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10.

Por el contrario, la demandada afirma que la pensión de jubilación de la demandante adquirida en su condición de cónyuge divorciado debe liquidarse aplicando únicamente la legislación belga. La pensión de los cónyuges divorciados no se concede basándose en los períodos de seguro cotizados por la demandante, sino por su cónyuge. De esta forma, la naturaleza y la forma de cálculo de dicha pensión no debe basarse en el artículo 46 del Reglamento n° 1408/71, puesto que esta disposición únicamente se aplica cuando una misma persona acumula prestaciones similares procedentes de Estados miembros distintos. Aunque hubiera que aplicar el Reglamento n° 1408/71, el apartado 2 de su artículo 12 no excluye la aplicación de la norma que prohibe la acumulación contenida en el artículo 10 bis del Real Decreto n° 50, puesto que, en el presente asunto, no cabe hablar de prestaciones de la misma naturaleza.
7.

Uelzena Milchwerke y la Comisión adujeron que la mantequilla incorporada en las barritas de masa quebrada no podía disfrutar de una ayuda con arreglo a la letra a) del punto 1 (fórmula A) del artículo 4 del Reglamento sobre la ayuda para la mantequilla, porque, al no estar cocidas, no pueden ser clasificadas en la categoría de los productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905 del Arancel Aduanero Común. Al contrario, estas barritas de masa quebrada son preparaciones alimenticias de harina (Nomenclatura Combinada, partida 1901), más concretamente, son pastas para las preparaciones de pastelería de la partida 1905 (subpartida 19012000) incluidas en el número 1 de la letra a) del punto 3 (fórmula C) del artículo 4 del Reglamento sobre la ayuda para la mantequilla. Sin embargo, dado que dichas barritas de masa quebrada con mantequilla no cumplen el requisito establecido en el inciso i) del número 1 de la letra a) del punto 3 (fórmula C) del artículo 4, relativo a un contenido de harina igual o superior al 51 %, la mantequilla incorporada en dicha preparación no puede ser objeto de ayuda. En la vista, la Comisión indicó que el requisito establecido por el inciso i) del número 1 de la letra a) del punto 3 (fórmula C) del artículo 4, relativo al contenido de harina igual o superior al 51 %, había sido establecido para evitar desviaciones del sistema de la ayuda para la mantequilla. En efecto, puede ser rentable en determinados casos, con un contenido de harina inferior al 51 %, incorporar mantequilla o mantequilla concentrada a una masa cruda y —después de haber obtenido la ayuda para dicha mantequilla— fundirla y utilizarla para otros fines no idóneos para obtener la ayuda.
11.

Este rápido excursus de la jurisprudencia en la materia confirma que una interpretación restrictiva del artículo 12, dirigida a subordinar su aplicación a ulteriores requisitos no previstos expresamente, no sería coherente con las finalidades de dicha disposición, tal y como han sido definidas y enunciadas en varias ocasiones por el Tribunal de Justicia. Además, tal interpretación, que implicaría una disparidad de trato injustificada entre los hijos de los trabajadores migrantes y los nacionales del Estado de acogida, me parece que está en evidente contradicción no sólo con el espíritu de la disposición controvertida, sino también con los principios fundamentales del Derecho comunitario en la materia. ( 12 )
1.

En el presente caso el Sr. Dimitrios Coussios recurre contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 1994 por el Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, Coussios/Comisión. ( 1 ) Los hechos pueden recordarse brevemente de la siguiente manera. El 10 de abril de 1991 la Comisión decidió crear, dentro de la Dirección General VII, una nueva unidad encargada de cuestiones relativas a la seguridad aérea, control del tráfico aéreo y política industrial, y cuya denominación sería «C.3». La Comisión publicó la convocatoria para proveer plaza vacante COM/64/91, el 2 de mayo de 1991, relativa a un puesto de Jefe de esta nueva unidad, para el que el Sr. Coussios presentó su candidatura el 5 de mayo de 1991, al igual que otros cinco candidatos. Ninguno de los candidatos fue nombrado para el puesto vacante. El 16 de junio de 1991, el Sr. Coussios fue nombrado Jefe Adjunto de dicha unidad. El 5 de julio de 1991 la Comisión pidió a las otras Instituciones que comunicaran a su personal la convocatoria para proveer plaza vacante COM/64/91. No se registró ninguna candidatura procedente del personal de las demás Instituciones. El 8 de julio de 1991, se publicó de nuevo la convocatoria para proveer plaza vacante, pero las capacitaciones exigidas eran distintas de las exigidas por la primera publicación de la convocatoria. El Sr. Coussios presentó nuevamente su candidatura para el puesto vacante, para el que se registraron otras tres candidaturas. El 8 de octubre de 1991, el Sr. Coussios presentó una reclamación contra la decisión de «publicar de nuevo» la convocatoria, que fue denegada por la Comisión el 28 de enero de 1992. El 13 de diciembre de 1991, el Comité consultivo de Nombramientos examinó las ocho candidaturas presentadas a raíz tanto de la publicación inicial de la convocatoria para proveer plaza vacante, de 2 de mayo de 1991, como de la «nueva publicación» de 8 de julio de 1991, y decidió que no podía tenerse en cuenta para la plaza vacante a ninguno de los candidatos. El 10 de enero de 1992, la Comisión informó al Sr. Coussios que su candidatura no podía ser tenida en cuenta. El 13 de febrero de 1992, la Comisión decidió no proveer la plaza vacante mediante promoción o traslado y no organizar un concurso interno sino iniciar un concurso externo. Mediante escrito de 14 de abril de 1992, el Presidente del Comité consultivo de Nombramientos notificó al Sr. Coussios la decisión de la Comisión de 13 de febrero. El Sr. Coussios interpuso el 22 de abril de 1992 una reclamación contra dicha decisión. Dado que la Comisión no respondió a la reclamación en un plazo de cuatro meses, se consideró que dicha reclamación fue objeto de una denegación presunta en fecha de 22 de agosto de 1992, con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. El 28 de septiembre de 1992, se notificó al Sr. Coussios la denegación expresa de su reclamación.
5.

Según el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento del Consejo, cada año se abrirá un contingente arancelario de dos millones de toneladas para las importaciones de plátanos de países terceros y de plátanos no tradicionales ACP. ( 4 ) Para el segundo semestre del año 1993, este contingente se fijó en un millón de toneladas. En el marco de este contingente arancelario, las importaciones de plátanos de países terceros se verán sometidas a un derecho de aduana de 100 ECU por tonelada, mientras que los plátanos no tradicionales ACP pueden importarse sin abonar derechos de aduana. Aparte de este contingente, las importaciones de plátanos no tradicionales ACP están sometidas a un derecho de aduana de 750 ECU por tonelada, mientras que en el caso de las importaciones de plátanos de países terceros, este derecho es de 850 ECU por tonelada. Según el apartado 1 del artículo 19, el contingente arancelario distingue tres categorías de operadores. La categoría A comprende a los operadores que hayan comercializado plátanos de países terceros y/o plátanos no tradicionales ACP. La categoría B incluye a los operadores que hayan comercializado plátanos comunitarios y/o tradicionales ACP mientras que la categoría C abarca a los operadores que han comenzado a comercializar plátanos que no sean plátanos comunitarios y/o tradicionales ACP a partir de 1992. Se atribuye el 66,5 % del contingente a la categoría A, el 30 % a la categoría B y el 3,5 % restante a la categoría C. Para no perturbar los vínculos comerciales actuales, permitiendo simultáneamente cierta evolución de las estructuras de comercialización, la distribución de los contingentes en cada una de las categorías para cada operador se efectúa sobre la base de la cantidad media de plátanos que haya comercializado en el transcurso de los tres años anteriores. ( 5 )
23.

Como anteriormente he señalado, ( 9 ) al no definir el Convenio la «reconvención» ni a fortiori la «compensación» —puesto que no se menciona en disposición alguna—, es preciso ponerse de acuerdo sobre el significado de estos términos, con el fin de determinar si difieren el uno del otro. Examinémoslos, por tanto, uno por uno.
16.

En el segundo supuesto, la normativa nacional no guarda ninguna relación con las importaciones y se refiere a la actividad comercial en general. Sólo tiene efectos sobre las importaciones de forma indirecta porque puede dar lugar a una reducción o a una compresión de las ventas, pero no afecta a la comercialización de los productos procedentes de otros Estados miembros de manera distinta a la de los productos nacionales. No impide su acceso al mercado. No lo dificulta en mayor medida que el de los productos nacionales. Me refiero, por ejemplo, a las normativas relativas a la apertura dominical del comercio minorista. ( 7 )
19.

En la vista, el Gobierno portugués hizo referencia a determinadas dificultades prácticas que se producirían si el Impuesto sobre los Automóviles de segunda mano importados hubiera de basarse en su valor de mercado real; según el Gobierno portugués, pudiera no ser fácil determinar dicho valor, habida cuenta de que existen considerables discrepancias en las diversas relaciones de precios de automóviles de segunda mano que se publican en Portugal. Tal argumento no resulta convincente. Si se diera por bueno, no habría posibilidad alguna de garantizar siquiera una apariencia de neutralidad fiscal entre los productos de segunda mano nacionales y los importados. Por otra parte, el problema de la estimación del valor de los productos de segunda mano importados no es nuevo y se plantea cada vez que se importan productos de segunda mano sujetos a un tributo ad valorem, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Suscita una cuestión de hecho que no parece excepcionalmente compleja y que podría resolverse, en caso necesario, recurriendo a la opinión de los especialistas. La cuestión no parece, desde luego, tan abrumadoramente compleja como para justificar que el Impuesto sobre los Automóviles de segunda mano importados se liquide con arreglo a un sistema que parece basarse en la improbable hipótesis de que un automóvil usado nunca puede valer menos de nueve décimas partes del valor de un automóvil nuevo, con independencia de su antigüedad, estado y número de kilómetros recorridos.
27.

Las consideraciones anteriores me llevan, por consiguiente, a proponer a este Tribunal de Justicia que no proporcione al Juez a quo la respuesta solicitada. Al no ser aplicable el Convenio, tampoco es aplicable el Protocolo, de modo que no existe fundamento jurídico para la competencia del Tribunal de Justicia. Es obvio, por lo demás, que la perspectiva en la que se inscribe mi análisis comprende no sólo el supuesto de remisión en virtud del Protocolo de 1971, sino también el supuesto de remisión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado. En términos más claros todavía, sugiero al Tribunal de Justicia que revise —en sustancia y cualquiera que sea la amplitud de la respuesta— la jurisprudencia Dzodzi en su conjunto, jurisprudencia que no puedo suscribir, sobre todo porque, en el ámbito de la teoría jurídica general, dicha jurisprudencia traiciona la lógica del mecanismo de remisión prejudicial, ( 32 ) materializándose —¿por qué disimularlo?— en una verdadera desviación procesal, ( 33 ) pero también porque, más modestamente aunque de un modo igualmente evidente, contradice la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de remisión prejudicial. ( 34 )
12.

En mi opinión, la tesis según la cual el carácter directo o indirecto de una discriminación ( 13 ) es decisivo para determinar si es posible justificarla ( 14 ) suscita problemas. Birds sostiene que, en materia de discriminación por razón de sexo, este Tribunal sólo ha admitido hasta el momento la existencia de motivos de justificación en supuestos de discriminación indirecta, ( 15 ) mientras que ha considerado que no podían justificarse los casos de discriminación directa. ( 16 ) Sin ánimo de contradecir este punto de vista, considero, discrepando con la Sra. Roberts, con el órgano jurisdiccional de remisión y con el Gobierno del Reino Unido, que de la jurisprudencia no puede deducirse que nunca pueda justificarse objetivamente una discriminación directa. En cualquier caso, el Tribunal nunca ha efectuado dicha deducción. Por el contrario, aunque a la hora de aplicar su concepto de discriminación a casos concretos de discriminación por razón de sexo, el Tribunal de Justicia únicamente ha considerado justificables los supuestos de discriminación indirecta, ello no impide en absoluto que, en relación con la definición de dicho concepto de discriminación, el Tribunal sólo mencione la posibilidad de justificación en términos estrictamente generales. En efecto, es jurisprudencia reiterada que sólo existe una discriminación ilícita cuando«se hayan tratado de una forma diferente situaciones comparables, implicando una desventaja para algunos sujetos en relación con otros, sin que dicha diferencia de trato se justifique por la existencia de diferencias objetivas de una cierta importancia». ( 17 ) Asimismo, en la sentencia dictada el 19 de octubre de 1977 en el asunto Ruckdeschel ( 18 ) en relación con una prohibición de discriminación prevista en el Tratado, ( 19 ) este Tribunal declaró «que, sin embargo, la prohibición de discriminación enunciada en la citada disposición no es sino expresión concreta del principio general de igualdad que se cuenta entre los principios fundamentales del Derecho comunitario». Aún en fecha reciente, el Tribunal, en una sentencia de 7 de julio de 1993, definió el principio de igualdad de trato de la siguiente forma: «Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato contemplado como principio general del Derecho comunitario exige que situaciones comparables no se traten de forma diferente y que situaciones diferentes no se traten de forma idéntica, a menos que dicha diferenciación se justifique objetivamente.» ( 20 )
Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 3 de febrero de 1993. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. - INCUMPLIMIENTO - INEJECUCION DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MEDIANTE LA QUE SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO. - ASUNTO C-345/92.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-01115



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

El recurso que constituye el objeto del presente procedimiento versa sobre la no ejecución por la República Federal de Alemania de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 1987 en el asunto 412/85. (1)

El Gobierno alemán no niega la infracción que se le imputa, y se limita a precisar que ya se han llevado a cabo las modificaciones legislativas necesarias para la plena ejecución de la sentencia antes citada y que probablemente entrarán en vigor en breve plazo.

Ante tales circunstancias, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso y condene en costas al Estado demandado.

(*) Lengua original: italiano.

(1) - Sentencia de 17 de septiembre de 1987, Comisión/Alemania (412/85, Rec. p. 3503).
Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 16 de enero de 1992. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE LOS PAISES BAJOS. - INCUMPLIMIENTO - NO EJECUCION DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. - ASUNTO C-75/91.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-00549



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

Mediante sentencia de 13 de octubre de 1987, (1) el Tribunal de Justicia ha declarado que, al no adoptar dentro del plazo señalado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, (2) el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

Mediante el presente recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para ejecutar la citada sentencia, el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171 de dicho Tratado.

El Gobierno neerlandés reconoce que aún no ha dado cumplimiento a la sentencia de este Tribunal de Justicia, no obstante aduce que ha presentado un proyecto de ley que incluye las medidas requeridas.

Por consiguiente, propongo que se declare fundado el recurso y se condene a la parte demandada al pago de todas las costas del procedimiento.

(*) Lengua original: italiano.

(1) Comisión/Países Bajos (236/85, Rec. p. 3989).

(2) DO L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125.
28.

Es evidente que, en caso de que un particular no invoque la letra b) del apartado 1 del artículo 7, las autoridades nacionales no pueden por sí mismas reivindicar el beneficio de la Directiva para recaudar el derecho sobre una base imponible superior a la prevista en la legislación nacional. Esto último es consecuencia del principio, claramente establecido, de que las autoridades nacionales no pueden invocar una Directiva frente a un particular ante un órgano jurisdiccional nacional: véase el asunto 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, apartados 9 y 10 de la sentencia (Rec. 1987, p. 3669). Por otro lado, cuando un particular invoca las disposiciones de una Directiva para exigir un tipo impositivo reducido, puede pensarse que también deben ser aplicadas las disposiciones de esta misma Directiva que determinan la base imponible de dicho derecho. En una situación de este tipo, me parece que no pueden separarse verdaderamente los dos conjuntos de disposiciones: cada uno especifica uno de los dos parámetros que han de ser tenidos en cuenta necesariamente antes de calcular el importe del derecho de aportación. Este punto de vista tiene también la ventaja de que conduce a un resultado coherente con la Directiva; no podemos decir lo mismo del otro punto de vista. Por lo tanto, si Muwi puede invocar la Directiva ante un órgano jurisdiccional nacional, desde mi punto de vista debería estar sometida a ambas normas que, tomadas en su conjunto, determinan la cuantía del derecho de aportación que puede ser recaudada. De ello se deriva que si Muwi ha de beneficiarse del tipo máximo del derecho especificado en la letra b) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, la base imponible máxima que ha de aplicarse debe ser la que resulta de la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, en vez de la base imponible reducida prevista por la legislación nacional.
22.

El párrafo primero del artículo 4 del Anexo V del Estatuto establece una limitación de 12 días a la acumulación de vacaciones al año siguiente en el supuesto de que un funcionario, por razones no imputables a las necesidades del servicio, no haya agotado sus vacaciones anuales. Por el contrario, existiendo necesidades del servicio, cabe una acumulación ilimitada. Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la demandante «hizo creíble su tesis según la cual la acumulación de sus días de vacaciones había de imputarse a las necesidades del servicio sin que el Parlamento lograra debilitar esta alegaciones». ( 6 ) La demandada no discute que esta afirmación se efectuó contraviniendo principios jurídicos, como tampoco que no puede deducirse la citada infracción de la propia sentencia. Por consiguiente, debe contarse con los hechos materiales.
83.

La Comisión y la parte demandada en el litigio principal mantienen acertadamente a este respecto que las materias consideradas no entran dentro del ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 75, sino del de la letra c) de ese mismo apartado («cualquier otra disposición oportuna»). Esta disposición es distinta de la obligación del Consejo de establecer la libre prestación de servicios. Ahora bien, la sentencia de 22 de mayo de 1985 declaró la omisión del Consejo en lo que respecta únicamente a las obligaciones contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 75, pero, en cambio, consideró que la inexistencia de una política común «en sí misma» no constituía una omisión cuya naturaleza estuviese lo suficientemente definida como para entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 175. Por consiguiente, la omisión del Consejo no puede ser invocada en lo que respecta a la inexistencia de una normativa común de las condiciones y precios de transporte.
2.

Las transacciones de que se trata en estos asuntos se remontan aproximadamente a diez años atrás. En el asunto C-24/90, la demandante, la sociedad Werner Faust OHG (en lo sucesivo, «Faust»), solicitó durante el período comprendido entre el 20 y el 25 de marzo de 1981 el despacho a libre práctica de una gran cantidad de mercancías declaradas como setas silvestres en lata. Presentó un certificado de importación para setas silvestres en lata. El Hauptzollamt, por consiguiente, determinó los derechos a la importación aplicando un tipo del 23 %. A continuación, reclamó un derecho adicional por un importe de 4.310.612,10 DM, calculado según un peso total de 895.135 kg. Alegó para ello que las mercancías importadas no eran en realidad setas silvestres sino setas cultivadas y que, por consiguiente, no se encontraban cubiertas por un certificado de importación válido. El Hauptzollamt fundamentó su decisión en el Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1 EE 02/06, p. 54), y en el Reglamento (CEE) n° 3429/80 de la Comisión, de 29 de diciembre de 1980, por el que se establecen las medidas de salvaguardia aplicables a la importación de conservas de setas (DO L 358, p. 66).
22.

Tanto la Comisión como los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido están de acuerdo en que el apartado 2 del artículo 20 no se aplica en tales circunstancias. Este punto de vista parece correcto. Cuando un particular (es decir, una persona que no ejerce una actividad económica independiente y que, por lo tanto, no es sujeto pasivo a los efectos del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva) adquiere bienes con fines privados (no profesionales), no tiene derecho a practicar deducción alguna con arreglo al apartado 2 del artículo 17 de la Directiva, puesto que dicha disposición únicamente atribuye derecho a la deducción a los sujetos pasivos. Si el particular de que se trata revende posteriormente los bienes a un sujeto pasivo, ningún IVA gravará dicha entrega por cuanto no habrá sido efectuada por un sujeto pasivo que actúe como tal (artículo 2). El resultado de ello es que esa parte del IVA inicial abonado por el particular en el momento de la compra de los bienes (o la totalidad del IVA si los bienes no han perdido nada de su valor) seguirá incluida en el valor de reventa; por consiguiente, un sujeto pasivo que compre bienes a un particular soportará una carga de IVA no recuperable. La Sexta Directiva no incluye el concepto de consumo final temporal o parcial aplicable a aquellos bienes que vuelven a introducirse en el circuito económico (véase, en particular, la sentencia de 5 de diciembre de 1989, Oro Amsterdam Beheer, C-165/88, Rec. p. 4081). Véase, también, la propuesta de la Comisión de 11 de enero de 1989 para modificar una Directiva del Consejo sobre un régimen especial aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (DO C 76, p. 10)].