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En esas circunstancias, el Tribunale Ordinario di Venezia (Tribunal Ordinario de Venecia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) La “prueba” que el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 exige a quien se ha beneficiado de un acto perjudicial para los intereses de los acreedores para poder oponerse a la impugnación de ese acto con arreglo a las disposiciones de la lex fori concursus, ¿incluye también la obligación de proponer una excepción procesal en sentido estricto dentro de los plazos establecidos por la ley procesal del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento, amparándose en la cláusula de exención que prevé el Reglamento y acreditando que concurren los dos requisitos exigidos por dicha disposición? ¿O debe aplicarse el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 en caso de que la parte interesada haya solicitado su aplicación en el curso del procedimiento, incluso después de expirados los plazos previstos por la ley procesal del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento para proponer excepciones procesales, o puede aplicarse también de oficio, siempre que la parte interesada haya demostrado que el acto perjudicial está sujeto a la lex causae de otro Estado miembro cuya ley no permite en ningún caso que se impugne dicho acto en ese caso concreto? 2) ¿Debe interpretarse la remisión a las normas de la lex causae prevista en el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 para determinar “si en ese caso concreto, dicha ley no permite en ningún caso que se impugne dicho acto” en el sentido de que la parte en la que recae la carga de la prueba debe demostrar que en ese caso concreto la lex causae no prevé con carácter general y abstracto ningún medio para impugnar un acto como el que se ha considerado perjudicial en el presente procedimiento, a saber, el pago de una deuda contractual, o bien en el sentido de que la parte en la que recae la carga de la prueba debe acreditar que aunque la lex causae permita impugnar un acto de ese tipo no concurren los requisitos, distintos de los previstos en la lex fori concursus, exigidos para que pueda admitirse la impugnación en el asunto objeto del litigio? 3) Habida cuenta de la finalidad del régimen excepcional recogido en el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000, consistente en proteger la confianza de buena fe de las partes en la estabilidad del acto conforme a la lex causae, ¿puede aplicarse ese régimen incluso cuando las partes del contrato tengan su domicilio social en el mismo Estado miembro cuya legislación esté previsiblemente destinada a convertirse en la lex fori concursus en caso de insolvencia de una de ellas, y cuando las partes, al elegir mediante una cláusula contractual la legislación de otro Estado miembro, excluyan la posibilidad de revocar los actos de ejecución de ese contrato del ámbito de aplicación de las normas imperativas de la lex fori concursus establecidas para garantizar el principio de la igualdad de los acreedores, en perjuicio del conjunto de los acreedores en caso de insolvencia sobrevenida? 4) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 593/2008 en el sentido de que las “situaciones que impliquen un conflicto de leyes” a efectos de la aplicación de dicho Reglamento incluyen también un contrato de fletamento marítimo celebrado en un Estado miembro entre sociedades con domicilio social en ese mismo Estado miembro que incluya una cláusula de elección de la ley aplicable de otro Estado miembro? 5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 593/2008, en relación con el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000, en el sentido de que la voluntad de las partes de someter un contrato a la legislación de un Estado miembro distinto de aquel en el que están situados “todos los demás elementos pertinentes de la situación” no impide que se apliquen las normas imperativas de la legislación de dicho Estado miembro que resultaría aplicable en cuanto lex fori concursus a la impugnación de los actos realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en perjuicio del conjunto de los acreedores, prevaleciendo así sobre la cláusula de exención contenida en el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000?»