Dado que un escrito de la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, en el que expresa sus dudas acerca de la compatibilidad de un régimen de ayudas con el mercado interior y que propone medidas apropiadas, constituye una primera etapa en la elaboración de una decisión por la que se declara incompatible con el mercado interior el régimen de ayudas y que estas dudas se ven confirmadas en dicha decisión, no puede impedirse a un demandante alegar la ilegalidad de que adolece la apreciación contenida en ese escrito en apoyo de su recurso contra la citada Decisión.

A este respecto, que la Comisión reciba denuncias relativas a ventas individuales de terrenos a precios inferiores al de mercado no se opone a la existencia de un régimen de ayudas conforme al cual se conceden estas ayudas individuales.

Del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, se desprende que el hecho de que se paguen ayudas individuales no excluye la existencia de un régimen que fundamente la concesión de tales ayudas.

La exigencia de una disposición legislativa como base de un régimen de ayudas no forma parte de la definición de régimen de ayudas en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE.

A la vista, por una parte, de las amplias facultades de apreciación de que disponen los Estados miembros con respecto a la definición de una misión de SIEG y a las condiciones de su realización y, por otra parte, del alcance del control que la Comisión puede ejercer en este ámbito, que se limita al error manifiesto, el control que debe ejercer el Tribunal General sobre la apreciación de la Comisión a este respecto no puede rebasar ese mismo límite y, por tanto, dicho control debe circunscribirse a examinar si la Comisión afirmó o negó fundadamente la existencia de un error manifiesto del Estado miembro.

Aunque el Estado miembro dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a la determinación de lo que considera un servicio de interés económico general (SIEG), ello no le dispensa de demostrar de modo suficiente en Derecho que el perímetro de este sea necesario y proporcionado con respecto a una necesidad real de servicio público. En efecto, la carga de la prueba de demostrar que el SIEG está delimitado de manera suficientemente clara recae sobre las autoridades nacionales. La no aportación de pruebas por parte del Estado miembro de que concurren estos criterios o el incumplimiento de estos puede constituir un error manifiesto de apreciación que la Comisión está obligada a tener en cuenta.

El examen de las ayudas existentes por parte de la Comisión solo puede dar lugar a medidas que produzcan efecto de cara al futuro. Por lo tanto, la Comisión únicamente puede proponer medidas apropiadas si considera que el sistema de financiación en cuestión presenta un riesgo de compensación excesiva de cara al futuro.

En estas circunstancias, si bien es posible que, en el marco del examen permanente de una ayuda existente, según las peculiaridades del caso concreto, investigar si hubo una posible compensación excesiva en el pasado pueda eventualmente tener interés para apreciar la compatibilidad de esa ayuda existente con el mercado común, no lo es menos que dicha búsqueda no es, por sí misma, forzosamente indispensable para apreciar correctamente la necesidad de proponer medidas apropiadas de cara al futuro y para la determinación de esas medidas. En definitiva, el riesgo o la ausencia de riesgo de compensación excesiva de cara al futuro depende, esencialmente, de las modalidades concretas del propio régimen de financiación, y no de la circunstancia de que, en la práctica, dicho régimen haya dado lugar a una compensación excesiva en el pasado.

A este respecto, en un escrito con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, que contiene una apreciación preliminar de la Comisión, esta última no está obligada a demostrar que las actividades accesorias de las entidades en cuestión se benefician efectivamente de ayudas de Estado o que realmente se han producido subvenciones cruzadas.

(véanse los apartados 120 y 154 a 156)