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Además, en materia de medidas de conservación de los recursos pesqueros adoptadas en el período en el que el Consejo aún no había ejercido las facultades que posee, si la Comisión formuló objeciones expresas en contra de la medida nacional prevista, tales objeciones sólo pueden considerarse retiradas cuando la Comisión haya manifestado clara y explícitamente su intención de no mantenerlas. Ahora bien, el examen de la medida a la que se refiere el órgano jurisdiccional nacional a la luz de la situación jurídica así definida no pone de manifiesto la existencia de ningún elemento que permita llegar a semejante conclusión. Por el contrario, como se desprende de la Comunicación relativa a la aprobación por parte de la Comisión de medidas de conservación nacionales en el sector de la pesca, de 4 de junio de 1980 (DO C 133, p. 2), el 3 de agosto de 1979 la Comisión mantuvo expresamente su desaprobación de la Orden Ministerial controvertida como tal, pese a aprobar la designación de una determinada especie protegida en la Orden Ministerial.
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No obstante, debe recordarse que un acuerdo como éste no cae bajo la prohibición del artículo 85 cuando no afecta al comercio entre Estados miembros de una manera sensible. Si bien es cierto que, en materia de prensa, la apreciación del carácter sensible de los efectos que un acuerdo de distribución puede ejercer en el mercado es más rigurosa que en el caso de otros productos, procede, no obstante, tener en cuenta para apreciar si un acuerdo puede afectar de manera sensible el mercado de periódicos y revistas procedentes de otros Estados miembros, por una parte, si dicho mercado puede utilizar para la comercialización en la zona territorial considerada otros canales de distribución que los sujetos al acuerdo y, por otra parte, si la demanda de dichos productos es rígida, en el sentido de que no experimentaría variaciones sustanciales por la entrada en vigor o por la terminación del acuerdo de que se trata.
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En cuanto a la tasa de inspección, el Gobierno belga expone que esta tasa está destinada a financiar el examen sanitario que se aplica no a causa de la importación del pescado, sino más bien al despacharlo a consumo en el territorio belga, cualquiera que sea la procedencia de la mercancía. Respecto a la diferencia, destacada por distintas partes, entre la tasa aplicada a los pescados tratados y a los pescados no tratados, el Gobierno belga llama la atención sobre el hecho de que, según la experiencia, el tratamiento del pescado, es decir, cortarlo y limpiarlo, le hace perder aproximadamente el 50 % de su peso y ésta es la razón por la que el tipo de tasa percibida sobre el pescado tratado es el doble de la tasa percibida sobre el pescado no tratado. El Gobierno belga no discute el hecho de que el pescado «desembarcado» está sujeto únicamente a la tasa fijada para el pescado no tratado; lo explica por la circunstancia de que la flota pesquera belga carece en la actualidad de buques equipados para el tratamiento y transformación inmediatos del pescado en alta mar; admite que la norma aplicable debería modificarse en el momento en que existieran buques belgas equipados al efecto. Según el Gobierno belga, no puede, por consiguiente, hablarse de una discriminación fiscal del pescado importado.
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Al no haber atendido el Gobierno italiano la petición de la Comisión, el 28 de febrero de 1969, ésta formuló, en los siguientes términos, un Dictamen motivado conforme al artículo 169 del Tratado, respecto a los impuestos sobre el consumo de alcohol: «En Italia, los alcoholes de fabricación nacional están sujetos a impuestos estatales de 60.000 LIT/hl de alcohol puro y al impuesto de fabricación de 60.000 LIT/hl de alcohol puro. La ley establece numerosas reducciones, en particular para los aguardientes de vino y de orujo, que están exentos del impuesto estatal y sometidos al impuesto de fabricación de 53.000 LIT/hl para los aguardientes de vino y de 50.000 LIT/por hi para los aguardientes de orujo. Los aguardientes de vino y de orujo importados a Italia están, por el contrario, sometidos a impuestos estatales de 60.000 LIT/hl de alcohol puro y al impuesto de fabricación de 60.000 LIT/hl de alcohol puro (omìssis). Desde noviembre de 1965, la Comisión ha llamado la atención del Gobierno italiano sobre el carácter discriminatorio de este régimen. Posteriormente, mediante escrito de 8 de mayo de 1968, la Comisión inició el procedimiento regulado por el artículo 169 del Tratado CEE, por infracción del artículo 95 del Tratado. En su respuesta, mediante escrito de 23 de julio de 1968 de la Representación Permanente de Italia, el Gobierno italiano informó a la Comisión de que no tenía intención de suprimir la tributación diferenciada de que se trata mientras no se introdujeran modificaciones en los monopolios nacionales existentes en Alemania y en Francia y se estableciera una política agrícola común en este sector (omissis). Salvo en un solo punto, los argumentos expuestos no pueden cuestionar el fundamento del punto de vista expresado por la Comisión en su escrito de 8 de mayo de 1968. Hay que destacar, ante todo, que en ningún caso los Estados miembros pueden invocar infracciones de la misma naturaleza cometidas por otros Estados miembros para sustraerse al cumplimiento de las obligaciones que les imponen las disposiciones del Tratado. En cuanto al argumento de que Italia aplica su política agrícola en materia de alcohol a través del impuesto y que sólo podrá modificar su postura en el marco de una política común en materia de alcohol, la Comisión ya admitió, en el citado escrito de 8 de mayo de 1968, que Italia podía efectivamente aplicar el impuesto como instrumento de su política agrícola en este sector y mantener provisionalmente, en dicho marco, la tributación diferenciada por importe de 60.000 LIT/hl de alcohol puro mediante la aplicación de impuestos estatales. Por medio de tal diferenciación se pueden comercializar los alcoholes a un precio más o menos uniforme, cualquiera que sea su precio de coste.”
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En su primera resolución, de 15 de enero de 1980, el Finanzgericht se refirió a la legislación, la jurisprudencia y la práctica administrativa alemanas en materia de determinación del valor en aduana de estupefacientes importados de contrabando, en particular en lo que se refiere al momento en que surge la deuda aduanera. No obstante, dicho Tribunal se preguntó si, y en qué medida, los Reglamentos comunitarios relativos a la determinación del valor en aduana, y en especial el Reglamento n° 803/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, relativo al valor en aduana de las mercancías (DO L 148, p. 6), podían ser aplicables.
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Si bien las partes en el litigio principal mantienen opiniones divergentes sobre las razones que llevaron al Gobierno Irlandés a establecer el tributo, están no obstante de acuerdo en que dicho tributo forma parte de una política de rentas que trata de distribuir las cargas fiscales entre los diferentes sectores de la población activa. Como mantienen con razón el Gobierno Irlandés y la Comisión, las organizaciones comunes de mercado no se oponen, en principio, a una política nacional de este tipo. Según la letra c) del apartado 2 del artículo 39 del Tratado, debe tenerse en cuenta, en la elaboración de la Política Agrícola Común, «el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía». La Política Agrícola Común no trata, por tanto, de exceptuar a los agricultores de los efectos de una política nacional de rentas. Por otra parte, la fijación de los precios comunes en el marco de las organizaciones comunes de mercado no garantiza a los productores agrícolas un precio neto independientemente de toda carga fiscal impuesta por las autoridades nacionales, y la redacción misma de la letra b) del apartado 1 del artículo 39 demuestra que el aumento de la renta individual de los agricultores se presume que será, ante todo, el resultado de las medidas estructurales descritas en la letra a).
El artículo 177 no atribuye al Tribunal de Justicia la misión de emitir opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la de contribuir a la administración de la justicia en los Estados miembros. Por consiguiente, no es competente para responder a cuestiones de interpretación que se le planteen en el marco de artificios procesales utilizados por las partes con objeto de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre ciertos problemas de Derecho comunitario que no obedecen a una necesidad objetiva inherente a la solución de un litigio. Una declaración de incompetencia en tal supuesto no menoscaba en absoluto las prerrogativas del Juez nacional, sino que permite evitar que se utilice el procedimiento del artículo 177 con fines que no son los propios. Además, procede destacar que el Tribunal de Justicia, si bien debe poder confiar lo más posible en la apreciación del Juez nacional sobre la necesidad de las cuestiones que se le plantean, debe poder hacer cualquier apreciación inherente al cumplimiento de su propia función, en particular para verificar, en su caso, su propia competencia, tal como están obligados todos los órganos jurisdiccionales.
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Este Tribunal de Justicia no ha excluido, en principio, la posibilidad de que una legislación fiscal nacional distinga entre diferentes bebidas alcohólicas, entendiéndose, no obstante, que tal distinción no puede utilizarse con fines de discriminación fiscal o para garantizar la protección de los productos nacionales. Ha reconocido que la distinción hecha por la legislación danesa entre el akvavit y todas las demás bebidas alcohólicas tiene carácter discriminatorio y protector.
En virtud de las obligaciones que derivan tanto del Tratado CEE como del Acta de adhesión, la adopción de medidas de conservación en materia de pesca dentro de las aguas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, es competencia de la Comunidad. En la medida en que la Comunidad haya ejercido esta competencia, las disposiciones adoptadas excluyen cualesquiera otras disposiciones discordantes de los Estados miembros. Por el contrario, si durante el transcurso del período transitorio que establece el artículo 102 del Acta de adhesión, la Comunidad aún no ha ejercido plenamente su competencia en la materia, los Estados miembros pueden adoptar, en el ámbito nacional, las medidas de conservación adecuadas, sin perjuicio, no obstante, de las obligaciones de cooperación que les impone el Tratado CEE, y especialmente su artículo 5.

El hecho de que el Consejo no haya podido adoptar una decisión con el fin de prorrogar medidas de conservación en materia de pesca que había adoptado anteriormente no produce el efecto de privar a la Comunidad de su competencia en la materia y de devolver, de este modo a los Estados miembros una libertad de acción discrecional en el ámbito de que se trata. Ante tal situación, incumbe a los Estados miembros, en relación con las zonas marítimas pertenecientes a su jurisdicción adoptar las medidas de conservación necesarias, en interés común y observando las normas tanto materiales como de procedimiento que derivan del Derecho comunitario.

Tanto el artículo 102 del Acta de adhesión como el Reglamento no 101/76 del Consejo, por el que se establece una política común de estructuras en el sector pesquero, y especialmente su artículo 4, así como el Anexo VI de la «Resolución de La Haya», adoptada por el Consejo el 3 de noviembre de 1976, y la Declaración del Consejo de 31 de enero de 1978 relativa a la pesca, se basan en el doble presupuesto de que deben adoptarse medidas en las aguas marítimas de las que es responsable la Comunidad para satisfacer las necesidades de conservación demostradas y, si dichas medidas no pueden establecerse en el momento oportuno a nivel comunitario, los Estados miembros tienen no sólo el derecho sino también la obligación de actuar en interés de la Comunidad. Si bien la Resolución y la Declaración mencionadas subrayan sobre todo la exigencia de que las medidas de conservación de carácter nacional no deben rebasar los límites de lo estrictamente necesario, implican al mismo tiempo el reconocimiento de la necesidad y de la legitimidad de las medidas de conservación justificadas desde un punto de vista biológico y concebidas para conseguir no sólo el beneficio particular del Estado miembro interesado, sino el interés colectivo de la Comunidad.
El artículo 8 de la Directiva 64/221 impone a los Estados miembros la obligación de conceder a todo ciudadano de un Estado miembro de la Comunidad afectado por una decisión relativa a la entrada, la denegación de la concesión o la renovación del permiso de residencia o sobre la expulsión del territorio, los mismos recursos de que disponen los nacionales del Estado de que se trate contra los actos administrativos. Un Estado miembro no puede, sin infringir esta obligación, condicionar la admisión de un recurso interpuesto por las personas contempladas en la Directiva, a exigencias especiales de forma o de procedimiento menos favorables que las que se aplican a los recursos interpuestos por los nacionales contra los actos de la Administración.

El articulo 8 de la Directiva 64/221 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar a las personas contempladas en la Directiva una protección judicial que no sea menos favorable que la que conceden a sus propios nacionales en caso de recurso contra actos de la Administración, incluida, si procede, la suspensión de los actos objeto del recurso. Esta disposición comprende todos los recursos que pueden interponerse en un Estado miembro contra los actos administrativos, en el marco de la organización judicial y del reparto de competencias jurisdiccionales del Estado de que se trate. Esto significa, en particular, que si en un Estado miembro el Juez de lo contencioso-administrativo no es competente para suspender una decisión administrativa, pero semejante facultad se reconoce a los órganos jurisdiccionales ordinarios dicho Estado miembro tiene la obligación de permitir a las personas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva que interpongan una demanda a nte tales órganos jurisdiccionales solicitando se suspenda la ejecución del acto, en las mismas condiciones que los nacionales.
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que, por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que, con arreglo al apartado 3 del artículo 79 del Reglamento no 1408/71, la suspensión del derecho a subsidios familiares por hijos a cargo de un padre que sea beneficiario de una pensión con arreglo a la legislación de un Estado miembro no resulta aplicable cuando la madre no haya causado efectivamente derecho a esos mismos subsidios en virtud de la legislación de otro Estado miembro por ejercer una actividad profesional, o porque la condición de cabeza de familia tan sólo se reconozca al padre o, en cualquier caso, porque no se reúnan los requisitos de los que depende la atribución a la madre del derecho a percibir los subsidios.
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que los considerandos del Reglamento no 652/76 no contienen referencia expresa a las perturbaciones que pueden producirse de no existir los montantes compensatorios monetarios, sino que tan sólo mencionan que «las cotizaciones señaladas en los mercados de cambio para el franco francés han registrado, desde el 15 de marzo de 1976, una baja sensible y que, por tanto, se cumplen los requisitos de la letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 974/71 que justifican la aplicación de los montantes compensatorios monetarios»;
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Considerando que algunos importes que la Comisión se negó a imputar al FEOGA constituyen gastos efectuados por el Gobierno demandante en concepto de venta a precio reducido de mantequilla procedente de existencias públicas con arreglo al Reglamento (CEE) no 1308/68 de la Comisión, de 28 de agosto de 1968 (DO L 214, p. 10). Considerando que, a tenor del artículo 3 del Reglamento, la mantequilla objeto de esta operación debía exportarse en un plazo de treinta días «después de su venta» por el organismo de intervención, requisito cuyo cumplimiento quedaba garantizado por la constitución de una fianza con arreglo al artículo 4; que el Reglamento no 1308/68 fue derogado por el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1893/70 de la Comisión, de 18 de septiembre de 1970, relativo a la venta de mantequilla procedente de existencias públicas (DO L 208, p. 13), aunque sigue siendo aplicable a la mantequilla vendida al amparo del Reglamento derogado;
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que, en este asunto, la institución social competente sostuvo que, al no estar asegurado conforme a la legislación social alemana en razón de su empleo en la República Federal de Alemania, el interesado no podía disfrutar de las prestaciones previstas por la legislación neerlandesa sobre desempleo, en aplicación del apartado 1 del artículo 71 del Reglamento no 1408/71.
Las excepciones admitidas por el artículo 115, por constituir no solo una excepción a las disposiciones de los artículos 9 y 30 del Tratado, fundamentales para el funcionamiento del mercado común, sino también un obstáculo para el establecimiento de la política comercial común prevista por el artículo 113, son de interpretación y de aplicación estrictas.

El hecho de que el Estado miembro de importación exija que se indique, en el documento de declaración de aduana, el país de origen de los productos en régimen de libre práctica cuyo régimen comunitario acredita el certificado de circulación comunitario no constituye, en sí, una medida equivalente a una restricción cuantitativa, siempre y cuando se trate de mercancías objeto de medidas de política comercial adoptadas, por dicho Estado, de conformidad con el Tratado. Esta exigencia incurriría, sin embargo, en la prohibición del artículo 30 del Tratado CEE si se pidiera al importador que declarase, respecto del origen, datos que no conoce o que no puede razonablemente conocer, o si la omisión o la inexactitud de esta declaración llevara acarreadas sanciones desproporcionadas en relación con la naturaleza de una infracción de carácter puramente administrativo. Toda medida administrativa o represiva que exceda de lo estrictamente necesario, para el Estado de importación, con el fin de obtener información razonablemente completa y exacta sobre los movimientos de mercancías sometidas a medidas de política comercial especiales, debe considerarse una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el Tratado.
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Considerando que, mediante resolución de 16 de diciembre de 1974, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de abril de 1975, el tribunal administratif de Paris planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la excepción relativa al orden público que figura en el artículo 48 del Tratado CEE, habida cuenta de las medidas adoptadas para aplicar dicho artículo, fundamentalmente el Reglamento (CEE) no 1612/68 y la Directiva no 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre la libre circulación de los trabajadores (DO L 257, p. 2 y 13; EE 05/01, p. 77 y 88);
Las letras f) y g) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, sin prejuzgar la compatibilidad de la letra g) con el artículo 51 del Tratado CEE, así como el artículo 49 del Reglamento no 1408/71, tienen por objeto exclusivamente la posible revisión de una prestación concedida por un Estado miembro en virtud solamente de la legislación nacional, en el caso de que, más tarde, se reúnan los requisitos de concesión de las prestaciones previstos en la legislación de otro Estado miembro en el que el interesado haya cubierto períodos. Estas disposiciones no se refieren, pues, al cálculo o a los requisitos para la concesión de estas prestaciones ulteriores.

Cuando un trabajador migrante ha presentado una solicitud de prestación de invalidez ante la institución de su lugar de residencia, de acuerdo con las modalidades determinadas por la legislación de dicho lugar, como dispone el apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 4, o por la legislación que aplica esta institución, como dispone el apartado 1 del artículo 36 del Reglamento no 574/72, no necesita presentar una nueva solicitud en otro Estado miembro, aun cuando en el momento en que presentó su solicitud no cumpliera todavía todos los requisitos de fondo exigidos por la legislación del segundo Estado para la concesión de la prestación.
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Considerando, no obstante, que no niegan que los minoristas, tanto si han sido suministrados directamente por el Groupement como por medio de comerciantes, están obligados a anunciar las listas de los precios fijados en común por los miembros del Groupement y no deben anunciar públicamente rebajas sobre dichos precios;
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Considerando que, mediante resolución de 18 de junio de 1973, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de julio de 1973, el Finanzgericht (Tribunal de lo contencioso-tributario) Hamburg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del término «caza», que figura en la subpartida 02.04 B del Arancel Aduanero Común de 1970; que de la resolución de remisión se desprende que dichas cuestiones se suscitaron con motivo de la importación a la Comunidad de carne congelada procedente de animales que habían vivido en estado salvaje y que habían sido cazados; que las autoridades aduaneras nacionales, por considerar que se trataba de carne de reno, clasificaron la mercancía, no en la subpartida 02.04 B (carne de caza) del Arancel Aduanero Común entonces vigente, sino en la subpartida 02.04 C III (las demás); que las autoridades aduaneras se refirieron, a este respecto, a las Notas Explicativas del Arancel Aduanero Común, publicadas por la Comisión, según las cuales, los renos son considerados animales domésticos, de manera que su carne queda excluida de la subpartida 02.04 B y debe ser clasificada en la subpartida 02.04 C III.
En consecuencia, debe proseguir el procedimiento previsto en el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, mientras no se revoque o se anule la petición del Juez nacional.

El hecho de que la expresión «autoridades de los Estados miembros», que figura en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 17, comprenda en determinados Estados miembros a los órganos jurisdiccionales especialmente encarga dos de aplicar la normativa nacional sobre la competencia o de controlar la legalidad de esta aplicación por las autoridades administrativas, no puede dispensar de resolver a un órgano jurisdiccional ante el que se invoca el efecto directo de los artículos 85 y 86.

La competencia de dicho órgano jurisdiccional para plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial ño puede verse afectada en virtud del artículo 9 del Reglamento no 17. No obstante, si la Comisión inicia un procedimiento con arreglo al artículo 3 del Reglamento no 17, dicho órgano jurisdiccional, si lo estima necesario por motivos de seguridad jurídica, puede suspender el procedimiento a la espera del resultado de la actuación de la Comisión.
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que, no obstante, de ello no se desprende que la intervención de la Agencia, como organismo comunitario que representa el conjunto de los usuarios, no contribuya ya a la consecución de los objetivos del Tratado;
En virtud de todo lo expuesto; vistos los autos; habiendo considerado el informe del Juez Ponente; oídas las observaciones orales de la Comisión de las Comunidades Europeas; oídas las conclusiones del Abogado General; visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 48 a 51; visto el Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes; visto el Reglamento no 4 del Consejo por el que se establecen las modalidades de aplicación y se completan las disposiciones del Reglamento no 3 relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes; visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE y, en especial, su artículo 20; visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión planteada por el tribunal du travail de l'arrondissement de Tongres mediante resolución de 30 de abril de 1971, declara: