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14

El tribunal remitente pone de manifiesto que el legislador belga pretendía ampliar el ámbito de aplicación del IOB, ya que, cuando un ordenante establecido en Bélgica se dirigía a un intermediario profesional no residente, la operación solía realizarse en una plaza extranjera, sin que fuera exigible el impuesto. Ese legislador también apreció la competencia desleal de ciertos intermediarios profesionales no residentes con respecto a los intermediarios profesionales belgas, que recaudan dicho impuesto. El mencionado tribunal añade que los artículos 120 y 126/2 del CDID podrían tener como efecto restringir la libertad de los residentes belgas a la hora de elegir un intermediario profesional para realizar sus operaciones bursátiles, habida cuenta, en particular, de la responsabilidad que se deriva para el ordenante cuando recurre a intermediarios profesionales no residentes en caso de que no se realice o se demore la declaración relativa al IOB o su pago.
53

Con su segundo motivo, la demandante refuta la procedencia de invocar el artículo 4, apartado 1, letra a), primer guion, de dicha Decisión para justificar la negativa a conceder el acceso al importe del crédito en cuestión. En particular, sostiene que ese importe no podía considerarse parte de las deliberaciones de los órganos rectores del BCE y que la información solicitada no parecía tener carácter confidencial, puesto que el Banco de Portugal había divulgado un importe que la publicación de los extractos de las decisiones del Consejo de Gobierno permitiría confirmar.
El Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 149, p. 1), dispone, en su artículo 128, apartado 1:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129, apartado 2, quedan derogados, con efecto desde el 1 de enero de 2014, los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006, (CE) n.o 791/2007, (UE) n.o 1255/2011 y el artículo 103 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009.»
7

El título III del Reglamento (CE) n.o 883/2004 contiene un capítulo 9, titulado «Prestaciones especiales en metálico no contributivas». Este capítulo incluye un único artículo, concretamente, el artículo 70 del propio Reglamento, titulado a su vez «Disposiciones generales», que establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2: «1. El presente artículo se aplicará a las prestaciones especiales en metálico no contributivas previstas en la legislación que, por su alcance personal, objetivos y condiciones para su concesión presenten características tanto de legislación de seguridad social a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 como de asistencia social. 2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por “prestaciones especiales en metálico no contributivas” aquellas que: a) tienen por objeto proporcionar: i) cobertura adicional, sustitutoria o auxiliar de los riesgos cubiertos por las ramas de seguridad social mencionadas en el apartado 1 del artículo 3, que garantice a las personas en cuestión unos ingresos mínimos de subsistencia respecto a la situación económica y social en el Estado miembro de que se trate, o ii) únicamente la protección específica de las personas con discapacidad, en estrecha vinculación con el contexto social de cada una de esas personas en el Estado miembro de que se trate, y b) cuando la financiación proceda exclusivamente de la tributación obligatoria destinada a cubrir el gasto público general, y las condiciones de concesión y cálculo de las prestaciones, no dependan de ninguna contribución del beneficiario. No obstante, las prestaciones concedidas para completar una prestación contributiva no se considerarán prestaciones contributivas por este único motivo, y c) figuren en el anexo X.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (DO 2013, L 354, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento OCM»), del artículo 65, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320; en lo sucesivo, «Reglamento MEC»), y del artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 149, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento FEMP»).
42

No obstante, la aplicación del criterio conforme al cual no se exigirá de los «pequeños agricultores» que paguen remuneraciones al titular, si cumplen las condiciones establecidas en el artículo 7 del Reglamento n.o 1768/95, no puede justificar una interpretación del artículo 11 del Reglamento n.o 1768/95 que exceda de lo que es necesario para alcanzar el objetivo recordado en el apartado 38 de la presente sentencia. Ahora bien, en virtud del artículo 7, apartado 5, del Reglamento n.o 1768/95, son los agricultores que invoquen su condición de «pequeños agricultores», y no el titular, quienes deben probar que cumplen los requisitos para esta categoría de agricultores. Por lo tanto, la obtención de un organismo oficial de información relativa a la extensión de la superficie en que un agricultor cultiva determinadas especies vegetales no constituye una medida necesaria para preservar los derechos de los titulares.
139

Arguye que, de este modo, el Tribunal General incumplió también la obligación de motivación que le incumbe, por no haber efectuado un análisis detallado a este respecto. Asegura que el Tribunal General no mencionó ni las posiciones contrarias de las partes, en particular las alegaciones que la recurrente había formulado para cuestionar estos elementos de hecho ante él, ni los elementos de prueba que le llevaron a calificar estos elementos de hecho de «no cuestionados».
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4 y 6 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 788/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008 (DO 2008, L 213, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1346/2000»).
29

Por otro lado, estima que las medidas que ha adoptado se han visto obstaculizadas por el efecto del crecimiento demográfico, agravado por los cambios en los modos de transporte. Además, las medidas que los Estados miembros deben adoptar, que tienen por objeto, en particular, limitar la circulación en los ejes de circulación con alta densidad de tráfico, deberían tener en cuenta las características de la urbanización de las zonas y aglomeraciones en cuestión. En efecto, en su opinión, es preciso que esas medidas no lleven a que el tráfico y, por tanto, necesariamente, las emisiones contaminantes se desplacen a otras zonas urbanas y ejes de circulación no adaptados o infradimensionados, y que permitan tener en cuenta las necesidades de transporte de la población. La República Francesa subraya, a este respecto, que el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en el marco de la transposición de la Directiva 2008/50 debe ejercitarse respetando las disposiciones de los Tratados, en particular el principio fundamental de libre circulación de los bienes y las personas, lo que trae consigo que no se permita, por ejemplo, establecer prohibiciones sectoriales de circulación.
18

De los autos que obran en el Tribunal de Justicia se desprende que el enlace entre Íos y Siros no es diario, tarda varias horas, ya que no hay ningún barco de alta velocidad en esta ruta y su coste no es insignificante.
12

A tenor del artículo 3851 del Código Civil: «1. Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se hayan negociado individualmente no vincularán al consumidor cuando establezcan sus derechos y obligaciones de forma contraria a las buenas costumbres y atenten manifiestamente contra sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que determinan las obligaciones principales de las partes, en particular lo relativo al precio o a la remuneración, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca. 2. En caso de que una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes. 3. Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se hayan negociado individualmente serán cláusulas contractuales sobre cuyo contenido el consumidor no ha podido tener una influencia concreta. Se trata en particular de las cláusulas contractuales retomadas de un modelo de contrato propuesto al consumidor por el contratante. […]»
3

El artículo 55 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671), que lleva por título «Programas nacionales y financiación», establece lo siguiente en su apartado 1: «A fin de mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas, los Estados miembros podrán establecer programas nacionales para el sector de la apicultura de una duración de tres años (programas apícolas). […]»
33

Por otro lado, consta que, en la elaboración del Reglamento n.o 566/2011, la Comisión contempló modificar el apartado 2.1 del anexo XIV del Reglamento n.o 692/2008 a efectos de imponer el acceso a la información en cuestión, o al menos a una parte de ella, en un formato que permitiera su tratamiento electrónico. Pues bien, esta propuesta de la Comisión no se retomó en la versión final del Reglamento n.o 566/2011. Dado que, a tenor del considerando 12 del Reglamento n.o 566/2011, la Comisión expuso que «se [precisaban] más clarificaciones en relación con la información detallada que debe proporcionarse con arreglo al Reglamento […] n.o 715/2007», cabe colegir de ello que la Comisión consideraba en ese momento que, por una parte, el artículo 6, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 715/2007 no exigía la puesta a disposición de la información en cuestión en un formato que pudiera ser objeto de tratamiento electrónico y, por otra parte, no procedía introducir tal obligación mediante el Reglamento n.o 566/2011.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por una parte, de los artículos 49, apartados 5 y 6, y 52 bis del Reglamento (CE) n.o 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento (CEE) n.o 3508/92 del Consejo (DO 2001, L 327, p. 11), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 118/2004 de la Comisión, de 23 de enero de 2004 (DO 2004, L 17, p. 7) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2419/2001»), y, por otra parte, de los artículos 2, apartado 2, y 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1).
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En estas circunstancias, el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Estiria, Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: En el asunto C‑64/18: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la Directiva [96/71] y la Directiva [2014/67] en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, en caso de infracción de las obligaciones formales que se han de cumplir cuando se recurre al empleo transfronterizo de trabajadores, como la puesta a disposición de los documentos salariales por parte del cedente al empleador, impone multas de importe muy elevado y, en particular, elevadas sanciones mínimas que se aplican cumulativamente por cada trabajador afectado? 2) En caso de que no se dé una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿Deben interpretarse los artículos 56 TFUE, la Directiva [96/71] y la Directiva [2014/67] en el sentido de que se oponen, en caso de incumplimiento de las obligaciones formales aplicables al empleo transfronterizo de trabajadores, a la posibilidad de imponer multas administrativas acumulativas sin un límite máximo absoluto?» En el asunto C‑140/18: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la Directiva [96/71] y la Directiva [2014/67], en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, en caso de infracción de las obligaciones formales que se han de cumplir cuando se recurre al empleo transfronterizo de trabajadores, como la puesta a disposición de los documentos salariales por parte del cedente al empleador, impone multas de importe muy elevado y, en particular, elevadas sanciones mínimas que se aplican cumulativamente por cada trabajador afectado? 2) En caso de que no se dé una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿Deben interpretarse los artículos 56 TFUE, la Directiva [96/71] y la Directiva [2014/67] en el sentido de que se oponen, en caso de incumplimiento de las obligaciones formales aplicables al empleo transfronterizo de trabajadores, a la posibilidad de imponer multas administrativas acumulativas sin un límite máximo absoluto? 3) En caso de que no se dé una respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión prejudicial: ¿Debe interpretarse el artículo 49, apartado 3, de la [Carta] en el sentido de que se opone a una norma nacional que castiga delitos culposos con multas pecuniarias de importe elevado sin imponer límites máximos y, en caso de impago, con penas privativas de libertad de varios años?» En el asunto C‑146/18: «¿Deben interpretarse los artículos 47 y 49 de la [Carta] en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece obligatoriamente un pago en concepto de costas procesales del procedimiento de recurso equivalente al 20 % de la sanción impuesta?» En el asunto C‑148/18: «¿Debe interpretarse el artículo 49, apartado 3, de la [Carta] en el sentido de que se opone a una norma nacional que castiga delitos culposos con multas administrativas de importe elevado, en particular con sanciones mínimas elevadas y, en caso de impago, penas privativas de libertad de varios años?»
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Así, el informe de auditoría redactado por la Comisión correspondiente a 2018 [Final report of an audit carried out in Italy from 28 May 2018 to 1 June 2018 in order to evaluate the situation and official controls for [Xylella fastidiosa] (informe final de la auditoría realizada en Italia entre el 28 de mayo de 2018 y el 1 de junio de 2018 para evaluar la situación y los controles oficiales de la Xylella fastidiosa), DG (Salud y Seguridad Alimentaria) 2018-6485, p. 23-24] (en lo sucesivo, «informe de auditoría de 2018») hace expresamente hincapié en que más del 90 % de los casos positivos de infección identificados durante el ejercicio de vigilancia correspondiente a 2016, finalizado en mayo de 2017, fueron descubiertos en las proximidades de vegetales censados como infectados durante 2015 y cuya eliminación se realizó con importantes retrasos.
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El órgano jurisdiccional remitente estima que el derecho a corregir la base imponible del IVA cuando esta se determina mediante una liquidación complementaria definitiva, y no mediante una factura, no es aplicable, ya que se trata de un acto administrativo que determina una deuda tributaria. Además, aun suponiendo que este derecho de corrección sea aplicable, habría que distinguir, por una parte, el período durante el cual el arrendatario pagó las cuotas vencidas y respecto del que no procede efectuar ninguna corrección de la base imponible del IVA y, por otra parte, el período durante el cual el arrendatario dejó de pagar las cuotas vencidas hasta la rescisión por impago parcial y respecto del que, según el Derecho nacional, es imposible restablecer la situación anterior a la celebración del contrato. Asimismo, suponiendo que se trate de un caso de impago parcial y no de rescisión en el sentido del artículo 90 de la Directiva del IVA, el órgano jurisdiccional remitente subraya que ninguna disposición del Derecho búlgaro regula las modalidades de reducción de la base imponible fijada por una liquidación complementaria en caso de impago parcial o total.
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El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 tiene el mismo tenor que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).
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Sentado lo anterior, el hecho de que un acto como el impugnado en el litigio principal no deba venir precedido obligatoriamente de una evaluación medioambiental sobre la base de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, en relación con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva EME, no significa que tal acto quede exento de toda obligación en la materia, pues no cabe excluir que pueda contener disposiciones que lleven a asimilarlo a un plan o programa en el sentido de esta última Directiva, en relación con los cuales puede ser obligatoria una evaluación de impacto medioambiental.
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En tercer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de no discriminación, del que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco es una expresión concreta, exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, apartado 46 y jurisprudencia citada).
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Según la Audiencia Nacional, esta jurisprudencia se basa en las siguientes consideraciones. En primer lugar, la obligación de llevar un registro se recoge en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las horas extraordinarias, y no en el artículo 34 de dicho Estatuto, sobre la jornada ordinaria de trabajo, definida como aquella que no sobrepasa la duración máxima del tiempo de trabajo. En segundo lugar, siempre que el legislador español ha querido imponer el registro de la jornada efectiva de trabajo lo ha exigido expresamente, como en el caso de los trabajadores a tiempo parcial y de los trabajadores móviles, de la marina mercante o ferroviarios. En tercer lugar, el artículo 22 de la Directiva 2003/88 impone, al igual que el Derecho español, la obligación de llevar un registro de la jornada laboral en supuestos especiales, no la de llevar un registro de la jornada ordinaria. En cuarto lugar, la implantación de un registro de la jornada laboral efectiva de cada trabajador implicaría el tratamiento de datos personales con el consiguiente riesgo de una injerencia injustificada de la empresa en la vida privada de los trabajadores. En quinto lugar, la falta de llevanza de ese registro no se tipifica de forma evidente y terminante como una infracción de la norma nacional sobre infracciones y sanciones en el orden social. En sexto lugar, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no viola los derechos de los trabajadores, puesto que el artículo 217, apartado 6, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.o 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), aunque no permite presumir la realización de horas extraordinarias cuando no se haya registrado la jornada ordinaria de trabajo, juega en contra del empresario que no haya procedido a registrarla si el trabajador demuestra por otros medios que sí ha realizado las horas extraordinarias de que se trate.
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En apoyo de esta alegación, OG esgrimió un dictamen jurídico elaborado por un abogado alemán, del que en particular se desprende que, en Derecho alemán, el Ministerio Fiscal no posee un estatuto autónomo o independiente como los tribunales, sino que está integrado en una jerarquía administrativa dirigida por el ministro de Justicia, de modo que existe riesgo de injerencia política en los procedimientos de entrega. Además, el Ministerio Fiscal no es una autoridad judicial con competencia para ordenar la detención o la captura de una persona, salvo en casos excepcionales. Solo los jueces y tribunales disponen de esta competencia. El Ministerio Fiscal es competente, por su parte, para ejecutar una orden de detención nacional dictada por un juez o un tribunal, en su caso emitiendo una orden de detención europea. El referido dictamen concluye que, en consecuencia, en la emisión de la orden de detención europea dictada contra OG no ha participado ninguna «autoridad judicial», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
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El artículo 23 de dicha Directiva establece: «1. Si se denegara la solicitud de devolución en su totalidad o en parte, el Estado miembro de devolución deberá comunicar al solicitante la razón de dicha denegación junto con la decisión. 2. Contra las decisiones de desestimación de las solicitudes de devolución cabrá recurso del solicitante ante las autoridades competentes del Estado miembro de devolución en las mismas condiciones en cuanto a la forma y los plazos que las previstas para los recursos correspondientes a las solicitudes de devolución presentadas por personas establecidas en dicho Estado miembro. Cuando, con arreglo a la legislación del Estado miembro de devolución, el hecho de no tomar una decisión sobre la solicitud de devolución en los plazos fijados en la presente Directiva no sea considerado como una aceptación ni como un rechazo de dicha solicitud, todos los procedimientos administrativos y judiciales que sean accesibles en dicha situación a los sujetos pasivos que estén establecidos en ese Estado miembro deberán ser igualmente accesibles al solicitante. De no existir dichos procedimientos, el hecho de no tomar una decisión sobre la solicitud de devolución dentro los plazos fijados se considerará como un rechazo de dicha solicitud.»