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Asunto C-411/07

X BV

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Clasificación arancelaria — Partidas 8541, 8542 y 8543 — Acopladores ópticos»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de octubre de 2008 I ‐ 7421

Sumario de la sentencia

Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Acopladores ópticos

[Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, anexo I, partidas 8541, 8542 y 8543; Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión]

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1832/2002, debe interpretarse en el sentido de que un acoplador óptico está comprendido en la partida 8541 independientemente de si contiene un circuito amplificador o no. En efecto, la clasificación arancelaria de los acopladores ópticos no puede variar según tengan o no un circuito amplificador integrado, habida cuenta de que éste únicamente sirve para garantizar la buena transmisión de señales y no modifica fundamentalmente las características y propiedades del acoplador óptico en cuanto dispositivo semiconductor fotosensible. Por lo tanto, dicha clasificación parece específica y adecuada.

(véanse los apartados 23 a 25 y el fallo)
Asunto C-313/07

Kirtruna, S.L., y Elisa Vigano

contra

Red Elite de Electrodomésticos, S.A., y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona)

«Política social — Directiva 2001/23/CE — Transmisión de empresa — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Procedimiento de insolvencia — Sucesión en el contrato de arrendamiento»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 I ‐ 7909

Sumario de la sentencia

Política social — Aproximación de las legislaciones — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Directiva 2001/23/CE

(Directiva 2001/23/CE del Consejo, art. 3, ap. 1)

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, no exige, en caso de transmisión de empresa, el mantenimiento del contrato de arrendamiento de un local de negocio celebrado por el cedente de la empresa con un tercero, aun cuando la resolución de dicho contrato pueda implicar la extinción de los contratos laborales transmitidos al cesionario.

Bien es cierto que dicha Directiva tiene por objeto proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos, y que, de no transmitirse automáticamente el contrato de arrendamiento, existe en efecto un riesgo de que el cesionario de la empresa tenga que abandonar los locales, cesar sus actividades y, consiguientemente, resolver los contratos laborales de los trabajadores afectados. No obstante, la necesidad de alcanzar ese objetivo de protección de los trabajadores no puede llegar hasta el extremo de desvirtuar la redacción unívoca del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23, lesionando los derechos de terceros ajenos a la operación de transmisión de la empresa al imponerles la obligación de asumir una transmisión automática del contrato de arrendamiento que la Directiva no contempla claramente.

(véanse los apartados 42 a 44 y 47 y el fallo)
Por consiguiente, es inadmisible una adhesión a la casación que no tiene por objeto obtener la anulación de la sentencia recurrida, sino que se declare la inadmisibilidad del recurso principal.

Por lo tanto, al constituir el método «del país» un método de cálculo apropiado para garantizar, en la medida de lo posible, la equivalencia del poder adquisitivo entre los pensionistas, el legislador comunitario no vulneró el principio de igualdad de trato al aprobar el Reglamento no 723/2004, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes, que sustituye el método «del país» por el método «de la capital» a fines de fijar los coeficientes correctores en el marco del régimen de pensiones transitorio.

La decisión del legislador comunitario de reformar el régimen de pensiones suprimiendo los coeficientes correctores aplicables a los derechos a pensión adquiridos desde el 1 de mayo de 2004, concretado en el Reglamento no 723/2004, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes no es incompatible con el principio de igualdad de trato. Si bien es cierto que el antiguo régimen de pensiones, basado en un sistema de coeficientes correctores y, en consecuencia, sobre una determinada compensación del poder adquisitivo según el Estado miembro de residencia del pensionista, constituía un medio apropiado para ejecutar dicho principio, no puede inferirse de ello que cualquier otro sistema es incompatible con este principio.

En efecto, un régimen de pensiones que tiene por objeto la equivalencia del poder adquisitivo es sólo uno de los medios posibles de garantizar el principio de igualdad de trato. También respeta este principio un sistema según el cual los pensionistas reciben como contribución equivalente una pensión nominal igual.

La introducción en el marco del régimen transitorio de un coeficiente corrector mínimo del 100 % sólo anticipaba para una parte de los pensionistas la supresión de los coeficientes correctores prevista por el régimen definitivo.

Dado que el régimen definitivo de pensiones resultante del Estatuto modificado, en la medida en que ya no persigue el objetivo de garantizar una cierta equivalencia del poder adquisitivo entre los pensionistas independientemente de su lugar de residencia, es compatible con el principio de igualdad de trato, el régimen transitorio, que sólo anticipa el principio de una pensión de importe «único» en beneficio de los pensionistas a los que este principio favorece, no puede constituir una discriminación.

(véanse los apartados 65 a 68)
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE; Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1552/89»), y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), al haber eximido unilateralmente de derechos de aduana la importación de material militar y al haberse negado a calcular y abonar los recursos propios no recaudados a raíz de esta exención, así como los intereses de demora devengados por la falta de puesta a disposición de la Comisión de estos recursos propios en los plazos establecidos.
55

A continuación, la recurrente observa que existe una contradicción entre la afirmación en la lengua de procedimiento que figura en el apartado 62 de la sentencia recurrida, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark» (Esta lista de productos y servicios debe compararse con la contenida en la solicitud de marca comunitaria), y la conclusión de que los productos protegidos por la marca anterior y los cubiertos por la marca cuyo registro se solicita no son similares.
13

Por otro lado, con arreglo al artículo 222 CE, párrafo segundo, la función del Abogado General consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención. Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a las mismas, no es indispensable reabrir la fase oral de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de Procedimiento cada vez que el Abogado General suscita una cuestión de Derecho que no ha sido objeto de debate entre las partes.
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, y del artículo 10 CE, al haber establecido de forma expresa y general, en los artículos 8 y 9 de la Ley no 289, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)], de 27 de diciembre de 2002 (suplemento ordinario no 240 de la GURI no 305, de 31 de diciembre de 2002; en lo sucesivo, «Ley no 289/2002»), una renuncia a la comprobación de las operaciones imponibles efectuadas a lo largo de una serie de períodos impositivos.
11

En cuanto a la participación que HBV posee en WBC, no cabe considerar una posible vulneración de la libertad de establecimiento en aplicación del artículo 52, apartado 1, del Tratado respecto al año 1988, puesto que la República de Austria sólo forma parte de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1995. Tampoco puede considerarse tal vulneración en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, firmado el (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), en el que ese Estado era parte, pero que no entró en vigor hasta el .
28

En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) En el supuesto de que un operador use, en la publicidad de sus propios productos o servicios, una marca registrada perteneciente a un competidor con la finalidad de comparar las características (y en particular el precio) de los productos o servicios que el primero comercializa con las características (y en particular el precio) de los productos o servicios comercializados por el competidor con dicha marca, de una forma tal que no causa confusión ni perjudica de otro modo la función esencial de la marca como indicación de origen, ¿está comprendido dicho uso en el ámbito de aplicación del artículo 5, [apartado 1], letra a) o del artículo 5, [apartado 1], letra b), de la Directiva 89/104? 2) Cuando un operador usa, en publicidad comparativa, la marca registrada de un competidor, ¿tiene que ser dicho uso “indispensable” para que se ajuste a lo dispuesto por el artículo 3 bis [apartado 1] de la Directiva 84/450 […] y, si es así, cuáles son los criterios conforme a los que debe apreciarse la indispensabilidad? 3) En particular, si existe un requisito de indispensabilidad, ¿impide tal requisito cualquier uso de un signo que no sea idéntico a la marca registrada, pero sí muy similar a ésta?»
7

El artículo 35 de la Ley del impuesto sobre el volumen de negocios (Wet op de omzetbelasting), de 28 de junio de 1968 (Stb. 1968, no 329), en su versión aplicable al litigio principal, tiene el siguiente tenor: «1. Por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúe para otros empresarios o para personas jurídicas que no sean empresarios, el empresario deberá expedir una factura numerada y fechada que precise claramente y sin ambigüedad: […] i. El precio. j. La cuota del impuesto adeudada por la entrega o el servicio. No se permite mencionar otra cuota de impuesto. […]»
109

A este respecto, el hecho, puesto de manifiesto por el Gobierno del Reino Unido, de que determinado número de disposiciones de Derecho comunitario, como el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40), modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 269, p. 15), el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180, p. 22), o incluso el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16), mencionen expresamente que el concepto de condiciones de empleo y de trabajo a que se refieren estas disposiciones engloba las retribuciones no permite deducir de la inexistencia de una mención en este sentido en la cláusula 4 del Acuerdo marco que el concepto de condiciones de trabajo a efectos de la aplicación de esta cláusula no se refiera a aspectos económicos como los controvertidos en el procedimiento principal.
Incumplimiento de Estado — Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO C 244, p. 1) — Artículo 16, apartado 5, y artículo 17, apartado 1 — No adopción de las medidas que determinan los requisitos mínimos de cualificación que se exigen al personal encargado de la recuperación, el reciclado, la regeneración y la destrucción de las sustancias reguladas a que se refiere el artículo 2 del Reglamento y contenidas en los aparatos de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor y sistemas de protección contra incendios y extintores — No adopción de las medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al mínimo los escapes de sustancias reguladas e inexistencia de controles relativos a la posible existencia de escapes.
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 a 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1), al adoptar y mantener en vigor el Decreto Legislativo no 36, de 13 de enero de 2003 (suplemento ordinario de la GURI no 40, de 12 de marzo de 2003), en su versión modificada por el Decreto-ley no 203, de 30 de septiembre de 2005 (GURI no 230, de 3 de octubre de 2005, p. 4) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 36/2003»), que adapta el Derecho nacional a las disposiciones de esta Directiva.
20

La Comisión alega que respecto a los productos que no presentan diferencias significativas, la falta de origen común de éstos no basta para justificar la denegación de importación paralela, dado que el criterio determinante para la importación paralela es el de la identidad sustancial de los productos. Esta solución, puesta de relieve por el Tribunal de Justicia en relación con productos farmacéuticos en la sentencia de 1 de abril de 2004, Kohlpharma (C-112/02, Rec. p. I-3369), apartado 18, es, a juicio de la Comisión, aplicable analógicamente a los productos fitosanitarios (sentencia de 14 de julio de 2005, Comisión/Alemania, C-114/04, no publicada en la Recopilación, apartados 24 y 27). Señala dicha institución que no existe razón alguna basada en la protección de la salud pública que permita exigir un origen común en materia fitosanitaria siendo así que no se exige dicho requisito respecto a los medicamentos para uso humano. Es cierto que, en su sentencia de 11 de marzo de 1999, British Agrochemicals Association (C-100/96, Rec. p. I-1499), el Tribunal de Justicia reconoció cierta importancia al origen común de los productos en cuestión. Alega que, no obstante, dicha sentencia no permite considerar que el requisito relativo al origen común reviste una importancia menor en relación con productos farmacéuticos que con respecto a los productos fitosanitarios.
41

Es cierto que el artículo 12, quinto guión, de la Directiva 97/67 no pretende regular la cuestión de principio consistente en si un proveedor del servicio postal universal debe o no conceder el acceso a la cadena postal en condiciones y en puntos diferentes a los del servicio de correo postal tradicional. No obstante, como se deduce del tenor literal de dicha disposición, ésta impone a los Estados miembros una obligación estricta de respetar los principios de transparencia y no discriminación en el supuesto de que el referido prestador conceda, de hecho, dicho acceso a tarifas especiales.
48

Sin embargo, la citada Directiva, no es pertinente. En virtud de su artículo 4, apartado 1, letra a), ésta se aplicará, en efecto, sin perjuicio de las disposiciones más favorables derivadas de acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Comunidad o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y uno o más terceros Estados, por otra parte. Por consiguiente, como ha señalado la Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, la Directiva 2004/114 no puede justificar una lectura restrictiva del artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 1/80 y no permite interpretar esta disposición.
Para examinar si una medida tiene carácter selectivo, es fundamental determinar el marco de referencia, que no debe necesariamente coincidir con el territorio nacional.

De este modo, para apreciar si es selectiva una medida adoptada por una entidad infraestatal que fije sólo para una parte del territorio de un Estado miembro un tipo impositivo reducido en comparación con el vigente en el resto del Estado, ha de examinarse si la medida ha sido adoptada por dicha entidad en el ejercicio de facultades lo suficientemente autónomas del poder central y, en su caso, si se aplica efectivamente a todas las empresas establecidas o todas las producciones efectuadas en el territorio sobre el que aquélla tenga competencia.

En el caso de que una autoridad regional o local fije, en el ejercicio de facultades lo suficientemente autónomas del poder central, un tipo impositivo inferior al nacional, que sólo es aplicable a las empresas localizadas en el territorio de su competencia, el marco jurídico pertinente para apreciar la selectividad de una medida fiscal puede limitarse a la zona geográfica de que se trate en el caso de que la entidad infraestatal, por su estatuto o sus atribuciones, desempeñe un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas localizadas en el territorio de su competencia. A este respecto, ese papel fundamental es consecuencia de la autonomía y no un requisito previo de ésta. Cuando una entidad infraestatal es suficientemente autónoma, es decir, cuando dispone de autonomía institucional, de procedimiento y económica, desempeña un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas.

Para que pueda considerarse que una decisión que se haya adoptado en estas circunstancias lo ha sido en ejercicio de atribuciones lo suficientemente autónomas es necesario, en primer lugar, que sea obra de una autoridad regional o local que, desde el punto de vista constitucional, cuente con un estatuto político y administrativo distinto del del Gobierno central. Esta autonomía exige que la entidad infraestatal asuma las consecuencias políticas y financieras de una medida de reducción del impuesto. No sucederá así cuando la entidad no asuma la gestión del presupuesto, es decir, cuando no posea el control tanto de los ingresos como de los gastos. Además, la decisión debe haber sido adoptada sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente en su contenido, aun cuando esta autonomía procedimental no excluye que se establezca un procedimiento de conciliación para prevenir los conflictos, siempre que la decisión final tomada al término de dicho procedimiento sea adoptada por la entidad infraestatal y no por el Gobierno central. Por último, las consecuencias financieras de una reducción del tipo impositivo nacional aplicable a las empresas localizadas en la región no deben verse compensadas por ayudas o subvenciones –que hayan sido declaradas o que únicamente se deduzcan del examen concreto de los flujos financieros– procedentes de otras regiones o del Gobierno central.

(véanse los apartados 46 a 51, 55, 67, 96, 133, 107, 123, 135 y 144 y el fallo)
Asunto C-352/06

Brigitte Bosmann

contra

Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln)

«Seguridad social — Asignaciones familiares — Suspensión del derecho a las prestaciones — Artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 — Artículo 10 del Reglamento (CEE) no 574/72 — Legislación aplicable — Concesión de prestaciones en el Estado miembro de residencia que no es el Estado competente»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 29 de noviembre de 2007 I - 3829

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de mayo de 2008 I - 3848

Sumario de la sentencia

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Legislación aplicable — Legislación del Estado miembro de empleo

[Art. 42 CE; Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 647/2005, art. 13, ap. 2, letra a)]

El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento no 647/2005, en virtud del cual la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro, debe interpretarse a la luz del artículo 42 CE que persigue facilitar la libre circulación de los trabajadores, e implica, en particular, que los trabajadores migrantes no deben perder los derechos a las prestaciones de seguridad social ni sufrir una reducción de la cuantía de éstas por haber ejercitado el derecho a la libre circulación que les reconoce el Tratado.

De lo anterior resulta que el citado artículo no se opone a que un trabajador migrante, que está sujeto al régimen de seguridad social del Estado miembro de empleo, perciba, con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de residencia, prestaciones familiares en este último Estado.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la circunstancia de que un trabajador vuelva o no al domicilio familiar situado en el Estado miembro de que se trata al término de cada jornada laboral es pertinente para apreciar si tal trabajador reúne los requisitos para la concesión de la prestación familiar en cuestión en dicho Estado con arreglo a la legislación nacional de éste.

(véanse los apartados 29, 33 y 37 y los puntos 1 y 2 del fallo)