Tras estas consideraciones preliminares, ahora pasaré directamente a las cuestiones planteadas. En primer lugar, debo recordar lo que prevé el apartado 2 del artículo 13 del Tratado. Según éste, «las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana de importación, en vigor entre los Estados miembros, serán suprimidas progresivamente […] durante el período transitorio» y la Comisión determinará, «mediante Directivas, el ritmo de tal supresión».

En cuanto a la cuestión de la aplicabilidad directa, el texto del apartado 2 del artículo 13 muestra claramente por sí sólo que esta disposición no constituía hasta el final del período transitorio una disposición completa del Tratado y, por tanto, no podía producir por sí misma efectos directos en el sentido que aquí nos interesa. Es cierto que esto no se desprende del concepto de «exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana de importación», debido a que este concepto carece de la precisión indispensable en interés de la seguridad jurídica. Se habían suscitado objeciones parecidas en el primer asunto, en cuanto a la aplicabilidad directa de las decisiones del Tratado, es decir, respecto al artículo 12 del Tratado CEE, que se refiere también a las exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana. Sin embargo, dichas objeciones no se consideraron procedentes a la sazón y, por lo tanto, no pueden tenerse en cuenta para interpretar el apartado 2 del artículo 13. Además, este apartado es incompleto en sí y, por consiguiente, no puede producir efectos directos: durante el período transitorio tenía que completarse mediante actos de Derecho comunitario derivado, o sea, mediante Directivas de la Comisión. El apartado 2 del artículo 13 no contiene, por tanto, una obligación incondicional, según la jurisprudencia existente.

Así pues, lo que importa es, fundamentalmente, saber si la Directiva de la Comisión, citada varias veces, que se adoptó, ha producido el efecto de completar de forma decisiva y de perfeccionar dicha disposición de modo que sea directamente aplicable. Plantear la cuestión en estos términos equivale a preguntarse si las Directivas pueden tener tales efectos, es decir, si pueden ser directamente aplicables. Esta delicada cuestión ha sido, aun recientemente, muy debatida, y anteriormente ha dado lugar a profundos exámenes en cuanto a los principios. No obstante, basándose en las sentencias dictadas en los asuntos 9/70,<-> 20/70<-> y 23/70, ahora parece posible darle una respuesta de principio clara: también las Directivas pueden tener efecto directo. Ya no es necesario que me extienda mucho sobre este punto; antes bien, puedo limitarme a hacer algunas referencias a las sentencias citadas. En estas sentencias, efectivamente, el Tribunal de Justicia ha examinado «el resultado final de disposiciones contenidas en una Decisión o en una Directiva» y ha reconocido que las disposiciones de la Decisión del Consejo, que entonces estaba siendo examinada, en combinación con las de una Directiva, también del Consejo, podían producir efectos directos entre los Estados miembros y los particulares. Esta afirmación hace, por tanto, que sean improcedentes las objeciones planteadas en el presente asunto por el Gobierno federal y el Gobierno italiano, como, por ejemplo, la observación de que tales actos se dirigen sólo a los Estados miembros y de que el artículo 189 utiliza los términos «directamente aplicable e cada Estado miembro» sólo en lo que respecta a los Reglamentos. Por lo tanto, es seguro que estos factores, y sobre todo el último, no impiden que se reconozcan efectos directos también a otros actos, habida cuenta de su carácter obligatorio, con la única condición de que, por su tenor, naturaleza y sistema general, puedan producir tales efectos.

Si examinamos ahora desde este ángulo la Directiva de la Comisión de que aquí se trata, lo cual está justificado por la analogía de los problemas suscitados así como por las declaraciones generales contenidas en las mencionadas sentencias, debemos reconocer, en primer lugar, que la Directiva en cuestión, aun considerándola en relación con el apartado 2 del artículo 13, no podía tener efecto directo durante el plazo señalado al Estado miembro para adecuarse a ella, ya que es evidente que éste disponía de cierto margen de acción, habida cuenta, sobre todo, de lo previsto en el artículo 14 del Tratado CEE. Sin embargo, este hecho no tiene mayor importancia en el presente asunto. La Directiva en cuestión preveía también una fecha límite en la que, de todos modos, debía suprimirse el gravamen controvertido. Dado que el litigio principal se refiere sólo al período posterior a esa fecha, únicamente se plantea la cuestión de si la Directiva podía producir efecto directo respecto a dicho período. Ahora bien, es fácil responder a esta cuestión a partir de las sentencias 9/70, 20/70 y 23/70; también en estos casos se había fijado por medio de una Directiva la fecha en que una obligación debía surtir efecto. No obstante, el Tribunal de Justicia declaró en esas sentencias: «que el hecho de que esta fecha haya sido fijada por una Directiva, no perjudica en nada al pleno efecto de esta disposición» e hizo hincapié en que, como consecuencia de dicha Directiva, se ha completado la obligación enunciada en una Decisión. Llevada al caso de autos, esta afirmación significa que nada excluye la aplicabilidad directa de las disposiciones del apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE consideradas en relación con las de la Directiva 68/31 de la Comisión, a partir de la fecha fijada por la Directiva, sobre todo teniendo en cuenta que después de la fecha en cuestión ya no había margen de acción alguno para incorporar esas disposiciones al Derecho interno.

Por lo demás, es fácil demostrar que dicha conclusión no puede ser invalidada por otras consideraciones. Por tanto, el hecho, en particular, de que la Directiva se destinase sólo a un Estado miembro (lo que llevó al Gobierno federal a hablar de una división del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado) parece no tener ninguna importancia. Aunque es posible considerar que actos de Derecho comunitario derivado, que no se dirigen necesariamente a todos los Estados miembros, tienen efecto directo, no veo claramente por qué esa posibilidad debe reservarse a los casos que afectan a todos los Estados miembros. Dadas las especiales características de determinadas disposiciones del Tratado, entre las que figura el apartado 2 del artículo 13, y dada la diferencia entre las situaciones jurídicas de los distintos Estados miembros, puede ocurrir, precisamente, que una intervención sea necesaria sólo en determinadas situaciones y en determinados territorios de la Comunidad. También aquí, por otra parte, puedo remitirme a lo que ha afirmado este Tribunal en las sentencias 9/70, 20/70 y 23/70 y, sobre todo, a esta frase: «[…] que, especialmente, en los casos en que las autoridades comunitarias obliguen, mediante una Decisión, a un Estado miembro […] a actuar de determinada manera, la eficacia de dicha medida se vería debilitada si los justiciables de ese Estado no pudieran invocarla y los órganos jurisdiccionales nacionales no pudiesen tomarla en consideración como elemento de Derecho comunitario». Además, poco importa que la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas esté prescrita sólo para los Reglamentos y no para las Directivas. Esta objeción, en lo que respecta a las Decisiones dirigidas a los Estados miembros, ya se había planteado en los asuntos 9/70, 20/70 y 23/70. En mis conclusiones en dichos asuntos recordé que, cuando no está expresamente prevista, la publicación no es una condición de validez jurídica, sino que su función es, por el contrario, básicamente protectora y que, si no hay tal publicación, la medida en cuestión no puede ser invocada contra un individuo afectado. También recordé que la situación es precisamente la contraria cuando un particular se refiere a un acto de ese tipo en defensa de sus derechos con el fin de sacar del mismo determinadas ventajas. Si las sentencias 9/70, 20/70 y 23/70 no tuvieron en cuenta la objeción referente a la obligación de publicar, planteada respecto a los actos que eran entonces objeto del litigio, en otras palabras, si el Tribunal de Justicia consideró que dicha objeción carecía de importancia, entonces seguramente debe ocurrir lo mismo con la Directiva que aquí nos interesa. Lo que es determinante, por tanto, es que la obligación enunciada en la Directiva surtiera pleno efecto con la notificación al Estado miembro interesado, teniendo una importancia secundaria la publicación en el Diario Oficial, que, por lo demás, en el presente asunto también tuvo lugar (DO 1968, L 12, p. 8). Por último, tampoco es decisivo el hecho de que la versión italiana sea el único texto auténtico de esta Directiva, que se refiere exclusivamente a Italia. Aunque, según el Reglamento de 14 de abril de 1958 por el que se fija el régimen lingüístico, los Reglamentos y demás textos de alcance general redactados en las cuatro lenguas oficiales son igualmente auténticos, esto, sin embargo, carece de importancia cuando se trata de un acto dirigido exclusivamente a un Estado miembro. Para que este acto surta pleno efecto, basta con que sea notificado en la lengua del Estado miembro de que se trate. Además, hay que señalar también que quienes ejercen una actividad en el territorio en cuestión, están familiarizados con las leyes y disposiciones redactadas en la lengua nacional y que, por esta razón, no es necesario que la aplicabilidad directa de las Directivas comunitarias dependa de la existencia de cuatro textos que son igualmente auténticos.

Además, dado que, según la jurisprudencia existente, ha quedado sentado que pueden ser directamente aplicables, no sólo las normas y los actos que prevén obligaciones de no hacer, sino también los actos que enuncian obligaciones de hacer, debo atenerme a las conclusiones que ya he mencionado, a saber, reconocer la aplicabilidad directa de las disposiciones del apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE en relación con las de la Directiva 68/31 de la Comisión.