ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
—

Los criterios de adjudicación establecidos por la entidad adjudicadora no se aplicaron de manera objetiva y correcta, por lo que las notas atribuidas para la ejecución de tales criterios no son pertinentes. De ello se deduce que no se garantizó la igualdad de acceso y de trato de todos los licitadores.
5.

Quinto motivo, en el que se sostiene, con carácter subsidiario de segundo grado, que la decisión contiene errores manifiestos de hecho y de Derecho y no motiva suficientemente la graduación de las multas en este asunto, pues i) no explica cómo se calculan las multas, ii) hace hincapié en la gravedad de las presuntas infracciones remitiéndose a factores que no la acreditan, iii) incluye en la duración de los períodos de infracción, que excluyó en otros asuntos sobre motivación errónea, que Marine Harvest no colaboró suficientemente en el período previo a la notificación, iv) fija las multas a un nivel desproporcionado en relación con la duración y gravedad de la presunta infracción y con los objetivos que deben alcanzarse y v) no tiene en cuenta circunstancias atenuantes, incluido el transparente y colaborativo proceso de control de la concentración, la inexistencia de antecedentes relevantes y el error excusable en la comisión de la presunta infracción.
—

Por lo que se refiere a la corrección financiera a tanto alzado relativa a las ayudas para la transformación de tomates en relación con el ejercicio 2008, se alega la infracción del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209, p. 1) y la infracción de los artículos 28 y 31 del Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 218, p. 14). En el marco de este motivo, la demandante impugna la aplicación de las correcciones financieras realizadas en la Decisión impugnada, calculadas al 5 % de los gastos efectuados, y sostiene que se realizaron pese a haber demostrado que no existía un perjuicio financiero apreciable.
4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de confianza legítima por parte de la Comisión. La demandante afirma que, a pesar del punto de vista expuesto de un modo claro y preciso en el escrito de la Comisión y que, por consiguiente, generaba una expectativa legítima, conforme al cual los gastos destinados a la renovación/reparación de un motor pueden estar incluidos en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1198/2006, siempre y cuando no se aumente con ello la capacidad pesquera de un buque, la Comisión ha decidido posteriormente que tales gastos no contribuyen a la mejora de las características técnicas del buque, sino al restablecimiento o mantenimiento del estado inicial de éste, por lo que no son subvencionables. La demandante no tenía conocimiento de este planteamiento, el cual no se desprende del artículo 25 del Reglamento no 1198/2006 ni de la respuesta escrita remitida por la Comisión ante una pregunta planteada al efecto por la demandante.
3.

Tercer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos del caso de autos, al haberse basado el TFP, en la sentencia recurrida, en que el recurrente no había descrito las tareas ejercidas para Continental Airlines Inc., y, por tanto, no había probado que su experiencia era «adecuada» para el ejercicio de las funciones de secretaría.
1.

Primer motivo, basado en que el párrafo primero del artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001 (1) no es aplicable y en que la Comisión no expuso su motivación. La demandante alega que la Comisión no interpretó correctamente e invocó de forma errónea la excepción al acceso a los documentos prevista en el párrafo primero del artículo 4, apartado 3, ya que los documentos solicitados, a su entender, deberían distinguirse del proceso de toma de decisiones de la Comisión. La demandante añade que la Comisión no motivó por qué es aplicable el párrafo primero del artículo 4, apartado 3.
—

subsidiariamente, de no estimarse totalmente la pretensión anterior proceda a anular parcialmente con base en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 la resolución impugnada, en tanto que ésta confirmó la desestimación de la oposición frente a la marca comunitaria no 1 0 1 22 976«AQUALOGY» para los servicios de las clases 35, 37, 39, 40 y 42, y devuelva el recurso a la Sala de Recurso para que sea de nuevo examinado en su totalidad en lo que a la prohibición contenida en el citado artículo se refiere;
—

Mediante el primer motivo se alega que el artículo 29 TUE no era una base legal adecuada para adoptar la Decisión impugnada porque el reproche que se hace al demandante no le identifica como una persona que haya menoscabado el Estado de Derecho o los derechos humanos en Ucrania en el sentido de los artículos 21 TUE, apartado 2, y 23 TUE. El demandante aduce que, dado que la Decisión impugnada era inválida, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento impugnado. En el momento en que se impusieron las medidas restrictivas no existían, según el demandante, imputaciones o reproches contra él de que sus actividades pudieran menoscabar el Estado de Derecho o violar los derechos humanos en Ucrania.
1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, debido a clasificación errónea del régimen especial de compensación — Las demandantes alegan que la decisión de incoar el procedimiento es contraria a los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE y al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) dado que el recargo EEG, previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley alemana de prevalencia de las energías renovables; en lo sucesivo, «EEG») no constituye ningún otorgamiento de recursos estatales y la limitación del recargo EEG para los grandes consumidores de energía no supone ninguna renuncia a recursos estatales. — En este contexto, señalan que la Comisión hizo uso en su examen de parámetros de delimitación incompatibles con los principios de la jurisprudencia recaída hasta la fecha. En particular, renunció por completo al criterio necesario en virtud de reiterada jurisprudencia para la clasificación de recurso estatal del poder de disposición concreto de las entidades estatales y consideró suficiente que el legislador estatal influyera en los flujos de pago entre particulares y que las autoridades de reglamentación controlaran el cumplimiento por parte de los particulares de las disposiciones normativas. — Además, alegan que la Comisión está vinculada a su resolución, en la que calificó la EEG 2000 de no constitutiva de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, porque no existía transmisión de recursos estatales, de modo que incurrió en error de Derecho al calificar la EEG 2012 de nuevo régimen de ayudas introducido de manera contraria a Derecho. — Por otra parte, la Comisión no examinó con carácter suficiente, ni pudo descubrir, que las excepciones para los grandes consumidores de energía están justificadas en función del objetivo, la naturaleza o la estructura interna de la EEG 2012, de modo que no suponen ventaja selectiva alguna.
—

En cualquier caso, la reducción del recargo para los grandes consumidores de energía no conlleva una pérdida de ingresos que el Estado hubiera podido obtener normalmente. La reducción se financia exclusivamente con fondos privados, en particular, mediante un recargo mayor aplicable a cada kilovatio hora de electricidad suministrado a los consumidores finales no privilegiados. El denominado régimen especial de compensación de la EEG no influencia así el importe total del recargo EEG sino solamente el reparto interno de las cargas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 212/41

Recurso interpuesto el 19 de mayo de 2014 — UNIC/Comisión

(Asunto T-338/14)

2014/C 212/53

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) (Milán, Italia) (representantes: A. Fratini, abogado, M. Bottino, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Estime el recurso y, en consecuencia, anule la decisión impugnada.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2014, que desestima la solicitud de que se inicie el procedimiento de revocación de los regímenes arancelarios acordados en favor de India, Pakistán y Etiopía sobre las pieles en bruto y semielaboradas a que se refieren las secciones S-8a, S-8b y S-12a del Reglamento (UE) no 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo (DO L 303, p. 1).

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en una infracción de los artículos 296 TFUE y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. — Se alega al respecto que la decisión impugnada incumple la obligación de contener una motivación clara, precisa e inequívoca, como la interpreta el Tribunal de Justicia.

2. Segundo motivo, basado en un error manifiesto de valoración. — Se alega al respecto un error manifiesto de valoración acerca de la idoneidad de la revocación temporal de los regímenes preferenciales respecto al problema del abastecimiento de las materias primas, así como de la concurrencia de los presupuestos para la revocación temporal de los regímenes preferenciales generales acordados a India, Etiopía y Pakistán, a efectos del artículo 19, apartado 1, letra d), del mencionado Reglamento.
—

Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señalan, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según las demandantes, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señala, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.
7.

Séptimo motivo, basado en que el Reglamento no 1194/2013 del Consejo infringe el Reglamento de base al no admitir debidamente las diferencias que afectan a la comparabilidad entre los precios. No se hizo una comparación justa entre el valor normal y el precio de exportación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/31

Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2014 — Pavlides/Comisión y BCE

(Asunto T-150/14)

2014/C 159/42

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Constantinos Pavlides (Nicosia, Chipre) (representantes: C. Paschalides, Solicitor, y A. Paschalides, abogado)

Demandadas: Banco Central Europeo y Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a las demandadas a resarcir al demandante con arreglo al artículo 268 TFUE.

Motivos y principales alegaciones

El demandante alega que las demandadas hicieron que se viera privado del dinero de su cuenta bancaria al hacer que su depósito bancario fuera sometido prematuramente a un mecanismo de recapitalización interna como condición vinculada a la ayuda financiera prestada a Chipre el 26 de abril de 2013, en virtud del artículo 13 del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad de 2012, de la siguiente manera: a) las demandadas «manifiesta y claramente ignoraron los límites» de sus competencias como instituciones de la Unión Europea conforme al artículo 136 TFUE, apartado 3; b) cedieron ilegalmente el control efectivo de sus funciones como instituciones de la UE; c) hicieron que el mecanismo de recapitalización interna que no había sido adoptado en la legislación de la UE fuera adoptado prematuramente para los depósitos constituidos en el Bank of Cyprus y en el Cyprus Popular Bank; d) provocaron restricciones en la circulación de capitales, al impedir que los titulares de depósitos retiraran o transfirieran su dinero a entidades más fiables; e) finalmente, violaron con todo ello los principios de seguridad jurídica, igualdad y los derechos humanos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/44

Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2014 — Yingli Energy (China) y otros/Consejo

(Asunto T-161/14)

2014/C 142/57

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, China), Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding), Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, China), Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, China), Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, China), Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding), Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding), Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Pekín, China), Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Pekín), Yingli Green Energy Europe GmbH (Düsseldorf, Alemania), Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Alemania), Yingli Green Energy France SAS (Lyon, Francia), Yingli Green Energy Spain, S.L. (La Moraleja, Madrid), Yingli Green Energy Italia Srl (Roma, Italia), y Yingli Green Energy International AG (Kloten, Suiza) (representantes: A. Willems, S. De Knop y J. Charles, abogados)

Demandado: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Admita el recurso.

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 66), en lo que afecta a los demandantes.

— Condene en costas al demandado.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave procedentes de la República Popular China mientras que el anuncio de inicio del procedimiento mencionaba sólo módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China, las instituciones infringieron los artículos 10, apartados 12 y 13, del Reglamento (CE) no 597/2009 (1) del Consejo.

2. Segundo motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave que no habían sido objeto de una investigación antisubvención, las instituciones infringieron los artículos 1 y 27 del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

3. Tercer motivo, basado en que, al realizar una única investigación para dos productos distintos (a saber, módulos y células fotovoltaicas de silicio cristalino), las instituciones infringieron el artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

(1) Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188, p. 93)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 135/59

Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2014 — Canadian Solar Emea y otros/Consejo

(Asunto T-163/14)

2014/C 135/78

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Canadian Solar Emea GmbH (Múnich, Alemania); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, China); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, China); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, China), y Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (representantes: A. Willems, S. De Knop y J. Charles, abogados)

Demandado: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Admita el recurso.

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 66), en lo que afecta a los demandantes.

— Condene en costas al demandado.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave procedentes de la República Popular China mientras que el anuncio de inicio del procedimiento mencionaba sólo módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China, las instituciones infringieron los artículos 10, apartados 12 y 13, del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo. (1)

2. Segundo motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave que no habían sido objeto de una investigación antisubvención, las instituciones infringieron los artículos 1 y 27 del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

3. Tercer motivo, basado en que, al realizar una única investigación para dos productos distintos (a saber, módulos y células fotovoltaicas de silicio cristalino), las instituciones infringieron el artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

(1) Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188, p. 93).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/56

Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2014 — Oleaginosa Moreno Hermanos/Consejo

(Asunto T-113/14)

2014/C 112/73

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahía Blanca, Argentina) (representantes: J.-F. Bellis y R. Luff, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1194/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia (DO L 315, p. 2), en la medida en que afecta a la demandante.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que las instituciones incurrieron en un manifiesto error al apreciar los hechos, pues concluyeron que había una distorsión de los precios de la soja y del aceite de soja que justificaba la aplicación del párrafo segundo del artículo 2, apartado 5, del Reglamento antidumping de base (1).

2. Segundo motivo, basado en que el párrafo segundo del artículo 2, apartado 5, del Reglamento antidumping de base, tal como se interpreta por las instituciones en este caso, no puede aplicarse a las importaciones procedentes de un miembro de la OMC, puesto que el citado precepto no está en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo antidumping de la OMC.

3. Tercer motivo, basado en que la valoración del perjuicio no toma en consideración factores que rompen el nexo causal entre el supuesto perjuicio y las importaciones supuestamente objeto de dumping, con lo que se infringe el artículo 3, apartado 7, del Reglamento antidumping de base.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión CCE es manifiestamente ilegal. Las demandantes alegan que la Decisión CCE (objeto en la actualidad de un recurso ante el Tribunal General — asunto T-179/09) está viciada por un gran número de errores graves que son incompatibles con el comportamiento normal de una institución encargada de garantizar la aplicación de las normas de competencia y que debe responder, por tanto, por la UE, pues: — Los datos incluidos en la Decisión CCE demuestran claramente que el CCE no otorgaba ventajas económicas. — El CCE formaba parte del paquete de privatización de fecha anterior de Dunamenti, valorado, por tanto, en el precio pagado por Electrabel, aunque la Comisión se negó a tenerlo en cuenta, vulnerando, por consiguiente, manifiestamente el Derecho de la UE. — La orden de recuperación de la Decisión CCE está hasta tal punto viciada que el cálculo realizado por conocidos economistas dio como resultado una ayuda negativa, es decir, que no había habido ayuda. Las demandantes plantean que errores de esta envergadura no pueden explicarse por la complejidad prima facie del asunto o por las limitaciones objetivas a las que está sometida la Comisión cuando controla las ayudas estatales. Estos errores se deben más bien, en gran parte, a la negativa de la Comisión a valorar el CCE individualmente y son prueba clara de una inobservancia grave de los límites impuestos a la discrecionalidad de la Comisión.
—

Condene al Consejo y/o la Comisión a pagar a los demandantes una indemnización por el perjuicio moral y material sufrido debido a la imposición ilegal de sanciones de la UE a los demandantes al incluir (y mantener hasta 2012), los nombres de los demandantes en el anexo del Reglamento (CE) no 314/2004 del Consejo, mediante respectivamente: la Posición Común 2009/68/PESC del Consejo y el Reglamento (CE) no 77/2009 de la Comisión; la Decisión 2010/92/PESC del Consejo y el Reglamento (UE) no 173/2010 de la Comisión, y la Decisión 2011/101/PESC del Consejo y el Reglamento (UE) no 174/2011 de la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 78/15

Recurso interpuesto el 21 de enero de 2014 — Pfizer/Comisión y EMA

(Asunto T-48/14)

2014/C 78/30

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Pfizer Ltd (Sandwich, Reino Unido) (representantes: K. Bacon y M. Schaefer, Barristers, e I. Dodds-Smith, C. Stothers y J. Mulryne, Solicitors)

Demandadas: Comisión Europea y Agencia Europea de Medicamentos

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la Comisión y de la EMA, recogida en sus escritos de 11 y 15 de noviembre de 2013, de no emitir la declaración de conformidad.

— Condene a la Comisión y la EMA a cargar con las costas causadas por el presente recurso.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo único, basado en que, al alegar que no puede emitirse la declaración de conformidad para la autorización de comercialización del medicamento de la parte demandante denominado Vfend hasta que hayan sido evaluados en cuanto a la nueva indicación preventiva los estudios previstos en el plan de investigación pediátrica («PIP»), la EMA ha interpretado erróneamente el artículo 28, apartado 3, del Reglamento «pediatría». (1)

(1) Reglamento (CE) no 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004 (DO L 378, p. 1).