AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)

de 30 de septiembre de 2021 ( )

«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política económica y monetaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Procedimiento de resolución aplicable en caso de que un ente esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Decisión por la que se deniega una compensación económica a los accionistas y acreedores afectados — Contenido de la demanda — Inexistencia de motivos y alegaciones — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

En el asunto C‑27/21 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 13 de enero de 2021,

Ramón González Calvet, con domicilio en Barcelona,

Joan González Calvet, con domicilio en Barcelona,

representados por el Sr. P. Molina Bosch, abogado,

partes recurrentes,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Junta Única de Resolución (JUR),

parte demandada en primera instancia,









EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por el Sr. N. Wahl, Presidente de Sala, y la Sra. L. S. Rossi (Ponente) y el Sr. J. Passer, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1 Mediante su recurso de casación, D. Ramón González Calvet y D. Joan González Calvet solicitan la anulación del auto del Tribunal General de 17 de noviembre de 2020, González Calvet/JUR (T‑257/20, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2020:541), por el que este declaró manifiestamente inadmisible su recurso de anulación contra la Decisión SRB/EES/2020/52 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 17 de marzo de 2020, por la que se determina la potencial concesión de una compensación a los accionistas y acreedores de Banco Popular Español, S. A., sobre los que se adoptaron las medidas de resolución (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido

2 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 7 de mayo de 2020, los recurrentes interpusieron, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, un recurso de anulación contra la Decisión controvertida.

3 Mediante el auto recurrido, el Tribunal General declaró dicho recurso manifiestamente inadmisible debido a que, dada la falta de formulación expresa tanto de motivos como de argumentación jurídica en la demanda en primera instancia, esta última no contenía los elementos esenciales de Derecho en los que se basaba y, en consecuencia, no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Pretensiones de los recurrentes

4 Mediante su recurso de casación, los recurrentes solicitan, en esencia, al Tribunal de Justicia que:

– Anule el auto recurrido en su totalidad.

– Estime el recurso interpuesto en primera instancia en su totalidad y resuelva definitivamente el litigio.

– En caso de que se desestime el recurso de casación, condene a la JUR a cargar con las costas relativas al procedimiento de casación y al procedimiento interpuesto ante el Tribunal General.

Sobre el recurso de casación

5 En virtud del artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar total o parcialmente dicho recurso de casación mediante auto motivado.

6 En el presente asunto procede aplicar esa disposición.

7 En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes invocan dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y, el segundo, en la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

Alegaciones de los recurrentes

8 Mediante el primer motivo de casación, los recurrentes alegan que el Tribunal General infringió el artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento al considerar erróneamente, en los apartados 9 a 11 y 15 a 19 del auto recurrido, que su demanda en primera instancia no cumplía los requisitos establecidos en dicha disposición, por cuanto, al no haberse formulado en ella expresamente ningún motivo ni ninguna argumentación jurídica, la referida demanda no contenía los elementos esenciales de Derecho en los que se basaba.

9 A este respecto, los recurrentes alegan que en su demanda en primera instancia constaban de forma patente tanto el objeto del litigio como los motivos en los que se basaba su recurso en primera instancia, así como las alegaciones invocadas en este y una exposición concisa de esos motivos. Para los recurrentes, de ello se infiere, en particular, que los referidos motivos podían identificarse con claridad.

10 Los recurrentes añaden que la circunstancia de que a ninguna de las partes en que se dividía la demanda se la denominara «motivo» no supuso vulneración alguna del derecho de defensa de la parte demandada. En efecto, para los recurrentes, habida cuenta de que el escrito de contestación presentado por esta respondió a todas las cuestiones planteadas en la demanda, tanto el Tribunal General como la parte demandada tuvieron perfecto conocimiento del alcance de dicha demanda.

11 Según los recurrentes, por otro lado, el hecho de que en la misma demanda no se hiciera ninguna referencia a norma jurídica alguna en la que se amparase su recurso en primera instancia se debió a que en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no se exige tal mención. Los recurrentes entienden que no se les podía exigir el cumplimiento de un requisito que no está establecido en la citada norma.

12 Mediante el segundo motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, al declarar su recurso manifiestamente inadmisible fundándose únicamente en que su demanda en primera instancia adolecía de un «simple defecto formal», consistente en no haberse utilizado en ella la palabra «motivo» y no haberse señalado qué norma jurídica se entendía vulnerada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

13 Con carácter preliminar, procede señalar que los dos motivos de casación, que deben ser examinados conjuntamente, deben entenderse formulados con objeto, por un lado, de oponerse a la apreciación del Tribunal General sobre el contenido de la demanda en primera instancia y, por otro, de imputar al Tribunal General la comisión de un error de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento y la consiguiente vulneración del derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta.

14 A este respecto, en lo tocante, en primer lugar, al argumento relativo a la apreciación errónea de la demanda en primera instancia que se imputa al Tribunal General, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, una vez que el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia únicamente es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, el control de la calificación jurídica de estos y las consecuencias jurídicas que de ellos se hayan deducido. Por lo tanto, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 42 y jurisprudencia citada).

15 Además, cuando un recurrente alega una desnaturalización de las pruebas por parte del Tribunal General, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia le obligan a indicar con precisión las pruebas que, en su opinión, desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Una desnaturalización de la demanda que inició el proceso debe, no obstante, resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 43 y jurisprudencia citada).

16 En el presente asunto, procede señalar que los recurrentes se limitan a afirmar que el objeto del litigio, los motivos en los que se fundaba su recurso y las alegaciones formuladas en apoyo de este, así como una exposición de esos motivos, aparecen de forma patente en su demanda en primera instancia. Para los recurrentes, de ello se infiere, en particular, que en dicha demanda los referidos motivos podían identificarse con claridad.

17 Los recurrentes pretenden básicamente, pues, impugnar la apreciación realizada por el Tribunal General del contenido de esa demanda y lograr así que el Tribunal de Justicia la examine de nuevo, aunque sin alegar, ni mucho menos demostrar, ninguna desnaturalización de dicha demanda.

18 En estas circunstancias, procede desestimar la alegación basada en la apreciación errónea de la demanda en primera instancia por el Tribunal General, en el auto recurrido, por ser manifiestamente inadmisible.

19 En lo tocante, en segundo lugar, a la alegación basada en un supuesto error de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y en la consiguiente vulneración del derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta, procede señalar que tal alegación es resultado de una interpretación manifiestamente errónea del auto recurrido.

20 A este respecto, se ha de recordar que el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que la demanda contendrá, en particular, «la cuestión objeto del litigio, los motivos y alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos».

21 En el presente asunto, los recurrentes sostienen que el Tribunal General no se ajustó a lo preceptuado por esta disposición al considerar que, por un lado, con arreglo a la misma, los recurrentes estaban obligados a indicar en su demanda en primera instancia la norma jurídica supuestamente infringida y que, por otro, no se cumplían los requisitos establecidos en dicha disposición por cuanto la argumentación que aquellos habían invocado no estaba dividida formalmente en «motivos».

22 Pues bien, procede señalar que el Tribunal General no declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso en primera instancia fundándose en que a ninguna de las partes en que se dividía la demanda en primera instancia se la denominara «motivos» ni en que esta última no contuviera ninguna referencia a la norma jurídica supuestamente infringida.

23 Al contrario, el Tribunal General comenzó recordando, en los apartados 9 y 10 del auto recurrido, así como en los apartados 15 y 17 del mismo auto, su reiterada jurisprudencia en la materia. Así, en primer lugar, el Tribunal General señaló que los elementos de la demanda enumerados en el artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento, entre ellos, en particular, la exposición concisa de los motivos invocados, deben ser suficientemente claros y precisos para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal General resolver el recurso. En segundo lugar, puntualizó que es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten de una forma coherente y comprensible del texto de la propia demanda y, en particular, que esta debe mencionar al menos sucintamente, pero con suficiente claridad, los principios jurídicos supuestamente vulnerados. En tercer lugar, el Tribunal General dedujo de ello que, cuando la parte demandante no aduce ningún motivo en apoyo de una pretensión, no se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición y esa pretensión debe declararse inadmisible. En cuarto lugar, el Tribunal General precisó que la parte demandante está obligada a exponer de manera suficientemente sistemática las consideraciones relativas a cada motivo que formule, sin que el Tribunal General pueda verse obligado, por la falta de estructura de la demanda o de rigor de esa parte, a recomponer la articulación jurídica que se supone sirve de apoyo a un motivo.

24 Sentado lo anterior, el Tribunal General consideró seguidamente, en el apartado 11 del auto recurrido, que la demanda en primera instancia no contenía ninguna exposición, ni siquiera concisa, de los motivos invocados. En tal sentido, es cierto que el Tribunal General señaló, en ese apartado del auto recurrido, que dicha demanda se dividía en seis partes y que a ninguna de ellas se la denominaba «motivo». No obstante, el Tribunal General no se limitó a esa constatación formal, sino que examinó efectivamente, en los apartados 12 a 14 del auto recurrido, el contenido de cada una de esas partes.

25 En particular, el Tribunal General declaró, en esencia, que, por un lado, las partes primera, segunda y sexta de la referida demanda contenían elementos meramente fácticos y no hacían referencia a errores específicos supuestamente cometidos en la Decisión controvertida, así como tampoco precisaban qué parte o qué aspecto de dicha Decisión incumplía los requisitos legales. Por otro lado, el Tribunal General consideró que las partes tercera, cuarta y quinta de la misma demanda consistían en reconsiderar las circunstancias que originaron la citada Decisión y el contenido del dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español.

26 Así pues, el Tribunal General consideró, en los apartados 16 y 18 del auto recurrido, no que los recurrentes estuvieran obligados, en virtud del artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento, a indicar la norma jurídica supuestamente infringida, sino que, a falta de cualquier alegación de infracción de tal norma jurídica y de una argumentación jurídica que apoyara esa alegación, no le correspondía identificar los argumentos jurídicos que servían de base a la demanda en primera instancia.

27 Fundándose en esta apreciación de la demanda en primera instancia, que los recurrentes, por las razones expuestas en los apartados 14 a 18 del presente auto, no han logrado desvirtuar, el Tribunal General pudo concluir finalmente, en los apartados 19 y 20 del auto recurrido, sobre la base de la jurisprudencia recordada en el apartado 23 del presente auto, que, dado que dicha demanda no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento, el recurso en primera instancia debía declararse manifiestamente inadmisible.

28 En tales circunstancias, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento y, por lo tanto, no vulneró en modo alguno el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva, en el sentido del artículo 47 de la Carta.

29 Cabe añadir, por otra parte, que la correcta aplicación por el Tribunal General de los requisitos establecidos en el artículo 76, letra d), de su Reglamento de Procedimiento no solamente no vulnera el derecho de defensa de los recurrentes (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, no publicada, EU:C:2020:918, apartado 62), sino que contribuye a garantizar la tutela judicial efectiva tanto de la parte demandada como de los recurrentes.

30 En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que esos requisitos van dirigidos a permitir, por un lado, a la parte demandada preparar su defensa y, por otro, al Tribunal General ejercer su control (véase, en este sentido, el auto de 25 de septiembre de 2019, EM Research Organization/EUIPO, C‑728/18 P, no publicado, EU:C:2019:781, apartado 8 y jurisprudencia citada) y, en este contexto, a evitar que el Tribunal General resuelva ultra petita u omita pronunciarse sobre alguna alegación (véase, en este sentido, el auto de 3 de diciembre de 2019, WB/Comisión, C‑271/19 P, no publicado, EU:C:2019:1037, apartado 15 y jurisprudencia citada).

31 En consecuencia, la alegación basada en un supuesto error de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y en la consiguiente vulneración del derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta debe desestimarse por ser manifiestamente infundada.

32 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.

Costas

33 Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de ese Reglamento, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso.

34 Al haberse adoptado el presente auto antes de que se notificara el recurso de casación a la parte demandada en primera instancia y, por consiguiente, antes de que esta haya podido incurrir en gastos, procede decidir que los recurrentes carguen con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) resuelve:

1) Desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.

2) D. Ramón González Calvet y D. Joan González Calvet cargarán con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 30 de septiembre de 2021.

El Secretario El Presidente de la Sala Octava