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De las normas que regulan el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, en particular, del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y de los artículos 76 y 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, se desprende que, en principio, el litigio es determinado y circunscrito por las partes y que el juez de la Unión no puede pronunciarse ultra petita.

Por consiguiente, deberá anularse una resolución del Tribunal General por la que se constata que una agencia de la Unión ha incumplido su deber de diligencia en la investigación de la existencia, en particular, de la causa de exclusión establecida en el artículo 93, apartado 1, letra e), del Reglamento n.o 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, y en los artículos 133 bis y 134 ter del Reglamento n.o 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002, si dicha resolución se ha adoptado después de que el demandante desistiera de su motivo a este respecto en la vista ante el Tribunal General, puesto que, en esas circunstancias, el Tribunal General ya no era competente para pronunciarse sobre una eventual infracción de los artículos 93 y 94 del Reglamento n.o 1605/2002.

(véanse los apartados 33 y 34)
El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la comercialización ulterior, por un importador paralelo, de un dispositivo médico en su embalaje interior y exterior original cuando el importador ha colocado una etiqueta adicional, como la controvertida en el litigio principal, que por su contenido, función, tamaño, presentación y emplazamiento no supone un riesgo para la garantía de la procedencia del dispositivo médico que lleva la marca.

En la medida en que el envasado del dispositivo médico de que se trata no ha sido modificado y en que la presentación original del embalaje no se ha visto afectada excepto por la colocación de una etiqueta de pequeño tamaño que no tapa la marca y que menciona al importador paralelo como responsable de la comercialización indicando sus datos de contacto, un código de barras y un número farmacológico centralizado, no puede considerarse que la colocación de tal etiqueta constituya un reenvasado en el sentido de las sentencias de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C‑143/00, EU:C:2002:246), y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C‑348/04, EU:C:2007:249).

Por tanto, en cualquier caso, no puede considerarse que la colocación de tal etiqueta afecte al objeto específico de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la procedencia del producto que lleva esta.

(véanse los apartados 35, 36 y 39, y el fallo)
El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una prestación como la asistencia personal controvertida en el litigio principal, que consiste, en particular, en el abono de los gastos generados por las actividades cotidianas de una persona gravemente discapacitada que no realiza ninguna actividad económica, con el fin de que pueda cursar estudios superiores, no tiene cabida en el concepto de «prestación de enfermedad» en el sentido de dicha disposición y, por tanto, está excluida del ámbito de aplicación de ese Reglamento.

(véanse el apartado 52 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una sociedad matriz establecida en un Estado miembro no está autorizada a deducir los intereses de un préstamo contraído con una sociedad vinculada a fin de financiar una aportación de capital a una filial establecida en otro Estado miembro, mientras que si la filial estuviera establecida en el mismo Estado miembro, la sociedad matriz podría disfrutar de dicha deducción formando con ella una unidad de tributación conjunta.

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una sociedad matriz establecida en un Estado miembro no está autorizada a deducir de sus beneficios las minusvalías derivadas de las variaciones en el tipo de cambio relativas a los importes de sus participaciones en una filial establecida en otro Estado miembro, cuando esa misma normativa no somete al impuesto, de manera simétrica, las plusvalías derivadas de dichas variaciones.

(véanse el apartado 60 y el punto 2 del fallo)
El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye una restricción de la competencia «por su objeto», a los efectos de dicha disposición, una práctica colusoria entre dos empresas que comercializan dos medicamentos competidores, que tiene como objetivo, en un contexto caracterizado por la incertidumbre científica, la difusión entre la Agencia Europea de Medicamentos, los profesionales sanitarios y el público de información engañosa sobre los efectos adversos del uso de uno de esos medicamentos para el tratamiento de patologías no cubiertas por la autorización de comercialización de este, con el fin de reducir la presión de la competencia resultante de dicho uso sobre el uso del otro medicamento.

El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que una práctica colusoria de esas características no puede acogerse a la exención prevista en el apartado 3 de dicho artículo. La aplicabilidad de la exención prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 3, está supeditada a que se cumplan los cuatro requisitos acumulativos que enuncia dicha disposición. Esos requisitos consisten, en primer lugar, en que la práctica colusoria contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos o servicios de que se trate o a fomentar el progreso técnico o económico, en segundo lugar, en que se reserve a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, en tercer lugar, en que no imponga a las empresas participantes ninguna restricción que no sean indispensable y, finalmente, en cuarto lugar, en que no les ofrezca la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate. Pues bien, en el caso de autos, basta señalar que la difusión de información engañosa relativa a un medicamento no puede considerarse «indispensable», en el sentido del tercer requisito exigido para poder acogerse a una exención en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3.

(véanse los apartados 95, 97, 98 y 101 y los puntos 3 y 4 del fallo)
Como los requisitos de la sentencia Altmark y los necesarios para aplicar el artículo 106 TFUE, apartado 2, persiguen así, en principio, finalidades diferentes, para proceder al examen de una medida de ayuda con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, la Comisión no está obligada a analizar si se satisfacen los requisitos segundo y cuarto que estableció la jurisprudencia dimanante de la sentencia Altmark. No por ello es menos cierto que, como indicó el Abogado General en el punto 97 de sus conclusiones, el primer requisito Altmark, según el cual la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público que deben estar claramente definidas, se aplica igualmente en el caso de que se haya invocado la excepción formulada en el artículo 106 TFUE, apartado 2.

Los Estados miembros están facultados para definir, dentro del respeto del Derecho de la Unión, el alcance y la organización de sus servicios de interés económico general (SIEG). teniendo en cuenta en particular objetivos propios de su política nacional. A este respecto, los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación, facultad que la Comisión sólo puede poner en entredicho en caso de error manifiesto. Sin embargo, la facultad de definición de los SIEG de que disponen los Estados miembros no puede considerarse ilimitada. Se desprende a este respecto de la sentencia Altmark que con el primer requisito Altmark se pretende esencialmente determinar, en primer lugar, si la empresa beneficiaria está efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y, en segundo lugar, si tales obligaciones están claramente definidas en el Derecho nacional. Dicho requisito persigue un objetivo de transparencia y de seguridad jurídica que exige la concurrencia de unos criterios mínimos relacionados con la existencia de uno o varios actos del poder público que definan con suficiente precisión, como mínimo, la naturaleza, la duración y el alcance de las obligaciones de servicio público que recaen sobre las empresas encargadas de ejecutar tales obligaciones. En efecto, si no existiera una definición clara de tales criterios objetivos, no sería posible verificar si una actividad específica puede considerarse incluida en el concepto de SIEG.

Por otra parte, la existencia de una deficiencia en el mercado de referencia y el hecho de que el servicio de que se trata sea una actividad que puede calificarse de SIEG no son pertinentes para determinar si se encargó efectivamente mediante un acto del poder público a las empresas afectadas la ejecución de obligaciones de servicio público y si tales obligaciones están claramente definidas en dicho acto.

(véanse los apartados 69 a 73 y 75)
Los artículos 65 y 167 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en los litigios principales, no puede denegarse al comprador potencial de los bienes el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a un pago anticipado a cuenta si dicho pago ha sido efectuado y cobrado y si, en el momento de proceder a efectuarlo, podía considerarse que el adquirente conocía todos los elementos relevantes de la futura entrega y que la entrega de dichos bienes resultaba cierta. No obstante, cabrá denegar el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido al referido adquirente si a la luz de elementos objetivos queda acreditado que, cuando efectuó el pago anticipado a cuenta, sabía o no podía razonablemente ignorar que la realización de esa entrega era incierta.

(véanse el apartado 51 y el punto 1 del fallo)
Dado que una situación como la controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación ratione personae del concepto de «trabajadores autónomos» en el sentido del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, las disposiciones de este Acuerdo deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación de un Estado Parte en el mismo, como la controvertida en el litigio principal, que prevé que, cuando una persona física traslada su residencia desde ese Estado a otro Estado Parte en el referido Acuerdo, manteniendo su actividad económica en el primero de esos dos Estados y sin efectuar cada día —o al menos una vez por semana— un trayecto desde el lugar en el que ejerce su actividad económica a su lugar de residencia, se producirá la tributación inmediata de las plusvalías latentes correspondientes a las participaciones sustanciales que la persona física en cuestión posee en el capital de sociedades sujetas al Derecho del primero de los dos Estados con ocasión del traslado de residencia, y que sólo admite la recaudación diferida del impuesto devengado si se constituyen garantías adecuadas a efectos de la recaudación de dicho impuesto, mientras que una persona que posee tales participaciones, pero que sigue residiendo en el territorio del primero de esos Estados, no ha de tributar hasta la enajenación de las mencionadas participaciones.

(véase el apartado 32 y el fallo)
El Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la institución competente de un Estado miembro calcula una prestación mínima como la pensión de garantía de que se trata en el asunto principal, no procede aplicar el artículo 46, apartado 2, ni el artículo 47, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento. Una prestación de este tipo debe calcularse conforme a las disposiciones del artículo 50 del citado Reglamento n.o 1408/71 y de la normativa nacional, dejando sin aplicación, no obstante, disposiciones nacionales relativas al cálculo a prorrata como las controvertidas en el litigio principal.

Como indicó el Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones, puesto que el Reglamento n.o 1408/71 no exige que los Estados miembros prevean prestaciones mínimas y no todas las legislaciones nacionales incluyen por tanto necesariamente ese tipo de prestación, el artículo 46, apartado 2, de dicho Reglamento no puede imponer normas específicas y detalladas para el cálculo de una prestación de este tipo.

En consecuencia, el derecho a percibir una prestación mínima como la pensión de garantía de la que se trata en el asunto principal no debe apreciarse con arreglo al artículo 46, apartado 2, o al artículo 47, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 1408/71, sino conforme a las normas específicas establecidas en el artículo 50 de dicho Reglamento y en la normativa nacional pertinente.

(véanse los apartados 47, 48 y 52, y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑156/16

Tigers GmbH

contra

Hauptzollamt Landshut

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München)

«Procedimiento prejudicial — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 412/2013 — Artículo 1, apartado 3 — Código aduanero comunitario — Artículo 78 — Regla que supedita la aplicación de los tipos de derecho antidumping individuales a la presentación de una factura válida — Procedencia de la presentación de una factura comercial válida con posterioridad a la declaración en aduana — Denegación del reembolso»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de octubre de 2017

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Establecimiento de derechos antidumping — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 412/2013 — Requisitos para su aplicación — Presentación de una factura válida — Presentación con posterioridad a la declaración en aduana — Procedencia — Requisitos

[Reglamentos del Consejo(CEE) n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 78, y de Ejecución (UE) n.o 412/2013, art. 1, ap. 3]

El artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 412/2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China, debe interpretarse en el sentido de que autoriza a presentar, con posterioridad a la declaración en aduana, una factura comercial válida, a efectos del establecimiento de un derecho antidumping definitivo, cuando se cumplen todos los demás requisitos previos necesarios para la obtención de un tipo de derecho de aduana antidumping específico para esa empresa y cuando está garantizado el respeto de la correcta aplicación de los derechos antidumping, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. De ese modo, del conjunto del artículo 78 del Código aduanero se desprende que está permitido presentar nuevos datos que puedan ser tenidos en cuenta por las autoridades aduaneras, y ello con posterioridad a la declaración en aduana. En efecto, la lógica interna de dicho artículo consiste en ajustar el procedimiento aduanero a la situación real (véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 2015, Veloserviss,C‑427/14, EU:C:2015:803, apartado 26 y jurisprudencia citada).

(véanse los apartados 31 y 39 y el fallo)
–

no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé que, en una situación en la que el internamiento de un solicitante de protección internacional comienza después de que el Estado miembro requerido haya aceptado la petición de toma a su cargo, dicho internamiento puede mantenerse durante dos meses como máximo, siempre que, por un lado, la duración del internamiento no supere el tiempo necesario a efectos del procedimiento de traslado, apreciado teniendo en cuenta las exigencias concretas de dicho procedimiento en cada caso particular, y, por otro lado, no se prolongue más de seis semanas a partir de la fecha en que el recurso o la revisión ya no tenga efecto suspensivo;
Las disposiciones de la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, en su versión modificada por la Directiva 2002/73, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que supedita la admisión de los candidatos al concurso para el ingreso en la Escuela de Policía de dicho Estado miembro, independientemente de su sexo, a un requisito de estatura física mínima de 1,70 m, toda vez que esa normativa supone una desventaja para un número mucho mayor de personas de sexo femenino que de sexo masculino y que la citada normativa no parece adecuada ni necesaria para alcanzar el objetivo legítimo que persigue, circunstancia que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar.

A este respecto. si bien es cierto que el ejercicio de las funciones de policía relativas a la protección de las personas y bienes, la detención y la custodia de los autores de hechos delictivos y las patrullas preventivas pueden requerir el empleo de la fuerza física e implicar una aptitud física particular, no lo es menos que algunas funciones de policía, como el auxilio al ciudadano o la regulación del tráfico, no precisan aparentemente un esfuerzo físico elevado (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, apartados 39 y 40).

Por otra parte, aun suponiendo que todas las funciones ejercidas por la policía helénica exigieran una aptitud física particular, no parece que dicha aptitud esté necesariamente relacionada con la posesión de una estatura física mínima y que las personas de una estatura inferior carezcan naturalmente de dicha aptitud.

En cualquier caso, el objetivo perseguido por la normativa controvertida en el procedimiento principal podría alcanzarse mediante medidas que no perjudicaran tanto a las personas de sexo femenino, como una preselección de los candidatos al concurso para el ingreso en las Escuelas de oficiales y agentes de Policía basada en pruebas específicas que permitan verificar sus capacidades físicas.

(véanse los apartados 38, 39, 42 y 44 y el fallo)
El artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de acciones ejercitadas por miembros del personal de vuelo propio de una compañía aérea o puesto a su disposición, y a fin de determinar la competencia del tribunal al que se haya sometido el asunto, el concepto de «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo», en el sentido de dicha disposición, no es asimilable al concepto de «base», en el sentido del anexo III del Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.o 1899/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

No obstante, el concepto de «base» constituye un indicio significativo para determinar el «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo». En efecto, este concepto se define en la OPS 1.1095 del anexo III del Reglamento n.o 3922/91 como el lugar a partir del cual el personal de vuelo comienza sistemáticamente su jornada de trabajo y en el cual la termina, organizando en él su trabajo cotidiano, y cerca del cual los empleados, durante el período de cumplimiento de su contrato de trabajo, han establecido su residencia y están a disposición del transportista aéreo. La relevancia de la «base» para identificar el «lugar a partir del cual los trabajadores desempeñan habitualmente su trabajo» sólo desaparecería en el supuesto de que, habida cuenta de los elementos fácticos de cada caso, unas demandas como las examinadas en los asuntos principales presentasen unos vínculos de conexión más estrechos con un lugar de trabajo distinto de esa «base» (véanse, en ese sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002, Weber,C‑37/00, EU:C:2002:122, apartado 53, y, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2013, Schlecker,C‑64/12, EU:C:2013:551, apartado 38 y jurisprudencia citada).

(véanse los apartados 70, 73 y 77 y el fallo)
Cuando la Comisión adopta, a raíz de la anulación parcial de una decisión por la que se impone una multa por infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, una decisión modificativa de la decisión inicial, e impone un importe distinto de multa a la empresa de que se trata, el contenido de la comunicación del pliego de cargos dirigida a esa empresa con vistas a la adopción de la decisión inicial puede tomarse en consideración para verificar el respeto de los derechos de defensa de la citada empresa en el procedimiento que ha conducido a la adopción de la decisión modificativa, siempre que la anulación parcial de la decisión inicial no tenga incidencia en la validez de la comunicación del pliego de cargos inicial.

En efecto, la anulación de un acto de la Unión no afecta necesariamente a los actos preparatorios, y el procedimiento dirigido a sustituir el acto anulado puede en principio reanudarse en el momento preciso en el que se produjo la ilegalidad. La anulación del acto no afecta, en principio, a la validez de las medidas preparatorias de aquel, anteriores a la etapa en la que se detectó esa irregularidad. Si se constata que la anulación no afecta a la validez de los actos de procedimiento anteriores, la Comisión no está obligada, por el mero hecho de esa anulación, a enviar un nuevo pliego de cargos a las empresas de que se trate.

Por otro lado, aunque la Comisión, con el envío del escrito de hechos, pretendió dar a la empresa de que se trata precisiones acerca de los nuevos elementos del método de determinación del importe de la multa que la Comisión consideraba necesarios a raíz de la anulación parcial de la decisión inicial y si bien ha quedado acreditado que la empresa de que se trata ha podido pronunciarse tanto por escrito como en el transcurso de una reunión acerca de esos elementos, no es menos cierto que, por su naturaleza, no era necesario que esos elementos fueran objeto de un nuevo pliego de cargos.

(véanse los apartados 23, 24, 28 y 34)