A este respecto, la finalidad del procedimiento de medidas provisionales se limita a garantizar la plena eficacia de la futura decisión en cuanto al fondo. En consecuencia, este procedimiento tiene un carácter meramente accesorio en relación con el procedimiento principal al que se suma, de modo que la decisión adoptada por el juez de medidas provisionales debe tener un carácter provisional, en el sentido de que no debe ni prejuzgar el sentido de la futura decisión sobre el fondo ni hacerla ilusoria privándola de eficacia. De ello se deduce necesariamente que el interés defendido por una parte en el procedimiento de medidas provisionales no es digno de protección ya que esta parte solicita al juez que conoce de las medidas provisionales que adopte una decisión que, lejos de presentar un carácter meramente provisional, supone prejuzgar el sentido de la futura decisión en cuanto al fondo y hacerla ilusoria privándola de eficacia.

En un procedimiento de medidas provisionales se cumple el requisito del fumus boni iuris cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte que solicita las medidas provisionales en apoyo de su recurso principal parezca pertinente a primera vista o, en cualquier caso, no carente de fundamento serio, en tanto revela la existencia de cuestiones jurídicas complejas cuya solución no se evidencia de manera inmediata y requiere, por tanto, un examen más profundo, que no puede realizar el juez de medidas provisionales, sino que debe ser objeto del procedimiento principal, o cuando el debate llevado a cabo entre las partes pone de relieve la existencia de una controversia jurídica importante cuya solución no surge de un modo inmediato.

En el marco de una solicitud de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión de transmitir a un órgano jurisdiccional nacional documentos que contienen secretos profesionales, existe, a primera vista, un fumus boni iuris por lo que atañe a una alegación que plantea cuestiones de Derecho nuevas, relativas al nivel de las garantías proporcionadas por el órgano jurisdiccional nacional para proteger la confidencialidad de la información transmitida, que no pueden considerarse carentes de pertinencia y cuya resolución merece un examen profundo en el procedimiento principal.

En efecto, no cabe excluir que, en el procedimiento principal, el juez que conoce sobre el fondo deba pronunciarse sobre el alcance del control que debe realizar la Comisión cuando se cerciora de que la información confidencial sólo se transmite si el órgano jurisdiccional nacional ofrece garantías concretas sobre su capacidad y voluntad de proteger la confidencialidad de dicha información. En otras palabras, el juez que conoce sobre el fondo podría llegar a preguntarse si las precauciones adoptadas en este asunto por la Comisión para cumplir la obligación que le incumbe en virtud del artículo 339 TFUE eran suficientes o si debería haber realizado un análisis más detallado del mecanismo propuesto por el órgano jurisdiccional nacional para proteger la confidencialidad de la información solicitada. Además, aun cuando se estimara que esas precauciones son, en principio, adecuadas para cumplir dicha obligación, en ciertos casos puede ocurrir que, aunque la Comisión tome todas las precauciones necesarias, la protección de los terceros no pueda garantizarse plenamente. En estos supuestos excepcionales, la Comisión puede denegar la comunicación de documentos a las autoridades judiciales nacionales.

(véanse los apartados 50, 58, 59 y 61)