SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 13 de julio de 1995

Asunto T-557/93

Lars Bo Rasmussen

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Calificación — Informe de calificación — Elaboración con retraso — Promoción — Irregularidad del procedimiento»

Texto completo en lengua francesa II-603

Objeto:

Anulación de la decisión de la Comisión de no promover al demandante al grado A 4, para el ejercicio de 1992, y de promover al conjunto de los funcionarios que figuran en la lista publicada en el no 770 de Informations administratives.

Resultado:

Anulación de la decisión de no promover al demandante y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

Después de haber estado destinado en el servicio de traducción, de 1989 a 1991, el demandante, administrador principal de grado A 5, desempeñaba sus funciones en la Dirección E «Sanidad y Seguridad» de la Dirección General Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales (DG V).

El demandante firmó «un informe de calificación» correspondiente al período 1989/1991 que le fue comunicado el 29 de junio de 1992 y que llevaba la firma del superior del demandante en la DG V, pero no el refrendo de su antiguo superior en el servicio de traducción.

El 13 de octubre de 1992, el demandante firmó, sin formular reservas, su informe de calificación correspondiente al período 1989/1991, elaborado por su calificador, después de consultar al antiguo superior jerárquico directo del demandante en el Servicio de Traducción. Las apreciaciones analíticas eran sensiblemente menos favorables que las que figuraban en el documento comunicado el 29 de junio de 1992.

El nombre del demandante no figuraba en la lista, publicada posteriormente, de los funcionarios promovidos al grado A 4, para el ejercicio de promoción de 1992.

Sobre la primera parte del motivo fundado en la irregularidad del procedimiento de examen comparativo de los méritos de los candidatos para la promoción

Este Tribunal de Primera Instancia desestima la primera parte del motivo, conforme a la cual, la Comisión, contraviniendo el artículo 45 del Estatuto, limitó su examen comparativo de los méritos de los candidatos a los funcionarios de la DG V con posibilidades de promoción al grado A4, en lugar de proceder al examen comparativo de los méritos de todos los funcionarios con posibilidades de promoción al grado A 4 (apartados 17 y 23).

Efectivamente, para efectuar dicho examen comparativo, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) dispone de una amplia facultad de apreciación y, en este aspecto, el control del Juez comunitario debe limitarse a la cuestión de si la administración se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de una forma manifiestamente errónea (apartado 19).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987, Bouteiller/Comisión (324/85, Rec. p. 529); Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1994, Marcato/Comisión (T-18/93, RecFPp. II-681), apartado 45

En el marco de un procedimiento de promoción, la AFPN está obligada a elegir tras efectuar un examen comparativo de los informes de calificación y de los méritos respectivos de los candidatos promovibles. A este fin, tiene reconocida la facultad estatutaria de llevar a cabo el citado examen, con arreglo al procedimiento o al método que considere más apropiado (apartado 20).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1976, De Wind/Comisión (62/75, Rec. p. 1167), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Mergen/Comisión(T-53/91, Rec. p. II-2041), apartado 30

En estas circunstancias, este Tribunal de Primera Instancia considera que un examen previo de las candidaturas de los funcionarios promovibles, dentro de cada Dirección General de la Comisión a la que pertenecen, no puede impedir un examen comparativo bien entendido de los méritos de los candidatos, como exige el artículo 45 del Estatuto, sino que, por el contrario, forma parte del principio de buena administración (apartado 21).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1993, Tsirimokos/Parlamento (T-76/92, Rec. p. II-1281), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1993, Perakis/ParIamento (T-78/92, Rec. p. II-1299), apartado 14

Efectivamente, la intervención del Director General en el procedimiento de promoción es necesaria por dos razones, a saber, por una parte, para que puedan tomarse en consideración los elementos específicos de su Dirección General de los que tiene conocimiento mediante las consultas con los diferentes superiores jerárquicos y, por otra parte, para situar en una perspectiva única los informes de calificación de los diferentes funcionarios promovibles, que han sido elaborados por diferentes calificadores (apartado 22).

Referencia: Mergen/Comisión, antes citada

Sobre la segunda parte del motivo, fundada en la falta de informe de calificación, durante la tramitación del procedimiento de promoción correspondiente al ejercicio de 1992

Por el contrario, este Tribunal de Primera Instancia acoge la alegación del demandante conforme a la cual la Comisión no pudo efectuar un examen comparativo de los méritos de los funcionarios con posibilidades de promoción al grado A 4, por cuanto al publicarse las propuestas de promoción de la DG V, durante el mes de junio de 1992, aún no se había elaborado el informe de calificación del demandante correspondiente al período 1989/1991 (apartado 50).

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que el informe de calificación debe elaborarse obligatoriamente en aras de la buena administración y de la racionalización de los servicios de la Comunidad y con el fin de proteger los intereses de los funcionarios. Constituye un elemento de juicio indispensable cuando la carrera de un funcionario es tomada en consideración por la autoridad jerárquica (apartado 30).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1977, Geist/Comisión (61/76, Rec. p. 1419), apartado 44; Tribunal de Justicia, 27 de enero de 1983, List/Comisión (263/81, Rec. p. 103); Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1992, Moritz/Comisión (C-68/91 P, Rec. p. I-6849), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. II-201), apartado 43

Sin embargo, si bien un procedimiento de promoción está viciado por una irregularidad cuando la AFPN no ha podido proceder a un examen comparativo de los méritos de los candidatos porque los informes de calificación de uno o de varios de ellos fueron redactados, por causa imputable a la administración, con un retraso sustancial, no se exige que, en el momento de la decisión de promoción, todos los candidatos se encuentren exactamente en la misma fase en cuanto al estado de sus informes de calificación, ni que la AFPN aplace su decisión si no se ha redactado todavía el informe más reciente de uno u otro de los candidatos. Por otra parte, para anular las decisiones relativas a las promociones, no basta que el expediente personal de un candidato sea irregular o incompleto, salvo si se prueba que este hecho pudo incidir decisivamente en el procedimiento de promoción. Además la AFPN no está obligada a retrasar sus decisiones de promoción, sino que puede buscar otros medios para remediar la falta de un informe de calificación. En circunstancias excepcionales, la falta de informe de calificación puede compensarse con la existencia de otras informaciones sobre los méritos del funcionario (apartados 31 y 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de octubre de 1978, Ditterich/Comisión (86/77, Rec. p. 1855), apartados 18 y 19; Tribunal de Justicia, 10 de junio de 1987, Vincent/Parlamento (7/86, Rec. p. 2473); Moritz/Comisióny Vela Palacios/CES, antes citadas

Finalmente, ante un conjunto de indicios suficientemente concordantes acerca de la falta de un auténtico examen comparativo de las candidaturas, incumbe a la Institución demandada probar, mediante datos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, que respetó las garantías establecidas por el artículo 45 del Estatuto a favor de los funcionarios con posibilidades de promoción, y que procedió al citado examen comparativo (apartado 33).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992, Schönherr/CES (T-25/90, Rec. p. II-63), apartado 25

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia considera que, con arreglo a las disposiciones aplicables, en la medida en que el documento comunicado el 29 de junio de 1992 al demandante no llevaba la firma del Jefe de la Unidad V.E.5, a la que el demandante pertenece sólo desde 1991, en ningún caso pudo constituir un informe de calificación dado que dicho Jefe de servicio era incompetente ratione temporis como calificador (apartado 37).

De ello se sigue, por otra parte, que en el momento decisivo del procedimiento de promoción, que terminó en el mes de junio de 1992, con la publicación de las propuestas de promoción de la DG V, el expediente individual del demandante no contenía ningún informe de calificación correspondiente al período comprendido entre 1989 y 1991 (apartado 38).

Pues bien, la Comisión no ha precisado en modo alguno los elementos en los que pudo basarse, para paliar la falta de dicho informe de calificación, con objeto de proceder a un examen comparativo de los méritos de los candidatos a la promoción, particularmente del demandante, en el marco del ejercicio de promoción controvertido. Por otra parte, la Comisión no ha afirmado siquiera haberse basado en datos distintos de los informes de calificación. Además, de los autos no se deduce y la Comisión tampoco ha afirmado que volviera a examinar válidamente la situación del demandante, a raíz de la elaboración del informe de calificación, en octubre de 1992 (apartados 40 y 41).

Por consiguiente, como ha señalado el demandante, sin que la Comisión le haya contradicho válidamente, ésta sólo estuvo en condiciones de pronunciarse acerca de la posibilidad del demandante de ser promovido al grado A 4 basándose en su anterior informe de calificación, relativo al período de calificación 1987/1989, el cual constituía una mera reconducción del informe correspondiente al período 1985/1987. Pues bien, dado que este último informe fue elaborado cuando el demandante era administrador de grado A 6, el expediente personal del interesado no contenía, en la fecha en que se apreciaron comparativamente los méritos de los candidatos con posibilidades de ser promovidos al grado A 4, informe fundado alguno relativo a las actividades desarrolladas como administrador principal de grado A 5 (apartado 44).

Dado que, como afirma el demandante y admite la Comisión, el informe de calificación correspondiente al período de calificación 1989/1991 ejerció una influencia decisiva sobre el procedimiento de promoción, de ello se desprende que ni el Comité paritario restringido, ni el Comité de promoción ni tampoco la AFPN se hallaron en condiciones de proceder debidamente a un examen comparativo efectivo de los méritos del demandante en relación con los del resto de los funcionarios con posibilidades de ser promovidos al grado A 4 (apartado 45).

El Tribunal rechaza el argumento de la Comisión consistente en afirmar que, en cualquier caso, la calificación atribuida al demandante en el informe de calificación de octubre de 1992 era mucho menos favorable que la de los demás funcionarios promovidos, por lo cual, aun cuando tanto el Comité de promoción como la AFPN hubieran tenido conocimiento de dicho informe, en el período decisivo del procedimiento de promoción, el demandante no habría sido incluido, en ningún caso, en la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos para lograr una promoción al grado A 4 (apartado 48).

Efectivamente, el Tribunal de Primera Instancia considera que incumbía tanto al Comité de promoción como a la AFPN, después de haber estado en condiciones de tener conocimiento del informe de calificación de 13 de octubre de 1992, efectuar, a la vista de éste, un nuevo examen de la candidatura del interesado a la promoción, a reserva de supeditar la legalidad de la decisión de no incluir al demandante en la lista de los funcionarios de la DG V considerados con mayores méritos para lograr una promoción al grado A 4 al contenido de un informe de calificación elaborado algunos meses después, lo cual, en cualquier caso, no podría admitirse (apartado 49).

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia anula la decisión de la Comisión de no promover al demandante, pero desestima las pretensiones de anulación deducidas contra la decisión de la Comisión de promover al grado A 4 al conjunto de los funcionarios incluidos en la lista publicada. Efectivamente, dadas las circunstancias del presente caso, la estimación de dicha demanda constituiría una sanción excesiva de la irregularidad comprobada, cuando la Comisión ha declarado que no existe ningún obstáculo, de índole administrativa o presupuestaria, para que el Comité de promoción vuelva a examinar los méritos del demandante, para el ejercicio de promoción 1992 (apartados 51 a 54).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de junio de 1980, Oberthür/Comisión (24/79, Rec. p. 1743), apartado 13

Fallo:

1) Se anula la decisión de la Comisión de no promover al demandante al grado A 4 para el ejercicio de promoción 1992.