Palabras clave

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Palabras clave

1. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Reglamentos

(Art. 253 CE)

2. Transportes - Transportes aéreos - Matriculación y utilización de los aviones de reacción subsónicos civiles - Limitación de las emisiones sonoras de las aeronaves - Prohibición de sustitución de los motores si se realiza con motores que tengan una relación de derivación inferior a 3 - Violación del principio de proporcionalidad - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 925/1999 del Consejo, art. 2, número 2]

3. Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio - GATT de 1994 - Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario - Excepciones - Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se remita a ellos expresa y precisamente

(Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994)

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1. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe ser adecuada a la naturaleza del acto de que se trate. Debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la institución comunitaria de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control. No se puede exigir que la motivación de un acto especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes. En efecto, la cuestión de saber si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de las normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Si el acto impugnado pone de manifiesto la parte esencial del fin perseguido por la institución, es excesivo pretender la motivación específica de cada una de las decisiones técnicas que ella adopta. No puede exigirse que la motivación de un Reglamento de alcance general especifique los diferentes hechos, en ocasiones muy numerosos y complejos, que se han tenido en cuenta en la adopción del Reglamento, ni, a fortiori, que proporcione una valoración técnica de los mismos más o menos completa. Así sucede muy especialmente cuando los referidos elementos fácticos y técnicos pertinentes son perfectamente conocidos en los medios interesados.

( véanse los apartados 46, 47 y 51 )

2. El legislador comunitario dispone, en materia de política común de transportes, de una amplia facultad normativa por lo que respecta a la adopción de las correspondientes normas comunes. Al controlar el ejercicio de una competencia de este tipo, el juez no puede sustituir la apreciación del legislador comunitario por la suya, sino que debe limitarse a examinar si adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trata ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación. Cuando la aplicación por parte del Consejo de una política común implica la necesidad de evaluar una situación económica compleja, la facultad discrecional de que dispone no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que haya que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base, en particular, en el sentido de que el Consejo puede basarse en comprobaciones globales.

Habida cuenta de estos principios, no consta que el Consejo, al adoptar el Reglamento nº 925/1999 del Consejo, relativo a la matriculación y utilización dentro de la Comunidad de determinados tipos de aeronaves de reacción subsónicas civiles, haya incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que la sustitución de los motores de los aviones sólo podría autorizarse si se realizaba con motores que tuvieran una relación de derivación igual o superior a 3. A este respecto, el Consejo pudo razonablemente tener en cuenta el hecho de que la aplicación de criterios distintos relativos a la reducción de las emisiones sonoras, del consumo de carburante y de las emisiones gaseosas habría supuesto una operación muy compleja. Del mismo modo, el Consejo pudo razonablemente considerar que la referencia a un único criterio técnico permitía superar la incertidumbre que podría subsistir en el caso de normas específicas.

( véanse los apartados 63 a 65, 72 y 73 )

3. Habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, los Acuerdos de la OMC no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos de la OMC, corresponderá a este Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

( véanse los apartados 93 y 94 )