En opinión del Gobierno del Reino Unido, por empezar por la primera cuestión, las objeciones de la Comisión iban dirigidas ante todo contra la fecha de entrada en vigor de la medida británica, pero no contra su posterior mantenimiento. Así pues, considera que las reservas formuladas por la Comisión se referían únicamente a la entrada en vigor prematura de la medida controvertida, ya que, en su opinión, la medida fue aprobada a condición de que no entrara en vigor antes del 1 de septiembre de 1979. Pero a partir de dicha fecha, según el Gobierno británico, procede observar la coincidencia de la medida nacional con la propuesta de la Comisión, lo que implica, a su juicio, que la medida nacional, que tuvo en cuenta, a ese respecto, tanto los intereses comunitarios como los nacionales, no puede seguir considerándose contraria al Derecho comunitario. Por último, según el Gobierno británico, el Tribunal manifestó también claramente en su sentencia en el asunto 804/79 que la violación del Tratado imputada al Reino Unido se refería a la entrada en vigor prematura de la medida. Con todo, según afirma, la práctica muestra que, a menudo, la Comisión también ha aprobado medidas nacionales a posteriori. En caso de que no se acepte esta tesis, la negativa a aprobar la medida constituiría en todo caso un abuso de Derecho.

No obstante, tal como también señalan las demás partes interesadas en el procedimiento, estas consideraciones resultan poco convincentes desde varios puntos de vista. Como ya he indicado, de la sentencia dictada en el asunto 804/79 se desprende claramente que, con arreglo a las disposiciones de Derecho comunitario, tras la expiración del período transitorio contemplado en el artículo 102 del Acta de adhesión los Estados miembros, en caso de omisión del Consejo, tenían la obligación, antes de adoptar una medida de conservación, de consultar a la Comisión de forma detallada y recabar su aprobación; por otra parte, según la sentencia, los Estados miembros no tienen la facultad de adoptar medidas de conservación nacionales en contra de las objeciones, reservas o condiciones de la Comisión. En consecuencia, las medidas adoptadas por un Estado miembro infringiendo dichos deberes de acción y omisión son incompatibles con el Derecho comunitario.

Partiendo de esta situación jurídica, el Tribunal señaló a continuación que ya la consulta realizada por el Gobierno del Reino Unido había sido poco satisfactoria y que no había tenido en cuenta las exigencias contenidas en las decisiones del Consejo. Además, según el Tribunal, la Comisión expresó sus reservas desde el inicio mismo del procedimiento de consulta, reiterándolas expresamente el 22 y el 27 de junio, tras haber tenido conocimiento del tenor de la medida prevista, comunicando su intención de no aprobar la medida hasta que un examen más detallado de la misma permitiera encontrar un principio de acuerdo.

Por lo que respecta a la cuestión de los motivos de la Comisión para formular sus objeciones, el Tribunal realizó una apreciación perfectamente clara en la sentencia antes citada, al subrayar que:

«Las críticas expresadas por la Comisión se basan en la consideración de que este tipo de medidas sólo pueden ser eficaces si se adoptan para el conjunto de la Comunidad, que el Consejo hubiera podido adoptarlas con arreglo a las disposiciones del Tratado si el propio Reino Unido no hubiera bloqueado el proceso de decisión en el seno de dicha Institución y que, al aprobar unilateralmente las medidas controvertidas, el Reino Unido invadió una competencia que, desde el 1 de enero de 1979, corresponde plenamente a la Comunidad.»

En cambio, la Comisión sólo examinó el contenido de las diferentes medidas adoptadas con carácter subsidiario, para poner de manifiesto que, aun cuando se tratara efectivamente de medidas de conservación, su aprobación -ya fuera en razón de la fecha de su entrada en vigor o de sus modalidades de aplicación- vulneraba el principio de igualdad de trato de todos los pescadores de la Comunidad. Por lo tanto, de estas apreciaciones se desprende claramente que las objeciones formuladas por la Comisión no se referían únicamente a la fecha de entrada en vigor de las medidas británicas. Además, de ello también se desprende que, si bien en el momento del arresto del inculpado la medida británica controvertida coincidía, por su contenido, con las medidas de conservación propuestas por la Comisión, el paso del tiempo no había resuelto hasta entonces la principal objeción formulada por la Comisión.

En este contexto, no debe olvidarse tampoco que las propuestas de la Comisión, que tienen como destinatario al Consejo y no a los Estados miembros, constituyen el punto de partida de una acción comunitaria concertada y que, por consiguiente, no es posible, por principio, interpretarlas como una aprobación de un acto arbitrario de un Estado miembro en un ámbito que corresponde a la competencia de la Comunidad. En aras, principalmente, de la seguridad jurídica, debe exigirse que, cuando la Comisión haya formulado expresamente objeciones, reservas o condiciones con anterioridad a la adopción de una medida por parte de un Estado miembro, éstas sólo puedan considerarse suprimidas cuando la Comisión haya hecho saber posteriormente de manera inequívoca su intención de no mantener sus reparos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha detectado ningún indicio en este sentido. Antes al contrario, en la comunicación publicada a este respecto en el Diario Oficial C 133, de 4.6.1980 (p. 2), relativa a las diferentes medidas de conservación nacionales en el sector de la pesca que deben ser objeto de aprobación por parte de la Comisión, ésta, con fecha 3 de agosto de 1979, manifestó que persistía en su desaprobación de la medida al aprobar la designación de la lubina común como especie protegida «sin aprobar la Orden como tal». Si, a partir del 1 de septiembre de 1979, la Comisión hubiera deseado considerar que sus objeciones habían quedado resueltas, es de suponer que dicha circunstancia se hubiera puesto de manifiesto también en el procedimiento por violación del Tratado CEE seguido contra el Reino Unido, que no concluyó hasta mayo de 1981.

Tal como fundadamente señaló el Gobierno del Reino Unido, en mis conclusiones en aquel asunto, presentadas el 12 de febrero de 1981, dejé claro que la aprobación de una medida de un Estado miembro puede producirse también de manera tácita. No obstante, lógicamente no cabe hablar de semejante aprobación tácita cuando, ya desde el inicio del procedimiento de consulta, la Comisión manifestó sus reservas y mantuvo expresamente sus objeciones. El argumento del Gobierno del Reino Unido, según el cual en otros casos la Comisión ha convalidado a posteriori medidas que ya habían sido puestas en vigor por los Estados miembros, en modo alguno puede modificar este razonamiento, ya que, en esos otros casos, no cabía excluir la aprobación tácita de las medidas controvertidas. En todo caso, como también subrayó este Tribunal en su sentencia en el asunto 804/79, tales casos no son comparables con las medidas del Reino Unido impugnadas, con respecto a las cuales la Comisión expuso sus reservas desde el mismo inicio del procedimiento de consulta, y en contra de las cuales mantuvo expresamente sus objeciones.

Por último, una consideración de política legislativa impide suponer, por lo demás, que el carácter ilícito de la medida impugnada quedara subsanado posteriormente por el hecho de coincidir con la propuesta de la Comisión. Si se admitiera semejante subsanación sin proceder a una nueva consulta a la Comisión, ello supondría que, en todos aquellos casos en que una propuesta de la Comisión no fuera aprobada por el Consej o, los Estados miembros podrían adoptar medidas nacionales equivalentes, lo que no siempre garantizaría la salvaguardia del interés común, por ejemplo en caso de una modificación de los factores biológicos y técnicos relevantes.

En conclusión, ello significa que, desde el punto de vista del Derecho comunitario, sólo sería improcedente poner en tela de juicio la medida controvertida en el caso de que el Reino Unido hubiera consultado de nuevo a la Comisión sobre la medida antes del 1 de septiembre de 1979, observando todos los requisitos de procedimiento con el fin de garantizar un examen detallado. Al no haberlo hecho, tampoco puede imputarse a la Comisión el haber cometido un abuso de Derecho al negarse a aprobar la medida a posteriori.