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Dado que el Sr. Delattre había alegado ante el Juez que conocía del asunto que, con arreglo al Derecho comunitario, los productos controvertidos no pueden ser considerados medicamentos sino que, según los casos, deben ser calificados como productos alimenticios o complementos alimenticios o como productos cosméticos, el Juez de instrucción del tribunal de grande instance de Nice sometió al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1. i) La palabra “enfermedad” que figura en las citadas Directivas, ¿debe interpretarse de manera uniforme según una definición comunitaria o, por el contrario, cada Estado miembro es libre de aplicar dichas Directivas dando su propia definición de la palabra “enfermedad”? ii) Si la palabra “enfermedad” responde a una definición comunitaria, ¿podrá calificarse como medicamento en un Estado miembro un producto “A” que haya sido calificado como producto alimenticio en otro Estado miembro y cuya publicidad evoca funciones fisiológicas naturales (digestión, eliminación de bilis), cuando una Directiva comunitaria que armoniza las normas aplicables a un producto “B” (aguas minerales naturales, Directiva 80/77) declara expresamente que esas mismas funciones fisiológicas naturales no deben ser consideradas como enfermedades? iii) Si la palabra “enfermedad” se remite a una definición comunitaria, ¿podrá considerarse que se refieren a enfermedades las menciones de sensaciones o estados como el hambre, la pesadez en las piernas, el cansancio o el prurito (“una sensación percibida en la epidermis y que incita a rascarse”)? iv) Si cada Estado miembro es, por el contrario, libre de elaborar su propia definición de “enfermedad”, ¿puede un Estado miembro bloquear libremente la venta de un producto alimenticio legalmente controlado y libremente vendido en otro Estado miembro, con el pretexto de que dicho producto responde a una “enfermedad humana” (en el sentido que da a ese concepto dicho Estado miembro), sin haber solicitado previamente el dictamen de los comités creados para evitar que las disposiciones nacionales entren en conflicto entre sí o con el Derecho comunitario y, especialmente, con el Comité de Especialidades Farmacéuticas (establecido por la Directiva 75/319/CEE), el Comité permanente de Productos Alimenticios (Decisión 69/414/CEE), el Comité de Productos Cosméticos (Directiva 76/768/CEE) y/o el Comité de Normas y Reglamentaciones Técnicas (Directivas 83/189/CEE y 88/182/CEE)? 2. i) Habida cuenta de la sentencia Van Bennekom y, especialmente, de su apañado 19, ¿puede un Estado miembro restringir la libre importación y comercialización de un producto alimenticio extraído de una planta de consumo corriente (ajo), elaborado, controlado y vendido legalmente en otro Estado miembro, basándose en que la forma externa del producto (pildora, cápsula, tableta) es la de un medicamento, cuando el Derecho comunitario (la Directiva 85/573) autoriza esta misma forma para otro producto igualmente extraído de una planta de consumo corriente (achicoria)? ii) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede justificarse una disposición nacional de este tipo con arreglo al Derecho comunitario (en particular, al artículo 36) y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si dichas plantas se presentan en forma de pildora, cápsula o tableta sólo por razones de higiene y de conservación, cuando el producto de que se trate : a) no posea ni se indique que posea propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas e incluso esté envasado en una caja que lleve explícitamente la indicación “esto no es un medicamento”, b) no contenga ningún componente cuyo elevado grado de concentración pudiera convertirlo en un medicamento, c) no presente ningún peligro grave (que pueda demostrarse científicamente) para la salud pública? 3. i) El monopolio farmacéutico legal para la venta de determinados productos al público, ¿está comprendido en la “normativa comercial de los Estados miembros”? ii) Si la respuesta a i) es afirmativa, ¿se refiere la declaración sobre “el monopolio de dispensación de medicamentos” contenida en la Directiva 85/432/CEE, al medicamento tal como lo define la Directiva 65/65, o se refiere al medicamento tal como lo define cada Estado miembro? iii) Si la definición comunitaria del medicamento se aplica en ii), ¿puede un “monopolio de dispensación de medicamentos” considerarse como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación de un producto cuando la aplicación de dicho monopolio impida la libre comercialización del mencionado producto, aunque éste: a) sea calificado como producto alimenticio en el Estado miembro donde se fabrica, b) sea objeto de un control por parte de la Administración competente (Ministerio belga de Sanidad) de ese mismo Estado miembro, que certifica su caracter inofensivo para la salud humana, c) sea vendido libremente (es decir, sin prescripción médica) sólo en las oficinas de farmacia del Estado de importación? iv) Si la respuesta a iii) es afirmativa, dicho monopolio legal para la dispensación libre (es decir, sin prescripción médica) de determinados productos a los particulares, ¿ha de encontrar necesariamente su justificación en el artículo 36 del Tratado CEE y, en particular, debe justificarse por una protección contra “un peligro real para la salud humana”? [Sentencia de 23 de febrero de 1988, Comisión/Francia (sucedáneos de la leche), 216/84, Rec. p. 793]. Por el contrario, la exposición de motivos de la mencionada Directiva 85/432 así como el texto de la misma, ¿deben interpretarse en el sentido de que permiten que un Estado miembro califique legítimamente como medicamento a cualquier producto y, en consecuencia, adopte cualquier medida restrictiva de la competencia en relación con dicho producto, incluida la de reservar a las oficinas de farmacia la exclusividad de la venta libre (es decir, sin prescripción médica) de dicho producto al público? 4. i) Las disposiciones de la Directiva 74/329/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes y gelificantes que pueden emplearse en los productos alimenticios y, en particular, las disposiciones de su exposición de motivos sobre la libre circulación de los productos alimenticios, así como lo dispuesto en su artículo 2, ¿deben interpretarse en el sentido de que prohiben que un Estado miembro imponga restricciones (por ejemplo, la de obtener una “autorización administrativa de comercialización”) al libre comercio (incluida la libre circulación) de productos (como la goma de guar en particular) específicamente contemplados en el Anexo 1 de dicha Directiva? ii) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, inciso i), ¿no debe interpretarse que el Derecho comunitario exige que, en cualquier caso, una decisión de la Administración de un Estado miembro que imponga restricciones (como, por ejemplo, la de obtener una “autorización administrativa de comercialización”) al libre comercio (incluida la libre circulación) de los productos específicamente contemplados en el Anexo I de la mencionada Directiva, esté motivada con carácter general, se justifique con arreglo al artículo 36 del Tratado de Roma y no constituya un medio arbitrario o encubierto de infringir el Derecho comunitario?»