1.

a) Respecto a las dos primeras cuestiones prejudiciales, el Gobierno alemán comienza por señalar que, a través de su recurso de casación, Van Dalfsen y otros critican la resolución del Arrondissementsrechtbank en la medida en que, por una parte, éste declaró infundado el recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución y, por otra, no suspendió el procedimiento, sino que subordinó la ejecución a la constitución de una garantía. Según el Gobierno federal, la primera parte de esta resolución fue «dictada sobre el recurso», a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio y, en consecuencia, podía ser objeto de un recurso de casación, conforme a dicha disposición. Por el contrario, respecto a la segunda parte de esta resolución, el Convenio no contiene disposición alguna sobre las posibilidades de impugnar la resolución dictada con arreglo al artículo 38 del mismo. En su opinión, es cierto que, en la sentencia de 27 de noviembre de 1984, Schuhfabrik Brennero (258/83, Rec. p. 3971), el Tribunal de Justicia declaró que, en el marco del sistema general del Convenio y a la luz de uno de sus objetivos principales, que es simplificar los procedimientos en el Estado en el que se solicita la ejecución, el párrafo segundo del artículo 37 no puede ampliarse de manera que se permita la interposición de un recurso de casación contra una resolución distinta de la que resuelve el recurso, como, por ejemplo, un recurso de casación contra una resolución preparatoria o interlocutoria por la que se ordenan diligencias de prueba (punto 15). De ello se deduce que un recurso interpuesto contra una resolución dictada con arreglo al párrafo primero del artículo 38 del Convenio no puede ser objeto de recurso de casación. No obstante, sigue quedando pendiente la cuestión de determinar si una resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio puede ser impugnada mediante un recurso de casación cuando se dicta al mismo tiempo que la resolución sobre el recurso. A este respecto, pueden contemplarse tres posibilidades, a saber que dicho medio de impugnación queda excluido, en todo caso, que la resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio sólo puede ser impugnada si el recurso de casación se refiere también al otorgamiento o a la denegación de la ejecución o, por último, que la resolución dictada conforme al artículo 38 del Convenio puede ser objeto de recurso en su totalidad si se adopta al mismo tiempo que la resolución dictada sobre el recurso. El Gobierno alemán añade que el hecho de que el Informe Jenard (DO 1979, C 59, p. 1) afirme, en relación con el artículo 37 del Convenio, que «el oponente podrá también solicitar que se aplique el artículo 38 si ha interpuesto, en el Estado de origen, un recurso contra la resolución para la que se solicita el exequátur» puede jugar a favor de la tercera de las alternativas mencionadas. No obstante, este Gobierno considera que dicha afirmación no resuelve la cuestión del alcance de la admisibilidad del recurso de casación. Ahora bien, tanto del objetivo principal del Convenio, que es ofrecer un procedimiento rápido, sencillo y único en el Estado en el que se solicita la ejecución, como de la motivación de la sentencia de 27 de noviembre de 1984, Schuhfabrik Brennero, antes mencionada, se deduce que el recurso de casación con arreglo al párrafo segundo del artículo 37 del Convenio sólo puede presentarse contra la resolución qué admite o desestima el recurso interpuesto contra el otorgamiento del exequátur en virtud del artículo 36 del Convenio. Por Jo tanto, la resolución dictada conforme al artículo 38 del Convenio no puede ser considerada como una «resolución dictada sobre el recurso», a efectos del párrafo segundo del artículo 37. En opinión del Gobierno federal, esta respuesta dada a las dos primeras cuestiones prejudiciales debe bastar para declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto en el procedimiento principal y, en consecuencia, no es necesario plantearse la cuestión de determinar si el párrafo primero del artículo 38 del Convenio puede interpretarse de manera tal que el «Tribunal que conoce del recurso», a efectos de dicha disposición, puede ser también el órgano jurisdiccional que conoce del recurso de casación y que está facultado para adoptar una resolución bien sobre una primera solicitud presentada conforme al artículo 38 del Convenio, o bien, en el supuesto de que el Tribunal que conoce del recurso se haya pronunciado ya, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 36, sobre una solicitud presentada conforme al artículo 38, sobre una nueva solicitud formulada conforme al artículo 38 y sobre la base de nuevos elementos de hecho. b) El Gobierno alemán añade que, teniendo en cuenta esta respuesta, la tercera cuestión prejudicial ya no presenta interés alguno. A este respecto, dicho Gobierno señala, a todos los efectos, que las consideraciones que el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta para dictar una resolución con arreglo al párrafo primero del artículo 38 del Convenio se deducen de la finalidad de la disposición de que se trata. Ahora bien, por un lado, el Convenio tiene por objeto garantizar, con un mínimo de formalidades, un procedimiento sencillo, rápido y uniforme de ejecución de las resoluciones para todos los Estados contratantes. Por otro lado, es necesario impedir, no obstante, tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 22 de noviembre de 1977, Industrial Diamond Supplies (43/77, Rec. p. 2175), que algunas resoluciones tengan que ser reconocidas y ejecutadas en otros Estados contratantes en un momento en que existe la posibilidad de que sean anuladas o modificadas en el Estado de origen. En dicha sentencia, el Tribunal recordó, por otra parte, que, según el Convenio, se trata, para el Juez que conoce del reconocimiento o del exequátur, no de una obligación de suspender el procedimiento, sino de una simple facultad, para permitir a dicho Juez reservar su resolución siempre que pueda surgir una duda razonable respecto a la suerte final de la resolución en el Estado de origen (apartados 32 y 33). De ello se deduce que el órgano jurisdiccional mencionado en el párrafo primero del artículo 37 del Convenio debe dictar una resolución con arreglo al párrafo primero del artículo 38 del mismo en función de la facultad de apreciación de la que dispone y, en consecuencia, tener en cuenta las posibilidades de éxito tanto del recurso ordinario en el Estado de origen como del recurso en el Estado requerido. En efecto, dicho órgano jurisdiccional debería examinar todas las objeciones admisibles en el marco del procedimiento relativo al recurso, tales como los requisitos previstos por el Convenio que determinan el carácter ejecutorio de la resolución y los motivos dirigidos contra la propia petición, a pesar de que, teniendo en cuenta la prohibición de revisar la resolución extranjera en cuanto al fondo, dichos motivos se basen en hechos posteriores a la sentencia extranjera. Por último, cuando la resolución extranjera es provisionalmente ejecutoria, la facultad para el Juez de suspender el procedimiento o de subordinar la ejecución a la constitución de una garantía, teniendo en cuenta la posible modificación de la resolución en el Estado de origen, demuestra que el Tribunal que conoce del recurso puede tomar en consideración objeciones formuladas contra la petición presentada en el Estado de origen. El Gobierno federal deduce de ello que, en el procedimiento relativo al recurso, se pueden alegar elementos de hecho, sin que sea posible establecer límites. Dicha facultad sigue abierta, en particular, en el supuesto de que lo que sirva de base al procedimiento en el Estado requerido sea simplemente un título provisionalmente ejecutorio. En estas circunstancias, no se impide al Tribunal que conoce del recurso y al cual se pide que suspenda el procedimiento o que ordene la constitución de una garantía por parte del acreedor apoyar su resolución en motivos que el órgano jurisdiccional extranjero pudo tomar como base de su resolución y que deberán ser analizados de nuevo en el Estado de origen durante el procedimiento relativo al recurso. A fortiori, no se impide a dicho Tribunal tomar en consideración elementos de hecho que todavía no podían ser alegados durante el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del Estado de origen. c) En resumen, el Gobierno alemán propone que se responda lo siguiente a las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden: «1) Las resoluciones dictadas por el Tribunal que conoce del recurso, a efectos del artículo 38 del Convenio de Bruselas, no deben considerarse como “resoluciones dictadas sobre el recurso“; en consecuencia, no pueden ser impugnadas a través de un recurso de casación, con arreglo al párrafo segundo del artículo 37 del Convenio de Bruselas. 2) La resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio de Bruselas sigue siendo inatacable aun cuando se haya dictado al mismo tiempo que la resolución sobre el recurso. 3) En el supuesto de un título que sea simplemente provisionalmente ejecutorio, el ”Tribunal que conoce del recurso” puede hacer uso de las facultades que le reconoce el párrafo primero del artículo 38 del Convenio de Bruselas, aun cuando quien ha interpuesto el recurso base su petición de suspensión del procedimiento relativo a la resolución o su solicitud de que el otorgamiento de la ejecución se subordine a la constitución de una garantía en consideraciones que en nada se diferencian de las que han podido servir de base a la resolución del órgano jurisdiccional extranjero. La utilización de las alegaciones de hecho no está limitada en el tiempo.»