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Libre circulación de capitales y libertad de pagos — Restricciones a los movimientos de capitales — Normativa nacional que supedita, en general, a autorización previa las transferencias materiales de valores — Improcedencia — Justificación por la facultad conferida por el artículo 73 C del Tratado — Inexistencia — Posibilidad de que los particulares invoquen las disposiciones correspondientes — [Tratado CE, arts. 73 B, ap. 1, 73 C y 73 D, ap. 1, letra b)]

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El apartado 1 del artículo 73 B y la letra b) del apartado 1 del artículo 73 D del Tratado, que prohíben las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y terceros países, por una parte, y que autorizan a los Estados miembros a tomar las medidas indispensables para impedir las infracciones de sus leyes y reglamentos, por otra parte, se oponen a una normativa nacional que supedita, de modo general, la salida del territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, a una autorización previa, pero no se oponen, en cambio, a que dicha operación esté supeditada a una declaración previa.

En efecto, si bien las medidas autorizadas por la letra b) del apartado 1 del artículo 73 D comprenden las que tienen por objeto la eficacia de los controles fiscales, así como la lucha contra las actividades ilícitas, como el fraude fiscal, el blanqueo de dinero, el tráfico de estupefacientes y el terrorismo, la exigencia de autorización previa no es necesaria para la consecución de dichos objetivos, que pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas de la libre circulación de capitales. En lugar de exigir una autorización, lo que equivaldría a someter el ejercicio de la libre circulación de capitales a la discrecionalidad de la Administración y, por este motivo, podría hacer que esta libertad fuera ilusoria, bastaría con establecer un sistema de declaración adecuado que dejara constancia de la naturaleza de la operación prevista y de la identidad del declarante, obligando a las autoridades competentes a efectuar un rápido examen de la declaración y permitiéndoles, en su caso, realizar a su debido tiempo las investigaciones que se considerasen indispensables para determinar si se trata de un movimiento de capitales ilícito e imponer las sanciones necesarias en caso de infracción de la legislación nacional, lo cual no suspendería la operación de que se trate, permitiendo, sin embargo, que las autoridades nacionales realicen un control efectivo para impedir las infracciones a sus leyes y reglamentos.

Una normativa que establece, en principio, la exigencia de una autorización general, no está comprendida, por otra parte, dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 73 C del Tratado, que autoriza, en determinadas condiciones, las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y terceros países cuando supongan inversiones directas, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales, puesto que, por una parte, la salida material de medios de pago no puede considerarse en sí misma un movimiento de capitales de dicho tipo y, por otra parte, la referida normativa se aplica a todas las salidas de medios de pago, incluidas las que no implican, en terceros países, las citadas operaciones.

Las disposiciones del apartado 1 del artículo 73 B, en relación con el artículo 73 C y con la letra b) del apartado 1 del artículo 73 D del Tratado, pueden invocarse ante el órgano jurisdiccional nacional y dar lugar a la inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias a dichas disposiciones.