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El hecho de que en un contrato de transmisión de empresa se incluyan cláusulas de no competencia, por sí solo, no excluye dichas cláusulas del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Para apreciar si las referidas cláusulas incurren en la prohibición enunciada en el apartado 1 del artículo 85 o no, procede examinar cómo se desenvolvería el juego de la competencia a falta de ellas. Parece que, a falta de dichas cláusulas de no competencia y siempre que vendedor y comprador continuasen en situación de competencia con posterioridad a la transmisión, no podría realizarse el acuerdo de transmisión de empresa. En efecto, el vendedor, que conoce especialmente bien las particularidades de la empresa transmitida, conservaría la posibilidad de atraer de nuevo en su provecho a su antigua clientela inmediatamente después de la transmisión, ocasionando así la inviabilidad de esta empresa. En estas circunstancias, las cláusulas de no competencia introducidas en los contratos de transmisión de empresa, en principio, tienen el mérito de garantizar la posibilidad y eficacia de dicha transmisión. Por ello mismo, contribuyen a reforzar la competencia, mediante el crecimiento del número de empresas presentes en el mercado de que se trata.

Para obtener este efecto benéfico sobre la competencia, se requiere asimismo que dichas cláusulas sean necesarias para la transmisión de la empresa cedida y que su duración y ámbito de aplicación se limiten de manera estricta a este objetivo. Cuando se satisfacen estos requisitos, dichas cláusulas eluden la prohibición impuesta en el apartado 1 del artículo 85.
23

El Sr. Rihoux declaró, en especial, que entendió el escrito del demandante de 25 de febrero de 1973 en el sentido de que, después de que éste cesara de prestar servicios en la empresa Roche, la Comisión tendría las manos libres. Por otra parte, no recibió ninguna instrucción de sus superiores respecto a la manera de tratar las informaciones obtenidas del demandante. En la entrevista de 9 de abril de 1973 con éste, la cuestión del carácter confidencial de las informaciones del demandante no se planteó y éste no dio indicaciones precisas sobre su futura dirección. En octubre de 1974, el Sr. Rihoux y dos de sus compañeros, entre ellos el Sr. Pappalardo, visitaron la filial de Roche en París e intentaron por todos los medios, pero en vano, obtener copias de los documentos que les había proporcionado el demandante. Con este fin leyeron al personal de Roche fragmentos de los documentos, pero sin enseñárselos. Entonces se planteó la cuestión de si procedía dar por terminada la investigación a pesar de las pruebas contundentes que la Comisión tenía en su poder. Hubiera sido preciso, pues, ponderar los intereses enjuego, es decir, por una parte, el interés público que exigía velar por la aplicación del Tratado y, por otra, el interés individual, que exigía no divulgar la identidad del informador. Contra la utilización de los documentos pesaban en particular el modo en que se obtuvieron y las indicaciones que en ellos figuraban. Por ello se decidió utilizar, y entregar a Roche, fotocopias retocadas de los documentos que eran a la vez de naturaleza anónima y con suficiente fuerza persuasiva para proseguir la investigación. El Sr. Rihoux explicó que nadie en la Comisión pensó en informar al demandante de las amenazas proferidas por Me Aider en su visita a la Comisión el 8 de noviembre de 1974. En efecto, el demandante desapareció sin informar a la Comisión de su dirección y, añade, no había ninguna razón para creer que iba a regresar a Suiza. Por último, por parte de la Comisión, se pensó que las amenazas de Me Alder no eran más que un «bluff».
a)

En cuanto a la infracción del artículo 65, apartado 1, del Estatuto, sostiene que ni dicho artículo ni la Decisión del Consejo de 26 de junio de 1976 sobre el método de adaptación anual de las retribuciones, imponen el principio de identidad entre el aumento de los sueldos comunitarios y nacionales, sino simplemente una evolución paralela. Explica que, para el logro del objetivo fijado por el. principio de base, el Consejo toma su decisión, según el método de 1976, en función de cinco factores (evolución del coste de la vida calculado mediante el «índice común», evolución de las rentas reales de los funcionarios nacionales, masa salarial en términos reales per cápita en las administraciones públicas, factores generales de orden económico y social, necesidades de contratación y estructura del personal comunitario) y que, al adoptar este método, el Consejo precisó que no tenía intención de restringir su libertad de apreciación más allá de los límites establecidos por el artículo 65 del Estatuto ni de aplicar un principio de identidad con las retribuciones de los funcionarios nacionales sino únicamente un principio de paralelismo. Hace notar, por otra parte, que en la sentencia de 6 de octubre de 1982 en el asunto 59/81 (apartados 21 y 22), el Tribunal de Justicia precisó que en el ejercicio de su facultad de apreciación el Consejo no puede dejar de tener en cuenta los criterios enunciados en el artículo 65, apartado 1, párrafo 2, segunda frase, pero que no está obligado a tener sólo en cuenta la evolución de los sueldos nacionales. La Comisión subraya, por otra parte, que la referencia de los demandantes al asunto 72/74 no es pertinente, dado que el método utilizado en el mismo no fue el de 1976; que en el asunto 59/81 el Tribunal de Justicia no sancionó una violación del principio vinculante de aumentos paralelos de retribución sino únicamente la infracción del artículo 65, apartado 1, del Estatuto; que la norma de derecho consuetudinario que ella defendió en el asunto 59/81 resulta de la aplicación repetida del principio de aumentos paralelos y no del principio de identidad de retribución; que entre 1975 y 1979 las retribuciones reales comunitarias aumentaron un 4,4 % contra un 4 % para los funcionarios públicos nacionales, de acuerdo con el principio de aumentos paralelos y no con el de identidad de retribución; que el hecho de que el Reglamento n° 3139/82 no establezca el pago de una cantidad destinada a compensar la depreciación monetaria en el momento del pago de los atrasos de los haberes priva a las instituciones comunitarias de la posibilidad de efectuar dicho pago por propia iniciativa y que, aun si se admitiera el principio de identidad entre la evolución de los sueldos comunitarios y los sueldos nacionales, dicho principio no implicaría que el retraso en la determinación de las adaptaciones obligue a tener en cuenta la depreciación monetaria producida durante ese retraso.
25

El Gobierno danés sostiene que el criterio decisivo de la compatibilidad con el artículo 95 del Tratado reside en la incidencia efectiva de cada gravamen en los productos nacionales e importados, debido a que ambas categorías de productos se hallan en una situación comparable en lo que se refiere a las operaciones de que se trata. Sin embargo, éste no es el caso en lo que se refiere al sistema del IVA en régimen interior y al sistema del IVA a la importación, porque este último, como gravamen compensatorio, necesario en la fase actual de evolución del Derecho comunitario, no tiene equivalente en el régimen interior, debido en particular a la propia obligación de pago del IVA a la Hacienda pública por parte de un comprador y al cálculo de dicho impuesto sobre la totalidad del valor de venta de la mercancía. Según el Gobierno danés, el IVA a la importación constituye una situación particular en la medida en que, si bien es un elemento del sistema tributario interno del Estado, es imposible hallar una situación comparable en una operación de comercialización en régimen interior, habida cuenta de que el IVA a la importación está vinculado con el cruce de fronteras.
9

No obstante, el Oberlandesgericht plantea la cuestión de si no debería admitirse una excepción en consideración al hecho de que, de una parte, el Landgericht sólo hubiese desestimado la solicitud de que se otorgare la ejecución por la única razón de que los documentos no habían sido presentados a su debido tiempo por la demandante y que, de otra parte, el sistema del artículo 40 resultaría inadecuado en el presente caso, ya que la ejecución debe tener lugar en un Estado que no es el del domicilio de la parte contra la que se solicita.
Si bien el artículo 222 del Tratado no trata sobre la facultad de los Estados miembros de establecer un régimen de expropiación pública, tal régimen no puede sustraerse a la norma fundamental de no discriminación que se encuentra en la base del capítulo del Tratado relativo al derecho de establecimiento.
El artículo 215 del Tratado no impide que el Tribunal de Justicia conozca de un asunto para comprobar la responsabilidad de la Comunidad por daños inminentes y previsibles con suficiente certeza, aunque el daño todavía no haya podido ser cuantificado con precisión.

La prohibición de no discriminación enunciada en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, como expresión específica del principio general de igualdad, no se opone a que situaciones comparables sean tratadas de modo diferente, cuando una diferencia esté justificada objetivamente. Por consiguiente, no puede ser considerado como discriminación el hecho de que se concedan subvenciones para la leche en polvo desnatada, que constituye un elemento de sostenimiento del mercado en el sector de la leche y de los productos lácteos, y no para el suero de leche que sólo es un residuo de la fabricación de queso destinado a ser eliminado.
22.

Según el Gobierno Federal, el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n° 817/70 que corresponde al artículo 6, apartado 2, del Reglamento n° 338/79, establece una regla y una excepción: la regla es que la vinificación debe realizarse en la región determinada; la excepción es autorizar la vinificación fuera de esta región en los casos en que ello constituyera ya «un método tradicional», con la sola reserva de que se asegure un control adecuado. Estos Reglamentos del Consejo no impondrían ningún otro límite a los Estados miembros, ni en el espacio ni en el tiempo. Por consiguiente, la autorización concedida a la Comisión por el apartado 3 del artículo 5 de tomar medidas de ejecución, no significaría sino que se le concedía la tarea de vigilancia sobre la autorización no abusiva de las competencias reservadas, por obra de dicha disposición, a los Estados miembros. Ahora bien, la Comisión, al establecer el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n° 1698/70, habría invadido el ámbito de competencia de los Estados miembros y vaciado, por consiguiente, de sentido y de contenido su derecho a autorizar la vinificación fuera de las regiones determinadas. En efecto, dicha disposición no admitiría más que una excepción, a favor de las empresas situadas «en la inmediata proximidad» de las regiones determinadas y no se dejaría, por lo tanto, ninguna otra posibilidad a los Estados miembros, para que pudieran tener en cuenta los criterios relativos a factores tradicionales o a situaciones particulares y estructuras diferentes de las empresas de transformación o de las superficies de viñedo de su pertenencia.
Esta empresa, por ello, está facultada para someter al Tribunal de Justicia todas las consideraciones que permitan comprobar si la Comisión respetó las garantías de procedimiento concedidas a los denunciantes por el Reglamento n° 3017/79 y si no incurrió en errores manifiestos en su apreciación de los hechos, no tomó en consideración elementos esenciales o introdujo en su motivación consideraciones constitutivas de desviación de poder. A este respecto, sin que pueda intervenir en la apreciación reservada a las autoridades comunitarias por el citado Reglamento, el Juez debe ejercer el control que normalmente le corresponde cuando está en presencia de una potestad discrecional conferida a la autoridad pública.

Por ello, la expresión «partes afectadas por la investigación», contenida en dicha disposición, debe interpretarse en el sentido de que comprende no sólo las partes contra las cuales se dirige la investigación, sino también aquéllas cuya información sirvió, para calcular el valor normal de los productos controvertidos, información que es tan pertinente para la defensa de los intereses de los denunciantes como la procedente de las empresas que practican el dumping. En consecuencia, debe ponerse a disposición del denunciante que la solicite toda la información no confidencial, ya sea facilitada por un operador comunitario o por una empresa de un país tercero, que haya utilizado la Comisión durante la investigación y determinado su decisión relativa al derecho antidumping.

Las Instituciones de la Comunidad están obligadas, en virtud del artículo 214 del Tratado, a respetar el principio del tratamiento confidencial de la información relativa a las empresas y, en particular, a las de países terceros que se declaren dispuestas a colaborar con la Comisión en el marco de investigaciones en materia de dumping, y ello incluso a falta de una solicitud expresa en tal sentido, a efectos del artículo 8 del Reglamento n° 3017/79. Esta obligación, no obstante, debe interpretarse de manera que no se prive de su contenido esencial a los derechos derivados de la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del mismo Reglamento.
Asunto 263/82

Klöckner-Werke AG

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Mercado del acero — Cuotas de producción»

Sumario de la sentencia

Comunidad Europea del Carbón y del Acero — Producción — Régimen de cuotas de producción — Fundamento y objetivo — Superación de su cupo por parte de una empresa — Estado de necesidad — Estado basado en la existencia de dificultades económicas graves para la empresa — Inaplicabilidad del principio

(Tratado CECA, art. 58)

El concepto de estado de necesidad no puede admitirse en el ámbito particular del régimen de cuotas previsto por el artículo 58 del Tratado CECA, que se basa en la solidaridad de todas las empresas siderúrgicas de la Comunidad frente a una situación de crisis manifiesta y pretende conseguir el reparto equitativo de los sacrificios que derivan de circunstancias económicas ineluctables. Las necesidades derivadas de la existencia y la rentabilidad de una empresa individualmente considerada no pueden alegarse contra la aplicación de semejante sistema, que se reduciría a la nada si, alegando estado de necesidad a causa de dificultades económicas graves, cada empresa pudiera librarse de las restricciones y excederse a voluntad de las cuotas de producción que le hayan sido asignadas. Se desataría una reacción en cadena que conduciría al hundimiento del sistema y a comprometer, de este modo, la eficacia del artículo 58 del Tratado.
4

En la sentencia prejudicial de 10 de octubre de 1973, Varióla (34/73, ↔ Rec. p. 981), este Tribunal declaró que una exacción como la que se ha mencionado en primer lugar, que grava específicamente los productos importados, constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana y, como tal, es incompatible con el Derecho comunitario. En el mismo período la Comisión interpuso un recurso por incumplimiento, con relación al mismo «derecho de desembarque», registrado con el número 172/73 (DO 1973, C 99, p. 4). Teniendo en cuenta la citada sentencia Italia modificó su legislación por Decreto-ley n° 47. El derecho de desembarque fue sustituido por una «tasa fiscal de embarque y desembarque» llamada en adelante «tasa fiscal», aplicable independientemente de la procedencia o del destino de las mercancías. La Comisión consideró que a consecuencia de dicha transformación de la exacción controvertida, había cesado el incumplimiento del Derecho comunitario y, por consiguiente, retiró su recurso (DO 1974, C 69, p. 5). En cuanto a las «tasas portuarias» continuaron siendo aplicadas con las modalidades establecidas por la Ley de 1963, salvo que se abolió la excepción anteriormente prevista para las mercancías en tránsito por el puerto de Trieste.
42

En todo caso, la Comisión niega que, en el presente caso, se cumplan los requisitos para la existencia de un estado de necesidad. En su opinión, en el momento de producirse la superación controvertida, la existencia de la demandante no estaba amenazada; por lo demás, la supuesta amenaza no era consecuencia del establecimiento del régimen de cuotas, sino que se debía a los errores cometidos por la demandante en su política de inversiones durante los años anteriores. A su juicio, el informe pericial contable no aporta ninguna prueba seria en apoyo de la tesis de Klöckner, dado que ésta se refiere únicamente a un sector de la empresa y se basa en datos no verifícables. Los intereses en conflicto son la supervivencia de una sola empresa y la de un número mayor, si no la totalidad, de las restantes empresas. Por último, también según la Comisión, la demandante pudo eludir la supuesta amenaza contra su existencia por medios legales, por lo que no tenía justificación alguna para tomarse la justicia por su mano.
7

Pero, en los plazos legales para interponer un recurso de casación, las sociedades Coditei habían sometido a la Cour de cassation la resolución de la cour d'appel, alegando, entre otros motivos, que este órgano jurisdiccional había decidido equivocadamente que el artículo 85 del Tratado no era aplicable en el caso de autos. Afirmaron, por una parte, que el artículo 36 no podía limitar el campo de aplicación del artículo 85 y, por otra parte que, si bien el derecho de autor en cuanto estatuto legal queda fuera de los aspectos contractuales o de concertación que contempla el artículo 85, su ejercicio podría ser objeto, medio o consecuencia de una práctica colusoria y que un contrato que concediera una licencia exclusiva o una cesión de un derecho de autor puede constituir semejante práctica colusoria a los efectos del artículo 85, no sólo por los derechos y obligaciones que derivan de las cláusulas del acuerdo, sino también por el contexto económico y jurídico en el seno del cual se sitúa éste y especialmente de la existencia en su caso de acuerdos similares celebrados entre las mismas partes o incluso entre terceros y del efecto acumulativo de tales acuerdos paralelos.
4

El Finanzgericht comprobó, por lo que se refiere a los hechos del presente caso, que la morfina no había sido producida en la República Federal de Alemania y que la cantidad de este producto vendida por la demandante en el litigio principal había sido introducida de contrabando en el territorio alemán para ser reexportada de forma ilegal a un país tercero. El Finanzgericht, refiriéndose a la citada sentencia del Tribunal de Justicia, se preguntó si no era la prohibición de importación y de comercialización, más que su destrucción, lo que impedía la aplicación de los derechos de aduana y si, en esas circunstancias, debía deducirse que no podía nacer ninguna deuda aduanera. Sólo en caso de que el Tribunal de Justicia no admitiera esta conclusión, cabría plantearse la cuestión de si el transporte fuera del territorio aduanero debe ser asimilado a la destrucción de los estupefacientes ilegales.
22

En primer lugar, procede señalar que, en particular, la salvaguardia de la propiedad industrial y comercial establecida por el artículo 36 carecería de significado si se pudiera permitir a una persona, distinta del titular del derecho al modelo en un Estado miembro, comercializar en él un producto que tuviera un aspecto idéntico al modelo protegido. Esta afirmación conserva toda su fuerza en el caso particular analizado por el órgano jurisdiccional nacional en el que una persona, que desea comercializar un producto en un Estado miembro, se abastece con este fin en otro Estado miembro en el que la comercialización del producto no vulnera los derechos de quien realizó el registro y es titular exclusivo del derecho al modelo en el primer Estado.
17

Para oponerse a la retroactividad de dichas disposiciones la demandante formula también la alegación de que conculcan el «equilibrio institucional» de las Comunidades. No se pueden acoger estas críticas. Por una parte, ninguna disposición del Tratado se oponía a que se pidiera al Parlamento que se pronunciara sobre el restablecimiento con efecto retroactivo del Reglamento n° 1293/79, aunque no hubiera emitido dictamen sobre este última Reglamento. Por otra parte, la circunstancia de que el Tribunal de Justicia, al anular este Reglamento, no haya creído que debía hacer uso del párrafo segundo del artículo 174 del Tratado, que le brinda la facultad de señalar, si lo estima necesario, aquellos efectos del reglamento declarado nulo que deban ser considerados como definitivos, no permite ver el efecto retroactivo dado a las disposiciones impugnadas del Reglamento n° 387/81, adoptado por el Consejo en el ámbito del párrafo primero del artículo 176 del Tratado, como un ataque a las prerrogativas del Tribunal de Justicia.
14

La parte apelante en el procedimiento principal ha planteado ante este Tribunal de Justicia el problema de las piezas de recambio. Subrayó que las instalaciones para el paso de cables a través de muros no sólo se utilizan en edificios, sino también en buques y que una prohibición de comercializar el producto alemán en los Países Bajos obligaría a efectuar reparaciones de buques en los Países Bajos empleando piezas de recambio del producto sueco, aunque el buque esté equipado con instalaciones alemanas. Como este problema no había sido planteado por el órgano jurisdiccional nacional y puesto que la parte apelada en el procedimiento principal opinó, en el procedimiento ante este Tribunal, que la prohibición solicitada por él no se refería a las piezas de recambio destinadas a la reparación de las instalaciones alemanas, no procede resolver este problema, respecto al cual no son necesariamente decisivas las consideraciones precedentes.
8

Esta disposición fue desarrollada mediante el Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77) y la Directiva 68/360 del Consejo, de la misma fecha, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), entre otros. A tenor del artículo 1 del Reglamento no 1612/68, todo nacional de un Estado miembro, sea cual fuere su lugar de residencia, tendrá derecho a acceder a una actividad por cuenta ajena y a ejercerla en el territorio de otro Estado miembro, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan el empleo de los trabajadores nacionales de dicho Estado.
38

Esta argumentación se basa en una apreciación errónea del alcance del punto C del artículo 13. En virtud de la facultad atribuida por esta disposición, los Estados miembros pueden dar, a los beneficiarios de las exenciones previstas por la Directiva, la posibilidad de renunciar a la exención ya sea en todos los casos, ya sea dentro de ciertos límites, ya sea, incluso, con arreglo a determinadas modalidades. No obstante, debe señalarse que, según dicha disposición, en caso de que el Estado miembro haga uso de esta facultad, el ejercicio de la opción abierta bajo esas condiciones corresponde sólo al contribuyente y no al Estado.
1

Mediante resolución de 19 de enero de 1981, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de enero siguiente, la House of Lords planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado, del artículo 1 de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52) y del artículo 1 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70).