El artículo 25 del anexo IX del Estatuto tiene una doble razón de ser. Por una parte, este artículo responde a la voluntad de no afectar a la situación del funcionario inculpado en un proceso penal como consecuencia de unos hechos que son objeto, además, de un procedimiento disciplinario en el seno de su institución. Por otro lado, la suspensión del procedimiento disciplinario en espera de la conclusión del proceso penal permite tomar en consideración, en el marco del procedimiento disciplinario, apreciaciones de hecho efectuadas por el juez penal cuando su resolución adquiere firmeza. En efecto, el artículo 25 del anexo IX del Estatuto consagra el principio según el cual «el proceso penal paraliza el procedimiento disciplinario», que se justifica especialmente por el hecho de que los órganos jurisdiccionales penales nacionales disponen de mayores facultades de investigación que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Por tanto, en el caso de que los mismos hechos puedan constituir una infracción penal y un incumplimiento de las obligaciones estatutarias del funcionario, la administración queda vinculada por las apreciaciones de hecho efectuadas por el órgano jurisdiccional penal en el marco del proceso penal. Una vez que éste ha constatado la existencia de los hechos de que se trata, la administración puede a continuación calificarlos jurídicamente desde el punto de vista del concepto de falta disciplinaria, verificando en particular si constituyen incumplimientos de las obligaciones estatutarias.

Sin embargo, la apreciación de los hechos por el juez penal puede diferir de la llevada a cabo por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el marco disciplinario, en la medida en que cada una de ellas se refiere a calificaciones jurídicas diferentes e independientes la una de la otra. En todo caso, exigir que la apreciación de los hechos por el juez penal y por dicha autoridad sea idéntica supondría imponer un requisito adicional que el artículo 25 del Estatuto no prevé.

De ello se desprende que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede pronunciarse definitivamente sobre la situación del funcionario de que se trate, desde un punto de vista disciplinario, en tanto el órgano jurisdiccional penal no dicte una resolución firme. En caso contrario, pese a que el juez penal no se habría pronunciado todavía sobre la realidad de los hechos, éstos serían considerados ya como acreditados por la autoridad administrativa, colocando así al funcionario de que se trate en una situación más difícil que la que habría podido tener sin esa decisión de la autoridad administrativa.

Por otra parte, procede interpretar el principio «el proceso penal paraliza el procedimiento disciplinario» de forma restrictiva cuando tal principio debe ser aplicado en el marco de meras investigaciones, antes incluso de que se inicie el procedimiento penal a efectos del Derecho nacional.

(véanse los apartados 35, 36, 53, 55 y 59)

Tribunal de Primera Instancia: sentencias de 19 de marzo de 1998, Tzoanos/Comisión, T-74/96, EU:T:1998:58, apartado 34; de 21 de noviembre de 2000, A/Comisión, T-23/00, EU:T:2000:273, apartado 37; de 10 de junio de 2004, François/Comisión, T-307/01, EU:T:2004:180, apartados 73 y 75, y de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión, T-48/05, EU:T:2008:25, apartado 342

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 17 de julio de 2012, BG/Defensor del Pueblo, F-54/11, EU:F:2012:114, y de 18 de marzo de 2015, DK/SEAE, F-27/14, EU:F:2015:12, apartados 38, 49, 66 y 70