Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 20 de abril de 1999. - Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV y DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG y Enichem SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Artículo 85 del Tratado CE - Efectos de una sentencia anulatoria - Derechos de defensa - Multa. - Asuntos acumulados T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-00931



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Escrito de contestación - Escrito de réplica - Exigencias de forma - Exposición sumaria de los motivos invocados - Fundamentos jurídicos no expuestos en la demanda ni en los escritos procesales - Remisión global a otros escritos - Inadmisibilidad

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra c), 46, ap. 1, letra b), y 47, ap. 1]

2 Procedimiento - Causas de inadmisión por motivos de orden público - Examen de oficio por el Juez - Invocación de motivos nuevos en el curso del proceso

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 48, ap. 2, y 113)

3 Procedimiento - Fuerza de cosa juzgada - Sentencia de casación del Tribunal de Justicia por la que se resuelve definitivamente el litigio - Alcance

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 54, párr. 1]

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción adoptada tras la anulación de una primera Decisión por vicio de procedimiento - Principio non bis in idem - Violación - Inexistencia

5 Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Juez comunitario - Consideración del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos

(Tratado de la Unión Europea, art. F, ap. 2)

6 Competencia - Procedimiento administrativo - Obligaciones de la Comisión - Observancia de un plazo razonable - Criterios de apreciación - Incumplimiento - Consecuencias

(Tratado CE, arts. 178 y 215, párr. 2; Reglamento nº 17 del Consejo)

7 Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Anulación de una Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia - Efectos frente a los destinatarios que no han interpuesto un recurso - Inexistencia

(Tratado CE, arts. 85, 173 y 189)

8 Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia - Anulación por vicio de procedimiento producido en la última fase de la adopción de la Decisión - Actos preparatorios no afectados

9 Competencia - Procedimiento administrativo - Audiencias - Anulación por vicio de procedimiento de una Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Actos preparatorios no afectados - Nueva Decisión - Obligación de proceder a una nueva audiencia - Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión)

10 Excepción de ilegalidad - Alcance - Actos cuya ilegalidad puede ser invocada - Reglamento interno de una Institución

(Tratado CE, arts. 173 y 184)

11 Actos de las Instituciones - Autenticación de los actos adoptados - Procedimiento - Reglamento interno de la Comisión

(Reglamento interno de la Comisión de 1993, art. 16, párr. 1)

12 Derecho comunitario - Principios - Principio de continuidad en la composición de los órganos administrativos - Inexistencia

13 Competencia - Procedimiento administrativo - Régimen lingüístico - Anexos al pliego de cargos - Puesta a disposición en su lengua original

(Reglamento nº 1 del Consejo, art. 3; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 2, ap. 1)

14 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Derecho de las partes implicadas en un procedimiento a que se les comunique el informe del consejero auditor y a comentarlo - Inexistencia

15 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Decisión de efectuar una visita de inspección con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17 - Requisitos de admisibilidad

(Tratado CE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14, ap. 3)

16 Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Visitas de inspección efectuadas con un mandato - Protección frente a las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de la autoridad pública - Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14, ap. 2)

17 Derecho comunitario - Principios - Derechos de defensa - Respeto en el marco de los procedimientos administrativos - Competencia - Decisión de solicitud de información dirigida a una empresa - Derecho a negarse a dar una respuesta que implique reconocer una infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

18 Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Utilización de información obtenida durante una visita de inspección - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 14 y 20, ap. 1)

19 Competencia - Prácticas colusorias - Prueba - Negativa de la empresa a responder a solicitudes de información o imposibilidad de hacerlo - Exclusión

(Tratado CE, art. 85, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo)

20 Competencia - Procedimiento administrativo - Pliego de cargos - Comunicación posterior de documentos - Requisitos - Respeto de los derechos de defensa

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 4)

21 Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba que deben aportarse

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

22 Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de cada empresa de determinar de forma independiente su comportamiento en el mercado

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

23 Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Paralelismo de comportamiento - Presunción de existencia de una concertación - Prueba de la concertación presentada

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

24 Competencia - Prácticas colusorias - Empresas a las que puede reprocharse la infracción que consiste en participar en un cártel en conjunto - Criterios

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

25 Competencia - Normas comunitarias - Infracciones - Imputación - Persona jurídica responsable de la explotación de la empresa cuando se cometió la infracción - Desaparición - Imputación a la persona jurídica que retoma la explotación

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

26 Competencia - Normas comunitarias - Infracción cometida por una filial - Imputación a la sociedad matriz - Requisitos

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

27 Competencia - Procedimiento administrativo - Acceso al expediente - Objeto - Respeto de los derechos de defensa - Documentos útiles para la defensa - Apreciación exclusivamente por la Comisión - Improcedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

28 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Carácter irregular del acceso al expediente - Consecuencias

(Reglamento nº 17 del Consejo)

29 Competencia - Procedimiento administrativo - Prescripción en materia de actuaciones - Suspensión - Decisión de la Comisión por la que se impone una multa

[Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, art. 3]

30 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Carácter deseable de la comunicación del método de cálculo de la multa

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

31 Competencia - Multas - Apreciación en función del comportamiento individual de la empresa - Falta de sanción contra otro agente económico - Falta de incidencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

32 Competencia - Procedimiento administrativo - Cesación de las infracciones - Facultad de la Comisión - Intimaciones dirigidas a las empresas - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

Índice

1 Conforme a lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo a la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales en esta última. Además, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental.

Esta interpretación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento se refiere también a los requisitos de admisibilidad del escrito de réplica, destinado, a tenor de lo establecido en el apartado 1 del artículo 47 del mismo Reglamento, a completar la demanda, y, conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 46 de dicho Reglamento, los requisitos de admisibilidad del escrito de contestación.

2 Con arreglo al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio las causas de inadmisión por motivos de orden público. Por esta razón, conforme al apartado 2 del artículo 48 de dicho Reglamento, debe declararse la inadmisibilidad de los motivos expuestos por primera vez en la fase de réplica y que no están basados en hechos o fundamentos de Derecho revelados durante el procedimiento.

3 La fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por la resolución judicial.

La segunda frase del párrafo primero del artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia no implica que, en el marco de un recurso de casación, cuando resuelve definitivamente el litigio estimando uno o varios de los motivos formulados por las partes demandantes, el Tribunal de Justicia zanje ipso iure todos los extremos de hecho y de Derecho invocados por aquéllas en el contexto del asunto.

4 Cuando el Tribunal de Justicia anula por falta de autenticación una Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia y por la que se imponen multas, sin resolver ninguno de los motivos de fondo invocados por las empresas demandantes, y la Comisión adopta una nueva Decisión contra tales empresas, limitándose a subsanar el vicio de forma censurado por el Tribunal de Justicia, no puede considerarse que la Comisión haya iniciado en dos ocasiones un procedimiento sancionador contra estas empresas por un mismo conjunto de hechos ni que les haya impuesto dos sanciones por una misma infracción violando el principio non bis in idem.

5 Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales comunitarios. A este respecto, dichos órganos jurisdiccionales se inspiran en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, al que se refiere expresamente el Tratado de la Unión Europea en el apartado 2 del artículo F, reviste un significado particular.

6 La violación del principio general del Derecho comunitario de observancia de un plazo razonable al adoptar decisiones como consecuencia de los procedimientos administrativos en materia de competencia sólo justifica la anulación de una Decisión adoptada por la Comisión en caso de que ésta implique también una violación de los derechos de defensa de las empresas afectadas. En efecto, cuando no se demuestra que el excesivo paso del tiempo haya afectado a la capacidad de tales empresas de defenderse de forma eficaz, el incumplimiento del principio del plazo razonable carece de incidencia sobre la validez del procedimiento administrativo y, en consecuencia, sólo es posible analizarlo como una causa de perjuicio que puede ser invocada ante el órgano jurisdiccional comunitario en el marco de un recurso basado en el artículo 178 y en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado.

El carácter razonable de la duración del procedimiento ante la Comisión debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de su contexto, del comportamiento de las partes durante el procedimiento, de la relevancia del asunto para las distintas empresas interesadas y de su grado de complejidad.

7 Una Decisión de la Comisión por la que se declara, respecto de varias empresas, la existencia de infracciones del artículo 85 del Tratado y por la que se impone a cada una de ellas una multa, debe analizarse como un conjunto de Decisiones individuales, a pesar de estar redactada y publicada en forma de una sola Decisión.

En consecuencia, si una de las empresas destinatarias decide interponer un recurso de anulación, el órgano jurisdiccional comunitario sólo debe pronunciarse sobre los elementos de la Decisión que a ella se refieren. Por el contrario, los elementos de la Decisión relativos a otros destinatarios, que no han sido objeto de impugnación, no forman parte del objeto del litigio que el órgano jurisdiccional comunitario ha de resolver. Por consiguiente, la Decisión sólo puede ser anulada por lo que respecta al destinatario o destinatarios cuyos recursos ante el órgano jurisdiccional comunitario hayan prosperado.

En estas circunstancias, la Comisión no viola el principio de no discriminación cuando, tras la anulación por el Tribunal de Justicia de una primera Decisión en materia de competencia por vicio de forma, adopta una nueva Decisión dirigida únicamente a las empresas destinatarias de la Decisión anulada cuyos recursos prosperaron.

8 La anulación por el Tribunal de Justicia de una Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, debido a un vicio de procedimiento producido en la última fase de la adopción de dicha Decisión y que concierne exclusivamente a los mecanismos de esta adopción, en el presente asunto la falta de autenticación del acto de que se trata, no afecta a la validez de las medidas preparatorias de la Decisión, anteriores a la fase en la que se produjo el vicio.

9 Dado que la anulación por el Tribunal de Justicia de una Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia debido a un vicio de procedimiento consistente en una falta de autenticación no afecta a la validez de las medidas preparatorias de esta Decisión, anteriores a la fase en que se produjo el vicio, sólo se exige una nueva audiencia de las empresas interesadas antes de la adopción por la Comisión de una nueva Decisión en la medida en que ésta contenga cargos nuevos respecto a los enunciados en la Decisión anulada. A este respecto, el hecho de que esta nueva Decisión se haya adoptado en circunstancias de hecho y de Derecho distintas de las que existían en el momento en que se adoptó la Decisión inicial no significa en modo alguno que contenga nuevos cargos.10 El artículo 184 del Tratado constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una Decisión que la afecte directa e individualmente, el derecho a impugnar la validez de los actos institucionales anteriores que constituyan la base jurídica de la Decisión impugnada, cuando dicha parte no disponga del derecho a interponer, con arreglo al artículo 173 del Tratado, un recurso directo contra tales actos, cuyas consecuencias sufre así sin haber podido solicitar su anulación.

Por consiguiente, el artículo 184 del Tratado ha de ser interpretado ampliamente, para que se garantice un control de legalidad efectivo de los actos de las Instituciones. El ámbito de aplicación de dicho artículo debe extenderse a los actos de las Instituciones que, aun sin revestir la forma de un Reglamento, produzcan, no obstante, efectos análogos, y, en particular, a las disposiciones de un Reglamento interno de una Institución que, a pesar de no constituir la base jurídica de la Decisión impugnada, fijan los requisitos sustanciales de forma exigidos a los efectos de la adopción de esta Decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las personas que son sus destinatarias.

En consecuencia, en el marco de un recurso de anulación de una Decisión de la Comisión en materia de competencia, las disposiciones del Reglamento interno de esta Institución pueden ser objeto de una excepción de ilegalidad en la medida en que garanticen la protección de los particulares. No obstante, tiene que existir un vínculo jurídico directo entre la Decisión individual impugnada y las disposiciones del Reglamento interno cuya ilegalidad se invoca.

11 El procedimiento de autenticación de los actos de la Comisión, previsto en el párrafo primero del artículo 16 de su Reglamento interno de 1993, constituye por sí mismo una garantía suficiente para controlar, en caso de impugnación, la correspondencia perfecta de los textos notificados o publicados con el texto adoptado por la Junta de Comisarios y, por lo tanto, con la voluntad de su autor. En efecto, en la medida en que este texto figura como anexo al acta y la primera página de ésta va firmada por el Presidente y el Secretario General, existe entre dicha acta y los documentos a los que se refiere un vínculo que permite tener seguridad respecto al contenido y la forma exactos de la decisión de la Junta.

12 No existe ningún principio general del Derecho comunitario que exija la continuidad en la composición del órgano administrativo que conoce de un procedimiento que puede llevar a la imposición de una multa.

13 Los anexos al pliego de cargos que no proceden de la Comisión no deben considerarse «textos» a los efectos del artículo 3 del Reglamento nº 1 del Consejo, sino pruebas materiales en las que se basa la Comisión. Por lo tanto, deben ser dados a conocer al destinatario en el estado en que se encuentran. La Comisión no incumple en modo alguno lo dispuesto en el artículo 3 del citado Reglamento al comunicar tales anexos en su lengua original.

14 Los derechos de defensa no exigen que las empresas implicadas en un procedimiento con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado puedan comentar el informe del consejero auditor. En efecto, el respeto de los derechos de defensa queda garantizado suficientemente con arreglo a Derecho cuando las diferentes instancias que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informadas de los argumentos formulados por las empresas, en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos. Pues bien, el informe del consejero auditor es un documento puramente interno de la Comisión, que tiene únicamente el valor de un dictamen y que no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas.

15 Conforme al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17, las decisiones de inspección son, en sí mismas, actos que pueden ser objeto de recurso de anulación sobre la base del artículo 173 del Tratado.

Por consiguiente, en el marco de un recurso de anulación interpuesto contra la Decisión final adoptada por la Comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, una empresa no puede invocar la ilegalidad de una decisión de inspección de que era destinataria y que no impugnó dentro de los plazos señalados. Por el contrario, puede impugnar, en el marco de dicho recurso y en la medida en que se utilicen en su contra documentos obtenidos por la Comisión, la legalidad de las decisiones de inspección dirigidas a otras empresas respecto a las que no pueda afirmarse que la empresa habría podido impugnar su legalidad en el marco de un recurso directo interpuesto contra tales decisiones. Igualmente, en el marco del recurso contra la Decisión final de la Comisión, la empresa puede impugnar las circunstancias en las que se llevó a cabo una inspección.

16 Del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 17 se desprende que las visitas de inspección efectuadas simplemente con un mandato se basan en la colaboración voluntaria de las empresas. Siempre que la empresa haya colaborado efectivamente en una visita de inspección realizada con un mandato, el motivo basado en una excesiva injerencia de la autoridad pública en la esfera de la actividad privada de la persona física o jurídica afectada carece de fundamento, cuando no exista ningún elemento invocado para afirmar que la Comisión ha ido más allá de la cooperación ofrecida por la empresa.

17 El respeto de los derechos de defensa, en cuanto principio de carácter fundamental, debe quedar garantizado no sólo en los procedimientos administrativos que pueden dar lugar a una sanción, sino también en los procedimientos de investigación previa, como las solicitudes de información a las que se refiere el artículo 11 del Reglamento nº 17, que pueden ser determinantes para la constitución de pruebas del carácter ilegal de ciertas conductas de las empresas por las que puede generarse su responsabilidad.

Aunque, para preservar la eficacia de los apartados 2 y 5 del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa a que facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento y a que le presente, si fuere preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, aun cuando éstos puedan servir para probar, en su contra o en contra de cualquier otra empresa, la existencia de una conducta contraria a la competencia, no puede, sin embargo, mediante una decisión de solicitud de información, vulnerar los derechos de defensa reconocidos a la empresa. Así pues, no puede imponer a esta última la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión.

18 A la luz del artículo 14 y del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento nº 17, la información obtenida durante las visitas de inspección no debe utilizarse para fines distintos de los indicados en el mandato de inspección o en la decisión de inspección. Esta exigencia está destinada a preservar, además del secreto profesional, los derechos de defensa de las empresas.

Sin embargo, no puede afirmarse que esté prohibido que la Comisión incoe un procedimiento de investigación con objeto de verificar la exactitud o de completar las informaciones de las que hubiese tenido conocimiento incidentalmente con ocasión de una visita de inspección anterior, en el supuesto de que dichas informaciones indicasen la existencia de conductas contrarias a las normas sobre la competencia del Tratado. Además, la Comisión, que obtuvo determinados documentos en un primer asunto y los utilizó como indicio para iniciar otro procedimiento, puede solicitar, sobre la base de mandatos o decisiones de inspección relativos a este segundo procedimiento, otra copia de tales documentos y utilizarlos entonces como medios de prueba en este segundo asunto.

En efecto, una solución diferente iría más allá de lo necesario para preservar el secreto profesional y los derechos de defensa, por lo que constituiría un obstáculo injustificado al cumplimiento, por parte de la Comisión, de su misión de velar por la observancia de las normas sobre la competencia en el mercado común.

19 La negativa de una empresa a responder a las solicitudes de información formuladas por la Comisión de conformidad con el artículo 11 del Reglamento nº 17 o la imposibilidad de hacerlo no puede constituir, en sí misma, una prueba de la participación de una empresa en un cártel.

20 Ninguna disposición prohíbe que la Comisión comunique a las partes de un procedimiento en materia de competencia, después de enviar el pliego de cargos, nuevos documentos que considere apoyan su tesis, sin perjuicio de dar a las empresas el tiempo necesario para expresar su opinión al respecto. Por consiguiente, el hecho de que un documento no se mencionara ni figurara como anexo al pliego de cargos no puede afectar, por sí solo, a la legalidad de la Decisión.

21 En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 85 del Tratado.

Por lo tanto, la Comisión está facultada para calificar esta infracción compleja de acuerdo «y/o» de práctica concertada, en la medida en que dicha infracción incluya elementos que deban ser calificados de «acuerdo» y elementos que deban ser calificados de «práctica concertada». Así, en estas circunstancias, no ha de interpretarse que la doble calificación exige la prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada, sino más bien que dicha calificación designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, de los cuales algunos se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

22 Aunque el artículo 85 del Tratado distingue el concepto de «práctica concertada» del de «acuerdos entre empresas» o «decisiones de asociaciones de empresas», lo hace con el propósito de incluir en las prohibiciones que establece una forma de coordinación entre empresas que, sin haber llegado nunca hasta la realización de un convenio propiamente dicho, sustituya conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Los criterios de coordinación y de cooperación, lejos de exigir la elaboración de un verdadero «plan», deben interpretarse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia, según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado común. Si bien es cierto que esta exigencia de independencia no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse inteligentemente al comportamiento actual o previsto de sus competidores, no obstante prohíbe de forma terminante cualquier contacto directo o indirecto entre tales operadores que tenga por objeto o efecto influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, o revelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o que se prevea adoptar en el mercado.

23 Cuando el razonamiento de la Comisión que lleva a declarar la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia se basa en la suposición de que los hechos probados sólo pueden explicarse en función de una concertación entre empresas, basta con que los interesados puedan dar un enfoque diferente a tales hechos, permitiendo así sustituir por otra la explicación adoptada por la Comisión.

Por el contrario, cuando la prueba de la concertación no resulta de la mera comprobación de la existencia de un paralelismo de comportamientos en el mercado, sino de documentos de los que se deduce que las prácticas eran el resultado de una concertación, incumbe a las empresas afectadas no solamente presentar una supuesta explicación alternativa de los hechos comprobados por la Comisión, sino también refutar la existencia de tales hechos probados a la vista de los documentos presentados por la Comisión.

24 Puede imputarse a una empresa la responsabilidad de un cártel en conjunto, consistente en la organización regular, durante un período de varios años, de reuniones entre fabricantes competidores cuyo objeto era el establecimiento de prácticas ilícitas, destinadas a organizar de forma artificial el funcionamiento de un mercado, aun cuando se haya acreditado que sólo participó directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cártel, si, por una parte, sabía o tenía que saber necesariamente que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia y, por otra, el citado plan abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos del cártel.

25 Cuando se ha probado la existencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, procede determinar quién era la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa en el momento en que se cometió la infracción, para que responda de ella.

Sin embargo, cuando, entre el momento en que se cometió la infracción y el momento en que la empresa de que se trate debe responder de ella, la persona responsable de la explotación de dicha empresa haya dejado de existir jurídicamente, es preciso localizar, en un primer momento, el conjunto de elementos materiales y humanos que participaron en la comisión de la infracción, para, en un segundo momento, identificar al actual responsable de la explotación de dicho conjunto, con el fin de impedir que, como consecuencia de la desaparición de la persona responsable de su explotación en el momento en que se cometió la infracción, la empresa pueda no responder de ella.

26 El hecho de que una filial tenga personalidad jurídica distinta no basta para eliminar la posibilidad de que su comportamiento se impute a la sociedad matriz, en particular cuando la filial no define de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz.

27 En los asuntos de competencia, el acceso al expediente tiene por objeto permitir que los destinatarios de un pliego de cargos tengan conocimiento de los elementos de prueba que figuran en el expediente de la Comisión, para que puedan pronunciarse de forma eficaz, basándose en dichos elementos, sobre las conclusiones a las que la Comisión llegó en su pliego de cargos.

El acceso al expediente forma parte de las garantías de procedimiento que tienen por objeto proteger los derechos de defensa, principio fundamental del Derecho comunitario cuyo respeto efectivo exige que, desde la fase del procedimiento administrativo, se ofrezca a la empresa interesada la posibilidad de manifestar adecuadamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión.

A este respecto, en el marco del procedimiento contradictorio regulado por el Reglamento nº 17, no puede considerarse competencia exclusiva de la Comisión la decisión sobre qué documentos son útiles para la defensa. Habida cuenta del principio general de igualdad de armas, no puede admitirse que la Comisión tenga la posibilidad de decidir por sí sola si utilizar o no determinados documentos contra las empresas, cuando estas últimas no tuvieron acceso a ellos y no pudieron por tanto adoptar la decisión correlativa de utilizarlos o no para su defensa.

No obstante, el acceso al expediente no puede extenderse a los documentos internos de la Institución, a los secretos comerciales de otras empresas ni a los demás datos confidenciales.

28 En el marco de un procedimiento administrativo en materia de competencia, la violación de los derechos de defensa de una empresa en el acceso al expediente de la Comisión sólo puede llevar a la anulación de una Decisión por la que se declara la existencia de una infracción si las posibilidades de defensa de la empresa interesada se vieron afectadas por las circunstancias en las que tuvo acceso al expediente. A este respecto, basta con demostrar que la decisión de no dar traslado de determinados documentos contenidos en dicho expediente pudo influir, en detrimento de la interesada, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión.

En tal caso, la violación de los derechos de defensa producida durante el procedimiento administrativo no puede verse regularizada en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, que se limita a un control jurisdiccional en el marco de los motivos invocados y sólo en este marco y que no puede, por tanto, reemplazar a la instrucción completa del asunto en el marco del procedimiento administrativo.

29 El artículo 3 del Reglamento nº 2988/74, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del Derecho de transportes y de la competencia, tiene por objeto permitir la suspensión de la prescripción cuando la Comisión no haya podido intervenir por una razón objetiva que no puede imputársele, relacionada con el hecho de que esté pendiente un recurso. En efecto, una Decisión de la Comisión por la que se impone una multa no puede considerarse definitiva mientras transcurre el plazo legal para interponer un recurso contra dicha Decisión o, en su caso, mientras esté pendiente tal recurso.

30 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

Por lo que respecta a una Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas comunitarias sobre la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en particular, a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Además, al fijar el importe de cada multa, la Comisión dispone de un margen de apreciación y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal efecto, una fórmula matemática concreta.

Ciertamente, sería deseable que las empresas -para poder decidir con pleno conocimiento de causa qué postura adoptar- pudieran conocer detalladamente, del modo que la Comisión considere oportuno, el método de cálculo de la multa que les ha sido impuesta, sin verse obligadas a presentar un recurso jurisdiccional contra la Decisión para conseguirlo.

No obstante, tales datos numéricos no constituyen una motivación adicional y a posteriori de la Decisión, sino la traducción numérica de los criterios en ella enunciados, cuando éstos pueden, por su parte, ser cuantificados.

31 En la medida en que una empresa ha infringido, mediante su comportamiento, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, no puede eludir toda sanción, debido a que no se haya impuesto multa alguna a otro operador económico, cuando el Tribunal de Primera Instancia ni siquiera ha sido llamado a conocer de la situación de este último.

32 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede implicar para las empresas interesadas la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones cuya ilegalidad se haya declarado, pero también la de adoptar un comportamiento futuro similar. En la medida en que dicha aplicación debe efectuarse en función de la infracción cuya existencia se haya comprobado, la Comisión dispone de la facultad de precisar el alcance de las obligaciones que incumben a las empresas afectadas, para que se ponga fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Partes

En los asuntos acumulados T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94,

Limburgse Vinyl Maatschappij NV, sociedad belga, con domicilio social en Bruselas, representada por el Sr. Inne G.F. Cath, Abogado ante el Hoge Raad der Nederlanden, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Lambert Dupong, 4-6, rue de la Boucherie;

Elf Atochem SA, sociedad francesa, con domicilio social en París, representada por Mes Xavier de Roux, Charles-Henri Léger y Jacques-Philippe Gunther, Abogados de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe;

BASF AG, sociedad alemana, con domicilio social en Ludwigshafen (Alemania), representada por el Sr. Ferdinand Hermanns, Abogado de Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mes Jacques Loesch y Marc Wolter, 11, rue Goethe;

Shell International Chemical Company Ltd, sociedad inglesa, con domicilio social en Londres, representada por los Sres. Kenneth B. Parker, QC de Inglaterra y el País de Gales, y John W. Osborne, Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Jean Hoss, 2, place Winston Churchill;

DSM NV y DSM Kunststoffen BV, sociedades neerlandesas, con domicilio social en Heerlen (Países Bajos), representadas por el Sr. Inne G.F. Cath, Abogado ante el Hoge Raad der Nederlanden, que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Lambert Dupong, 4-6, rue de la Boucherie;

Wacker-Chemie GmbH, sociedad alemana, con domicilio social en Múnich (Alemania), y

Hoechst AG, sociedad alemana, con domicilio social en Fráncfort del Meno (Alemania),

representadas por los Sres. Hans Hellmann y Hans-Joachim Hellmann, Abogados de Colonia, que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mes Jacques Loesch y Marc Wolter, 11, rue Goethe;

Société artésienne de vinyle, sociedad francesa, con domicilio social en París, representada por Me Bernard van de Walle de Ghelcke, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix;

Montedison SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Milán (Italia), representada por los Sres. Giuseppe Celona y Giorgio Aghina, Abogados de Milán, y Piero Angelo Maria Ferrari, Abogado de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Georges Margue, 20, rue Philippe II;

Imperial Chemical Industries plc, sociedad inglesa, con domicilio social en Londres, representada por los Sres. David Vaughan, QC de Inglaterra y el País de Gales; David Anderson, Barrister de Inglaterra y el País de Gales, y Victor White y Richard Coles, Solicitors, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Lambert Dupong, 4-6, rue de la Boucherie;

Hüls AG, sociedad alemana, con domicilio social en Marl (Alemania), representada inicialmente por el Sr. Hansjürgen Herrmann, Abogado de Colonia, y después por el Sr. Frank Montag, Abogado de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe;

Enichem SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Milán, representada por el Sr. Mario Siragusa, Abogado de Roma, y la Sra. Francesca Maria Moretti, Abogada de Bolonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mes Elvinger, Hoss y Prussen, 2, place Winston Churchill,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. Berend Jan Drijber, Julian Currall y Marc van der Woude, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por Me Éric Morgan de Rivery, Abogado de París, y los Sres. Alexander Böhlke, Abogado de Fráncfort del Meno; David Lloyd Jones, Barrister de Inglaterra y el País de Gales; Renzo Maria Morresi, Abogado de Bolonia, y Nicholas Forwood, QC, y luego por el Sr. Currall, asistido también por Me Marc van der Woude, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una petición de anulación de la Decisión 94/599/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/31.865, PVC) (DO L 239, p. 14),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. K. Lenaerts y A. Potocki, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista entre el 9 y el 12 de febrero de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que dieron lugar al litigio

1 Como consecuencia de inspecciones llevadas a cabo en el sector del polipropileno los días 13 y 14 de octubre de 1983, basadas en el artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), la Comisión de las Comunidades Europeas abrió un expediente en relación con el policloruro de vinilo (en lo sucesivo, «PVC»). A continuación, efectuó varias visitas de inspección en los locales de las empresas afectadas y dirigió a estas últimas una serie de solicitudes de información.

2 El 24 de marzo de 1988, la Comisión inició, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, un procedimiento de oficio contra catorce fabricantes de PVC. El 5 de abril de 1988, envió a cada una de estas empresas el pliego de cargos previsto en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, «Reglamento nº 99/63»). Todas las empresas destinatarias del pliego de cargos presentaron observaciones durante el mes de junio de 1988. A excepción de Shell International Chemical Company Ltd, que no lo había solicitado, las empresas fueron oídas a lo largo del mes de septiembre de 1988.

3 El 1 de diciembre de 1988, el Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió su dictamen sobre el anteproyecto de Decisión de la Comisión.

4 Al finalizar el procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión 89/190/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.865, PVC) (DO 1989 L 74, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión inicial» o «Decisión de 1988»). Mediante esta Decisión, la Comisión sancionó, por haber infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, a los siguientes fabricantes de PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, Société artésienne de vinyle, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie y Wacker-Chemie GmbH.

5 Todas estas empresas, a excepción de Solvay et Cie (en lo sucesivo, «Solvay»), interpusieron un recurso contra la Decisión ante el órgano jurisdiccional comunitario, con objeto de obtener su anulación.

6 Mediante auto de 19 de junio de 1990, Norsk Hydro/Comisión (T-106/89, no publicado en la Recopilación), el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso de dicha empresa.

7 Los asuntos, registrados con los números T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 y T-104/89, se acumularon a efectos de la fase oral y de la sentencia.

8 Mediante sentencia de 27 de febrero de 1992, BASF y otros/Comisión (asuntos acumulados T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 y T-104/89, Rec. p. II-315), el Tribunal de Primera Instancia declaró inexistente la Decisión de 1988.

9 Pronunciándose sobre un recurso de casación interpuesto por la Comisión, el Tribunal de Justicia anuló, mediante sentencia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C-137/92 P, Rec. p. I-2555; en lo sucesivo, «sentencia de 15 de junio de 1994»), la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y la Decisión de 1988.

10 Como consecuencia de dicha sentencia, la Comisión adoptó, el 27 de julio de 1994, una nueva Decisión contra los fabricantes sancionados por la Decisión inicial, a excepción, no obstante, de Solvay y de Norsk Hydro AS (en lo sucesivo, «Norsk Hydro») [Decisión 94/599/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/31.865 - PVC) (DO L 239, p. 14; en lo sucesivo, «Decisión»)].

11 La Decisión contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical [Company] Ltd y Wacker-Chemie GmbH infringieron el artículo 85 del Tratado al participar (junto con Norsk Hydro [...] y Solvay [...]) durante los períodos descritos en la presente Decisión en un acuerdo y/o en una práctica concertada que se inició aproximadamente en agosto de 1980, en virtud de la cual los productores que suministraban PVC en la Comunidad asistieron a reuniones periódicas cuya finalidad era fijar precios "objetivo" y cuotas "objetivo", planificar iniciativas concertadas para elevar el nivel de precios y supervisar la aplicación de dichos acuerdos colusorios.

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 que aún desarrollen actividades en el sector del PVC de la Comunidad, aparte de Norsk Hydro y Solvay respecto a las cuales la intimación al cese de la infracción todavía es válida, pondrán fin de inmediato a la infracción (si no lo hubieren hecho ya), y, en sus actividades relacionadas con el PVC, se abstendrán en adelante de cualquier acuerdo o práctica concertada que pudiere tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido el intercambio de información del tipo que normalmente queda amparado por el secreto profesional y que permita a los participantes, directa o indirectamente, tener conocimiento de la producción, distribución, nivel de existencias, precios de venta, costes o planes de inversión de los demás productores o que les permita controlar la adhesión a cualquier acuerdo tácito o expreso o a cualquier práctica concertada que se refiera a los precios o al reparto del mercado dentro de la Comunidad. Todo sistema de intercambio de información general al que estén abonados los productores con respecto al sector del PVC será administrado de forma que quede excluida toda información que permita identificar el comportamiento de los distintos productores; las empresas en particular se abstendrán de intercambiarse información adicional relativa a la competencia que no esté prevista en dicho sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que a continuación se mencionan con respecto a la infracción a que se refiere el artículo 1:

i) Basf AG, una multa de 1.500.000 ECU,

ii) DSM NV, una multa de 600.000 ECU,

iii) Elf Atochem SA, una multa de 3.200.000 ECU,

iv) Enichem SpA, una multa de 2.500.000 ECU,

v) Hoechst AG, una multa de 1.500.000 ECU,

vi) Hüls AG, una multa de 2.200.000 ECU,

vii) Imperial Chemical Industries plc, una multa de 2.500.000 ECU,

viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV, una multa de 750.000 ECU,

ix) Montedison SpA, una multa de 1.750.000 ECU,

x) Société artésienne de vinyle SA, una multa de 400.000 ECU,

xi) Shell International Chemical Company Ltd, una multa de 850.000 ECU,

xii) Wacker-Chemie GmbH, una multa de 1.500.000 ECU.»

Procedimiento

12 Mediante diferentes demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 5 y el 14 de octubre de 1994, las empresas Limburgse Vinyl Maatschappij NV (en lo sucesivo, «LVM»), Elf Atochem, BASF AG (en lo sucesivo, «BASF»), Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, «Shell»), DSM NV y DSM Kunststoffen BV (en lo sucesivo, «DSM»), Wacker-Chemie GmbH (en lo sucesivo, «Wacker»), Hoechst AG (en lo sucesivo, «Hoechst»), Société artésienne de vinyle (en lo sucesivo, «SAV»), Montedison SpA (en lo sucesivo, «Montedison»), Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, «ICI»), Hüls AG (en lo sucesivo, «Hüls») y Enichem SpA (en lo sucesivo, «Enichem») interpusieron los presentes recursos.

13 Sobre la base del artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, el 6 de abril de 1995 se celebró una reunión entre los miembros de la Sala Tercera ampliada y las partes. Durante dicha reunión, las partes aceptaron suspender la fase escrita y organizar una fase oral limitada al examen de los motivos sobre cuestiones de procedimiento y se pronunciaron a favor de la acumulación de los asuntos T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94.

14 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral, limitada al examen de los motivos sobre cuestiones de procedimiento, sin previo recibimiento a prueba y sin ordenar diligencias de ordenación del procedimiento.

15 Mediante auto del Presidente de la Sala Tercera ampliada de 25 de abril de 1995 (no publicado en la Recopilación), se ordenó la acumulación de los asuntos T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94 a efectos de la fase oral, por razón de su conexión, conforme al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento.

16 La fase oral se desarrolló los días 13 y 14 de junio de 1995.

17 Mediante auto de 14 de julio de 1995 (no publicado en la Recopilación), el Presidente de la Sala Tercera ampliada ordenó que se reiniciara la fase escrita y que se separaran los asuntos.

18 La fase escrita se dio por concluida el 20 de febrero de 1996.

19 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) comunicó a las partes, mediante escrito de 7 de mayo de 1997, su decisión de facilitar a cada una de las partes demandantes el acceso al expediente de la Comisión en el asunto que dio lugar a la Decisión, con excepción de los documentos internos de la Comisión y de los documentos que contuvieran secretos comerciales u otros datos confidenciales.

20 Tras consultar el expediente durante los meses de junio y julio de 1997, todas las partes demandantes, con excepción de las de los asuntos T-315/94 y T-316/94, presentaron observaciones en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia en julio y septiembre de 1997, según los casos. La Comisión presentó sus observaciones de respuesta durante el mes de diciembre de 1997.

21 Mediante auto de 22 de enero de 1998, tras oír a las partes, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia volvió a acumular los presentes asuntos a efectos de la fase oral.

22 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral y ordenó diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo a las partes que respondieran a determinadas preguntas escritas y que presentaran ciertos documentos. Las partes accedieron a estas peticiones.

23 Los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, se oyeron durante la vista celebrada entre el 9 y el 12 de febrero de 1998.

24 En dicho momento, las partes manifestaron que no tenían ninguna objeción a que se acumularan los asuntos a efectos de la sentencia.

25 Durante la vista, el Tribunal de Primera Instancia estaba compuesto por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. C.P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki y J.D. Cooke. Como consecuencia de la expiración del mandato del Juez Sr. Briët el 17 de septiembre de 1998, la presente sentencia fue objeto de deliberaciones por parte de los tres Jueces que la firman, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimiento.

Pretensiones de las partes

26 Cada una de las partes demandantes solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule, total o parcialmente, la Decisión.

- Con carácter subsidiario, anule la multa que se le impuso o reduzca su cuantía.

- Condene en costas a la Comisión.

27 En los asuntos T-315/94, T-316/94 y T-329/94, Wacker, Hoechst y Hüls solicitan también al Tribunal de Primera Instancia que:

- Ordene que se aporte a los autos y se comunique a la demandante el informe del consejero auditor.

- Ordene que se comunique a la demandante el acta de la audiencia, incluidos los anexos.

28 Además, en los asuntos T-315/94 y T-329/94, Wacker y Hüls solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Ordene que la demandada presente al Tribunal de Primera Instancia el dictamen emitido por el Servicio Jurídico sobre las cuestiones de procedimiento relacionadas con la Decisión impugnada y que dicho dictamen sea comunicado a estas demandantes.

29 En los asuntos T-315/94 y T-316/94, Wacker y Hoechst solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Tome en consideración las actuaciones del asunto T-92/89.

30 En el asunto T-325/94, Montedison solicita también al Tribunal de Primera Instancia que:

- Condene a la Comisión a pagarle una indemnización, como consecuencia de los gastos relacionados con la constitución de la garantía y por cualquier otro gasto originado por la Decisión.

- Aporte a los autos del presente asunto los actos y documentos presentados en el asunto T-104/89.

- Oiga, en calidad de testigos, a quienes ocupaban los cargos de consejero delegado y directivo responsable de Montedison el 1 de noviembre de 1982.

31 La Comisión solicita en todos los asuntos al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.

- Condene en costas a las demandantes.

Sobre la admisibilidad de los motivos en relación con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 44, el apartado 1 del artículo 46 y el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento

32 La Comisión propuso, respecto a varios de los motivos invocados por las demandantes, excepciones de inadmisibilidad basadas, según los casos, en lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 o en el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento. Una de las demandantes propuso también una excepción de inadmisibilidad basada en el apartado 1 del artículo 46 de dicho Reglamento. Cada una de estas categorías de excepciones de inadmisibilidad será objeto de examen separado.

I. Sobre las excepciones de inadmisibilidad basadas en lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento

Alegaciones de las partes

33 La Comisión indica que Montedison efectúa, en la fase de réplica, una remisión global a todos los motivos sobre cuestiones de procedimiento expuestos por las partes en sus informes orales comunes durante la vista celebrada los días 13 y 14 de junio de 1995. Afirma que los textos de dichos informes orales no acompañan a su escrito porque, supuestamente, el Tribunal de Primera Instancia ya los conoce.

34 También destaca que Enichem enumera, en la fase de réplica y como introducción a la parte de su escrito relativa a los motivos sobre cuestiones de procedimiento, todos los motivos sobre cuestiones de procedimiento formulados por las partes en sus informes orales comunes en el transcurso de la vista celebrada los días 13 y 14 de junio de 1995, motivos que afirma asumir. A tal efecto, Enichem adjunta como anexo a su escrito de réplica el texto de las notas de informes orales de todos los representantes de las demandantes.

35 Pues bien, según la Comisión, tales remisiones no se ajustan a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia (auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1993, Koelman/Comisión, T-56/92, Rec. p. II-1267, apartados 21 a 23). En efecto, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir al demandante intentando encontrar e identificar por sí mismo los elementos, contenidos en los documentos a los que el demandante se remite, que pudiera considerar adecuados para justificar las pretensiones formuladas en la demanda.

36 La Comisión afirma también que debe declararse la inadmisibilidad de los motivos enumerados por Shell en el texto de la réplica y expuestos en los anexos a esta última y que dichos motivos no deben debatirse (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1990, Comisión/Grecia, C-347/88, Rec. p. I-4747, apartado 29, y de 13 de marzo de 1992, Comisión/Alemania, C-43/90, Rec. p. I-1909, apartado 8; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión, T-37/91, Rec. p. II-1901, apartado 46, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 1993, De Hoe/Comisión, T-85/92, Rec. p. II-523).

37 En efecto, según la Comisión, todo escrito debe indicar claramente los elementos de hecho y de Derecho aplicables al caso de autos y, con excepción de la demanda, responder al escrito precedente. Considera que, al referirse de esta manera a documentos anexos, presentados por otros Abogados en otros asuntos, la demandante obliga al Tribunal de Primera Instancia a intentar identificar por sí mismo los elementos que Shell quería invocar en apoyo de su demanda. La Comisión afirma también que los documentos anexos no son sino notas preparadas por algunos Abogados de cara a la vista de los días 13 y 14 de junio de 1995, pero no corresponden necesariamente a lo que efectivamente se defendió; ahora bien, el acta de la vista no es accesible. Por otra parte, indica que la demandante se apoya únicamente en ciertas partes de las notas de informes orales de uno de los Abogados; además, algunas de estas notas se remiten, a su vez, a las alegaciones presentadas por otras partes en sus pretensiones y escritos.

38 Por último, la Comisión recuerda que, al finalizar la fase oral, a cuyos solos efectos se habían acumulado los asuntos, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia ordenó que aquéllos se separaran.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

39 Conforme a lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, toda demanda debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo a la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales en esta última (véase, en particular, el auto Koelman/Comisión, antes citado, apartado 21). Además, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión, T-84/96, Rec. p. II-2081, apartado 34).

40 Esta interpretación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento se refiere también a los requisitos de admisibilidad del escrito de réplica, destinado, a tenor de lo establecido en el apartado 1 del artículo 47 del mismo Reglamento, a completar la demanda.

41 En los presentes asuntos, procede señalar que Shell, Montedison y Enichem realizan, en sus escritos de réplica, una remisión global a los motivos y alegaciones expuestos en común por algunas de las demandantes durante la fase oral ante el Tribunal de Primera Instancia, desarrollada los días 13 y 14 de junio de 1995. Dicha remisión global a determinados documentos, aun cuando figuren como anexo a la réplica, no puede sustituir a la exposición de los hechos, motivos y alegaciones en el propio texto del escrito.

42 El Tribunal de Primera Instancia señala también que Enichem completa en puntos concretos el texto de su réplica mediante remisiones a los documentos que figuran como anexo. No obstante, tales remisiones se refieren sólo en términos generales al documento anexo de que en cada caso se trata y, por lo tanto, no permiten al Tribunal de Primera Instancia identificar de forma precisa las alegaciones que podría considerar como complemento de los motivos formulados en la demanda.

43 En estas circunstancias, en la medida en que efectúan una remisión a los informes orales comunes, los escritos de réplica de Shell, de Montedison y de Enichem no reúnen las exigencias de la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento y, por consiguiente, no pueden tomarse en consideración.

II. Sobre la excepción de inadmisibilidad basada en el apartado 1 del artículo 46 del Reglamento de Procedimiento

Alegaciones de las partes

44 Hüls niega que la Comisión pueda, conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento de Procedimiento, remitirse al informe para la vista que se había preparado en el asunto T-86/89, Hüls/Comisión, para responder a algunos de los motivos formulados en su demanda (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1965, Prakash/Comisión, asuntos acumulados 19/63 y 65/63, Rec. pp. 677 y ss., especialmente p. 693; de 28 de abril de 1971, Lütticke/Comisión, 4/69, Rec. p. 325, apartado 2, y Comisión/Alemania, antes citada, apartados 7 y 8; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión, T-82/89, Rec. p. II-735, apartado 22, e ICI/Comisión, antes citada, apartado 47).

45 La Comisión considera que la forma de citar que utilizó en su escrito de contestación no constituye una remisión global, en el sentido de la jurisprudencia invocada por la demandante. En realidad, afirma, esta última pasa por alto la función misma de un anexo, que consiste en permitir una remisión formal evitando las repeticiones superfluas. Además, la Comisión estima que puede admitirse la remisión a otro recurso entre las mismas partes sobre un mismo conjunto de hechos (sentencia ICI/Comisión, antes citada, apartado 47).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

46 A tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento de Procedimiento, todo escrito de contestación deberá contener los hechos y fundamentos de Derecho invocados. Los motivos alegados por la parte demandada deben exponerse en el propio texto del escrito de contestación, aunque sea de modo sucinto, de forma suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandante prepare su réplica y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones.

47 En el caso de autos, bajo el título «Los motivos de fondo», la Comisión se limita a afirmar en su escrito de contestación que, «para asegurar su defensa, [...] se ve obligada a introducir en el presente procedimiento el razonamiento ya desarrollado [en el marco de los recursos interpuestos contra la Decisión de 1988]. En lugar de reproducir textualmente el escrito de contestación, considera que, en la fase actual del procedimiento, es útil y sensato remitir a la exposición que había presentado en el asunto T-86/89, tal como se resume en el informe para la vista». A continuación, enumera los epígrafes correspondientes del informe para la vista, remite a determinadas páginas de dicho informe y formula indicaciones destinadas a completar los motivos a los que se refiere.

48 El Tribunal de Primera Instancia observa que los hechos y fundamentos de Derecho invocados por la parte demandada bajo el título «Los motivos de fondo» se exponen únicamente en forma de títulos, de manera que no puede considerarse que reúnan los requisitos de claridad y precisión exigidos a efectos de la admisibilidad. Por consiguiente, ha de declararse la inadmisibilidad de tales hechos y fundamentos de Derecho.

III. Sobre las excepciones de inadmisibilidad basadas en el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento

Alegaciones de las partes

49 La Comisión alega que todo motivo invocado por primera vez en la fase del escrito de réplica que no pueda considerarse basado en hechos y fundamentos de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento constituye un motivo nuevo cuya inadmisibilidad debe declararse con arreglo al apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, SIV y otros/Comisión, asuntos acumulados T-68/89, T-77/89 y T-78/89, Rec. p. II-1403, apartado 82; de 18 de noviembre de 1992, Rendo y otros/Comisión, T-16/91, Rec. p. II-2417, apartado 131, y de 21 de febrero de 1995, SPO y otros/Comisión, T-29/92, Rec. p. II-289, apartado 409).

50 En el caso de autos, según la Comisión, varios de los motivos formulados por LVM, BASF, DSM e ICI no pueden admitirse, sobre la base de dicha norma.

51 La Comisión afirma que el auto del Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1995, por el que se ordena la reanudación de la fase escrita y la separación de los asuntos, no puede interpretarse en el sentido de que autoriza a una parte a formular todos los motivos sobre cuestiones de procedimiento, incluidos los que habían sido desarrollados en la demanda, pero por otros demandantes.

52 Además, siempre según la Comisión, la mayoría de los anexos que acompañaban al escrito de réplica de Hüls no deben tenerse en cuenta, porque no están redactados en la lengua de procedimiento, infringiendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 del Reglamento de Procedimiento.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

53 A tenor de lo previsto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento, está prohibido invocar motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que tales motivos se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

54 En el caso de autos, procede señalar que BASF formuló por primera vez en su réplica los motivos basados, respectivamente, en la violación del principio non bis in idem, en el incumplimiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), en el incumplimiento del Reglamento interno de la Comisión vigente en aquel momento, en la prescripción, en la violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y, además, el motivo relativo al incumplimiento de la obligación de oír a la demandante antes de tomar la decisión de apartarse del procedimiento previsto por los Reglamentos nº 17 y nº 99/63.

55 En su réplica, ICI invoca un motivo basado en el incumplimiento del Reglamento interno de la Comisión, ya que, según señala, no se consultó al Servicio Jurídico de la Comisión antes de adoptar la Decisión. ICI afirma que esta falta de consulta al Servicio Jurídico de la Comisión antes de adoptar la Decisión, que, siempre según esta demandante, se reveló en el informe para la vista elaborado en el asunto T-307/94 antes de celebrarse la vista de junio de 1995, constituye un hecho nuevo que apareció durante el procedimiento. Este argumento no puede acogerse. A este respecto, basta indicar que en dicho informe para la vista no se dice que no se hubiera consultado en absoluto al Servicio Jurídico, sino que «no existe un dictamen del Servicio Jurídico sobre la cuestión de si podía adoptarse una nueva Decisión respecto a los fabricantes de PVC, sobre la base del procedimiento administrativo anterior a la adopción de la Decisión de 21 de diciembre de 1988» («Die Kommission behauptet, es gebe kein Gutachten des Juristischen Dienstes zu der Frage, ob eine neue Entscheidung gegenüber den PVC-Herstellern auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrens erlassen werden könne, das vor dem Erlaß der Entscheidung vom 21. Dezember 1988 durchgeführt worden sei»). Por consiguiente, no puede afirmarse que este extracto del informe para la vista en el asunto T-307/94 constituya un hecho nuevo que indique que la adopción de la Decisión no fue precedida del dictamen del Servicio Jurídico.

56 Además, en la medida en que el razonamiento de ICI debe interpretarse en el sentido de que se afirma, en el marco del mismo motivo y por remisión al texto de uno de los informes orales comunes que figura como anexo a su réplica, que el Reglamento interno de la Comisión vigente en la época en que se adoptó la Decisión era ilegal, procede indicar que esta excepción de ilegalidad se invoca por primera vez en la réplica sin que, no obstante, se hubiera impedido a la demandante proponerla en su demanda inicial.

57 Hüls invoca en su réplica, y adjunta a ésta, las notas de informes orales correspondientes a las cuestiones expuestas en común durante la vista que se celebró los días 13 y 14 de junio de 1995. Procede señalar que los temas tratados en dichas notas, en la medida en que están expuestos en forma de un razonamiento desarrollado en el escrito de réplica, se refieren a motivos que fueron formulados por la demandante en su demanda inicial, con excepción del motivo basado en la falta de participación del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (en lo sucesivo, «AELC»), motivo que, por lo tanto, se formuló por primera vez en la réplica.

58 Además, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que las notas de informes orales comunes que figuran como anexo al escrito de réplica de Hüls no están redactadas en la lengua de procedimiento elegida por la demandante y que ésta no presentó traducciones en forma de extractos de tales documentos voluminosos, en contra de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento. No obstante, en las muy especiales circunstancias del caso de autos y habida cuenta de la posibilidad concedida por el Tribunal de Primera Instancia de utilizar una cualquiera de las lenguas de procedimiento para defender ciertas cuestiones comunes durante la fase oral de los días 13 y 14 de junio de 1995, el Tribunal de Primera Instancia considera, a pesar de haberse ordenado la separación de los asuntos tras dicha fase oral, que no aceptar estos anexos redactados en una lengua que no es la lengua de procedimiento elegida por la demandante supondría un formalismo excesivo. Por consiguiente, los anexos al escrito de réplica de Hüls deben aceptarse tal como están.

59 LVM y DSM alegan, en sus réplicas, en apoyo de un motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad ya expuesto en su demanda, que la Comisión incumplió la obligación de motivación que le impone el artículo 190 del Tratado CE. El Tribunal de Primera Instancia considera que, dada la formulación de este argumento en el contexto del motivo de que se trata, la alegación carece de autonomía respecto del motivo bajo el que se invoca. Por consiguiente, no puede ser considerado como un motivo distinto invocado por primera vez en la réplica.

60 Finalmente, procede recordar que, con arreglo al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio las causas de inadmisión por motivos de orden público.

61 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que Elf Atochem alegó por primera vez en su escrito de réplica que la Comisión había incumplido la obligación de cooperación con el Órgano de Vigilancia de la AELC.

62 Por lo que respecta a SAV, procede indicar que ésta invoca en su demanda inicial un motivo basado en la «violación de los principios de buena administración y de los derechos de defensa, por no haber iniciado el procedimiento dentro de un plazo razonable». En su réplica, la demandante añade, dentro del motivo titulado «Violación de los principios de buena administración de justicia y de los derechos de defensa», que la Comisión no tomó en cuenta la audiencia que tuvo lugar en septiembre de 1988, puesto que no tuvo tiempo suficiente para examinar el acta de la audiencia antes de adoptar la Decisión de 1988. Este último razonamiento debe considerarse un motivo independiente, puesto que en ningún momento hace referencia a la iniciación del procedimiento dentro de un plazo razonable. En consecuencia, dicho motivo, que no guarda relación con ninguno de los expuestos en la demanda, ha de considerarse formulado por primera vez en la fase de réplica.

63 Pues bien, en el caso de autos no apareció durante el procedimiento ningún elemento nuevo que pudiera justificar el que Elf Atochem y SAV presentaran sus motivos fuera de plazo. Por consiguiente, estas dos demandantes tuvieron la posibilidad de invocar los motivos respectivos en sus demandas iniciales. Así pues, no pueden formularlos en la fase de réplica, conforme al apartado 2 del artículo 48.

64 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe declararse la inadmisibilidad de los motivos invocados por Elf Atochem, BASF, SAV, ICI y Hüls, expuestos por primera vez en la fase de réplica y que no están basados en hechos o fundamentos de Derecho aparecidos durante el procedimiento.

Sobre las pretensiones de anulación de la Decisión

I. Sobre los motivos basados en la existencia de vicios de forma y de procedimiento

65 Los diferentes motivos basados en la existencia de vicios de forma y de procedimiento invocados por las partes demandantes pueden articularse en torno a cuatro ejes principales. En primer lugar, las demandantes impugnan tanto la interpretación que hizo la Comisión del alcance de la sentencia de 15 de junio de 1994, por la que se anuló la Decisión de 1988, como las consecuencias que extrajo de dicha sentencia (A). En segundo lugar, afirman que se cometieron irregularidades al adoptar y autenticar la Decisión (B). También alegan que el procedimiento que precedió a la adopción de la Decisión de 1988 sufrió irregularidades (C). Por último, según las demandantes, la Decisión carece de motivación suficiente en relación con determinadas cuestiones comprendidas en las tres categorías que acaban de mencionarse (D).

A. Sobre los efectos de la sentencia de 15 de junio de 1994 por la que se anuló la Decisión de 1988

66 Los motivos y alegaciones de las demandantes giran en torno a tres ideas distintas. En primer lugar, algunas de las demandantes afirman que, como consecuencia de la sentencia de 15 de junio de 1994, la Comisión no podía adoptar una nueva Decisión. En segundo lugar, ciertas demandantes alegan que, al anular la Decisión de 1988, la sentencia de 15 de junio de 1994 eliminó con efecto retroactivo los actos preparatorios que condujeron a la adopción de dicha Decisión frente a todas las empresas que fueron sus destinatarias. En tercer lugar, algunas demandantes consideran que, aunque la Comisión podía adoptar una nueva Decisión para extraer las consecuencias de la sentencia de 15 de junio de 1994, debería haber observado, no obstante, ciertas exigencias de procedimiento.

1. Sobre la facultad de la Comisión para adoptar una nueva Decisión tras la sentencia de 15 de junio de 1994

67 El razonamiento de las demandantes puede reagruparse en tres partes. En una primera parte, afirman que, tras la sentencia de 15 de junio de 1994, la Comisión no podía adoptar una nueva Decisión en «el asunto PVC». En la segunda parte alegan motivos basados en el paso del tiempo, según los cuales la Comisión ya no podía ejercer su competencia para adoptar la Decisión. Finalmente, en la tercera parte hacen referencia a los motivos basados en la supuesta vulneración, por parte de la Comisión, de su facultad de apreciación.

68 Cada una de estas categorías del razonamiento de las partes demandantes será examinada separadamente.

a) Sobre los motivos basados en la supuesta imposibilidad de la Comisión de adoptar la Decisión

69 En apoyo de sus pretensiones sobre la imposibilidad de la Comisión de adoptar la Decisión, las demandantes invocan dos motivos.

70 El primer motivo está basado en la violación de la fuerza de cosa juzgada. El segundo motivo se refiere a la violación del principio non bis in idem.

Sobre el motivo basado en la violación de la fuerza de cosa juzgada

- Alegaciones de las partes

71 LVM, DSM, ICI y Enichem alegan que la Comisión no podía adoptar la Decisión sin pasar por alto la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 15 de junio de 1994.

72 LVM y DSM destacan que la distinción entre vicios de forma y vicios materiales que afectan a la Decisión anulada no se sustenta en ningún fundamento jurídico de carácter legislativo o jurisprudencial. En su opinión, ni el artículo 174 del Tratado ni la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, BASF y otros/Comisión (asuntos acumulados T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 y T-112/89, Rec. p. II-729), apartado 78, establecen dicha distinción. Afirman que el silencio de la sentencia de 15 de junio de 1994 ha de interpretarse como que el asunto ha quedado definitivamente resuelto (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo, 138/79, Rec. p. 3333, apartado 37, y de 30 de septiembre de 1982, Amylum/Consejo, 108/81, Rec. p. 3107, apartado 5; conclusiones del Abogado General Sr. Reischl en el asunto en el que recayó esta última sentencia, Rec. pp. 3139 y ss., especialmente pp. 3151 y 3152). Consideran que el hecho de que, habiendo anulado la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia mencionara el asunto, que estaba siendo juzgado, confirma esta interpretación.

73 Enichem afirma, por su parte, que, mediante la sentencia de 15 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia quiso dar definitivamente por finalizado el procedimiento iniciado frente a los productores de PVC, utilizando las facultades que le reconoce lo dispuesto en la segunda frase del párrafo primero del artículo 54 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia. En consecuencia, estima que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre todo el litigio, a pesar de que examinó solamente algunos de los motivos. Enichem considera que todos los aspectos del litigio están, por tanto, cubiertos por la fuerza de cosa juzgada.

74 En realidad, la actitud de la Comisión lleva, siempre según esta demandante, a conceder a los motivos de fondo una primacía sobre los motivos sobre cuestiones de procedimiento, que son sólo accesorios. Así, toda irregularidad de procedimiento puede ser fácilmente subsanada. En consecuencia, Enichem estima que es inútil invocar vicios de procedimiento ante el órgano jurisdiccional comunitario y que fueron vanos los esfuerzos realizados, en el caso de autos, ante el Tribunal de Primera Instancia y, después, ante el Tribunal de Justicia.

75 Según la Comisión, la fuerza de cosa juzgada sólo alcanza a los extremos sobre los que el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado. Pues bien, en el caso de autos, el único motivo de anulación de la Decisión de 1988 acogido por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de junio de 1994 consistía, siempre según esta Institución, en la falta de autenticación de acuerdo con los requisitos formales exigidos, de manera que sólo la apreciación de los vicios de forma realizada por el Tribunal de Justicia adquirió fuerza de cosa juzgada. En consecuencia, la Comisión considera que los demás motivos sobre cuestiones de procedimiento y los motivos de fondo no fueron examinados por el Tribunal de Justicia.

76 La Comisión añade que, tras la anulación de la Decisión de 1988, ninguna norma permitía al Tribunal de Justicia devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

77 La fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por la resolución judicial (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 1991, Italia/Comisión, C-281/89, Rec. p. I-347, apartado 14, y auto del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 1996, Lenz/Comisión, C-277/95 P, Rec. p. I-6109, apartado 50).

78 En el caso de autos, procede señalar que, en la sentencia de 15 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia afirmó que el Tribunal de Primera Instancia había incurrido en un error de Derecho al declarar inexistente la Decisión 89/190 y mantuvo que debía anularse la sentencia ante él impugnada (apartados 53 y 54). En estas circunstancias, con arreglo a lo dispuesto en la segunda frase del párrafo primero del artículo 54 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, éste decidió resolver definitivamente el litigio, puesto que su estado así lo permitía (apartado 55).

79 En consecuencia, el Tribunal de Justicia resumió en los siguientes términos los motivos formulados por las partes demandantes en sus recursos de anulación interpuestos ante el Tribunal de Primera Instancia contra la Decisión de 1988: «El procedimiento administrativo previo adolecía de diversos vicios; la Decisión impugnada no está motivada o lo está de manera insuficiente; el derecho de defensa no ha sido respetado; el sistema de prueba practicado por la Comisión es discutible; la Decisión impugnada es contraria al artículo 85 del Tratado y a los principios generales del Derecho comunitario; la Decisión infringe las normas de la prescripción; adolece de desviación de poder; las multas impuestas son irregulares» (apartado 56).

80 A continuación, indicó que «en apoyo del motivo basado en la falta y en la insuficiencia de motivación de la Decisión controvertida», algunas de las demandantes alegaban «esencialmente, que los motivos de la Decisión que les había sido notificada debían diferir probablemente en varios extremos, de los que algunos eran esenciales, de la Decisión adoptada por la Junta de [Miembros de la Comisión] en su reunión de 21 de diciembre de 1988» (apartado 57). El Tribunal de Justicia señaló también: «Algunas de las demandantes dedujeron además de la defensa de la Comisión que la Decisión no había sido adoptada en dos de las lenguas auténticas, a saber, las lenguas italiana y neerlandesa, ya que únicamente los proyectos redactados en las lenguas alemana, inglesa y francesa habían sido sometidos a la Junta de Comisarios» (apartado 58). Seguidamente, el Tribunal de Justicia precisó: «En la última fase de su argumentación, las sociedades demandantes sostuvieron que el artículo 12 del Reglamento interno de la Comisión había sido vulnerado» (apartado 59). Por último, ésta inició el análisis de «la procedencia del motivo» (apartado 61).

81 Tras comprobar que la Comisión había infringido lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 12 de su Reglamento interno, puesto que no había procedido a la autenticación de la Decisión de 1988 en los términos previstos por dicho artículo, el Tribunal de Justicia afirmó: «Procede, por lo tanto, anular esta última por adolecer de vicios sustanciales de forma, sin que sea necesario examinar los demás motivos formulados por las demandantes» (apartado 78).

82 De todo ello resulta que la sentencia de 15 de junio de 1994 no se pronunció efectiva ni necesariamente sobre los demás motivos basados en cuestiones de procedimiento formulados por las demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia, ni sobre los motivos de fondo, ni, por último, sobre los motivos subsidiarios sobre las multas impuestas.

83 Además, a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia, «si se estimare el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste último resuelva».

84 La segunda frase de esta disposición no implica que, cuando resuelve definitivamente el litigio estimando uno o varios de los motivos formulados por las partes demandantes, el Tribunal de Justicia zanje ipso iure todos los extremos de hecho y de Derecho invocados por aquéllas en el contexto del asunto. Aceptar la tesis de Enichem supondría negar que la cosa juzgada sólo tiene fuerza de verdad legal en relación a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente resueltos.

85 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el motivo debe ser desestimado.

Sobre el motivo basado en la violación del principio non bis in idem

- Alegaciones de las partes

86 LVM, DSM, Montedison e ICI afirman que la Comisión violó el principio non bis in idem al adoptar una nueva Decisión después de que el Tribunal de Justicia hubiera anulado la Decisión de 1988.

87 LVM, DSM e ICI recuerdan que corresponde al órgano jurisdiccional comunitario garantizar el respeto de los principios generales del Derecho, tales como el principio non bis in idem (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1966, Gutmann/Comisión, asuntos acumulados 18/65 y 35/65, Rec. p. 149, y de 15 de marzo de 1967, Gutmann/Comisión, asuntos acumulados 18/65 y 35/65, Rec. p. 75), enunciado también por el Protocolo nº 7 del CEDH y por el apartado 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el 16 de marzo de 1966.

88 Según LVM y DSM, la Comisión violó dicho principio en sus dos acepciones: por una parte, impuso en dos ocasiones una sanción por una misma infracción; por otra, inició dos veces un procedimiento de investigación -aun cuando, en el segundo caso, las investigaciones se limitaron a la adopción y la notificación de la Decisión- sobre un mismo conjunto de hechos (sentencias de 5 de mayo de 1966, Gutmann/Comisión, antes citada, p. 174, y de 15 de marzo de 1967, Gutmann/Comisión, antes citada, p. 81, y conclusiones del Abogado General Sr. Mayras en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, 7/72, Rec. pp. 1281 y ss., especialmente p. 1296).

89 En opinión de estas demandantes, para afirmar la existencia de una violación del principio non bis in idem, sólo es decisiva la identidad de los hechos imputados (sentencia Boehringer/Comisión, antes citada, apartado 6), como sucede en el caso de autos. Afirman que carecen de pertinencia tanto la circunstancia de que la Decisión inicial fuera anulada, lo que eliminaría los efectos jurídicos y no el hecho mismo de que se hubiera llevado a cabo un procedimiento de investigación, se hubiera declarado la existencia de un infracción y se hubiera impuesto una multa, como la fuerza de cosa juzgada.

90 Por su parte, ICI destaca que la sentencia de 15 de junio de 1994 tiene carácter firme y definitivo, lo que implica que adquirió fuerza de cosa juzgada (artículo 65 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia), sin que el Tribunal de Justicia devolviera el asunto al Tribunal de Primera Instancia. Dado que fue anulada toda la Decisión de 1988, y no sólo uno de sus aspectos, la sentencia del Tribunal de Justicia constituye, según ICI, una absolución definitiva. Por consiguiente, en su opinión, la Comisión violó el principio non bis in idem al adoptar la misma Decisión, basada en los mismos elementos de hecho y de Derecho. Finalmente, esta demandante señala que, en su sentencia de 15 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia no conminó a la Comisión a que adoptara una nueva Decisión (véase, a contrario, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063, apartado 22).

91 La Comisión destaca, en primer lugar, que el razonamiento desarrollado por LVM, DSM e ICI en el marco de este motivo se contradice con su afirmación según la cual la Decisión de 1988 nunca existió, debido a su anulación ex tunc.

92 En segundo lugar, recuerda que la pertinencia del principio non bis in idem ha sido admitida por el Tribunal de Justicia en Derecho comunitario de la competencia (sentencia Boehringer/Comisión, antes citada), de forma que es superflua la invocación por las demandantes del CEDH o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

93 En cualquier caso, siempre según la Comisión, el razonamiento de las demandantes carece de fundamento, puesto que, tras la anulación de la Decisión de 1988 por el Tribunal de Justicia, la Decisión debía considerarse como la primera por la que se sanciona a las empresas que actúan en el mercado del PVC por infringir lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado. Ni fáctica ni jurídicamente se impusieron dos multas a las empresas.

94 La Comisión añade que la regla non bis in idem sólo afecta a la posibilidad de imponer sanciones; por consiguiente, no puede confundirse con el principio de fuerza de cosa juzgada.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

95 Las demandantes reprochan a la Comisión el haber violado, al adoptar la Decisión, el principio general del Derecho non bis in idem, que prohíbe, por una parte, imponer dos sanciones por una misma infracción y, por otra, iniciar en dos ocasiones un procedimiento sancionador relativo a un mismo conjunto de hechos.

96 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera, a los efectos del presente motivo, que la Comisión no puede iniciar un procedimiento sancionador contra una empresa sobre la base de los Reglamentos nº 17 y nº 99/63 por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, ni sancionarla mediante la imposición de una multa, como consecuencia de un comportamiento contrario a la competencia en los supuestos en los que el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia han estimado acreditado que la Comisión había, o no había, aportado la prueba pertinente.

97 En los presentes asuntos, procede recordar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia anuló la Decisión de 1988 mediante la sentencia de 15 de junio de 1994. Por lo tanto, al adoptar la Decisión tras dicha anulación, la Comisión no impuso a las demandantes dos sanciones por una misma infracción.

98 En segundo lugar, en la sentencia de 15 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia no resolvió, cuando anuló la Decisión de 1988, ninguno de los motivos de fondo invocados por las demandantes (apartado 81 supra). En consecuencia, al adoptar la Decisión, la Comisión se limitó a subsanar el vicio de forma censurado por el Tribunal de Justicia. De ello resulta que la Comisión no inició en dos ocasiones un procedimiento sancionador contra las demandantes por un mismo conjunto de hechos.

99 Por consiguiente, el motivo debe ser desestimado.

b) Sobre los motivos basados en el paso del tiempo

100 Algunas de las demandantes invocan, en apoyo de sus pretensiones de anulación de la Decisión, varios motivos basados en el paso del tiempo. En primer lugar, afirman que la Comisión violó el principio del plazo razonable. En segundo lugar, consideran que cometió un abuso de derecho. Por último, estiman que infringió los principios relativos a un proceso equitativo. El razonamiento de la Comisión sobre estos motivos se presentará en su totalidad después del de las demandantes, puesto que les da una respuesta común.

Alegaciones de las partes

- Sobre el motivo basado en una violación del principio del plazo razonable

101 LVM, DSM e ICI alegan que las empresas afectadas por un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado tienen derecho a que la Comisión se pronuncie dentro de un plazo razonable. Afirman que esta garantía de plazo razonable está consagrada en Derecho comunitario (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 1987, RSV/Comisión, 223/85, Rec. p. 4617, apartado 14) y es independiente de las normas de prescripción contenidas en el Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del Derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41; en lo sucesivo, «Reglamento nº 2988/74»).

102 Además, estiman que del apartado 1 del artículo 6 del CEDH resulta que ha de decidirse sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dentro de un plazo razonable, para evitar a los justiciables una incertidumbre demasiado prolongada sobre su situación jurídica.

103 LVM y DSM afirman que el plazo razonable se inicia cuando se adopta cualquier acto de instrucción en el sentido del artículo 2 del Reglamento nº 2988/74 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Eckle, de 15 de julio de 1982, serie A nº 51, apartado 73; sentencia Foti y otros, de 10 de diciembre de 1982, serie A nº 56, apartado 52, y sentencia Corigliano, de 10 de diciembre de 1982, serie A nº 57, apartado 34). Según estas demandantes, el final del plazo se corresponde con la fecha de adopción de la Decisión inicial.

104 En el caso de autos, siempre según LVM y DSM, el plazo comenzó a correr en diciembre de 1983, fecha de la visita de inspección efectuada por la Comisión, y finalizó en diciembre de 1988, cubriendo por tanto un período de cinco años, dentro del cual la Comisión permaneció inactiva entre abril de 1984 y enero de 1987.

105 Pues bien, en el marco del CEDH, un plazo razonable no puede exceder de dos años, salvo circunstancias especiales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia König, de 28 de junio de 1978, serie A nº 27, apartados 98 y 99). Las demandantes afirman que el mero hecho de pertenecer al ámbito del Derecho de la competencia no constituye una circunstancia especial.

106 Según LVM y DSM, el incumplimiento del plazo razonable para adoptar la Decisión de 1988 y, a fortiori, la Decisión, generó además en las empresas una confianza legítima en el hecho de que la investigación no iba a dar lugar a un procedimiento sancionador.

107 Por su parte, ICI considera que en el retraso producido en el caso de autos se distinguen dos fases. Respecto al período de instrucción, ICI destaca la pasividad de la Comisión entre el 5 de junio de 1984, fecha en la que la demandante respondió a una Decisión con arreglo al apartado 5 del artículo 11 del Reglamento nº 17, y el mes de enero de 1987, período en que se iniciaron las investigaciones en los locales de otros productores de PVC. Estima que este plazo no es razonable (sentencia RSV/Comisión, antes citada, y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de mayo de 1995, NTN Corporation y Koyo Seiko/Consejo, asuntos acumulados T-163/94 y T-165/94, Rec. p. II-1381, y de 28 de septiembre de 1995, Sytraval y Brink's France/Comisión, T-95/94, Rec. p. II-2651).

108 Respecto al retraso creado por los recursos contenciosos, a saber, casi cinco años, ICI considera que es imputable a la Comisión, habida cuenta de las infracciones procedimentales que cometió.

109 LVM, DSM e ICI llegan a la conclusión de que, por haber sobrepasado el plazo razonable, la Comisión ya no tenía competencia para adoptar la Decisión de 1988 y, a fortiori, la Decisión. Por consiguiente, consideran que ésta debe ser anulada por falta de competencia de la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1987, Ferriere San Carlo/Comisión, 344/85, Rec. p. 4435, y RSV/Comisión, antes citada).

- Sobre el motivo basado en el abuso de derecho

110 Wacker y Hoechst afirman que, prescindiendo de la apreciación de las normas relativas a la prescripción, el largo lapso de tiempo transcurrido entre 1983 y 1987, período durante el cual la Comisión permaneció inactiva, y el que transcurrió entre el inicio de la supuesta infracción y la fecha de adopción de la Decisión, a saber, catorce años, constituyen un abuso de derecho. Consideran que este retraso sólo es imputable a la Comisión.

- Sobre el motivo basado en la violación de los principios relativos a un proceso equitativo

111 Hüls y Enichem afirman que la Comisión violó los principios relativos a un proceso equitativo.

112 Según Enichem, se vulneró el derecho a un proceso equitativo, ya que transcurrió un lapso de tiempo muy largo entre la fecha de las primeras investigaciones y la fecha de adopción de la Decisión. Considera que, de esta forma, se colocó a las partes en una situación extremadamente difícil e incómoda debido a la imposibilidad de reconstituir los hechos con exactitud.

113 Por su parte, Hüls afirma que la práctica seguida por la Comisión no es compatible con las normas relativas al carácter equitativo del proceso.

114 En primer lugar, siempre según esta demandante, la Comisión no efectuó hasta septiembre de 1987 una visita de inspección en los locales de Hüls, a pesar de que tuvo conocimiento de la supuesta infracción, como muy tarde, en 1983. Este retraso en el inicio del procedimiento afectó a las posibilidades de defensa de Hüls y lleva, de facto, a una inversión de la carga de la prueba en perjuicio de dicha empresa. Hüls considera que esta afirmación podía hacerse con mayor razón en 1994. Por otra parte, estima que el retraso acumulado debería haber influido en la cuantía de la multa impuesta (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico y Commercial Solvents/Comisión, asuntos acumulados 6/73 y 7/73, Rec. p. 223).

115 En segundo lugar, esta demandante afirma que el principio de caducidad es un elemento constitutivo del Derecho comunitario aplicable (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartado 49, y de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283, apartado 30; véanse también el artículo 6 del CEDH y la Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos de 9 d