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1)

Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud, respectivamente, de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, hasta el 31 de mayo de 2000, y, a partir de esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, al no haber constatado y pagado a la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios no percibidos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, en el ámbito de la importación de material de guerra y de productos de uso civil y militar, y al no haber abonado los intereses de demora devengados por la falta de pago de dichos recursos propios a la Comisión de las Comunidades Europeas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 92/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania

(Asunto C-132/05) (1)

(Incumplimiento de Estado - Reglamento (CEE) no 2081/92 - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Queso «Parmigiano Reggiano» - Utilización de la denominación «parmesan» - Obligación de un Estado miembro de perseguir de oficio la utilización abusiva de una denominación de origen protegida)

(2008/C 92/03)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. de March, S. Grünheid y B. Martenczuk, agentes)

Partes intervinientes en apoyo de la parte demandante: República Checa (representante: T. Boček, agente), República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente y G. Aiello, avvocato dello Stato)

Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma, A. Dittrich, agentes y M. Loschelder, Rechtsanwalt)

Partes intervinientes en apoyo de la parte demandada: Reino de Dinamarca (representantes: J. Molde, agente y República de Austria (representante: E. Riedl, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1) — Inexistencia de medidas para prohibir la utilización de la denominación «Parmesan» para productos no conformes con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Parmigiano Reggiano»

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

3) La Republica Checa, el Reino de Dinamarca, la República Italiana y la República de Austria cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 132 de 28.5.2005.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Bélgica) el 19 de octubre de 2022 — FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu / Triferto Belgium NV

(Asunto C-654/22)

(2023/C 35/35)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu

Demandada: Triferto Belgium NV

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, y 3, números 10 y 11, del Reglamento REACH (1) en el sentido de que incumbe una obligación de registro a quien encarga/compra la sustancia a un fabricante no establecido en la UE, aun cuando todas las gestiones dirigidas a introducir físicamente dicha sustancia en el territorio aduanero de la Unión las haya realizado efectivamente un tercero que confirma expresamente su responsabilidad al respecto? ¿Es pertinente para la respuesta que se dé a la cuestión antes planteada el hecho de que la cantidad encargada/comprada únicamente sea una parte (aunque sí más de 1 tonelada) de una carga mayor de la misma sustancia del mismo fabricante no establecido en la UE que haya sido introducida por el referido tercero en el territorio aduanero de la Unión para ser almacenada en él en un depósito aduanero?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento REACH en el sentido de que la sustancia que es almacenada en un depósito aduanero (por medio de su inclusión en el régimen J — código 71 00, casilla 37 del documento único) queda excluida del ámbito de aplicación del Reglamento REACH hasta que sea retirada en una fase posterior y quede incluida en otro régimen aduanero (por ejemplo, el de despacho a libre práctica)? En caso de respuesta afirmativa, ¿deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, y 3, números 10 y 11, del Reglamento REACH en el sentido de que la obligación de registro, en las presentes circunstancias, incumbe a quien ha comprado directamente la sustancia fuera del territorio de la Unión y solicita la entrega de esta (sin haber introducido físicamente la sustancia en el territorio aduanero de la Unión en un momento anterior), aun cuando la sustancia ya ha sido registrada por la tercera empresa que la haya introducido físicamente en el territorio aduanero de la Unión en un momento anterior?

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
1)

La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación (1) de información, ¿infringe el artículo 6, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y más específicamente los principios de igualdad y de no discriminación garantizados por dichas disposiciones, en la medida en que no limita la obligación de comunicar información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información al impuesto de sociedades, sino que la hace aplicable a todos los impuestos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, (2) lo cual incluye, en Derecho belga, no solo el impuesto de sociedades, sino también impuestos directos distintos del impuesto de sociedades e impuestos indirectos, como los derechos de registro?
1

La acumulación de medidas establecidas, fomentadas o toleradas en un Estado por un agente que de facto ostenta el poder gubernamental y que consisten en particular en que las mujeres — se ven privadas de participar en los procesos políticos de toma de decisiones y de ocupar cargos políticos, — no disponen de medios legales de protección contra la violencia doméstica y de género, — en general, están expuestas al riesgo de matrimonios forzados; aunque el agente que de facto ostenta el poder gubernamental haya prohibido dichos matrimonios, a las mujeres no se les brinda una protección efectiva contra los matrimonios forzados y dichos matrimonios se celebran en ocasiones con la participación de personas que de facto están provistas de poderes estatales, a sabiendas de que se trata de un matrimonio forzado, — no se les permite ejercer una actividad retribuida o, de forma restringida, solo pueden ejercerla principalmente en casa, — se les dificulta el acceso a centros sanitarios, — se les niega el acceso a la educación, completamente o en gran medida (de modo que, por ejemplo, a las niñas solo se les permite acceder a la educación primaria), — no pueden permanecer o moverse en público sin estar acompañadas por un hombre (con una determinada relación de parentesco), siempre que se alejan una distancia determinada del lugar de residencia, — en público tienen que cubrir su cuerpo por completo y ocultar su rostro con un velo, — no pueden practicar deporte alguno, ¿debe considerarse que es lo suficientemente grave, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición), como para afectar a una mujer de manera similar a la mencionada en la letra a) del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva?
C 463/20

Recurso interpuesto el 17 de octubre de 2022 — Comisión Europea / República Portuguesa

(Asunto C-651/22)

(2022/C 463/27)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Tricot y B. Rechena, agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, al no adoptar, a más tardar el 6 de febrero de 2018, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento íntegro a lo establecido en la Directiva 2013/59/Euratom (1) del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom, y al no comunicar esas disposiciones a la Comisión, la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 106 de dicha Directiva.

— Que se condene en costas a la República Portuguesa.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, debía transponerse a más tardar el 6 de febrero de 2018 y los Estados miembros debían comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adoptaran en el ámbito regulado por dicha Directiva.

El plazo de transposición de la Directiva ya ha expirado y, hasta la fecha, la Comisión no ha recibido notificación de que se haya transpuesto íntegramente esa Directiva ni dispone de otra información que le permita concluir que la República Portuguesa ha cumplido la obligación de aplicar las medidas necesarias. En particular, la República Portuguesa aún no ha establecido un plan de acción a nivel nacional para hacer frente a los riesgos a largo plazo debidos a las exposiciones al radón en viviendas, edificios de acceso público y lugares de trabajo para cualquier vía de entrada del radón, ya sea el suelo, los materiales de construcción o el agua.

La Comisión considera que, al no adoptar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, y para transponerla al ordenamiento jurídico nacional y al no comunicar esas disposiciones a la Comisión, la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 106 de dicha Directiva.

(1) DO 2014, L 13, p. 1.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia) el 23 de agosto de 2022 — Ferriere Nord SpA y otros / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

(Asunto C-560/22)

(2022/C 441/14)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

Recurridas: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

Cuestión prejudicial

El artículo 5-bis, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Ley n.o 1, de 24 de enero de 2012), modificado por la Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (Ley de Convalidación n.o 27, de 24 de marzo de 2012) —que añadió al artículo 10 de la Ley 287/1990 [los] apartados 7 ter y 7 quater—, con arreglo al cual la actividad institucional de la Autoridad de la Competencia y del Mercado se financia exclusivamente con una «contribución» que solo grava a las sociedades de capital (italianas o extranjeras cuando tengan en Italia establecimientos secundarios con representación permanente y estén obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil) con ingresos totales superiores a 50 millones de euros y que, por tanto, no recae de manera equitativa y proporcionada sobre todas las entidades que operan en el mercado, que se benefician (además de los consumidores) de la actividad de dicha Autoridad, ¿puede interpretarse de forma compatible con el Derecho de la Unión Europea, en particular con:

— el artículo 4 TUE, apartado 3 (principio de cooperación leal);

— los principios en los que se basa el mercado interior (incluido el derecho de establecimiento y la libre circulación de capitales);

— los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 103 TFUE;

— el Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE (1) (actualmente artículos 101 TFUE y 102 TFUE);

— la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (2) (en particular, los considerandos 1, 6, 8, 17 y 26, el artículo 1, apartado 1, el artículo 2, apartado 10, y el artículo 5, apartado 1); leído a la luz de los artículos 17, apartado 1 (derecho a la propiedad), 20 (igualdad ante la ley), 21, apartado 1 (igualdad de trato) y 52, apartado 1 (principio de proporcionalidad), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, de no ser así, ¿debe interpretarse en el sentido de que la normativa nacional que constituye su objeto es contraria al Derecho de la Unión en los términos antes indicados?

(1) DO 2003, L 1, p. 1.

(2) DO 2019, L 11, p. 3.
4.

¿El concepto de «circunstancias que no podrían haberse previsto», en el sentido de la Directiva 2014/24, comprende solamente las circunstancias sobrevenidas tras la adjudicación del contrato [tal como establece la disposición nacional del artículo 2, punto 27, de las Dopalnitelni razporedbi na Zakona za obshtestvenite porachki (Disposiciones adicionales a la Ley de contratación pública)], que no podrían haberse previsto aunque la preparación se hubiese efectuado con razonable diligencia, y que no se deban a actos u omisiones de las partes, pero que hagan imposible la ejecución del contrato en las condiciones convenidas? ¿O la Directiva no exige que dichas circunstancias sobrevengan una vez adjudicado el contrato?
1)

Con carácter general, ¿se opone el sistema de fuentes del Derecho de la Unión y, en concreto, el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, a que el juez nacional no aplique, en un litigio entre particulares, una disposición de Derecho interno que es contraria a una disposición clara, precisa e incondicional de una directiva que no se ha transpuesto o que se ha transpuesto incorrectamente, imponiendo así una obligación adicional a un particular, cuando ello constituye, según el ordenamiento jurídico nacional (artículo 14, apartado 4, del Decreto Legislativo n.o 504/1995), un requisito previo para que este pueda invocar frente al Estado los derechos que le confiere dicha directiva?
1)

¿Deben interpretarse el artículo 9, apartado 2, párrafo segundo, cuarto guion, y párrafo tercero, y el artículo 22 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, (1) en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios, (2) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la pertinente en el ordenamiento jurídico italiano (plasmada en los artículos 1, apartados 65 y 66, de la Ley n.o 266, de 23 de diciembre de 2005, y 65 del Decreto-ley n.o 50, de 24 de abril de 2017, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.o 96, de 21 de junio de 2017), que permite hacer recaer exclusivamente sobre los proveedores del sector postal, incluidos los que no prestan servicios comprendidos en el ámbito de aplicación del servicio universal, la obligación de contribuir a la financiación de los costes operativos de la autoridad de reglamentación del sector postal, admitiendo así la posibilidad de excluir cualquier forma de cofinanciación pública con cargo a los presupuestos del Estado?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 82 del Reglamento general de protección de datos (1) en el sentido de que el derecho a indemnización no tiene carácter sancionador, en particular no cumple una función disuasoria general o especial, ni siquiera en cuanto a su cuantificación, sino que cumple una función estrictamente indemnizatoria y, en ciertos casos, de desagravio?
3)

Una vez valoradas las particularidades de una situación concreta y las consecuencias jurídicas resultantes, ¿puede interpretarse el concepto de «orden público» que figura en el Reglamento n.o 1215/2012 en el sentido de que constituye un motivo para decidir no reconocer una resolución dictada en otro Estado miembro cuando la aplicación de un convenio especial, como el Convenio CMR, da lugar a una situación jurídica en la que, en un mismo asunto, no se respetan ni el acuerdo atributivo de competencia ni el relativo a la ley aplicable?
C 222/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Stuttgart (Alemania) el 17 de febrero de 2022 — TAP Portugal / Myflyright GmbH

(Asunto C-158/22)

(2022/C 222/24)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Stuttgart

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en apelación: TAP Portugal

Recurrida en apelación: Myflyright GmbH

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en el sentido de que existe una circunstancia extraordinaria de acuerdo con dicha disposición, cuando se cancela un vuelo procedente de un aeropuerto situado fuera de la base del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, porque un miembro de la tripulación (en este caso, el copiloto) asignado a dicho vuelo, que ha superado sin restricciones los reconocimientos médicos regulares prescritos, poco antes del inicio del vuelo, repentina e imprevisiblemente para el transportista aéreo, fallece o cae tan gravemente enfermo que no puede realizar el mismo?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 213/21

Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Craiova (Rumanía) el 28 de enero de 2022 — NR / Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

(Asunto C-58/22)

(2022/C 213/29)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Craiova

Partes en el procedimiento principal

Recurrente-investigada: NR

Otra parte: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Cuestión prejudicial

El principio non bis in idem, garantizado por el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con las obligaciones asumidas por Rumanía para alcanzar los objetivos establecidos en la Decisión CMV (Decisión 2006/928 de la Comisión Europea), ¿debe interpretarse en el sentido de que una resolución de sobreseimiento emitida por la Fiscalía después de haberse practicado las pruebas pertinentes en el asunto en cuestión impide una nueva investigación penal contra la misma persona, por el mismo hecho delictivo, aunque la calificación jurídica sea diferente, habida cuenta de que la resolución es firme, salvo que se compruebe que la circunstancia que motivó el sobreseimiento no existía o aparezcan nuevos hechos o circunstancias de los que se desprenda que la circunstancia que motivó el sobreseimiento ha desaparecido?
2)

¿Puede interpretarse la normativa europea contenida en la Directiva n.o 72 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 [, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE], —en particular, en su artículo 37, apartados 1 y 4, que establecen las facultades de las autoridades reguladoras, y en el Anexo I— en el sentido de que incluye también, en el ámbito de los acuerdos de compensación y reembolso aplicables a los clientes del mercado de la electricidad cuando el operador del mercado no cumpla los niveles de calidad contratados, el reembolso del importe abonado por tales clientes en concepto de costes de gestión administrativa del operador económico, regulado expresamente en una cláusula del contrato firmado y aceptado y totalmente independiente de la calidad del servicio en sí mismo?
2)

En una actividad como la seguridad privada de instalaciones industriales, en la que el nuevo prestador únicamente se ha hecho cargo de uno de los cuatro trabajadores que formaban parte de la unidad económica (y, por consiguiente, no se hizo cargo de la mayoría), no hay elementos de hecho que permitan concluir que el trabajador en cuestión disponía de competencias y conocimientos específicos de manera que pueda afirmarse que se ha transmitido al prestador una parte esencial del personal, en términos de competencias, y no se han transmitido bienes inmateriales, ¿cabe concluir que no existe transmisión de una entidad económica, aun cuando el cliente sigue poniendo a disposición del nuevo prestador de servicios cierto equipamiento (alarmas, circuito interno de televisión, ordenador), habida cuenta, por un lado, del valor económico relativamente reducido de la inversión que ese equipamiento representa en el conjunto de la operación y, por otro, de que no habría sido razonable, desde el punto de vista económico (sentencia de 27 de febrero de 2020, Grafe y Pohle, C-298/18, apartado 32), (3) exigir al cliente su sustitución?