Está claro que el litigio, que vamos a examinar enseguida, versa sobre la cuestión de determinar qué obligaciones incumben a los Estados miembros en virtud del Anexo VI de las Resoluciones de La Haya; también el Gobierno británico reconoce sin más la existencia de obligaciones jurídicas basadas en dicho Anexo. Teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto, se trata esencialmente de determinar si el procedimiento previsto por las Resoluciones de La Haya, que el Gobierno británico admite no haber observado, debe seguirse también en el momento de adoptar medidas estatales de ejecución de obligaciones derivadas del Convenio sobre pesquerías del Atlántico Nordeste.

A este respecto se plantea la cuestión previa de si el Reino Unido puede verdaderamente invocar dicho Convenio. El Gobierno francés manifiesta dudas al respecto, basándose en que en su momento el Reino Unido no aplicó el Convenio en su integridad, sino que, por el contrario, lo denunció parcialmente. A este respecto se remite a una nota británica de 27 de enero de 1977 en la que se declara que la recomendación relativa a las medidas de control -con arreglo a la cual las infracciones del Convenio se notificarán en cada caso al Estado de origen, el cual incoará expediente contra sus propios nacionales-dejará de aplicarse como consecuencia de la ampliación de las aguas territoriales a 200 millas náuticas; más aún, Gran Bretaña adoptará directamente medidas contra los barcos franceses que vulneren las normas del Convenio. Estimo, sin embargo, que no resulta necesario examinar con más detalle esta cuestión y que, por consiguiente, se puede dejar abierta tanto la interpretación del artículo 13 del Convenio —a cuyo tenor «todo Estado contratante adoptará en su territorio y con respecto a sus nacionales y sus buques las medidas apropiadas […]»— como la del «Revised Scheme of Joint Enforcement» de la Comisión de pesquerías del Atlántico Nordeste, que versa sobre los controles internacionales fuera de las aguas territoriales. En particular, se puede considerar —y aquí anticipo mis conclusiones— que aun cuando el Reino Unido podía invocar todavía las obligaciones que le incumbían en virtud del Convenio sobre las pesquerías -porque precisamente, esto parece decisivo, aplicó fielmente todas las demás Recomendaciones— en modo alguno había quedado eximido por ello de observar las normas de procedimiento establecidas por las Resoluciones de La Haya.

Así pues, tampoco resulta necesario en el caso de autos examinar la cuestión de las obligaciones derivadas de las Resoluciones de La Haya en el supuesto de una mera incorporación al Derecho nacional de las Recomendaciones de la Comisión creada en el marco del Convenio sobre pesquerías, incorporación que no deja ningún margen al ejercicio de una facultad discrecional ni a las consideraciones nacionales; a este respecto, sin embargo, se puede afirmar —y me limitaré a ello-que la Comisión ha presentado motivos pertinentes para justificar también su intervención en tales supuestos, por ejemplo, a fin de garantizar de este modo que no se deje de lado ningún punto esencial o que la normativa nacional no contenga ningún elemento adicional contrario a Derecho. De hecho, aparentemente no se trata en el caso de autos de un supuesto de mera incorporación en el Derecho nacional de las Recomendaciones en materia de pesquerías. Esto se desprende claramente de los argumentos que el Gobierno británico adujo en su defensa. Es sabido que éste invoca sobre todo las Recomendaciones nos 2 y 5 de la Comisión sobre pesquerías. Ahora bien, resulta manifiesto que la Recomendación no 2 contiene únicamente prescripciones relativas a las dimensiones de las mallas de las redes destinadas a la captura de determinadas especies de peces, pero no prevé limitación alguna de las capturas accesorias. Para llegar a semejante conclusión, por lo tanto, el Gobierno británico debía invocar la obligación de garantizar la aplicación del Convenio, que resulta de su artículo 13, y en virtud del cual cada Estado miembro adoptará las medidas apropiadas para garantizar una aplicación efectiva. El Gobierno británico estima que la normativa que ha establecido —que excluye toda justificación según la cual las redes con mallas estrechas se hayan aportado exclusivamente para capturar determinadas especies de peces, cuando la captura contenga más del 20 % de peces para los que sean obligatorias mallas más grandes— debe considerarse, sin equívoco posible, como una medida destinada a facilitar la aplicación de la Recomendación no 2. Por otra parte, en lo relativo a la Recomendación no 5, si bien es verdad que contiene prescripciones relativas al volumen de las capturas accesorias, tales prescripciones se refieren exclusivamente a la pesca industrial, lo mismo que, por lo demás, el Reglamento no 350/77, que redujo al 20 % el porcentaje previsto por la Recomendación no 5. A este respecto, para desvirtuar el argumento relativo a la distinción que consta con claridad, el Gobierno británico hubo de invocar el sentido y el objetivo de la Recomendación, así como alegar que su aplicación tiene el mismo alcance en el supuesto de capturas destinadas al consumo humano. En cambio, no se debe pasar por alto que, en lo relativo al riesgo que presentan las capturas accesorias -sobre las que el Gobierno francés ha facilitado algunas cifras— es perfectamente imaginable otro punto de vista, cuando se trata de la captura de peces destinados a la alimentación humana. Por ello y debido al hecho de que, para justificar su interpretación, el Gobierno británico hubo de invocar además el sentido y el espíritu de la totalidad de las Recomendaciones en materia de pesquerías —incluidas las que no resultan aplicables-, tal como él las interpreta, no se puede ciertamente hablar de una mera incorporación al Derecho nacional de las disposiciones derivadas del Convenio sobre pesquerías; se trata, por el contrario, de una aplicación que contiene un margen de evaluación y de apreciación del que otros Estados miembros pueden hacer un uso totalmente distinto. Por lo demás, parece que con anterioridad a la adopción del Decreto objeto de litigio la práctica de los Tribunales británicos era a este respecto extremadamente variable de un caso a otro.

Una vez hecha esta observación preliminar, estoy convencido de que el Anexo VI de las Resoluciones de La Haya se aplica precisamente a tales procedimientos y, por lo tanto, no exclusivamente a las medidas puramente nacionales que se adoptan sin referencia alguna a obligaciones internacionales. En efecto, diversas consideraciones inducen a tan estricta interpretación de las Resoluciones de La Haya. Me remito por de pronto a la jurisprudencia citada más arriba, que subrayó claramente el principio de que los Estados miembros han de adoptar un comportamiento favorable a la Comunidad y, por lo tanto, la necesidad de que, en caso de duda, prevalezcan los intereses comunitarios siempre que ello parezca oportuno. Como ha explicado la Comisión, lo anterior se desprende de la naturaleza de las cosas en el supuesto de medidas de conservación de los recursos pesqueros; la Comisión ha recordado cómo numerosos bancos de peces, que se desplazan, pertenecen, por decirlo de algún modo, a varios Estados miembros y cómo, para garantizar la eficacia de las medidas de protección, resulta oportuno actuar en la medida de lo posible de común o cuando menos de una manera coordinada, haciendo intervenir a los órganos de la Comunidad, los cuales, al aplicar as Resoluciones de La Haya, consultan siempre a los demás Estados miembros, También puedo remitirme al principio de prohibición de medidas unilaterales, que figura en primer plano en el Anexo de las Resoluciones de La Haya. Por consiguiente, es preciso reconocer que, en el supuesto de una infracción excepcional, deberán ser objeto de interpretación amplia las disposiciones aplicables y destinadas a salvaguardar los intereses comunitarios. De este modo, deberán aplicarse siempre que surja a más mínima necesidad a este respecto, lo que sin duda ocurre en el caso del cumplimiento de obligaciones internacionales que contengan cierta libertad de apreciación, puesto que una aplicación divergente implicará entonces el riesgo de que resulte más difícil la elaboración de medidas comunes, así como el riesgo de dañar las indispensables negociaciones con países terceros. Por último, quizá también resulte significativo el hecho de que en noviembre de 1976 existiesen ya 23 Recomendaciones en el marco del Convenio sobre pesquerías y que el Anexo VI no las mencione en ninguna parte. Por lo tanto, está plenamente justificado afirmar, a guisa de conclusión, que en el sentido de dicho Anexo habrá de considerarse como «medida unilateral» todo lo que no sea medida comunitaria. Por otra parte, me parece evidente que tampoco se puede deducir una conclusión diferente de los considerandos del Reglamento no 350/77. Si bien es verdad que tales considerandos declaran que los Estados miembros aplicarán en las zonas de pesca situadas a lo largo de las costas colindantes con el mar del Norte y el Atlántico Norte medidas de conservación, especialmente en virtud de los compromisos internacionales contraídos, no es menos cierto que esos mismos considerandos hacen remisión expresa al procedimiento definido en el Anexo VI de las Resoluciones de La Haya.

Por lo que se refiere ahora al Decreto inglés objeto de litigio, mantengo la opinión de que, precisamente porque la Comisión no intervino antes de su adopción —no hubo consulta ni tentativa alguna de obtener la aprobación de la Comisión-, manifiestamente no se puede sino hacer constar que fue adoptado contraviniendo el Derecho comunitario, así como que está justificado imputar al Gobierno del Reino Unido el haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

Por lo tanto, ya no resulta en modo alguno necesario examinar más atentamente la cuestión de determinar qué procede hacer en el caso de autos sobre la base del Anexo VI y, en particular, la de determinar si la referida obligación no constituye nada más que una concreción de las obligaciones derivadas del artículo 5 del Tratado. A este respecto, sin embargo, y teniendo en cuenta que este extremo ha sido discutido minuciosamente durante el procedimiento, quisiera poner de relieve, al menos brevemente, lo que sigue.

Es seguro que no se trata únicamente de una mera obligación de notificar a la Comisión, a la que de este modo se ofrece la posibilidad de iniciar, en su caso, un procedimiento por incumplimiento del Tratado. Según su espíritu y su finalidad, el Anexo VI tiene por objeto, al parecer, garantizar un mínimo de coordinación de las medidas nacionales y, en su caso, de gran número de medidas nacionales, y ello en aras de una política comunitaria todavía en período de elaboración y en aras igualmente de las relaciones con los países terceros; por consiguiente, dicha normativa exige —como ha puesto de relieve la jurisprudencia— una colaboración con la Comisión, colaboración que requiere una auténtica buena voluntad en la búsqueda de soluciones aceptables para la Comunidad. Por lo tanto, el Estado que consulta debe estar dispuesto a aceptar las modificaciones introducidas en las medidas que proyecte adoptar, siendo indiscutible que, cuando la Comisión rechaza un primer proyecto, no tiene derecho a ponerlo en vigor inmediatamente. Aunque el Anexo VI no exige la aprobación de la Comisión ni prevé un verdadero derecho de veto en favor de ésta, sí se puede afirmar, como hace el Gobierno francés, que el contenido de la normativa está muy próximo a tales conceptos jurídicos. Algún día convendrá clarificar esta problemática, cuando sea verdaderamente determinante para el caso de autos.