A este respecto, una decisión de la Comisión de autorización de comercialización de un producto que contiene soja modificada genéticamente, conforme al Reglamento n.o 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, es un acto cuya materia pertenece, entre otros, al ámbito de la protección del medio ambiente. En efecto, los artículos 4, 7, 16 y 19 del Reglamento n.o 1829/2003 persiguen el objetivo de regular las actividades humanas que afectan al medio ambiente por implicar la presencia de organismos modificados genéticamente que pueden acarrear consecuencias para la salud humana y animal. Es necesario señalar, por tanto, que tales decisiones de autorización constituyen, sin duda alguna, actos adoptados con arreglo al Derecho medioambiental en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 1367/2006.

En lo concerniente a la posibilidad de presentar una solicitud de revisión interna en virtud del artículo 10 del Reglamento n.o 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ante una institución u organismo de la Unión que haya adoptado un acto administrativo con arreglo al Derecho medioambiental, el artículo 2, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento dispone que el concepto de Derecho medioambiental, a efectos del mismo Reglamento, abarca cualquier disposición legislativa de la Unión que contribuya a perseguir los objetivos de la política de la Unión en materia de medio ambiente. En este contexto, enumera esencialmente los objetivos de la Unión en el referido ámbito tal como se mencionan en el artículo 191 TFUE, apartado 1. Del tenor de esa disposición se infiere que, al referirse a los indicados objetivos, el legislador de la Unión quiso atribuir al concepto de «Derecho medioambiental» mencionado en el Reglamento n.o 1367/2006 un significado amplio que no se limite a las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente natural en sentido estricto.

El alcance de la obligación de efectuar una revisión interna en virtud del artículo 10 del Reglamento n.o 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente debe interpretarse en el sentido de que la Comisión sólo está obligada a examinar una solicitud de revisión interna en la medida en que el solicitante haya alegado que el acto administrativo en cuestión vulnera el Derecho medioambiental, en el sentido del Reglamento n.o 1367/2006. A este respecto, no es necesario que la argumentación jurídica examinada gire principalmente en torno a una cuestión de Derecho medioambiental.

Por otro lado, el Derecho medioambiental, en el sentido del Reglamento n.o 1367/2006, comprende cualquier disposición legislativa de la Unión en materia de organismos modificados genéticamente que tenga como objetivo la gestión del riesgo para la salud humana o animal derivado de dichos organismos o causado por factores medioambientales que puedan afectar a los expresados organismos mientras son cultivados o producidos en el medio ambiente natural. Esta conclusión es aplicable en igual medida cuando se trata de organismos modificados genéticamente que no han sido cultivados dentro de la Unión. De este modo, tratándose de una solicitud de revisión que tiene por objeto una Decisión de la Comisión de autorización de comercialización de un producto que contiene soja genéticamente modificada, conforme al Reglamento n.o 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, las alegaciones que denuncian una infracción de las disposiciones de dicho Reglamento, que tienen por objetivo la protección de la salud humana y animal en la Unión contra los riesgos que se derivan de los organismos modificados genéticamente, están comprendidas en el ámbito del Derecho medioambiental en el sentido del Reglamento n.o 1367/2006.

(véanse los apartados 49, 69, 72 y 78)