Asunto T‑19/01

Chiquita Brands International, Inc., y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Organización común de mercados — Plátanos — Recurso de indemnización — Reglamento (CE) nº 2362/98 — Acuerdo por el que se establece la OMC y acuerdos anexos — Recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 3 de febrero de 2005

Sumario de la sentencia

1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Demanda que tiene por objeto la reparación de perjuicios causados por una institución comunitaria — Requisitos mínimos

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilicitud — Perjuicio — Relación de causalidad — Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario — Excepciones — Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se remita a ellos expresa y precisamente — Inexistencia de tal acto — Responsabilidad de la Comunidad — Inaplicabilidad

[Art. 288 CE, párr. 2; Reglamentos del Consejo (CEE) no 404/93 y (CE) nº 1637/98; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

3. Agricultura — Organización común de mercados — Plátano — Régimen de importaciones — Contingente arancelario — Establecimiento y reparto — Delegación de la competencia de ejecución a la Comisión que otorga a ésta un amplio margen de apreciación

[Art. 21 CE; Reglamentos del Consejo (CEE) no 404/93, art. 19, ap. 1, y (CE) nº 1637/98]

4. Agricultura — Organización común de mercados — Plátano — Régimen de importaciones — Contingente arancelario — Establecimiento y reparto — Principio de no discriminación — Violación — Inexistencia

[Reglamentos del Consejo (CEE) no 404/93 y (CE) nº 1637/98; Reglamentos de la Comisión (CEE) no 1442/93 y (CE) nº 2362/98]

5. Agricultura — Organización común de mercados — Plátano — Régimen de importaciones — Contingente arancelario — Establecimiento y reparto — Libre ejercicio de las actividades profesionales — Violación — Inexistencia

[Reglamentos del Consejo (CEE) no 404/93 y (CE) nº 1637/98; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

6. Agricultura — Organización común de mercados — Plátano — Régimen de importaciones — Contingente arancelario — Establecimiento y reparto — Principio de proporcionalidad — Violación — Inexistencia

[Reglamentos del Consejo (CEE) no 404/93 y (CE) nº 1637/98; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

7. Agricultura — Organización común de mercados — Plátano — Régimen de importaciones — Contingente arancelario — Establecimiento y reparto — Principio de protección de la confianza legítima — Violación — Inexistencia

[Reglamentos del Consejo (CEE) no 404/93 y (CE) nº 1637/98; Reglamentos de la Comisión (CEE) no 1442/93 y (CE) nº 2362/98]

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las demandas deben contener la indicación del objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que éste se basa resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda.

Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños supuestamente causados por una institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que la demandante reprocha a la institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio.

(véanse los apartados 64, 65 y 191)

2. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad a que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del perjuicio y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que se alega. Ahora bien, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, el Acuerdo OMC y sus anexos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias.

Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los acuerdos que figuran en los anexos del Acuerdo OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

Al adoptar el régimen de 1999 y, en particular, el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, ésta no pretendió cumplir una obligación particular asumida en el marco de los acuerdos de la OMC, en el sentido de la jurisprudencia citada, por lo que la demandante no puede ampararse en el incumplimiento por parte de la Comunidad de sus obligaciones con arreglo a dichos acuerdos.

(véanse los apartados 76, 114, 115 y 170)

3. A tenor del artículo 211 CE, cuarto guión, con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión ejercerá las competencias que el Consejo le atribuya para la ejecución de las normas por él establecidas. De la estructura del Tratado, en la que debe colocarse este artículo, así como de las exigencias de la práctica, resulta que el concepto de ejecución debe interpretarse en sentido amplio. Por ser la Comisión la única institución capaz de seguir de manera constante y atenta la evolución de los mercados agrarios y de actuar con la urgencia que requiera la situación, el Consejo puede verse llevado a concederle amplias facultades en este ámbito. Por consiguiente, los límites de estas facultades deben apreciarse especialmente en función de los objetivos generales esenciales de la organización del mercado, quedando la Comisión autorizada para aprobar todas las normas de desarrollo necesarias o útiles para la ejecución de la normativa de base, siempre que no sean contrarias a ésta o a la normativa de desarrollo del Consejo.

En el presente asunto, el Consejo ordenó a la Comisión adoptar medidas de gestión de los contingentes arancelarios basadas en la consideración de las corrientes comerciales tradicionales con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, y establecer las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados por la Comunidad, de conformidad con el artículo 300 CE, sin que la demandante haya demostrado que la Comisión sobrepasó manifiestamente los límites de la facultad de apreciación que le otorgó el Consejo al intentar conciliar estos objetivos mediante la adopción de medidas para la asignación de certificados de importación y para el reparto de los contingentes por países según lo dispuesto en el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad.

(véanse los apartados 183 a 185)

4. Aunque el régimen de 1993 afectase de forma distinta a los operadores especializados en la comercialización de plátanos de origen latinoamericano y a los especializados en la comercialización de plátanos de origen comunitario o ACP, este trato diferenciado parece inherente al objetivo de la integración de mercados hasta entonces fragmentados y al de la salida al mercado de los plátanos de origen comunitario y ACP.

Si bien es cierto que, tras la creación de la organización común de mercados en el sector del plátano y durante los cinco años en que estuvo en vigor el régimen de 1993, el mercado comunitario del plátano sufrió importantes transformaciones, las disposiciones del Reglamento nº 1637/98, que modifica el Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, mantuvieron inalterados dichos objetivos de integración de los mercados nacionales y de salida al mercado de los plátanos de origen comunitario y ACP, limitándose a modificar el funcionamiento del régimen de intercambios con países terceros. En consecuencia, las diferencias de trato que establece el régimen de 1999 entre los citados operadores continúan siendo inherentes a los objetivos de la organización común de mercados del plátano y, por ello, no constituyen una vulneración del principio de no discriminación que pueda generar la responsabilidad de la Comunidad.

(véanse los apartados 207, 209, 211 y 212)

5. Pueden imponerse restricciones al libre ejercicio de una actividad profesional, en especial, en el marco de una organización común de mercados, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados.

Dado que el régimen de 1999 persigue, sin modificarlos, los objetivos de interés general de dicho Reglamento nº 404/93, que son la integración de los mercados nacionales y la salida al mercado de los plátanos de origen comunitario y ACP, la alegación de la demandante relativa a la evolución de las condiciones económicas como consecuencia de la entrada en vigor de la organización común de mercados en el sector del plátanos no permite establecer la existencia de una intervención intolerable que afecte a los derechos de la citada parte y no responda a tales objetivos de interés general.

(véanse los apartados 220 y 221)

6. Habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador comunitario en materia de política agrícola, únicamente el carácter manifiestamente inadecuado, con respecto al objetivo que la institución competente pretende alcanzar, de una medida adoptada en este ámbito puede afectar a la legalidad de ésta. Tal límite del control jurisdiccional se aplica particularmente si, para la realización de una organización común de mercados, el Consejo y la Comisión se ven obligados a actuar como árbitros entre intereses divergentes y a escoger, de este modo, determinadas alternativas en el marco de las opciones políticas de su propia responsabilidad.

En el presente asunto, la Comisión pretendió, a la hora de adoptar el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, conciliar los objetivos inherentes a la organización común de mercados en el sector del plátano con el cumplimiento de los compromisos internacionales de la Comunidad derivados de los acuerdos de la OMC y del Convenio de Lomé, respetando al mismo tiempo la voluntad del Consejo de que los contingentes arancelarios se gestionen mediante la aplicación del método basado en la consideración de las corrientes comerciales tradicionales, por lo que corresponde a la demandante acreditar, sin que en este asunto lo haya hecho, que las disposiciones del Reglamento nº 2362/98 que regulan la asignación de certificados de importación y el reparto por países de los contingentes arancelarios son manifiestamente inadecuadas para la realización del objetivo pretendido y van más allá de lo que es necesario para lograrlo.

(véanse los apartados 228 a 230)

7. Cualquier operador económico al que una institución haya hecho concebir esperanzas fundadas tiene la posibilidad de invocar el principio del respeto de la confianza legítima.

A este respecto, por un lado, la demandante no fue parte en los procedimientos de solución de controversias entre la Comunidad y sus socios comerciales relativos a los regímenes de 1993 y de 1999, por lo que no podía basar sus esperanzas en las declaraciones realizadas en dicho contexto.

Por otro lado, debido a la complejidad de las disposiciones que establecen los acuerdos de la OMC y a la imprecisión de determinados conceptos a los que se refieren, el principio de cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales codificado en el artículo 26 de la Convención de Viena implica que la Comunidad debe realizar un esfuerzo razonable en aras de la adopción de medidas que sean conformes con dichos acuerdos, facultándole en cualquier caso para elegir la forma y los medios para alcanzar dicho objetivo. Habida cuenta del margen de apreciación del que disponen las instituciones comunitarias a la hora de elegir los medios adecuados para conseguir alcanzar sus objetivos políticos y cumplir sus compromisos internacionales, la demandante no podía depositar fundadamente su confianza legítima en una modificación del régimen de 1993 que se ajustase a sus intereses.

(véanse los apartados 255 y 256)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada)

de 3 de febrero de 2005 ( )

«Organización común de mercados – Plátanos – Recurso de indemnización – Reglamento (CE) nº 2362/98 – Acuerdo por el que se establece la OMC y acuerdos anexos – Recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC»

En el asunto T‑19/01,

Chiquita Brands International, Inc., con domicilio social en Trenton, New Jersey (Estados Unidos),

Chiquita Banana Co. BV, con domicilio social en Breda (Países Bajos),

Chiquita Italia, SpA, con domicilio social en Roma,

representadas por el Sr. C. Pouncey, Solicitor, y el Sr.L. Van Den Hende, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. C. Van der Hauwaert y C. Brown, posteriormente por los Sres. L. Visaggio, Brown y M. Niejahr y finalmente por los Sres. Visaggio y Brown, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. N. Khan, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia de la adopción y del mantenimiento en vigor del Reglamento (CE) no 2362/98 de la Comisión, de 28 de octubre de 1998, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad (DO L 293, p. 32),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta ampliada) ,

integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke y P. Mengozzi y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de febrero de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico y antecedentes del litigio

1. Reglamento (CEE) nº 404/93

1 El Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (DO L 47, p. 1), sustituyó, en su título IV, los diferentes regímenes nacionales por un régimen común de intercambios con países terceros, aplicable a partir del 1 de julio de 1993. Se estableció una distinción entre los «plátanos comunitarios», cosechados en la Comunidad, los «plátanos de países terceros», procedentes de países terceros distintos de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), los «plátanos tradicionales ACP» y los «plátanos no tradicionales ACP». Los plátanos tradicionales ACP y los plátanos no tradicionales ACP se referían a las cantidades de plátanos exportadas por los países ACP que no excedían o que superaban, respectivamente, las cantidades fijadas en un anexo al Reglamento nº 404/93.

2 Según el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento nº 404/93, la importación de plátanos a la Comunidad está sometida a la presentación de un certificado de importación. Los Estados miembros expiden este certificado a todo interesado que lo solicite, cualquiera que sea su lugar de establecimiento en la Comunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares adoptadas para la aplicación de los artículos 18 y 19 de dicho Reglamento.

3 El artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 404/93 repartía el contingente arancelario señalado en el artículo 18, abriéndolo en una proporción del 66,5 % para la categoría de operadores que hubieran comercializado plátanos de países terceros o plátanos no tradicionales ACP (categoría A), del 30 % para la categoría de operadores que hubieran comercializado plátanos comunitarios o tradicionales ACP (categoría B) y del 3,5 % para la categoría de operadores establecidos en la Comunidad que hubieran empezado, a partir de 1992, a comercializar plátanos distintos de los plátanos comunitarios o tradicionales ACP (categoría C).

2. Reglamento (CEE) nº 1442/93

4 El 10 de junio de 1993, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) nº 1442/93, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en la Comunidad (DO L 142, p. 6; también denominado, en lo sucesivo, «régimen de 1993»). Este régimen estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1998.

5 El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1442/93 definía como «operador» de las categorías A o B, a los efectos de la aplicación de los artículos 18 y 19 del Reglamento nº 404/93, al agente económico o cualquier otra entidad que, por cuenta propia, hubiera realizado una o varias de las funciones siguientes:

«a) compra de plátanos verdes originarios de terceros países o de países ACP a los productores o, en su caso, producción, para su posterior envío y venta en la Comunidad;

b) abastecimiento y despacho a libre práctica en calidad de propietario de plátanos verdes y puesta en venta ulterior en el mercado comunitario; los riesgos de deterioro o pérdida del producto se [asimilaban] a los riegos asumidos por el propietario del producto;

c) maduración de plátanos verdes en calidad de propietario y comercialización en la Comunidad».

6 El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1442/93 preveía lo siguiente:

«Las autoridades competentes de los Estados miembros elaborarán listas separadas de los operadores de las categorías A y B y determinarán las cantidades que cada operador haya comercializado durante cada uno de los tres años previos al año anterior a aquél para el que se abre el contingente arancelario, desglosándolas por cada una de las funciones económicas descritas en el apartado 1 del artículo 3.

El registro de los operadores y la determinación de las cantidades comercializadas se realizarán por iniciativa de los operadores y previa solicitud escrita presentada por ellos en un solo Estado miembro de su elección.»

7 Con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 1442/93, las autoridades competentes de los Estados miembros debían determinar anualmente, para cada operador de las categorías A y B registrado ante ellas, la media de las cantidades comercializadas durante los tres años previos al año anterior a aquel para el que se abría el contingente arancelario, desglosadas según las funciones ejercidas por el operador de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento. Esta media se denominaba «referencia cuantitativa» del operador. A tenor del artículo 5, apartado 2, a las cantidades comercializadas se les aplicaban unos coeficientes de ponderación según las funciones contempladas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1442/93.

8 Mediante la aplicación de estos coeficientes de ponderación a una determinada cantidad de plátanos, no podía tenerse en cuenta en el cálculo de las referencias cuantitativas un volumen superior a dicha cantidad, con independencia de que las tres etapas correspondientes a las funciones antes mencionadas hubieran sido realizadas por un único operador o por dos o tres operadores distintos. Según el tercer considerando de dicho Reglamento, estos coeficientes tenían como finalidad, por una parte, tener en cuenta la importancia de la función económica desempeñada y los riesgos comerciales asumidos y, por otra, corregir los efectos negativos de un cómputo múltiple de las mismas cantidades de productos en diferentes etapas de la cadena comercial.

3. Reglamento (CE) nº 1637/98

9 El Reglamento (CE) nº 1637/98 del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica el Reglamento nº 404/93 (DO L 210, p. 28), aportó modificaciones a la organización común de mercados en el sector del plátano, que entraron en vigor el 1 de enero de 1999. En particular, sustituyó por nuevas disposiciones los artículos 16 a 20 del título IV del Reglamento nº 404/93.

10 El artículo 16 del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, disponía lo siguiente:

«[...]

A efectos [de lo previsto en el título IV del Reglamento nº 404/93]:

1) las “importaciones tradicionales de los Estados ACP”, son las importaciones en la Comunidad de plátanos originarios de los Estados mencionados en el anexo, con un límite de 857 700 toneladas (peso neto) al año; los plátanos objeto de estas importaciones se denominarán “plátanos tradicionales ACP”;

2) las “importaciones no tradicionales de los Estados ACP”, son las importaciones en la Comunidad de plátanos originarios de los Estados ACP que no se incluyan en la definición del punto 1; los plátanos objeto de estas importaciones se denominarán “plátanos no tradicionales ACP”;

3) las “importaciones de Estados terceros no ACP”, son los plátanos importados en la Comunidad originarios de Estados terceros distintos a los Estados ACP; los plátanos objeto de estas importaciones se denominarán “plátanos de Estados terceros”.»

11 Por lo que respecta al reparto de los contingentes arancelarios para los plátanos de Estados terceros y los plátanos no tradicionales ACP, el artículo 18, apartado 4, del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, establecía lo siguiente:

«En el caso de que sea razonablemente imposible alcanzar un acuerdo con todas las partes contratantes de la OMC con un interés vital en el suministro de plátanos, la Comisión estará autorizada a repartir los contingentes arancelarios previstos en los apartados 1 y 2 y la cantidad tradicional ACP, entre los Estados proveedores con un interés vital en este suministro, según el procedimiento [del Comité de gestión] previsto en el artículo 27.»

12 El artículo 19 del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, estaba redactado de la forma siguiente:

«1. Los contingentes arancelarios contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 18 y las importaciones de plátanos tradicionales ACP se gestionarán mediante la aplicación del método basado en la consideración de las corrientes comerciales tradicionales (método denominado “tradicionales/recién llegados”).

La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación necesarias con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 27.

En caso necesario, podrán adoptarse otros métodos adecuados.

2. El método de gestión adoptado tendrá en cuenta, cuando resulte apropiado, las necesidades de abastecimiento del mercado de la Comunidad y la necesidad de salvaguardar su equilibrio.»

13 El artículo 20 del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, señalaba lo siguiente:

«La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del presente título con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 27. Dichas disposiciones incluirán en particular:

[…]

c) las condiciones de expedición y el plazo de validez de los certificados de importación;

[…]

e) las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados por la Comunidad, de conformidad con el artículo 228 del Tratado.»

4. Reglamento (CE) nº 2362/98

14 El 28 de octubre de 1998, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad (DO L 293, p. 32). Este Reglamento se aplicó a partir del 1 de enero de 1999. El Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, junto con las disposiciones de aplicación que se establecen en el Reglamento nº 2362/98 para completarlo, se denominarán también convencionalmente, en lo sucesivo, «régimen de 1999».

15 En virtud del artículo 1, párrafo último, y del anexo del Reglamento nº 2362/98, los contingentes arancelarios previstos en el artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 404/93 (2.200.000 toneladas y 353.000 toneladas) se repartirían entre los principales países proveedores de la forma siguiente:

Ecuador: 26,17 %

Costa Rica: 25,61 %

Colombia: 23,03 %

Panamá: 15,76 %

Resto: 9,43 %

16 Hay que señalar que entre el régimen de 1993 y el de 1999 se observan las siguientes diferencias:

a) el régimen de 1999 ya no establece distinciones en razón de las funciones realizadas por los agentes económicos;

b) el régimen de 1999 toma en consideración las cantidades de plátanos importadas;

c) al aplicar el régimen de 1999, la gestión de los certificados de importación se efectúa sin referencia al origen (ACP o países terceros) de los plátanos;

d) el régimen de 1999 aumenta los contingentes arancelarios y la parte atribuida a los operadores recién llegados.

17 El artículo 2 del Reglamento nº 2362/98 establecía, en particular, que los contingentes arancelarios y los plátanos tradicionales ACP, previstos, respectivamente, en el artículo 18, apartados 1 y 2, y en artículo 16 del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, se abrían en la proporción siguiente:

– el 92 % a los operadores tradicionales definidos en el artículo 3;

– el 8 % a los operadores recién llegados definidos en el artículo 7.

18 El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 2362/98 indicaba que cada operador tradicional, registrado en un Estado miembro, obtendría, por cada año, para el conjunto de los orígenes mencionados en el anexo I de este Reglamento, una cantidad de referencia única determinada en función de las cantidades de plátanos que hubiese importado efectivamente durante el período de referencia. Según el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 2362/98, en el caso de las importaciones efectuadas en 1999, el período de referencia estaba constituido por los años 1994, 1995 y 1996.

5. Reglamento (CE) nº 216/2001

19 El Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 216/2001, de 29 de enero de 2001, que modifica el Reglamento nº 404/93 (DO L 31, p. 2).

20 El artículo 18 del Reglamento nº 404/93 prevé, tras su modificación, la apertura de tres contingentes arancelarios (A, B y C) para la importación de plátanos originarios de países terceros, sin distinguir en función de su procedencia.

21 El artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 404/93 dispone que los certificados de importación de plátanos de países terceros se expedirán a los operadores en función de «las corrientes comerciales tradicionales (método denominado “tradicionales/recién llegados”), o mediante otros métodos».

6. Reglamento (CE) nº 896/2001

22 Las disposiciones de aplicación del título IV del Reglamento nº 404/93, así modificado, se determinaron mediante el Reglamento (CE) nº 896/2001 de la Comisión, de 7 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad (DO L 126, p. 6). Con arreglo al artículo 32 del Reglamento nº 896/2001 (en lo sucesivo, «régimen de 2001»), estas disposiciones entraron en vigor el 1 de julio de 2001.

23 El Reglamento nº 896/2001 ya no contiene un reparto de los contingentes arancelarios «A» y «B» entre los países proveedores.

24 Por otra parte, este Reglamento prevé que los certificados de importación se expedirán a los operadores tradicionales que hayan importado plátanos procedentes de Estados terceros o plátanos no tradicionales ACP sobre la base del promedio de sus importaciones primarias durante el período comprendido entre 1994 y 1996. Del mismo modo, la asignación de certificados de importación a los operadores tradicionales que hayan importado plátanos tradicionales ACP se realizará sobre la base del promedio de sus importaciones primarias de plátanos tradicionales ACP durante dicho trienio.

7. Resumen del contencioso relativo a los «plátanos» en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

25 El 8 de mayo de 1996, se estableció un grupo especial para examinar las reclamaciones de Ecuador, Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos de América contra la Comunidad relativas a la compatibilidad del régimen de 1993 con las normas de la OMC (asunto Comunidades Europeas – Régimen para la importación, venta y distribución de plátanos; WT/DS27) (en lo sucesivo, asuntos «Plátanos III»).

26 El 22 de mayo de 1997, el grupo especial distribuyó sus informes, en particular el correspondiente a la reclamación de los Estados Unidos de América contra la Comunidad (WT/DS27/R/USA) (en lo sucesivo, «informe del grupo especial de 22 de mayo de 1997»), contra el que las partes presentaron una apelación.

27 El 25 de septiembre de 1997, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC adoptó el informe del Órgano de Apelación de 9 de septiembre de 1997 (WT/DS27/AB/R; en lo sucesivo, «informe del Órgano de Apelación de 9 de septiembre de 1997») y los informes del grupo especial, modificados por el informe del Órgano de Apelación (en lo sucesivo, «resolución del OSD de 25 de septiembre de 1997»).

28 El informe del Órgano de Apelación de 9 de septiembre de 1997 concluye, en particular, lo siguiente:

«e) […] la atribución, por acuerdo o asignación, de cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés sustancial en el abastecimiento de [plátanos] a las Comunidades Europeas, y no a otros Miembros, es incompatible con el [apartado] 1 del artículo XIII del GATT de 1994;

f) […] las normas del [Acuerdo Marco sobre los plátanos] sobre reasignación de las cuotas del contingente arancelario son incompatibles con el [apartado] 1 del artículo XIII del GATT de 1994, y [se] modifica la constatación del grupo especial, para formular la conclusión de que las normas de reasignación de cuotas del contingente arancelario del [Acuerdo Marco sobre los plátanos] son incompatibles también con la introducción general del [apartado] 2 del artículo XIII del GATT de 1994;

n) […] las normas de [la Comunidad] relativas a la realización de determinadas funciones y el requisito [de la Comunidad] relativo a los certificados de exportación en el marco del [Acuerdo Marco sobre los plátanos] son incompatibles con el [apartado] 1 del artículo I del GATT de 1994;

u) […] la asignación a los operadores de la categoría B del 30 % de las licencias que permiten la importación de [plátano] de terceros países y de [plátano] no tradicional ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es incompatible con los artículos II y XVII del [Acuerdo general sobre el comercio de servicios];

v) […] la asignación a los maduradores de un determinado porcentaje de las licencias de las categorías A y B que permiten la importación de [plátano] de terceros países y de [plátano] no tradicional ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es incompatible con el artículo XVII del [Acuerdo general sobre el comercio de servicios].»

29 Según el acta de la reunión del OSD de 16 de octubre de 1997 (documento WT/DSB/M/38, de 20 de noviembre de 1997, p. 3):

«El representante de las Comunidades Europeas reitera la declaración que formulara en la reunión del 25 de septiembre del OSD, en la que destacó la firme adhesión de las Comunidades al [Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias] sus principios básicos y sus normas. En virtud del [apartado] 3 del artículo 21 del [Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias], las Comunidades tienen la obligación de informar al OSD de sus intenciones en lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones del OSD. Confirma que las Comunidades cumplirán plenamente sus obligaciones internacionales en relación con este asunto. Al establecer el presente régimen, los objetivos de las Comunidades eran apoyar a sus propios productores de [plátanos] y cumplir sus obligaciones internacionales, que abarcan los compromisos de trato [de la nación más favorecida] dimanantes del Acuerdo sobre la OMC y sus compromisos para con los países ACP dimanantes del Convenio de Lomé. Esos objetivos no han cambiado.

Las Comunidades han iniciado un proceso que les permitirá examinar todas las opciones con miras al cumplimiento [de sus obligaciones]. Puesto que han de seguirse los procedimientos internos de adopción de decisiones, el representante no está todavía en condiciones de prever o prejuzgar los resultados del proceso. Las Comunidades desean señalar a la atención de los Miembros la extrema complejidad de esta cuestión. El Órgano de Apelación ha reconocido la dificultad de la tarea legislativa de las Comunidades, que han de respetar las obligaciones dimanantes del Convenio de Lomé al tiempo que establecen un mercado único para el [plátano]. Por consiguiente, aunque se proponen actuar con diligencia, las Comunidades necesitarán un período razonable para examinar todas las opciones con miras al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.»

30 El 7 de enero de 1998, como resultado del procedimiento de arbitraje previsto en el artículo 21, apartado 3, letra c), del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias de la OMC (ESD), un árbitro concedió a la Comunidad un «plazo prudencial», que abarcaba el período comprendido entre el 25 de septiembre de 1997 y el 1 enero de 1999, para la aplicación de la resolución del OSD de 25 de septiembre de 1997 [documento WT/DS27/15: Arbitraje en virtud del artículo 21, apartado 3, letra c), del ESD, laudo del árbitro de 7 de enero de 1998, apartado 20].

31 El 14 de enero de 1999, al estimar que, con la adopción del régimen de 1999, la Comunidad no había eliminado totalmente las incompatibilidades con sus obligaciones con arreglo al GATT de 1994 y al Acuerdo general sobre el comercio de servicios (en lo sucesivo, «AGCS») señaladas en la resolución del OSD de 25 de septiembre de 1997, los Estados Unidos de América pidieron la autorización del OSD, de conformidad con el artículo 22 del ESD, para suspender la aplicación a la Comunidad y a sus Estados miembros de concesiones arancelarias y otras obligaciones conexas resultantes del GATT de 1994. Los Estados Unidos de América estimaron que el importe afectado por dicha suspensión era de 520 millones de dólares estadounidenses (USD). La Comunidad impugnó el nivel de la suspensión propuesta por los Estados Unidos de América, por lo que el asunto fue sometido a arbitraje con arreglo al artículo 22, apartado 6, del ESD.

32 En este contexto los árbitros determinaron, el 9 de abril de 1999, que el nivel de anulación o menoscabo de ventajas sufrido por los Estados Unidos de América en el asunto Plátanos III era de 191,4 millones de USD por año (decisión WT/DS27/ARB; en lo sucesivo, «decisión de los árbitros de 9 de abril de 1999»). En consecuencia, los árbitros decidieron que la suspensión por los Estados Unidos de América de la aplicación a la Comunidad y a sus Estados miembros de concesiones arancelarias y obligaciones conexas derivadas del GATT de 1994 que abarcaran intercambios comerciales por un valor máximo de 191,4 millones de USD por año sería compatible con el artículo 22, apartado 4, del ESD.

33 Por otra parte, en un procedimiento paralelo con arreglo al artículo 21, apartado 5, del ESD, el grupo especial encargado de examinar una reclamación de Ecuador relativa a la aplicación por la Comunidad de las recomendaciones formuladas por el OSD en el asunto Plátanos III presentó su informe a las partes en la controversia el 6 de abril de 1999 (informe WT/DS27/RW/ECU; en lo sucesivo «informe del grupo especial de 6 de abril de 1999»). Como resultado de su análisis, el grupo especial señaló que había varios aspectos del régimen de 1999 que eran incompatibles con determinadas disposiciones de los acuerdos de la OMC. En concreto, el grupo especial llegó a las siguientes conclusiones:

– Que el límite de 857.700 toneladas establecido para las importaciones de plátanos tradicionales ACP con arreglo al régimen de 1999 «es incompatible con los [apartados] 1 y 2 del artículo XIII del GATT [de 1994]»;

– que las asignaciones por países atribuidas al Ecuador y a los demás proveedores con un interés sustancial no son compatibles con los requisitos establecidos en el artículo XIII, apartado 2, del GATT de 1994;

– que el nivel de 857.700 toneladas para las importaciones tradicionales ACP exentas de derechos puede considerarse exigido por el Convenio de Lomé pero que, sin embargo, «no es razonable que las Comunidades Europeas concluyan que el Protocolo nº 5 del Convenio de Lomé exige una asignación colectiva para los proveedores tradicionales ACP»; que, por lo tanto, la admisión con exclusión de derechos de importación que supere el mayor volumen de exportación antes de 1991 para un Estado ACP considerado individualmente no es exigido por el Protocolo nº 5 del Convenio de Lomé, y que, en consecuencia, al no existir otra exigencia aplicable del Convenio de Lomé en este sentido, esos volúmenes excedentarios no están amparados por la Exención de Lomé y, por ello, el arancel preferencial que se les aplica es incompatible con el artículo I, apartado 1, del GATT de 1994 (informe WT/DS27/RW/ECU, punto 6.161).

34 Por lo que se refiere al AGCS, el grupo especial dictaminó, en primer lugar, que, con arreglo al régimen de 1999, «se concede de facto a los proveedores de servicios al por mayor del Ecuador un trato menos favorable, en lo que respecta a la asignación de licencias, que a los proveedores comunitarios o ACP de esos servicios, en violación de los artículos II y XVII de l’AGCS» y, en segundo lugar, que «los criterios para adquirir la condición de recién llegado en el procedimiento de licencias revisado conceden de facto a los proveedores de servicios del Ecuador condiciones de competencia menos favorables que a los proveedores de servicios similares de [las] CE, en violación del artículo XVII del AGCS» (informe WT/DS27/RW/ECU, punto 6.163).

35 Al no haber presentado la Comunidad una apelación, este informe del grupo especial fue adoptado el 6 de mayo de 1999 (actas de la reunión del OSD de 6 de mayo de 1999, documento WT/DSB/M/61, de 30 de junio de 1999).

36 El 8 de noviembre de 1999, Ecuador pidió la autorización del OSD, de conformidad con el artículo 22 del ESD, para suspender la aplicación a la Comunidad y a trece de sus Estados miembros de concesiones arancelarias y otras obligaciones conexas resultantes del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»), del AGCS y del GATT de 1994 por valor de 450 millones de USD.

37 El 19 de noviembre de 1999, al haber impugnado la Comunidad el nivel de la suspensión propuesta por Ecuador, se decidió, con arreglo al artículo 22, apartado 6, del ESD, someter el asunto a arbitraje.

38 Mediante decisión publicada el 24 de marzo de 2000, los árbitros determinaron que el nivel de anulación y menoscabo sufrido por Ecuador era de 201,6 millones de USD por año y autorizaron a este Estado a suspender concesiones en el marco del GATT de 1994, del AGCS y del Acuerdo sobre los ADPIC por un valor que no excediera de dicho importe.

39 El 11 de abril de 2001, los Estados Unidos de América y la Comunidad llegaron a un Entendimiento sobre los plátanos, en el que identificaron «los medios por los cuales se puede resolver la prolongada diferencia respecto del régimen de [la Comunidad] para la importación de [plátanos]». Este Entendimiento dispone que la Comunidad se obliga a «[introducir] un régimen exclusivamente arancelario para las importaciones de [plátanos] a más tardar el 1 de enero de 2006». El Entendimiento define las medidas que la Comunidad se obliga a adoptar durante el período transitorio que terminará el 1 de enero de 2006. En contrapartida, los Estados Unidos de América se comprometieron a suspender provisionalmente la imposición de derechos arancelarios más elevados a las importaciones comunitarias autorizada mediante la decisión de los árbitros de 9 de abril de 1999 (documento WT/DS27/58). No obstante, los Estados Unidos precisaron, mediante comunicación de 26 de junio de 2001 al OSD, que este Entendimiento «no [constituía] en sí una solución mutuamente convenida de conformidad con el [apartado] 6 del artículo 3 del ESD [y que,] además, habida cuenta de las medidas que aún deb[ían] tomar todas las partes, también sería prematuro retirar este punto del orden del día del OSD» (documento WT/DS27/59 – G/C/W/270, de 2 de julio de 2001).

Procedimiento

40 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de enero de 2001, Chiquita Brands International, Chiquita Banana Co. y Chiquita Italia, tres sociedades (en lo sucesivo, denominadas «demandante») pertenecientes al grupo Chiquita, uno de los mayores productores y distribuidores de plátanos del mundo, interpusieron conjuntamente el presente recurso.

41 Mediante escrito de 29 de junio de 2001, posterior a la presentación por parte de la Comisión de su escrito de contestación, la demandante propuso al Tribunal de Primera Instancia que acordase diligencias de ordenación del procedimiento consistentes en instar a las partes para:

– concentrar sus observaciones en el principio de responsabilidad de la Comunidad (existencia de una ilegalidad, de un perjuicio y de una relación de causalidad entre ambos), con el objeto de reservar para una fase posterior del procedimiento la cuestión de la evaluación del importe exacto del perjuicio alegado, y

– reservar para una fase posterior del procedimiento la presentación de pruebas relativas a la cuantificación del perjuicio.

42 Mediante escrito de 13 de julio de 2001, la Comisión se sumó a esta propuesta, aunque subrayó que pretendía continuar oponiéndose tanto a la admisibilidad como al fondo del recurso.

43 El 25 de septiembre de 2001, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 64, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia acordó instar a las partes para que, en los escritos de réplica y dúplica, concentrasen sus alegaciones en la admisibilidad del recurso y en la responsabilidad de la Comunidad.

44 A petición de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en un escrito de 25 de octubre de 2001, que el procedimiento iba a quedar dividido en dos fases de la forma siguiente: «El Tribunal de Justicia se pronunciará en primer lugar sobre la admisibilidad del recurso a la vista de los elementos en que se basa según resulta de la demanda y de sus anexos; en caso de que lo juzgue admisible, se pronunciará a continuación sobre la cuestión de la responsabilidad en la medida en que ésta implica la existencia de un acto o comportamiento supuestamente ilícito de la parte demandada.» Así, en la presente sentencia el Tribunal de Primera Instancia se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso y sobre la existencia en el caso de autos de un acto o comportamiento ilegal de la Comunidad.

45 Mediante escrito de 5 de febrero de 2003, la Comisión solicitó que se suspendiera el presente procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia dictase la sentencia que pusiera fin al procedimiento seguido en el asunto Léon van Parys (C‑377/02). El Tribunal de Primera Instancia no accedió a esta petición.

46 De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Procedimiento y a propuesta de la Sala Quinta, el Tribunal de Primera Instancia decidió, oídas las partes de conformidad con el artículo 51 de dicho Reglamento, atribuir el asunto a una Sala ampliada.

47 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) decidió iniciar la fase oral.

48 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron en la vista celebrada el 12 de febrero de 2004.

Pretensiones de las partes

49 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Condene a la Comunidad a indemnizar el perjuicio resultante de la aplicación a esta parte del Reglamento nº 2362/98, provisionalmente estimado en la cantidad de 564,1 millones de euros, más los intereses correspondientes al tipo anual del 8 %.

– Condene en costas a la Comisión.

50 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Declare inadmisible el recurso o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.

– Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad

1. Alegaciones de las partes

51 La Comisión estima, sin haber propuesto una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, que el recurso es inadmisible. La Comisión alega, en esencia, que la demanda no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letras c) y e), del Reglamento de Procedimiento, con arreglo al cual ésta contendrá, entre otras cosas, «la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados» y «la proposición de prueba, si procediere».

52 La Comisión sostiene, en efecto, que la demanda no cumple los requisitos del Reglamento de Procedimiento que exigen que cuando ésta tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar la conducta que la demandante reprocha a la institución, las razones por las que la demandante estima que existe una relación de causalidad entre dicha conducta y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Automec/Comisión, T‑64/89, Rec. p. II‑367, apartado 73). Esta carencia se ve agravada por el hecho de que la demandante solicita la indemnización del lucro cesante, que es un tipo de perjuicio que, por su naturaleza, está sujeto a unos requisitos de prueba especialmente estrictos (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1967, Kampffmeyer y otros/Comisión CEE, asuntos acumulados 5/66, 7/66 y 13/66 a 24/66, Rec. p. 317, y de 14 de mayo de 1975, CNTA/Comisión, 74/74, Rec. p. 533). La Comisión considera que, a pesar de que la demandante reclama una cantidad elevadísima, sólo aporta como justificación una argumentación muy somera. Los 543,6 millones de euros de lucro cesante alegado se basan, según la demandada, en la diferencia entre las ventas efectivamente realizadas por la demandante y las que podría haber realizado de no haberse adoptado el Reglamento nº 2362/98.

53 Por otra parte, a juicio de la Comisión, la demandante no ha presentado el más mínimo indicio para probar el perjuicio alegado. En este sentido, la demandada señala que las circunstancias del presente recurso son diferentes de las del asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2001, T. Port/Comisión (T‑1/99, Rec. p. II‑465), donde, al menos, la parte demandante presentó cifras concretas relativas al precio de los certificados de importación que había adquirido y a los intereses bancarios que había tenido que soportar.

54 A este respecto, la Comisión recuerda que, como se declaró en el apartado 37 de la sentencia T. Port/Comisión, antes citada, la demanda «debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos». La demandada añade que, con arreglo a los artículos 44, apartado 1, letra e), y 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la demanda tenía que haber ido acompañada de la proposición de prueba en apoyo de sus alegaciones.

55 En el caso de autos, según la Comisión, la demanda no contiene prueba alguna de la existencia o de la causa del perjuicio alegado, si bien la demandante señala, en el punto 146 de la demanda, que tiene intención de aportar más información «en una fase posterior del presente procedimiento». La Comisión sostiene que, puesto que se desprende implícitamente de esta declaración que las pruebas en cuestión ya obran en poder de la demandante, no existe motivo válido alguno que justifique el retraso en proponerlas, en el sentido del artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

56 La Comisión considera que las carencias anteriores se ven agravadas por el hecho de que la demandante es la primera empresa a nivel mundial de producción y distribución de plátanos y dispone de abundantes medios. La demandada indica que el perjuicio alegado ya fue invocado para fundamentar una reclamación planteada por los Estados Unidos de América ante los órganos de la OMC, en la que la demandante, a pesar de no ser parte, aportó más información que en el presente recurso.

57 Según la Comisión, la demandante no puede subsanar los defectos de su demanda remitiéndose a las resoluciones de la OMC, esto es, a la decisión de los árbitros de 9 de abril de 1999 y al informe del grupo especial de 6 de abril de 1999. La demandada afirma que, además de no ser vinculantes, estas resoluciones no guardan relación con los requisitos que se exigen a la demanda.

58 La demandante estima que el recurso es admisible. Según ella, la demanda cumple los criterios de las sentencias Automec/Comisión, antes citada (apartado 73), y T. Port/Comisión, antes citada (apartado 37).

59 En primer lugar, la demandante afirma haber identificado claramente los dos aspectos de la conducta vinculada al Reglamento nº 2362/98 cuya ilegalidad alega. Se trata, según la demandante, del sistema de asignación de los certificados de importación de plátanos, por una parte, y del reparto por países del contingente arancelario correspondiente a los plátanos latinoamericanos, por otra.

60 En segundo lugar, la demandante recuerda que también se ha pronunciado en la demanda sobre la existencia de una relación de causalidad entre dicha ilegalidad y el perjuicio sufrido.

61 En tercer lugar, la demandante se remite al punto 155 de la demanda, en el que especifica los distintos conceptos que integran el perjuicio cuya reparación solicita. Según la citada parte, para el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 1999, se trata de 543,6 millones de euros de lucro cesante y de 20,5 millones de euros de gastos extraordinarios.

62 Adicionalmente, la demandante rechaza el argumento de la Comisión según el cual parece que las solicitudes de indemnización de un lucro cesante están sujetas a criterios de admisibilidad más estrictos que los anteriormente señalados.

63 La demandante concluye que, habida cuenta de la gran cantidad de litigios que se han planteado en relación con la organización común de mercados en el sector del plátano, la Comisión no puede pretender que no entiende las explicaciones que aporta la demanda en relación con el perjuicio alegado.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Sobre la conformidad de la demanda con el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento

64 En virtud de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, las demandas deben contener la indicación del objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda (auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 1993, De Hoe/Comisión, T‑85/92, Rec. p. II‑523, apartado 20, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de enero de 1998, Dubois et Fils/Consejo y Comisión, T‑113/96, Rec. p. II‑125, apartado 29).

65 Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños supuestamente causados por una institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que la demandante reprocha a la institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio (sentencia Dubois et Fils/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 30, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2003, Hameico Stuttgart y otros/Consejo y Comisión, T‑99/98, Rec. p. II‑2195, apartado 26).

66 En cambio, una demanda que tenga por objeto obtener una indemnización indeterminada carece de la necesaria precisión, por lo que deberá considerarse que no ha lugar a su admisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de diciembre de 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consejo, 5/71, Rec. p. 975, apartado 9; sentencia Automec/Comisión, antes citada, apartado 73, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 2000, Camar y Tico/Comisión y Consejo, asuntos acumulados T‑79/96, T‑260/97 y T‑117/98, Rec. p. II‑2193, apartado 181).

67 En el caso de autos, la demandante ha expuesto, en los puntos 142 a 154 de la demanda, la naturaleza de los distintos conceptos que integran el perjuicio cuya reparación solicita, así como la metodología utilizada para determinar su importe. La citada parte ha indicado, de forma suficientemente detallada, los hechos en los que se basa para acreditar el carácter real y cierto del perjuicio alegado y su alcance.

68 En lo que atañe al carácter real y cierto del perjuicio, la demandante ha recordado, en efecto, que el régimen de 1999 afectó profundamente a su actividad y a sus resultados. Ha alegado, en particular, que este perjuicio se reflejó claramente en su capitalización, que disminuyó, tras la adopción del régimen de 1993, en más de un 96 %. La demandante ha alegado que, entre 1999 y 2000, su capitalización pasó de 625 millones a 79,2 millones de USD, lo que supone una disminución del 87 %. Al ser Chiquita Brands International Inc. una sociedad cotizada, estos datos son de dominio público y han sido objeto de gran difusión, especialmente a través de la prensa.

69 Por lo que respecta al alcance del perjuicio y a la cuantificación de la indemnización que se solicita, la demandante ha distinguido entre el lucro cesante sufrido y los costes que tuvo que afrontar. En cuanto al lucro cesante, la demandante se ha referido al método que siguieron los árbitros de la OMC para cuantificar el perjuicio sufrido por los Estados Unidos de América y por Ecuador como consecuencia de la incompatibilidad del régimen de 1993 con las normas de la OMC, incompatibilidad que también afecta, según la demandante, al régimen de 1999. Sobre la base de este método y de su volumen de negocios durante los ejercicios 1999 y 2000, la demandante ha calculado el volumen de negocios que habría alcanzado de no haber sido por la incompatibilidad del régimen de 1999 con las normas de la OMC. La citada parte alega que el lucro cesante equivale a la diferencia entre los beneficios que hubiera podido obtener con ese volumen de negocios hipotético y el beneficio que efectivamente obtuvo en los ejercicios de 1999 y 2000. Como resultado de este cálculo, la demandante valora el lucro cesante en 543,6 millones de euros. En cuanto a los costes extraordinarios, la demandante ha explicado que se refieren a las reducciones de plantilla de 1999, al exceso de capacidad de transporte durante los años 1999 y 2000 y a los gastos de defensa jurídica. La demandante estima que el importe de estos gastos asciende a 20,5 millones de euros.

70 La exposición realizada por la demandante en su demanda del carácter y alcance del perjuicio alegado cumple, por tanto, lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. Dicha exposición permite que la Comisión se defienda y que el Tribunal de Primera Instancia ejerza su función de control.

Sobre la conformidad de la demanda con el artículo 44, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento

71 Del tenor literal del artículo 44, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento, y más en concreto de la expresión «si procediere», se desprende que la demanda no debe necesariamente contener proposición de prueba. La única sanción que existe en materia de proposición de prueba es la de su inadmisión por extemporánea cuando se presente, por primera vez y de forma injustificada, en la réplica o en la dúplica (artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento).

72 A tenor del artículo 43, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, «a todo escrito procesal se acompañarán, como anexo, los documentos justificativos invocados y una relación de los mismos». De la jurisprudencia se desprende que el incumplimiento de esta obligación puede implicar la inadmisibilidad del recurso cuando ocasione un trastorno a las demás partes en la preparación de sus alegaciones (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Ineichen/Comisión, T‑293/01, RecFP pp. I‑A-83 y II‑441, apartados 29 y siguientes).

73 En el presente caso, hay que señalar que la Comisión ha presentado un escrito de contestación particularmente detallado, lo que permite considerar que el hecho de que no se presentasen documentos para acompañar a la demanda no le ha ocasionado trastorno alguno.

74 Las objeciones de la Comisión en relación con las pruebas de la existencia de un perjuicio pertenecen, en efecto, a la apreciación del fondo del litigio y no a la de su admisibilidad (véase, en este sentido, la sentencia Hameico Stuttgart y otros/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 32).

75 Por consiguiente, el recurso es admisible.

Sobre el fondo

76 Según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad a que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del perjuicio y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que se alega (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, apartado 16; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, International Procurement Services/Comisión, T‑175/94, Rec. p. II‑729, apartado 44; de 16 de octubre de 1996, Efisol/Comisión, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, apartado 30, y de 11 de julio de 1997, Oleifici Italiani/Comisión, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, apartado 20). En el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la citada responsabilidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, apartados 19 y 81; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de febrero de 2002, Förde-Reederei/Consejo y Comisión, T‑170/00, Rec. p. II‑515, apartado 37).

77 Por lo que respecta al análisis de las pretensiones de indemnización a la luz del primero de estos requisitos, relativo a la existencia de un comportamiento ilegal, hay que recordar que la jurisprudencia exige que se acredite una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, apartado 42). En cuanto a la exigencia de que la violación sea suficientemente caracterizada, el criterio decisivo para considerarla satisfecha es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución comunitaria de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. Cuando dicha institución sólo dispone de un margen de apreciación muy reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión, asuntos acumulados T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99, Rec. p. II‑1975, apartado 134, y de 10 de febrero de 2004, Afrikanische Frucht‑Compagnie/Consejo y Comisión, asuntos acumulados T‑64/01 y T‑65/01, Rec. p. II‑521, apartado 71).

1. Exposición sucinta de los motivos

78 La demandante alega que la Comisión generó la responsabilidad de la Comunidad, sobre la base del artículo 235 CE, al incurrir en varias violaciones caracterizadas de normas jurídicas que protegen a los particulares o les confieren derechos, mediante la adopción y el mantenimiento en vigor de las disposiciones del Reglamento nº 2362/98 relativas al sistema de asignación de certificados de importación y al reparto del contingente arancelario entre varios países latinoamericanos.

79 En cuanto al sistema de asignación de certificados de importación de plátanos procedentes de países terceros, la demandante alega que el régimen de 1993 estableció un mecanismo destinado a debilitar la posición competitiva de las grandes empresas que, como ella, están verticalmente integradas y se han especializado en la comercialización de plátanos latinoamericanos. En efecto, el régimen de 1993 otorgaba estos certificados a determinados operadores cuya actividad no era la importación de plátanos de países terceros. Así, los mayoristas de plátanos comunitarios o ACP disponían de un 30 % de los certificados para la importación de plátanos de países terceros. Del mismo modo, los maduradores recibieron un cierto número de certificados. De esta forma, el régimen de 1993 incitó a los importadores de plátanos de países terceros a comprar certificados a los maduradores y a los mayoristas de plátanos ACP y comunitarios. Los importadores de plátanos de países terceros se vieron obligados a transferir una parte de sus recursos a sus competidores, habida cuenta de que el precio de estos certificados era de unos 200 euros por tonelada de plátanos. Además, la demandante señala que este mecanismo permitió que determinados operadores, que estaban hasta entonces especializados en la comercialización de plátanos ACP, importasen directamente plátanos de Latinoamérica y entrasen a competir de forma directa con la demandante.

80 La demandante sostiene que las modificaciones introducidas por el régimen de 1999 agravaron el problema. La citada parte destaca que el Reglamento nº 2362/98 ya no reservaba un 30 % de los certificados a los importadores de plátanos ACP o comunitarios, sino que funcionaba con arreglo al sistema denominado «de bolsa única». Conforme a este sistema, los certificados de importación para los contingentes arancelarios ACP y Estados terceros se gestionaban de forma conjunta. Los certificados se atribuían a los operadores en función de la cantidad de plátanos efectivamente importados bajo el régimen de 1993 (período comprendido entre 1994 y 1996, denominado «período de referencia»), con independencia de su origen. Además de estar basado en un período de referencia afectado por las ilegalidades señaladas en la resolución del OSD de 25 de septiembre de 1997, este sistema originó en la práctica el crecimiento de la demanda de certificados de importación países terceros por parte de los operadores tradicionalmente especializados en la comercialización de plátanos ACP o comunitarios. Correlativamente la cantidad de plátanos que la demandante pudo importar fue, según ella, inferior a la cantidad de referencia a la que podía aspirar habida cuenta del volumen de sus importaciones anteriores.

81 En cuanto al reparto por países de los contingentes arancelarios, la demandante subraya que la fuente más importante de sus importaciones de plátanos es Panamá. Señala que el régimen de 1993 reservaba un 49,40 % del contingente arancelario de países terceros a los firmantes del acuerdo celebrado los días 28 y 29 de marzo de 1994 entre la Comunidad y la República de Colombia, la República de Costa Rica, la República de Nicaragua y la República bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo «Acuerdo Marco»), en el que no participó Panamá. Tras la resolución del OSD de 25 de septiembre de 1997 en la que se declaró la incompatibilidad de este reparto con el artículo XIII del GATT de 1994, el régimen de 1999 modificó el reparto por países del contingente arancelario. La parte reservada a Panamá se fijó entonces en un 15,76 %. La demandante sostiene que este reparto por países carece de justificación. Es además arbitrario, dado que Colombia y Costa Rica disponen de una cuota superior al volumen de intercambios al que habrían podido aspirar de no existir restricciones cuantitativas. Con independencia de las razones inspiradoras de este reparto por países, la demandante subraya que está basado en los intercambios efectuados durante la vigencia del régimen de 1993. Pues bien, la demandante alega que, como se declaró en el informe del grupo especial de 6 de abril de 1999, la elección de este período de referencia tiene como consecuencia que se perpetúen las discriminaciones resultantes del régimen de 1993 señaladas en la resolución del OSD de 25 de septiembre de 1997.

82 A fin de demostrar la ilegalidad del comportamiento de la Comisión, la demandante invoca cuatro motivos que pueden resumirse de la forma siguiente. El primero está basado en la infracción de las normas de la OMC. El segundo motivo se refiere al incumplimiento de la delegación normativa del Consejo en favor de la Comisión para la aplicación del Reglamento nº 1637/98. El tercer motivo se basa en la vulneración de principios generales del Derecho comunitario. El cuarto motivo está basado en la vulneración de los principios de Derecho internacional de buena fe y de confianza legítima.

2. Sobre el primer motivo, basado en la infracción de las normas de la OMC

Sobre la interpretación de la jurisprudencia Nakajima

Alegaciones de las partes

83 La demandante alega que el Reglamento nº 2362/98 es incompatible con las normas de la OMC, y que esta incompatibilidad fue declarada por el informe del grupo especial de 6 de abril de 1999. Declara que, mediante el presente motivo, no pretende invocar directamente una violación de las normas de la OMC. La demandante reconoce que, al carecer éstas de efecto directo, una demanda de responsabilidad extracontractual de la Comunidad directamente basada en la infracción de las normas de la OMC estaría destinada al fracaso (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2001, Bocchi Food Trade International/Comisión, T‑30/99, Rec. p. II‑943, apartado 56; Cordis/Comisión, T‑18/99, Rec. p. II‑913, apartado 51, y T. Port/Comisión, T‑52/99, Rec. p. II‑981, apartado 51).

84 La demandante indica que el presente motivo se basa en una jurisprudencia reiterada según la cual los órganos jurisdiccionales comunitarios pueden controlar la legalidad de un acto de Derecho derivado en relación con las normas de la OMC, entre las cuales está el GATT, en el supuesto de que «la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de la OMC» [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999, Portugal/ Consejo, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, apartado 49; véanse, además, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1998, Italia/Consejo, C‑352/96, Rec. p. I‑6937, en lo sucesivo, «sentencia Italia/Consejo (Arroz)», apartado 19, y de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo C‑280/93, Rec. p. I‑4973, en lo sucesivo, «sentencia Alemania/Consejo (Plátanos)», apartado 111]. La demandante añade que el origen de este principio se remonta a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo (C‑69/89, Rec. p. I‑2069; en lo sucesivo, «sentencia Nakajima»).

85 Para interpretar el principio derivado de la sentencia Nakajima, tal como ha sido posteriormente formulado y aplicado por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, «jurisprudencia Nakajima»), la demandante analiza de forma sucesiva su razón de ser, los requisitos para su aplicación y las consecuencias de la sentencia Portugal/Consejo, antes citada.

86 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la razón de ser de la jurisprudencia Nakajima, la demandante sostiene que en ella subyace la idea de permitir el control jurisdiccional con arreglo a las normas de la OMC cuando el órgano legislativo de la Comunidad tenga el propósito de cumplir las obligaciones que se derivan de dichas normas, en cuyo caso su falta de efecto directo deja de ser relevante. Los órganos jurisdiccionales comunitarios no controlan la compatibilidad de los actos de la Comunidad con las normas de la OMC sino que las analizan en relación con la decisión fundamental de cumplir una obligación derivada de dichas normas. La demandante subraya, en efecto, que «en esos supuestos, la posibilidad de invocar las normas del GATT no se funda en el efecto directo de las mismas, sino en la existencia de un acto comunitario de aplicación de dichas normas o en el que en todo caso se expresó la voluntad de aplicarlas» (conclusiones del Abogado General Tesauro en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1998, Hermès, C‑53/96, Rec. pp. I‑3603, I‑3606, nota 45 a pie de página).

87 La demandante estima, además, que la jurisprudencia Nakajima debe enmarcarse en la perspectiva general del efecto directo de los acuerdos internacionales en el ordenamiento jurídico comunitario, efecto del que carecen el GATT y los acuerdos de la OMC (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company y otros, asuntos acumulados 21/72 a 24/72, Rec. p. 1219, y Portugal/Consejo, antes citada).

88 Esta circunstancia no impide, según la demandante, el control jurisdiccional de la compatibilidad de los actos comunitarios con las normas del GATT y de los acuerdos de la OMC. La demandante señala que la jurisprudencia Nakajima permite, por el contrario, garantizar un control jurisdiccional estrictamente limitado, pero esencial para la protección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva [conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2001, Países Bajos /Parlamento y Consejo (C‑377/98, Rec. pp. I‑7079, I‑7084; en lo sucesivo, «sentencia Biotecnologías»)].

89 Por lo que respecta, en segundo lugar, a los requisitos para la aplicación de la jurisprudencia Nakajima, la demandante sostiene que son dos: en primer lugar, que la Comunidad tenga el propósito de acatar una obligación («intention to comply») y, en segundo lugar, que la obligación de que se trate sea una «obligación particular» derivada de los acuerdos de la OMC.

90 La demandante explica el primero de estos requisitos por el hecho de que, cuando resulta manifiesto que la Comunidad tiene el propósito de acatar las normas de la OMC, dejan de tener sentido las preocupaciones que llevaron al Tribunal de Justicia a descartar el efecto directo de los acuerdos de la OMC. Según la demandante, en estos casos no podrá nunca suceder que la Comunidad se vea obligada a aplicar contra su voluntad las normas de la OMC, principio que la jurisprudencia Nakajima no cuestiona en absoluto.

91 La demandante señala que la obligación impuesta por las normas de la OMC que la Comunidad tenga el propósito de cumplir deberá también constituir una «obligación particular»: tendrá que ser una obligación «suficientemente clara y precisa» para poder ser aplicada por el órgano jurisdiccional.

92 Sobre la base de las consideraciones anteriores, la demandante refuta cuatro interpretaciones, todas ellas destinadas a limitar la aplicabilidad de la jurisprudencia Nakajima.

93 La demandante considera contraria a Derecho una primera interpretación según la cual la aplicación de la jurisprudencia Nakajima se limita a los casos en los que el acto comunitario de que se trate se refiera expresamente a una norma concreta del GATT o de los acuerdos de la OMC. La demandante estima que, en realidad, dicha interpretación confunde las circunstancias a las que se aplica la sentencia Nakajima con las de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989, Fediol/Comisión (70/87, Rec. p. 1781), en la que sí se trataba el supuesto de una referencia expresa a las normas del GATT o de los acuerdos de la OMC. El requisito para la aplicación de la jurisprudencia Nakajima consiste en «el propósito de cumplir una obligación particular» con arreglo al GATT o a los acuerdos de la OMC. La demandante señala, a este respecto, que el acto comunitario enjuiciado en la sentencia Nakajima no se refería a una norma concreta del GATT.

94 La demandante reconoce que la jurisprudencia, cuando alude a la norma que permite el control jurisdiccional de la legalidad de un acto comunitario con arreglo a las normas del GATT y de los acuerdos de la OMC, a pesar de su falta de efecto directo, se remite en ocasiones de forma conjunta las sentencias Nakajima y Fediol/Comisión, antes citada. Sin embargo, según la demandante, los supuestos de aplicación de dicha norma que contemplan cada una de estas dos sentencias continúan siendo distintos (conclusiones del Abogado General Saggio en el asunto que dio lugar a la sentencia Portugal/Consejo, antes citada, Rec. p. I‑8397, nota 20 a pie de página).

95 La demandante añade que la tesis según la cual la aplicación de la jurisprudencia Nakajima estaría condicionada a la existencia de una referencia específica a las normas del GATT o de los acuerdos de la OMC es absurda. En efecto, el control jurisdiccional no puede depender de un requisito formal que quedaría totalmente al arbitrio del autor del acto de que se trate. Tal requisito sería, según la citada parte, incompatible con el Estado de Derecho.

96 La demandante considera contraria a Derecho una segunda interpretación según la cual la jurisprudencia Nakajima solo se aplica a los casos en los que la obligación derivada del GATT o de los acuerdos de la OMC esté formulada en términos positivos.

97 Para empezar, la demandante alega que tal requisito es artificial, puesto que cualquier obligación positiva puede enunciarse en forma de prohibición, como por ejemplo el principio de igualdad de trato, que equivale al de no discriminación. A continuación, la demandante subraya que los artículos II, apartado 1, y XVII del AGCS y el artículo XIII del GATT de 1994, a los que se refiere el presente asunto, contienen todos ellos obligaciones positivas. Por último, dicha limitación queda invalidada por la sentencia Nakajima, que trata de la compatibilidad de la legislación comunitaria antidumping con el artículo 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT, aprobado en nombre de la Comunidad por la Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979 (DO 1980, L 71, p. 1; EE 11/12, p. 38) (en lo sucesivo, «Código antidumping de 1979»). La demandante indica que esta disposición contiene una obligación negativa, ya que prohíbe a las partes contratantes establecer derechos antidumping sin observar las normas del Código antidumping de 1979.

98 La demandante considera contraria a Derecho una tercera interpretación según la cual la jurisprudencia Nakajima solo se aplica a los supuestos en los que la obligación derivada del GATT o de los acuerdos de la OMC haya sido incorporada al acto comunitario de que se trate o cuando éste adapte el ordenamiento jurídico comunitario a la misma. La demandante subraya que, en realidad, dicha interpretación no encuentra fundamento en ninguna resolución del Tribunal de Justicia ni del Tribunal de Primera Instancia. La citada parte reconoce que, en el contexto de los asuntos antidumping, el ordenamiento jurídico comunitario se había adaptado a lo dispuesto en el Código antidumping de 1979. No obstante, niega que tal circunstancia permita afirmar con carácter general que la jurisprudencia Nakajima sólo se aplica cuando el acto comunitario impugnado adapte el ordenamiento jurídico comunitario a una norma derivada del GATT o de los acuerdos de la OMC. La sentencia Italia/Consejo (Arroz), en la que el Tribunal de Justicia aplicó la jurisprudencia Nakajima a pesar de que la Comunidad no había adaptado el ordenamiento jurídico comunitario a lo dispuesto en el artículo XXIV, apartado 6, del GATT, desmiente, según la demandante, dicha afirmación.

99 La demandante considera contraria a Derecho una cuarta interpretación según la cual la jurisprudencia Nakajima sólo se aplica a los casos en los que el único objetivo que pretenda alcanzar el acto comunitario impugnado sea la conformidad con las normas derivadas del GATT o de los acuerdos de la OMC. Dado que esto sucede muy raramente, la demandante estima que tal interpretación vaciaría de contenido la jurisprudencia Nakajima. La demandante sostiene que ésta es aplicable incluso cuando el acto impugnado persiga varios objetivos contradictorios, en cuyo caso la única limitación impuesta al órgano jurisdiccional es no romper el equilibrio alcanzado por el legislador.

100 En tercer lugar, la demandante mantiene que la sentencia Portugal/Consejo, antes citada, no afecta a su interpretación de la jurisprudencia Nakajima. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia rechazó la tesis del efecto directo de los acuerdos de la OMC por razones de política judicial. Según la demandante, el Tribunal de Justicia estimó que admitir dicha tesis equivaldría a cercenar de forma unilateral el «margen de maniobra» de la Comunidad en el seno de la OMC, sin que ninguna otra parte contratante hubiese asumido un compromiso recíproco frente a la Comunidad.

101 La demandante considera, en efecto, que la jurisprudencia Nakajima quedaría vacía de contenido si tuviera que cumplir el requisito de reciprocidad que aparece en la sentencia Portugal/Consejo, antes citada. La citada parte recuerda que la razón de ser de la jurisprudencia Nakajima reside precisamente en que sólo se refiere, por definición, a supuestos en los que la Comunidad ya no dispone de ningún «margen de maniobra», puesto que es ella la que ha decidido aplicar las normas derivadas del GATT o de los acuerdos de la OMC.

102 La demandante estima que no hay que temer que dicha interpretación dé lugar a una avalancha de recursos cada vez que la Comunidad no acate una resolución del OSD, puesto que tales recursos continuarán estando sujetos a la condición de que la Comunidad haya decidido claramente aplicarla con arreglo a los acuerdos de la OMC. De esta forma, se limitan los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional comunitario podrá aplicar la jurisprudencia Nakajima. En la práctica, se tratará sólo de casos en los que, a pesar de que el Consejo haya decidido claramente aplicar una resolución de los órganos de la OMC que ponga fin a un conflicto, su aplicación práctica en el ordenamiento jurídico comunitario resulte ser contraria a la finalidad perseguida por el Consejo.

103 En este sentido, la demandante insiste en las diferencias que separan el presente asunto del contencioso «Carne de vacuno tratada con hormonas» (informe del Órgano de Apelación de 16 de enero de 1998, WT/DS26/AB/R WT/DS48/AB/R, adoptado por el OSD el 13 de febrero de 1998) planteado ante la OMC. En ese caso, la Comunidad decidió claramente no modificar su normativa para acatar las resoluciones adoptadas con arreglo al procedimiento de solución de diferencias de la OMC. Al no haber llegado a un acuerdo en cuanto al importe de la indemnización, la Comunidad decidió exponerse a las represalias de la parte ganadora, los Estados Unidos de América. En el presente asunto, la Comunidad no decidió, según la demandante, mantener en vigor los aspectos de la organización común de mercados en el sector del plátano que habían sido declarados incompatibles con sus obligaciones derivadas de los acuerdos de la OMC. La demandante sostiene que la Comunidad indicó claramente, en cambio, que tenía la intención de acatar las resoluciones adoptadas mediante los procedimientos de solución de diferencias de la OMC.

104 La Comisión rechaza esta interpretación de la sentencia Nakajima. Recuerda que, a pesar del carácter monista del ordenamiento jurídico comunitario, la jurisprudencia ha rechazado reiteradamente la tesis del efecto directo de los acuerdos de la OMC (sentencias International Fruit Company y otros y Portugal/Consejo, antes citadas). Según la demandada, sólo podrá tomarse en consideración un informe del OSD a efectos de comprobar la compatibilidad de una disposición comunitaria con una norma de la OMC cuando la obligación subyacente en dicha norma tenga efecto directo (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, apartado 20).

105 La Comisión rechaza también la interpretación que realiza la demandante de los requisitos para la aplicación de la jurisprudencia Nakajima.

106 La Comisión sostiene que el primero de estos requisitos no es, como afirma la demandante, el propósito de «acatar» («to comply»), sino el de «cumplir» («to implement») una obligación particular (sentencia Portugal/Consejo, antes citada, apartado 49). Estos términos no son idénticos, puesto que «acatar» tiene un significado mucho más amplio que «cumplir». La Comisión señala que es frecuente que un Estado o la Comunidad tengan la intención de acatar determinadas obligaciones, sin que ello signifique que pretendan cumplirlas.

107 La Comisión rechaza la interpretación del segundo requisito relativo a la existencia de una «obligación particular». Según la citada institución, una obligación «particular» debe entenderse en contraposición a una obligación «general».

108 La Comisión estima que, dado el carácter restrictivo de estos requisitos, existen muy pocos ejemplos de la aplicación de la jurisprudencia Nakajima. Se trata, en primer término, de recursos interpuestos contra Reglamentos antidumping (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 1992, NMB/Comisión, C‑188/88, Rec. p. I‑1689; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de mayo de 1995, NTN Corporation y Koyo Seiko/Consejo, asuntos acumulados T‑163/94 y T‑165/94, Rec. p. II‑1381; de 5 de junio de 1996, NMB France y otros/Comisión, T‑162/94, Rec. p. II‑427, y de 15 de diciembre de 1999, Petrotub y Republica/Consejo, asuntos acumulados T‑33/98 y T‑34/98, Rec. p. II‑3837, apartado 105). El único supuesto en el que se aplicó la jurisprudencia Nakajima fuera del ámbito del antidumping es el de la sentencia Italia/Consejo (Arroz). La Comisión señala que los demás intentos de aplicar la jurisprudencia Nakajima fracasaron [sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2001, Kloosterboer Rotterdam, C‑317/99, Rec. p. I‑9863, Alemania/Consejo (Plátanos) y Portugal/Consejo, antes citada; sentencias del Tribunal de Primera Instancia Bocchi Food Trade International/Comisión, antes citada, Cordis/Comisión, antes citada, y de 20 de marzo de 2001, T. Port/Comisión, antes citada].

109 Según la Comisión, la aplicación de la jurisprudencia Nakajima requiere que concurran los cuatros requisitos que se indican a continuación.

110 En primer lugar, la Comisión sostiene que la «obligación particular» de que se trate debe ser una obligación positiva de actuar de una forma determinada. Los Códigos antidumping del GATT constituyen un ejemplo de este tipo de obligaciones. Una recomendación o una resolución del OSD no puede ser una «obligación particular», puesto que sólo impone la obligación general de adaptar el acto a las normas de la OMC. La Comisión señala que, en tales casos, corresponde efectivamente a la parte contratante de que se trate adoptar medidas para garantizar que su ordenamiento jurídico sea conforme con dichas normas.

111 En segundo lugar, la Comisión considera que la jurisprudencia Nakajima sólo se aplica cuando el acto comunitario en cuestión incorpore una «obligación particular» asumida en el marco de la OMC al ordenamiento jurídico comunitario o adapte éste a lo exigido por la misma. Esta interpretación se desprende directamente, según la demandada, del término «cumplir».

112 En tercer lugar, la Comisión sostiene que, para que la jurisprudencia Nakajima sea aplicable, hace falta también que el legislador comunitario no persiga varios objetivos contradictorios.

113 En cuarto lugar, la Comisión estima que la jurisprudencia Nakajima exige además que el acto comunitario de que se trate se refiera expresamente a las obligaciones particulares derivadas de las normas de la OMC que pretenda cumplir.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

114 Habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, el Acuerdo OMC y sus anexos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias (sentencia Portugal/Consejo, antes citada, apartado 47). Sus disposiciones no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, asuntos acumulados C‑300/98 y C‑392/98, Rec. p. I‑11307, apartado 44).

115 Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los acuerdos que figuran en los anexos del Acuerdo OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC (sentencia Portugal/Consejo, antes citada, apartado 49).

116 La demandante sólo invoca la primera de estas excepciones. Sostiene que, al adoptar el Reglamento nº 1637/98, cuyas disposiciones de aplicación fueron establecidas mediante el Reglamento nº 2362/98, la Comunidad tenía el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Nakajima.

117 La regla que se desprende de la sentencia Nakajima tiene como finalidad permitir al justiciable, con carácter excepcional, alegar incidentalmente la infracción por parte de la Comunidad o de sus instituciones de las normas del GATT o de los acuerdos de la OMC. Al tratarse de una excepción al principio según el cual los particulares no pueden invocar directamente las disposiciones de los acuerdos de la OMC ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, esta regla debe interpretarse de forma restrictiva.

118 A este respecto, hay que señalar que, en el caso de recursos interpuestos por particulares, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia sólo han aplicado la regla derivada de la sentencia Nakajima en el marco del control, por vía incidental, de la conformidad de los Reglamentos de base antidumping con las disposiciones de los Códigos antidumping de 1979 y de 1994 [Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994; Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), anexo 1 A].

119 En efecto, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han analizado, en varios casos, motivos relativos a la compatibilidad de los Reglamentos antidumping con las disposiciones de los Códigos antidumping (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1992, Goldstar/ Consejo, C‑105/90, Rec. p. I‑677, apartados 31 y siguientes; NMB/Comisión, antes citada, apartado 23; sentencias del Tribunal de Primera Instancia NTN Corporation/Consejo, antes citada, apartado 65, y NMB France y otros/Comisión, antes citada, apartado 99) y, en dos ocasiones, los han estimado (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Petrotub y Republica/Consejo, C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, apartados 52 y siguientes, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de enero de 2000, BEUC/Comisión, T‑256/97, Rec. p. II‑101, apartados 63 y siguientes).

120 No obstante, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han rechazado la aplicación de la jurisprudencia derivada de la sentencia Nakajima fuera del contexto específico del contencioso antidumping. Así, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se han negado a controlar la legalidad de un acto comunitario con arreglo a las disposiciones de los acuerdos de la OMC en el marco de recursos interpuestos por particulares que cuestionaban determinados aspectos de la organización común de mercados del plátano (auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de mayo de 2001, OGT Fruchthandelsgesellschaft, C‑307/99, Rec. p. I‑3159; sentencias Cordis/Comisión, Bocchi Food Trade International/Comisión, y de 20 de marzo de 2001, T. Port/Comisión, antes citadas), o la normativa comunitaria relativa a los animales de explotación a los que se hayan administrado sustancias de efecto hormonal (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de enero de 2002, Biret International/Consejo, T‑174/00, Rec. p. II‑17, y Biret y Cie/Consejo, T‑210/00, Rec. p. II‑47).

121 Pues bien, es preciso subrayar que, en materia antidumping, los acuerdos correspondientes del GATT y de la OMC obligaban directamente a cada una de las partes contratantes a adaptar su ordenamiento jurídico nacional a sus disposiciones. En efecto, el artículo 16, apartado 6, letra a), del Código antidumping de 1979, titulado «Legislación nacional», impone a las partes contratantes la obligación de adoptar «todas la medidas necesarias, de carácter general o particular, para que, a más tardar, en la fecha en que el presente Acuerdo entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se apliquen a la parte de que se trate» (Decisión 80/271). El artículo 18, apartado 4, del Código antidumping de 1994 establece una obligación similar.

122 Al objeto de cumplir estas obligaciones, el Consejo modificó la reglamentación aplicable a los procedimientos antidumping. Así, tras la adopción del Código antidumping de 1979, el Consejo aprobó el Reglamento (CEE) nº 3017/79 del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 339, p. 1). De la exposición de motivos de este Reglamento (considerandos tercero y cuarto) se desprende, en particular, que era preciso modificar las normas comunitarias en materia de defensa contra las importaciones objeto de dumping para adaptarlas a los acuerdos resultantes de las negociaciones comerciales concluidas en 1979 al final de la Ronda de Tokio, y que el Consejo estimaba «esencial, con objeto de mantener el equilibrio entre derechos y obligaciones que dichos acuerdos pretenden establecer, que la Comunidad tenga en cuenta la interpretación de los mismos por los principales países con los que mantiene relaciones comerciales tal como se traduce en la legislación o en la práctica establecida». La exposición de motivos del Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1), cuya conformidad con el Código antidumping de 1979 fue cuestionada en el asunto que dio lugar a la sentencia Nakajima, contenía las mismas disposiciones y recordaba también que el régimen común relativo a la defensa contra las importaciones objeto de dumping «fue establecido de conformidad con las obligaciones internacionales existentes», en particular las que se derivan del artículo VI del GATT y del Código antidumping de 1979.

123 Del mismo modo, tras la adopción del Código antidumping de 1994, la Comunidad adaptó su normativa interna sobre los procedimientos antidumping mediante la adopción, en primer lugar, del Reglamento (CE) nº 3283/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 349, p.1), y posteriormente del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1). La exposición de motivos del Reglamento nº 3283/94 indicaba que, tras las negociaciones comerciales multilaterales concluidas en 1994, «es preciso […] modificar las normas comunitarias con arreglo a los nuevos acuerdos» (tercer considerando, inciso omitido en la versión en lengua española del Reglamento). La exposición de motivos señala que, para mantener «el equilibrio entre derechos y obligaciones que el Acuerdo GATT establece», es «esencial […] que la Comunidad tenga en cuenta la interpretación que de ellas harán los principales países con los que mantiene relaciones comerciales» (cuarto considerando). Subraya, por otra parte, que, «teniendo en cuenta la magnitud de las modificaciones [resultantes del Código antidumping de 1994] y para asegurar una aplicación adecuada y transparente de las nuevas normas es conveniente incorporar en la mayor medida de lo posible los términos de los nuevos acuerdos a la legislación comunitaria» (quinto considerando). Estas disposiciones se mantuvieron en la exposición de motivos del Reglamento nº 384/96, analizado en la sentencia de 9 de enero de 2003, Petrotub y República/Consejo, antes citada.

124 La demandante mantiene acertadamente que la aplicación de la jurisprudencia derivada de la sentencia Nakajima no se limita, a priori, al ámbito de las medidas antidumping. Dicha jurisprudencia puede aplicarse en otros ámbitos regulados por las normas de los acuerdos de la OMC, cuando la naturaleza y el contenido de dichos acuerdos y de las disposiciones comunitarias cuya legalidad se cuestiona sean comparables con los anteriormente mencionados en relación con los Códigos antidumping del GATT y los Reglamentos de base antidumping que adaptan el ordenamiento jurídico comunitario a éstos.

125 Debe por tanto concluirse que el requisito para la aplicación de la jurisprudencia Nakajima según el cual el acto comunitario cuya legalidad se cuestiona debe haberse adoptado con la finalidad «de cumplir una obligación particular asumida en el marco de los acuerdos de la OMC» exige, en particular, que dicho acto esté destinado de forma específica a adaptar el ordenamiento jurídico comunitario a las prescripciones que se derivan de los acuerdos de la OMC.

126 En cuanto a la a la sentencia Italia/Consejo (Arroz), hay que señalar, en contra de lo manifestado por la demandante, que no invalida esta interpretación de la jurisprudencia Nakajima. En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia se impugnaba un Reglamento comunitario adoptado en aplicación de unos acuerdos bilaterales celebrados con Estados terceros tras las negociaciones entabladas sobre la base del artículo XXIV, apartado 6, del GATT. En virtud de estos acuerdos, la Comunidad se había comprometido a abrir contingentes arancelarios para el arroz en favor de estos Estados terceros. El Reglamento impugnado en aquel asunto [Reglamento (CE) nº 1522/96 del Consejo, de 24 de julio de 1996, relativo a la apertura y el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de arroz y arroz partido (DO L 190, p. 1)] tenía por objeto, por tanto, adaptar el ordenamiento jurídico comunitario a las normas derivadas de unos acuerdos bilaterales celebrados tras una negociación en el marco del GATT. Pretendía, en consecuencia, cumplir «una obligación concreta contraída en el marco del GATT» [sentencia Italia/Consejo (Arroz), apartado 20].

127 La aplicación de la jurisprudencia Nakajima al caso de autos debe ser analizada, por tanto, a la luz de las consideraciones anteriores.

Sobre la aplicación al caso de autos de la jurisprudencia Nakajima

Alegaciones de las partes

128 La demandante alega que en el caso de autos se cumplen los requisitos para la aplicación de dicha jurisprudencia e insiste a este respecto en las diferencias que separan este asunto del que dio lugar a la sentencia Bocchi Food Trade International/Comisión, antes citada.

129 En primer lugar, la demandante alega que se cumple el requisito para la aplicación de la jurisprudencia Nakajima, relativo al «propósito de acatar» las reglas de la OMC. Sostiene que, cuando la Comunidad decidió en 1998 modificar el régimen de 1993, tenía el propósito de acatar las resoluciones adoptadas conforme a los procedimientos de la OMC.

130 Para demostrar el propósito de la Comunidad, la demandante invoca las pruebas que se exponen a continuación.

131 Primero: la demandante alega que, el 16 de octubre de 1997, en el transcurso de una reunión del OSD de la OMC, la Comunidad declaró que «[cumpliría] plenamente sus obligaciones internacionales en relación con este asunto».

132 Segundo: la demandante invoca la exposición de motivos del Reglamento nº 1637/98 del Consejo, que señala lo siguiente:

«Considerando que es necesario realizar una serie de modificaciones del régimen de intercambios con terceros países instaurado por el título IV del Reglamento (CEE) nº 404/93;

Considerando que es conveniente cumplir los compromisos internacionales suscritos por la Comunidad en el ámbito de la [OMC] y los compromisos contraídos con las partes [cosignatarias] del IV Convenio ACP-CE garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos de la organización común de mercados en el sector del p