SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 19 de junio de 1996

Asunto T-573/93

Manuel Francisco Caballero Montoya

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Personas asimiladas a hijos a cargo — Apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto — Disposiciones generales de ejecución — Ilegalidad — Aplicación errónea — Efecto retroactivo»

Texto completo en lengua española II-909

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, con carácter principal, que se declaren contrarias a Derecho las Disposiciones generales de ejecución en materia de personas asimiladas a hijos a su cargo, adoptadas por la Comisión el 28 de septiembre de 1989, y, en particular, su artículo 6 y las normas concordantes, y, con carácter subsidiario, que se anule la decisión de la Comisión de 2 de septiembre de 1993, por la que se desestimó la reclamación presentada por el demandante contra la decisión por la que se denegó parcialmente su solicitud de asimilación a hijos a cargo para sus dos hijos, de 3 de diciembre de 1992.

Resultado:

Anulación de las decisiones de 12 de febrero de 1993 y de 2 de septiembre de 1993, en la medida en que, si bien reconocen al demandante el derecho a la asignación para personas asimiladas a hijos a cargo para el primero de sus dos hijos, le deniegan esta asignación para el segundo de ellos.

Resumen de la sentencia

El 28 de septiembre de 1989, la Comisión adoptó las Disposiciones generales de ejecución en materia de personas asimiladas a hijos a su cargo (DGE).

El demandante, funcionario de la Comisión, de nacionalidad española, padre de tres hijos que residen en Madrid, percibió asignaciones por hijo a cargo hasta el 1 de enero de 1991, respecto de su primer hijo, M.J., y hasta el 1 de enero de 1992, respecto de su segundo hijo, J.J., fechas respectivas en las que ambos cumplieron la edad de 26 años. En tales fechas dejaron de abonarse las asignaciones mencionadas.

El 3 de diciembre de 1992, el demandante envió a la Unidad 3 (Gestión de Derechos Individuales) de la Dirección B (Derechos y Obligaciones) de la Dirección General IX (Personal y Administración) de la Comisión un escrito en el que solicitaba el reconocimiento del derecho a la asignación para personas asimiladas a hijos a cargo, para sus dos hijos, antes mencionados, que estudiaban en Madrid, y ello con efecto retroactivo a 1 de enero de 1991 respecto de M.J. y a 1 de enero de 1992 respecto de J.J. Esta solicitud invocaba la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 1990, Brems/Consejo (T-75/89, Rec. p. II-899), apartado 30.

El 12 de febrero de 1993, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) concedió al demandante la asignación por persona asimilada a hijo a cargo únicamente para el más joven de sus hijos, J.J., por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1992 y el 30 de noviembre de 1993, sin efecto retroactivo.

El 18 de marzo de 1993, el demandante formuló una reclamación contra la decisión de 12 de febrero de 1993. Mediante escrito de 1 de junio de 1993, la AFPN transmitió al demandante el cálculo detallado de sus derechos a las asignaciones solicitadas. Mediante escrito de 9 de junio de 1993, el demandante comunicó a la AFPN que discrepaba de los cálculos que figuraban en el mencionado escrito y le comunicó sus propios cálculos. Mediante decisión de 2 de septiembre de 1993, notificada al demandante mediante escrito de 6 de septiembre, la AFPN desestimó explícitamente esta reclamación.

Sobre la admisibilidad

La solicitud del demandante de 3 de diciembre de 1992 no pretendía la continuidad del pago de la asignación por hijos a cargo para sus dos hijos, sino el reconocimiento de un derecho diferente, el derecho a la asignación para personas asimiladas a hijos a cargo. Por consiguiente, la solicitud del demandante no podía constituir una reclamación contra las decisiones que pusieron fin al pago de la asignación por hijo a cargo que percibía hasta aquel momento, que habría estado sometida al plazo de tres meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto). Constituye, por el contrario, una petición a efectos del apartado 1 del mismo artículo, que no está sujeta a un plazo determinado (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 1 de julio de 1993. Giordani/Comisión(T-48/90, Rec. p. II-721), apartado 29

Por otra parte, después de que la Comisión adoptara la decisión de 12 de febrero de 1993 por la que reconoció al demandante el derecho a la asignación controvertida para uno solo de sus dos hijos, sin el efecto retroactivo solicitado, éste presentó una reclamación el 18 de marzo de 1993, esto es, dentro del plazo de tres meses previsto por la disposición del Estatuto antes citada. Por último, la decisión impugnada tuvo lugar después de que transcurriera el plazo de cuatro meses previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, es decir, una vez producida la denegación presunta de la reclamación del demandante, pero dentro del plazo previsto para la interposición de un recurso contencioso ante el Tribunal de Primera Instancia, dando lugar con ello a la apertura de un nuevo plazo de recurso, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto. De lo que antecede resulta que el recurso se interpuso dentro de los plazos previstos por el Estatuto (apartado 44).

Respecto a la supuesta inadmisibilidad de las pretensiones del demandante de que se declare, en abstracto, la ilegalidad de las DGE en su totalidad, el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 91 del Estatuto, no es competente para pronunciarse en abstracto sobre la legalidad de una norma de carácter general, ante la inexistencia de una medida especial de aplicación. No obstante, el demandante precisa que sus pretensiones relativas a las DGE y, en particular, a su artículo 6 y normas concordantes, perseguían la declaración de ilegalidad de las mismas para obtener la anulación de las decisiones impugnadas que le afectan, adoptadas con arreglo a las DGE antes mencionadas. Por consiguiente, hay que considerar que el demandante invoca una excepción de ilegalidad de las DGE, en cuanto constituyen la base legal de la adopción de las Decisiones individuales contra las que se interpone el presente recurso de anulación (apartados 45 y 46).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de julio de 1991, Pincherle/Comisión(T-110/89, Rec. p. II-635), apartados 30 y 33; Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Barassi/Comisión(T-41/90, Rec. p. II-159), apartado 38; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Reinarz/Comisión (asuntos acumulados T-6/92 y T-52/92, Rec. p. II-1047), apartado 52

La ausencia de referencia expresa a los artículos de las DGE antes citados en la reclamación del demandante no es determinante, en el presente caso, en lo tocante a la admisibilidad de las pretensiones y de los motivos del recurso. En efecto, si bien no hace referencia expresa a las disposiciones de las DGE antes mencionadas, la reclamación del demandante de 18 de marzo de 1993 remite implícitamente a éstas por cuanto que impugna la legalidad de la decisión de la AFPN de 12 de febrero de 1993, que fue adoptada de conformidad con las disposiciones de las DGE, de las que forman parte el artículo 6 y las disposiciones concordantes. En consecuencia, el objeto de la reclamación y el objeto del recurso están necesariamente circunscritos por las mismas normas jurídicas, de manera que el demandante puede desarrollar ante el Tribunal de Primera Instancia sus motivos de impugnación mediante fundamentos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que se relacionen con ella estrechamente (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1990, Alexandrakis/Comisión (T-57/89, Rec. p. II-143)

Sobre el fondo

Sobre la legalidad de la negativa a conceder al demandante el derecho a la asimilación a hijos a cargo para dos personas

La desestimación de la solicitud del demandante sólo ha sido motivada por los cálculos efectuados a partir del supuesto de que los hijos del demandante vivían bajo el mismo techo que éste, a efectos de las disposiciones del artículo 6 de las DGE, tal como fueron interpretadas por la Comisión. Las partes no discuten que los dos hijos del demandante a los que se refiere su solicitud de asimilación a hijos a cargo vivían en Madrid y no en Bruselas, lugar de destino del demandante. La interpretación del artículo 6 de las DGE adoptada por la Comisión en la decisión impugnada es contraria a la propia letra de esta disposición, en la que figuran los términos «bajo el mismo techo» del funcionario refiriéndose a los locales ocupados físicamente por el interesado, y que no hay nada en las disposiciones en cuestión que permita concluir que los autores de las DGE se refieren a una vivienda de la que este último sea propietario. Tal interpretación del artículo 6 de las DGE introduce, sin base legal alguna, un trato discriminatorio injustificado respecto a los funcionarios de que se trata, basado en el único criterio de la propiedad de los locales ocupados por las personas cuya asimilación se solicita (apartados 59 y 61).

Sobre la legalidad de la negativa a conceder retroactivamente el derecho a la asimilación a hijos a cargo para uno de los hijos del demandante

En primer lugar, si bien el demandante afirma que el principio de equidad debería llevar a la Comisión a reconocerle con efecto retroactivo el derecho a la asignación para personas asimiladas a hijos a cargo para sus dos hijos, hay que considerar que este motivo se dirige únicamente contra la parte de la decisión impugnada que le confiere el derecho a la asimilación solicitada para uno solo de sus hijos. En efecto, ante una denegación total de la asignación para su otro hijo, el demandante no puede plantear ante el Tribunal de Primera Instancia la cuestión de la retroactividad al impugnar esta denegación total, en la medida en que, en estas circunstancias, tal cuestión no puede considerarse objeto del presente recurso. En segundo lugar, con arreglo al apartado 2 del artículo 12 de las DGE, «en caso de decisión favorable, ésta entrará en vigor a partir del primer día del mes en el que el funcionario haya presentado su solicitud» (apartados 71 a 72).

En cuanto al fondo de la alegación del demandante, según la cual habría podido presentar antes su solicitud si la Comisión no hubiera tardado en informar a su personal sobre el alcance de la sentencia Brems/Consejo, la obligación impuesta por el párrafo segundo del artículo 110 del Estatuto afecta únicamente a las Disposiciones generales de ejecución del propio Estatuto y a todas las normativas adoptadas de común acuerdo entre las Instituciones, pero no extiende esta obligación de la AFPN a las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales comunitarios. Por último, aun suponiendo que la Comisión hubiera incumplido la obligación del artículo 110 del Estatuto, este incumplimiento no implicaría la ilegalidad de las disposiciones del artículo 12 de las DGE que, por las razones de seguridad jurídica antes señaladas, no podían dejar de aplicarse textualmente en el caso del demandante (apartados 73 y 75).

Referencia: Brems/Consejo, antes citada

Fallo:

e anula la decisión de la Comisión de 2 de septiembre de 1993, notificada al demandante mediante escrito de 6 de septiembre de 1993, por la que se desestimó su reclamación contra la decisión de 12 de febrero de 1993, así como esta última decisión, en la medida en que, si bien reconoce al demandante el derecho a la asignación para personas asimiladas a hijos a cargo para el primero de sus dos hijos, le deniegan esta asignación para el segundo de ellos.

Se desestima el recurso en todo lo demás.

Funcionarios — Personas asimiladas a hijos a cargo — Apartado 4 del artículo 2, del Anexo VII del Estatuto — Disposiciones generales de ejecución — Ilegalidad — Aplicación errónea — Efecto retroactivo (SENTENCIA DE 19.6.1996 — ASUNTO T-573/93 - CABALLERO MONTOYA / COMISIÓN) II-909