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El artículo 10 de la Ley no 713, relativa a las normas para la ejecución de las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre la producción y la venta de productos cosméticos (norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), de 11 de octubre de 1986 (suplemento ordinario de la GURI no 253, de 30 de octubre de 1986), en su versión modificada por el Decreto Legislativo no 126, de 24 de abril de 1997 (GURI no 112, de 16 de mayo de 1997) (en lo sucesivo, «Ley no 713/86»), dispone: «[…] 3-bis. La importación de productos cosméticos procedentes de países no miembros de la Unión Europea se efectuará bajo la responsabilidad de un perito que reúna los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, el cual deberá evaluar el método empleado para la fabricación de los productos. 4. Las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos, que descansan también sobre disposiciones comunitarias, se fijarán y actualizarán mediante decreto del Ministro de Sanidad, actuando de común acuerdo con los Ministros de Industria, de Comercio, de Artesanía y Trabajo y de Previsión Social. 5. Quien desee producir o envasar, por cuenta propia o ajena, los productos a que se hace referencia en el artículo 1, deberá comunicarlo por escrito al Ministerio de Sanidad y a la Región al menos 30 días antes del inicio de la actividad. 6. El escrito deberá incluir: a) el nombre o razón social y el domicilio de la empresa y de la unidad de fabricación; b) una descripción de los locales y los equipamientos que permita comprobar que presentan el perfil técnico e higiénico necesario para el tipo de fabricación prevista, así como los documentos que acrediten la propiedad o el arrendamiento financiero de dichos equipamientos; c) el nombre y la cualificación del director técnico; d) la lista completa y detallada de las sustancias empleadas y de las sustancias contenidas en el producto comercial. 7. Cualquier modificación de los datos a que se hace referencia en los puntos a), b) y c) del apartado 6 deberá ser objeto de una nueva comunicación previa. 8. Los importadores de productos envasados dispuestos para la venta procedentes de Estados miembros de la Unión Europea deberán realizar una comunicación análoga limitada exclusivamente a los puntos a) y d) del apartado 6, mientras que los importadores de productos procedentes de Estados no miembros deberán comunicar además el nombre y la cualificación del perito a que se hace referencia en el apartado 3-bis. […]»
En efecto, corresponde a los Estados miembros establecer, en su normativa interna, los requisitos para el ejercicio y la aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, precisando las circunstancias concretas en las que los trabajadores pueden hacer uso del mismo, sin poder supeditar, no obstante, a ningún tipo de requisito la propia constitución de este derecho, que se deriva directamente de la citada Directiva.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones o prácticas nacionales según las cuales un trabajador en situación de baja por enfermedad no tiene derecho a disfrutar las vacaciones anuales retribuidas durante un período que coincida con su baja por enfermedad.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las mismas y/o el período de prórroga fijado por el Derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Para el cálculo de dicha compensación económica, resulta asimismo determinante la retribución ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas.

(véanse el apartado 62 y el punto 3 del fallo)
En el marco del procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, es competencia del Tribunal de Justicia apreciar en cada asunto, teniendo en cuenta sus características específicas, las sanciones pecuniarias que procede imponer. A este respecto, las propuestas de la Comisión no vinculan al Tribunal de Justicia y sólo constituyen una referencia útil. Del mismo modo, directrices como las contenidas en las Comunicaciones de la Comisión no vinculan al Tribunal de Justicia, sino que contribuyen a garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de la actuación de dicha Institución. La condena al pago de una multa coercitiva y/o de una suma a tanto alzado tiene por objeto ejercer sobre el Estado miembro que no ha ejecutado una sentencia por incumplimiento una presión económica que le induzca a poner fin al incumplimiento declarado. Por consiguiente, las sanciones pecuniarias impuestas deben determinarse en función del grado de persuasión necesario para que dicho Estado miembro modifique su comportamiento.

(véanse los apartados 31, 34 y 35)
Palabras clave

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Palabras clave

Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Vehículo automóvil del tipo «pick-up»

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Los pick‑up que están compuestos, por un lado, de una cabina cerrada que sirve de habitáculo a los pasajeros, en la que tras el asiento o banco del conductor hay asientos abatibles o extraíbles con cinturones de seguridad de tres puntos y, por otro lado, de una caja de carga separada de la cabina, de altura no superior a 50 centímetros, que puede abrirse únicamente por detrás y no lleva ningún dispositivo de sujeción de la carga, que tienen un interior muy lujoso con numerosos elementos opcionales (en particular, asientos de cuero eléctricamente regulables, regulación eléctrica de espejos retrovisores y ventanillas y equipo estereofónico con reproductor de discos compactos) y que están equipados con un sistema de frenado antibloqueo de ruedas (ABS), un motor de gasolina con cambio de marchas automático de entre 4 y 8 litros de cilindrada, con un consumo muy elevado de carburante, tracción a las cuatro ruedas y llantas «deportivas» de lujo, deben clasificarse, a la vista de su aspecto general y del conjunto de sus características, en la partida 8703 de la Nomenclatura Combinada que se establece en el anexo I del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por los Reglamentos nº 3115/94, nº 3009/95 y nº 1734/96.

(véanse el apartado 43 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3)

2. Recurso por incumplimiento — Prueba del incumplimiento — Carga que incumbe a la Comisión

(Art. 226 CE)

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1. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, supedita la obligación de efectuar una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o de un proyecto en un lugar protegido, a la condición de que dicho plan o proyecto pueda afectar de forma apreciable al lugar de que se trate. El elemento desencadenante de este mecanismo de protección exige la existencia de una probabilidad o de una posibilidad de que un plan o proyecto afecten de forma apreciable al lugar de que se trate. El carácter apreciable de la repercusión sobre un lugar debe examinarse en relación con los objetivos de conservación del citado lugar. Por consiguiente, cuando un plan o un proyecto, aun teniendo una repercusión sobre ese lugar, no comprometan los objetivos de conservación de éste, no puede considerarse que pueda afectar a dicho lugar de una forma apreciable. El examen de un riesgo semejante deberá efectuarse en particular a la luz de las características y de las condiciones medioambientales concretas del lugar afectado por un plan o proyecto de esa índole.

(véanse los apartados 33 a 35)

2. En el marco de un recurso por incumplimiento, corresponde a la Comisión demostrar la existencia del incumplimiento alegado. Efectivamente, es esta última quien tiene que aportar al Tribunal de Justicia todos los datos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin que la Comisión pueda basarse en cualquier presunción. Además, la carga de la prueba que recae sobre la Comisión en el marco de un recurso de esta índole debe determinarse en función de los tipos de obligaciones que las directivas imponen a los Estados miembros y, por lo tanto, de los resultados que deben alcanzarse mediante estos últimos

De este modo, en el marco de un recurso por incumplimiento relativo a las obligaciones señaladas en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Comisión no puede limitarse a alegar la mera existencia de acuerdos programáticos sobre proyectos de construcción industrial situados dentro de una zona de protección especial, sino que debe facilitar asimismo unos datos suficientemente concretos para poder afirmar que esos acuerdos superan la fase de una reflexión administrativa preliminar y tienen un cierto grado de precisión en el planeamiento, que exige una evaluación medioambiental de sus efectos. Por otra parte, corresponde a la Comisión presentar la prueba de que, a la luz de las características y de las condiciones medioambientales específicas del lugar de que se trate, un plan o proyecto pueden afectar al citado lugar de forma apreciable, habida cuenta de los objetivos de conservación fijados para ese lugar.

(véanse los apartados 37 a 39 y 41)
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 26 CE, del artículo 20 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero comunitario»), y, por consiguiente, del Arancel Aduanero Común, al haber eximido de derechos de aduana la importación de equipos militares entre los años 1998 y 2002, y que asimismo ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1552/89»), y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), al haberse negado a calcular, constatar y poner a disposición de la Comisión los recursos propios correspondientes a aquellos productos, y al haberse negado a abonar los intereses de demora devengados por la falta de puesta a disposición de la Comisión de los citados recursos propios.
Incumplimiento de Estado — No adaptación, dentro del plazo señalado, del Derecho interno a la Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International Air Carrier Association (IACA) (DO L 302, p. 57)
En la medida en que ni el Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, ni los trabajos preparatorios de éste aportan aclaraciones sobre el alcance del concepto de «protección» del asesoramiento jurídico, procede interpretarlo en función del sistema general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte. En consecuencia, hay que interpretar la excepción relativa al asesoramiento jurídico prevista en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, de dicho Reglamento en el sentido de que su objeto es proteger el interés que tiene una institución en solicitar asesoramiento jurídico y en recibir dictámenes sinceros, objetivos y completos.

Para poder ser invocado, el riesgo de menoscabar dicho interés debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético.

Sobre este particular, invocar de forma general y abstracta el riesgo de que la divulgación de los dictámenes jurídicos relativos a procesos legislativos pueda generar dudas sobre la legalidad de actos legislativos no basta para caracterizar un perjuicio a la protección del asesoramiento jurídico a efectos de la citada disposición y, en consecuencia, no puede servir de base para denegar la divulgación de dichos dictámenes. Es precisamente la transparencia a este respecto lo que, al permitir que se debatan abiertamente las divergencias entre varios puntos de vista, contribuye a conferir una mayor legitimidad a las instituciones a los ojos de los ciudadanos europeos y a aumentar la confianza de éstos. De hecho, es más bien la falta de información y de debate lo que puede suscitar dudas en los ciudadanos, no sólo en cuanto a la legalidad de un acto aislado, sino también en cuanto a la legitimidad del proceso de toma de decisiones en su totalidad. Por otra parte, el riesgo de que surjan dudas en los ciudadanos en cuanto a la legalidad de un acto adoptado por el legislador comunitario por el hecho de que el Servicio Jurídico del Consejo haya emitido un dictamen desfavorable respecto de ese acto no se concretaría la mayoría de las veces si la motivación de dicho acto fuera más detallada, de modo que quedaran patentes las razones por las que no fue seguido tal dictamen desfavorable.

(véanse los apartados 41 a 43 y 59 a 61)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Procedimiento administrativo previo — Requerimiento (Art. 226 CE) (véase el apartado 32)

2. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo (Art. 226 CE) (véanse los apartados 34 y 35)

3. Aproximación de las legislaciones — Calidad exigida a las aguas para cría de moluscos — Directiva 79/923/CEE (Directiva 79/923/CEE del Consejo, arts. 3 y 4) (véanse los apartados 46 a 48 y 61 a 66)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Adaptación incompleta del Derecho interno a los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (DO L 281, p. 47; EE 15/02, p. 156) — No declaración de determinadas aguas para cría de moluscos, no establecimiento de programas para reducir la contaminación y no fijación de los parámetros de control.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos:

— Al no haber declarado todas las aguas para cría de moluscos que requieren tal declaración, de conformidad con el artículo 4 de la citada Directiva.

— Al no haber fijado, conforme al artículo 3 de la Directiva 79/923, todos los valores necesarios relativos a las aguas para cría de moluscos declaradas o que requieren declaración en virtud del artículo 4 de dicha Directiva.

— Al no haber tomado todas las medidas necesarias, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 79/923, para establecer programas de reducción de la contaminación de las aguas que requieren declaración en virtud del artículo 4 de la referida Directiva.

2) Condenar en costas a Irlanda.
Palabras clave

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Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Régimen especial de las pequeñas empresas

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 18, aps. 1, letra a), y 2, 22, aps. 3 a 5, y 24, ap. 1]

Índice

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 18, apartados 1, letra a), 2, y 22, apartados 3 a 5, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, el Estado miembro que autoriza a personas sujetas no establecidas en este Estado, pero que efectúan transportes de personas en dicho Estado miembro, a no presentar declaración tributaria ni ingresar la cuota neta del impuesto sobre el valor añadido cuando el volumen de negocios anual que hayan realizado en dicho país sea inferior a un determinado importe, por considerar que, en tales casos, la cuota del impuesto adeudado es igual a la del impuesto deducible, y que supedita la aplicación del régimen simplificado al requisito de no mencionar el referido impuesto en las facturas ni en los documentos que hagan sus veces.

En efecto, tal régimen sobrepasa las facultades que confiere a los Estados miembros el artículo 24, apartado 1, de la Sexta Directiva, ya que no introduce «modalidades simplificadas de liquidación e ingreso del impuesto», sino que exime a las empresas afectadas de la obligación de declarar e ingresar el impuesto sobre el valor añadido.

(véanse los apartados 27 y 29 y el fallo)
Asunto C‑91/03

Reino de España

contra

Consejo de la Unión Europea

«Conservación y explotación de recursos pesqueros — Reglamento (CE) nº 2371/2002»

Conclusiones del Abogado General Sr. A. Tizzano, presentadas el 13 de enero de 2005

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de marzo de 2005.

Sumario de la sentencia

1. Pesca — Política común de estructuras — Conservación de los recursos marinos — Acceso de los buques de pesca a las zonas costeras de los Estados miembros — Régimen transitorio establecido por el artículo 160 del Acta de adhesión de España y Portugal — Facultad del Consejo de adoptar normas de contenido análogo al de dicho artículo con posterioridad a la expiración de este régimen — Procedencia

[Art. 37 CE; Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, anexo I, punto 6]

2. Pesca — Política común de estructuras — Conservación de los recursos marinos — Acceso de los buques de pesca a las zonas costeras de los Estados miembros — Régimen específico que limita este acceso a los buques de un Estado miembro y que tiene por objetivo la protección de las aguas comunitarias más sensibles — Objetivo que no supone la aplicación de criterios de reciprocidad entre Estados miembros — Principio de no discriminación — Violación — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo]

1. El artículo 160 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, incluido en la cuarta parte de dicha Acta, relativa a las medidas transitorias, y en el que se establecen restricciones de pesca, no es aplicable desde la fecha prevista en el artículo 166 de la misma Acta, a saber, el 31 de diciembre de 2002.

Sin embargo, el legislador comunitario puede adoptar, en el marco de la competencia que le otorga el artículo 37 CE, normas nuevas de contenido análogo al del artículo 160 del Acta de adhesión, como la que se establece en el punto 6 del anexo I del Reglamento nº 2371/2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, que define las condiciones de acceso de los buques de pesca españoles a las bandas costeras francesas.

(véanse los apartados 27 a 29)

2. El objetivo del Reglamento nº 2371/2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, consiste, según su considerando decimocuarto, en proteger las aguas comunitarias más sensibles teniendo en cuenta la necesidad de preservar la actividad de pesca tradicional. El régimen aplicable a los buques de pesca españoles para el acceso a las bandas costeras francesas, establecido en el punto 6 del anexo I de dicho Reglamento, no vulnera el principio de no discriminación, dado que tal objetivo no supone, en sí mismo, la aplicación de criterios de reciprocidad entre Estados miembros y que el citado régimen no hace más que prorrogar el vigente desde la adhesión del Reino de España a la Comunidad.

(véanse los apartados 45, 50, 51, 54 y 55)
Asunto C‑400/03

Waterman SAS, anteriormente Waterman SA,

contra

Directeur général des douanes et droits indirects

(Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris)

«Arancel Aduanero Común – Nomenclatura Combinada – Partida arancelaria – Estuches para plumas y bolígrafos»

Sumario de la sentencia

Arancel Aduanero Común – Partidas arancelarias – Notas explicativas de la Nomenclatura Combinada – Subpartidas 4202 12 11 y 4202 12 19 – No invalidez





Las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada constituyen medios válidos para la interpretación de ésta última, siempre que su contenido se ajuste a las propias disposiciones del Arancel Aduanero Común y no modifique su alcance. Éste es el caso de las notas explicativas de las subpartidas 4202 12 11 y 4202 12 19. En efecto, no son contrarias a los términos de tales partidas y subpartidas ni a las notas aplicables a éstas, ni a la regla contenida en el punto 6 de las normas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada, según la cual la clasificación de las mercancías debe efectuarse en función de los términos de las subpartidas. En particular, dichas notas explicativas siguen la línea de la nota complementaria 1 del capítulo 42 de la Nomenclatura Combinada, al aclarar que cuando la capa exterior perceptible a simple vista sea una hoja de plástico, el procedimiento de obtención de dicha hoja resulta indiferente para la clasificación arancelaria. Asimismo, al considerar equivalentes dos procedimientos técnicos que permiten obtener un producto idéntico, a saber, una superficie exterior de plástico, respetan el criterio decisivo para la clasificación arancelaria, que reside en las características y propiedades objetivas de las mercancías, tal como se definan en el texto de la partida del Arancel Aduanero Común y en las notas de las secciones o de los capítulos en cuestión. De lo anterior se desprende que no existe ningún dato que pueda afectar a la validez de las notas de que se trata.

(véanse los apartados 16, 19, 21, 27, 29 y 32 y el fallo)