Se desprende unívocamente del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, que el Estado miembro es el único competente, por una parte, para elaborar el plan nacional de asignación por el que propone alcanzar los objetivos definidos en la Directiva en lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero, plan que notificará a la Comisión y, por otra, para adoptar las decisiones finales por las que se fije la cantidad total de derechos que asignará por cada período de cinco años y el reparto de dicha cantidad entre los operadores económicos. En cambio, se deduce con claridad del artículo 9, apartado 3, de esa Directiva que la función de la Comisión se limita a un control de la conformidad del plan nacional de asignación del Estado miembro con los criterios enunciados en el anexo III y con las disposiciones del artículo 10 de la Directiva. La Comisión está facultada para verificar esa conformidad y para rechazar el plan nacional de asignación mediante decisión motivada si es incompatible con los referidos criterios o disposiciones. En caso de rechazo de su plan por la Comisión, el Estado miembro únicamente puede adoptar una decisión con arreglo al artículo 11, apartado 2, de dicha Directiva si la Comisión ha aceptado las modificaciones propuestas por ese Estado.

Aunque es verdad que pueden existir grandes diferencias entre las clases de obligaciones que las directivas imponen a los Estados miembros y entre los resultados que éstos deben conseguir y también es cierto que las disposiciones de las directivas que sólo afectan a las relaciones entre un Estado miembro y la Comisión pueden no necesitar medidas de transposición, no puede negarse que los artículos 9 y 11 de la Directiva 2003/87 regulan las funciones respectivas de la Comisión y de los Estados miembros en el contexto del procedimiento de adopción de los planes nacionales de asignación, a saber, la cuestión del reparto de competencias entre esos Estados y la Comisión. Esas disposiciones permiten determinar si los Estados miembros disponen o no de un margen de actuación para elaborar su plan y en su caso el alcance de ese margen.

También es innegable que la Directiva 2003/87 no prescribe ningún método específico para la elaboración de un plan nacional de asignación y para la determinación de la cantidad total de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por asignar. Muy al contrario, el anexo III, punto 1, de esa Directiva prevé expresamente que los Estados miembros deben fijar la cantidad total de derechos de emisión por asignar teniendo en cuenta, en especial, la política energética nacional y el programa nacional relativo al cambio climático.

Así pues, el Estado miembro dispone de cierto margen de maniobra para elegir las medidas que considere mejor adaptadas para alcanzar el resultado exigido por la referida Directiva dentro del contexto específico del mercado energético nacional.

En cuanto al hecho de que, conforme al artículo 9 de la Directiva 2003/87, los planes nacionales de asignación se evalúan por la Comisión en un control ex ante, esa potestad de control difiere ciertamente en muchos aspectos del control ex post previsto en el artículo 226 CE. Sin embargo esa circunstancia no puede implicar que el control ex ante deba ir más allá de un control de legalidad.

(véanse los apartados 49 y 51 a 54)