El artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración no es un contrato de prestación de servicios en el sentido de dicha disposición.

El concepto de servicios implica, como mínimo, que la parte que los presta lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración. Ahora bien, un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración, no implica tal actividad, pues al conceder la explotación, el titular del derecho no lleva a cabo ninguna prestación sino que solamente se obliga a permitir a la otra parte contratante que lo explote libremente.

Esta interpretación no puede quedar desvirtuada por argumentos basados en la interpretación del concepto de «servicios» en el sentido del artículo 50 CE o por la definición de este último concepto establecida en las directivas en materia del impuesto sobre el valor añadido ni por la pretendida necesidad de delimitar en sentido amplio el ámbito de aplicación del referido artículo 5, punto 1, letra b), con respecto a ese mismo artículo 5, punto 1, letra a). En primer lugar, ningún elemento basado en la economía o el sistema del Reglamento no 44/2001 exige interpretar el concepto de «prestación de servicios» que figura en el artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del referido Reglamento, a la luz de las soluciones adoptadas por el Tribunal de Justicia en materia de libre prestación de servicios en el sentido del artículo 50 CE. En segundo lugar, contrariamente a la definición de ese último concepto hecha por las Directivas en materia de impuesto sobre el valor añadido, que es negativa y que, por su propia naturaleza, necesariamente amplia, en el marco del artículo 5, punto 1, del Reglamento no 44/2001, cuando no se trata de un contrato de compraventa de mercaderías, la competencia judicial no viene determinada únicamente sobre la base de las disposiciones aplicables a los contratos de prestación de servicios. En efecto, el artículo 5, punto 1, letra a), de dicho Reglamento es aplicable a los contratos que no sean contratos de compraventa de mercaderías ni contratos de prestación de servicios, según el artículo 5, punto 1, letra c), del citado Reglamento. En tercer lugar, se desprende del sistema del artículo 5, punto 1, del Reglamento no 44/2001 que el legislador comunitario ha adoptado reglas de competencia distintas para los contratos de compraventa de mercaderías y los contratos de prestación de servicios, por una parte, y para todos los demás tipos de contrato que no sean objeto de disposiciones específicas en el referido Reglamento, por otra parte. Ahora bien, ampliar el ámbito de aplicación del artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento no 44/2001 equivaldría a eludir la voluntad del legislador comunitario a este respecto y menoscabaría la eficacia del referido artículo 5, punto 1, letras c) y a).

(véanse los apartados 29 a 34 y 39 a 44 y el punto 1 del fallo)