Asunto C-521/06 P

Athinaïki Techniki AE

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Recurso de casación — Ayuda de Estado — Ayuda otorgada por la República Helénica al consorcio Hyatt Regency — Denuncia — Decisión de archivar la denuncia — Reglamento (CE) no 659/1999 — Artículos 4, 13 y 20 — Concepto de “acto impugnable” en el sentido del artículo 230 CE»

Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 3 de abril de 2008 I - 5832

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de julio de 2008 I - 5862

Sumario de la sentencia

Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos impugnables por el denunciante de una ayuda de Estado — Decisión de la Comisión de archivar la denuncia, poniendo fin de ese modo a la fase previa — Inclusión

[Arts. 87 CE, 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, art. 4]

Para determinar si un acto en materia de ayudas de Estado constituye una decisión en el sentido del artículo 4 del Reglamento no 659/1999, el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE, procede comprobar, teniendo en cuenta su contenido esencial y la intención de la Comisión, si, a través del acto examinado, dicha institución ha fijado definitivamente, al término de la fase previa de examen, su postura sobre la medida denunciada y, por tanto, si ha comprobado si ésta constituye o no una ayuda y si plantea o no dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.

Un escrito mediante el cual la Comisión informa al autor de una denuncia cuyo fin es que se declare una infracción de los artículos 87 CE y 88 CE que, «a falta de información adicional que justifique la prosecución de la investigación, la Comisión ha archivado administrativamente el asunto […]», indica que, efectivamente, la Comisión adoptó en esa fecha un acto de archivo administrativo del asunto.

Del contenido esencial de este acto y de la intención de la Comisión se desprende que ésta decidió poner fin a la fase previa de examen promovida por el denunciante. Mediante ese acto, la Comisión declaró que la investigación iniciada no había permitido determinar la existencia de una ayuda en el sentido del artículo 87 CE y se negó implícitamente a incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2. En una situación de ese tipo, los beneficiarios de las garantías procedimentales previstas en esa disposición sólo pueden conseguir su respeto si tienen la posibilidad de impugnar esta decisión ante los órganos jurisdiccionales comunitarios con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto. Este principio se aplica tanto en los casos en que la decisión se adopta por estimar la Comisión que la ayuda es compatible con el mercado común como cuando ésta opina que debe descartarse la propia existencia de una ayuda.

En este sentido, dicho acto no se puede calificar de preliminar o de preparatorio, puesto que, en el marco del procedimiento administrativo incoado, no va seguido de ningún otro acto que pueda dar lugar a un recurso de anulación. A este respecto no es pertinente que la parte interesada todavía pueda proporcionar a la Comisión información adicional que pueda obligar a ésta a revisar su posición sobre la medida estatal de que se trate, puesto que la legalidad de una decisión adoptada tras la fase previa de examen sólo debe apreciarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó, es decir, en el caso de autos, en el momento del archivo administrativo del asunto. Si una parte interesada proporciona información adicional con posterioridad al archivo del asunto, la Comisión puede verse obligada a incoar, en su caso, un nuevo procedimiento administrativo. Por el contrario, esa información carece de incidencia sobre el hecho de que el primer procedimiento previo de examen ya ha finalizado. De ello resulta que, a través de dicho acto, la Comisión adoptó una posición definitiva sobre la petición del denunciante.

Al impedir que el denunciante presentara sus observaciones en el marco del procedimiento de investigación formal contemplado en el artículo 88 CE, apartado 2, dicho acto produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses y, por lo tanto, es un acto impugnable en el sentido del artículo 230 CE.

(véanse los apartados 46, 49, 51 a 58, 61 y 62)