Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE

(Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 4)

2. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE

(Arts. 28 CE y 30 CE; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 13 y 14, y art. 5, aps. 1, 2 y 4)

3. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE

(Arts. 28 CE y 30 CE; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 12)

4. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE

(Art. 30 CE; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5)

5. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE

(Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, aps. 1 y 2)

Índice

1. La Directiva 2002/46, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del Tratado CE, los Estados miembros siguen siendo competentes para adoptar una normativa relativa a las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios hasta que la Comisión Europea establezca esas cantidades, con arreglo al artículo 5, apartado 4, de dicha Directiva.

(véanse el apartado 24 y el punto 1 del fallo)

2. Además de la obligación de respetar los artículos 28 CE y 30 CE, los Estados miembros están obligados también a basarse en los elementos que figuran en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, incluida la exigencia de una evaluación de los riesgos basada en datos científicos reconocidos, para fijar las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios hasta que la Comisión Europea establezca esas cantidades, con arreglo al apartado 4 del citado artículo 5.

En efecto, si bien los Estados miembros siguen siendo competentes para adoptar una normativa relativa a tales cantidades hasta que la Comisión establezca esas mismas cantidades con arreglo al artículo 5, apartado 4, de dicha Directiva, no es menos cierto que, en el ejercicio de esa competencia, deben respetar el Derecho de la Unión. El resultado prescrito por la Directiva 2002/46 no podría alcanzarse si los propios Estados miembros, al fijar tales cantidades, no tuvieran en cuenta los elementos que figuran en el artículo 5 de dicha Directiva. El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46 constituye una disposición fundamental por lo que se refiere a la fijación de las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, ya que enumera los elementos que debe tenerse en cuenta para fijar tales cantidades. Esos elementos proceden de un análisis de los riesgos, en el sentido del Reglamento nº 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria el cual, en virtud de su artículo 1, apartado 2, ha de aplicarse a todas las medidas relativas a la seguridad de los alimentos, incluidas las adoptadas a nivel de los Estados miembros Además, del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46, en relación con los considerandos décimo tercero y décimo cuarto de esta Directiva, se desprende que la fijación, sobre la base de esos elementos, de las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios tiene por objeto garantizar la protección de la salud de las personas.

(véanse los apartados 26 y 28 a 32 y el punto 2 del fallo)

3. La Directiva 2002/46, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que, al fijar la cantidad máxima de un mineral que puede utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, resulta imposible determinar con precisión las aportaciones de ese mineral procedentes de otras fuentes alimenticias, y hasta que la Comisión Europea establezca las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios con arreglo al artículo 5, apartado 4, de esa Directiva, un Estado miembro puede, si existe un riesgo comprobado de que esas aportaciones alcancen el nivel máximo de seguridad establecido para el mineral en cuestión y siempre que se respeten los artículos 28 CE y 30 CE, fijar dicha cantidad máxima en un valor cero sin recurrir al procedimiento previsto en el artículo 12 de esa misma Directiva.

En efecto, habida cuenta de que la aplicación del artículo 12 de la Directiva 2002/46 se supedita al desarrollo de dicha Directiva y, en particular, de su artículo 5, es decir, a la fijación por parte de la Comisión de las cantidades máximas a las que se refiere este último artículo y de que la Comisión no ha fijado todavía esas cantidades máximas, el citado artículo 12 no es aplicable. En este contexto, no puede excluirse que la consideración de uno o de varios elementos que figuran en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46 pueda llevar a la fijación de un valor muy bajo, incluso un valor cero, respecto a la cantidad máxima de una vitamina o de un mineral que puede utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, a pesar de que esa vitamina o ese mineral formen parte de las vitaminas y de los minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, enumerados en el anexo I de dicha Directiva.

(véanse los apartados 41, 42, 44 y 48 y el punto 3 del fallo)

4. El artículo 5 de la Directiva 2002/46, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que un etiquetado adaptado pueda disuadir al grupo de consumidores al que se dirige de recurrir a un nutriente beneficioso para él en dosis reducidas no constituye un elemento pertinente para fijar las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios. La consideración de la diferencia de los niveles de sensibilidad de distintas categorías de consumidores sólo puede permitir a un Estado miembro aplicar a toda la población una cantidad máxima adaptada a un grupo de consumidores específico, como el de los niños, si esa medida se limita a lo necesario para garantizar la protección de la salud de las personas pertenecientes a ese grupo y siempre que dicha medida sea proporcionada al objetivo que persigue, el cual no puede ser alcanzado por medidas menos restrictivas de los intercambios en el interior de la Unión Europea, extremo que deberá comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

En efecto, al ejercer su facultad de apreciación en materia de protección de la salud pública, los Estados miembros deben respetar el principio de proporcionalidad. Además, incumbe a las autoridades nacionales demostrar en cada caso, a la luz de los hábitos alimentarios nacionales y habida cuenta de los resultados de la investigación científica internacional, que su normativa es necesaria para proteger efectivamente los intereses contemplados en el artículo 30 CE y, en especial, que la comercialización de los productos de que se trata plantea un riesgo real para la salud pública En ese contexto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar en particular si un etiquetado apropiado, que informe a los consumidores sobre la naturaleza, los ingredientes y las características de los complementos alimenticios de que se trata, constituye una medida suficiente para permitir garantizar la protección de la salud de dichas personas, en particular para evitar los efectos perjudiciales relacionados con el consumo excesivo de los nutrientes afectados.

(véanse los apartados 54, 55, 57 y 61 y el punto 4 del fallo)

5. La Directiva 2002/46, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la fijación de las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios cuando, en ausencia de riesgo demostrado para la salud de las personas, no se hayan establecido niveles máximos de seguridad para esas vitaminas y esos minerales, salvo que dicha medida esté justificada por el principio de cautela, si un análisis científico del riesgo revela que persiste una incertidumbre científica acerca de la existencia o el alcance de riesgos reales para la salud pública. Una vez que se hayan establecido niveles máximos de seguridad, no cabe excluir la posibilidad de fijar esas cantidades máximas a un nivel sensiblemente inferior al de tales límites, dado que la fijación de esas cantidades máximas puede estar justificada por la consideración de los elementos mencionados en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46 y que es conforme al principio de proporcionalidad. Esta apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente y debe realizarse caso por caso.

(véanse el apartado 73 y el punto 5 del fallo)