ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2)

En caso de respuesta afirmativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse las disposiciones de la Directiva del IVA, a la luz de sus principios generales, en particular los principios de efectividad, de neutralidad fiscal y de no discriminación, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en el supuesto descrito en la cuestión anterior, no permite en absoluto al destinatario de la factura dirigirse directamente a la autoridad tributaria nacional para solicitar la devolución del IVA, o solo lo permite cuando resulte imposible o sea excesivamente difícil reclamar el importe de IVA en cuestión por otra vía de Derecho civil, especialmente cuando entretanto se haya producido la liquidación del emisor de la factura?
2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿está obligado el tribunal nacional a denegar íntegramente la adopción de una resolución judicial por la que se ordene el pago inmediato cuando solo una parte de las pretensiones se basen en una cláusula contractual probablemente abusiva que se incluye en el importe del crédito, incluso en los procedimientos en los que el deudor no interviene hasta la adopción de una resolución judicial de pago inmediato, y en los que no puede determinarse el importe concreto de cada uno de los componentes de los créditos que se basan en cláusulas de los que no se sospecha que sean abusivas?
—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la decisión de la Comisión, contenida en un escrito no fechado recibido el 2 de abril de 2018, por la que se rechazó la oferta conjunta de la recurrente para un estudio de seguimiento de las prácticas sindicales en materia de no discriminación y de diversidad en el lugar de trabajo (licitación JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042; DO S 215 — 9/11/2017 — 2017/S 215-446067).
4)

En cualquier caso y al margen del sistema de títulos habilitantes establecido por el artículo 5 del Decreto Legislativo 177/2005 y de las novedades introducidas en el artículo 23 en 2018, es decir, en el supuesto de que la nueva norma no plasme un principio ya existente sino que consagre uno nuevo, en los términos de la cuestión prejudicial c), las relaciones [de] integración televisión — radio consideradas de forma general en el Derecho de defensa de la competencia ¿constituyen, dado el carácter general y transversal de los conceptos de entidad económica y de grupo, la clave para interpretar los límites de publicidad por hora, que, por tanto, se han regulado tomando implícitamente en consideración a las empresas que pertenecen a un mismo grupo (o, más concretamente, [las] relaciones de control entre empresas del grupo) y la unidad funcional de dichas empresas en relación con la promoción de programas de la televisión en la radio del grupo, o viceversa, o dichas relaciones de integración resultan irrelevantes a efectos de los límites de publicidad por hora y, por lo tanto, deben considerarse programas «propios», en el sentido del artículo 23 (redacción original), únicamente los pertenecientes al organismo de radiodifusión que los emite, y no los del grupo societario en su conjunto, al ser dicha norma una disposición independiente que no permite una interpretación sistemática para hacerla extensiva a los grupos entendidos como entidad económica única?
C 310/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Alemania) el 4 de mayo de 2021 — VA / Deutsche Rentenversicherung Bund

(Asunto C-283/21)

(2021/C 310/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VA

Demandada: Deutsche Rentenversicherung Bund

Coadyuvante: RB

Cuestiones prejudiciales

1) ¿En virtud de la normativa de los Países Bajos —como Estado miembro competente con arreglo a las disposiciones del título II del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (1)— se consideran los períodos de educación de los hijos en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (2) por el hecho de que en los Países Bajos el período de educación de los hijos confiere un derecho de pensión en cuanto mero período de residencia? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial:

2) ¿Debe interpretarse el [artículo] 44, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009, como desarrollo de las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2000 (asunto C-135/99) (3) y de 19 de julio de 2012 (asunto C-522/10) (4) extensivamente en el sentido de que el Estado miembro competente debe considerar los períodos de educación de los hijos cuando la persona a cargo de la educación haya cubierto períodos que confieren derechos a pensión antes y después de la educación de los hijos en virtud de formación o empleo únicamente en el régimen de ese Estado, aunque no haya cotizado a dicho régimen inmediatamente antes o después de la educación de los hijos?

(1) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1).

(3) EU:C:2000:647, Elsen.

(4) EU:C:2012:475, Reichel-Albert.
2)

Una resolución judicial por la que se condena a una parte al pago de una multa coercitiva, aun siendo ejecutiva en el país de origen, ¿está comprendida en el concepto de «resolución judicial» en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, cuando no ha sido objeto de liquidación con arreglo al artículo 55 del Reglamento (UE) n.o 1215/12 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? (2)
8)

¿Deben interpretarse el artículo 3, apartado 2, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, (1) en el sentido de que, puesto que el importe de la ayuda controvertida en el caso de autos no supera el umbral de las ayudas de minimis, procede considerar que dicha ayuda cumple los criterios establecidos para las ayudas de minimis? ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 1407/2013 en el sentido de que, en el caso de autos, habida cuenta de las condiciones para prevenir la compensación excesiva que figuran en la Decisión de la Comisión SA.43140, el hecho de considerar el pago de la indemnización por el perjuicio sufrido como una ayuda de minimis puede dar lugar a una acumulación inaceptable?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 4 y 5 de la Decisión Marco 2005/212/JAI y el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual, en un procedimiento como el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional nacional puede imponer una multa a una persona jurídica por un delito concreto cuya comisión aún no ha sido determinada, al ser objeto de un procedimiento penal paralelo en el que todavía no ha recaído sentencia firme?
5.

Con independencia de la respuesta que se dé a las anteriores cuestiones prejudiciales: a) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, en particular con el derecho de desistimiento previsto en el artículo 14, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2008/48, el hecho de que, con arreglo al Derecho nacional, en el caso de un contrato de crédito vinculado a un contrato de venta, después de que el consumidor haya ejercido válidamente su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2008/48 aa) el derecho del consumidor contra el prestamista al reembolso de las cuotas del préstamo ya pagadas no sea eficaz hasta que el consumidor, por su parte, haya devuelto al prestamista el bien comprado o haya aportado la prueba de que ha enviado el bien al prestamista? bb) la acción del consumidor pretendiendo el reembolso de las cuotas del préstamo ya pagadas por el consumidor, tras la devolución del bien comprado, deba desestimarse por infundada en el momento actual si el prestamista no se ha constituido en mora en la recepción del bien comprado? En caso de respuesta negativa: b) ¿Se deduce del Derecho de la Unión que las normas nacionales descritas en las letras a) aa) y/o a) bb) son inaplicables? Con independencia de la respuesta que se dé a las anteriores cuestiones prejudiciales primera a quinta:
1.

El margen de apreciación conferido a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para evaluar sustancias a los efectos de su identificación como sustancias altamente preocupantes con arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) 1907/2006 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH») no puede interpretarse en el sentido de que otorga a la ECHA una libertad total e incuestionable para cometer errores manifiestos en la selección y evaluación de las «pruebas científicas» contempladas en dicho artículo 57, letra f). No obstante, el Tribunal General aceptó esta interpretación al pronunciarse en el sentido de que solo puede declararse cometido un error manifiesto de apreciación si la ECHA ha ignorado de manera completa e indebida un estudio científico fiable y si la inclusión de dicho estudio hubiera alterado la evaluación general de las pruebas de manera tal que la decisión final no habría sido plausible. El Tribunal General aceptó también que la ECHA podía basarse en los resultados de estudios científicos no fiables y que el bajo nivel de fiabilidad de estos no excluye que puedan ser tenidos en cuenta. El Tribunal General fue incluso más lejos al aceptar que se tuvieran en cuenta estudios científicos no fiables y no concluyentes cuando sus resultados sustentan la hipótesis selectiva de la ECHA de la supuesta propiedad peligrosa de la sustancia. De este modo, el Tribunal General cometió un error de Derecho y violó el principio de excelencia científica.
4)

¿El medio elegido por el Estado miembro —la obligación impuesta a una entidad de crédito determinada de no establecer relaciones de negocios, y poner fin a las ya existentes, con personas que no sean nacionales de un Estado miembro concreto (la República de Letonia)— es adecuado para la consecución del objetivo enunciado en el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, y, por tanto, constituye una excepción prevista en el artículo 65, apartado 1, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?
C 88/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 8 de enero de 2021 — Deutsche Lufthansa AG / TZ

(Asunto C-10/21)

(2021/C 88/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandada y apelante: Deutsche Lufthansa AG

Demandante y apelada: TZ

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Ofrece el artículo 15, inicio y letra c), de la Directiva sobre el reconocimiento (1) exclusivamente protección en una situación excepcional en la que el grado de violencia indiscriminada en el marco de un conflicto armado internacional o interno llega a tal extremo que existen motivos fundados para creer que un civil que regrese al país de que se trate o, en su caso, a la región de que se trate, se enfrentaría, por el mero hecho de su presencia en el territorio de estos, a un riesgo real de sufrir las amenazas graves a las que se refiere dicha parte del artículo? Además, ¿queda comprendida esta situación excepcional en el concepto de «most extreme case of general violence», en el sentido de la sentencia N.A. c. Reino Unido? (2) En caso de respuesta negativa a la primera parte de la primera cuestión:
C 28/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 19 de octubre de 2020 — IO y otros / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-526/20)

(2021/C 28/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: IO, SP, DR

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
—

Anule el artículo 1, apartado 6, letra c), del Reglamento (UE) 2020/1054 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos.
3.

Habida cuenta, en particular, de las consideraciones del Tribunal de Justicia en la sentencia C-590/14 P, apartados 49 y 50 (2), en un supuesto en que la Comisión, mediante una Decisión de ayuda, haya declarado compatible con el mercado interior tanto un régimen de ayudas existente como las modificaciones proyectadas, como sucede en el presente caso, y el Estado haya indicado, en particular, que solo aplicará el régimen de ayudas existente hasta una fecha límite determinada, ¿se trata de una nueva ayuda, en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento (UE) 2015/1589 (3), cuando el régimen de ayudas basado en la legislación vigente sigue siendo aplicado más allá de la fecha límite indicada por el Estado?
1.

Primer motivo de casación, por el que se alega la infracción del artículo 266 TFUE y la vulneración del derecho de la recurrente a la ejecución íntegra de la sentencia, en la medida en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la decisión de reanudación de la investigación administrativa era un acto preparatorio que no causaba un perjuicio a los intereses de KF. Esta decisión no ejecutaba debidamente la sentencia con arreglo al artículo 266 TFUE, teniendo en cuenta también las circunstancias específicas del caso de KF, y por lo tanto afectaba de modo directo e inmediato a los intereses de la recurrente. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no tomar en consideración las circunstancias específicas del caso de KF, incluidas las ilegalidades irreversibles cometidas en la investigación administrativa inicial. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no reconocer que: — objetivamente, el CSUE no puede eliminar las ilegalidades reiniciando la investigación administrativa, habida cuenta también de cómo se influyó de manera indebida a los testigos en la investigación administrativa inicial y de los graves ataques a honorabilidad y reputación profesional de KF que quedaron acreditados en la sentencia que debe ejecutarse; — no puede garantizarse un procedimiento justo; — se ha vulnerado el principio de duración razonable del procedimiento.
C 423/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 12 de agosto de 2020 — VR / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-381/20)

(2020/C 423/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: VR

Recurrida: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 390/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Argeş (Rumanía) el 4 de agosto de 2020 — Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice / NE

(Asunto C-360/20)

(2020/C 390/27)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Argeş

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Demandada: NE

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Comprende el concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de [la Unión Europea] contemplado en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, el delito cometido para crear la apariencia de cumplimiento de las disposiciones del artículo 57, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 (1), con el propósito de evitar la aplicación, por parte del Estado miembro, de lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo, en relación con el artículo 98 del citado Reglamento, o solo el delito cometido hasta la conclusión de la fase de implementación, con exclusión de los delitos cometidos durante la fase de viabilidad?

2) ¿Puede interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2, [y con] el artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, en el sentido de que se opone a una norma nacional que excluye castigar al investigado por el delito cometido durante la fase posterior a la conclusión de la fase de implementación, a saber, durante la fase de viabilidad, en relación con las obligaciones asumidas por dicho investigado en virtud del contrato de financiación, así como a la interpretación de la norma nacional en el sentido de que el concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de [la Unión] no comprende el comportamiento delictivo del beneficiario de la financiación, durante la fase de viabilidad del proyecto, en relación con las obligaciones asumidas en virtud del contrato de financiación, con independencia del origen de los fondos o de los gastos que el beneficiario ha destinado a la ejecución de las obligaciones a las que se comprometió en aras de la viabilidad del proyecto (recursos propios del beneficiario o fondos de [la Unión])?

(1) Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).
2)

En caso de que, en respuesta a la primera cuestión, no se permita denegar la reagrupación familiar: ¿Qué requisitos deben imponerse a la vida familiar efectiva a efectos del artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86/CE en caso de reagrupación de los progenitores con un refugiado que ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se resuelva la solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar? En particular: a) ¿Basta el parentesco en línea directa ascendente de primer grado [artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE] o se exige también una vida familiar efectiva? b) En caso de que también sea necesaria una vida familiar efectiva: ¿Qué grado de intensidad ha de tener esta? ¿Son suficientes, por ejemplo, visitas ocasionales o periódicas o es precisa la convivencia bajo un mismo techo, o se requiere, además, una comunidad de asistencia mutua en la que sus miembros dependan unos de otros? c) ¿Para que los progenitores que se hallen aún en el tercer país y presenten una solicitud de reagrupación familiar con un hijo a quien se ha reconocido la condición de refugiado y que, entretanto, ha alcanzado la mayoría de edad puedan reunirse con este, debe presuponerse que, tras la entrada en el Estado miembro, va a establecerse (o reanudarse) la vida familiar de la forma exigida en la letra b) anterior?
3.

En caso de que la citada autorización para trasladar residuos, de conformidad con el artículo 49 y el anexo V, parte C, punto 17, de la Directiva 2014/24 y con el artículo 70 de la misma, deba considerarse un requisito de ejecución de un contrato público, ¿deben interpretarse los principios de contratación pública enunciados en el artículo 18 de la citada Directiva y el procedimiento general de adjudicación de contratos regulado en el artículo 56 de esta en el sentido de que, en una licitación, no puede rechazarse la oferta de un participante que no haya presentado tal autorización?
C 313/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 21 de julio de 2020 — DQ / Ryanair DAC

(Asunto C-323/20)

(2020/C 313/18)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DQ

Demandada: Ryanair Designated Activity Company

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Constituye una «circunstancia extraordinaria» a efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) la huelga del personal propio de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo organizada por un sindicato?

2) ¿Depende a tales efectos de si la citada huelga se produce como consecuencia de reclamaciones del personal que hasta ese momento no habían sido objeto de un acuerdo contractual entre el personal y el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo?

3) ¿Depende a tales efectos de si la huelga concreta ha venido motivada por una determinada conducta del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo durante las negociaciones con el sindicato? Mediante auto de 7 de agosto de 2020 del Presidente del Tribunal de Justicia se ha archivado el asunto, haciéndose constar así en el Registro del Tribunal de Justicia.

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).