Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Reglamento (CE) nº 1348/2000 — Falta de previsión en el Reglamento de las consecuencias de determinados hechos — Aplicación del Derecho nacional — Requisitos — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad — Alcance

[Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo]

2. Libre circulación de personas — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — — Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Reglamento (CE) nº 1348/2000 — Notificación de un documento redactado en una lengua distinta de la lengua oficial del Estado miembro requerido o en una lengua del Estado miembro de origen que el destinatario entienda — Posibilidad de subsanar esta situación mediante el envío de una traducción — Modalidades — Aplicación del Derecho nacional — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, art. 8]

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1. A falta de disposiciones comunitarias, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que los justiciables obtienen del efecto directo del Derecho comunitario. No obstante, dicha regulación de los recursos no puede ser menos favorable que la referente a los derechos que tienen su origen en el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) y no puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). Además, el principio de efectividad debe llevar a los tribunales nacionales a aplicar la regulación procesal prevista por su ordenamiento jurídico interno únicamente en la medida en que no se oponga a la razón de ser y la finalidad del Reglamento. De lo anterior se deduce que, cuando el Reglamento nº 1348/2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, no prevé las consecuencias de determinados hechos, corresponde a los tribunales nacionales, en principio, aplicar su Derecho nacional al mismo tiempo que velan por garantizar la plena eficacia del Derecho comunitario, lo que puede llevarles a no aplicar, en su caso, una norma nacional que lo obstaculice o a interpretar una norma nacional que haya sido elaborada teniendo en cuenta únicamente una situación puramente interna con el fin de aplicarla a la situación transfronteriza de que se trate.

(véanse los apartados 49 y 51)

2. El artículo 8 del Reglamento nº 1348/2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el destinatario de un documento lo rechace por no estar redactado en una lengua oficial del Estado miembro requerido o en una lengua del Estado miembro de origen que el destinatario entienda, puede subsanarse esta situación enviando la traducción del documento de acuerdo con lo previsto por dicho Reglamento lo antes posible.

Para resolver los problemas ligados a la forma en que es preciso subsanar la falta de traducción, no previstos por el referido Reglamento, corresponde a los tribunales nacionales aplicar su Derecho procesal nacional al mismo tiempo que velan por garantizar la plena eficacia del citado Reglamento, respetando su finalidad.

(véanse los apartados 53 y 71 y los puntos 1 y 2 del fallo)