ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

Un producto fabricado a partir de azúcar fermentado con la ayuda de la bacteria Corynebacterium glutamicum y que –como se especifica con más detalle en el anexo 1 a la presente resolución– está compuesto aproximadamente por un 65 % de sulfato de lisina, además de por las impurezas derivadas del proceso de fabricación (materias primas no modificadas, reactivos utilizados en el proceso de fabricación y subproductos), ¿queda comprendido en la partida 2309, en la partida 2922 o en la partida 3824 de la Nomenclatura Combinada, en la versión resultante del anexo I del Reglamento (CE) no 1719/2005 (1) [de la Comisión], de 27 de octubre de 2005, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común? ¿Es relevante en este contexto el hecho de que se hayan mantenido deliberadamente las impurezas con vistas a hacer el producto particularmente adecuado, o para mejorar su adecuación, para la producción de piensos, o que se hayan mantenido las impurezas porque no es necesario ni conveniente eliminarlas? ¿Qué criterios deberían utilizarse para analizar este asunto en cualquier caso dado? ¿Es relevante para la respuesta el hecho de que sea posible fabricar otros productos que contengan lisina, incluida la lisina «pura» (> 98 %) y productos de lisina HCl que tengan un contenido en lisina superior al producto de sulfato de lisina antes descrito, y es relevante en este contexto que la cantidad de sulfato de lisina y otras impurezas contenidas en el producto de sulfato de lisina antes descrito se corresponda con la cantidad contenida en los productos de sulfato de lisina de otros fabricantes? ¿Qué criterios deberían utilizarse para analizar este asunto en cualquier caso dado?
5)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento no 343/2003 en relación con la obligación que impone el artículo 78 TFUE, apartado 1, de ajustarse a los tratados internacionales en materia de asilo, en el sentido de que, en los procedimientos para determinar el Estado responsable conforme al Reglamento no 343/2003, los Estados miembros están obligados a recabar la opinión de la Oficina del ACNUR, si en los expedientes de dicha oficina se refieren hechos y conclusiones según los cuales el Estado miembro responsable conforme al artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 343/2003 infringe normas de la Unión Europea en materia de asilo? Si se responde afirmativamente a esta cuestión, se solicita asimismo respuesta a las siguientes cuestiones: Si no se recaba tal opinión de la Oficina del ACNUR, ¿se incurre en un vicio esencial de forma en el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable conforme al artículo 3 del Reglamento no 343/2003 y, de esta manera, en una vulneración de los derechos a una buena administración y a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo asimismo en cuenta el artículo 21 de la Directiva 2005/85, que establece el derecho de esta Oficina a manifestar su opinión al examinar la solicitudes individuales de asilo?
Tercero, la recurrente alega que el Tribunal confirma, de manera jurídicamente errónea, la Decisión de la Comisión de hacer a la recurrente responsable solidaria con sus filiales. A juicio de la recurrente, no se discute que ella no participó en las infracciones. El principio de Derecho sancionatorio de la responsabilidad personal, el principio in dubio pro reo y el derecho a un proceso justo se oponen a una imputación de la actuación ajena basada en la falsa premisa de la responsabilidad de la unidad económica.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 305/4

Recurso interpuesto el 19 de julio de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

(Asunto C-387/11)

2011/C 305/04

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Mölls y C. Soulay, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los artículos 31 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al mantener normas distintas en relación con la imposición de los rendimientos de capitales y de bienes muebles percibidos por sociedades de inversión belgas y con la imposición de los rendimientos de capitales y de bienes muebles percibidos por sociedades de inversión extranjeras.

— Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la Comisión critica la diferencia de trato entre las sociedades de inversión residentes y las sociedades de inversión no residentes, en materia de imposición de los rendimientos de capitales y de bienes muebles. En efecto, a diferencia de las sociedades de inversión residentes, las sociedades de inversión no residentes que no disponen de un establecimiento estable en el territorio nacional no tienen la posibilidad de recuperar el importe pagado en concepto de retención sobre las rentas del capital mobiliario. La Comisión considera que esta discriminación es incompatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, pues supone hacer menos atractiva la creación de sociedades de inversión no residentes, y con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, pues la financiación de una sociedad belga con la intermediación de una sociedad de inversión extranjera es más cara que la financiación con la intermediación de una sociedad de inversión belga.

Por otra parte, la Comisión refuta las justificaciones apuntadas por las autoridades belgas. En primer lugar, sostiene que no facilitaron elementos objetivos que permitan concluir una diferencia entre la situación de las sociedades de inversión residentes y la de las sociedades de inversión no residentes, pertinente desde el punto de vista de su régimen fiscal. Asimismo, afirma que el sistema fiscal en cuestión no presenta relación alguna con el reparto equilibrado de las competencias impositivas entre los Estados afectados. En cualquier caso, un Estado miembro no puede invocar un convenio bilateral para eludir las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. Por último, en cuanto al presunto riesgo de fraude fiscal por parte de las sociedades no residentes, considera que las autoridades belgas no pueden invocar obstáculos que dificulten los controles fiscales, lo que resulta de disposiciones adoptadas por la propia Bélgica, para justificar la inaplicación de las libertades garantizadas por el Tratado.
C 298/11

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 18 de julio de 2011 — Caves Krier Frères SARL/Director de la Administration de l’emploi

(Asunto C-379/11)

2011/C 298/22

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour administrative

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Caves Krier Frères SARL

Recurrida: Administration de l’emploi

Cuestión prejudicial

«¿Es conforme con el Derecho de la Unión, y en particular con los artículos 21 y 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo L. 541-1, párrafo primero, del Code du Travail luxemburgués, en la medida en que reserva el derecho al reembolso de las cotizaciones a la seguridad social, correspondientes al empleador y al asegurado, por los desempleados contratados mayores de cuarenta y cinco años, tanto si perciben subsidio como si no, a los empleadores del sector privado con la condición de que los desempleados estén inscritos como demandantes de empleo en una oficina de colocación de la administration de l’emploi luxemburguesa desde hace al menos un mes, mientras que no se benefician de dicha medida los empleadores que contratan a desempleados inscritos como demandantes de empleo en los organismos extranjeros correspondientes?»
Mediante su tercer motivo denuncian las recurrentes una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («CEDH»). Las recurrentes consideran que la violación de estas normas superiores de Derecho se ha producido en dos frentes. Por una parte, no basta el control de verosimilitud que ejerce el Tribunal General en los procedimientos que pueden dar lugar a la imposición de multas como un recurso eficaz para hacer cumplir la Carta de los Derechos fundamentales y el CEDH. Al respecto se refieren las recurrentes al carácter de las decisiones de la Comisión por las que se impone una multa, similar, como mínimo, a las sanciones establecidas en Derecho penal. Estiman, por otra parte, que el procedimiento que sigue la Comisión tampoco es acorde con los requisitos que establecen la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH toda vez que la propia Comisión instruye los hechos, tramita el expediente y, a su término, adopta la decisión final sobre la sanción y su cuantía. Sostienen que sólo se podría admitir tal procedimiento si un órgano judicial independiente pudiera ejercer un control exhaustivo sobre las decisiones de la Comisión. Sobre el particular aducen igualmente las recurrentes que el Tribunal General se limitó a comprobar que la Decisión de la Comisión no contenía ninguna contradicción manifiesta, sin realizar apreciación alguna directamente sobre los hechos del asunto.
La sentencia impugnada infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1. Frente a la postura del Tribunal General, en el caso de Flughafen Leipzig/Halle GmbH no se está ante una empresa a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, por lo que respecta a las medidas controvertidas en materia de infraestructuras y a su financiación. La construcción de infraestructuras en un aeropuerto regional no representa una actividad económica. Por consiguiente, las disposiciones en materia de ayudas de Estado no son aplicables al presente supuesto.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 232/21

Recurso interpuesto el 9 de junio de 2011 — Comisión Europea/República Helénica

(Asunto C-293/11)

2011/C 232/33

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou y C. Soulay)

Demandada: República Helénica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 306 a 301 de la Directiva 2006/112/CE, (1) al aplicar el régimen especial de las agencias de viajes en aquellos casos en que los servicios de viajes se han vendido a una persona distinta del viajero.

— Que se condene en costas a la República Helénica.

Motivos y principales alegaciones

El régimen de las agencias de viajes se aplica únicamente a los servicios que se proveen directamente a los viajeros, en virtud del tenor de la Directiva en varias lenguas. Incluso la versión inglesa, que emplea en un único lugar la expresión «cliente»(customer), no tendría sentido si no se refiriera únicamente a los viajeros. Se obtiene la misma conclusión con la lectura combinada de todas las disposiciones pertinentes (argumento sistemático). También la interpretación histórica lleva a la misma conclusión, ya que la Directiva IVA simplemente codifica la Sexta Directiva sin modificar su contenido. Igualmente ocurre con la interpretación teleológica; lo importante es no permitir la doble imposición de las agencias en determinados Estados miembros (mediante la exclusión de las deducciones en la circunstancia de aplicación extensiva del régimen de las agencias de viajes). Los Estados individuales no pueden corregir un defecto de la Directiva sin una rectificación oficial de su texto.

(1) DO L 347, de 11.12.2006.
2)

¿Deben interpretarse –en la medida en que sean aplicables– los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con los números 1, letra j), y 2, letra b), frase 2, del anexo al que se refiere el artículo 3, apartado 3 de dicha Directiva y el artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y/o c) de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, (2) sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, en el sentido de que las cláusulas contractuales sobre modificaciones de precios incluidas en contratos de suministro de gas natural con clientes especiales cumplen las exigencias sobre redacción clara y comprensible y/o el grado de transparencia requerido, si en ellas no se recogen la causa, los requisitos y el alcance de una modificación de precios, pero se garantiza que la empresa suministradora de gas informará a sus clientes acerca de cualquier incremento de precios con un plazo razonable y que el cliente tendrá derecho a rescindir el contrato, si no desea aceptar las condiciones modificadas que se le comunican?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 186/11

Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca

(Asunto C-95/11)

2011/C 186/18

Lengua de procedimiento: danés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal, agente, y H. Peytz, abogado)

Demandada: Reino de Dinamarca

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) al permitir que personas que no son sujetos pasivos sean miembros de un grupo a efectos del IVA.

— Que se condene en costas al Reino de Dinamarca.

Motivos y principales alegaciones

En aras de la simplificación administrativa y con el fin de prevenir determinadas formas de abuso, la Directiva relativa al IVA permite a los Estados miembros considerar a dos o más sujetos pasivos como un único sujeto pasivo. La Comisión considera que la citada Directiva no permite que personas que no son sujetos pasivos sean miembros de tales grupos a efectos del IVA y sometiéndolos así a los derechos y obligaciones que incumben a los sujetos pasivos. Por ello, la ley danesa que permite que personas que no son sujetos pasivos sean miembros de un grupo a efectos del IVA no es, a juicio de la Comisión, conforme con la citada Directiva.

(1) DO L 347, p. 1.
2)

¿Es compatible el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Decreto no 38, de 27 de julio de 1967, por el que se organiza el estatuto social de los trabajadores autónomos, con el Derecho de la Unión Europea y, en particular, con la libertad de circulación y de residencia garantizada por el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión en la medida en que no permite a la persona que reside en otro Estado miembro y gestiona desde el extranjero una sociedad sujeta al impuesto belga desvirtuar la presunción de sujeción al estatuto social de los trabajadores autónomos, mientras que el mandatario que reside en Bélgica y no gestiona dicha sociedad desde el extranjero tiene la facultad de destruir dicha presunción y de aportar la prueba de que no ejerce una actividad por cuenta propia en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Real Decreto no 38?
—

Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (1) y de los artículos 18 TFUE y 45 TFUE por los que se establece el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, al no haber eliminado hasta el 1 de agosto de 2004 el requisito de residencia que impedía la actualización de las pensiones de los ciudadanos europeos y del EEE con residencia fuera de un país con el que Bélgica hubiera celebrado un acuerdo de reciprocidad y al no haber corregido la discriminación sufrida por éstos en el período anterior al 1 de agosto de 2004 por haber quedado privados de una parte de su pensión.
—

Que se desestimen los recursos promovidos por Allergan, Inc. contra las resoluciones de la Sala de Anunlación de la Oficina de 28 de marzo de 2007 en el asunto 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) y de 4 de abril de 2007 en el asunto 1120 C (L’Oréal SA, BOTOCYL).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 103/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 23 de diciembre de 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

(Asunto C-611/10)

2011/C 103/19

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Waldemar Hudzinski

Demandada: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

Cuestión prejudicial

¿Ha de interpretarse el artículo 14 bis, punto 1, letra a), del Reglamento no 1408/71 (1) en el sentido de que el Estado miembro no competente, conforme a dicho precepto, no está facultado para abonar prestaciones familiares con arreglo a su normativa nacional a un trabajador por cuenta ajena que sólo preste servicios temporalmente en su territorio, en el supuesto de que ni el propio trabajador ni sus hijos residan o permanezcan habitualmente en el Estado no competente?

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada.
4)

En determinadas circunstancias puede estar permitido, en el marco del principio non bis in idem mencionado en la segunda cuestión prejudicial, establecer sanciones adicionales en un nuevo procedimiento por la misma conducta que ha sido examinada y que ha dado lugar a la decisión de imponer sanciones al particular. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿se cumplen los requisitos establecidos con arreglo al principio non bis in idem para la imposición de varias sanciones en distintos procedimientos cuando en el último procedimiento se produce un examen de las circunstancias del asunto que es nuevo e independiente del procedimiento anterior?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 46/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Chartres (Francia) el 29 de noviembre de 2010 — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, señora de Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d’Eure et Loir

(Asunto C-558/10)

2011/C 46/09

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de grande instance de Chartres

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, señora de Bourges-Maunoury

Demandada: Direction des services fiscaux d’Eure et Loir

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 13, párrafo segundo, del capítulo V del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas del Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas, (1) a que todos los rendimientos de un contribuyente, incluidos los rendimientos comunitarios, sean computados en el cálculo del límite máximo del impuesto sobre el patrimonio?

(1) DO L 152, p. 13, actualmente artículo 12 del capítulo V del Protocolo (no 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 266).
v)

error de derecho en la interpretación y aplicación del principio de igualdad de trato al apreciar la multa: el Tribunal General no aplicó debidamente el principio de igualdad de trato al no considerar si el nivel general de las multas había aumentado en la estimación de que la multa de las recurrentes no era discriminatoria.
c)

En caso de respuesta negativa a la cuestión del apartado 2 a): En el presente caso, ¿se opone el artículo 26, apartado 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I») (2) a que se dicte una sentencia en rebeldía con arreglo al artículo 331 de la Zivilprozessordnung alemana, es decir, un título ejecutivo para créditos no impugnados en el sentido del Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143, p. 15; en lo sucesivo, «Reglamento no 805/2004»), en la medida en que se pretende la condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios por un importe de, al menos, 20 000,00 euros, más intereses, y gastos de abogado por una cuantía de 1 419,19 euros, más intereses? Las siguientes cuestiones están condicionadas a que la demandante pueda proseguir con el litigio con arreglo a las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones de los apartados 2 a) a 2 c):
1)

¿Puede interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (1) en el sentido de que una cláusula contractual abusiva no resulta vinculante para ningún consumidor en caso de que una entidad designada legalmente y legitimada al efecto solicite, en nombre de los consumidores mediante una acción de interés público (popularis actio), que se declare la nulidad de dicha cláusula abusiva que forma parte de un contrato celebrado con consumidores? En caso de que se interponga una acción de interés público, en relación con los supuestos en que recaiga una condena que beneficia a consumidores que no sean parte en el proceso o bien se prohíba la aplicación de una condición general de la contratación abusiva, ¿puede interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 en el sentido de que dicha cláusula abusiva que forma parte de contratos celebrados con consumidores no resulta vinculante para la totalidad de los consumidores afectados ni tampoco de cara al futuro, de modo que el órgano jurisdiccional ha de aplicar de oficio las correspondientes consecuencias jurídicas?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/30

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Bélgica) el 24 de septiembre de 2010 — État belge/Me Pierre HENFLING, Me Raphaël DAVIN, Me Koenraad Tangue (en calidad de síndicos de la quiebra de Tiercé Franco-Belge SA)

(Asunto C-464/10)

()

2010/C 346/49

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Mons

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: État belge

Recurrida: Me Pierre HENFLING, Me Raphaël DAVIN, Me Koenraad Tangue (en calidad de síndicos de la quiebra de Tiercé Franco-Belge SA)

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 4, y 13, parte B, letra f), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, (1) en el sentido de que se oponen a la concesión de una exención del impuesto con respecto a los servicios prestados por un comisionista que interviene en su propio nombre, pero por cuenta de un comitente que organiza prestaciones de servicios recogidas en el artículo 13, parte B, letra f)?

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.