Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho comunitario - Principios - Derecho a un recurso efectivo - Apreciación - Vías de recurso que permiten a los justiciables cuestionar la legalidad de las disposiciones comunitarias de alcance general que afectan directamente a su situación jurídica - Recurso ante el juez nacional con remisión prejudicial al Tribunal de Justicia y recurso por responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Insuficiencia de dichos recursos para garantizar a los justiciables una protección jurisdiccional efectiva - Falta de incidencia en el sistema de recursos y en los requisitos de admisibilidad de los recursos de anulación

(Arts. 230 CE, párr. 4, 234 CE, 235 CE y 288 CE, párr. 2; Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Convenio Europeo de Derechos Humanos, arts. 6 y 13)

2. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Concepto de persona individualmente afectada por una disposición de alcance general - Interpretación - Disposición que debe afectar de manera cierta y actual a su situación jurídica restringiendo sus derechos o imponiéndole obligaciones - Consideración del número y de la situación de otras personas igualmente afectadas por la disposición o que puedan serlo - Falta de pertinencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. Ya no puede considerarse, a la luz de los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que los procedimientos previstos en los artículos 234 CE, por un lado, y 288 CE, párrafo segundo, por otro, garanticen a los justiciables un derecho de recurso efectivo que les permita cuestionar la legalidad de disposiciones comunitarias de alcance general que afectan directamente a su situación jurídica.

Por un lado, por lo que respecta al recurso ante el juez nacional con remisión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE, en algunos casos, no existen medidas de ejecución susceptibles de ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Así, el hecho de que un particular afectado por un acto comunitario pueda impugnar su validez ante los órganos jurisdiccionales nacionales infringiendo las normas establecidas en dicho acto y alegando la invalidez de tales normas como medio de defensa en procesos civiles y penales seguidos contra él no constituye un medio de tutela judicial adecuado para dicho particular. En efecto, no puede exigirse a los particulares que infrinjan la ley para poder tener acceso a la justicia.

Por otro lado, la vía de la acción de indemnización basada en la responsabilidad extracontractual de la Comunidad prevista en artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo, no aporta, en algunos casos, una solución satisfactoria a los intereses del justiciable. En efecto, no puede llevar a que se elimine del ordenamiento jurídico comunitario un acto que sin embargo se considera, por hipótesis, ilegal. Aun suponiendo que se haya producido un daño directamente causado por la aplicación del acto impugnado, está sometida a requisitos de admisibilidad y de fondo distintos de los que se aplican al recurso de anulación y, por tanto, no coloca al juez comunitario en situación de ejercer, en toda su dimensión, el control de legalidad que constituye su misión. En particular, cuando una medida de alcance general se pone en entredicho en el contexto de una acción de ese tipo, el control ejercido por el juez comunitario no se extiende a todos los elementos que pueden afectar a la legalidad de dicha medida, sino que se limita a sancionar las violaciones suficientemente caracterizadas de normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares.

No obstante, este hecho no puede autorizar una modificación del sistema de recursos y procedimientos establecido por el Tratado y destinado a confiar al juez comunitario el control de la legalidad de los actos de las instituciones. No permite, en ningún caso, declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

( véanse los apartados 45 a 48 )

2. No existen motivos que obliguen a interpretar el concepto de persona individualmente afectada a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, en el sentido de que exige que un particular que pretenda impugnar un acto general debe diferenciarse de cualquier otra persona afectada por dicho acto de manera análoga a la de un destinatario. En tales circunstancias y teniendo en cuenta que el Tratado ha establecido un sistema completo de recursos y de procedimientos destinado a confiar al juez comunitario el control de la legalidad de los actos de las instituciones, procede reconsiderar la interpretación estricta realizada hasta este momento del concepto de persona individualmente afectada en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. En consecuencia, para garantizar una protección jurisdiccional efectiva de los particulares, ha de considerarse que una persona física o jurídica queda individualmente afectada por una disposición comunitaria de alcance general que le afecta directamente si la disposición de que se trata afecta de manera cierta y actual a su situación jurídica restringiendo sus derechos o imponiéndole obligaciones. El número y la situación de otras personas igualmente afectadas por la disposición o que puedan serlo no son, a este respecto, consideraciones pertinentes.

( véanse los apartados 49 a 51 )