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148

No obstante, teniendo en cuenta el carácter alternativo, recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, de los tres tipos de infracciones previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, el motivo basado en que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, si estaba efectivamente fundado, bastaba para fundamentar la denegación de registro, siempre que no existiera justa causa para el uso de la marca solicitada. De ello se deduce que la recurrente no puede reprochar válidamente a la Sala de Recurso no haberse pronunciado sobre la existencia o no de otro tipo de infracción que el declarado. Por tanto, las alegaciones de la recurrente basadas en que la Sala de Recurso no examinó la existencia de un perjuicio causado a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior son inoperantes.
58

A este respecto, procede recordar que los órganos jurisdiccionales del Reino Unido han declarado de manera constante que el promotor de la acción por usurpación de denominación debe disponer de un «goodwill», entendido como clientela, en el Reino Unido [sentencia de la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31]. Una empresa establecida en el extranjero puede disponer de un «goodwill» en el Reino Unido si sus productos son demandados en el Reino Unido y dicha demanda puede satisfacerse (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 1-17 y 3-93). En el asunto que dio lugar a la resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil], SA des Anciens Établissements Panhard et Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], por ejemplo, la venta de los productos del promotor de la acción por un tercero y su compra e importación por residentes del Reino Unido fueron considerados una actividad suficiente. Como acertadamente señala la EUIPO, el hecho de que Jackson Family Farms esté establecida en Estados Unidos y venda sus vinos por medio de su distribuidor en el Reino Unido no puede, por tanto, modificar la conclusión de la Sala de Recurso de que Jackson Family Farms posee un «goodwill» en el Reino Unido.
41

El Reglamento n.o 207/2009 dispone así expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación que le confieren la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 2868/95 y el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición (sentencias de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, apartado 33; de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, apartado 32, y de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C‑121/12 P, EU:C:2013:639, apartado 33).
3.

Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes — Régimen de pago único — Pastos permanentes — Concepto — Superficies con una presencia marginal de plantas leñosas — Inclusión [Reglamentos del Consejo (CE) n.o 1782/2003 y (CE) n.o 73/2009; Reglamentos de la Comisión (CE) n.o 796/2004, art. 2, punto 2, y (CE) n.o 1120/2009, art. 2, letra c)] (véanse los apartados 37 a 39 y 105)
1.

Instituciones de la Unión Europea — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (CE) n.o 45/2001 — Tratamiento de datos de carácter personal — Obligación de información en caso de datos que no han sido obtenidos de la persona afectada — Incumplimiento — Incidencia en la legalidad de los actos adoptados sobre la base de los datos de que se trata — Inexistencia [Art. 340 TFUE; Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 12, ap. 1, y 32] (véanse los apartados 70 a 73)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 20 de marzo de 2018 — Šroubárna Ždánice/Consejo

(Asunto T‑442/16)

«Solicitud de devolución de derechos antidumping — Importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China o procedentes de Malasia — Reglamento (CE) n.o 91/2009 y Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 — Competencia del juez nacional — Incompetencia del Tribunal General»

Recurso de indemnización—Objeto—Solicitud de devolución de derechos antidumping indebidamente pagados—Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales

[Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, arts. 243 a 246)

(véanse los apartados 32 a 41)

Objeto

Solicitud que tiene por objeto la devolución de los derechos antidumping y de los intereses que la demandante pagó a las autoridades aduaneras checas de forma supuestamente indebida a raíz de la adopción del Reglamento (CE) n.o 91/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (DO 2009, L 29, p. 1), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) n.o 91/2009 a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia (DO 2011, L 194, p. 6), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 924/2012 del Consejo, de 4 de octubre de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n.o 91/2009 (DO 2012, L 275, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso debido a que el Tribunal carece de competencia para resolverlo.

2) Šroubárna Ždánice a.s. cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
7.

Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre—Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares—Pruebas que el titular debe aportar—Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 64)
En efecto, la institución de que se trate tiene libertad para basarse en el motivo que estime más pertinente a efectos de justificar su decisión, sin que un error cometido, en su caso, en la selección de ese motivo le impida basarse posteriormente en un motivo que podría haber invocado en la adopción del acto anulado. A este respecto, el hecho de que un motivo no haya sido invocado en la adopción del acto anulado no impide en absoluto a la institución invocarlo en la decisión destinada a sustituir dicho acto, toda vez que el autor de un acto anulado puede apoyarse, en su nueva decisión, en fundamentos distintos de los que sustentaban la primera.

Cuando el juez de la Unión anula parcialmente una decisión de la Comisión que resuelve sobre una solicitud de condonación de derechos de importación, la Comisión tiene la obligación de volver a examinar los datos del expediente y de adoptar una nueva decisión sobre la referida solicitud, para subsanar la irregularidad comprobada. A estos efectos, está obligada a tener en cuenta todos los elementos de hecho y de Derecho disponibles en el momento de la adopción del acto. La obligación de la Comisión de preparar una decisión con toda la diligencia debida y adoptar su decisión basándose en todos los datos que pudieran tener una incidencia en el resultado se deriva, en especial, del principio de buena administración, del principio de legalidad y del principio de igualdad de trato. En tales circunstancias, no puede reprocharse a la Comisión considerar que procede reanudar su investigación y completar el expediente.

Por otro lado, no puede aceptarse la conclusión de que, tras la anulación parcial de la primera decisión con efectos ex tunc, la Comisión sólo dispone de cinco días para adoptar una decisión sobre la solicitud de condonación, a fin de respetar el plazo preclusivo de nueve meses establecido en el artículo 907 del Reglamento n.o 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 por el que se establece el código aduanero comunitario. En efecto, el plazo de nueve meses fijado en dicha disposición no es aplicable cuando se trata de la reapertura de un procedimiento en virtud del artículo 266 TFUE.

(véanse los apartados 54 a 56 y 62)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 25 de enero de 2018 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

(Asunto T‑866/16)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión billiger-mietwagen.de — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Examen de oficio de los hechos—Deber de diligencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 1] (véanse los apartados 14 y 15)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 32)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 33 a 36)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca denominativa billiger-mietwagen.de [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 37 a 39, 49 y 50)

5. Procedimiento judicial—Escrito de interposición del recurso—Requisitos de forma—Exposición sumaria de los motivos invocados—Requisitos análogos para las alegaciones formuladas en apoyo de un motivo [Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 177, ap. 1, letra d)] (véase el apartado 47)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de noviembre de 2016 (asunto R 206/2016‑5), relativa a la solicitud de registro del signo denominativo billiger-mietwagen.de como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
1.

Instituciones de la Unión Europea—Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales—Reglamento (CE) no 45/2001—Tratamiento de datos personales—Obligación de información en caso de que existan datos que no hayan sido obtenidos del interesado—Incumplimiento—Incidencia sobre la legalidad de actos adoptados sobre la base de los datos de que se trate—Inexistencia [Art. 340 TFUE; Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 12, ap. 1, y 32] (véanse los apartados 33 a 35 y 44)
207

En lo referente al sufrimiento experimentado por el demandante debido a las dificultades en la vida cotidiana, el Consejo indica que no niega que las medidas controvertidas afectaran a la vida cotidiana de este. Sin embargo, en la dúplica precisa que no reconoce expresamente la existencia de un perjuicio moral indemnizable sufrido por el demandante. En efecto, alega que los gastos a los que hace referencia el demandante, a saber, los gastos sanitarios y de seguros o los impuestos, están cubiertos por las disposiciones del artículo 26 del Reglamento n.o 267/2012, que prevé la liberación de los fondos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la persona afectada por una medida de inmovilización de fondos. Considera que no se le puede responsabilizar de la lentitud o del mal funcionamiento del sistema establecido por los Estados miembros en aplicación de esta disposición. Tampoco se le puede considerar responsable de los interrogatorios del entorno familiar, social y profesional del demandante, así como de su arrendatario, que decidieron realizar los servicios de seguridad o de policía de los Estados miembros. En lo referente a la denegación de la naturalización francesa de la sobrina del demandante, el Consejo afirma que la normativa de la Unión en materia de medidas restrictivas no incluye ninguna disposición que tenga por objeto o por efecto impedir la naturalización de los miembros de la familia de las personas sujetas a tales medidas. En todo caso, por una parte, considera que no se trata de un daño personal sufrido por el demandante y, por otra, en su opinión la denegación de la naturalización invocada se basó en el hecho de que la sobrina del demandante había realizado unas prácticas en Fulmen y no en el vínculo familiar con el demandante.
166

A este respecto, debe observarse que, en el caso de autos, contrariamente a la exigencia recordada en el apartado 65 anterior, el perjuicio resultante de la pérdida de un beneficio o del lucro cesante no es actual y real, sino futuro e hipotético (sentencia de 22 de mayo de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑17/09, no publicada, EU:T:2012:243, apartado 123). En efecto, el perjuicio invocado como consecuencia de la pérdida de un beneficio o del lucro cesante presupone que, si no se hubiesen producido los comportamientos ilegales reprochados a la Comisión, la demandante, cuya oferta fue rechazada, tendría derecho a la adjudicación del contrato público de que se trata. Pues bien, aun suponiendo que el comité de evaluación hubiese propuesto que se hubiese adjudicado el contrato a la demandante, el poder adjudicador no está vinculado por la propuesta del comité de evaluación, sino que dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a los elementos que hay que tener en cuenta para decidir adjudicar un contrato (véase la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑39/08, no publicada, EU:T:2011:721, apartado 47 y jurisprudencia citada). Asimismo, del artículo 101 del Reglamento financiero se desprende que mientras no se haya firmado el contrato, el poder adjudicador podrá renunciar al contrato o anular el procedimiento de adjudicación, sin que los candidatos o licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización.
66

Pues bien, la tesis de la Comisión, que implica que todas las normas armonizadas adoptadas inicialmente con arreglo a la Directiva 98/37 se vean privadas de efecto para conferir una presunción de conformidad con los requisitos esenciales de salud y de seguridad establecidos en la Directiva 2006/42, equivale a disminuir muy significativamente el número de normas armonizadas utilizables durante el primer período de la aplicación de esta última Directiva y, por ello, menoscaba la eficacia del sistema. A este respecto, la última publicación en el Diario Oficial de los «títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la [Directiva 98/37]», en marzo de 2009, incluye 57 páginas (DO 2009, C 74, p. 4), mientras que la primera publicación correspondiente al título de la Directiva 2006/42, en septiembre de 2009, sólo incluye 26 páginas (DO 2009, C 214, p. 1) y que la segunda publicación análoga, hecha justo antes de la aplicación de las medidas de transposición de la Directiva 2006/42, el 29 de diciembre de 2009, únicamente incluye todavía 37 páginas (DO 2009, C 309, p. 29). Sabiendo que una página de estas publicaciones enumera por término medio una decena de normas armonizadas, la posición de la Comisión llevaría a que, en el momento de la aplicación concreta de las disposiciones de la Directiva 2006/42, a finales de diciembre de 2009, hubieran podido utilizarse aproximadamente 200 normas armonizadas menos que al término del período de aplicación de la Directiva 98/37 por los fabricantes para acreditar la existencia de una presunción de conformidad de sus productos con los requisitos esenciales de salud y de seguridad establecidos mediante la nueva Directiva, lo que contradeciría el importante papel dado al mecanismo de conformidad con las normas armonizadas por las dos Directivas sucesivas. Debe señalarse que es necesario esperar a la publicación de abril de 2011 (DO 2011, C 110, p. 1) para encontrar un volumen comparable de normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas por las dos Directivas.
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización dirigido a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia de la inscripción errónea del nombre del demandante en una lista de personas objeto de medidas restrictivas — Exclusión — Recurso de indemnización dirigido a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas respecto al demandante — Inclusión

[Arts. 24 TUE, ap. 1, párr. 2 y 40 TUE; arts. 215 TFUE, 263 TFUE, párr. 4, y 275 TFUE; Decisiones del Consejo 2010/644/PESC y 2011/783/PESC; Reglamentos (UE) del Consejo n.o 961/2010, n.o 1245/2011 y n.o 267/2012]
Ante un régimen de ayudas, para comprobar si dicho régimen contiene elementos de ayuda, la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales del régimen de que se trate, sin estar obligada a examinar cada caso concreto de aplicación del mismo.

El hecho de que la Comisión no explique en la Decisión impugnada las razones por las que las garantías estatales deben considerarse regímenes de ayudas, constituye un dato que revela la existencia de un examen insuficiente e incompleto.

A este respecto, aun suponiendo que de la Decisión pueda deducirse que las garantías estatales se ajustan a la definición de los regímenes de ayudas del artículo 1, letra d), segunda frase, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE, a saber, «todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado», como alega la Comisión, la Decisión debe exponer de qué manera las ayudas contenidas en las garantías estatales cumplen el requisito de que la ayuda no esté vinculada a un proyecto específico. Además, la afirmación, por una parte, en la fase de calificación de las garantías estatales, de que se trata de uno o de dos regímenes de ayudas, porque la ayuda derivada de estas garantías no está vinculada a un proyecto específico, y la afirmación, por otra parte, en la fase de apreciación de la compatibilidad de las medidas con el mercado interior, de que las garantías estatales tienen por objeto un proyecto que es «específico, preciso y claramente definido» resultan irreconciliables. En efecto, no se trata aquí de conceptos jurídicos diferentes, sino de una circunstancia de hecho que no puede variar de una apreciación jurídica a otra. A este respecto, las garantías estatales no deben considerarse vinculadas a un proyecto «específico», porque las ayudas contenidas en esas garantías estatales cubren tanto la fase de construcción como la fase de explotación de la conexión fija. En efecto, como el adjetivo «específico» significa «que es propio de algo», procede considerar que las ayudas relativas a las garantías estatales están vinculadas a un proyecto específico porque cubren los préstamos contraídos por el constructor únicamente en lo que respecta al proyecto de la conexión fija, incluida su fase de explotación, pero con exclusión de otros proyectos o actividades. El carácter «indeterminado» de la fase de explotación, subrayado por la Comisión, no concierne a la especificidad del proyecto en sentido estricto, sino que en realidad se refiere a la de si las garantías estatales están limitadas o no, en el marco de la evaluación de su compatibilidad.

De lo anterior resulta que la Comisión, en el procedimiento de examen previo, encontró serias dificultades para calificar de «regímenes» de ayuda las garantías estatales.

(véanse los apartados 68, 75, 76 y 79 a 81)
1.

Actos de las instituciones—Motivación—Obligación—Alcance—Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios [Arts. 263 TFUE y 296 TFUE, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra c); Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 113, ap. 2; Reglamento (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 161, ap. 2] (véanse los apartados 22, 23, 27 y 28)
En el caso de una solicitud de acceso a documentos elaborados en el marco de los diálogos tripartitos en el curso de un procedimiento legislativo ordinario, el carácter preliminar del texto de compromiso provisional o la posición preliminar de la Presidencia del Consejo en relación con las enmiendas propuestas por el Parlamento, en el sentido de que su contenido evoluciona a medida que el trabajo de los diálogos tripartitos, no permite justificar, como tal, la aplicación de la excepción prevista por el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, toda vez que esa disposición no distingue en función de lo avanzadas que estén esas discusiones. La citada disposición se refiere de manera general a los documentos relativos a una cuestión sobre la que la institución afectada «todavía no ha adoptado una decisión», por oposición al artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, que prevé el supuesto en que la institución afectada haya adoptado una decisión.

A este respecto, es indiferente que los documentos en cuestión se hayan elaborado o recibido en una fase inicial, avanzada o final del proceso de toma de decisiones. Igualmente, el hecho de se hayan producido en un contexto formal o informal carece de incidencia para la interpretación de la excepción prevista por el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001.

Por otra parte, por su propia naturaleza, una propuesta se hace para ser discutida, y no está destinada a mantenerse inalterada tras esa discusión. La opinión pública es perfectamente capaz de comprender que el autor de una propuesta puede modificar su contenido posteriormente. Precisamente por las mismas razones, el autor de una solicitud de acceso a documentos de un diálogo tripartito en curso será plenamente consciente del carácter provisional de esa información. Asimismo, será perfectamente capaz de comprender que, conforme al principio de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado», la información que figura en el documento solicitado está destinada a ser modificada durante las discusiones de los diálogos tripartitos hasta que se alcance un acuerdo sobre el texto en su conjunto.

(véanse los apartados 100 a 102)