24

En estas circunstancias, el Székesfehérvári Törvényszék (Tribunal General de Székesfehérvár) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse los principios básicos y las normas del Derecho de la Unión (en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, y la exigencia de interpretación uniforme), tal como los ha interpretado el Tribunal de Justicia, especialmente en la sentencia [de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513)], en el sentido de que la declaración de responsabilidad del tribunal del Estado miembro que resuelve en última instancia por una sentencia que infringe el Derecho de la Unión puede basarse exclusivamente en el Derecho nacional o en los criterios establecidos por el Derecho nacional? En caso de respuesta negativa, ¿deben interpretarse los principios básicos y las normas del Derecho de la Unión, en especial los tres criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en [la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513)] para declarar la responsabilidad del “Estado”, en el sentido de que la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad del Estado miembro por violación del Derecho de la Unión por parte de los tribunales de dicho Estado debe apreciarse sobre la base del Derecho nacional? 2) ¿Deben interpretarse las normas y los principios básicos del Derecho de la Unión (en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, y la exigencia de tutela judicial efectiva), especialmente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de responsabilidad del Estado miembro [de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428); de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79), y de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513)] en el sentido de que la fuerza de cosa juzgada de las sentencias que infringen el Derecho de la Unión dictadas por tribunales del Estado miembro que resuelven en última instancia excluye la declaración de responsabilidad por daños y perjuicios del Estado miembro? 3) A la luz de la Directiva [89/665] y de la Directiva [92/13], ¿son relevantes a efectos del Derecho de la Unión el procedimiento de recurso en materia de contratación pública en relación con contratos públicos por valor superior a los umbrales [determinados por el Derecho de la Unión] y el control judicial de la resolución administrativa adoptada en dicho procedimiento? En caso de respuesta afirmativa, ¿son pertinentes el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [entre otras, las sentencias de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17); de 16 de marzo de 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178), y, en particular, de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067)], en relación con el control judicial de la resolución administrativa adoptada en el referido procedimiento de recurso en materia de contratación pública, respecto a la necesidad de que se admita la revisión, como recurso extraordinario, que se deriva del Derecho nacional? 4) ¿Deben interpretarse las Directivas de procedimiento de recurso en materia de contratación pública (a saber, la Directiva [89/665] y la Directiva [92/13]) en el sentido de que es conforme con ellas una normativa nacional con arreglo a la cual los tribunales nacionales que conocen del litigio principal pueden no tener en cuenta un hecho que debe examinarse con arreglo a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —dictada en un procedimiento de remisión prejudicial en el marco de un procedimiento de recurso en materia de contratación pública—, hecho que además tampoco tienen en cuenta los tribunales nacionales que resuelven en un procedimiento incoado a raíz del recurso de revisión interpuesto contra la resolución adoptada en el litigio principal? 5) ¿Deben interpretarse la Directiva [89/665], en particular su artículo 1, apartados 1 y 3, y la Directiva [92/13], en particular sus artículos 1 y 2 —en especial, a la luz de las sentencias [de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17); de 16 de marzo de 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178); de 12 de febrero de 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78); de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), y de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067)]—, en el sentido de que es conforme con las citadas Directivas y con la exigencia de tutela judicial efectiva y con los principios de equivalencia y de efectividad una normativa nacional, o una aplicación de esta, con arreglo a la cual, a pesar de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en un procedimiento de remisión prejudicial antes de que se pronuncie sentencia en el procedimiento de segunda instancia establece una interpretación pertinente de las normas del Derecho de la Unión, el tribunal que conoce del asunto la rechaza por motivos de extemporaneidad y posteriormente el tribunal que conoce del recurso de revisión no considera admisible la revisión? 6) Si, sobre la base del Derecho nacional, debe admitirse la revisión en aras del restablecimiento de la constitucionalidad en virtud de una nueva resolución del Tribunal Constitucional, ¿no debería admitirse la revisión, con arreglo [a la sentencia de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales (C‑118/08, EU:C:2010:39)], en el supuesto de que no se haya tenido en cuenta una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el procedimiento principal debido a lo dispuesto en el Derecho nacional en materia de plazos procesales? 7) ¿Deben interpretarse la Directiva [89/665], en particular su artículo 1, apartados 1 y 3, y la Directiva [92/13], en particular sus artículos 1 y 2, a la luz de la sentencia [de 12 de febrero de 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78)], con arreglo a la cual el particular no tiene que invocar específicamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el sentido de que los procedimientos de recurso en materia de contratación pública regulados por las citadas Directivas únicamente pueden incoarse mediante un recurso que contenga una descripción expresa de la infracción en materia de contratación pública invocada y, además, señale de manera precisa la norma de contratación pública infringida —artículo y apartado concretos—, es decir, que en el procedimiento de recurso en materia de contratación pública solo pueden examinarse las infracciones que el recurrente haya indicado mediante referencia a la disposición en materia de contratación pública infringida —artículo y apartado concretos—, mientras que en cualquier otro procedimiento administrativo y civil es suficiente que el particular presente los hechos y las pruebas que los sustentan, y la autoridad o tribunal competente resuelve el recurso con arreglo a su contenido? 8) ¿Debe interpretarse el requisito de “violación suficientemente caracterizada” establecido en las sentencias [de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), y de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391)] en el sentido de que tal violación no existe cuando el tribunal que resuelve en última instancia, contraviniendo abiertamente la jurisprudencia consolidada y citada con el máximo detalle del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —que incluso se apoya en distintos dictámenes jurídicos—, deniega la solicitud del particular de plantear una petición de decisión prejudicial acerca de la necesidad de admisión de la revisión, basándose en la fundamentación absurda de que la normativa de la Unión —en este caso, en particular, las Directivas [89/665] y [92/13]— no contiene normas que regulen la revisión, a pesar de que así lo establece con el máximo detalle la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluida también la sentencia [de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067)], que precisamente declara la necesidad de revisión en relación con el procedimiento de contratación pública? Habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros (283/81, EU:C:1982:335)], ¿con qué grado de detalle debe justificar el tribunal nacional que no admite la revisión, apartándose de la interpretación jurídica establecida con carácter preceptivo por el Tribunal de Justicia? 9) ¿Deben interpretarse los principios de tutela judicial efectiva y de equivalencia de los artículos 19 TUE y 4 TUE, apartado 3, la libertad de establecimiento y de prestación de servicios establecidas en el artículo 49 TFUE, y la Directiva [93/37], así como las Directivas [89/665], [92/13] y [2007/66], en el sentido de que [no se oponen a] que las autoridades y tribunales competentes, con inobservancia manifiesta del Derecho de la Unión aplicable, desestimen uno tras otro los recursos interpuestos por el demandante por haberse imposibilitado su participación en un procedimiento de contratación pública, recursos para los cuales es preciso elaborar, en su caso, múltiples documentos con una inversión considerable de tiempo y dinero o participar en audiencias, y, aunque es cierto que existe teóricamente la posibilidad de declarar la responsabilidad por daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, la normativa pertinente priva al demandante de la posibilidad de reclamar al tribunal una indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia de las medidas ilegales? 10) ¿Deben interpretarse los principios establecidos en las sentencias [de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio (199/82, EU:C:1983:318); de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), y de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391)] en el sentido de que no puede indemnizarse el daño ocasionado por el hecho de que, contraviniendo la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, el tribunal del Estado miembro que resuelve en última instancia no haya admitido la revisión solicitada en tiempo oportuno por el particular, en el marco de la cual este habría podido reclamar una indemnización de los gastos causados?»