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C 9/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg (Alemania) el 6 de agosto de 2020 — SP / KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

(Asunto C-367/20)

(2021/C 9/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SP

Demandada: KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, del Reglamento n.o 261/2004 (1), en relación con el artículo 3, apartado 5, de este, en el sentido de que, en un vuelo con conexión directa, compuesto por dos vuelos y que dio lugar a una reserva única, con salida de un aeropuerto situado fuera del territorio de los Estados miembros (en un tercer país) y destino a un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro, con escala en el aeropuerto de otro [Estado miembro], un pasajero afectado por un retraso en su destino final igual o superior a tres horas que tiene su origen en el primer vuelo, efectuado en el marco de un acuerdo de código compartido por un transportista con domicilio en un tercer país, puede dirigir su demanda de compensación con arreglo a ese Reglamento contra el transportista aéreo comunitario con el que reservó el vuelo en su totalidad y que solo efectuó el segundo vuelo?

El Tribunal de Justicia (Sala Novena), mediante auto de 12 de noviembre de 2020, ha resuelto como sigue:

Los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, en relación con el artículo 3, apartados 1, letra b), y 5, de este, deben interpretarse en el sentido de que, en un vuelo con conexión directa, compuesto por dos vuelos y que dio lugar a una reserva única, con salida de un aeropuerto situado en el territorio de un tercer país y destino a un aeropuerto situado en un Estado miembro, con escala en el aeropuerto de otro Estado miembro, un pasajero afectado por un retraso en su destino final igual o superior a tres horas que tiene su origen en el primer vuelo, efectuado en el marco de un acuerdo de código compartido por un transportista con domicilio en un tercer país, puede presentar su demanda de compensación con arreglo a ese Reglamento contra el transportista aéreo comunitario que efectuó el segundo vuelo.

(1) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
I.

¿Se opone el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 (1) a una normativa nacional que impone al beneficiario de una subvención la carga de interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente contra el acto por el que se ordena la devolución de los importes percibidos indebidamente por haberse producido una irregularidad, so pena de que dicho acto adquiera firmeza de no recurrirse en plazo (es decir, cuando el beneficiario no ejercite en plazo los medios de defensa que el Derecho interno pone a su disposición), y, por consiguiente, de que pueda exigirse la devolución del importe indebidamente pagado conforme a las normas y plazos establecidos por el Derecho nacional?
C 433/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 21 de septiembre de 2020 — flightright GmbH / Ryanair Designated Activity Company

(Asunto C-444/20)

(2020/C 433/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Ryanair Designated Activity Company

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Constituye una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) la huelga del personal propio de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo organizada por un sindicato?

2. ¿Es relevante a este respecto el hecho de que el motivo de dicha huelga sean reivindicaciones del personal que, hasta entonces, no se habían pactado contractualmente entre el personal y el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo?

3. ¿Es relevante a este respecto si la huelga concreta fue provocada por un comportamiento determinado del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo durante las negociaciones con el sindicato?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 423/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 12 de agosto de 2020 — BQ / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-380/20)

(2020/C 423/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: BQ

Recurrida: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2)

En la medida en que el Reglamento n.o 550/2004 establece que «la prestación de servicios de tránsito aéreo, tal como se contempla en el presente Reglamento, está relacionada con el ejercicio de las competencias de los poderes públicos que no son de índole económica y por tanto no justifican la aplicación de las normas del Tratado en materia de competencia», ¿debe interpretarse en el sentido de que no solo excluye las normas de competencia propiamente dichas, sino también todas las demás normas aplicables a las empresas públicas activas en un mercado de bienes y servicios que produzcan un efecto indirecto sobre la competencia, como las que prohíben los obstáculos a la libertad de empresa y a la prestación de servicios?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 70, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 650/2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, (1) en el sentido de que una copia del certificado expedida, en contra de dicha disposición, por tiempo indefinido y sin especificar una fecha de expiración: a. es válida y eficaz por tiempo indefinido, o b. es válida solamente durante un período de seis meses a partir de la fecha de expedición de la copia auténtica, o c. es válida solamente durante un período de seis meses a partir de otra fecha, o d. es inválida e inadecuada para ser utilizada a efectos del artículo 63 del Reglamento n.o 650/2012?
3)

En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial que la protección de los consumidores, al amparo de la Directiva 93/13, no resulta aplicable a todos los consumidores, sino únicamente a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, ¿puede considerarse consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso un consumidor que, aunque ciertamente leyó un borrador de contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera por importe de 150 000 PLN, celebrado por un período de 30 años, no lo entendió plenamente y, pese a ello, no intentó comprender su significado antes de su celebración y, en particular, no solicitó a la otra parte del contrato —el banco— una explicación de su significado, del significado de las diferentes cláusulas? ¿Puede reconocerse a ese consumidor la protección prevista al amparo de la Directiva 93/13?
C 287/30

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 30 de junio de 2020 — XQ / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-291/20)

(2020/C 287/48)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: XQ

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga del personal del transportista aéreo encargado convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

Mediante auto del Tribunal de Justicia de 30 de julio de 2020 se ordenó el archivo del asunto, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia.

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 297/34

Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Paris (Francia) el 30 de junio de 2020 — IB / FA

(Asunto C-289/20)

(2020/C 297/45)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Paris

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: IB

Recurrida: FA

Cuestión prejudicial

Cuando, como sucede en el caso de autos, resulta de los hechos que uno de los cónyuges comparte su vida entre dos Estados miembros, ¿puede considerarse, a efectos del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003 (1) y para la aplicación de este, que tal cónyuge tiene su residencia habitual en dos Estados miembros, de modo que si los requisitos establecidos por ese artículo se cumplen en dos Estados miembros, los tribunales de estos dos Estados miembros son igualmente competentes para pronunciarse sobre el divorcio?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
C 279/38

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg (Austria) el 18 de junio de 2020 — AG y otros / Austrian Airlines AG

(Asunto C-270/20)

(2020/C 279/51)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Korneuburg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: AG, MG, HG, menores de edad, debidamente representados

Demandada: Austrian Airlines AG

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que el transportista aéreo podrá reducir la compensación prevista en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento también en el supuesto de que, a raíz de la cancelación del vuelo reservado, se les ofrezca a los pasajeros un vuelo alternativo cuya hora de salida y de llegada prevista es respectivamente 11.55 horas anterior a la hora de salida y de llegada del vuelo cancelado?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Recurso de casación interpuesto el 22 de mayo de 2020 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 12 de marzo de 2020 en el asunto T-732/16, Valencia Club de Fútbol / Comisión Europea

(Asunto C-211/20 P)

(2020/C 262/20)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Comisión Europea

Otras partes: Valencia Club de Fútbol, S.A.D. y Reino de España

Pretensiones

— Que se anule la sentencia recurrida en la medida en que en ella el Tribunal General anula la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (DO 2017, L 55, p. 12) en lo referente a la medida 1, consistente en el aval público concedido por el IVF el 5 de noviembre de 2009 para un préstamo bancario a la Fundación Valencia para la suscripción de acciones del Valencia CF en el marco de la operación de ampliación de capital del Valencia CF;

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea; y

— Que se reserve la decisión sobre las costas.

Único motivo de casación invocado:

La Comisión basa su recurso en un único motivo de casación, en el que sostiene que el Tribunal cometió un error de Derecho de la Unión, al interpretar erróneamente el artículo 107, apartado 1 del Tratado, en particular por lo que se refiere a la demostración de la existencia de la condición de ventaja. Más concretamente, en los apartados 124 a 138 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, primero, interpretó erróneamente la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO 2008, C 155, p. 10) en relación con la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO 2008, C 14, p. 6), así como la decisión controvertida; segundo, incurrió en un error de Derecho en relación con el estándar de la carga de la prueba sobre la existencia de una ventaja derivada de una garantía individual y con la obligación de diligencia, por parte de la Comisión, en el marco de un procedimiento de investigación formal; y tercero, desnaturalizó los hechos.
1.

¿Debe interpretarse el considerando 25 del Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, (1) que establece que «los plazos establecidos en el presente Reglamento para la transmisión de información se entenderán como plazos máximos que no deben superarse», en el sentido de que se trata de plazos que no pueden superarse y que, el hecho de excederlos, provoca la ilegalidad de la inspección tributaria?
1)

¿Se opone el Reglamento n.o 765/2008 (1) a una normativa nacional, como el artículo 40 de la Ley n.o 88 de 2009, interpretada en el sentido de que admite que la actividad de acreditación pueda ser ejercida por organismos que no tengan su domicilio social en un país de la Unión Europea y, por tanto, no sometidos al control del organismo único de acreditación, siempre y cuando dichos organismos garanticen el cumplimiento de las normas UNI CEI EN ISO/IEC 17025 y UNI CEI EN ISO/ IEC 17011 y demuestren, incluso mediante acuerdos de reconocimiento mutuo, disponer de una cualificación esencialmente asimilable a la de los organismos únicos contemplados en el Reglamento CE n.o 765 del 2008?
1.

a) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2120 (1) en el sentido de que los acuerdos sobre las características de los servicios de acceso a Internet a que se refiere dicha disposición deben satisfacer las exigencias del artículo 3, apartado 3, del mismo Reglamento, en un caso en que una tarifa de comunicaciones móviles, que incluye un volumen mensual de transmisión de datos móviles tras cuyo consumo se reduce sustancialmente la velocidad de transmisión, puede ser ampliada mediante una tarifa opcional gratuita en virtud de la cual se pueden utilizar determinados servicios de proveedores de contenidos asociados al operador de telecomunicaciones sin que el volumen de datos consumido con el uso de estos servicios se impute al volumen mensual de datos incluido en la tarifa de comunicaciones móviles, pero respecto del cual el cliente acepta una limitación del ancho de banda a un máximo de 1,7 Mbit/s para el «streaming» de vídeo, con independencia de si se trata de «streaming» de los proveedores de contenidos asociados o de otros proveedores? b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a): ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento 2015/2120 en el sentido de que en una situación como la del presente caso la limitación del ancho de banda se ha de considerar como una ralentización de una categoría de servicios? c) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra b): ¿Debe interpretarse el concepto de «inminente congestión de la red» utilizado en el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letra c), del Reglamento 2015/2120 en el sentido de que comprende solamente las (inminentes) congestiones de carácter excepcional o temporal? d) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra b): ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letra c), del Reglamento 2015/2120 en el sentido de que en una situación como la del presente procedimiento el principio de igualdad de trato de las categorías equivalentes de tráfico se opone a una limitación del ancho de banda que se aplica solamente en caso de contratarse un suplemento, pero no a las demás tarifas de comunicaciones móviles y, además, solo se aplica al «streaming» de vídeo? e) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra b): ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento 2015/2120 en el sentido de que, en una situación como la del presente procedimiento, una limitación del ancho de banda cuya aplicación depende de la contratación de un suplemento y que además puede ser desactivada por el cliente en cualquier momento para un plazo máximo de 24 horas cumple la condición de que únicamente pueda ralentizarse una categoría de servicios durante el tiempo necesario para alcanzar los objetivos del artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letras a) a c), del Reglamento (UE) 2015/2120?
C 162/2

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 6 de febrero de 2020 — UH / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlanda y Attorney General

(Asunto C-64/20)

(2020/C 162/02)

Lengua de procedimiento: gaélico

Órgano jurisdiccional remitente

High Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: UH

Demandadas: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlanda y Attorney General

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Tiene un órgano jurisdiccional nacional facultad discrecional para desestimar las pretensiones formuladas en el marco de un recurso pese a haber declarado que el Derecho nacional no ha traspuesto un determinado aspecto de una directiva de la Unión Europea y, en caso de tenerla, cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta en relación con tal facultad y/o puede el órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta los mismos factores que tendría en consideración si se tratara de un incumplimiento del Derecho nacional?

2) ¿Supone un menoscabo del principio del efecto directo del Derecho de la Unión que un órgano jurisdiccional desestime la pretensiones formuladas por el demandante en el presente asunto debido a la entrada en vigor del artículo 7 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 (cuya aplicación se aplaza hasta el 28 de enero de 2022), (1) pese a haber declarado que la legislación nacional no había aplicado la obligación establecida en los artículos 61, apartado 1, 58, apartado 4 y 59, apartado 3, de la Directiva 2001/82/CE, (2) según la cual el embalaje y el etiquetado de los medicamentos veterinarios debe proporcionarse en las lenguas oficiales del Estado miembro, es decir, en Irlanda, en irlandés y en inglés?

(1) Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO 2019, L 4, p. 43).

(2) Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO 2001, L 311, p. 1).
C 161/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 18 de noviembre de 2019 — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Asunto C-835/19)

(2020/C 161/22)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A.

Demandadas: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Cuestión prejudicial

¿Se oponen el Derecho [de la Unión Europea] y, en particular, los principios establecidos por la Directiva n.o 2014/23/UE, (1) en concreto la libertad de elección de los procedimientos de adjudicación, de conformidad con los principios de transparencia y de [igualdad] de trato, formulados en el considerando 68 y en el artículo 30, en materia de adjudicación de concesiones, a la disposición nacional establecida en el artículo 178, apartado 8 bis, del Decreto Legislativo n.o 50, de 18 de abril de 2016, que prohíbe de forma incondicional a las administraciones públicas proceder a la adjudicación de las concesiones de autopistas expiradas o a punto de expirar recurriendo a los procedimientos previstos en el artículo 183, que regula la financiación de proyecto?

(1) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión Texto pertinente a efectos del EEE (DO 2014, L 94, p. 1).
1)

¿Es compatible, con el artículo 40, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos, (1) en relación con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva de reconocimiento (2) y los artículos 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que la autoridad decisoria de un Estado miembro determine que un documento original nunca puede ser constitutivo de nuevas circunstancias o datos si no ha podido comprobarse su autenticidad? De no ser compatible, ¿supone alguna diferencia el hecho de que, en una solicitud posterior, el solicitante aporte copias de documentos o documentos procedentes de una fuente no verificable objetivamente?
1)

¿Debe interpretarse el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo de 21 de junio de 1999, (1) en su versión dada por la Decisión n.o 2/2010 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Comunidad/Suiza, de 26 de noviembre de 2010, (2) en el sentido de que el Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (3) conforme a su artículo 3, apartado 1, letra [b)], se aplica también a los pasajeros que aterrizan en un aeropuerto de Suiza procedentes de un vuelo de un país tercero para seguidamente tomar un vuelo con destino a un Estado miembro?