Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad - Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia - Admisibilidad

[Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Obligación de adoptar medidas de ejecución - Alcance - Decisión que no necesariamente debe recoger los mismos motivos que figuran en el acto anulado

[Art. 176 del Tratado CE (actualmente art. 233 CE); Decisión 94/90/CE del Consejo]

3. Comisión - Competencia para dictar disposiciones de organización interna - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CE - Aplicación de la regla del autor

(Decisión 94/90/CE de la Comisión)

4. Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CE - Excepciones al principio de acceso a los documentos - Interpretación y aplicación estrictas - Regla del autor - Alcance

(Decisión 94/90/CE de la Comisión)

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1. De los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.

No cumple los requisitos de motivación establecidos en dichas disposiciones, el recurso de casación que se limita a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional.

No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.

Es admisible, pues, un recurso de casación que, tomado en su conjunto, tiene precisamente por objeto impugnar la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, habida cuenta de que señala de modo preciso los aspectos de la sentencia recurrida que critica, así como los motivos y alegaciones en los que se apoya.

( véanse los apartados 15 a 18 )

2. Cuando el Tribunal de Primera Instancia anula un acto de una institución, el artículo 176 del Tratado (actualmente artículo 233 CE) obliga a ésta a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. A este respecto, para adecuarse a una sentencia de anulación y darle plena ejecución, la institución de que se trate está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican, por una parte, la concreta disposición considerada ilegal, y revelan, por otra parte, las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado.

No obstante, el artículo 176 del Tratado sólo obliga a la institución de la que emane el acto anulado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación. En este sentido, dicha disposición exige a la institución interesada evitar que todo acto destinado a sustituir al acto anulado adolezca de irregularidades idénticas a las detectadas en dicha sentencia.

En estas circunstancias, dado que los efectos de una sentencia de anulación implican, por una parte, que la decisión objeto del recurso que dio lugar a esa sentencia, nunca había existido y, por otra que, en virtud del artículo 176 del Tratado, la Comisión estaba obligada a adoptar una nueva decisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión podía invocar en la nueva decisión otros motivos distintos de aquellos sobre los que había basado su decisión anulada.

La posibilidad de un nuevo examen exhaustivo implica asimismo que, para adoptar una decisión que garantice la correcta ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión no estaba obligada a reproducir, en la decisión controvertida, todos los motivos de denegación previstos por la Decisión 94/90, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, sino que tan sólo debía basarse en aquellos que, en ejercicio de su facultad discrecional, consideraba que debían aplicarse en el caso de autos.

( véanse los apartados 28 a 32 )

3. Mientras que el legislador comunitario no haya adoptado una normativa general sobre el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones comunitarias, éstas deben adoptar las medidas que tengan por objeto la tramitación de tales solicitudes en virtud de su facultad de organización interna, que las habilita para adoptar medidas apropiadas con vistas a garantizar su funcionamiento interno en interés de una buena administración.

En estas circunstancias, teniendo en cuenta la evolución progresiva en el ámbito del derecho de acceso de los particulares a los documentos que obran en poder de las autoridades públicas, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al declarar que dicha regla puede aplicarse al caso de autos, por no existir en la fecha en la que se adoptó la decisión controvertida un principio o una normativa general de Derecho comunitario que previera expresamente que la Comisión no estaba facultada para adoptar, en ejercicio de su facultad de organización interna, la regla del autor, tal como establece el Código de conducta aprobado por la Decisión 94/90, en virtud de la cual, cuando el autor del documento que posea la institución sea una persona física o jurídica, un Estado miembro, una institución u órgano comunitario, o cualquier otro organismo nacional o internacional, la solicitud deberá dirigirse directamente al mismo.

( véanse los apartados 38, 40 y 43 )

4. El objetivo que la Decisión 94/90, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, además de garantizar el funcionamiento interno de la Comisión en interés de una buena administración, consiste en establecer a favor del público el acceso más completo posible a los documentos que posee la Comisión, por lo que toda excepción a ese derecho debe interpretarse y aplicarse en sentido estricto.

A este respecto, a tenor del Código de conducta aprobado por la Decisión 94/90, la interpretación y aplicación estrictas de la regla del autor implican que la Comisión debe comprobar el origen del documento y precisar al interesado la identidad de su autor para que pueda presentar una solicitud de acceso ante este último.

( véanse los apartados 48 y 49 )