ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
20

En estas circunstancias, la Cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el principio non bis in idem, tal como se consagra en el artículo 50 de la Carta, en el sentido de que no impide a la autoridad administrativa competente de un Estado miembro imponer una multa por infracción del Derecho europeo de la competencia en una situación como la del presente asunto, en la que la misma persona jurídica ya ha sido absuelta de forma definitiva de pagar una multa administrativa que le impuso el regulador postal nacional por una presunta infracción de la normativa postal, en relación con los mismos hechos o con hechos similares, en la medida en que el criterio de la unidad del interés jurídico protegido no se cumple por el hecho de que el presente asunto tiene por objeto dos infracciones diferentes de dos normativas distintas que corresponden a dos ámbitos jurídicos diferentes? 2) ¿Debe interpretarse el principio non bis in idem, tal como se consagra en el artículo 50 de la Carta, en el sentido de que no impide a la autoridad administrativa competente de un Estado miembro imponer una multa por infracción del Derecho europeo de la competencia en una situación como la del presente asunto, en la que la misma persona jurídica ya ha sido absuelta de forma definitiva de pagar una multa administrativa que le impuso el regulador postal nacional por una presunta infracción de la normativa postal, en relación con los mismos hechos o con hechos similares, debido a que una limitación del principio non bis in idem estaría justificada por el hecho de que la normativa en materia de competencia persigue un objetivo complementario de interés general, a saber, salvaguardar y mantener un sistema sin distorsión de la competencia en el mercado interior, y no va más allá de lo adecuado y necesario para lograr el objetivo legítimamente perseguido por esta normativa o para proteger el derecho y la libertad de empresa de estos otros operadores conforme al artículo 16 de la Carta?»
31

A este respecto, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, cuando no resulta evidente que la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no guarda relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal, la objeción basada en que dicha disposición no es aplicable al asunto principal no afecta a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, sino que se refiere al fondo de las cuestiones prejudiciales planteadas (sentencia de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, apartado 25 y jurisprudencia citada).
3

El artículo 1, sección A, punto 2, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], en la versión modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»), establece lo siguiente: «A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda persona: […] 2) Que […] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad se entenderá que la expresión “del país de su nacionalidad” se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean, y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.»
3

El artículo 93, apartado 1 bis, del decreto legislativo no 285 — Nuovo codice della strada (Decreto Legislativo n.o 285 — Nuevo Código de Circulación), de 30 de abril de 1992 (suplemento ordinario a la GURI n.o 114, de 18 de mayo de 1992), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Circulación»), establece: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 ter, se prohíbe circular con un vehículo matriculado en el extranjero a quienes residan en Italia durante un período superior a sesenta días.»
30

Pues bien, de los documentos remitidos al Tribunal de Justicia no se deduce de manera evidente que la situación del litigio principal se corresponda con alguna de las hipótesis mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia. En particular, aunque el órgano jurisdiccional remitente no ha citado expresamente la disposición nacional que impedía que Promexor obtuviera una nueva identificación a efectos del IVA, sí ha mencionado la existencia de tal disposición. En cualquier caso, no se discute que tal disposición existe y que figura en el Ordinul Președintelui ANAF nr. 2856/2017 (Orden del presidente de la Agencia Tributaria n.o 2856/2017). Ahora bien, no corresponde al Tribunal de Justicia cuestionar la interpretación del Derecho nacional hecha por el órgano jurisdiccional remitente.
10

A tenor del artículo 5, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias (DO 2014, L 227, p. 1), los Estados miembros deben determinar los límites contemplados en el artículo 19, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1305/2013 en términos de potencial de producción de la explotación agrícola, medida en producción estándar, tal como se define en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1242/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas (DO 2008, L 335, p. 3), o equivalente.
17

El artículo 74 del Decreto Legislativo n. 151 — Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 de marzo de 2000, n.o 53 (Decreto Legislativo n.o 151, que contiene el texto refundido de las normas legislativas relativas a la protección y ayuda a la maternidad y la paternidad, en aplicación del artículo 15 de la Ley n.o 53 de 8 de marzo de 2000), de 26 de marzo de 2001 (GURI n.o 96, de 26 de abril de 2001, suplemento ordinario a la GURI n.o 93), reconoce el derecho a un subsidio de maternidad (en lo sucesivo, «subsidio de maternidad»), por todo hijo nacido después del 1 de enero de 2001 o por todo menor en situación de acogimiento preadoptivo o adoptado sin acogimiento preadoptivo, a las mujeres residentes en Italia, que sean nacionales de ese Estado miembro o de otro Estado miembro o que sean titulares de un permiso de residencia para residentes de larga duración. Ese subsidio se concede a las mujeres que no gozan de otra prestación de maternidad en el marco de una relación laboral por cuenta propia o ajena o del ejercicio de una profesión liberal, siempre que la unidad familiar no disponga de recursos que superen un importe determinado calculado sobre la base del indicador de la situación económica (ISE), que se cifran en el Decreto Legislativo n. 109 — Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.o 449 (Decreto Legislativo n.o 109, por el que se definen criterios unificados para evaluar la situación económica de los solicitantes de prestaciones sociales subvencionadas, con arreglo al artículo 59, apartado 51, de la Ley n.o 449 de 27 de diciembre de 1997), de 31 de marzo de 1998 (GURI n.o 90, de 18 de abril de 1998).
36

Ese órgano jurisdiccional precisa que, tras una sentencia de 14 de febrero de 2017 que modificó la jurisprudencia, considera que los poderes adjudicadores no pueden rechazar ofertas por no cumplir exigencias que no han sido publicadas, aun cuando tales exigencias se desprendan de normas jurídicas imperativas. Además, opina que si las exigencias relativas a la habilitación para ejercer la actividad de que se trata impuestas por leyes especiales no están claramente precisadas en las condiciones de contratación y los licitadores no las cumplen, estos deben poder subsanar las deficiencias de su oferta, lo que incluye la posibilidad de designar, incluso después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a un nuevo socio o subcontratista para la ejecución del contrato.
17

Pues bien, aunque es cierto que los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación por la puesta a disposición del capital prestado y que este permanece a disposición del prestatario mientras no lo devuelva en su totalidad, el órgano jurisdiccional remitente indica que la acumulación de dichos intereses a los intereses de demora permite al banco recibir más que la reparación del perjuicio realmente sufrido que le garantizan las disposiciones nacionales. Habida cuenta de tal ventaja, el banco estaría incentivado para cancelar anticipadamente un préstamo ante el menor retraso en el pago. Según el órgano jurisdiccional remitente, tal situación parece tanto más preocupante cuanto que los bancos no cumplen en general la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores antes de la celebración de un contrato de préstamo, tal como se establece en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; DO 2010, L 199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46). Pues bien, según dicho órgano jurisdiccional, si en este caso Prima banka Slovensko hubiera procedido a esa evaluación, habría podido constatar la falta de solvencia de HD.
35

Si bien un operador económico no puede sustraerse al Derecho de la Unión invocando sus obligaciones contractuales, la determinación del valor en aduana de mercancías importadas no puede determinarse en abstracto. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esa determinación se basa en las condiciones en que se realiza la venta en cuestión, aunque estas difieran de los usos de comercio o puedan ser consideradas inhabituales para el tipo de contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 1986, Van Houten International, 65/85, EU:C:1986:53, apartado 13). Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para apreciar si el valor en aduana de las mercancías importadas refleja el valor económico real de estas, hay que tener en cuenta la situación jurídica concreta de las partes en el contrato de compraventa (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2010, Gaston Schul, C‑354/09, EU:C:2010:439, apartado 38). Por consiguiente, no tener en cuenta las condiciones de venta en la determinación del valor en aduana de tales mercancías no solo sería contrario a lo dispuesto en el artículo 29, apartado 1, del código aduanero comunitario y en el artículo 70, apartado 1, del código aduanero de la Unión, sino que conduciría además a un resultado que no permitiría reflejar el valor económico real de dichas mercancías.
38

En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un control judicial de la decisión de emitir una orden de detención europea adoptada por una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional no es un requisito para que tal autoridad pueda ser calificada de autoridad judicial emisora en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, ya que tal control no está comprendido en el ámbito de las normas estatutarias y organizativas de dicha autoridad, sino que se refiere al procedimiento de emisión de dicha orden, que debe responder a la exigencia de una tutela judicial efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 44 y jurisprudencia citada). Así pues, la condición de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, no está supeditada a la existencia de un control judicial de la decisión de emisión de la orden de detención europea y de la decisión nacional sobre la que esta se fundamenta. En consecuencia, el hecho de que la calificación del fiscal de la Fiscalía Regional de Svishtov de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, no se ponga en entredicho, no basta para considerar que el procedimiento búlgaro relativo a la emisión de una orden de detención europea por un fiscal sea conforme a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva.
148

A juicio de las recurrentes, en primer lugar, este último no contiene ninguna conclusión sobre la cuestión de la afectación del comercio entre Estados miembros. En segundo lugar, contrariamente a lo que afirma el Tribunal General, algunos de los documentos invocados en primera instancia por la Comisión no se citan en el pliego de cargos en apoyo de su conclusión relativa a su competencia. Algunos de ellos no son mencionados. Otros se mencionan en el pliego de cargos, pero no en la Decisión controvertida, lo que significa que la Comisión ya no los consideraba pertinentes. Otros también se mencionan en el pliego de cargos y en la Decisión controvertida, pero en consideraciones que no guardan relación con la apreciación del requisito de que el comercio entre los Estados miembros debe ser susceptible de resultar afectado.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del anexo VII, parte E, punto 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18; corrección de errores en DO 2012, L 247, p. 17), en relación con el anexo I, parte A, punto 2, letra c), de la Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana (DO 2000, L 197, p. 19).
25

El órgano jurisdiccional remitente matiza que tal conclusión no se desprende claramente de la jurisprudencia derivada, en particular, de la sentencia de 9 de julio de 2015, Comisión/Irlanda (C‑87/14, EU:C:2015:449), en la que el Tribunal de Justicia estimó que el tiempo de formación de los médicos de hospital no especialistas, controvertido en el asunto que dio lugar a esa sentencia, no cumplía los requisitos exigidos para ser calificado de tiempo de trabajo, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88.
45

Por lo que se refiere a este último requisito, en particular, a la exigencia de que las obligaciones de servicio público no sean discriminatorias, única exigencia controvertida en el marco de la primera cuestión prejudicial planteada, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 permite la imposición de obligaciones de servicio público con carácter general «a las empresas eléctricas» y no a algunas empresas concretas. En este contexto, el sistema de designación de las empresas encargadas de obligaciones de servicio público no puede excluir a priori a ninguna de las empresas que operan en el sector eléctrico. Así pues, cualquier eventual diferencia de trato debe justificarse objetivamente (véanse, por analogía, las sentencias de 7 de septiembre de 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, apartado 71, y de 30 de abril de 2020, Оvergas Mrezhi y Balgarska gazova asotsiatsia, C‑5/19, EU:C:2020:343, apartado 80).
«(1)

La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad [(DO 1972, L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113)], la Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles [(DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244)], la Tercera Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles [(DO 1990, L 129, p. 33)], [y] la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) [(DO 2000, L 181, p. 65)], han sido modificadas en varias ocasiones […] y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de estas cuatro Directivas así como de la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas [72/166], [84/5], 88/357/CEE y [90/232] del Consejo y la Directiva [2000/26] del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles [(DO 2005, L 149, p. 14)].
120

Ha de recordarse no obstante que, cuando se haya determinado, en una resolución judicial firme adoptada en un Estado contratante o en un Estado miembro, que una notificación roja emitida por Interpol se refiere efectivamente a los mismos hechos que aquellos por los que la persona objeto de dicha notificación ya ha sido juzgada en sentencia firme, y que, por consiguiente, el principio non bis in idem resulta aplicable, esa persona, tal y como resulta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera a tercera y habida cuenta del artículo 54 del CAAS, a la luz del artículo 50 de la Carta, no puede volver a ser objeto de diligencias penales por esos mismos hechos y, en consecuencia, ya no puede ser detenida, en base a dichos hechos, en los Estados miembros. Por consiguiente, procede considerar, en estas circunstancias, que el registro, en los ficheros de búsqueda de los Estados miembros, de los datos personales consignados en una notificación roja de Interpol ya no es necesario, de manera que la persona de que se trate debe poder exigir al responsable del tratamiento, al amparo del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2016/680, que esos datos personales se supriman sin dilación. Si, aun así, se mantiene ese registro, debe acompañarse de la mención de que la persona de que se trata no puede volver a ser perseguida en un Estado miembro o en un Estado contratante por los mismos hechos por encontrarse protegida por el principio non bis in idem.
8

El artículo 1 de la legge n. 1365, Norme per il conferimento dei posti notarili (Ley n.o 1365 relativa a las Normas de Atribución de los Puestos de Notario), de 6 de agosto de 1926 (GURI n.o 192, de 19 de agosto de 1926), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.o 1365/1926»), tiene el siguiente tenor: «Los notarios serán nombrados por decreto del Presidente de la República tras una oposición, que se celebrará en Roma al menos una vez al año, para el número de puestos que determine el Ministro de Justicia. […] Para ser admitidos a la oposición, los candidatos deberán: […] b) no haber cumplido 50 años en la fecha de la convocatoria; […]».
32

Afirma la recurrente que es un principio general del Derecho del procedimiento administrativo de la Unión que las decisiones de las instituciones y otras autoridades administrativas de la Unión que afecten negativamente a los derechos o intereses de un particular deben indicar claramente las posibles vías de recurso y los medios para ejercerlas. Esta exigencia también está prevista expresamente, entre otros, en el artículo 133, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1). Este Reglamento constituye la base jurídica actual de los requisitos reglamentarios en los que se basa la Decisión 2012/838.