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Auto del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1999. - Radiotelevisione italiana Spa (RAI). - Petición de decisión prejudicial: Corte dei Conti - Italia. - Artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE) - Concepto de "órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros" - Normativa comunitaria en materia de contratos públicos. - Asunto C-440/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-08597



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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Sometimiento al Tribunal de Justicia - Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 177 del Tratado (actualmente artículo 234 CE) - Concepto - Determinación en virtud de criterios estructurales y funcionales - «Corte dei Conti» que ejerce, en el contexto que dio lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial, funciones de evaluación y de verificación de los resultados de la actividad administrativa - Inexistencia de carácter jurisdiccional

[Tratado CE, art. 177 (actualmente art. 234 CE)]

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$$La competencia de un organismo para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie con arreglo al artículo 177 del Tratado (actualmente artículo 234 CE) deberá determinarse basándose tanto en criterios estructurales como funcionales. Cuando se trate de estos últimos, un organismo nacional puede tener la consideración de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho artículo, si ejerce funciones jurisdiccionales, aun cuando en el ejercicio de otras funciones, en particular de carácter administrativo, no pueda reconocérsele tal calificación.

De lo anterior se deduce que para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza, debe ser calificado de «órgano jurisdiccional», resulta necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo particular en el que se ve obligado a pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie. En el marco de este examen, carece de relevancia el hecho de que deban calificarse de «órganos jurisdiccionales» otras Secciones del organismo de que se trate, o incluso la misma Sección que haya pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie, si bien actuando en el ejercicio de funciones distintas de las que dieron lugar a que se efectuara dicha petición.

La «Corte dei Conti» no ejerce funciones jurisdiccionales, y no puede por tanto pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie, cuando, en el contexto que dio lugar a la cuestión prejudicial, ejerce una función de fiscalización posterior, consistente esencialmente en funciones de evaluación y verificación de los resultados de la actividad administrativa.
Auto del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 1997. - Regione Toscana contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia - Remisión al Tribunal de Primera Instancia. - Asunto C-180/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-05245



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Palabras clave

Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso de anulación - Recurso de los Estados miembros - Concepto - Recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia por una autoridad regional de un Estado miembro - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia - Remisión al Tribunal de Primera Instancia

[Tratado CE, art. 173; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 2; Decisiones del Consejo 88/591, 93/350 y 94/149]

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La competencia del Tribunal de Justicia, desde la entrada en vigor de la Decisión 94/149, está limitada únicamente a los recursos interpuestos por un Estado miembro o por una Institución comunitaria.

En este sentido, resulta claramente de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamente va destinado a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y que no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas. Admitir lo contrario equivaldría a conculcar el equilibrio institucional previsto por los Tratados, los cuales determinan en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir, los Estados parte en los Tratados constitutivos y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias. Las Comunidades Europeas no pueden, en efecto, comprender un número de Estados miembros superior al de los Estados que las constituyen.

Por tanto, el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para conocer de un recurso de anulación interpuesto ante él con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, por una autoridad regional, que debe considerarse como una persona jurídica a efectos de esta disposición, y debe remitirlo al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al párrafo segundo del artículo 47 de su Estatuto (CE).
Palabras clave

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Palabras clave

Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso de anulación - Recursos de Estados miembros - Concepto - Recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia por una autoridad regional de un Estado federado - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia - Remisión al Tribunal de Primera Instancia

[Tratado CECA, art. 33; Tratado CE, art. 173; Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 2; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 2; Decisiones del Consejo 88/591, 93/350 y 94/149]

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La competencia del Tribunal de Justicia está limitada, desde la entrada en vigor de la Decisión 94/149, únicamente a los recursos interpuestos por un Estado miembro o por una Institución comunitaria.

A este respecto, resulta de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamente va destinado a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y que no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas. Admitir lo contrario equivaldría a conculcar el equilibrio institucional previsto por los Tratados, que determinan en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir los Estados parte en los Tratados constitutivos y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias. Las Comunidades Europeas no pueden, en efecto, comprender un número de Estados miembros superior al de los Estados que las constituyen.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia, ante el que interpone un recurso de anulación con arreglo al artículo 33 del Tratado CECA y de conformidad con el artículo 173 del Tratado CE una persona jurídica -en este caso una autoridad regional federada-, es manifiestamente incompetente para conocer del mismo y deberá remitirlo al Tribunal de Primera Instancia, en virtud del párrafo segundo del artículo 47 de los Estatutos (CE y CECA) del Tribunal de Justicia.
Palabras clave

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Palabras clave

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1. Procedimiento ° Intervención ° Personas interesadas ° Litigio relativo a la validez de un Reglamento que establece un derecho antidumping ° Empresa productora que no ha interpuesto un recurso autónomo ° Derechos procesales ° Empresas importadoras ° Interés directo y actual en la solución del litigio

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37]

2. Procedimiento ° Intervención ° Personas interesadas ° Litigio relativo a la validez de un Reglamento que establece un derecho antidumping ° Demanda de una empresa que no expone de manera suficientemente clara las circunstancias que acreditan su derecho de intervención ° Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 93, ap. 1, párr. 2, letra f)]

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1. El derecho a intervenir en un litigio sometido al Tribunal de Justicia corresponde, a tenor del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, a cualquier persona que demuestre un interés en la solución de dicho litigio. Las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes.

Debe poder intervenir en un litigio relativo a la validez de un Reglamento que establece un derecho antidumping una empresa a la que se impuso un derecho antidumping particular, al estar ésta individual y directamente afectada por el Reglamento controvertido y disponer al respecto de un derecho a recurrir autónomo en vía jurisdiccional, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE. No obstante, y en la medida en que dicha empresa no ha interpuesto un recurso de anulación contra el citado Reglamento, sus derechos de intervención deben limitarse al apoyo de las pretensiones de la parte a cuyas tesis se adhiere.

Demuestran, asimismo, que tienen un interés directo y actual en la solución del litigio las empresas importadoras del producto que deben pagar, por tal concepto, un derecho antidumping específico.

2. De la letra f) del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 93 del Reglamento de Procedimiento resulta que toda demanda de intervención deberá contener la exposición de las circunstancias que acrediten el derecho a intervenir.

No demuestra, a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un interés directo y actual en la solución de un litigio relativo a la validez de un Reglamento que establece un derecho antidumping, una empresa que no ha acreditado por qué ha debido o debe pagar dicho derecho.
Asunto C-225/91 R

Matra SA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Ayudas de carácter regional en el sector del automóvil»

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 1991 I-5824

Sumario del auto

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable para el demandante

(Tratado CEE, arts. 185 y 186; Reglamento de Procedimiento, art. 83, apartado 2)

El carácter urgente de una demanda de suspensión de la ejecución o de medidas provisionales debe ser apreciado en relación con la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar un daño grave e irreparable a la parte demandante. Esta parte debe aportar la prueba de que no puede esperar a que concluya el procedimiento principal sin sufrir un perjuicio que tendría consecuencias graves e irreparables para ella. No se ha probado que, si no se ordenan medidas provisionales, un demandante que impugne la legalidad de una Decisión de la Comisión por la que se autoriza la concesión, por un Estado miembro, de ayudas de carácter regional que deban favorecer a un competidor, corra el riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable cuando la conclusión previsible del procedimiento principal se producirá antes de que la mayor parte de las ayudas, teniendo en cuenta su pago escalonado, se ponga a disposición del beneficiario y el mercado resulte expuesto a un riesgo de perturbación.
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No obstante, en lo relativo a la reclamación que consideró fundada el Servicio Jurídico del Parlamento, el Tribunal de Primera Instancia señaló que éste debió considerar que carecía de fundamento válido. El candidato de que se trata, cuya admisión había sido denegada, con razón, por no haber presentado los documentos justificativos, no podía pretender legítimamente ser admitido por el hecho de que el tribunal del concurso-oposición hubiera admitido indebidamente a otros candidatos. El Tribunal de Primera Instancia consideró, por tanto, que la citada reclamación no podía justificar válidamente la decisión impugnada.
Asunto C-313/90 R

Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Ayudas a la industria de las fibras sintéticas»

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 1991 2558

Sumario del auto

Procedimiento sobre medidas provisionales — Medidas provisionales — Demanda dirigida a obtener medidas que exceden el marco del litigio principal y suponen una apreciación prima facie de elementos ajenos al mismo — Desestimación

(Tratado CEE, art. 186; Reglamento de Procedimiento, art. 83, apartado 2)

Una demanda de medidas provisionales con el fin de que se prohiba a un Estado miembro entregar una ayuda a una empresa competidora de las demandantes y se ordene a esta última devolver las cantidades percibidas por este concepto ha de ser desestimada dado que el recurso principal en que se basa está dirigido a obtener la anulación de una Decisión de la Comisión que declara que dicha ayuda no estaba sometida a la obligación de notificación previa y no excedía el marco de un régimen de ayudas de carácter regional autorizado por la Comisión.

Por un lado, efectivamente, una demanda así planteada excede los límites del litigio principal, que no se refiere a la compatibilidad de la ayuda aludida con el mercado común con arreglo al artículo 92 del Tratado, y va encaminada a obtener medidas que no pueden justificarse por la necesidad de evitar que la sentencia principal se vea privada de eficacia en el momento en que se dicte. Por otra lado, es prematura, en el sentido de que, visto el contenido de la Decisión impugnada con carácter principal, el Juez competente para adoptar medidas provisionales no dispone de los elementos que le permitirían abordar, en aras de la necesaria comprobación de la existencia de un fumas boni inris, un examen de la compatibilidad prima facie de la ayuda de que se trata con el mercado común.
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Los considerandos de este Reglamento demuestran que, conforme a la estructura y el contenido del capítulo 27 de esta Nomenclatura, un tratamiento sólo puede considerarse como «tratamiento definido» y, por consiguiente, dar lugar a la exención de derechos de aduana, si modifica sensiblemente las características del producto de base. Ello no sucede, según estos considerandos, en el caso de la destilación al vacío de un gasóleo que presente un punto de inflamación igual o superior a 55o C «con el fin de aumentar su punto de inflamación y de garantizar que el producto final, en el momento de su transporte, después de su puesta en libre práctica, en cisternas que no hayan sido previamente limpiadas o en el caso de que se le añada petróleo lampante (queroseno) para aumentar su fluidez, posea un punto de inflamación inferior a 55o C, que es el mínimo generalmente exigido para la comercialización del producto como gasóleo». Los considerandos del Reglamento subrayan que semejante tratamiento no parece justificado, ni por razones técnicas ni económicas, desde el momento que dicho gasóleo puede ser utilizado como carburante diesel o como fuel ligero de calefacción tanto antes como después del tratamiento indicado.
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 17 de diciembre de 2010 ( )

«Demanda de interpretación – Inadmisibilidad»

En el asunto C‑262/88 INT,

que tiene por objeto una demanda de interpretación de la sentencia de 17 de mayo de 1990, Barber (C‑262/88), presentada el 26 de mayo de 2010, con arreglo al artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 102 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,

Manuel Enrique Peinado Guitart, con domicilio en Sevilla,

parte demandante,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por el Sr. D. Šváby, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. E. Juhász (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

Auto

1 Por demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de mayo de 2010, el Sr. Peinado Guitart interpuso una demanda de interpretación de la sentencia de 17 de mayo de 1990, Barber (C‑262/88, Rec. p. I‑1889).

2 Mediante su demanda de interpretación, el Sr. Peinado Guitart desea saber, por un lado, si el apartado 30 de dicha sentencia debe interpretarse en el sentido de que las aportaciones de las empresas a los planes y fondos de pensiones, así como los beneficios percibidos de aquéllos tienen carácter salarial. Por otro, se pregunta si esta interpretación del Tratado CEE está en vigor para los Estados miembros desde el 17 de mayo de 1990, fecha en que se dictó la sentencia de que se trata.

3 Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, habida cuenta de la particular naturaleza del procedimiento prejudicial, que constituye un procedimiento no contencioso que establece una cooperación entre el Juez nacional y el Tribunal de Justicia, una sentencia dictada en el marco de tal procedimiento no puede ser objeto de una demanda de interpretación. No obstante, un órgano jurisdiccional nacional puede interponer una nueva petición de decisión prejudicial, con arreglo al artículo 267 TFUE, relativa a la interpretación de la sentencia (véanse, en este sentido, los autos de 18 de octubre de 1979, Sirena, 40/70, Rec. p. 3169, y de 28 de abril de 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, Rec. p. I‑1889, apartados 7 y 8).

4 En consecuencia, en virtud del artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, procede declarar la inadmisibilidad de la demanda de interpretación.

Costas

5 A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso. Toda vez que se ha desestimado el recurso de interpretación interpuesto por el Sr. Peinado Guitart, éste cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) resuelve:

1) Desestimar la demanda de interpretación.

2) El Sr. Peinado Guitart cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 17 de diciembre de 2010.

El Secretario El Presidente de la Sala Séptima
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A partir de entonces, la Comisión interrumpió su investigación hasta mediados de junio de 1985, fecha en la que las empresas que habían formulado la queja comunicaron nuevamente situaciones de dumping y un nuevo perjuicio causado por las importaciones chinas de magnesita natural calcinada a muerte sinterizada. Basándose en estas informaciones, la Comisión decidió proseguir el procedimiento antidumping relativo a estas importaciones (DO C 149, p. 2), pero esta vez, sobre la base del Reglamento n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que son objeto de dumping o de subvenciones por parte de un país no miembro de la CEE (DO L 201, p. 1), que reemplazó al Reglamento n° 3017/79 del Consejo, antes citado.
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En cuanto a la solicitud por la que la demandante pretende que se la exima igualmente de la obligación de constituir una garantía bancaria, la Comisión pone de relieve que es evidente que el desembolso de una suma de 240 millones de LIT no puede en modo alguno crear un perjuicio grave e irreparable a una sociedad de las dimensiones de la demandante. Por otra parte, el argumento según el cual la importancia del grupo al que pertenece la demandante debe ser suficiente para garantizar a la Comisión la percepción total de la multa que el Tribunal de Justicia considere oportuna, se debe considerar también improcedente a la vista de la jurisprudencia constante que el Tribunal de Justicia ha desarrollado desde el auto del Presidente de 11 de noviembre de 1982, en el asunto Klöckner-Werke contra Comisión, antes mencionado. Esta característica no puede ser considerada en modo alguno como una circunstancia particular que permita excusar la exigencia de una caución bancaria en el sentido de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en sus autos de 15 de marzo de 1983 (asunto 234/82 R, Ferriere di Roe Volciano SpA contra Comisión, Rec. 1983, p. 725), y de 7 de marzo de 1986 (asunto 392/85 R, Finsider, Rec. 1986, p. 959). La Comisión afirma, además, que el único principio que puede deducirse del mencionado asunto AEG-Telefunken contra Comisión, es que la Comisión puede exigir, como condición para la suspensión del pago de la multa, el acuerdo de la empresa para pagar intereses y no que los intereses se deban de pleno derecho.
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Considera, ante todo, que dicho régimen es totalmente incompatible con la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia ha elaborado en relación al artículo 58 del Tratado CECA y, principalmente, con el principio que ha expresado en su sentencia del 3 de marzo de 1982, Alpha Steel contra Comisión (asunto 14/81, Rec. 1982, p. 749), donde declara que el régimen de cuotas no puede, en principio,«modificar las posiciones respectivas de las empresas en el mercado». Sólo podrán darse excepciones a este principio de congelación de las cuotas respectivas de mercado sobre la base de criterios objetivos y aplicables de una manera uniforme, exigencia que la Comisión no ha respetado al establecer los artículos 14 D y 14 C, antes citados. En efecto, mantiene que, en este caso, el criterio adoptado para no aplicar este principio, a saber, el de ser la única empresa siderúrgica en un Estado miembro, no es objetivo, ya que su justificación, en este caso la necesidad de garantizar el abastecimiento del mercado nacional, no es válida para la mayor parte de las cuotas adicionales concedidas en virtud de los artículos 14 D y 14 C, antes contemplados, cuando se sabe que la empresa exporta más de las tres cuartas partes de su producción de chapa de la categoría II. Tampoco se aplica de manera uniforme, ya que la empresa DDS es la única que puede beneficiarse de la atribución de estas cuotas adicionales.
Asuntos acumulados 142 y 156/84

British-American Tobacco Company Ltd

y R. J. Reynolds Industries Inc.

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

Sumario

Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Naturaleza jurídica — Carácter preparatorio — Evolución durante el procedimiento de las apreciaciones hechas por la Comisión — Obligación de justificación con respecto a los denunciantes — Inexistencia

(Reglamento del Consejo n° 17)

El pliego de cargos es un documento de carácter procesal y preparatorio, destinado únicamente a las empresas contra las que se ha incoado el procedimiento con el fin de garantizarles el ejercicio eficaz de su derecho a la defensa. Las apreciaciones de hecho y de derecho contenidas en este documento son meramente provisionales y la Comisión está obligada a revisar estas apreciaciones a la luz de las justificaciones presentadas por dichas empresas y de las eventuales modificaciones de los acuerdos o de las prácticas impugnadas.

Este carácter del pliego de cargos no se ve afectado en modo alguno por el hecho de que la Comisión remita una copia del mismo a los denunciantes. Obrando de esta manera, la Comisión no queda en absoluto obligada a mantener, respecto a los denunciantes, las apreciaciones de hecho o de derecho contenidas en dicho documento. Cuando la Comisión decide finalmente desestimar las denuncias, debe motivar esta decisión en sus apreciaciones definitivas, que deberán basarse en la situación existente en el momento en que se concluya el procedimiento; pero no está obligada a justificar ante los denunciantes las eventuales diferencias que pueda haber en relación con las apreciaciones provisionales contenidas en el pliego de cargos.