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El artículo 7 del Reglamento no 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, debe interpretarse en el sentido de que debe recibir una compensación, sobre la base de dicho artículo, el pasajero de un vuelo con conexiones que ha sufrido un retraso en la salida inferior a los umbrales establecidos en el artículo 6 del citado Reglamento, pero que llegó a su destino final con un retraso igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada programada, dado que dicha indemnización no está supeditada a la existencia de un retraso en la salida y, en consecuencia, a que concurran los requisitos establecidos en el mencionado artículo 6.

En efecto, en caso de vuelos con conexión directa, a efectos de la compensación a tanto alzado prevista en el artículo 7 del Reglamento no 261/2004, únicamente importa el retraso constatado con respecto a la hora de llegada prevista al destino final, entendido como el destino del último vuelo que coge el pasajero de que se trata. La solución contraria crearía una diferencia de trato injustificada, ya que implicaría tratar de modo distinto a los pasajeros de vuelos que sufren un retraso en la llegada a su destino final igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada prevista, en función de si el retraso de su vuelo con respecto a la hora de salida prevista ha excedido, o no, los límites que establece el artículo 6 del Reglamento no 261/2004, y ello a pesar de que el inconveniente causado por una pérdida de tiempo irreversible es idéntico.

(véanse los apartados 35, 39 y 47 y el fallo)
La Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su resolución final.

En efecto, sin esa posibilidad, en todos los casos en que se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13. Así ocurre con mayor razón cuando el bien que constituye el objeto de la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda. Pues bien, un régimen procesal de este tipo puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva.

(véanse los apartados 59 a 61 y 64 y el punto 1 del fallo)
El Tribunal de Justicia puede examinar de oficio si concurren los requisitos exigidos por el artículo 258 TFUE para la interposición de un recurso por incumplimiento.

A este respecto, como se desprende, en particular, del artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el escrito de interposición del recurso debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Justicia ejercer su control. De ello resulta que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa un recurso deben deducirse de modo coherente y comprensible del propio texto del escrito de interposición del recurso y que las pretensiones de éste deben ser formuladas de manera inequívoca para que el Tribunal de Justicia no resuelva ultra petita ni omita pronunciarse sobre una imputación.

En el caso de un recurso por incumplimiento, la no indicación de un elemento indispensable del contenido del escrito de interposición del recurso, como es el período durante el cual el Estado miembro violó, según las alegaciones de la Comisión, el Derecho de la Unión, no se ajusta a las exigencias de coherencia, de claridad y de precisión. En tal supuesto, la Comisión no puede limitarse a alegar que se trata de un incumplimiento actual y que la resolución del Tribunal de Justicia debe referirse al presente y no al pasado, sin especificar no obstante el período al que se refiere el incumplimiento.

(véanse los apartados 49 a 54)
La Comisión, cuando actúa en cooperación con los expertos aduaneros de los Estados miembros, dispone de una amplia facultad de apreciación para precisar el contenido de las partidas arancelarias que pueden tenerse en cuenta al clasificar una mercancía determinada. No obstante, la facultad de la Comisión de adoptar las medidas contempladas en el artículo 9, apartado 1, letras a), b), d) y e), del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, como notas complementarias, no la autoriza a modificar el contenido de las partidas arancelarias que han sido establecidas sobre la base del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera, actualmente Organización Mundial de Aduanas, y establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, ni para modificar de manera autónoma los tipos de los derechos de aduana.

Para determinar si, al modificar una partida arancelaria, la Comisión sobrepasó los límites de su facultad de apreciación, es necesario examinar la clasificación de los productos de que se trate en la fecha de entrada en vigor de la modificación de la clasificación. A este respecto, procede estimar que la Comisión no sobrepasó los límites de las facultades que le confiere el artículo 9 del Reglamento no 2658/87 cuando, mediante el Reglamento no 1031/2008, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87, clasificó unas impresoras multifuncionales en la subpartida 8443 31 91 de la Nomenclatura Combinada y les impuso un derecho de aduana del 6 %. En efecto, dichas impresoras multifuncionales constituidas por la combinación de un módulo de impresión láser y un módulo de digitalización, con función de copia, estaban incluidas, antes de la entrada en vigor del Reglamento no 1031/2008, en la subpartida 9009 12 00 de la Nomenclatura Combinada y estaban sujetas al mismo derecho de aduana.

(véanse los apartados 39, 40, 49 y 50)
El artículo 5, número 3, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción declarativa negativa que tenga por objeto que se declare la inexistencia de responsabilidad delictual o cuasidelictual está incluida en el ámbito de aplicación de dicha disposición.

Es verdad que en un acción de este tipo hay una inversión de los papeles tradicionales en materia delictual, puesto que el demandante es el deudor potencial de un derecho de crédito derivado de un acto ilícito mientras que el demandado es la presunta víctima de dicho acto ilícito, pero no es menos cierto que tal inversión de los papeles no es suficiente para excluir a la acción declarativa negativa del ámbito de aplicación del artículo 5, número 3, del Reglamento no 44/2001. En efecto, los objetivos de previsibilidad del foro y de seguridad jurídica —objetivos que persigue la citada disposición— no guardan relación alguna ni con la atribución de los papeles respectivos de demandante y de demandado ni con la protección de uno de ellos. Además, si bien es cierto que los intereses del demandante en una acción declarativa negativa son diferentes de los intereses de quien presenta una demanda cuyo objeto es que se declare que el demandado es responsable de un perjuicio y que se le condene a pagar una indemnización por daños y perjuicios, también es verdad que, en ambos casos, el examen que lleva a cabo el tribunal que conoce del asunto recae esencialmente sobre los mismos elementos de hecho y de Derecho.

(véanse los apartados 43, 45, 48 y 55 y el fallo)
El artículo 217, apartado 2, del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 82/97, debe interpretarse en el sentido de que, dado que este artículo no prescribe modalidades prácticas de contracción en el sentido de dicha disposición, permite que los Estados miembros determinen las modalidades prácticas para la contracción de importes de derechos resultantes de una deuda aduanera, sin que tengan la obligación de definir en su normativa interna las modalidades de aplicación de esa contracción, que deberá efectuarse de modo que garantice que las autoridades aduaneras competentes anotan el importe exacto de los derechos de importación o de los derechos de exportación resultante de una deuda aduanera en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos, para permitir, en particular, que la contracción de los importes se establezca con certeza, también respecto al deudor.

En efecto, con arreglo al artículo 221, apartado 1, del Código aduanero, la comunicación del importe de los derechos que han de ser recaudados debe haberse visto precedida de la contracción de este importe por las autoridades aduaneras del Estado miembro interesado y, cuando no haya sido objeto de contracción con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Código aduanero, dicho importe no puede ser recaudado por tales autoridades, las cuales conservan la facultad de proceder a una nueva comunicación del mismo importe, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero y las normas de prescripción vigentes en la fecha en que nació la deuda aduanera.

(véanse los apartados 23, 24, 27, 29 y 30 y el fallo)
El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que constituye una restricción de la libertad de establecerse en otro Estado miembro de que goza una sociedad no residente el hecho de que una normativa nacional supedite la posibilidad de transferir a una sociedad residente por medio de la consolidación fiscal las pérdidas generadas por el establecimiento permanente en ese Estado miembro de una sociedad no residente al requisito de que no sea posible utilizar dichas pérdidas a efectos de un tributo extranjero, siendo así que la transferencia de pérdidas generadas en ese Estado miembro por una sociedad residente no se halla sometida a ningún requisito equivalente.

En efecto, esta diferencia de trato hace menos atractivo para las sociedades domiciliadas en otros Estados miembros el ejercicio de la libertad de establecimiento a través de un establecimiento permanente. Además, la situación de una sociedad no residente que únicamente dispone de un establecimiento permanente en el territorio nacional y la de una sociedad residente son objetivamente comparables a la luz del objetivo de un régimen tributario de transferencia de pérdidas en lo que atañe a la posibilidad de transferir a otra sociedad de ese grupo por medio de la consolidación fiscal las pérdidas generadas en ese Estado miembro.

Tal restricción no puede justificarse por razones imperiosas de interés general resultantes del objetivo de evitar la doble imputación de las pérdidas, de preservar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros o de la combinación de estos dos motivos.

A este respecto, en lo que atañe, en primer lugar, a la preservación de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, la potestad tributaria del Estado miembro de acogida, en cuyo territorio se ejerce la actividad económica que ha generado las pérdidas del establecimiento permanente, no se ve afectada en modo alguno por la posibilidad de transferir las pérdidas generadas por un establecimiento permanente situado en su territorio a una sociedad residente por medio de la consolidación fiscal, dado que la potestad tributaria de este Estado miembro de gravar los posibles beneficios resultantes de la actividad en su territorio del establecimiento permanente no se ve afectada.

En segundo lugar, en lo que respecta al riesgo de doble imputación de las pérdidas, éste no influye sobre la potestad tributaria del Estado miembro en el que se halla el establecimiento permanente. Las pérdidas transferidas por el establecimiento permanente de una sociedad no residente en ese Estado miembro a una sociedad residente son imputables en todo caso a la potestad tributaria de este Estado. Esta potestad tributaria no queda desvirtuada en modo alguno por el hecho de que las pérdidas transferidas también puedan, en su caso, tenerse en cuenta en otro Estado miembro.

(véanse los apartados 16, 19, 20, 25, 26, 30, 31 y 35 y los puntos 1 y 2 del fallo)
El cultivo de organismos modificados genéticamente como las variedades del maíz MON 810 no puede supeditarse a un procedimiento nacional de autorización cuando la utilización y la comercialización de estas variedades están autorizadas en virtud del artículo 20 del Reglamento no 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y dichas variedades han sido admitidas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas previsto por la Directiva 2002/53, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas, modificada por el Reglamento no 1829/2003.

En efecto, tanto el Reglamento no 1829/2003 como la Directiva 2002/53 tienen por objeto permitir la libre utilización y la libre comercialización de los organismos modificados genéticamente en el conjunto del territorio de la Unión desde el momento que están autorizados conforme al primero e incluidos en el catálogo conforme a la segunda. Por otra parte, habida cuenta de los considerandos 9, 33 y 34 del Reglamento no 1829/2003 y de los artículos 4, apartados 4 y 5, y 7, apartado 4, de la Directiva 2002/53, resulta que los requisitos impuestos por estas dos normas, respectivamente, para la autorización o la inclusión en el catálogo común se atienen a las exigencias de la protección de la salud y del medio ambiente.

(véanse los apartados 65, 66 y 76 y el fallo)
El artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento no 874/2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que el derecho anterior del que se trata es un derecho de marca, los términos«licenciatarios de derechos anteriores» no se refieren a una persona que ha sido autorizada por el titular de la marca únicamente a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca, sin que esa persona esté no obstante autorizada a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.

En efecto, cuando el derecho anterior es un derecho de marca, la referida disposición tiene por objeto los contratos de licencia en los que el titular de una marca concede al licenciatario, dentro de los límites estipulados por las cláusulas del contrato de licencia, el derecho a utilizar esa marca para los fines que corresponden al ámbito del derecho exclusivo conferido por dicha marca. En cambio, un contrato por el cual la otra parte contratante se obliga, a cambio de una remuneración, a hacer esfuerzos razonables para presentar una solicitud y obtener el registro de un nombre de dominio .eu se parece más a un contrato de servicio en cuyo marco la referida parte efectúa una actividad determinada como contraprestación de una retribución.

(véanse los apartados 47, 49 y 53 y el fallo)
Una prestación como el incremento, que se paga en concepto de complemento de la retribución atribuida a los trabajadores en régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, entra, como componente de la retribución, en el campo de aplicación de las disposiciones del artículo 45 TFUE y del artículo 7, apartado 4, del Reglamento no 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, que aclara y pone en práctica determinados derechos reconocidos a los trabajadores migrantes en el artículo 45 TFUE, con independencia de la circunstancia de que, en virtud de la ley nacional sobre el trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, la financiación del incremento provenga en parte de fondos públicos, en forma de reembolso al empleador.

Los artículos 45 TFUE y 7, apartado 4, del Reglamento no 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, se oponen a cláusulas de convenios colectivos y acuerdos individuales según las que un incremento salarial, que el empleador paga en el contexto de un régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, debe calcularse de modo que el impuesto sobre los salarios que se ha de pagar en el Estado miembro de empleo se deduce de manera ficticia al determinar la base de cálculo de ese incremento, en tanto que, conforme a un Convenio para evitar la doble imposición fiscal, los salarios, retribuciones y percepciones análogas pagados a los trabajadores que no residen en el Estado miembro de empleo están sujetos a imposición en el Estado miembro de residencia de esos trabajadores. Conforme al referido artículo 7, apartado 4, esas cláusulas son nulas de pleno derecho. El artículo 45 TFUE y las disposiciones del Reglamento no 1612/68 atribuyen a los Estados miembros o a los interlocutores sociales la libertad para elegir entre las diferentes soluciones aptas para lograr el objetivo pretendido por esas disposiciones.

En efecto, a menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo legítimo perseguido, una disposición de Derecho nacional o una cláusula convencional debe considerarse indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los trabajadores migrantes que a los trabajadores nacionales e implique por consiguiente el riesgo de perjudicar, en particular, a los primeros.

(véanse los apartados 41 y 54 y el fallo)
1

Mediante su demanda la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25), según su modificación por la Directiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO L 164, p. 164; corrección de errores en DO L 220, p. 58) (en lo sucesivo, «Directiva 91/440»), de los artículos 4, apartado 2, 6, apartados 2 y 3, 7, apartado 3, 8, apartado 1, y 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización y certificación de seguridad (DO L 75, p. 29), según su modificación por la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO L 164, p. 44) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/14»), y del artículo 6, apartado 1, de esta última, puesto en relación con el artículo 7, apartados 3 y 4, de la Directiva 91/440, — al no adoptar las medidas necesarias para asegurar que la entidad a la que se atribuye el ejercicio de las funciones esenciales enumeradas en el anexo II de la Directiva 91/440 sea independiente de la empresa que presta los servicios de transporte ferroviario, — al no adoptar las medidas apropiadas para asegurar a su debido tiempo el equilibrio financiero del administrador de infraestructuras, — al no haber establecido un régimen de incentivos apropiado para incitar al administrador a reducir los costes y los cánones de uso de la infraestructura, — al no llevar a cabo una transposición correcta de las disposiciones sobre la aplicación de cánones por la utilización de la infraestructura ferroviaria contenidas en la Directiva 2001/14.
7

El artículo 4 del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 , sobre la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (DO L 358, p. 3), dispone: «1. Las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias situadas en la [Unión Europea], para la producción primaria de productos agrícolas serán compatibles con el mercado común con arreglo al artículo [107 TFUE], apartado 3, letra c), y estarán exentas de la obligación de notificación del artículo [108 TFUE], apartado 3, si cumplen las condiciones de los apartados 2 a 10 de este artículo. [...] 8. Podrán concederse ayudas de hasta el 10 % de los gastos subvencionables de la inversión para la compra de tierras en las que no se vaya a edificar. [...]»
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No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de dicho artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, en particular, las sentencias Comisión/Sytraval y Brink’s France, antes citada, apartado 63; de 22 de junio de 2004, Portugal/Comisión, C-42/01, Rec. p. I-6079, apartado 66, y Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, antes citada, apartado 166).