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1. Funcionarios - Selección - Concurso - Concurso-oposición - No admisión a las pruebas - Motivación - Obligación - Alcance

(Estatuto de los funcionarios, anexo III, art. 5)

2. Funcionarios - Selección - Concurso - Requisitos de admisión - Experiencia profesional equivalente a un diploma - Facultad de apreciación del tribunal del concurso

(Estatuto de los funcionarios, art. 5, apartado 1)

3. Funcionarios - Selección - Concurso - Concurso oposición - Consideración de los títulos de los candidatos a efectos de la admisión a las pruebas - Valoración diferente aplicada a un mismo candidato en sucesivos concursos - Procedencia - Requisitos

(Estatuto de los funcionarios, anexo III, art. 5)

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1. Con el fin de tener en cuenta las dificultades prácticas que se presentan en un concurso con numerosa participación, el tribunal de un concurso de esas características puede, en una primea fase, no comunicar a los candidatos más que los criterios y el resultado de la selección, sin perjuicio de dar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente.

2. En lo que se refiere a la definición de los requisitos de admisión a las pruebas, especialmente del requisito relativo a la experiencia equivalente a un diploma, la convocatoria puede legalmente limitarse a recoger, sin otra especificación, los términos generales del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto, y dejar, por tanto, al tribunal de concurso la responsabilidad de apreciar caso por caso si los títulos y diplomas presentados, así como la experiencia profesional acreditada por cada candidato corresponden al nivel exigido por el Estatuto para el ejercicio de funciones correspondientes a la categoría a que se refiere esa convocatoria.

3. Cuando el tribunal de un concurso sólo puede comprobar si se reúnen los requisitos fijados por la convocatoria haciendo una valoración en parte subjetiva, es libre de diferir de la valoración hecha por tribunales anteriores, pero entonces tiene que motivar especialmente su decisión.

No obstante, la obligación de motivar cualquier decisión que se refiera a un candidato, a causa de que la valoración efectuada respecto al mismo es menos favorable que la que se le aplicó con ocasión de un concurso anterior, sólo puede tenerse en cuenta en la medida en que el interesado haya señalado ese punto al tribunal del concurso. En efecto, un tribunal de concurso no puede estar obligado a efectuar investigaciones él mismo para verificar si los candidatos fueron admitidos a concursar en el marco de un procedimiento de concurso anterior. Es a los candidatos a quienes corresponde proporcionar al tribunal del concurso todos los datos que consideren útiles a efectos del examen de su candidatura, aun cuando no hayan sido formalmente invitados a hacerlo.
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1. Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Prima por no comercialización de leche - Condiciones para su concesión y compromisos suscritos por el productor - Concepto - Requisitos vinculados a las modalidades de control - Exclusión

(Reglamento nº 1078/77 del Consejo, art. 2 y art. 11, apartado 1;

Reglamento nº 1307/77 de la Comisión, art. 8, apartado 1)

2. Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Prima por no comercialización de leche - Modalidades de control de la utilización del ganado - Marcado y registro obligatorio de las reses - Omisión parcial - Consecuencias

(Reglamento nº 1307/77 de la Comisión, art. 7 y art. 8, apartado 3)

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1. El concepto de "compromisos", que figura en el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento nº 1078/77, por el que se establece un régimen de primas por no comercialización de leche y de productos lácteos y por reconversión de ganado vacuno lechero, y el concepto de "condiciones", que figura en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento nº 1307/77, relativo a las modalidades de aplicación del mencionado régimen, deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de una prima por no comercialización, se refieren únicamente a los compromisos y condiciones a los que el artículo 2 del Reglamento nº 1978/77 vincula la concesión de la prima y no a cualesquiera otras exigencias, en particular las relativas a las modalidades de control de la observancia de las obligaciones derivadas del régimen de la prima.

2. El apartado 3 del artículo 8 del Reglamento nº 1307/77, conforme al cual se pierde el derecho a la prima por no comercialización para aquellos animales respecto a los cuales no se haya probado, con arreglo al artículo 7 del mismo Reglamento, que se han utilizado para los fines a los que estuvieren destinados, debe interpretarse en el sentido de que se refiere también al caso en que algunos animales no hayan sido marcados ni registrados, ni se haya expedido una ficha individual para ellos.
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1. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tiene en éste su domicilio social - Derecho a trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro - Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 52 y 58)

2. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Directiva 73/148 - Inaplicabilidad a las personas jurídicas

(Directiva 73/148 del Consejo)

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1. El Tratado considera la disparidad de las legislaciones nacionales acerca del vínculo de conexión impuesto a las sociedades constituidas con arreglo a aquéllas, así como la posibilidad, y en su caso las modalidades de traslado de la sede, formal o real, de dichas sociedades de un Estado miembro a otro, como problemas que no están resueltos por las normas sobre el derecho de establecimiento, sino que deben serlo mediante actuaciones legislativas o convencionales, que, sin embargo, no han llegado a término. En estas circunstancias, los artículos 52 y 58 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que no confieren, en el estado actual del Derecho comunitario, derecho alguno a una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tenga en éste su domicilio social, a trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro.

2. La Directiva 73/148 relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios, sólo tiene por objeto, según su denominación y su texto, el desplazamiento y la estancia de las personas físicas, y sus disposiciones, por su contenido, no son aptas para aplicarse por analogía a las personas jurídicas. En consecuencia, la Directiva 73/148 debe ser interpretada en el sentido de que sus disposiciones no confieren a una sociedad el derecho a trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro.
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Arancel aduanero común - Contingentes arancelarios comunitarios - Falta de fijación por el Consejo de un contingente anual - Concesión anticipada por la Comisión con base en las propuestas hechas al Consejo - Suspensión por la Comisión de la expedición

de certificados de importación - Procedencia - Fijación definitiva por el Consejo - Reparto del resto disponible - Prioridad de las solicitudes en trámite.

(Reglamento nº 3656/83 de la Comisión, art. 2)

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Cuando la Comisión, al no haber fijado definitivamente el Consejo el contingente arancelario anual, aplica el Reglamento nº 3656/83, sobre modalidades de aplicación del régimen de importación para los productos de la subpartida 07.06 del arancel aduanero común, originarios de terceros países, y en especial su artículo 2, relativo al procedimiento de expedición de los certificados de importación, puede suspender la expedición por anticipado de dichos certificados de importación en los casos en que, teniendo en cuenta las cantidades ya concedidas, las solicitudes en trámite superan el volumen del contingente anual que ha propuesto al Consejo y no puede aplicárseles, por no estar fijado el volumen total que debe repartirse, la regla de concesión a prorrata.

Cuando, tras la fijación definitiva del contingente por el Consejo, la Comisión distribuye el resto disponible, puede autorizar la presentación de nuevas solicitudes, pero está obligada, con arreglo al apartado 3 del citado artículo, a atender con prioridad las solicitudes que no hayan podido satisfacerse debido a la medida de suspensión y que, por haber sido confirmadas, continuan en trámite. Si el volumen de dichas solicitudes supera la cantidad disponible, procede aplicar la regla de la prorrata.
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Funcionarios - Pensiones - Derechos a pensión adquiridos antes del ingreso al servicio de las Comunidades - Transferencia al régimen comunitario - Presentación de la solicitud - Plazo - Inoponibilidad a los agentes temporales

(Estatuto de los funcionarios, Anexo VIII, art. 11, apartado 2; régimen aplicable a los otros agentes, art. 39, apartado 2)

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Vista la diferencia fundamental entre la situación estatutaria del funcionario y la del agente temporal, que es de índole contractual, una disposición adoptada en aplicación del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto, que fija el plazo dentro del cual los funcionarios deben formular su solicitud de transferencia al régimen de pensiones comunitario de los derechos adquiridos antes de entrar al servicio de las Comunidades, no puede aplicarse, so pena de vulnerar el principio de la seguridad jurídica, a los agentes temporales, a falta de normas específicas que regulen su situación particular.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - FALTA DE INCORPORACION AL DERECHO INTERNO DE LA DIRECTIVA 83/181/CEE DEL CONSEJO - EXENCION DEL IVA DEL ALGUNAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES. - ASUNTO 125/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 04669



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Estados miembros - Obligaciones - Cumplimiento de las directivas - Incumplimiento - Justificación - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 169)

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Un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y de los plazos impuestos por las directivas.
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1. Agricultura - Aproximación de las legislaciones - Fundamento jurídico

(Tratado CEE, art. 38, apartado 2, y arts. 39, 43 y 100; Directiva del Consejo 86/113)

2. Actos de las instituciones - Elección del fundamento jurídico - Criterios - Práctica de una institución - Falta de pertinencia con respecto a las normas del Tratado

3. Actos de las instituciones - Motivación - Modificación posterior a la adopción - Incompetencia de la Secretaría General del Consejo

(Tratado CEE, art. 190)

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1. El artículo 43 del Tratado constituye el fundamento jurídico apropiado para toda la normativa relativa a la producción y a la comercialización de los productos agrícolas mencionados en el Anexo II del Tratado, que contribuya a la realización de uno o varios objetivos de la política agraria común que se mencionan en el artículo 39 del Tratado. Incluso si tales normativas persiguen, junto a los objetivos que corresponden a la política agraria común, otros objetivos, que, a falta de disposiciones específicas, se persiguen en base al artículo 100 del Tratado, pueden tener por objeto la armonización de las disposiciones nacionales en este campo sin que sea necesario recurrir a este último artículo. Efectivamente, éste, a la vista de la prioridad que concede el apartado 2 del artículo 38 del Tratado a las disposiciones específicas del ámbito agrícola en relación con las disposiciones generales relativas al establecimiento del mercado común, no puede ser invocado con objeto de restringir el ámbito de aplicación del artículo 43.

Al establecer la Directiva 86/113 las normas mínimas relativas a la protección de las gallinas ponedoras en batería, que trata esencialmente de eliminar las distorsiones de competencia que puedan perturbar el funcionamiento de la organización común de mercados en el sector de los huevos, garantizando el bienestar de los animales, puede ser adoptada por el Consejo en base únicamente al artículo 43.

2. La determinación del fundamento jurídico apropiado de un acto no depende de la apreciación del legislador comunitario sino que debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Una práctica del Consejo, consistente en adoptar actos legislativos en un determinado ámbito con un doble fundamento jurídico, no puede contravenir las normas del Tratado. Por consiguiente, tal práctica no puede crear un precedente que vincule a las instituciones de la Comunidad en cuanto a la determinación del fundamento jurídico correcto.

3. La motivación de los actos de las instituciones, impuesta por el artículo 190 del Tratado, y cuya finalidad es permitir al Tribunal de Justicia ejercer el control de la legalidad, y a los Estados miembros así como a sus nacionales interesados conocer la condiciones en las cuales las instituciones comunitarias aplicaron el Tratado, constituye un elemento esencial de éstos. De ello se deduce que ni el Secretario General del Consejo, ni el personal de su Secretaría General, están facultados para modificar la motivación de los actos aprobados por el Consejo.
2.

El Tribunal de Cuentas estima que el recurso no solamente es admisible, sino también fundado en Derecho. Considera que las explicaciones del tribunal del concurso, en las cartas a los demandantes de 2 de agosto y de 28 de octubre de 1985, no están fundamentadas en Derecho, habida cuenta, por una parte, de los requisitos de la convocatoria del concurso y, por otra parte, de la clara postura expresada por la AFPN en su nota de 4 de octubre de 1985. Además, tampoco podría la parte demandada ampararse en las explicaciones facilitadas por el tribunal del concurso en su informe final de 28 de octubre de 1985, bajo el epígrafe «conocimientos lingüísticos». En estas condiciones, la parte demandada, en su calidad de AFPN, examinó la posibilidad de anular las decisiones denegatorias del tribunal del concurso, manifiestamente incursas en graves errores, y de confiar un nuevo examen de las condiciones de admisión a un nuevo tribunal. En efecto: se inclina a pensar que ante flagrantes defectos de procedimiento relativos a la correcta apreciación de los requisitos de una convocatoria de concurso cuyo fin es cubrir un puesto de trabajo, la AFPN debiera tener la posibilidad de tomar medidas correctoras. No obstante, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y especialmente de la sentencia de 14 de julio de 1983 (Detti conta Tribunal de Justicia, 144/82, Rec. 1983, p. 2421), la pane demandada no se consideró competente para anular o modificar las decisiones de un tribunal de concurso. Lamenta esta situación, sobre todo porque en el caso de autos no existe verdadera oposición entre las partes. Por ello considera que este asunto podría ser ocasión de una revisión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
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Por otra parte, la normativa alemana de que se trata se adecúa perfectamente a las distintas disposiciones de Derecho comunitario aplicables y, en concreto, al artículo 8 del Reglamento no 358/79, relativo a los vinos espumosos producidos en la Comunidad (DO L 54, p. 130; EE 03/16, p. 31), a la propuesta de Reglamento de la Comisión, relativa a la denominación y a la presentación de los vinos espumosos (DO 1983, C 120, p. 4), a la Directiva del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa al etiquetado y a la presentación de productos alimenticios (DO L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162) cuyo artículo 2 establece una prohibición general de imitaciones fraudulentas, y a la Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), cuyo artículo 2, apartado 2, prohibe cualquier tipo de publicidad que pueda inducir a error (incluida la relativa a la presentación).
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El College van Beroep voor het Bedrijfsleven, ante quien Wulro interpuso un recurso contra la decisión del Tuchtgerecht, examinó de oficio la cuestión de la compatibilidad con el Derecho comunitario del citado Decreto y del conjunto de disposiciones neerlandesas en relación con él. En particular examinó el Reglamento n° 2772/75 del Consejo, cuyo artículo 21 precisa que los embalajes de huevos no podrán llevar más menciones que las previstas por el presente Reglamento. Por otra parte, sólo pueden ponerse otras menciones relativas al método de producción y a la procedencia de los huevos respetando las disposiciones dictadas de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 17 del Reglamento n° 2771/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los huevos (DO L 282, p. 49; EE 03/09, p. 126). Según el College van Beroep, las expresiones «scharrelei» y «scharreleieren» pueden estar sometidas a la restricción del Derecho comunitario ya citada. Considerando que el procedimiento disciplinario imponía la necesidad de una apreciación interpretativa de la regulación comunitaria de que se trata, el College van Beroep consideró necesario plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente : «¿Debe interpretarse el Reglamento (CEE) n° 2772/75 del Consejo en el sentido de que un conjunto de disposiciones nacionales que autorice y proteja la utilización de las menciones “scharrelei” o “scharreleieren” en los huevos o en los embalajes (quedando entendido que está prohibido utilizar estas menciones si no se satisfacen las condiciones relativas, por una parte, a las explotaciones en que se producen los huevos y, por otra, a las gallinas que ponen dichos huevos) son incompatibles con el Reglamento, en la medida en que no se han dictado disposiciones comunitarias relativas a dicha mención conforme el procedimiento previsto por el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2771/75 del Consejo?»
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Según el recurrente, la ambigüedad del comportamiento de la Comisión se opone a esta excepción de inadmisibilidad. La comunicación del 31 de enero de 1984, ni por su forma ni por sus condiciones, constituye una decisión. Esto le llevó a presentar expresamente una «solicitud en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto», y no una reclamación, con el fin de solicitar la modificación del cálculo. Al no haber recibido, no obstante, una nueva carta de 9 de julio de 1984 ninguna respuesta a esta demanda, interpuso, el 5 de septiembre de 1984, «una reclamación de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto». Solamente mediante carta de 16 de octubre de 1984, le hizo saber la Comisión que la primera demanda había de considerarse ya como una reclamación, que era desestimada.
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Es cierto que en este sistema también hay que excluir la utilización de valores en aduana arbitrarios o ficticios, tal como indica expresamente el sexto considerando del Reglamento no 1224/80. Se tiene en cuenta esta consideración en las disposiciones del Reglamento que precisan la definición del valor de transacción o que le añaden ajustes. Por ello, como la Comisión ha puesto de manifiesto, estas disposiciones no conducían a la inclusión, en el valor en aduana, de los gastos de comprobación de la cantidad en destino, cuando esta comprobación se efectúa a cargo del comprador. A este respecto, la fórmula añadida a la primera frase de la letra a) del apartado 3 del artículo 3, por el Reglamento no 3193/80, que, por otra parte, no se aplica a la importación en cuestión, no ha cambiado nada. Como la constatación de la cantidad efectivamente entregada en el lugar de destino sirve igualmente a los intereses del comprador, no se podía considerar como ejecutada por éste «para satisfacer una obligación del vendedor» en el sentido de esta disposición, cuando el contrato de que se trata no ha estipulado tal obligación.
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Medio ambiente - Conservación de las aves salvajes - Directiva 79/409/CEE - Cumplimiento por los Estados miembros - Requisitos de concesión de excepciones a las prohibiciones recogidas por la Directiva

(Directiva 79/409/CEE del Consejo, arts. 5 y 9)

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No garantiza una ejecución correcta de la Directiva un Estado miembro que, en la Ley para la incorporación de la Directiva 79/409/CEE, referente a la conservación de las aves salvajes, establece que las prohibiciones generales recogidas en el artículo 5 de la Directiva -de matar o capturar intencionadamente especies de aves mencionadas en el artículo 1 y destruir o dañar intencionadamente sus nidos y sus huevos, así como perturbarlas intencionadamente, siempre que la perturbación tenga un efecto significativo en relación con los objetivos de la Directiva- no se aplicarán cuando los actos en cuestión se produzcan en el marco de la explotación normal del suelo vinculada a las actividades agrícolas, silvícolas o de pesca, o en el marco del aprovechamiento de los productos obtenidos de estas actividades. En efecto, al actuar así dicho Estado concede excepciones que no se corresponden con las exigencias impuestas al respecto por el artículo 9 de la Directiva.
A la vista del carácter autónomo de las facultades de que dispone la Comisión en materia de gestión de los recursos propios así como del reparto de tareas entre la Comisión y los Estados miembros previsto por el sistema establecido por la Decisión de 21 de abril de 1970 y por el Reglamento no 2891/77, no cabría admitir que el ejercicio de la facultad, conferida a la Comisión por el apartado 2 del artículo 10 de este Reglamento, de invitar, en caso de necesidad, a los Estados miembros a adelantar en un mes la inscripción de los recursos distintos de los recursos IVA sobre la base de las informaciones de que disponen a 15 de cada mes, puede subordinarse al acuerdo de los diferentes Estados miembros, so pena de privar de eficacia a la norma. Por ser la Comisión la única capacitada para apreciar la necesidad de recurrir a una inscripción anticipada de los recursos propios, los Estados miembros, que no intervienen más que para la recaudación y la puesta a disposición de tales recursos, pero no para su gestión, tienen que proceder a la inscripción anticipada solicitada, sin tener que manifestar su acuerdo o desacuerdo a este respecto.

Esta conclusión no se ve modificada por el hecho de que el apartado 2 del artículo 12 del mismo Reglamento ofrezca a la Comisión otra posibilidad de remediar sus eventuales problemas de tesorería, puesto que es únicamente a la Comisión a quien corresponde elegir entre las dos posibilidades de que dispone.
Para que una solicitud pueda dar lugar al procedimiento del recurso por omisión previsto por el artículo 35 del Tratado CECA, es necesario que sea suficientemente explícita y precisa para permitir a la Comisión conocer de forma concreta el contenido de la decisión que expresamente se le ha solicitado adoptar. No es éste el caso cuando una carta, precisando el objeto de la solicitud, contempla la posibilidad de conversaciones ulteriores con la Comisión y no muestra claramente que se ha instado a ésta a tomar una decisión formal en un plazo obligatorio.

En el caso de una solicitud de asignación de producciones de referencia anuales suplementarias para ciertos productos a partir de determinado trimestre, por la que se pretenda de hecho obtener cuotas de producción suplementarias, la decisión de la Comisión que debe ser considerada como denegatoria implícitamente de esta solicitud y que puede ser lesiva es la primera decisión que, con posterioridad a la solicitud y sin tener en cuenta la misma, fija las cuotas de producción de la empresa. Al no haberse impugnado esta decisión en el plazo del recurso contencioso, procede rechazarla de oficio por no estimarse dirigido contra la decisión lesiva un recurso formulado contra una decisión ulterior de la Comisión que, al fijar las cuotas de producción para otro trimestre sin tomar en consideración la adaptación de las producciones de referencia solicitada anteriormente, no hace otra cosa que confirmar la desestimación resultante de la primera decisión.