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Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Asunto T-168/22)

(2022/C 207/65)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Chipre) (representantes: S. Malynicz, Barrister-at-law, y C. Milbradt, abogada)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fontana Food AB (Tyresö, Suecia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «GRILLOUMI» — Solicitud de registro n.o 15963291

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de enero de 2022 en el asunto R 1612/2021-5

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Estime el recurso interpuesto por la recurrente.

— Condene a la recurrida a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente.

Motivos invocados

— La Sala de Recurso incurrió en un error sustancial al analizar el carácter distintivo.

— La Sala de Recurso incurrió en un error al no declarar la existencia de riesgo de confusión.
Recurso interpuesto el 3 de febrero de 2022 — Novasol/ECHA

(Asunto T-70/22)

(2022/C 138/34)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Novasol (Kraainem, Bélgica) (representantes: C. Alter y G. Bouton, abogados)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule, sobre la base del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión de la ECHA SME D (2021)8531-DC, de 25 de noviembre de 2021, por la que dicha Agencia estimó que no puede considerarse que la demandante sea una PYME y que no puede beneficiarse de las tasas reducidas para las medianas empresas, tal y como se reclamó en el momento de la solicitud.

— Condene en costas a la ECHA.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en la comisión de un error de Derecho por parte de la ECHA en la decisión impugnada debido a que esta interpretó erróneamente las normas jurídicas aplicables a la apreciación del tamaño de las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME») a que se refieren el Reglamento REACH, (1) la Recomendación 2003/361 (2) y el Reglamento 340/2008. (3)

2. Segundo motivo, basado en la comisión de un error manifiesto de apreciación de los hechos del caso de autos en la medida en que la decisión impugnada se basa en una lectura errónea de la realidad de los hechos que condicionan la calificación de PYME, siendo así que la ECHA disponía de todos los elementos necesarios para la evaluación del tamaño de la demandante.

3. Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la vulneración del principio de buena administración en la medida en que, a pesar de las observaciones circunstanciadas y documentadas formuladas por la demandante para determinar las dimensiones de la empresa, la ECHA no tuvo en cuenta en modo alguno las alegaciones formuladas.

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1, y corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3).

(2) Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO 2003, L 124, p. 36).

(3) Reglamento (CE) n.o 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO 2008, L 107, p. 6).
C 95/44

Recurso interpuesto el 17 de enero de 2022 — Canai Technology/EUIPO — WE Brand (HE&ME)

(Asunto T-25/22)

(2022/C 95/62)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Canai Technology Co. Ltd (Guangzhou, China) (representantes: J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez, Y. Hernández Viñes y C. Marí Aguilar, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: WE Brand Sàrl (Luxemburgo)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente ante el Tribunal General

Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa HE&ME — Registro internacional que designa a la Unión Europea n.o 1426777

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de noviembre de 2021 en el asunto R 1390/2020-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la EUIPO (y si interviene, a la otra parte en el procedimiento ante la EUIPO) a cargar con las costas.

Motivo invocado
C 73/48

Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2021 — Greenspider/Eismea

(Asunto T-733/21)

(2022/C 73/61)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Greenspider GmbH (Germering, Alemania) (representantes: G. Vignolo y V. Palmisano, abogados)

Demandada: Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare el presente recurso admisible y fundado con arreglo al artículo 272 TFUE.

— Constate y declare que Greenspider ha cumplido de manera adecuada las obligaciones contractuales que le incumben con arreglo al GA (Grant Agreement).

— Constate y declare que en virtud del artículo 1162 del Código Civil belga, en caso de duda, la interpretación del contrato efectuada por Greenspider prevalece sobre la efectuada por la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea).

— Constate la falta de presupuestos para la emisión de la nota de adeudo remitida por Eismea a Greenspider y, en consecuencia, la inexigibilidad del importe solicitado en ella.

— Constate y declare el incumplimiento contractual de Eismea y, en consecuencia, la condene a abonar a Greenspider la cantidad de 111 475,00 euros.

— Condene a Eismea al pago de las costas de Greenspider correspondientes al presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, concerniente al incumplimiento contractual de EASME. — A tal respecto, se alega que este motivo se basa en la falta de fundamento de los motivos en los que Eismea sustentó su negativa a pagar el saldo de los costes subvencionables del Proyecto y en la admisibilidad de los costes unitarios.

2. Segundo motivo, concerniente a la vulneración del Derecho aplicable al contrato. — A tal respecto, se alega que este motivo se basa en la infracción del artículo 126 del Reglamento n.o 966/2012 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012; en la violación del principio de autonomía de la voluntad, como consecuencia de la infracción y la inaplicación del artículo 1162 del Código Civil belga y de los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13/CEE (2) del Consejo, de 5 de abril de 1993; en la violación del principio de buena fe en la ejecución del contrato y en el abuso de derecho; en la violación del principio de buena administración; en la violación de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima y en la violación del principio de proporcionalidad.

(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1).

(2) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
—

La parte demandante alega que el Consejo no ha aplicado y no responde al elevado nivel fijado por el criterio jurídico, consistente en que la divulgación debe perjudicar gravemente el proceso de toma de decisiones. En primer lugar, no había un proceso de toma de decisiones en curso, en esencia, en el momento de adopción de la decisión controvertida. Además, el Consejo se basó incorrectamente en el argumento de que injerencias externas del público en el proceso de toma de decisiones del Reglamento n.o 1367/2006 serían problemáticas.
—

A este respecto, se alega que la Dirección General de Presupuesto hizo referencia a una norma que ya no está en vigor y que, en cualquier caso, las disposiciones pertinentes del Reglamento n.o 966/2012 y del Reglamento n.o 1268/2012 deben aplicarse de modo coherente con el artículo 266 TFUE y no eximen a la Comisión de la obligación que impone este último.
—

se anule la Decisión de la Comisión de 10 de junio de 2021, relativa a la ayuda estatal SA.28599 (C 23/2010) (Ex NN 36/2010, Ex CP 163/2009)) concedida por el Reino de España para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla La Mancha);
3.

Tercer motivo, basado en una violación del principio de seguridad jurídica, ya que el cálculo del importe de las contribuciones ex ante fijado por el Reglamento MRU, el Reglamento Delegado y el Reglamento de Ejecución, por un lado, no puede anticiparse exactamente con la suficiente antelación y, por otro lado, no depende tanto de la situación y del perfil de riesgo propios de la entidad como de su situación relativa respecto de las demás entidades contribuyentes. Por último, la demandante considera que no correspondía a la Comisión determinar los indicadores de riesgo en el marco del Reglamento Delegado, en la medida en que estos criterios tienen una función eminentemente estructural y determinante en la fijación de los importes de contribución (artículo 290 TFUE).
3.

Tercer motivo, basado en vicios sustanciales de forma y la inobservancia del deber de diligencia y del principio de imparcialidad recogidos en el artículo 41 de la Carta de los Derecho Fundamentales de la Unión Europea. La demandante alega que en la Decisión impugnada se afirma, para justificar el inicio del procedimiento de recuperación, que no atendió la nota de adeudo, el recordatorio ni el requerimiento. Pues bien, con ello, la demandada, por un lado, omite precisar que la demandante sí les dio respuesta y, por otro lado, omite mencionar que el juez belga se declaró competente para conocer de la acción ejercitada ante él en relación con los dos contratos. La demandante añade que la demandada incumplió asimismo su obligación de motivación, puesto que no explicó los motivos que la llevaron, en el presente caso, a decidir como lo hizo. Por último, la demandante considera que la Comisión no examinó minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del presente caso.
—

Con carácter subsidiario, la demandante alega en su quinto motivo la ilegalidad de aquellas disposiciones de la Directiva 2014/59/UE y del Reglamento (UE) n.o 806/2014, que exigen obligatoriamente la aplicación del sistema de contribuciones establecido en el Reglamento Delegado 2015/63 y no pueden interpretarse de manera conforme con el Derecho primario, por lo que son contrarios al principio de la obligación de motivación de los actos jurídicos, al principio de seguridad jurídica, así como a los Tratados (en particular, al artículo 1 TUE, apartado 2, a los artículos 15 TFUE, 296 TFUE y 298 TFUE) y a la Carta (en particular, a los artículos 16, 17, 41, 42 y 47 de la Carta).
—

Anule íntegramente la resolución impugnada y la resolución de la División de Anulación de 12 de marzo de 2020 en [el procedimiento de] anulación n.o 28762 C en la medida en que denegó la solicitud de revocación de la marca de la Unión (n.o 11385333).
2.

Segunda parte del motivo, basada en que el Reglamento (UE) 2021/468 fue adoptado mediante un procedimiento que viola el principio de precaución. La demandante alega que la Comisión no respetó el marco previsto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) e invocó injustificadamente el procedimiento escrito en virtud del artículo 3, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y violó los principios de proporcionalidad y de no discriminación.
2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión de Ejecución infringe el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 507/2006 debido a: — la inexistencia de una relación beneficio-riesgo positiva de conformidad con el artículo 1, punto 28 bis de la Directiva 2001/83/CE; (2) — el incumplimiento del requisito previo del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 507/2006, dado que es probable que la solicitante no pueda entregar a posteriori los extensos datos clínicos; — el incumplimiento del requisito del artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 507/2006, dado que no existe una necesidad médica no cubierta que pudiera cubrirse con el medicamento autorizado; — el incumplimiento del requisito del artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 507/2006.
C 182/63

Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2021 — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM / Comisión

(Asunto T-152/21)

(2021/C 182/86)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nimes, Francia) (representante: O. Coudray, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a la Unión Europea (Comisión Europea) a pagarle una indemnización de 10 000 euros como reparación del daño psicológico sufrido, más intereses calculados al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en 3,5 puntos.

— Condene a la Unión Europea (Comisión Europea) a cargar con unas costas totales de un importe de 6 600 euros.

Motivos y principales alegaciones

Para fundamentar su recurso de indemnización, la demandante reprocha a la Comisión no haber dado respuesta, durante más de un año y medio, a la denuncia por incumplimiento que presentó contra la República Francesa. La demandante también reprocha a la Comisión no haberla informado con diligencia acerca del estado del examen que se llevó a cabo y no haber tomado posición sobre la denuncia dentro de un plazo razonable. Según la demandante, la Comisión cometió, de este modo, una ilegalidad culposa que genera la responsabilidad de la Unión.
C 110/35

Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2021 — Jieyang Defa Industry/EUIPO — Mattel (Cabeza de muñecas)

(Asunto T-84/21)

(2021/C 110/40)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Jieyang Defa Industry Co. Ltd (Jiedong, China) (representante: C. Bercial Arias, abogada)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mattel, Inc. (El Segundo, California, Estados Unidos)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular del dibujo o modelo controvertido: Parte recurrente ante el Tribunal General

Dibujo o modelo controvertido: Dibujo o modelo de la Unión n.o 2459701-0001

Resolución impugnada: Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de diciembre de 2020 en el asunto R 2021/2019-3

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Estime el presente recurso y anule la resolución impugnada.

— Condene a la EUIPO y a la parte coadyuvante, en caso de que intervenga, a cargar con las costas en que incurrió la recurrente en el procedimiento ante el Tribunal General.

Motivo invocado
3.

Tercer motivo, basado en la inexistencia de una base jurídica adecuada y en la vulneración del principio de legalidad de las penas y del principio de aplicación de la Ley penal más favorable. El demandante considera que, con arreglo al artículo 103 del Reglamento Financiero de 2002, únicamente la parte contratante, es decir la sociedad de la que es administrador, puede ser objeto de la recuperación de lo cobrado. Al hacerlo, la parte demandada vulneró también el principio de aplicación de la Ley penal más favorable, así como el principio de legalidad de las penas, reconocido en el artículo 49 de la Carta, al intentar aplicar una obligación jurídica más estricta de la prevista en el Reglamento Financiero de 2002. Además, el demandante alega que no es un operador económico, que no ha obtenido ninguna ventaja de las supuestas ilegalidades, que no ha recibido ningún pago por parte de la autoridad contratante y que ciertamente no ha recibido nunca una ventaja equivalente a la totalidad del valor de los dos contratos de que se trata.
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2020 — Empresa Común Clean Sky 2/NG

(Asunto T-767/20)

(2021/C 53/83)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Empresa Común Clean Sky 2 (representantes: M. Velardo, abogada y B. Mastantuono, agente)

Demandada: NG

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a la parte demandada a abonar a la Empresa Común Clean Sky 2 la suma de 56 111,31 euros en relación con el acuerdo de subvención n.o 271874 WISMOA, en el ámbito del 7.o programa marco de la Unión Europea, más unos intereses calculados al tipo del 3,5 % aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación desde el 23 de mayo de 2019 hasta la fecha del pago efectivo.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca el motivo siguiente:

La parte demandada incumplió sus obligaciones contractuales al no rembolsar el importe relativo a los costes de personal, considerados no admisibles a la financiación. Por consiguiente, la parte demandante emitió dos notas de adeudo por un importe total de 56 111,31 euros, ya abonado a la sociedad Alpha Consulting Service Srl, con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo de subvención. Los hechos de los que derivan las obligaciones de la parte demandada, en su condición de socio y representante de la empresa Alpha Consulting Service Srl, cuya inscripción en el Registro Mercantil fue cancelada, no resultan controvertidos en el presente asunto. La demandante califica las objeciones de la sociedad relativas a la emisión de la nota de adeudo como genéricas, incompletas y no sustentadas en pruebas y, por lo tanto, completamente infundadas. En consecuencia, la parte demandante está legitimada para solicitar la recuperación y el rembolso del importe satisfecho, junto con intereses de demora.
1.

Primer motivo, basado en que la demandada violó los principios de igualdad de trato y de transparencia al no excluir al licitador seleccionado por no haber cumplido varios requisitos obligatorios que figuraban en las especificaciones técnicas. En concreto, la demandada no excluyó al licitador seleccionado a pesar de que no había cumplido el requisito obligatorio de la presentación de una oferta con precio fijo al introducir en su propuesta una cláusula mutua de tipo de cambio y no proporcionar un precio fijo para los módulos de memoria. Además, la demandada violó esos mismos principios al no excluir al licitador seleccionado por no haber incluido en su oferta otros requisitos enumerados en las especificaciones técnicas.
C 433/65

Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2020 — Empresa común Clean Sky 2/NG

(Asunto T-649/20)

(2020/C 433/80)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Empresa común Clean Sky 2 (representantes: M. Velardo, abogado y B. Mastantuono, agente)

Demandada: NG

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a la parte demandada a abonar a la empresa común Clean Sky 2 la suma de 168 062,23 euros en relación con el acuerdo de subvención n.o 632420 «FIMAC, FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures», en el ámbito del 7.o programa marco de la Unión Europea, más unos intereses calculados al tipo del 3,5 % aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación desde el 13 de julio de 2019 hasta la fecha del pago efectivo.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca el siguiente motivo:

La parte demandada incumplió sus obligaciones contractuales al no rembolsar el importe relativo a los costes de personal, considerados no admisibles a la financiación. Por consiguiente, la parte demandante emitió con fecha 12 de julio de 2019 una nota de adeudo por un importe de 168 062,23 euros, ya abonado a la sociedad Alpha Consulting Service Srl, cuya inscripción en el Registro Mercantil fue cancelada. Según el Derecho italiano, la parte demandada es responsable por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la sociedad Alpha Consulting Service Srl, ya que asumió las funciones de socio, liquidadora y representante de la empresa Alpha Consulting Service Srl, cuya inscripción en el Registro Mercantil fue cancelada. La demandante califica las objeciones de la sociedad relativas a la emisión de la nota de adeudo como genéricas, incompletas y no sustentadas en pruebas y, por lo tanto, completamente infundadas. En consecuencia, la parte demandante está legitimada para solicitar la recuperación y el rembolso del importe satisfecho, junto con intereses de demora.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al evaluar los hechos de este asunto, e infringió el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, así como en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea, y, en particular, su apartado 9, al considerar que la demandante incumplió los términos del compromiso al que habían llegado la Comisión y CCCME en nombre de, entre otros, la demandante. La demandante no incumplió las obligaciones asumidas conforme al compromiso cuando emitió facturas comerciales con un precio revisado de acuerdo con el PMI de derecho variable sobre las importaciones que habían sido despachadas a libre práctica después de la entrada del Reglamento que deroga el compromiso e introduce el PMI de derecho variable, a partir del 1 de octubre de 2017.