Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 6 de julio de 2000. - Volkswagen AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Distribución de vehículos automóviles - Compartimentación - Artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) - Reglamento (CEE) no 123/85 - Difusión a la prensa - Secreto profesional - Buena administración - Multa - Gravedad de la infracción. - Asunto T-62/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02707



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción - Pruebas que deben reunirse - Grado necesario de fuerza probatoria

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

2 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Perjuicio para el comercio entre Estados miembros - Criterios - Prácticas restrictivas que se extienden a todo el territorio de un Estado miembro

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

3 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Prueba de la duración de la infracción a cargo de la Comisión

4 Competencia - Prácticas colusorias - Delimitación del mercado - Objeto - Determinación del perjuicio para el comercio entre Estados miembros

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)]

5 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Sistema de distribución selectiva de vehículos automóviles - Requerimiento del fabricante a sus revendedores que se inserta en un conjunto de relaciones comerciales

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

6 Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención por categorías - Reglamento (CEE) nº 123/85 - Alcance

[Tratado CE, art. 85, aps. 1 y 3 (actualmente art. 81 CE, aps. 1 y 3); Reglamento (CEE) nº 123/85 de la Comisión, art. 3, puntos 10 y 11]

7 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción - Principio de buena administración - Manifestación prematura por la Comisión de su convicción respecto de la existencia de infracción - Falta de imparcialidad en la apreciación de las pruebas - Efectos

8 Competencia - Procedimiento administrativo - Acceso a copias de los documentos probatorios - Solicitud presentada después de adoptarse y notificarse la Decisión final de la Comisión - Denegación - Incidencia en la legalidad de la Decisión - Inexistencia

9 Competencia - Procedimiento administrativo - Secreto profesional - Difusión a la prensa de información sobre la sanción propuesta antes de la adopción de la Decisión - Violación del secreto profesional, del principio de buena administración y de la presunción de inocencia - Incidencia en la legalidad de la Decisión - Requisitos

[Tratado CE, art. 214 (actualmente art. 287 CE)]

10 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia - Referencia en las notas de la Decisión a documentos en poder de las empresas - Obligación de la Comisión de reproducir estos documentos - Inexistencia

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

Índice

1 Para examinar si la Comisión cometió errores de apreciación de los hechos al concluir que la demandante ha infringido lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), debe comprobarse si la Comisión reunió pruebas suficientemente precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que la infracción alegada tuvo lugar.

(véase el apartado 43)

2 Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) un acuerdo o una práctica, cuando concurren elementos objetivos de hecho y de Derecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros. Sobre este extremo, debe examinarse precisamente si las medidas restrictivas de que se trata pueden compartimentar el mercado de ciertos productos entre Estados miembros y hacer así más difícil la interpenetración económica que persigue el Tratado. Esto ocurre manifiestamente cuando dichas medidas vinculan a la totalidad de los concesionarios de las marcas de automóviles concernidas en una parte sustancial del mercado común. En efecto, las prácticas restrictivas de la competencia que se extienden a todo el territorio de un Estado miembro pueden, por su propia naturaleza, consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado.

(véase el apartado 179)

3 El principio de seguridad jurídica, del que deben beneficiarse los agentes económicos, implica que, cuando existe un litigio sobre la existencia de una infracción de las normas en materia de competencia, la Comisión debe aportar pruebas relativas a hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

(véase el apartado 188)

4 La delimitación del mercado no desempeña el mismo papel según se trate de aplicar el artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE) o el artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). En el marco de la aplicación del artículo 86 del Tratado, la adecuada definición del mercado de referencia es un requisito necesario y previo a la valoración por la Comisión de un comportamiento supuestamente contrario a la competencia, puesto que, antes de acreditar la existencia de un abuso de posición dominante, hay que acreditar la existencia de una posición dominante en un mercado determinado, lo que implica que dicho mercado haya sido previamente delimitado. En cambio, en cuanto a la aplicación del artículo 85 del Tratado, es preciso, en su caso, definir el mercado de que se trata para determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada controvertidos puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

En consecuencia, la obligación de delimitar el mercado en una Decisión adoptada con arreglo al artículo 85 del Tratado se impone a la Comisión cuando, sin dicha delimitación, no es posible determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que se trate puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

(véase el apartado 230)

5 Un requerimiento dirigido por un fabricante de automóviles a sus revendedores no constituye un acto unilateral, que no estaría comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), sino que es un acuerdo en el sentido de esta disposición cuando se inserta en un conjunto de relaciones comerciales continuadas reguladas por un acuerdo general adoptado anteriormente.

(véase el apartado 236)

6 El artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) no puede, en ningún caso, declararse inaplicable cuando las partes de un contrato de distribución selectiva se comporten de modo que se restrinjan las importaciones paralelas. En efecto, el propio espíritu de un Reglamento de exención por categorías de acuerdos de distribución es supeditar la exención que en él se prevé al requisito de que se garantice a los usuarios, mediante la posibilidad de efectuar importaciones paralelas, una parte equitativa de las ventajas derivadas de la distribución exclusiva.

A este respecto, si bien el Reglamento nº 123/85 ofrece a los constructores de automóviles importantes medios de protección de sus redes, no les autoriza a compartimentar sus mercados. Ciertamente, dicho Reglamento exime los acuerdos mediante los cuales el abastecedor encomienda a un revendedor autorizado la tarea de promocionar en un territorio determinado la distribución y el servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles y se compromete a reservarle en ese territorio el suministro de los productos contractuales. De este modo, exime, en particular, de la obligación impuesta al revendedor autorizado de no vender a revendedores no autorizados (artículo 3, punto 10), salvo que se trate de intermediarios, es decir, de operadores económicos que actúen en nombre y por cuenta de consumidores finales y que, para ello, hayan recibido un poder escrito (artículo 3, punto 11). No obstante, no es menos cierto que, según el artículo 10 del citado Reglamento, la Comisión puede retirar el beneficio de la aplicación de dicho Reglamento si comprueba que un acuerdo exento en virtud de dicho Reglamento produce no obstante determinados efectos que son incompatibles con los requisitos recogidos en el artículo 85, apartado 3, del Tratado y, en particular, cuando el constructor o una empresa de la red de distribución impida de forma continua o sistemática, excediéndose del contexto de la exención concedida por el presente Reglamento, a los usuarios finales o a otras empresas de la red de distribución, adquirir en el interior del mercado común los productos contractuales u otros correspondientes.

(véanse los apartados 241 y 242)

7 La realidad de una infracción de las normas de competencia efectivamente acreditada al final del procedimiento administrativo no puede desvirtuarse probando que, durante dicho procedimiento, la Comisión manifestó prematuramente su convicción respecto de la existencia de la referida infracción. Por consiguiente, en la medida en que los elementos de hecho considerados por la Comisión en la Decisión impugnada han quedado, en lo esencial, acreditados de modo jurídicamente suficiente, la demandante no puede afirmar válidamente que la Comisión apreció los documentos incautados con parcialidad o llegó a conclusiones basándose en presunciones gratuitas.

(véanse los apartados 270 y 271)

8 La legalidad de una Decisión por la que se declara una infracción de las normas de competencia no puede, en modo alguno, verse afectada por la negativa de la Comisión a la solicitud de la demandante de que le transmitiera copias de los documentos probatorios, dirigida a ésta después de que se adoptase y notificase la Decisión.

(véase el apartado 277)

9 El artículo 214 del Tratado (actualmente artículo 287 CE) establece la obligación de los miembros, los funcionarios y los agentes de las Instituciones de la Comunidad de no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes. Si bien esta disposición atañe sobre todo a las informaciones recogidas de las empresas, el adverbio en especial muestra que se trata de un principio general que se aplica por igual a otras informaciones de índole confidencial.

A este respecto, en los procedimientos regidos por el principio contradictorio que puedan dar lugar a una condena, la naturaleza y el importe de las sanciones propuestas están, por sí mismos, cubiertos por el secreto profesional mientras la sanción no haya sido definitivamente aprobada e impuesta.

Este principio se deriva, en particular, de la necesidad de respetar la reputación y dignidad del interesado mientras no haya sido condenado.

El deber de la Comisión de no divulgar a la prensa información sobre la sanción precisa que se proponía imponer no sólo coincide con su obligación de respetar el secreto profesional, sino también con su obligación de buena administración.

Por último, el principio de la presunción de inocencia, que se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas y que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas, no ha sido manifiestamente respetado por la Comisión cuando, antes de condenar formalmente a la empresa acusada, comunicó a la prensa el veredicto sometido a deliberación del comité consultivo y del colegio de comisarios.

Una irregularidad de este tipo puede dar lugar a la anulación de la Decisión de que se trata si se acredita que, a falta de dicha irregularidad, la referida Decisión habría tenido un contenido distinto.

(véanse los apartados 279, 281 y 283)

10 La Comisión no está obligada a reproducir los documentos a los que se remite en las notas de la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción, puesto que la demandante o sus filiales disponen de ellos.

(véase el apartado 302)

Partes

En el asunto T-62/98,

Volkswagen AG, con domicilio social en Wolfsburg (Alemania), representada por el Sr. R. Bechtold, Abogado de Stuttgart, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de los Sres. Loesch y Wolter, 11, rue Goethe,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. K. Wiedner, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por Me H.J. Freund, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 98/273/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (Caso IV/35.733 - VW) (DO L 124, p. 60), o, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta en dicha Decisión a la demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Cuarta),

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de octubre de 1999;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos y marco jurídico

1 La demandante es la sociedad holding del grupo Volkswagen. Las actividades comerciales del grupo incluyen la construcción de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, así como la fabricación de componentes y piezas. El grupo también ejerce otras actividades en los ámbitos de los motores industriales, los servicios financieros y los seguros. La parte demandante posee una participación del 98,99 % en Audi AG (en lo sucesivo, «Audi»). La actividad comercial de Audi, con domicilio social en Ingolstadt (Alemania), se centra esencialmente en la construcción y distribución de vehículos automóviles de la marca Audi, así como en la producción de componentes y motores.

2 Los vehículos automóviles de las marcas Volkswagen y Audi se venden en la Comunidad a través de una red de distribución selectiva. La importación en Italia de estos vehículos, así como de sus piezas de recambio y accesorios, se efectúa en exclusividad por la sociedad italiana Autogerma SpA (en lo sucesivo, «Autogerma»), con sede en Verona (Italia), que es una filial al 100 % de la demandante y que, por tanto, constituye con esta última y Audi una unidad económica. La distribución en Italia tiene lugar a través de concesionarios jurídica y económicamente independientes pero contractualmente vinculados a Autogerma.

3 Bajo determinadas condiciones, el Reglamento (CEE) nº 123/85 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 15, p. 16; EE 08/02, p. 150), sustituido, a partir del 1 de octubre de 1995 por el Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995 (DO L 145, p. 25), exime los contratos de concesión de la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento nº 1475/95, la prohibición establecida en el artículo 85, apartado 1, del Tratado no se aplicará, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 1995 y el 30 de septiembre de 1996, a los acuerdos vigentes el 1 de octubre de 1995 que cumplan las condiciones de exención previstas en el Reglamento (CEE) nº 123/85.

4 El artículo 1 del Reglamento nº 123/85 dispone:

«Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE, el apartado 1 del artículo 85 [del Tratado] es declarado inaplicable, en las condiciones fijadas en el presente Reglamento, a los acuerdos en los que no participen más que dos empresas y en los que una de las partes se comprometa, con respecto a la otra, a no suministrar en el interior de una zona definida del mercado común:

1) más que a dicha empresa, o

2) más que a dicha empresa y a un número determinado de empresas de la red de distribución, con fines de reventa, vehículos automóviles concretos, de tres o más ruedas, destinados a ser utilizados en las vías públicas [...].»

5 El artículo 2 del Reglamento nº 123/85 precisa que la exención se aplicará también «cuando el compromiso descrito en el artículo 1 esté vinculado al compromiso del abastecedor de no vender productos contractuales a usuarios finales en el territorio convenido».

6 El artículo 3 del Reglamento nº 123/85 dispone: «La exención [...] se aplicará igualmente cuando [el compromiso de distribución selectiva] esté relacionado con el compromiso del distribuidor:

[...]

8) de fuera del territorio convenido:

a) no mantener sucursales o depósitos para la distribución de los productos contractuales y otros correspondientes;

b) no hacer prospección de clientela para los productos contractuales y otros correspondientes;

9) de no confiar a terceros la distribución o el servicio de venta o de posventa de los productos contractuales y otros correspondientes, fuera del territorio convenido;

10) de no suministrar a un revendedor:

a) productos contractuales u otros correspondientes, más que en el caso de que dicho revendedor sea una empresa integrada en la red de distribución,

[...]

11) de no vender los vehículos automóviles [...] a usuarios finales que utilicen los servicios de un intermediario, más que en caso de que dichos usuarios hayan previamente dado poderes por escrito al intermediario para comprar y, en caso de ser éste el que recoja el vehículo, para hacerse cargo de la entrega de un vehículo automóvil concreto.»

7 La redacción de los artículos 1, 2 y 3 del Reglamento nº 1475/95 es casi idéntica a la de las disposiciones correspondientes del Reglamento nº 123/85. El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1475/95 prevé:

«La exención no será aplicable en los casos siguientes:

[...]

3) cuando [...] las partes convengan restricciones de la competencia que no estén expresamente exentas por el presente Reglamento; o

[...]

7) cuando el fabricante, el proveedor u otra empresa de la red restrinja directa o indirectamente la libertad de los usuarios finales, de los intermediarios con procuración o de los distribuidores de comprar dentro del mercado común a otra empresa de la red productos contractuales u otros correspondientes [...], o restrinja la libertad de los usuarios finales de revender productos contractuales u otros correspondientes, siempre que la venta no sea llevada a cabo con fines comerciales; o

8) cuando, sin razón objetivamente justificada, el proveedor otorgue a los distribuidores remuneraciones calculadas en función del lugar de destino de los vehículos automóviles revendidos o del domicilio del comprador [...].»

8 A partir de septiembre de 1992 y en 1993, la lira italiana registró una fuerte baja frente al marco alemán. Sin embargo, la demandante no aumentó proporcionalmente sus precios de venta en Italia. La diferencia de precios que resultó de esa situación creó un interés económico para reexportar desde Italia vehículos de las marcas Volkswagen y Audi.

9 Durante los años 1994 y 1995, la Comisión recibió escritos de consumidores alemanes y austriacos que se quejaban de los obstáculos para comprar en Italia vehículos nuevos de las referidas marcas con objeto de reexportarlos inmediatamente a Alemania o Austria.

10 Mediante escrito de 24 de febrero de 1995, la Comisión hizo saber a la demandante que, a raíz de quejas procedentes de consumidores alemanes había comprobado que ésta o Autogerma habían obligado a los concesionarios italianos de las marcas Volkswagen y Audi, amenazándoles con resolver su contrato de concesión, a vender vehículos únicamente a clientes italianos. En el mismo escrito la Comisión requirió a la demandante para que pusiera fin a este obstáculo a la reexportación y en el plazo de tres semanas desde la fecha de recepción de dicho escrito le comunicase las medidas adoptadas al respecto.

11 Mediante escrito de 30 de marzo de 1995, la demandante respondió que las dificultades a que tuvieron que hacer frente determinados consumidores podrían haber sido causadas por un problema de comunicación, en particular entre Autogerma y los concesionarios italianos. Para eliminar cualquier malentendido, añadió a este escrito una copia de una circular enviada el 16 de marzo de 1995 a los concesionarios italianos.

12 Mediante escrito de 2 de mayo de 1995, la Comisión respondió a la demandante que la circular de 16 de marzo de 1995 no había puesto fin a los obstáculos a la reexportación. La Comisión mencionó, a este respecto, nuevas quejas procedentes de varios consumidores alemanes y austriacos.

13 El 17 de octubre de 1995, la Comisión adoptó una Decisión por la que disponía que se efectuaran visitas de inspección con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Las visitas de inspección tuvieron lugar los días 23 y 24 de octubre de 1995 en la demandante y Audi, así como, en Italia, en Autogerma, Auto Brenner SpA de Bolzano, Auto Pedross Herbert & Co. de Silandro, Dorigoni SpA de Trento, Eurocar SpA de Udine, IOB Silvano & C. SRL de Gemona, Adriano Mansutti de Tricesimo, Günther Rabanser de Pontegardena, Mutschlechner SAS de Brunico y Franz Nitz de Vipiteno. Mediante dichas inspecciones, la Comisión trató de averiguar si la demandante y Audi habían celebrado acuerdos o aplicado prácticas concertadas con Autogerma y sus concesionarios en Italia, con objeto de no vender vehículos nuevos a consumidores domiciliados en otros Estados miembros.

14 Basándose en los documentos examinados con ocasión de dichas comprobaciones, la Comisión estimó que la demandante, Audi y Autogerma habían adoptado con sus concesionarios italianos una política de compartimentación del mercado. El 25 de octubre de 1996, la Comisión notificó a la demandante y a Audi un pliego de cargos en este sentido.

15 Mediante escrito de 18 de noviembre de 1996, la demandante y Audi solicitaron la puesta de manifiesto del expediente. Tuvieron acceso a él el 5 de diciembre de 1996.

16 El 19 de diciembre de 1996, Autogerma, siguiendo instrucciones expresas de la demandante, dirigió una circular a los concesionarios italianos, en la que precisaba que las exportaciones destinadas a usuarios finales (en su caso, a través de intermediarios) así como a concesionarios de la red de distribución, eran lícitas y que, por lo tanto, no serían sancionadas. Dicha circular también indicaba que el descuento concedido a los concesionarios sobre el precio de venta de los vehículos encargados, denominado «margen», y el pago de su prima eran totalmente independientes de si los vehículos se habían vendido dentro o fuera de su territorio contractual.

17 Mediante escrito de 12 de enero de 1997, la demandante y Audi enviaron a la Comisión sus observaciones sobre el pliego de cargos.

18 En una audiencia que tuvo lugar el 7 de abril de 1997 expusieron asimismo su punto de vista a los servicios competentes de la Comisión.

19 El 7 de octubre de 1997, el Abogado de la demandante también tuvo, a petición propia, una entrevista con el Director de dichos servicios, en particular sobre la cuestión de si la Comisión estimaba que las infracciones comprobadas habían finalizado o si consideraba que persistían.

20 El 28 de enero de 1998, la Comisión adoptó la Decisión 98/273/CE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (Caso IV/35.733 - VW) (DO L 124, p. 60; en lo sucesivo, «Decisión» o «Decisión impugnada»). En ella se designa a la demandante como único destinatario. A este respecto, la Comisión expone que la demandante es responsable de la infracción comprobada, pues Audi y Autogerma son sus filiales y ella conocía sus actividades. En cuanto a los concesionarios italianos, la Comisión indica que éstos no participaron activamente en los obstáculos a la reexportación, pero, como víctimas de la política restrictiva puesta en práctica por los constructores y Autogerma, sufrieron presiones que les forzaron a respaldar dicha política.

21 Por lo que respecta a los hechos imputados, la Comisión enumera una serie de documentos con objeto de probar, por una parte, que, a través de medidas específicas y con medios financieros y personales propios, la demandante y Audi impidieron la reexportación de vehículos de Italia a Alemania u otros Estados miembros, y, por otra parte, que, siguiendo instrucciones de la demandante y de Audi, Autogerma procedió a efectuar verificaciones rigurosas en los concesionarios italianos, con objeto de erradicar la práctica de algunos de ellos de vender automóviles a compradores extranjeros, imponiendo sanciones severas a algunos de dichos concesionarios.

22 Por los que atañe a las medidas adoptadas por la demandante y Audi, la Comisión cita el establecimiento por la demandante de un «sistema de margen fraccionado» aplicable a las ventas del nuevo automóvil Volkswagen Polo en Italia. Según ese sistema, en lugar de un descuento global del 13 % sobre el importe facturado por cada vehículo pedido, al concesionario se le concede, en el momento de extender la factura, una rebaja de 8 % solamente, concediéndosele posteriormente un descuento del 5 % únicamente en el supuesto de que el vehículo se matricule en su territorio contractual. Según la Decisión, Audi introdujo un sistema similar para la venta del automóvil Audi A4 en Italia. La Comisión también menciona la reducción por la demandante y Audi de las existencias de los concesionarios. Dicha medida, acompañada de una política de suministro restrictivo causó un alargamiento considerable de los plazos de entrega y llevó a determinados clientes a anular sus pedidos. Además, permitió a Autogerma denegar los pedidos procedentes de concesionarios alemanes (suministros cruzados dentro de la red de distribución de Volkswagen). La Comisión también invoca las condiciones fijadas por Audi y Autogerma para el cálculo de la prima trimestral del 3 % pagada a los concesionarios con base en el número de vehículos vendidos.

23 Entre las sanciones impuestas por Autogerma a los concesionarios, la Comisión menciona la resolución de determinados contratos de concesión y la supresión de la prima trimestral del 3 % para las ventas fuera del territorio contractual.

24 En la Decisión se subraya que las medidas adoptadas por la demandante, Audi y Autogerma que tenían por objeto regular las ventas de los vehículos automóviles por los concesionarios italianos se referían tanto a los suministros a revendedores no pertenecientes a la red (en lo sucesivo, «revendedores no autorizados») como a consumidores finales y a concesionarios de las marcas Volkswagen y Audi residentes o establecidos en Estados miembros distintos de Italia.

25 La Comisión cita asimismo documentos que demuestran que las medidas antes mencionadas restringieron efectivamente el comercio entre Italia, de una parte, y Alemania y Austria, de otra parte, pues numerosos clientes residentes en estos dos últimos Estados vieron denegados sus pedidos por los concesionarios italianos.

26 La Comisión concluye que dichas medidas, que se insertan todas en el marco de la relación contractual entre los constructores, a través de Autogerma, y los concesionarios italianos de su red de distribución selectiva, tienen su origen en un acuerdo o en una práctica concertada, y constituyen una infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado, pues reflejan la aplicación de una política de compartimentación del mercado. Precisa que dichas medidas no están amparadas por los Reglamentos nº 123/85 y nº 1475/95, puesto que ninguna disposición de los referidos Reglamentos permite eximir un acuerdo destinado a impedir exportaciones paralelas por consumidores finales, a través de intermediarios autorizados por estos últimos o por otros concesionarios de la red de distribución. La Comisión también precisa que en el caso de autos se excluye la concesión de una exención individual, dado que la demandante, Audi y Autogerma no notificaron ningún dato de su acuerdo con los concesionarios y, en cualquier caso, los obstáculos a la reexportación contravienen al objetivo de protección de los consumidores que figura en el artículo 85, apartado 3, del Tratado.

27 En la medida en que la demandante y Audi subrayaron en sus observaciones sobre el pliego de cargos que determinados documentos en los que se basa la Comisión son meros informes internos del grupo Volkswagen que sólo reflejan un debate y, a veces, conflictos de intereses en el seno del grupo, esta última expone que los conflictos internos del grupo no son pertinentes, pues no cambian en nada el hecho de que la demandante y sus filiales Audi y Autogerma celebraron un acuerdo con sus concesionarios que es incompatible con las normas comunitarias en materia de competencia. Contra la argumentación desarrollada también en las observaciones sobre el pliego de cargos, según la cual, de un lado, la mayor parte de las reexportaciones desde Italia a Alemania y Austria correspondía a suministros ilícitos a revendedores no autorizados y, de otro, las ventas a los particulares (en su caso, a través de intermediarios) o a otros concesionarios de las marcas Volkswagen y Audi eran insignificantes, la Comisión considera que, aun cuando sólo una ínfima parte de las ventas impedidas atañe a consumidores finales, sus intermediarios u otros concesionarios de dichas marcas, no por ello el comercio entre los Estados miembros se ve menos afectado, por lo que se infringen las normas comunitarias en materia de competencia.

28 En el artículo 1 de la Decisión, la Comisión señala que la demandante, junto con sus filiales Audi y Autogerma, «ha infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, al haber suscrito acuerdos con los concesionarios italianos de su red de distribución para prohibir o restringir las ventas a usuarios finales de otros Estados miembros, independientemente del hecho de que los pedidos se hagan personalmente o a través de un intermediario autorizado, así como de otros concesionarios de la red de distribución de otro Estado miembro». En el artículo 2 de la Decisión la Comisión ordena a la demandante poner fin a dichas infracciones y, a estos efectos, le obliga a adoptar, entre otras medidas, las que enumera.

29 En el artículo 3 de la Decisión, la Comisión impone a la demandante, en razón de la gravedad de la infracción comprobada, una multa de 102.000.000 de ECU. Sobre este extremo, la Comisión considera que el hecho de obstaculizar las exportaciones paralelas de vehículos por los consumidores finales y los suministros cruzados en el seno de la red de concesionarios es contrario al objetivo de la creación de un mercado común, que constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad Europea, de modo que la infracción comprobada es especialmente grave. A lo anterior se añade el hecho de que las normas aplicables en la materia fueron fijadas hace ya muchos años, así como la circunstancia de que, de todos los constructores de vehículos automóviles de la Comunidad, el grupo Volkswagen tiene la mayor cuota de mercado. La Comisión también cita documentos para probar que la demandante era plenamente consciente de que su comportamiento infringía el artículo 85 del Tratado. Asimismo subraya que la infracción duró más de diez años. Por último, la Comisión tuvo en cuenta, como circunstancias agravantes, el hecho de que la demandante, por una parte, no puso fin a las medidas imputadas, pese a que se le enviaron dos escritos en 1995 en los que se señalaba que el comportamiento consistente en impedir o restringir las exportaciones paralelas desde Italia constituía una infracción de las normas en materia de competencia, y, por otra parte, que se aprovechó de la situación de dependencia existente entre un constructor de vehículos automóviles y sus concesionarios, lo cual produjo, en el presente asunto, pérdidas considerables de volumen de negocios a varios distribuidores. A este respecto, en la Decisión se explica que la demandante, Audi y Autogerma amenazaron a más de cincuenta concesionarios con resolver sus contratos si continuaban vendiendo vehículos a clientes extranjeros, y que de hecho fueron resueltos doce contratos de concesión, poniendo en peligro la existencia de las empresas afectadas.

30 La Decisión se notificó mediante escrito dirigido el 5 de febrero de 1998 a la demandante, quien lo recibió al día siguiente.

31 Mediante escrito de 2 de marzo de 1998, la demandante informó a la Comisión acerca de las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 2 de la Decisión, y le pidió que contestase si se correspondían con las previstas en dicho artículo. Mediante escrito de 27 de marzo de 1998, la Comisión respondió que las medidas citadas eran, esencialmente, conformes con las impuestas en la Decisión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

32 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de abril de 1998, la demandante interpuso el presente recurso.

33 La fase escrita concluyó el 11 de enero de 1999.

34 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes a responder a preguntas escritas y a aportar determinados documentos. Las partes así lo hicieron.

35 En la vista pública de 7 de octubre de 1999 fueron oídos los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

36 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión impugnada.

- Condene en costas a la demandada.

37 La demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre el fondo

38 La demandante invoca sustancialmente cinco motivos de anulación. Los motivos primero y segundo se basan, respectivamente, en errores de hecho y errores de Derecho en la aplicación del artículo 85 del Tratado. Los tres últimos motivos se basan en la violación del principio de buena administración, de la obligación de motivación y del derecho de audiencia.

39 Además, con carácter subsidiario, la demandante alega un motivo que tiene por objeto la reducción de la multa impuesta por la Decisión, basado en el carácter excesivo de dicha multa.

A. Sobre el primer motivo, basado en errores de hecho en la aplicación del artículo 85 del Tratado

Sobre los obstáculos a la reexportación

Consideraciones previas

40 En el marco de este primer motivo, la demandante sostiene que respetó los principios de la distribución selectiva recogidos en los Reglamentos nº 123/85 y nº 1475/95. Afirma haber reconocido en todo momento que las ventas por sus concesionarios italianos a consumidores finales extranjeros y a otros concesionarios de su red de distribución eran lícitas. En su opinión, todas las medidas que la Comisión calificó de incompatibles con las normas comunitarias en materia de competencia en la Decisión impugnada, en realidad tenían por único objetivo impedir las ventas ilícitas, es decir las ventas a revendedores no autorizados. La argumentación de la demandante se basa en la afirmación de que «todos los interesados sabían que las ventas de los concesionarios italianos a consumidores finales extranjeros y a otros concesionarios de la red de distribución eran lícitas y no debían obstaculizarse» y trata, por consiguiente, de demostrar que los obstáculos imputados no existían (puntos 13 y 78 de la demanda). Más concretamente, la demandante afirma que todos los concesionarios del grupo tenían, durante todo el período señalado por la Comisión, derecho a vender vehículos nuevos a consumidores finales, tanto dentro como fuera de su territorio contractual, y a efectuar suministros cruzados a otros concesionarios de las marcas Volkswagen y Audi (punto 56 de la demanda).

41 La demandante no niega que, si hubiera impedido las reexportaciones desde Italia del modo indicado por la Comisión, tal comportamiento habría sido incompatible con los contratos de concesión y con la normativa comunitaria. Se habría expuesto a procedimientos por parte de la Comisión y habría podido exigírsele responsabilidad contractual frente a los concesionarios de su red de distribución por incumplimiento de los Reglamentos nº 123/85 y nº 1475/95 (punto 4 de la réplica).

42 La demandada no niega que la prohibición de las reexportaciones por revendedores no autorizados y las disposiciones tomadas a estos efectos son compatibles con las normas comunitarias en materia de competencia. Sin embargo, sostiene que las medidas adoptadas por la demandante, Audi y Autogerma cubrían, en realidad, todas las reexportaciones de vehículos automóviles desde Italia.

43 En consecuencia, procede examinar si la Comisión cometió errores de apreciación de los hechos al concluir, en el artículo 1 de la Decisión, que la demandante, junto con sus filiales Audi y Autogerma, «ha infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, al haber suscrito acuerdos con los concesionarios italianos de su red de distribución para prohibir o restringir las ventas a usuarios finales de otros Estados miembros -independientemente del hecho de que los pedidos se hagan personalmente o a través de un intermediarios autorizado- así como de otros concesionarios de la red de distribución de otro Estado miembro». A este respecto debe comprobarse si la Comisión reunió pruebas suficientemente precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que la infracción alegada tuvo lugar (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de enero de 1999, Riviera auto service y otros/Comisión, asuntos acumulados T-185/96, T-189/96 y T-190/96, Rec. p. II-93, apartado 47).

Sobre el obstáculo que resulta del sistema de primas

- Alegaciones de las partes

44 En cuanto a las medidas concretas supuestamente tomadas por Autogerma respecto de los concesionarios que habían realizado ventas fuera de su territorio contractual, la demandante se opone, en primer lugar, a las apreciaciones de la Comisión relativas a las modalidades de cálculo de la prima trimestral del 3 %. Explica que Autogerma tiene la costumbre de conceder una prima a los concesionarios, definida en la «convenzione B», cuyo importe y requisitos de abono varían a lo largo de los años, y que tiene por objeto recompensarlos por los resultados obtenidos en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Puesto que, entre dichas obligaciones, reviste importancia la de promover las ventas de vehículos nuevos en el territorio contractual y ofrecer un servicio posventa de calidad a los clientes en dicho territorio, la prima se abona, lógicamente, en función del correcto cumplimiento de dicha obligación. Según la demandante, del 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1990, la mencionada prima del 3 % se abonaba a razón del 2 % y del 0,5 % si se cumplían las cuotas de ventas de automóviles que debían alcanzarse en un plazo de cuatro meses y de un año, respectivamente, y a razón del 0,5 % si se alcanzaban otros porcentajes. Dicho reparto se modificó con posterioridad (del 1 de enero de 1990 al 30 de abril de 1994: 1,5 % por la cuota de venta que debía alcanzarse en cuatro meses y 1,5 % por la cuota que debía alcanzarse en un año; del 1 de mayo de 1994 al 31 de diciembre de 1994: 1,4 % por la cuota que debía alcanzarse en cuatro meses, 1 % por la cuota que debía alcanzarse en un año y 0,6 % por el grado de satisfacción de la clientela). En la convenzione B se estipuló expresamente que para el cálculo de la prima debían tenerse en cuenta todas las ventas, pero las realizadas fuera del territorio contractual tan sólo lo serían hasta un máximo del 15 % de la totalidad de las ventas efectuadas por el concesionario (en lo sucesivo, «regla del 15 %»). Sin embargo, en la práctica la regla del 15 %, en vigor hasta el 30 de septiembre de 1996, no se aplicó. A partir del 1 de octubre de 1996, todas las ventas de vehículos nuevos se tomaron en consideración para el cálculo de la prima. La demandante también explica que, si bien inicialmente la cantidad de vehículos vendidos se determinaba atendiendo a los suministros, a partir del 1 de enero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1996, la prima correspondiente a la cuota de ventas que debía realizarse en el período de cuatro meses dependía de las matriculaciones.

45 La demandante expone que los documentos citados por la Comisión para demostrar que se adoptaron sanciones mediante dicha prima o bien no tienen relación alguna con la referida cuestión, o bien carecen de fuerza probatoria. Dicha parte subraya que tan sólo se sancionó a distribuidores que incumplieron su contrato de concesión al suministrar automóviles a revendedores no autorizados. De la redacción y del contexto de todos los documentos citados por la Comisión se desprende claramente que sólo se veían afectadas las ventas a revendedores no autorizados. Además, ningún dato justifica la conclusión de la Comisión según la cual el sistema de primas controvertido incitó a numerosos concesionarios a renunciar de manera general a realizar ventas fuera de su territorio contractual. Asimismo, contrariamente a lo que afirma la Comisión, la «Unione Concessionari Audi Volkswagen» (en lo sucesivo, «UCAV») nunca expresó su desacuerdo con dicho sistema. Además, desde hacía tiempo la Comisión estaba informada de su contenido, pues en 1988 recibió una copia de la convenzione B. No expresó objeción alguna respecto de ese sistema porque, en opinión de la demandante, el conjunto de éste y, en particular la regla del 15 %, era compatible con el Reglamento nº 123/85.

46 La demandada precisa, en primer lugar, que, por lo que respecta al automóvil Audi A4, el perjuicio económico sufrido por un concesionario en el supuesto de que rebasara el techo fijado por la regla del 15 %, en caso de venta y posterior matriculación del automóvil fuera del territorio contractual, ascendía al 8 % del precio de facturación de éste, que corresponde a la pérdida de la prima del 3 % y del margen fraccionado equivalente al 5 %.

47 La demandada observa a continuación que en ninguno de los documentos citados en la Decisión se hace una distinción por lo que respecta al pago de la prima según que las ventas fuera del territorio contractual se celebraran con revendedores no autorizados o con consumidores finales u otros concesionarios. La demandada menciona un documento en el que se declara que la prima quedaba «bloqueada por todas las ventas fuera del territorio contractual». También menciona documentos que demuestran que el sistema de primas constituía un medio de presión para disuadir las ventas a extranjeros y que los concesionarios italianos sentían que restringía su libertad de acción. Por último, la demandada alega que dicho sistema, aplicable desde 1988, se reforzó a partir del otoño de 1993 en la medida en que el pago de la prima del 3 % se condicionaba a la matriculación de los vehículos en el territorio contractual del concesionario.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

48 Procede observar, con carácter preliminar, que la demandante no niega que del 1 de enero de 1988 al 30 de septiembre de 1996 el cálculo de la prima abonada por Autogerma a los concesionarios italianos para recompensar el correcto cumplimiento por éstos de sus obligaciones contractuales se sometía a la regla del 15 %, estipulada en la convenzione B. Según dicha regla, tanto las ventas dentro como fuera del territorio contractual se tomaban en cuenta para el pago de la prima, pero estas últimas tan sólo hasta un máximo del 15 % de la totalidad de las ventas realizadas (véase el apartado 44 supra).

49 Debe señalarse que dicha regla podía incitar a los concesionarios italianos a vender al menos el 85 % de los vehículos disponibles dentro de su territorio contractual. Por consiguiente, restringía las posibilidades de los usuarios finales y los concesionarios de otros Estados miembros de adquirir vehículos en Italia y ello, precisamente, en un período en el que, por una parte, tales compras presentaban un gran interés para ellos y, por otra parte, la cantidad de vehículos disponibles para su venta en ese Estado era limitada (véanse, a este respecto, los apartados 79 y siguientes infra). De ello se deduce que la Comisión llegó fundadamente a la conclusión, en particular en el considerando 181 de la Decisión, de que la regla del 15 % excede el alcance de la exención concedida por el Reglamento nº 123/85. En efecto, aunque el Reglamento nº 123/85 ofrezca a los fabricantes importantes medios de protección de sus redes, no les autoriza, sin embargo, a adoptar medidas que compartimenten sus mercados (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1995, Bayerische Motorenwerke, C-70/93, Rec. p. I-3439, apartado 37).

50 Además, la alegación de la demandante según la cual la regla del 15 % no se aplicó en la práctica y, por lo tanto, no pudo usarse como medio para restringir las reexportaciones desde Italia, carece de credibilidad a la luz de varios documentos del expediente.

51 De este modo, en una nota interna de 28 de junio de 1994 (nota nº 97 de la Decisión), titulada «Denegación/retención de la prima por ventas extraterritoriales (incluidas las exportaciones paralelas)», el Sr. Schlesinger, presidente de Autogerma, se expresó de este modo:

«Como ya le anticipé verbalmente, le confirmo que deseo aprobar o denegar por escrito [...] cada caso de concesión o retención eventual de la prima por ventas extraterritoriales/exportaciones paralelas.

[...]

Vuelvo a recordarle que nuestra red debe vender nuestros vehículos en Italia (sobre todo para poder "sobrevivir") y no realizar actividades de "distribución" extraterritorial.

Como sabe, hace tiempo que Autogerma viene continuamente pidiendo a las propias casas matrices facilidades en cuanto a los suministros, precios, equipamientos especiales, etc., y ello no puede "agradecerse" con la reventa de nuestros vehículos al extranjero.»

52 En una nota de 4 de julio de 1994 (nota nº 97 de la Decisión), el Sr. Schlesinger indica:

«A este respecto señalo nuevamente que [...] nuestros concesionarios deben abstenerse terminantemente de vender "fuera del territorio contractual" (con excepción del 15 % contractualmente previsto, pero que debe ser "matriculado"); de ahora en adelante, el descuento no se abonará por ventas "fuera del territorio" y el descuento y las posibles primas/campañas promocionales se pagarán por vehículos "matriculados" (y no por entregas).»

53 A continuación, el acta de la reunión de 27 de julio de 1994 entre la UCAV y Autogerma (nota nº 67 de la Decisión) menciona el siguiente debate:

«Scarabel:

Subraya que a algunos concesionarios se les han bloqueado los descuentos especiales sobre las ventas fuera del territorio contractual y que tales descuentos -por lo menos en teoría- podrían ser legalmente reclamados. Por otro lado, destaca la necesidad de reexaminar la cuota del 15 % admitida para las ventas fuera del territorio contractual.

Dr. Schlesinger:

[...] El descuento especial no es más que un descuento adicional, un simple "extra". Antes se concedía con gran generosidad, y si ahora hay unos 20 concesionarios, de un total de 234, que no han recibido tal descuento, ello se debe a que no hay que premiar a los mayoristas o exportadores. Antes mirábamos hacia otro lado, pero hoy la tendencia es a negar el descuento en el caso de las ventas fuera del territorio contractual, dado que éste se concede por las matriculaciones, no por los suministros.

[...]

Dr. Schlesinger:

Pide a la UCAV que sensibilice a la base para un buen lanzamiento del nuevo Polo (limitación de los descuentos, no a las exportaciones).»

54 Un informe de Audi sobre un contacto con Autogerma el 12 de octubre de 1994 (nota nº 101 de la Decisión) confirma:

«Se permite la venta fuera del propio territorio hasta un 15 % (filiales, etc.), más allá no se abonará la prima del 3 %.»

55 La circular de 20 de octubre de 1994, dirigida por Autogerma a los concesionarios, relativa a la facturación del nuevo automóvil Volkswagen Polo (nota nº 85 de la Decisión) también da a entender que se aplicaba la regla del 15 %, pues indica:

«Queda por examinar si, en el interés común de todos, procede o no modificar (al alza o a la baja) la actual franquicia del 15 % (para las ventas extraterritoriales).»

56 A continuación, en una nota interna de 22 de noviembre de 1994 (nota nº 91 de la Decisión), se afirma que «la prima trimestral se abona con base en las matriculaciones de vehículos en el territorio del mercado, no con base en las ventas en general». Según una circular de Audi de 8 de diciembre de 1994, dicha medida estaba vinculada al sistema de margen fraccionado proyectado, y tenía por objeto obtener «que sólo se [abonara] el margen o la prima en el supuesto de actividad acreditada en el propio territorio del mercado del que es responsable [...]» (nota nº 92 de la Decisión).

57 Por último, en una nota interna de la demandante de 24 de marzo de 1995 (nota nº 91 de la Decisión), se confirma:

«Se permite al concesionario suministrar hasta el 15 % a otros territorios contractuales. El abono de la prima se efectuará cuando se alcance el 80-85 % del objetivo. En la actualidad, la prima se determina por las entregas, en el futuro se pagará por matriculaciones.»

58 Estos documentos demuestran que la regla del 15 % se aplicó con el objetivo expreso de disuadir las ventas, por los concesionarios italianos, al extranjero. De las manifestaciones antes citadas del Sr. Schlesinger de 4 de julio de 1994 y del Sr. Scarabel de 27 de julio de 1994, así como de la circular de 20 de octubre de 1994, del informe de Audi sobre el contacto con Autogerma el 12 de octubre de 1994 y de la nota de 24 de marzo de 1995, antes mencionados, se desprende, además, que la regla del 15 % no sólo se aplicó como criterio para no pagar la prima por las ventas realizadas fuera del territorio contractual que rebasasen el techo del 15 % de la totalidad de las ventas efectuadas, sino que también se interpretaba en el sentido de que prohibía tales ventas.

59 De todo lo anterior resulta que debe desestimarse la alegación según la cual la Comisión llegó a la conclusión errónea de que la demandante, junto con sus filiales Audi y Autogerma, quiso obstaculizar las reexportaciones desde Italia mediante el sistema de primas previsto en la convenzione B.

60 En el marco del motivo subsidiario que tiene por objeto obtener la reducción de la multa se examinará la alegación según la cual, puesto que la convenzione B fue notificada en 1988, la Comisión no podía sancionar a la demandante por haber aplicado la regla del 15 % estipulada en dicho acuerdo.

Sobre la introducción de un sistema de margen fraccionado

- Alegaciones de las partes

61 La demandante sostiene que, si bien la idea de un sistema de margen fraccionado se debatió efectivamente en 1994, en particular por lo que respecta a los nuevos automóviles Volkswagen Polo y Audi A4, y se inspiraba en el deseo de que cada concesionario concentrase su actividad en su propio territorio contractual, en contra de lo afirmado por la Comisión tal sistema nunca se introdujo. La demandante también señala que dicha introducción requeriría una estipulación adicional al contrato de concesión. Pues bien, el documento clave en materia de márgenes, a saber la estipulación adicional a los contratos celebrados con los concesionarios italianos, comúnmente denominado «allegato A», no prueba en absoluto la introducción de un margen fraccionado. La demandante cita varias circulares de Autogerma a los concesionarios. En la circular de 20 de octubre de 1994, Autogerma tan sólo precisó la fase en que se encontraban las conversaciones con la UCAV. En las de 2 de noviembre de 1994 y de 9 de mayo de 1995, anunció que, para la facturación del nuevo automóvil Volkswagen Polo, no procedía introducir un margen fraccionado, por lo que se aplicaría un descuento global del 13 %. La demandante también menciona un documento similar por lo que atañe al automóvil Audi A4 y aporta una manifestación en el mismo sentido del presidente de la UCAV. La demandante señala que la única persona citada por la Comisión, según la cual se aplicó efectivamente un sistema de margen fraccionado es el Sr. Mutschlechner, subconcesionario del concesionario Beikircher. Sobre este extremo, la demandante observa que no se excluye que determinados concesionarios hayan aplicado tal sistema respecto de subconcesionarios, pero que ello no es en absoluto responsabilidad de los constructores o de Autogerma. Por lo demás, la demandante no niega que un sistema de margen fraccionado como el proyectado en el momento de los hechos habría sido incompatible con el Derecho comunitario.

62 La demandada expone, apoyándose en los documentos citados en la Decisión, que en octubre/noviembre de 1994 se estableció un sistema de margen fraccionado. Dicha parte sostiene que el hecho de que la UCAV rechazase una tentativa anterior de Autogerma de introducir tal sistema en mayo de 1994 carece de relevancia para determinar si esta última, no obstante, lo estableció en otoño de 1994. La circular de Autogerma de 2 de noviembre de 1994 demuestra, en cambio, que hasta el 30 de abril de 1995 se introdujo un sistema provisional de margen fraccionado respecto del nuevo automóvil Volkswagen Polo. Dicho sistema se aplicó efectivamente. Asimismo, por lo que atañe al automóvil Audi A4, la demandada afirma que, según un documento interno de Audi de 25 de noviembre de 1994, el 18 de octubre de 1994 la UCAV aceptó el sistema propuesto de margen fraccionado, aplicándose éste a continuación. El hecho de que varios meses después, en febrero de 1995, la UCAV no aprobara tal sistema no afectó la aplicación de éste. Por lo demás, la demandada niega que fuese necesaria una modificación del contrato de concesión para poner en práctica dicho sistema.

63 En su réplica, la demandante señala que en su escrito de contestación a la demanda la Comisión, por una parte reconoce que el sistema de margen fraccionado no se introdujo mediante la circular de 20 de octubre de 1994, y, por otra parte, afirma que se estableció mediante la de 2 de noviembre de 1994. La demandante subraya, además, que, a diferencia de lo que expuso en la Decisión, ante el Tribunal de Primera Instancia la Comisión defiende la hipótesis de que dicho sistema sólo se aplicó con carácter temporal, es decir hasta el 30 de abril de 1995. Pues bien, no se introdujo ningún sistema de margen fraccionado. La demandante adjunta a su réplica un informe de la sociedad de auditoría de cuentas Coopers & Lybrand, de fecha 30 de octubre de 1998, según el cual «nuestras comprobaciones de todos los datos determinantes para el examen por lo que respecta al período de 1 de julio de 1994 a 31 de diciembre de 1995 han revelado que en ningún caso hubo reducción del margen aplicado por [Autogerma] -ni para el VW Polo ni para el Audi A4. Los concesionarios recibieron en todos los casos el margen completo que se les debía, del 13 % (VW Polo) o del 15 % (Audi A4)».

64 La demandada niega que haya una contradicción entre la Decisión y el escrito de contestación a la demanda por lo que respecta al sistema de margen fraccionado. En efecto, según la demandada, la Decisión y el escrito de contestación a la demanda se remiten a la circular de 2 de noviembre de 1994 relativa al establecimiento de dicho sistema y exponen que, en un principio, sólo debía aplicarse hasta el 30 de abril de 1995. Además, la demandada observa que el informe de Coopers & Lybrand no puede poner en entredicho la fuerza probatoria de las circulares dirigidas a los concesionarios por Autogerma los días 20 de octubre y 2 de noviembre de 1994.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

65 Los documentos obrantes en autos no sostienen suficientemente la tesis de la Comisión según la cual en octubre o noviembre de 1994 se estableció un sistema de margen fraccionado por lo que respecta a los nuevos automóviles Audi A4 y Volkswagen Polo (véase el apartado 62 supra).

66 De este modo, en una nota de 10 de noviembre de 1994 (nota nº 87 de la Decisión), Autogerma indica que, antes de poder establecer efectivamente ese nuevo sistema, quedaban determinadas cuestiones por resolver con los concesionarios. En efecto, expone:

«De momento, ambas partes, Autogerma y los concesionarios, están acordando una fase de prueba del nuevo sistema de márgenes hasta el 30 de abril de 1995.»

67 Asimismo, en un informe de 10 de febrero de 1995 sobre un contacto con Autogerma (nota nº 42 de la Decisión), Audi manifiesta:

«Autogerma señala las medidas adoptadas hasta la fecha: el fraccionamiento del margen para el A4, que aún no ha sido aprobada por el consejo consultivo de los concesionarios italianos; de hecho no está en vigor, probablemente en los próximos meses [...].»

68 En cuanto al automóvil Volkswagen Polo, determinados documentos dan a entender que la demandante propuso a Autogerma un sistema de margen fraccionado. En efecto, notas internas de 22 de noviembre de 1994 y de 6 de febrero de 1995 (nota nº 91 de la Decisión; nota nº 49 de la Decisión) mencionan «Fraccionamiento márgenes del concesionario Polo» y, en otros términos, «Fraccionamiento del margen para el Polo A03» como medida tomada por Autogerma. Además, una nota interna de la demandante de 24 de marzo de 1995 (nota nº 91 de la Decisión) indica que «el fraccionamiento de los márgenes para el Polo (8 + 5) se debatió de modo crítico». Por último, con ocasión de las inspecciones de la Comisión, un subconcesionario italiano, el Sr. Mutschlechner, declaró que «[a] partir de noviembre de 1994, con el comienzo de la comercialización del nuevo Polo, hubo un acuerdo entre Autogerma y sus concesionarios (acuerdo denominado UCAV), según el cual el margen del 9 % [concedido] al [subconcesionario] no se pagaba en su totalidad en el momento de la venta del vehículo sino que se retenía una parte (el 4 %) y su pago se condicionaba a la aportación de la prueba de que el vehículo había sido matriculado in loco» (nota nº 86 de la Decisión).

69 No obstante, aparte de este testimonio del Sr. Mutschlechner, que se refiere al caso específico de los subconcesionarios, ningún elemento de prueba permite concluir claramente que el establecimiento del margen fraccionado por lo que respecta al nuevo automóvil Volkswagen Polo fue objeto de un acuerdo entre todas las partes interesadas, incluida la UCAV. Una nota de Autogerma de 24 de octubre de 1994 (nota nº 79 de la Decisión) menciona una opinión favorable de dicho organismo, pero también indica que aún no se había conseguido el acuerdo definitivo de éste:

«El resultado de nuestra reunión con el consejo consultivo de los concesionarios UCAV es que fraccionaremos los márgenes del nuevo Polo, y ello del modo siguiente:

- un descuento inmediato (en la factura del vehículo)

- un descuento parcial posterior, cuando se matricule el vehículo en el territorio contractual del concesionario.

Respecto de los Polo de demostración se abonará inmediatamente la totalidad del descuento. Para la facturación normal tenemos previsto introducir el nuevo sistema: ocho más cinco por ciento o diez más tres por ciento tras el acuerdo definitivo con la UCAV en los próximos días.»

70 Por lo demás, del expediente se desprende que el sistema proyectado del margen fraccionado fue objeto de críticas en el seno del grupo Volkswagen. En efecto, en una nota interna de 23 de febrero de 1995 (nota nº 80 de la Decisión), el Sr. Bothe, que prestaba sus servicios a la demandante, escribe:

«A través de BMW recibí la información de que Autogerma quiere introducir un margen fraccionado. Por el volumen que no se matricule en el territorio contractual del concesionario, éste tan sólo recibirá dos tercios del margen habitual.

Esta regulación, de la que ya me informó el Sr. Bertino el 10 de febrero, me preocupa. Es contraria al artículo 6 punto 8 del nuevo proyecto [de Reglamento comunitario] [...] y da lugar a la inaplicabilidad de la exención.

Sin embargo, ya en la actualidad la Comisión Europea podría considerar que el presente [Reglamento comunitario] no ampara el margen fraccionado, por tender a impedir el comercio transfronterizo precisamente deseado por la Comisión.

Le dije al Sr. Bertino que la solución propuesta resultaría difícil de aplicar en la práctica y tan sólo es defendible mientras no trascienda. Sin embargo, la información obtenida de BMW muestra que el tema ya se debate fuera de la empresa. A ello se añade que aparentemente el Sr. Breitgoff, el reimportador del norte de Alemania conocido por nosotros, declaró ayer por la mañana en la Bayerischer Rundfunk: "VW ha cerrado en Italia". Puesto que en el pasado el Sr. Breitgoff se ha quejado de nosotros repetidamente ante la Comisión, en mi opinión sólo es cuestión de tiempo cuándo se ocupará la Comisión de este tema, que suena mucho a multa.

En consecuencia, deberíamos ponernos inmediatamente de acuerdo con Autogerma sobre una terminología y un tratamiento de esta cuestión que sean defendibles, también frente a la Comisión.»

71 De dicho documento se desprende que hacia finales del mes de febrero de 1995 Autogerma aún no había puesto en práctica un sistema de margen fraccionado («que Autogerma quiere introducir un margen fraccionado») y que la propia demandante dudaba si favorecer el establecimiento de tal sistema.

72 Procede concluir que, por lo que respecta a los nuevos automóviles Audi A4 y Volkswagen Polo, los documentos obrantes en autos no coinciden en cuanto a si entre los constructores, Autogerma y los concesionarios realmente se convino un sistema de margen fraccionado. En consecuencia, la Comisión no ha probado de manera suficientemente precisa y concordante la introducción, bajo la forma de acuerdo o práctica concertada, de tal sistema. Por consiguiente, a este respecto, la Decisión impugnada contiene un error de apreciación.

Sobre el obstáculo que resulta de las medidas adoptadas respecto del abastecimiento

- Alegaciones de las partes

73 Según la demandante, la Comisión consideró erróneamente que los suministros de Autogerma a los concesionarios se retrasaron y limitaron a causa del aumento de las reexportaciones, y que, por consiguiente, las medidas tomadas respecto del abastecimiento también constituyeron un obstáculo a dichas reexportaciones.

74 Sobre este extremo, la demandante explica, en primer lugar, que, durante un determinado período y por razón de dificultades en el inicio de la producción de modelos especialmente solicitados, como los nuevos automóviles Volkswagen Polo y Audi A4, Autogerma sólo pudo abastecer a los concesionarios italianos a prorrata, a fin de garantizar que una distribución equitativa de dichos modelos. Por lo demás considera que, desde un punto de vista jurídico, las reducciones de suministro son inatacables. En cuanto a las medidas que Autogerma le propuso mediante escrito de 26 de septiembre de 1994 (que consistían, en particular, en controlar la distribución del nuevo automóvil Volkswagen Polo), la demandante precisa que éstas nunca se llevaron a la práctica. Dicho automóvil aún no se comercializaba en el momento en que se redactó el referido escrito.

75 La demandante también presenta un análisis respaldado con cifras con objeto de demostrar que la afirmación de la Comisión según la cual se abasteció el mercado italiano de manera restrictiva carece de fundamento. Cita datos para probar que, hacia finales del año 1992, Autogerma y los concesionarios italianos habían acumulado existencias demasiado elevadas de vehículos de las marcas Volkswagen y Audi como consecuencia de un fuerte descenso de la demanda en Italia. No obstante, con posterioridad, la caída de la lira italiana provocó una fuerte demanda en el mercado italiano por parte de compradores alemanes y austriacos. Por consiguiente, durante los años 1994 y 1995 las necesidades y los pedidos rebasaron claramente la producción, lo que provocó un retraso en los plazos de entrega. Por esta razón y debido al riesgo de variación de los tipos de cambio, determinados clientes se vieron obligados a anular su pedido. La demandante precisa que, habitualmente, dicho problema se presenta con mayor agudeza con ocasión del lanzamiento de nuevos modelos como el automóvil Audi A4, puesto que, en ese caso, la producción sólo se adapta progresivamente a la demanda. La demandante subraya que, en cualquier caso, en Italia nunca se ha aplicado una política de distribución distinta de la vigente en los demás países de la Comunidad. La distribución siempre se ha determinado en función de las necesidades en los Estados miembros, por una parte, y las posibilidades de producción, por otra. Por tanto, los retrasos en las entregas de los nuevos modelos en Italia y otros países de la Comunidad fueron similares.

76 Según la demandante, el hecho de que, durante los años 1993, 1994 y 1995, se reexportaran efectivamente al menos 20.000 vehículos anuales desde Italia prueba que se suministraron más vehículos que los que eran necesarios para abastecer a los consumidores finales italianos.

77 Por último, la demandante expone que la Comisión no ha aportado ningún elemento que pruebe que los constructores y Autogerma prohibieron a los concesionarios italianos abastecer a otros concesionarios de la red. La demandante reconoce que un concesionario alemán, el Sr. Senger, le hizo saber, mediante escrito de 26 de noviembre de 1993, que un concesionario italiano le había dicho que se había prohibido el abastecimiento a los concesionarios alemanes. Dicha parte subraya, no obstante, que negó inmediatamente dicha afirmación indicando, mediante escrito de 7 de diciembre de 1993, que no existía ningún medio legal o contractual de prohibir los suministros cruzados. La demandante señala, en este contexto, que si un concesionario italiano se negó a abastecer a los concesionarios alemanes, ello se explica probablemente por la voluntad de servir primero a la clientela local habitual. Además, la demandante estima que los documentos en los que se basó la Comisión sólo demuestran que los concesionarios alemanes consideraban que les resultaba perjudicial la práctica generalizada de suministros a revendedores no autorizados, que algunos de ellos pidieron a los constructores que interviniesen y que Autogerma estimó que los concesionarios alemanes importunaban demasiado a los concesionarios italianos con sus incesantes peticiones de suministros cruzados. Sin embargo, dicha parte subraya que la petición de Autogerma de que se pusiera fin a ese comportamiento de los concesionarios alemanes no fue atendida ni debía serlo.

78 La demandada alega, refiriéndose a los documentos citados en la Decisión, que los largos plazos de entrega invocados por Autogerma en sus respuestas a determinados compradores potenciales eran la propia consecuencia del «abastecimiento del mercado italiano en función de sus necesidades». Varios documentos demuestran, en efecto, que se trataba de una auténtica fijación de contingentes en los suministros a los concesionarios italianos, destinada a reducir las reexportaciones desde Italia. Tal fijación de contingentes sí se puso en práctica, en particular para los suministros de los automóviles Audi A4 y Volkswagen Polo, si bien es cierto que este último aún no estaba disponible en el mercado en el momento en que se redactó el escrito de Autogerma de 26 de septiembre de 1994.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

79 Procede señalar que varios documentos incautados por la Comisión demuestran que se puso en práctica una estrategia de fijación de contingentes con objeto de restringir el conjunto de reexportaciones desde Italia.80 De este modo, un documento interno denominado «Estado de las medidas contra el mercado gris, 25 de noviembre de 1994», indica que, por lo que respecta al nuevo automóvil Audi A4, «el suministro se regulará de modo que sólo se satisfaga la demanda italiana» (nota nº 58 de la Decisión). De ello se deduce que el objetivo perseguido era eliminar la entrega de vehículos a todo comprador que residiera fuera de Italia, incluidos los consumidores finales y los concesionarios de las marcas Volkswagen y Audi. En ese mismo documento se precisa que dicha medida entrará en vigor en enero de 1995 («Entrada en vigor: Enero del 95»). Según un escrito dirigido por Autogerma a Audi, de fecha 13 de junio de 1994 (nota nº 62 de la Decisión), la fijación de contingentes de los vehículos Audi ya se efectuaba en 1994 para los modelos antiguos. En efecto, se dice: «Aunque se ha conseguido una reducción sustancial de los plazos de entrega del Audi 80, que llegaron a alcanzar los ocho meses, a los concesionarios se les siguen aplicando cupos».81 Además, de un informe de fecha 30 de agosto de 1993 de un contacto entre la demandante y Audi resulta que éstas ya proyectaban las medidas destinadas a reorganizar el abastecimiento de sus concesionarios de manera que el número de vehículos disponibles en Italia se redujera de modo drástico (nota nº 105 de la Decisión). Se indica:«Medidas prácticas1. Reducción de las existencias en Italia mediante el desvío de volumen de producción desde Italia a otros mercados [...]2. Recompra a través de VW AG de vehículos de los almacenes de importación de Autogerma para venderlos, con arreglo al punto 1, en otros mercados. El controlling valorará debidamente los costes.[...].»82 Aparentemente, dicha reorganización alcanzó sus objetivos a partir de 1993. En efecto, en un escrito de 26 de noviembre de 1993 dirigido a la demandante (nota nº 112 de la Decisión), un concesionario alemán de las marcas Volkswagen y Audi denuncia los siguientes hechos:«Según información de nuestro concesionario italiano, con arreglo a instrucciones dadas por Volkswagen AG, a partir de este momento se prohíbe el suministro a concesionarios VW/Audi alemanes. Los vehículos confirmados no serán entregados.»83 En su respuesta, mediante escrito de 7 de diciembre de 1993, a esta grave acusación de obstaculizar los suministros cruzados (nota nº 113 de la Decisión), la demandante no niega que ya está en vigor y produce sus efectos una estrategia de abastecimiento dirigida a satisfacer únicamente los pedidos de consumidores italianos. Declara:«También quisiéramos hacer referencia a una manifestación contenida en su carta, según la cual el concesionario italiano de que se trata dijo que "con arreglo a instrucciones recibidas de Volkswagen AG, a partir de este momento se prohíbe el suministro a concesionarios VW/Audi alemanes".Esto no es cierto, pues para ello no hay ninguna base jurídica o contractual. Más bien parece que las medidas adoptadas en Wolfsburg para abastecer el mercado italiano de acuerdo con su demanda empiezan a surtir efectos, con la consecuencia de que los concesionarios italianos atienden en primer lugar a su clientela tradicional con las existencias disponibles.»84 De una nota interna de Audi de 6 de febrero de 1995 se desprende que dicho constructor decidió responder negativamente a una petición de los concesionarios italianos para que se les suministraran 8.000 vehículos. Dicha negativa de abastecimiento se justificaba de la siguiente manera:«Con el compromiso de otros 8.000 vehículos los concesionarios italianos ya pueden prepararse desde ahora para la reexportación del Audi A4 y asumir compromisos importadores y revendedores libres [...]. Para hacer comprender en Italia que el suministro restringido y en función del mercado que Vds. anunciaron se va a mantener, la decisión adoptada en la reunión interdepartamental de no suministrar los 8.000 vehículos habría de ser inmediatamente comunicada al importador.»85 Aún después de la recepción por la demandante del escrito de la Comisión de 24 de febrero de 1995 (véase el apartado 10 supra), en un informe de 15 de mayo de 1995, Audi califica de éxito «el hecho de que sólo se atienda a la demanda interna italiana» (nota nº 104 de la Decisión).86 Un documento de Autogerma, probablemente de fecha 31 de enero de 1995, relativo a las medidas destinadas a «impedir las reexportaciones desde Italia», menciona el «ajuste de los suministros a la demanda» (nota nº 42 de la Decisión).87 Además, de un fax dirigido por Autogerma a Audi el 6 de octubre de 1995 (nota nº 111 de la Decisión) resulta que dicha política de abastecimiento restringido como instrumento de compartimentación del mercado italiano se mantuvo hasta finales del año 1995. Se indica:«Desde el punto de vista actual, no es realista esperar alcanzar las 36.000 ventas a consumidores deseadas. La mayor actividad además del "fuerte programa de fin de año" que ya le hemos comunicado llevaría inevitablemente a una situación en la que algunos de esos vehículos adicionales entregados a clientes en realidad no se matricularían en Italia.Por este motivo nos atendremos a un volumen total de 35.190 ventas a clientes [...].»88 Del conjunto de esos documentos resulta claramente que la Comisión llegó fundadamente a la conclusión de que la demandante, con ayuda de sus filiales Audi y Autogerma, puso en práctica una política de fijación de contingentes en el abastecimiento de los concesionarios italianos, con el objetivo expreso de obstaculizar las reexportaciones desde Italia y, por tanto, de compartimentar el mercado italiano.89 Dado que dicha política tendía abiertamente a obstaculizar las reexportaciones, su calificación como medida que tiene por objetivo la compartimentación del mercado italiano no puede desvirtuarse por las dificultades de producción alegadas por la demandante. Tal fijación de contingentes, combinada con el sistema de pago de la prima (la regla del 15 %, véanse los apartados 48 a 58 supra), podía incitar a los concesionarios italianos a negarse a vender vehículos a compradores de Estados miembros distintos de Italia, incluidos, por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la demandante (véase el apartado 77 supra), a concesionarios de las marcas Volkswagen y Audi.90 A diferencia de las alegaciones de la demandante según las cuales dichos concesionarios decidieron motu proprio que no les resultaba interesante vender vehículos fuera de su territorio contractual, los documentos antes citados demuestran que su suministro se restringió para influir en ellos y, en particular, para disuadirlos de reexportar vehículos desde Italia.91 La eficacia de dicha estrategia se reforzó por la información comunicada a los concesionarios, también mencionada en el documento de Autogerma de 31 de enero de 1995 («Información de que respecto de vehículos reexportados no se abonarán primas ni ayudas a la venta»). Confrontados simultáneamente al abastecimiento restringido y a la «regla del 15 %», y sabiendo que las reexportaciones estaban muy mal vistas por Autogerma y los constructores, manifiestamente los concesionarios italianos tenían gran interés en vender el número limitado de vehículos disponibles única o casi únicamente a compradores residentes en Italia. Por tanto, su comportamiento comercial se vio influido por los constructores y Autogerma.92 Este análisis también queda corroborado por un escrito de 6 de octubre de 1994, dirigido a la sociedad Silemotori Negro, de Conegliano (Italia), en la que Autogerma escribe:«Nos permitimos hacerles saber que la comercialización del nuevo Audi A4 Avant comenzará aproximadamente un año después del lanzamiento del nuevo Audi A4 berlina (enero de 1995), por lo que será aún más importante distribuir bien los pocos vehículos que quedan durante tan largo período, debiendo dedicarse especial atención a las ventas en el propio territorio contractual.»93 Del conjunto de las apreciaciones que anteceden resulta que no puede acogerse la alegación de la demandante relativa a la inexistencia de obstáculos respecto del abastecimiento.

Sobre el obstáculo que resulta del comportamiento comercial frente a los consumidores- Alegaciones de las partes94 La demandante también reprocha a la Comisión haber afirmado erróneamente que el comportamiento comercial de los constructores y de su red de distribución en Italia frente a los consumidores de otros Estados miembros constituía un obstáculo a las reexportaciones.95 A este respecto, la demandante señala, en primer lugar, que la Comisión invoca quejas que determinados clientes dirigieron a los constructores. En realidad, los constructores redactaron una carta modelo para responder a los compradores potenciales que les interrogaban acerca de los motivos por los que los precios eran distintos de un país a otro. La demandante subraya que ella no sólo no dio información falsa a los consumidores, sino que, al contrario, ayudó a los compradores potenciales de Estados miembros distintos de Italia interesados en adquirir un automóvil de la marca Volkswagen o Audi en dicho Estado miembro al ordenar a sus colaboradores que les facilitaran una lista de todos los concesionarios italianos.96 En cuanto al comportamiento de Autogerma consistente en dirigir a los compradores potenciales a los concesionarios, aduce que es perfectamente legítimo, puesto que ésta no vende directamente automóviles a los consumidores. Ciertamente, los concesionarios pueden entregar automóviles a los consumidores finales sin restricciones, pero no están obligados a ello. En un caso particular, Autogerma pidió efectivamente a un comprador potencial que confirmase su intención de comprar un automóvil en Italia pero, a diferencia de lo que ha sostenido la Comisión, no exigió la confirmación de que el cliente efectuaba la compra «bien directamente, bien a través de un intermediario fiable». Además, cuando los clientes solicitaban la ayuda de Autogerma en caso de problemas con un concesionario, ésta se esforzaba por ayudarles. Los constructores también hicieron esfuerzos por aconsejar a los clientes alemanes que habían tenido problemas para obtener un vehículo en un concesionario italiano.97 La demandante añade que, si bien es cierto que determinados escritos redactados por clientes alemanes o austriacos dan la impresión de que se enfrentaron a una negativa por el mero hecho de su nacionalidad, es erróneo concluir que dichas negativas se debían a una prohibición por parte de los constructores o de Autogerma. Dicha parte observa que, manifiestamente, un concesionario que, por una razón u otra, no desea vender prefiere decir que no puede en lugar de que no quiere. En cualquier caso, los escritos citados por la Comisión no sólo demuestran que sus autores se vieron confrontados a una negativa de los concesionarios italianos. También prueban que la demandante, Audi y Autogerma, cada vez que un cliente se ponía en contacto con ellos, explicaban inmediatamente que los suministros a consumidores finales no debían denegarse y le ayudaban a obtener un vehículo.98 La demandante sostiene que los concesionarios pueden tener interés en vender prioritariamente a los clientes de su territorio contractual determinados modelos de automóviles particularmente solicitados pero disponibles en cantidades limitadas. En efecto, de este modo garantizan la rentabilidad de su servicio posventa. También evitan dificultades en relación con la recuperación del impuesto sobre el valor añadido (IVA). De manera que los concesionarios italianos interrogados en el marco de las comprobaciones efectuadas por la Comisión no confirmaron haberse negado a vender a consumidores finales extranjeros por presiones de los constructores o de Autogerma, sino declararon que, simplemente, tales ventas no les resultaban interesantes. Algunos de ellos incluso negaron tajantemente la existencia de una prohibición de venta al extranjero o afirmaron haber recibido la orden expresa de servir a todos los consumidores finales, con independencia del domicilio de éstos.99 Por lo que respecta al compromiso que, en virtud de una circular de 15 de octubre de 1993, Autogerma recomendó a los concesionarios que hicieran firmar a determinados compradores, la demandante niega que estuviese destinado a impedir las reexportaciones. Mediante dicho compromiso, el comprador se obliga a no revender su vehículo, so pena de una multa equivalente al 10 % del precio de compra, antes de cumplirse un plazo de tres meses y de haber recorrido 3.000 km. En efecto, a su juicio tal medida no obstaculizó de ningún modo las entregas a consumidores finales fuera del territorio contractual. Sólo protegió el sistema de distribución selectiva, al permitir al concesionario cerciorarse aún más de que el comprador no era un testaferro que actuara por cuenta de un revendedor no autorizado. Además, según el escrito de 26 de septiembre de 1994 dirigido por Autogerma a la demandante, el compromiso controvertido sólo debía exigirse a compradores extranjeros sospechosos, es decir clientes cuya condición de consumidor final fuera dudosa. Ya en su circular de 15 de octubre de 1993 Autogerma aconsejó a los concesionarios recurrir a dicha medida sólo en ese supuesto. La demandante añade que podía estimar que tal medida era lícita, al menos hasta la entrada en vigor del Reglamento nº 1475/95. Lo anterior se desprende a su juicio de un escrito de la Comisión de 31 de marzo de 1995. Precisa además que, desde comienzos del año 1996 ya no se exigía el compromiso de que se trata.100 Por último, en la medida en que la Comisión concluyó que Autogerma quiso obstaculizar las reexportaciones al facturar todos los automóviles con IVA (considerando 42 de la Decisión), la demandante alega que sólo aplicó la legislación que somete al IVA las entregas como las que Autogerma efectúa a sus concesionarios.101 La demandada recuerda, en primer lugar, el contenido de una nota manuscrita citada en el considerando 34 de la Decisión, según la cual la demandante ordenaba a sus servicios que no dieran nunca la impresión a los consumidores finales o a los intermediarios autorizados que hubieran pedido información, de que había dado instrucciones para que no se comunicase ninguna información. A continuación expone que, en varias ocasiones, compradores potenciales denunciaron obstáculos a la reexportación, hasta tal punto que la demandante redactó una carta modelo para responderles. Los consumidores alemanes y austriacos se vieron sometidos a una auténtica carrera de obstáculos, de la que también formaban parte los plazos de entrega. La cantidad elevada de cartas de reclamación de compradores potenciales es reveladora de dicho fenómeno.102 Por lo que respecta, más concretamente, a la medida que consiste en hacer firmar un compromiso a los clientes cuya condición de consumidor final fuera dudosa, tras haber sido meramente recomendada a los concesionarios, con posterioridad se hizo obligatoria.103 La demandada también sostiene que las declaraciones escritas de los concesionarios hechas con ocasión de las inspecciones de octubre de 1995, no tienen gran fuerza probatoria, habida cuenta de que fueron objeto de advertencias y amenazas de resolución de sus contratos de concesión por parte de Autogerma. Dichas amenazas explican, además, las discrepancias entre las declaraciones escritas y verbales de determinados concesionarios. En cualquier caso, la demandada considera que varios documentos demuestran inequívocamente que se respondió con negativas expresas de venta a clientes potenciales extranjeros.104 Por último, la demandada cita un documento del que a su juicio se desprende inequívocamente que la facturación con IVA incluido era un medio conscientemente ideado para obstaculizar las reexportaciones.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia105 Procede señalar que los argumentos de la demandante se contradicen manifiestamente con numerosas quejas enviadas, en particular durante el año 1995, por consumidores de Estados miembros distintos de Italia y, en su mayoría, de nacionalidad alemana o austriaca, bien a la demandante, a Audi o a Autogerma, bien a la Comisión. Tras instarle el Tribunal de Primera Instancia a que transmitiera la totalidad de los escritos recibidos de consumidores o incautados por ella, la Comisión presentó más de sesenta cartas o fax que tienen por objeto común denunciar los obstáculos sufridos por dichos consumidores para adquirir un vehículo de la marca Volkswagen o Audi en Italia. Basta con citar, a continuación, algunos de los escritos analizados por la Comisión en la Decisión impugnada.106 En un fax de 15 de febrero de 1995 dirigido a Audi (nota nº 33 de la Decisión), el Sr. Wieser escribe:«Me he puesto en contacto con un concesionario Audi del Trentino para adquirir un nuevo Audi A4 1,8 e importarlo a Austria.Sin embargo, se me informó de que por instrucciones de Audi no puede venderse a austriacos [...]Tras indicar que esas medidas son contrarias al Derecho comunitario, su concesionario me explicó que sabía que son ilegales, pero que teme represalias por parte de su empresa [...]»107 En un fax de 27 de abril de 1995 dirigido a la Comisión (nota nº 36 de la Decisión), el Sr. Bernhard escribe:«[C]on la presente quisiera quejarme de las siguientes empresas de VW [...]: Quise encargar en el Autohaus Lanz un VW Passat GL y me informaron de que, como alemán, no había ningún problema para venderme un coche dentro de la Comunidad Europea. Dos días después sabía qué modelo y equipamiento quería e hice el pedido. Al día siguiente el dueño de la empresa me comunicó por teléfono que por ser alemán no me podía vender ningún coche (instrucciones de Volkswagen AG).A continuación traté de comprar un vehículo en Brenner-Garage S.P.A. AG, concesionario y taller Volkswagen. También se negaron.»108 En un fax de 27 de abril de 1995 dirigido a la demandante (nota nº 132 de la Decisión), el Sr. Lenz escribe:«En relación con la conversación telefónica mantenida con usted, quisiera volver a exponer aquí los hechos que me han ocurrido en Italia y que resultan, no sólo desde mi punto de vista, una barbaridad.Como comprador serio de un Golf antes mencionado (para mi hijo), con ocasión de mi estancia en el Trentino durante las vacaciones de Semana Santa tres concesionarios VW me comunicaron que no se permite la exportación de vehículo alguno, y que debían cumplir estrictamente esa orden. A algunos concesionarios ya les habían retirado la concesión, por incumplimiento de dicha orden.También se dieron instrucciones en el sentido de que se debía dar largas a los compradores interesados con excusas tales como: el plazo de entrega es de aproximadamente un año, los vehículos disponibles ya están vendidos o reservados [...].Parece ignorarse que no puede haber ninguna clase de prohibiciones de ese tipo, pues vivimos en el área de la Unión Europea. Este hecho ya debería ser conocido en el último rincón de la Unión Europea, ¿no?La televisión alemana ya trató el 22 de abril de 1995 precisamente ese tema en la emisión de la ARD "Auto & Verkehr" e informó detalladamente acerca de la ilicitud de tales órdenes en general. $Seguro que tienen conocimiento de ello! [...].»109 En un escrito de 18 de mayo de 1995 dirigido a Autogerma, con copia a Audi y a la Comisión (nota nº 39 de la Decisión), el Sr. Bauer escribe:«Nuevamente con respecto a los hechos de mi caso: el 19 de febrero de 1995 encargué, a través de un intermediario, que está apoderado para actuar en mi nombre, un Audi A6 en la empresa Funari. El pedido está registrado en sus archivos bajo el número 95/0014. Puesto que existe un contrato jurídicamente válido, quiero que inmediatamente me comuniquen cuándo me entregarán el coche.Al parecer, tratan ustedes por todos los medios de alejar a los clientes de Audi. Me he puesto en contacto con varios concesionarios italianos que me han contado que les esperan represalias (por supuesto, las amenazas sólo se efectúan por teléfono) si entregasen un solo Audi a Austria [...].»110 En un escrito de 8 de junio de 1995 dirigido a la demandante (nota nº 36 de la Decisión), el Sr. Keppler escribe:«Del 2 al 4 de mayo de 1995 estuve en Italia. Cerca de San Leonardo recibimos la decepcionante respuesta del concesionario local VW de que en todo el Trentino no encontraríamos ningún concesionario VW que vendiera VW a extranjeros. Como justificación expuso que VW había prohibido las ventas. En caso de incumplimiento de dicha prohibición VW había amenazado con retirar la concesión. Y en efecto así fue. En todo el Trentino (al menos en Merano, Bolzano y Silandro) ningún concesionario VW nos vendió un VW [...]»El comentario de «Brenner-Garage» de Bolzano y Merano a este respecto fue: «Hasta diciembre del 94 hemos vendido coches como locos a alemanes, pero lamentablemente Volkswagen nos ha cerrado el grifo. Apenas recibimos de VW coches para abastecer, con plazos de entrega considerables, el mercado doméstico. Nos gustaría venderles un VW, pero lamentablemente Volkswagen nos lo impide».111 En un escrito de 23 de junio de 1995 dirigido a Autogerma (nota nº 133 de la Decisión), el Sr. Schneider escribe:«Quisiera comprar un Audi A4 1.8 en Italia y exportarlo a Austria.Todos los concesionarios me dijeron que no es posible porque no recibirían más coches en el futuro si volvían a encargar coches para austriacos [...]»112 En un fax de 19 de julio de 1995 dirigido a la demandante (nota nº 134 de la Decisión), el Sr. Mosser escribe:«Puesto que Austria también pertenece ahora a la Unión Europea, se me plantea una cuestión muy importante.El 8 de junio de 1995 estuve en la vecina Italia para comprarme un Audi A4 TDI. Primero fui a Gemona y después a San Daniele [...].Sin embargo, tuve una sorpresa desagradable. La dirección de la empresa en Gemona y en San Daniele me comunicaron, que el importador oficial de Audi había prohibido al concesionario correspondiente vender coches a extranjeros [...].»113 En un fax de 3 de agosto de 1995 dirigido a Audi (nota nº 135 de la Decisión), el Sr. Bilogan escribe:«[T]engo la intención de adquirir [un Audi A4] en Italia.Distintas personas me han advertido de que los concesionarios italianos no tienen permitido vender a personas de la República Federal de Alemania y Austria, supuestamente siguiendo instrucciones del constructor [...]»114 En un escrito dirigido a la demandante (nota nº 136 de la Decisión), el Sr. Albrecht escribe:«Como europeo convencido quise disfrutar de las ventajas de la Unión Europea, al igual que ustedes en su empresa, de modo que mi mujer y yo fuimos a Italia.Paramos en Milán y buscamos un concesionario VAG. Nos alegramos mucho al ver expuestos los coches en los que estábamos pensando. Para mi mujer sería un Polo y para mí un nuevo Audi A4.Sin embargo, pronto llegó la decepción. Sin ambages se nos comunicó que, por orden de Wolfsburg, como alemanes no podíamos comprar ninguno de dichos modelos.[...] Lo único que nos ha quedado tras nuestras bonitas vacaciones de dos días son los gastos de viaje y de alojamiento y la certeza de que su empresa sólo quiere disfrutar ella las ventajas de la Unión Europea, pero que el ciudadano de a pie, como siempre, lleva las de perder y debe hacer sus compras en Alemania.»115 De modo suficientemente representativo resulta de dichos documentos que durante el período de que se trata, un cliente potencial domiciliado fuera de Italia se enfrentaba a grandes dificultades para encontrar un concesionario italiano de las marcas Volkswagen y Audi dispuesto a venderle un vehículo. Por consiguiente, la Comisión concluyó acertadamente que el comportamiento comercial de los constructores y de su red de distribución en Italia frente a consumidores de otros Estados miembros también constituía un obstáculo a las reexportaciones.116 Esta conclusión no queda desvirtuada ni por las interpretaciones que la demandante da en sus escritos a cada uno de los documentos, ni por las explicaciones dadas por ésta en materia de IVA, ni, por último, por la reacción de los constructores y de Autogerma consistente en responder sistemáticamente a los denunciantes que se trataba de un malentendido y en adoptar las medidas prácticas para que éste pudiera comprar un vehículo en un concesionario italiano. A este respecto debe considerarse que, cuando se opone sistemáticamente una misma negativa, ésta no puede calificarse de malentendido. A continuación, el hecho de haber ayudado a los denunciantes a comprar un vehículo en Italia puede explicarse por el temor a que éstos ejercitaran una acción judicial y no cambia nada en lo que respecta al hecho de que resultaba difícil para clientes potenciales de otro Estado miembro adquirir en Italia un vehículo de la marca Volkswagen o Audi.117 En cuanto a las críticas formuladas por la demandante sobre las apreciaciones que se exponen en la Decisión impugnada respecto de la medida consistente en hacer firmar un compromiso a determinados compradores, procede observar que, ciertamente, dicha medida, por sí sola, no podía impedir las reexportaciones por consumidores finales. Sin embargo, dicha comprobación no desvirtúa en nada la señalada anteriormente, según la cual los concesionarios italianos se vieron forzados a negarse sistemáticamente a vender vehículos a compradores extranjeros. Por consiguiente, no es necesario examinar de qué modo debe interpretarse la medida controvertida. Además, la alegación de la demandante según la cual de la correspondencia con la Comisión ella podía deducir que esta última consideraba lícita la medida de que se trata, se contradice con un escrito de 23 de noviembre de 1994 que le dirigió dicha Institución y que más adelante será objeto de análisis en el marco del motivo subsidiario basado en el carácter excesivo de la multa impuesta (véanse los apartados 338 y 339 infra).118 De todo lo que antecede resulta que no puede acogerse la alegación de la demandante según la cual el comportamiento comercial de los constructores y de su red de distribución en Italia frente a los consumidores no constituía un obstáculo a las reexportaciones.

Sobre la alegación de la demandante según la cual las medidas adoptadas tenían únicamente por objeto impedir las ventas a revendedores no autorizados- Alegaciones de las partes119 La demandante expone que la conclusión a la que se llega en la Decisión impugnada, de que se obstaculizó la totalidad de las reexportaciones también se debe a que la Comisión malinterpretó la terminología utilizada en la correspondencia interna del grupo Volkswagen.120 De este modo, la Comisión interpretó erróneamente la expresión «mercado gris», en el sentido de que designa, además de las ventas a los revendedores no autorizados, las ventas a concesionarios y a consumidores finales de Estados miembros distintos de Italia. A este respecto, la demandante niega la afirmación de la Comisión según la cual los constructores y Autogerma asimilaron conscientemente el mercado gris a las reexportaciones desde Italia y evitaron, de este modo, distinguir entre las reexportaciones lícitas y las ilícitas (considerandos 43 a 58 de la Decisión). Según dicha parte, es evidente que la expresión mercado gris hace referencia a transacciones ilícitas y no a ventas lícitas.121 La demandante no niega que, en la correspondencia mantenida en el seno del grupo y entre Autogerma y los concesionarios, se utilizan expresiones generales como «reexportaciones», «ventas organizadas fuera del territorio contractual», «ventas fuera del territorio contractual» y «revendedores», pero, en todos estos supuestos, de la redacción o del contexto de la correspondencia de que se trata o de un documento posterior resulta que sólo se referían a las reexportaciones ilícitas, es decir aquellas contrarias a los contratos de concesión.122 La demandante cita determinadas circulares dirigidas por Autogerma a concesionarios, de las que a su juicio se desprende claramente que ésta sólo les prohibía vender a revendedores no autorizados. No niega que Autogerma recomendó a los concesionarios, en particular por lo que respecta al nuevo automóvil Volkswagen Polo, concentrar sus actividades de venta en su propio territorio contractual en Italia, lo cual, sin embargo, es lícito.123 En cualquier caso, en su opinión, la Comisión no ha aportado pruebas de que la utilización de expresiones generales en comunicaciones y circulares crearan incertidumbre en los concesionarios, incitándoles a renunciar a celebrar contratos con consumidores finales o con intermediarios nombrados por éstos (considerandos 60 y 61 de la Decisión). A este respecto, la demandante observa que los concesionarios, en su condición de profesionales, conocen la normativa comunitaria en la materia y que, además, en su contrato de concesión se recuerda la diferencia entre las ventas autorizadas a consumidores finales y las ventas prohibidas a revendedores no autorizados.124 A continuación, la demandante rechaza la interpretación que la Comisión da a determinados documentos, invocados por ésta para probar la existencia de una «estrategia general» dirigida a impedir exportaciones lícitas. De este modo, la nota de 21 de septiembre de 1994, dirigida a la demandante por Autogerma (considerando 21 de la Decisión), sólo contiene reflexiones generales sobre el tipo de medidas a adoptar. Con dicha nota, Autogerma trató de demostrar a la demandante que quería actuar activamente contra toda reexportación, mientras que, en realidad, los únicos instrumentos de los que disponía eran los que resultaban de los contratos de concesión.125 Por lo que respecta a los otros documentos, sólo tienen por objeto las ventas a revendedores no autorizados. En cuanto a la nota de 26 de septiembre de 1994, dirigida también por Autogerma a la demandante (considerando 22 de la Decisión), lo anterior se desprende del propio tenor literal de dicho documento y, en particular, de la referencia que en él se hace al Reglamento nº 123/85. Confirma además dicha interpretación otra nota de Autogerma a la demandante, de fecha 24 de octubre de 1994.126 Lo mismo ocurre con la nota interna de la demandante de 6 de febrero de 1995 respecto de medidas adoptadas por Autogerma para evitar reexportaciones (considerando 23 de la Decisión) y de una comunicación interna de Audi de 12 de diciembre de 1994 (considerando 24 de la Decisión), que sólo se refiere a un proyecto de circular sobre el «mercado gris; sistema de márgenes en Italia». Además, la circular que se envió finalmente a los concesionarios alemanes bajo el título «mercado gris» les pidió que reunieran información sobre los revendedores no autorizados. Lo mismo es aplicable a los informes de 17 de diciembre de 1993 del servicio encargado por Autogerma de supervisar a los concesionarios italianos en materia de prácticas de venta de dos concesionarios, a una nota de Autogerma de 15 de marzo de 1995, a un fax de la demandante a Audi de 2