Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 14 de mayo de 1998. - Enso Española SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE - Derecho a un tribunal independiente e imparcial - Derechos de defensa - Motivación - Multa - Determinación de la cuantía - Métode de cálculo - Circunstancias atenuantes - Principio de igualdad de trato - Principio de proporcionalidad. - Asunto T-348/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-01875



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Derecho Comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Juez comunitario - Consideración del Convenio Europeo de Derechos Humanos

(Tratado de la Unión Europea, art. F, ap. 2)

2 Competencia - Procedimiento administrativo - Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos - Respeto de las garantías procesales por la Comisión - Control jurisdiccional efectivo de las Decisiones de la Comisión - Órgano jurisdiccional independiente e imparcial - Competencia jurisdiccional plena

(Tratado CE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17; Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo)

3 Derecho comunitario - Principios - Derechos de defensa - Respeto en el marco de los procedimientos administrativos

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Pliego de cargos - Contenido necesario

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 4)

5 Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

(Tratado CE, art. 190)

6 Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Requisitos de forma - Identificación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

7 Competencia - Prácticas colusorias - Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia - Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

8 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única - Empresas a quienes puede reprocharse la infracción consistente en la participación en un cartel global - Criterios

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

9 Competencia - Prácticas colusorias - Infracción que tiene por objeto la restricción de la competencia en un mercado geográfico determinado - Definición previa del mercado geográfico - Falta de obligación

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

10 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

11 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias agravantes - Ocultación del cartel - Prueba deducida de la inexistencia de notas relativas a las reuniones de las empresas que han participado en el cartel

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

12 Competencia - Normas comunitarias - Infracciones - Comisión deliberada - Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

13 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Conducta divergente de la convenida en el cartel - Apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

14 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Situación económica de la empresa interesada - Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

15 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Inexistencia de medidas de control de la aplicación de un cartel - Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

16 Competencia - Multas - Cuantía - Métodos de cálculo - Conversión en ECU del volumen de negocios de las empresas en el año de referencia aplicando los tipos de cambio medios del mismo año - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

17 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1 Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario. A este respecto, el Juez comunitario se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos reviste un significado particular.

2 La Comisión, cuando aplica las disposiciones del Derecho comunitario sobre competencia, no puede ser calificada de «tribunal» en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por consiguiente, una Decisión de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia no puede ser ilegal simplemente porque fue adoptada en el marco de un sistema que concentra en la Comisión las funciones acusatoria y resolutoria. No obstante, durante el procedimiento administrativo ante la Comisión, ésta está obligada a respetar las garantías procesales establecidas por el Derecho comunitario.

El Derecho comunitario confiere a la Comisión una misión de vigilancia que comprende el deber de actuar contra las infracciones del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 del Tratado. El Reglamento nº 17 le otorga además la facultad de imponer, mediante Decisión, sanciones pecuniarias a las empresas y asociaciones de empresas que hayan infringido las referidas disposiciones deliberadamente o por negligencia.

La exigencia de control jurisdiccional efectivo de toda Decisión de la Comisión por la que se aprecie y sancione una infracción a las normas comunitarias sobre la competencia antes mencionadas constituye un principio general del Derecho comunitario que se deriva de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Dicho principio no se ha violado, toda vez que tal control es efectuado, en virtud de la Decisión del Consejo nº 88/591, por un órgano jurisdiccional independiente e imparcial como el Tribunal de Primera Instancia, que puede, según los motivos invocados por una persona física o jurídica en apoyo de su pretensión de anulación, apreciar el fundamento, tanto jurídico como fáctico, de toda acusación formulada por la Comisión en el ámbito de la competencia, y que, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento nº 17, tiene competencia para apreciar si la sanción pecuniaria impuesta es proporcionada a la gravedad de la infracción comprobada.

3 El respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental de Derecho comunitario que debe ser observado, aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo.

4 El pliego de cargos, cuyo objeto es facilitar a las empresas que son objeto de un procedimiento de Derecho de la competencia todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz antes de que la Comisión adopte una Decisión definitiva, debe estar redactado en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que la Comisión les reprocha.

5 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a indicar los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la Decisión y las consideraciones que la llevaron a adoptar ésta, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados en el curso del procedimiento administrativo.

6 Según la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el escrito de interposición del recurso deberá indicar la cuestión objeto del litigio y deberá contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otra información. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda.

7 El hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia y en las que dicha empresa ha participado no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones. Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

8 Para que la Comisión pueda imputar a cada una de las empresas destinatarias de una Decisión de aplicación de las normas sobre competencia responsabilidad, durante un período determinado, por un cartel global que abarca diversos comportamientos contrarios a la competencia, tiene que acreditar que cada una de dichas empresas, bien prestó su consentimiento para la adopción de un plan global que incluyera los elementos constitutivos del cartel, o bien participó directamente, durante dicho período, en todos los referidos elementos. También puede imputarse a una empresa la responsabilidad por un cartel global, aun cuando se haya acreditado que participó directamente sólo en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cartel, si sabía o necesariamente tenía que saber, por un lado, que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan global y, por otro lado, que dicho plan global abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos del cartel. De ser así, el hecho de que la empresa de que se trate no haya participado directamente en todos los elementos constitutivos del cartel global no puede disculparla de la responsabilidad por la infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Esa circunstancia puede, no obstante, tenerse en cuenta al evaluar la gravedad de la infracción apreciada en su contra.

9 Cuando la Comisión aprecia la existencia de una infracción que tiene por objeto una restricción de la competencia en un mercado geográfico determinado, la apreciación de la existencia de dicha restricción de la competencia no requiere una definición previa del mercado geográfico.

10 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

11 El hecho de que las empresas que participaron en una colusión sobre los precios planificaran el anuncio de los incrementos de precio concertados y fueran disuadidas de tomar notas relativas a las correspondientes reuniones prueba que eran conscientes de la ilegalidad de su conducta y que adoptaron medidas para ocultar la colusión. La Comisión puede valorar estas medidas como circunstancias agravantes en la apreciación de la gravedad de la infracción.

A este respecto, la inexistencia de actas oficiales y la falta casi absoluta de notas internas sobre dichas reuniones pueden constituir, habida cuenta del número, de su duración a lo largo del tiempo y de la naturaleza de los debates celebrados, una prueba suficiente de que se disuadía a los participantes de tomar notas.

12 Para que una infracción de las normas comunitarias sobre competencia pueda considerarse cometida deliberadamente, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era restringir la competencia en el mercado común.

13 Una vez que se ha acreditado la participación de una empresa en una concertación con sus competidores en materia de precios, el hecho de que la empresa no haya ajustado su conducta en el mercado a la convenida con sus competidores no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta, como circunstancia atenuante, al determinar la cuantía de la multa que deba imponerse. En efecto, es posible que una empresa que, pese a la concertación con sus competidores, sigue una política más o menos independiente en el mercado intente simplemente utilizar el cartel en su propio provecho.

14 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, la Comisión no está obligada a tener en cuenta, como circunstancia atenuante, la situación deficitaria de la empresa interesada. El reconocimiento de semejante obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

15 Si bien la existencia de medidas de control de la aplicación de un cartel puede ser tenida en cuenta como circunstancia agravante a la hora de fijar las multas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, la inexistencia de dichas medidas no puede, en sí, constituir una circunstancia atenuante.

16 Cuando impone multas a varias empresas por haber infringido las normas comunitarias sobre competencia, nada impide a la Comisión expresar sus importes en ECU, unidad monetaria convertible en moneda nacional. Ello permite, por otra parte, a las empresas comparar más fácilmente los importes de las multas impuestas. Además, la posibilidad de convertir el ECU en moneda nacional distingue a esta unidad monetaria de la «unidad de cuenta» mencionada en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, que, al no ser una moneda de pago, implica necesariamente la determinación del importe de la multa en moneda nacional.

Para calcular la multa, la Comisión puede, válidamente, utilizar un método consistente en convertir en ECU el volumen de negocios del año de referencia de cada una de las empresas aplicando los tipos de cambio medios del mismo año, y no según los tipos de cambio vigentes en la fecha de adopción de la Decisión.

En primer lugar, en efecto, la Comisión debe normalmente utilizar un único método de cálculo de las multas impuestas a las empresas sancionadas por haber participado en una misma infracción. A continuación, para poder comparar los diferentes volúmenes de negocios comunicados, expresados en las respectivas monedas nacionales de las empresas afectadas, la Comisión debe convertir dichos volúmenes de negocios en una única unidad monetaria, como el ECU, cuyo valor se determina en función del valor de cada moneda nacional de los Estados miembros.

Además, por una parte, la consideración del volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas durante el año de referencia, esto es, el último año completo del período de infracción contemplado, permite a la Comisión apreciar la dimensión y la potencia económica de cada empresa, así como la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas, elementos que son pertinentes para apreciar la gravedad de la infracción cometida por cada empresa. Por otra parte, el hecho de haber tenido en cuenta, para la conversión en ECU de los correspondientes volúmenes de negocios, los tipos de cambio medios del año de referencia considerado permite a la Comisión evitar que las eventuales fluctuaciones monetarias ocurridas desde el cese de la infracción incidan en la apreciación de la dimensión y potencia económica relativas de las empresas, así como de la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas y, por consiguiente, en la apreciación de la gravedad de dicha infracción. Esta apreciación debe referirse a la realidad económica tal como se manifestaba en la época en que se cometió dicha infracción.

Por consiguiente, el método de cálculo de la multa consistente en aplicar el tipo de cambio medio del año de referencia permite evitar los efectos aleatorios de las modificaciones de los valores reales de las monedas nacionales que pueden producirse entre el año de referencia y el año en que se adopta la Decisión. Si bien este método puede significar que una empresa determinada deba pagar una cantidad, expresada en moneda nacional, nominalmente superior o inferior a la que tendría que haberse pagado en el supuesto de aplicarse el tipo de cambio de la fecha en que se adoptó la Decisión, ello no es sino la consecuencia lógica de las fluctuaciones de los valores reales de las diferentes monedas nacionales.

17 La determinación de la cuantía de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre competencia está en función de la gravedad y de la duración de la infracción. A este respecto, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al fijar el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

Partes

En el asunto T-348/94,

Enso Española, S.A., sociedad española, con domicilio social en Castellbisbal, Barcelona, representada inicialmente por los Sres. Antonio Creus Carreras y Xavier Ruiz Calzado, Abogados del Ilustre Colegio de Barcelona, José Ramón García-Gallardo, Abogado del Ilustre Colegio de Burgos, y Bonifacio García Porras, Abogado del Ilustre Colegio de Salamanca, y posteriormente por los Sres. Creus Carreras y Ruiz Calzado y por la Sra. Eva Contreras Ynzenga, Abogada del Ilustre Colegio de Madrid,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. Francisco Enrique González Díaz y Richard Lyal, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, y posteriormente por el Sr. Lyal, asistido por el Sr. Ricardo García Vicente, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y por el Sr. C.P. Briët, la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 25 de junio de 1997 al 8 de julio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del litigio

1 El presente asunto se refiere a la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1), rectificada, antes de su publicación, por la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1994 [C(94) 2135 final] (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión impuso multas a diecinueve fabricantes proveedores de cartoncillo de la Comunidad por haber infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El producto que constituye el objeto de la Decisión es el cartoncillo. La Decisión menciona tres tipos de cartoncillo, correspondientes a las calidades «GC», «GD» y «SBS».

3 El cartoncillo de calidad GD (en lo sucesivo, «cartoncillo GD») es un cartoncillo de tercera (a base de papel reciclado) que normalmente se utiliza para el embalaje de productos no alimentarios.

4 El cartoncillo de calidad GC (en lo sucesivo, «cartoncillo GC») es un cartoncillo que lleva una capa exterior blanca y se suele utilizar para el embalaje de productos alimentarios. El cartoncillo GC es de calidad superior a la del cartoncillo GD. Durante el período contemplado por la Decisión existió generalmente entre estos dos productos una diferencia de precio próxima al 30 %. El cartoncillo GC se utiliza también, en menor medida, para las artes gráficas.

5 SBS es la sigla utilizada para designar el cartoncillo blanco homogéneo (en lo sucesivo, «cartoncillo SBS»). Se trata de un cartoncillo cuyo precio es superior al del cartoncillo GC en, aproximadamente, un 20 %. Se utiliza para el embalaje de productos alimentarios, cosméticos, medicamentos y cigarrillos, pero se destina principalmente a las artes gráficas.

6 Mediante escrito de 22 de noviembre de 1990, la British Printing Industries Federation, organización profesional que representa a la mayoría de los impresores de cartoncillo del Reino Unido (en lo sucesivo, «BPIF»), presentó una denuncia informal ante la Comisión. En ella afirmaba que los productores de cartoncillo proveedores del Reino Unido habían llevado a cabo una serie de aumentos de precios uniformes y simultáneos, por lo que pedía a la Comisión que investigara si se había producido una infracción de las normas comunitarias sobre competencia. Para asegurarse de que su iniciativa recibiera una publicidad suficiente, la BPIF publicó un comunicado de prensa. En diciembre de 1990, la prensa profesional especializada difundió el contenido de dicho comunicado.

7 El 12 de diciembre de 1990, la Fédération française du cartonnage presentó también una denuncia informal ante la Comisión, en la que formulaba observaciones relativas al mercado francés del cartoncillo en términos parecidos a los de la denuncia de la BPIF.

8 Los días 23 y 24 de abril de 1991, agentes de la Comisión llevaron a cabo, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), unas inspecciones efectuadas simultáneamente y sin previo aviso en los locales de una serie de empresas y asociaciones comerciales del sector del cartoncillo.

9 Una vez realizadas dichas investigaciones, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión dirigió varias solicitudes de información y de documentos a todos los destinatarios de la Decisión.

10 Los elementos obtenidos en dichas verificaciones y solicitudes de información y de documentos llevaron a la Comisión a la conclusión de que las empresas de que se trataba habían participado, al menos entre mediados de 1986 y abril de 1991 (la mayoría de ellas), en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

11 Por ello, la Comisión decidió iniciar un procedimiento con arreglo a dicha disposición. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1992, dirigió un pliego de cargos a cada una de las empresas afectadas. Todas las empresas destinatarias presentaron observaciones escritas. Nueve empresas solicitaron ser oídas. Entre el 7 y el 9 de junio de 1993 tuvo lugar la audiencia.

12 Al finalizar dicho procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión, que contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard-the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek "De Eendracht" NV (cuyo nombre comercial es BPB De Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (antes Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [antes Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (antes Tampella Española SA), y Moritz J. Weig GmbH & Co KG han infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE al participar:

- en el caso de Buchmann y Rena, desde aproximadamente marzo de 1988 hasta, como mínimo, finales de 1990;

- en el caso de Enso Española desde, como mínimo, marzo de 1988 hasta, por lo menos, abril de 1991;

- en el caso de Gruber & Weber desde, como mínimo, 1988 hasta finales de 1990;

- en la mayor parte de los casos, desde mediados de 1986 hasta finales de abril de 1991,

en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad:

- se reunían periódicamente con carácter secreto e institucionalizado con objeto de discutir y adoptar un plan industrial común para restringir la competencia;

- acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional;

- planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad;

- llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica);

- aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios;

- intercambiaban información comercial (sobre entregas, precios, interrupciones de la producción, carteras de pedidos y porcentajes de utilización de la maquinaria) para reforzar las medidas antes citadas.

[...]

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que se citan a continuación en relación con la infracción descrita en el artículo 1:

[...]

xviii) Enso Española SA, una multa de 1.750.000 ECU;

[...]»

13 Según la Decisión, la infracción se produjo en el seno de un organismo denominado «Product Group (o PG) Paperboard» («Grupo de estudio del producto Cartoncillo»; en lo sucesivo, «GEP Cartoncillo»), compuesto por varios grupos o comités.

14 Este organismo fue provisto, a mediados de 1986, de un «Presidents Working Group» (en lo sucesivo, «PWG») compuesto por altos representantes de los principales fabricantes de cartoncillo de la Comunidad (ocho, aproximadamente).

15 Las actividades del PWG consistían, en particular, en los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios y la capacidad de producción. En especial, el PWG tomaba decisiones de carácter general relativas al momento y la magnitud de los incrementos de precio que debían aplicar los productores de cartoncillo.

16 El PWG informaba a la «President Conference» (en lo sucesivo, «PC»), en la que participaba (con mayor o menor regularidad) la práctica totalidad de los directores generales de las empresas. La PC se reunió, durante el período de que se trata, dos veces al año.

17 A finales de 1987 se creó el «Joint Marketing Committee» (en lo sucesivo, «JMC»). El cometido principal del JMC consistía, por una parte, en determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se deberían efectuar y, por otra parte, en determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país y para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente de precios en Europa.

18 Por último, el «Economic Committee» (en lo sucesivo, «EC») debatía, entre otras materias, sobre las fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y la cartera de pedidos, y comunicaba sus conclusiones al JMC o, hasta finales de 1987, al «Marketing Committee», predecesor del JMC. El EC estaba compuesto por los directores comerciales de la mayor parte de las empresas de que se trata y se reunía varias veces al año.

19 Se desprende asimismo de la Decisión que la Comisión consideró que las actividades del GEP Cartoncillo se apoyaban en un intercambio de información a través de la compañía fiduciaria FIDES, con domicilio social en Zúrich (Suiza). Según la Decisión, la mayor parte de los miembros del GEP Cartoncillo facilitaban a FIDES periódicamente informes sobre los pedidos, la producción, las ventas y la utilización de la capacidad. En el marco del sistema FIDES se cotejaban los informes y se enviaban a los participantes los datos considerados conformes.

20 La demandante, Enso Española, S.A. (en lo sucesivo, «Enso Española»), antes Tampella Española, S.A., participó, según la Decisión, en algunas reuniones del JMC (entre febrero de 1989 y abril de 1991), de la PC (desde mayo de 1988 hasta mayo de 1989) y del EC (desde febrero de 1987 hasta mayo de 1989).

Procedimiento

21 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de octubre de 1994, la demandante interpuso el presente recurso.

22 Dieciséis de las restantes dieciocho empresas consideradas responsables de la infracción interpusieron asimismo recursos contra la Decisión (asuntos T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-352/94 y T-354/94).

23 La demandante en el asunto T-301/94, Laakmann Karton GmbH, desistió de su recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 1996 y, mediante auto de 18 de junio de 1996, Laakmann Karton GmbH/Comisión (T-301/94, no publicado en la Recopilación), el asunto fue archivado, haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

24 Cuatro empresas finlandesas, miembros de la agrupación comercial Finnboard y consideradas, como tales, solidariamente responsables del pago de la multa impuesta a ésta, interpusieron igualmente recursos contra la Decisión (asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y T-342/94).

25 Por último, interpuso un recurso la asociación CEPI-Cartonboard, que no era destinataria de la Decisión. Sin embargo, desistió de él mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 1997, y el asunto fue archivado mediante auto de 6 de marzo de 1997, CEPI-Cartonboard/Comisión (T-312/94, no publicado en la Recopilación), haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

26 Mediante escrito de 5 de febrero de 1997, el Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a una reunión informal para que presentaran sus observaciones sobre la posible acumulación de los asuntos T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94 a efectos de la fase oral del procedimiento. En dicha reunión, que se celebró el 29 de abril de 1997, las partes aceptaron tal acumulación.

27 Mediante auto de 4 de junio de 1997, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los asuntos mencionados a efectos de la fase oral por razón de su conexión, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, y acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-334/94.

28 Mediante auto de 20 de junio de 1997, acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-337/94 con respecto a un documento aportado en respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia.

29 Visto el Informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral y acordó la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo a las partes que respondieran a determinadas preguntas escritas y que aportaran ciertos documentos. Las partes así lo hicieron.

30 En la vista celebrada entre el 25 de junio y el 8 de julio de 1997 se oyeron los informes de las partes de los asuntos mencionados en el apartado 26 y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

31 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Declare nula total o parcialmente la Decisión en la medida en que se refiera a la demandante.

- A título subsidiario, suprima la multa impuesta a la demandante.

- Igualmente a título subsidiario, reduzca sustancialmente la multa.

- Condene a la Comisión al pago a la demandante de la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento, incluyéndose los gastos e intereses que se derivasen del afianzamiento o pago eventual de la totalidad o de una parte de la multa.

32 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de anulación de la Decisión

A. Sobre el motivo relativo a la violación del derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial

Alegaciones de las partes

33 La demandante sostiene que el hecho de que se concentren en la Comisión las funciones de instrucción y resolución vulnera el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial.

34 Este motivo consta de dos partes. En la primera de ellas, la demandante alega que el derecho fundamental invocado está recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). En la segunda, mantiene que está arraigado en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros.

35 Por lo que se refiere a la primera parte de este motivo, la demandante recuerda que el tribunal que conoce de una acusación penal en el sentido del artículo 6 del CEDH debe ser imparcial. Es, por consiguiente, obligado, que la instrucción del procedimiento sancionador y la toma de la decisión que pone fin al mismo sean realizadas por órganos o personas diferentes (sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1 de octubre de 1982, Piersack, serie A, nº 53, y de 26 de octubre de 1984, De Cubber, serie A, nº 86). A este respecto señala que la Comisión Europea de Derechos Humanos ha calificado como acusación penal decisiones relativas al Derecho de la competencia (decisión de 9 de febrero de 1990, M & Co./Alemania, nº 13258/87, vol. 64, p. 138, y dictamen en el asunto Société Stenuit/Estado Francés, nº 11598/85, informe de 30 de mayo de 1991, serie A, nº 232-A).

36 Según la demandante, tres razones exigían el respeto de las garantías contenidas en el artículo 6 del CEDH.

37 Primeramente, la Decisión de la Comisión reviste carácter penal (dictámenes de la Comisión Europea de Derechos Humanos en los asuntos Stenuit/Estado francés y M & Co./Alemania, antes citados). La naturaleza penal de las multas resulta, según la demandante, de su carácter represivo, y prueba de ello es la publicidad llevada a cabo por la Comisión con fines disuasorios.

38 En segundo lugar, aun suponiendo que la sanción impuesta no tenga carácter penal, la demandante considera que las garantías penales deberían aplicarse a un procedimiento administrativo sancionador como el procedimiento administrativo seguido ante la Comisión. Poco importa, a este respecto, la naturaleza formal con que aparecen calificadas tales sanciones en Derecho interno y, en el presente caso, en el Derecho comunitario.

39 Invocando sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 8 de junio de 1976, Engel y otros, serie A, nº 22; de 21 de febrero de 1984, Öztürk, serie A, nº 73, y de 28 de junio de 1984, Campbell y Fell, serie A, nº 80), la demandante estima que el derecho fundamental a un juicio justo puede aplicarse al caso de autos, pese al hecho de que la Comisión no haya sido asimilada a un Tribunal a efectos del artículo 6 del CEDH (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartados 79 a 91, y de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825).

40 Por último, la demandante estima que la parcialidad de la Comisión podría ser subsanada con la posibilidad de un recurso ulterior ante un órgano jurisdiccional que goce de plena jurisdicción (sentencia De Cubber, antes citada). Pero ello no es así en el presente caso, ya que la revisión efectuada por el Tribunal de Primera Instancia con arreglo a los artículos 172 y 173 del Tratado no es, en modo alguno, una revisión de plena jurisdicción que conozca de todas las apreciaciones de hecho y fundamentos de Derecho, en el sentido de la sentencia De Cubber, antes citada.

41 El recurso previsto en el artículo 173 del Tratado no faculta, según la demandante, al Tribunal de Primera Instancia para efectuar la apreciación de la situación resultante de los hechos o circunstancias económicas sobre cuya base se hubieran adoptado tales decisiones o formulado tales recomendaciones, excepto cuando se acuse a la Comisión de haber incurrido en desviación de poder o de haber ignorado manifiestamente las disposiciones del Tratado o cualquier norma relativa a su ejecución. Fundándose en dos sentencias del Tribunal de Justicia (sentencias de 11 de julio de 1985, Remia/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545, apartado 34, y de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, Rec. p. I-3203, apartado 23), la demandante estima que la revisión de carácter judicial de las Decisiones de la Comisión con arreglo al artículo 173 del Tratado es un mero control de legalidad que no coincide con las exigencias de la revisión de plena jurisdicción.

42 Por lo que respecta a la revisión de las multas prevista en el artículo 172 del Tratado CE, la demandante señala que es textualmente una revisión de plena jurisdicción y constituye una extensión de las facultades de revisión del Juez comunitario en el marco del recuso de anulación (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1958, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SpA/Alta Autoridad, 9/56, Rec. p. 9).

43 No obstante, esta revisión no es una revisión de plena jurisdicción a efectos del CEDH, puesto que el Tribunal de Primera Instancia solamente podrá ejercerlo en supuestos de «iniquité manifeste» (sentencia de 10 de diciembre de 1957, A.L.M.A./Alta Autoridad, 8/56, Rec. pp. 179, 192) o de error significativo de Derecho o de hecho (conclusiones del Abogado General Sr. Warner en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1979, BMW Belgium y otros/Comisión, asuntos acumulados 32/78 y 36/78 a 82/78, Rec. pp. 2435, 2484).

44 Suponiendo incluso que esta revisión fuera considerada una revisión de plena jurisdicción, la demandante estima que tal revisión no se refiere a la totalidad de la Decisión impugnada, tal y como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, la única consecuencia posible de dicha revisión es la modificación de la sanción, sin que se examinen los hechos y las apreciaciones de hecho de los que se sirvió la Comisión para construir y elaborar la base legal sobre la que se fundamenta dicha sanción.

45 En la segunda parte del motivo, la demandante afirma que el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial está reconocido por las tradiciones de los Estados miembros.

46 La demandante señala que el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea exige la aplicación de los derechos fundamentales según las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Pues bien, el derecho fundamental a un Tribunal imparcial lo garantizan en los Estados miembros dos tipos de sistemas procedimentales de control de las infracciones del Derecho de la competencia, tal y como se distinguen en la sentencia De Cubber, antes citada.

47 El primer tipo de procedimiento separa desde un primer momento las fases de instrucción y de decisión. Diferentes sistemas nacionales de control de la competencia, a saber, los sistemas francés, griego, belga, portugués, español, danés, austriaco, finlandés y sueco, recogen esta distinción entre instrucción y decisión. Algunos de ellos, a saber, los sistemas belga, portugués, español, danés y sueco, permiten incluso, en una fase ulterior, un control de plena jurisdicción. En cambio, el procedimiento de aplicación del Derecho de la competencia en el Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos no prevé la imposición de multas por parte de los órganos encargados de la protección de la libre competencia.

48 El segundo tipo de procedimiento, vigente en Alemania e Italia, no distingue las fases de instrucción y de decisión, pero cuenta posteriormente con un verdadero recurso de plena jurisdicción con características que lo hacen conforme con el artículo 6 del CEDH.

49 Habida cuenta de estos elementos, la demandante considera que las tradiciones constitucionales de los Estados miembros son más protectoras del derecho a un tribunal imparcial que la interpretación de minimis llevada a cabo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al artículo 6 del CEDH. Por ello, suponiendo incluso que el Tribunal de Primera Instancia considerase que la Decisión respeta el derecho a un tribunal imparcial según las normas establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no podría declarar, sin embargo, que la Decisión garantiza el derecho a un tribunal imparcial tal como el mismo es entendido por las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, reflejadas en los procedimientos relativos al Derecho de la competencia.

50 La Comisión considera, en primer lugar, que el Derecho comunitario de la competencia no está comprendido dentro del concepto de materia penal y, como tal, no es subsumible en el apartado 1 del artículo 6 del CEDH.

51 En segundo lugar, la Comisión afirma que no puede ser asimilada a un Tribunal en el sentido del artículo 6 del CEDH.

52 En tercer lugar, la Comisión estima que la demandante ha interpretado erróneamente el artículo 173 del Tratado y la jurisprudencia relativa a éste al afirmar que es imposible aplicar la jurisprudencia De Cubber del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el contexto comunitario, dada la ausencia de un recurso ulterior ante un órgano jurisdiccional que conozca y revise todas y cada una de las cuestiones de hecho de la Decisión, así como la apreciación que haga de los mismos la Comisión.

53 En efecto, el artículo 173 del Tratado habilita al Juez comunitario, mediante el control del error de hecho y de Derecho, a proceder a un examen exhaustivo tanto de la constatación de los hechos como de la apreciación de los mismos que haga la Comisión. Además, el hecho de que el órgano jurisdiccional comunitario no pueda sustituir con su apreciación la del autor de la Decisión no obsta para que la Comisión deba, en todo caso, adoptar las medidas necesarias para la ejecución de una posible decisión de anulación, con arreglo al artículo 176 del Tratado CE (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, SIV y otros/Comisión, asuntos acumulados T-68/89, T-77/89 y T-78/89, Rec. p. II-1403). Por último, la propia Comisión Europea de Derechos Humanos ha considerado que el artículo 173 del Tratado constituye un ejemplo de control limitado pero normal en el sentido del artículo 6 del CEDH (informe de 17 de julio de 1980, asunto Kaplan, DR, vol. 21, p. 66).

54 Por lo que se refiere a la revisión de la sanción prevista en el artículo 172 del Tratado, la práctica del órgano jurisdiccional comunitario va más allá del control de la «iniquité manifeste» (sentencia A.L.M.A./Alta Autoridad, antes citada) o del «erreur significative» (conclusiones del Abogado General Sr. Warner en el asunto BMW Belgium y otros/Comisión, antes citadas), ya que el Juez comunitario además verifica, entre otros aspectos, si la multa es proporcionada a la gravedad de la infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1962, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena/Alta Autoridad, 16/61, Rec. pp. 547, 576 y 581, y de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión, asuntos acumulados 6/73 y 7/73, Rec. pp. 223, 260).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

55 Según reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario (véase, en particular, el dictamen del Tribunal de Justicia, de 28 de marzo de 1996, 2/94, Rec. p. I-1759, apartado 33, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de mayo de 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, apartado 14). A este respecto, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se inspiran en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el CEDH reviste un significado particular (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 18, y Kremzow, antes citada, apartado 14). Por otra parte, a tenor del apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea, «la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el [CEDH] y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario».

56 También es reiterada jurisprudencia que no puede calificarse a la Comisión de «tribunal» en el sentido del artículo 6 del CEDH (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 7). Por consiguiente, carece de pertinencia la alegación de la demandante según la cual la Decisión es ilegal simplemente porque fue adoptada en el marco de un sistema que concentra en la Comisión las funciones acusatoria y resolutoria. No obstante, es importante subrayar que, durante el procedimiento administrativo ante la Comisión, ésta está obligada a respetar las garantías procesales establecidas por el Derecho comunitario.

57 La demandante alega además que, en el estado actual del Derecho comunitario, la parcialidad de la Comisión no puede ser subsanada mediante la posibilidad de interponer contra la Decisión adoptada un recurso ante un órgano jurisdiccional dotado de competencia jurisdiccional plena, en contra de las exigencias que se derivan del cumplimiento del CEDH.

58 A este respecto, debe recordarse que el Derecho comunitario confiere a la Comisión una misión de vigilancia que comprende el deber de actuar contra las infracciones del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 del Tratado.

59 El Reglamento nº 17 le otorga además la facultad de imponer, mediante Decisión, sanciones pecuniarias a las empresas y asociaciones de empresas que hayan infringido las referidas disposiciones deliberadamente o por negligencia.

60 La exigencia de control jurisdiccional efectivo de toda Decisión de la Comisión por la que se aprecie y sancione una infracción a las normas comunitarias sobre la competencia antes mencionadas constituye un principio general del Derecho comunitario que se deriva de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de junio de 1995, Guérin automobiles/Comisión, T-186/94, Rec. p. II-1753, apartado 23).

61 En el caso de autos, no se ha violado este principio general del Derecho comunitario.

62 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, instaurado por la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1; corrección de errores en DO 1989, L 241, p. 4). Según resulta del tercer considerando de dicha Decisión, este Tribunal fue creado, entre otras razones, para mejorar la tutela judicial de los justiciables en los recursos que exijan un examen profundo de hechos complejos.

63 En segundo lugar, en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de esa misma Decisión, el Tribunal de Primera Instancia es competente para ejercer las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia por los Tratados constitutivos de las Comunidades y por los actos adoptados para su ejecución, entre otros, «respecto de los recursos interpuestos contra una Institución de las Comunidades por personas físicas o jurídicas en virtud del párrafo segundo del artículo 173 [...] del Tratado [...] que se refieran a la ejecución de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas». En el marco de estos recursos interpuestos al amparo del artículo 173 del Tratado, el control de legalidad de una Decisión de la Comisión por la que se declara una infracción de las normas sobre la competencia y se impone por ello una multa a la persona física o jurídica implicada debe considerarse un control jurisdiccional efectivo de dicho acto. En efecto, los motivos que puede invocar dicha persona física o jurídica en apoyo de su pretensión de anulación permiten al Tribunal de Primera Instancia apreciar el fundamento, tanto jurídico como fáctico, de toda acusación formulada por la Comisión en el ámbito de la competencia.

64 En tercer lugar, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento nº 17, el Tribunal de Primera Instancia «tendrá competencia jurisdiccional plena en el sentido del artículo 172 del Tratado sobre los recursos interpuestos contra las Decisiones mediante las cuales la Comisión hubiera fijado una multa o una multa coercitiva [y] podrá suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta». Por consiguiente, tiene competencia para apreciar si la sanción pecuniaria impuesta es proporcionada a la gravedad de la infracción comprobada.

65 En vista de cuanto queda expuesto, debe desestimarse el motivo por infundado.

B. Sobre el motivo relativo a la vulneración de los derechos de defensa

Alegaciones de las partes

66 La demandante alega que el pliego de cargos no contenía una descripción del mercado geográfico en el que se le imputaba la comisión de infracciones al Derecho de la competencia. En ese documento, sólo se citaba en una ocasión el mercado español y no se hacia referencia nunca a los mercados irlandés, portugués y griego.

67 La demandante afirma haber deducido de lo anterior que los mercados español, irlandés, portugués y griego no quedaban cubiertos por el expediente. Por lo tanto, no estimó conveniente defenderse de las supuestas imputaciones de la Comisión en dichos mercados geográficos.

68 Según la demandante, en contra de lo afirmado por la Comisión en los escritos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, el pliego de cargos no cubrió «claramente los mercados español e irlandés y parcialmente los mercados portugués y griego (al menos por lo que se refiere al sistema de intercambio de información)». Por lo demás, en la citada frase, la Comisión reconoce implícitamente, según la demandante, que el supuesto cartel no abarcaba los mercados griego y portugués.

69 Más concretamente, por lo que se refiere a los mercados español e irlandés, la remisión de la Comisión a determinados anexos del pliego de cargos (los anexos 5, 6, 18, 20 a 22, 55, 56, 60, 71, 80, 81, 109, 110, 111 y 118) carece de pertinencia, ya que, según la demandante, en ninguno de ellos se hace la más mínima indicación de que la infracción imputada cubriera tales mercados. La demandante señala, en particular, que los anexos 5, 6, 55, 56, 60 y 71 no se refieren a Irlanda.

70 Respecto a la pretendida cobertura parcial de los mercados portugués y griego, la propia Comisión reconoce que en las reuniones del GEP Cartoncillo no se trataban temas relativos a los mercados portugués y griego. Es más, muchos de los anexos invocados por la Comisión no se refieren a dichos mercados.

71 En cualquier caso, los indicios de que los mercados español, irlandés, griego y portugués no estaban cubiertos por el pliego de cargos son, según la demandante, mucho más concluyentes que los que podrían indicar que sí lo estaban, en particular y sobre todo porque la Comisión no incluyó a ninguno de los citados cuatro países al efectuar su análisis en profundidad de las siete iniciativas de precios recogido en el pliego de cargos.

72 La demandante afirma que la comparación de los cuadros resumen de las iniciativas de precios, anexos al pliego de cargos y a la Decisión, muestra que, en los cuadros adjuntos a la Decisión, se añadieron dos sucintas citas relativas a las subidas de precios en España, por lo que se refiere a las iniciativas de octubre de 1989 (iniciativa E) y de enero de 1991 (iniciativa G). Sólo la segunda de estas citas se refiere a la demandante.

73 En la Decisión no se cita ninguno de los cuatro referidos mercados en relación con la aplicación de las decisiones del GEP Cartoncillo en materia de precios en los mercados nacionales.

74 La demandante afirma igualmente que, al no indicar claramente cuál es el mercado geográfico relevante, la Comisión infringió la obligación de definir adecuadamente el mercado, exigencia consagrada, sin embargo, como principio general, por el Tribunal de Primera Instancia (sentencia SIV y otros/Comisión, antes citada, apartado 159).

75 En la Decisión se indica que la investigación y la infracción abarcaban toda la Comunidad, salvo Portugal y Grecia (punto 138 de la exposición de motivos), mientras que el pliego de cargos hacía pensar que España e Irlanda tampoco quedaban cubiertas por los cargos formulados. Al haberse recogido en la Decisión unos cargos con respecto a los cuales la demandante no pudo manifestar su punto de vista, la Comisión infringió, según aquélla, el artículo 4 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, «Reglamento nº 99/63»).

76 La Comisión estima que el pliego de cargos, y por tal hay que entender tanto el texto de base como sus anexos, cubre claramente los mercados español e irlandés por lo que respecta a todos los aspectos de la infracción y parcialmente los mercados portugués y griego, en la medida en que las pruebas de la concertación relativas a estos dos mercados se refieren únicamente al sistema de intercambio de información. Según ella, no puede, sin embargo, deducirse de esta última circunstancia que el cartel no abarcara toda la Comunidad. Cabe entender simplemente que no existían pruebas claras de su extensión a estos mercados.

77 Por lo que se refiere al ámbito geográfico de la infracción, la Comisión se remite a los anexos 5, 6, 18, 20 a 22, 49, 55, 56, 58, 60, 65, 71, 80, 81, 86, 88, 109, 110, 111, 117 y 118 del pliego de cargos. Teniendo presentes dichos documentos, afirma que no podía imputársele en modo alguno la decisión de la demandante de no defenderse durante el procedimiento administrativo sobre este punto.

78 Por lo que se refiere a las iniciativas de precios, la Comisión considera que el análisis comparativo de los cuadros resumen presentado por la demandante en sus escritos es claramente incorrecto, ya que la información relativa a las subidas de precios de octubre de 1989 y enero de 1991 le fue comunicada antes de la adopción de la Decisión.

79 En relación con la necesidad de proceder a la definición del mercado geográfico de referencia antes de examinar la legalidad de un comportamiento dado a la luz del apartado 1 del artículo 85, la Comisión estima que tal definición no es en absoluto necesaria en el marco de la aplicación de una restricción de competencia cuando resulta evidente, como en el caso de autos, que la participación de la práctica totalidad de las empresas que operan en el mercado del cartoncillo en el ámbito geográfico de la Comunidad excluye la posible aplicación de la regla de minimis a la infracción. Según ella, dicho análisis no resulta contradicho por la sentencia SIV y otros/Comisión, antes citada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

80 El respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental de Derecho comunitario que debe ser observado, aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9).

81 Fieles a este principio, el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 y el artículo 4 del Reglamento nº 99/63 establecen que la Comisión, en su Decisión final, solamente mantendrá las imputaciones respecto de las cuales las empresas interesadas hayan podido manifestar sus puntos de vista.

82 El séptimo guión del artículo 1 de la Decisión imputa a las empresas en él mencionadas haber planeado y aplicado incrementos de precios uniformes y simultáneos «en toda la Comunidad».

83 Dado que la demandante sostiene que el pliego de cargos no recogía semejante colusión sobre los precios en cuatro Estados miembros de la Comunidad, a saber, España, Irlanda, Grecia y Portugal, procede verificar si, en el presente asunto, la exposición de los cargos fue redactada en términos suficientemente claros, aunque fueran resumidos, como para que la demandante pudiera conocer efectivamente la dimensión geográfica de dicha colusión. En efecto, sólo si cumplió este requisito, pudo el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los diferentes Reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz, antes de que la Comisión adopte una Decisión definitiva (véase, en especial, la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, asuntos acumulados C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307, apartado 42).

84 El pliego de cargos enviado a la demandante comprende el documento de base, los anexos y el informe individual relativo a la demandante. El documento de base no contiene parte dispositiva, pero sí un «resumen de la infracción». En dicho resumen se relata, entre otros hechos, que los fabricantes proveedores de cartoncillo de la Comunidad, de forma concertada, en complicidad e infringiendo lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado «planeaban e imponían unos incrementos uniformes de precios de forma simultánea en toda la CEE». En él se indica expresamente que su lectura ha de supeditarse a la exposición de cargos que se formulan en el resto del documento.

85 Una lectura de conjunto del pliego de cargos confirma que, según la Comisión, la infracción alegada se había extendido a la totalidad del territorio de la Comunidad. A este respecto, el examen de las alegaciones expuestas en el pliego de cargos acerca de la extensión geográfica de las actividades contrarias a la competencia no puede limitarse a la colusión sobre los precios, ya que del pliego de cargos (páginas 83 a 88) se desprende que las principales características del sistema de «prioridad del precio sobre el tonelaje» censurado tenían por objeto una restricción de la competencia dentro del mercado común.

86 Por lo que respecta al examen de los hechos, el pliego de cargos (página 37) indica, con respecto a la misión del JMC en la colusión sobre los precios, lo siguiente:

«El JMC discutía, mercado por mercado, sobre la aplicación de las decisiones de precios adoptadas por el PWG. Su función principal era "determinar si se podían llevar a efecto, y cuándo, los aumentos de precios y fomentar un sistema de precios equivalente (es decir, uniforme) en Europa".»

87 Por lo que respecta a la colusión sobre las cuotas de mercado, el pliego de cargos (página 51) indica que la concertación sobre las cuotas de mercado «se desarrollaba a nivel de grandes grupos de productores de Europa Occidental».

88 Sobre este punto, se remite a las declaraciones de Stora, según las cuales (punto 1.1 del anexo 43 del pliego de cargos):

«En el seno del PWG tenían lugar debates acerca de las cuotas de mercado expresadas en toneladas. Las calidades de fibra virgen (calidades GC y UC) y las calidades de fibra reciclada (calidades GD y UD) eran examinadas aparte. Se debatía sobre los niveles relativos a Europa en su conjunto y a cada país individualmente considerado. A los efectos de estos debates "Europa" significaba los países de la Comunidad Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.»

89 En cuanto a la colusión sobre los precios, el pliego de cargos (página 69) señala lo siguiente:

«La documentación muestra [...] que se había aplicado el sistema de precios llamado "equivalente" o "europeo", con unos precios de catálogo que se introducían simultáneamente en toda Europa.»

90 Por lo que se refiere a la apreciación jurídica, en la parte del pliego de cargos titulada «Naturaleza de la infracción en el caso concreto» (página 83), se expone lo siguiente:

«Las principales características de este plan eran:

[...]

- la aplicación periódica de las iniciativas de precios acordadas, que suponían unos incrementos de precios simultáneos y uniformes por parte de todos los fabricantes de cada mercado nacional;

- el establecimiento de un sistema uniforme de determinación de precios a escala europea;

[...]»

91 Por último, en la parte titulada «Efectos sobre el comercio entre Estados miembros», el pliego de cargos (página 88) subraya lo siguiente:

«En el presente caso, la omnipresencia de los acuerdos colusorios, que abarcaban prácticamente a todo el comercio de la CEE y de otros países de Europa Oriental por lo que se refiere a un importante producto industrial, debe de haber supuesto automáticamente una desviación del curso habitual del comercio.»

92 Las indicaciones sobre la extensión geográfica de la infracción imputada contenidas en el cuerpo del pliego de cargos, propiamente dicho, resultan confirmadas en dicho documento por los principales elementos probatorios invocados por la Comisión, esto es, las declaraciones de Stora. Según éstas, la extensión geográfica de las actividades contrarias a la competencia en materia de precios cubría, por lo menos, todo el territorio de la Comunidad. Así, por ejemplo, respecto a las dos iniciativas de incremento de precios adoptadas en 1998, Stora declara que «se adoptó un acuerdo sobre la introducción (en 1988) de dos aumentos de precios en todo el mercado comunitario» (punto 4 del anexo 39 del pliego de cargos). Asimismo, como ya se ha recordado (véase el apartado 88 supra), Stora declara que la colusión sobre las cuotas de mercado afectaba a Europa en su conjunto.

93 Por consiguiente, debe considerarse que el pliego de cargos respeta la obligación de claridad, recordada más arriba, por lo que respecta a la extensión geográfica de las colusiones sobre la totalidad del territorio de la Comunidad. De ello se sigue que carece de relevancia el mero hecho de que determinados países de la Comunidad no fueran expresamente mencionados.

94 En el caso de autos, la Comisión tampoco estaba obligada a definir, antes de apreciar la existencia de la restricción de la competencia, el mercado geográfico en el que ésta se había producido (véanse los apartados 231 y siguientes infra).

95 Sin embargo, puesto que, según las indicaciones facilitadas por la demandante al responder a una pregunta escrita de este Tribunal, la mayoría de sus ventas se realizaba en el mercado español, procede señalar que varios documentos mencionados en el pliego de cargos y adjuntos a éste como anexos se refieren expresamente al mercado español (anexos 109, 110, 111, 117, y anexos técnicos E y G).

96 En particular, en el pliego de cargos (página 55) se comenta el anexo 109 en los términos siguientes:

«Los productores asistentes a la reunión [del JMC de 16 de octubre de 1989] [...] informaron de la evolución en cada mercado nacional del aumento de precios anunciado (en la mayoría de los países) para el 1 de octubre de 1989.»

97 Pues bien, el mercado español figura expresamente entre los mercados nacionales mencionados en el anexo 109:

«c) España

El incremento de precios ha sido notificado y su aplicación no ofrece mayores dificultades [...]»

98 Además, el anexo técnico E, relativo a las iniciativas en materia de precios de octubre de 1989, comenta y reproduce parcialmente el anexo 111 del pliego de cargos, constituido por una lista de precios obtenida en Rena. Es cierto que se hace referencia a esta lista como anexo 110 del pliego de cargos, pero no puede haber escapado al lector atento que se trataba en realidad del anexo 111.

99 Los datos reproducidos se refieren a los precios por calidades de cartoncillo y país, así como a la fecha del anuncio del aumento de los precios, y en este documento figuran expresamente datos relativos al mercado nacional español.

100 Por último, el anexo técnico E precisa lo siguiente:

«En el Plan E se recogen los datos de los incrementos de precios de cada fabricante.

(N.B. Finnboard, Feldmühle y Kopparfors aumentaron sus precios para España con las subidas indicadas en el anexo 117)».

101 Aun cuando la remisión al anexo 117 del pliego de cargos constituye un lamentable error, dado que el anexo evocado es en realidad el anexo 111, es obligado señalar que el mercado nacional español está expresamente contemplado en el anexo técnico E.

102 Por último, el anexo técnico G (página 4), relativo a las iniciativas en materia de precios de enero de 1991, contiene la siguiente información:

«En el cuadro G se recogen los detalles de los incrementos de precio de cada fabricante.

N.B. Los principales productores que abastecen el mercado español (Cascades, Finnboard, Iggesund, Tampella Española, Feldmühle) anunciaron todos un aumento de 5 PTA/Kg.»

103 En definitiva, a la luz de las consideraciones expuestas, la demandante no puede invocar una violación de los derechos de defensa.

104 Procede pues desestimar el motivo.

C. Sobre el motivo relativo a una infracción del artículo 190 del Tratado

Alegaciones de las partes

105 Evocando el carácter relativo de la exigencia de motivación (conclusiones del Abogado General Sr. Van Gerven en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros, C-137/92 P, Rec., pp. I-2555, I-2572), la demandante sostiene que la obligación de motivar una Decisión que comporta la imposición de multas requiere una interpretación estricta, sobre todo cuando la Decisión de la Comisión va considerablemente más lejos que las Decisiones precedentes (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique y otros/Comisión, 73/74, Rec. p. 1491).

106 La demandante afirma que, por lo que a ella se refiere, la Comisión no presentó de forma clara y coherente en la Decisión las consideraciones de hecho y de Derecho que la llevaron a adoptarla. Por ello, ni la demandante ni el Tribunal están en situación de conocer los elementos del razonamiento de la Comisión. Esta conclusión es aplicable, en especial, a la definición del mercado geográfico relevante y a la apreciación de la participación de la demandante en las supuestas infracciones.

107 Por último, alega que la Comisión infringió la obligación de motivación con respecto a la determinación de la cuantía de las multas.

108 La Comisión alega que el motivo debe ser desestimado, ya que se basa en una invocación general de la infracción del artículo 190 del Tratado. En cualquier caso, afirma que es infundado, ya que la Decisión está suficientemente motivada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

109 Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado (véase, particularmente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 1996, Van Megen Sports/Comisión, T-49/95, Rec. p. II-1799, apartado 51). Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a indicar los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la Decisión y las consideraciones que la llevaron a adoptar ésta, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados en el curso del procedimiento administrativo (véase, especialmente, la sentencia Van Landewyck y otros/Comisión, antes citada, apartado 66).

110 En el caso de autos, la Decisión contiene referencias directas a la demandante en el contexto de la descripción de los aumentos de precio concertados (puntos 77 y 89 de la exposición de motivos). Además, los puntos de la Decisión donde se describen los debates con objeto contrario a la competencia que se desarrollaron en el seno del JMC (en especial, los puntos 44 a 46, 58, 71, 73, 84, 85 y 87 de la exposición de motivos) afectan necesariamente a la demandante, que no niega haber participado en reuniones de dicho órgano. Por último, la Decisión expone en términos claros el razonamiento que llevó a la Comisión a considerar que la demandante participó en un cartel global (puntos 116 a 119 de la exposición de motivos).

111 Por consiguiente, la motivación de la Decisión proporcionó a la demandante una indicación suficiente para conocer los principales elementos de hecho y de Derecho en que se sustentaba el razonamiento que llevó a la Comisión a considerarla responsable de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

112 Por lo que respecta a la motivación relativa al mercado geográfico contemplado por la Decisión, basta con señalar que no sólo la parte dispositiva (artículo 1), sino también sus fundamentos (en especial los guiones tercero y quinto del párrafo primero del punto 2, el segundo guión del párrafo segundo del punto 44, el punto 52 y el párrafo primero del punto 76 de la exposición de motivos) se refieren a actividades contrarias a la competencia en todo el territorio de la Comunidad.

113 En estas circunstancias, la alegación de la demandante relativa a una motivación insuficiente sobre este aspecto no puede prosperar.

114 Por último, con respecto a la alegada infracción de la obligación de motivación en relación con la determinación de la cuantía de las multas, es obligado apreciar que, de acreditarse, semejante infracción sólo podría afectar a la legalidad del artículo 3 de la Decisión, en el que se impone una multa a la demandante. Así pues, estas alegaciones deben examinarse juntamente con los motivos formulados en apoyo de la pretensión de anulación de la multa o de reducción de su cuantía (véanse los apartados 238 y siguientes infra).

115 Por consiguiente, el motivo debe desestimarse por infundado.

D. Sobre el motivo relativo a la aplicación, errónea, del apartado 1 del artículo 85 del Tratado a los actos de la demandante

Alegaciones de las partes

116 Este motivo se compone de cuatro partes.

117 En la primera parte, la demandante niega haber participado en absoluto en un plan global de restricción de la competencia.

118 Recuerda que, en su contestación al pliego de cargos, reconoció que había sido miembro del GEP Cartoncillo y que había participado en las reuniones de algunos órganos del GEP Cartoncillo y en el sistema de intercambio de información de FIDES. Precisa, sin embargo, que ignoraba que la información facilitada pudiera tener efectos restrictivos de la competencia.

119 Sostiene que de su limitada participación en los órganos del GEP Cartoncillo y en el intercambio de información que en él se organizó no puede derivarse su adhesión a un plan global para restringir la competencia. Por otra parte, la Comisión identifica incorrectamente la participación en los órganos del GEP Cartoncillo con la participación en el propio cartel cuando hace referencia, en su escrito de contestación, a los «órganos del cartel».

120 Afirma asimismo que la Comisión no ha aportado pruebas verosímiles y concluyentes del vínculo de la demandante con el sistema común. En efecto, al no hacerse mención a ella en ninguno de los documentos alegados como prueba en la Decisión, únicamente cabe considerar acreditada la mera asistencia a reuniones y la participación en un intercambio de información. A este respecto, la demandante insiste en la diferencia que existe entre formar parte de un plan global para restringir la competencia y participar en algunas de las actuaciones que constituirían infracciones menos graves de dicho plan (asistencia a reuniones y participación en los intercambios de información).

121 Después de examinar el test utilizado por la Comisión para probar la participación en el cartel de cada uno de los destinatarios de la Decisión (puntos 116 a 121 de la exposición de motivos de ésta), afirma que la aplicación de dicho test a su situación individual lleva a la conclusión de que no participó en el sistema común alegado por la Comisión. En efecto, ninguno de los elementos probatorios invocados en la Decisión puede vincular a la demandante con la colusión.

122 En la segunda parte del motivo, la demandante alega que no participó en los incrementos de precio concertados en la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990 (punto 89 de la exposición de motivos de la Decisión). Como expuso en su contestación al pliego de cargos (apartados 5.2.2 y, en particular, 5.2.2.1), no está probada su participación en las concertaciones sobre precios ni en su aplicación práctica.

123 Además, ni en la Decisión ni en el pliego de cargos existe el más mínimo indicio de que estuviera involucrada en el control de la aplicación de las subidas de precios.

124 En su réplica, precisa que, cuando sostiene que no participó en concertaciones sobre precios, debe entenderse, en primer lugar, que no se comprometió ante nadie a aplicar un tipo determinado de precios, lo cual no quiere decir que no fuera conocedora de la existencia de acuerdos al respecto decididos por los grandes productores, probablemente en las reuniones del PWG. En segundo lugar, debe entenderse que su política comercial siguió en todo momento unas pautas diferentes a las aplicadas por sus competidores.

125 En la tercera parte del motivo, la demandante alega que no participó en una colusión sobre el control del volumen de producción ni en una colusión sobre las cuotas de mercado.

126 La demandante señala que, según la Decisión (puntos 51 y siguientes de la exposición de motivos), se entabló en el seno del GEP Cartoncillo un mecanismo de control de los precios y del volumen de producción basado en una supuesta política de «prioridad del precio sobre el tonelaje». En ella se afirma también (punto 58 de la exposición de motivos) que los pequeños fabricantes de cartoncillo, aunque no estaban enterados de las discusiones minuciosas sobre cuotas de mercado celebradas en el PWG, sí eran conscientes, como parte de la política de «prioridad del precio sobre el tonelaje», que todos apoyaban, de que existía un acuerdo de carácter general entre los principales fabricantes para mantener unos niveles constantes de oferta y de la necesidad de adaptar sus propias prácticas a dicha estrategia.

127 Sin embargo, según la demandante, no existe la menor prueba de que ello fuera así en su caso. Por el contrario, su política comercial, expuesta claramente en la contestación al pliego de cargos, consistió en incrementar la cantidad de producto en el mercado, a costa, incluso, de perder margen en los precios obtenidos.

128 Afirma que, además, la Comisión le imputa equivocadamente una participación en la colusión sobre las interrupciones de la producción y en la colusión sobre las cuotas de mercado. En efecto, la propia Institución reconoce en el punto 116 de la exposición de motivos de la Decisión que fueron únicamente los grandes productores los que llegaron a acuerdos sobre volúmenes de producción y cuotas de mercado.

129 La acusación relativa al reparto de los mercados tampoco está probada ni se apoya siquiera en ningún pasaje de la Decisión. En cualquier caso, la demandante afirma que la evolución de sus ventas en los mercados comunitarios basta para demostrar que dicha acusación contra ella es infundada.

130 Por último, en la cuarta parte del motivo, la demandante alega que la falta de precisión del pliego de cargos respecto al mercado geográfico relevante (véanse los apartados 66 y siguientes supra) vuelve a presentarse de nuevo en la Decisión de la Comisión. En efecto, la única mención específica de la Decisión que aporta unas claves para conocer las limitaciones de dicho mercado geográfico es el punto 138 de la exposición de motivos, en el que se reconoce que las infracciones no se llevaron a cabo en los mercados portugués y griego. La demandante destaca, sin embargo, una incoherencia entre este punto y el punto 61 de la misma exposición de motivos, donde se subraya que el sistema de intercambio de información en el seno de FIDES abarcaba toda la Europa Occidental.

131 Esta cuestión de la definición del mercado geográfico relevante es esencial para apreciar la existencia o no de una infracción, así como la gravedad o el alcance que la misma pudiera tener. La demandante sostiene el escaso alcance de su participación en la infracción, ya que los mercados español, portugués, griego e irlandés, en los cuales realiza la mayor parte de sus actividades, no están cubiertos por el procedimiento.

132 Además, parece que los mercados español e irlandés se consideran incluidos en el mercado geográfico relevante (punto 72 de la exposición de motivos de la Decisión), mientras que la mayor parte de las pruebas presentadas por la Decisión no se refieren en ningún momento a dichos mercados nacionales. La demandante señala que las pruebas citadas por la Comisión con el objeto de demostrar la existencia del acuerdo de los incrementos de precios sólo se refieren a los mercados español e irlandés por lo que respecta a los incrementos de precios de octubre de 1989, abril de 1990 y enero de 1991.

133 La Comisión niega la admisibilidad de los argumentos expuestos por la demandante en el escrito de contestación al pliego de cargos, basándose en que la pertinencia de dichos argumentos para poner en tela de juicio la Decisión no ha quedado acreditada.

134 Por lo que se refiere a la primera parte del motivo, la Comisión subraya que, en casos como éste, el enfoque adecuado consiste en demostrar la existencia y funcionamiento, así como los aspectos más destacados del cartel en su conjunto, y determinar posteriormente si existen pruebas verosímiles y concluyentes del vínculo de cada uno de los fabricantes con el sistema común, y, para cada uno de ellos, el período en el que participó. En este contexto, invoca el párrafo tercero del artículo 116 de la exposición de motivos de la Decisión, según el cual la colusión en cuanto a los precios y el control del volumen de producción eran aspectos indisolublemente relacionados del mismo plan global.

135 La Comisión considera que la asistencia al GEP Cartoncillo y a sus distintos comités constituye un indicio razonable de la participación de cada fabricante en el cartel, ya que el propio GEP Cartoncillo tenía un fin predominantemente ilegal. El PWG y el JMC se ocupaban casi exclusivamente de determinar los precios y de repartir las cuotas de mercado.

136 Por otra parte, existen, según la Comisión, numerosas pruebas directas que demuestran la participación de la demandante en la infracción, como ponen de manifiesto la Decisión y los anexos del pliego de cargos. La demandante aparece mencionada en los documentos fundamentales que demuestran la existencia del cartel global o las actividades concretas del mismo.

137 Por lo que respecta a la segunda parte del motivo, la Comisión alega que la participación de la demandante en la colusión sobre los precios ha quedado acreditada. En efecto, su contestación al pliego de cargos no hace sino confirmar la participación de la demandante en la colusión sobre precios, ya que su participación en los órganos del cartel le impide justificar el pretendido desfase en el anuncio de los precios apelando a la adaptación inteligente a las condiciones de mercado.

138 En cuanto a la tercera parte del motivo, la Comisión señala que la demandante no niega su participación en los principales órganos del cartel, salvo en el PWG, y que, por lo que respecta a dichos foros, se ha probado la existencia del acuerdo y de la práctica concertada imputada a la demandante (véanse, en particular, los puntos 111 a 113 de la exposición de motivos de la Decisión). En estas circunstancias, la Comisión estima que no es necesario que se disponga de pruebas directas que confirmen que todos los supuestos participantes dieron su consentimiento expresamente o que actuaron abiertamente apoyando todos y cada uno de los aspectos o actividades del cartel mientras duró éste (punto 116 de la exposición de motivos de la Decisión). Este enfoque fragmentario debe ser rechazado por motivos de Derecho sustantivo y de orden práctico, ya que la infracción consiste, en lo esencial, en la participación combinada de los fabricantes durante varios años en una actividad conjunta ilegal con un objetivo común (mismo punto de la exposición de motivos de la Decisión).

139 Precisa que, aunque sólo los grandes productores discutieron, en particular, sobre cuotas de mercado e interrupciones de la producción en el seno del PWG, esto no significa que los pequeños productores no estuvieran implicados en esta parte de la infracción. En efecto, estos últimos estaban al tanto de la política de reparto de mercado en el seno del PWG y la aceptaron (punto 58 de la exposición de motivos), facilitaron la puesta en práctica del sistema de control de los volúmenes de ventas y cuotas de mercado, proporcionando información útil a FIDES, y fueron informados de los planes para interrumpir la producción en el marco del JMC (punto 71 de la exposición de motivos).

140 La Comisión concluye afirmando que también debe desestimarse la cuarta parte del motivo.

141 Sobre este aspecto, se remite en lo esencial a las alegaciones arriba expuestas (véanse los apartados 76 y siguientes supra). Precisa, sin embargo, que en el punto 138 de la exposición de motivos de la Decisión se dice que no se dispone de pruebas fehacientes de los acuerdos sobre precios en Grecia y Portugal, y no que las infracciones no se llevaran a cabo en dichos países. Refuta asimismo la supuesta incoherencia alegada por la demandante entre la cobertura europea del intercambio de información en el seno de FIDES, por un lado, y la inexistencia de pruebas de los acuerdos sobre precios en Grecia y Portugal, por otro.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

142 Procede examinar conjuntamente las tres primeras partes del motivo, por las que se niega la participación de la demandante en la infracción apreciada en el artículo 1 de la Decisión. La cuarta parte, relativa a la falta de definición suficientemente precisa del mercado geográfico afectado, será examinada aparte.

Sobre las tres primeras partes del motivo, por las que se niega la participación de la demandante en la infracción apreciada en el artículo 1 de la Decisión

143 Con carácter preliminar, debe recordarse que, conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, toda demanda deberá indicar la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda (véase, por ejemplo, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1993, Koelman/Comisión, T-56/92, Rec. p. II-1267, apartado 21).

144 En el caso de autos, hay que considerar que, cuando se remite a las alegaciones expuestas en su contestación al pliego de cargos, la demandante no invoca ni un motivo ni un argumento distintos de los formulados en el escrito de interposición del recurso. La remisión, en su demanda, a determinados razonamientos contenidos en la contestación al pliego de cargos no tiene, pues, otra finalidad que la de sustentar y completar, en aspectos específicos, el cuerpo mismo de la demanda. Por consiguiente, deben admitirse las alegaciones invocadas por la demandante en el contexto del presente motivo.

145 Debe examinarse en primer lugar si la Comisión ha acreditado la participación de la demandante en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por lo que respecta al período comprendido entre marzo de 1988 y febrero de 1989, fecha en que la demandante admite haber comenzado a participar en las reuniones del JMC. En segundo lugar, se examinará si la Comisión ha probado la participación de la demandante en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por lo que respecta al período restante, esto es, desde febrero de 1989 a abril de 1991.

1. Período comprendido entre marzo de 1988 y febrero de 1989

146 El párrafo cuarto del punto 162 de la exposición de motivos de la Decisión afirma lo siguiente:

«Enso Española comenzó a asistir a las reuniones de un grupo del [PG Paperboard] (el Economic Committee) con carácter regular en 1987 y la primera President Conference a la que asistió fue la de 25 de mayo de 1988. Afirma que sólo empezó a asistir al JMC en febrero de 1989. Sin embargo, participó en la primera iniciativa de precios de 1988 y se puede considerar que su participación efectiva en la infracción comenzó aproximadamente en dicha fecha.»

147 Para probar la participación de la demandante en una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia durante el período examinado, la Comisión se basa en la participación de esta empresa en las reuniones de la PC de 25 de mayo y 17 de noviembre de 1988 (cuadro 3 adjunto a la Decisión), en su participación en la reunión del EC de 3 de mayo de 1988 (cuadro 6 adjunto a la Decisión) y, por último, en el comportamiento efectivo de la demandante en materia de precios.

148 Procede examinar cada uno de estos elementos probatorios por el orden en que quedan enumerados.

a) Participación de la demandante en determinadas reuniones de la PC

149 Por lo que se refiere a la participación de la demandante en dos reuniones específicas de la PC, la Comisión no invoca ningún elemento probatorio del objeto de tales reuniones. Por consiguiente, cuando se refiere a esa participación como elemento probatorio de la participación de la empresa en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, se basa necesariamente en la descripción general, contenida en la Decisión, del objeto de las reuniones de dicho órgano, así como en los elementos probatorios invocados en la Decisión para sustentar dicha descripción.

150 A este respecto, la Decisión dice lo siguiente: «Tal y como ha explicado Stora, una de las funciones del PWG consistía en explicar a la President Conference las medidas necesarias para ordenar el mercado [...] Así, se informaba a los directores gerentes que asistían a las "President Conferences" sobre las decisiones tomadas por el PWG y las instrucciones que debían dar a sus departamentos de ventas con vistas a aplicar las iniciativas de precios concertadas» (párrafo primero del punto 41 de la exposición de motivos). La Comisión señala asimismo lo siguiente: «El PWG se reunía invariablemente antes de cada "President Conference" y, dado que ambas reuniones estaban presididas por la misma persona, era ésta quien, sin duda alguna, comunicaba los resultados de las deliberaciones del PWG a aquellos de los denominados "presidentes" que no eran miembros del círculo restringido» (párrafo segundo del punto 38 de la exposición de motivos).

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0348.1

151 Stora indica que los participantes en las reuniones de la PC fueron informados de las decisiones adoptadas por el PWG (punto 8 del anexo 39 del pliego de cargos). Sin embargo, varias de las empresas que participaron en las reuniones de la PC niegan la exactitud de esta afirmación. En particular, la niega implícitamente la parte demandante, en la medida en que niega haber participado en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Por consiguiente, no puede considerarse, sin sustento en otros elementos probatorios, que las declaraciones de Stora sobre la misión de la PC constituyan una prueba suficiente del objeto de las reuniones de dicho órgano.

152 Es cierto que obra en autos un documento, a saber, una declaración de 22 de marzo de 1993 de un antiguo directivo de Feldmühle (Sr. Roos), que corrobora a primera vista las afirmaciones de Stora. El Sr. Roos indica, en particular, lo siguiente: «En la conferencia de presidentes inmediatamente posterior, o bien, de no celebrarse inmediatamente una conferencia de presidentes, en el JMC, se comunicaba el contenido de los debates celebrados en el seno del PWG a la empresas no representadas en dicho grupo». Sin embargo, aun cuando dicho documento no se invoque expresamente en la Decisión para apoyar las alegaciones de la Comisión relativas al objeto de las reuniones de la PC, tal documento no puede, en cualquier caso, considerarse una prueba complementaria que venga a añadirse a las declaraciones de Stora. En efecto, dado que estas declaraciones constituyen un resumen de las respuestas ofrecidas por cada una de las tres empresas propiedad de Stora durante el período de infracción, Feldmühle entre ellas, el antiguo directivo de esta última empresa constituye necesariamente una de las fuentes de las declaraciones de la propia Stora.

153 La Comisión mantiene en su Decisión que el anexo 61 del pliego de cargos, una nota hallada en poder del agente de ventas de Mayr-Melnhof en el Reino Unido relativa a una reunión mantenida en Viena los días 12 y 13 de diciembre de 1986, «corrobora el reconocimiento por parte de Stora de que la "President Conference" discutía de hecho la fijación colusoria de precios» (párrafo tercero del punto 41 y párrafo segundo del punto 75 de la exposición de motivos de la Decisión). Dicho documento contiene la siguiente información:

«Precios en el Reino Unido

En una reciente reunión de FIDES estaba presente el representante de Weig, quien declaró que, a su juicio, un 9 % era un aumento excesivo para el Reino Unido, por lo que ellos lo iban a fijar en un 7 %. Gran decepción, puesto que dicha cifra pasaría a constituir una "base de negociación" para todos los demás. La política de precios en el Reino Unido será confiada a RHU con el apoyo de [Mayr-Melnhof] aun cuando ello entrañe una disminución temporal del tonelaje, mientras que nosotros nos esforzamos (como se verá) en mantener el objetivo del 9 %. [Mayr-Melnhof/FS] siguen una política de crecimiento en el Reino Unido pero la disminución de los beneficios es seria y tendremos que luchar por recuperar el control sobre los precios. [Mayr-Melnhof] no niega que el hecho de que se conozca que ellos han incrementado en 6.000 toneladas su producción en Alemania no remedia nada.»

154 La reunión de FIDES a la que se hace referencia al inicio del pasaje citado es probablemente, según Mayr-Melnhof (respuesta a una petición de información, anexo 62 del pliego de cargos), la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986, en la que, habida cuenta del cuadro 3 adjunto a la Decisión, no estaba presente la demandante.

155 Ha de estimarse que el documento analizado da testimonio de que Weig reaccionó dando indicaciones sobre su futura política de precios en el Reino Unido con referencia a un nivel inicial de incremento de los precios.

156 Sin embargo, el referido documento no puede considerarse prueba de que Weig reaccionara con referencia a un determinado nivel de incremento de precios concertado entre las empresas reunidas en el seno del GEP Cartoncillo en una fecha anterior al 10 de noviembre de 1986.

157 En efecto, la Comisión no alega ningún otro elemento probatorio en este sentido. Además, la referencia de Weig a un incremento de precios del «9 %» puede explicarse por el anuncio de un incremento de precios en el Reino Unido aplicado por Thames Board Ltd el 5 de noviembre de 1986 (anexo A-12-1). Dicho anuncio se hizo público poco después, según resulta de un recorte de prensa (anexo A-12-3). Por último, la Comisión no ha aportado ningún otro documento que pueda constituir una prueba directa de que, en las reuniones de la PC, hubieran tenido lugar los debates sobre los incrementos de precios. Por consiguiente, no puede excluirse que las manifestaciones de Weig, según se relatan en el anexo 61 del pliego de cargos, tuvieran lugar al margen de la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986, como mantuvo reiteradamente Weig durante la vista.

158 La Comisión mantiene asimismo en la Decisión que «la documentación hallada por la Comisión en FS-Karton (integrante del grupo M-M) confirma que, a finales de 1987, se había llegado a un acuerdo entre los dos PWG en cuanto a los aspectos, relacionados entre sí, del control del volumen de producción y de la disciplina de precios» (párrafo primero del punto 53 de la exposición de motivos). A este respecto, se remite al anexo 73 del pliego de cargos, nota confidencial de 28 de diciembre de 1988 enviada por el director comercial responsable de las ventas del grupo Mayr-Melnhof en Alemania (Sr. Katzner) al gerente de Mayr-Melnhof en Austria (Sr. Gröller) y que trataba la situación del mercado.

159 Como introducción, el autor de la nota evoca la estrecha cooperación a escala europea en el seno del «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis»), expresión interpretada por Mayr-Melnhof como referida a la vez al PWG y a la PC en un contexto general, esto es, sin relación con un acontecimiento o con una reunión concreta (punto 2.a del anexo 75 del pliego de cargos).

160 Aun cuando no se discute en el marco del presente asunto que el anexo 73 del pliego de cargos constituye una prueba que corrobora las declaraciones de Stora acerca de la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre las empresas representadas en el «círculo de presidentes», por un lado, y de una colusión entre esas mismas empresas sobre las interrupciones de la producción, por otro lado, la Comisión no aporta, sin embargo, ningún otro elemento probatorio que confirme que la PC tuviera por objeto, entre otros, debatir la colusión sobre las cuotas de mercado y el control del volumen de producción. Por consiguiente, la expresión «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis») utilizada en el anexo 73 del pliego de cargos no puede interpretarse, pese a las explicaciones ofrecidas por Mayr-Melnhof, como referida a órganos distintos del PWG.

161 En vista de lo expuesto, la Comisión no ha probado que, al margen de las actividades lícitas, las reuniones de la PC sirvieran a fines contrarios a la competencia. Por consiguiente, la Comisión no podía inferir de los elementos probatorios invocados que las empresas que habían asistido a las reuniones de dicho órgano hubieran participado en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

162 Debe concluirse, pues, que la participación de la demandante en dos reuniones de la PC no acredita que infringiera el apartado 1 del artículo 85 del Tratado durante el período comprendido entre marzo de 1988 y febrero de 1989.

b) Participación de la demandante en una reunión del EC

163 Consta que la demandante participó, durante el período comprendido entre marzo de 1988 y febrero de 1989, en una única reunión del EC, a saber, la celebrad