Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Libre circulación de mercancías — Libre prestación de servicios — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Estupefacientes de tráfico ilegal que son objeto de una prohibición de importación y de puesta en circulación en todos los Estados miembros — Comercialización de estupefacientes calificados de drogas «blandas», tolerada a nivel de la represión penal en coffee shops — Exclusión

(Arts. 12 CE, 18 CE, 29 CE y 49 CE)

2. Libre prestación de servicios — Restricciones — Normativa municipal que excluye a los no residentes de determinadas prestaciones de servicios

(Art. 49 CE)

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1. En el marco de su actividad consistente en la comercialización, tolerada a nivel de la represión penal, en coffee shops, de estupefacientes que no forman parte de un circuito estrictamente vigilado por las autoridades competentes destinados a ser utilizados con fines médicos y científicos, el gestor de un coffee shop de este tipo no puede invocar los artículos 12 CE, 18 CE, 29 CE o 49 CE para oponerse a una normativa municipal que prohíbe la admisión en tales establecimientos de personas no residentes.

Los estupefacientes que no se encuentran en un circuito rigurosamente controlado por las autoridades competentes con vistas a su utilización para fines médicos o científicos están comprendidos en efecto, por su propia naturaleza, en la prohibición de importación y de puesta en circulación en todos los Estados miembros. El hecho de que alguno de los Estados miembros califique un estupefaciente de droga blanda no cuestiona dicha afirmación. Del mismo modo dicha prohibición de importación y de puesta en circulación no resulta afectada por el mero hecho de que las autoridades encargadas de su aplicación, teniendo en cuenta sus efectivos personales y materiales limitados, concedan una importancia secundaria a la represión de determinado tipo de comercio de estupefacientes por considerar que otros tipos son más peligrosos. Semejante planteamiento no puede, en absoluto, equiparar el tráfico ilegal de estupefacientes al circuito económico estrictamente vigilado por las autoridades competentes en el terreno médico y científico. Este último comercio está efectivamente legalizado, mientras que el tráfico ilícito, aun cuando se tolere dentro de ciertos límites, sigue estando prohibido.

En cuanto a la actividad consistente en la comercialización de bebidas no alcohólicas y de alimentos, en esos mismo coffee shops, el gestor puede invocar útilmente los artículos 49 CE y siguientes. En efecto, la comercialización de bebidas no alcohólicas y de alimentos en los coffee shops constituye una actividad de restauración, que se caracteriza por una serie de elementos y de actos en los que predominan los servicios sobre la entrega del producto.

(véanse los apartados 41, 43, 49 y 54 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que una normativa municipal que prohíbe la admisión en los coffee shops de personas no residentes constituye una restricción a la libre prestación de servicios consagrada por el Tratado CE en la medida en que dicha prohibición afecta a la prestación de servicios de restauración en coffee shops que comercializan determinados estupefacientes calificados de drogas «blandas». No obstante, esta restricción está justificada por el objetivo de la lucha contra el turismo de la droga y las molestias que éste conlleva.

En efecto, la lucha contra el turismo de la droga y las molestias que éste conlleva se inscribe en el marco de la lucha contra la droga. Se refiere tanto al mantenimiento del orden público como a la protección de la salud de los ciudadanos, y ello tanto a nivel de los Estados miembros como de la Unión. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la Unión y por sus Estados miembros, dichos objetivos constituyen un interés legítimo que puede justificar, en principio, una restricción a las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión, incluso en virtud de una libertad fundamental como la libre prestación de servicios.

Por lo que respecta a la proporcionalidad de tal restricción, es innegable que la prohibición de admitir a no residentes en los coffee shops es una medida que limita de manera sustancial el turismo de la droga y, en consecuencia, reduce los problemas ocasionados por éste. En este contexto, no puede declararse incoherente que un Estado miembro adopte medidas adecuadas para hacer frente a un flujo importante de residentes procedentes de otros Estados miembros y que deseen disfrutar de la comercialización, tolerada en dicho Estado, de productos que, por su propia naturaleza, están sometidos a una prohibición de venta en todos los Estados miembros.

En cuanto a la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de la libre prestación de servicios, más en particular, dar a los no residentes acceso a los coffee shops denegándoles a la vez la venta de cannabis, no es fácil controlar y vigilar con precisión que no se venda dicho producto a los no residentes y que no lo consuman. Además, cabría temer que tal enfoque incitase el comercio ilícito o a la reventa de cannabis por residentes a los no residentes en el interior de los coffee shops. Ahora bien, no puede denegarse a los Estados miembros la posibilidad de perseguir el objetivo dirigido a la lucha contra el turismo de la droga y las molestias que éste conlleva mediante la introducción de normas generales que son fáciles de aplicar y controlar por las autoridades nacionales.

Por ello, a falta de elementos que puedan hacer presumir que el objetivo perseguido pueda asegurarse a un nivel como el previsto por la normativa municipal de que se trata, dando a los no residentes el acceso a los coffee shops e impidiéndoles a la vez la compra de cannabis, una normativa de este tipo es adecuada para garantizar la realización del objetivo de la lucha contra el turismo de la droga y las molestias que éste conlleva, y no va más allá de lo que es necesario para alcanzarlo.

(véanse los apartados 65, 66, 69, 75, 78 y 80 a 84 y el punto 2 del fallo)