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20.

Si se acoge el punto de vista que he expuesto, debe desestimarse el primer motivo formulado por las partes demandadas. Permítaseme, no obstante, añadir que las razones invocadas en apoyo de sus posturas no están justificadas ni siquiera de hecho. A este respecto, cabe hacer una simple observación. Las partes acordaron el plazo en el que los aseguradores deberían haber precisado las preguntas que querían formular para obtener las indicaciones suplementarias de la comisión médica sobre el controvertido origen profesional de la invalidez. El plazo en cuestión expiraba el 29 de abril de 1994. Sin embargo, en ese momento, la demandante no conocía las cuestiones que los aseguradores deseaban formular tras haber consultado a su asesor médico. El escrito de Van Breda de 8 de abril se refería explícitamente a un cuestionario que los propios aseguradores deberían haber transmitido precisamente no más tarde del 29 de abril. Por tanto, dadas las circunstancias, la demandante no podía, por causa del comportamiento negligente adoptado por las partes demandadas, dirigirse de nuevo a la comisión médica. Por otra parte, la abstención de las partes demandadas no se debe ciertamente al hecho de que supieran que la indemnización de invalidez profesional había sido concedida. Los documentos que obran en autos muestran en realidad que no lo supieron hasta el 19 de mayo de 1994, a raíz del escrito que la demandante envió a Van Breda el 6 de mayo. Por lo demás, a la demandante nunca se le sometió ninguna cuestión de este tipo.
88.

Durante la vista, la RSPB puso en duda que dicha situación fuese mínimamente plausible desde el punto de vista ornitológico. Sin perjuicio de esta cuestión particular, procede recordar que las observaciones presentadas por el Reino Unido acerca de este punto proceden de la idea, ya desestimada con anterioridad, de que el apartado 1 del artículo 4 debe interpretarse a la luz del artículo 3. ( 49 ) El planteamiento relativo a las zonas similares podría ser plausible en el contexto del artículo 3, en lo referente a la generalidad de los hábitats de aves silvestres, si no fuera porque, evidentemente, el artículo 3 autoriza la toma en consideración de criterios distintos de los ecológicos. No me parece que el razonamiento tenga en cuenta el hecho de que los apartados 1 y 2 del artículo 4 se aplican únicamente a las especies de aves silvestres cuya supervivencia está amenazada y a las especies migratorias. Las aves de dichas especies cuyo hábitat linda con una zona de desarrollo industrial no tienen menos derecho a la protección de la Directiva que los que se encuentran en zonas más alejadas. En el ejemplo que se ha propuesto, si los dos territorios de que se trata cumplen ambos los criterios, definidos en las disposiciones antes citadas, de las zonas que pueden constituir «los territorios más adecuados [...] para la conservación de estas [especies]», la Directiva no dispone en modo alguno que se libere al Estado miembro de la obligación de clasificar ambos lugares como ZPE. El mero hecho de que un Estado miembro haya clasificado determinado numero de zonas como ZPE no le permite dejar de clasificar un lugar que, conforme a los criterios ornitológicos objetivos del artículo 4, forma parte de los «territorios más adecuados»; la obligación que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 4 no consiste únicamente en lograr un resultado general, como parece creer el Gobierno del Reino Unido, sino en «preservar, mantener y restablecer los hábitats en tanto que tales, debido a su valor ecológico». ( 50 )
23.

Sobre la cuestión del alcance del apartado 4 del artículo 69 del Reglamento, a la luz de la jurisprudencia sentada hasta la fecha, debe, en primer lugar, puntualizarse que, si bien la sentencia Testa se refiere al artículo 69 del Reglamento y, concretamente, a las consecuencias de su apartado 2, por el contrario, no se refiere a su apartado 4. En la sentencia Testa el Tribunal de Justicia consideró que el trabajador que regresa al Estado competente después de agotar el plazo de tres meses a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento, en principio, no puede hacer valer en virtud de la primera frase del apartado 2 del artículo 69 un derecho a las prestaciones respecto del Estado competente. Si bien, a primera vista, esta regla puede parecer apodíctica, no obstante, no tiene su fundamento en la sentencia Testa, ya que, a tenor de la sentencia, tiene validez «a no ser que el citado plazo sea ampliado con arreglo a la segunda frase del apartado 2 del artículo 69». ( 17 )
7.

El Estado belga y las tres instituciones demandadas alegaron ante el órgano jurisdiccional nacional diversos argumentos en apoyo de su criterio, según el cual, la Comunidad Europea no podía invocar el artículo 3 del Protocolo. Dichos argumentos pueden resumirse como sigue. En primer lugar, desde el punto de vista de la legislación nacional, estos recargos deben considerarse más como cotizaciones sociales que como impuestos y, como tales, no están incluidos en la exención del artículo 3. En segundo lugar, constituyen una «remuneración de servicios de utilidad pública» que están excluidos de la exención con arreglo al párrafo tercero del artículo 3. Por último, el párrafo segundo del artículo 3 sólo prevé el reembolso a las Comunidades de los «derechos indirectos y de los impuestos sobre la venta incluidos en los precios de los bienes muebles o inmuebles»; no se extiende a las primas percibidas por servicios prestados de conformidad con un contrato de seguro. Estos argumentos incitaron al órgano jurisdiccional nacional a plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Puede interpretarse el artículo 3 del Protocolo en el sentido de que comprende en su ámbito de aplicación gravámenes que, según el Derecho nacional, podrían considerarse cotizaciones sociales debido a que, aunque sean de carácter obligatorio y estén legalmente establecidos, no están regulados por las normas constitucionales de anualidad ni de universalidad del impuesto y no se abonan al Tesoro, sino que son recaudados directamente por las entidades a las que se ha encomendado la gestión de su afectación? 2) ¿Puede interpretarse el párrafo tercero del artículo 3 del Protocolo en el sentido de que comprende en su ámbito de aplicación los gravámenes abonados en forma de recargos en la prima del seguro (en este caso, el seguro de responsabilidad civil del automóvil), en beneficio de organismos de utilidad social como el INAMI, el FNRSH o la CRB, considerando que existe una relación, aunque sea indirecta y potencial, entre dichos gravámenes y los servicios prestados por dichos organismos? 3) ¿Puede interpretarse el párrafo segundo del artículo 3 del Protocolo en el sentido de que comprende en su ámbito de aplicación derechos o impuestos indirectos percibidos con ocasión de prestaciones de servicios, por cantidades importantes, para uso oficial de las Comunidades ?»
28.

A este respecto también debe tenerse en cuenta que en el presente asunto no se realizó ninguna actividad económica. Precisamente por este motivo considero que se violaría el principio de neutralidad impositiva si no se devolvieran las deducciones concedidas. No se conceden deducciones por actividades que no sean económicas. Las actividades preparatorias son objeto de un tratamiento especial en la medida en que puedan imputarse a una actividad económica posterior. Sin embargo, cuando no puede efectuarse tal imputación porque no existe una actividad económica posterior, no será posible conceder deducciones. Efectivamente, lo determinante no son los actos preparatorios, sino la actividad económica. En ella se basa todo el sistema. Dicha actividad es la que debe ser tratada de forma neutral respecto a cada empresario. A ello se refiere también la parte demandada en sus escritos. ¿Por qué motivo debe tratarse a alguien que no desempeña ninguna actividad económica de la misma forma que alguien que sí realiza tal actividad?
35.

Por su parte, el Ministerio demandado considera que el 30 de septiembre de 1984 tuvo lugar una cesión de un «productor» [en el sentido de la letra a) del artículo 5 del Reglamento n° 1078/77] a otro. Por consiguiente, en la medida en que, en esta fecha, Ecroyd Ltd no se comprometió por escrito a proseguir la ejecución de las obligaciones de no comercialización contraídas por Credenhill Farming, con arreglo al artículo 6 del Reglamento n° 1078/77, no puede aspirar a obtener una cantidad de referencia específica. Si, no obstante, debiera considerarse que Credenhill Farming y Ecroyd Ltd son el mismo «productor», debe admitirse que Ecroyd Ltd ha incumplido su compromiso de no producir leche en su explotación y, por lo tanto, ha perdido su derecho a la prima por no comercialización, puesto que, durante el período cubierto por el régimen de no comercialización, siguió produciendo leche en cinco granjas. Por otra parte, el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Wehrs no es aplicable al caso de la demandante puesto que aquél se limitaba a contemplar la situación de los cesionarios de una prima por no comercialización, situación que no es la de Ecroyd Ltd.
38.

A este respecto, hay que señalar, además, que en la conocida sentencia Costa ( 40 ) el Tribunal de Justicia estimó que el artículo 102 no es directamente aplicable, por cuanto no contiene disposiciones aptas para generar en favor de los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deban salvaguardar. En particular, el Tribunal de Justicia declaró en la referida sentencia que «mediante esta disposición, los Estados miembros limitaron su libre iniciativa, al aceptar someterse a un procedimiento adecuado de consulta; que, al obligarse ellos mismos sin ambigüedad a consultar preventivamente a la Comisión en cualquier caso en que sus proyectos legislativos puedan crear un riesgo, incluso pequeño, de posible distorsión, los Estados contrajeron, pues, un compromiso con la Comunidad, que les vincula como Estados, pero que no genera en favor de sus justiciables derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deban salvaguardar. La Comisión está, por su parte, obligada a hacer respetar las prescripciones de este artículo, pero esta obligación no confiere a los particulares la posibilidad de invocar, en el marco del Derecho comunitario y a través del artículo 177, el incumplimiento del Estado de que se trata, ni la inactividad de la Comisión [...]» Aparte de esto, hay que observar, ad abundantiam, que no ha resultado de los autos prueba alguna de que la disposición impugnada en el asunto principal pueda provocar distorsiones de las condiciones de la competencia en el mercado común. Al contrario, la Comisión señala en sus observaciones que, según los datos de que dispone, la disposición debatida no parece haber provocado distorsiones.
1)

¿Permite la Directiva 77/249 que la Ley por la que se ejecuta dicha Directiva en un Estado miembro A prevea que un Abogado establecido en un Estado miembro B y que presta servicios en el Estado miembro A no puede abrir en el territorio de este Estado un despacho, ya sea principal o secundario, teniendo en cuenta que la Directiva no hace alusión alguna al hecho de que la apertura de un despacho podría interpretarse como una indicación de la intención, por parte del Abogado de que se trate, de ejercer una actividad con carácter, no temporal u ocasional, sino permanente?
6.

En su escrito de requerimiento de 20 de mayo de 1992, la Comisión no sólo se refirió a las Directivas 89/392 y 91/368, sino que también censuró la no adaptación del Derecho interno a otras seis Directivas. En su escrito de contestación a la demanda la República Italiana alega que este proceder de la Comisión puede inducir a error, mientras que el artículo 169 del Tratado establece un procedimiento estrictamente formal. No está claro que la demandada pretenda con ello negar la admisibilidad de la demanda. Aunque así fuera su alegación no podría estimarse. Nada impide a la Comisión perseguir simultáneamente, en un sólo procedimiento de incumplimiento basado en el artículo 169, varios incumplimientos. Además, no hay duda de que la República Italiana había entendido perfectamente el contenido del incumplimiento que se le imputaba. Así lo prueba la afirmación contenida en el escrito de contestación a la demanda, conforme al cual no se procedió a la adaptación a las Directivas controvertidas debido a la adopción, en el ínterin, de las Directivas 93/44 y 93/68.
6.

Después de producirse una reestructuración de Norden, como consecuencia de una fusión, el Sr. Van Gestel fue despedido por dicha sociedad el 31 de octubre de 1990, siéndole pagada en los Países Bajos una indemnización por despido. El Sr. Van Gestel solicitó a la caja belga Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (Caja auxiliar para el pago de las prestaciones por desempleo) tener derecho a las prestaciones por desempleo a partir del 1 de noviembre de 1990. En el formulario C 4, mediante el cual se presentó dicha solicitud, se precisaba que, considerando la indemnización que se le había pagado en los Países Bajos, no solicitaba que se le abonaran desde este momento las prestaciones, sino que deseaba hallarse cubierto por el seguro del Rijksdienst voor sociale Zekerheid (Instituto Nacional de Seguridad Social). Debe señalarse que el documento C 4 en cuestión indicaba que el empresario era la sociedad Norden, la cual declaraba que había ocupado al Sr. Van Gestel en los Países Bajos desde el 1 de junio de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1988 y en Bélgica desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1990, que no había retenido cotizaciones sociales de su salario y que le había empleado como responsable de las exportaciones, en calidad de directivo no residente.
7.

La Decisión fue notificada al Gobierno mediante escrito de 10 de agosto de 1988. El Gobierno no adoptó las medidas necesarias para recuperar la ayuda. Interpuso un recurso de anulación de la Decisión, que fue desestimado por el Tribunal de Justicia mediante sentencia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión ( 4 ) (en lo sucesivo, «Lanerossi I»). Entre las alegaciones del Gobierno que fueron desestimadas por el Tribunal de Justicia en el asunto Lanerossi I, figuraban alegaciones relativas a que la Comisión atribuía efectos ilegales a la falta de notificación de la ayuda por parte de Italia, a que la orden de recuperar la ayuda no estaba suficientemente motivada y a que era imposible recuperar la ayuda. En respuesta a la alegación del Gobierno según la cual no se sabía con certeza de quién debía recuperarse la ayuda, el Tribunal de Justicia declaró que la recuperación de las ayudas debía ser exigida a las empresas que obtuvieron de aquéllas un beneficio efectivo, es decir, a las cuatro filiales. ( 5 ) No obstante, en el asunto Lanerossi I, el Tribunal de Justicia sólo analizó la cuestión de saber qué organismo está obligado a devolver la ayuda. No analizó la cuestión de saber a qué organismo debe devolverse la ayuda para ajustarse a la Decisión. ( 6 )
1.

Mediante resolución de 16 de septiembre de 1993, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main planteó, conforme al artículo 177 del Tratado CE, cuatro cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 3201/90 de la Comisión, de 16 de octubre de 1990, sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva ( 1 ) (en lo sucesivo, «Reglamento no 3201/90» o «Reglamento de aplicación»), y del apartado 3 del artículo 40 del Reglamento (CEE) no 2392/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva, ( 2 ) con objeto de dirimir un litigio relativo a la utilización de las menciones «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» y «Weißherbst» como integrantes de una marca.
31.

No obstante, parece que la RTT participa en el procedimiento de homologación, aun cuando sólo sea por el hecho de no hallarse en condiciones de gestionar efectivamente las frecuencias bajo su propia responsabilidad si otro organismo pudiera pronunciarse con independencia en el marco del procedimiento de concesión de las autorizaciones para poseer y hacer funcionar las instalaciones que presuponen la utilización de las frecuencias. La posición de la RTT se ve reforzada por este motivo, lo cual no hace sino confirmar las consideraciones que antes formulé en lo relativo a la apreciación de la posición reconocida a la RTT en el ámbito de la radiocomunicación.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 29 de enero de 1992. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - PROHIBICION DE DEPOSITAR RESIDUOS PROCEDENTES DE OTRO ESTADO MIEMBRO. - ASUNTO C-2/90.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-04431

Edición especial sueca página I-00031

Edición especial finesa página I-00031



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. El procedimiento ha seguido en el asunto presente un camino más intrincado de lo habitual. Tras el intercambio normal de escritos, las partes presentaron sus informes orales en la vista celebrada el 27 de noviembre de 1990 y este Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de enero de 1991. Mediante auto de 2 de mayo de 1991, el Tribunal de Justicia ordenó la reapertura de la fase oral, y tras celebrarse una nueva vista presenté nuevas conclusiones el 19 de septiembre de 1991, en las que consideré las nuevas alegaciones expuestas por las partes, si bien llegué a la misma conclusión que había desarrollado en la primera audiencia. Desgraciadamente, el Tribunal de Justicia no pudo adoptar una decisión con la composición que entonces tenía, y por ello ordenó una nueva reapertura de la fase oral mediante auto de 8 de octubre de 1991. Inicialmente la nueva vista se señaló el 26 de noviembre de 1991 pero fue posteriormente aplazada hasta el 28 de enero de 1992.

2. Habiendo considerado las observaciones hechas por las partes en la vista del día de ayer, no tengo nada que añadir a mis anteriores conclusiones. Por consiguiente, mantengo la opinión de que el asunto debería resolverse de conformidad con la solución propuesta en las mencionadas conclusiones.

(*) Lengua original: inglés.
17.

La Comisión señala, en primer lugar, que no le era posible verificar dicho argumento dado que las dos empresas que representan casi la mitad de la producción comunitaria (Sole y Nuova IBMEI) no suministraron los datos que permitieran valorar su situación económica a lo largo de los años anteriores al período de investigación. Esta observación es importante. Se deduce de los propios términos de la letra c) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base que el efecto de las importaciones debe apreciarse en función de las tendencias que se desprendan de los factores económicos tomados en consideración. Por consiguiente, sólo se pueden extraer apreciaciones válidas sobre el efecto de las importaciones si la situación económica de los productores comunitarios en el momento de la investigación puede compararse con la de los años precedentes. En el caso de autos se imponía una comparación de esta naturaleza con más motivo aún, dado que el volumen de las importaciones de que se trata no había aumentado prácticamente entre 1986 y 1989. La Comisión señaló, a continuación, que de los cuatro productores comunitarios, dos obtuvieron beneficios y dos experimentaron pérdidas. Una de las dos sociedades que experimentaron pérdidas (Nuova IBMEI) era la filial de un productor independiente que obtenía beneficios (IBMEI). La otra sociedad que experimentó pérdidas (Sole) era un productor integrado. La Comisión comprobó que la situación económica de esta última sociedad se derivaba más bien de la política de compras practicada por su grupo que de la influencia de las importaciones de que se trata. Esta afirmación no ha sido rebatida por las demandantes. Estas se limitaron a subrayar que la Comisión basaba en este caso sus argumentos en la integración del productor en el grupo siendo así que se había negado a tomar en consideración esta situación para la valoración de la cuota de mercado de las importaciones. No percibo, sin embargo, dónde está la contradicción en esta actitud de la Comisión. Como he señalado en el punto 9, las propias demandantes afirman que el efecto de las importaciones sólo puede (generalmente) apreciarse en el «mercado libre», dado que las ventas en el interior del grupo no constituyen necesariamente operaciones comerciales normales y que los resultados que se derivan de ello no reflejan por lo tanto necesariamente una realidad económica.
11.

Por el contrario, lo que la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los trabajadores migrantes analizó en su sesión 54a no aporta manifiesumente nada decisivo, a mi juicio. El contenido total del documento que ha sido presenudo a este respecto pone de manifiesto, efectivamente, que, en aquella época, sólo se trataba de saber si debía considerarse que los trabajadores fronterizos que percibían prestaciones por desempleo parcial o accidental «ocupaban un empleo». Por el contrario, la discusión no tenía por objeto un examen de conjunto del problema de la interpretación de la letra c) del apartado 1 del articulo 1 del Reglamento n° 36/63, y, por consiguiente, no cabe en verdad extraer ningún argumento del hecho de que, en aquel momento, los trabajadores fronterizos que se encuentran en situación de desempleo toul no fueran también mencionados. Debe recordarse, además, que, con arreglo a reiterada jurisprudencia (véase, por ejemplo, la sentencia en el asunto 21/87), ( 4 ) las decisiones de la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los trabajadores migrantes no poseen carácter normativo y, por consiguiente, no son vinculantes en la interpretación de las disposiciones aplicables. Por el contrario, la valoración del alcance real de una de estas disposiciones depende exclusivamente de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia.
4.

La Comisión rechaza esta alegación basándose en dos argumentos distintos. En primer lugar, considera que, dado que dicha norma constituye una excepción, al no existir acuerdo expreso previsto en el Acta de Adhesión, el apartado 3 del artículo 28 no puede aplicarse a aquellos Estados que se han adherido posteriormente a la Comunidad. Ello se ve confirmado a sensu contrario por la circunstancia que, en el caso de Portugal, en su Acta de Adhesión, se indicó expresamente la facultad de este Estado de eximir del IVA algunas de las operaciones a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 28. Por el contrario, en el Acta de Adhesión de España, no se hace ninguna referencia a la citada disposición, por lo cual debe excluirse la posibilidad de invocar la norma contenida en la letra b) del apartado 3 del artículo 28 para justificar las exenciones controvertidas. En segundo lugar, la Comisión considera que, aun cuando se afirmara que España puede invocar la citada excepción, la exención objeto del presente procedimiento quedaría en todo caso fuera del ámbito de aplicación de tal norma, no encontrando en ésta ninguna justificación. A juicio de la Comisión, la citada disposición, como su propio texto reconoce claramente, únicamente permite «seguir eximiendo» algunas operaciones. Por consiguiente, tan sólo permite mantener en vigor un régimen de exención preexistente, pero no autoriza, una vez que se ha aplicado el IVA a determinados servicios, establecer, a posteriori, un régimen de exención. Ahora bien, en el caso de autos, no se discute que en España, desde la entrada en vigor de la Ley n° 30/1985, de 2 de agosto de 1985, y hasta la promulgación de la Ley n° 22/1987, de 11 de noviembre de 1987, es decir, durante otros dos años, los citados servicios han estado sujetos al régimen general del IVA, con arreglo a la Sexta Directiva. Por consiguiente, la exención establecida en la citada Ley de 1987 constituye, con toda evidencia, una exención nueva que no se halla justificada por lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 28.