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El artículo 83 bis del Decreto-ley no 112, de 25 de junio de 2008, en su versión aplicable a los hechos de los litigios principales (en lo sucesivo, «artículo 83 bis del Decreto-ley no 112/2008, en su versión modificada»), que lleva por título «Protección de la seguridad vial y del funcionamiento normal del mercado del transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena», dispone: «1. El Osservatorio al que se refiere el artículo 9 del Decreto Legislativo no 286, de 21 de noviembre de 2005, sobre la base de un sondeo adecuado y habida cuenta de las observaciones formuladas cada mes por el Ministero dello Sviluppo economico sobre el precio medio del gasóleo para carretera, determinará mensualmente el coste medio del carburante por kilómetro recorrido, en función de los distintos tipos de vehículos, y la incidencia respectiva. 2. En función de los tipos de vehículos, el Osservatorio determinará, el décimo quinto día de los meses de junio y de diciembre, la parte, expresada en porcentaje, de los costes de explotación de la empresa de transporte por carretera por cuenta ajena representada por los costes de carburante. 3. Las disposiciones de los apartados 4 a 11 del presente artículo tienen por objeto regular los mecanismos de adaptación de las remuneraciones debidas por el mandante por los costes de carburante soportados por el transportista y serán objeto de comprobación, en función de su impacto en el mercado, tras un plazo de un año a contar desde la fecha de su entrada en vigor. 4. Con el fin de garantizar la protección de la seguridad vial y el funcionamiento normal del mercado del transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena, en el contrato de transporte, celebrado por escrito, en el sentido del artículo 6 del Decreto Legislativo no 286, de 21 de noviembre de 2005, el importe que ha de pagarse al transportista debe permitir cubrir al menos los costes mínimos de explotación que garanticen, en cualquier caso, el cumplimiento de los parámetros de seguridad previstos por la Ley. Esos costes mínimos se determinan en el marco de los acuerdos voluntarios de sector, concluidos entre las asociaciones de transportistas representadas en la Consulta, contemplada en el apartado 16, y las asociaciones de mandantes. Dichos acuerdos pueden también prever contratos de transporte de mercancías por carretera con duraciones o cantidades garantizadas, en cuya virtud es posible introducir excepciones a las disposiciones contempladas en el presente apartado, a las disposiciones de los artículos 7, apartado 3, y 7 bis, del Decreto Legislativo no 286, de 21 de noviembre de 2005, y a las disposiciones en materia de acción directa. 4 bis. Si en los nueve meses siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición no se concluyeran los acuerdos voluntarios previstos en el apartado 4, el Osservatorio contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra g), del Decreto Legislativo no 284, de 21 de noviembre de 2005, determinará los costes mínimos, de conformidad con lo previsto en el apartado 4. Al vencimiento del primer período, si, en un plazo adicional de 30 días, el Osservatorio no ha adoptado los cálculos de los precios mínimos, las disposiciones de los apartados 6 y 7 se aplicarán también a los contratos de transporte celebrados por escrito, a los solos efectos de determinar la remuneración. 4 ter. Si la factura menciona una remuneración inferior a lo previsto en el apartado 4 o en el apartado 4 bis, la acción del transportista frente al mandante por el pago de la diferencia prescribirá transcurrido un año a partir del día en que concluya la prestación de transporte, salvo pacto contrario basado en acuerdos voluntarios de sector concluidos con arreglo al apartado 4. 4 quater. Como excepción a lo previsto en los apartados 4 y 4 bis, el importe de la remuneración que ha de pagarse al transportista por las prestaciones de transporte efectuadas en ejecución de un contrato celebrado por escrito, en el sentido del artículo 6 del Decreto Legislativo no 286, de 21 de noviembre de 2005, se remite a la autonomía de la voluntad de las partes, cuando las prestaciones mencionadas se efectúan en el límite de los 100 kilómetros por día, salvo pacto en contrario basado en los acuerdos voluntarios de sector en el sentido del apartado 4. 4 quinquies. En el momento de la conclusión del contrato, el transportista deberá facilitar al mandante un certificado expedido por los organismos de protección social, con una fecha no anterior a tres meses, en el que se indique que la empresa se halla al corriente en materia de pago de cotizaciones de seguridad social y de seguros. 5. Si el contrato tiene por objeto prestaciones de transporte que deben efectuarse durante un período superior a 30 días, la parte de la remuneración correspondiente al coste del carburante soportado por el transportista para la ejecución de las prestaciones contractuales, como se indica en el contrato o en las facturas emitidas por las prestaciones realizadas por el transportista en el curso del primer mes de validez del citado contrato, se adaptará sobre la base de las variaciones registradas en el precio del gasóleo para el transporte por carretera determinado con arreglo al apartado 1, si tales variaciones exceden del 2 % del valor de referencia adoptado en consideración del momento de la firma del contrato o de la última adaptación. 6. Si el contrato de transporte de mercancías por carretera no se ha celebrado por escrito, con arreglo al artículo 6 del Decreto Legislativo no 286, de 21 de noviembre de 2005, la factura emitida por el transportista indicará, únicamente a efectos legales y administrativos, la parte de la remuneración debida por el mandante correspondiente al coste del carburante soportado por el transportista para la ejecución de las prestaciones contractuales. Dicho importe debe corresponder al producto de la multiplicación del importe del coste kilométrico determinado, para la clase a la que pertenece el vehículo utilizado para el transporte, en el sentido del apartado 1, en el curso del mes anterior al de la ejecución del transporte, por el número de kilómetros correspondiente a la prestación indicada en la factura. 7. La parte de la remuneración adeudada al transportista, distinta de la señalada en el apartado 6, debe corresponder, sin perjuicio de lo adeudado por el mandante por el coste del carburante, a una parte de esa misma remuneración al menos igual a la señalada como correspondiente a costes diferentes de los costes de carburante contemplados en el apartado 2. 8. Si la parte de la remuneración adeudada al transportista, distinta de la contemplada en el apartado 6, corresponde a un importe inferior al señalado en el apartado 7, el transportista podrá solicitar al mandante el pago de la diferencia. Si el contrato de transporte de mercancías por carretera no reviste forma escrita, la acción del transportista prescribirá una vez transcurrido un plazo de cinco años a partir del día en que finalice la prestación de transporte. Si el contrato de transporte se celebra por escrito, la acción del transportista prescribirá una vez transcurrido un plazo de un año, de conformidad con el artículo 2951 del Código Civil. 9. Si el mandante no efectúa el pago en un plazo de quince días, el transportista podrá presentar, en los quince días siguientes, so pena de caducidad, un requerimiento de pago por medio de un recurso ante el juez competente, con arreglo al artículo 638 del Código de Procedimiento Civil, aportando la documentación relativa a su inscripción en el registro de los transportistas por carretera por cuenta ajena, la tarjeta gris del vehículo utilizado para ejecutar el transporte, la factura que indica la remuneración correspondiente a la prestación del transporte, la documentación relativa a la ejecución del pago del importe señalado y los cálculos para los cuales se determina la remuneración adicional debida al transportista con arreglo a los apartados 7 y 8. Tras comprobar que la documentación es conforme y que los cálculos son correctos, el juez solicitará al mandante, por medio de una resolución motivada, en el sentido del artículo 641 del Código de Procedimiento Civil, que abone sin dilación el importe debido al transportista, autorizando la ejecución provisional de la resolución en el sentido del artículo 642 del Código de Procedimiento Civil y señalando un plazo durante el cual podrá interponerse un recurso, en el sentido de las disposiciones contempladas en el libro IV, título I, capítulo I, del mismo Código. [...] 14. Sin perjuicio de las sanciones previstas por el artículo 26 de la Ley no 298, de 6 de junio de 1974, y sus posteriores modificaciones así como por el artículo 7 del Decreto Legislativo no 286, de 21 de noviembre de 2005, si resulta de aplicación, las infracciones de las normas contempladas en los apartados 6, 7, 8 y 9 tendrán como consecuencia la exclusión, por un período que podrá durar hasta seis meses, del procedimiento de adjudicación pública para el suministro de bienes y de servicios, y la exclusión por un período de un año de las ventajas fiscales, financieras y de seguridad social de cualquier tipo previstas por la Ley. 15. La autoridad competente impondrá las sanciones que se indican en el apartado 14. 16. Las sanciones contempladas en el apartado 14 no se aplicarán si las partes han celebrado un contrato de transporte con arreglo a un acuerdo voluntario suscrito entre la mayoría de las organizaciones asociativas de transportistas por carretera y de los usuarios de servicios de transporte representados en la Consulta con el fin de regular el desarrollo de los servicios de transporte en un sector comercial concreto. [...]»