ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16

Los considerandos 2, 4, 6, 7, 13, 15 y 17 de la Directiva 2003/54 tenían el siguiente tenor: «(2) La experiencia adquirida con la aplicación de [la Directiva 96/92] ha puesto de manifiesto las ventajas que pueden derivarse del mercado interior de la electricidad, en lo que se refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios, mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad. Sin embargo, subsisten deficiencias importantes y es posible mejorar el funcionamiento de este mercado; en particular son necesarias medidas concretas para garantizar unas condiciones equitativas en el ámbito de la generación y para reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y comportamiento abusivo, garantizando así tarifas de transporte y distribución no discriminatorias mediante un acceso a la red basado en tarifas publicadas antes de su entrada en vigor [...]. [...] (4) Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a los ciudadanos europeos. [...] (6) Para que la competencia funcione correctamente se requiere un acceso a la red no discriminatorio, transparente y a precios razonables. (7) Para completar el mercado interior de la electricidad, es primordial que los gestores de redes de transporte o distribución puedan acceder a la red en condiciones no discriminatorias. [...] [...] (13) Es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso a las redes. Estas tarifas deberán ser aplicables sin discriminación a todos los usuarios de la red. [...] (15) La existencia de una regulación eficaz, aplicada por una o más autoridades reguladoras nacionales, constituye un elemento importante para garantizar la existencia de condiciones no discriminatorias de acceso a la red. [...] Las competencias de estas autoridades deben incluir al menos la fijación o la aprobación de tarifas o, como mínimo, las metodologías de cálculo de las tarifas de transporte y distribución. Para evitar la incertidumbre y pérdida de tiempo y dinero en litigios, dichas tarifas deben publicarse antes de su entrada en vigor. [...] (17) Se requieren unos mecanismos de compensación de desequilibrios no discriminatorios y que reflejen los costes, a fin de garantizar a todos los operadores del mercado incluidos en las nuevas empresas un auténtico acceso al mercado. [...]»
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 1985, L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO 1997, L 73, p. 5) (en lo sucesivo, «Directiva 85/337»), del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2009, L 20, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre las aves»), y del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»), al no adoptar las medidas adecuadas para evitar, en la zona de protección especial (en lo sucesivo, «ZPE») «Campiñas de Sevilla», el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivaron la designación de la zona.
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Según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, apartado 65 y jurisprudencia citada).
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Los considerandos 8, 15, 23, 44 y 45 de la Directiva 2009/29 están redactados en los siguientes términos: «(8) Aunque la experiencia adquirida durante el primer período de comercio demuestra el potencial del régimen comunitario, y a pesar de que al concluir los Planes Nacionales de Asignación para el segundo período se observarán reducciones considerables de emisiones antes de 2012, la revisión emprendida en 2007 ha confirmado que es fundamental disponer de un régimen de comercio de derechos de emisión más armonizado para aprovechar mejor los beneficios del comercio de derechos, evitar distorsiones en el mercado interior y facilitar vínculos entre regímenes de comercio de derechos de emisión. [...] [...] (15) El esfuerzo adicional que debe hacer la economía comunitaria requiere, entre otras cosas, que el régimen comunitario revisado funcione con el mayor grado posible de eficiencia económica y sobre la base de unas condiciones de asignación plenamente armonizadas en la Comunidad. La subasta debe ser, por tanto, el principio básico para la asignación, ya que es el sistema más sencillo y, en general, se considera el más eficiente desde el punto de vista económico. La subasta debe además acabar con las ganancias inmerecidas y situar a los nuevos entrantes y a las economías con un crecimiento superior a la media en pie de igualdad con las instalaciones existentes desde el punto de vista de la competencia. [...] (23) Debe preverse la asignación gratuita de derechos de emisión con carácter transitorio a instalaciones por medio de normas armonizadas a nivel comunitario (“parámetros de referencia ex ante”) para minimizar las distorsiones de la competencia en la Comunidad. Esas normas deben establecerse teniendo en cuenta las técnicas más eficientes en cuanto a la energía y la emisión de gases de efecto invernadero, los productos de sustitución, los procedimientos alternativos de producción, la utilización de biomasa y energías renovables, y la captura y almacenamiento de CO2. Tales normas no deben constituir en ningún caso un incentivo para aumentar las emisiones, y deben garantizar que se subasta un porcentaje cada vez mayor de esos derechos. Los derechos de emisión deben fijarse antes del período de comercio, de manera que el mercado pueda funcionar correctamente. [...] [...] (44) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [(DO 1999, L 184, p. 23)]. (45) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas para la armonización de las normas sobre [...] la asignación de derechos a escala comunitaria con carácter transitorio [...]. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva 2003/87/CE, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión [1999/468].»
1)

El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y el artículo 2, punto 7, del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999, deben interpretarse en el sentido de que la infracción de disposiciones nacionales por un poder adjudicador beneficiario de Fondos Estructurales en el marco de la adjudicación de un contrato público con un valor estimado inferior al umbral previsto en el artículo 7, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, con motivo de la adjudicación de dicho contrato, puede constituir una «irregularidad» en el sentido de dicho artículo 1, apartado 2, o del citado artículo 2, punto 7, siempre que dicha infracción tenga o pueda tener como efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al imputarle un gasto indebido.
6

El Real Decreto n.o 267, por el que se establecen las disposiciones reguladoras de la quiebra, el convenio concursal, la administración controlada y la liquidación forzosa administrativa (Regio Decreto n.o 267 recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), de 16 de marzo de 1942 (GURI n.o 81, de 6 de abril de 1942), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley concursal»), regula, en sus artículos 160 y siguientes, el procedimiento de convenio concursal.
—

en el caso de que un tribunal como el remitente concluya que no existe tal competencia internacional, no está obligado a revisar de oficio, por analogía con el artículo 20 del Reglamento n.o 1896/2006, dicho requerimiento de pago.
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Otras versiones lingüísticas de esta disposición, en particular la versión inglesa, parecen, en cambio, referirse exclusivamente a la acción ejercitada contra un tercero («a person domiciled in a Member State may also be sued: [...] as a third party»).
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Por lo que se refiere a la asistencia social a la que el Sr. Tall alegaba seguir teniendo derecho a partir del 18 de febrero de 2014, el tribunal remitente consideró que el interesado no disponía, según el Derecho nacional, de la posibilidad de interponer un recurso judicial de plena jurisdicción y con efecto suspensivo contra la decisión de no admitir a trámite su segunda solicitud de asilo. Según dicho tribunal, los únicos recursos previstos en la legislación nacional vigente contra una decisión de no admitir a trámite una solicitud de asilo posterior son el recurso de anulación y una solicitud de «medidas cautelarísimas» de suspensión que, al no ser suspensivos, privan a la persona afectada del derecho de residencia y de la asistencia social.
1)

Declarar que: al no haber incluido la totalidad de los territorios de las zonas importantes para la conservación de las aves en la zona de protección especial que cubre la región de Kaliakra, la República de Bulgaria no ha clasificado como zona de protección especial los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación, por un lado, de las especies biológicas contempladas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y, por otro lado, de las especies migratorias no contempladas en el citado anexo, pero cuya llegada es regular en la zona geográfica marítima y terrestre en que se aplica esta Directiva, incumpliendo por tanto las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la citada Directiva; al haber aprobado la realización de los proyectos «AES Geo Energy», «Disib» y «Longman Investment» en el territorio de la zona importante para la conservación de las aves que cubre la región de Kaliakra que no fue clasificado como zona de protección especial pese a que tenía que haberlo sido, la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2009/147; al haber aprobado la realización de los proyectos «Kaliakra Wind Power», «EVN Enertrag Kavarna» y «Vertikal — Petkov & Cie», así como «Thracian Cliffs Golf & Spa Resort» en el territorio, respectivamente, de las zonas de protección especial que cubren las regiones de Kaliakra y Belite skali, la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; al no haber evaluado correctamente el efecto acumulativo de los proyectos «Windtech», «Brestiom», «Eco Energy» y «Longman Investment» en el territorio de la zona importante para la conservación de las aves que cubre la región de Kaliakra que no fue clasificado como zona de protección especial pese a que debería haberlo sido, por un lado, y, por otro, al haber autorizado, no obstante, la ejecución del proyecto «Longman Investment», este Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, del artículo 4, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y del anexo III, punto 1, letra b), de ésta, por un lado, y, por otro, del artículo 2, apartado 1, de esta Directiva.
9

El artículo 2, apartado 2, del Código del IVA (Código do IVA) establece que el Estado y las demás personas jurídicas de Derecho público no serán sujetos pasivos del IVA cuando efectúen actividades en el ejercicio de sus prerrogativas de poder público, aunque perciban con tal motivo tributos o cualquier otra contraprestación, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos no provoque distorsiones de la competencia.
16

De tales elementos resulta, primero, que dicha autoridad tuvo conocimiento, de manera informal, por su homóloga eslovaca, de que Weltimmo no ejercía ninguna actividad donde radicaba su domicilio social, en Eslovaquia. Por otra parte, Weltimmo desplazó dicho domicilio, en reiteradas ocasiones, de un Estado a otro. Segundo, Weltimmo desarrolló dos sitios de anuncios inmobiliarios, redactados exclusivamente en húngaro. Abrió una cuenta bancaria en Hungría, destinada al cobro de sus créditos, y dispuso de un apartado de correos en dicho Estado miembro, para sus asuntos corrientes. El correo se recogía regularmente y se remitía a Weltimmo por vía electrónica. Tercero, eran los propios anunciantes quienes debían no sólo inscribir los datos relativos a sus inmuebles en el sitio de Weltimmo, sino también suprimirlos de dicho sitio si no deseaban que siguieran figurando en él una vez transcurrido el plazo de un mes señalado anteriormente. Weltimmo adujo un problema de gestión informática para explicar que dicha supresión no se había podido realizar. Cuarto, Weltimmo es una sociedad compuesta solamente por una o dos personas. Su representante en Hungría intentó negociar con los anunciantes el pago de los créditos impagados.
55

En cualquier caso, la inclusión de un tercer Estado en la lista no permite, en cuanto tal, ninguna transmisión de datos personales a éste. En efecto, del artículo 23, apartados 2, 4 y 6, de la Decisión Europol se desprende que esa transmisión sólo es posible tras la celebración entre Europol y dicho Estado de un acuerdo que autorice específicamente la transmisión de los referidos datos. A este respecto, es preciso subrayar que del artículo 23, apartado 2, de la mencionada Decisión, en relación con los artículos 5 y 6 de la Decisión 2009/934 y el artículo 1 de la Decisión 2009/935, se deriva que la negociación y la celebración de un acuerdo de ese tipo implica, con posterioridad a la inclusión del Estado tercero de que se trate en la lista, decisiones sucesivas del consejo de administración de Europol y del Consejo, pudiendo el primero no autorizar al Director de Europol el inicio de negociaciones con el Estado miembro de que se trate, orientar esas negociaciones hacia la celebración de un acuerdo que no permita el intercambio de datos personales o no aprobar finalmente el proyecto de acuerdo negociado por el Director, y pudiendo el segundo no aprobar el proyecto transmitido por Europol.
26

A este respecto, dicho órgano jurisdiccional afirma, por una parte, que las tarifas de los servicios de tránsito de llamadas a números no geográficos pueden ser tan elevadas que inciten a los usuarios finales a renunciar a esos servicios. Por otra parte, cabe reconocer, a su juicio, que todo aumento del precio de los servicios de tránsito de llamadas a números no geográficos da lugar a una cierta disminución de la demanda de dichos servicios. Sin embargo, según este órgano jurisdiccional, la aplicación de tarifas más elevadas para el acceso a los servicios de tránsito de llamadas a números no geográficos que cuando se trate de llamadas a números geográficos puede tener un efecto marginal. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en este último supuesto, cabe afirmar que los usuarios finales no tendrán ningún acceso a los servicios utilizando números no geográficos. Por otra parte indica que la decisión de la ACM sólo afecta a las tarifas que KPN factura por los servicios suministrados por ella de tránsito de llamadas a números no geográficos, que representan alrededor de un 20 % de su tráfico hacia esos números.
13

Al considerar los artículos 4, apartado 1, letra c), y 76/C, apartado 2, de la Vt, así como el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009 y el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, el tribunal remitente llegó a la conclusión de que esas disposiciones no contienen una indicación acerca de cuál es el territorio geográfico pertinente dentro de la Unión para estimar que una marca comunitaria goza de renombre. Además, surge la cuestión de si, incluso existiendo ese renombre, cabe pensar que, cuando esa marca sea desconocida en el Estado miembro interesado, el uso de la marca posterior sin justa causa no permitiría obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria anterior o no perjudicaría a éstos.
6

El artículo 1, punto 4, del Reglamento no 1289/2013 introduce en el Reglamento no 539/2001 un artículo 4 ter, que precisa las condiciones a las que está sujeto el poder de la Comisión de adoptar actos delegados, del que goza en virtud del artículo 1, apartado 4, letra f), del Reglamento no 539/2001, en su versión modificada por el Reglamento no 1289/2013 (en lo sucesivo, «Reglamento no 539/2001, en su versión modificada»). El artículo 4 ter, apartados 2, 3 y 5, del Reglamento no 539/2001, en su versión modificada, dispone: «2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 1, apartado 4, letra f), se otorgan a la Comisión por un periodo de cinco años a partir de 9 de enero de 2014. La Comisión elaborará un informe sobre esa delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. 3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 1, apartado 4, letra f), podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. […] […] 5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartado 4, letra f), entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de cuatro meses desde su notificación al Parlamento Europeo o al Consejo, ninguno de estos formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Ese plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»
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Mediante resolución de 5 de junio de 2012, las autoridades tributarias eslovenas denegaron la solicitud de NLB de disminuir el importe del IVA abonado por dicha sociedad con ocasión de la celebración de los contratos de arrendamiento financiero al estimar que las dos notas de adeudo no constituían un fundamento válido para disminuir la base imponible de NLB. Consideraron que dichos contratos no habían sido «rescindidos», y que la recuperación de los inmuebles por NLB no constituye un supuesto de «restitución» en el sentido del artículo 39, apartado 2, de la ZDDV‑1, que transpone en el Derecho esloveno el artículo 90, apartado 1, de la Directiva IVA. En opinión de dichas autoridades, el arrendador asumió la función de un acreedor y vendió los inmuebles por cuenta del arrendatario a Sava IP.
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De la resolución de remisión resulta que la Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (Ley de 1991 relativa a la sustracción de menores y la ejecución de resoluciones sobre custodia), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de 1991 relativa a la sustracción de menores y la ejecución de resoluciones sobre custodia»), confiere efecto en el Derecho irlandés al Convenio de La Haya de 1980. Esa Ley fue modificada por las European Communities (Judgments in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility) Regulations 2005 [Reglamento de 2005 relativo a las Comunidades Europeas (resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental)], para tener en cuenta el Reglamento en los asuntos regidos por el Convenio de La Haya de 1980 que estén relacionados con Estados miembros.
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En particular, de esos considerandos resulta que no es necesario suprimir las diferencias entre las legislaciones nacionales que no pueden perjudicar al funcionamiento del mercado interior, y que, para dejar tanto margen de decisión como sea posible a las autoridades nacionales, basta con limitar la armonización a las disposiciones nacionales que influyan más directamente en el funcionamiento del mercado interior (véase, en ese sentido, la sentencia Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP, EU:C:2010:191, apartados 27 y 31).
El artículo 94, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, en su versión modificada por el Reglamento n.o 647/2005, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que no toma en consideración, para determinar los derechos a prestaciones de vejez, un período de seguro supuestamente cubierto bajo su propia legislación por un trabajador extranjero cuando el Estado del que ese trabajador es nacional se adhirió a la Unión Europea después de que se hubiera cubierto ese período.

El artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 859/2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento n.o 1408/71 y del Reglamento n.o 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un período de empleo cubierto conforme a la legislación de ese Estado miembro por un trabajador por cuenta ajena que no era nacional de un Estado miembro durante dicho período pero que, en el momento de solicitar el pago de una pensión de vejez, está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de este Reglamento, no se toma en consideración en ese Estado miembro para determinar los derechos a pensión de dicho trabajador.

(véanse el apartado 79 y el punto 3 del fallo)
El artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 258/97, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, en su versión modificada por el Reglamento n.o 596/2009, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «estructura molecular primaria nueva» se refiere a los alimentos o a los ingredientes alimentarios que no han sido objeto de consumo humano en el territorio de la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997.

(véanse el apartado 36 y el fallo)