Asunto T‑393/10

(Publicación por extractos)

Westfälische Drahtindustrie GmbH y otros

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del acero para pretensado — Fijación de precios, reparto del mercado e intercambio de información comercial sensible — Infracción compleja — Infracción única y continuada — Distanciamiento — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Igualdad de trato — Principio de individualización de las penas y sanciones — Apreciación de la capacidad contributiva — Comunicación de la Comisión sobre la cooperación de 2002 — Directrices para el cálculo de las multas de 2006 — Competencia jurisdiccional plena»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 15 de julio de 2015

[Arts. 101 TFUE y 261 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, arts. 23, ap. 2, y 31; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, punto 35]

[Arts. 101 TFUE y 261 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 31; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, punto 35]

[Art. 101 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, punto 35]

[Art. 101 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión]

[Art. 101 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a); Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 1]

[Art. 101 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 25, ap. 1]

Por lo que se refiere a la admisibilidad de los recursos de anulación, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de un tercero modificando de forma manifiesta su situación jurídica constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación en el sentido del artículo 263 TFUE. En este contexto, hay que atenerse al contenido esencial de la medida cuya anulación se solicita para determinar si puede ser objeto de un recurso de anulación, dado que la forma en que se adopte es, en principio, irrelevante a este respecto. En efecto, únicamente el acto por el que un organismo de la Unión determina su postura de manera inequívoca y definitiva, de un modo que permite identificar su naturaleza, constituye una decisión que puede ser objeto de un recurso de anulación, con la condición, no obstante, de que dicha decisión no constituya la confirmación de un acto anterior. En cambio, en caso de que el acto impugnado sea meramente confirmatorio, el recurso únicamente será admisible si el acto confirmado ha sido impugnado dentro de plazo. De este modo, cuando un demandante deja que expire el plazo para actuar contra una decisión que ha adoptado de manera inequívoca una medida que produce efectos jurídicos que afectan a sus intereses y que es vinculante para él, no puede obtener que empiece a contar de nuevo dicho plazo solicitando a la institución que modifique su decisión e interponiendo un recurso contra la decisión denegatoria que confirma la decisión adoptada anteriormente. En este sentido, en el contexto de una decisión que impone una multa por infringir las normas en materia de competencia, el escrito en el que un director general de la Comisión, por una parte, aprecia la capacidad contributiva de la empresa imputada tomando en consideración elementos de hecho y de Derecho diferentes de los examinados en la decisión inicial y, por otra parte, aprecia la existencia de un motivo para denegar la reducción de la multa diferente del motivo que fundamentó la decisión inicial, no puede considerarse meramente confirmatorio de la decisión inicial. (véanse los apartados 98 a 102 y 107)

En materia de recursos de anulación contra una decisión de la Comisión que impone una multa por infringir las normas en materia de competencia, el ejercicio, por parte del juez de la Unión, de su competencia jurisdiccional plena no excluye, sino que supone que ejerza, en la medida en que las empresas imputadas así lo solicitan y exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, siempre respetando el principio de contradicción, el control de las apreciaciones de Derecho y de hecho realizadas por la Comisión. Pues bien, siendo cierto que el juez con competencia jurisdiccional plena debe en principio tomar en consideración la situación de Derecho y de hecho existente en la fecha en que dicta su resolución cuando estima justificado ejercer su facultad de modificación, no es menos cierto que esta obligación no tiene como consecuencia privar a las empresas sancionadas por la Comisión por haber infringido el artículo 101 TFUE de todo interés en que el control judicial comprenda también la fundamentación de las apreciaciones de hecho y de Derecho realizadas por la Comisión a la luz de la situación de Derecho y de hecho existente en el momento de tales apreciaciones. En consecuencia, la mera eventualidad de que, tratándose de la apreciación de la capacidad contributiva de las empresas sancionadas, el juez de la Unión decida ejercer su competencia jurisdiccional plena no implica que quede sin objeto el control de las apreciaciones contenidas en un escrito en el que un director general de la Comisión apreció la capacidad contributiva de esas empresas tomando en consideración elementos de hecho y de Derecho diferentes de los examinados en la decisión inicial. (véase el apartado 109)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 141 a 147, 152 a 155, 158, 161, 163 y 189 a 191)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 166 a 171, 188 y 194)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 172)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 272)

En el marco de los procedimientos administrativos en materia de competencia, cuando se organiza una audiencia antes de la adopción de una decisión por la que se imponen multas, la Comisión no está obligada a celebrar una nueva audiencia por lo que se refiere a la solicitud de reducción de la multa presentada por una empresa imputada, basada en la apreciación de su capacidad contributiva. En efecto, la organización de tal audiencia no está prevista en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento no 1/2003, ya que esa disposición sólo reconoce el derecho de las empresas a manifestar su opinión con respecto a los cargos sobre los cuales la Comisión pretende fundar sus decisiones. La apreciación de la capacidad contributiva de las empresas no constituye un cargo que pueda fundamentar una decisión por la que se sanciona una infracción del artículo 101 TFUE, sino que permite a la Comisión tomar en consideración un cierto número de elementos invocados en apoyo de una solicitud de reducción de la multa relacionados con motivos que son independientes de los elementos constitutivos de la infracción. Por su parte, el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tampoco sanciona el derecho de las empresas a ser oídas antes de la adopción de una decisión acerca de su solicitud de reducción basada en la apreciación de su capacidad contributiva a la luz de la información aportada por éstas. Tal decisión constituye, ciertamente, una medida individual desfavorable en el sentido de esa disposición. No obstante, debe considerarse que el derecho a ser oído que en la misma se garantiza ha sido respetado en situaciones en las que la decisión adoptada únicamente se basa en elementos comunicados por el solicitante y en un contexto jurídico y fáctico que él conoce. A este respecto, es cierto que, en virtud del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Comisión está obligada a permitir a una empresa que formule una solicitud de reducción en atención a su capacidad contributiva manifestar su opinión sobre los elementos de hecho o de Derecho en los que esa institución pretendiera basarse para desestimar esa solicitud, en caso de que esos elementos no le hubieran sido comunicados por esa empresa. Por el contrario, el mero hecho de que la Comisión estime que los elementos que le han sido presentados no son convincentes no le obliga a comunicar esta apreciación antes de pronunciarse sobre la solicitud. (véanse los apartados 279 a 283)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 287)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 288 a 296)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 297 a 302)