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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 211/17

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de mayo de 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

(Asunto C-226/11)

2011/C 211/32

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Expedia Inc.

Demandadas: Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo 3, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 (1) en el sentido de que se oponen a que una práctica de acuerdos, de decisiones de asociaciones de empresas o de concertación que pueda afectar al comercio entre Estados miembros, pero que no alcance los umbrales fijados por la Comisión en su Comunicación de 22 de diciembre de 2001 relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (de minimis) (DO C 368, p. 13), sea investigada y sancionada por una autoridad nacional de competencia sobre el doble fundamento del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del Derecho nacional de la competencia?

(1) Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).
—

Que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las decisiones de la Comisión 2002/820/CE, de 11 de julio de 2011, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España a favor de las empresas de Álava en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2002, L 296, p.1); 2002/892/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación de Álava (DO 2002, L 314, p. 1); 2003/27/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empresas de Vizcaya en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2003, L 17, p. 1); 2002/806/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a favor de algunas empresas de reciente creación en Vizcaya (DO 2002, L 279, p. 35); 202/894/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España a favor de las empresas de Guipúzcoa en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2002, L 314, p. 26), y 2002/540/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación en Guipúzcoa (DO 2002, L 174, p. 31) (las «decisiones de 2001»); así como el artículo 260 TFUE, al no haber adoptado todas las medidas que implica la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 14 de diciembre de 2006, Comisión/España (asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03, Rec. p. I-11887; la «sentencia de 2006»), relativa al incumplimiento de las obligaciones que incumben al Reino de España en virtud de dichas decisiones.
2)

En el supuesto de que la administración tributaria no discuta la realización de la operación económica que se refleja en la factura y que ésta cumpla asimismo los requisitos formales exigidos por la ley, ¿puede legalmente denegar la devolución del IVA en los supuestos en que no sea posible determinar la identidad de los demás subcontratistas utilizados por el emisor de la factura o la emisión de facturas por parte de los subcontratistas no cumpla con la normativa aplicable?
1)

Al interpretar el artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1768/92 (1) [actualmente Reglamento (CE) no 469/2009] (2) (en lo sucesivo, «Reglamento CCP»), cuando se ha concedido una autorización de comercialización (A) para un medicamento que contiene un principio activo, ¿ha de interpretarse el artículo 3, letra d), en el sentido de que impide la concesión de un CCP basado en una autorización de comercialización posterior (B) para un medicamento diferente que contiene el mismo principio activo, cuando los límites de la protección conferida por la patente de base no se extienden a la comercialización del producto objeto de la autorización anterior, en el sentido del artículo 4?
1)

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 11 de diciembre de 2007, Skoma-Lux, C-161/06, Rec. p. I-10841; de 4 de junio de 2009, Balbiino, C-560/07, Rec. p. I-4447, y de 29 de octubre de 2009, Rakvere Lihakombinaat, C-140/08, Rec. p. I-10533), ¿debe interpretarse el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el artículo 58 del Acta de adhesión, en el sentido de que se puede exigir a un particular el cumplimiento de la obligación derivada del Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión Europea, de 10 de noviembre de 2003, (1) a) a pesar de que, a 1 de mayo de 2004, dicho Reglamento no había sido publicado en lengua estonia en el Diario Oficial de la Unión Europea b) y el legislador del Estado miembro en cuestión no reprodujo en un acto de Derecho interno la definición de los productos agrícolas que establece el Reglamento, sino que se limitó a remitirse al artículo 4, apartado 5, del citado Reglamento, no publicado debidamente, c) si el particular entretanto cumplió una obligación derivada de dicho Reglamento (declaró las existencias conforme al código de mercancía correcto) y no impugnó dicha obligación d) y la autoridad competente del Estado miembro fijó el gravamen cuando el Reglamento no 1972/2003 ya se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en lengua estonia?
2)

¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de la solicitud de apertura de un procedimiento secundario de insolvencia no puede examinar en ningún caso la insolvencia del deudor sobre cuyos bienes se ha abierto un procedimiento principal de insolvencia en otro Estado, o bien en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional puede, en determinados casos, examinar si el deudor es realmente insolvente, en particular si el procedimiento principal es un procedimiento de salvaguardia en el que el órgano jurisdiccional ha determinado que el deudor no es insolvente (procédure de sauvegarde en Derecho francés)?
a)

es aplicable el Reglamento no 1612/68 (1) y la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Baumbast y R contra Secretary of State for the Home Department (C-413/99, Rec. p. I-7091), London Borough of Harrow contra Nimco Hassan Ibrahim (asunto C-310/08) y Maria Teixeira contra London Borough of Lambeth (C-480/08);
2)

Cuando el tribunal remitente examine, para responder a la cuestión 1(a), si existe o no una sola prestación económica indisociable, ¿qué importancia debe dar al principio de neutralidad fiscal? En especial: a) ¿Depende la respuesta de que el sujeto pasivo preste también servicios de aparcamiento o servicios de transporte de forma separada a otros grupos de clientes? b) ¿Depende la respuesta de cómo se traten en la legislación nacional otros servicios de transportes desde y hacia el aeropuerto no prestados por los operadores de servicios de aparcamiento? c) ¿Depende la respuesta de si otros casos en los que un sujeto pasivo presta servicios de aparcamiento y transporte (distinto del transporte desde y hacia los aeropuertos) son considerados o no por el Derecho nacional como constitutivos de dos prestaciones distintas, una sujeta a tributación y la otra con tipo impositivo cero? d) ¿Depende la respuesta de si el sujeto pasivo puede demostrar o no que los servicios que presta compiten con otros servicios similares que también están formados por un elemento de aparcamiento y otro de transporte, ya sean proporcionados por un mismo proveedor o por dos proveedores distintos? En particular, ¿depende la respuesta de si el sujeto pasivo puede demostrar o no que los clientes que deseen utilizar su vehículo particular para realizar parte del trayecto al aeropuerto pueden contratar aparcamiento y transporte al aeropuerto con proveedores individuales y separados, y, por ejemplo, aparcar en una ubicación cercana a una estación de tren y viajar después en tren desde esa ubicación al aeropuerto, o aparcar en una ubicación cercana a un aeropuerto y utilizar otra forma de transporte público hasta el aeropuerto? e) ¿Cómo debe tener en cuenta el tribunal remitente las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia en el asunto Comisión/Francia (C-94/09) respecto al principio de neutralidad fiscal y los servicios de transporte en ese caso?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 145/10

Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Irlanda

(Asunto C-85/11)

2011/C 145/14

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: R. Lyal, agente)

Demandada: Irlanda

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que al permitir que personas que no son sujetos pasivos sean miembros de un grupo a efectos del IVA (un único sujeto pasivo a efectos del IVA), Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 9 y 11 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (1)

— Que se condene en costas a Irlanda.

Motivos y principales alegaciones

En aras de la sencillez y con el fin de combatir posibles abusos, la Directiva sobre el IVA permite a los Estados miembros considerar que dos o más sujetos pasivos forman conjuntamente un único sujeto pasivo. Alega la parte demandante que la Directiva no autoriza que dichos Estados incluyan a personas que no son sujetos pasivos en tales grupos, ampliando de este modo los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos a los no sujetos pasivos. Afirma que la normativa irlandesa que permite la inclusión de no sujetos pasivos en un grupo a efectos del IVA va en contra de lo dispuesto en la Directiva.

(1) DO L 347, p. 1.
b)

Infracción del artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC, en relación con el artículo 6 RDC: i) El Tribunal General aplicó un criterio erróneo al examinar si los modelos comparados producen una impresión global diferente en el usuario informado. El error de Derecho se produce porque el Tribunal examinó si las similitudes y diferencias serían «conservadas en la memoria» por el usuario informado (véanse los apartado 22 y 23 de la Sentencia recurrida). Sin embargo, la comparación no puede estar basada en el recuerdo del usuario. Tratándose de dibujos y modelos –y no de marcas–, el criterio correcto consiste en determinar si las similitudes y diferencias existentes entre los dibujos o modelos conducen a una impresión general diferente cuando el usuario informado realiza una comparación directa de los dibujos o modelos. ii) El Tribunal General analizó solamente la percepción de una parte del público pertinente y no motivó en absoluto la percepción de los usuarios de parte de los productos en cuestión, a saber, el «material impreso, incluyendo material publicitario».
2)

¿Deben interpretarse el artículo 5, primera frase, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el artículo 3, apartado 3, cuarta frase, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, (2) sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, en el sentido de que una cláusula no será «clara y comprensible» o bien no garantizará «un elevado nivel de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales generales», en el supuesto de que un profesional pretenda ejercer un derecho unilateral a modificar los precios sobre la base de que, en sus condiciones contractuales generales, se hace referencia, con carácter general, a un reglamento adoptado para otra categoría de consumidores y otro tipo de contrato y en el que, además, el precepto determinante para el derecho a modificar los precios no cumple la obligación de transparencia?
3)

Infracción del plazo de veinticuatro meses establecido en los artículos 5, apartado 2, letra c), del Reglamento 729/70, y 7 del Reglamento 1258/1999: — En primer lugar por computar dicho plazo a partir de la fecha del escrito AGR 16844, siendo así que en el mismo no se especificaban todos los motivos que fundamentaron la corrección financiera. — En segundo lugar por ampararse en una sentencia del Tribunal de Justicia (5) que no resulta de aplicación a un sector como el de la producción de aceite de oliva para afirmar que la fecha que determina el cómputo de dicho plazo de 24 meses es la del pago del saldo y no la del pago del anticipo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 80/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) el 10 de enero de 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Asunto C-12/11)

2011/C 80/27

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Dublin Metropolitan District Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Denise McDonagh

Demandada: Ryanair Ltd

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Exceden circunstancias, como los cierres de espacio aéreo europeo a consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, que afectaron a un área tan extensa y de una forma tan prolongada al transporte aéreo, el límite de lo que debe entenderse por «circunstancias extraordinarias» a efectos del Reglamento no 261/2004? (1)

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se excluye en estas circunstancias la obligación de ofrecer atención con arreglo a los artículos 5 y 9 [del Reglamento no 261/2004]?

3) En caso de que la respuesta a la segunda cuestión sea negativa, ¿son inválidos los artículos 5 y 9, en la medida en que vulneran los principios de proporcionalidad y no discriminación, el principio de «equilibrio de intereses equitativo» consagrado en el Convenio de Montreal y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

4) ¿Debe interpretarse la obligación establecida en los artículos 5 y 9 en el sentido de que contiene un límite implícito, por ejemplo de índole temporal o económica, a la oferta de atención en los supuestos en que la cancelación se produce a causa de «circunstancias extraordinarias»?

5) En caso de que la respuesta a la cuarta cuestión sea negativa, ¿son inválidos los artículos 5 y 9, en la medida en que vulneran los principios de proporcionalidad y no discriminación, el principio de «equilibrio de intereses equitativo» consagrado en el Convenio de Montreal y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
4)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿exige el principio de efectividad del Derecho de la Unión que un Estado miembro no aplique las restricciones legales nacionales (como las contenidas en los artículos 78 y 80 de la Value Added Tax Act 1994) a cualesquiera demandas o recursos que de otro modo podría utilizar el contribuyente para invocar el derecho subjetivo, reconocido por el Derecho de la Unión, de conformidad con su interpretación por el Tribunal de Justicia en la respuesta a las tres primeras cuestiones, o basta con que el órgano jurisdiccional nacional no aplique tales restricciones únicamente respecto a una de esas demandas o recursos nacionales? ¿Qué otros principios deberían guiar al órgano jurisdiccional nacional a la hora de hacer efectivo este derecho, reconocido por el Derecho de la Unión, con objeto de que sean coherentes con el principio de efectividad del Derecho de la Unión europea?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/22

Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Eslovaca

(Asunto C-531/10)

()

2011/C 30/37

Lengua de procedimiento: eslovaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Zadra y J. Javorský, agentes)

Demandada: República Eslovaca

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la prohibición de discriminación y del principio de transparencia, sancionados en los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y mencionados en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, (1) en la medida en que el Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones de la República Eslovaca celebró un contrato para la prestación de servicios de asesoría que presenta interés transfronterizo sin que mediara la publicación previa de un anuncio de licitación.

— Que se condene en costas a la República Eslovaca.

Motivos y principales alegaciones

El Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones de la República Eslovaca celebró un contrato para la prestación de servicios que presenta interés fronterizo debido al valor del contrato, a las competencias específicas requeridas y al hecho de que el anterior prestador era una empresa de otro Estrado miembro. El contrato se celebró sin que mediara la previa publicación de un anuncio de licitación. De ese modo se violó incuestionablemente el principio de transparencia, ya que los demás sujetos, distintos de los seleccionados por el Ministerio, no fueron informados de la existencia de dicho contrato público y no tuvieron la posibilidad de presentar sus ofertas. Al violar el principio de transparencia, el Ministerio incumplió asimismo la prohibición de discriminación, puesto que trató de manera diferente al grupo de empresas a las que dirigió para la adjudicación del contrato público y al grupo de empresas –al que también pertenecen otras empresas establecidas fuera de la República Eslovaca– que no fueron informadas al respecto, pero que podrían haber tenido interés en la adjudicación de dicho contrato público. Dado que la adjudicación del contrato no fue objeto de un procedimiento abierto, el propio Ministerio renunció a las ventajas que habrían podido derivarse en el caso de autos de la existencia del mercado interior y gracias a las cuales habría podido obtener una oferta más conveniente para la prestación de servicios de asesoría debido al mayor número de empresas procedentes de la Unión Europea.

(1) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).
a)

¿Debe calcularse la indemnización razonable que un agricultor debe pagar al titular de un derecho de protección comunitaria de obtenciones vegetales, conforme al artículo 94, apartado 1, del Reglamento no 2100/94, por haber utilizado material de propagación de una variedad protegida obtenido mediante cultivo sin haber cumplido las obligaciones previstas en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento no 2100/94 y en el artículo 8 del Reglamento no 1768/95, sobre la base del importe exigido, por término medio, por la producción bajo licencia de una cantidad correspondiente de material de propagación de variedades protegidas de las especies vegetales en cuestión en la misma zona o, en su lugar, debe tomarse como base la remuneración (menor) que habría que pagar en el caso de una operación de cultivo permitida conforme al artículo 14, apartado 3, cuarto guión, del Reglamento no 2100/94 y al artículo 5 del Reglamento no 1768/95?
2)

En méritos del segundo motivo, que se invoca con carácter subsidiario, el Tribunal General aplicó erróneamente el concepto de «empresa» a que se refiere el artículo 81 CE, desestimando, mediante un razonamiento contradictorio e ilegítimo, el motivo de la recurrente relativo a la no atribución a Deltafina de la misma reducción de la multa concedida a la sociedad hermana Taes, con arreglo a la solicitud de aplicación del trato favorable formulada conjuntamente por Taes y Deltafina, bajo el control de la sociedad matriz Universal. En apoyo de tal motivo la recurrente sostiene que el Tribunal General aplicó equivocadamente el concepto de «empresa» a que se refiere el artículo 81 CE, deslindándose de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, concretamente, la sentada con la sentencia de 10 de septiembre de 2009 recaída en el asunto Akzo, C-97/08 P. A su juicio, debería haberse aplicado la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe de 1996 (DO C 207, p. 4) a la empresa Taes/Deltafina como un todo, y no a las dos sociedades separadamente, toda vez que tal comunicación se aplica a las empresas y no a las personas jurídicas de forma aislada. Por último, la recurrente sostiene que las alegaciones formuladas por la Comisión para negar a Deltafina la reducción de la multa otorgada a Taes son infundadas. La recurrente sostiene que, a la luz de tales alegaciones, Deltafina y Taes formaban una única empresa y, por lo tanto, debería haberse aplicado a Deltafina la misma reducción de la multa que la concedida a Taes.
7)

¿Procede interpretar el artículo 5, apartado 3, en el sentido de que los actos de observar, verificar y estudiar el funcionamiento del Primer programa deben considerarse realizados con objeto de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa cuando se hacen: a) para determinar cómo funciona el Primer programa, en particular detalles no descritos en el Manual, con objeto de escribir el Segundo programa tal como se describe en la primera cuestión; b) para determinar cómo el Primer programa interpreta y ejecuta las instrucciones escritas en el lenguaje de programación que interpreta y ejecuta (véase la tercera cuestión); c) para determinar los formatos de los archivos de datos escritos o leídos por el Primer programa (véase la cuarta cuestión); d) para comparar el rendimiento del Segundo programa con el del Primer Programa para investigar los motivos por los que su rendimiento difiere y mejorar el rendimiento del Segundo programa; e) para realizar comprobaciones paralelas del Primer y del Segundo programa con objeto de comparar sus resultados durante el desarrollo del Segundo programa, en particular, ejecutando los mismos scripts de comprobación en el Primer programa y en el Segundo. f) para determinar la salida del archivo de registro generado por el Primer programa con objeto de producir un archivo de registro idéntico o de apariencia similar; g) para que el Primer programa dé salida a datos (en concreto, datos relativos a códigos postales de los Estados de Estados Unidos de América) para determinar si se corresponden o no con las bases de datos oficiales de dichos datos, y si no se corresponden, programar el Segundo programa de manera que responda del mismo modo que el Primer programa a los mismos datos de entrada?