ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
C 44/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de diciembre de 2020 — Groupe Canal + / Comisión Europea, República Francesa, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors — EFAD’s, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

(Asunto C-132/19 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Distribución televisiva - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículos 9 y 16, apartado 1 - Decisión que convierte en obligatorios los compromisos - Protección territorial absoluta - Desviación de poder - Análisis preliminar - Inexistencia de obligación de la Comisión Europea de tener en cuenta consideraciones relativas a la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3 - Acuerdos que tienen por objeto compartimentar los mercados nacionales - Inexistencia de obligación de la Comisión de analizar uno por uno los mercados nacionales afectados - Proporcionalidad - Vulneración de los derechos contractuales de terceros)

(2021/C 44/05)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Groupe Canal + (representantes: P. Wilhelm, P. Gassenbach y O. de Juvigny, avocats)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Dawes, C. Urraca Caviedes y L. Wildpanner, agentes), República Francesa (representantes: E. de Moustier y P. Dodeller, agentes), Union des producteurs de cinéma (UPC) (representante: E. Lauvaux, avocat), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors — EFADs (representante: O. Sasserath, avocat), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (representante: A. Fratini, avvocatessa),

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018, Groupe Canal + /Comisión (T-873/16, EU:T:2018:904).

2) Anular la Decisión de la Comisión Europea, de 26 de julio de 2016, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT.40023 — Acceso transfronterizo a la televisión de pago).

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y, además, con las costas en que hayan incurrido Groupe Canal + SA, la European Film Agency Directors — EFADs y la Union des producteurs de cinéma (UPC) en el presente recurso de casación y en el procedimiento de primera instancia y con aquellas en que haya incurrido C More Entertainment AB en el procedimiento de primera instancia.

4) La República Francesa cargará con sus propias costas.

5) El Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) cargará con sus propias costas.

(1) DO C 131 de 8.4.2019.
C 433/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 22 de octubre de 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Comisión Europea

(Asunto C-702/19 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de envases de alimentos al por menor - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE - Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 23 - Artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos - Derecho fundamental a un proceso equitativo - Principio de igualdad de armas - Derecho «a la confrontación» - Examen de testigos - Motivación - Infracción única y continuada - Límite máximo de la multa)

(2020/C 433/17)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrentes: Silver Plastics GmbH & Co. KG (representantes: M. Wirtz, y S. Möller, Rechtsanwälte), Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (representante: C. Karbaum, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: G. Meessen, I. Zaloguin y L. Wildpanner, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Silver Plastics GmbH & Co. KG y Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG cargarán, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

(1) DO C 383 de 11.11.2019.
C 414/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — España) — Vodafone España, S. A. U. / Diputación Foral de Gipuzkoa

(Asunto C-443/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/20/CE - Artículo 13 - Canon por los derechos de uso de radiofrecuencias - Normativa nacional sectorial que sujeta la reserva del dominio público radioeléctrico a una tasa - Normativa nacional que sujeta la constitución de concesiones administrativas de bienes de dominio público a un impuesto sobre transmisiones patrimoniales)

(2020/C 414/09)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vodafone España, S. A. U.

Demandada: Diputación Foral de Gipuzkoa

Fallo

El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro cuya normativa establece que el derecho de uso de radiofrecuencias está sujeto a una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico sujete, además, la constitución de concesiones administrativas de ese dominio público a un impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava con carácter general la constitución de concesiones administrativas de bienes de dominio público en virtud de una normativa que no es aplicable de manera específica al sector de las comunicaciones electrónicas, cuando el hecho imponible de tal impuesto está vinculado a la concesión de los derechos de uso de radiofrecuencias, siempre que esa tasa y ese impuesto, en su conjunto, cumplan los requisitos establecidos en el referido artículo, en particular el requisito relativo al carácter proporcionado del importe percibido como contrapartida del derecho de uso de las radiofrecuencias, circunstancia que corresponde comprobar al tribunal remitente.

(1) DO C 328 de 30.9.2019.
3)

El artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión, interpretado a la luz del considerando 27 de ese Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración una recomendación de la Autoridad Bancaria Europea adoptada sobre la base de dicha disposición, con el fin de resolver el litigio del que conoce, en particular en el marco de un recurso dirigido a exigir la responsabilidad de un Estado miembro por los daños y perjuicios causados a un particular como consecuencia de la inaplicación o de la aplicación incorrecta o insuficiente del Derecho de la Unión que dio lugar al procedimiento de investigación que condujo a la adopción de dicha recomendación. Los particulares perjudicados por la infracción del Derecho de la Unión constatada por esa Recomendación, aun cuando no sean los destinatarios de esta, deben poder basarse en la referida Recomendación para que se declare, ante los tribunales nacionales competentes, la responsabilidad del Estado miembro de que se trate por dicha infracción del Derecho de la Unión. La Recomendación EBA/REC/2014/02 de la Autoridad Bancaria Europea, de 17 de octubre de 2014, dirigida a Balgarska Narodna Banka (Banco Central de Bulgaria) y al Fond za garantirane na vlogovete v bankite (Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, Bulgaria), sobre las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 94/19, es inválida, en la medida en que asimiló la decisión del Banco Central de Bulgaria de someter a Korporativna targovska banka AD a vigilancia especial y de suspender sus obligaciones a la determinación de la indisponibilidad de los depósitos en el sentido del artículo 1, punto 3, inciso i), de la Directiva 94/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/14.
1)

El artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, el artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) n.o 241/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades, y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que prohíbe a los bancos populares establecidos en este rehusar el reembolso de los instrumentos de capital, pero que permite a esos bancos diferir durante un período de tiempo ilimitado el reembolso de la participación del socio que cause baja y limitar el importe de ese reembolso total o parcialmente, siempre que los límites de reembolso decididos en el ejercicio de esta facultad no superen lo que es necesario, a la luz de la situación prudencial de los referidos bancos, a fin de asegurar que los instrumentos de capital que emiten sean considerados instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, habida cuenta, en particular, de los elementos mencionados en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado n.o 241/2014, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
1)

Anular el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 12 de julio de 2018, NKT Verwaltungs y NKT/Comisión (T-447/14, no publicada, EU:T:2018:443), mediante el que el Tribunal General desestimó el recurso de NKT Verwaltungs GmbH y de NKT A/S por el que se solicitaba la anulación de la Decisión C(2014) 2139 final de la Comisión, de 2 de abril de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y [d]el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39610 — Cables de energía), por cuanto en dicha Decisión se consideraba a estas sociedades responsables de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, en la medida en que dicha infracción se refiere, en primer término, a comportamientos relacionados con ventas en países no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo (EEE), en segundo término, a una negativa colectiva a suministrar accesorios y asistencia técnica a competidores que no participaban en el cartel y, en tercer término, en lo relativo al período comprendido entre el 3 de julio de 2002 y el 21 de noviembre de 2002, a la asignación de proyectos relativos a cables de energía subterráneos en el EEE.
2)

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que un transportista aéreo no puede eximirse de su obligación de compensación alegando «circunstancias extraordinarias», en el sentido de dicha disposición, relacionadas con el fallo de un componente de los denominados on condition, es decir, un componente que solo se sustituye cuando falla el componente anterior, aunque dicho transportista aéreo tenga siempre en reserva un componente de recambio, salvo en el supuesto, que corresponderá comprobar al tribunal remitente, de que tal fallo constituya un acontecimiento que, por su naturaleza o su origen, no sea inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo afectado y escape al control efectivo de este, teniendo en cuenta no obstante que, en la medida en que dicho fallo esté, en principio, intrínsecamente ligado al sistema de funcionamiento de la aeronave, no podrá ser considerado como tal acontecimiento.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de marzo de 2020 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

(Asunto C-766/18 P) (1)

(Recurso de casación - Marca de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Oposición - Artículo 8, apartado 1, letra b) - Riesgo de confusión - Criterios de apreciación - Aplicabilidad en caso de marca colectiva anterior - Interdependencia entre la similitud de las marcas en conflicto y la de los productos o servicios designados por esas marcas)

(2020/C 161/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (representantes: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor, y K. K. Kleanthous)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (representante: D. Gája, agente), M. J. Dairies EOOD (representantes: D. Dimitrova e I. Pakidanska, advokati)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de septiembre de 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, no publicada, EU:T:2018:594).

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 82 de 4.3.2019.
C 54/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich y otros

(Asunto C-435/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 101 TFUE - Reparación de los daños causados por un cártel - Derecho a indemnización de las personas que no actúan como proveedor o comprador en el mercado afectado por el cártel - Daños sufridos por un organismo público que concedió préstamos en condiciones ventajosas para la adquisición de bienes objeto del cártel)

(2020/C 54/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, Thyssenkrupp Aufzüge GmbH

Demandadas: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene GmbH, EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen GmbH, WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.GmbH, Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Fallo

El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las personas que no actúan como proveedores o compradores en el mercado afectado por un cártel, pero que han concedido subvenciones en forma de préstamos en condiciones favorables a compradores de productos ofrecidos en ese mercado, pueden solicitar que se condene a las empresas que participaron en dicho cártel a reparar el perjuicio que han sufrido debido a que, al ser el importe de dichas subvenciones más elevado que el que habría resultado de no existir el mencionado cártel, esas personas no han podido utilizar esa diferencia para otros fines más lucrativos.

(1) DO C 352 de 1.10.2018.
1)

Los artículos 7, punto 1, 67 y 71, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el artículo 33 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, deben interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conoce de un recurso para obtener no solo las compensaciones a tanto alzado y uniformes previstas en el Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, sino también la reparación de los daños adicionales comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Convenio, debe apreciar su competencia, en relación con la primera pretensión, a la luz del artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 y, en relación con la segunda pretensión, a la luz del artículo 33 de dicho Convenio.
C 319/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de julio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Győri Ítélőtábla — Hungría) — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF Trucks NV

(Asunto C-451/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Competencias especiales - Artículo 7, punto 2 - Materia delictual o cuasidelictual - Lugar donde se ha producido el hecho dañoso - Lugar donde se ha materializado el daño - Pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente ocasionado por un cártel declarado contrario al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)

(2019/C 319/20)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Győri Ítélőtábla

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Demandada: DAF Trucks NV

Fallo

El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción indemnizatoria de un perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE, consistente, en particular, en la celebración de acuerdos colusorios sobre fijación de precios e incrementos de precios brutos de camiones, el «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del litigio principal, al lugar del mercado afectado por dicha infracción, a saber, el lugar donde se han falseado los precios de mercado y en el cual la víctima alega haber sufrido este perjuicio, incluso si la acción se dirige contra un participante en el cártel controvertido con el que la víctima no estableció relaciones contractuales.

(1) DO C 319 de 10.9.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 3 de julio de 2019 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Asunto C-316/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Deducción del impuesto soportado - Gastos de gestión de un fondo de dotación que realiza inversiones con el fin de cubrir los costes del conjunto de operaciones efectuadas con posterioridad por el sujeto pasivo - Gastos generales)

(2019/C 305/26)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Demandada: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Fallo

El artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que un sujeto pasivo que ejerce tanto actividades sujetas al IVA como actividades exentas de dicho impuesto, que invierte en un fondo las donaciones y dotaciones que ha recibido y que utiliza los ingresos generados por ese fondo para cubrir los costes del conjunto de dichas actividades no puede deducir, en concepto de gastos generales, el IVA soportado y relativo a los gastos vinculados a dicha inversión.

(1) DO C 249 de 16.7.2018.
1)

Sin perjuicio de la comprobación que realice el tribunal remitente de los elementos de hecho y de Derecho nacional pertinentes, los artículos 184, 185, 187 y 188 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, deben interpretarse en el sentido de que no obligan a regularizar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que grava un bien inmueble, y que inicialmente ha sido deducido correctamente, cuando dicho bien ha sido objeto de una operación de sale and lease back (venta con arrendamiento posterior) no sujeta al IVA en circunstancias como las del litigio principal.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno) de 10 de diciembre de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Reino Unido] — Andy Wightman y otros / Secretary of State for Exiting the European Union

(Asunto C-621/18) (1)

((Procedimiento prejudicial - Artículo 50 TUE - Notificación por un Estado miembro de su intención de retirarse de la Unión Europea - Consecuencias de la notificación - Derecho de revocación unilateral de la notificación - Requisitos))

(2019/C 65/24)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Recurrida: Secretary of State for Exiting the European Union

Con intervención de: Chris Leslie, Tom Brake

Fallo

El artículo 50 TUE debe interpretarse en el sentido de que, mientras no haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado entre el Estado miembro de que se trate y la Unión o, a falta de tal acuerdo, mientras no haya expirado el plazo de dos años previsto en el artículo 50 TUE, apartado 3, eventualmente prorrogado conforme a este apartado, permite que un Estado miembro que haya notificado al Consejo Europeo, conforme a dicho artículo, su intención de retirarse de la Unión revoque unilateralmente, de manera unívoca e incondicional, tal notificación mediante escrito dirigido al Consejo Europeo, una vez adoptada la decisión de revocación de conformidad con sus normas constitucionales. Esta revocación tiene por objeto confirmar la pertenencia de dicho Estado miembro a la Unión en términos inalterados por cuanto respecta a su estatuto de Estado miembro y pone fin al procedimiento de retirada.

(1) DO C 445 de 10.12.2018.
—

no se ha acreditado debidamente que el objetivo que tales excepciones persiguen no pueda alcanzarse mediante otra solución satisfactoria, puesto que la mera existencia de una actividad ilegal o las dificultades a las que se enfrenta el control de esta última no pueden constituir un elemento suficiente a este respecto;