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1. Agricultura – Legislaciones uniformes – Protección de las obtenciones vegetales – Artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1768/95 – Concepto de organización de titulares – Sociedad de responsabilidad limitada – Inclusión

[Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, art. 14; Reglamento (CE) nº 1768/95 de la Comisión, art. 3, ap. 2]

2. Agricultura – Legislaciones uniformes – Protección de las obtenciones vegetales – Artículos 14, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2100/94 y 8 del Reglamento (CE) nº 1768/95 – Imposibilidad de que el titular solicite a un agricultor la información prevista en las disposiciones de que se trata cuando no dispone de indicios de la utilización por parte de este último, con fines de propagación, de una cosecha obtenida mediante semillas de una variedad protegida

[Reglamento del Consejo (CE) nº 2100/94, art. 14, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) nº 1768/95 de la Comisión, art. 8]

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1. El artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 1768/95, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, consiste en permitir que los titulares de la protección comunitaria se organicen adecuadamente para ejercer sus derechos derivados del artículo 14 del Reglamento nº 2100/94, dejando a estos la libertad de elegir la forma jurídica de esa organización, la cual, por lo tanto, puede revestir la forma de una sociedad de responsabilidad limitada.

Tal organización puede invocar los derechos de los titulares que sean miembros de otra organización, siempre que ésta, a su vez, sea miembro de la primera organización. En cambio, no puede invocar los derechos de los titulares que, sin ser miembros de ésta ni de otra organización que lo sea, le hayan confiado, mediando contraprestación, la defensa de sus intereses.

(véanse los apartados 51, 58 y punto 1 del fallo)

2. Las disposiciones de los artículos 14, apartado 3, sexto guión, del Reglamento nº 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, y 8 del Reglamento nº 1768/95, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 2100/94, no pueden ser interpretadas en el sentido de que facultan al titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal para solicitar a un agricultor la información establecida en dichas disposiciones cuando no dispone de indicios de que el agricultor ha utilizado o utilizará, en su propia explotación, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que haya obtenido de haber plantado en su propia explotación material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, está acogida a dicha protección y pertenece a una de las especies de plantas agrícolas enumeradas en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94.

(véase el apartado 62 y punto 2 del fallo)
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1. Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Marca de renombre - Facultad de establecer una protección ampliada a productos o servicios que no son similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) - Obligación, de los Estados miembros que ejercen esta facultad, de establecer dicha protección también en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

2. Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Marca de renombre - Protección ampliada a productos o servicios que no son similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) - Grado de similitud exigido entre la marca de renombre y el signo posterior

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

3. Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Marca de renombre - Protección ampliada a productos o servicios que no son similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) - Signo posterior percibido por el público pertinente como elemento decorativo - Relevancia

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

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$$1. Al ejercitar la opción que ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, que consiste en establecer una protección específica para las marcas de renombre, todo Estado miembro está obligado a conceder dicha protección en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares.

( véanse el apartado 22 y el punto 1 del fallo )

2. La protección específica que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, a las marcas de renombre no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo posterior y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

( véanse el apartado 31 y el punto 2 del fallo )

3. La circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, a las marcas de renombre, cuando el grado de similitud entre la marca de renombre y el signo posterior es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional, dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

( véanse el apartado 41 y el punto 3 del fallo )
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Unión aduanera - Territorio aduanero comunitario - Gibraltar - Exclusión - Consecuencia - Inaplicabilidad de las normas del Tratado y del Derecho derivado relativas a la libre circulación de mercancías - Menoscabo de la coherencia de otras políticas comunitarias - Irrelevancia

(Arts. 94 CE y 95 CE; Acta de Adhesión de 1972)

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$$La exclusión de Gibraltar del territorio aduanero comunitario, en virtud del Acta de Adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, supone que no le son aplicables ni las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías ni las del Derecho comunitario derivado que se dirigen, por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, a garantizar una aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, de conformidad con los artículos 94 CE y 95 CE. Esta interpretación no queda invalidada por el régimen aplicable a Ceuta y Melilla, el cual incluye una disposición que establece expresamente que los productos originarios de dichos territorios están exentos de los derechos de aduana en el momento de su puesta en libre práctica en el territorio aduanero de la Comunidad. Por el contrario, dicho régimen confirma la fundamentación de la citada interpretación, según la cual la exclusión del territorio aduanero comunitario conlleva la inaplicabilidad de las disposiciones del Tratado y del Derecho derivado relativas a los intercambios de mercancías, salvo disposiciones expresas en sentido contrario.

Ciertamente, la no aplicación a Gibraltar de las directivas adoptadas en virtud de los artículos 94 CE o 95 CE, puede poner en peligro la coherencia de otras políticas comunitarias, como la protección del medio ambiente, cuando las mencionadas directivas persiguen con carácter accesorio los objetivos de dichas políticas. No obstante, esta circunstancia no puede conducir a extender el ámbito de aplicación territorial de dichas directivas más allá de los límites impuestos por el Tratado y por el Acta de Adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

( véanse los apartados 59, 60 y 63 )
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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Agentes comerciales independientes - Directiva 86/653/CEE - Normativa nacional que supedita la inscripción de un agente comercial en el Registro de empresas a su inscripción en determinado registro - Procedencia - Requisitos

(Directiva 86/653/CEE del Consejo)

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$$La Directiva 86/653, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una norma de Derecho nacional supedite la inscripción del agente comercial en el Registro de empresas a su inscripción en un Registro previsto para tal fin, siempre que la no inscripción no afecte a la validez de un contrato de agencia celebrado por dicho agente con su comitente o que las consecuencias de la falta de inscripción no menoscaben de otro modo la protección que la Directiva concede a los agentes comerciales en sus relaciones con sus comitentes.

( véanse el apartados 20 y el fallo )
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1. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Permiso de conducción - Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento recíproco de permisos de conducción

(Directiva 91/439/CEE del Consejo, art. 1, ap. 2)

2. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Permiso de conducción - Directiva 91/439/CEE - Facultad del Estado miembro que no haya expedido el permiso de aplicar algunas de sus disposiciones nacionales - Límites

(Directiva 91/439/CEE del Consejo, art. 1, ap. 3)

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1. El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439, relativa al permiso de conducción, enuncia el principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción expedidos por otros Estados miembros. Este reconocimiento, que debe realizarse sin ninguna formalidad, es una obligación clara e incondicional, sin que los Estados miembros dispongan de ningún margen de apreciación en lo relativo a las medidas que deben adoptar para dar cumplimiento a la misma. Dado que el registro de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro se ha convertido en una obligación, por el hecho de que el titular de dicho permiso puede ser sancionado si, tras haberse establecido en el Estado miembro de acogida, conduce un vehículo sin haber registrado su permiso, el mencionado registro debe considerarse una formalidad y es por ello contrario al artículo 1, apartado 2, de la citada Directiva.

( véanse los apartados 60 a 62 )

2. Las medidas adoptadas por un Estado miembro para hacer uso de la facultad, otorgada por el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 91/439, relativa al permiso de conducción, de aplicar al titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro sus disposiciones nacionales en materia de duración de la validez del permiso y de control médico, así como en materia fiscal, y de indicar en el permiso las menciones indispensables para su gestión, no deben entorpecer ni hacer menos atractivo el ejercicio por los nacionales comunitarios de la libre circulación de personas y de la libertad de establecimiento y, en caso de que así lo hicieran, estas medidas deben aplicarse de forma no discriminatoria, estar justificadas por razones imperiosas de interés general, ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo que sea necesario para alcanzarlo.

( véase el apartado 66 )
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1. Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Facultad de control de la Comisión sobre la regularidad de los gastos - Aparición de una duda razonable - Carga de la prueba que incumbe al Estado miembro

2. Agricultura - Política agrícola común - Financiación por el FEOGA - Procedimiento de liquidación de cuentas - Procedimiento de conciliación - Dictamen emitido por la Comisión al término de la reunión bilateral - Inexistencia de efectos obligatorios

[Reglamento (CE) nº 1663/95 de la Comisión, art. 8]

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1. Cuando la Comisión se niega a declarar a cargo del FEOGA determinados gastos, porque fueron provocados por infracciones a la normativa comunitaria imputables a un Estado miembro, la Comisión no está obligada a probar de forma exhaustiva la insuficiencia de los controles efectuados por los Estados miembros, sino que le basta con demostrar que tiene dudas serias y razonables sobre los controles efectuados por las autoridades nacionales. Esta atenuación de la carga de la prueba en favor de la Comisión se explica por el hecho de que el Estado se encuentra en mejor situación para recoger y comprobar los datos necesarios para la liquidación de las cuentas del FEOGA, y, en consecuencia, le incumbe probar detallada y completamente la realidad de sus controles y, en su caso, la inexactitud de las afirmaciones de la Comisión.

( véase el apartado 35 )

2. En el marco del procedimiento de conciliación, previsto por el artículo 8 del Reglamento nº 1663/95, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 729/70 en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, sección «Garantía», el mero hecho de que las conclusiones de la Dirección General de Agricultura, adoptadas después de consultar a otros servicios de la Comisión, no correspondan al dictamen que ésta había emitido al término de la reunión bilateral ni tampoco a la posición del Estado miembro afectado no permite considerar que la Comisión haya contravenido lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, párrafo segundo, despojando de su sentido a la obligación de mantener una reunión bilateral prevista por esta disposición. En efecto, la reunión bilateral no constituye más que una etapa preliminar a la decisión de la Comisión y que el dictamen que emite al término de una reunión de esta índole no la vincula en el futuro. Además, la Dirección General de Agricultura puede consultar a otros servicios de la Comisión, antes de formalizar sus conclusiones. Cuando la Dirección General de Agricultura vuelve sobre los términos del dictamen que había emitido anteriormente, como ocurre en el presente caso, es necesario reconocer que no se ha concretado acuerdo alguno entre las partes y el Estado miembro afectado puede solicitar aún la incoación de un procedimiento de conciliación. Lo que importa es que la reunión bilateral haya permitido un debate contradictorio sobre todos los puntos en litigio y que todos los puntos debatidos en el transcurso de ésta sean tenidos en cuenta por la Comisión en el momento de presentar formalmente sus conclusiones.

( véanse los apartados 69, 70 y 72 )
Asunto C‑387/99

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Federal de Alemania

«Recurso por incumplimiento – Artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) – Directiva 65/65/CEE – Preparados alimenticios que contienen el triple de vitaminas que la dosis diaria recomendada – Preparados comercializados legalmente como complementos alimenticios en el Estado miembro de exportación – Preparados clasificados como medicamentos en el Estado miembro de importación – Concepto de “medicamento” – Obstáculo – Justificación – Salud pública – Proporcionalidad – Admisibilidad de la demanda»

Sumario de la sentencia

Libre circulación de mercancías – Restricciones cuantitativas – Medidas de efecto equivalente – Práctica administrativa que clasifica como medicamentos los preparados vitamínicos que contengan más del triple de la dosis diaria recomendada – Justificación – Protección de la salud pública – Inexistencia – Necesidad de una evaluación pormenorizada de cada caso

[Tratado CE, arts. 30 y 36 (actualmente arts. 28 CE y 30 CE, tras su modificación); Directiva 65/65/CEE del Consejo, art. 1]

Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), al clasificar sistemáticamente como medicamentos los preparados vitamínicos producidos o comercializados legalmente como complementos alimenticios en otros Estados miembros, cuando contienen el triple de vitaminas, distintas de las A y D, que la dosis diaria recomendada por la asociación nacional de nutrición.

En efecto, dado que tal clasificación, basada únicamente en la dosis diaria recomendada, no satisface plenamente la exigencia de que la clasificación se realice en función de las propiedades farmacéuticas de cada preparado vitamínico y que, por tanto, no se desprende necesariamente que cualquier preparado incluido en la misma se ajuste a la definición de medicamento «por su función» en el sentido de la Directiva 65/65, relativa a las especialidades farmacéuticas, esta práctica crea un obstáculo a los intercambios, en la medida en que los preparados vitamínicos legalmente comercializados o producidos en otros Estados miembros como complementos alimenticios no pueden comercializarse en el Estado miembro de que se trata, sin someterse previamente al procedimiento de autorización de comercialización de un medicamento.

Dicha práctica no puede justificarse por las razones mencionadas en el artículo 36 del Tratado (actualmente artículo 30 CE, tras su modificación) de protección de la salud y de la vida de las personas, dado que no distingue en función de las distintas vitaminas añadidas ni del nivel de riesgo que su adición puede suponer eventualmente para la salud pública y que su carácter sistemático no permite identificar ni evaluar un verdadero riesgo para la salud pública, lo que exigiría un análisis pormenorizado, caso por caso, de los efectos que puede producir la adición de las vitaminas en cuestión.

(véanse los apartados 62, 65, 78, 79 y 83 y el fallo)
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CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Decisión por la que se impone una multa a una sociedad que no es destinataria del pliego de cargos, al término de un procedimiento sustanciado exclusivamente contra una de sus filiales - Violación del derecho de defensa - Anulación

(Tratado CECA, arts. 36 y 65, aps. 1 y 5)

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$$El principio del derecho de defensa, aplicable en el marco de un procedimiento administrativo exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en que se funda la Comisión, para que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento administrativo dirigido contra ella.

Habida cuenta de su importancia, el pliego de cargos debe precisar sin equívocos la persona jurídica a la que se podrá imponer una multa y estar dirigido a esta última.

Por ello, debe ser anulada por violación del derecho de defensa una decisión por la que se impone una multa a una sociedad cuando está probado que no es ella, sino una de sus filiales, la destinataria del pliego de cargos, que éste no precisaba que se le podría imponer una multa, que se le denegó el acceso al expediente porque no era destinataria del referido pliego, y que hasta el final del procedimiento persistió un equívoco en cuanto a la persona jurídica a la que se impondría la multa, a pesar de que dicha sociedad tuvo conocimiento del pliego de cargos dirigido a su filial y del desarrollo del procedimiento contra ésta.

( véanse los apartados 19 a 23 )
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Deducción del impuesto soportado - Empresa sujeta al impuesto únicamente por una parte de sus operaciones - Deducción a prorrata - Cálculo - Percepción de dividendos distribuidos por las filiales a la sociedad holding que interviene en la gestión de éstas - Exclusión - Percepción de intereses de préstamos - Exclusión - Requisito

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 2, y 19)

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$$En virtud del artículo 19 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, una empresa que no es sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido por el conjunto de sus operaciones puede deducir del impuesto a cuyo pago está obligada el impuesto que pagó, en el limite de una prorrata obtenida de una fracción cuyo denominador está constituido por la cuantía total del volumen de negocios correspondiente a las operaciones que conllevan el derecho a la deducción, así como a las operaciones que no conllevan el derecho a la deducción. Dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que procede excluir de dicho denominador por una parte, los dividendos distribuidos por sus filiales a una sociedad holding que es sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido por otras actividades y que presta a dichas filiales servicios de gestión, ya que, al no ser contraprestación de ninguna actividad económica, la percepción de dividendos no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del IVA y, por otra parte, los intereses abonados por estas filiales a la sociedad holding en razón de los préstamos que la misma les concedió, cuando dichas operaciones de préstamo no constituyen una actividad económica de la sociedad holding, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva.

( véanse los apartados 21 y 32 y el fallo )
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Agricultura - Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria - Intercambios comunitarios de carnes frescas - Controles veterinarios - Directiva 89/662/CEE - Aplazamiento de la aplicación de las medidas comunitarias de salvaguardia establecidas en el marco de la lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles - Adopción de medidas cautelares de protección por los Estados miembros - Procedencia

(Directiva 89/662/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, párr. 4; Decisión 97/534/CE de la Comisión)

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$$No puede considerarse que la adopción por parte de la Comisión de una Decisión cuya aplicación no es inmediata, como la Decisión 97/534 relativa a la prohibición de uso de los materiales de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles, suponga, en sí misma, una prohibición para un Estado miembro de adoptar, por su parte, medidas cautelares al amparo del artículo 9, apartado 1, párrafo cuarto, de la Directiva 89/662 relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior. La situación sería diferente únicamente si la fecha de aplicación de la medida de salvaguardia comunitaria se aplazase por el motivo explícito de que no es necesaria ninguna medida, nacional o comunitaria, antes de dicha fecha. En tal caso, el aplazamiento de la aplicación de la disposición comunitaria debería entenderse en el sentido de que prohíbe la adopción de medidas cautelares por parte de los Estados miembros en espera de la fecha de aplicación de la medida comunitaria.

( véanse los apartados 58 y 60 )