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Cuando las instituciones disponen de una facultad de apreciación, el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho de la Unión está suficientemente caracterizada para generar la responsabilidad extracontractual de ésta es el de la inobservancia manifiesta y grave de los límites impuestos a dicha facultad.

A fin de delimitar el alcance del margen de apreciación de que disponían las instituciones, procede determinar previamente el comportamiento específico que se reprocha a estas instituciones en la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, en su versión modificada por el Reglamento no 1225/2009. Tal enfoque se explica por el hecho de que la aplicación de una disposición puede implicar diferentes actos para los que la institución responsable de la ejecución no dispone necesariamente del mismo margen de apreciación. Así sucede en el caso de disposiciones que establecen el método de cálculo de un valor, como el valor normal utilizado en el cálculo del margen de dumping.

La Comisión dispone a este respecto de un margen de apreciación en el marco de una investigación antidumping, tanto en lo que atañe al análisis de los datos estadísticos facilitados por Eurostat como por lo que respecta a la continuación de sus investigaciones sobre la base de dicho análisis a fin de seleccionar un país tercero con economía de mercado, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento no 384/96.

En el caso de un Reglamento que impone derechos antidumping que fue declarado inválido debido a que la Comisión incumplió su deber de diligencia al no proseguir sus investigaciones, pese a que debería haberlas continuado, el comportamiento imputado así a la Comisión es no haber desplegado unos esfuerzos suficientemente serios y, por consiguiente, haber apreciado de manera errónea el alcance de las obligaciones resultantes de su deber de diligencia. Al actuar así, en cambio, la Comisión no incumplió totalmente las obligaciones derivadas de su deber de diligencia ya que no se abstuvo de proceder a medidas de investigación, sino que llevó a cabo una investigación de oficio a lo largo de un procedimiento gracias al cual descubrió la existencia de dos productores, originarios de un país tercero, del producto sujeto a los derechos antidumping, a los que remitió unos cuestionarios.

En estas condiciones, no cabe reprochar a las instituciones ningún acto o comportamiento que pueda generar una responsabilidad de la Unión y no puede generarse la responsabilidad extracontractual de la Unión.

(véanse los apartados 36, 38, 41 a 43, 45, 47, 49 a 52 y 54 a 57)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 24 de septiembre de 2015 —

Rintisch/OAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Asunto T‑382/14)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea — Marca denominativa PROTICURD — Marcas nacionales denominativas anteriores PROTI y PROTIPLUS — Marca nacional figurativa anterior Proti Power — Motivo de denegación relativo — Admisibilidad — Artículo 59 del Reglamento (CE) no 207/2009 y artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 216/96 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento no 207/2009 — Uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Competencia de las Salas de Recurso — Revisión de oficio del uso efectivo de la marca anterior en caso de productos no considerados por las partes — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 24)

2. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 40)

3. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE — Utilización por la Sala de Recurso de una motivación implícita — Admisibilidad [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 50, ap. 2, letra h)] (véanse los apartados 48 y 61)

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Subsanación de un defecto de motivación en el procedimiento contencioso — Improcedencia (Art. 296 TFUE) (véase el apartado 62)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 14 de marzo de 2014 (asunto R 609/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Bernhard Rintisch y la Compagnie laitière européenne SA.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 14 de marzo de 2014 (asunto R 609/2011-4).

2) La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Bernhard Rintisch.

3) Compagnie laitière européenne SA cargará con sus propias costas.
4.

Marca comunitaria — Presentación de la solicitud de marca comunitaria — Identificación de los productos o servicios cubiertos por la marca — Exigencias de claridad y de precisión — Determinación por las autoridades competentes y los operadores económicos de la amplitud de la protección conferida por la marca [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 26, ap. 1, letra c); Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 2, ap. 2] (véase el apartado 27)
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 17 de junio de 2015 — BMV Mineralöl/OAMI — Delek Europe (GO)

(Asunto T‑60/14)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa GO — Marca comunitaria figurativa anterior GO — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 20 y 21)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre los productos o servicios de que se trata — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 22)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre los productos o servicios de que se trata — Carácter complementario de los productos o de los servicios [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 23 a 33)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas GO [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 25 a 35)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 22 de noviembre de 2013 (asunto R 382/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición entre BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH y Delek Europe BV.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
122

En primer lugar, por lo que se refiere a la falta de otras soluciones, incluida la cesión de la rama de servicios de asistencia en tierra, de los puntos 248 a 255 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión refutó las objeciones expresadas por SEA por ser, en esencia, poco precisas, inverosímiles y parcialmente inoperantes. Por una parte, rechazó de este modo la afirmación según la cual los operadores terceros solo estarían interesados en algunos servicios más rentables, lo que, dejando de lado el hecho de que dos procedimientos de venta parcial habían fracasado, no estaba respaldado «por ningún elemento concreto, mientras que [eran] muchos los operadores autorizados a ofrecer los mismos servicios en Italia, y en particular en los aeropuertos de Malpensa y Linate» (puntos 248 a 250 de la Decisión impugnada). Por otra parte, en cuanto a la capacidad de los operadores terceros, la Comisión cuestionó la pertinencia y la verosimilitud, en particular, de «las consideraciones, bastante vagas, sobre la situación económica supuestamente negativa de los otros prestadores activos en las escalas de Milán o sobre el nivel de sus recursos efectivamente empleados en ellos», y de «la afirmación según la cual ningún operador habría tenido los recursos necesarios para ello», aun cuando, «según SEA, 84 prestadores est[aba]n autorizados para operar en Linate y Malpensa». SEA puso de manifiesto, además, la falta de pruebas concretas de «que un operador tercero no sería capaz de satisfacer los requisitos de calidad que se consideran esenciales para el buen funcionamiento del modelo comercial de SEA» (puntos 251, 252 y 254 de la Decisión impugnada). Por último, la Comisión ha reprochado a SEA que no hubiese demostrado la «[im]posibilidad de externalizar una parte de las actividades, y no la totalidad» (puntos 253 y 254 de la Decisión impugnada).
323

En segundo lugar, por lo que respecta a la puesta en práctica de la cláusula, debe señalarse que no se ha probado si ésta fue puesta en práctica o no. La Comisión se limitó a explicar en el considerando 365 de la Decisión impugnada que, si bien no podía deducirse directamente de la inexistencia de nuevas actividades competidoras que la cláusula se hubiese puesto en práctica, la observación de que las partes no demostraron haber desarrollado nuevas actividades en España o en Portugal, que permitiesen concluir que la cláusula no se había aplicado, debía mantenerse, como signo (no concluyente) de la posible aplicación de la cláusula. Habida cuenta de estas circunstancias, no puede sostenerse que la Comisión debiera haber aplicado un porcentaje inferior en concepto de la gravedad de la infracción en razón de que, supuestamente, la cláusula no se puso en práctica. Asimismo, la alegación según la cual Telefónica se aseguró de que la cláusula no podría ejecutarse si ello era contrario a la legalidad no puede acogerse, ya que en el marco de los tres primeros motivos ha quedado constatado (véanse, en particular, los apartados 121 y 176 a 199 anteriores) que la demandante no había demostrado que la salvaguarda «en la medida permitida por la ley» hubiese transformado la cláusula en una obligación de autoevaluación de la posibilidad de una restricción de la competencia.
14

En la Decisión impugnada, por lo que respecta al requisito de necesidad establecido en el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001, en primer lugar, el Parlamento consideró que debía interpretarse restrictivamente como cualquier otra excepción a un derecho fundamental. En segundo lugar, concedió que el demandante había sido muy preciso en cuanto a sus intenciones sobre los datos personales de que se trataba, pero que sus argumentos no demostraban la necesidad de la transmisión. El Parlamento consideró que admitir como argumento válido en el contexto del artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001 la invocación de un interés público y de los medios de comunicación en ejercer un control sobre los gastos públicos permitiría la divulgación de datos personales más allá de cualquier límite razonable e infringiría las normas de protección de éstos. Más concretamente, el Parlamento señaló que el demandante no acreditaba una relación entre sus intenciones y los datos concretos a los que solicitaba acceder. Considera que no es necesario ni proporcionado solicitar los nombres de todos los diputados afiliados al régimen, ya que las decisiones relativas a éste las adopta la Mesa. En tercer lugar, el Parlamento señaló que el riesgo de conflicto de intereses era inherente a la situación de un parlamento, al que corresponde decidir sobre las retribuciones de sus diputados, y que tal hecho no justifica por sí solo la divulgación de datos personales. En cuarto lugar, el Parlamento consideró que el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001 debía interpretarse de modo que se garantizase la ratio y la efectividad de dicho Reglamento y que su aplicación no podía llevar a vaciarlo de contenido, lo que ocurriría si, como en el presente caso, la transmisión de los datos personales tuviera como único objetivo su divulgación inmediata al público. Pues bien, como la aplicación del artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001 exige que se demuestre la necesidad de la transmisión de los datos personales por quien lo solicite, el objetivo perseguido por el demandante permitiría que personas que no han demostrado tal necesidad accedieran a dichos datos, contrariamente a la regla enunciada en la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el anterior apartado 4 (EU:C:2010:378, apartado 63).
99

Las demandantes aducen que la ECHA vulneró su derecho de defensa. En primer término, consideran que, debido a que no se aplicaron criterios objetivos para determinar si una sustancia suscita un grado de preocupación equivalente al que suscitan otras sustancias enumeradas en el artículo 57, letras a) a e), del Reglamento no 1907/2006, en el sentido de su letra f), en particular, en el supuesto de un sensibilizante respiratorio, no tuvieron la posibilidad de defender su causa por completo. A su juicio, los criterios elaborados por el Reino de los Países Bajos no permiten determinar, de manera individual, si una sustancia cumple los requisitos establecidos en esa disposición porque son genéricos, pueden aplicarse a una categoría ilimitada de sensibilizantes respiratorios y son arbitrarios al no haberlos aprobado las autoridades ni haber habido debates públicos. En segundo lugar, estiman que se vulneró su derecho de defensa como consecuencia de que la ECHA no tuvo en cuenta todos los datos suministrados. En tercer término, las demandantes alegan una vulneración de su derecho de defensa como consecuencia de que la ECHA no apreciase el MHHPA con arreglo al título VI del Reglamento no 1907/2006, lo que, a su juicio, constituye el modo de actuar más adecuado. Concluyen que la aplicación de este régimen les habría permitido debatir esa apreciación y suministrar determinados datos científicos pertinentes.
13

Mediante el primer motivo, los demandantes reprochan a la Sala de Recurso que considerase que la marca solicitada era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), y formulan dos alegaciones a ese respecto. En su primera alegación, si bien reconocen que el público relevante percibirá la marca solicitada como el nombre de un material concreto y determinado, afirman que no existe relación directa alguna entre los productos contemplados en la solicitud de registro y el grafeno, cuyas propiedades, según las publicaciones científicas «serias», no constituyen una «panacea» y cuyas aplicaciones se limitan, por lo tanto, a ámbitos específicos que incluyen la nanotecnología, la informática, la electrónica o la telefonía, ajenos a dichos productos. Pues bien, según los demandantes, está permitido registrar como marca un signo que tenga significado propio, siempre que ese significado, como en el caso de autos, no se refiera a los productos amparados por dicha marca. Mediante la segunda alegación, los demandantes señalan que el análisis de la Sala de Recurso tuvo por objeto categorías generales de productos, atribuyendo indebidamente a todos los productos agrupados en ellas características del grafeno, como la impermeabilidad o la permeabilidad controlada, que únicamente afectan a determinados productos, como los conductores iónicos y los materiales de almacenaje molecular.
6.

Instituciones de la Unión Europea—Derecho de acceso del público a los documentos—Solicitud de acceso a informaciones medioambientales—Aplicación del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 como ley especial en relación con el Reglamento (CE) n.o 1049/2001—Relevancia—Obligación de interpretar estrictamente las excepciones al derecho de acceso [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, y Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 15 y arts. 3 y 6, ap. 1] (véase el apartado 71)
Del artículo 97, apartado 2, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, y de los artículos 139 y 146, apartado 4, del Reglamento no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento no 1605/2002, se desprende que el concepto de «oferta anormalmente baja» no está definido ni en las disposiciones del Reglamento no 1605/2002, ni en las del Reglamento no 2342/2002. A este respecto, el carácter anormalmente bajo de una oferta debe apreciarse con relación a la composición de la oferta y con relación a la prestación de que se trata. De ese modo, el Tribunal de Justicia precisó que el poder adjudicador podía tomar en consideración, al examinar el carácter anormalmente bajo de una oferta, para garantizar una sana competencia, no sólo las circunstancias establecidas en el artículo 139, apartado 2, de las normas de desarrollo, sino también todos los elementos pertinentes por lo que respecta a la prestación controvertida.

(véanse los apartados 54 y 55)
Con arreglo a las disposiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, en relación con las del artículo 66, apartado 3, del mismo Reglamento, una marca comunitaria colectiva disfruta, como toda marca comunitaria, de protección contra cualquier vulneración que pudiera derivar del registro de una marca comunitaria que implique un riesgo de confusión.

Aunque es cierto que la función esencial de una indicación geográfica es garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares propias de ellos, no sucede lo mismo para la función esencial de una marca comunitaria colectiva. El hecho de que esta última esté constituida por una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica de los productos designados no afecta a la función esencial de toda marca colectiva, que resulta del artículo 66, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, a saber, la de distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular de los de otras asociaciones o empresas. Por tanto, la función de una marca comunitaria colectiva no se altera a causa de su registro en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento no 207/2009. Se trata más, en particular, de un signo que permite distinguir los productos o los servicios en función de la asociación titular de la marca y no en función de su procedencia geográfica.

En efecto, aunque el artículo 66, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 establece una excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, flexibilizando las condiciones de registro y permitiendo que se beneficien de ella marcas descriptivas de la procedencia de los productos designados, ese Reglamento es aplicable, conforme a su artículo 66, apartado 3, salvo disposición contraria expresa, a todas las marcas comunitarias colectivas, incluidas las registradas en virtud de su artículo 66, apartado 2.

Por consiguiente, toda vez que ninguna disposición contenida en el capítulo del Reglamento no 207/2009 dedicado a las marcas comunitarias colectivas permite deducir que la función esencial de las marcas comunitarias colectivas, incluidas las constituidas por una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica de los productos designados, sea diferente de la de las marcas comunitarias individuales, es preciso estimar que esa función esencial consiste, al igual que la de estas últimas, en distinguir los productos o los servicios designados con la marca en función de la entidad específica de la que provienen y no en función de su procedencia geográfica.

Por tanto, cuando en un procedimiento de oposición los signos en conflicto son marcas colectivas, por una parte, y marcas individuales, por otra, la comparación de los productos y de los servicios designados debe realizarse según los mismos criterios que se aplican cuando se aprecia la similitud o la identidad de los productos y de los servicios objeto de dos marcas individuales.

(véanse los apartados 35, 41 a 43 y 49)
8.

Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Obligación de extender la aplicación de esta medida a las entidades que sean propiedad o estén bajo control de entidades de ese tipo — Condición de entidad que sea propiedad o esté bajo control de otra entidad — Apreciación caso por caso por el Consejo — Aplicación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión — Falta de poder de apreciación del Consejo [Decisiones del Consejo 2010/413/PESC, art. 20, ap. 1, letra c), y 2012/829/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) no 267/2012, art. 23, ap. 2, letra d), y de Ejecución (UE) no 1264/2012] (véanse los apartados 109 a 112 y 114)
2.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 24, 25 y 29)
Para el consumidor medio de la Unión Europea no existe, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, riesgo de confusión entre el signo denominativo AGRI.CAPITAL, cuyo registro como marca comunitaria para «servicios de administración y mediación inmobiliarias», «servicios de promotoras inmobiliarias» y «servicios de desarrollo de conceptos de explotación» de la clase 36 del Arreglo de Niza se ha solicitado, y las marcas denominativas AgriCapital y AGRICAPITAL que estaban registradas ya anteriormente como marcas comunitarias para servicios financieros de esa misma clase del Arreglo, puesto que los servicios a que se refieren las marcas anteriores no son similares a los servicios a que se refiere la marca solicitada. A la hora de apreciar el riesgo de confusión, la falta de similitud entre los servicios no puede verse compensada por la similitud, incluso si fuere elevada, que exista entre las marcas en pugna.

(véanse los apartados 27, 28, 70, 75 y 76)
181

Habida cuenta de todo lo anterior, procede concluir que la demandante no probó de modo suficiente en Derecho su alegación de que su participación en la infracción no podía causar un perjuicio a la competencia en el EEE. En estas circunstancias, no puede reprocharse a la Comisión no haber considerado dicha alegación cuando calculó el importe de la multa de la demandante.