Por lo tanto, la referida cuestión forma parte de los elementos de Derecho del litigio planteados ante la Sala de Recurso, aun cuando el solicitante de la marca no se haya expresado sobre ella o incluso aunque la Sala de Recurso no se haya pronunciado al respecto. Por consiguiente, dicha cuestión puede plantearse por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. Es una cuestión que también forma parte de los elementos de Derecho del litigio planteados ante el Tribunal de Primera Instancia y debe ser examinada por este último, ya que este examen es necesario para dar respuesta al motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94. En efecto, aunque sólo deba pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, a las cuales corresponde delimitar el marco del litigio, el juez no puede atenerse únicamente a las alegaciones formuladas por éstas en apoyo de sus pretensiones, so pena de verse obligado, en su caso, a fundar su decisión en consideraciones jurídicas erróneas.

La cuestión de la aplicabilidad del artículo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a las marcas de servicios constituye una cuestión previa, cuya resolución es necesaria para asegurar una correcta aplicación del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, a la luz de un motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra h), de dicho Reglamento. En efecto, para determinar si una marca solicitada, en la medida en que se refiere a servicios, constituye una marca cuyo registro es contrario al artículo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de París, es necesario determinar si dicha disposición se aplica a las marcas de servicios. Si éste no fuera el caso, la negativa de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) a registrar dicha marca para servicios constituiría efectivamente una infracción del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento no 40/94, y ello sin que sea preciso examinar siquiera si la marca solicitada contiene los elementos contemplados en el artículo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de París.

Conforme al artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, se denegará el registro de «las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París [para la Protección de la Propiedad Industrial]». El tenor de esta última disposición hace únicamente referencia a las «marcas de fábrica o de comercio». De los artículos 1, apartado 2, 6, apartado 1, y 6 sexies, del Convenio de París se desprende claramente que éste establece una distinción entre, por una parte, las «marcas de fábrica o de comercio» que, tal como se deriva del artículo 7, han sido registradas para productos y, por otra parte, las «marcas de servicio». Puesto que el artículo 6 ter sólo se refiere a las marcas de fábrica o de comercio, es decir, a las marcas de productos, es preciso concluir que la prohibición de registro y de uso establecida por dicha disposición no afecta a las marcas de servicios.

El artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento no 40/94 se limita a realizar una mera remisión al artículo 6 ter del Convenio de París cuando precisa que «se denegará el registro de las marcas que […] deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París». Puesto que el artículo 6 ter del Convenio de París no afecta a las marcas de servicios, estas últimas no pueden constituir marcas que «deban ser denegadas» en virtud de dicha disposición y, por tanto, no puede aplicárseles el motivo de denegación absoluto establecido por el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento no 40/94. El mero hecho de que el artículo 7 de dicho Reglamento no haga ninguna distinción entre las marcas de productos y las de servicios no es suficiente para llegar a la conclusión contraria, ya que esta distinción se hace en el artículo 6 ter del Convenio de París, al cual se remite el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento no 40/94. En efecto, si el legislador comunitario hubiera tenido la intención de prohibir, también para los servicios, el registro de marcas que contengan «escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado», no se habría limitado a una mera remisión al artículo 6 ter del Convenio de París, sino que habría incluido en el propio texto del artículo 7 del Reglamento no 40/94 una prohibición de registrar, ya sea como marca comunitaria ya sea como un elemento de dicha marca, «escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado […] así como toda imitación desde el punto de vista heráldico», sin hacer de este modo ninguna distinción, implícita pero necesariamente, entre marcas de productos y marcas de servicios por el mero hecho de remitirse al artículo 6 ter del Convenio de París.

Por último, cabe presumir que, en el momento de la adopción, relativamente reciente, del Reglamento no 40/94, el legislador comunitario era consciente de la importancia, en el comercio moderno, de las marcas de servicios y habría podido, por tanto, extender también a esta categoría de marcas la protección otorgada a los emblemas de Estado por el artículo 6 ter del Convenio de París. Pues bien, al no haber considerado el legislador comunitario útil proceder a dicha extensión del ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes, no corresponde al juez comunitario sustituirle y adoptar una interpretación contra legem de las disposiciones mencionadas, cuyo sentido no es en modo alguno ambiguo.

(véanse los apartados 26, 28, 29 y 32)