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1)

El artículo 3, letra b), del Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que una autorización de comercialización, en el sentido de dicha disposición, no equivale a una notificación de finalización del procedimiento emitida con arreglo al artículo 28, apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada, en lo que atañe a la farmacovigilancia, por la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, por el Estado miembro de referencia antes de la expiración de la patente de base prevista en el artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 469/2009, de modo que no es posible obtener un certificado complementario de protección sobre la base de esta notificación.
3)

Los artículos 203, apartado 3, tercer guion, y 213 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que un destinatario haya adquirido o tenido en su poder mercancías, sabiendo que éstas habían sido transportadas al amparo de un cuaderno TIR, y el hecho de que no se haya acreditado que dichas mercancías fueron presentadas y declaradas en la aduana de destino no bastan, por sí solos, para considerar que dicho destinatario sabía o debía saber razonablemente que esas mercancías habían sido sustraídas a la vigilancia aduanera en el sentido de la primera de estas disposiciones, de modo que hubiera de considerársele solidariamente responsable de la deuda aduanera en virtud de la segunda de estas disposiciones.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 382/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de septiembre de 2017 — Tilly-Sabco SAS/Comisión Europea, Doux SA

(Asunto C-183/16 P) (1)

([Recurso de casación - Agricultura - Carne de aves de corral - Pollos enteros congelados - Restituciones a la exportación - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2013 por el que se fija una restitución de importe 0 euros - Legalidad - Reglamento (CE) n.o 1234/2007 - Artículos 162 y 164 - Objeto y naturaleza de las restituciones - Criterios para la fijación de su importe - Competencia del director general de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural para firmar el Reglamento controvertido - Desviación de poder - «Comitología» - Reglamento (UE) n.o 182/2011 - Artículo 3, apartado 3 - Consulta con el Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas - Entrega del proyecto de Reglamento de Ejecución una vez comenzada la reunión de dicho comité - Cumplimiento de los plazos - Vicios sustanciales de forma - Anulación con mantenimiento de los efectos])

(2017/C 382/22)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Tilly-Sabco SAS (representantes: R. Milchior, F. Le Roquais y S. Charbonnel, avocats)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Lewis y K. Skelly, agentes), Doux SA

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de 14 de enero de 2016, Tilly-Sabco/Comisión (T-397/13, EU:T:2016:8).

2) Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2013 de la Comisión, de 18 de julio de 2013, por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de la carne de aves de corral.

3) Mantener los efectos del Reglamento de Ejecución n.o 689/2013 hasta la entrada en vigor de un nuevo acto destinado a sustituirlo.

4) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 211 de 13.6.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 392/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 21 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumanía) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Asunto C-441/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Octava Directiva 79/1072/CEE - Directiva 2006/112/CE - Sujeto pasivo que reside en otro Estado miembro - Devolución del IVA que grava los bienes importados - Requisitos - Elementos objetivos que confirman la intención del sujeto pasivo de utilizar los bienes importados en el marco de sus actividades económicas - Grave riesgo de que no se realice la operación que ha justificado la importación])

(2017/C 392/14)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SMS group GmbH

Demandada: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Fallo

La Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, en conexión con el artículo 170 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue a un sujeto pasivo que no está establecido en su territorio el derecho a la devolución del impuesto sobre el valor añadido pagado por la importación de bienes en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que en el momento de la importación estaba suspendida la ejecución del contrato en cuyo contexto el sujeto pasivo compró e importó tales bienes, finalmente no se realizó la operación para la que estos últimos debían utilizarse y el sujeto pasivo no ha aportado la prueba de la circulación posterior de los mismos.

(1) DO C 419 de 14.11.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 239/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

(Asunto C-99/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Directiva 77/249/CEE - Artículo 4 - Ejercicio de la profesión de abogado - Dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados, RPVA) - Dispositivo «RPVA» - Denegación de entrega a un abogado inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro - Medida discriminatoria])

(2017/C 239/16)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de grande instance de Lyon

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Jean-Philippe Lahorgue

Demandadas: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Con intervención de: Ministère public

Fallo

La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos.

(1) DO C 165 de 10.5.2016.
1)

Las disposiciones del capítulo IV del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en particular el artículo 41, apartado 1, de este Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que un acreedor de alimentos, que ha obtenido una resolución en su favor en un Estado miembro y que desea ejecutarla en otro Estado miembro, puede presentar su solicitud directamente a la autoridad competente, como un tribunal especializado, de este último Estado miembro, y no puede estar obligado a presentar su solicitud a tal autoridad a través de la autoridad central del Estado miembro de ejecución.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 72/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017 — Reino de España / Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-521/15) (1)

([Recurso de anulación - Decisión de Ejecución (UE) 2015/1289 - Imposición de una multa a un Estado miembro en el marco de la supervisión económica y presupuestaria de la zona euro - Manipulación de datos estadísticos relativos al déficit del Estado miembro afectado - Competencia judicial - Reglamento (UE) n.o 1173/2011 - Artículo 8, apartados 1 y 3 - Decisión Delegada 2012/678/UE - Artículo 2, apartados 1 y 3, y artículo 14, apartado 2 - Reglamento (CE) n.o 479/2009 - Artículo 3, apartado 1, artículo 8, apartado 1, y artículos 11 y 11 bis - Derecho de defensa - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 41, apartado 1 - Derecho a una buena administración - Artículos 121 TFUE, 126 TFUE y 136 TFUE - Protocolo n.o 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo - Existencia de la infracción - Tergiversación de datos - Determinación de la multa - Principio de irretroactividad de las normas sancionadoras])

(2018/C 072/03)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Reino de España (representantes: A. Gavela Llopis, A. Rubio González y M.A. Sampol Pucurull, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: E. Dumitriu-Segnana, A.F. Jensen y A. de Gregorio Merino, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz, J.-P. Keppenne, M. Clausen y F. Simonetti, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar al Reino de España a cargar con sus propias costas y, además, con las del Consejo de la Unión Europea.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

(1) DO C 406 de 7.12.2015.
1)

Declarar que, al adoptar los artículos 23 y 24 de la Ley Marco de 27 de diciembre de 2012, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 11, apartado 1, 12, apartado 1, y 76, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, así como del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004.
1)

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la colocación sobre productos, por el titular o con su consentimiento, de una marca individual de la Unión como sello de calidad no es un uso como marca que esté comprendido en el concepto de «uso efectivo» en el sentido de esta disposición. No obstante, la colocación de dicha marca constituirá tal uso efectivo si garantiza, asimismo y simultáneamente, a los consumidores que dichos productos proceden de una única empresa bajo cuyo control se fabrican y a la cual puede hacerse responsable de su calidad. En este último supuesto, el titular de la marca estará facultado para prohibir a terceros que coloquen un signo similar en productos idénticos en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, cuando ello genere un riesgo de confusión por parte del público.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 202/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle

(Asunto C-535/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos - Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (Reglamento REACH) - Registro obligatorio general y requisitos de información - Sustancias químicas no registradas - Exportación fuera del territorio de la Unión Europea de sustancias químicas no registradas))

(2017/C 202/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Freie und Hansestadt Hamburg

Recurrida: Jost Pinckernelle

con intervención de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Fallo

El artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, en relación con el artículo 3, punto 12, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que las sustancias que no hubiesen sido registradas cuando fueron importadas en el territorio de la Unión Europea de conformidad con el referido Reglamento pueden exportarse fuera de ese territorio.

(1) DO C 7 de 11.1.2016.
1)

El Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, letra c), del artículo 132, apartado 1, letra f), del artículo 168, letra a), del artículo 178, letra a), del artículo 14, apartado 2, letra c), y del artículo 28 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, al establecer el régimen del impuesto sobre el valor añadido relativo a las agrupaciones autónomas de personas, tal como se define, en primer lugar, en el artículo 44, apartado 1, letra y), del texto refundido de la Ley, de 12 de febrero de 1979, relativa al impuesto sobre el valor añadido, en relación con el artículo 2, letra a), y con el artículo 3, del Reglamento granducal, de 21 de enero de 2004, relativo a la exención del IVA de las prestaciones de servicios proporcionadas a sus miembros por las agrupaciones autónomas de personas, en segundo lugar, en el artículo 4 de ese mismo Reglamento, en relación con la circular administrativa n.o 707, de 29 de enero de 2004, en tanto contiene comentarios al citado artículo 4 del Reglamento granducal, y, en tercer lugar, en la nota de 18 de diciembre de 2008 redactada por el grupo de trabajo que opera en el Comité de Observación de los Mercados (COBMA) y de acuerdo con l’administration de l’Enregistrement et des Domaines (Administración tributaria luxemburguesa).
2)

Tratándose de un contrato público de este tipo, los principios de igualdad de trato y de no discriminación y la obligación de transparencia que derivan, en particular, de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la entidad adjudicadora modifique, una vez publicado el anuncio de licitación, una cláusula del pliego de condiciones relativa a las condiciones y a la regulación de la acumulación de las capacidades profesionales, como la cláusula 4, apartado 3, controvertida en el litigio principal, a condición de que, en primer término, las modificaciones realizadas no sean tan esenciales como para haber atraído a potenciales licitadores que, sin ellas, no podrían presentar ofertas; en segundo término, que dichas modificaciones sean objeto de una publicidad adecuada; y, en tercer término, que tengan lugar antes de la presentación de ofertas por los licitadores, que el plazo de presentación de esas ofertas se amplíe cuando las correspondientes modificaciones sean importantes, que la duración de esa ampliación dependa de la importancia de dichas modificaciones y que tal duración baste para permitir a los operadores económicos interesados adaptar sus ofertas en consecuencia, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 121/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 2 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Balş — Judeţul Olt — Rumanía) — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

(Asunto C-245/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Transportes por carretera - Disposiciones sociales - Excepciones - Reglamento (CE) n.o 561/2006 - Artículo 3, letra a) - Reglamento (CE) n.o 1073/2009 - Artículo 2, punto 3 - Servicios regulares que aseguran el transporte de personas - Concepto - Transportes gratuitos organizados por un operador económico para sus empleados, con destino y origen en el lugar de trabajo, en vehículos que le pertenecen conducidos por uno de sus empleados])

(2017/C 121/02)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Judecătoria Balş — Judeţul Olt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SC Casa Noastră SA

Demandada: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

Fallo

El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, así como el artículo 2, punto 3, del Reglamento n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006, deben interpretarse en el sentido de que el servicio de transporte de trabajadores entre el domicilio y el lugar de trabajo, organizado por su empleador y cuyo trayecto del servicio no supere 50 km, está comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción establecida en el artículo 3, letra a), del Reglamento n.o 561/2006, según la cual este último Reglamento no se aplica a tal servicio de transporte.

(1) DO C 337 de 12.10.2015.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 104/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de enero de 2017 — República Francesa/Comisión Europea, Reino de España

(Asunto C-373/15 P) (1)

([Recurso de casación - Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea - Reglamentos (CE) n.o 1698/2005, (CE) n.o 1975/2006 y (CE) n.o 796/2004 - Medidas de ayuda al desarrollo rural - Zonas con desventajas naturales - Controles sobre el terreno - Coeficiente de carga ganadera - Recuento de los animales])

(2017/C 104/23)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: República Francesa (representantes: inicialmente F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas y C. Candat, posteriormente de Bergues, Colas, F. Fize y A. Daly, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Reino de España (representante: M.A. Sampol Pucurull, agente), Comisión Europea (representanteS: D. Bianchi y G. von Rintelen, agentes)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de abril de 2015, Francia/Comisión (T-259/13, no publicada, EU:T:2015:250).

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 294 de 7.9.2015.
2)

Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de septiembre de 2009 (asunto R 1526/2008-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Simba Toys GmbH & Co. KG y Seven Towns Ltd.
2)

Condenar en costas a Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV y Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV.
2)

El artículo 27, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, debe interpretarse en el sentido de que las pérdidas de carbón resultantes del proceso de calentamiento natural de éste durante su almacenamiento en un parque que forma parte de una instalación en el sentido del artículo 3, letra e), de la Directiva 2003/87 no pueden considerarse carbón exportado fuera de dicha instalación.