ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En este último caso, el Derecho de la Unión impondría las mismas exigencias a la autoridad cedente si el convenio no obligara al cesionario a desarrollar la actividad cedida, de forma que tal convenio supusiera entonces una autorización para ejercer una actividad económica. En efecto, tal autorización no se distingue de una concesión de servicios en lo que atañe a la obligación de observar las normas fundamentales del Tratado y los principios que de ellas se derivan en la medida en que algunos operadores económicos establecidos en otros Estados miembros pueden estar potencialmente interesados en el ejercicio de dicha actividad.

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que la voluntad de no vulnerar determinados derechos que, mediante un convenio preexistente, organismos públicos hayan concedido a un operador económico en cuanto a la utilización de redes de cable que les pertenecen no puede justificar que se dé a tal convenio una extensión contraria al Derecho de la Unión en forma de adjudicación directa de una concesión de servicios o de un derecho exclusivo a ejercer una actividad que tiene un interés transfronterizo cierto, aunque fuera con miras a poner fin a un litigio surgido entre las partes interesadas, por razones totalmente independientes de su voluntad, en cuanto al alcance de ese convenio. Además, motivos de carácter económico, como la voluntad de evitar la depreciación de una actividad económica, no son razones imperiosas de interés general que puedan justificar la adjudicación directa de una concesión de servicios sobre esa actividad o de un derecho exclusivo a desarrollar tal actividad y que tienen un interés transfronterizo cierto, como excepción a los principios de igualdad de trato y de no discriminación consagrados en dichos artículos.

Por lo demás, la circunstancia de que la celebración del acuerdo controvertido coincida con el interés de los consumidores, que, en su defecto, no podrían disfrutar de la televisión interactiva, ni siquiera de una oferta combinada de servicios comercialmente atractiva, no se distingue realmente del motivo relativo a la depreciación de dicha actividad, sino que, por el contrario, se halla íntimamente relacionada con éste. Por consiguiente, las consideraciones que, examinadas aisladamente, no constituyen razones imperiosas de interés general no pueden adquirir tal cualidad por el mero hecho de su combinación.

Por otra parte, si el principio de seguridad jurídica, que es un principio general del Derecho de la Unión, puede justificar que se respeten los efectos jurídicos de un convenio incluso, en la medida en que lo exija este principio, en el caso de un convenio celebrado antes de que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre las implicaciones del Derecho primario con respecto a los convenios de ese tipo y que, a posteriori, resulte contrario a algunas de tales implicaciones, no puede invocarse dicho principio para dar a un convenio una extensión contraria a los principios de igualdad de trato y de no discriminación ni a la obligación de transparencia que de ellos se deriva.

(véanse los apartados 40 y 42 a 44 y el punto 2 del fallo)
El artículo 13 de la Decisión no 1/80, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una medida de un Estado miembro de acogida pretende definir los criterios de legalidad de la situación de los nacionales turcos adoptando o modificando los requisitos de fondo o de procedimiento en materia de entrada, de residencia y, en su caso, de empleo de esos nacionales en su territorio, y cuando esos requisitos constituyen una nueva restricción al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores turcos, en el sentido de la cláusula de «standstill» expuesta en dicho artículo, el mero hecho de que la medida persiga evitar, antes de que se presente una solicitud de autorización de residencia, la entrada y la permanencia irregulares, no permite inaplicar dicha cláusula.

En efecto, aunque las medidas que pueden adoptarse contra los nacionales turcos que se hallen en situación irregular puedan referirse a los efectos de tal ilegalidad sin pertenecer al ámbito de aplicación de la cláusula de «standstill» expuesta en el artículo 13 de la Decisión no 1/80, no deben tratar de definir la propia ilegalidad. Una restricción de este tipo, que tenga por objeto o por efecto someter el ejercicio por un nacional turco de la libre circulación de los trabajadores en el territorio nacional a requisitos más restrictivos que los aplicables en el momento de la entrada en vigor de la Decisión no 1/80, está prohibida salvo que le sean aplicables las limitaciones a las que se refiere el artículo 14 de esta Decisión o que se justifique por una razón imperiosa de interés general. A este respecto, aunque el objetivo de evitar la entrada y la permanencia irregulares sea una razón imperiosa de interés general, es necesario también que la medida controvertida sea adecuada para garantizar la realización de ese objetivo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo.

(véanse los apartados 36, 38 y 40 a 42 y el punto 1 del fallo)
El artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, debe interpretarse en el sentido de que sus requisitos de aplicación exigen la presencia de un elemento objetivo y de un elemento subjetivo. Respecto al primero de estos elementos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar las circunstancias objetivas del caso concreto que permitan concluir que no puede alcanzarse la finalidad perseguida por el régimen de ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En cuanto al segundo elemento, compete al órgano jurisdiccional remitente apreciar los elementos de prueba objetivos que permitan concluir que, al crear artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de un pago con arreglo al régimen de ayuda del FEADER, el solicitante de tal pago pretendía exclusivamente obtener una ventaja contraria a los objetivos de dicho régimen. En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente puede basarse no sólo en elementos como los vínculos jurídicos, económicos y/o personales entre las personas que participan en proyectos de inversión similares, sino también en indicios que pongan de manifiesto la existencia de una coordinación deliberada entre esas personas.

Además, dicho órgano jurisdiccional debería, en especial, tomar en consideración la definición de microempresa —cuya creación y desarrollo son el objeto de la ayuda contemplada en el artículo 52 del Reglamento no 1698/2005— derivada del artículo 2, apartado 3, del anexo de la Recomendación 2003/361, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

(véanse los apartados 38 y 43 y el punto 1 del fallo)
En lo que respecta al método de cálculo que debe utilizarse en el marco de un procedimiento de reconsideración de un derecho antidumping, la excepción, prevista en el artículo 11, apartado 9, del Reglamento antidumping de base no 384/96, sustituido por el Reglamento no 1225/2009, que permite a las instituciones aplicar, en el procedimiento de reconsideración, un método diferente del utilizado en la investigación inicial cuando las circunstancias han cambiado debe necesariamente ser objeto de una interpretación estricta, puesto que toda excepción o inaplicación de una regla general debe interpretarse de manera restrictiva. La carga de la prueba relativa a la existencia del cambio de circunstancias incumbe a las instituciones, las cuales deben demostrar que las circunstancias han cambiado para poder aplicar en la investigación de reconsideración un método diferente del utilizado en la investigación inicial. No obstante, por lo que se refiere al carácter de excepción de tal cambio de circunstancias en el sentido del artículo 11, apartado 9, del Reglamento antidumping de base, la exigencia de una interpretación estricta no puede permitir a las instituciones interpretar y aplicar esta disposición de un modo incompatible con el tenor literal y la finalidad de la misma. En particular, el método aplicado debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 2 del mismo Reglamento.

En cuanto al método de cálculo que debe utilizarse en el marco de un procedimiento de reconsideración de un derecho antidumping, dado que el artículo 11, apartado 9, del Reglamento antidumping de base no 384/96, sustituido por el Reglamento no 1225/2009, exige expresamente que el método aplicado en la reconsideración respete las exigencias del artículo 2 del propio Reglamento, dicha reconsideración no puede tener como resultado un ajuste no autorizado, en particular, por el artículo 2, apartado 10, letra b), de ese Reglamento.

Así, pues, cuando desaparece la asimetría que motivó un ajuste en el procedimiento inicial, ajuste sobre una base «impuesto sobre el valor añadido incluido» destinado a tener en cuenta la devolución parcial de este impuesto a la exportación, el restablecimiento de la simetría entre el valor normal y el precio de exportación, que es la finalidad de todo ajuste en virtud del artículo 2, apartado 10, del Reglamento antidumping de base, ya no es necesario en la reconsideración. En efecto, a partir del momento en que el elemento que causaba la asimetría en la investigación inicial, a saber, la devolución parcial del impuesto sobre el valor añadido a la exportación, deja de existir, ya no es necesario ningún tratamiento de dicha asimetría ni por tanto ningún ajuste, con independencia del método de ajuste efectivamente aplicado. En consecuencia, al haber cambiado las circunstancias que justificaron un ajuste, el Tribunal General declaró fundadamente que no se trataba de un cambio de método, sino más bien de que no concurrían las condiciones de tal ajuste y, a mayor abundamiento, que, aun suponiendo que se hubiese tratado de un cambio de método, el mismo habría estado justificado por un cambio de circunstancias.

(véanse los apartados 27, 29 y 36 a 38)
Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que no permita a sus nacionales empleados en una organización internacional situada en territorio de otro Estado miembro transferir al régimen de seguridad social de dicha organización el capital correspondiente a los derechos a pensión que hayan adquirido con anterioridad en territorio del Estado miembro del que son originarios, cuando entre este último Estado miembro y la mencionada organización internacional no exista un acuerdo que contemple esa transferencia.

Cuando no pueda aplicarse el mecanismo de transferencia, al régimen de pensiones de un nuevo empleador en un Estado miembro, del capital correspondiente a los derechos a pensión previamente adquiridos en otro Estado miembro, el artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que no permita, a los efectos de generar el derecho a pensión de vejez, tomar en cuenta los períodos de empleo que un nacional de la Unión haya cubierto en una organización internacional situada en territorio de otro Estado miembro.

Efectivamente, la consecuencia de una normativa como la referida sería que las personas que hubieran ejercido su derecho a la libre circulación y cuyos períodos de empleo o cotización no alcanzaran el mínimo exigido por la legislación nacional para generar derecho a pensión correrían el riesgo de perder la posibilidad de disfrutar de la prestación de vejez, a la que habrían tenido derecho si no hubieran aceptado un empleo, en otro Estado miembro, en una organización internacional. Por ello, dicha normativa podría obstaculizar el ejercicio del derecho a la libre circulación.

(véanse los apartados 46 y 49 y el fallo)
La existencia de una discriminación directa en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no presupone la identificación de un denunciante que sostenga que ha sido víctima de tal discriminación. Por otra parte, habida cuenta, en particular, del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2000/78, su artículo 9, apartado 2, no se opone en modo alguno a que los Estados miembros reconozcan, en su legislación nacional, el derecho de las asociaciones que tengan un interés legítimo en lograr que se respete dicha Directiva a promover los procedimientos judiciales o administrativos dirigidos a hacer respetar las obligaciones derivadas de la citada Directiva, sin que actúen en nombre de un denunciante determinado, o a falta de un denunciante identificable. Cuando un Estado miembro reconoce tal derecho, de una lectura conjunta de los artículos 8, apartado 1, 9, apartado 2, así como 10, apartados 1, 2 y 4, de la Directiva 2000/78 se desprende que ésta tampoco se opone a que el reparto de la carga de la prueba previsto en dicho artículo 10, apartado 1, también se aplique cuando una asociación de ese tipo promueve un procedimiento sin actuar por cuenta o en apoyo de un denunciante determinado, o con la autorización de este último.

(véanse los apartados 36 a 38)
El artículo 13, apartado 3, del Reglamento no 562/2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), únicamente prevé la obligación de los Estados miembros de establecer un recurso contra las resoluciones de denegación de entrada en su territorio y no contra las infracciones supuestamente cometidas por la guardia de fronteras durante el procedimiento de adopción de una resolución.

No obstante, si el órgano jurisdiccional nacional considera, a la luz de las circunstancias del litigio de que conoce, que la situación de la persona afectada pertenece al ámbito del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, le corresponde determinar si la negativa a reconocer a dicha persona el derecho a formular sus pretensiones ante un órgano jurisdiccional vulnera los derechos reconocidos en el artículo 47 de la Carta. Pues bien, al desempeñar sus obligaciones, en el sentido del artículo 6 del mencionado Reglamento, la guardia de fronteras está obligada a respetar plenamente la dignidad humana. Corresponde a los Estados miembros establecer en su ordenamiento interno los recursos apropiados para garantizar, respetando el artículo 47 de la Carta, la protección de las personas que hacen valer los derechos que les confiere el artículo 6 del Reglamento no 562/2006. En cambio, si dicho órgano jurisdiccional considera que la referida situación no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, deberá examinarla a la luz del Derecho nacional, tomando asimismo en consideración el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que son parte todos los Estados miembros.

(véanse los apartados 39 a 42 y el fallo)
83

En efecto, la primera frase de dicho apartado 1 establece una norma relativa a las excepciones que figuran en los guiones primero y tercero del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001. La segunda frase de ese mismo apartado 1 no menciona simplemente las «demás excepciones», sino las «demás excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento […] no 1049/2001». Así pues, esta segunda frase se refiere a las excepciones que figuran en el citado artículo 4, apartados 1, 2, segundo guión, 3 y 5. Teniendo en cuenta que los procedimientos por incumplimiento implican una actividad de investigación en el sentido del tercer guión del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001, la cual está contemplada en la primera frase del artículo 6, aparado 1, del Reglamento no 1367/2006, tal actividad no está comprendida en el concepto «las demás excepciones» que figura en la segunda frase de dicho artículo 6, apartado 1.
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 3, apartado 5, y del anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO L 176, p. 37, y corrección de errores en DO 2004, L 16, p. 74), y del artículo 3, apartado 3, y del anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57).
7

El artículo 1 de la legge regionale n. 12 «Disciplina dell’esercizio dell’attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28» (Ley regional no 12, por la que se regula el ejercicio de la actividad de óptico y se modifica la Ley regional de 22 de febrero de 1999), de 9 de julio de 2004 (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana no 30, de 16 de julio de 2004; en lo sucesivo, «Ley regional no 12/2004»), estipula lo siguiente: «1. A efectos de la concesión de la autorización para el ejercicio de la actividad de óptico por la autoridad municipal competente, además de la inscripción en el correspondiente registro especial mencionado en el artículo 71 de la Ley regional no 25 de 1 de septiembre de 1993, se tendrá en cuenta la relación entre residentes y establecimientos de óptica, al objeto de garantizar una distribución racional de la oferta en el territorio. Dicha relación se fija en un establecimiento de óptica por cada módulo de población de 8.000 residentes. La distancia entre un establecimiento y otro no deberá ser inferior a 300 metros. Estos límites no se aplicarán a los establecimientos que se trasladen de un local arrendado a un local en propiedad o que se vean obligados a trasladarse por desahucio o por otros motivos de fuerza mayor. Lo anterior no afectará a las autorizaciones concedidas antes de la entrada en vigor de la presente Ley. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando existan necesidades territoriales demostradas, la autoridad municipal competente procederá a la concesión de la correspondiente autorización o a la transmisión de una autorización existente, tras haber recabado el dictamen obligatorio de la comisión provincial de la Cámara de Comercio mencionado en el artículo 8 del Reglamento de desarrollo del artículo 71 de la Ley regional no 25 de 1 de septiembre de 1993, adoptado mediante el Decreto Presidencial no 64 de 1 de junio de 1995. 3. En los municipios cuya población residente no supere los 8.000 habitantes, la autoridad municipal competente podrá conceder, sin el dictamen de la comisión mencionado en el apartado 2, hasta un máximo de dos autorizaciones. Lo anterior no afectará a las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.»
27

Con carácter previo, ha de recordarse que el artículo 2, letra d), de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales define, utilizando una formulación particularmente amplia, el concepto de «prácticas comerciales» como «todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores» (véanse, en particular, las sentencias de 23 de abril de 2009, VTB-VAB y Galatea, C-261/07 y C-299/07, Rec. p. I-2949, apartado 49; de 14 de enero de 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Rec. p. I-217, apartado 36, y de 9 de noviembre de 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08, Rec. p. I-10909, apartado 17). Además, de conformidad con el artículo 2, letra c), de la misma Directiva, el concepto de «producto» en el sentido de ésta comprende también los servicios.
33

Sin embargo, cuando no hay dificultades prácticas o cuando éstas no son suficientes, falta el vínculo necesario entre, por una parte, la aplicación del canon por copia privada a los soportes y, por otra parte, el uso de éstos con fines de reproducción privada, de modo que la aplicación sin distinciones de dicho canon no está justificada y no responde al «justo equilibrio» que debe alcanzarse entre los intereses de los mencionados titulares y los de los usuarios de prestaciones protegidas.
4

El Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105, p. 1), declara en su considerando 3 lo siguiente: «La adopción de medidas comunes en materia de cruce de personas por las fronteras interiores, así como de control en las fronteras exteriores, debe tener en cuenta las disposiciones del acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea y, en particular, las disposiciones pertinentes del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen [...] así como del Manual común [(DO 2002, C 313, p. 97)].»
37

En lo que atañe a la financiación insuficiente del plan de pensiones de empleo complementario, ésta puede tener diversas causas, a saber, en particular, el hecho de que los trabajadores no hayan abonado sus cotizaciones o que el empresario no haya realizado sus aportaciones, la evolución desfavorable de los mercados de capitales, la mala gestión del fondo de pensiones o la existencia de normas cautelares que no son suficientemente rigurosas.