ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
La expresión «sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado», tal y como figura en el artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion, del Reglamento n.o 1225/2009 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, se refiere al anterior sistema económico que justificó la utilización sistemática del método del país análogo para los productores chinos, pero del que la República Popular China se ha alejado. Pues bien, es notorio que, mucho antes del 1 de julio de 1998, fecha de entrada en vigor del Reglamento n.o 905/98 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 384/96 relativo a la defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea, que introdujo el dispositivo ulteriormente recogido, en particular, en el artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento n.o 1225/2009, el sistema económico que imperaba en China ya no era el de un país con comercio de Estado. Era el de un país que, a pesar de carecer todavía de economía de mercado, ya había introducido varias reformas con el fin de reducir el control del Estado, si bien su economía seguía estando caracterizada, en numerosos sectores, por el papel crucial desempeñado por los planes quinquenales.

En lo que respecta a la finalidad del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento n.o 1225/2009 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, que tiene por objeto garantizar que el productor opere en condiciones de economía de mercado y, en particular, que los costes a los que está sometido y su política de precios sean el resultado del libre juego de las fuerzas del mercado, es indiferente, a efectos del tercer guion de dicha disposición, que el sistema económico controvertido sea una economía con comercio de Estado u otro tipo de sistema sin economía de mercado. De ello se desprende que el artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion, de dicho Reglamento debe entenderse en el sentido de que impone al productor la obligación de demostrar, de manera suficiente en Derecho, que sus costes de producción y su situación financiera no sufren ninguna distorsión significativa derivada de un sistema económico sin economía de mercado, que puede ser, dado el caso, un sistema que ya se halle en transición hacia un sistema de economía de mercado en lo que concierne a algunos sectores.

Por consiguiente, la vinculación a los distintos planes aplicados en China de una medida consistente en conceder ventajas fiscales a las inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos, como la alta tecnología, es suficiente para presumir que dicha medida constituye una distorsión heredada del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado, en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento n.o 1225/2009.

(véanse los apartados 83 a 85 y 95)
–

el mero hecho de que una inversión realizada en el contexto de un programa operativo de aquellos a los que hace referencia el artículo 60, apartado 1, de dicho Reglamento esté situada en un terreno propiedad de un tercero, y no de la organización de productores de que se trate, no constituye, en principio, en virtud de la primera de estas disposiciones, un motivo para considerar que los gastos en que haya incurrido dicha organización de productores como consecuencia de esa inversión no son subvencionables;
Se infringe el artículo 101 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, cuando un Estado miembro impone o favorece prácticas colusorias contrarias al artículo 101 TFUE o bien refuerza los efectos de tales prácticas colusorias, o bien retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica (sentencia de 21 de septiembre de 2016, Etablissements Fr. Colruyt, C‑221/15, EU:C:2016:704, apartado 44 y jurisprudencia citada). No ocurre así en un supuesto en el que las tarifas se fijan respetando criterios de interés público definidos por la ley y en el que los poderes públicos no delegan en operadores económicos privados sus prerrogativas de aprobación o de fijación de las tarifas, aunque los representantes de los operadores económicos no sean minoritarios en el comité que propone tales tarifas (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, API y otros, C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 y C‑208/13, EU:C:2014:2147, apartado 31).

La tarifa establecida por una organización profesional puede, no obstante, revestir carácter estatal, en particular cuando los miembros de dicha organización son expertos independientes de los operadores económicos interesados y están obligados, por imperativo legal, a fijar las tarifas tomando en consideración no solo los intereses de las empresas o asociaciones de empresas del sector que los ha designado, sino también el interés general y los intereses de las empresas de los demás sectores o de los usuarios de los servicios de que se trate (sentencia de 4 de septiembre de 2014, API y otros, C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 y C‑208/13, EU:C:2014:2147, apartado 34 y jurisprudencia citada). Para garantizar que los miembros de una organización profesional operan efectivamente respetando el interés general, la ley debe definir los criterios de interés general de modo suficientemente preciso y deben concurrir el control efectivo y la facultad de decisión en último término por parte del Estado (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, API y otros, C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 y C‑208/13, EU:C:2014:2147, apartado 41).

(véanse los apartados 42, 43, 45 y 46)
1.

Competencia—Transportes—Normas sobre la competencia—Transporte aéreo—Reglamento n.o 17—Ámbito de aplicación—Actividades que se refieren directamente a la prestación de servicios de transporte aéreo—Exclusión—Actividades de prestación de servicios internacionales de transitarios por aire—Inclusión (Art. 101 TFUE; Reglamentos del Consejo n.o 17 y n.o 141, considerando 3 y art. 1) (véanse los apartados 25 a 30)
Asunto C‑262/16

Shields & Sons Partnership

contra

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 296, apartado 2 — Artículo 299 — Régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas — Exclusión del régimen común — Requisitos — Concepto de “categoría de productores agrícolas”»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2017

Armonización de las legislaciones fiscales—Sistema común del impuesto sobre el valor añadido—Regímenes especiales—Régimen de tanto alzado aplicable a los productores agrícolas—Posibilidad de excluir a un productor agrícola de dicho régimen—Lista exhaustiva de causas de exclusión (Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 296, ap. 2, y 297 a 299) Armonización de las legislaciones fiscales—Sistema común del impuesto sobre el valor añadido—Regímenes especiales—Régimen de tanto alzado aplicable a los productores agrícolas—Categoría de productores agrícolas—Concepto—Productores agrícolas que, en régimen de tanto alzado, recuperan cantidades sustancialmente superiores a las que recuperarían en caso de que se les aplicaran el régimen normal o el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido—Exclusión (Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 296, ap. 2)
1

Mediante sus recursos de casación, Bionorica SE y Diapharm GmbH & Co. KG solicitan la anulación de los autos dictados por el Tribunal General de la Unión Europea el 16 de septiembre de 2015 en los asuntos Bionorica/Comisión (T‑619/14, no publicado, en lo sucesivo, «auto del asunto T‑619/14», EU:T:2015:723) y Diapharm/Comisión (T‑620/14, no publicado, en lo sucesivo, «auto del asunto T‑620/14», EU:T:2015:714), por los que desestimó los recursos de dichas empresas que solicitaban que se declarara que la Comisión Europea había incurrido en omisión al haberse abstenido, ilegalmente, de solicitar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la evaluación de las declaraciones de propiedades saludables de las sustancias botánicas para la adopción de la lista definitiva de declaraciones autorizadas de propiedades saludables conforme al artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO 2006, L 404, p. 9; corrección de errores en DO 2007, L 12, p. 3, y en DO 2013, L 160, p. 15), en la redacción que dio a dicho Reglamento el Reglamento (CE) n.o 109/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 (DO 2008, L 39, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1924/2006»).
1

Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al adoptar los artículos 23 y 24 de la loi‑programme (Ley Marco) de 27 de diciembre de 2012 (Moniteur belge de 31 de diciembre de 2012, p. 88860; en lo sucesivo, «Ley Marco»), el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 11, 12 y 76, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1, y corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), y de la Decisión n.o A1 de la Comisión Administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social, de 12 de junio de 2009, relativa al establecimiento de un procedimiento de diálogo y conciliación sobre la validez de los documentos, la determinación de la legislación aplicable y el abono de prestaciones de acuerdo con el Reglamento n.o 883/2004 (DO 2010, C 106, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión A1»),
1

En su recurso de casación, Viasat Broadcasting UK Ltd (en lo sucesivo, «Viasat») solicita la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2015, TV2/Danmark/Comisión (T‑674/11; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»; EU:T:2015:684), mediante la que ese Tribunal, por una parte, anuló la Decisión 2011/839/UE de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca C 2/03 a favor de TV2/Danmark (DO 2011, L 340, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), por cuanto la Comisión había considerado que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 transferidos a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 constituían ayudas de Estado, y, por otra parte, desestimó en todo lo demás el recurso de TV2/Danmark A/S tendente a la anulación parcial de dicha Decisión.
2

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre los Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (en lo sucesivo, «administradores fiduciarios Panayi») y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (en lo sucesivo, «Administración tributaria») en relación con la tributación de las plusvalías latentes de los bienes incluidos en un fideicomiso con ocasión del traslado del lugar de residencia de sus administradores fiduciarios a un Estado miembro distinto al Estado miembro de origen.
9

El Reglamento (CE) n.o 1085/2003 de la Comisión, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2309/93 (DO 2003, L 159, p. 24) fue derogado por el Reglamento (CE) n.o 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios (DO 2008, L 334, p. 7). No obstante, ratione temporis resulta aplicable a los presentes asuntos el Reglamento n.o 1085/2003.
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Tras obtener la devolución de 6803,03 euros, el Sr. Khorassani interpuso ante el Kammergericht Berlin (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Berlín, Alemania) un recurso de apelación destinado a obtener el resto del importe que reclamaba. Ese Tribunal desestimó el recurso por considerar que la Sra. Pflanz no había prestado servicios financieros, en el sentido del artículo 1, apartado 1a, segunda frase, puntos 1 y 1a, de la KWG, sujetos a autorización en virtud del artículo 32, apartado 1, de la KWG, dado que tanto el asesoramiento en materia de inversión como la mediación en materia de inversión efectuadas por ésta se referían, no a una operación de compra y venta de instrumentos financieros, sino a un contrato de gestión de patrimonio, que, pese a estar destinado a ser utilizado posteriormente para la compra y venta de instrumentos financieros específicos, no constituía en sí mismo un instrumento financiero. El Kammergericht Berlin (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Berlín) declaró, pues, que el Sr. Khorassani no tenía derecho a recibir una indemnización en virtud de lo dispuesto en el artículo 823, apartado 2, del Código Civil, puesto en relación con el artículo 32, apartado 1, de la KWG.
7

El artículo 133 de dicha Directiva establece cuanto sigue: «Los Estados miembros podrán subordinar, caso por caso, la concesión a entidades que no sean de Derecho público de cada una de las exenciones enunciadas en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1 del artículo 132, al cumplimiento de una o de varias de las condiciones siguientes: a) los organismos de que se trate no deberán tener por objeto la consecución sistemática de beneficios, no pudiéndose distribuir en ningún caso los posibles beneficios, que deberán destinarse al mantenimiento o a la mejora de las prestaciones suministradas; b) estos organismos deberán ser gestionados y administrados, con carácter esencialmente filantrópico, por personas que no tengan, por sí mismas o por personas interpuestas, ningún interés directo ni indirecto en los resultados de la explotación; c) estos organismos deberán aplicar unos precios autorizados por las autoridades públicas o que no sean superiores a dichos precios o, por lo que se refiere a las actividades no susceptibles de autorización de precios, unos precios inferiores a los exigidos para operaciones análogas por las empresas comerciales sujetas al IVA; d) las exenciones no deberán ser capaces de provocar distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al IVA. […]»
129

En lo que atañe a la alegación de este Estado miembro sobre los Reglamentos n.o 44/2001 y n.o 805/2004, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que tales Reglamentos se refieren al reconocimiento y la ejecución de actos autenticados con fuerza ejecutiva formalizados y registrados en un Estado miembro y no inciden, por consiguiente, en la interpretación del artículo 51 TFUE, párrafo primero (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica, C‑47/08, EU:C:2011:334, apartado 120). Lo mismo puede decirse del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), que sucedió al Reglamento n.o 44/2001.
23

La sentencia de 14 de diciembre de 1995, Sanz de Lera y otros (C‑163/94, C‑165/94 y C‑250/94, EU:C:1995:451), citada por el órgano jurisdiccional remitente, no cuestiona esta interpretación del artículo 64 TFUE, apartado 1. Es cierto que, tras precisar, en el apartado 33 de esta sentencia, que la salida material de medios de pago no puede considerarse en sí misma un movimiento de capitales, el Tribunal de Justicia declaró, en los apartados 35 y 36 de dicha sentencia, que no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 73 C del Tratado CE (actualmente artículo 64 TFUE, apartado 1) una normativa nacional que se aplica en general a todas las salidas del territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, incluidas las que no supongan inversiones directas en terceros países, incluidas las inversiones inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados. Sin embargo, en el apartado 37 de esta misma sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que los Estados miembros están facultados para verificar la naturaleza y la autenticidad de las transacciones o transferencias en cuestión, al objeto de asegurarse de que tales transferencias no se utilizan con fines de movimientos de capitales que son precisamente objeto de las restricciones autorizadas por el artículo 73 C, apartado 1, del Tratado CE. De la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Sanz de Lera y otros (C‑163/94, C‑165/94 y C‑250/94, EU:C:1995:451), se desprende que el Tribunal de Justicia consideró que los Estados miembros pueden acogerse al artículo 64 TFUE, apartado 1, en la medida en que la normativa nacional se aplique a los movimientos de capitales a los que se refiere esta disposición.
61

En el caso de autos, el tribunal remitente no proporciona suficiente información que permita afirmar que la prohibición de los alimentos que contienen aminoácidos, establecida en el LFGB, se basaba en los principios generales de la legislación alimentaria derivados de los artículos 6 y 7 del Reglamento n.o 178/2002. No obstante, en las observaciones escritas que ha presentado ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán sostiene que las normas nacionales relativas a los aminoácidos que se encuentran en el artículo 6, apartado 1, del LFGB, interpretado en relación con el artículo 2, apartado 3, segunda frase, del LFGB, pretenden en efecto paliar la amenaza que resulta para la salud del hecho de añadir aminoácidos a los alimentos. Según ese gobierno, el enriquecimiento de los alimentos con aminoácidos supone riesgos para la salud, pero los actuales conocimientos científicos son incompletos y no permiten todavía hacer una valoración definitiva de tales riesgos.
5

El artículo 9 de la Directiva 2000/60, con la rúbrica «Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua», dispone: «1. Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga. Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010: — que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la presente Directiva, — una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico efectuado con arreglo al anexo III y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas. 2. Los Estados miembros incluirán en los planes hidrológicos de cuenca información sobre las medidas que tienen la intención de adoptar para la aplicación del apartado 1 y que contribuyan al logro de los objetivos medioambientales de la presente Directiva, así como sobre la contribución efectuada por los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. 3. Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá la financiación de medidas preventivas o correctivas específicas con objeto de lograr los objetivos de la presente Directiva. 4. Los Estados miembros no incumplirán la presente Directiva si deciden no aplicar, de acuerdo con prácticas establecidas, las disposiciones de la segunda frase del apartado 1 y, a tal fin, las disposiciones correspondientes del apartado 2, para una determinada actividad de uso de agua, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la presente Directiva. Los Estados miembros informarán en los planes hidrológicos de cuenca de los motivos por los que no han aplicado plenamente la segunda frase del apartado 1.»
5

El artículo 10 del Reglamento n.o 1612/68 fue derogado por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77, y corrección de errores DO 2004, L 229, p. 35 y DO 2005, L 197, p. 34).
15

El Sr. Seagon sostuvo que la cantidad reclamada por el Sr. Webb-Sämann nunca había salido del patrimonio de Baumarkt Praktiker y que, en particular, no se había celebrado ningún contrato de fideicomiso relativo a dicha cantidad entre el Sr. Webb-Sämann y Baumarkt Praktiker. Por consiguiente, según el Sr. Seagon, el Sr. Webb-Sämann no podía invocar el artículo 47 de la Ley concursal para alegar que gozaba del derecho de separación.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO 2001, L 311, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009 (DO 2009, L 188, p. 14) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/82»), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36), y de los artículos 34 TFUE, 36 TFUE y 56 TFUE.
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El to peri diasosis me idia mesa tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias Ltd Diatagma tou 2013, Kanonistiki Dioikitiki Praxi n.o 103 [Decreto de 2013 sobre el saneamiento del Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia Ltd mediante recursos propios, acto administrativo reglamentario n.o 103; EE, anexo III(I), n.o 4645, 29.3.2013, p. 769; en lo sucesivo, «Decreto n.o 103»], establece la recapitalización del Bank of Cyprus, a cargo, en particular, de sus depositantes no garantizados, de sus accionistas y de sus obligacionistas, con el fin de que pueda continuar prestando servicios bancarios. De este modo, los depósitos no garantizados se convirtieron en acciones del Bank of Cyprus (37,5 % de cada depósito no garantizado), en títulos convertibles por el Bank of Cyprus en acciones o en depósitos (22,5 % de cada depósito no garantizado), y en títulos convertibles por el BCC en depósitos (40 % de cada depósito no garantizado). Este decreto, según su punto 10, entró el vigor el 29 de marzo de 2013 a las 6.00.