ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
9.

El Gobierno alemán alega que no es aplicable el artículo 12 del Reglamento n° 1612/68. Según aquél, este artículo únicamente afecta a los hijos de trabajadores comunitarios que residen en el territorio del país de acogida. Un hijo que quiere proseguir estudios en el extranjero no reúne dicho requisito. A este respecto, el Gobierno alemán añade que la finalidad del artículo 12 es favorecer la integración del trabajador y su familia en el país de acogida. Ahora bien, no se ve cómo pueden contribuir a esta integración los estudios que el hijo de un trabajador migrante realice en el extranjero. Además, el citado Gobierno mantiene que los estudios en un país cuya nacionalidad posee el hijo de que se trata no pueden considerarse verdaderos estudios en el extranjero. El Gobierno alemán prosigue alegando que la normativa nacional sirve para prevenir abusos evitando la acumulación entre la ayuda del país donde están empleados los padres y la del país de origen.
5.

La Comisión señala que el problema de si la suspensión del derecho a las prestaciones familiares en el Estado de empleo, en virtud del artículo 76 del Reglamento n° 1408/71, requiere que se cumplan únicamente los requisitos materiales, o bien todos los requisitos, materiales y formales, necesarios para causar derecho a las prestaciones familiares en el Estado de residencia de la familia, es una cuestión que ya ha sido zanjada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, en las sentencias de 20 de abril de 1978 (Ragazzoni, 134/77, Rec. 1978, p. 963), de 13 de noviembre de 1984 (Salzano, 191/83, Rec. 1984, p. 3741), y de 23 de abril de 1986 (Ferraioli, 153/84, Rec. 1986, p. 1401), el Tribunal de Justicia declaró que la suspensión del derecho a las prestaciones familiares prevista en el artículo 76 del Reglamento n° 1408/71 no se produce cuando no se cumplen todos los requisitos, tanto de forma como de fondo, exigidos por la legislación del Estado de residencia. La Sra. Kracht se encuentra en la misma situación que las Sras. Salzano y Ferraioli en los asuntos 191/83 y 153/84, ya citados. No presentó la solicitud necesaria ante la institución italiana competente. Por consiguiente, debe aplicarse el mismo principio: no es admisible suspender —aunque sea parcialmente— el derecho a las prestaciones familiares alemanas. La objeción expresada por el Bundessozialgericht contra esta jurisprudencia pasa por alto el hecho de que el fundamento del sistema en que se basan los preceptos del artículo 73 y 76 del Reglamento n° 1408/71, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Tratado CEE, reside en el mantenimiento del derecho de los trabajadores y de sus derechohabientes a las prestaciones, derecho que no debe reducirse por el hecho de que los miembros de la familia del trabajador residan en otro Estado miembro. En este sistema, el objetivo perseguido por el citado artículo 76 consiste en impedir que se produzca un enriquecimiento injusto mediante la acumulación de derechos a prestaciones familiares en el país de empleo y en el país de residencia. Esta norma no debe entenderse como una norma de conflicto que determine la legislación aplicable a las prestaciones. Otra interpretación expone al trabajador migrante al riesgo de que su derecho a prestaciones familiares pueda verse suspendido en el país de empleo y de que, al mismo tiempo, las prestaciones que, en su caso, se le concedan en el país de residencia no se satisfagan efectivamente. La Comisión reconoce que esta interpretación permite a los cónyuges influir, mediante su elección, sobre el reparto de cargas entre los Estados miembros. Por ello, investiga para este problema una posible solución equilibrada en el marco de una reforma del artículo 76 del Reglamento n° 1408/71, que permita preservar los intereses y derechos de los trabajadores migrantes.
1.

La apelante en el asunto principal señala, en primer lugar, que el desempleado que disfruta del subsidio de desempleo en el Estado competente y se traslada a otro Estado miembro para ejercer un empleo en él, pierde, según el régimen del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 y con arreglo al párrafo 2 del mismo artículo, no sólo los subsidios que recibía, sino también todo derecho residual que pudiera conservar en virtud de la legislación del Estado competente cuando no regresa a este Estado en el plazo de tres meses. Ciertamente el desempleado podrá alegar nuevos derechos en el Estado competente si reúne los requisitos exigidos por éste. Tratándose de Bélgica, sólo podrá recuperar el derecho a las prestaciones después de haber ejercido en dicho país un empleo durante tres meses como mínimo, con arreglo al apartado 4 del artículo 69. Esta disposición se explica por las particularidades de la legislación belga con relación a las demás legislaciones europeas. Estas particularidades, con arreglo al Real Decreto de 20 de diciembre de 1963 y a la Orden Ministerial de 4 de junio de 1964, son las siguientes: — El subsidio de desempleo se concede en principio por una duración indeterminada. — El desempleado puede volver a cobrar automáticamente los subsidios después de una interrupción del paro, durante un período de tres años. — En apoyo de la correspondiente solicitud, pueden alegarse las jornadas de trabajo o asimiladas ya tenidas en cuenta al efectuar una solicitud de subsidio. — Las jornadas de desempleo indemnizadas se asimilan a Ias jornadas de trabajo para el cumplimiento del período de carencia. En la medida en que el derecho a las prestaciones, una vez adquirido, se vuelve a adquirir en condiciones relativamente flexibles, habría que prever en la legislación comunitaria una disposición que contemplara específicamente la readmisión a disfrute de las prestaciones en Bélgica. Por consiguiente, el requisito previsto por el apartado 4 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 es un requisito que se añade a los establecidos por la legislación nacional belga, y no un requisito suficiente. Si razonáramos de otro modo, llegaríamos al resultado de que el desempleado que hubiera solicitado y disfrutado el régimen del artículo 69 [régimen que la sentencia de 19 de junio de 1980 (Testa, asuntos acumulados 41/79, 121/79 y 796/79, Rec. 1980, p. 1979) considera facultativo] quedaría favorecido con relación al que se hubiera trasladado a otro Estado miembro sin solicitar el disfrute de la exportación. Por lo demás, si fuera suficiente el requisito establecido por esta disposición, no se habrían empleado en el apartado 4 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 las palabras «no» y «hasta».
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Actos de las Instituciones ° Directivas ° Cumplimiento por los Estados miembros ° Insuficiencia de una práctica conforme a los objetivos de la Directiva ° Necesidad de una adaptación clara y precisa del Derecho nacional

(Tratado CEE, art. 189, párr. 3)

Índice

En lo que respecta a la adaptación del ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro a una Directiva, la existencia de una práctica conforme a los objetivos de protección perseguidos por la Directiva no puede dispensar al Estado miembro de adaptar a ésta su Derecho interno mediante disposiciones idóneas para crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir a los particulares conocer sus derechos y obligaciones. A efectos de garantizar la plena aplicación de las Directivas, no sólo de hecho sino también de Derecho, los Estados miembros deben prever un marco legal preciso en el ámbito de que se trate. Por tanto, no se puede considerar que una disposición de una Directiva que impone un comportamiento determinado a las Administraciones nacionales ha sido correctamente ejecutada si el Estado miembro de que se trata no ha adoptado ninguna medida específica para dicha ejecución y se ha limitado a afirmar que ese comportamiento resultaba en general de la aplicación de las normas de buena gestión que se imponen a su Administración.
Un producto que no posea «propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales» con arreglo al párrafo primero del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 65/65 relativa a las especialidades farmacéuticas es, sin embargo, un medicamento si puede administrarse «con el fin de [...] restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas» con arreglo al párrafo segundo de dicho artículo. Esta última expresión debe entenderse de manera lo bastante amplia como para que incluya todas las sustancias que pueden tener incidencia sobre el funcionamiento propiamente dicho del organismo y abarque no sólo los productos que tengan una eficacia real sobre las funciones orgánicas, sino también aquellos que no tengan el efecto anunciado, de manera que estos últimos puedan ser objeto de una prohibición de comercialización a fin de proteger a los consumidores. No obstante, no puede englobar sustancias que, aunque tengan influencia sobre el cuerpo humano, como determinados cosméticos, no tienen un efecto significativo sobre el metabolismo y, por ello, no modifican en realidad las condiciones de su funcionamiento.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar, en cada caso, la calificación necesaria, teniendo en cuenta las propiedades farmacológicas del producto de que se trate, determinadas con arreglo a los actuales conocimientos científicos, la forma de empleo, la amplitud de su difusión y los conocimientos que posean de él los consumidores.
SENTENCIA DE 24. 1. 1991 — ASUNTO C-384/89 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 
de 24 de enero de 1991 * 
En el asunto C-384/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia de las Comunida­
des Europeas, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunal de 
grande instance de Niza, destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante 
dicho órgano jurisdiccional contra 
Gérard Tomatis y Christian Fulchiron, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de la partida 87.02, vehículos auto­
móviles con motor de cualquier clase, para el transporte de personas o de mercan­
cías (incluidos los coches de carreras y los trolebuses), del Arancel Aduanero 
Común, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 
integrado por los Sres.: T. F. O'Higgins, Presidente de Sala; G. F. Mancini y F. A. 
Schockweiler, Jueces; 
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; 
Secretaria: Sra. D. Louterman, administradora principal; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de grande instance 
de Niza, mediante resolución de 13 de enero de 1989, declara: 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-130 
TOMATIS Y FULCHIRON 
1) La subpartida 87.02 A del Arancel Aduanero Común debe interpretarse en el 
sentido de que incluye aquellos vehículos que poseen, en la parte posterior al 
asiento del conductor, emplazamientos especialmente preparados para colocar 
asientos fijos, abatibles o extraíbles, y provistos de vidrios laterales, de una 
puerta trasera o lateral, o de un portón trasero y de un acabado interior similar 
al de los vehículos concebidos para el transporte de personas. 
2) La clasificación arancelaria dada a un producto por las autoridades de un Estado 
miembro puede ser cuestionada por las de otro Estado miembro, bien con oca­
sión de la clasificación de otros ejemplares del mismo producto, o para la aplica­
ción de su propio Derecho nacional. 
I-131
Poco importa al respecto que se prevea la posibilidad de adopción de medidas nacionales de ejecución, al no responder éstas a potestad discrecional alguna, ni que dichas disposiciones no hayan sido publicadas, ya que dicha falta de publicación sólo puede impedir su alegación frente a particulares, ni que los Estados miembros puedan aplicar cláusulas de salvaguardia, ya que éstas sólo son aplicables en situaciones determinadas.

Al igual que las disposiciones de los Acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros países, las disposiciones adoptadas por un Consejo de Asociación, instituido por un Acuerdo de Asociación para garantizar la aplicación de sus disposiciones, deben considerarse de aplicación directa cuando, teniendo en cuenta sus términos así como su objeto y su naturaleza, y los del Acuerdo de Asociación, incluyen una obligación clara y precisa, que no está subordinada, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de ningún acto ulterior. Estos requisitos se cumplen por la letra b) del apartado 1 del artículo 2 y por el artículo 7 de la Decisión no 2/76 y por el tercer guión del apartado 1 del artículo 6 y por el artículo 13 de la Decisión no 1/80, adoptadas ambas por el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía para garantizar la aplicación progresiva de la libre circulación de trabajadores prevista por disposiciones convencionales de carácter programático, de tal manera que las referidas disposiciones tienen efecto directo eri los Estados miembros de la Comunidad.

La letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión no 2/76 y el tercer guión del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión no 1/80, adoptadas ambas por el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía, abren al trabajador turco, tras un período de empleo legal en un Estado miembro, la posibilidad de acceder en dicho Estado a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección. La legalidad del empleo en el sentido de estas disposiciones, incluso admitiendo que no esté necesariamente subordinada a la posesión de un permiso normal de residencia, supone sin embargo una situación estable y no provisional en el mercado de trabajo. En consecuencia, la expresión «empleado legalmente» mencionada en dichas disposiciones no puede referirse a la situación de un trabajador turco autorizado a ejercer un empleo durante el período en que disfruta de una suspensión de la ejecución de una decisión que le deniega el derecho de residencia, contra la cual ha interpuesto un recurso que le ha sido desestimado.
Asunto C-117/89

Klaus Jürgen Kracht

contra

Bundesanstalt für Arbeit

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialgericht

«Seguridad Social — Prestaciones familiares — Suspensión del derecho a las prestaciones»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. W. Van Gerven, presentadas el 29 de marzo de 1990 2788

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de julio de 1990 2794

Sumario de la sentencia

Seguridad Social de los trabajadores migrantes — Prestaciones familiares — Normas comunitarias que prohiben la acumulación — Suspensión del derecho a las prestaciones en el Estado de empleo — Prestaciones debidas en virtud de la legislación del Estado de residencia de los miembros de la familia — Requisitos

(Reglamento n° 1408/71 del Consejo, arts. 73 y 76)

El artículo 73 del Reglamento n° 1408/71 tiene por objeto facilitar a los trabajadores migrantes la percepción de las prestaciones familiares en el Estado en que están empleados cuando su familia no se ha desplazado con ellos. Se complementa con el artículo 76, que sólo pretende limitar la posibilidad de acumular las prestaciones. Este último, en su redacción resultante del Reglamento n° 2001/83, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a prestaciones o a subsidios familiares en el Estado miembro de empleo de uno de los cónyuges, reconocido en el artículo 73, no debe quedar suspendido cuando las prestaciones o los subsidios ya no sean debidos en el Estado en cuyo territorio residen los miembros de la familia únicamente porque no se han solicitado las prestaciones o no se ha renovado la correspondiente solicitud.
60

La República Federal de Alemania alega, con carácter previo, que dichas disposiciones de la Directiva son aplicadas por normas que ya están en vigor, adoptadas a escala federal y en los Länder, de manera que no es necesario adoptar un régimen especial. Subraya que, en todo caso, se aplican asimismo las disposiciones marco de la VwVfG. También sostiene que, por lo que respecta a las modalidades de aplicación de las disposiciones antes mencionadas, existen instrucciones administrativas que son suficientes y que no necesitan publicación, ya que no se trata de normas sustantivas. Según la República Federal de Alemania, la existencia de una práctica administrativa o de una interpretación conforme con la Directiva basta, por consiguiente, para satisfacer las exigencias de esta última.
20

El Gobierno belga sostiene que la armonización llevada a cabo por la Directiva no es completa, ya que ésta no ha establecido un sistema de información armonizado. La autorización exigida por la legislación belga, que por otra parte no presenta el carácter de una medida de control sanitario, tiene por objeto, precisamente, paliar la carencia de un sistema de información semejante. Según el Gobierno belga, el carácter incompleto de la Directiva 64/432 en este punto queda de manifiesto en la exposición de motivos de las dos propuestas de Reglamento en materia de controles veterinarios en los intercambios intracomunitários, que figuran en el documento COM(88) 383 final, en el que la Comisión reconoce la necesidad del «recurso a un sistema de información mutua» y del «desarrollo de este último»(traducción no oficial).
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

4 de abril de 1990 ( *1 )

En los asuntos acumulados C-111/88, C-112/88 y C-20/89,

República Helénica, representada por el Sr. Spyros Zissimopoulos, Consejero especial del Ministerio de Asuntos Exteriores; Sra. Katerina Samoni, Asesora Jurídica del propio Ministerio; Sr. Photis Spathopoulos, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos Comunitarios del Ministerio de Economía; Ilias La'ios, Consejero Jurídico del Ministerio de Agricultura, y Meletios Tsotsanis, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de Grecia, 117, rue Val Sainte-Croix,

parte demandante en el asunto C-111/88,

y

Unión de productores de cidras de Creta, con domicilio en Héraklion (Creta), representada por el Sr. Georgios Ant. Vachaviolos, Abogado de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Maria Athanassiadi, 40, rue de l'Avenir,

parte demandante en los asuntos C-112/88 y C-20/89,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada en los asuntos C-111/88 y C-112/88 por los Sres. T. Christoforou, Georgios Kremlis y T. F. Cusack, miembros y Consejero Jurídico del Servicio Jurídico de la Comisión, repectivámente, en calidad de Agentes, y en el asunto C-20/89 por los Sres. Georgios Kremlis y T. F. Cusack, antes mencionados, asistidos por el Sr. Spyridon Karális, Magistrado del Consejo de Estado helénico, en comisión de servicios en el Servicio Jurídico de la Comisión, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, antes mencionado, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tienen por objeto dos recursos (asuntos C-111/88 y C-112/88), con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, con objeto de lograr la anulación de la Decisión 88/438/CEE de la Comisión, de 4 de febrero de 1988 (DO L 218, p. 19), por la que se modifica la Decisión 86/614/CEE, de 16 de diciembre de 1986 (DO L 357, p. 28), y por la que se modifica la Decisión 85/594/CEE de la Comisión, por la que se autoriza a Grecia a adoptar determinadas medidas de salvaguardia con arreglo al apartado 3 del artículo 108 del Tratado CEE (DO L 373, p. 9); y un recurso (asunto C-20/89), con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, con objeto de anular la Decisión 88/600/CEE de la Comisión, de 22 de noviembre de 1988, por la que se prorroga y modifica la Decisión 85/594/CEE (DO L 325, p.- 58),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn y C. N. Kakouris, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliét, T. F. O'Higgins y G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

1) Desestimar los recursos

2) Condenar en costas a las demandantes.

( *1 ) Lengua de procedimiento: griego.
La letra f) del artículo 3 y los artículos 86 y 90 del Tratado CEE se oponen a que un Estado miembro confiera a la sociedad explotadora de la red pública de telecomunicaciones la facultad de adoptar normas relativas a los aparatos telefónicos y de verificar su cumplimiento por parte de los operadores económicos, cuando compite con éstos en el mercado de los referidos aparatos.

En efecto, encomendar a una empresa que comercializa aparatos telefónicos la tarea de formalizar las especificaciones a las que deberán ajustarse los aparatos telefónicos, de controlar su aplicación y de homologar dichos aparatos equivale a atribuirle la facultad de determinar a su arbitrio qué aparatos podrán ser conectados a la red pública y a concederle, de este modo, una ventaja evidente sobre sus competidores, lo cual va directamente contra la igualdad de oportunidades entre los diferentes operadores económicos, sin la cual no puede garantizarse la existencia de un régimen de competencia no falseada. Tal restricción de la competencia no puede considerarse justificada por una misión de servicio público de interés económico general, a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Tratado.
3

Durante el procedimiento administrativo previo y en la fase escrita ante el Tribunal de Justicia, la República Italiana manifestó, entre otras cosas, que las aguas italianas están protegidas de la contaminación mediante la Ley no 319 de 10 de mayo 1976, titulada «Norma per la tutela delle acque dell'inquinamento» (llamada «Ley Merli I», GURI no 141 de 29.5.1976, p. 4125), la Ley no 650 de 24 de diciembre de 1979, titulada «Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, no 171, e 10 maggio 1976, no 319, in materia di tutela delle acque dell'inquinamento» (llamada «Ley Merli II», GURI no 352 de 29.12.1979, p. 10533), así como mediante la Decisión de 4 de febrero de 1977 del Comité de Ministros para la protección de las aguas contra la contaminación (GURI, Supplemento ordinario no 48 de 21.2.1977, p. 2). No obstante, la República Italiana declaró en la vista que, en determinados aspectos, su legislación no es totalmente conforme con la Directiva e indicó que ya se encuentra en curso el procedimiento legislativo necesario para lograr una conformidad perfecta.