Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por omisión — Competencia del juez comunitario

(Arts. 232 CE, párr. 2, y 233 CE)

2. Recurso por omisión — Personas físicas o jurídicas

(Arts. 88 CE, ap. 3, 230 CE, párr. 4, y 232 CE, párr. 3)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas

(Arts. 88 CE, aps. 2 y 3, y 230 CE, párr. 4)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Examen por la Comisión — Procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2 — Emplazamiento de los interesados

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 1, letra h)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión

(Arts. 87 CE y 88 CE)

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1. El juez comunitario no es competente para dirigir órdenes conminatorias a una institución en el marco de un recurso basado en el artículo 232 CE. El Tribunal de Primera Instancia sólo puede declarar la existencia de una omisión. Después, corresponde a la institución afectada, conforme al artículo 233 CE, adoptar las medidas para la ejecución de la sentencia de dicho Tribunal.

(véase el apartado 24)

2. Los artículos 230 CE y 232 CE no son más que la expresión de un único cauce procesal. De ello se deduce que, al igual que el artículo 230 CE, párrafo cuarto, permite a los particulares interponer un recurso de anulación contra un acto de una institución del que no sean destinatarios, siempre que dicho acto les afecte directa e individualmente, debe interpretarse que el artículo 232 CE, párrafo tercero, les otorga igualmente la facultad de interponer un recurso por omisión contra una institución que no hubiese adoptado un acto que les afectase del mismo modo. Así, es admisible un recurso interpuesto por un competidor del beneficiario de una ayuda cuyo objeto es que se declare que la Comisión no ha adoptado una decisión, para responder a una denuncia de dicho competidor, en el marco de la fase previa de examen de ayudas que se establece en el artículo 88 CE, apartado 3.

(véanse los apartados 25 y 27)

3. Cuando, sin iniciar el procedimiento formal de examen previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión declara, mediante una decisión adoptada sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, los beneficiarios de las garantías de procedimiento previstas en el artículo 88 CE, apartado 2, únicamente pueden obtener su respeto si tienen la posibilidad de impugnar ante el juez comunitario dicha decisión. Por estos motivos, es admisible un recurso que solicite la anulación de tal decisión, interpuesto por un interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, cuando el autor del recurso, mediante su interposición, pretenda que se salvaguarden los derechos de procedimiento que le confiere esta disposición. En cambio, si el demandante cuestiona el fundamento de la decisión de apreciación de la ayuda en sí misma o una decisión adoptada al término del procedimiento formal de examen, el mero hecho de que pueda ser considerado interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, no basta para reconocer la admisibilidad del recurso. En tal caso, debe demostrar que la decisión le atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que le caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello le individualiza de manera análoga a la del destinatario. Así sucede, en especial, en el supuesto de que la posición del demandante en el mercado se vea afectada sustancialmente por la ayuda objeto de la decisión de que se trate.

(véanse los apartados 30 a 32)

4. Los interesados en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, son las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de una ayuda, es decir, en particular, las empresas competidoras de los beneficiarios de dicha ayuda y las organizaciones profesionales. Esta interpretación quedó plasmada en el artículo 1, letra h), del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE], que proclama que el concepto de partes interesadas comprende «cualquier Estado miembro o cualquier persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma, las empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales». La condición de interesado no está, pues, reservada a las empresas sustancialmente afectadas por la concesión de ayudas.

(véase el apartado 36)

5. En la medida en que tiene una competencia exclusiva para apreciar la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, la Comisión está obligada, en interés de una correcta aplicación de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas de Estado, a proceder a un examen diligente e imparcial de una denuncia que señala la existencia de una ayuda incompatible con el mercado común. Se deduce de esto que la Comisión no puede prolongar indefinidamente el examen preliminar de las medidas estatales que son objeto de una denuncia, siempre que haya aceptado iniciar dicho examen al solicitar información al Estado miembro afectado. Para apreciar si la duración de dicho procedimiento resulta razonable será preciso tener en cuenta las circunstancias propias de cada caso y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión y la complejidad del asunto.

(véase el apartado 61)