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En virtud de los artículos 15 y 22, apartado 1, del Reglamento no 2419/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento no 3508/92, incumbe a los Estados miembros adoptar las medidas que juzguen aptas para garantizar la eficacia de los controles y por tanto la exactitud de las mediciones obtenidas mediante la teledetección. Cuando controla la observancia de la exigencia de precisión a cargo del Estado miembro, la Comisión no puede ser forzada a utilizar exclusivamente el método elegido por ese Estado, tanto menos cuando considera que un método diferente ofrece superiores garantías de precisión. Imponer a la Comisión la utilización en ese contexto del método de medición elegido por las autoridades del Estado miembro interesado podría dar lugar a un debilitamiento del sistema de control en dos niveles establecido por el Reglamento no 2419/2001.

La necesidad de conservación de las superficies retiradas enunciada en el artículo 19, apartado 4, primera frase, del Reglamento no 2316/1999, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento no 1251/1999 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, no contiene una obligación implícita de siega de la cubierta vegetal.

No obstante, la existencia de una cubierta vegetal como medida apropiada para garantizar la conservación de una superficie retirada no puede dispensar al Estado miembro interesado de controlar que esa cubierta misma sea objeto de conservación. En efecto, la realización del objetivo de conservación de la superficie retirada se frustraría si la propia cubierta vegetal no fuera objeto de conservación.

(véanse los apartados 59, 65 y 66)
Una decisión del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros por la que se autoriza la participación conjunta de la Unión y de sus Estados miembros en las negociaciones de un acuerdo internacional agrupa las autorizaciones para negociar concedidas a la Comisión, por una parte, y a los Estados miembros y a la Presidencia del Consejo, por otra. De ello se deduce necesariamente que el Consejo tomó parte en la concesión tanto de una de estas autorizaciones como de la otra. Por lo tanto, aunque el recurso se dirija en parte contra una decisión adoptada por los representantes de los Estados miembros en su condición de representantes de sus Gobiernos, y no de miembros del Consejo, procede declararlo admisible con respecto a la totalidad de Decisión impugnada.

La existencia de una competencia externa de la Unión de carácter exclusivo debe basarse en las conclusiones resultantes de un análisis concreto de la relación entre el acuerdo internacional previsto y el Derecho de la Unión vigente, del que se desprenda que la celebración de dicho acuerdo puede afectar a las normas comunes de la Unión o alterar el alcance de las mismas.

A este respecto, el hecho de que el marco jurídico armonizado del ámbito del Derecho de la Unión de que se trate haya sido establecido mediante diversos instrumentos jurídicos no tiene entidad suficiente para poner en duda la pertinencia de este enfoque. En efecto, la apreciación de la existencia del riesgo de que unos compromisos internacionales afecten a normas comunes de la Unión o alteren el alcance de las mismas no puede depender de una distinción artificiosa basada en la circunstancia de que tales normas estén recogidas, o no, en un solo y mismo instrumento jurídico del Derecho de la Unión.

(véanse los apartados 74, 81 y 82)
El Reglamento no 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento no 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, en su versión modificada por el Reglamento no 972/2007, debe interpretarse en el sentido de que cuando los controles cruzados automatizados destinados a comprobar la admisibilidad a la ayuda de las parcelas declaradas en la solicitud de pago único de un agricultor se completan, debido a la actualización en curso del sistema de identificación de las parcelas agrícolas, por una comprobación sobre la base de imágenes aéreas recientes que conducen a la constatación de inexactitudes en la declaración de aquél, la autoridad competente no está obligada a llevar a cabo una inspección sobre el terreno, sino que dispone, con arreglo al artículo 24, apartado 2, de dicho Reglamento, de una facultad de apreciación por lo que respecta a las medidas que deben adoptarse en consecuencia. En particular, la citada autoridad no puede estar obligada a llevar a cabo una medición sobre el terreno de las parcelas de que se trata cuando no alberga duda alguna en cuanto a los datos de medición que ha recabado de las imágenes aéreas que tiene a su disposición.

(véanse el apartado 63 y el fallo)
3.

Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Interés que ha de apreciarse en la fecha de interposición del recurso — Recurso contra un acto por el que se establecen medidas restrictivas al demandante — Derogación del acto impugnado durante el procedimiento — Declaración de sobreseimiento — Improcedencia — Mantenimiento del interés del demandante en obtener el reconocimiento de la ilegalidad del acto impugnado [Arts. 263 TFUE y 266 TFUE; Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 954/2009 de la Comisión; Reglamento de Ejecución (UE) no 1081/2011 de la Comisión] (véanse los apartados 59, 63, 68 a 70, 76, 77 y 79)
El artículo 49 no puede aplicarse a actividades que no presenten ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión y cuyos elementos pertinentes se circunscriban en su totalidad a un solo Estado miembro. En efecto, cuando un litigio tiene carácter local y sus hechos se circunscriben en su totalidad a un solo Estado miembro, no puede presumirse que las normativas controvertidas tengan efectos transfronterizos. Ciertamente, incluso en una situación puramente interna, puede ser útil para el órgano jurisdiccional remitente que se responda a cuestiones prejudiciales relativas a las libertades fundamentales del Derecho de la Unión, en particular en el supuesto de que el Derecho nacional le obligue a conceder a un nacional los mismos derechos que el Derecho de la Unión reconoce a un nacional de otro Estado miembro que se halle en la misma situación.

Pues bien, una situación en la que parece que las demandantes, titulares de una autorización para el ejercicio de la actividad de alquiler de vehículos con conductor concedida por un ayuntamiento, deseaban lograr el acceso al término municipal de otro ayuntamiento cumpliendo requisitos distintos a los que se les exige, no con el fin de ejercer la referida actividad de manera estable y continuada desde este término municipal, sino para ejercerla de manera más puntual y desde otros términos municipales, no se refiere a la libertad de establecimiento sino, a primera vista, a la libre prestación de servicios. No obstante, en virtud del artículo 58 TFUE, en el ámbito de los transportes, la libre prestación de servicios no está regulada por el artículo 56 TFUE, sino por lo dispuesto en el título VI de la tercera parte del Tratado FUE, relativo a la política común de transportes. Asimismo, en esencia, las actividades de alquiler de vehículos con conductor no están incluidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones adoptadas sobre la base del artículo 91 TFUE, apartado 1, para liberalizar los servicios de transporte. De ello se desprende que una posible interpretación del artículo 49 TFUE no guardaría relación alguna con la realidad o el objeto del litigio.

(véanse los apartados 36 a 44 y el fallo)
El concepto de actos reglamentarios que no incluyen medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, debe interpretarse teniendo en cuenta el objetivo de esta disposición, que, como se deduce de sus trabajos preparatorios, consiste en evitar que un particular se vea obligado a quebrantar el Derecho para tener acceso al juez. Ahora bien, cuando un acto reglamentario produce directamente efectos en la situación jurídica de una persona física o jurídica sin requerir medidas de ejecución, existiría el riesgo de que dicha persona se viera desprovista de tutela judicial efectiva si no dispusiera de una vía de recurso directo ante el juez de la Unión para impugnar la legalidad de ese acto reglamentario.

A este respecto, en primer lugar, cuando un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, el control judicial del respeto del ordenamiento jurídico de la Unión queda garantizado independientemente de que tales medidas procedan de la Unión o de los Estados miembros. Las personas físicas o jurídicas que no puedan impugnar directamente un acto reglamentario de la Unión ante el juez de la Unión, a causa de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, quedan protegidas contra la aplicación de dicho acto en lo que a ellas respecta mediante la posibilidad de impugnar las medidas de ejecución que el acto lleva implícitas. Cuando la aplicación de tales actos es competencia de las instituciones, de los órganos o de los organismos de la Unión, las personas físicas o jurídicas pueden interponer un recurso directo contra los actos de aplicación ante el juez de la Unión, con los requisitos que establece el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, e invocar en apoyo de ese recurso la ilegalidad del acto de base de que se trate, con arreglo al artículo 277 TFUE. Cuando esta aplicación es competencia de los Estados miembros, esas personas pueden alegar ante los tribunales nacionales la invalidez del acto de base de que se trate e inducirles a consultar al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 267 TFUE, mediante la vía de las cuestiones prejudiciales.

En segundo lugar, para determinar si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución es preciso considerar la posición de la persona que invoca el derecho de recurso al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine. Así pues, la cuestión de si el acto de que se trata lleva implícitas medidas de ejecución con respecto a otros justiciables no es pertinente.

En tercer lugar, para verificar si el acto impugnado incluye medidas de ejecución, procede referirse exclusivamente al objeto del recurso y, en el supuesto de que el demandante solicite sólo la anulación parcial de un acto, únicamente deberán tomarse en consideración, en su caso, las medidas de ejecución que pueda llevar implícitas esa parte del acto.

(véanse los apartados 27 a 31, 56 y 58)
Las empresas, como las compañías de aguas que prestan servicios públicos relacionados con el medio ambiente están bajo el control de una entidad o de una persona mencionada en el artículo 2, punto 2, letras a) o b), de la Directiva 2003/4, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313, por lo que deberían ser calificadas como autoridades públicas en virtud del artículo 2, punto 2, letra c), de esa Directiva, si esas empresas no determinan con autonomía real la manera de prestar esos servicios, dado que una autoridad pública comprendida en el artículo 2, punto 2, letras a) o b), de esa Directiva puede influir de forma decisiva en la acción de esas empresas en el ámbito del medio ambiente.

El solo hecho de que la entidad sea una sociedad mercantil sujeta a un régimen regulatorio específico del sector en cuestión no puede excluir un control en el sentido del artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2003/4, si del régimen considerado cabe deducir que la entidad no dispone de autonomía real frente al Estado, aun si éste ya no está en condiciones de determinar su gestión corriente a raíz de la privatización del sector en cuestión.

(véanse los apartados 68, 70, 71 y 73 y el punto 2 del fallo)
El artículo 10 bis de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, que establece que las decisiones, acciones u omisiones recogidas en dicho artículo deben poder ser objeto de un recurso judicial para impugnar su legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los Estados miembros establezcan que las disposiciones de transposición al Derecho interno de este artículo únicamente serán aplicables en el supuesto de que se impugne la legalidad de una decisión por haberse omitido la evaluación del impacto medioambiental, y no en el supuesto de que tal evaluación se haya llevado a cabo pero sea irregular.

El artículo 10 bis, letra b), de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional que no reconoce el menoscabo de un derecho en el sentido de este artículo si se acredita que, habida cuenta de las circunstancias del caso, probablemente la decisión impugnada no habría sido distinta sin el vicio de procedimiento invocado por el demandante.

No obstante, esta conclusión sólo es válida a condición de que el tribunal o el órgano ante los que se ha interpuesto el recurso no impongan en absoluto al demandante la carga de la prueba a este respecto y, tomando en consideración, en su caso, los elementos de prueba aportados por el promotor o por las autoridades competentes y, más generalmente, el conjunto de los documentos del asunto que se les haya sometido, se pronuncien prestando particular atención al grado de gravedad del vicio invocado y comprobando especialmente, a estos efectos, si dicho vicio privó al público interesado de alguna de las garantías establecidas con el fin de permitirle tener acceso a la información y participar en el proceso decisorio, en concordancia con los objetivos de la Directiva 85/337.

(véanse los apartados 51, 53, 54 y 57 y el punto 3 del fallo)
A tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. De este tenor se deduce que, por regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que dicha presentación está sujeta con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 40/94 y no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente. Al precisar que la OAMI «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichas pruebas, la mencionada disposición otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllas.

Si bien el párrafo primero de la regla 50, apartado 1, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, establece el principio de que las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada son aplicables mutatis mutandis a los procedimientos de recurso, el tercer párrafo de la misma disposición constituye una regla especial que establece una excepción a aquel principio. Esa regla especial es propia del procedimiento de recurso contra la resolución de la División de Oposición y precisa el régimen aplicable ante la Sala de Recurso a los hechos y las pruebas presentadas tras la terminación de los plazos establecidos o especificados en la primera instancia. La regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2868/95 debe aplicarse, por tanto, a ese aspecto específico del procedimiento de recurso contra la resolución de la División de Oposición, en lugar de las disposiciones sobre el procedimiento ante dicha División, entre las cuales figura la regla 20, apartado 1, del Reglamento no 2868/95.

Pues bien, a tenor de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2868/95, cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94. Así pues, el Reglamento no 2868/95 prevé expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación derivada de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2868/95 y del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición.

(véanse los apartados 22 a 24, 29, 30, 32 y 33)
Los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que puede cumplirse el requisito de «uso efectivo» en el sentido de estas disposiciones cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

(véanse el apartado 41 y el punto 2 del fallo)
En virtud del principio general de interpretación de que todo acto de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, de un modo que no cuestione su validez y de conformidad con el conjunto del Derecho primario y, en particular, con las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto debe interpretarse de un modo que permita garantizar la conformidad de éste con el derecho a vacaciones anuales retribuidas como principio del Derecho social de la Unión consagrado expresamente en el artículo 31, apartado 2, de la Carta. Pues bien, ello exige interpretar dicho artículo 1 sexto, apartado 2, en el sentido de que permite incorporar al Estatuto el contenido del artículo 7 de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, como norma de protección mínima que completa, en su caso, las otras disposiciones estatutarias que regulan el derecho a vacaciones anuales retribuidas y, en particular, el artículo 4 del anexo V del Estatuto.

En efecto, dicho artículo 4 del anexo V del Estatuto debe interpretarse en el sentido de que no trata la cuestión de la prórroga de las vacaciones anuales retribuidas que el funcionario no haya podido disfrutar durante el período de devengo debido a una baja por enfermedad de larga duración, de modo que las disposiciones que se derivan a este respecto del artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto y más concretamente del artículo 7 de la Directiva 2003/88 deben tenerse en cuenta como disposiciones mínimas aplicables sin perjuicio de las disposiciones más favorables contenidas en el Estatuto.

(véanse los apartados 40, 46 y 56)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Derecho de la Unión — Efecto directo — Derechos individuales — Tutela por los órganos jurisdiccionales nacionales — Recursos judiciales — Principio de autonomía procesal — Determinación tanto de los órganos judiciales competentes para conocer de los recursos basados en el Derecho comunitario como del régimen procesal del recurso — Límites — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad — Comprobación por el órgano jurisdiccional nacional

2. Derecho de la Unión — Efecto directo — Derechos individuales — Tutela por los órganos jurisdiccionales nacionales — Recursos judiciales — Principio de autonomía procesal — Determinación tanto de los órganos judiciales competentes para conocer de los recursos basados en el Derecho comunitario como del régimen procesal del recurso — Regla de competencia judicial nacional que atribuye a un solo órgano judicial todo el contencioso relativo a las resoluciones de una autoridad nacional encargada del pago de ayudas agrícolas en virtud de la política agrícola común de la Unión Europea — Procedencia — Requisitos

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

Índice

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 35 a 39, 42, 43 y 48)

2. El Derecho de la Unión —y, en particular, los principios de equivalencia y de efectividad y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea— no se opone a una regla de competencia judicial nacional que tiene como consecuencia atribuir a un solo órgano judicial todo el contencioso relativo a las resoluciones de una autoridad nacional encargada del pago de ayudas agrícolas en virtud de la política agrícola común de la Unión Europea, siempre que los recursos destinados a salvaguardar los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no sean ejercidos en condiciones menos favorables que las previstas para los recursos destinados a proteger los derechos que confieran eventuales regímenes de ayuda a los agricultores establecidos por el Derecho interno, y siempre que una regla de competencia de este tipo no cause a los justiciables inconvenientes procesales, concretamente en lo que respecta a la duración del procedimiento, que puedan hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 61 y el fallo)
17

El artículo 21, apartado 3, del convenio colectivo del sector de la salud dispone que una trabajadora tiene derecho a la retribución íntegra durante 72 días laborables siempre que haya estado empleada ininterrumpidamente durante al menos tres meses antes del inicio del permiso. En el supuesto de que la trabajadora comience un nuevo permiso de maternidad durante uno de los permisos no retribuidos previstos en dicho convenio, no se abonará el salario de que se trate durante uno de tales permisos no retribuidos, salvo disposición legal en contrario. No obstante, al término de este permiso, y siempre que no se hubiera agotado el permiso de maternidad, deberá pagarse la retribución por el permiso de maternidad respecto al resto del período de éste.
40

Pues bien, según Deltafina, el Tribunal General se basó, en el apartado 159 de la sentencia recurrida, en el testimonio del Sr. V. E. para establecer que éste no había entendido que Deltafina tenía intención de realizar la revelación de 4 de abril de 2002 y que, en cualquier caso, no habría dado su conformidad. Considera que, al no comparar este testimonio con el del Sr. J., quien no fue llamado a testificar, el Tribunal General vulneró el derecho de Deltafina a un proceso equitativo.