El objetivo del derecho a la negociación colectiva, tal como se establece en los artículos 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es permitir una negociación entre los agentes sociales a fin de determinar las condiciones laborales. Pues bien, en el caso de que las disposiciones aplicables, cuya validez no se cuestiona, ya determinen suficientemente los derechos y obligaciones de los empleados, ese derecho fundamental no exige, en ningún caso, tal negociación.

En efecto, en materia de incremento anual de las pensiones de los antiguos empleados del Banco Central Europeo, la metodología que regula el incremento de las pensiones se determina en el artículo 17, apartado 7, del anexo III de las Condiciones de contratación del personal del Banco. Esta norma establece que, en caso de que el ajuste general de los salarios correspondiente a un año supere a la inflación, el Consejo de Gobierno aplicará el ajuste general de los salarios para la indexación de las pensiones si determina, basándose en el dictamen del actuario del plan de pensiones, que la situación económica del fondo lo permite. Si la situación económica del fondo no lo permite, las pensiones se incrementarán en función de la inflación.

Aunque el criterio que se refiere a la situación económica del fondo no se concreta tampoco en el anexo III de dichas Condiciones de contratación, el régimen de pensiones en cuestión es un régimen de capitalización en el que las pensiones abonadas se financian, en principio, mediante prestaciones básicas y prestaciones flexibles. Por consiguiente, el requisito de que la situación económica del fondo debe permitir la aplicación del ajuste general de los salarios trata de garantizar que el incremento de las pensiones no ponga en peligro la financiación del plan de pensiones a largo plazo. Así pues, el Consejo de Gobierno debe apreciar la situación económica del fondo y adoptar su decisión sobre el incremento de las pensiones a la luz de ese objetivo.

En este contexto, la existencia del mecanismo de garantía establecido en el anexo III de las Condiciones de contratación no puede tenerse en cuenta para apreciar la situación económica del fondo. En efecto, el objeto de dicho mecanismo de garantía es proteger los importes abonados frente a los rendimientos de inversión negativos, pero no frente a un incremento de las pensiones que la situación económica del fondo no permita. Así pues, la existencia de dicho mecanismo de garantía no confiere margen de maniobra al Consejo de Gobierno en lo relativo a la apreciación de la situación económica del fondo.

Por otra parte, la observancia de la metodología establecida en el artículo 17, apartado 7, del anexo III de las Condiciones de contratación es controlable por el juez de la Unión. De este modo, en el supuesto de que el Consejo de Gobierno no aplicase el porcentaje del ajuste general de los salarios a las pensiones, pese a permitirlo la situación económica del fondo, podría impugnarse su decisión ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

Por consiguiente, la metodología prevista en el artículo 17, apartado 7, del anexo III de las Condiciones de contratación, antes citadas, ya determina suficientemente los derechos y obligaciones de los antiguos empleados del Banco Central Europeo.

El hecho de que la apreciación de la situación económica del fondo exija una apreciación económica compleja y que tal apreciación sea, en principio, únicamente objeto de un control jurisdiccional limitado no desvirtúa esta conclusión.

A este respecto, por una parte, un control jurisdiccional limitado no implica que el juez de la Unión se abstenga de todo control. En efecto, en tal caso, el juez de la Unión no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también controlar si tales elementos constituyen todos los datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si pueden sostener las conclusiones que se deducen de los mismos.

Por otra parte, en virtud del artículo 17, apartado 7, del anexo III de las Condiciones de contratación, el Consejo de Gobierno debe actuar basándose en el dictamen del actuario, por tanto, en el dictamen de un experto. El objetivo de este dictamen de experto es facilitarle la interpretación de la situación económica del fondo. Tiene también como efecto facilitar el control jurisdiccional de su decisión. En el supuesto de que el Consejo de Gobierno siga el dictamen del actuario, tendrá en cuenta el dictamen de un experto, que es un tercero con respecto al Consejo de Gobierno y al personal del Banco. En cambio, en el supuesto de que el Consejo de Gobierno decida no seguir dicho dictamen, le corresponderá exponer las razones por las cuales su apreciación diverge.

(véanse los apartados 155 a 163)

Referencia:

Tribunal General: 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión (T‑201/04, Rec. p. II‑3601), apartados 87 a 89