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Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios

[Arts. 230 CE y 256 CE, párr. 4; Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, art. 5, ap. 1, letra a)]

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Unos actos por los que la Comisión insta a una empresa a pagar los atrasos del importe no liquidado de una multa por infracción de las normas de competencia y la amenaza de proceder a la ejecución de la garantía bancaria constituida por dicha empresa deben considerarse requerimientos para ejecutar la decisión que impuso la multa y, como tales, no puede entenderse que dichos actos, ya se adopten antes o después de que se produzca una eventual prescripción, hayan producido efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses de la empresa sancionada, puesto que, en realidad, no constituyen más que actos preparatorios de actos de mera ejecución. Por consiguiente, tales actos no constituyen actos que puedan ser objeto de un recurso de anulación.

Esta interpretación no queda desvirtuada, cuando la Comisión acepta además mediante estos actos poner fin al devengo de intereses en un momento posterior a la sentencia del Tribunal de Justicia que confirma la sanción, por la presencia del término «decisión» en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 2988/74, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en el ámbito del Derecho de la competencia, según el cual la prescripción en materia de ejecución quedará interrumpida «mediante la notificación de una decisión por la que se modifique el importe inicial de la multa, de la sanción o de la multa coercitiva o por la que se rechace una solicitud para obtener dicha modificación». En efecto, aun suponiendo que una decisión en el sentido de esta disposición constituya, en todo caso, un acto impugnable a efectos del artículo 230 CE, mediante los actos citados, la Comisión no notifica a la empresa sancionada una decisión «por la que se modifique el importe inicial de la multa, de la sanción o de la multa coercitiva» en el sentido de la primera disposición citada.

Por otra parte, el mero hecho de que la Comisión acepte poner fin al devengo de intereses en un momento posterior a la sentencia del Tribunal de Justicia que confirma la sanción no puede considerarse que transforme en acto impugnable un acto que no lo es. En efecto, esta circunstancia, como tal, no produce, respecto a la situación resultante de la decisión que impone la multa, efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la empresa sancionada.

Por último, no cabe tampoco aducir frente a esta interpretación la alegación según la cual existiría un vacío jurídico si los actos controvertidos no fueran impugnables en virtud del artículo 230 CE. En efecto, la ejecución forzosa de una decisión de la Comisión que impone una obligación pecuniaria a una persona se rige por el artículo 256 CE, que, en su párrafo cuarto, establece disposiciones que garantizan una tutela judicial efectiva. En cualquier caso, no es menos cierto que, aun cuando el requisito de admisibilidad del recurso de anulación relativo a los efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante modificando sustancialmente su situación jurídica deba interpretarse a la luz del principio de tutela judicial efectiva, tal interpretación no puede conducir a ignorar dicho requisito sin sobrepasar los límites de las competencias que el Tratado CE atribuye al juez comunitario.

(véanse los apartados 28 a 33)