Palabras clave

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Palabras clave

1 Competencia - Procedimiento administrativo - Régimen lingüístico - Pliego de cargos y Decisión final - Elección de la lengua utilizada en su correspondencia con sus propias filiales comerciales en los Estados miembros de la Comunidad por una empresa cuyo domicilio se encuentra en un país tercero - Anexos del pliego de cargos - Puesta a disposición en su lengua original

(Reglamento nº 1 del Consejo; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 2)

2 Actos de las Instituciones - Decisión individual - Notificación - Concepto - Copia legalizada - Procedencia

(Tratado CE, art. 191)

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Pliego de cargos - Transmisión mediante un documento no firmado unido como anexo a un escrito firmado por el Director General de Competencia - Procedencia

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 2)

4 Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre competencia

(Tratado CE, art. 190)

5 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

6 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Volumen de negocios tomado en cuenta - Volumen de negocios total de las empresas que constituyen una asociación de empresas - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias agravantes - Ocultación del cartel - Prueba deducida de la inexistencia de notas relativas a las reuniones de las empresas que han participado en el cartel

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

10 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

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1 En virtud de la normativa comunitaria, cuando ninguna lengua oficial de la Comunidad es expresamente aplicable en las relaciones entre la Comisión y una empresa que ha participado en una infracción de las normas comunitarias sobre competencia establecida en un país tercero, asiste a la Comisión el derecho a elegir, como lengua del pliego de cargos y de la Decisión, la lengua utilizada por dicha empresa en su correspondencia con sus propias filiales comerciales de los Estados miembros de la Comunidad y no la lengua del Estado miembro en el que resida su mandatario.

En efecto, por una parte, el Reglamento nº 1 sólo establece las normas relativas al régimen lingüístico aplicable entre la Comunidad y un Estado miembro o una persona sometida a la jurisdicción de alguno de los Estados miembros. Por otra parte, ni el artículo 2 del Reglamento nº 99/63 ni el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aun suponiendo que esta última disposición pueda ser invocada por una empresa objeto de una investigación en materia de Derecho de la competencia, obligan a redactar los documentos en la lengua del Estado miembro en el que el mandatario tiene su domicilio. Por último, la elección de la lengua del pliego de cargos y de la Decisión debe efectuarse teniendo en cuenta las relaciones existentes en la Comunidad entre la demandante y un Estado miembro.

Además, por lo que respecta a los anexos del pliego de cargos que no proceden de la Comisión, deben considerarse pruebas materiales en las que la Comisión se basa, y, por lo tanto, deben ser dados a conocer al destinatario en el estado en que se encuentran.

2 Una Decisión queda debidamente notificada a efectos del Tratado cuando ha sido comunicada a su destinatario y éste puede tener conocimiento de ella.

Por lo que respecta a la regularidad de la notificación, ninguna disposición de Derecho comunitario excluye que la Decisión se notifique mediante copia legalizada, ni que se notifique por separado una Decisión de rectificación. Una copia de una Decisión de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia, en la que figura el nombre del miembro de la Comisión encargado de la política de la competencia, así como la mención «copia legalizada» («certified copy»), firmada además por el Secretario General de la Comisión es válida y está dotada de la misma eficacia jurídica que el acto original adoptado por el Colegio de miembros y autenticado con arreglo a las formas prescritas por el Reglamento interno de la Comisión.

3 En el contexto del procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre competencia, el pliego de cargos puede ser válidamente transmitido a la empresa destinataria mediante un documento no firmado unido como anexo a un escrito firmado por el Director General de la Dirección General de la Competencia de la Comisión.

A este respecto, al firmar dicho escrito, el Director General de la Competencia de la Comisión no actúa en virtud de una delegación de poderes, sino de una simple delegación de firma que ha recibido del miembro competente de la Comisión. Tal delegación constituye el medio normal a través del cual la Comisión ejerce su competencia. Por otra parte, el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 99/63 no exige que en el pliego de cargos figure una firma manuscrita estampada sobre el propio documento, ni que el pliego de cargos esté constituido por un acto formalmente único.

4 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a indicar los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la Decisión y las consideraciones que la llevaron a adoptar ésta, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados en el curso del procedimiento administrativo.

Cuando una Decisión de aplicación de las normas sobre competencia contiene una motivación suficiente que permite comprender los motivos por los cuales las actividades comprobadas fueron calificadas de acuerdo y de práctica concertada, la Comisión no está obligada a calificar por separado de acuerdo o de práctica concertada cada una de las actividades de que se trata.

5 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

6 La utilización del término genérico «infracción» en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, en la medida en que dicho término abarca, sin distinción, los acuerdos, las prácticas concertadas y las decisiones de asociaciones de empresas, revela que los límites máximos previstos para las multas en esta disposición se aplican del mismo modo a los acuerdos y a las prácticas concertadas, así como a las decisiones de asociaciones de empresas. De ello se deduce que el límite máximo del 10 % del volumen de negocios debe calcularse en relación con el volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas que participan en dichos acuerdos y prácticas concertadas o por el conjunto de empresas miembros de dichas asociaciones de empresas, al menos cuando, en virtud de sus normas internas, la asociación puede vincular a sus miembros. La procedencia de este análisis queda corroborada por el hecho de que la influencia que haya podido ejercer sobre el mercado una asociación de empresas no depende de su propio «volumen de negocios», que no revela ni su dimensión ni su potencia económica, sino, en realidad, del volumen de negocios de sus miembros, que constituye una indicación de su dimensión y de su potencia económica.

Cuando una asociación efectúa en nombre propio y por cuenta de sus sociedades miembros las ventas del producto a las que se refiere la infracción, las relaciones jurídicas y fácticas que mantiene con sus miembros son estrechas y la asociación no tiene ningún interés económico propio en participar en la colusión sobre los precios, el valor de dichas ventas constituye una indicación de la verdadera dimensión y de la potencia económica de la asociación y, por lo tanto, la Comisión puede tomarlo como base de cálculo del límite superior de la multa que procede imponer.

7 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

8 El hecho de que las empresas que participaron en una colusión sobre los precios planificaran el anuncio de los incrementos de precio concertados y fueran disuadidas de tomar notas relativas a las correspondientes reuniones prueba que eran conscientes de la ilegalidad de su conducta y que adoptaron medidas para ocultar la colusión. La Comisión puede valorar estas medidas como circunstancias agravantes en la apreciación de la gravedad de la infracción.

A este respecto, la inexistencia de actas oficiales y la falta casi absoluta de notas internas sobre dichas reuniones pueden constituir, habida cuenta del número, de su duración a lo largo del tiempo y de la naturaleza de los debates celebrados, una prueba suficiente de que se disuadía a los participantes de tomar notas.

9 La determinación de la cuantía de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre competencia está en función de la gravedad y de la duración de la infracción. A este respecto, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al fijar el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

10 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa investigada permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

En efecto, cuando una empresa niega en su contestación al pliego de cargos la parte esencial de las alegaciones en ella formuladas por la Comisión, ésta puede correctamente estimar que la empresa no se ha comportado de una manera que justifique una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo.