Palabras clave

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Palabras clave

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1. Ayudas concedidas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Examen por la Comisión ° Fase preliminar y fase contradictoria ° Compatibilidad con el mercado común de una ayuda a la exportación de libros, con un objetivo cultural, que puede tener consecuencias contrarias a las disposiciones específicas del Tratado, en particular, en materia de competencia ° Dificultades de apreciación ° Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio ° Obligación para una empresa competidora de la empresa beneficiaria de proporcionar informaciones precisas en la fase del procedimiento administrativo ° Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 85 y ss., y 93, aps. 2 y 3)

2. Recurso de anulación ° Motivos ° Motivos que puede aducir el denunciante contra una decisión de la Comisión por la que se declara, tras un simple procedimiento preliminar, que una ayuda de Estado es compatible con el mercado común ° Regla de concordancia entre la denuncia y el recurso ° Inexistencia

3. Ayudas concedidas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Inexistencia de notificación ° Ejecución antes de la decisión definitiva de la Comisión ° Obligación de la Comisión de ejercer su facultad de imponer la suspensión del pago y de ordenar la restitución de las cantidades pagadas ° Inexistencia

(Tratado CEE, art. 93, ap. 3)

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1. El procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado reviste un carácter indispensable cuando a la Comisión le resulta difícil determinar si una ayuda es compatible con el mercado común. La Comisión sólo puede limitarse a la fase preliminar del apartado 3 del artículo 93 para adoptar una Decisión favorable a una ayuda a la exportación de libros que persiga un objetivo cultural, si puede llegar a la convicción, tras un primer examen, de que dicha ayuda es compatible con el Tratado. Por el contrario, si este primer examen ha llevado a la Comisión a la conclusión contraria o incluso no ha permitido superar todas las dificultades planteadas en la apreciación de la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, la Comisión tiene el deber de recabar todos los informes necesarios y de iniciar, a tal fin, el procedimiento del apartado 2 del artículo 93.

A este respecto, en la medida en que la Comisión debe respetar la coherencia entre los artículos 92 y 93 y otras disposiciones del Tratado, muy especialmente en el supuesto de que esas otras disposiciones traten de alcanzar asimismo el objetivo de una competencia no falseada en el mercado común, la Comisión, si se propone no sobrepasar la fase preliminar del procedimiento, debe llegar a la convicción, basada en un análisis económico de la situación, de que el beneficiario de la ayuda no se encuentra en situación de vulnerar los artículos 85 y 86 del Tratado, aun cuando la cuestión de eventuales infracciones de los artículos 85 y 86 del Tratado no haya sido planteada expresamente en la denuncia que se le ha presentado.

La inexistencia en la denuncia de suficientes datos detallados sobre las condiciones del mercado no puede ser invocada por la Comisión para justificar su decisión de no incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, pese a las dificultades planteadas en la apreciación de la compatibilidad de la ayuda denunciada con el mercado común. En efecto, a los competidores de empresas beneficiarias de una ayuda que no ha sido notificada no puede exigírseles que proporcionen datos a los cuales, en la mayor parte de los casos, no tienen acceso y que sólo pueden obtener a través de la Comisión, siempre que esta última ejercite sus facultades de investigación ante los Estados miembros.

2. Cuando la Comisión, a la que se ha sometido una denuncia sobre una ayuda concedida por un Estado miembro a una empresa, adopta una decisión que declara la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común al finalizar un simple procedimiento preliminar, es decir, sin incoar un procedimiento contradictorio y sin haber reconocido al denunciante el derecho a defender su punto de vista sobre todos los elementos que constan en el expediente, especialmente, sobre las informaciones complementarias comunicadas por el Gobierno interesado, no puede exigir que, en el recurso de anulación interpuesto contra dicha decisión, el denunciante se atenga a una norma de concordancia estricta entre los motivos invocados en el marco del procedimiento administrativo y los expuestos en el escrito de recurso.

3. Cuando la Comisión inicia el examen de una ayuda de Estado concedida sin que le haya sido previamente notificado su proyecto, no está obligada a intimar, con carácter cautelar, al Estado miembro interesado para que suspenda su concesión, así como la inexistencia de notificación, que no permite por sí misma declarar la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común, tampoco la obliga a exigir su restitución.

Esta amplia facultad de la Comisión no obstaculiza el efecto directo de la prohibición de ejecución establecida en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, en virtud del cual el Juez nacional, al que se le haya sometido un recurso contra los actos de ejecución de la ayuda, está obligado a declarar su invalidez. En efecto, existe una diferencia fundamental entre la función central y exclusiva reservada por los artículos 92 y 93 a la Comisión, que está obligada a examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, incluso en los casos en que el Estado miembro infrinja la prohibición del apartado 3 del artículo 93, y la de los órganos jurisdiccionales nacionales que sólo protegen, hasta la decisión definitiva de la Comisión, los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento de dicha prohibición, por parte de las autoridades estatales, incumplimiento que no podrá desaparecer mediante la decisión definitiva de la Comisión.