ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión — Exigencia de una inobservancia manifiesta y grave de los límites de su facultad de apreciación por parte de las instituciones — Negativa a prorrogar la fecha límite para la retirada de leche desnatada en polvo en el marco del programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión en el año 2010 — Inexistencia de violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión — Responsabilidad de la Unión no nacida [Art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, art. 191; Reglamento (CE) n.o 1111/2009 de la Comisión, art. 3, ap. 1] (véanse los apartados 55, 65, 69 a 72, 75, 78, 79 y 83)
4.

Marca de la Unión Europea — Presentación de la solicitud de marca de la Unión — Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca — Exigencias de claridad y de precisión — Determinación, por parte de las autoridades competentes y los operadores económicos, del alcance de la protección que confiere la marca [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 26, ap. 1, letra c); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 2, ap. 2] (véase el apartado 34)
El objeto del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria, que evita exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que ésta se halla registrada, consiste en permitir que el titular de la marca aporte al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme al objeto de esta disposición, se debe considerar que sólo están comprendidas en su ámbito de aplicación material los supuestos en los que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que ésta se registró constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente. En esos supuestos, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición antes citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio.

Siendo así, no basta que el elemento dominante de la marca anterior en su forma registrada se reproduzca en el signo utilizado para que se reconozca que éste no altera el carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada. La apreciación de la alteración del carácter distintivo consiste en la comparación de la marca anterior en su forma registrada con el signo utilizado para valorar si esa marca y ese signo difieren o no por elementos insignificantes y si se pueden considerar como globalmente equivalentes.

(véanse los apartados 18 y 34)
El primer párrafo del artículo 55, apartado 1, del Reglamento no 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader, constituye la norma principal o general en lo que concierne a los gastos subvencionables en caso de inversiones, y el segundo párrafo establece una solución diferente para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, lo que permite calificarlo, en todo caso, de una norma específica. Sin embargo, tal calificación no equivale necesariamente a la de una excepción en sentido estricto, sino que puede indicar la existencia de un régimen específico y distinto respecto del régimen establecido mediante la norma principal o general. A este respecto, no se desprende claramente del párrafo segundo mencionado si la intención del legislador de la Unión era establecer una excepción en sentido estricto o únicamente autorizar a los Estados miembros a crear un régimen específico para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, puesto que los términos «no obstante» e «y exclusivamente», leídos conjuntamente, pueden interpretarse en ambos sentidos. Así pues, la coexistencia en la misma frase de los dos elementos limitativos no aporta una indicación suficientemente clara y precisa para resolver la cuestión de si el segundo párrafo constituye una excepción en sentido estricto o se limita a introducir la posibilidad de establecer un régimen distinto y específico para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

De ello se desprende que no se aplica necesariamente la jurisprudencia inspirada por el principio de Derecho romano singularia non sunt extendenda según la cual las normas de Derecho de la Unión que establecen excepciones deben ser objeto de interpretación estricta para preservar el efecto útil de la norma general que dejan inaplicada, puesto que tal interpretación estricta no se impone si el segundo párrafo del artículo 55, apartado 1, del Reglamento no 1974/2006 ha de calificarse de régimen distinto y específico para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

(véanse los apartados 28 a 30)
Sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2015 — Société des produits Nestlé/OAMI — Terapia (ALETE)

(Asunto T‑544/14)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa ALETE — Marca nacional denominativa anterior ALETA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Suspensión del procedimiento administrativo — Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 2868/95»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Suspensión del procedimiento — Requisitos [Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 20, ap. 7, letra c), y 50, ap. 1] (véanse los apartados 24 a 27)

2. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3] (véase el apartado 46)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 19 de mayo de 2014 (asunto R 1128/2013‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre Terapia SA y Société des produits Nestlé SA.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 19 de mayo de 2014 (asunto R 1128/2013‑4).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
5.

Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las obtenciones vegetales — Examen técnico — Toma en consideración de un carácter no previsto por las directrices en vigor — Improcedencia — Autorización retroactiva de la utilización de tal carácter por el presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales — Improcedencia [Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, art. 56, ap. 2; Reglamento (CE) no 1239/95 de la Comisión, arts. 22 y 23] (véanse los apartados 87, 92 y 93)
En el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, el signo en cuestión debe utilizarse como elemento distintivo en el sentido de que debe permitir identificar una actividad económica ejercida por su titular.

Sin embargo, ello no significa que la función del uso de un signo, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009, deba ser exclusivamente identificar el origen comercial de los productos o servicios de que se trate.

En efecto, esa disposición es aplicable a las marcas no registradas y a cualquier «otro signo» utilizado en el tráfico económico. En este contexto, y a falta de indicación en contrario, la función del uso del signo de que se trate puede ser, dependiendo de la naturaleza de dicho signo, no sólo la identificación por el público pertinente del origen comercial del producto, sino también, en particular, la identificación de su origen geográfico y de las cualidades particulares que le son propias o de las características en que se basa su reputación. El signo en cuestión, dependiendo de su naturaleza, puede calificarse por tanto de elemento distintivo cuando sirve para identificar los productos o servicios de una empresa con respecto a los de otra, pero también, en particular, cuando sirve para identificar determinados productos o servicios con respecto a otros productos o servicios similares. Una interpretación diferente equivaldría a excluir del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009 los signos que son utilizados por varios operadores o que se utilizan conjuntamente con marcas, a pesar de que esa disposición no establece tal exclusión.

(véanse los apartados 27 a 29)
La definición del término «logístico», que se menciona en los artículos 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413 y 23, apartado 2, letra d), del Reglamento no 267/2012, sobre medidas restrictivas contra Irán, no se limita a las actividades de transporte de mercancías o personas, ya que por lo común se interpreta que abarca cualquier actividad relativa a la organización y aplicación de una operación o proceso complejo. Así pues, la logística es un concepto transversal que puede incluir distintos tipos de operaciones, como el aprovisionamiento de materias primas, la gestión de materiales, la entrega de productos o incluso su manipulación. Por consiguiente, debe considerarse que, a efectos de las disposiciones antes mencionadas, apoyo logístico es cualquier actividad que, aun cuando no tenga por sí misma vínculo directo o indirecto alguno con la proliferación nuclear, pueda, por su importancia cuantitativa y cualitativa, potenciarla, al permitir que el Gobierno de Irán haga frente a determinadas necesidades logísticas, como es el caso en el presente asunto del sector petrolero y gasístico, que le genera cuantiosos ingresos.

Pues bien, las actividades en ingeniería, construcción y mantenimiento de una entidad que se dedica al ámbito de la ingeniería, la construcción y el montaje de instalaciones marinas y terrestres para proyectos del petróleo y del gas y que se presenta como la contratista pionera de Irán en el ámbito de la construcción e instalación de instalaciones marinas son imprescindibles para el buen funcionamiento de la industria gasística y petrolera iraní. Sin instalaciones de perforación, extracción y transporte, y en particular gaseoductos y oleoductos, dicha industria no podría funcionar. Consiguientemente, por su importancia cualitativa y cuantitativa, las instalaciones y la ejecución de proyectos de dicha entidad son necesarias para que hacer frente a las necesidades del sector petrolero y gasístico de Irán, que está controlado por el Gobierno del país a través de distintas empresas estatales. Por ello, la prestación de dicho apoyo logístico por parte de dicha entidad a ese Gobierno cumple el criterio establecido en los artículos 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413 y 23, apartado 2, letra d), del Reglamento no 267/2012, en la medida en que, según los considerandos 22 de la Decisión 2010/413 y 8 de la Decisión 2012/35, para Irán se derivan de su sector energético cuantiosos ingresos que le permiten financiar actividades nucleares relacionadas con la proliferación.

Por ello, el Consejo no incurre en error de apreciación incluyendo el nombre de dicha entidad en las listas de personas y entidades sancionadas por el apoyo logístico que ésta presta al Gobierno de Irán.

(véanse los apartados 53 a 55)
4

En consecuencia, el nombre del demandante fue incluido en la lista del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012 , relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1), mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 1264/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento no 267/2012 (DO L 356, p. 55).
106

Por lo demás, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, en la medida en que, al adoptarse una Directiva, una sustancia no fuera objeto de una evaluación, por parte de las autoridades competentes, con arreglo a los criterios enunciados por dicha Directiva, y en la medida en que cada sustancia presente unas características propias, esa sustancia aún no evaluada de acuerdo con los mencionados criterios no se encuentra en la misma situación, en lo que al principio de igualdad de trato se refiere, que la que fue objeto de tal evaluación (sentencia de 12 de julio de 2005, Alliance for Natural Health y otros, C‑154/04 et C‑155/04, Rec, EU:C:2005:449, apartados 116 y 117). Si bien el contexto en el que fue adoptada la Decisión impugnada difiere del que caracteriza al asunto que dio origen a esa sentencia, puede considerarse, habida cuenta de dicho contexto, que, al haber sido objeto de una evaluación y de una medida adoptada por las autoridades danesas sobre la base del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2006/42, la Multione S630 se encontraba, a efectos del control que debía efectuar la Comisión con arreglo al apartado 3 de ese artículo, en una situación diferente de la de las máquinas polivalentes análogas existentes en el mercado danés.
2)

Condenar a TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV y Sambucus eV a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
1.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de un derecho anterior previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 34 a 36)
1.

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Período de validez de las ofertas — Objeto — Posibilidad que tiene el poder adjudicador de solicitar a los licitadores que prorroguen dicha validez — Obligación del poder adjudicador de concluir la evaluación de las ofertas antes de que expire la validez de éstas — Inexistencia — Consecuencias de la evaluación extemporánea [Reglamentos de la Comisión (CE) no 2342/2002, art. 130, ap. 2, letra c), y Delegado (UE) no 1268/2012, art. 138, ap. 2, letra c)] (véanse los apartados 23 a 27)
Asunto T‑544/13

Dyson Ltd

contra

Comisión Europea

«Directiva 2010/30/UE — Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada — Reglamento Delegado (UE) no 665/2013 — Competencia de la Comisión — Igualdad de trato — Obligación de motivación»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 11 de noviembre de 2015

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 38, 39, 47 y 53)

El artículo 7 del Reglamento no 665/2013, que complementa la Directiva 2010/30 en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras, dispone que la Comisión, dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Reglamento, procederá a revisar sus disposiciones atendiendo a los avances tecnológicos que hayan podido producirse, y que la revisión evaluará en particular si es viable utilizar métodos de medición que se basen en un colector que esté parcialmente lleno en lugar de vacío. Por tanto, los fabricantes de aspiradoras con bolsa, a la vista de dicha disposición, habrán de responder a los posibles retos de la evolución futura. Así pues, no puede afirmarse categóricamente que el citado Reglamento no incitará a los fabricantes de aspiradoras a optar por diseños que conlleven una mejora de la eficiencia energética. (véanse los apartados 62 a 64)

La Comisión, al ejercer su facultad de apreciación en el marco de la adopción del Reglamento no 665/2013, que complementa la Directiva 2010/30 en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras, debe basar su elección de los métodos para la medición de la eficiencia energética en criterios objetivos, conforme a los fines perseguidos por la Directiva 2010/30, que consisten en suministrar a los consumidores una información fiable y uniforme, para que puedan elegir productos más eficientes. La aplicación de un método uniforme, sea cual sea su modalidad, como el previsto en dicho Reglamento, para medir el poder de limpieza de las aspiradoras con bolsa, de las aspiradoras sin bolsa y de las aspiradoras de tecnología «ciclónica», no vulnera el principio de igualdad de trato, puesto que las mediciones distintas de las aplicadas por la Comisión, propuestas por fabricantes de aspiradoras sin bolsa, no fueron objeto de pruebas del tipo «interlaboratorios», y tampoco reúnen a un tiempo los tres requisitos de fiabilidad, exactitud y reproducibilidad. En efecto, tal circunstancia constituye una razón objetiva que justifica que se dispense un trato uniforme a aspiradoras basadas en distintas tecnologías, como ocurre con las aspiradoras con bolsa y las aspiradoras sin bolsa. (véanse los apartados 86, 93, 94, 102, 103 y 108 a 110)
11.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 76)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 1 de julio de 2014 — You‑View.tv/OAMI — YouView TV (YouView+)

(Asunto T‑480/13)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa YouView+ — Marca Benelux figurativa anterior You View You-View.tv — Presentación extemporánea de documentos — Facultad de apreciación conferida por el artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Concepto de “disposición en contrario” — Regla 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2868/95»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Juicios declarativos — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3] (véase el apartado 15)

2. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Orden conminatoria dirigida a la Oficina — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 6] (véase el apartado 17)

3. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Falta de alegación de hechos y de presentación de pruebas en apoyo de la oposición dentro del plazo concedido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 2; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 20, ap. 1] (véanse los apartados 24 y 25)

4. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Interés en ejercitar la acción — Competencia reglada de la Oficina — Inexistencia de interés (véase el apartado 32)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de junio de 2013 (asunto R 2112/2012-4) relativa a un procedimiento de oposición entre You-View.tv y YouView TV Ltd.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 18 de junio de 2013 (asunto R 2112/2012-4) relativa a un procedimiento de oposición entre You-View.tv y YouView TV Ltd.

2) Desestimar las demás pretensiones del recurso.
3

En la Decisión de 2007, la Comisión declaró que, entre el 15 de abril de 1988 y el 11 de mayo de 2004, había existido en el mercado de los GIS del Espacio Económico Europeo (EEE) una infracción única y continua del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo e impuso a los destinatarios de dicha Decisión, que eran unos productores europeos y japoneses de GIS, unas multas cuyo importe se había calculado con arreglo a la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas») y en la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).
151

En efecto, al igual que la Comisión, se debe señalar que la cuestión de la prueba científica de las declaraciones a las que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento no 1924/2006 fue abordada en un documento emitido por la Comisión el 14 de diciembre de 2007, accesible en su sitio Internet, titulado «Guidance on the implementation of regulation no 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods — Conclusions of the standing committee on the food chain and animal health» (Orientaciones sobre la aplicación del Reglamento no 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos — Conclusiones del comité permanente sobre la cadena alimentaria y la salud animal). En particular, del punto III.2.3 de ese documento, titulado «Incidencia de la clasificación en el artículo 13 o en el artículo 14», resulta expresamente que la clasificación de las declaraciones dentro de esas disposiciones no tenía incidencia alguna en el grado de justificación científica exigida para su autorización.
104

En relación con la introducción de un límite máximo de 10 millones de euros supuestamente aleatorio a la participación de la Unión en la financiación, es cierto que tal límite se presentó el 27 de marzo de 2012, es decir, poco antes de que se celebrara la votación del Comité de Gestión de 3 de abril de 2012 sobre el Reglamento de Ejecución no 302/2012. No obstante, el proyecto de modificación de las normas relativas a la participación de la Unión en la financiación había sido consultado y debatido con las autoridades polacas y el resto de Estados miembros desde septiembre de 2011 y la adopción del proyecto de modificación se había suspendido tras la votación del Comité de Gestión de 19 de octubre de 2011. No sorprende, por tanto, que la Comisión decidiera adoptar el segundo proyecto de modificación con posterioridad a la votación sobre este proyecto, celebrada el 3 de abril de 2012, aún más cuando durante la reunión del Comité de Gestión de 29 de marzo de 2012 había destacado la importancia de que dicho proyecto se aprobara con rapidez. Asimismo, el artículo 5, apartado 4, del Reglamento no 182/2011 dispone que la Comisión podrá adoptar un proyecto de acto de ejecución si el Comité de Gestión no ha emitido un dictamen. Esta adopción no está sometida a ningún período de espera. Además, de los proyectos de modificación resulta que la Comisión preveía que las modificaciones previstas por el Reglamento de Ejecución no 543/2011 entraran rápidamente en vigor tras su adopción. De hecho, en el primer proyecto de modificación se preveía que dichas modificaciones entraran en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y, en el segundo proyecto de modificación, la entrada en vigor de la modificaciones estaba prevista el día de su publicación en el Diario Oficial. Por tanto, la República de Polonia, que conocía estas normas y había participado en los trabajos del Comité de Gestión, no puede sostener válidamente que la Comisión actuó de forma sorpresiva, poniendo a los Estados miembros frente a «un hecho consumado», sin haberles consultado.