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El artículo 3, apartado 1, letra b) del Reglamento no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad nacional competente se pronuncia sobre una solicitud de exención formulada conforme a dicha disposición con el fin de plantear un recurso que tenga por objeto cuestionar la legalidad de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea, dicha autoridad nacional competente no dispone de una facultad de apreciación absoluta, sino que debe ejercer sus competencias respetando los derechos previstos en el artículo 47, párrafo segundo, segunda frase de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como el carácter indispensable de la representación mediante abogado para plantear dicho recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En efecto, una inmovilización de fondos no puede tener por consecuencia privar a las personas cuyos fondos han sido inmovilizados de tener un acceso efectivo a la justicia. Sin embargo, en el ejercicio de su facultad de apreciación, la autoridad nacional competente tiene derecho a verificar que los fondos cuyo desbloqueo se solicita son destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos vinculados a la prestación de servicios jurídicos. Dicha autoridad puede igualmente fijar las condiciones que considere apropiadas con el fin de garantizar, en particular, que no se frustre el objetivo de la sanción impuesta y no se abuse de la exención.

(véanse los apartados 26 y 34 y el punto 1 del fallo)
38

Más concretamente, el Tribunal General declaró que la asignación de cuotas no garantizaba en modo alguno al recurrente que pudiera pescar toda su cuota individual, pues esta constituye un límite teórico de capturas máximas, y que, en cualquier caso, no cabe excluir que, incluso si hubiese podido pescar hasta el 30 de junio de 2008, no habría alcanzado su cuota por razones que no dependían de su voluntad.
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En estas circunstancias, es preciso considerar, en primer lugar, que, contrariamente a lo que indica el órgano jurisdiccional remitente, la utilización de una tarjeta Granton no puede constituir un «pago», a efectos de la Sexta Directiva, en la medida en que se trata, de hecho, de una rebaja de precio; en segundo lugar, que las rebajas de precio acordadas por las empresas adheridas no se incluyen en la base imponible de las operaciones eventuales efectuadas entre éstas y los titulares de una tarjeta Granton, y, en tercer lugar, que las cuestiones planteadas por el citado órgano jurisdiccional tienen por objeto determinar, en particular, si la operación de venta de tarjetas Granton a los consumidores —con independencia de otras transacciones potencialmente efectuadas por los propios consumidores respecto a las empresas adheridas— debe quedar exenta del IVA o no.
6

El Decreto Legislativo no 163, por el que se establece el Código de los contratos públicos de obras, servicios y suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (Suplemento Ordinario a la GURI no 100, de 2 de mayo de 2006), en su versión modificada por el Decreto-ley no 70, de 13 de mayo de 2011 (GURI no 110, de 13 de mayo de 2011, p. 1) convalidado mediante la Ley no 106, de 12 de julio de 2011 (GURI no 160, de 12 de julio de 2011, p. 1) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 163/2006»), regula en Italia, en su totalidad, los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos en los sectores de las obras, los servicios y los suministros.
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Mediante el auto Pelckmans Turnhout (C‑559/11, EU:C:2012:615), el Tribunal de Justicia respondió a la primera cuestión prejudicial y a la primera parte de la segunda cuestión prejudicial que la «Directiva [relativa a las prácticas comerciales desleales] [...] debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no persigue finalidades relacionadas con la protección de los consumidores». Por lo que respecta a la segunda parte de la segunda cuestión, el Tribunal de Justicia la consideró manifiestamente inadmisible porque el [rechtbank van koophandel te Antwerpen] no había explicado de manera suficiente las razones por las que la interpretación de las disposiciones del Tratado FUE solicitado le parecía necesaria para la resolución del litigio principal y no había dado explicaciones sobre la relación que establecía entre estas disposiciones y la normativa nacional aplicable a dicho litigio.
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En la medida en que la sociedad recurrente aduce en la fase de casación que la alegación basada en el error cometido en la determinación de la cuota de mercado venía a respaldar los motivos por ella invocados en primera instancia bajo los epígrafes «Error de la Comisión en la apreciación de los hechos» y «Violación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 [del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22)] y de las Directrices para el cálculo de las multas [impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3)]» así como del «principio de igualdad de trato y proporcionalidad, al determinar [el] importe [de la multa]», basta con declarar que el carácter genérico del epígrafe de un motivo invocado en el escrito de demanda no puede amparar que, en una fase posterior del procedimiento, se formulen alegaciones específicas que no presenten una relación suficientemente estrecha con las alegaciones invocadas en dicho escrito de demanda.
2

Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson Card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd y Superdrug Stores plc y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, a propósito de la aplicación de la normativa sobre consolidación fiscal en el marco de un consorcio.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
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No obstante, es preciso declarar que tal medida de protección se vería privada de una gran parte de su efecto útil si –en el supuesto de que un trabajador contratado por tiempo indefinido y en régimen de jornada completa, como la Sra. Rogiers en el asunto principal, sea despedido ilegalmente en el transcurso de un permiso parental a tiempo parcial– la indemnización global de protección que el trabajador puede obtener se determinara, no sobre la base de la remuneración correspondiente a su contrato de trabajo en régimen de jornada completa, sino sobre la base de la remuneración reducida abonada durante su permiso parental a tiempo parcial. En efecto, semejante modo de determinar el importe de esta indemnización global podría no tener un efecto disuasorio suficiente para evitar el despido de los trabajadores que se encuentren en situación de permiso parental a tiempo parcial (véase, en este sentido, la sentencia Meerts, antes citada, apartados 46 y 47).
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A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que, en el asunto principal, la Združenie HOOS solicita que se admita su intervención en el procedimiento de ejecución promovido por Pohotovost’ contra el Sr. Vašuta, en particular, porque estima que mediante su decisión de suspender el procedimiento de ejecución del laudo arbitral únicamente para una parte del crédito y autorizar la referida ejecución para el resto, el Okresný súd Svidník no concedió de oficio al consumidor una protección suficiente frente a una cláusula compromisoria abusiva y no dedujo conclusiones jurídicas de la falta de indicación de la tasa anual equivalente en el contrato de crédito al consumo. A su juicio, esta última resolución no es conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resultante, en particular, del auto Pohotovost’, antes citado.
8

El artículo 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre el acceso al territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros; en lo sucesivo, «Ley de 15 de diciembre de 1980»), dispone lo siguiente: «§ 1. El estatuto de protección subsidiaria se concederá al extranjero que no reúna los requisitos para ser refugiado y que no pueda acogerse al artículo 9 ter, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves mencionados en el apartado 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país [...] § 2. Se considerarán daños graves: [...] c) las amenazas graves contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno».
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO L 301, p. 1).
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En estas circunstancias, el Gerechtshof ’s-Hertogenbosch decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Para responder a la cuestión, planteada en el marco del artículo 110 TFUE, de si el importe del impuesto que grava en 2010 la matriculación [del automóvil de turismo de que se trata] excede (o no) del importe residual del impuesto incorporado al valor de automóviles de turismo usados similares ya matriculados en el interior del país, ¿debe considerarse similar a efectos de la determinación de dicho importe residual: — [un vehículo] comparable que haya sido matriculado en el año de la primera utilización del vehículo [de que se trate] (2006) como vehículo nuevo, o — también los (demás) [vehículos] disponibles en 2010 en el mercado de vehículos usados y que, al igual que el [vehículo de que se trata], hayan sido utilizados por vez primera a 30 de mayo de 2006 y sean comparables en los demás aspectos, pero hayan sido (importados y) matriculados después del 30 de mayo de 2006 como automóviles de turismo usados (desde el 30 de mayo de 2006 hasta 2009 incluido), y/o — también los (demás) [vehículos] disponibles en 2010 en el mercado de vehículos usados y que, a diferencia del [vehículo de que se trata], fueron utilizados por vez primera después del 30 de mayo de 2006 pero son comparables en los demás aspectos, y que fueron (importados y) matriculados después del 30 de mayo de 2006 como vehículos nuevos o usados (desde el 30 de mayo de 2006 hasta 2009 incluido)? 2) Para responder a la cuestión de si el artículo 110 TFUE se opone a la aplicación del BPM con ocasión de la matriculación del [vehículo de que se trata] en 2010 en la medida en que dicho impuesto se calcula en función de las emisiones de CO2 […] ¿debe considerarse esta parte del impuesto un nuevo impuesto que debe distinguirse del BPM vigente hasta el 1 de febrero de 2008, que se aplicaba únicamente en función del precio [neto] de catálogo, de manera que, en la medida en que el impuesto se calcula en función de las emisiones de CO2, carece de pertinencia una comparación con vehículos usados (similares) matriculados antes del 1 de enero de 2010? 3) Si se considera que no existe un nuevo impuesto en el sentido de la segunda cuestión: ¿se opone, en virtud del artículo 110 TFUE, a la percepción del BPM con ocasión de la matriculación [del vehículo de que se trata] en 2010, en la medida en que dicho impuesto se calcula en función de las emisiones de CO2 […], el hecho de que [vehículos] comparables al [vehículo de que se trata], que fueron utilizados por vez primera antes del 1 de febrero de 2008 y que fueron importados y registrados como vehículos usados en el período comprendido entre el 1 de febrero 2008 y el 31 de diciembre de 2009, no fueran gravados con el impuesto en función de las emisiones de CO2 […], mientras que sí fueron gravados con el impuesto calculado en función de las emisiones de CO2 con ocasión de la matriculación en el período citado de [vehículos] que fueron utilizados por vez primera después del 1 de febrero de 2008 pero que son comparables en los demás aspectos al [vehículo de que se trata]?»
1

En su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO 2003, L 1, p. 65), o, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichos artículos, puestos en relación con el artículo 29 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153, p. 13).
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En esas circunstancias, habiendo acumulado los diferentes litigios promovidos por los demandantes en el contencioso principal ante él, el tribunal de première instance de Liège decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Se opone el artículo 39 [CE] a la normativa fiscal belga, en particular al artículo 155 del [CIR de 1992] y al [artículo 134, apartado 1, párrafo segundo, del CIR de 1992], al margen de que se aplique o no la [circular de 2008], que tiene como consecuencia que los rendimientos profesionales alemanes del demandante, exentos conforme al artículo [14] del [Convenio de 1967], se incluyan en el cálculo de la cuota del impuesto belga, sirvan de base para la concesión de las ventajas fiscales previstas en el [CIR de 1992] y que las ventajas atribuidas, como la de la fracción exenta de impuesto por la situación familiar del demandante, se reduzcan o reconozcan en menor medida que si ambos demandantes hubieran obtenido rendimientos de origen belga y si la demandante, y no el demandante, hubiera obtenido rendimientos más elevados, cuando en Alemania el demandante tributa en régimen individual por sus rendimientos profesionales y no puede obtener todos los beneficios fiscales derivados de su situación personal y familiar, que las autoridades tributarias alemanas sólo tienen en cuenta en parte?»
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Las peticiones de decisión prejudicial se refieren a la interpretación del concepto de «residuo», en el sentido del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2557/2001 de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001 (DO L 349, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 259/93»), y del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190, p. 1).
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que anule la Decisión 2011/866/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, relativa a la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 341, p. 54; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), por estimar que dicha Decisión vulnera, en particular, el artículo 65 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, adoptado mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) no 1080/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 (DO L 311, p. 1), con la redacción resultante de la corrección de errores publicada el 5 de junio de 2012 (DO L 144, p. 48) (en lo sucesivo, «Estatuto»), así como los artículos 1, 3 y 10 del anexo XI del Estatuto.
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Kala Naft sostiene que el Consejo no era competente para adoptar los actos impugnados. Alega que tales actos tienen por fundamento jurídico la declaración del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, pero que ésta se limita a prever la aplicación, por el Consejo, de la Resolución 1929 (2010) del Consejo de Seguridad y la adopción de medidas de acompañamiento, pero no prevé la adopción de medidas de congelación de fondos autónomas. Además, la Resolución 1929 (2010) no contiene medidas relativas a la industria del petróleo y del gas iraní o a Kala Naft. De ello ésta deduce que el Consejo no es competente para adoptar medidas restrictivas contra ella sobre la base de la declaración del Consejo Europeo 17 de junio de 2010.
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En este contexto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Puede un órgano jurisdiccional nacional interpretar y aplicar, en virtud de una normativa nacional que, para situaciones puramente internas, remite al Derecho europeo, las normas y principios de dicho Derecho, apartándose o aplicándolos erróneamente con respecto a la interpretación que de ellos hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia? 2) De conformidad con el artículo 3 de la [Ley no 241/1990] y el artículo 3 de la [Ley regional de Sicilia no 10/1991], en relación con el artículo 1 de la [Ley no 241/90], que obliga a la Administración italiana a aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, en congruencia con la obligación de motivación de los actos de la Administración Pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la [Carta], ¿es compatible con el Derecho de la Unión Europea la interpretación y la aplicación de las citadas normas nacionales, según las cuales los actos singulares, es decir, que atañen a derechos subjetivos, y en cualquier caso reglados, en materia de pensiones, pueden sustraerse a la obligación de motivación? ¿Constituye tal caso un vicio sustancial de forma de la resolución administrativa? 3) El artículo 21 octies, apartado 2, párrafo primero, de la [Ley no 241/1990], tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia contencioso-administrativa, en relación con la obligación de motivación de los actos administrativos consagrada en el artículo 3 de la citada [Ley no 241/1990] y de la [Ley regional de Sicilia no 10/1991], concordante con la obligación de motivación de los actos de la Administración Pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la [Carta], ¿es compatible con el artículo 1 de la [Ley no 241/1990], en el que se establece la obligación de la Administración de aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, son compatibles y admisibles la interpretación y la aplicación de la posibilidad de que la Administración complete la motivación de la resolución administrativa en sede judicial?»
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El artículo 49 del Decreto Legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo no 163 – Código de los contratos públicos relativos a obras, servicios y suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE; suplemento ordinario de la GURI no 100, de 2 de mayo de 2006), de 12 de abril de 2006, en su versión modificada por el Decreto Legislativo no 152 de 11 de septiembre de 2008 (suplemento ordinario de la GURI no 231, de 2 de octubre de 2008; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 163/2006»), dispone: «1. El licitador, actuando por sí solo, en consorcio o en una agrupación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, en relación con un procedimiento de licitación concreto de obras, suministros o servicios, podrá cumplir las condiciones económicas, financieras, técnicas y de organización, es decir, obtener la certificación [...] SOA, basándose en las capacidades de otra entidad o en la certificación SOA de otra entidad. [...] 6. Para las obras, el licitador sólo podrá basarse en las capacidades de una única empresa auxiliar para cada una de las categorías de cualificación. El anuncio de licitación podrá autorizar que se base en la capacidad de más de una empresa auxiliar en función del importe del contrato o de la peculiaridad de las prestaciones [...]».
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El Reino de España alega que la transposición en Derecho interno de las obligaciones que se desprenden de las mencionadas disposiciones de la Directiva 2000/60 para las cuencas hidrográficas intracomunitarias situadas fuera de Cataluña está garantizada por la cláusula de supletoriedad que figura en el artículo 149, apartado 3, in fine, de la Constitución. En su opinión, de dicha cláusula de supletoriedad se deriva, en particular, que, cuando la Comunidad Autónoma, dotada de competencia legislativa en un ámbito determinado, no hace uso de esta competencia o sólo la ejerce parcialmente, las normas estatales siguen estando vigentes, total o parcialmente, en los aspectos no regulados por la Comunidad Autónoma. El Reino de España afirma asimismo, invocando la Orden de 2008, que la plena aplicación de las normas estatales está garantizada en el presente asunto por lo que se refiere a las cuencas hidrográficas intracomunitarias. Por otra parte, el Reino de España reprocha a la Comisión haber querido imponer la forma en que debía llevarse a cabo la transposición en dicho Estado miembro, infringiendo de esa forma los artículos 4 TUE, apartado 2, y 288 TFUE, párrafo tercero.
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Mediante sentencia de 21 de enero de 2009, la cour d’appel de Toulouse declaró que el tribunal de grande instance de Toulouse no era competente para conocer del asunto, al estimar que el lugar del domicilio de la demandada está en Austria y el lugar donde se ha producido el daño no puede situarse en Francia, y añadió que no era necesario examinar las responsabilidades respectivas de Mediatech y de las sociedades Crusoe o Elegy dado que no se había alegado complicidad de éstas con Mediatech.