Asuntos acumulados T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV y T-69/06 RENV

Irlanda y otros

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Directiva 92/81/CEE — Impuestos especiales sobre los hidrocarburos — Hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina — Exención del impuesto especial — Conformidad de la exención con una decisión de autorización del Consejo en virtud del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 92/81 — Presunción de legalidad de los actos de la Unión — Seguridad jurídica — Buena administración»

Sumario de la sentencia

El objetivo del principio de seguridad jurídica es garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho de la Unión. A tal fin, es esencial que las instituciones de la Unión respeten la intangibilidad de los actos que han adoptado y que afectan a la situación jurídica y material de los sujetos de Derecho, de modo que sólo puedan modificar estos actos respetando las normas de competencia y de procedimiento. No obstante, no puede invocarse adecuadamente la violación del principio de seguridad jurídica si el sujeto de Derecho, cuya situación material y jurídica resultó afectada por el acto de que se trate, no cumplió los requisitos establecidos por éste. El respeto del principio de seguridad jurídica exige asimismo que las instituciones de la Unión eviten, por principio, las incoherencias que pudieran producirse en la aplicación de las distintas disposiciones del Derecho de la Unión y, muy especialmente, en el supuesto de que esas disposiciones traten de alcanzar un mismo objetivo, tal como una competencia no falseada en el mercado común. (véase el apartado 62)

Las normas en materia de armonización de las legislaciones fiscales nacionales, en particular, las relativas a los impuestos especiales, establecidas en el artículo 93 CE y en la Directiva 92/81, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos, y las normas en materia de ayudas de Estado, establecidas en los artículos 87 CE a 89 CE, pretenden alcanzar un mismo objetivo, a saber, el fomento del buen funcionamiento del mercado interior luchando, en particular, contra las distorsiones de competencia. Habida cuenta de su objetivo común, la aplicación congruente de estas distintas normas obliga a considerar que el concepto de distorsión de competencia tiene el mismo alcance y el mismo sentido en materia de armonización de las legislaciones fiscales nacionales y en materia de ayudas de Estado. Además, las normas en materia de armonización de las legislaciones fiscales nacionales, en particular las relativas a los impuestos especiales, previstas en el artículo 93 CE y en la Directiva 92/81, confieren expresamente a las instituciones de la Unión, es decir, a la Comisión, que propone, y al Consejo, que dispone, la responsabilidad de apreciar la existencia de una posible distorsión de competencia, con el fin de autorizar o no a un Estado miembro aplicar o seguir aplicando una exención del impuesto especial armonizado, en virtud del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 92/81, o la existencia de una posible competencia desleal o distorsión en el funcionamiento del mercado interior que justifique la reconsideración de una autorización ya otorgada sobre la base de este último artículo, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 92/81. En caso de apreciación negativa al respecto, corresponde a la Comisión proponer al Consejo que no autorice la exención solicitada o, en su caso, que suprima o modifique la autorización de exención ya otorgada. En el supuesto de apreciación distinta del Consejo a este respecto, la Comisión puede ejercer las facultades que le confiere el artículo 230 CE para interponer, ante el juez de la Unión, un recurso de anulación contra la decisión del Consejo de autorizar una exención o de mantener una autorización de exención ya otorgada con el fin de que se compruebe que objetivamente no se da ninguna distorsión de la competencia, ninguna competencia desleal ni ninguna distorsión en el funcionamiento del mercado interior provocada por esa exención. Lo que la Comisión no puede hacer es decidir, mientras esté vigente la autorización concedida por el Consejo, que las exenciones otorgadas por los Estados miembros constituyen medidas que deben serle notificadas en el marco del control de las ayudas de Estado, ya que el hecho de que el Consejo conceda su autorización implica en sí mismo que ha descartado la existencia de cualquier distorsión de la competencia, debiendo considerarse que en ausencia de tal distorsión no puede haber una ayuda prohibida por el Tratado. (véanse los apartados 72 y 84 a 110)