Los agentes temporales contratados directamente por las agencias ejecutivas, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 58/2003, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios, no pueden considerarse al servicio de la Comisión, pues dichas agencias, pese al grado de control ejercido por la Comisión tanto sobre la composición de sus órganos como sobre la realización de sus tareas, disponen de servicios que son distintos de los de la Comisión.

Un organigrama de una dirección general de la Comisión no puede servir para calificar a una agencia ejecutiva, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 58/2003, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios, de servicio de la Comisión al carecer tal documento, por lo demás, de efectos jurídicos y al tener una finalidad estrictamente informativa.

A este respecto, al limitar el acceso a un concurso interno exclusivamente a los funcionarios y agentes temporales empleados en sus servicios, una institución no hace sino aplicar el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto. Además, tal institución puede legítimamente excluir las candidaturas del personal de las agencias ejecutivas a dicho concurso, ya que ese personal no forma parte de los funcionarios y agentes temporales al servicio de la institución. Dadas estas circunstancias, considerar que dicha institución infringe el artículo 27 del Estatuto sólo por el hecho de la aplicación del artículo 29 del mismo Estatuto supondría negarle cualquier posibilidad de organizar un concurso interno, posibilidad que precisamente le reserva el Estatuto.

Existe violación del principio de igualdad de trato cuando a dos categorías de personas, cuyas situaciones jurídica y fáctica no presentan unas diferencias esenciales, se les dispensa un trato distinto o cuando se tratan de manera idéntica situaciones distintas, a menos que dicho trato esté objetivamente justificado. Lo mismo cabe decir del principio de no discriminación, que no es más que la expresión específica del principio general de igualdad y constituye, junto con éste, uno de los derechos fundamentales del Derecho de la Unión Europea cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A este respecto, cuando una institución decide organizar un concurso interno conforme al Estatuto, tal concurso, una de cuyas finalidades es el nombramiento como funcionarios titulares de los agentes de dicha institución, está por definición destinado exclusivamente a los funcionarios y a los agentes temporales que se encuentran, en cualquier condición, al servicio de dicha institución. Por tanto, dichos funcionarios y agentes temporales, incluidos los que se encuentren en comisión de servicios fuera de la institución, no están en una situación jurídica y fáctica comparable, en lo relativo a la posibilidad de acceder a tal concurso, a la de los agentes temporales al servicio de una agencia ejecutiva distinta de esa institución que, consiguientemente, no están al servicio de tal institución. En consecuencia, no puede sostenerse válidamente que una convocatoria de concurso incumple los principios de igualdad de trato y de no discriminación cuando autoriza a los funcionarios de una institución, incluidos los que se encuentran en comisión de servicios como agentes temporales en las agencias ejecutivas, a presentarse a un concurso interno y prohíbe el acceso a los agentes temporales contratados directamente por dichas agencias.

(véanse los apartados 48 a 50)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 8 de noviembre de 1990, Bataille y otros/Parlamento, T‑56/89, EU:T:1990:64, apartado 47

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 24 de septiembre de 2009, Brown/Comisión, F‑37/05, EU:F:2009:121, apartado 64, y la jurisprudencia citada