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Por otra parte, en virtud de las disposiciones del artículo 3, apartados 69 y 70, de la legge no 549 (su) misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Ley no 549, de medidas de racionalización de la Hacienda Pública, de 28 de diciembre de 1995, suplemento ordinario de la GURI no 302, de ; en lo sucesivo, «Ley no 549/95») en relación con las del decreto-legge no 331 (su) armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (Decreto-ley no 331, de armonización de las disposiciones tributarias en diversos ámbitos, de , GURI no 203, de ; en lo sucesivo, «Decreto-ley no 331/93»), se adoptaron las siguientes medidas a favor de las sociedades constituidas al amparo de la Ley no 142/90: — la exención de todos los derechos que gravaban las transmisiones patrimoniales derivadas de la transformación de empresas especiales y empresas municipales en sociedades constituidas al amparo de la Ley no 142/90 (en lo sucesivo, «exención de los derechos sobre las transmisiones patrimoniales»); — la exención total del impuesto de sociedades, es decir, el impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas y el impuesto local sobre la renta, durante tres años y como máximo hasta el ejercicio de 1999 (en lo sucesivo, «exención durante tres años del impuesto de sociedades»).
Asunto T‑240/02

Koninklijke Coöperatie Cosun UA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Agricultura – Organización común de mercados – Azúcar – Importe debido por el azúcar C vendido en el mercado interior – Derecho aduanero – Solicitud de condonación – Cláusula de equidad prevista en el artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 – Concepto de derechos de importación o de exportación – Principios de igualdad y de seguridad jurídica – Equidad»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2004

Sumario de la sentencia

Recursos propios de las Comunidades Europeas – Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación – Artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 – Concepto de «derecho de importación o de exportación» – Importe debido por la no exportación de azúcar C – Exclusión – Desestimación de una solicitud de condonación – Infracción del artículo 13 o violación de los principios de igualdad o de seguridad jurídica o de un supuesto principio de equidad – Inexistencia

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 1430/79, arts. 1, 13 y 14, y nº 1785/81, art. 26; Reglamento (CEE) nº 2670/81 de la Comisión, art. 3]

No constituye un derecho de importación o de exportación en el sentido de los artículos 13 y 14 del Reglamento nº 1430/79, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación, que permiten tal devolución o condonación en situaciones especiales que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado, el importe exigido a un productor de azúcar en virtud del artículo 26 del Reglamento nº 1785/81, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, y del artículo 3 del Reglamento nº 2670/81, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar, por el hecho de no haber dado salida fuera de la Comunidad a determinadas cantidades de azúcar C. En efecto, dicho importe no constituye ni un derecho de aduana, ni una exacción de efecto equivalente, ni tampoco un gravamen agrícola en el sentido del artículo 1, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento nº 1430/79. Tampoco cabe considerar que el citado importe, habida cuenta de sus objetivos o de su método de cálculo, quede convertido en un derecho de importación, dado que, a diferencia de éste, constituye una sanción que tiene principalmente carácter disuasorio, ya que su objetivo es lograr el respeto de la prohibición de vender azúcar C en el mercado comunitario.

Por tanto, no infringe las referidas disposiciones una decisión de la Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de la solicitud de condonación de dicho importe con arreglo al artículo 13 del Reglamento nº 1430/79. Esta decisión tampoco viola los principios de igualdad o de seguridad jurídica, ni el supuesto principio de equidad.

(véanse los apartados 38, 44, 45, 47, 58, 61 y 62)
Palabras clave

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Palabras clave

Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto – Signo denominativo «LIMO»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

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El signo denominativo LIMO, cuyo registro se ha solicitado para productos de las clases 9 y 10 en el sentido del Arreglo de Niza y que comprende, en particular, los láseres para aplicaciones no médicas y para uso médico, puede servir para designar una de las características esenciales de los productos a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, desde el punto de vista del público relevante, que se considera un público especializado, bien informado, atento y perspicaz. En efecto, el consumidor especializado podrá establecer una relación suficientemente directa y concreta entre los productos para los que se solicitó el registro de la marca comunitaria y el signo, y percibirá dicho signo como la abreviatura de «Laser Intensity Modulation» y referido, por lo menos, a uno de los posibles destinos de tales productos, a saber, su integración en un sistema de modulación de la intensidad del láser.

(véanse los apartados 28 y 45)
Es la convocatoria de oposición la que tiene asignada la función de informar a los interesados, de la manera más exacta posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate, para que puedan apreciar si procede que presenten su candidatura. De lo que precede se deduce que un tribunal de un concurso-oposición no está autorizado para denegar a un candidato la participación en las pruebas por no cumplir un requisito que no se indicaba en la convocatoria de oposición.

La obligación de motivar una decisión lesiva tiene como finalidad, por un lado, indicar al interesado los datos necesarios para saber si la decisión resulta fundada o no y, por otro, hacer posible el control jurisdiccional. Por lo que respecta a la decisión de un tribunal de oposición de no admitir a un candidato a la realización de las pruebas, corresponde a dicho tribunal indicar con precisión cuáles de los requisitos establecidos en la convocatoria de oposición se consideran no cumplidos por el candidato. Si bien, en el caso de un concurso con numerosa participación, el tribunal de la oposición puede limitarse, en una primera fase, a motivar la negativa de forma concisa y a comunicar a los candidatos tan sólo los criterios y el resultado de la selección, el referido tribunal está obligado, no obstante, a facilitar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente.

(véanse los apartados 73 a 75)

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1989, Belardinelli y otros/Tribunal de Justicia (225/87, Rec. p. 2353), apartado 7; Almeida Antunes/Parlamento, antes citada, apartados 33 y 35; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, González Holguera/Parlamento (T-115/89, Rec. p. II-831), apartados 42 y 43; Carrasco Benítez/Comisión, apartados 172 y 173
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Por último, en cuarto lugar, a diferencia de lo que sostiene la demandante, tampoco cabe asimilar el artículo 3 de la ZRFG y el artículo 7, letra d), de la EStG. En efecto, como reconoce la propia demandante, las amortizaciones especiales previstas por el artículo 7, letra d), de la EStG eran de aplicación en Alemania, hasta el 31 de diciembre de 1990, a cualquier empresa que realizara inversiones para protección del medio ambiente en las condiciones previstas por dicho artículo. Pues bien, como asimismo reconoce la demandante, dicha disposición no se condicionaba, a diferencia del artículo 3 de la ZRFG, a la ubicación de inversiones en una zona geográfica determinada de Alemania. Por el contrario, los requisitos para acogerse a las medidas del artículo 3 de la ZRFG no estaban vinculados en modo alguno a la finalidad medioambiental o ecológica de las inversiones subvencionadas, sino sencillamente a su ubicación en uno o más centros situados en la Zonenrandgebiet. Pues bien, el hecho de que, como afirmó la República Federal de Alemania durante el procedimiento administrativo, la demandante, de no haber disfrutado del régimen establecido por el artículo 3 de la ZRFG, hubiera podido disfrutar, en su caso, de las ventajas previstas en el artículo 7, letra d), de la EStG, no supone que las ventajas obtenidas por la demandante con base en el artículo 3 de la ZRFG no sean ayudas de Estado ni que los requisitos para la concesión de ayudas en virtud de este último artículo sean los mismos que para las del artículo 7, letra d), de la EStG.
El hecho de que un Estado miembro se proponga aproximar, mediante medidas unilaterales, las condiciones de competencia existentes en un determinado sector económico a las que predominan en otros Estados miembros no desvirtúa el carácter de ayudas de estas medidas.

Al igual que todo el Derecho de la competencia comunitario, las normas del Tratado sobre ayudas de Estado pretenden garantizar, no una competencia perfecta, sino una competencia efectiva o eficaz.

Dadas estas circunstancias, la compensación de desventajas estructurales únicamente permite descartar la calificación de ayuda en ciertas situaciones específicas. Así, una ventaja otorgada a una empresa para corregir una situación desfavorable desde el punto de vista de la competencia no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, cuando esté justificada por razones económicas y no cree discriminaciones entre las empresas establecidas en diferentes Estados miembros. En este tipo de situación, el juez comunitario aplica en realidad el criterio del operador privado en una economía de mercado. Del mismo modo, no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, una ventaja otorgada a una empresa y que reduce las cargas que normalmente gravan su presupuesto cuando dicha ventaja pretende remediar una situación en la que la empresa beneficiaria soporta cargas adicionales como consecuencia de un régimen excepcional, y tales cargas no afectan a las empresas competidoras sometidas al Derecho común en condiciones normales de mercado.

(véanse los apartados 182 y 184 a 186)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Actos recurribles - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Apreciación de acuerdo con la naturaleza del acto - Operación de concentración entre empresas autorizada por la Comisión a condición de ceder activos a terceros bajo su aprobación - Derecho de recurso de un candidato cesionario contra la denegación de aprobación por parte de la Comisión

(Art. 230 CE)

2. Competencia - Concentraciones - Examen por la Comisión - Apreciaciones de orden económico - Facultad discrecional de apreciación - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 2]

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1. Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. Para determinar si un acto o una decisión produce tales efectos, hay que atender a su naturaleza.

Así, en el caso de que la declaración de compatibilidad con el mercado común de una operación de concentración notificada esté subordinada al compromiso de las partes de la operación de ceder activos a terceros capaces de desarrollar una competencia efectiva en el mercado afectado con la aprobación de la Comisión, la negativa de ésta a aprobar a un candidato cesionario, debido a que éste no posee dicha capacidad, daría a este último un derecho de recurso, ya que, al excluir la cesión proyectada de las modalidades aceptables de ejecución del compromiso suscrito, modificaría de forma característica su situación jurídica.

( véanse los apartados 37 y 38 )

2. Las normas materiales del Reglamento nº 4064/89 y, en particular, su artículo 2, relativo a la apreciación de las operaciones de concentración, confieren a la Comisión cierta facultad de apreciación, especialmente por lo que respecta a las apreciaciones de orden económico. Por consiguiente, el control por parte del juez comunitario del ejercicio de dicha facultad, que es esencial a la hora de aplicar las normas en materia de concentraciones, debe efectuarse teniendo en cuenta el margen de apreciación inherente a las normas de carácter económico que forman parte del régimen de las concentraciones. De ello se desprende que el control ejercido por el juez comunitario sobre las apreciaciones complejas de orden económico realizadas por la Comisión en el ejercicio de la amplia facultad de apreciación que le otorga el Reglamento nº 4064/89 debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder. En particular, no corresponde al juez comunitario sustituir la apreciación de orden económico de la Comisión mediante la suya propia.

( véase el apartado 101 )
Aunque la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción respecto a los candidatos no promocionados, sí está obligada, en cambio, a motivar la decisión por la que desestima una reclamación presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto por un candidato no promovido, debiendo suponerse que la motivación de esta decisión coincide con la motivación contra la que se dirige la reclamación.

Dado que, a tenor del artículo 45 del Estatuto, las promociones son discrecionales, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a revelar al candidato no seleccionado la apreciación comparativa que ha realizado de él y del candidato promovido, ni a exponer detalladamente la forma en la que ha considerado que el candidato nombrado cumplía los requisitos del anuncio de puesto de trabajo vacante, sino que es suficiente con que la motivación se refiera a los requisitos legales de los que el Estatuto hace depender la regularidad del procedimiento. En un procedimiento de promoción la motivación no debe versar, por tanto, sobre las cualidades respectivas de los candidatos, sino solamente sobre la regularidad de la promoción.

(véanse los apartados 36 y 37)

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, Rec. p. 1099), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 11 de junio de 1996, Anacoreta Correia/Comisión (T-118/95, RecFP pp. I-A-283 y II-835), apartado 82; Tribunal de Primera Instancia, 18 de marzo de 1997, Picciolo y Caló/Comité de las Regiones (asuntos acumulados T-178/95 y T-179/95, RecFP pp. I-A-51 y II-155), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 14 de junio de 2001, McAuley/Consejo (T-230/99, RecFP pp. I-A-127 y II-583) apartado 52
El tribunal calificador dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a las modalidades y al contenido detallado de las pruebas previstas en el marco de un concurso. El Juez comunitario sólo puede censurar las modalidades de una prueba en la medida necesaria para garantizar la igualdad de trato de los candidatos y la objetividad de la elección efectuada entre ellos. Tampoco corresponde al Juez comunitario censurar el contenido detallado de una prueba, a menos que éste se aparte del marco indicado en la convocatoria de concurso o no tenga relación con las finalidades de la prueba o del concurso.

Las apreciaciones que realiza un tribunal de concurso cuando evalúa los conocimientos y las aptitudes de los candidatos así como las decisiones por las que declara que un candidato no ha superado una prueba constituyen la expresión de un juicio de valor. Se enmarcan en la amplia facultad de apreciación de la que dispone el tribunal calificador y sólo pueden estar sujetas al control del Juez comunitario en caso de flagrante incumplimiento de las normas que presiden los trabajos del tribunal calificador.

Para poder garantizar que las apreciaciones del tribunal calificador sobre todos los candidatos examinados durante las pruebas orales se realicen en condiciones de igualdad y de objetividad, es preciso que los criterios de calificación sean uniformes y se apliquen de manera coherente a dichos candidatos. Esto supone en particular que, en toda la medida de lo posible, la composición del tribunal calificador permanezca estable durante el desarrollo de las pruebas del concurso. En particular, el presidente suplente no puede actuar como presidente del tribunal calificador más que cuando el presidente haya dimitido o cuando parezca que el presidente se halla en la imposibilidad de presidir como consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad de la administración.

(véase el apartado 37)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de marzo de 1994, Smets/Comisión (T-44/91, RecFP pp. I-A-97 y II-319), apartado 58; Gogos/Comisión, antes citada, apartado 43
Las meras medidas de organización interna de los servicios y, más concretamente, las que se refieren a la organización administrativa y a la disciplina del trabajo, como las instrucciones referidas exclusivamente a las relaciones internas del servicio, al tratarse de directrices internas destinadas a garantizar la buena ejecución del trabajo, no pueden ser objeto de recurso judicial, por cuanto no afectan a la situación jurídica o material del funcionario concernido por la medida de que se trate.

El artículo 24, párrafo primero, del Estatuto exige, por una parte, que, ante acusaciones graves relativas a la honorabilidad profesional de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, la Administración adopte todas las medidas necesarias para comprobar si las acusaciones son fundadas y, por otra parte, si éste no fuera el caso, que las desmienta y adopte todas las medidas necesarias para restablecer la reputación lesionada. Esta obligación de asistencia también existe en el caso de que el autor de los hechos previstos en el artículo 24 del Estatuto sea otro funcionario de la Comunidad.

Las observaciones, incluidas en una nota dirigida a un funcionario por su jefe de unidad, que se limita a indicarle bien que no ha realizado tareas que le han sido atribuidas, bien que las ha ejecutado infringiendo el procedimiento aplicable, y dirigidas con el fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio de que se trate, no pueden ser calificadas de acusaciones graves que puedan dañar la honorabilidad profesional del interesado, y menos aún de difamaciones o de atentados contra su persona. Por consiguiente, dado que los derechos del interesado no han sido vulnerados en modo alguno por tales observaciones, la denegación por la Administración de una solicitud de asistencia con arreglo al artículo 24, párrafo primero, del Estatuto no puede considerarse un acto lesivo.

(véanse los apartados 25 a 28)

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de octubre de 1976, N./Comisión (128/75, Rec. p. 1567), apartado 10; Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1979, V./Comisión (18/78, Rec. p. 2093), apartado 15; Tribunal de Primera Instancia, 21 de abril de 1993, Tallarico/Parlamento (T-5/92, Rec. p. II-477), apartado 30; Tribunal de Primera Instancia, 11 de octubre de 1995, Baltsavias/Comisión(asuntos acumulados T-39/93 y T-553/93, RecFP pp. I-A-233 y II-695), apartado 58; Lopes/Tribunal de Justicia, antes citada, apartados 40 a 42
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Postura de la Comisión por lo que respecta al proceso de comprobación que conduce a la determinación por las autoridades nacionales de la cantidad de plátanos que debe asignarse a los agentes económicos - Inexistencia de efectos jurídicos vinculantes - Exclusión - Consideración por la autoridad nacional destinataria - Irrelevancia

(Art. 230 CE; Reglamento nº 1442/93 de la Comisión, art. 6, párr. 2)

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$$Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. Para determinar si un acto o una decisión produce tales efectos, hay que atender a su naturaleza.

De las disposiciones del título I del Reglamento nº 1442/93, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en la Comunidad, y de la propia naturaleza del proceso de comprobación se deduce que sólo puede existir una medida con efectos jurídicos obligatorios que pueda afectar a los intereses del operador de que se trate una vez que haya concluido dicho proceso y que se haya adoptado una referencia cuantitativa definitiva. El establecimiento de cifras en etapas anteriores del proceso de comprobación sólo constituye una medida intermedia en el marco de los trabajos preparatorios que conducen a la determinación, por las autoridades nacionales, de la cantidad contemplada en el artículo 6, párrafo segundo, del Reglamento nº 1442/93. Por tanto, no puede considerarse como un acto recurrible una reducción efectuada por la Comisión en una «ficha de trabajo».

A este respecto, una opinión expresada por la Comisión frente a un Estado miembro en una situación en la que no es competente para adoptar una decisión no es más que una opinión carente de efectos jurídicos. Además, no puede ponerse en duda el carácter no vinculante de una definición de postura de la Comisión por el hecho de que la autoridad nacional destinataria del acto se ajuste a él, pues ello no es más que la consecuencia de la cooperación entre la Comisión y los organismos nacionales encargados de aplicar la normativa comunitaria.

( véanse los apartados 60, 64 y 65 )