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Libre circulación de capitales — Restricciones

[Tratado CE, arts. 73 B y 73 D (actualmente arts. 56 CE y 58 CE)]

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El artículo 73 B del Tratado (actualmente artículo 56 CE), en relación con el artículo 73 D del Tratado (actualmente artículo 58 CE), debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro, que exime del impuesto sobre sociedades los rendimientos procedentes de un arrendamiento percibidos en el territorio nacional por fundaciones de utilidad pública reconocida en principio sujetas al impuesto por obligación personal si están establecidas en ese Estado miembro, niegue la concesión de dicha exención en relación con rendimientos del mismo tipo a una fundación de Derecho privado de utilidad pública reconocida únicamente porque, al estar establecida en otro Estado miembro, sólo está sujeta al impuesto en su territorio por obligación real.

El Derecho comunitario no impone a los Estados miembros la obligación de otorgar automáticamente el mismo reconocimiento en su territorio a las fundaciones extranjeras cuya utilidad pública haya sido reconocida en su Estado miembro de origen. No obstante, cuando una fundación cuya utilidad pública ha sido reconocida en un Estado miembro cumple los requisitos establecidos a tal efecto en la legislación de otro Estado miembro y tiene como objetivo el fomento de intereses de la colectividad idénticos, cuestión que ha de ser apreciada por las autoridades nacionales de ese Estado, incluidos los órganos jurisdiccionales, las autoridades de dicho Estado miembro no pueden negar a la fundación el derecho a la igualdad de trato basándose sólo en que no está establecida en su territorio.

La persecución de objetivos vinculados al fomento, a nivel nacional, de la cultura y de una formación de alto nivel no puede justificar tal diferencia de trato, dado que la normativa nacional controvertida no presupone que la actividad de las fundaciones de utilidad pública reconocida beneficie a la colectividad nacional.

Esta normativa tampoco puede estar justificada por la necesidad de asegurar la eficacia de los controles fiscales. Antes de conceder una exención fiscal a una fundación, un Estado miembro está autorizado ciertamente a aplicar medidas que le permitan comprobar, de manera clara y precisa, si ésta reúne los requisitos establecidos en la legislación nacional para acogerse a la exención y a controlar su gestión efectiva. Sin embargo, aunque en el caso de las fundaciones establecidas en otros Estados miembros puede resultar más difícil realizar las comprobaciones necesarias, se trata de meras dificultades administrativas que no son suficientes para justificar una negativa de las autoridades del Estado a conceder a dichas fundaciones las mismas exenciones fiscales que a las fundaciones del mismo tipo, en principio sometidas al impuesto por obligación personal en ese Estado.

Por otra parte, habida cuenta de que no existe un vínculo directo entre la ventaja fiscal consistente en la exención fiscal de los rendimientos procedentes de un arrendamiento y una compensación de dicha ventaja mediante un gravamen fiscal determinado, la restricción de que se trata no puede venir justificada por la necesidad de preservar la coherencia del régimen fiscal.

Así sucede también con la necesidad de preservar la base imponible, ya que la reducción de ingresos fiscales no puede considerarse una razón imperiosa de interés general susceptible de ser invocada para justificar una medida contraria, en principio, a una libertad fundamental.

En cuanto a la lucha contra la criminalidad, una presunción de actividad criminal no puede basarse en la circunstancia de que una fundación esté establecida en otro Estado miembro. Por otra parte, excluir a dichas fundaciones de una exención fiscal, máxime cuando existen otros medios para controlar las cuentas y sus actividades, es una medida que va más allá de lo necesario para combatir la criminalidad.

(véanse los apartados 39, 40, 45, 47, 48, 55, 56 y 58 a 62 y el fallo)