SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 9 de marzo de 2010

Asunto F-26/09

N

contra

Parlamento Europeo

«Función pública — Funcionarios — Recurso de indemnización — Admisibilidad — Acoso psicológico — Deber de asistencia y protección — Daño moral»

Objeto: Recurso en virtud de los artículos 236 CE y 152 EA, por el que N solicita la condena del Parlamento a pagarle 12.000 euros como indemnización por los daños causados, por una parte, por el acoso moral y profesional que supuestamente sufrió entre el 16 de agosto de 2006 y el 1 de mayo de 2007 y, por otra parte, por no haberse realizado una investigación administrativa interna por un organismo independiente.

Resultado: Se condena al Parlamento a indemnizar al demandante con 2.000 euros. Se desestima el recurso en todo lo demás. El Parlamento cargará con sus propias costas y con tres cuartas partes de las costas del demandante. El demandante cargará con la cuarta parte de sus propias costas.

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Omisión consistente en no adoptar una medida que exige el Estatuto — Asistencia no prestada por la institución a sus funcionarios — Exclusión — Excepción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 24, 90 y 91)

2. Funcionarios — Acoso moral — Concepto — Comportamiento que tiene por objeto desacreditar al interesado o deteriorar sus condiciones de trabajo — Exigencia de un carácter repetitivo del comportamiento

(Estatuto de los Funcionarios, art. 12 bis, ap. 3)

3. Funcionarios — Acoso moral — Concepto — Informe de calificación que contiene comentarios negativos, aunque no ofensivos para el funcionario — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, art. 12 bis, ap. 3)

4. Funcionarios — Recursos — Plazos — Solicitud de indemnización dirigida a una institución — Observancia de un plazo razonable

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90)

5. Funcionarios — Calificación — Informe de calificación — Falta de fijación de objetivos

6. Funcionarios — Recursos — Recurso de indemnización — Anulación del acto impugnado que no garantiza la reparación adecuada del perjuicio moral

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

1. Corresponde en principio al funcionario que estima poder acogerse al artículo 24 del Estatuto presentar una petición de asistencia a la institución de la que depende. Sólo determinadas circunstancias excepcionales pueden obligar a la institución a proceder sin petición previa de este funcionario, sino por su propia iniciativa, a una acción de asistencia determinada. De no concurrir tales circunstancias, la abstención de la institución de prestar espontáneamente asistencia a sus funcionarios y agentes no constituye un acto lesivo. A este respecto, en caso de que un funcionario solicite la reparación de un perjuicio ocasionado por el incumplimiento por una institución de su obligación de asistencia, la admisibilidad de la pretensión de indemnización depende de si, cuando se presentó, existía o no una decisión de denegación.

No puede entenderse como una petición de asistencia basada en el artículo 24 del Estatuto un escrito por el que el funcionario presenta a la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos una solicitud de indemnización basada en el acoso moral y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección. Tampoco puede considerarse como una petición de asistencia una reclamación para que se repare el perjuicio causado por el incumplimiento del deber de asistencia.

(véanse los apartados 47 a 49)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 12 de junio de 1986, Sommerlatte/Comisión (229/84, Rec. p. 1805), apartado 20

Tribunal de Primera Instancia: 18 de diciembre de 2008, Bélgica y Comisión/Genette (T-90/07 P y T-99/07 P, Rec. p. II-3859), apartados 101 a 103

Tribunal de la Función Pública: 31 de mayo de 2006, Frankin y otros/Comisión (F-91/05, RecFP pp. I-A-1-25 y II-A-1-83), apartado 24

2. El artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto define el acoso psicológico como una «conducta abusiva» que, para ser tal, requiere que se cumplan dos requisitos acumulativos. El primer requisito se refiere a la existencia de comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se manifiesten «de forma duradera, reiterada o sistemática», lo que implica que el acoso psicológico debe entenderse como un proceso necesariamente inscrito en el tiempo, y presupone la existencia de actuaciones reiteradas o continuas, y que tengan «carácter intencional». El segundo requisito, separado del primero por el pronombre relativo «que», exige que dichos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos tengan por efecto el que se atente contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. Del hecho de que la expresión «carácter intencional» se refiera al primer requisito, y no al segundo, puede extraerse una doble conclusión. Por una parte, que los comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos, contemplados en el artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, deben tener carácter voluntario, lo cual excluye del ámbito de aplicación de dicha disposición las acciones que se produzcan de forma accidental. Por otra parte, no se requiere, en cambio, que dichos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos se hayan realizado con la intención de atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. En otras palabras, puede haber acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto sin que el acosador haya pretendido, mediante sus acciones, desacreditar a la víctima o degradar deliberadamente sus condiciones de trabajo. Basta tan sólo con que sus acciones, siempre y cuando fueran realizadas voluntariamente, hayan dado objetivamente lugar a las referidas consecuencias.

(véase el apartado 72)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 9 de diciembre de 2008, Q/Comisión (F-52/05, RecFP pp. I-A-1-409 y II-A-1-2235), apartado 135, que es objeto de un recurso de casación pendiente ante el Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-80/09 P

3. Cuando el Tribunal de la Función Pública ha anulado el informe de calificación de un funcionario, en particular, porque la Administración procedió a la evaluación del interesado sin haber definido de antemano los objetivos para él, esta ilegalidad, por lamentable que sea, no puede considerarse por sí sola reveladora de un comportamiento de acoso moral. Asimismo, el hecho de que el informe de calificación contenga comentarios negativos sobre el funcionario no puede calificarse de acoso moral cuando tales comentarios se mantienen dentro de los límites de la amplia facultad de apreciación del calificador y, en particular, no cruzan la frontera de la crítica ofensiva o hiriente contra la propia persona del interesado.

(véase el apartado 86)

4. En la medida en que un funcionario haya impugnado la legalidad de su informe de calificación dentro del plazo del recurso jurisdiccional y siempre y cuando su petición de indemnización haya sido presentada en un plazo razonable a partir del momento en que tuvo conocimiento de ese informe es admisible la pretensión presentada, mediante escrito separado, para la reparación del supuesto perjuicio causado por dicho acto.

(véase el apartado 96)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 28 de mayo de 1998, W/Comisión (T-78/96 y T-170/96, RecFP pp. I-A-239 y II-745), apartado 159; 17 de diciembre de 2003, McAuley/Consejo (T-324/02, RecFP pp. I-A-337 y II-1657), apartados 92 y 96; 19 de ocubre de 2006, Pessoa e Costa/Comisión (T-503/04, RecFP pp. I-A-2-237 y II-A-2-139), apartados 58 y 59

Tribunal de la Función Pública: 1 de febrero de 2007, Tsarnavas/Comisión (F-125/05, RecFP pp. I-A-1-43 y II-A-1-231), apartados 69 a 71

5. Incurre en error manifiesto de apreciación e incumple el deber de asistencia y protección un evaluador que, para calificar a un funcionario, no toma en consideración el hecho de que de antemano no se le había fijado ningún objetivo para el período de evaluación.

(véase el apartado 95)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 10 de noviembre de 2009, N/Parlamento (F-71/08, RecFP pp. I-A-1-429 y II-A-1-2319)

6. La regla de que la anulación de un acto de la Administración impugnado por un funcionario constituye, en sí misma, una reparación adecuada y, en principio, suficiente de cualquier perjuicio moral admite ciertas excepciones. De este modo, la anulación de un acto ilegal de la administración no puede constituir una reparación plena del perjuicio moral sufrido si dicho acto conlleva una apreciación explícitamente negativa de las capacidades del demandante que puede ofenderle, si la ilegalidad cometida es de especial gravedad o si la anulación del acto carece de todo efecto útil.

(véanse los apartados 101 a 103, 105 y 107)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartados 25 a 29

Tribunal de Primera Instancia: 26 de enero de 1995, Pierrat/Tribunal de Justicia (T-60/94, RecFP pp. I-A-23 y II-77), apartado 62; 23 de marzo de 2000, Rudolf/Comisión (T-197/98, RecFP pp. I-A-55 y II-241), apartado 98; 21 de enero de 2004, Robinson/Parlamento (T-328/01, RecFP pp. I-A-5 y II-23), apartado 79; 30 de septiembre de 2004, Ferrer de Moncada/Comisión (T-16/03, RecFP pp. I-A-261 y II-1163), apartado 68; 13 de diciembre de 2005, Cwik/Comisión (T-155/03, T-157/03 y T-331/03, RecFP pp. I-A-411 y II-1865), apartados 205 y 206

Tribunal de la Función Pública: 13 de diciembre de 2007, Sundholm/Comisión (F-42/06, RecFP pp. I-A-1-437 y II-A-1-2499), apartado 44; 22 de octubre de 2008, Tzirani/Comisión (F-46/07, RecFP pp. I-A-1-323 y II-A-1-1773), apartado 223; 5 de mayo de 2009, Simões Dos Santos/OAMI (F-27/08, RecFP pp. I-A-1-113 y II-A-1-613), apartados 142 y 143, que es objeto de un recurso de casación pendiente ante el Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-260/09 P; 7 de julio de 2009 (Bernard/Europol, F-99/07 y F-45/08, RecFP pp. I-A-1-233 y II-A-1-1267), apartado 106