Considero necesario empezar por examinar la cuestión de si el escrito de que se trata representa en efecto una Decisión de la Comisión.

Esta última ha respondido negativamente a la pregunta, remitiéndose en particular a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de Decisión. Según dicha jurisprudencia, sería preciso en primer lugar que se tratara de un acto destinado a producir efectos jurídicos (sentencia de 16 de junio de 1966, Forges de Châtillon/Alta Autoridad, 54/65, Rec. p. 265). En su sentencia de 5 de diciembre de 1963, Usines Emile Henricot y otros/Alta Autoridad (asuntos acumulados 23/63, 24/63 y 52/63, Rec. p. 439), el Tribunal de Justicia aplicó un criterio similar, afirmando que el acto debe presentarse como un acto destinado a conceder derechos a sus destinatarios o imponerles obligaciones, y en la sentencia de 15 de marzo de 1967, Cimenteries y otros/Comisión (asuntos acumulados 8/66 a 11/66,↔ Rec. p. 93), consideró decisivo que el acto entrañara efectos jurídicos que afectaban a los intereses de ciertas empresas y que se imponían obligatoriamente a éstas. Además, para ser una Decisión, el acto debe poner término al procedimiento administrativo interno y constituir una manifestación definitiva de voluntad (asuntos 54/65, 23/63, 24/63 y 52/63, antes citados). Por último, es preciso que se presente como un acto que emana del órgano competente y que su forma exterior permita identificarlo como una Decisión. Así, según la sentencia dictada en los asuntos acumulados 23/63, 24/63 y 52/63 antes citada, es necesario que los interesados puedan identificar la naturaleza de un acto por su forma exterior, y sobre todo que puedan reconocer que se trata de una decisión del órgano colegial competente, lo que exige, con arreglo a las disposiciones CECA, la firma de un miembro de la Alta Autoridad.

Según la Comisión, el escrito que se examina en el presente asunto incumple claramente dichos requisitos. Su solo efecto es que la Comisión no puede ya intervenir en virtud del apartado 1 del artículo 85, salvo si aparecieran nuevos datos; por otra parte, no puede hablarse de un perjuicio para los intereses del destinatario, puesto que la sociedad Estéé Lauder puede alegar en todo momento haber notificado su sistema de distribución. Por último, conviene señalar -y la Comisión se remite a este respecto a la sentencia de 15 de mayo de 1975, Fruit-en Groentenimporthandel y Frubo/Comisión (71/74, Rec. p. 563)- que el escrito estaba firmado únicamente por un Director de la Dirección General de la Competencia, y que, con arreglo al Reglamento Interior de la Comisión, una persona con este cargo no es competente para adoptar las Decisiones contempladas en el artículo 2 del Reglamento no 17; por lo demás, el escrito no producía la impresión de contener una declaración que vinculara a la Comisión o de plasmar un acto definitivo de dicha Institución.

En cuanto a la parte demandada en el procedimiento principal, esta última sostiene que el escrito en cuestión afectó ciertamente a sus intereses. Alega además que del Quinto Informe de la Comisión sobre la Política de la Competencia se podía deducir, como hicieron ella y otras empresas, que dicha Institución había querido dar «una solución global y uniforme válida para la totalidad de la industria de la perfumería», y que ello permitía llegar a la conclusión de que la propia Comisión había adoptado una Decisión. El hecho de que los funcionarios de la Comisión incurrieran en algún defecto de forma al transmitir dicha Decisión no puede tener una importancia decisiva.

Por lo que respecta a esta controversia, sin duda es innecesario resolver ahora la cuestión de si la comunicación enviada a la sociedad Estée Lauder puede considerarse una Decisión en virtud de su contenido. No obstante, desearía señalar a este respecto que no me parece que se deba excluir dicha posibilidad. En efecto, para un concepto material de Decisión debería bastar con que una declaración entrañe efectos jurídicos -como ciertamente ocurre con la afirmación, que vincula a la Comisión, de que las normas sobre la competencia del Tratado CEE no intervienen en este caso-, mientras que la existencia o ausencia de perjuicio para determinados intereses no debería ser un factor decisivo.

Mucho más importante es, en primer lugar, el hecho de que, según su Reglamento interno (DO 1967, 147, p. 1; EE 01/01, p. 117), sólo la Comisión es competente para adoptar Decisiones formales en el ámbito del Derecho de la Competencia (declaraciones negativas, calificación de las infracciones del apartado 1 del artículo 85, concesión o denegación de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85). Dicho Reglamento no prevé la delegación de facultades a un miembro de la Comisión, ni a fortiori a funcionarios de la Comisión. Dicha posibilidad apareció sólo con la Decisión de 23 de julio de 1975 (DOL 199, p. 43; EE 01/02, p. 27) y, aun entonces, únicamente para «medidas de gestión y de administración». En segundo lugar, es también importante la descripción, no impugnada, que la Comisión hace de los acontecimientos que llevaron al escrito que aquí se examina, así como a los escritos que deben analizarse en los asuntos prejudiciales acumulados 253/78 y 1/79 a 3/79, antes citados. Así, como ya expuse en estos otros asuntos, tras la notificación de un gran nùmero de acuerdos relativos a sistemas de distribución selectiva en la industria de la perfumería, y debido a la existencia de ciertas cláusulas que obstaculizaban el comercio entre Estados miembros, se decidió iniciar un procedimiento contra tres empresas, aunque no contra la sociedad Estée Lauder, y enviarles un pliego de cargos. Para ello bastaba obviamente con un acto del miembro de la Comisión responsable de asuntos de competencia. Mientras se desarrollaba el procedimiento administrativo se produjeron negociaciones entre los servicios de la Comisión y las empresas afectadas, que desembocaron en la supresión de las cláusulas controvertidas. No hubo sin embargo sobre este punto una Decisión de la Comisión, es decir, la Junta de Comisarios no manifestó una voluntad de valorar de un determinado modo dichos acontecimientos. Teniendo en cuenta la lentitud del procedimiento formal -que exige la publicación de la solicitud, conforme al artículo 19 del Reglamento no 17 y la consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes- y la necesidad de concentrar las actividades de la Dirección General de la Competencia, que no dispone precisamente de mucho personal, en asuntos de competencia más importantes, se decidió renunciar a expedir declaraciones negativas formales y contentarse con la opinión del miembro de la Comisión responsable de cuestiones de competencia. Dicha opinión se aplicó luego a todos los asuntos similares, y a continuación se enviaron los correspondientes comunicados a las empresas, firmados todos por el Director General de la Competencia o por uno de los Directores de dicha Dirección General.

Así pues, resulta obligado llegar a la conclusión definitiva de que no hubo en absoluto actos de la propia Comisión que tuvieran el carácter de declaraciones negativas. Aún más, a mi juicio, cabe incluso afirmar, por si ello tuviera importancia, que tampoco se suscitó una impresión en este sentido. El Quinto Informe de la Comisión sobre la Política de la Competencia, citado por la sociedad Estée Lauder, habla en efecto únicamente de una concepción global de la Comisión sobre la industria de la perfumería, sin recoger por tanto una valoración de casos individuales que, en el supuesto de que la propia Comisión hubiera adoptado unas directrices, habría debido inscribirse aún de todos modos en el marco de dicha solución general. Por otra parte, dicho Informe indica claramente que no se piensan adoptar Decisiones formales.

Así pues, el escrito al que se refiere la primera cuestión planteada por el Tribunal remitente no debe considerarse una Decisión ni la comunicación de una Decisión, sino únicamente una comunicación administrativa que indica que los servicios de la Comisión no ven razones para intervenir en virtud del apartado 1 del artículo 85. Con arreglo a esta valoración del escrito, tampoco puede tratarse de una declaración negativa en el sentido del artículo 2 del Reglamento no 17, como lo muestra, por otra parte, el hecho de que se haya evitado la denominación «declaración negativa», no se haya escogido la forma que se emplea habitualmente para las declaraciones negativas, no se haya producido la publicación que exige el artículo 21 del Reglamento no 17 y no se haya recogido la comunicación en la lista de Decisiones anexa al Quinto Informe de la Política de la Competencia. Desde el punto de vista de las empresas afectadas, que quieren poder organizar sus actividades comerciales sobre una base sólida, este modo de actuar puede seguramente parecer poco satisfactorio. Sin embargo, no es posible ocuparse ahora de este problema, ni tampoco de la cuestión de si, tras haber notificado un acuerdo, las empresas disponen de medios adecuados para impulsar a la Comisión a adoptar una Decisión formal.