La cuestión que he de examinar ahora se refiere también únicamente al asunto 9/73. Consiste en examinar si el Reglamento no 974/71 y los Reglamentos de la Comisión adoptados en aplicación de éste son válidos, en la medida en que permiten gravar los intercambios con terceros países con montantes compensatorios sobre el Emmenthal y el Gruyère, cuyo importe acumulado con el de la exacción es superior a los tipos máximos consolidados en el marco del GATT.

En primer lugar, es necesario recordar a este respecto que la Comunidad celebró un acuerdo con Suiza el 6 de octubre de 1969, en virtud del artículo 28 del GATT, que preveía entre otras cosas concesiones arancelarias para el Emmenthal y el Gruyère (es decir, la limitación de los tipos respectivos a un determinado máximo). Por otra parte, es cierto que los montantes compensatorios y las exacciones aplicables al queso procedente de Suiza representan en su conjunto un importe superior al tipo máximo consolidado.

Esta afirmación lleva a la demandante en el litigio principal a señalar que las concesiones aduaneras antes citadas forman parte integrante de la lista a que alude el artículo 2 del GATT y que, por consiguiente, la Comunidad tiene la obligación de no someter los productos antes citados «a otros derechos o cargas de cualquier clase aplicados a la importación o con motivo de esta». También considera que los particulares pueden ampararse en la citada disposición del GATT y, en caso de que ésta no se hubiera respetado, alegar la ilegalidad de los Reglamentos de que se trata. En cualquier caso, en su opinión, hay que tener en cuenta que el Anexo II del Reglamento no 1/72 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento no 950/68, es decir, del Reglamento relativo al Arancel Aduanero Común, menciona el tipo aduanero consolidado aplicable en el marco del GATT al Emmenthal y al Gruyère. Por tanto, esta concesión forma parte integrante del Arancel Aduanero Común y es, de este modo, obligatoria al igual que dicho Arancel. En su opinión, un importador podría, al menos, invocar esta circunstancia para probar la ilegalidad del exceso de los tipos precitados como consecuencia de la recaudación de montantes compensatorios.

En lo que respecta a este argumento de la demandante, en primer lugar es exacto -si nos ceñimos al argumento del GATT pro piamente dicho- que la Comunidad está vinculada por las normas del GATT, incluso en lo referente a las concesiones aduaneras negociadas con Suiza. Ello puede deducirse de la sentencia dictada recientemente en los asuntos acumulados 21/72 a 24/72«-». No obstante, a pesar del alcance de la prohibición establecida por el artículo 2 del GATT, que ya he citado, cabe preguntarse si los montantes compensatorios están comprendidos en el ámbito de esta disposición y si su incompatibilidad con el GATT queda así demostrada. Bien podría ser así si se considera la función específica de los montantes compensatorios, que se inscriben en el campo monetario y están destinados a compensar la desgravación fiscal de los productos importados debida a las medidas monetarias. Efectivamente estos tributos no han sido previstos en modo alguno por el GATT y también parece que la práctica del GATT tolera su aplicación temporal, al menos, siempre que una medida monetaria tenga efectivamente repercusiones. Por otra parte, cabría preguntarse -como ha señalado la Comisión- si estos tributos aplicados en las relaciones con terceros países, no están cubiertos por la letra a) del apartado 2 del artículo II en relación con el artículo III del GATT. En efecto los impuestos que gravan los intercambios con terceros países constituyen una imposición equivalente a un tributo interno de la Comunidad y el mantenimiento del mercado agrícola como elemento de una unión aduanera implica, ciertamente, que las importaciones procedentes de terceros países no se sometan a un tratamiento más favorable que el dispensado a las importaciones procedentes de países miembros (ello constituiría en efecto una justificación, al menos en la medida en que los intercambios de mercancías dentro de la Comunidad pueden también dar lugar a la recaudación del montantes compensatorios). Finalmente, se podría igualmente considerar -como señaló la Comisión- la justificación derivada del artículo XIX del GATT que alude a las medidas especiales que deben adoptarse en caso de que se produzca un perjuicio serio a los productos nacionales. Pero, ciertamente, habría que examinar uno a uno todos los productos afectados.

No obstante, todos estos interrogantes pueden quedar finalmente abiertos, a pesar de que las observaciones a las que he hecho alusión muestran que la argumentación de la demandante basada en los principios de aplicabilidad inmediata del Derecho comunitario no es absolutamente convincente. En efecto, según ésta, el artículo 2 del GATT unido a las concesiones arancelarias para el queso, supone una obligación clara, completa, absoluta, definida con precisión de manera cuantitativa y, por consiguiente, susceptible de aplicación inmediata en beneficio de los particulares. Por lo que respecta a las disposiciones del GATT -como unánimemente pusieron de manifiesto el Gobierno federal, el Consejo y la Comisión- resulta decisivo otro razonamiento. Por principio, no se puede admitir que los particulares puedan deducir derechos de los acuerdos del GATT y cuestionar así la validez de un Reglamento comunitario. En la sentencia dictada en los asuntos acumulados 21/72 a 24/72, el Tribunal de Justicia aplicó, en cualquier caso, este razonamiento al artículo 11 del GATT. Pero los fundamentos están redactados en términos generales (me remito a la exposición sobre el espíritu, la estructura y el texto del GATT; a su flexibilidad y al hecho de que contiene disposiciones que establecen excepciones a las normas generales, prevén las medidas que han de adoptarse en caso de dificultades excepcionales y resuelven las divergencias de opiniones entre las Partes Contratantes). Es cierto que estas consideraciones pueden extenderse al artículo 2, que también se inserta en la sistemática general de estas disposiciones y cuya inobservancia hace que también entre en juego el principio de la solución amistosa. Por tanto, se puede considerar que las disposiciones del GATT invocadas por la demandante, habida cuenta del contexto de Derecho internacional público en el que se insertan, sólo constituyen obligaciones entre Estados cuyo incumplimiento debe examinarse desde la perspectiva del Derecho internacional. Por el contrario, en modo alguno se puede deducir que la posible infracción de estas normas implique la ilegalidad de los Reglamentos comunitarios adoptados en este ámbito.

En la medida en que la demandante invoca además el Reglamento no 950/68 y el Reglamento no 1/72 relativo al Arancel Aduanero Común, así como el hecho de que éste se remita a las concesiones hechas en el marco del GATT insertándolas, de este modo, en los Reglamentos hay que señalar lo siguiente:

En el presente contexto, antes de extraer conclusiones de tal Reglamento comunitario que, por naturaleza, es directamente aplicable, hay que intentar delimitar el objeto del mismo. El Consejo y la Comisión señalan acertadamente, refiriéndose en concreto al fundamento jurídico de los Reglamentos, es decir al artículo 28 del Tratado CEE, que el objeto de éstos es la fijación de los tipos del Arancel Aduanero. En efecto, únicamente puede atribuirse un alcance puramente declarativo a las referencias hechas en estos Reglamentos a otros tributos que -como por ejemplo, las exacciones-reposan sobre una base jurídica específica; sin embargo, estas referencias no convierten a las exacciones en objeto del Arancel Aduanero Común. Por consiguiente, la circunstancia de que el derecho más elevado para el queso, consolidado en el marco del GATT, se reproduzca en el Anexo II del Arancel Aduanero Común del Reglamento no 950/68 sólo interesa al Derecho aduanero desde el punto de vista técnico. A pesar de la referencia que se hace en el Reglamento no 950/68 a las concesiones arancelarias, era pues necesario establecer expresamente una limitación correspondiente a las exacciones en las organizaciones de los mercados agrícolas (como por ejemplo, en el artículo 14 del Reglamento no 804/68). Por otra parte, como la prohibición extensiva del artículo 2 del GATT no se reprodujo en el Arancel Aduanero Común, se puede decir que el objeto de la normativa del Arancel Aduanero Común no impedía a las autoridades competentes de la Comunidad establecer derechos a la importación de un tipo concreto, como los montantes compensatorios, con las funciones específicas que se les atribuyeron. Como han destacado el Consejo y la Comisión, en realidad, no existe contradicción entre el Reglamento no 950/68 y el Reglamento no 974/71, en la medida en que este último autoriza la recaudación de montantes compensatorios independientemente de la importancia de los derechos consolidados. La reacción negativa del Consejo a la propuesta de la Comisión, de mayo de 1972, de establecer una limitación de los montantes compensatorios en los casos en que se hubieran hecho concesiones arancelarias para determinados productos en el marco del GATT, demuestra que, en efecto, el Consejo no tenía intención de establecer tal limitación en el Reglamento no 974/71. Si este último hubiera querido limitar de este modo el ámbito de aplicación de los montantes compensatorios, habría tenido que hacer constar expresamente su intención en el Reglamento no 974/71, como hizo en relación con las exacciones en determinadas organizaciones de mercados agrícolas. Pero, al aplicar el régimen compensatorio, la Comisión no tenía derecho a limitar, con carácter general, los montantes compensatorios en función de las consolidaciones efectuadas en el marco del GATT, sin haber sido expresamente habilitada para ello.

Si, por consiguiente, podemos considerar que no existe contradicción entre el Reglamento no 974/71 y el Reglamento sobre el Arancel Aduanero Común y las referencias que en él se hacen a las concesiones acordadas en el ámbito del GATT, podríamos afirmar además, en el supuesto de que existiera tal contradicción entre el contenido de uno y de otro, que las conclusiones que la demandante ha deducido de ello respecto a la validez del régimen de los montantes compensatorios tampoco están justificadas; porque en tal caso no se puede ignorar el hecho de que el Reglamento no 974/71, con la amplia habilitación especial que contiene, es, en relación con el Reglamento no 950/68, tanto una lex specialis como una lex posterior. Al no estar subordinado al Reglamento no 950/68, su validez no puede apreciarse a luz de las disposiciones de este último.

Respecto a la tercera cuestión planteada en el asunto 9/73, no me resta, pues, sino afirmar que, tratándose de importaciones procedentes de terceros países, la validez del régimen de montantes compensatorios no puede cuestionarse, ni basándose en el Reglamento no 950/68, ni en las disposiciones del GATT relativas a los derechos consolidados.