5.

La propia Comisión reconoce que la demostración del carácter no rentable de determinados precios presupone «un análisis profundo de la estructura del coste del producto de que se trata» (p. 8 del recurso). No obstante, no lleva a cabo ningún análisis de los costes de los productos, sino que se limita a deducir el carácter no rentable de la circunstancia de que los precios de los medicamentos son más elevados en otros países y del hecho de que determinadas empresas renunciaran a comercializar sus productos en Bélgica porque los precios impuestos se situaban a un nivel tan bajo que no eran rentables. A este respecto, no se discute que el porcentaje de consumo de medicamentos importados ha alcanzado el 60 % (el mismo porcentaje que en 1975) y que la parte correspondiente a las importaciones procedentes de los Estados miembros ha aumentado. La Comisión admite también que el precio medio de los productos importados es más alto que el precio medio de los productos nacionales. Para demostrar el carácter no rentable de los productos importados, la Comisión se limita a afirmar que el nivel de los precios fijados por las autoridades belgas para los productos introducidos por primera vez en el mercado belga «hace pensar que la aportación de estos productos a la rentabilidad general de la empresa es muy limitada o negativa» (p. 12 de la réplica). Huelga todo comentario sobre una afirmación de este género, ya que es indiscutible que la carga de la prueba incumbe a la Institución en el marco de un procedimiento como el que nos ocupa. Seguidamente, respecto a los productos ya existentes en el mercado, la Comisión impugna la normativa belga alegando que, puesto que los precios ya fijados no pueden sufrir incrementos sin el acuerdo previo del Ministro, ello lleva a una congelación de los precios a un nivel tan bajo que la venta de los productos importados resulta imposible. La Comisión sostiene efectivamente que los citados criterios, establecidos en el artículo 3 del Real Decreto de 11 de diciembre de 1975, excluyen que se tenga en cuenta el incremento de los costes de los productos importados para autorizar una subida de precios de éstos. Esto es lo que ocurre, especialmente, cuando se trata de incrementos debidos a fluctuaciones monetarias. El Gobierno belga niega que el régimen de precios de que se trata produzca una congelación de los precios, ya que están previstos reajustes periódicos y además una empresa puede solicitar un incremento del precio del producto de que se trata por razones de orden económico. Ahora bien, con independencia del problema abstracto de si puede considerarse congelado un sistema de precios aun cuando prevea la posibilidad de un incremento de los precios mismos, pienso que tal sistema sólo produce efectos restrictivos si no permite ajustar a tiempo los precios a las variaciones de costes producida en el mercado. Según la sentencia Danis, ( 9 ) un régimen de este tipo no es incompatible con el Derecho comunitario cuando los precios se hallan congelados a un nivel que no perjudique a los productos importados y se autoricen subidas de precios siempre que estén justificadas. En particular, por lo que se refiere a la hipótesis de las fluctuaciones monetarias, procede afirmar que una modificación de los cambios no debe implicar necesariamente por sí sola un incremento de los precios. Al contrario, habrá que demostrar en cada caso que el nivel de los precios impuestos, dadas las cargas suplementarias inherentes a las importaciones, impide la comercialización de los productos o en todo caso la hace menos ventajosa que la de los productos nacionales. En el presente caso, la Comisión no ha mencionado ninguna circunstancia especial de devaluación del franco belga o en cualquier caso no ha demostrado cuáles son las fluctuaciones monetarias que hayan producido efectivamente estas consecuencias, ni en qué medida. Las consideraciones anteriores me llevan a pensar que con arreglo a Derecho el motivo examinado anteriormente no ha sido suficientemente acreditado.