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El artículo 49 TFUE se opone a una normativa de un Estado miembro que, en materia de tributación de los grupos de sociedades, permite que una sociedad matriz que adquiere una participación en una sociedad residente, la cual pasa a formar parte de un grupo, amortice el fondo de comercio hasta el límite del 50 % del precio de adquisición de la participación, mientras que lo prohíbe en caso de adquisición de una participación en una sociedad no residente.

En efecto, cuando una normativa nacional crea una ventaja fiscal para una sociedad matriz que adquiere una participación en una sociedad residente, el hecho de que no conceda dicha ventaja fiscal, en esas mismas circunstancias, a una sociedad matriz que adquiere una participación en una sociedad no residente establece una diferencia de tratamiento fiscal entre las sociedades matrices en perjuicio de las que adquieran una participación en una sociedad no residente. Esta diferencia de tratamiento puede suponer, para la sociedad matriz que adquiere una participación en una sociedad no residente, un obstáculo a su libertad de establecimiento en el sentido del artículo 49 TFUE, al disuadirla de adquirir o de constituir filiales en otros Estados miembros. Tal diferencia de tratamiento sólo puede admitirse si afecta a situaciones que no son objetivamente comparables o si resulta justificada por una razón imperiosa de interés general.

A este respecto, dado que la citada normativa nacional permite la constitución de grupos tanto por sociedades residentes como por sociedades no residentes, la situación de una sociedad matriz que desea constituir un grupo con una filial residente y la de una sociedad matriz que desea constituir un grupo con una filial no residente son objetivamente comparables a efectos de la finalidad del régimen fiscal en cuestión, en la medida en que ambas sociedades matrices pretenden beneficiarse de las ventajas de dicho régimen. Por su parte, en lo relativo a la posibilidad de justificar la diferencia de tratamiento derivada de dicha normativa por la necesidad de garantizar la coherencia del sistema tributario, habida cuenta de que la normativa nacional no establece, por sí misma, una relación directa entre la ventaja fiscal consistente en la amortización del fondo de comercio y el gravamen consistente en que se someta a tributación a la sociedad matriz por la plusvalía en caso de enajenación de la participación en su filial, no cabe considerar que la diferencia de tratamiento se justifique por la necesidad de garantizar la coherencia del sistema tributario del Estado miembro de que se trata.

(véanse los apartados 27 a 30, 33, 43, 50 y 54 y el fallo)
El artículo 60, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que la ficción prevista en dicho precepto puede dar lugar a que se reconozca el derecho a las prestaciones familiares a una persona que no tenga su residencia en el territorio del Estado miembro competente para el abono de dichas prestaciones, siempre y cuando concurran todos los demás requisitos establecidos en la normativa nacional para la concesión de dichas prestaciones, lo cual corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.

En efecto, del artículo 67 del Reglamento no 883/2004, en relación con el artículo 60, apartado 1, del Reglamento no 987/2009, se desprende, por un lado, que cualquier persona tiene derecho a las prestaciones familiares relativas a los miembros de su familia que residan en un Estado miembro distinto del competente para el abono de dichas prestaciones y, por otro, que la posibilidad de presentar una solicitud de prestaciones familiares no sólo se reconoce a las personas que residan en el territorio del Estado miembro que ha de abonar dichas prestaciones, sino también a «todos [los] miembros [de la familia]» con derecho a tales prestaciones, entre los que figuran los progenitores del hijo por quien se solicitan las prestaciones.

(véanse los apartados 38 y 41 y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑85/14

KPN BV

contra

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(Petición de decisión prejudicial

planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven)

«Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Artículo 28 — Acceso a números y servicios — Números no geográficos — Directiva 2002/19/CE — Artículos 5, 8 y 13 — Facultades de las autoridades nacionales de reglamentación — Control de precios — Servicios de tránsito de llamadas — Normativa nacional que obliga a los suministradores de servicios de tránsito de llamadas telefónicas a no aplicar a las llamadas a números no geográficos tarifas superiores que a las llamadas a números geográficos — Empresa que no tiene un peso significativo en el mercado — Autoridad nacional competente»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2015

Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación literal, sistemática y teleológica Aproximación de las legislaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Acceso a números y servicios de comunicaciones electrónicas — Números no geográficos — Facultad de la autoridad nacional de reglamentación de imponer una obligación tarifaria a un operador que no tenga un peso significativo en el mercado para poner fin a un obstáculo — Respeto del principio de proporcionalidad — Verificación por el órgano jurisdiccional nacional (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/21/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, arts. 6, 7, 7 bis y 8, y 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, art. 28) Aproximación de las legislaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Acceso a números y servicios de comunicaciones electrónicas — Números no geográficos — Normativa nacional que contempla la posibilidad de que una entidad nacional distinta de la autoridad nacional de reglamentación imponga una obligación tarifaria a los operadores — Procedencia — Requisitos (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/21/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, art. 3, aps. 2, 4 y 6, y 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, art. 28)
Si un órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un recurso por el que se cuestiona la responsabilidad de una persona como director y administrador de sociedad y asimismo sobre una base delictual, interroga al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de las disposiciones del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, sobre la competencia judicial tanto en materia de contratos individuales de trabajo, en el sentido del capítulo II, sección 5 (artículos 18 a 21), del Reglamento no 44/2001, como en materia contractual, en el sentido del artículo 5, punto 1, de este Reglamento, y en materia delictual y cuasidelictual, en el sentido del artículo 5, punto 3, de dicho Reglamento, la mera circunstancia de que el demandante incluya en su demanda varias imputaciones de responsabilidad no basta para considerar que tal acción queda comprendida en el ámbito de cada una de las disposiciones invocadas, ya que ello únicamente será así si puede considerarse que el comportamiento recriminado constituye un incumplimiento de las obligaciones dimanantes de esas disposiciones, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

(véanse los apartados 31 y 32)
El artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, así como los artículos 10 quater a 11 bis, el artículo 12 bis y el artículo 12 ter del Reglamento no 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, en sus respectivas versiones modificadas y actualizadas por el Reglamento no 118/97, modificados por el Reglamento no 647/2005, deben interpretarse en el sentido de que un certificado de la clase E 101, expedido por la institución competente de un Estado miembro para hacer constar la sujeción de un trabajador al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro, pese a que a dicho trabajador le es aplicable el Acuerdo relativo a la seguridad social de los bateleros del Rin, firmado en Ginebra el 30 de noviembre de 1979, adoptado por la Conferencia gubernamental encargada de revisar el Acuerdo relativo a la seguridad social de los bateleros del Rin, firmado en Ginebra el 13 de febrero de 1961, no es vinculante para las instituciones de los demás Estados miembros. El hecho de que la institución emisora del certificado no pretendiera expedir el verdadero certificado E 101, sino que utilizó ese modelo por razones administrativas carece de pertinencia al respecto.

(véase el apartado 51 y el punto 1 del fallo)
–

al haber autorizado el depósito de tierras de excavación en la parcela no 115/1 del municipio de Teharje (Bukovžlak), sin garantizar que en tal emplazamiento no se habían depositado previa o contemporáneamente otros residuos, y al no haberse adoptado medidas para eliminar de tal lugar los residuos no cubiertos por la autorización concedida, por lo que dicho emplazamiento debía ser considerado como un vertedero ilegal que no respetaba las condiciones y los requisitos establecidos, por una parte, en los artículos 13 y 36, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas y, por otra parte, en los artículos 5, apartado 3, letra e), 6, en relación con la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, 7 a 9, 11 y 12 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, así como a los anexos I a III de esta última, y
El concepto de «centro de trabajo» que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), inciso ii), de la Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse del mismo modo que el concepto que figura en la letra a), inciso i), de ese mismo párrafo.

En efecto, nada en la redacción del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59 sugiere que haya de darse un significado distinto a los términos «centro de trabajo» y «centros de trabajo» que figuran en el mismo párrafo de dicha disposición. El hecho de que el legislador dé a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre las opciones alternativas y esencialmente equivalentes que figuran respectivamente en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), inciso i) y letra a), inciso ii), de la Directiva 98/59 pone de manifiesto que el concepto de centro de trabajo no puede tener un alcance completamente diferente según la elección del Estado miembro de que se trate y que una diferencia de tal envergadura sería contraria a la necesidad de promover la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los despidos colectivos, sobre la que hace hincapié el considerando 7 de la Directiva 98/59. El concepto de centro de trabajo, cuya definición no se halla en la Directiva 98/59, es un concepto de Derecho de la Unión y no puede definirse por referencia a las legislaciones de los Estados miembros. Por tanto, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario.

(véanse los apartados 45, 57, 59, 60 y 71 y el fallo)
47

En efecto, para desestimar la alegación del carácter desproporcionado de la multa impuesta conjunta y solidariamente a CEPSA y a PROAS, el Tribunal General apreció en primer término en el apartado 316 de la sentencia recurrida que, respecto al grupo CEPSA-PROAS, sólo se tuvieron en cuenta las ventas de betún de penetración de PROAS. En segundo lugar, en los apartados 317 y 318 de esa misma sentencia, observó que la Comisión no aplicó ningún coeficiente multiplicador. En tercer lugar, en el apartado 323 de esa sentencia, estimó que la sentencia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión (T‑77/92, EU:T:1994:85) no era pertinente en este caso, porque la Comisión únicamente tuvo en cuenta en la Decisión controvertida el importe de las ventas del producto objeto de la infracción, y además, en la misma sentencia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión (T‑77/92, EU:T:1994:85), se trataba de una sociedad independiente, por lo que no era posible considerar el volumen de negocios global de un grupo. En cuarto lugar, en respuesta al argumento de CEPSA acerca de la superación del límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 2003, L 1, p. 1), estimó en el apartado 324 de la sentencia recurrida que el hecho de que el importe de la multa impuesta al grupo CEPSA-PROAS era casi igual al volumen total de las ventas de PROAS durante el último año completo de la infracción no permitía por sí solo concluir que se hubiera vulnerado el principio de proporcionalidad, apreciando en ese sentido en los apartados 327 a 329 de la sentencia recurrida que la Comisión había considerado válidamente que PROAS y CEPSA constituían una unidad económica y que ese límite máximo debía calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica única que actúa como empresa a efectos del artículo 81 CE.
21

Pues bien, a su parecer, el método general de cálculo establecido en dichas Directrices lleva, en una situación como la del presente asunto, a rebasar sistemáticamente el límite máximo del 10 % establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, en particular, en el caso de las empresas «monoproducto» no diversificadas. Por tanto, según las recurrentes, aplicar este método tiene como consecuencia que los criterios de duración y de gravedad de las infracciones cometidas por dichas empresas, a los que se refiere el artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003, no se tengan en cuenta de manera adecuada. Así, según las recurrentes, la aplicación de dichas Directrices supone un menoscabo al principio de individualización de las penas aún mayor que el causado por las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n.o 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»).
61

Pues bien, según dicho Gobierno, no sucede así, dado que de los convenios para la prevención de la doble imposición celebrados según el Modelo de la OCDE resulta que la República de Austria no dispone de potestad tributaria sobre las donaciones a beneficiarios no residentes. Por consiguiente, a falta de comparabilidad objetiva de las situaciones, no procede aplicar en estos casos, con respecto de la fundación, el mecanismo de exención del impuesto provisional que se autoriza en el caso de donaciones a beneficiarios residentes con el objetivo de evitar la doble imposición económica y garantizar una imposición única sistemática en el territorio nacional.
2

El Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), fue derogado por el Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos no 2371/2002 y (CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354, p. 22).
19

La cour d’appel de Lyon declaró que no se deducía de ninguna estipulación mencionada por las partes ni de ningún otro elemento obrante en los autos que el comprador tuviera derecho a exigir al vendedor que llevase a cabo la prestación en caso de defecto cubierto por la garantía, en particular en caso de que el deudor designado en el contrato no cumpliera sus obligaciones. Según dicho órgano jurisdiccional, no puede considerarse que el revendedor haya subcontratado la ejecución de una obligación que no estaba obligado a realizar. Sin embargo, afirmó que con la entrega del impreso de garantía había surgido un nexo contractual directo entre el comprador y Mapfre Warranty, dado que el comprador podía exigir a la referida sociedad, y solo a ésta, que efectuase la intervención prometida y asumiese su coste. Añadió que una vez celebrado entre el comprador y un tercero que no era parte de la venta, este acuerdo contractual perseguía un objetivo propio y constituía un fin en sí mismo. Según dicho órgano jurisdiccional, en la medida en que Mapfre Warranty se comprometía, a cambio del pago de la cantidad acordada, a llevar a cabo en favor del asegurado la prestación convenida en el momento de la celebración del contrato en caso de que se produjera un daño de carácter aleatorio en la cosa asegurada, ésta desempeñaba una actividad de seguros.
6

La normativa aplicable a los hechos del presente asunto está constituida por el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (DO L 340, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). El Reglamento de base fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51). Este último Reglamento no es aplicable, ratione temporis, en el presente asunto.
31

En este contexto, el Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Está obligado de oficio el juez nacional, ya en virtud del principio de efectividad, ya en virtud del elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión [Europea] perseguido por la Directiva 1999/44, ya en virtud de otras disposiciones o normas de Derecho de la Unión, a examinar de oficio si el comprador es, en un contrato, un consumidor en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 1999/44? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿habrá de observarse lo mismo si los documentos obrantes en autos no contienen información fáctica (o ésta es insuficiente o contradictoria) para poder determinar la condición del comprador? 3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿habrá de observarse lo mismo en un procedimiento de apelación en el que el comprador no ha formulado ningún motivo contra la sentencia del juez de primera instancia en la medida en que en ésta no se ha realizado dicho examen (de oficio) y se ha renunciado expresamente a abordar la cuestión de si el comprador puede tener la consideración de consumidor? 4) ¿Debe considerarse que el artículo 5 de la Directiva 1999/44 constituye una norma equiparable a las normas nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de normas de orden público? 5) ¿Se oponen el principio de efectividad, o bien el elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión perseguido por la Directiva 1999/44, u otras disposiciones o normas del Derecho de la Unión, a la normativa neerlandesa relativa a la obligación de alegación y a la carga de la prueba del comprador-consumidor en relación con la obligación de comunicar al vendedor (en tiempo oportuno) la supuesta falta de conformidad del bien entregado? 6) ¿Se oponen el principio de efectividad, o bien el elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión perseguido por la Directiva 1999/44, u otras disposiciones o normas del Derecho de la Unión, a la normativa neerlandesa relativa a la obligación de alegación y a la carga de la prueba del comprador-consumidor de que la cosa no es conforme y que esta falta de conformidad se ha manifestado dentro de los seis meses siguientes a la entrega? ¿Qué significa la expresión «faltas de conformidad que se manifiesten», contenida en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 1999/44, y en particular: en qué medida debe el comprador-consumidor alegar hechos y circunstancias que afecten a (la causa de) la no conformidad? ¿Basta a tal fin con que el comprador-consumidor alegue y, en caso de ser rebatido de forma motivada, pruebe que la cosa comprada no funciona (correctamente), o debe también alegar y, en caso de ser rebatido de forma motivada, probar qué deficiencia de la cosa vendida causa (o ha causado) que ésta no funcione (correctamente)? 7) ¿Incide en la respuesta a las cuestiones anteriores el hecho de que, en las dos instancias de este procedimiento, la Sra. Faber haya estado asistida por un abogado?»
10

El Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 20; en lo sucesivo, «Reglamento no 4253/88»), dispone en su artículo 23, titulado «Control financiero», que: «1. A fin de garantizar el éxito de las acciones llevadas a cabo por promotores públicos o privados, en la ejecución de las mismas los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para: — verificar regularmente que las acciones financiadas por la Comunidad se han realizado correctamente; — prevenir y perseguir las irregularidades; — recuperar los fondos perdidos por abusos o negligencia. Salvo si el Estado miembro, el intermediario o el promotor prueban que no les es imputable el abuso o la negligencia en cuestión, el Estado miembro será responsable subsidiario del reembolso de las cantidades abonadas indebidamente. [...] Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas adoptadas al efecto y, en particular, comunicarán a la Comisión una descripción de los sistemas de control y gestión establecidos para garantizar una aplicación eficaz de las acciones. Informarán periódicamente a la Comisión del desarrollo de las diligencias administrativas y judiciales. [...] 2. Sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 206 del Tratado [CEE] y de cualquier inspección realizada en aplicación de la letra c) del artículo 209 del Tratado, las acciones financiadas por los Fondos estructurales y los sistemas de gestión y control podrán ser controlados in situ, en particular mediante sondeos, por funcionarios o agentes de la Comisión. [...] 3. Durante los tres años siguientes al último pago correspondiente a una acción, el organismo y las autoridades responsables pondrán a disposición de la Comisión todos los documentos justificativos relativos a los gastos y a los controles correspondientes a dicha acción.»