Como ya he dicho anteriormente, considero que el Tribunal de Justicia sólo puede ser coherente con estas afirmaciones si declara, como la demandante en el procedimiento principal, la Comisión y el Gobierno francés proponen, que la importación fraudulenta de estupefacientes tampoco está sujeta al impuesto sobre el volumen de negocios.

Analizaré uno por uno los argumentos del Gobierno alemán.

Primero: la Segunda (o Sexta) Directiva es aplicable a todas las importaciones, sin distinguir las lícitas de las ilícitas ni, de ningún modo, declarar exentas a estas últimas. La observación es correcta; pero -he aquí la cuestión- habría podido referirse también al Arancel Aduanero Común, en el que tampoco figuran disposiciones que declaren exentas las importaciones de estupefacientes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no lo tuvo en cuenta o, mejor, antepuso el principio de la introducción en el circuito económico legal. Se objetará que fueron los objetivos particulares (desarrollo del comercio internacional y reducción de los obstáculos a los intercambios) atribuidos al Arancel Aduanero Común por la normativa comunitaria pertinente, los que le llevaron a pronunciarse en este sentido. Examinemos, pues, los objetivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a la luz de la Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones que a dicho impuesto se refieren (DO 1967, 71, p. 1301; EE 09/01, p. 3). «El objetivo esencial del Tratado —recuerda el primer considerando— es constituir [...] un mercado común que logre la libre competencia comercial y en el que concurran características análogas a las de un mercado interno». La consecución de este objetivo —prosigue el segundo considerando- «exige la aplicación previa en los Estados miembros de legislaciones [...] que no falseen las condiciones de competencia y que no obstaculicen la libre circulación de bienes y servicios en el mercado común». Ahora bien, no veo por qué la circulación ilícita de estupefacientes, es decir, un fenómeno que debe combatirse, como señaló el Tribunal de Justicia, por la vía penal, debe ser menos ajena a estos objetivos que a los del Arancel Aduanero Común.

Segundo: Las funciones y los hechos imponibles de ambos impuestos no coinciden. Esta observación es también innegable de sí; pero deducir de ello que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la inexigibilidad de los derechos de aduana no puede aplicarse al Impuesto sobre el Valor Añadido es llevarla demasiado lejos. Así, si bien es cierto que los derechos de aduana y el Impuesto sobre el Valor Añadido persiguen distintos objetivos, lo es también que, en el caso de las importaciones, en el que ambos se configuran como derechos de frontera, esta diferencia se atenúa casi hasta desaparecer. Lo confirma precisamente la norma relativa al hecho imponible del impuesto. Con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Segunda Directiva (o, lo que es lo mismo, al apartado 3 del artículo 10 de la Sexta Directiva), los Estados miembros pueden vincular el hecho imponible y la exigibilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido a los previstos en materia de derechos de aduana. Se trata, es cierto, de una mera facultad; pero, por lo que a mí me consta, todos los Estados miembros han hecho uso de ella, aunque sólo sea para facilitar las inspecciones. Si esto es así, añado, el principio establecido por el Tribunal de Justicia respecto de los derechos de aduana, cuyo hecho imponible es incierto, también es aplicable al Impuesto sobre el Valor Añadido. En otras palabras, los estupefacientes que hayan eludido el control deben ser tratados, también en este caso, como los que hayan sido descubiertos y destruidos.

Tercero: A diferencia de lo que sucede en materia aduanera, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido las competencias de la Comunidad se limitan a la armonización, por lo que los Estados miembros siguen siendo competentes para gravar las importaciones ilícitas de estupefacientes. Discrepo. Se trate de derechos de aduana o del Impuesto sobre el Valor Añadido, la base de la normativa comunitaria es el Tratado y poco importa que sean los artículos 18 a 29 o 99 a 100 los que se apliquen. Ambos grupos de normas, en efecto, están relacionadas con disposiciones de principio —los artículos 2 y 3— que establecen los fines y los instrumentos de la Comunidad. Por otra parte, la normativa europea del Impuesto sobre el Valor Añadido tiene un carácter exhaustivo; por lo tanto, es poco probable que el legislador comunitario haya dejado a los Estados miembros márgenes de intervención que pudieran menoscabar su tarea armonizadora.

Cuarto: La aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a las importaciones ilícitas de estupefacientes es un factor de control social más eficaz que las normas penales; en cualquier caso, el Estado debe procurar no favorecer la «economía sumergida», como sucedería si las enormes transferencias de riqueza vinculadas al mercado de la droga no estuvieran sujetas al impuesto sobre el volumen de negocios. Este argumento posee un atractivo innegable: pero en el terreno ético-político -que es el único en el que puede apreciarse— ha sido rechazado por numerosos especialistas en Derecho tributario y en finanzas. Personalmente, me adhiero a la escuela de pensamiento que distingue actos ilícitos desde un punto vista civil (este es el caso, por ejemplo, de la prostitución) y actos ilícitos por ser contrarios al Derecho penal. Aplaudo a las autoridades que gravan los primeros y considero los segundos como fiscalmente irrelevantes.