Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Prohibición de ejecución antes de la decisión final de la Comisión — Alcance — Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales

(Arts. 87 CE, ap. 1, y 88 CE, ap. 3)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal

(Art. 88 CE, ap. 2, párr. 1)

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1. Una medida de ayuda, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, que se ejecute sin observar las obligaciones derivadas del artículo 88 CE, apartado 3, es ilegal. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales proteger los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la prohibición de ejecución de las ayudas, y a estos efectos aplicarán todas las consecuencias previstas en su Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos dictados en ejecución de las medidas de ayuda controvertidas como a la devolución de las ayudas económicas concedidas.

Si bien los deudores de un tributo no pueden invocar que la exención de que disfrutan otras empresas constituye una ayuda de Estado para eludir el pago de dicho tributo u obtener su reembolso, esto sólo es cierto cuando se trata de una exención en beneficio de determinados operadores de un gravamen de alcance general. La situación es totalmente distinta cuando se trata de un gravamen al que únicamente está sujeta una de las dos categorías de operadores en situación competitiva. En tal caso de sujeción asimétrica a un gravamen, la ayuda puede resultar, efectivamente, del hecho de que otra categoría de operadores económicos, con la cual la categoría gravada está en relación directa de competencia, no está sujeta al pago del referido gravamen.

Por ello, en un sistema en que existen dos circuitos de distribución de medicamentos que compiten directamente entre sí, a saber, por un lado, el de los mayoristas distribuidores y, por otro lado, el de los laboratorios farmacéuticos que realizan ventas directas, y en el que la no sujeción de los mayoristas distribuidores al gravamen sobre las ventas directas constituye un objetivo deliberado, o incluso el objetivo principal, de dicho gravamen, puesto que la finalidad principal de éste es reequilibrar las condiciones de competencia entre los dos circuitos de distribución de medicamentos, que se ven falseados, según el legislador, por la existencia de obligaciones de servicio público que recaen únicamente sobre los mayoristas distribuidores, la sujeción de un laboratorio farmacéutico al citado gravamen puede constituir un acto que implica la ejecución de una medida de ayuda y, por lo tanto, incumbe, en su caso, al órgano jurisdiccional nacional aplicar todas las consecuencias previstas en su Derecho nacional, en lo que atañe a la validez de tal acto, toda vez que la no sujeción de los mayoristas distribuidores da lugar a un exceso de compensación en su beneficio, en la medida en que la ventaja que estos últimos obtienen de esa no sujeción sobrepase los costes adicionales que soportan para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se les imponen.

Por esta razón, en tal supuesto, en que es el propio gravamen sobre las ventas directas, y no cualquier exención disociable de éste, lo que constituye la medida de ayuda de que se trata, procede admitir que un laboratorio farmacéutico, sujeto al pago de tal gravamen, tiene derecho a alegar que la no sujeción de los mayoristas distribuidores a dicho gravamen constituye una ayuda de Estado, para obtener la restitución de la parte de las cantidades abonadas correspondiente a la ventaja económica injustamente obtenida por los mayoristas distribuidores. Ello no conduce al órgano jurisdiccional nacional a permitir que se amplíe el número de beneficiarios de la ayuda. Bien al contrario, tal restitución constituye una medida especialmente adecuada para reducir el número de operadores económicos perjudicados por la medida que se considera que constituye una ayuda y, por ende, para limitar los efectos contrarios a las normas sobre la competencia de ésta. Conceder a un operador económico el derecho a alegar la ilegalidad de un gravamen en estas circunstancias, para obtener la devolución de las cantidades abonadas en concepto de éste es, por otra parte, coherente con los principios que inspiran la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de exacciones parafiscales.

(véanse los apartados 29, 30, 32 a 41, 46 y 48 y el punto 1 del fallo)

2. Ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, siempre que, en virtud del principio de equivalencia, dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna y que, en virtud del principio de efectividad, no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.

A este respecto, el Derecho comunitario no se opone a la aplicación de normas de Derecho nacional que supeditan la restitución de un gravamen obligatorio, como el gravamen sobre las ventas directas de medicamentos soportado en Francia por los laboratorios farmacéuticos, a la prueba, que incumbe al solicitante de la restitución, de que la ventaja obtenida por los mayoristas distribuidores de su no sujeción a dicho gravamen supera los costes adicionales que soportan por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que les impone la normativa nacional y, en particular, de que no se cumple al menos uno de los requisitos denominados «Altmark».

No obstante, con el objeto de garantizar el cumplimiento del principio de efectividad, el juez nacional, si constata que el hecho de hacer que recaiga sobre un laboratorio farmacéutico la carga de la prueba de la existencia de un exceso de compensación en beneficio de los mayoristas distribuidores, y por ende del carácter de ayuda de Estado del gravamen sobre las ventas directas, puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, debido en particular a que ésta versa sobre datos de los que dicho laboratorio no puede disponer, está obligado a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional, entre los que figura el de ordenar la práctica de las diligencias de prueba necesarias, incluida la aportación por una de las partes o por un tercero de un escrito o documento.

(véanse los apartados 51, 56 y 57 y el punto 2 del fallo)