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Asunto T-107/06

Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas)

contra

Comisión Europea

«Recurso de anulación — Aplicación del dominio de primer nivel “.eu” — Registro del dominio “.co” como dominio de segundo nivel — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»

Auto del Tribunal General (Sala Quinta) de 15 de diciembre de 2009 II ‐ 4593

Sumario del auto

Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Acto que produce efectos jurídicos obligatorios

[Art. 230 CE; Reglamento (CE) no 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo]

Es inadmisible el recurso de anulación interpuesto contra la decisión supuestamente contenida en un escrito de la Comisión, relativa a la denegación por parte de la entidad encargada de la organización, la administración y la gestión del dominio de primer nivel «.eu» de la solicitud de registro del dominio «.co» como dominio de segundo nivel presentada por un demandante. Efectivamente, no puede considerarse que la posición expuesta por la Comisión en el acto impugnado tenga carácter decisorio, que puede producir efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses de la demandante modificando su situación jurídica de forma caracterizada. No basta con que un escrito haya sido enviado por una institución de la Unión a su destinatario, en respuesta a una petición formulada por este último, para que aquél pueda ser calificado como decisión susceptible de recurso de anulación.

A este respecto, el Reglamento no 733/2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu», confiere al Registro la facultad de denegar el registro de un dominio de segundo nivel y no se trata de una facultad delegada al Registro por la Comisión.

Además, a falta de una disposición específica en el Tratado o en los actos carácter obligatorio adoptados por las instituciones, no puede presumirse que la Comisión tenga competencia para dirigir al Registro instrucciones vinculantes sobre el registro de un dominio de segundo nivel. En efecto, ni el citado Reglamento no 733/2002 ni el Reglamento no 874/2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu» así como los principios en materia de registro, no contienen disposiciones que confieran esa competencia a la Comisión.

(véanse los apartados 55, 63, 65, 66 y 75)
Asunto T‑61/03

Irwin Industrial Tool Co.

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria – Marca denominativa QUICK-GRIP – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 – Denegación de registro – Recurso carente manifiestamente de fundamento jurídico alguno»

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 27 de mayo de 2004

Sumario del auto

1. Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto – Signo que puede tener varios significados – Denegación de registro a la vista del carácter descriptivo de al menos uno de los significados potenciales

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto – Signo denominativo «QUICK-GRIP»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

1. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debe denegarse el registro de un signo denominativo si éste designa, al menos en uno de sus significados potenciales, una característica de los productos o servicios a los que se refiera la solicitud de registro.

(véase el apartado 32)

2. El signo denominativo QUICK GRIP –cuyo registro se solicita para productos pertenecientes a la clase 8 del Arreglo de Niza, que comprende herramientas manuales, entre ellas abrazaderas y partes y piezas para todos esos productos– no puede constituir una marca comunitaria. En efecto, la relación existente entre dicho signo y los productos de que se trata resulta lo bastante estrecha como para que proceda aplicar la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que el signo permite que el público pertinente, que es el consumidor anglófono medio de la Comunidad, advierta inmediatamente y sin mayor reflexión que los productos contemplados sujetan de manera fácil y rápida y en que, por lo tanto, la elección respectiva de los términos «quick» y «grip» no exige en absoluto una operación mental imaginativa o arbitraria por parte del consumidor.

(véanse los apartados 27, 31, 33, y 34)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación - Recurso basado en el artículo 33 CA - Recurso interpuesto por una autoridad intraestatal - Inadmisibilidad

(Art. 33 CA, párrs. 1 y 2)

2. Recurso de anulación - Recurso basado en el artículo 33 CA, párrafo segundo - Requisitos de admisibilidad - Requisitos más restrictivos que los del artículo 230 CE, párrafo cuarto - Limitación compensada por un régimen de intervención más flexible

(Art. 33 CA, párr. 2; art. 230 CE, párr. 4; Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, art. 34; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 37)

Índice

1. El artículo 33 CA, párrafo primero, no puede servir de fundamento a la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por autoridades intraestatales contra una decisión de la Comisión que declara incompatibles con el mercado común del carbón y del acero determinadas ayudas en favor de empresas siderúrgicas. En efecto, resulta claramente de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales, y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, se refiere únicamente a las autoridades gubernativas de los Estados miembros y que no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas.

Por otra parte, dado que tales autoridades intraestatales no son empresas ni asociaciones de empresas en el sentido del artículo 33 CA, párrafo segundo, tampoco pueden interponer recurso de anulación al amparo de dicha disposición.

( véanse los apartados 26, 27 y 29 )

2. Los requisitos de admisibilidad recogidos en el artículo 33 CA, párrafo segundo, son más restrictivos que los del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Esta limitación respecto de la admisibilidad se ve compensada por un régimen de intervención en los recursos interpuestos sobre la base del Tratado CECA más flexible que el correspondiente al Tratado CE.

En efecto, cuando un Estado miembro interpone un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia contra una decisión adoptada sobre la base del Tratado CECA, no sólo pueden intervenir en el litigio en virtud del artículo 34 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia las empresas y asociaciones de empresas en el sentido del artículo 33 CA, párrafo segundo, sino cualquier otra persona física o jurídica -y, por tanto, también las autoridades intraestatales de los Estados miembros-, si demuestra un interés en la solución del litigio. En el marco de un recurso de anulación interpuesto por un Estado miembro contra una decisión adoptada sobre la base del Tratado CE no existe una capacidad de intervención tan amplia. En efecto, en virtud del artículo 37 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, las personas físicas y jurídicas no tienen derecho a intervenir en los litigios entre los Estados miembros y las instituciones.

( véanse los apartados 37 y 38 )
Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2. Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Actos de trámite - Exclusión

(Art. 230 CE; Directiva 70/524/CEE del Consejo)

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1. El problema de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto. No obstante, cuando se plantee la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que, a primera vista, permiten afirmar la admisibilidad de tal recurso.

( véase el apartado 51 )

2. Constituyen actos o decisiones susceptibles de un recurso de anulación a efectos del artículo 230 CE las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses de la demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica.

Cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, en particular al finalizar un procedimiento interno, en principio constituyen únicamente actos susceptibles de recurso de anulación las medidas que fijan definitivamente la posición de la institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios, cuyo objeto es preparar la decisión final.

El procedimiento de obtención de la autorización comunitaria de un aditivo utilizado en la alimentación animal, establecido en el artículo 4 de la Directiva 70/524 sobre los aditivos en la alimentación animal, se lleva a cabo en varias fases y el hecho de que se aplace para una reunión siguiente la definición de una posición sobre la inocuidad de un producto no constituye una medida que fije definitivamente la posición de la Comisión.

( véanse los apartados 61, 62 y 67 )
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso interpuesto contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión anterior - Pretensiones presentadas al mismo tiempo contra una decisión confirmada y una decisión confirmatoria en el mismo recurso - Admisibilidad en determinadas circunstancias - Decisión confirmada y decisión confirmatoria impugnadas mediante dos recursos distintos - Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

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$$Si bien es cierto que el concepto de acto confirmatorio fue desarrollado por la jurisprudencia para impedir, en particular, la presentación de recursos que tengan como consecuencia reabrir plazos de recurso expirados -y que, por consiguiente, en situaciones en las que no se produce tal elusión de los plazos de recurso, el juez comunitario ha aceptado, en algunas ocasiones, la admisibilidad de recursos interpuestos al mismo tiempo contra una decisión confirmada y una decisión confirmatoria en el mismo recurso- no es posible aplicar dicha solución cuando la decisión confirmada y la decisión confirmatoria son impugnadas mediante dos recursos distintos y la demandante puede defender su punto de vista e invocar sus argumentos en el marco del primer recurso.

( véanse los apartados 34 y 35 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos - Recurso dirigido contra una decisión confirmatoria de una decisión no impugnada dentro de plazo - Concepto de decisión confirmatoria - Decisión idéntica adoptada tras un nuevo examen de la situación - Inadmisibilidad

(Art. 230 CE)

2 Procedimiento - Costas - Gastos abusivos o temerarios

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 3, párr. 2)

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1 Únicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación en el sentido del artículo 230 CE las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de modo caracterizado su situación jurídica. Por consiguiente, no procede admitir un recurso de anulación interpuesto contra una decisión puramente confirmatoria de otra decisión no impugnada dentro de plazo. Una decisión es puramente confirmatoria si no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto anterior y si no ha ido precedida de un nuevo examen de la situación del destinatario de ese acto anterior.

(véase el apartado 8)

2 Procede aplicar el artículo 87, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que dicho Tribunal considere abusivos o temerarios. Deben considerarse como tales los gastos inherentes a un procedimiento que, a su vez, es abusivo o temerario.

(véase el apartado 14)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 1999. - Karl L. Meyer contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Inadmisibilidad - Acto impugnado - Acceso a los documentos de las Instituciones - Distinción entre información y documento. - Asunto T-106/99.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-03273



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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de la Comisión mediante el que se deniega una solicitud de información relativa a determinados tipos de interés - Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

2 Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom - Distinción entre documento e información - Obligación de la Comisión de responder a cualquier solicitud de información de un particular - Inexistencia

(Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión)

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1 Únicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación) las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica. No es éste el caso de un escrito de la Comisión mediante el que se deniega una solicitud de información del demandante relativa a los tipos de interés aplicados por el Banco Europeo de Inversiones a los préstamos destinados a financiar determinados proyectos que favorecen el desarrollo económico de la Polinesia francesa, ya que la información solicitada figura en actos adoptados por el Consejo y publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En este sentido, ninguna disposición del Derecho comunitario impone a la Comisión la obligación de responder a una solicitud, formulada por una persona establecida en el territorio de un Estado miembro o de los países y territorios de Ultramar asociados a la Comunidad, de que se identifiquen determinadas disposiciones aplicables de la normativa comunitaria.

2 Resulta necesario, a efectos de la aplicación de la Decisión 94/90, sobre el acceso a los documentos de la Comisión, hacer una distinción entre el concepto de documento y el de información. En efecto, ninguna de las disposiciones de dicha Decisión ni del Código de conducta anexo a ésta versa sobre el derecho de acceso a una información, derecho que se refiere únicamente a los documentos. Sólo un considerando de la Decisión 94/90 hace referencia a la declaración relativa al derecho de acceso a la información que figura como anexo del Acta final del Tratado de la Unión Europea. Dicha mención, que no es objeto de ninguna otra explicación, no puede dar un nuevo significado al término «documento» utilizado reiteradas veces en dicha Decisión 94/90. No puede deducirse, por tanto, de la Decisión 94/90 que el derecho de acceso del público a un documento de la Comisión implica el deber de ésta de responder a cualquier solicitud de información de un particular.
27

La demandante alega que esta norma es incompatible con los principios generales del Derecho comunitario. Sin embargo, no especifica, en apoyo de esta excepción de ilegalidad, cuál es el principio que, a su juicio, resulta conculcado. Dado que la demandante no ha explicado en qué consiste su motivo referente a la excepción de ilegalidad, su exposición no satisface los requisitos del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46 de dicho Estatuto (en lo sucesivo, «Estatuto del Tribunal de Justicia») y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo.
Lo dispuesto en las condiciones de empleo del Banco Central Europeo en relación con los litigios entre el Banco y sus agentes no es oponible a la hora de apreciar la admisibilidad de una demanda de anulación interpuesta por un particular contra un convocatoria para la provision de plazas en el Banco si tales condiciones no fueron publicadas antes de la fecha de interposición del recurso. Por tanto, corresponde al Juez comunitario colmar una laguna existente en el sistema de recursos, incompatible con el derecho a una tutela judicial efectiva, mediante la aplicación, por analogía, de las disposiciones del Estatuto de los Funcionarios en materia de recursos a las que se ha referido la demandante.

(véanse los apartados 30 a 33)

Referencia: Tribunal de Justicia, 8 de febrero de 1996, FMC y otros (C-212/94, Rec. p. I-389), apartado 58
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de la Comisión mediante el que se deniega una solicitud de información relativa a determinados tipos de interés - Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

2 Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom - Distinción entre documento e información - Obligación de la Comisión de responder a cualquier solicitud de información de un particular - Inexistencia

(Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión)

Índice

1 Únicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación) las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica. No es éste el caso de un escrito de la Comisión mediante el que se deniega una solicitud de información del demandante relativa a los tipos de interés aplicados por el Banco Europeo de Inversiones a los préstamos destinados a financiar determinados proyectos que favorecen el desarrollo económico de la Polinesia francesa, ya que la información solicitada figura en actos adoptados por el Consejo y publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En este sentido, ninguna disposición del Derecho comunitario impone a la Comisión la obligación de responder a una solicitud, formulada por una persona establecida en el territorio de un Estado miembro o de los países y territorios de Ultramar asociados a la Comunidad, de que se identifiquen determinadas disposiciones aplicables de la normativa comunitaria.

2 Resulta necesario, a efectos de la aplicación de la Decisión 94/90, sobre el acceso a los documentos de la Comisión, hacer una distinción entre el concepto de documento y el de información. En efecto, ninguna de las disposiciones de dicha Decisión ni del Código de conducta anexo a ésta versa sobre el derecho de acceso a una información, derecho que se refiere únicamente a los documentos. Sólo un considerando de la Decisión 94/90 hace referencia a la declaración relativa al derecho de acceso a la información que figura como anexo del Acta final del Tratado de la Unión Europea. Dicha mención, que no es objeto de ninguna otra explicación, no puede dar un nuevo significado al término «documento» utilizado reiteradas veces en dicha Decisión 94/90. No puede deducirse, por tanto, de la Decisión 94/90 que el derecho de acceso del público a un documento de la Comisión implica el deber de ésta de responder a cualquier solicitud de información de un particular.
61998B0081

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 6 de diciembre de 1999. - Patricia Boyes contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Fallecimiento de la parte demandante - No continuación del proceso por parte de los derechohabientes - Sobreseimiento. - Asunto T-81/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-03501
Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 3 de junio de 1999. - Armement coopératif artisanal vendéen y otros contra Consejo de la Unión Europea. - Intervención - Entidades locales y regionales - Interés en la solución del litigio. - Asunto T-138/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-01797



Índice



Palabras clave

Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Litigio relativo a la anulación de un Reglamento por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros - Operadores económicos - Entidades territoriales - Admisibilidad - Requisitos

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 37, párr. 2, y 46, párr. 1)

Índice

$$El concepto de interés en la solución del litigio, en el sentido del artículo 37, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones. El órgano jurisdiccional comunitario comprueba, en particular, si el coadyuvante resulta directamente afectado por el acto impugnado y si su interés en la solución del litigio es real.

Acreditan tener tal interés, en el marco de un recurso de anulación dirigido contra un Reglamento que prohíbe la utilización, por buques que navegan bajo pabellón de un Estado miembro, de redes de enmalle de deriva para la captura de ciertas especies, determinados operadores económicos establecidos en un Estado miembro que desarrollan sus actividades pesqueras utilizando la técnica a que se refiere el citado Reglamento, en la medida en que éste pudiera impedirles proseguir una parte de su actividad y perjudicar sus ingresos.

Acredita también tener dicho interés una entidad territorial, cuando se haya demostrado con certitud que su estructura económica y social depende fundamentalmente de la actividad regulada por el Reglamento impugnado y que el mantenimiento del citado Reglamento podría requerir un plan de reconversión global.

En cambio, procede declarar la inadmisibilidad de la demanda de intervención de una entidad territorial cuyo interés se funda en el riesgo de una reducción de los puestos de trabajo y de las actividades de los operadores establecidos en una localidad situada en su territorio, representada por otra parte coadyuvante, cuando no se ha demostrado que su estructura económica y social dependa fundamentalmente de dichas actividades. En efecto, el interés general que pueda tener tal entidad en obtener un resultado favorable para la prosperidad económica de dichas empresas y, en consecuencia, para el nivel de empleo en la zona geográfica en la que éstas ejercen sus actividades no puede, por sí solo, justificar una intervención en el litigio, al ser dicho interés de carácter indirecto y lejano. Además, no constituye un interés directo en la solución del litigio el supuesto interés de otra parte coadyuvante.