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Asunto C-461/08

Don Bosco Onroerend Goed BV

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Sexta Directiva IVA — Interpretación de los artículos 13, parte B, letra g), y 4, apartado 3, letra a) — Entrega de un terreno ocupado por un edificio parcialmente derribado en cuyo lugar debe erigirse una nueva construcción — Exención del IVA»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2009 I ‐ 11081

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exenciones de las entregas de edificios y del terreno sobre el que se levantan

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 4, ap 3, letra a), y 13, parte B, letra g)]

El artículo 13, parte B, letra g), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en relación con el artículo 4, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en la exención del impuesto sobre el valor añadido establecida en la primera de estas disposiciones la entrega de un terreno sobre el que todavía se levanta un viejo edificio, que hay que derribar para erigir en su lugar una nueva construcción y cuyo derribo a tal fin, asumido por el vendedor, ya ha comenzado antes de esa entrega. Tales operaciones de entrega y derribo forman una operación única a efectos del impuesto sobre el valor añadido, que tienen, en su conjunto, por objeto no la entrega del edificio existente y del terreno en el que éstos se levantan, sino la de un terreno no edificado, con independencia de cómo estén de avanzadas las obras de derribo del antiguo edificio en el momento de la entrega efectiva del terreno.

(véase el apartado 44 y el fallo)
En efecto, la existencia de principios generales de Derecho constitucional o administrativo puede hacer superflua la adaptación del Derecho interno mediante medidas legales o reglamentarias específicas siempre que, no obstante, dichos principios garanticen efectivamente la plena aplicación de la directiva por la administración nacional, que, en el caso de que la disposición controvertida de la directiva tenga por objeto crear derechos para los particulares, la situación jurídica que se desprenda de dichos principios sea suficientemente precisa y clara, y que los beneficiarios estén en condiciones de conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, de invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Dado que el artículo 22, apartado 3, letra d), de la Directiva 2003/55, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, obliga a publicar cualquier decisión relativa a exenciones concedidas al gestor, no puede considerarse que los principios generales del Derecho de un Estado miembro relativos a la publicación de actos según los cuales se publican todos aquellos actos que presentan interés para gran número de personas aseguren la adaptación correcta y completa a dicha disposición de la Directiva, si dicho Estado miembro no aporta datos que permitan establecer de manera precisa y cierta que tales decisiones se consideren siempre como de interés general y que, en consecuencia, se publiquen siempre.

Del artículo 249 CE, párrafo tercero, se deduce que la ejecución de las directivas comunitarias debe realizarse mediante la adopción por los Estados miembros de disposiciones adecuadas. El hecho de que, en circunstancias concretas, en ausencia de medidas de ejecución requeridas o en presencia de medidas no conformes con una directiva, los justiciables tengan derecho a invocar en un proceso una directiva frente a un Estado miembro que la hubiere incumplido no puede servir de justificación a un Estado miembro para eximirse de adoptar a su debido tiempo disposiciones de ejecución adecuadas al objeto de cada directiva. Del mismo modo, y con mayor motivo, la circunstancia de que determinadas disposiciones de la directiva controvertida sean directamente aplicables en el ordenamiento jurídico interno no constituye justificación que exima a los Estados miembros de sus obligaciones de adaptar el Derecho interno.

Así, incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 22, apartados 3, letra e), y 4, de la Directiva 2003/55, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, un Estado miembro que, por una parte, deja de adaptar el Derecho interno a dicha disposición del artículo 22, apartado 3, letra e), relativa a los requisitos de consulta previa a los demás Estados miembros afectados en caso de interconexión, y que, por otra parte, se limita a disponer la comunicación a la Comisión de solicitudes de exención, pese a que dicho artículo 22, apartado 4, impone la obligación de notificar a esta institución la decisión final de exención, junto con toda la información pertinente relacionada con la misma.

(véanse los apartados 44 a 46)
Asunto C-351/08

Christian Grimme

contra

Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialgericht)

«Libre circulación de personas — Miembro del consejo de administración de una sociedad anónima suiza que dirige en Alemania una sucursal de ésta — Obligación de afiliarse al seguro de jubilación alemán — Exención de dicha obligación para los miembros del consejo de dirección de las sociedades anónimas alemanas»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de noviembre de 2009 I ‐ 10779

Sumario de la sentencia

Acuerdos internacionales — Acuerdo CE-Suiza sobre la libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Igualdad de trato

(Acuerdo CE-Suiza sobre la libre circulación de personas, arts. 1, 5, 7 y 16 y anexo I, arts. 12 y 17 a 19)

Lo dispuesto en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas, y, en particular, en sus artículos 1, 5, 7 y 16, así como en los artículos 12 y 17 a 19 de su anexo I, no se opone a una normativa de un Estado miembro en la que se exige que una persona que tiene la nacionalidad de dicho Estado miembro y que está empleada en el territorio de este último se afilie al régimen legal del seguro de jubilación de dicho Estado miembro, no obstante el hecho de que dicha persona pertenece al consejo de administración de una sociedad anónima suiza, siendo así que los directivos de las sociedades anónimas regidas por el Derecho del citado Estado miembro no están obligados a afiliarse a dicho régimen de seguro.

(véanse el apartado 50 y el fallo)
Un supuesto en el que personas físicas residentes en un Estado miembro e íntegramente sujetas al impuesto en dicho Estado heredan una vivienda situada en otro Estado miembro está comprendido dentro del ámbito del artículo 56 CE. No resulta, pues, necesario examinar la aplicabilidad de los artículos 39 CE y 43 CE.

El artículo 56 CE se opone a la normativa de un Estado miembro relativa al impuesto sobre la renta que supedita el derecho de las personas físicas residentes e íntegramente sujetas al impuesto a deducir de la base imponible las pérdidas derivadas del arrendamiento de un inmueble en el año en que éstas se producen y a aplicar una amortización decreciente a efectos de determinar los ingresos procedentes de dicho inmueble, a la condición de que éste se encuentre situado en el territorio del citado Estado miembro.

En efecto, la situación fiscal de una persona física, residente e íntegramente sujeta al impuesto en el Estado miembro en cuestión, que dispone de un bien inmueble en otro Estado miembro es menos favorable de lo que sería si el bien estuviese situado en el primer Estado miembro, dado que dicha persona se ve privada en todo caso de una ventaja de tesorería. Esta desventaja fiscal puede disuadir a esa persona tanto de invertir en un bien inmueble situado en otro Estado miembro, como de conservar el bien, si es de su propiedad, de modo que la normativa controvertida constituye una restricción a los movimientos de capitales prohibida, en principio, por el artículo 56 CE.

Aun suponiendo que el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de alquiler con el fin de satisfacer las necesidades de este tipo de viviendas de la población nacional pudiese justificar una restricción a la libre circulación de capitales, una medida nacional como ésta, que establece una clara distinción en función de que las viviendas destinadas al alquiler estén o no situadas dentro del territorio nacional, no resulta adecuada para garantizar su realización. En efecto, en lugar de ir dirigida a aquellos lugares en que la escasez de este tipo de viviendas es especialmente acusada, la disposición nacional controvertida pasa por alto las diferentes necesidades de unas y otras regiones en el Estado miembro en cuestión. Además, la amortización decreciente puede aplicarse a toda clase de viviendas de alquiler, desde la más sencilla a la más lujosa. En tales circunstancias, no puede presumirse que los inversores privados, movidos principalmente por consideraciones económicas, respondan al objetivo pretendidamente sociopolítico de dicha disposición.

(véanse los apartados 25 a 27 y 31 a 33 y el fallo)
En el caso de un recurso de casación interpuesto por una sociedad matriz y sus filiales contra una sentencia que confirma una decisión de la Comisión que obliga a todas las recurrentes conjunta y solidariamente a pagar una multa por haber infringido normas de competencia, la sociedad matriz y sus filiales tienen interés en que se anule la sentencia recurrida. Por lo que atañe a éstas, si se anulara la sentencia recurrida por lo que respecta a la responsabilidad de la sociedad matriz, cambiaría la situación de las filiales de ésta, en particular, en lo que atañe a las implicaciones que se derivan de las normas sobre responsabilidad solidaria.

Cuando, en el marco de un recurso de casación interpuesto por una sociedad matriz y sus filiales contra una sentencia que confirma una decisión de la Comisión que les impone una multa por haber infringido normas de competencia, las demandantes invocan alegaciones relativas a la presunción de que una sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en una filial en caso de que participe en el 100% del capital de ésta, procede considerar que estas alegaciones son una prolongación del motivo basado en la imputación indebida de responsabilidad solidaria a la sociedad matriz, conforme al cual ésta no ejerce una influencia determinante en el comportamiento comercial de sus filiales y no forma con éstas unidad económica alguna. En efecto, constituyen alegaciones adicionales inherentes a la aplicación de las normas relativas a la imputabilidad a la sociedad matriz del comportamiento de sus filiales. Cuando tal motivo ha sido invocado ante el Tribunal de Primera Instancia, no se modifica el objeto del litigio. Por tanto, tales alegaciones son admisibles en el marco del recurso de casación.

(véase el apartado 39)
Asunto C-170/08

H.J. Nijemeisland

contra

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Política agrícola común — Carne de vacuno — Reglamento (CE) no 795/2004 — Artículo 3 bis — Sistema integrado de gestión y de control de determinados regímenes de ayudas — Pago único — Fijación del importe de referencia — Reducciones y exclusiones»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de junio de 2009 I ‐ 5129

Sumario de la sentencia

Agricultura — Política agrícola común — Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas — Régimen de pago único

[Reglamentos (CE) del Consejo no 1254/1999, art. 23, ap. 1, y no 1782/2003, art. 37, ap. 1; Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, art. 3 bis]

El artículo 3 bis del Reglamento no 795/2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, modificado por el Reglamento no 1974/2004, debe interpretarse en el sentido de que las reducciones y las exclusiones basadas en el Reglamento no 1254/1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, no deben ser tenidas en cuenta al efectuar el cálculo previsto en el artículo 37, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003.

En efecto, el artículo 3 bis del Reglamento no 795/2004 prevé expresamente que, al calcular el importe de referencia, ha de tenerse en cuenta el número de animales por los que «se haya efectuado o debiera haberse efectuado» un pago directo. De ello se desprende que, para efectuar el cálculo del importe de referencia contemplado en el artículo 37, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003, no es necesario que se haya abonado efectivamente al productor el pago directo de que se trata. A continuación, del tenor del artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 1254/1999 se desprende que la aplicación de una sanción como la controvertida en el procedimiento principal tiene por consecuencia la exclusión del productor, con independencia del número de animales afectados, del beneficio de los pagos concedidos sobre la base de dicho Reglamento. Por tanto, tal sanción no puede tener incidencia en la determinación del número de animales que debe tenerse en cuenta para calcular dicho importe de referencia. Además, esta interpretación es conforme con la voluntad del legislador comunitario de no perpetuar las sanciones en detrimento de los productores más allá de la sanción inicial.

(véanse los apartados 33 a 36 y 47 y el fallo)
Asunto C-167/08

Draka NK Cables Ltd y otros

contra

Omnipol Ltd

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie)

«Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 43, apartado 1 — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales — Concepto de “parte”»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de abril de 2009 I ‐ 3479

Sumario de la sentencia

Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001

[Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, art. 43, ap. 1]

Al igual que los artículos 36, apartado 1, y 40, apartado 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el artículo 43, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un acreedor de un deudor no puede interponer un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de ejecución si no ha intervenido formalmente como parte procesal en el litigio en el que otro acreedor de ese deudor haya solicitado tal ejecución.

En efecto, en ambos casos, el procedimiento de exequátur previsto constituye un sistema autónomo y completo, independiente de los sistemas jurídicos nacionales, incluso en el ámbito de los recursos. Las normas a él referidas deben interpretarse en sentido estricto. La jurisprudencia relativa a los artículos 36 y 40 del Convenio es aplicable al artículo 43 del Reglamento no 44/2001.

(véanse los apartados 23, 24, 27, 30 y 31 y el fallo)
En materia de prestaciones de publicidad, cuando el destinatario de la prestación está establecido fuera del territorio de la Comunidad Europea, el lugar de la prestación se fija, en principio, conforme al artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 84/386, en el domicilio del destinatario. Sin embargo, los Estados miembros pueden hacer uso de la facultad prevista en el artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, en su versión modificada, y, como excepción a dicho principio, fijar el lugar de la prestación de servicios de que se trata en el interior del Estado miembro. Si se recurre a esta facultad, una prestación de publicidad realizada por un proveedor establecido en la Comunidad Europea en favor de un destinatario, final o intermedio, situado en un tercer Estado, se considera efectuada en la Comunidad Europea, siempre y cuando la utilización y la explotación efectivas, en el sentido del artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, se lleven a cabo en el interior del Estado miembro de que se trata; esto sucede, en materia de prestaciones de publicidad, cuando los mensajes publicitarios objeto de la prestación se difunden desde el Estado miembro de que se trata.

No obstante, el artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva no permite gravar prestaciones de publicidad realizadas por un proveedor de servicios establecido fuera de la Comunidad para sus propios clientes, aun cuando este proveedor de servicios tenga la condición de destinatario intermedio como consecuencia de una prestación de servicios anterior, ya que tal prestación no entra en el ámbito del artículo 9, apartado 2, letra e), de dicha Directiva ni, más en general, de su artículo 9 globalmente considerado, a los que remite expresamente el artículo 9, apartado 3, letra b), de esta misma Directiva.

La designación de un representante fiscal, en sí misma, carece de incidencia sobre el carácter imponible o no de las prestaciones recibidas o efectuadas por la persona representada, ya que el único objeto del mecanismo de la representación es permitir que el fisco tenga un interlocutor nacional cuando el sujeto pasivo está establecido en el extranjero.

(véanse los apartados 27 a 29, 33, 34 y 38 y el fallo)
18

Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si una normativa nacional como la que es objeto del procedimiento principal, que establece que los períodos de trabajo completados por el trabajador antes de cumplir los 25 años de edad no se tienen en cuenta a efectos del cálculo del plazo de preaviso de despido, constituye una diferencia de trato basada en la edad prohibida por el Derecho de la Unión, concretamente por el Derecho originario o por la Directiva 2000/78. Dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en particular, si tal normativa está justificada por la conveniencia de respetar únicamente un plazo de preaviso básico en caso de despido de jóvenes trabajadores, por una parte, para permitir a los empresarios una gestión flexible de su personal, que no sería posible con plazos de preaviso más largos, y, por otra parte, por resultar razonable exigir a los trabajadores jóvenes una mayor movilidad personal y profesional que a los trabajadores de más edad.
6

El Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87 (DO L 264, p. 1), entró en vigor el . Mediante una corrección de errores de dicho Reglamento (DO 2000, L 276, p. 92), el número inicial 2263/2000 fue sustituido por el no 2388/2000.
51

Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la cuarta cuestión y a la segunda parte de la segunda cuestión que la cláusula 2, apartado 8, del Acuerdo marco sobre el permiso parental no impone a los Estados miembros más obligación que la de examinar y determinar los asuntos de seguridad social vinculados con dicho Acuerdo de conformidad con la legislación nacional. En particular, no les impone la obligación de prever la continuidad en la percepción de prestaciones de seguridad social durante el período de permiso parental. Los particulares no pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la mencionada cláusula 2, apartado 8, frente a las autoridades públicas.
89

Ahora bien, como destaca la República Portuguesa, en la fecha en que expiró el plazo establecido en el dictamen motivado, ese requisito figuraba, en relación con los productos de construcción respecto de los cuales no existían especificaciones técnicas, en el artículo 9, apartado 2, del Decreto-ley no 113/93, cuyo objetivo era adaptar el Derecho portugués al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/106. A pesar de ser aplicable no sólo durante el procedimiento administrativo previo que originó el presente asunto, sino también del que dio lugar a la sentencia Comisión/Portugal, antes citada, este requisito no fue impugnado en ninguno de esos procedimientos. La mencionada sentencia no aborda en absoluto la incompatibilidad del Decreto-ley no 113/93 –en particular de su artículo 9, apartado 2– con los artículos 28 CE y 30 CE.
37

En caso de que el contrato objeto del litigio principal no deba calificarse como contrato de suministro, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en tercer lugar, si dicho contrato debe considerarse un contrato de servicios o una concesión de servicios. En este último caso, como resulta de su artículo 17, no sería aplicable la Directiva 2004/18. A juicio del órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia, hay que excluir de entrada esta última alternativa debido a que es la caja pública del seguro de enfermedad, y no el paciente, quien debe abonar la retribución al prestador del servicio. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente estima que también hay que tener en cuenta el criterio relativo a la determinación de la parte que soporta el riesgo económico. A este respecto, es preciso considerar, por una parte, que quien presta el servicio no soporta el riesgo vinculado al cobro de los créditos y a la insolvencia de los deudores dado que es la caja pública del seguro de enfermedad y no el paciente quien debe remunerar al prestador del servicio. Pero, por otra parte, el prestador del servicio soporta el riesgo de que los pacientes no demanden sus productos y sus servicios. Además, este elemento es el que diferencia el caso de autos de la situación de un acuerdo marco normal. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, el punto decisivo para calificar al contrato objeto del litigio principal como concesión de servicios es el hecho de que el prestador del servicio no haya tenido que asumir prestaciones costosas, como la construcción de locales o los gastos de personal o de equipamiento, que tengan que amortizarse posteriormente, a través «del derecho de explotar su propia prestación, para conseguir así una retribución» (sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartado 30).
3)

El artículo 2, apartado 2, del Reglamento no 2777/2000, en su versión modificada por el Reglamento no 111/2001, y los artículos 4 y 5, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios contemplados en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE, en su versión modificada y codificada por la Directiva 96/43/CE del Consejo, de , deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los Estados miembros perciban tasas nacionales destinadas a financiar el coste de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina. El importe total de las tasas vinculadas con las operaciones de sacrificio de animales bovinos destinados al consumo humano debe fijarse respetando los principios aprobados para las tasas comunitarias, según los cuales, por una parte, el mencionado importe no debe sobrepasar los gastos soportados, que comprenden las cargas salariales y sociales y los gastos administrativos relacionados con la ejecución de las pruebas antedichas, y, por otra parte, se prohíbe toda restitución directa o indirecta de una tasa de ese tipo.