SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 16 de octubre de 1996

Asunto T-56/94

Raffaele de Santis

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante — Utilización de procedimiento inadecuado»

Texto completo en lengua francesa II-1325

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993 por la que se publicó una convocatoria para proveer plaza vacante COM/144/93 relativa al puesto de trabajo de Jefe de la Unidad 1 («Productos lácteos») de la Dirección D («Organización de los mercados de productos animales») de la Dirección General VI (Agricultura).

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 16 de diciembre de 1993, la Comisión publicó la convocatoria para proveer plaza vacante COM/144/93 (en lo sucesivo, «convocatoria para proveer plaza vacante controvertida») de Jefe de la Unidad 1 (Productos lácteos) de la Dirección D («Organización de los mercados de productos animales») de la Dirección General VI (Agricultura) (VI.D.l), con arreglo al artículo 4 y a la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»). La convocatoria para proveer plaza vacante controvertida precisaba que el titular del citado puesto estaría encargado de dirigir y de coordinar las actividades de la Unidad VI.D.l. Por lo que se refiere a las aptitudes exigidas, la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida indicaba: «Se requiere una formación en materia agronómica y en economía agraria, conocimientos profundos y una dilatada experiencia en la organización común del mercado de productos lácteos. Es indispensable la capacidad de gestión.»

El 13 de enero de 1994, fecha en que expiraba el plazo para la presentación de las candidaturas, se habían presentado cinco, entre las cuales no figuraba la del demandante, debido, según alega, a las aptitudes exigidas por la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida. Después de haber fijado el nivel del citado cargo en el grado A 5/A 4, la Comisión nombró para ocuparlo, mediante traslado, al Sr. J., funcionario de grado A4 que prestaba sus servicios en la Dirección General de Agricultura.

Mediante auto de 11 de marzo de 1994 (T-56/94 R, RecFP p. II-267), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de medidas provisionales formulada por el demandante con el fin de lograr la suspensión del procedimiento de provisión del referido puesto y reservó la decisión sobre las costas.

Sobre el fondo

Primer motivo: infracción de los artículos 5, 7, 29 y 45 del Estatuto, así como de su Anexo I, e ilegalidad de la decisión de 19 de julio de 1988

En primer lugar, el demandante no puede alegar la ilegalidad de la decisión de 19 de julio de 1988 relativa a la provisión de los puestos de trabajo de nivel intermedio por el hecho de violar esta norma el principio de correspondencia entre el puesto de trabajo y el grado. Efectivamente, es funcionario de grado A 4. Pues bien, la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida preveía que el candidato nombrado sería clasificado posteriormente en el grado A 3, A 4 o A 5. Por lo tanto, el demandante no puede afirmar que fue víctima de una violación del citado principio, ya que la relación de los grados que se exigían no le impedía presentar su candidatura (apartado 23).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión(T-16/94, RecFPp II-335). apartados 47 y 48

Dado que el demandante invoca la infracción de las demás disposiciones citadas en el primer motivo únicamente para apoyar su planteamiento relativo a la supuesta ilegalidad de la decisión de 19 de julio de 1988, dicho motivo ya no tiene objeto en la medida que se refiere a esas otras disposiciones (apartado 23).

A continuación, la supuesta imprecisión de la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida no pudo suponer un obstáculo para que el demandante presentara su candidatura. Efectivamente, el propio hecho de haber considerado que las exigencias establecidas en la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida resultaban imprecisas implica que el demandante no pudo determinar con seguridad si la citada convocatoria constituiría un obstáculo para su candidatura. En una situación así, si el demandante hubiera presentado su candidatura, habría podido impugnar la posible desestimación de ésta alegando la imprecisión de la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida. Por todo ello, carece de objeto la alegación del demandante relativa a la supuesta imprecisión de dicha convocatoria (apartado 24).

Finalmente, en cualquier caso, ni la ausencia de una indicación precisa en lo relativo al nivel del puesto de trabajo que debe proveerse, ni la utilización del término «formación», como tampoco el requisito relativo a las «capacidades de gestión» constituyen unas exigencias de la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida que puedieran impedir al demandante presentar su candidatura. De esta forma, puesto que el demandante es funcionario de grado A 4, las precisiones de la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida relativas al grado del puesto que debía proveerse no podían suponer un obstáculo para su candidatura. En lo relativo al término «formación» significaba, a primera vista, que se autorizaba asimismo para que presentaran su candidatura a aquellos funcionarios que no se hallaran en posesión de un diploma en las disciplinas enumeradas en la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida, pero pudieran alegar una experiencia práctica correspondiente. Por lo que se refiere a la exigencia de capacidades de gestión, no excluía a priori la candidatura de un funcionario que ya hubiera ocupado el cargo de Jefe de dicha Unidad, en sustitución de este último durante sus ausencias (apartado 25).

Segundo motivo: desviación de poder e infracción del artículo 27 del Estatuto

El concepto de desviación de poder tiene un alcance bien preciso y se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya usado de sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron conferidas. Una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se demuestra, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se alegan (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 2 de febrero de 1995, Frederiksen/Parlamento (T-106/92, RecFP p. II-99), apartado 47; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405), apartado 53; Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737), apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 11 de junio de 1996, Correia/Comisión(T-118/95, RecFP p. II-835), apartado 25

A juicio del demandante, en el presente caso, la desviación de poder reside en determinadas exigencias específicas establecidas en la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida, con la única finalidad de poder nombrar a un candidato elegido anteriormente, es decir el Sr. J. (apartado 38).

Las razones esgrimidas por la Comisión para justificar la exigencia de que el futuro Jefe de la Unidad VI.D.l poseyera una formación en materia agronómica y en economía agraria contradicen la existencia de una desviación de poder. Efectivamente, el demandante no discute que el sector de los productos lácteos ha experimentado una evolución tecnológica constante. Por lo tanto, la Comisión pudo considerar razonablemente, en este contexto, que aquel funcionario que hubiera recibido una formación en materia agronómica y en economía agraria, aun cuando no haya terminado sus estudios recientemente, era más apto para hacer frente a esta evolución tecnológica como Jefe de la Unidad VI.D.l que un funcionario de formación jurídica. Además, la Comisión podía invocar el incremento de los efectivos del Servicio Jurídico de la DG VI durante el período en que desempeñó sus funciones el anterior Jefe de la Unidad VI.D.l. De esta forma, dos juristas seguían permanentemente los problemas jurídicos encontrados en el sector lácteo, de forma que ya no era necesario que el Jefe de la Unidad fuera un jurista (apartado 39).

Entre las explicaciones dadas por la Comisión durante el presente procedimiento y su respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento sobre este asunto no hay contradicción alguna. Antes bien, en dicha respuesta, la Comisión señaló asimismo que la situación existente en el momento de publicarse la convocatoria para proveer vacante controvertida era distinta de la situación que había en 1981, la última vez que se produjo una vacante en el puesto de Jefe de la Unidad VI.D.l, lo cual se corresponde con las explicaciones dadas por la Comisión en sus escritos (apartado 40).

Finalmente, el anuncio por parte de la prensa especializada del inminente nombramiento del Sr. J. como Jefe de la Unidad VI.D.l tampoco constituye un indicio objetivo y pertinente capaz de demostrar que se ha incurrido en desviación de poder. Efectivamente, de los propios términos de dicho artículo [«Tipped to be the new head of the milk division is [Mr. J.], currently head of the milk quota administration»] se deduce que este supuesto anuncio se hacía eco de un simple rumor. Además, un pronóstico de la prensa especializada, que después se revela exacto, en ningún caso puede constituir un indicio de una desviación de poder (apartado 41).

Por todo ello, de los datos anteriores no cabe deducir que la elección del funcionario que debía nombrarse para el cargo de Jefe de la Unidad VI. D. 1 se hubiera decidido antes de iniciarse el procedimiento de provisión del citado puesto y que, por consiguiente, se hubiera elaborado la convocatoria para proveer plaza vacante controvertida con el fin de responder a las características de dicho funcionario (apartado 42).

Por lo que se refiere a la supuesta infracción del artículo 27 del Estatuto, al no existir desviación de poder, no puede imputarse a la Comisión haber restringido el ámbito de selección de los candidatos para el cargo de Jefe de Unidad VI.D.l. Como consecuencia de ello, carece de objeto la alegación del demandante fundada en el artículo 27 y procede desestimarla. En cualquier caso, debe señalarse que el demandante no ha aportado datos suplementarios que puedan apoyar esta alegación (apartado 44).

Fallo:

Se desestima el recurso.