En el caso de autos, no cuesta trabajo comprobar que las normas vulneradas, o al menos dos de ellas, deben en efecto calificarse como normas superiores a los Reglamentos, destinadas a proteger a los particulares y poseedoras, en efecto, de un contenido al que corresponden derechos subjetivos de los particulares. Del citado apartado 7 de los fundamentos jurídicos de las sentencias de 5 de julio de 1977, se desprende, ante todo, que el Tribunal de Justicia consideró violado el principio de no discriminación, en la medida en que definió como «reparto discriminatorio de las cargas entre los distintos sectores agrícolas» la obligación de compra establecida por el Reglamento no 563/76. Creo que no interesa demostrar si, al resolver de ese modo, el Tribunal de Justicia se basó en la norma de no discriminación contenida en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado o en el principio más general de no discriminación al que está subordinada toda la normativa comunitaria; en ambos supuestos, la norma vulnerada se cuenta entre aquellas que atribuyen derechos subjetivos a los particulares. En segundo lugar, las sentencias citadas se remitían de implícito al principio de proporcionalidad, como lo pone de manifiesto la frase: «además, dicha obligación (de compra) no era necesaria para alcanzar el objetivo perseguido […]». También este principio tiene, indudablemente, un nivel superior al de los Reglamentos, y también se dirige a proteger a los particulares, que derivan del mismo el correspondiente derecho subjetivo de carácter fundamental: me permito remitir, sobre este extremo, a las abundantes consideraciones expuestas en mis conclusiones de 7 de junio de 1977 (punto 6) y a la jurisprudencia en ellas citada (en particular, a la sentencia de 17 de diciembre de 1970, Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide/Köster, 25/70,↔ Rec. p. 1161).

Por último, en la última frase del citado apartado 7, las sentencias de 5 de julio de 1977 declaraban la infracción del artículo 39 del Tratado -que enuncia los objetivos de la Política Agrícola Común— o, más exactamente, del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, en lo que respecta a la obligación de las organizaciones comunes de mercado de «limitarse a conseguir los objetivos enunciados en el artículo 39». Dicha frase señala, en efecto, que la obligación de compra, establecida mediante el Reglamento no 563/76, «no podía justificarse en el marco de la realización de los objetivos de la Política Agrícola Común». Ahora bien, a este respecto, cabe dudar que se trate de una norma destinada a proteger a los particulares confiriéndoles derechos subjetivos: los intereses de los destinatarios de la Política Agrícola Común obtienen de ella, sin duda, una protección, aunque no en forma de atribución de derechos subjetivos. No obstante, este aspecto de la situación aquí examinada no modifica las apreciaciones efectuadas en relación con el alcance, para los sujetos del ordenamiento jurídico comunitario, de las otras dos normas vulneradas: el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad. Bastaría también con la disconformidad con una sola de estas normas para considerar ilegal e inválido cualquier Reglamento, y vulnerado un derecho subjetivo individual; carece por tanto de pertinencia el que una tercera norma contradicha por el Reglamento no 563/76 sea un instrumento de protección de simples intereses y no una fuente de derechos subjetivos.