Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Observaciones preliminares de la Comisión - Comunicación prevista en el artículo 6 del Reglamento nº 99/63/CEE - Actos de trámite - Escrito de archivo procedente de los servicios de la Comisión - Acto impugnable

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Reglamentos de la Comisión nº 17, art. 3, ap. 2, y nº 99/63/CEE, art. 6]

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión de reabrir un procedimiento de tramitación de una denuncia por infracción de las normas sobre la competencia

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamentos de la Comisión nº 17, art. 3, ap. 2, y nº 99/63/CEE, art. 6]

3 Recurso de anulación - Motivos - Motivación insuficiente - Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Decisión de archivo de la Comisión - Incidencia en la apreciación por los órganos jurisdiccionales nacionales del acuerdo controvertido

[Tratado CE, art. 85 (actualmente art. 81 CE); Reglamentos de la Comisión nº 17, art. 3, ap. 2, y nº 99/63/CEE, art. 6]

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1 Constituyen actos o decisiones susceptibles de ser objeto de un recurso de anulación, con independencia de la forma en la que se adopten, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Concretamente, cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, especialmente al término de un procedimiento interno, en principio únicamente constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la posición de la Institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios, cuyo objetivo es preparar la decisión final.

A este respecto, en el marco del examen de una denuncia por infracción de las normas sobre la competencia interpuesta en virtud del artículo 3 del Reglamento nº 17, cuyo procedimiento consta de tres fases sucesivas, ni las observaciones preliminares que se hubieran emitido en el marco de la primera fase de dichas fases, ni las comunicaciones basadas en el artículo 6 del Reglamento nº 99/63 pueden calificarse de actos impugnables. En cambio, los escritos por los que se desestima definitivamente la denuncia y se archiva el expediente son susceptibles de recurso, pues tienen el contenido de una decisión y producen los efectos de ésta, por cuanto ponen término a la investigación iniciada, suponen una valoración de los acuerdos de que se trata e impiden a los demandantes que exijan la reapertura de la investigación, a menos que aleguen elementos nuevos.

Forman parte de la última fase de dicho procedimiento y, por lo tanto, pueden ser objeto de un recurso de anulación, no obstante el hecho de que procedan de los servicios de la Comisión y no del miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de competencia, escritos de la Comisión que incluyen una apreciación clara del acuerdo de que se trata y, en particular, de su importancia económica, e informan a los interesados acerca de su intención de archivar el expediente, dado que todo indica que dicha decisión de archivo constituye la última fase del procedimiento administrativo y fija definitivamente la posición de la Comisión. (véanse los apartados 49, 52, 53 y 63)

2 El alcance de la obligación de motivar depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado. La motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución, de modo que, por una parte, dé a los interesados una indicación suficiente sobre si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez, y, por otra parte, permita al órgano jurisdiccional comunitario el ejercicio de su control de legalidad.

En particular, debe motivarse la decisión por la cual la Comisión, al reconsiderar su posición inicial de archivar una denuncia por infracción de las normas sobre la competencia dada la importancia económica limitada a nivel comunitario, decide reabrir el procedimiento. (véanse los apartados 73, 76, 77 y 82)

3 La exigencia de motivación suficientemente precisa, consagrada por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE), constituye uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario, y al Juez le corresponde garantizar que se respeta, si es necesario suscitando de oficio un motivo basado en el incumplimiento de dicha obligación. (véase el apartado 74)

4 Los escritos administrativos de archivo de una denuncia por infracción de las normas sobre la competencia, que reflejan una apreciación de la Comisión y ponen término a un procedimiento de examen por parte de sus servicios, no tienen el efecto de impedir a los órganos jurisdiccionales nacionales, ante los que se invoque la incompatibilidad de un acuerdo con el artículo 85 de Tratado, efectuar, en función de los elementos de que disponen, una apreciación diferente sobre dicho acuerdo. Si bien no es vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales, la opinión comunicada en dichos escritos constituye, no obstante, un elemento de hecho que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta al examinar la conformidad del acuerdo o del comportamiento de que se trate con las disposiciones del artículo 85 del Tratado. (véase el apartado 84)