4.

En el plano de los principios generales, se ha evocado con frecuencia, en la discusión del problema, la teoría del acto claro, que se puede enunciar en síntesis mediante la afirmación de que, cuando una norma es clara, no es necesario interpretarla. Esta teoría surgió en el marco del ordenamiento jurídico francés, que atribuye la interpretación de los Tratados internacionales, con carácter exclusivo, al ejecutivo (precisamente al Ministerio de Asuntos Exteriores), y tan sólo confiere al Juez competencia para su aplicación. En ese contexto, con el fin de limitar el poder del ejecutivo y oponerse a su ingerencia en la actividad judicial, los Jueces adoptaron dicha teoría, reservándose así el control de la existencia o no de dificultades reales de interpretación, de modo que recuperaban en consecuencia un amplio margen de facultades discrecionales. Posteriormente, el Conseil d'Etat francés, y en muy menor medida la Cour de cassation, consideraron que esa teoría podía utilizarse para circunscribir el alcance de la obligación establecida en el párrafo tercero del artículo 177 del Tratado. Se encuentra un eco de la misma teoría en las conclusiones del Abogado General Sr. Lagrange presentadas el 13 de marzo de 1963 en el asunto en que recayó la sentencia de 27 de marzo de 1963, Da Costa en Schaake NV y otros (asuntos acumulados 28/62 a 30/62,↔ Rec. pp. 59 y ss., especialmente pp. 88 y 89), en las que afirmaba, en especial, que «si la norma es perfectamente clara, no hay que interpretarla, sino aplicarla, lo que entra en la competencia del Juez [nacional] encargado de aplicar la Ley». No obstante, sería erróneo considerar esta expresión, separada de su contexto, como un argumento en apoyo de la tesis que atribuye al Juez nacional la facultad de pronunciarse sobre el fundamento de una cuestión prejudicial suscitada por las partes. En realidad, del contexto de las citadas conclusiones del Abogado General Sr. Lagrange se deduce que la única intención de nuestro ilustre predecesor era demostrar la inutilidad de una nueva interpretación por el Tribunal de Justicia cuando la misma cuestión ya había sido abordada y resuelta anteriormente en su jurisprudencia. En este plano -es decir, el de «la autoridad de la interpretación» realizada por este Tribunal- se sitúa asimismo la sentencia Da Costa en Schaake NV y otros, antes citada, a la que tendremos ocasión de aludir de nuevo más adelante. A nuestro entender, la teoría del acto claro no ofrece ayuda alguna para la solución del problema que estamos examinando. Si se tiene en cuenta su origen y su función, es fácil observar que sirvió para corregir una situación de un Estado miembro determinado, situación propia cuyos términos no se prestan a analogía alguna con la que ahora analizamos. En efecto, la separación, en lo que atañe a las normas de los Tratados internacionales, entre el momento de la aplicación, la cual corresponde al Juez, y el de la interpretación, reservada al Ministerio de Asuntos Exteriores, existe en Francia, pero no en otros Estados miembros; por otra parte, la reivindicación de una competencia más amplia para el poder judicial frente a determinadas prerrogativas del poder ejecutivo es algo muy diferente de la determinación de los límites entre las funciones de interpretación atribuidas respectivamente a los Jueces nacionales de última instancia y al Tribunal de Justicia de las Comunidades. En segundo lugar, si se considera el concepto que sirve de base a la teoría del acto claro, el mismo se revela inexacto. La aplicación de una norma a un supuesto determinado exige siempre, lógica y prácticamente, la identificación del sentido y del alcance de dicha norma, a cuya falta no se puede llegar a determinar que esa norma es apropiada para el caso concreto, ni tampoco extraer de su contenido todas las consecuencias que pueden aplicarse al caso de que se trata. Podría acaso afirmarse que, cuando se aplica una norma, interpretación y aplicación se entrecruzan y se ensamblan, pero ciertamente no puede concebirse que una norma sea aplicada sin necesidad de interpretarla, a no ser que se altere el sentido del término «interpretación» atribuyéndole necesariamente un carácter de dificultad. En definitiva, la máxima latina con frecuencia invocada in claris non fit interpretatio merece ser olvidada: es el intérprete quien, al cumplir su cometido, determina si una norma es clara u oscura. Estas consideraciones son tanto más válidas en un sistema en el que las normas presentan, todas ellas, la dificultad, técnica, de estar redactadas en varias lenguas, y otra, sistemática, de tener incidencia en una realidad actualmente regida por diez ordenamientos jurídicos nacionales. Finalmente, no debe ignorarse la significación de los hechos: estos demuestran que la teoría del acto claro, puesta en relación con el artículo 177, ha sido objeto de una aplicación que no dudamos en calificar de aberrante. Ya en 1967, el Conseil d'Etat francés, que sigue siendo el principal utilizador de dicha teoría, llegó a afirmar que el concepto de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, en el sentido del artículo 30 del Tratado -uno de los conceptos más discutidos del mismo Tratado, como muestra la jurisprudencia de este Tribunal- no requiere interpretación alguna (resolución de 27 de enero de 1967, Syndicat national des importateurs français en produits laitiers, Recueil Lebon 1967, p. 41). Posteriormente, el mismo Conseil interpretó sin vacilaciones los artículos 7 y 37 del Tratado (resolución de 27 de julio de 1979, Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, Recueil Lebon 1979, p. 335), el artículo 113 del mismo Tratado y la Decisión del Consejo 72/455 (resolución de 12 de octubre de 1979, Syndicat des importateurs de vêtements et produits artisanaux, Recueil Lebon 1979, p. 373), los Reglamentos n° 950/68 del Consejo, n° 3321/75 y n° 1541/76 de la Comisión (resolución de 2 de octubre de 1981, groupement d'intérêt économique Vipal, Recueil Dalloz-Sirey 1982, Jurisprudence, p. 209), los artículos 34 y 37 del Tratado Euratom (resolución de 23 de diciembre de 1981, commune de Thionvi-11e, Recueil Lebon 1981, p. 484). Merece además mención particular la sentencia de 22 de diciembre de 1978, relativa al asunto Cohn-Bendit (Recueil Lebon 1978, p. 524), toda vez que en dicha decisión, el Conseil d'Etat francés, al interpretar el artículo 189 del Tratado, negó toda posibilidad de efectos directos de las Directivas (en el caso en cuestión, se trataba de la posibilidad de que un particular invocara una Directiva en materia de circulación de personas), en contradicción abierta con la muy conocida jurisprudencia de este Tribunal. Todo ello demuestra a nuestro entender que la teoría del acto claro tiene un amplio alcance: llega en sustancia a privar de sentido al párrafo tercero del artículo 177. Por tanto, no se puede esperar una respuesta acertada a la cuestión planteada por la Corte di cassazione italiana si se parte de esta teoría -infundada y ambigua.