Palabras clave

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Palabras clave

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1. Cuestiones prejudiciales ° Competencia del Tribunal de Justicia ° Límites ° Solicitud de interpretación que no plantea un problema de naturaleza hipotética ° Obligación de pronunciarse

(Tratado CE, art. 177)

2. Transportes ° Transportes de mercancías ° Facilitación del paso de las fronteras ° Directiva 83/643/CEE ° Ambito de aplicación ° Transportes intracomunitarios ° Comercio con los países terceros ° Exclusión

[Directiva 83/643/CEE del Consejo, art. 1, ap. 1, y art. 5, ap. 1, letra a)]

3. Libre circulación de mercancías ° Comercio con los países terceros ° Derechos de aduana ° Exacciones de efecto equivalente ° Establecimiento unilateral por los Estados miembros ° Improcedencia ° Competencia exclusiva de la Comunidad

(Tratado CE, arts. 9 y 113)

4. Libre circulación de mercancías ° Comercio con los países terceros ° Prohibición de las exacciones de efecto equivalente establecida por acuerdos celebrados por la Comunidad o por normativas comunitarias en materia de agricultura ° Alcance idéntico al que se le reconoce en el marco intracomunitario

(Tratado CE, art. 9)

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1. Dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecido por el artículo 177 del Tratado, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, respecto a las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional se refieran a la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está en principio obligado a pronunciarse.

No ocurriría así si el Tribunal de Justicia tuviera que pronunciarse sobre un problema de naturaleza hipotética, pero no es este el caso cuando, aunque el Juez nacional no haya expuesto de forma exhaustiva el contexto fáctico y jurídico en el que se inscriben las cuestiones que plantea, el Tribunal de Justicia dispone de suficiente información sobre la situación que constituye el objeto del litigio principal para poder interpretar las normas de Derecho comunitario y responder de forma apropiada a las cuestiones que se le plantean.

2. Del apartado 1 del artículo de la Directiva 83/643, relativa a la facilitación de los controles físicos y de las formalidades administrativas en el transporte de mercancías entre Estados miembros, en su versión modificada por la Directiva 87/53, se deduce que, sin perjuicio de las disposiciones particulares en vigor que regulen los intercambios con los países terceros, las disposiciones de esta Directiva, y en particular el segundo guión de la letra a) del apartado 1 de su artículo 5, que establece el horario ordinario de apertura de las Oficinas de Aduanas en los puestos fronterizos, sólo se aplican al transporte de mercancías entre Estados miembros, quedando excluidos los intercambios con los países terceros y en especial los países miembros de la AELC.

3. So pena de causar un grave perjuicio tanto a la unicidad del territorio aduanero comunitario como a la uniformidad de la política comercial común, los Estados miembros no pueden imponer, únicamente en virtud de su legislación nacional, exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana sobre las importaciones procedentes de países terceros. Corresponde únicamente a la Comunidad, para garantizar que la tributación tenga una incidencia uniforme en todos los Estados miembros sobre los intercambios con los países terceros, fijar y, en su caso, modificar el nivel de los derechos y de las tasas que gravan los productos procedentes de dichos países.

4. En la hipótesis de que figure en los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados por la Comunidad con uno o varios países terceros que tengan por objeto la eliminación de los obstáculos al comercio así como en los Reglamentos del Consejo que establezcan una organización común de los mercados de diferentes productos agrícolas para el comercio con los países terceros, la prohibición de las exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana tiene el mismo alcance que el que se le reconoce en el marco del comercio intracomunitario. En efecto, dichos acuerdos, y con mayor motivo los Reglamentos en materia de agricultura, quedarían privados de una parte importante de su efecto útil si el concepto de exacción de efecto equivalente que figura en ellos debiera interpretarse en el sentido de que tiene un alcance más restrictivo que el del término idéntico contenido en el Tratado.