Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una Decisión confirmatoria de una Decisión no impugnada dentro de plazo - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173)

2 Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Consecuencias de la anulación parcial, por el Tribunal de Justicia, de una Decisión relativa a un procedimiento de infracción de las normas sobre la competencia - Anulación respecto de los destinatarios de la Decisión que no interpusieron recurso de anulación - Inexistencia

(Tratado CE, arts. 173, 176 y 189)

3 Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Consecuencias de la anulación parcial, por el Tribunal de Justicia, de una Decisión relativa a un procedimiento de infracción de las normas sobre la competencia - Obligación de la Comisión de revisar la Decisión respecto de los destinatarios que no interpusieron recurso de anulación - Alcance

(Tratado CE, arts. 173 y 176)

4 Actos de las Instituciones - Revocación - Actos ilegales - Decisión por la que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia - Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 3 y 15)

5 Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Consecuencias de la anulación parcial, por el Tribunal de Justicia, de una Decisión relativa a un procedimiento de infracción de las normas sobre la competencia - Ilegalidad de las infracciones imputadas a los destinatarios que no interpusieron recurso de anulación, comprobada por la Comisión tras revisar la Decisión - Obligación de devolver las multas pagadas por las imputaciones ilegales

(Tratado CE, art. 173)

6 Recurso de anulación - Competencia del Juez comunitario - Pretensiones dirigidas a obtener una orden conminatoria con el fin de que se adopten medidas para la ejecución de una sentencia anulatoria de una Decisión y, en particular, se devuelvan las multas pagadas con arreglo a la Decisión anulada - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 173 y 176)

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7 No procede admitir un recurso de anulación dirigido contra una Decisión meramente confirmatoria de otra Decisión anterior que no fue impugnada dentro de plazo.

8 Nada prohíbe a la Comisión pronunciarse en una única Decisión sobre varias infracciones de las normas del Tratado en materia de competencia, incluso cuando algunos destinatarios son ajenos a algunas de estas infracciones, siempre que la Decisión permita a todos y cada uno de los destinatarios identificar con precisión las imputaciones formuladas en su contra.

Tal Decisión, aunque esté redactada y publicada en forma de una sola Decisión, debe analizarse como un conjunto de Decisiones individuales en las que se imputa a cada una de las empresas destinatarias la comisión de una o varias infracciones y se les impone, en su caso, una multa. Según el artículo 189 del Tratado, cada una de las Decisiones individuales es obligatoria en todos sus elementos para el destinatario que designe. En la medida en que un destinatario no ha interpuesto, con arreglo al artículo 173 del Tratado, un recurso de anulación contra los aspectos de la Decisión única que le afectan, esta Decisión sigue siendo válida y obligatoria para él.

Por consiguiente, si un destinatario decide interponer un recurso de anulación, el Juez comunitario sólo debe pronunciarse sobre los elementos de la Decisión que se refieren a dicho destinatario. Por el contrario, los elementos de la Decisión relativos a otros destinatarios y que no hayan sido objeto de impugnación no forman parte del objeto del litigio que el órgano jurisdiccional comunitario ha de resolver. En el marco de un recurso de anulación, el Juez comunitario sólo puede pronunciarse sobre el objeto del litigio que le han sometido las partes. Por tanto, tal Decisión única sólo puede ser anulada en lo que se refiere a los destinatarios que hayan interpuesto ante el Juez comunitario un recurso que haya prosperado.

9 El tenor del artículo 176 del Tratado no permite concluir que la obligación contemplada en esta disposición se limite únicamente a las situaciones jurídicas de las partes del litigio que originó la sentencia. Por consiguiente, no puede excluirse, a priori, que las medidas que la Institución de que se trate deba adoptar puedan, excepcionalmente, desbordar el marco preciso del litigio que dio lugar a la sentencia de anulación, con el fin de eliminar los efectos de las ilegalidades declaradas en la sentencia.

En determinadas circunstancias, la Institución de que se trate, con arreglo al artículo 176 del Tratado, puede estar obligada a examinar, tras la presentación de una solicitud en un plazo razonable, si debe adoptar medidas no solamente respecto de las partes cuyo recurso ha prosperado, sino también respecto de los destinatarios del acto que no interpusieron recurso de anulación. De este modo, si una sentencia del Tribunal de Justicia invalida la comprobación de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, por no haberse demostrado la existencia de la práctica concertada que se alega, no sería conforme con el principio de legalidad que la Comisión no estuviera obligada a examinar su Decisión inicial respecto de otros destinatarios a quienes, apoyándose en hechos idénticos, se les imputó el haber participado en la misma práctica concertada.

Para evaluar el alcance de esta obligación de revisión se debe tener en cuenta tanto el fallo como los fundamentos de la sentencia anulatoria. En efecto, para adecuarse a tal sentencia y darle plena ejecución, la Institución de que se trate está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los fundamentos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo.

10 A falta de disposiciones específicas que regulen la revocación de Decisiones adoptadas por la Comisión al amparo de los artículos 3 y 15 del Reglamento nº 17 del Consejo en las que se compruebe que se han cometido infracciones de los artículos mencionados y en las que se impongan multas por razón de dichas infracciones, este último Reglamento no se opone, sin embargo, a que la Comisión revise en favor del justiciable tales Decisiones cuando alguno de sus elementos incurre en ilegalidad.

Sin perjuicio de la protección de la confianza legítima y del principio de seguridad jurídica, se ha reconocido el derecho de las Instituciones comunitarias a revocar, por razón de su ilegalidad, las Decisiones que hayan concedido un beneficio a sus destinatarios. A fortiori, las Instituciones tienen este derecho en el supuesto particular en el que la Decisión de que se trate se limite a imponer cargas o sanciones al justiciable.

11 En la medida en que, como consecuencia de la revisión de una Decisión relativa a un procedimiento de infracción de las normas sobre la competencia a la luz de los fundamentos de una sentencia por la que se anula parcialmente dicha Decisión, la Comisión concluya que la comprobación de determinadas infracciones del artículo 85 imputadas a los destinatarios que no interpusieron recurso de anulación incurre en ilegalidad, dicha Institución no sólo está facultada para proceder a la devolución de las multas pagadas por razón de dichas imputaciones, sino que también está obligada a ello con arreglo a los principios de legalidad y buena administración, para no privar al artículo 176 de todo efecto útil. A este respecto, no se puede recurrir a normas de naturaleza presupuestaria para justificar la negativa a devolver las multas. En efecto, estas normas, cuya finalidad es asegurar la legalidad de la gestión económica dentro de las Instituciones, no pueden ser invocadas para limitar la protección de los derechos de los justiciables ni para impedir que las Instituciones comunitarias se atengan a una sentencia de anulación.

12 Debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones formuladas en el marco de un recurso de anulación y dirigidas a que se ordene a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia anulatoria de una Decisión y, en particular, que devuelva las multas pagadas.

Efectivamente, en el marco de la competencia que le confiere el artículo 173 del Tratado, el Juez comunitario no está facultado para dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias. Además, el artículo 176 del Tratado prevé un reparto de competencias entre la autoridad judicial y la autoridad administrativa por el que corresponde a la Institución de la que emana el acto anulado determinar cuáles son las medidas necesarias para ejecutar una sentencia de anulación, ejerciendo, bajo el control del Juez comunitario, la facultad de apreciación de que dispone a estos efectos de forma que se respeten tanto el fallo y los fundamentos de la sentencia que debe ejecutar como las disposiciones del Derecho comunitario.