Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 29 de mayo de 1997. - Provincia autonoma di Trento y Ufficio del medico provinciale di Trento contra Dega di Depretto Gino SNC. - Petición de decisión prejudicial: Corte suprema di Cassazione - Italia. - Protección de los consumidores - Etiquetado de los productos alimenticios - Directiva 79/112/CEE del Consejo. - Asunto C-83/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-05001



Conclusiones del abogado general

1 «Basta desplazar una coma para desvirtuar el sentido de mi pensamiento.» Esta reflexión de Michelet (1) ilustra perfectamente la profunda perplejidad en la que puede encontrarse el lector confrontado a dos versiones de un mismo texto, según esté puntuado de una o de otra forma. Este debe haber sido el sentimiento de la Corte suprema di cassazione al interrogarse sobre el sentido exacto de una disposición comunitaria.

2 En efecto, a través del examen de una petición prejudicial planteada por dicho órgano jurisdiccional, destinada a aclarar una de las exigencias, relativa a la indicación de un operador económico, establecidas por la normativa comunitaria en materia de etiquetado y presentación de los productos alimenticios, (2) pueden quedar de manifiesto todas las sutilezas y los matices que se expresan mediante una buena puntuación.

3 Ante todo, examinaré los aspectos fáctico y procesal del presente asunto.

Marco fáctico y procesal

4 A la sociedad Dega di Depretto Gino se le impuso una multa por haber comercializado en Italia conservas de piña en almíbar, producidas y envasadas por una sociedad establecida fuera de la Comunidad, sin que figurasen las indicaciones requeridas por la legislación italiana, (3) según la cual, el etiquetado de los productos alimenticios debe indicar, en particular:

«El nombre o la razón social o la marca registrada y el domicilio del fabricante o del embalador o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad Económica Europea.» (4)

5 La impugnación de dicha sanción administrativa fue estimada por el Pretore di Rovereto que, mediante sentencia de 20 de noviembre de 1990, anuló la sanción impugnada por haber sido adoptada sobre la base de una interpretación errónea de la citada disposición legal. En efecto, el Juez que resolvió sobre el fondo estimó que la expresión «establecido dentro de la Comunidad Económica Europea» se refiere únicamente a la categoría de los vendedores y que bastaba con indicar tan sólo, como en el caso de autos, el nombre y la dirección del productor-embalador establecido en un país tercero.

6 La Provincia autonoma di Trento y el Ufficio del medico provinciale di Trento interpusieron un recurso de casación cuyo único motivo se refiere a la impugnación de la interpretación de la disposición nacional controvertida dada por el Pretore. En efecto, estiman que la protección del consumidor final sólo queda plenamente garantizada cuando en la etiqueta del producto se indica por lo menos un operador económico (productor, embalador o vendedor) establecido en la Comunidad.

7 La Corte suprema di cassazione observa que la disposición nacional cuya interpretación se le ha sometido «reproduce casi textualmente» el punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 79/112, según el cual, el etiquetado de los productos alimenticios debe indicar, según la versión francesa de dicha disposición: «le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, (5) ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté» [el nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un vendedor establecido en la Comunidad]; la versión italiana dice lo siguiente: «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Communità».

8 De ello se deduce que la decisión que deba adoptarse supone «necesariamente y con carácter prioritario» la interpretación de la mencionada disposición comunitaria, «al ser de todo punto evidente que la norma nacional italiana reproduce simplemente» esta última y, en consecuencia, insta al Tribunal de Justicia a que responda a la cuestión siguiente:

«El punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo de la Unión Europea, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, ¿debe interpretarse en el sentido de que la expresión "establecido dentro de la Comunidad" que allí figura, se refiere únicamente al vendedor, o bien, a falta de un vendedor establecido en la Comunidad, se refiere también al fabricante y/o al embalador? Por consiguiente, ¿debe entenderse dicha disposición en el sentido de que, a falta de un vendedor establecido dentro de la Comunidad, es necesario que el fabricante y/o el embalador estén establecidos dentro de la Comunidad?»

Marco jurídico

9 La Directiva relativa al etiquetado de los productos alimenticios adopta «normas comunitarias, de carácter general y horizontal, aplicables al conjunto de los productos alimenticios que están en el mercado». (6) La aproximación de las legislaciones que la Directiva realiza debe permitir que se eviten los obstáculos a la libre circulación de los productos, que pueden crear condiciones de competencia desiguales, con el fin de contribuir al funcionamiento del mercado común. (7) Sin embargo, debe fundarse «ante todo, en el imperativo de la información y la protección de los consumidores». (8) Para hacerlo, la Directiva establece, en particular, que el etiquetado debe contener obligatoriamente un determinado número de indicaciones, con exclusión de cualquier otra. Su enumeración se efectúa en los puntos 1 a 8 del apartado 1 del artículo 3.

Respuesta a la cuestión

10 La interpretación solicitada del punto 6 del apartado 1 del artículo 3, insta al Tribunal de Justicia a que declare esencialmente si el requisito del «establecimiento comunitario» es válido sólo para el vendedor, o si, a la inversa, debe cumplirse obligatoriamente por uno de los tres operadores económicos enumerados (fabricante, embalador o vendedor).

11 Un lector atento habrá observado el matiz sensible que distingue la versión italiana de la versión francesa de la Directiva: la primera no contiene una coma que separe la expresión «o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad» del resto de los sujetos enumerados.

12 A mi parecer, la colocación de dicha coma en la versión francesa presenta la ventaja de aislar muy claramente el último sujeto mencionado de los otros dos y de designarlo, así como el único al que pueda aplicarse la expresión controvertida. La versión inglesa de dicha disposición, «con coma», también parece que deba ser entendida en el mismo sentido: «the name or business name and address of the manufacturer or packager, or of a seller established within the Community».

13 Las versiones alemana (den Namen oder die Firma und die Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder eines in der Gemeinschaft niedergelassenen Verkäufers) y neerlandesa (de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant of van de verpakker of van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper) (9) del texto, tampoco son ambiguas. En efecto, la particularidad sintáctica de estas dos lenguas permite vincular aún más claramente la expresión «establecido dentro de la Comunidad» («in der Gemeinschaft niedergelassenen» y «in de Gemeenschap gevestigde») con el único nombre sustantivo «vendedor» («Verkäufers» y «verkoper»), ya que aquélla precede inmediatamente a éste e impide entender el texto en el sentido de que vincula el requisito controvertido con cada uno de los tres operadores enumerados.

14 Por el contrario, la versión italiana de dicho texto, que origina la cuestión del Juez de remisión, con la que pueden relacionarse las traducciones posteriores, (10) podría ser comprendida en un sentido totalmente diferente. Sin embargo, a diferencia de lo sostenido por el representante del Gobierno italiano durante la vista, la interpretación que deba darse a la disposición controvertida no puede depender solamente de esta versión lingüística. Efectivamente, la tesis de que la obligación de tener en cuenta las otras versiones lingüísticas equivale a una diferencia de trato en detrimento de los operadores económicos italianos no puede acogerse, en la medida en que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que:

«[...] las distintas versiones lingüísticas de una norma comunitaria deben ser objeto de una interpretación uniforme, por lo cual, en caso de discrepancia entre las citadas versiones, dicha disposición debe ser interpretada en función de la sistemática general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte». (11)

15 Habida cuenta de las incertidumbres que persisten tras la lectura de las diferentes versiones lingüísticas, y debido a que ninguna de ellas puede prevalecer sobre las demás, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, es preciso deducir del texto que le ha sido sometido un sentido que sea conforme con la sistemática general y con la finalidad de la normativa de la que forma parte.

16 Sin embargo, antes de abordar esta reflexión, propongo considerar un elemento que me parece determinante.

17 La importancia del matiz que permite el añadido de la coma, en todo caso en las versiones francesa e inglesa, no había escapado a la atención del Comité Económico y Social que propuso, en su dictamen relativo a lo que entonces era sólo el proyecto de la Directiva 79/112, (12) una modificación de la puntuación que tendía, precisamente, a que el requisito del establecimiento comunitario se aplicara a cada uno de los operadores económicos enumerados en el texto.

18 En las «observaciones particulares» efectuadas por dicho Comité sobre el artículo 3 del Proyecto de Directiva, puede leerse en el punto 2.7.1:

«El Comité estima que el embalaje debe contener la indicación de un responsable en la Comunidad. Por consiguiente, solicita que el párrafo sexto esté redactado del siguiente modo:

"El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador, o de un vendedor, establecido dentro de la Comunidad".» (13)

La versión italiana de dicha propuesta es aún más clara:

«Il Comitato ritiene che l'imballaggio debba comportare l'indicazione della persona responsabile nella Comunità. Esso chiede quindi que il punto 6 sia redatto nel modo seguente:

"il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabiliti nella Comunità".» (14)

19 En mi opinión, el hecho de que la mencionada propuesta no haya sido considerada en la redacción definitiva de la disposición controvertida, (15) sólo puede significar que el legislador comunitario dispuso que la exigencia del establecimiento comunitario estuviera únicamente vinculada con el vendedor.

20 La interpretación teleológica se limita a confirmar dicha apreciación.

21 A este respecto, como recordaron acertadamente los Gobiernos italiano y helénico, el Tribunal de Justicia ha definido ya la sistemática general y la finalidad de la Directiva 79/112 en estos términos:

«Tanto de los considerandos de la Directiva como del tenor literal de su artículo 2 se deduce que la misma se adoptó en aras de la información y la protección del consumidor final de productos alimenticios, en particular, por lo que respecta a la naturaleza, la identidad, las cualidades, la composición, la cantidad, la duración, el origen o la procedencia y el modo de fabricación o de obtención de tales productos.» (16)

22 Ahora bien, no me parece que admitir la referencia al fabricante o al embalador del producto establecidos en un Estado tercero pueda perjudicar la información y la protección del consumidor.

23 Si se refiere más en particular al punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, éste «[...] tiene como objetivo principal que el consumidor establezca contacto con uno de los responsables de la fabricación o la comercialización del producto para hacerle llegar, si procede, sus críticas positivas o negativas sobre el producto adquirido [...]». (17)

24 Con el fin de garantizar la consecución de dicho objetivo, como subraya la Comisión, el responsable del producto debe ser fácilmente identificable por el consumidor final. Por esta razón, el legislador comunitario eligió aislar expresamente los tres actores principales de la cadena que conduce al producto alimenticio desde su producción hasta su distribución, sin preferir a uno frente a los demás. Sin embargo, esta elección suponía lógicamente practicar una determinada distinción entre los operadores así considerados.

25 En efecto, ante todo, el fabricante y el embalador del producto tienen en común ser, en principio, operadores económicos estables y fácilmente identificables, con los que, por consiguiente, se puede establecer fácilmente contacto. Dichas características les permiten satisfacer las exigencias garantizando la prosecución del objetivo perseguido.

26 No obstante, en contra de lo que pretenden las autoridades italianas y el Gobierno helénico, no cabe considerar que pueda aplicárseles la exigencia establecida en el punto 6 del apartado 1 del artículo 3 relativa al establecimiento comunitario, so pena de llegar a conclusiones por lo menos sorprendentes.

27 Estos dos operadores económicos a que se refiere la Directiva son únicos en la cadena que pone el producto alimenticio a disposición del consumidor final. (18) Por ello, exigir que el etiquetado incluya la indicación de su establecimiento comunitario equivaldría a reservar el acceso al mercado comunitario únicamente para los productos alimenticios fabricados o embalados en el territorio comunitario. Seguramente, esto no corresponde a la voluntad del legislador.

28 Sin embargo, si se quisiera persistir en esta interpretación evitando deducir de ella dicha consecuencia, podría entenderse que el texto controvertido exige sistemáticamente la indicación del establecimiento comunitario de uno de los tres operadores económicos considerados, en el sentido de que, si el producto no se fabricase o no se embalase en la Comunidad, sería obligatoria la indicación de un vendedor establecido en la Comunidad. Pero entonces, ¿cómo justificar que el dictamen formulado en su momento por el Comité Económico y Social no haya sido seguido por el legislador?

29 A la inversa, cuando se opta por indicar un vendedor, la exigencia de su establecimiento comunitario se justifica en relación con el objetivo perseguido. Mientras que la Directiva únicamente hace referencia a un solo fabricante o a un solo embalador, pueden existir diferentes vendedores en el circuito de comercialización de un producto. (19) En consecuencia, el hecho de exigir que el vendedor que figure en la etiqueta esté establecido en la Comunidad no equivale a exigir que sólo puedan ser distribuidos en el territorio de la Unión los productos «comunitarios», a la inversa de lo que podría deducirse de la misma exigencia aplicada al fabricante o al embalador. Por otra parte, como destaca la Comisión, al ser un vendedor, por naturaleza, un operador económico menos estable y menos fácilmente identificable que el fabricante o el embalador, la exigencia de su establecimiento comunitario permite limitar dichos inconvenientes.

30 En virtud de estas consideraciones, la interpretación de que el punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva exige que la indicación del «establecimiento comunitario» se refiere al fabricante o al embalador no puede ser acogida por este Tribunal de Justicia.

Conclusión

31 En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la Corte suprema di cassazione lo siguiente:

«El punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, debe interpretarse en el sentido de que la expresión "establecido dentro de la Comunidad" que allí figura se refiere únicamente al vendedor, y no al fabricante o al embalador, cuyos datos pueden constar en la etiqueta aun cuando se trate de operadores económicos establecidos fuera de la Comunidad.»

(1) - Citada en Berthier, P. V., y Colignon, J.-P.: Le français pratique, editorial Solar, p. 192.

(2) - Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162; en lo sucesivo, «Directiva» o «Directiva 79/112»).

(3) - Letra h) del artículo 3 del Decreto del Presidente de la República nº 322, de 18 de mayo de 1992, titulado «Aplicación de la Directiva 79/112/CEE relativa a los productos alimenticios y a su publicidad destinados al consumidor final y de la Directiva 77/94/CEE relativa a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial».

(4) - El texto italiano, tal como fue recogido por el Juez de remisión en el punto 1 de su resolución, está así redactado: «il nome o la regione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea».

(5) - Señalo desde ahora la presencia de esta coma, sobre la que volveré más adelante.

(6) - Tercer considerando.

(7) - Considerandos primero y segundo.

(8) - Sexto considerando; el subrayado es mío.

(9) - Textos cuyo subrayado es mío.

(10) - La versión española no incluye tampoco la coma controvertida: «el nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad». Las versiones danesa y griega han seguido igualmente este «modelo italiano».

(11) - Sentencia de 7 de diciembre de 1995, Rockfon (C-449/93, Rec. p. I-4291), apartado 28, el subrayado es mío, que hace referencia a la sentencia de 27 de octubre de 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999), apartado 14. Véanse, también, por ejemplo, las sentencias de 28 de marzo de 1985, Comisión/Reino Unido (100/84, Rec. p. 1169), apartado 17, y de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros (C-72/95, Rec. p. I-5403), apartado 28.

(12) - Dictamen sobre una Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1976, C 285, p. 3).

(13) - Se observará la presencia de dos comas en esta propuesta de texto, que aísla la expresión «o de un vendedor» del resto de la frase.

(14) - Destaco el hecho de que, en dicha versión italiana, la propuesta de modificación se refería a la concordancia del participio pasado del verbo «establecer» con el plural (stabiliti, en vez de stabilito), que permite designar el conjunto de sujetos enumerados y no solamente uno de ellos.

(15) - El texto que figura en la Directiva 79/112 es exactamente el mismo que había sido propuesto inicialmente por la Comisión en su «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final», presentada al Consejo el 30 de marzo de 1976 (DO C 91, p. 3), incluso en su versión italiana.

(16) - Sentencia de 14 de julio de 1988, Smanor (298/87, Rec. p. 4489), apartado 30. Véase igualmente la sentencia de 17 de noviembre de 1993, Twee Provinciën (C-285/92, Rec. p. I-6045), apartados 14 y 15.

(17) - Respuesta de la Comisión a una pregunta escrita de fecha 28 de julio de 1995 (nº E-2170/95, DO C 340, p. 19).

(18) - Por otra parte, el punto 6 del apartado 1 del artículo 3, menciona «du» del fabricante y «du» del embalador («del» en italiano; «the» en inglés), pero «un» vendedor («un» en italiano; «a» en inglés). Du es un artículo definido (más precisamente, en francés, un artículo definido formado por la contracción de la preposición de y del artículo definido le), mientras que un es un artículo indefinido.

(19) - Véase la nota anterior.