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3)

El Reglamento n.o 2271/96, en su versión modificada por el Reglamento n.o 37/2014 y por el Reglamento Delegado 2018/1100, en particular lo dispuesto en sus artículos 5 y 9, debe interpretarse, a la luz de los artículos 16 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no se opone a que sea anulada una terminación contractual efectuada por una persona contemplada en el artículo 11 de ese Reglamento, en su versión modificada, al objeto de respetar los requisitos o las prohibiciones basados en las leyes recogidas en el anexo de dicho Reglamento, en su versión modificada, pese a no disponer de la autorización a la que se refiere el artículo 5, párrafo segundo, del citado Reglamento, en su versión modificada, siempre que tal anulación no conlleve efectos desproporcionados para esa persona a la vista de los objetivos del Reglamento n.o 2271/96, en su versión modificada, consistentes en proteger el ordenamiento jurídico establecido, así como los intereses de la Unión Europea en general. En ese examen de proporcionalidad debe ponderarse el logro de tales objetivos, perseguidos mediante la anulación de una terminación contractual contraria a la prohibición establecida en el artículo 5, párrafo primero, de ese Reglamento, en su versión modificada, y la probabilidad de que la persona en cuestión quede expuesta a pérdidas económicas, así como la magnitud de estas últimas, en caso de que no pueda poner fin a sus relaciones comerciales con una persona incluida en la lista de personas objeto de las sanciones secundarias de que se trata derivadas de las leyes recogidas en el anexo de dicho Reglamento, en su versión modificada.
43

En segundo lugar, el gobernador de un banco central nacional tampoco puede beneficiarse de las inmunidades de que gozan los representantes de los Estados miembros que participan en los trabajos de las instituciones de la Unión, que son objeto del artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades. Por un lado, no puede considerarse que dicho gobernador sea el representante de un Estado miembro cuando ejerce sus funciones como miembro del Consejo de Gobierno o del Consejo General del BCE. En efecto, el artículo 130 TFUE y el artículo 7 del Protocolo sobre los Estatutos del SEBC y del BCE disponen que, en el desempeño de las funciones que les confieran los Tratados, los gobernadores de los bancos centrales nacionales no recabarán ni aceptarán instrucción alguna por parte de, entre otras, las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, Rimšēvičs y BCE/Letonia, C‑202/18 y C‑238/18, EU:C:2019:139, apartado 72). Por otro lado, y en todo caso, las inmunidades de los representantes de los Estados miembros que participan en los trabajos de las instituciones de la Unión son las «inmunidades […] habituales», lo que, como indicó la Abogada General en el punto 56 de sus conclusiones, debe entenderse como una remisión a las inmunidades previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, celebrada en Viena el 18 de abril de 1961. Pues bien, tales inmunidades, concedidas a los diplomáticos para garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas y consulares en el Estado de residencia, no pueden, por su propia naturaleza, ser opuestas por sus beneficiarios frente a los Estados que representan. Por consiguiente, el gobernador de un banco central de un Estado miembro no puede, en ningún caso, invocar dichas inmunidades frente a las autoridades de ese Estado miembro.
3

El artículo 16 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO 2014, L 173, p. 349), titulado «Requisitos de organización», dispone en su apartado 6: «Toda empresa de servicios de inversión llevará un registro de todos los servicios, actividades y operaciones que realice. Dicho registro deberá ser suficiente para permitir que la autoridad competente desempeñe sus funciones de supervisión y aplique las medidas ejecutivas oportunas al amparo de la presente Directiva, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2014, L 173, p. 84)], de la Directiva 2014/57/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) (DO 2014, L 173, p. 179)] y del Reglamento (UE) n.o 596/2014 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO 2014, L 173, p. 1)], y en particular para que pueda determinar si la empresa de servicios de inversión ha cumplido todas sus obligaciones, incluidas las relativas a sus clientes o posibles clientes y a la integridad del mercado.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 31, apartado 3, párrafo segundo, y 33, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18; corrección de errores en DO 2012, L 247, p. 17).
6

Posteriormente, mediante las notas controvertidas, dicho jefe de unidad comunicó a los recurrentes que el importe de sus pensiones se reajustaría en la medida de la reducción del importe de las pensiones análogas abonadas en Italia a los antiguos diputados nacionales con arreglo a la Decisión n.o 14/2018. En esas notas se precisaba también que los importes de las pensiones de los recurrentes se reajustarían a partir de abril de 2019 conforme se establecía en los borradores de determinación de los nuevos importes de la pensión adjuntos a las expresadas notas. Por otra parte, en las mismas notas se concedía a los recurrentes un plazo de 30 días, a contar desde la fecha de su recepción, para formular observaciones. En el caso de que no se presentaran observaciones en ese plazo, las notas controvertidas surtirían efectos definitivos que conllevarían, en particular, el reintegro de los importes indebidamente percibidos por los meses de enero a marzo de 2019.
5

El considerando 7 del Reglamento n.o 73/2009 exponía: «En el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 [del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1)] se reconoció el efecto medioambiental positivo de los pastos permanentes. Deben mantenerse las medidas de dicho Reglamento destinadas a fomentar el mantenimiento de los pastos permanentes existentes y prevenir su transformación masiva en tierras de cultivo.»
5

El artículo 3 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Salvaguardia del acceso a internet abierta», dispone en sus apartados 1 a 3 lo siguiente: «1. Los usuarios finales tendrán derecho a acceder a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del proveedor o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, a través de su servicio de acceso a internet. […] 2. Los acuerdos entre los proveedores de servicios de acceso a internet y los usuarios finales sobre condiciones comerciales y técnicas y características de los servicios de acceso a internet como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así como cualquier práctica comercial puesta en marcha por los proveedores de servicios de acceso a internet, no limitarán el ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado 1. 3. Los proveedores de servicios de acceso a internet tratarán todo el tráfico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado. Lo dispuesto en el párrafo primero no impedirá que los proveedores de servicios de acceso a internet apliquen medidas razonables de gestión del tráfico. Para ser consideradas razonables, dichas medidas deberán ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podrán basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico. Dichas medidas no supervisarán el contenido específico y no se mantendrán por más tiempo del necesario. Los proveedores de servicios de acceso a internet no tomarán medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las recogidas en el párrafo segundo y, en particular, no bloquearán, ralentizarán, alterarán, restringirán, interferirán, degradarán ni discriminarán entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, excepto en caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario para: a) cumplir los actos legislativos de la Unión o la legislación nacional acorde con la de la Unión, a la que el proveedor de servicio de acceso a internet esté sujeto, o las medidas que cumplan dicho derecho de la Unión para hacer efectivos actos legislativos de la Unión o de la legislación nacional, incluidas las sentencias de tribunales o autoridades públicas investidas con los poderes pertinentes; b) preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a través de ella y los equipos terminales de los usuarios finales; c) evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de tráfico se traten de manera equitativa.»
19

Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, el contexto de los dos tipos de prestaciones feriales no se caracteriza por marcos normativos distintos. La legislación no impone ni a las empresas feriales como Phantasialand ni a los feriantes que operan en las ferias la obligación de cobrar una entrada general para la utilización de todas las atracciones o, por el contrario, un precio distinto para cada prestación propuesta. Además, las atracciones mecánicas de los parques de ocio, así como las de las ferias, están sujetas a las mismas normas de seguridad, y la ley no establece, ni para los feriantes itinerantes ni para los no itinerantes, en qué época del año deben ofrecer sus prestaciones. Por consiguiente, es preciso determinar si, en circunstancias como las del litigio principal, procede aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las diferencias vinculadas al contexto de las prestaciones pueden justificar una tributación diferenciada.
6

El artículo 10, letra b), de la citada Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», que figura en el capítulo I de su título III, relativo al «régimen general de reconocimiento de títulos de formación», establece: «El presente capítulo se aplicará a todas las profesiones no cubiertas por los capítulos II y III del presente título, así como a los siguientes casos en los que el solicitante no reúna, por una razón particular y excepcional, las condiciones previstas en dichos capítulos: […] b) a los médicos con formación básica, médicos especialistas, enfermeros responsables de cuidados generales, odontólogos, odontólogos especialistas, veterinarios, matronas, farmacéuticos y arquitectos, cuando el migrante no cumpla los requisitos de una práctica profesional efectiva y válida a que se refieren los artículos 23, 27, 33, 37, 39, 43 y 49».
24

En la medida en que el Reglamento n.o 1215/2012 sustituye al Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), la interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones de este último Reglamento es igualmente válida para el Reglamento n.o 1215/2012, cuando las disposiciones de ambos instrumentos del Derecho de la Unión puedan calificarse como «equivalentes» (sentencia de 16 de noviembre de 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, apartado 26 y jurisprudencia citada).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1), y del artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 20 TFUE y 45 TFUE, del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1).
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre VS y el Hauptzollamt Münster (Administración Principal de Aduanas de Münster, Alemania) en relación con el pago de los derechos de aduana y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la importación por un vehículo particular matriculado en Turquía e importado por VS en el territorio de la Unión Europea.
10

El artículo 640 del mismo Código establece lo siguiente: «Si el órgano jurisdiccional considera que la petición no está suficientemente justificada, ordenará a la secretaría que informe de ello al demandante, invitándole a aportar las pruebas. Si el demandante no responde a este requerimiento o no retira su petición o si esta no puede acogerse, el órgano jurisdiccional la desestimará mediante resolución motivada. Esta resolución no prejuzga la posibilidad de reiterar la petición, incluso en un procedimiento ordinario.»
79

No obstante, el margen de apreciación conferido a los Estados miembros para establecer normas que regulen el derecho de recurso al que se refiere dicha disposición no afecta a su obligación de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta, como también recuerda, por lo demás, el artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus. Pues bien, el artículo 47 es suficiente por sí solo —y no es preciso que sea desarrollado por otras normas del Derecho de la Unión o del Derecho nacional— para conferir a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal [sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 162 y jurisprudencia citada]. Así, este artículo puede invocarse como límite a la facultad de apreciación que se deja a los Estados miembros en virtud del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.
19

El decreto legislativo n.o 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.o 183 (Decreto Legislativo n.o 81 — Regulación del régimen de los contratos de trabajo y revisión de la normativa sobre las funciones profesionales, de conformidad con el artículo 1, apartado 7, de la Ley n.o 183, de 10 de diciembre de 2014), de 15 de junio de 2015 (suplemento ordinario de la GURI n.o 144, de 24 de junio de 2015) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 81/2015»), que derogó y sustituyó el Decreto Legislativo n.o 368/2001, reprodujo, en esencia, en su artículo 19, la misma disposición que la resultante del artículo 5, apartado 4 bis, de este último Decreto Legislativo. Este artículo 19 estaba redactado en los siguientes términos: «1. El contrato de trabajo podrá celebrarse por una duración que no exceda de treinta y seis meses. 2. Sin perjuicio de las distintas disposiciones contenidas en los convenios colectivos, […] la duración de las relaciones laborales de duración determinada entre el mismo empresario y el mismo trabajador, resultante de una sucesión de contratos celebrados para la realización de tareas del mismo nivel y de la misma categoría jurídica, y sin tener en cuenta los períodos de interrupción entre un contrato de trabajo y el siguiente, no podrá exceder de treinta y seis meses. […] El contrato se transformará en contrato por tiempo indefinido a partir de la fecha en que se supere ese término en virtud de un contrato único o de una sucesión de contratos.»
34

Esta interpretación del artículo 47 de la Carta se corresponde, además, con la que ha adoptado el Tribunal EDH en su jurisprudencia en relación con el artículo 13 del CEDH. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal EDH resulta que, en virtud de esta última disposición, que corresponde esencialmente al artículo 47, párrafo primero, de la Carta, las personas afectadas por incautaciones y registros deben poder acceder a un procedimiento que les permita impugnar la regularidad y la necesidad de las incautaciones y de los registros practicados y obtener una reparación apropiada en caso de que se hayan ordenado o ejecutado ilegalmente (véanse, este sentido, TEDH, sentencias de 22 de mayo de 2008, Iliya Stefanov c. Bulgaria, CE:ECHR:2008:0522JUD006575501, § 59; de 31 de marzo de 2016, Stoyanov y otros c. Bulgaria, CE:ECHR:2016:0331JUD005538810, §§ 152 a 154, y de 19 de enero de 2017, Posevini c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, §§ 84 a 86).
35

Hamás considera que el segundo motivo de casación es inadmisible, alegando, en particular con fundamento en el auto de 8 de abril de 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Comisión (C‑503/07 P, EU:C:2008:207), apartado 48, que la existencia de un interés en el ejercicio de la acción requiere que, por su resultado, el recurso de casación pueda beneficiar a la parte que lo ha interpuesto. Afirma que, en el caso de autos, el Tribunal General efectivamente consideró que el Consejo no había motivado suficientemente el recurso a las decisiones de las autoridades de los Estados Unidos como fundamento de los actos controvertidos. Sin embargo, el Tribunal General continuó su examen en cuanto dichos actos se basaban en la decisión del ministro del Interior del Reino Unido de 2001 y declaró que el Consejo no había infringido las disposiciones de la Posición Común 2001/931, de modo que dicha institución no podía obtener ningún beneficio de esa impugnación de la sentencia recurrida. Además, considera que este motivo es infundado.
102

Tampoco puede prosperar la alegación según la cual el Tribunal General realizó una sustitución de la motivación al referirse, en el apartado 154 de la sentencia recurrida, a consideraciones que no figuran en la Decisión controvertida. Si bien es cierto que el razonamiento del Tribunal General no está formulado en los mismos términos que los que figuran en la Decisión controvertida, este razonamiento es conforme con la ratio decidendi de esta y con el enfoque seguido por la Comisión para concluir que la medida controvertida carece de coherencia y de proporcionalidad en relación con el objetivo alegado de neutralización de los efectos desfavorables del régimen normal de amortización del fondo de comercio para las empresas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras y que no pueden realizar fusiones transfronterizas.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 211, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 287, p. 90) (en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión»), y del artículo 294, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1993, L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1602/2000 de la Comisión, de 24 de julio de 2000 (DO 2000, L 188, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2454/93»).
124

En efecto, la obligación del poder adjudicador de proteger la información considerada confidencial del operador económico al que se ha adjudicado el contrato público no debe interpretarse en un sentido tan amplio que vacíe la obligación de motivación de su contenido esencial (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 120) y prive de efecto útil al artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665, que enuncia, en particular, la obligación de los Estados miembros de prever recursos eficaces. A tal efecto, el poder adjudicador puede, en particular y en la medida en que el Derecho nacional al que está sujeto no se oponga a ello, comunicar en forma resumida determinados aspectos de una candidatura o de una oferta, así como sus características técnicas, de modo que no pueda identificarse la información confidencial.
21

En estas circunstancias, el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «¿Vulnera el artículo 13, apartado 2, de la [Directiva 2004/38] los artículos 20 y 21 de la [Carta], en la medida en que establece que el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro —en particular cuando así lo exigieran circunstancias especialmente difíciles, como, por ejemplo, haber sido víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o la unión registrada—, siempre y cuando los interesados cumplan el requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos, siendo así que el artículo 15, apartado 3, de la Directiva [2003/86], que contempla la misma posibilidad de mantener el derecho de residencia, no supedita tal mantenimiento a dicho requisito?»