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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Ryanair DAC / DelayFix, anteriormente Passenger Rights

(Asunto C-519/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Contrato de transporte aéreo - Cláusula atributiva de competencia contratada por el pasajero que tiene la condición de consumidor - Crédito de ese pasajero frente a la compañía aérea - Cesión de dicho crédito a una agencia de gestión de cobro - Oponibilidad de la cláusula atributiva de competencia por la compañía aérea a la sociedad cesionaria del crédito del citado pasajero - Directiva 93/13/CEE)

(2021/C 28/11)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Warszawie

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ryanair DAC

Demandada: DelayFix, anteriormente Passenger Rights

Fallo

El artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, para impugnar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de una demanda de compensación presentada sobre la base del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, contra una compañía aérea, esta no puede oponer una cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato de transporte entre un pasajero y esa compañía aérea a una agencia de gestión de cobro a la que el pasajero ha cedido su crédito, a menos que, según la legislación del Estado cuyos órganos jurisdiccionales son designados en esa cláusula, esa agencia de gestión de cobro se haya subrogado en la posición del contratante inicial en todos sus derechos y obligaciones, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. En su caso, tal cláusula, incluida sin haber sido negociada individualmente en un contrato celebrado entre un consumidor, a saber, el pasajero aéreo, y un profesional, a saber, la citada compañía aérea, y que confiere competencia exclusiva al órgano jurisdiccional en cuyo territorio está situado el domicilio de esta, debe considerarse abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

(1) DO C 337 de 7.10.2019.
1)

El artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro de residencia del asegurado deniegue a este la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento cuando, en ese Estado miembro, está disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicha persona reprueban el método de tratamiento empleado.
C 399/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Entoma SAS / Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

(Asunto C-526/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguridad alimentaria - Nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios - Reglamento (CE) n.o 258/97 - Artículo 1, apartado 2, letra e) - Concepto de «Ingredientes alimentarios obtenidos a partir de animales» - Comercialización - Insectos enteros destinados al consumo humano)

(2020/C 399/27)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Entoma SAS

Demandadas: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Fallo

El artículo 1, apartado 2, letra e), del Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que los alimentos compuestos de animales enteros destinados a ser consumidos como tales, incluidos los insectos enteros, no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

(1) DO C 328 de 30.9.2019.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de septiembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court — Irlanda) — Friends of the Irish Environment Ltd / An Bord Pleanála

(Asunto C-254/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres - Artículo 6, apartado 3 - Ámbito de aplicación - Conceptos de «proyecto» y de «aprobación» - Evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o de un proyecto sobre un lugar protegido - Resolución por la que se prorroga una autorización para construir una terminal de regasificación de gas natural licuado - Resolución inicial basada en una normativa nacional que no había traspuesto correctamente la Directiva 92/43)

(2020/C 378/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Friends of the Irish Environment Ltd

Recurrida: An Bord Pleanála

con intervención de: Shannon Lng Ltd

Fallo

1) Una resolución que prorroga el plazo de diez años inicialmente fijado para la realización de un proyecto de construcción de una terminal de regasificación de gas natural licuado debe considerarse como la aprobación de ese proyecto, a efectos del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, cuando la autorización inicial de dicho proyecto, que ha caducado, dejó de producir efectos jurídicos al terminar el plazo que había establecido para ejecutar las obras sin que estas se hubiesen acometido.

2) Corresponde a la autoridad competente evaluar si una resolución por la que se prorroga el plazo inicialmente establecido para la ejecución de un proyecto de construcción de una terminal de regasificación de gas natural licuado, habiendo caducado la autorización inicial, debe ir precedida de la evaluación adecuada de las repercusiones prevista en el artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva 92/43 y, en su caso, si esa evaluación debe referirse al proyecto en su totalidad o a una parte de este, teniendo en cuenta, en particular, tanto la evaluación previa que se haya podido realizar como la evolución de los datos ambientales y científicos pertinentes, así como los cambios que se hayan podido producir en el proyecto o la existencia de otros planes o proyectos.

Esta evaluación de las repercusiones debe llevarse a cabo cuando no pueda excluirse, sobre la base de los mejores conocimientos científicos en la materia, que el proyecto pueda afectar a los objetivos de conservación del lugar en cuestión. Una evaluación previa de ese proyecto, realizada antes de la aprobación de la autorización inicial del proyecto, solo podrá excluir ese riesgo si contiene conclusiones completas, precisas y definitivas capaces de disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos de la obra y a reserva de la ausencia de cambios en los datos ambientales y científicos pertinentes, de la posible modificación del proyecto o de la existencia de otros planes o proyectos.

(1) DO C 206 de 17.6.2019.
C 54/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — Ejecución de una orden de detención europea emitida contra ZB

(Asunto C-627/19 PPU) (1)

(Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación policial y judicial en materia penal - Orden de detención europea - Decisión Marco 2002/584/JAI - Artículo 6, apartado 1 - Concepto de «autoridad judicial emisora» - Criterios - Orden de detención europea emitida por el Ministerio Fiscal de un Estado miembro para la ejecución de una pena)

(2020/C 54/16)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Amsterdam

Parte en el procedimiento principal

ZB

Fallo

La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación de un Estado miembro que, mientras que confiere la competencia para emitir una orden de detención europea para la ejecución de una pena a una autoridad que, si bien participa en la administración de justicia en dicho Estado miembro, no es un órgano jurisdiccional, no contempla la existencia de un recurso jurisdiccional independiente contra la decisión de esa autoridad de emitir tal orden de detención europea.

(1) DO C 383 de 11.11.2019.
1)

El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no tiene efecto directo, de modo que, si un Estado miembro, cuando adapta su normativa a esa disposición, solo exime del impuesto sobre el valor añadido un número limitado de prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física, la mencionada disposición no puede ser invocada directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales por un organismo sin fin lucrativo con el propósito de obtener la exención de otras prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física que ese organismo presta a las personas que practican tales actividades y que aquella normativa no exime.
1)

Las disposiciones del artículo 20 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del artículo 26 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, relativo al tratamiento programado, consideradas conjuntamente, a la luz del artículo 56 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que: — La asistencia médica recibida en un Estado miembro distinto de aquel en que reside el asegurado, decidida exclusivamente por este último, debido a que, en su opinión, tal asistencia o los tratamientos con el mismo grado de eficacia no están disponibles en el Estado miembro de residencia en un plazo justificable desde el punto de vista médico, está comprendida en el concepto de «tratamiento programado», a efectos de las citadas disposiciones, de modo que el derecho a obtener tal asistencia médica, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento n.o 883/2004, está supeditado, en principio, a que la institución competente del Estado miembro de residencia expida una autorización. — El asegurado que haya recibido tratamiento programado en un Estado miembro distinto del de su residencia, sin haber solicitado, no obstante, autorización a la institución competente, con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, tendrá derecho al reembolso de los gastos del tratamiento en las condiciones previstas en dicho Reglamento, si — por una parte, entre la fecha en que se concertó la cita para un reconocimiento médico y para un posible tratamiento en otro Estado miembro y la fecha en que el tratamiento en cuestión le fue dispensado en ese Estado miembro, al que tuvo que desplazarse, el asegurado se encontraba, por motivos relacionados, en particular, con su estado de salud o con la necesidad de recibir allí urgentemente dicho tratamiento, en una situación que le impedía solicitar tal autorización a la institución competente o esperar a la resolución de esta institución sobre tal solicitud, y — por otra parte, se cumplen los demás requisitos para la cobertura de las prestaciones en especie, con arreglo al artículo 20, apartado 2, segunda frase, de dicho Reglamento. Corresponde al tribunal remitente efectuar las comprobaciones necesarias a este respecto.
1)

Declarar que Rumanía ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 67 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, al no haber adoptado, antes de que expirara el plazo señalado en el dictamen motivado de 8 de diciembre de 2017, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2015/849 y, por ende, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión Europea.
1)

La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de trasmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, en particular a la luz de sus artículos 3, apartados 1 y 4, y 5, apartado 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en caso de transmisión de una empresa sometida a un procedimiento de insolvencia, efectuada por el administrador concursal, a una normativa nacional, tal como la interpreta la jurisprudencia nacional, según la cual, cuando se produce, con posterioridad a la apertura del procedimiento de insolvencia, la contingencia que da derecho a una pensión de jubilación en virtud de un régimen complementario de previsión profesional, el cesionario no responde de los derechos en curso de adquisición a esa pensión de jubilación de un trabajador acumulados por los períodos de trabajo anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre que, por lo que respecta a la parte del importe de la que no es responsable el cesionario, las medidas adoptadas para proteger los intereses de los empleados sean de un nivel al menos equivalente al nivel de protección exigido con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
C 240/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de mayo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Dong Yang Electronics Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Asunto C-547/18) (1)

(«Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Articulo 44 - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 - Articulo 11, apartado 1 - Prestación de servicios - Lugar de conexión a efectos fiscales - Concepto de “establecimiento permanente” - Sujeto pasivo del IVA - Filial de una sociedad de un tercer Estado localizada en un Estado miembro»)

(2020/C 240/04)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Demandada: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Fallo

El artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, y los artículos 11, apartado 1, y 22, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112, deben interpretarse en el sentido de que un prestador de servicios no puede deducir la existencia, en el territorio de un Estado miembro, de un establecimiento permanente de una sociedad domiciliada en un tercer Estado del mero hecho de que esa sociedad posea una filial en dicho Estado miembro y de que el prestador de servicios no está obligado a investigar, a efectos de tal apreciación, las relaciones contractuales entre las dos entidades.

(1) DO C 44 de 4.2.2019.
1)

Anular las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, no publicada, EU:T:2017:872), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, no publicada, EU:T:2017:871), y de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, no publicada, EU:T:2017:870).
1)

El artículo 12 de la Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, Sexta Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas, en su versión modificada por la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, en relación con los artículos 21 y 22 de la citada Directiva 82/891, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, una vez ejecutada la escisión, los acreedores de la sociedad escindida cuyo crédito hubiera nacido antes de dicha escisión y que no hayan hecho uso de los instrumentos de protección de los acreedores previstos por la normativa nacional en virtud de dicho artículo 12 puedan ejercitar una acción pauliana para que se declare que dicha escisión no surte efectos frente a ellos y para entablar acciones de ejecución o acciones cautelares sobre los bienes transmitidos a la sociedad de nueva constitución.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Gran) de 19 de diciembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern

(Asunto C-752/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Artículos 6, 47, párrafo primero, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Directiva 2008/50/CE - Contaminación atmosférica - Calidad del aire ambiente - Plan de calidad del aire - Valores límite de dióxido de nitrógeno - Obligación de adoptar las medidas adecuadas para garantizar que el período de superación de esos valores sea lo más breve posible - Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de tomar todas las medidas necesarias - Negativa de un Gobierno regional a cumplir una orden judicial conminatoria - Posibilidad de imponer un arresto coercitivo a altos representantes políticos o altos funcionarios de esa región - Tutela judicial efectiva - Derecho a la libertad personal - Base legal - Proporcionalidad)

(2020/C 61/20)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Deutsche Umwelthilfe eV

Demandada: Freistaat Bayern

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación caracterizada por la negativa persistente de una autoridad nacional a dar cumplimiento a una resolución judicial que la conmina a ejecutar una obligación clara, precisa e incondicional derivada de dicho Derecho, en particular de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, incumbe al tribunal nacional competente imponer un arresto coercitivo a titulares de una función que implica el ejercicio del poder público cuando en las disposiciones del Derecho interno exista una base legal para la imposición de tal arresto que sea suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación, y siempre que la limitación del derecho a la libertad, garantizado por el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ese arresto supondría satisfaga los demás requisitos establecidos al respecto en el artículo 52, apartado 1, de la mencionada Carta. En cambio, de no existir una base legal de tales características en el Derecho interno, el Derecho de la Unión no faculta a ese tribunal para que recurra a dicha medida.

(1) DO C 54 de 11.2.2019.
3)

El artículo 104 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que una entidad situada en un Estado miembro, que ha sido objeto de una fusión por absorción con una sociedad matriz domiciliada en otro Estado miembro en una fecha anterior al establecimiento de una contribución extraordinaria por la autoridad de resolución nacional del primer Estado miembro, no está obligada al pago de dicha contribución.
2)

El Reglamento n.o 1107/2009, en particular su artículo 52, debe interpretarse en el sentido de que la adaptación del período de validez de un permiso de comercio paralelo no se desprende automáticamente de la decisión de renovar la autorización del producto de referencia, sino que exige que se adopte una decisión al respecto. El Reglamento n.o 1107/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se trata de la adaptación del período de validez de un permiso de comercio paralelo al período de validez de la autorización renovada del producto de referencia, deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 52, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento, necesarios para la obtención de ese permiso, correspondiendo a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate comprobar que sucede así. El artículo 52, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 1107/2009 debe interpretarse en el sentido de que cubre una situación en la que el producto fitosanitario autorizado por el Estado miembro de origen es fabricado por una sociedad A, mientras que el producto fitosanitario de referencia es fabricado, según el mismo procedimiento pero en un lugar de producción diferente del anterior, por una sociedad B con el acuerdo de la sociedad A, siempre que este acuerdo tenga carácter estable de modo análogo a un acuerdo de licencia.