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La expresión «la sesión presupuestaria» que figura en el artículo único, letra a), del Protocolo sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios no solo comprende el período de sesiones plenarias ordinarias consagrado al examen del proyecto de presupuesto en primera lectura, sino también la segunda lectura, con arreglo al artículo 314 TFUE, apartado 6, lo cual garantiza que se celebre un debate y una votación públicos, en sesión plenaria, sobre el texto conjunto del presupuesto anual resultante del procedimiento de conciliación.

Efectivamente, el ejercicio por el Parlamento de sus facultades presupuestarias en sesión plenaria reviste una importancia particular para la transparencia y la legitimidad democrática de la acción de la Unión basada en su presupuesto anual. Pues bien, estas no pueden garantizarse mediante la mera primera lectura del proyecto de presupuesto en el marco del procedimiento presupuestario previsto en el artículo 314 TFUE cuando el Parlamento aprueba enmiendas a dicho proyecto con arreglo al artículo 314 TFUE, apartado 4, letra c). El ejercicio por el Parlamento de su facultad presupuestaria en sesión plenaria constituye un momento fundamental de la vida democrática de la Unión y requiere especialmente un debate público, en sesión plenaria, que permita a los ciudadanos de la Unión tener conocimiento de las diversas orientaciones políticas expresadas y, así, formarse una opinión política sobre la acción de la Unión. Además, la transparencia del debate parlamentario en sesión plenaria permite afianzar la legitimidad democrática del procedimiento presupuestario respecto de los ciudadanos de la Unión, así como la credibilidad de sus acciones.

Pues bien, el procedimiento de conciliación previsto en el artículo 314 TFUE, apartados 4, letra c), y 5, puede dar lugar a importantes enmiendas del proyecto de presupuesto que no han sido examinadas por el Parlamento en la primera lectura ni han sido objeto de un debate público en el seno del Comité de Conciliación. Las sesiones de ese Comité no son públicas y en ellas participan 28 miembros del Parlamento que, aunque reflejan las relaciones de mayoría que existen en su seno, no representan totalmente los intereses políticos de todos los miembros de esta institución.

(véanse los apartados 34 a 37)
Los artículos 93, apartado 1, y 94 y el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro imponga, como norma relativa a las buenas condiciones agrarias y medioambientales previstas en el citado anexo II, que se conserven, en una superficie agrícola, lugares de enterramiento marcados mediante piedras, cuyo desplazamiento conlleva una infracción de dicha norma y, por tanto, la reducción de los pagos adeudados al agricultor de que se trata.

Tal y como estaba previsto en el anexo IV del Reglamento n.o 1782/2003, la norma BCAM 7, que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1306/2013 y cuyo tema principal se titula «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento», incluye el mantenimiento de las particularidades topográficas entre las exigencias y normas que deben respetarse en virtud de esta. Entre las particularidades topográficas recogidas en el anexo II de este último Reglamento figuran los setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, en grupo o aislados, los lindes y las terrazas. Dado que el concepto de «particularidades topográficas» no se define en el Reglamento n.o 1306/2013, procede interpretarlo, como ha señalado la Abogado General en el punto 26 de sus conclusiones, teniendo en cuenta su sentido habitual y el contexto en el que normalmente se emplea (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, Horvath,C‑428/07, EU:C:2009:458, apartado 34).

A este respecto, procede señalar que una interpretación restrictiva del concepto de «particularidades topográficas», que, en particular, excluya los resultados de intervenciones humanas, sería contraria al margen de apreciación del que disfrutan los Estados miembros para definir, conforme al artículo 94 de dicho Reglamento, los requisitos mínimos relativos a las buenas condiciones agrarias y medioambientales (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, Horvath,C‑428/07, EU:C:2009:458, apartado 37). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que las particularidades topográficas constituyen los componentes físicos del medio ambiente y que los requisitos relativos al mantenimiento de esas particularidades deben contribuir a su conservación como componentes físicos (sentencia de 16 de julio de 2009, Horvath,C‑428/07, EU:C:2009:458, apartado 41). Pues bien, la conservación de los lugares de enterramiento marcados mediante piedras contribuye a la protección de elementos del patrimonio cultural e histórico de un Estado miembro como componentes físicos del medioambiente.

(véanse los apartados 41 y 43 a 47 y el punto 1 del fallo)
El artículo 8, punto 3, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que se aplica, con carácter no exclusivo, en una situación en la que, ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de una alegación de violación de los derechos de la personalidad del demandante por haber sido fotografiado y grabado en vídeo sin su conocimiento, el demandado interpone una demanda reconvencional de indemnización invocando la responsabilidad delictual o cuasidelictual en que incurrió el demandante, en particular por la restricción de su creación intelectual objeto de la demanda inicial, siempre que el examen de esta demanda reconvencional exija que ese órgano jurisdiccional aprecie si son o no lícitos los hechos en los que el demandante basa sus propias pretensiones.

(véanse el apartado 29 y el fallo)
Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está facultado para exigir que nacionales de terceros Estados que hayan sido puestos a disposición de una empresa establecida en otro Estado miembro por otra empresa establecida igualmente en ese otro Estado miembro, con el fin de prestar servicios en el primero de esos Estados miembros, cuenten con un permiso de trabajo.

En relación con el desplazamiento de trabajadores de un tercer Estado por una empresa de prestación de servicios establecida en un Estado miembro de la Unión, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una normativa nacional que supedita el ejercicio de prestaciones de servicios en el territorio nacional, por parte de una empresa establecida en otro Estado miembro, a la concesión de una autorización administrativa constituye una restricción a la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE (sentencia de 11 de septiembre de 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, apartado 45).

No obstante, una normativa nacional adoptada en un ámbito que no haya sido objeto de armonización en el plano de la Unión y que se aplique indistintamente a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de que se trate puede estar justificada, pese a su efecto restrictivo de la libre prestación de servicios, siempre que tal normativa responda a una razón imperiosa de interés general y que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que esté establecido, que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo (sentencia de 11 de septiembre de 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, apartado 48).

A estos efectos, ha de recordarse que, si bien la intención de evitar perturbaciones en el mercado laboral constituye ciertamente una razón imperiosa de interés general, el personal de una empresa establecida en un Estado miembro que es desplazado a otro Estado miembro para realizar una prestación de servicios no pretende en modo alguno acceder al mercado laboral de este segundo Estado miembro, ya que regresa a su país de origen o de residencia después de haber concluido su misión (sentencia de 11 de septiembre de 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, apartado 51).

Pues bien, la imposición por un Estado miembro, con carácter permanente, del requisito de obtener un permiso de trabajo para los nacionales de terceros Estados puestos a disposición de una empresa que opera en dicho Estado miembro por una empresa establecida en otro Estado miembro excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de evitar perturbaciones en el mercado laboral (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, apartado 56).

(véanse los apartados 44, 46, 48, 49 y 53 y el punto 2 del fallo)
Por otro lado, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no se desprende que una conducta como la controvertida en el asunto principal sea constitutiva de una práctica comercial desleal o engañosa prohibida por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) ( DO 2005, L 149, p. 22 ).

El artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 1007/2011 debe interpretarse en el sentido de que no impone la obligación de utilizar, en la etiqueta o en el marcado de un producto textil puro, una de las tres expresiones que menciona, a saber, «100 %», «puro» o «todo». Las susodichas menciones pueden emplearse, en su caso, de manera combinada.

El artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1007/2011 debe interpretarse en el sentido de que la obligación de indicar, en la etiqueta o en el marcado, la denominación y el porcentaje de peso de todas las fibras que componen el producto textil en cuestión no se aplica a un producto textil puro.

A este respecto, debe observarse que el artículo 9 del Reglamento n.o 1007/2011 se aplica a los «productos textiles de múltiples fibras», mientras que el artículo 7 de este Reglamento trata de los «productos textiles puros». De este modo, cada uno de estos artículos define su ámbito de aplicación en relación con una categoría específica de productos textiles. De ello se sigue que los productos textiles puros no tienen cabida en el ámbito de aplicación del artículo 9 de dicho Reglamento, de manera que los requisitos que impone el apartado 1 de este artículo no son aplicables a tales productos. Además, el hecho de que un producto textil puro, por definición, esté compuesto exclusivamente de una misma fibra determina que la obligación de indicar el porcentaje de peso «de todas las fibras que lo componen en orden decreciente» no pueda aplicarse a un producto de esas características.

(Véanse los apartados 45, 46 y 50 y el punto 3 del fallo)
La autorización de un plan o de un proyecto, en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en su versión modificada por la Directiva 2013/17, solo puede concederse si las autoridades competentes se han cerciorado de que no producirá efectos perjudiciales para la integridad del lugar de que se trate. Así sucede cuando no subsiste ninguna duda razonable, desde un punto de vista científico, sobre la inexistencia de tales efectos. En consecuencia, las autoridades nacionales competentes no pueden autorizar intervenciones que puedan alterar de manera duradera las características ecológicas de los lugares en que existan tipos de hábitats naturales de interés comunitario o prioritarios. Así ocurre, en particular, cuando una intervención conlleva el riesgo de provocar la desaparición o la destrucción parcial e irreparable de ese tipo de hábitat natural existente en el lugar de que se trate.

A este respecto, unas operaciones de gestión forestal activa que consistan en retirar y talar un número significativo de árboles en un lugar Natura 2000 pueden, por su propia naturaleza, alterar de manera duradera las características ecológicas de ese lugar, puesto que pueden provocar inevitablemente la desaparición o la destrucción parcial e irreparable de los hábitats y de las especies protegidos existentes en dicho lugar.

(véanse los apartados 117, 119 y 164)
Asunto C‑271/17 PPU

Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam)

«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Procedimientos de entrega entre Estados miembros — Requisitos de ejecución — Motivos de no ejecución facultativa — Artículo 4 bis, apartado 1, introducido por la Decisión Marco 2009/299/JAI — Orden de detención dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad — Concepto de “juicio del que derive la resolución” — Procedimiento en el que se modifican penas impuestas con anterioridad — Resolución de refundición de penas — Resolución dictada sin la comparecencia personal del interesado — Persona condenada que no compareció personalmente en el procedimiento en el que fue condenado inicialmente, ni en primera instancia ni en apelación — Persona defendida por letrado durante el procedimiento de recurso — Orden de detención en la que no se facilita información al respecto — Consecuencias para la autoridad judicial de ejecución»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)

de 10 de agosto de 2017

Cooperación judicial en materia penal—Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros—Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea—Orden dictada a efectos de la ejecución de una pena impuesta en rebeldía—Concepto de juicio del que derive la resolución—Procedimiento que tiene por objeto la refundición de penas, posterior a la instancia que ya dio lugar a la resolución que se pronuncia definitivamente sobre la culpabilidad del interesado—Inclusión—Requisito—Autoridad que goza de una cierta facultad de apreciación en la fijación de la nueva pena (Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI, art. 4 bis, ap. 1) Cooperación judicial en materia penal—Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros—Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea—Orden dictada a efectos de la ejecución de una pena impuesta en rebeldía—Orden que no incluye información que permita acreditar la existencia de excepciones al motivo de no ejecución facultativa—Facultad de denegar la ejecución de la orden de detención europea—Posibilidad de ejecutar la orden—Requisitos (Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI, art. 4 bis, ap. 1)
6

Como resulta del artículo 56, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1235/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010 (DO 2010, L 348, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 726/2004»), la EMA está compuesta por varios comités entre los que figura el Comité de Medicamentos de Uso Humano (en lo sucesivo, «Comité»), encargado de elaborar el dictamen de la EMA sobre cualquier cuestión relativa a la evaluación de los medicamentos de uso humano.
5

Los considerandos 2, 11, 15 y 21 de la Directiva 2002/58 enuncian lo siguiente: «(2) La presente Directiva pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales y observa los principios consagrados, en particular, en la [Carta]. Señaladamente, la presente Directiva pretende garantizar el pleno respeto de los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de [esta]. [...] (11) Al igual que la Directiva [95/46], la presente Directiva no aborda la protección de los derechos y las libertades fundamentales en relación con las actividades no regidas por el Derecho comunitario. Por lo tanto, no altera el equilibrio actual entre el derecho de las personas a la intimidad y la posibilidad de que disponen los Estados miembros, según se indica en el apartado 1 del artículo 15 de la presente Directiva, de tomar las medidas necesarias para la protección de la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando las actividades tengan relación con asuntos de seguridad del Estado) y la aplicación del Derecho penal. En consecuencia, la presente Directiva no afecta a la capacidad de los Estados miembros para interceptar legalmente las comunicaciones electrónicas o tomar otras medidas, cuando sea necesario, para cualquiera de estos fines y de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según la interpretación que se hace de este en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas medidas deberán ser necesarias en una sociedad democrática y rigurosamente proporcionales al fin que se pretende alcanzar y deben estar sujetas, además, a salvaguardias adecuadas, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. [...] (15) Una comunicación puede incluir cualquier dato relativo a nombres, números o direcciones facilitado por el remitente de una comunicación o el usuario de una conexión para llevar a cabo la comunicación. Los datos de tráfico pueden incluir cualquier conversión de dicha información efectuada por la red a través de la cual se transmita la comunicación a efectos de llevar a cabo la transmisión. [...] [...] (21) Deben adoptarse medidas para evitar el acceso no autorizado a las comunicaciones a fin de proteger la confidencialidad de las mismas, incluidos tanto sus contenidos como cualquier dato relacionado con ellas, por medio de las redes públicas de comunicaciones y los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. La legislación nacional de algunos Estados miembros prohíbe solamente el acceso intencionado no autorizado a las comunicaciones.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación y la validez de los artículos 2 y 3 y de los anexos I A y I B de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO 2001, L 106, p. 1), y la interpretación del artículo 4 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas (DO 2002, L 193, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003 (DO 2003, L 268, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2002/53»).
79

En lo que respecta a la primera parte del tercer motivo de casación, procede señalar que, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hizo constar que la recurrente no había aportado pruebas que acreditaran las circunstancias objetivas en las que el Estado libre de Baviera había tenido conocimiento, según ella, de la existencia de una comercialización de algunos de los productos y servicios de que se trata por parte de la recurrente o de terceros. En el apartado 57 de dicha sentencia, el Tribunal General examinó el requerimiento dirigido por el Estado libre de Baviera a la sociedad N. el 12 de junio de 2008, y observó al respecto que la solicitud de registro de la marca nacional denominativa NEUSCHWANSTEIN, presentada por dicha sociedad, databa del 15 de enero de 2008. Ahora bien, el Tribunal General señaló que el Estado libre de Baviera había presentado, por un lado, una solicitud de registro de la marca nacional denominativa NEUSCHWANSTEIN de fecha 28 de enero de 2005 ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas), que la registró el 4 de octubre de 2005, y, por otra parte, una solicitud de registro de la marca de la Unión figurativa de fecha 11 de julio de 2003 ante la EUIPO, que la registró el 14 de septiembre de 2006. El Tribunal General dedujo de ello que era la sociedad N. quien conocía previamente la existencia de la marca del Estado libre de Baviera y no lo contrario, y que, por tanto, dicho Estado no había mostrado mala fe.
47

En tercer lugar, la Directiva 2008/115 no parte de la premisa de que la irregularidad de la situación y, por lo tanto, la aplicabilidad de esa Directiva, presuponen que el nacional de un tercer país no tenga ninguna posibilidad legal para permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trata, en particular, a la espera del resultado del recurso jurisdiccional contra la decisión que pone fin a su estancia regular. Por el contrario, según resulta del considerando 12, dicha Directiva se aplica a los nacionales de terceros países que, pese a encontrarse en situación irregular, están autorizados a permanecer legalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate, en la medida en la que aún no pueden ser expulsados. En particular, el artículo 7 de la citada Directiva prevé que se establezca un plazo adecuado para la salida voluntaria de las personas afectadas durante el cual esas personas, pese a encontrase en situación irregular, aún están autorizadas a permanecer en el territorio del Estado miembro. Por otra parte, de conformidad con los artículos 5 y 9, apartado 1, de esa misma Directiva, los Estados miembros están obligados a respetar el principio de no devolución en lo que respecta a los nacionales de terceros países en situación irregular y de aplazar su expulsión en caso de que esta vulnere dicho principio.
7

El artículo 21 del Reglamento n.o 139/2004, titulado «Aplicación del presente Reglamento y competencias», establece lo siguiente en su apartado 1: «El presente Reglamento solo será aplicable a las concentraciones definidas en el artículo 3, y los Reglamentos (CE) n.o 1/2003 [del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1)], (CEE) n.o 1017/68 […], (CEE) n.o 4056/86 […] y (CEE) n.o 3975/87 […] no serán aplicables, salvo a las empresas en participación sin dimensión comunitaria cuyo objeto o efecto sea coordinar el comportamiento competitivo de empresas que sigan siendo independientes.»