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El artículo 15 del Reglamento n.o°44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.

Además, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, dado que el régimen particular establecido en los artículos 15 y siguientes del Reglamento n.o 44/2001 está inspirado por el interés en proteger al consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, solo se protege al consumidor cuando es personalmente demandante o demandado en un procedimiento. Por tanto, el demandante que no es, él mismo, parte en el contrato celebrado con consumidores de que se trate no puede acogerse al fuero del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91 , EU:C:1993:15 , apartados 18 , 23 y 24 ). Estas consideraciones deben ser válidas también por lo que respecta a un consumidor cesionario de los derechos de otros consumidores. En efecto, las reglas sobre competencia establecidas en materia de contratos celebrados por los consumidores en el artículo 16, apartado 1, del citado Reglamento se aplican, con arreglo al tenor de dicho artículo, solo a la acción interpuesta por el consumidor contra la otra parte contratante, lo que implica necesariamente la conclusión de un contrato por parte del consumidor con el profesional demandado (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13 , EU:C:2015:37 , apartado 32 ).

El artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no solo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.

En efecto, como el Tribunal de Justicia ha precisado en otro contexto, una transmisión de créditos no puede, en sí misma, tener incidencia sobre la determinación del tribunal competente (sentencias de 18 de julio de 2013, ÖFAB,C‑147/12, EU:C:2013:490, apartado 58, y de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide,C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 35). De ello se desprende que la competencia de otros tribunales distintos de los enumerados de manera explícita por el Reglamento n.o 44/2001 no puede establecerse mediante la concentración de varios derechos en manos de un único demandante.

(véanse los apartados 48 y 49 y el punto 2 del fallo)
Asunto C‑556/16

Lutz GmbH

contra

Hauptzollamt Hannover

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg)

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n.o 2658/87 — Unión aduanera — Arancel aduanero común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura combinada — Partidas arancelarias — Subpartida 6212 20 00 (fajas braga) — Notas explicativas de la nomenclatura combinada — Notas explicativas del sistema armonizado»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 19 de octubre de 2017

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Braga caracterizada por una elasticidad reducida en sentido horizontal, que no contiene elementos inelásticos incorporados en ese sentido — Clasificación en la subpartida 6212 20 00 de la nomenclatura combinada — Requisitos

[Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, anexo I]

La nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, debe interpretarse en el sentido de que una braga caracterizada por una elasticidad reducida en sentido horizontal que, sin embargo, no contiene elementos inelásticos incorporados en dicho sentido puede clasificarse en la subpartida 6212 20 00 de la nomenclatura combinada, si un examen demuestra que presenta una elasticidad considerablemente reducida en sentido horizontal a fin de sostener el cuerpo humano para crear un efecto reductor de la silueta.

(véanse el apartado 54 y el fallo)
El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que confiere a los servicios de policía del Estado miembro de que se trata competencia para controlar la identidad de cualquier persona, en una zona de 30 kilómetros a partir de la frontera terrestre de ese Estado miembro con otros Estados miembros parte del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990, con el fin de prevenir o poner fin a la entrada o residencia ilegales en el territorio de dicho Estado miembro o de prevenir determinados delitos contra la seguridad de las fronteras, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate y de la existencia de circunstancias particulares, salvo que tal normativa establezca la necesaria delimitación de esta competencia que garantice que el ejercicio en la práctica de ésta no pueda tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

En ausencia de tal delimitación en la normativa nacional, no cabrá considerar que dichos controles, por una parte, se han realizado de forma selectiva, evitando así el carácter sistemático que tienen las inspecciones fronterizas, y, por otra parte, constituyen medidas policiales aplicadas sobre la base de inspecciones aleatorias, tal como exige el artículo 21, letra a), incisos iii) y iv), del Reglamento n.o 562/2006. Por último, la delimitación exigida debe ser lo suficientemente precisa y detallada como para permitir que tanto la necesidad de los controles como las medidas de control concretamente autorizadas puedan, a su vez, ser objeto de controles (sentencia de 19 de julio de 2012, Adil,C‑278/12 PPU, EU:C:2012:508, apartado 76).

(véanse los apartados 41, 62 y 63 y el punto 1 del fallo)
El concepto de «autoridad judicial» recogido en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, es un concepto autónomo del Derecho de la Unión y dicho artículo 6, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un servicio de policía no está comprendido en el concepto de «autoridad judicial emisora» a efectos de dicha disposición, de modo que la orden de detención europea emitida por éste para la ejecución de una sentencia por la que se impone una pena privativa de libertad no puede considerarse una «resolución judicial» a efectos del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299.

En efecto, el principio de reconocimiento mutuo, establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión Marco, en virtud del cual la autoridad judicial de ejecución está obligada a ejecutar la orden de detención europea emitida por la autoridad judicial emisora, se basa en la premisa de que una autoridad judicial ha intervenido antes de la ejecución de la orden de detención europea para ejercer un control judicial. Pues bien, la emisión de una orden de detención por una autoridad no judicial, como un servicio de policía, no permite aportar a la autoridad judicial de ejecución la garantía de que la emisión de dicha orden de detención europea ha disfrutado de tal control judicial y no basta, por tanto, para justificar el grado de confianza elevado entre los Estados miembros. A este respecto, carece de relevancia cómo se organizan específicamente los servicios de policía en el seno del poder ejecutivo y su eventual grado de autonomía.

(véanse los apartados 44, 45 y 52 y el fallo)
41

En lo que atañe a los períodos tributarios que aún no se han clausurado definitivamente, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, como tal, ser invocada contra dicha persona (véase, en particular, la sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, apartado 30 y jurisprudencia citada). De este modo, las autoridades nacionales no pueden invocar el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112, tal como ha sido interpretado en el apartado 37 de esta sentencia, para negar esa exención a las AAP constituidas por sociedades tales como las entidades de crédito y, por lo tanto, para denegar la exención del IVA a las prestaciones de servicios efectuadas por dichas AAP.
102

Por tanto, de los trabajos preparatorios del Reglamento n.o 6/2002 resulta que la excepción que contiene el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, referida a los supuestos en que los hechos relacionados en dicha disposición no pueden constituir divulgación, pretende excluir que sí la puedan constituir hechos difícilmente comprobables que supuestamente acontecieron en Estados terceros y no distinguir entre los distintos sectores de actividad dentro de la Unión y excluir que puedan constituir divulgación hechos relativos a un sector de actividad que no hayan podido ser razonablemente conocidos por los círculos especializados de otro sector dentro de la Unión.
28

A este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las normas del Tratado en materia de libre circulación de personas no pueden aplicarse a situaciones que no presenten ningún vínculo de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión. Por lo tanto, estas normas no son aplicables a los trabajadores que nunca han ejercido su libertad de circular dentro de la Unión ni prevén hacerlo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de abril de 2008, Gouvernement de la Communauté française y Gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, apartados 33, 37 y 38).
13

El artículo 170, apartados 1 y 2, de la az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Ley n.o XCII de 2003 del sistema tributario), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley General Tributaria»), establece lo siguiente: «1. Cuando la cantidad pagada haya sido inferior al importe a ingresar por el impuesto, procederá la imposición de una multa tributaria. Salvo que se disponga lo contrario en la presente Ley, el importe de la multa será del 50 % de la cantidad no ingresada. El importe de la multa será del 200 % de la cantidad no ingresada si la diferencia respecto al importe adeudado está vinculada a la ocultación de ingresos o a la falsificación o a la destrucción de pruebas, de libros de contabilidad o de registros. Las autoridades tributarias también impondrán una multa tributaria en los casos en que el contribuyente presente sin tener derecho a ello una solicitud de ayuda pública o de devolución del impuesto o una declaración relativa a activos, una ayuda pública o una devolución, cuando antes de su concesión la Administración haya constatado que el contribuyente no tenía derecho a su percepción. En este caso, la base para el cálculo de la multa será igual al importe indebidamente solicitado. 2. En los casos en que se deba presentar autoliquidación, la diferencia tributaria que resulte a cargo del contribuyente únicamente se considerará un pago insuficiente del impuesto si éste no ha ingresado el importe adeudado en el plazo establecido o si se ha beneficiado de una ayuda pública. […]»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto una interpretación del Derecho de la Unión destinada a determinar si existe un principio de unicidad de la legislación aplicable, como el formulado, inicialmente, en el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999 (DO 1999, L 38, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y, posteriormente, en el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 26 de febrero de 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123).
15

En su recurso, Marina del Mediterráneo y otras empresas alegan sustancialmente que se ha infringido tanto la normativa nacional como el Derecho de la Unión como consecuencia de la participación de la segunda Unión Temporal de Empresas en el procedimiento de licitación incoado, en la medida en que, por un lado, el Ayuntamiento de Marbella es una Administración Pública que no tiene la consideración de empresario a efectos de la normativa nacional y no puede ser considerado operador económico sin falsear las reglas de libre concurrencia e igualdad entre licitadores, y en que, por otro lado, esta segunda Unión Temporal de Empresas no reúne los requisitos de solvencia económica y financiera exigidos, toda vez que los riesgos financieros que asume están cubiertos por el presupuesto municipal de ese Ayuntamiento.
8

El arrêté royal n.o 20, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Real Decreto n.o 20, por el que se fijan los tipos del impuesto sobre el valor añadido y se determina la clasificación de los bienes y servicios en esos tipos; en lo sucesivo, «Real Decreto n.o 20»), de 20 de julio de 1970, dispone que se aplicará el IVA a un tipo reducido del 6 % a los bienes y servicios indicados en su cuadro A.
25

No desvirtúan esta conclusión las consideraciones expuestas en los apartados 34 a 37 de la sentencia de 17 de febrero de 2005, Linneweber y Akritidis (C‑453/02 y C‑462/02, EU:C:2005:92), y en los apartados 59 a 61 de la sentencia de 28 de junio de 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust y The Association of Investment Trust Companies (C‑363/05, EU:C:2007:391), según las cuales el hecho de que los Estados miembros tengan eventualmente un margen de apreciación no excluye necesariamente el efecto directo de las exenciones de que se trate.
77

En primer lugar, sostiene que su alegación formulada ante el Tribunal General, según la cual los controles sobre el terreno ya efectuados en virtud de esa gestión de la identificación o de esas primas dispensaban a las autoridades francesas de proceder al recuento de los animales al efectuar controles sobre el terreno, encuentra su fundamento en los Reglamentos (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), y n.o 1975/2006. Señala que, por una parte, el artículo 26, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003 dispone que, a efectos de la aplicación de regímenes de ayuda de la Unión o nacionales, los Estados miembros pueden incorporar a sus procedimientos de gestión y control uno o varios componentes del sistema integrado, con el fin de evitar la acumulación de controles sectoriales del mismo tipo. Y, por otra parte, se desprende del artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 1975/2006 que, cuando sea posible, los controles sobre el terreno contemplados en los artículos 12, 20 y 27 y otros controles previstos por la normativa relacionada con las ayudas agrícolas se efectuarán al mismo tiempo.
13

El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), ante el que A y B y el Ministerio fiscal han interpuesto recursos de casación contra la sentencia del Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo), observa que, para saber si A y B son culpables de complicidad en la comisión de un fraude fiscal con arreglo al Derecho penal alemán, es preciso determinar si presentaron intencionadamente a la Administración tributaria declaraciones provisionales del IVA incorrectas en las que se deducían indebidamente los impuestos soportados en virtud de las notas de crédito relativas a las prestaciones de la sociedad E. Dado que A y B no tenían conocimiento de la implicación de las sociedades E e I en el sistema de fraude del IVA orquestado por G, sólo podría ser así, según el órgano jurisdiccional remitente, en caso de que no se pudiera deducir en modo alguno el impuesto soportado en virtud de las notas de crédito emitidas a favor de la sociedad E, al no poder indicarse en ellas IVA alguno. Precisa que ese supuesto únicamente podría darse con respecto a las facturas remitidas a la sociedad I, con domicilio en Luxemburgo, si el lugar de la prestación consistente en la transferencia de derechos de emisión no fuera Alemania. Afirma que, no obstante, la indicación del IVA por la sociedad E frente a la sociedad I sólo sería ilegal si, en virtud del artículo 56, apartado 1, letra a), de la Directiva IVA, el lugar de la prestación no fuera aquel en el que está establecida la sociedad prestadora de los servicios, la sociedad E, sino el de la destinataria, la sociedad I, de modo que la operación no estuviera gravada en Alemania.
20

No obstante, sobre este particular el tribunal remitente señala que las funciones que el ordenamiento jurídico español reserva a los agentes de Policía Local son distintas de las que se asignan a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas últimas funciones se corresponden con las que se atribuyen a una policía integral, que debe velar por el orden público y la seguridad ciudadana, en todos sus aspectos. Dado que las funciones de los agentes de la Ertzaintza no coinciden con las de los Cuerpos de Policía Local, sino que se extienden a las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, afirma dicho tribunal que la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), no es pertinente para resolver el litigio principal.
5

El artículo 5 del Reglamento n.o 1346/2000, titulado «Derechos reales de terceros», dispone: «1. La apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre los bienes, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles —tanto bienes determinados como conjuntos constituidos por colecciones de bienes indefinidos que varían de tanto en tanto— que pertenezcan al deudor y que, en el momento de apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de otro Estado miembro. 2. Los derechos contemplados en el apartado 1 son, en particular: a) el derecho a realizar o hacer realizar el bien y a ser pagado con el producto o los rendimientos de dicho bien, en particular, en virtud de prenda o hipoteca; b) el derecho exclusivo a cobrar un crédito, en particular, el derecho garantizado por una prenda de la que sea objeto el crédito o por la cesión de dicho crédito a título de garantía; c) el derecho a reivindicar el bien y reclamar su restitución a cualquiera que lo posea o utilice en contra de la voluntad de su titular; d) el derecho real a percibir los frutos de un bien. 3. Se asimilará a un derecho real el derecho, inscrito en un registro público y oponible frente a terceros, que permita obtener un derecho real en el sentido del apartado 1. [...]»
9

El artículo 20, apartado 3, de la 1991. évi XLIX. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Ley concursal n.o XLIX de 1991), dispone: «En caso de inobservancia del plazo previsto [por] la presente ley, el acreedor no podrá participar en la conclusión del acuerdo ni se extenderán a él los efectos de éste. El titular de un crédito que no haya sido registrado por inobservancia del plazo de declaración de créditos no podrá hacer valer ese crédito frente al deudor, pero sí podrá declarar su crédito no prescrito en un procedimiento de liquidación iniciado por otro acreedor. […]»
5

El artículo 8 del Reglamento Roma I, titulado «Contratos individuales de trabajo», establece: «1. El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, [habría] sido [aplicable] en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. 2. En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente. No se considerará que cambia el país de realización habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro país. 3. Cuando no pueda determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador. 4. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se aplicará la ley de ese otro país.»
21

Por otro lado, como se desprende de su considerando 3, la Directiva 2011/64 prevé, en aras de ese objetivo, la aplicación en los Estados miembros de impuestos sobre el consumo de productos de dicho sector que no falseen las condiciones de competencia y no obstaculicen su libre circulación en la Unión. En particular, el considerando 9 de esta Directiva expone que la armonización de la estructura de los impuestos especiales debe conducir a que la competitividad de las diferentes categorías de labores del tabaco pertenecientes a un mismo grupo no sea falseada por los efectos de la imposición y que, en consecuencia, se realice la apertura de los mercados nacionales de los Estados miembros.