SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 13 de septiembre de 1995

Asunto T-276/94

Adam Buick

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Excedencia voluntaria — Reincorporación»

Texto completo en lengua francesa II-667

Objeto:

Recurso por el que se solicita, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de no reincorporar al demandante a un puesto de trabajo declarado vacante en la Unidad «Coordinación G-24» de la DG I y por el que se formula, por otra parte, una pretensión de indemnización.

Resultado:

Anulación de la decisión impugnada y condena de la Comisión a reparar el perjuicio real sufrido directamente por el demandante.

Resumen de la sentencia

El demandante, cuya excedencia voluntaria finalizó el 31 de diciembre de 1991, solicitó reincorporarse a los servicios de la Comisión.

Mediante nota de 7 de junio de 1993, el Jefe de la Unidad IX.A.5 de la Dirección del Personal de la Dirección General de Personal y Administración (DG IX) informó al Jefe de la Unidad 1.1 de la Dirección General de Relaciones Económicas Exteriores (DG I), que había pedido que se publicase una convocatoria para proveer plaza vacante correspondiente a un puesto en la Unidad «Coordinación G-24» de la DG I (en lo sucesivo, «plaza» o «puesto de trabajo controvertido»), y que tenía la intención de ofrecer dicho puesto de trabajo al demandante —conforme a lo dispuesto en la letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto— dado que éste poseía las aptitudes requeridas para ejercer las funciones inherentes a dicho puesto de trabajo.

Mediante escrito de 25 de junio de 1993, el Jefe de la Unidad «Coordinación G-24» de la DG I, preguntó al demandante si le interesaría trabajar en su Unidad. El demandante respondió afirmativamente mediante escrito de 4 de julio de 1993.

Mediante nota fechada el 6 de julio de 1993, el Jefe de la Unidad 1.1 informó al Jefe de la Unidad IX.A.5 que, después de examinar el expediente del demandante, «la DG I considera que las aptitudes del Sr. Adam Buick no corresponden al perfil requerido».

El demandante entró en contacto telefónicamente con la DG IX en septiembre de 1993 (según él mismo declara, fue el 29 de septiembre de 1993), siendo informado, en aquel momento, de que no le sería ofrecido el puesto controvertido.

Mediante escrito registrado en la Secretaría General de la Comisión el 17 de diciembre de 1993, el demandante presentó una reclamación contra la decisión de no reincorporarle al puesto de trabajo controvertido. Dicha reclamación fue objeto de una decisión denegatoria expresa que le fue notificada el 30 de abril de 1994.

Sobre la admisibilidad

Este Tribunal de Primera Instancia considera que aun cuando el demandante afirma que tuvo conocimiento, por teléfono, el 29 de septiembre de 1993, de que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) había adoptado la decisión de no nombrarle para el puesto controvertido y aunque la Comisión pone en duda la admisibilidad de la reclamación presentada por el demandante, debe señalarse que no afirma, en modo alguno que el demandante tuviera conocimiento, antes del 29 de septiembre de 1993, de la decisión de no reincorporarle al puesto en cuestión. En estas circunstancias, la reclamación, que se registró en la Secretaría General de la Comisión el 17 de diciembre de 1993, fue presentada dentro del plazo de tres meses establecido en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.

Sobre el fondo

Por lo que se refiere a las pretensiones de anulación de la decisión de la Comisión de no reincorporar al demandante al puesto de trabajo controvertido y a la anulación de la decisión denegatoria expresa de su reclamación

Sobre el motivo basado en una infracción de la letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto

La letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto obliga a las Instituciones comunitarias a garantizar la reincorporación de un funcionario cuya excedencia voluntaria haya terminado, en cuanto se produzca la primera vacante de un puesto de trabajo de su categoría o servicio correspondiente a su grado, siempre que reúna las aptitudes necesarias para dicho puesto. El procedimiento de verificación de las aptitudes de un funcionario pendiente de reincorporación, en relación con las aptitudes exigidas por un puesto de trabajo vacante, que las Instituciones comunitarias están obligadas a efectuar bajo el control del Juez comunitario, debe poseer carácter efectivo y desarrollarse de forma que la Institución interesada esté en condiciones de demostrar que se ha observado dicho procedimiento.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 1 de julio de 1993, Giordani/Comisión (T-48/90, Rec. p. II-721), apartado 52

Dado que la plaza controvertida constituye un puesto de trabajo de la categoría del demandante correspondiente a su grado, debe examinarse si la decisión de no reincorporar al demandante al puesto de trabajo objeto de controversia fue adoptada después de haberse efectuado un examen pormenorizado de las aptitudes del demandante en relación con las exigencias del puesto de trabajo.

Pues bien, de la nota del Jefe de la Unidad IX.A.5, de 7 de junio de 1993, se desprende que los servicios de la DG IX consideraban que el demandante poseía las aptitudes exigidas para ejercer las funciones inherentes al puesto de trabajo controvertido. No obstante el hecho de que las aptitudes del demandante parecían así estar en consonancia con las exigencias correspondientes al puesto de trabajo controvertido, el Jefe de la Unidad 1.1 dirigió, el 6 de julio de 1993, una nota al Jefe de la Unidad IX.A.5 en la cual alegaba, sin exponer motivación alguna, que las aptitudes del demandante no correspondían al perfil que se requería.

En su decisión denegatoria de la reclamación, la Comisión dio, como única motivación de la decisión de no reincorporar al demandante al puesto de trabajo controvertido, que «el candidato requerido debía poseer una experiencia en materia de la transición hacia una economía de mercado». Sin que sea preciso pronunciarse acerca de la fundamentación de dicha motivación, considerando que la convocatoria para proveer plaza vacante aludía a una experiencia deseada y no a una experiencia requerida en el ámbito de la transición hacia las economías de mercado, este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, ningún elemento de los autos pone de manifiesto que la parte demandada llegara a la conclusión de que el demandante no poseía una experiencia en dicho ámbito, después de realizar un examen pormenorizado de las aptitudes de éste.

Este Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que, el 4 de julio de 1993, el demandante dirigió un escrito al Jefe de la Unidad «Coordinación G-24» en el que manifestaba que le interesaría reincorporarse al puesto de trabajo controvertido. Además, de la nota del Jefe de la Unidad 1.1 de la DG I se desprende que la decisión de no reincorporar al demandante a dicho puesto de trabajo se adoptó a más tardar el 6 de julio de 1993, bien con anterioridad, bien nada más recibir el Jefe de la Unidad «Coordinación G-24» el escrito del demandante. En cualquier caso, consta que no existió contacto alguno entre los servicios de la Comisión y el demandante dentro del período comprendido entre la recepción de la solicitud del demandante y la adopción de la decisión de no reincorporarle, contacto que hubiera permitido a los servicios interesados evaluar las especiales aptitudes y conocimientos del demandante en relación con las exigencias del puesto de trabajo controvertido.

Este Tribunal de Primera Instancia observa, en segundo lugar, que el curriculum vitae del demandante, que obraba en poder de la Comisión, no ponía de relieve una experiencia en materia de transición hacia las economías de mercado. No obstante, la Comisión no podía deducir de ello que el demandante no poseyera tal experiencia. Efectivamente, si los datos del expediente de un funcionario pendiente de reincorporación no ponen de manifiesto que el funcionario posee todas las aptitudes requeridas par el citado puesto de trabajo, la obligación de realizar un examen pormenorizado implica que la administración está obligada a pedir al funcionario aclaraciones adicionales con objeto de evaluar sus aptitudes en relación con las exigencias del puesto de trabajo.

Al no existir prueba alguna, ni tan siquiera indicios, de una verificación efectiva y sistemática de las aptitudes del demandante para ocupar el puesto controvertido, la parte demandada no ha demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho haber respetado el procedimiento de verificación de las aptitudes de los funcionarios pendientes de reincorporación, cuyos principios se definen en la letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto. Por lo tanto, procede anular la decisión impugnada.

Por lo que se refiere a las pretensiones de indemnización del perjuicio

La falta de verificación sistemática por parte de la Comisión de las aptitudes del demandante para ocupar el puesto de trabajo controvertido constituye un comportamiento obvio que puede generar la responsabilidad de la administración frente al demandante. Procede, pues, condenar a la Comisión a reparar el perjuicio real sufrido directamente por el demandante por la adopción de la decisión controvertida.

Este Tribunal de Primera Instancia que, en cualquier caso y en esta fase del procedimiento, no puede sustituir a la AFPN en la evaluación de las aptitudes del demandante, no se considera en condiciones de pronunciarse en la presente fase del procedimiento, acerca del importe de una posible indemnización que la Comisión debería, en su caso, abonar al demandante.

Fallo:

1) Se anula la decisión de la Comisión de no reincorporar al demandante al puesto de trabajo de grado A 7/A 4 (COM/1816/93), declarado vacante en la Unidad «Coordinación G-24» de la DG I.

2) La parte demandada deberá reparar el perjuicio real sufrido directamente por el demandante como consecuencia de la adopción de la decisión anulada.

3) Las partes comunicarán al Tribunal de Primera Instancia, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación de la presente sentencia, la cuantía del principal y de los intereses de la indemnización que, en su caso, haya de abonarse al demandante, fijada de común acuerdo.

4) A falta de acuerdo, las partes harán llegar al Tribunal de Primera Instancia, dentro del mismo plazo, sus pretensiones expresadas en cifras.