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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/37

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 11 de junio de 2014 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Asunto C-284/14)

2014/C 315/59

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Cuestión prejudicial

¿Es válido el Reglamento de Ejecución (UE) no 158/2013 del Consejo, de 18 de febrero de 2013, por el que se reestablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China, (1) aunque inmediatamente antes de su adopción no se llevase a cabo una investigación antidumping independiente, sino que únicamente se reanudó una investigación antidumping ya realizada para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, a pesar de que, según las apreciaciones del Tribunal de Justicia en su sentencia GLS (sentencia C-338/10), (2) dicha investigación se llevó a cabo incumpliendo las exigencias del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, (3) en su versión resultante del Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, (4) a consecuencia de lo cual el Tribunal de Justicia, en la mencionada sentencia, declaró inválido el Reglamento (CE) no 1355/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China, (5) adoptado a raíz de dicha investigación?

(1) DO L 49, p. 29.

(2) EU:C:2012:158.

(3) DO 1996, L 56, p. 1.

(4) DO L 340, p. 17.

(5) DO L 350, p. 35.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 329/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim (Alemania) el 28 de julio de 2014 — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

(Asunto C-365/14)

2014/C 329/13

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Rüsselsheim

Partes en el proceso principal

Demandantes: Brunhilde Liebler, Helmut Liebler

Demandada: Condor Flugdienst GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben calificarse de circunstancias extraordinarias en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (1) las injerencias de terceros que actúan bajo su propia responsabilidad y en los que han sido delegadas funciones propias de las operaciones de un transportista aéreo?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿resulta relevante quién (compañía aérea, entidad gestora del aeropuerto, etc.) ha encomendado las funciones al tercero?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
7)

a. En caso de que se responda a la sexta cuestión prejudicial en el sentido de que los problemas técnicos que deban considerarse deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo constituyen circunstancias extraordinarias que permiten invocar el artículo 5, apartado 3, del Reglamento si resultan de un acontecimiento que no sea inherente al ejercicio de la actividad de transportista aéreo y si escapan a su control efectivo, ¿significa esto entonces que un problema técnico que surgió espontáneamente, que no sea imputable a un mantenimiento defectuoso ni haya sido descubierto tampoco durante un mantenimiento periódico (las mencionadas comprobaciones A a D y el Daily Control […]), puede o no constituir una circunstancia extraordinaria —suponiendo que no hubiera podido descubrirse durante esas revisiones de mantenimiento periódicas— porque no es posible identificar ningún acontecimiento en el sentido del apartado 26 ni tampoco determinar, por tanto, si es inherente al ejercicio de la actividad de transportista aéreo y escapa, por consiguiente, a su control? b. En caso de que se responda a la sexta cuestión prejudicial en el sentido de que los problemas técnicos que deban considerarse deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo son acontecimientos a efectos del apartado 22 y de que el problema técnico hubiese surgido espontáneamente, no sea imputable a un mantenimiento defectuoso ni haya sido descubierto tampoco durante un mantenimiento periódico (las mencionadas comprobaciones A a D y el Daily Control), ¿es ese problema técnico inherente o no al ejercicio de la actividad de transportista aéreo y escapa o no a su control en el sentido del apartado 26 antes citado? c. En caso de que se responda a la sexta cuestión prejudicial en el sentido de que los problemas técnicos que deban considerarse deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo son acontecimientos a efectos del apartado 22 y de que el problema técnico hubiese surgido espontáneamente, no sea imputable a un mantenimiento defectuoso ni haya sido descubierto tampoco durante un mantenimiento periódico (las mencionadas comprobaciones A a D y el Daily Control), ¿qué circunstancias deben acompañar entonces a ese problema técnico y cuándo deben considerarse extraordinarias esas circunstancias para que puedan invocarse en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento?
I.

En apoyo del recurso de casación contra el auto mediante el cual el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso. I.1—. En relación con la declarada falta de legitimación. Error de Derecho: infracción y/o aplicación indebida del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto; artículos 6 y 13 CEDH; artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; artículo III. 8, apartado 2, de la Decisión C (2010) 4456; artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por motivación inexistente y/o contradictoria e incongruencia; artículos 107 TFUE y 108 TFUE, apartado 3. — El auto está viciado en cuanto que no consideró que SACBO es cofinanciador, responsable de toda la inversión y quien la ejecuta, que sufre por ello todos los efectos de la Decisión impugnada, sea por no recuperar las inversiones realizadas, sea en relación con las cantidades que se han de devolver, o en relación con los cargos imputados en dicha Decisión, inherentes todos ellos a la conducta de la recurrente. — Infracción de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE al no haber considerado el Tribunal General que el reembolso por parte de ENAC de la cofinanciación es un acto debido en virtud del Derecho de la UE, constituyendo la falta de devolución una ayuda de Estado ilegal. — El auto está viciado en cuanto que no consideró el papel de SACBO en el procedimiento que llevó a la adopción de la medida impugnada. — El auto está viciado en cuanto que no consideró la legitimación de SACBO por razón del daño a la propia imagen sufrido a consecuencia de la medida impugnada. I.2—. En relación con la imposibilidad de impugnar el acto comunicado. Error de Derecho: infracción y/o aplicación indebida del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, e infracción de los artículos III. 3.6 y III. 3.9 de la Decisión de financiación; infracción y/o aplicación indebida del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por motivación contradictoria. — El auto está viciado en cuanto que no consideró que la medida establece ya clara y definitivamente la cuantía de la financiación y las cantidades que se han de devolver, así es que constituye per se la obligación de devolución. — El auto está viciado en cuanto que no consideró que la medida impugnada constituye el acto conclusivo y definitivo del procedimiento de reducción de la financiación, autónomo y distinto de la fase posterior de recuperación efectiva.
—

Que se declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (1) al no haber publicado los planes hidrológicos finales de cuenca a 22 de diciembre de 2009, al no haber enviado una copia de los mismos a la Comisión a 22 de marzo de 2010 y, en cualquier caso, al no haber informado de ello a la Comisión.
3.

En particular, las recurrentes invocan cuatro motivos de casación: — El primer motivo de casación se refiere al nuevo criterio de adjudicación introducido durante el procedimiento de licitación, que no figuraba en el pliego de condiciones técnicas. Por ello, las recurrentes alegan la desnaturalización del motivo de anulación y de las alegaciones formuladas en sus escritos, así como motivación defectuosa. — El segundo motivo de casación tiene por objeto la valoración de un criterio de selección cualitativa como criterio de selección. Por ello, las recurrentes alegan error de apreciación, y error en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, así como motivación defectuosa. — El tercer motivo de casación se refiere a la valoración de la experiencia adquirida en contratos anteriores celebrados con la misma entidad adjudicadora. Por ello, las recurrentes alegan error en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, error de apreciación y motivación defectuosa. — El cuarto motivo de casación se refiere a la valoración de un criterio que no podía calificarse de modo objetivo. Por ello, las recurrentes alegan error manifiesto de valoración, error en la aplicación del Derecho de la Unión y motivación insuficiente.
2)

A la vista de la Ley no 9/2012 y del objeto del impuesto establecido por dicha Ley ¿es necesario considerar que el art[ículo] 110 del TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro de la Unión Europea establezca un impuesto sobre emisiones contaminantes aplicable a todos los automóviles extranjeros cuando se matriculan en dicho Estado, y que sólo se paga por los automóviles nacionales cuando se transmite el derecho de propiedad sobre ellos, con la consecuencia de que un vehículo extranjero no puede ser utilizado sin que se haya pagado el impuesto, mientras que un vehículo nacional puede utilizarse indefinidamente sin haberse pagado el impuesto en tanto no se haya transmitido, si es que alguna vez se transmite, el derecho de propiedad sobre él?
—

Que se anule el auto de 4 de diciembre 2013 mediante el que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto en el asunto T-438/10 dirigido a obtener la anulación del Reglamento (UE) no 566/2010 del Consejo, de 29 de junio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1255/96 por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca (DO L 163, p. 4), en la parte en que dicho Reglamento modifica la designación de algunas mercancías respecto de las cuales se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 102/19

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 27 de enero de 2014 — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction regionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL, cuyo nombre comercial es Marshall Bioresources

(Asunto C-40/14)

2014/C 102/27

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction regionale des douanes et droits indirects de Lyon

Recurrida: Utopia SARL, cuyo nombre comercial es Marshall Bioresources

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Puede disfrutar un importador de animales especialmente preparados para ser utilizados en laboratorio de la franquicia de derechos de importación prevista para este tipo de mercancía en el artículo 60 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, (1) cuando él mismo no sea un establecimiento público o de utilidad pública, o privado autorizado cuya actividad principal sea la enseñanza o la investigación científica, pero tenga como clientes a establecimientos que cumplen estos requisitos?

2) ¿Debe interpretarse la regla general 5 b) de las reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada en el sentido de que las jaulas que sirven para el transporte de animales vivos destinados a la investigación en laboratorio están comprendidos en la categoría relativa a los envases en el sentido de dicha regla? En caso de respuesta afirmativa, ¿los términos «susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida», aplicables a estos envases, deben apreciarse en general o solamente en relación con una reutilización dentro del territorio de la Unión?

(1) DO L 105, p. 1.
1)

Error de Derecho (artículo 263, párrafo 2 TFUE, en relación con el artículo 3 del Reglamento no 1 (1) por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea). En opinión de la recurrente, la infracción del régimen lingüístico en el pliego de cargos de un procedimiento de competencia es un vicio sustancial de forma que debe llevar aparejada la anulación de la decisión que finalmente se dicta en ese procedimiento, aun en el caso de que dicha infracción no haya afectado al derecho de defensa de la empresa. Dado que la sentencia recurrida no anuló la decisión recurrida, tal y como la parte recurrente había solicitado, el Tribunal General infringió el artículo 263, párrafo 2, TFUE, en relación con el artículo 3 del Reglamento no 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1393/2007 (1) del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, en el sentido de que una demanda con la que el adquirente de títulos de deuda pública emitidos por la demandada ejerce derechos de pago en forma de pretensión de cumplimiento e indemnización contra la demandada debe considerarse una demanda en «materia civil o mercantil» en el sentido del artículo 1, apartado 1, primera frase, del Reglamento, si el adquirente no aceptó la oferta de permuta formulada por la parte demandada a finales de febrero de 2012, que se hizo posible en virtud de la Ley griega no 4050/2012 («Greek-Bondholder-Act»)?
2)

Infracción por el Tribunal General de los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato, así como de los derechos de la defensa de Proas , al interpretar erróneamente las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 (1) — El Tribunal General ha autorizado a la Comisión a infringir sus propias Directrices permitiéndole no tener en cuenta, para determinar la multa, el escaso impacto de una infracción. — El Tribunal General ha violado los derechos de la defensa de Proa al no permitirle desvirtuar la presunción iuris tantum de que los cárteles siempre tienen efectos.
6)

¿Para la concesión del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2004/83/CE es necesario que el solicitante de asilo corra el riesgo de ser condenado con arreglo al Estatuto de la Corte Penal Internacional por el cumplimiento de sus obligaciones militares (alternativa 1), o se concede dicha protección aunque no se haya llegado a esa situación, es decir, aunque el solicitante de asilo no deba temer una sanción penal, pero aun así no pueda cumplir con su servicio militar de acuerdo con su conciencia (alternativa 2)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 291/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 2 de julio de 2013 — Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa

(Asunto C-370/13)

2013/C 291/02

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre

Recurrida: Minister Skarbu Państwa

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prevé la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad en el sentido de que está prohibido –como se prevé en el artículo 3, apartado 2, en relación con el artículo 2, número 2, de la Ley, de 8 de julio de 2005, sobre el derecho a compensación por los inmuebles abandonados fuera de las fronteras actuales de la República de Polonia (Dz. U. no 169, posición 1418; Dz. U. 2006 no 195, posición 1437; 2008 no 197, posición 1223, así como 2010 no 257, posición 1726)– excluir al heredero del propietario de un inmueble abandonado fuera de las fronteras actuales del Estado polaco del círculo de beneficiarios de compensaciones si dicho heredero no posee la nacionalidad polaca?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/28

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 27 de junio de 2013 — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd y otros

(Asunto C-360/13)

2013/C 260/50

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Public Relations Consultants Association Ltd

Recurridas: The Newspaper Licensing Agency Ltd y otros

Cuestiones prejudiciales

En los supuestos los que:

i) un usuario final mira una página web sin descargar, imprimir o tratar de algún otro modo de crear una copia de la misma;

ii) se crean copias de dicha página web de forma automática en la pantalla y en la memoria oculta de Internet del disco duro del usuario final;

iii) la creación de dichas copias resulta indispensable para el proceso técnico implicado en la navegación correcta y eficiente por Internet;

iv) la copia en la pantalla permanece en la misma hasta que el usuario final abandona la página web de que se trate, momento en que se elimina automáticamente siguiendo el funcionamiento normal del ordenador;

v) la copia creada en la memoria oculta permanece allí hasta que se sobreescribe con material nuevo cuando el usuario final navega a otras páginas web, momento en que se elimina automáticamente siguiendo el funcionamiento normal del ordenador; y

vi) las copias se retienen únicamente mientras duran los procesos normales asociados al uso de Internet mencionados anteriormente en los puntos iv) y v);

¿Debe entenderse que dichas copias son: i) provisionales, ii) transitorias o accesorias y iii) forman parte integrante y esencial del proceso tecnológico, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE? (1)

(1) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).
1)

En las circunstancias del procedimiento principal, en el que, el 17 de octubre de 2012, una Familienkasse alemana, en virtud del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 574/72 (1) concedió y abonó (por compensación parcial) una asignación por hijos a cargo por el período de octubre de 2006 a noviembre de 2011 por el importe diferencial respecto de las ayudas familiares de la Confederación Suiza, ¿debe efectuarse la conversión de ayudas familiares suizas en francos suizos a euros conforme al artículo 107, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 574/72, conforme al artículo 107, apartado 6, del Reglamento (CEE) no 574/72 o conforme al artículo 90 del Reglamento (CE) no 987/2009 (2) en relación con la Decisión no H3, de 15 de octubre de 2009, (3) relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) no 987/2009 (DO C 106, p. 56)?
c)

O, finalmente, ¿debe interpretarse el artículo 12.2 del Reglamento 2790/1999 en el sentido de que el acuerdo que contenga una obligación de no competencia está amparado, a partir de 1 de enero de 2002, por un nuevo plazo de cinco años, que finaliza el 31 de diciembre de 2006, en el caso de que la validez restante de la obligación de no competencia, a 1 de enero de 2002, no excediera los cinco años y, en cambio, no está amparado por las exenciones y procede examinar individualmente su conformidad con el artículo 81.1 TCE en caso de que la validez restante de la obligación de no competencia, a 1 de enero de 2002, excediera los cinco años?
1)

¿Se puede considerar que las disposiciones combinadas de los artículos L.24 y R.37 del code des pensions civiles et militaires de retraites, en la versión resultante de la aplicación de la loi no 2004-1485 de 30 de diciembre de 2004 de finances rectificative pour 2004 y el décret no 2005-449 de 10 de mayo de 2005, llevan a cabo una discriminación indirecta entre hombres y mujeres en el sentido del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?
6)

El artículo 79 TFUE, apartado 2, letra b), se encuentra en el título V de la tercera parte del TFUE. Con arreglo al Protocolo no 21 a los Tratados, el Reino Unido (o Irlanda) no participará en la adopción por el Consejo de medidas propuestas en virtud del título V, salvo que señale su deseo de «participar» en ellas. Al elegir incorrectamente el artículo 48 TFUE, en vez del artículo 79 TFUE, apartado 2, letra b), como base jurídica sustantiva de la Decisión, el Consejo se ha negado a reconocer el derecho del Reino Unido a no participar en la adopción de la Decisión y a no estar vinculado por ella.
1)

¿Se opone el Derecho de la Unión Europea, y en particular el artículo 31, apartado 3, de la Tercera Directiva de seguros de vida, (1) a que compañías de seguros de vida, en virtud de normas abiertas y/o no escritas de Derecho neerlandés, tales como la razonabilidad y la equidad que deben regir la relación (pre-) contractual entre una compañía de seguros de vida y un posible tomador del seguro[,] y/o un deber general y/o especial de asistencia, están obligadas a proporcionar a los tomadores del seguro más información sobre los costes y las primas de riesgo del seguro que lo que en 1999 exigían las disposiciones neerlandesas mediante las cuales se transpuso al Derecho interno la Tercera Directiva de seguros de vida [en particular, el artículo 2, apartado 2, letras q) y r), del RIAV 1998]?
1)

En virtud del Derecho de la Unión, ¿debe tratarse como «fraude fiscal», a los efectos de deducción del impuesto sobre el valor añadido, una situación de hecho en la cual el prestador de servicios indicado en la factura o su subcontratista no disponen del personal, los recursos materiales y los activos que serían necesarios para prestar el servicio, los costes para la prestación efectiva del servicio no están documentados, tales costes no figuran en su contabilidad y, además, se presentaron documentos falsos relativos a la condición de emisor de las personas que los firmaron en nombre del prestador de servicios, redactados en forma de contrato y de acta de aceptación y entrega y expedidos como prueba de las prestaciones recíprocas debidas y de la prestación del servicio por las que se emitió una factura con IVA y por la que se ejerció el derecho a deducción?