Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T‑59/11,

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis , con domicilio social en Atenas (Grecia), representada por el Sr. V. Christianos, abogado,

parte demandante,

contra

Comisión Europea , representada por la Sra. M. Condou‑Durande y el Sr. V. Savov, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. S. Pappas, abogado,

parte demandada,

que tiene por objeto sendas pretensiones basadas en el artículo 272 TFUE de que, por una parte, en primer lugar, se declare infundada la solicitud de la Comisión de que se reembolsen las subvenciones abonadas a la demandante en virtud de los contratos nº 027020 «Access to e‑Government Services Employing Semantic Technologies», nº 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», nº 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge‑based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», nº 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», nº 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», nº 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», nº 029255 «NavigAbile: e‑inclusion for communication disabilities», nº 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» y nº 224988 «T‑Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels», celebrados entre la Comunidad Europea y la demandante, y, en segundo lugar, se condene a la Comisión a abonar el saldo de las subvenciones en virtud de los contratos nº 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge‑based and Integrated Services for Mobility Impaired Users» y nº 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», así como, por otra parte, de reconvención con objeto de que se condene a la demandante al reembolso de las subvenciones indebidamente abonadas en el marco del conjunto de estos contratos y de la indemnización a tanto alzado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, en funciones de Presidente, y la Sra. M. Kancheva (Ponente) y el Sr. E. Buttigieg, Jueces;

Secretario: Sra. S. Spyropoulos, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de julio de 2013;

dicta la siguiente

Motivación de la sentencia

Sentencia

Antecedentes del litigio

1. La demandante, Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis, es una sociedad civil griega sin ánimo de lucro, constituida el 7 de enero de 2004, con domicilio social en Atenas (Grecia).

2. En virtud de un acuerdo, celebrado el 28 de diciembre de 2010 y publicado en el boletín de sociedades del Protodikeio Athinon (tribunal de primera instancia de Atenas) el 17 de enero de 2011, la demandante fue declarada en liquidación. El Sr. X, que hasta esa fecha había sido responsable de los programas europeos de la demandante (en lo sucesivo, «director de los programas»), fue designado en ese momento mandatario para llevar a cabo la liquidación de la demandante.

3. Conforme a sus estatutos, la demandante tiene por objeto la transferencia de tecnología, la promoción de la igualdad de trato y de la inserción de las personas con discapacidad en el ámbito de la sociedad de la información, así como la mejora del empleo de las personas que tienen necesidades específicas en Europa y a escala internacional.

4. La demandante celebró varios contratos con la Comunidad Europea, representada por la Comisión de las Comunidades Europeas, que tenían por objeto la realización de determinados proyectos. De estos contratos, nueve son objeto del presente litigio (en lo sucesivo, «contratos en cuestión»).

A. Presentación de los contratos en cuestión

5. Los contratos en cuestión fueron celebrados entre, por una parte, la Comunidad, representada por la Comisión, y, por otra parte, un coordinador y los miembros de un consorcio, entre los que figura la demandante. Cada uno de estos contratos comprende, además del texto principal, seis anexos, de los que el primero contiene la descripción del programa correspondiente y el segundo las condiciones generales aplicables.

6. De los contratos en cuestión, seis contratos (en lo sucesivo, «contratos FP6») fueron celebrados en el contexto del sexto programa marco establecido por la Decisión nº 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002‑2006) (DO L 232, p. 1).

7. Se trata de los siguientes contratos:

— el contrato nº 027020 «Access to e‑Government Services Employing Semantic Technologies» (en lo sucesivo, «contrato Access‑eGOV»), celebrado en el marco del programa especial «Integrar y reforzar el Espacio Europeo de la Investigación (2002‑2006)», cuyo artículo 4 fijaba la duración del proyecto en 36 meses a partir del primer día del mes siguiente a su firma por la Comisión y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 1 983 000 euros, de los cuales 157 320 euros destinados a la demandante, y que el 3 de junio de 2008 fue objeto de una modificación por la que se fijaba la duración del proyecto en 48 meses;

— el contrato nº 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support» (en lo sucesivo, «contrato eABILITIES»), celebrado en el marco del programa especial «Integrar y reforzar el Espacio Europeo de la Investigación (2002‑2006)», cuyo artículo 4 fijaba la duración del proyecto en 24 meses a partir del 1 de septiembre de 2006 y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 750 000 euros, de los cuales 95 201,61 euros destinados a la demandante;

— el contrato nº 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge‑based and Integrated Services for Mobility Impaired Users» (en lo sucesivo, «contrato Ask‑It»), celebrado en el marco del programa especial «Integrar y reforzar el Espacio Europeo de la Investigación (2002‑2006)», cuyo artículo 4 fijaba la duración del proyecto en 48 meses a partir del 1 de octubre de 2004 y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 8 499 657 euros, de los cuales 183 320,89 euros destinados a la demandante, y que el 25 de julio de 2008 fue objeto de una modificación por la que se fijaba la duración del proyecto en 51 meses;

— el contrato nº 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning» (en lo sucesivo, «contrato EU4ALL»), celebrado en el marco del programa especial «Integrar y reforzar el Espacio Europeo de la Investigación (2002‑2006)», cuyo artículo 4 fijaba la duración del proyecto en 48 meses a partir del 1 de octubre de 2006 y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 7 400 000 euros, de los cuales 268 008 euros destinados a la demandante, y que el 21 de octubre de 2010 fue objeto de una modificación por la que se fijaba la duración del proyecto en 54 meses;

— el contrato nº 045056 «Emergency Monitoring and Prevention» (en lo sucesivo, «contrato Emerge»), celebrado en el marco del programa especial «Integrar y reforzar el Espacio Europeo de la Investigación (2002‑2006)», cuyo artículo 4 fijaba la duración del proyecto en 33 meses a partir del 1 de febrero de 2007 y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 2 449 964 euros, de los cuales 203 712 euros destinados a la demandante, y que el 28 de octubre de 2008 fue objeto de una modificación por la que se fijaba la duración del proyecto en 36 meses;

— el contrato nº 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease» (en lo sucesivo, «contrato Enable»), celebrado en el marco del programa especial «Integrar y reforzar el Espacio Europeo de la Investigación (2002‑2006)», cuyo artículo 4 fijaba la duración del proyecto en 36 meses a partir de su firma por la Comisión, esto es, según la demandante, a partir del 1 de enero de 2007, y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 2 800 000 euros, de los cuales 196 700 euros destinados a la demandante, y que el 13 de septiembre de 2010 fue objeto de una modificación por la que se fijaba la duración del proyecto en 44 meses y la cuantía de la contribución máxima de la Comunidad en 2 477 040 euros.

8. Las condiciones generales de los contratos FP6 (en lo sucesivo, «condiciones FP6») estipulan, en particular, lo siguiente:

«Artículo II.1 Definiciones

[…]

4. Consorcio: conjunto de contratantes que participan en un proyecto contemplado en el presente contrato.

[…]

6. Coordinador: contratante designado en el presente contrato que, además de sus obligaciones como contratante, le incumbe realizar por cuenta del consorcio las tareas de coordinación específicas previstas en el presente contrato.

7. Contratante: participante en el sentido del artículo 2, apartado 7, de las normas de participación y firmante del presente contrato que no sea el [Centro Común de Investigación de la Comisión Europea], que firma un acuerdo distinto con la Comisión sobre su participación en el contrato.

[…]

11. Irregularidad: toda violación de una disposición del Derecho comunitario o todo incumplimiento de una obligación contractual resultante de un acto u omisión de un contratante que ocasione o pudiera ocasionar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a los presupuestos gestionados por éstas como consecuencia de un gasto indebido.

[…]

Artículo II.8 Evaluación y adopción de los informes y de los elementos que deben entregarse

[…]

4. La aprobación de un informe no implica la exención de una auditoría o inspección, que podrá efectuarse conforme a las disposiciones del artículo II.29.

[…]

Artículo II.16 Rescisión por incumplimiento de contrato e irregularidad

100. En caso de incumplimiento de una obligación impuesta por el presente contrato, la Comisión conminará [al] consorcio [a] encontrar una solución apropiada para subsanar dicho incumplimiento en un plazo máximo de 30 días.

Los gastos en que incurra el consorcio después de la fecha de recepción de tal orden conminatoria sólo podrán ser reembolsados si la Comisión acepta una solución apropiada para subsanar el incumplimiento.

En su caso, el consorcio podrá solicitar a la Comisión que suspenda el proyecto total o parcialmente, conforme al artículo II.5.

Si no hubiere una solución satisfactoria, la Comisión pondrá fin a la participación del contratante que haya incumplido el contrato.

2. La Comisión podrá poner fin inmediatamente a la participación de un contratante cuando:

a) el contratante haya cometido deliberadamente o por negligencia una irregularidad en la ejecución de un contrato con la Comisión;

b) el contratante no haya observado los principios éticos fundamentales contemplados en las normas de participación.

3. Se notificará al contratante la decisión de poner fin a su participación, remitiendo una copia al consorcio.

La rescisión será efectiva en la fecha de recepción de esta notificación por el contratante, sin perjuicio de las obligaciones establecidas o previstas en el presente contrato.

La Comisión informará al consorcio de la fecha en que sea efectiva la rescisión.

[…]

Artículo II.19 Gastos del proyecto subvencionables

1. Los gastos subvencionables en que se haya incurrido para realizar el proyecto deberán reunir los siguientes requisitos:

a) deben ser reales, económicos y necesarios para la realización del proyecto;

b) deben determinarse conforme a los principios contables usuales del contratante;

c) deben haberse efectuado en el período de duración del proyecto, tal como se indica en el artículo 4, apartado 2, salvo en lo referente a los gastos necesarios para elaborar los informes finales que prevé el artículo II.7, apartado 4, que pueden efectuarse hasta 45 días después de la fecha de finalización del proyecto o de la fecha de rescisión, si ésta fuese anterior;

d) deben estar inscritos en la contabilidad del contratante que los haya efectuado, a más tardar en la fecha del establecimiento del certificado de auditoría previsto en el artículo II.26. Los métodos contables utilizados para registrar los gastos y los ingresos deben ser conformes con las normas contables utilizadas en el Estado donde el contratante esté establecido y deben permitir el cotejo de los gastos efectuados y de los ingresos percibidos en la realización del proyecto así como del estado general de la contabilidad relativa a la actividad comercial global del contratante;

[…]

2. Los siguientes gastos no subvencionables no podrán imputarse al proyecto:

[…]

e) gastos declarados, efectuados o reembolsados con respecto a otro proyecto comunitario;

[…]

h) gastos disparatados o infundados;

i) cualquier otro gasto que no reúna los requisitos establecidos en el artículo II.19, apartado 1.

[…]

Artículo II.28 Modalidades de pago

1. Sin perjuicio del artículo II.29, la Comisión determinará la cuantía del pago final que deba abonarse al contratante sobre la base de los documentos contemplados en el artículo II.7 que aquélla haya aprobado.

[…]

7. En caso de que el pago se demore, los contratantes podrán reclamar intereses en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción del pago. El interés se calculará según el tipo aplicado por el Banco Central Europeo en sus operaciones principales de refinanciación, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea , en vigor el primer día del mes en el que se haya producido el vencimiento del pago, incrementado en un punto y medio. Los intereses se devengarán por el período comprendido entre la fecha límite de ejecución del pago y la fecha en la que éste tenga lugar. La fecha del pago será aquélla en la que se cargue en la cuenta de la Comisión. El pago de intereses no se considerará parte de la contribución económica de la Comunidad establecida en el artículo 5 del contrato.

8. Los períodos indicados en el artículo 8 relativos a los plazos de pago podrán suspenderse en cualquier momento por la Comisión notificando al coordinador que la ficha económica no es aceptable, ya sea porque no es conforme con las exigencias del contrato, ya porque no es conforme con los informes de actividad remitidos a la Comisión para su adopción. El plazo previsto para la adopción de la ficha económica será suspendido hasta que se comunique la versión corregida o revisada que se haya solicitado y el resto de dicho plazo volverá a correr el día en que la Comisión reciba tal información.

La Comisión podrá suspender sus pagos en cualquier momento en caso de incumplimiento por los contratantes de alguna disposición contractual, en particular de las disposiciones del artículo II.29 relativas a la auditoría y a la inspección. En este caso, la Comisión informará directamente a los contratantes mediante carta certificada con acuse de recibo.

La Comisión podrá suspender sus pagos en cualquier momento cuando sospeche que un contratante ha cometido una irregularidad en la ejecución del contrato. Sólo se suspenderá la parte destinada a los contratantes de los que se sospeche alguna irregularidad. En tal caso, la Comisión informará directamente a los contratantes de los motivos de la suspensión mediante carta certificada con acuse de recibo.

Artículo II.29 Inspecciones y auditorías

1. En cualquier momento durante la ejecución del contrato y hasta cinco años después de la finalización del proyecto, la Comisión podrá decidir que se realicen auditorías, bien por revisores o auditores científicos o tecnológicos externos, bien por los propios servicios de la Comisión, incluida la [Oficina Europea de Lucha contra el Fraude]. Las audit orías podrán tener por objeto aspectos científicos, financieros, tecnológicos y otros (como los principios de contabilidad y de gestión) relacionados con la buena ejecución del proyecto y del contrato. Las auditorías se llevarán a cabo de manera confidencial. Los importes que puedan deberse a la Comisión como consecuencia de los resultados de las auditorías podrán recuperarse tal como se indica en el artículo II.31.

Los contratantes podrán rechazar la participación de un revisor o de un auditor científico o tecnológico externo particular por razones de confidencialidad comercial.

2. Los contratantes pondrán directamente a disposición de la Comisión todos los datos concretos que ésta pueda solicitar para verificar si el contrato es bien gestionado y ejecutado.

3. Los contratantes conservarán, durante un período de 5 años a partir de la finalización del proyecto, el original de todos los documentos relativos al contrato o, en casos excepcionales debidamente justificados, copias certificadas de los originales. Estos documentos se pondrán a disposición de la Comisión cuando se pidan durante la ejecución de una auditoría en el marco del contrato.

4. Para permitir la ejecución de tales auditorías, los contratantes velarán por que los servicios de la Comisión y cualquier organismo exterior designado por ésta puedan, en cualquier momento razonable, acceder a sus dependencias, especialmente a las oficinas de los contratantes, a fin de recabar toda la información necesaria para la ejecución de la auditoría.

[…]

6. Además, la Comisión podrá efectuar verificaciones e inspecciones in situ de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, y con el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) [Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)].

[…]

Artículo II.30 Indemnización a tanto alzado

Sin perjuicio de otras medidas previstas en el presente contrato, los contratantes acuerdan que la Comunidad, con el fin de proteger sus intereses financieros, podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios a tanto alzado al contratante cuyos gastos resulten excesivos y que por tanto haya percibido una contribución económica injustificada de la Comunidad. El contratante deberá pagar la indemnización a tanto alzado, además de reintegrar la contribución económica injustificada.

1. La cuantía de la indemnización a tanto alzado deberá ser proporcional al gasto excesivo y a la parte injustificada de la contribución de la Comunidad. La cuantía de la indemnización a tanto alzado se calculará mediante la siguiente fórmula:

Indemnización a tanto alzado = contribución económica injustificada x (gasto excesivo/total reclamado)

El cálculo de la indemnización a tanto alzado tendrá en cuenta únicamente el período relacionado con la contribución de la Comunidad reclamada por el contratante con respecto a este período. No se calculará en relación con la contribución total de la Comunidad.

2. La Comisión notificará su solicitud de pago mediante carta certificada con acuse de recibo al contratante al que considere obligado a pagar una indemnización a tanto alzado. Este contratante dispone de un plazo de 30 días para contestar a la solicitud de indemnización de la Comunidad.

3. El procedimiento para el reembolso de una contribución económica injustificada y para el pago de una indemnización a tanto alzado se determinará conforme a las disposiciones del artículo II.31.

4. La Comisión podrá solicitar una indemnización por todo gasto excesivo que se constate tras la extinción del contrato, conforme a las disposiciones de los apartados 1 a 6.

5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las sanciones administrativas o económicas que la Comisión pueda imponer, conforme al Reglamento financiero, a todo contratante que haya incumplido el contrato y sin perjuicio de cualquier otra medida correctora civil a la que pueda recurrir la Comunidad u otro contratante. Además, dichas disposiciones no excluyen la facultad de las autoridades de los Estados miembros de ejercitar acciones penales.

6. Por otro lado, tal y como prevé el Reglamento financiero, a todo contratante del que se haya declarado que ha incumplido gravemente sus obligaciones contractuales podrá imponerse una sanción económica de una cuantía comprendida entre el 2 % y el 10 % del importe de la contribución económica que haya percibido de la Comunidad. El tipo porcentual podrá ser del 4 % al 20 % en caso de reincidencia en los cinco años siguientes al primer incumplimiento.

Artículo II.31 Reembolso a la Comisión y órdenes de ingreso

1. Cuando se haya abonado indebidamente una cantidad al contratante o cuando esté justificada la recuperación con arreglo al contrato, el contratante se compromete a reembolsar a la Comisión la cantidad de que se trate en las condiciones y en la fecha que ésta precise.

2. A falta de pago por el contratante en la fecha fijada por la Comisión, la cantidad adeudada incluirá intereses al tipo indicado en el artículo II.28. Los intereses de demora se aplicarán a partir de la fecha fijada para el pago y hasta el día en que la Comisión perciba toda la cantidad que se le deba.

[…]

3. El ingreso de las cantidades adeudadas a la Comisión podrá hacerse mediante compensación con las cantidades debidas al contratante, después de que éste [haya] sido informado de ello, o mediante la ejecución de una garantía financiera. No será necesario el acuerdo previo del contratante.

[…]

5. Se informará al contratante de que, en virtud del artículo 256 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y según lo previsto en las normas de participación, la Comisión podrá adoptar una decisión, que constituirá un título ejecutivo, que formalice el devengo de títulos de crédito a cargo de personas distintas de los Estados.»

9. Otros dos contratos (en lo sucesivo, «contratos eTEN») fueron celebrados en el marco del programa específico eTEN, relativo a las redes transeuropeas de telecomunicaciones y regulado por el Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (DO L 228, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1655/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 1999 (DO L 197, p. 1).

10. Se trata de los siguientes contratos:

— el contrato nº 029255 «NavigAbile: e‑inclusion for communication disabilities» (en lo sucesivo, «contrato Navigabile»), cuyo artículo 2 fijaba la duración del proyecto en 15 meses a partir del primer día del mes siguiente a la última firma de las partes, esto es, según la demandante, el 1 de enero de 2007, y cuyo artículo 3 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 756 275 euros, de los cuales 62 148 euros destinados a la demandante;

— el contrato nº 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» (en lo sucesivo, «contrato Euridice»), cuyo artículo 2 fijaba la duración del proyecto en 18 meses a partir del primer día del mes siguiente a la última firma de las partes, es decir, según la demandante, el 1 de agosto de 2005, y cuyo artículo 3 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 860 834 euros, de los cuales 55 750 euros destinados a la demandante.

11. Las condiciones generales de los contratos eTEN (en lo sucesivo, «condiciones eTEN») estipulan, en particular, lo siguiente:

«Artículo II.1 Definiciones

[…]

2. “Beneficiario” designa a una entidad jurídica, a una organización internacional o al Centro Común de Investigación (CCI), que ha celebrado con la Comunidad el presente contrato de financiación.

[…]

4. “Miembro” designa a una entidad jurídica, a una organización internacional o al Centro Común de Investigación (CCI) —distinto del beneficiario— que ha celebrado, con el acuerdo de la Comunidad y conforme al presente contrato de financiación, un contrato de participación con un beneficiario y que tiene, en virtud de dicho contrato de participación, los mismos derechos y obligaciones que el beneficiario salvo disposición en contrario del contrato de financiación.

5. “Participante” designa a un beneficiario o a un miembro.

[…]

28. “Gastos subvencionables” designa a los gastos contemplados en los artículos 14 y 15 del presente anexo, conforme a las condiciones que figuran en los artículos 13.1 a 13.7.

[…]

32. “Irregularidad” designa a cualquier violación del Derecho comunitario o cualquier incumplimiento de una obligación contractual, como consecuencia de una acción u omisión de un beneficiario o miembro que perjudica o podría perjudicar al presupuesto general de las Comunidades Europeas mediante gastos injustificados.

[…]

Artículo II.3 La contribución económica de la Comunidad

[…]

4. Sin perjuicio del artículo 17 del presente anexo, sólo se considerará exigible un pago una vez que se [haya] aprobado el último elemento que deba entregarse.

[…]

6. Después de la fecha de extinción del contrato de financiación, de la rescisión del contrato de financiación o de la finalización de la participación de un beneficiario o de un miembro, la Comisión podrá o deberá, según el caso, solicitar al beneficiario de que se trate, o al beneficiario implicado en virtud de uno de sus miembros, el reembolso de toda la contribución económica comunitaria que se le haya abonado si se descubre fraude o graves irregularidades financieras en la auditoría realizada conforme al artículo 17 del presente anexo. A la cantidad que deba reembolsarse se sumarán los intereses correspondientes al tipo que el Banco Central Europeo aplique en sus operaciones principales de refinanciación el primer día del mes en el curso del cual el participante de que se trate haya recibido los fondos, con un incremento de tres puntos y medio por ciento. Los intereses se devengarán desde la percepción de los fondos hasta su reembolso.

[…]

Artículo II.7 Rescisión del contrato de financiación o cese de la participación de un beneficiario o de un miembro

[…]

3. La Comisión podrá rescindir con efecto inmediato el presente contrato de financiación o poner fin a la participación de un beneficiario, o solicitar a un beneficiario que ponga fin a la participación de uno de sus miembros, a partir de la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo enviada por la Comisión o, en el caso de un miembro, por el beneficiario de que se trate, conforme al apartado 6, párrafo tercero, del presente artículo, cuando:

a) el proyecto no se haya comenzado efectivamente en los tres meses siguientes al pago anticipado y la nueva fecha propuesta se considere inaceptable por la Comisión;

b) el participante directamente afectado no haya cumplido completamente su obligación contractual pese a una solicitud por escrito —dirigida por la Comisión o por el coordinador que actúa de acuerdo con los demás beneficiarios o incluso, en el caso de un miembro, por el beneficiario de que se trate— instándole a subsanar el incumplimiento de tal obligación en un plazo que no exceda de un mes;

c) cuando un cambio en el control de un beneficiario pueda afectar de manera sustancial al proyecto o a los intereses de la Comunidad;

d) en caso de quiebra, cierre, cese de la actividad, liquidación judicial o contractual, o suspensión del funcionamiento de un participante, o de cualquier otro procedimiento similar previsto por las leyes y normativas nacionales y que produzca un resultado similar;

e) en caso de grave irregularidad financiera.

4. La Comisión deberá rescindir inmediatamente el presente contrato de financiación, o poner fin a la participación de un beneficiario, o solicitar al beneficiario de que se trate que ponga fin a la participación de un miembro, en el momento de la recepción de la carta certificada con acuse de recibo enviada por la Comisión o, en el caso de un miembro, por el beneficiario de que se trate, conforme al apartado 6, párrafo tercero, del presente artículo, cuando un participante haya realizado una declaración falsa de la que pueda ser considerado responsable o cuando haya ocultado deliberadamente información para obtener la contribución económica de la Comunidad o cualquier otra ventaja prevista en el contrato de financiación.

[…]

Artículo II.13 Gastos subvencionables — Principios generales

1. Los gastos subvencionables son los gastos contemplados en los artículos 14 y 15 del presente anexo. Deberán reunir los siguientes requisitos:

— deben ser necesarios para el proyecto;

— deben comprometerse en el período de duración del proyecto;

— deben determinarse conforme al principio contable de los costes históricos y a las normas internas usuales del participante, siempre que la Comisión las considere aceptables;

— deben estar inscritos en la contabilidad, a más tardar al establecerse los balances contables finales, o en los documentos fiscales, o bien, en su caso, a más tardar en la fecha de emisión del certificado de auditoría previsto en el artículo 4.2.c del presente anexo, teniendo preferencia la primera de estas dos fechas;

y

— deben excluir todo margen de beneficio.

[…]

4. No serán subvencionables, en particular, los siguientes gastos:

[…]

— los gastos innecesarios o infundados;

[…]

— los gastos de recreo o de alojamiento, con excepción de aquellos gastos, razonables, que hayan sido aceptados por la Comisión por ser absolutamente necesarios para la ejecución del contrato de financiación.

Artículo II.14 Gastos directos

1. Personal

Respecto a los gastos de personal:

a) Sólo podrá imputarse al contrato de financiación el coste de las horas realmente prestadas por las personas que realicen directamente el trabajo de gestión y el trabajo técnico correspondiente al proyecto.

Estas personas deberán:

— ser contratadas directamente por el participante ateniéndose a la legislación nacional;

— encontrarse bajo la supervisión del participante únicamente; y

— ser remuneradas conforme a las prácticas normales del participante, siempre que la Comisión las considere aceptables.

Todo el tiempo de trabajo imputado al contrato de financiación deberá registrarse en el período de duración del proyecto y, en el caso del coordinador, por un período máximo de dos meses a partir de la finalización del proyecto; este tiempo deberá certificarse al menos una vez al mes por la persona responsable del trabajo designada por el participante conforme al artículo 2.2.b del presente anexo o por el director financiero del participante debidamente habilitado.

[…]

4. Gastos de viaje y de manutención

Podrán imputarse al contrato de financiación los gastos reales de viaje y de manutención del personal afectado al proyecto.

[…]

Artículo II.16 Justificación de los gastos

Los gastos subvencionables serán reembolsados cuando el participante los justifique.

A tal efecto, el participante estará obligado a conservar, de manera regular y conforme a las normas contables usuales de su Estado de establecimiento, la contabilidad relativa al proyecto y una documentación apropiada para sustentar y justificar detalladamente los gastos y el tiempo que figuren en sus asientos contables.

La documentación deberá ser precisa, completa y eficaz.

Artículo II.17 Auditoría financiera

1. La Comisión, o cualquier representante autorizado por ésta, podrá llevar a cabo una auditoría con respecto a un participante en todo momento mientras dure el contrato de financiación y durante cinco años a partir del pago final de la contribución de la Comunidad que prevé el artículo 3.

[…]

2. La Comisión o cualquier representante autorizado podrá acceder en horas razonables, en particular, al personal de los beneficiarios que esté asociado al proyecto, a la documentación prevista en el artículo 16 del presente anexo y a los datos informáticos y equipos que considere pertinentes. En este contexto, podrá exigir que se le remitan los datos de forma apropiada a fin de, por ejemplo, verificar el carácter subvencionable de los gastos.

[…]

4. Sobre la base de las conclusiones de la auditoría, la Comisión adoptará todas las medidas adecuadas que considere útiles, incluida la recuperación de todo o parte de los pagos que haya efectuado. La recuperación afectará al beneficiario de que se trate o al beneficiario implicado si la auditoría financiera se refiere a uno de sus miembros.

[…]

Artículo II.19 Reembolso a la Comisión y recuperación

1. Si se abona indebidamente una cantidad a un participante o si la recuperación está justificada en virtud de las cláusulas del contrato, el beneficiario reembolsará a la Comisión la cantidad en cuestión, según las modalidades y en la fecha que la Comisión establezca.

2. Si el beneficiario no ha procedido al pago en la fecha establecida por la Comisión, a la cantidad adeudada se sumarán intereses al tipo fijado en el artículo 3.6 del presente anexo. Los intereses de demora se devengarán desde la fecha establecida para el pago, excluida, hasta la fecha, incluida, en que la Comisión perciba la totalidad del importe debido.

[…]»

12. El último contrato en cuestión (en lo sucesivo, «contrato CIP» o «contrato T‑Seniority») fue celebrado en el contexto del programa marco para la innovación y la competitividad establecido por la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007‑2013) (DO L 310, p. 15).

13. Se trata del contrato nº 224988 «T‑Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels», cuyo artículo 3 fijaba la duración del proyecto en 24 meses a partir del 1 de julio de 2008 y cuyo artículo 5 establecía una contribución económica máxima de la Comunidad de 2 669 999 euros, de los cuales 72 562,50 euros destinados a la demandante.

14. Las condiciones generales del contrato CIP (en lo sucesivo, «condiciones CIP») estipulan, en particular, lo siguiente:

«Artículo II.1 Definiciones

[…]

“Beneficiario” designa a una entidad jurídica participante en el presente contrato de financiación celebrado con la Comunidad.

[…]

“Gastos subvencionables” designa a los gastos contemplados en los artículos II.21 y II.22, con observancia de las condiciones enunciadas en los artículos II.20 y II.23.

[…]

“Irregularidad” designa a cualquier violación del Derecho comunitario o de una cláusula del presente contrato de financiación, como consecuencia de una acción u omisión de uno o varios beneficiarios, que perjudica o podría perjudicar al presupuesto de las Comunidades.

[…]

Artículo II.5 Aprobación de los informes y elementos que deben entregarse; plazos de pago

1. Al término de cada período de referencia, la Comisión evaluará los informes de proyectos y elementos que deben entregarse previstos en el anexo I y procederá a los pagos correspondientes dentro de los 105 días siguientes a su recepción, salvo si el plazo, el pago o el proyecto han sido suspendidos. La Comisión podrá ser asistida por expertos externos al analizar y evaluar los informes y elementos que deben entregarse.

2. Los pagos se efectuarán una vez que la Comisión [haya] aprobado los informes y/o elementos que deben entregarse. La falta de respuesta de la Comisión en el plazo fijado no equivaldrá a la aprobación. La Comisión podrá rechazar informes y elementos que deben entregarse, incluso después de la finalización del plazo de pago. La aprobación de los informes no supondrá el reconocimiento de su regularidad o de la autenticidad de las declaraciones e información que contengan y no implicará la exención de toda auditoría o verificación.

[…]

Artículo II.10 Rescisión del contrato de financiación o cese de la participación de un beneficiario

[…]

2. La Comisión no se opondrá:

a) a la rescisión del contrato de financiación a petición escrita del coordinador, actuando de común acuerdo con los demás beneficiarios, por los motivos enunciados en el apartado 1 del presente artículo;

b) a que un beneficiario se retire del proyecto, salvo si tal retirada afecta de manera sustancial a la ejecución del proyecto.

La rescisión del contrato de financiación o la retirada de un beneficiario surtirá efecto:

— en la fecha del escrito de aceptación de la Comisión, enviado por correo certificado con acuse de recibo;

— ante la falta de observaciones escritas de la Comisión, a más tardar un mes después de la recepción de la notificación de rescisión enviada por las partes de que se trate.

3. La Comisión podrá rescindir con efecto inmediato el presente contrato de financiación o poner fin a la participación de un beneficiario, a partir de la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo enviada por la Comisión, cuando:

[…]

f) se trate de un caso de grave irregularidad financiera o fraude que haya cometido un beneficiario.

[…]

Artículo II.11 Consecuencias financieras y de otro tipo de la rescisión

[…]

3. En caso de rescisión, los pagos de la Comisión se limitarán a los gastos subvencionables comprometidos y aceptados hasta la fecha efectiva de la rescisión así como a todo compromiso legítimo suscrito antes de esa fecha y que no pueda ser anulado.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior:

— en caso de rescisión conforme al artículo II.10, apartado 2, párrafo primero, letra b), o apartado 3, letras b), c), e), f) o g), la Comisión podrá reclamar el reembolso de todo o parte de la contribución económica de la Comunidad, habida cuenta de la naturaleza y de los resultados del trabajo realizado así como de su utilidad para la Comunidad en el marco del presente programa;

[…]

7. La Comisión podrá ejercer todos los derechos que le confiere el presente contrato de financiación para aceptar o rechazar informes o elementos que deben entregarse, para aceptar, reducir o rechazar solicitudes de gastos que se presenten y para llevar a cabo una auditoría o una evaluación técnica.

8. A pesar de la rescisión del contrato de financiación o del cese de la participación de un beneficiario, las disposiciones de las partes B y D del anexo II seguirán aplicándose tras la rescisión del contrato de financiación o el cese de la participación de un beneficiario. Todas las demás disposiciones del presente contrato de financiación que estipulan expresamente que su aplicación continuará tras la rescisión también seguirán aplicándose por la duración prevista en esas disposiciones.

[…]

Artículo II.20 Gastos subvencionables — Principios generales

1. Los gastos subvencionables son los contemplados en los artículos II.21 y II.22. Deberán cumplir los siguientes requisitos:

[…]

— deben ser necesarios para la ejecución del proyecto;

— deben haberse comprometido efectivamente por el beneficiario;

— deben ser identificables y verificables, estar inscritos en la contabilidad del beneficiario y determinarse conforme a los principios contables aplicables en el país de establecimiento del beneficiario y conforme a los métodos de cálculo de gastos usuales del beneficiario; los procedimientos internos de contabilidad y de auditoría del beneficiario deben permitir una correspondencia directa entre los gastos y facturas que se hayan declarado en virtud del proyecto y los documentos financieros y anexos correspondientes;

— deben ser conformes a las exigencias de la legislación fiscal y social aplicable;

— deben ser razonables, estar justificados y responder a los imperativos de la buena gestión financiera, especialmente en lo atinente a la economía y eficacia;

— deben haberse comprometido en el período de duración del proyecto.

[…]

2. Los gastos no subvencionables son, en particular, los siguientes:

[…]

— los gastos innecesarios o infundados;

[…]

— todos los gastos comprometidos o reembolsados en virtud, en particular, de otro proyecto comunitario, internacional o nacional.

[…]

Artículo II.23 Justificación de los gastos

Los gastos subvencionables serán reembolsados cuando el beneficiario los justifique.

A tal efecto, el participante estará obligado a conservar, de manera regular y conforme a las normas contables usuales de su Estado de establecimiento, la contabilidad relativa al proyecto y una documentación apropiada para sustentar y justificar detalladamente los gastos y el tiempo que figuren en sus asientos contables. Esta contabilidad deberá conservarse al menos durante cinco años a partir de la fecha del pago final. Todo el tiempo de trabajo imputado al contrato de financiación deberá registrarse en el período de duración del proyecto y por un período máximo de dos meses a partir de la finalización del proyecto; este tiempo deberá certificarse por la persona responsable del trabajo designada por el participante conforme al artículo II.3.b o por el director financiero del participante debidamente habilitado.

Esta documentación deberá ser precisa, completa y eficaz.

[…]

Artículo II.26 Modalidades de pago

[…]

6. Todo pago podrá ser objeto de auditoría o de reconsideración y podrá ser revisado o recuperado en función de los resultados de la auditoría o de la reconsideración.

[…]

Artículo II.28 Auditoría financiera

1. La Comisión podrá llevar a cabo una auditoría con respecto a un beneficiario en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y durante los cinco años siguientes al pago final. El procedimiento de auditoría con respecto a un beneficiario se considerará iniciado el día que éste reciba la carta certificada con acuse de recibo que le ha dirigido la Comisión al respecto.

El procedimiento de auditoría puede ser realizado por auditores externos o por los propios servicios de la Comisión, incluida la OLAF. El procedimiento de auditoría se desarrollará de manera confidencial.

2. Los beneficiarios pondrán directamente a disposición de la Comisión toda la información y todos los datos concretos que reclame dicha institución o cualquier representante habilitado por ésta, a fin de verificar que el contrato de financiación se gestiona correctamente, que se ejecuta conforme a sus disposiciones y que los gastos se han imputado adecuadamente.

3. Los beneficiarios velaran por que la Comisión o cualquier entidad externa con mandato de ésta tenga acceso inmediato en horas razonables, en particular, a las oficinas de los beneficiarios, al personal de los beneficiarios que esté asociado al proyecto, a la documentación prevista en el artículo II.23 del presente anexo y necesaria para realizar la auditoría, incluida la información sobre las retribuciones individuales de las personas implicadas en el proyecto, los datos contables, los datos informáticos y los equipos. En este contexto, la Comisión o cualquier entidad externa con mandato de ésta podrá exigir que se le remitan los datos de manera apropiada a fin, por ejemplo, de verificar el carácter subvencionable de los gastos.

[…]

5. Sobre la base de las conclusiones de la auditoría, la Comisión adoptará todas las medidas adecuadas que considere útiles, incluida la recuperación de todo o parte de los pagos que haya efectuado y la imposición de cualquier sanción aplicable.

[…]

Artículo II.30 Reembolso a la Comisión y recuperación

1. Cuando una cantidad pagada por la Comisión al coordinador, en su calidad de perceptor de todos los pagos, deba recuperarse en virtud de las disposiciones del presente contrato de financiación, el beneficiario de que se trate reembolsará a la Comisión la cantidad en cuestión, según las modalidades y en la fecha que ésta establezca.

2. Si no se ha cumplido la obligación de pagar el importe debido en la fecha establecida por la Comisión, tal importe se incrementará con los intereses al tipo fijado en el artículo II.5(5). Los intereses de demora se devengarán desde la fecha establecida para el pago, excluida, hasta la fecha, incluida, en que la Comisión perciba la totalidad del importe debido.

[…]

4. Los beneficiarios entienden que, en virtud del artículo 256 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión podrá adoptar una decisión, que constituirá un título ejecutivo, por la que se imponga a personas que no sean los Estados una obligación pecuniaria.»

15. Por lo que se refiere al Derecho aplicable a los contratos en cuestión, el artículo 12 de los contratos FP6 prescribe que «el presente contrato se regirá por el Derecho belga».

16. Asimismo, el artículo 5, apartado 1, de los contratos eTEN dispone que «el presente acuerdo de subvención se regirá por el Derecho belga».

17. El artículo 10, párrafo primero, del contrato CIP preceptúa que «el presente contrato de financiación se regirá por sus propias disposiciones, por los actos pertinentes de la Comunidad relativos al [CIP], por el Reglamento financiero aplicable en general a las Comunidades Europeas así como sus normas de aplicación, por las restantes disposiciones del Derecho comunitario y, con carácter subsidiario, por el Derecho belga».

18. Con respecto a la competencia jurisdiccional, el artículo 13 de los contratos FP6 contiene una cláusula compromisoria según la cual el Tribunal General o el Tribunal de Justicia, según el caso, será competente para resolver los litigios entre la Comunidad y los contratantes relativos a la validez, aplicación o interpretación de estos contratos.

19. Lo mismo sucede con el artículo 5, apartado 2, de los contratos eTEN, así como con el artículo 10, párrafo tercero, del contrato CIP.

B. Ejecución de los contratos en cuestión y auditoría

20. Del 8 al 12 de febrero de 2010, la Comisión llevó a cabo una auditoría financiera relativa a los contratos en cuestión en las oficinas de la demandante.

21. Antes de realizarse esta auditoría, la Comisión ya había abonado la última entrega de la contribución económica de la Comunidad a la demandante en relación con algunos de los contratos en cuestión.

22. Se trata, en primer lugar, de tres de los contratos regidos por las condiciones FP6, a saber, los contratos Access‑eGOV, eABILITIES y Emerge, con respecto a los cuales el pago de la última entrega de la contribución económica de la Comunidad se produjo, respectivamente, los días 15 de diciembre, 30 de septiembre y 30 de octubre de 2009. La ejecución de estos tres contratos por parte de la demandante se aprobó definitivamente por la Comisión, respectivamente, los días 13 de julio de 2009, 17 de marzo de 2009 y 15 de mayo de 2010.

23. Se trata, en segundo lugar, de los contratos regidos por las condiciones eTEN, a saber, los contratos Navigabile y Euridice, con respecto a los cuales dicho pago se produjo, respectivamente, los días 28 de enero de 2009 y 28 de diciembre de 2007. La ejecución por parte de la demandante de estos dos contratos se aprobó definitivamente por la Comisión los días 8 de diciembre de 2008 y 27 de marzo de 2007.

24. En la fecha de la auditoría, los otros contratos en cuestión se encontraban en fases de ejecución diferentes.

25. Por lo que se refiere al contrato regido por las condiciones CIP, a saber, el contrato T‑Seniority, la Comisión había abonado a la demandante a través del coordinador del proyecto la primera entrega de la contribución económica de la Comunidad por importe de 43 934,90 euros, el 23 de febrero de 2009. Mediante un escrito de 1 de marzo de 2010, la demandante informó al coordinador del proyecto T‑Seniority de que se retiraba del consorcio a partir de esta fecha.

26. En lo que atañe a los otros tres contratos regidos por las condiciones FP6, a saber, los contratos Ask‑It, EU4ALL y Enable, la situación era la que se expone a continuación.

27. En el marco del contrato Ask‑It, la Comisión había abonado las cuatro primeras entregas de la contribución económica de la Comunidad destinada a la demandante, teniendo lugar el último pago el 27 de mayo de 2008. La última entrega de dicha contribución no se había abonado todavía. El consorcio había enviado a la Comisión los últimos elementos que debían entregarse el 21 de julio de 2009.

28. En el marco del contrato EU4ALL, la Comisión había abonado a la demandante las dos primeras entregas de la contribución económica de la Comunidad los días 4 de abril de 2007 y 19 de enero de 2009. A raíz del examen de los informes aportados por el consorcio en el marco del tercer período de referencia del proyecto, la Comisión había dirigido al coordinador de este proyecto un escrito fechado el 13 de enero de 2010 indicando que tales informes se aprobaban con la condición de que el consorcio presentara un plan de ejecución del programa respecto al siguiente período con determinadas modificaciones relativas a las prestaciones y tareas que debían realizarse. La Comisión fijaba asimismo un plazo de un mes al consorcio para tener en cuenta sus recomendaciones y presentar un nuevo plan de ejecución.

29. A continuación, la Comisión, mediante escrito de 29 de marzo de 2010, en el marco del contrato EU4ALL, concedió un nuevo plazo de un mes al consorcio para tener en cuenta las recomendaciones complementarias tras la aportación de nuevos documentos y presentar un nuevo plan de ejecución tomando en consideración dichas recomendaciones.

30. A raíz de la presentación de nuevos documentos por el consorcio en el marco del contrato EU4ALL, la Comisión indicó a éste en un escrito de 9 de junio de 2010 que consideraba, siempre que se presentaran documentos adicionales antes de que finalizara junio de 2010, que el consorcio ejecutaba el proyecto de manera satisfactoria.

31. Mediante escrito de 4 de agosto de 2010, la demandante recordó a la Comisión que, pese a la aportación por el coordinador del proyecto de los documentos adicionales solicitados por la Comisión en su escrito de 9 de junio de 2010, ésta no había procedido a ningún pago. Dado que tal situación hacía imposible la ejecución del proyecto previsto en el contrato EU4ALL por falta de recursos económicos, la demandante indicó a la Comisión que, a partir de la fecha de aquel escrito, suspendía toda ejecución y puesta en práctica del proyecto hasta que dicha institución cumpliera sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de los derechos que le confería el contrato y de cualquier indemnización complementaria por daños y perjuicios.

32. Mediante escrito de 25 de agosto de 2010, la Comisión informó a la demandante de que había suspendido el pago de la contribución económica de la Comunidad correspondiente al último período de referencia en el marco del contrato EU4ALL, basándose en el artículo II.28, apartado 8, párrafo tercero, de las condiciones FP6.

33. En el marco del contrato Enable, la Comisión había abonado a la demandante las seis primeras entregas de la contribución económica de la Comunidad destinada a ella, habiéndose efectuado el último pago el 7 de junio de 2009.

34. A renglón seguido, la demandante informó a la Comisión mediante escrito de 16 de julio de 2010 de que, a falta de pago por parte de ésta, le resultaba imposible continuar con la ejecución del proyecto previsto en el contrato Enable debido a la falta de recursos económicos. Indicó también a la Comisión que, a partir de la fecha de ese escrito, suspendía toda ejecución y puesta en práctica del proyecto hasta que dicha institución cumpliera sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de los derechos que le confería el contrato y de cualquier indemnización complementaria por daños y perjuicios. No obstante, aportó a la Comisión su último informe financiero relativo a este proyecto el 15 de octubre de 2010.

35. El 28 de junio de 2010, la Comisión envió a la demandante un informe de auditoría provisional relativo a la ejecución de los contratos en cuestión. La demandante comunicó a la Comisión sus observaciones sobre dicho informe el 30 de septiembre de 2010.

36. Mediante escrito de 22 de diciembre de 2010, la Comisión informó a la demandante de que había adoptado el informe de auditoría definitivo, adjunto a dicho escrito, aprobando sus conclusiones.

37. En el informe de auditoría definitivo, adjunto al escrito de la Comisión de 22 de diciembre de 2010, se declaraba lo siguiente:

— durante varios años sucesivos, la demandante no había registrado en su contabilidad, en particular, sus ingresos exactos en sus libros de contabilidad y archivos, infringiendo las disposiciones pertinentes de la ley griega; de ello resultaba que sus asientos contables no eran fiables y que no podía efectuarse ninguna comparación directa entre los gastos y los ingresos relativos a la ejecución de los programas y la situación general de sus cuentas;

— un porcentaje importante de las fichas de presencia del personal contenía sistemáticamente correcciones manuscritas hechas a posteriori por el director de los programas, sin el consentimiento del personal; ello tenía consecuencias importantes en el tiempo de trabajo declarado y suscitaba dudas en cuanto al registro de las horas de trabajo;

— las fichas de presencia del director de los programas indicaban un número excesivo de horas de trabajo, que se superponían a las dedicadas a otras actividades profesionales;

— la demandante había declarado falsamente que el director de los programas no había participado en la ejecución del contrato ETSI STF 333 financiado por la Comisión;

— la justificación de los gastos de viaje no proporcionaba una imagen fiable y objetiva de las condiciones y de las actividades emprendidas en el marco de los desplazamientos, en la medida en que la mayoría de los viajes no estaba relacionada directamente con los programas en cuestión.

38. El informe de auditoría concluía que, en consecuencia, debía considerarse que no era subvencionable ninguno de los gastos realizados por la demandante en el curso de la ejecución de los contratos Access‑eGOV, eABILITIES, Ask‑It, EU4ALL, Emerge y Enable, así como Navigabile, Euridice y T‑Seniority, y que debía recuperarse la totalidad de los correspondientes importes abonados a la demandante.

39. El informe de auditoría recomendaba igualmente, habida cuenta de la gravedad de las infracciones constatadas, que se denunciaran todos los contratos en curso celebrados por la demandante con la Comisión, de conformidad con el artículo II.16.2 de las condiciones FP6, los artículos II.7.3 (irregularidad financiera grave) y II.7.4 (declaraciones falsas) de las condiciones eTEN, y el artículo II.10.3 (incumplimiento del contrato y no presentación de información) de las condiciones CIP.

40. En su escrito de 22 de diciembre de 2010, la Comisión indicaba asimismo la cantidad que se debía reembolsar con respecto a cada uno de los contratos en cuestión, que representaba un monto total de 951 029,21 euros, mediante el siguiente cuadro:

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41. La Comisión precisaba a este respecto que los ajustes que resultaban necesarios por el pago de cantidades no subvencionables en favor de la demandante podrían afectar a los pagos futuros en virtud de los contratos en cuestión o adoptar la forma de una orden de ingreso.

42. En el mismo escrito, la Comisión también informaba a la demandante de que, además de la aplicación de tales ajustes, sus servicios podían calcular la cuantía de la indemnización a tanto alzado debida a la Unión Europea conforme al artículo II.30 de las condiciones FP6 y emitir eventualmente una orden de ingreso relativa a esta indemnización.

43. El 4 de febrero de 2011, el director de los programas fue oído por los agentes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en relación con la ejecución de los proyectos que eran objeto de los contratos en cuestión y su participación en estos últimos.

44. Mediante escrito de 21 de marzo de 2011 dirigido a la demandante, la Comisión le indicó que las cantidades que se le habían abonado indebidamente eran las siguientes:

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45. La Comisión informaba asimismo a la demandante de que, si ésta no formulaba comentarios al respecto en los 15 días siguientes a la recepción de dicho escrito, sus servicios continuarían el procedimiento de recuperación por un importe de 643 782,81 euros y de que la demandante recibiría una nota de adeudo por proyecto con las instrucciones para proceder al reembolso a la Comisión en un plazo determinado. Esta institución precisó también a la demandante que, si no procedía al reembolso en el plazo fijado en la nota de adeudo, la cantidad a reembolsar se vería incrementada por un tipo de interés fijado en la misma nota de adeudo. Aquélla añadió que, si el montante total —incluidos los intereses, en su caso— no era reembolsado, sería objeto bien de ejecución forzosa o bien de compensación con las cantidades eventualmente debidas. La Comisión indicó por último que, además de la orden de ingreso, el servicio competente calcularía igualmente el importe de la indemnización debida por la demandante en virtud del artículo II.30 de las condiciones FP6.

46. Mediante escrito de 1 de abril de 2011, la Comisión transmitió a la demandante un «cuadro rectificativo» de las cantidades que se le habían abonado indebidamente. De dicho cuadro resultaba que el montante total a reembolsar ascendía a 999 366,40 euros y no a 643 782,81 euros.

47. Mediante escrito de 4 de abril de 2011, la Comisión indicó a la demandante que, a la luz de los resultados de la auditoría, consideraba que había realizado declaraciones falsas y cometido irregularidades en el sentido del artículo II.1.11 de las condiciones FP6, del artículo II.1.32 de las condiciones eTEN y del artículo II.1 de las condiciones CIP. Dicha institución precisó además a la demandante que consideraba que ésta había infringido las disposiciones de los contratos en cuestión relativas al carácter subvencionable de los gastos y que tales infracciones, así como las declaraciones falsas, tenían por objeto obtener una contribución indebida de la Unión. En consecuencia, informó a la demandante de su decisión de poner fin a la participación de ésta en los contratos Ask‑It, EU4ALL, Emerge y Enable, sobre la base del artículo II.16.2 de las condiciones FP6, a partir de la recepción de ese escrito. Aquélla solicitó asimismo a la demandante que le remitiera en un plazo de 30 días a partir de la recepción de dicho escrito todos los informes y documentos que se le debían entregar en el marco del contrato Enable sobre los trabajos realizados hasta esa fecha, conforme al artículo II.7 de las condiciones FP6. Igualmente, la Comisión atrajo la atención de la demandante sobre el hecho de que, habida cuenta de los resultados finales de la auditoría, era improbable que los gastos que había presentado con respecto a los períodos no cubiertos por la auditoría fueran considerados subvencionables.

48. El 29 de abril de 2011, la Comisión emitió nueve notas de adeudo indicando el importe que se debía reembolsar en virtud de cada uno de los contratos en cuestión por un total de 999 213,45 euros. Tales notas de adeudo fijaban a la demandante un plazo de 45 días para reembolsar las cantidades adeudadas, que expiraba el 14 de junio de 2011 y al término del cual a esas cantidades se sumarían los intereses de demora previstos en los contratos en cuestión al tipo del Banco Central Europeo (BCE) incrementado en 3,5 puntos.

49. Ese mismo día, la Comisión informó a la demandante mediante un escrito de que la cuantía total de las indemnizaciones debidas en virtud de los contratos celebrados en el marco del FP6 era de 70 471,47 euros. Dicha institución indicó también que la cantidad obtenida mediante la fórmula prevista en el artículo II.30 de las condiciones generales de esos contratos se había reducido, a fin de tener en cuenta las exigencias de proporcionalidad, al 10 % del importe de la subvención abonada antes de la auditoría.

50. A este respecto, la Comisión adjuntó el siguiente cuadro:

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1 * Cuantía limitada al 10 % de la contribución económica abonada por el coordinador financiero de los proyectos (95 201,60 € con respecto a eABILITIES y 164 988,02 € con respecto a Ask‑It)

51. En el mismo escrito, la Comisión indicó igualmente que, si la demandante no formulaba observaciones en un plazo de 30 días a partir de la recepción de dicho escrito, se emitiría una nota de adeudo por un montante de 70 471,47 euros, conforme al artículo II.31 de las condiciones FP6. Además, esa institución precisó que, si no se reembolsaba la cantidad adeudada en el plazo previsto en la nota de adeudo, tal cantidad se incrementaría con los intereses de demora a un tipo indicado en la propia nota de adeudo.

52. El 20 de junio de 2011, la Comisión emitió seis notas de adeudo en virtud de los contratos celebrados entre la Comunidad y la demandante con respecto a los proyectos Access‑eGOV, eABILITIES, Ask‑It, EU4ALL, Emerge y Enable, fijando las cantidades adeudadas por la demandante en concepto de indemnización a tanto alzado, con arreglo al artículo II.30 de las condiciones FP6, en un importe total de 70 471,47 euros. La Comisión concedía a la demandante un plazo para pagar tales cantidades hasta el 4 de agosto de 2011.

Procedimiento y pretensiones de las partes

53. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 31 de enero de 2011, la demandante interpuso el presente recurso.

54. El 13 de mayo de 2011, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal el escrito de contestación, que contenía una reconvención.

55. Mediante sendos escritos presentados en la Secretaría del Tribunal, la demandante y la Comisión presentaron, respectivamente, la réplica el 17 de agosto de 2011 y la dúplica el 14 de noviembre de 2011.

56. La demandante solicita al Tribunal que:

— Declare que no ha infringido el artículo II.16.2 de las condiciones FP6, los artículos Π.7.3 (irregularidad financiera grave) y II.7.4 (declaraciones falsas) de las condiciones eTEN, y el artículo II.10.3 (incumplimiento del contrato y no presentación de información) de las condiciones CIP.

— Declare que, al cuestionar el carácter subvencionable de sus gastos, la Comisión ha incumplido los contratos en cuestión.

— Declare que los gastos por importe de 932 362,44 euros que presentó a la Comisión en el marco de los contratos Access‑eGOV, eABILITIES, Ask‑It, EU4ALL, Emerge y Enable, así como Navigabile, Euridice y T‑Seniority, son subvencionables y que no está obligada a reembolsar las cantidades concedidas por la Comisión.

— Declare que el retraso con el que la Comisión efectuó los últimos pagos de la subvención en relación con los contratos EU4ALL, Ask‑It y Enable constituye un incumplimiento de dicha institución de sus obligaciones contractuales.

— Declare que la Comisión ha de pagarle la cantidad de 52 584,05 euros, más los intereses a partir de la notificación de la presente demanda, por los gastos que tuvo que realizar en el marco del contrato EU4ALL.

— Declare que la Comisión ha de pagarle la cantidad de 20 678,61 euros, más los intereses a partir de la notificación de la presente demanda, por los gastos que tuvo que realizar en el marco del contrato Ask‑It.

— Declare que la Comisión ha de pagarle la cantidad de 11 693,05 euros, más los intereses a partir de la notificación de la presente demanda, por los gastos que tuvo que realizar en el marco del contrato Enable.

— Condene en costas a la Comisión.

57. En la réplica, la demandante renunció a su cuarta pretensión en lo que respecta al contrato Enable y a su séptima pretensión. Además, solicitó al Tribunal que:

— Con carácter principal, declare la inadmisibilidad de la reconvención formulada por la Comisión.

— Con carácter subsidiario, desestime por infundada la reconvención formulada por la Comisión.

58. La Comisión solicita al Tribunal que:

— Con carácter reconvencional, condene a la demandante a pagarle las cantidades indicadas en las notas de adeudo, que ascienden a un total de 999 213,45 euros, más los intereses a partir del 15 de junio de 2011, al tipo del BCE incrementado en 3,5 puntos, correspondientes al reembolso de las contribuciones económicas de las que se ha beneficiado, así como la cantidad de 70 471,47 euros, más los intereses a partir de la fecha de expiración del plazo de pago —sin que éste se efectúe— concedido en la nota de adeudo pertinente, al tipo mencionado anteriormente, correspondiente a la indemnización debida en virtud de los contratos FP6.

— Desestime el recurso de la demandante.

— Condene en costas a la demandante.

59. En la dúplica, la Comisión precisó que la cantidad de 70 471,47 euros correspondiente a la indemnización debida en virtud de los contratos FP6 debía aumentarse con el tipo del BCE incrementado en 3,5 puntos a partir del 5 de agosto de 2011.

60. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera) decidió abrir la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, instó a la demandante, por un lado, a que presentara diversos documentos y, por otro, a que respondiera por escrito a determinadas preguntas. La demandante atendió el requerimiento en el plazo fijado.

61. En la vista de 4 de julio de 2013, se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

Fundamentos de Derecho

62. Con carácter liminar, procede recordar que, a tenor del artículo 272 TFUE, el Tribunal de Justicia es competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta. Conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados en el artículo 272 TFUE.

63. En el presente asunto, de conformidad con el artículo 13 de los contratos FP6, el artículo 5, apartado 2, de los contratos eTEN, y el artículo 10, párrafo tercero, del contrato CIP, el Tribunal es competente para conocer de todos los litigios entre la Comunidad y los contratantes relativos a la validez, interpretación y aplicación de dichos contratos.

A. Sobre el alcance del litigio

64. Cabe precisar que el litigio entre las partes versa sobre dos aspectos distintos de sus relaciones contractuales.

65. En primer lugar, las partes discrepan sobre el carácter subvencionable de los gastos presentados por la demandante a la Comisión en el marco de los contratos en cuestión así como sobre las obligaciones subsiguientes de reembolsar todas las cantidades abonadas a la demandante en virtud de tales gastos y de pagar una indemnización a tanto alzado.

66. En efecto, mediante su tercera pretensión, la demandante solicita esencialmente al Tribunal que declare que los gastos que presentó a la Comisión en el marco de los contratos en cuestión son subvencionables y que, por tanto, no está obligada a reembolsar a la Comisión las cantidades que ésta le abonó en el marco de dichos contratos.

67. Procede asimismo señalar que, en la réplica, la demandante solicitó que se desestimara la reconvención propuesta por la Comisión mediante la que ésta pide que se condene a la demandante a pagar las cantidades indicadas en las notas de adeudo de los días 29 de abril y 20 de junio de 2011, más los intereses previstos en las propias notas de adeudo.

68. En segundo lugar, las partes también discrepan en cuanto a la obligación de la Comisión de proceder a los últimos pagos previstos en el marco de los contratos EU4ALL y Ask‑It.

69. En efecto, mediante sus pretensiones quinta y sexta, la demandante solicita al Tribunal que declare que la Comisión ha de pagarle la cantidad de 52 584,05 euros, más los intereses, en virtud de los gastos presentados en el marco del contrato EU4ALL, así como la cantidad de 20 678,61 euros, más los intereses también, en virtud de los gastos presentados en el marco del contrato Ask‑It, a lo que se opone la Comisión solicitando al Tribunal que desestime el recurso de la demandante.

70. Por otra parte, mediante sus pretensiones primera y segunda, la demandante solicita sustancialmente al Tribunal que declare que, contrariamente a lo que le reprocha la Comisión, no ha incumplido sus obligaciones contractuales dimanantes del artículo II.16.2 de las condiciones FP6, de los artículos II.7.3 y II.7.4 de las condiciones eTEN y del artículo II.10.3 de las condiciones CIP y que, al cuestionar el carácter subvencionable de sus gastos, la Comisión ha incumplido sus obligaciones contractuales.

71. Asimismo, mediante su cuarta pretensión, la demandante solicita al Tribunal que declare que el retraso con el que la Comisión efectuó los últimos pagos de la subvención con respecto a los contratos relativos a los programas EU4ALL y Ask‑It constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

72. Ahora bien, es preciso constatar que solicitudes de este tipo no constituyen en sí mismas pretensiones propiamente dichas, sino que se refieren en realidad a alegaciones formuladas por la demandante en apoyo del recurso, que serán examinadas al hilo de lo que se expondrá en relación con las pretensiones tercera, quinta y sexta de la demandante.

B. Sobre el Derecho aplicable al litigio

73. Al conocer de un asunto en virtud de una cláusula compromisoria con arreglo al artículo 272 TFUE, el Tribunal General debe resolver el litigio conforme al Derecho material nacional aplicable al contrato (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 1986, Comisión/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, apartado 4), en este caso el Derecho belga, por el que se rigen los contratos en cuestión a tenor del artículo 12 de los contratos FP6, del artículo 5, apartado 1, de los contratos eTEN y del artículo 10, párrafo tercero, del contrato CIP.

74. A este respecto, se deben precisar las normas que regulan la ejecución de los contratos en el Derecho belga.

75. El artículo 1134 del Código Civil belga establece que los «contratos válidamente celebrados tienen fuerza de ley entre las partes contratantes» (párrafo primero) y sólo «pueden ser resueltos de mutuo acuerdo o por las causas que la ley prevé» (párrafo segundo).

76. El artículo 1134, párrafo tercero, del citado Código dispone que los contratos deben cumplirse de buena fe. El artículo 1135 del mismo Código preceptúa que «los contratos obligan no sólo a lo expresamente pactado sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso y a la ley», por lo que expresa también el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos.

77. Cuando surge un litigio acerca del cumplimiento de un contrato, la carga de la prueba se rige por lo dispuesto en el artículo 1315 del Código Civil belga, a cuyo tenor:

«La prueba de la obligación incumbe a quien reclama su cumplimiento.

A la inversa, quien afirme estar liberado de la obligación debe demostrar el pago o el hecho que genere la extinción de su obligación.»

78. Por otro lado, conforme al principio de Derecho generalmente reconocido de que todo tribunal aplica sus propias reglas procesales, la competencia judicial así como la admisibilidad de las pretensiones —con independencia de que sean formuladas por la parte demandante o por la parte demandada— se apreciarán únicamente sobre la base del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Zoubek, citada en el apartado 73 supra , apartado 10, y de 8 de abril de 1992, Comisión/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, apartado 13).

79. Procede examinar a la luz de estas consideraciones las diferentes pretensiones de la demandante y la reconvención propuesta por la Comisión.

C. Sobre la tercera pretensión de la demandante

80. En apoyo de su tercera pretensión, la demandante afirma que la Comisión rechazó, erróneamente, considerar subvencionable la totalidad de los gastos cuyo reembolso le había solicitado.

81. Para demostrar el fundamento de esta afirmación, la demandante expone dos grupos de alegaciones. El primero se refiere a las constataciones que hizo la Comisión en el informe de auditoría definitivo en base a las cuales concluyó que no eran subvencionables los gastos presentados en el marco de los contratos en cuestión. El segundo se refiere a la calidad y a las condiciones de la realización de la auditoría.

1. Sobre las constataciones del informe de auditoría que justifican el carácter no subvencionable de los gastos

82. La demandante efectúa varias alegaciones relativas a las constataciones que figuran en el informe de auditoría sobre cuya base la Comisión concluyó que se habían incumplido los contratos en cuestión y, por tanto, que no era subvencionable el conjunto de gastos presentados en el marco de dichos contratos, y a su obligación de reembolsar las cantidades que se le habían abonado indebidamente.

83. Procede recordar a este respecto que, conforme a los principios evocados en los anteriores apartados 73 a 77, resulta, por una parte, del artículo II.19 de las condiciones FP6, del artículo II.16 de las condiciones eTEN y del artículo II.20 de las condiciones CIP, y, por otra, del artículo 1315 del Código Civil belga, aplicable en el presente asunto, que sólo se puede reembolsar a la demandante los gastos que ha invocado si justifica su veracidad, su relación con los contratos en cuestión y el cumplimiento de los demás criterios que determinan el carácter subvencionable previstos en esos contratos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de mayo de 2001, Toditec/Comisión, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, apartados 94 y 95). Si se aportan justificantes de todo ello, corresponde a la Comisión demostrar que deben rechazarse.

a) Sobre la llevanza de los libros de contabilidad de la demandante

84. La demandante sostiene esencialmente que sus libros de contabilidad eran fiables, que se llevaban conforme a la legislación griega aplicable en el presente asunto y que permitían llevar a cabo el cotejo contable previsto en el artículo II.19, apartado 1, letra d), de las condiciones FP6, en el artículo II.20, apartado 1, y el artículo II.23 de las condiciones CIP y en el artículo II.16 de las condiciones e‑TEN de, por un lado, los gastos declarados y los ingresos percibidos en el marco de los contratos en cuestión, y, por otro, su actividad general.

85. A este respecto, cabe señalar con carácter preliminar que, en lo tocante a las irregularidades constatadas en los libros de contabilidad de la demandante, del informe de auditoría se desprende que, a raíz de una solicitud de los inspectores, la demandante identificó varios errores en sus libros de contabilidad, en particular, la falta de registro de dos pagos de 63 000 euros y de 11 000 euros percibidos respectivamente en el marco del proyecto Access‑eGOV y de otro proyecto que no era objeto de la auditoría.

86. Del informe de auditoría se desprende asimismo que, a raíz de otra solicitud de los inspectores para que la demandante les aportara un balance contable anual de todos los años inspeccionados, la demandante recordó que no estaba obligada legalmente a elaborar tales documentos, pero que los mismos estarían en cualquier caso disponibles tras una breve verificación. Esta verificación puso de manifiesto errores en los libros de contabilidad relativos al registro de determinados gastos. En consecuencia, se solicitó a la demandante que presentara una nueva versión de los libros de contabilidad. A pesar de las correcciones practicadas en éstos, los inspectores constataron que los balances contables que se les había facilitado no permitían cotejar los gastos declarados y los pagos efectuados en el marco de los contratos en cuestión y los ingresos, así como los gastos registrados en los libros de contabilidad de la demandante. También se deduce que el cotejo de los extractos bancarios de fin de año de la demandante con los balances anuales proporcionados a los inspectores puso de relieve diferencias importantes entre tales documentos. La demandante aportó igualmente, varias semanas después de la inspección in situ , nuevos documentos contables comparativos para demostrar que los libros de contabilidad no eran materialmente erróneos y que podían seguir utilizándose como una base fiable que permitiera a los inspectores emitir un dictamen sobre el carácter subvencionable de los gastos. Del informe de auditoría se infiere asimismo que, según los inspectores, todos estos errores se deben en gran medida a la utilización de diferentes principios contables a lo largo de los años. Así, determinados ingresos y gastos se habrían registrado en la fecha de emisión de la factura, mientras que otros lo fueron en la fecha del pago.

87. El informe de auditoría contiene además un cuadro del que resulta una diferencia entre los ingresos inscritos inicialmente en los libros de contabilidad de la demandante y los ingresos revisados de - 20 936,04 euros en 2005, de + 74 060,08 euros en 2006, de - 300 euros en 2007 y de - 8 034,90 euros en 2008. En cuanto a los gastos, las diferencias serían de - 750,63 euros en 2004, de ‑ 175,70 euros en 2006 y de - 490,74 euros en 2007.

88. La diferencia relativa a los ingresos, constatada con respecto al año 2006, se debe, según el informe de auditoría, a que no se registraron en los libros de contabilidad de la demandante dos pagos de la Comisión: el primero de un importe de 63 000 euros, con respecto al proyecto Access‑eGOV, y el segundo de un importe de 11 000 euros, con respecto a otro proyecto.

89. A este respecto, debe destacarse que la demandante no cuestiona la existencia de las diferencias constatadas por los inspectores entre los importes de los gastos e ingresos en los años 2004 a 2008 que figuran en los libros de contabilidad que puso inicialmente a disposición de los inspectores y los importes de los gastos e ingresos revisados a raíz de las incoherencias señaladas por los auditores de la Comisión al término de la inspección.

90. A fin de apreciar si tales diferencias pueden poner en tela de juicio el carácter subvencionable de los gastos presentados por la demandante en el marco de los contratos en cuestión, procede recordar que, en virtud del artículo II.19, apartado 1, letra d), de las condiciones FP6, los gastos subvencionables en que se haya incurrido para realizar el proyecto «deben estar inscritos en la contabilidad del contratante que los haya efectuado [y] los métodos contables utilizados para registrar los gastos y los ingresos deben ser conformes con las normas contables utilizadas en el Estado donde el contratante esté establecido y deben permitir el cotejo de los gastos efectuados y de los ingresos percibidos en la realización del proyecto así como del estado general de la contabilidad relativa a la actividad comercial global del contratante».

91. A tenor del artículo II.16 de las condiciones eTEN:

«Los gastos subvencionables serán reembolsados cuando el participante los justifique.

A tal efecto, el participante estará obligado a conservar, de manera regular y conforme a las normas contables usuales de su Estado de establecimiento, la contabilidad relativa al proyecto y una documentación apropiada para sustentar y justificar detalladamente los gastos y el tiempo que figuren en sus asientos contables.

La documentación deberá ser precisa, completa y eficaz.»

92. El artículo II.20 de las condiciones CIP estipula que los gastos subvencionables deben ser «identificables y verificables, estar inscritos en la contabilidad del beneficiario y determinarse conforme a los principios contables aplicables en el país de establecimiento del beneficiario y conforme a los métodos de cálculo de gastos usuales del beneficiario; los procedimientos internos de contabilidad y de auditoría del beneficiario deben permitir una correspondencia directa entre los gastos y facturas que se hayan declarado en virtud del proyecto y los documentos financieros y anexos correspondientes».

93. Además, el artículo II.23 de las condiciones CIP prescribe lo siguiente:

«Los gastos subvencionables serán reembolsados cuando el beneficiario los justifique.

A tal efecto, el participante estará obligado a conservar, de manera regular y conforme a las normas contables usuales de su Estado de establecimiento, la contabilidad relativa al proyecto y una documentación apropiada para sustentar y justificar detalladamente los gastos y el tiempo que figuren en sus asientos contables. Esta contabilidad deberá conservarse al menos durante cinco años a partir de la fecha del pago final. Todo el tiempo de trabajo imputado al contrato de financiación deberá registrarse en el período de duración del proyecto y por un período máximo de dos meses a partir de la finalización del proyecto; este tiempo deberá certificarse por la persona responsable del trabajo designada por el participante conforme al artículo II.3.b o por el director financiero del participante debidamente habilitado.

Esta documentación deberá ser precisa, completa y eficaz.»

94. De estas disposiciones se desprende que, para que un gasto efectuado por la demandante en el marco de los contratos en cuestión se considere subvencionable, debe, en particular, estar registrado en su contabilidad llevada conforme a la legislación del Estado donde esté establecida, a saber, la República Helénica. Además, la contabilidad de la demandante debe permitir, en el caso de los contratos FP6, proceder a un cotejo contable que permita comparar directamente los gastos efectuados y los ingresos percibidos para la ejecución del proyecto con el estado general de la contabilidad relativa a la actividad global de la demandante y, en el caso de los contratos eTEN y CIP, comparar directamente esos gastos con las declaraciones financieras presentadas a la Comisión.

95. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la cuestión de si la demandante infringió en este caso las disposiciones del Derecho griego aplicables a la llevanza de sus libros de contabilidad, cabe señalar que, en la página 19 del informe de auditoría definitivo de 22 de diciembre de 2010, los inspectores sólo mencionan la infracción del artículo 17, apartado 1, del Proedriko diatagma yp’arithmon 186 — kodikas vivlion kai stihion (Código de libros y registros de la República Helénica; en lo sucesivo, «CLR»). No obstante, de los escritos de la Comisión se desprende que ésta sostiene además que, conforme al artículo 30, apartado 4, del CLR, la contabilidad de la demandante debe considerarse inexacta e implicar la determinación extracontable de los resultados de la demandante prevista en el artículo 32, apartados 1 y 2, del Nomos yp’arithmon 2238 — Kyrosi tou kodika forologias isodimatos (Código del impuesto sobre la renta de la República Helénica; en lo sucesivo, «CIR») y el pago de un impuesto adicional, con arreglo al artículo 86 del CIR.

96. A este respecto, procede señalar que es pacífico entre las partes que la demandante está incluida en el ámbito de la segunda categoría de libros de contabilidad en el sentido del artículo 6 del CLR, a tenor del cual:

«1. A fin de ejercer su profesión, el operador que esté incluido en el ámbito de la segunda categoría llevará un libro de ingresos y de gastos en el que contabilizará, en columnas distintas:

a) el tipo de justificante, su número de orden y la fecha de emisión o de recepción [...]

b) los ingresos brutos procedentes de la venta de productos [...], de la prestación de servicios y de otras operaciones,

c) los gastos por toda adquisición de bienes [...], los gastos relativos a los servicios recibidos, los gastos generales y otras operaciones [...]

2. El montante de cada operación contemplada en el apartado anterior se detallará en columnas específicas del libro que se lleve o en listas, según las exigencias del impuesto sobre la renta y del IVA. Esta presentación detallada podrá realizarse hasta la expiración del plazo de presentación de las declaraciones de renta a más tardar [...]»

97. La demandante no cuestiona que el artículo 17, apartado 1, del CLR, titulado «Plazo para la actualización de los libros», dispone que «la actualización de los libros […] de la segunda categoría se llevará a cabo hasta el decimoquinto día del mes siguiente a la emisión o recepción, según el caso, del justificante».

98. Además, las partes conceden que el artículo 30 del CLR, titulado «Validez y fuerza probatoria de los libros y registros», establece lo siguiente:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados del presente artículo, la validez y fiabilidad de los libros y registros que regula este Código no se verán afectadas por la constatación de irregularidades u omisiones en los mismos, y el jefe del servicio fiscal competente estará obligado a admitir los datos resultantes de aquéllos al determinar las obligaciones fiscales de los operadores. Dichas irregularidades u omisiones acarrearán únicamente, salvo norma especial en contrario, sanciones económicas y administrativas proporcionales a su naturaleza y amplitud en función de las cuantías que reflejen los libros que se lleven.

2. Los libros y registros se considerarán incompletos o inexactos e implicarán la determinación extracontable de la materia sujeta a gravamen, en su caso, únicamente en los supuestos previstos en los posteriores apartados 3, 4, 6 y 7.

3. Los libros y registros de las categorías segunda y tercera se considerarán insuficientes cuando concurran todas o alguna de las siguientes circunstancias: el obligado [...] b) lleva, emite o mantiene los libros y registros previ stos en el presente Código de manera contraria a lo dispuesto en el mismo.

[…]

Los actos, irregularidades u omisiones que se contemplan en el presente apartado sólo se calificarán de insuficiencia cuando no se deban a error o negligencia excusable o cuando hagan objetivamente imposible, y no simplemente difícil, el control contable de las obligaciones fiscales.

Los casos relativos a carencias constatadas en los libros y registros que se lleven, así como la imposibilidad de reproducir el contenido del disco óptico previsto del libro de comercio, no constituirán una imposibilidad objetiva de control cuando la información pertinente pueda compensarse por listas o dispositivos electromagnéticos u otros datos concretos, aportados al inspector fiscal en el plazo que éste fije, siempre que los datos aparezcan con claridad, a fin de posibilitar las verificaciones contables y permitir comprobar tales datos mediante libros y registros.

La insuficiencia debe referirse a la imposibilidad de efectuar verificaciones contables específicas con respecto a cantidades elevadas en relación con aquellas contenidas en los libros y registros y debe estar justificada.

4. Los libros y registros de las categorías segunda y tercera se considerarán inexactos cuando concurran todas o alguna de las siguientes circunstancias:

a) el obligado no contabiliza ingresos o gastos en sus libros, o bien los contabiliza de manera inexacta o contabiliza gastos que no han tenido lugar y por los que no se ha emitido ningún documento fiscal [...]

Para que proceda la determinación extracontable de los resultados, los actos u omisiones que se contemplan en el presente apartado deben ser de gran amplitud y afectar considerablemente a los resultados o hacer objetivamente imposible el control contable de las obligaciones fiscales, aplicándose por analogía las disposiciones de los dos últimos párrafos del apartado 3 del presente artículo a los actos u omisiones que se contemplan en los puntos f) e i) del presente apartado.

[...] No se considerará una insuficiencia o inexactitud: a) la contabilización de un ingreso o de un gasto en un ejercicio distinto de aquel al que corresponda […]»

99. De estas disposiciones se desprende que los libros y registros de la segunda categoría de libros de contabilidad en el sentido del artículo 6 del CLR pueden considerarse en determinadas circunstancias insuficientes o inexactos y, por tanto, ver cuestionada su validez y fuerza probatoria.

100. Los libros y registros de la segunda categoría de libros de contabilidad en el sentido del artículo 6 del CLR se consideran insuficientes, en particular, cuando el obligado lleva dichos libros y registros de manera contraria a lo dispuesto por el CLR, siempre que las irregularidades y omisiones no se deban a error o negligencia excusable y que hagan objetivamente imposible y no simplemente difícil el control contable. Este control no deviene objetivamente imposible por las carencias de los libros y registros cuando la información pertinente puede compensarse por listas o dispositivos electromagnéticos u otros datos concretos, aportados al inspector fiscal en el plazo que éste fije, con la condición de que los datos resulten claros.

101. Los libros y registros de la segunda categoría de libros de contabilidad en el sentido del artículo 6 del CLR se consideran inexactos, en particular, cuando el obligado no contabiliza ingresos o gastos en sus libros o los contabiliza de manera inexacta o contabiliza gastos que no han tenido lugar y por los que no se ha emitido ningún documento fiscal. No obstante, para que proceda una determinación extracontable de los resultados del obligado, tales actos u omisiones deben ser de gran amplitud y afectar considerablemente a los resultados o hacer objetivamente imposible el control contable de las obligaciones fiscales.

102. Además, la contabilización de un ingreso o de un gasto en un ejercicio distinto de aquel al que corresponda no se considera una insuficiencia o una inexactitud.

103. La Comisión sostiene en sus escritos que los errores constatados por los inspectores en la contabilidad de la demandante constituyen inexactitudes en el sentido del artículo 30, apartado 4, del CLR.

104. Por otro lado, el Tribunal observa que las partes han debatido ampliamente en sus escritos la cuestión de la aplicabilidad en el presente asunto de las disposiciones del CIR para esclarecer si podía aplicarse a la demandante la determinación extracontable de la materia sujeta a gravamen prevista en el artículo 32 del CIR. Pues bien, del propio tenor literal del artículo 30, apartado 2, del CLR se desprende que el carácter insuficiente o inexacto de los libros y registros puede constatarse con independencia de la sanción, constituida por la determinación extracontable de la materia sujeta a gravamen, que pudiera, «en su caso», resultar aplicable. En estas circunstancias, la cuestión de si la demandante está sometida o no a las disposiciones del CIR no afecta en el presente asunto a la calificación de la contabilidad de la demandante de inexacta.

105. Así pues, se ha de examinar únicamente si, en el presente asunto, los errores constatados por los inspectores en los libros de contabilidad de la demandante convertían en inexactos dichos libros en el sentido del artículo 30, apartado 4, del CLR.

106. A este respecto, del informe de auditoría se desprende que una parte importante de los errores constatados en la inspección se debe al hecho de que determinados gastos e ingresos fueron registrados en la fecha de emisión o de recepción del justificante, mientras que otros fueron registrados en la fecha del pago efectuado o percibido por la demandante.

107. Según la demandante, la utilización alternativa de estos métodos de registro es conforme con el Derecho griego y supuso que determinados ingresos y gastos se contabilizaran en ejercicios a los que no correspondían. Ahora bien, arguye que, en virtud del artículo 30, apartado 4, del CLR, tales errores no constituyen inexactitudes.

108. No obstante, cabe señalar que la demandante no cuestiona que los errores constatados atinentes a la cuantía de los ingresos con respecto al año 2006 se deben sencillamente a la falta de registro y no al registro de tales ingresos en una fecha errónea. Pues bien, procede recordar que la falta de registro de un ingreso constituye, a tenor del artículo 30, apartado 4, del CLR, una inexactitud.

109. De ello se infiere que, a la luz del artículo 30, apartados 1 y 4, del CLR, la Comisión podía cuestionar la validez y la fuerza probatoria de la contabilidad de la demandante con respecto al año 2006.

110. Por otra parte, debe observarse asimismo que la demandante no cuestiona expresamente la afirmación que hacen los inspectores en el informe de auditoría de que el hecho de haber actualizado sus libros de contabilidad únicamente después de que éstos señalaran la falta de registro de determinados gastos e ingresos, es decir, durante la semana en que se efectuó la inspección in situ , constituye una infracción del artículo 17, apartado 1, del CLR, según el cual la demandante estaba obligada a actualizar sus libros de contabilidad a más tardar el decimoquinto día del mes siguiente a la recepción o emisión del justificante pertinente.

111. A este respecto, la demandante se limita a alegar que una circular por la que se interpreta esta disposición señala que, «cuando en el curso del ejercicio el operador reciba documentos relativos a la adquisición de bienes (facturas) antes de la recepción de los bienes, no se efectuará ninguna inscripción en los libros que lleve el operador, y la contabilización de estos elementos tendrá lugar en el momento de la recepción de los bienes», sin explicar en qué medida ello justificaría el hecho de no haber registrado en su contabilidad los pagos efectuados por la Comisión en el plazo fijado.

112. De lo anterior se deduce que, al menos con respecto a 2006, la contabilidad de la demandante no resulta conforme con la legislación griega aplicable.

113. Esta conclusión no se ve cuestionada por el artículo 5, apartado 5, de la Nomos yp’arithmon 2523 — Diikitikes kai pinikes kyrosis sti forologiki nomothesia kai alles diataxeis (Ley nº 2523/97, sobre las sanciones administrativas y penales en la normativa fiscal) que invoca la demandante, el cual prevé que, con carácter excepcional, no se impondrá una multa cuando se constaten irregularidades u omisiones que representen violaciones de forma no comprendidas entre aquellas que afectan a la validez de los libros y registros convirtiéndolos en inexactos y no haciendo extremadamente difíciles las verificaciones contables, siempre que se deban a error u omisión excusable, salvo que se demuestre que un inspector fiscal o una autoridad tributaria hizo anteriormente una recomendación acerca de la correcta aplicación de las disposiciones del CLR. En efecto, los errores constatados en la contabilidad de la demandante, al menos con respecto a 2006, están comprendidos precisamente entre aquellos que afectan a su validez, convirtiéndola en inexacta.

114. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la cuestión de si, en el presente asunto, era posible el cotejo contable, tal como se prevé en el artículo II.19, apartado 1, letra d), de las condiciones FP6, en el artículo II.20, apartado 1, y el artículo II.23 de las condiciones CIP, así como en el artículo II.16 de las condiciones eTEN, entre, por un lado, los gastos declarados y los ingresos percibidos en el marco de los contratos en cuestión y, por otro, la actividad general de la demandante, procede recordar que las partes no han presentado ninguna versión de los libros de contabilidad de la demandante puestos inicialmente a disposición de los inspectores ni de los documentos contables que la demandante aportó posteriormente a los inspectores al realizarse la inspección e incluso una vez finalizada ésta.

115. No obstante, es preciso constatar que tal operación exigía, cuando menos, que los ingresos y los gastos relativos a los contratos en cuestión se hubiesen registrado correctamente en la contabilidad de la demandante. Pues bien, en la medida en que los libros de contabilidad remitidos inicialmente a los inspectores contenían errores, no permitían proceder al cotejo contable.

116. Además, el Tribunal considera que no es convincente la alegación de la demandante según la cual, a pesar de los errores constatados en sus libros de contabilidad, no era objetivamente imposible proceder al cotejo contable.

117. En lo tocante, antes de nada, a la afirmación de la demandante según la cual, por una parte, la Comisión no especifica cuáles son los datos contables oficiosos que manejó para verificar la fiabilidad de la contabilidad y, por otra parte, la utilización de tales datos es contraria a los principios elementales del control contable, debe declararse que equivale a invertir la carga de la prueba. En efecto, corresponde a la demandante demostrar que, pese a los errores constatados en sus libros de contabilidad, el control es objetivamente posible y puede realizarse sobre la base de otros elementos. Por tanto, la demandante no puede reprochar a la Comisión que intentara, debido a los errores constatados en los libros de contabilidad, efectuar el control basándose en datos oficiosos.

118. En lo que atañe, a continuación, a la alegación de la demandante según la cual el hecho de que la Comisión invoque las modificaciones introducidas a su instancia en la contabilidad de la demandante para justificar la imposibilidad de proceder al cotejo contable es contrario al brocardo non concedit venire contra factum proprium , es obligado señalar que carece de fundamento fáctico. En efecto, tanto del informe de auditoría como de los escritos de la Comisión se desprende que ésta no defiende que las modificaciones en cuestión hicieran imposible el cotejo contable, sino que, pese a las modificaciones introducidas para subsanar los errores constatados en la contabilidad de la demandante, no fue posible proceder a dicho cotejo.

119. Con respecto igualmente a la alegación de la demandante según la cual el cotejo contable era posible en la medida en que había registrado en sus libros de contabilidad todos los gastos declarados y los ingresos percibidos en virtud de los contratos en cuestión y conservado los justificantes pertinentes, debe declararse que esta afirmación se ve directamente contradicha por la constatación, que no rebate la demandante, de la falta de registro de un ingreso por importe de 63 000 euros en el marco del contrato Access‑eGOV. Además, aun suponiendo que esta afirmación deba interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente a los demás ingresos y gastos correspondientes a los contratos en cuestión, procede señalar que la demandante no aporta ningún elemento probatorio a este respecto.

120. En cuanto a la alegación de la demandante según la cual la Comisión admitió que era posible la comparación directa entre los gastos y los ingresos relativos a los proyectos financiados por la Unión y la situación contable general de la demandante al afirmar en el escrito de contestación que el 84,14 % de los ingresos totales de la demandante, en los años 2007 a 2009, procedía de su participación retribuida en proyectos financiados por la Unión y que el 53,19 % de estos proyectos son proyectos gestionados por la Dirección General (DG) «Sociedad de la Información y Medios de Comunicación» de la Comisión, debe señalarse que el período auditado comenzaba en 2004 y que, por tanto, el hecho de que la Comisión pudiera calcular la parte que representan los proyectos financiados por la Unión en el total de los ingresos de la demandante en los años 2007 a 2009 no demuestra que, por ello, la Comisión pudiera proceder al cotejo contable conforme a las disposiciones de los contratos en cuestión.

121. En lo referente, por último, a la afirmación de la demandante según la cual, tal como en su opinión admite la Comisión, aquélla remitió finalmente a esta institución los asientos contables exactos con los justificantes pertinentes, debe destacarse, por una parte, que la Comisión cuestiona esta afirmación y sostie