Así pues, los apartados 2 y 3 del artículo 43 TFUE persiguen finalidades distintas y cada uno de ellos tiene un ámbito específico de aplicación, de tal modo que pueden usarse por separado como base para la adopción de medidas determinadas en la política pesquera común, con el matiz de que cuando el Consejo adopte actos basándose en el artículo 43 TFUE, apartado 3, deberá actuar dentro de los límites de sus competencias y, en su caso, del marco jurídico ya establecido en aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 2. De ello se deriva que el ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 43 TFUE puede amparar medidas que no se limiten a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca, siempre que no conlleven una elección política que, por el hecho de que dichas medidas resultan necesarias para la consecución de los objetivos relativos a la políticas agrícola y pesquera comunes, esté reservada al legislador de la Unión.

La adopción por parte del Parlamento y el Consejo, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, de las disposiciones previstas en el artículo 43 TFUE, apartado 2, supone ineludiblemente apreciar si tales disposiciones son «necesarias» para poder conseguir los objetivos relativos a las políticas comunes regidas por el Tratado FUE, de manera que implica una decisión política que debe quedar reservada al legislador de la Unión. En cambio, la adopción por parte del Consejo de medidas relativas a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca con arreglo al artículo 43 TFUE, apartado 3, no requiere una apreciación de este tipo, ya que tales medidas tienen carácter principalmente técnico y se considera que se adoptan para ejecutar las disposiciones adoptadas sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 2.

La modificación respectiva de los artículos 9 y 12 del Reglamento no 1342/2008, por el que se establece un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y las pesquerías que las explotan, que incorporó el Reglamento no 1243/2002, no se limita a la fijación y asignación efectiva de las posibilidades de pesca en circunstancias específicas y para períodos anuales, sino que tiene por objeto adaptar el mecanismo general de fijación de los totales admisibles de capturas y de las limitaciones del esfuerzo pesquero, para eliminar los defectos que resultaban de la aplicación de las normas anteriores de reducción automática, las cuales ponían en peligro el cumplimiento de los objetivos del Plan plurianual de recuperación de las poblaciones de bacalao.

Por consiguiente, dichas modificaciones definen el marco jurídico en que se establecen y asignan las posibilidades de pesca. Así pues, son resultado de una decisión política que tiene repercusiones a largo plazo en el Plan plurianual de recuperación de las poblaciones de bacalao. De ello se colige que las modificaciones en cuestión constituyen disposiciones que resultan necesarias para la consecución de los objetivos de la política pesquera común a efectos del artículo 43 TFUE, apartado 2. Por consiguiente, la adopción de dichas modificaciones debería haberse sometido al procedimiento legislativo ordinario previsto dicha disposición y el Consejo no podía decidirse por el artículo 43 TFUE, apartado 3, como base jurídica para adoptar el Reglamento no 1243/2012, por lo que éste debe anularse.

(véanse los apartados 79 a 81 y 83)