3.

La Comisión comienza exponiendo que las disposiciones del artículo 76a fueron introducidas por la Haushaltsbegleitgesetz (Ley de normas complementarias de presupuesto) de 20 de diciembre de 1982. Desde la entrada en vigor de esta Ley el 1 de enero de 1983, los preceptos de los artículos 75 y 76a de la RKG abarcarían también las Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras. Se estableció, además, un régimen análogo para el Seguro de Pensiones de los obreros (artículo 1279a del Reichsversicherungsordnung, Código de la Seguridad Social del Reich) y de los empleados (artículo 56a de la Angestelltenversicherungsgesetz, Ley de la Seguridad Social de los Empleados). Las citadas disposiciones constituyen una normativa especial para los beneficiarios de Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras, en la medida en que no procede tener en cuenta, al determinar el límite máximo de la pensión, la retribución anual que sirve de base a la Pensión por Accidente de Trabajo extranjera. En opinión de la Comisión, esta normativa podría resultar desventajosa para los interesados en la hipótesis de que la retribución anual, calculada según el Derecho alemán, fuera superior a la base reguladora personal que se utilice para el cálculo de la pensión. Si nos basáramos en el cálculo de la retribución anual, obtendríamos un límite máximo superior y respectivamente una supensión menor. El motivo de la decisión de no tener en cuenta la retribución anual que sirve de base al cálculo de la Pensión por Accidente de Trabajo extranjera fue el hecho de la frecuente dificultad para determinar dicha retribución anual. Referente a la cuestión de si el Derecho comunitario obliga a tomar en cuenta la retribución anual ficticia calculada según el Derecho alemán, la Comisión señala que, con arreglo al apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento n° 1408/71, cualquier diferencia directa o indirecta de trato entre los nacionales de un Estado miembro y los de otros Estados miembros está prohibida. Esta prohibición responde al objetivo general de los preceptos del Tratado CEE relativos a la igualdad de trato, de garantizar la libre circulación de personas suprimiendo toda discriminación en materia de empleo, salario y condiciones laborales. Por lo tanto, solamente son aceptables las desigualdades de trato provenientes de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, en la medida en que se apliquen en función de criterios objetivos e independientemente de la nacionalidad de los interesados. De este modo, las disposiciones del artículo 3 del citado Reglamento n° 1408/71 especifican la prohibición de discriminación contenida en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado CEE, la cual constituye una normativa especial respecto de la prohibición de discriminación general prevista en el apartado 1 del artículo 7 del Tratado CEE. La prohibición de discriminación, que forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario, se dirige tanto a las Instituciones comunitarias como a los Estados miembros. Ante tales circunstancias, la jurisprudencia reitera que están prohibidas no sólo cualquier desigualdad directa de trato en razón de la nacionalidad sino también toda desigualdad indirecta de trato que, sin estar basada en la nacionalidad, provoque el mismo resultado, bajo la forma de desigualdad de trato encubierta (sentencia de 15 de enero de 1986, Pinna, 41/84, Rec. p. 1; sentencia de 7 de junio de 1988, Roviello, antes citada). En lo que respecta, más en particular, a la primera frase del apartado 2 del artículo 76a de la RKG, la Comisión resalta que se deduce de esta disposición que la imputación de Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras en una Pensión de Minero debe realizarse de modo que la institución alemana competente, contrariamente a lo previsto por la normativa relativa a la imputación de Pensiones por Accidente de Trabajo alemanas, no tenga que determinar ninguna retribución anual para la prestación abonada por la institución extranjera. De ello resulta que, en caso de acumulación con una Pensión por Acccidente de Trabajo extranjera, la parte de la pensión del Régimen de Pensiones de la Minería alemán, que sobrepasa el porcentaje que determina la base reguladora personal de la pensión, se suspende inmediatamente, mientras que, en caso de acumulación con una Pensión por Accidente de Trabajo alemana, esta consecuencia sólo se produce si la Pensión de Jubilación y la Pensión por Accidente de Trabajo juntas exceden del porcentaje de la base reguladora personal y el de la remuneración anual que sirve de base al cálculo de la Pensión por Accidente de Trabajo. En consecuencia, los beneficiarios de Pensiones por Accidente de Trabajo nacionales y los de Pensiones por Enfermedad Profesional extranjeras no son tratados del mismo modo en la medida en que la suspensión se produce antes para los segundos. La Comisión argumenta que el hecho de que la legislación alemana controvertida no tenga en cuenta la retribución anual para imputar las Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras constituye una discriminación indirecta en la medida en que, incluso si esta normativa se aplica con independencia de la nacionalidad de los interesados, y, por lo tanto, en las mismas condiciones para los titulares alemanes y extranjeros de Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras, tiene, sin embargo, como consecuencia, que afecta en primer lugar a los beneficiarios de prestaciones que han hecho uso de su derecho a la libre circulación, dado que son estas personas las que reciben con mayor frecuencia prestaciones de diferentes Estados miembros, y, por lo tanto, también Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras. En consecuencia, estas personas se encuentran desfavorecidas en lo que respecta al Derecho de la Seguridad Social, ya que, para ellas, la suspensión de la parte de la Pensión del Régimen de la Minería alemán puede tener lugar antes que en el caso de las personas que han trabajado siempre en la República Federal de Alemania y que perciben, por tanto, una Pensión de Minero y una Pensión por Accidente de Trabajo en este país. Según la Comisión, esta desigualdad de trato no puede justificarse por motivos objetivos ni, en particular, por supuestas dificultades a la hora de determinar la retribución anual en el caso de las Pensiones por Accidente de Trabajo extranjeras. En efecto, por una parte el apartado 4 del nuevo artículo 93 del Libro VI del Sozialgesetzbuch dispone que, en caso de percepción de una Pensión por Accidente de Trabajo extranjera, el límite máximo debe calcularse sobre la base de una retribución anual ficticia, lo cual demuestra que es posible determinar la retribución anual para una Pensión por Accidente de Trabajo extranjera. Por otra parte, las dificultades prácticas generales no pueden justificar una desigualdad de trato entre trabajadores nacionales y migrantes. La Comisión añade que tan injustificada sería una excepción a la prohibición de discriminación por causa de los retrasos de procedimiento y las imprecisiones en la determinación de los factores de cálculo necesarios, como por la infrecuencia de las discriminaciones advertidas y la poca gravedad de las desventajas sufridas por las personas afectadas. La Comisión concluyó sugiriendo responder del siguiente modo a la pregunta planteada por el órgano jurisdiccional de remisión: «Los artículos 7 y 48 a 51 del Tratado CEE, así como el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, deben interpretarse en el sentido de que un trabajador migrante que perciba al mismo tiempo una pensión al amparo de un Régimen interno de un Estado miembro y una pensión al amparo de un Régimen de Seguros de Accidentes de Trabajo de otro Estado miembro no deben ser objeto, cuando se calcule la parte de la pensión cuyo pago queda suspendida conforme a sus disposiciones nacionales, de un trato menos favorable que los asegurados que perciban ambas prestaciones con arreglo a regímenes sometidos a la normativa nacional de un solo Estado miembro.»