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Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 16 de septiembre de 2009 — JanSport Apparel/OAMI (BUILT TO RESIST)

(Asunto T‑80/07)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa BUILT TO RESIST — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 24 a 29 y 41 a 47)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 12 de enero de 2007 (asunto R 1090/2006-2) relativa a una solicitud de registro de la marca denominativa BUILT TO RESIST como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: JanSport Apparel Corp. Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa nacional BUILT TO RESIST para productos y servicios de las clases 16, 18 y 25 — Solicitud nº 2.937.522 Resolución del examinador: Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso





Fallo

1) Desestimar el recurso.
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En particular, contrariamente a lo que alega la demandante, no se desprende de la obligación de la OAMI, establecida en el artículo 47, apartado 2, primera frase, del Reglamento no 40/94, de informar a los titulares de un derecho registrado sobre la marca de que se trate acerca de la expiración del registro que dichos titulares sean partes en el procedimiento de renovación. En efecto, como resulta del artículo 47, apartado 2, segunda frase, del Reglamento no 40/94, según el cual la falta de información no genera la responsabilidad de la OAMI, y de la regla 29, segunda frase, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1), que precisa que la ausencia de tal notificación no afectará a la expiración del registro, el artículo 47, apartado 2, primera frase, del Reglamento no 40/94 sólo prevé una obligación de información por parte de la OAMI que es meramente accesoria al procedimiento, pero no tiene por objeto conferir derechos ni al titular de la marca ni a otras personas.
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En el caso de autos, la OAMI sostiene que la mera refutación del alcance del uso de las marcas anteriores por la demandante no constituye una solicitud formal de prueba del uso en el sentido del artículo 56, apartado 2, del Reglamento no 40/94. Manifiesta que corrobora esta apreciación una interpretación literal de la disposición citada, que al puntualizar «a instancia del titular de la marca comunitaria» exige, a su juicio, una petición formal para permitir que la OAMI se pronuncie sobre la cuestión relativa al uso efectivo de las marcas anteriores. Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que a falta de solicitud «expresa», la OAMI no es competente para pronunciarse sobre el carácter efectivo del uso de la marca o de las marcas anteriores [véase, en relación con el procedimiento de oposición previsto en el artículo 43, apartados 2 y 3 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009), la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757, apartado 34]. Precisa que la sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 12 supra, es explícita sobre el particular. Afirma que es cierto que en dicho asunto el Tribunal de Primera Instancia señaló que el objeto de las pruebas documentales presentadas voluntariamente por el oponente era demostrar el renombre de la marca anterior. No obstante, a su juicio, si el objeto de tales documentos hubiera sido probar el uso efectivo de la marca anterior, el resultado habría sido idéntico, como se deduce claramente de los apartados 42 y 43 de dicha sentencia, aplicables por analogía al procedimiento de nulidad.
87

Deben aprobarse estas consideraciones. Contrariamente a lo que alega la demandante, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que se haya basado en las pronunciaciones «probables» de la marca solicitada. En efecto, al ser ésta un término de fantasía que no corresponde a ninguna palabra existente en alguna lengua de la Comunidad, hasta que no haya sido registrada y utilizada para designar productos, tan sólo puede tomarse en consideración su pronunciación probable por parte del público de que se trate.
2

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1, en lo sucesivo, «CAC»), modificado por el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 311, p. 17), prevé: «Con la salvedad de los casos mencionados en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 217, no se procederá a la contracción a posteriori cuando: a) […] b) el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana. Cuando el estatuto preferencial de una mercancía se establezca sobre la base de un sistema de cooperación administrativa en el que participen las autoridades de un tercer país, se considerará que la expedición por dichas autoridades de un certificado que resulte incorrecto constituye un error que no podía ser descubierto, en el sentido del párrafo primero. No obstante, la expedición de un certificado incorrecto no constituirá un error cuando el certificado se base en una versión de los hechos incorrecta facilitada por el exportador, salvo en el caso en que resulte evidente que las autoridades de expedición del certificado estaban enteradas, o hubieran debido estar enteradas, de que las mercancías no podían acogerse a un trato preferencial. La buena fe del deudor podrá invocarse cuando éste pueda demostrar que, durante el período de las operaciones comerciales de que se trate, realizó diligentemente gestiones para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones del trato preferencial. El deudor no podrá sin embargo invocar la buena fe cuando la Comisión Europea haya publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un aviso en el que se señalen dudas fundadas en relación con la correcta aplicación del régimen preferencial por parte del país beneficiario.»
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 19 de noviembre de 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (350, 250 y 150)

(Asuntos acumulados T-64/07 a T-66/07)

«Marca comunitaria — Solicitudes de marcas denominativas comunitarias 350, 250 y 150 — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 25 a 31)

Objeto

Tres recursos interpuestos contra las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 21 de diciembre de 2006 (asuntos R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 y R 1035/2006-4) relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas 350, 250 y 150 como marcas comunitarias.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. Marca comunitaria solicitada: Marcas denominativas 350, 250 y 150 para productos de la clase 16 Resolución del examinador: Denegación de los registros Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación de los recursos

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) Condenar en costas a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 19 de noviembre de 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (350, 250 y 150)

(Asuntos acumulados T-64/07 a T-66/07)

«Marca comunitaria — Solicitudes de marcas denominativas comunitarias 350, 250 y 150 — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 25 a 31)

Objeto

Tres recursos interpuestos contra las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 21 de diciembre de 2006 (asuntos R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 y R 1035/2006-4) relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas 350, 250 y 150 como marcas comunitarias.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. Marca comunitaria solicitada: Marcas denominativas 350, 250 y 150 para productos de la clase 16 Resolución del examinador: Denegación de los registros Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación de los recursos

Fallo

1) Desestimar los recursos.
Carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, el signo figurativo que representa una mano que sostiene una figura rectangular que tiene la apariencia de una tarjeta, acompañada de tres triángulos orientados en la misma dirección, cuyo registro se solicita para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 a 38 y 42 del Arreglo de Niza, en la medida en que dicho signo será percibido por el público pertinente como una indicación útil, que pretende indicar los pasos a seguir para utilizar una tarjeta con el fin de realizar una transacción, y no como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata. En efecto, el consumidor medio se ve confrontado cotidianamente a este tipo de situación en lugares diversos, como bancos, supermercados, estaciones, aeropuertos, aparcamientos y cabinas telefónicas.

El contexto en el que se inscribe la figura rectangular de color claro, a saber, una mano estilizada que la sostiene y los tres triángulos orientados, así como los productos y servicios de que se trata, no deja duda alguna respecto de la percepción de dicho signo por el público pertinente. Del mismo modo, el conjunto formado por los tres triángulos de color negro, debido a su inclusión en el signo controvertido, no posee carácter distintivo, puesto que el público pertinente lo percibe como unas flechas que indican una dirección con una función utilitaria, a saber, identificar el lugar en el que se debe introducir la tarjeta magnética en el cajero. Así, dichos triángulos no son distintivos respecto de ninguna de las clases de productos y servicios de que se trata.

La conclusión relativa a la falta de carácter distintivo se aplica a todos los productos y servicios de que se trata, los cuales se refieren a la utilización de tarjetas de pago electrónico y a la realización de transacciones que impliquen la utilización de tales tarjetas, como los pagos electrónicos a través de una tarjeta magnética (clase 9), a la gestión administrativa de cajeros automáticos (clase 35), a sistemas de pagos en redes informáticas (clase 42), a la comercialización de tarjetas magnéticas de pago y a las transacciones realizadas gracias a la utilización de dichas tarjetas (clase 36), o incluso a los procedimientos de telecomunicaciones y de transmisión de informaciones electrónicas que actúan como una especie de mensajes según los cuales dichos servicios pueden obtenerse mediante la utilización de una tarjeta magnética (clase 38).

A este respecto, no se ha demostrado que sea un error considerar que, habida cuenta de los productos y servicios de que se trata, el público pertinente percibe la marca solicitada como directa y necesariamente vinculada a la realización de transacciones de pago electrónico a través de una tarjeta magnética.

(véanse los apartados 37 a 41)
1.

Agricultura — FEOGA — Liquidación de cuentas [Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, art. 5, ap. 2, letra c), y Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, art. 7, ap. 4, párr. 5; Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, art. 8, ap. 1, párrs. 1, 2 y 4] (véanse los apartados 27 a 30, 32 a 34, 74 a 77, 84 a 87 y 95 a 97)
249

Por otra parte, no se ha demostrado que la Decisión impugnada habría tenido un contenido diferente por lo que atañe a esta cuestión si la Comisión simplemente se hubiese limitado, en su escrito de 8 de mayo de 2003, a no pronunciarse sobre la solicitud de Lucite. En particular, debe recordarse que la demandante no pone en entredicho la apreciación que la Comisión hizo en su escrito de 8 de mayo de 2003, según la cual una solicitud conjunta de ella y de Lucite al amparo de la Comunicación sobre la cooperación no era, de todas formas, posible.
242

En el presente asunto, la Sra. Landgren ya no podía reemprender el ejercicio de una actividad en el seno de la ETF debido a su estado de salud, extremo no cuestionado por las partes, de modo que no era posible restablecer la situación jurídica en la que se hallaba la Sra. Landgren cuando se adoptó la decisión de despido. Por lo tanto, la Sra. Landgren sufrió un perjuicio real y concreto como consecuencia de dicha decisión, originado por la pérdida del beneficio de los derechos pecuniarios, en particular de su remuneración, derivados de su condición de agente temporal en el seno de la ETF. Si no se hubiera adoptado la decisión de despido, la Sra. Landgren podría haberse beneficiado potencialmente de los mencionados derechos hasta la edad de jubilación. Por lo tanto, el Tribunal de la Función Pública no incurrió en un error de Derecho al considerar que la edad en la que, dado su estado de salud, habría podido acceder normalmente a una pensión de jubilación constituía un criterio pertinente, entre otros, para calcular la indemnización que debía concederse a la Sra. Landgren.
153

Además, según resulta del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. De este tenor se deduce que, por regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que dicha presentación está sujeta con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 40/94 y no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartados 41 y 42). En el caso de autos, Anheuser-Busch no invoca, en apoyo de sus pretensiones, la vulneración por la Sala de Recurso del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94. Aparte de la Regla 19 del Reglamento no 2868/95, en su versión introducida por el Reglamento no 1041/2005, Anheuser-Busch tampoco invoca otros reglamentos que lleven a considerar que la Sala de Recurso, por lo que respecta a Austria, no podía admitir los documentos presentados por Budvar.
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Sólo el tercer documento aportado por la demandante, un escrito de DOK ING de 1 de diciembre de 2006 y dirigido a la demandante, se refiere a los recursos judiciales. Este escrito tiene el siguiente tenor: «With reference to the above tender and the subsequent cancellation by the Contracting Authority, we her[e]by authorize you as the Joint Venture Leader, to instruct your lawyer to take legal action against the European Agency for Reconstruction, for damages caused by the tender cancellation, also on our behalf») (En lo que afecta a la licitación antes mencionada y a su posterior cancelación por la entidad adjudicadora, por la presente le autorizamos, en su calidad de líder de la empresa común, a encargar a su abogado para que, también en nuestro nombre, interponga un recurso judicial contra la [AER] por los daños causados debido a la cancelación de la licitación.)
El objeto del requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, es limitar los conflictos entre los signos impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca comunitaria. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente. Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial. Por otro lado, la apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido. Por último, debe probarse la utilización del signo controvertido en el tráfico económico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

(véase el apartado 47)
En el marco de un procedimiento por violación de las normas sobre competencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos tenidos en cuenta por la Comisión para fundamentar su alegación de que se ha producido una infracción del Tratado. Asimismo, dada la importancia del pliego de cargos, éste debe precisar sin equívocos la persona jurídica a la que podrá imponerse una multa y estar dirigido a esta última. Es también necesario que el pliego de cargos indique en qué condición se le imputan a una empresa los hechos alegados.

La decisión de la Comisión no tiene por qué ser necesariamente una copia exacta del pliego de cargos. Por consiguiente, sólo cabe apreciar la existencia de una vulneración del derecho de defensa si la decisión final imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos o tiene en cuenta hechos diferentes. No es éste el caso cuando las diferencias alegadas entre el pliego de cargos y la decisión final sólo se refieren a comportamientos sobre los que las empresas afectadas ya habían ofrecido explicaciones y que, por tanto, son ajenos a todo cargo nuevo.

La Comisión no cumple sus obligaciones cuando no indica en el pliego de cargos en qué calidad se reprocha a una empresa una infracción y dicha empresa no puede deducir de los términos del pliego de cargos que, en su decisión final, la Comisión tiene la intención de imputarle la infracción por su implicación directa en las actividades del cartel y su condición de sociedad matriz, basándose en la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial, que le corresponde desvirtuar. Dado que el pliego de cargos no permite a la demandante tener conocimiento de la imputación basada en su participación indirecta en las actividades del cartel, ésta no pudo asegurar eficazmente su defensa a este respecto durante el procedimiento administrativo.

Las meras circunstancias de que, por una parte, la Comisión indicó de manera general en el pliego de cargos que consideraría a las sociedades matrices responsables del comportamiento de sus filiales y de que, por otra parte, la demandante sabía que BNGW había sido su filial al 100 %, y no su predecesor en Derecho, no bastan para considerar que la Comisión cumplió su obligación de indicar en el pliego de cargos en qué calidad se reprochaban a la demandante los hechos alegados.

(véanse los apartados 22, 23 y 29 a 31)
Marca o signo invocados en oposición:

Marcas denominativas danesa (no 19.561.415 VR), alemana (no 725.452), británica (no 1.436.897) y comunitaria (no 651.745) VITRAL, para productos de la clase 19, entre otros, contra los que se dirige la oposición
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En consecuencia, resulta evidente que, como ya se ha expuesto anteriormente, el Reglamento no 60/2004 establece un método de determinación de los excedentes centrado en la observación de las tendencias macroeconómicas y no en la de las cantidades acumuladas efectivamente como reservas en un Estado miembro en particular. Este Reglamento incluye igualmente una cláusula de flexibilidad final que permite modificar el resultado de este examen en función de circunstancias particulares que justifiquen la exclusión de determinadas cantidades de azúcar, siempre que la existencia de estas cantidades no represente un riesgo de perturbación de los mecanismos de la OCM del azúcar, tal como se desprende de la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento no 60/2004 realizada en los anteriores apartados 245 a 248. La propia Comisión señala en el anexo I de la comunicación de la Sra. Fischer Boel que dicho anexo tiene por objeto establecer una metodología para determinar los excedentes de los nuevos Estados miembros en el plano macroeconómico, tal como exige el artículo 6 del Reglamento no 60/2004, el cual no contiene ninguna disposición que excluya las cantidades mínimas del cálculo de los excedentes.
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Como se ha señalado en los anteriores apartados 24 a 29, la utilización del signo Dr. No en la carátula de los vídeos, DVD, grabaciones musicales, libros, tebeos, pósteres, coches en miniatura y relojes no constituye un uso como marca. En consecuencia, los signos Dr. No y Dr. NO no pueden considerarse marcas no registradas. Además, en el caso de las figuritas de las películas, la demandante no ha demostrado que las hubiera utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria. Por consiguiente, una oposición basada en la existencia de una marca no registrada anterior a la solicitud de marca comunitaria no puede prosperar.