Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 9 de enero de 2003. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. - Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales - Fauna y flora silvestres. - Asunto C-143/02.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-02877



Conclusiones del abogado general

1. Mediante el presente recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en lo sucesivo, «Directiva»).

2. La Comisión reprocha a la República Italiana haber adoptado una normativa que:

- por un lado, limita la aplicación del procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente a determinados proyectos enumerados de manera taxativa, en lugar de extenderla a todos los proyectos a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva, es decir, a «cualquier [...] proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares»;

- por otro lado, no impone a las autoridades nacionales competentes, en contra de lo exigido por el artículo 7 de la Directiva, la obligación de adoptar, en lo que se refiere a las zonas de protección especial, medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, y

- por último, no impone a las autoridades nacionales competentes, en contra de lo establecido en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva, la obligación de adoptar, durante el período de concertación entre las autoridades nacionales y la Comisión y en espera de una decisión del Consejo, las medidas de conservación antes citadas por lo que respecta a los lugares no incluidos en una lista nacional, pero considerados por la Comisión lugares de importancia comunitaria.

3. En su escrito de contestación, la República Italiana no niega el fundamento de las imputaciones dirigidas contra ella. A este respecto, precisa que la situación controvertida se debe a otras dificultades relacionadas con el texto del Decreto de adaptación del Derecho interno a la Directiva, que suscitaba una serie de problemas por lo que respecta a su aplicación, como el hecho de que no se contemplaran sanciones, el hecho de que no se indicaran las modalidades de realización de las evaluaciones, la repercusión de los proyectos sobre los lugares y la identificación de las autoridades competentes para otorgar las autorizaciones requeridas. En este contexto, la República Italiana se remite a un proyecto de Decreto Presidencial destinado a modificar y a completar el Decreto de que se trata y que, según afirma, permitirá poner fin a la situación de incumplimiento. Alega que el procedimiento de adopción de este proyecto de Decreto Presidencial se encuentra muy avanzado, pero que ahora debe resolverse una cuestión de carácter constitucional muy delicada relativa a la determinación de las autoridades competentes para actuar en este ámbito. En estas circunstancias, la República Italiana insta a la Comisión a desistir de su recurso por incumplimiento.

4. Considero que procede declarar la existencia del incumplimiento de que se trata.

5. En efecto, según una reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia estima que, en el marco de un procedimiento iniciado con arreglo al artículo 226 CE, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo señalado en el dictamen motivado. Ahora bien, en el presente caso de los autos se desprende que, en dicha fecha, la República Italiana no había adoptado la totalidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva.

6. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado invariablemente que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una Directiva.

7. Por último, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia considera que, en el sistema que establece el artículo 226 CE, la Comisión dispone de una facultad discrecional para interponer un recurso por incumplimiento, y que no incumbe al Tribunal de Justicia apreciar la oportunidad de su ejercicio. Esta consideración se aplica asimismo a la suspensión de un procedimiento por incumplimiento ya iniciado. En consecuencia, puesto que la Comisión no se ha pronunciado en favor de la suspensión del presente procedimiento, tal como propuso la República Italiana, procede declarar el incumplimiento de que se trata.

Conclusión

8. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso interpuesto por la Comisión y que declare que:

1) La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al haber adoptado una normativa que:

- limita la aplicación del procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente a determinados proyectos enumerados de manera taxativa, en lugar de extenderla a todos los proyectos que, sin tener relación directa con la gestión de los lugares o sin ser necesarios para la misma, puedan afectarlos de forma apreciable;

- no impone a las autoridades nacionales competentes la obligación de adoptar, en lo que se refiere a las zonas de protección especial, medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies que hayan motivado la designación de las zonas, y

- no impone a las autoridades nacionales competentes la obligación de adoptar provisionalmente las medidas de conservación antes citadas por lo que respecta a los lugares no incluidos en una lista nacional, pero considerados por la Comisión lugares de importancia comunitaria.

2) Se condena en costas a la República Italiana.