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Mediante su recurso de casación, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (en lo sucesivo, «PTMM») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de junio de 2015, PT Musim Mas/Consejo (T‑26/12, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:437), mediante la cual desestimó su recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1138/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de la India, Indonesia y Malasia (DO 2011, L 293, p. 1), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1241/2012 del Consejo, de 11 de diciembre de 2012, que modifica el Reglamento de Ejecución n.o 1138/2011 (DO 2012, L 352, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Reglamentos controvertidos»).
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El artículo 12, apartados 3 y 3 bis, del decreto legislativo n. 286 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo n.o 286, por el que se aprueba el texto único de las disposiciones reguladoras de la inmigración y de las normas sobre el estatuto del extranjero), de 25 de julio de 1998 (Suplemento ordinario de la GURI n.o 191, de 18 de agosto de 1998), en su versión modificada por la legge n. 94 (Ley n.o 94), de 15 de julio de 2009 (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 286/1998»), dispone lo siguiente: «3. Salvo que los hechos sean constitutivos de un delito más grave, todo aquel que, infringiendo las disposiciones de este texto único, promueva, dirija, organice, financie o realice el transporte de extranjeros a Italia o lleve a cabo otros actos cuyo objeto sea permitirles entrar ilegalmente en Italia o en el territorio de otro Estado del que no son nacionales o en el que no disponen de permiso de residencia permanente será castigado con la pena de prisión de cinco a quince años y multa de 15000 euros por cada persona cuando: a) los hechos guarden relación con la entrada o la estancia ilegal en Italia de cinco o más personas; b) la vida o la integridad de la persona transportada se hayan puesto en peligro para procurarle la entrada o la estancia ilegal en el territorio; c) la persona transportada haya sido sometida a trato inhumano o degradante para procurarle la entrada o la estancia ilegal en el territorio; d) cometan los hechos tres o más personas que actúen conjuntamente, o utilizando servicios de transporte internacionales o documentos falsificados o alterados o, en cualquier caso, obtenidos de forma ilícita; e) los autores de los hechos dispongan de armas o material explosivo. 3 bis. Cuando los hechos mencionados en el apartado 3 se cometan adoptando dos o más de las conductas contempladas en las letras a), b), c), d) y e) del mismo apartado, se incrementará la pena prevista en éste.»
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Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, aparentemente, la extinción de tales derechos de autor antes del 1 de julio de 1995 no fuera compatible con el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna, según el cual el goce y el ejercicio de los derechos de autor no están subordinados a ninguna formalidad.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO 2000, L 109, p. 29), y del artículo 2, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18).
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Las reglas que determinan el modo de cálculo de las tarifas reguladas se establecen en el décret n.o 2009‑1603, du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (Decreto n.o 2009‑1603, de 18 de diciembre de 2009, relativo a las tarifas reguladas de venta de gas natural) (JORF de 22 de diciembre de 2009, p. 22082), en su versión modificada por el Decreto n.o 2013‑400, de 16 de mayo de 2013 (JORF de 17 de mayo de 2013, p. 8189) (en lo sucesivo, «Decreto n.o 2009‑1603»).
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El artículo 13, apartado 1, de la Directiva del IVA dispone: «Los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones en las que actúen como autoridades públicas, ni siquiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones. No obstante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones significativas de la competencia. En cualquier caso, los organismos de Derecho público tendrán la condición de sujetos pasivos en relación con las actividades que figuran en el anexo I, excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante.»
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En cambio, según la opinión minoritaria en el seno del órgano jurisdiccional remitente, el depositario autorizado sólo puede ser considerado responsable solidario del pago de los impuestos especiales, pero no del pago de las cantidades correspondientes a las sanciones pecuniarias impuestas a los autores de los actos de contrabando. A su juicio, ni de la normativa griega ni de la Directiva 92/12 resulta que quepa legalmente presumir que el depositario autorizado sea el propietario de los bienes que almacena, que salen de su depósito fiscal y que son enviados a un país tercero en régimen suspensivo de impuestos especiales hasta que éstos lleguen a su destino regular o hasta que abandonen el territorio de la Unión. Tampoco resulta de tal normativa ni de la citada Directiva que, hasta la salida de los bienes de dicho régimen suspensivo, quepa legalmente presumir que las personas físicas que intervienen, en la condición que sea, en la circulación de tales mercancías actúen como mandatarios o representantes del depositario autorizado. Así pues, la responsabilidad agravada preconizada por la opinión mayoritaria en el seno del órgano jurisdiccional remitente no se exige para garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 92/12 y se enfrenta a diversos principios del Derecho de la Unión. Por un lado, sería contraria al principio de seguridad jurídica, en particular, al principio de claridad y previsibilidad de las restricciones a la libertad de empresa y al derecho de propiedad del depositario autorizado. Por otro lado, sería contraria al principio de proporcionalidad, en la medida en que sería manifiestamente excesivo imponer al depositario autorizado la obligación de pagar multas administrativas, que según establece la ley, ascienden como mínimo al doble de los impuestos debidos, con independencia de su importe, para infracciones resultantes de conductas dolosas de terceros, que no tienen ninguna de las condiciones mencionadas en el artículo 108 del Código Aduanero y en las que dicho depositario, que demostró la diligencia adecuada, no puede tener influencia alguna.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 18, letra c), y del artículo 187 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009 (DO 2010, L 10, p. 14) (en lo sucesivo, «Directiva IVA»).
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Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd e Invacare International SARL y, por otro, los Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administración tributaria y de aduanas; en lo sucesivo, «administración tributaria»), en relación con la clasificación arancelaria de escúteres eléctricos de movilidad.
Cuando, tras la anulación de una Decisión adoptada tomando como base las disposiciones del Tratado CECA y por la que se declaraba la existencia de una infracción del artículo 65 CA, la Comisión readopta la Decisión anulada, después de que haya expirado ese Tratado, basándose en los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, es preciso que el procedimiento que desemboca en esa nueva Decisión respete las normas de procedimiento establecidas en ese Reglamento, aunque dicho procedimiento se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este último.

Habida cuenta de que el procedimiento destinado a reemplazar el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad, la Comisión no está obligada a formular un nuevo pliego de cargos antes de readoptar una Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 65 CA y que fue anulada porque la Comisión carecía de competencia para adoptarla tomando como base las disposiciones del Tratado CECA, que ya no estaba vigente en la fecha en que se adoptó esa Decisión.

Sin embargo, con arreglo al artículo 12 del Reglamento n.o 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], esta última debe dar a las partes a las que haya enviado un pliego de cargos la oportunidad de exponer sus argumentos oralmente en una audiencia, si así lo solicitan en sus alegaciones por escrito. De ello se deduce que la Comisión está obligada, con arreglo a los artículos 12 y 14 del Reglamento n.o 773/2004, a dar a las partes la oportunidad de exponer sus argumentos oralmente en una audiencia a la que haya invitado a las autoridades de competencia de los Estados miembros.

Como en el procedimiento establecido por los Reglamentos n.o 1/2003 y n.o 773/2004 reviste gran importancia la celebración de una audiencia a petición de las partes afectadas, a la que, con arreglo al artículo 14, apartado 3, de este segundo Reglamento, debe invitarse a las autoridades de competencia de los Estados miembros, la omisión de esta audiencia constituye un vicio sustancial de forma. Al no haberse respetado el derecho a la celebración de tal audiencia, establecido por el Reglamento n.o 773/2004, es innecesario que la empresa cuyos derechos fueron así violados demuestre que esa violación pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión impugnada. Por lo tanto, dicho procedimiento está inevitablemente viciado, con independencia de las consecuencias eventualmente perjudiciales para la empresa afectada que esa violación pueda haber producido.

(véanse los apartados 28, 29, 32, 35, 36, 40, 41, 45, 46 y 48 a 50)
Derechos fundamentales—Convenio Europeo de Derechos Humanos—Instrumento no integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión

Derechos fundamentales—Principio ne bis in idem—Requisitos para su aplicación—Acumulación de procesos y de sanciones de carácter penal—Criterios de apreciación—Calificación jurídica de la infracción en Derecho interno, naturaleza de la infracción y gravedad de la sanción impuesta

Derechos fundamentales—Principio ne bis in idem—Requisitos para su aplicación—Existencia de la misma infracción—Criterio de apreciación—Identidad de los hechos materiales

Derechos fundamentales—Principio ne bis in idem—Limitación—Normativa nacional que permite la acumulación de una sanción administrativa de carácter penal y de una sanción penal—Procedencia—Requisitos—Limitación que debe responder a un objetivo de interés general—Objetivo de garantizar la percepción de la totalidad del IVA devengado—Inclusión

Derechos fundamentales—Principio ne bis in idem—Limitación—Normativa nacional que prevé la acumulación de una sanción administrativa de carácter penal y de una sanción penal—Procedencia—Requisitos—Respeto del principio de proporcionalidad—Alcance

Derechos fundamentales—Principio ne bis in idem—Consagración en los artículos 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 4 del Protocolo n.o 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos—Sentido y alcance idénticos—Nivel de protección garantizado por la Carta que no menoscaba el garantizado por dicho Convenio

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 50, 52, ap. 3, y 53)
[Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 9, ap. 1, letra b), y 15, ap. 1]

Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de nulidad absoluta—Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Marcas que pueden inducir al público a error—Concepto—Titular de la marca que no garantiza, mediante controles de calidad periódicos de sus licenciatarios, la veracidad de las expectativas de calidad que el público asocia con esa marca—Exclusión

[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra g), y 52, ap. 1, letra a)]
La Comisión no tiene que analizar si se satisfacen los requisitos que estableció la jurisprudencia Altmark, en particular los requisitos segundo y cuarto, a la hora de examinar una medida con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2. En efecto, el control de la observancia de los requisitos establecidos por dicha jurisprudencia se efectúa en un momento anterior, a saber, el momento en que se analiza si las medidas en cuestión deben ser calificadas de ayudas de Estado. Esta cuestión es, en efecto, previa a la eventual verificación de si una ayuda incompatible es, no obstante, necesaria para el cumplimiento de la misión confiada al beneficiario de la medida de que se trate, en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 2.

En cambio, una vez que la Comisión, tras constatar que una medida debe ser calificada de ayuda, en particular porque la empresa beneficiaria no logra salvar el test de la comparación con una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, pasa a examinar si dicha ayuda podría estar justificada con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, ya no procede aplicar los requisitos establecidos por la jurisprudencia Altmark.

(véanse los apartados 33 a 35)
El artículo 8 de la Decisión 2011/695, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia, pretende hacer efectiva, en el plano procedimental, la protección que otorga el Derecho de la Unión a los datos de que ha tenido conocimiento la Comisión en los procedimientos de aplicación de las normas sobre competencia. Esa protección debe entenderse referida a cualquier motivo que pudiera justificar la protección de la confidencialidad de la información de que se trate.

De aquí se sigue que los posibles motivos para restringir la divulgación de información como la comunicada por la recurrente a la Comisión esperando obtener su clemencia no se limitan a los basados exclusivamente en las normas que tienen por objeto proteger específicamente esa información contra su revelación al público y que el consejero auditor debe examinar cualquier objeción basada en un motivo en que el interesado invoque las normas o principios del Derecho de la Unión para reclamar que se proteja la confidencialidad de la información de que se trate. En efecto, el alcance del artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2011/695 se reduciría notablemente si se interpretara que este precepto sólo permite la exclusiva toma en consideración por parte del consejero auditor de las normas que tienen por objeto específico proteger la información contra su revelación al público, como las normas incluidas en el Reglamento n.o 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, o en el Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

(véanse los apartados 51, 54 y 55)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para conocer de la validez del artículo 21, apartado 2, del Reglamento n.o 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

En efecto, el artículo 267 TFUE, párrafo primero, letra b), atribuye al Tribunal de Justicia competencia para pronunciarse, con carácter prejudicial, tanto sobre la interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión como sobre la validez de tales actos. Éste no es el caso de las adaptaciones que figuran en el anexo de un acta de adhesión, que son objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante, y no constituyen un acto de una institución, sino que son disposiciones del Derecho primario que no podrán ser suspendidas, modificadas o derogadas por procedimientos distintos de los previstos para la revisión de los Tratados originarios. A este respecto, el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 1768/92, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, fue añadido por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión. El Reglamento n.o 469/2009 codificó el Reglamento n.o 1768/92, de modo que el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 1768/92 pasó a ser el artículo 21, apartado 2, del Reglamento n.o 469/2009.

(véanse los apartados 26, 27, 29, 30 y 33 y el punto 1 del fallo)
—

se opone a una legislación nacional que priva del derecho a una compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas a un trabajador cuya relación laboral haya finalizado en virtud de su solicitud de jubilación y no haya tenido la posibilidad de agotar sus derechos antes de la extinción de la relación laboral. A este respecto, es irrelevante el motivo o causa de la extinción de la relación laboral. Por consiguiente, la circunstancia de que un trabajador ponga fin por voluntad propia a la relación laboral no tiene incidencia alguna en su derecho a percibir, en su caso, una compensación económica en concepto de los derechos a vacaciones anuales retribuidas que no haya podido agotar antes de la extinción de la relación laboral;
Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Suspensión o reducción de una ayuda financiera como consecuencia de la existencia de irregularidades — Existencia de un plazo de caducidad para la adopción de la decisión por la Comisión — Inicio del cómputo

[Reglamento (CE) n.o 1164/94 del Consejo, anexo II, art. H, ap. 2, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) n.os 1264/1999 y 1265/1999; Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, art. 100, ap. 5; Reglamento (CE) n.o 1386/2002 de la Comisión, art. 18, ap. 3]
El artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben interpretarse en el sentido de que una situación en la que una persona que, presentando su candidatura a un empleo, no pretende obtener dicho empleo, sino sólo la condición formal de candidato con el único propósito de reclamar una indemnización, no está comprendida en el concepto de «acceso al empleo o a la ocupación» en el sentido de tales disposiciones y puede ser calificada de abuso de derecho si concurren los elementos exigidos con arreglo al Derecho de la Unión.

En efecto, según la propia denominación de tales Directivas, éstas versan sobre el empleo y la ocupación.

Ahora bien, una persona que presenta su candidatura a un empleo en circunstancias como las antes citadas no pretende manifiestamente obtener el empleo al que opta formalmente. En consecuencia, no puede prevalerse de la protección ofrecida por las Directivas 2000/78 y 2006/54. Una interpretación contraria sería incompatible con el objetivo perseguido por tales Directivas, que consiste en garantizar a toda persona la igualdad de trato «en asuntos de empleo y ocupación», ofreciéndole una protección eficaz contra determinadas discriminaciones, en particular por lo que respecta al «acceso al empleo».

Además, dicha persona no puede, en tales circunstancias, ser considerada una «víctima», en el sentido de los artículos 17 de la Directiva 2000/78 y 25 de la Directiva 2006/54, o una «persona [dañada]» que ha sufrido un «perjuicio», en el sentido del artículo 18 de la Directiva 2006/54.

(véanse los apartados 31, 35, 36 y 44 y el fallo)
las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada no pueden modificar el alcance de las partidas arancelarias de la Nomenclatura Combinada.

la circunstancia de que un vehículo pueda ser utilizado por personas no inválidas es irrelevante a efectos de la clasificación en la partida 8713 de la Nomenclatura Combinada;

La partida 8713 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1810/2004, debe interpretarse en el sentido de que:

El término «inválidos», mencionado en la partida 8713 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1810/2004, debe interpretarse en el sentido de que designa a las personas que sufren una limitación no marginal de su capacidad para caminar, siendo irrelevante la duración de esta limitación y la posible presencia de otras limitaciones de capacidades.

(véanse el apartado 34 y el punto 2 del fallo)