En el análisis de la existencia de una entidad económica única entre un productor y su distribuidor vinculado es determinante considerar la realidad económica de las relaciones existentes entre ese productor y ese distribuidor. Habida cuenta del requisito de una apreciación que refleje la realidad económica de las relaciones entre dicho productor y dicho distribuidor, las instituciones de la Unión están obligadas a considerar todos los factores pertinentes que permitan determinar si tal distribuidor ejerce o no las funciones de un departamento de venta integrado de tal productor. Esos factores no pueden limitarse a las funciones ejercidas por el distribuidor vinculado en relación únicamente con las ventas del producto de que se trata, fabricado por el productor que afirma formar una entidad económica única con ese distribuidor. Del mismo modo, esas instituciones están facultadas para considerar como factor pertinente la facturación directa por el productor domiciliado en un Estado tercero de parte de las ventas de exportación a la Unión.

En la comparación entre el valor normal y el precio de exportación, no cabe realizar un ajuste al amparo del artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento n.o 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), cuando el productor establecido en un Estado tercero y su distribuidor vinculado, encargado de las exportaciones a la Unión, formen una entidad económica única.

Si una parte, basándose en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento n.o 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), solicita determinados ajustes para conseguir que el valor normal y el precio de exportación resulten comparables con vistas a determinar el margen de dumping, dicha parte debe demostrar que su solicitud está justificada.

Además, la carga de la prueba de que deben realizarse los ajustes específicos enumerados en el artículo 2, apartado 10, letras a) a k), del Reglamento de base incumbe a quienes desean invocarlos.

Así, cuando un productor reivindica la aplicación de un ajuste del valor normal (en principio, a la baja) o de los precios de exportación (lógicamente, al alza), corresponde a dicho operador indicar y demostrar que concurren los requisitos para la concesión de dicho ajuste. A la inversa, cuando las instituciones de la Unión consideran que procede aplicar un ajuste a la baja del precio de exportación basándose en que una sociedad de venta vinculada a un productor ejerce funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión, les corresponde aportar cuando menos indicios convergentes que demuestren que concurre este requisito.

De ello resulta que, en caso de que las instituciones de la Unión hayan aportado indicios convergentes de que un distribuidor vinculado a un productor ejerce funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión, incumbe a ese distribuidor, o a ese productor, aportar la prueba de que no está justificado un ajuste con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base, por ejemplo, demostrando que forman una entidad económica única. Para ello, esos operadores económicos pueden probar que no trabajan de manera independiente y que están vinculados por acuerdos de compensación. En la aplicación del artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base, no existe ninguna presunción de que dos empresas vinculadas no operen de manera independiente ni de que estén vinculadas por acuerdos de compensación, por lo que incumbiría a las instituciones de la Unión, para poder realizar un ajuste con arreglo a esa disposición, demostrar que ambas entidades están gestionadas de manera independiente.

(véanse los apartados 82 a 86)