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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/25

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative d’appel de Paris (Francia) el 29 de junio de 2015 — Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(Asunto C-319/15)

(2015/C 279/31)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour administrative d’appel de Paris

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Overseas Financial Limited y Oaktree Finance Limited

Recurrida: Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Cuestión prejudicial

¿El artículo 17 del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010 (1), vulnera el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 1 del primer Protocolo adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que protegen el derecho de propiedad, en relación con el artículo 47 de dicha Carta y con el artículo 6, apartado 1, del citado Convenio, que garantizan el derecho a la ejecución de una sentencia judicial dentro de un plazo razonable, en particular en la medida en que el primero no prevé la posibilidad de liberar los fondos inmovilizados cuando un tercero invoca un crédito reconocido en una resolución judicial que condena a una persona designada a efectos de la imposición de una medida de inmovilización de fondos a abonar una indemnización a dicho tercero, y pronunciada al término de un procedimiento iniciado antes de tal designación, siendo así que ambas personas no mantienen relación alguna, ni siquiera indirecta, vinculada a las actividades contempladas por el Reglamento?

(1) Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1).
1)

Unos productos en relación con los cuales los resultados del examen de las muestras extraídas de diversas partidas de las mercancías no muestran la presencia de desnaturalizantes o de otras sustancias nocivas que los hagan impropios para el consumo humano, pero que, con arreglo a la información facilitada por el fabricante, no pueden utilizarse en la alimentación (producción de alimentos y cadena alimentaria), puesto que, debido a las características del proceso de elaboración de la mercancía, no puede descartarse la presencia de sustancias nocivas en el producto, ¿deben clasificarse con carácter general en uno de los códigos NC del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 (1) del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, previstos para los productos no alimenticios o, por el contrario, tales productos deben clasificarse con carácter general en uno de los códigos NC previstos para los productos alimenticios?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 146/13

Recurso de casación interpuesto el 4 de febrero de 2015 por BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 4 de diciembre de 2014 en el asunto T-595/13, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-43/15 P)

(2015/C 146/20)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (representante: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 4 de diciembre de 2014 en el asunto T-595/13.

— Que se anulen las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 5 de septiembre de 2013 y 3 de diciembre de 2013 (asunto R 1176/2012-1);

o, subsidiariamente,

— que se devuelva el asunto al Tribunal General para su resolución.

— Que se condene a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) a cargar con las costas de ambas instancias.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de casación va dirigido contra la sentencia del Tribunal General por la que éste desestimó el recurso interpuesto por la recurrente en casación contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 5 de septiembre de 2013 en el procedimiento de recurso R 1176/2012-1.

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos:

En primer lugar, alega la infracción del artículo 60 del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) por cuanto el Tribunal General ignoró que la Sala de Recurso no habría debido modificar la resolución de la División de Oposición en perjuicio de la recurrente en casación, ya que la recurrida en casación no interpuso un recurso admisible y el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso no prevé un «recurso adhesivo».

En segundo lugar, alega la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009, puesto que en un caso en el que la marca anterior representa una variación fácilmente reconocible de un elemento descriptivo y la marca posterior contiene ella misma ese elemento descriptivo, las elevadas similitudes de los signos y la identidad de los productos no pueden conducir por sí solas a admitir la existencia de un riesgo de confusión, si las similitudes de los signos se limitan al elemento descriptivo y sólo conciernen a productos descritos mediante ese elemento.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1.
4)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/118/CE en el sentido de que, cuando se compruebe una irregularidad conforme al artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva, se ha de considerar que existe un despacho a consumo de los productos sujetos a impuestos especiales que hayan circulado en régimen suspensivo y que no hayan llegado al lugar de destino en todos los casos en que no pueda aportarse la prueba, prevista en el artículo 7, apartado 4, de la misma Directiva, de la destrucción total o pérdida irremediable de la cantidad que no se ha entregado?
2.

Ejercite su competencia jurisdiccional plena y, basándose en los elementos a su disposición: Con carácter principal: — Acuerde a Safa Nicu Sepahan Co. una indemnización de 5 6 62 737,40 euros, más intereses, por los daños patrimoniales sufridos de resultas de una infracción grave de una norma jurídica cometida por el Consejo de la Unión Europea y de su comportamiento ilícito. — Acuerde a Safa Nicu Sepahan Co. una indemnización de 2 0 00 000 de euros, más intereses, por los daños morales sufridos de resultas de una infracción grave de una norma jurídica cometida por el Consejo de la Unión Europea y de su comportamiento ilícito. — Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas judiciales y demás gastos soportados por la recurrente en relación con el presente recurso de casación, incluidos los relativos al procedimiento inicial ante el Tribunal General, más intereses. Con carácter subsidiario de primer grado: — Acuerde a Safa Nicu Sepahan Co. una indemnización fijada ex aequo et bono, más intereses, por los daños patrimoniales sufridos de resultas de una infracción grave de una norma jurídica cometida por el Consejo de la Unión Europea y de su comportamiento ilícito. — Acuerde a Safa Nicu Sepahan Co. una indemnización fijada ex aequo et bono, pero no inferior a 50 000 euros, más intereses (cantidad ya acordada por la sentencia del Tribunal General recurrida), por los daños morales sufridos de resultas de una infracción grave de una norma jurídica cometida por el Consejo de la Unión Europea y de su comportamiento ilícito. — Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas judiciales y demás gastos soportados por Safa Nicu Sepahan Co. en relación con el presente recurso de casación, incluidos los relativos al procedimiento inicial ante el Tribunal General, más intereses. Con carácter subsidiario de segundo grado:
1)

¿Debe interpretarse el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual, como regla general, en ese Estado miembro únicamente pueden circular por carretera los vehículos que dispongan de autorización administrativa y matrícula otorgadas por dicho Estado miembro, y una persona con domicilio en ese Estado miembro, que no tiene la consideración de trabajador conforme al Derecho de la Unión y que pretende acogerse a la exención establecida respecto de la citada normativa, basándose en el hecho de que utiliza el vehículo que un operador económico con domicilio social en otro Estado miembro ha puesto a su disposición, debe poder acreditar in situ, durante un control policial, que concurren los requisitos establecidos en la citada normativa del Estado miembro, so pena de que se le imponga de forma inmediata una multa de la que no hay posibilidad de exoneración y cuyo importe equivale al de la multa que se impone en caso de incumplimiento de la obligación de registrar el vehículo?
2.

Segundo motivo de casación: Vulneración del Derecho de la Unión debido a la violación de los derechos fundamentales de la recurrente La recurrente aduce que la sentencia también es incorrecta en la medida en que el Tribunal General, mediante su resolución, infringió los derechos fundamentales de la recurrente, en particular los artículos 15, apartado 1, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protegen la libertad profesional y la propiedad. Según la recurrente, el Tribunal General estimó erróneamente que no se ha vulnerado el contenido esencial de dichos derechos fundamentales. Pero, en opinión de la recurrente, eso no es cierto porque sin la asignación basada en la cláusula relativa a los casos que presentan dificultades excesivas no puede continuar su actividad como productora de cera de lignito ni seguir utilizando su instalación de extracción de cera de lignito.
—

Que se declare que: — al no haber efectuado y notificado los análisis de mercados 7 y 14 de la Recomendación 2003/311/CE (1) y de los mercados 1 y 6 de la Recomendación 2007/879/CE (2) en los tres años siguientes a la adopción de medidas precedentes relativas a los mercados en cuestión y al no haber notificado a la Comisión una propuesta motivada de prórroga de ese plazo, y — al no haber solicitado la asistencia del ORECE para completar los análisis de los mercados de que se trata, el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartados 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE (4) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 561/2006 (1) en el sentido de que las medidas necesarias para ejecutar una sanción establecida e impuesta por un Estado miembro en caso de infracción sólo pueden aplicarse a la persona que haya cometido tal infracción? Dicho de otro modo: A la luz de lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento (CE) no 561/2006, ¿es contraria a la obligación que recae en los Estados miembros conforme al artículo 19, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) no 561/2006 una normativa nacional que prevé que las medidas necesarias para ejecutar una sanción establecida e impuesta por un Estado miembro se apliquen a una persona (física o jurídica) respecto de la cual no se haya constatado, en el procedimiento administrativo, la comisión de infracción alguna?
4)

En el supuesto de repuesta positiva a la tercera cuestión prejudicial, cuando se ha adoptado un acto de planificación de ordenación del territorio, relativo a una zona geográfica unitaria más amplia, respecto de la cual se exige, en principio, sobre la base del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE, en relación con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva [92/43/CEE] la realización de la evaluación estratégica medioambiental que no tuvo lugar, y se demuestra que sólo para algunas de las secciones de dicha región, debido a las recientes disposiciones que regulan las actividades y usos permitidos, los cuales no constituyen meros planes de gestión, se exigía la realización de evaluación medioambiental posterior, mientras que no se exigía para la mayor parte, ya que la regulación adoptada, en la parte relativa a esas últimas secciones, constituye un plan de gestión, respecto del cual el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE en relación con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva [92/43/CEE] no impone la citada evaluación, ¿resulta razonable, en el sentido de la Directiva 2001/42/CE determinar la nulidad parcial de toda la regulación y su consiguiente anulación, únicamente para las secciones de la región, respecto de las cuales las regulaciones anteriores exigían la realización de evaluación medioambiental posterior, de modo que, tras la anulación parcial del citado acto, la evaluación estratégica medioambiental tenga lugar únicamente en relación con esa sección y no en su conjunto?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 448/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 20 de octubre de 2014 — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Ministerio Fiscal

(Asunto C-472/14)

(2014/C 448/19)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes en el procedimiento principal

Procedimiento penal contra: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Otra parte: Ministerio Fiscal

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es contrario al Reglamento Reach (1) que la persona que importa con carácter comercial en Suecia un producto químico —respecto al cual existe una obligación de registro conforme a dicho Reglamento— deba notificar, con arreglo a la legislación sueca, dicho producto a la Kemikalieinspektionen para su inscripción en el Registro de Productos sueco?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el artículo 34 TFUE, habida cuenta de las excepciones previstas en el artículo 36 TFUE, a la normativa sueca que impone la obligación de notificación?

(1) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).
3)

¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1393/2007 en el sentido de considerar que si el destinatario de una notificación rechaza un documento redactado en un determinado idioma ante una declaración por parte del juez que conoce de la causa del nivel de comprensión suficiente por parte de tal persona de ese idioma, el rechazo del documento no está justificado, pudiendo el juez que conoce de la causa aplicar las consecuencias previstas en la legislación del estado de origen a este tipo de rechazo de documento no justificado, e incluso si así lo prevé la normativa procesal del estado de origen, te[n]er por notificado el documento al destinatario?
2)

¿Es pertinente para responder a la primera cuestión la circunstancia de que el presente asunto se refiera al transporte público urbano explotado en el marco del sistema de obligación de servicio público y en virtud de un contrato de servicio público, a cambio de una compensación abonada con cargo a recursos públicos en el sentido del Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo?
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Deben interpretarse los artículos 17, apartado 2, letra a); 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva en el sentido de que se oponen a unas disposiciones nacionales con arreglo a las cuales (en circunstancias como las del asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional) el sujeto pasivo no puede deducir el impuesto soportado porque la factura fue emitida por una persona que no es el auténtico proveedor del bien y no es posible determinar la identidad del auténtico proveedor del bien y obligarle a pagar el impuesto, ni tampoco identificar a la persona obligada a ello, con arreglo al artículo 21, apartado 1, letra c), de la Sexta Directiva, por haber emitido la factura?
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, y de que el oponente invoque una disposición en el sentido del artículo 13, primer guión, con arreglo a la cual el pago de una deuda vencida sólo se puede impugnar en las circunstancias allí previstas, no mencionadas en la demanda presentada con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento de insolvencia: (i) ¿Existen razones que impidan interpretar el artículo 13 en el sentido de que, tras tener conocimiento de dicha disposición, la parte impugnante debe invocar tales circunstancias si, con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia, debe exponer todas las circunstancias en que fundamenta su demanda, o (ii) debe el oponente probar que dichas circunstancias no se daban, por lo que no cabe la impugnación con arreglo a la disposición de que se trate, sin necesidad de que la parte impugnante invoque específicamente esas circunstancias?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 223/7

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland (Irlanda) el 5 de mayo de 2014 — Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Asunto C-218/14)

2014/C 223/10

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Ireland

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly

Recurrida: Minister for Justice and Equality

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando un matrimonio entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer Estado acaba en divorcio después de que el ciudadano de la Unión abandone el Estado miembro de acogida en el que ejercitó los derechos que le confiere el Derecho de la Unión y resultan aplicables los artículos 7 y 13, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38/CE (1), ¿conserva el nacional de un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida a partir de ese momento? En caso de respuesta negativa, ¿tiene el nacional de un Estado tercero un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante el periodo anterior al divorcio tras la partida del ciudadano de la Unión del Estado miembro de acogida?

2) ¿Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 cuando el cónyuge ciudadano de la Unión alega disponer de recursos suficientes, en el sentido del artículo 8, apartado 4, de la Directiva, contando, en parte, con los recursos de su cónyuge nacional de un Estado tercero?

3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿tienen derecho las personas que se encuentran en la misma situación que los recurrentes, con arreglo al Derecho de la Unión (al margen de la Directiva), a trabajar en el Estado miembro de acogida para aportar o contribuir a obtener «recursos suficientes» a los efectos del artículo 7 de la Directiva?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿se opone el principio de seguridad jurídica a una práctica nacional consistente en que la Autoridad fiscal exige al sujeto pasivo el pago del IVA retroactivamente al no estar exenta del pago del IVA la prestación de servicios veterinarios y haberse sobrepasado el límite máximo exento, cuando: — la Autoridad fiscal no registró de oficio al sujeto pasivo a efectos del IVA ni le exigió el pago del IVA cuando éste presentó las declaraciones fiscales de las que resulta que había sobrepasado el límite máximo exento, sino sólo posteriormente, una vez que la Hotărârea de Guvern nr. 1620/2009 [Orden del Gobierno no 1620/2009] modificó las Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal [Reglamento de aplicación del Código fiscal] en el sentido de que la exención prevista en el artículo 141, apartado l, letra a), del Codul fiscal no se aplica a la prestación de servicios veterinarios, tal como se desprende de la sentencia del TJUE de 24 de mayo de 1988, Comisión/Italia, asunto 122/87, tampoco en un periodo anterior a dicha modificación; — la Autoridad fiscal tuvo conocimiento de que se había sobrepasado el límite máximo exento antes de que la Hotărârea de Guvern nr. 1620/2009 modificase las Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal en el sentido señalado anteriormente, a través de las declaraciones fiscales presentadas por el sujeto pasivo; — antes de publicarse la Hotărârea de Guvern nr. 1620/2009, la Autoridad fiscal no había adoptado, en su ámbito de competencia —en el que también está comprendido el sujeto pasivo del procedimiento principal— actos administrativos en materia fiscal mediante los que constatara que sujetos pasivos con la condición de consultorios veterinarios no se habían registrado a efectos del IVA tras haber sobrepasado el límite máximo exento del IVA y, en consecuencia, les impusiera obligaciones de pago; — con anterioridad a la adopción y entrada en vigor de la Hotărârea de Guvern nr. 1620/2009, no se había publicado ninguna versión en rumano de la sentencia del TJUE de 24 de mayo de 1988, Comisión/Italia, asunto 122/87?