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40

No obstante, como también resulta del considerando 10 de la Directiva 2008/48, los Estados miembros pueden, de conformidad con el Derecho de la Unión, aplicar lo dispuesto en dicha Directiva a sectores no comprendidos en su ámbito de aplicación. De tal manera, pueden mantener o aprobar medidas nacionales que correspondan a las disposiciones de la Directiva o a algunas de ellas, en lo referido a los contratos de crédito que no forman parte del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
37

A este respecto, debe observarse, no obstante, que a la vista de los hechos del litigio principal, tal como se desprenden, en particular, de los apartados 18 a 21, así como 26, de la presente sentencia, la Sra. Kastrati y sus hijos alegan que, en realidad, no pretendieron en ningún momento presentar solicitud de asilo alguna en el sentido del artículo 2, letra c), del Reglamento no 343/2003.
33

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente estima que tal interpretación no es la única posible y que, al no oponerse este artículo 4, apartado 2, a que el Derecho nacional establezca una obligación de exigir intereses cuando la normativa de la Unión no ha previsto tal obligación, o no la ha previsto todavía, podría ser lógico que el derecho a percibir intereses reconocido por el Derecho nacional también quede regido por el Derecho nacional en lo que se refiere a su prescripción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional señala que si las disposiciones contenidas en el artículo 3 del Reglamento no 2988/95 se aplicaran a tales derechos a percibir intereses, existiría una cierta dificultad al aplicar el principio según el cual el plazo de prescripción empieza a contar a partir de la «irregularidad» en el sentido del artículo 1 de ese Reglamento, ya que, por lo que se refiere a intereses, éstos se devengan no en el momento en el que se comete la irregularidad, sino a lo largo del tiempo que sigue a dicha irregularidad.
23

En este contexto, el Naczelny Sąd Administracyjny decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe el órgano jurisdiccional nacional, mediante la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 [en su versión modificada por la Directiva 85/303], tener en cuenta lo dispuesto en las Directivas modificativas, en particular, en las Directivas 73/79 […] y 73/80 […], aunque ya no estuvieran en vigor en el momento de la adhesión de la República de Polonia a la Unión […]? 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿se refiere la no inclusión de los activos de la sociedad de capital en la base imponible del impuesto sobre las aportaciones establecida en el artículo 5, apartado 3, primer guión, de la Directiva 69/335 […] exclusivamente a los activos de la sociedad de capital cuyo capital es objeto de ampliación?»
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108, p. 1).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 224, p. 1).
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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter jurídico — Interpretación partiendo de elementos objetivos

(Art. 107 TFUE, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida — Excepción al sistema tributario general — Justificación basada en la naturaleza y en la estructura del sistema — Carga de la prueba

(Art. 107 TFUE, ap. 1)

3. Recurso de casación — Motivos — Error de Derecho — Calificación de una medida de ayuda de Estado — No ejercicio de control exhaustivo por parte del Tribunal a pesar de que no se ha constatado el carácter técnico o complejo de las apreciaciones que procedía controlar

(Art. 107 TFUE, ap. 1 y 256 TFUE)

4. Recurso de casación — Recurso de casación considerado fundado — Resolución del litigio en cuanto al fondo por el órgano jurisdiccional de casación — Requisito — Litigio cuyo estado permite su resolución definitiva — Concepto

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 61, párr. 1)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida — Excepción al sistema tributario general — Justificación basada en la naturaleza y en la estructura del sistema — Criterios de apreciación — Régimen de reajuste de los valores fiscales de los activos en el sector bancario

(Art. 107 TFUE, ap. 1)

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1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 100)

2. El concepto de ayuda de Estado no se refiere a las medidas estatales que establecen una diferenciación entre empresas y que, en consecuencia, son a priori selectivas, cuando esta diferenciación resulta de la naturaleza o de la estructura del sistema de cargas en el que se inscriben. Corresponde al Estado miembro que ha introducido tal diferenciación entre empresas en materia de cargas demostrar que está efectivamente justificada por la naturaleza y la estructura del sistema de que se trate.

(véanse los apartados 101, 120 y 121)

3. Si bien el Tribunal debe llevar a cabo un control íntegro de la calificación de ayuda de Estado por parte de la Comisión, y, por tanto, comprobar si la diferenciación entre empresas a la que da lugar un régimen fiscal resulta o no de la naturaleza o de la estructura del sistema fiscal en el que se inscribe, su control es limitado en lo tocante a si una medida está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, cuando las apreciaciones realizadas por la Comisión tienen carácter técnico o complejo. También es necesario que el Tribunal haya declarado que tal carácter técnico o complejo está presente, so pena de incurrir en error de Derecho al no realizar un control exhaustivo.

(véanse los apartados 102 a 104)

4. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 106 y 107)

5. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 136 y 137)
La expresión «por sus propios medios» que figura en el artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que atribuye a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción previsto en el artículo 2 de la Directiva cuando se trata de grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones, debe recibir una interpretación autónoma y uniforme en el marco del Derecho de la Unión.

A este respecto, la Unión está obligada a dar cumplimiento, en particular, al artículo 11 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que reserva expresamente a las legislaciones de los países de la Unión de Berna el establecimiento del régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. No obstante, al adoptar la Directiva 2001/29, el legislador de la Unión ejerció las competencias que anteriormente correspondían a los Estados miembros en materia de propiedad intelectual. En el ámbito de aplicación de la referida Directiva, la Unión ha sustituido a los Estados miembros, que ya no son competentes para aplicar las estipulaciones pertinentes del Convenio de Berna.

(véanse los apartados 27, 29 a 31 y 37 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 14, punto 1, letra a), y 14 bis, punto 1, letra a), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y puesta al día por el Reglamento no 118/97, en su versión resultante del Reglamento no 647/2005, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro que no es designado como Estado competente, en virtud de tales disposiciones, conceda la asignación por hijo a cargo conforme a su Derecho nacional a un trabajador migrante que realiza un trabajo temporal en el territorio de ese Estado miembro, en el que está sujeto al impuesto sobre la renta por obligación personal, pero está afiliado al régimen de seguridad social del Estado competente, incluido el caso en que se constata, en primer lugar, que el trabajador de que se trate no ha sufrido ninguna desventaja de carácter jurídico por ejercitar su derecho a la libre circulación al conservar su derecho a obtener prestaciones familiares de la misma naturaleza en el Estado miembro competente y, en segundo lugar, que ni el trabajador ni el hijo respecto del que se solicita la asignación residen habitualmente en el territorio del Estado miembro donde se ha realizado el trabajo temporal.

(véanse el apartado 68 y el punto 1 del fallo)
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Protección de la salud pública — Higiene de los productos alimenticios — Obligación de los operadores de empresa alimentaria — Requisitos higiénicos generales aplicables a todos los operadores

[Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, apartado 2, y 5 y anexo II, capítulo IX, apartado 3]

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Procede interpretar el anexo II, capítulo IX, apartado 3, del Reglamento nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en el sentido de que, en el caso de expendedores automáticos de productos de panadería y bollería, el hecho de que un comprador potencial haya podido tocar teóricamente con las manos desnudas los productos ofrecidos a la venta o estornudar sobre ellos no basta para afirmar que estos productos no han sido protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo humano o nocivos para la salud, o contaminarlos de manera que pueda considerarse razonablemente desaconsejable su consumo en ese estado.

A este respecto, procede tener en cuenta las medidas que los empresarios han adoptado en virtud del artículo 5 del Reglamento nº 852/2004 con el fin de evitar, eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro que puede suponer la contaminación a que se refiere el anexo II, capítulo IX, apartado 3 de este Reglamento. No cabe afirmar el carácter insuficiente de estas medidas sin haber tenido debidamente en cuenta los eventuales informes periciales que estos mismos empresarios han presentado para demostrar que tales expendedores automáticos de productos destinados a la venta no presentan problemas de higiene.

(véanse los apartados 22, 23 y 24 y el fallo)
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
Incumplimiento de Estado — No adaptación completa del Derecho valón al artículo 2, letras f), j) y k), y al anexo III, punto 4, parte C, de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) — Conceptos de «almacenamiento subterráneo», «gases de vertedero» y «eluato» — Obligación de determinar los niveles de intervención a partir de los cuales cabe considerar que el vertedero tiene un efecto negativo importante sobre la calidad de las aguas subterráneas.
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Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de diplomas y títulos — Directiva 89/48/CEE — Actividad profesional regulada — Experiencia profesional — Concepto

[Arts. 39 CE y 43 CE; Directiva 89/48/CEE del Consejo, arts. 1, letra e), y 4, ap. 1, letra b)]

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Una autoridad nacional encargada del reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado miembro está obligada, en virtud de los artículos 39 CE y 43 CE, a tomar en consideración, a la hora de fijar eventuales medidas compensatorias dirigidas a cubrir diferencias esenciales entre la formación seguida por un solicitante y la formación exigida en el Estado miembro de acogida, toda experiencia práctica que pueda compensar, total o parcialmente, dichas diferencias.

En efecto, si bien la experiencia adquirida por los solicitantes antes de la obtención del título que les confiere el derecho a ejercer su profesión en un Estado miembro no puede incluir el ejercicio de actividades profesionales reguladas y si bien del artículo 4, apartado 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, no se deriva ninguna obligación de tomar en consideración una experiencia práctica que no constituya una experiencia profesional en el sentido del artículo 1, letra e), de la antedicha Directiva, no obstante, las medidas adoptadas en aplicación del Derecho de la Unión deben respetar los principios generales de dicho Derecho y, en particular, el principio de proporcionalidad. A este respecto, el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 39 CE y 49 CE puede verse obstaculizado de forma injustificada si las autoridades nacionales competentes encargadas del reconocimiento de títulos profesionales adquiridos en otro Estado miembro no toman en consideración los conocimientos y aptitudes pertinentes ya adquiridos por un solicitante que quiera ejercer, en el territorio nacional, una profesión cuyo acceso, según la normativa nacional, está supeditado a la posesión de un título o de una cualificación profesional. El valor preciso que debe otorgarse a la experiencia práctica útil para el ejercicio de la profesión a la cual se solicita acceder será determinado por la autoridad competente a la luz de las funciones específicas ejercidas, de los conocimientos adquiridos y aplicados en el ejercicio de dichas funciones, así como de las responsabilidades y del grado de independencia conferidos al interesado en cuestión.

(véanse los apartados 61, 64 a 66, 69 y 72 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Prestaciones de servicios — Determinación del lugar de conexión a efectos fiscales

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 9, ap. 2, letra e)]

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Las prestaciones de servicio consistentes en trabajos de investigación y desarrollo en materia medioambiental y tecnológica, llevadas a cabo por ingenieros establecidos en un Estado miembro por encargo y en beneficio de un destinatario establecido en otro Estado miembro, deben calificarse de «prestaciones de los ingenieros» en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388 del Consejo, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que determina el lugar de conexión a efectos fiscales para las prestaciones de los consejeros, ingenieros, gabinetes de estudios, abogados, expertos contables y otras prestaciones similares.

En efecto, procede considerar que dichas prestaciones están comprendidas en la referida disposición, puesto que constituyen prestaciones realizadas de forma principal y habitual en el marco de la profesión de ingeniero, como las contenidas en la referida disposición. Así es en el caso de prestaciones que se caracterizan por el hecho de no ser meramente aplicaciones de conocimientos y procedimientos existentes a problemas concretos, sino también por la adquisición de nuevos conocimientos y por el desarrollo de nuevos procedimientos para resolver esos mismos problemas u otros nuevos. Tales actividades se distinguen, entre otros, de las previstas en el artículo 9, apartado 2, letra c), de la Sexta Directiva, puesto que las prestaciones de que se trata no han sido ofrecidas a una pluralidad de destinatarios, sino que han sido llevadas a cabo en beneficio del único destinatario. El hecho de que dicho beneficiario único de las prestaciones de servicio pueda vender, a terceros o a sociedades pertenecientes al mismo grupo del que forma parte, los resultados de los trabajos que ha encargado carece de pertinencia a este respecto.

(véanse los apartados 20 y 21, 24 a 26 y 30 y el fallo)
Incumplimiento de Estado — Vulneración del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), en relación con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CEE) nº 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214, p. 1), y con los artículos 89 y 90 del Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136, p. 1) — Autorizaciones de comercialización de medicamentos genéricos correspondientes al producto de referencia Plavix, infringiendo el plazo de protección de diez años de que goza — Resoluciones condicionales de autorización de comercialización de productos farmacéuticos, concedidas con anterioridad a la adhesión de Polonia a la Unión Europea, pero que no eran efectivas hasta después de esa fecha — Resoluciones no conformes con las disposiciones de la Directiva 2001/83/CE.
2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre el London Borough of Harrow (Ayuntamiento del distrito de Harrow, en Londres), por una parte, y la Señora Ibrahim y el Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior), por otra, en relación con la denegación de la solicitud de la Sra. Ibrahim para obtener ayudas a la vivienda.
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De conformidad con el artículo 4 del Samarbejdsaftalen: «El plazo de preaviso de despido que corresponde a un representante del colegio B que forme parte del consejo de empresa y que no goce de protección como delegado de personal será el que determine, en su caso, el convenio, incrementado en seis semanas. No obstante, este plazo de preaviso no podrá ser mayor que el aplicable a un delegado de personal de la misma categoría profesional. Siempre que así se haya solicitado con anterioridad a las elecciones al consejo de empresa, el colegio B de éste podrá ser completado por representantes de una categoría profesional que no esté representada por los miembros ordinarios de dicho consejo o por un delegado de personal. Se entenderá por categoría el grupo de personas que desempeñan las mismas funciones o que han cursado una formación determinada. Así pues, se trata de grupos sin representación directa en el consejo de empresa, aunque con derecho a formar parte de éste si se elige a uno de sus representantes.»
28

Comoquiera que su reclamación fue desestimada, Elektrownia Pątnów sometió el asunto al tribunal contencioso-administrativo, que desestimó su recurso. Entonces Elektrownia Pątnów interpuso recurso de casación ante el Naczelny Éste decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «A la luz del Derecho comunitario (en particular de las disposiciones de la Directiva 69/335[…]), ¿deben las autoridades tributarias, a la hora de recaudar el impuesto sobre las aportaciones que grava un aumento de capital, tener en cuenta operaciones que afectan a esta misma parte del capital y que estaban sujetas al impuesto sobre las aportaciones antes de la adhesión de Polonia a la Unión Europea? ¿Se aplica en particular el mecanismo previsto en el artículo 5, apartado 3, segundo guión, de la Directiva 69/335 […] si la transformación de préstamos concedidos a una sociedad de capital en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra c), de la citada Directiva se produce tras la adhesión y tales préstamos ya han tributado anteriormente sobre la base de los principios del Derecho nacional en vigor hasta la fecha de la adhesión, establecidos en la Ley [pcc]?»
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No es menos cierto, sin embargo, que, aun suponiendo que ese contribuyente conserve el bien durante el tiempo suficiente para imputar la totalidad de las pérdidas a los rendimientos positivos posteriores y para amortizar por completo su coste de adquisición o de construcción, no puede beneficiarse, a diferencia de un contribuyente residente en Alemania que haya invertido en un inmueble situado en dicho Estado miembro, ni de un cómputo inmediato de tales pérdidas ni de un tipo de amortización inicial más alto, y se ve así privado, como subraya la Comisión de las Comunidades Europeas, de una ventaja de tesorería (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, apartados 84 y 153, y de , Rewe Zentralfinanz, C-347/04, Rec. p. I-2647, apartado 29).
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A este respecto, también se deduce de la jurisprudencia que las normas sobre igualdad de trato entre nacionales y no nacionales no sólo prohíben las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualesquiera otras formas encubiertas de discriminación que, aplicando otros criterios de distinción, conduzcan de hecho al mismo resultado (véanse, en particular, las sentencias de 23 de enero de 1997, Pastoors y Trans-Cap, C-29/95, Rec. p. I-285, apartado 16;de , Comisión/Italia, C-224/00, Rec. p. I-2965, apartado 15, y de , Tod’s et Tod’s France, C-28/04, Rec. p. I-5781, apartado 19).