SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 3 de julio de 2001

Asuntos acumulados T-24/98 y T-241/99

E

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Agente temporal — Régimen disciplinario — Suspensión — Sanción — Resolución del contrato sin preaviso — Plazo fijado por el artículo 7, párrafo tercero, del anexo IX del Estatuto — Inobservancia — Consecuencias — Recurso de anulación y de indemnización — Sobreseimiento»

Texto completo en lengua francesa II-681

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, en el asunto T-24/98, por una parte, una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 1997 de mantener a la demandante en situación administrativa de suspensión de sus funciones y, por otra parte, una petición de que se condene a la Comunidad a resarcir el daño supuestamente sufrido por la demandante a causa de dicha decisión, y, en el asunto T-241/99, una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1998 por la que se impone a la demandante la sanción disciplinaria de resolver sin preaviso su contrato de agente temporal y, por otra parte, una petición de que se condene a la Comunidad a resarcir el daño supuestamente sufrido por la demandante a causa de dicha decisión y del procedimiento disciplinario.

Resultado:

Acumular los asuntos T-24/98 y T-241/99 a efectos de la sentencia. En el asunto T-24/98: ya no procede pronunciarse sobre la pretensión de anulación; desestimar el recurso en todo lo demás; cada una de las partes cargará con sus propias costas, incluidas las del procedimiento sobre medidas provisionales. En el asunto T-241/99: condenar a la Comisión a pagar a la demandante la cantidad de 1.000 euros en concepto de daños y perjuicios en reparación del daño moral sufrido por ésta; desestimar el recurso en todo lo demás; la Comisión cargará, además de con sus propias costas, con la cuarta parte de las costas de la demandante.

Sumario

El plazo señalado en el artículo 7, párrafo tercero, del anexo IX del Estatuto no es un plazo perentorio, si bien establece una norma de buena administración cuya finalidad es evitar, tanto en interés de la administración como de los funcionarios, un retraso injustificado en la adopción de la decisión que pone fin al procedimiento disciplinario. Por consiguiente, las autoridades disciplinarias tienen la obligación de tramitar el procedimiento disciplinario con diligencia y de actuar de forma que cada medida se adopte dentro de un plazo de tiempo razonable en relación con la precedente. La inobservancia de este plazo, que no puede apreciarse más que en función de las especiales circunstancias del caso, puede provocar la anulación de la decisión y dar lugar a una indemnización en el caso de que el funcionario sufriese por este motivo un perjuicio moral, en particular, debido a la prolongación del estado de incertidumbre en el que se encuentra. (véanselos apartados 52 y 102) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de enero de 1995, D/Comisión (T-549/93, RecFP pp. I-A-13 y II-43), apartado 25, y la jurisprudencia citada

Las obligaciones previstas en los artículos 11, 12 y 14 del Estatuto se imponen de manera general y objetiva. La declaración de incumplimiento de dichas obligaciones no está subordinada al requisito de que el funcionario de que se trate se haya aprovechado de dicho incumplimiento o que este último haya causado un perjuicio a la institución. (véase el apartado 76) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 19 de marzo de 1998, Tzoanos/Comisión (T-74/96, RecFP pp. I-A-129 y II-343), apartado 66, confirmada por el Tribunal de Justicia, 18 de noviembre de 1999 (C-191/98 P, Rec. p. I-8223)

Si la sanción impuesta por la autoridad disciplinaria es más severa que la que propone el dictamen del consejo de disciplina, la motivación de la decisión que impone la sanción debe precisar las razones por las que esta autoridad se aparta de dicho dictamen. (véase el apartado 82) Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de enero de 1985, F./Comisión (228/83, Rec. p. 275), apartado 35

Una vez que se ha demostrado la realidad de los hechos imputados al funcionario, como la infracción de sus obligaciones establecidas en el Estatuto, corresponde a la autoridad disciplinaria determinar la sanción adecuada, al no establecer el Estatuto relaciones fijas entre la sanción y el incumplimiento cometido. Esta última debe basar su decisión en una evaluación global de todos los hechos concretos y de las circunstancias agravantes o atenuantes propias del caso. El Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de la autoridad disciplinaria por la suya propia. Corresponde, sin embargo, al Tribunal de Primera Instancia verificar si la sanción elegida no es manifiestamente desproporcionada en relación con los hechos en que se basa la decisión. (véanse los apartados 85 y 86) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 18 de diciembre de 1997, Daffix/Comisión (T-12/94, RecFP pp. I-A-453 y II-1197), apartado 89, y lajurisprudenciacitada;Tribunal de Primera Instancia, 17 de febrero de 1998, E/CES (T-183/96, RecFP pp. I-A-67 y II-159), apartado 58