Palabras clave

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Palabras clave

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1. Actos de las Instituciones ° Notificación ° Concepto ° Irregularidades ° Efectos ° Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia ° Firma por un miembro de la Comisión ° Inexistencia de obligación

2. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción ° Respeto del principio de contradicción y del derecho de defensa ° Alcance

(Tratado CEE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19. ap. 1; Reglamento nº 99/63 de la Comisión, arts. 3, 4 y 7, ap. 1)

3. Competencia ° Prácticas colusorias ° Sistema de distribución selectiva ° Procedencia ° Requisitos ° Inexistencia de prohibición de reventa en el interior de la red

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

4. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Concepto ° Carácter contractual de una prohibición de reexportar aceptada tácitamente por los distribuidores de un fabricante

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

5. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

6. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos de exclusiva ° Exención por categorías ° Contrato de distribución en exclusiva sin prohibición de exportación ° Existencia de una práctica concertada dirigida a restringir las importaciones paralelas ° Exclusión de la exención

7. Competencia ° Prácticas colusorias ° Práctica concertada ° Colocación de signos distintivos a fin de permitir la identificación de los productos que han sido objeto de importaciones paralelas ° Procedimiento que ha permitido también obtener ventajas competitivas lícitas ° Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

8. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Infracción no evidente por falta de precedentes en las Decisiones adoptadas por la Comisión ° Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

9. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo ° Falta de diligencia de la Comisión en la tramitación del procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

10. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Duración de la infracción ° Duración inferior a la establecida por la Comisión ° Reducción de la multa por el órgano jurisdiccional comunitario ° Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Volumen de negocios que se toma en consideración

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Competencia ° Multas ° Apreciación en función del comportamiento individual de la empresa ° Inexistencia de sanción contra otro operador económico ° Irrelevancia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

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1. Se considera que una Decisión ha sido debidamente notificada cuando la misma ha sido comunicada a su destinatario y a éste se le ha proporcionado la posibilidad de tener conocimiento de la misma. Las eventuales irregularidades que afecten al modo de notificación no constituyen un vicio que afecte a la legalidad o a la regularidad del acto notificado. En el caso de la notificación a una empresa de una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, ninguna disposición exige que el ejemplar de la Decisión que se le notifica esté firmado por el miembro competente de la Comisión.

2. No existe violación del principio de contradicción ni del derecho de defensa, tal como han sido consagrados en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17, en el artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento nº 99/63, cuando una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, dirigida por la Comisión a una empresa, no ha tenido en cuenta, en contra de esta última, pruebas distintas de aquellas sobre las que la interesada había tenido ocasión de exponer su punto de vista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento nº 99/63. Por otra parte, aunque dicha Decisión debe precisar las pruebas en que se apoya el criterio de la Comisión, no es preciso sin embargo que enumere de manera exhaustiva todos los elementos de prueba disponibles, sino que puede referirse a ellos globalmente.

3. Cuando un productor decide organizar la distribución de sus productos a través de una red de distribuidores autorizados, que disfrutan de una garantía de distribución exclusiva o selectiva, la licitud de dicho sistema de distribución respecto a las normas comunitarias sobre la competencia está sujeta en particular al requisito de que no se imponga a los revendedores autorizados, ni de hecho ni de derecho, prohibición alguna de reventa de los productos objeto de contrato en el interior de la red de distribución. En efecto, las cláusulas de este tipo, que tienen por efecto compartimentar los mercados nacionales y se oponen así al objetivo de la realización de un mercado común, son, por su propia naturaleza, contrarias a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

4. El hecho de que la prohibición de reexportación de los productos objeto de contrato que caracteriza a un sistema de distribución selectiva creado por un fabricante no constituya el objeto de una estipulación escrita no permite considerar que dicha prohibición sólo es imputable a un comportamiento unilateral del fabricante, con lo cual no le sería aplicable el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, cuando existen pruebas irrefutables que revelan que la prohibición mencionada forma parte de los acuerdos que regulan las relaciones entre el fabricante y sus distribuidores. En efecto, cabe la posibilidad de que una condición contractual contraria al citado artículo no haya sido necesariamente recogida por escrito, sino que se integre tácitamente en el marco de las relaciones contractuales que una empresa mantiene con quienes comercian con ella.

El hecho de que una cláusula contractual de este tipo no haya sido efectivamente aplicada por las partes no puede hacer desaparecer la infracción que supone el haberla estipulado.

5. El principio de seguridad jurídica, del que deben beneficiarse los agentes económicos, implica que, cuando existe un litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión, sobre quien recae la carga de la prueba de las infracciones que afirme haber descubierto, debe aportar pruebas adecuadas para demostrar suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de los hechos que constituyen la infracción. Por lo que respecta a la duración que se atribuye a una infracción, el mismo principio de seguridad jurídica exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que se pueda admitir razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

6. En cualquier caso, las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado no pueden declararse inaplicables a un contrato de distribución exclusiva que, en sí mismo, no contiene ninguna prohibición de reexportar los productos objeto de contrato, cuando las partes contratantes participan en una práctica concertada que tiene por objeto restringir las importaciones paralelas destinadas a un revendedor no autorizado.

7. El apartado 1 del artículo 85 del Tratado es aplicable al hecho de que un fabricante y sus distribuidores, para luchar contra las importaciones paralelas, se doten de un sistema destinado a permitir identificar con seguridad los productos que han sido objeto de dichas importaciones, mediante la colocación de signos distintivos sobre los productos.

Una práctica concertada de tales características constituye una infracción aun en el caso de que no hubiera llegado a producir efectos en el mercado y aun en el caso de que la identificación de los productos hubiera permitido obtener también ciertas ventajas competitivas legítimas.

8. Aunque es cierto que, para determinar la cuantía de la multa que se impondrá a una empresa inculpada de prácticas contrarias a la competencia, la Comisión o el Juez comunitario pueden tener en cuenta, en ciertas circunstancias, el que, en la época en que ocurrieron los hechos controvertidos, la práctica o las prácticas imputadas no hubieran sido claramente determinadas como tales en las Decisiones adoptadas por la Comisión, una empresa no puede pretender seriamente que éste es también el caso de una prohibición general de reexportar los productos objeto de contrato impuesta a una red de distribución exclusiva, acompañada de diversas prácticas coercitivas con el fin de asegurar el respeto de la prohibición, puesto que resulta evidente que prácticas de este tipo, que tienen por objeto o por efecto oponerse al propio objetivo de realización del mercado único que marca el Tratado, compartimentando los diferentes mercados nacionales, son por naturaleza contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, según reiterada jurisprudencia.

A este respecto, debe precisarse, por una parte, que una política de compartimentación de mercados nacionales de este tipo supone necesariamente la existencia de una política de tarifas diferenciada, según los diferentes mercados nacionales de que se trate, y, por otra parte, que la empresa no puede alegar ante el Juez comunitario la supuesta novedad de algunos de los métodos coercitivos que utilizó para conseguir que se respetara la prohibición de importaciones paralelas, tal como la recompra de algunos de los productos objeto de contrato. Por el contrario, es preciso tener en cuenta, al examinar la cuantía de la multa que procede imponer a la empresa, que esta última, en vez de limitarse a obligar a sus cocontratantes a respetar una prohibición contraria a la competencia, utilizó además múltiples y variados medios coercitivos para lograr que sus distribuidores y revendedores respetaran una prohibición cuyo carácter contrario a la competencia no ignoraba.

9. El hecho de poner fin a una infracción durante el procedimiento administrativo puede constituir una circunstancia atenuante que debe ser tenida en cuenta para determinar la cuantía de la multa impuesta a una empresa. Pero es preciso además que la empresa de que se trate, una vez informada por la Comisión de que su comportamiento no respeta las normas comunitarias sobre la competencia, adopte sin tardar las medidas necesarias para ajustarse a dichas normas.

En determinadas circunstancias, si el procedimiento administrativo a cuyo término se impuso la multa se ha caracterizado por su excesiva duración, debido a la falta de diligencia de la Comisión, también se puede tener en cuenta este dato a efectos de fijar la cuantía de la multa.

10. A tenor de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento nº 17, la duración de la infracción constituye uno de los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la cuantía de la sanción pecuniaria que procede imponer a las empresas que han cometido infracciones de las normas sobre la competencia. Cuando el órgano jurisdiccional comunitario llega a la conclusión de que la duración de la infracción es inferior a la señalada en la Decisión de la Comisión en la que se declaraba la existencia de infracción, procede que aquél, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, modifique la Decisión impugnada y reduzca la cuantía de la multa impuesta. Sin embargo, la reducción de la multa no debe ser necesariamente proporcional a la reducción de la duración de las infracciones a la que se ha procedido, habida cuenta de la gravedad y del carácter acumulativo de las infracciones comprobadas por la Comisión durante la duración efectiva de las mismas.

11. El volumen de negocios al que se refiere el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, al establecer los criterios para determinar la cuantía de las multas administrativas que pueden imponerse a las empresas que han cometido infracciones de las normas sobre la competencia, es el volumen de negocios total de la empresa.

12. Una empresa que ha infringido, con su comportamiento, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, no puede eludir la sanción alegando que otro operador económico no ha sido multado, cuando la situación de este último ni siquiera ha sido sometida al órgano jurisdiccional comunitario.