SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 22 de junio de 1994

Asuntos acumulados T-98/92 y T-99/92

Lello Di Marzio y Giorgio Lebedef

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Modalidades de la actualización anual de las retribuciones — Contribución temporal»

Texto completo en lengua francesa II-541

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una demanda por la que se solicita que el Tribunal de Primera Instancia anule las hojas de haberes de los demandantes correspondientes al mes de enero de 1992; declare contrarios a Derecho e inaplicables los Reglamentos nos 3830/91, 3831/91, 3833/91 y 3834/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991; declare nulo y sin valor ni efecto alguno a partir del 1 de enero de 1993 el Reglamento no 3832/91 del Consejo, de la misma fecha, y ordene la devolución de las cantidades indebidamente retenidas con arreglo a dichos Reglamentos.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El artículo 65 del Estatuto establece que el Consejo procederá anualmente a examinar las retribuciones de los funcionarios, debiendo efectuarse las posibles actualizaciones conforme a un método aprobado por el propio Consejo. Mediante la Decisión 81/1061 (DO 1981, L 386, p. 6; EE 01/03, p. 119), el Consejo estableció las modalidades de aplicación del artículo 65 para el período comprendido entre el 1 de julio de 1981 y el 30 de junio de 1991. En la misma ocasión, el Reglamento no 3821/81 (DO 1981, L 386, p. 1; EE 01/03, p. 114) creó una «exacción excepcional» sobre las retribuciones durante un período que expiró el 1 de julio de 1991.

Al término de una larga concertación con el personal de las Comunidades, el Consejo adoptó, el 19 de diciembre de 1991:

— el Reglamento no 3830/91, por el que se prorroga por diez años, integrándolo como Anexo XI del Estatuto, el método de actualización de las retribuciones, con algunas modificaciones, entre las que se halla la ponderación del índice común previsto en el artículo 65 del Estatuto, de forma tal que incorpora en un 25 % el índice belga (componente Bruselas capital) (DO L 361, p. 1);

— el Reglamento no 3831/91, por el que se establece una contribución temporal al tipo bruto del 5,83 % a partir del 1 de enero de 1992, mediante la inserción en el Estatuto de un nuevo artículo 66 bis (DO L 369, p. 7);

— los Reglamentos nos 3833/91 y 3834/91, por los que se actualizan, con carácter retroactivo, las cantidades que figuran en el cuadro de sueldos (DO L 361 pp. 10 y 13).

A finales del mes de diciembre de 1991, los demandantes recibieron senda hojas de haberes suplementarias, en las que figuraban las actualizaciones introducidas en sus sueldos base con carácter retroactivo. El 15 de enero de 1992, los demandantes recibieron sus hojas de haberes correspondientes al mes de enero de 1992, actualizadas en consonancia con lo dispuesto en dichos Reglamentos.

Con fechas 13 y 14 de abril de 1992, respectivamente, los demandantes presentaron, contra sus hojas de haberes, sendas reclamaciones redactadas en términos idénticos, en las cuales cuestionaban la conformidad a Derecho de los citados Reglamentos. Dichas reclamaciones no tuvieron respuesta.

I. Sobre la admisibilidad de las pretensiones relativas a los Reglamentos nos 3830/91 y 3834/91

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que la comunicación de la hoja de haberes mensual tiene por efecto comenzar a contar los plazos para la interposición de recursos contra una decisión administrativa, cuando dicha hoja de haberes pone claramente de manifiesto el alcance de dicha decisión (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 1 de octubre de 1992, Schavoir/Consejo(T-7/91, Rec. p. II-2307), apartado 34

Por el contrario, las hojas de haberes que introducen las actualizaciones de que fueron objeto las retribuciones de los demandantes en el mes de diciembre de 1991 no tienen por efecto comenzar a contar el plazo para la presentación de la reclamación, contemplado en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Efectivamente, dichas hojas de haberes les fueron entregadas antes de que entraran en vigor y se publicaran los Reglamentos controvertidos que les sirven de base jurídica, y cuando los demandantes no se hallaban en condiciones, en el momento de recibir sus hojas de haberes, de tener pleno conocimiento del correspondiente contexto normativo, sin que esta afirmación pueda verse modificada por la publicación posterior de los Reglamentos o por una comunicación informal al personal, de diciembre de 1991 (apartados 22, 26 y 27).

II. Sobre el fondo

1. Sobre la toma en consideración de la evolución a la baja del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales, a la hora de actualizar las retribuciones de los funcionarios comunitarios

Este Tribunal de Primera Instancia considera, en primer lugar, que el principio de la evolución paralela, al alza y a la baja, del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios nacionales y comunitarios, en el sentido del Reglamento no 3830/91, no es incompatible con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65 del Estatuto. Efectivamente, del tenor literal de esta disposición se desprende, en primer lugar, que el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación en lo que se refiere a la oportunidad de actualización de las retribuciones y en cuanto a los factores que deben tenerse en consideración a este respecto, y, en segundo lugar, que el incremento de las retribuciones de los funcionarios públicos en los Estados miembros constituye tan sólo uno de dichos factores, ya que no está excluida en modo alguno la toma en consideración de su disminución, lo que, por otra parte, ya se hallaba previsto en el método anterior introducido mediante la Decisión 81/1061. Además, el propio concepto de «evolución paralela» implica necesariamente que una disminución del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales se refleje en la actualización de las retribuciones de los funcionarios comunitarios (apartados 41 43 Y 44).

A continuación, este Tribunal rechaza el argumento basado en la infracción de la obligación de motivación, al considerar que el Reglamento no 3830/91 tiene como finalidad general prorrogar, durante un período de diez años, el anterior método de actualización de las retribuciones, introduciendo, sin embargo, algunas modificaciones en sus modalidades de aplicación, sin modificar en nada sus principios básicos. Finalmente, la toma en consideración de la evolución al alza y a la baja de las retribuciones de los funcionarios públicos nacionales no resulta en modo alguno contradictoria con la toma en consideración de la evolución del coste de la vida que soportan efectivamente los funcionarios comunitarios en Bruselas, ya que ambos elementos, si bien independientes, se toman en cuenta conjuntamente, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto (apartados 50 a 53).

Contrariamente a lo que afirman los demandantes, este Tribunal de Primera Instancia no considera que una disposición del Estatuto debidamente adoptada por el Consejo pueda cuestionarse por una pretendida violación de los principios de equidad, de asistencia y protección o de buena administración (apartado 58).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de junio de 1993, Arauxo-Dumay/Comisión (T-65/92, Rec. p. II-597), apartado 37; Tribunal de Primera Instancia, 30 de junio de 1993, Devillezy otros/Parlamento (T-46/90, Rec. p. II-699), apartado 37

Por otra parte, un sistema conforme al cual las actualizaciones de las retribuciones de los funcionarios comunitarios deben tener en cuenta, entre otras cosas, las oscilaciones del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales no es en modo alguno contrario a la equidad ni viola los principios de asistencia y protección y de buena administración (apartado 59).

Finalmente, este Tribunal de Primera Instancia considera que el principio de la evolución paralela, al alza y a la baja, que no contradice en modo alguno el artículo 65 del Estatuto, no puede violar el principio de la confianza legítima a efectos de la aplicación correcta de dicha disposición (apartado 65).

Por lo demás, los demandantes no pueden alegar que se haya visto defraudada su confianza legítima más de diez años después de haberse adoptado el principio de la evolución paralela mediante la Decisión 81/1061 (apartado 67).

En cualquier caso, un funcionario no puede alegar el principio de la confianza legítima para cuestionar la conformidad a Derecho de una disposición reglamentaria nueva, sobre todo en un ámbito cuyo objeto exige una constante adaptación en función de las oscilaciones de la situación económica (apartado 68).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1988, Christianos/Tribunalde Justicia (33/87, Rec. p. 2995), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Reinarz/Comisión(asuntos acumuladosT-6/92 y T-52/92, Rec. p. II-1047), apartado 85

2. Sobre la ponderación del índice común de forma que incorpore en un 25 % el índice belga (componente Bruselas capital)

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que la motivación de un acto de aplicación general puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de conjunto que condujo a su adopción y, por otra, los objetivos generales que se propone alcanzar (apartado 79).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de julio de 1985, Abrias y otros/Comisión (3/83, Rec. p. 1995), apartados 30 y 31

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, al indicar que la ponderación impugnada fue introducida en el marco de los esfuerzos desplegados para mejorar la eficacia de dichos índices, la motivación del Reglamento no 3830/91 cumple, contrariamente a lo que afirman los demandantes, las exigencias establecidas por el artículo 190 del Tratado, el cual, por otra parte, no exige una motivación detallada de los aspectos técnicos de las modalidades de cálculo en un Reglamento de ejecución (apartado 81).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de noviembre de 1978, Welding (87/78, Rec. p. 2457), apartado 11

Por lo que se refiere a la incompatibilidad que se alega de la citada ponderación con el principio de la evolución paralela y con el artículo 65 del Estatuto, este Tribunal de Primera Instancia observa que, puesto que en dicha disposición no se halla ninguna definición del índice común, nada impedía al Consejo, en el ejercicio de su facultad de apreciación, adoptar el apartado 2 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto, al establecer de esta forma las modalidades de aplicación del artículo 65 del Estatuto. Por otra parte, al tratarse de un ajuste técnico del índice común de una importancia relativamente pequeña, este Tribunal de Primera Instancia no acierta a ver ninguna contradicción entre el apartado 2 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto, por una parte, y el artículo 65 y las demás disposiciones del Anexo XI, por otra (apartado 82).

Referencia: Abrias y otros/Comisión, antes citada, apartado 20

3. Sobre la contribución temporal introducida mediante el Reglamento no 3831/91

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, habida cuenta de las amplias negociaciones llevadas a cabo antes de adoptarse el Reglamento impugnado, entre las Comunidades y su personal, el conjunto del cual fue mantenido al corriente acerca del contenido y del alcance de dichas negociaciones, la motivación de dicho Reglamento cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado, en la medida en que indica suficientemente la situación de conjunto que condujo a la adopción del Reglamento, así como sus objetivos generales (apartados 91, 92 y 95).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1982, Adam/Comisión (828/79, Rec. p. 269), apartado 37

Este Tribunal de Primera Instancia rechaza, por no haber ningún elemento que pueda apoyarlas, las alegaciones de haberse incurrido en abuso de poder y en utilización de procedimiento inadecuado, en la medida en que la contribución controvertida fue adoptada por el Consejo en el ejercicio de su facultad legislativa y se estableció en el marco de un compromiso complejo en materia de retribuciones, que fue objeto de una larga negociación entre las Comunidades y su personal (apartado 100).

4. Sobre las demás pretensiones de los demandantes

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, habida cuenta de todo lo anterior, dichas pretensiones han quedado sin objeto o carecen de fundamento, sin que sea preciso examinar su admisibilidad (apartado 104).

Fallo:

Se desestiman los recursos.