CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 13 de marzo de 2008 ( 1 )

Asunto C-204/07 P

C.A.S. SpA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

Índice

I. Introducción II. Marco legal III. Hechos y procedimiento A. Antecedentes del litigio principal B. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y sentencia recurrida 1. Primer motivo de recurso 2. El segundo motivo de recurso 3. El tercer motivo de recurso 4. Sobre las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba requeridas C. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes D. Motivos del recurso de casación y alegaciones de las partes IV. Análisis jurídico A. Observaciones previas 1. Consideraciones de Derecho sustantivo 2. Consideraciones procesales B. Examen de los motivos del recurso de casación 1. Primer motivo de casación: violación del principio de reparto de funciones entre el Estado de exportación y el Estado de importación a) El reparto de funciones entre el Estado de exportación y el Estado de importación b) La cuestión de una apreciación diferente en caso de actuación irregular de las autoridades del Estado de exportación 2. Segundo motivo de casación: vulneración del derecho de acceso al expediente y demás derechos de defensa 3. Tercer motivo de recurso: la carga de la prueba 4. Cuarto motivo de casación: la denegación de diligencias de ordenación del procedimiento 5. Quinto motivo de casación: calificación jurídica de los documentos y los hechos relativos a los presuntos incumplimientos de sus obligaciones por las autoridades turcas y por la Comisión a) Los supuestos incumplimientos de sus obligaciones por las autoridades turcas i) Calificación de los 32 certificados controvertidos como falsificaciones ii) El certificado A.TR.1 WVB D 437214 iii) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades aduaneras turcas en lo que respecta a los sellos iv) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas en cuanto al registro de documentos oficiales v) Incumplimiento de las obligaciones de las autoridades turcas por haber cooperado éstas en la expedición de certificados incorrectos vi) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas en lo relativo a la asistencia administrativa vii) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas basado en otras circunstancias y obstáculos a las investigaciones en Mersin b) Los presuntos incumplimientos de sus obligaciones por la Comisión i) Incumplimiento de las obligaciones de la Comisión en la vigilancia del régimen preferencial para Turquía ii) Incumplimiento de las obligaciones de la Comisión por falta de transmisión de modelos de sellos iii) Incumplimiento de la obligación de aviso puntual a los importadores iv) Incumplimiento de las obligaciones de la Comisión en la determinación y apreciación de los hechos con motivo de las investigaciones en Turquía c) Conclusión parcial 6. Sexto motivo de casación: la no convocatoria del Comité Mixto de la Unión Aduanera o del Consejo de Asociación por la Comisión 7. Séptimo motivo de casación: no reconocimiento de un interés legítimo de la recurrente en el certificado A.TR.1 D 437214 8. Octavo motivo de casación: Valoración de equidad y de los riesgos 9. Noveno motivo de casación: la infracción del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC V. Conclusión VI. Costas VII. Conclusión

«Recurso de casación — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Reglamento (CEE) no 2913/92 — Artículo 239 — Código aduanero comunitario — Devolución y condonación de derechos de importación — Zumos concentrados de frutas procedentes de Turquía — Certificados de circulación — Falsificación — Situación particular»

I. Introducción

1. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha de resolver sobre un recurso de casación interpuesto por la sociedad CAS SpA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de febrero de 2007 en el asunto CAS SpA/Comisión. ( 2 ) La parte recurrente en casación y demandante en primera instancia (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de dicha sentencia, por la que el Tribunal de Primera Instancia declaró válida la Decisión de la Comisión de 18 de octubre de 2002 (REC 10/01; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), que denegaba la devolución de derechos de importación solicitada por la recurrente por importe de 1.702.304,25 euros, en relación con 32 de un total de 48 certificados de importación presentados, y, en consecuencia, desestimaba su recurso de anulación parcial de dicha Decisión.

II. Marco legal

La condonación de derechos de aduana en el Derecho comunitario

2. El artículo 239 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «CAC»), que regula la posibilidad de condonación de los derechos de importación, establece: «Se podrá proceder a la […] condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación en situaciones […] que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado. Las situaciones en las que se podrá aplicar esta disposición y las modalidades de procedimiento que se seguirán a tal fin se definirán según el procedimiento del Comité […]»

3. El artículo 905, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 (DO L 253, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación del CAC»), prevé lo siguiente: «Cuando la autoridad aduanera de decisión, a la que se hubiera presentado una solicitud de devolución o condonación, con arreglo al apartado 2 del artículo 239 del Código, no se halle en condiciones de decidir, sobre la base del artículo 899, y cuando la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta o intento de fraude por parte del interesado, el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión para su resolución conforme al procedimiento previsto en los artículos 906 a 909. […]»

4. El artículo 904, letra c), del Reglamento de aplicación del CAC establece: «No se procederá a la devolución o condonación de derechos de importación cuando, según el caso, el único motivo en defensa de la solicitud de devolución o condonación lo constituya: […] c) la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial a favor de mercancías declaradas a libre práctica, de documentos cuya falsedad se haya comprobado posteriormente, falsificados o no válidos para la concesión de este tratamiento arancelario preferencial.»

5. El artículo 236 del CAC establece: «1. Se procederá a la devolución de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se pagaron su importe no era legalmente debido o que fue contraído en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220. Se procederá a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se contrajeron su importe no era legalmente debido o que fue contraído en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220. No se concederá ninguna devolución ni condonación cuando los hechos que hayan dado lugar al pago o a la contracción de un importe que no era legalmente debido, sean el resultado de una maniobra del interesado. […]»

6. Con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, no se procederá a la contracción a posteriori cuando el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana.

III. Hechos y procedimiento

A. Antecedentes del litigio principal

7. La recurrente en casación es una sociedad italiana, participada en un 95,1 % por Steinhauser GmbH (en lo sucesivo, «Steinhauser»), cuyo domicilio social está en Ravensburg (Alemania). La principal actividad de la recurrente consiste en la transformación de concentrados de zumo de frutas importados; se dedica también a la importación de dichos productos en Italia. Los contactos comerciales con proveedores extranjeros los mantiene básicamente la compañía Steinhauser.

8. Según los hechos constatados por el Tribunal de Primera Instancia, la recurrente importó, entre el 5 de abril de 1995 y el 20 de noviembre de 1997, concentrados de zumo de manzana y de pera que fueron declarados procedentes y originarios de Turquía, y solicitó su despacho a libre práctica aduanera en la Comunidad. La importación de este tipo de productos en la Comunidad se llevó a cabo mediante certificados A.TR.1, de manera que se les aplicó la exención de los derechos de aduana prevista en el Acuerdo de Asociación y en el Protocolo adicional.

9. El servicio de aduanas de Rávena (Italia) efectuó un control a posteriori de la autenticidad del certificado de circulación A.TR.1 D 141591, presentado por la recurrente en una de sus importaciones durante el período comprendido entre el 5 de abril de 1995 y el 20 de noviembre de 1997. Conforme al artículo 29 de la Decisión no 1/95, se solicitó a las autoridades turcas que comprobasen la autenticidad de dicho certificado.

10. Mediante escrito de 15 de mayo de 1998, las autoridades turcas comunicaron al servicio de aduanas de Rávena que el certificado, según se extraía de la revisión efectuada, no era auténtico, pues no había sido expedido por las autoridades aduaneras turcas. Además, anunciaron que se practicarían pruebas adicionales.

11. En consecuencia, las autoridades italianas procedieron al control a posteriori de 103 certificados A.TR.1 presentados por la recurrente en diversas operaciones de importación.

12. Mediante escrito de 10 de julio de 1998, la Representación Permanente de la República de Turquía ante la Unión Europea (en lo sucesivo, «Representación Permanente de Turquía») comunicó a la Comisión que los certificados A.TR.1 presentados por la recurrente y adjuntos a dicho escrito, correspondientes a exportaciones de la empresa turca Akman a Italia, eran falsos («false»). La Comisión remitió dicho escrito a las autoridades italianas el 20 de julio de 1998.

13. Entre el 12 y el 15 de octubre de 1998 y entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1998, la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF, actualmente OLAF) llevó a cabo una serie de investigaciones en Turquía.

14. Mediante escrito de 8 de marzo de 1999, la Representación Permanente de Turquía comunicó al servicio de aduanas de Rávena que 32 de los certificados A.TR.1 presentados por la recurrente (en lo sucesivo, «certificados controvertidos»), incluidos los dieciocho a que se refería el escrito de 10 de julio de 1998, no habían sido ni expedidos ni visados por las autoridades turcas.

15. Según las autoridades italianas, de la correspondencia mantenida entre ellas, la Comisión, la UCLAF y las autoridades turcas se desprende que los mencionados 48 certificados A.TR.1, entre los cuales se encontraban los certificados controvertidos, relativos a importaciones a Italia en forma de entregas de la empresa turca Akman a la recurrente, se consideraban bien falsos, bien irregulares. Los 32 certificados controvertidos (correspondientes a derechos de aduana por importe total de 3.296.190.371 ITL, equivalentes a 1.702.340,25 euros) estaban falsificados, ya que no habían sido ni expedidos ni visados por las autoridades turcas. Por el contrario, los otros dieciséis (correspondientes a derechos de aduana por importe total de 1.904.763.758 ITL, esto es, 983.728,38 euros), a pesar de haber sido expedidos por las autoridades turcas, eran inválidos, pues las mercancías a que hacían referencia no eran de origen turco. Dado que la totalidad de los 48 certificados se consideraban bien falsos, bien inválidos, las mercancías en ellos documentadas no podían disfrutar del tratamiento arancelario preferencial previsto para la importación de productos agrícolas turcos. En consecuencia, la administración aduanera italiana requirió a la recurrente para que abonase los derechos de aduana adeudados, por un importe total de 5.200.954.129 ITL, esto es, 2.686.068,63 euros.

16. Mediante escrito de 28 de marzo de 2000 la recurrente, basándose en el artículo 220, apartado 2, letra b), y en los artículos 236 y 239 del CAC, remitió al servicio de aduanas de Rávena una solicitud de no contracción a posteriori y de devolución de los derechos de importación reclamados. Para fundamentar su solicitud, la demandante invocaba su buena fe, los errores no detectables de las autoridades competentes así como incumplimientos imputables a éstas.

17. Mediante escrito de 30 de noviembre de 2001, la República Italiana solicitó a la Comisión que decidiese si estaba justificado no proceder a la contracción a posteriori de los derechos de importación reclamados a la recurrente con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC o a la devolución de dichos derechos con arreglo al artículo 239 del CAC.

18. Mediante escrito de 3 de junio de 2002, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades italianas, que respondieron mediante escrito de 7 de junio de 2002.

19. Mediante escrito de 25 de julio de 2002, la Comisión informó a la recurrente de su intención de no dar una respuesta favorable a su solicitud. No obstante, antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión invitó a la recurrente a presentar sus observaciones, poniéndole de manifiesto el expediente con el fin de que tomara conocimiento de los documentos no confidenciales. El 6 de agosto de 2002, los representantes de la recurrente consultaron el expediente administrativo en los locales de la Comisión. Asimismo, firmaron una declaración reconociendo que habían tenido acceso a los documentos mencionados en su anexo.

20. Mediante escrito de 15 de agosto de 2002, la recurrente presentó sus observaciones a la Comisión. En éstas mantuvo su posición según la cual las autoridades aduaneras competentes habían incurrido en errores activos no detectables por ella, errores que asimila igualmente a incumplimientos que pueden dar lugar a una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC.

21. El 18 de octubre de 2002, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, notificada a la demandante el 21 de noviembre de 2002. En primer lugar, la Comisión concluyó que estaba justificado contraer los derechos de importación objeto de la demanda. En segundo lugar, la Comisión concluyó, no obstante, que estaba justificado proceder a la devolución de los derechos de importación de la parte de la solicitud relativa a los dieciséis certificados inválidos, siempre que la demandante se encontrase, respecto a ellos, en una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC. En tercer lugar, en lo que se refiere a los 32 certificados controvertidos, la Comisión concluyó, en cambio, que las circunstancias invocadas por la demandante no creaban una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC. Por consiguiente la Comisión decidió, en el artículo 2 de la Decisión controvertida, que no estaba justificado proceder a la devolución de los derechos de importación correspondientes a los mismos, por un importe de 1.702.340,25 euros.

B. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y sentencia recurrida

22. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de enero de 2003, la recurrente interpuso recurso de anulación, solicitando que se declarase nulo el artículo 2 de la Decisión controvertida de la Comisión. Invocó tres motivos en apoyo de sus pretensiones, basados, en primer lugar, en la violación del derecho de defensa; en segundo lugar, en la infracción del artículo 239 del CAC y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC.

23. La Comisión solicitó que se desestimase el recurso y que se condenase en costas a la recurrente.

24. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en su totalidad.

1. Primer motivo de recurso

25. Mediante el primer motivo de recurso, la recurrente alegó que su derecho de defensa había sido vulnerado a lo largo del procedimiento administrativo, pues, aunque tuvo acceso al expediente en el que obraban los documentos en que la Comisión basó la Decisión controvertida, no tuvo acceso a documentos que tuvieron una importancia decisiva para la apreciación global que la Comisión hizo de la situación.

26. Para desestimar este motivo, el Tribunal de Primera Instancia decidió, en el apartado 88 de la sentencia recurrida, que, en este ámbito, el principio de respeto del derecho de defensa tan sólo exige que el interesado tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos, incluidos los documentos, que la Comisión haya tenido en cuenta contra él para basar su decisión, pero que, en consecuencia, no implica que la Comisión haya de dar, por iniciativa propia, acceso a todos los documentos que tengan una eventual relación con el caso sobre el que deba pronunciarse en el marco de una solicitud de condonación.

27. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia decidió, en el apartado 92, que el hecho de que los documentos que la recurrente no pudo consultar durante el procedimiento administrativo no se mencionaran expresamente en la Decisión controvertida no excluía que dicha decisión pudiera basarse en algunos de ellos. Y no podía admitirse que sucediera lo mismo con toda la vasta correspondencia a la que la recurrente se refería, ya que, al menos algunos de ellos eran documentos meramente relacionados con el contexto del asunto. Respecto a esos documentos «relacionados con el contexto», el Tribunal de Justicia argumentó que, si bien algunos documentos que no sirvieron de base a la Decisión controvertida no habían sido comunicados, su eventual falta de comunicación no era pertinente, dado que de todos modos tales documentos no podían tener incidencia sobre la Decisión controvertida. Por consiguiente, el primer motivo de recurso, en la medida en que se refería a la falta de comunicación de tales documentos, debía desestimarse por inoperante.

28. En cuanto a los documentos utilizados por la Comisión para fundamentar su decisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 98 a 100 de la sentencia recurrida que la recurrente tuvo acceso al expediente en los locales de la Comisión y firmó una declaración escrita en la que reconocía expresamente haber tenido acceso a todos los documentos que tenían relación directa o indirecta con el expediente controvertido. Además, se había adjuntado a dicha declaración una lista que enumeraba todos los documentos a los que el representante de la recurrente tuvo acceso. Basándose en esa lista, el Tribunal de Primera Instancia constató que la recurrente había tenido acceso efectivamente a distintos documentos que, según sus alegaciones, no había podido consultar.

29. En cuanto a las comunicaciones intercambiadas por la Comisión y la UCLAF con las autoridades turcas y las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que ningún dato permitía suponer que la Comisión había basado la Decisión controvertida en otros documentos diferentes de los que obraban en el expediente al que la demandante tuvo acceso en la consulta de 6 de agosto de 2002.

2. El segundo motivo de recurso

30. El segundo motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 239 del CAC y que también fue desestimado por el Tribunal de Justicia, se articula en cuatro partes. La primera parte se refiere a la calificación incorrecta del certificado de circulación A.TR.1 437214. Las partes segunda y tercera exponen respectivamente los graves incumplimientos imputados a las autoridades turcas y a la Comisión, a fin de demostrar la existencia de una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC. Por último, la cuarta parte se refiere a la inexistencia de negligencia manifiesta de la recurrente y a la apreciación de los riesgos comerciales.

31. En cuanto a la primera parte, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en primer lugar, que la determinación del origen de las mercancías se basa en un reparto de competencias entre las autoridades del Estado de exportación y las del Estado de importación, en el sentido de que el origen lo certifican las autoridades del Estado de exportación; a continuación, examinó la correspondencia intercambiada entre la Comisión, las autoridades aduaneras italianas y las autoridades competentes turcas. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia determinó, en el apartado 122, que la Comisión se basó esencialmente en el escrito de las autoridades turcas de 8 de marzo de 1999, remitido al servicio de aduanas de Rávena, para la parte de la Decisión controvertida relativa a los certificados falsificados. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia señaló que una comparación entre el tenor de dicho escrito y el tenor de las comunicaciones subsiguientes de las autoridades turcas revela ambigüedades en lo que se refiere a la calificación del certificado D 437214, y que la Comisión no había podido concluir válidamente que el certificado D 437214 era falso antes de adoptar la Decisión controvertida (apartados 124 y 128). Sin embargo, en vista del contenido del escrito de 22 de agosto de 2003, es decir, con posterioridad a la Decisión controvertida, en el que las autoridades turcas confirmaron las conclusiones recogidas en su documento de 8 de marzo de 1999, ello no era motivo suficiente para anular la Decisión controvertida, ya que la recurrente no tenía ningún interés legítimo en la anulación de una decisión por un vicio formal, cuando tal anulación sólo podía dar lugar a una nueva decisión idéntica en cuanto al fondo (apartado 133).

32. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó la segunda parte del segundo motivo de recurso, consistente en diversas afirmaciones de incumplimientos de obligaciones por parte de las autoridades turcas, basadas esencialmente en la tesis de que los certificados controvertidos habían sido expedidos y validados por dichas autoridades.

33. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia expuso, en los apartados 150 a 152 de la sentencia recurrida, por un lado, que la comprobación del carácter original o falsificado de los documentos emitidos por las autoridades turcas es de su exclusiva competencia y, por otro lado, las autoridades turcas habían concluido que los certificados controvertidos habían sido falsificados. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la alegación de la recurrente según la cual los sellos y firmas estampados en los certificados controvertidos demostraban que probablemente habían sido expedidos y autentificados por las autoridades turcas. Además, el registro de los certificados expedidos por las autoridades turcas no está expresamente previsto ni en el Acuerdo de Asociación ni en sus disposiciones de aplicación (apartado 161). El Tribunal de Primera Instancia exponía seguidamente que la presentación de documentos que resulten falsos no permite, por sí sola, concluir la existencia de colusión entre los exportadores y las autoridades aduaneras que los expiden (apartados 167 y 168). Por último, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que las autoridades turcas no habían incumplido su deber de asistencia administrativa y que las alegaciones de la recurrente no estaban apoyadas por ninguna prueba (apartados 216 a 218).

34. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó la tercera parte del segundo motivo de recurso, referido a una serie de supuestos incumplimientos de obligaciones por la Comisión Europea.

35. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó en primer lugar las investigaciones llevadas a cabo por la UCLAF en Turquía y resolvió que no se había aportado ninguna prueba de que la Comisión se hubiera enfrentado a dificultades en el marco de la asistencia administrativa acordada con la República de Turquía que justificaran la convocatoria del Consejo de Asociación ni del Comité Mixto de la Unión Aduanera (apartados 238 a 240). Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia estimó que ni el Acuerdo de Asociación ni las decisiones del Consejo de Asociación ni las disposiciones aplicables del Derecho comunitario habían previsto obligación alguna de comunicar los modelos de sellos y de firmas entre las Partes Contratantes (apartados 249 a 257), de advertir a los importadores cuando la Comisión tuviera dudas acerca de la validez de las transacciones aduaneras efectuadas por estos últimos en el marco de un régimen preferencial (apartado 270) ni de adoptar unos determinados métodos de investigación por parte de la UCLAF (apartado 284).

36. La cuarta parte del segundo motivo de recurso, relativa a la falta de negligencia manifiesta de la recurrente, fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia por inoperante, una vez que constató que la Comisión no se había pronunciado, en la sección de la Decisión controvertida relativa a los certificados falsificados, sobre la cuestión de la diligencia o de la negligencia de la demandante (apartados 295 y 296).

3. El tercer motivo de recurso

37. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el tercer motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, debido a que la recurrente no había demostrado que una conducta activa de las autoridades competentes hubiera contribuido a la elaboración o a la aceptación de los certificados controvertidos que resultaron falsos (apartados 303 a 307).

4. Sobre las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba requeridas

38. Por último, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las proposiciones de prueba y las diligencias de prueba solicitadas por la recurrente, bien por carecer de objeto, bien por no ser ni pertinentes ni necesarias para pronunciarse sobre el litigio (apartados 314 a 333).

C. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

39. Mediante escrito de 13 de abril de 2007, registrado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de abril de 2007, la recurrente interpuso el presente recurso de casación.

40. La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que: — Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 6 de febrero de 2007 en el asunto T-23/03. — Estime las pretensiones formuladas en primera instancia; con carácter subsidiario, que devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre el mismo. — Estime las peticiones de diligencias de ordenación del procedimiento, formuladas por la recurrente mediante escritos de 28 de enero de 2003, 4 de agosto de 2003 y 11 de agosto de 2003. — Condene en costas a la parte demandada en primera instancia.

41. Mediante escrito de 22 de junio de 2007, registrado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de junio de 2007, la Comisión presentó escrito de contestación en el que solicita al Tribunal de Justicia que: — Desestime el recurso en su totalidad. — Estime todas las pretensiones formuladas por la Comisión en primera instancia. — Condene en costas a la recurrente, incluidas las costas de primera instancia.

42. Mediante auto de 30 de julio de 2007 el Presidente del Tribunal de Justicia decidió que no era necesario presentar escrito de réplica.

43. Tras la fase escrita del procedimiento, la vista se celebró el 10 de enero de 2008, y en ella se oyeron las observaciones de las partes.

D. Motivos del recurso de casación y alegaciones de las partes

44. En primer lugar la Comisión señala que el recurso de casación se basa por entero en la premisa de que los certificados controvertidos no han sido falsificados. Alega que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia determinó que los 32 certificados A.TR.1 habían sido falsificados y no habían sido expedidos por las autoridades aduaneras turcas. El recurso de casación se dirige, en último término, a rebatir esta apreciación de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que es inadmisible. Asimismo, la Comisión propone varias excepciones de inadmisibilidad contra determinados motivos del recurso.

45. La recurrente invoca nueve motivos de casación.

46. Mediante el primer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al reconocer la competencia exclusiva de las autoridades turcas para comprobar el carácter original o falsificado de los certificados de circulación A.TR.1. En este sentido, la recurrente insiste en que la competencia de dichas autoridades deja de ser exclusiva cuando existen razones objetivas para creer en la participación de las autoridades competentes de un país tercero en las supuestas irregularidades, o incluso ante una sospecha concreta de tal conducta.

47. A juicio de la Comisión, habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que no se había demostrado la participación de las autoridades turcas en la falsificación de los certificados controvertidos, no había motivo alguno para cuestionar el reparto de funciones entre las autoridades aduaneras turcas y las comunitarias.

48. Con su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal de Justicia erró al considerar que el derecho de acceso al expediente sólo se refiere a los documentos que fueron utilizados por la Comisión para fundamentar su decisión. En su opinión, también los documentos confidenciales deben ser objeto del mencionado derecho, o, al menos, la Comisión debería informar de la existencia de documentos confidenciales y facilitar un extracto no confidencial.

49. La Comisión objeta que la alegación de la recurrente carece de base en el Derecho comunitario.

50. Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha que el Tribunal de Primera Instancia le impusiera a ella por entero la carga de la prueba respecto a los hechos que caracterizan una «situación especial» en el sentido del artículo 239 del CAC y del artículo 905 del Reglamento de aplicación del CAC, tratándose de hechos acaecidos en países terceros (en este caso, Turquía) o de hechos pertenecientes al ámbito de actividad o de influencia de la Comisión. Tal asignación de la carga de la prueba exige a la parte demandante acciones imposibles o excesivamente costosas. La recurrente considera que cumplió sus obligaciones en materia de prueba al exponer las razones objetivas en que se fundamentan las serias dudas y una cierta verosimilitud en relación con las supuestas irregularidades.

51. A juicio de la Comisión, no estamos ante una cuestión de carga de la prueba. Tal cuestión se plantea sólo cuando una afirmación controvertida es, al menos en principio, susceptible de demostración. En cambio, la inversión de la carga de la prueba significaría colocar a las autoridades aduaneras tanto de los Estados miembros como de Estados terceros, a priori, bajo una sospecha generalizada, imponiéndoles una prueba en contrario a menudo imposible. Además, la Comisión afirma que las alegaciones de la recurrente son meras suposiciones, y no razones objetivas.

52. Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente argumenta que el Tribunal de Primera Instancia, al desestimar las proposiciones de prueba y las diligencias probatorias solicitadas por ella, infringió el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, máxime habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia impuso a la recurrente exigencias muy estrictas en materia de prueba. Asimismo, habida cuenta de que su petición se refería, por un lado, a toda la documentación del expediente y, por otro, a algunos ejemplos de documentos concretos, como el informe de la OLAF de 9 de diciembre de 1998, el Tribunal de Primera Instancia estimó incorrectamente que la pretensión de presentación de documentos del expediente carecía de objeto (apartado 313).

53. La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia actuó debidamente al desestimar las pruebas propuestas y las diligencias probatorias solicitadas por la recurrente por improcedentes e irrelevantes, pues el expediente ya contenía suficientes pruebas pertinentes y consistentes.

54. El quinto motivo de casación se refiere a errores presuntamente cometidos por el Tribunal de Primera Instancia en la calificación jurídica de documentos y hechos relativos al incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas y por la Comisión.

55. En cuanto a los supuestos incumplimientos de sus obligaciones por las autoridades turcas, la recurrente considera, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia interpretó y calificó erróneamente los certificados controvertidos. En segundo lugar, critica la interpretación realizada por el Tribunal de Primera Instancia de la falsificación del certificado A.TR.1 D 437214. En tercer lugar, la comparación de los sellos en los certificados reconocidos como inválidos con los que se consideran falsificados no permite apreciar diferencia alguna, lo que demuestra que los certificados controvertidos fueron indebidamente calificados de falsos. En cuarto lugar, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al no reconocer que Turquía está jurídicamente obligada a registrar los certificados expedidos en virtud de diferentes disposiciones de las Decisiones no 1/95 y no 1/96. Además, la recurrente critica que el Tribunal de Primera Instancia considerase que los falsificadores tienen el mayor interés en utilizar un número de registro para los certificados falsificados, a similitud de los certificados válidos. A este respecto, se basa en la premisa de que una doble importación bajo el mismo número de registro se advierte inmediatamente, sobre todo siendo Rávena el puerto de importación, y en ningún caso fue detectado un número de registro duplicado. En quinto lugar, la recurrente afirma que las autoridades turcas colaboraron en la expedición de los certificados controvertidos, ya que éstas podrían haber impedido la utilización de certificados falsificados si hubieran controlado los certificados presentados y las mercancías en el momento de la exportación. En sexto lugar, la recurrente critica la valoración jurídica que el Tribunal de Primera Instancia hizo del presunto incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas en el marco de la asistencia administrativa y, en particular, la constatación de que dichas autoridades no incurrieron en contradicción. Por último, la recurrente alega diferentes hechos que, en su opinión, demuestran la cooperación de las autoridades turcas en la elaboración de los certificados controvertidos.

56. La Comisión señala en primer lugar que en su quinto motivo de casación la recurrente pasa por alto la naturaleza de las constataciones del Tribunal de Primera Instancia. Dicho motivo no se refiere a cuestiones de Derecho, sino a apreciaciones de hecho, que no pueden ser objeto de recurso de casación. Además, en el quinto motivo de recurso la recurrente reitera indebidamente sus alegaciones de primera instancia. La Comisión estima que la recurrente no puede aclarar en qué el Tribunal de Primera Instancia había incurrido en error a este respecto. Sus afirmaciones carecen de fundamento y de valor probatorio. Además, ni en el Acuerdo de Asociación ni en ninguna otra disposición aplicable en la materia se establece que haya de llevarse un registro.

57. En cuanto a los supuestos incumplimientos de sus obligaciones por la Comisión, la recurrente estima que existen suficientes razones objetivas para pensar que hubo infracciones sistemáticas y conscientes de las autoridades competentes turcas que habrían debido justificar un control reforzado del régimen arancelario preferencial por la Comisión. Basándose en el artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC y en el artículo 4 de la Decisión 1/96, la recurrente sostiene que la República de Turquía y la Comisión estaban obligadas, también durante el período en cuestión (de 1995 a 1997), a comunicar o exigir a las autoridades aduaneras turcas los modelos de los sellos empleados por los funcionarios de aduanas competentes. El Tribunal de Primera Instancia cometió también un error de Derecho, según la recurrente, al no llegar a la conclusión de que la Comisión estaba obligada a advertir a los importadores de concentrados de zumo de frutas, a más tardar entre finales de 1994 y comienzos de 1995, de las irregularidades cometidas en Turquía en la expedición de certificados de circulación A.TR.1. Además, la UCLAF incumplió las obligaciones de llevar a cabo una investigación adecuada en Turquía que le imponen los artículos 1 y 3 del Reglamento (CE) no 1073/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136, p. 1), pues no aplicó determinados métodos de investigación.

58. A juicio de la Comisión, la recurrente se limita de nuevo a criticar las constataciones y apreciaciones de hecho. Ni Turquía ni la Comisión estaban obligadas, en virtud de la normativa aplicable, a transmitirse modelos de sellos o de firmas. En cuanto al deber de advertir a los importadores que, según la recurrente, incumbía a la Comisión, ésta recuerda que las importaciones de que aquí se trata datan del período comprendido entre abril de 1995 y noviembre de 1997, mientras que las dudas sobre la autenticidad y la exactitud del contenido de los certificados A.TR.1 turcos no surgieron hasta más tarde, en concreto hasta 1998.

59. La recurrente, en su sexto motivo de casación, alega que el Tribunal de Primera Instancia no calificó de actuación indebida el hecho de que la Comisión no convocara el Comité Mixto de la Unión Aduanera ni el Consejo de Asociación. A este respecto, se remite a la sentencia «Televisores turcos». ( 3 )

60. La Comisión argumenta que, ante la constante e irreprochable disposición de las autoridades turcas a cooperar, nunca tuvo razones para convocar el Comité Mixto ni el Consejo de Asociación.

61. Con su séptimo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta su legítimo interés en la anulación de la Decisión controvertida en lo que respecta al certificado A.TR.1 D 437214, puesto que ya no habría sido legalmente posible, habida cuenta del plazo de tres años previsto en el artículo 218, apartado 3, del CAC, recaudar los derechos de aduana que habían sido condonados o devueltos mediante un nuevo requerimiento de pago emitido a raíz de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relativa a una supuesta «falsificación» del certificado D 437214.

62. A juicio de la Comisión, es incorrecta la interpretación que la recurrente hace de los artículos 905 y siguientes del Reglamento de aplicación del CAC y del artículo 218, apartado 3, del CAC, pues la Decisión de que aquí se trata fue adoptada dentro del plazo mencionado y no fue anulada por el Tribunal de Primera Instancia.

63. Mediante su octavo motivo de casación, la recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que, aun suponiendo que los certificados controvertidos no fueran auténticos, habida cuenta de las graves irregularidades por parte de las autoridades turcas y de la Comisión, sería injusto, dada la relación entre los operadores económicos y la Administración hacer recaer sobre la recurrente un perjuicio que procede de la Decisión controvertida.

64. La Comisión recuerda que en la Decisión controvertida no se pronunció sobre la cuestión de la diligencia o negligencia de la recurrente, por lo que sus alegaciones a ese respecto son inoperantes.

65. Con su noveno motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que negara la colaboración activa de las autoridades aduaneras turcas en la expedición y utilización de los 32 certificados A.TR.1 de que se trata, en el sentido del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC.

66. A este respecto, la Comisión alega que, dado que estamos ante certificados falsificados y no expedidos por las autoridades turcas, no se puede hablar de un «error activo» de dichas autoridades en el sentido del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC.

IV. Análisis jurídico

A. Observaciones previas

1. Consideraciones de Derecho sustantivo

67. El 22 de octubre de 1992 entró en vigor el Reglamento no 2913/92 por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, aplicable, con arreglo a su artículo 253, desde el 1 de enero de 1994. En el marco de la Unión Aduanera, las disposiciones en materia de aduanas, dispersas entre numerosos reglamentos y directivas de la Comunidad, se reunieron en un Código aduanero que comprende las disposiciones de aplicación que se adopten tanto en el plano comunitario como en el de los Estados miembros. Las disposiciones generales y de aplicación del Código aduanero pretenden garantizar la aplicación uniforme de todas las medidas de clasificación arancelaria y de otra naturaleza, las de política agraria y comercial, que adopte la Comunidad en relación con la circulación de mercancías entre ella y los Estados terceros. La codificación del Derecho aduanero comunitario no se limita a la reproducción técnico-jurídica del Derecho aduanero existente, sino que, al mismo tiempo, se emprendieron también modificaciones dirigidas a darle una mayor coherencia y simplicidad e integrar las lagunas, con el fin de crear un cuerpo legislativo comunitario exhaustivo. Así, entre otros aspectos, el Código aduanero incluye nuevas disposiciones en materia de recaudación a posteriori, devolución y condonación de derechos de importación y de exportación, que unas veces mantenían la situación legislativa anterior y otras la modificaban. ( 4 )

68. Entre las antiguas normas comunitarias que fueron suprimidas con la introducción del Código aduanero está, con arreglo al artículo 251 del CAC, el Reglamento (CEE) no 1697/79, ( 5 ) cuyo artículo 13 fue sustituido por el actual artículo 239 del CAC ( 6 ) y que ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia en diversas ocasiones. Al igual que sucedía con la anterior disposición, el artículo 239 del CAC constituye una cláusula general ( 7 ) de equidad en cuyo marco pueden ser condonados o devueltos derechos de importación o de exportación de por sí debidos, a fin de hacer realidad la protección de la confianza legítima en situaciones distintas de aquellas que, en la práctica, se dan con mayor frecuencia y que están expresamente reguladas, siempre que no exista intento de fraude ni negligencia manifiesta por parte del interesado. Para decidir si existe una situación especial en el sentido de esta disposición, la Comisión, dentro del amplio margen de apreciación de que dispone, debe valorar los hechos en su conjunto y sopesar, por un lado, el interés de la Comunidad en el cumplimiento de la normativa aduanera y, por otro, el interés de los operadores económicos de buena fe por no sufrir perjuicios superiores a los riesgos comerciales normales.

69. La cláusula general del artículo 239 del CAC ha de aplicarse en particular cuando las características de la relación entre el operador económico y la administración son tales que no es justo imponer a dicho operador un perjuicio que normalmente no habría sufrido. ( 8 ) En principio, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que el operador económico afectado se encuentre en una «situación excepcional» en relación con los demás operadores que ejercen la misma actividad. ( 9 ) Cuándo existen las «situaciones especiales» a que se refiere el artículo 239 del CAC ha sido precisado tanto por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia como por el legislador comunitario en el Reglamento de aplicación del CAC. ( 10 )

70. El Derecho comunitario excluye expresamente que constituya una de tales situaciones especiales, en todo caso con arreglo al artículo 904 del Reglamento de aplicación del CAC, la presentación, incluso de buena fe, de documentos o certificados para obtener un régimen arancelario preferencial que posteriormente resulten falsos o falsificados. Al establecer esta exclusión, el legislador comunitario integró en el Derecho aduanero de la Comunidad la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia. ( 11 )

71. Habida cuenta, por un lado, de que la recurrente impugnó en primera instancia la Decisión de la Comisión a través de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE alegando que se encontraba en una situación especial en el sentido del artículo 239, apartado 1, segundo guión, del CAC, en relación con el artículo 905 del Reglamento de aplicación del CAC, y, por otro lado, que el artículo 904 del Reglamento de aplicación del CAC, al menos a primera vista, parecía oponerse a su pretensión de devolución de los derechos de importación, ha de considerarse que los mencionados preceptos constituyen el marco jurídico-material en el que el Tribunal de Justicia ha de pronunciarse acerca de la admisibilidad y la fundamentación del presente recurso de casación.

2. Consideraciones procesales

72. Desde el punto de vista procesal, a la vista de las extensas y detalladas argumentaciones de la recurrente acerca del exacto desarrollo de los acontecimientos que dieron lugar a este litigio, estimo absolutamente necesario recordar que el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 225 CE, apartado 1, segundo párrafo, se limita a las cuestiones de Derecho. El artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia especifica que el recurso de casación se limitará a motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento o de la violación del Derecho comunitario.

73. Para juzgar si es admisible un motivo de casación ha de considerarse que la finalidad del procedimiento de casación es el control de la aplicación del Derecho efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, y en ningún caso una repetición del procedimiento de primera instancia. La mera reproducción de los motivos formulados en el recurso en primera instancia no constituye un motivo admisible en el recurso de casación. Por el contrario, el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esa pretensión. ( 12 )

B. Examen de los motivos del recurso de casación

1. Primer motivo de casación: violación del principio de reparto de funciones entre el Estado de exportación y el Estado de importación

a) El reparto de funciones entre el Estado de exportación y el Estado de importación

74. En cuanto a la presunta violación del principio de reparto de funciones entre las autoridades competentes del país exportador y del importador para valorar la autenticidad o la exactitud de los certificados de circulación, debe señalarse que las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia en los apartados 120, 121, 150, 323 y 324 de la sentencia recurrida, a los que se remite la recurrente en su recurso de casación, a la vista de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre la CEE y la República de Turquía y en consideración de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son correctas.

75. El artículo 15 de la Decisión no 1/96 establece que el control de la autenticidad y la exactitud de los certificados debe llevarse a cabo en el marco de la asistencia administrativa mutua, con arreglo al artículo 29 y al anexo 7 de la Decisión no 1/95. Según los artículos 3 y 4 de dicho anexo, la asistencia administrativa tiene lugar por medio del intercambio de información entre las autoridades de las Partes, a solicitud o de oficio, relativa a las operaciones, registradas o programadas, que sean o puedan ser contrarias al Derecho aduanero. La eficacia de este sistema de colaboración administrativa exige necesariamente un reparto de competencias entre las autoridades implicadas, tal como expresamente ha reconocido el Tribunal de Justicia.

76. Según reiterada jurisprudencia, la determinación del origen de las mercancías se basa en un reparto de competencias entre las autoridades del Estado de exportación y las del de importación: aunque las del primero determinan el origen, el funcionamiento de dicho régimen queda asegurado por la cooperación entre las administraciones interesadas de ambas partes. Este sistema se justifica por el hecho de que las autoridades del Estado de exportación son las que se encuentran en mejor situación para comprobar directamente los hechos que determinan el origen. ( 13 ) Este reparto de competencias para la determinación del origen tiene la ventaja adicional de conducir a resultados seguros y uniformes, lo que evita desviaciones de tráfico y distorsiones de la competencia comercial.

77. Pero este mecanismo sólo puede funcionar si la administración aduanera del Estado de importación reconoce las apreciaciones legalmente realizadas por las autoridades aduaneras del Estado de exportación. ( 14 ) Tal como expuso el Tribunal de Justicia en la sentencia Les Rapides Savoyards y otros, ( 15 ) en el marco de los acuerdos internacionales de libre comercio por los que se establecen obligaciones recíprocas entre la Comunidad y un país tercero es también necesario el reconocimiento por las autoridades de dicho país de las decisiones legalmente adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, a fin de que la Comunidad, por su parte, pueda exigir a las autoridades aduaneras del país tercero el respeto de las decisiones de las autoridades aduaneras de los Estados miembros sobre el origen de las mercancías exportadas de la Comunidad al Estado tercero.

78. Es cierto que las autoridades aduaneras del Estado de importación no están legalmente obligadas, ante la presentación de un certificado de régimen arancelario preferencial, a conceder al importador el tratamiento preferencial solicitado. Sin embargo, si dicho certificado ha sido expedido de manera formalmente correcta, presenta una apariencia jurídica de exactitud material. Por eso, la presentación del certificado de régimen arancelario preferencial produce un efecto vinculante al menos desde el punto de vista de los hechos, es decir, respecto a las apreciaciones de los hechos por las autoridades aduaneras del Estado de exportación. ( 16 )

79. De lo anterior se deduce que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación, las autoridades aduaneras del Estado de importación no pueden negarse a aplicar el tratamiento preferencial a una mercancía importada al amparo de un certificado legalmente expedido por las autoridades aduaneras del Estado de exportación.

80. En el supuesto de que las autoridades aduaneras del Estado de importación alberguen dudas fundadas en cuanto al origen real de esa mercancía, únicamente pueden pedir a las autoridades aduaneras del Estado importador una comprobación a posteriori de tal origen. ( 17 )

81. Este sistema de colaboración y de reparto de funciones entre las administraciones aduaneras implica necesariamente que éstas están vinculadas también por los resultados de esa comprobación a posteriori, cuando las autoridades aduaneras del Estado de exportación han podido determinar el origen de la mercancía en cuestión. Sólo en el caso particular de que las autoridades aduaneras del Estado de exportación no estén en condiciones de efectuar regularmente el control a posteriori, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia las autoridades del Estado de importación pueden comprobar por sí mismas la autenticidad y exactitud del certificado controvertido tomando en consideración otras pruebas del origen de las mercancías. ( 18 )

82. En contra de lo alegado por la recurrente, la jurisprudencia no puede interpretarse en ningún caso en el sentido de que existe un derecho de comprobación del Estado de importación, que facultaría a éste para supervisar totalmente y poner en duda, en primer lugar, la legalidad y, en segundo lugar, la apreciación efectuada por el Estado de exportación. Por el contrario, el Tribunal de Justicia, en su sentencia Pascoal & Filhos, ( 19 ) resolvió que la circunstancia de que las autoridades competentes del Estado de exportación declaren, a raíz de una comprobación a posteriori, que un certificado no es aplicable a las mercancías realmente exportadas permite, por sí sola, a las autoridades del Estado de importación comprobar que ciertos derechos legalmente debidos no fueron exigidos e iniciar, por consiguiente, un procedimiento para su recaudación. El Tribunal de Justicia añadió que no hay nada en la normativa que obligue a estas últimas autoridades a verificar la exactitud de los resultados de la comprobación o el origen real de la mercancía.

83. En consecuencia, las autoridades italianas y la Comisión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, como bien señala el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 120 y 121 de la sentencia recurrida, estaban vinculadas, en principio, por la apreciación que las autoridades turcas habían efectuado respecto a la autenticidad de los 32 certificados controvertidos. No existen razones objetivas para modificar el reparto de funciones legalmente establecido entre las autoridades aduaneras turcas y las comunitarias. Por el contrario, hay que estar de acuerdo con la Comisión cuando consideró que las autoridades aduaneras comunitarias tampoco habían tenido ningún elemento para juzgar por sí mismas si los certificados de exportación de un país tercero que les habían sido presentados eran auténticos o falsificados. Por lo tanto, tal valoración sólo podían hacerla las autoridades aduaneras del Estado de exportación, conocedoras de la materia; es decir, las autoridades aduaneras turcas.

b) La cuestión de una apreciación diferente en caso de actuación irregular de las autoridades del Estado de exportación

84. En mi opinión, no es preciso detenerse en la cuestión de si procedería una valoración diferente en el caso de que se descubrieran irregularidades que implicaran en definitiva la colaboración de las autoridades aduaneras del Estado tercero, puesto que, de todos modos, en el presente caso no se ha podido demostrar ninguna conducta irregular por parte de las autoridades turcas, según las constataciones del Tribunal de Primera Instancia. Además, se trata a este respecto de hechos cuya apreciación está reservada por principio al Tribunal de Primera Instancia ( 20 ) y que el Tribunal de Justicia sólo puede supervisar en los casos en que la inexactitud material de tales comprobaciones se desprende de los documentos que obran en autos. ( 21 ) Siempre que las pruebas se hayan obtenido debidamente y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. ( 22 )

85. En cuanto a la calificación de los 32 certificados de importación controvertidos como falsificaciones, el Tribunal de Primera Instancia menciona, en el apartado 122 de la sentencia recurrida, en primer lugar, el escrito de las autoridades turcas de 8 de marzo de 1999 al Servicio de Aduanas de Rávena, al que se había adjuntado una relación de 32 certificados que las autoridades turcas consideraban falsificaciones. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 125, se refiere a las ambigüedades detectadas al comparar las apreciaciones de ese escrito y las del escrito de la Representación Permanente dirigido a la UCLAF el 22 de abril de 1999. En aquel momento las partes implicadas tenían dificultades para deducir con claridad, de las manifestaciones escritas de las autoridades turcas, si los certificados controvertidos eran realmente falsos o simplemente inexactos. El Tribunal de Primera Instancia constata que la fórmula utilizada «not correct […] and not issued according to the rules» también podría interpretarse en el sentido de que los certificados controvertidos no habían sido falsificados. Sin embargo, tal como declara el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 129 de la sentencia recurrida, el escrito de las autoridades turcas de 22 de agosto de 2003 despejó todas las dudas acerca de la falsificación. Entonces, y a la vista de los hechos presentados, pudo concluir el Tribunal de Primera Instancia, sin error de Derecho alguno, que los 32 certificados controvertidos eran falsificaciones.

86. En cuanto a la imputación de la recurrente relativa a la supuesta cooperación de las autoridades turcas, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 167, declaró que la presentación de documentos que resulten falsos no permite, por sí sola, concluir la existencia de colusión entre los exportadores y las autoridades aduaneras que los expiden. Así, sin cometer con ello ningún error de Derecho, el Tribunal de Primera Instancia declaró que no había indicios de participación de las autoridades turcas en la falsificación.

87. Por otro lado, tampoco puede compartirse la alegación de la recurrente de que la expedición de certificados inexactos constituye una grave irregularidad que justifica que no se reconozca la apreciación realizada por las autoridades turcas. Este argumento supondría cuestionar el reparto de funciones, reconocido por el Tribunal de Justicia, entre el Estado de exportación y el de importación en cuanto a la verificación de la autenticidad o la exactitud de los certificados. Además, no se puede equiparar totalmente la expedición de certificados inexactos por las autoridades aduaneras competentes debido a un error con la falsificación de certificados, de relevancia penal.

88. Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo de casación.

2. Segundo motivo de casación: vulneración del derecho de acceso al expediente y demás derechos de defensa

89. La recurrente invoca la vulneración de su derecho de acceso al expediente. Dado que solicita del Tribunal de Justicia que verifique el alcance de su derecho de defensa en el procedimiento administrativo, estamos ante una cuestión jurídica que atañe al Derecho administrativo, lo que constituye un motivo de casación admisible.

90. La recurrente denuncia haber tenido acceso exclusivamente a los documentos en que se basó la Comisión para adoptar la Decisión controvertida. En cambio, no se le permitió consultar determinados documentos denominados «contextuales» ni documentos confidenciales entre los que la Comisión incluye también los informes de la UCLAF o de la OLAF.

91. El Tribunal de Primera Instancia, remitiéndose a su propia jurisprudencia, ( 23 ) argumentó en el apartado 88 de la sentencia recurrida que, en el procedimiento administrativo en relación con la condonación de derechos de aduana, el principio de respeto del derecho de defensa tan sólo exige que el interesado tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos, incluidos los documentos, que la Comisión haya tenido en cuenta contra él para basar su decisión. Por lo tanto, la Comisión tampoco estaba obligada a conceder, de oficio, el acceso a todos los documentos que pudieran tener una relación con un asunto concreto del cual se haya ocupado con motivo de una solicitud de condonación. Si afectado considera que tales documentos pueden serle útiles para demostrar que se encuentra en una situación especial o que no existe por su parte negligencia ni intención fraudulenta, le corresponde a él solicitar el acceso a esos documentos, análogamente a los preceptos dictados por las instituciones comunitarias, con arreglo al artículo 255 CE.

92. Por otro lado, en el apartado 89 señaló el Tribunal de Primera Instancia que la Comisión está obligada a permitir el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales referentes a la Decisión controvertida. Por lo tanto, a falta de dicha petición no existe un acceso automático a los documentos que obren en poder de la Comisión. ( 24 )

93. Esta argumentación del Tribunal de Primera Instancia debe examinarse atendiendo a las diferentes formas que adopta el derecho de acceso a los documentos en la actualidad, tanto en el Derecho de los Estados miembros como en el propio Derecho comunitario. Por un lado, este derecho está indisolublemente vinculado a las garantías de procedimiento que se conceden al administrado en aplicación del principio del sometimiento de la administración al Derecho. Por otro lado, puede entenderse como expresión del derecho del público a la información, que exige a todos los órganos y demás instituciones del Estado una actividad transparente y sometida al control democrático. ( 25 )

94. El artículo 255 CE concreta el principio de transparencia regulado en el artículo 1, apartado 2, del Tratado UE y hace realidad también la libertad de información que el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea otorga a los ciudadanos de la Unión. ( 26 ) En el presente asunto, no obstante, se planteó en primer lugar la cuestión del respeto a los derechos de los particulares en el marco de un procedimiento administrativo al final del cual la Comisión había de decidir sobre la condonación de derechos de aduana con arreglo al artículo 239 del CAC. En consecuencia, debido a la específica finalidad de esta base jurídica, la recurrente sólo podía formular una solicitud con arreglo al artículo 255 CE en la medida en que no hubiera ninguna disposición concreta que respaldara su pretensión. Sin embargo, a la recurrente le asistían, por un lado, el derecho de consulta reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( 27 ) y, por otro, el derecho de acceso al expediente en el marco del procedimiento administrativo ante la Comisión.

95. Como ha subrayado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el derecho de defensa, como derecho fundamental, forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, ( 28 ) para lo cual se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales, como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («CEDH»), firmado el 4 de noviembre de 1950 en Roma y en cuya conclusión participaron los Estados miembros o bien se han adherido después. ( 29 )

96. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho de acceso al expediente, derivado del principio de respeto del derecho de defensa, significa que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos del expediente que puedan ser relevantes para su defensa. ( 30 ) Esto comprende tanto los documentos de cargo como de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, escritos internos de la Comisión y demás información confidencial. ( 31 )

97. Dado que el acceso no se limita a los documentos en que la Comisión basó su Decisión controvertida, sino que se extiende a todos los escritos que puedan ser de relevancia para la defensa del administrado, el derecho de acceso al expediente resulta, con arreglo a esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia, más amplio que la interpretación en que el Tribunal de Primera Instancia basó su sentencia. Sin embargo, nada hay que reprochar al tratamiento de los escritos clasificados como confidenciales, pues, como tales, no deben ser objeto de consulta.

98. En mi opinión, el Tribunal de Primera Instancia aplicó indebidamente una interpretación restrictiva del derecho de acceso al expediente en relación con el procedimiento administrativo sobre la condonación de derechos de aduana, lo cual, en principio, debería considerarse como error de Derecho.

99. No obstante, considero que una interpretación divergente del alcance normativo de este principio general del Derecho no basta, de por sí, para justificar la anulación de la sentencia recurrida. Por el contrario, las consideraciones de economía procesal y la función tuitiva de las garantías procesales en favor del interesado obligan a examinar minuciosamente si el Tribunal de Primera Instancia habría llegado a una conclusión diferente si se hubiera atenido a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al aplicar el Derecho comunitario.

100. Tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Hercules Chemicals ( 32 ) en relación con el derecho de acceso al expediente, no existe error de Derecho si el Tribunal de Primera Instancia consideró que el acceso a todos los demás documentos no habría conducido a la declaración de nulidad de la Decisión controvertida de la Comisión y, en consecuencia, desestimó las alegaciones de la recurrente basadas en la vulneración del derecho de defensa.

101. Esta jurisprudencia conecta con un principio esencial del Derecho administrativo general y del Derecho del procedimiento administrativo de la Comunidad ( 33 ) según el cual un error de procedimiento sólo justifica la anulación judicial de una decisión administrativa cuando dicho error tenga incidencia en el contenido de la decisión.

102. Como bien expuso el Abogado General Mischo en sus conclusiones en el asunto PVC, ( 34 ) el acceso al expediente no es un fin en sí mismo, sino que su objetivo es que el interesado pueda ejercer de forma efectiva su derecho de defensa. De ello se deduce, lógicamente, que una irregularidad en el acceso al expediente que no afectó al ejercicio de dicho derecho no puede conducir a anulación de la Decisión controvertida.

103. En sus conclusiones en el asunto Aalborg Portland, ( 35 ) el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer explicó, con respecto a la denominada función tuitiva del derecho de acceso al expediente, que los vicios de procedimiento carecen de relevancia siempre que el interesado haya dispuesto, a pesar de todo, de los medios adecuados de defensa. Por lo tanto, sólo procede la anulación de la decisión que pone fin al procedimiento cuando se constata que, de haberse respetado de manera escrupulosa las reglas de procedimiento, el resultado hubiera sido otro más favorable para el interesado o cuando el defecto de forma impide precisamente saber si la decisión habría sido distinta.

104. El Tribunal de Primera Instancia se sirvió básicamente de esta argumentación para negar, en el apartado 94 de la sentencia recurrida, la existencia de una violación del derecho de acceso al expediente, señalando que cuando documentos que no han servido de base a la Decisión controvertida no han sido comunicados, su eventual falta de comunicación no es pertinente, dado que de todos modos tales documentos no pueden tener influencia sobre la Decisión controvertida. Esta última conclusión constituye una apreciación de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que es jurídicamente inatacable.

105. En cuanto a los documentos que la Comisión utilizó como base de la Decisión controvertida, cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia no pasó por alto el hecho de que el representante de la recurrente, tras la consulta del expediente en que se basó la Decisión controvertida, llevada a cabo en los locales de la Comisión el 6 de agosto de 2002, firmó una declaración por escrito en la que reconocía expresamente haber tenido acceso a todos los documentos que presentaban una relación directa o indirecta con el expediente. A dicha declaración se adjuntó una lista en la que se enumeraban todos los documentos a los que el mencionado representante tuvo acceso. Como declaró expresamente el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 99 y 100 de la sentencia recurrida, entre ellos estaba el informe de la delegación de la UCLAF, de 9 de diciembre de 1998, y el escrito de la Comisión/UCLAF de idéntica fecha a la Representación Permanente de Turquía, cuya no presentación reprocha la recurrente en casación. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que, pese a las afirmaciones de la recurrente, se había dado a ésta acceso a dichos documentos.

106. En cuanto a la solicitud de acceso que la demandante presentó con posterioridad a la adopción de la Decisión controvertida y a la interposición del recurso, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 102 de la sentencia recurrida, que no era pertinente para apreciar una eventual vulneración del derecho de defensa de la demandante durante el procedimiento administrativo y, por ello, no podía tener incidencia sobre la legalidad de la citada decisión.

107. Las explicaciones del Tribunal de Primera Instancia demuestran que comprobó si los documentos en cuestión podían haber tenido siquiera la más mínima utilidad para la recurrente. No se limitó, por lo tanto, a verificar si la no transmisión de dichos documentos pudo tener incidencia en el contenido de la decisión definitiva.

108. En particular, las consideraciones del Tribunal de Primera Instancia muestran básicamente que los documentos en cuestión no habrían podido aportar ningún argumento a la recurrente, sino que por el contrario, por su naturaleza y objeto no habrían podido ser invocados por ella o, por su contenido, habrían confirmado las apreciaciones de la Comisión o, en cualquier caso, no habrían proporcionado el menor argumento en contrario.

109. Por lo tanto, a mi parecer el Tribunal de Primera Instancia ajustó esencialmente su método de análisis a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y sus conclusiones son correctas.

110. Por último, procede examinar las consideraciones expuestas por el Tribunal de Primera Instancia acerca de la conducta, en parte incoherente, de la recurrente en el ejercicio de su derecho de acceso al expediente. Así, en el apartado 102 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia señaló que la demandante no solicitó durante el procedimiento administrativo consultar otras partes del expediente, ni tampoco aprovechó el ofrecimiento de acceder a los documentos que le hizo el 10 de julio de 2003 la Comisión. En tales circunstancias resulta contradictorio que la recurrente, a pesar de conocer estas omisiones en el ejercicio de su derecho de defensa en primera instancia, denuncie ahora su violación y opte por impugnar fundamentos de la sentencia de primera instancia jurídicamente inatacables en casación.

111. Por lo tanto, procede desestimar el segundo motivo de recurso.

3. Tercer motivo de recurso: la carga de la prueba

112. La determinación de la existencia de «circunstancias» en el sentido del artículo 239, apartado 1, segundo guión, del CAC o de una «situación especial» en el sentido del artículo 905, apartado 1, del Reglamento de aplicación del CAC, exige la alegación, la prueba y la valoración de determinados hechos y circunstancias. Las partes discrepan acerca del reparto concreto de la carga de la alegación y de la prueba, solicitando la recurrente la inversión de la carga de la prueba o bien una atenuación de dicha carga en su favor. Al reprochar en definitiva al Tribunal de Primera Instancia en sus alegaciones que no respetara los principios procesales de la carga de la prueba, la recurrente denuncia una aplicación errónea del Derecho comunitario y, por lo tanto, invoca un motivo admisible de casación. ( 36 )

113. El tratamiento de este motivo de recurso exige, en primer lugar, algunas consideraciones básicas sobre el reparto de la carga de la prueba en el marco del procedimiento dirigido a la devolución o a la condonación de derechos de importación.

114. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, según las normas generalmente reconocidas de Derecho procesal, quien invoca en su favor los requisitos de una disposición es quien, por regla general, debe probar que se cumplen. ( 37 ) Por consiguiente, en principio incumbe al importador alegar y demostrar que se da una «situación especial» en el sentido del artículo 239 del CAC que justifica la condonación de derechos de importación. ( 38 ) Lo mismo sucede, por ejemplo, con la prueba del origen de las mercancías, cuando de esa cuestión depende la decisión de si procede o no la devolución de derechos de importación. ( 39 )

115. Por su parte, a la Comisión le corresponde alegar y demostrar, en su decisión acerca de la existencia de una «situación especial» y dentro de la facultad de apreciación de que dispone, ( 40 ) que los certificados presentados por el importador son falsos o están falsificados. Pero, por el contrario, si se cumplen los requisitos del artículo 904, letra c), del Reglamento de aplicación del CAC no tiene que demostrar que no se da situación especial alguna, pues esta disposición ya contiene una valoración del legislador comunitario que vincula a la Comisión, en el sentido de que no debe considerar digna de protección la eventual buena fe del importador en el procedimiento con arreglo al artículo 239 del CAC.

116. Como ya he expuesto en mis observaciones previas en las presentes conclusiones, ( 41 ) al establecer esta exclusión, el legislador comunitario asumió la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia hasta ese momento, según la cual no constituye una situación especial que justifique la condonación de derechos de importación la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial en favor de mercancías declaradas para su despacho a libre práctica, de documentos que posteriormente hayan resultado falsificados. Esa jurisprudencia, desde la sentencia Van Gend & Loos ( 42 ) que la inició, se ha justificado con el argumento de que la Comunidad no tiene por qué sufrir las consecuencia perjudiciales de actuaciones ilícitas. El Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de recibir certificados de origen inválidos forma parte, en principio, de los riesgos profesionales a que se expone todo operador económico por razón de su actividad, y éste es libre de actuar contra el autor de la falsificación y exigirle daños y perjuicios.

117. Tan sólo en ciertos casos de falsificación ha reconocido el Tribunal de Primera Instancia excepciones a esta regla, casos que van más allá del riesgo comercial normal del operador económico afectado; por ejemplo, ante incumplimientos del deber de vigilancia de la Comisión ( 43 ) o en caso de implicación de las autoridades aduaneras competentes en las infracciones. ( 44 ) Esta jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia merece total aprobación, pues tiene en cuenta que el operador económico afectado, al margen de los procedimientos aduaneros que requieren su participación, tiene en general pocas posibilidades de influir en el desarrollo de los trámites aduaneros, por lo que éstos deben confiarse al diligente cumplimiento de sus obligaciones por las autoridades competentes en el marco de un sistema de colaboración administrativa. Sería injusto, en consecuencia, hacer soportar al operador económico un perjuicio que realmente es imputable a infracciones cometidas por los órganos de la Administración.

118. En la aplicación de estos criterios desarrollados por la jurisprudencia debe tenerse en cuenta que sólo se trata de adaptaciones puntuales de la jurisprudencia reiterada para satisfacer las exigencias de la justicia material en el caso concreto. Como excepciones que son, deben aplicarse restrictivamente. ( 45 ) Por lo demás, ello coincide con la jurisprudencia establecida por los tribunales comunitarios hasta la fecha, según la cual la condonación de derechos de aduana sólo puede concederse conforme a determinados requisitos y en los casos previstos específicamente, de manera que, como excepción al régimen normal de las importaciones, deben interpretarse en sentido estricto. ( 46 ) Su aplicación, por lo tanto, debe ir precedida de un minucioso examen de las circunstancias, valorando los medios de prueba aportados. Conforme a las reglas generalmente reconocidas del Derecho procesal y a la jurisprudencia inequívoca del Tribunal de Justicia desde la sentencia Van Gend & Loos, creo que es coherente imponer a la recurrente la carga de la alegación y de la prueba también en caso de que se detecten irregularidades que eventualmente puedan constituir una «situación especial» en el sentido del artículo 239 del CAC.

119. Los argumentos expuestos por la recurrente a favor de una inversión de la carga de la prueba no resultan convincentes.

120. Como señala acertadamente la Comisión en el presente asunto no se trata principalmente, en contra de lo que afirma la recurrente, de una cuestión de carga de la prueba, pues tal cuestión sólo se plantea cuando una afirmación controvertida es, al menos en principio, susceptible de demostración. Sin embargo, los argumentos de la recurrente carecen de toda base, ya que el Tribunal de Primera Instancia no encontró fundamento alguno para la tesis que sostenía que las autoridades turcas eran responsables de un incumplimiento de sus obligaciones en la aplicación del Acuerdo de Asociación o de una infracción de las reglas de asistencia administrativa mutua. Por el contrario, del apartado 194 de la sentencia recurrida se desprende que las misiones de la UCLAF en territorio turco se realizaron en plazos razonables tras la detección de la primera falsificación. Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia hizo referencia, en el apartado 195, al hecho de que los exámenes realizados por las autoridades turcas se referían a un número muy elevado de certificados, pero que, no obstante, la lista de los certificados que ésta consideraba falsificados fue transmitida al Servicio de Aduanas de Rávena con gran celeridad. Para terminar, en el apartado 196 puso de relieve el enorme volumen de la correspondencia entre las autoridades comunitarias y turcas acerca de los certificados controvertidos. Por todo lo anterior, hay que estar de acuerdo con el Tribunal de Primera Instancia cuando concluye que no está respaldada por prueba alguna la afirmación de la demandante de que las autoridades turcas, especialmente la Representación Permanente de Turquía, se habían negado desde el año 2000 a cooperar con la Comisión.

121. Según los hechos constatados por el Tribunal de Primera Instancia, aún había menos indicios de una presunta cooperación de las autoridades turcas en la falsificación de los certificados controvertidos, por lo que resulta vano el intento de la recurrente de buscar un paralelismo entre los hechos del litigio principal y los del asunto Kaufring y otros. En contra de lo alegado por la recurrente, la presentación de documentos cuya falsedad se compruebe posteriormente no permite, de por sí, extraer la conclusión de una colusión entre los exportadores y las autoridades aduaneras que las expidieron, pues, de lo contrario, sería superflua la norma establecida en el artículo 904, letra c), del Reglamento de aplicación del CAC.

122. Al margen de la insuficiente consistencia de su argumentación, opino que una inversión de la carga de la prueba apenas ayudaría a la pretensión de la recurrente, pues es evidente que la Comisión y la UCLAF/OLAF tomaron de oficio todas las medidas necesarias, incluidas las misiones de inspección in situ, para esclarecer, en colaboración con las autoridades turcas, los hechos del litigio principal. Por lo tanto, a falta de razones para pensar lo contrario, debe suponerse que la Comisión y las autoridades turcas explotaron todas las posibilidades legales que les ofrecía la asistencia administrativa en virtud del Acuerdo de Asociación. A este respecto debe mencionarse expresamente que la Comisión no tiene competencias autónomas de investigación en Estados terceros como Turquía, sino que ejerce una función de cooperación con dichos países y, en caso de que ésta le sea denegada, puede a lo sumo extraer las conclusiones que crea oportunas. ( 47 ) Dado que todos sus esfuerzos no dieron como resultado pruebas de la autoría de las falsificaciones ni sospechas de ningún tipo sobre conductas irregulares de las autoridades competentes, no se alcanza a comprender qué utilidad podría tener para las partes la inversión de la carga de la prueba. Y lo mismo sucede con la atenuación de la carga de la prueba que solicita la recurrente, ya que la Comisión está obligada, en último término, a poner a disposición del Tribunal de Primera Instancia los resultados de sus investigaciones. Por lo tanto, los datos obtenidos de ellas también están a disposición de la recurrente. En consecuencia, la impugnación de la decisión adoptada por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la carga de la alegación y de la prueba sólo podría tener por objeto cuestionar a posteriori y sin razón para ello las apreciaciones de hecho realizadas por dicho Tribunal. Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia carece en principio de competencia para controlar los hechos comprobados por el Tribunal de Primera Instancia y para evaluarlos, procede desestimar también este motivo de casación.

4. Cuarto motivo de casación: la denegación de diligencias de ordenación del procedimiento

123. Con su cuarto motivo de casación, la recurrente critica la denegación de las diligencias de ordenación del procedimiento solicitadas por ella con arreglo a los artículos 64, apartado 4, y 65 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, y la consiguiente aplicación incorrecta del Derecho procesal, que en principio está sometida al control del Tribunal de Justicia. Sin embargo, la decisión acerca de la pertinencia de las diligencias de ordenación del procedimiento con miras a la resolución del litigio está reservada al Tribunal de Primera Instancia. ( 48 )

124. En vista de lo anterior, las infracciones de procedimiento imputadas por la recurrente resultan infundadas.

125. En lo que se refiere a la presunta falta de transmisión de los informes de la misión de la UCLAF de 9 y 23 de diciembre de 1998, debe señalarse que el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 99 de la sentencia recurrida, consideró acertadamente que la recurrente había tenido acceso a dichos documentos. ( 49 ) A la imputación más amplia de que los informes presentados no estaban completos debe oponerse que la propia recurrente, en el punto 88 de su escrito de recurso, admite haber recibido la parte que faltaba de esos informes el 12 de octubre de 2005, de manera que, cuando se celebró la vista de 15 de noviembre de 2005, ya había tenido conocimiento del contenido íntegro de dichos documentos. Por consiguiente, su petición de entrega de los documentos incluidos en el expediente fue debidamente desestimada.

126. Asimismo, en el apartado 324 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia indicó que las autoridades turcas habían identificado claramente como falsificaciones los certificados controvertidos. El Tribunal de Primera Instancia llegó entonces a la conclusión de que, a la vista del contenido del expediente y de las imputaciones de la recurrente, las diligencias para probar que se trataba de documentos auténticos no eran relevantes ni necesarias para la resolución del litigio. Por lo tanto, en ejercicio del margen de apreciación que le corresponde, el Tribunal de Primera Instancia decidió no ordenar esas diligencias. Tal decisión es jurídicamente inatacable.

127. En consecuencia, procede también desestimar este motivo de recurso.

5. Quinto motivo de casación: calificación jurídica de los documentos y los hechos relativos a los presuntos incumplimientos de sus obligaciones por las autoridades turcas y por la Comisión

128. Con carácter previo, debo señalar que mediante el quinto motivo de recurso de casación, la recurrente ataca básicamente constataciones y valoraciones de hecho realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, que en principio no pueden ser objeto del presente procedimiento. Sólo es admisible su impugnación en la medida en que se trate de controlar la calificación jurídica realizada por el Tribunal de Primera Instancia y las consecuencias jurídicas extraídas a partir de ella para negar la existencia de una «situación especial» en el sentido del artículo 239 del CAC. ( 50 )

129. Hay que añadir que, cuando la recurrente, en su argumentación, parte de unas reglas en materia de carga de la prueba diferentes de las aplicadas por el Tribunal de Primera Instancia, ( 51 ) tal punto de vista debe ser rechazado por las mismas razones que he expuesto acerca del tercer motivo de recurso.

130. A continuación me ocuparé de los presuntos incumplimientos de sus obligaciones por parte de las autoridades turcas y de la Comisión, en los que se basa la recurrente para argumentar la existencia de una «situación especial». Para evitar repeticiones innecesarias, centraré mi argumentación en los aspectos que considero más relevantes, mencionando sólo brevemente los que ya he abordado en mi análisis jurídico.

a) Los supuestos incumplimientos de sus obligaciones por las autoridades turcas

i) Calificación de los 32 certificados controvertidos como falsificaciones

131. En cuanto a la calificación de los 32 certificados A.TR.1 controvertidos como falsificaciones, baste señalar que el Tribunal de Primera Instancia declaró justificadamente que la autenticidad de los certificados turcos, con arreglo al reparto de competencias previsto en el Derecho comunitario, sólo podían comprobarla las autoridades turcas, ( 52 ) y éstas, como bien reconoce el Tribunal de Primera Instancia, confirmaron que dichos certificados no eran auténticos. ( 53 )

ii) El certificado A.TR.1 WVB D 437214

132. Como declaró el Tribunal de Primera Instancia en los apartado 129 y siguientes, las autoridades turcas, en su escrito de 22 de agosto de 2003, habían despejado todas las dudas acerca de la falsificación del certificado D 437214.

133. No obstante, el solo hecho de que los certificados controvertidos fueran calificados como falsificaciones no justifica la imputación de incumplimiento de sus obligaciones, ni, aún menos, de cooperación de las autoridades turcas. Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la recurrente respecto al incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas cuando calificaron de falsos los 32 certificados A.TR.1.

iii) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades aduaneras turcas en lo que respecta a los sellos

134. También debe desestimarse la alegación de la recurrente en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades aduaneras turcas en lo que respecta a los sellos, ya que no ha expuesto con suficiente claridad en qué consistiría el error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia y susceptible de recurso de casación. Ello basta por sí solo para rechazar este argumento por inadmisible.

135. Por mera precaución hay que apuntar que, frente al argumento de la recurrente de que, debido a la supuesta similitud entre los sellos estampados en los certificados controvertidos y los de los certificados considerados válidos, se deduce que los certificados controvertidos no están falsificados, sino que son incorrectos, debe objetarse que, por las razones ya expuestas, esa conclusión no puede sustituir, desde el punto de vista jurídico, a la inequívoca apreciación de las autoridades turcas.

iv) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas en cuanto al registro de documentos oficiales

136. Comparto el criterio del Tribunal de Primera Instancia cuando afirma que ni del Acuerdo de Asociación ni de sus disposiciones de aplicación se desprende que exista una obligación de las autoridades turcas de llevar un registro de esa naturaleza. Sin embargo, estoy de acuerdo con la afirmación que hace la recurrente en el punto 136 de su escrito de recurso, de que el registro de todos los documentos oficiales es una práctica muy extendida entre las administraciones organizadas y, por eso, se da prácticamente por supuesto. Tal como señala la recurrente, el registro constituye al mismo tiempo la base para que sea posible una adecuada asistencia administrativa.

137. No obstante, esta conclusión no basta para fundamentar la argumentación de la recurrente de que los certificados controvertidos son en realidad certificados auténticos. Se oponen a tal afirmación las inequívocas comprobaciones de las autoridades turcas. Resulta más convincente, por el contrario, el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia según el cual los falsificadores tienen el interés mayor en utilizar un número de registro para los certificados falsificados, a semejanza de los certificados válidos. No se aprecia error jurídico alguno en esta afirmación.

v) Incumplimiento de las obligaciones de las autoridades turcas por haber cooperado éstas en la expedición de certificados incorrectos

138. Como ya se ha expuesto, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión correcta de que el mero hecho de que fueran falsificados los certificados controvertidos no permite deducir la intervención de las autoridades turcas en tales falsificaciones.

vi) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas en lo relativo a la asistencia administrativa

139. En los apartados 194 a 206 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la cooperación de las autoridades turcas fue siempre correcta. En particular, señaló que el control de los certificados controvertidos fue ordenado por las propias autoridades turcas y que éstas, en un plazo razonable, comprobaron varios cientos de certificados, comunicaron los resultados de su investigación a las autoridades comunitarias e incluso permitieron que se llevaran a cabo diversas inspecciones de la Comisión en Turquía. Estas constataciones son jurídicamente inatacables.

140. Los intentos de ocultación o de obstaculización por parte de las autoridades turcas que, según la recurrente, se produjeron con motivo de las investigaciones tampoco permiten concluir que el Tribunal de Primera Instancia calificara de forma jurídicamente incorrecta los hechos que le fueron sometidos, sobre todo si se tiene en cuenta que esas alegaciones ni están suficientemente razonadas ni se apoyan en prueba de ningún tipo.

141. Cuando la recurrente se refiere a los procedimientos por ella iniciados ante el Zollkriminalamt Köln (servicio de policía aduanera de Colonia) y ante el Finanzgericht Hamburg, ha de advertirse que son procedimientos que, manifiestamente, no tienen ninguna relación con la devolución de que aquí se trata y que la recurrente tampoco informó de ellos a la Comisión en el procedimiento de devolución para que quedase constancia en el expediente. Por lo tanto, esta alegación debe desestimarse por irrelevante.

142. Igualmente irrelevantes son los argumentos de la recurrente acerca de los certificados D 141591 y D 412662, pues ninguno de ellos fue objeto de la Decisión controvertida de la Comisión. En el apartado 199 de la sentencia recurrida señaló el Tribunal de Primera Instancia que el certificado D 141591 no forma parte de los certificados controvertidos en el caso de autos, pues la demandante no interpuso recurso contra la recaudación de derechos que siguió a la declaración de falsificación, ni solicitó la devolución de los derechos percibidos, reconociendo implícitamente el carácter no auténtico del certificado en cuestión.

vii) Incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas basado en otras circunstancias y obstáculos a las investigaciones en Mersin

143. Procede rechazar los demás argumentos de la recurrente con respecto a un supuesto incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas. En ellos la recurrente se limita a cuestionar las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, sin exponer con suficiente claridad en qué podría consistir el error de Derecho.

144. El Tribunal de Primera Instancia acertó al calificar de irrelevante la referencia de la recurrente a sus conversaciones con la oficina económica del Primer Ministro turco y al archivo del procedimiento de investigación contra su exportador Akman, al igual que carecían de fundamento sus afirmaciones de que las autoridades turcas, pese a las diversas misiones de inspección in situ de la UCLAF, habían hecho fracasar las investigaciones de la Comisión en Turquía. En contra de la opinión de la recurrente, tales afirmaciones no afectan a la valoración de los hechos y, en cualquier caso, no permiten concluir ni la mera inexactitud de los certificados ni el incumplimiento de sus obligaciones por las autoridades turcas.

b) Los presuntos incumplimientos de sus obligaciones por la Comisión

145. La recurrente imputa a la Comisión un total de cuatro incumplimientos que, a su modo de ver, constituyen «situaciones especiales» en el sentido del artículo 239 del CAC. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no estimó en la sentencia recurrida que la Comisión hubiera incumplido obligación alguna. Tal como expondré a continuación, esta apreciación fue absolutamente correcta.

i) Incumplimiento de las obligaciones de la Comisión en la vigilancia del régimen preferencial para Turquía

146. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia constató con acierto que la imputación de incumplimientos en la vigilancia y control de la aplicación del Acuerdo de Asociación debía comprobarse a la luz de la obligación que imponen a la Comisión el artículo 211 CE y el principio de buena administración, de garantizar una correcta aplicación del Acuerdo de Asociación. ( 54 ) El Tribunal de Primera Instancia señaló que esta obligación deriva asimismo del Acuerdo de Asociación así como de las distintas decisiones adoptadas por el Consejo de Asociación. ( 55 )

147. Tras valorar todos los antecedentes de hecho, el Tribunal de Primera Instancia estimó que la Comisión había hecho todo lo necesario para la correcta aplicación del Acuerdo de Asociación con Turquía. En el apartado 238 de la sentencia recurrida, destacó que la Comisión llevó a cabo investigaciones en Turquía desde que se tuvieron los primeros indicios de que se habían falsificado certificados de circulación.

148. En cumplimiento de las reglas generalmente reconocidas de Derecho procesal, el Tribunal de Primera Instancia impuso a la recurrente la carga de la prueba del eventual incumplimiento de sus obligaciones por la Comisión. A este respecto, rechazó las afirmaciones y sospechas de carácter genérico de la recurrente, así como su tentativa de establecer una analogía con los hechos que dieron lugar a la sentencia Kaufring y otros. En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no había comparación posible entre aquellos hechos y los del presente asunto, pues en la sentencia Kaufring y otros el Tribunal de Primera Instancia había declarado que las autoridades turcas habían cometido graves incumplimientos de sus obligaciones, en particular al no aplicar disposiciones del Acuerdo de Asociación que afectaban a todas las exportaciones de televisores desde Turquía. Dichos incumplimientos habían contribuido a que se produjeran irregularidades en las exportaciones, que dieron lugar a una situación especial para los exportadores en el sentido del artículo 239 del CAC. Por el contrario, en el presente caso el Tribunal de Primera Instancia consideró que no se habían demostrado tales incumplimientos en lo que respecta a los certificados controvertidos.

149. De hecho, cuando se produjeron los acontecimientos que dieron lugar a este litigio no había indicios de la existencia de infracciones sistemáticas a las disposiciones del Acuerdo de Asociación que dieran motivos a la Comisión a reforzar la vigilancia del régimen preferencial con respecto a Turquía. En consecuencia, no se le podía reprochar incumplimiento alguno de sus obligaciones, y el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho en la apreciación jurídica de estos hechos.

ii) Incumplimiento de las obligaciones de la Comisión por falta de transmisión de modelos de sellos

150. En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia acertó al concluir que ni Turquía ni la Comisión estaban obligadas, con arreglo a la normativa aplicable, a transmitir modelos de sellos ni de firmas. Por lo tanto, la falta de transmisión de modelos de sellos por la Comisión a las autoridades aduaneras italianas no podía constituir un incumplimiento de sus obligaciones.

151. En contra de lo alegado por la recurrente, tampoco del artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC se desprende tal obligación. Según su tenor inequívoco, esta disposición no se refiere a los certificados A.TR.1 litigiosos, sino únicamente a los formularios «APR» y a los certificados de origen «modelo A», que a su vez se refieren solamente a la importación de mercancías originarias de países en vías de desarrollo. ( 56 )

152. Al contrario de lo que sostiene la recurrente, el artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC tampoco fue declarado aplicable mutatis mutandis al Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Turquía en virtud de decisiones, y lo mismo puede decirse del artículo 4 de la Decisión no 1/96. Pese a las alegaciones de la recurrente, tal disposición del artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC no es en absoluto aplicable al presente asunto. La recurrente olvida que las disposiciones del Derecho aduanero comunitario sólo son aplicables en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación con Turquía en la medida en que así esté expresamente previsto en el propio Acuerdo de Asociación o en las Decisiones adoptadas para la aplicación de éste. Sin embargo, en ningún momento el artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC se ha integrado en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación. La recurrente no puede por tanto citar una sola norma en virtud de la cual el artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC haya sido declarado aplicable por analogía al caso de autos.

153. Por consiguiente, el artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC no era aplicable en el presente asunto ni por su tenor literal ni en el marco del Acuerdo de Asociación con Turquía.

iii) Incumplimiento de la obligación de aviso puntual a los importadores

154. El incumplimiento de un deber de advertencia puntual a los importadores presupone, desde el punto de vista conceptual, que exista la correspondiente obligación para la Comisión con arreglo al Derecho comunitario. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 270 de la sentencia recurrida, declaró acertadamente, remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 57 ) que ninguna disposición de Derecho comunitario obliga expresamente a la Comisión a advertir a los importadores cuando tenga dudas acerca de la validez de las transacciones aduaneras efectuadas por estos últimos en el marco de un régimen preferencial.

155. Pero esto no excluye que la Comisión, como consecuencia de su deber general de diligencia, no esté obligada en ciertas circunstancias a advertir a los importadores comunitarios de modo generalizado. No obstante, la Comisión sólo tiene tal obligación cuando alberga serias dudas acerca de la conformidad a Derecho de un gran número de exportaciones efectuadas en el marco de un régimen preferencial. ( 58 )

156. Tal como expuso el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 273, la demandante no pudo acreditar fehacientemente la existencia de graves incumplimientos de las autoridades turcas, que afectasen a la totalidad de las exportaciones de zumos concentrados de frutas y que contribuyesen a la circula