El simple hecho de que una investigación meramente administrativa no haya demostrado el fundamento de determinados reproches dirigidos a un funcionario no impide a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos iniciar, en todo momento y a iniciativa propia, una nueva investigación seguida de un procedimiento disciplinario sobre la base del Anexo IX del Estatuto. En efecto, ninguna disposición del Estatuto prevé, a este respecto, un plazo de prescripción que se oponga a la apertura de un procedimiento disciplinario, o una autoridad de la cosa juzgada que impida tal procedimiento.

El procedimiento administrativo previo tiene por objeto permitir una solución amistosa de las diferencias que surjan entre los funcionarios y la Administración y para que tal procedimiento pueda alcanzar su objetivo, es necesario que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos esté en condiciones de conocer, de forma suficientemente precisa, las críticas que los interesados formulan contra la decisión impugnada. En consecuencia, todo motivo de impugnación que no haya sido invocado en la reclamación administrativa previa, cuando el interesado pudo formularlo, debe declararse no admisible. Aunque la cuestión de la admisibilidad no fue planteada por la parte demandada, el Tribunal de Primera Instancia puede examinarla de oficio en virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, dado que se trata de una cuestión de orden público.

Así, aunque el demandante declaró en la vista que el propio Tribunal de Primera Instancia debería haber tenido acceso a todo el expediente administrativo, no correspondía al Tribunal de Primera Instancia, si el demandante no lo había solicitado en tiempo útil, repetir de oficio y sobre la base del expediente administrativo, el procedimiento disciplinario controvertido.

Cuando se pruebe la realidad de los hechos imputados al funcionario, la elección de la sanción disciplinaria adecuada corresponde únicamente a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, y el Juez comunitario no puede cuestionar esta elección a no ser que la sanción impuesta sea manifiestamente desproporcionada con relación a los hechos comprobados. La determinación de la sanción se basa en una valoración global de dicha Autoridad de todos los hechos concretos y circunstancias específicas de cada caso individual, puesto que los artículos 86 a 89 del Estatuto no prevén una relación fija entre las diferentes clases de incumplimientos de los funcionarios y no precisa en qué medida debe apreciarse la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes en la elección de la sanción. El examen por el Juez comunitario se encuentra, por ello, limitado a apreciar si la

Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos ponderó las circunstancias agravantes y atenuantes de forma proporcionada, siendo necesario precisar que, en este examen, el Juez comunitario no puede sustituir a dicha Autoridad en cuanto a sus valoraciones a este respecto.

(véase el apartado 113)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de febrero de 1998, E/CES (T-183/96, RecFP p. II-159), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 19 de marzo de 1998, Tzoanos/Comisión (T-74/96, RecFP p. II-343), apartado 352, y la jurisprudencia citada