ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
37

A la vista de dichos principios, para que se pueda considerar que, a efectos del Derecho de la Unión, los sustitutos autónomos del litigio principal no son «trabajadores» sino verdaderas «empresas», corresponderá, por tanto, al tribunal remitente comprobar que, más allá de la naturaleza jurídica de sus contratos por obra o servicio, dichos sustitutos no se encuentren en las condiciones que se han indicado en los apartados 33 a 36 de la presente sentencia, y, en particular, que no estén en una relación de subordinación en relación con la orquesta de que se trate durante el período de la relación contractual, sino que dispongan de más autonomía y flexibilidad que los trabajadores que ejerzan la misma actividad en lo que se refiere a la determinación del horario, el lugar y las modalidades de realización de los encargos que reciben, esto es, de los ensayos y conciertos.
29

En sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, la Comisión solicitó a éste que examinara la premisa sobre la que se basa la petición de decisión prejudicial, a saber, el hecho de que el Sr. Tümer, durante el período de tiempo considerado en el litigio principal, no residía legalmente en los Países Bajos con arreglo al Acuerdo de Asociación con Turquía y, en particular, a la Decisión no 1/80. Pues bien, aunque el órgano jurisdiccional remitente no plantea ninguna cuestión con respecto a este extremo, sí indica que el Rechtbank ’s-Gravenhage denegó el permiso de residencia permanente al Sr. Tümer sobre la base, en particular, de los artículos 6 y 7 de la Decisión no 1/80 mediante sentencia de 28 de agosto de 2008, que no fue objeto de recurso de apelación por parte de éste.
12

Titulado «Cuadros de distribución de los precios de venta al por menor», el artículo 39 quinquies del Decreto Legislativo no504, de 26 de octubre de 1995 (suplemento ordinario de la GURI no 279, de 29 de noviembre de 1995), Decreto modificado por el artículo 55, apartado 2 bis, letra c), de la Ley no 122, de 30 de julio de 2010 (suplemento ordinario de la GURI no 176, de 30 de julio de 2010) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo»), establece lo siguiente: «1. Los cuadros de distribución de los precios de venta al por menor de las labores del tabaco se fijarán mediante un acto del director de la Administración autónoma de los monopolios de Estado, que deberá publicarse en el diario oficial de la República Italiana. Los precios de venta de los productos contemplados en el artículo 39 bis, apartado 1, letras a) y b), se fijarán por referencia al kilogramo convencional, que corresponde respectivamente a: a) 200 puros; b) 400 cigarritos; c) 1000 cigarrillos. 2. Para los cigarrillos, los cuadros previstos en el apartado 1 se establecerán por referencia a los cigarrillos de la categoría de precio más demandada, determinándose cada tres meses en función de los datos obtenidos el primer día de cada trimestre y, en lo que atañe a la determinación del elemento específico del impuesto especial, en función del precio medio ponderado de venta al por menor de los cigarrillos a que se refiere el apartado 2 bis. 2 bis. Antes del 1 de marzo de cada año natural, la Administración autónoma de los monopolios de Estado [AAMS] determinará, para los cigarrillos a que se refiere el artículo 39 bis, apartado 1, letra b), el precio medio ponderado de venta al por menor por kilogramo convencional [...], que es igual a la relación, expresada en euros y redondeada a la unidad, entre el valor total, calculado por referencia al precio de venta al por menor, incluidos todos los impuestos, de los cigarrillos despachados a consumo en el año natural anterior y la cantidad total de estos cigarrillos.»
98

Sin embargo, ese aspecto del litigio requiere el examen de cuestiones de hecho complejas, basado en factores que no fueron apreciados por el Tribunal General en la sentencia recurrida, pues éste consideró en los apartados 270 y 271 de esa sentencia que ese examen era superfluo, toda vez que apreció que la Comisión no había cometido un error al concluir en la Decisión controvertida que las medidas consideradas tenían un objeto anticompetitivo, y por otra parte esos aspectos no se han debatido ante el Tribunal de Justicia, de lo que se sigue que el estado del litigio no le permite su resolución.
71

A este respecto, es importante precisar que, por un lado, en lo que atañe a la cuestión que enfrenta a las partes en el presente litigio, dicho apartado 5 del artículo 100 está redactado de manera idéntica en las diferentes versiones lingüísticas del Reglamento no 1083/2006, y que, por otro lado, el Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1164/94 (DO L 210, p. 79), no incluye ninguna disposición relativa al procedimiento en materia de correcciones financieras, como tampoco el Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento no 1083/2006 y el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DO L 371, p. 1).
47

Por otra parte, el alcance de este derecho accesorio de digitalización debe precisarse interpretando el artículo 5, apartado 2, letra c), de la Directiva 2001/29 a la luz de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5 de la misma, que dispone que tal limitación de derechos únicamente se aplicará en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho, sin olvidar, no obstante, que esta última disposición no tiene por objeto ampliar el alcance de las excepciones y limitaciones previstas en el artículo 5, apartado 2, de esta Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, apartado 58, y ACI Adam y otros, C‑435/12, EU:C:2014:254, apartado 26).
35

Además, del tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 79/7 no se desprende que los motivos para establecer una excepción que enuncia no sean taxativos y que los Estados miembros tengan la facultad de prever otras razones para una excepción al principio de igualdad de trato. El que la consideración de tal factor no esté expresamente prohibida por las disposiciones de esta Directiva no puede interpretarse en el sentido de que autoriza al legislador nacional a establecer este factor como elemento de cálculo para una indemnización como la controvertida en el litigio principal.
18

De ese modo, el Tribunal de Justicia determinó que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que establezcan que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación financiera alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas (sentencia Schultz‑Hoff y otros, EU:C:2009:18, apartado 62).
8

El Reglamento no 44/2001 sustituyó, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en español en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos Convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). A tenor del artículo 18 del citado Convenio, que figuraba en la sección 6 de éste, titulada «Prórroga de la competencia [Determinación de la competencia en virtud de la sumisión expresa o tácita de las partes]»: «Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Convenio, será competente el tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16.»
De lo anterior se deduce que el establecimiento de las multas, para todas las empresas sancionadas que participaron en una misma infracción, en el 10 % de sus volúmenes de negocios respectivos, toda vez que resulta únicamente de aplicar el límite máximo previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003, no constituye una violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.

El límite del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003 pretende evitar que se impongan multas que seguramente no podrán pagar las empresas, dadas sus dimensiones, dimensiones que se determinan, aunque sea de un modo aproximado e imperfecto, por su volumen de negocios global. Se trata, por tanto, de un límite, aplicable uniformemente a todas las empresas y ajustado a la dimensión de cada una, que pretende evitar las multas cuyo importe sea excesivo y desproporcionado. Dicho límite superior tiene pues un objetivo distinto y autónomo del que persiguen los criterios de gravedad y duración de la infracción.

Si bien para apreciar la gravedad de una infracción de las disposiciones del artículo 101 TFUE y, más tarde, determinar el importe de la multa que se ha de imponer pueden tenerse en cuenta, en particular, la extensión geográfica de la infracción y el número de subgrupos de productos que abarca, el hecho de que una infracción abarque una mayor extensión geográfica y un mayor número de productos que otra no implica necesariamente, per se, que esa primera infracción, considerada en conjunto, deba calificarse de más grave que la segunda y que ello justifique la determinación de un coeficiente de «importe adicional» superior al considerado para el cálculo de la multa que sancione la segunda infracción.

(véase el apartado 101)
En efecto, la situación en la que se realizan las reproducciones, en el marco de la excepción de reprografía prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29, por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales no es comparable, con respecto a la compensación equitativa, a la situación en la se realizan las reproducciones que, aun realizándose en este mismo marco de la excepción de reprografía, lo son bien por un usuario distinto de una persona física, bien por una persona física pero para un uso distinto del uso privado o con fines directa o indirectamente comerciales, por cuanto el perjuicio sufrido por los titulares de derechos en una y otra situación no son, por regla general, idénticos.

El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 5, apartado 2, letra b), de ésta se oponen a una normativa nacional que autoriza al Estado miembro a atribuir una parte de la compensación equitativa que corresponde a los titulares de derechos a los editores de las obras creadas por los autores, sin que estos editores estén obligados a hacer partícipes, siquiera indirectamente, a los autores de la parte de la compensación de la que éstos se ven privados.

En efecto, dado que, por una parte, la compensación equitativa, que se debe por la excepción de reprografía, prevista en dicho artículo 5, apartado 2, letra a), y por la excepción de copia privada, prevista en dicho artículo 5, apartado 2, letra b), está destinada a reparar el perjuicio sufrido por los titulares de derechos por la reproducción de sus obras sin su autorización y, por otra parte, que los editores no son titulares del derecho exclusivo de reproducción en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2001/29, estos últimos no sufren ningún perjuicio en el sentido de estas dos excepciones. Por tanto, no pueden beneficiarse de una compensación por dichas excepciones cuando tal beneficio tenga como consecuencia privar a los titulares del derecho de reproducción total o parcialmente de la compensación equitativa a la que tienen derecho por estas mismas excepciones.

(véanse los apartados 48 y 49 y el punto 2 del fallo)
Por lo que respecta a la aplicación temporal del Reglamento no 1370/2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos no 1191/69 y no 1107/70, de las disposiciones transitorias enunciadas en el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento resulta que los contratos de servicio público vigentes en la fecha de entrada en vigor de ese Reglamento pueden continuar hasta su expiración, siempre que se respeten los períodos de vigencia máxima establecidos en esa disposición y que dichos contratos hayan sido adjudicados con arreglo al Derecho comunitario y al Derecho nacional.

A este respecto, en virtud del artículo 17, apartado 2, del Reglamento no 1191/69, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, las compensaciones abonadas a una empresa de transporte a cambio de las cargas derivadas de la obligación de servicio público que se le exigía quedaban dispensadas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3, cuando cumplieran los requisitos enunciados en dicho Reglamento, debido a su compatibilidad con el mercado interior.

Por consiguiente, las ayudas abonadas a una empresa de transporte público en una fecha en que el Reglamento no 1191/69 estaba todavía vigente y que cumplían los requisitos enunciados en ese Reglamento constituían una situación que había adquirido carácter definitivo con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento no 1370/2007.

Por lo tanto, cuando se trata de ayudas abonadas en el marco de un contrato de servicio público, celebrado antes de la entrada en vigor del Reglamento no 1370/2007 y cuyo período de vigencia expira en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho Reglamento, si bien la Comisión debe examinar, a la luz de los requisitos enunciados en el Reglamento no 1191/69, las ayudas abonadas antes de la entrada en vigor del Reglamento no 1370/2007 con el fin de verificar si esas ayudas quedan dispensadas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 TFUE apartado 3, debe examinar, en cambio, a la luz del Reglamento no 1370/2007, sin perjuicio de las normas transitorias mencionadas en el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento, tanto la legalidad como la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas abonadas a partir de la entrada en vigor de ese Reglamento.

(véanse los apartados 51 a 55)
En lo que respecta a la base jurídica en la que se fundó la adopción de la Decisión 2013/392, por la que se establece la fecha a partir de la cual surtirá efecto la Decisión 2008/633, sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves, dicha Decisión no se refiere al artículo 34 UE y en sus vistos se hace referencia expresa al Tratado FUE y al artículo 18, apartado 2, de la Decisión 2008/633.

Por lo tanto, no cabe considerar, teniendo en cuenta el tenor de la Decisión 2013/392 —el cual, para cumplir la obligación de motivación, debe, en principio, mencionar la base jurídica en la que ésta se fundamenta—, que dicha Decisión se basa en el artículo 34 UE.

En particular, el hecho de que el artículo 34 UE, apartado 2, letra c), constituyera la única base jurídica posible para adoptar una medida como la Decisión 2013/392, suponiéndolo acreditado, carece, a este respecto, de pertinencia, en la medida en que la elección expresa del Consejo de no mencionar en la Decisión 2013/392 esta última disposición, sino el Tratado FUE y el artículo 18, apartado 2, de la Decisión 2008/633, pone de manifiesto claramente que la Decisión 2013/392 se basa en esta última disposición como tal.

De ello se deduce que la derogación del artículo 34 UE por el Tratado de Lisboa no priva de base jurídica a la Decisión 2013/392.

(véanse los apartados 18, 19, 21 y 22)
Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 a 99, 110 y 114 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/88, en relación con los anexos II y III de dicha Directiva y con el Reglamento no 282/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112, el Estado miembro que aplica un tipo del impuesto sobre el valor añadido del 3 % al suministro de libros electrónicos.

En efecto, del tenor del apartado 6 del anexo III de la Directiva 2006/112 se desprende que el tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido será aplicable a la operación consistente en el suministro de un libro que se encuentre en un soporte físico. Si bien es cierto que el libro electrónico necesita para poder leerse un soporte físico, como un ordenador, no lo es menos que dicho soporte no está incluido en el suministro de libros electrónicos. Además, tal como se desprende del artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, de dicha Directiva, el legislador de la Unión decidió excluir cualquier posibilidad de aplicar un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a los servicios suministrados por vía electrónica. Pues bien, el suministro de libros electrónicos constituye un servicio de este tipo, ya que no puede considerarse una entrega de bienes, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de esta Directiva, porque el libro electrónico no puede ser calificado como bien corporal. Asimismo, el suministro de libros electrónicos responde a la definición de prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica que figura en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 282/2011. Por otra parte, tal suministro tampoco está incluido en el apartado 9 del anexo III de la Directiva 2006/112, relativo a las prestaciones de servicios realizadas por escritores, compositores artistas intérpretes y a los derechos de autor adeudados a los mismos.

Esta interpretación no se ve desvirtuada por el principio de neutralidad fiscal, puesto que este principio no permite ampliar el ámbito de aplicación de un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido si no se ha dispuesto así en términos inequívocos. Pues bien, el apartado 6 del anexo III de la Directiva 2006/112 no es una disposición que extienda el ámbito de aplicación de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido al suministro de libros electrónicos de manera inequívoca. Por el contrario, tal suministro no se incluye entre los supuestos contemplados en esta disposición.

(véanse los apartados 35, 36, 40 a 43, 50, 51, 61 y 71 y el fallo)
El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los productos que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dichas Directivas, como los aceites lubricantes utilizados para fines distintos de los de carburante de automoción o combustible para calefacción, estén sujetos a un impuesto que se rige por reglas idénticas a las relativas al régimen de los impuestos especiales armonizados establecido por dichas Directivas, siempre que el hecho de gravar tales productos mediante el mencionado impuesto no dé lugar, en el comercio entre los Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

A este respecto, las exigencias relativas al régimen nacional suspensivo de los impuestos especiales aplicable a estos productos, que se imponen tanto a los productos importados de otro Estado miembro como a los adquiridos en el mercado nacional, no pueden considerarse formalidades relativas al cruce de una frontera.

Por otra parte, no pueden considerarse como formalidades relativas al cruce de fronteras las obligaciones relativas al régimen de pago del impuesto especial, a saber una declaración de la adquisición intracomunitaria prevista y la constitución de una garantía del pago del impuesto especial, en la medida en que deben cumplirse antes de que dichos productos pasen la frontera, en una situación en la que la constitución de una garantía está vinculada al devengo del impuesto y en la que estas formalidades se corresponden con las obligaciones que deben cumplir los sujetos pasivos de los impuestos especiales en virtud del artículo 34, apartado 2, primer párrafo, letra a), de la Directiva 2008/118. Tampoco pueden considerarse formalidades relativas al cruce de fronteras las obligaciones de presentar una declaración simplificada, de calcular y abonar el impuesto especial en un plazo de diez días desde el devengo del impuesto, así como la llevanza de un registro de las adquisiciones intracomunitarias de los productos sometidos a impuestos especiales, que pretenden garantizar el pago del impuesto devengado.

(véanse los apartados 38, 39 a 43 y 52 y el fallo)
Al adoptar una regla general según la cual, como se desprende del artículo 73 bis del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, los derechos de la Unión exigibles ante terceros prescriben cuando finaliza un plazo de cinco años, el legislador de la Unión tuvo la intención de conferir a los posibles deudores de la Unión una garantía según la cual, una vez pasado ese plazo, en virtud de las necesidades de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, ya no pueden ser objeto de medidas de recuperación de estos derechos, en relación con los cuales están exentos de probar que no son deudores. A este respecto, dicho artículo 73 bis tiene por objeto, en particular, limitar en el tiempo la posibilidad de recuperar los derechos de la Unión exigibles ante terceros, a fin de cumplir el principio de buena gestión financiera.

Por otro lado, dado que el artículo 73 bis del Reglamento no 1605/2002 remite la fijación de la fecha que se ha de tener en cuenta para calcular ese plazo a las modalidades de ejecución que corresponde a la Comisión Europea adoptar en virtud del artículo 183 de ese Reglamento, dicho artículo 73 bis no puede, por sí sólo, sin sus modalidades de aplicación, invocarse eficazmente para demostrar que un derecho de la Unión ha prescrito. Sobre este particular, dichas modalidades sólo pueden adoptarse de conformidad con los objetivos que fundamentan la regla así formulada en el artículo 73 bis.

(véanse los apartados 43 a 45 y 52)