Por otro lado, es importante subrayar que, a diferencia, en particular, de los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 4 de septiembre de 2014, Vnuk ( C‑162/13 , EU:C:2014:2146 ), de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade ( C‑514/16 , EU:C:2017:908 ), y de 20 de diciembre de 2017, Núñez Torreiro ( C‑334/16 , EU:C:2017:1007 ), en los que el Tribunal de Justicia, en relación con vehículos automóviles para los que se había suscrito un seguro de la responsabilidad civil que resulta de su circulación, hubo de precisar los supuestos de utilización del vehículo asegurado que entran dentro del ámbito de la cobertura de seguros suscrito, el litigio principal versa sobre la cuestión, distinta, del alcance de la obligación de suscribir tal seguro, alcance que, por razones de seguridad jurídica, debe determinarse con antelación, es decir, antes de la posible implicación del vehículo de que se trate en un accidente. Como señaló el Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, el alcance de la intervención obligatoria del organismo de indemnización previsto en el artículo 1, apartado 4, de la Segunda Directiva coincide por tanto, en lo que atañe a los daños causados por un vehículo identificado, con el alcance de la obligación general de aseguramiento enunciada en el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva. En consecuencia, la intervención obligatoria de este organismo en tal situación no puede extenderse a los casos en que el vehículo implicado en un accidente no estaba sujeto a la obligación de seguro.

Por consiguiente, el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva, redactado en términos muy generales, obliga a los Estados miembros a establecer en sus ordenamientos jurídicos internos una obligación general de aseguramiento de vehículos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Csonka y otros, C‑409/11 , EU:C:2013:512 , apartado 24 ). Así, cada Estado miembro debe velar por que, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 4 de esta Directiva, todo vehículo que tenga su estacionamiento habitual en su territorio esté cubierto por un contrato suscrito con una compañía de seguros para garantizar, dentro de los límites definidos por el Derecho de la Unión, la responsabilidad civil que resulta de dicho vehículo (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Csonka y otros, C‑409/11 , EU:C:2013:512 , apartado 28 ). El artículo 1, punto 1, de la Primera Directiva define el concepto de «vehículo» como «todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo». Esta definición es independiente del uso que se haga o pueda hacerse del vehículo de que se trata (sentencias de 4 de septiembre de 2014, Vnuk, C‑162/13 , EU:C:2014:2146 , apartado 38 , y de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade, C‑514/16 , EU:C:2017:908 , apartado 29 ). Como observó el Abogado General en los puntos 63 a 65 de sus conclusiones, tal definición aboga en favor de una concepción objetiva del concepto de «vehículo», que no varía en función de la intención del propietario del vehículo o de otra persona de utilizarlo efectivamente.

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, debe interpretarse en el sentido de que es obligatorio suscribir un contrato de seguro de la responsabilidad civil relativa a la circulación de un vehículo automóvil cuando el vehículo sigue estando matriculado en un Estado miembro y es apto para circular, pero se encuentra estacionado en un terreno privado por la mera decisión de su propietario, que ya no tiene intención de conducirlo.

El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que establece que el organismo previsto en esa disposición tiene derecho a interponer recurso, además de contra el responsable o los responsables del accidente, contra la persona que estaba sujeta a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación del vehículo que haya causado los daños indemnizados por este organismo, pero no había suscrito ningún contrato a tal efecto, aun cuando dicha persona no sea civilmente responsable del accidente en el que tales daños se produzcan.

Aunque el legislador de la Unión ha querido preservar el derecho de los Estados miembros a regular los recursos del organismo de indemnización previsto en el artículo 1, apartado 4, de la Segunda Directiva, en particular, contra «el o los responsables del accidente», no ha armonizado los diferentes aspectos relativos a los recursos de dicho organismo, en particular la determinación del resto de personas que puedan ser objeto de tal recurso, dado que, como ha señalado la Comisión, estos aspectos son competencia del Derecho nacional de cada Estado miembro. De este modo, una norma nacional puede disponer que, cuando el propietario del vehículo implicado en el accidente ha incumplido la obligación de asegurar el vehículo que le incumbía, como en el presente asunto, el organismo de indemnización podrá interponer recurso con arreglo al Derecho nacional, además de contra el responsable o los responsables del accidente, contra dicho propietario, independientemente de la responsabilidad civil de este último en la producción del accidente.

(véanse los apartados 55 a 57 y el punto 2 del fallo)