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4)

El artículo 58, apartado 5, del Reglamento 2016/679 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad de control de un Estado miembro que no es la «autoridad de control principal», en el sentido del artículo 56, apartado 1, de dicho Reglamento, ha ejercitado antes del 25 de mayo de 2018 una acción judicial cuyo objeto era un tratamiento transfronterizo de datos personales, a saber, antes de la fecha en la que dicho Reglamento comenzó a ser aplicable, esa acción puede mantenerse, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, sobre la base de las disposiciones de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que sigue siendo aplicable en lo que se refiere a las infracciones de las normas que establece, cometidas hasta la fecha en que dicha Directiva fue derogada. Además, tal acción puede ser ejercitada por esa autoridad por infracciones cometidas después de esa fecha, sobre la base del artículo 58, apartado 5, del Reglamento 2016/679, siempre que sea en alguna de las situaciones en que, excepcionalmente, dicho Reglamento confiere a una autoridad de control de un Estado miembro que no es la «autoridad de control principal» competencia para adoptar una decisión por la que se declare que el tratamiento de datos en cuestión no cumple las disposiciones del citado Reglamento en lo que se refiere a la protección de los derechos de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales, y siempre que se respeten los procedimientos de cooperación y coherencia establecidos por el mismo Reglamento, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
2)

El concepto de «suministro no solicitado», con arreglo al punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las comprobaciones que debe realizar el tribunal remitente, no abarca la práctica comercial de una empresa de distribución de agua potable consistente en mantener la conexión a la red pública de distribución de agua cuando se instala un consumidor en una vivienda que había estado previamente ocupada si dicho consumidor no puede elegir el proveedor de tal servicio, este proveedor factura, en función del consumo de agua, tarifas que cubren los costes y son transparentes y no discriminatorios, y dicho consumidor sabe que la citada vivienda está conectada a la red pública de distribución de agua y que el abastecimiento de agua es de pago.
2)

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional en virtud de la cual, de los profesores de un centro universitario que siguen ejerciendo su profesión en él después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, solo los profesores que posean el título de director de tesis pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no tengan la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos de trabajo de duración determinada, con un régimen de remuneración inferior a la que se concede a los profesores titulares, siempre que la primera categoría de profesores esté compuesta por trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido comparables a los de la segunda categoría y que la diferencia de trato resultante, en particular, de ese régimen de remuneración no esté justificada por una razón objetiva, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
C 271/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 11 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti — Rumanía) — CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul soluţionare contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

(Asunto C-242/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 17, apartado 2, letra g) - Transferencia de bienes muebles en el interior de la Unión Europea para la prestación de servicios - Artículos 170 y 171 - Derecho a la devolución del IVA a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución - Directiva 2008/9/CE - Concepto de «sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de devolución» - Sujeto pasivo no identificado a efectos del IVA en el Estado miembro de devolución)

(2020/C 271/22)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Bucureşti

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CHEP Equipment Pooling NV

Demandadas: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul soluţionare contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

Fallo

1) El artículo 17, apartado 2, letra g), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, debe interpretarse en el sentido de que no debe asimilarse a una entrega intracomunitaria la transferencia, por un sujeto pasivo, de bienes procedentes de un Estado miembro y con destino al Estado miembro de devolución, para la prestación, por ese sujeto pasivo, de servicios de alquiler de dichos bienes en el Estado miembro de devolución cuando la utilización de esos bienes en la realización de una prestación de ese tipo es temporal y los bienes han sido expedidos o transportados a partir del Estado miembro en el que aquel sujeto pasivo está establecido.

2) Las disposiciones de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue a un sujeto pasivo establecido en el territorio de otro Estado miembro el derecho a la devolución del impuesto sobre el valor añadido por la sola razón de que dicho sujeto pasivo esté o tendría que haber estado identificado a efectos del impuesto sobre el valor añadido en el Estado miembro de devolución.

(1) DO C 206 de 17.6.2019.
C 240/25

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de mayo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Trgovački sud u Zagrebu — Croacia) — PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. / Letifico d.o.o. (C-323/19)

(Asuntos acumulados C-267/19 y C-323/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Cooperación judicial en materia civil - Notarios que actúan en el marco de procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un documento auténtico - Procedimiento no contradictorio - Principio de no discriminación - Artículo 18 TFUE - Derecho a un proceso equitativo - Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)

(2020/C 240/33)

Lengua de procedimiento: croata

Órgano jurisdiccional remitente

Trgovački sud u Zagrebu

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: PARKING d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. (C-323/19)

Demandadas: SAWAL d.o.o. (C-267/19) / Letifico d.o.o. (C-323/19)

Fallo

El artículo 18 TFUE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que habilita a los notarios, que actúan en el marco de las competencias que les han sido atribuidas en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un documento auténtico, a dictar mandamientos de ejecución que, tal como resulta de la sentencia de 9 de marzo de 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), no pueden ser reconocidos y ejecutados en otro Estado miembro.

(1) DO C 263 de 5.8.2019.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — JH / KG

(Asunto C-681/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2008/104/CE - Trabajo a través de empresas de trabajo temporal - Artículo 5, apartado 5 - Igualdad de trato - Medidas necesarias para evitar el recurso abusivo a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal - Obligación de los Estados miembros de evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas - Inexistencia de fijación de límites en la normativa nacional - Exigencia de interpretación conforme)

(2020/C 423/02)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale ordinario di Brescia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: JH

Demandada: KG

Fallo

El artículo 5, apartado 5, primera frase, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no limita el número de misiones sucesivas que un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal puede realizar en la misma empresa usuaria y que no supedita la licitud del recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal a que se indiquen razones de orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución que justifiquen dicho recurso. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro no adopte ninguna medida para preservar la naturaleza temporal del trabajo a través de empresas de trabajo temporal, así como a una normativa nacional que no establece ninguna medida para evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas de un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal a una misma empresa usuaria con el objetivo de eludir las disposiciones de la Directiva 2008/104 en su conjunto.

(1) DO C 35 de 28.1.2019.
3)

El Derecho de la Unión y, en particular, la Directiva 2006/112, deben interpretarse en el sentido de que no procede declarar constitutivas de fraude de ley las operaciones mediante las cuales los bienes vendidos por un proveedor son transportados hacia los adquirentes por una sociedad que ese proveedor recomienda, siendo así que, por una parte, dicho proveedor y dicha sociedad están vinculados en el sentido de que, al margen de ese transporte, la citada sociedad se encarga de satisfacer algunas de las necesidades logísticas de ese mismo proveedor y, por otra parte, esos adquirentes siguen teniendo libertad para recurrir a otra sociedad o para retirar personalmente los bienes, cuando tales circunstancias no afecten a la apreciación de que el proveedor y la sociedad de transporte recomendada por él son sociedades independientes que ejercen, en su propio nombre, actividades económicas reales y, por ello, tales operaciones no puedan calificarse de abusivas.
1)

Rumanía, por una parte, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, interpretada en relación con el anexo XI de dicha Directiva, al no haber respetado, de manera sistemática y persistente, desde el año 2007 y, al menos, hasta el año 2016, los valores límite diarios para las concentraciones de PM10, y, al no haber respetado, de forma sistemática y persistente, desde el año 2007 hasta el año 2014 inclusive, salvo en el año 2013, los valores límite anuales para las concentraciones de PM10 en la zona RO32101 (Bucarest, Rumanía), y, por otra parte, Rumanía ha incumplido, por lo que respecta a esa misma zona, desde el 11 de junio de 2010, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, de la citada Directiva, en relación con el anexo XV de la misma, en particular la obligación, establecida en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de esa Directiva, de asegurarse de que el período de superación sea lo más breve posible.
2)

Los artículos 1, letra i), y 67 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a las disposiciones de un Estado miembro en virtud de las cuales los trabajadores transfronterizos únicamente pueden percibir un subsidio familiar vinculado al ejercicio, por dichos trabajadores, de una actividad por cuenta ajena en ese Estado miembro por sus propios hijos, y no por los hijos de su cónyuge que no estén unidos a ellos por un vínculo de filiación, pero respecto de los cuales proveen a la manutención, siendo así que todos los menores que residen en dicho Estado miembro tienen derecho a percibir ese subsidio.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 30 de abril de 2020 — República Helénica / Comisión Europea

(Asunto C-797/18 P) (1)

(Recurso de casación - Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea - Gastos efectuados por la República Helénica - Reglamento (CE) n.o 1782/2003 - Reglamento (CE) n.o 796/2004 - Reglamento (CE) n.o 1120/2009 - Reglamento (UE) n.o 1306/2013 - Régimen de ayudas por superficie - Concepto de «pastos permanentes» - Correcciones financieras a tanto alzado - Reglamento (CE) n.o 1698/2005 - Apreciación de la subvencionabilidad de los gastos - Autoridad de gestión - Reglamento (CE) n.o 1290/2005 - Gastos comprendidos en el plazo de 24 meses - Reglamento (CE) n.o 817/2004 - Régimen de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias - Método de cálculo de la corrección)

(2020/C 240/17)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: República Helénica (representantes: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou y A. Vasilopoulou, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: M. Konstantinidis, D. Triantafyllou y J. Aquilina, agentes)

Fallo

1) Anular el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 4 de octubre de 2018, Grecia/Comisión (T-272/16, no publicada, EU:T:2018:651) en tanto en cuanto el Tribunal General desestimó el recurso de la República Helénica en lo referente a las correcciones a tanto alzado del 25 % y del 10 % aplicadas a las ayudas por superficie para los pastos correspondientes a los años de solicitud 2012 y 2013 así como la corrección puntual de 37 163 161,78 euros correspondiente al año de solicitud 2013, impuestas mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), por deficiencias en la definición y el control de los pastos permanentes admisibles.

2) Anular el punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 4 de octubre de 2018, Grecia/Comisión (T-272/16, no publicada, EU:T:2018:651), relativo a la decisión sobre las costas.

3) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

4) Anular la Decisión de Ejecución 2016/417 en tanto en cuanto impone a la República Helénica las correcciones a tanto alzado del 25 % y del 10 % aplicadas a las ayudas por superficie para los pastos correspondientes a los años de solicitud 2012 y 2013 y la corrección puntual de un importe de 37 163 161,78 euros aplicada para el año de solicitud 2013, por deficiencias en la definición y el control de los pastos permanentes admisibles.

5) La República Helénica y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al recurso de casación.

(1) DO C 72 de 25.2.2019.
3)

El punto 2 del fallo de la presente sentencia es aplicable en el supuesto de que, por un lado, los controles oficiales hayan sido efectuados por veterinarios oficiales eventuales que no son remunerados por las unidades de cuarto de hora solicitadas por los mataderos pero no utilizadas y, por otro lado, la parte de la tasa correspondiente a esas unidades de cuarto de hora solicitadas pero no utilizadas se destine a cubrir los gastos generales de la autoridad competente, en el sentido del artículo 2, punto 4, del Reglamento n.o 882/2004, si se acredita que la parte de la tasa correspondiente a esas unidades de cuarto de hora no incluye los costes salariales de los veterinarios oficiales eventuales no remunerados y corresponde realmente a gastos generales incluidos en una o varias categorías de costes previstos en el anexo VI de ese Reglamento.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de diciembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH

(Asunto C-432/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Reglamentos (CE) n.o 510/2006 y (UE) n.o 1151/2012 - Artículo 13, apartado 1 - Reglamento (CE) n.o 583/2009 - Artículo 1 - Registro de la denominación «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» - Protección de los componentes no geográficos de esa denominación - Alcance)

(2020/C 36/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Demandada: Balema GmbH

Fallo

El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 583/2009 de la Comisión, de 3 de julio de 2009, por el que se inscribe una denominación en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], debe interpretarse en el sentido de que la protección de la denominación «Aceto Balsamico di Modena» no se extiende a la utilización de los términos individuales no geográficos de esta.

(1) DO C 427 de 26.11.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de noviembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l’Économie et des Finances

(Asunto C-363/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (UE) n.o 1169/2011 - Información alimentaria facilitada al consumidor - Indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de un alimento cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor - Obligación de que los alimentos originarios de territorios ocupados por el Estado de Israel lleven la indicación de su territorio de origen, acompañada, en el supuesto de que provengan de un asentamiento israelí situado en ese territorio, de la indicación de esa procedencia)

(2020/C 10/15)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Demandada: Ministre de l’Économie et des Finances

Fallo

El artículo 9, apartado 1, letra i), del Reglamento (UE) n.o 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión, en relación con el artículo 26, apartado 2, letra a), de este, debe interpretarse en el sentido de que los alimentos originarios de un territorio ocupado por el Estado de Israel no solo deben llevar la indicación de ese territorio, sino también, en el supuesto de que provengan de una localidad o de un grupo de localidades que constituyan un asentamiento israelí situado en dicho territorio, la indicación de esa procedencia.

(1) DO C 276 de 6.8.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 24 de octubre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Asunto C-515/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) n.o 1370/2007 - Servicios públicos de transporte de viajeros - Transporte por ferrocarril - Contratos de servicio público - Adjudicación directa - Obligación de publicación previa de un anuncio relativo a la adjudicación directa - Alcance)

(2019/C 432/13)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Demandada: Regione autonoma della Sardegna

con intervención de: Trenitalia SpA

Fallo

El artículo 7, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades nacionales competentes que tienen la intención de adjudicar directamente un contrato de servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril no están obligadas, por un lado, a publicar o a comunicar a los operadores económicos eventualmente interesados toda la información necesaria para que estén en condiciones de elaborar una oferta suficientemente detallada y que pueda ser objeto de una evaluación comparativa ni, por otro lado, a efectuar esa evaluación comparativa de todas las ofertas eventualmente recibidas a raíz de la publicación de esa información.

(1) DO C 436 de 3.12.2018.
2)

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en relación con el número 1, letra q), del anexo de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, no se refiere a una cláusula que tiene por objeto o como efecto permitir que el consumidor tenga motivos fundados para suponer que debe cumplir el contrato en su integridad, aun cuando considere que no se adeudan determinadas prestaciones, cuando dicha cláusula no altere la posición jurídica del consumidor habida cuenta de la normativa nacional aplicable y, por otra parte, que contempla una cláusula que tiene por objeto o como efecto obstaculizar el ejercicio, por parte del consumidor, de acciones judiciales o de recursos, cuando el importe pendiente de pago se determina mediante acta notarial dotada de valor probatorio, permitiendo al acreedor poner fin al litigio de manera unilateral y definitiva.