SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 16 de octubre de 1996

Asunto T-37/94

Dimitrios Benecos

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Reincorporación — Determinación del nivel del puesto de trabajo — Acto lesivo»

Texto completo en lengua francesa II-1301

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una demanda de anulación de la decisión de la Comisión por la que se clasificó en el grado A 5 el puesto de trabajo COM/022/93 de Jefe de la Unidad 4 («Grupo técnico de “infraestructuras”») de la Dirección E («Africa oriental y austral») de la Dirección General VIII (Desarrollo) y una demanda de anulación de todas las decisiones subsiguientes, a saber, en particular, la decisión por la que se rechazó la candidatura del demandante y la decisión poiła que se nombró al Sr. G. para el puesto antes mencionado.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 1 de enero de 1983, el demandante entró al servicio de la Comisión y fue destinado a la Dirección General de Desarrollo (DG VIII), como Jefe de División de grado A 3.

El 1 de junio de 1989, interrumpió el ejercicio de sus funciones, para asumir las de Jefe de la Unidad 4 (Grupo técnico de «infraestructuras») de la Dirección E («Africa oriental y austral») de la DG VIII (Unidad VIII.E.4).

El 1 de septiembre de 1992, se reincorporó a dicha Dirección General como Consejero. Seguidamente, realizó diversas gestiones para que se le encomendasen tareas de Jefe de una Unidad operativa. Todas las gestiones resultaron infructuosas.

Como consecuencia de su partida, el 1 de junio de 1989, la Comisión publicó una convocatoria para el puesto de trabajo de Jefe de la Unidad VIII.E.4, con la referencia COM/147/90. Durante una reunión celebrada el 7 de diciembre de 1990, el Comité Consultivo para los Nombramientos (CCN), órgano consultivo al que corresponde emitir un dictamen ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) para proveer el puesto de Jefe de Unidad con arreglo a la decisión de 19 de julio de 1988 relativa a la provisión de los empleos de los cuadros intermedios, examinó el nivel de clasificación del empleo vacante y la capacitación exigida al titular de la función. El CCN llegó a la conclusión de que «en lo referente al nivel de Jefe de la Unidad VIII.E.4 “Grupo técnico de infraestructuras”, este debería proveerse en el nivel A 3».

El 31 de octubre de 1991, la Comisión creó un puesto de trabajo de Jefe adjunto de la Unidad VIII.E.4 y nombró en dicho puesto de trabajo al funcionario que efectuó durante varios años la suplencia del Jefe de dicha Unidad.

El 25 de marzo de 1993, con arreglo al artículo 4 y a la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), publicó, con la referencia COM/022/93, la convocatoria de puesto de trabajo vacante de Jefe de la Unidad VIII.E.4 (convocatoria de puesto de trabajo vacante COM/022/93). Dicha convocatoria sólo indicaba que el Jefe de la Unidad VIII.E.4 estaría «encargado de dirigir y coordinar los trabajos».

El demandante presentó su candidatura dentro de los plazos establecidos.

En su reunión de 17 de junio de 1993, el CCN llegó a la conclusión de que el puesto debía ser atribuido a un funcionario de grado A 5/A 4, habida cuenta de la importancia particular de la Unidad, debido a sus tareas y a su dimensión. Seguidamente, se puso en su conocimiento una solicitud de reincorporación de un funcionario de la Comisión de grado A 5, el Sr. G.

Mediante la publicación del Boletín Vacances d'emploi no 24, de 24 de junio de 1993, se informó al personal de que la anulación de la convocatoria de puesto de trabajo vacante COM/022/93. Además, dicha decisión fue notificada al demandante mediante un formulario tipo de 29 de junio de 1993 en el que se indicaba: «anulación de la convocatoria de puesto de trabajo vacante (véase VE no 24, de 24 de junio de 1993)».

Mediante escrito de 7 de julio de 1993, el Abogado del demandante solicitó a la AFPN que le comunicase la motivación de la decisión de la Comisión de anular la citada convocatoria de puesto de trabajo vacante.

Mediante escrito de 30 de julio de 1993, el Director General de Personal y Administración de la Comisión contestó del siguiente modo:

«Al igual que para la provisión de cualquier puesto de trabajo de Jefe de Unidad y basándose en los criterios habituales, el Comité Consultivo para los Nombramientos (CCN) examinó en primer lugar el nivel de provisión del puesto de trabajo de que se trata y dictaminó que éste debería ser de nivel A 5/A 4.

Habida cuenta del carácter prioritario de las solicitudes de reincorporación después de una excedencia voluntaria, el CCN tuvo conocimiento de la solicitud formal del funcionario de grado A 5 de reincorporarse a dicho puesto de trabajo y examinó su candidatura en primer lugar. Después de este examen, el CCN emitió un dictamen en el sentido de que el funcionario poseía las aptitudes necesarias para el cargo y recomendó que se reincorporase conforme al artículo 40 del Estatuto. Por lo tanto, la anulación de publicación de la convocatoria de plaza vacante se produjo en el contexto de dicha reincorporación.

Por otra parte, puedo confirmarle que la Comisión no ha efectuado ninguna oferta de reincorporación a este funcionario a un puesto de trabajo perteneciente a la Dirección General XVII [...]»

Mediante escrito de 14 de septiembre de 1993, el Abogado del demandante solicitó a la Comisión que le comunicase la fecha de la reunión del CCN, los criterios seguidos para fijar el nivel del puesto de trabajo objeto de litigio en el grado A 5 y la fecha de la reunión de la Comisión que ratifica el dictamen del CCN.

El 11 de octubre de 1993, la Comisión respondió en los siguientes términos:

«Como le indiqué en mi escrito de 30 de julio de 1993, el CCN, después de la publicación de dicha convocatoria de plaza vacante, examinó en primer lugar, durante su reunión de 17 de junio de 1993, el nivel de provisión del puesto de trabajo de que se trata y dictaminó que éste debía ser provisto en el nivel A 5/A 4.

A continuación, el CCN comprobó la existencia de una solicitud formal de reincorporación a dicho puesto de trabajo de un funcionario en excedencia voluntaria y dictaminó que el funcionario de que se trata poseía las aptitudes exigidas. Por consiguiente, recomendó que dicho funcionario se reincorporase mediante dicho puesto y que se anulase la convocatoria de plaza vacante.

La decisión de proveer el puesto de trabajo fue adoptada el 8 de septiembre de 1993 por el miembro de la Comisión responsable de las cuestiones de personal después del desarrollo del procedimiento denominado “de los tres días” [...]»

El 24 de septiembre de 1993, el demandante presentó ante la AFPN una reclamación contra la decisión de la Comisión por la que se clasificó en el grado A 5 el puesto de trabajo de Jefe de la Unidad VIII.E.4, contra la de anular la convocatoria de plaza vacante COM/022/93 para permitir la reincorporación de un funcionario de grado A 5 en situación de excedencia voluntaria y contra todas las decisiones subsiguientes adoptadas por la Comisión, en particular, la decisión por la que se nombró al Sr. G. para el puesto de que se trata.

Dicha reclamación fue objeto de una respuesta denegatoria presunta el 24 de enero de 1994.

Sobre la admisibilidad

La decisión de fijar el nivel del cargo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 en el grado A 5/A 4 (decisión objeto de litigio) constituye el objeto principal del presente recurso (apartado 30).

Al haber sido adoptada el 8 de septiembre de 1993, la decisión objeto de litigio tuvo lugar fuera del procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 iniciado con arreglo al artículo 4 y al apartado 1 del artículo 29 del Estatuto mediante la publicación de la convocatoria de puesto de trabajo vacante COM/022/93 y concluido mediante la decisión de anulación de esta última, publicada el 24 de junio de 1993 en el boletín Vacances d'emploi no 24 (apartados 31 y 32).

No obstante, la decisión objeto de litigio afecta a la situación jurídica y estatutaria del demandante y constituye, por consiguiente, un acto lesivo en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, en la medida en que ha hecho posible el nombramiento de un funcionario de grado A 5 en situación de excedencia voluntaria mediante una reincorporación prioritaria, impidiendo de este modo que el demandante fuese nombrado para el puesto de trabajo vacante (apartado 33).

Sobre el fondo

Primer motivo: infracción del párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto

La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias que concurren en cada caso concreto, principalmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que el destinatario pueda tener en obtener explicaciones (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión(asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171), apartado 45

En el caso de autos, el alcance de la obligación de motivación puede precisarse mediante referencia a la jurisprudencia relativa a la obligación de motivar las decisiones de promoción respecto de los candidatos no promovidos, aunque la decisión objeto de litigio fuese adoptada al margen de un procedimiento de promoción. En efecto, la decisión objeto de litigio se refiere a una situación de hecho similar, puesto que tiene el efecto de excluir al demandante de los candidatos que pueden ser nombrados para el puesto de trabajo vacante. La AFPN no está obligada a motivar las decisiones de promoción a los candidatos que no resulten promovidos. En cambio, la AFPN está obligada a motivar su decisión denegatoria de una reclamación presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto por un candidato no promovido y la motivación de esta decisión denegatoria debe coincidir con la motivación de la decisión contra la que se presentó la reclamación (apartado 39).

Referencia: Coussios/Comisión, antes citada, apartado 69

Por lo tanto, en el presente asunto, la AFPN no estaba obligada a motivar la decisión objeto de litigio, sino que tenía la obligación de motivar la denegación de la reclamación presentada por el demandante contra dicha decisión. Pues bien, la reclamación presentada el 24 de septiembre de 1993 no ha sido objeto de ninguna decisión denegatoria expresa, ni antes ni después de la interposición del presente recurso (apartado 40).

No obstante, procede examinar si la Comisión comunicó al demandante, por una vía distinta a una decisión denegatoria expresa de su reclamación de 24 de septiembre de 1993, los motivos que justifican la decisión objeto de litigio (apartado 41).

Habida cuenta de los escritos de la Comisión dirigidos al demandante de fechas 30 de julio y 11 de octubre de 1993, este último no puede invocar una inexistencia total de motivación de la decisión objeto de litigio en el momento en el que interpuso el presente recurso, puesto que la Comisión le comunicó los criterios seguidos por el CCN para emitir su dictamen sobre la clasificación del puesto de trabajo de que se trata (apartados 42 a 44).

Si bien no procede considerar que la Comisión no ha aportado ninguna motivación de la decisión objeto de litigio, la motivación proporcionada no puede calificarse de suficiente. En efecto, dicha motivación no indica por qué ha cambiado la apreciación de los criterios conforme a los cuales el nivel del puesto se fijó anteriormente en el grado A 3, cuando, en su reclamación de 24 de septiembre de 1993, el demandante planteó expresamente dicha cuestión (apartado 45).

Por consiguiente, procede comprobar si se han aportado durante el proceso precisiones complementarias que puedan subsanar la falta de motivación observada. A este respecto, la Comisión ha indicado que lo que le condujo a adoptar la decisión objeto de litigio fue un nuevo enfoque de la política de desarrollo que implicaba un cambio en la organización administrativa de la Unidad VIII.E.4. De este modo, el demandante ha podido comprobar durante el procedimiento el fundamento de esta explicación. Dicha explicación permite también al Tribunal de Primera Instancia ejercer su control judicial (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. II-201), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión(T-16/94, RecFP p. II-335), apartado 36

Segundo motivo: ilegalidad de la decisión de 19 de julio de 1988 e infracción del apartado 4 del artículo 5 y del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto

La decisión objeto de litigio adoptada el 8 de septiembre de 1993 tuvo lugar fuera del procedimiento de provisión del cargo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 iniciado con arreglo al apartado 1 del artículo 29 del Estatuto mediante la publicación de la convocatoria de puesto de trabajo vacante COM/022/93 y concluido mediante la decisión de anulación de esta última, publicada el 24 de junio de 1993 (apartado 52).

De ello se deduce que el segundo motivo es inoperante en la medida en que denuncia la posibilidad ofrecida por la decisión de 19 de julio de 1988 de fijar el nivel de un puesto de trabajo que debe proveerse en un momento en el que obran en poder de la AFPN la identidad y los expedientes de los candidatos, puesto que tal situación no se ha producido en el caso de autos, al no haberse efectuado el nombramiento para el cargo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 mediante traslado o promoción (apartado 53).

Por consiguiente, procede examinar en primer lugar si la decisión de 19 de julio de 1988 infringe el principio de correspondencia entre puesto de trabajo y grado. A este respecto, en la sentencia Kratz/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia tuvo ocasión de explicar que nada se opone a que unos puestos de Jefe de Unidad se provean en los grados A 3, A 4 o A 5, en función de la importancia de las tareas encomendadas a la Unidad de que se trate. En efecto, el artículo 7 del Estatuto y su Anexo I no exigen que los puestos de Jefe de Unidad se provean necesariamente en el grado A 3 (apartado 54).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Kratz/Comisión (T-10/94, RecFPp. II-315), apartado 53

En segundo lugar, este Tribunal de Primera Instancia señala que, al alegar que la decisión de fijación del nivel del puesto de trabajo en caso de reincorporación con arreglo a la letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto debe basarse también en razones objetivas, el demandante le solicita que compruebe si la decisión objeto de litigio respeta el principio de correspondencia entre puesto de trabajo y grado tal como se desprende del apartado 4 del artículo 5 y del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto y de los principios generales que rigen la función pública (apartado 55).

A estos efectos, el Tribunal de Primera Instancia debe examinar si la decisión objeto de litigio se basa en elementos objetivos que demuestren que la fijación del nivel del puesto de trabajo objeto de litigio corresponde a la importancia de las tareas encomendadas a la Unidad de que se trata. No obstante, el control de una decisión de fijación del nivel de un puesto de trabajo que debe proveerse debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las consideraciones que hayan podido conducir a la administración en su apreciación, está se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de forma manifiestamente errónea (apartado 56).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987, Bouteiller/Comisión (324/85, Rec. p. 529), apartado 6; Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1987, Bonino/Comisión (233/85, Rec. p. 739), apartado 5; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión(T-82/91, RecFP p. II-61), apartado 47

En el caso de autos, procede tomar en consideración los distintos elementos invocados por el demandante en el marco del primer motivo (apartado 57).

A este respecto, ni la decisión por la que la Comisión fijó anteriormente el nivel del cargo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 en el grado A 3 ni la decisión por la que fijó con anterioridad el nivel de un puesto similar en el grado A 3 implican que la Institución se haya privado de la posibilidad de modificar posteriormente la clasificación de estos puestos de trabajo, habida cuenta de un nuevo enfoque que se basa, por ejemplo, en una nueva política de gestión del personal en el seno de la Dirección General de que se trata. La mera existencia de una apreciación anterior diferente no constituye la prueba de haberse extralimitado o de una utilización manifiestamente errónea de la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión en esta materia (apartado 58).

Del mismo modo, el hecho de que los otros funcionarios de la Unidad de que se trata tengan, salvo una excepción, un grado superior al de su superior jerárquico no constituye un indicio concreto de la existencia un exceso de los límites o de una utilización manifiestamente errónea de dicha amplia facultad de apreciación (apartado 59).

En el caso de autos, la decisión objeto de litigio se basa en elementos objetivos. Así pues, la Comisión ha alegado que una concepción diferente de la política de desarrollo dirigida a privilegiar los proyectos integrados de ayuda al desarrollo en sustitución de los proyectos de ayuda puntual ha hecho necesaria una organización administrativa diferente dentro de la Dirección General de que se trata. Tal cambio de la organización administrativa puede afectar a los elementos tenidos en cuenta al fijar el nivel del puesto de trabajo controvertido, tales como la dimensión política de la actividad de la Unidad VIII.E.4, así como el nivel de los interlocutores externos o internos a la Institución, el nivel ejecutivo necesario para sus actividades, las disponibilidades presupuestarias y las prioridades de la Comisión (apartado 60).

En estas circunstancias, los elementos invocados por el demandante no prueban que, al adoptar la decisión objeto de litigio, la Comisión haya hecho uso de su facultad de apreciación de modo manifiestamente erróneo (apartado 61).

Tercer motivo: infracción de los artículos 27, 29 y 45 del Estatuto

La decisión objeto de litigio no infringe el artículo 27 del Estatuto. En efecto, la fijación del nivel de puesto de trabajo precede a la atribución de dicho puesto a uno de los candidatos. Ahora bien, del propio tenor del artículo 27 del Estatuto se deduce que dicha disposición sólo se refiere a esta última fase, esto es, a la atribución, a uno de los candidatos, de un puesto de trabajo cuyo nivel ya ha sido fijado (apartado 68).

Tampoco se han infringido los artículos 29 y 45 del Estatuto en el caso de autos, puesto que la decisión objeto de litigio se adoptó fuera del procedimiento de provisión del cargo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 (apartado 69).

Finalmente, en lo referente a la supuesta infracción del artículo 45 del Estatuto, que enuncia el principio de colegialidad de las decisiones de la Comisión, es necesario recordar que en la sentencia Benecos/Comisión, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia ya desestimó la misma alegación subrayando que el procedimiento escrito denominado «de los seis días» sólo sustituye un procedimiento oral por otro escrito, cuando el Colegio de Comisarios lo decide por unanimidad y no lesiona en modo alguno el derecho de los funcionarios a que su expediente sea examinado por cada uno de sus miembros (apartado 71).

Cuarto motivo: ilegalidad de la convocatoria de puesto de trabajo vacante

El cuarto motivo de anulación carece de objeto, puesto que la decisión objeto de litigio se produjo fuera del procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Jefe de la Unidad VIII.E.4 (apartado 75).

Costas

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa una insuficiencia de motivación que subsiste en la fase de denegación de la reclamación y que sólo ha sido subsanada en el marco del procedimiento contencioso. El recurso tuvo que interponerse debido a dicha insuficiencia de motivación. En estas circunstancias, procede condenar a la Comisión a soportar también las costas del demandante, con arreglo al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento.

Fallo:

Se desestima el recurso.

Se condena en cosías a la Comisión.