Aunque el Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tiene por objeto otorgar al público un derecho de acceso a los documentos de las instituciones que sea lo más amplio posible, tal derecho no deja de estar sujeto, a la luz del régimen de excepciones establecidas en el artículo 4 del citado Reglamento, a determinados límites basados en razones de interés público o privado.

Para justificar la denegación de acceso a un documento, no basta, en principio, que dicho documento esté comprendido en el ámbito de una actividad o de un interés mencionados en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001, sino que la institución de que se trate debe explicar también cómo el acceso al citado documento puede perjudicar de manera concreta y efectiva el interés protegido por una excepción establecida en dicho artículo. No obstante, tal institución puede basarse, a este respecto, en presunciones generales aplicables a determinadas categorías de documentos, toda vez que pueden aplicarse consideraciones de carácter general similares a solicitudes de divulgación relativas a documentos de la misma naturaleza.

Esas presunciones generales pueden aplicarse, en materia de procedimiento de control de las operaciones de concentración entre empresas, debido a que la normativa que regula dicho procedimiento, en particular los Reglamentos nos 4064/89 y 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, establece también reglas estrictas acerca del tratamiento de la información obtenida o establecida en el marco del citado procedimiento. Ciertamente, el derecho a consultar el expediente administrativo en un procedimiento de control de una operación de concentración entre empresas y el derecho de acceso a los documentos en virtud del Reglamento no 1049/2001, son jurídicamente distintos, pero no es menos cierto que conducen a una situación comparable desde un punto de vista funcional, ya que el acceso al expediente permite a los interesados obtener las observaciones y los documentos presentados a la Comisión.

Por tanto, un acceso generalizado, sobre la base del Reglamento no 1049/2001, a los documentos intercambiados, en el marco de dicho procedimiento entre la Comisión y las partes notificantes o los terceros puede poner en peligro el equilibrio que el legislador de la Unión ha querido garantizar, en el Reglamento sobre las concentraciones, entre la obligación de las empresas afectadas de comunicar a la Comisión la información comercial que pueda ser sensible para permitirle valorar la compatibilidad de la operación de concentración prevista con el mercado común, por un lado, y la garantía de protección reforzada asociada, en virtud del secreto profesional y del secreto comercial, a la información transmitida de ese modo a la Comisión, por otro lado.

Si las personas distintas de las autorizadas a acceder al expediente por la normativa sobre el procedimiento de control de las operaciones de concentración entre empresas o las que pueden considerarse interesadas, pero que no han hecho uso de su derecho de acceso a la información o se les ha denegado, pudieran obtener el acceso a los documentos relativos a dicho procedimiento sobre la base del Reglamento no 1049/2001, quedaría en entredicho el régimen instituido por dicha normativa.

Una presunción general de ese tipo, que justifica la denegación de acceso a esos documentos se impone con independencia de si la solicitud de acceso se refiere a un procedimiento de control ya concluido o a un procedimiento pendiente.

No obstante, dicha presunción general no excluye la posibilidad de demostrar que un documento determinado cuya divulgación se solicita no está amparado por esa presunción o que existe un interés público superior que justifica la divulgación de dicho documento en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001.

(véanse los apartados 111, 116, 118, 120 a 122, 124 y 126)