Palabras clave

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Palabras clave

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1. Ayudas otorgadas por los Estados ° Concepto ° Ayudas financieras otorgadas por un Estado miembro a una empresa ° Criterio de apreciación ° Carácter razonable de la operación para un inversor privado que persigue una política a plazo medio o largo ° Inexistencia cuando se trata de una recapitalización, más costosa que una liquidación, antes de ceder la empresa

(Tratado CEE, art. 92, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados ° Perjuicio de los intercambios entre Estados miembros ° Perjuicio a la competencia ° Criterios de apreciación

(Tratado CEE, art. 92)

3. Ayudas otorgadas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Ayudas destinadas al desarrollo de regiones determinadas ° Ayudas otorgadas a la explotación de empresas en dificultades sobre la base de decisiones específicas ° Criterios de inclusión

[Tratado CEE, art. 92, ap. 3, letra a)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Ayudas que pueden ser objeto de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado ° Ayuda a una empresa en dificultades que no se inscribe en el marco de una reestructuración que conlleve reducción o reorientación de sus actividades ° Exclusión

[Tratado CEE, art. 92, ap. 3, letra c)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados ° Recuperación de una ayuda ilegal ° Violación de los principios de proporcionalidad, de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica ° Inexistencia

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1. Para determinar si la intervención de las autoridades públicas en el capital de una empresa, bajo cualquier forma que ésta tenga, puede constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado, procede apreciar si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables con las de los organismos gestores del sector público habría efectuado aportaciones de capital de dicha importancia.

Si bien es cierto que una sociedad matriz puede soportar las pérdidas de una de sus filiales, durante un período de tiempo limitado, con el fin de permitir que el cese de las actividades de esta última se produzca en las mejores condiciones, dado que tales decisiones pueden estar justificadas no sólo por la posibilidad de obtener un beneficio material indirecto, sino también por otras consideraciones, como el deseo de proteger la reputación del grupo o de reorientar sus actividades, un inversor privado que persiga una política estructural, global o sectorial, guiada por perspectivas de rentabilidad a largo plazo, no puede razonablemente permitirse, después de hacer frente ininterrumpidamente a años de pérdidas, proceder a una aportación de capital que no solamente es económicamente más costosa que la opción de liquidación de sus activos, sino que además está vinculada a la venta de la empresa, lo cual le priva de toda perspectiva de beneficio, incluso a más largo plazo.

2. Cuando una ayuda otorgada por el Estado fortalece la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. A estos efectos, no es necesario que la empresa beneficiaria participe ella misma en las exportaciones. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la producción interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos hacia el mercado de dicho Estado miembro.

Igualmente, la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios intracomunitarios.

3. Habida cuenta de las indicaciones proporcionadas en su Comunicación de 3 de febrero de 1979 sobre los regímenes de ayuda regional, la Comisión consideró fundadamente que no cumplían, en principio, el criterio del carácter regional impuesto por la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, las ayudas específicas, es decir, aquellas que no se inscriben en un programa nacional de interés comunitario financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En efecto, estas ayudas no tienen por objeto en primer lugar facilitar el desarrollo de ciertas regiones económicas, sino que se conceden bajo la forma de ayudas a la explotación de empresas en dificultades. Ante tales circunstancias, incumbe al Estado miembro interesado acreditar que la ayuda de que se trata satisface efectivamente el criterio del carácter regional. No obstante, la Comisión debe precisar antes los criterios según los cuales considera que las ayudas específicas tienen excepcionalmente un carácter regional. El hecho de que las ayudas de que se trata hayan sido concedidas en virtud de decisiones específicas no puede excluir su calificación como ayudas regionales en el sentido de la disposición antes citada.

4. Para ser declaradas compatibles con la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, las ayudas a las empresas en dificultades deben estar condicionadas a la existencia de un programa de reestructuración dirigido a reducir o a dar una nueva orientación a sus actividades. Dado que, según el programa presentado en el momento de la privatización de una empresa, el único efecto de la ayuda concedida era permitir que el beneficiario continuara las mismas actividades que antes, a una mayor escala, la Comisión tenía motivos fundados para declarar inaplicable la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.

5. La recuperación de una ayuda estatal ilegalmente otorgada, para restablecer la situación anterior, no puede considerarse desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado.

Por otra parte, el Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 93 del Tratado no podrá invocar ni la confianza legítima de los beneficiarios ni el principio de seguridad jurídica para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias al objeto de ejecutar la Decisión de la Comisión mediante la cual se le ordene recuperar la ayuda.