Asunto T‑191/06

FMC Foret, SA

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Peróxido de hidrógeno y perborato sódico — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Duración de la infracción — Presunción de inocencia — Derecho de defensa — Multas — Circunstancias atenuantes»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Concepto — Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado — Inclusión

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto — Comunicación de información con el fin de preparar un acuerdo contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada — Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» — Procedencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Utilización como medios de prueba de declaraciones presentadas en el marco de la Comunicación sobre la cooperación por otras empresas que han participado en la infracción — Procedencia — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Prueba única — Procedencia — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Indicios aportados por la Comisión — Participación en reuniones cuyo objeto es contrario a la competencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Declaraciones bajo juramento y testimonios prestados en las audiencias

(Art. 81 CE)

8. Competencia — Procedimiento administrativo — Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos — Aplicabilidad de los principios generales del Derecho de la Unión

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 19, ap. 1]

9. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Falta de comunicación de un documento — Consecuencias

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 2]

11. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Comunicación de las respuestas al pliego de cargos — Requisitos — Límites

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 2]

12. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Determinación, efectuada únicamente por la Comisión, de los documentos útiles para la defensa — Improcedencia — Exclusión de documentos de descargo del expediente del procedimiento — Ilegalidad de la decisión de la Comisión — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 2]

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo — Cálculo — Volumen de negocios que ha de tomarse en consideración

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2, párr. 2]

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva o subordinada de la empresa

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3]

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva o subordinada de la empresa

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, primer guión]

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Conducta que se aparta de la acordada en el marco de las prácticas colusorias — Apreciación

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3]

1. Para que exista acuerdo a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado.

Puede considerarse que se ha concluido un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, cuando hay una voluntad concordante sobre el propio principio de restringir la competencia, aunque los puntos específicos de la restricción proyectada estén siendo aún objeto de negociación.

(véanse los apartados 97 y 98)

2. El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas.

A este respecto, el artículo 81 CE, apartado 1, se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos susceptible ya sea de influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o se pretenda seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto restringir la competencia.

El hecho de comunicar información a los competidores con el fin de preparar un acuerdo contrario a la competencia basta para probar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE.

(véanse los apartados 99 a 101)

3. Los conceptos de acuerdo y de práctica concertada, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan.

En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 81 CE.

Ha de entenderse que la doble calificación de la infracción de acuerdo «y/o» de práctica concertada designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, algunos de los cuales se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

(véanse los apartados 102 a 104)

4. Las declaraciones realizadas por empresas acusadas en el marco de las solicitudes de clemencia deben apreciarse con prudencia y, en general, no pueden aceptarse sin que sean corroboradas. En efecto, la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas.

Para examinar el valor probatorio de las declaraciones de las empresas que hayan presentado una solicitud de clemencia, el Tribunal tiene en cuenta, concretamente, por una parte, la importancia de los indicios concordantes que apoyan la pertinencia de esas declaraciones y, por otra parte, la falta de indicios de que éstas habrían tendido a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de las demás empresas.

(véanse los apartados 119 a 121)

5. Ningún principio del Derecho de la Unión se opone a que para afirmar que existe una infracción la Comisión se base en una única prueba documental, siempre y cuando no quepa duda sobre el valor probatorio de dicha prueba y ésta acredite con certeza, por sí sola, la existencia de la mencionada infracción.

Ciertamente, esta hipótesis no se aplica, por regla general, a las simples declaraciones de una empresa acusada que, en la medida en que sean cuestionadas por otras empresas afectadas, deben ser corroboradas por pruebas adicionales e independientes.

No obstante, esta consideración puede atenuarse en caso de que la declaración de la empresa que coopera sea especialmente fiable ya que, en esas circunstancias, el grado de corroboración necesario es menor tanto en términos de precisión como de intensidad.

En efecto, si se llegara a la conclusión de que un conjunto de indicios concordantes permite corroborar la existencia y ciertos aspectos específicos del acuerdo contrario a la competencia expuesto en la declaración presentada en el marco de la cooperación, esta declaración podría bastar por sí sola para demostrar otros puntos de la decisión impugnada. En estas circunstancias, la Comisión puede basarse exclusivamente en ésta, siempre que la veracidad de cuanto se ha afirmado no suscite dudas y que las indicaciones no tengan carácter vago.

Además, aunque la declaración de una empresa no haya sido corroborada en lo tocante a los hechos específicos relatados, puede tener cierto valor probatorio para corroborar el hecho de la existencia de la infracción en el marco de un conjunto de indicios concordantes empleado por la Comisión. En efecto, en la medida en que un documento contenga información específica que coincida con la contenida en otros documentos, procede considerar que dichas pruebas pueden reforzarse mutuamente.

(véanse los apartados 122 a 126)

6. En materia de competencia, la Comisión debe poder extraer de períodos en los que las pruebas son relativamente abundantes, conclusiones referentes a otros períodos en los que el intervalo entre pruebas sea mayor. De este modo, será necesario un argumento realmente sólido para convencer a un órgano jurisdiccional de que, en una determinada fase de una serie de reuniones, sucedieron cosas totalmente distintas de las que ocurrieron en el curso de reuniones anteriores y posteriores, a pesar de que a dichas reuniones asistieran los mismos participantes, de que tuvieran lugar en circunstancias externas similares y de que, indudablemente, tuvieran el mismo objetivo.

Además, cuando una empresa asistió, aun sin desempeñar un papel activo, a una reunión durante la cual se manifestó un concurso de voluntades ilícito, debe considerarse que participó en ese acuerdo, a menos que pruebe que se apartó claramente de la concertación ilícita o que informó a los demás participantes de que tenía intención de asistir a dicha reunión con intenciones diferentes a las suyas.

Cuando la Comisión demuestra que una empresa participó en reuniones ilícitas, incumbe a esta empresa aportar pruebas que demuestren que su participación en dichas reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia.

(véanse los apartados 127, 159, 160, 204 y 236)

7. Aunque un testimonio hecho bajo juramento ante un órgano jurisdiccional o, eventualmente, en el marco de una instrucción ante un fiscal, pueda tener un valor probatorio elevado, las consecuencias penales negativas que puede acarrear a un declarante mentir en la instrucción hacen que esta deposición sea más digna de confianza que una mera declaración. Estas consideraciones no son aplicables a las declaraciones escritas de los empleados de una empresa presentadas ante la Comisión en el procedimiento administrativo en materia de competencia, ni a sus testimonios prestados en la audiencia ante la Comisión. Por lo tanto, no puede sostenerse que las citadas declaraciones tienen un elevado valor probatorio por haberse efectuado bajo juramento y que, por ello, la Comisión estaba obligada, en su caso, a demostrar que los testigos han cometido perjurio.

(véanse los apartados 132 y 133)

8. Durante el procedimiento administrativo en materia de competencia, la Comisión no puede imponer la audiencia de personas como testigos bajo juramento.

Además, la Comisión sólo está obligada a oír a las personas físicas o jurídicas que justifiquen un interés suficiente si dichas personas solicitan efectivamente ser oídas. Por lo tanto, dispone de un margen de apreciación razonable para decidir qué interés puede presentar la audiencia de personas cuyo testimonio puede tener importancia para la instrucción del expediente. En efecto, para garantizar el derecho de defensa no es preciso que la Comisión proceda al examen de los testigos propuestos por los interesados, si considera que la instrucción del asunto ha sido suficiente.

Ciertamente, aunque la Comisión no sea un tribunal en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y aun cuando las multas impuestas por la Comisión no tengan carácter penal, la Comisión está obligada a respetar en el procedimiento administrativo los principios generales del Derecho de la Unión.

Sin embargo, no contraviene dichos principios el hecho de que las disposiciones del Derecho de la competencia no impongan a la Comisión la obligación de citar a los testigos de descargo cuyo testimonio se solicita. En efecto, aunque la Comisión puede tomar declaración a las personas físicas o jurídicas cuando lo estime oportuno, no dispone del derecho a citar a testigos de cargo sin haber obtenido su consentimiento. Dado que el procedimiento ante la Comisión sólo tiene carácter administrativo, no le corresponde a esta última dar a la empresa afectada la posibilidad de interrogar a un testigo determinado y de analizar sus declaraciones en la fase de instrucción. Basta con que las declaraciones utilizadas por la Comisión figuraran en el expediente remitido a la demandante, que puede impugnarlas ante el juez de la Unión.

(véanse los apartados 135 y 137 a 139)

9. Resulta superfluo tomar en consideración los efectos de un acuerdo o de una práctica concertada cuando se revele que su objeto es contrario a la competencia. Cabe apreciar válidamente la responsabilidad de una determinada empresa en la infracción cuando ha participado en reuniones teniendo conocimiento de su objeto contrario a la competencia, aun cuando, a continuación, no haya puesto en práctica alguna de las medidas acordadas en éstas.

(véanse los apartados 252 y 253)

10. El derecho de acceso al expediente, corolario del principio del respeto del derecho de defensa, implica que, en un procedimiento administrativo en materia de aplicación de las normas de la competencia, la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos incluidos en el expediente de instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa.

Éstos comprenden tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

En lo que atañe a las pruebas materiales, la falta de comunicación de un documento sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra, por una parte, que la Comisión se ha apoyado en dicho documento para fundamentar su imputación relativa a la existencia de una infracción y, por otra, que dicha imputación únicamente puede acreditarse mediante el citado documento. De este modo, incumbe a la empresa afectada demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba ese documento no comunicado.

En cambio, por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en su perjuicio, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa, demostrando concretamente que habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en la fase del pliego de cargos y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la decisión.

(véanse los apartados 262 a 265)

11. En un procedimiento administrativo en materia de competencia, las respuestas dadas por las empresas al pliego de cargos no forman parte del expediente de la instrucción propiamente dicho. Por consiguiente, al tratarse de documentos que no forman parte del expediente constituido en el momento de la notificación del pliego de cargos, la Comisión sólo está obligada a divulgar esas respuestas a las demás empresas implicadas si resulta que en ellas se contienen nuevas pruebas de cargo o de descargo.

En lo que respecta, en particular, a los documentos de descargo, la Comisión no está obligada a dar, por propia iniciativa, acceso a los documentos que no figuran en su expediente de instrucción y que no se proponga utilizar en la decisión final como pruebas de cargo contra las partes afectadas. Dado que, por regla general, la Comisión no está obligada a divulgar esos documentos por iniciativa propia, una empresa no puede invocar válidamente, en principio, el hecho de que no se le comunicaran supuestas pruebas de descargo contenidas en las respuestas al pliego de cargos cuando no solicitó el acceso a dichas respuestas durante el procedimiento administrativo.

Cuando la alegación de la empresa demandante trate de demostrar que la Comisión debería haber señalado la presencia de pruebas de descargo en las respuestas de que se trate y, por lo tanto, comunicarlas por iniciativa propia, en el marco de esta alegación, es la citada empresa la que debe proporcionar un primer indicio de la utilidad que tienen para su defensa las referidas respuestas. En particular, debe indicar las posibles pruebas de descargo de que se trate o proporcionar un indicio que acredite su existencia y, por tanto, su utilidad para el proceso.

Además, a pesar de estar obligada a comunicar a las empresas afectadas los pasajes de la respuesta al pliego de cargos que incluyan cualquier indicación pertinente respecto a una prueba de cargo, la Comisión no está obligada a ampliar esa divulgación a los demás pasajes de la mencionada respuesta que no tengan relación con la prueba invocada.

(véanse los apartados 266, 267, 290, 292, 296 y 297)

12. Con el fin de respetar el derecho de defensa, el expediente elaborado por la Comisión en el marco de un procedimiento administrativo en materia de competencia debe incluir el conjunto de los documentos pertinentes obtenidos en la instrucción. En particular, si bien se le permite excluir del procedimiento administrativo los elementos que no tengan ninguna relación con las alegaciones de hecho y de Derecho que figuran en el pliego de cargos y que, por consiguiente, no tengan relevancia alguna para la instrucción, la determinación de cuáles son los documentos útiles para la defensa de la empresa afectada no puede ser competencia exclusiva de la Comisión.

La Comisión incumple estos requisitos si excluye del expediente un documento que consiste en una trascripción de la declaración oral prestada por una empresa sobre un hecho contrario a la competencia, cuando la declaración escrita de dicha empresa sobre ese hecho se utiliza como elemento pertinente de la instrucción.

Sin embargo, esta irregularidad sólo puede menoscabar la legalidad de la decisión de la Comisión si pudo influir en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de dicha decisión en perjuicio de la empresa afectada, que está obligada a demostrar que habría podido utilizar el documento de descargo no divulgado en su defensa, y concretamente que habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en la fase del pliego de cargos y, por tanto, habría podido influir de una manera o de otra en las apreciaciones formuladas en la decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 306 a 308)

13. El límite máximo del 10 % del volumen de negocios, fijado en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica responsable de la infracción sancionada. Por el contrario, si esa unidad económica se disuelve posteriormente, cada destinatario de la decisión tiene derecho a que se le aplique individualmente el límite máximo en cuestión.

(véase el apartado 324)

14. Cuando una empresa sostiene que la Comisión debería haberle concedido el beneficio de una circunstancia atenuante en virtud de su función pasiva en una infracción de las normas de la competencia, el hecho de que esa empresa no haya invocado explícitamente su función pasiva en el procedimiento administrativo carece de incidencia sobre la admisibilidad de su imputación.

Efectivamente, por una parte, las empresas destinatarias de un pliego de cargos no están obligadas a solicitar específicamente el beneficio de las circunstancias atenuantes. Por otra parte, cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, la Comisión debe examinar la gravedad relativa de la participación en la infracción de cada una de ellas para determinar si existen respecto a ellas circunstancias agravantes o atenuantes, en particular cuando se trata de una circunstancia atenuante mencionada explícitamente en la lista no exhaustiva que figura en el punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA].

(véanse los apartados 329 y 330)

15. Si resulta acreditada, la «función exclusivamente pasiva o subordinada» de una empresa en la comisión de la infracción puede constituir una circunstancia atenuante, conforme a lo dispuesto en el punto 3, primer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA], teniendo en cuenta que este papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa de que se trate de una «actitud reservada», es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia.

Entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en un cártel cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios en el cártel, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta el conjunto de las circunstancias pertinentes del caso de autos.

La Comisión dispone de un margen de apreciación en lo que respecta a la aplicación de las circunstancias atenuantes.

A este respecto, cuando la Comisión haya demostrado de modo jurídicamente suficiente que una empresa ha estado representada o ha sido informada en la mayor parte de las reuniones colusorias a las que se refiere la decisión de la Comisión, el hecho de que la mencionada empresa no participara físicamente en algunas reuniones, sino que hubiera sido informada de ellas por teléfono es acorde con el carácter clandestino de su desarrollo y no demuestra en modo alguno que la empresa tuviera una función exclusivamente pasiva o subordinada.

(véanse los apartados 331 a 333 y 337)

16. A tenor de lo dispuesto en el punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA], la no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos puede constituir una circunstancia atenuante, en la medida en que la empresa de que se trate demuestre que, durante el período en que tomó parte en los acuerdos ilícitos, se abstuvo efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos, que incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

Por otra parte, el mero hecho de que una empresa cuya participación en una concertación con sus competidores ha quedado acreditada no haya ajustado su conducta en el mercado a la convenida con sus competidores, siguiendo una política más o menos independiente en el mercado no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta como circunstancia atenuante. No cabe excluir que dicha empresa haya tratado simplemente de utilizar el cártel en beneficio propio.

(véanse los apartados 345 a 346)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)

de 16 de junio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Peróxido de hidrógeno y perborato sódico – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Duración de la infracción – Presunción de inocencia – Derecho de defensa – Multas – Circunstancias atenuantes»

En el asunto T‑191/06,

FMC Foret, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por los Sres. M. Seimetz, abogado, y C. Stanbrook, QC,

parte demandante,

y

Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. F. Arbault, y posteriormente por los Sres. V. Di Bucci y V. Bottka, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. M. Gray, Barrister,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2006) 1766 final de la Comisión, de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.620 – Peróxido de hidrógeno y perborato), y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),

integrado por el Sr. V. Vadapalas (Ponente), en funciones de Presidente, y los Sres. A. Dittrich y L. Truchot, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de marzo de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que originaron el litigio

1 La demandante, FMC Foret, S.A., es una sociedad española que en la época en que se produjeron los hechos fabricaba, en particular, peróxido de hidrógeno (en lo sucesivo, «PH») y perborato sódico (en lo sucesivo, «PBS»).

2 Dicha sociedad es una filial al 100 % de FMC Chemicals Netherlands BV y forma parte del grupo controlado por la empresa americana FMC Corp.

3 En noviembre de 2002, Degussa AG informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de un cártel en los mercados del PH y del PBS y solicitó la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

4 Degussa presentó ante la Comisión pruebas materiales que permitieron a ésta llevar a cabo registros en los locales de tres empresas el 25 y el 26 de marzo de 2003.

5 A raíz de estos registros, varias empresas, entre ellas, concretamente, EKA Chemicals AB, Atofina SA (posteriormente Arkema SA) y Solvay SA, solicitaron la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación y enviaron a la Comisión pruebas sobre el mencionado cártel.

6 El 26 de enero de 2005 la Comisión envió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas implicadas.

7 Tras la audiencia a las empresas implicadas, celebrada los días 28 y 29 de junio de 2005, la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 1766 final, de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE contra Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA, Degussa, Edison, FMC Corp., FMC Foret, S.A., Kemira Oyj, Air liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, –demandante–, Solvay Solexis, Total SA, Elf Aquitaine SA y Arkema (asunto C.38.620 – Peróxido de hidrógeno y perborato) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), cuyo resumen fue publicado en el Diario oficial de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2006 (DO L 353, p. 54). La mencionada Decisión fue notificada a la demandante mediante escrito de 8 de mayo de 2006.

Decisión impugnada

8 En la Decisión impugnada, la Comisión indicó que los destinatarios de ésta habían participado en una infracción única y continua de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en relación con el PH y su producto derivado, el PBS (considerando 2 de la Decisión impugnada).

9 La infracción, declarada en relación con el período comprendido entre el 31 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2000, consistió principalmente en que los competidores intercambiaron información importante desde el punto de vista comercial e información confidencial sobre los mercados y las empresas, limitaron y controlaron la producción y sus capacidades potenciales y reales, asignaron cuotas de mercado y clientes y fijaron y supervisaron objetivos de precios.

10 La demandante fue considerada responsable de la infracción «conjunta y solidariamente» con FMC (considerandos 389 a 395 de la Decisión impugnada).

11 A efectos del cálculo de los importes de las multas, la Comisión aplicó la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»).

12 La Comisión determinó los importes de base de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción (considerando 452 de la Decisión impugnada), que había sido calificada de muy grave (considerando 457 de la Decisión impugnada).

13 En virtud del trato diferenciado, la demandante fue clasificada en la tercera y penúltima categoría, a la que corresponde un importe de partida de 20 millones de euros (considerandos 460 a 462 de la Decisión impugnada).

14 Dado que según la Comisión, la demandante había participado en la infracción del 29 de mayo de 1997 al 13 de diciembre de 1999, es decir, durante un período de dos años y siete meses, el importe de partida de su multa se incrementó en un 25 % (considerando 467 de la Decisión impugnada).

15 No se apreció ninguna circunstancia agravante o atenuante respecto de la demandante.

16 El artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada dispone que la demandante infringió los artículos 81 CE, apartado 1, y 53 del Acuerdo EEE, al haber participado en la infracción de que se trata del 29 de mayo de 1997 al 13 de diciembre de 1999.

17 En el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, la Comisión impuso a la demandante, «conjunta y solidariamente» con FMC, una multa de un importe de 25 millones de euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 18 de julio de 2006.

19 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta y, una vez oídas las partes, el presente asunto fue atribuido a la Sexta Sala ampliada.

20 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, de 6 de enero de 2010, el Tribunal formuló preguntas por escrito a las partes, a las que éstas respondieron mediante escritos de 29 de enero de 2010.

21 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió abrir la fase oral del procedimiento. En la vista celebrada el 4 de marzo de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

22 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, al no poder participar en las deliberaciones del Tribunal dos miembros de la Sala, éstas prosiguieron a cargo de los tres Jueces cuya firma lleva la presente sentencia.

23 La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le impuso una multa.

– Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa.

– Condene en costas a la Comisión.

24 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

25 En el escrito de réplica, así como en la vista, la demandante precisó que la primera parte de las pretensiones del escrito de demanda debía entenderse en el sentido de que solicitaba la anulación de la Decisión impugnada, en la medida en que a ella le afecta, lo que incluye la declaración de su participación en la infracción de que se trata.

Fundamentos de Derecho

26 En apoyo de su recurso, mediante el que solicita la anulación de la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa, la demandante invoca tres motivos basados, en primer lugar, en una apreciación incorrecta de las pruebas de su participación en la infracción; en segundo lugar, en una vulneración del derecho de defensa en el marco del acceso al expediente y, en tercer lugar, en el nivel excesivo del importe de la multa.

Sobre el primer motivo, basado en un supuesto error de apreciación de las pruebas de la participación de la demandante en la infracción

Alegaciones de las partes

27 La demandante sostiene que la Comisión no ha aportado pruebas lo suficientemente precisas y concordantes como para demostrar su participación en el cártel.

28 Por una parte, alega que la Comisión se basó ampliamente en indicaciones imprecisas y no corroboradas presentadas en el marco de las solicitudes de clemencia, redactadas con prisa, no argumentadas y, por consiguiente, de escaso valor probatorio. Por otra parte, señala que tampoco tuvo en cuenta la prueba en contrario presentada por la demandante, concretamente los testimonios de sus empleados supuestamente implicados en comportamientos ilícitos.

29 Señala que la Comisión no refutó las pruebas presentadas por la demandante en su respuesta al pliego de cargos y en la audiencia, en particular, los testimonios de sus empleados. Añade que, además, la Comisión no tuvo en cuenta la información de la demandante sobre su comportamiento competitivo en el mercado.

30 La demandante destaca que el consejero auditor reconoció la insuficiencia de las pruebas invocadas contra ella en la audiencia. Sostiene que éste propuso un encuentro entre las partes y un examen contradictorio de la nueva prueba en contrario presentada por la demandante. Aduce que la Comisión no llevó a la práctica estas sugerencias.

31 La demandante alega que en el pliego de cargos la Comisión la acusó de haber participado en la infracción de enero de 1994 a junio de 2001, pero que posteriormente redujo de modo sustancial el alcance de esta acusación. Añade que en la Decisión impugnada se limitó al período comprendido entre el 29 de mayo de 1997, fecha de la asamblea semestral del Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), organizada por la demandante en Sevilla, y el 13 de diciembre de 1999, fecha de la reunión de Friburgo, en la que estaba presente un empleado de la demandante.

32 La demandante aduce que para demostrar los hechos ilícitos la Comisión se basó en información no corroborada, procedente de una fuente única, respectivamente, de Degussa, de Solvay o de Atofina, sin tener en cuenta la jurisprudencia según la cual una declaración formulada por una sola empresa no constituye prueba suficiente de una infracción (sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Enso-Gutzeit/Comisión, T‑337/94, Rec. p. II‑1571, apartado 91).

33 En relación con la información aportada por Degussa, la demandante sostiene que la Comisión indicó, erróneamente, que ésta fue corroborada por las pruebas obtenidas de las demás partes en el cártel. Añade que del considerando 86 de la Decisión impugnada se desprende que en realidad la Comisión consideró que, dado que determinadas empresas habían reconocido las alegaciones formuladas por Degussa en lo que a ellas respectaba, las alegaciones formuladas por dicha empresa contra la demandante no precisaban ser corroboradas. Por consiguiente, la demandante indica que la Comisión no intentó corroborar la información de Degussa que implicaba a la demandante.

34 En relación con otras pruebas procedentes de una sola empresa, la demandante señala que la Comisión destacó que se obtuvieron de testigos directos de los contactos ilícitos, que le fueron transmitidas «tras una madura reflexión» y que resultaban creíbles a la luz de un conjunto de pruebas coherentes (considerando 86 de la Decisión impugnada).

35 La demandante alega que no todas estas indicaciones son exactas. Sostiene que la información de Solvay era imprecisa e indicaba, por ejemplo, que una fuente no identificada de Solvay afirmaba que un empleado no identificado de dicha empresa se había puesto en contacto con los empleados de la demandante en cuatro ocasiones no especificadas. En su opinión, lo mismo ocurre con la alegación de Solvay según la cual la demandante compensó económicamente a Atofina por el cierre de su fábrica. Asimismo, aduce que la Comisión no confrontó esa información con los testimonios en sentido contrario de los empleados de la demandante.

36 En cuanto a la información procedente de un empleado de Atofina –notas tomadas durante las reuniones del cártel– considera que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que las mismas notas habían sido presentadas para demostrar múltiples reuniones. Además, la demandante señala que dichas notas contienen a menudo interrogantes cuando la mencionan.

37 Por consiguiente, según la demandante, la Comisión empleó contra ella, equivocadamente, pruebas procedentes de una sola empresa, no corroboradas y rebatidas por los testimonios de los empleados de la demandante.

38 A continuación, la demandante critica las afirmaciones de la Comisión relativas a reuniones específicas.

– Sobre las llamadas telefónicas recibidas por la demandante

39 La demandante alega que la Comisión se basó erróneamente en la información proporcionada por Solvay y Atofina para declarar que la demandante había sido informada por teléfono del resultado de determinadas reuniones del cártel.

40 La demandante destaca que la información de Solvay se refería a cuatro reuniones de «alto nivel» entre Degussa, Solvay y Kemira (considerandos 171 a 174, 211, 215 a 217 y 239 a 242 de la Decisión impugnada). En relación con esas reuniones, según la demandante, la Comisión se basó en la declaración de Solvay en virtud de la cual «otros actores del mercado fueron informados del resultado de esas reuniones», «por ejemplo, Solvay informó a Foret (en España) y Ausimont (en Italia) de los resultados concretos de esas conversaciones». Según la Comisión, esta declaración fue corroborada por Atofina (considerando 172 de la Decisión impugnada).

41 La demandante sostiene que esa declaración de Solvay no puede servir de base a la afirmación según la cual Solvay aseguraba haber mantenido informada a la demandante «de forma exhaustiva […] generalmente por teléfono» (considerando 172 de la Decisión impugnada). Añade que no indicaba «quién llamó a quién», ni el contenido de cuanto se dijo. Tampoco precisa a qué reuniones se refiere, salvo la de agosto de 1997. La demandante sostiene que fue la propia Comisión quien aportó ese detalle. La demandante pone de relieve que la declaración de Solvay no pudo ser corroborada por Atofina, que no estaba presente en las reuniones. En efecto, según ella Atofina hizo referencia a llamadas de Solvay efectuadas en el marco de reuniones diferentes: las del «grupo B», que tuvieron lugar entre finales del año 1995 y principios del año 1997. Por lo tanto, alega que la información de Solvay y de Atofina no es concordante.

42 Además, según la demandante, la propia Solvay negó haber participado en una de las cuatro reuniones en cuestión, que se celebró en Frankfurt en abril de 1998 (considerando 217 de la Decisión impugnada). La demandante señala que Solvay no mencionó haber mantenido contactos con ella respecto de la reunión celebrada en Bruselas en septiembre de 1998.

43 La demandante asegura que en la audiencia la Comisión intentó en vano obtener de Solvay información más precisa. Sostiene que, sin mayores precisiones, la declaración de Solvay relativa a las llamadas telefónicas carece de valor probatorio. En cualquier caso, dicha declaración es refutada por el testimonio de los empleados de la demandante, que negaron haber recibido llamadas telefónicas de Solvay.

44 En lo tocante a la información de Atofina, la demandante aduce que la Comisión se basó, equivocadamente, en la afirmación de un empleado de Atofina según la cual la demandante participó en las reuniones por teléfono en cuatro ocasiones (considerandos 180 a 192 y 247 a 253 de la Decisión impugnada). La demandante destaca que esta afirmación no fue corroborada por ningún otro participante en las mencionadas reuniones.

45 La demandante alega que otros datos del expediente ponen en duda la credibilidad de la información proporcionada por el empleado de Atofina al que se ha hecho referencia. En particular, sostiene que en el pliego de cargos la Comisión se basó en una indicación hecha por éste según la cual un representante de la demandante había participado en una reunión en París el 12 de febrero de 1996 (apartados 137 y 138 del pliego de cargos). La demandante añade haber demostrado que esta indicación era inexacta, ya que el pasaporte del supuesto participante en la reunión confirmaba que se encontraba en los Estados Unidos la semana en cuestión. La demandante destaca que la Comisión no hizo mención alguna a este error en la Decisión impugnada. Además, sostiene que el testigo de Atofina presentó la misma página de sus notas como elemento de prueba respecto de reuniones diferentes en numerosas ocasiones. Según la demandante, esas notas incluían frecuentemente interrogantes en la información referente a la demandante y a su participación en las reuniones. La demandante aduce que la Comisión no tuvo en cuenta esos elementos al evaluar la credibilidad de las pruebas de Atofina.

46 En lo que respecta a la primera reunión, celebrada en París en septiembre de 1997, arguye que la información inicial de Atofina no permite identificar al empleado de la demandante con el que supuestamente se pusieron en contacto por teléfono. El empleado de la demandante, identificado posteriormente en un cuadro preparado por Atofina, negó haber recibido esa llamada en una declaración bajo juramento. La demandante señala que la Comisión no tuvo en cuenta este extremo.

47 Según la demandante, la Comisión consideró que era plausible que se hubieran puesto en contacto con ella, habida cuenta de los contactos mantenidos anteriormente y de su participación, por teléfono, en dos reuniones posteriores (considerando 186 de la Decisión impugnada). En relación con los supuestos contactos anteriores, la demandante destaca que la Decisión impugnada sólo indica una llamada telefónica recibida un mes antes (considerando 172 de la Decisión impugnada), según información no corroborada obtenida de Solvay. La demandante afirma que su supuesta participación telefónica en dos reuniones posteriores se basa en la misma información no corroborada obtenida de Atofina.

48 En cuanto a la segunda reunión, celebrada en Frankfurt el 17 de noviembre de 1997 (considerandos 188 a 192 de la Decisión impugnada), la demandante pone de relieve cómo el empleado de Atofina identificó, contradiciéndose, primero un empleado y más tarde dos empleados de la demandante con los que supuestamente se había puesto en contacto. La demandante señala que la Comisión no mencionó esa contradicción y que ella misma cometió un error en relación con el nombre de la persona identificada (nota a pie de página 204 de la Decisión impugnada). Añade que la información controvertida no fue corroborada y que fue refutada por los empleados de la demandante identificados.

49 La demandante asegura que, en contra de las indicaciones de la Comisión, la información de Atofina no estaba corroborada por pruebas documentales. Afirma que las citadas pruebas habían sido aportadas por el mismo empleado de Atofina y no podían servir de base a sus propias afirmaciones. Añade que, además, se trataba de un cuadro realizado durante la mencionada reunión en la que se exponían los precios por cliente y por productor (considerando 192 de la Decisión impugnada), y en la que se incluían, en relación con la demandante, cuatro interrogantes. Por otra parte, aduce que esta información no fue proporcionada necesariamente por la demandante, pero podría haberse obtenido a través de otras fuentes, concretamente de los clientes de ésta.

50 La demandante indica que Degussa tampoco pudo confirmar en su respuesta al pliego de cargos la llamada supuestamente recibida por un empleado de la demandante. En realidad, Degussa se limitó a resumir el contenido del pliego de cargos –incluyendo la afirmación de Atofina según la cual algunas otras empresas, entre ellas la demandante, habían sido informadas de esta reunión– y a confirmar posteriormente su participación en dicha reunión. La demandante sostiene que la confesión de Degussa sólo puede emplearse como prueba contra esta empresa, y que no implica en modo alguno a la demandante.

51 En cuanto a la tercera reunión, celebrada en París el 21 de noviembre de 1997 (considerandos 193 a 197 de la Decisión impugnada), la demandante señala que ningún otro miembro del cártel, salvo Atofina, alude a la participación de la demandante. La Comisión se basó equivocadamente en la afirmación de Atofina, que no fue corroborada y que resultaba contradicha por el testimonio del empleado de la demandante al que antes se ha hecho referencia.

52 Asimismo, según la demandante, la Comisión se basó erróneamente en el hecho de que los precios practicados por la demandante figuraban en las notas tomadas durante la citada reunión (considerando 197 de la Decisión impugnada). Afirma que la mayor parte del cuadro contiene simples asteriscos. Expone que los escasos precios indicados eran objetivos de precios estimados por el empleado de Atofina y no procedían de información de la demandante. Por otra parte, subraya que el mismo cuadro incluye información relativa a otros dos productores, respecto de los cuales la Comisión no tuvo en cuenta esta reunión. La demandante llama la atención sobre el hecho de que la propia Comisión admitió que podían incluirse objetivos de precios para un productor sin que éste tuviera conocimiento de ello. Por lo tanto, la demandante considera que el mencionado cuadro no corrobora la información de Atofina.

53 En lo que respecta a la cuarta reunión, celebrada en Düsseldorf el 12 de octubre de 1998, la demandante alega que las notas tomadas por el empleado de Atofina no indican qué personas estaban presentes y que su explicación ulterior indicaba: «FMC ausente». Señala que sólo un cuadro preparado para la solicitud de clemencia introducida por Atofina indica que la demandante estaba «ausente pero fue objeto de contacto telefónico y estuvo representada por Solvay». La demandante expone que ningún otro participante, incluido Solvay, confirmó la participación de la demandante en esa reunión. En cambio, Degussa, interrogada al respecto, indicó que «que [ella] supiera […], no [había] habido participación de una cuarta empresa». Según la demandante, la Comisión, a este respecto, se limitó, equivocadamente, a indicar que «otras tres empresas [habían] confirmado la celebración de esa reunión» (considerando 253 de la Decisión impugnada), sin tener en cuenta que ninguna de esas empresas había confirmado la información de Atofina que implicaba a la demandante. Además, al afirmar que las declaraciones de Atofina eran «plausibles habida cuenta de las pruebas de las que disponía» (considerando 253 de la Decisión impugnada), la Comisión se limitó a remitirse a las otras alegaciones no corroboradas de Atofina. En consecuencia, la demandante sostiene que su razonamiento es circular.

54 Para concluir, la demandante subraya que la alegación del empleado de Atofina según la cual éste se puso en contacto telefónico con los empleados de la demandante no fue confirmada. En cambio, los testimonios de los empleados de la demandante que negaban haber recibido esas llamadas quedaron corroborados tanto por el silencio de los demás miembros del cártel a este respecto como por los interrogantes contenidos en las notas de la reunión presentadas por Atofina. La demandante destaca que la información sobre los precios de la demandante contenida en esas notas podría haber procedido de otras fuentes. Por consiguiente, la demandante sostiene que esos datos en su conjunto demuestran que la demandante no participó en las citadas reuniones.

– Sobre los contactos mantenidos al margen de las asambleas del CEFIC

55 La demandante sostiene que la Comisión consideró equivocadamente que había participado en seis reuniones del cártel que tuvieron lugar al margen de las asambleas del CEFIC entre mayo de 1997 y noviembre de 1999. Indica que sus empleados participaron en las citadas asambleas del CEFIC. Sin embargo, cada uno de esos empleados declaró no haber participado en las actividades del cártel desarrolladas al margen de dichas asambleas. La demandante reprocha a la Comisión que rechazara injustificadamente el testimonio de los empleados de la demandante.

56 Sostiene que el mero hecho de estar presente en una reunión de cártel no demuestra una participación en éste. En particular, una empresa podría probar que no tomó parte en las actividades del cártel demostrando que comunicó a sus competidores que participaba en él con intenciones diferentes a las suyas.

57 A este respecto, en lo que atañe a las reuniones de Sevilla, la demandante alega que en mayo de 1997 el empleado de la demandante que participó en ellas señaló a la Comisión que había declarado explícitamente, por una parte, que su empresa se hallaba «en expansión en Alemania» y no estaba «interesada» por ningún tipo de limitación de los precios y, por otra parte, que se había negado a negociar sobre ellos. La demandante alega que este testimonio resulta confirmado por el hecho de que, ante esta declaración, el responsable de Degussa abandonó la sala durante una de esas reuniones dando un portazo (considerando 162 de la Decisión impugnada). En consecuencia, el representante de la demandante no fue invitado a la cena en el restaurante al día siguiente (considerando 163 de la Decisión impugnada).

58 Según el testimonio del mismo empleado de la demandante, la asamblea del CEFIC celebrada en mayo de 1998 en Évian-les-Bains tuvo el mismo resultado. Expone que los pequeños productores, entre ellos la demandante, se negaron a adherirse a los acuerdos contrarios a la competencia, porque querían seguir comportándose de manera competitiva.

59 La demandante alega que sus empleados tampoco participaron en las conversaciones del cártel durante las otras cuatro reuniones celebradas al margen de las asambleas del CEFIC (considerandos 198 a 207, 254 a 258, 264 y 265, 273 a 275 de la Decisión impugnada). Sostiene que esas reuniones se celebraron en restaurantes, en bares o en pasillos de hotel. Añade que es difícil imaginar conversaciones multilaterales del cártel en esos lugares públicos. Por ello, considera que las conversaciones debieron mantenerse bilateralmente, o bien tras la salida del restaurante de los empleados de la demandante.

60 Según la demandante, la Comisión no mencionó el hecho de que la demandante negara haber tomado parte en esas conversaciones. La Comisión indicó que la demandante no demostró que sus empleados se hubieran distanciado de las conversaciones contrarias a la competencia (considerando 207 de la Decisión impugnada), al tiempo que admitía respecto de una de las reuniones, que «no es inconcebible que […] varias negociaciones hubieran tenido lugar probablemente sobre una base bilateral» (considerando 167 de la Decisión impugnada). Según la demandante, al ser las conversaciones bilaterales, sus empleados no eran conscientes de lo que estaba sucediendo y no podían distanciarse de ellas.

61 En cuanto a la cena que tuvo lugar al margen de la asamblea del CEFIC celebrada en Bruselas el 26 de noviembre de 1997, según el considerando 199 de la Decisión impugnada, «Degussa, EKA, Solvay y Atofina indicaron que [la demandante y Kemira] estaban efectivamente presentes, estaban perfectamente al corriente del carácter ilícito de las conversaciones descritas a continuación y habían tomado parte en ellas». La demandante sostiene que EKA Chemicals no hizo ninguna referencia a ella, y que Solvay sólo elaboró una lista de participantes en la que no figuran sus empleados, añadiendo que «probablemente todos los demás participantes» en la asamblea también estaban representados.

62 La demandante alega que la información de Atofina y de Degussa había consistido simplemente en indicar las personas que estaban presentes en la cena, entre ellas sus representantes, sin realizar ninguna otra alegación sobre su participación en conversaciones contrarias a la competencia.

63 En lo tocante a la reunión que tuvo lugar al margen de la asamblea del CEFIC de noviembre de 1999 (considerandos 273 a 275 de la Decisión impugnada), la demandante afirma que la Comisión no mencionó que esta reunión se celebró en un lugar público –el pasillo de un hotel– con ocasión de una cena oficial. Añade que las conversaciones debieron ser bilaterales y que no había pruebas suficientemente precisas y concordantes de la participación de la demandante en esas conversaciones.

– Sobre la reunión celebrada en Königswinter el 13 de julio de 1998

64 La demandante sostiene que la Comisión indicó incorrectamente que su director general había participado en una reunión con Solvay y Degussa en Königswinter en julio de 1998 sobre el cierre de una fábrica de Atochem (considerando 233 de la Decisión impugnada). Alega que el empleado en cuestión negó haber participado en esta reunión y aportó una factura de taxi, en la que figuraba su nombre, que demostraba que ese día estaba en Barcelona.

65 La demandante destaca que la Comisión no refutó esta prueba, y que se limitó a sugerir que el empleado de la demandante podría haber estado a la vez presente en el encuentro de Königswinter y haber tomado un taxi en Barcelona más tarde ese mismo día. Añade que, en lo que respecta a otras reuniones, Degussa presentó facturas de restaurante en las que aparecía la lista de participantes. Según la demandante, la Comisión no obtuvo más pruebas de Degussa o de Solvay en relación con la citada reunión. Sostiene que Solvay no confirmó la presencia de la demandante en esta reunión.

66 La demandante alega que el hecho de que no tomó parte en las conversaciones relativas al cierre de la fábrica de Atochem resulta corroborado por su ausencia en las reuniones que se celebraron posteriormente sobre el tema. Afirma que la Comisión declaró erróneamente que Solvay había confirmado la participación de la demandante en al acuerdo con Atochem (considerando 244 de la Decisión impugnada). La demandante subraya que Solvay no precisó los datos de esta supuesta participación y que Degussa no hizo ninguna referencia a ésta. Según la demandante, es posible que Solvay, por error, hubiera hecho referencia a un contrato de suministro legal, celebrado entre la demandante y Atochem en la época.

67 La demandante pone de relieve que en el considerando 234 de la Decisión impugnada la Comisión no indicó que la demandante hubiera acordado compensar a Atochem. Sostiene que la falta de coherencia de la declaración de Solvay en este sentido fue puesta en evidencia por los hechos posteriores, concretamente por la ausencia de la demandante de la reunión celebrada posteriormente, en octubre de 1998, entre Solvay, Degussa y Atofina. Según ella, del considerando 245 de la Decisión impugnada se desprende que, con ocasión de esta reunión, Degussa y Solvay convencieron a Atochem para que cerrara la fábrica, a cambio de una remuneración pagada por Degussa y Solvay.

– Sobre la reunión mantenida con Degussa en Bruselas el 28 de septiembre de 1998

68 La demandante alega que la Comisión apreció erróneamente la información de Degussa sobre la reunión bilateral de septiembre de 1998. Según el considerando 241 de la Decisión impugnada, el objeto de esta reunión era informar a la demandante de los resultados de la reunión celebrada esa misma mañana. En realidad, según la demandante, Degussa sólo indicó que «el tema tratado en la reunión [había sido] una conversación de carácter general sobre el desarrollo del mercado europeo del PH, en particular habida cuenta del elevado nivel de precios alcanzado, y sobre las posibilidades de mantener ese nivel». La demandante subraya que Degussa no mencionó ningún acuerdo sobre los precios o sobre las cuotas de mercado, sino que comentó que la conversación tuvo «carácter general».

– Sobre las reuniones relativas al PBS

69 La demandante indica que su empleado recuerda haber participado en dos de las cuatro reuniones sobre el PBS mencionadas en la Decisión impugnada (considerandos 237 y 238, 259 a 263, 267 a 270 y 276 a 279 de la Decisión impugnada): las celebradas en Milán a principios de 1999 y en Friburgo en diciembre de 1999.

70 Según la demandante, el objetivo de esas dos reuniones era examinar los medios que la industria podía emplear para calmar la inquietud despertada por los efectos sobre la salud de uno de los componentes del PBS. Habida cuenta de esta inquietud, la demandante sostiene haber empezado a plantearse el desarrollo de un «producto alternativo», el percarbonato sódico (en lo sucesivo, «PCS»). La demandante señala que es lamentable que los demás productores mantuvieran conversaciones ilícitas durante las citadas reuniones. Sostiene que estos temas no le interesaban, porque ya había tomado la decisión de abandonar progresivamente el PBS por el PCS. Por ello, su representante no participó en conversaciones ilegales. Esta explicación fue corroborada por Degussa, que confirmó que las mencionadas reuniones se celebraron «por casualidad» en el marco de las conversaciones lícitas.

71 En relación con las otras dos reuniones sobre el PBS, la celebrada en Lyon en septiembre de 1998 y la de Basilea del verano de 1999, respectivamente, la demandante alega que su supuesta participación derivaba únicamente de la información no corroborada de Solvay. La demandante sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta el testimonio de su empleado al que antes se hizo referencia, que no recordaba haber participado en esas reuniones.

– Alegaciones desarrolladas en la fase de réplica

72 En el escrito de réplica, la demandante alega que la Comisión violó el principio de presunción de inocencia, al no disponer de pruebas precisas y concordantes de su participación en actividades constitutivas de cártel.

73 En primer lugar, la demandante sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta las pruebas en las que se basaba la teoría de la demandante y deformó otras para fundamentar su conclusión. Según la demandante, la Comisión ignoró el hecho de que las mejores pruebas eran el testimonio directo de sus empleados, aplicó presunciones injustificadas contra ella, alteró las pruebas que le eran favorables, asimiló su participación en las asambleas del CEFIC –que son lícitas– a actividades constitutivas de cártel y «adornó» pruebas contra ella.

74 Añade que la Comisión no tomó en consideración las pruebas de manera objetiva y global. No tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que la demandante procedía de manera agresiva al reparto del mercado, que los competidores perdían cuotas de mercado en beneficio de la demandante y se habían quejado de ello, y que se puso fin a dos intentos de reunión del cártel cuando la demandante se negó a participar en ellas. Asimismo, sostiene que no obtuvo pruebas adicionales sobre las alegaciones no corroboradas presentadas contra la demandante.

75 En segundo lugar, la demandante critica el hecho de que la Comisión no hiciera un careo para comprobar la veracidad de los testimonios de sus empleados. La demandante alega haber sido la única empresa que presentó testigos en la audiencia ante la Comisión. Ninguna de las tres sociedades que prestó testimonio contra la demandante presentó testigos en la audiencia. Destaca que numerosas pruebas aportadas por Degussa y Solvay procedían esencialmente de fuentes anónimas. Según la demandante, la Comisión pasó por alto las declaraciones de sus empleados aduciendo que no habían sido hechas bajo juramento.

76 En tercer lugar, la demandante sostiene que la Comisión presentó de manera inexacta las pruebas obtenidas tras la audiencia.

77 En la audiencia, el consejero auditor precisó que algunas de las pruebas en las que se basaba la Comisión –en particular las alegaciones procedentes de fuentes anónimas presentadas por Solvay sobre las llamadas telefónicas a la demandante– no eran creíbles. La demandante señala que la Comisión no obtuvo pruebas adicionales tras la audiencia.

78 En particular, en relación con las reuniones de Sevilla de mayo de 1997, la Comisión indicó erróneamente en el escrito de contestación a la demanda que obtuvo la confirmación de algunos aspectos fácticos por parte de otras empresas tras la audiencia y que dio a la demandante la oportunidad de expresar su punto de vista. Asegura que tras la audiencia no hubo más contribuciones relativas a esas reuniones.

79 Según la demandante, en contra de cuanto sostiene la Comisión, las pruebas adicionales transmitidas a la demandante no tenían ninguna relación con las supuestas llamadas telefónicas de Solvay. En sus contribuciones posteriores a la audiencia, Solvay y Degussa simplemente describieron el contenido del pliego de cargos sobre determinados puntos concretos (en lo que respecta a Degussa, la reunión de Frankfurt de noviembre de 1997 y, a Solvay, la reunión de Königswinter de julio de 1998) y confirmaron la participación de sus empleados. Ninguna de esas sociedades mencionó inicialmente la participación de la demandante en esas reuniones. La demandante señala que la propia Comisión reconoció que la respuesta de Solvay era «indirecta» y que Degussa no había implicado «explícitamente» a la demandante.

80 En cuarto lugar, la demandante alega que la Comisión realizó afirmaciones contradictorias. En relación con Kemira, consideró que no era descabellado suponer que varias de las conversaciones al margen de las asambleas del CEFIC se hubieran celebrado probablemente sobre una base bilateral (considerando 167 de la Decisión impugnada). Respecto de la demandante, la Comisión afirma erróneamente que era imposible que sus representantes hubieran participado en los mismos encuentros sin estar al corriente de las prácticas colusorias.

81 En quinto lugar, la demandante aduce que la Comisión deformó algunas pruebas de descargo. Primero, sostiene que se trata de indicaciones según las cuales la demandante formaba parte del grupo de los «malos alumnos», porque quiso aumentar las capacidades totales en Europa en detrimento de los precios. Señala que la Comisión se equivocó al rechazar esta prueba afirmando simplemente, en el escrito de contestación a la demanda, que revelaba una tentativa de la demandante de utilizar el cártel en beneficio propio.

82 Segundo, respecto de las reuniones de Sevilla que tuvieron lugar al margen de las asambleas del CEFIC, el empleado de la demandante indicó que se había negado a participar en cualquier conversación relacionada con el cártel y que, en consecuencia, los representantes de Solvay y de Degussa habían abandonado la sala de reunión. Al negarse a admitir este testimonio, la Comisión se basó en su propia interpretación, infundada, de las razones por las que Solvay y Degussa habían abandonado la sala de reunión: que los pequeños productores, incluida la demandante, estaban descontentos con las propuestas, probablemente a causa de la cuota de mercado que se les había atribuido. La demandante destaca que no hay ninguna prueba en apoyo de esta teoría de la Comisión. En cambio, según la demandante, el fin precipitado de las reuniones de Sevilla, vinculado al hecho de que los competidores se quejaban de la bajada de sus precios y del aumento de su cuota de mercado, demuestran que hizo saber a sus competidores que participaba en esas reuniones con intenciones diferentes a las suyas.

83 En sexto lugar, la demandante alega que la Comisión deformó algunas pruebas documentales.

84 Primero, en lo tocante al sello que figuraba en el pasaporte del empleado de la demandante, que indicaba su entrada en el territorio de los Estados Unidos el 10 de febrero de 1996, la Comisión afirmó, erróneamente, que este extremo no demostraba necesariamente que el citado empleado no pudiera encontrarse en París dos días más tarde. Según la demandante, no era posible que el mencionado empleado hubiera volado a Estados Unidos el 10 de febrero, hubiera permanecido allí 24 horas, hubiese tomado un vuelo de vuelta trasatlántico de noche, hubiera ido directamente a una reunión del cártel el 12 de febrero y a continuación hubiera vuelto a los Estados Unidos. La demandante sostiene que si hubiera ocurrido así, habría otro sello en su pasaporte. Por consiguiente, el empleado de Atofina se equivocó al afirmar que el representante de la demandante estaba en París el 12 de febrero de 1996. Si a ello se añade el hecho de que, en varias ocasiones, Atofina fue la única que sostuvo que la demandante participaba en las reuniones del cártel y de que parte de su información contenía interrogantes, la credibilidad de la información de Atofina resulta cuestionable.

85 Segundo, la Comisión pone en duda la factura de taxi emitida en Barcelona el 13 de julio de 1998 –en la que constaba el nombre del empleado de la demandante que supuestamente asistió a la reunión de Königswinter ese mismo día– sin fundamento alguno, indicando que dicha factura pudo ser emitida en cualquier otro momento del día (considerando 236 de la Decisión impugnada). La demandante sostiene que la presunción de inocencia debería prevalecer sobre esta especulación.

86 Tercero, las notas de las reuniones presentadas por Atofina, que contenían interrogantes en la columna relativa a los precios de la demandante, reflejan el hecho de que Atofina no tenía ninguna información sobre los precios de la demandante, porque ésta no estaba presente en la reunión. La demandante alega que, no obstante, la Comisión sugirió erróneamente en el escrito de contestación a la demanda que esos interrogantes son muestra de la «prudencia» observada por el empleado de Atofina. Añade que la Comisión no tomó en consideración la otra explicación propuesta por la demandante, según la cual la citada información «podía proceder de cualquier sitio». Por lo tanto, la demandante aduce que la Comisión deformó el claro testimonio de los empleados de la demandante sobre esta reunión, que se apoyaba en pruebas documentales.

87 Cuarto, la Comisión indicó que una nota del empleado de Atofina sobre la reunión de Düsseldorf de octubre de 1998 mencionaba a la demandante en varias ocasiones. Según ésta, dicha nota no es clara, y de las explicaciones que dio posteriormente Atofina se desprende que se refería a una reunión ulterior, que debió tener lugar el 9 de noviembre, en la cual debía adoptarse un «modelo definitivo», y que menciona un «comentario sobre el modo de hacer que [la demandante] aceptara sus cuotas de mercado, mediante la presión ejercida por Solvay». La demandante sostiene que en octubre de 1998 volvió a negarse a participar en las actividades de cártel. Sin entrar a analizar el contenido de la nota, la Comisión se apoyó erróneamente en el mero hecho de que en ella se mencionara el nombre de la demandante.

88 En séptimo lugar, la demandante sostiene que la Comisión «adornó» las pruebas, añadiendo detalles inexistentes o exagerando los hechos probados.

89 Primero, en lo que atañe a la reunión bilateral con Degussa, celebrada en Bruselas en septiembre de 1998, cuya existencia niega la demandante, la Comisión indicó que había consistido en un «debriefing» de la reunión de la mañana (considerando 241 de la Decisión impugnada). Según la demandante, en la información de Degussa no figuraba ninguna mención a la existencia de este «debriefing» y no se citaba ninguna conversación sobre el PBS ni sobre la congelación de las cuotas de mercado del PH. En relación con el PH, Degussa declaró expresamente que las conversaciones fueron «de carácter general». La demandante alega que las conclusiones de la Comisión carecen de fundamento.

90 Segundo, en lo tocante a las reuniones de Sevilla, en contra de cuanto sostiene la Comisión, la demandante afirma haberse distanciado claramente de las conversaciones contrarias a la competencia negándose a emprender actividades constitutivas de cártel, lo que provocó la «brusca salida» de los representantes de Degussa y de Solvay y, en consecuencia, el fin de esta serie de reuniones. La demandante destaca que Atofina declaró que las mencionadas reuniones finalizaron con la salida de los representantes de Degussa y de Solvay. La demandante aduce que la Comisión deformó los elementos del expediente a este respecto.

91 Tercero, en cuanto a la teoría de la Comisión según la cual Atofina corroboró las alegaciones de Solvay sobre las llamadas telefónicas, la demandante sostiene que la información de Solvay y de Atofina se refería claramente a reuniones diferentes. Por lo tanto, no fue posible ningún solapamiento entre ellas en lo que respecta a los participantes o a las fechas de dichas reuniones.

92 En octavo lugar, la demandante alega que Solvay y Atofina, que presentaron paralelamente sus solicitudes de clemencia, estaban «inmersas en la carrera» por tratar de proporcionar un valor añadido significativo a las pruebas de las que ya disponía la Comisión, lo que pone en entredicho la credibilidad de sus declaraciones.

93 La demandante expone que las empresas que presentaron una solicitud de clemencia no pudieron verificar los recuerdos de sus empleados, ni proporcionar pruebas claras y precisas. Por ejemplo, la Comisión hace referencia al considerando 236 de la Decisión impugnada, según el cual Solvay «confirmó voluntariamente» la reunión celebrada en Köningswinter en julio de 1998 en su respuesta al pliego de cargos, mientras que, en su escrito de contestación a la demanda, añadió entre paréntesis: «debemos verificar si era realmente voluntario o se hizo a petición de la Comisión». Asimismo, por lo que respecta a la reunión celebrada en Düsseldorf en octubre de 1998, Degussa «siguió interrogando» a sus empleados a petición de la Comisión en relación con los participantes.

94 Por último, la demandante indica que nunca fue considerada culpable de llevar a cabo actividades contrarias a la competencia. Señala que sus empleados testificaron en la audiencia y prestaron declaraciones que rebatían las alegaciones realizadas en el pliego de cargos. Alega que fueron las empresas reincidentes las que trataron de obtener la clemencia y, en su «carrera» por obtenerla, presentaron alegaciones vagas, no corroboradas y a menudo procedentes de fuentes anónimas en forma de cartas remitidas por sus abogados o de enigmáticas notas manuscritas «plagadas de interrogantes». La demandante sostiene que la Comisión no dio ninguna explicación que permitiera privilegiar esas pruebas sobre las pruebas claras e incontrovertibles presentadas por la demandante.

95 La Comisión rechaza las alegaciones de la demandante.

Apreciación del Tribunal

96 Según el artículo 81 CE, apartado 1, son incompatibles con el mercado común y quedan prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

97 Para que exista acuerdo a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (sentencias del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 256, y de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 199).

98 Puede considerarse que se ha concluido un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, cuando hay una voluntad concordante sobre el propio principio de restringir la competencia, aunque los puntos específicos de la restricción proyectada estén siendo aún objeto de negociación (véase, en este sentido, la sentencia HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartados 151 a 157 y 206).

99 El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 115, y Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartado 158).

100 A este respecto, el artículo 81 CE, apartado 1, se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos susceptible ya sea de influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o se pretenda seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto restringir la competencia (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 99 supra, apartados 116 y 117).

101 El hecho de comunicar información a los competidores con el fin de preparar un acuerdo contrario a la competencia basta para probar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE (sentencias del Tribunal de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 82, y de 8 de julio de 2008, BPB/Comisión, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, apartado 178).

102 Según jurisprudencia consolidada, los conceptos de acuerdo y de práctica concertada, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan (sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 99 supra, apartados 131 y 132, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartado 190).

103 En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 81 CE (véanse, en este sentido, la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 99 supra, apartados 111 a 114, y la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 696).

104 Ha de entenderse que la doble calificación de la infracción de acuerdo «y/o» de práctica concertada designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, algunos de los cuales se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja (sentencias Hercules Chemicals/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartado 264, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartado 187).

105 En lo que respecta a la aportación de prueba de la infracción, recuérdese que incumbe a la Comisión aportar las pruebas que acrediten de modo jurídicamente suficiente la existencia de hechos constitutivos de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1 (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58).

106 La Comisión debe reunir pruebas precisas y concordantes a este respecto (véanse la sentencia del Tribunal de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 43, y la jurisprudencia citada).

107 Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción. Basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente (véanse la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 180, y la jurisprudencia citada).

108 Los indicios que la Comisión invoca en la decisión para demostrar la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, por una empresa no deben apreciarse de forma aislada, sino en su conjunto (véanse la sentencia BPB/Comisión, citada en el apartado 101 supra, apartado 185, y la jurisprudencia citada).

109 Asimismo debe tenerse en cuenta el hecho de que las actividades contrarias a la competencia se desarrollan clandestinamente y, por tanto, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57).

110 En lo que respecta al alcance del control jurisdiccional, según reiterada jurisprudencia, cuando el Tribunal conoce de un recurso de anulación de una decisión adoptada en ejecución del artículo 81 CE, apartado 1, debe ejercer en general un control completo sobre la cuestión de si concurren o no los requisitos de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse la sentencia del Tribunal de 26 de octubre de 2000, Bayer/Comisión, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, apartado 62, y la jurisprudencia citada).

111 La existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción, conforme al principio de presunción de inocencia, que, como principio general del Derecho de la Unión, se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (sentencia Hüls/Comisión, citada en el apartado 99 supra, apartados 149 y 150).

112 La cuestión de si la Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente en el caso de autos que la demandante participó en la infracción de que se trata ha de examinarse a la luz de estas consideraciones.

– Observaciones preliminares

113 La demandante realiza un determinado número de críticas generales respecto de la aportación de prueba en el caso de autos, alegando, en primer lugar, el escaso valor probatorio de las pruebas facilitadas por las empresas que presentaron una solicitud de clemencia; en segundo lugar, el empleo de información no corroborada procedente de una fuente única; en tercer lugar, el hecho de que no se hubieran refutado los testimonios en contrario prestados por sus empleados y, en cuarto lugar, el hecho de que no se aceptaran las propuestas avanzadas por el consejero auditor en la audiencia.

114 A pesar de que las citadas críticas se confundan, en gran medida, con las imputaciones dirigidas contra las pruebas materiales invocadas por la Comisión en la Decisión impugnada, es preciso realizar ciertas observaciones previas.

115 En primer lugar, en lo tocante a las alegaciones de la demandante sobre el valor de las pruebas presentadas en el marco de las solicitudes de clemencia, recuérdese que el mero hecho de que la información haya sido aportada por una empresa que haya presentado una solicitud de clemencia no desvirtúa su valor probatorio.

116 En efecto, según reiterada jurisprudencia, ninguna disposición ni principio general del Derecho de la Unión prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas implicadas (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el apartado 103 supra, apartado 512). Las declaraciones realizadas para acogerse a la Comunicación sobre la cooperación no pueden considerarse carentes de valor probatorio por este mero hecho (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión, T‑54/03, no publicada en la Recopilación, apartados 57 y 58).

117 Es comprensible albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás. Sin embargo, habida cuenta de la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación, el hecho de solicitar la aplicación de ésta para obtener una reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (sentencias del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 116 supra, apartado 58).

118 En particular, procede considerar que el hecho de que una persona confiese que ha cometido una infracción y reconozca así la existencia de hechos que rebasan lo que podía deducirse directamente de dichos documentos implica a priori, si no concurren circunstancias especiales que indiquen lo contrario, que tal persona ha resuelto decir la verdad. En efecto, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (sentencias del Tribunal JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 107 supra, apartados 211 y 212; de 26 de abril de 2007, Bolloré y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02 y T‑126/02, T‑128/02 y T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑947, apartado 166, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 116 supra, apartado 59).

119 No obstante, las declaraciones realizadas por empresas acusadas en el marco de las solicitudes de clemencia deben apreciarse con prudencia y, en general, no pueden aceptarse sin que sean corroboradas.

120 En efecto, según reiterada jurisprudencia, la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas (sentencias del Tribunal JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 107 supra, apartado 219; de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 285; Bolloré y otros/Comisión, citada en el apartado 118 supra, apartado 167, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 116 supra, apartado 293; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Enso-Gutzeit/Comisión, citada en el apartado 32 supra, apartado 91).

121 Para examinar el valor probatorio de las declaraciones de las empresas que hayan presentado una solicitud de clemencia, el Tribunal tiene en cuenta, concretamente, por una parte, la importancia de los indicios concordantes que apoyan la pertinencia de esas declaraciones y, por otra parte, la falta de indicios que éstas habrían tendido a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de las demás empresas (véanse, en este sentido, las sentencias Peróxidos Orgánicos/Comisión, citada en el apartado 117 supra, apartado 70, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 116 supra, apartados 62 y 295).

122 En segundo lugar, en lo que respecta al reproche de la demandante basado en el hecho de que, habida cuenta de determinados elementos de hecho, la Comisión se apoyó en una sola prueba, procede recordar que ningún principio del Derecho de la Unión se opone a que para afirmar que existe una infracción la Comisión se base en una única prueba, siempre y cuando no quepa duda sobre el valor probatorio de dicha prueba y ésta acredite con certeza, por sí sola, la existencia de la mencionada infracción (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 1838).

123 Ciertamente, a la vista de la jurisprudencia citada en el apartado 120 anterior, esta hipótesis no se aplica, por regla general, a las simples declaraciones de una empresa acusada que, en la medida en que sean cuestionadas por otras empresas afectadas, deben ser corroboradas por pruebas adicionales e independientes.

124 No obstante, esta consideración puede atenuarse en caso de que la declaración de la empresa que coopera sea especialmente fiable ya que, en esas circunstancias, el grado de corroboración necesario es menor tanto en términos de precisión como de intensidad.

125 En efecto, si se llegara a la conclusión de que un conjunto de indicios concordantes permite corroborar la existencia y ciertos aspectos específicos del acuerdo contrario a la competencia expuesto en la declaración presentada en el marco de la cooperación, esta declaración podría bastar por sí sola para demostrar otros puntos de la Decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 107 supra, apartados 220 y 334). En estas circunstancias, la Comisión puede basarse exclusivamente en ésta, siempre que la veracidad de cuanto se ha afirmado no suscite dudas y que las indicaciones no tengan carácter vago.

126 Además, aunque la declaración de una empresa no haya sido corroborada en lo tocante a los hechos específicos relatados, puede tener cierto valor probatorio para corroborar el hecho de la existencia de la infracción en el marco de un conjunto de indicios concordantes empleado por la Comisión. En efecto, en la medida en que un documento contenga información específica que coincida con la contenida en otros documentos, procede considerar que dichas pruebas pueden reforzarse mutuamente (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 107 supra, apartado 275).

127 Por otra parte, la Comisión debe poder extraer de períodos en los que las pruebas son relativamente abundantes, conclusiones referentes a otros períodos en los que el intervalo entre pruebas sea mayor. De este modo, será necesario un argumento realmente sólido para convencer a un órgano jurisdiccional de que, en una determinada fase de una serie de reuniones, sucedieron cosas totalmente distintas de las que ocurrieron en el curso de reuniones anteriores y posteriores, a pesar de que a dichas reuniones asistieran los mismos participantes, de que tuvieran lugar en circunstancias externas similares y de que, indudablemente, tuvieran el mismo objetivo (conclusiones del juez Sr. Vesterdorf en funciones de Abogado General presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T‑1/89, Rec. p. II‑867, II‑885, conclusiones comunes a las sentencias denominadas «polipropileno», Rec. p. II‑954).

128 En tercer lugar, la demandante sostiene que, en el marco de la apreciación de la prueba, la Comisión no oyó a sus empleados ni tuvo en cuenta sus testimonios.

129 La demandante alega, concretamente, que la afirmación de que la infracción reposa en gran medida en las declaraciones de Solvay y de un empleado de Atocina, que aseguraban que a pesar de que algunos de sus empleados estuvieron ausentes en un determinado número de reuniones, se estableció contacto con ellos o se les informó a través del teléfono. La demandante indica que aquellos de entre sus empleados identificados en esas declaraciones presentaron a su vez ante la Comisión declaraciones en sentido contrario, que no fueron tenidas en cuenta.

130 Obsérvese a este respecto, que es cuestión pacífica que la Comisión disponía de las declaraciones escritas de los empleados de la demandante a los que se ha hecho referencia y que éstos estaban presentes en la audiencia.

131 En estas circunstancias, la cuestión de si dichas declaraciones fueron tenidas debidamente en cuenta en la Decisión impugnada se confunde con la apreciación de las imputaciones de la demandante dirigidas contra los datos fácticos concretos controvertidos.

132 Sin embargo, procede señalar en esta fase que la demandante se equivoca al sostener que, las citadas declaraciones tienen un elevado valor probatorio por haberse efectuado bajo juramento y que, por ello, la Comisión estaba obligada a demostrar que sus testigos habían cometido «perjurio».

133 En efecto, aunque un testimonio hecho bajo juramento ante un órgano jurisdiccional o, eventualmente, en el marco de una instrucción ante un fiscal, pueda tener un valor probatorio elevado, las consecuencias penales negativas que puede acarrear a un declarante mentir en la instrucción hacen que esta deposición sea más digna de confianza que una mera declaración (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 107 supra, apartado 312), estas consideraciones no son aplicables al caso de autos, ya que en él se trata de declaraciones escritas de los empleados de la demandante presentadas ante la Comisión en el procedimiento administrativo, y de sus testimonios prestados en la audiencia ante la Comisión.

134 Por otra parte, la demandante sostiene erróneamente que la Comisión estaba obligada a confrontar los testimonios que la incriminaban, presentados por Atofina y Solvay, con los testimonios en sentido contrario de sus propios empleados, celebrando un careo en la audiencia.

135 Recuérdese a este respecto que durante el procedimiento administrativo la Comisión no puede imponer la audiencia de personas como testigos bajo juramento.

136 Con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 2003, L 1, p. 1), la Comisión podrá oír a toda persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a efectos de la recopilación de información en relación con el objetivo de una investigación. Asimismo, según el considerando 3 del Reglamento (CE) nº 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 123, p. 18), antes de tomar declaración oral a personas físicas o jurídicas que acepten ser entrevistadas, la Comisión debe informar a dichas personas de la base jurídica de la entrevista y de su carácter voluntario.

137 Además, la Comisión sólo está obligada a oír a las personas físicas o jurídicas que justifiquen un interés suficiente si dichas personas solicitan efectivamente ser oídas. Por lo tanto, dispone de un margen de apreciación razonable para decidir qué interés puede presentar la audiencia de personas cuyo testimonio puede tener importancia para la instrucción del expediente. En efecto, para garantizar el derecho de defensa no es preciso que la Comisión proceda al examen de los testigos propuestos por los interesados, si considera que la instrucción del asunto ha sido suficiente (véase, en este sentido, la sentencia HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartados 382 y 383, y la jurisprudencia citada).

138 Ciertamente, el artículo 6, apartado 3, letra d), del Convenio para la Protección de los Derechos. Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece que «todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: [...] a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra». Además, aunque la Comisión no sea un tribunal en el sentido de dicho artículo y aun cuando las multas impuestas por la Comisión no tengan carácter penal, la Comisión está obligada a respetar en el procedimiento administrativo los principios generales del Derecho de la Unión.

139 Sin embargo, según jurisprudencia consolidada, no contraviene dichos principios el hecho de que las disposiciones del Derecho de la competencia de la Unión no impongan a la Comisión la obligación de citar a los testigos de descargo cuyo testimonio se solicita. En efecto, aunque la Comisión puede tomar declaración a las personas físicas o jurídicas cuando lo estime oportuno, no dispone del derecho a citar a testigos de cargo sin haber obtenido su consentimiento (sentencia HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartados 389 a 392, y Bolloré y otros/Comisión, citada en el apartado 118 supra, apartados 86 y 87). Dado que el procedimiento ante la Comisión sólo tiene carácter administrativo, no le corresponde a esta última dar a la empresa afectada la posibilidad de interrogar a un testigo determinado y de analizar sus declaraciones en la fase de instrucción (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 109 supra, apartado 200). Basta con que las declaraciones utilizadas por la Comisión figuraran en el expediente remitido a la demandante, que puede impugnarlas ante el juez de la Unión (sentencia Lafarge/Comisión, citada en el apartado 116 supra, apartados 147 a 149).

140 Habida cuenta de estas consideraciones, la demandante no puede alegar una violación de su derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo.

141 En cualquier caso, nada impedía a la demandante solicitar que los testigos de cargo fueran citados e interrogados ante el Tribunal, solicitando que se practicaran diligencias de prueba en este sentido. Debe señalarse que la demandante no presentó dicha solicitud. Por otra parte, el Tribunal sólo consideraría necesario citar a los mencionados testigos si, tras el examen realizado a continuación resultase que los elementos que constan en los autos y las explicaciones facilitadas en la fase oral no son suficientes para pronunciarse sobre el litigio.

142 En cuarto y último lugar, la demandante sostiene que el consejero auditor reconoció en la audiencia la insuficiencia de las pruebas invocadas contra ella, y propuso que se llevara a cabo un examen contradictorio de la nueva prueba en contrario aportada por la demandante –las declaraciones de sus empleados–, propuesta que no fue aceptada por la Comisión.

143 Obsérvese, a este respecto, que el informe del consejero auditor constituye un documento puramente interno de la Comisión, que no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas y que no presenta por tanto ningún aspecto decisivo que el juez de la Unión esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control (véase la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, apartado 176, y la jurisprudencia citada).

144 Estas consideraciones se aplican con mayor razón a los comentarios realizados por el consejero auditor en la audiencia, como los invocados por la demandante en el presente asunto. En cualquier caso, en su informe final de 20 de abril de 2006, adjunto al escrito de contestación a la demanda, el consejero auditor afirmó que las reglas vinculadas al derecho a un juicio justo y al derecho de defensa debían respetarse en el marco del procedimiento administrativo de que se trata.

145 A la luz de todas estas observaciones, los reproches realizados por la demandante respecto de la aportación de prueba por la Comisión y de la forma de dirigir la audiencia son parcialmente infundados y se confunden en parte con las imputaciones dirigidas contra pruebas materiales de la infracción examinadas a continuación.

– Sobre las pruebas de la participación de la demandante en la infracción

146 En cuanto a las principales características de la infracción, la Comisión subrayó que, a partir del 31 de enero de 1994, los competidores habían intercambiado y tratado información confidencial sobre el volumen de producción y su posible reducción, tratando de impedir que se introdujeran nuevas capacidades en el mercado. También hablaron del reparto de clientes y de cuotas de mercado, así como de los precios de venta. Habían implantado un sistema de supervisión mediante el cual se intercambiaban regularmente información confidencial sobre el mercado, sobre las sociedades, sobre los volúmenes de venta y los precios de venta. Asimismo, afirma que los competidores se comprometieron a reducir la capacidad y analizaron regularmente la evolución de las cuotas de mercado durante las reuniones multilaterales (considerandos 100, 351 a 354 de la Decisión impugnada).

147 Una gran parte de las reuniones multilaterales se celebró al margen de las asambleas semestrales del CEFIC, que es una asociación legal de la industria de que se trata.

148 En el mes de agosto de 1997 en Bruselas, al igual que durante las tres reuniones posteriores, en febrero, abril y septiembre de 1998, los participantes en esos intercambios se pusieron de acuerdo sobre una subida concertada del precio del PH (considerandos 171 y 172 de la Decisión impugnada). En lo que atañe al PBS, durante las primeras conversaciones sobre el tema se intercambiaron datos sensibles sobre el mercado con el fin de concluir un acuerdo contrario a la competencia, y «se preparó el terreno» para un acuerdo formal al menos a partir del 15 de mayo de 1998 (considerandos 100, 214 y 229 de la Decisión impugnada). La última reunión multilateral en el marco de este cártel tuvo lugar el 18 de mayo de 2000, pero el acuerdo sobre el mantenimiento de los niveles de precios del PH se mantuvo hasta finales del año 2000 (considerandos 281 y 282, 355 a 360 de la Decisión impugnada).

149 En cuanto a la participación de la demandante en la infracción, la Comisión declaró que ésta pertenecía al «núcleo duro» de los participantes en el cártel (considerando 99 de la Decisión impugnada). La Comisión destacó la presencia de indicios de contactos colusorios que implicaban a la demandante a partir de 1991 (considerando 106 de la Decisión impugnada). En particular, según la información de Atofina, las notas de las reuniones de julio, de octubre y de noviembre de 1995, aportadas por dicha empresa, contenían datos de la demandante y hacían referencia a la presentación de la posición de la demandante (considerandos 120, 127, 128, 129, 133 y 136 de la Decisión impugnada). Por otra parte, según la información de Degussa, durante una reunión bilateral que debió celebrarse en el segundo semestre de 1996 o en el primer semestre de 1997, la demandante «aceptó la idea fundamental de una subida coordinada del nivel de los precios» (considerando 151 de la Decisión impugnada).

150 Como se desprende de los autos, esta información sobre el período inicial del cárte