ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
A)

¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/16/CE (1) un buque clasificado como buque de carga por el organismo de clasificación del Estado de abanderamiento, pero que, en concreto, desarrolle exclusiva y sistemáticamente una actividad no comercial, como es la así denominada actividad SAR [search and rescue, a saber, búsqueda y salvamento; en lo sucesivo, «actividad SAR»] —como la que lleva a cabo [Sea Watch E.V.] mediante el SW4 [buque Sea Watch 4] con arreglo a sus propios estatutos— y, por consiguiente, puede realizarse también respecto a dicho buque el control PSC [Port State Control, a saber, el control de los buques por el Estado rector del puerto]? En el supuesto de que […] el Tribunal de Justicia considere que también […] están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/16/CE los buques [que no desarrollen en concreto una actividad comercial], ¿es contraria a dicha Directiva, interpretada en tal sentido, una normativa como la normativa nacional recogida en el artículo 3 del [Decreto Legislativo] n.o 53/2011 —mediante el que se ha transpuesto al Derecho interno el artículo 3 de la Directiva 2009/16/CE—, que, en cambio, en su apartado 1 determina expresamente el ámbito de aplicación del PSC, limitándolo a los buques utilizados con fines comerciales y excluyendo no solo los yates de recreo, sino también los buques de carga que no desarrollen en concreto actividades comerciales y, por tanto, no sean utilizados para tales actividades? ¿Puede considerarse fundadamente que, por el contrario, están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, en la parte en que incluye también los buques de pasaje —a raíz de las modificaciones introducidas en 2017—, los buques de carga que desarrollen sistemáticamente la actividad SAR respecto de personas en peligro en el mar, equiparando de ese modo al transporte de pasajeros el transporte de las personas rescatadas en el mar por estar su vida en peligro?
2)

¿Se opone la correcta interpretación de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así como del marco normativo armonizado constituido por las Directivas 2002/19/CE, (1) 2002/20/CE, (2) 2002/21/CE (3) y 2002/22/CE (4) y, en particular, por los artículos 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 2002/21/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, (5) el artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, y los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, (6) a una norma nacional como la que se deduce de lo dispuesto en los artículos 13, 70 y 71 del Decreto Legislativo n.o 259/03, en relación con el artículo 2, apartado 12, letras h) y l), de la Ley n.o 481/1995, y el artículo 1, apartado 6, número 2, de la Ley n.o 249/1997, que atribuye a la autoridad nacional de reglamentación en el sector de las comunicaciones electrónicas la facultad de imponer: i) respecto a la telefonía móvil, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación no inferior a cuatro semanas, al tiempo que se establece la obligación de los correspondientes operadores económicos que adopten una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación distinta de la mensual de informar de inmediato al usuario, mediante el envío de un SMS, de la renovación de la oferta; ii) respecto a la telefonía fija, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación de un mes o de sus múltiplos, y iii) en caso de ofertas conjuntas con la telefonía fija, la aplicación de la periodicidad relativa a esta última?
C 110/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 22 de diciembre de 2020 — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-695/20)

(2021/C 110/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Fenix International Limited

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestión prejudicial

¿Es nulo el artículo 9 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 (1) del Consejo, de 15 de marzo de 2011, introducido por el artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1042/2013 (2) del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por suponer una extralimitación de la facultad y el deber de ejecución del Consejo que establece el artículo 397 de la Directiva 2006/112/CE (3) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en la medida en que completa o modifica el artículo 28 de la Directiva 2006/112/CE?

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (refundición) (DO 2011, L 77, p. 1).

(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios (DO 2013, L 284, p. 1).

(3) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
C 72/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 8 de diciembre de 2020 — Y GmbH / Hauptzollamt

(Asunto C-668/20)

(2021/C 72/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante y recurrente en casación: Y GmbH

Demandada y recurrida en casación: Hauptzollamt

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la subpartida NC 1302 19 05 (1) en el sentido de que se ha de clasificar en ella una oleorresina de vainilla de extracción, diluida con etanol y agua, consistente en aproximadamente un 90 % (v/v) o un 85 % (m/m) de etanol, hasta un 10 % (m/m) de agua, un 4,8 % (m/m) de residuo seco y un 0,5 % (m/m) de vainilla, a pesar de que, con arreglo a la nota 1, letra ij), del capítulo 13 de la NC, las oleorresinas de extracción no corresponden a la partida NC 1302?

2) ¿Pertenecen a las oleorresinas de extracción de la subpartida NC 3301 90 30 los productos como el descrito en la primera cuestión prejudicial?

3) ¿Debe interpretarse la subpartida NC 3302 10 90 en el sentido de que los productos como el descrito en la primera cuestión prejudicial deben clasificarse como mezclas de sustancias odoríferas o mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados en la industria alimentaria?

4) ¿Pertenecen a los aromatizantes del artículo 27, apartado 1, letra e), de la Directiva 92/83 (2) los productos de la subpartida NC 1302 19 05 o la oleorresina de extracción de la subpartida NC 3301 90 30?

(1) Anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en la versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1754 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015 (DO 2015, L 285, p. 1).

(2) Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO 1992, L 316, p. 21).
C 72/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 23 de noviembre de 2020 — Deutsche Lufthansa AG / LE

(Asunto C-629/20)

(2021/C 72/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Deutsche Lufthansa AG

Recurrida: LE

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1)?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 53/26

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 1 de diciembre de 2020 — V A, Z A / TP

(Asunto C-645/20)

(2021/C 53/35)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes en casación: V A, Z A

Recurrida en casación: TP

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, (1) en el sentido de que, cuando el causante no tenga su residencia habitual en un Estado miembro en el momento del fallecimiento, el tribunal de un Estado miembro que compruebe que dicho causante no había establecido su residencia habitual en ese Estado miembro, pero tenía la nacionalidad de dicho Estado y era propietario de bienes situados en él, debe determinar de oficio su competencia subsidiaria, establecida en dicho texto?

(1) DO 2012, L 201, p. 107.
C 35/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 19 de octubre de 2020 — OE / VY

(Asunto C-522/20)

(2021/C 35/36)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: OE

Recurrida: VY

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Vulnera el artículo 3 [apartado 1], letra a), sexto guion, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, (1) el principio de no discriminación consagrado en el artículo 18 TFUE, al exigir, para la atribución de la competencia a los tribunales del Estado miembro de residencia, un período de residencia del demandante más breve que el requerido en el mismo artículo 3, [apartado 1], letra a), quinto guion, en función de cuál sea la nacionalidad del demandante?

2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Implica dicha vulneración del principio de no discriminación que, de conformidad con la regla general del artículo 3 [apartado 1], letra a), quinto guion, del Reglamento n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, respecto de cualquier demandante, independientemente de su nacionalidad, se requiere un período de residencia de doce meses para que pueda invocar la competencia de los tribunales de su lugar de residencia, o debe considerarse que el período de residencia exigido a cualquier demandante es el de seis meses?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
1)

¿Debe entenderse como una obligación de servicio público en el sentido del artículo 2, letra e), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (1) el hecho de que se imponga a todas las empresas de Derecho privado que explotan servicios regulares de transporte de pasajeros por carretera, agua y ferrocarril en el territorio nacional, con carácter comercial, la misma obligación consistente en transportar gratuitamente a los viajeros de una determinada categoría (niños en edad preescolar, personas menores de 16 años con discapacidad, personas mayores de 16 años con discapacidad grave, personas con discapacidad visual grave y las personas que acompañan a una persona con discapacidad visual grave o significativa, así como los perros guía o de asistencia de personas con discapacidad)?
C 28/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 27 de octubre de 2020 — PR y otros / Germanwings GmbH

(Asunto C-558/20)

(2021/C 28/35)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: PR, BV

Demandada: Germanwings GmbH

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) el 19 de octubre de 2020 — J. P. / B.d.S.L.

(Asunto C-521/20)

(2021/C 35/35)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: J. P.

Autoridad recurrida: B.d.S.L.

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en particular, en relación con la Directiva 1999/62/CE, sobre la euroviñeta), (1) en el sentido de que el efecto combinado de una normativa nacional que [como el artículo 20, apartado 2, de la Bundesstraßenmautgesetz (Ley federal de peajes) en relación con el artículo 22, apartado 2, de la Verwaltungsstrafgesetz (Ley de sanciones administrativas)] exige la tramitación y sanción acumulada de los sucesivos impagos del peaje cometidos en tramos consecutivos de autopista, es contrario al principio non bis in idem si no va acompañado, en el plano legislativo, tanto de una obligación de coordinación de todas las autoridades administrativas y judiciales competentes para la instrucción de los correspondientes procedimientos sancionadores, como de una obligación expresa de consideración efectiva del principio de proporcionalidad en cuanto a la cuantía de la sanción global?

(1) Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (DO 1999, L 187, p. 42).
C 28/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 12 de noviembre de 2020 — Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA / Budapest Főváros Kormányhivatala

(Asunto C-597/20)

(2021/C 28/46)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA

Demandada: Budapest Főváros Kormányhivatala

Cuestión prejudicial

¿Procede interpretar el artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) en el sentido de que el organismo nacional responsable del cumplimiento de este Reglamento, ante el cual se ha presentado una reclamación individual de un pasajero, no puede obligar al transportista aéreo de que se trate al pago de la compensación que corresponda al pasajero con arreglo al Reglamento?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Győri Törvényszék (Hungría) el 19 de octubre de 2020 — Koppány 2007 Zrt. / Vas Megyei Kormányhivatal

(Asunto C-523/20)

(2021/C 28/27)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Győri Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Koppány 2007 Zrt.

Demandada: Vas Megyei Kormányhivatal

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la expresión «estén residiendo legalmente» que figura en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1231/2010, (1) por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (2) y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 (3) a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos, en el sentido de que es aplicable también a los nacionales de terceros países que residan con un permiso de residencia en el Estado miembro de que se trate y que dispongan de un documento de declaración de lugar de alojamiento expedido por la autoridad de extranjería?

2) ¿Es aplicable la expresión «estén residiendo legalmente» a los nacionales de terceros países que dispongan de un lugar de alojamiento acreditado en el domicilio social del empresario?

3) En la interpretación de la expresión «estén residiendo legalmente», ¿debe tenerse en cuenta el concepto de «residencia» que figura en el artículo 1, letra j), del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, o el concepto de «residencia» definido en la normativa nacional del Estado miembro de que se trate?

4) ¿Qué sentido debe darse a la expresión «estén residiendo legalmente» como concepto uniforme del Derecho de la Unión?

(1) Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos (DO 2010. L 344, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1).

(3) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1).
2.

El artículo 2, punto 4, letra a), del Reglamento 2020/1055, que modifica el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009, insertando en él un apartado 2 bis, conforme al cual «Los transportistas de mercancías por carretera no estarán autorizados a realizar transportes de cabotaje con el mismo vehículo o, si se trata de un vehículo articulado, con el vehículo de tracción de dicho vehículo, en el mismo Estado miembro en el plazo de cuatro días a partir de la finalización de su transporte de cabotaje en dicho Estado miembro», vulnera: 2.1 El artículo 3 TUE, apartado 3, y los artículos 11 TFUE y 191 TFU, puesto que el período obligatorio de cuatro días durante el que no se pueden realizar actividades tras una operación de cabotaje incrementará la circulación de vehículos vacíos en las carreteras de la Unión y redundará en un aumento de las emisiones de CO2 y de la contaminación medioambiental. Por ello, la disposición impugnada es contraria a la exigencia, confirmada en los tratados, de que, en la realización de la política de transporte de la Unión, habrán de tenerse en cuenta las exigencias de la protección del medio ambiente y los objetivos del Pacto Verde Europeo. 2.2 El artículo 26 TFUE y el principio de no discriminación. El período de cuatro días durante el que no se pueden realizar actividades tras una operación de cabotaje crea restricciones para la operación del mercado interior y para la eficiencia de la cadena logística. La compartimentación del mercado de transporte por carretera da lugar a una discriminación contra los pequeños Estados miembros y contra los que están situados en la periferia de la Unión, al tiempo que otorga una ventaja injustificada a los grandes Estados miembros centrales sobre la mera base de su situación geográfica. 2.3 Los artículos 91 TFUE, apartado 2, y 94 TFUE, por cuanto la disposición impugnada se adoptó sin consideración alguna de las negativas consecuencias para la situación económica de los transportistas de los pequeños Estados miembros o de los situados en la periferia de la Unión ni para el nivel de vida y el empleo en esos Estados miembros. 2.4 El principio de buena legislación, por cuanto la disposición impugnada se adoptó sin ninguna evaluación de su impacto y sin un adecuado examen de sus negativas consecuencias sociales y económicas ni de su efecto sobre el medio ambiente. 2.5 El principio de proporcionalidad, por cuanto el período de cuatro días durante el que no se pueden realizar actividades tras una operación de cabotaje es una medida inadecuada que resulta desproporcionada en relación con los objetivos perseguidos consistentes en aclarar los principios que rigen el cabotaje y ampliar la eficacia de su aplicación.
2.

En caso de que respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Deben interpretarse las disposiciones del Reglamento 1215/2012, y en particular los artículos 1, 2, letra a), 39, 45, 46 y 52, en el sentido de que se denegará la ejecución, con independencia de si concurre alguno de los motivos señalados en el artículo 45 del Reglamento, cuando la resolución que se ha de examinar no sea «resolución» a los efectos de los artículos 2, letra a), o 39 del Reglamento o cuando la solicitud que subyace a dicha resolución en el Estado miembro de origen no esté comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento?
1.

Primer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 5 TUE, apartado 4 Rumanía considera que la medida regulada en el artículo 1, punto 6, letra c) — consistente en la prohibición de tomar en un vehículo los períodos de descanso semanal normal o cualquier período de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como compensación de períodos de descanso semanal reducidos previos— es inadecuada para alcanzar los objetivos perseguidos, sobre todo para mejorar la seguridad vial y las condiciones laborales de los conductores. Además, no elimina los riesgos e impedimentos identificados por la Comisión. Por otra parte, en el momento de la adopción de la medida los colegisladores tenían conocimiento de los datos e informaciones que indicaban el carácter manifiestamente inadecuado de la misma. Rumanía considera igualmente que la medida regulada en el artículo 1, punto 6, letra d) —relativa al regreso de los conductores, en cada período de cuatro semanas consecutivas (y antes del inicio del período de descanso semanal normal de más de 45 horas que tome como compensación, después de dos períodos consecutivos de descanso semanal reducido), al centro de operaciones del empresario en el Estado miembro de establecimiento del empresario, o al lugar de residencia de los conductores— es manifiestamente inadecuada, habida cuenta, en especial, de las nuevas obligaciones administrativas establecidas, los gastos significativos para los operadores, la restricción de la actividad comercial de estos últimos y el hecho de que no garantiza a los conductores una protección adecuada. Además, la evaluación de impacto no parece haber abordado todos estos aspectos, por lo que los colegisladores no pudieron tomar en consideración todos los elementos y circunstancias pertinentes de la situación.