Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 10 de mayo de 2001. - Kaufring AG y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Importación de televisores procedentes de Turquía - Acuerdo de asociación CEE-Turquía - Artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional - Exacción reguladora compensatoria - Artículo 13, apartado 1 del Reglamento (CEE) n. 1430/79 - Condonación injustificada de derechos de importación - Derechos de defensa. - Asuntos acumulados T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97, T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 y T-147/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página II-01337



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Recurso de anulación - Motivos - Vicios sustanciales de forma - Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

2. Procedimiento - Intervención - Demanda que tiene por objeto apoyar las pretensiones de una de las partes pero en la que se expone otra argumentación - Admisibilidad - Libertad de elección de los motivos invocados - Alcance

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 4)

3. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación - Artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 - Facultad de decisión de la Comisión - Derecho del operador económico interesado a ser oído - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 1430/79 del Consejo, art. 13; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 905]

4. Derecho comunitario - Respeto del derecho de defensa - Principio fundamental - Ámbito de aplicación - Materia aduanera - Procedimiento administrativo para la condonación de los derechos de importación - Alcance del principio

[Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 905]

5. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación - «Situación especial» - Circunstancias que no implican «ni maniobra ni negligencia manifiesta» por parte del interesado - Conceptos

[Reglamento (CEE) nº 1430/79 del Consejo, art. 13]

6. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación - Artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 - Alcance - Facultad de decisión de la Comisión - Condiciones de ejercicio - «Situación especial» - Concepto - Incumplimientos graves de las Partes Contratantes en la aplicación de un Acuerdo que vincula a la Comunidad - Fallo grave de la Comisión

[Reglamento (CEE) nº 1430/79 del Consejo, art. 13]

7. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación - Artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 - Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación - Reglamento (CEE) nº 1697/79, artículo 5, apartado 2 - Alcance

[Reglamentos (CEE) nos 1430/79, art. 13, y 1697/79 del Consejo, art. 5, ap. 2]

8. Acuerdos internacionales - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Obligaciones de las Partes Contratantes

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía)

9. Comisión - Obligaciones - Aplicación del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía

[Tratado CE, art. 155 (actualmente art. 211 CE)]

10. Acuerdos internacionales - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Dudas en cuanto a la validez de certificados de circulación de mercancías - Obligación de hacer uso del procedimiento de solución de controversias previsto por el Acuerdo con preferencia a cualquier otra medida

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía, art. 25)

11. Acuerdos internacionales - Acuerdos de la Comunidad - Respeto por un país tercero de las obligaciones que ha contraído - Existencia de tensiones entre la Comunidad y dicho país - Obligaciones de la Comisión - Alcance - Límites

[Tratado CE, art. 155 (actualmente art. 211 CE)]

12. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación - Requisitos para la aplicación del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1697/79 - Error de la Administración que «razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor» - Criterios de apreciación

[Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo, art. 5, ap. 2]

13. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación - Artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 - «Negligencia manifiesta» - Carga de la prueba

[Reglamento (CEE) nº 1430/79 del Consejo, art. 13]

Índice

1. Tratándose de una formalidad esencial, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio el motivo basado en la violación del principio del respeto de los derechos de defensa.

( véanse los apartados 134 y 135 )

2. Según se desprende del tenor literal del artículo 116, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el coadyuvante no puede ampliar las pretensiones de la parte en cuyo apoyo interviene, pero puede elegir libremente los motivos y alegaciones que invoca en favor de dichas pretensiones.

( véase el apartado 137 )

3. El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trata. Dicho principio exige que toda persona contra la que se pueda adoptar una decisión que lesione sus intereses tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista, por lo menos, sobre los elementos que la Comisión haya tenido en cuenta contra ella para basar la decisión. Habida cuenta de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión cuando adopta una decisión con arreglo a la cláusula general de equidad prevista por el artículo 13 del Reglamento nº 1430/79, relativa a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación, el respeto del derecho a ser oído debe, con mayor razón, garantizarse en los procedimientos tramitados con arreglo a dicho Reglamento. A esta conclusión hay que llegar, en particular, cuando la Comisión, en el marco de la competencia exclusiva de que dispone en virtud del artículo 905 del Reglamento nº 2454/93, pretende separarse de la opinión de la autoridad nacional en cuanto al cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 13 antes citado, en particular por lo que se refiere a la cuestión de si se podía reprochar a las demandantes una negligencia manifiesta.

( véanse los apartados 151 a 153 y 155 )

4. El respeto de los derechos de defensa constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que exige no sólo que la parte interesada tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre la relevancia de los hechos, sino también que pueda definir su postura, por lo menos, sobre los documentos tenidos en cuenta por la institución comunitaria.

El respeto de los derechos de defensa exige que quien solicita la condonación de derechos de importación tenga ocasión de pronunciarse sobre los documentos en los que la Comisión basó la Decisión impugnada.

No incumbe a la Comisión pronunciarse sobre la pertinencia o el interés que pueden revestir determinados documentos para la defensa de una parte. No cabe excluir, en efecto, que los documentos considerados irrelevantes por la Comisión puedan ser de interés para la demandante. Si la Comisión pudiese excluir unilateralmente del procedimiento administrativo documentos que le fueran eventualmente perjudiciales, ello podría constituir una grave violación de derechos de defensa del solicitante de una condonación de los derechos de importación.

( véanse los apartados 179 y 185 )

5. El artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación, subordina dicha devolución o dicha condonación a dos condiciones acumulativas, a saber la existencia de una situación especial y la falta de negligencia manifiesta o de intento de fraude por parte del interesado.

La existencia de una situación especial cuando las circunstancias de un caso concreto ponen de manifiesto que el deudor se halla en una situación excepcional con relación a los demás operadores que ejercen la misma actividad y cuando, de no haber mediado tales circunstancias, no habría sufrido el perjuicio ocasionado por la toma en consideración a posteriori de los derechos de aduana.

Por lo que atañe al requisito relativo a la falta de negligencia manifiesta o de intento de fraude por parte del interesado, hay que precisar que el carácter detectable del error, con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79, equivale a la negligencia manifiesta o al intento de fraude, con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79, de manera que los requisitos de esta disposición del Reglamento nº 1430/79 deben apreciarse a la luz de los del artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79.

( véanse los apartados 217 a 220 )

6. El artículo 13 del Reglamento nº 1430/79, que prevé que se podrá proceder a la devolución o a la condonación de los derechos de importación en situaciones especiales que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado, constituye una cláusula general de equidad.

Para determinar si las circunstancias del caso de autos constituyen una situación especial en el sentido de dicha disposición, la Comisión debe apreciar el conjunto de los datos de hecho pertinentes. Esta obligación implica que, en casos en los que se invoca en apoyo de solicitudes de condonación, la existencia de incumplimientos graves de las Partes Contratantes en la aplicación de un Acuerdo que vincula a la Comunidad, la Comisión fundamenta su apreciación por lo que atañe a la justificación de dichas solicitudes en el conjunto de los datos fácticos relativos a las importaciones controvertidas de los que tuvo conocimiento en el marco de su función de vigilancia y control de la aplicación del citado Acuerdo. De la misma forma, la Comisión no puede prescindir de las informaciones pertinentes de las que tuvo conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que, aun cuando no formaban parte del expediente administrativo cuando se substanció el procedimiento nacional, hubieran podido justificar en su caso una condonación con respecto a las partes interesadas.

Además, si bien la Comisión disfruta de una facultad de apreciación por lo que atañe a la aplicación del artículo 13 antes citado, está obligada a ejercer dicha facultad ponderando realmente, por un lado, el interés de la Comunidad en asegurarse de la observancia de las disposiciones aduaneras y, por otro lado, el interés del importador de buena fe en no soportar perjuicios que superen el riesgo comercial ordinario. En consecuencia, al examinar si una solicitud de condonación está justificada, no puede limitarse a tener en cuenta el comportamiento de los importadores. También debe evaluar la incidencia de su propio comportamiento, en su caso culpable, sobre la situación creada.

( véanse los apartados 216, 222 a 225 )

7. El artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79, prevé que las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe y hubiera observado todas las disposiciones establecidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana. Así, la confianza legítima del sujeto pasivo tan sólo es digna de la protección que contempla dicha disposición cuando sean las mismas autoridades competentes las que hayan dado base a la confianza del sujeto pasivo. No puede considerarse que se dé este requisito cuando se induce a las autoridades competentes a error, particularmente sobre el origen de la mercancía, mediante declaraciones inexactas del sujeto pasivo cuya validez no tengan por qué examinar o comprobar. En semejante supuesto es el sujeto pasivo quien soporta el riesgo que entraña un documento comercial que resulta falso con ocasión de un control posterior.

El artículo 5, apartado 2, del Reglamento antes citado y el artículo 13 del Reglamento nº 1430/79, que prevé que las autoridades competentes podrán proceder a la devolución o a la condonación de los derechos de importación en situaciones especiales que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado, persiguen el mismo objetivo, ambas disposiciones no coinciden. En efecto, el primero tiene una finalidad más restringida que el segundo, en la medida en que tiene como único objetivo proteger la confianza legítima del deudor en cuanto a la fundamentación del conjunto de elementos que conducen a la decisión de recaudar o no los derechos de aduana, mientras que el segundo constituye una cláusula general de equidad.

Así, cuando las autoridades competentes no han tenido en cuenta los derechos de aduana por haber sido inducidas a error por declaraciones procedentes de los exportadores, el deudor no puede invocar el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79. De la misma forma, según se desprende de los artículos 4, punto 2, letra c), del Reglamento nº 3799/86 y 904, letra c), del Reglamento nº 2454/93, el deudor no puede alegar que la presentación de certificados inválidos y, por lo tanto, el error de las autoridades competentes constituyan, en sí, una situación especial a efectos del artículo 13 del Reglamento nº 1430/79. En cambio, estas disposiciones no impiden al deudor invocar otras circunstancias en apoyo de su solicitud de condonación basada en el artículo 13 del Reglamento nº 1430/79. En efecto, no puede excluirse que el error de las autoridades competentes se haya visto facilitado por un control deficiente por parte de la Comisión de lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación, una circunstancia de esta índole puede constituir una situación especial.

( véanse los apartados 231 a 235 )

8. Conforme al artículo 7 del Acuerdo, por el que se creó una asociación entre la CEE y Turquía, las Partes Contratantes tomarán todas las medidas generales o particulares adecuadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Acuerdo y se abstendrán de adoptar cualquier medida que pueda poner en peligro la realización de los fines de éste. Esta disposición es la expresión del principio pacta sunt servanda, así como del principio de buena fe que debe inspirar el comportamiento de las partes en un acuerdo de Derecho internacional público

( véase el apartado 237 )

9. En virtud del artículo 155 del Tratado (actualmente artículo 211 CE) y del principio de buena administración, la Comisión está obligada a aplicar correctamente el Acuerdo por el que se creó una asociación entre la CEE y Turquía y el Protocolo Adicional.

( véase el apartado 257 )

10. En la lógica del acuerdo por el que se crea una asociación entre la CEE y Turquía, corresponde a la Comisión, en caso de dudas sobre la validez de certificados de circulación de mercancías A.TR.1 expedidos por las autoridades aduaneras turcas, hacer uso del procedimiento de resolución de litigios establecido en el artículo 25 de dicho Acuerdo, antes de declarar inválidos dichos certificados. Dicha conclusión se impone con mayor razón habida cuenta de que el Acuerdo no prevé la posibilidad de que una Parte Contratante declare inválidos los certificados emitidos por las autoridades aduaneras de la otra Parte Contratante. Además, tal forma de proceder parece difícilmente conciliable con el sistema de reparto de competencias entre las autoridades aduaneras de las Partes del Acuerdo y el principio según el cual la Administración aduanera del Estado de importación reconoce las apreciaciones realizadas legalmente por las autoridades del Estado de exportación.

( véase el apartado 270 )

11. La existencia de tensiones entre la Comunidad y un país tercero no dispensa a la Comisión, en su condición de guardiana del Tratado y de los Acuerdos celebrados en virtud de éste, de cerciorarse del correcto cumplimiento por dicho país de las obligaciones que ha contraído en virtud de un Acuerdo celebrado con la Comunidad a través de los medios previstos en el Acuerdo o de las Decisiones adoptadas en virtud de éste. Si debido a dichas tensiones la Comisión no está en condiciones de cumplir esta obligación, en particular por resultar inoperantes o ineficaces los medios puestos a su disposición, debe, al menos, informar lo más rápidamente posible a los Estados miembros de las medidas que deben adoptarse para evitar un eventual perjuicio para la Comunidad y los operadores comunitarios. En ningún caso puede utilizar la Comisión la competencia exclusiva de que dispone en materia de recaudación y de condonación de derechos de importación para paliar las deficiencias en la aplicación de un Acuerdo celebrado entre la Comunidad y un tercer país.

( véanse los apartados 271 y 272 )

12. Para apreciar si el error cometido por las autoridades competentes razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, en el sentido del artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, se ha de tener en cuenta, en particular, la naturaleza concreta del error, la experiencia profesional y la diligencia del operador en cuestión. Esta apreciación debe hacerse a la vista de las circunstancias especiales del caso. La naturaleza del error debe apreciarse a la vista del período de tiempo durante el cual las autoridades competentes persistieron en él y de la complejidad de las disposiciones de que se trate.

( véanse los apartados 279 y 282 )

13. El artículo 13 del Reglamento nº 1430/79, prevé que se podrá proceder a la devolución o a la condonación de los derechos de importación en situaciones especiales que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado. Incumbe a la Comisión aportar la prueba de una negligencia manifiesta en una situación en la que la forma en que los demandantes habían celebrado sus contratos de compra y efectuado las importaciones controvertidas constituía una práctica comercial habitual.

( véase el apartado 297 )

Partes

En los asuntos acumulados T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 y T-147/99,

Kaufring AG, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-186/97,

Crown Europe GmbH, con domicilio social en Gelsenkirchen (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-187/97,

Profex Electronic Verwaltungsgesellschaft mbH, con domicilio social en Tiefenbach (Alemania), representada inicialmente por el Sr. G. Sobotta y posteriormente por el Sr. E.O. Rau, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-190/97,

Horten AG, con domicilio social en Düsseldorf, representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-191/97,

Dr. Seufert GmbH, con domicilio social en Karlsruhe (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-192/97,

Grundig AG, con domicilio social en Fürth (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-210/97,

Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, con domicilio social en Frankfurt am Main (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-211/97,

Lema SA, con domicilio social en Gennevilliers (Francia), representada por Me F. Goguel, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-216/97,

Masco SA, antes Seiga SA (High Tech Industries), con domicilio social en Thiais (Francia), representada por Me F. Goguel, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en los asuntos T-217/97 y T-218/97,

DFDS Transport BV, con domicilio social en Venlo (Países Bajos), representada por el Sr. C. Grisart, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-279/97,

Wilson Holland BV, con domicilio social en Hoogvliet Rotterdam (Países Bajos), representada por el Sr. C. Grisart, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-280/97,

Elta GmbH, con domicilio social en Dreieich-Sprendlingen (Alemania), representada por los Sres. G. Breit y A. Breit, abogados,

parte demandante en el asunto T-293/97,

Miller NV, con domicilio social en Willebroek (Bélgica), representada por Mes Y. Van Gerven e I. Bernaerts, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-147/99,

apoyadas por

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado, en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97, por las Sras. M. Ewing y R.V. Magrill, asistidas por el Sr. D. Wyatt, QC, en calidad de agentes, y, en los asuntos T-216/97 a T-218/97, por el Sr. D. Cooper, asistido por el Sr. Wyatt, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante en los asuntos T-186/97, T-187/97,

T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97

a T-218/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97,

por

República Federal de Alemania, representada inicialmente por los Sres. E. Röder y C.D. Quassowski, y posteriormente por los Sres. W.D. Plessing y Quassowski, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en los asuntos T-186/97, T-187/97,

T-190/97 a T-192/97 y T-210/97,

y por la

República Francesa, representada inicialmente por la Sra. K. Rispal-Bellanger y los Sres. G. Mignot y F. Pascal y, posteriormente, por los Sres. Rispal-Bellanger y C. Vasak, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a

T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-216/97 a T-218/97,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-293/97, por el Sr. R.B. Wainwright, asistido inicialmente por la Sra. K. Schreyer y posteriormente por el Sr. G. zur Hausen, en calidad de agentes, en los asuntos T-216/97 a T-218/97, inicialmente, por el Sr. M. Nolin y posteriormente por el Sr. M. Tricot, en calidad de agentes, asistido por el Sr. A. Barav, abogado y Barrister, en los asuntos T-279/97 y T-280/97, por el Sr. Wainwright, asistido por el Sr. Tricot, en calidad de agente, y, en el asunto T-147/99, por el Sr. Tricot, en calidad de agente, asistido por el Sr. J. Stuyck, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto, en lo que atañe a los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97, un recurso de anulación de las Decisiones de la Comisión de fechas 19 de febrero, 25 de marzo y 5 de junio de 1997, en las que declaró que no estaba justificada la condonación de derechos de importación y, en los asuntos T-216/97 a T-218/97 y T-147/99, un recurso de anulación de las Decisiones de la Comisión de fechas 24 de abril de 1997 y 26 de marzo de 1999, en las que declaró que debían recaudarse los derechos de importación y que no estaba justificada la condonación de tales derechos,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente, J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. P. de Bandt, letrado;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de julio de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco normativo

I. Legislación aplicable a la exacción reguladora compensatoria

A. Acuerdo de Asociación CEE-Turquía

1 Los presentes asuntos se enmarcan en el contexto del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), firmado en Ankara por la República de Turquía, por un lado, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otro (en lo sucesivo, «Partes Contratantes»). El Acuerdo de Asociación fue aprobado por la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18). Entró en vigor el 1 de diciembre de 1964.

2 El Acuerdo de Asociación tiene por objeto, a tenor de su artículo 2, que figura en el título I relativo a los principios, promover el fortalecimiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes.

3 La Asociación comprende una fase preparatoria que permitirá a la República de Turquía, a tenor del artículo 3, reforzar su economía, con la ayuda de la Comunidad, una fase transitoria, dedicada, según el artículo 4, al establecimiento progresivo de una unión aduanera y al acercamiento de las políticas económicas, y una fase definitiva que, a tenor del artículo 5, se basará en la unión aduanera e implicará el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas. Según el artículo 28, el Acuerdo de Asociación debe permitir, en un futuro, examinar la posibilidad de la adhesión de la República de Turquía a la Comunidad.

4 A tenor del artículo 7, las Partes Contratantes tomarán todas las medidas generales o particulares adecuadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Acuerdo y se abstendrán de adoptar cualquier medida que pueda poner en peligro la realización de los fines del Acuerdo.

5 Los artículos 22 y 23, que figuran en el título III, dedicado a las disposiciones generales y finales, prevén la creación de un Consejo de Asociación formado por los miembros de los Gobiernos de los Estados miembros, del Consejo y de la Comisión, por una parte, y por los miembros del Gobierno turco, por otra; dicho Consejo de Asociación, pronunciándose por unanimidad, dispone de un poder de decisión para la consecución de los objetivos fijados por el Acuerdo de Asociación. El artículo 25 confiere competencia al citado Consejo para dirimir cualquier controversia que le haya sometido cada Parte Contratante relativa a la aplicación o a la interpretación del Acuerdo de Asociación o para someterla al Tribunal de Justicia.

6 Finalmente, el Acuerdo relativo a las medidas que deben tomarse y a los procedimientos que deben seguirse para la aplicación del Acuerdo de Asociación (DO 1964, 217, p. 3703; EE 11/01, p. 36), establece, en su artículo 1, las disposiciones conforme a las cuales se establecerá la postura común de los representantes de la Comunidad y de los Estados miembros en el seno del Consejo de Asociación

B. Artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional

7 Con objeto de establecer las condiciones, modalidades y ritmos de la realización de la fase transitoria contemplada en el Acuerdo de Asociación, las Partes Contratantes firmaron en Bruselas, el 23 de noviembre de 1970, un Protocolo Adicional. Dicho Protocolo fue aprobado por el Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213).

8 Dado que la fase definitiva prevista en el Acuerdo de Asociación no entró en vigor hasta el 31 de diciembre de 1995 (Decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la unión aduanera; DO 1996, L 35, p. 1), lo dispuesto en el Protocolo Adicional era aplicable en el momento de realizarse las importaciones a que se refieren las Decisiones de la Comisión cuya anulación se solicita en los presentes recursos.

9 Entre estas disposiciones figura, más en concreto, el artículo 3, apartado 1, del referido Protocolo. En virtud de este artículo, las disposiciones del Protocolo Adicional relativas a la supresión de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas (en lo sucesivo, «régimen preferencial»), se aplicarán «asimismo a las mercancías obtenidas en la Comunidad o en Turquía, en cuya fabricación se hayan empleado productos procedentes de terceros países que no se encontrasen en libre práctica en la Comunidad ni en Turquía».

10 No obstante, se estipula que la concesión a las citadas mercancías del beneficio del régimen preferencial estará subordinada a la percepción, en el Estado de exportación, de una exacción reguladora compensatoria cuyo tipo es igual a un porcentaje de los derechos del Arancel Aduanero Común previstos para los productos de terceros países utilizados en su fabricación (en lo sucesivo, «exacción reguladora compensatoria»).

11 Se prevé asimismo también que el Consejo de Asociación fijará el porcentaje de la exacción reguladora compensatoria así como sus modalidades de percepción. Finalmente, el Consejo de Asociación determinará los métodos de cooperación administrativa para la aplicación del artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional (artículo 4 del Protocolo Adicional).

12 En aplicación de estas últimas disposiciones, el Consejo de Asociación adoptó determinadas decisiones relativas a la exacción reguladora compensatoria.

13 Mediante Decisión nº 2/72, de 29 de diciembre de 1972 (no publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas), el Consejo de Asociación fijó en cien el porcentaje de los derechos del Arancel Aduanero Común que debían tenerse en cuenta para calcular la exacción reguladora compensatoria para las mercancías fabricadas en Turquía.

14 Mediante Decisión nº 3/72, de 29 de diciembre de 1972 (no publicada en el Diario Oficial), el Consejo de Asociación determinó las modalidades de percepción de la exacción reguladora compensatoria. Según esta Decisión, la exacción reguladora se calculará en función de la especie y del valor en aduana de los productos de países terceros a la Asociación que se hayan utilizado en la fabricación de las mercancías en el territorio de las Partes Contratantes (en lo sucesivo, «piezas originarias de terceros países») (artículo 1). En caso de exención o de suspensión parcial o total de los derechos de aduana sobre las citadas piezas originarias de terceros países, la exacción reguladora compensatoria deberá pagarse en el importe de los derechos no percibidos (artículo 3). La Comunidad y la República de Turquía se informarán mutuamente e informarán al Consejo de Asociación acerca de las medidas que adopten para garantizar la aplicación uniforme de la Decisión (artículo 4).

15 Finalmente, el Consejo de Asociación adoptó la Decisión nº 5/72, de 29 de diciembre de 1972, relativa a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación de los artículos 2 y 3 del Protocolo Adicional al Acuerdo de Ankara (DO 1973, L 59, p. 74), según la cual, para la obtención del régimen preferencial, se precisa la presentación de un título justificativo, expedido a solicitud del exportador por las autoridades aduaneras de la República de Turquía o de un Estado miembro. Para las mercancías transportadas directamente de la Comunidad a Turquía, se trata del certificado de circulación de mercancías A.TR.1 (en lo sucesivo, «certificado A.TR.1»), que figura en el anexo de la Decisión (artículo 2). Este modelo fue sustituido por el formulario anejo a la Decisión nº 1/78 del Consejo de Asociación, de 18 de julio de 1978, por la que se modifica la Decisión nº 5/72 (DO L 253, p. 2).

16 En el anverso del citado formulario figuran explicaciones acerca de las «mercancías que pueden dar lugar al visado de un [certificado A.TR.1]». Conforme al punto I, letra c), de tales explicaciones, así ocurre con las «mercancías producidas en el Estado de exportación y en cuya fabricación se hayan utilizado productos que no hayan estado sujetos a derechos de aduana y a exacciones de efecto equivalente que les sean aplicables o que se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de tales derechos o exacciones, sin perjuicio de que se perciba, si procede, la exacción reguladora prevista para ellos».

17 El artículo 11 de la Decisión nº 5/72, antes citada, dispone que los Estados miembros y la República de Turquía se prestarán mutuamente asistencia, por mediación de sus respectivas administraciones aduaneras, para el control de la autenticidad y de la regularidad de los certificados, «con vistas a garantizar una aplicación correcta de lo dispuesto en la presente Decisión». El artículo 12 de la Decisión nº 5/72 establece después: «[La República de] Turquía, los Estados miembros y la Comunidad adoptarán, cada uno dentro de sus respectivas competencias, las medidas que exija la ejecución de lo dispuesto en la Decisión».

C. Adaptación del Derecho interno por las autoridades turcas a la normativa aplicable a la exacción reguladora compensatoria

1. Período anterior a la aprobación del Decreto de enero de 1994

18 Hasta el 15 de enero de 1994, el Gobierno turco no había dictado una normativa de alcance general en la que se previera la percepción, conforme al artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional, de una exacción reguladora compensatoria para las mercancías en cuya fabricación se hubieran empleado piezas originarias de terceros países que no hubieran sido despachadas a libre práctica en Turquía. En cambio, el Gobierno turco había establecido un programa de ayuda a la exportación y aprobó, en junio de 1992, dos Decretos relativos, uno de ellos, a la percepción de un derecho compensador y, el otro, a la suspensión de determinados derechos de importación.

a) Programa de ayuda a la exportación

19 Con el fin de fomentar las exportaciones de productos turcos a la Comunidad y a terceros países, las autoridades turcas establecieron un programa de ayuda a la exportación («export incentive scheme»; en lo sucesivo, «programa de estímulo a la exportación»). Este programa preveía la exención de los derechos de aduana de importación para las piezas originarias de terceros países con la condición de que tales piezas se utilizaran después para fabricar productos que se exportaran luego a la Comunidad o a terceros países. Las sociedades turcas que desearan acogerse a la citada exención debían disponer de un certificado de ayuda a la exportación expedido por las autoridades turcas. Cada año se publicaba en el Diario Oficial turco la relación de las sociedades beneficiarias del programa de estímulo a la exportación. Tan sólo se admitía la exención de los derechos de aduana de importación cuando los productos que incorporaran dichas piezas se exportaran antes de haber expirado un determinado plazo después de haberse importado estos últimos a Turquía. En el momento de la importación, los derechos normalmente devengados se calculaban y depositaban en entidades bancarias; a continuación, después de fabricarse y exportarse, la empresa debía justificar sus exportaciones para poder recuperar las cantidades depositadas.

b) Decretos aprobados por el Gobierno turco en junio de 1992

20 Mediante escrito de 28 de julio de 1992, la Delegación Permanente de la República de Turquía ante las Comunidades Europeas informó al Consejo de Asociación de que el Gobierno turco había aprobado dos Decretos el 16 de junio de 1992.

21 Se trata, en primer lugar, del Decreto 92/3177, de 16 de junio de 1992, publicado en el Diario Oficial turco nº 21277, de 7 de julio de 1992, y que entró en vigor el mismo día. Este Decreto dispone que los exportadores que deseen exportar televisores en color mediante certificados A.TR.1 deberán conseguir un dictamen pericial de su Cámara de Comercio que acredite que el valor de las piezas originarias de terceros países es inferior o igual al 56 % del valor fob (franco a bordo) total de los televisores. Las autoridades aduaneras deberán percibir una exacción reguladora compensatoria si el dictamen pericial pone de manifiesto que el valor de las piezas originarias de terceros países es superior a dicho porcentaje. La exacción reguladora compensatoria así percibida va destinada al Fondo de ayuda y de estabilización de los precios (Support and Price Stabilization Fund). La ejecución del citado Decreto está encomendada al Ministro del cual depende la Subsecretaría del Tesoro y Comercio Exterior (Undersecretariat for Treasury and External Commerce).

22 El Gobierno turco aprobó el mismo día el Decreto 92/3127, publicado en el Diario Oficial turco nº 21277, de 7 de julio de 1992, que entró en vigor en la citada fecha. Dicho Decreto prevé la suspensión de los derechos de importación sobre los tubos catódicos para televisores en color importados a Turquía, sea cual fuere su origen (CEE o terceros países) y su destino (incorporados a los televisores destinados al mercado interior o exportados a la CEE o a un tercer país).

2. Decreto aprobado por el Gobierno turco en enero de 1994

23 El 12 de enero de 1994, el Gobierno turco aprobó el Decreto 94/5168, publicado en el Diario Oficial turco nº 21832, de 28 de enero de 1994. El artículo 1 del citado Decreto prevé la percepción de una exacción reguladora compensatoria sobre las piezas procedentes de terceros países incorporadas a los televisores en color destinados a la Comunidad. El tipo de la exacción corresponde al tipo previsto por el Arancel Aduanero Común para este tipo de producto. Las cantidades percibidas por este concepto se ingresan en el Fondo para la promoción de las inversiones y de los servicios que procuran divisas extranjeras (Fund for the Promotion of Investments and Foreign Exchange Earning Services). El artículo 2 del Decreto 94/5168 deroga el Decreto 92/3127, antes citado. El Decreto 94/5168 dio lugar a la publicación de una comunicación en el Diario Oficial turco nº 21845, de 10 de febrero de 1994.

24 Además, el 16 de agosto de 1994 el Gobierno turco aprobó el Decreto 94/5782, publicado en el Diario Oficial turco de 26 de agosto de 1994, que amplía la percepción de la exacción reguladora compensatoria a todos los productos que contengan piezas originarias de terceros países que no hayan sido despachadas a libre práctica en Turquía.

II. Normativa reguladora de la condonación y de la no recaudación de los derechos de aduana

A. Disposiciones básicas relativas a la condonación y a la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

1. Normas aplicables a las importaciones controvertidas

25 Según se desprende del segundo considerando de las Decisiones impugnadas, éstas se refieren a importaciones a la Comunidad de televisores en color procedentes de Turquía, llevadas a cabo durante los años 1991 a 1993 y a comienzos del año 1994 (en lo sucesivo, «período controvertido»). Por consiguiente, la práctica totalidad de las citadas importaciones se rige, por un lado, por el Reglamento (CEE) nº 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación (DO L 175, p. 1; EE 02/06, p. 36), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 3069/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986 (DO L 286, p. 1), y, por otro, por el Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54).

26 Por lo que atañe a las importaciones efectuadas después de la entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Común (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código Aduanero»), procede señalar que las disposiciones aplicables de los Reglamentos nos 1430/79 y 1697/79 han sido sustituidas por las disposiciones casi idénticas del Código Aduanero. En razón de esta identidad, también debe aplicarse a las segundas la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia relativa a las primeras (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio de 1998, Kia Motors y Broekman Motorships/Comisión, T-195/97, Rec. p. II-2907, apartado 33, y del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 53). Por lo tanto, no es necesario distinguir las importaciones sujetas al Código Aduanero. Por consiguiente, tan sólo se citarán las disposiciones aplicables de este último en cuanto sea necesario.

2. Diferencia entre la condonación y la no recaudación

27 La diferencia esencial entre la condonación y la no recaudación de los derechos de aduana estriba en el hecho de que, en el caso de la condonación, los derechos de aduana ya han sido calculados por las autoridades aduaneras, mientras que no sucede así cuando se trata de la no recaudación. Por «contracción» debe entenderse la anotación por las autoridades aduaneras del importe de los derechos de importación o de exportación resultante de una deuda aduanera, en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos (artículo 217 del Código Aduanero).

3. Requisitos para la condonación de los derechos de aduana

28 Hasta el 1 de enero de 1994, los requisitos para la condonación de los derechos de aduana se hallaban previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79, en su versión modificada. Este artículo dispone: «Se podrá proceder [...] a la condonación de los derechos de importación en situaciones especiales [...] que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado.»

29 El artículo 4, punto 2, letra c), del Reglamento (CEE) nº 3799/86 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1986, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los artículos 4 bis, 6 bis, 11 bis y 13 del Reglamento nº 1430/79 (DO L 352, p. 19), considera que «la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial a favor de mercancías declaradas para libre práctica, de documentos cuya falsedad se haya comprobado posteriormente, falsificados o no, válidos para la concesión de este tratamiento arancelario preferencial no constituye por sí misma una situación especial en el sentido del artículo 13 del Reglamento nº 1430/79».

30 Con la entrada en vigor del Código Aduanero, el Reglamento nº 1430/79 fue derogado (artículo 251 del Código Aduanero). El artículo 13, apartado 1, de este Reglamento ha sido transcrito en el artículo 239, apartado 1, del Código Aduanero, el cual establece, en términos prácticamente idénticos: «Se podrá proceder [...] a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación en situaciones [...] que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado [...]»

31 El Reglamento nº 3799/86 fue derogado por el artículo 913 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Código Aduanero (DO L 253, p. 1).

32 El artículo 4, punto 2, letra c), del Reglamento nº 3799/86 fue sustituido por el artículo 904 del Reglamento nº 2454/93, el cual prevé: «No se procederá [...] a la condonación de los derechos de importación cuando, según el caso, el único motivo en defensa de la solicitud [...] de condonación lo constituya: [...] c) la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial a favor de mercancías declaradas a libre práctica, de documentos cuya falsedad se haya comprobado posteriormente, falsificados o no válidos para la concesión de este tratamiento arancelario preferencial.»

4. Requisitos para la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

33 Hasta la entrada en vigor del Código Aduanero, los requisitos para la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana se hallaban previstos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79. Este artículo dispone: «Las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe y hubiera observado todas las disposiciones establecidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana [...]»

34 Al quedar derogado el Reglamento nº 1697/79 como consecuencia de la entrada en vigor del Código Aduanero, el texto del artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79 ha sido transcrito en el artículo 220, apartado 2, del citado Código, el cual dispone, en términos prácticamente idénticos: «Con la salvedad de los casos mencionados en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 217, no se procederá a la contracción a posteriori, cuando [...] b) el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana [...]»

B. Normas de procedimiento relativas a la condonación y a la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

1. Normas de procedimiento aplicables a las importaciones controvertidas

35 En la medida en que, según reiterada jurisprudencia [sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1981, Salumi y otros, asuntos acumulados 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735, apartados 9 a 14, y, concretamente, en materia de condonación y de no recaudación, de 6 de julio de 1993, CT Control (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión, asuntos acumulados C-121/91 y C-122/91, Rec. p. I-3873, apartado 22], las normas de procedimiento deben aplicarse a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, son las normas de procedimiento contenidas en el Código Aduanero y en el Reglamento nº 2454/93 las que se aplican a las solicitudes de condonación formuladas después de entrar en vigor las citadas disposiciones. Se trata más en concreto de los artículos 236 a 239 del Código Aduanero y de los artículos 878 a 909 del Reglamento nº 2454/93.

36 No obstante, debe señalarse que, hasta la entrada en vigor del Código Aduanero, el procedimiento aplicable a la condonación y a la devolución de los derechos de aduanas se hallaba regulado, de forma casi idéntica, en los artículos 16 y 17 del Reglamento nº 1430/79, así como en el Reglamento (CEE) nº 1574/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los artículos 16 y 17 del Reglamento nº 1430/79 (DO L 161, p. 3; EE 02/07, p. 3). Por lo que atañe al procedimiento aplicable a la no recaudación, las normas de procedimiento se hallaban contenidas en el Reglamento nº 2380/89 de la Comisión, de 2 de agosto de 1989, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1697/79 (DO L 225, p. 30).

2. Procedimiento aplicable a la condonación de los derechos de aduana

37 Toda condonación de los derechos de aduana debe ser objeto de una solicitud específica por parte del interesado (en lo sucesivo, «solicitud de condonación») (artículo 878, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93). Esta solicitud deberá presentarse a la autoridad aduanera de decisión (artículo 879, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93). Con el fin de facilitar su tramitación, la solicitud deberá presentarse en el formulario previsto en el artículo 111 del Código Aduanero. Cuando se halle en posesión de todos los elementos necesarios, la autoridad aduanera de decisión resolverá por escrito acerca de la solicitud de condonación (artículo 886, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93).

38 No obstante, si la autoridad aduanera no se halla en condiciones de decidir, sobre la base de los artículos 899 y siguientes del Reglamento nº 2454/93, que definen determinadas situaciones en las que puede o no concederse la condonación, y «la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta ni intento de fraude por parte del interesado», el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión (artículo 905, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93). El expediente dirigido a la Comisión deberá incluir todos los elementos necesarios para el examen completo del caso presentado (artículo 905, apartado 2). Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente, la Comisión enviará una copia a los Estados miembros (artículo 906, apartado 1). A continuación, previa consulta a un grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros, reunidos en el marco del Comité del Código Aduanero con objeto de examinar el caso de que se trata, la Comisión decidirá si la situación especial examinada justifica o no la concesión... de la condonación (artículo 907, párrafo primero). Dicha Decisión deberá tener lugar en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción por la Comisión del expediente transmitido por el Estado miembro (artículo 907, párrafo segundo) y deberá notificarse en el plazo más breve posible al Estado miembro de que se trate (artículo 908, apartado 1). Finalmente, basándose en la Decisión de la Comisión, la autoridad de decisión se pronunciará sobre la solicitud que se le haya presentado (artículo 908, apartado 2).

39 Debe observarse que las normas de procedimiento expuestas en los apartados precedentes han quedado ligeramente modificadas como consecuencia de la entrada en vigor, el 6 de agosto de 1998, del Reglamento (CE) nº 1667/98 de la Comisión, de 29 de julio de 1998, por el que se modifica el Reglamento nº 2454/93 (DO L 212, p. 18). Las nuevas normas se aplicaron en el asunto T-147/99, Miller/Comisión.

40 En particular, el Reglamento nº 1667/98 introdujo un nuevo artículo 906 bis, el cual dispone: «En cualquier momento del procedimiento previsto en los artículos 906 y 907, cuando la Comisión tenga intención de tomar una decisión desfavorable para el solicitante de la devolución o de la condonación, le comunicará por escrito sus objeciones, y todos los documentos en los cuales se fundan dichas objeciones. El solicitante de la devolución o de la condonación expresará su punto de vista por escrito en el plazo de un mes a contar de la fecha de envío de dichas objeciones. Si transcurrido dicho plazo no hubiera dado a conocer su punto de vista, se considerará que renuncia a la posibilidad de manifestar su posición.» El plazo de seis meses previsto en el artículo 907 del Reglamento nº 2454/93 ha sido sustituido por otro de nueve meses.

3. Procedimiento para la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

41 Contrariamente a la condonación, la no recaudación de los derechos de aduana no es necesariamente consecuencia de una solicitud del interesado. Se trata de una decisión que pueden tomar las propias autoridades aduaneras cuando se cumplan los requisitos previstos taxativamente para cada uno de los casos enumerados en el artículo 869 del Reglamento nº 2454/93.

42 Sin embargo, cuando las autoridades de decisión estimen que «se reúnen las condiciones mencionadas en la letra b) del apartado 2 del Código [Aduanero], o bien duden acerca de la posible aplicación de estas disposiciones al caso correspondiente, remitirán el caso a la Comisión»; el expediente remitido a la Comisión deberá incluir todos los elementos necesarios para un examen completo del caso (artículo 871, párrafo primero, del Reglamento nº 2454/93). Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente, la Comisión remitirá una copia del mismo a los Estados miembros (artículo 872, párrafo primero). A continuación, tras consultar a un grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros reunidos en el seno del Comité del Código Aduanero para examinar este caso, la Comisión decidirá si la situación examinada permite o no contraer a posteriori los derechos en cuestión (artículo 873, párrafo primero).

43 Esta Decisión deberá tomarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Comisión reciba el expediente transmitido por el Estado miembro (artículo 873, párrafo segundo) y deberá notificarse en el plazo más breve al Estado miembro correspondiente (artículo 874, párrafo primero).

44 Debe observarse que las normas de procedimiento aplicables a la no recaudación, expuestas en los apartados precedentes, de la misma forma que las aplicables a la condonación de los derechos de aduana, han quedado modificadas como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento nº 1667/98. Las nuevas normas han sido aplicadas en el asunto T-147/99, Miller/Comisión.

45 De esta forma, el Reglamento nº 1667/98 introdujo un nuevo artículo 872 bis el cual dispone: «En cualquier momento del procedimiento previsto en los artículos 872 y 873 [del Reglamento nº 2454/93], cuando la Comisión tenga intención de adoptar una decisión desfavorable para la persona interesada por el caso sometido, le comunicará por escrito sus objeciones, y todos los documentos en los cuales se basan dichas objeciones. La persona interesada por el caso sometido a la Comisión expresará su punto de vista por escrito en el plazo de un mes a contar de la fecha de envío de dichas objeciones. Si, transcurrido dicho plazo, no hubiera dado a conocer su punto de vista, se considerará que renuncia a la posibilidad de expresar su posición.» El plazo de seis meses previsto en el artículo 873 del Reglamento nº 2454/93 se sustituye por un plazo de nueve meses.

Hechos que originaron el litigio

I. Marco general

46 Los presentes asuntos versan sobre la importación a la Comunidad de televisores en color montados en Turquía durante el período controvertido. Dichos televisores eran fabricados por distintas sociedades turcas, en particular Vestel, Meta, Profilo, Bekoteknik y Cihan. Éstas utilizaban para su fabricación piezas de origen turco, pero también piezas originarias de la Comunidad, así como piezas originarias de terceros países (generalmente procedentes de Corea, del Japón, de Hong Kong y de Singapur).

47 Durante el período controvertido, los televisores en color fabricados en Turquía fueron importados a la Comunidad al amparo de certificados A.TR.1, de forma que se beneficiaron de la exención de los derechos de aduana prevista por el Acuerdo de Asociación y el Protocolo Adicional.

48 A raíz de determinadas denuncias y de comunicaciones de irregularidades, la Comisión envió una misión de inspección a Turquía, del 18 de octubre al 9 de noviembre de 1993, de la cual formaban parte dos representantes de sus servicios y cinco representantes de los servicios aduaneros belga, francés, neerlandés, alemán y del Reino Unido. Esta misión de inspección dio lugar a la redacción de un informe (en lo sucesivo, «informe de inspección»). Con ocasión de esta inspección, se comprobó que las autoridades turcas autenticaban los certificados A.TR.1 sin que se hubiera percibido derecho compensador alguno.

49 La Comisión consignó en el informe de inspección que los certificados presentados eran inválidos puesto que se referían de hecho a televisores en color fabricados en Turquía cuyas piezas originarias de terceros países no habían sido despachadas a libre práctica ni gravadas con la exacción reguladora compensatoria, por lo cual los citados televisores no podían beneficiarse del régimen de la libre circulación al ser importados a la Comunidad.

50 Por lo tanto, la Comisión requirió a los Estados miembros interesados, mediante escritos de 2 de marzo y 21 de abril de 1994, para que reclamaran a las sociedades que hubieran importado televisores procedentes de Turquía durante el período controvertido, el pago de los derechos de aduana previstos en el Arancel Aduanero Común (a saber, el 14 % del valor total de los televisores en el momento de ser importados a la Comunidad), si bien teniendo en cuenta el plazo de prescripción aplicable. No obstante, la Comisión autorizó a los Estados miembros que lo desearan a suspender o a aplazar la recaudación de los derechos hasta que apreciara definitivamente los resultados de la misión de inspección.

51 Finalmente, la Comisión confirmó a los Estados miembros, mediante escrito de 25 de noviembre de 1994, que debían recaudar sin demora los derechos de aduana correspondientes a las importaciones de televisores en color realizadas con arreglo a los certificados A.TR.1 expedidos con anterioridad al 15 de enero de 1994, teniendo en cuenta el plazo de prescripción de tres años.

II. Marco particular

A. Marco particular de los asuntos alemanes (T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-293/97)

1. Órdenes de recaudación dictadas por las autoridades alemanas

52 Las sociedades Kaufring AG (en lo sucesivo, «Kaufring») (T-186/97), Crown Europe GmbH (en lo sucesivo, «Crown») (T-187/97), Profex Electronic Verwaltungsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Profex») (T-190/97), Horten AG (en lo sucesivo, «Horten») (T-191/97), Dr. Seufert GmbH (en lo sucesivo, «Dr. Seufert») (T-192/97), Grundig AG (en lo sucesivo, «Grundig») (T-210/97), Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH (en lo sucesivo, «Hertie») (T-211/97) y Elta GmbH (en lo sucesivo, «Elta») (T-293/97) (en lo sucesivo, «demandantes alemanas»), importaron, durante el período controvertido, diversas partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1 y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados por las autoridades aduaneras turcas.

53 De conformidad con la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras alemanas giraron a las demandantes alemanas sendas liquidaciones tributarias complementarias (Steueränderungsbescheide). De esta forma, las citadas autoridades reclamaron el pago de derechos de aduana por importe total de 545.727,35 marcos alemanes (DEM) a Kaufring, de 238.352,97 DEM a Crown, de 2.269.866,84 DEM a Profex, de 123.809,12 DEM a Horten, de 126.828,26 DEM a Dr. Seufert, de 6.596.210,31 DEM a Grundig, de 593.110,16 DEM a Hertie y de 113.875,49 DEM a Elta.

2. Solicitudes de condonación y/o de no recaudación formuladas por las demandantes alemanas a las autoridades alemanas

54 Las demandantes alemanas recurrieron contra las citadas liquidaciones. Solicitaron a las oficinas de aduanas en cuestión que les concedieran la condonación de los derechos de aduana. Dr. Seufert, Crown y Grundig solicitaron también que no se recaudaran los citados derechos.

3. Solicitudes de condonación formuladas por las autoridades alemanas a la Comisión

55 Después de estudiar las solicitudes formuladas por las demandantes alemanas, el Bundesministerium der Finanzen (Ministerio de Hacienda alemán), al que habían remitido los expedientes las oficinas de aduanas, consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 y en el artículo 239 del Código Aduanero para la condonación de los derechos de aduana.

56 Por lo tanto, el Bundesministerium der Finanzen, con arreglo al artículo 905 del Reglamento nº 2454/93, remitió los expedientes a la Comisión, a la que manifestó su opinión en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la condonación de los derechos de aduana.

57 Debe destacarse que, antes de la citada remisión, el Bundesministerium der Finanzen había rogado a cada una de las demandantes alemanas, por una parte, que comentaran el proyecto de solicitud que pensaba formular a la Comisión y, por otra, que presentaran una declaración escrita que confirmara que la solicitud tenía en cuenta todas las circunstancias del presente caso, así como todas sus alegaciones y que el expediente estaba completo.

58 Kaufring, Horten, Hertie, Profex y Elta aceptaron presentar dicha declaración escrita. En cambio, Grundig, Dr. Seufert y Crown informaron al Bundesministerium der Finanzen de que se negaban a presentarla. Las citadas sociedades manifestaron su deseo de que sus solicitudes de condonación junto con sus anexos se unieran a los expedientes remitidos por el Bundesministerium der Finanzen, lo que este último aceptó. El Bundesministerium der Finanzen aceptó asimismo, por lo que atañe a dichas partes, incluir el párrafo siguiente en sus escritos de remisión dirigidos a la Comisión: «La interesada solicita que la Comisión fundamente su decisión en la detallada solicitud de condonación aneja a la presente junto con sus anexos. La interesada pide asimismo que la Comisión la oiga directamente antes de adoptar una decisión con el fin de hacer valer sus derechos de defensa frente a la Comisión; la interesada estima que la Comisión tiene la obligación de informarle acerca de los hechos y documentos esenciales sobre cuya base la Comisión pretende adoptar su decisión sobre la condonación de los derechos de aduana.»

59 Antes de adoptar una decisión definitiva sobre cada una de las solicitudes de condonación, la Comisión consultó al grupo de expertos previsto en el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento nº 2454/93. Éste examinó los casos presentados en su reunión de 10 de enero de 1997. Todos los representantes de los Estados miembros que asistieron a la citada reunión con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa se pronunciaron a favor de la condonación.

60 A continuación, mediante las Decisiones REM 14/96, REM 15/96, REM 16/96, REM 17/96, REM 18/96, REM 19/96 y REM 20/96, de fecha 19 de febrero de 1997, referentes, respectivamente, a Horten, Kaufring, Elta, Grundig, Hertie, Crown y Profex, y REM 21/96, de fecha 25 de marzo de 1997, relativa al Dr. Seufert, la Comisión declaró que no se hallaba justificada la concesión de las condonaciones solicitadas. Las citadas Decisiones individuales les fueron notificadas a las demandantes alemanas por sus autoridades nacionales.

B. Marco particular de los asuntos franceses (T-216/97 a T-218/97)

1. Órdenes de recaudación dictadas por las autoridades francesas

61 Las sociedades Lema SA (en lo sucesivo, «Lema») (T-216/97) y Masco SA (en lo sucesivo, «Masco») (T-217/97 y T-218/97) (en lo sucesivo, «demandantes francesas») importaron con intervalos regulares partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1, y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados, en el momento de la exportación, por las autoridades aduaneras turcas y, después, al ser importados a Francia, por las autoridades aduaneras francesas.

62 Conforme a la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras francesas, en el presente caso la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (en lo sucesivo, «DNRED»), comprobaron que Lema y Masco habían incurrido en una infracción al importar televisores al amparo de certificados A.TR.1. Por este motivo, reclamaron el pago de derechos de aduana por un importe total de 12.201.564 francos franceses (FRF) a Lema y 32.966.173 FRF (asunto T-217/97), así como 4.192.502 FRF (asunto T-218/97) a Masco.

2. Examen por las autoridades francesas de las solicitudes de condonación y de no recaudación formuladas por las demandantes francesas

63 Lema y Masco recurrieron contra tales reclamaciones a posteriori de los derechos de aduana. Dichas sociedades solicitaron a DNRED que no recaudara los derechos o que les concediera la condonación de tales derechos. Las citadas solicitudes individuales se fundaban, por una parte, por lo que atañe a la no recaudación, en los artículos 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79 y 220, apartado 2, letra b), del Código Aduanero y, por otra, en lo que se refiere a la condonación, en los artículos 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 y 239 del Código Aduanero.

3. Solicitudes de no recaudación y de condonación formuladas a la Comisión por las autoridades francesas

64 Después de estudiar las distintas solicitudes formuladas por las demandantes francesas, el Ministerio francés de Economía y Hacienda (en lo sucesivo, «Ministerio») consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79. Dicho Ministerio presentó a cada una de las demandantes francesas un proyecto de la solicitud de examen que deseaba dirigir al respecto a la Comisión. En sus respuestas, Lema y Masco manifestaron su deseo de que se uniera al expediente una copia de las solicitudes completas que habían formulado a DNRED. Dichas sociedades recordaron que habían presentado asimismo una solicitud de condonación basándose en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 y señalaron que mantenían ésta con carácter subsidiario.

65 A continuación, el Ministerio envió los expedientes a la Comisión, adjuntando los expedientes transmitidos por las demandantes francesas a DNRED.

66 El Ministerio puso de manifiesto que concurrían los requisitos previstos para la no recaudación de los derechos.

67 Dicho Ministerio solicitó también a la Comisión que examinara las solicitudes subsidiarias de condonación de derechos.

68 Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión consultó al grupo de expertos previsto en los artículos 873 y 907 del Reglamento nº 2454/93. Éste examinó los casos presentados en su reunión de 10 de enero de 1997. Todos los representantes de los Estados miembros presentes en tal reunión, con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa se pronunciaron a favor de la no recaudación y de la condonación.

69 A continuación, mediante las Decisiones REC 7/96 y REC 9/96, referentes a Masco, y REC 8/96, relativa a Lema, de fecha 24 de abril de 1997, la Comisión declaró que debían recaudarse los derechos de importación y que no estaba justificada la condonación de los derechos.

70 Las citadas Decisiones fueron comunicadas a la Representación Permanente de la República Francesa ante la Unión Europea por el Secretario General de la Comisión.

C. Marco particular de los asuntos neerlandeses (T-279/97 y T-280/97)

1. Órdenes de recaudación dictadas por las autoridades neerlandesas

71 Las sociedades DFDS Transport BV (en lo sucesivo, «DFDS») (T-279/97) y Wilson Holland BV (en lo sucesivo, «Wilson») (T-280/97) (en lo sucesivo, «demandantes neerlandesas»), importaron varias partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1 y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados en Turquía por la oficina de aduanas de Estambul y, después, en los Países Bajos, por la oficina de Rotterdam.

72 Conforme a la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras neeerlandesas dirigieron varias órdenes de recaudación (uitnodiging tot betaling) a DFDS y Wilson. De esta forma, dichas autoridades reclamaron el pago de derechos de aduana por un importe total de 212.657 florines neerlandeses (NLG) a DFDS, y de 30.712,50 NLG a Wilson.

2. Solicitudes de condonación formuladas por las demandantes neerlandesas a las autoridades neerlandesas

73 Las demandantes neerlandesas recurrieron contra las citadas órdenes de recaudación. Solicitaron a las oficinas de aduanas correspondientes que les concedieran la condonación de los derechos de aduana.

3. Solicitudes de condonación formuladas por las autoridades neerlandesas a la Comisión

74 Después de estudiar la solicitud presentada por las demandantes neerlandesas, el Belastingdienst (Administración tributaria neerlandesa), a la que habían remitido los expedientes las oficinas de aduana, consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 y en el artículo 239 del Código Aduanero para la condonación de los derechos de aduana.

75 Por lo tanto, el Belastingdienst, conforme al artículo 905 del Reglamento nº 2454/93, remitió los expedientes a la Comisión, a la que manifestó su opinión en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la condonación de los derechos de aduana.

76 Debe destacarse que, antes de la citada remisión, las demandantes neerlandesas habían indicado a sus autoridades nacionales, a petición de éstas, que tenían conocimiento del expediente que las afectaba y que dicho expediente estaba completo.

77 Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión consultó al grupo de expertos previsto en el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento nº 2454/93. Éste examinó los casos presentados en su reunión de 7 de marzo de 1997. Todos los representantes de los Estados miembros presentes en la citada reunión, con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa, se pronunciaron a favor de la condonación.

78 Finalmente, mediante las Decisiones REM 26/96 y REM 27/96, de fecha 5 de junio de 1997, referentes a DFDS y Wilson, respectivamente, la Comisión declaró que no estaba justificada la concesión de las condonaciones solicitadas. Dichas decisiones fueron notificadas a las autoridades nacionales, quienes las notificaron a su vez a las demandantes neerlandesas.

D. Marco particular del asunto belga (T-147/99)

1. Orden de recaudación dirigida por las autoridades belgas

79 Durante el período controvertido, la sociedad Miller NV (en lo sucesivo, «Miller») (T-147/99) importó varias partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1 y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados en Turquía por la oficina de aduanas de Estambul y después, en Bélgica, por la de Amberes.

80 Conforme a la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras belgas dirigieron una orden de recaudación (uitnodiging tot betaling) a Miller. De esta forma, dichas autoridades aduaneras le reclamaron el pago de derechos de aduana por un importe total de 11.381.735 francos belgas (BEF).

2. Solicitud de no recaudación formulada por Miller a las autoridades belgas

81 Miller interpuso un recurso contra la citada orden de recaudación. Dicha entidad solicitó a la oficina de aduanas de que se trata que no recaudara los derechos de aduana. Tal solicitud se fundaba en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79 y en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código Aduanero.

3. Solicitud de no recaudación y de condonación formulada por las autoridades belgas a la Comisión

82 Después de estudiar la solicitud formulada por la demandante, el Ministerio de Hacienda, departamento de aduanas e impuestos especiales, al cual había remitido el expediente la oficina de aduanas, consideró que concurrían los requisitos previstos para la no condonación en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79 y en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código Aduanero. Con carácter subsidiario, el Ministerio de Hacienda consideró que concurrían asimismo los requisitos previstos para la condonación en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 y en el artículo 239 del Código Aduanero.

83 Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda, conforme a los artículos 871 y 905 del Reglamento nº 2454/93, remitió el expediente a la Comisión, a la que manifestó su opinión en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la no recaudación y la condonación.

84 Procede subrayar que, antes del citado envío, las autoridades belgas habían pedido a Miller que presentara sus posibles observaciones acerca del proyecto de solicitud de no recaudación y de condonación que deseaban enviar a la Comisión y que confirmara que el expediente estaba completo. Miller respondió, mediante escrito de 24 de abril de 1998, que el expediente estaba completo. Al citado escrito se adjuntaba una declaración de su abogado en la que se describían los distintos documentos que le habían sido enviados por el Ministerio de Hacienda como anexo al proyecto de escrito a la Comisión, en la que se resumían sus alegaciones esenciales y se recordaba su deseo de poder consultar el expediente de la Institución.

85 La Comisión examinó el expediente conforme a los artículos 871 y 905 del Reglamento nº 2454/93.

86 Mediante escrito de 24 de noviembre de 1998, la Comisión envió a Miller un resumen del expediente, conforme a los artículos 872 bis y 906 bis del Reglamento nº 2454/93. La Comisión le informó asimismo acerca de su intención de requerir a las autoridades aduaneras belgas para que recaudaran a posteriori los derechos de aduana de que se trata y denegaran la condonación de los derechos. En efecto, en dicho escrito, la Comisión exponía sus dudas en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79. Además, la Comisión consideró que las circunstancias del presente caso no constituían una «situación que resulta de circunstancias especiales» en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79. Sin embargo, la Comisión invitó a Miller a que presentara sus posibles observaciones en un plazo de un mes contado a partir de la recepción del escrito.

87 Como respuesta a este envío, la demandante solicitó a la Comisión, mediante escrito de 2 de diciembre de 1998, poder consultar todos los documentos del expediente de esta última con el fin de poder formular sus observaciones con pleno conocimiento de causa, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (sentencia de 19 de febrero de 1998, Eyckeler & Malt/Comisión, T-42/96, Rec. p. II-401, apartados 78 a 88).

88 Mediante escrito de 22 de diciembre de 1998, la Comisión desestimó esta solicitud por cuanto Miller ya había podido tener conocimiento de su expediente, que contenía tan sólo los datos comunicados por las autoridades belgas. La Comisión reconoció que el informe de inspección no formaba parte del expediente, si bien expuso que, en la medida en que el citado informe no hacía sino confirmar la veracidad de los hechos y, por lo tanto, la invalidez de los certificados controvertidos, no consideraba conveniente comunicárselo a Miller.

89 Mediante escrito de 7 de enero de 1999, la demandante protestó contra dicha negativa de la Comisión y señaló que, en el supuesto de que la decisión definitiva de esta última le fuera desfavorable, se reservaba el derecho a interponer un recurso de anulación contra dicha decisión ante el Tribunal de Primera Instancia por violación de los derechos de defensa. Por lo tanto, la demandante solicitó una vez más tener acceso a los documentos en los que la Comisión pudo haber basado su decisión definitiva así como a todos los demás documentos, incluidos los administrativos, relativos a este asunto.

90 Además, Miller respondió al escrito de la Comisión de 24 de noviembre de 1998 mediante carta de 22 de enero de 1999. Indicó los motivos por los cuales consideraba que se cumplían efectivamente los requisitos para la aplicación del artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79. Además, afirmó que en su opinión, se daba en el presente caso una situación que resulta de circunstancias especiales y que no se le podía imputar negligencia ni maniobra alguna, con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79.

91 Al tener conocimiento de las observaciones de Miller, la Comisión, antes de adoptar una decisión definitiva, consultó al grupo de expertos previsto en los artículos 873 y 907, párrafo primero, del Reglamento nº 2454/93. Éste examinó el asunto en su reunión de 25 de febrero de 1999. Todos los representantes de los Estados miembros presentes en la citada reunión, con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa, se pronunciaron a favor de la no recaudación y de la condonación.

92 A continuación, mediante la Decisión REC 3/98, de fecha 26 de marzo de 1999, la Comisión declaró que debían recaudarse los derechos de importación y que no estaba justificada la condonación de tales derechos. Las autoridades belgas notificaron dicha Decisión a Miller mediante escrito de 21 de abril de 1999.

III. Por lo que se refiere a la motivación de las Decisiones impugnadas

93 Las Decisiones impugnadas se fundamentan en una motivación casi idéntica. Ninguna diferencia esencial caracteriza a las Decisiones que se refieren únicamente a las solicitudes de condonación basadas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 frente a las relativas a las solicitudes de condonación presentadas junto con las solicitudes de no recaudación conforme al artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 1697/79.

94 De esta forma, después de haber recordado que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, la confianza legítima de un operador sólo es digna de protección cuando las propias autoridades competentes hayan dado lugar a esta confianza, la Comisión observó, en las Decisiones impugnadas, que los exportadores turcos habían declarado en la casilla 13 de los certificados A.TR.1 que las mercancías que se enumeraban cumplían los requisitos para la obtención del referido certificado. Pues bien, no era éste el caso, ya que, según se comprobó con ocasión de la misión de inspección en Turquía, los televisores fabricados en este país contenían piezas originarias de terceros países que no habían sido despachadas a libre práctica ni tampoco gravadas con la exacción reguladora compensatoria prevista en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional.

95 Por lo tanto, la Comisión consideró que las autoridades competentes turcas habían sido inducidas a error por las declaraciones inexactas de los exportadores. En consecuencia, no se les podía imputar a las citadas autoridades ningún error activo. Habida cuenta de esta circunstancia, el hecho de que las autoridades turcas hubieran expedido los certificados controvertidos sobre la base de las declaraciones de los exportadores no era suficiente para permitir a los importadores albergar una confianza legítima en la validez de los referidos certificados.

96 Además, la Comisión observó que la normativa de que se trata era conocida y relativamente simple en lo que respecta a los requisitos de expedición de un certificado A.TR.1, por lo cual los importadores no podían ignorarla. La Comisión señaló asimismo que un operador diligente habría debido albergar dudas acerca de la validez de los certificados A.TR.1.

97 A la vista de estas observaciones, la Comisión consideró que no se cumplían los requisitos para la condonación y/o para la no recaudación de los derechos de aduana.

98 Por lo que atañe a las condiciones para la condonación, la Comisión precisó, por otra parte, que las circunstancias del caso así como las supuestas lagunas en la aplicación del Protocolo Adicional no pueden constituir una situación especial en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79 en la medida en que el régimen de libre circulación podía obtenerse procediendo simplemente al despacho a libre práctica en Turquía de las piezas originarias de terceros países.

Procedimiento

99 Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 20 de junio de 1997 y el 18 de junio de 1999, las demandantes interpusieron los presentes recursos de anulación.

100 Mediante autos de 25 de mayor de 1998, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania en apoyo de las pretensiones de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97 y T-210/97.

101 Mediante autos de 25 de mayo de 1998, se autorizó la intervención del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97.

102 Mediante autos de 25 de mayo de 1998, se admitió la intervención de la República Francesa en apoyo de las pretensiones de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-216/97 a T-218/97.

103 Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia durante los meses de mayo, junio y julio de 1998, Grundig, Dr. Seufert, Crown, Hertie, Horten y Kaufring solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la Comisión presentar determinados documentos relativos al fondo del litigio. Se instó a la Comisión así como a las partes coadyuvantes a presentar sus observaciones a este respecto.

104 Mediante diligencia de ordenación del procedimiento de 29 de octubre de 1999, el Tribunal de Primera Instancia instó a la Comisión a presentar determinados documentos relativos a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación y del Protocolo Adicional a las importaciones de televisores en color procedentes de Turquía. La Comisión cumplimentó esta solicitud mediante la presentación, el 29 de noviembre de 1999, de un expediente compuesto por veinticuatro archivadores que contenían aproximadamente 7.000 páginas. La Comisión completó dicho expediente mediante el envío, el 22 de diciembre de 1999, de determinados número de documentos adicionales y, el 13 de enero de 2000, de una traducción no oficial al inglés de las declaraciones de importación y exportación turcas que figuran en el citado expediente.

105 A raíz de una invitación en este sentido del Tribunal de Primera Instancia, todas las demandantes (con excepción de Elta) así como la Comisión y la República Francesa participaron, el 6 de diciembre de 1999, en una reunión informal con vistas a organizar la consulta del expediente presentado el 29 de noviembre de 1999 y el desarrollo de la vista.

106 A continuación, después de oír a las partes sobre este punto, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia acumuló los presentes asuntos a los fines de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, mediante auto de 10 de enero de 2000.

107 La consulta en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia por las demandantes y la República Francesa del expediente presentado el 29 de noviembre de 1999 dio comienzo el 17 de enero de 2000 y terminó el 28 de febrero de 2000. A raíz de esta consulta, dichas partes presentaron sus observaciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2000. La Comisión respondió a tales observaciones mediante escrito de 24 de marzo de 2000.

108 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes a responder a determinadas preguntas. Las partes cumplimentaron dichas peticiones.

109 En la vista de 10 de julio de 2000 se oyeron los informes orales de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

110 Kaufring (T-186/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 15/96.

- Condene en costas a la Comisión.

111 Crown (T-187/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 19/96.

- Condene en costas a la Comisión.

112 Profex (T-190/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 20/96.

- Ordene a la Comisión que acoja la solicitud de condonación de los derechos.

- Declare provisionalmente ejecutiva la sentencia que haya de dictarse, con prestación de fianza, si es preciso.

- Condene en costas a la Comisión.

113 Horten (T-191/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 14/96.

- Condene en costas a la Comisión.

114 Dr. Seufert (T-192/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 21/96.

- Condene en costas a la Comisión.

115 Grundig (T-210/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 17/96.

- Condene en costas a la Comisión.

116 Hertie (T-211/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 18/96.

- Condene en costas a la Comisión.

117 Elta (T-293/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 16/96.

- Condene en costas a la Comisión.

118 Lema (T-216/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REC 8/96.

- Declare que tiene derecho a que no se recauden a posteriori los derechos controvertidos.

- Con carácter subsidiario, declare que tiene derecho a la condonación de tales derechos.

- Condene en costas a la Comisión.

119 Masco (T-217/97 y T-218/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule las Decisiones REC 7/96 y REC 9/96.

- Declare que tiene derecho a que no se recauden a posteriori los derechos controvertidos.

- Con carácter subsidiario, declare que tiene derecho a la condonación de tales derechos.

- Condene en costas a la Comisión.

120 DFDS (T-279/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 26/96.

- Condene en costas a la Comisión.

121 Wilson (T-280/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 27/96.

- Condene en costas a la Comisión.

122 Miller (T-147/99) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal:

- Anule la Decisión REC 3/98.

- Condene en costas a la Comisión.

- Con carácter subsidiario, condene en costas a la Comisión.

- Con carácter de segundo grado, condene a la Comisión al pago de sus propias costas.

123 La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule las Decisiones objeto de los recursos interpuestos en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97 y T-210/97.

124 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule las Decisiones objeto de los recursos interpuestos en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97.

125 La República Francesa solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule las Decisiones objeto de los recursos interpuestos en los asuntos T-187/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-216/97 a T-218/97.

126 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- En el asunto T-190/97, declare la inadmisibilidad de las pretensiones de la demandante tendentes a que el Tribunal de Primera Instancia le ordene estimar la solicitud de condonación y declarar provisionalmente ejecutiva la sentencia que se dicte, con prestación de fianza, si es preciso.

- En los asuntos T-216/97 a T-218/97, declare la inadmisibilidad de las pretensiones encaminadas a que el Tribunal de Primera Instancia declare que las demandantes tienen derecho a la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana o, con carácter subsidiario, a la condonación de tales derechos.

- Desestime por infundados los presentes recursos de anulación, en todo lo demás.

- Condene en costas a las demandantes.

127 En la vista, Profex declaró que desistía de sus pretensiones tendentes a que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la Comisión estimar su solicitud de condonación y declarar provisionalmente ejecutiva la sentencia que se dictara, con prestación de fianza, si fuera preciso.

128 De la misma forma, Lema y Masco declararon que desistían de sus pretensiones tendentes a que el Tribunal de Primera Instancia declarara que tienen derecho a la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana o, con carácter subsidiario, a la condonación de dichos derechos.

129 Por lo tanto, no procede pronunciarse sobre la admisibilidad ni, con mayor motivo, sobre el fundamento de las citadas pretensiones.

Fundamentos de Derecho

130 Las demandantes han invocado, en apoyo de sus recursos, numerosos motivos referentes tanto a los vicios sustanciales de forma como al incumplimiento de las normas materiales. Sin embargo, vistas las circunstancias particulares del presente caso, el Tribunal de Primera Instancia decide examinar sucesivamente el motivo basado en la violación de los derechos de defensa y el motivo fundado en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1430/79.

I. Sobre el motivo basado en la violación de los derechos de defensa durante el procedimiento administrativo

A. Sobre el examen de este motivo en el marco de los presentes recursos

1. Alegaciones de las partes

131 Crown, Dr. Seufert, Grundig y Miller alegan que se han vulnerado sus derechos de defensa en el marco del procedimiento administrativo que condujo a la adopción de las Decisiones que impugnan. En la vista, Kaufring, Profex, Horten, Hertie y Elta señalaron que invocaban asimismo este motivo de orden público en apoyo de sus recursos.

132 La República Francesa invocó asimismo este motivo en aquellos asuntos en los que presentó un escrito de intervención, a saber los asuntos T-186/97, T-187/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97 y T-218/97.

133 Sin embargo, la Comisión propone una excepción de inadmisibilidad en los asuntos T-186/97, T-191/97, T-211/97 y T-216/97 a T-218/97 por cuanto el citado motivo no ha sido invocado por las demandantes de forma que la República Francesa no puede alegarlo sin infringir el artículo 37 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia. La Comisión alega también que sería extraño autorizar a una parte coadyuvante a invocar un motivo de esta índole, siendo así que no ha sido propuesto por la parte que se reputa protegida por el referido principio. La Comisión se refiere, a este respecto, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1993, Comisión/Consejo (C-155/91, Rec. p. I-939), así como a las conclusiones presentadas por el Abogado General Sr. Lagrange en el asunto sobre el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad (30/59, Rec. pp. 1, 59).

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

134 A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el respeto de los derechos de defensa constituye una formalidad esencial cuya violación puede ser planteada de oficio (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Interhotel/Comisión, C-291/89, Rec. p. I-2257, apartado 14, y de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, apartado 67; asimismo véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T-25/95, T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-42/95 a T-46/95, T-48/95, T-50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 y T-104/95, Rec. p. II-491, apartado 487).

135 Por lo tanto, incumbe al Tribunal de Primera Instancia examinar de oficio, en todos los asuntos, si la Comisión respetó los derechos de defensa de las demandantes en el procedimiento administrativo que condujo a la adopción de las Decisiones impugnadas.

136 Además, el Tribunal de Primera Instancia estima que no puede aceptarse la alegación de la Comisión según la cual debe declararse la inadmisibilidad del motivo referente a la violación de los derechos de defensa, invocado por la República Francesa.

137 En efecto, procede destacar que, según se desprende del tenor literal del artículo 116, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, el coadyuvante no puede ampliar las pretensiones de la parte en cuyo apoyo interviene, pero puede elegir libremente los motivos y alegaciones que invoca en favor de dichas pretensiones (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de marzo de 1999, Forges de Clabecq/Comisión, T-37/97, Rec. p. II-859, apartado 92).

B. Sobre el motivo fundado en la violación de los derechos de defensa de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97

1. Alegaciones de las partes

138 Grundig, Dr. Seufert y Crown alegan que la Comisión vulneró sus derechos de defensa en la medida en que, a pesar de su solicitud expresa, no las oyó antes de adoptar las Decisiones en las que se declaraba que en su caso no estaba justificada la condonación de los derechos. Según dichas demandantes, el respeto de los derechos de defensa es un principio general del Derecho que la Comisión debe garantizar, aun cuando no exista una normativa específica, en cualquier procedimiento que pueda conducir a un acto lesivo para una persona (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 1992, Países Bajos y otros/Comisión, asuntos acumulados C-48/90 y C-66/90, Rec. p. I-565, apartado 44; de 29 de junio de 1994, Fiskano/Comisión, C-135/92, Rec. p. I-2885, apartados 39 y 40, y de 24 de octubre de 1996, Comisión/Lisrestal y otros, C-32/95 P, Rec. p. I-5373, apartado 21).

139 La República Francesa estima asimismo que la Comisión vulneró los derechos de defensa de Kaufring, Crown, Horten, Dr. Seufert, Grundig, Hertie, Lema y Masco, en la medida en que, de una parte, no indicó claramente a las citadas partes cuál era la falta de diligencia que les reprochaba y, de otra, no les dio la oportunidad de pronunciarse sobre dicha imputación. La parte coadyuvante se refiere, a este respecto, a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de noviembre de 1995, France aviation/Comisión (T-364/94, Rec. p. II-2841), así como a la sentencia Eyckeler & Malt/Comisión, citada en el apartado 87 supra, apartado 78.

140 La Comisión niega que hubiera debido oír a las demandantes antes de adoptar las Decisiones impugnadas.

141 La Comisión recuerda en primer lugar que, de un lado, el procedimiento relativo a la condonación de los derechos de aduana no prevé la participación formal de la parte interesada en el procedimiento de adopción de la decisión y que, de otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha confirmado en repetidas ocasiones que dicho procedimiento ofrece a los interesados todas las garantías jurídicas necesarias [sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1983, Control Data/Comisión, 294/81, Rec. p. 911, apartado 17; de 13 de noviembre de 1984, Van Gend & Loos y Bosman/Comisión, asuntos acumulados 98/83 y 230/83, Rec. p. 3763, apartados 8 y siguientes, y CT Control (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión, citada en el apartado 35 supra, apartado 48]. La referencia a los procedimientos aplicables en materia antidumping tampoco permite cuestionar las normas de procedimiento aplicables en el presente caso, habida cuenta de las diferencias existentes entre estos tipos de procedimientos.

142 En segundo lugar, la Comisión estima que los principios sentados en la sentencia Comisión/Lisrestal y otros, citada en el apartado 138 supra, carecen de pertinencia para los presentes asuntos ya que se refieren a un supuesto distinto. En efecto, la Decisión controvertida en el asunto que dio lugar a dicha sentencia fue adoptada por la Comisión sin que ni la Administración nacional ni la Comisión oyeran previamente a la empresa interesada. Ahora bien, en los presentes asuntos, las demandantes fueron oídas por su Administración nacional y tuvieron acceso a todos los datos fácticos determinantes. Por otra parte, la Comisión subraya que fundamentó las Decisiones impugnadas en los expedientes transmitidos por las autoridades nacionales, es decir, en datos fácticos que eran conocidos por los demandantes y sobre los cuales éstas habían podido pronunciarse.

143 La Comisión subraya, en tercer lugar, que, en la sentencia France-aviation/Comisión, citada en el apartado 139 supra, el Tribunal de Primera Instancia ya examinó en profundidad la cuestión de la necesidad de un procedimiento contradictorio en el marco de un procedimiento de condonación de derechos de aduana y no consideró contraria a Derecho la disposición en la que no prevé la audiencia de la parte interesada por la institución. La Comisión pone de manifiesto, además, que, en dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró únicamente que la Comisión viola el principio de contradicción cuando adopta su Decisión sobre la base de un expediente incompleto o cuando no tiene en cuenta todos los hechos pertinentes por que la Administración nacional no ha procedido a una audiencia completa. Según la Comisión, en los distintos casos de autos, no se ha planteado este supuesto, ya que, por un lado, se siguió debidamente el procedimiento previo a la adopción de las Decisiones impugnadas, las demandantes tuvieron la oportunidad de manifestar sus puntos de vista ante la Administración nacional y, por otro, todos los datos que consideraban esenciales figuraban en los expedientes.

144 La Comisión precisa que, a raíz de la sentencia France-aviation/Comisión, citada en el apartado 139 supra, estableció el sistema de declaración del interesado. Conforme a este sistema, las autoridades nacionales deben solicitar al interesado que confirme que ha tomado conocimiento del expediente que van a transmitir a la Comisión y que no hay nada que añadir. A falta de esta declaración, no puede admitirse la solicitud de condonación. La Comisión subraya que en el presente caso, todas las demandantes, a excepción de Grundig, Dr. Seufert y Crown, hicieron tal declaración. Por lo que atañe a Grundig, Dr. Seufert y Crown, carece de importancia que se negaran a hacer tal declaración, puesto que la comparación entre las solicitudes de condonación que presentaron en el marco del procedimiento administrativo y sus recursos de anulación de las Decisiones adoptadas al término del citado procedimiento revela que, cuando se adoptaron éstas, todos los hechos pertinentes eran conocidos tanto por la Comisión como por la autoridad nacional.

145 La Comisión considera, en cuarto lugar, que la referencia hecha por la República Francesa a los principios sentados por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Eyckeler & Malt/Comisión, citada en el apartado 87 supra, carece de pertinencia en la medida en que los hechos que dieron lugar a dicha sentencia son distintos de los de los presentes asuntos. En efecto, en el asunto que dio lugar a aquella sentencia, el Tribunal de Primera Instancia observó que, en el caso de autos, la Comisión era la única que disponía de los datos necesarios para efectuar un control del régimen preferencial. Esto no es lo que ocurre en los presentes asuntos. Además, la Comisión estima que el respeto de los derechos de defensa no exige necesariamente que la persona contra la cual debe adoptarse una Decisión que pueda resultarle lesiva sea oída por la propia Institución.

146 La Comisión recuerda, a este respecto, que existen múltiples procedimientos en los cuales son únicamente las autoridades nacionales, y no los servicios de la Comisión, quienes oyen al interesado. Como ejemplo cita el procedimiento en materia de franquicia arancelaria para la importación de aparatos científicos y la jurispru