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15

En estas circunstancias, el Haparanda tingsrätt decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Con arreglo al Derecho sueco debe existir una base clara en el [CEDH] o en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que un órgano jurisdiccional nacional pueda inaplicar disposiciones nacionales que presuntamente vulneren el principio ne bis in idem establecido en el artículo 4 del Protocolo no 7 del CEDH y, en consecuencia, que presuntamente vulneren el artículo 50 de la [Carta]. ¿Es este requisito establecido en el Derecho nacional para inaplicar las disposiciones nacionales compatible con el Derecho de la Unión y, en particular, con sus principios generales, entre ellos el de primacía y el de efecto directo? 2) ¿Está comprendida la admisibilidad de una imputación de infracciones fiscales en el ámbito de aplicación del principio ne bis in idem establecido en el artículo 4 del Protocolo no 7 del CEDH y en el artículo 50 de la Carta cuando una determinada sanción económica (recargo fiscal) haya sido previamente impuesta al inculpado en un procedimiento administrativo como consecuencia del mismo acto de presentar información falsa? 3) ¿Influye en la respuesta a la segunda cuestión prejudicial el hecho de que debe existir una coordinación entre estas sanciones de modo que los órganos jurisdiccionales ordinarios puedan reducir la sanción en el procedimiento penal porque se haya impuesto ya un recargo fiscal al inculpado como consecuencia del mismo acto de presentar información falsa? 4) En determinadas circunstancias puede estar permitido, en el marco del principio ne bis in idem […], establecer sanciones adicionales en un nuevo procedimiento por la misma conducta que ha sido examinada y que ha dado lugar a la decisión de imponer sanciones al particular. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿se cumplen los requisitos establecidos con arreglo al principio ne bis in idem para la imposición de varias sanciones en distintos procedimientos cuando en el último procedimiento se produce un examen de las circunstancias del asunto que es nuevo e independiente del procedimiento anterior? 5) El sistema sueco de imponer recargos fiscales y examinar la responsabilidad derivada de infracciones fiscales en procedimientos distintos se basa en una serie de razones de interés general […]. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿es un sistema como el sueco compatible con el principio ne bis in idem cuando sería posible establecer un sistema que no estaría comprendido en el ámbito de aplicación de dicho principio sin que fuera necesario abstenerse de imponer recargos fiscales o de pronunciarse sobre la responsabilidad derivada de infracciones fiscales transfiriendo, cuando se plantee dicha responsabilidad, la decisión sobre la imposición de recargos fiscales desde el Skatteverket y, en su caso, desde los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos a los órganos jurisdiccionales ordinarios en el marco de su examen de la imputación de infracciones fiscales?»
63

Dado que tanto la decisión del Ayuntamiento de no proceder a una convocatoria de licitación previa del proyecto del centro Doornakkers como la elección de las características esenciales de ese proyecto se desprenden claramente de la memoria de 23 de abril de 2002, es decir, en un momento en el que la Directiva 2004/18 todavía no había sido adoptada, procede declarar que ésta no es aplicable ratione temporis.
193

Además, aduce que la afirmación realizada por el Tribunal General en los apartados 848 y 849 de la sentencia recurrida, de que los documentos de AZ a los que se refería la Comisión reflejaban únicamente la opinión personal, o las expectativas, de trabajadores de AZ y, como máximo, podían demostrar que ésta tenía la intención de excluir las importaciones paralelas revocando la AC de las cápsulas de Losec, constituye una desnaturalización manifiesta de las pruebas. Arguye que estos documentos muestran que AZ había investigado las prácticas de las autoridades nacionales y había concluido que su estrategia tenía visos de tener éxito en los tres países afectados. Sostiene que, en estas circunstancias, el Tribunal General requirió equivocadamente que la Comisión investigara, ex post facto, años después de los hechos, cuál habría sido la actitud de una autoridad, cuando la investigación de la actitud de las autoridades realizada por AZ era particularmente fiable. Por otro lado, la Comisión asevera que no puede ser criticada por no haber identificado una práctica que no existía, dado que la operación de sustitución y revocación no tenía precedentes. Asimismo, sostiene que el Tribunal General incumplió el criterio que estableció para sí mismo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al desestimar en el apartado 849 de dicha sentencia la importancia de la prueba de la intención de AZ de restringir la competencia mediante medios ajenos a la competencia basada en los méritos.
2

El Decreto-Lei n.°159/2009 (Decreto-ley no 159/2009), de 13 de julio de 2009 (Diário da República I, serie A, no 133, de 13 de julio de 2009), cambió, en particular, la numeración de los artículos del CIRC pertinentes en el marco del presente litigio. Con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo señalado en el dictamen motivado, y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia. Este Decreto-ley entró en vigor el 1 de enero de 2010 mientras que el plazo señalado por la Comisión llegó a su término el 1 de febrero de 2009. Por consiguiente, no se tendrán en cuenta en el marco del presente litigio las modificaciones resultantes de la entrada en vigor del Decreto-ley no 159/2009.
13

A raíz de una auditoría efectuada a principios del año 2006 sobre el funcionamiento de esa base militar, se presentó un informe el 13 de marzo de 2006, en el que se indicaba que se había adoptado la decisión de cerrar dicha base. Esa decisión, tomada en los Estados Unidos por el Secretary of the US Army y aprobada posteriormente por el Secretary of Defense (Ministerio de Defensa), señalaba que la base militar RSA cesaría sus operaciones a finales del mes de septiembre de 2006.
29

En esas circunstancias, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, decidió suspender el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «En el contexto de la Directiva 2008/95 [...]: 1) ¿Es necesario que los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca sean identificados con un grado concreto de claridad y precisión y, si es así, cuál es ese grado? 2) ¿Es admisible el uso de los términos generales de los títulos de las clases de la Clasificación de [Niza] a efectos de identificar los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca? 3) ¿Es necesario o admisible que el uso de los términos generales de los títulos de las clases de esa Clasificación […] sea interpretado de conformidad con la Comunicación no 4/03 […]?»
5)

El artículo 5, apartado 7, del Reglamento no 800/1999, en su versión modificada por el Reglamento no 90/2001, y la normativa aduanera de la Unión deben interpretarse en el sentido de que, en un supuesto como el que se examina en el asunto C-23/11 y en la hipótesis de que, con arreglo al Derecho nacional, la rectificación efectuada por la aduana de exportación no vincule a la oficina de aduanas competente para efectuar el pago de la restitución a la exportación, esta última no puede tomar al pie de la letra el dato que figura en la casilla 2 de la declaración de exportación y denegar la solicitud de restitución a la exportación basándose en que el solicitante de la restitución no es el exportador de los productos mencionados en la solicitud. Por el contrario, en la hipótesis de que la oficina de aduanas competente estime la solicitud de rectificación y rectifique válidamente el nombre del exportador, la oficina de aduanas competente para efectuar el pago de la restitución a la exportación queda vinculada por dicha decisión.
28

Al tratarse de un préstamo entre residentes en distintos Estados miembros, hay que examinar, en primer lugar, el ámbito de aplicación del artículo 56 CE. A este respecto, es jurisprudencia reiterada que, al no existir en el Tratado una definición del concepto de «movimientos de capitales» en el sentido del apartado 1 de ese artículo, la nomenclatura que figura en el anexo I de la Directiva 88/361 tiene valor indicativo, aunque dicha Directiva fuera adoptada sobre la base de los artículos 69 y 70, apartado 1, del Tratado CEE (los artículos 67 a 73 del Tratado CEE fueron sustituidos por los artículos 73 B a 73 G del Tratado CE, que a su vez pasaron a ser los artículos 56 CE a 60 CE), entendiéndose que, en virtud del párrafo tercero de la introducción de dicho anexo, la nomenclatura que contiene no es limitativa del concepto de movimientos de capitales (véanse, en particular, las sentencias de 27 de enero de 2009, Persche, C-318/07, Rec. p. I-359, apartado 24 y jurisprudencia citada; de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, Rec. p. I-8591, apartado 39; de 15 de octubre de 2009, Busley y Cibrián Fernández, C-35/08, Rec. p. I-9807, apartado 17, y de 10 de febrero de 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, Rec. p. I-497, apartado 15).
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2008/854/CE de la Comisión, de 2 de julio de 2008, relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional nº 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 y CP 15/2003), al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas concedidas en virtud del régimen de ayudas considerado ilegal e incompatible con el mercado común mediante dicha Decisión.
24

Conforme al artículo 15, apartado 2, de la AGG: «El trabajador puede reclamar una indemnización por un daño de naturaleza no económica. En caso de no ser contratado, la indemnización no puede exceder de tres mensualidades de salario cuando el trabajador no haya sido contratado, incluso en caso de selección no discriminatoria.»
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 a 6 de la Decisión 2008/723/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2007, relativa a la ayuda de Estado C 37/05 (ex NN 11/04) concedida por Grecia — Fondo de reserva exento de impuestos, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas que se estimaron ilícitas e incompatibles con el mercado interior, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Decisión, excepto las mencionadas en el apartado 2, y en los artículos 2 y 3 de dicha Decisión.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2006/105/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 368) (en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»), de la Directiva sobre los hábitats, tal y como la ha interpretado el Tribunal de Justicia en las sentencias de 13 de enero de 2005, Dragaggi y otros (C-117/03, Rec. p. I-167), y de 14 de septiembre de 2006, Bund Naturschutz in Bayern y otros (C-244/05, Rec. p. I-8445), así como del artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva, respectivamente. — al no haber incluido la zona del lago Paralimni en la lista nacional de lugares de importancia comunitaria propuestos (en lo sucesivo, «LICp»), — al haber permitido actividades que ponen en grave riesgo las características ecológicas del lago Paralimni y al no haber adoptado las medidas de protección necesarias para la preservación de la especie Natrix natrix cypriaca (culebra de collar de Chipre), que forma parte del interés ecológico de dicho lago y de la presa de Xyliatos, y — al no haber adoptado las medidas necesarias para instaurar y aplicar un sistema de protección rigurosa de dicha especie.
1)

Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada por la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, y de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239 y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), al no haber aplicado en su integridad la normativa de la Unión Europea en materia de seguros, en particular los artículos 6, 8, 9, 13, 15 y 16 a 17 de la Directiva 73/239 y los artículos 22 y 23 de la Directiva 92/49, a todas las compañías de seguros de manera no discriminatoria.
A tenor de los artículos 4, apartado 4, 6, apartado 1, y 13, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, la decisión de iniciar el procedimiento formal de examen de una ayuda de Estado y un ofrecimiento a las partes interesadas de la posibilidad de presentar sus observaciones son necesarios tanto para determinar el objeto del procedimiento administrativo como para asegurar que la información de la Comisión sea lo más completa posible.

En consecuencia, si, a raíz de una denuncia que tiene por objeto diferentes medidas adoptadas por el gobierno de un Estado miembro, entre las que figuran declaraciones públicas realizadas por éste, la Comisión sólo inicia el procedimiento formal de examen en relación con algunas de las mismas, la no adopción de posición en cuanto a la calificación como ayudas de Estado de declaraciones a las que no se refiere el inicio de dicho procedimiento no puede, en sí misma, asimilarse a una decisión desestimatoria de las pretensiones del denunciante. De este modo, en ausencia de una decisión complementaria que pudiera ampliar el objeto del procedimiento administrativo a la cuestión de si estas declaraciones formuladas constituían, de por sí, una ayuda de Estado, debe entenderse que la Comisión no acoge, mediante la decisión de iniciar el procedimiento formal de examen, esos elementos de la denuncia.

(véanse los apartados 70 a 72, 77 y 78)
Conforme al tercer considerando del Reglamento no 2506/95, que modifica el Reglamento no 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, el artículo 73 del Reglamento no 2100/94 fue modificado para homologar las normas sobre las acciones que pueden ejercitarse contra las decisiones de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales o contra las resoluciones de sus Salas de Recurso con las establecidas en el Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria.

En el marco de las disposiciones del artículo 63 del Reglamento no 40/94, redactado en términos idénticos a los del artículo 73 del Reglamento no 2100/94, el Tribunal General ha de examinar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) controlando la aplicación del Derecho de la Unión realizada por éstas a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante dichas Salas. Así, dentro de los límites del artículo 63 del Reglamento no 40/94, el Tribunal General puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la Oficina si resulta necesario para averiguar si estas Salas han dado una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o para comprobar que la apreciación de los hechos expuestos ante tales Salas no adolece de error alguno. El Tribunal General dispone de una competencia similar en lo atinente al control de la legalidad de las resoluciones de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales o de sus Salas de Recurso.

(véanse los apartados 38 a 40)
En la medida en que la adopción de las normas esenciales de la materia de que se trata está reservada a la competencia del legislador de la Unión, dichas normas deben adoptarse en la normativa de base y no pueden ser objeto de delegación. De ese modo, no pueden ser objeto de una delegación de ese tipo las disposiciones cuya adopción hace necesarias elecciones políticas comprendidas en las responsabilidades propias del legislador de la Unión. De ello se desprende que las medidas de ejecución no pueden ni modificar elementos esenciales de una normativa de base ni completar ésta mediante nuevos elementos esenciales.

La cuestión de qué elementos de una materia deben calificarse de esenciales no depende únicamente de la apreciación del legislador de la Unión, sino que debe basarse en elementos objetivos que puedan ser objeto de control jurisdiccional. A este respecto, procede tener en cuenta las características y las particularidades del ámbito de que se trate.

(véanse los apartados 64 a 68)
El artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que comprende dos supuestos, a saber el de los nacionales de terceros países que residen exclusivamente por motivos de carácter temporal, por un lado, y por otro, el de los nacionales de terceros países cuyo permiso de residencia ha sido formalmente limitado.

En ese aspecto, el concepto «permiso de residencia [que] está limitado formalmente» no incluye un permiso de residencia de duración determinada, concedido a los miembros de un grupo específico de personas, cuya validez puede prorrogarse de forma ilimitada, sin ofrecer no obstante perspectiva alguna de obtención de un permiso de residencia de duración indefinida, siempre que esa limitación formal no impida la instalación duradera del nacional del tercer país en el Estado miembro interesado.

En efecto, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva referida excluye de su ámbito de aplicación las residencias de los nacionales de terceros países que, aun siendo legales y de duración en su caso ininterrumpida, no reflejan a priori una voluntad de esos nacionales de instalarse de forma duradera en el territorio de los Estados miembros. Por tanto, el hecho de que un permiso de residencia conlleve una restricción formal no permite por sí solo determinar si es posible que ese nacional de un tercer país se instale de forma duradera en el Estado miembro, a pesar de esa restricción. Así pues, un permiso de residencia limitado formalmente en el sentido del Derecho nacional, pero cuya limitación formal no impide la instalación duradera del nacional del tercer país interesado, no puede calificarse como permiso de residencia limitado formalmente en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, so pena de poner en peligro la realización de los objetivos perseguidos por ésta, que tienden principalmente a la integración de los nacionales de terceros países que se han instalado permanentemente en los Estados miembros, y como consecuencia privarla de su efecto útil.

(véanse los apartados 38, 45, 47, 50, 51 y 56 y el fallo)
El artículo 5, apartado 7, del Reglamento no 800/1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 90/2001, debe interpretarse en el sentido de que, en principio, el titular de un certificado de exportación sólo tiene derecho a la restitución a la exportación si figura como exportador en la casilla 2 de la declaración de exportación presentada en la oficina de aduanas competente.

en primer lugar, a examinar si la revisión de dicha declaración debe considerarse factible, en particular en la medida en que los objetivos de la normativa de la Unión en materia de restituciones a la exportación no se hayan visto amenazados y las mercancías de que se trata hayan sido efectivamente exportadas, circunstancia cuya demostración incumbe al solicitante, y

El artículo 5, apartado 7, del Reglamento no 800/1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 90/2001, y la normativa aduanera de la Unión deben interpretarse en el sentido de que, en un supuesto en el que el titular de un certificado de exportación no ha sido inscrito como exportador en la casilla 2 de la declaración de exportación, las autoridades aduaneras no pueden conceder a dicho titular la restitución a la exportación sin haber rectificado previamente la declaración de exportación.

El artículo 5, apartado 7, del Reglamento no 800/1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 90/2001, y la normativa aduanera de la Unión deben interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que, con arreglo al Derecho nacional, la rectificación efectuada por la aduana de exportación no vincule a la oficina de aduanas competente para efectuar el pago de la restitución a la exportación, esta última no puede tomar al pie de la letra el dato que figura en la casilla 2 de la declaración de exportación y denegar la solicitud de restitución a la exportación basándose en que el solicitante de la restitución no es el exportador de los productos mencionados en la solicitud. Por el contrario, en la hipótesis de que la oficina de aduanas competente estime la solicitud de rectificación y rectifique válidamente el nombre del exportador, la oficina de aduanas competente para efectuar el pago de la restitución a la exportación queda vinculada por dicha decisión.

(véanse el apartado 76 y el punto 5 del fallo)