ES Diario Oficial de la Unión Europea C 421/25

Recurso de casación interpuesto el 25 de septiembre de 2014 por Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. contra la sentencia dictada por el Tribunal General (Sala Quinta) el 16 de julio de 2014 en el asunto T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Comisión Europea

(Asunto C-447/14 P)

2014/C 421/35

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. (representante: A. Kerkmann, Rechtsanwältin)

Otras partes del procedimiento: Comisión Europea, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH y Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

Pretensiones de la parte recurrente

1) Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Comisión (1) y, en el caso de que el Tribunal de Justicia estime que dispone de todos los elementos necesarios para resolver definitivamente el litigio, que anule Decisión adoptada por la Comisión el 25 de abril de 2012 y relativa a la ayuda estatal SA.25051 (C 19/10, ex NN 23/10), concedida por Alemania a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, C(2012) 2557 final, y condene a la Comisión al pago de todas las costas del presente procedimiento así como de las causadas ante el Tribunal General.

2) Subsidiariamente, que se anule la sentencia recurrida y se devuelva el asunto al Tribunal General y que se reserve la decisión sobre las costas.

Motivos y principales alegaciones

En lo esencial, la recurrente formula los motivos siguientes en apoyo de su recurso de casación:

El Tribunal General erró al calificar de ayuda de Estado la financiación de una reserva para la eventualidad de epizootia mediante los pagos anuales de los miembros de la recurrente, por entender que debía considerarse que la recurrente actuaba en su ámbito de referencia como «empresa», a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, en relación con la actividad de mantenimiento de dicha capacidad de reserva. Cierto es que, inicialmente, el Tribunal General afirma acertadamente que las actividades que suponen el ejercicio de potestades públicas no tienen carácter económico, por lo que no procede aplicarles la normativa de defensa de la competencia del TFUE, y que es preciso analizar por separado, para cada actividad de la recurrente, si se puede tratar de una actuación de naturaleza pública. Sin embargo, el Tribunal General se equivoca al deducir que el mantenimiento de una capacidad de reserva para la eventualidad de epizootia no supone el ejercicio de potestades públicas sino que es una actividad económica que justifica que se califique a la recurrente en su conjunto de «empresa».

Además, al declarar que el mantenimiento de una reserva para la eventualidad de epizootia no le ha supuesto a la recurrente ningún coste neto, el Tribunal General incumplió la obligación de motivar las sentencias. Por otra parte, el Tribunal General no procedió a valorar las pruebas aportadas por la recurrente y que acreditaban que los pagos anuales no podían dar lugar a la subvención cruzada de actividades económicas.

En contra de lo afirmado por el Tribunal General, el mantenimiento de una capacidad de reserva para la eventualidad de epizootia (inclusive su organización y financiación por parte de la recurrente) constituye la prestación de un servicio de interés económico general (SIEG). Por ello, la sentencia recurrida incumple los artículos 106 TFUE, apartado 2, y 107 TFUE, apartado 1.

Adicionalmente, el Tribunal General infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, al declarar que la recurrente había recibido una ventaja porque no concurrían los requisitos de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Altmark (2) y que los pagos anuales aplicados a medidas de rehabilitación de emplazamientos contaminados constituyen una ayuda.

Además de por lo anterior, el Tribunal General infringió el artículo 106 TFUE, apartado 2, al declarar que, sin poner en cuestión el marco sobre SIEG aprobado por la Comisión, la recurrente no podía alegar la infracción del propio artículo 106 TFUE, apartado 2.

(1) ECLI:EU:T:2014:676.

(2) Sentencia Altmark, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.