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34

No desvirtúa esta conclusión la alegación del Gobierno del Reino Unido de que, en el apartado 63 de la sentencia de 12 de marzo de 2014, O. y B. (C‑456/12, EU:C:2014:135), la concesión de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro de origen se limitó exclusivamente a los nacionales de terceros Estados que fueran «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/38. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 35 de sus conclusiones, si bien el Tribunal de Justicia declaró en aquella sentencia que el nacional de un tercer Estado que no tenga la condición de miembro de la familia no puede disfrutar, en el Estado miembro de acogida, de un derecho de residencia derivado conforme a la Directiva 2004/38 o al artículo 21 TFUE, apartado 1, dicha sentencia no excluye no obstante la obligación de este Estado miembro de facilitar la entrada y la residencia de dicho nacional, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de esta Directiva.
17

Sin embargo, estimó que, si bien el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 44/2001 establece una excepción a la obligación de los empresarios de demandar a sus trabajadores en el Estado miembro en el que estos últimos tengan su domicilio, esta excepción es aplicable únicamente cuando el empresario pretende ejercitar créditos nacidos en su propia esfera jurídica, y no resulta aplicable, en cambio, cuando el empresario ejercita créditos que no eran inicialmente suyos, sino que se adquirieron posteriormente por vía contractual.
37

No obstante, los gastos relacionados con la adquisición de participaciones en sus filiales soportados por una sociedad de cartera que únicamente participa en la gestión de algunas de estas y que, respecto de las demás, no ejerce, por el contrario, ninguna actividad económica forman parte solo parcialmente de sus gastos generales, de modo que el IVA abonado por esos gastos solo puede deducirse en proporción a los que son inherentes a la actividad económica, según los criterios de reparto definidos por los Estados miembros, quienes, en el ejercicio de esa facultad, deben tener en cuenta —extremo que corresponde verificar a los órganos jurisdiccionales nacionales— la finalidad y la sistemática de la Directiva del IVA y, en virtud de ello, establecer un método de cálculo que refleje con objetividad la parte de imputación real de los gastos soportados a la actividad económica y a la actividad no económica (sentencia de 16 de julio de 2015, Larentia + Minerva y Marenave Schiffahrts, C‑108/14 y C‑109/14, EU:C:2015:496, apartado 33).
268

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben: – en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, al adoptar un anexo al plan de gestión forestal del distrito forestal de Białowieża sin asegurarse de que ese anexo no causaría perjuicio a la integridad del LIC y de la ZPE que constituyen el lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska; – en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats y del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre las aves, al no establecer las medidas de conservación necesarias que responden a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo I de la Directiva sobre los hábitats y de las especies que figuran en el anexo II de dicha Directiva, así como de las especies de aves mencionadas en el anexo I de la Directiva sobre las aves y de las especies migratorias no contempladas en dicho anexo cuya llegada sea regular, con respecto a los cuales se designaron el LIC y la ZPE que constituyen el lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska; – en virtud del artículo 12, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva sobre los hábitats, al no garantizar una protección rigurosa de los coleópteros saproxílicos, a saber, el Buprestis splendens, el Cucujus cinnaberinus, el Phryganophilus ruficollis y el Pytho kolwensis, mencionados en el anexo IV de dicha Directiva, es decir, al no prohibir sacrificarlos deliberadamente o perturbarlos, ni deteriorar o destruir sus lugares de reproducción en el distrito forestal de Białowieża, y – en virtud del artículo 5, letras b) y d), de la Directiva sobre las aves, al no garantizar la protección de especies de aves contempladas en el artículo 1 de esta Directiva, en particular el mochuelo alpino (Glaucidium passerinum), el mochuelo boreal (Aegolius funereus), el pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y el pico tridáctilo (Picoides tridactylus), es decir, al no velar por que no se mate o se perturbe a estas especies durante el período de reproducción y de crianza y por que no se destruyan, se dañen o se quiten sus nidos y sus huevos de forma intencionada en el distrito forestal de Białowieża.
31

Pues bien, del documento de trabajo de la Comisión de 27 de marzo de 2001 relativo al reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia de responsabilidad parental [COM(2001) 166 final] se deduce que el legislador de la Unión se planteó la cuestión de quién podía ejercer la responsabilidad parental o disfrutar del derecho de visita. El legislador consideró varias opciones, en particular limitar los beneficiarios a uno de los progenitores del menor y, viceversa, no limitarlo a determinadas personas. Este documento menciona en particular a los abuelos, al hacer referencia al proyecto del Consejo de Europa relativo al Convenio sobre las relaciones y los contactos con los hijos, que reconoce el derecho de estos a mantener contacto no solo con sus progenitores, sino también con aquellas personas con quienes tengan lazos familiares, como sus abuelos. En definitiva, el legislador de la Unión se decantó por que ninguna disposición restringiese el círculo de personas que pueden ejercer la responsabilidad parental o disfrutar de derechos de visita.
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que las actividades de pastoreo de ganado y de vertido de residuos líquidos en el suelo cerca de zonas Natura 2000 pueden calificarse de proyecto en el sentido de dicha disposición, aunque tales actividades, en la medida en que no representen una intervención física en el medio natural, no sean un proyecto en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa programática nacional que permite a las autoridades competentes autorizar proyectos basándose en una adecuada evaluación en el sentido de dicha disposición, realizada con anterioridad y en la que se ha declarado compatible con los objetivos de protección de dicha normativa determinada cantidad global de deposiciones de nitrógeno. Sin embargo, únicamente ocurre así en la medida en que —e incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobarlo— un examen minucioso y completo de la solidez científica de dicha evaluación permita asegurarse de que no existe ninguna duda razonable desde un punto de vista científico de que ningún plan o proyecto tiene efectos perjudiciales para la integridad del lugar de que se trate.

El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa programática nacional, como la controvertida en el litigio principal, que exime a determinados proyectos que no alcanzan un determinado umbral o que no superan cierto límite máximo en términos de deposiciones de nitrógeno de la necesidad de obtener una autorización individual si el órgano jurisdiccional nacional tiene la certeza de que la adecuada evaluación en el sentido de dicha disposición, realizada anteriormente, cumple el requisito de que no existe duda científica razonable de que esos planes o proyectos no tienen efectos perjudiciales para la integridad de los lugares en cuestión.

(véanse el apartado 112 y el punto 4 del fallo)
Asunto C‑59/17

Château du Grand Bois SCI

contra

Établissement national des produits de l’agriculture y de la mer (FranciaAgriMer)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia)]

«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Mercado vitivinícola — Reglamento (CE) n.o 555/2008 — Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos — Controles sobre el terreno sin previo aviso — Competencias de los agentes de control — Posibilidad de entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de agosto de 2018

Agricultura — Organización común de mercados — Ayudas a la reestructuración y a la reconversión en el sector vitivinícola — Controles aplicables en el sector vitivinícola — Controles sobre el terreno sin previo aviso — Competencias de los agentes de control — Potestad de entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular — Inexistencia

[Reglamento (CE) n.o 555/2008 de la Comisión, considerandos 72 y 73 y arts. 76, 78, 81 y 83, letra a)]

Los artículos 76, 78 y 81 del Reglamento (CE) n.o 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, deben interpretarse en el sentido de que no autorizan a los agentes que efectúen un control sobre el terreno a entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular.

A este respecto, se desprende de sus considerandos 72 y 73 que incumbe a los Estados miembros garantizar la eficacia de la acción de los organismos encargados de los controles vitivinícolas, adoptando las medidas necesarias para que el personal de esos organismos disponga de los poderes de investigación indispensables para garantizar el cumplimiento de la normativa vitivinícola de la Unión. Además, como ha señalado el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, el artículo 83, letra a), del citado Reglamento, relativo a las competencias de los agentes de control, precisa que cada Estado miembro debe velar por que sus agentes tengan acceso a los viñedos y a los demás lugares e instalaciones necesarios para el cumplimiento de sus tareas, sin exigir no obstante que dicho acceso pueda tener lugar sin consentimiento del titular de la explotación.

De lo anterior se desprende que el Reglamento n.o 555/2008 encomienda a los Estados miembros la tarea de regular, en su Derecho interno, las facultades atribuidas a los agentes de control y gran parte de las particularidades de los controles que han de efectuarse, incluidas las relativas al acceso a los lugares objeto de los mismos.

Por consiguiente, procede considerar que las disposiciones del Reglamento n.o 555/2008 no confieren una autorización para entrar en las tierras de una explotación agrícola sin el consentimiento de su titular.

(véanse los apartados 25 a 27, 33 y el fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 25 de julio de 2018 — QuaMa Quality Management/EUIPO

(Asunto C‑139/17 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Reglamento (CE) n.o 2868/95 — Procedimiento de oposición — Solicitud de registro de marca denominativa medialbo — Marca anterior MediaLB — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Oposición formulada por una persona que no tiene la condición de titular de la marca anterior — Ausencia de solicitud formal de registro de la transmisión de la marca anterior antes de la expiración del plazo de oposición — Inadmisibilidad»

1. Recurso de casación—Motivos—Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas—Inadmisibilidad—Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas—Exclusión salvo en caso de desnaturalización—Motivo basado en la desnaturalización de las pruebas—Necesidad de indicar de manera precisa los elementos desnaturalizados y de demostrar los errores de análisis que han conducido a dicha desnaturalización [Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 168, ap. 1, letra d), y 169, ap. 2] (véanse los apartados 33 a 35)

2. Recurso de casación—Motivos—Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General—No determinación del error de Derecho invocado—Inadmisibilidad (Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 39)

3. Recurso de casación—Motivos—Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación—Inadmisibilidad (Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 44)

4. Recurso de casación—Motivos—Impugnación de la resolución recurrida ante el Tribunal General y no de la sentencia dictada por este—Inadmisibilidad (Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 54)

5. Procedimiento judicial—Fundamentación de las sentencias—Alcance (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 36) (véase el apartado 59)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a QuaMa Quality Management GmbH.

( 1 ) DO C 357 de 23.10.2017.
Asunto C‑28/17

NN A/S

contra

Skatteministeriet

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret)

«Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Impuesto sobre sociedades — Normativa tributaria nacional que supedita la transferencia de las pérdidas sufridas por un establecimiento permanente, situado en el territorio nacional, de una sociedad establecida en otro Estado miembro, con destino a una sociedad residente que forma parte del mismo grupo, al requisito de que no sea posible utilizar las pérdidas a efectos de un impuesto extranjero»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de julio de 2018

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Deducción de las pérdidas — Normativa nacional que permite la consolidación fiscal de un grupo de sociedades residentes, incluidos los establecimientos permanentes situados en el país — Pérdidas sufridas por el establecimiento permanente, perteneciente a una filial no residente de una sociedad matriz residente — Normativa nacional que solo permite a las sociedades residentes del grupo deducir dichas pérdidas de sus resultados consolidados en caso de que se prohíba la deducción en el Estado de residencia de la filial — Procedencia — Requisitos

(Art. 49 TFUE)

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual únicamente se autoriza a las sociedades residentes de un grupo a deducir de sus resultados consolidados las pérdidas de un establecimiento permanente residente de una filial no residente de ese grupo en el supuesto de que las normas aplicables en el Estado miembro en el que dicha filial tiene su domicilio social no permitan deducir tales pérdidas de los rendimientos de esta última sociedad, cuando la aplicación de la legislación nacional se combina con la de un convenio para evitar la doble imposición que autoriza, en este último Estado miembro, a deducir del impuesto sobre la renta de sociedades adeudado por la filial el importe correspondiente al impuesto sobre la renta de sociedades pagado, en el Estado miembro en cuyo territorio está situado el referido establecimiento permanente, en concepto de la actividad de tal establecimiento. No obstante, el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la mencionada legislación nacional si la aplicación de la misma tiene por efecto privar a dicho grupo de toda posibilidad efectiva de deducir tales pérdidas de sus resultados consolidados, cuando la imputación de esas mismas pérdidas a los resultados de la filial sea imposible en el Estado miembro en cuyo territorio está establecida, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 57 y el fallo)
54

Growth Energy y Renewable Fuels Association alegan que el hecho de que sean entidades sin ánimo de lucro no significa en absoluto que no puedan defender los intereses comerciales de un determinado sector o de sus miembros, sino simplemente que no pueden obtener beneficios económicos de sus actividades y distribuir dividendos a sus accionistas. Añaden que la Comisión llegó arbitrariamente a la conclusión de que el objeto social de Renewable Fuels Association se circunscribía al contexto nacional y excluía la defensa en países terceros de los intereses comerciales de sus miembros. Afirman sobre el particular que la promoción de una industria nacional está también vinculada a su crecimiento, del que forman parte las exportaciones, de modo que el Reglamento controvertido está perfectamente comprendido en el ámbito de su misión en la medida en que afecta a la competitividad de esa industria.
59

En relación con este punto, solo pueden establecerse limitaciones a ese derecho si se respetan los estrictos requisitos previstos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta y, en particular, el contenido esencial de ese derecho. Por tanto, los Estados miembros no pueden establecer excepciones al principio que se deriva del artículo 7 de la Directiva 2003/88, leído a la luz del artículo 31, apartado 2, de la Carta, según el cual un derecho a vacaciones anuales retribuidas adquirido no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, apartado 56).
81

Aluminios Cortizo sostiene que la Comisión no indicó, en la Decisión impugnada, las razones por las que no apreció el carácter selectivo de las ventajas derivadas de las medidas fiscales en cuestión en el mercado de la construcción naval, que era el único mercado afectado. Por otra parte, a su juicio, no podía apreciarse ninguna distorsión de la competencia dado que los inversores operaban en todos los sectores de la economía y que tal distorsión solo existe si la medida controvertida es selectiva. La Decisión impugnada no explica este extremo, por lo que el Tribunal General, acertadamente, apreció en ella una falta de motivación. Dado que las AIE, por su parte, no son más que instrumentos financieros cuyo origen se encuentra en la mera ejecución de cláusulas contractuales, dichas entidades no participaban en ningún mercado, de manera que tampoco podía apreciarse una distorsión de la competencia a este nivel.
31

Pues bien, la República de Polonia no ha demostrado que la Comisión haya ampliado el alcance del presente recurso a motivos y fundamentos que no figurasen en el dictamen motivado. El hecho de que la Comisión no tuviera en cuenta las alegaciones formuladas por la República de Polonia durante el procedimiento administrativo previo, aunque hubiese quedado acreditado, no bastaría para declarar la inadmisibilidad de la imputación basada en la infracción del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2004/49.
59

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en cuya virtud las rentas de una sociedad residente de un Estado miembro, que ha concedido a una sociedad establecida en otro Estado miembro, a la que está vinculada por una relación de interdependencia, ventajas en condiciones que difieren de las que habrían convenido, en circunstancias idénticas o similares, terceros independientes entre sí, deben calcularse como si hubieran sido aplicables las condiciones convenidas entre dichos terceros y ser objeto de rectificación, si no se ha llevado a cabo tal rectificación de las rentas imponibles, siendo así que no se procede a la rectificación de las rentas imponibles cuando una sociedad residente concede esas mismas ventajas a otra sociedad residente, a la que está vinculada por una relación de interdependencia. Corresponde no obstante al órgano jurisdiccional nacional comprobar si la normativa controvertida en el litigio principal ofrece al contribuyente residente la posibilidad de probar que las condiciones convenidas lo han sido por motivos comerciales derivados de su posición de asociado de la sociedad no residente.
24

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la prohibición específica de la discriminación contemplada en el artículo 102, párrafo segundo, letra c), tiene como finalidad garantizar que la competencia no será falseada en el mercado interior. La práctica comercial de la empresa en posición dominante no debe falsear la competencia en un mercado de una etapa anterior o posterior, es decir, la competencia entre proveedores o entre clientes de dicha empresa. En su competencia entre sí, las otras partes contratantes de la empresa en posición dominante no deben gozar de preferencias ni tampoco sufrir desventajas (sentencia de 15 de marzo de 2007, British Airways/Comisión, C‑95/04 P, EU:C:2007:166, apartado 143). Así, no es necesario que el comportamiento abusivo produzca efectos en la posición competitiva de la propia empresa dominante, en el mercado en el que esta opera o respecto de sus eventuales competidores.
106

Arguye la asociación recurrente que del auto recurrido se desprende que sus miembros no pueden ni impugnar una medida de ejecución nacional del Reglamento controvertido ni cuestionar los efectos de este Reglamento. En particular, alega que mientras una autoridad nacional no decida proceder a la sustitución de los compuestos de cobre, tal sustancia deberá ser objeto de evaluaciones comparativas sucesivas que los miembros de la asociación recurrente no podrían impugnar. Esta indica al respecto que una decisión nacional que renueve la autorización de un producto fitosanitario que contenga compuestos de cobre no modifica la situación jurídica de sus miembros y no es, por tanto, impugnable. Afirma que, en España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han considerado que un recurrente no tiene ni interés en ejercitar la acción ni legitimación activa cuando la decisión que impugna no le resulta lesiva.
21

A este respecto, el Tribunal de Justicia determinó que el servicio de intermediación prestado por la sociedad de que se trata estaba indisociablemente vinculado a la oferta de servicios de transporte urbano no colectivo creado por esta, habida cuenta, en primer lugar, del hecho de que esa sociedad proporcionaba una aplicación sin la cual esos conductores no habrían estado en condiciones de prestar servicios de transporte, y las personas que desean efectuar un desplazamiento urbano no habrían podido recurrir a los servicios de los citados conductores y, en segundo lugar, del hecho de que esa sociedad ejercía una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores, en particular estableciendo el precio máximo de la carrera, recibiendo este precio del cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo y ejerciendo cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso podía entrañar la exclusión de estos (véase, en ese sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, apartados 38 y 39).