Por consiguiente, un comportamiento del Estado que no pueda influir en las decisiones pertinentes no puede constituir «interferencias significativas» a efectos del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento antidumping de base no 384/96.

Del texto del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento antidumping de base no 384/96 se desprende claramente que la existencia o no de interferencias significativas del Estado debe apreciarse con respecto al método de adopción de las «decisiones de las empresas sobre precios, costes y consumos». En efecto, esta disposición obliga al productor exportador de que se trate a probar que adopta sus decisiones, por una parte, «en respuesta a las señales del mercado» y, por otra, «sin interferencias significativas del Estado». Por otra parte, el empleo de los términos «a este respecto» refuerza aún más la relación entre las decisiones pertinentes y las interferencias del Estado.

Por consiguiente, si bien el control del Estado sobre una empresa es un elemento que, en su caso, puede ser tenido en cuenta, no basta, por sí solo, para demostrar la existencia de interferencias significativas del Estado y, por tanto, no permite concluir que los elementos probatorios aportados por el exportador afectado no sean pertinentes a los efectos del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento antidumping de base no 384/96.

Pues bien, la asimilación del control estatal a unas «interferencias significativas del Estado» en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento antidumping de base no 384/96 llevaría a excluir, por principio, a las sociedades controladas por el Estado de la aplicación del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado, independientemente del contexto fáctico, jurídico y económico concreto en el que operen y, más concretamente, de la cuestión de si han presentado pruebas suficientes para demostrar que el Estado no traspasaba los límites de la función de un accionista normal en un país con economía de mercado, que las decisiones de la empresa se adoptaban de forma autónoma e independientemente de consideraciones propias de los poderes públicos y que, por lo tanto, tales decisiones estaban guiadas exclusivamente por consideraciones meramente comerciales, propias de una empresa que opera en condiciones de economía de mercado. Tal planteamiento es incompatible con el sistema instaurado por el artículo 2, apartado 7, letras b) y c).

No obstante, el control estatal, no resulta, como tal, incompatible con la adopción de decisiones comerciales por la empresa interesada según las condiciones de una economía de mercado y no significa, en particular, que sus decisiones relativas a los precios y los costes de los insumos se orienten por consideraciones ajenas a una empresa que opera en tales condiciones.

Por otra parte, se desprende del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento antidumping de base no 384/96, a tenor del cual las decisiones de las empresas se «adoptan», que el legislador comunitario ha exigido específicamente que el proceso decisorio de la empresa de que se trate esté libre de toda interferencia significativa por parte del Estado.

Para la interpretación y la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento antidumping de base no 384/96, debe tenerse en cuenta que los Estados a que se refiere el artículo 2, apartado 7, letra b), de ese mismo Reglamento no se consideran Estados en los que se da una economía de mercado, y ello a pesar de las reformas que se han practicado en dichos Estados. Se trata de una apreciación del legislador comunitario sobre la situación económica, jurídica y política en tales países terceros, expresamente reconocida en el artículo 2, apartado 7, del citado Reglamento y que justifica el trato específico dispensado a las importaciones procedentes de esos Estados en lo tocante a la determinación del valor normal. Por consiguiente, debe presumirse que, salvo prueba en contrario, las condiciones en que operan las empresas en dichos países no pueden compararse a las que se dan en los países dotados de economía de mercado.

El artículo 2, apartado 7, del Reglamento antidumping de base no 384/96 supedita la determinación del valor normal, con arreglo a las normas establecidas en el artículo 2, apartados 1 a 6, del citado Reglamento a que el productor interesado demuestre que opera en condiciones de economía de mercado. Dichas «condiciones de economía de mercado» no deben referirse exclusivamente a las actividades del productor de que se trate en su mercado nacional. En efecto, la inexistencia de restricciones en cuanto a las actividades de exportación y, en particular, la libertad para negociar los precios de exportación constituyen características propias de una economía de mercado. Asimismo, el artículo 2, apartado 7, letra c), del citado Reglamento, que indica los elementos probatorios que debe aportar el productor para que pueda considerarse que opera en condiciones de economía de mercado, no se refiere en absoluto a las actividades de los productores interesados en sus mercados nacionales. En particular, la mención relativa a las «decisiones de las empresas sobre precios» no lleva aparejada ninguna reserva en virtud de la cual tales decisiones deban referirse únicamente al mercado nacional del productor.

Por consiguiente, si bien el artículo 2, apartado 7, del Reglamento antidumping de base no 384/96 se refiere a la determinación del valor normal que, con arreglo a dicho Reglamento, constituye un concepto distinto del de los precios de exportación, de ello no se deduce que el comportamiento de los productores exportadores interesados en relación con los precios de exportación carezca de toda pertinencia para la aplicación del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del citado Reglamento.

(véanse los apartados 114 a 116)