19.

Al entender que para resolver el litigio es preciso obtener aclaraciones sobre varias disposiciones de la Directiva 2009/72, el Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Vilna) decidió, mediante resolución de 11 de abril de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 2017, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el objetivo de que las autoridades reguladoras que tengan encomendadas las funciones reguladoras previstas en la Directiva 2009/72/CE “asegur[en] que se dan a los gestores y usuarios de redes los incentivos adecuados, tanto a corto como a largo plazo, para que aumenten la eficiencia de las prestaciones de la red y fomentar la integración del mercado”, recogido en el artículo 36, letra f), de dicha Directiva en el sentido de que prohíbe que se limiten o no se concedan los incentivos (no se paguen compensaciones por la prestación de servicios públicos)? 2) Habida cuenta de que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 dispone que las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y de que el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2009/72 establece que las compensaciones financieras que hayan de pagarse a las personas que presten servicios públicos deben determinarse de modo transparente y no discriminatorio: ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartados 2 y 6, de la Directiva 2009/72 en el sentido de que prohíbe restringir los incentivos a los prestadores de servicios públicos que cumplan debidamente las obligaciones que han asumido en relación con la prestación de servicios públicos? ¿Debe considerarse discriminatoria, no transparente y restrictiva de la competencia a los efectos del artículo 3, apartados 2 y 6, de la Directiva 2009/72, la obligación establecida en el Derecho nacional de suspender el pago de compensaciones financieras a prestadores de servicios públicos, independientemente del desempeño de sus actividades o del cumplimiento de sus obligaciones de servicios públicos, que fundamenta y supedita la limitación (suspensión) del pago de las compensaciones por la prestación de servicios públicos a los actos y obligaciones que incumben a una persona vinculada del prestador de servicios públicos (sujeta a una participación de control por parte de la misma empresa que controla al prestador de servicios públicos) de pagar las compensaciones por la prestación de servicios públicos calculadas en función de su propio consumo? ¿Debe considerarse discriminatoria, no transparente y restrictiva de la competencia a los efectos del artículo 3, apartados 2 y 6, de la Directiva 2009/72, la exigencia prevista en el Derecho nacional de suspender el pago de compensaciones financieras a prestadores de servicios públicos pese a que estos siguen estando obligados a cumplir plenamente sus obligaciones de prestar servicio público y sus obligaciones contractuales frente a empresas consumidoras de electricidad? 3) En virtud del artículo 3, apartado 15, de la Directiva 2009/72 que exige a los Estados miembros informar cada dos años a la Comisión Europea de todos los cambios introducidos en todas las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de servicio universal y de servicio público, ¿está obligado un Estado miembro a notificar a la Comisión una normativa nacional que establece motivos, normas y mecanismos para restringir la compensación que ha de pagarse a los prestadores de servicios públicos? 4) ¿Es contraria a los objetivos de la Directiva 2009/72 y a los principios generales del Derecho de la Unión (seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, proporcionalidad, transparencia y no discriminación) una nueva normativa nacional de un Estado miembro que introduce motivos, normas y mecanismos para restringir la compensación que ha de pagarse a los prestadores de servicios públicos?»