ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Pese a que recayó una resolución definitiva de caducidad de la marca comunitaria anterior, el demandante sigue teniendo interés en recurrir la resolución por la que se estima la oposición planteada contra su solicitud de registro de la marca.

La caducidad de la marca en que se basa la oposición, cuando ocurre únicamente con posterioridad a una resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que estima una oposición basada en dicha marca, no es ni una retirada ni una revocación de dicha resolución. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, la declaración de caducidad implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en dicho Reglamento. En cambio, hasta esa fecha, la marca comunitaria ha gozado de todos los efectos ligados a esa protección, establecidos en la sección 2 del Reglamento. Por consiguiente, en la fecha en que se adoptó la resolución impugnada, la marca comunitaria anterior gozaba realmente de todos los efectos establecidos en esas disposiciones. Por lo tanto, considerar que el objeto del litigio desaparece cuando, durante el procedimiento, se dicta una resolución de caducidad implicaría, para el Tribunal, tomar en consideración los motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, que no influyen en la fundamentación de dicha resolución ni tienen efecto alguno en el procedimiento de oposición que ha desembocado en el recurso de anulación.

Además, en caso de que se anule la resolución impugnada, la desaparición ex tunc de ésta podría procurar al demandante un beneficio que no le reportaría una declaración de sobreseimiento. En efecto, si el Tribunal debiera dictar un sobreseimiento, el demandante sólo podría presentar ante la Oficina una nueva solicitud de registro de su marca, sin que la oposición a esta solicitud pudiera basarse a partir de ese momento en la marca comunitaria anterior afectada por la caducidad. En cambio, si el Tribunal debiera pronunciarse sobre el fondo y estimar el recurso, al considerar que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, nada impediría entonces el registro de la marca solicitada.

Por último, la mera circunstancia de que los recursos interpuestos contra las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso tengan efecto suspensivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, segunda frase, y en el artículo 64, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, no puede bastar para cuestionar el interés del demandante en ejercitar la acción. En efecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 45 del Reglamento no 207/2009, sólo cuando la oposición haya sido desestimada mediante resolución definitiva se registrará la marca como marca comunitaria.

(véanse los apartados 24, 26, 28 y 29)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 7 de noviembre de 2014 — Kaatsu Japan/OAMI (KAATSU)

(Asunto T‑567/12)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa KAATSU — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Derecho de defensa — Artículo 75, segunda frase, del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 19)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 27)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)](véanse los apartados 28 y 29)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa KAATSU [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 35 a 39)

5. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, segunda frase] (véanse los apartados 49 a 51)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 9 de octubre de 2012 (asunto R 435/2012‑2) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo KAATSU como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
6.

Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de los fondos de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación existente en Siria — Alcance del control — Control limitado para las normas generales — Control que alcanza a la apreciación de hechos y la verificación de pruebas para los actos que se aplican a entidades concretas — Distinción, por razones de eficacia, entre el alcance del control relativo, por una parte, a medidas adoptadas contra países terceros o personas asociadas y, por otra, a medidas adoptadas contra personas o entidades terroristas — Improcedencia [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE, ap. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamentos del Consejo (UE) no 36/2012, de Ejecución (UE) no 410/2012, (UE) no 509/2012, de Ejecución 2012/544/PESC, (UE) no 545/2012 y de Ejecución (UE) no 363/2013] (véanse los apartados 83 a 86)
La reclamación administrativa y su denegación, explícita o implícita, forman parte de un procedimiento complejo y sólo constituyen un requisito previo necesario para poder acudir a la vía judicial. Ante tales circunstancias, el recurso, aunque dirigido formalmente contra la denegación de la reclamación, da lugar a que se someta al juez el acto lesivo contra el cual se presentó la reclamación, salvo en el supuesto de que la denegación de la reclamación tenga un alcance diferente al del acto contra el que se formuló la reclamación. En efecto, una decisión expresa de desestimar una reclamación puede, habida cuenta de su contenido, no tener carácter confirmatorio respecto del acto impugnado por el demandante. Así sucede cuando la resolución desestimatoria de la reclamación reexamina la situación del demandante en función de nuevos elementos de hecho y de Derecho o cuando modifica o completa la decisión inicial. En estos supuestos, la desestimación de la reclamación constituye un acto sometido al control del juez, que lo tiene en cuenta en la apreciación de la legalidad del acto impugnado, o incluso lo considera un acto lesivo que sustituye a aquél.

La regla de concordancia entre la demanda y la reclamación tiene la finalidad de evitar que el funcionario o agente alegue determinados motivos, o el total de ellos, hasta la fase contenciosa, con la consecuencia de reducir significativamente cualquier posibilidad de solución extrajudicial del litigio. En estas circunstancias, en efecto, al no poder conocer con la suficiente precisión los motivos o pretensiones del interesado, la administración no tendrá posibilidad alguna de estimar las pretensiones de éste o, en su caso, proponer una solución amistosa y, de este modo, no someter directamente el litigio a la decisión del juez.

El hecho de que la finalidad esté dirigida a permitir que el interesado y la administración puedan resolver el litigio en la fase administrativa previa no significa, sin embargo, que el funcionario disponga, en cualquier caso, del derecho de oponerse, en la fase administrativa previa, a cualquier motivo nuevo que invoque la administración en el marco de la fase administrativa.

(véanse los apartados 39 y 40)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 23 de octubre de 1986, Schwiering/Tribunal de Cuentas (142/85, Rec. p. 3177), apartado 11

Tribunal General: 12 de marzo de 1996, Weir/Comisión (T-361/94, RecFP pp. I-A-121 y II-381), apartado 27
1.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Uso de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran su carácter distintivo — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 25 y 26)
2.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 39 y 40)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 16 de mayo de 2013 — Verus/OAMI — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

(Asunto T-104/12)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa VORTEX — Marca comunitaria denominativa anterior VORTEX — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Derecho de prioridad — Artículo 29 del Reglamento no 207/2009 — Renuncia parcial — Artículo 50 del Reglamento no 207/2009 — Vulneración del derecho a ser oído — Artículo 75, segunda frase, del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1] (véase el apartado 33)

2. Marca comunitaria — Presentación de la solicitud de marca comunitaria — Derecho de prioridad — Solicitud de marca que contiene una reivindicación de prioridad — Examen de los requisitos de forma y de fondo por la Oficina [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 29] (véanse los apartados 36 a 38)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas VORTEX [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 52 a 65)

4. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75] (véanse los apartados 69 a 72)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recuso de la OAMI de 21 de diciembre de 2011 (asunto R 512/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Verus Eood y Performance Industries Manufacturing Inc.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
165

A este respecto, es menester recordar antes de nada que, según el artículo 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO 1999, L 83, p. 1), sustituido con efectos a partir del 14 de octubre de 2015 por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9), el régimen de ayudas se define, por un lado, como el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y, por otro lado, como todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado. En su artículo 1, letra e), el mismo Reglamento define la ayuda individual como la ayuda que no se concede en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.
21

En la vista, la Comisión presentó un documento titulado «Corrigendum to Report of works of the Evaluation Committee evaluating offers submitted in response to the call for tenders No 10340 lot 1» (Rectificación del informe de los trabajos del comité de evaluación que evaluó las ofertas presentadas en respuesta a la licitación [AO] 10340, lote no 1) y las demandantes no se opusieron a que éste se añadiera a los autos.
46

La demandante reprocha a la Comisión haber descartado los elementos que habrían permitido concluir que la UVK no debía continuar su investigación, lo que, por lo tanto, habría conducido a no afirmar la competencia de la referida autoridad de competencia. Dichos elementos se refieren a la existencia de fallos institucionales en la UVK. Esos fallos consisten, en primer lugar, en una falta de independencia funcional de dicha autoridad de competencia con respecto al ministerio de tutela administrativa de la coadyuvante; en segundo lugar, en la expiración del plazo de dos años que establece el Derecho esloveno para adoptar una decisión; en tercer lugar, en la insuficiencia de medios económicos de que dispone la UVK y, en cuarto lugar, en los fallos observados en lo que respecta a la Agencija za pošto in elektronske komunikacije (autoridad reglamentaria eslovena de los servicios postales y las comunicaciones electrónicas; en lo sucesivo, «APEK»). Por lo tanto, mediante su alegación basada en que la UVK no debía continuar su investigación, la demandante denuncia, esencialmente, la imposibilidad de que la UVK tratase el asunto de manera eficaz.
42

Procede recordar asimismo que tal estatuto particular, que caracteriza a un sujeto distinto del destinatario de una Decisión en el sentido de la sentencia Plaumann/Comisión (EU:C:1963:17), frente a cualquier otro operador económico no ha de deducirse necesariamente de elementos como un descenso importante del volumen de negocios, pérdidas económicas considerables o incluso una disminución significativa de la parte de mercado a raíz de la concesión de la ayuda de que se trate. La concesión de una ayuda de Estado también puede afectar a la situación de un operador frente a sus competidores de otras formas, especialmente dando lugar a un lucro cesante o a una evolución menos favorable que la que habría tenido lugar de no haberse concedido tal ayuda. Asimismo, la intensidad de tal afectación puede variar en función de un gran número de factores como, en particular, la estructura del mercado de referencia o la naturaleza de la ayuda en cuestión. Por lo tanto, la prueba de que la posición de un competidor en el mercado ha sido sustancialmente afectada no puede limitarse a la existencia de determinados elementos que indiquen un empeoramiento de sus resultados comerciales o financieros (véase la sentencia British Aggregates/Comisión, EU:C:2008:757, apartado 53 y jurisprudencia citada).
8

La Comisión concluyó el procedimiento, en lo que respecta a las adquisiciones de participaciones realizadas dentro de la Unión Europea, mediante la Decisión 2011/5/CE, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48).
78

Por lo que respecta a la pretensión de que el Tribunal desestime la oposición, procede recordar que la facultad de reforma, reconocida al Tribunal General en virtud del artículo 65, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, no tiene por efecto conferir a éste la facultad de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. El ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en consecuencia, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, apartado 72).
5

El 6 de septiembre de 2007, la demandante, Peeters Landbouwmachines BV, presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de dicha marca respecto de todos los productos para los que se había registrado. Los motivos de nulidad invocados en apoyo de tal solicitud eran los contemplados en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009], en el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009), y en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 207/2009).
La efectividad del control jurisdiccional, garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, de los actos del Consejo que imponen medidas restrictivas contra Siria exige en especial que, al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o mantener el nombre de una persona concreta en la lista de personas sujetas a sanciones, el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión descansa en fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en los que se sustenta dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que aprecie si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están acreditados. Es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos apreciados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. Es preciso que los datos o pruebas presentados por esa autoridad sustenten los motivos apreciados contra la persona afectada. Si esos datos o pruebas no permiten constatar que un motivo es fundado, el juez de la Unión no tomará en consideración tal motivo como fundamento de la decisión de incluir en la lista o de mantener en ella a la persona afectada.

Si los medios aportados por el Consejo no contienen ningún indicio que pudiera apoyar sus alegaciones contra el demandante, el Consejo no cumple la carga de la prueba que le incumbe en virtud del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

(véanse los apartados 80, 81, 85 y 86)
El artículo 143, apartado 3, del Reglamento no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, relativo a las formas de remisión de las ofertas en los procedimientos de licitación no viola el principio general de proporcionalidad. En efecto, la obligación de presentar la oferta en dos sobres establecida en dicho artículo 143, apartado 3, permite considerar garantizada la confidencialidad de las ofertas que la comisión de apertura de las ofertas halle en dos sobres sellados intactos. Esta norma contribuye de este modo a la seguridad jurídica, eliminando cualquier riesgo de apreciación arbitraria en la apertura de las ofertas, con un coste marginal desdeñable en medios económicos y técnicos, habida cuenta de todos los costes que conlleva la preparación de una oferta.

Además, el principio de proporcionalidad sólo puede aplicarse en los supuestos en los que el autor del acto impugnado cuente con margen de apreciación. No ocurre así cuando se presenta una oferta que no cumple lo dispuesto en el artículo 143, apartado 3, del Reglamento no 2342/2002. Pues bien, el artículo 145 del Reglamento no 2342/2002 impide la apertura de las ofertas que no observen las disposiciones de dicho artículo 143. De ello se infiere que la entidad adjudicadora no puede abrir tal oferta sin vulnerar dicho artículo 145.

Por otra parte, ninguna disposición de los Reglamentos no 1605/2002 y no 2342/2002 establece que la entidad adjudicadora esté obligada a solicitar el parecer de un licitador antes de excluir su oferta porque no se adecue a las exigencias formales establecidas por la documentación del contrato cuya observancia presenta un carácter esencial. Del mismo modo, en la medida en que una decisión de excluir una oferta que no se adecue a las exigencias de forma establecidas con precisión en el anuncio de licitación que deben observar los licitadores no se basa en ninguna consideración fáctica o jurídica que un licitador pudiese legítimamente ignorar, no puede sostenerse válidamente que la entidad adjudicadora esté obligada a oírlo antes de adoptar tal decisión. Además, dado que la entidad adjudicadora se halla obligada a excluir una oferta que no se adecua a las exigencias formales dispuestas por el anuncio de licitación, la posibilidad de que el licitador presente observaciones no puede tener la menor influencia en la admisión de su oferta.

(véanse los apartados 84, 85, 99, 101, 117, 119 y 120)
82

En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación según la cual no se podía trasladar a la demandante, en virtud de una disposición expresa contenida en la Constitución italiana que pretende garantizar la imparcialidad de los magistrados en el ejercicio de sus funciones, procede señalar de inicio que la demandante no indica en qué disposición de la Constitución italiana fundamenta tal alegación. Suponiendo que se refiera a la garantía de inamovilidad de los magistrados prevista en el artículo 107 de la Constitución italiana, en cuya virtud un magistrado no puede ser trasladado sin su acuerdo o sin que se haya seguido un procedimiento específico, debe señalarse que dicha garantía no resulta de aplicación al presente asunto.
2)

Anular, en cuanto afectan a Hamas (incluido Hamas-Izz al-Din al-Qassem), los Reglamentos de Ejecución (UE) no 610/2010 del Consejo, de 12 de julio de 2010, no 83/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011, no 687/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011, no 1375/2011 del Consejo, de 22 de diciembre de 2011, no 542/2012 del Consejo, de 25 de junio de 2012, no 1169/2012 del Consejo, de 10 de diciembre de 2012, no 714/2013 del Consejo, de 25 de julio de 2013, no 125/2014 del Consejo, de 10 de febrero de 2014, y no 790/2014 del Consejo, de 22 de julio de 2014, por los que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se derogan, respectivamente, los Reglamentos de Ejecución (UE) no 1285/2009, no 610/2010, no 83/2011, no 687/2011, no 1375/2011, no 542/2012, no 1169/2012, no 714/2013 y no 125/2014.