ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Habida cuenta del objetivo del régimen de solicitudes de certificados de importación que faculta a acceder al contingente arancelario comunitario para las carnes de bovino de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, y de la reducción de las solicitudes en el supuesto de que las mismas sobrepasen el contingente disponible, según establece el Reglamento no 2377/80, en la redacción dada por el Reglamento no 3578/82, que consiste en garantizar el acceso igual y continuo a dicho contingente de todos los operadores interesados de la Comunidad, la Comisión era competente para precisar en el párrafo 2 del artículo 1 del Reglamento no 2806/87, en un momento en el cual ya se habían presentado todas las solici-^ tudes de certificados de importación, que en el supuesto de que una solicitud de certificado sobrepasara la cantidad disponible únicamente se la consideraría hasta el límite de dicha cantidad. En efecto, el objetivo de una solicitud que sobrepase la cantidad disponible únicamente puede ser el falseamiento de la reducción proporcional de las diferentes solicitudes ulteriormente efectuada por la Comisión, siendo necesaria semejante medida de buena administración con el fin de evitar que se burlen los objetivos del régimen y, al subsumirse en el ámbito de las competencias propias de la Comisión, podía adoptarse sin consultar al Comité de gestión. No podía violar el principio de seguridad jurídica por limitarse a precisar unas normas existentes de las que era la consecuencia necesaria.
La negativa de la Comisión, en el marco de un procedimiento antidumping, a aceptar una propuesta de compromiso no es una medida que produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los operadores económicos a los que atañe, dado que la Comisión puede volver sobre su Decisión o el Consejo decidir no establecer un derecho antidumping. Una negativa de este tipo es una medida intermedia cuyo objeto es preparar la Decisión final y no constituye, por tanto, un acto impugnable mediante un recurso de anulación.

Por su naturaleza y alcance, los Reglamentos que establecen un derecho antidumping tienen carácter normativo, por cuanto se aplican a la generalidad de los operadores económicos. No obstante, no se excluye que determinadas disposiciones de, estos Reglamentos afecten directa e individualmente a los fabricantes y exportadores de. los productos de que se trata, a los que se imputan las prácticas de dumping, basándose en datos sobre su actividad comercial.

No constituye un cálculo erróneo del margen de dumping el hecho de que las instituciones lo determinen exclusivamente para el fabricante-exportador sin establecer márgenes distintos para determinados exportadores, desde el momento en que dichos exportadores no estén establecidos en el país de exportación ni vendan los productos de que se trate en el mercado interior del país de exportación y que, por ello, la práctica de dumping sólo puede ser imputada al fabricante-exportador.

Para el cálculo del derecho antidumping, el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento n° 2176/84 se limita a imponer a las instituciones la obligación de no sobrepasar, por un lado, el margen de dumping estimado y, por otro, el nivel del perjuicio, en el caso de que un derecho inferior al margen fuera suficiente para hacer desaparecer el perjuicio. Por consiguiente las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación con respecto a la elección del método de cálculo del derecho y no están obligadas a adoptar a este efecto el mismo método que adoptaron para determinar el margen de dumping.

El establecimiento de un derecho antidumping a un tipo uniforme aplicable al conjunto de las importaciones de un producto determinado, aunque no pueda afectar del mismo modo al margen de beneficios de los distintos importadores, no viola el principio de no discriminación, pues, por un lado, esta diferencia de efectos del derecho no depende del establecimiento de éste sino de la política comercial del fabricante-exportador y, por otro, el establecimiento de un derecho antidumping pretende eliminar el perjuicio causado a los productores comunitarios y no garantizar el mismo margen de beneficios a todos los importadores.
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1. Libre circulación de mercancías - Excepciones - Protección de la salud pública - Prohibición de importar un producto alimenticio por ser su valor nutritivo inferior al de un producto existente en el mercado - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 36)

2. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Prohibición de importar y de comercializar productos cárnicos que contengan ingredientes no cárnicos - Improcedencia - Justificación - Protección de los consumidores - Lealtad de las transacciones comerciales - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 30)

3. Libre circulación de mercancías - Medidas nacionales que establecen excepciones - Prohibición - Apoyo de la política seguida en el marco de una organización común de mercado - Justificación improcedente

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1. Un Estado miembro no puede invocar razones de salud pública para prohibir la importación de un producto porque éste tenga un valor nutritivo inferior al de otro producto que ya se encuentra en el mercado de que se trate, al ser evidente que la elección alimentaria de los consumidores en la Comunidad es tal que el mero hecho de que un producto importado sea de calidad nutritiva inferior no implica un peligro real para la salud humana.

2. Un Estado miembro no puede justificar la prohibición de importar y de comercializar en su territorio productos cárnicos procedentes de otros Estados miembros y que contengan determinados ingredientes no cárnicos por exigencias relativas a la protección a los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales alegando, por una parte, que los consumidores nacionales, habida cuenta de hábitos alimenticios que datan de varias décadas, se han formado una imagen precisa de lo que esperan de los productos cárnicos y, por otra parte, que determinados operadores económicos podrían asegurarse ventajas competitivas si utilizaran productos de menos calidad a un coste inferior, sin que fueran evidentes para el consumidor las diferencias de fabricación. En efecto, la información del consumidor puede garantizarse mediante mecanismos que no obstaculicen la importación de los productos de que se trata, en particular a través de la obligación de que el producto vendido lleve un etiquetado adecuado relativo a su naturaleza.

3. Cuando la Comunidad haya establecido una organización común de mercado agrícola en un sector determinado, los Estados miembros están obligados a abstenerse de cualquier medida unilateral, incluso aunque ésta pueda apoyar la política comunitaria.

Las medidas nacionales, aunque apoyen una política comunitaria, no pueden ir en contra de uno de los principios fundamentales, como es el de la libre circulación de mercancías, sin estar justificadas por razones reconocidas por el propio Derecho comunitario.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 13 DE JULIO DE 1989. - ANDREAS JAEGER CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIOS - EX AGENTE DE LA ASOCIACION EUROPEA PARA LA COOPERACION - DESPIDO. - ASUNTO 161/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02467

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Partes

Parte dispositiva



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Funcionarios - Recurso - Legitimación activa - Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente que no sea local

Funcionarios - Condición de funcionario - Requisitos de adquisición no cumplidos - Aplicación del Estatuto - Exclusión

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1. No solamente pueden impugnar ante el Tribunal de Justicia una decisión que les resulte lesiva las personas que tengan la condición de funcionario o de agente que no sea local, sino también las que reivindican poseer tal condición (véase sentencia de 11 de julio de 1985, Salerno contra Comisión y Consejo, asuntos acumulados 87, 130/77, 22/83, 9 y 10/84, Rec. 1985, p. 2523).

No puede reconocérsele la condición de funcionario o agente de las Comunidades al personal de la Association européenne pour la coopération, asociación internacional regida por el Derecho de un Estado miembro, la cual, cualesquiera que sean las relaciones que mantiene con la Comisión, no puede ser asimilada a una entidad administrativa de ésta (véase sentencia de 11 de julio de 1985, Salerno contra Comisión y Consejo, asuntos acumulados 87, 130/77, 22/83, 9 y 10/84, Rec. 1985, p. 2523).

Por consiguiente, no puede alegarse válidamente ninguna disposición del Estatuto contra una decisión de despido adoptada por tal asociación, en su calidad de empleador, con arreglo a las normas que regulan las relaciones laborales que mantiene con su personal.

Partes

En el asunto 161/86,

Andreas Jaeger, antiguo agente de la Association européenne pour la coopération, con domicilio en via di Villa Ruffo, 27, Roma (Italia), representado y asistido por el Sr. Marcel Slusny, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Catherine Wolter, 4, rue Lemire,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Hendrik van Lier, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Robert Andersen, Abogado de Bruselas, con domicilio en dicha ciudad, avenue Montjoie, 214, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto, esencialmente, la anulación del despido del demandante,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres. T. Koopmans, Presidente de Sala; C.N. Kakouris y M. Díez de Velasco, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

1) Desestimar el recurso.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.
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Libre circulación de mercancías - Propiedad industrial y comercial - Derechos de autor - Normas nacionales que reconocen al autor de una casete de vídeo el derecho a oponerse a su alquiler - Aplicación en caso de importación de una casete de vídeo comercializada con el consentimiento del autor, de un Estado miembro que no reconoce el referido derecho - Admisibilidad

(Tratado CEE, arts. 30 y 36)

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Los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que atribuye al autor la facultad de condicionar a su autorización el alquiler de casetes de vídeo cuando éstas ya se pusieron en circulación con su consentimiento en otro Estado miembro cuya legislación permite al autor controlar la primera venta, sin reconocerle la facultad de prohibir el alquiler.

Cualquier normativa de tal índole, que no suponga discriminación alguna en el comercio entre los Estados miembros, en la medida en que es de aplicación indistintamente a las casetes de vídeo de fabricación nacional y a las importadas de otros Estados miembros, en realidad parece justificada por motivos de protección de la propiedad industrial y comercial, la cual, en el contexto del artículo 36 del Tratado, comprende la propiedad literaria y artística.

El derecho a prohibir el alquiler de una casete de vídeo se relaciona con las prerrogativas esenciales del autor, a saber, el derecho exclusivo de representación y el derecho exclusivo de reproducción, que el Tratado no pretendió cuestionar. El referido derecho garantiza a los autores de películas, una remuneración satisfactoria en el mercado específico del alquiler, distinto del de la venta, y cuya extensión, debido al desarrollo de la técnica constituye una potencial fuente de ingresos. Por lo tanto, el hecho de que un autor haya puesto en circulación algunas casetes de vídeo en un Estado miembro que no proteja específicamente el derecho a alquilar, no puede repercutir sobre el derecho, reconocido a dicho mismo autor por la legislación de otro Estado miembro, para oponerse, en este Estado, al alquiler de dichas casetes de vídeo.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Régimen a tanto alzado de los productores agrícolas - Aplicación de los porcentajes de compensación a tanto alzado a las entregas de bienes y

prestaciones de servicio a destinatarios sometidos al régimen de tanto alzado o que no reúnan la condición de sujeto pasivo - Exclusión (Directiva 77/388 del Consejo, art. 25, apartados 5 y 8)

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De los apartados 5 y 8 del artículo 25 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas al impuesto sobre el volumen de negocios se desprende que, en el marco del régimen de tanto alzado de los productores agrícolas, cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios efectuada por un agricultor encuadrado dentro del régimen de tanto alzado, se destina a agricultores sometidos al mismo régimen o a quienes no reúnan la condición de sujeto pasivo, no procede aplicar los porcentajes de compensación a tanto alzado previstos en el apartado 3 de dicho artículo. La compensación de la carga del IVA soportado se efectúa, en este caso, mediante el pago de un precio global por estos bienes y servicios en el que se presume incluida dicha carga, por lo que la facturación de tipo a tanto alzado carece de utilidad alguna, dado que el comprador o el beneficiario del servicio no pueden proceder a la deducción del impuesto soportado.
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1. Funcionarios - Reembolso de gastos - Indemnización de alojamiento - Concesión para el período anterior a la solicitud - Admisibilidad - Requisito - Posibilidad de que la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos compruebe previamente el fundamento de la solicitud

(Estatuto de los funcionarios, anexo VII, art. 14 bis; Reglamento nº 6/66/Euratom y nº 121/66/CEE del Consejo)

2. Funcionarios - Recursos - Competencia de plena jurisdicción del Tribunal de Justicia - Desestimación de las solicitudes del demandante - Institución demandada condenada de oficio al pago de una indemnización como consecuencia de una falta de servicio - Valoración ex aequo et bono del perjuicio

(Estatuto de los funcionarios, art. 91, apartado 1)

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1. Antes de decidir la concesión de la indemnización de alojamiento prevista en el artículo 14 bis del anexo VII del Estuto, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe estar en condiciones de comprobar que, en lo relativo al alojamiento ocupado, se reúnen los requisitos para su obtención. Por consiguiente, la indemnización de alojamiento no podrá concederse normalmente cuando el funcionario afectado no ocupe ya el alojamiento para el que se pidió dicha indemnización.

Por el contrario, nada se opone a que se conceda la indemnización para el período anterior a la solicitud del funcionario cuando éste ocupa aún el alojamiento de que se trate. En efecto, la obligación de proceder a comprobaciones previas no puede tener como efecto el de privar al funcionario del derecho a la indemnización para el período comprendido entre el momento en que éste se instala en el alojamiento y el momento en que la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos decide conceder la indemnización, tras haber realizado las comprobaciones necesarias sobre la base de la solicitud del funcionario.

2. Al tiempo que desestima tanto un recurso de anulación como un recurso que tiene por objeto la concesión de una indemnización prevista por el Estatuto cuyos requisitos no se reúnen, el Tribunal de Justicia, resolviendo en ejercicio de la competencia de plena jurisdicción que le confiere el apartado 1 del artículo 91 del Estatuto de los funcionarios cuando conoce de un litigio de carácter pecuniario, podrá declarar de oficio una falta de servicio imputable a la institución demandada y condenar a ésta a reparar el perjuicio causado al funcionario. En tales supuestos y teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, el Tribunal de Justicia podrá valorar el perjuicio ex aequo et bono.
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Funcionarios - Promoción - Examen comparativo de méritos - Modalidades - Toma en consideración de los informes de calificación - Expediente personal incompleto - Consecuencias

(Estatuto de los funcionarios, arts. 43 y 45)

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El informe de calificación constituye un elemento indispensable de apreciación cuando la carrera del funcionario es tomada en consideración por la autoridad jerárquica.

Un procedimiento de promoción incurre en ilegalidad cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha podido proceder a un examen comparativo de los méritos de los candidatos porque los informes de calificación de uno o de varios de entre ellos han sido redactados, por culpa de la Administración, con un retraso sustancial.

No se exige, sin embargo, que, en el momento de la decisión de promoción, los candidatos se encuentren exactamente en la misma fase en cuanto al estado de sus informes de calificación; ni que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos aplace su decisión si el informe más reciente de uno u otro de los candidatos no se ha redactado todavía. Por otra parte, para anular las decisiones relativas a las promociones no basta que el expediente personal de un candidato sea defectuoso en la forma o incompleto, salvo si está probado que este hecho ha podido incidir decisivamente en el procedimiento de promoción.
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La Bedrijfsvereniging opina que las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios no se aplican en este caso. Según ella, las citadas disposiciones no imponen la equiparación de las sociedades creadas de acuerdo con el Derecho de otros Estados miembros a las creadas de acuerdo con el Derecho neerlandés. Por lo que respecta al acceso a las prestaciones del seguro de enfermedad, en su opinión, no puede considerarse discriminación ilegal una diferencia de trato entre los directores de una sociedad neerlandesa y los de una sociedad constituida con arreglo al Derecho de otro Estado miembro, por no ser comparables los dos tipos de sociedad. En efecto, todas las personas que crean una sociedad neerlandesa, están sometidas a los mismos requisitos en materia de seguros, sin perjuicio de su nacionalidad o de su lugar de establecimiento. Igualmente, todos los que crean una sociedad extranjera están sometidos también a requisitos idénticos. Toda persona es libre, sin perjuicio de su nacionalidad o de su lugar de establecimiento, para crear una sociedad neerlandesa o extranjera. Los interesados pueden juzgar siempre las ventajas e inconvenientes sociales, fiscales o de otro tipo de ambas formas de sociedad.
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Por lo que respecta a la segunda condición, hay que subrayar que el control técnico de los vehículos importados no puede justificarse tampoco en virtud del artículo 36, segunda frase, del Tratado, si resulta que este control no se impone para matricular los vehículos de origen nacional presentados en las mismas condiciones. Tal situación indicaría, efectivamente, que la medida que discutimos no está inspirada realmente por una preocupación de protección de la salud y de la vida de las personas, sino que constituye en realidad una discriminación arbitraria en el comercio entre Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar la garantía efectiva de este trato no discriminatorio.
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La Comisión estima que la Directiva no contiene ningún principio jurídico general en la materia, lo que no excluye la posibilidad de que un órgano jurisdiccional nacional pueda basarse principalmente, e incluso exclusivamente, en valores femeninos, si el principio de no discriminación le impone dicha solución para evitar que las mujeres no queden, de hecho, desfavorecidas.
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Según el Sr. Mirepoix, parte demandada en el asunto principal, la regulación nacional de que se trata es contraria al artículo 30 del Tratado y no puede beneficiarse de las excepciones previstas en el artículo 36. En efecto, para el Sr. Mirepoix ya no existe verdadera incertidumbre sobre la nocividad del producto de que se trata, la regulación francesa no se limita estrictamente a lo que es necesario para alcanzar el objetivo de protección de la salud pública y la prohibición que establece no ha conciliado el deseo de protección de la salud con el imperativo de aplicar buenas técnicas de producción y de comercialización de los productos agrícolas.
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En su réplica, la Comisión subraya que el hecho de no haber dado cumplimiento a la Directiva no simplificará en modo alguno el trabajo de refundición del texto único de las leyes aduaneras. Por otra parte, la constitución en fecha reciente de la comisión de estudios demuestra que la solución del problema aún está lejana. Además, el hecho de que se haya dado cumplimiento a la Directiva 83/643 no modifica en absoluto las anteriores observaciones, al no tratarse exactamente de la misma materia.
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1. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Aplicación a los procedimientos administrativos incoados por la Comisión - Examen de los proyectos de ayudas - Alcance

(Tratado CEE, art. 93, apartado 2)

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Ayudas sectoriales financiadas por medio de una exacción parafiscal que grava la producción nacional en un determinado sector - Modalidad indiferente con respecto a la aplicación del artículo 92 del Tratado

(Tratado CEE, art. 92)

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Alteración de las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común

((Tratado CEE, art. 92, apartado 3, letra c) ))

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1. El respeto del derecho de defensa en cualquier procedimiento seguido contra una persona y que pueda desembocar en un acto lesivo para ésta constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun a falta de una normativa específica.

Aplicado al examen de los proyectos de ayudas realizado por la Comisión, este principio exige que al Estado miembro de que se trate se le dé la oportunidad de dar a conocer debidamente su punto de vista sobre las observaciones presentadas por los terceros interesados de conformidad con el apartado 2 del artículo 93 del Tratado y en los cuales la Comisión pretende fundamentar su decisión. En la medida que el Estado miembro no haya podido comentar tales observaciones, la Comisión no puede utilizarlas en su decisión contra este Estado sin violar el derecho de defensa. Para que una violación de tales características entrañe una anulación es preciso que, de no existir tal irregularidad, el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado distinto.

2. El mero hecho de que un régimen de subvenciones, que beneficia a ciertos operadores económicos de un sector determinado, sea financiado por medio de una exacción parafiscal que grava la totalidad de las entregas de productos nacionales de dicho sector no basta para privar a este régimen del carácter de ayuda otorgada por el Estado, en el sentido del artículo 92 del Tratado. La valoración de un régimen de este tipo a la vista de dicho artículo depende de sus modalidades y de sus efectos.

3. La Comisión no sobrepasa los límites de su facultad de apreciación al estimar que unas ayudas de importancia relativamente escasa pueden, no obstante, alterar las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común, en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, cuando, en un sector caracterizado por estrechos márgenes de beneficio, las mencionadas ayudas sirven a las empresas beneficiarias para financiar las inversiones en material de avanzada tecnología, con el fin de incrementar la productividad y la calidad de los productos, y permitir al sector en cuestión competir más eficazmente con los productos importados procedentes principalmente de los demás Estados miembros.