Tal régimen, que creo haber descrito con la mayor precisión que permiten los autos del asunto, ¿es o no conforme con lo dispuesto en el artículo 96? Este artículo debe interpretarse teniendo en cuenta que forma parte del Capítulo II «Disposiciones fiscales». Constituye la contrapartida exacta del artículo anterior, que limita la facultad de un Estado para gravar con tributos internos los productos de los demás Estados miembros. En ambos casos, se trata de impedir que, a través del impuesto, se conceda un trato diferente y preferente a las empresas nacionales. Hay que señalar asimismo -lo cual constituye al menos el indicio de una tendencia- que el Capítulo y, en particular, el artículo que nos ocupa, hace menos hincapié en las empresas que en los productos.

El primer punto objeto de litigio es el de saber cuáles son los tributos cuya devolución permite el artículo 96. Todos los impuestos indirectos, sea cual fuere su naturaleza, afirma la demandada, basándose en lo dispuesto en el artículo 98, que somete a un régimen más estricto la devolución de «los tributos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y los otros impuestos indirectos». El argumento no es determinante, tanto por lo que se refiere al texto del artículo 96 como al objeto que persigue: Al mencionar los tributos con que los productos exportados hayan sido gravados directa o indirectamente, se refiere a los impuestos que hayan recaído o bien sobre el producto acabado, o bien sobre las materias primas y los productos semiacabados incorporados en las fases anteriores de la fabricación. Ahora bien, es cierto que, a pesar de su naturaleza de impuestos indirectos, no tienen dicho carácter el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ni los impuestos sobre los permisos y licencias expedidos por el Estado, sobre los vehículos automóviles y sobre la publicidad, que no gravan los productos en cuanto tales, sea cual fuere la fase de fabricación en que se encuentren, sino más bien a la empresa. Su incidencia varía en función de las características de esta última y no de los productos. En tales circunstancias, no veo cómo podría respetarse en lo que les afecta el principio del artículo 96, según el cual la devolución tiene como límite el importe del tributo efectivamente pagado. Considero, por tanto, que los tributos que he citado no se encuentran entre los contemplados en el artículo 96.

El otro aspecto objeto de litigio se refiere al método de cálculo adoptado para fijar la devolución y en este punto, la crítica se extiende al conjunto de los tributos, incluidos aquellos respecto a los cuales no se niega que puedan, en principio, ser objeto de devolución. Esta última se fija en un tanto alzado de liras/kilo para cada producto o grupo de productos. La Comisión considera que el recurso a la práctica de los tantos alzados en función de los tipos medios, contradice lo dispuesto en el artículo 96, ya que el importe de algunas devoluciones es inevitablemente superior al de las cargas fiscales realmente soportadas. Poco importa -añade-que, por el contrario, otras devoluciones no alcancen la cifra que podría obtenerse con arreglo al referido artículo; esta circunstancia no compensa el carácter ilícito del procedimiento.

La demandada alega sobre este particular que otras disposiciones del Tratado, en particular el artículo 97, prevén sistemas a tanto alzado que son perfectamente compatibles con los objetivos comunitarios; afirma, asimismo, que al no exigir el propio artículo 96 que las devoluciones se efectúen siguiendo obligatoriamente unos determinados métodos, están permitidos todos los procedimientos, incluido el sistema a tanto alzado.

Esta tesis es muy dudosa. El artículo 97 es el único que autoriza, en materia fiscal, la fijación de tipos medios; precisa, además, que dicha fijación se efectuará «sin perjuicio de los principios enunciados en los artículos 95 y 96». Sólo la admite en el supuesto de que los Estados perciban el impuesto sobre el volumen de negocios con arreglo al sistema de imposición cumulativa en cascada y teniendo en cuenta las particularidades de este sistema. Una parte de la doctrina ha defendido, sin embargo, que el recurso a los tipos medios podía utilizarse para todos los demás tributos a los que se aplica la regla de la imposición en el país de consumo, limitándose el Tratado a establecer normas de carácter general sin preocuparse de las modalidades de aplicación. Interpretación que me parece arriesgada, habida cuenta del tenor literal del artículo 96, ya que el método del tanto alzado da lugar necesariamente en determinados casos a devoluciones superiores al importe de los tributos efectivamente pagados.

A decir verdad, el argumento de más peso a favor de este método es el de su sencillez, e incluso -como defendió en su día la demandada- el de su necesidad, si no se quiere tener que efectuar una evaluación de la incidencia ex post, que no sólo resulta difícil sino insegura. Ello es factible; sin embargo, no veo de qué modo puede justificarse este sistema desde el punto de vista jurídico; de ahí que el recurso al método del tanto alzado me parezca que constituye, en principio, una infracción del artículo 96 del Tratado.

Pero he hecho abstracción, hasta ahora, de la disposición del Decreto de 18 de enero de 1962 y de la posterior Ley de 5 de julio de 1964, que reduce en proporciones cada vez más importantes la cuantía global de la devolución concedida, teniendo en cuenta la reducción de derechos de aduana entre los Estados miembros. Es quizás el punto más delicado del asunto.

Afirma el Gobierno italiano que el artículo 96 se refiere a una situación concreta y no a una regla formal. El único límite que pone a las devoluciones que autoriza es el de que estas últimas no sean superiores a los tributos aplicados directa o indirectamente. Poco importa que en el pasado las devoluciones se hayan efectuado irregularmente sobre determinados tributos; la reducción del importe global de la devolución que afecta por hipótesis al componente fiscal -y no solamente arancelario- de esta última hace necesariamente que se absorba la fracción correspondiente a los tributos objeto de litigio. Suponiendo que éstos hayan sido devueltos alguna vez, no lo eran ya en la fecha en que se emitió el dictamen motivado y no podía haber infracción en aquel momento. En todo caso -y la demandada ha insistido en varias ocasiones sobre este punto- corresponde a la Comisión aportar la prueba de que, a pesar de las reducciones, las devoluciones son superiores a las autorizadas por el Tratado. Su limitación por razones de política presupuestaria es un problema interior que no incumbe a la Comisión. Esta última no puede hacer otra cosa que tomar nota del resultado, sin perjuicio de comprobarlo, si lo considera necesario, para asegurarse de que no es superior a lo permitido por el Tratado.

No me parece plenamente satisfactoria ninguna solución sobre este punto. No queda descartado en efecto que, como defiende la demandada, la parte de la devolución referente a los tributos objeto de litigio haya resultado «absorbida» de hecho por las sucesivas reducciones, pero ¿cómo puede probarse esto? y ¿a quién incumbe dicha prueba? Y tal hecho, suponiendo que esté probado, ¿basta para descartar toda infracción del artículo 96? Recuerdo que no podían encontrar justificación en los textos ni la devolución de los impuestos que he citado ni el recurso a un método de tanto alzado, ahora bien, apenas parece discutible que sobre estos dos puntos la práctica seguida por la demandada ha constituido una infracción del artículo 96 que la Comisión tenía derecho a poner de manifiesto. Cuando esta última inició la discusión, lo menos que pudiera decirse es que se ha respondido con suma reticencia a las solicitudes de explicación por ella presentadas. En particular, los únicos datos en cifras -los recogidos en el Documento no 16- confirmaban más bien el carácter contrario al Tratado del método de devolución empleado y de algunos de sus componentes. Corresponde sin duda a la Comisión probar que el empleo por un Estado miembro de un determinado método constituye un incumplimiento por parte del mismo de sus obligaciones; pero no pienso que pueda manifestarse la misma exigencia respecto a esta Institución, cuando se trata de efectuar una operación aritmética y el Estado interesado no proporciona las cifras necesarias para dicha operación, que sólo él posee. Eso es lo que me parece que ocurre en el presente caso, en el que el vicio originario de que adolecía la práctica desapareció, al parecer, como consecuencia de las limitaciones impuestas a la devolución; es posible, pero sólo podrá probarse el hecho en un sentido o en otro en función de las cifras y precisiones aportadas por la demandada y lógicamente debería probarse que en ningún caso y respecto de ningún producto la devolución fue, en la fecha de que se trata, superior a los importes percibidos por tributos y que pueden ser objeto de devolución, con arreglo al artículo 96.