Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

3. Competencia — Normas comunitarias — Infracción cometida por una filial

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Contenido necesario

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1)

5. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Arts. 81 CE y 253 CE)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

8. Competencia — Multas — Importe — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional

(Art. 229 CE)

9. Procedimiento — Costas — Costas recuperables — Concepto

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

Índice

1. Con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, el importe de la multa se determina tomando en consideración la gravedad de la infracción y su duración. Además, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la Comisión fija el importe de partida en función de la gravedad de la infracción, tomando en consideración la propia naturaleza de ésta, sus repercusiones concretas en el mercado y la dimensión del mercado geográfico.

Por tanto, este marco jurídico no obliga en sí mismo a la Comisión a tener en cuenta la escasa dimensión del mercado de los productos.

No obstante, para apreciar la gravedad de una infracción, la Comisión ha de tener en cuenta gran número de elementos, cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción de que se trate y las circunstancias particulares de cada infracción. No cabe excluir la posibilidad de que, en ciertos casos, entre estos elementos que ponen de manifiesto la gravedad de la infracción figure la dimensión del mercado del producto de que se trate.

Por consiguiente, aunque la dimensión del mercado puede ser uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar la gravedad de la infracción, su importancia varía en función de las circunstancias particulares de cada infracción.

(véanse los apartados 35 a 38)

2. Según las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, en el caso de infracciones en las que están implicadas varias empresas, la Comisión puede ponderar los importes de partida para tomar en consideración el peso específico de cada empresa, distribuyendo en grupos a los miembros del cártel, «sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza» (punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices). En las Directrices se precisa por otra parte que «el principio de la igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético» (punto 1 A, párrafo séptimo, de las Directrices).

En el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, la Comisión no está obligada a garantizar, en la fase de determinación de la gravedad de la infracción, que los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global, sino que puede proceder a distribuir a las empresas en grupos.

No obstante, cuando la Comisión distribuye a las empresas implicadas en grupos a efectos de determinar el importe de las multas, la determinación de los límites cuantitativos para cada uno de los grupos así identificados debe ser coherente y estar objetivamente justificada.

(véanse los apartados 56 a 58)

3. En materia de competencia, aunque una filial tenga personalidad jurídica, ello no basta para excluir la posibilidad de imputar su comportamiento a la sociedad matriz, en particular cuando la filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz.

En este contexto, resulta razonable que la Comisión presuma que una filial al 100 % de una sociedad matriz aplica en lo esencial las instrucciones que ésta le imparte. Dicha presunción implica que la Comisión no está obligada a comprobar si la sociedad matriz ejerció efectivamente esta facultad. En una situación de esta índole, cuando la Comisión, invocando esta presunción, expone en el pliego de cargos su intención de imputar a la sociedad matriz la responsabilidad de la infracción cometida por una filial en la que aquélla posee el 100 % del capital, incumbe a las partes afectadas desvirtuar dicha presunción presentando pruebas suficientes a la Comisión durante el procedimiento administrativo, en el caso de que estimen que, a pesar de dicha participación, la filial determina autónomamente su conducta en el mercado.

(véanse los apartados 82 y 83)

4. El pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia debe contener los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en que se funda la Comisión, para que la referida empresa pueda invocar oportunamente sus alegaciones en el marco del procedimiento administrativo dirigido contra ella. Del mismo modo, habida cuenta de la importancia del pliego de cargos, éste debe precisar sin equívocos la persona jurídica a la que podrá imponerse una multa y estar dirigido a esta última.

(véase el apartado 87)

5. Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir tal infracción.

(véase el apartado 93)

6. Para valorar la gravedad de una infracción, la Comisión debe tener en cuenta un gran número de factores, entre los que figura la necesidad de que la multa tenga carácter disuasorio. A fin de obtener este efecto disuasorio, la Comisión se halla plenamente facultada para determinar el importe de la multa atendiendo a las características específicas de la empresa responsable de la infracción.

A este respecto, al establecer el importe de partida de la multa a un nivel superior para las empresas con una cuota de mercado relativamente más importante que las demás en el mercado de referencia, la Comisión tiene en cuenta la responsabilidad específica que para las empresas se deriva de la exigencia de preservar la libre competencia. Ello constituye un elemento subjetivo que permite caracterizar la gravedad del comportamiento de las empresas implicadas. En efecto, dicho elemento refleja el hecho de que, en caso de participación en una práctica colusoria, el grado de responsabilidad de las empresas que tienen en el mercado de referencia una cuota de mercado relativamente más importante que las otras es superior, en lo que respecta al daño causado a la competencia. En este contexto, también resulta razonable que la Comisión tenga en cuenta la existencia, en las empresas muy grandes, de conocimientos e infraestructuras jurídicas y económicas que les permiten apreciar mejor el carácter de infracción de su comportamiento y las correspondientes consecuencias desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

Por otra parte, al calcular el importe de la multa de una empresa, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, su tamaño y su potencia económica. Además, para apreciar la capacidad económica de los participantes en una práctica colusoria, el volumen de negocios global constituye un dato pertinente.

De ello se deduce que la Comisión puede aplicar un coeficiente multiplicador a modo de valoración del efecto disuasorio de la multa impuesta, teniendo en cuenta el tamaño y la potencia económica de la empresa de que se trate.

(véanse los apartados 114 a 117)

7. Siguiendo el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, el cálculo del importe de las multas se realiza en función de los dos criterios mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa previsto en dicha disposición. Por consiguiente, las Directrices no van más allá del marco jurídico de las sanciones que establece dicha disposición.

(véase el apartado 119)

8. Desde el momento en que el examen de los motivos por los que una empresa impugna la legalidad de una decisión de la Comisión mediante la que se le impone una multa por infracción de las normas comunitarias en materia de competencia no revele ilegalidad alguna en ella, no procede que el Tribunal de Primera Instancia ejercite su competencia jurisdiccional plena para reducir el importe de dicha multa.

(véase el apartado 130)

9. Los gastos ocasionados a una empresa por la constitución y el mantenimiento de un aval bancario para evitar la ejecución forzosa de una decisión de la Comisión por lo que a ella respecta no constituyen gastos realizados con motivo del procedimiento, en el sentido del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Del mismo modo, debe desestimarse la pretensión de una empresa de que se condene a la Comisión al reembolso de los gastos que se vio obligada a efectuar durante el procedimiento administrativo en materia de competencia. En efecto, aunque, a tenor del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, «se considerarán como costas recuperables [...] los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento», esta disposición considera «procedimiento» únicamente el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, con exclusión de la fase administrativa previa.

(véase el apartado 133)