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Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Tasa suplementaria sobre la leche - Atribución de cantidades de referencia exentas de la tasa - Productores que han suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización o por reconversión - Concesión de una cantidad específica de referencia - Norma que prohíbe la acumulación que excluye a los cesionarios de una prima por no comercialización o por reconversión que hayan obtenido una cantidad de referencia con arreglo a otras disposiciones del régimen de tasa suplementaria - Principio de protección de la confianza legítima - Violación

(Reglamentos nº 1078/77 y nº 857/84 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento nº 764/89, art. 3 bis, ap. 1)

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La normativa relativa a la tasa suplementaria sobre la leche, establecida en el Reglamento nº 857/84, debía tener en cuenta que un productor que ha adquirido una explotación gravada por un compromiso de no comercialización o de reconversión, subrogándose en las obligaciones contraídas por su predecesor, y al que, por consiguiente, se le ha abonado el saldo de la prima, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento nº 1078/77, podía legítimamente esperar, como productor vinculado por dicho compromiso durante todo el período de no comercialización o de reconversión, que no estaría sometido, al final de su compromiso, a restricciones que le afecten de manera específica debido a este compromiso.

Así pues, la norma que prohíbe la acumulación, establecida en el segundo guión del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 857/84, y según la cual la asignación de una cantidad de referencia específica está reservada a los productores vinculados por un compromiso con arreglo al Reglamento nº 1078/77 que, por otro lado, no hayan obtenido una cantidad de referencia en las condiciones fijadas por otras disposiciones del régimen de tasa suplementaria, impone precisamente dichas restricciones a esta categoría de productores, en cuanto les excluye de la posibilidad de obtener una cantidad de referencia respecto de la explotación que haya sido objeto del compromiso antes citado, mientras que no existe prohibición de acumulación análoga para los productores que no estaban vinculados por tal compromiso durante el año de referencia. Dicho artículo lesiona la confianza legítima que los operadores afectados pudieron tener en el carácter limitado de sus compromisos, contraídos con anterioridad a la entrada en vigor del régimen de tasa suplementaria, y es, en esta medida, inválido.
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Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Competencias exclusivas - Litigios "en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles" - Concepto - Cesión del uso de un alojamiento de vacaciones por un organizador de viajes profesional - Inaplicabilidad - Requisitos

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 16, número 1)

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El número 1 del artículo 16 del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un contrato celebrado en un Estado contratante por el que un organizador de viajes profesional, con domicilio en este Estado, se obliga frente a un cliente, domiciliado en el mismo Estado, a cederle, durante algunas semanas, el uso de un alojamiento situado en otro Estado contratante, del que el organizador de viajes no es propietario, así como a gestionar la reserva del viaje. En efecto, este contrato complejo relativo a un conjunto de prestaciones facilitadas por un precio global pagado por el cliente queda fuera del ámbito en el que resulta lógico el principio de la competencia exclusiva establecida por el número 1 del artículo 16 y no puede constituir un contrato de arrendamiento propiamente dicho en el sentido que corresponde a esta disposición.
7.

En respuesta a las alegaciones expuestas por la República Helénica, la Comisión aduce, respecto al carácter tradicional del ouzo, que un argumento que utiliza como elemento de referencia no a la Comunidad Económica Europea sino únicamente al país interesado no puede llevar a estimar que la diferenciación de los tipos de IVA en los países sea objetiva. Por lo que se refiere al carácter de producto de lujo del whisky, la Comisión considera que este punto de vista constituye una simplificación exagerada que ignora las categorías de calidad de cada producto. Según la Comisión, se encuentran entre las bebidas sujetas al tipo del 36 % bebidas que pueden ser difícilmente consideradas como productos de lujo, como el vodka, y entre las bebidas sometidas al tipo del 16 %, bebidas que, por su calidad, pueden considerarse como tales, a saber, determinados brandies. En cuanto a la protección de las pequeñas destilerías, la Comisión alega que el IVA no afecta a su funcionamiento dado que la imposición controvertida no grava a la empresa sino al consumidor final. La Comisión recuerda que si bien es cierto que según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, en la citada sentencia de 27 de febrero de 1980, 168/78), en la fase actual de su evolución y a falta de una unificación o armonización de las disposiciones pertinentes, el Derecho comunitario no prohibe a los Estados miembros conceder ventajas fiscales a determinados tipos de alcoholes o a determinadas categorías de productores para servir a fines económicos o sociales legítimos, estando la legitimidad de dichas ventajas subordinada al hecho de que los Estados miembros que hacen uso de estas posibilidades extiendan el beneficio de forma no discriminatoria a los productos importados. La Comisión estima que las autoridades griegas no han hecho esto.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

13 de junio de 1990 ( *1 )

En el asunto C-162/89,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. T. Van Rijn, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, y luego por el Sr. E. Vliebergh, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Reino de Bélgica, representado por el Sr. J. Devadder, Consejero Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Comercio Exterior y de Cooperación para el Desarrollo, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que, al no transmitir a la Comisión dentro de los plazos señalados los informes a que se refieren el artículo 18 de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados (DO L 194, p. 23; EE 15/01, p. 91), modificada por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 42, p. 43), el artículo 12 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), el artículo 10 de la Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de los policlorobifenilos y policloroterfenilos (DO L 108, p. 41; EE 15/01, p. 161), y el artículo 16 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (DO L 84, p. 43; EE 14/02, p. 98), respecto a la región flamenca y a Bruselas capital, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn y F. A. Schockweiler, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliét, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Diez de Velasco y P. J. G. Kapteyn, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide :

1) Declarar que, al no transmitir a la Comisión, dentro de los plazos señalados, los informes necesarios para atenerse a lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados, modificada por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, en el artículo 12 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en el artículo 10 de la Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de los policlorobifenilos y policloroterfenilos, y en el artículo 16 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, por lo que se refiere a Bruselas capital, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

( *1 ) Lengua de procedimiento: neerlandés.
El Reglamento n° 1114/88, que modifica el Reglamento n° 727/70, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo, y el Reglamento n° 2268/88, por el que se fijan, para la cosecha de 1988, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia, las zonas de producción y las cantidades máximas garantizadas, y por el que se modifica el Reglamento n° 1975/87, son inválidos en la medida en que establecen una cantidad máxima garantizada en lo que se refiere al tabaco de la variedad Bright cosechado en 1988 y reducen las primas a los agricultores.

En efecto, la retroactividad de estos dos Reglamentos, que, aunque no se establezca expresamente, se deduce, en cuanto al primero, del hecho de que su publicación tuvo lugar una vez que los agricultores habían decidido su producción para el año en curso y, en cuanto al segundo, del hecho de que se publicara en una fecha en la que se habían tomado dichas decisiones, va en contra del principio de seguridad jurídica y no puede admitirse con carácter excepcional, ya que el objetivo que se persigue mediante estos dos Reglamentos, a saber, limitar la producción de tabaco y desalentar la producción de las variedades difíciles de comercializar, ya no podía alcanzarse para el año de que se trata en la fecha de su publicación. A ello se añade que no se respetó la confianza legítima de los operadores afectados, puesto que, si bien eran previsibles, las medidas adoptadas se tomaron en un momento en el que ya no era posible tenerlas en cuenta para orientar las inversiones.
El artículo 4 del Reglamento no 1573/80, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación, ha de interpretarse en el sentido de que, cuando el importe de los derechos no percibidos es igual o superior a 2000 ECU, las autoridades nacionales no están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de no efectuar la recaudación, si estiman que no se cumplen las condiciones del refendo apartado 2 del artículo 5.
1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de julio de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no comunicar en los plazos señalados cierta información relativa al mercado de los productos de la pesca, Grecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los apartados 1 y 3 del artículo 11, del apartado 2 del artículo 15 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3796/81 del Consejo, de 29 de diciembre de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca (DO L 379, p. 1; EE 04/01, p. 185), así como del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3191/82 de la Comisión, de 29 de noviembre de 1982, por el que se fijan las modalidades de aplicación del régimen de los precios de referencia en el sector de los productos de la pesca (DO L 338, p. 13; EE 04/02, p. 31), y de los artículos 1 a 3 del Reglamento (CEE) n° 3598/83 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1983, relativo a la comunicación de las cotizaciones registradas y a la fijación de la lista de mercados y puertos representativos para los productos del sector de la pesca (DO L 357, p. 17; EE 04/02, p. 244).
La sustitución de un compromiso sobre los precios por un derecho antidumping no puede por tanto considerarse como infracción del artículo citado ni como violación del principio de seguridad jurídica.

El apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, al prever que, en el caso de importaciones procedentes de países que no tengan economía de mercado, el valor normal se determinará fundamentalmente basándose en el precio al que se venda realmente un producto similar de un tercer país de economía de mercado, trata de evitar que se tomen en consideración precios y costes en aquellos países en los que no existe una economía de mercado, dado que dichos precios y costes no son el resultado normal de las fuerzas actuantes en el mercado.
Las declaraciones que deben suscribir los ganaderos con arreglo al apartado 3 del artículo 5 del Reglamento no 2793/77 de la Comisión, relativo a las modalidades de aplicación de una ayuda especial para la leche desnatada destinada a la alimentación animal con excepción de los terneros jóvenes, forman parte de un sistema de control y de prueba cuya puesta en práctica era necesaria para asegurar el buen funcionamiento del régimen de ayudas. Como estos requisitos corresponden a las modalidades de aplicación del régimen de ayudas a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo producidas en la Comunidad y utilizadas para la alimentación animal, la Comisión estaba facultada para determinarlos con arreglo al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento no 804/68, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos.

La modificación efectuada en el artículo 4 del Reglamento no 2793/77 por el Reglamento no 188/83, que consiste en una moderación de la sanción vinculada a la inobservancia por parte de los ganaderos de los plazos de presentación de las declaraciones del número de cabezas del ganado, que constituyen un requisito del derecho a la ayuda a la leche desnatada destinada a la alimentación animal con excepción de los terneros jóvenes, si el retraso no excede de diez días, se aplica retroactivamente no sólo a las solicitudes de ayuda sobre las que no haya recaído todavía una decisión, sino también a las reclamaciones de devolución de la ayuda aún pendientes, puesto que el problema de la desproporción que pretende remediar esta modificación se plantea de la misma forma en los dos supuestos.
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1. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Actos adoptados por las instituciones - Recomendaciones

(Tratado CEE, art. 177)

2. Actos de las instituciones - Naturaleza jurídica - Determinación por el contenido del acto - Inexistencia de intención de producir efectos obligatorios que caracteriza a la recomendación

(Tratado CEE, art. 189)

3. Actos de las instituciones - Recomendaciones - Efecto directo - Exclusión - Consideración por parte del Juez nacional - Obligación - Alcance

(Tratado CEE, art. 189, párrafo 5)

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1. A diferencia del artículo 173 del Tratado, que excluye el control del Tribunal de Justicia sobre los actos que constituyan recomendaciones, el artículo 177 atribuye competencia al Tribunal de Justicia para pronunciarse, con carácter prejudicial, acerca de la validez y la interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad, sin excepción ninguna. Por consiguiente, este Tribunal es competente para pronunciarse acerca de la interpretación de las recomendaciones adoptadas de acuerdo con el Tratado.

2. Considerando que la elección de la forma no puede alterar la naturaleza del acto, el Juez nacional llamado a interpretar un acto al que se califica de recomendación, con el fin de determinar su alcance, debe verificar si este acto, visto su contenido, no persigue efectivamente el producir efectos obligatorios.

3. Las recomendaciones, que, a tenor del párrafo 5 del artículo 189 del Tratado, no serán viculantes, son generalmente adoptadas por las instituciones comunitarias cuando éstas no ostentan, con arreglo al Tratado, la potestad de dictar actos obligatorios, o cuando consideran que no procede dictar normas de mayor fuerza vinculante. Dado que constituyen actos que no pretenden producir efectos obligatorios, ni siquiera para sus destinatarios, no pueden, por sí mismos, crear derechos para los justiciables que éstos puedan ejercitar ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Sin embargo, dado que las recomendaciones no pueden considerarse como actos carentes de todo efecto jurídico, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tenerlas en cuenta a la hora de resolver los litigios de que conocen, sobre todo cuando aclaran la interpretación de aquellas disposiciones nacionales que fueron adoptadas con la finalidad de garantizar su aplicación, o también cuando tienen como finalidad completar las disposiciones comunitarias que tienen carácter obligatorio.
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1. Recurso de anulación - Plazos - Comienzo del plazo - Notificación - Concepto - Carga de la prueba de la notificación - Aplicación al recurso de funcionarios

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 3, y art. 191; Estatuto de los funcionarios, art. 91, apartado 3)

2. Funcionarios - Seguridad Social - Seguro de enfermedad - Cónyuge que también sea funcionario de las Comunidades en situación de excedencia voluntaria - Derecho a prestaciones por cuenta del afiliado - Requisitos

(Estatuto de los funcionarios, art. 40, apartado 3, párrafo 2, y art. 72, apartado 1; reglamentación relativa a la cobertura de riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, art. 3, apartado 1)

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1. Si una decisión está debidamente notificada, en el sentido del artículo 191 del Tratado, tan pronto como haya sido comunicada a su destinatario y éste se halle en situación de tener conocimiento de la misma, corresponde a la parte que alega la extemporaneidad de un recurso aportar la prueba de la fecha en la cual se notificó la decisión, respecto a los plazos señalados por el apartado 3 del artículo 173 del Tratado para la interposición de un recurso de nulidad. Lo mismo sucede en el marco del recurso previsto por el artículo 91 del Estatuto de los funcionarios.

2. El funcionario en situación de excedencia voluntaria está asegurado contra los riesgos de enfermedad por cuenta de la afiliación de su cónyuge al régimen común siempre que reúna los requisitos exigidos por el apartado 1 del artículo 3 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad, sin que esté obligado a satisfacer las contribuciones previstas en el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40 del Estatuto.

En efecto, si bien el apartado 1 del artículo 72 del Estatuto supedita la cobertura del cónyuge por el régimen común al requisito de que éste no pueda disfrutar de prestaciones equivalentes en aplicación de otras normas, tiende a evitar, en la medida de lo posible, dobles coberturas contra los riesgos de enfermedad y no está destinado en primer lugar a la situación de un cónyuge que sea él mismo funcionario de las Comunidades, la generalidad de sus términos no permite excluir a este último, siempre que, a pesar de dicha calidad, no está directamente asegurado contra los riesgos de enfermedad.

Por otra parte, esta disposición que tiende a reservar la cobertura del cónyuge por cuenta del afiliado al régimen común a los casos subsidiarios en los que no puedan proporcionarse prestaciones comparables mediante otros regímenes, no obliga por ello a que el interesado busque en toda circunstancia una cobertura directa en aplicación de otras normas y, por tanto, no supedita la cobertura del cónyuge por cuenta del afiliado a la imposibilidad absoluta de disfrutar de prestaciones de la misma naturaleza y del mismo nivel en aplicación de otras disposiciones.
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1. Arancel aduanero común - Partidas arancelarias - Clasificación de las mercancías - Criterios - Características y propiedades objetivas del producto - Métodos de fabricación y origen geográfico de los componentes - Transformación del producto - Requisitos para su consideración

2. Arancel aduanero común - Partidas arancelarias - Leche desnatada en polvo en el sentido de la subpartida 04.02 A II b) 1 - Producto compuesto que contiene, entre otros, un 10,6 % de caseinato sódico - Exclusión - Clasificación en la subpartida 21.07 D II a) 1

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1. En materia de clasificación arancelaria, en aras de la seguridad jurídica y de la facilidad de control, el criterio decisivo debe buscarse, por lo general, en las características y propiedades objetivas de las mercancías, tal y como se definen en el texto de las partidas del arancel aduanero común y de las notas de las secciones o de los capítulos. Los procedimientos de fabricación de un producto y el origen geográfico de algunos de sus componentes sólo son determinantes cuando la partida arancelaria que se considera lo establezca explícitamente. Tampoco puede afectar a la clasificación arancelaria el hecho de que la mercancía haya sufrido operaciones de transformación, siempre que, después de ésta, el producto transformado contenga los componentes esenciales del producto de base en proporciones que no difieran sustancialmente del contenido, en estos componentes, que el producto considerado presenta en estado natural. Ello no es así cuando contiene una sustancia que no se encuentra en el producto en estado natural, en una proporción que sobrepasa la necesaria para hacer que el producto de que se trata se parezca más a éste.

2. La subpartida 04.02 A II b) 1 del arancel aduanero común, relativa a la leche desnatada en polvo, debe interpretarse en el sentido de que no comprende un producto compuesto por un 23,4 % de leche desnatada en polvo, un 42,3 % de suero láctico en polvo, un 16,2 % de lactosa, un 7,1 % de caseinato cálcico, un 10,6 % de caseinato sódico y un 0,4 % de otros elementos, dado que la leche en estado natural no contiene caseinato sódico y que la adición de esta sustancia, necesaria para facilitar la emulsión y mejorar el sabor del producto, sólo se puede tolerar dentro del límite del 3 % del peso total. Dado que este producto no está englobado en ninguna partida arancelaria más específica, procede clasificarlo en la subpartida residual 21.07 D II a) 1, relativa a los preparados alimenticios.