Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Prueba del incumplimiento — Carga que incumbe a la Comisión — Presunciones — Improcedencia — Incumplimiento de la obligación de información impuesta a los Estados miembros por una directiva — Consecuencias

(Arts. 10 CE y 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo — Modificación posterior en sentido restrictivo — Procedencia

(Art. 226 CE)

3. Aproximación de las legislaciones — Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas — Directiva 98/44/CE — Patentabilidad de las invenciones que utilizan materia biológica — Patentabilidad de elementos aislados del cuerpo humano u obtenidos de otro modo mediante un procedimiento técnico — Normativa nacional que se limita a establecer los requisitos de patentabilidad de cualquier invención — Improcedencia a falta de consagración jurisprudencial de la patentabilidad de dichas invenciones o de dichos elementos

(Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 5, ap. 2)

4. Aproximación de las legislaciones — Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas — Directiva 98/44/CE — No patentabilidad de determinados procedimientos específicos, como la clonación de seres humanos y las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales — Normativa nacional que se limita a excluir la patentabilidad de las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres — Improcedencia

(Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, aps. 1 y 2)

Índice

1. Si bien en el marco de un procedimiento por incumplimiento iniciado con arreglo al artículo 226 CE, corresponde a la Comisión, la cual tiene el deber de probar la existencia del incumplimiento alegado, aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin poder basarse en cualquier presunción, corresponde igualmente a los Estados miembros, en virtud del artículo 10 CE, facilitarle el cumplimiento de su misión. A estos efectos, por lo demás, algunas directivas imponen a los Estados miembros una obligación de información.

A falta de tal información la Comisión no puede verificar si un Estado miembro ha ejecutado real y completamente una Directiva. Por lo tanto, el incumplimiento de esta obligación por parte de un Estado miembro, ya sea por una total falta de información o por una información insuficientemente clara y concreta, puede justificar, por sí solo, el inicio del procedimiento del artículo 226 CE. Entonces, el Estado miembro interesado no puede reprochar a la Comisión la falta de precisión de la demanda en la medida en que se debe al comportamiento de ese Estado.

(véanse los apartados 26, 27 y 29)

2. El procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 226 CE delimita el objeto de un recurso por incumplimiento interpuesto con arreglo a dicho artículo, por lo que el recurso debe basarse en los mismos motivos y alegaciones que el dictamen motivado. No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre las imputaciones del escrito de requerimiento, la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso cuando el objeto del litigio no se ha ampliado ni se ha modificado.

Así sucede cuando, tras reprochar a un Estado miembro la total falta de adaptación de su ordenamiento jurídico interno a una Directiva, la Comisión alega que la adaptación por primera vez referida por ese Estado, en una fase ulterior del procedimiento, es, en todo caso, incorrecta o incompleta en lo que atañe a determinadas disposiciones de esa misma Directiva. En efecto, tal imputación se halla necesariamente incluida en la relativa a la falta de toda adaptación y tiene carácter subsidiario en relación con ésta.

(véanse los apartados 35, 39 y 40)

3. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 1, y 5, apartado 2, de la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el Estado miembro que no establezca la patentabilidad de las invenciones sobre productos que contengan materia biológica, ni la de los elementos aislados del cuerpo humano u obtenidos de otro modo mediante un procedimiento técnico, sino que se limita a establecer, con carácter general, los requisitos de patentabilidad de cualquier invención sin invocar, por lo demás, ninguna resolución judicial que haya específicamente consagrado la patentabilidad de tales invenciones o de tales elementos. En estas circunstancias, resulta patente, en efecto, que, a pesar del objetivo de clarificación perseguido por la Directiva 98/44, persiste un estado de incertidumbre en cuanto a la posibilidad de proteger las invenciones biotecnológicas en virtud del Derecho del Estado miembro de que se trata.

(véanse los apartados 59 a 61 y 71 a 73)

4. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el Estado miembro que no establezca expresamente la no patentabilidad de determinados procedimientos específicos, como la clonación de seres humanos y la utilización de embriones humanos para fines industriales o comerciales, sino que se limita, en términos generales, a excluir la patentabilidad de las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres y los actos de disposición del cuerpo humano.

En efecto, contrariamente al artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, que otorga a las autoridades administrativas y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un amplio margen de apreciación en la ejecución de la exclusión de la patentabilidad de las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público y a la moralidad, el apartado 2 del mismo artículo no reserva a los Estados miembros ningún margen de apreciación en lo que atañe a la no patentabilidad de procedimientos y utilizaciones que en él se enumeran, siendo el objeto de dicha disposición precisamente articular la exclusión prevista en el apartado 1.

(véanse los apartados 78 y 80)