No obstante, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de la facultad de efectuar el examen comparativo de los méritos según el procedimiento o el método que estime más adecuado. En efecto, las instituciones no están obligadas a adoptar un sistema especial de evaluación y de promoción, habida cuenta de la amplia facultad discrecional que ostentan, para, de conformidad con sus propias necesidades de organización y de gestión de su personal, perseguir los objetivos del artículo 45 del Estatuto.

Las decisiones de promoción y el examen comparativo de los méritos previsto en el artículo 45 del Estatuto son responsabilidad únicamente de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

A este respecto, en primer lugar, si bien el artículo 45, apartado 1, del Estatuto obliga a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, antes de tomar cualquier decisión sobre la promoción, a un examen comparativo de los méritos de todos los funcionarios que pueden ser promovidos, ésta puede no obstante recabar la asistencia de los servicios administrativos en los diferentes niveles de la jerarquía, conforme a los principios inherentes al funcionamiento de toda estructura administrativa jerarquizada. Así, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede prever un examen previo, en el seno de las Direcciones Generales, de los expedientes de los funcionarios que pueden ser promovidos, aunque tal examen previo no puede tener por efecto sustituir al examen comparativo que debe efectuarse a continuación, si así se ha previsto, por parte del comité de promoción y, posteriormente, en todo caso, al que incumbe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos al término del ejercicio de promoción y en vista de la adopción de las decisiones de promoción o de no promoción, siendo este último examen comparativo el único expresamente previsto en el Estatuto.

En el contexto del procedimiento de promoción previsto en las disposiciones generales de aplicación adoptadas por la Comisión, no cabe ciertamente admitir que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se limite a examinar los méritos de los funcionarios que estén mejor situados en las listas elaboradas a nivel de las Direcciones Generales y de los distintos servicios. No obstante, en el marco de la identificación, descentralizada a nivel de las Direcciones Generales de la institución, de los funcionarios promovibles que deban proponerse, en esta fase, para la promoción a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, el ejercicio por parte de los funcionarios que no han sido propuestos para la promoción en dicha fase por sus directores generales y jefes de servicio respectivos de su derecho, previsto en las disposiciones generales de aplicación, a recurrir ante el comité paritario de promoción estas decisiones de no proponerlos para la promoción brinda a tales funcionarios la oportunidad de que dicho órgano paritario efectúe un examen comparativo de sus méritos que se lleva a cabo no sólo a nivel de sus respectivas Direcciones Generales, sino también a nivel del conjunto de la institución.

En segundo lugar, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede hacer intervenir durante la fase preparatoria de sus decisiones en materia de promoción un órgano paritario consultivo como el comité paritario de promoción y puede asimismo prever que éste sea asistido por otro órgano, también paritario, cuyos borradores de dictamen motivado puede tomar en consideración aquélla. Pues bien, al interponer sus recursos, los funcionarios que pueden ser promovidos no propuestos para la promoción por sus directores generales y jefes de servicio tienen, en el marco del procedimiento de recurso, la ocasión de llamar la atención de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre su caso obligándole, sobre la base de sus objeciones, de dichos borradores de dictamen motivado y, en su caso, de las recomendaciones del comité paritario de promoción, a llevar a cabo un examen pormenorizado de sus respectivas situaciones en el marco del examen comparativo de los méritos de todos los funcionarios que pueden ser promovidos que aquélla efectúa, en último lugar, al término del procedimiento de promoción en vista de la adopción de las decisiones en materia de promoción.

(véanse los apartados 48 a 51)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencia de 4 de febrero de 1987, Bouteiller/Comisión, 324/85, EU:C:1987:59, apartado 11

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 30 de noviembre de 1993, Tsirimokos/Parlamento, T‑76/92, EU:T:1993:106, apartado 17

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 22 de septiembre de 2015, Silvan/Comisión, F‑83/14, EU:F:2015:106, apartados 48 y 50 y jurisprudencia citada, recurrida en casación ante el Tribunal General, asunto T‑698/15 P, y de 15 de diciembre de 2015, Bonazzi/Comisión, F‑88/15, EU:F:2015:150, apartados 83 y 89 y jurisprudencia citada