Tampoco hay menoscabo de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, letra a), del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prevé, en particular, que todo acusado tiene derecho a ser informado, en una lengua que comprenda, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él, dado que esta disposición sólo es aplicable en materia penal.

En consecuencia, no puede invocar la disposición mencionada el funcionario que, en la investigación administrativa y en el procedimiento disciplinario, haya podido manifestar su opinión en la lengua de su elección y que haya contado con un plazo suficiente para solicitar que se le permitiera ejercer su derecho a ser oído en otra lengua durante el procedimiento disciplinario.

Si bien incumbe a las instituciones, en virtud del deber de asistencia y protección, dirigirse a un funcionario en una lengua que éste domine, no puede deducirse del artículo 41, apartado 4, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que cualquier decisión que remita una institución de la Unión a uno de sus funcionarios deba redactarse en la lengua que éste elija. Esta disposición sólo se aplica a las relaciones entre las instituciones y sus agentes en el caso de que éstos remitan un escrito a las instituciones en su mera condición de ciudadanos de la Unión y no en calidad de funcionarios o agentes.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no infringe el artículo 2 del anexo IX del Estatuto ni vulnera el derecho de defensa de un funcionario en el marco de una investigación administrativa, cuando se informa a éste de la apertura de la investigación y se le comunica el informe de investigación, lo que va más allá de la obligación que impone a dicha autoridad el artículo 2 del anexo IX del Estatuto, que sólo prevé que se dé traslado al interesado de las conclusiones del informe de investigación administrativa. Además, hasta la conclusión de la investigación administrativa no puede el interesado solicitar los documentos que guarden relación directa con las alegaciones que se hayan formulado a su respecto.

Del artículo 2 del anexo IX del Estatuto, que remite al artículo 1 del mismo anexo, se desprende que, a lo largo de la investigación administrativa, el interesado debe ser informado de su implicación, siempre que tal información no perjudique al desarrollo de la investigación.

Dado que, ya desde el inicio del procedimiento de investigación administrativa, quienes llevaron a cabo la investigación pusieron a disposición del funcionario interesado la información que le afectaba, contenida en un correo electrónico remitido por otro funcionario a la oficina de investigación y disciplina de la Comisión, la comunicación de este correo en fecha posterior a la audiencia del interesado no menoscaba su derecho de defensa.

Si bien el artículo 3 del anexo IX del Estatuto impone a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos la obligación de que se dé traslado al funcionario afectado, antes de ser oído, de todos los documentos de prueba del expediente para poder decidir posteriormente la apertura de un procedimiento disciplinario, no por ello deja de ser cierto que, cuando permite el acceso de una persona al expediente que le afecta, la administración también está obligada, conforme al artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a respetar los intereses legítimos de la confidencialidad.

El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Reglamento no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, que reconocen derechos personales jurídicamente protegidos, se aplican, en particular, al tratamiento que dispensen las instituciones de la Unión a los datos personales en el ejercicio de actividades total o parcialmente incluidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Éste es el marco en el que se encuadra la previsión del artículo 49 del Reglamento no 45/2001 sobre la apertura de un expediente disciplinario a los funcionarios y agentes en caso de incumplimiento, ya sea intencionado o por negligencia, de las obligaciones a que están sujetos en virtud de dicho Reglamento.

Un funcionario que afirma ser «destinatario» de datos personales en el sentido del Reglamento no 45/2001 para obtener estos datos de un tercero se encuentra sujeto a un tiempo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a lo establecido en el Reglamento no 45/2001, especialmente a la obligación impuesta en el artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, conforme al cual los datos personales deben ser recabados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.

(véanse los apartados 88 y 90)