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La Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 [CE] (de minimis) (DO 2001, C 368, p. 13 ; en lo sucesivo, «Comunicación de minimis») establece en sus puntos 1, 2, 4, 6 y 7:

«1. [...] El Tribunal de Justicia […] ha aclarado que [el artículo 81 CE, apartado 1,] no es aplicable cuando los efectos sobre el comercio intracomunitario o sobre la competencia no son sensibles.

2. En la presente Comunicación, la Comisión establece, mediante unos umbrales de cuotas de mercado, unos criterios cuantitativos de lo que no constituye una restricción sensible de la competencia a efectos del artículo 81 [CE]. Esta definición negativa de lo “sensible” no implica que los acuerdos entre empresas que superen los límites establecidos en esta Comunicación restrinjan la competencia de forma sensible. Es posible que dichos acuerdos no tengan más que un efecto insignificante sobre la competencia y que, por tanto, no resulten prohibidos en virtud del apartado 1 del artículo 81 [CE].

[...]

4. En los casos que entren en el ámbito de la presente Comunicación, la Comisión no incoará un procedimiento, ni previa petición ni por iniciativa propia. Cuando las empresas entiendan de buena fe que un acuerdo reúne las condiciones de la presente Comunicación, la Comisión no impondrá multas. A pesar de que no tenga carácter vinculante para estas instancias, la presente Comunicación también pretende brindar una orientación a los tribunales y autoridades de los Estados miembros a la hora de aplicar el artículo 81 [CE].

[...]

6. La presente Comunicación deberá entenderse sin perjuicio de las interpretaciones del artículo 81 [CE] que emanen del Tribunal de Justicia o del Tribunal [General].

7. La Comisión considera que los acuerdos entre empresas que afectan al comercio entre los Estados miembros no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 [CE]:

a) cuando la cuota de mercado conjunta de las partes en el acuerdo no exceda del 10 % en ninguno de los mercados de referencia afectados por el acuerdo, en el caso de acuerdos entre empresas que sean competidores reales o potenciales en cualquiera de dichos mercados (acuerdos entre competidores) [...]

[...]»
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por los Reglamentos (CE) de la Comisión nos 1214/2007, de 20 de septiembre de 2007 (DO L 286, p. 1); 1031/2008, de 19 de septiembre de 2008 (DO L 291, p. 1), y 948/2009, de 30 de septiembre de 2009 (DO L 287, p. 1), respectivamente (en lo sucesivo, «NC»), y sobre la interpretación del artículo 78, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1) (en lo sucesivo, «Código aduanero»).
20

En su resolución, este último tribunal no admitió la competencia de los tribunales alemanes, basándose en que la competencia en materia delictual prevista en el artículo 5, número 3, del Reglamento no 44/2001 no comprende una acción declarativa negativa, como la ejercitada por Folien Fischer y Fofitec, dado que tal acción tiene precisamente por objeto que se declare que no se ha incurrido en ninguna actuación delictual.
10

El artículo 9 de este Reglamento, rubricado «Información por el transformador», dispone lo siguiente: «1. Los detalles de la información pertinente que debe facilitar el transformador al titular, de acuerdo con lo dispuesto en el sexto guión del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento [no 2100/94], podrán ser objeto de un contrato entre el titular y el transformador interesado. 2. Cuando no se haya celebrado tal contrato o no sea aplicable, se pedirá al transformador que presente al titular, a solicitud de éste, un informe con los datos pertinentes, sin perjuicio de los requisitos de información que establezcan otras disposiciones de la normativa comunitaria o de los Estados miembros. Se considerarán pertinentes los siguientes datos: a) nombre del transformador, localidad del domicilio y denominación y dirección registradas de su empresa; b) prestación o no por su parte de un servicio de tratamiento del producto de la cosecha de una o más variedades del titular para su plantación, cuando dichas variedades hayan sido declaradas como tales o conocidas por el transformador de otro modo; c) si ha prestado ese servicio, cantidad del producto de la cosecha perteneciente a la variedad o variedades en cuestión que ha sometido a tratamiento para su plantación y cantidad resultante de ese tratamiento; d) fechas y lugares del tratamiento contemplado en la letra c); y e) nombre y dirección de la persona o personas a las que ha prestado el servicio de tratamiento contemplado en la letra c) y cantidades respectivas. 3. Los datos contemplados en las letras b), c), d) y e) del apartado 2 se referirán a la campaña de comercialización en curso y a una o varias de las tres campañas anteriores respecto a los cuales el titular no haya solicitado anteriormente información con arreglo a lo que se dispone en los apartados 4 y 5. No obstante, la primera campaña a que se refieran los datos deberá ser aquélla en que se haya realizado la primera solicitud de información con respecto a la variedad y al transformador en cuestión. 4. Las disposiciones del apartado 4 del artículo 8 serán aplicables mutatis mutandis. […]»
6

El artículo 185 de la Directiva está redactado en los términos siguientes: «1. La regularización se efectuará en particular cuando con posterioridad a la declaración del IVA se hayan producido modificaciones en los elementos tomados en consideración para la determinación de la cuantía de las deducciones, entre otros en los casos de compras anuladas o de rebajas obtenidas en los precios. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no habrá lugar a la regularización en los casos de operaciones total o parcialmente impagadas, de destrucciones, de pérdidas o robos fehacientemente probados o justificados y en los casos de las apropiaciones [...] efectuadas para hacer obsequios de escaso valor y ofrecer muestras comerciales. No obstante, en caso de operaciones total o parcialmente impagadas y en caso de robo, los Estados miembros podrán exigir la regularización.»
9

En el Derecho belga, la sujeción al régimen de seguridad social de los trabajadores autónomos se regula en el arrêté royal no 38, du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants (Real Decreto no 38, de 27 de julio de 1967, por el que se organiza el régimen de seguridad social de los trabajadores autónomos) (Moniteur belge de 29 de julio de 1967), modificado, en particular, por el arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne (Real Decreto de 18 de noviembre de 1996 de disposiciones financieras y otras sobre el régimen de seguridad social de los trabajadores autónomos, en aplicación del título VI de la Ley de 26 de julio de 1996, por la que se moderniza la seguridad social y se garantiza la viabilidad de los regímenes legales de pensiones, y del artículo 3 de la Ley de 26 de julio de 1996, destinada a alcanzar las condiciones presupuestarias para la participación de Bélgica en la Unión Económica y Monetaria europea) (Moniteur belge de 12 de diciembre de 1996; en lo sucesivo, «Real Decreto no 38»).
27

En este contexto, ha de recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 1, punto 11, de la Directiva 98/34 resulta que el concepto de «reglamento técnico» abarca —además de la categoría de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información en el sentido del artículo 1, puntos 2 y 5, que, no obstante, no es aplicable en los asuntos principales porque los preceptos nacionales controvertidos en dichos asuntos se refieren a las máquinas recreativas con premios limitados como «productos» en el sentido de dicho artículo 1, punto 1— tres categorías, a saber, en primer lugar, la «especificación técnica», definida en el artículo 1, punto 3, de dicha Directiva; en segundo lugar, el «otro requisito», definido en el artículo 1, punto 4, de ésta y, en tercer lugar, la prohibición de fabricación, importación, comercialización o utilización de un producto contemplado en el artículo 1, punto 11, de la misma Directiva (véanse las sentencias de 21 de abril de 2005, Lindberg, C-267/03, Rec. p. I-3247, apartado 54; de 8 de noviembre de 2007, Schwibbert, C-20/05, Rec. p. I-9447, apartado 34, e Intercommunale Intermosane y Fédération de l’industrie et du gaz, antes citada, apartado 11).
(32)

Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. La presente Directiva no afecta a los fines a los que se destinan los cánones de derecho de uso. Dichos cánones podrán utilizarse, por ejemplo, para financiar actividades de las autoridades nacionales de reglamentación que no puedan cubrirse mediante tasas administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, los cánones por el ejercicio de derechos de uso de radiofrecuencias consistan entera o parcialmente en un importe a tanto alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en la práctica dichos cánones no conducen a una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las radiofrecuencias. La Comisión Europea podrá publicar periódicamente estudios comparativos relativos a las mejores prácticas de asignación de radiofrecuencias, de asignación de números o de concesión de derechos de paso.»
3

El Reglamento no 1400/2002 (en lo sucesivo, «Reglamento»), adoptado en base al artículo 1 del Reglamento no 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas (DO 1965, 36, p. 533; EE 08/01, p. 85), exime de la prohibición formulada en el artículo 81 CE, apartado 1, a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (en lo sucesivo, «exención»).
24

No obstante, esta circunstancia no es determinante. Efectivamente, no puede deducirse del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 que la falta de indicación en la normativa nacional de que se trate del objetivo que pretende alcanzarse tenga por efecto que se excluya automáticamente la posibilidad de que esté justificada a la luz de dicha disposición. Cuando no existe indicación en este sentido, es necesario que otros elementos propios del contexto general de la medida en cuestión permitan la identificación del objetivo que subyace a esta medida, a fin de posibilitar el ejercicio del control jurisdiccional sobre la legitimidad, idoneidad y necesidad de los medios empleados para lograr dicho objetivo (véase la sentencia de 21 de julio de 2011, Fuchs y Köhler, C-159/10 y C-160/10, Rec. p. I-6919, apartado 39, y la jurisprudencia citada).
2

El Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2003, del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 40/94»), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos, el presente litigio se sigue rigiendo por el Reglamento no 40/94.
25

A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que Inter-Environnement Wallonie sólo cuestiona la legalidad del Decreto impugnado por lo que respecta a las zonas vulnerables, de las que se ocupa la subsección 6 de la sección 3 de dicho Decreto. No obstante, considerando que dicho Decreto, que constituye un capítulo del Código del agua, comprende un conjunto de disposiciones indisociables, solicitó la anulación de todas las disposiciones de dicho Decreto, incluidas las que eventualmente no formen parte de un «programa» en el sentido de la Directiva 2001/42 o eventualmente no constituyan un programa de ese tipo. Terre Wallonne abogó también por la anulación de la totalidad del Decreto impugnado debido al carácter indisociable de las disposiciones que comprende. No obstante, esa parte demandante admitió ante el órgano jurisdiccional remitente que podía declararse la anulación sin efecto retroactivo si se limitara en el tiempo el mantenimiento de los efectos del acto impugnado.
Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 bis de la Directiva 70/311, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques, del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2007/46, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, al supeditar la matriculación en su territorio de turismos nuevos cuyo dispositivo de dirección está situado en el mismo lado que el sentido de la circulación, al desplazamiento del volante al lado izquierdo.

Los dispositivos de dirección de los vehículos son objeto específico de la Directiva 70/311, cuyo artículo 2 bis obliga a los Estados miembros a no prohibir, en particular, la matriculación de los vehículos por motivos que se refieren a los dispositivos de dirección si éstos satisfacen las prescripciones de dicha Directiva. Ciertamente, las Directivas 2007/46 y 70/311 se refieren a la «posición de conducción: derecha/izquierda», que debe indicarse en la ficha informativa a efectos de la homologación de un vehículo. De ese modo, la indicación debe hacerse en el certificado de conformidad, según la cual el vehículo es «adecuado» para la circulación por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, esas disposiciones no pueden referirse a elementos fundamentales de la fabricación del vehículo, como el emplazamiento del volante, sino únicamente a otros elementos, como los dispositivos de iluminación y de limpiaparabrisas o los sistemas de visión indirecta de los vehículos. En efecto, los ajustes que pueden exigirse no pueden referirse al desplazamiento de la posición de conducción, extremo que constituiría una intervención sustancial en la arquitectura de fabricación del vehículo, contraria al tenor y al objetivo de la Directiva 70/311, sino únicamente a intervenciones de menor envergadura.

En consecuencia, el emplazamiento de la posición de conducción, parte integrante del dispositivo de dirección de un vehículo, está comprendido en el ámbito de aplicación de la armonización establecida por las Directivas 2007/46 y 70/311, de modo que los Estados miembros no pueden exigir, por razones de seguridad, a efectos de la matriculación de un vehículo nuevo en su territorio, el desplazamiento de la posición de conducción de dicho vehículo hacia el lado opuesto al sentido de la circulación.

(véanse los apartados 39, 43, 45 y 47 y el fallo)
2)

Condenar en costas a Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd y Team Relocations Ltd con carácter solidario.
Asunto C‑500/11

The Queen, a instancia de Fruition Po Ltd,

contra

Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 2200/96 — Reglamento (CE) no 1432/2003 — Agricultura — Organización común de mercados — Frutas y hortalizas — Organizaciones de productores — Requisitos para el reconocimiento por las autoridades nacionales — Puesta a disposición de los medios técnicos necesarios para el almacenamiento, acondicionamiento y comercialización de los productos — Obligación de que la organización, en caso de delegación de sus tareas en sociedades terceras, controle a dichas sociedades»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2013

Agricultura — Organización común de mercados — Frutas y hortalizas — Organizaciones de productores — Reconocimiento de estas organizaciones por las autoridades nacionales en caso de subcontratación de las actividades esenciales — Requisitos — Acuerdo contractual que permite a la organización de productores seguir siendo responsable del ejercicio de la actividad subcontratada y del control global de gestión — Verificación por el órgano jurisdiccional nacional

[Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, art. 11]

El artículo 11 del Reglamento no 2200/96, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, debe interpretarse en el sentido de que, para poder cumplir los requisitos para su reconocimiento mencionados en esa disposición, una organización de productores, que haya confiado a terceros el ejercicio de las actividades esenciales para su reconocimiento a tenor de dicha disposición, está obligada a celebrar un acuerdo contractual que le permita seguir siendo responsable de ese ejercicio y del control global de la gestión, de modo que esa organización conserve, en última instancia, el poder de control y, en su caso, de intervención en tiempo útil sobre dicho ejercicio durante toda la vida del acuerdo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente comprobar, individualizadamente y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluidos la naturaleza y el alcance de las actividades subcontratadas, si la organización de productores de que se trata ha conservado tal control.

(véanse el apartado 32 y el fallo)
Como una remuneración por disponibilidad destinada a funcionarios que han sido separados del servicio debido a la supresión de su puesto de trabajo no constituye ni una prestación de jubilación ni una prestación de invalidez en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78, esta disposición no se aplica a dicha prestación.

Los artículos 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual los funcionarios que han alcanzado la edad que les permite percibir una pensión de jubilación no pueden, por ese mero hecho, disfrutar de una remuneración por disponibilidad destinada a los funcionarios que han sido separados del servicio debido a la supresión de su puesto de trabajo.

Ciertamente, la finalidad consistente en garantizar la disponibilidad de los funcionarios y en asegurarles una protección en caso de supresión de su puesto de trabajo, limitando el derecho a la remuneración por disponibilidad a los funcionarios que necesitan una protección y que cumplen su obligación de disponibilidad, figura en la categoría de los objetivos legítimos de las políticas de empleo y del mercado de trabajo en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78. Por otro lado, la concesión de la remuneración por disponibilidad únicamente a los funcionarios que no pueden percibir una pensión de jubilación parece razonable habida cuenta de la finalidad perseguida por el legislador y no resulta manifiestamente inadecuada para alcanzar los objetivos legítimos invocados. No obstante, una normativa que excluye de la remuneración por disponibilidad tanto a los funcionarios que desean jubilarse, y que, en consecuencia, van a percibir efectivamente una pensión de jubilación, como a aquéllos que prefieren continuar su carrera profesional en la administración pública después de haber cumplido sesenta y cinco años, por el único motivo de que podrían, debido en particular a su edad, disponer de una pensión de ese tipo, va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. En efecto, dicha medida puede de ese modo obligar a dichos funcionarios a aceptar una pensión de jubilación por un importe reducido respecto del que podrían pretender si permanecieran en activo hasta una edad más avanzada.

Por añadidura, parece que los objetivos legítimos perseguidos por dicha normativa pueden alcanzarse por medios menos coercitivos, pero igualmente adecuados. Así, unas disposiciones que limitasen el derecho a la remuneración por disponibilidad a los funcionarios que hubieran renunciado temporalmente a percibir una pensión de jubilación para proseguir su actividad profesional, previendo, para el supuesto en que éstos se negaran a ocupar un puesto alternativo adecuado, medidas tendentes a sancionar los abusos, permitirían garantizar que únicamente pudieran disfrutar de dicha remuneración los funcionarios que estuvieran efectivamente disponibles para ocupar un puesto alternativo.

(véanse los apartados 51, 58, 66, 67, 69, 72 y 74 y el punto 2 del fallo)