Asunto C‑604/13 P

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de productos y accesorios para cuartos de baño — Coordinación de los precios de venta e intercambio de información comercial sensible — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 23, apartado 2 — Límite máximo del 10 % del volumen de negocios — Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas — Principio de irretroactividad — Ejercicio de la competencia jurisdiccional plena — Duración excesiva del procedimiento»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de enero de 2017

[Art. 101 TFUE, ap. 1; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 20 y 21; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 3; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, puntos 13, 19 a 22, 25, 28 y 29]

[Art. 101 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, puntos 21, 23 y 25]

[Arts. 256 TFUE y 261 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 31]

[Arts. 261 TFUE y 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 31]

[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión]

[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3]

El artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que sólo el importe final de la multa impuesta debe respetar el límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en esa disposición, la cual no prohíbe que la Comisión llegue, durante las distintas etapas de cálculo del importe de la multa, a un importe intermedio superior a dicho límite, siempre que el importe final de la multa impuesta no lo supere. El hecho de que, como consecuencia de la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios al que se hace referencia en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del referido Reglamento, ciertos factores, tales como la gravedad y la duración de la infracción, no repercutan de manera efectiva en el importe de la multa impuesta es una mera consecuencia de la aplicación de dicho límite superior al importe final. Se trata por tanto de un límite, aplicable uniformemente a todas las empresas y ajustado a la dimensión de cada una, que pretende evitar las multas cuyo importe sea excesivo y desproporcionado. Dicho límite superior tiene pues un objetivo distinto y autónomo del que persiguen los criterios de gravedad y duración de la infracción. (véanse los apartados 22, 23 y 25)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 32 y 33)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 42 y 43)

El sistema de control judicial de las decisiones de la Comisión relativas a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE consiste en un control de legalidad de los actos de las instituciones establecido en el artículo 263 TFUE, que puede completarse, en virtud del artículo 261 TFUE y a petición de los recurrentes, con el ejercicio por parte del Tribunal General de una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones impuestas en este ámbito por la Comisión. El alcance de esta competencia jurisdiccional plena del Tribunal General se limita estrictamente, a diferencia del control de legalidad previsto en el artículo 263 TFUE, a la determinación del importe de la multa. Dicha competencia se refiere únicamente a la valoración por parte de éste de la multa impuesta por la Comisión, con exclusión de toda modificación de los elementos constitutivos de la infracción legalmente apreciada por la Comisión en la Decisión de la que conoce el referido Tribunal. (véanse los apartados 52 y 53)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 58)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 66)

Para determinar el importe de las multas impuestas por infracción a las normas en materia de competencia, procede tener en cuenta la duración de la infracción y todos los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de ésta. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de las prácticas colusorias, el beneficio que han podido obtener de éstas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión. En el caso de un cártel secreto con el que se pretendía coordinar los futuros incrementos de precios de los tres subgrupos de productos afectados en los territorios alemán y austriaco, la aplicación de coeficientes de «gravedad de la infracción» y de «importe adicional» del 15 % pueden justificarse sobre la sola base de la naturaleza de la infracción controvertida, puesto que ésta se cuenta entre los casos más graves de restricción de la competencia en el sentido del punto 23 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003 y tal porcentaje es el más bajo de la escala de sanciones establecida para tales infracciones en virtud de las referidas Directrices. (véanse los apartados 67, 68, 72 y 75)

El Tribunal General debe respetar el principio de igualdad de trato, no solamente cuando efectúa su control de la legalidad de la decisión de la Comisión por la que se imponen multas, sino también al ejercer su competencia jurisdiccional plena. En efecto, el ejercicio de esta última competencia no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de las multas impuestas a las empresas que han participado en un acuerdo o una práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1, a una discriminación entre ellas. No es preciso que las diferencias existentes entre las empresas que han participado en un mismo cártel, habida cuenta, en particular, del alcance geográfico de sus respectivas participaciones, se tomen en consideración, necesariamente, en el momento de fijar los coeficientes de «gravedad de la infracción» y de «importe adicional», sino que pueden tenerse en cuenta en otra fase del cálculo de la multa, como, por ejemplo, en el momento de ajustar el importe de base en función de circunstancias agravantes o atenuantes, en virtud de los puntos 28 y 29 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003. Estas diferencias pueden resultar igualmente del valor de ventas utilizado para calcular el importe de base de la multa, en la medida en que dicho valor refleja, para cada empresa participante, la trascendencia de su participación en la infracción controvertida, de conformidad con el punto 13 de las Directrices de 2006, que permite que se tome como punto de partida para el cálculo de las multas un importe que refleje la importancia económica de la infracción y el peso relativo de esa empresa en ella. (véanse los apartados 78 a 80)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 84 a 86)

Ante la inexistencia de indicio alguno de que la duración del procedimiento ante el Tribunal General haya influido en la resolución del litigio, la inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable no puede provocar que se anule la sentencia recurrida. En efecto, si la inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable no influye en la resolución del litigio, la anulación de la sentencia recurrida no repararía la violación por parte del Tribunal General del principio de tutela judicial efectiva. (véase el apartado 94)