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Tras señalar en el apartado 69 de la sentencia recurrida que «la pretensión de indemnización de la demandante se basa, por una parte, en regímenes de responsabilidad extracontractual que no implican un comportamiento ilícito por parte de las instituciones de la Comunidad o de sus agentes en el ejercicio de sus funciones (el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios ajenos) y, por otra, en el régimen de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por razón del comportamiento ilícito de sus instituciones y de sus agentes en el ejercicio de sus funciones (la vulneración del principio de protección de la confianza legítima y la falta o negligencia de la Comisión)», el Tribunal de Primera Instancia desestimó, en primer lugar, las alegaciones basadas en el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios ajenos por los motivos siguientes: «91 […] el régimen de la responsabilidad extracontractual, tal como está previsto en la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales, no contiene necesariamente un requisito relativo a la ilegalidad o a la falta en el comportamiento de la parte demandada. Las acciones basadas en el enriquecimiento sin causa o la gestión de negocios ajenos están concebidas para constituir, en circunstancias particulares de Derecho civil, una fuente de obligación extracontractual para quien se encuentra en la posición del enriquecido o del administrado, consistente por regla general, respectivamente, bien en restituir lo indebidamente percibido, bien en indemnizar al gestor. 92 Por tanto, de ello no resulta que estos motivos basados en el enriquecimiento sin causa y en la gestión de negocios ajenos, alegados por la demandante, deban rechazarse únicamente porque no se cumple el requisito relativo a la ilegalidad del comportamiento de la institución, como sostiene, con carácter principal, la Comisión. 93 […] el artículo 288 CE, párrafo segundo, establece la obligación de la Comunidad de reparar los daños causados por sus instituciones sin restringir el régimen de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad únicamente a la responsabilidad por falta. […] […] 95 Por tanto, procede examinar si se reúnen los requisitos de la acción in rem verso o los de la acción basada en la negotiorum gestio en el caso de autos, con el fin de determinar si dichos principios resultan de aplicación. 96 A este respecto, hay que señalar […] que, en el contexto fáctico y jurídico del presente litigio, no pueden prosperar las acciones basadas en el enriquecimiento sin causa o la gestión de negocios ajenos. 97 En efecto, según los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, dichas acciones sólo pueden ejercitarse cuando el beneficio del enriquecido o del administrado tengan su justificación en un contrato o en una obligación legal. Además, según esos mismos principios, tales acciones sólo pueden ejercerse generalmente con carácter subsidiario, es decir en el caso de que el perjudicado no pueda disponer, para obtener lo que se le debe, de ninguna otra acción. 98 Ahora bien, consta en el presente caso que existen relaciones contractuales entre la Comisión y Helmico, por una parte, y entre ésta y la demandante, por otra. El supuesto perjuicio directo corresponde a la remuneración debida a la demandante por Helmico en virtud de los subcontratos celebrados entre estas dos partes, que contienen sobre este particular una cláusula compromisoria, que designa la competencia de los tribunales ingleses y galeses para los eventuales litigios contractuales. Por tanto, es sin duda a Helmico a quien corresponde remunerar los trabajos realizados por la demandante, y asumir en su caso la responsabilidad resultante de la falta de pago, como demuestra además el procedimiento judicial que la demandante ha iniciado a esos efectos contra Helmico, y que está actualmente pendiente, aunque suspendido, ante la High Court of Justice. Una eventual insolvencia de Helmico no puede justificar que la Comisión cargue con esta responsabilidad, dado que la demandante no puede tener dos fuentes para el mismo derecho a la remuneración. En efecto, de los autos resulta, y las partes no discuten, que este procedimiento ante la High Court of Justice se refiere al pago de los servicios de que se trata en el presente recurso. 99 Por tanto, un eventual enriquecimiento de la Comisión o empobrecimiento de la demandante, toda vez que tiene su origen en el marco contractual en vigor, no puede calificarse de sin causa. 100 […] Es manifiesto que no se cumplían los requisitos de ejercicio de la acción civil basada en la gestión de negocios ajenos por las razones siguientes. 101 Debe señalarse que la ejecución, por la demandante, de sus obligaciones contractuales frente a Helmico no puede calificarse válidamente de intervención benévola en los negocios ajenos que deben gestionarse imperativamente, como exige dicha acción. […] Por último, la argumentación de la demandante es contraria asimismo a los principios de la gestión de negocios ajenos por lo que respecta a la conciencia del administrado de la acción del gestor. En efecto, la acción del gestor se realiza por regla general sin el conocimiento del administrado, o al menos sin que éste sea consciente de la necesidad de actuar inmediatamente. Ahora bien, la propia demandante sostiene que su decisión de continuar los trabajos en octubre de 1998 era resultado de la incitación de la Comisión. 102 Ha de observarse asimismo que, según la jurisprudencia, son los propios operadores económicos quienes deben soportar los riesgos económicos inherentes a sus actividades, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso […] 103 Ahora bien, no se ha acreditado que la demandante haya sufrido un perjuicio anormal o especial, que exceda los límites de los riesgos económicos y comerciales inherentes a su actividad. En toda relación contractual, existe un cierto riesgo de que una parte no ejecute el contrato de manera satisfactoria, o incluso de que devenga insolvente. Corresponde a los contratantes paliar este riesgo de forma adecuada en el propio contrato. La demandante no ignoraba que Helmico no cumplía sus obligaciones contractuales, pero decidió con pleno conocimiento continuar cumpliendo las suyas, en vez de interponer un recurso formal. De este modo, corrió un riesgo comercial que podría calificarse de normal. […]»