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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 245/30

Recurso interpuesto el 8 de abril de 2015 — Kohrener Landmolkerei y DHG/Comisión

(Asunto T-178/15)

(2015/C 245/36)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandantes: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Alemania) y DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Alemania) (representante: A. Wagner, Abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución de la Comisión Europea, recibida el 2 de marzo de 2015.

— Admita la oposición de las demandantes de 23 de diciembre de 2014 en el procedimiento con el número AT-TSG-0007-01035.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca que procede anular la resolución impugnada, al adolecer de errores de Derecho. De conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012 (1), las demandantes, al presentar oposición, disponen de un plazo de tres meses dentro del cual pueden presentar su oposición ante la autoridad nacional, si pretenden oponerse al registro de una especialidad tradicional garantizada. A este respecto señalan que la publicación de que se trata (DO 2014, C 340, p. 6) se produjo el 30 de septiembre de 2014 y que el 23 de diciembre de 2014 se presentó la oposición invocada ante la autoridad nacional competente. Las demandantes no son responsables del incumplimiento de otro plazo. Añaden que las demandantes no influyen en la actividad temporal de la autoridad nacional competente al transmitir las oposiciones a la Comisión y que la resolución impugnada no tiene en cuenta que la oposición se presentó dentro de plazo. Aducen que la resolución únicamente tiene en cuenta la fecha de recepción en la Comisión Europea.

Además, señalan que el artículo 51 del Reglamento no 1151/2012 no establece plazo alguno para la transmisión por parte de la autoridad nacional. Por lo tanto, ha de atenderse únicamente a la presentación de la oposición por parte de las demandantes ante la autoridad nacional.

(1) Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1).
—

Anule la decisión del Parlamento Europeo, comunicada a las demandantes mediante el escrito D(2015)7680, que clasificó en tercer lugar la oferta de las demandantes en una de las ocho secciones y en particular en la sección 3, en el marco del procedimiento abierto de licitación 2014/S 066-111912, denominado «PE/ITEC-ITS14 External provision of IT services».
—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 62, p. 25) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 62, p. 1), en la medida en que afectan al demandante.
1.

Primer motivo, basado en la existencia de un error manifiesto de apreciación y en la vulneración del artículo 219, apartado 1, y del artículo 221 del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que el derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (DO L 347, p. 671). — Se aduce a este respecto que la afirmación de la Comisión de que las estadísticas comerciales de los 11 primeros meses de 2014 muestran un incremento de las exportaciones del 5 %, en comparación con el mismo período de 2013, se ve desmentida por la tabla que figura a la derecha en la página 19 del propio informe de 22 de enero de 2015 que cita la Comisión, elaborado por el Comité para la organización común de mercados agrícolas en relación con la situación del mercado de la carne de aves de corral. De dicha tabla resulta que en los primeros 11 meses de 2013 las exportaciones de carne de aves de corral de la Unión habían alcanzado los 1 93 6 0 00 000 euros mientras que en los primeros 11 meses del 2014 no pasaron de 1 88 6 8 38 000 euros, registrando por tanto una variación de — 2,5 % y no de + 5 %, y que la Comisión también apreció erróneamente los precios, que calificó de «estables», cuando presentaban una importante variación de cerca del — 8 %, como se desprende de la página 9 del informe, cometiendo, por tanto, un error manifiesto de apreciación e infringiendo el artículo 219, apartado 1, y el artículo 221 del Reglamento no 1308/2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 155/28

Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Comisión

(Asunto T-82/15)

(2015/C 155/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Amarousio, Grecia) (representantes: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler y G. Pandey, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule las resoluciones siguientes, si considerase el Tribunal General que producen efectos jurídicos, y en la medida en que rechazan por improcedente la solicitud presentada por la demandante, en el proyecto con número de referencia 216837 ATRACO, según el Convenio de subvención celebrado en el contexto del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para la investigación, el desarrollo tecnológico y los servicios de demostración (2007-2013), y pretenden imponer a la demandante la obligación de devolver los fondos recibidos y de abonar una indemnización por daños y perjuicios: — La decisión de la Comisión contenida en el escrito de 11 de diciembre de 2014, con el número de referencia ARES (2014) 4162021. — La decisión de la Comisión contenida en la nota de adeudo de 23 de octubre de 2012, con el número de referencia ARES (2012) 1248814. — La Decisión de la Comisión contenida en el escrito de 7 de diciembre de 2012, sin número de referencia.

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 41, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la vulneración del derecho a ser oído. La demandante aduce que la Comisión reconoció que se había producido una vulneración del derecho de aquella a ser oída, como consecuencia de la auditoría inicial, y que, por esta razón, decidió reabrir el caso.

2. Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la vulneración de la confianza legítima de la demandante. La demandante aduce que la decisión de revisar el procedimiento de auditoría generó la expectativa legítima de que cualquier nueva decisión se basaría en hechos relativos al contenido de dicha auditoría, y no en las normas procesales vigentes en el momento de la presentación de los documentos en el marco del procedimiento inicial.

3. Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 41, apartado 2. Letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la insuficiente motivación. La demandante alega que la Comisión no motivó de forma suficiente su Decisión de revisión, al hacer referencia únicamente a una de las dos cuestiones controvertidas, y limitarse a mencionar, de manera superficial, que la documentación presentada era insuficiente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/35

Recurso interpuesto el 19 de enero de 2015 — NICO/Consejo

(Asunto T-24/15)

(2015/C 089/42)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) (Pully, Suiza) (representantes: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey y D. Rovetta, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión 2014/776/PESC del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (1), y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1202/2014 del Consejo, de 7 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (2), en la medida en que dichos actos incluyen a la demandante en la categoría de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas.

— Condene al Consejo a cargar con las costas del presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos: vulneración del derecho a ser oído, insuficiencia de motivación, vulneración del derecho de defensa, error manifiesto de apreciación y vulneración del derecho fundamental a la propiedad.

La demandante considera que el Consejo no dio audiencia a la demandante y que ninguna indicación en contrario podría justificarlo, en particular en relación con la intromisión en los compromisos contractuales vigentes. Además, el Consejo no adujo una motivación suficiente. Con estas omisiones, el Consejo violó el derecho de defensa de la demandante, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva. Contrariamente a lo que alega el Consejo, la demandante no es una filial de NICO Ltd como la designó el Consejo, puesto que esa sociedad ya no existe en Jersey y no existe en Irán; y, en cualquier caso, el Consejo no ha probado que, si fuera una filial, ello entrañaría una ventaja económica para el Estado iraní que contravendría la finalidad de los actos impugnados. Por último, al inmiscuirse en los derechos de propiedad y en los compromisos contractuales vigentes de la demandante, el Consejo ha vulnerado el derecho básico a la propiedad adoptando medidas cuya proporcionalidad no puede establecerse.

(1) DO L 325, p. 19.

(2) DO L 325, p. 3.
3.

Tercer motivo, basado en un incorrecto ejercicio de la competencia de la Comisión Incluso si la Comisión fuera competente para adoptar la decisión impugnada y al adoptarla hubiera actuado de conformidad con el principio de seguridad jurídica (quod non), la República Eslovaca sostiene que la Comisión non ejerció su competencia de forma correcta en el presente asunto. En primer lugar, la Comisión llevó a cabo una valoración manifiestamente errónea, en la medida en que exige a la República Eslovaca recursos financieros a pesar de que la pérdida de recursos propios tradicionales o bien en parte no se ha producido realmente o bien no se ha producido como consecuencia directa de los hechos que la Comisión imputa a la República Eslovaca. En segundo lugar, afirma que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la República Eslovaca y el principio de buena administración.
—

Declare nulo y sin efecto y, en cualquier caso, anule el escrito SM/FUN S/2622874, de 28 de julio de 2014, de la Comisión Europea — Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, Jerzy Plewa, dirigido al Director General de Política Internacional y de la Unión Europea del Ministerio de Política Agrícola y Forestal de Italia, Felice Assenza, del que ha tenido conocimiento la demandante a raíz del acceso al expediente el 19 de noviembre de 2014, en la medida en la que deniega la petición presentada por Italia en relación con las medidas de apoyo sexta a novena solicitadas con arreglo al artículo 220 del Reglamento (UE) no 1308/2013, en particular las relativas a las empresas de sacrificio de los animales eliminados en ejecución de las medidas sanitarias adoptadas contra la propagación de la gripe aviar y a los perjuicios comerciales conexos, y declare nulo y sin efecto y, en cualquier caso, anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1071/2014 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, sobre medidas excepcionales de apoyo a los sectores de los huevos y de la carne de aves de corral en Italia, publicado en el DOUE el 11 de octubre de 2014, en la medida en que excluye de las medidas de apoyo adoptadas con arreglo al artículo 220 del Reglamento (UE) no 1308/2013 a las empresas de sacrificio de los animales eliminados en ejecución de las medidas sanitarias adoptadas contra la propagación de la gripe aviar y los daños comerciales conexos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 34/45

Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2014 — España/Comisión

(Asunto T-808/14)

(2015/C 034/54)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Reino de España (representante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— anule la decisión impugnada, y

— condene en costas a la institución demandada.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión Europea, de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA 27408 (C 24/2010) EX NN 37/2010, EX CP 19/2009) concedida por las autoridades de Castilla La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla La Mancha.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE, por inexistencia de ventaja económica a entidades que desarrollan una actividad económica, falta de selectividad de la medida y ausencia de falseamiento de la competencia.

2. Segundo motivo, basado en la vulneración de los artículos 106.2 y 107.3.c) TFUE, puesto que no consta acreditado que se haya vulnerado el principio de neutralidad tecnológica.

3. Tercer motivo, basado en la vulneración del procedimiento en materia de ayudas de Estado, en atención a las irregularidades acaecidas durante su instrucción.
1.

Primer motivo, basado en la infracción Reglamento relativo a la etiqueta ecológica de la UE, (2) por cuanto la Comisión un límite de concentración invariable de 100 ppm para los monómeros residuales en el criterio 1, parte B, criterio B3, letra e), del anexo de la Decisión impugnada. Las demandantes aducen que los requisitos establecidos en dicha disposición: — infringen el artículo 6, apartado 3, y el anexo I del Reglamento relativo a la etiqueta ecológica de la UE, puesto que no se determinan científicamente; — infringen el artículo 6, apartado 1, y el anexo I del Reglamento relativo a la etiqueta ecológica, puesto que no tienen en cuenta los últimos objetivos estratégicos de la UE en el ámbito medioambiental. — infringen el artículo 6, apartado 3, letra b), del Reglamento relativo a la etiqueta ecológica de la UE, puesto que su viabilidad no ha sido considerada por la Comisión.
4.

Cuarto motivo, basado en que las conclusiones de la auditoría realizada por la Comisión eran erróneas. A este respecto, la demandante alega que impugna las conclusiones de la auditoría de la Comisión porque estas contenían varios errores manifiestos, tanto de procedimiento como de fondo. Asimismo, la demandante sostiene que la Comisión no sólo no revisó las órdenes que de hecho emitió, sino que además ignoró flagrantemente y no tuvo en cuenta ninguna de las cuestiones planteadas por ADR Center.
3.

Tercer motivo, basado en la vulneración de la presunción de inocencia por distorsión o ampliación ilegal de los parámetros de prueba en el marco de la infracción uniforme y continuada o única y duradera: — Señalan que no existe uniformidad de las infracciones, en particular, en la medida en que éstas afectan a cables terrestres y marítimos. Pues no existe identidad en los productos y servicios, ni en el modo de ejecución y solamente una identidad parcial de las empresas y personas naturales participantes. Además, falta el carácter complementario de las infracciones. — La demandada tenía que haber presentado para cada empresa pruebas de una infracción individuales, con suficiente carácter probatorio y coincidentes, en particular, en lo que se refiere al comienzo de la participación, pero también al carácter ininterrumpido de la duración. — En el caso de una participación directa que solamente es parcial en una infracción uniforme y continuada, o única y duradera, la demandada ha de demostrar concretamente que la empresa afectada pretendía contribuir a la consecución de todos los fines comunes y que conocía en todo lo demás el comportamiento contrario a Derecho de los demás partícipes dentro del marco del plan general, o que razonablemente podía preverlo. Habida cuenta de que la demandada no ha logrado esta prueba o no la ha conseguido en su totalidad, no debía haber imputado, a este respecto, responsabilidad a las demandantes por todo el comportamiento contrario a la competencia.
—

La demandante sostiene en este punto que la Comisión Europea no hizo uso de su correspondiente margen decisorio o no lo hizo correctamente, ya que, por un lado, no tomó en consideración las considerables repercusiones desfavorables para las empresas afectadas que resultaron de la incoación del procedimiento de investigación formal y, por otro, incoó el procedimiento de investigación en un momento en el que todavía no era necesario.
1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE debido a la clasificación errónea del régimen especial de compensación — La demandante alega que la decisión de incoar el procedimiento es contrario a los artículos 107 TFUE, apartado 1, 108 TFUE y al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), dado que el recargo EEG, previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley alemana de prevalencia de las energías renovables; en lo sucesivo, «EEG») no constituye ningún otorgamiento de recursos estatales y la limitación del recargo EEG para los grandes consumidores de energía no supone ninguna renuncia a recursos estatales. — En este contexto, señala que, en su examen, la Comisión hizo uso de parámetros de delimitación incompatibles con los principios de la jurisprudencia recaída hasta la fecha. En particular, renunció por completo al criterio necesario en virtud de reiterada jurisprudencia para la clasificación de recurso estatal del poder de disposición concreto de las entidades estatales y consideró suficiente que el legislador estatal influyera en los flujos de pago entre particulares y que las autoridades de reglamentación controlaran el cumplimiento por parte de los particulares de las disposiciones normativas. — Además, alega que la Comisión está vinculada a su resolución, en la que calificó la EEG 2000 de no constitutiva de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, porque no existía transmisión de recursos estatales, de modo que incurrió en error de Derecho al calificar la EEG 2012 de nuevo régimen de ayudas introducido de manera contraria a Derecho. — Por otra parte, la Comisión no examinó con carácter suficiente, ni pudo descubrir, que las excepciones para los grandes consumidores de energía están justificadas en función del objetivo, la naturaleza o la estructura interna de la EEG 2012, de modo que no suponen ventaja selectiva alguna.
—

En el marco de este motivo, la demandante alega que dado el carácter no estatal de los ingresos obtenidos del recargo EEG, los límites del recargo EEG no constituyen una renuncia a ingresos estatales. La inexistencia de renuncia se desprende también del hecho de que la disminución eventual de los ingresos abonados a la cuenta del recargo se financia con fondos privados, mediante un aumento del recargo para los consumidores finales no privilegiados.
—

Anule la decisión de la Comisión Europea no de ref. Ares(2014) 321920 (no SG.B.4/RH/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 285433), adoptada el 10 de febrero por el Secretario General en virtud del artículo 4 de las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 en relación con la solicitud confirmatoria de acceso a documentos presentada por Eva Monard con arreglo al Reglamento (CE) no 1049/2001 (GESTDEM 4641/2011).
—

La parte demandante alega a este respecto que el acto impugnado fue aprobado para dar respuesta a determinadas irregularidades detectadas en la aplicación de algunas normas de la política pesquera común. No obstante, el acto no contiene ninguna indicación relativa a tales irregularidades, de modo que no resulta posible determinar el proceso lógico que llevó a su aprobación. Esta causa de invalidez es especialmente grave, ya que esas medidas representan una excepción respecto de anteriores actos de la Unión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/32

Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2014 — Vassiliou/Comisión y BCE

(Asunto T-151/14)

2014/C 159/43

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Costas Vassiliou (Kinshasa, Congo) (representantes: C. Paschalides, Solicitor, y A. Paschalides, abogado)

Demandadas: Banco Central Europeo y Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a las demandadas a resarcir al demandante con arreglo al artículo 268 TFUE

Motivos y principales alegaciones

El demandante alega que las demandadas hicieron que se viera privado del dinero de su cuenta bancaria al hacer que su depósito bancario fuera sometido prematuramente a un mecanismo de recapitalización interna como condición vinculada a la ayuda financiera prestada a Chipre el 26 de abril de 2013, en virtud del artículo 13 del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad de 2012, de la siguiente manera: a) las demandadas «manifiesta y claramente ignoraron los límites» de sus competencias como instituciones de la Unión Europea conforme al artículo 136 TFUE, apartado 3; b) cedieron ilegalmente el control efectivo de sus funciones como instituciones de la UE; c) hicieron que el mecanismo de recapitalización interna que no había sido adoptado en la legislación de la UE fuera adoptado prematuramente para los depósitos constituidos en el Bank of Cyprus y en el Cyprus Popular Bank; d) provocaron restricciones en la circulación de capitales, al impedir que los titulares de depósitos retiraran o transfirieran su dinero a entidades más fiables; e) finalmente, violaron con todo ello los principios de seguridad jurídica, igualdad y los derechos humanos.
—

Anule la Decisión C (2013) 6261 de la Comisión, de 16 de octubre de 2013 sobre la ayuda estatal no SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) dirigida a la República Eslovaca, y
—

Anule la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 306, p. 18) y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 306, p. 3).
1)

Primer motivo, basado en la alegación de que el motivo concreto para incluir a Iran Insurance Company en la lista es infundado. La demandante negó claramente que hubiera prestado apoyo financiero al Gobierno de Irán. Además, la demandante no prestó apoyo nuclear a Irán. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos del artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo (en su versión posteriormente modificada por el artículo 1, apartado 7, de la Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, el artículo 1, apartado 8, de la Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, y el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2012/829/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2012) ni los requisitos del artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento no 267/2012 del Consejo (en su versión modificada posteriormente por el artículo 1, apartado 11, del Reglamento no 1263/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012).