21.

El Consejo, apoyado por la República Francesa, no rebate que el ámbito del que forman parte las Decisiones impugnadas debe apreciarse a la luz del AAGR. Sin embargo, aduce que la elección de la base jurídica de un acto de la Unión, incluido un acto que guarda relación con un acuerdo internacional, debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran el contenido, pero también la finalidad de dicho acto. Según el Consejo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el examen de los objetivos del acuerdo resulta esencial para establecer la relación que existe entre las disposiciones de ese acuerdo que presentan vínculos con distintos ámbitos de acción de la Unión y que, únicamente en un momento ulterior, procede examinar el alcance de las obligaciones recogidas en esas disposiciones, es decir, su contenido. Pues bien, en su opinión, los argumentos invocados por la Comisión no tienen en cuenta en modo alguno la finalidad del AAGR y de sus disposiciones, sino que se centran exclusivamente en su contenido. En el presente asunto, el Consejo considera que el análisis de los objetivos de las disposiciones que forman parte del título II del AAGR demuestra que tales disposiciones no son secundarias o indirectas con respecto a las restantes disposiciones de dicho acuerdo. Además, contrariamente a lo que aduce la Comisión, el AAGR y el Acuerdo con Kazajistán presentan diferencias fundamentales en lo que respecta a la definición de sus objetivos y, por consiguiente, a su naturaleza jurídica. A este respecto, el Consejo observa que el AAGR incluye, en su artículo 1, al menos un objetivo de fondo adicional, que no figura en el Acuerdo con Kazajistán, a saber, el objetivo de contribuir a aumentar la asociación política general [letra a)] y fomentar el desarrollo de estrechas relaciones políticas entre las Partes [letra b)]. Además, algunos de los objetivos generales enunciados en el artículo 1 del AAGR se traducen, mediante el artículo 3 del mismo acuerdo, en un conjunto de objetivos más precisos, que las disposiciones del título II del citado acuerdo persiguen específicamente. En particular, el objetivo relativo al aumento de la eficacia de la cooperación política en materia de política exterior y de seguridad, que el artículo 3, apartado 1, del AAGR presenta como objetivo general del diálogo político con Armenia, en torno al cual se articulan todos los demás objetivos que persigue ese diálogo, constituye un objetivo independiente que no puede considerarse accesorio a los demás objetivos de ese acuerdo. Según el Consejo, no cabe pues ninguna duda de que el objetivo principal de las disposiciones del título II del citado acuerdo es la aplicación de una política comprendida en el ámbito de la PESC, que la Unión ejecuta en el marco de las competencias que tiene atribuidas en virtud del título V, capítulo II, del TUE. Esta conclusión, basada en un análisis de las finalidades de las disposiciones del título II de dicho acuerdo, no puede quedar desvirtuada por argumentos que solo se refieren a su contenido y, en particular, a su valor supuestamente declarativo. En tal sentido, por un lado, de las disposiciones de que se trata se desprende que mantener un diálogo político periódico constituye el modo en el que debe materializarse la cooperación y, por otro lado, no existe ningún elemento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que permita concluir que unas disposiciones que prevén una cooperación en forma de diálogo no puedan constituir, por sí mismas, un elemento independiente cuando persiguen objetivos de seguridad y política exterior.