Asunto T‑110/07

Siemens AG

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de proyectos de conmutadores con aislamiento de gas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Reparto del mercado — Efectos en el interior del mercado común — Concepto de infracción continuada — Duración de la infracción — Prescripción — Multas — Proporcionalidad — Circunstancias agravantes — Función de líder — Circunstancias atenuantes — Cooperación»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Constatación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

2. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia — Aplicabilidad

(Art. 81 CE, ap. 1; art. 6 UE, ap. 2)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Utilización de un conjunto de indicios

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción — Aportación por la Comisión de declaraciones de otras empresas imputadas — Procedencia

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción — Apreciación del valor probatorio de un documento — Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión)

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Presentación de pruebas adicionales tras el envío del pliego de cargos — Procedencia — Requisitos

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 25]

8. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Alcance de la carga de la prueba

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 25]

9. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio — Límites — Derecho de la empresa a interrogar a los testigos de cargo — Exclusión

(Art. 81 CE, ap. 1)

10. Competencia — Prácticas colusorias — Participación de una empresa en una práctica colusoria

(Art. 81 CE, ap. 1)

11. Competencia — Prácticas colusorias — Infracción — Carácter único de la infracción — Criterios de apreciación

[Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 25, ap. 2]

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párrs. 4 y 6)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Inexistencia de una lista taxativa o exhaustiva de criterios

[Reglamento (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 2]

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Margen de apreciación reservado a la Comisión — Elevación del nivel general de las multas

[Reglamento (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 2]

15. Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas — Obligación de motivación — Alcance

[Art. 253 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Papel de líder o de instigador de la infracción

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2, tercer guión]

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Función de líder de la infracción

(Art. 81 CE, ap. 1)

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión, puntos 22 y 29]

1. Para apreciar si una práctica concertada está prohibida por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Así es también por analogía en relación con el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).

(véase el apartado 40)

2. El principio de la presunción de inocencia, tal como resulta, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, forma parte de los derechos fundamentales que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada además por el artículo 6 UE, apartado 2, constituyen principios generales del Derecho comunitario.

En atención a la naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que pueden conducir a la imposición de multas o multas coercitivas. En el marco de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa debe tenerse en cuenta ese principio. La existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa.

(véanse los apartados 44 y 45)

3. En materia de competencia es necesario que la Comisión presente pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción y para asentar la firme convicción de que las infracciones alegadas constituyen restricciones sensibles de la competencia a efectos del artículo 81 CE, apartado 1. Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia. Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

Cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta en el mercado de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia comunitarias. No obstante, una explicación alternativa de los hechos es pertinente sólo cuando la Comisión se apoya únicamente en la conducta de las empresas afectadas en el mercado. Así pues, tal explicación carece de pertinencia cuando la existencia de la infracción no sólo se presume sino que se acredita mediante pruebas. Por otra parte, en virtud del principio de la libre aportación de pruebas todos los medios de prueba son admisibles para demostrar una infracción, de modo que carece de pertinencia una explicación alternativa cuando una infracción está demostrada de forma suficiente en Derecho por pruebas distintas de las documentales.

(véanse los apartados 46 a 49 y 51)

4. En lo que atañe a los medios de prueba que pueden invocarse para demostrar la infracción del artículo 81 CE y del artículo 51 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) el principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba. En particular, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas implicadas. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones que le atribuye el Tratado CE.

(véase el apartado 50)

5. En materia de competencia el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad. Según las reglas generalmente aplicables en materia de prueba, la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario, y del carácter razonable y fidedigno de su contenido. Debe concederse gran importancia en especial al hecho de que un documento se haya elaborado en relación inmediata con los hechos o por un testigo directo de esos hechos. Además, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables.

Debe calificarse en principio como medio de prueba de alto valor probatorio el testimonio de una persona que durante casi toda la duración del cartel fue uno de los representantes de uno de los principales protagonistas del cartel y fue por tanto testigo directo de las circunstancias que relató en su testimonio.

(véanse los apartados 54 y 75)

6. En materia de competencia el hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel para obtener una reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación.

No obstante, cuando las declaraciones de una empresa a la que se imputa la infracción de las reglas comunitarias de la competencia son rebatidas por otras empresas a las que también se imputa haber participado en un pacto común, aquéllas deben estar respaldadas por otros elementos probatorios para que constituyan prueba suficiente de la existencia y del alcance del pacto común.

(véanse los apartados 65 y 66)

7. El pliego de cargos debe permitir a los interesados conocer efectivamente qué comportamientos les reprocha la Comisión, requisito que se cumple cuando la decisión final no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta hechos sobre los que los interesados han tenido la posibilidad de justificarse. Si bien es cierto pues que las infracciones imputadas a una empresa en una decisión no pueden ser diferentes de las enunciadas en el pliego de cargos, no es así respecto a los hechos imputados, pues en relación con éstos basta que las empresas afectadas hayan tenido la posibilidad de manifestarse sobre todos los hechos que se les reprochan. En efecto, ninguna disposición prohíbe que la Comisión comunique a las partes, después de enviar el pliego de cargos, nuevos documentos que considere apoyan su tesis, sin perjuicio de dar a las empresas el tiempo necesario para expresar su opinión al respecto.

(véanse los apartados 86 y 87)

8. Incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción de las normas sobre la competencia aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción, y, por otro lado, incumbe a la empresa que invoque el amparo de una excepción frente a la constatación de una infracción probar que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa, de modo que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba.

El principio general según el cual la Comisión debe probar todos los elementos constitutivos de la infracción, incluida su duración, y que puedan tener una incidencia sobre las conclusiones definitivas en cuanto a la gravedad de la infracción, no queda menoscabado por el hecho de que la demandante haya formulado en su defensa un motivo basado en la prescripción, cuya prueba incumbe, en principio, a esta última.

En efecto, la invocación de tal motivo de defensa implica necesariamente que la duración de la infracción, así como la fecha en la que ésta finalizó, estén acreditadas. Pues bien, estas circunstancias no pueden justificar, por sí mismas, un traslado de la carga de la prueba a este respecto en detrimento de la demandante. Por un lado, la duración de la infracción, que implica que se conozca la fecha de terminación de ésta, constituye uno de los elementos esenciales de la infracción, cuya prueba incumbe a la Comisión, independientemente de que la impugnación de estos elementos forme parte igualmente del motivo basado en la prescripción. Por otro lado, esta conclusión está justificada habida cuenta de que la inexistencia de prescripción de la actuación de la Comisión, a efectos del artículo 25 del Reglamento nº 1/2003, constituye un criterio legal objetivo, derivado del principio de seguridad jurídica y, por tanto, un requisito de la validez de toda decisión sancionadora. En efecto, la Comisión está obligada a respetarlo aun cuando la empresa no formule en su defensa un motivo a este respecto.

Sin embargo, este reparto de la carga de la prueba puede variar, no obstante, en la medida en que los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha aportado la prueba. En particular, cuando la Comisión aporta la prueba de la existencia de un acuerdo, corresponde a la empresa que haya participado en él demostrar su desistimiento, acreditando una voluntad clara de sustraerse al acuerdo, que haya sido comunicada a las demás empresas participantes.

(véanse los apartados 173 a 176)

9. El principio fundamental del respeto del derecho de defensa exige que, desde la fase del procedimiento administrativo, se ofrezca a las empresas y asociaciones de empresas afectadas por una investigación de la Comisión en materia de competencia la posibilidad de manifestar oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión. Así pues, la respuesta de una empresa al pliego de cargos no puede invocarse como instrumento de cargo contra otra empresa afectada por la investigación cuando la última no tuvo acceso a esa respuesta antes de adoptarse la decisión de la Comisión.

En cambio, ese principio no exige que en el procedimiento administrativo se dé a esas empresas la posibilidad de interrogar a los testigos oídos por la Comisión.

(véanse los apartados 189 y 199)

10. El hecho de que una empresa no se distancie públicamente de la infracción en la que ha participado o no la denuncie a las autoridades administrativas produce el efecto de incitar a que se continúe con la infracción y dificulta que se descubra, por lo que esa aprobación tácita puede calificarse como complicidad o como modo pasivo de participar en la infracción.

(véase el apartado 222)

11. Varios criterios son pertinentes para apreciar el carácter único de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 51 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), a saber, la identidad o la diversidad de los objetivos de las prácticas consideradas, la identidad de los productos y servicios afectados, la identidad de las empresas que han participado en la infracción y la identidad de sus formas de ejecución. Otros criterios pertinentes son la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

En lo que atañe al concepto de objetivo común de las prácticas anticompetitivas, la cuestión de si un conjunto de acuerdos y de prácticas contrarios al artículo 81 CE, apartado 1, constituye una infracción única y continua es una cuestión que depende únicamente de factores objetivos, entre los cuales el objetivo común de esos acuerdos y prácticas. Este último es un criterio que debe apreciarse exclusivamente en relación con el contenido de eso acuerdos y prácticas y que no debe confundirse con la intención subjetiva de las diferentes empresas de participar en un cartel único y continuo. En cambio, esa intención subjetiva puede y debe tenerse en cuenta únicamente en la apreciación de la participación individual de una empresa en tal acuerdo único y continuo. Es suficiente para ello que, cuando la empresa afectada, tras haberse retirado de él, reanudó su participación en el cartel, fuera consciente de participar en el mismo cartel que antes. Basta incluso que haya sido consciente de los criterios esenciales, antes mencionados, que justifican la apreciación del carácter único de la infracción para que se invoque contra esa empresa ese carácter único, incluso suponiendo que ella misma no hubiera deducido la conclusión de su existencia.

(véanse los apartados 241, 246 y 253)

12. Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] prevén en su punto 1 A, párrafos cuarto y sexto, tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, y tener en cuenta el peso específico del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, en especial cuando existe una disparidad considerable en la dimensión de las empresas responsables de una infracción. En cambio, las Directrices no prevén que la capacidad económica efectiva de las empresas o el peso específico de su comportamiento deban apreciarse conforme a un criterio concreto, como su cuota de mercado del producto de que se trate en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en el mercado común. Por tanto, la Comisión está facultada para aplicar en ese aspecto un criterio adecuado a las circunstancias de cada caso singular.

(véase el apartado 279)

13. La gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de estas prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad.

De ello se deduce, por una parte, que para determinar la multa se puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su potencia económica, como la parte de este volumen que procede de las mercancías objeto de la infracción y que, por tanto, puede dar una indicación de la amplitud de ésta. Por otra parte, de ello se deduce que no hay que atribuir a ninguna de estas cifras una importancia desproporcionada en comparación con los demás criterios de apreciación y que, por consiguiente, la determinación de una multa adecuada no puede ser resultado de un simple cálculo basado en el volumen de negocios global. Ello es así sobre todo cuando las mercancías afectadas sólo representan una pequeña fracción de ese volumen.

El enunciado de los aspectos apropiados para apreciar la gravedad de una infracción no es taxativo ni exhaustivo. Por tanto, la Comisión puede tomar en consideración otros aspectos o atribuir menos peso a alguno de los aspectos enunciados antes, e incluso no tenerlo en cuenta en absoluto, si eso le parece adecuado a la vista de las circunstancias de un asunto concreto.

El concepto de «valor de las mercancías afectadas» debe entenderse como una medida que indica la parte del volumen de negocios global de las empresas interesadas que procede de los productos objeto del cartel, y no como una referencia a la dimensión del mercado de esos productos en el Espacio Económico Europeo (EEE).

(véanse los apartados 286 a 288)

14. La práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia. La Comisión dispone, en el marco del Reglamento nº 1/2003, de un margen de apreciación en la fijación del importe de las multas a fin de orientar el comportamiento de las empresas hacia el respeto de las reglas de la competencia. Por tanto, el hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 1/2003, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia. La aplicación eficaz de las normas comunitarias de la competencia exige por el contrario que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de dicha política.

De ello se deduce que las empresas participantes en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa no pueden confiar legítimamente en que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas impuestas anteriormente. Por consiguiente, dichas empresas deben tener en cuenta la posibilidad de que la Comisión decida en cualquier momento aumentar el nivel de las multas con respecto al que se aplicaba anteriormente.

(véanse los apartados 290 y 291)

15. En relación con el cálculo del importe de las multas impuestas por la Comisión por la infracción del Derecho comunitario de la competencia, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración, sin estar obligada a recoger en la misma una exposición más detallada o los datos numéricos relativos al método de cálculo de la multa.

En especial, la indicación de los datos numéricos que han guiado, en particular en lo relativo al efecto disuasorio pretendido, el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión en la fijación de las multas es una facultad cuya utilización por la Comisión es deseable, pero que va más allá de las exigencias que se desprenden de la obligación de motivación.

(véanse los apartados 311 y 312)

16. Para ser calificada como «líder» de un cartel es preciso que la empresa haya supuesto una fuerza motriz significativa para el cartel, o haya asumido una responsabilidad particular y concreta en el funcionamiento de aquel. Esa circunstancia debe apreciarse desde un punto de vista global y teniendo en cuenta el contexto del asunto. La calificación de «líder» se ha confirmado en particular cuando se había acreditado que la empresa asumió las funciones de coordinador del cartel, en especial organizando y dotando de personal al secretariado encargado de la ejecución concreta del cartel o cuando esa empresa ha desempeñado un papel central en el funcionamiento concreto del cartel, por ejemplo organizando numerosas reuniones, obteniendo y distribuyendo informaciones dentro del cartel, encargándose de representar a algunos miembros en el contexto del cartel o formulando más a menudo propuestas relativas al funcionamiento del cártel. Además, es plenamente posible que se atribuya la condición de líder a una o en su caso a varias empresas simultáneamente, en especial en el contexto de un cartel en el que interviene un número elevado de participantes.

Por otra parte, como se desprende del propio tenor del punto 2, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA], procede distinguir el concepto de «líder» del de «instigador» de una infracción. En efecto, mientras que el papel de instigador se refiere al momento de establecimiento o de ampliación de un cartel, el papel de líder afecta al funcionamiento de éste. Así pues, el líder de una infracción y el instigador de ésta no están en una situación comparable, por lo que el hecho de tratar de forma diferente a una empresa calificada como instigador del cartel y al líder de éste no constituye una vulneración del principio de igualdad de trato.

(véanse los apartados 337, 345 y 348)

17. De suponer incluso que la Comisión se hubiera abstenido erróneamente de calificar a una empresa como líder del cartel, a pesar del significativo papel desempeñado por ella dentro de éste, tal ilegalidad cometida a favor de un tercero no justificaría que se estimara el motivo de anulación de la decisión de la Comisión. En efecto, el respeto del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro.

(véase el apartado 358)

18. La reducción del importe de las multas en caso de cooperación de las empresas participantes en infracciones del Derecho comunitario de la competencia se funda en la consideración de que esa cooperación permite a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

Como se menciona en el apartado 29 de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel, ésta ha creado expectativas legítimas en las que se basan las empresas que desean informar a la Comisión de la existencia de un acuerdo ilícito. Habida cuenta de la confianza legítima que dicha Comunicación ha podido inspirar a las empresas que desean cooperar con la Comisión, ésta tiene la obligación de atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta a una empresa, la cooperación de ésta.

Dentro de los límites que marca la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión goza de una facultad de apreciación para valorar si la información o los documentos, voluntariamente aportados por las empresas, aportan o no un valor añadido significativo en el sentido del apartado 22 de dicha Comunicación y si procede conceder una reducción a una empresa al amparo de ésta.

(véanse los apartados 374 a 376)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 3 de marzo de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de proyectos de conmutadores con aislamiento de gas – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Reparto del mercado – Efectos en el interior del mercado común – Concepto de infracción continuada – Duración de la infracción – Prescripción – Multas – Proporcionalidad – Circunstancias agravantes – Función de líder – Circunstancias atenuantes – Cooperación»

En el asunto T‑110/07,

Siemens AG, con domicilio en Berlín y en Múnich (Alemania), representada inicialmente por los Sres. I. Brinker, T. Loest y C. Steinle, y posteriormente por los Sres. Brinker y Steinle, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. F. Arbault y O. Weber, posteriormente por los Sres. X. Lewis y R. Sauer, y finalmente por el Sr. Sauer y la Sra. A. Antoniadis, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas), y con carácter subsidiario una pretensión de reducción de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de diciembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Siemens AG, es una sociedad cotizada en bolsa, que opera en los sectores de ingeniería eléctrica y de electrónica. Tiene domicilio social en Berlín y en Múnich (Alemania).

2 Los conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS») sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas. Se trata de material eléctrico pesado, utilizado como componente principal en las subestaciones eléctricas llave en mano. Las subestaciones son centrales eléctricas auxiliares que convierten la corriente eléctrica. Además del transformador, los elementos integrantes de las subestaciones son los sistemas de control, los relés, las baterías, los cargadores y el instrumental de conmutación. La función de un instrumental de conmutación es proteger al transformador de una sobrecarga y/o aislar el circuito o un transformador defectuoso.

3 Los conmutadores pueden ser de aislamiento de gas, de aislamiento de aire o de aislamiento híbrido, cuando combinan las dos técnicas precedentes. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones eléctricas llave en mano o como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones. Representan entre el 30 % y el 60 % del precio total de éstas.

4 El 3 de marzo de 2004, ABB Ltd informó a la Comisión de la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de los GIS y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

5 Las prácticas denunciadas por ABB consistían en la coordinación a escala mundial de la venta de proyectos de GIS, que comprendía el reparto de mercados, la atribución de cuotas y el mantenimiento de las cuotas de mercado, la atribución de proyectos de GIS a productores designados al efecto y la manipulación del procedimiento de licitación (ofertas trucadas) para que los contratos se adjudicaran a esos productores, la fijación de precios mediante pactos complejos sobre los precios de los proyectos de GIS que no se adjudicaban, la resolución de los contratos de licencia con sociedades no pertenecientes al cartel y el intercambio de información sensible sobre el mercado.

6 La solicitud oral de dispensa de las multas presentada por ABB se completó con observaciones orales y pruebas documentales. El 25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.

7 Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones en los locales de Areva T&D SA, de Siemens AG, del grupo VA Tech, de Hitachi Ltd y de Japan AE Power Systems Corp (en lo sucesivo, «JAEPS»).

8 El 20 de abril de 2006 la Comisión formuló un pliego de cargos que se notificó a 20 sociedades, entre ellas Siemens.

9 La Comisión llevó a cabo una audiencia los días 18 y 19 de julio de 2006.

10 El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 6762 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Ésta se notificó a Siemens el 8 de febrero de 2007.

11 Además de Siemens, la Decisión impugnada se dirigió a ABB, a Alstom SA, a Areva SA, a Areva T&D AG, a Areva T&D Holding SA y a Areva T&D SA, a Fuji Electric Holdings Co., Ltd y a Fuji Electric Systems Co., Ltd (en lo sucesivo, en conjunto, «Fuji»), a Hitachi Ltd y a Hitachi Europe Ltd (en lo sucesivo, en conjunto, «Hitachi»), a JAEPS, a Mitsubishi Electric System Corp. (en lo sucesivo, «Melco»), a Nuova Magrini Galileo SpA, a Schneider Electric SA, a Siemens AG Österreich, a Siemens Transmission & Distribution Ltd (en lo sucesivo, «Reyrolle»), a Siemens Transmission & Distribution SA, a Toshiba Corp. y a VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

12 En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas, para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea» que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente.

13 Por otra parte, en los considerandos 124 a 132 de la Decisión impugnada la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas cuotas. El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre los dos grupos de productores, que estaba a cargo en particular de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá Japón y 17 países de Europa occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores» también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas para los proyectos de GIS en Europa.

14 Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre los productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement» (Acuerdo del grupo E para la aplicación del acuerdo GQ) (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.

15 En el considerando 142 de la Decisión impugnada, la Comisión constató que, en el acuerdo GQ y en el acuerdo EQ así como a efectos de la organización y el funcionamiento del cartel, los diferentes miembros de éste se identificaban con un código, compuesto de cifras para los miembros europeos del cartel y de letras para los miembros japoneses. Los códigos iniciales se sustituyeron por números a partir de julio de 2002.

16 En el artículo 1, letra o), de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que Siemens había participado en la infracción durante los períodos que van del 15 de abril de 1988 al 1 de septiembre de 1999 y del 26 de marzo de 2002 al 11 de mayo de 2004.

17 Por la infracción enunciada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a Siemens una multa de 396.562.500 euros en el artículo 2, letra m), de la propia Decisión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de abril de 2007, Siemens interpuso el presente recurso.

19 Previo informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió abrir la fase oral.

20 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal se instó a las partes a responder a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal. Las partes las respondieron en los plazos fijados.

21 En la vista celebrada el 16 de diciembre de 2009 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal.

22 Siemens solicita al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada en cuanto le afecta.

– Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa que se le ha impuesto.

– Condene en costas a la Comisión.

23 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a Siemens.

Fundamentos de Derecho

24 En apoyo de su recurso de anulación Siemens aduce tres motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»). El segundo se basa en la infracción del artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1). El tercero se basa en errores de Derecho en el cálculo del importe de la multa.

I. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE

25 El primer motivo se divide en dos partes. En la primera Siemens alega la «descripción insuficiente de las infracciones imputadas». En la segunda invoca el «análisis incorrecto de los supuestos acuerdos y de sus efectos en el mercado común».

A. Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la «descripción insuficiente de las infracciones imputadas»

1. Alegaciones de las partes

26 Siemens alega que la Comisión no ha descrito con precisión ni ha demostrado suficientemente la infracción que le imputa. Afirma en sustancia que la Comisión no ha probado el carácter único y continuo de los comportamientos reprochados, en primer lugar, que ha omitido describir los efectos concretos del cartel en el mercado común, en segundo lugar, y que no ha aportado la prueba de su intención global de participar en dos ocasiones en la misma infracción, en tercer lugar.

27 La Comisión mantiene que este motivo debe ser desestimado por estar insuficientemente sustentado. Afirma por otra parte que las alegaciones de Siemens no son fundadas.

2. Apreciación del Tribunal

28 Debe observarse que la primera parte del primer motivo contiene únicamente alegaciones que o bien se aducen igualmente en otras partes de la demanda o bien deben examinarse también al considerar otros motivos planteados por Siemens y que guardan asimismo relación con el artículo 1 de la Decisión impugnada, que declara la infracción imputada. De esa forma, la alegación fundada en la falta de prueba del carácter único y continuo de los comportamientos reprochados también se aduce en la segunda parte del segundo motivo, y la alegación referida a la intención global de Siemens de participar en esa infracción también debe ser apreciada en ese contexto. De igual manera, la alegación fundada en la falta de descripción de los efectos concretos del cartel en el mercado común también se formula de forma mucho más detallada en la segunda parte del primer motivo. Se advierte así pues que la presente parte carece de carácter autónomo.

29 Por tanto, no es preciso pronunciarse sobre la primera parte del primer motivo.

B. Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en el «análisis incorrecto de los supuestos acuerdos y de sus efectos en el mercado común»

30 En la segunda parte del primer motivo Siemens aduce tres alegaciones, fundadas en la inexistencia de un cartel que haya tenido efectos en el interior del EEE, en la falta de reparto geográfico de los mercados entre los productores japoneses y los europeos y en la inexistencia de protección de los «países constructores».

31 Esas tres alegaciones están estrechamente ligadas. En efecto, las alegaciones segunda y tercera guardan relación con apreciaciones de la Comisión que, de estar acreditadas, demuestran la existencia de un cartel que produjo efectos en el interior del EEE, cuestión que es objeto de la primera alegación. Por otra parte, las tres alegaciones también tiene conexión en cuanto se refieren a los mismos medios de prueba invocados por la Comisión. Por tanto, han de apreciarse conjuntamente.

1. Alegaciones de las partes

32 Siemens alega que la infracción que se le imputa no está suficientemente sustentada en la Decisión impugnada, en lo que se refiere a la primera fase de su participación, correspondiente al período de 1988 a 1999. En particular, la Comisión consideró erróneamente que el acuerdo GQ y el acuerdo EQ demuestran una infracción que produjo efectos en el EEE, siendo así que ese espacio fue expresamente excluido del ámbito de aplicación de esos acuerdos. Tampoco se ha demostrado tal infracción por los demás medios de prueba presentados por la Comisión.

33 Siemens estima en ese aspecto que la Comisión no ha probado que los productores europeos y japoneses hubieran decidido en el pacto común no intervenir en los mercados de sus respectivos países. Ese reparto geográfico de los mercados no está acreditado por la exclusión implícita de los 17 Estados europeos del ámbito de aplicación del acuerdo GQ ni por la supuesta imputación de los proyectos de GIS en Europa a la cuota global, ni tampoco por las declaraciones de Hitachi o de Fuji invocadas por la Comisión. Por el contrario, el hecho de que los participantes en el acuerdo GQ se abstuvieran de comercializar sus productos en ciertos mercados europeos se debió exclusivamente a obstáculos técnicos y económicos al acceso a esos mercados.

34 Siemens refuta tanto la existencia de un reparto geográfico de los mercados europeos conforme al principio de los «países constructores» o de los «mercados domésticos » como su participación en los supuestos «arreglos previos en Europa» invocados por la Comisión para sustentar su tesis de un reparto de los mercados en el EEE. Las pruebas sobre ese aspecto presentadas por la Comisión son insuficientes. Por último, la falta de actividad de algunos productores en ciertos mercados nacionales es explicable por causas distintas de la existencia de un cartel ilícito.

35 La Comisión rebate las alegaciones de Siemens.

2. Apreciación del Tribunal

36 Hay que señalar con carácter previo que en sus escritos procesales Siemens reconoce expresamente los hechos, según se presentaron en la Decisión impugnada, relativos a la segunda fase de su participación en la infracción, correspondiente al período de 2002 a 2004. El primer motivo planteado por Siemens se refiere únicamente por tanto a la primera fase de su participación en la infracción, correspondiente al período de 1988 a 1999. Por consiguiente, los medios de prueba en los que se basa la Comisión sólo deben examinarse en el contexto de la presente parte del primer motivo en cuanto se refieren a ese último período o permiten deducir conclusiones sobre éste.

37 Al respecto, debe desestimarse la alegación por la Comisión de que es válido extender las observaciones relativas al período de 2002 a 2004 al período anterior, ya que se trata de una misma y única infracción. En efecto, sin que sea necesario en este momento pronunciarse sobre la existencia de una infracción única que abarque los dos períodos de la participación de Siemens en el cartel, únicamente caso por caso debe apreciarse en qué grado los medios de prueba relacionados con un período específico de la infracción pueden aportar indicaciones válidas también para la primera fase de su participación en la infracción.

38 Por otra parte, la tesis de la Comisión de que Siemens se limita a rebatir la repercusión del cartel en la competencia dentro del EEE, en tanto que en la Decisión impugnada le imputa haber establecido un cartel cuyo finalidad era falsear el juego de la competencia en el mercado común, no puede llevar a limitar el examen de los hechos reprochados a Siemens. En efecto, del conjunto de la exposición de Siemens en sus escritos procesales resulta que no sólo refuta que el cartel imputado haya producido efectos en el mercado común y en el EEE (excepto Liechtenstein e Islandia), sino también que ese cartel hubiera tenido como objeto falsear la competencia en el mercado común y en el EEE.

39 Por tanto, las partes discrepan en sustancia sobre si la Comisión acreditó la existencia durante el período de 1988 a 1999 de un cartel que pudiera haber tenido efectos en el mercado común y en el EEE.

40 En consecuencia, hay que determinar si el acuerdo GQ y el acuerdo EQ, como pruebas documentales, demuestran la existencia de un cartel que hubiera podido producir efectos en el mercado común y el EEE. Para ello, no es preciso distinguir entre las dos alternativas del artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, según reiterada jurisprudencia, para apreciar si una práctica concertada está prohibida por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009, T‑Mobile Netherlands y otros, C‑8/08, Rec. p. I‑4529, apartado 29, y la jurisprudencia citada). La jurisprudencia antes mencionada es aplicable por analogía al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

41 En caso de respuesta negativa, será preciso determinar a continuación si el pacto común invocado por la Comisión está suficientemente acreditado por un conjunto de medios diferentes.

42 No obstante, antes de realizar esas comprobaciones hay que recordar las reglas aplicables en materia de carga de la prueba, puesto que las partes también discrepan sobre ello.

a) Sobre la carga de la prueba

43 Debe recordarse ante todo que incumbe a la Comisión probar las infracciones del artículo 81 CE, apartado 1, que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de los hechos constitutivos de la infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58, y de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 86).

44 En ese contexto, la existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa.(sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Dresdner Bank y otros/Comisión, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP y T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, apartado 60).

45 En efecto, en ese último supuesto es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal como resulta, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), que forma parte de los derechos fundamentales que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada además por el artículo 6 UE, apartado 2, constituyen principios generales del Derecho comunitario. En atención a la naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que pueden conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 149 y 150, y Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartados 175 y 176).

46 De este modo, es necesario que la Comisión presente pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción (sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 44 supra, apartado 62), y para asentar la firme convicción de que las infracciones alegadas constituyen restricciones sensibles de la competencia a efectos del artículo 81 CE, apartado 1 (sentencia de 21 de enero de 1999, Riviera Auto Service y otros/Comisión, T‑185/96, T‑189/96 y T‑190/96, Rec. p. II‑93, apartado 47).

47 Sin embargo, debe señalarse que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 44 supra, apartado 63, y la jurisprudencia citada).

48 Además, habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia y de la clandestinidad en la que se ejecutan por tanto, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. En cualquier caso, los elementos fragmentarios y confusos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión apartado 44 supra, apartados 64 y 65, y sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57).

49 No obstante, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta en el mercado de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia comunitarias (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 186, y la jurisprudencia citada).

50 En lo que atañe a los medios de prueba que pueden invocarse para demostrar la infracción del artículo 81 CE y del artículo 51 del Acuerdo EEE, hay que observar que el principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 72). En particular, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas implicadas. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones que le atribuye el Tratado CE (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 49 supra, apartado 192).

51 En consecuencia, una explicación alternativa de los hechos es pertinente sólo cuando la Comisión se apoya únicamente en la conducta de las empresas afectadas en el mercado. Así pues, tal explicación carece de pertinencia cuando la existencia de la infracción no sólo se presume sino que se acredita mediante pruebas. Por otra parte, en virtud del principio de la libre aportación de pruebas mencionado en el anterior apartado todos los medios de prueba son admisibles para demostrar una infracción, de modo que carece de pertinencia una explicación alternativa cuando una infracción está demostrada de forma suficiente en Derecho por pruebas distintas de las documentales (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartados 727 y 728).

52 En el presente asunto, en relación con los aspectos rebatidos por Siemens es preciso por tanto verificar si los comportamientos que la Comisión le imputa en la Decisión impugnada se acreditan por instrumentos de prueba o si únicamente se han deducido de la conducta de las empresas afectadas en el mercado. Solo en este último caso deberá examinarse seguidamente si existen explicaciones alternativas de la conducta de las empresas interesadas en el mercado, lo bastante plausibles para desvirtuar las apreciaciones realizadas en la Decisión impugnada.

53 En cambio, según la jurisprudencia, habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia y de la clandestinidad en la que se ejecutan, la prueba de un cartel puede nacer de un conjunto de indicios concordantes (véase el anterior apartado 48). En consecuencia, Siemens no puede pretender que se desestime tal prueba alegando que, considerados de forma aislada, los indicios específicos invocados por la Comisión no bastan para demostrar los comportamientos que se le imputan. En efecto, por definición, los componentes específicos que forman parte de ese conjunto concordante de indicios presentados por la Comisión, considerados de forma aislada, no pueden constituir pruebas completas de ese comportamiento.

54 En cuanto al valor probatorio que debe reconocerse a los diferentes medios de prueba, hay que destacar que el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (véanse la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartado 84, y la jurisprudencia citada; las sentencias Dalmine/Comisión, apartado 50 supra, apartado 72, y JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 49 supra, apartado 273). Según las reglas generalmente aplicables en materia de prueba, la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario, y del carácter razonable y fidedigno de su contenido (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 1053; conclusiones del Juez Sr. Vesterdorf en funciones de Abogado General en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T‑1/89, Rec. pp. II‑867 y II‑869, II‑956). Debe concederse gran importancia en especial al hecho de que un documento se haya elaborado en relación inmediata con los hechos (sentencias del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión, T‑157/94, Rec. p. II‑707, apartado 312, y de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión, T‑5/00 y T‑6/00, Rec. p. II‑5761, apartado 181) o por un testigo directo de esos hechos (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 49 supra, apartado 207). Además, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 49 supra, apartados 207, 211 y 212).

b) Sobre el valor probatorio del acuerdo GQ y del acuerdo EQ

55 En primer lugar, respecto al acuerdo GQ las partes concuerdan en que éste prevé la puesta en práctica de un cartel sobre los proyectos de GIS a nivel mundial, incluyendo en particular intercambios de información sobre licitaciones y sobre contratos concluidos, mediante formularios modelo, la atribución de una cuota a los grupos europeo y japonés de constructores, la atribución de contratos dentro del cartel, el trucaje de licitaciones, la fijación de precios mínimos y la lucha contra las empresas ajenas al cartel. No obstante, se ha de observar que, tal como afirma Siemens, la redacción del acuerdo GQ excluía su aplicación en Europa. En efecto, el anexo 2 de ese acuerdo, relativo a su ámbito de aplicación territorial, define cinco grupos de territorios. El primer grupo se define como comprensivo de Europa y del Mediterráneo, excepto los doce Estados miembros de la Comunidad en esa época, así como Austria, Suecia, Suiza, Finlandia y Noruega. Respecto al EEE únicamente Liechtenstein e Islandia se incluyen así pues en el ámbito de aplicación, circunstancia que sólo es pertinente a partir de la entrada en vigor del Acuerdo EEE el 1 de enero de 1994. El segundo grupo se define como comprensivo de Asia, excepto Japón.

56 La redacción del acuerdo GQ no constituye por tanto por sí sola prueba de un cartel que hubiera producido efectos en el mercado común y en el EEE.

57 A continuación, en lo que se refiere al acuerdo EQ, hay que señalar que éste sólo constituye un acuerdo de ejecución del acuerdo GQ, lo que confirman su título y las disposiciones contenidas en su preámbulo según las cuales, en particular, el acuerdo EQ es aplicable en el marco de la ejecución del acuerdo GQ, y las reglas contenidas en este último prevalecen sobre las contenidas en el acuerdo EQ son aplicables a todas las partes salvo que las reglas del acuerdo GQ dispongan otra cosa. En sustancia, el acuerdo EQ contiene reglas acerca de la redistribución de la cuota conjunta «europea» entre los productores europeos. Esa redistribución se realizaba según el procedimiento previsto en el artículo 4 del acuerdo EQ y conforme a las cuotas enumeradas en el artículo 8 del mismo acuerdo.

58 Dado que el acuerdo EQ sólo reparte en principio la cuota conjunta «europea» prevista por el acuerdo GQ, el cual excluye, como se acaba de exponer, el mercado común y la mayor parte del EEE, la redacción del acuerdo EQ no constituye una prueba de un cartel que produjera efectos en el mercado común y en el EEE. En consecuencia, como se ha expuesto en el anterior apartado 39, debe examinarse si la Comisión ha logrado probar de otra manera la existencia de esos efectos. En cuanto a las conclusiones que cabe deducir del acuerdo GQ y del acuerdo EQ, al margen de su texto, de ellas se tratará en los posteriores apartados 140 y siguientes, referidos a los medios de prueba documentales.

c) Sobre la prueba del pacto común

59 Con carácter previo, se ha de observar que la circunstancia de que las cláusulas del acuerdo GQ, a las que remite también el acuerdo EQ, excluyan expresamente de su ámbito de aplicación los mercados europeos y japonés no puede entenderse automáticamente como una prueba de que el cartel no produjo efectos en los mercados europeos, ni como una prueba de la inexistencia de reparto geográfico o de «países constructores». En efecto, aunque esa exclusión pueda significar que las empresas interesadas competían de forma no falseada en esos mercados, también puede significar que la atribución y el control de cuotas de esos mercados entre los grupos europeo y japonés no era necesaria ya que dichos mercados estaban en cualquier caso exclusivamente reservados a uno de los dos grupos, interpretación que mantiene la Comisión.

60 Se ha de destacar que un pacto cuyo objeto fuera el respeto de las posiciones privilegiadas tradicionales de las partes en el cartel en los mercados europeo y japonés, de estar demostrado, constituiría ya por sí mismo un cartel con efectos en el mercado común, ya que excluiría la competencia potencial de los productores japoneses en el mercado común. Ello sería cierto incluso en el supuesto de que la Comisión no consiguiera demostrar que los productores europeos se repartieron además entre sí el mercado europeo. No obstante, como se explicará más adelante, la Comisión ha probado de forma suficiente en Derecho el conjunto de los hechos rebatidos por Siemens dentro del primer motivo.

61 Para probar la existencia y el alcance del pacto común, la Comisión ha mencionado en la Decisión impugnada, un conjunto de medios, entre los cuales, en particular, las declaraciones de ABB, del testigo Sr. M., de Fuji y de Hitachi, el hecho de que ni Alstom ni las sociedades que formaban parte del grupo cuya sociedad matriz es Areva (en lo sucesivo, «grupo Areva»), ni el grupo cuya sociedad matriz es VA Technologie (en lo sucesivo, «grupo VA Tech») han refutado abiertamente la existencia del pacto común, una lista de proyectos de GIS discutidos dentro del cartel, aportada por ABB, y ciertos medios de prueba documentales. Es preciso examinar así pues el alcance y el valor probatorio de cada uno de esos instrumentos.

Sobre las declaraciones de ABB y del testigo Sr. M.

62 ABB indicó en sus declaraciones que la protección de los territorios europeo occidental y japonés existía, y que algunos casos en los que los productores japoneses habían proyectado, en contra de lo dispuesto, participar en licitaciones europeas, habían causado problemas dentro del cartel que no obstante se habían resuelto finalmente. Por otra parte, en su declaración de 3 de febrero de 2005 ABB indicó que los resultados de la atribución de los proyectos de GIS en el mercado común, excepto en los «países constructores», se imputaban a continuación en las cuotas mundiales de los productores europeos del cartel. Finalmente, en su declaración de 4 de octubre de 2005 ABB reconoció la existencia del sistema de los «países constructores», según el cual, si sólo había un productor en esos países, éste era el único beneficiario de los proyectos, y si había varios, se repartían entre sí los proyectos.

63 Siemens alega al respecto que las declaraciones de ABB son meras afirmaciones interesadas de esa sociedad, carentes de fuerza probatoria a falta de soporte en pruebas concretas y verificables. La Comisión considera que la declaración de una empresa deseosa de obtener la dispensa de la multa tiene un especial valor probatorio por el mero hecho de que es contraria al interés normal de su autor.

64 Acerca del grado de credibilidad que haya que atribuir a las declaraciones de ABB, debe señalarse que en este caso, como primer denunciante del cartel, ABB podía esperar razonablemente obtener la dispensa total de multas prevista en el punto 8 de la Comunicación sobre la cooperación. Por tanto, no puede excluirse que esa empresa se haya sentido incitada a exagerar la importancia del comportamiento infractor denunciado, para perjudicar a sus competidores en el mercado.

65 Ello no significa sin embargo que las declaraciones de ABB deban considerarse carentes de toda credibilidad. En ese sentido, ya se ha juzgado que el hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener una reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70).

66 No obstante, dado que las declaraciones de ABB son rebatidas por otras empresas a las que también se imputa haber concluido el pacto común, aquellas deben estar respaldadas por otros elementos probatorios para que constituyan prueba suficiente de la existencia y del alcance del pacto común (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Enso-Gutzeit/Comisión, T‑337/94, Rec. p. II‑1571, apartado 91, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 285).

67 Por tanto, es preciso verificar si las declaraciones de ABB sobre el reparto del mercado entre los productores europeos y japoneses y la existencia de «países constructores» están sustentadas por los demás medios de prueba invocados por la Comisión.

68 Al respecto, ha de observarse que la Comisión se refiere en particular en la Decisión impugnada a las declaraciones del testigo Sr. M., antiguo empleado de ABB que representaba a esa empresa al nivel operativo del cartel desde 1988 hasta abril de 2002.

69 Pues bien, acerca de las declaraciones del Sr. M. hay que destacar con carácter previo que su testimonio no puede calificarse como diferente e independiente del de ABB. En efecto, no sólo ha sido empleado de esa sociedad durante toda su vida profesional, circunstancia que no puede garantizar la inexistencia de toda divergencia de intereses entre ambos, como alega válidamente la Comisión, sino que también se expresó ante la Comisión en calidad de mandatario de ABB en el contexto de la obligación de cooperación de esa última para obtener la dispensa de las multas, conforme al apartado 11 de la Comunicación sobre la cooperación, y ello asistido por el abogado de ABB, como resulta claramente de la parte introductoria de la trascripción de las manifestaciones expresadas en su audiencia el 23 de septiembre de 2005. Por otra parte, la Comisión asimiló el testimonio del Sr. M. a las declaraciones de ABB, por ejemplo en las notas a pie de página nos 90 y 91 de la Decisión impugnada.

70 De ello se deduce que las declaraciones del Sr. M. no pueden considerarse constitutivas de un medio de prueba diferente que apoye las declaraciones de ABB, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 66, sino que deben entenderse como parte integrante de esas últimas. Ello no les priva de todo valor probatorio. Pueden servir en especial para precisar las declaraciones de ABB. No obstante, es preciso corroborar las informaciones derivadas del testimonio del Sr. M. con otros medios de prueba para que puedan constituir una prueba suficiente de la existencia y del alcance del pacto común, de igual forma que las derivadas de las declaraciones de ABB, y ello a pesar de que el Sr. M. no puede tener, a diferencia de ABB, un interés personal en exagerar el comportamiento infractor de los competidores de ABB. Las mismas consideraciones se aplican además a las declaraciones del Sr. V.-A., antiguo empleado de ABB interrogado por la Comisión en iguales condiciones que las descritas en el anterior apartado respecto al Sr. M.

71 Acerca del contenido de las declaraciones del Sr. M., hay que observar que éste indicó que el principio de protección de los mercados domésticos era de importancia primordial para la conclusión del cartel y que éste no habría podido funcionar sin respetar ese principio.

72 Por esa razón, según el Sr. M., al determinar las cuotas de las diferentes empresas implicadas en el momento de la creación del cartel en 1988, los mercados domésticos respectivos de los productores japoneses y europeos, a saber, el de Japón como mercado doméstico de las empresas japonesas, y los de Alemania, Francia, Suecia, Suiza e Italia como mercados domésticos de las empresas europeas, estaban excluidos de la evaluación de las cuotas de mercado propias de cada empresa.

73 El Sr. M. también indicó que los países europeos distintos de los «países constructores» estaban excluidos del sistema de reparto de los proyectos previsto por el acuerdo GQ, para no afectar al funcionamiento de ciertas prácticas colusorias que se habían desarrollado en el ámbito local entre los diferentes productores a lo largo de los años. En cambio, el volumen de los contratos obtenidos por cada productor se computaba a efectos de control del respeto de las cuotas mundiales de los grupos europeo y japonés y de las cuotas de cada empresa.

74 El Sr. M. estimó también que no existían obstáculos técnicos insalvables para la entrada de las empresas japonesas en el mercado europeo y que esa entrada habría sido posible a medio plazo con ciertas inversiones. A su parecer, las empresas japonesas se abstenían por tanto de penetrar en el mercado europeo para respetar las reglas del cartel y no por razones técnicas.

75 En cuanto a la credibilidad del testimonio del Sr. M., hay que tener en cuenta que durante casi toda la duración del cartel, a saber de 1988 a 2002, fue uno de los representantes de ABB en este, en tanto que ABB era uno de los principales protagonistas del cartel. Fue por tanto testigo directo de las circunstancias que relató. Por tanto, su testimonio debe calificarse en principio como medio de prueba de alto valor probatorio.

76 Por otra parte, las declaraciones del Sr. M. son coherentes y claras, aunque no recuerde todos los detalles fácticos de la puesta en práctica del cartel en la que participó por cuenta de ABB durante catorce años. Pues bien, debe considerarse normal que en un testimonio que abarca un período de tal duración puedan existir algunas inexactitudes menores en sus declaraciones.

77 Por consiguiente, debe atribuirse una credibilidad elevada a las declaraciones del Sr. M., sin perjuicio de que tengan que apreciarse como declaraciones hechas por cuenta de ABB, como antes se ha señalado.

78 Esa apreciación no se desvirtúa por los argumentos expuestos por Siemens para refutar la credibilidad del testimonio del Sr. M., y en particular las supuestas contradicciones entre ese testimonio y el del Sr. V.-A. En efecto, las alegaciones de Siemens según las cuales el Sr. V.-A. indicó que los Estados miembros del EEE, al igual que los Estados de América del Norte, estaban excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo GQ, por una parte, y por otra parte la Comisión no había demostrado en qué grado el testimonio del Sr. V.-A. era menos creíble que el del Sr. M., no pueden prosperar ya que el testimonio del Sr. V.-A. no contradice el del Sr. M.

79 Sobre ello debe observarse que el mismo Sr. V.-A. afirmó en su declaración de 21 de septiembre de 2005 que sólo había participado en seis a diez reuniones al nivel operativo entre 1997 y 1998, que había tenido conocimiento limitado y que al respecto había dependido del Sr. M., el único que disponía de ciertas informaciones, en especial sobre la exclusión de América del Norte y de Europa del ámbito de aplicación del acuerdo GQ.

80 Además, el Sr. V.-A. señaló una diferencia entre la exclusión de América del Norte y la de Europa, precisando que los Estados Unidos estaban excluidos por temor a las severas sanciones a las que se exponen los participantes en carteles en ese país, en tanto que suponía que los proyectos europeos se discutían efectivamente por las empresas participantes en el cartel, pero no en reuniones en las que participara él mismo.

81 Finalmente, el Sr. V.-A. indicó que en reuniones en las que había participado había sido testigo de disputas entre los representantes del grupo de los productores japoneses y los de grupo de los productores europeos acerca de las supuestas tentativas de los productores japoneses de penetrar en los mercados europeos, infringiendo un acuerdo que les prohibía competir con los productores europeos en Europa Occidental. Puntualizó también que no veía ningún obstáculo técnico o comercial insalvable para que los productores japoneses pudieran penetrar en los mercados europeos.

82 Con fundamento en el limitado conocimiento sobre el funcionamiento del cartel del que disponía, según sus propias palabras, las declaraciones del Sr. V.-A. son compatibles así pues con las del Sr. M. y las confirman incluso en varios aspectos, en especial sobre el reparto de los mercados entre los productores europeos y japoneses. Aunque la Comisión no lo precisó expresamente en la Decisión impugnada, el testimonio del Sr. V.-A. constituye por tanto un medio probatorio de cargo y no de descargo para Siemens. Siendo así, debe desestimarse el argumento de Siemens basado en la contradicción entre los testimonios del Sr. M. y el Sr. V.-A.

83 Como conclusión, las declaraciones del Sr. M., que merecen alta credibilidad, constituyen un medio de prueba de la existencia del principio de protección de los «países constructores», de la reserva de los mercados europeos, excepto los «países constructores», a favor de los productores europeos y del cómputo del volumen de ventas en estos últimos a efectos del respeto de las cuotas mundiales. No obstante, como se ha observado en el anterior apartado 70, las declaraciones del Sr. M. tienen que confirmarse por otros medios de prueba, al igual que las de ABB, para que puedan constituir una prueba suficiente de la existencia y del alcance del pacto común.

Sobre las declaraciones de Fuji

84 Fuji declaró que había estado al corriente del pacto común conforme al que los productores japoneses debían abstenerse de entrar en el mercado europeo. No obstante, alega que su propia abstención respecto al mercado europeo se debía principalmente al hecho de que no podía aspirar seriamente a suministrar GIS en Europa por otras razones, en especial su limitada cuota de mercado mundial, que no justificaba asumir los costes necesarios para el desarrollo de una base europea. Acerca del único proyecto de GIS que Fuji realizó en Europa, a saber, un proyecto en la República Checa en 1995, alega que en ese caso había actuado como subcontratista de otra sociedad japonesa a la que suministró el GIS referido en Japón. Así pues, considera ese proyecto como un proyecto de GIS en Japón y estima que no demuestra su capacidad general para suministros en Europa.

85 Siemens alega al respecto que esa declaración de Fuji no se emitió hasta después de la audiencia mencionada en el anterior apartado 9, es decir, en un momento en el que Fuji ya no estaba en condiciones de prestar un testimonio imparcial y objetivo. Ahora bien, según la jurisprudencia únicamente los documentos citados o mencionados en el pliego de cargos constituyen medios de prueba válidos (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, Rec. p. I‑3359, apartado 21, y del Tribunal General, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Comisión, citada en el apartado 54 supra, apartado 34, y la jurisprudencia citada).

86 Esa objeción no puede prosperar. En efecto, el pliego de cargos debe permitir a los interesados conocer efectivamente qué comportamientos les reprocha la Comisión, requisito que se cumple cuando la decisión final no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta hechos sobre los que los interesados han tenido la posibilidad de justificarse (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 94; sentencias del Tribunal General de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 138, y de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181, apartado 47).

87 Si bien es cierto pues que las infracciones imputadas a una empresa en una decisión no pueden ser diferentes de las enunciadas en el pliego de cargos, no es así respecto a los hechos imputados, pues en relación con éstos basta que las empresas afectadas hayan tenido la posibilidad de manifestarse sobre todos los hechos que se les reprochan. En efecto, como se ha juzgado, ninguna disposición prohíbe que la Comisión comunique a las partes, después de enviar el pliego de cargos, nuevos documentos que considere apoyan su tesis, sin perjuicio de dar a las empresas el tiempo necesario para expresar su opinión al respecto (sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 190; véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 29).

88 Ahora bien, en el presente caso consta que mediante escrito de 25 de agosto de 2006 la Comisión comunicó a Siemens las declaraciones de Fuji y le instó a presentar sus comentarios sobre esas declaraciones. Además, éstas no exponían imputaciones a Siemens que fueran nuevas en relación con las enunciadas en el pliego de cargos, sino que únicamente contenían un nuevo medio de prueba que servía para dar soporte a una imputación ya enunciada en el pliego de cargos, a saber el hecho de que existía un pacto común entre los productores japoneses y europeos conforme al que los productores japoneses no debían penetrar en el mercado europeo.

89 En consecuencia, las declaraciones de Fuji pueden estimarse como medios de prueba de cargo contra Siemens.

90 En lo que atañe a la credibilidad que debe atribuirse a las declaraciones de Fuji, es preciso observar que, dado que esta empresa ha reconocido cuando menos indirectamente que su ausencia del mercado europeo se debía en parte al pacto común, ha reconocido un hecho que la Comisión podía utilizar en contra de ella. Pues bien, ya se ha juzgado que las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 49 supra, apartado 211).

91 Ello sigue siendo cierto incluso si en el presente caso Fuji ha solicitado ampararse en la Comunicación sobre la cooperación. En efecto, en primer lugar las declaraciones de Fuji no se han formulado en el contexto de esa solicitud, sino en la respuesta al pliego de cargos, aunque los dos documentos se elaboraron casi simultáneamente. En segundo lugar, el reconocimiento por Fuji de haber estado al corriente del reparto de los mercados europeos y japonés no tiene un carácter exclusivamente acusatorio frente a otras empresas, circunstancia que debería llevar a valorar su declaración con circunspección, sino que también contiene el reconocimiento de una infracción por su parte. Siendo así, hay que considerar que en el presente caso la declaración de Fuji merece una alta credibilidad.

92 Por último, en cuanto al contenido de la declaración de Fuji es preciso destacar que en ella Fuji no se limita a reconocer un reparto de mercados entre los productores europeos y japoneses sino que también expone detalles sobre los objetivos de las empresas que participaron en el cartel que permiten deducir otras conclusiones. En efecto, Fuji indica que, en cuanto le afectaba, el pacto común no era la razón principal de su abstención de penetrar en el mercado europeo, y expone una serie de razones que según ella tuvieron mayor peso en esa opción. En particular, el argumento de que su cuota de mercado mundial era demasiado pequeña para justificar los costes necesarios para el desarrollo de una base europea permite concluir que los productores japoneses, y a la inversa los productores europeos, que tenían una cuota de mercado superior habrían sido capaces de superar los obstáculos técnicos y comerciales a la entrada en los mercados protegidos de los grupos de productores respectivos y de rentabilizar esa inversión. Con esa perspectiva, tanto mayor era la cuota de mercado de una determinada empresa, tanta menos importancia tiene en el caso de esa empresa el argumento derivado de los obstáculos técnicos y comerciales, y a la inversa, tanta más importancia tiene la prohibición de penetrar en los mercados del otro grupo de productores estipulada en el contexto del pacto común.

93 Pues bien, haciendo referencia a las cuotas de mercado determinadas por la Comisión en los considerandos 484 a 488 de la Decisión impugnada, que se basan en las cifras de venta indicadas por las propias empresas, y que no se discuten en el presente caso, se advierte que Fuji era con mucho el menor de los productores participantes en el cartel, con el 2 % como máximo del volumen de negocios mundial de las empresas participantes en el cartel correspondiente a los proyectos de GIS. Las cuotas de mercado de las demás empresas japonesas eran muy superiores, comprendidas entre 15 y 20 % la de Melco, entre 8 y 12 % la de Toshiba y entre 4 y 7 % la de Hitachi. Por su parte, Siemens tenía una cuota de mercado entre el 23 y el 29 %. Por tanto, la declaración de Fuji permite concluir que la protección de los mercados europeo y japonés a favor de los productores europeos y japoneses respectivamente tenía interés para la mayoría de las empresas afectadas, ya que su cuota de mercado muy superior a la de Fuji les habría permitido con mayor facilidad soportar los costes de la penetración en los mercados del otro grupo de productores.

94 Por otra parte, hay que señalar que la Comisión no rebate la existencia de obstáculos técnicos y comerciales a la entrada en los mercados respectivos de los grupos europeo y japonés, sino la consideración de que esos obstáculos no podían superarse de forma rentable. Se basta al respecto en dos proyectos de GIS en la República Checa. El primero fue obtenido por Fuji y en el segundo se presento una oferta de Melco, lo que no refutó Siemens. Ello demuestra que no existían obstáculos técnicos y comerciales insalvables para la entrada de los productores japoneses en los mercados europeos, lo que da soporte al argumento de la Comisión de que las empresas que participaron en el cartel tenían un interés subjetivo en que los productores del otro grupo no trataran de superar esos mismos obstáculos.

95 Como conclusión, las declaraciones de Fuji constituyen un medio de prueba de la existencia de un reparto de los mercados europeos y japonés a favor de los grupos de productores respectivos, que merece una alta credibilidad.

Sobre las declaraciones de Hitachi

96 Hitachi ha declarado que los proyectos de GIS en Europa repartidos entre los productores europeos se imputaban a la cuota conjunta «europea» en el contexto del acuerdo GQ y que por esa razón los productores japoneses eran informados ex post, hasta 1999, del resultado del reparto de los proyectos de GIS en Europa entre los productores europeos. En su respuesta al pliego de cargos Hitachi indicó lo siguiente:

«Hitachi confirma que antes de 1999 los productores europeos de GIS comunicaban a los productores japoneses de GIS los detalles de los proyectos de GIS que iban a suministrar en Europa. Hitachi confirma además que el objeto de esa comunicación era asegurar que el valor de los proyectos europeos se computara con ocasión del acuerdo sobre la cuota de los proyectos fuera de Europa que debía atribuirse entre los productores europeos y los productores japoneses conforme al acuerdo GQ […]

Para darse cuenta de la falta de importancia práctica de ese mecanismo durante el período en el que estuvo en vigor (a saber, antes de 2009), debe subrayarse que la comunicación de los detalles de los proyectos en Europa en el contexto del cartel GQ no estaba ligada a ningún consentimiento de los productores japoneses en mantenerse al margen del mercado europeo ni demuestra la existencia de tal consentimiento, ya que no existía ningún “pacto común”. Lo que quizá es más importante en cualquier caso es que la atribución de los proyectos de GIS europeos en virtud del cartel europeo “no resultaba” de ninguna forma de comunicaciones entre los productores europeos de GIS y los productores japoneses de GIS, como alega la Comisión. Todas las comunicaciones entre los productores europeos y japoneses de GIS se producían tras haberse realizado la atribución de los proyectos europeos de GIS.»

97 Esa declaración es instructiva en varios aspectos. En primer lugar, al confirmar expresamente que se computaban proyectos de GIS en Europa realizados por los productores europeos en su cuota global en el contexto del acuerdo GQ, Hitachi confirma la tesis de la Comisión de que los productores europeos, entre los cuales Siemens, llegaban a acuerdos sobre proyectos en el mercado común (durante los primeros años de funcionamiento del cartel, Europa del Este no era aún accesible como mercado), y de que por tanto el cartel tenía ciertamente efectos en el mercado común y en el EEE.

98 En segundo lugar, la declaración de Hitachi, con independencia de la voluntad de su autor, también constituye un indicio en apoyo de la tesis de la Comisión de que los mercados europeos estaban globalmente reservados a los productores europeos. En efecto, Hitachi insiste en varias ocasiones en la circunstancia de que la información de los productores japoneses se realizaba ex post. Por una parte, deduce de ello la conclusión de que esos últimos no estaban implicados en las prácticas colusorias de los productores europeos en los mercados europeos. Por otra parte, estima que la referida información no tenía nexo alguno con un compromiso de los productores japoneses de mantenerse al margen de los mercados europeos ni demostraba tal compromiso, y niega la existencia del pacto común.

99 Pues bien, la circunstancia también reconocida por Hitachi de que se computaban en la cuota mundial proyectos de GIS en Europa, que se repartían entre los productores europeos, no puede explicarse razonablemente si en todo caso los mercados europeos no eran accesibles para los productores japoneses por razones técnicas y comerciales. En efecto, en tal supuesto los productores europeos no habrían tenido razón alguna para aceptar que esos proyectos se imputaran a su cuota mundial, lo que necesariamente reducía el número y el valor de los proyectos de GIS en los mercados mundiales a los que podían aspirar en el contexto del cartel. En cambio, el hecho de que consintieran esa contrapartida demuestra que la abstención de los productores japoneses de penetrar en los mercados europeos tenia para los productores europeos un valor que podía justificar esa contrapartida.

100 Acerca de la credibilidad de la declaración de Hitachi, es preciso observar que esa empresa solicitó ampararse en la Comunicación sobre la cooperación. Por tanto, sus declaraciones deberían valorarse con circunspección en cuanto tuvieran carácter exclusivamente acusatorio contra otras empresas. Ahora bien, no sucede así en este caso. En efecto, la deducción que puede inferirse de la declaración de Hitachi, según la cual los productores japoneses habían aceptado no penetrar en los mercados europeos, va en contra tanto de los intereses de Hitachi como de los demás participantes en el cartel, dado que confirma un hecho que puede serle imputado. Además, evidentemente Hitachi no era consciente de todas las conclusiones que el contenido de su declaración permitía deducir, en especial en lo que atañe a la reserva de los mercados europeos a favor de los productores europeos, lo que tiende a acrecentar la credibilidad de su declaración.

101 Como conclusión, hay que atribuir alta credibilidad a las declaraciones de Hitachi.

Sobre la falta de refutación por parte de Areva, de Alstom y del grupo VA Tech

102 Acerca de la falta de refutación por parte de Areva, de Alstom y del grupo VA Tech, debe observarse que los documentos obrantes en autos o bien no justifican atribuir a ese hecho un alto valor probatorio o bien no permiten sustentar las alegaciones de la Comisión.

103 En primer lugar, en relación con Areva y Alstom, la Comisión indica en el considerando 125 de la Decisión impugnada que esas dos sociedades no refutaron la existencia del pacto común para el respeto de las posiciones privilegiadas tradicionales en los mercados domésticos de las empresas que participaron en el cartel, ni en sus respuestas al pliego de cargos ni en sus declaraciones posteriores de los días 21 y 26 de noviembre de 2006 respectivamente, a raíz de la recepción de la respuesta de Fuji que reconocía la existencia del pacto común. No obstante, ni Siemens ni la Comisión han examinado la falta de refutación por parte de Areva y Alstom en sus escritos procesales ante el Tribunal. Siendo así, debe considerarse que esa cuestión no forma parte del presente litigio.

104 En segundo lugar, respecto al grupo VA Tech la Comisión señala en el considerando 125 de la Decisión impugnada que éste no negó abiertamente en su respuesta al pliego de cargos las informaciones sobre el pacto común. Acerca de ello, en primer lugar, hay que observar que esa respuesta no figura en los autos y que el Tribunal sólo dispone de la cita de ella que hizo la Comisión en la nota a pie de página nº 79 de la Decisión impugnada, redactada como sigue: «Incluso sin el presunto pacto común, los productores japoneses se mantuvieron al margen del mercado europeo a causa de las elevadas barreras de entrada, como se demostrará detalladamente más adelante.» En segundo lugar, es preciso señalar que el mero hecho de que una sociedad no haya refutado abiertamente unos hechos sólo puede tener un valor probatorio muy limitado, y ello tanto más cuando no es posible verificar el contexto de la falta de refutación con el único fundamento de una cita aislada como esa. En tercer lugar, se ha de observar que, incluso considerada de manera aislada, esa cita no tiene el contenido que la Comisión le atribuye. Al respecto, es preciso destacar el término «presunto», utilizado por el grupo VA Tech para calificar el pacto común. De la utilización de ese término resulta que, aun si el grupo VA Tech no refutó expresamente la existencia del referido pacto, tampoco la reconoció sin embargo, aunque sólo fuera implícitamente. Por el contrario, el pasaje citado debe interpretarse como una refutación implícita de la existencia del pacto común.

105 Por tanto, la supuesta falta de refutación de la existencia del pacto común por parte de Areva, Alstom y el grupo VA Tech no puede estimarse como un factor que confirme la tesis de la Comisión acerca de la reserva de los mercados europeos a los productores europeos y la protección de los «países constructores».

Sobre la lista de los proyectos de GIS en Europa

106 En cuanto a la lista de once proyectos de GIS invocada por la Comisión en el considerando 164 de la Decisión impugnada, se trata en realidad de un extracto de una lista de proyectos de GIS discutidos dentro del cartel durante el período comprendido entre 1988 y 1999, titulada «Enquirylist1» y presentada por ABB (en lo sucesivo, «lista global»), que contiene indicaciones en particular sobre las fechas límite para la presentación de las ofertas, sobre las empresas que habían manifestado interés en cada uno de los proyectos y sobre el resultado de las discusiones dentro del cartel (a saber, la atribución a un miembro del cartel o la fijación de un nivel de precio mínimo).

107 Según esas indicaciones, de los once proyectos de GIS en Europa enumerados en la lista global, el encargo de seis de ellos fue obtenido por la empresa a la que fue atribuido el proyecto en el contexto del cartel, en tres casos a ABB y Siemens respectivamente. De los otros cinco proyectos, la lista global especifica que no se atribuyeron a ninguna de las empresas que participaban en el cartel sino que fueron objeto de un arreglo sobre el nivel inferior del precio, es decir, que las empresas europeas que participaban en el cartel se pusieron de acuerdo sobre el precio mínimo que ofertarían en sus eventuales propuestas en la licitación correspondiente.

108 En un primer momento Siemens trató de manera general de infundir dudas sobre la fiabilidad de las informaciones contenidas en la lista global, sin refutar expresamente no obstante la realidad de los proyectos que figuran en ella ni en particular la realidad de los once proyectos de GIS en Europa que se mencionan en la misma, ni tampoco el hecho de que esos proyectos se discutieron dentro del cartel.

109 En ese contexto Siemens alegó en particular que algunos proyectos se mencionan en varias ocasiones, que numerosos proyectos no se ejecutaron nunca y que la lista global no indica en ningún lugar que se haya atribuido un proyecto de GIS dentro del EEE. En dos casos en los que esa empresa obtuvo el proyecto, ello fue el resultado de prácticas competitivas. Por otra parte, Siemens se refiere a un análisis de la lista global realizado por una sociedad independiente que demuestra en especial que los proyectos de GIS en el EEE no fueron objeto de un sistema de reparto que funcionara de forma comparable al previsto por el acuerdo GQ y por el acuerdo EQ.

110 Además, al responder a las preguntas escritas del Tribunal antes de la vista Siemens refutó que los once proyectos de GIS en Europa enumerados en la lista global hubieran sido objeto de concertación dentro del cartel.

111 Estas alegaciones se examinarán en los posteriores apartados 116 a 138.

– Sobre el origen y la fecha de elaboración de la lista global y su calificación como medio de prueba

112 Debe apreciarse que, como Siemens ha alegado, no ha sido posible determinar con certeza el origen y la fecha de elaboración de la lista global.

113 No obstante, es preciso señalar al respecto que, según resulta del considerando 88 y la nota a pie de página nº 21 de la Decisión impugnada, la lista global se presentó por ABB el 7 de mayo de 2004, es decir, un día después del 6 de mayo de 2004, fecha que figura en el encabezamiento de su primera página, que por tanto es muy probablemente la fecha bien de su elaboración o bien de su impresión. Además, se ha de señalar que ABB disponía de un código adicional en dicha lista, a diferencia de los demás miembros del cartel. En efecto, los miembros europeos, salvo ABB, y los miembros japoneses del cartel figuran en la columna de esa lista titulada «Member», en dos grupos, con sus códigos respectivos, según se utilizaban dentro del cartel. En cambio, ABB se «oculta», según la expresión del Sr. M. en su audiencia por la Comisión el 23 de septiembre de 2005, en la columna titulada «GCs», destinada en principio a la mención de los eventuales contratos generales. Según las indicaciones del Sr. M., se trataba de una precaución tomada a raíz de una investigación practicada por la autoridad sueca de la competencia en relación con ABB.

114 Esas dos circunstancias permiten presumir que la lista global fue inicialmente elaborada por ABB para su propio seguimiento interno del cartel y que fue reimpresa para su presentación a la Comisión. Hay que basarse por tanto en esa presunción, la más favorable por otra parte para Siemens y compatible con las declaraciones de esta empresa, que niega ser autora de la lista global.

115 En consecuencia, como alega Siemens, la lista global debe calificarse como parte integrante de las declaraciones de ABB. En efecto, dado que, según se ha señalado, la lista global o bien fue elaborada por ABB, o bien fue impresa por esta empresa a partir de un fichero electrónico interno, y ello en un momento cercano al de sus declaraciones a efectos de la solicitud de dispensa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, no puede calificarse como prueba documental. De ello resulta que las consideraciones enunciadas en los anteriores apartados 64 a 67 sobre el valor probatorio de las declaraciones de ABB también son válidas en relación con la lista global. En particular, las informaciones derivadas de la lista global no pueden servir para sustentar las declaraciones de ABB, sino que por el contrario tienen que ser confirmadas ellas mismas por otros medios de prueba, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 66.

– Sobre la alegación de que los proyectos de GIS en Europa mencionados en la lista global no fueron discutidos dentro del cartel

116 Como se ha expuesto en el anterior apartado 110, en sus respuestas a las preguntas escritas del Tribunal antes de la vista, Siemens ha refutado por primera vez que los once proyectos de GIS en Europa enumerados en la lista global hubieran sido objeto de concertación dentro del cartel. Es cierto que a raíz de una pregunta al respecto en la vista ha indicado que ya había manifestado esa refutación en el procedimiento administrativo ante la Comisión y en la demanda. No obstante, la demanda sólo contiene en ese aspecto los elementos recogidos en el anterior apartado 109, y suponiendo incluso que Siemens hubiera formulado esa refutación en el procedimiento administrativo, ello no podría subsanar la falta de refutación en la demanda ante el Tribunal. Así pues, debe inadmitirse por tardía, conforme al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la alegación de Siemens de que los once proyectos de GIS en Europa enumerados en la lista global no fueron objeto de discusión dentro del cartel.

117 Además, es preciso destacar el carácter detallado de las informaciones contenidas en la lista global. En efecto, ésta contiene en particular indicaciones sobre las características de los equipamientos que debían suministrarse para los proyectos correspondientes, la fecha prevista para la presentación de ofertas, las fechas de deliberación dentro del cartel, la manifestaciones de interés en los proyectos por parte de los diferentes miembros del cartel, la identidad del eventual adjudicatario o la mención del hecho de que se había decidido un nivel de precio mínimo y en su caso la indicación de que el proyecto había sido obtenido efectivamente por el adjudicatario. No puede aceptarse que indicaciones de tal variedad y precisión sean rebatidas con la mera alegación de que los once proyectos de GIS en Europa no fueron objeto de discusiones dentro del cartel.

118 En este contexto debe recordarse que Siemens no niega haber asumido la tarea de secretario europeo del cartel durante el período comprendido entre 1988 y 1999. Por ello debía necesariamente tener conocimiento de la totalidad de los proyectos discutidos dentro del grupo europeo de productores, y estar en condiciones por tanto de rebatir de forma circunstanciada y específica los proyectos enumerados por ABB, basándose en sus propios documentos en caso de que hubiera un error. El hecho de que Siemens no haya aprovechado esa oportunidad ni haya explicado qué le impedía hacerlo permite constatar por tanto que Siemens no ha refutado válidamente el hecho de que los proyectos enumerados en la lista global y en especial los once proyectos dentro del EEE fueron objeto concertación dentro del cartel.

119 Debe desestimarse por errónea la afirma