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10.

La circunstancia de que el Acuerdo establezca un marco institucional particular (a saber, la creación de un «Consejo de Cooperación»), ( 25 ) que autoriza a las partes a adoptar, en determinadas circunstancias, medidas unilaterales ( 26 ) y establece igualmente, para la resolución de las controversias entre las Partes Contratantes, un procedimiento que no les exige —ni les da incluso la posibilidad de ello— que sometan tal controversia al Tribunal de Justicia, ( 27 ) no es de tal naturaleza, como lo muestra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada más arriba, que excluya en principio la aplicabilidad directa de un Acuerdo. ( 28 ) En efecto, en el marco del GATT, el Tribunal de Justicia ha declarado que el procedimiento para la resolución de las controversias que se recoge en dicho Acuerdo y las posibilidades de adoptar medidas de salvaguardia que en el mismo se prevén representaban un obstáculo para la aplicación directa de sus disposiciones. ( 29 ) A diferencia del GATT, el Acuerdo actualmente controvertido ofrece, sin embargo, posibilidades mucho más limitadas desde el punto de vista de las medidas de salvaguardia y establece asimismo un procedimiento de resolución obligatoria (a través del arbitraje) de las controversias. Desde ambos puntos de vista, contiene incluso disposiciones más estrictas que el Acuerdo con Portugal examinado en el asunto Kupferberg. ( 30 ), ( 31 ) Ahora bien, en relación con este último Acuerdo, el Tribunal de Justicia ha declarado en la sentencia Kupferberg: «El sólo hecho de que las partes contratantes hayan creado un marco institucional especial para las consultas y negociaciones mutuas relativas a la ejecución del Acuerdo no basta para excluir toda aplicación jurisdiccional del mismo. La circunstancia de que un órgano jurisdiccional de una de las partes aplique, en un litigio concreto pendiente ante ella, una disposición del Acuerdo que implica una obligación incondicional y precisa y que, por consiguiente, no exige ninguna intervención previa del comité mixto, no afecta a la competencia que el Acuerdo confiere al mencionado comité» (apartado 20). «Por lo que atañe a las cláusulas de salvaguardia, que permiten a las partes apartarse de determinadas disposiciones del Acuerdo, conviene señalar que sólo se aplican en circunstancias determinadas y, por regla general, tras un examen contradictorio realizado por el comité mixto. Al margen de las situaciones específicas que puedan acarrear su aplicación, la existencia de estas cláusulas, que por otra parte carece de incidencia sobre las disposiciones que prohiben las discriminaciones fiscales, no enerva por sí misma la aplicabilidad directa que puedan llevar consigo determinadas estipulaciones del Acuerdo» (apartado 21). Estas consideraciones son válidas de igual modo, e incluso en mayor medida, para el Acuerdo con Marruecos sometido en el presente caso a este Tribunal de Justicia.
2.

El Sr. Van Noorden, nacional neerlandés, después de haber trabajado, desde 1947 hasta el 30 de junio de 1985, en varios Estados miembros de la Comunidad (Países Bajos, Bélgica y República Federal de Alemania), se instaló en Francia el 27 de mayo de 1986 (por ser su esposa de nacionalidad francesa), país en el que se inscribió como solicitante de empleo. A continuación solicitó al Assedie de l'Ardèche et de la Drôme (association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce; organismo encargado de la recaudación de las cotizaciones y del pago de las prestaciones) el abono de las prestaciones por desempleo con arreglo al régimen francés. En principio, el Assedie informó al Sr. Van Noorden que tenía derecho a dichas prestaciones durante veintisiete meses; sin embargo, éste sólo percibió la prestación durante tres meses. El cambio de actitud de la Assedie fue debido a la circular 86-19 de la Unedic (Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce; organismo que coordina las actividades de las distintas Assedie), en la que se establecía que, a partir del 1 de julio de 1986, los trabajadores comunitarios sólo podrían disfrutar de las prestaciones por desempleo si hubieran cubierto, en último lugar, un período de actividad laboral en Francia. La decisión de Assedie de no continuar abonando las prestaciones al Sr. Van Noorden, después de los tres meses, fue recurrida por éste ante el Juez nacional, que decidió someter el asunto al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial.
22.

El otro motivo es muy genérico, ya que engloba gastos no aceptados en la Decisión de aprobación pero también gastos no justificados. Es lícito pues preguntarse si, como pretende la Comisión, basta con comparar los formularios en los puntos mencionados para comprobar las diferencias entre las sumas que se piden en la solicitud de pago del saldo y las que habían sido aprobadas. Si se sigue este camino se ve claramente, en efecto, dentro de las tres rúbricas a las que se alude, que corresponden a los puntos 14.3, 14.6 y 14.8 de la solicitud de pago del saldo, que determinadas cantidades que suponen la práctica totalidad del importe denegado fueron incrementadas en relación con la solicitud inicial o bien se presentaron a pesar de no haber sido expresamente incluidas en la solicitud inicial. Me parece, pues, que la motivación satisface los requisitos recogidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la que se aludió antes, ( 29 ) puesto que permite a los interesados «conocer la justificación de la medida», aunque no especifique «todas las diferentes circunstancias de hecho y de Derecho pertinentes». Por tanto, considero carente de fundamento el motivo relativo a la inexistencia de motivación alegado por Interhotel.
6.

El Agente del Gobierno italiano ha proporcionado más detalles en la vista de hoy. Sin embargo, del escrito de contestación del Gobierno italiano y de esas observaciones resulta que no se niega el hecho de que la Directiva no ha sido ejecutada. Por otra parte, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario.
15.

Evidentemente, el Tribunal de Justicia no puede exigir implícitamente sistemas absurdos que requieran un cálculo minuto por minuto, segundo por segundo, del tiempo efectivamente dedicado a cada empresa. Pero, por el contrario, de ningún modo parece irracional fraccionar la tarifa horaria entre las empresas afectadas. No me parece que la operación de aritmética elemental que constituye una división represente una carga administrativa desmesurada. El Estado demandado alega el carácter insignificante de las sumas que podría cobrar en tal supuesto. Este argumento no resiste el análisis. Por una parte conduce a que las empresas soporten todos los inconvenientes del sistema adoptado al imponérseles, en su caso, una carga desproporcionada en relación con el costo del servicio prestado. Por otra parte, y sobre todo, el Estado italiano puede perfectamente proceder a una nueva valoración de la tarifa horaria si ésta no representa, como mantiene, el costo efectivo que supone una hora de servicio dedicado a las operaciones en cuestión. En cualquier caso, resulta manifiesto que la normativa controvertida olvida el principio de proporcionalidad al exigir de cada empresa el pago de la contraprestación prevista con independencia de las pagadas por las demás empresas.
2.

Conforme a la normativa comunitaria de que se trata, se atribuyó al Sr. Ballmann una cantidad de referencia correspondiente a la producción de leche de, aproximadamente, 40 vacas; por su parte, el Sr. Menkhaus disponía de una cantidad de referencia igual a la producción de leche de, aproximadamente, 20 vacas, cantidad que se le había atribuido basándose en la producción de leche obtenida en 1983 en su propia explotación, cuyas estructuras habían quedado obsoletas. Mediante contrato de 15 de junio de 1987, el Sr. Ballmann, propietario de una explotación agraria que contaba con 60 plazas para vacas, 20 de ellas situadas en un nuevo establo, arrendó al Sr. Menkhaus, asimismo ganadero y productor de leche, las 20 plazas del establo nuevo. Como consecuencia del contrato de arrendamiento, la Oberfinanzdirektion competente (Dirección Superior de Hacienda) comunicó que el Sr. Menkhaus no podía ser considerado productor de leche en el sentido de la normativa comunitaria de que se trata y, por consiguiente, la producción de leche obtenida por este último sería imputada a la cantidad de referencia del Sr. Ballmann. Hay que precisar aquí que dicho contrato de arrendamiento estipula que las partes se ocuparían por separado de la alimentación, ordeño, inseminación y tratamiento veterinario de sus respectivas vacas. Además de los equipamientos generales del establo, se estipulaba que sólo se utilizarían en común las instalaciones de ordeño. No obstante, la leche obtenida de esta manera se almacenaba en depósitos de leche distintos y la cantidad obtenida por cada uno se medía mediante un dispositivo electrónico. Basándose en el contenido del contrato de arrendamiento, el Sr. Ballmann interpuso ante el Finanzgericht un recurso contra dicha decisión de la Dirección Superior de Hacienda. Este recurso fue desestimado debido a que el arrendatario no podía prevalerse de su cantidad de referencia en el marco de la unidad de explotación del arrendador. El Bundesfinanzhof, ante el que había interpuesto el Sr. Ballmann un recurso de casación («Revision» alemana), planteó la presente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, mediante la que pregunta, fundamentalmente, si los conceptos de productor y de explotación contemplados respectivamente en las letras c) y d) del artículo 12 del Reglamento n° 857/84 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una explotación agraria, productor de leche, que ha tomado en arrendamiento plazas para criar sus propias vacas, debe imputar la leche obtenida a la cantidad de referencia del arrendador, que también es productor de leche, o a su propia cantidad de referencia, que le fue asignada basándose en la producción de leche obtenida en la explotación que le pertenece, y si la respuesta a esta cuestión debe darse teniendo en cuenta las cláusulas del contrato de arrendamiento y/o la situación de hecho.
10.

La sentencia Rompelman no se ocupa expresamente de la definición de «explotación» de un bien inmueble. No obstante, no deja ninguna duda respecto a que el arrendamiento de un bien inmueble debe considerarse como explotación de dicho bien. En efecto, el fallo de la sentencia señala que la adquisición de un derecho a la transmisión de un derecho de propiedad horizontal, con la intención de, en su momento, ceder en arrendamiento el bien comprado, debe considerarse como una actividad económica en el sentido del apartado 1 del artículo 4, y ello desde el mismo momento de la compra del bien. El hecho de que el arrendamiento se considere de manera implícita, pero clara, como una explotación resulta asimismo del apartado de la sentencia que se ocupa de la exención de principio del IVA en favor de los arrendamientos, contenida en la letra b) del apartado B del artículo 13 de la Sexta Directiva. La sentencia señala que el arrendador en el asunto Rompelman hizo uso de la posibilidad que ofrece el apartado C del artículo 13 de optar por la tributación del arrendamiento y concluye señalando que el comprador de un bien inmueble que posteriormente arrienda éste, debe considerarse como sujeto pasivo desde el momento de la compra. ( 9 ) En el procedimiento principal del presente asunto no se trata del arrendamiento de un bien, sino del derecho de superficie constituido sobre él. No obstante, no existe ningún motivo para no considerar la cesión de tal derecho de uso asimismo como una explotación del bien. Al igual que en el caso del arrendamiento de una cosa, mediante la constitución de un derecho de superficie, el propietario pretende obtener ingresos del bien. Así pues, sería también contrario al principio de neutralidad impositiva limitar el concepto de «explotación» de un bien a su arrendamiento, ofreciendo un trato preferente a una determinada figura jurídica frente a otros negocios jurídicos. ( 10 ) Tal como han señalado acertadamente los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido, debe entenderse el concepto de «explotación» en el sentido de que se refiere a todos los actos, independientemente de su forma jurídica, que tienen por finalidad la obtención de ingresos procedentes del bien de que se trate. Mediante la cesión de un derecho de superficie sobre un terreno edificable durante un período de dieciocho años también se pretende, indudablemente, obtener de este terreno unos ingresos «continuados en el tiempo», en el sentido del apartado 2 del artículo 4 de la Sexta Directiva.
5.

De todas formas, opino que, a fin de cuentas, esta diferencia de puntos de vista de carácter puramente jurídico y formal no es importante a efectos de solucionar el presente litigio. En efecto, aun suponiendo que se considerase fundado el punto de vista del demandante en el litigio principal y que, por tanto, debiera estimarse que la obligación no adquiere eficacia hasta el momento en que se comprueba que se ha sobrepasado el límite máximo, de ello no resultaría automáticamente la ilegalidad de las modalidades de aplicación de la tasa. Efectivamente, no es raro, incluso en los sistemas fiscales nacionales, que en determinados casos se haya previsto la posibilidad de percibir por anticipado sumas respecto de las cuales aún no existe la correspondiente obligación. Esto sucede, por ejemplo, siempre que, por ingresos que aún no se han producido o comprobado, se prevé una retención, o la percepción de una cantidad, en concepto de anticipo. Por consiguiente, no debe considerarse ilícito en sí el hecho de prever la percepción de una cantidad por anticipado, es decir, antes de que se cumpla la condición misma de la imposición. En cambio, habrá que verificar si ello responde a una justificación objetiva y, especialmente, si implica para el interesado unas cargas excesivas en la medida en que son desproporcionadas respecto al objetivo perseguido. En definitiva, me parece, por tanto, que el primer motivo de invalidez alegado en el presente asunto queda, en lo fundamental, absorbido por el segundo, o sea, por la supuesta falta de proporcionalidad del mecanismo de percepción de la tasa.
8.

No obstante, el hecho es que la versión del Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la pesca, de que aquí se trata, así como los Reglamentos de aplicación de aquél, se adoptaron después de la adhesión de Grecia, que se hizo efectiva el 1 de enero de 1981. Además, hasta el 7 de octubre de 1986, fecha en que envió el escrito de requerimiento, la Comisión no incoó el procedimiento por infracción que dio lugar al presente recurso. Éste no fue interpuesto hasta el 21 de julio de 1988. Por tanto, la República Helénica tuvo un margen de tiempo considerable para disponer las estructuras administrativas necesarias y no se puede reprochar a la Comisión el haber tenido una actitud «incompatible con el principio de colaboración que debe regir las relaciones de los Estados miembros con las instituciones comunitarias» (p. 3 in fine del escrito de contestación).
15.

De acuerdo con el artículo 189 del Tratado, «El Reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro». Por lo tanto, prima facie, el Reglamento no 3587/86 es de carácter normativo. Además, el mismo es de aplicación a los demandantes del presente asunto no debido a alguna característica especial que pueda ser peculiar de ellos, sino simplemente en virtud de sus actividades comerciales. Sobre el particular, su posición no difiere de la de cualquier otro que realice la misma actividad. Por consiguiente, no puedo aceptar la alegación de los demandantes en el sentido de que el Reglamento no 3587/86 no es un acto normativo sino que se asemeja a un acto administrativo de alcance general. Es evidente que dicho Reglamento, por tener un alcance general, tiene un verdadero carácter normativo.
7.

Además, el Gobierno italiano, en mi opinión, tampoco ha conseguido convencernos de que la obligación de añadir aceite de sésamo sea necesaria, en el sentido de indispensable, porque el objetivo pretendido no podría alcanzarse por otros medios que implicaran menos obstáculos a los intercambios, ni de que esta obligación sea, además, proporcional al objetivo perseguido. En este contexto, deseo subrayar además que me resulta difícil compartir la duda expresada por el Gobierno italiano respecto a la posibilidad de determinar de manera científicamente fiable, con ayuda de las técnicas actuales de análisis, la composición de una mezcla de aceite de oliva y de otros aceites vegetales, teniendo en cuenta que un Reglamento comunitario impone estas técnicas para detectar la presencia de aceites distintos en el aceite de oliva. ( 7 ) Por lo demás, en la vista, el representante del Gobierno italiano ya no mencionó esta alegación. No obstante, sigue afirmando que la medida italiana hace supérfluos los análisis de laboratorio. Esta última afirmación me parece discutible. El único resultado que podría tener la obligación de añadir aceite de sésamo impuesta por Italia es hacer inútiles los muéstreos de aceites a los que se ha añadido aceite de sésamo, porque el propio color de estos aceites ya permite comprobar que no se trata de aceite puro de oliva. No obstante y como ya he indicado, en el supuesto de un comerciante honesto, que respete la obligación de añadir aceite de sésamo y del que se puede pensar que, incluso si no existiera la obligación de añadir aceite de sésamo, habría puesto las mercancías de que se trata a la venta no como aceite puro de oliva, sino bajo su denominación exacta, la obligación de añadir aceite de sésamo es tan superflua como un muestreo y un etiquetado correcto basta para impedir que se abuse de los consumidores. ( 8 ) Por tanto, llego a la conclusión de que, aunque fuera pertinente la medida nacional controvertida, lo que no es el caso, el Gobierno italiano no ha conseguido convencerme de que también sea indispensable.
14.

Si Italia, por tanto, pudo optar por situar en la cilindrada de 2000 cm3 (o de 2500 cm3 para los automóviles de motor diesel) el paso a la categoría impositiva más elevada, no se entiende por qué razón Grecia no podría válidamente fijar a tal efecto la cilindrada de 1800 cm3. Este umbral no se sitúa justamente allí donde termina la fabricación nacional, ya que en Grecia no se construyen automóviles de cilindrada comprendida entre 1600 y 1800 cm3. Disfrutan también de la imposición menos elevada, en la medida en que son exportados a Grecia, automóviles tan confortables como el Audi 100, dotado de un motor de 1781 cm3, el BMW 518i (1795 cm3), el Opel Omega 1.8i (1796 cm3), el Peugeot 505 SX 1.8 (1796 cm3), el Renault 21 GTS (1721 cm3) o el Volkswagen Passat (1781 cm3).
29.

Cuando, tal como se ha expuesto antes, se puede recurrir a las disposiciones del Derecho procesal nacional en lo que respecta a los requisitos de admisibilidad de una demanda sobre obligaciones de garantía, ello no significa necesariamente que este modo de proceder no esté supeditado a reserva alguna. En efecto, la aplicación de reglas procesales nacionales no puede menoscabar la eficacia de las disposiciones del Convenio. ( 7 ) De ello se deduce que no se puede recurrir a requisitos de admisibilidad previstos por el Derecho nacional, cuando afectan a materias reguladas explícita o implícitamente por el Convenio. ( 8 )
11.

Sin embargo, no creo que tal opinión sea pertinente. En efecto, dichas exigencias pretenden proteger intereses cuya importancia ya ha subrayado este Tribunal, en concreto la eliminación de las trabas en los intercambios entre Estados miembros mediante la unificación de las formalidades, ( 16 ) la necesidad de que todos los agentes económicos de la Comunidad estén sometidos a las mismas reglas de prueba y la voluntad de luchar contra el fraude. No creo que las disposiciones de los Reglamentos n° 222/77 y n° 223/77 impongan obligaciones desproporcionadas a lo que es estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos. Además, y esto me parece fundamental, el artículo 9 del primer Reglamento permite que las autoridades competentes del Estado miembro de partida expidan a posteriori a los interesados, por una razón válida, los documentos de tránsito comunitario interno. Una disposición similar se encuentra en el apartado 3 del artículo 71 del Reglamento n° 223/77 en relación con el documento denominado T2L. En consecuencia, la falta de presentación de estos documentos de tránsito comunitario interno con ocasión del transporte de las mercancías no implica sistemáticamente la percepción de derechos de aduana, puesto que la prueba de su origen comunitario puede aportarse a posteriori sin mayores dificultades. De esta forma puede evitarse fácilmente la percepción de derechos de aduana en relación con mercancías de origen comunitario.
Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 29 de noviembre de 1988. - BLAUPUNKT-WERKE GMBH CONTRA OBERFINANZDIREKTION BERLIN. - PETICION DE DECISION CON CARACTER PREJUDICIAL PRESENTADA POR EL BUNDESFINANZHOF. - ARANCEL ADUANERO COMUN - COMBINADO CAMARA-APARATO PARA EL REGISTRO O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION. - ASUNTO 245/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00573

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General, Sr. Marco Darmon, presentó sus conclusiones el 29 de noviembre de 1988.(* )En ellas proponía que el Tribunal de Justicia declarara que:

Un combinado cámara-aparato para el registro o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, que permite efectuar directamente tomas de imágenes y sonido y reproducirlas, reproducir casetes previamente registradas y, con el añadido de un adaptador de precio e importancia técnica reducidas que ha de adquirirse por separado, registrar y reproducir emisiones de televisión, debe clasificarse, de acuerdo con la letra b) del punto 3 de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura del arancel aduanero común, como aparato de registro y reproducción de imágenes y sonido en televisión intrínsecamente y que es lo que confiere su carácter esencial.

(*) Lengua original: francés.
4.

En los considerandos del Reglamento (CEE) n° 1035/72 se dice que «la normalización sólo puede obtener todo su efecto si se aplica en todas las fases de la comercialización». Así pues, es de toda evidencia que la normativa que aquí se dispone sobre el establecimiento de normas de calidad y el control de su observancia se refiere específicamente al momento en que los productos son ofrecidos en el mercado al público consumidor (en especial cuando no se trate de simples mercados locales) excluyendo ciertas operaciones iniciales o preparatorias durante las cuales todavía no se han puesto en cuestión los objetivos del régimen comunitario. Ese me parece que es exactamente el sentido de las excepciones a la norma general del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1035/72, que recogen los apartados 2 y 3 del mismo artículo. Se trata de excepciones que se refieren sobre todo a las operaciones realizadas al principio del circuito de comercialización y/o transformación de los productos. En particular, la letra a) del apartado 2 del referido artículo 3 establece que «los productos vendidos o entregados por el productor a las centrales de acondicionamiento y embalaje o a centrales de almacenamiento, o transportadas desde la explotación del productor hacia tales centrales», no estarán sometidos a la obligación de cumplimiento de las normas de calidad dentro de un Estado miembro.