ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
11

El punto 1.1. de las Directrices anexas a la Recomendación de 23 de julio de 2003, titulado «Concepto de coexistencia», indica lo siguiente: «El cultivo de [OMG] en la Unión Europea es probable que tenga consecuencias en la organización de la producción agrícola. Por un lado, la posibilidad de la presencia accidental (no intencionada) de cultivos modificados genéticamente (MG) en cultivos que no hayan sufrido esta modificación, y viceversa, plantea la cuestión de cómo se puede asegurar la elección del productor respecto a los diferentes tipos de producción. En principio, los agricultores deberían poder cultivar los tipos de cultivos agrícolas que escojan, ya se trate de cultivos modificados genéticamente, convencionales o ecológicos. Ninguno de estos tipos de agricultura debería excluirse en la Unión Europea. Por otro lado, este asunto está relacionado también con la elección de los consumidores. Para que los consumidores europeos puedan disfrutar de una auténtica capacidad de elección entre alimentos modificados genéticamente y alimentos que no hayan sufrido esta modificación, no sólo debería existir un sistema de trazabilidad y etiquetado que funcione correctamente, sino también un sector agrario que pueda suministrar los diferentes tipos de bienes. La capacidad del sector alimentario para ofrecer a los consumidores un elevado grado de elección es paralela a la capacidad del sector agrario de mantener diferentes sistemas de producción. La coexistencia se refiere a la capacidad de los agricultores de poder escoger en la práctica entre la producción de cultivos convencionales, ecológicos y modificados genéticamente, en cumplimiento de las obligaciones legales sobre etiquetado y las normas de pureza. La presencia accidental de OMG por encima del umbral de tolerancia fijado en la legislación comunitaria activa la necesidad de que un cultivo que estaba destinado a ser un organismo no modificado genéticamente se etiquete indicando que contiene OMG. Ello podría dar lugar a una pérdida de ingresos debido a un menor precio de mercado del cultivo o las dificultades para venderlo. Además, puede que los agricultores tengan más costes en caso de que deban adoptar sistemas de seguimiento y medidas para reducir al mínimo la mezcla de cultivos modificados genéticamente y no modificados genéticamente. Por consiguiente, la coexistencia atañe al posible efecto económico de la mezcla de cultivos modificados genéticamente y no modificados genéticamente, a la determinación de medidas de gestión viables para reducir al mínimo las mezclas y al coste de estas medidas. […]»
33

La Comisión estima que el argumento esgrimido por la República de Austria, basado en que la reducción de las tarifas de transporte tiene la naturaleza de prestación de seguridad social, carece de pertinencia. En primer lugar, según la Comisión, tal reducción no compensa las cargas familiares, tal como exige el artículo 1, letra u), inciso i), del Reglamento no 1408/71, sino que reduce los gastos que para los estudiantes universitarios y de los centros superiores representa el uso de los transportes públicos. Las tarifas reducidas de transporte redundan directamente en beneficio de los estudiantes y no de los padres. En segundo lugar, la descripción de las tarifas reducidas de transporte realizada por la República de Austria no permite, a juicio de la Comisión, afirmar que cumplen las condiciones para ser consideradas como una prestación de seguridad social en el sentido del Reglamento no 1408/71. A este respecto, debe señalarse, según la Comisión, que los estudiantes no tienen ningún derecho legal a tales prestaciones. Por último, considera que no es lógico calificar como ayuda de manutención la ayuda de transporte contemplada por la Ley de 1992 cuando la reducción de las tarifas de transporte analizadas en el presente asunto es considerada como una prestación familiar. Según la Comisión, el hecho de que, en algunos Länder, la concesión de una reducción en las tarifas de transporte no esté supeditada a la percepción de prestaciones familiares austriacas representa un indicio adicional de que esta reducción no es en absoluto una prestación familiar.
18

De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C-570/07 y C-571/07, Rec. p. I-4629, apartado 36).
45

Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión que la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que el sujeto pasivo no haya verificado si existía una relación jurídica entre los trabajadores empleados en la obra y el emisor de la factura o si este último había declarado a esos trabajadores no constituye una circunstancia objetiva que permita concluir que el destinatario de la factura sabía o hubiera debido saber que participaba en una operación que formaba parte de un fraude en el IVA, en el caso de que este destinatario no dispusiera de indicios que permitieran sospechar la existencia de irregularidades o de un fraude en la esfera de actividad de dicho emisor. Así pues, no es posible denegar el derecho a la deducción a causa del mencionado hecho cuando concurren, por otra parte, los requisitos materiales y formales establecidos por la Directiva para el ejercicio de ese derecho.
13

El artículo 25 septies del mismo Decreto Legislativo, en su versión modificada por el Decreto Legislativo no 81, de 9 de abril de 2008, por el que se desarrolla el artículo 1 de la Ley no 123, de 3 de agosto de 2007, en materia de protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo (suplemento ordinario no 108 de la GURI no 101, de 30 de abril de 2008), rubricado «Homicidio imprudente y lesiones graves o muy graves cometidas con infracción de la normativa sobre protección de la salud y seguridad en el trabajo», dispone: «1. Cuando el delito a que se refiere el artículo 589 del Código Penal se cometa con infracción del artículo 55, apartado 2, del Decreto Legislativo mediante el que se ejercita la delegación prevista en la Ley no 123, de 3 de agosto de 2007, en materia de salud y seguridad en el trabajo, se sancionará con una multa equivalente a 1.000 cuotas. En caso de condena por el delito contemplado en la frase anterior, las sanciones de inhabilitación previstas en el artículo 9, apartado 2, se aplicarán por una duración que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, cuando el delito a que se refiere el artículo 589 del Código Penal se cometa con infracción de la normativa sobre protección de la salud y seguridad en el trabajo, se sancionará con una multa que no podrá ser inferior a 250 cuotas ni superior a 500 cuotas. En caso de condena por el delito contemplado en la frase anterior, las sanciones de inhabilitación previstas en el artículo 9, apartado 2, se aplicarán por una duración que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año. 3. Cuando el delito a que se refiere el artículo 590, apartado 3, del Código Penal se cometa con infracción de la normativa sobre protección de la salud y seguridad en el trabajo, se sancionará con una multa que no podrá ser superior a 250 cuotas. En caso de condena por el delito contemplado en la frase anterior, las sanciones de inhabilitación previstas en el artículo 9, apartado 2, se aplicarán por una duración que no podrá ser superior a seis meses.»
30

A este respecto, dicho órgano jurisdiccional se pregunta en particular si las sentencias de 16 de diciembre de 2004, My (C-293/03, Rec. p. I-12013), y de 16 de febrero de 2006, Öberg (C-185/04, Rec. p. I-1453), no conducen a adoptar este enfoque, en particular teniendo en cuenta que la primera de estas sentencias subraya que no puede admitirse, a la luz del artículo 10 CE, que una normativa nacional pueda obstaculizar y, por lo tanto, desalentar el ejercicio de una actividad profesional en una institución de la Unión Europea privando a un trabajador de la posibilidad de disfrutar de prestaciones sociales de las que habría podido beneficiarse conforme a su régimen nacional si no hubiera emprendido tal actividad. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario determinar si el hecho de que el personal del BCE esté exento del impuesto alemán sobre los salarios, siendo así que el subsidio se financia mediante el impuesto, se opone al traslado de este enfoque a un caso como el del asunto principal.
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IFAW alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que no era ni necesario ni pertinente que la Comisión llevase a cabo un examen en profundidad de los motivos de denegación formulados por el Estado miembro afectado, infringiendo de este modo el artículo 4, apartado 5, del Reglamento no 1049/2001 tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia. Así, según la recurrente, correspondía a la Comisión, además de verificar si ese Estado miembro había motivado su oposición, controlar, por una parte, si dicha motivación se basaba en las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 y, por otra, apreciar in concreto si las excepciones y los motivos invocados eran aplicables al documento de que se trata.
3

Los considerandos 9, 11, 13, 14 y 22 de la Directiva 97/7 establecen: «(9) [...] los contratos negociados a distancia se caracterizan por la utilización de una o más técnicas de comunicación a distancia; [...] la evolución permanente de estas técnicas no permite establecer una lista exhaustiva, pero requiere que se definan unos principios válidos incluso para aquéllas que todavía se utilizan poco en la actualidad; [...] (11) [...] la utilización de estas técnicas no debe conducir a una reducción de la información facilitada al consumidor; [...] es conveniente, por tanto, determinar la información que debe transmitirse obligatoriamente al consumidor cualquiera que sea la técnica de comunicación utilizada; [...] [...] (13) [...] la información difundida por determinadas tecnologías electrónicas tiene a menudo un carácter efímero en la medida en que no se recibe sobre un soporte duradero; [...] resulta necesario que se hagan llegar al consumidor, por escrito y con la debida antelación, los datos necesarios para la correcta ejecución del contrato; (14) [...] el consumidor no tiene la posibilidad real de ver el producto o de conocer las características del servicio antes de la celebración del contrato; [...] es conveniente establecer, a menos que en la presente Directiva se establezca lo contrario, un derecho de rescisión; [...] [...] (22) [...] en la utilización de las nuevas tecnologías, el consumidor no domina la técnica; [...] es necesario prever que la carga de la prueba pueda recaer sobre el proveedor».
El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento no 729/70 en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (DO L 158, p. 6), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2245/1999 de la Comisión, de 22 de octubre de 1999 (DO L 273, p. 5) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1663/95»), disponía lo siguiente:

«En caso de que, a raíz de una investigación, la Comisión considere que los gastos no se han realizado de conformidad con la normativa comunitaria, comunicará al Estado miembro de que se trate los resultados de sus comprobaciones e indicará las medidas correctoras que deban adoptarse para garantizar el cumplimiento de la normativa en el futuro.

La comunicación hará referencia al presente Reglamento. El Estado miembro deberá dar una respuesta en un plazo de dos meses y la Comisión podrá modificar su posición en consecuencia. En casos justificados, la Comisión podrá prorrogar dicho plazo.

Terminado el plazo fijado para la respuesta, la Comisión convocará a las partes a una reunión bilateral y éstas procurarán alcanzar un acuerdo sobre las medidas que deban tomarse, así como sobre la evaluación de la gravedad de la infracción y del perjuicio financiero causado a la Comunidad Europea. Tras la citada reunión y pasada cualquier otra fecha posterior a la reunión bilateral fijada por la Comisión, en concertación con el Estado miembro, para la comunicación de información suplementaria, o si el Estado miembro no acepta la convocatoria en un plazo fijado por la Comisión, pasado este plazo, la Comisión comunicará oficialmente sus conclusiones al Estado miembro, haciendo referencia a la Decisión 94/442/CE de la Comisión [...]. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo cuarto del presente apartado, la referida comunicación evaluará los gastos que esté previsto excluir en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento [...] no 729/70.

El Estado miembro notificará, sin demora, a la Comisión las medidas correctoras adoptadas para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias y la fecha efectiva de su aplicación. La Comisión adoptará, en su caso, una o varias decisiones en aplicación de la letra c) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento [...] no 729/70 para excluir, hasta la fecha efectiva de aplicación de las medidas correctoras, los gastos respecto de los cuales se han incumplido las normas comunitarias.»
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre si, a la luz de la sentencia de 25 de febrero de 2010, Pontina Ambiente (C-172/08, Rec. p. I-1175), el órgano jurisdiccional remitente debe abstenerse de aplicar las disposiciones nacionales que considera contrarias al artículo 10 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 1999/31») y a los artículos 1 a 3 de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200, p. 35).
27

No obstante, como ya ha tenido ocasión de precisar el Tribunal de Justicia, la protección que la Directiva 85/577 dispensa a los consumidores no es absoluta y está sometida a ciertos límites (véanse las sentencias de 10 de abril de 2008, Hamilton, C-412/06, Rec. p. I-2383, apartados 39 y 40, y E. Friz, antes citada, apartado 44). Las exclusiones establecidas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 85/577 forman parte de esos límites. Una interpretación excesivamente restrictiva de tales exclusiones supondría privarlas de su efecto útil, por lo que no puede ser acogida.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Decisión 2006/323/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, relativa a la exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina en Gardanne, en la región de Shannon y en Cerdeña, ejecutada respectivamente por Francia, Irlanda e Italia, del artículo 4 de la Decisión 2007/375/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2007, relativa a la exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina en Gardanne, en la región de Shannon y en Cerdeña, ejecutada respectivamente por Francia, Irlanda e Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], y del artículo 249 CE, párrafo cuarto, al no haber adoptado, en los plazos impartidos, todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común por la Decisión 2006/323 y por la Decisión 2007/375.
1)

Declarar que el Reino de España: — al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y al no haber enviado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes, conforme a los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en su versión modificada por la Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, y — al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca, conforme al artículo 14, apartado 1, letra c), de la citada Directiva, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones.
Por consiguiente, la afirmación de que las normas contenidas en el artículo 27 del Acuerdo ADPIC relativas a la materia patentable están comprendidas en el ámbito de la política comercial común, y no en el del mercado interior, refleja correctamente el hecho que dichas normas se inscriben en el marco de la liberalización del comercio internacional, y no en el de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión.

No debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico.

En efecto, no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo. Así pues, sólo sería posible considerar que la invención de un producto farmacéutico estaba protegida en la fecha en que el Acuerdo ADPIC empezó a ser aplicable, a pesar de que dicha invención no estaba protegida específicamente según las reglas que regulaban hasta entonces dicha patente, si se interpretara el citado Acuerdo en el sentido de que obliga a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a convertir, a la entrada en vigor de dicho Acuerdo y por este mero hecho, invenciones reivindicadas en invenciones protegidas. Sin embargo, esta obligación no puede deducirse del Acuerdo ADPIC e iría más allá del sentido habitual de los términos «materia existente», resultante de la del artículo 65, apartado 1, en relación con el artículo 70, apartado 2 del Acuerdo ADPIC. Si bien es cierto que el artículo 27 del Acuerdo ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a establecer la posibilidad de obtener una patente para invenciones de productos farmacéuticos, esta obligación no puede entenderse en el sentido de que los Miembros de la OMC que, en un período anterior a la fecha de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, excluían la protección de las invenciones de productos farmacéuticos reivindicadas en patentes concedidas para invenciones de procedimientos de fabricación de esos productos, deban considerar, a partir de esa fecha, que esas patentes protegen las mencionadas invenciones de productos farmacéuticos.

(véanse los apartados 79 y 81 a 83 y el punto 3 del fallo)
El artículo 2, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento no 4045/89, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), sección Garantía, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de que un Estado miembro ejercite la facultad de ampliar el período controlado, tal período no debe finalizar necesariamente dentro del anterior período de control, sino que puede finalizar también después de ese período. Sin embargo, dicha disposición debe interpretarse igualmente en el sentido de que no confiere a las empresas un derecho que les permita oponerse a controles diferentes o más amplios que los contemplados en ella. En consecuencia, el hecho de que un control abarque únicamente un período finalizado antes del inicio del anterior período de control no es suficiente, por sí solo, para que dicho control resulte irregular en lo que respecta a las empresas controladas.

Así pues, no cabe interpretar el artículo 2, apartado 4, del Reglamento no 4045/89 en el sentido de que confiere a las empresas de que se trata un derecho que les permite oponerse a controles diferentes o más amplios que los contemplados en esta disposición. Por lo demás, un derecho de esa índole, en la medida en que tuviera como consecuencia eventual impedir la recuperación de las ayudas obtenidas o utilizadas de modo irregular, pondría en peligro la protección de los intereses financieros de la Unión. En cualquier caso, los controles exigidos por el Reglamento no 4045/89 se aplican a empresas que se han adherido voluntariamente al régimen de ayudas establecido por el FEOGA, sección Garantía, y que, para poder recibir ayudas, han aceptado someterse a controles destinados a verificar que los recursos de la Unión se utilizan conforme a Derecho. Tales empresas no pueden impugnar la regularidad de un control de este tipo por la mera razón de que dicho control no haya respetado las reglas organizativas que regulan las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión.

Así pues, no puede considerarse contraria al principio de seguridad jurídica la obligación en virtud de la cual el beneficiario de una ayuda otorgada con arreglo a un régimen de ayudas establecido por el FEOGA debe presentar, en un control que abarque períodos específicos, los documentos exigidos para acreditar la validez y la regularidad de las subvenciones que le han sido abonadas, si el plazo de conservación de tales documentos —fijado en tres años como mínimo por el artículo 4 del Reglamento no 4045/89— no ha expirado aún.

(véanse los apartados 29, 30, 32 y 33 y el fallo)