En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales prevista en el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto pendiente ante él, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De lo anterior resulta que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. Esta presunción de pertinencia sólo puede destruirse en casos excepcionales, cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o cuando el problema sea de naturaleza hipotética o el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

El artículo 291, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 89/97, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «persona que importe o haga importar la mercancía» contenido en dicha disposición se refiere a la persona a la que la mercancía va destinada y que tiene la intención de afectarla al destino especial prescrito, independientemente de que ella misma realice la declaración de aduana o que se haga representar a tal efecto en el sentido del artículo 5 del Reglamento no 2913/92. Dicho concepto no se refiere al representante de esta persona ante las autoridades aduaneras, salvo cuando se entiende que dicha persona actúa en nombre propio y por cuenta propia con arreglo al artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento no 2913/92 y, por ende, debe considerarse importador.

A este respecto, si bien es cierto que el capítulo 2 del título I de la segunda parte del Reglamento de aplicación, que regula la admisión de determinadas mercancías a un tratamiento arancelario favorable en razón de su destino especial, no define el concepto de «persona que importe o haga importar la mercancía», no lo es menos que esta normativa impone al titular de dicha autorización determinadas obligaciones que permiten determinar a quién se dirige el artículo 291, apartado 1, del citado Reglamento. Así, tanto la obligación establecida en el artículo 291, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, según el cual el interesado deberá facilitar a las autoridades aduaneras, y a satisfacción de las mismas, el seguimiento de las mercancías en el establecimiento o establecimientos de la empresa durante el proceso técnico de elaboración, como las obligaciones contenidas en el artículo 293 del mismo Reglamento, como la de afectar la mercancía al destino especial descrito, de llevar una contabilidad que permita a las autoridades aduaneras realizar las comprobaciones que estimen necesarias y de conservar esta contabilidad, demuestran que la persona que importe o haga importar la mercancía, esto es, la persona que deba disponer de la autorización contemplada en el artículo 291 del Reglamento de aplicación, es la persona a quien va destinada la mercancía y que tiene la intención de afectarla al destino especial prescrito. Sólo esta persona está en condiciones de cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 291 y 293 de dicho Reglamento.

El hecho de que el artículo 291, apartado 1, del Reglamento de aplicación utilice alternativamente las fórmulas «la persona que importe» y «la persona que haga importar» indica que cabe importar mercancías con un destino especial haciéndose representar ante las autoridades aduaneras de conformidad con el artículo 5 del Reglamento no 2913/92. De lo anterior resulta que el representante que efectúa las declaraciones aduaneras por cuenta ajena no es la persona a la que se refiere el artículo 291, apartado 1, del Reglamento de aplicación y, por consiguiente, no debe ser titular de una autorización en el sentido de dicho artículo. Sólo cuando el agente de aduanas no declara que actúa en nombre y por cuenta ajena o cuando declara actuar en nombre y por cuenta ajena sin poseer un poder de representación, se considerará que el propio agente es el importador y, por consiguiente, este agente deberá disponer de una autorización por escrito para que las mercancías importadas se beneficien de un tratamiento arancelario favorable.

(véanse los apartados 46 a 51 y 54 y el punto 1 del fallo)