Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Demanda que tiene por objeto la reparación de los daños supuestamente causados por una institución de la Unión — Elementos que permiten determinar el comportamiento reprochado a la institución, la relación de causalidad y el carácter real y cierto del perjuicio causado

[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de indemnización — Carácter autónomo — Agotamiento de los recursos en Derecho interno — Excepción — Imposibilidad de obtener reparación ante el juez nacional — No agotamiento que obstaculiza el examen por el juez de la Unión de la existencia y magnitud del perjuicio invocado — Inadmisibilidad

[Arts. 268 TFUE y 340 TFUE, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión — Margen de apreciación de la institución al adoptar el acto

(Art. 340 TFUE, párr. 2)

4. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Sistema de registros integrado de la Unión y los Estados miembros — Datos relativos a las transacciones de derechos de emisión — Puesta a disposición y confidencialidad — Disposiciones aplicables — Excepciones — Invocación por una sociedad privada que presuntamente ha sido víctima de un robo de derechos de emisión — Exclusión

[Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, art. 10; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 20]

5. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Sistema de registros integrado de la Unión y los Estados miembros — Datos relativos a las transacciones de derechos de emisión — Puesta a disposición y confidencialidad — Disposiciones aplicables — Restricción del derecho de propiedad — Inexistencia

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17, ap. 1, y 52, ap. 1; Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, art. 10; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 19, ap. 3]

6. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Sistema de registros integrado de la Unión y los Estados miembros — Posibilidad de que la Comisión bloquee determinados derechos de emisión dentro de un registro — Límites

[Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, arts. 27 y 69; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 20]

7. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Ampliación de un motivo existente — Procedencia

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 44, ap. 1, letra c), y 48, ap. 2, párr. 1]

8. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Acto legal — Perjuicio resultante de la negativa de la Comisión a revelar información confidencial relativa a derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de la transferencia no autorizada de tales derechos de la cuenta de la sociedad titular — Inexistencia de un perjuicio anormal y especial — Responsabilidad de la Unión — Exclusión

[Arts. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, art. 10]

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1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 55, 56 y 181)

2. La admisibilidad de la acción de indemnización establecida en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, puede encontrarse supeditada, en determinados casos, a que se hayan agotado todos los recursos en Derecho interno que permitan obtener una reparación por parte de las autoridades nacionales, siempre que dichos recursos de Derecho interno garanticen de un modo eficaz la protección de los particulares interesados y puedan conducir a la reparación del perjuicio alegado.

A este respecto, aun cuando no agotar los recursos en Derecho interno no debe conducir sistemáticamente a una declaración de inadmisibilidad por el juez de la Unión, existe un supuesto en el que la circunstancia de que no se haya resuelto de manera definitiva sobre la acción de indemnización ejercitada ante el tribunal nacional implica necesariamente la inadmisibilidad del recurso de indemnización interpuesto ante el juez de la Unión. Se trata del supuesto en el que dicha circunstancia prohíbe a este último determinar el carácter y la cuantía del perjuicio invocado ante él, de manera que no se cumplen los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Igualmente, cuando una persona ha ejercitado dos acciones con objeto de obtener la indemnización de un único y mismo perjuicio, una contra una autoridad nacional y otra contra una institución o un órgano de la Unión y existe un riesgo de que dicha persona obtenga una indemnización insuficiente o abusiva a causa de apreciaciones diferentes de dicho perjuicio por los dos órganos jurisdiccionales a los que acudió, el juez de la Unión está obligado a esperar a que el juez nacional se haya pronunciado antes de resolver sobre la existencia y la cuantía del perjuicio. En esta espera, tampoco puede pronunciarse, por lo tanto, sobre la relación de causalidad entre el comportamiento reprochado a la Unión y el perjuicio invocado. En cambio, puede determinar, incluso antes de que se pronuncie al respecto el juez nacional, si el comportamiento reprochado puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión.

(véanse los apartados 73 a 75, 79 y 80)

3. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 87)

4. Una sociedad que presuntamente ha sido víctima de un robo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero no puede invocar excepciones a las reglas de confidencialidad referentes a información relativa a tales derechos establecidas en el artículo 10 del Reglamento nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión nº 280/2004, para exigir que la Comisión revele información relativa a los derechos de emisión mencionados.

En primer lugar, si bien el artículo 20 de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, establece, por un lado, que el Administrador Central designado por la Comisión controlará, de manera automatizada cada transacción en los registros, para comprobar que no se producen irregularidades en las operaciones relativas a los derechos de emisión, y, por otro lado, que, cuando se haya detectado una irregularidad, dicha autoridad informará de ello al Estado miembro o Estados miembros interesados, ni el citado artículo ni —por lo demás— ninguna otra disposición de la Directiva 2003/87 o del Reglamento nº 2216/2004 establecen expresamente que la Comisión pueda revelar información relativa a derechos presuntamente robados a la supuesta víctima del robo. A este respecto, el artículo 20 no prevé la revelación de la información relativa a una transacción que adolezca de una irregularidad. A fortiori , no obliga a la Comisión a revelar información relativa a los derechos de emisión objeto de tal transacción.

Además, en la medida en que tal supresión de la confidencialidad no es indispensable para la correcta aplicación de una disposición de la Directiva 2003/87 o del Reglamento nº 2216/2004 o de una norma aplicable en un Estado miembro, la sociedad no puede acogerse a la excepción ratione materiae a la regla de confidencialidad establecida en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 2216/2004.

En segundo lugar, dado que la excepción recogida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento nº 2216/2004 sólo es aplicable a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros, a las autoridades fiscales de los Estados miembros, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a Europol y a los administradores de registro de los Estados miembros, la excepción ratione personae no puede ser invocada válidamente por una sociedad anónima nacional. Por otra parte, dicha excepción no autorizaría a la Comisión a revelar a un Presidente de un tribunal nacional que actúa como juez de medidas provisionales datos confidenciales contenidos en los registros. En efecto, como juez de medidas provisionales, este último no tiene la condición de «cuerpos y fuerzas de seguridad» en el sentido del apartado 2, letra a), de dicho artículo 10.

(véanse los apartados 109, 116 a 119, 122 y 158)

5. Aun suponiendo que las reglas de la confidencialidad de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero establecidas en el artículo 10 del Reglamento nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión nº 280/2004, puedan considerarse una restricción al ejercicio del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dicha restricción debe considerarse conforme con los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la citada Carta.

En primer lugar, dichas reglas de confidencialidad están establecidas en el artículo 10 del Reglamento nº 2216/2004, adoptado de conformidad con la facultad atribuida en el artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61. Por lo tanto, se las debe considerar establecidas por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En segundo lugar, dichas reglas responden a la voluntad de preservar el secreto comercial, es decir, a un objetivo de interés general reconocido por la Unión. En tercer lugar, las referidas reglas no establecen exigencias desproporcionadas con respecto al objetivo perseguido. Por un lado, no menoscaban el contenido esencial del derecho de propiedad. En efecto, por sí mismas no vulneran directamente este derecho. Por otro lado, no exceden los límites de lo que resulta apropiado y necesario para alcanzar dicho objetivo. Por lo que respecta al presunto robo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el artículo 10 de dicho Reglamento no prohíbe que una autoridad penal revele información confidencial necesaria para identificar a los autores de un delito o de una infracción a una persona física o jurídica que tenga la condición de víctima de la presunta infracción penal. Visto el artículo 10, apartado 2 ter , del Reglamento nº 2216/2004, no puede sino estimarse que tal persona está relacionada con las consideraciones invocadas, a fin de obtener la supresión de la confidencialidad. Por otra parte, dicho artículo 10 no prohíbe que tal persona, basándose en la información así revelada, emprenda trámites para recuperar sus derechos de emisión, ni complica indebidamente dicha tarea.

(véanse los apartados 113, 154, 165 a 169 y 224)

6. El artículo 69 del Reglamento nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión nº 280/2004, no permite bloquear el acceso a determinadas cuentas de haberes dentro de un registro de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Permite únicamente, en caso de riesgo sistémico, suspender todo acceso a un registro, en su integridad, o al diario independiente de transacciones comunitario, en su integridad. Ahora bien, el Reglamento nº 2216/2004 sólo establece el bloqueo de determinados derechos de emisión dentro de un registro en un único supuesto, contemplado en su artículo 27. Se trata del supuesto en el que, por lo que respecta a una de sus instalaciones, un titular no ha cumplido, en el plazo requerido, las normas técnicas relativas a la declaración de la cantidad de gases de efecto invernadero emitida por dicha instalación, tal y como aprobó la autoridad competente.

Igualmente, el artículo 20 de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, no obliga, ni siquiera autoriza, expresa o implícitamente, a la Comisión a bloquear ella misma los derechos de emisión a los que se refieren unas transacciones que adolecen de irregularidades en el sentido de dicho artículo 20. En efecto, este artículo obliga, en un primer momento, a la Comisión, actuando como Administrador Central, a informar a los Estados miembros interesados cuando unas transacciones adolecen de irregularidades y, en un segundo momento, a dichos Estados miembros a no registrar tales transacciones.

(véanse los apartados 201, 205 y 215)

7. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 218)

8. El juez de la Unión que conoce de un recurso de indemnización dirigido a generar la responsabilidad de la Unión por un daño causado por un acto legal no incurre en error de Derecho si no se pronuncia sobre la existencia de una responsabilidad objetiva en el Derecho de la Unión y desestima en cualquier caso la argumentación que se le ha presentado a falta de demostración del carácter anormal y especial del perjuicio invocado. A este respecto, un perjuicio debe considerarse anormal si supera los límites de los riesgos económicos inherentes a las actividades del sector de que se trate y especial si afecta a una categoría especial de operadores económicos de forma desproporcionada respecto de los demás operadores.

No constituye un perjuicio anormal la aplicación por la Comisión de las reglas de confidencialidad relativas a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero establecidas en el artículo 10 del Reglamento nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión nº 280/2004, a una sociedad titular de tales derechos. En efecto, el hecho de que tales reglas se hayan establecido en el artículo 10 del Reglamento nº 2216/2004 y aplicado posteriormente a la sociedad no constituye un riesgo anormal en el sector, a saber, el de los agentes económicos sujetos al régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Si no existieran tales reglas, no podría garantizarse el secreto comercial, lo que destruiría la propia existencia de un mercado de derechos de emisión.

Por otra parte, toda vez que es notorio que un sistema informático abierto en Internet a través del cual se lleva a cabo el comercio de derechos de emisión presenta riesgos técnicos, a veces notables, el perjuicio correspondiente al valor de los derechos de emisión transferidos, por vía electrónica, sin autorización de la sociedad titular a cuentas que no son suyas no puede considerarse, en cualquier caso, que exceda los límites de los riesgos económicos o técnicos inherentes a las actividades del sector de que se trata.

(véanse los apartados 235 a 238)