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Además, el principio de seguridad jurídica no se opone a que el Derecho de la Unión atribuya una facultad de apreciación a la administración competente o a que utilice conceptos jurídicos indeterminados que deban interpretarse y aplicarse al caso de autos por dicha administración, sin perjuicio del control del juez de la Unión. Por otro lado, las exigencias del antedicho principio no pueden interpretarse en el sentido de que requieren que una norma que utilice un concepto jurídico indeterminado mencione los distintos supuestos concretos en los que puedan aplicarse, ya que el legislador no puede determinar por anticipado todos esos supuestos.

La prohibición de la financiación directa o indirecta de los partidos políticos nacionales, contenida en el artículo 7 del Reglamento n.o 2004/2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea, es clara. La prohibición de la financiación indirecta es, en efecto, el corolario de la prohibición de financiación directa, pues de otro modo esta prohibición podría eludirse fácilmente. En cuanto atañe al contenido de la prohibición de financiación indirecta, ha de señalarse que se trata de un concepto jurídico indeterminado y que la disposición en cuestión no contiene una definición exhaustiva del concepto o una lista de comportamientos que puedan quedar comprendidos en el ámbito de aplicación de la prohibición. No obstante, un operador diligente debe tener la posibilidad de prever que existe una financiación indirecta cuando un partido político nacional obtiene una ventaja económica al evitar gastos que habría debido soportar, aun cuando no realice ninguna transferencia directa de fondos. Dicho con otras palabras, no cabe aceptar que un partido político a escala europea diligente no esté en condiciones de prever que la concesión de una ventaja cualquiera a un partido político nacional, sin que este soporte su coste, constituya una financiación indirecta de las actividades de este último. Por consiguiente, el artículo 7 del Reglamento n.o 2004/2003 no es contrario al principio de seguridad jurídica.

(véase el apartado 72)
2.

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)—Investigaciones—Controles y verificaciones in situ—Cumplimiento de las normas y las prácticas del Estado miembro afectado—Reserva en favor de la aplicación del Derecho de la Unión [Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 3; Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, art. 6, ap. 1, párr. 3] (véanse los apartados 57 y 58)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 31 de mayo de 2018 — Groningen Seaports y otros/Comisión

(Asunto T‑160/16)

«Ayudas de Estado — Exención del impuesto de sociedades concedida por los Países Bajos a seis puertos marítimos públicos neerlandeses — Decisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado interior — Obligación de motivación — Igualdad de trato»

1. Recurso de anulación—Competencia del juez de la Unión—Desaparición de una persona jurídica destinataria de una decisión de una institución de la Unión—Acción de anulación que puede ser proseguida por el sucesor universal (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véase el apartado 59)

2. Ayudas otorgadas por los Estados—Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado interior—Obligación de motivación—Alcance (Art. 296 TFUE, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41) (véanse los apartados 78 y 91)

3. Estados miembros—Obligaciones—Incumplimiento—Justificación basada en un posible incumplimiento de otro Estado miembro—Improcedencia (véase el apartado 97)

4. Procedimiento judicial—Escrito de interposición del recurso—Requisitos de forma—Determinación del objeto del litigio—Exposición sumaria de los motivos invocados—Enunciación abstracta—Inadmisibilidad [Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véase el apartado 113)

5. Derecho de la Unión Europea—Principios—Igualdad de trato—Necesidad de respetar el principio de legalidad—Imposibilidad de invocar una ilegalidad cometida en beneficio ajeno (véase el apartado 116)

6. Derecho de la Unión Europea—Principios—Igualdad de trato—Violación—Concepto (véase el apartado 119)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión (UE) 2016/634 de la Comisión, de 21 de enero de 2016, sobre la medida de ayuda SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 y ex CP 115/2004) ejecutada por los Países Bajos — Exención del impuesto de sociedades para empresas públicas (DO 2016, L 113, p. 148).

Fallo

1) Admitir la sustitución de Havenschap Moerdijk por Havenbedrijf Moerdijk NV como parte demandante.

2) Desestimar el recurso.

3) Condenar a Groningen Seaports NV y las demás demandantes cuyos nombres figuran en el anexo a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
2.

Marca de la Unión Europea—Observaciones de terceros y oposición—Examen de la oposición—Prueba del uso de la marca anterior—Uso efectivo—Concepto—Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, considerando 10 y art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 40)
Un acto lesivo, en el sentido de los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto, es un requisito indispensable para la admisibilidad de todo recurso interpuesto por los funcionarios o jubilados contra la institución a la que pertenecen. Las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses de la parte demandante, modificando de forma manifiesta su situación jurídica, constituyen actos que pueden ser objeto de un recurso de anulación, precedido por una reclamación.

Por lo que respecta a las nóminas, estas pueden constituir actos lesivos que pueden ser objeto de reclamación y, en su caso, de recurso. Así sucede cuando una decisión que tenga un objeto meramente pecuniario pueda, por su propia naturaleza, verse reflejada en tal nómina u hoja de haberes pasivos. En ese supuesto, la comunicación de la nómina o de la hoja de haberes pasivos mensual tiene como efecto hacer correr los plazos de reclamación y de recurso contra una decisión administrativa cuando dicha nómina u hoja ponga de manifiesto, claramente y por primera vez, la existencia y el alcance de dicha decisión. Éste es el caso, en particular, en los supuestos en que los derechos afectados, por ejemplo, tras la modificación de un acto de alcance general, revisten un carácter esencial o meramente pecuniario. En efecto, en ese supuesto, la supresión de un pago o la reducción de su importe, que se desprendan de la nómina o de la hoja de haberes pasivos emitida tras tal modificación, sólo pueden resultar de la decisión del servicio competente para aplicar el acto de alcance general en cuestión al funcionario en activo o jubilado de que se trate.

Sin embargo, una nómina o una hoja de haberes pasivos, por su naturaleza y su objeto, carece de las características propias de un acto lesivo cuando se limita a traducir en términos pecuniarios el alcance de decisiones jurídicas anteriores, relativas a la situación administrativa del funcionario en activo o jubilado, o, dicho de otro modo, cuando no hace sino confirmar esas decisiones administrativas previas. En particular, si bien la nómina que ponga de manifiesto, claramente y por primera vez, una decisión meramente pecuniaria constituye un acto impugnable, las nóminas posteriores constituyen actos meramente confirmatorios de dicha decisión y no pueden ser objeto de un recurso de anulación

(véanse los apartados 30 a 35)
2.

Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de caducidad—Falta de uso efectivo de la marca—Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca—Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Examen de la alteración del carácter distintivo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 26 y 27)
2.

Agricultura—Financiación por el FEAGA y el Feader—Concesión de ayudas y de primas—Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno—Autonomía de ambos tipos de controles—Posibilidad de sustituir los controles sobre el terreno por controles administrativos—Requisito—Equivalencia de los controles—Controles efectuados en el marco del régimen de cuotas lecheras y controles sobre el terreno en virtud del Reglamento (CE) n.o 73/2009—Falta de equivalencia [Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, arts. 20 y 68, ap. 4, letra b); Reglamentos (CE) de la Comisión n.o 595/2004, arts. 21 y 22, ap. 1, letra a), y n.o 1122/2009, arts. 30, ap. 2, letra b), párr. 2, y 46, aps. 1 y 2] (véanse los apartados 47 a 49, 51, 52, 56 a 59, 61 y 63 a 65)
En el caso de autos, el dibujo o modelo controvertido, registrado como ornamento comprendido en la clase 32 del Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, no da información sobre su destino o su función. Además, el monograma Chanel está registrado para un gran número de productos y el dibujo controvertido está registrado como ornamento, sin ninguna precisión sobre los productos a los que se aplicaría. De lo anterior se deduce que, en este caso, no era posible determinar el sector de los productos a los que el dibujo controvertido se iba a incorporar o aplicar, ni compararlo con el del monograma Chanel.

Carece de carácter singular en el sentido del artículo 6 del Reglamento n.o 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, el dibujo o modelo controvertido que presenta notables similitudes con el monograma Chanel. En efecto, dicho dibujo o modelo puede ser percibido, en cierta medida, como una creación inspirada por la idea del monograma Chanel, tanto más cuanto que la elección del dibujo o modelo controvertido no estaba condicionada en absoluto por consideraciones de ningún tipo y su autor no diferenció suficientemente dicho dibujo o modelo del monograma Chanel. Por consiguiente, debe considerarse que el usuario informado percibirá los dibujos o modelos en conflicto de forma global para determinar si estos producen una impresión general distinta. Pues bien, aun cuando ambos dibujos o modelos presentan diferencias en sus partes centrales, la posibilidad de que el usuario informado advierta dichas diferencias es tanto menor cuanto que el dibujo controvertido puede utilizarse en una orientación que varíe 90 grados y en diversos tamaños, y la impresión general no difiere, en la medida en que las partes exteriores, que determinan considerablemente el contorno y la impresión general que producen los dibujos o modelos en conflicto, son muy similares y prácticamente idénticas.

Habida cuenta de las similitudes de los dibujos o modelos en conflicto, la gran libertad de creación no puede sino apoyar la inexistencia de una impresión general distinta producida por dichos dibujos o modelos. Por otra parte, el dibujo o modelo controvertido es un ornamento comprendido en la clase 32 del Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, y tal ornamento puede aplicarse a una amplia gama de productos, lo que hace prácticamente imposible determinar previamente su uso. En consecuencia, esta circunstancia refuerza la necesidad de un análisis minucioso de las impresiones generales que producen los dibujos en conflicto.

(véanse los apartados 55, 56, 58 y 59)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 29 de junio de 2017 —

E‑Control/ACER

(Asunto T‑63/16)

«Energía — Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad — Decisiones de las autoridades reguladoras nacionales aprobatorias de los métodos de asignación de capacidad de transmisión transfronteriza — Compatibilidad con el Reglamento (CE) n.o 714/2009 — Dictamen de la ACER — Concepto de decisión que puede ser objeto de un recurso ante la ACER — Artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 713/2009 — Decisión de la Sala de Recurso de la ACER que declara la inadmisibilidad del recurso — Error de Derecho — Obligación de motivación»

1. Agencias de la Unión Europea — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) — Procedimiento de recurso — Recurso ante la Sala de Recurso de la ACER — Requisitos de admisibilidad — Decisión recurrible — Concepto — Dictamen de la ACER que declara la no conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales aprobatorias de los métodos de asignación de capacidad de transmisión transfronteriza de electricidad — Exclusión — Vulneración del principio de tutela judicial efectiva y del derecho a ser oído — Inexistencia [Carta de los Derechos Fundamentales de Unión Europea, arts. 41 y 47; Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 7, aps. 4 y 5, 16, ap. 1, y 19; Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 39, aps. 3 y 6] (véanse los apartados 45 a 49, 53, 54, 59, 62 y 63)

2. Agencias de la Unión Europea — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) — Procedimiento de recurso — Recurso ante la Sala de Recurso de la ACER — Obligación de motivación de las decisiones — Alcance [Art. 296 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 19] (véanse los apartados 68 a 70)

Objeto

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión A‑001‑2015 de la Sala de Recurso de la ACER, de 16 de diciembre de 2015, por la que se desestimó un recurso interpuesto contra el dictamen n.o 09/2015 de la ACER, de 23 de septiembre de 2015, acerca de la conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales aprobatorias de los métodos de asignación de capacidad de transmisión transfronteriza en la región de Europa Central y del Este con el Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO 2009, L 211, p. 15), y las directrices sobre la gestión de la congestión y asignación de la capacidad de transmisión disponible en las interconexiones entre redes nacionales contenidas en su anexo I.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E‑Control) cargará con sus propias costas y con las de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
4.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro que contraviene el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Marca denominativa MÄNNERSPIELPLATZ [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 21, 22, 33 a 36 y 61)
26

En lo atinente al cálculo del importe de la multa impuesta a la demandante, la Comisión se basó en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas»).
119

Más concretamente, por lo que respecta al criterio de la «perspectiva» o de la «anticipación», la demandante señala que este se utiliza, en particular, para apreciar la existencia de subvenciones a la exportación tanto en el Derecho de la OMC como en la normativa del Derecho de la Unión. A su juicio, determinar si la venta de un producto constituye o no una venta de exportación sigue una lógica similar, que podría comprobarse objetivamente, en particular, observando si la venta a un cliente independiente en el mercado interno está o no vinculada a una exportación real o anticipada. A este respecto, a su entender, de la existencia de la política de descuentos por exportación de la demandante no puede deducirse que ella hubiera anticipado el hecho de que las ventas controvertidas a [confidencial] serían reexportadas, puesto que esta política de descuentos por exportación, denominada «descuentos por fabricación posterior o exportación», no afecta al producto de que se trata, ya que no tiene por objeto la mera reventa del producto de que se trata y, por tanto, no es pertinente en el caso de autos, sino que fomenta la exportación tras su transformación. Además, la demandante dice ignorar si las ventas que se benefician de este tipo de descuentos se revenden en cualquier mercado y de qué modo se produce esto. A juicio de la demandante, las circunstancias del caso de autos no implican que ella hubiera debido anticipar el hecho de que su descuento vinculado a la exportación serviría para comprar productos que finalmente sería exportados sin ser transformados, en contradicción con su propia política de descuentos.
191

Por último, las justificaciones aducidas en el considerando 129 de la Decisión impugnada, donde se afirma que el uso de formas de ayuda más directas habría aumentado la carga sobre el presupuesto del Reino de Dinamarca y del Reino de Suecia, y por tanto el coste total del proyecto, y que hasta ese momento no se había ejecutado ninguna garantía, no bastan para despejar las dudas sobre si el elemento de ayuda derivado de las garantías estatales, por su parte, se había limitado al mínimo necesario. En primer lugar, la «carga para el presupuesto» del Reino de Dinamarca y del Reino de Suecia y el «coste total del proyecto» no son necesariamente equivalentes al elemento de ayuda de las garantías. En segundo lugar, la Decisión impugnada no indica suficientemente cómo calcular el elemento de ayuda derivado de las garantías, y de las consideraciones expuestas se deduce que las ayudas concedidas al Consorcio no se han limitado lo bastante cuantitativa y temporalmente, aun teniendo en cuenta los compromisos. Por consiguiente, aunque unas formas más directas de ayuda pudieran constituir eventualmente unas ayudas más importantes que las garantías, de la Decisión impugnada no se desprende que la ayuda derivada de las garantías estatales, por su parte, esté limitada al mínimo necesario para alcanzar el objetivo de la realización del proyecto de interés común europeo de conexión fija. En tercer lugar, es preciso recordar que la ayuda se concede en el momento en que se ofrece la garantía, y no en el momento en que se moviliza la garantía o en el que esta provoca pagos. Por consiguiente, el hecho de que hasta ahora no se haya ejecutado ninguna garantía carece de pertinencia para valorar si la ayuda contenida en las garantías se ha limitado al mínimo posible. Además, una garantía puede, pese a todo, ser ejecutada y provocar al Estado una pérdida efectiva de ingresos aún mayor que las garantías, que en el presente asunto cubren el 100 % del importe de unos préstamos cuyo límite se desconoce. [omissis]
150

Por lo que respecta al tercer elemento del perjuicio material presuntamente sufrido, el Consejo expone, apoyado por la Comisión, que cuando el daño alegado resulta de la pérdida de la posibilidad de llevar a cabo actividades comerciales de carácter especulativo, como en este caso, el nivel de prueba exigido es particularmente elevado según la jurisprudencia. La demandante no respetó tal nivel de prueba. En lo que atañe a la no suscripción de contratos de seguro para el transporte de pasajeros, se limita a inferir el lucro cesante que pretende haber sufrido entre los meses de julio de 2010 y de noviembre de 2013, finalmente estimado en 1919554,50 euros, del volumen de negocios anual medio, de 969471,97 euros, que había alcanzado por ese tipo de contratos durante los dos años anteriores. Sin embargo, no aportó los contratos de seguro para el transporte de pasajeros suscritos en 2008 y en 2009. La nota de crédito dirigida a una compañía de seguros en Alemania, aportada por la demandante, no demuestra que hubiera celebrado con esa sociedad contrato alguno por los importes que reclama, ni tampoco que hubiera mantenido con ella una relación contractual duradera. En todo caso, la demandante omite considerar que el lucro cesante solo puede corresponder al beneficio alcanzado sobre el volumen de negocios, no al propio volumen de negocios. A falta de información sobre los costes de la demandante, en particular sobre los relativos al contrato que afirma haber concluido con una compañía de seguros, o a falta de poder verificar la fiabilidad de la información transmitida al respecto, en particular cuando sostiene que el nivel de sus costes es del 40 %, no es posible determinar el importe exacto del lucro cesante que podría haber sufrido. Por lo que respecta a la no suscripción de contratos de seguro para el transporte de mercancías, la demandante se limita a deducir el lucro cesante que alega haber sufrido de una nota carente de valor probatorio, en tanto en cuanto fue elaborada por la propia demandante, e imprecisa, en la medida en que no ofrecía indicación alguna sobre la naturaleza de los contratos de seguro presuntamente afectados ni sobre el lucro cesante correspondiente a tales contratos.
347

En efecto, los demandantes en el asunto T‑533/15 afirman que no incitan ni apoyan a KNIC ZD para que genere ingresos, ya que esta no genera ninguno, ni actualmente ni cuando estaba operativa. Añaden que, por lo demás, dos de ellos, los Srs. Pak Chun-San y So Tong Myong, están jubilados y no trabajan para KNIC y que los otros cuatro demandantes no generan ingresos en el marco de las distintas funciones que ejercen en KNIC. Sostienen que, aunque la inclusión en la lista de la propia KNIC ZD pudiera resultar adecuada, la inclusión del nombre de los referidos demandantes en las listas controvertidas no persigue ninguna finalidad útil. Afirman que, habida cuenta de estas circunstancias, resulta manifiesto que se trata de una restricción desproporcionada de su libertad.
73

En el presente caso, la EMA recuerda en la decisión impugnada que los estudios se concibieron respetando las directrices y las recomendaciones internacionalmente aceptadas. Hace en particular referencia a las «Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, sección 4, efectos en la salud, n.o 410, oxicidad cutánea por dosis repetidas: 21/28 días, adoptadas el 12 de mayo de 1981», a la «International Conference on Harmonisation, Topic S3A Toxicokinetics: A Guidance for Assessing Systemic Exposure in Toxicology Studies (CPMP/ICH/384/95)» (Conferencia internacional sobre la armonización de las exigencias técnicas para el registro de los medicamentos para uso humano, tema S 3A, toxicocinética: directrices para la evaluación de la exposición sistémica en estudios toxicológicos), a la «VICH, Guideline 31, Studies to evaluate the Safety of Residues of Veterinary Drugs in Human Food: Repeat-Dose (90 Days) Toxicity Testing, October 2002» [Conferencia internacional sobre la armonización de las exigencias técnicas para el registro de los medicamentos de uso veterinario, directriz 31, Estudios de evaluación de la seguridad de los residuos de medicamentos para uso veterinario en la alimentación humana: estudio de la toxicidad por administración repetida (90 días), octubre de 2002] y a la «Guidance for Industry. Bioanalytical Method Validation, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Center for Veterinary Medicine (CVM), May 2001» (Directrices para la industria. Validación del método bioanalítico, Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Departamento de Alimentación y Medicamentos, Centro de Evaluación y de Investigación sobre Medicamentos, Centro de Medicina Veterinaria, mayo de 2001).