17.

Otro motivo alegado por numerosas empresas en apoyo de su recurso contra las decisiones individuales que les imponen multas consiste en afirmar la conformidad a Derecho de las ventas a precios inferiores a los mínimos obligatorios, por haberse realizado en circunstancias de necesidad o de fuerza mayor, o incluso de «legítima defensa». Estos tres tipos de circunstancias se han mezclado en algunos recursos unas con otras, sin que se hayan aclarado adecuadamente ni su valor en Derecho comunitario ni sus límites de aplicación. Me parece necesario realizar un esfuerzo de esclarecimiento previo al examen de los hechos. En las conclusiones que presenté recientemente en el asunto 42/79, Milch-, Fett- und Eierkontor (Rec. 1979, p. 3703), el pasado 15 de noviembre, ante la Sala Primera del Tribunal de Justicia, tuve ocasión de examinar el concepto de fuerza mayor tal y como ha sido elaborado por la jurisprudencia de este Tribunal en relación con los Reglamentos agrícolas. Resalté que dos elementos caracterizan dicho concepto: en primer lugar, un elemento objetivo, es decir, la producción de un evento extraordinario ajeno a la influencia del titular de la obligación, y, a continuación un elemento subjetivo que consiste en que el titular de la obligación haya hecho todo lo que le era posible, actuando con precaución, prudencia y vigilancia para evitar que se produjera dicho evento. Pero la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia estaba vinculada por normas específicas de Derecho comunitario derivado que algunas veces ha aplicado directamente y otras por analogía. No se ha demostrado la existencia de un principio general del que derivaría un concepto uniforme de fuerza mayor aplicable a todos los sectores del Derecho comunitario y creo que dificilmente podría realizarse (como observé en mis conclusiones de 18 de enero de 1978 en el asunto IFG/Comisión, 68/77, Rec. pp. 353 y ss., especialmente p. 371). La sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1968, Schwarzwaldmilch (4/68, Rec. pp. 549 y ss., especialmente p. 562) reconoció en efecto que «el concepto de fuerza mayor no tiene un contenido idéntico en las diferentes ramas del Derecho y en los diversos ámbitos de aplicación», de modo que «su significado debe determinarse en función del marco legal en el que esté destinado a surtir sus efectos». Del mismo modo, la sentencia de 30 de enero de 1974, Kampffmeyer( 158/73, Rec. p. 102)recordó el reconocimiento del alcance variable del concepto de fuerza mayor, afirmando que su significado debe determinarse en función del marco legal en que esté destinado a surtir sus efectos. Por último, la sentencia de 14 de febrero de 1978 en el mencionado asunto IFG (68/77, Rec. p. 353), recordó que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros contemplan la excepción de fuerza mayor, «pero en determinados contextos y relaciones jurídicas». Todo ello podría conducir, en mi opinión, a una postura radical en el sentido de que, a falta de norma explícita relativa a la excepción de fuerza mayor, ésta no podría alegarse en Derecho comunitario. Pero supongamos, sin embargo, que el concepto al que me he referido se entienda como de aplicación general; no cambia por ello en ningún caso que el evento invocado como circunstancia de fuerza mayor debe producir efecto fuera del ámbito de influencia del titular de la obligación y debe ser en sí mismo, por consiguiente, la causa del comportamiento objetivamente contrario a la norma. En otros términos, es preciso que dicho comportamiento haya sido determinado por una fuerza exterior, que no deje alternativa al sujeto de Derecho (ejemplo clásico: la falta de entrega de una mercancía determinada porque el buque que la transportaba ha naufragado o porque un rayo la ha destruido). En el caso de autos, por el contrario, los titulares de la obligación afirman que se vieron obligados a vender a precios prohibidos por la Decisión no 962/77 por un conjunto de circunstancias consistentes en la situación del mercado frente al comportamiento de otros operadores económicos (en particular, el de los comerciantes que vendían a precio libre y también el de los fabricantes competidores que ya habían infringido la Decisión), en el riesgo, derivado de ello, de una fuerte disminución de las ventas y en la previsión de los daños que se habrían derivado de ello en el plano financiero, así como en las esferas de la producción y del empleo. Ahora bien, ninguna de estas circunstancias puede describirse como una fuerza exterior capaz de determinar por sí misma la conducta del titular de la obligación: las empresas optaron ellas mismas, con pleno conocimiento de causa, por vender a precios más bajos, cosa que no hicieron otras empresas que se encontraban en situación análoga (estoy pensando en las pequeñas y medianas empresas italianas que respetaron el régimen de precios mínimos) y por más que ello fuera en la creencia de que dicho comportamiento se justificaba por graves razones y que debían actuar en el sentido indicado para evitar daños mayores. Creo por lo tanto que los hechos indicados por las demandantes no se prestan a ser interpretados como circunstancias de fuerza mayor; más bien hay que comprobar si hubo estado de necesidad o si la infracción de los precios mínimos constituyó un acto de legítima defensa. A este respecto, hay que preguntarse también si el Derecho comunitario recoge estas dos circunstancias eximentes. La Comisión expresó una opinión negativa (en los asuntos iniciados por las empresas de Brescia; pero no en los asuntos 83/79 y 85/79), haciendo observar que los ordenamientos jurídicos nacionales admiten la legítima defensa y el estado de necesidad para salvaguardar los bienes esenciales de la vida y la integridad personal, mientas que, en el ordenamiento jurídico comunitario, se trata -según ella— de proteger intereses que no se pueden comparar con estos bienes primordiales, por ser de naturaleza patrimonial. Esta tesis ignora, sin embargo, un precedente interesante en la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia: la sentencia de 12 de julio de 1962, Acciaierie, ferriere e fonderie di Modena/Alta Autoridad (16/61, Rec. p. 546), en la que el Tribunal de Justicia no excluyó la posibilidad de invocar la legítima defensa en Derecho comunitario, pero precisando que «la legítima defensa presupone un acto indispensable para evitar un peligro por el que el autor del hecho se siente amenazado y exige que las amenazas sean directas, que el peligro sea inminente y que no exista ningún otro medio legal de remediarlo». A partir de esta consideración, procede desestimar la excepción propuesta por la sociedad demandante, que sostenía haber actuado en legítima defensa al practicar precios inferiores a los de la lista porque tenía que hacer frente a un comportamiento desleal de determinados competidores que conseguían eludir el control de la Alta Autoridad. En los asuntos objeto de las presentes conclusiones, si bien las empresas interesadas practicaron también precios inferiores a los obligatorios y han alegado que se vieron movidas a ello por el comportamiento de otros operadores económicos, no creo sin embargo que sea pertinente hablar de legítima defensa, y ello al menos por dos motivos: porque se produjo el peligro causado por el comportamiento lícito de determinados operadores (los comerciantes, las empresas de países terceros) y, en consecuencia, no se trataba solamente de reaccionar contra un acto ilícito de otro, y porque los interesados se refirieron igualmente a circunstancias posteriores (por ejemplo, la demandante Stefana insistió en las dificultades de obtener la financiación indispensable, la demandante Maximilianshütte en la insuficiencia del control ejercido por la Comisión). Por consiguiente, el único elemento que, en mi opinión, podría -en abstracto- justificar el comportamiento de las demandantes, vistos los motivos alegados por éstas, es el estado de necesidad. Ahora bien, en materia de estado de necesidad, los requisitos fundamentales que deben concurrir son muy similares a los examinados por la mencionada sentencia de 12 de julio de 1962 respecto a la legítima defensa: un peligro inminente y grave, así como la imposibilidad de remediarlo de un modo que no constituya un comportamiento objetivamente ilícito. Es un concepto común al Derecho internacional y al Derecho de los Estados que la gravedad del peligro debe ser tal que ponga en juego la existencia misma del interesado y que la actitud del titular de la obligación no debe haber contribuido a crear la situación peligrosa. Por otra parte, considero indiscutible que el intérprete del Derecho debe ser extremadamente prudente al reconocer la existencia de un estado de necesidad, ya que ello equivale a considerar que un particular está dispensado de cumplir determinadas obligaciones, y ello sólo puede hacerse con carácter excepcional. Las empresas demandantes afirman que se vieron obligadas a eludir la aplicación de los precios mínimos para no poner en peligro su supervivencia; pero, de modo más general, me parece que no han conseguido demostrar ni la inminencia y la gravedad extrema del peligro ni la inexistencia de procedimientos lícitos para remediarlo, al menos en parte. Las indicaciones dadas por las demandantes revelan, sin embargo, la existencia de un malestar considerable y de dificultades objetivas provocadas por la Decisión no 962/77. Todas las empresas se quejan de haber corrido el riesgo de perder su clientela y de haber sufrido un grave retroceso en las ventas, porque la clientela no quería pagar precios más elevados, y a causa también de las posibilidades que las lagunas del sistema le ofrecía de continuar comprando a precios ventajosos a los comerciantes o a los productores de países terceros. Las empresas italianas pusieron, además, de manifiesto que era prácticamente imposible disminuir los costes fijos despidiendo a una parte del personal, dada la crisis del empleo en Italia y el riesgo de huelgas y de agitación social en caso de despidos, mientras que las empresas alemanas insistieron por su parte en la competencia que les hacían estos fabricantes italia-. nos, que habían decidido vender sin respetar los precios mínimos, y en la ineficacia, en su opinión, de los controles practicados por la Comisión. Estas circunstancias confirman que la Decisión no 962/77 impuso sacrificios importantes a las empresas más competitivas, pero no puede considerarse que constituyan una situación de peligro inminente e inevitable para la existencia misma de las empresas. En apoyo de mi punto de vista puedo aducir tres argumentos. En primer lugar, cierto retroceso de la competitividad de las empresas capaces de producir a menor coste y, por lo tanto, una disminución del volumen de sus ventas entraba dentro de la lógica de la Decisión no 962/77, dado que ésta se proponía -como he señalado varias vecesconseguir una redistribución del mercado, facilitando la comercialización de los productos de las empresas menos eficaces. El riesgo de perder una parte de la clientela era, por consiguiente, previsible, tanto más cuanto que se trataba, en aquella época, de la oportunidad de establecer un régimen de precios mínimos. Las lagunas de este régimen tendrían que haber implicado no sólo un retroceso de las ventas, sino también un peligro inminente de desaparición de empresas, para poder hablar de estado de necesidad; pero un peligro de este tipo no surgió e incluso las demandantes no han afirmado que tuvieran que enfrentarse a un estado de crisis tan grave. En segundo lugar, haré observar que, aunque la Decisión no 962/77 habría puesto en peligro la existencia de las empresas más competitivas, éstas no habrían carecido de medios lícitos para intentar hacer frente al peligro. Las dificultades para las empresas italianas se concretaron sobre todo en la disminución de sus posibilidades de venta en los mercados de otros países comunitarios, pero las perspectivas de venta subsistían tanto en el mercado italiano (dado que, para las ventas locales, los fabricantes no se habían visto desfavorecidos por el régimen de precios mínimos) como en los mercados de los países terceros (donde parece que efectivamente algunas empresas encontraron una compensación a la contracción de las ventas dentro de la Comunidad). Además, el ajuste a los precios de los productores de los países terceros fue posible hasta el mes de marzo de 1978, es decir, hasta la entrada en vigor de la Decisión no 527/78. Por ello, no puede considerarse que la existencia de las empresas demandantes estuviera amenazada por un peligro del que no pudieran escapar de ninguna manera. En tercer lugar, la tesis del estado de necesidad debía haberse apoyado en pruebas específicas, relativas a la situación de cada una de las empresas, mientras que la mayor parte de las interesadas planteó argumentos de carácter general. Tampoco los datos relativos al retroceso de la producción o de las ventas en 1977 proporcionados por ciertas demandantes (por ejemplo, Ferriera Valsabbia y Officine Laminatoi Sabino) pueden interpretarse como pruebas de la existencia de una situación peligrosa generada por la Decisión no 962/77, dado que no se trata de un retroceso capaz de poner en juego la supervivencia misma de dichas empresas. Por otro lado, sigue sin haberse demostrado la existencia de una relación de causalidad entre el régimen de precios y el descenso de la producción o el retroceso de las ventas. Recordaré al respecto el caso de la empresa Korf, demandante en el asunto 85/79, que afirmó -sin que la Comisión desmintiera este punto- que su cuota de mercado se redujo al 10,2 % durante el tercer trimestre de 1977 cuando era del 12,3 % durante el trimestre precedente; la Comisión sólo aprecia en este fenómeno la continuación de una tendencia anterior a perder terreno frente a las empresas más competitivas y señala que fue precisamente a partir del tercer trimestre cuando la empresa Korf vendió a precios inferiores a los mínimos. En definitiva, creo que hay que excluir que el comportamiento de las empresas demandantes pueda justificarse por un pretendido estado de necesidad. Podría admitirse una excepción en el caso de la sociedad Stefana Antonio, demandante en el asunto 226/78. En el momento del establecimiento de la normativa en materia de precios mínimos, esta empresa se encontraba en una situación financiera particularmente delicada, ya que había obtenido créditos para realizar inversiones de reconversión industrial y debía hacer frente a las dificultades generales de crédito que habían surgido en Italia estando en curso los trabajos de reconversión. Un mes después de la adopción de la Decisión no 962/77, dicha empresa señaló a la Comisión (mediante télex de 6 de junio de 1977) que los precios de mercado efectivos de los redondos para hormigón seguían siendo inferiores a los mínimos obligatorios y que la aplicación de dichos precios mínimos significaba para ella una sensible disminución de sus ventas. De hecho, sus ventas habían pasado de una media mensual de 6.570 toneladas durante los cuatro primeros meses del año 1977, a 3.866 toneladas en mayo y a 2.474 en junio. A finales de junio, el descubierto de la sociedad Stefana había pasado de mil setecientos millones de liras italianas a algo menos de tres mil millones. Por ello, mediante télex de 1 de julio de 1977, informó a la Comisión de que, ante el comportamiento de la competencia, se veía obligada a vender a precios inferiores a los precios impuestos y, en realidad, dichas ventas —según los datos proporcionados por la Comisión- comenzaron el 13 de julio de 1977 y duraron hasta el 5 de septiembre siguiente. Existen, por consiguiente, en este caso, elementos de hecho que podrían llevar a reconocer a la sociedad Stefana la posibilidad de acogerse a un estado de necesidad: el peligro se presentaba en forma de un auténtico riesgo de quiebra, dado el importe de su descubierto. No obstante, tampoco me parece que la inminencia de dicho peligro haya sido demostrada en este caso; además, subsisten dudas acerca de hasta qué punto la situación financiera de dicha sociedad no deba atribuirse a la poca prudencia con la que se realizaron las inversiones y, por último, quedaba la posibilidad (que no parece haber sido examinada) de intentar poner remedio a las dificultades que se planteaban recurriendo a alguno de los medios lícitos señalados anteriormente. Pueden hacerse consideraciones análogas respecto a la sociedad Maximilianshütte, demandante en el asunto 83/79. No cabe ninguna duda de que esta empresa sufrió también un retroceso importante en sus ventas después del establecimiento del régimen de precios mínimos. En el primer trimestre de 1977 había abastecido el 29 % del mercado de Baviera, mientras que en el segundo trimestre del mismo año el porcentaje descendió por debajo del 20 %. La Comisión indicó que la cuota de mercado del primer trimestre de 1977 no puede tomarse como punto de referencia, dado que fue anormalmente elevada: ello parece confirmado por el hecho de que el porcentaje que corresponde al segundo trimestre se mantuvo invariable en 1978, por más que la sociedad de que se trata, según las afirmaciones de la demandada, comenzó a practicar precios inferiores a los obligatorios a partir del 14 de junio de 1977. Otra objeción formulada por la Comisión consiste en que el retroceso de las ventas fue causado en gran parte por factores diferentes del régimen de precios mínimos, entre ellos la estacionalidad del mercado, que habitualmente sufre recesión durante los meses de verano. Sin embargo, por otro lado es cierto que las importaciones de Suiza en la República Federal de Alemania de redondos para hormigón vendidos a precios inferiores a los mínimos aumentaron considerablemente durante el segundo semestre del año 1977 (de 12.000 toneladas durante el trimestre abril—junio a 19.000 durante el trimestre siguiente). La empresa Maximilianshütte ve en esto la prueba del control insuficiente por parte de la Comisión, de lo que se beneficiaron los fabricantes de Brescia para vender redondos para hormigón a través de Suiza. En mi opinión, si bien es verdad que las lagunas del sistema aumentaron la gravedad en perjuicio de las empresas capaces de producir a bajo coste, no cabe decir por otra parte que la Comisión dejara de ejercer su control, como lo demuestran las sanciones impuestas a numerosas empresas, de las que solamente una parte ha impugnado las decisiones que les imponen multas. Por último, no me parece que la sociedad Maximilianshütte haya demostrado haber tenido que hacer frente a un riesgo de quiebra o de cese de actividad inminente, ni haber buscado en vano soluciones que no fueran la infracción de los precios mínimos para asegurar su supervivencia. Las conclusiones negativas a las que he llegado acerca del estado de necesidad siguen siendo, pues, aplicables de modo general a las demandantes que invocaron esta eximente. Los motivos a los que algunas empresas recurrieron para justificar su comportamiento no deberán perderse de vista en el momento de examinar el problema de la reforma de las decisiones que impusieron las multas.