CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 16 de enero de 2020 ( 1 )

Asunto C‑456/18 P

Hungría

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Ayudas de Estado — Decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 2 — Reglamento (CE) n.o 659/1999 — Artículo 11, apartado 1 — Requerimiento de suspensión — Impugnabilidad del requerimiento de suspensión — Interés en ejercitar la acción pese a la pérdida del objeto — Ejercicio de la facultad de apreciación al adoptar requerimientos de suspensión — Proporcionalidad — Obligación de motivación»

I. Introducción

1. El presente recurso de casación contra la sentencia impugnada del Tribunal General ( 2 ) brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de ocuparse de la tutela judicial frente a un requerimiento de suspensión provisional aisladamente considerado en un procedimiento de ayudas de Estado. Dicho requerimiento prohibía explícitamente a Hungría seguir ejecutando dos ayudas mientras no finalizara el procedimiento de investigación.

2. Es cierto que el artículo 108 TFUE, apartado 3, ya establece que los Estados miembros no pueden ejecutar la medida de ayuda en cuestión una vez incoado el procedimiento de investigación. Sin embargo, un requerimiento de suspensión provisional permite a la Comisión incoar un procedimiento por incumplimiento simplificado, si el Estado miembro aun así ejecuta la medida. Al parecer, la actuación de Hungría resultaba especialmente sospechosa para la Comisión, razón por la cual esta adoptó el requerimiento provisional al mismo tiempo que la decisión de incoar el procedimiento. Sin embargo, en la motivación correspondiente, la Comisión se apoya únicamente, en esencia, en la existencia y el alcance de la ayuda.

3. Debe subrayarse que la investigación de la Comisión se refiere a dos leyes fiscales (en sentido amplio) cuya naturaleza como ayuda se deriva principalmente de la tarifa progresiva del impuesto. Aún no se ha esclarecido, y continúa siendo controvertido, si puede considerarse una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE. ( 3 ) No obstante, posteriormente Hungría no ha impugnado la decisión definitiva de la Comisión sobre el fondo del asunto (sobre el carácter de ayuda de Estado de las dos leyes), sino que sigue impugnando los requerimientos provisionales aisladamente considerados. En opinión de Hungría, fueron adoptados a partir de errores de apreciación y no están suficientemente motivados.

4. Sin embargo, el Tribunal General no lo entendió así en primera instancia, razón por la cual el Tribunal de Justicia debe decidir en el marco del recurso de casación si el Tribunal General acertó cuando no halló defectos en los requerimientos de suspensión provisionales que actualmente han resultado sin objeto.

II. Marco jurídico

5. El procedimiento aplicable a las ayudas ilegales está regulado en el capítulo III del Reglamento (CE) n.o 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] ( 4 ) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 659/1999»).

6. Su artículo 11 ( 5 ) reza como sigue: «1. La Comisión, tras ofrecer al Estado miembro interesado la oportunidad de presentar sus observaciones, podrá requerir a dicho Estado miembro, mediante decisión, que suspenda toda concesión de ayuda ilegal en tanto en cuanto aquella no se pronuncie sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común (denominada en lo sucesivo “requerimiento de suspensión”). 2. La Comisión, tras ofrecer al Estado miembro interesado la oportunidad de presentar sus observaciones, podrá requerir a dicho Estado miembro, mediante decisión, que recupere provisionalmente toda ayuda ilegal en tanto en cuanto la Comisión no se pronuncie sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común (denominada en lo sucesivo “requerimiento de recuperación”) si concurren las circunstancias siguientes: – que de acuerdo con una práctica establecida no existan dudas sobre el carácter de ayuda de la medida de que se trate; – que sea urgente actuar; – que exista un grave riesgo de causar un perjuicio considerable e irreparable a un competidor. […]»

7. El artículo 12 del Reglamento n.o 659/1999 permite a la Comisión incoar un procedimiento por incumplimiento, en el sentido del artículo 258 TFUE, en caso de que se incumplan los requerimientos de suspensión, sin necesidad de un procedimiento previo: «Si el Estado miembro no cumple un requerimiento de suspensión o un requerimiento de recuperación, la Comisión estará facultada, al tiempo de examinar el fondo del asunto basándose en la información disponible, para someter directamente el asunto al Tribunal de Justicia solicitando que se declare que esta inobservancia constituye una violación del Tratado.»

8. En caso de ayudas no notificadas, la Comisión concluye el procedimiento de investigación formal mediante una decisión con arreglo al artículo 13, apartado 1, en relación con el artículo 7 del Reglamento n.o 659/1999. En el artículo 7, apartado 5, se regula la prohibición de las ayudas, la denominada decisión negativa: «Si la Comisión llega a la conclusión de que la ayuda notificada no es compatible con el mercado común, decidirá que no se ejecute la ayuda […]».

III. Antecedentes del litigio

9. En 2014, Hungría, por una parte, adoptó la Ley n.o XCIV sobre la contribución sanitaria de las empresas del sector del tabaco y, por otra parte, introdujo modificaciones en la Ley n.o XLVI de 2008 sobre la cadena alimentaria y su supervisión oficial.

10. Con ambas medidas, Hungría introdujo estructuras progresivas de contribución para las empresas afectadas, que entraron en vigor a principios de 2015.

11. Hungría no comunicó dichas medidas a la Comisión. Posteriormente, la Comisión informó a Hungría de que consideraba que las disposiciones de las Leyes n.o XLVI y n.o XCIV podían constituir ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. En ambos escritos, la Comisión advirtió de que adoptaría requerimientos de suspensión en el sentido del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 e instó a Hungría a presentar observaciones al respecto. No se presentaron observaciones por dicho Estado miembro.

12. El 15 de julio de 2015, la Comisión incoó dos procedimientos de investigación formal al amparo del artículo 108 TFUE, apartado 2. ( 6 )

13. Al mismo tiempo, la Comisión adoptó requerimientos de suspensión en ambos procedimientos. Como motivación adujo, en primer lugar, que Hungría no había presentado observaciones sobre la advertencia de que podrían adoptarse requerimientos de suspensión y defendía que las medidas no eran ayudas. En segundo lugar, que Hungría seguía concediendo la ayuda ilegal. En tercer lugar, que el carácter marcadamente progresivo de los tributos basados en el volumen de negocios podría tener un impacto considerable en la situación de competencia en el mercado. ( 7 )

14. Dentro del plazo previsto, Hungría interpuso recurso contra los requerimientos de suspensión.

15. El 4 de julio de 2016, la Comisión decidió, con arreglo al artículo 13, apartado 1, en relación con el artículo 7, apartado 5, del Reglamento n.o 659/1999, que las medidas nacionales en cuestión constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, así como que habían sido ejecutadas ilegalmente infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3. ( 8 ) Las dos decisiones negativas han devenido definitivas.

16. Mediante la sentencia recurrida de 25 de abril de 2018, el Tribunal General desestimó los recursos de Hungría contra los requerimientos de suspensión. La sentencia fue notificada a Hungría el 2 de mayo de 2018.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

17. El 12 de julio de 2018, Hungría interpuso el presente recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General. Hungría solicita al Tribunal de Justicia que: – Anule la sentencia recurrida. – Anule la Decisión C(2015) 4805 final en la medida en que se adopta un requerimiento de suspensión. – Anule la Decisión C(2015) 4808 final en la medida en que se adopta un requerimiento de suspensión. – Condene en costas a la Comisión.

18. Mediante auto de 15 de octubre de 2018, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención de la República de Polonia en apoyo de las pretensiones de Hungría. ( 9 )

19. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que: – Declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, alternativamente, lo desestime por infundado. – Condene en costas a Hungría.

20. Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia Hungría, Polonia y la Comisión, los cuales han participado en la vista oral celebrada el 26 de septiembre de 2019.

V. Sobre el recurso de casación

A. Sobre la admisibilidad del recurso de casación

21. La Comisión considera que el recurso de casación es inadmisible porque al escrito de interposición del recurso le falta claridad. En particular, no aclara qué apartados de la sentencia son impugnados por Hungría. Aduce que, además, Hungría repite en esencia los motivos y las alegaciones del procedimiento en primera instancia y a menudo argumenta contra las decisiones controvertidas de la Comisión y no contra la sentencia recurrida.

22. Según jurisprudencia reiterada, un recurso de casación no cumple los requisitos de motivación resultantes del artículo 168, apartado 1, letra d), y del artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia si se limita a repetir los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal General. No obstante, cuando un recurrente en casación impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión realizadas por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el procedimiento casacional. ( 10 )

23. En este caso, contrariamente a lo que alega la Comisión, el recurso de casación no constituye una mera repetición de los elementos ya alegados en primera instancia. En efecto, Hungría impugna la motivación de la sentencia recurrida, que critica, en particular, tanto por lo que respecta al ejercicio del margen de apreciación de la Comisión cuando adoptó los requerimientos de suspensión, como por su obligación de motivación. Esto es suficiente para que el recurso de casación pueda ser considerado admisible.

B. Sobre la fundamentación del recurso de casación

24. En el marco del recurso de casación, el Tribunal de Justicia examina de oficio la admisibilidad de los recursos interpuestos ante el Tribunal General. ( 11 )

25. En consecuencia, antes de examinar las cuestiones de fondo del recurso de casación, analizaré la admisibilidad de los recursos formulados por Hungría ante el Tribunal General, pues si hubiera que declarar estos inadmisibles, el fallo desestimatorio del Tribunal General sería conforme a Derecho y el recurso de casación de Hungría carecería de fundamento.

1. Admisibilidad de los recursos interpuestos contra los requerimientos de suspensión

26. Los recursos contra los requerimientos de suspensión provisionales podrían resultar inadmisibles por el hecho de que las decisiones negativas sean ahora definitivas.

27. No obstante, el Tribunal General entendió que los recursos eran admisibles. Considera que no cabe apreciar un sobreseimiento de los recursos [epígrafe a)] ni una desaparición del interés en ejercitar la acción [epígrafe b)]. En el apartado 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General fundamentó su punto de vista en que el sobreseimiento del recurso se confunde, en realidad, con la desaparición del interés en ejercitar la acción.

28. El Tribunal General acertó al deducir la admisibilidad de los recursos, pero no en las consideraciones formuladas a efectos de motivación.

a) Sobre la desaparición del objeto del recurso

29. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objeto del litigio debe perdurar hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento. ( 12 )

30. Es cierto que, según parece, esta jurisprudencia se refiere exclusivamente a las acciones interpuestas por particulares al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, mientras que en el presente caso Hungría recurre amparándose en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo. Si bien debe concederse al Tribunal General que los Estados miembros, como demandantes privilegiados en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, no tienen que demostrar un interés en ejercitar la acción, esto no significa que un Estado miembro pueda per se emprender acciones contra actos cuyos efectos jurídicos hayan cesado. Contrariamente a lo que opina el Tribunal General, el cese del interés en ejercitar la acción no es idéntico al cese del objeto del litigio. El hecho de que un demandante privilegiado no esté obligado a cumplir los requisitos específicos de una acción con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no significa que pueda someter al Tribunal de Justicia acciones que posiblemente sean de naturaleza meramente hipotética. ( 13 )

31. La prohibición de ejecución resultante de los requerimientos de suspensión cesó en virtud de las decisiones negativas firmes, pues a partir de la adopción de dichas decisiones negativas no se le permite a Hungría ejecutar las medidas, independientemente de los referidos requerimientos de suspensión.

32. La vía simplificada para que la Comisión interponga una demanda, con arreglo al artículo 12 del Reglamento n.o 659/1999, relativa al requerimiento de suspensión dejó asimismo de tener objeto, puesto que, al devenir definitiva la decisión negativa, dicha vía quedó sustituida por el procedimiento por incumplimiento simplificado de la misma naturaleza previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo segundo. ( 14 )

33. Por tanto, un requerimiento de suspensión con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999, en definitiva, solo desplegaba una eficacia independiente hasta la adopción de la decisión negativa (en este caso, en 2016). A partir de entonces, el requerimiento de suspensión dejó de tener efectos jurídicos independientes, de modo que el fondo del litigio entablado en 2015 ha resultado sin objeto.

b) Sobre la subsistencia del interés de Hungría en la anulación de los requerimientos de suspensión impugnados

34. Aun así, y con carácter excepcional, subsiste el interés de Hungría en la anulación de los requerimientos de suspensión impugnados.

35. Esto no resulta desvirtuado por el hecho de que Hungría permitiera que las decisiones negativas devinieran definitivas. Aunque el requerimiento de suspensión y la decisión negativa estén estrechamente vinculados, la impugnación de la decisión negativa no es un requisito para que pueda apreciarse el interés en la anulación del requerimiento de suspensión que ha resultado sin objeto. Se trata de dos decisiones de la Comisión que tienen objetos diferentes.

36. En el marco de un recurso contra la decisión negativa, el Tribunal General examina si una medida adoptada por un Estado miembro constituye una ayuda prohibida en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 1. Sin embargo, el presente caso se refiere a las facultades que con carácter provisional ostenta la Comisión antes de adoptar las decisiones definitivas, y dichas facultades están sometidas a otros requisitos. Al no impugnar la decisión negativa, Hungría no actuó de forma contradictoria, de suerte que no cesó su interés en una revisión del requerimiento de suspensión aisladamente considerada después de que este resultara sin objeto.

37. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un demandante puede, en ciertas ocasiones, conservar un interés en la anulación del acto impugnado, lo cual le permite evitar que el autor del acto en cuestión repita el acto ilegal. Este interés en ejercitar la acción solo puede existir si la supuesta ilegalidad puede repetirse en el futuro, con independencia de las circunstancias del asunto de que se trate. ( 15 )

38. Es cierto que la Comisión admitió en la vista que rara vez cursa requerimientos de suspensión, y Hungría no ha alegado que la Comisión advirtiera de la posibilidad de cursar requerimientos de suspensión en otros procedimientos concretos sobre ayudas de Estado.

39. Sin embargo, el control de las ayudas estatales es muy amplio y da lugar a un elevado número de procedimientos incoados por la Comisión. Por otra parte, no puede afirmarse que la Comisión haya sometido su práctica en materia de requerimientos de suspensión a directrices específicas. Por lo tanto, es difícil predecir cuándo, cómo y en qué circunstancias la Comisión hará uso de esta competencia.

40. Además, como demandantes privilegiados, los Estados miembros tienen, en principio, un mayor interés legítimo en el control judicial de la legalidad de los actos de las instituciones. El reciente auto del Tribunal de Justicia, ( 16 ) citado en la nota 13, es congruente con la anterior consideración. Es cierto que, en dicha resolución, el Tribunal de Justicia negó que subsistiera el interés de Hungría, pero el sobreseimiento en dicho asunto se debió a que Hungría modificó la medida que la Comisión había prohibido como ayuda. Pues bien, se trata de una situación diferente de la del presente asunto. En efecto, aquí se discuten las facultades de la Comisión en el procedimiento de investigación formal. De lo contrario, se denegaría a los Estados miembros la tutela judicial contra los requerimientos de suspensión como medidas provisionales.

41. Por último, Hungría, Polonia y la Comisión coinciden en aducir que tienen interés en la revisión de los requerimientos de suspensión por razones de seguridad jurídica. ( 17 )

42. Por lo tanto, el presente asunto no constituye un litigio hipotético. Al contrario, existe un riesgo suficiente de reiteración que justifica la persistencia del interés en la revisión de los requerimientos de suspensión que han resultado sin objeto.

c) Conclusión parcial

43. Por consiguiente, los recursos ante el Tribunal General eran admisibles.

2. Sobre los motivos del recurso de casación

44. Hungría invoca tres motivos de casación. Mediante su primer motivo de casación, Hungría alega que el Tribunal General, por una parte, incurrió en error de Derecho al interpretar los requisitos para adoptar requerimientos de suspensión con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 y, por otra parte, que no verificó suficientemente el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión. Según el segundo motivo de casación, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar las alegaciones de Hungría. El tercer motivo de casación se refiere a la obligación de motivación de la Comisión.

45. El segundo motivo de casación puede desestimarse de antemano por ser manifiestamente infundado. En dicho motivo, Hungría reprocha al Tribunal General haber rechazado, en los apartados 53 a 57 de la sentencia recurrida, por extemporánea y, por tanto, inadmisible con arreglo al artículo 84 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la alegación de Hungría en la vista según la cual la Comisión había identificado erróneamente el marco de referencia de las medidas húngaras en cuestión. Sin embargo, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la imputación a la Comisión de una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, era un nuevo motivo inadmisible, puesto que las alegaciones de Hungría en los escritos de demanda se dirigían únicamente contra los requerimientos impugnados.

a) Sobre los requisitos para adoptar requerimientos de suspensión con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 (primera parte del primer motivo de casación)

46. Mediante la primera parte del primer motivo de casación, Hungría alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar los requisitos para adoptar requerimientos de suspensión con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999.

1) Sobre la consideración del artículo 108 TFUE, apartado 3, en el marco del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999

47. Hungría alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar la jurisprudencia relativa al artículo 108 TFUE, apartado 3, sobre el reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y la Comisión.

48. Tal afirmación se deriva de una comprensión errónea de la sentencia recurrida. En el apartado 68 de esta, el Tribunal General extrapoló acertadamente la jurisprudencia relativa al artículo 108 TFUE, apartado 3, ( 18 ) según la cual las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales ya se ven limitadas cuando la Comisión asume que se ha incumplido la obligación de notificación y abre el procedimiento de investigación formal.

49. Por otra parte, las observaciones del Tribunal General, criticadas por Hungría, sobre el «principal efecto jurídico» (apartado 33 de la sentencia recurrida) y el «esencialmente […] mismo efecto jurídico» (apartado 99 de la sentencia recurrida), refiriéndose a la incoación del procedimiento de investigación formal y al requerimiento de suspensión, no tienen ningún efecto sobre el desenlace del litigio, dado que tales menciones de las consecuencias jurídicas no afectan a su existencia. Por lo tanto, no son pertinentes para resolver el presente asunto, al no conferir ninguna ventaja a Hungría. ( 19 ) En consecuencia, la argumentación de dicho Estado miembro resulta inoperante.

50. Por consiguiente, el Tribunal General no ignoró los efectos jurídicos del artículo 108 TFUE, apartado 3, en el marco del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999.

2) Sobre la interpretación del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999

51. En cuanto a la interpretación del artículo 11 del Reglamento n.o 659/1999, Hungría critica el apartado 73 de la sentencia recurrida. En dicho apartado, el Tribunal General sostuvo que el hecho de someter la adopción del requerimiento de suspensión a requisitos materiales adicionales mermaría la eficacia del control de las ayudas. Hungría sostiene que resulta difícil conciliar esta afirmación con la jurisprudencia. En efecto, según esta última, la Comisión no está obligada automáticamente a adoptar requerimientos de suspensión si la ayuda no ha sido notificada de conformidad con el artículo 108 TFUE, apartado 3, primera frase. ( 20 )

52. Sin embargo, en las observaciones del Tribunal General en los apartados 73 y 112 de la sentencia recurrida no se sugiere que la Comisión esté obligada automáticamente a adoptar requerimientos de suspensión. Por el contrario, la Comisión está facultada («podrá») para adoptar requerimientos de suspensión. La posibilidad de que la Comisión haga uso de esta habilitación se deja a su facultad de apreciación.

53. El Tribunal General también interpretó correctamente el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999. En el apartado 70 de la sentencia recurrida, concluyó que los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 se limitan a un requisito de procedimiento y a un requisito material. Desde el punto de vista del procedimiento, la Comisión debe ofrecer al Estado miembro interesado la oportunidad de presentar sus observaciones. En el aspecto material, la Comisión debe provisionalmente calificar la medida nacional en cuestión de ayuda ilegal.

54. Asimismo, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló acertadamente que los requisitos adicionales para la adopción de un requerimiento de recuperación conforme al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999 no se aplican a la adopción de requerimientos de suspensión conforme al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999.

55. Esto resulta del examen del tenor del apartado 1, que precisamente, a la inversa del apartado 2, no requiere ningún requisito adicional. Otra solución sería contraria a la decisión del legislador de supeditar a requisitos adicionales únicamente la adopción de requerimientos de recuperación provisionales con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999.

56. La finalidad misma del artículo 11 del Reglamento n.o 659/1999 sugiere también que solo deben cumplirse requisitos adicionales cuando la Comisión adopta requerimientos de recuperación provisionales. En efecto, los requerimientos de recuperación provisionales producen efectos hacia el pasado, mientras que los requerimientos de suspensión producen efectos hacia el futuro. Habida cuenta de la prohibición de ejecutar la medida, que ya se establece en el artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase, el principal efecto jurídico del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 es la posibilidad simplificada de que la Comisión interponga un recurso contra el Estado miembro al amparo del artículo 12. Esta vía es una variante del recurso por incumplimiento. ( 21 ) Permite a la Comisión simplificar el procedimiento por incumplimiento para hacer frente rápida y eficazmente a un mayor riesgo de infracción por parte del Estado miembro.

57. Ciertamente, Hungría alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que dichos requisitos se cumplían efectivamente, desnaturalizando los hechos y las pruebas en los apartados 59 a 87 de la sentencia recurrida. A tal efecto, Hungría se refiere, sobre todo de forma abstracta, a los conceptos de ventaja y selectividad. No obstante, Hungría no explica concretamente en qué consiste dicha desnaturalización, de modo que tal afirmación resulta irrelevante.

3) Conclusión parcial

58. Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al apreciar los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999, por lo que debe desestimarse la primera parte del primer motivo de casación.

b) Sobre el margen de apreciación de la Comisión (segunda parte del primer motivo de casación)

59. Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, Hungría y Polonia critican el examen efectuado por el Tribunal General de la apreciación de la Comisión.

60. Hungría sostiene erróneamente que el Tribunal General concedió a la Comisión un margen de apreciación ilimitado. Sin embargo, en los apartados 86 y 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró acertadamente que las instituciones de la Unión están sometidas al control de la conformidad de sus actos, y por tanto también de la adopción de los requerimientos de suspensión, con el TFUE y con los principios generales del Derecho. ( 22 )

61. Hungría y Polonia alegan también que, en cualquier caso, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al controlar la apreciación de la Comisión, ya que concluyó que los requerimientos de suspensión se ajustaban al principio general de proporcionalidad.

1) Sobre la necesidad de los requerimientos de suspensión

62. A este respecto, Hungría y Polonia reprochan al Tribunal General no haber tenido en cuenta la posibilidad con que contaba la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal como medida menos gravosa que los requerimientos de suspensión del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999.

63. Sin embargo, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró acertadamente que los propios Estados miembros deben deducir de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal la obligación de suspender la ejecución de una medida nacional, mientras que los requerimientos de suspensión previstos en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 son directa e inequívocamente vinculantes. ( 23 )

64. En este contexto, limitarse a la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal puede ser una medida menos gravosa que adoptar un requerimiento de suspensión. Sin embargo, implicaría negar a la Comisión la posibilidad de interponer un recurso directamente ante el Tribunal de Justicia si fuese necesario y de hacer cumplir de ese modo la prohibición de ejecución, de modo que la actuación de la Comisión no tendría la misma efectividad. Además, si se aceptan los argumentos de Hungría y Polonia, los requerimientos de suspensión serían siempre desproporcionados si se adoptan por la Comisión al mismo tiempo que se incoa el procedimiento de investigación formal.

65. Por lo tanto, era necesario adoptar requerimientos de suspensión no obstante la incoación del procedimiento de investigación formal.

2) Sobre la proporcionalidad de los requerimientos de suspensión en la legislación fiscal

66. Polonia aduce asimismo que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que, en el presente asunto, eran necesarias circunstancias especiales para que la adopción de requerimientos de suspensión en el ámbito tributario resultara adecuada.

67. Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene Polonia, ni siquiera en el ámbito tributario se requieren circunstancias especiales para la adopción de requerimientos de suspensión.

68. Es cierto que la Comisión debe tener en cuenta la autonomía fiscal de los Estados miembros a la hora de examinar si existen ayudas en forma de regímenes fiscales generales. En mi opinión, esto conduce a un examen modificado de la ventaja selectiva. ( 24 ) No obstante, si, sobre la base de dicho examen modificado, la Comisión llega a la conclusión preliminar de que puede haber una ayuda ilegal, también estará facultada para adoptar requerimientos de suspensión provisionales con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999.

69. Esta conclusión es válida con independencia de si la medida en cuestión es realmente una ayuda. ( 25 ) Solo cuando resulte manifiesto que no existe la ayuda será ilícito el requerimiento de suspensión de la Comisión. Aunque todavía no se ha aclarado si una estructura tarifaria progresiva puede constituir una ventaja selectiva, ( 26 ) no se excluye manifiestamente que pueda ser una ayuda. Por lo demás, Hungría no ha impugnado las decisiones negativas de la Comisión, que ahora son definitivas. Por consiguiente, a los presentes efectos, se ha constatado que las medidas controvertidas son ayudas incompatibles con el mercado interior.

70. No obstante, al ejercer su facultad de apreciación con ocasión de la adopción de requerimientos de suspensión, la Comisión debe tener en cuenta la finalidad específica de estos. Como el Tribunal General señala acertadamente en el apartado 32 de la sentencia recurrida, dicha finalidad consiste en la posibilidad simplificada de que la Comisión interponga un recurso con arreglo al artículo 12 del Reglamento n.o 659/1999. De ese modo, la Comisión puede hacer frente eficazmente a un mayor riesgo de infracción (véase al respecto el punto 56 de las presentes conclusiones).

3) Ejercicio de la facultad de apreciación por la Comisión

71. Hungría y Polonia reprochan al Tribunal General, en particular, no haber tenido debidamente en cuenta, al examinar la proporcionalidad de los requerimientos de suspensión, la práctica anterior de la Comisión.

72. El Tribunal General declaró, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, que el mero hecho de que la Comisión incoara procedimientos de investigación formal sin adoptar requerimientos de suspensión respecto de medidas fiscales existentes en algunos Estados miembros, mientras que en otros Estados miembros sí adoptó tales requerimientos al incoar procedimientos similares, no puede bastar para probar una violación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato. Consideró que Hungría no había demostrado, en particular, que los procedimientos mencionados fueran comparables (apartado 111 de la sentencia recurrida).

73. En la vista ante el Tribunal de Justicia, la Comisión confirmó que, desde 1990, ha adoptado apenas unos veinte requerimientos de suspensión. Hungría y Polonia situaron este dato en el contexto de los varios cientos de procedimientos en materia de ayudas de Estado que desde entonces se han llevado a cabo.

74. Por lo tanto, en el presente caso, la Comisión debía considerar, en su apreciación, el hecho de que rara vez había hecho uso de la facultad de adoptar requerimientos de suspensión en su práctica anterior. El hecho de que, a pesar de todo, adoptara los requerimientos de suspensión en este caso requiere una explicación lógica.

75. Cuando la Comisión adopta un requerimiento de suspensión tras haber incoado el procedimiento de investigación formal, puede estar teniendo en cuenta, en el marco de su facultad de apreciación, que el Estado miembro está ejecutando la medida propuesta a pesar de la decisión de incoar el procedimiento.

76. En cambio, cuando la Comisión adopta un requerimiento de suspensión, como en el presente caso, paralelamente a la incoación del procedimiento de investigación formal, está ejerciendo su facultad de apreciación debidamente si teme que, dadas las circunstancias del caso, el Estado miembro ejecute las medidas de ayuda a pesar de la incoación del procedimiento de investigación formal. Por lo demás, el Tribunal General se basó en la anterior consideración al examinar la motivación de la Comisión, en el apartado 136 de la sentencia recurrida.

77. Como se desprende del apartado 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General tuvo en cuenta el hecho de que, cuatro meses antes de la adopción de las decisiones controvertidas, la Comisión había incoado un procedimiento de investigación formal respecto de una tasa introducida por Hungría en el sector de la publicidad, caracterizada por un tipo impositivo progresivo aplicable al volumen de negocios alcanzado por las prestaciones publicitarias en las empresas de medios de comunicación ( 27 ) y que se asemejaba, de este modo, a la contribución sanitaria y a la tasa de inspección de la cadena alimentaria modificada. La adopción de dicha Decisión vino precedida y fue seguida por contactos entre la Comisión y las autoridades húngaras.

78. Asimismo, en los apartados 136 y 137 de la sentencia recurrida, el Tribunal General tuvo en cuenta el hecho de que, según la información que obra en autos, Hungría no suspendió dichas medidas fiscales a pesar de la apertura del referido procedimiento. En tal contexto, el Tribunal General apreció que existía un riesgo de que Hungría ejecutara las medidas nacionales en cuestión pese a la incoación del procedimiento de investigación formal.

79. Ello podía conducir al Tribunal General a concluir que la Comisión había tenido en cuenta su práctica anterior en el ejercicio de su facultad de apreciación. Tampoco cabe criticar el resultado de la revisión por el Tribunal General del ejercicio del margen de apreciación sobre este punto.

4) Conclusión parcial

80. Por consiguiente, el Tribunal General concluyó acertadamente que la Comisión no había incurrido en error en el ejercicio de su facultad de apreciación.

c) Sobre la obligación de motivación de la Comisión (tercer motivo de casación)

81. Mediante su tercer motivo de casación, Hungría alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta que la Comisión había incumplido su obligación de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE, párrafo segundo, primera frase, y al artículo 41, apartado 1, y apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

82. De entrada, es necesario aclarar a qué extremos debe referirse la motivación de la Comisión cuando adopta requerimientos de suspensión (epígrafe 1). A continuación, examinaré si el Tribunal General revisó la motivación de la Comisión sin incurrir en error de Derecho (epígrafe 2).

1) Sobre el objeto de la obligación de motivación de la Comisión al adoptar requerimientos de suspensión

83. El artículo 296 TFUE, párrafo segundo, establece expresamente la obligación de motivar los actos jurídicos de las instituciones. Asimismo, el derecho a una buena administración con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta comprende la obligación de la administración de motivar sus decisiones. El artículo 41 de la Carta refleja un principio general del Derecho de la Unión que pueden invocar los Estados miembros. ( 28 )

84. En el presente asunto, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la motivación de la Comisión debe referirse tanto a los dos requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 como, contrariamente al parecer de la Comisión, al ejercicio por esta de su facultad de apreciación.

85. En efecto, según jurisprudencia consolidada, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, para los actos jurídicos de las instituciones de la Unión debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe apreciarse teniendo en cuenta no solo el tenor literal del acto, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. ( 29 )

86. Por lo que respecta, en primer lugar, a la calificación de la medida en cuestión de ayuda ilegal, el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 129 de la sentencia recurrida, que el nivel de la motivación de un requerimiento de suspensión debe corresponderse con el exigido por la jurisprudencia para las decisiones de incoar el procedimiento de investigación formal.

87. En segundo lugar, en el apartado 133 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que de las decisiones controvertidas se desprende que la Comisión había ofrecido a Hungría la oportunidad de presentar sus observaciones. A este respecto, la motivación es impecable.

88. En tercer lugar, en el apartado 135 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró acertadamente que la motivación de la Comisión debe referirse también al ejercicio de su facultad de apreciación. A este respecto, el Tribunal General constató que la Comisión debe tener en cuenta el efecto jurídico específico que produce un requerimiento de suspensión en virtud del artículo 12 del Reglamento n.o 659/1999, cuando el requerimiento de suspensión está incluido en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal.

89. La finalidad de la obligación de motivación exige, como he expuesto en el punto 85 de las presentes conclusiones, que la adopción de un requerimiento de suspensión muestre de forma comprensible las razones por las que la Comisión entiende que el Estado miembro de que se trate no cumplirá la obligación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3, y no suspenderá la ejecución de las medidas. Ello incluye la consideración del carácter específico del requerimiento de suspensión. Como se ha señalado en los puntos 56 y 70 de las presentes conclusiones, el procedimiento por incumplimiento simplificado previsto en el artículo 12 del Reglamento n.o 659/1999 debe estar a disposición de la Comisión cuando exista un mayor riesgo de que el Estado miembro siga ejecutando la medida impugnada. Se impone una obligación especial de motivación, en particular, si en la práctica anterior, teniendo en cuenta dicho carácter específico, se ha acudido al requerimiento de suspensión solo en raras ocasiones.

2) Sobre el examen por el Tribunal General de la motivación de la Comisión

90. Hungría y Polonia sostienen que el Tribunal General debería haber constatado que la Comisión no justificó su temor de que Hungría ejecutara las medidas nacionales en cuestión pese a la incoación del procedimiento de investigación formal.

91. Sobre este punto, en el apartado 136 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró suficientes dos elementos para explicar la decisión de la Comisión de adoptar requerimientos de suspensión. En primer lugar, señaló que la Comisión pudo basarse en el hecho de que Hungría negó el carácter de ayuda de las medidas. En segundo lugar, observó que Hungría no había presentado observaciones sobre los requerimientos de suspensión que se iban a adoptar.

92. No obstante, ninguno de estos dos elementos justifica suficientemente el temor de la Comisión de que Hungría, a pesar de la incoación del procedimiento de investigación formal y antes de su conclusión, seguiría ejecutando las medidas nacionales en cuestión. Por consiguiente, las decisiones controvertidas no permiten deducir que podría resultar necesario un procedimiento por incumplimiento simplificado.

93. En efecto, no es sino un derecho de los Estados miembros defenderse negando el carácter de ayuda de una medida. Tal postura no puede conducir a la conclusión de que existe un mayor riesgo de que el Estado miembro no cumpla las consecuencias jurídicas del artículo 108 TFUE, apartado 3, especialmente cuando se trata de una cuestión jurídica controvertida como la del presente asunto.

94. Además, los Estados miembros tienen únicamente la posibilidad de presentar observaciones sobre la adopción de requerimientos de suspensión, sin estar obligados a presentarlas. Es cierto que el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo tercero, dispone que los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Por lo tanto, si un Estado miembro no coopera con la Comisión en este sentido, esta puede deducir un indicio desfavorable de tal comportamiento. Sin embargo, en ausencia de circunstancias adicionales, ello no basta por sí solo para justificar el temor de la Comisión de que un Estado miembro no cumplirá las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3.

95. La sentencia pone de manifiesto errores también en otros aspectos. Además de los elementos citados por el Tribunal General, la Comisión motivó los requerimientos de suspensión en los considerandos 47 y 48 de la Decisión relativa a la contribución sanitaria y en los considerandos 56 y 57 de la Decisión sobre la modificación de la tasa de inspección de la cadena alimentaria, aduciendo que en el momento en que se adoptaron los requerimientos de suspensión Hungría seguía concediendo las ayudas y que ello amenazaba con tener un impacto considerable en la competencia.

96. Sin embargo, ni siquiera a partir de estos dos aspectos podía concluir la Comisión que Hungría no cumpliría su obligación resultante del artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase. En efecto, por una parte, la prohibición de ejecutar la medida, resultante de la incoación del procedimiento de investigación formal, no existía antes de que se adoptaran los requerimientos de suspensión, puesto que la Comisión adoptó los requerimientos de suspensión al mismo tiempo que se incoaba el procedimiento de investigación formal. Por otra parte, la prohibición de ejecución se aplica independientemente del grado de impacto de la medida sobre la competencia. El artículo 108 TFUE, apartado 3, no establece diferencias en función del alcance de la ayuda. En tales circunstancias, el alcance de la ayuda no puede, en principio, ser relevante tampoco para una medida provisional que solamente pretende hacer posible un procedimiento por incumplimiento simplificado.

97. Por el contrario, como han alegado Hungría y Polonia, la motivación expuesta por la Comisión en las decisiones controvertidas debería exponer las circunstancias que justificaban el temor de la Comisión de que Hungría ejecutaría las medidas a pesar de la incoación del procedimiento de investigación formal.

98. Como se explica en el punto 78 de las presentes conclusiones, del expediente de la Comisión sobre el asunto de autos resulta que, unos meses antes, Hungría no había suspendido las medidas en cuestión en materia de fiscalidad de la publicidad a pesar de la incoación del procedimiento de investigación formal, lo cual parece haber llevado a la Comisión a la adopción de los requerimientos de suspensión, lo que no sería criticable en sí mismo. Sin embargo, este aspecto del margen de apreciación es tan esencial que la Comisión debería haberlo incluido en su motivación.

99. Contrariamente a lo que apreció el Tribunal General en el apartado 137 de la sentencia recurrida, esto no forma parte del contexto, que no podía ser ignorado por las autoridades húngaras, en que se adoptaron los requerimientos impugnados. Si el comportamiento anterior de Hungría fue realmente un indicio determinante del temor de la Comisión de que Hungría ejecutaría la medida a pesar de la incoación del procedimiento de investigación formal, la motivación publicada del requerimiento de suspensión debió mostrar tal reflexión de la Comisión, pero no lo hizo.

100. Solo de esa manera se permite, en primer lugar, al destinatario de la decisión, en segundo lugar, a otros posibles demandantes y, en tercer lugar, al Tribunal General comprender y controlar el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión. De ello se sigue, en conjunto, que la motivación de la Comisión fue insuficiente y que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 137 y siguientes de la sentencia recurrida, que la Comisión había cumplido su obligación de motivación.

3) Conclusión parcial

101. El Tribunal General incurrió en error de Derecho al revisar la motivación de la Comisión. La motivación de los requerimientos de suspensión impugnados no cumple las exigencias legales.

d) Conclusión

102. En consecuencia, el recurso de casación de Hungría es fundado.

VI. Procedimiento ante el Tribunal General

103. Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y, en ese caso, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

104. Dado que la motivación de los requerimientos de suspensión es contraria a Derecho, procede anular la sentencia recurrida y declarar que las decisiones controvertidas eran nulas en la medida en que se adoptaron requerimientos de suspensión.

105. Es cierto que el Tribunal de Justicia hasta ahora también ha anulado actos jurídicos carentes de objeto. ( 30 ) Sin embargo, en rigor, es difícil imaginar la anulación de tales actos si ya no tienen efectos jurídicos. En semejantes situaciones solo cabe realmente la declaración de nulidad. Por lo tanto, si, como en este caso, persiste el interés en la anulación, propongo al Tribunal de Justicia que declare que los actos jurídicos en cuestión eran nulos.

VII. Costas

106. Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, dicho Tribunal decidirá sobre las costas. Con arreglo al artículo 138, apartado 1, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la Comisión, procede condenar a esta en costas.

107. En virtud del artículo 184, apartado 1, en relación con el artículo 140, apartado 1, del Reglamento, Polonia, como coadyuvante en el litigio, cargará con sus propias costas.

VIII. Conclusión

108. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva como sigue: 1) Anular la sentencia del Tribunal General de 25 de abril de 2018 en el asunto Hungría/Comisión (asuntos acumulados T‑554/15 y T‑555/15). 2) Declarar que las Decisiones C(2015) 4805 final y C(2015) 4808 final eran nulas en la medida en que se adoptaron requerimientos de suspensión. 3) Condenar en costas a la Comisión Europea. 4) La República de Polonia cargará con sus propias costas.

( 1 ) Lengua original: alemán.

( 2 ) Sentencia de 25 de abril de 2018, Hungría/Comisión (T‑554/15 y T‑555/15, EU:T:2018:220).

( 3 ) Asuntos Vodafone Magyarország (C‑75/18), Tesco-Global Áruházak (C‑323/18), Comisión/Polonia (C‑562/19), y Comisión/Hungría y Polonia (C‑596/19), pendientes ante este Tribunal. Véanse también mis conclusiones presentadas en los asuntos Vodafone Magyarország (C‑75/18, EU:C:2019:492), puntos 136 y ss., y Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2019:567), puntos 128 y ss.

( 4 ) Reglamento del Consejo, de 22 de marzo de 1999 (DO 1999, L 83, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013 (DO 2013, L 204, p. 15).

Con efectos a partir del 14 de octubre de 2015, el Reglamento n.o 659/1999 fue sustituido por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).

( 5 ) En la actualidad, el artículo 13 del Reglamento 2015/1589 presenta una redacción casi idéntica.

( 6 ) Decisiones de la Comisión de 15 de julio de 2015 [ayudas estatales SA.40018 (ex 2014/NN), C(2015) 4808 final, y SA.41187 (2015/NN), C(2015) 4805 final] (DO 2015, C 277, pp. 12 y 24).

( 7 ) «In that context, the Commission underlines that the steeply progressive character of the turnover fee is capable of having a significant impact on the competitive situation in the market» (considerandos 47 y 56 de las decisiones de la Comisión de 15 de julio de 2015).

( 8 ) Decisiones (UE) de la Comisión, de 4 de julio de 2016, 2016/1846 sobre la medida SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicada por Hungría en relación con la contribución sanitaria de las empresas del sector del tabaco [notificada con el número C(2016) 4049] (DO 2016, L 282, p. 43) y 2016/1848 relativa a la medida SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicada por Hungría sobre la modificación de 2014 de la tasa de inspección de la cadena alimentaria [notificada con el número C(2016) 4056] (DO 2016, L 282, p. 63).

( 9 ) Del escrito de formalización de la intervención de Polonia, que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 132, apartado 2, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, no contiene pretensiones, se deduce claramente que Polonia apoya los motivos de casación invocados por Hungría y, por tanto, sus pretensiones.

( 10 ) Véase la sentencia de 4 de abril de 2019, OZ/BEI (C‑558/17, EU:C:2019:289), apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada.

( 11 ) Véase el auto de 15 de febrero de 2012, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑208/11 P, no publicado, EU:C:2012:76), apartado 34 y la jurisprudencia citada, y mis conclusiones presentadas en el asunto HX/Consejo (C‑423/16 P, EU:C:2017:493), punto 48.

( 12 ) Sentencias de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), apartado 42; de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), apartado 61, y de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión (C‑57/16 P, EU:C:2018:660), apartado 43.

( 13 ) Véase el auto de 11 de octubre de 2017, Hungría/Comisión (C‑204/17 P[R], no publicado, EU:C:2017:751), apartado 18.

( 14 ) Véanse las sentencias de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión (C‑301/87, EU:C:1990:67), apartado 23, y de 3 de julio de 2001, Comisión/Bélgica (C‑378/98, EU:C:2001:370), apartado 24, así como las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Comisión/Alemania (C‑527/12, EU:C:2014:90), punto 25, y de la Abogada General Stix-Hackl presentadas en el asunto Italia/Comisión (C‑400/99, EU:C:2001:191), punto 64.

( 15 ) Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión (C‑57/16 P, EU:C:2018:660), apartado 48 y jurisprudencia citada.

( 16 ) Auto de 11 de octubre de 2017, Hungría/Comisión [C‑204/17 P(R), no publicada, EU:C:2017:751], apartado 18.

( 17 ) Véase, a este respecto, el apartado 46 de la sentencia recurrida.

( 18 ) Sentencia de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755), apartados 41 y 42.

( 19 ) Véanse las sentencias de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services/Comisión (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, EU:C:2009:610), apartado 23 y la jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2011, Iride/Comisión (C‑329/09 P, no publicada, EU:C:2011:859), apartado 50.

( 20 ) Véase la sentencia de 17 de junio de 1999, Bélgica/Comisión (C‑75/97, EU:C:1999:311), apartado 74 y jurisprudencia citada.

( 21 ) Sentencia de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión (C‑301/87, EU:C:1990:67), apartado 23, y las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:442), punto 56 en la nota 33, así como de la Abogada General Stix-Hackl presentadas en el asunto Italia/Comisión (C‑400/99, EU:C:2001:191), punto 65.

( 22 ) Sentencias de 29 de junio de 2010, E y F (C‑550/09, EU:C:2010:382), apartado 44; de 26 de junio de 2012, Polonia/Comisión (C‑335/09 P, EU:C:2012:385), apartado 48; de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), apartado 91, y de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), apartado 35.

( 23 ) Véase la sentencia de 9 de octubre de 2001, Italia/Comisión (C‑400/99, EU:C:2001:528), apartado 60.

( 24 ) Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos Vodafone Magyarország (C‑75/18, EU:C:2019:492), puntos 163 y ss, y Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2019:567), puntos 150 y ss.

( 25 ) Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:442), punto 27.

( 26 ) Véanse las referencias en la nota 3.

( 27 ) Decisión C(2015) 1520, de 12 de marzo de 2015, relativa a la medida SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) — Hungría — Fiscalidad de la publicidad (DO 2015, C 136, p. 7).

( 28 ) Véanse la sentencia de 20 de diciembre de 2017, España/Consejo (C‑521/15, EU:C:2017:982), apartado 89, y mis conclusiones presentadas en dicho asunto (EU:C:2017:420), punto 97 y jurisprudencia citada.

( 29 ) Sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión (C‑247/14 P, EU:C:2016:149), apartado 16 y la jurisprudencia citada; en concreto, sobre la normativa de ayudas estatales, si bien en relación con el artículo 253 CE, sentencia de 21 de julio de 2011, Alcoa Trasformazioni/Comisión (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), apartado 96 y jurisprudencia citada.

( 30 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión (C‑57/16 P, EU:C:2018:660), puntos 2 y 3 del fallo.