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En lo que atañe a la ventaja fiscal de la que supuestamente disfrutó EDF en 1997 la Comisión consideró lo siguiente: «84. Al haber establecido la Ley [no 97-1026] que EDF debía considerarse propietaria de la RAG desde 1956, se ha de comprobar si esta ley no implica una transferencia de propiedad de la RAG. 85. Según la información presentada por las autoridades francesas, es razonable considerar que EDF es propietaria de la RAG desde el primer pliego de condiciones de 1956. Esta conclusión se basa en los siguientes elementos: las características de los distintos tipos de contratos de concesión en Derecho francés; las características particulares de la concesión original a EDF, que no contenía ninguna cláusula precisa de retrocesión; el procedimiento de adquisición de los activos en cuestión, por los que EDF tuvo que pagar un derecho similar a una indemnización de expropiación; y las condiciones de financiación del mantenimiento y desarrollo de la RAG por cuenta de EDF. Por lo tanto, la Comisión considera que la “aclaración” en lo relativo a la propiedad de la RAG, efectuada por la Ley [no 97-1026] no contiene en sí ningún elemento de ayuda estatal. 86. Aún se ha de examinar si con la Ley [no 97-1026] se sacaron todas las consecuencias fiscales de esta “aclaración”; y, en el supuesto de que no fuera así, si no medió una ventaja de carácter fiscal en favor de EDF. 87. Durante el período 1987-1996, EDF constituyó provisiones con exención de impuestos para la renovación de la RAG. A raíz de la Ley de 1997, por la que EDF se consideraba propietaria de la RAG desde 1956, estas provisiones quedaron sin objeto y, por tanto, tuvieron que imputarse a otras partidas del balance. 88. La carta del Ministro de Economía en la que se establecen las consecuencias fiscales de la reestructuración del balance de EDF pone de manifiesto que las autoridades francesas gravaron las provisiones para la renovación de la RAG no utilizadas con el impuesto de sociedades al tipo del 41,66% aplicable en 1997. 89. En cambio, con arreglo al artículo 4 de la Ley [no 97-1026] una parte de esas provisiones –los derechos del cedente– correspondiente a las operaciones de renovación ya realizadas se reclasificó como dotaciones de capital por importe de 14.119 millones de FRF sin ser sometida al impuesto de sociedades. Las propias autoridades francesas reconocen el carácter ilegal de esta operación. En una nota de la Dirección General de Impuestos de 9 de abril de 2002, dirigida a la Comisión, las autoridades francesas indican que “los derechos del cedente correspondientes a la RAG representan una deuda indebida que, mediante su incorporación al capital, se eximió de manera injustificada del impuesto” y que “esta reserva debería haberse transferido, con anterioridad a su incorporación al capital, del pasivo del establecimiento donde erróneamente figuraba a una cuenta neta, dando lugar de esta manera a una variación positiva del activo neto imponible en aplicación del artículo 38-2” del Código General de Impuestos. Constatan que “la ventaja impositiva obtenida así [por EDF en 1997] puede cifrarse en 5.880 millones de francos (14.119 × 41,66%)”, es decir, en 888,89 millones de EUR. 90. La Comisión observa, por una parte, que, según el dictamen del [CNC], las correcciones de error deben contabilizarse en el resultado del ejercicio en el que se constatan. Por otra parte, si las provisiones no utilizadas que se habían constituido con exención de impuestos, por importe de 38.500 millones de FRF, se sometieron en 1997 al impuesto de sociedades al tipo del 41,66%, la Comisión considera que no existe razón objetiva alguna para no haber gravado con el mismo tipo la otra parte de las provisiones constituidas con exención de impuestos. 91. La Comisión considera que los derechos del cedente deberían haberse gravado al mismo tiempo y con el mismo tipo que las demás provisiones contables constituidas con exención de impuestos. Esto significa que los 14.119 millones de FRF de derechos del cedente deberían haberse añadido a los 38.500 millones de FRF de provisiones no utilizadas para gravarlos con el tipo del 41,66% aplicado a la reestructuración del balance de EDF por las autoridades francesas. Al no pagar la totalidad del impuesto de sociedades adeudado en el momento de la reestructuración de su balance, EDF ahorró 888,89 millones de EUR. 92. La Comisión considera que la ayuda se pagó efectivamente en 1997, ya que el importe de 14.119 millones de FRF era en esa fecha una deuda con el Estado, registrada en el balance como derechos del cedente, a los que el Estado renunció por medio de la Ley [no 97-1026]. 93. Las autoridades francesas afirman que, incluso a falta de dotaciones para provisiones destinadas a la renovación de la RAG, EDF no habría estado en condiciones de pagar el impuesto de sociedades de 1987 a 1996 a causa de unos aplazamientos fiscales deficitarios. La Comisión estima que este argumento no es pertinente por cuanto la ventaja fiscal data de 1997 y no de los ejercicios anteriores. Además, la Comisión observa que, a falta de estas dotaciones para provisiones, los aplazamientos fiscales deficitarios habrían desaparecido progresivamente entre 1987 y 1996 y que, por tanto, en 1997 el importe del impuesto adeudado por EDF habría sido claramente superior. 94. Las autoridades francesas consideran, asimismo, que si la constitución de las provisiones para la renovación de la RAG se hubiera traducido en una ventaja, ésta debería considerarse neutralizada por el aumento del impuesto de sociedades pagado en 1997. La Comisión no puede sino desestimar esta alegación. Como acaba de demostrar, y como indican las propias autoridades francesas en su nota de 9 de abril de 2002, mientras las provisiones destinadas a la renovación no utilizadas se gravaron como correspondía, los derechos del cedente se reclasificaron en dotaciones de capital sin ser sometidos al impuesto de sociedades. El impuesto pagado por EDF en 1997 es, por tanto, inferior al que en realidad adeudaba. 95. Las autoridades francesas alegan, por otra parte, que la reforma contable de 1997 equivale a una dotación de capital complementaria por un importe equivalente a la exención parcial del impuesto. Por tanto, se trataría por su parte de una inversión, y no de una ayuda. Asimismo, afirman que, durante el período 1987-1996, EDF pagó globalmente al Estado una suma superior al impuesto de sociedades que habría pagado una sociedad de Derecho mercantil que no hubiese constituido provisiones para la renovación de la RAG y que hubiese pagado a su accionista un dividendo equivalente al 37,5% del resultado neto después de impuestos. 96. La Comisión no puede sino desestimar estas alegaciones y recordar que el principio del inversor privado sólo puede entrar en juego en el marco del ejercicio de actividades económicas, y no del ejercicio de poderes de regulación. Una autoridad pública no puede utilizar el argumento de los posibles beneficios económicos que podría realizar como propietario de una empresa para justificar una ayuda concedida de manera discrecional gracias a las prerrogativas que tiene como autoridad fiscal frente a esa misma empresa. 97. En efecto, si un Estado miembro, además de ejercer su función de poder público, tiene la posibilidad de actuar como accionista, no puede mezclar sus funciones estatales de ejercicio del poder público y las de accionista. La autorización de los Estados miembros para utilizar sus prerrogativas de poder público al servicio de sus inversiones en empresas activas en mercados abiertos a la competencia privaría de todo efecto útil a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Además, si bien el Tratado, en virtud de su artículo 295, es neutro respecto de la propiedad del capital, es evidente que las empresas públicas deben ser sometidas a las mismas normas que las empresas privadas. Si el Estado utilizara en beneficio de las empresas de las que es accionista sus prerrogativas de poder público, se rompería la igualdad de trato entre empresas públicas y privadas. 98. Las autoridades francesas afirman que el tipo del impuesto de sociedades que deberían haber aplicado a la reestructuración del balance de EDF es el de 1996, y no el de 1997. Como se ha señalado anteriormente, la Comisión observa, por una parte, que el [CNC] considera que los errores contables deben corregirse durante el ejercicio contable en el que se han constatado. Al haber quedado sin objeto las provisiones para la renovación de la RAG a raíz de la adopción de la Ley [no 97-1026], éstas debían haberse reclasificado durante el ejercicio contable de 1997 y, por tanto, gravado con el tipo del impuesto de sociedades aplicable en este ejercicio. Por otra parte, la Comisión constata que las propias autoridades francesas aplicaron el tipo del impuesto de sociedades de 1997 a la parte de las provisiones que fueron gravadas. 99. El hecho de que EDF no pagara en 1997 impuestos por importe de 888,89 millones de EUR constituye, por lo tanto, una ventaja para el grupo. EDF pudo destinar una suma equivalente al impuesto no pagado para aumentar su capital propio sin recurrir a recursos financieros externos. La ventaja es necesariamente selectiva, puesto que el hecho de no pagar el impuesto de sociedades sobre una parte de estas provisiones contables constituye una excepción al tratamiento fiscal normalmente aplicable a una operación de este tipo. El hecho de que la ventaja le haya sido concedida a EDF por medio de un acto legislativo específico, la Ley [no 97-1026], certifica su carácter único y desmesurado. […] 154. Sobre la base de las consideraciones expuestas, la Comisión considera que la ayuda examinada constituye una ayuda de funcionamiento que surtió el efecto de reforzar la posición competitiva de EDF frente a sus competidores. Por consiguiente, es incompatible con el mercado común. 155. Por último, la Comisión considera que, contrariamente a lo que afirman las autoridades francesas, en este caso no es aplicable la norma de la prescripción. EDF constituyó efectivamente las provisiones contables con exención de impuestos entre 1987 y 1996. Sin embargo, debe señalarse, por una parte, que según el [CNC], las correcciones de error que, por su naturaleza propia, se refieren a la contabilización de operaciones del pasado, deben contabilizarse en el resultado del ejercicio en el que se constatan y, por otra, que la ley que dispone que los derechos del cedente se reclasifican en dotaciones de capital sin quedar sujetos al impuesto de sociedades data de 10 de noviembre de 1997. La ventaja fiscal se remonta, por tanto, a 1997, y la prescripción no se aplica a una ayuda nueva pagada en esa fecha.»