SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 21 de julio de 1998

Asuntos acumulados T-66/96 y T-221/97

John Mellett

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Admisibilidad — Nombramiento definitivo — Confianza legítima — Igualdad de trato»

Texto completo en lengua inglesa II-1305

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, en el asunto T-66/96, la anulación de la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de junio de 1995 y, en el asunto T-221/97, la anulación de las decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1996 y de 4 de diciembre de 1996 de no iniciar el procedimiento de nombramiento definitivo del demandante.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

La decisión relativa a la selección y al nombramiento de los chóferes de los miembros del Tribunal de Justicia, adoptada por el Tribunal de Justicia el 30 de junio de 1976 (decisión de 1976), establece en su punto 1 que los chóferes serán contratados en calidad de agentes temporales. Según el punto 2 de la decisión de 1976, «el procedimiento de nombramiento definitivo podrá iniciarse después de tres años de servicio a propuesta del miembro a cuyo servicio estś destinado el chófer. Después de un concurso interno, los chóferes serán nombrados funcionarios en práctica en la carrera D 3-D 2.»

A finales del año 1991, el Juez Murray solicitó al Sr. Mellet que fuera su chófer personal. Le hizo saber que tendría la situación de agente temporal durante los tres primeros años de servicio; al término de estos tres años, a propuesta del Juez, podría ser nombrado funcionario titular. El Sr. Mellett fue contratado como agente temporal a partir del 16 de mayo de 1992. Una propuesta de 1 de febrero de 1993 del Jefe de la División de Personal preveía que el nuevo régimen debería aplicarse a todos los chóferes contratados a partir de la fecha de su entrada en vigor. Con carácter transitorio, el chófer contratado como agente temporal el 16 de mayo de 1992, al amparo de la decisión de 1976, podía continuar disfrutando de las antiguas disposiciones. Esta propuesta fue sometida al Comité Administrativo del Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 1993 y, posteriormente, debía ser sometida a la Reunión Administrativa. Sin embargo, esta propuesta, que fue aplazada por el Comité Administrativo para una de sus próximas reuniones administrativas, ya no volvió a figurar en el orden del día. Tras los escritos del Juez Murray, el Secretario respondió, los días 7 de marzo y 19 de mayo de 1995, que el Tribunal de Justicia había decidido interrumpir la práctica consistente en nombrar con carácter definitivo a los chóferes de los miembros. A solicitud del Juez Murray, se sometió la cuestión al Comité Administrativo el 14 de junio de 1995, que, mediante decisión del mismo día, consideró que la decisión de 11 de julio de 1994 debía aplicarse a todos los chóferes.

Sobre la admisibilidad

La decisión del Comité Administrativo de 14 de junio de 1995 debe ser considerada como un acto lesivo para el demandante.

Pese al hecho de que la petición haya sido presentada formalmente por el superior jerárquico del demandante y no directamente por este último, debe ser interpretada como una petición en el sentido del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

La respuesta negativa del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1996 es indudablemente de naturaleza decisoria.

Sobre el fondo

Sobre el motivo basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima

El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a cualquier particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la administración comunitaria, dándole seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas (apartado 104).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión (T-123/89. Rec. p. II-131), apartado 25; Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1994, Grynberg y Hall/Comisión (T-534/93, RecFP p. II-595), apartado 51; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1994, Dornonville de la Cour/Comisión (T-498/93, RecFP p. II-813), apartado 46; Tribunalde Primera Instancia, 27 de febrero de 1996, Galtieri/Parlamento(T-235/94, RecFP p. II-129), apartado 63; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Petit-Laurent/Comisión (T-211/95, RecFP p. II-57), apartado 72; Tribunalde Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Ibarra Gil/Comisión (T-207/95, RecFP p. II-31), apartado 25; Tribunal de Primera Instancia, 18 de marzo de 1997, Rasmussen/Comisión(T-35/96, RecFP p. II-187), apartado 63

Por ser las informaciones proporcionadas al demandante precisas, incondicionales y concordantes y por emanar de fuentes autorizadas y fiables, se deduce que la administración dio al demandante seguridades precisas. La circunstancia de que dichas informaciones hayan sido dadas oralmente, y no por escrito, no puede modificar esta consideración (apartado 107).

La demandada sostiene que las seguridades de que se trata no podían hacer concebir esperanzas fundadas debido a que la decisión de 30 de junio de 1976 es manifiestamente ilegal en cuanto prevé la organización de un concurso interno para un candidato aprobado que está designado de antemano. Sin embargo, no puede alegarse que la ilegalidad de que adolecía la decisión de 1976 era de tal naturaleza que el demandante debía saber que no podía fundar sus esperanzas en ella (apartado 122).

Sobre el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato

Se produce una violación del principio de igualdad de trato cuando a dos categorías de personas, cuyas situaciones de hecho y de Derecho no ofrecen ninguna diferencia esencial, se les da un trato distinto (apartado 129).

Referencia: Petit-Laurent/Comisión, antes citada, apartado 56

A fin de determinar si la negativa a la apertura del procedimiento de nombramiento opuesta al demandante constituye una violación del principio de no discriminación, es preciso comprobar si el demandante se encontraba efectivamente en la misma situación, de hecho y de Derecho, que la de los chóferes nombrados anteriormente. Por lo tanto, hay que examinar si, el 11 de julio de 1994, el Tribunal de Justicia adoptó válidamente una decisión derogatoria de la decisión de 1976. En el presente asunto, basta con señalar que el Tribunal de Justicia no adoptó dicha decisión. En efecto, en la decisión de 11 de julio de 1994, el Tribunal de Justicia se limitó a solicitar a la autoridad presupuestaria una modificación de la plantilla de personal.

Además, el Tribunal de Justicia debería haber respetado determinados requisitos formales para derogar válidamente la decisión de 1976. Pues bien, el Comité de Personal no fue consultado antes de la adopción de la decisión de 11 de julio de 1994, mientras que sí lo había sido para la decisión de 1976. De ello se deduce que el demandante se encontraba, en el momento de la adopción de la decisión impugnada, en una situación comparable a la de los chóferes admitidos anteriormente a participar en un concurso organizado al amparo de la decisión de 1976. Por consiguiente, el Sr. Mellett ha sido objeto de una discriminación (apartado 138).

Fallo:

Se anula la decisión de 14 de julio de 1995 del Comité Administrativo del Tribunal de Justicia, tal como figura en el punto 4 del acta, así como las decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1996 y de 4 de diciembre de 1996 de no iniciar el procedimiento que puede dar lugar al nombramiento definitivo del demandante.