En el transcurso del procedimiento presentaron observaciones las partes en el asunto principal, el Gobierno francés y la Comisión. Son particularmente interesantes las intervenciones de ésta última y del Cerafel; pues, en efecto, permiten identificar con mayor precisión los términos del problema sobre el que este Tribunal está llamado a pronunciarse.

El litigio —se dice— se refiere esencialmente al pago de las contribuciones que el Sr. Le Campion adeuda al comité agrícola en virtud de un Decreto interministerial de aplicación extensiva relativo a las coliflores y a las alcachofas. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con las patatas tempranas, tales hortalizas están comprendidas en una organización común de mercados, la de los hortofrutícolas, que actualmente viene regulada por el Reglamento de base no 1035/72, de 18 de mayo de 1972 (DO L 118, p. 1; EE 03/05, p. 258); debemos pues partir de esta fuente para decidir, en primer lugar, si una medida nacional como aquella en la que se apoya el Cerafel es o no legítima. Podrá decirse que en el sector de las frutas y hortalizas existe también, desde 1983, un régimen comunitario de aplicación extensiva, por otra parte muy similar al modelo francés (Reglamentos no 3284/83 y no 3285/83 del Consejo, de 14 de noviembre de 1983, DO L 325, pp. 1 y 8; EE 03/29, pp. 112 y 119). La observación es correcta. Pero, por lo que se refiere a las coliflores y a las alcachofas, dicha normativa no entró en vigor hasta el 1 de octubre de 1985, por lo que no puede incidir en la esencia de la cuestión que ha sido planteada ante este Tribunal de Justicia, que debe ser resuelta a la luz de los principios vigentes en el momento en que tuvieron lugar los hechos del asunto principal.

Examinemos ahora dichos principios. El primero se deriva del considerando 10 del Reglamento no 1035/72. Para el legislador de Bruselas, «la formación de organizaciones de productores, que prevean la obligación para sus asociados de someterse a determinadas normas, en particular en lo referente a la comercialización», no perjudica el funcionamiento de la organización común de mercado de las frutas y hortalizas, sino que puede contribuir eficazmente a la realización de sus objetivos.

En consecuencia, en el ámbito de la organización común, comités como Cerafel tienen un pleno derecho de ciudadanía; se da, sin embargo, la circunstancia de que los artículos 13 al 15 del Reglamento no contienen, al definir sus competencias y sus límites, previsión alguna sobre la posibilidad de aplicar extensivamente, mediante un acto del poder público, la eficacia de las disposiciones que de ellos emanan a los productores no afiliados. Dicho de otra manera, estamos ante una laguna: que, sin embargo, ha sido colmada por una de las sentencias de este Tribunal. Al afrontar un problema análogo en muchos aspectos —el de la legitimidad comunitaria de una norma nacional que obligaba a determinados productores a inscribirse en un organismo creado para incentivar la producción y la venta de manzanas y de peras— este Tribunal declaró, en efecto, que dicha norma «no puede considerarse incompatible con las disposiciones [del Reglamento no 1035/72] salvo que la actividad del organismo esté, a su vez, en contradicción con dichas disposiciones» (sentencia de 13 de diciembre de 1983, asunto 222/82, Apple and Pear Development Council contra Lewis, Rec. 1983, pp. 4083 a 4122) (traducción provisional).

Estas palabras, aplicadas al caso que nos ocupa, permiten llegar a una primera conclusión: en ausencia de normas comunitarias específicas, debe considerarse legítimo un régimen nacional que aplique extensivamente a los productores independientes de la región las obligaciones previstas por un organismo agrícola, siempre que dichas obligaciones o las consecuencias que se derivarían de su aplicación extensiva, no sean contrarias a las normas del Reglamento no 1035/72.