ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 30 de junio de 2021 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

(Asunto T‑285/20)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión NOMAD — Motivos de denegación absolutos — Carácter distintivo — Falta de carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b), y c), del Reglamento (CE) n.o 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b), y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 19, 21 y 22)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 20)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Criterios [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 23 y 73)

4. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Práctica decisoria anterior de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo] (véase el apartado 30)

5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas carentes de carácter distintivo — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 101 a 103)

6. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa NOMAD [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 65, 66, 74, 90, 116 y 120)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de marzo de 2020 (asunto R 854/2019‑4), relativa a un procedimiento de nulidad entre MCM Products y The Nomad Company.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
651

A este respecto, procede señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión, sin apreciar ni vulneración del plazo razonable ni vulneración del derecho de defensa, concedió a la demandante una reducción del importe de la multa, que justificó del siguiente modo: – «habida cuenta de […] la inseguridad creada por la transición entre ambos Tratados, circunstancia excepcional que, en aquel momento, no estaba expresamente regulada por la jurisprudencia, […] la Comisión considera oportuno que las partes destinatarias de la presente Decisión se beneficien de una reducción de la multa» (considerando 570); – esta reducción se concede «con el fin de mitigar las consecuencias negativas que pudiera haber causado a estas partes la larga duración del procedimiento, que [ha sido] necesaria para paliar ciertos vicios de procedimiento que se produjeron durante su desarrollo y que no son imputables a las partes destinatarias de la presente Decisión» (considerando 570); – «la concesión espontánea por parte de la Comisión de una reducción del importe de la multa […] debe considerarse suficiente […] para mitigar los eventuales efectos perjudiciales sufridos por las partes destinatarias como consecuencia de la larga duración del procedimiento» (considerando 572); – «las partes destinatarias podrán […] beneficiarse de una reducción adecuada de las multas […] con el fin de mitigar los eventuales efectos perjudiciales causados por los errores de procedimiento cometidos por la Comisión» (considerando 573); – «la Comisión considera […] que los errores de procedimiento que cometió en el marco de la transición entre el Tratado CECA y el Tratado CE y la mayor duración del procedimiento que puede haberse derivado de esos errores pueden justificar una indemnización adecuada para las destinatarias de la presente Decisión» (considerando 991); – «habida cuenta de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en materia de fijación de multas, puede […] [conceder] a las destinatarias de la presente Decisión una reducción de la multa que debe calcularse de modo que no penalice a las empresas destinatarias por errores de procedimiento que no han cometido, pero que, al mismo tiempo, no son tan graves como para dejar sin efecto el principio de que los cárteles son infracciones muy graves del Derecho de la competencia» (considerando 992); – «para tener debidamente en cuenta estos factores, la Comisión concluye que se debe reconocer a todas las destinatarias de la presente Decisión una reducción de la multa del 50 % en concepto de circunstancia atenuante extraordinaria» (considerando 994).
33

Mediante ese motivo, la República Italiana, apoyada por la República Checa y el Reino de España, alega que, a diferencia del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1164/94 (DO 2006, L 210, p. 79), y a diferencia del artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1783/1999 (DO 2006, L 210, p. 1), el artículo 69, apartado 3, letra c), del Reglamento n.o 1303/2013 solamente contiene una remisión estricta a la legislación del IVA, lo cual, en su opinión, supone que, desde ese momento, únicamente puedan excluirse de los costes subvencionables los gastos de IVA que sean deducibles a efectos de la normativa específicamente tributaria. En cambio, a su juicio, las demás formas de recuperación que no sean de naturaleza específicamente tributaria ni se basen en la legislación nacional sobre el IVA no pueden suponer la exclusión del IVA de los costes subvencionables en la contribución financiera del FEDER.
76

No obstante, el Tribunal señala que, a pesar de los esfuerzos realizados al adoptar estas medidas para contener los efectos del fallo de seguridad del fichero «hrlink», no se llevó a cabo ninguna investigación administrativa propiamente dicha para determinar si el propio demandante había sufrido efectivamente la divulgación de sus datos personales como consecuencia de ese fallo, en particular, a la luz de las obligaciones derivadas del Reglamento n.o 45/2001 [actualmente Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39)].
86

Por lo que atañe más precisamente al incremento del importe de la multa por reincidencia, el Tribunal ya ha declarado que, si bien la unidad de comportamiento de una empresa en el mercado justificaba que, en caso de infracción de las normas en materia de competencia, las diferentes sociedades que hubiesen formado parte de la empresa durante el período de la infracción fuesen, en principio, todas ellas consideradas solidariamente responsables del pago del mismo importe de la multa, cabía admitir una excepción en el caso de que concurriesen circunstancias agravantes o atenuantes y, de manera más general, circunstancias que justificasen una modulación del importe de base de la multa que únicamente fuesen aplicables a algunas de ellas pero no a las demás. Así, el Tribunal dedujo de lo anterior que una entidad respecto de la que no se haya probado que concurre la circunstancia agravante de la reincidencia no puede ser considerada solidariamente responsable, junto con otra entidad respecto de la que sí se haya probado que concurre esta circunstancia, de la parte de la multa correspondiente al incremento por reincidencia (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2014, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión, T‑391/09, no publicada, EU:T:2014:22, apartado 271).
120

Pues bien, pese a haber considerado, erróneamente, en los puntos 41 y 42 de la resolución impugnada, que la recurrente no había alegado ni había demostrado que el acuerdo de delimitación englobase también las marcas de la Unión y que no había quedado acreditado que este se extendiera también a territorios situados fuera de Alemania, la Sala de Recurso no incurrió en error manifiesto de apreciación ni en desviación de poder al considerar, en el marco de las observaciones relativas al acuerdo de delimitación y a las solicitudes de suspensión (puntos 34 a 43 de la resolución impugnada), que el contenido de la acción reconvencional para la declaración de la existencia de un derecho interpuesta ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) no tenía incidencia alguna en el presente procedimiento y que la recurrente no había demostrado que el acuerdo de delimitación le confiriese el derecho a utilizar y a solicitar el registro de marcas, incluidas las marcas de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA, T‑217/15, no publicada, EU:T:2016:691, apartados 36 y 50).
70

Por tanto, el concepto de «usuario informado» debe considerarse un concepto intermedio entre el de «consumidor medio», aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, debido a su memoria imperfecta, no realiza una comparación directa entre las marcas en conflicto, y el de «experto en el sector», aplicable en Derecho de patentes, dotado de amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (sentencias de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, apartado 53, de 21 de junio de 2018, Felpudo, T‑227/16, no publicada, EU:T:2018:370, apartado 36, y de 29 de noviembre de 2018, Pistola de pintura, T‑651/17, no publicada, EU:T:2018:855, apartado 20). Por lo que respecta al grado de atención del usuario informado, si bien este no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, tampoco es un especialista, como el experto en el sector, capaz de observar en detalle las mínimas diferencias que puedan existir entre los modelos o dibujos en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, apartado 59).
27

En primer lugar, no cabe reprochar a la Sala de Recurso no haberse basado en la jurisprudencia citada en el apartado 20 del escrito de recurso, según la cual una marca que difiere de manera significativa de la norma o de los usos del sector puede ser distintiva, tal como se aplicó en la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Novartis/EUIPO (Representación de una curva gris y representación de una curva verde) (T‑678/15 y T‑679/15, no publicada, EU:T:2016:749), apartados 23 y 24. En efecto, dicha jurisprudencia se refiere al supuesto de que la marca solicitada sea una marca tridimensional constituida por la apariencia del producto que designa, o una marca figurativa constituida por la representación bidimensional del referido producto. Ahora bien, en el presente asunto procede hace constar que, en la medida en que los servicios no tienen, como tales, consistencia tangible, la marca solicitada no puede estar constituida por la apariencia de los servicios de que se trata o por la representación bidimensional de los mismos.
117

En cuanto a la circunstancia de que no se autorizó a la demandante a acudir asistida por su abogado en su comparecencia ante el Comité consultivo especial «APA», ha de hacerse constar que la normativa aplicable en el Parlamento no prevé tal facultad. En cualquier caso, como se ha recordado en los apartados 71 a 73 anteriores, la comparecencia ante este Comité no se inscribe en el marco de un procedimiento contradictorio incoado contra la persona que solicita asistencia al amparo del artículo 24 del Estatuto. Por consiguiente, aun cuando no se descarte que una AFCC decida prever que una persona oída en el marco de una investigación administrativa pueda acudir asistida por un colega, un representante del personal o incluso un abogado, la demandante no puede invocar el principio de igualdad de armas o el principio de buena administración para obligar a la AFCC a prever tal facultad en lo relativo a las comparecencias organizadas por el Comité consultivo especial «APA». Además, no consta que X haya tenido derecho a ser asistida por un abogado en su propia comparecencia. En cuanto a que el jurisconsulto del Parlamento haya podido participar como observador en los trabajos del Comité consultivo especial «APA», incluidas las audiencias del mismo, esta circunstancia no puede viciar los trabajos de este órgano.
432

En primer lugar, por lo que respecta a la entrevista de la presidenta de la JUR en la cadena de televisión Bloomberg el 23 de mayo de 2017, el periodista preguntó: «¿Puedo llevarla a España? Quisiera mostrar a nuestro público algo que está muy presente en nuestra pantalla de radar de Bloomberg, se trata de Banco Popular y de los CoCos que sufren algo de presión en este momento. Esta institución tiene un CET 1 ligeramente superior al 7 %. ¿Aparece también en su pantalla de radar?» [Can I take you to Spain? I want to show our audience something that is very much on our radar screen here at Bloomberg and that is Banco Popular and the CoCos (Contingent Convertibles) which are under a little bit of pressure right now. This is an institution with a CET 1 just north of 7 per cent. Is it on your radar screen as well?]
406

En lo que se refiere a los argumentos de Google, debe señalarse que, habida cuenta de la desestimación de la primera parte del tercer motivo de anulación que ahora se examina, no es posible, de entrada, acoger la premisa de la primera serie de argumentos, resumida en el anterior apartado 397, según la cual las prácticas reprochadas no han supuesto una disminución del tráfico hacia los comparadores de productos de la competencia, como tampoco los argumentos que dependen de tal premisa, dirigidos a demostrar que no es posible que haya podido realizarse un incremento del tráfico hacia el comparador de productos de Google a costa de los comparadores de la competencia. No obstante, aunque la Comisión no hubiese demostrado una reducción del tráfico hacia los comparadores de productos de la competencia, esta primera serie de argumentos debería desestimarse, porque, en cualquier caso, no es idónea para demostrar que una cuota del tráfico que ha podido ganar el comparador de productos de Google al ser más visible en sus páginas de resultados generales que los comparadores de productos de la competencia no hubiera podido ir a esos últimos de no existir las prácticas controvertidas, en otros términos, porque no es idónea para demostrar que ese incremento no se ha producido a costa de esos comparadores, cuyo tráfico, si bien no descendía, habría podido aumentar de no existir las prácticas controvertidas. En cuanto al argumento esgrimido en su réplica de que el desarrollo del tráfico hacia el comparador de productos de Google no ha cambiado después del lanzamiento del algoritmo Panda, será examinado en los siguientes apartados 414 a 418, junto con la tercera serie de argumentos según los cuales ese desarrollo resulta de la relevancia de los Product Universals y de las Shopping Units, y no de las prácticas controvertidas, es decir, los argumentos dirigidos a poner en tela de juicio el nexo causal entre estas prácticas y el eventual incremento de dicho tráfico.
16

Mediante las sentencias de 16 de diciembre de 2015, Air Canada/Comisión (T‑9/11, no publicada, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Comisión (T‑28/11, no publicada, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Comisión (T‑36/11, no publicada, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Comisión (T‑38/11, no publicada, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Comisión (T‑39/11, no publicada, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (T‑40/11, no publicada, EU:T:2015:986), Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo Pte/Comisión (T‑43/11, no publicada, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa y otros/Comisión (T‑46/11, no publicada, EU:T:2015:987), British Airways/Comisión (T‑48/11, no publicada, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑56/11, no publicada, EU:T:2015:990), Air France-KLM/Comisión (T‑62/11, no publicada, EU:T:2015:996), Air France/Comisión (T‑63/11, no publicada, EU:T:2015:993), y Martinair Holland/Comisión (T‑67/11, EU:T:2015:984), el Tribunal General anuló, total o parcialmente, la Decisión de 9 de noviembre de 2010 en la medida en que se refería, respectivamente, a Air Canada, a KLM, a la demandante y a Japan Airlines Corp., a CPA, a Cargolux, a Latam Airlines Group SA (anteriormente Lan Airlines) y a Lan Cargo, a SAC y a SIA, a Lufthansa, a Lufthansa Cargo y a Swiss, a British Airways, a SAS Cargo, a SAS Consortium y a SAS, a AF-KLM, a AF y a Martinair. El Tribunal General consideró que esta Decisión adolecía de un vicio de motivación.
167

Además, las demandantes alegan que no aplican métodos industriales y comerciales para ejercer sus actividades, en el sentido del artículo 182, punto 3, del CIR. Según las demandantes, a este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer término, que la mayoría de los ingresos percibidos por los puertos no están determinados por los principios de la oferta y la demanda, en segundo término, que sus retribuciones tienen carácter remunerador y, en principio, solo tienen como objetivo cubrir los costes de determinadas prestaciones, sin buscar la maximización de las ganancias, en tercer término, que ellas no elijen el puerto que deben gestionar y tampoco pueden restringir sus servicios a los usuarios más rentables, en cuarto término, que sus ingresos no son necesariamente utilizados para aumentar su eficacia o sus propios resultados, en quinto término, que sus inversiones no solo se basan en el rendimiento microeconómico a corto o medio plazo, sino también en las perspectivas macroeconómicas a largo plazo y, en sexto término, que ellas son la únicas que pueden ejercer las competencias administrativas portuarias, dado que estas no son transferibles. A su entender, la inexistencia de ánimo de lucro, junto con la ausencia de un comportamiento que aplique métodos industriales o comerciales, justifica, por tanto, que los puertos estén sujetos al IPJ y no al ISoc.
127

Según la jurisprudencia, existe la posibilidad de que la resolución que adopte una autoridad competente para participar en la administración de la justicia penal en el ordenamiento jurídico nacional de que se trate y por la que se ordene el archivo de las diligencias penales practicadas contra un imputado surta, en determinadas condiciones, el efecto de que la acción pública se extinga definitivamente. En tal supuesto, deberá considerarse que la situación de la persona de que se trate está comprendida en el ámbito de aplicación del principio non bis in idem, pese a que en dicho procedimiento no intervenga ningún órgano jurisdiccional y de que la decisión con la que culmine no adopte la forma de sentencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de febrero de 2003, Gözütok y Brügge, C‑187/01 y C‑385/01, EU:C:2003:87, apartados 27 a 31). En cambio, el principio non bis in idem no es de aplicación a una resolución por la cual una autoridad de un Estado, después de examinar el fondo del asunto de que conoce, ordena, en una fase previa a la inculpación de una persona sospechosa de un delito, el archivo de las diligencias penales, cuando esta decisión de archivo, de acuerdo con el Derecho nacional de ese Estado, no extingue definitivamente la acción pública y no impide por tanto que se emprendan nuevas diligencias penales, por los mismos hechos, en ese Estado (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Turanský, C‑491/07, EU:C:2008:768, apartado 45).
22

De la jurisprudencia se desprende que, aunque el derecho a ser oído, tal como lo consagra el artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009, se extiende a todos los elementos de hecho o de Derecho y a los elementos de prueba que constituyen la base de la resolución, no se aplica a la posición final que la Administración pretende adoptar. En consecuencia, la Sala de Recurso no está obligada a oír a un recurrente en relación con una apreciación fáctica que se desprende de su posición final. De la jurisprudencia también se desprende que el hecho de que una parte no haya podido pronunciarse sobre afirmaciones que no constituyen un fundamento autónomo de la resolución impugnada, sino que forman parte del razonamiento de la Sala de Recurso en relación con la apreciación global del riesgo de confusión, mientras que esa parte ha podido tomar posición sobre los motivos relativos a la comparación de los signos sobre los cuales se basa la resolución, no constituye una infracción del artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009 [véase la sentencia de 23 de enero de 2008, Demp/OAMI — Bau How (BAU HOW), T‑106/06, no publicada, EU:T:2008:14, apartado 17 y jurisprudencia citada].
2

El Reglamento n.o 1290/2005 fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549).
63

En efecto, lo primero que hay que señalar es que la afirmación formulada por el Parlamento durante la vista de que la situación del demandante encajaba en la segunda alternativa del artículo 166, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento interno, a saber, la perturbación de los trabajos del Parlamento, no puede inferirse de la decisión de la Mesa, que no aporta ninguna precisión sobre cuál es el tipo específico de infracción, de entre los contemplados en dicha disposición, que se ha aplicado en este caso. Sobre esta cuestión, la decisión se limita a señalar, en su apartado 32, que el comportamiento del demandante es constitutivo de una vulneración de los principios definidos en el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento, al conculcar los valores y los principios definidos en los Tratados de la Unión y al no respetar la dignidad del Parlamento, deduciendo de ello que se ha producido una «perturbación del Parlamento», en el sentido del artículo 166 del citado Reglamento. Contrariamente a lo que el Parlamento sostuvo durante la vista, no cabe hacer una lectura diferente del apartado 32 de la decisión de la Mesa, basada en la motivación contenida en sus apartados 26 y 27, a cuya luz debería interpretarse. En efecto, estos últimos apartados se limitan a señalar que las manifestaciones provocadoras, premeditadas, ofensivas y discriminatorias, tanto para con las mujeres como con respecto al Parlamento como institución, constituían una vulneración de un valor fundamental de la Unión y que tales manifestaciones eran idóneas para contribuir a una percepción negativa del Parlamento y de sus diputados por parte del público. Por lo tanto, aunque podía interpretarse que, a lo sumo, tales apreciaciones señalaban una infracción del artículo 11 del Reglamento interno, no por ello acreditan una perturbación de los trabajos del Parlamento, como exige el artículo 166 del Reglamento interno.