ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Asunto T-456/07

Comisión Europea

contra

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT)

«Recurso de anulación — Régimen de pensiones comunitario — Obligación del CdT de pagar una cotización correspondiente a los ejercicios presupuestarios comprendidos entre 1998 y 2005 — Acto no recurrible — Acto que no produce efectos jurídicos frente a terceros — Inadmisibilidad manifiesta»

Auto del Tribunal General (Sala Tercera) de 12 de febrero de 2010 II ‐ 185

Sumario del auto

Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios

[Art. 230 CE; Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo]

Únicamente las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de un tercero modificando sustancialmente su situación jurídica constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación. Para determinar si la medida cuya anulación se solicita puede ser objeto de un recurso procede atender a su esencia, pues la forma en la que se adopta dicha medida es, en principio, indiferente a este respecto. Así, únicamente el acto por el que el autor determina su postura de manera inequívoca y definitiva, de un modo que permite identificar su naturaleza, constituye una decisión que puede ser objeto de un recurso de anulación, con la condición, no obstante, de que dicha decisión no constituya la confirmación de un acto anterior. Por el contrario, una manifestación de opinión escrita o una mera declaración de intenciones no puede constituir una decisión que pueda ser objeto de un recurso de anulación, puesto que no puede producir efectos jurídicos o no tiene por objeto producir tales efectos.

El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) es una agencia creada por el Reglamento no 2965/94. Se desprende del reparto de competencias entre el director del CdT y el consejo de administración de dicho organismo, instituido por los artículos 9 y 13 a 15 de dicho Reglamento que la decisión de principio relativa al abono de la contribución del CdT al régimen de pensiones comunitario es competencia del referido consejo de administración. Por lo tanto, éste podía adoptar una decisión que afectase a la situación jurídica de terceros, a saber, los intereses económicos de la Comunidad.

No obstante, una toma de postura en forma de dictamen del referido consejo de administración en la que éste se limita a hacer saber a la Comisión que estimaba que ésta no había dado una respuesta satisfactoria a sus reiteradas solicitudes de que precisara la base jurídica en la que se fundaba para pretender que se abonasen al régimen de pensiones comunitario las contribuciones que incumben al empleador y que concluye con una invitación a continuar la discusión y con una propuesta de procedimiento dirigida a alcanzar un acuerdo sobre las diferencias no presenta carácter definitivo ni puede conllevar efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de terceros, a saber, en el presente asunto, los intereses económicos de la Comunidad.

(véanse los apartados 52 a 55, 60, 62, 63 y 66)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 25 de octubre de 2007 — Estaser El Mareny/Comisión

(Asunto T-274/06)

«Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inicio del cómputo — Publicación sumaria en el Diario Oficial — Página de Internet — Acto inexistente — Inadmisibilidad»

Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo (Art. 230 CE, párr. 5) (véanse los apartados 31 y 36)

Objeto

Anulación de la Decisión 2006/446/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (resumen publicado en el DO L 176, p. 104), por la que se da carácter vinculante a los compromisos asumidos por Repsol CPP, adoptada con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención de Rani, S.A., Estación de servicio Lazarza, S.L., Melón, S.A., Estación de servicio Ahigal, S.L., Els Garrafons, S.L., Estación de servicio Azpeitia-Azkoitia, S.L., Red Azul, S.A., Sucesores de Narciso Chiva, S.L., Pablo Rada Combustibles, S.L., y Promotores Internacional, S.A., de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio y de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

3) Estaser El Mareny, S.L., cargará con sus propias costas, así como con las de la Comisión.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento — Intervención — Personas interesadas

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40)

2. Procedimiento — Intervención — Personas interesadas

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 2)

Índice

1. La intervención de un Estado miembro en virtud del artículo 40, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia no puede, en ningún caso, excluir la intervención de una de sus entidades territoriales o de «cualquier otra persona que demuestre un interés en la solución de un litigio» al amparo del párrafo segundo de esta disposición.

(véase el apartado 20)

2. El artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia reconoce el derecho a intervenir en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia a las personas que demuestren un interés en la solución de los mismos. Las excepciones a este derecho procesal de intervención, expresión del derecho a ser oído, deben necesariamente ser objeto de interpretación restrictiva. De este modo, un Estado que no es miembro de la Comunidad, como la Confederación Suiza, no puede invocar válidamente las disposiciones del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, que excluye la intervención de cualquier persona que no sea un Estado miembro o una institución de las Comunidades en los litigios entre los Estados miembros, entre instituciones de las Comunidades o entre Estados miembros, por una parte, e instituciones de las Comunidades por otra. Así pues, esta exclusión, contemplada en el artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, se aplica únicamente a los litigios entre Estados miembros o instituciones de las Comunidades.

(véanse los apartados 21 y 22)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente

(Art. 230 CE, párr. 4)

Índice

Para que el demandante resulte directamente afectado, como requisito para la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto al amparo del artículo 230 CE, párrafo cuarto, la medida comunitaria impugnada debe surtir efectos directos en la situación jurídica del demandante y no debe atribuir ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias. Ello significa que, en caso de que una institución dirija un acto comunitario a un Estado miembro, si la acción que debe poner en práctica el Estado miembro para ejecutar dicho acto tiene carácter automático, o si sus consecuencias se imponen de manera inequívoca, el referido acto afecta entonces directamente a cualquier persona respecto de la cual surte efectos tal acción. Si, por el contrario, el acto deja al Estado miembro la posibilidad de actuar o no actuar, o no le obliga a actuar en un sentido determinado, es la acción o inacción del Estado miembro lo que afecta directamente a la persona interesada, y no el acto comunitario en sí mismo.

A este respecto, la Decisión 2004/69, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina, que designa como lugares de importancia comunitaria zonas del territorio austriaco, no afecta a los derechos ni a las obligaciones de los propietarios de bienes inmuebles, ni al ejercicio de esos derechos, ya que no crea obligación alguna a cargo de los operadores económicos ni de las personas particulares y no contiene ninguna disposición sobre el régimen de protección de los lugares de importancia comunitaria, como serían, por ejemplo, medidas de conservación o procedimientos de autorización.

Asimismo, las obligaciones derivadas de la citada Directiva 92/43, y en particular de sus artículos 4 y 6, que incumben a los Estados miembros interesados una vez que los lugares de importancia comunitaria han sido designados por la Decisión impugnada, no son directamente aplicables a los referidos operadores, ya que necesitan un acto del Estado miembro interesado que precise la forma en la que ese Estado se propone darles cumplimiento.

(véanse los apartados 58 a 60 y 65)
4

El Reglamento no 823/87 y el Reglamento no 2392/89 fueron derogados, con efectos a partir del 1 de agosto de 2000, por el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), en sus artículos 81 y 82. No obstante lo dispuesto en el Reglamento no 1493/1999, la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento no 823/87 y de la totalidad del Reglamento no 2392/89 fue prorrogada sin embargo hasta el 31 de mayo de 2002, en espera de la finalización y la adopción de las medidas de ejecución del Reglamento no 1493/1999, con arreglo al Reglamento (CE) no 1608/2000 de la Comisión, de 24 de julio de 2000, por el que se fijan medidas transitorias en espera de las disposiciones definitivas de aplicación del Reglamento no 1493/1999, en su versión modificada, en último lugar, por el Reglamento (CE) no 699/2002 de la Comisión, de 24 de abril de 2002 (DO L 109, p. 20).
No obstante, corresponde a la parte que alega que un recurso se ha presentado fuera de plazo probar la fecha en la que dicho plazo comenzó a correr, prueba que no puede sustituirse por una serie de indicios que sugieren que una carta fue recibida por el demandante en una fecha anterior a la que él indica.

Los plazos de tres meses para presentar una reclamación contra un acto lesivo y de tres meses para interponer un recurso después de una decisión explícita o implícita de desestimación de la reclamación, previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, son de orden público y no tienen carácter dispositivo para las partes y para el Juez, ya que se establecieron con el fin de garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas.

La calificación jurídica exacta de una carta corresponde a la apreciación exclusiva del Tribunal de Primera Instancia y no a la voluntad de las partes. Constituye una reclamación en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto la carta mediante la cual un funcionario, sin solicitar de manera expresa la anulación de una decisión, pretende claramente lograr que se satisfagan sus pretensiones de manera amistosa o también una carta que manifiesta claramente la voluntad del interesado de impugnar la decisión que le perjudica.

No puede ser considerada como una reclamación en el sentido de esta disposición una carta que no contiene referencia alguna al artículo 90 del Estatuto ni mención alguna de la palabra «reclamación» y en la cual el autor no impugna en modo alguno la legalidad de una decisión de nombramiento sino que se limita a formular una serie de preguntas y a solicitar que se presenten ciertos documentos.

(véanse los apartados 28, 30, 32 y 33)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión (T-14/91, Rec.p. II-235), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 8 de abril de 1992, Costacurta/Comisión (T-18/91, Rec. p. II-1655), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 30 de abril de 1998, Cordiale/Parlamento (T-205/95, RecFP pp. I-A-177 y II-551), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1998, Brems/Consejo (T-219/97, RecFP pp. I-A-381 y II-1085), apartados 45 y 46
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Actos recurribles - Actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros - Concepto - Acuerdo marco de 5 de julio de 2000 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión - Exclusión

(Arts. 197 CE, párr. 3, y 230 CE, párr. 4)

Índice

$$Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante modificando, de forma caracterizada, su situación jurídica.

De las disposiciones del Acuerdo marco de 5 de julio de 2000 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión se desprende que su objeto no es limitar el derecho de los diputados a formular preguntas de forma individual, sino únicamente permitir que el Parlamento ejerza facultades de control de las actividades de la Comisión más amplias, obteniendo de ésta informaciones confidenciales cuya comunicación no estaba regulada con anterioridad. El hecho de que el Acuerdo marco prevea que determinadas informaciones únicamente puedan ser entregadas a los órganos parlamentarios mencionados en el punto 1.4 de su anexo 3 no priva a los miembros del Parlamento de su derecho a formular preguntas a título individual a la Comisión y a obtener de ésta respuestas que supongan, en su caso, la transmisión de informaciones confidenciales, tal como sucedía antes de la adopción de dicho Acuerdo. A este respecto, la facultad de apreciación de que dispone la Comisión para decidir comunicar informaciones confidenciales en su respuesta a una pregunta formulada a título individual por un miembro del Parlamento con arreglo al artículo 197 CE, párrafo tercero, y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Parlamento, no se ve afectada, ni siquiera de manera indirecta, por el Acuerdo marco. El Acuerdo marco prevé un sistema complementario, distinto del relativo al derecho de los diputados a formular preguntas a la Comisión en virtud del artículo 197 CE, párrafo tercero, y permite, a diferencia de lo que podía ocurrir antes de la adopción del Acuerdo marco, la comunicación de informaciones confidenciales a determinados órganos del Parlamento. En efecto, cuando una petición de informaciones confidenciales emana de una de las instancias previstas en el punto 1.4 del anexo 3 del Acuerdo marco, la comunicación de esas informaciones por la Comisión está regulada en lo sucesivo por el Acuerdo marco.

De ello se sigue que el Acuerdo marco, que se limita a regular las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, no ha modificado la situación jurídica de los diputados que actúan a título individual por lo que respecta al derecho que les confiere el artículo 197 CE, párrafo tercero, y no menoscaba el derecho garantizado por dicha disposición.

( véanse los apartados 57 y 59 a 62 )
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2008 — Fondazione Opera S. Maria della Carità y otros/Comisión

(Asuntos acumulados T-234/00 R, T-235/00 R y T-283/00 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Escrito de demanda — Requisitos de forma (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 16 a 24)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 25 a 27)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO L 150, p. 50).

Fallo

1) Separar los asuntos T-234/00 R, T-235/00 R y T-283/00 R, que permanecerán acumulados entre sí, de los demás asuntos a que se refiere el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2008.

2) Desestimar las demandas de medidas provisionales.
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 31 de julio de 2000

Asunto T-43/00

Javier Martínez Lara y Milva Urban Penón

contra

Consejo de la Unión Europea

«Funcionarios — Plazo de reclamación — Inadmisibilidad manifiesta del recurso»

Texto completo en lengua francesa II-753

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación, de un lado, de las decisiones del tribunal del concurso interno Consejo/B/260 de 27 de noviembre de 1998 de no inscribir a los demandantes en la lista de aptitud y, de otro, de la decisión del Secretario General del Consejo de 28 de julio de 1999 de no recalificar el citado concurso.

Resultado:

Declaración de la inadmisibilidad manifiesta del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Acto confirmatorio — Exclusión — Solicitud de recalificación de un concurso interno

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

La calidad de acto lesivo no puede reconocerse a un acto que no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto anterior y que, por tanto, no puede sustituir a éste. Un acto de esta índole no es impugnable.

A este respecto, una solicitud de recalificación de un concurso interno para el paso a otra categoría, formulada por funcionarios aprobados pero no inscritos en la lista de aptitud debido al número limitado de puestos sacados a concurso, no puede tener otro objeto, por lo que atañe a los citados funcionarios, que permitir su inscripción en la lista de aptitud. Por lo tanto, la denegación por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos de una solicitud similar no hace sino confirmar la decisión de no inscribirles en la citada lista y, en consecuencia, constituye un acto confirmatorio.

(véase el apartado 23)

Referencia : Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1994, Cortés Jiménez y otros/Comisión (T-82/92 RecFP pp. I-A-69 y II-237), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 17 de septiembre de 1998, Pagliarani/Comisión (T-40/98, RecFP pp. I-A-515 y II-1555), apartado 28
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 10 de abril de 2000. - Karl L. Meyer contra Comisión de las Comunidades Europeas y Banco Europeo de Inversiones. - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-361/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02031



Índice



Palabras clave

Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilegalidad - No iniciación por parte de la Comisión o del Banco Europeo de Inversiones de un procedimiento por incumplimiento - Hecho que no constituye una ilegalidad - Pretensiones de indemnización - Inadmisibilidad manifiesta

[Arts. 226 CE, 237 CE, letra a), y 288 CE]

Índice

$$El hecho de que la Comisión y, por analogía, el Banco Europeo de Inversiones no inicien un procedimiento por incumplimiento no constituye una ilegalidad, por lo que no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comisión ni la del Banco. De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de las pretensiones de indemnización dirigidas, en realidad, a denunciar la abstención de la Comisión y del Banco de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro. (véase el apartado 13)
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1999. - Cho Yang Shipping Co. Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Pago de una multa - Garantía bancaria - Procedimiento sobre medidas provisionales - Urgencia - Medidas provisionales. - Asunto T-191/98 R II.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-03909



Índice



Palabras clave

1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable inminente - Concepto

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de la multa impuesta por la infracción de las normas sobre la competencia - Ponderación de todos los intereses contrapuestos

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

1 Para que se cumpla el requisito para la suspensión de la ejecución de un acto o la concesión de medidas provisionales relativo a la existencia de un riesgo para el demandante de que se produzca un perjuicio grave e irreparable, no es necesario que se demuestre con una certeza absoluta la inminencia de dicho perjuicio. Basta, especialmente cuando la realización del perjuicio depende de la concurrencia de un conjunto de factores, que ésta pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente.

2 Cuando determina las condiciones de suspensión de la ejecución de la obligación que recae sobre una empresa de constituir una garantía bancaria en favor de la Comisión como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa impuesta por la violación de las normas de competencia, el Juez de medidas provisionales debe sopesar los diferentes intereses que concurren, en particular, el de la Comunidad en poder cobrar la multa si se desestima el recurso principal, así como, de forma más general, el interés público en el mantenimiento del efecto disuasivo de las multas impuestas por la Comisión.