ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 232/6

Recurso de casación interpuesto el 11 de abril de 2016 por SolarWorld AG contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 1 de febrero de 2016 en el asunto T-142/14, SolarWorld AG y otros/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-205/16 P)

(2016/C 232/07)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Solar World AG (representantes: L. Ruessmann, abogado, J. Beck, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A., Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare el recurso admisible y fundado.

— Anule el auto del Tribunal General dictado en el asunto T-142/14.

— Se pronuncie sobre el fondo y anule el artículo 2 del Reglamento n.o 1239/2013 o que devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la pretensión de anulación.

— Condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el artículo 2 del Reglamento n.o 1239/2013 (1) es inseparable del resto de dicho Reglamento. Cambiar la forma de las medidas no modifica el alcance del Reglamento que las impone. El alcance de los derechos compensatorios se extiende a todas las importaciones de los productores a los que se ha considerado involucrados en subvenciones perjudiciales y su objetivo, independientemente de la forma, es ser apropiados para eliminar el perjuicio sufrido por los productores de la Unión. Este alcance no cambia si se anula el artículo 2.

El auto impugnado vulnera el derecho de la recurrente reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la medida en que deniega a la industria de la Unión un recurso efectivo en materia de defensa comercial contra medidas definitivas que no respetan las exigencias del Reglamento de base. Además, el auto impugnado vulnera el derecho de la recurrente conforme al artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al colocar a los productores exportadores en una situación más ventajosa que la de la industria de la Unión, dado que la jurisprudencia les reconoce el derecho a interponer recurso de casación.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 1).
—

las exigencias de previsibilidad de las soluciones y de seguridad jurídica que presidieron la adopción de las reglas en materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil establecidas por el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32, EE 01/01, p. 186, versión consolidada en DO 1998, C 27, p. 1), según su modificación por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1), denominado «Convenio de Bruselas», así como por el Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) (véase en especial la sentencia de 19 de julio de 2012, Mahamdia, C-154/11, [EU:C:2012:491], apartados 44 y 46),
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 175/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Attunda Tingsrätt (Suecia) el 21 de marzo de 2016 — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Asunto C-161/16)

(2016/C 175/15)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Attunda Tingsrätt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Airhelp Ltd

Demandada: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 2, letra g), y 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (1) en el sentido de que, para que pueda pagarse la compensación, un pasajero debe tener un asiento reservado (es decir, el derecho a un asiento propio en el avión) o es suficiente con que el pasajero haya obtenido una confirmación de reserva del vuelo (es decir, el derecho a ser transportado en el avión)?

2) ¿Debe considerarse directa o indirectamente a disposición del público, a efectos del artículo 3, apartado 3, del Reglamento un billete de precio reducido para un niño que no tiene un asiento propio durante el vuelo, sino que viaja en compañía de otro pasajero?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO L 46, p. 1).
1)

En un procedimiento de reclamación de derechos derivados de un dibujo o modelo comunitario, el tribunal de un Estado miembro cuya competencia en relación con un demandado se fundamenta únicamente en el artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, (1) en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (2) debido a que dicho demandado, que reside en otro Estado miembro, suministró al demandado residente en el Estado miembro del tribunal productos que posiblemente vulneren los derechos de propiedad intelectual, ¿puede ordenar contra el demandado mencionado en primer lugar diligencias que tengan validez en toda la Unión y que no se limiten a las relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 106/26

Recurso de casación interpuesto el 13 de enero de 2016 por Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 28 de octubre de 2015 en el asunto T-134/11, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Comisión Europea

(Asunto C-19/16 P)

(2016/C 106/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (representantes: N. Garcia-Lora, Solicitor, E. Grieves, Barrister)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida de 28 de octubre de 2015.

— La sustituya por su propia sentencia y anule las medidas controvertidas.

— Condene a la Comisión, el Consejo y el Reino Unido a cargar con las costas de los procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de casación consta de cuatro motivos.

El primer motivo se opone a la decisión del Tribunal General de que las objeciones a la decisión sustantiva de incluir en la lista a los tres primeros demandantes no fueron debidamente formuladas ante dicho Tribunal. Éste no calificó debidamente la alegación IV como impugnación de la apreciación de los hechos efectuada por de la Comisión. El Tribunal General no tuvo en cuenta las observaciones de los demandantes, que deberían haber sido consideradas porque a) el Tribunal General las había solicitado; b) se notificaron antes de que el demandado presentara su escrito de contestación, y c) los demandantes siempre habían indicado que deseaban impugnar la apreciación de los hechos. El planteamiento del Tribunal General fue incoherente con la jurisprudencia establecida en la sentencia de 14 de abril de 2015, Ayadi/Comisión (T-527/09).

El segundo motivo impugna la sentencia del Tribunal General basándose en que éste no aplicó la jurisprudencia vinculante establecida en la sentencia Kadi II. El Tribunal General no determinó por sí mismo si la motivación expuesta era fundada.

El tercer motivo impugna la conclusión del Tribunal General de que la Comisión efectuó un análisis detenido e independiente de la justificación de la inclusión en la lista. La conclusión del Tribunal General de que la Comisión efectuó el referido análisis carecía de fundamento a la luz de los hechos del asunto y de las resoluciones judiciales anteriores en asuntos similares.

El cuarto motivo se opone a la decisión del Tribunal General de que Sanabel carecía de capacidad procesal, argumentando que el Tribunal incurrió en error al interpretar la ley. La capacidad procesal de Sanable no depende de calificaciones paralelas con arreglo al Derecho nacional, sino de si puede atribuírsele dicha capacidad.
3)

Si, conforme a los criterios aplicados por el Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones primera y segunda, la remisión acordada en el contrato individual, por la que determinadas disposiciones de un convenio colectivo se incorporan de modo dinámico y en virtud de la autonomía privada al contrato de trabajo, no se transmite en los mismos términos al cesionario: a) ¿Sucede lo mismo cuando ni el cedente ni el cesionario son partes del convenio colectivo ni pertenecen a una de tales partes, es decir, cuando las disposiciones del convenio colectivo, antes de la transmisión de la empresa o del centro de actividad, no se habrían aplicado a la relación laboral con el cedente si no se hubiese acordado en virtud de la autonomía privada la cláusula contractual de remisión? b) En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión: ¿Sucede lo mismo cuando cedente y cesionario son empresas del mismo grupo?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 48/18

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de noviembre de 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF), subrogada en los derechos de la Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

(Asunto C-620/15)

(2016/C 048/24)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: A-Rosa Flussschiff GmbH

Recurridas: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF), subrogada en los derechos de la Urssaf du Bas-Rhin, y Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

Cuestión prejudicial

¿Se imponen a las instituciones y autoridades del Estado de acogida, por una parte, y a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, por otra parte, los efectos que se derivan de un certificado E 101 expedido por la institución designada por la autoridad del Estado miembro cuya legislación en materia de seguridad social sea aplicable a la situación del trabajador por cuenta ajena, con arreglo a los artículos 11, apartado 1, y 12 bis, [punto] 1 bis, del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad, (1) cuando se comprueba que las condiciones de la actividad del trabajador por cuenta ajena quedan manifiestamente fuera del ámbito de aplicación material de las excepciones previstas en el artículo 14, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1408/71? (2)

(1) DO L 74, p. 1.

(2) DO L 149, p. 2.
2.

TV2 alega asimismo que la parte de la sentencia recurrida relativa al fondo del asunto y que desestima la segunda parte de la pretensión de TV2 formulada con carácter subsidiario adolece de un error de Derecho por ser contraria a principios fundamentales del procedimiento. Para fundamentar lo anterior, TV2 formula las siguientes alegaciones con carácter principal: — En su escrito de contestación, la Comisión manifestó que estaba de acuerdo con TV2 en que el producto del canon que TV2 transfirió a las regiones en el período 1997-2002 no constituía ayuda de Estado en favor de TV2. De este modo, el Tribunal General se pronunció ultra petita, puesto que se pronunció sobre la segunda parte de la pretensión de TV2 formulada con carácter subsidiario, desestimándola. Por lo tanto, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho. — Asimismo, el Tribunal General se pronunció en cuanto al fondo sobre la base de su propia argumentación. Las consideraciones del Tribunal General, tal como se exponen en los apartados 165 a 174 de la sentencia recurrida, no han sido debatidas en ningún momento ni por TV2 ni por la Comisión y no figuran en la Decisión controvertida. Así, el Tribunal General excedió los límites de su potestad de control jurisdiccional. — Al mismo tiempo, el Tribunal General vulneró el principio del derecho a un proceso equitativo (véase el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), en la medida en que basó su resolución en fundamentos y argumentos sobre los que no se pronunciaron las partes.
1.

El Gobierno húngaro considera que el artículo 78 TFUE, apartado 3, no proporciona al Consejo la base jurídica adecuada para la adopción de la Decisión impugnada. El artículo 78 TFUE, apartado 3, no faculta al Consejo para adoptar un acto legislativo ni, por lo tanto, para adoptar las medidas establecidas en la Decisión impugnada, concretamente las que implican una excepción de carácter vinculante respecto de un acto legislativo, en el presente caso el Reglamento (UE) no 604/2013. (2) Desde el punto de vista de su contenido, la Decisión impugnada constituye un acto legislativo —habida cuenta de que establece una excepción respecto del Reglamento no 604/2013—, por lo que su adopción no puede basarse en el artículo 78 TFUE, apartado 3, el cual únicamente faculta al Consejo para adoptar actos mediante un procedimiento no legislativo, es decir, actos no legislativos. En el supuesto de que, a pesar de lo alegado, resultase que el artículo 78 TFUE, apartado 3, sí puede constituir la base para la adopción de un acto jurídico que implique una excepción respecto de un acto legislativo, el Gobierno húngaro entiende que dicha excepción no puede ser de tal entidad que afecte a la esencia del acto legislativo y vacíe de contenido sus disposiciones fundamentales, como sucede en el caso de la Decisión impugnada.
3.

El objeto del recurso sometido a la Sala de Recurso se ceñía a determinar si el uso llevado a cabo por Inditex de la marca ZARA para los servicios de transporte y distribución de los productos prestados por esta compañía a sus franquiciados podía considerarse o no un uso público en contraposición a uso privado en el seno de la propia empresa y, por consiguiente, si podía considerarse un uso efectivo o no. Por tanto, la existencia del uso en sí de la marca ZARA para los servicios de transporte y distribución prestados por la titular de la marca era un hecho no controvertido y fuera de discusión en sede administrativa.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 7/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 14 de octubre de 2015 — Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle

(Asunto C-535/15)

(2016/C 007/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Freie und Hansestadt Hamburg

Recurrida: Jost Pinckernelle

Interviniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Cuestión prejudicial

¿Ha de interpretarse el artículo 5 del Reglamento REACH (1) en el sentido de que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 21 y 23 de dicho Reglamento, sólo pueden ser exportadas fuera del territorio de la Unión las sustancias que se hayan registrado de conformidad con las disposiciones pertinentes del título II del Reglamento REACH que así lo exijan?

(1) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 132, p. 8).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 414/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de septiembre de 2015 — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio spA (SACBO SpA)

(Asunto C-485/15)

(2015/C 414/19)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA

Recurrida: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio spA (SACBO SpA)

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de no discriminación, igualdad de trato, transparencia, publicidad y competencia, establecidos en el Tratado de la Unión Europea, a una normativa nacional como la recogida en los artículos 10 de la Ley no 537/93, 6, 7, 8 y 17 del Decreto Ministerial no 521/1997, 17 del Decreto-ley no 67/97, 3 apartado 2, del Decreto Legislativo no 96/2005 y 11 del Decreto-ley no 216/2011, en relación con el artículo 6 del Decreto-ley no 78/2010, en la medida en que dichas disposiciones nacionales permiten que, para adjudicar la gestión plena de un aeropuerto en régimen de concesión durante cuarenta años, se omita el procedimiento de licitación?
a)

Declare que, al no garantizar que la tasa suplementaria adeudada por el exceso de producción resultante en Italia respecto del nivel de la cuota nacional, a partir de la primera campaña en que se impuso efectivamente dicha tasa en Italia (1995/1996) y hasta la última campaña en la que se verificó la existencia en este país de un exceso de producción (2008/2009), fuera efectivamente soportada por cada uno de los productores que hubieran contribuido al rebasamiento de la producción, así como que fuera pagada en los plazos señalados, previa notificación del importe adeudado, por el comprador o por el productor, en caso de ventas directas, o en el caso de que no se abonara en el plazo establecido, se registrara y se iniciara el correspondiente procedimiento ejecutivo frente a los propios compradores o productores, el Gobierno italiano ha incumplido las obligaciones impuestas por las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión aplicables a las campañas afectadas y, en particular, los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) no 3950/92 (1); el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1788/2003 (2) y los artículos 79, 80 y 83 del Reglamento (CE) no 1234/2007 (3) y, en relación con las disposiciones de aplicación de la Comisión, el artículo 7 del Reglamento (CE) no 536/93 (4); el artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1392/2001 (5) y, por último, los artículos 15 y 17 del Reglamento (CE) no 595/2004 (6).
1)

¿Se oponen las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006 (1), relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia de la Unión citada en la motivación de la presente resolución, a la existencia de normas nacionales de los Estados miembros —como las reproducidas supra y en vigor en Italia (artículo 19 del D.P.R. no 633/1972)— que excluyen, también desde el punto de vista penal, la posibilidad de ejercitar el derecho a deducción si no se han presentado las declaraciones del IVA y, en particular, la declaración relativa al segundo ejercicio posterior a aquel en que ha nacido el derecho a deducción?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/21

Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 6 de julio de 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

(Asunto C-334/15)

(2015/C 302/27)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: María Pilar Planes Bresco

Recurrido: Comunidad Autónoma de Aragón

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 43 y 44 del Reglamento (CE) no 1782/2003 (1), del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, en el sentido de que se oponen a una regulación nacional que excluye de la condición de hectáreas admisibles todas aquellas superficies de pastos permanentes declaradas por un agricultor que excedan de las que en su día se tuvieron en cuenta para determinar los derechos normales que le correspondían, condicionando la inclusión de dichas superficies, y por tanto la sustitución de tierras de cultivo por pastos, a que estos últimos se dediquen de manera efectiva a la cría de ganados en el concreto ejercicio anual para el que pretende activar los derechos de ayuda? Y en el caso de que la respuesta a la anterior pregunta fuera negativa,

2) ¿Debe interpretarse el artículo 29 del Reglamento (CE) no 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, al excluir los pagos derivados de los regímenes de ayuda a aquellos beneficiarios de los mismos «cuando se demuestre que éstos han creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contraria a los objetivos del régimen de ayuda», en el sentido de que no permite a los Estados nacionales aprobar disposiciones generales que reduzcan el número de «hectáreas admisibles» (de pastos permanentes), objetivando supuestos generales en los que se presume la artificiosidad del beneficiario en la creación de condiciones para obtener el pago sin demostrar de manera concreta y en relación con un agricultor específico, la actividad efectuada por dicho agricultor y el comportamiento desarrollado por el mismo”?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94,/(CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001

DO L 270, p. 1
3)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿puede decidir el Estado miembro que la prestación de servicios obligatorios adicionales no comprendidos en el capítulo II de dicha Directiva no entraña una carga injustificada si la empresa en su conjunto ha obtenido beneficios de la prestación de todos los servicios que su obligación de servicio universal le obliga a prestar, incluyendo la prestación de los servicios que la empresa también habría prestado aunque no hubiera estado sujeta a la obligación de servicio universal?