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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de octubre de 2021 — Monument Vandekerckhove

(Asunto C‑316/21) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 2014/24/UE — Desarrollo del procedimiento — Selección de los participantes y adjudicación de los contratos — Artículo 63 — Licitador que recurre a las capacidades de otra entidad para cumplir las exigencias del poder adjudicador — Incumplimiento de los requisitos relativos a las capacidades técnicas y profesionales del licitador por la entidad a cuyas capacidades pretende recurrir el licitador — Obligación de permitir a dicho licitador sustituir esa entidad — Principio de proporcionalidad»

Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2014/24/UE — Adjudicación de los contratos — Causas de exclusión de la participación en un contrato — Licitador que recurre a las capacidades de otra entidad — Criterios de selección no cumplidos por dicha entidad — Obligación del poder adjudicador de solicitar al licitador la sustitución de la entidad — Respeto de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad

(Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, y 63, ap. 1)

(véanse los apartados 36, 39, 40 y 42 a 45 y el fallo)

Fallo

El artículo 63, apartado 1, párrafo 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en relación con los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de proporcionalidad, enunciados en el artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, cuando constate que una entidad a cuyas capacidades pretende recurrir un operador económico no reúne los requisitos de selección, el poder adjudicador está obligado a pedir a dicho operador que sustituya esa entidad, si no quiere que se le excluya del procedimiento de contratación pública de que se trate.

( 1 ) DO C 320, 9.8.2021.
1

Mediante su demanda de medidas provisionales, Rumanía solicita al Tribunal de Justicia que acuerde la suspensión de la ejecución del artículo 1, punto 3, del Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera (DO 2020, L 249, p. 17), en la medida en que adopta el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO 2009, L 300, p. 51).
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Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el marco de un contrato de préstamo denominado en moneda extranjera que expone al consumidor a un riesgo de tipo de cambio, no cumple la exigencia de transparencia la comunicación a ese consumidor de información, aunque sea abundante, si esta se basa en el supuesto de que la paridad entre la moneda de cuenta y la moneda de pago permanecerá estable durante toda la vida de dicho contrato. Así sucede, en particular, cuando el profesional no advierte al consumidor del contexto económico que puede repercutir en las variaciones de los tipos de cambio, de modo que el consumidor no está en condiciones de comprender concretamente las consecuencias potencialmente gravosas sobre su situación financiera que pueden derivarse de la suscripción de un préstamo denominado en moneda extranjera (sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, apartado 53, y de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 74).
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Es cierto que esta disposición no se opone a que un comerciante ponga a disposición del público líneas de teléfono diferentes, en función de los emisores de dichas llamadas y del objeto de estas, y teniendo en cuenta, en particular, si el emisor ya ha celebrado un contrato con dicho comerciante o aún no lo ha hecho. No obstante, el número de la línea telefónica establecida específicamente para las relaciones con los consumidores que hayan celebrado un contrato con el comerciante y ello con arreglo a una tarifa que no exceda de la tarifa básica deberá mencionarse en los modos de comunicación destinados a sus clientes y ser fácilmente identificable por los consumidores en dichos modos.
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El órgano jurisdiccional remitente estima que existen dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las normas nacionales anteriores y posteriores a la adopción de dicho artículo 34, apartado 2 bis. Señala que, a raíz de la sentencia de 18 de julio de 2013, Vodafone Omnitel y otros (C‑228/12 a C‑232/12 y C‑254/12 a C‑258/12, EU:C:2013:495), el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio), que conoce del tema de la delimitación de las actividades cuyos costes administrativos pueden ser tenidos en cuenta a efectos de la financiación de la Autoridad Garante, extrajo de dicha sentencia la conclusión de que el Tribunal de Justicia había asimilado las actividades enumeradas en el artículo 12 de la Directiva autorización únicamente a la actividad de regulación efectuada por la autoridad nacional de reglamentación (en lo sucesivo, «ANR»), siendo así que, en su opinión, tal asimilación no se desprende de dicha disposición ni de la citada sentencia. Considera que, en esta última, el Tribunal de Justicia no abordó el tema, esencial en el litigio principal, de las actividades de «regulación ex ante» y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es precisa en lo que se refiere al ámbito de las actividades de la ANR de que se trata.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la subpartida arancelaria 83024190 de la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010 (DO 2010, L 284, p. 1).
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En lo que atañe, en tercer y último lugar, a la alegación que figura en los apartados 13 y 14 del presente auto, según la cual el recurso de casación suscita cuestiones de Derecho nuevas respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha de constatarse que la presente solicitud de admisión a trámite del recurso de casación adolece de falta de precisión igualmente en lo concerniente a la disposición del Derecho de la Unión o la jurisprudencia que habría sido violada por el Tribunal General cuando este consideró que procede basarse en los automóviles en general para constatar el carácter singular según la designación del producto que representa el dibujo o el modelo. Además, el hecho de que una cuestión de Derecho no haya sido objeto de examen por parte del Tribunal de Justicia no significa sin embargo que esta cuestión revista necesariamente importancia para el desarrollo del Derecho de la Unión, dado que el recurrente en casación está obligado siempre a demostrar tal importancia aportando indicaciones precisas no solo sobre el carácter nuevo de esta cuestión, sino también sobre las razones por las que dicha cuestión es importante respecto a tal desarrollo (auto de 30 de septiembre de 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, no publicado, EU:C:2019:797, apartado 16). Pues bien, en este caso, la recurrente se limita a afirmar que el interés de las cuestiones de Derecho invocadas en el marco de esta alegación reside en el desarrollo del Derecho de la Unión y se refiere a este respecto a la inexistencia de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sin aportar no obstante más indicaciones.
1.

Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del secreto profesional — Interés de una empresa en que no se revele cierta información relativa a su comportamiento — Interés que no merece protección particular alguna tratándose de empresas respecto de las que se haya declarado la existencia de una infracción en el fallo de una decisión de la que sean destinatarias (véanse los apartados 23 a 25)
El Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, y en particular su artículo 3, apartado 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que los pasajeros de un vuelo con un retraso de tres horas o más a su llegada y que posean una reserva confirmada en ese vuelo no pueden ver denegada la compensación reconocida en virtud de dicho Reglamento basándose únicamente en que, cuando presentaron su reclamación dirigida a obtener la compensación, no probaron haberse presentado a la facturación de dicho vuelo, en particular mediante la tarjeta de embarque, a menos que se demuestre que dichos pasajeros no fueron transportados en el vuelo retrasado en cuestión, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.
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Pues bien, a este respecto procede señalar que, suponiendo que la presentación de una réplica no fuese autorizada por el Presidente del Tribunal de Justicia —decisión que aún no ha sido adoptada—, no se acaba de entender por qué razón, si no existe escrito de réplica —ni, por tanto, argumentos y planteamientos que completen los que figuran en el escrito de demanda y a los que la demandada ha tenido oportunidad de responder en su escrito de contestación—, la parte demandada podría alegar que su derecho de defensa se ve afectado por el hecho de no poder presentar escrito de dúplica. Además, cabe recordar que los procedimientos por incumplimiento sustanciados ante el Tribunal de Justicia vienen precedidos de un procedimiento administrativo previo en el que las partes tienen ocasión de exponer y fundamentar la argumentación que, posteriormente, estarán obligadas a desarrollar ante el Tribunal de Justicia en caso de que se inicie un procedimiento ante este último.
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Del artículo 5, apartado 1, letra c), de la Ley de organización y procedimiento del Tribunal de Contas (Tribunal de Cuentas), que fue aprobada mediante la Ley n.o 98/97, de 26 de agosto de 1997 (Diário da República I, serie I–A, n.o 196, de 26 de agosto de 1997; en lo sucesivo, «LOPTC») resulta que corresponde al Tribunal de Contas (Tribunal de Cuentas), en particular, ejercer la fiscalización previa de la legalidad y de la justificación presupuestaria de los actos y de los contratos de todo tipo que supongan un gasto o representen una carga o una responsabilidad, directos o indirectos, para los organismos a los que se refiere el artículo 2, apartados 1 y 2, letras a) a c), y para los organismos de cualquier tipo creados por el Estado o por otro organismo público para ejercer funciones administrativas que incumben inicialmente a la Administración pública, a los que se han confiado cargas financiadas, directa o indirectamente, incluso mediante la constitución de una garantía, por el organismo que los ha creado.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de mayo de 2018 — Yanchev

(Asunto C‑481/17) ( 1 )

«Petición de decisión prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia — Régimen de ayudas autorizado por la Comisión Europea — Ayudas a la inversión en el sector agrario — Exención fiscal — Exención del impuesto sobre sociedades — Condiciones — Denegación de conceder una ayuda individual en virtud de dicho régimen de ayudas»

1. Cuestiones prejudiciales—Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia—Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véase el apartado 19)

2. Ayudas otorgadas por los Estados—Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión—Ayudas a la inversión en el sector agrario—Exención del impuesto sobre sociedades—Normativa nacional por la que no puede acordarse ayuda alguna a un contribuyente que tenga deudas con el Estado—Procedencia (Art. 108 TFUE, ap. 3) (véanse los apartados 22 y 24 y el fallo)

Fallo

La Decisión C(2011) 863 final de la Comisión Europea, de 11 de febrero de 2011, relativa a la concesión de ayudas de Estado con arreglo a los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, por la que se autorizó la ayuda estatal n.o 546/2010 de la República de Bulgaria a las inversiones en explotaciones agrícolas mediante exenciones fiscales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que dicho Estado miembro deniegue la concesión de una ayuda en virtud de dicho régimen porque el solicitante no reúne un requisito, previsto en Derecho nacional, según el cual no puede acordarse ayuda alguna a un contribuyente que tenga deudas con el Estado y ello aunque la referida Decisión no establezca expresamente tal requisito.

( 1 ) DO C 369 de 30.10.2017.
1

Mediante su recurso de casación, la Sra. Olga Stanislavivna Yanukovych solicita que se anule el auto del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de julio de 2016, Yanukovych/Consejo (T‑347/14, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2016:433), por cuanto, mediante dicho auto, el Tribunal General desestimó sus pretensiones de anulación de la Decisión (PESC) 2015/143 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2015, L 24, p. 16), de la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2015, L 62, p. 25), del Reglamento (UE) 2015/138 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 208/2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2015, L 24, p. 1), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2015, L 62, p. 1), en la medida en que se refieren al Sr. Viktor Viktorovych Yanukovych (en lo sucesivo, «actos controvertidos»).
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Por otra parte, asimilar un vuelo que llega a su destino final previsto tras una escala no programada a un vuelo cancelado llevaría a reconocer el derecho a una compensación a un pasajero que haya sufrido, debido a esta escala no programada, un retraso en la llegada inferior a tres horas cuando incluso un pasajero que hubiera sufrido un retraso idéntico por otra razón no tendría derecho a recibir la compensación prevista en el artículo 5, apartado 1, letra c), y en el artículo 7 del Reglamento n.o 261/2004, tal como los interpreta el Tribunal de Justicia y sería, por ello, contrario al principio de igualdad de trato.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena)

de 26 de enero de 2017 — Synergy Hellas/Comisión

(Asunto C‑45/16 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cláusula compromisoria — Contrato “Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, celebrado en el marco del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) — Resolución del contrato debido a irregularidades cometidas en la ejecución de otro contrato celebrado con la Comisión Europea — Buena fe — Confianza legítima en cuanto a la no resolución»

Recurso de casación—Motivos—Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas—Exclusión salvo en caso de desnaturalización—Motivo basado en la desnaturalización de las pruebas—Necesidad de indicar de manera precisa los elementos desnaturalizados y de demostrar los errores de análisis que han conducido a dicha desnaturalización

[Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 51, párr. 1, y 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 168, ap. 1, letra d)]

(véanse los apartados 23 y 41)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis.

( 1 ) DO C 98 de 14.3.2016.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de julio de 2016 —

Sá Machado & Filhos

(Asunto C‑214/15) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Contratos públicos de obras — Directiva 2004/18/CE — Artículo 55 — Anuncio de licitación — Oferta no acompañada de justificantes de precios anormalmente bajos — Criterios de determinación — Artículo 7, letra c) — Valor de mercado — Umbral no alcanzado — Interés transfronterizo cierto — Falta de información — Inadmisibilidad manifiesta»

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones generales o hipotéticas — Cuestión de carácter abstracto y meramente hipotético habida cuenta del objeto del litigio principal — Inadmisibilidad (Art. 267 TFUE) (véase el apartado 28)

2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2004/18/CE — Ámbito de aplicación — Contrato de un valor inferior al umbral fijado en la Directiva — Exclusión — Aplicación de las normas fundamentales y de los principios generales del Tratado FUE — Requisito — Contrato que presenta un interés transfronterizo cierto — Criterios de apreciación [Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1251/2011, art. 7] (véanse los apartados 29, 35 y 36)

3. Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Necesidad de facilitar al Tribunal de Justicia precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y normativo — Alcance de la obligación en el ámbito de la contratación pública (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 94) (véanse los apartados 37 a 39)

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), mediante resolución de 9 de abril de 2015, es manifiestamente inadmisible.

( 1 ) DO C 254 de 3.8.2015.
3.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Compromiso de precios — Reglamento que modifica el Reglamento por el que se establece un derecho antidumping provisional, para tomar en consideración la decisión de aceptación de una oferta de compromiso — Reglamento que no tiene carácter confirmatorio [Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1; Reglamento (UE) n.o 748/2013 de la Comisión] (véanse los apartados 30 a 32)
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y del artículo 3, apartado 1, del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO L 266, p. 1; EE 01/03, p. 36; en lo sucesivo, «Convenio de Roma»).
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La Directiva 2004/80 fue transpuesta en Italia, en particular, por el Decreto Legislativo no 204 por el que se aplica la Directiva 2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos (Decreto Legislativo n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato), de 6 de noviembre de 2007 (suplemento ordinario a la GURI no 261, de 9 de noviembre de 2007). Este Decreto Legislativo se remite, por lo que se refiere a los requisitos materiales para la concesión de indemnizaciones a cargo del Estado italiano, a las leyes especiales que prevén las formas de indemnización de las víctimas de delitos cometidos en el territorio nacional. No obstante, no todos los tipos de delitos violentos dolosos están cubiertos por estas leyes especiales. Así, no existe una ley especial que garantice una indemnización justa y adecuada, en el sentido del artículo 12 de la Directiva 2004/80, a las víctimas de un delito en el ámbito de las agresiones sexuales, como del que se trata en el litigio principal.
Recurso de casación interpuesto contra el auto del Presidente del Tribunal General de 12 de diciembre de 2011, T-579/11 R, Akhras/Consejo, mediante el que dicho Tribunal desestimó la demanda de medidas provisionales y de suspensión de la ejecución de la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 228, p. 16), del Reglamento (UE) nº 878/2011 del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 228, p. 1), de la Decisión 2011/628/PESC del Consejo, de 23 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 247, p. 17), y del Reglamento (UE) nº 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento nº 442/2011 (DO L 269, p. 18), en la medida en que estos textos se refieren al demandante.