Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Excepciones — Actividades relacionadas con el ejercicio del poder público — Actividades notariales — Exclusión — Requisito de nacionalidad para acceder a la profesión de notario — Improcedencia

(Arts. 43 CE y 45 CE, párr. 1)

2. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo — Adaptación en razón de un cambio en el Derecho de la Unión — Procedencia — Requisitos

(Art. 226 CE)

3. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado — Situación de incertidumbre derivada de circunstancias específicas sobrevenidas durante el proceso legislativo — Inexistencia de incumplimiento

(Arts. 43 CE, 45 CE, párr. 1, y 226 CE; Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

Índice

1. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE un Estado miembro cuya normativa impone un requisito de nacionalidad para acceder a la profesión de notario, dado que las funciones que el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro atribuye a los notarios no están relacionadas con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 45 CE, párrafo primero. A este respecto, el artículo 45 CE, párrafo primero, constituye una excepción a la regla fundamental de la libertad de establecimiento que debe interpretarse de tal modo que quede limitado el alcance de dicho artículo a lo estrictamente necesario para salvaguardar los intereses cuya protección les está permitida a los Estados miembros por esta disposición. Además, tal excepción debe circunscribirse a aquellas actividades que, consideradas en sí mismas, estén directa y específicamente relacionadas con el ejercicio del poder público.

Para determinar si las funciones atribuidas a los notarios están directa y específicamente relacionadas con el ejercicio del poder público, debe tomarse en consideración la naturaleza de las actividades desempeñadas por dichos profesionales. A este respecto, las diferentes actividades que desempeñan los notarios no están directa y específicamente relacionadas con el ejercicio del poder público, a pesar de los importantes efectos jurídicos atribuidos a sus actos, habida cuenta de la importancia primordial que revisten tanto la voluntad de los otorgantes como la intervención del juez.

En efecto, por una parte, en lo que atañe a los actos auténticos, únicamente se autentifican los actos o los contratos libremente celebrados por las partes, y el notario no puede modificar unilateralmente el contrato que le es sometido para que lo autentifique sin contar previamente con el consentimiento de los otorgantes. Por lo demás, si bien es cierto que la obligación de comprobación que incumbe a los notarios obedece a un objetivo de interés general, no lo es menos que la persecución de este objetivo no justifica por sí sola que las prerrogativas necesarias al efecto se reserven a los notarios que tengan la nacionalidad del Estado miembro de que se trate ni es suficiente para que pueda considerarse que una actividad determinada está directa y específicamente relacionada con el ejercicio del poder público.

Por otra parte, en lo que atañe a la fuerza ejecutiva, si bien la aposición por el notario de la fórmula ejecutiva en el documento autenticado le confiere fuerza ejecutiva, ésta se basa en la voluntad de los otorgantes de celebrar un acto o un contrato, tras la comprobación por parte del notario de su conformidad con la ley, y de atribuir a dicho acto o contrato tal fuerza ejecutiva. Del mismo modo, el valor probatorio reconocido a un documento notarial se encuadra en el régimen de la prueba y, por lo tanto, carece de incidencia directa a efectos de determinar si la actividad en el marco de la cual se formalizó dicho documento, considerada en sí misma, está directa y específicamente relacionada con el ejercicio del poder público, máxime cuando el documento notarial no vincula incondicionalmente al juez en el ejercicio de su poder de apreciación, puesto que éste resuelve basándose en su íntima convicción.

Las precedentes consideraciones se aplican, mutatis mutandis, a aquellos negocios jurídicos que deben formalizarse mediante documento notarial, tales como, en particular, los contratos relativos a la adquisición y transmisión del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles y a la transmisión de un patrimonio actual, las promesas de donación, las capitulaciones matrimoniales, los pactos de sucesión futura y los contratos de renuncia a la sucesión, incluida la renuncia a la herencia forzosa o legítima, resultando también válidas en lo que atañe a la intervención del notario en materia de Derecho de Sociedades.

Un Estado miembro tampoco puede invocar, a este respecto, la función —atribuida a los notarios en un Land determinado— de autentificar los actos de constitución de parejas estables entre personas del mismo sexo, habida cuenta de que, para que puedan atribuirse los correspondientes efectos a una pareja estable de ese tipo, ésta deberá ser inscrita en el Registro Civil, inscripción que corresponde realizar al encargado de dicho Registro.

Por último, en lo que se refiere al estatuto específico de los notarios, consta, en primer lugar, que la calidad de los servicios prestados puede variar de un notario a otro en función, particularmente, de las aptitudes profesionales de las personas de que se trate, y que de este hecho se desprende que, dentro de los límites de sus correspondientes competencias territoriales, los notarios ejercen su profesión en condiciones de competencia, lo cual no es propio del ejercicio del poder público. En segundo lugar, el notario es el único responsable de los actos realizados en el marco de su actividad profesional.

(véanse los apartados 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 95 a 97, 99 a 101, 103, 106 a 111 y 116)

2. En el marco de un recurso por incumplimiento, aunque las pretensiones deducidas en el recurso no pueden ampliarse más allá de los incumplimientos alegados en la parte dispositiva del dictamen motivado y en el escrito de requerimiento, no es menos cierto que la Comisión está legitimada para instar la declaración de un incumplimiento de las obligaciones cuyo origen se encuentra en la versión inicial de un acto de la Unión, posteriormente modificado o derogado, que hayan sido mantenidas por las disposiciones de un nuevo acto de la Unión. En cambio, el objeto del litigio no puede ampliarse a las obligaciones derivadas de nuevas disposiciones que no tengan su equivalente en la versión inicial del acto de que se trata, so pena de constituir un vicio sustancial de forma en cuanto a la regularidad del procedimiento por el que se declare el incumplimiento.

(véase el apartado 128)

3. Cuando en el transcurso del proceso legislativo se producen circunstancias particulares —tales como la inexistencia de una posición clara del legislador o la falta de precisión en cuanto a la determinación del ámbito de aplicación de una disposición del Derecho de la Unión— que dan lugar a una situación de incertidumbre, no resulta posible declarar que, en la fecha en que expiró el plazo señalado en el dictamen motivado, existía una obligación suficientemente clara que impusiera a los Estados miembros la transposición de una Directiva.

(véanse los apartados 140 a 142)