Palabras clave

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Palabras clave

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1. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas ° Retención de bienes en poder de una Institución ° Necesidad del levantamiento de la inmunidad por parte del Tribunal de Justicia, o bien de la renuncia de la Institución afectada

(Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 1)

2. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Incumplimiento de una retención de bienes de Derecho nacional ° Inexistencia de levantamiento de la inmunidad por parte del Tribunal de Justicia, o de renuncia a ésta ° Exclusión

(Tratado CEE, art. 215, párr. 2; Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 1)

3. Acuerdos internacionales ° Primer Convenio ACP-CEE de Lomé ° Disposiciones relativas a la cooperación financiera y técnica ° Procedimiento de contratación pública de obras y suministros ° Competencias respectivas del Estado ACP y de la Comisión ° Competencia del Estado ACP en materia de contratación ° Responsabilidad de la Comunidad a causa de la entrega de fondos, en las condiciones previstas, al Estado ACP interesado ° Exclusión

(Tratado CEE, art. 215, párr. 2; Primer Convenio ACP-CEE de Lomé, de 28 de febrero de 1975)

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1. Con arreglo al artículo 1 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, los bienes y activos de las Comunidades no podrán ser objeto de ninguna medida de apremio administrativo o judicial sin autorización del Tribunal de Justicia. De ello se desprende que la inmunidad es de pleno derecho y, si no existe autorización del Tribunal de Justicia, impide la ejecución de toda medida de apremio contra las Comunidades, sin que la Institución comunitaria afectada deba invocar expresamente la aplicación de la citada disposición, en particular, mediante un acto dirigido al solicitante de dicha medida. Es a este último a quién corresponde solicitar al Tribunal de Justicia que autorice el levantamiento de la inmunidad, salvo si la Institución afectada declara no formular objeción alguna en cuanto a la medida de apremio.

De ello se deduce que la posibilidad de practicar la retención en virtud del Derecho nacional, queda en suspenso mientras no sea levantada la inmunidad de las Comunidades, bien mediante renuncia de la Institución de que se trate, bien, en su caso, mediante autorización del Tribunal de Justicia, y ello con independencia de cualquier plazo fijado por el Derecho nacional.

2. En el marco de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, no puede reprocharse a una Institución el no haber llevado a efecto una retención de bienes de Derecho nacional, mientras dicha Institución no renuncie expresamente a su inmunidad, o mientras dicha inmunidad no sea levantada por el Tribunal de Justicia. En efecto, la inmunidad de que goza, se opone precisamente a la ejecución de la retención.

3. Con arreglo al procedimiento de contratación pública de obras y suministros establecido en el marco de la cooperación financiera y técnica instituida por el Primer Convenio ACP-CEE, los contratos públicos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo siguen siendo contratos nacionales, de manera que las empresas licitadoras o adjudicatarias de los contratos únicamente mantienen relaciones jurídicas con el Estado ACP responsable del contrato. Puesto que las intervenciones de la Comisión tienen únicamente por objeto comprobar si se cumplen o no los requisitos para la financiación comunitaria, la entrega de fondos por parte de la Comisión al Estado interesado, de conformidad con los requisitos previstos, no puede constituir un comportamiento irregular que pueda generar la responsabilidad de la Comunidad.