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54

En esas circunstancias, con independencia de si el escrito de 26 de abril de 2018 constituía un acto impugnable y si contenía una decisión definitiva de rescindir el acuerdo de 2016, debe señalarse que no ha existido un período siguiente al escrito de 26 de abril de 2018 durante el cual la relación entre el CdT y la EUIPO no haya estado regulado por un acuerdo firmado por ambas agencias. En efecto, el acuerdo de 2016 surtía efecto hasta el 31 de diciembre de 2018 y el nuevo acuerdo de 2018 entró en vigor directamente el 1 de enero de 2019 (véase el apartado 52 anterior). Por tanto, incluso considerando que el CdT haya tenido, inicialmente, un interés en ejercitar la acción contra una supuesta decisión contenida en el escrito de 26 de abril de 2018, procede señalar que ha perdido tal interés debido a la celebración del nuevo acuerdo de 2018. En todo caso, no resulta posible saber en qué mejoraría la posición del CdT la anulación de la decisión contenida en el escrito de 26 de abril de 2018. En particular, el CdT no puede afirmar tener interés en la adopción, por parte del Tribunal, de una sentencia meramente declaratoria que recuerde la obligación de cooperación entre la EUIPO y el CdT. Del mismo modo, contrariamente a las alegaciones del CdT, que, por otra parte, no han sido fundamentadas, no puede considerarse que el escrito de 26 de abril de 2018 haya tenido como efecto poner en peligro su propia existencia.
37

Además, el Consejo alega, acertadamente, que la República Bolivariana de Venezuela no puede asimilarse a un operador como la demandante en el asunto T‑515/15. En efecto, las formas de actuación de la República Bolivariana de Venezuela no se reducen a una actividad meramente comercial, como ella misma reconoce. Así, un Estado está obligado a ejercer prerrogativas de poder público en particular en el marco de actividades propias de un Estado como las funciones de defensa, policía y vigilancia. Además, a diferencia de un operador cuya capacidad está limitada por su objeto, la República Bolivariana de Venezuela dispone, como Estado, de un ámbito de actuación que se caracteriza por una extrema diversidad y que no puede reducirse a una actividad específica. Este amplio abanico de competencias la distingue así de un operador que ejerza habitualmente una actividad económica determinada objeto de una medida restrictiva.
254

En cuanto al hecho de que el correo de 30 de noviembre de 2017 no mencionara expresamente la posibilidad de que la demandante solicitara al Consejo las informaciones y los elementos de prueba en relación con los hechos no reflejados en decisiones nacionales, ha de observarse que ese correo mencionaba la dirección a la que la demandante podía dirigir observaciones en relación con la intención del Consejo de seguir incluyendo su nombre en las listas controvertidas de marzo de 2018. Es evidente que podía utilizar esa dirección para solicitar tales informaciones y elementos probatorios, lo cual no hizo.
70

Asimismo, de la jurisprudencia resulta que, aunque no pueda constatarse un vínculo de complementariedad entre los relojes y los productos de confección a efectos de establecer si esos productos son similares, no es menos cierto que tales productos tienen en común el hecho de desempeñar un papel en la apariencia de una persona, de modo que su compra puede estar motivada, al menos en parte, por la imagen que darán de esta, e incluso por la búsqueda de una cierta «complementariedad estética» [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 9 de julio de 2015, CMT/OAMI — Camomilla (Camomilla), T‑98/13 y T‑99/13, no publicada, EU:T:2015:480, apartado 75, y de 28 de septiembre de 2016, The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, no publicada, EU:T:2016:572, apartado 42].
2.

Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y la evaluación realizados por el Banco Central Europeo — Obligación de efectuar un examen prudencial individual [Reglamento (CE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 92, ap. 3; Reglamento (CE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f), y 16, aps. 1, letra c), y 2, letra d)] (véanse los apartados 51 y 65 a 72)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 5 de octubre de 2020 — GVN/Comisión

(Asunto T‑583/18)

«Ayudas de Estado — Transporte público de viajeros — Compensación de los costes inherentes a obligaciones de servicio público — Obligación de establecer tarifas máximas para alumnos, estudiantes, aprendices y personas con movilidad reducida — Artículo 7a de la Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Ley sobre el transporte local del Land de Baja Sajonia) — Decisión de no presentar objeciones — Artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Transferencia de recursos financieros de un Land a las autoridades organizadoras de los transportes a escala municipal — Concepto de ayuda»

1. Transportes — Ayudas a los transportes — Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Compensación de los costes de las empresas de transporte de viajeros inherentes a obligaciones de servicio público — Estados miembros que pueden excluir del ámbito de aplicación del Reglamento las compensaciones relativas a las tarifas máximas para el transporte de alumnos, estudiantes, aprendices y personas con movilidad reducida — Decisión del Estado miembro de reintegrar dichas compensaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento — Procedencia [Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 3] (véanse los apartados 36 a 44)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión de una ventaja a los beneficiarios — Transferencia financiera entre diferentes niveles de la administración pública con objeto de asignar recursos entre las autoridades públicas — Inexistencia de ventaja concedida a una empresa (Art. 107 TFUE, ap. 1) (véanse los apartados 53 a 55 y 60)

3. Competencia — Normas de la Unión — Destinatarios — Empresas — Concepto — Ejercicio de una actividad económica — Entidad que desarrolla simultáneamente actividades económicas y no económicas — Entidad que únicamente puede calificarse como empresa por lo que respecta a sus actividades económicas (Art. 107 TFUE, ap. 1) (véanse los apartados 56 a 60)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión de la Comisión C(2018) 4385 final, de 12 de julio de 2018, de no presentar objeciones a la medida adoptada por el Land Niedersachsen en virtud del artículo 7a de la Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz [asunto SA.46538 (2017/NN)] (DO 2018, C 292, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 10 de junio de 2020 — B.D./EUIPO — Philicon‑97 (PHILIBON)

(Asunto T‑717/18)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión PHILIBON — Marca nacional figurativa anterior PHILICON — Motivo de denegación relativo — Marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París — Artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 2, letra c), y 53, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 17)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5) (véanse los apartados 27, 28, 31, 72 y 84)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Marca denominativa PHILIBON y marca figurativa PHILICON [Reglamento (CE) n.o 207/2009, arts. 8, ap. 2, letra c), y 53, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 35, 36, 94 y 95)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso simultáneo de varios signos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 63)

5. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véanse los apartados 73 y 77)

6. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Examen por el juez de la Unión — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 90)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de octubre de 2018 (asunto R 375/2018‑4), relativa a un procedimiento de nulidad entre Philicon 97 y B. D. — Boyer Developpement.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
546

Por último, en la medida en que las demandantes alegan que los principios derivados de la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), no deben llevar a excluir la aplicación del principio non bis in idem, procede constatar que esta alegación se basa en la premisa de que concurrían los requisitos para la aplicación de dicho principio. Pues bien, tal como se desprende del anterior apartado 545, no se eximió de responsabilidad a las demandantes por los comportamientos en cuestión mediante una decisión anterior, de modo que el principio non bis in idem no es aplicable en este caso. Por lo tanto, no se da la premisa en la que se basa la presente alegación.
259

Dicha institución sostiene que el objetivo de un acuerdo de reparto de costes como el ARC reside en el reparto de los costes relacionados con el desarrollo de los activos intangibles, y no en la obtención de un resultado de explotación sobre las actividades europeas. Así pues, ATI y A 9 no deberían percibir ninguna parte de los beneficios obtenidos de las actividades comerciales en Europa más allá del reembolso de los costes de entrada y los costes en virtud del ARC. En consecuencia, la Decisión impugnada determinó acertadamente la remuneración de LuxSCS en el sentido de que incluía el reembolso de los pagos de participación y de los costes de desarrollo del ARC. La Comisión recuerda en este contexto que, a su juicio, la razón de la existencia de LuxSCS era puramente fiscal. A su entender, el acuerdo de licencia no se celebró directamente entre las empresas estadounidenses y LuxOpCo, sino entre LuxSCS y LuxOpCo, para evitar que los cánones quedaran sujetos a tributación en los Estados Unidos. Si LuxSCS no hubiera existido, ATI y A 9 habrían celebrado un acuerdo de reparto de costes con LuxOpCo (y no un acuerdo de licencia), de manera que únicamente LuxOpCo habría debido realizar los pagos. Además, la actividad de LuxSCS se limitaba a la mera posesión de los activos intangibles. LuxSCS no realizaba, directamente por sí misma, funciones de desarrollo de la propiedad intelectual y, por tanto, no debería haber percibido ninguna remuneración por este concepto. No desempeñaba ningún papel en la utilización o el desarrollo de los activos intangibles, ni ejercía ningún control sobre estas funciones de desarrollo y sobre los riesgos correspondientes. Por consiguiente, según la Comisión, no se debía aplicar un margen a los costes de entrada ni a los costes del ARC, habida cuenta de que solo se trata de costes repercutidos por LuxSCS a LuxOpCo y que LuxSCS no ejercía ninguna función en relación con los activos intangibles. Al contrario, la remuneración de LuxSCS debería haber reflejado el hecho de que las funciones y los riesgos atribuidos a LuxSCS en virtud del ARC en realidad eran soportados por LuxOpCo. En cualquier caso, en su análisis funcional, la Comisión afirma que no ignoró el hecho de que LuxSCS era la propietaria legal de los activos intangibles.
84

Este tipo de datos no menoscaba la confidencialidad de las cifras comerciales, de los nombres de los contratantes de los contratos anteriores y de otros detalles sensibles. En efecto, en el presente asunto, la propia AESA reveló, en su escrito de 28 de agosto de 2017, la «puntuación económica ponderada» de la primera adjudicataria. Si, por lo tanto, esa puntuación no se encontraba entre los datos que consideraba confidenciales, cabe preguntarse por qué la «puntuación económica ponderada» de las adjudicatarias clasificadas en segunda y tercera posición no se notificó a las demandantes. La AESA debía tener en cuenta tanto el principio de transparencia como la protección de los intereses comerciales legítimos de las empresas y de la competencia leal. De acuerdo con la jurisprudencia, estos objetivos deben conciliarse entre sí para garantizar la aplicación coherente del Reglamento financiero y del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43) (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2017, Evropaïki Dynamiki/Parlamento, T‑136/15, EU:T:2017:915, apartado 67 y jurisprudencia citada).
Finalmente, por lo que respecta al metabolismo, la alegación de la demandante según la cual sería incomprensible que datos humanos no concluyentes pudiesen considerarse pertinentes tampoco es convincente. La alegación de la demandante a este respecto tiene su origen en una interpretación errónea, por reduccionista, del contenido de la sección 4.5.4 del documento de apoyo (anexo A 13 del escrito de demanda, página 139). En efecto, contrariamente a la interpretación preconizada por la demandante, la referida sección simplemente reconoce que los datos epidemiológicos disponibles con respecto al ser humano no son concluyentes. Allí no se afirma que los datos relativos a los seres humanos sean pertinentes o no, sino más bien que los efectos observados en los estudios realizados en animales son también pertinentes para el ser humano debido a las similitudes existentes entre el animal y el hombre, aunque los efectos no se hayan demostrado de manera concluyente en el ser humano. En este sentido, se trata de un enfoque común en el mundo científico para considerar que, a causa de la existencia de un determinado número de incertidumbres vinculadas a los estudios epidemiológicos en general, los estudios epidemiológicos negativos, o simplemente no concluyentes, no pueden invalidar estudios positivos realizados sobre animales. La autoridad francesa competente señaló acertadamente esta circunstancia en el comentario n.o 89, recogido en la página 91 de la versión íntegra del documento RCOM, en los términos siguientes, términos que, por lo demás, no son cuestionados por la demandante:

«Sin embargo, los resultados negativos (es decir, una asociación no significativa) de estudios epidemiológicos no bastan para concluir que no existan efectos en el ser humano. Por ello, basándonos en los datos de los animales y a falta de un argumento que permita excluir la posibilidad de que se produzcan tales efectos en el hombre, consideramos que los efectos nocivos observados en los roedores también son pertinentes por lo que respecta a los seres humanos.»
131

En particular, el artículo de TelecomPaper, que figura en el anexo 17 de la demanda, que hace referencia a una acción promocional de Ziggo Sport, no contiene ninguna consideración que pueda cuestionar la falta de poder de mercado de la entidad resultante de la concentración en las fases anteriores. Lo mismo sucede con el artículo que se incluye en el anexo 18 de la demanda, que no permite sustentar la existencia de un poder de mercado en las fases anteriores procedente de Ziggo Sport Totaal, puesto que el citado artículo no alude a dicha cadena.
1

El Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») se adoptó por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO 1968, L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada, en particular, por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (DO 2013, L 287, p. 15).
150

Por último, el demandante no puede alegar que fueran su madre o personas vinculadas a ellas quienes publicaron los documentos controvertidos. En efecto, además de que es poco creíble que estos documentos fueran publicados en su propio sitio de Internet por terceros, al menos sin su consentimiento, la transmisión de dichos documentos a su madre constituye un incumplimiento de las condiciones de la autorización que se le había concedido. Por otra parte, aun en el caso de que un funcionario o agente transmita de manera regular un documento confidencial a un tercero al amparo de una autorización de divulgación, le corresponde asegurarse de que dicha persona también respetará las condiciones de la referida autorización. Por consiguiente, aun suponiendo que la divulgación propiamente dicha se produjera sin la intervención del demandante, debe considerarse que, al no respetar los límites de la autorización de divulgación que se le había concedido, este creó objetivamente el riesgo de dicha divulgación y está implicado en ella (véase, en este sentido, el auto de 16 de marzo de 2016, One of Us y otros/Comisión, T‑561/14, no publicado, EU:T:2015:917, apartados 58 y 59).
40

A este respecto, por una parte, la demandante precisa que el artículo 85 bis del Reglamento n.o 2342/2002 estaba derogado desde el 1 de enero de 2013, fecha de entrada en vigor del Reglamento Delegado n.o 1268/2012. Así pues, el Reglamento n.o 2342/2002 no estaba en vigor ni el 16 de febrero de 2015, cuando la Comisión envió la información relativa al pago provisional de la multa, ni el 1 de febrero de 2017, cuando reembolsó el importe principal de la multa, ni el 26 de enero de 2017, cuando envió el correo electrónico litigioso. Pues bien, según aquella, la Comisión no puede subsanar a posteriori la falta de base jurídica ni su omisión de abonar los intereses devengados, basándose, por primera vez en su correo electrónico de 3 de febrero de 2017, en el artículo 90 del Reglamento Delegado n.o 1268/2012. Por otra parte, en el supuesto de que se concluyese que este artículo constituye no obstante una base jurídica pertinente, la demandante invoca, en virtud del artículo 277 TFUE, la ilegalidad de la disposición controvertida, a la luz de los artículos 266 TFUE y 340 TFUE, así como del artículo 41, apartado 3, y del artículo 47 de la Carta, en la medida en que dicha disposición prevé la posibilidad de no abonar intereses.
76

Sin embargo, la inadmisibilidad del presente recurso no se deduce de la posibilidad de que los demandantes puedan interponer recurso ante el juez de la Unión contra la decisión de celebración de un eventual acuerdo de retirada, sino que resulta de la apreciación de que no concurre en el caso de autos el requisito de que la Decisión impugnada produzca directamente efectos en la situación jurídica de los demandantes. Si bien este requisito de admisibilidad debe interpretarse a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, no puede obviarse sin exceder las competencias atribuidas por el Tratado FUE a los órganos jurisdiccionales de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartados 97 y 98). La apreciación de la admisibilidad del presente recurso, que se rige por las normas del Tratado FUE, no depende tampoco de si el Reino Unido se considerará obligado por las decisiones del juez de la Unión en caso de que se suscite un litigio acerca del eventual acuerdo de retirada.
98

Pues bien, en el presente asunto no concurren los requisitos para el ejercicio de la facultad de reforma del Tribunal, tal como resultan de la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452). En efecto, si bien es cierto que de las consideraciones formuladas en el apartado 95 anterior resulta de modo manifiesto que la Sala de Recurso estaba obligada a constatar que la marca controvertida no tenía carácter descriptivo respecto a la parte no búlgara del público pertinente, en particular para el consumidor medio griego o rumano, no es menos cierto que la Sala de Recurso —al haber considerado, erróneamente, que el carácter pretendidamente descriptivo de la marca controvertida para la parte griega o rumana del público pertinente bastaba para establecer la existencia de una causa de nulidad que justificaba la desestimación del recurso interpuesto contra la resolución de la División de Anulación— no se pronunció con claridad sobre la adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca controvertida en relación con la parte búlgara del público pertinente, única parte de dicho público para la que la marca controvertida es descriptiva de una procedencia geográfica. Dado que la cuestión de la adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca controvertida en Bulgaria no fue claramente examinada y resuelta por la Sala de Recurso, no corresponde al Tribunal conocer de ella, por primera vez, en el ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartados 72 y 73, y de 13 de mayo de 2015, easyAir-tours, T‑608/13, no publicada, EU:T:2015:282, apartados 69 y 70 y jurisprudencia citada].
73

En sexto lugar, los efectos de la aprobación de una sustancia activa con arreglo al Reglamento n.o 1107/2009 no son comparables a los de una autorización de comercialización de organismos modificados genéticamente en virtud del Reglamento n.o 1829/2003. En efecto, tal autorización permite, conforme a lo dispuesto en los artículos 4, apartado 2, y 16, apartado 2, del Reglamento n.o 1829/2003, comercializar el producto, mientras que la aprobación de una sustancia activa con arreglo al Reglamento n.o 1107/2009 no implica autorización de los productos fitosanitarios que contienen esta sustancia, cuya autorización es objeto de un procedimiento distinto.