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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 1 de abril de 2010 — Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-153/10)

2010/C 179/24

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Sony Logistics Europe BV

Recurrida: Staatssecretaris van Financiën

Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el Derecho comunitario, en particular el artículo 12, apartados 2 y 5, y el artículo 217, apartado 1, del CAC, (1) así como el artículo 11 del Reglamento de aplicación del CAC, (2) en relación con el artículo 243 del CAC, en el sentido de que la parte interesada en un procedimiento relativo a derechos de aduana devengados puede oponerse a su recaudación presentando una información arancelaria vinculante emitida para las mismas mercancías en otro Estado miembro, que en esa fecha es objeto de impugnación ante los órganos jurisdiccionales pero que termina por ser revisada?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede el declarante que, al presentar declaraciones de aduana para despacho a libre práctica actúa en nombre y por cuenta propios, invocar con éxito, en un caso como el presente, una información arancelaria vinculante de la que no es él el titular, sino una sociedad perteneciente a un mismo grupo por cuya orden dicho declarante ha presentado las declaraciones de aduana?

3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿se opone el Derecho comunitario a que la parte interesada en un caso como el de autos pueda invocar con éxito un decreto nacional de directrices en el que las autoridades nacionales suscitan la confianza de que, para la clasificación arancelaria de las mercancías declaradas, pueda invocarse una información arancelaria facilitada a un tercero respecto a la misma mercancía?

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

(2) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1).
C 161/37

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de abril de 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

(Asunto C-196/10)

(2010/C 161/56)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Demandada: Hauptzollamt Bielefeld

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada en su versión del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, (1) así como en la versión del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, (2) de forma que haya que incluir en la partida 2208 un producto descrito como «malt beer base» con un grado alcohólico de alrededor del 14 % vol, obtenido a partir de cerveza sometida a un proceso de aclarado y posterior ultrafiltrado, mediante el cual se diluyen el carácter amargo y las proteínas?

(1) Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 agosto de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 279, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 290, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 134/24

Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-121/10)

2010/C 134/36

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la Decisión 2009/1017/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la concesión de ayuda pública por parte de las autoridades de la República de Hungría para la compra de tierras agrícolas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013. (1)

— Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El Consejo, al adoptar la Decisión impugnada, revocó la Decisión de la Comisión derivada de la propuesta de medidas adecuadas del punto 196 de las Directrices agrícolas de 2007 y de su aceptación incondicional por Hungría, que obligaba a esta última a poner fin hasta el 31 de diciembre de 2009 a los dos programas existentes de ayudas para la compra de tierras agrícolas. So pretexto de circunstancias excepcionales, el Consejo permitió a Hungría, en la práctica, mantener dichos programas hasta la expiración de las Directrices agrícolas de 2007 el 31 de diciembre de 2013. Las circunstancias invocadas por el Consejo para motivar su Decisión, evidentemente, no resultan de tal naturaleza que puedan justificar la Decisión adoptada y no tienen en cuenta la Decisión de la Comisión sobre dichos programas.

En apoyo de su recurso de anulación, la Comisión invoca los cuatro siguientes motivos:

a) En primer lugar, sostiene que el Consejo carecía de competencia para intervenir con arreglo al párrafo tercero del apartado 2 del artículo 108 TFUE, porque la ayuda que aprobó era una ayuda existente que Hungría se había comprometido a eliminar antes de que finalizara 2009 cuando aceptó las medidas adecuadas que la Comisión le propuso.

b) En segundo lugar, autorizando las ayudas hasta 2013, el Consejo incurrió en una desviación de poder al tratar de neutralizar la decisión de que Hungría podía mantener en vigor las ayudas hasta el fin de 2009, pero no después de esa fecha.

c) Añade, en su tercer motivo, que la Decisión impugnada se adoptó violando el principio de cooperación leal que se aplica a los Estados miembros y también entre instituciones. Mediante su Decisión, el Consejo eximió a Hungría de su obligación de cooperación con la Comisión respecto de las medidas adecuadas aceptadas por dicho Estado miembro relativas a la ayuda existente para la compra de terrenos agrícolas en el ámbito de la cooperación establecida por el artículo 108 TFUE, apartado 1.

d) Mediante su último motivo, la Comisión alega que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al considerar que concurrían circunstancias excepcionales que justificaban la adopción de la medida aprobada.

(1) DO L 348, p. 55.
2)

¿Se opone el Derecho comunitario a que, cuando un Estado miembro impone tributos a un particular que, a su vez, está obligado a repercutirlos a otros particulares con los que desarrolla una actividad mercantil en un sector para el que el Estado miembro ha impuesto un sistema mixto de ayuda y exacciones pero que posteriormente dicho sistema parece ser, en parte, ilegal y asimismo, en parte, incompatible con el Derecho comunitario, dichos particulares, como consecuencia de disposiciones nacionales, estén sujetos a un plazo de prescripción más corto para reclamar al Estado miembro la devolución de cantidades incompatibles con el Derecho comunitario, mientras que disponen de un plazo más amplio para reclamar a un intermediario privado esas mismas cantidades, de modo que este intermediario posiblemente se encuentre en una situación en la que la acción contra él no haya prescrito pero sí la acción contra el Estado miembro y, en consecuencia, dicho intermediario pueda ser demandado por otros operadores y, en su caso, deba demandar en garantía al Estado miembro, pero no puede reclamar a este Estado miembro la devolución de las cantidades que él mismo pagó directamente al Estado miembro?
2)

¿Se opone el Derecho comunitario a que un Estado miembro pueda invocar con éxito unos plazos de prescripción nacionales específicos y favorables para dicho Estado miembro en comparación con el Derecho común interno, en su condición de demandado en un procedimiento incoado contra él por un particular para la tutela de derechos que dicho particular deduce del Tratado CEE, en un caso como el sometido por el juez nacional, en el que estos plazos de prescripción específicos favorables tienen como consecuencia que se hace imposible la devolución de tributos que han sido pagados al Estado miembro con arreglo a un régimen mixto de ayudas y tributos que no sólo parece ser parcialmente ilegal, sino también parcialmente incompatible con el Derecho comunitario, mientras que su incompatibilidad con el Derecho comunitario fue comprobada por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una vez expirados los plazos de prescripción nacionales específicos y favorables, aun cuando tal ilegalidad ya existía con anterioridad?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/33

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) el 4 de enero de 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini srl y Eolica di Altamura srl/Regione Puglia

(Asunto C-2/10)

2010/C 63/54

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl y Eolica di Altamura srl

Demandada: Regione Puglia

Cuestión prejudicial

¿Es conforme al Derecho comunitario, y en particular a los principios derivados de las Directivas 2001/77/CE (1) y 2009/28/CE (2) (en materia de energías renovables), así como de las Directivas 79/409/CEE (3) y 92/43/CEE (4) (en materia de protección de las aves silvestres y del hábitat natural), el artículo 1, párrafo 1226, de la Ley no 296 de 27 de diciembre de 2006, en relación con el artículo 5, párrafo primero, del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare de 17 de octubre de 2007 y con el artículo 2, párrafo sexto, de la Ley regional de Apulia no 31 de 21 de octubre de 2008, en la medida en que prohíbe de forma absoluta e indiferenciada la instalación de aerogeneradores no destinados al autoconsumo en los lugares de importancia comunitaria («LIC») y las zonas de especial protección («ZEP») que integran la red ecológica «NATURA 2000» en lugar de prever la realización de la correspondiente evaluación de impacto medioambiental que analice los efectos del proyecto particular en el lugar concreto afectado por la actuación?

(1) DO L 283, p. 33.

(2) DO L 140, p. 16.

(3) DO L 103, p. 1.

(4) DO L 206, p. 7.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Gent (Bélgica) el 30 de noviembre de 2009 — Vandoorne NV/Belgische Staat

(Asunto C-489/09)

2010/C 37/23

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Beroep te Gent

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Vandoorne NV

Recurrida: Belgische Staat

Cuestión prejudicial

¿La legislación belga, en particular el artículo 58, apartado 1, en relación con el artículo 77, apartado 1, número 7o, del WBTW, es o no conforme con el artículo 27 de la Sexta Directiva (77/388/CEE del Consejo), (1) que permite a los Estados miembros adoptar medidas de simplificación, y/o con el artículo 11, parte C, apartado 1, de la misma Directiva, que concede el derecho a devolución del IVA en caso de impago total o parcial, habida cuenta de que dicha legislación nacional 1) introduce una simplificación de la percepción del IVA para la entrega de labores del tabaco estableciendo un único gravamen en la fuente, y 2) no concede a los sujetos pasivos en los distintos eslabones intermedios, que han pagado el IVA sobre dichas labores del tabaco, el derecho a devolución del IVA en caso de impago total o parcial del precio?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
—

Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, así como de los artículos 1 a 3 de la Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2008, en el procedimiento de ayudas C 56/2007 (ex NN 77/2006) sobre la ayuda estatal otorgada por Austria para la privatización de Bank Burgenland (2008/719/CE), al no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda.
2)

¿Se oponen el artículo 39 CE, antes de la Directiva 98/49/CE de 29 de junio de 1998 (1) (DO L 209, p. 46), y el artículo 42 CE, individual o conjuntamente, a que respecto a un trabajador que trabaja para un mismo empresario (persona jurídica) y que, salvo en las situaciones de desplazamiento, ha sido empleado de forma sucesiva en diversos centros de trabajo de dicho empresario ubicados en diversos Estados miembros, estando sujeto cada vez a los planes complementarios de pensión en vigor en el respectivo centro de trabajo, — para determinar el período de adquisición de derechos definitivos a prestaciones de pensión complementaria (sobre la base de las aportaciones del trabajador y del empresario) en un determinado Estado miembro, no se tengan en cuenta los años de servicio cubiertos por el trabajador para el mismo empresario en otro Estado miembro ni su afiliación a un régimen complementario de pensión en dicho país, y — el traslado de un trabajador, con su consentimiento, a un centro de trabajo del mismo empresario en otro Estado miembro se equipare al caso, previsto en el régimen de pensiones, de abandono voluntario del centro de trabajo en el que los derechos a pensión complementaria se limitan a las propias aportaciones del trabajador, — y a que tal situación tenga como consecuencia negativa que el trabajador pierda los derechos a prestaciones de pensión complementaria por su empleo en dicho Estado miembro, lo cual no habría ocurrido si hubiera trabajado únicamente en un solo Estado miembro para su empresario y hubiera permanecido afiliado al régimen complementario de pensión de dicho Estado miembro?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 11/18

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom el 5 de noviembre de 2009 — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-434/09)

2010/C 11/30

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Shirley McCarthy

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Cuestiones prejudiciales

1) Una persona de doble nacionalidad irlandesa y británica que haya residido en el Reino Unido toda su vida, ¿está comprendida en el concepto de «beneficiario», en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Directiva»)?

2) ¿Ha «residido legalmente» dicha persona en el Estado miembro de acogida a los efectos del artículo 16 de la Directiva en circunstancias en las que dicha persona no haya podido cumplir los requisitos del artículo 7 de la Directiva 2004/38?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 256/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 24 de julio de 2009 — British Sky Broadcasting Group Plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-288/09)

2009/C 256/16

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: British Sky Broadcasting Group Plc

Recurrida: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe clasificarse un adaptador multimedia con las especificaciones del adaptador Sky+ modelo DRX 280 en la subpartida 8528 71 13, en la versión establecida por el Reglamento (CE) no 1214/2007 (1) de la Comisión, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, pese a las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada adoptadas por la Comisión Europea el 7 de mayo de 2008 (2008/C 112/03) relativas a las subpartidas 8521 90 00 y 8528 71 13?

2) ¿Obliga el artículo 12, apartado 5, letra a), del Reglamento (CEE) no 2913/92 (2) del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 2, p. 1), en su versión modificada, a las autoridades aduaneras nacionales a emitir informaciones arancelarias vinculantes que se atengan a las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada, al menos hasta que se haya declarado que dichas Notas Explicativas contradicen la formulación de las disposiciones pertinentes de la Nomenclatura Combinada, incluidas sus reglas generales de interpretación, o pueden las autoridades aduaneras nacionales adoptar su propia valoración de la materia y prescindir de las notas explicativas en el supuesto de que consideren que existe tal contradicción?

3) En el caso de que un adaptador multimedia con las especificaciones del adaptador Sky+ modelo DRX 280 debiera clasificarse en la subpartida de la nomenclatura combinada 8521 90 00, ¿sería ilegal, con arreglo al Derecho comunitario, la aplicación de un tipo positivo de derechos de aduana, por vulnerar las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre el comercio de productos de tecnología de la información y el artículo II:1, letra b), del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, o bien la clasificación en la partida 8521 conlleva la conclusión de que el producto de que se trata no está comprendido en el ámbito de aplicación de la parte pertinente del Acuerdo sobre el comercio de productos de tecnología de la información?

(1) Reglamento (CE) no 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 286, p. 1).

(2) DO L 302, p. 1.
1)

¿Debe el artículo 2, letras i) y k), del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, (1) en relación con el artículo 1, letras e) y f), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, (2) y el punto D10 del anexo II A y el punto R1 del anexo II B de dicha Directiva, interpretarse en el sentido de que el primer criterio establecido por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de febrero de 2003, Comisión/Luxemburgo, C-458/00, Rec. p. I-1553, para que pueda considerarse que la incineración de residuos constituye una valorización de residuos para producir energía en el sentido del punto R1 del anexo II B de dicha Directiva (es decir, la finalidad principal de la operación ha de ser permitir que los residuos desempeñen una función útil, a saber, la producción de energía) también puede cumplirse en un caso en el que no concurre ninguna de las circunstancias que el Tribunal de Justicia mencionó en dicha sentencia como factores que demuestran la valorización de residuos, es decir, cuando el titular de la instalación en que se incineran los residuos no efectúa un pago por la operación al suministrador de los residuos y la instalación no está adaptada técnicamente para poder operar con fuentes de energía primaria en caso de insuficiencia de residuos?
4)

¿Es nulo el artículo 3 del Reglamento (CE) no 530/2008 de la Comisión porque vulnera el principio de proporcionalidad en la medida en que implica que i) ningún operador comunitario puede ejercer una actividad consistente en el desembarque o el enjaulamiento con fines de engorde o cría, aun cuando se trate de atunes capturados con anterioridad y de modo completamente legal según el propio Reglamento no 530/208 de la Comisión y que ii) ningún operador comunitario puede ejercer dicha actividad cuando se trate de atunes capturados por pescadores cuyos buques no enarbolen el pabellón de uno de los Estados miembros enumerados en el artículo 1 del Reglamento no 530/2008 de la Comisión, aunque esos atunes hayan sido capturados respetando las cuotas fijadas por el Convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico?
2)

En caso de que no proceda responder afirmativamente sin restricciones a la primera cuestión: ¿Exige el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión resultante de la Directiva 2003/35/CE, que las organizaciones no gubernamentales que deseen acceder a la justicia de un Estado miembro cuya legislación en materia de procedimiento administrativo requiera que se sostenga el menoscabo de un derecho puedan invocar la infracción de las disposiciones en materia de medio ambiente relevantes para la autorización de un proyecto que se basen directamente en el Derecho comunitario o que adapten el Derecho nacional interno a la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, es decir, también las destinadas únicamente a la protección del interés general y no también, al menos, a la protección de bienes jurídicos de particulares? a) En caso de que, en principio, proceda responder afirmativamente a la segunda cuestión: ¿Deben cumplir las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente determinados requisitos de contenido para poder denunciar su infracción? b) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra a): ¿Cuáles son esos requisitos de contenido (por ejemplo, efecto directo, objetivo de protección, finalidad perseguida)?
—

Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como en virtud del artículo 19 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas: (1) — al no designar total y correctamente las zonas sensibles a efectos del artículo 5, apartado 1 de dicha Directiva; — al no adaptar total y correctamente el ordenamiento jurídico interno a lo exigido en los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5, apartados 2, 3, 4 y 5 de dicha Directiva en relación con determinadas zonas sensibles; — al no ofrecer, por todo el término del plazo fijado al 31 de diciembre de 1998, el grado de tratamiento al que se refiere el artículo 5, apartados 2 y 3 de dicha Directiva en relación con todas las aguas residuales urbanas procedentes de algunas aglomeraciones urbanas que representen más de 10 000 equivalentes habitante vertidas en las zonas de captación pertinentes de zonas sensibles; — al no garantizar, respecto a determinadas aglomeraciones urbanas, que los sistemas colectores requeridos, con arreglo al artículo 3, apartado 1 de dicha Directiva, cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, de la referida Directiva, y — al no llevar a cabo correctamente la primera revisión obligatoria a que se refiere el artículo 5, apartado 6, de la Directiva por todo el término fijado al 31 de diciembre de 1997.