Palabras clave

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Palabras clave

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1. Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Enseñanza en las escuelas profesionales - Concepto - Enseñanza universitaria - Exclusión

(Tratado CEE, art. 128; Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 7, apartado 3)

2. Tratado CEE - Ámbito de aplicación material - Ayuda concedida a los estudiantes para la manutención y la formación - Inaplicabilidad de las disposiciones del Tratado - Límites - Gastos de acceso a la enseñanza

(Tratado CEE, arts. 7 y 128)

3. Libre circulación de las personas - Trabajador - Concepto - Actividad profesional de duración limitada ejercida para realizar estudios universitarios en el mismo sector - Inclusión - Ventajas sociales - Concesión subordinada a un requisito de duración de la actividad profesional - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 48; Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 7, apartado 2)

4. Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Ventajas sociales - Concepto - Ayuda concedida para la manutención y la formación al objeto de proseguir estudios universitarios con fines profesionales - Inclusión - Límites

(Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 7, apartado 2)

5. Libre circulación de personas - Trabajadores - Derecho de los hijos de un trabajador a acceder a la enseñanza dispensada por el Estado de acogida - Hijo nacido en una época en que sus padres ya no residían en el Estado de acogida - Exclusión

(Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 12)

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1. Los estudios universitarios que preparan para una cualificación en una profesión, oficio o empleo determinados, o confieren la aptitud específica para ejercer dicha profesión, oficio o empleo, están comprendidos en la formación profesional. Sin embargo, las universidades no pueden considerarse como "escuelas de formación profesional" en el sentido del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad. En efecto, el concepto de escuela profesional en el sentido de esta disposición no comprende todas las instituciones donde se dispensa determinada formación profesional, sino que se refiere exclusivamente a las instituciones que imparten únicamente, una enseñanza que, o bien está intercalada en una actividad profesional, o bien está estrechamente relacionada con ésta, en particular durante el aprendizaje. Éste no es el caso de las universidades.

2. Aunque es cierto que las condiciones de acceso a la formación profesional, incluidos los estudios universitarios en general, corresponden al ámbito de aplicación del Tratado en el sentido de su artículo 7, sin embargo, en la fase actual de la evolución del Derecho comunitario, no está comprendida en el mismo una ayuda concedida por un Estado miembro a sus nacionales cuando éstos emprenden dichos estudios, salvo en la medida en que dicha ayuda tenga por objeto sufragar los gastos de matrícula u otros gastos exigidos para el acceso a la enseñanza y, en particular, los de escolaridad.

3. El concepto de trabajador, en el sentido del artículo 48 del Tratado y del Reglamento nº 1612/68, posee un alcance comunitario. Debe considerarse como trabajador a toda persona que ejerza una actividad real y efectiva, excepto aquellas actividades realizadas a tan pequeña escala que tengan un carácter puramente marginal y accesorio. La característica esencial de una relación laboral es la circunstancia de que una persona realice durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración. El Derecho comunitario no impone requisitos adicionales para que una persona pueda ser considerada como trabajador. Así pues, los Estados miembros no pueden subordinar unilateralmente la concesión de las ventajas sociales que establece el apartado 2 del artículo 7 de dicho Reglamento, al cumplimiento de un determinado período de actividad profesional.

El nacional de un Estado miembro, que establezca una relación laboral en otro Estado miembro durante un período de ocho meses, con el fin de emprender a continuación estudios universitarios en dicho país en el mismo ámbito profesional, y que no habría sido contratado por el empresario de no haber sido admitido previamente en la Universidad, debe ser considerado como trabajador en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68.

4. Una ayuda concedida para la manutención y la formación con el fin de cursar estudios universitarios que culminen en una titulación profesional constituye una ventaja social a la que puede aspirar, en virtud del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 un nacional dentro de otro Estado miembro que, después de haber realizado actividades profesionales en él, haya emprendido en el Estado de acogida estudios relacionados, por su objeto, con su actividad profesional previa.

Sin embargo, no se puede deducir de ello que un nacional de un Estado miembro tenga derecho a obtener una ayuda de estudios basándose en su condición de trabajador cuando conste que ha adquirido esta condición exclusivamente a consecuencia de haber sido admitido en la universidad para emprender los estudios de que se trata. En efecto, la relación laboral, único fundamento de los derechos derivados del Reglamento nº 1612/68, sólo constituye, en tal caso, un elemento accesorio respecto a los estudios a cuya financiación está destinada la ayuda.

5. El artículo 12 del Reglamento 1612/68 debe interpretarse en el sentido que solamente concede derechos en materia de acceso a la enseñanza a un hijo que haya vivido con sus padres, o con uno de ellos, en un Estado miembro durante el tiempo en que al menos uno de sus progenitores residía en él como trabajador. Por tanto no puede crear derechos en favor del hijo de un trabajador nacido después de que éste dejara de trabajar y de residir en el Estado de acogida.