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1)

Anular, en la medida en que se refieren a Persia International Bank plc: — El apartado 4 del cuadro B del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC. — El apartado 2 del cuadro B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán. — El apartado 4 del cuadro B, incluido en el título I, del anexo de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413. — El apartado 4 del cuadro B del anexo VIII del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 423/2007. — La Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413. — El Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento no 961/2010. — El apartado 4 del cuadro B, incardinado en el título I, del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010.
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 20 de mayo de 2010 (asunto R 1235/2008-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Pi-Design AG, Bodum France y Bodum Logistics A/S y Yoshida Metal Industry Co. Ltd.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 13 de septiembre de 2013 — Fri-El Acerra/Comisión

(Asunto T‑551/10)

«Ayudas de Estado — Ayuda prevista para la adquisición y la conversión de una central termoeléctrica en una central eléctrica alimentada con biolíquidos — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado interior — Aplicación temporal de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional — Confianza legítima — Efecto incentivador»

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Facultad de apreciación de la Comisión — Posibilidad de adoptar directrices — Ayudas de Estado de finalidad regional — Control jurisdiccional — Límites (Art. 107 TFUE, ap. 3; Comunicación 2006/C 54/13 de la Comisión) (véanse los apartados 25 a 28 y 48 a 53)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas de Estado de finalidad regional — Directrices — Ayuda individual comprendida en el ámbito de aplicación ratione temporis de dichas directrices — Determinación — Fecha del acto jurídicamente vinculante que obliga a la autoridad competente para conceder la ayuda (Art. 107 TFUE, ap. 3; Comunicación 2006/C 54/13 de la Comisión, punto 105) (véanse los apartados 39 a 41)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Compatibilidad de la ayuda con el mercado interior — Confianza legítima eventual de los interesados — Protección — Requisitos y límites (Art. 108 TFUE) (véanse los apartados 43 a 45, 47 y 55 a 57)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas de Estado de finalidad regional — Criterios — Efecto incentivador — Presentación de las solicitudes antes del inicio de la ejecución de los proyectos — Criterio adecuado y pertinente (Art. 107 TFUE, ap. 3; Comunicación 2006/C 54/13 de la Comisión, punto 38) (véanse los apartados 81 a 85)

5. Recurso de anulación — Objeto — Decisión basada en varios pilares de razonamiento, cada uno de los cuales es suficiente para fundamentar su parte dispositiva — Decisión en materia de ayudas de Estado — Ilegalidad que sólo afecta a uno de los fundamentos del razonamiento — Recurso infundado (Arts. 108 TFUE y 263 TFUE) (véase el apartado 98)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Compatibilidad de la ayuda con el mercado interior — Carga de la prueba que incumbe al que concede la ayuda y al beneficiario potencial de ésta (Art. 107 TFUE, ap. 3) (véase el apartado 104)

Objeto

Anulación de la Decisión 2011/110/UE de la Comisión, de 15 de septiembre de 2010, relativa a la ayuda de Estado C 8/09 (ex N 357/08) que Italia proyecta conceder a Fri‑El Acerra Srl (DO 2011, L 46, p. 28).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
1.

Agricultura — FEOGA — Concesión de ayudas y de primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno — Alcance — Controles no fiables — No asunción de los gastos por parte del Fondo [Reglamentos (CE) del Consejo no 1258/1999, art. 8, ap. 1, y no 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, arts. 18 y 20] (véanse los apartados 30, 137, 138 y 153)
El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria persigue un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Dicho interés general da lugar a un examen prospectivo, relativo al citado carácter descriptivo de las indicaciones o de los signos solicitados como marca, que no puede depender de las intenciones comerciales, por naturaleza subjetivas, de los solicitantes de marcas.

(véanse los apartados 13 y 61)
La adopción tardía de una decisión explícita no es en sí un acto anulable, sino un comportamiento de la administración que, en función de las circunstancias de cada asunto, puede ocasionar un daño moral al interesado y dar lugar a una responsabilidad de la institución. La fecha de adopción de la decisión no es en modo alguno un elemento accesorio de ésta y puede tener una importancia determinante para el funcionario que solicita asistencia.

La decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de incoar un procedimiento disciplinario únicamente es una etapa procedimental preparatoria. Dicha decisión no prejuzga la posición final de la administración y, por lo tanto, no puede considerarse un acto lesivo en el sentido del artículo 91 del Estatuto. En consecuencia, sólo puede impugnarse de modo incidental en el marco de un recurso dirigido contra una decisión disciplinaria final lesiva para el funcionario.

El principio de presunción de inocencia, que constituye un derecho fundamental enunciado en el artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, confiere a los particulares derechos cuyo respeto garantiza el juez de la Unión.

Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicho artículo 6, apartado 2, regula la totalidad del procedimiento penal, con independencia del resultado de las actuaciones, y no sólo el examen de la procedencia de la acusación. Esta disposición garantiza a toda persona no ser designado ni tratado como culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido acreditada por un tribunal. Por ello, exige, en particular, que al desempeñar sus funciones, los miembros de un tribunal no partan de la idea preconcebida de que el acusado ha cometido el acto de que se le acusa. La presunción de inocencia se menoscaba mediante declaraciones o decisiones que reflejen el sentimiento de que la persona es culpable, que inciten al público a creer en su culpabilidad o que prejuzguen la apreciación de los hechos por el juez competente.

Así pues, si el principio de presunción de inocencia consagrado por el artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos figura entre los elementos del juicio penal justo exigido por el artículo 6, apartado 1, del mismo Convenio, no se limita a una garantía procesal en materia penal: su alcance es mayor y exige que ningún representante del Estado declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido acreditada por un tribunal. En efecto, la vulneración de la presunción de inocencia puede provenir no solo de un juez o de un tribunal sino también de otras autoridades públicas.

(véanse los apartados 90 a 92)

Tribunal General: 4 de octubre de 2006, Tillack/Comisión (T‑193/04, Rec. p. II‑3995), apartado 121; Franchet y Byk/Comisión, antes citada, apartados 209 a 211
206

En segundo lugar, la demandante afirma que para fijar el nivel de reducción de capacidad en el 15 % la Comisión debía tener en cuenta la capacidad de Austrian Airlines en la fecha de adopción de la Decisión impugnada, que fue el 28 de agosto de 2009, y no en enero de 2008. Según la demandante, incluso si la Comisión hubiera podido tomar en consideración la reducción de capacidad realizada en el contexto de la reestructuración antes de adoptarse la Decisión impugnada, no podía tener en cuenta la reducción de capacidad realizada antes de que la República de Austria confiriese el mandato de privatización de Austrian Airlines a ÖIAG el 12 de agosto de 2008. En efecto, no existe nexo entre la reducción de capacidad realizada en virtud de la reestructuración de Austrian Airlines con vistas a su privatización en cuyo contexto se concedió la ayuda en cuestión y la reducción de capacidad anterior a esa privatización.
398

Por último, la imputación basada en la violación del principio de proporcionalidad debe desestimarse por no ser pertinente en el caso de autos la alegación de la demandante según la cual la Comisión no puede imponer una multa por una infracción cuyas características justificaron, en un asunto similar anterior, que, por el contrario, no se considerara proporcionada ninguna sanción económica, sin violar el principio de proporcionalidad. En efecto, la circunstancia de que la Comisión no impusiera multas al autor de una infracción de las normas de competencia no puede, por sí sola, impedir que se multe al autor de una infracción de idéntica naturaleza (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 28 de febrero de 2002, Compagnie générale maritime y otros/Comisión, T-86/95, Rec. p. II-1011, apartado 487). A mayor abundamiento, las circunstancias de los asuntos que dieron lugar a las otras decisiones invocadas por la demandante no son comparables a las del caso de autos (véanse los apartados 389 a 396 anteriores). Por su parte, debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual la Comisión estimó implícitamente que sería contrario a dicho principio imponer sanciones económicas por comportamientos como los examinados en el caso de autos en una época en que el Derecho aún no se había clarificado. Esta posición de la Comisión no puede deducirse, como parece sostener la demandante, del hecho de que indicara, en un comunicado de prensa relativo al asunto GDF/ENEL, que deseaba clarificar el Derecho, no sólo en beneficio de las compañías implicadas en esos asuntos, sino de todas las compañías activas en el sector. Efectivamente, en el citado comunicado de prensa la Comisión sólo menciona esa circunstancia relacionada con la necesidad de clarificar el Derecho para justificar que tenía interés en adoptar una decisión formal sobre una infracción pasada. En cambio, dicha circunstancia no es pertinente para la determinación de la multa en el caso de autos. Lo mismo ocurre con la afirmación de la Comisión, contenida en las decisiones GDF/ENI y GDF/ENEL, según la cual debe evitarse que las compañías del sector consideren o sigan considerando, erróneamente, que prácticas como las observadas en ese asunto son conformes con el Derecho de la Unión. Por consiguiente, también debe desestimarse la imputación basada en la violación del principio de proporcionalidad.
1)

Anular el Reglamento (CE) nº 1355/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China, en la medida en que afecta a Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd y a Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.
24

En cuanto al primer punto, procede señalar que si el demandante estimaba que la marca anterior no había sido objeto de un uso efectivo por su titular o, habida cuenta de su carácter de marca colectiva, por cualquier persona habilitada para utilizarla [véanse los artículos 65, apartado 2, y 68 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículos 67, apartado 2, y 70 del Reglamento no 207/2009)], le correspondía presentar, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009), una solicitud de prueba del uso efectivo de dicha marca. Al no haberse presentado tal solicitud, el demandante no puede discutir que la marca anterior no 226.118 pueda utilizarse para designar los productos para los que fue registrada, esto es, los vinos.
2)

Ecka Granulate GmbH & Co. KG y non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG cargarán, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 27 de junio de 2012 — Hearst Communications/OAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Asunto T-344/09)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa COSMOBELLEZA — Marcas nacionales e internacionales denominativas y figurativas anteriores COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION y THE COSMOPOLITAN SHOW — Marcas no registradas y nombres comerciales COSMO y COSMOPOLITAN — Motivos de denegación relativos — Inexistencia de riesgo de confusión — Falta de similitud entre las marcas — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 36 y 98 a 104)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de junio de 2009 (asunto R 770/2007-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Hearst Communications, Inc. y Vida Estética, SL.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Hearst Communications, Inc.

Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 27 de junio de 2012 — Hearst Communications/OAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Asunto T-344/09)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa COSMOBELLEZA — Marcas nacionales e internacionales denominativas y figurativas anteriores COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION y THE COSMOPOLITAN SHOW — Marcas no registradas y nombres comerciales COSMO y COSMOPOLITAN — Motivos de denegación relativos — Inexistencia de riesgo de confusión — Falta de similitud entre las marcas — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 36 y 98 a 104)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de junio de 2009 (asunto R 770/2007-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Hearst Communications, Inc. y Vida Estética, SL.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
223

A mayor abundamiento, procede considerar, por una parte, que los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones de la Unión (sentencia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C‑350/88, EU:C:1990:71, apartado 33) y, por otra parte, que la Comisión tiene un amplio margen para apreciar la oportunidad de iniciar un procedimiento contra un Estado miembro que ha infringido el artículo 86 CE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de octubre de 1994, Ladbroke/Comisión, T‑32/93, EU:T:1994:261, apartados 37 y 38, y el auto de 23 de enero de 1995, Bilanzbuchhalter/Comisión, T‑84/94, EU:T:1995:9, apartado 31 y jurisprudencia citada). En consecuencia, aun suponiendo que la Comisión no hubiera abierto un procedimiento con respecto a las medidas controvertidas, de conformidad con el artículo 86 CE, en relación con el artículo 82 CE, a pesar de tener conocimiento de ellas, ello no bastaría para que la demandante pudiera albergar una confianza legítima de que tal procedimiento no se abriría en un futuro.
81

Por lo demás, los requisitos del artículo 230 CE —en particular, el requisito según el cual el acto impugnado debe afectar directa e individualmente al demandante— se aplican también a las medidas de alcance individual de las que no es destinatario el demandante. Por tanto, una organización no gubernamental que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 11 del Reglamento no 1367/2006 no estará de manera necesaria afectada directa e individualmente por una medida de alcance individual. En contra de lo que afirma el Consejo, la limitación del concepto de «actos» únicamente a los actos de alcance individual no permite garantizar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 230 CE, según el cual el acto impugnado debe afectar directa e individualmente al demandante.
Para determinar el alcance de un acto, el juez de la Unión no puede contentarse con la denominación oficial del acto, sino que debe tener en cuenta, en primer lugar, su objeto y su contenido.

Un acto tiene alcance general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y si produce sus efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta.

A la vista de su objeto y de su contenido, el Reglamento no 149/2008, por el que se modifica el Reglamento no 396/2005, mediante el establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulan límites máximos de residuos para los productos que figuran en el anexo I de dicho Reglamento, se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta, en concreto, los fabricantes, agricultores importadores y productores de los productos comprendidos en los anexos del Reglamento no 396/2005, así como los titulares de las de las autorizaciones de comercialización de los productos fitosanitarios que contengan las substancias recogidas en dichos anexos.

Por consiguiente, el Reglamento no 149/2008 constituye una medida de alcance general y, por tanto, no puede ser considerado un acto administrativo en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que pueda ser objeto de una solicitud de revisión interna en virtud del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006.

(véanse los apartados 29, 30, 38, 39 y 48)
Para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, el titular de la marca anterior tiene que probar que el uso de la marca posterior se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sería perjudicial para ellos. Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de menoscabos para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca, en el sentido del mencionado artículo 8, apartado 5. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que se produzca efectivamente el menoscabo para poder exigir la prohibición de ese uso. No obstante, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que se cause tal menoscabo en el futuro.

En caso de que el titular de la marca anterior logre demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca o, en su defecto, un serio riesgo de que tal menoscabo se cause en el futuro, corresponderá al titular de la marca posterior probar que el uso de esta marca se ha realizado con justa causa.

(véanse los apartados 31 a 34)
Anulación de las convocatorias de los concursos generales EPSO/AD/94/07, para la constitución de una reserva de personal seleccionado como administradores (AD 5) en el sector de la información, de la comunicación y de los medios audiovisuales (DO 2007, C 45 A, p. 3), EPSO/AST/37/07, para la constitución de una reserva de personal seleccionado como asistentes (AST 3) en el sector de la comunicación y de la información (DO 2007, C 45 A, p. 15), y EPSO/AD/95/07 para la constitución de una reserva de personal seleccionado como administradores (AD 5) en el ámbito de las ciencias de la información (biblioteconomía/documentación) (DO 2007, C 103 A, p. 7).
3

En ejecución de dicho Reglamento el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) no 4255/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento no 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo (DO L 374, p. 21), según su modificación por el Reglamento (CEE) no 2084/93 del Consejo, de (DO L 193, p. 39; en lo sucesivo, «Reglamento no 4255/88»). El Consejo también adoptó el Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de , por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo, de (DO L 193, p. 20) (en lo sucesivo, «Reglamento no 4253/88»).
9

La resolución impugnada se basa en la motivación que se expone a continuación. En primer lugar, la Sala de Recurso declaró la admisibilidad el recurso interpuesto por CMS Hasche Sigle, con arreglo al artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94, puesto que la distinción realizada por la demandante entre la capacidad procesal y el interés en ejercitar la acción no figura en absoluto en el Reglamento no 40/94, y el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 40/94 persigue un interés general que justifica que las solicitudes de nulidad basadas en dicho artículo puedan ser presentadas por un abanico de actores lo más amplio posible. A continuación, la Sala de Recurso concluyó que la marca denominativa COLOR EDITION era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, en la medida en que, por un lado, la combinación de las palabras «color» y «edition» expresaba un mensaje que el público al que se dirige entendía de modo directo e inmediato en el sentido de que hacía referencia a una gama de productos cosméticos o de maquillaje en diversos tonos de color y en que, por otro lado, dichos términos podían ser utilizados por los competidores para describir determinadas cualidades de sus productos y, por lo tanto, debían permanecer en el dominio público. Por último, la Sala de Recurso afirmó que la marca denominativa controvertida era descriptiva, dado que carecía de todo carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94.