Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento Diligencias de prueba Solicitud de presentación de documentos Documentos internos de la Comisión Comunicación excluida salvo en circunstancias excepcionales Carga de la prueba que recae en el demandante Aplicación al informe del consejero auditor

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 65 y 66, ap. 1]

2. Competencia Prácticas colusorias Empresas Concepto Unidad económica Imputación de las infracciones Relevancia de la falta de personalidad jurídica propia del grupo de sociedades que constituye la unidad económica Responsabilidad solidaria de las sociedades que integran el grupo

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

3. Competencia Normas comunitarias Infracciones Imputación Persona jurídica responsable de la explotación de la empresa cuando se cometió la infracción Excepciones Imputación al sucesor económico en caso de desaparición de la persona jurídica responsable de la infracción o a fin de defender el efecto útil de las normas sobre la competencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

4. Competencia Prácticas colusorias Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» Procedencia Consecuencias respecto a los elementos de prueba que deben aportarse

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

5. Competencia Prácticas colusorias Acuerdos entre empresas Concepto «Gentlemen's agreement» Inclusión Relevancia de la inaplicabilidad de la sanción de nulidad establecida en el artículo 85, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 2) Inexistencia

[Tratado CE, art. 85, aps. 1 y 2 (actualmente art. 81 CE, aps. 1 y 2)]

6. Competencia Prácticas colusorias Práctica concertada Concepto Necesidad de una relación de causalidad entre la concertación de las empresas y su comportamiento en el mercado Presunción de existencia de dicha relación de causalidad

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

7. Competencia Prácticas colusorias Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias Participación bajo una supuesta coacción Circunstancia que no justifica a una empresa que no haya hecho uso de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades competentes

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

8. Competencia Prácticas colusorias Imputación a una empresa Responsabilidad derivada de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción Procedencia Criterios Vulneración del principio de personalidad de las penas, de las normas aplicables en materia de prueba y del derecho de defensa Inexistencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

9. Competencia Procedimiento administrativo Régimen lingüístico Anexos al pliego de cargos y anexos a las respuestas de otras empresas investigadas a las solicitudes de información de la Comisión Puesta a disposición en su lengua original Violación del derecho a ser oído y del principio de igualdad de armas Inexistencia Justificación

[Reglamentos del Consejo nos 1, art. 3, y 17, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2, ap. 1, y 4]

10. Competencia Procedimiento administrativo Secreto profesional Atenuación Límites Protección de los secretos comerciales

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 19, ap. 2, 20, ap. 2, y 21)

11. Competencia Procedimiento administrativo Secreto profesional Filtraciones de información confidencial procedentes de los servicios de la Comisión Relevancia para la legalidad de la decisión que declara la infracción Inexistencia

[Tratado CE, art. 214 (actualmente art. 287 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 20, ap. 2]

12. Competencia Procedimiento administrativo Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos Aplicabilidad de los principios generales del Derecho comunitario Repercusión en los derechos y deberes de la Comisión en materia de citación de testigos de cargo y de descargo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 2; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 3, ap. 3, y 7)

13. Competencia Procedimiento administrativo Audiencias Obligación del consejero auditor de esperar a que se apruebe el acta de la audiencia antes de presentar su informe Inexistencia

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 9, ap. 4; Decisión 94/810/CE de la Comisión, arts. 7, ap. 4, y 8)

14. Competencia Procedimiento administrativo Audiencias Carácter provisional del acta presentada al Comité consultivo y a la Comisión Vicio de procedimiento Inexistencia

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión)

15. Competencia Multas Importe Determinación Importe máximo Cálculo Volumen de negocios que debe tomarse en consideración Volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica que actúa como empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

16. Competencia Multas Importe Métodos de cálculo Conversión en ecus del volumen de negocios de las empresas en el año de referencia aplicando los tipos de cambio medios del mismo año Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

17. Competencia Procedimiento administrativo Solicitud de información Libertad de las empresas para responder o no a las preguntas formuladas con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17 Consecuencias de la decisión de responder Obligación de proporcionar una información exacta

[Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 11, ap. 1, y 15, ap. 1, letra b)]

18. Competencia Multas Importe Determinación Criterios Gravedad de las infracciones Circunstancias atenuantes Situación económica de la empresa interesada Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

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1. En el procedimiento ante el juez comunitario los documentos internos de la Comisión no se ponen en conocimiento de las partes demandantes, a no ser que así lo exijan las circunstancias excepcionales del caso, sobre la base de indicios serios que les corresponde aportar. Éste es el caso del informe del consejero auditor que, como documento puramente interno de la Comisión que sólo reviste para ésta el valor de un dictamen, no tiene por objeto formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de las empresas implicadas en un procedimiento basado en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), por lo que no presenta ningún aspecto decisivo que el juez comunitario esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control. Esta restricción del acceso a los documentos internos está justificada por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la institución de que se trate en el ámbito de la represión de las infracciones a las normas de competencia del Tratado. Procede pues rechazar la solicitud de diligencias de prueba relativa a la presentación del informe del consejero auditor, dado que las demandantes no han demostrado que la presentación de dicho informe pudiera tener algún interés en relación con el respeto de su derecho de defensa.

( véase el apartado 40 )

2. Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) se dirige a entidades económicas que consisten, cada una de ellas, en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización que puede participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma.

A este respecto, no es preciso que la entidad económica calificada de «grupo» tenga personalidad jurídica propia. En efecto, en el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trate, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Al no haber al frente del grupo una persona jurídica a la que, como responsable de la coordinación de la acción de éste, sea posible imputar las infracciones cometidas por sus diversas sociedades integrantes, la Comisión puede considerar responsables solidarias de todas las actuaciones del grupo a las sociedades que lo integran, con el fin de evitar que la separación formal entre estas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pueda obstar a la constatación de la unidad de su comportamiento en el mercado a efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia.

( véanse los apartados 54 y 66 )

3. Incumbe, en principio, a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción de las normas comunitarias sobre la competencia responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona. La situación sólo sería distinta si la persona o personas jurídicas responsables de la explotación de la empresa hubieran dejado de existir jurídicamente tras la comisión de la infracción. Es cierto, sin embargo, que en determinadas circunstancias una infracción de las normas sobre la competencia puede ser imputada al sucesor económico de la persona jurídica que la haya cometido, aunque esta última no hubiera dejado de existir en la fecha en que se adoptó la Decisión sancionadora, con el fin de que el efecto útil de dichas normas no se vea comprometido a causa de los cambios efectuados, en particular en la forma jurídica de las empresas de que se trate.

Incurre en un error de Derecho la Comisión al considerar responsable solidaria del pago de la multa impuesta a un grupo de sociedades a una empresa que no existía aún en el momento en que se cometió la infracción, mientras que las personas físicas o jurídicas implicadas en dicha infracción han continuado desarrollando plenamente sus actividades comerciales y pese a que no se han aportado pruebas de que existieran maniobras específicamente orientadas a eludir la eventual sanción.

( véase los apartados 103, 104 y 106 a 108 )

4. En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE). Por lo tanto, la Comisión está facultada para calificar esta infracción única de «acuerdo y práctica concertada» o, también, de acuerdo «y/o» de práctica concertada, en la medida en que dicha infracción incluya elementos que deban ser calificados de acuerdo y elementos que deban ser calificados de práctica concertada. En efecto, resultaría artificioso subdividir dicho comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas.

En estas circunstancias, no ha de interpretarse que la doble calificación exige la prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada, sino más bien que dicha calificación designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, de los cuales algunos se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

( véanse los apartados 186 y 187 )

5. Para que exista acuerdo a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Así ocurre cuando existe entre varias empresas un «gentlemen's agreement», que representa una fiel expresión de dicha voluntad común y cuyo objeto es restringir la competencia. En tales circunstancias no es preciso examinar si las empresas se consideraron obligadas jurídica, fáctica o moralmente a adoptar el comportamiento convenido entre ellas.

A este respecto, no es posible deducir una conclusión opuesta de la sanción de nulidad establecida en el artículo 85, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), prevista para los casos en que exista efectivamente una obligación jurídica. En efecto, el hecho de que esta sanción sólo pueda aplicarse, por su propia naturaleza, a los acuerdos que tienen carácter obligatorio no significa que los acuerdos desprovistos de tal carácter deban quedar exentos de la prohibición formulada en el artículo 85, apartado 1, del Tratado.

( véanse los apartados 199 a 201 )

6. Se desprende del propio tenor del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) que una práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa a efecto entre ambos elementos. A este respecto, puede presumirse que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado.

( véanse los apartados 213 y 216 )

7. Cuando una empresa participa, aun sin tomar parte activa en ellas, en reuniones con otras empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente de su contenido, induciendo de este modo a los demás participantes a pensar que se adhiere al resultado de las reuniones y que lo respetará, puede considerarse acreditada su participación en el acuerdo resultante de dichas reuniones. Carece de importancia a este respecto el saber si la empresa de que se trate se reúne con empresas que ocupan en el mercado una posición dominante o, como mínimo, económicamente preponderante. En efecto, una empresa que participa en reuniones que tienen un objeto contrario a competencia, aunque sea presionada por otros participantes de mayor poder económico, tiene siempre la posibilidad de presentar a la Comisión una denuncia sobre las actividades contrarias a la competencia de que se trate, en vez de seguir participando en dichas reuniones.

( véanse los apartados 223, 224 y 226 )

8. Una empresa que haya participado en una infracción única y compleja de las normas sobre la competencia mediante unos comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo y de práctica concertada con un objeto contrario a competencia en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede también ser responsable de los comportamientos seguidos por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo. Esta conclusión no se contradice con el principio según el cual la responsabilidad de tales infracciones tiene un carácter personal y no conduce ni a descuidar el análisis individual de las pruebas inculpatorias, en detrimento de las normas aplicables en materia de prueba, ni a violar los derechos de defensa de las empresas implicadas.

( véase el apartado 231 )

9. En los procedimientos incoados con arreglo a las normas comunitarias sobre la competencia, los anexos al pliego de cargos que no proceden de la Comisión no son «textos» a efectos del artículo 3 del Reglamento nº 1, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, sino que deben considerarse pruebas materiales en las que la Comisión se basa y, por lo tanto, deben ser dados a conocer al destinatario de la Decisión en el estado en que se encuentran, de modo que éste pueda conocer la interpretación que la Comisión les ha dado y en la que ha basado tanto su pliego de cargos como su Decisión. De ello se deduce que, al comunicar los anexos en su lengua original, la Comisión no viola en absoluto el derecho a ser oídas de las empresas afectadas.

Idénticas consideraciones se aplican a los documentos enviados por otras empresas en anexo a sus respuestas a las solicitudes de información de la Comisión, sin que pueda denunciarse violación alguna del principio de igualdad de armas, dado que el original de dichos documentos constituye la única prueba pertinente, tanto para la Comisión como para las empresas interesadas.

( véanse los apartados 327, 329 y 330 )

10. La obligación de guardar el secreto profesional en los procedimientos de aplicación de las normas sobre la competencia, formulada en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 17, está atenuada frente a los terceros a quienes el artículo 19, apartado 2, de dicho Reglamento concede el derecho a ser oídos, es decir, en especial, frente al tercero autor de la denuncia. La Comisión puede comunicar a éste ciertas informaciones amparadas por el secreto profesional, siempre que dicha comunicación sea necesaria para el buen desenvolvimiento de la instrucción. Sin embargo, esta facultad no se aplica a todos los tipos de documentos cubiertos, por su propia naturaleza, por el secreto profesional. El artículo 21 de dicho Reglamento, que prevé la publicación de ciertas decisiones, impone a la Comisión la obligación de tener en cuenta el legítimo interés de las empresas en que no se divulguen sus secretos comerciales. Estas disposiciones, aun cuando se refieren a supuestos particulares, deben ser consideradas como expresión de un principio general que tiene aplicación durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

( véase el apartado 364 )

11. Aun admitiendo que los servicios de la Comisión fueran responsables de la filtración de informaciones confidenciales utilizadas en el procedimiento administrativo incoado por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, vulnerando así las disposiciones que establecen la obligación de guardar el secreto profesional, dicha circunstancia no afectaría, en cualquier caso, a la legalidad de la Decisión, dado que no se han aportado pruebas que demuestren que, en realidad, la Decisión no habría sido adoptada o su contenido habría sido diferente si no hubieran tenido lugar las manifestaciones controvertidas.

( véase el apartado 370 )

12. Aun cuando la Comisión no constituya un tribunal en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y aunque las multas impuestas por la Comisión no tengan carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario durante el procedimiento administrativo.

No contraviene dichos principios el hecho de que las disposiciones del Derecho comunitario de la competencia no impongan a la Comisión la obligación de citar a los testigos de descargo cuyo testimonio se solicita, sino que le otorguen un margen de apreciación razonable para decidir qué interés puede presentar la audiencia de tales personas. En efecto, aunque la Comisión puede tomar declaración a las personas físicas o jurídicas cuando lo estime oportuno, tampoco tiene derecho a citar a testigos de cargo sin haber obtenido su consentimiento.

( véanse los apartados 383, 391 y 392 )

13. Ni el Reglamento nº 99/63 ni la Decisión 94/810, relativa al mandato de los consejeros auditores en los procedimientos de competencia tramitados ante la Comisión, se oponen a que el consejero auditor presente al Director General de la Competencia el informe previsto en el artículo 8 de la Decisión 94/810 antes de que, como establecen el artículo 9, apartado 4, del Reglamento nº 99/63 y el artículo 7, apartado 4, de la Decisión 94/810, todas las personas oídas en la audiencia hayan aprobado el acta de la audiencia. En efecto, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento nº 99/63 pretende garantizar a las personas oídas la conformidad del acta con sus declaraciones esenciales. El acta se somete pues a la aprobación de las partes a fin de permitirles verificar lo declarado en la audiencia y no para que aporten nuevos datos que el consejero auditor debería tomar en consideración.

( véanse los apartados 407 y 408 )

14. El carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la decisión que le pone fin, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial.

( véase el apartado 410 )

15. El hecho de que se considere a varias sociedades solidariamente responsables del pago de una multa no implica que, para cada una de las sociedades corresponsables, el importe de la multa deba limitarse a un 10 % del volumen de negocios obtenido por dicha sociedad en el último ejercicio. En efecto, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en dicha disposición debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica que actúa como «empresa» a efectos del artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE). Así, en el caso de una «empresa» constituida por un grupo de sociedades que actúan como una sola entidad económica, únicamente el volumen de negocios acumulado de las sociedades que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y de la potencia económica de dicha empresa. Respetando el límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión puede entonces fijar la multa a partir del volumen de negocios que prefiera, en términos de base geográfica y de productos afectados.

( véanse los apartados 528, 529 y 541 )

16. Al calcular el importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia a partir del volumen de negocios de un año de referencia determinado, expresado en moneda nacional, la Comisión puede convertir en ecus dicho volumen de negocios basándose en el tipo de cambio medio de ese año de referencia y no en el tipo de cambio vigente en la fecha de la adopción de la Decisión.

( véase el apartado 543 )

17. El Reglamento nº 17 impone a la empresa objeto de una medida de investigación una obligación de colaboración activa, que implica que la empresa ponga a disposición de la Comisión todos los elementos de información relativos al objeto de la investigación. Aunque las empresas son libres de responder o no a las preguntas que se les formulen con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17, de la sanción prevista en el artículo 15, apartado 1, letra b), primera parte de la frase, de dicho Reglamento se deduce que las empresas que han aceptado responder están obligadas a proporcionar una información exacta.

( véase el apartado 561 )

18. Al determinar el importe de la multa con la que sancionará una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la Comisión no está obligada a tomar en consideración como circunstancia atenuante la situación financiera deficitaria de la empresa infractora, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

( véanse los apartados 596 y 597 )