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En esas circunstancias, la Commissione tributaria regionale di Mestre-Venezia decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) En relación con los equipos terminales para el servicio de radiocomunicación móvil terrestre, ¿es compatible con el Derecho de la Unión (Directiva 1999/5 y las Directivas redes) la normativa nacional contenida en: — el artículo 2, apartado 4, del Decreto-ley no 4/2014, convalidado mediante la Ley no 50/2014; — el artículo 160 del Decreto Legislativo no 259/2003; y — el artículo 21 de la [Tarifa adjunta], que, al asimilar los equipos terminales a las estaciones radioeléctricas, obliga al usuario a obtener una autorización general así como la correspondiente licencia de estación radioeléctrica, que se invoca como hecho imponible? Por consiguiente, en concreto, en lo que respecta a la utilización de los equipos terminales, ¿es compatible con el Derecho de la Unión la pretensión del Estado italiano de imponer al usuario la obligación de obtener una autorización general y una licencia de estación radioeléctrica cuando la comercialización, libre circulación y puesta en servicio de los equipos terminales están ya completamente reguladas por fuentes comunitarias (Directiva 1999/5), que no exigen autorización general o licencia alguna, teniendo en cuenta que la legislación italiana exige una autorización general y una licencia: — a pesar de que la autorización general es un acto que no afecta al usuario de los equipos terminales, sino exclusivamente a las empresas que se dedican al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 2002/20); — a pesar de que la concesión está prevista para los derechos individuales de uso de radiofrecuencias y para los derechos de uso de los números, situaciones que ciertamente no guardan relación con la utilización de equipos terminales; — a pesar de que la normativa de la Unión no contempla obligación alguna de obtener una autorización o una licencia por los equipos terminales; — a pesar de que el artículo 8 de la Directiva 1999/5 dispone que los Estados miembros “no prohibirán, restringirán u obstaculizarán la puesta en el mercado ni la puesta en servicio en su territorio de los aparatos que lleven el marcado CE”, y — a pesar de las diferencias sustanciales y reglamentarias y de la falta de homogeneidad que existen entre una estación radioeléctrica y los equipos terminales que se utilizan en el marco del servicio de radiocomunicación móvil terrestre? 2) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión (Directiva 1999/5 y Directiva 2002/20, y en particular el artículo 20 de ésta) la normativa nacional contenida en: — el artículo 2, apartado 4, del Decreto-ley no 4/2014, convalidado mediante la Ley no 50/2014; — el artículo 160 del Decreto Legislativo no 259/2003; — el artículo 21 de la [Tarifa adjunta] y — el artículo 3 del Decreto Ministerial no 33/1990; con arreglo a la cual — el contrato contemplado en el artículo 20 [de la Directiva 2002/22] —celebrado entre el gestor y el usuario y destinado a regular las relaciones comerciales entre los consumidores y usuarios finales, por una parte, y una o varias empresas que proporcionan la conexión y los servicios correspondientes—, puede valer también “por sí mismo” como documento sustitutivo de la autorización general y/o de la licencia de estación radioeléctrica sin intervención, actuación o control algunos por parte de la Administración; — dicho contrato debe recoger también los datos relativos al tipo de equipo terminal y a su homologación (no contemplada en el artículo 8 [de la Directiva 1999/5])? 3) ¿Son compatibles con las normas del Derecho de la Unión antes citadas el artículo 2, apartado 4, del Decreto-ley no 4/2014, convalidado mediante la Ley no 50/2014, en relación con el artículo 160 del Decreto Legislativo no 259/2003 y con el artículo 21 de la [Tarifa adjunta], que únicamente establecen la obligación de disponer de una autorización general y de la correspondiente licencia de estación radioeléctrica para una categoría particular de usuarios, titulares de un contrato que formalmente se denomina de abono, mientras que no se exige autorización general ni licencia alguna para otros usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de un contrato simplemente porque éste tiene otra denominación (servicio de prepago o de recarga)? 4) ¿Se opone el artículo 8 de la Directiva 1999/5 a una normativa nacional, como la contenida en el artículo 2, apartado 4, del Decreto-ley no 4/2014, convalidado mediante la Ley no 50/2014, en el artículo 160 del Decreto Legislativo no 259/2003 y en el artículo 21 de la [Tarifa adjunta], que establecen: — una actividad administrativa destinada a la expedición de la autorización general y de la licencia de estación radioeléctrica, y — el pago de una tasa [de concesión gubernativa] en relación con dichas actividades, en cuanto comportamientos que pueden constituir una limitación a la puesta en servicio, utilización y libre circulación de los equipos terminales?»