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La importancia de las disposiciones normativas objeto de la infracción, como los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, del 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (1), que tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas, y el tratamiento y vertido de las aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales. El objetivo de la citada Directiva es proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las mencionadas aguas residuales. La Comisión sostiene que el vertido de aguas residuales no tratadas (es decir, que no han sido sometidas a ningún tratamiento, debido a la falta de redes integradas de recogida y/o de depuradoras) en aguas de superficie implica una contaminación caracterizada por un desequilibrio del oxígeno, mientras que el aporte de sustancias nutritivas (en particular compuestos de fósforo y nitrógeno) incide significativamente en la calidad de tales aguas y de los ecosistemas relacionados con ellas (poniendo en peligro, por ejemplo, las poblaciones de pescado). Además, por lo que atañe a las aguas residuales urbanas que han sido sometidas a un tratamiento insuficiente (instalaciones de tratamiento que no aplican un tratamiento secundario, o que aplican un tratamiento secundario no conforme), el mero recurso a un tratamiento primario no es suficiente para evitar todos los riesgos de contaminación y de deterioro de la calidad del agua y los ecosistemas contiguos. De hecho, el vertido excesivo de sustancias nutritivas (compuestos de fósforo y nitrógeno) en las aguas de superficie constituye un factor esencial del aumento del fenómeno de la eutrofización (proliferación de algas y de plantas acuáticas), que aumenta el riesgo de desequilibrio de oxígeno en el agua, de desaparición de las poblaciones de pescado y de otros organismos acuáticos y de los daños sufridos por los ecosistemas terrestres contiguos. Ésta es precisamente la razón por la cual el artículo 4 de la Directiva 91/271/CEE establece que las aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones con una población equivalente (en lo sucesivo, «p.e.») de más de 15 000 habitantes sólo pueden ser vertidas después de haber sido sometidas a un tratamiento secundario o a un tratamiento equivalente. En opinión de la Comisión, la recogida y el tratamiento de todas las aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones griegas con una p.e. de más de 15 000 habitantes son de una importancia vital para la conservación y la mejora de la calidad de las aguas de superficie, de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de las aguas en cuestión, pero también para garantizar la aplicación íntegra y correcta de los otras Directivas de la Unión Europea. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados y de las medidas adoptadas por las autoridades griegas en los últimos años, resulta evidente que, a fecha de hoy, de las 23 aglomeraciones objeto de la sentencia de 25 de octubre de 2007, seis aglomeraciones con una p.e. de más de 15 000 habitantes (cinco de los cuales situadas en la región del Ática Oriental, una de las regiones griegas con mayor densidad demográfica) no se ajustan a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE. El equivalente en habitantes que reside en esas seis aglomeraciones asciende a 1 24 000 (16 000 en Lefkimmi, 25 000 en Nea Makri, 17 000 en Markopoulo, 20 000 en Koropi, 18 000 en Rafina y 28 000 en Artemida).