la adecuada organización de la primera etapa del procedimiento de selección, que debía desarrollarse ante el comité de preselección. Ello exigía que todos los miembros del comité de preselección, designados por la Comisión, tuviesen la independencia necesaria para que no pudiese cuestionarse su objetividad (véase la sentencia CG/BEI, EU:F:2014:187, apartado 61). 85 Por otro lado, procede señalar que el principio de buena administración, que conlleva para la institución competente la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes del asunto de que se trate, está consagrado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, desde la entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa, tiene el mismo valor jurídico que los tratados, y que dispone en el artículo 41, titulado “Derecho a una buena administración”, que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial[mente]. 86 En consecuencia, incumbe al Tribunal comprobar si el comité de selección se constituyó y funcionó regularmente, respetando, en particular, su deber de imparcialidad, ya que éste es una de las reglas que presiden las tareas de los tribunales calificadores de concursos, y, por analogía, las tareas de los comités de preselección, y que están sujetas al control del juez de la Unión (véase, en lo que atañe a los tribunales calificadores de concursos, el auto Meierhofer/Comisión, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, apartado 62). 87 En el caso de autos, del punto 7.2 de las Directrices resulta, por un lado, que el comité de preselección inicia el procedimiento de selección examinando con ayuda de una check-list si los candidatos cumplen los criterios de admisibilidad y posteriormente, partiendo de los criterios de selección incluidos en la convocatoria de vacante, establece un baremo de evaluación que le permite comparar el perfil de los candidatos con el perfil buscado y las competencias específicas exigidas en la citada convocatoria. Al término de esta evaluación, el comité de preselección elabora una primera lista de candidatos preseleccionados que considera que se corresponden mejor con el perfil buscado y les convoca a una entrevista. Tras las entrevistas, transmite al CCN un informe completo con información sobre cada entrevista, una evaluación cualitativa de todos los candidatos, los haya o no entrevistado, y un proyecto de lista de los candidatos considerados más cualificados. Por otro lado, del artículo 64 del Reglamento n.o 726/2004 y del punto 10.3 de las Directrices se deduce que el Consejo de administración de la EMA, por su parte, debe elegir al director ejecutivo de entre los candidatos propuestos por la Comisión. 88 Por tanto, el comité de preselección es competente para recomendar a varios candidatos al CCN, pese a que la toma de la decisión sobre el nombramiento del director ejecutivo de la EMA corresponda al Consejo de administración de la EMA. Por consiguiente, la cuestión que se plantea es si la Sra. D y el Sr. E, que eran a la vez miembros del comité de preselección, órgano que realiza la propuesta, y miembros del Consejo de administración de la EMA, órgano que toma la decisión, respetaron su deber de imparcialidad a la vista de las competencias, bien diferenciadas, del comité de preselección y del Consejo de administración de la EMA. 89 A este respecto, el Tribunal señala que, si bien es cierto que el proyecto de lista de los candidatos recomendados por el comité de preselección no es vinculante ni para el CCN ni para la Comisión, no es menos cierto que esta lista propuesta y la evaluación cualitativa de todos los candidatos que el comité de preselección incluye en su informe tienen una importancia real para el desenlace del procedimiento de preselección, en la medida en que, por una parte, el CCN debe tenerlas en cuenta, y en que, por otra parte, el comisario de tutela entrevistará, de conformidad con el punto 8.3 de las Directrices, únicamente a los candidatos que hayan sido seleccionados por el CCN en su dictamen final. Por consiguiente, no puede negarse que el comité de preselección ejerce una influencia determinante sobre la lista final de los candidatos propuestos por la Comisión al Consejo de administración de la EMA. 90 Del mismo modo, el Tribunal observa, por una parte, que los miembros del comité de preselección que son además miembros del Consejo de administración de la EMA podrán votar, en la reunión del Consejo de administración, personalmente o a través de su suplente, en favor del nombramiento de uno de los candidatos seleccionados por la Comisión. El Tribunal indica, por otra parte, que los miembros del Consejo de administración de la EMA pueden desempeñar un papel especialmente importante durante las deliberaciones del Consejo de administración, con independencia de que ejerzan o no su derecho de voto, y que en cualquier caso están en contacto directo con los demás miembros del Consejo de administración. 91 A la vista de las consideraciones anteriores, debe concluirse que el desempeño simultáneo de las funciones de miembro del comité de preselección y de las de miembro del Consejo de administración de la EMA puede comprometer la independencia y la objetividad de las personas afectadas por esta acumulación de funciones. 92 Por consiguiente, sin entrar a valorar el contenido de los debates que se desarrollaron entre los miembros del comité de preselección y las posiciones adoptadas por los diferentes miembros de este comité, incluidos la Sra. D y el Sr. E, debe concluirse que la Sra. D y el Sr. E, por el mero hecho de haber formado parte del comité de preselección, incumplieron su deber de imparcialidad. En consecuencia, en la medida en que cada uno de los miembros del comité de preselección debe tener la independencia necesaria para no comprometer la objetividad del comité de preselección en su conjunto, procede considerar que se incumplió el deber de imparcialidad del comité de preselección en su conjunto. 93 Las alegaciones de la Comisión no desvirtúan esta conclusión. 94 En primer lugar, en lo que atañe a la alegación de que los miembros del Consejo de administración de la EMA que fueron nombrados miembros del comité de preselección no representaban en ningún caso al Consejo de administración de la EMA en el comité de preselección y no actuaban en su nombre, ya que el Consejo de administración de la EMA estaba efectivamente representado en el comité de preselección en la persona del observador, en el presente caso, el Sr. A, basta señalar que [el Sr. Hristov] no cuestiona la participación en las tareas del comité de preselección del Sr. A como observador. Ahora bien, como se ha declarado en el apartado 92 [anterior], el mero hecho de que la Sra. D y el Sr. E, ambos miembros del Consejo de administración de la EMA, hayan formado parte del comité de preselección constituyó un incumplimiento de su deber de imparcialidad. Por otro lado, de los autos resulta que la Sra. D participó en las reuniones del Consejo de administración de la EMA de los días 5 de mayo y 8 de junio de 2011 que tuvieron por objeto el nombramiento del nuevo director ejecutivo de la EMA y que, por ello, participó en las entrevistas de los cuatro candidatos propuestos por la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, así como en los debates que llevaron al nombramiento del Sr. C. Esta circunstancia muestra que [el Sr. Hristov] dudaba legítimamente de la imparcialidad con la que la Sra. D presidió las tareas del comité de preselección. 95 Además, tampoco cabe estimar la alegación de la Comisión según la cual el hecho de que solamente dos miembros del Consejo de administración de la EMA, de los 35 miembros que lo componen, fueran también miembros del comité de preselección no permite sostener que miembros del Consejo de administración de la EMA hayan sustituido la apreciación del comité de preselección por la suya. En efecto, aun suponiendo que ni la Sra. D ni el Sr. E hubieran participado en las reuniones del Consejo de administración de la EMA de 5 de mayo y 8 de junio de 2011, lo cierto es que participaron en las reuniones del comité de preselección y pudieron, como miembros de ese comité, influir sobre la apreciación de cada uno de los candidatos por los otros miembros del comité de preselección. 96 Asimismo, procede desestimar la alegación de la Comisión de que el nombramiento de la Sra. D y del Sr. E como miembros del comité de preselección estuviera justificada objetivamente y fuera necesaria, al ser ambos expertos en la materia. En efecto, como ha reconocido la Comisión en la vista, no era imposible nombrar para formar parte del comité de preselección expertos que no fueran miembros del Consejo de administración de la EMA. Por otro lado, el Tribunal observa que las Directrices permiten evitar que miembros del comité de preselección sean también miembros del Consejo de administración de la EMA. En efecto, el punto 7.1 de las Directrices, por una parte, permite a la dirección general de tutela elegir a los miembros del comité de preselección de entre varios funcionarios de los cuadros superiores previendo que el comité de preselección esté formado por el director general o el director general adjunto de la dirección general de tutela, por un director de la dirección general de tutela y de un director de otra dirección general. Por otra parte, la citada disposición prevé también que los miembros del comité de preselección serán nombrados “por lo general” de entre los funcionarios antes citados. Por consiguiente, si se evidencia, como en el presente caso, que las personas enumeradas en el punto 7.1 de las Directrices, a saber, el director general, el director general adjunto y un director de la dirección general de tutela, ya son miembros del Consejo de administración de la agencia de que se trata, puede nombrarse miembros del comité de preselección a otras personas. 97 Del mismo modo, debe desestimarse la alegación de la Comisión de que ninguna norma prohíbe que se nombre a los miembros del Consejo de administración de la EMA miembros del comité de preselección. En efecto, el desempeño simultáneo de estos dos puestos por una sola persona constituye un incumplimiento, como acaba de declarar el Tribunal, del deber de imparcialidad del comité de preselección y es, por ello, contrario al artículo 41 de la Carta. 98 Por último, tampoco puede prosperar la alegación de la Comisión de que el artículo 11 bis del Estatuto constituye una garantía de la imparcialidad de los miembros del comité de preselección. En efecto, si bien es cierto que, conforme al artículo 11 bis del Estatuto, todo funcionario debe abstenerse de tramitar un asunto en el que tenga intereses personales que puedan menoscabar su independencia y si bien también es cierto que de los autos resulta que el Sr. A y un miembro del comité de preselección no participaron en una entrevista con un candidato, no es menos cierto que la Sra. D y el Sr. E, pese al artículo 11 bis del Estatuto, no se opusieron a su nombramiento como miembros del comité de preselección, que participaron en todas las entrevistas con los candidatos y que, respecto a la Sra. D, ésta no notificó, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento interno del Consejo de administración, que tuviera un posible interés que pudiera menoscabar su independencia durante las reuniones del Consejo de administración de la EMA de los días 5 de mayo y 8 de junio de 2011. 99 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe declararse fundada la segunda parte del primer motivo, basada en la acumulación de los puestos de miembro del Consejo de administración de la EMA y de miembro del comité de preselección.»