ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.

Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación atendiendo a la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 31)
Todas las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión son igualmente auténticas y debe reconocérseles, en principio, el mismo valor, el cual no puede variar en función, en particular, de la importancia de la población de los Estados miembros que utilice la lengua de que se trate. La formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición de Derecho de la Unión no puede constituir la única base de la interpretación de esta disposición ni concedérsele, al respecto, un carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Tal enfoque sería, en efecto, incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión.

Por una parte, la exigencia de una interpretación uniforme del Derecho de la Unión impide considerar un texto determinado de forma aislada, y obliga, en caso de duda, a interpretarlo y aplicarlo a la luz de las versiones existentes en las demás lenguas oficiales. Por otra parte, la necesidad de una interpretación uniforme del Derecho de la Unión exige, en caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición, interpretar la misma en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra.

(véanse los apartados 20 y 26 a 28)
54

El primer motivo se basa en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y se fundamenta en la aseveración según la cual la financiación pública de las pensiones no favorecía a Deutsche Post. El segundo motivo se basa en que no se tuvo en cuenta esa misma disposición, debido al hecho de que la financiación pública de las pensiones no compensaba los costes de Deutsche Post. El tercer motivo versa, con carácter principal, sobre la infracción del apartado 1 del artículo 107 TFUE, y, con carácter subsidiario, sobre la infracción del apartado 3 de ese mismo artículo, por haberse tenido en cuenta los ingresos obtenidos por Deutsche Post aplicando las tarifas reguladas de correos. El cuarto motivo se basa en la infracción de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE y del Reglamento n.o 659/1999, así como en la existencia de desviación de poder y en la utilización de procedimiento inadecuado, debido a la exigencia del reembolso de ingresos obtenidos por Deutsche Post aplicando las mencionadas tarifas reguladas. El quinto motivo se basa igualmente en la infracción tanto de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE cuanto del Reglamento n.o 659/1999, así como en la existencia de desviación de poder y en la utilización de procedimiento inadecuado debido a la investigación de subvenciones cruzadas. El sexto motivo versa, con carácter principal, sobre la infracción del apartado 1 del artículo 107 TFUE, y, con carácter subsidiario, sobre la infracción del apartado 3 de ese mismo artículo, en razón de cálculos erróneos en la comparación de las cargas sociales de Deutsche Post con las de las empresas competidoras. El séptimo motivo se basa, con carácter principal, en la infracción del apartado 1 del artículo 107 TFUE, y, con carácter subsidiario, en la infracción del apartado 3 de ese mismo artículo, debido a la calificación de ayuda de Estado incompatible con el mercado interior entre 1995 y 2002. El octavo motivo se basa en que no se tuvo en cuenta el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 659/1999, debido a la calificación de nueva ayuda. El noveno motivo se refiere únicamente al artículo 4, apartados 1 y 4, de la Decisión impugnada, que, según la República Federal de Alemania, resulta contrario al artículo 7, apartado 5, y al artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999. Por último, el décimo motivo se refiere a la duración excesivamente prolongada del procedimiento y a la pasividad de la Comisión, circunstancias ambas que, según la demandante, conculcan el artículo 6 TUE, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999.
3

Entre junio de 2009 y junio de 2010 y de conformidad con las disposiciones del artículo 11, apartado 8, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en la versión entonces vigente [sustituido luego por el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; en lo sucesivo, «Reglamento de base»)], la demandante presentó cinco solicitudes de devolución de los derechos antidumping definitivos establecidos por el Reglamento no 261/2008 que había pagado por las importaciones de compresores fabricados por Nu Air Shanghai, por un importe total de 576474,76 euros. Dichas solicitudes fueron presentadas ante la Comisión Europea a través de las autoridades nacionales competentes, situadas Francia.
1

El 20 de mayo de 2004 la coadyuvante, Redrock Construction s.r.o., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
119

En cuanto a la alegación de la demandante basada en la extrapolación a lo prescrito en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 207/2009 de la jurisprudencia relativa a la adquisición de renombre, que debe demostrarse respecto de una parte sustancial de la Unión y no en todos los Estados miembros, el Tribunal ya ha declarado que la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, no debía confundirse con la dirigida a precisar el sentido de la expresión «goce de renombre» en un Estado miembro o en la Unión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, requisito que una marca registrada debe cumplir para obtener una protección ampliada a productos o servicios que no sean similares. En tal caso, no se trata, en efecto, de examinar si un signo cumple los requisitos para ser registrado como marca comunitaria en el conjunto de la Unión. Se trata, en cambio, de impedir el uso de un signo si una marca existente fuera notoriamente conocida, ya sea en un Estado miembro o en la Unión, y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca o fuera perjudicial para éstos. Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que, en el ámbito territorial, la existencia de un renombre en una parte sustancial de la Comunidad bastaba para prohibir la utilización de dicho signo [sentencias Representación de un tractor de colores rojo, negro y gris, citada en el apartado 84 supra, EU:T:2010:413, apartado 47, y de 29 de enero de 2013, Germans Boada/OAMI (Máquina cortadora de cerámica manual), T‑25/11, EU:T:2013:40, apartado 70; véanse también, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C‑375/97, Rec, EU:C:1999:408, apartados 28 y 29, y de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C‑301/07, Rec, EU:C:2009:611, apartados 27 y 30].
19

En tercer lugar, en relación con el motivo de oposición enunciado en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, la Sala de Recurso consideró que la demandante no había probado ni el uso real de las marcas alegadas (véase el apartado 9 supra) ni relación de agencia o actividad comercial alguna con la parte coadyuvante en los documentos contractuales aportados y, por consiguiente, desestimó la oposición basada en este motivo. En aras de la exhaustividad, la Sala de Recurso añadió que, en el caso de algunas de las marcas invocadas, no había quedado demostrada la titularidad de la demandante, o bien la fecha de solicitud de esas marcas era posterior a la de la marca controvertida, o bien la existencia de dichas marcas no se había documentado suficientemente con arreglo a la regla 19 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 (DO L 303, p. 1), en particular por falta de traducción al inglés, lengua de procedimiento ante la Sala.
61

Finalmente, procede desestimar la alegación del demandante según la cual la Sala de Recurso no valoró suficientemente el hecho de que las marcas anteriores sólo tenían un carácter muy escasamente distintivo. En efecto, la tesis defendida por el demandante conduciría a neutralizar el factor basado en la similitud de las marcas en favor del basado en el carácter distintivo de las marcas comunitarias anteriores, al que se daría excesiva importancia. De ello se derivaría que, dado que las marcas comunitarias anteriores sólo tendrían escaso carácter distintivo, sólo habría riesgo de confusión en caso de reproducción completa de esa marca por la marca cuyo registro se solicita, y ello cualquiera que fuera el grado de similitud entre los signos en cuestión (auto L’Oréal/OAMI, citado en el apartado 60 supra, EU:C:2006:271, apartado 45). Tal resultado, no obstante, no sería conforme a la naturaleza misma de la apreciación global que las autoridades competentes tienen que llevar a cabo en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 (sentencia de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, apartado 41).
69

Sin embargo, tal argumentación se basa en una premisa inexacta. De la primera frase del apartado 29 de la resolución impugnada y de la lógica interna general de dicha resolución resulta que la Sala de Recurso no consideró que la marca de que se trata incluyera una reproducción idéntica del símbolo del euro, sino que señaló que contenía una imitación de dicho símbolo, tan fiel, por otra parte, que los no expertos podían confundirla con una reproducción idéntica de dicho símbolo. En efecto, si la Sala de Recurso hubiera querido declarar que la marca de que se trata contenía una reproducción idéntica del símbolo del euro, no se habría tomado la molestia de señalar, en el apartado 28 de la resolución impugnada, que el artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento no 207/2009 prohibía no sólo la reproducción idéntica de emblemas distintos de los mencionados en el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento no 207/2009, sino también su imitación. Tampoco habría destacado, en el apartado 29 de la resolución impugnada, una «diferencia» existente, a su juicio, entre el símbolo del euro y su representación en la marca de que se trata.
En el marco del examen de la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una parte demandante no privilegiada, si ésta no tiene interés en ejercitar la acción no procede examinar si resulta directa e individualmente afectada en el sentido de lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. A este respecto, corresponde a la parte demandante acreditar su interés en ejercitar la acción, en especial, demostrando un interés personal en obtener la anulación del acto impugnado.

No obstante, cuando un recurso de anulación se interpone por una parte demandante no privilegiada contra un acto del que no es destinataria, la exigencia de que los efectos jurídicos obligatorios de la medida impugnada deban poder afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma manifiesta su situación jurídica, coincide en parte con las condiciones del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Por consiguiente, para apreciar si la Decisión impugnada puede ser recurrida por las demandantes, es preciso examinar si constituye un acto que produce efectos jurídicos obligatorios respecto de ella.

(véanse los apartados 23 y 25 a 27)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta)

de 28 de enero de 2016 — Eslovenia/Comisión

(Asunto T‑507/12)

«Ayudas de Estado — Fabricación de equipos de entretenimiento — Ayuda a la reestructuración — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Obligación de motivación — Imputabilidad al Estado — Criterio del inversor privado»

1. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado — Decisión relativa a una ayuda de reestructuración de una empresa en crisis — Necesidad de exponer los hechos y consideraciones jurídicas que tienen una importancia esencial en la estructura de la decisión — Falta de exigencia de motivación específica para cada aspecto suscitado por los interesados (Arts. 107 TFUE, ap. 1, y 296 TFUE) (véanse los apartados 23 a 25 y 37)

2. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Subsanación de un defecto de motivación en el procedimiento contencioso — Improcedencia (Art. 296 TFUE) (véase el apartado 53)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ayudas otorgadas por una empresa pública — Empresa controlada por el Estado — Imputabilidad automática al Estado de la medida de ayuda — Exclusión — Conjunto de indicios que deben considerarse (Art. 107 TFUE, ap. 1) (véanse los apartados 64 a 72, 76, 77, 93, 102, 107, 109 y 169)

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión que se inscribe en la línea de decisiones anteriores — Necesidad de una motivación sólo cuando hay un avance en relación con la práctica anterior (Art. 296 TFUE) (véase el apartado 133)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación según el criterio del inversor privado — Apreciación económica compleja — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites (Art. 107 TFUE, ap. 1) (véanse los apartados 190, 191, 220, 221 y 224)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2014/273/UE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, relativa a las medidas SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10), ejecutadas por Eslovenia en favor de la sociedad Elan d.o.o. (DO 2014, L 144, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
3.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio — Concepto de industria de la Unión — Inclusión de los productores que no apoyan la denuncia o que no cooperan en la investigación — Procedencia — Inclusión de un productor que ha dejado de fabricar el producto similar durante el periodo considerado y antes del comienzo del periodo de investigación — Procedencia [Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, arts. 4, ap. 1, y 5, ap. 4] (véanse los apartados 103 a 106 y 114 a 117)
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 4 de febrero de 2015 — El Corte Inglés/OAMI — Apro Tech (APRO)

(Asunto T‑372/12)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa APRO — Marca nacional figurativa anterior B-PRO by Boomerang, marca comunitaria denominativa anterior PRO MOUNTAIN y solicitudes de marcas comunitarias figurativa y denominativa anteriores B-PRO by Boomerang y PRO OUTDOOR — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 16, 17 y 42)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa APRO — Marcas figurativas B-PRO by Boomerang y marcas denominativas PRO MOUNTAIN y PRO OUTDOOR [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 27, 35, 37, 40, 41 y 45 a 49)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 28 y 29)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de mayo de 2012 (asunto R 196/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre El Corte Inglés, S.A., y Apro Tech Co. Ltd.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
El principio de proporcionalidad forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y exige que los medios que aplica una disposición del Derecho de la Unión sean aptos para alcanzar los objetivos legítimos propuestos por la normativa de la que se trata y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlos. Por otra parte, cuando el autor del acto recurrido dispone de una amplia facultad discrecional, sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada, en relación con el objetivo perseguido, puede afectar a la legalidad de tal medida.

A este respecto, en el marco de una solicitud de registro de una determinada sustancia química, presentada a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), en el undécimo considerando del Reglamento no 340/2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento no 1907/2006, se precisa que debe desalentarse la presentación de información falsa mediante la imposición de una tasa administrativa por parte de la ECHA y de una multa de carácter disuasivo por parte de los Estados miembros, en su caso. De dicho considerando se desprende que la imposición del pago de una tasa administrativa contribuye al objetivo de desalentar la presentación de información falsa por parte de las empresas. En cambio, también resulta de dicho considerando que la tasa administrativa no debe equipararse a una multa.

Ahora bien, un derecho administrativo de importe que sea más de 17 veces superior a al importe de la tasa que debía pagar por el registro de la sustancia de que se trata y que sea más de 28 veces superior al importe de la tasa que podía eludirse debido a la declaración falsa hecha por dicha empresa, es manifiestamente desproporcionada con respecto al objetivo que se persigue con la normativa.

(véanse los apartados 33, 34, 36 y 38)
5.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 59)
Una autorización de comercialización de un medicamento de uso humano sólo podrá concederse en circunstancias excepcionales, al amparo del artículo 14, apartado 8, del Reglamento no 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, y del artículo 22 de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, si el solicitante puede demostrar que, por razones objetivas y verificables, no puede suministrar datos completos sobre la eficacia y la seguridad del medicamento en condiciones de uso normales y debe basarse en alguno de los motivos enunciados en el anexo I de esta Directiva. Además, el anexo I, parte II, número 1, letra c), de dicha Directiva contempla la posibilidad de concesión de una autorización de comercialización incluso cuando se ha omitido información, siempre que se justifique por qué puede afirmarse la existencia de un nivel aceptable de seguridad y/o eficacia, pese a la ausencia de determinados estudios. Finalmente, ninguna disposición del Reglamento no 726/2004 o de la Directiva 2001/83 excluye la aplicación simultánea de los conceptos de uso médico bien establecido y de circunstancias excepcionales. Por el contrario, en el contexto particular de los medicamentos huérfanos, el anexo I, parte III, número 5, guiones primero y segundo, la Directiva 2001/83 se refiere expresamente a la posibilidad de aplicar las disposiciones relativas a las circunstancias excepcionales y también las relativas a la reivindicación de un uso médico bien establecido.

(véanse los apartados 58, 64, 65 y 67 a 69)
172

A ese respecto es obligado observar, por una parte, que la alegación de la falta de control sobre la utilización de las pérdidas no es coherente: otras empresas que no cumplan los requisitos de la cláusula que permite el saneamiento de empresas en crisis también pueden tener dificultades económicas y no tener control sobre la utilización de las pérdidas, y no por ello dejarán de estar excluidas de la aplicación de dicha cláusula. Por otra parte, en el presente asunto carece de pertinencia la diferencia que existe por lo que atañe al acceso al capital y la disponibilidad de plusvalías latentes entre la situación de las empresas que requieren un saneamiento y la de las empresas saneadas. Tal como señaló acertadamente la Comisión en el considerando 91 de la Decisión impugnada, el posible objetivo de favorecer el acceso de las sociedades en crisis al capital no es inherente al sistema fiscal.
108

Del mismo modo, deben desestimarse las alegaciones de los demandantes de que, por una parte, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Convenio de Aarhus, los intereses comerciales solo podían prevalecer si constituían intereses protegidos por la ley para defender un interés económico legítimo y, por otra parte, que esos intereses tuvieron un alcance limitado de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 91/414 (véase el apartado 95 anterior). En efecto, se ha de señalar que los demandantes no alegan ningún dato que demuestre que la ley no tutela los intereses comerciales alegados en el caso de autos por proteger un interés económico legítimo. En cualquier caso, al igual que la Comisión, es preciso señalar que los intereses comerciales de los solicitantes de la inscripción del glifosato en el anexo I de la Directiva 91/414, y en particular sus derechos de propiedad intelectual, están protegidos por la normativa de la Unión, concretamente por el artículo 14 de la Directiva 91/414, que fue sustituido por el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009, a partir del 14 de junio de 2011, como se desprende del artículo 84 de este Reglamento. En cuanto a la alegación relativa al artículo 13 de la Directiva 91/414, que fue sustituido por el artículo 59 del Reglamento n.o 1107/2009, debe señalarse —al igual que hace la Comisión— que esta disposición se refiere a los ensayos y estudios relativos a la sustancia activa y no a documentos como los controvertidos en el caso de autos referidos al método de fabricación de dicha sustancia. En efecto, se aplica a esa información el tratamiento confidencial establecido por el artículo 14 de la Directiva 91/414, sustituido por el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009.