Pasemos ahora al otro problema de índole general que estimo necesario abordar: la interpretación del artículo 175 del Tratado. Como es sabido, esta norma establece que en caso de que, «en violación del presente Tratado, el Consejo o la Comisión se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás Instituciones de la Comunidad podrán recurrir al Tribunal de Justicia con objeto de que declare dicha violación». El último párrafo del mismo artículo extiende a toda persona física o jurídica la legitimación activa para «recurrir en queja […] por no haberle dirigido una de las instituciones de la Comunidad un acto distinto de una recomendación o de un dictamen». Para que puedan interponer dicho recurso tanto los Estados como las Instituciones o los particulares, es necesario que previamente se haya requerido a la Institución para que actúe y que ésta no haya definido su posición transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento.

A efectos de la solución del presente asunto, dos puntos me parecen de particular interés: determinar si la expresión «acto distinto de una recomendación o un dictamen» remite implícitamente a la única categoría de actos obligatorios para los destinatarios designados por ellos, indicados en el párrafo primero del artículo 189 (decisiones), y aclarar el significado de la «definición de posición» que puede impedir la interposición del recurso por omisión. Sobre el primer extremo, estimo que atribuir al término «acto» un significado amplio es la tesis más razonable y fundada, por razones tanto terminológicas como sistemáticas. Desde el punto de vista literal, es significativo que el Tratado prefiera dicho término al término técnico «decisión», que tiene un valor preciso en el sistema de las fuentes: en efecto, es lícito suponer que, si el legislador comunitario hubiera deseado circunscribir exclusivamente a las decisiones el mecanismo de la impugnabilidad por omisión mediante recurso interpuesto por los particulares, habría empleado la expresión técnica apropiada y no un término polivalente como es «acto». Desde el punto de vista sistemático, asimismo, me parece importante observar que también en el párrafo primero del artículo 175 la actitud omisiva del Consejo o de la Comisión se indica mediante una expresión amplia («en caso de que, en violación del presente Tratado, el Consejo o la Comisión se abstuvieren de pronunciarse»). A su vez, el requerimiento que el párrafo segundo de la disposición exige dirigir a la Institución de que se trate se define como requerimiento «de hacer», no «de decidir». Opino, por tanto, que también la falta de adopción de actos no identificables con el esquema de la decisión —en particular, los actos que anteriormente mencionaba al hablar del procedimiento con arreglo al Reglamento no 17, entre ellos la comunicación prevista en el artículo 6 del Reglamento no 99/63— puede ser impugnada mediante un recurso por omisión.

Lógicamente, esta opinión influye también en la respuesta que debe darse a la segunda cuestión, habida cuenta de la naturaleza aún más genérica de los términos «definición de posición». Si el acto previsto en el párrafo tercero del artículo 175 debiera ser en todo caso una decisión, cabría proponer la misma hipótesis acerca de la naturaleza de la definición de posición mencionada en el párrafo segundo; ahora bien, una interpretación amplia del concepto de «acto» conduce, con mayor razón, a entender de forma amplia el concepto de «definición de posición». En efecto, entiendo que la Institución de que se trate puede adoptar una definición de posición (excluyendo así la imputación de omisión) también mediante un acto que no tenga carácter de decisión y, por tanto, también con un acto que no ponga fin al procedimiento. La consecuencia que de ello debe derivarse en relación con el caso de autos es que la calificación del escrito de la Comisión de 22 de marzo de 1979 termina por ser irrelevante: bien en dicho escrito se perciba una comunicación pura y simple, bien se deduzca del mismo también una decisión implícita de archivo (como ya he dicho que estimo), la Comisión, en todo caso, «definió su posición» a efectos del artículo 175 y no puede, por tanto, ser acusada de inacción.

La jurisprudencia de este Tribunal confirma la interpretación que he acogido de los términos «definición de posición». En efecto, la sentencia de 13 de julio de 1971, Komponistenverband/Comisión (8/71, Rec. p. 705), estimó que un escrito en el que la Comisión, dirigiéndose a una empresa contra la cual se ha incoado un procedimiento basado en el Reglamento no 17, le permite presentar sus observaciones en un determinado plazo, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento no 99/63, constituye una «definición de posición» a efectos del párrafo segundo del artículo 175; en consecuencia, la Comisión «no se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de la demandante» y, por tanto, al faltar «los requisitos contemplados en el artículo 175», debía «declararse la inadmisibilidad» del recurso.

Existe otro aspecto del artículo 175 sobre el cual me parece oportuno hacer algún comentario. Ya se ha visto que la facultad del particular de interponer recursos por omisión se destina a reprochar a una de las Instituciones haber omitido dirigir al demandante un acto distinto de una recomendación o un dictamen. Ello significa, a mi entender, que la omisión debe haberse producido en relación con un acto del cual el demandante debía haber sido destinatario. Desde este punto de vista existe una diferencia evidente entre el párrafo tercero del artículo 175 y el párrafo segundo del artículo 173, relativo a los recursos de anulación: esta última disposición establece, en efecto, que «toda persona física o jurídica podrá interponer […] recurso contra las decisiones de las que sea destinataria», aunque acto seguido contempla también, para las mismas personas, la posibilidad de recurrir «contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un Reglamento o una decisión dirigida a otra persona», le afecten «directa e individualmente». El hecho de que este último pasaje del párrafo segundo del artículo 173 no se repitiera en el artículo 175 permite afirmar que la posibilidad de interponer recurso por omisión se atribuyó a las personas físicas y jurídicas en una serie de supuestos más restringida que en el caso del recurso de anulación. En particular, se denegó a los particulares la facultad de impugnar por omisión los actos que, pese a afectarles directa e individualmente, no van dirigidos a ellos.

La diversa amplitud de la legitimación activa concedida por el párrafo segundo del artículo 173 y el artículo 175 responde a una lógica comprensible y no presenta aspectos contradictorios. El recurso por omisión tiene la finalidad de señalar al Juez comunitario la inacción del Consejo o de la Comisión y de obligarles, mediante la intervención del Juez en ejercicio de su autoridad, a definir su posición; el recurso de anulación, en cambio, se dirige a obtener un pronunciamiento que debe incidir en un acto existente, anulándolo. Es razonable, pues, que únicamente puedan interponer recurso por omisión los destinatarios del acto: éstos están interesados en que la Comisión no permanezca inactiva y dicho interés es suficientemente sólido y acreedor a tutela sólo en la medida en que su titular sea también el destinatario del acto invocado. No es razonable extender este instrumento -que básicamente sirve para evitar el estancamiento de los procedimientos-a personas que, pese a sufrir los efectos del acto, no son sus destinatarios. Si se adopta una decisión, éstos podrán impugnarla con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, in fine: en efecto, es oportuno que, en este último caso, ante un comportamiento positivo de la Institución, se permita también al demandante interponer el recurso y promover así el control judicial de las opciones realizadas por la Comisión.

La remisión al recurso por omisión contemplado en el artículo 35 del Tratado CECA no puede conducir a conclusiones distintas. Este medio de impugnación es, en efecto, distinto del recurso previsto en el artículo 175 del Tratado CEE, habiéndose construido como una subespecie del recurso de anulación. No es arriesgado suponer que algunas de las incertidumbres que se registran en la interpretación del artículo 175 nacen del traslado a este ámbito de conceptos elaborados en relación con el artículo 35 del Tratado CECA.