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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/36

Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2014 — ANKO/Comisión

(Asunto T-771/14)

(2015/C 065/50)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: ANKO AE Antiporsopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que la cantidad de 2 96 149,77 euros, que la Comisión abonó a la demandante por la obra DOC@HAND, corresponde a gastos subvencionables y que en consecuencia la demandante no está obligada a restituirla como cantidad indebidamente pagada.

— Condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso tiene por objeto la responsabilidad de la Comisión derivada del contrato no 508015 para la ejecución de la obra DOC@HAND, en virtud del artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que, pese a haber cumplido todas sus obligaciones contractuales, la Comisión, incumpliendo el citado contrato, vulnerando el principio de buena fe, de la prohibición del abuso de derecho y de la proporcionalidad, solicitó la devolución de las cantidades abonadas a ANKO al considerar que corresponden a gastos no subvencionables.

Por ello, la demandante sostiene, en primer lugar, que la Comisión se basa en afirmaciones completamente infundadas y en cualquier caso no probadas para denegar la casi totalidad de los gastos de ANKO como no subvencionables y solicitar la devolución de la cantidad que abonó a ANKO para la obra DOC@HAND. En segundo lugar, que la Comisión, al rechazar el 99,59 % de su contribución debida, basándose en que, supuestamente, no corresponde a gastos subvencionables, que soportó la demandante para las necesidades de la obra, vulnera el principio de prohibición de abuso de derecho y de la proporcionalidad.
—

A este respecto, se alega que en la decisión impugnada, al afirmar tajantemente que el error contenido en el título de la decisión modificatoria de 31 de diciembre de 2012 no incidió de modo alguno en el contenido de la propia decisión y en la aplicación del programa, la Comisión no tuvo en cuenta la relevancia del hecho de que las decisiones de gasto adoptadas por la Regione debían someterse al control previo del Tribunal de Cuentas, que entre el momento en que se dictó la rectificación y ésta se aplicó transcurrieron cuatro meses sin que se conozcan las razones para ello, extremo que pudo inducir al error de que la rectificación que debía producirse fuera de mayor entidad que la dictada como limitada únicamente al título de la decisión de 31 de diciembre de 2012, y que el Tribunal de Cuentas confirmó que la Regione actuó correctamente al no adoptar los compromisos antes de tener conocimiento oficial de la rectificación (el 28 de marzo de 2013), dando de ese modo a entender que sería incorrecta la actuación contraria.
1.

Primer motivo, basado en que, al adoptar la resolución impugnada, la EFSA infringió el artículo 4, apartado 4, del Convenio de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998 (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), en los términos aprobados mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, así como el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus (en lo sucesivo, «Reglamento de Aarhus»), y el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. En la resolución impugnada, la EFSA no reconoció, infringiendo esas disposiciones, la obligación de divulgar información relativa a emisiones al medio ambiente incluidas en el documento solicitado.
1.

Primer motivo, basado en la oferta anormalmente baja de la empresa a la que se adjudicó el contrato. La demandante reprocha a la Comisión no haber efectuado un examen detallado de la oferta de la empresa a la que se adjudicó el contrato, que, en su opinión, es evidente que se trata de una oferta anormalmente baja, y no haber excluido de la licitación esta oferta o a la empresa licitadora. De este modo, la Comisión ha incumplido su obligación en virtud del artículo 110, apartado 2, del Reglamento no 966/2012, (1) en relación con el artículo 151 del Reglamento no 1268/2012, (2) así como su deber de buena administración conforme al artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
1.

Primer motivo, relativo a la Decisión Ares (2014)1915757, basado en la infracción del Reglamento no 1367/2006 (2) y de la Directiva no 2010/75: — dado que la Decisión sobre el plan transitorio nacional es una medida de alcance individual y por tanto un acto administrativo conforme al Reglamento no 1367/2006. Según el demandante, la Comisión debería por tanto haber declarado admisible la solicitud de revisión interna; — dado que la Comisión debería haber interpretado el artículo 10 del Reglamento no 1367/2006 conforme al Convenio de Aarhus y considerar contrario a Derecho el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006; — dado que la argumentación de la Comisión se basa en una interpretación errónea de los artículos relevantes de la Directiva 2010/75/UE.
—

la modificación de las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de 23 de mayo de 2014 y de la examinadora de 23 de mayo de 2013, de acuerdo con el artículo 65, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, por infracción del artículo 7, apartados 1, letra b, y 3 del Reglamento no 207/2009, acordando (i) el carácter distintivo de la marca grafica solicitada con no 1 1 7 64 354 y, por ello, la inaplicabilidad de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 7, apartado 1, letra b, del Reglamento no 207/2009; y (ii) la publicación de dicha solicitud de marca para, una vez superados los restantes trámites, se pueda proceder a su concesión;
—

No consideración del formulario C suscrito por el destinatario, aunque la Comisión hubiese solicitado dicho documento, así como no consideración de la argumentación que formula un empleado en su declaración, en el sentido de que los documentos no se pueden obtener del coordinador del consorcio.
—

se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 7 de mayo de 2014 en el asunto R 1735/2012-1, y en consecuencia se desestime la oposición presentada por Aucar Trailer S.L. declarando la procedencia de la concesión de la marca comunitaria no 9 6 90 314«Polycart A Whole Cart Full of Benefits» para los productos solicitados según la restricción de 16 de noviembre de 2012, desestimando la oposición formulada contra la misma;
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 303/33

Recurso interpuesto el 11 de junio de 2014 — Viscas/Comisión

(Asunto T-422/14)

2014/C 303/42

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Viscas Corporation (Tokio, Japón) (representante: J.-F. Bellis, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión impugnada en la medida en que declara la existencia de una infracción en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y el 28 de enero de 2009.

— Anule o reduzca el importe de la multa impuesta.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2014) 2139 final, de 2 de abril de 2014, en el asunto AT.39610 — Power Cables.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca ocho motivos:

1. Primer y segundo motivos, basados en que la Comisión se equivocó al concluir que la demandante había participado en la infracción durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y el 28 de enero de 2009.

2. Tercer y cuarto motivos, basados en que la aplicación por parte de la Comisión del punto 18 de las Directrices para el cálculo de las multas (1) infringe los principios de proporcionalidad e igual protección, ya que: i) beneficia de forma desproporcionada a los fabricantes europeos de cables eléctricos y ii) no reconoce que existen diferencias notables respecto al peso de los diferentes fabricantes en la infracción.

3. Quinto motivo, basado en que la Comisión se equivocó al atribuir a la demandante las ventas realizadas por los accionistas de la demandante, a efectos de determinar la multa que debía imponerse.

4. Sexto motivo, basado en que la Comisión aumentó incorrectamente la proporción del valor de las ventas que debía tomarse en consideración, basado en la cuota de mercado conjunta de las partes.

5. Séptimo motivo, basado en que la Comisión se equivocó al no aplicar una reducción habida cuenta de las circunstancias atenuantes.

6. Octavo motivo, en el que la demandante solicita al Tribunal que ejercite su competencia jurisdiccional plena y reduzca notablemente la multa.

(1) Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).
—

Anule la Decisión revisada del Consejo incluida en el aviso de 15 de marzo de 2014 dirigida a la atención de las personas y entidades sometidas a las medidas restrictivas previstas en la Decisión del Consejo 2010/413/PESC (1) y en el Reglamento del Consejo (UE) no 267/2012 (2) relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO C 77, p. 1) que establece que la Decisión del Consejo 2010/413 PESC y el Reglamento del Consejo (UE) no 267/2012 siguen siendo de aplicación directa al demandante.
—

anule parcialmente la decisión de la Comisión de 14 abril 2014, por la que se hace constar que la condonación de los derechos de importación con arreglo al artículo 236, en relación con el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código aduanero comunitario [Reglamento (CEE) no 2913/92] está justificada y que la condonación de los derechos de importación por otro importe no está justificada en un caso particular (expediente REM 02/2013) en lo relativo a la denegación de la condonación de los derechos de importación que se considera indebidamente como no justificada, y
2.

Segundo motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 (1). — Sostiene que la denegación de acceso a los documentos en virtud del perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, no constituye un motivo legítimo pues podía haberse comunicado una versión anónima. — Estima que la aplicación de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento no 1049/2001 no está fundada puesto que el informe de evaluación y la relación de precios no incluyen información alguna acerca de los motivos técnicos o humanos ni revelan ningún conocimiento técnico o tecnicismo concreto. — Alega que no se infringió el proceso de toma de decisiones, en el sentido del artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001, puesto que: i) la decisión de adjudicación se adoptó y el contrato de servicios se firmó con el licitador seleccionado en el momento en que se adoptó la decisión denegatoria del acceso; ii) los documentos solicitados no son tampoco opiniones en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo 2, del Reglamento no 1049/2001, y porque, en cualquier caso, la divulgación de los documentos no puede perjudicar al proceso de toma de decisiones de la Comisión. — Sostiene que existe un interés público superior, a saber, el principio de transparencia en el ámbito de la ejecución presupuestaria. — Estima que no se ha demostrado que no fuera posible una comunicación parcial de los documentos, en el sentido del artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001.
1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no señaló una base jurídica adecuada. El artículo 29 TUE no constituía una base jurídica adecuada para la decisión porque en la denuncia formulada contra el demandante no se le identificaba como persona que hubiera vulnerado el Estado de Derecho o los derechos humanos en Ucrania (en el sentido de los artículos 21 TUE, apartado 2, y 23 TUE). Puesto que la decisión no era válida, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento. En el momento en que se impusieron las medidas restrictivas, no se había formulado ninguna imputación o alegación contra el demandante en ninguna jurisdicción en el sentido de que sus actividades amenazaban con menoscabar el Estado de Derecho o violar los derechos humanos en Ucrania.
2.

Segundo motivo, relativo a la oferta económica presentada por la demandante. A este respecto, la demandante alega una violación: — del artículo 296 TFUE por motivación contradictoria e insuficiente; — del derecho a una buena administración contemplado en el artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; — del artículo 112, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298, p. 1); — del artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362, p. 1); — del principio de igualdad de trato y de transparencia en la fase de valoración de las ofertas para la adjudicación de la licitación, así como del reconocimiento de la igualdad de oportunidades de todos los licitadores.
—

La demandante alega en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señala, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según la demandante, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señala, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a la demandante.
—

Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señalan, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según la demandante, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señalan, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 212/33

Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2014 — Hüpeden/Consejo y Comisión

(Asunto T-206/14)

2014/C 212/43

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburgo, Alemania) (representante: K. Landry, abogado)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a las demandadas a pagarle una indemnización por importe de 1 18 762,57 euros más intereses al 8 % anual a partir de la fecha en que se dicte sentencia, o que declare que la demandante tiene derecho a una indemnización frente a las demandantes.

— Condene en costas a las demandadas.

Motivos y principales alegaciones

La demandante pretende que se le indemnice debido a la adopción del Reglamento (CE) no 1355/2008 (1), cuya falta de validez se declaró en la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2012, GLS (C-338/10).

La demandante alega que si bien las autoridades aduaneras nacionales restituyeron los derechos antidumping exigidos indebidamente sobre la base de dicho Reglamento, sufrió un daño económico debido a ser privada de liquidez, por lo que tuvo que acceder a créditos bancarios adicionales al tipo de interés habitual en el mercado, así como a créditos a corto plazo a un tipo de interés fijo. Por lo tanto, solicita que se le indemnice la diferencia entre el interés pagado por sus créditos bancarios y los intereses, inferiores, que debía haber pagado de no habérsele exigido derechos antidumping. A este respecto alega que las demandadas han incumplido su deber de diligencia y buena administración de manera suficientemente caracterizada, al adoptar de manera contraria a Derecho el Reglamento no 1355/2008, de modo que sufrió un daño que no puede indemnizarse de otro modo, puesto que las disposiciones nacionales pertinentes no prevén la capitalización de cantidades diferenciales en beneficio del obligado al pago desde el momento del abono.

(1) Reglamento (CE) no 1355/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China (DO L 350, p. 35).
—

Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señala, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según las demandantes, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señalan, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 175/46

Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2014 — ANKO/Comisión

(Asunto T-154/14)

2014/C 175/63

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que la cantidad global de 185 664,10 euros que la Comisión abonó a la demandante por la obra OASIS así como la cantidad global de 465 062,84 euros que la Comisión abonó a la demandante por la obra PERFORM corresponden a cantidades subvencionables.

— Declare que la cantidad de 1 824,05 euros que la Comisión no abonó por la obra OASIS y la cantidad de 637 117,17 euros que la Comisión no abonó como ayuda por la obra PERFORM corresponden a gastos subvencionables, por lo que la Comisión debe abonarlos a ANKO.

— Condene a la Comisión a pagar las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso tiene por objeto la responsabilidad de la Comisión derivada de los contratos 215 754, correspondiente a la obra OASIS, y 215 952, correspondiente a la obra PERFORM, en virtud del artículo 272 TFUE.

En particular, la demandante sostiene que, a pesar de haber cumplido sus obligaciones contractuales, la Comisión, incumpliendo los contratos mencionados, vulnerando los principios de buena fe, de prohibición de abuso de derecho y de la proporcionalidad, solicitó la devolución de las cantidades abonadas a ANKO al considerarlas no subvencionables y se negó a abonar la ayuda restante. Por esa razón, la demandante sostiene, en primer lugar, que la denegación de la casi totalidad de la ayuda correspondiente a las obras OASIS y PERFORM por considerarla no subvencionable constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Comisión frente a ANKO. En segundo lugar, que la solicitud de devolución de casi todas esas cantidades es desproporcionada y abusiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 151/24

Recurso interpuesto el 18 de febrero de 2014 — Carbio/Consejo

(Asunto T-119/14)

2014/C 151/32

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires, Argentina) (representantes: J. Bellis y R. Luff, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1194/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia (DO L 315, p. 2), en la medida en que afecta a la demandante.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que las instituciones han incurrido en un manifiesto error de apreciación de los hechos al estimar que había una distorsión de los precios de la soja y del aceite de soja que justificaba la aplicación del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento antidumping de base. (1)

2. Segundo motivo, basado en que el artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento antidumping de base, tal como es interpretado por las instituciones en este caso, no puede aplicarse a las importaciones procedentes de un miembro de la OMC, puesto que no está en consonancia con el Acuerdo antidumping de la OMC.

3. Tercer motivo, basado en que la valoración del daño no ha tomado en consideración los factores que rompen el nexo causal entre las supuestas importaciones objeto de dumping y el daño alegado, con infracción de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento antidumping de base.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).