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D.

En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial C, ¿es compatible el artículo 14, apartado 4, de la citada Directiva con el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 78, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevén la conformidad del Derecho europeo derivado con la Convención de Ginebra, ya que introduce un motivo de denegación del estatuto de refugiado que, no sólo no está previsto en la Convención de Ginebra, sino que tampoco encuentra en la misma ningún fundamento?
3)

Al comprobar si existe «otra indicación falsa o engañosa» a efectos del artículo 16, letra c), del Reglamento (CE) n.o 110/2008, ¿tiene alguna importancia el contexto en que se inserta el elemento controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar una indicación engañosa, aunque el elemento controvertido del signo vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?
3)

¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE en el sentido de que el tribunal, ante un recurso contra una decisión de denegación de protección internacional, en virtud del considerando 54 de la Directiva, debe valorar si se han de aplicar al solicitante las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 604/2013, cuando no hay resolución expresa del Estado miembro sobre su competencia para examinar la solicitud de protección internacional de conformidad con los criterios del Reglamento?¿Debe deducirse del considerando 54 de la Directiva 2013/32 que, si no existen indicios para la aplicación del artículo 17 del Reglamento n.o 604/2013 y la solicitud de protección internacional ha sido examinada por el Estado miembro ante el que fue presentada de acuerdo con la Directiva 2011/95, (3) la situación legal del interesado también queda incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento cuando no hay resolución expresa del Estado miembro sobre su competencia de conformidad con los criterios del Reglamento?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 104/36

Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2017 por Liam Jenkinson contra el auto del Tribunal General (Sala Primera) dictado el 9 de noviembre de 2016 en el asunto T-602/15, Liam Jenkinson/Servicio Europeo de Acción Exterior, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Eulex Kosovo

(Asunto C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Liam Jenkinson (representantes: N. de Montigny y J.-N. Louis, avocats)

Otras partes en el procedimiento: Servicio Europeo de Acción Exterior, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Eulex Kosovo

Pretensiones de la parte recurrente

El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 en el asunto T-602/15, en tanto en cuanto se desestima el recurso formulado por el recurrente y se condena a éste en costas.

— Resuelva el recurso.

— Condene a las demandadas a cargar con las costas de las dos instancias.

Motivos y principales alegaciones

El recurrente reprocha al Tribunal General haberse declarado competente únicamente con respecto al litigio relativo al último contrato de duración determinada que había firmado.

El recurrente reprocha también al Tribunal General, aun en el supuesto de que su motivación al respecto hubiera estado acertada, cosa que no ocurre, no haberse pronunciado sobre varias pretensiones basadas en la finalización de la relación contractual controvertida y, por tanto, en el último contrato de duración determinada. La ilegalidad del auto recurrido resulta del hecho de que la motivación es tan sucinta que no permite comprender el razonamiento que ha podido llevar al Tribunal, sin haber analizado a fondo la documentación, a deducir su incompetencia, salvo en lo que concierne a la controversia relativa al último contrato de duración determinada, basándose meramente en una cláusula compromisoria, siendo así que el recurrente había rebatido la validez y la legalidad de dicha cláusula.

El recurrente impugna asimismo la falta de toma en consideración del conjunto de sus alegaciones relativas al incumplimiento de la obligación que recae sobre las instituciones de ofrecer al recurrente y a todo el personal de las misiones creadas por la Unión garantías del respeto de sus derechos sociales más elementales, como el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.

Los motivos invocados por el recurrente en apoyo de su recurso se basan, así pues, en que el Tribunal General:

— Infringió el Derecho europeo relativo a la determinación de la ley aplicable a los litigios en materia contractual.

— Infringió las normas del Derecho laboral belga.

— Infringió las prescripciones mínimas sobre el trabajo de duración determinada aplicables en sede comunitaria.

— Vulneró derechos consagrados por la Carta de los Derechos Fundamentales.

— Incumplió la obligación de motivación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 121/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2016 — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Asunto C-657/16)

(2017/C 121/16)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bluebell Partners Limited

Demandada: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Cuestión prejudicial

¿El artículo 5, apartado 4, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, (1) en relación con los principios generales previstos por el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y con la correcta aplicación de los principios generales de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad, de racionalidad, de transparencia y de no discriminación, se opone a una normativa nacional, como el artículo 106, apartado 3, letra d), número 2, del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998 (texto refundido de las disposiciones en materia de intermediación financiera con arreglo a los artículos 8 y 21 de la Ley de 6 de febrero de 1996, n.o 52), en su versión modificada, y el artículo 47 octies de la Decisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n.o 11971, de 14 de mayo de 1999 (reglamento de aplicación del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998, relativo a los emisores), en su versión modificada, en cuanto las citadas disposiciones, al permitir a la Consob aumentar el precio de la oferta pública de adquisición contemplada en el artículo 106 antes mencionado cuando se determina la existencia de una colusión entre el oferente o las personas que actúan concertadamente con él y uno o varios vendedores, se limitan a hacer referencia al criterio del «precio constatado», sin precisar los parámetros y los criterios de esta constatación?

(1) DO 2004, L 142, p. 12.
1)

¿Puede el titular de un certificado complementario de protección, obtenido para la República Federal de Alemania, impedir la importación a Alemania de productos procedentes de los Estados adherentes República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Croacia (anexo IV, del Acta de adhesión de 2003, DO 2003, L 236/797 y sus modificaciones publicadas en DO 2004, L 126/4, para Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, República Checa; parte I, anexo V, n.o 1 del Acta de adhesión de 2005, DO 2005, L 157/268, para Rumanía y Bulgaria, y anexo IV, del Acta de adhesión de 2011, DO 2012, L 112/60, para Croacia) invocando las disposiciones de los mecanismos específicos, si el certificado complementario de protección se solicitó en Alemania en un momento en el que ya existían, en los Estados adherentes, disposiciones para obtener el correspondiente certificado complementario de protección, pero el titular del certificado de protección concedido para Alemania no podía solicitarlo o dicho certificado no se le podía conceder por carecer de una patente de base en el Estado adherente, necesaria para obtener un certificado de protección?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 70/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal administratif de Lille (Francia) el 15 de diciembre de 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais

(Asunto C-647/16)

(2017/C 070/17)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal administratif de Lille

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Adil Hassan

Demandada: Préfet du Pas-de-Calais

Cuestión prejudicial

¿Se opone lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, (1) a que las autoridades competentes del Estado miembro que ha formulado, ante otro Estado miembro al que considera como Estado responsable de conformidad con los criterios establecidos en dicho Reglamento, una solicitud de toma a cargo o de readmisión de un nacional de un tercer país o de un apátrida que ha presentado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva o de otra persona contemplada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), del Reglamento, adopten una decisión de traslado y la notifiquen al interesado antes de que el Estado requerido acepte dicha toma a cargo o readmisión?

(1) Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 78/11

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 12 de diciembre de 2016 — American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Asunto C-643/16)

(2017/C 078/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: American Express Co.

Demandada: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Queda sujeto un sistema de pago a la obligación de acceso prevista en el artículo 35, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/2366 (en lo sucesivo, «DSP2»), (1) a pesar de lo dispuesto en el artículo 35, apartado 2, letra b), de la DSP2, en caso de que a) se celebren acuerdos para la utilización de marcas combinadas con socios que no ponen a disposición por sí mismos servicios de pago en el marco de dicho sistema en relación con los productos de marcas combinadas que ofrecen, o b) se contrate un agente para actuar en su nombre en la prestación de servicios de pago?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es inválido el artículo 35, apartado 1, de la DSP2, en la medida en que dispone que los sistemas de pago que establecen tales acuerdos deben quedar sujetos a la obligación de acceso, por alguna de las siguientes razones: a) incumplimiento de la obligación de motivación impuesta por el artículo 296 TFUE, b) error manifiesto de apreciación, o c) violación del principio de proporcionalidad?

(1) Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO 2015, L 337, p. 35).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky (República Checa) el 16 de septiembre de 2016 — Proceso penal contra Juraj Sokáč

(Asunto C-497/16)

(2017/C 022/02)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší soud České republiky

Parte en el proceso principal

Juraj Sokáč

Cuestión prejudicial

¿Pueden los medicamentos, tal como los define la Directiva 2001/83/EC (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, que contienen «sustancias catalogadas» en el sentido del Reglamento (CE) n.o 273/2004 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo considerarse, en virtud del artículo 2, letra a), de dicho Reglamento excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados C-627/13 y C-2/14, incluso tras la modificación de dicha disposición por el Reglamento n.o 1258/2013 (3) y teniendo en cuenta que el artículo 2, letra a), del Reglamento n.o 111/2005, (4) en su versión modificada por el Reglamento n.o 1259/2013, (5) somete al régimen establecido por el Reglamento n.o 111/2005 los medicamentos que contengan efedrina y pseudoefedrina?

(1) DO 2001 L 311, p. 67.

(2) DO 2004 L 47, p. 1.

(3) DO 2013 L 330, p. 21.

(4) DO 2005 L 22, p. 1.

(5) DO 2013 L 330, p. 30.
2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho 1) al no concluir que existían pruebas creíbles de que Ucrania no tiene un historial consistente y adecuado de respeto de los derechos humanos o de respeto del Estado de Derecho y 2) al calificar como «alta instancia judicial» a determinadas autoridades ucranianas en cuyas pruebas se fundamentó el Consejo de la Unión Europea. El Tribunal General también incurrió en error por no proporcionar ninguna motivación en lo que respecta a sus posiciones sobre los puntos 1) y 2).
2)

En este mismo caso, ¿cómo se aplica el artículo 4 antes citado del Reglamento (CE) n.o 794/2004 (1) de la Comisión, en virtud del cual un aumento de más del 20 % del presupuesto inicial de un régimen de ayudas existente constituye una modificación de dicho régimen de ayudas?, y, en particular: a) ¿cómo se relaciona con el carácter previo de la obligación de notificación de un régimen de ayudas establecida en el artículo 88 TCE, apartado 3, actualmente artículo 108 TFUE? b) si la superación del umbral del 20 % del presupuesto inicial de un régimen de ayudas existente previsto en el artículo 4 antes citado del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión justifica una nueva notificación, ¿debe apreciarse dicho umbral en relación con el importe de los ingresos afectos al régimen de ayudas o en relación con los gastos efectivamente concedidos a los beneficiarios, excluyendo los importes que se hayan integrado en un fondo de reserva o los que hayan sido objeto de recaudación en beneficio del Estado? c) suponiendo que el respeto de este umbral del 20 % deba apreciarse en relación con los gastos destinados al régimen de ayudas, ¿debe tal apreciación realizarse comparando el límite máximo global de gasto que figura en la Decisión de aprobación con el presupuesto global asignado posteriormente al conjunto de las ayudas por el organismo beneficiario de la afectación o comparando los límites máximos notificados para cada una de las categorías de ayudas identificadas en dicha Decisión con la línea presupuestaria correspondiente de dicho organismo?
10.

La Comisión señala que no ha recibido ningún dato estadístico que demuestre el tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas recolectadas, sino únicamente la respuesta de las autoridades griegas de 27 de noviembre de 2012. Aunque dicha respuesta contiene datos, éstos cubren únicamente un período de cuatro meses, ya que la instalación se puso en funcionamiento el 27 de julio del mismo año. No obstante, para acreditarse el tratamiento suficiente de las aguas residuales recolectadas, las autoridades griegas deben acreditar el funcionamiento conforme de la estación de tratamiento en un período de 12 meses señalando un porcentaje de reducción del BOD5 y del COD que satisfaga las órdenes de la Directiva respecto del tratamiento secundario así como, por lo que atañe al tratamiento terciario, un porcentaje suficiente de reducción del nitrógeno de conformidad con el Anexo Ι Cuadro 2 de la Directiva. Mientras no existan dichos datos, la Comisión no puede cerciorarse de que las aguas residuales urbanas recolectadas en este momento se someten en parte a tratamiento más estricto que el tratamiento secundario, como se describe en el artículo 4 de la Directiva.
5)

¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento n.o 604/2013 en el sentido de que los plazos de los artículos 13, apartado 1, y 29, apartado 2, se interrumpen cuando el solicitante ejerce su derecho a la tutela judicial, y, a fortiori, si ello conlleva también una cuestión prejudicial, o cuando el órgano jurisdiccional nacional está esperando la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a una cuestión de esa naturaleza, que ha sido planteada en otro asunto? Con carácter subsidiario, ¿puede afirmarse que, en tales casos, no se interrumpen los plazos pero el Estado miembro responsable no puede denegar la acogida?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 383/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 19 de julio de 2016 — Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych

(Asunto C-403/16)

(2016/C 383/03)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Soufiane El Hassani

Recurrida en casación: Minister Spraw Zagranicznych (Ministro de Asuntos Exteriores)

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), (1) a la vista del considerando 29 del Código de visados y del artículo 47, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2012, C 326, p. 391), en el sentido de que obliga a un Estado miembro a garantizar la tutela judicial (recurso) ante un órgano jurisdiccional?

(1) DO 2009, L 243, p. 1.
2.

Error de aplicación de Derecho que se refleja del modo siguiente en una infracción de normas procesales en perjuicio de los intereses de la parte recurrente: — El hecho de no haberse efectuado la solicitud mediante escrito separado no vulnera los derechos de la parte contraria y no dificulta el trabajo del Tribunal General. — El Tribunal General no ha tenido en cuenta la lengua de procedimiento puesto que la versión búlgara del Reglamento de Procedimiento no prevé necesariamente que deba presentarse un escrito separado. — Vulneración del principio de contradicción recogido en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, dado que el Tribunal General no dio a la parte recurrente la oportunidad de familiarizarse con la propia Decisión del Consejo o con las otras versiones lingüísticas del Reglamento de Procedimiento para tener la posibilidad de preparar su solicitud con arreglo a los conocimientos lingüísticos y a las expectativas del referido Tribunal. — El Tribunal General no ha cumplido con las obligaciones que le incumben en relación con el artículo 86, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, que exige que se dé la posibilidad de presentar una copia de la Decisión (PESC) 2015/837 del Consejo, de 28 de mayo de 2015, que justifique la adaptación de la demanda y, en su caso, que se conceda un plazo adicional para ello. — El Tribunal General no ha examinado íntegramente en su informe preliminar los hechos del asunto, infringiendo con ello el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
4)

¿Permiten la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, el Reglamento (CE) n.o 714/2009 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003, (3) el Reglamento (UE) 2015/1222 (4) [de la Comisión, de 24 de julio de 2015], por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones, [y] el Reglamento (UE) n.o 1227/2011 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía, que existan restricciones al número de personas a las que en un territorio determinado se les pueda conceder licencia para el transporte de electricidad?
5)

Cuando un pagador de intereses está domiciliado en un Estado miembro y el receptor de los intereses está domiciliado en otros Estado miembro y el primer Estado miembro considera que el receptor de los intereses no es el «beneficiario efectivo» de dichos intereses con arreglo a la Directiva 2003/49/CE y, por tanto, considera que el receptor está sujeto a impuesto en ese Estado miembro por obligación real respecto a los intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE a una normativa en virtud de la cual el primer Estado miembro, al someter a impuesto al receptor de intereses no residente, no tiene en cuenta los gastos en forma de gastos por intereses en que ha incurrido el receptor de los intereses en circunstancias como las del litigio principal, pese a que los gastos por intereses son generalmente deducibles conforme a la legislación de ese Estado miembro y, por tanto, un receptor de intereses residente sí puede deducirlos de su base imponible?
2)

¿Se oponen los artículos 2, apartado 1, y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en una causa penal que no tenga domicilio en dicho Estado miembro la obligación de designar a un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, y para el cómputo del plazo para formular oposición basta simplemente con la notificación a un representante legal designado a efectos de dicha notificación, si, en caso de expiración del plazo así computado, la persona acusada puede exigir la restitutio in integrum y, para excusar el incumplimiento del plazo, le basta con aducir que ha formulado oposición dentro del plazo, computado desde que se le transmitió la orden penal, es decir, si mediante la restitutio in integrum puede disfrutar de nuevo de la totalidad del plazo impartido para formular la oposición, aun cuando legalmente, por regla general, se ordene la ejecución de la orden penal al expirar el plazo impartido para formular dicha oposición?