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Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 28 de abril de 2021 — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER)

(Asunto T‑842/16)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa REPOWER — Causa de nulidad absoluta — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 94 del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 26, 28 a 40, 44 y 45)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 27)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa REPOWER [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 68 a 70)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de septiembre de 2016 (asunto R 2311/2014‑5), relativa a un procedimiento de nulidad entre repowermap.org y Repower.

Fallo

1) Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 26 de septiembre de 2016 (asunto R 2311/2014‑5), en la medida en que estimó la pretensión de nulidad respecto de los conductos acústicos de la clase 9.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
2.

Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes — Régimen de pago único — Pastos permanentes — Concepto — Superficies que contienen una presencia marginal de plantas leñosas — Inclusión [Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1782/2003 y n.o 73/2009; Reglamentos (CE) de la Comisión n.o 796/2004, art. 2, párr. 1, punto 2, y n.o 1120/2009, art. 2, letra c)] (véanse los apartados 38 a 40, 49 y 56)
3.

Cohesión económica, social y territorial—Intervenciones de carácter estructural—Financiación por la Unión—Obligación de los Estados miembro de establecer sistemas de gestión y de control—Facultades de control y de inspección in situ de la Comisión—Posibilidad de comprobar más de una vez determinados gastos [Art. 317 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, arts. 38, aps. 1 y 2, 39, ap. 2, letra c), y 3; Reglamento (CE) n.o 438/2001 de la Comisión, arts. 2 a 8] (véanse los apartados 49 a 53 y 58)
En virtud del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, una marca en sí misma descriptiva y no distintiva que hubiese sido registrada infringiendo el artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009 no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. En efecto, tal como, en esencia, se ha subrayado en la sentencia de 28 de septiembre de 2016, European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, el procedimiento de nulidad por motivos absolutos previsto en el artículo 52 del Reglamento n.o 207/2009 remite directamente a los motivos de denegación absolutos de registro que figuran en el artículo 7 del mismo Reglamento, así como a la excepción de adquisición de un carácter distintivo mediante el uso que atempera dichos motivos, siendo la única eventual diferencia de fondo entre los dos procedimientos el momento en el que debe apreciarse la adquisición de tal carácter distintivo. A este respecto, en la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate), T‑112/13, el Tribunal confirmó que, en el marco de un procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos, el titular de la marca que se impugnaba podía o bien probar que había adquirido un carácter distintivo mediante el uso antes de su registro, o bien probar que había adquirido tal carácter entre su registro y la fecha de la solicitud de nulidad.

(véase el apartado 23)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda)

de 30 de noviembre de 2017 — Hanso Holding/EUIPO (REAL)

(Asunto T‑798/16)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión REAL — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 13)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 14, 15, 30 y 34)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Apreciación del carácter descriptivo de un signo—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 y 17)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca figurativa REAL [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 27 y 47)

5. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Excepción—Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 3] (véanse los apartados 38, 39, 42 a 45, 49 y 50)

6. Marca de la Unión Europea—Resoluciones de la Oficina—Legalidad—Examen por el juez de la Unión—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 58)

7. Marca de la Unión Europea—Resoluciones de la Oficina—Principio de igualdad de trato—Principio de buena administración—Práctica decisoria anterior de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véanse los apartados 60 a 62)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de septiembre de 2016 (asunto R 2405/2015‑2), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo REAL como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
2.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Marcas denominativas AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER y AN IDEAL HUSBAND [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 36, 41, 45 y 53)
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 46)
1

Los presentes recursos tienen por objeto determinadas pretensiones de anulación de las Decisiones del Parlamento Europeo A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, de 14 de septiembre de 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, de 15 septiembre de 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, de 16 de septiembre de 2015, y A(2015) 13844 C, de 14 de enero de 2016, mediante las que el Parlamento denegó, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), las solicitudes confirmatorias presentadas por los demandantes, la Sra. Maria Psara, la Sra. Tina Kristan, la Sra. Tanja Malle, el Sr. Wojciech Cieśla, el Sr. Staffan Dahllof, la Sra. Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., el Sr. Harry Karanikas, la Sra. Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, el Sr. Balazs Toth, la Sra. Minna Knus-Galán, el Sr. Atanas Tchobanov, el Sr. Dirk Liedtke, el Sr. Nils Mulvad, el Sr. Hugo van der Parre, la Sra. Guia Baggi, el Sr. Marcos García Rey, el Sr. Mark Lee Hunter, el Sr. Kristof Clerix, el Sr. Rui Araujo, la Sra. Anuška Delić, el Sr. Jacob Borg, la Sra. Matilda Bačelić y el Sr. Gavin Sheridan, que tenían por objeto poder acceder a documentos del Parlamento con información relativa a las dietas de sus miembros (en lo sucesivo, «Decisiones impugnadas»).
150

Por una parte, también es preciso recordar que, para no bloquear la acción legislativa de los Estados miembros, el Reglamento n.o 659/1999 establece un plazo breve de dos meses en el que la Comisión debe finalizar el examen preliminar de la notificación. Además, el artículo 4, apartado 6, de ese Reglamento dispone que, cuando la Comisión no haya adoptado una decisión que ponga fin a la fase preliminar del procedimiento en el plazo de dos meses, se considerará que la Comisión ha autorizado la ayuda y el Estado miembro interesado podrá ejecutarla. Por otra parte, la Comisión ha adoptado reglamentos que declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, establecen las circunstancias en las que determinadas categorías de ayudas ya no deben ser notificadas y permiten con ello a los Estados miembros evaluar la necesidad de notificación. Es aplicable al caso de autos ratione temporis el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2014, L 187, p. 1).
120

La demandante alega que, en virtud del artículo 15 TFUE, apartado 3, el ejercicio del derecho de acceso a los documentos se rige exclusivamente por reglamentos y que la política de la EMA no constituye un instrumento jurídico de este tipo ni puede apartarse del Reglamento n.o 1049/2001. Señala que la EMA se ampara únicamente en su política de divulgación y, en concreto, en el concepto de «información comercial confidencial» para justificar su decisión de divulgación. La demandante considera que la EMA define este concepto como cualquier «información que no sea de dominio público o accesible al público cuya divulgación perjudique al interés económico o a la posición competitiva del titular de la información». Pues bien, subraya la demandante, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001 no hace referencia a la «información comercial confidencial», sino a los «intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual». Alega así que tal modificación terminológica ha llevado a la EMA a interpretar el concepto de información comercial no divulgable en un sentido que no es conforme con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001. A este respecto, la demandante subraya que los términos «intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual» del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001, no pueden definirse de manera más restrictiva que el concepto de «secreto comercial» definido en el artículo 2 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. La demandante precisa que la definición del concepto de «secreto comercial» corresponde a la del artículo 39, apartado 2, del Acuerdo ADPIC.
27

Sobre este particular, y en contra de lo que sugiere el Parlamento, aun cuando el principio de proporcionalidad tiene una existencia autónoma, también puede formar parte de los principios de igualdad de trato y de no discriminación. De este modo, se ha declarado que los principios de igualdad de trato y de no discriminación requieren que una diferencia de trato esté justificada con base en un criterio objetivo y razonable, es decir, que esté en relación con un fin legalmente admisible y que esa diferencia sea proporcionada al objetivo perseguido por dicho trato (sentencias de 17 de octubre de 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, apartado 77; de 23 de marzo de 1994, Huet/Tribunal de Cuentas, T‑8/93, EU:T:1994:35, apartado 45, y de 30 de enero de 2003, C/Comisión, T‑307/00, EU:T:2003:21, apartado 49). Preguntados sobre el particular en la vista, los demandantes confirmaron que, en el presente caso, la alegación del carácter desproporcionado de la decisión impugnada no constituía un motivo distinto.
51

La Comisión alega, igualmente, que tras la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), abonó intereses a la demandante de conformidad con el artículo 90, apartado 4, de su Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1). Sostiene que esta disposición limita el importe de la devolución fijándolo en el importe de la suma indebida más los intereses generados con arreglo al artículo 90, apartado 2, de ese mismo Reglamento, el cual exige que los fondos se inviertan de manera prudente y, en consecuencia, con una rentabilidad relativamente modesta. Ahora bien, según la Comisión, la demandante no cuestionó el artículo 90, apartado 4, del Reglamento Delegado n.o 1268/2012 mediante una excepción de ilegalidad formulada con fundamento en el artículo 277 TFUE.
148

Para determinar el tipo de los intereses de demora, han de tenerse en cuenta el artículo 83, apartado 2, letra b), y el artículo 111, apartado 4, letra a), del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1). Con arreglo a dichas disposiciones, el tipo de interés de los títulos de crédito que no se reembolsen en plazo será el tipo que aplique el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, vigente el primer día natural del mes correspondiente a la fecha de vencimiento, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.
53

Además, debe señalarse que, como sostiene la EUIPO, la marca solicitada no es comparable con los signos formados por la asociación del término «mark» con otros números, como el 10 o el 11, o con números romanos como V o VII. En estas circunstancias, debe desestimarse la alegación basada en la violación del principio de igualdad de trato, que exige que las situaciones comparables no se traten de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente.
El concepto de ayuda estatal es un concepto objetivo, que implica que, para que pueda calificarse de ayuda, la medida debe poder afectar al comercio entre los Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia, extremo que se aprecia en la fecha en que la Comisión adopta su decisión, y que solo está en función de si una medida estatal confiere o no una ventaja a una o a varias empresas. La práctica decisoria de la Comisión en la materia no puede ser determinante por lo que atañe a esta calificación.

En estos dos últimos supuestos, en los que el Estado miembro no invoca el criterio del inversor privado, procede, para determinar si debía aplicarse dicho criterio, tomar como punto de partida el carácter económico de la actuación del Estado miembro, no el modo en el que, desde un punto de vista subjetivo, ese Estado consideraba que estaba actuando o qué conductas alternativas había sopesado antes de adoptar la medida en cuestión.

El criterio del acreedor o del inversor privado no constituye una excepción que sólo se aplique a instancias de un Estado miembro cuando concurran los factores integrantes del concepto de ayuda de Estado incompatible con el mercado interior enunciado en el artículo 107 TFUE, apartado 1. En efecto, ese criterio, cuando es aplicable, forma parte de los aspectos que la Comisión está obligada a considerar para determinar la existencia de una ayuda. Por consiguiente, cuando se advierte que el criterio del acreedor privado puede ser aplicable, incumbe a la Comisión examinar este supuesto con independencia de las peticiones formuladas en este sentido por el Estado miembro interesado y, en consecuencia, nada se opone a que el beneficiario de la ayuda pueda invocar la aplicabilidad de dicho criterio.

Con arreglo al artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], la fecha de liberalización de una actividad por la legislación de la Unión debe tenerse en cuenta con el único fin de excluir que, después de esa fecha, una medida que no constituía una ayuda antes de la liberalización realizada por la legislación de la Unión se califique, posteriormente, como ayuda existente. En cambio, el que exista una fecha de liberalización, que resulte de una directiva, no basta para excluir que una medida pueda calificarse de ayuda nueva si, con arreglo al criterio de evolución del mercado, puede probarse que la medida había sido adoptada en un mercado que ya estaba, total o parcialmente, abierto a la competencia antes de la fecha de liberalización de la actividad considerada por la legislación de la Unión.

(véase el apartado 369)
Conforme al artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (Reglamento de base), los derechos antidumping establecidos con arreglo a este Reglamento podrán ampliarse a las importaciones de productos similares, ligeramente modificados o no, procedentes de terceros países o a partes de esos productos cuando exista elusión de las medidas en vigor. Con arreglo al artículo 13, apartado 2, de este mismo Reglamento, se considerará que una operación de montaje elude las medidas vigentes cuando se cumplan los requisitos enumerados en sus letras a) a c). Más específicamente, del artículo 13, apartado 2, letras a) y b), de dicho Reglamento se deduce que se considerará que una operación de montaje constituye una elusión cuando procedan del país sometido a las medidas unas piezas de un valor igual o superior al 60 % del valor total de las piezas del producto montado.

En este contexto, debe interpretarse el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base en el sentido de que se considerará que una operación de montaje en el territorio de la Unión o en un país tercero elude las medidas vigentes cuando, además de concurrir los demás requisitos mencionados en dicha disposición, las piezas que constituyan el 60 % o más del valor total de las piezas del producto montado procedan del país sometido a dichas medidas, salvo en el caso de que la empresa afectada aporte ante las instituciones de la Unión la prueba de que dichas piezas son originarias de otro país. Tal prueba puede aportarse en distintos supuestos, y no únicamente en el caso de un mero tránsito.

De ello resulta que, aunque, por regla general, basta con hacer referencia a la mera procedencia de las piezas utilizadas para el montaje del producto final a los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, puede resultar necesario, en caso de duda, comprobar si las piezas procedentes de un tercer país son, de hecho, originarias de otro. A este respecto, los términos «procedan de» en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento de base deben entenderse referidos a las importaciones afectadas y, por tanto, al país de exportación.

En lo que se refiere a la comprobación de si las piezas procedentes de un tercer país son, de hecho, originarias de otro, como el país sometido a las medidas, la Comisión no puede aplicar por analogía el artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento de base para comprobar el origen de dichas piezas. En efecto, dicho artículo 13, apartado 2, letra b), no constituye una regla de origen y los criterios previstos en esta disposición son sustancialmente distintos de los relativos a las reglas de origen.

(véanse los apartados 77, 78, 81 a 84, 87, 112 y 114)
1)

Anular la Decisión de Ejecución 2014/730/PESC del Consejo, de 20 de octubre de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1105/2014 del Consejo, de 20 de octubre de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2014, L 301, p. 7), en la medida en que afectan a Alkarim for Trade and Industry LLC.
2)

Condenar a Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon a reembolsar a la Comisión Europea el importe de 253289,63 euros, abonado en relación con el convenio de subvención n.o 216088 relativo a la ejecución del proyecto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», incrementado con los intereses de demora a un tipo del 3,55 % a partir del 27 de enero de 2015, previa deducción del importe de 5000 euros pagado a la Comisión el 4 de mayo de 2015, que se imputará, inicialmente, sobre los intereses de demora y, a continuación, sobre el importe principal.