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4)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, esta Sala solicita que se responda a la siguiente cuestión: El artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en su caso, el artículo 91, apartado 1, letra c), de dicho Tratado, y las medidas adoptadas sobre la base de las citadas disposiciones, así como la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, ¿permiten que el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales o las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial no se apliquen a discreción del Estado miembro -por el hecho de que éste haya establecido un acto normativo por el que no han de observarse los requisitos de que pueda recurrirse ante un tribunal que también sea competente en materia penal y de que sean aplicables las normas procesales del Derecho nacional sobre recursos en caso de imputación de un delito- a una resolución sobre la imposición de una sanción pecuniaria por infracción a la legislación de tráfico, si en la resolución concurren, en las circunstancias del caso de autos, las siguientes circunstancias: a) el acto es un accidente de tráfico que ha causado daños materiales, que ha de calificarse de cometido de manera culposa y que resulta sancionable en cuanto infracción administrativa; b) la resolución por la que se impone la sanción no puede recurrirse ante los tribunales debido a la cuantía de la sanción pecuniaria y el interesado no puede demostrar que no ha cometido el acto que se le imputa de manera culposa; c) como efecto jurídico automático de la firmeza de la resolución se retira el número de puntos de control indicado en ella; d) en el marco del sistema de permisos de conducción que se ha introducido, se atribuye en el momento de expedición de los permisos un determinado número de puntos de control que han de retirarse cuando se cometen infracciones; también se tiene en cuenta la retirada de puntos de control como efecto jurídico automático de resoluciones sancionadoras contra las que no cabe recurrir; e) si se recurre ante los tribunales la medida coercitiva de retirada del permiso de conducción por pérdida del derecho de conducir, que se produce como efecto jurídico automático de la retirada del número de puntos de control atribuidos inicialmente, no se produce ningún control jurisdiccional incidental de la legalidad de las resoluciones sancionadoras irrecurribles por las que se han retirado puntos de control?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 95/6

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (Italia) el 14 de enero de 2011 — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino & c./Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA

(Asunto C-21/11)

2011/C 95/09

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Provinciale di Benevento

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino & c.

Demandada: Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA

Cuestión prejudicial

¿Es compatible el derecho cameral italiano, en particular el artículo 18, apartado 3, de la Ley no 580, de 29 de diciembre de 1993, de reestructuración de las Cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura, en su versión completada y modificada, con la Directiva 69/335/CEE (1) del Consejo, de 17 de julio de 1969, y más en concreto con sus artículos 10, letra c) y 12, letra e)?

(1) DO 1969, L 249, p. 25.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 80/15

Recurso de casación interpuesto el 11 de enero de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 27 de octubre de 2010 en el asunto T-24/05: Alliance One International, Inc. (anteriormente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., y Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Comisión Europea

(Asunto C-14/11 P)

2011/C 80/28

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, R. Sauer, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Alliance One International, Inc. (anteriormente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., y Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd.

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.

— Que se desestime íntegramente el recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General.

— Que se condene a TCLT al pago de las costas del presente recurso, y a la tres demandantes al pago de las costas del procedimiento en primera instancia

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que la sentencia recurrida debe ser anulada por los siguientes motivos:

1) El Tribunal General aplicó erróneamente el principio de igualdad de trato y vulneró una reiterada jurisprudencia conforme a la que la responsabilidad de cada sociedad debe apreciarse por sus circunstancias específicas.

2) El Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que el trato atribuido a ciertas sociedades matrices por la Comisión determinaba el criterio jurídico para considerar responsables a otras sociedades matrices, a pesar de que ese criterio excede de lo que requiere la jurisprudencia.

3) Al excluir que la Comisión formulara alegaciones en respuesta a la imputación de discriminación el Tribunal General vulneró el derecho de la Comisión a un procedimiento contradictorio e interpretó erróneamente el deber de motivación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/10

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 24 de diciembre de 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen/Civil Aviation Authority

(Asunto C-629/10)

2011/C 89/18

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association

Demandada: Civil Aviation Authority

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 5 a 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) en el sentido de que exigen que se abone la compensación prevista en el artículo 7 a los pasajeros cuyos vuelos sean objeto de retraso en el sentido del artículo 6 y, en ese caso, en qué circunstancias?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿carecen de validez (total o parcialmente) los artículos 5 a 7 del Reglamento (CE) no 261/2004, por vulneración del principio de igualdad de trato?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿carecen de validez (total o parcialmente) los artículos 5 a 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 por a) incumplimiento del Convenio de Montreal; b) vulneración del principio de proporcionalidad o c) vulneración del principio de seguridad jurídica?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y de respuesta negativa a la tercera cuestión, ¿qué límites deben establecerse, en su caso, a los efectos temporales de la sentencia del Tribunal de Justicia en este asunto?

5) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿qué efectos deben atribuirse, en su caso, a la sentencia Sturgeon y otros entre el 19 de noviembre de 2009 y la fecha en que el Tribunal de Justicia dicte sentencia en el presente asunto?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y que anula el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
3)

¿Se opone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 y 6 TUE, 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43/CE y 2003/109/CE, a una normativa nacional (rectius: provincial) como la contenida en el artículo 15, párrafo tercero [rectius: segundo], en el Decreto del Presidente de la República no 670/1972, en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley provincial no 13 de 1998 y con la Resolución no 1865 de la Giunta provinciale de 20 de julio de 2009, en la parte en que para las prestaciones que regula y en particular para la denominada «ayuda vivienda» atribuye relevancia a la nacionalidad reservando a los trabajadores residentes de larga duración que no pertenecen a la Unión o a los apátridas un trato peyorativo respecto a los ciudadanos residentes comunitarios (italianos y no italianos)?
1)

Mediante su recurso de casación la recurrente solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General mediante la que éste desestimó la demanda al declarar que la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, Reglamento sobre la marca comunitaria) y el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento al denegar el registro de la marca denominativa «ROI ANALYZER» para productos de la clase 9 (programas para ordenadores) y servicios de las clases 35 y 42 (gestión de negocios comerciales y servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software).
1)

El Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 2408/92, al entender que su ámbito de aplicación comprendía únicamente prohibiciones de ejercicio de derechos de tráfico. Además el Tribunal General no tuvo en cuenta que dicha interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 2408/92, aunque debería ser posible en el contexto de la Unión Europea, no puede oponerse a la recurrente en virtud del artículo 1, apartado 2, del Acuerdo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 13/18

Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2010 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-490/10)

()

2011/C 13/30

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Parlamento Europeo (representantes: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues, L. Visaggio, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule el Reglamento (UE, Euratom) no 617/2010 del Consejo, de 24 de junio de 2010, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 736/96. (1)

— Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, el Parlamento Europeo solicita la anulación del Reglamento (UE, Euratom) no 617/2010, de 24 de junio de 2010, por el que el Consejo estableció un marco común para comunicar a la Comisión la información relativa a los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas. Este Reglamento fue adoptado por el Consejo sobre la doble base jurídica de los artículos 337 TFUE y 187 EA. A juicio del Parlamento, la elección de la base jurídica realizada por el Consejo es errónea, dado que las medidas objeto del Reglamento impugnado entran dentro de las competencias de la Unión en materia energética reguladas concretamente por el artículo 194 TFUE. Dichas medidas deberían haber sido acordadas sobre la base de dicho artículo 194, apartado 2, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario que el mismo prevé, y no sobre la base del artículo 337 TFUE, que no establece ninguna participación del Parlamento. Además, el Parlamento considera que no era necesario, para adoptar las medidas controvertidas, basarse tampoco en el artículo 187 EA.

(1) DO L 180, p. 7.
3)

En caso de que, en función de las respuestas a las cuestiones primera y segunda, haya que considerar que el producto controvertido, o parte de éste, es bioetanol, ¿bajo qué código de la Nomenclatura Combinada en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2587/91 de la Comisión, de 26 de julio de 1991, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, (2) debe clasificarse el producto controvertido? 3.1. ¿Deben interpretarse las disposiciones del capítulo 22 de la Nomenclatura Combinada y, en concreto, la partida 2207 en el sentido de que comprenden el bioetanol? 3.2. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3.1, ¿en la clasificación del bioetanol y en concreto del producto controvertido es relevante si el producto ha sido desnaturalizado [conforme a los procedimientos indicados en el Reglamento (CE) no 3199/93 de la Comisión, de 22 de noviembre de 1993, relativo al reconocimiento mutuo de procedimientos para la desnaturalización completa del alcohol a efectos de su exención de los impuestos especiales o conforme a otros procedimientos admitidos (3)]? 3.3. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3.2, ¿deben interpretarse las disposiciones de la Nomenclatura Combinada relativas a la partida 2207 en el sentido de que sólo el bioetanol desnaturalizado debe clasificarse en el código NC 2207 20 000? 3.4. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3.3, ¿deben interpretarse las disposiciones de la Nomenclatura Combinada relativas a la partida 2207 en el sentido de que el bioetanol no desnaturalizado debe clasificarse en el código NC 2207 10 000? 3.5. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3.1 y de respuesta negativa a la cuestión 3.2, ¿debe el producto en cuestión clasificarse en la subpartida 2207 10 000 o en la 2207 20 000? 3.6. En caso de respuesta negativa a la cuestión 3.1, ¿debe el bioetanol clasificarse en alguno de los códigos NC recogidos en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (4) y, si es así, en cuál de ellos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 274/17

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom el 4 de agosto de 2010 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (anteriormente, Department for Constitutional Affairs)

(Asunto C-393/10)

()

2010/C 274/25

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Dermod Patrick O’Brien

Recurrida: Ministry of Justice (anteriormente, Department for Constitutional Affairs)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe determinarse con arreglo al Derecho nacional si los jueces en general son «[trabajadores que tienen] un contrato o una relación de trabajo» en el sentido de la cláusula 2, punto 1, del Acuerdo marco, o existe una norma comunitaria que deba aplicarse para determinar esta cuestión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/13

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 6 de agosto de 2010 — J. McB./L.E.

(Asunto C-400/10)

()

2010/C 260/17

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: J. McB.

Demandada: L.E.

Cuestión prejudicial

¿Impide el Reglamento (CE) no 2201/2003 (1) del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, (2) tanto si se interpreta con arreglo al artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como de otro modo, a un Estado miembro exigir en su ordenamiento jurídico que el padre de un menor que no está casado con la madre debe obtener una orden de un tribunal competente que le conceda la guarda y custodia con el fin de considerar que tiene los «derechos de custodia» que determinan el carácter ilícito del traslado de ese hijo desde su Estado de residencia habitual, a efectos del artículo 2, apartado 11, de dicho Reglamento?

(1) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (DO L 160, p. 19).
1)

¿Son contrarias a la correcta aplicación de los artículos 15 y 16 de la Directiva 2006/123/CE (1) las disposiciones nacionales del artículo 32, apartado 7 bis, del Decreto legislativo no 185, de 29 de noviembre de 2008, introducido por la Ley de convalidación no 2, de 28 de enero de 2009, modificado con posterioridad por la Ley no 14, de 27 de febrero de 2009, que establecen, salvo para las sociedades en las que el Estado posea una participación mayoritaria: la nulidad de la adjudicación del servicio de liquidación y recaudación de tributos y otros ingresos de las entidades locales a empresas que no reúnan el requisito económico de un capital social mínimo de 10 millones de euros totalmente desembolsado; la obligación de las empresas inscritas en el correspondiente Registro de empresas privadas habilitadas para realizar actividades de liquidación y recaudación de los tributos y otros ingresos de las entidades locales con arreglo al artículo 53, apartado 3, del Decreto legislativo no 446, de 15 de diciembre de 1997, con sus modificaciones posteriores, de adecuar su capital social al nivel mínimo mencionado; la prohibición de que se les adjudiquen o de participar en licitaciones para la adjudicación de los servicios de liquidación y recaudación de tributos y otros ingresos de las entidades locales hasta que cumplan la citada obligación de adecuar su capital social?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/23

Petición de decisión prejudicial planteada por The Appointed Person by the Lord Chancellor (Reino Unido) el 28 de junio de 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

(Asunto C-307/10)

()

2010/C 246/39

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

The Appointed Person by the Lord Chancellor

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The Chartered Institute of Patent Attorneys

Recurrida: Registrar of Trade Marks

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es necesario que los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca sean identificados con un grado concreto de claridad y precisión y, si es así, cuál es ese grado?

2) ¿Es admisible el uso de los términos generales de los títulos de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 (en su correspondiente versión modificada y revisada) a efectos de identificar los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca?
—

ha infringido los artículos 3 y 5 de la Directiva 91/271/CEE, al no haber velado, en lo que atañe a cinco aglomeraciones del estuario del río Tajo –a saber, Barreiro/Moita, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde y Seixal–, por que dichas aglomeraciones dispusieran de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, y al no haber velado, en lo que atañe a seis aglomeraciones que vierten sus aguas residuales en la margen izquierda del estuario del Tajo –a saber, Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde y Seixal–, por que dichas aguas fueran objeto de un tratamiento más riguroso que el previsto en el artículo 4, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva;
1)

¿Cabe considerar que las disposiciones del Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados y otros productos alimenticios, (1) Reglamento de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, (2) constituyen una normativa sectorial comunitaria que establece una excepción al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, (3) relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y que se opone a la aplicación de las disposiciones nacionales en materia de prescripción?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 148/21

Recurso de casación interpuesto el 6 de abril de 2010 por Karen Goncharov contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2010 por el Tribunal General (Sala Cuarta) en el asunto T-34/07, Karen Goncharov/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y en la que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es DSB

(Asunto C-156/10 P)

2010/C 148/32

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Karen Goncharov (representantes: A. Späth y G.N. Haselblatt, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), DSB

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 2010 (asunto T-34/07).

— Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 4 de diciembre de 2006 (asunto R 1330/2005-2).

— Que se condene a la OAMI al pago de las costas de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y la Sala de Recurso así como al pago de las costas de la parte recurrente.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente entiende que procede anular la sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 2010 (asunto T-34/07) puesto que infringe la disposición sobre el motivo de denegación relativo contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria].

Opina que el Tribunal General ha aplicado erróneamente los principios generales para apreciar el riesgo de confusión. En concreto, el Tribunal General no tuvo en cuenta todas las circunstancias del presente asunto, pues hizo caso omiso de que las marcas controvertidas consistían en acrónimos.

La parte recurrente afirma que el Tribunal General basó su sentencia exclusivamente en el principio empírico de que el consumidor normalmente concede más importancia a la primera parte de las palabras. Por consiguiente, la diferencia que radica en la letra «W» de la marca impugnada no basta para eliminar la similitud óptica y sonora.

Añade que el Tribunal General no tuvo en cuenta que las marcas opuestas no consisten en palabras, sino en acrónimos. Los fundamentos de la sentencia muestran que el Tribunal General no llevó a cabo un análisis completo del riesgo de confusión, sino que se basó exclusivamente en un principio empírico que, por lo demás, no es aplicable al presente asunto.

Afirma que, en el caso de acrónimos, el consumidor está acostumbrado a prestar atención a cada una de las letras. Por tanto, los principios empíricos deducidos de las marcas nominativas que consisten en palabras no pueden aplicarse sin más a marcas nominativas que consisten en acrónimos.