ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(110)

De acuerdo con los principios de igualdad de trato y de transparencia, el licitador adjudicatario no debe ser sustituido por otro operador económico, por ejemplo cuando se rescinda un contrato debido a deficiencias en su ejecución, sin la convocatoria de una nueva licitación. No obstante, el licitador adjudicatario que ejecute el contrato ha de poder, en particular cuando el contrato haya sido adjudicado a más de una empresa, experimentar ciertos cambios estructurales, como reorganizaciones puramente internas, absorciones, concentraciones y adquisiciones o insolvencia, durante la ejecución del contrato. Estos cambios estructurales no deben exigir automáticamente nuevos procedimientos de contratación para todos los contratos públicos ejecutados por dicho licitador.»
14

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la cuestión de si el Reglamento n.o 261/2004 es aplicable al asunto de que conoce, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la que se desprende que la escala en el territorio de la Unión no determina la aplicabilidad del Reglamento n.o 261/2004 a los vuelos con conexión que no tengan su lugar de salida o de destino final en el territorio de la Unión. Pues bien, a su entender, este es precisamente el caso del vuelo con conexión de que se trata en el presente asunto. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal solución es conforme con el objetivo del citado Reglamento, consistente en garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente observa que, si los dos tramos del vuelo no hubieran sido objeto de una única reserva, cada uno de ellos estaría comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 261/2004, conforme al claro tenor de su artículo 3, apartado 1.
69

La Comisión propone sancionar la no ejecución de la sentencia por la que se declara el incumplimiento, entre otras cosas, con el pago de una multa coercitiva, sobre la base de su Comunicación SEC(2005) 1658, de 12 de diciembre de 2005, titulada «Aplicación del artículo [260 TFUE]» (DO 2007, C 126, p. 15; en lo sucesivo, «Comunicación de 2005»), su Comunicación sobre la modificación del método de cálculo de los pagos a tanto alzado y las multas coercitivas diarias propuestos por la Comisión en los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO 2019, C 70, p. 1) y su Comunicación titulada «Actualización de los datos utilizados para el cálculo de las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas que propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los procedimientos de infracción» (DO 2019, C 309, p. 1). La Comisión señala que, según la fórmula mencionada en la Comunicación de 2005, la multa coercitiva diaria es igual al tanto alzado de base uniforme, de 3116 euros, multiplicado por el coeficiente de gravedad, el coeficiente de duración y el factor «n».
11

No obstante, tras la práctica de todas las pruebas propuestas, y al evaluarse si se cumplían los requisitos para dar audiencia a las partes y dictar resolución, el mencionado tribunal constató que en el escrito de acusación existía una falta de claridad e integridad que no se había detectado en la vista preliminar. Constató, en primer lugar, que la duración de la tenencia de los 88 billetes falsificados por parte del acusado no se indicaba con precisión; en segundo lugar, que el escrito de acusación describía de manera incompleta los rasgos jurídicos del hecho punible y, por último, que había error al indicarse los preceptos penales búlgaros cuya infracción se alega.
21

El Ayuntamiento de Dublín replica que los bomberos del retén no están obligados a permanecer en un lugar determinado cuando están de guardia. Además, si un bombero del retén no llega al parque en el plazo máximo de presentación, la consecuencia es simplemente que no percibe remuneración alguna. Habida cuenta de la flexibilidad del régimen de disponibilidad no presencial controvertido, no está justificado calificar las horas de guardia como «tiempo de trabajo».
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2, del artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 (DO 1995, C 316, p. 48; en lo sucesivo, «Convenio PIF»), así como del artículo 57, apartados 1 y 3, y del artículo 98 del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 539/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010 (DO 2010, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1083/2006»).
14

En estas circunstancias, el Sofiyski Rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 20 [TFUE], apartado 2, letra a), en relación con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, y los principios de no discriminación y de equivalencia de las medidas procesales en los procedimientos judiciales nacionales, así como el artículo 1, [apartado 1,] letra a), del Reglamento [n.o 1206/2001], en el sentido de que, cuando el Derecho interno del tribunal que conoce de un asunto establece que este debe realizar de oficio las oportunas averiguaciones sobre el domicilio del demandado en su propio Estado y si constata que el demandado se encuentra en otro Estado miembro de la Unión Europea, el tribunal nacional que conoce del asunto está obligado a recabar información sobre el domicilio del demandado también ante las autoridades competentes de su Estado de residencia? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento [n.o 1215/2012], en relación con el principio según el cual el tribunal nacional debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en el sentido de que el tribunal nacional está obligado, al indagar la residencia habitual de un deudor, como requisito previo exigido por el Derecho interno para la tramitación de un procedimiento formal unilateral sin obtención de pruebas, como el de la emisión de un mandamiento de ejecución, a entender que cualquier sospecha fundada de que el deudor tiene su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión constituye una circunstancia que impide que pueda expedirse tal mandamiento fundado en Derecho o que este adquiera fuerza ejecutiva? 3) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento [n.o 1215/2012], en relación con el principio según el cual el tribunal nacional debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en el sentido de que obliga a un tribunal nacional que, tras emitir una orden conminatoria de hacer dirigida a un deudor, ha constatado que este deudor probablemente no tiene su residencia habitual en el Estado del tribunal, y en caso de que dicha circunstancia impida la emisión de la orden conminatoria de hacer dirigida a ese deudor con arreglo al Derecho nacional, a revocar de oficio la orden conminatoria de hacer emitida aunque no exista disposición legal alguna que lo establezca expresamente? 4) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión, ¿deben interpretarse las disposiciones citadas en esa cuestión en el sentido de que obligan al tribunal nacional a revocar la orden conminatoria de hacer emitida cuando se han realizado averiguaciones y se ha constatado sin duda que el deudor no tiene su residencia habitual en el Estado del tribunal que conoce del asunto?»
24

Mediante sentencia de 24 de marzo de 2016, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) desestimó el recurso, basándose, en primer lugar, en que la Directiva 2001/14 no había reconocido a las empresas ferroviarias un derecho subjetivo a pagar cánones por un importe máximo determinado como contrapartida por la utilización de la infraestructura ferroviaria; en segundo lugar, en que la sentencia de 30 de mayo de 2013, Comisión/Polonia (C‑512/10, EU:C:2013:338), no prejuzgaba la ilegalidad del comportamiento de las autoridades públicas, ya que las disposiciones de la Directiva 2001/14 cuya infracción se alegaba no eran suficientemente precisas para poder generar la responsabilidad del Estado y, por último, en que KM no había alegado que la ilegalidad de las decisiones impugnadas de la UTK había sido declarada con arreglo al procedimiento adecuado.
14

Los considerandos 1 y 8 del Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO 2004, L 139, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 226, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009 (DO 2009, L 87, p. 109) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 852/2004»), enuncian: «(1) Uno de los objetivos fundamentales de la legislación alimentaria consiste en lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, según establece el Reglamento (CE) n.o 178/2002 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1)]. Dicho Reglamento establece asimismo otros principios y definiciones comunes para la legislación alimentaria comunitaria y nacional, incluyendo el objetivo de lograr la libre circulación de los alimentos en la Comunidad. […] (8) Es necesario un planteamiento integrado para garantizar la seguridad alimentaria desde el lugar de producción primaria hasta su puesta en el mercado o exportación. Cada uno de los operadores de empresa alimentaria a lo largo de la cadena alimentaria debe garantizar que no se comprometa la seguridad alimentaria.»
59

Por último, la admisibilidad de la parte de la segunda cuestión prejudicial relativa a la validez de las disposiciones del capítulo II del Reglamento n.o 765/2008 a la luz de los artículos 20 y 21 de la Carta, que consagran el principio de igualdad y el principio de no discriminación, es discutida por los Gobiernos español y austriaco, en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, por cuanto, a su juicio, de la resolución de remisión no se desprenden las razones por las que el órgano jurisdiccional remitente considera que se infringen tales disposiciones. El Consejo de la Unión Europea comparte este análisis, sin cuestionar, no obstante, la admisibilidad de dicha parte de la segunda cuestión prejudicial.
187

No cumple dichos requisitos y debe ser declarado inadmisible un motivo de casación cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se funda el motivo no se desprendan de modo suficientemente coherente y comprensible del texto del propio recurso de casación, por estar formulado de modo oscuro y ambiguo al respecto (sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 30 y jurisprudencia citada, y auto de 29 de junio de 2016, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, no publicado, EU:C:2016:670, apartado 22).
100

Además, procede recordar que la conservación generalizada de las direcciones IP del origen de la conexión constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, toda vez que tales direcciones IP pueden permitir extraer conclusiones precisas sobre la vida privada del usuario del medio de comunicación electrónica de que se trate y puede tener efectos disuasorios sobre el ejercicio de la libertad de expresión garantizada en el artículo 11 de la Carta. No obstante, respecto de tal conservación, el Tribunal de Justicia ha señalado que debe tenerse en cuenta, a efectos de la necesaria conciliación de los derechos y de los intereses legítimos en cuestión exigida por la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en los apartados 65 a 68 de la presente sentencia, el hecho de que, en caso de un delito cometido en línea y, en particular, en caso de la adquisición, la difusión, la transmisión o la puesta a disposición en línea de pornografía infantil, en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo (DO 2011, L 335, p. 1; corrección de errores en DO 2012, L 18, p. 7), la dirección IP puede constituir el único método de investigación para identificar a la persona a la que se atribuyó esa dirección en el momento en que se cometió dicho delito (sentencia de 5 de abril de 2022, Commissioner of An Garda Síochána y otros, C‑140/20, EU:C:2022:258, apartado 73).
140

En el caso de autos, a partir de la fecha de adhesión de Rumanía a la Unión, el Derecho de la Unión, en particular los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, era aplicable a dicho Estado miembro. Como se desprende de la información obrante en autos recordada en el apartado 27 de la presente sentencia, consta que la indemnización solicitada por los demandantes en el procedimiento arbitral no se refería exclusivamente a los daños supuestamente sufridos antes de esa fecha de adhesión, de modo que no puede considerarse que la controversia planteada ante el tribunal arbitral se circunscriba en todos sus elementos a un período durante el cual Rumanía, al no haberse adherido todavía a la Unión, no estaba aún vinculada por las normas y los principios evocados en los apartados 138 y 139 de la presente sentencia.
5

El artículo 1 del Reglamento n.o 141 del Consejo, de 26 de noviembre de 1962, sobre la no aplicación del Reglamento n.o 17 al sector de los transportes (DO 1962, 124, p. 2751; EE 07/01, p. 57), en su versión modificada por el Reglamento n.o 1002/67/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1967 (DO 1967, 306, p. 1; EE 07/01 p. 101) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 141»), establecía: «El Reglamento n.o 17 no será aplicado a aquellos acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los transportes que tengan por objeto o por efecto la fijación de los precios y condiciones de transporte, la limitación o el control de la oferta de transporte o el reparto de los mercados de transporte, ni tampoco a las posiciones dominantes[,] en el sentido del artículo [82 CE], en el mercado de los transportes.»
36

En primer lugar, ha de recordarse que el principio de igualdad de trato, que forma parte de los principios fundamentales del Derecho de la Unión, exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België y otros, C‑336/19, EU:C:2020:1031, apartado 85 y jurisprudencia citada).
723

En particular, aunque los Comentarios relativos a la Decisión n.o 33‑2004 y los Comentarios relativos a la Decisión n.o 19‑2009 indican que, entre los «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», figuraban los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, estos Comentarios indicaban claramente, y además en cursiva, que el domicilio mencionado debe situarse «en el lugar de destino», lo que supone que los trayectos entre el lugar de destino y el lugar de origen no debían considerarse como «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», en el sentido del artículo 4 de la Decisión n.o 33‑2004 y del artículo 4 de la Decisión n.o 19‑2009.
52

A continuación, procede señalar que, como observa la Comisión, la República Checa no formula ninguna crítica respecto a los apartados 50 y 51 de la sentencia recurrida, relativos a otro elemento que debe ser tenido en cuenta en el marco de la interpretación sistemática del artículo 16, letra b), de la Directiva 2004/18. De tales apartados resulta que los servicios objeto de los contratos contemplados en esta disposición son también objeto de la excepción que figura en la nota de pie de página n.o 3 del anexo II B de esta Directiva, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007 (DO 2008, L 74, p. 1), referente a los «contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de programación por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de radiodifusión». Por razones de coherencia interna de la Directiva 2004/18, debe considerarse que la exclusión controvertida y la establecida en dicha nota a pie de página n.o 3 tienen el mismo alcance. Pues bien, la formulación de dicha nota a pie de página n.o 3 confirma que, mientras que los contratos que tienen por objeto los tiempos de difusión pueden ser adjudicados tanto por organismos de radiodifusión como por otros poderes adjudicadores, en cuanto concierne a los contratos que tienen por objeto la programación, solo se hace referencia a los organismos de radiodifusión.
33

Si bien es cierto que el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103, al hacer referencia a «todas las medidas apropiadas», no prevé que cada Estado miembro deba velar por que, en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil, las compañías de seguros cubran la totalidad de los daños, no lo es menos que una limitación de la cobertura por el seguro obligatorio de los daños causados por vehículos automóviles no puede justificarse esgrimiendo como único fundamento el Estado miembro de residencia de la persona perjudicada. En efecto, el hecho de que la residencia de la persona perjudicada se encuentre en un Estado miembro distinto de aquel en el que tuvo lugar el accidente no puede justificar, por sí solo, una diferencia de trato en cuanto a la cobertura del daño por el asegurador, habida cuenta de los objetivos de protección perseguidos por esa Directiva, mencionados en el apartado 27 de la presente sentencia.
i)

por un sujeto pasivo actuando en su condición de tal, o por una persona jurídica que no actúe como sujeto pasivo, cuando el vendedor es un sujeto pasivo actuando en su condición de tal, que no se beneficia de la franquicia para las pequeñas empresas prevista en los artículos 282 a 292 y en cuanto no le afecten las disposiciones previstas en los artículos 33 y 36;
50

En efecto, para comenzar, dicho impuesto grava a las entidades de crédito por la tenencia de depósitos de sus clientes, y no por operaciones comerciales consistentes en depósitos de fondos, por lo que no cabe considerar que se aplique a transacciones que tengan por objeto bienes o servicios. Seguidamente, dado que la base imponible del IDECA equivale a la media aritmética del saldo trimestral de la partida relativa a los depósitos de la clientela, que figura en el pasivo del balance de las entidades de crédito, la cuantía de dicho impuesto no se fija en proporción a una contraprestación percibida por las entidades de crédito. Asimismo, el IDECA no se recauda en cada fase del proceso de producción y de distribución de servicios financieros. Para terminar, en la medida en que el artículo 6, apartado 5, punto 3, de la Ley 11/2010 prohíbe expresamente a las entidades de crédito repercutir a terceros la cuota del IDECA, la carga final de dicho impuesto no recae en definitiva sobre los consumidores.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las partidas arancelarias 3004 y 3808 de la nomenclatura combinada que figuran en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014 (DO 2014, L 312, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
21

La asistencia mutua en materia de cobro de impuestos especiales está regulada en Derecho italiano, en particular, por el Decreto Legislativo n.o 69, — Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune accise (Decreto Legislativo n.o 69, relativo a la aplicación de la Directiva 2001/44/CE, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del FEOGA, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el IVA y determinados impuestos especiales), de 9 de abril de 2003 (suplemento ordinario de la GURI n.o 87, de 14 de abril de 2003; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 69/2003»).
5

El artículo 7, apartados 1 y 3, de la citada Directiva establece que: «1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si: a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o b) dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o c) – está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y – cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c). […] 3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos: a) si sufre una incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente; b) si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo; c) si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses; d) si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situación de paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo.»