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15.

No obstante, esto no pone punto final a la cuestión de la interpretación de los apartados 3 y 5 del artículo 1 del Protocolo. Si bien el Tribunal de Justicia no dispone de observaciones formuladas por la parte demandante en el litigio principal, según las observaciones del Gobierno español y la resolución de remisión, Tirma alegó ante el órgano jurisdiccional remitente que el apartado 5 del artículo 1 hace una distinción entre los productos que figuran en el Anexo II del Tratado, que están sujetos al régimen general comunitario de intercambios exteriores, y otros productos, que no están sujetos a dicho régimen. Según Tirma en la época de que se trata, el Derecho comunitario se aplicaba en general a las Islas Canarias en virtud del apartado 1 del artículo 25 del Acta de adhesión, aun cuando no formaban parte del territorio aduanero de la Comunidad; aunque las disposiciones del arancel comunitario no se aplicaban a los intercambios entre dichas islas y terceros países, sus intercambios con el resto de la Comunidad estaban sujetos a las normas que regulan la libre circulación de mercancías. Como los productos agrícolas transformados no están incluidos en ninguna de la excepciones a la libre circulación establecidas en los artículos 1 y 2 del Protocolo no 2, deben poder disfrutar de dicha libertad de circulación; de otro modo, no tendría sentido la distinción que hace el apartado 5 del artículo 1. Este supuesto equivale a decir que, dado que el apartado 3 del artículo 1 ya había establecido el principio general de exclusión de la libre circulación de mercancías, el apartado 5 del mismo artículo sería superfluo si no pudiera interpretarse en el sentido de que los productos no comprendidos en el Anexo II están excluidos del régimen general que la Comunidad aplica en sus intercambios exteriores.
59.

Por consiguiente, procede concluir que la posición adoptada durante todo el período de negociaciones era que, de común acuerdo, procedía aplicar el punto 2.3 del Arreglo. Además, no existía ningún litigio en cuanto al fondo del proyecto de Acuerdo. Existía una posición común y esta posición común era la que habrían defendido tanto la Comunidad como los Estados miembros, con independencia de quien debería haber votado. Tanto la Comunidad como los Estados miembros estaban obligados a defender la posición común. La Comisión no intentó en ningún momento modificar la declaración de competencia. Su objetivo era únicamente obtener una declaración de principio por parte del Consejo, declaración que habría podido tener importancia para los expedientes que pudieran presentarse en el futuro. Además, el proyecto de Acuerdo, tal y como fue adoptado, ha preservado la posibilidad, para la Comunidad, de ejercer una competencia exclusiva al convertirse en parte en el Acuerdo. De ello se deduce que la decisión controvertida no fue impugnada, de hecho, por la Comisión en aquella época y que, además, dicha decisión, que sólo se refería a una votación bien determinada durante las negociaciones, no comprendía ningún problema de fondo entre las partes. Por consiguiente, parece evidente que el caso de autos no contiene ningún verdadero litigio entre las partes.
22.

Tanto la sociedad Itinera, parte coadyuvante, como el Gobierno italiano han sostenido que el principio de seguridad jurídica exige que las disposiciones vigentes en el momento de la publicación del anuncio de licitación deben aplicarse hasta la terminación del procedimiento de licitación. Para adoptar una postura sobre este argumento, que en principio no cabe rechazar, es necesario, a mi juicio, examinar más detalladamente en qué consiste la amenaza potencial para la seguridad jurídica. La adaptación legislativa de la excepción por parte del Estado miembro y el hecho de hacer uso de ella sólo dan lugar a la posibilidad de eludir la obligación de organizar un procedimiento contradictorio y permiten excluir determinadas ofertas mediante la aplicación de un criterio automático. El hecho de que la excepción deje de estar en vigor no impide en absoluto al órgano de contratación excluir las ofertas anormalmente bajas, sin perjuicio, no obstante, del respeto a las normas de procedimiento del párrafo primero del apartado 5 del artículo 29. La desaparición del régimen de excepción no implica, pues, un reforzamiento de la posición jurídica de los licitado-res en su conjunto.
La expresión de la intención de ejercer este derecho se manifestó mediante carta fechada el 21 de enero de 1993. ( 19 ) En esta carta, el Parlamento alude expresamente al artículo 4 del contrato y no formula ninguna imputación contra Heidemij:

«[...]

Consequently, in accordance with Article 4 of our contract with you of 27 July 1990,1 hereby give you notice of termination of this contract as at 30 June 1993.

On behalf of my colleagues in the Directorate-General for Administration I would like to express my appreciation and thanks for the services you have rendered to the Parliament in recent years.

We do hope that you will respond to the new call for tender to be issued shortly.»
21.

Con arreglo al apartado 2 del artículo 8 de la Directiva, los organismos de telecomunicaciones deben respetar el principio de no discriminación cuando utilicen la red pública de telecomunicaciones para suministrar servicios que suministran o pueden suministrar otros suministradores de servicios. Luxemburgo no ha señalado en modo alguno, durante el procedimiento, que la obligación de seguir este principio de no discriminación fuera impuesta a la empresa privada y, al no existir una ley que lo regule, los particulares no disponen de ninguna posibilidad de someter a los Tribunales infracciones de este principio.
94.

Es cierto que en las sentencias de 14 de febrero de 1990 y 21 de marzo de 1990, antes citadas (véanse las notas 7 y 40 respectivamente), el Tribunal declaró que la Comisión no tiene la facultad de declarar que las ayudas son incompatibles con el mercado común basándose únicamente en que no se cumplió la obligación de notificación, y que esta omisión por parte del Estado miembro interesado no exime a la Comisión de la obligación de examinar en qué medida la ayuda es compatible con el mercado común. De estas sentencias se desprende asimismo que la Comisión debe examinar la compatibilidad con el mercado común de cualquier proyecto dirigido a conceder o modificar una ayuda de que tenga conocimiento, aun en el caso de que no sea válida por el hecho de que el Estado miembro interesado, contraviniendo el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, ejecutara la medida de ayuda de que se trate sin esperar a la aprobación de la Comisión. Ahora bien, el que la Comisión no deba considerar incompatible con el mercado común una ayuda basándose exclusivamente en el hecho de que no se concediera de forma regular no significa que no pueda dejar constancia de dicha irregularidad en la Decisión en la que resuelva —positiva o negativamente— sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, extrayendo las debidas consecuencias de ello. Así se deduce del hecho de que, según la jurisprudencia, por una parte, la obligación de la Comisión de proceder a un examen material de las ayudas no notificadas no impide a los órganos jurisdiccionales nacionales declarar inválidas la ayuda y las medidas adoptadas para su ejecución y, por otra, la decisión de la Comisión sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común no tiene efectos retroactivos, de modo que, en caso de declararse la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, no podrían subsanarse los vicios de procedimiento que hubieran afectado a la validez de las medidas nacionales mediante las cuales se implantaron las ayudas antes de lo debido.
28.

Por otra parte, en un caso como el de autos, la consecuencia de semejante solución sería obligar a las recurrentes a interponer dos recursos distintos, uno de anulación y otro por omisión, que en definitiva tendrían el mismo objeto: la impugnación del hecho de que la Comisión no había acogido una denuncia formulada con arreglo al tenor del Reglamento no 17. Esto no garantizaría suficientemente los derechos del denunciante y al mismo tiempo sería contrario a las exigencias de economía procesal. Por tanto, me parece que, de aceptar la calificación jurídica que el Tribunal de Primera Instancia dio a la Decisión de la Comisión y de considerarla, en consecuencia, como un no acto en la medida en que no se pronuncia sobre un punto de la denuncia, se privaría, al menos parcialmente, a las recurrentes de los derechos derivados del Reglamento no 17; o, por lo menos, el ejercicio de tales derechos resultaría sumamente difícil.
47.

Por consiguiente, procede, a mi parecer, responder del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional: «1) La institución competente debe tratar una solicitud de prestaciones en metálico presentada en el período establecido por la letra c) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento (CEE) no 1408/71 a la institución del Seguro de Enfermedad del lugar al que el trabajador desempleado se ha desplazado, como una solicitud de ampliación de este período, presentada de acuerdo con el apartado 4 del artículo 25 del Reglamento. 2) La facultad discrecional de la institución competente en el marco del apartado 4 del artículo 25 del Reglamento no 1408/71, relativo a la ampliación de las prestaciones de enfermedad, sólo puede ejercerse si un caso de fuerza mayor impide al trabajador desempleado regresar a su Estado competente en el plazo establecido por la letra c) del apartado 1 del artículo 69. 3) Se cumplen los requisitos de la fuerza mayor si no se puede esperar razonablemente del trabajador desempleado que regrese al Estado competente durante el período que contempla la letra c) del apartado 1 del artículo 69.»
6.

Con arreglo a dicha normativa, la Comisión adoptó la Decisión 88/529/CEE, de 7 de octubre de 1988, por la que se aprueba el plan de erradicación de la peste porcina clásica presentado por el Reino de Bélgica, ( 8 ) que había sido incluido entre los países respecto de los que se reconoció oficialmente que no estaban indemnes de dicha enfermedad, mediante la Decisión 81/400/CEE, de 15 de mayo de 1981. ( 9 ) Ya que al final del primer plan aprobado por la Comisión no se había concluido la labor de saneamiento del territorio, en diciembre de 1987 el Estado belga comunicó a la autoridad comunitaria un nuevo plan para completar la acción emprendida, el cual constituye el objeto de dicha Decisión. Al ser conforme con las Directivas 80/217 y 80/1095, obtuvo asimismo la contribución financiera de la Comunidad. En particular, el artículo 2 de la Decisión 88/529 impuso a Bélgica la obligación de adoptar, a partir del 1 de enero de 1988, «las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la puesta en práctica del plan».
70.

Es lamentable que la legislación comunitaria resulte tan ambigua en un punto tan importante. No obstante, una cosa está clara: si no existiese la Directiva sobre la televisión sin fronteras, los Estados miembros tendrían libertad para limitar la publicidad difundida por los organismos de radiodifusión que dependen de su competencia, siempre que no infringieran el Tratado o cualquier otra disposición de Derecho comunitario. No pienso que deba interpretarse que la Directiva priva a los Estados miembros de esta facultad salvo que la Directiva tenga claramente este objetivo y este efecto. Nada indica claramente que ésta fuese la intención de sus autores. Por el contrario, el sistema general de la Directiva tiene por objeto garantizar la libre circulación de las transmisiones televisadas mediante normas mínimas, dejando a los Estados miembros la libertad de imponer normas más estrictas a los organismos de radiodifusión televisada que dependen de su competencia. Este objetivo no se ve amenazado si los Estados miembros prohiben a estos organismos hacer publicidad en favor de determinados productos y servicios en circunstancias distintas de las mencionadas en los artículos 13 y 14. Concluyo que una legislación del tipo del que se trata no es contraria a la Directiva.
Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 23 de febrero de 1994. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - NO ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO A UNA DIRECTIVA. - ASUNTO C-260/93.



Recopilación de Jurisprudencia 1994 página I-01611



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Mediante recurso interpuesto el 27 de abril de 1993, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declarara que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no poner en vigor, dentro del plazo señalado, las disposiciones necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. (1)

2. A este respecto, basta con señalar que el propio Gobierno belga no niega el incumplimiento que se le imputa. Se limita a justificar el retraso que se produjo en la adaptación del ordenamiento jurídico de su país a la Directiva por la reforma introducida en la estructura del Estado, convirtiéndolo en federal, como consecuencia de la cual, las competencias en la materia regulada por la Directiva están repartidas, ahora, entre las autoridades centrales y las regionales. Ello ha provocado la necesidad de adoptar las disposiciones exigidas por la normativa comunitaria tanto federal como localmente. Ahora bien, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede invocar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones y de los plazos establecidos en las Directivas comunitarias. (2)

3. Para concluir, los términos del problema no se han visto sustancialmente modificados por el hecho de que el Reino de Bélgica haya cumplido parcialmente las obligaciones que le incumben al comunicar, durante el procedimiento, las disposiciones de adecuación a lo dispuesto en la Directiva adoptadas por dos regiones.

4. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso de la Comisión y que condene en costas al Estado demandado.

(*) Lengua original: italiano.

(1) - DO L 181, p. 6.

(2) - Véase la reciente sentencia de 2 de agosto de 1993, Comisión/Países Bajos (C-303/92, Rec. p. I-4739).
11.

Es evidente que, al redactar esta cuestión prejudicial, el Tribunal nacional tenía presente la sentencia del Tribunal de Justicia, Francovich y otros. ( 9 ) Como es sabido, este asunto se refería a las consecuencias derivadas de la no adaptación del ordenamiento jurídico italiano a la Directiva 80/987. El Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de la Directiva 80/987 son «suficientemente precisas e incondicionales» en lo que respecta a la determinación de los beneficiarios de la garantía y al contenido de ésta. ( 10 ) No obstante, los particulares aún no pueden invocar dichas disposiciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales, debido a que éstas no precisan quién es el obligado a prestar la garantía y el Estado no puede ser considerado como obligado sólo por no haber adoptado en el plazo establecido las medidas de adaptación de su Derecho nacional a la Directiva. ( 11 ) Sin embargo, el Tribunal de Justicia declaró que «un Estado miembro está obligado a reparar los daños que resultan para los particulares de la no adaptación del Derecho nacional a la Directiva 80/987». ( 12 )
45.

Sin embargo, si es innegable que los cuatro sindicatos no han solicitado ninguna autorización al Tribunal de Justicia, sería contrario a la equidad, en el caso particular, sacar como consecuencia de ello que no se pueden admitir sus pretensiones.
Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 14 de octubre de 1992. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA IRLANDA. - INCUMPLIMIENTO - ADMISION PARA LA REPRODUCCION DE BOVINOS REPRODUCTORES DE RAZA SELECTA. - ASUNTO C-236/91.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-05933



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La Comisión ha interpuesto el presente recurso en el que solicita al Tribunal de Justicia que declare que Irlanda no se ha atenido a la Directiva 87/328/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores de raza selecta. (1) De conformidad con su artículo 6, la Directiva debía haberse ejecutado, a más tardar, el 1 de enero de 1989.

2. El Gobierno irlandés reconoció, en su escrito de contestación, que aún no había adoptado la normativa necesaria para atenerse a la Directiva. No obstante, declaró que la Directiva es observada en la práctica.

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que "simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada, no pueden ser consideradas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones del Tratado". (2)

3. Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que estime las pretensiones de la Comisión y que condene en costas a Irlanda.

(*) Lengua original: danés.

(1) - DO L 167, p. 54.

(2) - Sentencia de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia (168/85, Rec. p. 2945), apartado 13.
15.

De este modo, en el asunto 257/81, antes citado en el punto 13, el Tribunal de Justicia anuló una decisión del Consejo mediante la cual se negaba al demandante la posibilidad de acogerse al párrafo segundo del artículo 78 porque determinados informes de la Comisión de invalidez no iban acompañados de una motivación apropiada. En el punto 17 de su sentencia, el Tribunal de Justicia formuló las siguientes críticas sobre dichos informes: «El informe de 21 de diciembre de 1981, aunque no emplea los términos “enfermedad profesional” reconoce la existencia de un vínculo de causa a efecto entre el trabajo o las condiciones de éste y el agravamiento del estado de salud del demandante, igual por otra parte que la primera versión del informe de 25 de enero de 1982. Si, por el contrario, la versión definitiva de este último informe recoge el hecho de que una mayoría de dos médicos afirman que la invalidez del demandante no es consecuencia de una enfermedad profesional, ello no obsta al hecho de que esta versión no contiene ninguna motivación que permita examinar las consideraciones en que se basa dicha conclusión ni ninguna explicación de la incoherencia que hay entre esta conclusión y la que se recoge tanto en el segundo informe (es decir, de 21 de diciembre de 1981) como en la primera versión del tercer informe (es decir, de 25 de enero de 1982)»(traducción provisional). Me parece que, en el pasaje citado, el Tribunal de Justicia consideraba que una «enfermedad profesional» se caracterizaba por una relación de causa a efecto entre el trabajo o las condiciones de trabajo del demandante y el agravamiento de su estado de salud. Además, según las conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn, página 17, las dos partes estaban de acuerdo en que el concepto de «enfermedad profesional» a que se refieren los artículos 73 y 78 del Estatuto era el mismo, opinión por otra parte que el Abogado General mismo parece compartir. Por consiguiente, como observa en la página 18, para que una enfermedad que no figure en la lista europea de enfermedades profesionales sea calificada de enfermedad profesional, «el ejercicio de sus funciones por el demandante tiene que haber dado lugar a la enfermedad o a su agravamiento; no basta con que ambos elementos coincidan en el tiempo [...] A mi parecer, las funciones tienen que ser la causa de la enfermedad que haya dado lugar a la invalidez o a su agravamiento.» En definitiva, se anuló la decisión del Consejo y se replanteó ante la Comisión de invalidez la cuestión de si «el estado patológico del demandante presenta una relación lo bastante directa con un riesgo específico y típico inherente a las funciones que el demandante haya ejercido» : véase el apartado 20 de la sentencia. Por más que en este pasaje el Tribunal de Justicia no haya hecho mención expresa de la necesidad de probar un vínculo de causalidad con las funciones ejercidas, me parece que, si el Tribunal de Justicia no hubiera aceptado la idea de que dicho vínculo tenía que ser reconocido por la Comisión de invalidez, hubiera aprovechado la ocasión de corregir este error antes de que el asunto fuera remitido a dicha Comisión para un nuevo examen.
30.

En el presente asunto, el objetivo de la fijación de un plazo perentorio para la presentación de la prueba de la destilación y el pago del precio a los productores se declara en el vigésimo considerando del Reglamento n° 2179/83, a tenor del cual: «[...] para beneficiarse de la ayuda, los interesados deben presentar una solicitud acompañada de determinado número de justificantes; [...] para garantizar un funcionamiento uniforme del sistema en los Estados miembros, es conveniente estipular que la presentación de la solicitud y el pago de la ayuda debida a los destiladores se realicen dentro de los plazos que se determinen». ( 23 ) La fijación de plazos perentorios para presentar al organismo de intervención la prueba del buen desarrollo de las operaciones tiene, pues, como justificación declarada, la buena gestión administrativa del sistema de anticipos y el respeto del principio de igualdad de trato entre operadores económicos. Estos plazos tienen otra razón de ser. Durante su transcurso la fianza queda inmovilizada en manos del garante y el organismo de intervención ha pagado un anticipo cuyo fundamento aún no puede comprobar y que no puede recuperar. En el supuesto de que el anticipo resulte no estar fundado, el organismo de intervención únicamente puede hacer suya la fianza al vencimiento del plazo para presentar las pruebas. Así pues, para proteger los intereses financieros de la Comunidad, era preciso prever un plazo razonable para presentar aquellas pruebas e imponer al retraso una sanción suficientemente disuasoria para que un destilador no intentara obtener un anticipo que no podría justificar o que lo haría en unos plazos excesivos sin que la fianza cubra el anticipo y los gastos soportados por la Comunidad.
7.

Sin embargo, la Comisión no optó por esta vía. Con arreglo a las informaciones obtenidas de las autoridades francesas, la Comisión comprobó que, de una cantidad global neta de 72.100 toneladas transferidas con arreglo al artículo 6 bis,28.540 toneladas (el 39 %) se referían a productores que habían transferido la mayor cantidad posible de ventas directas a entregas. ( 9 ) La porción de estas transferencias en la totalidad de las transferencias concedidas durante la campaña 1986/1987 (el 39 %) coincidía con la parte de los expedientes en los que los agentes del FEOGA habían comprobado un cese definitivo de la actividad de venta directa en la totalidad de los expedientes que habían examinado (40 %). Ignoro si esta coincidencia ha tenido alguna influencia en la Decisión de la Comisión. Sea como fuere, no criticó a Francia por no haber verificado sistemáticamente in concreto, es decir, habida cuenta de los datos de sus expedientes, si los solicitantes de transferencias habían cesado definitivamente su actividad de venta directa. La propia Comisión optó decidir por sí misma in abstracto el concepto de «cese definitivo». Según la Comisión, se puede considerar que «los productores que hayan transferido la mayor cantidad posible de ventas directas a entregas han cesado las ventas directas». ( 10 ) La Comisión funda esta definición en la interpretación que da al artículo 6 bis del Reglamento n° 857/84; según la Comisión «sólo puede aplicarse el artículo 6 bis cuando los productores ejerzan dos actividades económicas durante un mismo período de doce meses» (el subrayado es mío). ( 11 ) De ello se desprende que la cantidad de 28.540 toneladas relativa a los productores que habían transferido la mayor cantidad posible de ventas directas a entregas no podía tenerse en consideración para determinar la cantidad global garantizada a Francia en concepto de entregas.