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La Decisión no 22/55, adoptada en el marco de un régimen especial previsto por el artículo 26 del Convenio para el caso de Bélgica, durante el período transitorio y aplicable siguiendo modalidades concretas, por detalladas y variadas que sean, a la totalidad de las empresas y a todas las transacciones que entran en el régimen contemplado, tiene el carácter de una Decisión general. El hecho de que la demandante agrupe en una sola asociación todas las empresas contempladas por la Decisión impugnada no perjudica, en el caso de autos, el carácter general de la misma. La limitación territorial del ámbito de aplicación de la Decisión impugnada no implica ninguna especificación individual; las consecuencias concretas de una Decisión general no perjudican el carácter general de la misma. El carácter general o individual de una Decisión debe deducirse según criterios objetivos; no depende de su forma, sino de su alcance.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 409/44

Auto del Presidente del Tribunal General de 18 de septiembre de 2014 — Frucona Košice/Comisión

(Asunto T-103/14 R II)

((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Ayudas de Estado - Bebidas alcohólicas y espirituosas - Condonación de una deuda tributaria en el marco de un procedimiento de insolvencia colectivo - Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación - Demanda de suspensión de ejecución - Nueva demanda - Inexistencia de hechos nuevos - Inexistencia de fumus boni iuris - Inexistencia de urgencia»))

2014/C 409/63

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Frucona Košice a.s. (Košice, Eslovaquia) (representantes: K. Lasok, QC, B. Hartnett y J. Holmes, Barristers, y O. Geiss, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Armati, P.-J. Loewenthal y K. Walkerová, agentes)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2014/342/UE de la Comisión, de 16 de octubre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) concedida por la República Eslovaca a Frucona Košice, a.s. (DO 2014, L 176, p. 38), en la medida en que ordena a la República Eslovaca proceder a la recuperación de la ayuda.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 158/24

Auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de 25 de abril de 2008 — Bennett y otros/OAMI

(Asunto F-19/08 R)

(Función pública - Procedimiento sobre medidas provisionales - Demanda de suspensión de la ejecución de un acto - Convocatoria de oposición - Urgencia - Inexistencia)

(2008/C 158/43)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Kelly-Marie Bennett (Alicante) y otros (representante: G. Vandersanden, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: I. de Medrano Caballero y E. Maurage, agentes)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de las convocatorias de oposición OHIM/AD/02/07 y OHIM/AST/02/07 a la espera de que se resuelva sobre el fondo, lo cual ha de tener como consecuencia que no se obligue a los demandantes a participar en dichas pruebas y que, por tanto, sus contratos no puedan ser objeto de resolución si ellos no quedan incluidos en las listas de reserva.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
—

Que, en virtud del artículo 270 TFUE, se anule la Decisión contenida en la Comunicación al Personal («CP») 13/14 (Decisión no 2/2014) de 9 de enero de 2014, que modificó el régimen aplicable a la licencia por viaje como consecuencia de la aplicación, a partir del 1 de enero de 2014, de la disposición contenida en el artículo 7 del anexo V del Estatuto y de la Comunicación del Personal («CP») 9/14 (Decisión no 12/2014), que modificó el régimen de los gastos de viaje como consecuencia de la aplicación, a partir del 1 de enero de 2014, de la disposición contenida en el artículo 8 del anexo VII del Estatuto, modificadas por el Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial no L 287 de 29 de octubre de 2013. La pretensión de anulación se limita a la parte de estas Comunicaciones al Personal que vincula el derecho a los gastos de viaje y a la licencia por viaje a la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen y al artículo 6 de la CP 9/14 que introduce nuevos criterios para la determinación del lugar de origen.
—

Que se anulen las promociones decididas el 29 de abril de 2008 dado que, a la luz de la valoración formulada por sus superiores, el BEI no lo incluyó en el apartado «Promotions from Function E to D».
—

Con carácter subsidiario, y en caso de que no se estime la petición de reincorporación formulada anteriormente, que se condene a la parte demandada a reparar el perjuicio material sufrido por el demandante, valorado provisionalmente ex aequo et bono en la diferencia entre la retribución percibida como agente temporal en la OLAF y la percibida en el puesto que ocupa actualmente (esto es, unos 3 000 euros al mes), al menos durante un período similar al de su contrato inicial (4 años), y más allá en el supuesto de que dicho contrato hubiera sido renovado por tercera vez, lo que le da derecho a un contrato de duración indeterminada.
—

Que se anulen todos los actos conexos, consiguientes y preparatorios, entre los cuales las directrices de la dirección HR para sintetizar el juicio con una de las primeras letras del alfabeto y los límites cuantitativos impuestos en la atribución de una valoración A o B+, y las promociones decididas el 18 de marzo de 2009, visto que, a la luz del juicio emitido por los superiores del demandante, el BEI no lo tomó en consideración en el apartado «Promotions from Function E to D».
62

A este respecto, el Tribunal observa que la posibilidad de que un candidato aprobado solicite que no se publique su nombre, posibilidad mencionada en una nota a pie de página de las listas de reserva de la oposición publicadas en el Diario Oficial, no es otra que la posibilidad recogida en el punto 5.4 de la Guía, la cual es parte integrante de la convocatoria de oposición. Procede entender, por tanto, que el demandante impugna la legalidad del punto 5.4 de la Guía. El Tribunal observa igualmente que el demandante no impugnó esta disposición dentro de plazo. Ahora bien, pese a ser cierto que, al recurrir contra la decisión de no incluirlo en la lista de reserva, un candidato en una oposición tiene derecho a invocar las irregularidades producidas en el desarrollo de la oposición, incluidas aquellas cuyo origen pueda hallarse en el propio texto de la convocatoria de oposición, lo que incluye, como en el presente asunto, la Guía (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2013, Taghani/Comisión,F‑93/11, EU:F:2013:40, apartado 38), no es menos cierto que, cuando no exista un estrecho vínculo entre la propia motivación de la decisión impugnada ante el Tribunal y la alegación basada en la ilegalidad de la convocatoria de oposición —eventualmente, como en el presente asunto, de la Guía que forma parte de ella, no impugnada dentro de plazo— procede declarar la inadmisibilidad de esa alegación (sentencia de 23 de enero de 2013, Katrakasas/Comisión,F‑24/11, EU:F:2013:4, apartado 71). En el presente asunto, consta que el tribunal de la oposición adoptó la decisión impugnada porque la nota total ponderada en competencias generales y en competencias específicas del demandante no permitía clasificarlo entre los 11 mejores candidatos (véase el apartado 54 del presente auto). Como no existe un estrecho vínculo entre la motivación de la decisión impugnada y la pretendida ilegalidad del punto 5.4 de la Guía, procede declarar la inadmisibilidad de la alegación de tal ilegalidad.
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera)

de 16 de diciembre de 2013

CL

contra

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

«Función pública — Agente temporal — Licencia por enfermedad — Reincorporación — Deber de asistencia y protección — Acoso psicológico»

Objeto:

Recurso interpuesto en virtud del artículo 270 TFUE mediante el cual CL solicita, en esencia, la anulación de la carta de 21 de febrero de 2012 relativa a su readmisión tras una licencia por enfermedad de larga duración, la anulación de la decisión de 20 de septiembre de 2012 desestimatoria de su reclamación de 21 de mayo de 2012 contra dicha carta y que se condene a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) a pagarle el equivalente al sueldo de un año en concepto de reparación del perjuicio sufrido.

Resultado:

Se desestima el recurso. CL cargará con sus propias costas y con las de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Sumario

Funcionarios — Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración — Alcance — Obligación reforzada en caso de que se vea afectada la salud mental del funcionario

(Estatuto de los Funcionarios, art. 24)

El concepto del deber de asistencia y protección de la administración refleja el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocas creado por el Estatuto en las relaciones entre la administración y el personal del servicio público. Dicho equilibrio implica, en particular, que, cuando dicha administración se pronuncia sobre la situación de un funcionario, está obligada a tomar en consideración todos los datos que puedan determinar su decisión y que, al hacerlo así, debe tener en cuenta no sólo el interés del servicio sino también el interés del funcionario de que se trate.

El deber de asistencia y protección impone a la administración, cuando existen dudas acerca del origen médico de las dificultades encontradas por un funcionario para ejercer las tareas que le incumben, realizar todas las diligencias para despejar dicha duda. Además, las obligaciones que el deber de asistencia y protección impone a la administración se refuerzan sustancialmente cuando se trata de la situación particular de un funcionario respecto del que existen dudas en cuanto a su salud mental y, en consecuencia, en cuanto a su capacidad de defender, de modo adecuado, sus propios intereses. Por tanto, en este contexto particular, incumbe a la administración insistir ante el funcionario para que acepte someterse a un examen médico adicional, en particular ejerciendo la facultad que el artículo 59, apartado 1, párrafo tercero, reconoce a la institución de hacer que el médico‑asesor examine al funcionario.

(véanse los apartados 45 y 46)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión, 33/79 y 75/79, apartado 22; 29 de junio de 1994, Klinke/Tribunal de Justicia, C‑298/93 P, apartado 38

Tribunal de la Función Pública: 13 de diciembre de 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Comisión, F‑17/05, apartado 72; 28 de octubre de 2010, U/Parlamento, F‑92/09, apartados 65 y 85
Así pues, del compromiso expresado en una propuesta de bonificación de anualidades no se deriva ni una nueva obligación que recaiga en la institución en cuestión ni, por consiguiente, una modificación de la situación jurídica del interesado, en especial porque, incluso cuando el interesado da su consentimiento a la transferencia al régimen de pensiones de la Unión de los derechos a pensión adquiridos por él en otro régimen, la institución que formula la proposición no tiene la obligación correlativa, una vez efectuada la transferencia del importe del capital anunciado por el régimen de pensiones nacional, de reconocer automáticamente al interesado el número de anualidades indicadas en su propuesta inicial, a la vista de la cual el funcionario confirmó su voluntad de transferir dicho capital al régimen de pensiones de la Unión.

A este respecto, en la fase en que se formula la propuesta de bonificación de derechos a pensión, la institución de que se trate se compromete simplemente a aplicar correctamente a la situación del interesado el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y las disposiciones generales de aplicación. Esta obligación de la institución se deriva directamente de las disposiciones estatutarias de que se trata, incluso cuando no exista un compromiso expreso por parte de la institución.

En el procedimiento de transferencia de los derechos a pensión regulado en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, es la decisión que adopte, según los casos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad facultada para proceder a la contratación, una vez realizada la transferencia del capital que representa los derechos a pensión adquiridos por el interesado antes de su entrada en funciones al servicio de la Unión, lo que constituye el acto lesivo que puede ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto. En cambio, una propuesta de bonificación de derechos a pensión, aunque haya sido aceptada por el interesado, no es un acto que pueda ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

Con arreglo al principio de economía procesal, el juez de la Unión puede decidir que no procede pronunciarse específicamente sobre las pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación cuando constate que dichas pretensiones están desprovistas de contenido autónomo y, en realidad, se confunden con las dirigidas contra el acto impugnado en la reclamación. Éste puede ser el caso, en particular, cuando constate que la decisión desestimatoria de la reclamación se limita a confirmar el acto impugnado en la reclamación y que, además, tal acto no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90 del Estatuto.

(véase el apartado 39)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 33

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 19 de noviembre de 2014, EH/Comisión, F‑42/14, EU:F:2014:250, apartado 85
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Retribución — Complementos familiares — Asignación por escolaridad — Requisitos de aplicación de la regla de no acumulación establecida en el artículo 67, apartado 2, del Estatuto en caso de complementos del mismo tipo percibidos de otras fuentes — Aplicación a la prestación económica luxemburguesa destinada a los estudiantes — Procedencia

[Estatuto de los Funcionarios, art. 67, aps. 1, letra c), y 2]

Únicamente son complementos «del mismo tipo», a efectos de la regla de no acumulación prevista en el artículo 67, apartado 2, del Estatuto, en materia de complementos familiares, las prestaciones que sean comparables y persigan el mismo objetivo. El criterio determinante en la calificación de complementos del mismo tipo es el objetivo de las prestaciones de que se trate.

A este respecto, la asignación por escolaridad contemplada en el artículo 67, apartado 1, letra c), del Estatuto y la prestación económica luxemburguesa concedida en forma de becas y préstamos, cuya finalidad es proporcionar a los estudiantes una ayuda financiera que les permita subvenir a los gastos de sus estudios así como a su sustento mientras duren éstos, tienen objetivos similares en el sentido de que pretenden contribuir a los gastos de escolaridad del hijo a cargo del funcionario.

No invalida esta conclusión el hecho de que los beneficiarios de ambas prestaciones no coincidan. En efecto, el hecho de que la asignación estatutaria se atribuya a un funcionario mientras que la prestación nacional se perciba por el hijo o formalmente se atribuya a este último no es determinante para apreciar si tales prestaciones son del mismo tipo en el sentido del artículo 67, apartado 2, del Estatuto.

(véanse los apartados 42 y 43)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 13 de octubre de 1977, Gelders-Deboeck/Comisión, 106/76, apartado 16; 13 de octubre de 1977, Emer-van den Branden/Comisión, 14/77, apartado 15; 18 de diciembre de 2007, Weiβenfels/Parlamento, C‑135/06 P, apartado 89

Tribunal de Primera Instancia: 10 de mayo de 1990, Sens/Comisión, T‑117/89, apartado 14; 11 de junio de 1996, Pavan/Parlamento, T‑147/95, apartado 41

Tribunal de la Función Pública: 13 de febrero de 2007, Guarneri/Comisión, F‑62/06, apartados 39 y 42; 5 de junio de 2012, Giannakouris/Comisión, F‑83/10, apartado 37; 5 de junio de 2012, Chatzidoukakis/Comisión, F‑84/10, apartado 37
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 29 de octubre de 2009

Asunto F‑94/08

Luigi Marcuccio

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Ejecución de una sentencia — Reembolso de las costas — Intención de la administración de efectuar una retención sobre la asignación por invalidez del funcionario — Inexistencia de acto lesivo — Recurso de indemnización — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso interpuesto al amparo de los artículos 236 CE y 152 EA, en el que el Sr. Marcuccio solicita que se anule la nota de 28 de marzo de 2008 en la que la Comisión le informaba de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez, a fin de obtener el pago de las costas en que dicha institución había incurrido en un procedimiento anterior.

Resultado: Se declara el recurso manifiestamente inadmisible. Se condena en costas al demandante.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Nota en que la administración informa al interesado de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Una nota en que la administración informa al interesado de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez, en el supuesto de que aquél no presente ante el juez comunitario una solicitud de tasación de las costas a las que fue condenado en un asunto anterior, no constituye una toma de posición definitiva de la administración y no cabe considerar que haya afectado directa e inmediatamente a los intereses de aquél, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

(véanse los apartados 21 y 24)
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 15 de julio de 2008

Asunto F‑28/08

Michel Pouzol

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Pensiones — Transferencia de los derechos a pensión adquiridos antes de la incorporación al servicio de las Comunidades — Decisiones confirmatorias — Inadmisibilidad»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA mediante el cual el Sr. Pouzol solicita, en particular, por una parte, la anulación de la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas el 29 de noviembre de 2007, que desestima su reclamación dirigida contra las decisiones de 10 de mayo de 2007 por las que se establecen las bonificaciones de anualidades de pensión comunitaria que resultan de la transferencia de los derechos a pensión devengados por él en Francia de conformidad con los regímenes complementarios de jubilación y, por otra parte, el reconocimiento, en relación con dicha transferencia, de una bonificación de anualidades de pensión complementaria de diez años, tres meses y veinticuatro días.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad del recurso. Se condena en costas al demandante.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Acto meramente confirmatorio — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 1)

No procede admitir el recurso de anulación interpuesto contra una decisión en virtud de la cual únicamente se confirma una decisión anterior no impugnada dentro de plazo. Procederá considerar que se da una mera confirmación de una decisión anterior si el acto impugnado no introduce ningún elemento nuevo en relación con la decisión anterior y no ha sido precedido de una reconsideración real y profunda de la situación del destinatario de dicha decisión anterior o se basa en elementos nuevos. La rectificación de un error material, sin incidencia en el propio contenido del acto, no puede caracterizar, en sí mismo, la adopción de una nueva decisión.

(véanse los apartados 45, 47 y 60)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión (54/77, Rec. p. 585), apartados 11 a 14; 10 de diciembre de 1980, Grasselli/Comisión (23/80, Rec. p. 3709), apartado 18; 11 de marzo de 1986, Adams y otros/Comisión (294/84, Rec. p. 977), apartados 14 a 16; 2 de junio de 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs (C‑30/93, Rec. p. I‑2305), apartado 24

Tribunal de Primera Instancia: 14 de octubre de 1999, CAS Succhi di Frutta/Comisión (T‑191/96 y T‑106/97, Rec. p. II‑3181), apartado 60; 26 de octubre de 2000, Ripa di Meana y otros/Parlamento (T‑83/99 a T‑85/99, Rec. p. II‑3493), apartados 33 y 34

Tribunal de la Función Pública: 19 de diciembre de 2006, Suhadolnik/Tribunal de Justicia (F‑78/06, RecFP pp. I‑A-1-191 y II‑A-1-795), apartados 31 y 32
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 20 de enero de 2009

Asunto F‑77/07 DEP

Kay Labate

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Procedimiento — Tasación de costas»

Objeto: Escritos mediante los cuales la Sra. Labate reclamó primero a la Comisión el reembolso de los gastos y honorarios correspondientes al asunto F‑77/07 (auto de 1 de febrero de 2008, Labate/Comisión, RecFP pp. I‑A‑0000 y II‑0000), por importe global de 72.361,03 euros, previa reducción voluntaria de su importe inicial en un 30 %; propuso más tarde reducir a 45.000 euros el referido importe, y, por último, presentó una solicitud de tasación de costas.

Resultado: Se fija en 21.568,90 euros las costas recuperables por la Sra. Labate en el asunto F‑77/07.

Sumario

Procedimiento — Costas — Tasación — Circunstancias que deben considerarse

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 122]

El juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados, sino para determinar la cantidad por la que se pueden reclamar tales retribuciones a la parte condenada en costas. Al pronunciarse sobre la solicitud de tasación de costas, dicho juez no está obligado a tener en cuenta baremos nacionales que fijen los honorarios de los abogados ni un posible acuerdo sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o letrados.

Al no existir disposiciones comunitarias en materia de baremos de honorarios, el juez comunitario debe apreciar libremente los datos del caso, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como las dificultades del asunto, el volumen de trabajo que el proceso contencioso haya podido causar a los agentes o letrados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio haya representado para las partes. En lo que atañe al volumen de trabajo, incumbe al juez comunitario tener en cuenta el número total de horas de trabajo que puedan resultar objetivamente indispensables para llevar adecuadamente el mencionado proceso.

(véanse los apartados 24, 25 y 28)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 30 de octubre de 1998, Kaysersberg/Comisión (T‑290/04 DEP, Rec. p. II‑4105), apartado 20; 9 de septiembre de 2002, Pannella/Parlamento (T‑182/00 DEP, no publicada en la Recopilación), apartado 29; 20 de noviembre de 2002, Spruyt/Comisión (T‑171/00 DEP, RecFP pp. I‑A‑225 y II‑1127), apartados 25, 26 y 29; 8 de julio de 2004, De Nicola/BEI (T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP y T‑109/99 DEP, RecFP pp. I‑A‑219 y II‑973), apartado 32