Así pues, aunque la motivación de una decisión impugnada que esté formulada en términos muy generales, que convendría haber precisado, es, por ello, criticable desde ese punto de vista, sin embargo puede considerarse que una referencia a supuestas infracciones, puesta en relación con una decisión de incoación del procedimiento en virtud del artículo 11, apartado 6, del Reglamento no 1/2003, corresponde al grado mínimo de claridad que permite concluir que se cumple lo establecido en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento no 1/2003.

Los elementos esenciales de la motivación de una decisión de solicitud de información están definidos en el artículo 18, apartado 3, del propio Reglamento no 1/2003. Dicha disposición establece que la Comisión indicará la base jurídica y el objeto de su requerimiento, especificará la información requerida y fijará el plazo en que habrá de facilitarse. El artículo 18, apartado 3, del Reglamento no 1/2003 precisa, además, que la Comisión hará referencia asimismo a las sanciones previstas en el artículo 23, que indicará o impondrá las sanciones previstas en el artículo 24, y que también les informará de su derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia. A este respecto, la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de tal decisión todas las informaciones de que dispone acerca de supuestas infracciones, ni a efectuar una calificación jurídica rigurosa de dichas infracciones, pero debe indicar con claridad las presunciones que pretende comprobar.

En virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 1/2003, la Comisión puede solicitar información mediante una decisión o una simple solicitud, sin que dicha disposición supedite la adopción de una decisión a una simple solicitud previa. La opción que la Comisión debe realizar entre una simple solicitud de información en virtud del artículo 18, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 y una decisión de solicitud de información en virtud del artículo 18, apartado 3, de ese mismo Reglamento está sujeta a un control del principio de proporcionalidad por parte del juez de la Unión. Tal control ha de depender de las necesidades de una investigación adecuada, teniendo en cuenta las particularidades del caso de autos.

El principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que los actos de las instituciones no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos.

Las solicitudes de información dirigidas por la Comisión a una empresa deben respetar el principio de proporcionalidad y la obligación impuesta a una empresa de facilitar una información no debe representar para ésta una carga desproporcionada en relación con las necesidades de la investigación.

Para apreciar el carácter eventualmente desproporcionado de la carga que implica la obligación de responder a las preguntas en el plazo señalado por la Comisión, ha de tenerse en cuenta el hecho de que la empresa destinataria de una decisión de solicitud de información en virtud del artículo 18, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, corre el riesgo de que se le imponga no sólo una multa sancionadora o una multa coercitiva en caso de que proporcione información incompleta o tardía o no proporcione información, en aplicación del artículo 23, apartado 1, letra b), y del artículo 24, apartado 1, letra d), respectivamente, del Reglamento no 1/2003, sino también de que se le imponga una multa sancionadora en caso de que facilite información calificada por la Comisión de inexacta o «engañosa», en aplicación dela artículo 23, apartado 1, letra b), del antedicho Reglamento.

De ello se deduce que el examen de la adecuación del plazo establecido por una decisión de solicitud de información tiene una especial importancia. En efecto, es preciso que dicho plazo pueda permitir al destinatario no sólo dar materialmente una respuesta, sino también asegurarse del carácter completo, exacto y no engañoso de la información facilitada.

(véanse los apartados 71 a 73)