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Asunto C‑555/17

2M‑Locatel A/S

contra

Skatteministeriet

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret)

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n.o 2658/87 — Unión aduanera y arancel aduanero común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura combinada — Subpartidas 85287113 y 85287190 — Aparato que es capaz de captar, descodificar y procesar señales de televisión transmitidas en directo por protocolo de Internet»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de septiembre de 2018

Unión aduanera — Arancel aduanero común — Partidas arancelarias — Aparato que es capaz de captar, descodificar y procesar señales de televisión transmitidas en directo por protocolo de Internet — Clasificación en la subpartida 85287190 de la nomenclatura combinada — Requisito — Falta de sintonizador de imagen y sonido

[Reglamento (CEE) n.o 2658/87 en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1549/2006, anexo I]

La nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que los aparatos que, como los controvertidos en el litigio principal, son capaces de captar, descodificar y procesar señales de televisión transmitidas en directo por protocolo de Internet deben clasificarse en la subpartida 85287190 de la propia nomenclatura combinada, siempre que no estén provistos de receptores de señales de imagen y sonido (sintonizadores), o «sintonizadores de televisión», extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

(véanse el apartado 52 y el fallo)
El artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no constituye un contrato público, en el sentido de dicha Directiva, un sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias, como el controvertido en el litigio principal, mediante el cual una entidad pública selecciona a todos los operadores económicos interesados que cumplan los requisitos de aptitud establecidos en la convocatoria de licitación y hayan superado el examen mencionado en dicha convocatoria, aun cuando durante el período limitado de vigencia de ese sistema no pueda admitirse a ningún nuevo operador.

Pues bien, dado que la Agencia selecciona a todos los candidatos que cumplen esos requisitos, es evidente que, como ha señalado el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, no realiza ninguna selección entre las ofertas admisibles y se limita a velar por que se cumplan los criterios cualitativos. No desvirtúa esta apreciación el hecho de que, como se desprende de la resolución de remisión, el acceso al sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias controvertido en el litigio principal sólo sea posible durante un período preliminar, que concluye cuando se organiza el examen o, a más tardar, cuando se publica la resolución de adjudicación definitiva, de modo que un asesor, como la Sra. Tirkkonen, no puede incorporarse con posterioridad a ese sistema de asesoramiento. En efecto, como indicó el Abogado General en los puntos 51 y 52 de sus conclusiones, resulta irrelevante el hecho de que, a diferencia del contexto en el que se dictó la sentencia de 2 de junio de 2016, Falk Pharma (C‑410/14, EU:C:2016:399), un sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias como el controvertido en el litigio principal no esté abierto permanentemente a los operadores económicos interesados. En el caso de autos, el elemento determinante es el hecho de que la entidad adjudicadora no extrajo ningún criterio de adjudicación del contrato que permitiera comparar y clasificar las ofertas admisibles. Sin tal elemento, que, como se desprende del apartado 38 de la sentencia de 2 de junio de 2016, Falk Pharma (C‑410/14, EU:C:2016:399), está intrínsecamente vinculado al régimen de los contratos públicos, un sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias como el controvertido en el litigio principal no puede constituir un contrato público en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18.

(véanse los apartados 33 a 35 y 41 y el fallo)
Cuando un proyecto de aumento de la potencia de una instalación de energía eléctrica, como el que constituye el objeto del litigio principal, no ha sido sometido a un examen previo de la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental en aplicación de disposiciones nacionales posteriormente declaradas incompatibles en relación con este punto con la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Derecho de la Unión exige que los Estados miembros eliminen las consecuencias ilícitas de este incumplimiento y no se opone a que esa instalación sea objeto, tras la realización de ese proyecto, de un nuevo procedimiento de examen por las autoridades competentes para comprobar su conformidad con las exigencias de esta Directiva y, en su caso, someterla a una evaluación de impacto ambiental, siempre que las normas nacionales que permiten esta regularización no ofrezcan a los interesados la oportunidad de eludir las normas del Derecho de la Unión o de verse dispensados de su aplicación. Es preciso igualmente que se tome en consideración el impacto ambiental ocasionado desde la realización del proyecto. Estas autoridades pueden considerar, sobre la base de las disposiciones nacionales vigentes en la fecha en que deban resolver, que tal evaluación de impacto ambiental no es necesaria, siempre que esas disposiciones sean compatibles con esta Directiva.

(véanse el apartado 42 y el fallo)
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Por lo tanto, dentro del respeto de las exigencias formuladas en el apartado anterior de la presente sentencia, los poderes adjudicadores gozan de libertad para determinar con arreglo a sus necesidades el nivel de calidad técnica que las ofertas presentadas deben garantizar, en función de las características y del objeto del contrato de que se trate, y para establecer el límite mínimo que esas ofertas deben respetar desde un punto de vista técnico. A estos efectos, como ha alegado la Comisión en sus observaciones escritas, el artículo 67 de la Directiva 2014/24 no se opone a la posibilidad de que, en la fase de adjudicación del contrato, se comience por excluir las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada en la evaluación técnica. A este respecto, resulta evidente que una oferta que no alcance ese límite mínimo no responde, en principio, a las necesidades del poder adjudicador y no debe tenerse en cuenta para determinar la oferta económicamente más ventajosa. En tal caso, pues, el poder adjudicador no está obligado a determinar si el precio de esa oferta es inferior a los de las ofertas no eliminadas que alcanzan ese límite mínimo y responden, por tanto, a las necesidades del poder adjudicador.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía, por una parte, así como por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de esta última mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo CEE-Turquía»), del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas, anejo al Acuerdo CEE-Turquía, concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad por el Reglamento (CEE) n.o 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO 1972, L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213) (en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), y de la Decisión n.o 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (DO 1996, L 35, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión n.o 1/95 del Consejo de Asociación»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 117, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16), así como del artículo 2, apartado 4, de la Decisión 2001/672/CE de la Comisión, de 20 de agosto de 2001, por la que se establecen normas específicas aplicables a los desplazamientos de animales de la especie bovina con ocasión del traslado a los pastos de verano de las zonas de montaña (DO 2001, L 235, p. 23), en su versión modificada por la Decisión 2010/300/UE de la Comisión, de 25 de mayo de 2010 (DO 2010, L 127, p. 19) (en lo sucesivo, «Decisión 2001/672»).
d)

“refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
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La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO 1991, L 230, p. 1), fue derogada por el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414 del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1). No obstante, habida cuenta de que dicha derogación tuvo efecto el 14 de junio de 2011 y de que los hechos controvertidos en el asunto principal son anteriores a esta fecha, debe tomarse en consideración la Directiva 91/414, en su versión modificada por la Directiva 2010/28. Los considerandos quinto a séptimo y noveno de la Directiva 91/414 indicaban lo siguiente: «Considerando que, en vista de los peligros que entrañan, en la mayoría de los Estados miembros existen normas que regulan la autorización de los productos fitosanitarios; que dichas normas contienen diferencias que constituyen un obstáculo para los intercambios tanto de productos fitosanitarios como de productos vegetales, y que, por consiguiente, afectan directamente el establecimiento y funcionamiento del mercado interior; Considerando que, por lo tanto, es preciso eliminar dichos obstáculos mediante la armonización de las disposiciones establecidas por los Estados miembros; Considerando que debe haber unas normas uniformes en los Estados miembros sobre las condiciones y procedimientos para la autorización de productos fitosanitarios; [...] Considerando que las normas que regulen la autorización deben garantizar un nivel elevado de protección, que evite en particular la autorización de productos fitosanitarios cuyos riesgos para la salud, las aguas subterráneas y el medio ambiente no hayan sido objeto de investigaciones apropiadas; que el objetivo de mejorar la producción vegetal no debe perjudicar la protección de la salud humana y animal ni del medio ambiente».
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El artículo 185 del decreto legislativo n. 58 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.o 52 (Decreto Legislativo n.o 58, relativo al texto único de las disposiciones en materia de intermediación financiera, en el sentido de los artículos 8 y 21 de la Ley de 6 de febrero de 1996, n.o 52), de 24 de febrero de 1998 (suplemento ordinario a la GURI n.o 71, de 26 de marzo de 1998), en su versión modificada por la legge n. 62 — Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Ley n.o 62, relativa a las disposiciones destinadas a ejecutar las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a la Comunidad Europea. Ley comunitaria de 2004), de 18 de abril de 2005 (suplemento ordinario a la GURI n.o 76, de 27 de abril de 2005) (en lo sucesivo, «TUF»), titulado «Manipulación del mercado», dispone: «1. Se castigará con una pena privativa de libertad de uno a seis años y con la pena de multa de veinte mil euros a cinco millones de euros a quien difunda noticias falsas, realice operaciones simuladas o recurra a otros artificios, idóneos, en concreto, para causar una sensible alteración del precio de los instrumentos financieros. 2. El juez podrá incrementar la multa hasta triplicar [su cuantía] o hasta una cantidad diez veces superior al producto o al beneficio obtenido de la infracción penal cuando, habida cuenta de la gravedad del hecho, de las cualidades personales del autor de la infracción o de la entidad del producto o beneficio obtenido de esta, la multa no resulte adecuada aunque se aplique el importe máximo.»
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Ahora bien, aunque un Estado miembro puede impedir legítimamente, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 82 de la presente sentencia, que agentes económicos que no sean veterinarios ejerzan una influencia determinante en la gestión de establecimientos que comercializan al por menor medicamentos veterinarios, el objetivo mencionado en ese mismo apartado de la presente sentencia no puede justificar que se excluya totalmente a tales agentes económicos de la titularidad del capital de dichos establecimientos, pues no cabe descartar que los veterinarios puedan ejercer un control efectivo sobre tales establecimientos aun cuando no sean titulares de la totalidad del capital de los mismos, en la medida en que la titularidad de una parte limitada de ese capital por personas que no son veterinarios no obstaculiza necesariamente tal control. Por tanto, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue.
En el presente asunto, habida cuenta de que en los autos remitidos al Tribunal de Justicia no consta la menor prueba de que el artículo 1, apartado 5, y el artículo 2, punto 18, del Reglamento 2015/751 no sean adecuados para realizar los objetivos legítimos perseguidos por éste, a los que se ha hecho referencia en los apartados 67 a 69 de la presente sentencia, debe rechazarse la alegación según la cual esas disposiciones no tuvieron en cuenta el principio de proporcionalidad al no subordinar la asimilación de un régimen de tarjetas de pago tripartito a un régimen de tarjetas de pago cuatripartito al requisito de que el socio de marca combinada o el agente en cuestión actúe como emisor. En particular, toda vez que, como se ha declarado en el apartado 71 de la presente sentencia, no cabe excluir que pueda identificarse alguna clase de contrapartida o ventaja en caso de contratos de marca combinada o de agencia, sin que el socio de marca combinada o el agente esté necesariamente implicado en la actividad de emisión del régimen de tarjetas de pago tripartito en cuestión, no era manifiestamente inapropiado, a la luz de tales objetivos, aplicar también a tal retribución los límites fijados por ese Reglamento para las tasas de intercambio.
71

En primer lugar, procede rechazar la alegación del Reino de España según la cual el Tribunal General se abstuvo de verificar la exactitud material de las pruebas en que se había basado la Comisión para concluir, en la Decisión impugnada, que la medida controvertida no podía considerarse compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), por la razón de que dicha medida no respetaba el principio de neutralidad tecnológica.
39

En segundo lugar, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el artículo 90, apartado 1, de la Directiva IVA no presupone tal modificación posterior de las relaciones contractuales para que dicha disposición sea aplicable. En efecto, ésta obliga, en principio, a los Estados miembros a reducir la base imponible cada vez que, después de haberse formalizado una operación, el sujeto pasivo no percibe toda la contraprestación o parte de ella. Además, nada indica que en la sentencia de 24 de octubre de 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400), el Tribunal de Justicia pretendiera limitar el ámbito de aplicación del artículo 11, parte C, apartado 1, de la Sexta Directiva, concordante con el artículo 90 de la Directiva IVA. Por el contrario, resulta de los hechos de dicha sentencia que no se había producido ninguna modificación de las relaciones contractuales. No obstante, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 11, parte C, apartado 1, de la Sexta Directiva era aplicable (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de mayo de 2001, Freemans, C‑86/99, EU:C:2001:291, apartado 33).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 46, apartado 2, y del artículo 47, apartado 1, letra d), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO 1998, L 209, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»).
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En el año 2010, los productos de AZ fueron clasificados como «bizcochos y galletas; productos de pastelería y de bollería de larga duración», con arreglo a la normativa nacional sobre la clasificación estadística de los productos de 2008. No obstante, en 2013, dichos productos fueron clasificados por el Director de la Oficina Aduanera de Varsovia (Polonia) en la partida 19059060 de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012 (DO 2012, L 304, p. 1) (en lo sucesivo, «nomenclatura combinada»), esa partida corresponde a otra clasificación en la referida normativa nacional, a saber, la de «productos frescos de pastelería y de bollería».
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 62, del artículo 201, apartado 3, párrafo segundo, así como del artículo 221, apartados 3 y 4, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000 (DO 2000, L 311, p. 17) (en lo sucesivo, «código aduanero»), en relación, por una parte, con el Reglamento (CEE) n.o 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (DO 1975, L 282, p. 77; EE 03/09 p. 151), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003 (DO 2003, L 122, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2777/75»), y, por otra, con el Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina y se deroga el Reglamento n.o 163/67/CEE (DO 1995, L 145, p. 47), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 684/1999 de la Comisión, de 29 de marzo de 1999 (DO 1999, L 86, p. 6) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1484/95»).
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El Reglamento n.o 1234/2007 fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671).
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En el presente asunto, la circunstancia de que BMW, en su primer acto de oposición ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles), impugnara no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad de la notificación del escrito de interposición del recurso y del mandato del representante de Acacia no cambia en nada el hecho, que además no ha sido discutido, de que BMW impugnó expresamente y sin la menor ambigüedad la competencia de dicho juez en ese acto de oposición. Como se ha recordado en los apartados 32 y 33 de la presente sentencia, el artículo 24, segunda frase, del Reglamento n.o 44/2001 tiene por finalidad impedir la prórroga de la competencia cuando el demandado expresa, desde su primer acto de oposición, su voluntad de no aceptar la competencia del juez al que se ha sometido el asunto. Así pues, esa disposición no puede ser interpretada en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que una excepción basada en la incompetencia del juez al que se ha sometido el asunto se ha propuesto claramente in limine litis, deba considerarse, como sostiene Acacia, que esa impugnación expresa de la competencia constituye una aceptación tácita de dicha competencia por cuanto tal excepción sólo se ha propuesto con carácter subsidiario frente a otras excepciones procesales formuladas in limine litis.
Debe advertirse que, habida cuenta de los datos que facilitó el adquirente en el momento de la venta, podía considerarse razonablemente que éste residía en España y que había emprendido los trámites necesarios para utilizar en dicho país el vehículo en cuestión en el litigio principal, aunque fuera al amparo de un régimen específico. No obstante, corresponde al tribunal nacional verificar si Santogal actuó con la diligencia debida para asegurarse de que la realización de la operación no le llevaría a participar en un fraude fiscal. En este sentido, ha de añadirse que Santogal debía actuar con especial diligencia, por un lado, teniendo en cuenta el valor del vehículo de que se trata, y, por otro, dado que, en el contexto de una adquisición de un medio de transporte nuevo, el particular no puede pretender tener derecho a la deducción del IVA, ni siquiera en caso de reventa de un vehículo adquirido, y, por este motivo, tiene más interés en eludir el impuesto que un operador económico (sentencia de 18 de noviembre de 2010, X, C‑84/09, EU:C:2010:693, apartado 43). Además, en la apreciación que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, ha de verificarse, en particular, sobre la base de las pruebas de que éste disponía o podía disponer, si Santogal tenía la posibilidad de conocer que la matrícula temporal estaba destinada exclusivamente a los no residentes, y que el adquirente había facilitado diferentes domicilios en España, lo cual podía suscitar dudas sobre su verdadera residencia.