Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Iniciación, por parte de la Comisión, de dos procedimientos distintos cuyo objeto son los mismos hechos, pero basados en diferentes disposiciones del Tratado - Vulneración de los derechos de defensa - Inexistencia

(Tratado CE, arts. 155 y 169)

2 Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Agente de aduanas - Inclusión

(Tratado CE, arts. 85 y 86)

3 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas o asociaciones de empresas - Organización profesional nacional que ha fijado una tarifa uniforme y obligatoria para los agentes de aduanas

(Tratado CE, art. 85)

4 Competencia - Prácticas colusorias - Vulneración de la competencia - Afectación del comercio entre Estados miembros - Fijación, por parte de una organización profesional nacional, de una tarifa uniforme y obligatoria para todos los agentes de aduanas

(Tratado CE, art. 85)

5 Competencia - Normas comunitarias - Obligaciones de los Estados miembros - Normativa destinada a reforzar los efectos de prácticas colusorias ya existentes - Concepto - Legislación que ordena a una organización profesional que adopte una decisión de asociación de empresas consistente en determinar una tarifa obligatoria para todos los agentes de aduanas

(Tratado CE, arts. 5 y 85)

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6 Teniendo en cuenta el sistema general de las normas relativas al recurso por incumplimiento, el hecho de que un Estado miembro deba defenderse en dos procesos distintos que tienen por objeto los mismos hechos, pero se basan en disposiciones diferentes, no puede, en sí, constituir una vulneración de los derechos de defensa.

7 La actividad de agente de aduanas está incluida en el concepto de empresa a efectos de la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia, dado que, en el contexto del Derecho de la competencia, este concepto comprende, independientemente de su estatuto jurídico y de su modo de financiación, cualquier entidad que ejerza una actividad económica, en particular, la consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado.

La circunstancia de que la actividad de agente de aduanas sea intelectual, precise de autorización y pueda realizarse sin que se dé la conjunción de elementos materiales, inmateriales y humanos no permite excluir tal actividad del ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, puesto que esta actividad tiene un carácter económico. En efecto, el agente de aduanas ofrece, mediante retribución, servicios consistentes en efectuar las formalidades aduaneras, relativas, sobre todo, a la importación, exportación y tránsito de mercancías, así como otros servicios complementarios, como servicios propios del ámbito monetario, comercial y fiscal, asume los riesgos financieros vinculados al ejercicio de esta actividad y, en caso de desequilibrio entre gastos e ingresos, debe soportar por sí mismo los déficit.

8 Cuando fija una tarifa obligatoria para todos los agentes de aduanas, la organización profesional que reagrupa a los representantes de la profesión se comporta como una asociación de empresas, en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, puesto que, en virtud del Derecho nacional, estos representantes no pueden calificarse de expertos independientes y no están obligados por imperativo legal a fijar las tarifas tomando en consideración, no sólo los intereses de la empresas o asociaciones de empresas del sector que los ha designado, sino también el interés general y los intereses de las empresas de los demás sectores o de los usuarios de los servicios de que se trata.

A este respecto, el hecho de que la citada organización profesional tenga un estatuto de Derecho público no impide la aplicación del artículo 85 del Tratado, que, según su propio tenor literal, se aplica a los acuerdos entre empresas y a las decisiones de asociaciones de empresas. El marco jurídico en el que se celebran tales acuerdos y se toman tales decisiones, así como la calificación jurídica que este marco recibe en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, no inciden en la aplicabilidad de las normas comunitarias en materia de competencia y, en particular, del artículo 85 del Tratado.

9 Las decisiones por las que un organismo profesional fija una tarifa uniforme y obligatoria para todos los agentes de aduanas restringen la competencia en el sentido del artículo 85 del Tratado, puesto que la tarifa fija directamente los precios de los servicios de los operadores económicos; prevé, para cada tipo de operaciones, los precios máximos y mínimos que pueden exigirse a los clientes; contiene una graduación escalonada en función del valor o del peso de la mercancía que debe despacharse de aduana o del tipo específico de mercancía, e incluso del tipo de servicio profesional, y es imperativa, de manera que un agente de aduanas no puede apartarse de ella por iniciativa propia.

Estas decisiones pueden afectar a los intercambios intracomunitarios, puesto que la tarifa, al extenderse a todo el territorio de un Estado miembro, tiene por efecto, por su propia naturaleza, consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado. Esta incidencia es tanto más marcada cuanto que diversos tipos de operaciones de importación o de exportación de mercancías dentro de la Comunidad, así como diversos tipos de operaciones efectuadas entre operadores comunitarios, exigen el cumplimiento de las formalidades aduaneras y pueden, por consiguiente, hacer necesaria la intervención de un agente de aduanas independiente inscrito en el Registro.

10 Si bien es cierto que, considerado en sí mismo, el artículo 85 del Tratado se refiere únicamente a la conducta de las empresas y no a medidas legislativas o reglamentarias adoptadas por los Estados miembros, también es cierto que este artículo, analizado en relación con el artículo 5 del Tratado, obliga a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera legislativas o reglamentarias, que puedan eliminar el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. Tal sería el caso, en particular, si un Estado miembro impusiera o favoreciera prácticas colusorias contrarias al artículo 85, reforzara sus efectos o prescindiera de dar carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica.

Un Estado miembro incumple, pues, las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 85 del Tratado al aprobar y al mantener en vigor una Ley que obliga a una organización profesional, mediante la atribución de la correspondiente facultad decisoria, a adoptar una decisión de asociación de empresas contraria al artículo 85 del Tratado consistente en fijar una tarifa obligatoria para todos los agentes de aduanas.