SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 17 DE DICIEMBRE DE 1991. - SA HERCULES CHEMICALS NV CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA. - ASUNTO T-7/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1991 página II-01711

Edición especial sueca página II-00083

Edición especial finesa página II-00079



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Puesta de manifiesto del expediente - Obligación de la Comisión derivada de las normas que formuló ella misma en un Informe sobre la Política de la Competencia

2. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

3. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Prácticas colusorias que prolongan sus efectos después de haber cesado formalmente - Aplicación del artículo 85 del Tratado

(Tratado CEE, art. 85)

4. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como "acuerdo y práctica concertada" - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba necesarios

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

6. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Incidencia sobre el comercio entre Estados miembros - Valoración global y no desde el punto de vista de cada uno de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

7. Actos de las Instituciones - Motivación - Referencia a los dictámenes que es preceptivo recabar - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia - Dictamen del Consejero-Auditor - Dictamen que no es preceptivo recabar

(Tratado CEE, art. 190)

8. Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Comportamiento pasado de la empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, apartado 2)

Índice

1. Cuando la Comisión, yendo más allá de lo que exige el respeto del derecho de defensa, ha establecido un procedimiento de puesta de manifiesto del expediente en los asuntos de competencia y ha formulado y divulgado las normas que lo regulan en uno de sus Informes sobre la Política de la Competencia, dicha Institución no puede renunciar a las normas que se impuso a sí misma y está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado el conjunto de documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

2. Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

3. El artículo 85 del Tratado es aplicable a los acuerdos que han dejado de estar en vigor, pero que continúan produciendo efecto más allá de su terminación formal.

4. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tienen por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

5. Como el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no prevé una calificación específica para una infracción compleja, pero sin embargo única, por estar constituida por un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad e integrado a la vez por unos elementos que deben calificarse de "acuerdos" y por otros elementos que deben calificarse de "prácticas concertadas", tal infracción puede recibir la calificación de "acuerdo y práctica concertada", sin que se exija una prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada.

6. Debe considerarse que una empresa ha participado en un acuerdo o una práctica concertada que podía afectar al comercio entre Estados miembros e infringido, por tanto, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado cuando éste era el resultado potencial del comportamiento del conjunto de las empresas participantes, independientemente del efecto de la participación individual de aquélla.

7. El hecho de que una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia no haga referencia alguna al informe del Consejero-Auditor no constituye una infracción del artículo 190 del Tratado, pues dicho informe, del cual ninguna disposición establece que deba darse traslado del mismo al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes o a la Comisión, no constituye un dictamen que esta última esté obligada a recabar en su calidad de órgano decisorio.

8. A la hora de determinar el importe de la multa que se impondrá por una infracción de las normas sobre la competencia, el hecho de que la Comisión hubiera comprobado ya, en el pasado, que una empresa había infringido las normas sobre de la competencia y en su caso la hubiera sancionado por dicho motivo, puede considerarse una circunstancia agravante contra dicha empresa, pero la inexistencia de infracción anterior constituye una circunstancia normal, que la Comisión no está obligada a tener en cuenta como circunstancia atenuante.

Partes

En el asunto T-7/89,

SA Hercules Chemicals NV, sociedad belga, con domicilio social en Beringen (Bélgica), representada por el Sr. M. Siragusa, Abogado de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Elvinger y Hoss, 15, Côte d' Eich,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, y la Sra. K. Banks, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno; DO L 230, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977, eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos, y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS & Co., productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri SpA cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS & Co., de un 3 a un 5 % cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 Hercules Chemicals NV es uno de los nuevos productores que aparecieron en el mercado en 1977. Su posición en el mercado del polipropileno era la de un productor medio, con una cuota de mercado comprendida entre el 5 y el 6,8 % aproximadamente. Sin embargo, Hercules es el mayor productor del mercado americano.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario:

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en las agencias de ventas de Linz en la República Federal de Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas con vistas a repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984 la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984 la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que el 29 de marzo de 1985 la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas sobre precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador de acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985 y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el FIDES) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea 11.973.325 FF;

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 6.657.640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 5.898.447,50 DM;

viii) ICI plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Company Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 109.608.750 BFR;

xv) Statoil Den Norske Stats Oljeselskap AS ((que engloba hoy a Saga Petrokjemi)), una multa de 1.000.000 ECU o sea 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de julio de 1986, interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-4/89, T-6/89 y T-8/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988 por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988").

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89, y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes orales de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 La sociedad Hercules Chemicals NV solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Anule total o parcialmente los artículos 1 y 3 de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986 (IV/31.149-Polipropileno) en la medida en que se apliquen a Hercules.

2) Con carácter subsidiario, modifique el artículo 3 de la Decisión, en la medida en que se aplique a Hercules, anulando o reduciendo sustancialmente el importe de la multa impuesta a Hercules.

3) Condene en costas a la Comisión.

La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Este Tribunal considera que procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa cometida, a su juicio, al haber basado la Comisión su Decisión en documentos desprovistos de valor probatorio (1) y al no haber dado a conocer a la demandante ciertos documentos que se tuvieron en cuenta en contra suya en la Decisión y al haberse negado incluso a darle a conocer ciertos documentos que la demandante le había solicitado (2); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de la infracción, que se refieren, por una parte a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2), al efectuar la cual la Comisión, según la demandante, no calificó correctamente la infracción (A), no valoró correctamente el efecto restrictivo sobre la competencia (B) ni la incidencia sobre el comercio entre Estados miembros (C) e imputó a la demandante una responsabilidad colectiva (D); en tercer lugar, las imputaciones basadas en la violación del principio de igualdad de trato; en cuarto lugar, las imputaciones relativas a la motivación de la Decisión, que la demandante basa en el hecho de que dicha motivación fue insuficiente (1) y no contenía referencia alguna al informe del Consejero-Auditor (2); en quinto lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa que, según la demandante, había prescrito en parte (1) y que no se correspondía con la duración (1) ni con la gravedad (2) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Valor probatorio de ciertos documentos que tuvieron en cuenta en la Decisión

31 La demandante sostiene que, si se exceptúan las instrucciones sobre precios dadas por Hercules (adjuntas al escrito de la Comisión de 29 de marzo de 1985; en lo sucesivo, "escrito de 29 de marzo de 1985, anexo") y algunos otros documentos internos que sólo tienen un valor probatorio limitado, la Comisión se ha basado en unos documentos que no procedían de la demandante ni obraban en poder de esta última. Según ella, se trata de documentos a veces ilegibles, cuyo sentido es oscuro y ambiguo, de los que se desconoce el autor y que recogen rumores a veces de segundo o tercer grado. Dada su ignorancia sobre el origen de estos documentos, Hercules pretende que no le ha sido posible investigar la validez de los mismos o el contexto en el que su nombre se mencionaba en ellos.

32 Alega que la Comisión, la cual, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 164 y ss.) está obligada a basar sus Decisiones en unos fundamentos racionales que resulten de unas pruebas creíbles cuyo contenido sea digno de fe, tampoco realizó investigaciones al respecto y no sometió a crítica los documentos que utilizó, como habría debido hacer (sentencia de 16 de diciembre de 1975, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, antes citada, apartados 396 y ss.). Dicha crítica resultaba tanto más necesaria cuanto que, habida cuenta de las circunstancias del caso, los instigadores de las iniciativas que aquí se examinan, autores de dichos documentos, tenían motivos más que sobrados para dar una falsa impresión sobre la posición de los productores ausentes de las reuniones de que se trata, incitando así a quienes asistían a ellas a sumarse a su postura. Ahora bien, Hercules pretende demostrar, citando ejemplos concretos, que, aunque los documentos considerados en su conjunto pudieran probar en líneas generales el contenido de las conversaciones que mantuvieron los productores, no es posible extraer de ellos conclusiones precisas sobre el comportamiento de este o aquel productor, sobre todo cuando dicho productor no estuviera presente en tales reuniones.

33 La demandante señala en su réplica que la Comisión no puede defenderse alegando que, en las audiencias celebradas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento nº 17, las empresas implicadas delegaron en personas que no eran los testigos directos de los hechos de los que les acusaba la Comisión. En efecto, según Hercules, era a la Comisión a quien incumbía utilizar sus facultades para requerir el testimonio de dichas personas si lo deseaba. Por su parte, afirma Hercules, ella permitió a los inspectores de la Comisión que interrogaran al empleado de ésta que estuvo presente en las reuniones.

34 Por último, la demandante afirma que la Comisión interpretó de manera sistemática los documentos que estaban en su poder de una manera desfavorable para Hercules y que descartó determinadas declaraciones recogidas en dichos documentos que, en cambio, habrían podido serle favorables.

35 Por su parte, la Comisión indica que Hercules guarda silencio sobre ciertos documentos demoledores, algunos de los cuales fueron descubiertos en sus locales o transmitidos por ella a la Comisión, como los anexos 2, 23, 45 y 88 al pliego de cargos general (en lo sucesivo, "p.c.g., anexo"). La Comisión añade que tenía buenas razones para considerar que las pruebas, y especialmente los documentos procedentes de ICI, eran claras y dignas de fe, habida cuenta del contenido de las mismas y del hecho de que se corroboran mutuamente. Así por ejemplo, en su respuesta a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), ICI aportó detalles adicionales sobre sus notas internas y especialmente sobre las circunstancias en que se elaboraron y la identidad del autor de las mismas.

36 Alega, por otra parte, la Comisión que Hercules declaró en su respuesta al pliego de cargos que parecía razonable admitir la exactitud de las listas de reuniones citadas por ICI en su respuesta a la solicitud de información. Igualmente, Hercules se equivoca al afirmar que las declaraciones contenidas en dichos documentos son sólo rumores recogidos de segundo o tercer grado. Para la Comisión, se trata de documentos que prueban la existencia de la práctica colusoria de una manera clara, coherente y constante, y durante un largo período.

37 La Comisión considera que, a partir del momento en que se admite que los documentos son exactos y dignos de fe en su conjunto, no se puede impugnar su credibilidad en lo relativo a ciertos aspectos que afectan a algunos productores en particular. La Comisión reprocha por su parte a Hercules no haber precisado cuáles son las pruebas que la Comisión no habría debido considerar "dignas de fe" e indica que, a este respecto, Hercules sólo cita un único documento concreto, a saber, el informe de una reunión de 1 de junio de 1983 (p.c.g., anexo 40), pero dándole una interpretación errónea y aislándolo de su contexto, que muestra que la declaración mencionada en él fue seguida de instrucciones sobre precios.

38 Por otra parte, la Comisión considera que no es posible afirmar, basándose en la sentencia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie (asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, antes citada, apartado 164), que la Comisión está obligada a celebrar audiencias sobre la credibilidad de las declaraciones procedentes de terceros. En cualquier caso, la Comisión, según afirma, realizó investigaciones en la medida en que resultaba necesario, por ejemplo interrogando al empleado de Hercules que participaba en las reuniones (anexo 7 del pliego de cargos específico dirigido a Hercules; en lo sucesivo, "p.c. Her.") y se aseguró a lo largo del procedimiento administrativo de la credibilidad de las pruebas que utilizó.

39 Indica, además, que, en las audiencias, Hercules delegó en su director general, quizás porque prefería no enviar a una persona capaz de aportar un testimonio directo sobre los hechos a que se referían los cargos formulados contra las empresas, en contra de lo que había pedido el Consejero-Auditor.

40 La Comisión alega, por último, que no seleccionó las pruebas de manera parcial y contraria a la equidad. Si prefirió este o aquel punto de vista, fue porque el peso de las pruebas hacía que la balanza se inclinara más en un sentido que en otro. Y cita el último párrafo del apartado 78 de la Decisión para mostrar que modificaba su actitud cuando su punto de vista inicial no resultaba suficientemente apoyado por las pruebas.

41 Este Tribunal señala, en primer lugar, que se conoce la identidad de los autores de la mayoría de los informes de reuniones procedentes de ICI, pues esta última los identificó en su respuesta a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8).

42 A continuación, es oportuno subrayar que el contenido de dichos informes resulta confirmado por diferentes documentos, como unos informes sobre reuniones redactados por un ejecutivo de la demandante -como el de la reunión de 13 de mayo de 1982 (p.c. Her., anexo 3) que confirma el informe de la misma reunión elaborado por ICI (p.c.g., anexo 24)-, como cierto número de cuadros numéricos relativos a los volúmenes de ventas de los diferentes productores, como unas instrucciones sobre precios que corresponden, en su cuantía y en su fecha de entrada en vigor, a los objetivos sobre precios mencionados en dichos informes de reuniones, o como las respuestas de diferentes productores a las solicitudes de información que les dirigió la Comisión. Además, ciertos documentos que confirman globalmente el contenido de los informes de reuniones procedentes de ICI fueron descubiertos precisamente en los locales de la demandante o fue ella quien los proporcionó (p.c.g., anexos 2, 23, 45 y 88).

43 En consecuencia, la Comisión pudo razonablemente considerar que los informes de las reuniones descubiertos en los locales de ICI reflejaban con bastante objetividad el contenido de unas reuniones en las que ocupaban la presidencia distintos miembros del personal de ICI, lo que hacía aun más necesario que éstos informaran correctamente del contenido de las reuniones a los miembros del personal de ICI que no participaban en alguna de ellas, elaborando informes sobre las mismas.

44 En estas circunstancias, corresponde precisamente a la demandante proporcionar una explicación diferente sobre el contenido de las reuniones en las que participó, aportando datos precisos, como las notas que tomó su empleado en las reuniones en las que participó o el testimonio de los miembros de su personal que participaron en las reuniones. Se debe hacer constar que la demandante no ha aportado ni se ha ofrecido a aportar datos de este tipo ante el Tribunal.

45 Por otra parte, la cuestión de si los documentos utilizados por la Comisión como pruebas de cargo contra la demandante podían probar no sólo el contenido genérico de las conversaciones celebradas entre los productores, sino además el comportamiento específico de la demandante, o incluso la cuestión de si la Comisión interpretó esos documentos de una manera sistemáticamente desfavorable a la demandante, se confunden con el problema de si la determinación de los hechos que realizó la Comisión en su Decisión resulta apoyada por las pruebas que ésta aportó. Al ser ésta una cuestión de fondo relativa a la prueba de la existencia de infracción, procede examinarla más tarde junto con las demás cuestiones relativas a la prueba de la existencia de infracción.

2. Falta de comunicación de ciertos documentos o negativa a comunicarlos

46 La demandante indica que, tras la comunicación del pliego de cargos, la Comisión permitió a los destinatarios de éste examinar el expediente del caso. Sin embargo, según la demandante, cierto número de documentos que le eran favorables no figuraban en el expediente. Mediante escrito de 30 de agosto de 1984 pidió en vano a la Comisión que le permitiera examinar dichos documentos, que habrían debido permitirle demostrar la especial posición de su empleado, Sr. B., en las reuniones. También le denegó la Comisión, mediante escrito de 13 de septiembre de 1984 -mientras que ella había presentado su petición en escrito de 30 de julio de 1984-, el derecho a conocer las respuestas de los demás productores al pliego de cargos, que habrían podido incluir datos favorables para Hercules y que le habrían permitido preparar las audiencias y estudiar la posibilidad de un eventual recurso.

47 La demandante impugna los motivos que la Comisión alega para justificar estas negativas, a saber, que ya había divulgado, en los anexos al pliego de cargos, todas las informaciones necesarias y suficientes para permitir a Hercules preparar su defensa, que ella estaba obligada a tener en cuenta todas las pruebas, incluidas las favorables a Hercules, y que, por consiguiente, esta última no necesitaba tener acceso a los documentos solicitados. La demandante considera que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 13 de julio de 1966, Consten-Grundig/Comisión, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 429; de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619; de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint Association/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063; de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461), el respeto del derecho de defensa exige que se informe a las empresas de los datos esenciales en los que se basan los cargos de la Comisión y se les ofrezca la posibilidad de dar a conocer dentro de plazo su punto de vista. Ahora bien, según Hercules, los cargos se basaban no sólo en los documentos adjuntos al pliego de cargos, sino también en otros documentos que el redactor de dicha comunicación decidió dejar a un lado. De este modo se impidió que Hercules demostrara que la presencia de su empleado, Sr. B., en algunas reuniones no permitía llegar a la conclusión de que ella había participado en una infracción. En su opinión, pues, resultaba necesario para la defensa subrayar la importancia de toda información favorable a su causa que obrara en poder de la Comisión, pero que ésta podría haber olvidado o subestimado.

48 La demandante indica, además, que esta violación del derecho de defensa que la Comisión cometió en el procedimiento administrativo no puede corregirse presentando los documentos de que se trata ante el juez comunitario en el curso del proceso.

49 Añade en su réplica que la Comisión carece de base para reprocharle el no haber podido señalar un solo documento que apoyara sus alegaciones, puesto que naturalmente le ha sido imposible identificar unos documentos que quizá se le ocultaron. Tampoco puede la Comisión reprochar a Hercules el haber llegado a la conclusión de que algunos documentos que podrían haberle resultado útiles habían sido retirados del expediente, ya que le habría resultado fácil disipar las dudas existentes sobre este tema permitiendo a Hercules examinar los documentos de la investigación no incluidos en el expediente.

50 Por su parte, la Comisión indica que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 25), la Comisión no está obligada a comunicar sus expedientes a las partes. Añade que, en cualquier caso, los únicos documentos que no puso a disposición de la demandante en la fase de puesta de manifiesto del expediente fueron, en el caso de autos, los que contenían auténticos secretos comerciales, sus documentos internos y las respuestas de los demás productores a sus pliegos de cargos. Así pues, niega haber rehusado el acceso a los documentos que no apoyaban su demostración. Por otra parte, indica, Hercules no ha podido señalar un solo documento que apoyara su alegación de que la Comisión escogió los documentos que servían mejor su tesis y se abstuvo de utilizar o de divulgar los otros. La Comisión considera, además, que no está obligada a permitir el examen de las respuestas de los otros productores a los pliegos de cargos.

51 Este Tribunal indica que el respeto del derecho de defensa exige que se haya permitido a la demandante defender como lo considerase oportuno su punto de vista sobre el conjunto de cargos formulados en su contra por la Comisión en los pliegos de cargos que se le dirigieron, así como sobre las pruebas destinadas a apoyar estos cargos y mencionadas por la Comisión en sus pliegos de cargos o adjuntas a éstas (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7).

52 En cambio, el respeto del derecho de defensa no exige que una empresa implicada en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE pueda comentar todos los documentos que formen parte del expediente de la Comisión, puesto que no hay disposiciones que impongan a la Comisión la obligación de comunicar sus expedientes a las partes interesadas (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, antes citada, apartado 25).

53 Sin embargo, conviene señalar que, al establecer un procedimiento de puesta de manifiesto del expediente en los asuntos de competencia, la Comisión se impuso a sí misma unas normas que sobrepasaban las exigencias formuladas por el Tribunal de Justicia. Según estas normas formuladas en el Duodécimo Informe sobre la política de competencia (pp. 40 y 41):

"La Comisión concederá a las empresas implicadas en un procedimiento la facultad de examinar el expediente que les afecta. Las empresas serán informadas del contenido del expediente de la Comisión, adjuntándose al pliego de cargos o a la carta de archivo de la denuncia una lista de todos los documentos que integran el expediente con indicación de los documentos o partes de los mismos que puedan ponerse de manifiesto. Se solicitará a las empresas que examinen in situ los documentos que puedan ponérseles de manifiesto. Si una empresa desea examinar solamente algunos de ellos, la Comisión puede expedir copias. La Comisión considera que los siguientes documentos son confidenciales y, por consiguiente, no pueden ponerse de manifiesto a una determinada empresa: los documentos o partes de los mismos que contengan secretos comerciales de otras empresas; los documentos internos de la Comisión, tales como notas, proyectos u otros documentos de trabajo; cualquier otra información confidencial como, por ejemplo, aquélla que permita identificar a los denunciantes que deseen que no se revele su identidad, así como los datos comunicados a la Comisión con la condición de que se respete el carácter confidencial de los mismos." (traducción no oficial).

Procede señalar que la Comisión no puede renunciar a las normas que de este modo se impuso a sí misma (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 1973, Comisión/Consejo, 81/72, Rec. p. 575, apartado 9, y de 30 de enero de 1974, Louwage/Comisión, 148/73, Rec. p. 81).

54 Se deduce de lo anterior que la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE el conjunto de documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

55 Este Tribunal considera que en el caso de autos ninguna circunstancia permite demostrar que los servicios de la Comisión seleccionaran los documentos que se pusieron de manifiesto a la demandante con el fin de impedirle demostrar que, dada la posición de su empleado en las reuniones de productores de polipropileno, ella no había participado en la infracción. En efecto, es preciso reconocer que, frente a las negativas de la Comisión, la demandante no ha aportado indicio alguno que pueda demostrar la mala fe de los servicios de la Comisión, cosa que habría podido hacer concretando ante ese Tribunal las sospechas que expresó en su escrito de 30 de agosto de 1984, según las cuales ciertos documentos descubiertos por la Comisión en sus locales no habían sido recogidos en el expediente que se le puso de manifiesto.

56 Por lo que se refiere más concretamente a la negativa de la Comisión a dar acceso a la demandante a las respuestas a los pliegos de cargos que dieron los demás productores, este Tribunal considera que no es necesario examinar si tal negativa constituye una violación del derecho de defensa. En efecto, tal examen sólo sería necesario si existiera una posibilidad de que el procedimiento administrativo hubiera podido desembocar en un resultado diferente de no existir dicha negativa (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 27, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de noviembre de 1990, T-7/90, Kobor/Comisión, Rec. p. II-721, apartado 30). Ahora bien, es preciso reconocer que no es éste el caso en el presente asunto. En efecto, tras la acumulación de los diversos asuntos para la fase oral del procedimiento ante este Tribunal, la demandante tuvo acceso a las respuestas de las otras empresas a los pliegos de cargos y no extrajo de ellas ninguna prueba de descargo, que habría podido alegar en la fase oral del procedimiento. Resulta lícito deducir de ello que dichas respuestas no contenían prueba de descargo alguna y que, por tanto, el hecho de que la demandante no pudiera examinarlas durante el procedimiento administrativo no pudo afectar al resultado al que llegó la Decisión.

57 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

La prueba de la existencia de infracción

58 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos.

59 En estas circunstancias, procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativas a los contactos entre los productores y a la reunión de la "European Association for Textyle Polyolefins" (en lo sucesivo, "EATP") de 22 de noviembre de 1977 (A), al sistema de reuniones periódicas de los productores de polipropileno (B), a las iniciativas sobre precios (C), a las medidas destinadas a aplicar las iniciativas sobre precios (D) y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (E), dando cuenta en cada caso del acto que se impugna ((a) )) y de las alegaciones de las partes ((b) )), antes de pasar a valorarlos ((c) )); a continuación procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

A. Los contactos entre productores y la reunión de la "EATP" de 22 de noviembre de 1977

a) Acto que se impugna

60 La Decisión (párrafo cuarto del apartado 17, párrafo tercero del apartado 78 y párrafo segundo del apartado 104) acusa a la demandante de haber declarado, exactamente igual que Hoechst, ICI, Linz, Saga y Solvay, que apoyaría el anuncio que hizo Monte, en un artículo aparecido el 18 de noviembre de 1977 en la prensa especializada (European Chemical News; en lo sucesivo, "ECN"), de su intención de subir el precio de la rafia a 1,30 DM/kg a partir del 1 de diciembre. Las diferentes declaraciones que se hicieron a este respecto durante la reunión de la EATP, celebrada el 22 de noviembre de 1977, tal como se recogieron en el informe, indican, según la Comisión, que los demás productores habían adoptado el precio de 1,30 DM/kg fijado por Monte como "objetivo" para la totalidad del sector.

61 Según la Decisión (párrafos primero y segundo del apartado 16), dicha declaración de apoyo se inscribía en el marco de las conversaciones que habían iniciado los productores para evitar una caída brutal de los precios del polipropileno y las pérdidas que ésta produciría, en el marco de las cuales, indica la Decisión, los principales productores, Monte, Hoechst, ICI y Shell, habían tomado la iniciativa de un "acuerdo sobre precios mínimos", que debía entrar en vigor el 1 de agosto de 1977, y cuyos detalles habían sido comunicados a los demás productores y especialmente a Hercules, cuyo director comercial señaló que los "precios mínimos" para las principales calidades del polipropileno se basaban en un precio orientativo de 1,25 DM/kg para la calidad rafia.

62 La Decisión (párrafos quinto y sexto del apartado 16) indica, además, que ICI y Shell admiten haber tenido contactos con otros productores para estudiar el modo de poner fin a la caída de precios. Sin embargo, la Comisión reconoce que, excepto en lo que se refiere a los "cuatro grandes" (Hoechst, Monte, ICI y Shell), a Hercules y a Solvay, no ha podido determinar la identidad de los productores que participaban en las conversaciones en aquella época, ni tampoco obtener detalles sobre el funcionamiento del "acuerdo sobre precios mínimos".

63 La Decisión (párrafo primero del apartado 17) afirma, además, que fue aproximadamente en el momento en que Monte anunció su intención de subir sus precios cuando comenzó el sistema de reuniones periódicas de los productores de polipropileno. Subraya sin embargo, que, según confiesa la propia ICI, los productores mantenían ya contactos entre ellos con anterioridad, probablemente por teléfono, cuando la ocasión lo requería.

b) Alegaciones de las partes

64 La demandante sostiene que no hay ninguna prueba de que ella estableciera contactos regulares con sus competidores fuera de los que mantuvo con ellos en las reuniones de productores. Así, la nota que daba cuenta de una llamada telefónica recibida probablemente a principios del año 1977 por el director comercial de Hercules (p.c.g., anexo 2), en la que la Comisión se basa para afirmar que los "grandes productores" habían celebrado un acuerdo entre ellos, y que fue comunicada voluntariamente a la Comisión por la demandante, prueba como máximo, según ella, que recibió ocasionalmente por teléfono, de boca de otros productores, informaciones sobre el contenido de las reuniones que éstos habían celebrado, cosa que nunca ha negado. Pero ni esta nota ni ningún otro documento prueban que Hercules tomara la iniciativa de tales contactos, iniciativa que, según afirma, jamás tomó.

65 Por otra parte, la demandante indica, por un lado, que la Comisión cree poder deducir de ciertos documentos que no tienen relación con Hercules que algunos productores se pusieron de acuerdo sobre una iniciativa sobre precios para diciembre de 1977 y, por otro lado, que la Comisión afirma que Hercules participó en dicho acuerdo basándose únicamente en el informe que recoge las declaraciones realizadas por los directivos de la demandante en las reuniones de la EATP de mayo y noviembre de 1977 (p.c.g., anexos 5 y 6). Sin embargo, la demandante subraya que las declaraciones del mes de mayo son anteriores a la primera prueba de cualquier acuerdo que hubieran celebrado los cuatro grandes productores y que el contenido de las mismas no tenía nada de reprensible. Las declaraciones de noviembre, que reflejaban el apoyo a la idea de un aumento de precios del polipropileno como consecuencia de la subida de los costes de producción, no prueban, en absoluto, la existencia de una colusión ilegal. Por otra parte, el poner de manifiesto una colusión semejante en una reunión de la EATP en presencia de los clientes resulta inverosímil. Según la demandante, las declaraciones de noviembre pueden interpretarse perfectamente como la reacción pública normal de un productor frente a actos notorios de sus competidores, tales como el anuncio de su subida de precios que realizó Monte en ECN (p.c.g., anexo 3). Por la misma razón, cuando Hercules declara, en una reunión de la EATP en mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7), que los precios aún no habían alcanzado un nivel satisfactorio, tal declaración no puede demostrar la participación de la demandante en unos acuerdos sobre precios, tanto más cuanto que la Comisión indica que dichos acuerdos se celebraron en reuniones de productores en las que no está probado que Hercules participara. Así, según la demandante, todas las pruebas disponibles sugieren que, a lo largo de 1977 y hasta algún momento del año 1979, Hercules sólo recibió, información sobre las conversaciones que pudieran mantener los otros productores.

66 La demandante alega también que la Comisión no cuenta para este período con instrucciones sobre precios concordantes procedentes de Hercules y que, por consiguiente, su situación es idéntica a la de BP, que mantuvo también contactos con los demás productores, y a la de Amoco, que, además de estos contactos, también realizó declaraciones en la reunión de la EATP de mayo de 1978. Y añade a esto que la Comisión admitió que no podía demostrar con certeza que Hercules participara en un acuerdo central en esa época.

67 Por su parte, la Comisión basa sus cargos, por un lado, en el hecho de que Hercules tenía conocimiento de que los "cuatro grandes" habían celebrado un acuerdo sobre precios mínimos, como lo muestra el informe de una conversación telefónica de Hercules que data de mediados de 1977 (p.c.g., anexo 2), en el que se describen las características de este acuerdo, y, por otro lado, en las declaraciones que realizó Hercules en tres reuniones de la EATP en mayo de 1977 (p.c.g., anexo 5), noviembre de 1977 (p.c.g., anexo 6) y mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7). En la primera, declaró lo siguiente:

"Hercules is not happy with the current price levels, but feels it will be up to the traditional industry leaders to bring some order out of the present chaos."

("A Hercules no le gusta el nivel de precios actual, pero considera que es responsabilidad de los líderes tradicionales del sector poner orden en este caos.")

En la segunda reunión declaró:

"Since the first alternative does not appear likely, I was happy to learn on Friday from Mrs. T. of European Chemical News that Montedison had announced to her that they had made the first move in announcing the new European prices for their grades of polypropylene", LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0007.1

("Como la primera posibilidad no parece probable, me alegró enterarme el viernes a través de la Sra. T. de European Chemical News que Montedison le había anunciado que habían dado los primeros pasos para anunciar los nuevos precios europeos para sus diferentes calidades de polipropileno"),

expresando de este modo su apoyo a una iniciativa de Monte recogida en la prensa especializada (p.c.g., anexo 3, en el que se hace referencia a un artículo anterior). Parece verosímil que Hercules supiera que esta iniciativa era resultado de un acuerdo ilícito (p.c.g., anexo 2). En la tercera reunión, Hercules declaró:

"Although prices for polypropylene have increased significantly since the fourth quarter of last year, they are not yet at a satisfactory level. It may not have been realistic to think that an increase to 1.30 DM/kg could have been reached in one step, but the need to get to this minimum level has not and will not diminish."

("Aunque los precios del polipropileno han aumentado significativamente a partir del cuarto trimestre del pasado año, aún no han alcanzado un nivel satisfactorio. Quizá no era realista pensar que se podría conseguir un aumento a 1,30 DM/kg de un sola vez, pero la necesidad de alcanzar este nivel mínimo no ha disminuido y no disminuirá.")

68 Por lo que respecta a los contactos telefónicos con otros productores, la Comisión afirma que fue la propia Hercules quien declaró, en su respuesta al pliego de cargos, que el Sr. B. recibía de vez en cuando llamadas telefónicas para informarle del contenido de las reuniones a las cuales no había asistido.

69 La Comisión precisa que se abstuvo de realizar cualquier tipo de afirmación sobre la participación de Hercules en reuniones de productores distintas de las reuniones de la EATP con anterioridad a 1979. Y toma buena nota a este respecto de la afirmación que realiza Hercules en su réplica, en la que declara haber sido informada de los resultados de las reuniones que se celebraron "en el primer período, al principio del cual el Sr. B. no asistió en absoluto a las reuniones y posteriormente sólo asistió muy de tarde en tarde". De este modo, entiende la Comisión, la demandante se refiere, evidentemente, al período de 1978 e indica que el apoyo aportado a las subidas de precios en las reuniones de la EATP se basaba, al menos, en el conocimiento de una colusión subyacente y en la intención de unirse a la misma.

70 En cuanto a la discriminación sufrida por la demandante en relación con Amoco y BP, la Comisión señala que el apartado 78 de la Decisión indica con claridad que si Amoco y BP no forman parte del grupo de destinatarios de la Decisión es porque "el conjunto de los elementos de prueba no permite establecer de forma concluyente su participación en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE".

c) Apreciación del Tribunal

71 Este Tribunal hace constar que la demandante ha admitido, tanto en su respuesta a la solicitud de información (p.c. Her., anexo 1) como en su recurso, haber recibido ocasionalmente informaciones por teléfono procedentes de otros productores sobre las conversaciones o las reuniones que éstos habían celebrado, aunque niegue haber tomado la iniciativa de dichos contactos. Es preciso destacar, además, que Hercules no ha señalado límites temporales a la existencia de dichos contactos.

72 Teniendo en cuenta la existencia de estos contactos en 1977 y 1978 y las declaraciones realizadas por la demandante en la reunión de la EATP de 27 de mayo de 1977, procede analizar la cuestión de si las declaraciones que realizó la demandante en la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 constituyen la expresión de un concurso de voluntades con otros productores sobre un objetivo de precios de 1,30 DM/kg para el 1 de diciembre de 1977, cuya existencia resulta confirmada por las declaraciones que realizó la demandante en la reunión de la EATP de 26 de mayo de 1978.

73 Este Tribunal considera que éste es precisamente el caso. En efecto, es preciso subrayar que, en la reunión de la EATP de 27 de mayo de 1977 (p.c.g., anexo 5), la demandante sugirió que los líderes tradicionales del mercado (es decir los "cuatro grandes") pusieran orden en el caos del mercado; a mediados de 1977 (p.c.g., anexo 2), supo por teléfono que los "cuatro grandes" habían celebrado un acuerdo sobre precios mínimos (a saber, 1,25 DM/kg); en la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 (p.c.g., anexo 6), expresó públicamente su alegría por haberse enterado a través de ECN de que Monte había dado los primeros pasos para anunciar nuevos precios europeos para el polipropileno (es decir, 1,30 DM/kg), sabiendo al mismo tiempo que se había alcanzado un acuerdo sobre precios mínimos y que Monte participaba en dicho acuerdo; en la reunión de la EATP de 26 de mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7), la demandante destacó que los precios habían aumentado -pero de manera insuficiente- y que no había sido realista creer que el aumento a 1,30 DM/kg podría efectuarse en una sola etapa.

74 Por otra parte, este Tribunal considera que el caso de Amoco se distingue del de la demandante, en la medida en que no se cuenta con pruebas de que aquella empresa tuviera contactos con otros productores de polipropileno antes de la reunión de la EATP de 26 de mayo de 1978 y en que no participó en las reuniones de la EATP de 27 de mayo de 1977 y de 22 de noviembre de 1977, en la última de las cuales se puso de manifiesto un concurso de voluntades entre diferentes productores de polipropileno. Procede añadir a esto que BP, por su parte, no participó en ninguna de estas reuniones.

75 Se deduce de las consideraciones precedentes que la Comisión ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho, por una parte, que la demandante era informada del resultado de las conversaciones sobre precios y que mantenía contactos con otros productores, principalmente en los años 1977 y 1978, cuando las circunstancias lo requerían, y, por otra parte, que las declaraciones de la demandante, tal como se recogen en el informe de la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977, constituyeron la expresión de un concurso de voluntades entre la demandante y otros productores sobre el establecimiento de un objetivo sobre precios de 1,30 DM/kg.

B. El sistema de reuniones periódicas

a) Acto que se impugna

76 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 18), en 1978 se celebraron al menos seis reuniones de altos cargos directivos responsables del sector del polipropileno de ciertos productores ("jefes"). Este sistema se completó pronto con unas reuniones de nivel menos elevado entre técnicos con mayores conocimientos de marketing ("expertos") (se hace referencia aquí a la respuesta de ICI a la solicitud de información basada en el artículo 11 del Reglamento nº 17, p.c.g., anexo 8). La Decisión afirma que la demandante declara haber asistido a estas reuniones de manera irregular hasta comienzos de 1982, pero con mayor frecuencia a partir del mes de mayo de dicho año (párrafo tercero del apartado 18).

77 Según la Decisión (párrafo décimo del apartado 78), Hercules, único productor americano presente en las reuniones, pretende que sólo asistió a ellas como "observador" y, además, sin regularidad. Hercules reconoció haber tomado parte en las reuniones a partir de mayo de 1979 y haber sido informado del resultado de las reuniones a las cuales su representante no asistía. Según afirma la Decisión, a partir de mediados de 1982 el representante de Hercules, aunque amenazaba con retirarse porque los productores alemanes "no lo aceptaban", asistió a unas quince de las treinta reuniones plenarias de las que se tiene conocimiento, incluyendo entre ellas varias reuniones de "jefes". Los informes de ICI revelan que dicho representante tomaba parte activa en las discusiones, hasta el punto de proponer el sistema de "account leadership". También tomó parte en las reuniones locales, al menos en las relativas al Benelux. Aunque recibía informes detallados sobre las ventas mensuales de los demás productores, parece que el representante de Hercules no les comunicaba las cifras relativas a su propia empresa.

78 La Decisión afirma (párrafo undécimo del apartado 78) que Hercules intentó hacer pasar la presencia de su representante en las reuniones como una iniciativa oficiosa procedente de un directivo de un nivel relativamente poco elevado. Los propios documentos de ésta revelan, sin embargo, que dicha persona ocupaba un puesto de responsabilidad en la empresa en calidad de director de marketing para el polipropileno y que ya en 1977, en el momento del acuerdo sobre precios mínimos, y en 1981, sus propios superiores estaban en contacto con otros productores en el marco de las negociaciones sobre precios. Según la Decisión, resulta por tanto inconcebible que no conocieran el propósito real de los viajes de negocios de aquél, que ellos mismos autorizaban a partir de mayo de 1979.

79 La Decisión (párrafo tercero del apartado 85) llega a la conclusión de que Hercules no puede eludir su responsabilidad en la infracción pretendiendo que la participación de su representante era "oficiosa" o que éste ocultaba algunas informaciones a los demás productores.

80 La Decisión (apartado 21) afirma que las reuniones periódicas de productores de polipropileno tenían por objeto principal el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas y el control de su cumplimiento por parte de los productores.

b) Alegaciones de las partes

81 La demandante sostiene que la Comisión no puede deducir que Hercules cometiera una infracción del hecho de que uno de sus empleados, Sr. B., tomara parte en algunas reuniones de productores de polipropileno, puesto que su participación fue esporádica, pasiva, desconocida por sus superiores y oficiosa y porque el nivel de este empleado era insuficiente para permitirle asumir compromisos en nombre de la empresa.

82 Hercules señala, en primer lugar, que su empleado participó en cinco reuniones de las veinticuatro correspondientes al período anterior al mes de mayo de 1982 que se mencionan en el cuadro nº 3 de la Decisión, en seis reuniones de "jefes" sobre dieciséis y en nueve reuniones de "expertos" sobre quince entre mayo de 1982 y finales de agosto de 1983, y que no participó en ninguna de las tres reuniones celebradas después del 23 de agosto de 1983. Afirma, además, que el carácter esporádico de su participación en las reuniones resulta confirmado por las respuestas de ICI (p.c.g., anexo 8) y de Monte a la solicitud de información (anexo 3 al pliego de cargos dirigido a Monte; en lo sucesivo, "p.c. Monte").

83 La demandante señala, en segundo lugar, que esta participación esporádica en las reuniones fue puramente pasiva, como lo muestra la respuesta de ICI a la solicitud de información y como reconoció por su parte la Decisión (párrafo décimo del apartado 78), según la cual el empleado de Hercules "no parece que haya comunicado las cifras de su propia empresa". Esto tiene, a su juicio, mucha importancia, en la medida en que la comunicación de estas cifras resultaba indispensable para el funcionamiento de la práctica colusoria, puesto que el intercambio de información sobre las ventas realizadas era el medio a través del cual los productores pensaban vigilar la ejecución de los acuerdos alcanzados.

84 La demandante alega, en tercer lugar, que la presencia de su empleado en las reuniones no había sido aprobada por sus superiores, que la ignoraban, y que era contraria a la política de la sociedad. A este respecto explica que, aunque al principio del período al que se refiere la Comisión otros productores entraron en contacto con algunos de sus directivos y les pusieron al corriente de la existencia de las reuniones de productores y de los compromisos en materia de precios, eso no significa que sus altos cargos directivos supieran que uno de sus empleados subalternos participaba en tales reuniones. Al enterarse de que dicho empleado obtenía una información similar a la que recibían ellos mismos y había sido invitado a asistir a reuniones, sus superiores le recordaron que la participación en tales reuniones era contraria a la política de la empresa. Según la demandante, resultaba lógico pensar que estas instrucciones habían sido respetadas. Habida cuenta del hecho de que, en el ejercicio de sus funciones, dicho empleado se veía obligado a efectuar numerosos viajes a gran número de ciudades europeas y que sus desplazamientos profesionales no exigían ni aprobación previa de sus superiores ni explicación por su parte, nada -ni siquiera los documentos justificativos de sus desplazamientos destinados únicamente al reembolso de sus gastos de viaje- permitía a sus superiores, que por lo demás desconocían el lugar y la fecha de las reuniones, descubrir que acudía a ellas, por otra parte, de manera esporádica. En contra de lo que señala la Comisión en su escrito de contestación, el informe del consejero de Hercules Incorporated (p.c. Her., anexo 6), que dice simplemente que el papel que desempeñó su empleado "pudo ser conocido" por sus superiores y no que éstos lo conocieran, no contradice la conclusión anterior. En cambio, dicha conclusión resulta confirmada por el hecho de que, el 29 de julio de 1981, el superior de este empleado le informara del contenido de una reunión que acababa de celebrarse (p.c. Her., anexo 18), lo que muestra que no estaba al corriente de la participación de su subordinado. Según la demandante, el móvil de la participación secreta de su empleado fue el de conseguir informaciones para obtener el favor de sus superiores.

85 Dicho esto, la demandante reconoce que todavía no está resuelta la cuestión de si una empresa puede ser considerada responsable de infracciones de las normas comunitarias sobre la competencia cuando adoptó precauciones razonables para evitar cometer tales infracciones, pero, a pesar de sus esfuerzos, un empleado indisciplinado adoptó iniciativas contrarias a las órdenes de sus superiores.

86 La demandante señala, en cuarto lugar, que su empleado no era un participante de pleno derecho en las reuniones y que sólo participaba en ellas en calidad de observador, cosa que los demás participantes en las reuniones sabían, pues él les advertía de su posición de observador oficioso, como lo muestra el informe de una reunión de marzo de 1983 (p.c. Her., anexo 11), en el que se puede leer "B., marketing manager attends unofficially". Según Hercules, esta participación oficiosa provocó las iras de los productores alemanes y neerlandeses, tal como muestran el informe de la reunión de 2 de diciembre de 1982 (p.c.g., anexo 33) y el informe de una conversación telefónica entre dicho empleado y un ejecutivo de ICI de fecha 3 de diciembre de 1982 (p.c.g., anexo 88).

87 Alega, por último, la demandante que el nivel de responsabilidad de su empleado en el seno de la empresa le impedía adherirse a acuerdos relativos a precios objetivos o a reducciones de la producción o de las ventas. En efecto, según ella, a pesar de la denominación de su puesto, este empleado no era un alto ejecutivo de la sociedad, no tenía responsabilidades directivas y no ostentaba las facultades necesarias para obligar a la sociedad. Más concretamente, no tenía autoridad alguna en materia de control de la producción o de política general de ventas, y sus decisiones relativas a las instrucciones sobre precios para los directores comerciales locales estaban sometidas a la aprobación de sus superiores.

88 Por su parte, la Comisión alega que no consideró que el ritmo de participación en las reuniones constituyera un factor pertinente desde el momento en que tenía la certeza de que una empresa participaba en el plan común de regulación de los precios y de los suministros (véase el párrafo primero del apartado 83 de la Decisión). Subraya, no obstante, que Hercules reconoció en su respuesta al pliego de cargos que su empleado había asistido "con mucha frecuencia" a las reuniones desde febrero de 1982 a marzo de 1983 inclusive. Además, el informe de la reunión de 1 de junio de 1983 (p.c.g., anexo 40) incluye a Hercules entre los participantes habituales en las reuniones.

89 La Comisión niega que la participación de la demandante en las reuniones tuviera carácter pasivo basándose en dos notas muy breves, una de las cuales indica: "B. - Account leadership" (p.c. Her., anexo 10) y la otra "B.: originator of 'account leadership' concept (not working)" (("B.: iniciador de la idea del 'account leadership' (que no funciona)")) (p.c. Her., anexo 11), de las que ella deduce que el empleado de la demandante estuvo en el origen del sistema de "account leadership". Invoca también a este respecto el informe de una reunión de marzo de 1982 (p.c. Her., anexo 43) del que se deduce, según ella, que el Sr. B. había pedido que se corrigiera la cuota que se le había atribuido. Añade que no tiene importancia el hecho de que el empleado de Hercules no comunicara sus cifras de ventas en las reuniones, en la medida en que él sabía que los demás productores podían calcular tales cifras gracias a los datos del sistema Fides de intercambio de datos.

90 En lo referente a la alegación de la demandante de haber prohibido a dicho empleado participar en las reuniones, la Comisión llama la atención sobre el hecho de que al menos en dos ocasiones, en 1977 (p.c.g., anexo 2) y el 29 de julio de 1981 (p.c. Her., anexo 18), éste recibió de sus superiores información sobre los acuerdos de precios que se habían celebrado. Las informaciones recibidas el 29 de julio de 1981 sobre la reunión del 28 de julio no contradicen en nada la tesis de la Comisión, puesto que el empleado de la demandante no estuvo presente en esa reunión. Resulta, pues, poco plausible que Hercules creyera que dicho empleado había comprendido que la empresa desaprobaba estas prácticas colusorias y que tenía prohibido participar en las reuniones. La Comisión señala, además, que no se ha presentado indicio documental alguno de dicha prohibición. Tampoco resulta verosímil, en su opinión, que los superiores del Sr. B. ignoraran la participación de éste en las reuniones. Por lo demás, un informe elaborado por un consejero de Hercules Incorporated en las semanas que siguieron a las inspecciones realizadas por la Comisión (p.c. Her., anexo 6) indica expresamente: "It appears that Mr. B.' s non-participant observer role may have been known to several of his immediate superiors" ("Parece que varios de sus superiores inmediatos pueden haber conocido el papel de observador no participante del Sr. B."). La Comisión añade que, incluso si las actividades del Sr. B. fueran desconocidas para sus superiores y constituyeran una muestra de indisciplina -y, según ella, no es así-, ello no permite a Hercules eludir su propia responsabilidad.

91 La Comisión considera, además, que la participación del empleado de la demandante en las reuniones no era de una naturaleza diferente a la de los otros productores, como lo muestran su participación activa en las discusiones y los compromisos que asumía en nombre de la sociedad. Recuerda, a este respecto, el papel que esta persona desempeñó en el establecimiento del sistema de "account leadership", así como la aceptación por el mismo, en la reunión de 2 de diciembre de 1982 (p.c.g., anexo 33, cuadro nº 2) y en una conversación telefónica de 3 de diciembre de 1982 (p.c.g., anexo 88), de la cuota que se había asignado a la demandante, así como del nuevo valor corregido de ésta en una reunión de marzo de 1982.

92 La Comisión indica, por último, que resulta vano tratar de probar que el empleado de la demandante no tenía facultades de decisión en la empresa, puesto que el hecho de que las instrucciones sobre precios que daba la demandante tras las reuniones reflejaran los objetivos sobre precios acordados en las mismas demuestra sin ambigueedad lo contrario.

c) Apreciación del Tribunal

93 En lo referente al comienzo de la participación de la demandante en las reuniones de productores, este Tribunal hace constar que el pliego de cargos específico dirigido a Hercules indica: "Mr F.B., ((...)), attended a number of 'Bosses' and 'Experts' meetings from 1979 ((...))" ("El Sr. F.B. ((...)) asistió a cierto número de reuniones de 'jefes' y de 'expertos' a partir de 1979").

94 Según las respuestas de ICI, de Monte y de la demandante a las solicitudes de información (p.c.g., anexo 8; p.c. Monte, anexo 3 y p.c. Her., anexo 1), Hercules participó sin regularidad en las reuniones en 1979, 1980 y 1981. La demandante reconoce haber participado en una o dos reuniones en 1979, en una reunión en 1980 y en dos reuniones en 1981. Sin embargo, es preciso destacar que, según el acta del interrogatorio a que fue sometido el empleado de Hercules, Sr. B., por los Agentes de la Comisión (p.c. Her., anexo 7, apéndice A), éste indicó que quizás hubiera participado en otras dos reuniones en 1979, en otras dos reuniones en 1980 y en otra reunión en 1981. Además, según la respuesta de la demandante al pliego de cargos, ésta participó con frecuencia en las reuniones a partir de febrero de 1982, lo que permite pensar que participó en las reuniones que se celebraron en febrero, marzo y abril de 1982 (es decir, cinco reuniones). Por consiguiente, su participación en las reuniones durante estos años no fue tan irregular como afirma, puesto que, según sus propias declaraciones, es posible que tomara parte, antes de mayo de 1982 en quince de veintinueve reuniones (es decir, las veinticuatro reuniones mencionadas en el cuadro nº 3 de la Decisión para el período de que se trata, a las que se añaden las reuniones celebradas en este mismo período que se mencionan en el acta del interrogatorio del Sr. B., pero que no figuran en el cuadro nº 3 de la Decisión), y no en cinco de veinticuatro reuniones.

95 Procede estimar que la relativa irregularidad con que la demandante participó en las reuniones que se celebraron en esta época no es el único dato a tener en cuenta a la hora de analizar su participación en el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno, sino que también se deben tener en cuenta los contactos que pudo tener con otros productores. A este respecto, es preciso subrayar que la demandante indicó en su respuesta a la solicitud de información (p.c. Her., anexo 1):

"Mr B. was informed on a number of occasions that meetings were scheduled to occur and was invited to attend. It does not appear that Mr B. was informed in such conversations about any action which it was proposed to take at such meetings. Mr. B. did not make any commitment with respect to prices, volumes, or related matters, and did not authorize anyone to represent or act on behalf of Hercules at such meetings. On a number of occasions, but not invariably, Mr B. was informed after meetings as to what had transpired. On such occasions Mr B. did not make any commitments or express any intention, to follow or support any price changes that may have been agreed upon at such meetings. On occasion, Mr B. may have made general statements indicating Hercules' desire for higher polypropylene prices."

("En varias ocasiones se informó al Sr. B. de que se habían organizado reuniones y se le invitó a participar en ellas. No parece que en estos casos se informara al Sr. B. por adelantado de las acciones que se discutirían en dichas reuniones. El Sr. B. no asumió compromiso alguno relativo a precios, volúmenes de ventas o materias conexas, y no autorizó a nadie a representar a Hercules en dichas reuniones o actuar en nombre de ella. En cierto número de casos, pero no siempre, se informó al Sr. B. tras las reuniones de lo que había ocurrido en ellas. En tales ocasiones el Sr. B. no asumió compromiso alguno ni expresó en ningún momento la intención de aplicar o apoyar los cambios de precios que se hubieran podido acordar en las reuniones. Ocasionalmente, el Sr. B. puede haber realizado afirmaciones de carácter general indicando que Hercules deseaba unos precios más altos para el polipropileno.")

96 Teniendo en cuenta estos contactos, a través de los cuales el Sr. B. pudo completar las numerosas informaciones que había recogido en las reuniones sobre las políticas comerciales que pensaban seguir los competidores de la demandante, procede declarar que el carácter relativamente irregular de la participación del empleado de la demandante en las reuniones antes de mayo de 1982 no basta para desmentir su participación en el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno durante dicho período.

97 Este Tribunal hace constar que la participación de la demandante en las reuniones a partir de mayo de 1982 y hasta finales de agosto de 1983 fue regular, como lo muestran su respuesta a la solicitud de información, su respuesta al pliego de cargos y los informes de las reuniones de 3 de mayo y 1 de junio de 1983 (p.c.g., anexos 38 y 40), el primero de los cuales menciona "a fairly full attendance with only Hercules missing among usual participants" ("una asistencia bastante nutrida; el único ausente entre los participantes habituales fue Hercules") y el segundo indica "usual participants except for Solvay + Hercules" ("participantes, los habituales, excepto Solvay y Hercules"). A este respecto, es importante subrayar que ciertos informes de reuniones, como el de la reunión de jefes de 21 de septiembre de 1982 (p.c.g., anexo 30), indican que la demandante estaba presente en ellas, mientras que su respuesta a la solicitud de información no menciona dichas reuniones y que, por consiguiente, dicha respuesta debe considerarse incompleta.

98 Este Tribunal considera que la Comisión estimó acertadamente, basándose en la respuesta de ICI a la solicitud de información, confirmada por numerosos informes sobre las reuniones, que el objeto de las reuniones era, principalmente, establecer los objetivos sobre precios, por una parte, y sobre volúmenes de ventas, por otra. En efecto, se lee en esta respuesta:

"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ((...))",

y también:

"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings."

("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para las calidades de base de cada una de las principales categorías de polipropileno figuran en el anexo ((...))", y "Durante las reuniones se discutieron cierto número de propuestas relativas al volumen de ventas de los distintos productores.")

99 Además, al informar sobre la organización, junto a las reuniones de "jefes", de reuniones de "expertos" en marketing a partir de finales de 1978 o de principios de 1979, la respuesta de ICI a la solicitud de información revela que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas se hacían cada vez más concretas y precisas, mientras que en 1978 los "jefes" se habían limitado a desarrollar el concepto mismo de precios "objetivo".

100 Además de los pasajes antes citados, en la respuesta de ICI a la solicitud de información se lee la frase siguiente: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" ("Sólo las reuniones de 'jefes' y de 'expertos' llegaron a celebrarse con carácter mensual"). La Comisión dedujo acertadamente de esta respuesta, así como del hecho de que las reuniones tuvieran una naturaleza y un objeto idénticos, que éstas se inscribían en el marco de un sistema de reuniones periódicas.

101 Es importante, por otra parte, subrayar que el carácter supuestamente pasivo de la participación del empleado de la demandante en las reuniones resulta desmentido por diferentes pruebas. Éstas son, en primer lugar, dos notas manuscritas citadas por la Comisión, la segunda de las cuales tiene fecha de marzo de 1983 (p.c. Her., anexos 10 y 11), en las que se lee lo siguiente: "B.: Account leadership" y "B.: Originator of 'account leadership' concept (not working)" (("B.: iniciador de la idea del 'account leadership' (que no funciona)")), de las que se puede deducir que el Sr. B. propuso el sistema de "account leadership". A continuación puede citarse el informe de la reunión de 2 de diciembre de 1982 (p.c.g., anexo 33) y el relativo a una conversación telefónica de la demandante con un empleado de ICI fechado el día siguiente (p.c.g., anexo 88), que, puestos en conexión, muestran que dicho empleado transmitió a ICI la opinión de Amoco, de BP y de Hercules sobre las cuotas que se les habían asignado en la reunión de 2 de diciembre de 1982, y esto aunque el Sr. B. no hubiera dado las cifras de ventas de Hercules.

102 Las alegaciones de la demandante, según las cuales los superiores del Sr. B. ignoraban que éste participaba en las reuniones y le habían indicado que su participación era contraria a la política de la empresa, carecen de credibilidad a la vista de los datos siguientes. La demandante no ha aportado ningún indicio documental de la prohibición de participar en las reuniones. Los superiores de este empleado tenían contactos con otros participantes en las reuniones, como lo muestra el hecho de que en junio de 1977 y el 29 de julio de 1981 dichas personas comunicaran al Sr. B., por una parte, el contenido de una conversación telefónica (p.c.g., anexo 2) y, por otra parte, el resultado de una reunión en la que éste no había participado (p.c. Her., anexo 18). El informe de Hercules Incorporated indica que el papel del Sr. B. pudo ser conocido por varios de sus superiores inmediatos (p.c. Her., anexo 6). Por último, la información dada por la demandante al Tribunal, en el sentido de que las decisiones del Sr. B. relativas a las instrucciones sobre precios dirigidas a los directores comerciales locales estaban sometidas a la aprobación de sus superiores, indica que éste debía justificar sus decisiones exponiendo a sus superiores los datos en los que las basaba y la procedencia de éstos.

103 Este Tribunal subraya, además, que la naturaleza de la participación del empleado de la demandante en las reuniones, que fue calificada por ICI de "no oficial" en la nota antes citada de marzo de 1983, no era diferente de la de los demás participantes, como lo muestran el que tomara parte activa en las discusiones y el hecho de que las instrucciones sobre precios que daba la demandante tras las reuniones correspondían en gran medida a los objetivos sobre precios establecidos en éstas en lo relativo a su importe y a su fecha de entrada en vigor. Es preciso destacar que el hecho de que ICI calificara de "no oficial" la participación del Sr. B. en las reuniones no puede desvirtuar estas conclusiones, puesto que esta calificación no permite demostrar que los demás productores supieran que el empleado de la demandante estaba allí sin saberlo sus superiores, o incluso contra la voluntad de éstos, o que carecía de las competencias necesarias para estar allí. Dicha calificación sólo muestra que aquél no deseaba que su participación en estas reuniones fuera conocida en el exterior.

104 En cuanto al nivel de las funciones que desempeñaba este empleado en el seno de la sociedad demandante, es preciso hacer constar que la concordancia de numerosas instrucciones sobre precios dadas por la demandante con los resultados de las reuniones indica, o bien que el Sr. B. tenía la facultad de incorporar directamente a la política de precios de la demandante los resultados de las reuniones a las que asistía, lo que demostraría que tenía la autoridad necesaria para obligar a la sociedad, o bien, si no era ése el caso, que había recibido un mandato específico a estos efectos.

105 De las consideraciones precedentes se deduce que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho, en primer lugar, que la demandante participó en el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno a partir de comienzos del año 1979 hasta finales del mes de agosto de 1983 por lo menos, conclusión que dedujo legítimamente de la participación de la demandante en las reuniones y de los contactos relativos a dichas reuniones que esta última mantuvo; en segundo lugar, que dichas reuniones tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas; y en tercer lugar, que la participación de la demandante en dichas reuniones tenía el alcance que le atribuyó la Decisión.

C. Las iniciativas sobre precios

a) Acto que se impugna

106 Según la Decisión (apartados 28 a 51), el sistema de establecimiento de objetivos sobre precios se aplicó a través de unas iniciativas sobre precios, de las cuales se han podido identificar seis: la primera se extendió de julio a diciembre de 1979, la segunda de enero a mayo de 1981, la tercera de agosto a diciembre de 1981, la cuarta de junio a julio de 1982, la quinta de septiembre a noviembre de 1982 y la sexta de julio a noviembre de 1983.

107 A propósito de la primera de estas iniciativas sobre precios, la Comisión subraya que no dispone de detalles sobre las reuniones celebradas o las iniciativas previstas durante la primera parte de 1979 (apartado 29 de la Decisión). El informe correspondiente a una reunión celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 1979 indica, no obstante, según ella, que se había previsto una iniciativa centrada en un precio para la clase "rafia" de 1,90 DM/kg a partir del 1 de julio y de 2,05 DM/kg a partir del 1 de septiembre.

108 Sin embargo, a causa de las dificultades que suponía el aumento de precios, los productores decidieron, en la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979, retrasar varios meses la fecha prevista para alcanzar el objetivo, hasta el 1 de diciembre de 1979, mediante un nuevo plan que consistía en "mantener" durante todo el mes de octubre los niveles ya alcanzados, con una posible subida intermedia en noviembre, que elevaría el precio a 1,90 ó 1,95 DM/kg (párrafos primero y segundo del apartado 31 de la Decisión).

109 En cuanto a la segunda iniciativa sobre precios, la Decisión (apartado 32), aunque reconoce que no se ha descubierto informe alguno sobre las reuniones de 1980, afirma que los productores se reunieron al menos siete veces durante ese año (remitiéndose al cuadro nº 3 de la Decisión). A comienzos de ese año, continúa la Decisión, la prensa especializada anunció que los productores eran partidarios de una fuerte subida de precios durante el año 1980. Se pudo comprobar, sin embargo, que los precios de mercado experimentaron una importante baja, cayendo a un nivel de 1,20 DM/kg, e incluso inferior, antes de estabilizarse aproximadamente a partir del mes de septiembre. Las instrucciones de precios enviadas por algunos productores (DSM, Hoechst, Linz, Monte, Saga e ICI) revelan que, a fin de restablecer el nivel de precios, se fijaron como objetivos para diciembre de 1980-enero de 1981 unos precios basados en 1,50 DM/kg para la rafia, 1,70 DM/kg para el homopolímero y 1,95 a 2,00 DM/kg para el copolímero. Un documento interno de Solvay contiene un cuadro en el que se comparan los "precios alcanzados" en octubre y noviembre de 1980 con los "precios de catálogo" para enero de 1981, que serían de 1,50, 1,70 y 2,00 DM/Kg. La Decisión termina afirmando que, inicialmente, se había previsto aplicar estos importes a partir de 1 de diciembre de 1980 -una reunión al respecto tuvo lugar en Zúrich del 13 al 15 de octubre-, pero que esta iniciativa se aplazó hasta el 1 de enero de 1981.

110 A continuación, la Decisión afirma (apartado 33) que se ignora si Hercules participó en las reuniones de enero de 1981, en las cuales se reconoció la necesidad de proceder, tras el aumento de precios acordado en diciembre de 1980, centrado en un precio de 1,75 DM/kg para la rafia para el 1 de febrero de 1981, a un aumento en dos etapas: el objetivo continuaría siendo 1,75 DM/kg para febrero y a partir del 1 de marzo se fijaría un nuevo objetivo de 2,00 DM/kg, "sin excepciones". Según la Decisión, se estableció un cuadro de precios objetivo de las seis principales calidades en seis monedas nacionales, que había de entrar en vigor el 1 de febrero y el 1 de marzo de 1981. La Decisión indica, sin embargo, que Hercules estuvo presente en la reunión anterior, el 16 de diciembre de 1980.

111 El apartado 34 de la Decisión indica que parece, sin embargo, que el proyecto de subir los precios a 2,00 DM/kg para el 1 de marzo no tuvo éxito. Los productores modificaron sus expectativas, esperando alcanzar el nivel de 1,75 DM/kg en marzo. Según la Decisión, el 25 de marzo de 1981 se celebró en Amsterdam una reunión de "expertos", de la que no queda ningún informe, pero, inmediatamente después, al menos BASF, DSM, ICI, Monte y Shell dieron instrucciones de elevar los objetivos sobre precios (o precios "de catálogo") a un nivel equivalente a 2,15 DM/kg para la rafia a partir del 1 de mayo. Con un retraso de unas cuatro semanas respecto a los otros, Hoechst dio instrucciones idénticas para el 1 de mayo. Algunos de los productores dieron cierto margen de maniobra a sus oficinas de ventas, permitiéndoles aplicar unos precios "mínimos" o "mínimos absolutos" algo inferiores a los objetivos acordados. Durante la primera parte del año 1981, los precios aumentaron sensiblemente, pero, aunque los productores apoyaron decididamente la subida del 1 de mayo, el ritmo se hizo más lento. Hacia mediados del año, los productores contemplaban la posibilidad de estabilizar los precios o incluso de reducirlos un poco, pues la demanda había caído durante el verano.

112 Por lo que respecta a la tercera iniciativa de precios, la Decisión (apartado 35) afirma que en junio de 1981 Shell e ICI habían previsto una nueva iniciativa sobre precios para septiembre/octubre de 1981, en un momento en que la subida de precios del primer trimestre comenzaba a perder impulso. Según la Decisión, Shell, ICI y Monte se reunieron el 15 de junio de 1981 a fin de discutir los métodos que se usarían para aumentar los precios en el mercado. Pocos días después de la reunión, ICI y Shell dieron ambas a sus oficinas de ventas instrucciones de preparar al mercado para una subida sustancial en septiembre, centrada en un nuevo precio de 2,30 DM/kg para la rafia. Igualmente, Solvay recordó a su oficina de ventas del Benelux, el 17 de julio de 1981, que era necesario avisar a los clientes de que el 1 de septiembre se produciría una subida sustancial, cuyo importe se decidiría en la última semana de julio; en ese momento estaba prevista una reunión de expertos para el 28 de julio de 1981. El proyecto inicial centrado en un precio de 2,30 DM/kg en septiembre de 1981 fue revisado probablemente en esta reunión; el nivel para agosto se redujo a 2,00 DM/kg para la rafia. El de septiembre debía ser de 2,20 DM/kg. Una nota manuscrita encontrada en los locales de Hercules de fecha 29 de julio de 1981 (es decir, el día siguiente a la reunión, a la que seguramente Hercules no asistió) cita estos precios, calificándolos de "oficiales" para agosto y septiembre, y se refiere en términos velados a la fuente de la información. Nuevas reuniones tuvieron lugar el 4 de agosto de 1981 en Ginebra y el 21 de agosto del mismo año en Viena. Tras ellas, los productores enviaron unas nuevas instrucciones que establecían como objetivo 2,30 DM/kg para el 1 de octubre. BASF, DSM, Hoechst, ICI, Monte y Shell dieron unas instrucciones prácticamente idénticas de aplicar estos precios en septiembre y en octubre.

113 Según la Decisión (apartado 36), el nuevo proyecto preveía para los meses de septiembre y de octubre de 1981 la subida de los precios a un "precio de base" de 2,20 a 2,30 DM/kg para la rafia. Un documento de Shell indica que se habló de una segunda etapa en la que el precio subiría a 2,50 DM/kg para el 1 de noviembre, pero que más tarde se renunció a ello. Los informes de los diversos productores indican que los precios aumentaron en septiembre y que la iniciativa prosiguió en octubre de 1981, llegándose a conseguir en el mercado unos precios de alrededor de 2,00 a 2,10 DM/kg para la rafia. Una nota de Hercules muestra que en diciembre de 1981 el objetivo de 2,30 DM/kg fue revisado a l