Palabras clave

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Palabras clave

1. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

2. Pesca - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas de pesca - Reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponible - Principio de estabilidad relativa - Aplicación en el supuesto de poblaciones de peces gestionadas en el marco de una organización internacional - Obligación del Consejo de basarse en un número determinado de años - Inexistencia - Facultad de apreciación del legislador comunitario para la comprobación de los datos de base - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CE) nº 49/1999 del Consejo, art. 2, ap. 1]

3. Pesca - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas de pesca - Influencia de la adhesión de la Comunidad al Convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico sobre el reparto entre los Estados miembros del total admisible de capturas - Facultad del Consejo de tener en cuenta los excesos de pesca efectuados por un Estado miembro en 1997 tras la adopción del Reglamento (CE) nº 49/1999, por el que se fija y reparte la cuota de capturas disponible para la Comunidad de atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo para 1999 - Medida que no tiene carácter de sanción penal

[Reglamento (CE) nº 49/1999 del Consejo, art. 2, ap. 2]

4. Pesca - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas de pesca - Reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponible - Atribución, por el Reglamento (CE) nº 49/1999, de las cuotas de atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo para 1999 - Principio de no discriminación - Inexistencia de violación

[Reglamento (CE) nº 49/1999 del Consejo, art. 2, ap. 2]

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1. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado CE (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución, de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso y, en particular, en función del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Esto es particularmente cierto cuando los Estados miembros han estado estrechamente asociados al proceso de elaboración del acto objeto de litigio y conocen, por tanto, las razones que motivan este acto.

El hecho de que dicho acto se aparte de una norma más general aumenta normalmente la exigencia de motivación, puesto que los destinatarios del acto deben poder apreciar las razones que han conducido a la institución de que se trate a apartarse de la norma en cuestión, así como la amplitud y el alcance de la excepción. Esta exigencia es aún mayor cuando la excepción modifica la situación existente, pudiendo perjudicar los intereses de dichos destinatarios.

( véanse los apartados 28, 29 y 53 )

2. Nunca se ha establecido, en la legislación comunitaria ni en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la aplicación del principio de estabilidad relativa a una población de peces para la que no se ha fijado ningún TAC ni ninguna cuota con anterioridad exija, en todo caso, que las cuotas de captura se basen en un número determinado de años de pesca y no en un solo año. En efecto, la flexibilidad en materia de los períodos de referencia que deben tomarse en consideración es particularmente amplia cuando la población de peces se gestiona en el marco de una organización internacional de pesca y cuando la determinación de los porcentajes de reparto en la Comunidad deriva normalmente de las decisiones adoptadas en el marco de tal organización.

Además, el legislador comunitario dispone de una amplia facultad de apreciación en las situaciones que impliquen la necesidad de evaluar una situación económica compleja, como ocurre en materia de política agrícola común y de pesca. Dicha facultad no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base. Por tanto, al controlar el ejercicio de una competencia de este tipo, el juez debe limitarse a examinar si dicho ejercicio adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trate ha excedido manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

( véanse los apartados 42 y 44 )

3. Mediante su adhesión al Convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico, en su versión modificada por el Protocolo firmado en París el 10 de julio de 1984, la Comunidad se subrogó, conforme al artículo XIV, apartado 6, de dicho Convenio, en los derechos y obligaciones de aquellos Estados miembros que ya eran parte del Convenio. La Comunidad estaba, pues, perfectamente legitimada para discutir, en el marco de las negociaciones efectuadas en la Comisión internacional para la conservación del atún del Atlántico respecto a la cuota comunitaria, para las que sólo ella era competente, todos los parámetros pertinentes, incluidas las consecuencias de los excesos de pesca de determinados Estados miembros con anterioridad a la fecha de su adhesión a dicha organización. Por tanto, la Comunidad quedaba vinculada por las recomendaciones anteriores de dicha Comisión y, en particular, por la recomendación nº 96-14, que establece el principio de reducción de las cuotas de pesca si, durante un período de gestión determinado, una parte contratante supera sus límites de captura. En efecto, las reducciones por exceso de pesca en 1997 fueron impuestas a la Comunidad, deduciéndolas de su cuota disponible para el año 1999.

En tales circunstancias, un Estado miembro no puede reivindicar una función propia en las deliberaciones de la Comisión internacional para la conservación del atún del Atlántico en cuanto a la manera de tomar en cuenta los excesos de pesca, ya que las negociaciones relativas a dicha cuestión habían sido asumidas plenamente por la Comunidad. Este Estado no puede tampoco invocar, en este contexto, el reconocimiento de un derecho de defensa que le sea propio. Sólo mediante la defensa del interés comunitario, que incumbe únicamente a la Comunidad y a sus instituciones, se pudieron tener en consideración los intereses de dicho Estado, así como los de los demás Estados miembros.

Tras la adopción del Reglamento nº 49/1999, que fija y reparte la cuota de capturas disponible para la Comunidad de atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo para 1999, es correcto, y no excede en absoluto de los límites de su facultad de apreciación, que el Consejo, que debía atribuir a los Estados miembros en cuestión las reducciones por el exceso de pesca efectuado por ellos en 1997 pero directamente imputado a la Comunidad por la Comisión internacional para la conservación del atún del Atlántico, pudiera, transferir a dicho Estado las consecuencias de su exceso de pesca en 1997, aunque atenuándolas mediante un mecanismo de solidaridad comunitaria. Una medida como la anterior que tiene por objeto evitar que un Estado miembro se beneficie, en el futuro, de los excesos de pesca realizados en el pasado, no tiene carácter de sanción penal.

( véanse los apartados 63, 65, 73 y 75 )

4. Una discriminación sólo puede consistir en la aplicación de normas distintas a situaciones comparables o bien en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes. Tras la adopción del Reglamento nº 49/1999, que fija y reparte la cuota de capturas disponible para la Comunidad de atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo, el Consejo tomó plenamente en consideración las diferencias existentes entre los Estados miembros afectados, puesto que el reparto de la cuota comunitaria de atún rojo para el año 1999 tuvo en cuenta tanto el principio de estabilidad relativa de las actividades de pesca de dichos Estados como los excesos eventuales en que éstos hubiesen incurrido durante el año 1997. Así pues, el Consejo no ha violado en absoluto el principio de igualdad de trato.

( véanse los apartados 80 y 81 )