Conclusiones del Abogado General Alber presentadas el 15 de octubre de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. - Incumplimiento de Estado - Falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/83/CE. - Asunto C-63/02.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-00821



Conclusiones del abogado general

1. La Comisión solicita que se declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, al no haber adoptado, en lo que atañe a Irlanda del Norte y al País de Gales, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

2. El artículo 17 de la Directiva 98/83 dispone lo siguiente:

«1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

[...]

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»

3. La Directiva entró en vigor el 25 de diciembre de 1998. Por consiguiente, debería habérsele dado cumplimiento antes del 25 de diciembre de 2000.

4. Al no haber recibido la Comisión comunicación alguna sobre la adaptación del Derecho interno, inició un procedimiento por incumplimiento y envió al Reino Unido, el 19 de abril de 2001, un escrito de requerimiento, dándole un plazo de dos meses para presentar sus observaciones.

5. Mediante escrito de 18 de junio de 2001, el Gobierno británico respondió al requerimiento transmitiendo las disposiciones para la adaptación del Derecho interno de Escocia a la Directiva. En lo que atañe al País de Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar, anunció la próxima adopción de las disposiciones jurídicas necesarias.

6. El 24 de julio de 2001, la Comisión envió al Reino Unido un dictamen motivado. En ese dictamen señaló a dicho Estado un plazo de dos meses a fin de que adoptara las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno del País de Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar a la Directiva.

7. Mediante escrito de 26 de septiembre de 2001, el Gobierno británico transmitió las disposiciones que adaptaban el Derecho interno de Gibraltar a la Directiva e informó sobre la situación de los preparativos para la adaptación en el País de Gales y en Irlanda del Norte.

8. El 26 de febrero de 2002, la Comisión interpuso el presente recurso y solicitó al Tribunal de Justicia que efectuara la declaración enunciada en el punto 1. El Reino Unido manifestó su acuerdo con que el Tribunal de Justicia resolviera en el sentido solicitado por la demandante. Comunicó que las disposiciones relativas al País de Gales, promulgadas el 7 de diciembre de 2001, habían entrado en vigor el 1 de enero de 2002. Añadió que la adaptación del Derecho interno de Irlanda del Norte a la Directiva se había retrasado debido a la insuficiencia de medios, pero que las disposiciones necesarias iban a entrar en vigor en septiembre de 2002.

Apreciación

9. A tenor del artículo 10 CE, párrafo primero, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Entre estos actos figuran las directivas que, conforme al artículo 249 CE, párrafo tercero, obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse. Esta obligación implica, para cada uno de los Estados miembros destinatarios de una Directiva, la de adoptar dentro de plazo, en su ordenamiento jurídico nacional, todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la Directiva, conforme al objetivo por ella perseguido.

10. Ahora bien, dicha exigencia no se cumple mediante la mera iniciación del procedimiento de adopción de una ley destinada a llevar a cabo la adaptación del Derecho nacional a una Directiva.

11. Según reiterada jurisprudencia, el hecho de que el incumplimiento cese con posterioridad a la expiración del plazo señalado en el dictamen motivado no afecta a la procedencia del recurso. Las disposiciones para adaptar el Derecho interno del País de Gales a la Directiva entraron en vigor el 1 de enero de 2002. El Gobierno británico ha previsto para septiembre de 2002 la adaptación del Derecho interno de Irlanda del Norte a la Directiva. Así pues, teniendo en cuenta que las disposiciones entraron o van a entrar en vigor con posterioridad a la expiración del plazo, nada se opone a que se declare el incumplimiento.

12. La Comisión ha solicitado además que se condene en costas al Reino Unido. A tenor del apartado 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Conclusión

13. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, al no haber adoptado, en lo que atañe a Irlanda del Norte y al País de Gales, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

2) Condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.