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—

Que, resolviendo sobre el fondo, se anulen los siguientes actos: — Escrito de 2 de febrero de 2009, no 000841, de la Comisión Europea — Dirección General de Política Regional, que tenía por objeto «Pagos de la Comisión diferentes del importe solicitado» y que contenía la siguiente decisión: «Por tanto, la fecha a partir de la cual la Comisión Europea considera inadmisibles los gastos relativos a la medida 1.7 del POR 2000-2006 es el 29 de junio de 2007, y no el 17 de mayo de 2006, como se anunciaba en la nota de 22 de diciembre de 2008 antes citada». — Escrito de 6 de febrero de 2009, no 001059, de la Comisión Europea — Dirección General de Política Regional, que tenía por objeto la «Interrupción de la solicitud de pago y la petición de información relativa a las rectificaciones financieras con arreglo al artículo 39 del Reg. 1260/99 OR Campania» y que contenía la siguiente decisión «Por tanto, la fecha a partir de la cual la Comisión Europea considera inadmisibles los gastos relativos a la medida 1.7 del POR 2000-2006 es el 29 de junio de 2007, y no el 17 de mayo de 2006, como se indicó anteriormente». — Escrito de 22 de diciembre de 2008, no 012480, de la Comisión Europea — Dirección General de Política Regional, que tenía por objeto el POR Campania 2000-2006 (CCI no 1999 IT 16 1 PO 007) — Consecuencias del procedimiento de infracción 2007/2195 sobre la gestión de los residuos en Campania, en el que «la Comisión pide que se reduzcan, a partir de la siguiente solicitud de pago, todos los gastos efectuados con arreglo a la medida 1.7 en que se incurriera con posterioridad al 29 de junio de 2007.»
3)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, en el sentido de que la autoridad competente para conceder la mencionada exención, al apreciar si procede conceder la exención solicitada, está facultada u obligada a tener en cuenta, entre otros factores, el hecho de que quienes formulan la solicitud pretenden con ello que se apliquen sus derechos fundamentales (en este caso, el derecho a la tutela judicial), aunque debe también velar por que, si concede la exención en un caso concreto, no se frustre el objetivo de la sanción impuesta y no se abuse de la exención (por ejemplo, si la suma de dinero destinada a obtener tutela judicial fuera manifiestamente desproporcionada con respecto a la importancia de los servicios jurídicos prestados)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 189/8

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 18 de abril de 2013 — Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Asunto C-210/13)

2013/C 189/15

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG

Recurrida: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Un adyuvante que no tenga efectos terapéuticos propios pero que aumente los efectos terapéuticos de un antígeno al combinarse con éste en una vacuna constituye un «principio activo» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento no 469/2009/CE? (1)

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿una combinación de dicho adyuvante con un antígeno puede, no obstante, considerarse una «composición de principios activos» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento no 469/2009/CE?

(1) Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1).
4)

El Tribunal General estimó indebidamente que las razones dadas para imponer medidas restrictivas contra Bank Saderat no se basaban en pruebas, en la medida en que: — no tuvo debidamente en cuenta que la prueba relativa al apoyo de Bank Saderat a la proliferación nuclear de Irán procede de fuentes confidenciales; — no tuvo debidamente en cuenta una referencia en la Resolución 1803 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Bank Saderat en relación con la proliferación nuclear de Irán; — erró al considerar que era necesario que el Consejo aportara información pormenorizada relativa a la tramitación por Bank Saderat de cartas de crédito de dos entidades determinadas implicadas en la proliferación nuclear de Irán.
3)

¿Debe interpretarse el artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, en las circunstancias del litigio principal, en el sentido de que, si no se ha observado el procedimiento previsto en dicha disposición en lo que respecta a los derechos a ser oído y a formular objeciones, la resolución adoptada por la autoridad aduanera en infracción de dichas normas no constituye ninguna decisión definitiva en el sentido de la citada disposición, sino que es únicamente parte del procedimiento para adoptar la decisión definitiva? De no ser así, ¿debe interpretarse esta disposición, en las circunstancias del litigio principal, en el sentido de que la resolución adoptada incurriendo en los citados vicios de procedimiento está sometida directamente al control judicial y el órgano jurisdiccional está obligado a resolver en cuanto al fondo la demanda presentada contra ella?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 164/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Bélgica) el 27 de marzo de 2013 — Jean Devillers

(Asunto C-167/13)

2013/C 164/21

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Jean Devillers

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte, (1) y los apartados 1, 2 y 3, del capítulo 1 («Aptitud para el transporte») del anexo I de dicho Reglamento, que exigen el asesoramiento veterinario en caso de duda sobre la aptitud para el transporte de animales heridos y, en concreto, para apreciar los sufrimientos adicionales a los que puede dar lugar el transporte, en el sentido de que se oponen al artículo 11, apartado 4, del Real Decreto de 9 de julio de 2009 (Derecho nacional belga) relativo a la protección de los animales durante el transporte, (2) que únicamente permite el transporte de animales heridos si éste no da lugar a sufrimientos innecesarios, sin más?

(1) Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO L 3, p. 1).

(2) Real Decreto de 9 de julio de 1999, relativo a los requisitos de registro de los transportistas y autorización de comerciantes, puntos de parada y centros de concentración (Moniteur belge, 2 de septiembre de 1999, p. 32437).
—

Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 y de los artículos 44, apartado 2, y 48, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, (1) al haber establecido condiciones en el anuncio de una licitación abierta para la prestación de servicios de asistencia técnica al SII-IKA (Idryma Koinonikon Asfaliseon: organismo griego de seguridad social) y al sitio de Internet del ΙΚΑ y de alimentación de las bases de datos, durante un período de 30 meses (anuncio de licitación no L30/POY/9/5-6-2009 — publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con el no 2009/S110-159234), con arreglo a las cuales, en primer lugar, los licitadores deben tener experiencia en la ejecución de contratos análogos para un organismo griego de seguridad social y, en segundo lugar, la experiencia de los subcontratantes no puede ser tenida en cuenta como experiencia de los licitadores.
3)

¿Debe interpretarse el artículo 66 del Código aduanero comunitario, aprobado por el Reglamento no 2913/92, (3) en relación con el artículo 251 del Reglamento no 2454/93 de la Comisión (4) y de las demás disposiciones de procedimiento sobre modificaciones a posteriori de la declaración en aduana, en el sentido de que cuando con ocasión de la importación de una mercancía se indica en la declaración un destinatario erróneo, debe permitirse que se invalide previa solicitud la declaración después del levante de la mercancía concedido y se rectifique la indicación del destinatario, si con ocasión de la indicación del destinatario correcto debió aplicarse la exención del derecho de aduana prevista en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 661/2008 del Consejo, o bien debe interpretarse en estas circunstancias el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código aduanero comunitario, aprobado mediante el Reglamento no 2913/92 del Consejo, en el sentido de que las autoridades aduaneras no están facultadas para proceder a la contracción a posteriori?
—

Que se declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16 de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18), al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 26/34

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 15 de noviembre de 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

(Asunto C-518/12)

2013/C 26/65

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Recurridas: Regione Campania, Provincia di Napoli

Cuestión prejudicial

¿A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1191/69, (1) el derecho a la compensación únicamente nace si, tras haber sido presentada la correspondiente solicitud, las autoridades competentes no suprimen la obligación de servicio que provoca una desventaja económica a la empresa de transporte solicitante, o bien dicha norma sólo se aplica a las obligaciones de servicio respecto de las cuales el Reglamento prevé la supresión y no permite el mantenimiento?

(1) Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156; p. 1; EE 08/01, p. 131).
Si bien es cierto que las dos marcas en conflicto contienen el fonema/g/, no lo es menos que lo esencial de las marcas reside claramente no en su aspecto fonético sino en su aspecto gráfico. Por tanto, no cabe admitir que exista riesgo de confusión entre ambas marcas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 366/22

Recurso interpuesto el 27 de junio de 2012 — Comisión Europea/Hungría

(Asunto C-310/12)

2012/C 366/38

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Hetsch, D. Düsterhaus y A. Sipos, agentes)

Demandada: Hungría

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, (1) al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva, con arreglo al artículo 40 de la Directiva, o al menos al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

— Que, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, se condene a Hungría al pago de una multa coercitiva de 27 316,80 EUR diarios a partir de la fecha en que se dicte sentencia, dado que Hungría no ha comunicado a la Comisión las disposiciones nacionales adoptadas para la transposición de la Directiva 2008/98/CE.

— Que se condene en costas a Hungría.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, es la principal herramienta jurídica en este sector y establece, entre otros aspectos, los conceptos esenciales relativos a la gestión de residuos, como por ejemplo qué ha de entenderse por residuo, por reciclado o por valorización.

El plazo señalado para la transposición de esta Directiva expiró el 12 de diciembre de 2010. Hungría informó a la Comisión de que no habían concluido las tareas legislativas para la transposición de la Directiva. Dado que a día de hoy aún no se han adoptado las normas de transposición, la Comisión considera que Hungría no ha cumplido con sus obligaciones relativas a la transposición completa de la Directiva.

Con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en los recursos de incumplimiento presentados en virtud del artículo 258 TFUE la Comisión puede solicitar al Tribunal de Justicia que, en la sentencia que declare el incumplimiento de la obligación, obligue al Estado miembro afectado a informar a la Comisión sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, o bien puede indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias. En cumplimiento de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 260, apartado 3, del TFUE, (2) la Comisión ha procedido al cálculo de la multa coercitiva propuesta según el método previsto en la Comunicación para la aplicación del artículo 228 CE

(1) DO L 312, p. 3.

(2) DO C 12 de 15.1.2011, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 258/10

Recurso de casación interpuesto el 29 de mayo de 2012 por Jarosław Majtczak contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 21 de marzo de 2012 en el asunto T-227/09, Feng Shen Technology Co. Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-266/12 P)

2012/C 258/16

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Jarosław Majtczak (representante: J. Radłowski, radca prawny)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Feng Shen Technology Co. Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

Mediante el presente recurso de casación la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2012 en el asunto T-227/09 y desestime las pretensiones de la solicitante o, con carácter subsidiario.

— Anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2012 en el asunto T-227/09 y devuelva el asunto al Tribunal General.

— Resuelva sobre las costas a favor de la recurrente.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, (1) en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, (2)] en particular en lo que atañe a la interpretación que el Tribunal General realizó de la expresión «actuado de mala fe».

La recurrente también aduce que el Tribunal General infringió las normas procesales al apreciar erróneamente los hechos y valorar las pruebas aportadas de manera selectiva.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1)

(2) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (DO L 78, p. 1).
3)

¿Debe darse una respuesta diferente si: a) los transportistas aéreos han indicado o no sus derechos a los pasajeros; b) en caso de supuesto incumplimiento del artículo 14 del Reglamento, se ha impuesto a los transportistas aéreos una sanción por incumplimiento de dicho artículo, antes de imponerles obligaciones sujetas al pago de una multa coercitiva en caso de incumplimiento; c) los pasajeros afectados han indicado o no a los transportistas aéreos que desean percibir la compensación; d) el demandado no ha optado por el instrumento consistente en imponer una obligación mediante una resolución administrativa (de forma que el demandado, en caso de incumplimiento de la obligación por los transportistas aéreos, pagará él mismo a los pasajeros a expensas de los transportistas aéreos), sino por el instrumento consistente en imponer una obligación sujeta al pago de una multa coercitiva (de forma que los transportistas aéreos, en caso de incumplimiento de la obligación, deberán pagar al demandado un importe por la cuantía total de la compensación adeudada, importe que se ingresará en el Tesoro)?
2)

Con carácter subsidiario, a la luz de los artículos 3 y 4 del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, y de las normas y principios superiores del Derecho primario europeo, ¿es nulo el artículo 4 del Reglamento (CE) no 968/2006 de la Comisión, de 27 de junio de 2006, si se interpreta en el sentido de que incluye también, entre las instalaciones previstas en las letras a) y b) del apartado 1, aquellas que las azucareras utilizan para actividades de packaging de azúcar para su comercialización, cuando es evidente que la finalidad que persigue el Reglamento (CE) no 320/2006 consiste en reducir la capacidad productiva de la azucarera y no en excluir la posibilidad de operar en el sector de la mera comercialización del producto utilizando azúcar obtenido de cuotas de producción de otras instalaciones o empresas?
1)

¿Es respetuoso con el principio de igualdad comunitaria (en los términos que éste ha sido configurado por el TJUE) que una particular Administración pública (aquí IMDECO), a efectos de calcular el complemento salarial de antigüedad de sus empleados, atienda exclusivamente a la naturaleza funcionarial o laboral del vínculo jurídico que les liga a ellos, y que, en su virtud, y en el primer caso (personal funcionario), en aplicación de la Ley estatal funcionarial vigente, les compute indistintamente todos los servicios efectivos y previos prestados en cualquiera de las esferas de la Administración pública en general (esto es, tanto para aquella primera Administración pública en particular –IMDECO-, como para cualquier otra clase de Administración pública), y que en cambio, y en el segundo caso (personal laboral), en aplicación de la Ley estatal laboral vigente y la jurisprudencia que la interpreta, sólo les compute los servicios efectivos y previos prestados a dicha Administración pública particular (IMDECO), pero siempre y cuando en la cadena contractual que ampara la prestación de tales servicios efectivos no exista una solución temporal que permita considerar que se ha roto la unidad esencial del vínculo jurídico-laboral ya que, en tal caso, se despreciarían los días trabajados e inmediatamente anteriores a tal ruptura?
Además, considera que la sentencia recurrida es incompatible con los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76 del Reglamento (CE) no 207/2009. La sentencia parte de la premisa errónea de que la carga de la prueba respecto del uso que permita conservar el derecho sobre la marca controvertida incumbe a la recurrente. Sin embargo, en realidad, en el procedimiento de caducidad del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009, de conformidad con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 es de aplicación el principio de investigación de oficio. Por otra parte, de las disposiciones y el sistema del Reglamento (CE) no 207/2009 y, en particular, de una comparación de las disposiciones sobre caducidad con las de la oposición y la nulidad por motivos de denegación relativos, se desprende que la prueba de uso en el procedimiento de caducidad no incumbe, en principio, al titular de la marca impugnada.

De ello resulta, en particular, que la no consideración de pruebas por parte de la Oficina debido a la presunta presentación extemporánea no está justificada.
2)

El Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento sobre la transparencia y el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Åarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, (2) en lo que atañe a la cuestión de si antes de desestimar la solicitud de acceso la Comisión tuvo en cuenta adecuadamente el posible interés público superior. El Tribunal General interpretó erróneamente dichas disposiciones al no comprobar correctamente si la Comisión llevó a cabo la ponderación de intereses que exigen dichas normas, entre el interés que protege el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento sobre la transparencia y el posible interés público superior referente a la entrega de los documentos solicitados.
1)

¿Se produce una compensación equitativa en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE, cuando a) los titulares en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE ostenten un derecho a una compensación adecuada, que únicamente puede ser invocado por una sociedad de gestión colectiva, frente a aquel que por primera vez comercializa onerosamente en territorio nacional material de soporte idóneo para la reproducción de sus obras; b) dicho derecho no dependa de que la venta a distribuidores intermediarios se haya realizado a personas físicas o jurídicas para usos no privados o a personas físicas para usos privados; c) si bien aquel que use el material de soporte para la reproducción en virtud de una autorización del titular o que lo reexporte antes de su venta al consumidor final tenga frente a la sociedad de gestión colectiva un derecho a la devolución de la compensación?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 8 de julio de 2011 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG

(Asunto C-359/11)

2011/C 311/26

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Alexandra Schulz

Recurrida: Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG

Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y/o c), de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (1) en el sentido de que una normativa nacional sobre modificación de precios incluida en contratos de suministro de gas natural con clientes domésticos a los que se suministra gas en el contexto de la obligación general de suministro (clientes sujetos a tarifa) cumple el grado de transparencia requerido, si en ella no se recogen la causa, los requisitos y el alcance de una modificación de precios, pero se garantiza que la empresa suministradora de gas informará a sus clientes acerca de cualquier incremento de precios con un plazo razonable y que el cliente tendrá derecho a resolver el contrato, si no desea aceptar las condiciones modificadas que se le comunican?

(1) DO L 176, p. 57.