Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. - Libre circulación de mercancías - Productos agrícolas - Obstáculos que resultan de actos de particulares - Obligaciones de los Estados miembros. - Asunto C-265/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-06959



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Libre circulación de mercancías - Obstáculos que resultan de actos de particulares - Obligación de los Estados miembros - Adopción de medidas para garantizar la libre circulación de mercancías - Margen de apreciación de los Estados miembros - Control por el Tribunal de Justicia

(Tratado CE, arts. 5 y 30)

2 Libre circulación de mercancías - Organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas - Obstáculos que resultan de actos de particulares - Obligaciones de los Estados miembros - Adopción de medidas para garantizar la libre circulación de mercancías - Medidas manifiestamente insuficientes habida cuenta de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes - Incumplimiento - Justificación basada en dificultades internas - Procedencia - Requisitos - Justificación basada ya sea en el hecho de hacerse cargo de los daños causados a las víctimas, ya sea en motivos de naturaleza económica o ya sea en un posible incumplimiento de otro Estado miembro - Improcedencia

(Tratado CE, arts. 5 y 30)

Índice

3 Como medio indispensable para la realización del mercado sin fronteras interiores, el artículo 30 no prohíbe sólo las medidas de origen estatal que, en sí mismas, creen restricciones al comercio entre los Estados miembros, sino que puede también aplicarse cuando un Estado miembro se abstenga de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a obstáculos a la libre circulación de mercancías debidos a causas que no sean de origen estatal. En efecto, el hecho de que un Estado miembro se abstenga de actuar o, en su caso, siga sin adoptar medidas suficientes para impedir determinados obstáculos a la libre circulación de mercancías, creados especialmente por acciones de particulares en su territorio contra productos originarios de otros Estados miembros, puede obstaculizar los intercambios intracomunitarios tanto como un acto positivo. Así pues, el artículo 30 obliga a los Estados miembros no sólo a no adoptar ellos mismos actos o comportamientos que puedan constituir un obstáculo a los intercambios, sino también, en relación con el artículo 5 del Tratado, a tomar todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar en su territorio el respeto de la libertad fundamental que constituye la libre circulación de mercancías.

Si bien los Estados miembros, que son los únicos competentes para el mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interior, gozan ciertamente de un margen de apreciación para determinar cuáles son, en una situación dada, las medidas más idóneas para eliminar los obstáculos a la importación de los productos y, por tanto, no corresponde a las Instituciones comunitarias sustituir a los Estados miembros para dictarles las medidas que deben adoptar y aplicar efectivamente con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías en su territorio, incumbe al Tribunal de Justicia comprobar, en los casos que le sean sometidos, si el Estado miembro de que se trate ha adoptado las medidas adecuadas para garantizar la libre circulación de mercancías.

4 Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado, en relación con el artículo 5 de dicho Tratado, y de los Reglamentos que establecen la organización común de mercados de productos agrícolas, cuando las medidas que ha adoptado para hacer frente a las acciones de particulares que crean obstáculos a la libre circulación de determinados productos agrícolas no han sido manifiestamente suficientes, habida cuenta de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes de que se trata, para garantizar la libertad de los intercambios intracomunitarios de productos agrícolas en su territorio, impidiendo eficazmente a los autores de las infracciones cometerlas y repetirlas, y disuadiéndolos con eficacia de hacerlo.

Dicho incumplimiento no puede estar justificado ni por el temor de dificultades internas, a no ser que el Estado miembro demuestre que una acción por su parte produciría unas consecuencias sobre el orden público a las que no podría hacer frente con los medios de que dispone, ni por el hecho de hacerse cargo de los daños causados a las víctimas, ni por motivos de naturaleza económica, ni por la alegación de una posible violación, por otro Estado miembro, de las normas del Derecho comunitario.

Partes

En el asunto C-265/95,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Hendrik van Lier, Consejero Jurídico, y Jean-Francis Pasquier, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

apoyada por

Reino de España, representado por el Sr. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais,

y

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada del Reino Unido, 14, boulevard Roosevelt,

partes coadyuvantes,

contra

República Francesa, representada por el Sr. Jean-François Dobelle, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, las Sras. Catherine de Salins, sous-directeur de la misma Dirección, y Anne de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, y por el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères del mismo Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se derivan de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas y del artículo 30 del Tratado CE, en relación con el artículo 5 de dicho Tratado, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas con el fin de que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schintgen (Ponente), Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Jueces;

Abogado General: Sr. C.O. Lenz;

Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 10 de junio de 1997, en la que la Comisión estuvo representada por los Sres. Hendrik van Lier y Jean-Francis Pasquier; el Reino de España por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta y la República Francesa por el Sr. Jean Francois Dobelle y por la Sra. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de julio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de agosto de 1995, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, un recurso que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se derivan de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas y del artículo 30 de dicho Tratado, en relación con el artículo 5 del mismo Tratado, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas con el fin de que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas.

2 La Comisión expone que de modo regular se le vienen sometiendo desde hace más de un decenio denuncias contra la pasividad de las autoridades francesas frente a actos de violencia cometidos por particulares y por movimientos reivindicativos de agricultores franceses contra productos agrícolas procedentes de otros Estados miembros. Estos actos consisten especialmente en la interceptación de camiones que transportan tales productos en el territorio francés y la destrucción de su carga, en violencias contra camioneros, en amenazas proferidas contra grandes superficies francesas en las que se venden productos agrícolas originarios de otros Estados miembros y en dañar tales mercancías expuestas en establecimientos comerciales en Francia.

3 La Comisión comprobó que, a partir de 1993, ciertos movimientos de agricultores franceses, entre ellos una organización denominada «Coordination rurale», habían lanzado una campaña sistemática de control de la oferta de los productos agrícolas procedentes de otros Estados miembros que se caracterizaba en particular por intimidaciones a mayoristas y minoristas para inducirles a abastecerse exclusivamente de productos franceses, por la imposición de un precio mínimo de venta de los productos de que se trata y por la organización de controles destinados a verificar si los operadores económicos cumplían las consignas dadas.

4 Así, de abril a julio de 1993, en particular las fresas originarias de España fueron el blanco de esa campaña. En agosto y septiembre de ese mismo año los tomates procedentes de Bélgica corrieron la misma suerte.

5 En 1994, especialmente las fresas españolas fueron objeto del mismo tipo de acciones de amenazas contra centros comerciales y de destrucción de mercancías y de medios de transporte, produciéndose incidentes violentos dos veces en el mismo lugar en el espacio de dos semanas sin que las fuerzas del orden presentes interviniesen para proteger eficazmente los camiones y su carga.

6 La Comisión menciona también otros casos de vandalismo que obstaculizaron en Francia la libre circulación de productos agrícolas originarios de Italia y Dinamarca.

7 La Comisión, después de intervenir en varias ocasiones ante las autoridades francesas, consideró que la República Francesa había incumplido las obligaciones que se derivan de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas y del artículo 30 del Tratado, en relación con el artículo 5 del mismo Tratado, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas con el fin de que las acciones de particulares no obstaculizasen, mediante actos delictivos, la libre circulación de productos agrícolas. En consecuencia, mediante escrito de 19 de julio de 1994, la Comisión, con arreglo al artículo 169 del Tratado, requirió al Gobierno francés para que le presentase, en el plazo de dos meses, sus observaciones sobre el incumplimiento imputado.

8 El Gobierno francés respondió, en un escrito de 10 de octubre de 1994, que siempre había condenado firmemente los actos de vandalismo cometidos por agricultores franceses. Señaló que las medidas preventivas de vigilancia, protección y recogida de información habían permitido una disminución notable de los incidentes entre 1993 y 1994. Por otra parte, el hecho de que los Ministerios Fiscales hicieran sistemáticamente efectuar investigaciones judiciales mostraba la determinación de las autoridades francesas para reprimir todas las conductas delictivas que tenían por objeto obstaculizar las importaciones de productos agrícolas de otros Estados miembros. No obstante, esas operaciones de tipo comando llevadas a cabo de manera imprevisible por pequeños grupos muy móviles hacen extremadamente difícil la intervención de las fuerzas del orden y explican el hecho de que los procedimientos judiciales promovidos sean a menudo infructuosos. Por último, las prácticas de «Coordination rurale» que tienden a regular el mercado de los productos agrícolas mediante amenazas y destrucciones son objeto de un procedimiento ante el Organismo de Defensa de la Competencia.

9 Sin embargo, el 20 de abril de 1995, se produjeron nuevos incidentes graves en el sudoeste de Francia, durante los cuales fueron destruidos productos agrícolas procedentes de España.

10 Entonces la Comisión emitió, el 5 de mayo de 1995, un dictamen motivado, de conformidad con el párrafo primero del artículo 169 del Tratado. En dicho dictamen, consideró que la República Francesa había incumplido las obligaciones que se derivan de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas y del artículo 30 del Tratado, en relación con el artículo 5 del mismo Tratado, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas con el fin de que las acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas y la instó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 169 del Tratado, a adoptar las medidas necesarias para atenerse en un plazo de un mes a dicho dictamen.

11 El 16 de junio de 1995, el Gobierno francés señaló que había adoptado todas las medidas a su disposición para garantizar la libre circulación de las mercancías en su territorio y que los medios disuasivos utilizados habían permitido limitar muy claramente las violencias cometidas en 1995. A escala nacional, se definió entre los Ministerios interesados una acción común de lucha contra la repetición de los actos de vandalismo, acción que implicaba en particular una vigilancia reforzada e instrucciones de firmeza dadas a los Prefectos y a las fuerzas del orden. Además, a escala local, un dispositivo de alerta que implicaba un régimen de estrecha vigilancia de las instalaciones que podían resultar afectadas permitió evitar muchos incidentes. Aun cuando no puede excluirse todo riesgo de destrucciones, por tratarse de acciones aisladas imprevisibles cuyos autores responsables es muy difícil identificar, el tribunal correctionnel de Nîmes condenó, en 1994, a veinticuatro agricultores por causar daño a bienes ajenos. Desde la entrada en vigor, el 1 de marzo de 1994, del artículo 322-13 del nuevo Código Penal, la represión de las amenazas contra los bienes se ha hecho más eficaz. Por último, el Estado se hace cargo de los daños causados y se han dado instrucciones para acelerar la reparación del perjuicio sufrido por los operadores económicos afectados.

12 Según la Comisión, el ministre de l'Agriculture francés declaró no obstante, en 1995, que, si bien desaprobaba y condenaba los actos de violencia de los agricultores, no preveía en absoluto la intervención de las fuerzas del orden para remediarlos.

13 El 3 de junio de 1995, tres camiones que transportaban frutas y hortalizas procedentes de España fueron objeto de actos de violencia en el sur de Francia, sin que las fuerzas del orden intervinieran. A principios de julio de 1995, agricultores franceses volvieron a destruir frutas italianas y españolas.

14 La Comisión interpuso entonces el presente recurso.

15 Mediante autos de 14 y 27 de febrero de 1996, el Tribunal de Justicia admitió respectivamente la intervención del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Reino de España en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

16 En apoyo de su recurso, la Comisión alega que el artículo 30 del Tratado y las organizaciones comunes de mercados de frutas y hortalizas, que se basan en el mismo principio de supresión de los obstáculos a los intercambios, prohíben las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, así como cualquier medida de efecto equivalente. Además, de conformidad con el artículo 5 del Tratado, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar todas las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que resultan de dicho Tratado.

17 Por tanto, interceptar medios de transporte y dañar productos agrícolas originarios de otros Estados miembros, al igual que el clima de inseguridad resultante de las amenenazas proferidas por diversas organizaciones agrícolas contra los distribuidores de frutas y hortalizas de esa procedencia, comprobadas en este caso en el territorio francés, constituyen un obstáculo a los intercambios intracomunitarios de dichos productos, obstáculo que los Estados miembros están obligados a impedir adoptando las medidas adecuadas, incluso contra particulares que pongan en peligro la libre circulación de mercancías.

18 En el presente asunto, el hecho de que, año tras año, graves incidentes hayan seguido obstaculizando la importación y el tránsito en Francia de frutas y hortalizas originarias de otros Estados miembros muestra que las medidas preventivas y represivas que el Gobierno francés menciona en su defensa no son suficientes ni proporcionadas para disuadir en la práctica a los autores de las infracciones de cometerlas y de repetirlas. Además, a la luz de los elementos de hecho de que dispone la Comisión resulta que, de manera reiterada, las autoridades francesas se han abstenido de intervenir para prevenir y reprimir eficazmente los actos de violencia de agricultores en Francia.

19 Los Gobiernos español y del Reino Unido apoyan las pretensiones de la Comisión.

20 En cambio, el Gobierno francés pretende que el recurso de la Comisión es infundado.

21 Según él, puso en práctica, en condiciones análogas a las aplicables a las infracciones comparables del Derecho nacional, todos los medios necesarios y adecuados para prevenir y reprimir las acciones de particulares contrarias a la libre circulación de productos agrícolas. Las medidas de vigilancia establecidas en 1993 permitieron limitar muy claramente las acciones de violencia cometidas durante los años posteriores.

22 Sin embargo, teniendo en cuenta el gran número de camiones que transportan productos agrícolas en el territorio francés y la multiplicidad de sus destinos, por un lado, así como el carácter imprevisible de las manifestaciones de agricultores que actúan en pequeños grupos de tipo comando, por otro lado, no puede excluirse todo riesgo de destrucciones. Esta última razón explica también que es muy difícil identificar a los autores responsables y demostrar su participación personal en los actos de violencia para reprimirlos de manera sistemática. No obstante, desde 1994, seis personas más fueron condenadas o inculpadas. Por otra parte, siempre según el Gobierno francés, conviene reconocer a las autoridades de policía una facultad de apreciación para decidir si procede intervenir para proteger el orden público. De todos modos, el Estado indemniza a las víctimas de las infracciones sobre la base de una responsabilidad objetiva del poder público. Así pues, en lo que respecta a los años 1993, 1994 y 1995, se pagó en concepto de indemnización por daños y perjuicios una cantidad superior a 17 millones de FF.

23 El Gobierno demandado añade que el descontento de los agricultores franceses se debe al notable aumento de las exportaciones de productos españoles tras la adhesión del Reino de España que dio lugar a una caída considerable de los precios, reforzada por la devaluación competitiva de la peseta y por precios de dumping practicados por los productores españoles. El mercado francés de las frutas y hortalizas resultó gravemente perturbado por el hecho de que el período transitorio previsto con ocasión de dicha adhesión no había establecido ningún mecanismo de vigilancia de los precios de exportación practicados por los productores españoles. El Gobierno francés señala también que, lejos de haber adoptado una actitud proteccionista, dio pruebas en este caso de un comportamiento constructivo al tomar la iniciativa de solicitar medidas al Consejo para resolver las dificultades del mercado de las frutas y hortalizas y al ponerse de acuerdo con las autoridades españolas.

24 A efectos de determinar si el recurso de la Comisión es fundado, procede recordar, con carácter preliminar, que la libre circulación de mercancías constituye uno de los principios fundamentales del Tratado.

25 A este respecto, la letra c) del artículo 3 del Tratado CE dispone que, para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos, entre otras cosas a la libre circulación de mercancías.

26 A tenor del párrafo segundo del artículo 7 A del Tratado CE, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías está garantizada de acuerdo con las disposiciones del Tratado.

27 Este principio fundamental es desarrollado por los artículos 30 y siguientes del Tratado.

28 En particular, el artículo 30 prevé que quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

29 Esta disposición, situada en su contexto, debe entenderse en el sentido de que tiende a la supresión de todos los obstáculos, directos o indirectos, reales o potenciales, a las corrientes de importación en el comercio intracomunitario.

30 Por tanto, como medio indispensable para la realización del mercado sin fronteras interiores, el artículo 30 no prohíbe sólo las medidas de origen estatal que, en sí mismas, creen restricciones al comercio entre los Estados miembros, sino que puede también aplicarse cuando un Estado miembro se abstenga de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a obstáculos a la libre circulación de mercancías debidos a causas que no sean de origen estatal.

31 En efecto, el hecho de que un Estado miembro se abstenga de actuar o, en su caso, siga sin adoptar medidas suficientes para impedir determinados obstáculos a la libre circulación de mercancías, creados especialmente por acciones de particulares en su territorio contra productos originarios de otros Estados miembros, puede obstaculizar los intercambios intracomunitarios tanto como un acto positivo.

32 Así pues, el artículo 30 obliga a los Estados miembros no sólo a no adoptar ellos mismos actos o comportamientos que puedan constituir un obstáculo a los intercambios, sino también, en relación con el artículo 5 del Tratado, a tomar todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar en su territorio el respeto de dicha libertad fundamental.

33 En este último supuesto, los Estados miembros, que siguen siendo los únicos competentes para el mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interior, gozan ciertamente de un margen de apreciación para determinar cuáles son, en una situación dada, las medidas más idóneas para eliminar los obstáculos a la importación de los productos.

34 Por tanto, no corresponde a las Instituciones comunitarias sustituir a los Estados miembros para dictarles las medidas que deben adoptar y aplicar efectivamente para garantizar la libre circulación de las mercancías en su territorio.

35 No obstante, incumbe al Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta las referidas facultades de apreciación, comprobar, en los casos que le sean sometidos, si el Estado miembro de que se trate ha adoptado medidas adecuadas para garantizar la libre circulación de mercancías.

36 Debe añadirse que las consideraciones que preceden se aplican también a los Reglamentos del Consejo por los que se establece la organización común de mercados para los diferentes productos agrícolas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 38 a 46 en relación con el apartado 7 del artículo 7 del Tratado CE (véanse también las sentencias de 14 de julio de 1976, Kramer y otros, asuntos acumulados 3/76, 4/76 y 6/76, Rec. p. 1279, apartados 53 y 54, y de 25 de mayo de 1993, Comisión/Italia, C-228/91, Rec. p. I-2701, apartado 11, relativas a Reglamentos por los que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca).

37 En lo que respecta más concretamente al presente asunto, debe señalarse que los hechos que originaron el recurso por incumplimiento que la Comisión ha incoado contra la República Francesa no se discuten.

38 Pues bien, los actos de violencia cometidos en territorio francés contra productos agrícolas originarios de otros Estados miembros, que consisten especialmente en la interceptación de camiones que transportan tales productos, con destrucción de su carga y agresiones a los conductores, así como en amenazas dirigidas a los mayoristas y minoristas y en el daño a mercancías expuestas al público, crean indudablemente obstáculos a los intercambios intracomunitarios de estos productos.

39 Por lo tanto, procede comprobar si, en el presente asunto, el Gobierno francés cumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado, en relación con el artículo 5, adoptando medidas suficientes y adecuadas para hacer frente a las acciones de particulares que crean obstáculos a la libre circulación de determinados productos agrícolas.

40 A este respecto, debe señalarse que de los escritos de la Comisión resulta que los incidentes cuestionados por dicha Institución en el marco del presente recurso se producen de modo regular desde hace más de diez años.

41 Ya el 8 de mayo de 1985, la Comisión dirigió un primer escrito de requerimiento a la República Francesa instándola a adoptar las medidas preventivas y represivas necesarias para poner fin a actos de este tipo.

42 Por otra parte, en el presente asunto la Comisión recordó en varias ocasiones al Gobierno francés que el Derecho comunitario impone la obligación de velar por la observancia efectiva del principio de la libre circulación de mercancías, suprimiendo cualquier restricción a la libertad de los intercambios de productos agrícolas procedentes de otros Estados miembros.

43 Por tanto, las autoridades francesas disponían en el caso de autos de un plazo suficientemente largo para adoptar las medidas indispensables con el fin de cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho comunitario.

44 Además, a pesar de las explicaciones dadas por el Gobierno demandado, según el cual se tomaron todas las medidas para evitar la continuación de las violencias y para reprimir a los culpables, es un hecho comprobado que, año tras año, incidentes graves han comprometido seriamente los intercambios de productos agrícolas en el territorio francés.

45 A este respecto, de la exposición de los hechos formulada por la Comisión y no discutida por el Gobierno francés resulta que se trata sobre todo de ciertos períodos del año y que, además, hay lugares especialmente expuestos en los que se han producido incidentes en varias ocasiones durante un mismo año.

46 Desde 1993, los actos de violencia y de vandalismo no se han producido sólo contra los medios de transporte de productos agrícolas, sino que se han extendido al sector de la distribución mayorista y minorista de dichos productos.

47 Por lo demás, en 1996 y 1997 se han reproducido nuevos incidentes graves del mismo tipo.

48 Procede señalar también que no se ha discutido que, al producirse tales incidentes, las fuerzas del orden francesas o bien no estaban presentes, a pesar de que en determinados casos las autoridades competentes habían sido prevenidas de la inminencia de las manifestaciones de agricultores, o bien no intervinieron, incluso en casos en que eran mucho más numerosas que los causantes de los disturbios. Por otra parte, no siempre se trataba de acciones rápidas de manifestantes que procedían por sorpresa y se daban enseguida a la fuga, ya que, en ciertos casos, los disturbios prosiguieron durante varias horas.

49 Además, consta que varios actos de vandalismo fueron filmados por las cámaras de la televisión, que los manifestantes actuaron a menudo a rostro descubierto y que las agrupaciones de agricultores, autoras de las manifestaciones violentas, son conocidas de los servicios del orden.

50 No obstante, es un hecho probado que sólo un número muy pequeño de personas que participaron en esos graves disturbios del orden público fueron identificadas y penalmente inculpadas.

51 Así, en lo que respecta a los numerosos ataques de vandalismo cometidos durante el período de abril a agosto de 1993, las autoridades francesas sólo han podido citar un único caso de proceso penal.

52 A la luz de cuanto precede, el Tribunal de Justicia, sin ignorar las dificultades de las autoridades competentes para hacer frente a situaciones del tipo de las controvertidas en el presente asunto, se ve obligado a llegar a la conclusión de que, habida cuenta de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes enumerados por la Comisión, las medidas que el Gobierno francés ha adoptado en el caso de autos no han sido suficientes de modo manifiesto para garantizar la libertad de los intercambios intracomunitarios de productos agrícolas en su territorio, impidiendo eficazmente a los autores de las infracciones de que se trata cometerlas y repetirlas, y disuadiéndolos con eficacia de hacerlo.

53 Dicha conclusión se impone tanto más cuanto que los daños y las amenazas mencionados por la Comisión no sólo ponen en peligro la importación o el tránsito en Francia de los productos directamente afectados por las acciones violentas, sino que pueden crear un clima de inseguridad que tenga un efecto disuasivo sobre las corrientes de intercambios en su conjunto.

54 La referida conclusión no resulta cuestionada en absoluto por la alegación del Gobierno francés de que la situación de los agricultores franceses era tan difícil que se podía razonablemente temer que unas intervenciones más decididas de las autoridades competentes provocasen reacciones violentas por parte de los operadores afectados que diesen lugar a perturbaciones del orden público aún más graves o incluso a disturbios sociales.

55 En efecto, el temor de dificultades internas no puede justificar el hecho de que un Estado miembro no aplique correctamente el Derecho comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 1995, Comisión/Francia, C-52/95, Rec. p. I-4443, apartado 38).

56 Incumbe al Estado miembro de que se trate, a no ser que se demuestre que una acción por su parte produciría unas consecuencias sobre el orden público a las que no podría hacer frente con los medios de que dispone, adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario con el fin de garantizar la aplicación correcta de este Derecho en interés de todos los operadores económicos.

57 Pues bien, en el presente asunto, el Gobierno demandado no ha demostrado concretamente la existencia de un peligro para el orden público al que no pueda hacer frente.

58 Debe añadirse que, si bien no se puede excluir que la amenaza de disturbios graves del orden público pueda, en su caso, justificar una falta de intervención de las fuerzas del orden, este argumento, en cualquier caso, sólo puede formularse en un caso preciso, y no, como ocurre en el presente asunto, de manera global para todos los incidentes mencionados por la Comisión.

59 En lo que respecta al hecho de que la República Francesa se haya hecho cargo de los daños causados a las víctimas, procede señalar que el Gobierno demandado no puede invocar este argumento para quedar liberado del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario.

60 En efecto, aun cuando una indemnización puede reparar por lo menos parcialmente el perjuicio sufrido por los operadores económicos afectados, no puede, en cambio, excluir el incumplimiento del Estado miembro.

61 Tampoco pueden acogerse las alegaciones basadas en el muy difícil contexto socioeconómico en el que se encontraba el mercado francés de las frutas y hortalizas después de la adhesión del Reino de España.

62 A este respecto, es jurisprudencia reiterada que motivos de naturaleza económica no pueden en ningún caso servir de justificación a obstáculos prohibidos por el artículo 30 del Tratado (véase, especialmente, la sentencia de 11 de junio de 1985, Comisión/Irlanda, 288/83, Rec. p. 1761, apartado 28).

63 En la medida en que el Gobierno demandado deja entender, en apoyo de dichas alegaciones, que la desestabilización del mercado francés de las frutas y hortalizas fue provocada por prácticas desleales, incluso violaciones del Derecho comunitario por parte de los productores españoles, procede recordar que un Estado miembro no puede tomar unilateralmente medidas de defensa o adoptar un comportamiento para prevenirse contra un posible incumplimiento, por parte de otro Estado miembro, de las normas del Derecho comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de mayo de 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, apartado 20).

64 Esto debe ser así aún con más razón en el ámbito de la Política Agrícola Común en el que corresponde únicamente a la Comunidad adoptar, en su caso, las medidas necesarias para hacer frente a dificultades por las que atraviesen algunos operadores, especialmente tras una nueva adhesión.

65 Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, procede llegar a la conclusión de que, en el presente asunto, el Gobierno francés se abstuvo, de manera manifiesta y persistente, de adoptar medidas suficientes y adecuadas para poner fin a los actos de vandalismo que ponen en peligro en su territorio la libre circulación de determinados productos agrícolas originarios de otros Estados miembros e impedir que vuelvan a producirse tales actos.

66 Por consiguiente, procede declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado, en relación con el artículo 5 de dicho Tratado, y de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas para que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas.

Decisión sobre las costas

Costas

67 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que han sido desestimados los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas. A tenor del apartado 4 del artículo 69 de dicho Reglamento, los Estados miembros y las Instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado, en relación con el artículo 5 de dicho Tratado, y de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas para que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas.

2) Condenar en costas a la República Francesa.

3) El Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportarán sus propias costas.