Palabras clave

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Palabras clave

1 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas destinadas al desarrollo de regiones determinadas - Facultad de apreciación de la Comisión - Referencia al contexto comunitario

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letras a) y c)]

2 Ayudas concedidas por los Estados - Examen por la Comisión - Delimitación de las ayudas en determinados sectores siderúrgicos no regulados en el Tratado CECA - Obligación de notificación - Excepción - Ayudas concedidas de conformidad con un régimen general y regional existente y autorizado por la Comisión - Alcance

(Tratado CE, art. 93, ap. 3; Comunicación 88/C 320/03 de la Comisión)

3 Ayudas concedidas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

(Tratado CE, art. 92)

4 Ayudas concedidas por los Estados - Recuperación de una ayuda ilegal - Violación del principio de proporcionalidad - Inexistencia

(Tratado CE, art. 93, ap 2, párr. 1)

5 Ayudas concedidas por los Estados - Recuperación de una ayuda ilegal - Ayuda concedida incumpliendo las normas de procedimiento del artículo 93 del Tratado - Posible confianza legítima de los beneficiarios - Protección - Requisitos y límites

(Tratado CE, arts. 92 y 93, ap. 2, párr. 1)

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6 La diferencia de redacción de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado no puede llevar a considerar que la Comisión no deba tener en absoluto en cuenta el interés comunitario cuando aplica la letra a) de dicho artículo y que deba limitarse a comprobar el carácter regional de las medidas de que se trate, sin evaluar su incidencia sobre el o los mercados correspondientes en el conjunto de la Comunidad.

El apartado 3 del artículo 92 del Tratado confiere a la Comisión una facultad discrecional cuyo ejercicio requiere apreciaciones de carácter económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario. La Comisión no sobrepasa los límites de su facultad de apreciación cuando, siguiendo las orientaciones que tiene intención de aplicar a los regímenes de ayudas con incidencia regional, declara una ayuda de este tipo incompatible con el mercado común debido al exceso de capacidad existente en el sector de actividad afectado. En efecto, la utilización de este criterio evita que se favorezca la realización de iniciativas económicamente precarias que, dado que no hacen sino agravar los desequilibrios que sufren los mercados afectados, no pueden finalmente resolver de manera eficaz y duradera los problemas de desarrollo de las regiones de que se trata.

7 Aun suponiendo que determinadas ayudas de Estado que afectan a un sector siderúrgico como el de las fundiciones de acero pudieran enmarcarse en una normativa nacional que fue posteriormente aprobada por la Comisión como régimen general de ayudas regionales, en ningún caso puede considerarse que se hayan concedido de conformidad con un régimen general existente y autorizado por la Comisión y que puedan, por consiguiente, ampararse en la excepción a la obligación de notificación previa prevista en la delimitación de las ayudas adoptada por dicha Institución en determinados sectores siderúrgicos no regulados en el Tratado CECA.

8 Cuando la Comisión dispone de una gran libertad de apreciación, como sucede para la aplicación del artículo 92 del Tratado, el órgano jurisdiccional comunitario no puede, al controlar la legalidad del ejercicio de dicha libertad, sustituir las apreciaciones de la autoridad competente en la materia por las suyas propias, sino que debe limitarse a examinar si tales apreciaciones incurren en error manifiesto o en desviación de poder.

9 La supresión de una ayuda ilegal por vía de recuperación es la consecuencia lógica de la comprobación de su ilegalidad. Por consiguiente, la recuperación de una ayuda de Estado ilegalmente concedida, con objeto de restablecer la situación anterior, no puede, en principio, considerarse una medida desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado. Lo mismo sucede en lo que respecta a la reclamación de intereses por el período comprendido entre la fecha en que se abonaron las ayudas y la fecha de su devolución efectiva.

10 Un Estado miembro cuyas autoridades han concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 93 del Tratado no puede invocar la confianza legítima de la empresa beneficiaria para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias al objeto de ejecutar una Decisión de la Comisión mediante la cual se le ordene recuperar la ayuda. En efecto, admitir esta posibilidad equivaldría a privar de efecto útil a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Tratado, en la medida en que las autoridades nacionales podrían, de esta manera, basarse en su propio comportamiento ilegal para desvirtuar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo a las citadas disposiciones.

Además, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas de Estado que efectúa la Comisión con arreglo al artículo 93 del Tratado, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se haya concedido observando el procedimiento que prevé dicho artículo. En efecto, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento.

Cuando determinadas ayudas se concedieron sin haber sido previamente notificadas, incumpliendo las obligaciones que impone a los Estados miembros el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, no puede considerarse que el hecho de que la Comisión decidiera inicialmente no plantear objeciones a dichas ayudas haya podido originar en la empresa beneficiaria una confianza legítima, ya que esta decisión se impugnó dentro de los plazos señalados para la interposición de un recurso contencioso y fue posteriormente anulada por el Tribunal de Justicia. Por lamentable que sea, el error así cometido por la Comisión no puede eliminar las consecuencias del comportamiento ilegal del Estado miembro de que se trate.