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Una decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas por la que se identifica una sustancia como sustancia altamente preocupante con arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), constituye un acto reglamentario en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. En efecto, una decisión de ese tipo tiene alcance general al aplicarse a situaciones determinadas objetivamente y producir efectos jurídicos sobre una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta, a saber, en particular, sobre toda persona física o jurídica comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 31, apartado 9, letra a), del Reglamento n.o 1907/2006. Por otro lado, no constituye un acto legislativo, ya que no se adoptó siguiendo el procedimiento legislativo ordinario ni el procedimiento legislativo especial contemplados en el artículo 289 TFUE, apartados 1 a 3, sino sobre la base del artículo 59 del Reglamento n.o 1907/2006.

Además, la identificación de una sustancia como altamente preocupante que resulta del procedimiento contemplado en el artículo 59 del Reglamento n.o 1907/2006 crea obligaciones de información sin necesidad de adoptar aún otras medidas. En particular, la siguiente fase del procedimiento de autorización, consistente en la inclusión por orden de prioridad de las sustancias candidatas en el anexo XIV del Reglamento n.o 1907/2006, es decir, en la lista de sustancias sujetas a autorización, no constituye una medida de ejecución de la decisión destinada a incluir una sustancia en la lista de sustancias candidatas.

(véanse los apartados 32, 33 y 35)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda)

de 13 de septiembre de 2016 — Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE)

(Asunto T‑563/15)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa APOTEKE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009»

1. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE — Utilización por la Sala de Recurso de una motivación implícita — Procedencia — Requisitos [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véanse los apartados 14 y 17)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro — Obligación de motivación de la denegación de registro — Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75, primera frase] (véanse los apartados 15 y 16)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 25 y 26)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 27)

5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca figurativa APOTEKE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 28, 30, 36, 38, 39, 44 a 55 y 58)

6. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad — Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto (véanse los apartados 59 a 61)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de julio de 2015 (asunto R 2428/2014‑5) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo APOTEKE como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
484

Habida cuenta de estas circunstancias, la demandante sostiene que, al imponerle una multa separada, la Comisión interpretó erróneamente el concepto de «empresa» en el sentido del Derecho de la Unión y vulneró el principio de individualización de las penas y sanciones. Este principio exige, con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003, que el importe de la multa se determine en función, por una parte, de la gravedad de la infracción que se reprocha individualmente a la empresa de que se trate y, por otra parte, de la duración de la misma. De este modo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la Comisión puede imponer multas diferentes únicamente a empresas diferentes y no a diferentes sociedades cuando estas formen parte de la misma empresa. Así, según la demandante, el principio de individualización de las penas no se aplica a la relación interna entre las diferentes personas jurídicas que componen una empresa. Como confirma la práctica decisoria de la Comisión, una multa separada solo está justificada cuando, desde el punto de vista jurídico, la composición de la empresa en cuestión ha evolucionado durante el período controvertido y, por lo tanto, pueden identificarse empresas diferentes. Puesto que esto no sucede en el presente asunto, la Comisión no podía imponer a la demandante una multa más elevada que la que impuso a Slovak Telekom sin vulnerar el principio de individualización de las penas y sanciones. Además, sin perjuicio de las evoluciones en la estructura de la empresa responsable de la infracción, el límite del 10 % previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 debía calcularse sobre la base del volumen de negocios global de la empresa en cuestión. En lo que atañe a la reincidencia, la demandante sostiene que, dado que fue ella misma quien cometió la infracción sancionada en la Decisión Deutsche Telekom, no procede determinar si Slovak Telekom ya formaba parte de la empresa responsable de dicha infracción en la época en la que esta se cometió. La única consideración pertinente en esta fase reside en el hecho de que esta última empresa cometió dicha infracción y que la sociedad del grupo que se debe sancionar forma parte actualmente de esta misma empresa.
21

Además, según la Comisión, la propuesta de ICE elude la regla de que no se le puede invitar mediante una ICE a no proponer un acto jurídico determinado o a proponer una decisión de no adoptar un acto jurídico determinado. Afirma que el tenor del artículo 10, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 211/2011, en la medida en que hace referencia a las «medidas que […] se proponga adoptar», supone que sólo están autorizadas aquellas ICE dirigidas a que se adopte un acto jurídico con un contenido preciso o a que se anule un acto jurídico existente. Si la Comisión anunciase, en su comunicación emitida con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 211/2011, que no tiene intención de proponer el correspondiente acto jurídico, ello supondría una limitación política inaceptable de su derecho de iniciativa. A ello se añade que la función asignada a la ICE, consistente en hacer que la Comisión aborde públicamente el tema objeto de la ICE y en suscitar con ello un debate político, sólo puede cumplirse plenamente con una propuesta de ICE dirigida a que se adopte un acto jurídico con un contenido preciso o a que se abrogue un acto jurídico existente. Una ICE que solicitase la no adopción de una decisión del Consejo no estaría ya en condiciones de cumplir la función de activar tal debate político por primera vez y supondría una injerencia inadmisible en el desarrollo de un procedimiento legislativo en curso.
68

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea alega, en primer lugar, que no existe una relación de causalidad suficientemente directa entre, por una parte, el perjuicio material constituido por los gastos de garantía bancaria y los intereses correspondientes al importe de la multa y, por otra, el incumplimiento del plazo razonable de enjuiciamiento. Según él, ante todo, ese perjuicio material se deriva de la propia decisión de la demandante. Además, no es posible acreditar la existencia de una relación de causalidad basándose únicamente en la constatación de que, de no haberse sobrepasado el plazo de enjuiciamiento razonable, la demandante no se habría visto obligada a pagar los gastos de garantía bancaria y los intereses correspondientes al importe de la multa durante el período en que se sobrepasó dicho plazo.
38

De ese modo, el juez de la Unión considera que las excepciones al derecho de acceso a los documentos que figuran en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 no pueden interpretarse sin tener en cuenta las reglas específicas que regulan el acceso a esos documentos, previstas por los Reglamentos de que se trata. En ese sentido, el Tribunal de Justicia señaló que, en el marco de un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE, determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), y del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), regulaban de manera restrictiva el uso de los documentos que figuran en el expediente relativo al citado procedimiento, ya que éstos preveían que las partes en un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE no disponían de acceso ilimitado a los documentos que figuran en el expediente de la Comisión y que los terceros, excepción hecha de los denunciantes, no disponían, en el marco de dicho procedimiento, del derecho de acceso a los documentos del expediente de la Comisión. El Tribunal de Justicia consideró que autorizar un acceso generalizado sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001 a los documentos que figuran en un expediente relativo a la aplicación del artículo 101 TFUE puede poner en riesgo el equilibrio que el legislador de la Unión había querido garantizar en los Reglamentos n.o 1/2003 y n.o 773/2004 entre la obligación de las empresas de que se trata de comunicar a la Comisión la información comercial eventualmente sensible a efectos de permitir a aquélla detectar la existencia de un cártel y apreciar su compatibilidad con el citado artículo, por un lado, y la garantía de protección reforzada relacionada, en concepto de secreto profesional y del secreto de los negocios, a la información transmitida de ese modo a la Comisión, por otro lado. El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que la Comisión, a efectos de la aplicación de las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento n.o 1049/2001, estaba facultada para presumir, sin llevar a cabo un examen concreto e individual de cada uno de los documentos que figuran en un expediente relativo a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE, que la divulgación de esos documentos menoscaba, en principio, la protección de los intereses comerciales de las empresas implicadas en dicho procedimiento (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartados 86, 87, 90 y 93).
160

En su séptimo motivo, el demandante alega, en primer lugar, que las medidas restrictivas le fueron impuestas sin respetar las garantías adecuadas que le hubieran permitido defenderse ante el Consejo. En segundo lugar, afirma que dichas medidas se adoptaron incumpliendo el criterio de inscripción. En tercer lugar, considera que el motivo de inscripción ya no preveía el delito de transferencia ilegal de fondos públicos ucranianos fuera de Ucrania. En cuarto lugar, el demandante aduce que el Consejo no demostró que la inmovilización total de los activos, a diferencia de una inmovilización parcial, fuese proporcionada en el caso de autos, habida cuenta del hecho de que, por una parte, de las acusaciones en su contra no se desprende que los bienes inmobiliarios supuestamente objeto de apropiación indebida hubiesen sido vendidos o ya no pudiesen recuperarse de otra forma y, por otra parte, que una inmovilización de fondos no está justificada cuando va más del valor de los bienes supuestamente objeto de apropiación indebida, teniendo en cuenta la estimación de dicho valor realizada en el escrito de 10 de octubre de 2014.
45

No obstante, el Tribunal de la Función Pública afirmó en el apartado 49 de la sentencia recurrida, sin que la argumentación del recurrente en el presente asunto ponga en entredicho su apreciación, que, aun suponiendo que, mediante la nota de agosto de 12 de agosto de 2011, el tribunal de oposición hubiera dado garantías al demandante de que cumplía todos los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria de oposición, tales garantías no habrían sido conformes a las normas aplicables, puesto que el título del interesado no cumplía los requisitos del título 3, punto 2, del anexo de la convocatoria de oposición. Por tanto, el Tribunal de la Función Pública estimó que no cabía considerar que la nota de 12 de agosto de 2011 suscitara una esperanza legítima en el ánimo del demandante.
27

En su segundo motivo, la demandante mantiene que el error fáctico cometido por la Sala de Recurso da origen a su errónea apreciación de que los términos «porto» y «port» sólo están protegidos como indicaciones geográficas en razón de su equivalencia con el término «oporto» (véanse los puntos 14, 17 y 18 de la resolución impugnada). Ahora bien, el artículo 1, apartado 2, del Decreto-Lei no 166/86, de 26 de Junho de 1986 (Decreto-ley portugués no 166/86, de 26 de junio de 1986), dispone en particular que «se confirman, como denominaciones de origen, [...] las denominaciones “Vinho do Porto”, “Vin de Porto”, “Port Wine”, “Porto”, “Port” (o sus equivalentes en otras lenguas), que únicamente pueden utilizarse, en relación con productos vitivinícolas, para el vino de licor al que la tradición ha atribuido ese nombre, producido en la región delimitada “Douro” [...]». En cualquier caso, el 1 de agosto de 2009, antes del inicio del procedimiento de nulidad ante la OAMI, la lista de los vcprd fue sustituida por el registro electrónico previsto en el artículo 118 quindecies del Reglamento no 491/2009, denominado E-Bacchus (en lo sucesivo, «base de datos E-Bacchus»). La entrada pertinente en la base de datos E-Bacchus referida a la indicación geográfica «porto» menciona las expresiones y los términos equivalentes «oporto», «vinho do porto», «vin de porto», «port», «port wine», «portwein», «portvin» y «portwijn» y hace referencia a la legislación portuguesa pertinente, dentro de la cual está el Decreto-Lei no 166/86, que ha sido sustituido por el Decreto-Lei no 173/2009, de 3 de Agosto de 2009 (Decreto-ley portugués no 173/2009, de 3 de agosto de 2009). La demandante precisa que la protección comunitaria de las denominaciones de vinos establecida por el Reglamento no 1493/1999 descansa en denominaciones determinadas por la legislación nacional con observancia de las disposiciones pertinentes de ese Reglamento, de modo que incluso una publicación errónea de una denominación de origen protegida en la lista de los vcprd no causa perjuicio. Así pues, los términos «porto» y «port» no están únicamente protegidos como «equivalentes», sino que se benefician por el contrario de una protección en cuanto denominación de origen en virtud de la legislación portuguesa aplicable y constituyen por tanto indicaciones geográficas, en el sentido en particular del artículo 118 quaterdecies, apartado 2, del Reglamento no 491/2009.
41

No desvirtúa esta conclusión la alegación de la EMA de que el Tribunal de la Función Pública, al aplicar un concepto vago de ruptura, concluyó erróneamente que no había habido ruptura en la carrera del Sr. Drakeford, a pesar del aumento del nivel de sus responsabilidades y de la modificación formal de sus funciones, ni la de que el nombramiento del Sr. Drakeford tuvo lugar tras un procedimiento externo. En efecto, dado que la ruptura de la relación laboral no es un concepto vago, como se ha acreditado en el apartado 39 anterior, la alegación de que el Tribunal de la Función Pública cometió un error en el caso de autos al aplicar este concepto no puede acogerse. Asimismo, es preciso señalar que, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública examinó correctamente las circunstancias muy específicas del caso de autos, teniendo en cuenta el concepto de ruptura establecido en el apartado 48 de la sentencia recurrida. Es cierto que, a la luz de una eventual comparación de las tareas que debía llevar a cabo, la función de jefe de sector, a la que tuvo acceso el Sr. Drakeford tras un procedimiento de selección externa, representa una modificación sustancial en relación con la de jefe adjunto, que provoca una ruptura en el sentido del concepto establecido por el Tribunal de la Función Pública. En efecto, si el mantenimiento en el mismo ámbito de actividad no conlleva automáticamente una continuidad en las funciones desempeñadas, la continuidad debe excluirse, en principio, en el supuesto en el que el acceso al puesto de jefe de sector está sujeta a un procedimiento de selección externa. No obstante, en el caso de autos, resulta que, antes de su nombramiento como jefe de sector en 2003, el Sr. Drakeford desempeñó las funciones de jefe de sector ad interim durante el período 2001-2003. Por tanto, no puede concluirse realmente que su nombramiento como jefe de sector, aun cuando haya sido consecuencia de un procedimiento externo, supusiese efectivamente una ruptura en relación con las funciones que desempeñaba con anterioridad. Por otro lado, de los autos de la primera instancia se desprende también que el Sr. Drakeford, en el mes de abril de 2003, estaba clasificado en el grado A 4, escalón 3, con diez meses de antigüedad, y que, a partir del 1 de mayo de 2003, fecha del inicio de su contrato de jefe de sector de la unidad IT, fue clasificado en el grado A 4, escalón 3, con once meses de antigüedad. Este dato confirma, de nuevo, la continuidad en la relación laboral entre el Sr. Drakeford y la EMA. De ello se desprende que, habiendo constatado que el Sr. Drakeford había desempeñado sus funciones de manera continuada en el ámbito de las tecnologías de la información y, en particular, como jefe de sector adjunto, jefe de sector ad interim y jefe de sector, el Tribunal de la Función Pública excluyó acertadamente que existiese una ruptura en la continuidad sustancial de las relaciones laborales entre la EMA y el Sr. Drakeford. [omissis]
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación material del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 23 a 25)
Asunto T‑122/14

República Italiana

contra

Comisión Europea

«No ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento de Estado — Multa coercitiva — Decisión de liquidación de la multa coercitiva — Método de cálculo de los intereses aplicable a la recuperación de ayudas ilegales — Intereses compuestos»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 9 de junio de 2016

Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Pago de intereses justificado por la necesidad de restablecer la situación anterior — Aplicación del tipo de interés sobre una base compuesta — Reglamento (CE) n.o 794/2004 — Ámbito de aplicación ratione temporis — Determinación del método de cálculo de los intereses aplicable, antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento, a la recuperación de ayudas ilegales — Remisión al Derecho nacional

[Art. 108 TFUE, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, arts. 11, ap. 2, y 13]

Si bien el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], establece que se aplicará un tipo de interés compuesto hasta la fecha de recuperación de la ayuda y que a los intereses devengados el año anterior se aplicarán intereses cada año posterior, esta disposición sólo es aplicable, conforme al artículo 13, párrafo quinto, de dicho Reglamento, a las decisiones de recuperación notificadas tras la fecha de entrada en vigor del mismo Reglamento, es decir, después del 20 de mayo de 2004. Por lo tanto, el artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento no es, como tal, aplicable ratione temporis a una decisión que ordena la recuperación de una ayuda ilegal notificada a un Estado miembro antes de esa fecha.

A este respecto, dada la inexistencia de una disposición de Derecho de la Unión en esta materia, corresponde al Derecho nacional determinar si, en el presente caso, el tipo de interés debía aplicarse sobre una base simple o una base compuesta. Por tanto, en lo relativo a las decisiones de recuperación anteriores a la entrada en vigor del Reglamento n.o 794/2004, sólo pueden computarse intereses compuestos si se corresponde con el régimen que suele aplicarse en Derecho nacional.

(véanse los apartados 59 a 61, 64 y 65)
1.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 31)