Debe considerarse persona jurídica, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, una entidad parte de un conflicto internacional relativo al destino de un territorio no autónomo, que, como tal, se la nombra en los textos correspondientes, incluidas las resoluciones del Parlamento Europeo, y a la que le es imposible constituirse formalmente como persona jurídica del Derecho del territorio no autónomo de que se trata, ya que ese Derecho no existe aún. A este respecto, si bien a esa entidad le sería posible constituirse como persona jurídica con arreglo al Derecho de un tercer Estado, tampoco se le puede exigir que lo haga. Habida cuenta de estas circunstancias tan particulares, dicha entidad puede interponer un recurso de anulación ante el juez de la Unión, en la medida en que sólo puede disponer de personalidad jurídica con arreglo al Derecho del territorio no autónomo de que se trata, que no es, no obstante, en la actualidad, un Estado reconocido por la Unión y sus Estados miembros y carece de Derecho propio.

En determinados casos particulares, una entidad que no tenga personalidad jurídica según el Derecho de un Estado miembro o de un tercer Estado puede, no obstante, ser considerada una «persona jurídica», en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y puede admitirse que interponga un recurso de anulación en base a esta disposición. Éste es el caso, concretamente, cuando, en sus actos o actuaciones, la Unión y sus instituciones tratan a la entidad en cuestión como un sujeto individualizado, que puede poseer derechos propios o estar sometido a obligaciones o restricciones. Esto presupone, no obstante, que la entidad en cuestión dispone de estatutos y de una estructura interna que le garanticen la autonomía necesaria para actuar como entidad responsable en las relaciones jurídicas.

Dichos efectos afectan directamente no sólo al Reino de Marruecos sino también al Frente Polisario, movimiento independentista saharaui, por cuanto el estatuto internacional definitivo de dicho territorio aún no se ha determinado y debe determinarse en el marco de un procedimiento de negociaciones, bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre el Reino de Marruecos y, precisamente, el Frente Polisario. Por este mismo motivo, debe considerarse que el Frente Polisario está afectado individualmente por la Decisión 2012/497. En efecto, estas circunstancias constituyen efectivamente una situación de hecho que caracteriza al Frente Polisario respecto de cualquier otra persona y le confiere una cualidad particular. En efecto, el Frente Polisario es el otro interlocutor que participa en las negociaciones llevadas a cabo bajo los auspicios de la ONU, entre éste y el Reino de Marruecos, con miras a la determinación del estatuto internacional definitivo del Sáhara Occidental.

Ni de las disposiciones del artículo 6 TUE ni del artículo 67 TFUE ni de las de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se desprende una prohibición absoluta de que la Unión celebre acuerdos con un Estado tercero en lo referente a intercambios económicos en materia de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, que sean susceptibles de aplicarse también a un territorio controlado por ese Estado tercero sin que su soberanía sobre dicho territorio sea reconocida internacionalmente. En efecto, la celebración, entre la Unión y un Estado tercero, de un acuerdo que pueda aplicarse en tal territorio no es, en cualquier caso, contraria al Derecho de la Unión o al Derecho internacional, que la Unión debe respetar.

No obstante, si bien es correcto que tal prohibición no se desprende de la Carta de los Derechos Fundamentales, no lo es menos que la protección de los derechos fundamentales de la población de un territorio en disputa reviste una importancia particular y constituye, por consiguiente, una cuestión que el Consejo debe examinar antes de la aprobación de semejante acuerdo. En particular, en lo referente a un acuerdo dirigido a facilitar, concretamente, la exportación a la Unión de diversos productos procedentes del territorio en cuestión, el Consejo debe examinar, detenidamente y con imparcialidad, todos los elementos relevantes para garantizar que las actividades de producción de los productos destinados a la exportación no se lleven a cabo en detrimento de la población del territorio en cuestión ni impliquen violaciones de sus derechos fundamentales incluyendo, en particular, los derechos a la dignidad humana, a la vida y a la integridad de la persona, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, la libertad profesional, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a las condiciones de trabajo justas y equitativas, la prohibición del trabajo infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo.

En efecto, si la Unión permite la exportación a sus Estados miembros de productos procedentes de ese otro país que han sido fabricados u obtenidos en condiciones que no respeten los derechos fundamentales de la población del territorio del que provienen, puede fomentar indirectamente tales violaciones o beneficiarse de ellas. Esta consideración es tanto más importante en el caso de un territorio administrado en la práctica por un Estado tercero a la vez que no está incluido en las fronteras internacionalmente reconocidas de dicho Estado tercero. A este respecto, en circunstancias en las que la soberanía de ese Estado tercero sobre el territorio que administra no está reconocida ni por la Unión y sus Estados miembros, ni, con carácter más general por la Organización de Naciones Unidas, y, a falta de todo mandato internacional que pueda justificar la presencia del mencionado Estado tercero en el territorio de que se trata, el Consejo, en el marco del examen de todos los elementos pertinentes del presente asunto con vistas al ejercicio de su amplia facultad de apreciación referente a la celebración o no del acuerdo con el Estado tercero que pueda aplicarse también al territorio en disputa, debe asegurarse directamente de que no existan indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio en disputa bajo control del Estado tercero que pueda realizarse en detrimento de sus habitantes y menoscabar sus derechos fundamentales. No puede limitarse a considerar que le corresponde al mencionado Estado tercero asegurarse de que no se produzca una explotación de esa naturaleza.

(véanse los apartados 146, 220, 227, 228, 231, 232 y 241)