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El concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria», recogido en el artículo 27 del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, implica la toma en consideración del día natural de presentación de una solicitud de marca comunitaria, pero no de la hora y el minuto de ésta.

La obligación de indicar la fecha o el día no implica, según el sentido común, la obligación de indicar la hora y, a fortiori, el minuto. Por tanto, a falta de referencia expresa en el artículo 27 del Reglamento no 40/94 a la hora y al minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria, resulta que el legislador comunitario no consideró que estas indicaciones fueran necesarias para determinar el momento de presentación de la solicitud de marca comunitaria, y, en consecuencia, su anterioridad en relación con otra marca.

Tal interpretación se desprende también del contexto en el que se inserta el artículo 27 del Reglamento no 40/94. En particular, la regla 5 del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, que precisa las formalidades que han de cumplir la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o la Oficina de marcas del Benelux, con ocasión de la presentación de una solicitud de marca comunitaria, sólo establece la obligación de indicar en la solicitud la fecha de recepción de dicha solicitud, y no la hora y el minuto de dicha fecha.

Pues bien, si el legislador comunitario hubiera estimado que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria debían tomarse en consideración como elementos constitutivos de la «fecha de presentación» de dicha solicitud, en el sentido del artículo 27 del Reglamento no 40/94, tal precisión habría debido incluirse en el Reglamento no 2868/95.

(véanse los apartados 47 a 49 y 54)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Aproximación de las legislaciones

—

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano

—

Directiva 98/83/CE

—

Ejecución por los Estados miembros

—

Autorización de excepciones a los valores paramétricos fijados por la Directiva

—

Requisitos

—

Normativa nacional que no cumple dichos requisitos

—

Incumplimiento (Art. 258 TFUE; Directiva 98/83/CE del Consejo, art. 9, ap. 3) (véanse los apartados 28 y 29)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Transposición incompleta e incorrecta del artículo 9, apartado 3, letras b), c) y e), de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330, p. 32) — Distribución de agua potable que no responde a los valores paramétricos requeridos — Régimen de excepciones.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, al no haber transpuesto de forma completa y correcta el artículo 9, apartado 3, letras b), c) y e), de dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
Palabras clave

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Palabras clave

Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — «Malt beer base», con un grado alcohólico volumétrico del 14 % y obtenido a partir de cerveza sometida a un proceso de aclarado y posterior ultrafiltrado mediante el que se reduce la concentración de ingredientes característicos de la cerveza

[Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, anexo I]

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El Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento nº 2587/91, debe interpretarse en el sentido de que un líquido denominado «malt beer base», con un grado alcohólico volumétrico del 14 % y obtenido a partir de cerveza sometida a un proceso de aclarado y posterior ultrafiltrado mediante el que se reduce la concentración de ingredientes tales como las sustancias amargas y las proteínas, debe clasificarse en la partida 2208 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I de dicho Reglamento, en su versión modificada.

Por una parte, dado que el «malt beer base» no es un producto final destinado al consumo, sino un producto intermedio utilizado en la elaboración de una bebida mixta, no debe ser considerado bebida alcohólica. Por otra parte, el «malt beer base» no se obtiene única y exclusivamente por fermentación, sino que se somete posteriormente a ultrafiltrado. Como consecuencia de este tratamiento adicional, el producto controvertido, obtenido a partir de cerveza, pierde las propiedades y características objetivas particulares de la cerveza incluida en la partida 2203 de la Nomenclatura. Las características y propiedades objetivas del «malt beer base» se corresponden, en cambio, con las del alcohol etílico de la partida 2208, o son, en todo caso, análogas a éstas.

(véanse los apartados 34, 37 y 41 y el fallo)
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 96 y 98, en relación con el anexo III, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Tipo reducido — Entrega, importación y adquisición de determinados animales vivos (en particular caballos) no destinados a la preparación o producción de alimentos para el consumo humano o animal.
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De este modo, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se refiere únicamente a las prácticas que pueden causar un perjuicio inmediato a los consumidores (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 2008, Sot. Lélos kai Sia y otros, C‑468/06 a C‑478/06, Rec. p. I‑7139, apartado 68, y Deutsche Telekom/Comisión, antes citada, apartado 180), sino también a las que los perjudican impidiendo el juego de la competencia. Si bien, en efecto, el artículo 102 TFUE no prohíbe a una empresa alcanzar, por sus propios medios, la posición dominante en un mercado y aunque, con mayor motivo, la acreditación de la existencia de una posición dominante en un mercado no implica, en sí misma, ningún reproche a la empresa de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 57, y de 16 de marzo de 2000, Compagnie maritime belge Transports y otros/Comisión, C‑395/96 P y C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, apartado 37), no deja de ser cierto que, según reiterada jurisprudencia, incumbe a la empresa que ocupa una posición dominante una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2009, France Télécom/Comisión, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, apartado 105 y la jurisprudencia citada).
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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Procedimiento administrativo previo — Requerimiento — Delimitación del objeto del litigio — Dictamen motivado — Exposición detallada de las imputaciones

(Art. 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado

(Art. 226 CE, párr. 2)

3. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria

(Art. 56 CE; Acuerdo EEE, art. 40)

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1. Si bien en el marco de un procedimiento administrativo previo por incumplimiento el dictamen motivado debe contener una exposición coherente y detallada de las razones que han llevado a la Comisión a la convicción de que el Estado miembro de que se trate ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, el escrito de requerimiento no está sujeto a unas exigencias de precisión tan estrictas como aquellas que debe cumplir el dictamen motivado, ya que aquél no puede consistir necesariamente más que en un primer resumen sucinto de las imputaciones. Nada impide, pues, a la Comisión detallar, en el dictamen motivado, las imputaciones que ya formuló de manera más global en el escrito de requerimiento.

(véanse los apartados 17 y 20)

2. La existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado. Por tanto, un recurso por incumplimiento relativo a un régimen temporal de regularización fiscal que ya no está vigente en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado pero que sigue produciendo efectos en esa fecha, que es la fecha pertinente para apreciar la admisibilidad del recurso, no carece de objeto.

(véanse los apartados 31, 33 a 34 y 42)

3. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE y del artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) el Estado miembro que establece, en el marco de un régimen excepcional de regularización tributaria de elementos patrimoniales que no se encuentren en el territorio nacional, un trato fiscal preferente para los títulos de deuda pública emitidos únicamente por ese Estado.

Aunque los objetivos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales pueden justificar una restricción a la libre circulación de capitales, es necesario además que esta restricción garantice su consecución y no exceda de lo necesario para alcanzarlos.

Un régimen que establece un trato diferenciado para los títulos de deuda pública emitidos por dicho Estado en comparación con los emitidos por otros Estados miembros no cumple estas exigencias. Además, tal diferencia de tipos de regularización no puede justificarse mediante la persecución de un objetivo de naturaleza económica, a saber, compensar la pérdida de ingresos fiscales por parte del Estado miembro afectado. Un objetivo de carácter puramente económico no puede justificar una restricción a una libertad fundamental garantizada por el Tratado.

(véanse los apartados 60 a 62, 64, 65 y 70 y el fallo)
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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Vehículos de motor — Procedimiento de homologación comunitaria — Directivas 92/61/CEE y 2002/24/CE

(Directiva 2002/24/CE del Parlamento y del Consejo; Directiva 92/61/CEE del Consejo)

2. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente

(Arts. 34 TFUE y 36 TFUE)

Índice

1. Las Directivas 92/61, relativa a la recepción de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, y 2002/24, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un vehículo, un componente o una unidad técnica relacionada con él no puedan acogerse al procedimiento de homologación que las citadas Directivas establecen, concretamente por no estar incluidos en su ámbito de aplicación, las disposiciones de tales Directivas no se oponen a que un Estado miembro establezca en el marco de su Derecho nacional, para el vehículo, componente o unidad técnica de que se trate, un mecanismo análogo de reconocimiento de los controles efectuados por otros Estados miembros. A este respecto, a la vista del estado actual del Derecho de la Unión, no puede acogerse al mecanismo de homologación en el ámbito de la Unión un componente o una unidad técnica que tenga por objeto modificar las características técnicas de un ciclomotor de tal modo que deje de responder a la definición que de él dan las Directivas 92/61 y 2002/24, en particular en lo relativo a su potencia.

En todo caso, tal normativa deberá respetar el Derecho de la Unión, en particular los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.

(véanse los apartados 40 y 48 y el fallo)

2. Una prohibición general de vender o utilizar material que permita aumentar la potencia o la velocidad de los ciclomotores puede obstaculizar la libre circulación de esas mercancías. Tal obstáculo está prohibido por el artículo 34 TFUE, en la medida en que no pueda justificarse por alguno de los motivos de interés general enumerados en el artículo 36 TFUE o por exigencias imperativas. Si dicha prohibición pudiera justificarse, en particular, por el objetivo de garantizar la seguridad vial, aún sería necesario que tal medida fuera adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no fuera más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. A este respecto, dado que la prohibición general de venta y utilización de material que permita aumentar la potencia o la velocidad de los ciclomotores que circulan por la vía pública necesariamente tiene como consecuencia impedir el uso de éstos, en particular, con fines deportivos al margen de la circulación vial, cabría preguntarse si existe alguna medida que, siendo menos rigurosa que una prohibición general, permita garantizar la seguridad vial con la misma eficiencia, cuestión que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

(véanse los apartados 44 a 47)
15

Procede señalar, en primer lugar, que, si bien es cierto que, como señaló Alstom, el artículo18, apartado 4, de la Sexta Directiva no establece explícitamente tal plazo de prescripción, no lo es menos que esta circunstancia no permite, por sí sola, llegar a la conclusión de que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio del derecho a la devolución del excedente del IVA no puede acompañarse de un plazo de prescripción.
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En cuanto a la adaptación del Derecho interno al artículo 22, apartado 3, letra e), y apartado 4, de la Directiva, relativo a la consulta a los demás Estados miembros en los supuestos de interconexión, así como a la notificación de una decisión de exención a la Comisión, el Reino de Bélgica subraya que, en consideración al efecto directo de la Directiva y a la primacía del Derecho comunitario, tales obligaciones se imponen de pleno derecho a las autoridades belgas, de modo que no es necesario transponerlas en Derecho nacional. Menciona, al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual, la incompatibilidad de una legislación nacional con las disposiciones comunitarias, aunque sean directamente aplicables, sólo puede quedar definitivamente eliminada mediante disposiciones internas de carácter obligatorio cuando la Directiva tenga por objeto crear derechos para los particulares (en particular, la sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Francia, C-354/98, Rec. p. I-4927, apartado 11). En el presente asunto, según dicho Estado miembro, dado que la Directiva no confiere ningún derecho a los particulares, tal disposición no debe ser necesariamente incorporada al Derecho interno.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 78, 203, 204 y 239 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), y del artículo 865 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de , por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1677/98 de la Comisión, de (DO L 212, p. 18; en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»).
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En cuanto a la Directiva 93/42, se desprende en particular de sus considerandos que tiene por finalidad proteger no sólo la salud en sentido estricto sino también la seguridad de las personas. Además, no se refiere exclusivamente a los usuarios de productos sanitarios y a los pacientes, sino más en general a «terceros» u «otras personas».
Los artículos 6 ter y 23 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado el en Schengen, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2133/2004 del Consejo, de , sobre la obligación, para las autoridades competentes de los Estados miembros, de proceder al sellado sistemático de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países en el momento de cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y por el que se modifican a tal efecto las disposiciones del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Manual común, así como el artículo 11 del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de , por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), deben interpretarse en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en él, dicho Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión.
6

El décimo noveno considerando del Reglamento no 44/2001 establece: «Procede garantizar la continuidad entre el [Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; en lo sucesivo, el “Convenio de Bruselas”)] y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por lo que el Protocolo de 1971 [relativo a esta labor de interpretación del Tribunal de Justicia, en su versión revisada y modificada (DO 1998, C 27, p. 28)] deberá seguir aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.»
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Además, dicha disposición establece: «1. Al término de un plazo de quince días desde la suspensión de pagos ejecutiva en virtud del Real Decreto no 267, de 16 de marzo de 1942 [GURI de , suplemento extraordinario no 81], o desde la publicación de la sentencia mencionada en el artículo 99 de dicho Decreto en el supuesto de que se hubieran formulado oposiciones o recursos relativos a su crédito, o desde la publicación de la resolución judicial aprobatoria del convenio del concurso de acreedores, el trabajador o sus causahabientes podrán obtener, si así lo solicitan, el pago, a cargo del Fondo, de la indemnización por extinción de la relación laboral y de los créditos accesorios correspondientes, tras deducir las cantidades ya abonadas eventualmente. 2. En el supuesto de declaración extemporánea de los créditos salariales mencionados en el artículo 101 del Real Decreto no 267, de 16 de marzo de 1942, la solicitud prevista en el apartado anterior podrá presentarse tras la decisión de admisión en el pasivo o tras la sentencia relativa a una eventual impugnación del síndico de la quiebra. 3. En el caso de que la empresa sea objeto de liquidación forzosa administrativa, la solicitud podrá presentarse en un plazo de quince días a partir de la suspensión de pagos, en virtud del artículo 209 del Real Decreto no 267 […], o también, en caso de que se hubieran formulado oposiciones o recursos sobre el crédito laboral, a partir de la sentencia por la que el tribunal se pronuncia al respecto. 4. Si el empresario que no está sujeto a las disposiciones del Real Decreto no 267 […] no pagase, en el caso de rescisión de la relación laboral, la indemnización debida, o si sólo la pagase parcialmente, el trabajador o sus causahabientes podrán solicitar al Fondo el abono de la indemnización por extinción de la relación laboral, siempre que, a raíz del procedimiento de ejecución forzosa para liquidar el crédito relativo a dicha indemnización, las garantías patrimoniales hayan resultado insuficientes para pagarla en todo o en parte. 5. Si no existe oposición al respecto, el Fondo procederá a abonar la indemnización impagada. 6. Las disposiciones de los apartados anteriores sólo se aplicarán cuando la rescisión de la relación laboral y el procedimiento de insolvencia o el procedimiento ejecutivo tengan lugar después de la entrada en vigor de la presente Ley. 7. El Fondo procederá a los pagos mencionados en los apartados dos, tres cuatro y cinco del presente artículo en los 60 días siguientes a la solicitud del interesado. El Fondo se subrogará en la posición del trabajador o de sus causahabientes en cuanto al privilegio del acreedor sobre el patrimonio de los empresarios de conformidad con los artículos 2751-bis y 2776 del Código Civil respecto de las sumas que haya abonado. […]»
Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22), que deroga la Directiva 89/48/CEE (DO L 19, p. 16).
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2008, Guigard/Comisión (T‑301/05), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso del demandante dirigido a obtener la reparación del perjuicio sufrido debido al comportamiento de la Comisión al no renovarle su contrato de trabajo celebrado en el marco de la cooperación técnica entre la Comunidad y la República de Níger, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo — Requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Infracción de los artículos 313, apartado 2, letra k), y 314 del Cuarto Convenio de Lomé (DO 1991, L 229, p. 1), en su versión revisada mediante el Acuerdo firmado en Mauricio (DO 1998, L 156, p. 3) — Incumplimiento de la obligación de motivación y vulneración del derecho de defensa.
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El artículo 4 de la Directiva 92/83 dispone lo siguiente: «1. Los Estados miembros podrán aplicar tipos impositivos reducidos a la cerveza elaborada por pequeñas fábricas de cerveza independientes, con arreglo a la producción anual de las mismas y dentro de los siguientes límites: — los tipos reducidos no se aplicarán a las empresas que produzcan más de 200.000 hectolitros de cerveza al año; — los tipos reducidos, que podrán situarse por debajo del tipo mínimo, no serán inferiores en más del 50% al tipo normal nacional del impuesto especial. 2. A efectos de la aplicación de los tipos reducidos, se entenderá por “pequeña fábrica de cerveza independiente” las fábricas de cerveza que sean independientes, desde el punto de vista jurídico y económico, de cualquier otra fábrica de cerveza, utilicen instalaciones físicamente separadas de cualquier otra fábrica de cerveza y no produzcan bajo licencia. No obstante, en el caso de que dos o más pequeñas fábricas de cerveza cooperen y su producción anual conjunta no exceda de 200.000 hectolitros, serán consideradas como una única fábrica de cerveza independiente. 3. Los Estados miembros velarán por que el tipo impositivo reducido que, en su caso, fijen se aplique de igual manera a la cerveza suministrada en su territorio por pequeñas fábricas de cerveza independientes situadas en otros Estados miembros. Velarán en particular por que las entregas procedentes de otros Estados miembros no sean gravadas con un tipo impositivo superior al de su exacto equivalente nacional».
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En cambio, l’Administration des douanes et droits indirects entiende que la exención a la que pretende acogerse Foselev no entró en vigor hasta la fecha en que se publicó en el Journal officiel de la République française el Decreto no 2006-818, es decir, el 9 de julio de 2006.