Palabras clave

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Palabras clave

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1. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Adopción de medidas provisionales ° Demanda de medidas provisionales unida a un recurso de anulación formulado por un tercero contra una Decisión de la Comisión mediante la que se autoriza una operación de concentración y destinada a obtener, a través de las medidas provisionales, órdenes conminatorias con respecto a las empresas notificantes ° Competencia de la Comisión ° Control jurisdiccional ° Límites

(Tratado CE, arts. 85, 173 y 186; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 3, ap. 1, y nº 4064/89)

2. Procedimiento de medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Suspensión de la ejecución de una Decisión por la que se autoriza una concentración entre empresas, sin perjuicio del respeto de determinados compromisos asumidos por las partes en la operación ° Requisitos de concesión ° Perjuicio grave e irreparable ° Realización del perjuicio que depende de acontecimientos futuros e inciertos ° Ponderación del conjunto de los intereses en juego

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento nº 4064/89 del Consejo)

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1. Según el sistema de distribución de competencias establecido por el Tratado CE, corresponde a la Comisión, en caso de que lo estimara necesario y en el marco de las facultades de control en materia de competencia que le atribuye, en particular, el artículo 85 del Tratado en relación con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, adoptar una medida provisional dirigida a las partes notificantes de una operación de concentración con arreglo al Reglamento nº 4064/89. La función del Juez comunitario es ejercer un control jurisdiccional de la acción de la Comisión en la materia y no sustituir a la Comisión en el ejercicio de las facultades que le incumben en virtud de las disposiciones antes mencionadas. Por este motivo, en el marco de un procedimiento de medidas provisionales iniciado por una empresa tercera y basado en un recurso de anulación formulado por ésta contra la Decisión de la Comisión por la que se autoriza una concentración, bajo determinados requisitos, no puede declararse la admisibilidad de una demanda que tiene por objeto que el Tribunal de Primera Instancia adopte medidas provisionales en forma de órdenes conminatorias dirigidas a las partes notificantes.

En cualquier caso, en el marco de un procedimiento de medidas provisionales vinculado a un recurso que tiene por objeto que se anule una Decisión de la Comisión, sólo podría declararse, en principio, la admisibilidad de la demanda de medidas provisionales si se integrara en el marco de la decisión final que pudiera ser adoptada por el Juez que conozca del recurso principal con arreglo al artículo 173 en relación con el artículo 176 del Tratado y si se refiriera a las relaciones entre las partes del litigio, lo que excluye toda demanda relativa a órdenes conminatorias dirigidas a terceros ajenos al recurso principal.

De ello se desprende que la demanda tiene por objeto que el Juez que conoce de ella adopte unas medidas provisionales para las que no es competente y que, por consiguiente, debe declararse su inadmisibilidad.

2. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales, con arreglo al apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, debe apreciarse en relación con la necesidad que hay de decidir con carácter provisional, con el fin de no ocasionar un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional. Corresponde a ésta aportar la prueba de que no podría esperar hasta la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de consecuencias graves e irreparables.

Dicha prueba no se considera aportada en el caso de una demandante que, con el fin de obtener la suspensión de la ejecución de una Decisión que autoriza una operación de concentración entre empresas, invoca el debilitamiento de su posición de competencia causado por la operación prevista y por el comportamiento que, en su opinión, adoptarán una de las empresas afectadas y sus potenciales clientes cuando se realice la operación, ya que, por una parte, dicho comportamiento no puede considerarse una consecuencia necesaria de la ejecución de la Decisión de autorización y, por otra, el perjuicio invocado es de naturaleza puramente hipotética y está basado en la probabilidad aleatoria de acontecimientos futuros e inciertos.

En todo caso, la concesión de dicha suspensión supone ponderar el interés de la demandante en la suspensión solicitada y el interés público vinculado a la ejecución de las Decisiones en materia de concentración adoptadas por la Comisión sobre la base del Reglamento nº 4064/89, así como los intereses de los terceros directamente afectados por la suspensión. Habida cuenta del objetivo de eficacia del control y de seguridad jurídica para las empresas afectadas que se propone el citado Reglamento y las graves consecuencias que podría causar la suspensión a las empresas partes en la operación de concentración, dicha ponderación no es favorable a la demandante.

Por estos motivos, debe desestimarse la demanda de suspensión de la ejecución.