ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 42 del Estatuto de los Funcionarios; de la cláusula 5.4 del Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, tal como resulta de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (DO 2010, L 68, p. 13); del artículo 7 de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea — Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores (DO 2002, L 80, p. 29), y del anexo IX del Estatuto por cuanto no se respetó el procedimiento disciplinario.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 11, apartado 1, letra a) y letra d), número 3, del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO 1996 L 297, p. 1) y del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1432/2003 de la Comisión, de 11 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, en lo relativo al reconocimiento de organizaciones de productores y al reconocimiento previo de las agrupaciones de productores (DO 2003 L 203, p. 18), en relación con el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1182/2007 del Consejo, de 26 de septiembre de 2007, por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas, se modifican las Directivas 2001/112/CE y 2001/113/CE y los Reglamentos (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 y (CE) no 318/2006 y se deroga el Reglamento (CE) no 2202/96 (DO 2007 L 273, p. 1) y el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de noviembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO 2003 L 270, p. 1). — El reino de España considera que la Comisión ha infringido el artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento 2200/96 del Consejo, en relación con la OP Tilla Huelva, puesto que la misma estaba integrada en todo momento por productores, de modo que se cumplieron las reglas de control democrático impuestas por el artículo 11, apartado 1, letra d), número 3, del Reglamento 2200/96 y del artículo 14 del Reglamento 1432/2003 de la Comisión, en relación con el artículo 2, letra a), del Reglamento 1782/2003 a la hora de considerar que tres miembros de la OP Tiella Huelva no reunían la condición de «productor» y que, en consecuencia, no se respetaba lo dispuesto en el artículo 11 en lo relativo a las exigencias de control democrático.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 195/41

Recurso interpuesto el 25 de abril de 2017 — República de Polonia/Comisión

(Asunto T-241/17)

(2017/C 195/55)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en la medida en que se excluyen de la financiación de la Unión Europea los gastos por un importe de 25 708 035,13 euros efectuados por el organismo pagador autorizado de la República de Polonia;

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (1) al aplicar una corrección financiera respecto al gasto incurrido por las autoridades polacas como compensación por la operación de no cosechar los cultivos en el año 2011 en el marco de las medidas excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas establecido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 585/2011, (2) basada en una interpretación errónea de la norma, pese a que dichos gastos se ejecutaron por las autoridades polacas conforme a la legislación de la Unión y, en particular, no infringieron el artículo 85 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011. (3)

(1) Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549).

(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 585/2011 de la Comisión, de 17 de junio de 2011, que establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas (DO 2011, L 160, p. 71).

(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO 2011, L 157, p. 1).
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 41, párrafos 1 y 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 25, párrafo 2 del Estatuto, en tanto la parte demandante no fue oída antes de que se decidiese el traslado de un funcionario de común acuerdo entre el CESE y el CdR, y/o que la decisión adoptada por el CdR en ejecución de dicho acuerdo no fue notificada por escrito inmediatamente a la parte demandante, mientras que sus motivos no le fueron completa y claramente indicados.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9 del GA CONTAIN y del artículo 9 del GA ICARGO cometida por el auditor y por la Comisión en relación con el Derecho aplicable a tales contratos, y en la aplicación de normas extracontractuales y jurídicamente no vinculantes. A este respecto se alega que el informe del auditor, que hizo suyo la Comisión, se basa en una interpretación de los GA que no confirman ni el texto de dichos contratos ni las normas jurídicas que les resultan aplicables. Por el contrario, se apoya únicamente en un «manual de instrucciones» preparado por los servicios de la Comisión. Este documento, elaborado unilateralmente, no puede prevalecer sobre las normas acordadas por las partes.
—

Declare que la Comisión incurrió en error al emitir la nota de adeudo n.o 3241514040 (tal como quedó reducida por la nota de crédito n.o 3233160082) y que la demandante no adeuda la correspondiente cantidad de 67 984,13 euros.
4.

Cuarto motivo, mediante el que se alega que la Comisión infringió el artículo 3, apartados 2 y 5, del Reglamento de base y el artículo 3, apartado 1, del Acuerdo antidumping, tergiversó las pruebas practicadas y cometió errores manifiestos de apreciación, al evaluar erróneamente los indicadores de perjuicio y al no efectuar un examen objetivo del estado de la industria en la Unión. Según la demandante, la Comisión se basó únicamente en indicadores económicos selectivos del estado de la industria en la Unión y no tomó en consideración indicadores clave que habrían mostrado un estado diferente, más positivo, de dicha industria. Asimismo, la demandante aduce que la Comisión se basó en un enfoque sesgado que favorecía sus conclusiones relativas a los perjuicios y que tergiversaba la prueba practicada, al no examinar el mercado «libre» y el mercado «cautivo» del producto controvertido como un todo y conjuntamente para todos los indicadores, así como al optar por efectuar una evaluación separada «por tres vías» que distorsionó la apreciación en su conjunto.
1.

Mediante el primer motivo, los recurrentes alegan errores de Derecho al desestimarse por infundado su primer motivo. Arguyen que el Tribunal de la Función Pública cometió cuatro errores principales respecto a su primer motivo: — En primer lugar, dicho Tribunal declaró, en contra de la jurisprudencia aplicable, que no tiene que examinar la legalidad de los actos de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos si ésta declara que ha cumplido sus deberes y obligaciones legales. — En segundo lugar, dicho Tribunal incurrió en error al rechazar como prueba el informe del comité mixto de seguimiento y al no tener en cuenta efectivamente la no comparabilidad demostrada de las fuentes de información utilizadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. — En tercer lugar, dicho Tribunal, de manera errónea, ignoró —sin justificación— la existencia de las razones y pruebas presentadas por los recurrentes en relación con la evaluación matemática de la metodología de valoración literal de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, así como la totalidad de la segunda parte del primer motivo de los recurrentes. — En cuarto lugar, dicho Tribunal incurrió en error al presumir que la falta de examen comparativo efectivo de los méritos no puede dar lugar a la anulación de una decisión relativa a la promoción.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 419/56

Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2016 — Athletic Club/Comisión

(Asunto T-679/16)

(2016/C 419/73)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Athletic Club (Bilbao, España) (representantes: E. Lucas Murillo de la Cueva y J. Luís Carrasco, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Se anule el artículo 1 de la Decisión de la Comisión C (2016) 4046 final, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubs de fútbol, en la medida en que afecta al Athletic Club.

— Se anulen los artículos 4 y 5 de la Decisión de la Comisión C (2016) 4046 final, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubs de fútbol, en la medida en que ordena la recuperación de la ayuda supuestamente concedida al Athletic Club, así como la supresión del régimen del impuesto de sociedades para entidades sin ánimo de lucro conforme al que ha venido tributando el Athletic Club.

— Se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión C (2016) 4046 final, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubs de fútbol. Por lo que respecta a la demandante, dicha ayuda consistiría en el beneficio fiscal que habría obtenido, durante el periodo considerado, como consecuencia de tributar como asociación sin ánimo de lucro, y no con base en el tipo general del Impuesto sobre Sociedades.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE — Se alega a este respecto que, en el marco geográfico de referencia (Vizcaya), la medida analizada en la Decisión no puede considerarse selectiva, ya que todos los clubs de fútbol son entidades sin ánimo de lucro sometidas al mismo régimen y tipo impositivo del impuesto de sociedades.

2. Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE — Se afirma a este respecto que la diferencia en la tributación entre las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades anónimas está justificada por las diferencias esenciales existentes entre ambos tipos de entidades.

3. Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE — Se afirma a este respecto que la medida analizada en la Decisión no genera distorsión de competencia ni afecta al comercio entre estados miembros.

4. Cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 108 TFUE y 1.b.i, 17, 18 y 19 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999 L 83, p. 1). — Se afirma a este respecto que, si la medida analizada en la Decisión debiera considerarse ayuda de Estado, se le debería dar, en cualquier caso, el tratamiento previsto para las ayudas existentes.
—

La anulación de la decisión de la ECHA n.o SME(2016) 2851, debe conllevar la anulación de las facturas que constituyen la base de los requerimientos de pago de la ECHA. Tampoco son exigibles las tasas impuestas debido a que en el momento de la adopción de la decisión ECHA n.o SME(2016) 2851 y de la emisión de las facturas, la demandante no estaba obligada a registrarse en el sistema REACH.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 314/25

Recurso interpuesto el 13 de junio de 2016 — Jindal Saw y Jindal Saw Italia/Comisión

(Asunto T-301/16)

(2016/C 314/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Jindal Saw Ltd (Nueva Deli, India) y Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (representantes: R. Antonini y E. Monard, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/388 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de tubos de hierro de fundición maleable (también conocida como fundición de grafito esferoidal) originarios de la India, en la medida en que se refiere a las demandantes.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que al determinar los precios de exportación, la Comisión vulneró los artículos 2, apartados 8 y 9, 3, apartados 2, 3 y 6, y 9, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.

2. Segundo motivo, basado en que mediante sus efectos en el precio, su perjuicio y su relación de causalidad, la Comisión vulneró los artículos 3, apartados 2, 3, 5, 6, 7 y 8, 4, apartado 1, 5, apartado 4, y 9, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009.
—

Infracción de los artículos 4 y 6, apartado 2, del Reglamento n.o 6/2002, en relación con el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 6/2002 al apreciar erróneamente la libertad para diseñar picaportes al determinar que el grado de libertad del diseñador al diseñar picaportes era casi ilimitada y resultaba del hecho de que la Sala de Recurso no había tenido en consideración características que un diseñador habría tenido en cuenta al diseñar el picaporte.
1.

Primer motivo, basado en un error de Derecho y/o un error manfiesto de apreciación en la identificación de los beneficiarios y la cuantificación del importe de la ayuda que se ha de recuperar. Según la demandante, la Comisión cometió un error de Derecho y/o un error manfiesto de apreciación en cuanto la Decisión impugnada identifica a los productores de esquisto como únicos beneficiarios de la ayuda ilícita y no obliga al Reino Unido a reducir el importe que se debe recuperar de éstos en la cuantía en la que repercutieron el beneficio de las exenciones en sus clientes. — La demandante alega la doctrina del Tribunal General en el asunto Salzgitter/Comisión, T-308/00 RENV, (ECLI:EU:T:2013:30), que juzgó que la recuperación debe limitarse a las ventajas económicas derivadas realmente de la puesta a disposición de la ayuda a favor del beneficiario, y ha de ser proporcionada a ellas. Además, alega que en los asuntos Aer Lingus/Comisión, T-473/12, (ECLI:EU:T:2015:78) y Ryanair/Comisión, T-500/12, (ECLI:EU:T:2015:73), se estimó que, cuando una ayuda consiste en la reducción de un impuesto indirecto que grava el consumo de un producto o servicio específico y se pretende que la empresa lo repercuta en sus clientes, el importe de la ayuda que se debe recuperar de la empresa es únicamente la ventaja realmente obtenida y mantenida por ésta. — La demandante afirma además que el AGL es un impuesto indirecto que grava el consumo de áridos y que el Gobierno del Reino Unido pretende que las empresas que extraen y comercializan los áridos lo repercutan en sus clientes. La ventaja económica derivada de la exención del esquisto podía ser repercutida, y lo fue, por los productores de esquisto, entre ellos la demandante, en forma de precios de venta más bajos. — La demandante alega que por esa misma razón la recuperación del importe total del impuesto sobre los áridos impagado no podría asegurar el restablecimiento del statu quo anterior y podría crear distorsiones añadidas de la competencia ya que podría llevar a recuperar de los productores de esquisto, entre ellos la demandante, una cantidad mayor que la ventaja que obtuvieron realmente. — La demandante mantiene que por tanto, conforme a la doctrina en los asuntos Aer Lingus/Comisión, T-473/12, (ECLI:EU:T:2015:78) y Ryanair/Comisión, T-500/12, (ECLI:EU:T:2015:73), la única ayuda que debe recuperarse de los productores de esquisto es la ventaja realmente obtenida y mantenida por éstos. — Finalmente, la demandante alega que, en cuanto la Decisión impugnada exige la recuperación a cargo de los productores de esquisto de la totalidad del AGL del que estuvieron exentos, sin reducción alguna para tener en cuenta la ventaja que repercutieron en sus clientes, la Comisión cometió un error de Derecho, aplicó erróneamente el artículo 108 TFUE y/o el artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), y/o cometió un error manifiesto de apreciación.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.o 1290/2005 del Consejo, por no reunirse los requisitos establecidos por la Comisión en las directrices uniformes incluidas en el documento n.o VI/5330/97, para la aplicación de una corrección financiera a tanto alzado del 2 %.
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa de la demandante, de su derecho a la tutela judicial efectiva y de la obligación de motivación. A este respecto alega la demandante que no se ha producido una audiencia en debida forma y que no se le ha permitido acceder al expediente. Para la parte demandante no resulta comprensible la fundamentación recogida en los actos jurídicos impugnados. Por estas razones se han vulnerado, según afirma, su derecho de defensa y su derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, se ha violado su derecho a ser oída. Alega además que el Consejo no ha examinado correctamente las circunstancias que afectan a la demandante. Considera que se le ha negado un juicio justo que respete los principios del Estado de Derecho puesto que, al no conocer los reproches correspondientes y las supuestas pruebas del Consejo, no ha podido manifestarse concretamente sobre ello y tampoco ha podido aportar en el litigio eventuales pruebas de lo contrario.
—

De conformidad con las normas adoptadas por la Mesa del Parlamento Europeo el 4 de julio de 2005 en relación con las reuniones de los grupos políticos, la parte demandante tiene derecho a disponer de los locales que pretendía usar. No concurrían motivos extraordinarios que hubieran permitido la denegación, ya que los locales no estaban ocupados en el momento controvertido y ya que la rueda de prensa que se tenía la intención de realizar no ponía en riesgo ni la seguridad ni el funcionamiento del Parlamento. De ese modo, se menoscabó el derecho de la parte demandante a informar sobre su trabajo parlamentario.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1. Las demandantes alegan que la regla de compensación especial no supone una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, por el simple hecho de que no ha habido transferencia de fondos estatales. Además, no concede a las empresas con gran consumo de energía ninguna ventaja económica selectiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/65

Recurso interpuesto el 20 de noviembre de 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Comisión

(Asunto T-675/15)

(2016/C 038/88)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, China) (representantes: F. Carlin, Barrister, y N. Niejahr, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 2015/1429 de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la República Popular China y Taiwán (DO 2015, L 224, p. 10), en la medida en que, por un lado, establece derechos antidumping sobre determinadas exportaciones realizadas por la demandante y, por otro, impone la percepción definitiva de los derechos provisionales establecidos sobre dichas exportaciones.

— Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de la demandante en el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado, con carácter principal, en que la Comisión, al identificar y seleccionar en el presente caso a Estados Unidos de América («EE.UU.») como país análogo apropiado, infringió el párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento (CE) no 1225/2009 (1) del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). Dicha selección se basó en una interpretación y una aplicación erróneas del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos. Con carácter subsidiario, en que la Comisión aplicó de forma manifiestamente errónea el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, al haber seleccionado a EE.UU. como país análogo prescindiendo de los ajustes del valor normal que era necesario efectuar.

2. Segundo motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartado 10 del Reglamento de base, por cuanto que no efectuó los necesarios ajustes relativos a los costes de transporte interior que soporta un productor exportador de EE.UU., conforme a lo dispuesto en la letra k) de dicha disposición.

3. Tercer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 3, apartados 2, 6 y 7 del Reglamento de base. Al examinar tanto los factores determinantes del perjuicio como la causalidad, la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación de los hechos o, cuando menos, incumplió la obligación que le concierne de analizar los datos de que dispone con cautela e imparcialidad.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51).