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Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 17 de marzo de 1988. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS BARCOS DE LA NAVEGACION INTERIOR. - ASUNTO 307/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 02677



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

El Gobierno belga no niega el incumplimiento que la Comisión le imputa en el caso de autos. Reconoce explícitamente la necesidad de adoptar determinadas medidas para adecuar el Derecho belga a la Directiva 82/714/CEE del Consejo, de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior (DO L 301, p. 1; EE 07/03, p. 74).

El Gobierno demandado explica el retraso en la adaptación del Derecho interno a esta Directiva, que, a tenor de lo previsto en su artículo 22, hubiese debido producirse, a más tardar, el 1 de enero de 1985, por el hecho de que se ha encontrado con un problema de delimitación de competencias entre los departamentos ministeriales por lo que respecta a la expedición de los certificados comunitarios de conformidad, establecidos por la Directiva, así como por la necesidad de efectuar una coordinación interna para la adaptación de algunas normativas nacionales.

Ahora bien, "de acuerdo con una jurisprudencia constante, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos previstos por las directivas".(1 )De la misma manera, "un Estado miembro no puede alegar dificultades administrativas internas para justificar el incumplimiento de obligaciones y plazo establecidos por el Derecho comunitario".(2)

Por consiguiente, no puedo hacer otra cosa que proponer al Tribunal que estime ajustadas a Derecho las pretensiones de la Comisión y que declare que, al no adoptar en el plazo prescrito las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas para atenerse a la Directiva 82/714 del Consejo, de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, razón por la cual, el Estado miembro demandado deberá ser condenado en costas.

(*) Traducido del francés.

(1) Ver, en especial, las sentencias de 24 de noviembre de 1987, Comisión/Italia, 124/86 y 125/86, Rec. 1987, pp. 4661 y 4669, punto 6.

(2) Ver, en especial, la sentencia de 17 de junio de 1987, Comisión/Italia, 394/85, Rec. 1987, p. 2741, punto 12.
Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 15 de diciembre de 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - METODOS DE CONTROL DE LA BIODEGRADABILIDAD DE LOS TENSIOACTIVOS - INCORPORACION AL DERECHO NACIONAL DE DETERMINADAS DIRECTIVAS. - ASUNTO 309/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 01237



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. El único punto de desacuerdo entre la Comisión y el Gobierno italiano en este asunto se refiere al alcance del incumplimiento. Según la Comisión el incumplimiento consiste en la no incorporación de las Directivas 82/242 (1) y 82/243 del Consejo. (2) Sostiene el Gobierno italiano que su legislación interna contiene disposiciones que permiten alcanzar determinados objetivos contemplados por las mencionadas Directivas de tal manera que el incumplimiento, al que no se opone, sólo consiste en la aplicación parcial de éstas últimas.

2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia insiste en la obligación que incumbe a los Estados miembros, de asegurar a las Directivas comunitarias una "plena aplicación". (3) Según admite el Gobierno demandado no es éste el caso en Italia. Además, siempre ha considerado este Tribunal que las dificultades resultantes de los procedimientos internos de elaboración de normas no pueden justificar un incumplimiento.

3. Concluimos en consecuencia, solicitando que el Tribunal de Justicia declare que:

- que al no adoptar en el plazo previsto las disposiciones necesarias para garantizar efectivamente la total aplicación de las Directivas 82/242 del Consejo, de 31 de marzo de 1982, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de control de la biodegradabilidad de los tensioactivos no iónicos, y 82/243, de la misma fecha, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de control de la biodegradabilidad de los tensioactivos aniónicos, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado;

- con costas a cargo de la República Italiana.

(*) Ttraducido del francés.

(1) Decisión 82/242, de 31 de marzo de 1982, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de control de la biodegradabilidad de los tensioactivos no iónicos (DO L 109 de 22.4.1982, p. 1; EE 13/12, p. 118).

(2) Decisión 82/243, de 31 de marzo de 1982, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de control de la biodegradabilidad de los tensioactivos aniónicos (DO L 109 de 22.4.1982, p. 18; EE 13/12, p. 135).

(3) Véanse en particular los asuntos 29/84, Comisión/República Federal de Alemania, sentencia de 23 de mayo de 1985, Rec. 1985, pp. 1661, 1673, apartado 23; 363/85, Comisión/República Italiana, sentencia de 9 de abril de 1987, Rec. 1987, p. 1733, apartado 7; 247/85, Comisión/Reino de Bélgica, sentencia de 8 de julio de 1987, Rec. 1987, p. 3029, apartado 9, y 262/85, Comisión/República Italiana, sentencia de 8 de julio de 1987, Rec. 1987, p. 3073, apartado 9.
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL LENZ PRESENTADAS EL 1 DE ABRIL DE 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - FALTA DE INCORPORACION AL DERECHO INTERNO DE LA DIRECTIVA 83/183/CEE DEL CONSEJO - FRANQUICIAS FISCALES APLICABLES A LAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES PERSONALES DE LOS PARTICULARES PROCEDENTES DE UN ESTADO MIEMBRO. - ASUNTO 124/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 04661



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Puedo permitirme ser breve en mis conclusiones a los dos recursos por incumplimiento por parte de un Estado, de los que acaba de ocuparse el Tribunal de Justicia.

2. La Comisión de las Comunidades Europeas, parte demandante, solicita sustancialmente que el Tribunal de Justicia declare que la República Italiana, parte demandada, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE al no haber adoptado, en el plazo para ello establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a las Directivas 83/181/CEE y 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983,(1) y que aquélla sea condenada en costas.

3. La demandada no ha discutido las infracciones del Tratado que se le reprochan y por su parte no ha formulado ninguna petición expresa: se ha limitado a señalar que una parte de las disposiciones de las Directivas era ya aplicable en su ordenamiento jurídico interno, si bien de acuerdo con modalidades y plazos diferentes. Se ha referido además a los esfuerzos -hasta el momento infructuosos- que se hicieron para incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico interno antes de la vista que hoy tiene lugar.

4. De acuerdo con el artículo 93 de la Directiva 83/181/CEE y con el artículo 12 de la Directiva 83/183/CEE, los Estados miembros están obligados a adoptar, a más tardar el 1 de julio de 1984 o el 1 de enero de 1984, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación de ambas Directivas. Es indiscutible que la demandada no ha cumplido esta obligación.

Por consiguiente, les propongo que estimen ambos recursos y que condenen en costas a la demandada.

(*) Traducido del alemán.

(1) Directiva 83/181/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se delimita el ámbito de aplicación de la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de la Directiva 77/388/CEE, en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de determinadas importaciones definitivas de bienes (DO 1983, L 105, p. 38; EE 09/01, p. 135); Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro (DO 1983, L 105, p. 64; EE 09/01, p. 161).
6.

No habrá, pues, ninguna dificultad en anular las decisiones adoptadas ni en poner fin, no a un litigio, puesto que nada enfrenta a las partes en la instancia, sino a un estancamiento jurídico. Para ello no es necesario el cambio jurisprudencial por el que aboga la parte demandada y cuyos presupuestos jurídicos, por hablar sólo de ellos, no nos parece que se den en el caso de autos. En efecto, el Tribunal de Cuentas, actuando en calidad de AFPN, no ha considerado que le correspondiera rectificar, en lugar de este Tribunal de Justicia, las decisiones impugnadas. Por lo tanto, no procede que este Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la facultad que el Tribunal de Cuentas habría tenido para hacerlo. La parte demandada precisa, sin embargo, que contempló tal posibilidad, sobre todo después de haber leído mis conclusiones en el asunto Williams (257/83, sentencia de 16 de octubre 1984, Rec. 1984, p. 3547). Creo que hizo bien en abstenerse. Tal facultad de rectificación iría, en efecto, contra la independencia de los tribunales de concurso y, por ende, contra la garantía de imparcialidad que se debe a los candidatos. Añadiré que tengo la sensación de que se me ha comprendido mal. En las citadas conclusiones recordaba yo simplemente que el artículo 5 del Anexo III del Estatuto, al atribuir «competencia al tribunal de concurso para establecer “la lista de candidatos que reúnan las condiciones exigidas por la convocatoria del concurso”», no puede interpretarse «en el sentido de retirar a la AFPN la facultad, incluso la obligación, de comprobar que determinado candidato inscrito en la lista de aptitud por el tribunal de concurso reúne efectivamene los requisitos de titulación o de experiencia que ella misma haya establecido»{traducción provisional). Lo cual significa, no que la AFPN pueda fiscalizar la decisión de un tribunal de concurso cuando ésta esté afectada por irregularidades, sino que tiene el deber, en el ejercicio de su propia competencia, de no proceder a un nombramiento irregular. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que anule las decisiones que se tomaron, y que condene a la institución demandada al pago de todas las costas.
2.

En el curso del procedimiento ante este Tribunal, han presentado observaciones escritas la Comisión de las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Países Bajos. El decreto controvertido se adoptó — ha dicho este último— a consecuencia de las presiones que ejercieron las asociaciones protectoras de animales y defensa de los consumidores en favor de medidas adecuadas para combatir los sistemas industriales de cría de aves de corral en batería. No hay duda de que la solución más simple habría consistido en la prohibición «tout court» de dichos sistemas. El legislador neerlandés prefirió, sin embargo, instaurar e introducir en el mercado la mención «huevos de gallinas de corral», tomando de esta forma un camino menos directo pero, a su entender, igualmente eficaz. Dicha mención, que pueden utilizar sólo las empresas que dispongan de instalaciones aptas para proporcionar a las gallinas determinadas condiciones de vida, puede garantizar el bienestar de dichos animales, gracias a un mínimo de restricciones a la producción y a la comercialización de huevos, y beneficiar a los consumidores al proporcionarles informaciones precisas sobre el origen del producto. A partir de estas premisas, el Gobierno de La Haya sostiene que el decreto de que se trata es, sin duda, compatible con el Derecho comunitario. En efecto, dice, no se han adoptado disposiciones comunitarias (por lo demás, copiadas del modelo neerlandés) en materia de cría de aves de corral y de procedencia de huevos hasta hace unos pocos meses, con el Reglamento (CEE) n° 1943/85, de 12 de julio de 1985 (DO L 181 de 13.7.1985, p. 34; EE 03/36, p. 71); pero en la época de los hechos controvertidos no existían, de lo que se deduce que los Estados miembros podían instituir y mantener legalmente en vigor un régimen como el controvertido, naturalmente siempre que no se opusiera a las reglas relativas a la organización común de mercados o no comprometiera sus efectos. En este sentido, por lo demás, se expresa la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia (véanse sentencias de 1 de abril de 1982, asuntos acumulados 141-143/81, Holdijk, Rec. 1982, p. 1299, y 7 de febrero de 1984, asunto 237/82, Jongeneel Kaas, Rec. 1984, p. 483).
4.

La tesis de la Comisión no puede ser admitida. Su punto de partida — el artículo 36 es insuficiente por cuanto no contempla las transformaciones que conducen a un producto diverso del vino apto para la obtención de vino de mesa — es, como veremos, errónea. Además, la consecuencia que del mismo se deriva es, a simple vista, inaceptable: el aumento artificial del grado alcohólico natural incontrolado, aunque sea temporal, de sustancias idóneas para convertirse en vino de mesa sobre la base únicamente de su destino al consumo directo como productos intermedios. La modificación legislativa que la institución propone es contraria al fin para el que el legislador comunitario consiente el aumento del grado alcohólico: hacer que de la variedad de uvas clasificadas en el Reglamento (CEE) no 337/79 se obtenga un vino de calidad, bueno para la mesa, y no cualquier «otra bebida» de consumo estacional. Pero procedamos con orden y, ante todo, desbrocemos el campo de dos equívocos. El primero es macroscópico. El hecho de que el artículo 36 sea invocado por las leyes penales de un Estado miembro es del todo irrelevante a los fines de la interpretación que se solicita a este Tribunal. La Comisión, evidentemente, no recuerda que, «por estar redactado en términos generales», el artículo 177 no hace ninguna distinción entre el carácter penal o no del procedimiento en cuyo ámbito se han formulado las cuestiones prejudiciales. La eficacia del Derecho comunitario no puede variar según los diversos sectores del Derecho nacional en los cuales puede desplegar efectos (sentencia de 21 de marzo de 1972, asunto 82/71, Ministerio Público contra SAIL, Rec. 1972, p. 119). Segundo equívoco. El Federweißer, en cuanto bebida similar al vino de carácter comercial, no está sujeto a la disciplina del Reglamento (CEE) no 337/79, que no lo enumera entre los productos que forman parte de la organización vitivinícola común; pero sí lo está en cuanto mosto de uva parcialmente fermentado, aunque a condición de que sea obtenido de ciertas uvas idóneas para producir vinos de mesa. El artículo 48, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento precisa que «[...] los mostos de uva parcialmente fermentados [...] procedentes de variedades de vid que no figuren en la clasificación sólo podrán circular con destino a las destilerías o vinagrerías. Por otra parte, dichos productos podrán ser utilizados para consumo familiar del viticultor».
2.

Presentaron observaciones el recurrente en el asunto principal, el Gobierno italiano y la Comisión de las Comunidades Europeas. En la vista, el señor lorio reconoció, re melius perpensa, que el artículo 48, apartado 3, letra b), del Tratado no comprende situaciones internas de un Estado miembro. De todos modos, para demostrar la trascendencia comunitaria del problema presentado, afirmó que la sistemática italiana debe tomarse en consideración no en cuanto tal, sino como término comparativo respecto a las reglamentaciones de los otros Estados miembros que no prevén análogos límites de acceso a los servicios de transporte público. En consecuencia, el principio enunciado por el artículo 48 debe ser interpretado como un instrumento apto para realizar, superando las disparidades actualmente existentes, una armonización de la normativa nacional en la materia. Observo, por otra parte, que tales argumentos —apreciables a fin de instituir una política común en materia de transporte de personas y, en consecuencia, de iure condendo — son extraños a la problemática sobre la cual interroga el juez a quo. Más concretas y pertinentes son las opiniones presentadas por el Gobierno italiano y la Comisión. En opinión de ambos, el artículo 48 se refiere a la situación del trabajador que, para responder a una efectiva oferta de trabajo en otro Estado miembro, debe atravesar una o más fronteras. En consecuencia, la norma no puede referirse a las modalidades de circulación de un ciudadano que se desplaza en el interior de su propio país. El Gobierno de Roma hace notar además que el régimen italiano sobre acceso a diversos trenes es de tipo general y está establecido sin referencia alguna a la nacionalidad de los pasajeros.
5.

La demandante en el litigio principal afirma que las referidas normas le confieren un derecho independiente a obtener una autorización de residencia. Según ella, en efecto, el artículo 10 no contiene ninguna obligación expresa de vivir juntos. Se limita a imponer que el trabajador nacional de un Estado miembro disponga de una vivienda para su familia, «considerada como normal [...] en la región donde esté empleado». Se trata de una exigencia basada en consideraciones de seguridad y de orden público, y no en una concepción de vida conyugal en común. Esta última, por lo demás, no puede constituir un criterio determinante. En efecto, añade la demandante, el Derecho alemán permite que los esposos pongan fin a la vida conyugal en común, conservando sin embargo una residencia común. Además, no se puede dejar al trabajador nacional de un Estado miembro la posibilidad de provocar la expulsión de un cónyuge de quien se haya cansado, mediante el sencillo expediente de negarse a seguir alojándolo. Por último, en tanto subsista el matrimonio, existirán para los cónyuges oportunidades de reconciliación que se verían comprometidas definitivamente en caso de que se obligase a irse al cónyuge cuya autorización de residencia se hubiese denegado. El artículo 10 no se basa en que los cónyuges vivan juntos, sino en la protección del matrimonio y de la familia. En cuanto al artículo 11, permite al cónyuge del nacional de un Estado miembro acceder a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el territorio del Estado de acogida. Por consiguiente, instituye en beneficio de dicho cónyuge un derecho de residencia de mayor amplitud que el derivado del artículo 10 y que es incompatible con la exigencia de un domicilio común. El artículo 11, por consiguiente, debe ser interpretado y aplicado con independencia del artículo 10.
34

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, para impugnar una decisión de recuperación de cantidades indebidamente pagadas, adoptada una vez transcurrido el plazo de prescripción de las diligencias previsto en dicha disposición, su destinatario está obligado a alegar la irregularidad de esa decisión en un plazo determinado ante el tribunal de lo contencioso-administrativo competente, so pena de caducidad, y ya no puede oponerse a la ejecución de la referida decisión invocando la misma irregularidad en el marco del procedimiento judicial de ejecución forzosa incoado contra él.
9

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «interés en la solución del litigio», en el sentido de dicha disposición, debe definirse en relación con el objeto del litigio y entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones en sí mismas, y no como un interés respecto a los motivos o alegaciones invocados. En efecto, los términos «solución del litigio» se refieren a la decisión final que se solicita, tal como quedaría consagrada en el fallo de la sentencia que se dicte (véase, en particular, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2018, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, no publicado, EU:C:2018:553, apartado 7). En principio, el interés en la solución del litigio solo puede considerarse suficientemente directo si tal solución puede modificar la posición jurídica de quien ha solicitado intervenir en el procedimiento (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364, apartado 8 y jurisprudencia citada).
9

Pues bien, no se discute que dicho requisito se cumple en el presente asunto. El recurso interpuesto contra la parte demandada se refiere, en efecto, a un supuesto incumplimiento por parte de esta de las obligaciones que le incumben en virtud de los Reglamentos n.o 883/2004 y n.o 492/2011, que se incorporaron al Acuerdo EEE, respectivamente, mediante la Decisión n.o 76/2011 del Comité Mixto del EEE, de 1 de julio de 2011, por la que se modifica el anexo VI (Seguridad social) y el Protocolo 37 del Acuerdo EEE (DO 2011, L 262, p. 33), y mediante la Decisión n.o 52/2012 del Comité Mixto del EEE, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica el anexo V (Libre circulación de trabajadores) del Acuerdo EEE (DO 2012, L 207, p. 32).
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La aplicabilidad de la Directiva 2014/24 podría también resultar de una remisión directa e incondicional realizada por el Derecho portugués a las disposiciones de dicha Directiva. Del mismo modo, la celebración de contratos públicos que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de esa misma Directiva está sujeta, sin embargo, a las normas fundamentales y a los principios generales establecidos por el Tratado FUE, en particular a los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razones de nacionalidad y a la obligación de transparencia que resulta de ellos, en la medida en que tales contratos presenten un interés transfronterizo real (véase, en este sentido, el auto de 7 de julio de 2016, Sá Machado & Filhos, C‑214/15, no publicado, EU:C:2016:548, apartados 33, 35 y 37). A este respecto, el tribunal remitente no puede limitarse a plantear al Tribunal de Justicia elementos que permitan no excluir la existencia de un interés transfronterizo real, sino que debe, por el contrario, proporcionar los datos que prueben su existencia (sentencia de 6 de octubre de 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, apartado 22).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).