SALUMI 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. GERHARD REISCHL 
presentadas el 9 de enero de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
Los litigios en los que se han suscitado estos 
procedimientos prejudiciales se refieren a 
recaudaciones complementarias de exaccio­
nes a la importación de carne de vacuno en 
Italia. Para comprender la controversia, hay 
que saber lo siguiente: 
En Derecho italiano, especialmente según el 
apartado 1 del artículo 6 de las «Disposizio­
ni preliminari alla tariffa dei dazi doganali» 
(Disposiciones preliminares del Arancel 
Aduanero) (Decreto del Presidente de la 
República n° 723 de 26 de junio de 1965), 
el derecho de aduana sobre las mercancías 
importadas se aplica al tipo vigente en la 
fecha en que la aduana acepte la declaración 
de importación. A tenor del apartado 2 del 
mismo artículo en su versión original, en 
caso de variación del tipo impositivo con 
posterioridad a la fecha contemplada en el 
apartado 1, la aduana podía, previa petición 
del importador, aplicar el tipo impositivo 
más bajo hasta que la mercancía se haya 
puesto a disposición del importador. La 
Administración italiana aplicaba esta norma tanto a los derechos de aduana como a las 
exacciones agrícolas. 
Después de que el Tribunal de Justicia 
declaró en su sentencia de 15 de junio de 
1976, Frecassetti (113/75, Rec. p. 983), en 
relación con la determinación de la exacción 
aplicable a los cereales, que el tipo de la 
exacción que debía percibirse debía ser 
invariablemente el que estuviera en vigor el 
día en que los Servicios de Aduanas acepta­
ran la declaración de importación, el Go­
bierno italiano añadió al mencionado apar­
tado 2 del artículo 6 de las «Disposizioni 
preliminari alla tariffa dei dazi doganali», 
mediante Decreto del Presidente de la Re­
publican0 695 de 22 de septiembre de 1978, 
un párrafo precisando que la posibilidad de 
aplicar el tipo más favorable no se extendía 
a las exacciones agrícolas ni a los demás 
tributos previstos en el marco de la política 
agraria común. El artículo 3 de este Decreto 
establecía además que la disposición que 
excluía la posibilidad de aplicar a las exac­
ciones el tipo más favorable entraría en 
vigor el 11 de septiembre de 1976, fecha en 
que se publicó la sentencia Frecassetti en 
el Diario Oficial cíe las Comunidades 
Europeas. 
Lengua original: alemán. 
437 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79,127/79 Y 128/79 
No obstante, ya antes de dicha sentencia, la 
Amministrazione italiana delle Finanze 
dello Stato había requerido a las tres em­
presas Salumi, Vasanelli y Ultrocchi a que 
pagaran exacciones complementarias sobre 
importaciones de carne de bovino ya que, 
no existiendo petición escrita, se había 
aplicado por error el tipo más favorable, que 
era el aplicable una vez aceptada la decla­
ración de importación y antes de que se 
retirara la mercancía. 
El Tribunale di Genova, al que recurrieron 
las tres empresas, estimó sus recursos y 
declaró improcedentes las pretensiones de la 
Administración. Los recursos de apelación 
que ésta interpuso ante la Corte d'appello 
fueron desestimados, por el motivo de que 
la determinación del tipo de las exacciones 
agrícolas no estaba regida por las disposi­
ciones del Derecho aduanero interno, sino 
del Derecho comunitario, con arreglo al 
cual el tipo aplicable era en todo caso el del 
día de la importación, es decir, el tipo de la 
fecha en que la mercancía se introduce 
definitiva e irrevocablemente en el territorio 
aduanero y se pone en libre práctica. 
La Amministrazione italiana delle Finanze 
dello Stato recurrió entonces contra dichas 
sentencias ante la Corte suprema di cassa­
zione, alegando entre otras cosas que, según 
el Derecho comunitario considerado aplica­
ble por la Corte d'appello, el día de la 
importación decisivo para determinar el tipo 
aplicable, como lo había declarado en parti­
cular la sentencia que entretanto dictó el Tribunal de Justicia en el asunto Frecassetti, 
era el día en que la aduana aceptó la decla­
ración de importación. Para la Amministra­
zione delle Finanze dello Stato, el hecho de 
que el artículo 3 del Decreto del Presidente 
de la República n° 695 de 22 de septiembre 
de 1978, al excluir la aplicación del tipo 
impositivo más bajo para las exacciones 
agrícolas a partir del 11 de septiembre de 
1976, hiciera de este modo aplicables cier­
tas disposiciones nacionales que hasta en­
tonces contradecían el Derecho comunita­
rio, no era contrario al Derecho comunitario 
que regula directamente las exacciones 
agrícolas. Al establecer el criterio indicado, 
el legislador nacional se limitó a recibir un 
principio del ordenamiento jurídico comuni­
tario según el cual, cuando la interpretación 
de una norma comunitaria es incierta y 
cuando una interpretación errónea comparti­
da por las partes interesadas ha dado lugar 
entretanto a pagos indebidos o a que no se 
pagaran cantidades debidas, sólo puede 
exigirse la aplicación correcta de la normati­
va comunitaria a partir de la fecha de su 
interpretación auténtica. Este mismo princi­
pio inspiró por lo demás la sentencia del 
Tribunal de 8 de abril de 1976, Defrenne 
(43/75,« Rec. p. 455) y la nota de la Comi­
sión n° 75 425312, de 30 de mayo de 1975, 
relativa a la sentencia del Tribunal de Justi­
cia de 12 de noviembre de 1974, Roquette 
Frères (34/74, Rec. 1974, p. 1217). 
Basándose en esta argumentación, la Corte 
suprema di cassazione llegó a la conclusión 
de que el artículo 3 del Decreto del Presi­
dente de la República n° 695 podía interpre-
438 
SALUMI 
tarse de dos modos distintos: o bien que la 
limitación en el tiempo sólo tiene valor 
normativo en su significación «positiva», es 
decir, que no afecta a la normativa vigente 
durante el período anterior, o bien que 
también tiene valor normativo en su aspecto 
«negativo», es decir que, por lo que respecta 
al período anterior al 11 de septiembre de 
1976, a pesar de la sentencia Frecassetti, la 
Administración italiana no está facultada 
para reclamar a posteriori la diferencia 
entre el importe de la exacción aplicable el 
día de la importación y el importe efectiva­
mente recaudado con arreglo a la norma del 
tipo más favorable. Por ello, mediante 
resoluciones de 11 de enero de 1979, la 
Corte suprema di cassazione suspendió los 
procedimientos y planteó, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, las siguientes 
cuestiones prejudiciales: 
«a) Si, con arreglo al artículo 177 del Tra­
tado CEE, cuando las autoridades de un 
Estado miembro, respecto a relaciones 
aún no definidas según su propio Dere­
cho interno, hayan recaudado en mate­
ria de importación lo que no hubieran 
debido recaudar o, por el contrario, no 
hayan recaudado lo que hubieran debi­
do recaudar en virtud de la normativa 
comunitaria aplicable al sector de que 
se trate, tal y como ha sido interpretada 
posteriormente por una sentencia del 
Tribunal de Justicia, dicha sentencia es 
igualmente aplicable o no a dichas 
relaciones en el ordenamiento jurídico 
interno de los Estados miembros, o si 
sólo lo es dentro de determinados lími­
tes y si se cumplen determinadas condi­
ciones y en esta última hipótesis, cuáles 
son estos límites y condiciones. b) Si, en todo caso, siempre en relación 
con el artículo 177 del Tratado CEE, el 
Derecho comunitario prohibe o, por el 
contrario, impone o le resulta indiferen­
te que el Derecho nacional atribuya a 
los interesados, respecto a estas mismas 
relaciones, la legitimación procesal 
activa para exigir o reclamar, basándo­
se en la interpretación dada por la sen­
tencia del Tribunal de Justicia, lo debi­
do y no percibido o, de modo respecti­
vo, lo pagado indebidamente.» 
Mi punto de vista sobre este problema es el 
siguiente'. 
La primera cuestión se refiere al efecto en el 
tiempo de una sentencia en que el Tribunal 
de Justicia interpretó con carácter prejudi­
cial una disposición de Derecho comunita­
rio. El órgano jurisdiccional de remisión 
solicita que se precise si una norma de 
Derecho comunitario es aplicable, tal y 
como la interpretó el Tribunal de Justicia, a 
hechos sucedidos antes de la sentencia 
interpretativa basada en el artículo 177 del 
Tratado CEE o si procede excluir tal apli­
cación en base a otros principios de Dere­
cho comunitario. 
Mediante la segunda cuestión, el órgano 
jurisdiccional de remisión pregunta si, y en 
qué medida, el Derecho nacional debe 
atribuir a los interesados la legitimación 
procesal activa para reclamar los derechos 
que derivan de dicha disposición. 
439 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
Dado que estas dos cuestiones están estre­
chamente relacionadas, es oportuno exami­
narlas conjuntamente. 
Como ya he señalado, el Tribunal de Justi­
cia precisó en el asunto 113/75 (Frecassetti) 
que el importe de la exacción que debía 
percibirse con arreglo a los dos Reglamen­
tos sobre la organización común de merca­
dos en el sector de los cereales (Reglamento 
n° 19 del Consejo, de 4 de abril de 1962, 
DO 1962, 30, p. 933, y Reglamento 
n° 120/67/CEE del Consejo, de 13 de junio 
de 1967, DO 1967, 117, p. 2269), era inva­
riablemente el vigente el día de la importa­
ción. En cuanto al concepto.de «día de la 
importación» en el sentido de los menciona­
dos Reglamentos, el Tribunal de Justicia lo 
definió diciendo que se trata de la fecha en 
que el Servicio de Aduanas acepta la decla­
ración de importación. Esta interpretación, 
que el Tribunal de Justicia deduce funda­
mentalmente del objetivo mismo y del 
sistema general de las exacciones agrícolas, 
es también válida, con toda seguridad, para 
todos los demás Reglamentos relativos a la 
organización de los mercados agrícolas que 
establezcan de igual modo que la exacción 
que debe percibirse es la que resulte aplica­
ble el día de la importación. Es cierto que 
una disposición expresa en tal sentido úni­
camente se introdujo en el Reglamento 
relativo al sector de la carne de bovino 
aplicable aquí [Reglamento (CEE) 
n° 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 
1968, por el que se establece la organiza­
ción común de mercados en el sector de la 
carne de bovino, DO L 148, p. 24] poste­
riormente, es decir mediante el Reglamento 
(CEE) n° 2838/71 del Consejo, de 24 de 
diciembre de 1971 (DO L 286, p. 1) y que una disposición semejante tampoco se 
contenía en el Reglamento aplicable ante­
riormente, que era el Reglamento 
n° 14/64/CEE del Consejo, de 5 de febrero 
de 1964, por el que se establece gradual­
mente una organización común de mercados 
en el sector de la carne de bovino 
(DO 1964, 34, p. 562). 
Incluso anteriormente, a pesar de la inexis­
tencia de tal normativa expresa, la situación 
no podía sino ser la misma. Así resulta, en 
efecto, del objetivo y del sistema de las 
exacciones, que sirven sobre todo para 
mantener y estabilizar el mercado común 
compensando las fluctuaciones de los 
precios en el mercado mundial. Conse­
cuencia de ello es que, en lo que respecta al 
tipo de exacción, hay que referirse a la 
fecha en la que la mercancía puede influir 
de manera decisiva en las condiciones de 
mercado comunitario, es decir, a la fecha en 
que la mercancía llega al mercado interior 
de la Comunidad. Como sabemos desde 
la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 
de junio de 1976 en el asunto 113/75 
(Frecasseti), esta fecha es aquella en la que 
los Servicios de Aduanas aceptan la decla­
ración en la que el importador expresa su 
voluntad de que se admita la mercancía en 
libre práctica. Queda, pues, por comprobar 
si el citado Reglamento sobre la organiza­
ción de mercados en el sector de la carne 
de bovino también se aplica, con la inter­
pretación indicada, a las importaciones de 
carne de bovino efectuadas antes de esta 
sentencia. 
Las demandadas en los litigios principales 
señalan que, a falta de una disposición 
440 
SALUMI 
particular de Derecho comunitario, los 
criterios sobre el efecto de las sentencias 
prejudiciales en el tiempo deben buscarse 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Después de un pormenorizado análisis de 
esta jurisprudencia, sobre cuyos detalles me 
permito remitirme al escrito de contesta­
ción, las demandadas llegan a la conclusión 
de que es imposible pronunciarse de manera 
general a favor del principio de la eficacia 
ex tune o a favor del principio de la eficacia 
ex mine de las sentencias interpretativas 
dictadas con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CEE. Según ellas, la solución de 
este problema depende más bien de las 
particularidades de cada caso así como de 
los diversos métodos de interpretación y de 
los resultados de ésta. Opinan que, cuando 
la interpretación está basada en la génesis o 
en los términos de una disposición, debe 
hablarse sin duda de eficacia ex tune de la 
sentencia correspondiente, mientras que 
sería preferible la eficacia ex mine en caso 
de una interpretación basada en considera­
ciones sistemáticas y fundada en la evolu­
ción del contexto normativo o 
socio-económico. Cuando el Tribunal de 
Justicia se limita a declarar el sentido de una 
disposición, habría que partir de la idea de 
que la interpretación es válida desde la 
entrada en vigor de la disposición contro­
vertida, pero no sucedería lo mismo cuando 
la sentencia pretendiera desarrollar y com­
pletar el Derecho comunitario. En el primer 
caso, nada se opone a que se reconozca 
eficacia retroactiva a una sentencia interpre­
tativa que atribuye derechos subjetivos a los 
particulares fiente a los Estados miembros 
que sus órganos jurisdiccionales deben 
salvaguardar. Cuando, por el contrario, la 
sentencia establece obligaciones a cargo de 
personas privadas, hay que comprobar si la eficacia ex tune no es contraria a las exigen­
cias fundamentales de la seguridad jurídica. 
Verdad es que, al tener las sentencias efec­
tos ultra partes puede efectivamente dedu­
cirse de ello, en principio, que tienen efica­
cia ex tune, pero el efecto erga omnes que 
se atribuye, dentro de ciertos límites, a la 
interpretación prejudicial no siempre permi­
te determinar si una sentencia tiene o no 
eficacia retroactiva. De este modo, para 
responder a la cuestión de a partir de cuán­
do una determinada disposición tiene efecto 
directo, el Tribunal de Justicia ha preferido 
en ocasiones utilizar una fórmula ambigua 
declarando que el efecto directo de la norma 
interpretada se remonta «a más tardar» a 
una fecha que se precisa a continuación. Por 
último, en su sentencia de 8 de abril de 
1976 en el asunto 43/75 (Defrenne), el 
Tribunal de Justicia se refirió al carácter 
excepcional de ciertas circunstancias de 
aquel asunto para indicar que su sentencia 
producía únicamente un efecto retroactivo 
limitado. 
En mi opinión, estas consideraciones no 
pueden admitirse, por diversos motivos. 
Como señaló atinadamente la Comisión, el 
artículo 164 del Tratado CEE confiere al 
Tribunal de Justicia una misión únicamente 
jurisdiccional, excluyendo toda actividad de 
carácter legislativo. Cuando un órgano 
jurisdiccional nacional solicita una decisión 
prejudicial con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CEE, el Tribunal de Justicia sólo 
puede interpretar el Derecho comunitario de 
una manera general y abstracta, deduciendo 
de él el sentido de la norma que se debe 
interpretar. La finalidad de la interpretación 
debe ser siempre alcanzar el objetivo del 
441 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
Tratado del mejor modo posible. Como ya 
expuse en mis conclusiones en el asunto en 
el que recayó la sentencia de 27 de marzo 
de 1980, Denkavit italiana, 61/79,» Rec. 
p. 1205), toda sentencia dictada a título 
prejudicial tiene siempre carácter declarato­
rio en la medida en que determina, sirvién­
dose de los métodos de interpretación tradi­
cionales, el sentido que se atribuye a una 
norma desde el principio. La situación no es 
diferente cuando, mediante un análisis de 
Derecho comparado, el Tribunal de Justicia 
colma lagunas del Derecho comunitario. 
Contrariamente a lo que las demandadas en 
los litigios principales piensan, el Tribunal 
de Justicia no crea entonces Derecho juris­
prudencial, sino que únicamente averigua 
los principios generales de Derecho comu­
nes a todos los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros y que, por lo tanto, 
son parte integrante del ordenamiento jurí­
dico comunitario, como establece, en parti­
cular el párrafo segundo del artículo 215 del 
Tratado CEE. 
El hecho de que el Tribunal de Justicia haya 
declarado con carácter interpretativo en el 
asunto 113/75 (Frecassetti), que, según el 
sistema general de las exacciones, el impor­
te de la exacción que debía percibirse era 
exclusivamente el aplicable el día en que los 
Servicios de Aduanas aceptaban la declara­
ción de importación, implica en consecuen­
cia que dicha declaración sobre el sentido 
de la norma es también válida para todos los 
demás Reglamentos que establecen organi­
zaciones de mercados agrícolas, que esta­
blecen también exacciones y que pretenden 
por lo tanto alcanzar el mismo fin. La sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia con arreglo al artículo 177 tampoco 
puede verse privada de relevancia jurídica 
en relación con otros litigios del mismo 
género sometidos a los órganos jurisdiccio­
nales nacionales. Para estos tribunales, la 
relevancia de la interpretación dada por el 
Tribunal de Justicia deriva, entre otras 
cosas, del hecho de que, según la sentencia 
de este Tribunal de 27 de marzo de 1963, 
Da Costa en Schaake NV y otros (asuntos 
acumulados 28/62, 29/72 y 30/72,» Rec. 
p. 59), los órganos jurisdiccionales naciona­
les de última instancia que pretendan atener­
se a la interpretación del Tribunal de Justi­
cia están dispensados de la obligación de 
remitirse nuevamente a él y que, si los 
tribunales nacionales inferiores no quieren 
decidir una nueva remisión, no pueden 
adoptar una interpretación diferente sin 
aplicar incorrectamente el Derecho comuni­
tario. Por lo tanto, la interpretación del 
Tribunal de Justicia se extiende también a 
los Reglamentos relativos a la organización 
de mercados en el sector de la carne de 
bovino que deben aplicarse al procedimien­
to principal, con la consecuencia de que, 
siempre que una de las partes las alegue, 
todo órgano jurisdiccional nacional deberá 
aplicar estas disposiciones a partir de su 
entrada en vigor en el territorio nacional, 
con arreglo a la interpretación dada. Si la 
interpretación del Tribunal de Justicia no se 
aplicara a hechos producidos antes del 
procedimiento de la sentencia, ello equival­
dría, como la Comisión ha señalado atinada­
mente, a dejar una disposición sin efecto o 
a atribuirle un significado diferente para el 
pasado y a fraccionar de este modo el Dere­
cho comunitario en el tiempo, a expensas 
del principio de seguridad jurídica. 
442 
SALUMI 
Si bien es cierto que el Tribunal de Justicia 
llega con frecuencia en sus sentencias inter­
pretativas a la conclusión de que una norma 
produce un efecto directo «a más tardan) a 
partir de una fecha que se precisa a conti­
nuación, tampoco pretende al hacer esto 
limitar la aplicación de la sentencia en el 
tiempo, sino únicamente decidir la fecha a 
partir de la cual dicha norma produce un 
efecto directo. Dicha declaración no es, sin 
embargo, necesaria para los Reglamentos, 
ya que, a tenor del párrafo segundo del 
artículo 189 del Tratado CEE, éstos son 
directamente aplicables en cada Estado 
miembro a partir de su entrada en vigor. En 
este sentido, la aplicabilidad directa signifi­
ca, como este Tribunal declaró en su senten­
cia de 9 de marzo de 1978, Simmenthal 
(106/77," Rec. p. 629), «que las normas de 
Derecho comunitario deben surtir plena­
mente efecto, de una manera uniforme en 
todos los Estados miembros, a partir de la 
fecha de su entrada en vigor y durante todo 
el período de su validez». Del mismo modo, 
es jurisprudencia reiterada de este Tribunal 
de Justicia que las disposiciones directa­
mente aplicables son una niente de derechos 
y obligaciones para todos los interesados, ya 
se trate de Estados miembros o de particula­
res. El efecto directo, combinado con el 
principio de la primacía del Derecho comu­
nitario, tiene como consecuencia además 
«que los Jueces nacionales que conocen de 
un asunto en el marco de su competencia 
están obligados a aplicar integramente el 
Derecho comunitario y a proteger los dere­
chos que éste confiere a los particulares 
dejando sin aplicación toda disposición de 
la ley nacional eventualmente contraria a 
aquél, ya sea anterior o posterior a la norma 
comunitaria» (asunto 106/77, Simmenthal). 
Toda disposición de un ordenamiento jurídi­co nacional o toda práctica legislativa, 
administrativa o judicial, que tuviera por 
efecto disminuir la eficacia del Derecho 
comunitario, es por lo tanto, en principio, 
incompatible con las exigencias inherentes 
a la naturaleza del Derecho comunitario. 
Esta exigencia de una aplicación uniforme 
del Derecho comunitario implica, en rela­
ción con el litigio principal, que el importe 
percibido de menos en las exacciones recau­
dadas, como consecuencia de una aplicación 
errónea de un Reglamento sobre la organi­
zación del mercado agrícola, puede, en 
principio, reclamarse a posteriori, y que la 
ejecución de estos derechos debe en princi­
pio ser protegida por los órganos jurisdic­
cionales nacionales. Como ya señalé en mis 
conclusiones en los asuntos 68/79 (Just," 
Rec. 1980, p. 501) y 61/79 (Denkavit) 
teniendo en cuenta la jurisprudencia que cité 
en aquellas ocasiones, estos derechos sólo 
pueden ser salvaguardados por los órganos 
jurisdiccionales nacionales con arreglo a sus 
ordenamientos jurídicos internos, mientras 
el Derecho comunitario no disponga de 
normativa propia. Cuando se aplique el 
Derecho nacional, los órganos jurisdiccio­
nales de los Estados miembros tienen, sin 
embargo, la obligación de respetar, como 
señalé también en las conclusiones anterior­
mente citadas, los límites definidos en la 
sentencia de 16 de diciembre de 1976, 
Rewe (33/76,« Rec. p. 1989); en otros 
términos, la defensa de los derechos deriva­
dos del Derecho comunitario no debe orga­
nizarse de modo menos favorable que la 
ejecución de derechos similares que deriven 
del Derecho nacional, y no debe imposibili­
tarse en la práctica su defensa judicial. 
443 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
En mi opinión, para resolver el presente 
asunto, no existe un solo fundamento siquie­
ra, contrariamente al parecer de las deman­
dadas en los litigios principales, para dedu­
cir otros límites del Derecho comunitario, 
incluso cuando las exacciones, que en caso 
de interpretación correcta del Reglamento 
relativo a la organización de mercados en el 
sector de la carne de bovino hubieran debi­
do reclamarse antes, son objeto de una 
recaudación complementaria. El principio 
de la aplicabilidad directa de los Reglamen­
tos, que es una norma elemental del Dere­
cho comunitario, no debe cuestionarse por 
la protección de la confianza legítima cuan­
do los intereses de los operadores económi­
cos pueden ser protegidos de otro modo, 
como a continuación expondré. A esta 
conclusión me conducen las reflexiones 
siguientes. 
La cuestión decisiva en la aplicación del 
principio, reconocido en Derecho comunita­
rio, de la protección de la confianza es la de 
si cualesquiera medidas de las Instituciones 
de la Comunidad provocan cambios o cons­
tituyen intervenciones imprevisibles de la 
situación de los operadores económicos y si 
las expectativas de éstos representan una 
confianza legítima y por ello digna de 
protección. Ahora bien, tal y como se ha 
visto, la decisión de este Tribunal en el 
asunto Frecassetti simplemente reconoció y 
no creó el derecho. A diferencia de la sen­
tencia en el asunto Frecassetti, es cierto que, 
en su sentencia en el asunto Defrenne, este 
Tribunal limitó el efecto de la misma por­
que «al ignorar el nivel global al que se 
establecieron las retribuciones, considera­
ciones imperiosas de seguridad jurídica 
relativas a todos los intereses en juego, tanto de carácter público como privado, 
impiden, en principio, volver a poner en tela 
de juicio las retribuciones correspondientes 
a períodos ya transcurridos». Independiente­
mente de las diferentes circunstancias, esta 
sentencia, no obstante, no permite deducir, 
como las demandadas en los litigios princi­
pales y el Gobierno italiano pretenden 
hacer, un principio general con arreglo al 
cual el efecto en el tiempo de una sentencia 
interpretativa está limitado por razones de 
seguridad pública o de protección de la 
confianza, incluso cuando la sentencia no lo 
diga expresamente. 
Además, en el asunto Frecassetti, el Tribu­
nal de Justicia se limitó a dar a los Regla­
mentos agrícolas el significado que era de 
esperar. De acuerdo con lo que el Tribunal 
ya precisó en la sentencia de 15 de diciem­
bre de 1971, Schleswig-Holsteinische Land­
wirtschaftliche Hauptgenossenschaft (3 5/71, 
Rec. p. 1083), era previsible en ese caso que 
la fecha determinante para aplicar el régi­
men de las exacciones debiera ser idéntico 
en todos los Estados miembros, para evitar 
el riesgo de que se aplicaran diferentes tipos 
de exacciones a mercancías que se encuen­
tran económicamente en la misma situación 
en la misma fecha y cuya introducción en el 
territorio de los Estados miembros producen 
efectos comparables en el mercado de los 
productos agrícolas. 
No obstante, esta interpretación implica que 
las disposiciones al respecto contrarias del 
Derecho italiano no podían aplicarse, y que 
la recaudación misma, realizada de confor­
midad con dichas disposiciones, era contra­
ria a Derecho. Cuando la diferencia se 
444 
SALUMI 
reclama luego a posteriori mediante una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, éstos deben comprobar igual­
mente si la recaudación inicial por parte de 
las autoridades competentes se debió a un 
error y si este error no podía ser advertido 
por los deudores de la exacción, en otras 
palabras, si la recaudación complementaria 
en el presente asunto no queda excluida põi­
el principio de protección de la confianza, 
que todos los ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembros reconocen. 
A mi parecer, es justamente a los órganos 
jurisdiccionales nacionales a quienes proce­
de dejar la tarea de examinar esta cuestión 
de acuerdo con sus propios ordenamientos 
jurídicos, aunque sólo sea porque, debido al 
carácter incompleto del Derecho comunita­
rio, los demás requisitos formales y materia­les de la exacción son también función del 
Derecho nacional, como ya expuse en mis 
conclusiones de los asuntos 68/79 (Just) y 
61/79 (Denkavit). Cuando la recaudación 
complementaria ya está excluida por otras 
razones relativas a las circunstancias del 
recurso o a los plazos prescritos, lo cual 
debe también apreciarse de conformidad 
con el Derecho nacional, no es necesario 
referirse al principio de protección de la 
confianza. Por el contrario, cuando no sea 
éste el caso, los órganos jurisdiccionales 
nacionales deben poder recurrir al principio 
de protección de la confianza legítima, 
cuando la recaudación de tributos insufi­
cientes se ñinda, por ejemplo, en informa­
ciones dadas por las autoridades competen­
tes, en disposiciones generales que se reve­
lan posteriormente inaplicables o en un 
error de las autoridades competentes que un 
particular de buena fe no podía apreciar. 
Sobre la base de estas consideraciones, propongo que se den a las cuestiones 
prejudiciales las respuestas siguientes: 
1 ) Los Reglamentos de Derecho comunitario deben ser aplicados en principio pol­
los órganos jurisdiccionales nacionales según la interpretación que el Tribunal 
de Justicia les haya dado en una sentencia ulterior, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, a menos que el propio Tribunal de Justicia haya limitado 
explícitamente el efecto en el tiempo en esa sentencia o que la cuestión de 
interpretación sea nuevamente sometida al Tribunal de Justicia. 
2) El Derecho interno debe reconocer a los interesados la legitimación procesal 
activa para reclamar los derechos derivados del Reglamento. El Derecho 
interno, sin embargo, puede restringir esta legitimación, en particular, pol­
lazones de protección de la confianza legítima de los particulares. 
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