Hemos visto que el Tribunal a quo no se ha limitado a referirse al artículo 119 del Tratado; ha formulado igualmente la hipótesis de que la norma de la igualdad de las condiciones de trabajo, sin discriminaciones basadas en el sexo, pueda deducirse de un principio general del Derecho comunitario. Por tanto, ésta es la hipótesis que nos queda por examinar. Opino que el análisis puede orientarse de la siguiente manera: verificar si el principio comunitario de no discriminación, que se afirma en numerosas decisiones del Tribunal de Justicia, está concebido de manera tal que, desde el punto de vista de su contenido y de sus destinatarios, atribuye a todos los particulares en la Comunidad el derecho a no ser víctimas de una discriminación basada en el sexo en la determinación de las condiciones de trabajo.

Hay que aclarar ante todo que la prohibición de discriminación en las condiciones de trabajo en razón del sexo no puede derivarse -ni por deducción ni por analogía— de la prohibición de las discriminaciones basadas en la nacionalidad, que se recoge en diferentes artículos del Tratado (en términos generales en el artículo 7 y en lo que específicamente se refiere a los trabajadores, el apartado 2 del artículo 48). La nacionalidad es una base de discriminación completamente diferente del sexo; se pueden respetar cada una de las dos prohibiciones sin que esto implique una violación de la otra. Es preciso señalar que, en la lógica del ordenamiento jurídico comunitario, la prohibición de las discriminaciones basadas en la nacionalidad debe tener un carácter específico; en efecto, está en la base del mercado común y constituye una condición de su existencia. Esta prohibición que, en el aspecto que nos interesa aquí, nos limitamos a considerar en función de la libre circulación de los trabajadores, tiene, en resumidas cuentas, su propia razón de ser como la norma que amplía a los trabajadores extranjeros que pertenezcan a los Estados miembros, el trato concedido por cada país miembros a los trabajadores nacionales; éstos son su contenido y su ámbito. Me parece, pues, vana la tentativa del defensor de Srta. Defrenne de deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la prohibición de discriminación de trabajadores en razón de su nacionalidad, argumentos en apoyo de una legislación análoga del criterio de la igualdad de trato, en el interior de un mismo Estado, entre los trabajadores de ambos sexos

Por lo que hemos de abordar el aspecto que me parece más delicado del problema: ¿qué influencia puede tener en el caso presente el valor de un principio no escrito del Derecho comunitario?

No creo que sea necesaria una larga exposición para demostrar que la norma de no discriminación es un principio general del ordenamiento jurídico comunitario. Más de una vez el Tribunal de Justicia se ha referido a él y ha llegado incluso a declarar ilegales actos comunitarios contrarios a este principio. Se trata de un principio incluidos en la lista de los derechos fundamentales del hombre reconocidos en el interior de los Estados miembros y en el marco del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales; forma parte, pues, del Derecho comunitario y debe ser tutelado por el Tribunal de Justicia [véanse las sentencias de 12 de noviembre de 1969, Stauder (29/69,↔ Rec. p. 419); de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70,↔ Rec. p. 1126), y de 14 de mayo de 1974, Nold (4/73,↔ Rec. p. 1219)]. Añadiré que, desde el punto de vista del Derechos positivo y de la conciencia jurídica moderna, la no discriminación por razones de sexo constituye uno de los aspectos fundamentales de dicho principio.

No obstante, el significado de la protección de los derechos fundamentales a nivel comunitario no es la misma que a nivel de los Derechos nacionales. En la citada sentencia pronunciada en el asunto Internationale Handelsgesellschaft, el Tribunal de Justicia señaló que «la tutela de dichos derechos, aun inspirándose en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros debe garantizarse en el marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad». Creo que se pueden deducir dos consecuencias de esta afirmación. En primer lugar, el respeto de los derechos fundamentales constituye el límite de toda actividad comunitaria: cualquier acto por el cual se ejercen las competencias de las instituciones comunitarias está sometido a este límite y en este sentido la estructura de la Comunidad está obligada a observarlos. En segundo lugar, cuando las normas comunitarias son directamente aplicables (en virtud de los tratados o de los actos derivados) deben interpretarse de manera coherente con el principio del respeto de los derechos del hombre: no me parece que se pueda ir más allá de estas afirmaciones. En particular debe entenderse que las relaciones jurídicas reservadas a la competencia del legislador nacional están sometidas al principio constitucional del respeto de los derechos del hombre, en vigor en el Estado que regula la relación, en tanto que las normas nacionales no hayan sido reemplazadas por una normativa comunitaria directamente aplicable.

Volviendo al problema que nos ocupa, vemos que la regulación de las condiciones de trabajo distintas de la retribución (y las vacaciones retribuidas) han quedado reservadas, hasta el momento, a los legisladores nacionales (la Comunidad sólo ha intervenido por medio de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de la que hablaré más posteriormente). No parece, pues, que se pueda deducir del principio comunitario de no discriminación, una norma directamente aplicable de igualdad de las condiciones de trabajo para los trabajadores de ambos sexos; por el contrario tan sólo cuando se pueda deducir de un acto comunitario específico una norma directamente aplicable en materia de igualdad de las condiciones de trabajo, habrá que interpretar dicha norma —que no haya sido explicitada ya en este sentido de manera adecuada- conforme al principio general de no discriminación.