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Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que: — la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (DO 2012, L 343, p. 32) [anteriormente artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO 1991, L 237, p. 25), en su versión modificada por la Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001 (DO 2001, L 75, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 91/440»)], al permitir que las ayudas estatales abonadas al área de la administración de la infraestructura ferroviaria puedan ser transferidas al área de la explotación de los servicios de transporte; — la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/34 (anteriormente artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/440), al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar, a través de la adecuada llevanza de la contabilidad, el cumplimiento de la prohibición de transferir al área de la explotación de los servicios de transporte los fondos públicos abonados al área de la administración de la infraestructura ferroviaria; — la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2012/34 [anteriormente artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO 2001, L 75, p. 29)], al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que los cánones por la utilización de la infraestructura sólo se empleen para la financiación de la actividad del administrador de infraestructuras; — la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/34 (anteriormente artículo 9, apartado 4, de la Directiva 91/440) y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1), en relación con el punto 5 de su anexo, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que los fondos públicos abonados para la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros figuren, en las cuentas correspondientes, por separado.
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En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente observa que no se discute entre las partes del litigio principal que la práctica concertada controvertida no puede afectar al comercio entre los Estados miembros. No obstante, señala que la Ley de competencia se redactó teniendo en cuenta la necesidad de armonizar el Derecho nacional y el Derecho de la Unión Europea y que la base jurídica correspondiente en el Derecho de la Unión a la de la mencionada Ley está formada, en particular, por los artículos 81 CE y 82 CE (actualmente artículos 101 TFUE y 102 TFUE). En relación más concretamente con el artículo 11, apartado 1, de dicha Ley, éste establece un marco jurídico en esencia idéntico al previsto en el artículo 101 TFUE, apartado 1, y la aplicación de dicho artículo 11, apartado 1, no debe ser diferente de la del artículo 101 TFUE, apartado 1.
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En la medida en que no se informó cumplida e inmediatamente al Parlamento en todas las fases del procedimiento según exige el artículo 218 TFUE, apartado 10, aquél no pudo ejercer la facultad de control que en materia de PESC le han atribuido los Tratados y, en su caso, exponer su punto de vista en lo referente, en particular, a la base jurídica adecuada que debe fundamentar el acto en cuestión. En tales circunstancias, la inobservancia de este requisito de información menoscaba las condiciones del ejercicio, por parte del Parlamento, de sus funciones en el ámbito de la PESC y constituye, en consecuencia, un vicio sustancial de forma (sentencia de 24 de junio de 2014, Parlamento/Consejo, C‑658/11, EU:C:2014:2025, apartado 86).
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Ahora bien, según la Comisión, el proyecto discutido puede originar una degradación del estado de la masa de agua superficial del río Schwarze Sulm, con infracción de la prohibición de deterioro establecida en artículo 4, apartado 1. En efecto, mientras que la resolución de 2007 calificaba ese estado como «excelente», ese proyecto lo hace pasar a «bueno» y da lugar por tanto a su deterioro. La Comisión considera en ese sentido que para determinar la realidad de ese deterioro no se puede tener en cuenta que en la resolución de 2013 el Gobernador de Estiria evaluó finalmente ese mismo estado como «bueno», ya que esa última resolución no se adoptó con observancia de las exigencias de procedimiento establecidas por los artículos 13 y 14 de esa Directiva. Así pues, no obstante la reclasificación a la baja del estado de las aguas por esa última resolución, no cabe mantener que ese proyecto no originará un deterioro de ese estado.
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Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 TFUE, en relación con los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, así como del artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y en DO 2007, L 204, p. 28), al limitar el acceso a las tarjetas de transporte público con tarifas preferentes para los estudiantes que cursan sus estudios en los Países Bajos a los estudiantes neerlandeses que estén matriculados en los Países Bajos en un centro de enseñanza público o privado y a los estudiantes procedentes de otros Estados miembros que, en los Países Bajos, estén económicamente activos o que hayan adquirido un derecho de residencia permanente.
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Con arreglo a esta Ley, el deudor será considerado insolvente a efectos de la misma, en particular, cuando no pueda cumplir sus obligaciones financieras durante más de 30 días después de la fecha de vencimiento del pago. El deudor que no tenga la condición de profesional puede solicitar al tribunal competente en materia concursal que su situación se resuelva mediante un convenio con los acreedores. La autorización del convenio está supeditada, por un lado, a la comprobación por el juez de que, mediante su solicitud, el deudor no persigue un interés deshonesto y, por otro lado, a la presunción razonable de que, en el marco del convenio, los acreedores quirografarios inscritos podrán recuperar al menos el 30 % de los créditos reconocidos. En virtud del artículo 410 de la Ley concursal, en este procedimiento, antes de dictar una resolución sobre la propuesta de convenio, el juez no puede examinar, ni de oficio ni a petición del deudor, la validez, el importe o el orden de prelación de los créditos, ni tan siquiera cuando éstos susciten dudas en relación con las Directivas 93/13 o 2008/48.
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Cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien es cierto que el objeto del recurso interpuesto al amparo del artículo 258 TFUE está delimitado por el procedimiento administrativo previo previsto en esa disposición y que, en consecuencia, el dictamen motivado de la Comisión y el recurso han de fundarse en idénticas imputaciones, esta exigencia, no obstante, no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta en su formulación cuando el objeto del litigio no se haya ampliado ni modificado (véanse, en particular, las sentencias Comisión/Alemania, C‑433/03, EU:C:2005:462, apartado 28; Comisión/Finlandia, C‑195/04, EU:C:2007:248, apartado 18, y Comisión/Países Bajos, C‑576/10, EU:C:2013:510, apartado 34).
El Reglamento de Ejecución (UE) no 260/2013 del Consejo, de 18 de marzo de 2013, que amplía el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (CE) no 1458/2007 sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, originarios de la República Popular China a las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, procedentes de la República Socialista de Vietnam, hayan sido o no declarados como originarios de la República Socialista de Vietnam, es inválido.
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El tribunal remitente observa, en primer lugar, que no se discute entre las partes del litigio principal que dichos acuerdos no pueden afectar al comercio entre los Estados miembros. No obstante, entiende que el tenor del artículo 11, apartado 1, de la Ley de competencia es, en lo esencial, análogo al del artículo 101 TFUE, apartado 1, y que esta Ley debería aplicarse de conformidad con lo exigido por el Derecho de la Unión. El citado órgano jurisdiccional pone de relieve, por otra parte, que existe un interés manifiesto en que las disposiciones o los conceptos derivados del Derecho de la Unión sean objeto de una interpretación uniforme. Dicho tribunal observa, en segundo lugar, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 101 TFUE, apartado 1, no permite determinar con certeza si unos acuerdos como los controvertidos en el litigio principal pueden calificarse como acuerdos que tienen por objeto restringir el juego de la competencia, a efectos de ese precepto.
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Remitiéndose a un informe del año 2012 del Banco Central Europeo sobre las divisas virtuales, el tribunal remitente indica que una divisa virtual puede definirse como un tipo de moneda digital no regulada, emitida y verificada por sus creadores y aceptada por los miembros de una comunidad virtual concreta. La divisa virtual «bitcoin» forma parte de las divisas virtuales denominadas «de flujo bidireccional», que los usuarios pueden comprar y vender con arreglo al tipo de cambio. Por lo que respecta a su uso en el mundo real, estas divisas virtuales son análogas a las demás divisas intercambiables, y permiten adquirir bienes y servicios tanto reales como virtuales. Las divisas virtuales se distinguen del dinero electrónico, tal como lo define la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267, p. 7), en la medida en que, a diferencia de este dinero, en el caso de las divisas virtuales los fondos no se expresan en la unidad de cuenta tradicional, por ejemplo, en euros, sino en una unidad de cuenta virtual, como el «bitcoin».
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Los considerandos 2, 33 y 34 de la Directiva 2004/18 indican lo siguiente: «(2) La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado. [...] (33) Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En particular, pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. [...] (34) Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia de condiciones de trabajo y de seguridad del trabajo, se aplicarán durante la ejecución de un contrato público, siempre que dichas normas, así como su aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en las que los trabajadores de un Estado miembro prestan sus servicios en otro Estado miembro para la realización de un contrato público, la Directiva [96/71] enuncia las condiciones mínimas que han de respetarse en el país de acogida en relación con dichos trabajadores desplazados. Si el Derecho nacional contemplare disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de dichas obligaciones se podrá considerar una falta grave o un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público.»
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En estas circunstancias, el Rechtbank Gelderland decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento no 44/2001 la denuncia con personación como actor civil presentada por las sociedades Aertssen, en el sentido del artículo 63 y siguientes del Código de Procedimiento Penal belga, a la vista de la modalidad de presentación y de la fase en que se halla el procedimiento? En caso de respuesta afirmativa: 2) ¿Debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, del citado Reglamento en el sentido de que también se ha formulado una demanda ante un tribunal extranjero (en el presente asunto, un tribunal belga) en el caso de que se haya presentado ante un juez de instrucción belga una denuncia con personación como actor civil y no se haya completado todavía la fase de instrucción previa? 3) En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué momento ha de considerarse que se ha formulado la demanda y/o que el tribunal conoce del litigio que ha sido planteado mediante la presentación de una denuncia con personación como actor civil a efectos de la aplicación de los artículos 27, apartado 1, y 30 de dicho Reglamento? 4) En caso de respuesta negativa, ¿debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 en el sentido de que la presentación de una denuncia con personación como actor civil puede dar lugar a que se formule una demanda con posterioridad ante un tribunal belga en el sentido de esta disposición? 5) En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué momento debe considerarse, a efectos de la aplicación de los artículos 27, apartado 1, y 30, del Reglamento no 44/2001, que se ha formulado la demanda y/o que el tribunal conoce del litigio? 6) En caso de que se haya presentado una denuncia con personación como actor civil y en el momento de su presentación no se haya formulado todavía una demanda en el sentido del artículo 27, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 pero pueda considerarse formulada posteriormente en el curso de la tramitación de la denuncia, con efectos retroactivos al momento de la presentación de ésta, ¿se desprende del artículo 27, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 que el juez ante el que se ha formulado una demanda después de que haya sido presentada la denuncia con personación como actor civil ante el tribunal belga, debe suspender de oficio el procedimiento hasta que se compruebe si se ha formulado una demanda en el sentido del artículo 27, apartado 1, ante el tribunal belga?»
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El Gobierno rumano alega la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 34 TFUE y 1, apartado 1, letras t) y u), del Reglamento no 1400/2002. Por una parte, sostiene que la Directiva 2007/46 lleva a cabo una armonización completa del ámbito que regula, de manera que ya no puede recurrirse al Derecho primario. Por otra parte, afirma que el Reglamento no 1400/2002 ya no estaba en vigor en la fecha de la inspección realizada por el RAR y que las nuevas disposiciones de la Unión ya no contienen las definiciones cuya interpretación solicita el Juez remitente.
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En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse las disposiciones de la sección 5 del capítulo II (artículos 18 a 21) del Reglamento (CE) no 44/2001 en el sentido de que se oponen a que un órgano jurisdiccional aplique el artículo 5, inicio y [punto] 1, letra a), o el artículo 5, inicio y [punto] 3, de dicho Reglamento en un caso como el de autos, en el que el demandado es demandado por una sociedad no sólo en su condición de administrador de dicha sociedad por incorrecto desempeño de sus funciones o por acto ilícito, sino también, con independencia de tal condición, por incurrir en dolo o en imprudencia consciente en el cumplimiento del contrato de trabajo celebrado entre él y la sociedad? 2) a) En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿debe interpretarse el concepto de “materia contractual”, contenido en el artículo 5, inicio y [punto] 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001, en el sentido de que comprende también un caso como el de autos, en el que una sociedad demanda a una persona en su condición de administrador de dicha sociedad por incumplimiento de su obligación de desempeñar correctamente sus funciones societarias? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2, letra a), ¿debe interpretarse el concepto de “lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda”, contenido en el artículo 5, inicio y [punto] 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001, en el sentido de que hace referencia al lugar en el que el administrador desempeñó o debió desempeñar sus funciones societarias, que será, por regla general, el lugar de la administración central o del centro de actividad principal de la sociedad en cuestión, en el sentido del artículo 60, apartado 1, inicio y letras b) y c), respectivamente, de dicho Reglamento? 3) a) En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿debe interpretarse el concepto de “materia delictual o cuasidelictual”, contenido en el artículo 5, inicio y [punto] 3, del Reglamento (CE) no 44/2001, en el sentido de que comprende también un caso como el de autos, en el que una sociedad demanda a una persona en su condición de administrador de dicha sociedad por incorrecto desempeño de sus funciones societarias o por acto ilícito? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3, letra a), ¿debe interpretarse el concepto de “lugar en donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”, contenido en el artículo 5, inicio y [punto] 3, del Reglamento (CE) no 44/2001, en el sentido de que se refiere al lugar en el que el administrador desempeñó o debió desempeñar sus funciones societarias, que será, por regla general, el lugar de la administración central o del centro de actividad principal de la sociedad en cuestión, en el sentido del artículo 60, apartado 1, inicio y letras b) y c), respectivamente, de dicho Reglamento?»
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Por último, cabe recordar que, a tenor del artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2006/54, ésta no afectará a lo dispuesto en la Directiva 96/34 y en la Directiva 92/85. No obstante, una disposición como la del artículo 53, apartado 3, párrafo tercero, de la Ley de Funcionarios no otorga la protección prevista por la Directiva 92/85. Como señala la Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, el hecho de que se prive al padre de la posibilidad de acogerse a un permiso parental como consecuencia de la situación laboral de la esposa no constituye en modo alguno una medida que tenga por objeto promover la mejora de la seguridad y de la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
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Cabe recordar a este respecto, en primer término, que de una jurisprudencia bien asentada del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de trabajador en Derecho de la Unión comprende también a las personas que desarrollan una actividad en prácticas de carácter preparatorio o períodos de aprendizaje en una profesión, los cuales pueden ser considerados una preparación práctica relacionada con el propio ejercicio de la profesión de que se trate, dado que tales períodos se efectúan en las condiciones de una actividad retribuida real y efectiva, en favor de un empresario y bajo la dirección de éste. El Tribunal de Justicia ha precisado que esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que la productividad del interesado sea escasa, no realice una tarea completa y, por tanto, sólo trabaje durante un número reducido de horas por semana y consecuentemente no perciba más que una retribución limitada (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284, apartados 19 a 21; Bernini, C‑3/90, EU:C:1992:89, apartados 15 y 16; Kurz, C‑188/00, EU:C:2002:694, apartados 33 y 34, y Kranemann, C‑109/04, EU:C:2005:187, apartado 13).
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Mediante sentencia de 6 de febrero de 2012, la Curtea de Apel Bucureşti desestimó el recurso de ING Pensii. Esta última interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. Sostuvo, en particular, que la elección de un algoritmo de cálculo de los partícipes por duplicado distinto del previsto por la normativa aplicable no constituía una infracción de la Ley no 21/1996, sino, a lo sumo, una infracción de la legislación específica en materia de pensiones privadas obligatorias. Asimismo, según ella, en la medida en que el acuerdo en cuestión se había limitado al reparto de los partícipes por duplicado, no había podido afectar a la competencia en el mercado de que se trataba, ya que los partícipes por duplicado, que representaban menos del 1,5 % del mercado, no habían sido objeto de competencia entre los fondos de pensiones.
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Tras recordar que estaba vinculado por los hechos apreciados en primera instancia, el Vrhovno sodišče (tribunal supremo) señala que de dichos hechos resulta, en primer lugar, que los puntos de alumbramiento V-3/66-70 y RgS-2/88 comparten la misma capa freática o yacimiento subterráneo y señala, a este respecto, que el concepto de «capa freática o yacimiento subterráneo» se entiende como «masa de agua proveniente del mismo acuífero». A continuación, destacó que, mediante resolución de 3 de julio de 2001, el Ministerio reconoció el agua extraída de los puntos de alumbramiento V-3/66-70 y RgS-2/88 como agua mineral natural con la denominación comercial «Donat Mg», si bien la sociedad beneficiaria de esta resolución, esto es Droga Kolinska d.d., no tiene ninguna concesión para la utilización del agua extraída del punto de alumbramiento RgS-2/88 —esta concesión pertenece a HSR en virtud de una resolución posterior, de 14 de febrero de 2008— y que, por ello, Droga Kolinska d.d. no puede comercializar dicha agua con la denominación comercial «Donat Mg». Señala, por último, que el agua mineral natural Donat Mg está inscrita en el registro de aguas minerales naturales reconocidas en Eslovenia y en la lista de aguas minerales naturales reconocidas por los Estados miembros (DO 2013, C 95, p. 38), en las que se señala como manantial el manantial Donat.