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Las consideraciones pertinentes sobre las que se basa la decisión controvertida son del tenor siguiente: «En el presente caso, la supuesta infracción no puede causar importantes disfunciones en el mercado común, dado que todas las partes implicadas tienen su domicilio en Grecia y desarrollan su actividad sólo en dicho país. No cabe prever que esta situación cambie, es decir, que los tres organismos […] comiencen en breve a desarrollar sus actividades en otros países, a la vista de la estructura de los mercados de servicios para la protección de los derechos afines y las dificultades prácticas de tal actividad. Además, los efectos de las supuestas prácticas se producen únicamente en el mercado griego. Los contratos de utilización de la música se celebran únicamente con cadenas de radio y de televisión y otros usuarios que se hallan en Grecia. Los tres organismos […] son competentes únicamente para la defensa de los derechos afines en Grecia y no tienen la posibilidad práctica de ejercer tal competencia fuera de este país. Por otra parte, para probar una eventual infracción, la Comisión debería acometer una investigación compleja de las condiciones que prevalecen en el mercado de que se trata y de las alternativas disponibles. En primer lugar, dado que, por una parte, la Ley griega (de conformidad con la Directiva 92/100/CEE) [del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61),] prevé que se abonará una única remuneración por todos los derechos afines y que, por otro lado, la supuesta infracción se desprende del hecho de que los tres organismos […] se dirigen en común a los usuarios para reclamar dicha remuneración, la Comisión debería probar la eventual existencia y eficacia de métodos que permitan reclamar separadamente el pago de la remuneración única. En segundo lugar, la Comisión debería no sólo demostrar que los tres organismos ocupan una posición dominante colectiva, sino, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia [de 13 de julio de 1989,] Tournier [(395/87, Rec. p. 2521)], y Lucazeau [y otros (110/88, 241/88 y 242/88, Rec. p. 2811)], investigar también los niveles relativos de los precios de los derechos de autor y de los derechos afines en todos los países de la Unión, las respectivas bases de cálculo, los criterios empleados y las condiciones que prevalecen en el mercado griego respecto [a los mercados de] los otros países europeos. Además, ha de ponerse de manifiesto que su sociedad tiene la responsabilidad de exponer sus imputaciones a las autoridades nacionales. En particular, puede someter el asunto a la autoridad griega de defensa de la competencia. [Esta última] estaría, gracias al profundo conocimiento de las condiciones del mercado nacional de que dispone, perfectamente en condiciones de tramitar su denuncia. El hecho de que todas las partes implicadas y todos los usuarios de música afectados tengan su domicilio y desarrollen sus actividades en el mercado griego confiere una importancia adicional al conocimiento detallado de las condiciones del mercado local. Por otro lado, dicha autoridad está facultada para aplicar los artículos [81 CE y 82 CE] al igual que la Comisión […]. Por tanto debe llegarse a la conclusión de que el alcance y la complejidad de las medidas de investigación exigidas para comprobar si el comportamiento de los tres organismos […] se ajusta o no a las normas de Derecho comunitario de la competencia no son proporcionados a la importancia bastante limitada de una eventual infracción para el funcionamiento del mercado común. Así pues, el asunto no reviste el grado de interés comunitario exigido para que la Comisión abra una investigación.»