A ese respecto, no puede descartarse que la conclusión de resolver el contrato de trabajo de un agente contractual a la que llega la autoridad facultada para proceder a la contratación pueda ser otra si a dicho agente se le permite que transmita de manera efectiva su punto de vista. Así pues, incluso si no cabe descartar que, tras oír al interesado, la autoridad facultada para proceder a la contratación acabe adoptando una resolución idéntica a la impugnada, admitir que la institución presente dicho argumento, que supone especular sobre su conducta administrativa futura, sería tanto como vaciar de contenido esencial el derecho fundamental a ser oído que se consagra en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, puesto que el propio contenido de dicho derecho conlleva que el interesado tenga la posibilidad de influir en el proceso de decisión correspondiente, en el presente asunto ya en la fase de la adopción de la resolución definitiva, es decir, de la resolución impugnada, y no sólo en el momento de la presentación de la reclamación en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.

En virtud del artículo 266 TFUE, le corresponde a la institución que adoptara el acto anulado por el juez de la Unión determinar cuáles son las medidas que sea necesario tomar para ejecutar la sentencia anulatoria, ejerciendo la facultad de apreciación que ostenta a tal fin, y respetando tanto el fallo y la motivación de la sentencia que debe ejecutar como las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión.

Por otra parte, la anulación de un acto por el juez de la Unión tiene el efecto de eliminar retroactivamente dicho acto del ordenamiento jurídico y, cuando el acto anulado ya se haya ejecutado, la supresión de sus efectos exige restablecer la situación jurídica en la que la parte demandante se encontraba antes de que se adoptara dicho acto.

El Tribunal de la Función Pública no puede anticipar la actuación de cada parte tras la sentencia que anule la decisión de resolver un contrato de trabajo, especialmente en lo que atañe a la forma en que la institución cumplirá con la obligación, que le impone el artículo 266 TFUE, de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia y, en cualquiera de los casos, el Tribunal de la Función Pública no puede ejercer su competencia de plena jurisdicción en materia pecuniaria cuando el interés del servicio o de terceros no obsta a la anulación de la resolución impugnada y la parte demandante no ha declarado que no pueda beneficiarse de la ejecución de las obligaciones que de dicha anulación se derivan.

Por otra parte, tampoco cabe descartar que tras la anulación de la resolución impugnada la autoridad facultada para proceder a la contratación decida establecer un diálogo con la parte demandante con vistas a llegar a un acuerdo que, si bien resuelva la relación laboral, también ofrezca a dicha parte una compensación equitativa por la ilegalidad de que ha sido víctima, en su caso inspirada por las conversaciones y concesiones que ya se hayan hecho en el contexto del intento de resolución amistosa que haya lanzado el Tribunal de la Función Pública.

Habida cuenta de los razonamientos anteriores, en esta fase y en el contexto de un recurso de anulación, el Tribunal de la Función Pública no puede condenar a la institución a indemnizar a la parte demandante por la pérdida de remuneración que es consecuencia de la terminación ilegal y presuntamente prematura de su contrato de agente contractual.

(véanse los apartados 89, 90 y 92 a 94)

Tribunal de Justicia: sentencia de 9 de agosto de 1994, Parlamento/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, apartados 28 y 30

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 8 de octubre de 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, EU:T:1992:103, apartado 80

Tribunal General: sentencia de 16 de septiembre de 2015, EMA/Drakeford, T‑231/14 P, EU:T:2015:639, apartado 52

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 26 de junio de 2013, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 y F‑110/12, EU:F:2013:93, apartado 66, y de 6 de octubre de 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, apartados 60, 61 y 82, y la jurisprudencia citada