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Auto del Tribunal General (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2021 — Fryč/Comisión

(Asunto T‑92/20)

«Responsabilidad extracontractual — Ayudas de Estado — Reglamentos de exención por categorías — Programa de ayudas concedidas por las autoridades checas en favor de determinadas empresas — Decisión de la Comisión que aprueba ese programa — Recurso de anulación declarado extemporáneo — Perjuicio supuestamente causado por los actos de la Comisión y de los órganos jurisdiccionales de la Unión — Prescripción — Recurso en parte manifiestamente inadmisible — Relación de causalidad — Recurso en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»

1. Recurso de indemnización — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo — Responsabilidad por un acto normativo — Fecha de aparición de los efectos perjudiciales del acto (Art. 340 TFUE, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 46) (véase el apartado 18)

2. Recurso de indemnización — Plazo de prescripción — Interrupción — Requisitos — Presentación de una demanda ante el juez de la Unión o presentación de una solicitud previa dirigida a la institución competente — Concepto de demanda a tal efecto — Recurso de anulación — Exclusión (Art. 340 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 46) (véase el apartado 22)

3. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Relación de causalidad — Carga de la prueba (Art. 340 TFUE, párr. 2) (véase el apartado 30)

4. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Incumplimiento de uno de los requisitos — Desestimación de la totalidad del recurso de indemnización (Art. 340 TFUE, párr. 2) (véanse los apartados 28 y 31)

Objeto

Recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que se solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por el demandante debido, en primer lugar, a la adopción del Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (DO 2008, L 214, p. 3); en segundo lugar, a la adopción, por parte de la Comisión, de la decisión de 3 de diciembre de 2007 y a la falta de publicación de dicha decisión; en tercer lugar, a las deficiencias en el tratamiento, por parte de la Comisión de las denuncias presentadas por el demandante entre 2016 y 2018 y, en cuarto lugar, a los autos de 5 de septiembre de 2019, Fryč/Comisión (C‑230/19 P, no publicado, EU:C:2019:685), y de 15 de enero de 2019, Fryč/Comisión (T‑513/18, no publicado, EU:T:2019:22).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Sobreseer la demanda de intervención de la República Checa.

3) Condenar al Sr. Fryč a cargar con sus costas y con las de la Comisión Europea a excepción de las correspondientes a la demanda de intervención.
Auto del Presidente del Tribunal General de 19 de marzo de 2021 — Indofil Industries (Netherlands)/Comisión

(Asunto T‑742/20 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Productos fitosanitarios — Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2087 — No renovación de la aprobación de la sustancia activa mancoceb — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Carácter grave del perjuicio — Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante — Apreciación en relación con su tamaño y su volumen de negocios, así como con la situación del grupo al que pertenece — Actividad en mercados muy regulados — Toma en consideración de las circunstancias propias de cada caso concreto (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE) (véanse los apartados 31, 32, 36 y 37)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Carácter grave del perjuicio — Apreciación sin información sobre el tamaño de la empresa afectada — Perjuicio económico objetivamente considerable a causa de una supuesta obligación de ejercer una opción comercial en un plazo inoportuno — Riesgo que normalmente debe ser soportado por una empresa que opera en un mercado muy reglamentado (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE) (véanse los apartados 33, 34 y 42)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Alteración irreversible de las cuotas de mercado — Inclusión — Requisitos — Apreciación en relación con las dimensiones de la empresa y con la situación del grupo al que pertenece (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE) (véanse los apartados 52 y 54)

Objeto

Demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE por la que se solicita la suspensión de la ejecución del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2087 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa mancoceb con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2020, L 423, p. 50).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
28

Procede señalar que, en el caso de retirada de una oposición al registro de una marca, las Directrices relativas al examen que la EUIPO habrá de llevar a cabo sobre las marcas de la Unión y los dibujos y modelos comunitarios registrados establecen, en su sección sobre marcas, parte C, sección 1, punto 6.2.2.3, que «se remitirá a las partes una confirmación de la retirada […]» y que «la base de datos de la [EUIPO] se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la oposición». A este respecto, la EUIPO no discute que, en la fecha de notificación del auto de 10 de julio de 2020, WONDERLAND (T‑616/19, no publicado, EU:T:2020:334), los datos relativos a la solicitud de registro de la marca WONDERLAND no habían sido actualizados en la base de datos en cuestión y que, por tanto, en esta no figuraba la referencia a la retirada de la oposición. Así pues, como afirma la demandante en revisión, no podía saber si la parte coadyuvante en el asunto T‑616/19 anunciaría efectivamente a la EUIPO que retiraba su oposición y, en caso afirmativo, cuándo lo haría.
103

Lo mismo sucede cuando la posibilidad que los destinatarios tienen de no aplicar el acto de la Unión controvertido es meramente teórica, por no existir duda alguna de su voluntad de que se realicen las consecuencias de dicho acto (véanse el auto de 19 de junio de 2008, US Steel Košice/Comisión, C‑6/08 P, no publicado, EU:C:2008:356, apartado 61 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 4 de diciembre de 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisión, C‑342/18 P, no publicada, EU:C:2019:1043, apartado 39 y jurisprudencia citada).
8

En efecto, como indica el considerando 9 del Reglamento 2018/1724, los ciudadanos y las empresas procedentes de otros Estados miembros pueden encontrarse en desventaja, por no estar familiarizados con las normas y sistemas administrativos nacionales, por diferencias en las lenguas utilizadas y por falta de proximidad geográfica con las autoridades competentes de un Estado miembro que no sea el suyo. Según ese mismo considerando, la manera más eficaz de reducir los consiguientes obstáculos en el mercado interior es permitir que los usuarios transfronterizos y no transfronterizos accedan a información en línea en una lengua que puedan comprender, para que puedan así completar íntegramente en línea los procedimientos que les permitan cumplir la normativa nacional, y ofrecerles asistencia cuando las normas y procedimientos no estén suficientemente claros o cuando encuentren obstáculos al ejercicio de sus derechos.
Auto del Tribunal General (Sala Primera) de 10 de septiembre de 2020 — ADESO/Comisión

(Asunto T‑529/19)

«Recurso de anulación — Contratos de subvención relativos a los proyectos “Your Environment is Your Life” y “Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II” — Costes no subvencionables — Notas de adeudo — Carta de confirmación — Condición de acto impugnable — Naturaleza contractual del litigio — Acto no recurrible — Acto que se inscribe en un marco meramente contractual del que es indisociable — Inadmisibilidad»

Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual — Anulación de una carta de confirmación de la Comisión — Carta que confirma la recuperación de cantidades indicadas en notas de adeudo y que adopta posición acerca de la regularidad de procedimientos de auditoría y recuperación — Incompetencia del juez de la Unión — Inadmisibilidad

(Artículos 263 TFUE, 272 TFUE, 274 TFUE, 288 TFUE y 299 TFUE)

(véanse los apartados 18 a 23, 32, 33, 36, 37, 44, 46, 49, 54 y 57 a 60)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de una decisión de la Comisión supuestamente contenida en una carta de 10 mayo de 2019 relativa a la recuperación de ciertas sumas pagadas en el marco de los contratos de subvención referidos a los proyectos «Your Environment is Your Life» (FED/2013/313-770) y «Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II» (FED/2013/316-291).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
53

En particular, la demandante subraya que, habida cuenta de su contexto y de la referencia al artículo 12 del Reglamento de Ejecución n.o 725/2011, procede entender la expresión «may not», utilizada en el párrafo cuarto del acto impugnado en la frase «As a result, the Commission hereby notifies you of the eco-innovation CO2 savings certified by reference to Implementing Decision (EU) 2015/158 that may not be taken into account for the calculation of the average specific emissions of Daimler AG in 2017» (En consecuencia, la Comisión les notifica por la presente las reducciones de emisiones de CO2 propiciadas por ecoinnovaciones y certificadas por referencia a la Decisión de Ejecución (UE) 2015/158, que no pueden ser tenidas en cuenta para el cálculo de las emisiones específicas medias de Daimler AG en 2017), como una afirmación de principio y no como un mero «preaviso» o una simple posibilidad de una medida futura.
54

Por último, de los elementos que obran en autos resulta que, desde 2017, la demandante tiene una autorización de comercialización en la Unión de otro AC a base de Gd, el clariscan, cuya comercialización no se ha visto afectada por la decisión impugnada. A este respecto, la demandante precisa que el clariscan no es un sustituto exacto del omniscan debido a que ese medicamento genérico está disponible solamente en trece mercados de la Unión, no tiene el perfil de seguridad mejorado del omniscan ni la indicación especializada del omniscan para la obtención de imagen de perfusión del miocardio. La Comisión afirma, en cambio, por una parte, que ni el PRAC ni el CHMP pudieron confirmar o convenir en que el omniscan tuviera un perfil de seguridad mejorado y, por otra parte, comités científicos de la EMA estimaron que, al estar autorizado para la obtención de imágenes de cuerpo entero, el clariscan puede utilizarse para la obtención de imágenes de perfusión del miocardio. Por ello, aun cuando puede considerarse razonablemente, en este momento, que el clariscan probablemente no podrá sustituir por completo al omniscan, dicho medicamento genérico reducirá, no obstante, la intensidad de los inconvenientes temidos por la demandante permitiéndole, en cierta medida, participar en las licitaciones que exijan una gama completa de productos de contraste.
1

El 3 de julio de 2015, la recurrente, ExpressVPN Ltd, presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de protección en la Unión Europea del registro internacional n.o 1265562 en virtud del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
El análisis de la gravedad de un perjuicio ha de realizarse teniendo en cuenta, en particular, el tamaño y el volumen de negocios de la empresa y las características del grupo al que pertenece. A este respecto, por una parte, tratándose de una pérdida que representa menos del 10 % del volumen de negocios de empresas activas en mercados extremadamente regulados, no parece probable que las dificultades financieras que pueden sufrir estas últimas pongan en peligro su propia existencia, y, por otra parte, en relación con una pérdida que representaba casi dos tercios del volumen de negocios de esas empresas, reconociéndose que las dificultades financieras causadas a estas hayan podido poner en peligro su propia existencia, se ha subrayado, sin embargo, que, en un sector extremadamente regulado, que a menudo requiere inversiones considerables y en el que las autoridades competentes pueden verse obligadas a intervenir rápidamente cuando aparecen riesgos para la salud pública, por razones que las empresas afectadas no siempre pueden prever, corresponde a estas últimas protegerse frente a las consecuencias de dicha intervención mediante una política apropiada, so pena de que sean ellas mismas quienes carguen con los perjuicios derivados de dicha intervención.

No obstante, a la hora de valorar la gravedad del perjuicio, el juez de medidas provisionales no puede atenerse únicamente, de manera mecánica y rígida, a las cifras de ventas pertinentes, sino que también le corresponde tener en cuenta las circunstancias propias de cada caso y relacionarlas, al adoptar su resolución, con el perjuicio causado en términos de volumen de negocios.

(véanse los apartados 33, 34 y 39)
3.

Instituciones de la Unión Europea—Derecho de acceso del público a los documentos—Reglamento (CE) n.o 1049/2001—Excepciones al derecho de acceso a los documentos—Obligación de conceder un acceso parcial a los datos no cubiertos por las excepciones—Aplicación a los documentos comprendidos en una categoría cubierta por una presunción general de denegación de acceso—Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 6] (véase el apartado 29)
El Consejo Europeo fue elevado al rango de institución de la Unión por el Tratado de Lisboa. Así, en contra de lo que había declarado anteriormente el juez de la Unión, los actos adoptados por esta institución, que, a tenor del artículo 15 TUE, no ejercerá función legislativa alguna y está compuesta por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión, ya no pueden sustraerse del control de legalidad establecido en el artículo 263 TFUE.

Dicho esto, los actos adoptados por los representantes de los Estados miembros, reunidos físicamente en el recinto de una de las instituciones de la Unión, y que no actúan en calidad de miembros del Consejo o de miembros del Consejo Europeo, sino en calidad de jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión, no están sometidos al control de legalidad ejercido por el juez de la Unión. A este respecto, del artículo 263 TFUE se desprende que, por regla general, el juez de la Unión no es competente para pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de un acto adoptado por una autoridad nacional ni de un acto adoptado por los representantes de autoridades nacionales de varios Estados miembros en el marco de un comité establecido en un reglamento de la Unión. No obstante, no basta, a este respecto, con que una institución contra la que se ha interpuesto un recurso califique un acto —en el presente asunto, actos del Consejo Europeo— de «decisión de los Estados miembros» de la Unión, para sustraerlo al control establecido en el artículo 263 TFUE. Para ello es preciso además comprobar que, habida cuenta de su contenido y del conjunto de las circunstancias en las que se adoptó, dicho acto no constituye en realidad una decisión del Consejo Europeo.

(véanse los apartados 44 a 46)
19

Por otro lado, aunque es cierto, como observan las demandantes, que el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no es una copia del antiguo artículo 230 CE, párrafo cuarto, como sea que no se ha modificado sin embargo la condición de la afectación directa establecida en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, la jurisprudencia citada en el anterior apartado 18 se aplica también en este asunto (véanse, en ese sentido, los autos de 9 de julio de 2013, Regione Puglia/Comisión, C‑586/11 P, no publicado, EU:C:2013:459, apartado 31; de 15 de junio de 2011, Ax/Consejo, T‑259/10, no publicado, EU:T:2011:274, apartado 21, y de 12 de octubre de 2011, GS/Parlamento y Consejo, T‑149/11, no publicado, EU:T:2011:590, apartado 19).
Auto del Tribunal General (Sala Primera)

de 13 de septiembre de 2016 — Sogepa/Comisión

(Asunto T‑761/15)

«Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Cristalería — Ayuda en forma de préstamo — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado interior — Obligación de recuperar la ayuda concedida a favor de una empresa en quiebra — Infracción de los requisitos de forma — Inadmisibilidad»

1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Falta de claridad — Inadmisibilidad [Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véanse los apartados 20 y 31)

2. Recurso de anulación — Plazos — Carácter de orden público — Examen de oficio por el juez de la Unión (Art. 263 TFUE, párr. 6) (véase el apartado 34)

Objeto

Recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE contra los artículos 3 a 6 de la Decisión (UE) 2015/1825 de la Comisión, de 31 de julio de 2014, relativa a la ayuda de Estado no notificada SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Bélgica — Ayuda de salvamento de Val Saint-Lambert SA (DO 2015, L 269, p. 47).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
1.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 12 a 14)
1.

Cohesión económica, social y territorial — Fondo Europeo de Desarrollo Regional — Gestión y control — Plazos previstos para solicitar el pago de los importes concedidos — Incumplimiento — Liberación de oficio de los importes no reclamados — Excepción — Fuerza mayor — Concepto — Necesidad de respetar los procedimientos de control presupuestario y financiero en Derecho nacional — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, art. 96, letra c)] (véanse los apartados 34 y 37)
Para cumplir su función de garantizar la seguridad jurídica, el plazo de prescripción debe fijarse de antemano y la fijación de dicho plazo y de su forma de aplicación incumben al legislador de la Unión. Éste dispone de un poder discrecional para establecer la prescripción de los plazos. Cuando la administración puede acreditar que el interesado la indujo deliberadamente a error, la inoponibilidad del plazo de cinco años a la acción de la administración para obtener la devolución de las cantidades indebidamente pagadas no es contraria al principio de seguridad jurídica, siempre que la administración actúe dentro de un plazo razonable. Por lo tanto, no puede deducirse que, cuando no existe un plazo imperativo fijado por una norma jurídica de la Unión, se produce una vulneración del principio de seguridad jurídica. Al contrario, la obligación de la administración de actuar dentro de un plazo razonable, cuyo cumplimiento puede ser controlado por el juez de la Unión, ofrece un nivel de protección suficiente en las situaciones en que los textos no han fijado ningún plazo de prescripción.

El objetivo perseguido por el artículo 85, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto es el de la protección de los intereses financieros de la Unión en el contexto específico de las relaciones entre las instituciones de la Unión y sus agentes, es decir, de personas que están vinculadas a esas instituciones por el deber de lealtad específico previsto en el artículo 11 del Estatuto. De ello resulta que, en la situación particular contemplada por esa disposición, que impone a la administración, en el supuesto de que pueda demostrar que el agente de que se trata le ha inducido deliberadamente a error, incumpliendo para ello su deber de lealtad, la obligación de recuperar en su totalidad las cantidades indebidamente percibidas, la no oponibilidad del plazo de prescripción de cinco años no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido y es, además, compatible con el artículo 73 bis del Reglamento no 1995/2006, que modifica el Reglamento no 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

(véanse los apartados 35 y 36)
3.

Procedimiento judicial — Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria — Contratos celebrados en el marco de un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y de demostración — Resolución unilateral por la Comisión basada en el incumplimiento de las obligaciones contractuales — Demanda de reembolso de los anticipos — Recurso interpuesto contra el escrito de la Comisión que anuncia su intención de emitir una nota de adeudo — No fijación de las condiciones de pago y de la fecha de vencimiento — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad del recurso [Art. 272 TFUE; Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, art. 71, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, arts. 78 y 79] (véanse los apartados 38, 39, 46 a 51 y 53)
5.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 33)
48

En efecto, ninguna de las sentencias más específicamente citadas por las partes –sentencias Bank Austria Creditanstalt/Comisión, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión, Comisión/Éditions Odile Jacob y Adams/Comisión, antes citadas– se refiere a la problemática ligada a la clemencia. Por lo que respecta a la sentencia del Tribunal General de 22 de mayo de 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Comisión (T-344/08), apartados 8 y 148, según la cual, de conformidad con el Reglamento no 1049/2001, el acceso a documentos facilitados en el marco de una solicitud de clemencia no puede ser denegado a las personas perjudicadas por un cártel, pues el interés de una sociedad que haya participado en un cártel en evitar las acciones de indemnización no constituye un interés merecedor de protección, basta con señalar que esta sentencia no es todavía definitiva, porque el recurso de casación interpuesto por la Comisión sigue pendiente ante el Tribunal de Justicia (asunto C-365/12 P).