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Asunto C‑79/03

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de España

«Incumplimiento de Estado – Directiva 79/409/CEE – Conservación de las aves silvestres – Caza con liga»

Sumario de la sentencia

1. Medio ambiente – Conservación de las aves silvestres – Directiva 79/409/CEE – Ejecución por los Estados miembros – Excepciones a la prohibición de matar o capturar las especies protegidas – Prevención de perjuicios importantes a los cultivos – Requisito – Inexistencia de otra solución satisfactoria

[Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, letra a)]

2. Medio ambiente – Conservación de las aves silvestres – Directiva 79/409/CEE – Ejecución por los Estados miembros – Excepciones a la prohibición de matar o capturar las especies protegidas – Requisito – Captura en pequeñas cantidades – Criterios

[Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, letra c)]

1. A tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, sólo pueden establecerse excepciones a lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Directiva, que prohíbe el recurso a cualquier medio, instalación o método de captura o caza masiva o no selectiva, si no hubiere otra solución satisfactoria y por los motivos enumerados con carácter taxativo en ese mismo artículo 9, apartado 1, letras a) a c), entre los que se encuentra la prevención de perjuicios importantes a los cultivos.

(véase el apartado 24)

2. Para apreciar en qué medida una excepción establecida por un Estado miembro al amparo del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, respeta el requisito de que la captura de las aves de que se trate se efectúe en pequeñas cantidades, no habiéndose presentado prueba científica alguna en sentido contrario, el Tribunal de Justicia puede utilizar como base de referencia los dictámenes del comité ORNIS, comité para la adaptación al progreso técnico y científico de dicha Directiva, creado por el artículo 16 de la misma, habida cuenta de la autoridad científica de los dictámenes de dicho comité. En este caso se encuentra el dictamen que propone el criterio de las pequeñas cantidades, aunque no sea jurídicamente vinculante para los Estados miembros.

(véase el apartado 41)
Asunto C‑300/03

Honeywell Aerospace GmbH

contra

Hauptzollamt Gießen

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hessisches Finanzgericht, Kassel)

«Tránsito comunitario — Nacimiento de una deuda aduanera con motivo de la comisión de infracciones o irregularidades — Consecuencias de la falta de indicación al obligado principal del plazo de que dispone para aportar la prueba del lugar en que se ha cometido la infracción o la irregularidad»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de enero de 2005

Sumario de la sentencia

Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario — Tránsito comunitario externo — Infracciones o irregularidades — Falta de notificación al obligado principal del plazo para aportar la prueba de la regularidad de la operación o del lugar de la infracción — Incidencia en el nacimiento de la deuda aduanera — Inexistencia — Incidencia en la recaudación de la deuda aduanera

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 203, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 379]

Las disposiciones del artículo 203, apartado 1, del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con las del artículo 379 del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, deben interpretarse en el sentido de que se origina una deuda aduanera cuando un envío en régimen de tránsito comunitario externo no ha sido presentado en la oficina de aduana de destino, ya que la falta de notificación al obligado principal del plazo en que podrá presentarse a la oficina de partida la prueba de la regularidad de la operación de tránsito o del lugar en que se ha cometido efectivamente la infracción no impide el nacimiento de la deuda aduanera. Dicha notificación constituye, sin embargo, un prerrequisito para la recaudación de la deuda aduanera por las autoridades aduaneras, de modo que el Estado miembro del que dependa la oficina de partida sólo puede proceder a la recaudación de la deuda si ha indicado al obligado principal que dispone de un plazo de tres meses para presentar las pruebas solicitadas y éstas no se han aportado en dicho plazo.

(véanse los apartados 23 y 26 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales [Directiva 69/335/CEE, arts. 10 y 12, ap. 1, letra e)] (véanse los apartados 35 a 39 y el fallo)

2. Derecho comunitario — Efecto directo — Tributos nacionales incompatibles con el Derecho comunitario — Devolución (véanse los apartados 43 a 46 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 10, letra c), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22) — Ley nacional por la que se establece con carácter retroactivo una tasa anual a tanto alzado por la inscripción de actos societarios distintos de la escritura de constitución y que prevé un régimen restrictivo y discriminatorio para la devolución de la tasa anual por la inscripción de las escrituras de constitución de las sociedades.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, de los artículos 10 y 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, y, por otra, de los principios elaborados por el Tribunal de Justicia en materia de devolución de ingresos indebidos, al haber establecido con carácter retroactivo tasas que no constituyen derechos que tengan un carácter remunerativo y autorizados, dado que las inscripciones en el registro mercantil por las que se perciben ya dieron lugar a la percepción de un impuesto al que sustituyen aquéllas sin que exista posibilidad de que quienes lo pagaron obtengan su reembolso, o que estas tasas retroactivas se refieren a años en los que no se practicó ninguna inscripción en el registro que justifique su percepción, y al haber adoptado disposiciones que someten el reembolso de un impuesto que fue declarado contrario al Derecho comunitario por una sentencia del Tribunal de Justicia o cuya incompatibilidad con el Derecho comunitario resulta de tal sentencia a requisitos relativos específicamente a este impuesto y que son menos favorables que los que se aplicarían al reembolso del impuesto de que se trata si no existiesen estas disposiciones.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) Condenar a la República Italiana a cargar con tres cuartas partes de todas las costas y a la Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con la cuarta parte restante.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Efecto directo – Requisitos – Artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado – Obligación de los Estados miembros de sujetar a un régimen de autorización las descargas de determinadas sustancias

(Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, ap. 3, y Protocolo revisado, art. 6, ap. 1)

2. Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado – Descarga de sustancias no tóxicas – Prohibición a falta de autorización previa

(Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, ap. 3, y Protocolo revisado, art. 6, ap. 1)

Índice

1. Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, contiene una obligación clara y precisa que, en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno.

Tal es el caso del artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y del artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo revisado que consagran, en términos claros, precisos e incondicionales, la obligación impuesta a los Estados miembros de sujetar las descargas de sustancias mencionadas en el anexo II del mismo Protocolo a la expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes, para lo cual se han de tener debidamente en cuenta las disposiciones de su anexo III. En consecuencia, dado que estas disposiciones tienen efecto directo, toda persona interesada tiene derecho a invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

(véanse los apartados 39, 41 y 47 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y el artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo revisado han de interpretarse en el sentido de que, cuando no se dispone de una autorización expedida por las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido de sustancias que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del medio marino, puesto que estas disposiciones no someten expresamente la exigencia de autorización previa a la toxicidad de éstas.

(véanse los apartados 49 y 52 y el punto 2 del fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuesto sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido – Prestaciones de servicios realizadas por intermediarios – Determinación del lugar de obligación fiscal por el artículo 28 ter, parte E, apartado 3, de la Sexta Directiva – Ámbito de aplicación – Operación principal no sujeta al impuesto sobre el valor añadido – Falta de pertinencia – Determinación del lugar de la operación principal – Aplicación de las disposiciones especiales del artículo 28 ter, partes A y B

(Directiva nº 77/388/CEE del Consejo, art. 28 ter, partes A, B y E, ap. 3)

Índice

El artículo 28 ter, parte E, apartado 3, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión resultante de la Directiva 91/680, que prevé que, como excepción al artículo 9, apartado 1, de la misma Directiva, el lugar de las prestaciones de servicios efectuadas por los intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros, cuando intervengan en algunas operaciones, es el lugar en que se efectúan estas operaciones, no debe interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente a los servicios de mediación cuyo destinatario sea un sujeto pasivo o una persona jurídica no sometida al impuesto sobre el valor añadido.

En efecto, de su tenor resulta que esta disposición contempla de manera general las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios sin distinguir si los destinatarios de los servicios son o no sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido, y para determinar el lugar de una actividad de mediación, es indiferente que la operación principal esté o no sujeta al impuesto sobre el valor añadido o que se trate de una operación no imponible.

Además, cuando una operación de mediación está comprendida en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 28 ter, parte E, apartado 3, es preciso, para determinar el lugar en el que se realizaron las operaciones de base de los servicios de mediación, referirse a las disposiciones especiales del artículo 28 ter, partes A y B. En efecto, el lugar de realización de una adquisición intracomunitaria de bienes se regula por esta última disposición, que establece así una excepción a las disposiciones generales del artículo 8 de la Sexta Directiva, que regulan la entrega de bienes en el interior de un Estado miembro.

(véanse los apartados 18, 21, 23, 25 y 26, y los puntos 1 y 2 del fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Monopolios nacionales de carácter comercial — Artículo 31 CE — Objeto — Obligación de organizar los monopolios de venta de manera que se excluya cualquier discriminación al comercio de mercancías procedentes de otros Estados miembros

(Art. 31 CE)

2. Monopolios nacionales de carácter comercial — Artículo 31 CE — Monopolio nacional de venta al por menor de medicamentos — Monopolio caracterizado por métodos de selección de los productos que no garantizan la exclusión de cualquier discriminación — Improcedencia — Justificación con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2 — Exclusión

(Arts. 31 CE y 86 CE, ap. 2)

Índice

1. El artículo 31 CE, apartado 1, si bien no exige la supresión total de los monopolios nacionales de carácter comercial, prescribe que se organicen de tal manera que quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado. Así, esta disposición se opone a los monopolios de venta organizados de modo tal que el comercio de mercancías procedentes de otros Estados miembros resulte desfavorecido, de hecho o según la norma, en relación con el de las mercancías nacionales. En particular, un monopolio nacional de venta debe estar organizado de manera que se excluya cualquier discriminación de las mercancías procedentes de otros Estados miembros por lo que respecta a su sistema de selección, a la organización de su red de venta y a sus medidas de comercialización y de publicidad.

(véanse los apartados 34, 36 y 39 a 41)

2. El artículo 31 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a un monopolio de venta al por menor de medicamentos organizado de modo que no establezca ni un plan de compras ni un sistema de «licitaciones», en el marco de los cuales los productores cuyos productos no se seleccionen tengan derecho a que se les comuniquen los motivos de la decisión de selección y a impugnar dicha decisión ante un organismo de control independiente. En efecto, un monopolio de este tipo no está organizado de manera que se excluya cualquier discriminación, sino que puede perjudicar al comercio de medicamentos procedentes de otros Estados miembros en relación con el de los medicamentos nacionales.

Tal régimen de venta no puede justificarse con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2. En efecto, si bien esta disposición puede invocarse para justificar la concesión por parte de un Estado miembro a una empresa encargada de la gestión de servicios de interés económico general de derechos exclusivos contrarios al artículo 31 CE, apartado 1, en la medida en que el cumplimiento de la misión específica a ella confiada no pueda garantizarse sino mediante la concesión de tales derechos y siempre que el desarrollo de los intercambios no resulte afectado de una forma contraria al interés de la Comunidad, no puede justificar un monopolio de venta si no existe un sistema de selección que excluya cualquier discriminación de los medicamentos procedentes de otros Estados miembros.

(véanse los apartados 42 a 45 y 47 a 49 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común de impuesto sobre el valor añadido – Base imponible – Entregas de bienes y prestaciones de servicios – Subvenciones directamente vinculadas al precio – Concepto – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados – Exclusión – Régimen nacional que no aplica el impuesto sobre el valor añadido al importe de dichas ayudas – Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 11, parte A, ap. 1, letra a)]

Índice

El artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, pretende someter al impuesto sobre el valor añadido la totalidad del valor de los bienes o de las prestaciones de servicios, por lo que establece que la base imponible incluye las subvenciones pagadas a los sujetos pasivos que estén directamente vinculadas al precio de la operación en cuestión. No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la citada disposición un Estado miembro que se abstiene de aplicar el impuesto al importe de las ayudas abonadas en aplicación del Reglamento nº 603/95, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes desecados.

En efecto, el concepto de «subvenciones directamente vinculadas al precio» incluye únicamente las subvenciones que constituyen la contraprestación total o parcial de una operación de entrega de bienes o de prestación de servicios y que son pagadas por un tercero al vendedor o al prestador.

Ahora bien, no se cumplen los requisitos para la sujeción de dichas ayudas al impuesto en la venta por una empresa transformadora, tras su secado, de forrajes comprados a los productores de forrajes verdes, ya que en este caso la ayuda no se abona a la empresa transformadora beneficiaria de la misma con el fin específico de que ésta entregue forraje desecado a un comprador a un precio inferior al vigente en el mercado mundial. Tampoco se cumplen tales requisitos en la subcontratación de dicha empresa por un productor de forrajes verdes, dado que en este supuesto la empresa transformadora no es la beneficiaria de la ayuda que percibe, sino que asume únicamente la función de un intermediario entre el organismo otorgante de las ayudas y el productor de forrajes.

(véanse los apartados 26, 27, 31, 32, 36, 38, 42 y 45)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 29 de abril de 2004

«Sexta Directiva IVA – Impuesto sobre las primas de seguro – Tipo superior aplicable a determinados contratos de seguro – Seguros relacionados con el alquiler o la venta de electrodomésticos – Ayudas de Estado»

y

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),,

consideradas las observaciones escritas presentadas:

–

–

–

oídas las observaciones orales de GIL Insurance Ltd, UK Consumer Electronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance Ltd y Pinnacle Insurance plc, representadas por los Sres. D. Vaughan y C. McDonnell y la Sra. C. Simpson; del Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. S. Terstal, en calidad de agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. R. Caudwell, en calidad de agente, y el Sr. K.P.E. Lasok, y de la Comisión, representada por los Sres. R. Lyal y J. Flett, en la vista de 19 de junio de 2003;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de septiembre de 2003;
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales – Competencia del Tribunal de Justicia – Límites – Cuestiones generales o hipotéticas – Comprobación por el Tribunal de Justicia de su propia competencia

(Art. 234 CE)

2. Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras – Directiva 89/665/CEE – Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso – Cláusula de una licitación incompatible con la normativa comunitaria – Obligación de prever la posibilidad de invocar esta incompatibilidad en un procedimiento de recurso

(Directiva 89/665/CEE del Consejo, arts. 1, ap. 1, y 2, ap. 7)

Índice

1. El procedimiento previsto en el artículo 234 CE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales. En el marco de esta cooperación, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio, el único que posee un conocimiento directo de los hechos del asunto principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, es, en realidad, el mejor situado para apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.

No obstante, en caso de necesidad, corresponde al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia y, en particular, de determinar si la interpretación del Derecho comunitario que se solicita tiene relación con la realidad y el objeto del litigio principal, de forma que el Tribunal de Justicia no se vea obligado a formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. Si resulta que la cuestión planteada manifiestamente no es pertinente para resolver dicho litigio, el Tribunal de Justicia deberá acordar el sobreseimiento.

(véanse los apartados 33 a 35)

2. La Directiva 89/665 relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, y, en particular, sus artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 7, deben interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que una cláusula de la licitación sea incompatible con la normativa comunitaria en materia de contratos públicos, el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros debe prever la posibilidad de invocar esa incompatibilidad por el cauce de los recursos a que se refiere la Directiva 89/665.

(véanse el apartado 50 y el fallo)