Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Fundamentación de las sentencias — Alcance

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Documento preparatorio que puede ser modificado por la Comisión — Posibilidad de la Comisión de requerir información suplementaria — Límites

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa — (Reglamento del Consejo nº 17, art. 19, ap. 1; Reglamento de la Comisión nº 99/63/CEE, art. 4)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Pruebas admisibles

5. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Obligación de la Comisión de aportar las pruebas inculpatorias

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Exclusión de las pruebas no comunicadas a las partes — Consecuencias — Imposibilidad de probar el cargo correspondiente por referencia a dichos documentos

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Decisión no idéntica al pliego de cargos — Violación del derecho de defensa — Requisito — Prueba, por parte de la empresa afectada, de la imputación de nuevos cargos

8. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Inserción de nuevas alegaciones al adoptar la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción — Sanción — Requisito

9. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Exposición clara de los fundamentos jurídicos — [Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letras c) y d)]

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa — Alcance — Pruebas inculpatorias — Exclusión de las pruebas no comunicadas a las partes — Pruebas exculpatorias — Apreciación efectuada únicamente por la Comisión de la utilidad de su comunicación — Improcedencia — [Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 86 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE); Reglamentos del Consejo nº 17 y (CEE) n os 1017/68 y 4056/86]

11. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Documentos que no figuran en el expediente de la instrucción — Documentos que pueden ser útiles para la defensa de las partes — Violación del derecho de defensa — Requisitos

12. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Documentos que no figuran en el expediente de la instrucción y que la Comisión no ha utilizado como pruebas de cargo — Obligación de la Comisión de dar a las partes acceso a tales documentos por iniciativa propia — Inexistencia

13. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Límites — Empresa con una posición dominante y que puede adoptar represalias contra los informantes de la Comisión

14. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Pliego de cargos — Exclusión — [Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

15. Competencia — Procedimiento administrativo — Envío a las empresas afectadas, por parte de la Comisión, de un elevado número de solicitudes de información tras la adopción de un pliego de cargos — Límites a esta carga — Respeto del derecho de defensa

16. Transportes — Transportes marítimos — Normas sobre la competencia — Exención por categorías — Interpretación restrictiva — Servicios que no constituyen servicios de transporte marítimo incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4056/86 — Exclusión — [Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente artículo 81 CE, ap. 1); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, aps. 2 y 3]

17. Competencia — Normas comunitarias — Aplicación en función de prácticas nacionales de los Estados miembros o de determinados países terceros — Improcedencia — [Tratado CE, art. 85 (actualmente art. 81 CE)]

18. Competencia — Posición dominante — Posición dominante colectiva — Concepto — Conferencia marítima — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, ap. 3, letra b)]

19. Competencia — Posición dominante — Posición dominante colectiva — Existencia — Medios de identificación — Consideración de un acuerdo, pese a estar prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) — [Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 86 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, ap. 3, letra b)]

20. Competencia — Posición dominante — Posición dominante colectiva — Concepto — Necesidad de la eliminación de toda competencia entre las empresas — Inexistencia — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

21. Competencia — Posición dominante — Posición dominante colectiva — Concepto — Conferencia marítima — Exclusión en caso de competencia interna significativa — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

22. Competencia — Posición dominante — Posición dominante colectiva — Concepto — Conferencia marítima — Irrelevancia, en principio, de otras formas de competencia ante una estrategia común en materia de precios — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

23. Competencia — Posición dominante — Mercado de referencia — Delimitación — Criterios — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

24. Competencia — Posición dominante — Existencia — Posesión de cuotas de mercado extremadamente altas — Indicio generalmente suficiente — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

25. Competencia — Posición dominante — Concepto — Presunción de existencia en caso de posesión de más de la mitad de las cuotas de mercado — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

26. Competencia — Transportes marítimos — Posición dominante — Posesión de cuotas de mercado altas — Indicio generalmente suficiente — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 8]

27. Competencia — Posición dominante — Concepto — Capacidad de imponer subidas de precios regulares — Elemento no indispensable — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

28. Competencia — Posición dominante — Abuso — Exención — Exclusión — Obligaciones que incumben a la empresa dominante — Posibilidad de que la empresa con posición dominante proteja sus intereses comerciales, siempre que no refuerce su posición dominante ni abuse de ella — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

29. Competencia — Normas comunitarias — Ámbito de aplicación material — Comportamiento impuesto por medidas estatales — Exclusión — Requisitos — [Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)]

30. Competencia — Posición dominante — Abuso — Concepto — Refuerzo de la posición dominante — Conferencia marítima — Aceptación de nuevos miembros — Elemento que puede constituir un abuso — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

31. Transportes — Transportes marítimos — Normas sobre la competencia — Exención por categorías — Reglamento (CEE) nº 4056/86 relativo a los transportes marítimos — Interpretación restrictiva — [Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, arts. 1, ap. 3, letras b) y c), y 3]

32. Competencia — Prácticas colusorias — Notificación — Efectos — Exención de multas — Necesidad de una disposición expresa — Exención no prevista por el Reglamento (CEE) nº 1017/68 — [Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE); Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo]

33. Competencia — Prácticas colusorias — Notificación — Efectos — Exención de multas prevista por el artículo 19, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) nº 4056/86 relativo a los transportes marítimos — Ámbito de aplicación — Infracciones de los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE) — [Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 19, aps. 2, letra a), y 4, párr. 2]

34. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Distribución de un importe global entre diferentes grupos de empresas constituidos en función del tamaño de las empresas participantes en la infracción — Procedencia — Requisitos — (Reglamento del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2)

35. Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas — Obligación de motivación — Alcance — Indicación de los elementos de apreciación que permitieron a la Comisión determinar la gravedad y la duración de la infracción — Indicación suficiente — [Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2]

36. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Empresa miembro de una conferencia marítima — Apreciación a partir del volumen de negocios global de la empresa — Procedencia — Consideración de las demás circunstancias individuales específicas de cada una de las empresas participantes — Inexistencia de obligación — (Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CEE) nº 4056/86, art. 19)

37. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Margen de apreciación reservado a la Comisión — Imposibilidad de que las empresas invoquen una confianza legítima en el mantenimiento de la situación existente — Elevación del nivel general de las multas — Procedencia — Requisitos — (Reglamentos del Consejo nº 17 y (CEE) n os 1017/68 y 4056/86)

38. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Circunstancias atenuantes — Notificación de un acuerdo que ha facilitado la apreciación del carácter abusivo de las prácticas previstas por éste — (Reglamento del Consejo nº 17)

39. Competencia — Posición dominante — Abuso — Concepto — Prácticas en materia de contratos de servicios celebrados entre un cargador y una conferencia marítima o un transportista — [Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

40. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Perjuicio — Relación de causalidad — Carga de la prueba — [Tratado CE, arts. 178 y 215 (actualmente arts. 235 CE y 288 CE)]

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1. La obligación del Tribunal de Primera Instancia de motivar sus decisiones no supone que éste deba responder con detalle a cada uno de los argumentos presentados por el demandante, sobre todo si no son suficientemente claros y precisos ni se apoyan en elementos de prueba idóneos.

véase el apartado 90

2. Dado que el pliego de cargos es un documento preparatorio que puede ser modificado por la Comisión, en particular para tener en cuenta la respuesta al pliego de cargos, no es en modo alguno imperativo que la Comisión haya concluido definitivamente su investigación administrativa en el momento de la adopción del pliego de cargos. En consecuencia, la Comisión no puede verse limitada por lo que respecta a las preguntas que pretende plantear en sus solicitudes de información posteriores al pliego de cargos, siempre que, por un lado, conforme a las disposiciones de los reglamentos aplicables, dichas preguntas permitan obtener información necesaria para la investigación y que, por otro lado, la Comisión dé a las empresas afectadas la posibilidad de ser oídas respecto a las nuevas alegaciones de hecho o de Derecho que se proponga formular a partir de las respuestas de las empresas afectadas a dichas preguntas.

véase el apartado 122

3. El pliego de cargos debe contener una exposición de éstos redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones por infracciones de las normas sobre la competencia exige, en efecto, que se dé a las empresas y asociaciones de empresas afectadas, desde la fase del procedimiento administrativo, la posibilidad de dar a conocer de forma eficaz su opinión sobre el carácter real y oportuno de los hechos, cargos y circunstancias alegados por la Comisión. Esta exigencia se cumple cuando la decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes a las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse. De ello se desprende que la Comisión sólo puede mantener los cargos respecto a los cuales estos últimos hayan podido manifestar sus puntos de vista.

No obstante, la Comisión ha de contar con la posibilidad de tener en cuenta, en su Decisión, las respuestas de las empresas afectadas al pliego de cargos. A este respecto, no sólo ha de poder aceptar o rechazar las alegaciones de las empresas afectadas, sino también proceder a su propio análisis de los hechos que éstas exponen, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que mantiene.

El hecho de tener en cuenta un argumento alegado por una empresa en el procedimiento administrativo, sin dar a dicha empresa la oportunidad de ser oída al respecto antes de la adopción de la decisión final, no puede constituir, en cuanto tal, una violación del derecho de defensa, máxime cuando el tener en cuenta dicho argumento no modifique la naturaleza de los cargos que se le imputan.

véanse los apartados 138, 152, 191, 194 y 314

4. El respeto del derecho de defensa exige que una empresa destinataria de una Decisión de la Comisión que declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia pueda dar a conocer adecuadamente su punto de vista sobre los documentos que la Comisión ha tomado en consideración para fundamentar la Decisión. En consecuencia, sólo los documentos citados o mencionados en el pliego de cargos constituyen, en principio, medios de prueba que cabe oponer al destinatario del pliego de cargos. Por otra parte, los documentos adjuntos como anexos al pliego de cargos, pero no mencionados en él, sólo pueden utilizarse en contra del destinatario del pliego de cargos si éste pudo razonablemente deducir del pliego de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

véanse los apartados 162, 171 y 287

5. En los asuntos en materia de competencia, no se vulnera el derecho de defensa por el hecho de que la Comisión no haya comunicado a una empresa demandante un documento que podía contener elementos en su descargo, si ese documento procede de dicha demandante o si es manifiesto que el referido documento estaba en su poder durante el procedimiento administrativo. No obstante, esto no se aplica en ningún caso a los documentos inculpatorios. En efecto, si bien corresponde a los demandantes invocar por propia iniciativa cualquier documento exculpatorio que pueda servir en su descargo, corresponde en cambio a la Comisión probar la infracción y aportar para ello cualquier elemento inculpatorio adecuado para demostrar los hechos constitutivos de ésta.

véase el apartado 172

6. Deben ser eliminados como medios de prueba de la existencia de infracciones de las normas sobre la competencia los documentos que, aunque emanen de las empresas imputadas o hayan estado en su poder durante el procedimiento administrativo, no se citen en el pliego de cargos o se incluyan en sus anexos, cuando dichas empresas no hayan podido razonablemente prever las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

Esta eliminación, lejos de tener por consecuencia la anulación de la Decisión en su totalidad, sólo tiene importancia en la medida en que el correspondiente cargo formulado por la Comisión sólo pueda probarse mediante dichos documentos.

véanse los apartados 186 a 188

7. Para aducir, en un asunto en materia de competencia, una vulneración del derecho de defensa respecto a los cargos contenidos en la Decisión de la Comisión que les imputa determinadas infracciones, las empresas no pueden limitarse a invocar la mera existencia de diferencias entre el pliego de cargos y esta Decisión, sin exponer de manera precisa y concreta de qué modo cada una de estas diferencias constituye un nuevo cargo sobre el que no han tenido la ocasión de ser oídas. En efecto, una violación del derecho de defensa debe ser examinada en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto, en la medida en que ésta depende esencialmente de los cargos formulados por la Comisión para demostrar la existencia de la infracción reprochada a las empresas afectadas.

véanse los apartados 192 y 396

8. En el marco de un procedimiento administrativo en materia de competencia, aun cuando una Decisión de la Comisión contenga nuevas alegaciones de hecho o de Derecho sobre las que las empresas afectadas no hayan podido ser oídas, el defecto apreciado sólo acarrearía su anulación en este punto si dichas alegaciones no pudieran quedar acreditadas de manera suficiente en Derecho sobre la base de otros elementos recogidos en la Decisión y sobre los que estas empresas han tenido la ocasión de exponer su punto de vista.

véase el apartado 196

9. En virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe, en particular, contener el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados. Dichos elementos deben ser lo suficientemente claros y precisos como para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia resolver el recurso sin solicitar, en su caso, más información. A fin de garantizar el respeto del principio de contradicción, la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que un recurso sea admisible, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de manera sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, del texto de la propia demanda.

Aunque no exista ninguna disposición que limite el volumen de los escritos y documentos presentados en apoyo de un recurso de anulación formulado sobre la base del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), corresponde a las demandantes, habida cuenta en particular de las exigencias formales, mantener su demanda dentro límites razonables y, en cualquier caso, destacar de forma distinguible los motivos jurídicos que formulan para sustentar sus pretensiones de anulación frente a los elementos de hecho y de Derecho planteados en su apoyo que no constituyen en sí mismos motivos jurídicos.

véanse los apartados 281, 282 y 1637

10. En los asuntos de competencia, el derecho a acceder al expediente tiene por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que ésta haya llegado en su pliego de cargos, basándose en tales documentos. El acceso al expediente forma parte de las garantías del procedimiento destinadas a proteger el derecho de defensa y a asegurar, en particular, el ejercicio efectivo del derecho a ser oído. Así, la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) o del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

Por lo que respecta a los elementos inculpatorios, el respeto del derecho de defensa exige que la empresa interesada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre los elementos que la Comisión tuvo finalmente en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción. Los documentos para los que no se da esta circunstancia deben ser eliminados como medios de prueba.

Por lo que respecta a los documentos exculpatorios, en el marco del procedimiento contradictorio regulado por los reglamentos de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, en particular, por los Reglamentos n os 17, 1017/68 y 4056/86, no puede considerarse competencia exclusiva de la Comisión la decisión sobre qué documentos son útiles para la defensa de las partes implicadas en un procedimiento de infracción de las normas sobre competencia. En particular, habida cuenta del principio general de igualdad de armas, no cabe admitir que la Comisión pueda decidir por sí sola si utilizar o no unos documentos contra las partes demandantes, mientras que éstas no tuvieron acceso a ellos y no pudieron por tanto adoptar la decisión correlativa de utilizarlos o no para su defensa.

véanse los apartados 334, 335, 337 a 339, 351, 354, 376 y 385

11. Si se comprueba que, durante un procedimiento administrativo en materia de competencia, la Comisión no comunicó a las demandantes documentos que habrían podido contener pruebas en su descargo, sólo puede apreciarse una vulneración del derecho de defensa si está acreditado que el procedimiento administrativo habría podido alcanzar un resultado distinto en el supuesto de que la demandante hubiera tenido acceso a los referidos documentos durante dicho procedimiento. Cuando dichos documentos figuran en el expediente de la instrucción de la Comisión, tal vulneración del derecho de defensa es independiente del comportamiento adoptado durante el procedimiento administrativo por la empresa de que se trate. En cambio, cuando los documentos exculpatorios de que se trata no figuran en el expediente de la instrucción de la Comisión, sólo puede apreciarse una vulneración del derecho de defensa si la parte demandante ha presentado a la Comisión una solicitud expresa de acceder a dichos documentos, so pena de que se produzca un efecto preclusivo sobre este extremo por lo que respecta al recurso de anulación interpuesto contra la Decisión definitiva.

véanse los apartados 340 y 430

12. Para determinar si, en un procedimiento administrativo en materia de competencia, se ha respetado el derecho a acceder a los elementos inculpatorios del expediente, la cuestión pertinente no es conocer las razones por las que la Comisión ha formulado un cargo o quién ha dado origen a dicho cargo, sino únicamente si el cargo imputado en la decisión final se basa en elementos inculpatorios que se han comunicado a las empresas que son objeto del procedimiento de infracción. Por tanto, no puede considerarse que el derecho a acceder al expediente tenga por objeto permitir a las empresas afectadas examinar el proceso mediante el cual la Comisión ha llegado a sus conclusiones. En efecto, dado que el derecho a acceder al expediente no es un fin en sí mismo, sino que tiene por objeto proteger el derecho de defensa, la Comisión no tiene la obligación de comunicar a las empresas afectadas los elementos inculpatorios que no recoge en su Decisión en apoyo de los cargos.

véase el apartado 377

13. En el marco de un procedimiento que tiene por objeto que se declare la existencia de infracciones de las normas del Tratado en materia de competencia, la Comisión puede negarse a comunicar documentos de naturaleza interna y denegar el acceso a la correspondencia con terceros basándose en su carácter confidencial, puesto que una empresa destinataria de un pliego de cargos que ocupa una posición dominante en el mercado puede tomar represalias contra una empresa competidora, un proveedor o un cliente que ha colaborado en la investigación llevada a cabo por la Comisión.

véanse los apartado 393 y 394

14. El control de legalidad efectuado por el Tribunal de Primera Instancia en el marco de un recurso de anulación interpuesto sobre la base del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación) no se extiende al pliego de cargos, sino a la decisión final adoptada tras éste. El pliego de cargos no constituye por lo demás un acto que pueda ser objeto de un recurso de anulación. Por tanto, aunque la Comisión hubiera manifestado, en el pliego de cargos, un prejuicio en contra de las empresas demandantes, tal prejuicio sólo podría viciar la Decisión impugnada si se hubiera reflejado en esta última.

véase el apartado 414

15. El envío por parte de la Comisión de un elevado número de solicitudes de información tras la adopción de un pliego de cargos puede afectar al ejercicio efectivo, por parte de las empresas afectadas, de su derecho a ser oídas en relación con los cargos que se les imputan. Corresponde, en efecto, a la Comisión velar por que el desarrollo del procedimiento administrativo se lleve a cabo diligentemente. Pues bien, las solicitudes de información deben respetar el principio de proporcionalidad y la obligación impuesta a una empresa de facilitar una información no debe representar para ésta una carga desproporcionada en relación con las necesidades de la investigación. Para examinar si el envío de las solicitudes de información controvertidas impuso a estas empresas una carga desproporcionada que pudiera vulnerar el derecho de defensa, procede tener en cuenta el contenido de dichas solicitudes de información, el contexto en el que se enviaron y su objetivo.

véanse los apartados 418 y 419

16. Habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a las normas sobre la competencia establecido en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), las disposiciones en que se prevén excepciones, incluidas en un reglamento de exención por categoría deberán, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente. Pues bien, dado que el ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 (actualmente artículo 82 CE) del Tratado a los transportes marítimos, se limita, en virtud del artículo 1, apartado 2, del mismo Reglamento, únicamente al transporte marítimo de puerto a puerto, la exención por categoría de la referida prohibición prevista por el artículo 3 de dicho Reglamento no puede extenderse a servicios que, aun cuando pudieran considerarse accesorios o necesarios para el transporte marítimo de puerto a puerto, no constituyan, como tales, servicios de transporte marítimo incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86. Ello es tanto más cierto cuando estos servicios pertenecen a un mercado distinto en el que los transitarios compiten con otros operadores económicos.

véase el apartado 568

17. Las prácticas nacionales, aun suponiendo que sean comunes a todos los Estados miembros, no pueden ser determinantes para la aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado. A fortiori, las prácticas de determinados Estados terceros no pueden ser determinantes para la aplicación del Derecho comunitario.

véase el apartado 569

18. El artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) puede aplicarse a situaciones en las que varias empresas se hallen conjuntamente en una posición dominante en el mercado considerado. Para llegar a la conclusión de que existe tal posición, es necesario que las empresas de que se trate estén suficientemente ligadas entre sí como para adoptar una misma línea de acción en el mercado; en cambio, no es necesario demostrar que todas las empresas han adoptado efectivamente esa misma línea de acción en todas las circunstancias. A este respecto, es necesario examinar los vínculos o factores económicos de correlación entre las empresas afectadas y comprobar si estos vínculos o factores les permiten actuar conjuntamente con independencia de sus competidores, de sus clientes y de los consumidores.

En principio, éste es el caso de las compañías marítimas que, por las estrechas relaciones que mantienen entre ellas en el seno de una conferencia marítima en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 4056/86, pueden conjuntamente, como entidad única que se presenta como tal en el mercado respecto a los usuarios y a los competidores, adoptar en común, en el mercado de referencia, prácticas que constituyan comportamientos unilaterales.

Además, poco importa el carácter mínimo de la cuota de mercado de una empresa o de su volumen de negocios en el mercado de que se trata. En efecto, puesto que los vínculos en que se basa la apreciación colectiva de la posición de los miembros de la conferencia marítima se derivan de su adhesión a esta conferencia marítima, la posición de cada miembro de dicha conferencia, por el mero hecho de su adhesión, debe apreciarse colectivamente con la de los demás miembros de la conferencia, dado que, mediante esta adhesión, la empresa quedó vinculada, en cuanto a su comportamiento en un mercado determinado, a los demás miembros adheridos a la conferencia, de forma que se presentan en dicho mercado como una entidad colectiva respecto a sus competidores, a sus terceros contratantes y a los consumidores.

véanse los apartados 594 a 602, 629, 630 y 652

19. La circunstancia de que un acuerdo esté prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), no impide a la Comisión tomar en consideración tal acuerdo para apreciar, en el marco de la aplicación del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE), el carácter colectivo de la posición de unas empresas en el mercado de referencia. En efecto, un acuerdo, una decisión o una práctica concertada, se beneficie o no de una exención con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Tratado, puede, cuando se aplica, tener como consecuencia que las empresas afectadas estén vinculadas en cuanto a su comportamiento en un mercado determinado de forma que se presenten en dicho mercado como una entidad colectiva respecto a sus competidores, a sus terceros contratantes y a los consumidores. La existencia de una posición dominante colectiva puede, por tanto, derivarse de la naturaleza y del contenido de un acuerdo, de la forma en que se aplica y, en consecuencia, de los vínculos o factores de correlación entre empresas que resultan de ellos. Éste es el caso de una conferencia marítima en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 4056/86.

véase el apartado 610

20. Si bien la posibilidad de una empresa de coordinar su comportamiento con el de uno o más competidores implica necesariamente que la competencia entre ellos queda restringida de manera significativa, tal posibilidad de coordinación del comportamiento competitivo no implica por el contrario, en modo alguno, que la competencia entre las empresas de que se trate quede completamente eliminada. La existencia de una posición dominante colectiva en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) supone la existencia de vínculos económicos entre dos o más entidades económicas, por definición, independientes y, por tanto, capaces de competir entre sí, y no la existencia de vínculos institucionales entre las empresas afectadas análogos a los que existen entre una sociedad matriz y sus filiales.

En consecuencia, si bien la falta de competencia efectiva entre operadores que supuestamente son miembros de un oligopolio dominante constituye un elemento importante entre los elementos que deben desempeñar un papel al evaluar la existencia de una posición dominante colectiva, no cabe exigir, para apreciar tal posición dominante, que esta eliminación de la competencia efectiva dé lugar a la eliminación de toda competencia entre las empresas afectadas.

véanse los apartados 653 y 654

21. Una competencia interna significativa en el seno de una conferencia marítima puede demostrar que, a pesar de los diversos vínculos o factores de correlación existentes entre sus miembros, estos últimos no tienen la posibilidad de adoptar una misma línea de acción en el mercado que pueda hacerles aparecer como una entidad única frente a terceros y que, por tanto, justifique una apreciación colectiva de su posición en el mercado respecto al artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE).

véase el apartado 695

22. La presencia entre los miembros de una conferencia de formas de competencia que no se refieran a los precios, por ejemplo, en materia de calidad del servicio prestado, no basta, en principio, para negar la existencia de una posición dominante colectiva basada en los vínculos acreditados por lo que respecta a su estrategia común de precios, a no ser que el alcance y la intensidad de dichas formas alternativas de competencia sean suficientes para impedir la invocación razonable de sus políticas comunes de precios como base para demostrar la existencia de una única entidad en el mercado.

véase el apartado 714

23. A efectos del examen de la posible posición dominante de una empresa en un mercado determinado, el mercado que debe tomarse en consideración agrupa al conjunto de productos que, en razón de sus características, son especialmente aptos para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por otros productos.

Para que pueda considerarse que constituyen un mercado distinto, los productos de referencia deben individualizarse no sólo por el mero hecho de su utilización, sino también por características particulares de producción que les hagan específicamente aptos para dicho destino.

véanse los apartados 798, 799 y 828

24. Si bien la existencia de una posición dominante puede derivarse de varios factores que, considerados aisladamente, no tienen por qué ser necesariamente determinantes, las cuotas de mercado muy importantes constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante. Así, una cuota de mercado de entre el 70 % y el 80 % constituye por sí misma un indicio claro de la existencia de una posición dominante.

véase el apartado 907

25. El concepto de posición dominante consiste en la situación de poder económico que permite a la entidad que la ocupa impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, al conferirle el poder de actuar, en gran medida, independientemente de sus competidores, sus clientes y, en última instancia, de los consumidores. Una entidad, bien sea individual o colectiva, que tiene más del 50 % del mercado puede gozar de tal independencia.

véanse los apartados 931 y 932

26. Si bien el hecho de eliminar la competencia puede llevar a que no se aplique la exención por categoría prevista en el Reglamento nº 4056/86, en cambio, el simple hecho de tener una posición dominante carece de incidencia a este respecto. Por una part e, dado que el concepto de eliminación de la competencia es más restrictivo que el de existencia o creación de una posición dominante, una empresa que tiene una posición de esa índole puede beneficiarse de una exención. Así, con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4056/86, la Comisión solamente puede revocar la exención por categoría prevista por dicho Reglamento cuando una conferencia marítima explota de manera abusiva su posición dominante. Por otra parte, el mero hecho de tener una posición dominante no está prohibido por las normas de competencia establecidas en el Tratado, puesto que únicamente lo está la explotación abusiva de dicha posición. Por ello, también en el ámbito de los transportes marítimos, el hecho de tener una cuota de mercado elevada puede constituir un indicio de posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE).

véanse los apartados 939 y 940

27. Si bien la capacidad de imponer aumentos de precios regulares constituye sin duda alguna un elemento que indica la existencia de una posición dominante, no constituye en modo alguno un dato indispensable, puesto que la independencia de la que goza una empresa dominante en materia de precios deriva más de la capacidad para fijar estos últimos sin tener en cuenta la reacción de los competidores, de los clientes ni de los proveedores que de la capacidad de aumentarlos.

véase el apartado 1084

28. A diferencia del artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE), el artículo 86 del mismo (actualmente artículo 82 CE) no permite que las empresas que ocupan una posición dominante soliciten la concesión de una exención para sus prácticas abusivas. Por otra parte, incumbe a las empresas dominantes una responsabilidad especial tanto de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común como de no causar un perjuicio inmediato a los consumidores. Por consiguiente, las prácticas abusivas cometidas por empresas dominantes están prohibidas sin excepción.

La existencia de una posición dominante no puede privar a una empresa que se encuentra en dicha posición del derecho a proteger sus propios intereses comerciales cuando éstos se ven amenazados, de manera que se le ha de reconocer, en una medida razonable, la facultad de realizar los actos que juzgue adecuados para proteger sus intereses siempre que, sin embargo, tales comportamientos no tengan por objeto reforzar dicha posición dominante y abusar de ella. Se desprende, por consiguiente, que una empresa dominante puede invocar motivos que puedan justificar las prácticas que adopta, sin que se admita, no obstante, la existencia de causas de exención.

véanse los apartados 1109, 1113, 1114 y 1124

29. Los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE) sólo se refieren a los comportamientos contrarios a las normas sobre la competencia que las empresas hayan adoptado por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia, o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 85 y 86. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas. Por el contrario, cabe aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. Por consiguiente, si una ley nacional se limita a permitir, fomentar o facilitar la realización, por parte de las empresas, de comportamientos autónomos contrarios a la competencia, estas últimas pueden ser juzgadas por infringir las normas de competencia del Tratado.

véase el apartado 1130

30. El hecho de que una empresa en posición dominante refuerce dicha posición hasta el punto de que el grado de dominación así alcanzado obstaculice sustancialmente la competencia, es decir, solamente deje subsistir empresas dependientes en su comportamiento de la empresa dominante, puede constituir un abuso de esa posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). Además, no se puede excluir que, en determinadas circunstancias, el hecho de que una conferencia marítima en posición dominante acepte nuevos miembros constituya por sí mismo un abuso.

véase el apartado 1262

31. Habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a la competencia establecido en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), las disposiciones que prevén excepciones, incluidas en un reglamento de exención por categoría deben, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente. Esta conclusión se impone, a fortiori, para las disposiciones del Reglamento nº 4056/86, que exceptúan a algunos acuerdos de la prohibición establecida en el artículo 85, apartado 1 del Tratado, debido a su duración ilimitada y al carácter excepcional de las restricciones de la competencia autorizadas, de modo que la excepción por categoría prevista en el artículo 3 del Reglamento nº 4056/86 no puede ser objeto de una interpretación extensiva y evolutiva de manera que se extienda a todos los acuerdos que las compañías marítimas consideren útiles, o incluso necesarios, para adaptarse a las condiciones del mercado.

Por otra parte, se desprende de dicha disposición que, para beneficiarse de la exención por categoría, los acuerdos de fijación de precios y de las condiciones de transporte celebrados por los miembros de una conferencia marítima deben prever la aplicación de «tarifas de flete uniformes o comunes» en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento, lo cual exige que se apliquen tarifas de flete idénticas a todos los miembros de la conferencia y a todos los cargadores. Por consiguiente, la exención por categoría no es aplicable a los acuerdos entre transportistas que prevén un régimen de tarifas diferenciado.

véanse los apartados 1381, 1382 y 1384

32. Dado que el Reglamento nº 1017/68, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, no establece ninguna exención de multas respecto de los acuerdos notificados comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, ya sea en relación con multas impuestas con arreglo al artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE) o con multas impuestas con arreglo al artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE), una notificación no puede conceder a las empresas que han notificado dichos acuerdos ningún tipo de exención.

véanse los apartados 1433 y 1434

33. El tenor del artículo 19, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento nº 4056/86 que establece la exención de multas en caso de notificación ha de interpretarse de forma restrictiva y no puede interpretarse de manera que extienda su aplicación a casos que no han sido previstos expresamente.

Sin embargo, la exención establecida por el artículo 19, apartado 4, párrafo segundo, de dicho Reglamento no se refiere solamente a las multas que se imponen por la participación en una práctica colusoria restrictiva de la competencia, sino también por las prácticas abusivas. En efecto, el artículo 19, apartado 2, letra a), atañe explícitamente a las multas por «infracción de las disposiciones del artículo 85, apartado 1, o de las del artículo 86 del Tratado» (actualmente artículos 81 CE, apartado 1 y 82 CE).

Por tanto, se desprende de esta remisión que el artículo 19, apartado 4, del Reglamento nº 4056/86, lejos de limitar la exención de multas a las infracciones del artículo 85 del Tratado, prevé, al contrario, de forma expresa, que las prácticas abusivas pueden beneficiarse también de dicha exención.

véanse los apartados 1441 a 1443

34. Por lo que se refiere al importe de las multas impuestas a las distintas empresas que cometieron la misma infracción de las normas sobre competencia, la distribución en grupos en función del tamaño de las empresas afectadas no excede la facultad de que dispone la Comisión para fijar multas, puesto que al garantizar que las multas que se imponen a las empresas pertenecientes a los grupos de empresas de mayor tamaño tienen un importe superior al de las multas impuestas a las empresas pertenecientes a los grupos de empresas de menor tamaño, dicha distribución contribuye al logro del objetivo perseguido que consiste en sancionar con mayor severidad a las grandes empresas.

En el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, la Comisión no está obligada a garantizar que los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global.

véanse los apartados 1518 y 1519

35. Para calcular el importe de la multa en los casos de infracción de las normas sobre competencia, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su Decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la duración y la gravedad de dicha infracción.

véanse los apartados 1521, 1532 y 1558

36. La gravedad de las infracciones de las normas sobre competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los elementos de apreciación de la gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, el volumen y el valor de las mercancías que constituyen su objeto, así como el tamaño y la pujanza económica de la empresa.

La Comisión, para determinar el tamaño de las empresas afectadas, puede referirse a su volumen de negocios global en vez de a su volumen de negocios en el mercado o mercados de referencia. En efecto, el volumen de negocios global de la empresa afectada constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su pujanza económica. Así, en el ámbito de los transportes marítimos, la Comisión, a efectos de la determinación del importe de las multas, puede basarse en el volumen de negocios global de la empresa afectada para el transporte marítimo de flete en contenedor, sin infringir por ello el artículo 19 del Reglamento nº 4056/86.

Se desprende de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que, si bien en un primer momento la gravedad de la infracción se aprecia en función de los elementos específicos de la infracción como su naturaleza y sus repercusiones en el mercado, en un segundo momento se modula esta apreciación en función de circunstancias específicas de la empresa, lo que lleva a la Comisión a tener en cuenta, además del tamaño y las capacidades de ésta, no sólo las eventuales circunstancias agravantes, sino también, en su caso, las circunstancias atenuantes. En estas circunstancias, la Comisión puede legítimamente, al determinar el importe de las multas, tal como resulta de la gravedad de la infracción, no tener en cuenta las circunstancias individuales específicas de las empresas miembros de una conferencia marítima aparte de las que se derivan de su volumen de negocios global correspondiente al transporte marítimo de mercancías en contenedor.

véanse los apartados 1525, 1528 y 1531

37. En lo relativo a la fijación de las multas por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión ejercita su facultad dentro de los límites del margen de apreciación que le otorga el Reglamento nº 17, así como los Reglamentos n os 1017/68 y 4056/86. Pues bien, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias.

Además, la Comisión está facultada para aumentar el nivel general de las multas, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia.

véanse los apartados 1567 y 1568

38. La notificación de un acuerdo que permita que la Comisión constate con menor dificultad el carácter abusivo de las prácticas establecidas por dicho acuerdo y que, de este modo, contribuye a facilitar la labor de la Comisión en relación con la comprobación y la represión de las infracciones de las normas comunitarias de la competencia constituye una circunstancia que puede justificar la disminución del importe de las multas.

véase el apartado 1607

39. El abuso resultante de prácticas en materia de contratos de servicios, mediante las cuales, por una parte, el cargador se compromete a transportar un determinado mínimo de cargamento en un período determinado y, por otra parte, la conferencia o el transportista se compromete a aplicar unas tarifas determinadas, así como a prestar un nivel de servicio determinado, no constituye una forma clásica de práctica abusiva en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE).

Así, las prácticas de algunas compañías marítimas, que son miembros de una conferencia marítima, en materia de contratos de servicios que limitan el acceso y el contenido de los contratos de servicios, pero que no privan en absoluto a los cargadores de la posibilidad de que su flete sea transportado por los miembros de la conferencia en el tráfico de que se trata, bien en el marco de contratos de servicios o bien en el marco de las tarifas del baremo no pueden de ningún modo compararse pura y simplemente con los casos de denegación de venta que la jurisprudencia ya ha calificado de abusivos, los cuales tienen por objeto, en particular, el cese de las entregas a un cliente antiguo cuando los pedidos de dicho cliente no tienen carácter anormal, la negativa a abastecer a un cliente con el fin de retener para sí un mercado derivado o la negativa a abastecer a un cliente para proteger derechos exclusivos.

véase el apartado 1618

40. Incumbe especialmente a la parte que invoca la responsabilidad de la Comunidad aportar pruebas concluyentes sobre la existencia o la amplitud del perjuicio que alega y demostrar la existencia de una relación de causalidad entre dicho perjuicio y el comportamiento reprochado a las instituciones comunitarias.

véase el apartado 1638