Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto

(Arts. 81 CE y 82 CE)

2. Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Organismos gestores del sistema nacional de sanidad - Exclusión - Requisitos

(Arts. 81 CE y 82 CE)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Examen de los únicos elementos de hecho y de Derecho que se hayan puesto en conocimiento de la Comisión

(Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

4. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Art. 253 CE)

Índice

1. El concepto de empresa comprende, en el contexto del Derecho comunitario de la competencia, cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. A este respecto, lo que caracteriza el concepto de actividad económica es la acción de ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado y no la actividad de compra en cuanto tal. Así, no procede disociar la actividad de compra del producto del uso posterior que el comprador da al producto adquirido para apreciar la naturaleza de aquélla. En consecuencia, debe considerarse que el carácter económico o no del uso posterior del producto adquirido determina necesariamente el carácter de la actividad de compra.

Por tanto, una entidad que compra un producto, aun cuando lo haga en grandes cantidades, no para ofrecer bienes o servicios en el marco de una actividad económica, sino para utilizarlo en el marco de otra actividad, como, por ejemplo, una actividad de carácter meramente social, no actúa como empresa por el simple hecho de que se comporte como un comprador en un mercado. Si bien es cierto que dicha entidad puede ejercer un poder económico muy importante, que, en su caso, podría dar lugar a una situación de monopsonio, también lo es que, en la medida en que la actividad para cuyo ejercicio adquiere los productos no tiene carácter económico, no actúa como empresa en el sentido de la normativa comunitaria en materia de competencia, de tal modo que no se le aplican las prohibiciones previstas en los artículos 81 CE, apartado 1, y 82 CE.

( véanse los apartados 35 a 37 )

2. No ejercen una actividad económica y, por lo tanto, no constituyen empresas en el sentido de los artículos 81 CE y 82 CE, las entidades gestoras del seguro de enfermedad, dado que tales organismos desempeñan una función de carácter exclusivamente social, basada en el principio de solidaridad nacional y carente de toda finalidad lucrativa, puesto que las prestaciones abonadas están previstas por la ley y son independientes de la cuantía de las cotizaciones.

Así sucede con los organismos gestores de un sistema nacional de salud que se rige por el principio de solidaridad tanto a la hora de obtener financiación, mediante cotizaciones sociales y otras contribuciones estatales, como a la hora de prestar gratuitamente servicios a sus afiliados sobre la base de una cobertura universal.

Tampoco actúan como empresas dichos organismos cuando compran el material sanitario que venden otras empresas para prestar servicios sanitarios gratuitos a los afiliados del mencionado sistema nacional de salud.

( véanse los apartados 38 a 40 )

3. Cuando la Comisión recibe una denuncia presentada con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, está obligada a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho que la parte denunciante haya puesto en su conocimiento, con el fin de apreciar si dichos elementos revelan la vulneración de los artículos 81 CE y 82 CE.

Por el contrario, la Comisión no está obligada a tener en cuenta elementos de hecho que el denunciante no haya puesto en su conocimiento, para desestimar una denuncia, por considerar que las prácticas denunciadas no vulneran las normas comunitarias en materia de competencia o, en su caso, no están comprendidas en su ámbito de aplicación.

( véanse los apartados 42 y 43 )

4. La Comisión, en la motivación de las decisiones que haya de tomar para garantizar la aplicación de las normas sobre la competencia, no está obligada a definir una posición sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su petición. Le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión.

( véase el apartado 58 )