12.

Para apreciar la conformidad al Derecho comunitario de una situación de tal carácter que, en cuanto tal, no entre en las previsiones del Tratado, será necesario investigar en el Derecho originario y en la jurisprudencia de este Tribunal las indicaciones oportunas para la resolución que se adopte. La Comunidad goza de una competencia de principio en materia de libre competencia en el mercado común: el párrafo cuarto del Preámbulo, el artículo 2 y la letra f) del artículo 3 indican claramente que se trata aquí de una finalidad determinante para la construcción de un espacio económico comunitario. La obligación de los Estados aparece especialmente en los artículos 90 y 92 a 94 del Tratado, incluso en el ejercicio de sus competencias en materia de defensa nacional (artículo 225). El principio se planteó en la sentencia Wilhem de este Tribunal de Justicia: la primacía del ordenamiento jurídico comunitario prohibe a los Estados miembros «adoptar o mantener en vigor medidas que menoscabaran la eficacia del Tratado» en la medida en que «la fuerza vinculante del Tratado y de los actos adoptados para su ejecución no puede variar de un Estado a otro, por efecto de actos internos, sin que se perturbe el funcionamiento del sistema comunitario y se ponga en peligro la realización de los objetivos del Tratado». ( 36 ) En este sentido, una medida nacional que privara de efecto útil a las prohibiciones dirigidas a las empresas por los artículos 85 y 86, pero también a la acción de la Comisión con arreglo al artículo 87, sería directamente contraria al párrafo segundo del artículo 5, por cuanto comprometería el objetivo asignado a la Comunidad por la letra f) del artículo 3 que no es sino el establecimiento de un régimen de competencia eficaz en el mercado común, es decir «la dosis de competencia necesaria para que se respeten las exigencias fundamentales y se alcancen los objetivos del Tratado y, en particular, la formación de un mercado único que reúna condiciones análogas a las de un mercado interior». ( 37 ) Una violación de esta trascendencia de un principio tan fundamentalmente comunitario como el de la libre competencia en el mercado común constituye un atentado fundamental contra la distribución inicial de competencias que estableció el Tratado: a la larga, si se hiciera sistemática, amenazaría a la solidaridad que se deben los Estados miembros con respecto a las obligaciones que han contraído, convirtiéndose de este modo en la fuente de un riesgo de desintegración económica. Dicho riesgo, que supongo hipotético, debe estimular una vigilancia particular con respecto a una intervención pública en el ámbito de la competencia. El conjunto de estas consideraciones me parece que puede dar una dimensión más justa a la objeción sacada del carácter «programático» de la letra f) del artículo 3 o demasiado general del párrafo segundo del artículo 5. Si bien la letra f) del artículo 3 asigna un objetivo a la Comunidad, formula también un principio cuyo aspecto fundamental he subrayado; en cuanto al segundo, hace irreversible la transferencia de competencias realizada por el Tratado. Se trata aquí de preceptos cuyo cumplimiento se impone a los Estados miembros para que éstos no puedan privar de efecto a las normas del Tratado que articulan su aplicación. Cada vez que un Estado miembro impidiera la aplicación de dichos preceptos, su intervención amenazaría con privar a los particulares de los derechos que podrían, llegado el caso, obtener de ellos y a las Instituciones de la Comunidad del ejercicio de las prerrogativas que les han sido atribuidas por el Tratado. Este es, a mi parecer, el alcance de la sentencia Inno de este Tribunal de Justicia: una medida nacional que favorece un comportamiento contrario a la competencia o, más generalmente, priva de efecto útil a las prohibiciones de los artículos 85 y 86 del Tratado, es incompatible con la letra f) del artículo 3 y con el párrafo segundo del artículo 5, en relación con los artículos 85 y 86. ( 38 )