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Cuando el tribunal remitente conoce de una petición de condonación de derechos de aduana basada en el artículo 239, apartado 1, del Código aduanero, y con ese objeto tiene que averiguar los elementos que puedan constituir una situación especial resultante de circunstancias que no impliquen intento de fraude ni manifiesta negligencia por parte del importador, resulta pertinente la cuestión del régimen jurídico de las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada, que figuran en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común. De lo anterior se deduce la admisibilidad de la cuestión prejudicial que versa sobre los efectos jurídicos de las modificaciones de las mencionadas Notas de la Nomenclatura Combinada.

Una videocámara sólo puede ser clasificada en la subpartida 85254099 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, si la función de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados (función DV-in) es operativa en el momento del despacho aduanero o si esta función puede ser activada en un momento posterior, aunque el fabricante no haya querido destacar esta característica, a través de una simple manipulación del aparato por un usuario que carezca de conocimientos específicos, sin que la videocámara sufra modificación material alguna. En caso de que la citada función sea activada en un momento posterior, es también necesario, por una parte, que, realizada la manipulación correspondiente, la videocámara opere de forma análoga a otra videocámara cuya función DV-in es operativa en el momento del despacho aduanero y, por otra, que funcione de forma autónoma. La existencia de estas características debe poder ser comprobada en el momento de efectuar el despacho aduanero. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si se dan estas características. De no ser así, la videocámara de que se trata deberá clasificarse en la subpartida 85254091 de la Nomenclatura Combinada.

(véanse los apartados 25 a 27 y el punto 1 del fallo)
1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 5 de la Decisión 2001/720/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2001, por la que se concede a Portugal una exención relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas para la aglomeración de la Costa de Estoril, — al no haber sometido, durante la temporada de baño, las aguas residuales urbanas de la aglomeración de la Costa de Estoril, antes de su evacuación al mar, al menos a un tratamiento primario avanzado y a una desinfección, de conformidad con el artículo 2 de dicha Decisión; — al no haber sometido, fuera de la temporada de baño, las aguas residuales urbanas de la citada aglomeración al menos a un tratamiento primario antes de su evacuación, de conformidad con el artículo 3 de dicha Decisión, y — al no haber evitado que los vertidos provenientes de esas aguas residuales urbanas tuvieran efectos negativos sobre el medio ambiente.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) nº 2201/2003 — Competencia en materia de divorcio

[Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, arts. 3, ap. 1, letra a), 6, 7, ap. 1, y 17]

Índice

Los artículos 6 y 7 del Reglamento nº 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un asunto de divorcio, cuando el demandado no tiene su residencia habitual en un Estado miembro y no es nacional de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden fundar su competencia en su Derecho nacional para resolver dicha demanda si los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro son competentes con arreglo al artículo 3 de dicho Reglamento.

En efecto, según el tenor inequívoco del artículo 7, apartado 1, de este Reglamento, la competencia sólo se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo al Derecho nacional cuando de los artículos 3, 4 y 5 de dicho Reglamento no se deduzca la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Además, según el artículo 17 del Reglamento, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se inicie un procedimiento respecto del cual dicho Reglamento no establezca su competencia, debe declararse de oficio incompetente cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea competente en virtud del mismo Reglamento.

Esta interpretación no queda desvirtuada por el artículo 6 del Reglamento, dado que la aplicación de los artículos 7, apartado 1, y 17, de éste no depende de las circunstancias del demandado, sino de si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente en virtud de los artículos 3 a 5 del Reglamento, el cual tiene por objeto establecer normas de conflicto uniformes en materia de divorcio para garantizar que la libre circulación de personas sea lo más amplia posible. Por tanto, el Reglamento también se aplica a los nacionales de Estados terceros que presenten vínculos suficientemente profundos con el territorio de uno de los Estados miembros, según los criterios atributivos de competencia previstos en dicho Reglamento, criterios que se basan en el principio de que exista un vínculo real entre el interesado y el Estado miembro que ejerce la competencia.

(véanse los apartados 18, 19, 21, 25, 26 y 28 y el fallo)
5)

Habida cuenta de que los requisitos fijados por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños por responsabilidad del Estado con arreglo al Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que los relativos a reclamaciones semejantes que afecten exclusivamente al Derecho nacional y no pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización, ¿existen objeciones generales frente a una regulación nacional que excluye la obligación de indemnizar si, deliberada o negligentemente, el perjudicado no ha evitado el perjuicio mediante el ejercicio de una acción judicial? ¿Persisten las objeciones frente a esa «primacía de la primera tutela judicial posible» cuando está supeditada a la reserva de que sea razonablemente exigible al afectado? ¿Deja de ser razonablemente exigible a efectos del Derecho comunitario si el órgano jurisdiccional interesado no puede responder previsiblemente a las cuestiones de Derecho comunitario sin remitirlas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o si ya hay pendiente un procedimiento por incumplimiento del Tratado con arreglo al artículo 226 CE?»
50

No obstante, dicho reparto de la competencia fiscal no permite a los Estados miembros aplicar medidas contrarias a las libertades de circulación garantizadas por el Tratado (véanse, en este sentido, las sentencias Bouanich, antes citada, apartado 50; de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, apartado 54, y de , Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, apartado 24).
17

El acceso a la profesión de ingeniero técnico está supeditado tanto a la posesión del título universitario requerido como a la superación del examen de Estado («esame di Stato») correspondiente a la profesión de que se trata [artículo 4 del Real Decreto no 2537, de 23 de octubre de 1925 (Gazzetta ufficiale no 37, de 15 de febrero de 1926)]. Este examen de Estado consta, según los artículos 47 y 48 del Decreto del Presidente de la República no 328, de 5 de junio de 2001 (suplemento ordinario a la GURI no 190, de 17 de agosto de 2001), de al menos dos pruebas escritas, una prueba oral y una prueba práctica. Los candidatos que hayan superado con éxito el examen de Estado obtienen la habilitación para el ejercicio de la profesión de ingeniero («abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere»).
12

Los considerandos sexto, octavo y décimo, del Reglamento no 1873/2003 tienen la siguiente redacción: «6) El CSMVSP [Comité científico de medidas veterinarias relacionadas con la salud pública] ha confirmado en varias ocasiones que la utilización de hormonas como factores de crecimiento en la producción de carne supone un riesgo potencial para la salud de los consumidores debido a sus propiedades farmacológicas y toxicológicas intrínsecas y a los resultados epidemiológicos. No obstante, los datos disponibles actualmente sobre la progesterona no bastan para realizar estimaciones cuantitativas del riesgo que supone la exposición a los residuos en la carne y productos cárnicos procedentes de animales tratados. No pueden definirse límites máximos de progesterona al respecto. […] 8) Los animales también producen progesterona de una manera natural. El nivel de secreción endógena de progesterona en los animales es variable, y depende en particular de su sexo, edad, raza y ciclo sexual. Se dispone de métodos validados de detección de progesterona en los tejidos animales. No obstante, dichos métodos no pueden distinguir entre las hormonas producidas naturalmente y los residuos de progesterona con el fin de controlar el cumplimiento de las restricciones de utilización establecidas en la Directiva 96/22/CE. […] 10) La Comisión considera que es necesario contar con medidas de salvaguardia frente a la posibilidad de utilización abusiva de medicamentos veterinarios que contienen progesterona. Restringir las condiciones de utilización de la progesterona a la administración exclusivamente por vía intravaginal de las hembras de bovinos, ovinos, caprinos y equinos supone una medida de salvaguardia adicional que resulta necesaria para evitar la utilización abusiva, ya que, dada su presentación específica, no sería realista que los medicamentos veterinarios en cuestión se utilizaran para fines prohibidos. Por tanto, es conveniente incluir la progesterona en el anexo II del Reglamento […] no 2377/90 conforme al anexo del presente Reglamento de la Comisión, que limita la utilización de progesterona a dicho fin específico y a una formulación específica del producto.»
32

Además, al no existir medidas de unificación o de armonización comunitaria, los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de su potestad tributaria, con el fin, en particular, de suprimir la doble imposición (sentencias de 12 de mayo de 1998, Gilly, C-336/96, Rec. p. I-2793, apartados 24 y 30; de 21 de septiembre de 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, Rec. p. I-6161, apartado 57, así como de 8 de noviembre de 2007, Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, apartado 17). Pues bien, dejando aparte la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225, p. 6), del Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (DO L 225, p. 10), y la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (DO L 157, p. 38), cuya aplicación en el asunto principal no se ha alegado, no se ha adoptado hasta el momento ninguna medida de unificación o de armonización cuyo objetivo sea eliminar las situaciones de doble imposición en el marco del Derecho comunitario.
70

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como las de los litigios principales, un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, mientras que su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen. En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.
29

El Gobierno alemán alega que tanto en la propuesta de Directiva 96/C 307/09 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO 1996, C 307, p. 8), como en la propuesta modificada de Directiva 98/C 148/11 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 1998, C 148, p. 12), presentadas por la Comisión, el texto se limitaba a indicar «la reparación gratuita del bien», o «la sustitución» del referido bien. Dicho silencio en lo relativo a las consecuencias económicas de una sustitución demostraría que no estaba previsto que la Directiva regulase la cuestión de una posible indemnización por la utilización.
18

El 14 de mayo de 2005, Danske Svineproducenter presentó un recurso contra el Justitsministeriet ante el Vestre Landsret (Tribunal Regional del Oeste), alegando que la normativa por la que se adapta el ordenamiento jurídico danés a la Directiva 91/628, en su versión modificada por el Decreto no 734, no es compatible ni con las disposiciones de dicha Directiva, ni con los artículos 28 CE a 30 CE y 49 CE, ni con el Reglamento no 1/2005. En particular, Danske Svineproducenter considera que algunos requisitos previstos en el Decreto no 734, que aún no había sido promulgado en la fecha de interposición de su recurso, son ilegales.
29

En el asunto principal, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, los gastos ligados a las prestaciones realizadas con motivo de la emisión de acciones y de participaciones financieras no eran imputables exclusivamente a actividades económicas efectuadas por Securenta por las que se repercute el impuesto y, por tanto, no formaban parte de los elementos constitutivos del precio de las operaciones de las referidas actividades. Si, en cambio, hubiera sido así, tales prestaciones habrían tenido una relación directa e inmediata con las actividades económicas del sujeto pasivo (véanse las sentencias, antes citadas, Abbey National, apartados 35 y 36, y Cibo Participations, apartado 33). No obstante, de los autos presentados ante el Tribunal de Justicia resulta que los gastos en que incurrió Securenta para las operaciones financieras de que se trata en el litigio principal estaban destinados, al menos en parte, a la realización de actividades no económicas.
22

Por lo que respecta, en segundo lugar, a la aplicabilidad del Reglamento no 1408/71 a la CSG y a la CRDS, el Tribunal de Justicia ha declarado que tales contribuciones entran dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. En efecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que no puede acogerse la tesis según la cual la CSG y la CRDS, por el hecho de que se califiquen de impuestos, eluden el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. El Tribunal de Justicia ha añadido que la circunstancia de que una legislación nacional califique de impuesto a un gravamen no significa que, con respecto a este Reglamento, ese mismo gravamen no pueda considerarse comprendido dentro de su ámbito de aplicación (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de febrero de 2000, Comisión/Francia, C-34/98, Rec. p. I-995, apartados 33 y 34, y Comisión/Francia, C-169/98, Rec. p. I-1049, apartados 31 y 32). Por lo demás, procede señalar que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente parte del principio de que las contribuciones de que se trata están incluidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento no 1408/71.
30

En segundo término, por lo que se refiere a los demás perjuicios alegados por la Sra. Girardot, el Tribunal de Primera Instancia los desestimó por impertinentes en los apartados 123 a 125 de la sentencia recurrida, basándose en que el objeto de la compensación pecuniaria equitativa era —teniendo en cuenta las pretensiones de anulación formuladas por la demandante— arbitrar la ejecución de la sentencia interlocutoria y tutelar adecuadamente los derechos de la Sra. Girardot compensando ex aequo et bono la imposibilidad de restablecer la situación anterior a la ilegalidad y no —al no existir pretensión previa de indemnización— reparar cualquier otro perjuicio que tal ilegalidad hubiera podido irrogarle en otros aspectos. En todo caso, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 125 a 138 de la misma sentencia, que ninguno de esos otros perjuicios podía tomarse en consideración a efectos de determinar la cuantía de la compensación pecuniaria equitativa. En particular, en lo que atañe al daño moral resultante de la alteración de la salud psíquica y del estado depresivo de la Sra. Girardot, así como al daño físico causado por la ilegalidad del rechazo de sus diversas candidaturas, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en los apartados 133 a 137 de la misma sentencia, que la Sra. Girardot no había aportado ningún documento válido que acreditara la existencia de los mismos, como un certificado médico o un dictamen pericial.
20

Del primer considerando del Reglamento no 2634/97/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, que modifica el Reglamento no 805/68 (DO L 356, p. 13), mediante el que se insertó el último párrafo del artículo 13, apartado 9, del Reglamento no 805/68, se desprende que la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 91/628 había demostrado que no siempre se respetaba el bienestar de los animales vivos en los supuestos de exportación de animales y que, por razones prácticas, era necesario confiar a la Comisión la tarea de establecer las disposiciones para la aplicación de las normas en la materia. El quinto considerando del Reglamento no 615/98 puntualiza, a este respecto, que deben adoptarse medidas suplementarias que tengan efecto disuasorio y se apliquen de manera uniforme en los casos en los que se determine, sobre la base de las condiciones físicas o el estado sanitario de un determinado número de animales de un envío, que no se han respetado las disposiciones relativas a la protección de los animales durante el transporte.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2007 — Blom/Consejo y Comisión

(Asunto C‑344/06 P)

«Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual — Leche — Tasa suplementaria — Cantidad de referencia — Productor que ha adquirido un compromiso de no comercialización — Productores SLOM 1983 — No reanudación de la producción al término del compromiso de no comercialización»

1. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Comportamiento ilegal de las instituciones [Art. 288 CE, párr. 2; Reglamento (CEE) nº 857/84 del Consejo] (véanse los apartados 41 a 43)

2. Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Tasa suplementaria sobre la leche [Reglamento (CEE) nº 857/84 del Consejo] (véanse los apartados 48, 49 y 51)

3. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 58)

4. Procedimiento — Fundamentación de las sentencias — Alcance (véase el apartado 70)

5. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Comportamiento ilegal de las instituciones [Art. 288 CE, párr. 2; Reglamentos del Consejo (CEE) nº 2187/93 y (CE) nº 2330/98] (véanse los apartados 50, 51, 79, 80, 92, 94 y 104)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 30 de mayo de 2006, Blom/Consejo y Comisión (T‑87/94), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó una pretensión de indemnización, con arreglo al artículo 178 del Tratado CE (actualmente artículo 235 CE) y al artículo 215, párrafo segundo, del Tratado CE (actualmente artículo 288 CE, párrafo segundo), por los daños y perjuicios supuestamente sufridos por el demandante al impedírsele comercializar leche al amparo del Reglamento (CEE) nº 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) nº 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), en la redacción dada por el Reglamento (CEE) nº 1371/84 de la Comisión, de 16 de mayo de 1984, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) nº 804/68 (DO L 132, p. 11; EE 03/30, p. 208).

Fallo

Desestimar el recurso de casación.
Con arreglo al artículo 222 CE, párrafo segundo, la función del Abogado General consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención. Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a ellas, no es indispensable reabrir la fase oral de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de Procedimiento cada vez que el Abogado General suscita una cuestión de Derecho que no ha sido objeto de debate entre las partes, siempre que la sentencia no se base en argumentos que no han sido debatidos entre éstas.

(véanse los apartados 14 y 15)
Una empresa que se encuentra en una posición dominante para la distribución de un producto —y que se beneficia del prestigio de una marca conocida y apreciada por los consumidores— no puede dejar de abastecer a un cliente antiguo y que respeta los usos del comercio, cuando los pedidos de dicho cliente no tienen carácter anormal. Dicha conducta sería contraria a los objetivos indicados en el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), en particular en el párrafo segundo, letras b) y c), de éste, ya que la negativa de venta limitaría los mercados en perjuicio de los consumidores y constituiría una discriminación que podría dar lugar a la eliminación del mercado de referencia de una empresa con la que se mantienen relaciones comerciales.

(véase el apartado 49)
Esto es válido tanto cuando se trata de la adquisición de carácter distintivo por una marca cuyo registro se solicitó como cuando se trata de acreditar el carácter distintivo particular de una marca anterior para determinar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria.

En el marco del examen de una oposición formulada sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b, del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, por el titular de una marca anterior, ésta puede tener un carácter distintivo particular no sólo intrínsecamente, sino también gracias a la notoriedad de que goza entre el público. Por consiguiente, una alegación basada en el carácter distintivo intrínseco muy escaso de la marca anterior no podría invalidar la afirmación de que dicha marca ha adquirido un carácter distintivo particular gracias a su notoriedad.

(véanse los apartados 65 y 67)