Asuntos acumulados C‑29/13 y C‑30/13

Global Trans Lodzhistik OOD

contra

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Administrativen sad Sofia‑grad)

«Procedimiento prejudicial — Código aduanero comunitario — Artículos 243 y 245 — Reglamento (CEE) no 2454/93 — Artículo 181 bis — Decisión recurrible — Admisibilidad de un recurso jurisdiccional sin recurso administrativo previo — Principio de respeto del derecho de defensa»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de marzo de 2014

[Reglamento (CE) no 2913/92 del Consejo, art. 245; Reglamento (CE) no 2454/93 de la Comisión, art. 181 bis, ap. 2]

[Reglamento (CE) no 2913/92 del Consejo, art. 243; Reglamento (CE) no 2454/93 de la Comisión, art. 181 bis, ap. 2]

Por un lado, una decisión que tiene por objeto una rectificación, sobre la base del artículo 30, apartado 2, letra b), del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 82/97, del valor en aduana de mercancías con la consecuencia de que la notificación al declarante de una liquidación complementaria por el impuesto sobre el valor añadido constituye un acto recurrible en el sentido del artículo 243 del Código aduanero. Por otro lado, habida cuenta de los principios generales relativos al respeto de los derechos de defensa y de fuerza de cosa juzgada, el artículo 245 del Código aduanero no se opone a una normativa nacional que establece dos vías de recurso distintas para recurrir las decisiones de las autoridades aduaneras, puesto que dicha normativa no es contraria al principio de equivalencia ni al principio de efectividad. Por lo que respecta a la cuestión de si una decisión constituye un acto recurrible, se desprende de una lectura conjunta de los artículos 243, apartado 1, y 4, número 5, de dicho Código que toda persona que estime que una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la normativa aduanera lesiona sus derechos tiene derecho a recurrir contra la misma, siempre y cuando ésta le afecte directa e individualmente. Además, se desprende del artículo 6, apartado 3, del Código aduanero que las decisiones relativas a la aplicación de la normativa aduanera que tengan consecuencias desfavorables para las personas a las que vayan dirigidas deberán hacer mención del derecho de recurso previsto en el referido artículo 243. Por lo que respecta a una normativa nacional que establece dos vías de recurso distintas para recurrir las decisiones de las autoridades aduaneras, ha de recordarse que, a tenor del artículo 245 del Código aduanero, las disposiciones relativas a la implantación del procedimiento de recurso serán adoptadas por los Estados miembros. Además, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, siempre que, por una parte, dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni, por otra parte, haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). (véanse los apartados 27, 30, 32, 33 y 40 y el punto 1 del fallo)

El artículo 243 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 82/97, no supedita la admisibilidad de un recurso jurisdiccional contra las decisiones adoptadas sobre la base del artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 3254/94, a la condición de que se hayan agotado previamente los recursos en vía administrativa contra esas decisiones. A tenor del artículo 243, apartado 2, del Código aduanero, el derecho de recurso podrá ejercerse en una primera fase, ante la autoridad aduanera y, en una segunda fase, ante una autoridad independiente que podrá ser una autoridad judicial. Del tenor de esta disposición no se desprende que el recurso ante las autoridades aduaneras constituya una fase obligatoria anterior a la presentación de un recurso ante la autoridad independiente. El artículo 243 de dicho Código debe interpretarse en el sentido de que corresponde al Derecho nacional determinar si los operadores deben, en un primer momento, presentar un recurso ante la autoridad aduanera o si pueden dirigirse directamente a la autoridad judicial independiente. (véanse los apartados 42 a 45 y el punto 2 del fallo)

El artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 3254/94, debe interpretarse en el sentido de que una decisión adoptada en virtud de dicho artículo debe considerarse definitiva y susceptible de ser objeto de un recurso directo ante una autoridad judicial independiente, incluso en el supuesto de que haya sido adoptada vulnerando el derecho del interesado a ser oído y a formular objeciones. El referido artículo establece que en caso de que las dudas de las autoridades aduaneras sobre la determinación del valor en aduana de las mercancías persistan, deberán, antes de tomar una decisión definitiva, informar a la persona interesada sobre los motivos en que se basan dichas dudas, ofreciéndosele una ocasión razonable para responder. La decisión definitiva, así como sus motivos, se comunicarán por escrito a la persona interesada. Es cierto que si bien dicho artículo establece la obligación de que las autoridades aduaneras informen a la persona interesada sobre los motivos en los que basan dichas dudas antes de adoptar una decisión definitiva, y de que le den una oportunidad razonable de responder, el incumplimiento de dicha obligación por parte de las autoridades aduaneras no puede incidir sobre el carácter definitivo de la decisión, ni sobre la calificación del acto adoptado en virtud del artículo 181 bis, apartado 2 como decisión. En efecto, dicho acto adoptado por las autoridades aduaneras produce, en cualquier caso, efectos jurídicos para el destinatario, en la medida en que determina un nuevo valor en aduana de las mercancías, por lo que constituye una decisión en el sentido del artículo 4, apartado 5, del Reglamento no 2913/92. En cambio, la vulneración del derecho de la persona interesada a ser oída hace que la referida decisión adolezca de una ilegalidad susceptible de ser objeto de un recurso directo ante una autoridad judicial independiente. (véanse los apartados 47 a 50 y el punto 3 del fallo)