Asunto T‑175/15

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk

contra

Consejo de la Unión Europea

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez — Medidas adoptadas contra personas responsables de malversación de fondos públicos y personas y entidades vinculadas — Inmovilización de fondos — Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos — Mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante — Base fáctica insuficiente — Error manifiesto de apreciación — Error de Derecho — Derecho de propiedad — Principio de buena administración — Plazo razonable de enjuiciamiento — Presunción de inocencia — Solicitud de adaptación — Acto confirmatorio — Inadmisibilidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 5 de octubre de 2017

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 30 a 32, 34 y 83)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 33 y 140)

En el marco de la Decisión 2011/72, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez, al Consejo no le corresponde, en principio, examinar y apreciar por sí mismo la pertinencia y la exactitud de los elementos en los que se basan los procedimientos judiciales de los que son objeto las personas cuyos nombres han sido incluidos en el anexo de dicha Decisión. En efecto, el Consejo, al adoptar esa Decisión y las Decisiones subsiguientes, no pretende sancionar por sí mismo las malversaciones de fondos públicos investigadas por las autoridades tunecinas, sino preservar la posibilidad de que puedan declarar la existencia de tales malversaciones y recuperar el producto de estas. Por tanto, corresponde a las autoridades tunecinas competentes comprobar dichos elementos y extraer las oportunas consecuencias. Así pues, en principio, no corresponde al Consejo ni al Tribunal General comprobar el fundamento de tales procedimientos, sino únicamente el fundamento de la decisión de inmovilización de fondos habida cuenta de los elementos aportados por las autoridades tunecinas. Si así no fuera, podrían generarse situaciones en las que el Consejo se vería obligado a extraer conclusiones prematuras acerca del fundamento de dicha investigación y que podrían divergir de las conclusiones extraídas por las propias autoridades tunecinas. Tal situación podría tener como resultado paradójico que, en el momento en que la persona en cuestión fuera enjuiciada y, en su caso, declarada responsable de malversación de fondos públicos por dichas autoridades, ya no hubiera activos inmovilizados en la Unión Europea que permitieran recuperar el producto de las malversaciones que se le imputan. Evidentemente, no quedaría garantizado el efecto útil de la Decisión 2011/72. (véanse los apartados 40 y 46)

En el marco de la Decisión 2011/72, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez, el Consejo no puede dar por buenas, siempre y en cualquier caso, las apreciaciones de las autoridades judiciales tunecinas recogidas en los documentos aportados por estas. En efecto, le corresponde examinar, de modo cuidadoso e imparcial, las pruebas aportadas por las autoridades competentes, teniendo en cuenta, en particular, las observaciones y las eventuales pruebas de descargo aportadas por el demandante. Tal obligación resulta asimismo del principio de buena administración, consagrado por el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Corresponde al Consejo, para cumplir su deber de examen cuidadoso e imparcial, valorar si hay o no necesidad de conseguir que las autoridades competentes le proporcionen datos o pruebas adicionales en función de las observaciones del demandante y de los elementos de hecho aportados por este. En particular, si bien no corresponde al Consejo sustituir a las autoridades judiciales tunecinas en la apreciación del fundamento de la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante, no puede excluirse que esta institución se vea obligada a solicitar aclaraciones respecto de los elementos en los que se basa dicha investigación. Habida cuenta de que el Consejo ha aportado pruebas de la existencia de una investigación judicial en curso de que es objeto el demandante y de que no se cuestiona la fiabilidad de estas, corresponde al demandante indicar los elementos concretos en los que se basa para cuestionar el fundamento de dicha investigación. A este respecto, el respeto de los principios del Estado de Derecho y de los derechos humanos, así como de la dignidad humana, se impone a cualquier acción de la Unión, incluso en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 21 TUE, apartado 1, párrafo primero, apartado 2, letra b), y apartado 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 TUE. En particular, es preciso señalar que el artículo 21 TUE, apartado 1, dispone que la acción de la Unión en la escena internacional pretenderá fomentar en el resto del mundo el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y el respeto del Derecho internacional, entre otras cosas. Pues bien, el principio del plazo razonable de enjuiciamiento es una parte integrante del derecho a un proceso equitativo, protegido por las disposiciones de varios instrumentos de Derecho internacional jurídicamente vinculantes. Por consiguiente, no puede excluirse que el Consejo proceda a realizar las comprobaciones necesarias si existen datos objetivos, fiables, precisos y concordantes que puedan plantear legítimos interrogantes acerca del respeto del derecho del demandante a ser enjuiciado en un plazo razonable en el marco de la investigación judicial en curso de que es objeto y que constituye el fundamento de la inmovilización de sus activos en la Unión. (véanse los apartados 41, 42, 48, 64 y 65)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 61)

Según el tenor del artículo 47, párrafo segundo, primer inciso, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Pues bien, a la luz del artículo 51, apartados 1 y 2, de la Carta, las disposiciones de su artículo 47 deben interpretarse en el sentido de que únicamente tienen por objeto el derecho a una protección jurisdiccional efectiva en procedimientos en los que están en juego las libertades y los derechos garantizados por el Derecho de la Unión. Así, el artículo 47 de la Carta garantiza que la inmovilización de activos controvertida será objeto de un control jurisdiccional efectivo por el Tribunal General, lo que conlleva, en particular, la comprobación de que la decisión de adopción de dichas medidas dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Así pues, tal obligación de comprobación, en virtud del artículo 47 de la Carta, incumbe al Tribunal General, no al Consejo. En cambio, las disposiciones del artículo 47 de la Carta no pueden aplicarse al derecho del demandante a una protección jurisdiccional efectiva en el marco del procedimiento judicial de que es objeto en un país tercero. Por otra parte, el que la decisión de adopción de las medidas restrictivas contra el demandante se base en este procedimiento judicial no puede tener por efecto justificar un control de su legalidad a la luz de tales disposiciones. En efecto, por una parte, dicha decisión procede de una institución de la Unión a la que los Tratados no habilitan para ejercer funciones jurisdiccionales. Por otra parte, dicha decisión, adoptada, por lo demás, en el marco de la política exterior y de seguridad común, no reviste carácter jurisdiccional, dado que no tiene por objeto pronunciarse sobre un recurso ni resolver un litigio. (véanse los apartados 89 a 92)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 150 y 151)