SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 30 de septiembre de 1998

Asunto T-164/97

Silvio Busacca y otros

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Cese definitivo en sus funciones con motivo de la adhesión de nuevos Estados miembros — Acto lesivo — Excepción de ilegalidad — Legalidad del Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 2688/95 — Igualdad de trato — Vicios sustanciales de forma — Consulta previa a las Instituciones y al Comité del Estatuto»

Texto completo en lengua francesa II-1699

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de las decisiones del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas de 16 de septiembre de 1996 por las que se denegaron las solicitudes de las partes demandantes de que se inscribieran sus nombres en la lista de personas que han manifestado interés en ser objeto de una decisión de cese definitivo en sus funciones con motivo de la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suécia.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

El 7 de julio de 1995, la Comisión, una vez obtenido el 21 de junio de 1995, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), el dictamen favorable del Comité del Estatuto, presentó una propuesta de Reglamento (CE, Euratom, CECA) del Consejo por el que se establecen medidas especiales relativas al cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas con ocasión de la adhesión de Austria, Finlandia y Suécia [COM(95) 327 final, DO C 246, p. 3] (propuesta inicial).

El objeto de la propuesta inicial es, a tenor de su artículo 1, autorizar al Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y Comité Económico y Social, en interés del servicio y para tener en cuenta las necesidades derivadas de la adhesión a las Comunidades Europeas de Austria, Finlandia y Suécia, hasta el 30 de junio del año 2000, a adoptar, para con sus funcionarios que hayan alcanzado la edad de 55 años, con excepción de los pertenecientes a los grados Al o A 2, medidas para el cese definitivo en sus funciones.

Los funcionarios a quienes se aplican las llamadas medidas de «cese» son elegidos, en virtud del artículo 3 de la propuesta inicial, por cada Institución, teniendo en cuenta el interés del servicio en relación a la ampliación, tras dar al personal la oportunidad de manifestar su interés y tras consultar con la comisión paritaria. La Institución debe, en efecto, tener en cuenta la edad, la competencia, el rendimiento, la conducta en el servicio, la situación familiar y la antigüedad de los funcionarios, que deberá ser de al menos diez años. En cualquier caso, el cese no se aplicará sin el consentimiento del interesado.

El funcionario a quien se aplique la medida de cese en sus funciones tiene derecho, conforme al artículo 4 de la propuesta inicial, a una indemnización mensual del 70 % del sueldo base correspondiente al grado y al escalón que tuviera en el momento de su cese. El derecho a la indemnización cesa a más tardar el último día del mes en que el antiguo funcionario cumpla 65 años y, en cualquier caso, cuando el interesado, antes de dicha edad, reúna las condiciones que le permitan beneficiarse de la cantidad máxima de la pensión de jubilación. El antiguo funcionario pasa entonces de oficio a beneficiarse de la pensión de jubilación.

La propuesta inicial prevé que la demandada podrá aplicar las medidas de cese en sus funciones a doce funcionarios.

La propuesta inicial se somete para dictamen, conforme al artículo 24 del Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas (Tratado de fusión), a las Instituciones interesadas.

El Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas emitieron un dictamen favorable, respectivamente, el 25 de septiembre, el 12 de octubre y el 26 de octubre de 1995.

En el transcurso del procedimiento legislativo, la Comisión manifestó su disposición, a fin de facilitar la adopción de una decisión en el Consejo, a dividir la propuesta inicial y a aceptar que el Consejo tratara de forma prioritaria medidas de cese únicamente para el Parlamento [Documento no 11098/95 del Consejo, de 31 de octubre de 1995, incluido en la letra c) del Anexo V del escrito de demanda].

El 17 de noviembre de 1995, el Consejo adoptó, en consecuencia, el Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 2688/95 por el que se establecen medidas especiales de cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas con motivo de la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suécia (DO L 280, p. 1) (Reglamento no 2688/95), autorizando únicamente al Parlamento a proceder a la adopción de medidas de cese de algunos de sus funcionarios.

Los cinco demandantes son funcionarios destinados en el Tribunal de Cuentas.

Los demandantes presentaron por separado, entre el 22 de agosto y el 2 de septiembre de 1996, solicitudes en virtud del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, mediante un mismo modelo de escrito redactado en los siguientes términos:

«Tengo el honor de comunicarle que, habiendo cumplido los 55 años antes del 30 de junio de 1996 y contando, al mismo tiempo, con al menos diez años de servicio, manifiesto mi interés por obtener una decisión de cese definitivo en mis funciones con motivo de la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suécia, como la prevista en la propuesta de la Comisión publicada en el DO C 246 de 22 de septiembre de 1995, convertida ya en el Reglamento no 2688/95 para una parte de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

En consecuencia, le agradecería que incluyera mi nombre en la lista de las personas que han expresado un interés semejante y entre las que debe elegir la AFPN para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996.»

El Secretario General de la demandada, en su calidad de Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), remitió individualmente a cada solicitante, el 16 de septiembre de 1996, un mismo modelo de respuesta con el siguiente tenor:

«Acuso recibo de su solicitud, antes mencionada, que he examinado atentamente.

Lamento, sin embargo, no poder responder afirmativamente a su petición.

En efecto, en virtud del Reglamento no 2688/95, las medidas de cese definitivo en las funciones motivadas por la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suécia, se hallan reservadas únicamente para los funcionarios del Parlamento Europeo. En la medida en la que el mencionado Reglamento no permite a los funcionarios del Tribunal de Cuentas beneficiarse de dichas medidas, no existe base jurídica para tomar en consideración su solicitud.»

Los demandantes presentaron por separado, entre el 21 de octubre y el 13 de diciembre de 1996, siguiendo un mismo modelo, reclamaciones contra las mencionadas decisiones, en virtud del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Reprochaban a la AFPN haber rechazado sus solicitudes basándose en la circunstancia de que el ámbito de aplicación personal del Reglamento no 2688/95 se halla limitado a los funcionarios del Parlamento. Las mencionadas reclamaciones fueron rechazadas el 28 de febrero de 1997, mediante decisiones dictadas, siguiendo un mismo modelo, por el Secretario General de la demandada, por las que se comunicaba a los demandantes la inadmisibilidad o falta de fundamento de sus reclamaciones.

Sobre la admisibilidad

Una decisión de la AFPN que deniega la inclusión en la lista de los funcionarios interesados en una medida de cese, basándose en que el Reglamento no 2688/95, por el que se establecen medidas especiales de cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas con motivo de la adhesión de nuevos Estados miembros, no puede aplicarse en la Institución contemplada, afecta inmediata y directamente a la situación jurídica de los mencionados funcionarios y. por tanto, los perjudica, en la medida en la que los interesados ya no pueden aspirar a beneficiarse de las medidas descritas, ya sea mediante su participación en otro procedimiento o mediante otra vía, y la Institución afectada no ha tomado ninguna decisión definitiva, posterior a aquella por la que rechazó las peticiones mencionadas anteriormente, que dichos funcionarios pudieran recurrir (apartado 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de enero de 1987, Stroghili/Tribunal de Cuentas (204/85, Rec. p. 389), apartado 6; Tribunal de Primera Instancia, 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión(T-82/89, Rec. p. II-735), apartados 49 y 52; Tribunal de Primera Instancia, 29 de enero de 1998, Affatato/Comisión(T-157/96, RecFP p. II-97), apartado 21

Adicionalmente, si bien la inclusión en la mencionada lista sólo constituye un acto preparatorio, que no prejuzga definitivamente la concesión de las medidas solicitadas, la negativa a considerar la manifestación por un funcionario de su interés en beneficiarse de una medida de cese, basada en el motivo antes mencionado, priva a este último, con seguridad y de forma definitiva, al no haber adoptado el Consejo la propuesta de la Comisión sobre un Reglamento semejante aplicable al funcionario mencionado, de la aplicación de dicha medida y, por tanto, lo perjudica (apartado 37).

De lo dicho anteriormente se deduce que procede declarar la admisibilidad del recurso (apartado 39).

Sobre el fondo

Sobre la violación del principio de no discriminación

El principio general de igualdad exige que las situaciones comparables no se traten de manera diferente, a menos que la diferenciación esté justificada objetivamente. En un campo donde existe una amplia facultad de apreciación, se infringe dicho principio cuando la Institución realiza una distinción arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido (apartado 49).

Referencia: Tribunal de Justicia, 16 de octubre de 1980, Hochstrass/Tribunal de Justicia (147/79, Rec. p. 3005), apañado 7; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Lacruz Bassols/Tribunal de Justicia (T-109/92, RecFP p. II-105), apartado 87; Tribunal de Primera Instancia, 18 de diciembre de 1997, Delvaux/Comistón(T-142/95, RecFP p. II-1247), apartado 95

Al limitar exclusivamente al Parlamento el ámbito de aplicación del Reglamento no 2688/95, aun cuando otras Instituciones habían manifestado, al igual que la Institución beneficiada por el mencionado Reglamento, su intención de adoptar medidas de cese y habían experimentado una variación semejante en sus efectivos, el Consejo distinguió de forma arbitraria o, al menos, manifiestamente inadecuada entre las situaciones de dichas Instituciones (apartados 58 y 59).

El motivo basado en la violación del principio de no discriminación debe considerarse, por tanto, fundado (apartado 61).

Sobre los vicios sustanciales de forma

Procede examinar, inicialmente, la procedencia de las alegaciones conforme a las que hubiera sido preciso volver a consultar, en primer lugar, al Parlamento y, en segundo lugar, al Comité del Estatuto (apartado 79).

Debe recordarse, primero, que el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 24 del Tratado de fusión dispone que cualquier modificación del Estatuto debe ser adoptada «a propuesta de la Comisión y previa consulta a las demás instituciones interesadas» (apartado 80).

La consulta del Parlamento en virtud del artículo 24 del Tratado de fusión, que le permite, en particular, participar de forma efectiva en el procedimiento legislativo de la Comunidad, constituye un elemento esencial del equilibrio institucional buscado por los Tratados. La consulta regular del Parlamento según dicho texto constituye, por lo tanto, un requisito formal esencial cuyo incumplimiento implica la nulidad del acto controvertido (apartado 81).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1982 , Buyl y otros/Comisión (817/79, Rec. p. 245), apartado 16; Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1982, Adam/Comisión (828/79, Rec. p. 269), apartado 17; Tribunal de. Justicia, 4 de febrero de 1982, Battaglia/Comisión(1253/79, Rec. p. 297), apartado 17

Debe procederse a una nueva consulta del Parlamento cada vez que el texto adoptado finalmente, contemplado en su conjunto, difiera en su misma substancia de aquel a propósito del cual ya se le consultó, a excepción de los casos en los que las modificaciones obedecen, esencialmente, a los deseos manifestados por el propio Parlamento. La modificación de una propuesta no afecta a la sustancia misma del texto considerado en su conjunto si, por una parte, se inscribe en el marco del objetivo perseguido por dicho texto y si, por otra parte, no afecta a la estructura fundamental del mencionado texto (apartados 82 y 84).

Referencia: Tribunal de justicia, 11 de noviembre de 1997, Eurotunnel y otros (C-408/95, Rec. p. I-6315), apartado 46; Tribunal de Justicia, 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo (C-280/93, Rec. p. I-4973), apartados 40 y 41

La modificación efectuada en la propuesta inicial posee un carácter sustancial. Adicionalmente, no responde a los deseos del Parlamento. Dicha Institución aceptó, en efecto, la propuesta inicial en su dictamen. Deseaba, por tanto, que todas las Instituciones pudiesen recurrir a la adopción de medidas de cese. Por último, exigió expresamente ser consultado de nuevo de realizarse una modificación sustancial. La alegación de la demandada, según la cual la modificación respondía a los deseos del Parlamento, carece, por tanto, de fundamento (apartados 87 a 89).

De ello se deduce que el Parlamento debería haber sido consultado nuevamente antes de que el Consejo procediera a la adopción del texto resultante de la modificación de la propuesta inicial (apartado 90).

En segundo lugar, debe destacarse que, conforme al tenor de la segunda frase del segundo párrafo del artículo 10 del Estatuto, el Comité del Estatuto es consultado por la Comisión sobre toda propuesta de revisión del Estatuto (apartado 91).

La disposición mencionada impone a la Comisión una obligación de consulta que comprende, además de las propuestas formales, también las propuestas ya examinadas que hayan sido modificadas sustancialmente, salvo que, en este último supuesto, las modificaciones se correspondan, en esencia, con las planteadas por el Comité del Estatuto (apartado 92).

Por una parte, justifica esta solución el hecho de que la mencionada disposición confiera un gran alcance a la obligación que define y, por otra parte, impone esta interpretación el papel asumido por el Comité del Estatuto que, en su calidad de órgano paritario que reúne a un tiempo representantes de las administraciones y del personal de todas las Instituciones, estos últimos elegidos democráticamente, debe tomar en consideración y expresar los intereses de la función pública comunitaria en su conjunto (apartados 93 a 95).

El artículo 10 del Estatuto proporciona una base legal suficiente para esta nueva consulta, que el artículo 24 del Tratado de fusión no niega (apartado 96).

En el caso de autos, el Comité del Estatuto emitió, el 21 de junio de 1995, un dictamen favorable a propósito de la propuesta inicial. Ahora bien, la modificación de dicha propuesta inicial realizada por la Comisión durante el procedimiento legislativo fue sustancial. Por otra parte, no obedecía a una eventual modificación propuesta por el Comité del Estatuto. De ello se desprende que, en aplicación de los principios antes mencionados, el Comité del Estatuto debería haber sido consultado nuevamente sobre la modificación de la propuesta inicial (apartados 99 y 100).

El motivo basado en un vicio sustancial de forma está fundado en lo relativo a la consulta del Parlamento y del Comité del Estatuto (apartado 101).

Procede, por tanto, anular las Decisiones impugnadas, sin que sea necesario examinar las demás imputaciones, basadas en la falta de consulta del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia, en la infracción del artículo 189 A del Tratado y en una motivación insuficiente, o los otros motivos invocados en apoyo de la excepción de ilegalidad, o el requerimiento para la presentación de documentos solicitado en virtud de las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia (apartado 102).

Fallo:

Se anulan las Decisiones del Tribunal de Cuentas de 16 de septiembre de 1996 dirigidas al Sr. Silvio Busacca, al Sr. Cario Degli Abbati, a la Sra. Pamela Rattigan, a la Sra. Gisela Tremont y a la Sra. Cécile Vandam, por las que se deniegan sus solicitudes mediante las que le pedían que incluyese sus respectivos nombres en la lista de las personas que habían manifestado su interés por una decisión de cese definitivo en sus funciones, prevista por el Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 2688/95 del Consejo, de 17 de noviembre de 1995, por el que se establecen medidas especiales de cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas con motivo de la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suécia.