Asunto T‑317/02

Fédération des industries condimentaires de France (FICF) y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Política comercial común – Organización Mundial del Comercio (OMC) – Reglamento (CE) nº 3286/94 – Obstáculos al comercio – Mostaza preparada – Conclusión del procedimiento de investigación referente a obstáculos al comercio – Interés comunitario»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 14 de diciembre de 2004

Sumario de la sentencia

1. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Denuncia de una asociación de empresas al amparo de normas comerciales internacionales – Decisión de la Comisión que concluye el procedimiento de investigación – Control jurisdiccional

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 4]

2. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Ejercicio de una acción por la Comunidad – Requisitos – Requisitos acumulativos

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, arts. 2, aps. 1 y 4, y 4, ap. 2]

3. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Ejercicio de una acción por la Comunidad – Requisitos – Obstáculo al comercio – Alcance

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 4]

4. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Ejercicio de una acción por la Comunidad – Requisitos – Efectos comerciales adversos – Alcance

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 4]

5. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Ejercicio de una acción por la Comunidad – Requisitos – Interés de la Comunidad – Facultad de apreciación de la Comisión – Apreciación de situaciones económicas complejas – Control jurisdiccional – Límites

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo]

6. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Ejercicio de una acción por la Comunidad – Requisitos – Interés de la Comunidad – Facultad de apreciación de la Comisión – Apreciación realizada en la fase de inicio del procedimiento de investigación – Irrelevancia para la apreciación que se realice al término del procedimiento

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo]

7. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Ejercicio de una acción por la Comunidad – Requisitos – Necesidad de efectos comerciales adversos para el denunciante pese a la existencia de un interés general de la Comunidad – Facultad de apreciación de la Comisión

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 11, ap. 1]

8. Actos de las instituciones – Motivación – Obligación – Alcance – Decisión que concluye un procedimiento de investigación relativo a obstáculos al comercio

[Art. 253 CE; Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 11, ap. 1]

9. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Procedimiento de investigación – Obligación de información que recae sobre las instituciones – Alcance

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 8, ap. 4]

10. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Procedimiento de investigación – Plazo de transmisión del informe en caso de investigación «sencilla o normal» – Prórroga en caso de investigación «compleja» – Plazo de naturaleza puramente indicativa – Incumplimiento – Procedencia – Requisito – Plazo razonable

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 8, ap. 8]

11. Política comercial común – Defensa contra los obstáculos al comercio – Procedimiento de investigación – Plazo para la adopción de una decisión por la que se concluye el procedimiento tras el dictamen del Comité consultivo – Facultad de apreciación de la Comisión – Límite – Plazo razonable

[Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, art. 11, ap. 1]

1. El artículo 4 del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), quiso autorizar, concretamente, a cualquier asociación que actúe en nombre de una o más empresas comunitarias, a invocar el derecho de alegar normas comerciales internacionales, contenidas en un acuerdo comercial multilateral o plurilateral, en la denuncia que presente ante la Comisión, con los requisitos exigidos en dicho Reglamento, así como de alegar las garantías procedimentales previstas en las disposiciones de este mismo Reglamento. El conjunto de tales garantías implica que un denunciante, a efectos del artículo 4 del citado Reglamento, tiene derecho a someter al control del Tribunal de Primera Instancia una decisión de la Comisión por la que se concluye un procedimiento de investigación iniciado a raíz de la presentación de su denuncia.

(véase el apartado 41)

2. Con arreglo al Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, el ejercicio de una acción por la Comunidad conforme a las normas comerciales internacionales contra un obstáculo al comercio, adoptado o mantenido por un tercer país y que afecte al mercado de este último, supone que se cumplan, al menos, tres requisitos acumulativos, a saber, la existencia de un obstáculo al comercio, tal como se define en el Reglamento, la presencia de efectos comerciales adversos resultantes de dicho obstáculo y la necesidad de la acción en interés de la Comunidad. Cuando, al término del procedimiento de investigación iniciado conforme al Reglamento nº 3286/94, la Comisión declare que no se cumple alguno de los requisitos citados, las instituciones de la Comunidad están facultadas para considerar que no procede entablar semejante acción.

(véase el apartado 48)

3. Los dos elementos que componen la definición de obstáculo al comercio, a efectos del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, a saber, «cualesquiera prácticas comerciales adoptadas o mantenidas por un tercer país» y «un derecho de acción», no pueden separarse artificialmente. En efecto, para que pueda invocarse la existencia de un obstáculo al comercio a efectos de la aplicación de dicho Reglamento, se requiere la existencia de un derecho de acción en virtud de las normas comerciales internacionales. Una interpretación diferente llevaría a considerar que cualquier práctica comercial adoptada o mantenida por un tercer país podría constituir un obstáculo al comercio, aun cuando las citadas normas no establezcan un derecho de acción.

(véanse los apartados 49 y 53)

4. De la definición de efectos comerciales adversos enunciada en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, se desprende que la voluntad de éste ha sido la de exigir la existencia de una relación de causalidad entre los efectos comerciales adversos actuales («causen») o potenciales («amenacen causar») y el obstáculo al comercio, tal como se identifica en las circunstancias particulares de cada asunto, a efectos del citado Reglamento nº 3286/94.

Esta interpretación se ve corroborada por el séptimo considerando del Reglamento, que señala que el mecanismo aplicado por este Reglamento tiene como objetivo suministrar medios procedimentales para solicitar que las instituciones comunitarias reaccionen ante los obstáculos al comercio adoptados o mantenidos por terceros países «que produzcan» efectos comerciales adversos, así como por el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, relativo al contenido de la denuncia, que exige que esta última contenga elementos de prueba suficientes acerca de la existencia de los obstáculos al comercio y de los efectos comerciales adversos «que resulten de ellos». Además, los efectos comerciales adversos, a efectos del Reglamento nº 3286/94, deberán asimismo tener una repercusión importante en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de la misma.

(véase el apartado 65)

5. Cuando el juez comunitario conoce de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de la Comisión por la que se da por concluido, por falta de interés comunitario, un procedimiento de investigación referente a obstáculos al comercio tramitado con arreglo al Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, el control jurisdiccional de la apreciación de situaciones económicas complejas que implica la cuestión de si el interés de la Comunidad requiere una actuación comunitaria debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la decisión objeto de controversia, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder. El control jurisdiccional se extiende también al examen de la falta de errores de Derecho.

(véase el apartado 94)

6. La apreciación del interés de la Comunidad, que se realiza en la fase del inicio del procedimiento de investigación, prevista por el Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, tiene, por definición, carácter preparatorio. No puede, por tanto, asimilarse a la apreciación que debe realizarse en la fase ulterior, es decir, al término del procedimiento de investigación, en el momento de decidir si es necesaria una acción en interés de la Comunidad.

En efecto, una interpretación diferente tendría como consecuencia que, desde que la Comisión decida iniciar un procedimiento de investigación, estaría automáticamente obligada, en el momento de decidir sobre una eventual acción de la Comunidad, a considerar necesaria esta acción, en la medida en que se cumplan los otros requisitos legales de aplicación del Reglamento nº 3286/94 –a saber, la existencia de un obstáculo al comercio y la existencia de efectos comerciales adversos derivados del mismo–, privando de este modo a la Comisión de su margen de apreciación.

(véanse los apartados 97 y 98)

7. La Comisión no infringe el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, al exigir que la eventual acción de la Comunidad guarde relación con los hechos y fundamentos de Derecho que dieron lugar al procedimiento de investigación y que, aunque exista un interés general y a largo plazo en actuar en el futuro contra las violaciones potenciales que se puedan producir como consecuencia de la práctica de «sanciones selectivas» adoptadas por un tercer país, decida dar por concluido el procedimiento de investigación.

(véase el apartado 120)

8. Del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, se deduce que una decisión que da por concluido un procedimiento de investigación previsto por el citado Reglamento podrá limitar su motivación a recordar las consideraciones principales contenidas en el informe de investigación remitiéndose a éste, sin que sea necesario, teniendo en cuenta el contexto en que se enmarca esta decisión, que reproduzca la totalidad de elementos de hecho y de Derecho desarrollados en dicho informe.

(véase el apartado 132)

9. El Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, reconoce a los denunciantes, los exportadores y los importadores interesados, así como a los representantes del país o de los países afectados un derecho a recibir información, supeditado al cumplimiento de los requisitos precisados en su artículo 8, apartado 4, letras a) y b), que debe conciliarse, en particular, con la obligación de las instituciones comunitarias de respetar el secreto comercial. Estas mismas personas pueden solicitar ser informadas de los principales hechos y consideraciones resultantes del procedimiento de investigación.

No obstante, ninguna disposición del Reglamento nº 3286/94 exige a la Comisión transmitir a las personas indicadas en el artículo 8, apartado 4, de este Reglamento el proyecto de informe de investigación antes de presentarlo al Comité consultivo, con el fin de que dichas personas puedan comunicar sus eventuales observaciones a la institución, ni exige informar a estas personas de oficio de los principales hechos y consideraciones resultantes del procedimiento de investigación.

Por el contrario, el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento nº 3286/94 obliga a las personas indicadas en esta disposición a formular una solicitud de información a la Comisión. El hecho de que el derecho a ser informado de los principales hechos y consideraciones resultantes del procedimiento de investigación está supeditado al requisito −y únicamente al requisito− de que los demandantes presenten una solicitud ante la Comisión en este sentido, no resulta lesivo, en cuanto tal, para la defensa de sus intereses, dado que, además, esta solicitud no está sujeta a ninguna forma específica.

(véanse los apartados 173, 175, 176 y 178)

10. Mientras el hecho de sobrepasar un plazo imperativo conlleva la nulidad de todo acto adoptado fuera de plazo, sobrepasar un plazo meramente indicativo no puede, en principio, conllevar la anulación del acto adoptado fuera de plazo.

El plazo de cinco meses previsto para la presentación del informe de investigación a que se refiere el artículo 8, apartado 8, del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, es de naturaleza indicativa.

En cuanto al plazo de siete meses al que se hace referencia en ese mismo artículo, constituye únicamente, en el supuesto de una investigación considerada «compleja», la ampliación del plazo de cinco meses inicial previsto en el caso de una investigación considerada «sencilla o normal». De ello se deduce que, en la medida en que el plazo para transmitir el informe de investigación es de naturaleza únicamente indicativa en caso de una investigación calificada de «sencilla o normal», la consideración sería la misma para el caso de una investigación «compleja», puesto que se trataría simplemente de la prórroga del plazo inicial.

Sin embargo, la Comisión no puede retrasar la presentación del informe de investigación más allá de un plazo razonable, ya que esta circunstancia puede, en efecto, contribuir a retrasar la adopción de la decisión de dar por concluido el procedimiento de investigación.

(véanse los apartados 187 a 190)

11. El silencio del Reglamento nº 3286/94, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, sobre la cuestión del plazo en el que una decisión de dar por concluido un procedimiento de investigación debe adoptarse tras la consulta al Comité previsto en el artículo 7 del citado Reglamento, puede interpretarse en el sentido de que refleja la voluntad del legislador comunitario de atribuir a la Comisión un cierto margen de apreciación en cuanto a la fecha en que procede adoptar tal decisión, habida cuenta del conjunto de circunstancias de cada caso, en particular de las eventuales gestiones que la Comisión tenga previsto realizar ante las autoridades del país tercero de que se trate, antes de dar por concluido un procedimiento de investigación.

Sin embargo, el reconocimiento de tal margen de apreciación no puede suponer que la Comisión quede facultada para retrasar la adopción de una decisión tomada en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94 más allá de un plazo razonable, que deberá determinarse en función de las circunstancias específicas de cada caso. Semejante límite tiene por objeto, en efecto, el cumplimiento del deber de diligencia y del principio de buena administración que incumbe a la Comisión.

(véanse los apartados 198 y 199)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera ampliada)

de 14 de diciembre de 2004 ( )

«Política comercial común – Organización Mundial del Comercio (OMC) – Reglamento (CE) nº 3286/94 – Obstáculos al comercio – Mostaza preparada –Conclusión del procedimiento de investigación referente a obstáculos al comercio – Interés comunitario»

En el asunto T‑317/02,

Fédération des industries condimentaires de France (FICF), con sede en París,

Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, con sede en Millau (Francia),

Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne» (Cerafel), con sede en Morlaix (Francia),

Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG), con sede en París,

representados por Mes O. Prost y Sr.-J. Jacquot, abogados,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. P-J. Kuijper y la Sra. G. Boudot, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2002/604/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2002, por la que se dan por concluidos los procedimientos de examen referentes a obstáculos al comercio, a efectos del Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, consistentes en prácticas comerciales mantenidas por Estados Unidos de América (EE.UU.) en relación con las importaciones de mostaza preparada (DO L 195, p. 72),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera ampliada),

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, el Sr. P. Mengozzi, la Sra. M.E. Martins Ribeiro, el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Labucka, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (DO L 349, p. 71), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 356/95 del Consejo, de 20 de febrero de 1995 (DO L 41, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 3286/94»), dispone:

«El presente Reglamento establece los procedimientos comunitarios en el campo de la política comercial común que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Multilateral de Comercio, las cuales, dentro del respeto a las obligaciones y procedimientos internacionales existentes, tienen como objetivo:

[…]

b) responder a los obstáculos al comercio que afecten al mercado de un tercer país, a fin de eliminar los efectos comerciales adversos derivados de los mismos.

Estos procedimientos se aplicarán en particular a la apertura, desarrollo y conclusión de los procedimientos internacionales de arbitraje en materia de política comercial común.»

2 El artículo 2 del Reglamento nº 3286/94 establece:

«1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “obstáculos al comercio” cualesquiera prácticas comerciales adoptadas o mantenidas por un tercer país respecto de las cuales las normas comerciales internacionales establezcan un derecho de acción. Dicho derecho de acción existirá cuando las normas comerciales internacionales prohíban el derecho de buscar la eliminación del efecto de la práctica en cuestión.

2. A efectos del presente Reglamento, y salvo lo dispuesto en el apartado 8, se entenderá por “derechos de la Comunidad” los derechos comerciales internacionales que ésta pueda alegar en virtud de las normas comerciales internacionales. En este contexto, las “normas comerciales internacionales” son básicamente las creadas bajo los auspicios de la OMC y establecidas en los Anexos del Acuerdo OMC, pero también pueden ser las establecidas en cualquier otro acuerdo del que sea parte la Comunidad y que establezca normas aplicables al comercio entre la Comunidad y terceros países.

[…]

4. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “efectos comerciales adversos” los que causen o amenacen causar un obstáculo al comercio, respecto de un producto o un servicio, a empresas comunitarias en el mercado de cualquier tercer país, y que tengan una repercusión importante en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de la misma. El hecho de que el denunciante padezca dichos efectos adversos no se considerará suficiente para justificar por sí mismo el que las instituciones comunitarias prosigan cualquier acción.

[…]»

3 El artículo 4 del Reglamento nº 3286/94 dispone:

«1. Cualquier empresa comunitaria o cualquier asociación, con o sin personalidad jurídica, que actúe en nombre de una o más empresas comunitarias, y considere que éstas se han visto afectadas por efectos comerciales adversos como consecuencia de obstáculos al comercio que afecten al mercado de un tercer país, podrá presentar una denuncia por escrito. No obstante, dicha denuncia sólo será admisible si el obstáculo al comercio alegado en ella es objeto de un derecho de acción establecido en virtud de normas comerciales internacionales establecidas en un acuerdo comercial multilateral o plurilateral.

2. La denuncia deberá contener elementos de prueba suficientes acerca de la existencia de los obstáculos al comercio y de los efectos adversos que resulten de ellos. Los efectos comerciales adversos deberán probarse sobre la base de la lista ilustrativa de los factores indicados en el artículo 102, cuando así proceda.»

4 El artículo 5 del Reglamento nº 3286/94, que lleva por título «Procedimientos de denuncia», es del siguiente tenor:

«1. La denuncia se presentará a la Comisión, que remitirá una copia a los Estados miembros.

2. La denuncia podrá retirarse, en cuyo caso podrá darse por concluido el procedimiento, salvo que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Comunidad.

3. Cuando, previa consulta, resulte que la denuncia no aporta elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de una investigación, se informará de ello al denunciante.

4. La Comisión adoptará lo antes posible una decisión sobre la apertura de un procedimiento comunitario de investigación a raíz de cualquier denuncia presentada de conformidad con la dispuesto por los artículos 3 o 4; la decisión se adoptará normalmente en el plazo de 45 días a partir de la fecha de presentación de la denuncia; este período podrá suspenderse a instancia, o con el acuerdo, del denunciante para permitir que se proporcione la información complementaria que pueda necesitarse para valorar plenamente la validez de la denuncia.»

5 El artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94 indica:

«Para las consultas en el marco del presente Reglamento, se crea un comité consultivo, en lo sucesivo denominado “Comité”, compuesto por representantes de cada uno de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.»

6 El artículo 8 del Reglamento nº 3286/94 dispone:

«1. Cuando, previa consulta, la Comisión considere que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento de investigación y que éste es necesario en interés de la Comunidad, actuará del modo siguiente:

a) anunciará la apertura de un procedimiento de investigación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; dicho anuncio indicará el producto o servicio y los países interesados, ofrecerá un resumen de la información recibida, precisará que debe comunicarse a la Comisión cualquier información útil y fijará el plazo en el cual las partes interesadas podrán formular por escrito sus alegaciones y solicitar ser oídas por la Comisión de conformidad con el apartado 5;

b) lo comunicará oficialmente a los representantes del país o países objeto del procedimiento, con los que, en su caso, podrá celebrar consultas;

c) realizará la investigación a escala comunitaria, en cooperación con los Estados miembros.

[…]

4. a) Los denunciantes, los exportadores y los importadores interesados, así como los representantes del país o de los países afectados, tendrán acceso a toda la información facilitada por la Comisión, con excepción de los documentos de uso interno de ésta y de las administraciones, en la medida en que dicha información sea relevante para la defensa de sus intereses, no sea confidencial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 y sea utilizada por la Comisión en su procedimiento de investigación. A tal fin, dirigirán por escrito a la Comisión una solicitud motivada en la que indicarán la información deseada.

b) Los denunciantes, los exportadores e importadores interesados y los representantes del país o de los países afectados podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones que resulten del procedimiento de investigación.

5. La Comisión podrá oír a las partes interesadas. Éstas deberán, en el plazo fijado en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, ser oídas cuando lo hayan solicitado por escrito, demostrando que son efectivamente partes directamente afectadas por el resultado del procedimiento.

[…]

8. Una vez finalizada su investigación, la Comisión presentará un informe al Comité. Dicho informe deberá presentarse normalmente en el transcurso de los cinco meses siguientes al anuncio de apertura del procedimiento, a menos que, debido a la complejidad de la investigación, la Comisión amplíe este plazo a siete meses.»

7 El artículo 10 del Reglamento nº 3286/94, relativo al examen de los elementos de prueba, establece:

«[…]

4. Cuando se alegue la existencia de efectos comerciales adversos, la Comisión examinará el impacto de los mismos en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de ésta. Con este fin, la Comisión podrá tener en cuenta, en su caso, factores como los enumerados en los apartados 1 y 2 anteriores. Los efectos comerciales adversos podrán derivarse, entre otras cosas, de situaciones en las que se impidan, obstaculicen o desvíen los flujos comerciales relativos a un producto o servicio, como consecuencia de un obstáculo al comercio, o de situaciones en las que los obstáculos al comercio hayan afectado de manera importante al suministro o insumos (es decir, partes y componentes o materias primas) a las empresas comunitarias. Cuando se alegue una amenaza de efectos comerciales adversos, la Comisión examinará también si es claramente previsible que una situación particular pueda verosímilmente dar lugar a efectos comerciales adversos reales.

5. La Comisión, al examinar los elementos de prueba de los efectos comerciales adversos, tomará también en consideración las disposiciones, los principios o las prácticas que rigen el derecho de acción en virtud de las normas del comercio internacional pertinentes mencionadas en el apartado 1 del artículo 2.

[…]»

8 A tenor del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n º 3286/94:

«Cuando del procedimiento de investigación no se desprenda la necesidad de adoptar ninguna medida en interés de la Comunidad, se dará por concluido el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.»

9 El artículo 12 del Reglamento nº 3286/94 dispone:

«1. Cuando aparezca (como consecuencia de un procedimiento de investigación, salvo que la situación de hecho y de derecho sea tal que no requiera un procedimiento de investigación) la necesidad de adoptar una medida en interés de la Comunidad con objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, a fin de eliminar […] los efectos comerciales adversos derivados de los obstáculos al comercio adoptados o mantenidos por países terceros, se adoptarán las medidas pertinentes con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 13.

[…]»

10 El artículo 14 del Reglamento nº 3286/94 establece:

«1. En los casos en que deba seguirse el procedimiento del presente artículo, el presidente someterá el asunto al Comité.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de decisión. El Comité deliberará en el plazo que fijará el presidente, en función de la urgencia del asunto.

3. La Comisión adoptará una decisión, que comunicará a los Estados miembros y que será aplicable transcurrido un plazo de diez días si ningún Estado miembro sometiere el asunto al Consejo durante dicho plazo.

4. A petición de un Estado miembro, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá modificar la decisión de la Comisión.

5. La decisión de la Comisión será aplicable transcurrido un plazo de treinta días a partir del día en que se sometió el asunto al Consejo, si éste no hubiere resuelto en dicho plazo.»

Antecedentes del litigio

11 Entre 1981 y 1996, el Consejo adoptó varias directivas en el marco de la lucha contra la utilización de determinadas sustancias de efecto hormonal en el sector de la alimentación animal, con el objetivo, en particular, de garantizar la protección de la salud humana.

12 Estados Unidos de América (en lo sucesivo, «Estados Unidos») incoó un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC con el objeto de cuestionar la conformidad de las disposiciones comunitarias con las normas de dicha organización.

13 El 18 de agosto de 1997, un Grupo especial declaró esta normativa comunitaria contraria a las normas de la OMC.

14 El 16 de enero de 1998, el Órgano de Apelación adoptó un informe confirmando dicha resolución.

15 Tras la adopción de este informe por el Órgano de Solución de Diferencias (en lo sucesivo, «OSD») el 13 de febrero de 1998, se estableció mediante laudo arbitral el 13 de mayo de 1999 como término del plazo para adaptar la normativa comunitaria a las normas de la OMC.

16 La Comunidad Europea no modificó su normativa dentro del plazo establecido, por lo que Estados Unidos solicitó el 3 de junio de 1999 al OSD autorización para suspender las concesiones arancelarias, por un importe anual de 202 millones de dólares (USD), con arreglo al artículo 22, apartado 2, del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, anexo al Acuerdo por el que se establece la OMC (en lo sucesivo, «Entendimiento»). Simultáneamente, Estados Unidos elaboró una lista de productos, entre los que figura la mostaza preparada, que pueden ser sometidos a una suspensión de concesiones arancelarias.

17 A raíz del laudo arbitral de 12 de julio de 1999 por el que se fijó el importe total de la suspensión de las concesiones arancelarias, el OSD autorizó el 26 de julio de 1999 a Estados Unidos a suspender dichas concesiones por un importe de 116,8 millones de USD anuales y a imponer un derecho de aduana adicional del 100 % sobre determinados productos –incluida la mostaza preparada–, procedentes de Estados miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, Estados Unidos decidió no aplicar la suspensión de las concesiones arancelarias a los productos procedentes del Reino Unido.

18 El 7 de junio de 2001, la Fédération des industries condimentaires de France (en lo sucesivo, «FICF» o «denunciante»), que agrupa a los principales productores franceses de mostaza preparada, presentó una denuncia ante la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento nº 3286/94.

19 En la denuncia se indicaba básicamente que la aplicación selectiva de las medidas de retorsión americanas era contraria al artículo 22 del Entendimiento, en el sentido de que las medidas de suspensión de concesiones arancelarias autorizadas por el OSD sólo podían aplicarse contra el «Miembro afectado» previamente condenado, en el presente caso, la Comunidad Europea en su conjunto, y no únicamente contra algunos Estados miembros. La denuncia señalaba asimismo que el obstáculo al comercio creado por Estados Unidos causaba efectos comerciales adversos, a efectos del Reglamento nº 3286/94, sobre las exportaciones de mostaza preparada de las empresas miembros de la FICF, y que, en interés de la Comunidad, debía incoarse un procedimiento contra las medidas americanas, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 3286/94.

20 A la luz de los elementos de prueba aportados por la denunciante, la Comisión publicó el 1 de agosto de 2001 un anuncio de inicio de un procedimiento de examen, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento nº 3286/94, referente a un obstáculo para el comercio consistente en las prácticas comerciales mantenidas por los Estados Unidos de América en relación con las importaciones de mostaza preparada (DO 2001, C 215, p. 2).

21 Este anuncio indicaba en su punto 2 que «el examen que la Comisión está iniciando podrá también abarcar otros productos que parecen estar afectados de manera similar a la mostaza preparada y, en particular, aquéllos con respecto a los cuales las partes interesadas que se den a conocer en [un] plazo de [treinta días después de la publicación del presente anuncio] proporcionen pruebas de que se les aplican las prácticas que se alegan».

22 Varias organizaciones profesionales manifestaron su interés ante la Comisión en el plazo establecido, a saber, el Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort y el Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne». A raíz de estas manifestaciones de interés, la Comisión, en virtud del punto 2 del anuncio de inicio, decidió extender el procedimiento de investigación al foie gras, al roquefort y a las chalotas.

23 El 6 de marzo de 2002, una vez finalizada su investigación, la Comisión informó al Comité previsto en el artículo 7 del Reglamento nº 3286/94 sobre sus conclusiones, y le transmitió, el 27 de marzo de 2002, el informe de investigación. Dicho informe proponía que se diera por concluido el procedimiento.

24 El 23 de abril de 2002, la Comisión remitió una versión no confidencial del informe de investigación al asesor de la FICF. En su escrito, la Comisión señalaba que el Comité previsto en el artículo 7 del Reglamento nº 3286/94 había aprobado la propuesta de dar por concluido el procedimiento y que, en consecuencia, se publicaría próximamente una decisión en este sentido en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

25 Mediante escrito de 17 de mayo de 2002, uno de los abogados de la FICF acusó recibo del informe de investigación. En dicho escrito, expresaba su asombro por el tiempo que tardó la Comisión en remitirle el informe y en adoptar la decisión sobre el asunto. Teniendo en cuenta que la Comisión señalaba en su escrito de 23 de abril de 2002 que se adoptaría en breve una decisión, el abogado de la FICF dedujo que la Comisión no ofrecía a la denunciante derecho de respuesta alguno, lo cual, en su opinión, constituía una vulneración del derecho de defensa.

26 La Comisión, en su respuesta a este escrito, de fecha 4 de junio de 2002, puso de relieve que había cumplido plenamente las disposiciones del Reglamento nº 3286/94, en particular, el artículo 8, apartados 4 y 8. A este respecto, la Comisión señaló que la denunciante nunca le había dirigido una solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94. Asimismo, la Comisión recordó a la denunciante que se le había mantenido regularmente informada sobre la evolución del asunto y que estaba al corriente de la conclusión del procedimiento de investigación mucho antes de la fecha de transmisión oficial del informe de investigación.

27 El 6 de junio de 2002, el Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne» envió un escrito a la Comisión en el que, en primer lugar, expresaba su asombro por no haber recibido directamente el informe de investigación, que le había sido remitido a través de sus abogados. En segundo lugar, manifestaba su desacuerdo con la conclusión anunciada del procedimiento de investigación y consideraba, por último, que el anuncio de que se iba a adoptar próximamente la decisión de dar por concluido el procedimiento de investigación, le impedía ejercer su derecho de respuesta a las conclusiones contenidas en el informe de investigación.

28 El 7 de junio de 2002, la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort envió a la Comisión un escrito sustancialmente idéntico al enviado por el Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne».

29 Mediante escritos de 14 de junio de 2002, la Comisión envió una versión no confidencial del informe de investigación a la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort y al Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne», recordando a dichas organizaciones profesionales que habían intervenido en el procedimiento de investigación únicamente en calidad de partes interesadas, razón por la cual la Comisión había considerado que no tenía la obligación de transmitirles directamente el informe de investigación, informe que, por lo demás, constituía un documento público. En sus escritos, la Comisión indicó igualmente que, en cualquier caso, había cumplido las disposiciones del artículo 8, apartado 8, del Reglamento nº 3286/94, que se había mantenido regularmente informados a los abogados de ambas organizaciones sobre la evolución del asunto y que éstos estaban al corriente de la conclusión del procedimiento de investigación mucho antes de la fecha de transmisión oficial del informe de investigación. Por último, la Comisión puso de relieve que se adoptaría en breve la decisión de dar por concluido el procedimiento de investigación.

30 El 9 de julio de 2002, la Comisión adoptó la Decisión 2002/604/CE por la que se dan por concluidos los procedimientos de examen referentes a obstáculos al comercio, a efectos del Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, consistentes en prácticas comerciales mantenidas por Estados Unidos de América (EE.UU.) en relación con las importaciones de mostaza preparada (DO L 195, p. 72; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). La Decisión impugnada fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 27 de julio de 2002.

31 En el sexto considerando de la Decisión impugnada la Comisión señaló:

«El procedimiento de examen llevó a la conclusión de que los supuestos efectos comerciales adversos no parecen derivarse del obstáculo al comercio alegado en la denuncia, es decir, la práctica de EE.UU. de suspender las concesiones de manera selectiva únicamente respecto a determinados Estados miembros (“sanción selectiva”). De hecho, la investigación no proporcionó ninguna prueba de que la aplicación de la suspensión de concesiones al Reino Unido traería consigo mayores oportunidades para el denunciante de exportar mostaza preparada al mercado de EE.UU. Por lo tanto, no puede atribuirse ningún efecto comercial adverso, tal como se define en el Reglamento, al obstáculo alegado en la denuncia, con excepción de los efectos comerciales resultantes de la suspensión de concesiones autorizada y aplicada legalmente por EE.UU. conforme al Acuerdo de la OMC. Por tanto, de conformidad con el artículo 11 [del Reglamento nº 3286/94], el procedimiento de examen ha demostrado que los intereses de la Comunidad no requieren la adopción de medidas específicas contra el supuesto obstáculo al comercio, conforme al Reglamento.»

32 Por consiguiente, la Comisión, en el artículo único de la Decisión impugnada, decidió dar por concluido el procedimiento de investigación iniciado el 1 de agosto de 2001.

Procedimiento y pretensiones de las partes

33 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de octubre de 2002, la FICF, la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, el Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras y el Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne» (en lo sucesivo, «demandantes») interpusieron el presente recurso.

34 Con arreglo al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y a propuesta de la Sala Primera, el Tribunal de Primera Instancia decidió, tras oír a las partes conforme al artículo 51 de dicho Reglamento, atribuir el asunto a una Sala ampliada.

35 Visto el Informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, requirió a las partes para que respondieran a ciertas preguntas y presentaran ciertos documentos.

36 En la vista celebrada el 14 de septiembre de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

37 Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

38 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a los demandantes.

Sobre la admisibilidad

39 Sin proponerse una causa de inadmisión del presente recurso, la Comisión restringe, sin embargo, sus escritos a la situación de la FICF, única organización que ha presentado una denuncia ante la Comisión con arreglo al artículo 4 del Reglamento nº 3286/94, excluyendo la situación de las otras organizaciones profesionales, que intervinieron en el procedimiento de investigación en calidad de partes interesadas.

40 A este respecto, procede señalar que los demandantes presentaron una única y misma demanda. Ahora bien, es jurisprudencia reiterada que, al tratarse de un único y mismo recurso, la declaración de su admisibilidad respecto a un solo demandante dispensa de la necesidad de examinar la legitimación de los otros demandantes, puesto que basta que al menos uno de los demandantes cumpla los requisitos establecidos por el artículo 230 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, apartado 31; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, CCE de Vittel y otros/Comisión, T‑12/93, Rec. p. II‑1247, apartado 44, y de 15 de septiembre de 1998, European Night Services y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141, apartado 61).

41 Ahora bien, procede precisar que el artículo 4 del Reglamento nº 3286/94 quiso autorizar, concretamente, a cualquier asociación que actúe en nombre de una o más empresas comunitarias, como en el presente caso la FICF, que actúa en nombre de los productores franceses de mostaza preparada, a invocar el derecho de alegar normas comerciales internacionales, contenidas en un acuerdo comercial multilateral o plurilateral, en la denuncia que presente ante la Comisión, con los requisitos exigidos en dicho Reglamento, así como de alegar las garantías procedimentales previstas en las disposiciones de este mismo Reglamento. El conjunto de tales garantías implica que un denunciante, a efectos del artículo 4 del Reglamento nº 3286/94, tiene derecho a someter al control del Tribunal de Primera Instancia una decisión de la Comisión por la que se concluye un procedimiento de investigación iniciado a raíz de la presentación de su denuncia.

42 De ello se deduce que la FICF, que presentó una denuncia ante la Comisión en virtud del artículo 4 del Reglamento nº 3286/94, está legitimada para impugnar ante el Tribunal de Primera Instancia la Decisión objeto de recurso y que, en consecuencia, al tratarse de un único y mismo recurso, no procede examinar la legitimación de los otros demandantes.

Sobre el fondo

43 Los demandantes invocan ocho motivos para fundamentar su recurso. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94; el segundo motivo, en la infracción del artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94; el tercer motivo, en la infracción del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94; el cuarto motivo, en la infracción del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94; el quinto motivo, en la falta de motivación de la Decisión impugnada; el sexto motivo, en errores manifiestos en la apreciación de los hechos y en la infracción del artículo 2, apartado 4, y del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94; el séptimo motivo, en la vulneración del derecho de defensa; por último, el octavo motivo, se basa en la infracción del artículo 8, apartado 8, del Reglamento nº 3286/94 y en el incumplimiento del deber de diligencia de la Comisión.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94

Alegaciones de las partes

44 Según los demandantes, la definición de «obstáculo al comercio», tal como se desprende del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, se compone de dos elementos claramente identificables e indisociables, a saber, un elemento material («cualesquiera prácticas comerciales adoptadas o mantenidas por un tercer país») y un «elemento de ilegalidad» («un derecho de acción» conferido a la Comunidad Europea). Ahora bien, en opinión de los demandantes, la Decisión impugnada se limitó en la definición únicamente al elemento de ilegalidad, es decir, a la aplicación «selectiva» por Estados Unidos de la suspensión de concesiones arancelarias. Según los demandantes, el enfoque adoptado por la Comisión no solamente infringe el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, sino que además desnaturaliza el alcance de la denuncia que presentó la FICF y el anuncio de inicio del procedimiento de investigación. Los demandantes señalan que, contrariamente a lo que parece afirmar la Comisión, las medidas de suspensión de concesiones arancelarias adoptadas por Estados Unidos no pueden quedar separadas entre, por un lado, las medidas autorizadas por el OSD y aplicadas por Estados Unidos y, por otro lado, el obstáculo al comercio que invocó la denunciante, a saber, la aplicación selectiva de dichas medidas. Según los demandantes, el hecho de que el OSD autorizara la adopción de medidas de retorsión no significa que la aplicación de estas medidas por Estados Unidos sea «legal», como estima la Comisión.

45 La Comisión recuerda, en primer lugar, que la finalidad del Reglamento nº 3286/94 consiste en establecer procedimientos comunitarios en el campo de la política comercial común que tengan por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de la Comunidad que le confiere la OMC. En este sentido, el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, define los obstáculos al comercio como cualesquiera prácticas comerciales adoptadas o mantenidas por un tercer país respecto de las cuales las normas comerciales internacionales establezcan un derecho de acción.

46 En segundo lugar, la Comisión se opone a la interpretación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94 que realizaron los demandantes. Según la Comisión, la existencia de un obstáculo al comercio no es suficiente para que pueda incoarse un procedimiento de solución de diferencias. Es preciso, sobre todo, que se observen efectos comerciales adversos. A los fines de la aplicación del Reglamento nº 3286/94, el concepto de obstáculo al comercio no puede, por tanto, desligarse del de «efectos comerciales adversos». En otros términos, en opinión de la Comisión, para que pueda considerarse que existe «obstáculo al comercio», a efectos del Reglamento nº 3286/94, las empresas deben demostrar que padecen «efectos comerciales adversos», en el sentido del artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94. La interpretación contraria supondría crear una verdadera actio popularis en favor de las empresas comunitarias.

47 Según la Comisión, es éste el concepto de «obstáculo al comercio» que se ha aplicado en el presente asunto, tanto en el informe de investigación como en la adopción de la Decisión impugnada. Por consiguiente, semejante concepto no es nuevo para los demandantes. A este respecto, la Comisión se remite a la Decisión impugnada según la cual la investigación no pudo proporcionar ninguna prueba de que la denunciante se viera afectada por efectos comerciales adversos como consecuencia de la decisión de Estados Unidos de aplicar selectivamente la suspensión de concesiones arancelarias, excepto los efectos comerciales resultantes de esta suspensión, que fue «autorizada y aplicada legalmente por EE.UU. conforme al Acuerdo de la OMC». De todo ello, la Comisión deduce que, por una parte, las medidas norteamericanas se adoptaron conforme a los principios consagrados por la OMC y que, por otra parte, al no haber podido demostrar la denunciante ningún efecto comercial adverso, no existe «obstáculo al comercio», a efectos del Reglamento nº 3286/94, en contra de lo que afirman los demandantes.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

48 Con carácter preliminar, es preciso señalar que, en virtud del Reglamento nº 3286/94, el ejercicio de una acción por la Comunidad conforme a las normas comerciales internacionales contra un obstáculo al comercio, adoptado o mantenido por un tercer país y que afecte al mercado de este último, supone que se cumplan, al menos, tres requisitos acumulativos, a saber, la existencia de un obstáculo al comercio, tal como se define en el Reglamento, la presencia de efectos comerciales adversos resultantes de dicho obstáculo y la necesidad de la acción en interés de la Comunidad. Cuando, al término del procedimiento de investigación iniciado conforme al Reglamento nº 3286/94, la Comisión declare que no se cumple alguno de los requisitos citados, las instituciones de la Comunidad están facultadas para considerar que no procede entablar semejante acción.

49 En cuanto al concepto de obstáculo de comercio, procede recordar que, a tenor del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “obstáculos al comercio” cualesquiera prácticas comerciales adoptadas o mantenidas por un tercer país respecto de las cuales las normas comerciales internacionales establezcan un derecho de acción. Dicho derecho de acción existirá cuando las normas comerciales internacionales prohíban el derecho de buscar la eliminación del efecto de la práctica en cuestión.»

50 En el presente asunto, ha quedado acreditado que la Comisión consideró, en la Decisión impugnada, que la FICF denunciaba un obstáculo al comercio constituido por la aplicación de la suspensión de concesiones arancelarias por Estados Unidos a los exportadores de mostaza preparada de los Estados miembros de la Comunidad, a excepción de los del Reino Unido, sanción que la Decisión impugnada calificó como «selectiva».

51 Según los demandantes, mediante esta apreciación, la Comisión no se atuvo a la definición de obstáculo al comercio contemplada en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, en la medida en que sólo tomó en consideración el elemento de «ilegalidad» de dicha definición.

52 Esta tesis no puede prosperar.

53 En primer lugar, procede señalar que los elementos que componen la definición de obstáculo al comercio, a efectos del Reglamento nº 3286/94, no pueden separarse artificialmente, como sugieren los demandantes. En efecto, para que pueda invocarse la existencia de un obstáculo al comercio a efectos de la aplicación del Reglamento nº 3286/94, se requiere la existencia de un derecho de acción en virtud de las normas comerciales internacionales. Esta interpretación se desprende, en particular, de la referencia que se hace en el artículo 1, apartado 1, de este Reglamento al «respeto a las obligaciones y procedimientos internacionales existentes». Queda corroborada por el séptimo considerando del Reglamento nº 3286/94, en el que se precisa que «[el]mecanismo [aplicado por el Reglamento] tiene como objetivo suministrar medios procedimentales para solicitar que las instituciones comunitarias reaccionen ante los obstáculos al comercio adoptados o mantenidos por terceros países […], siempre que exista un derecho de acción, respecto de tales obstáculos, en virtud de las normas comerciales internacionales aplicables». Una interpretación diferente llevaría a considerar que cualquier práctica comercial adoptada o mantenida por un tercer país podría constituir un obstáculo al comercio, aun cuando las normas comerciales internacionales no establezcan un derecho de acción.

54 En segundo lugar, en cuanto a la alegación de los demandantes según la cual la Comisión interpretó erróneamente el alcance de la denuncia presentada por la FICF ante la Comisión, procede señalar que la denunciante no alegaba, contrariamente a lo que los demandantes afirmaron ante el Tribunal de Primera Instancia, que las medidas norteamericanas de suspensión de las concesiones arancelarias, por importe de 116,8 millones de USD, contra determinados productos originarios de la Comunidad estaban comprendidas dentro de la calificación de «obstáculo al comercio». En efecto, se reconocía en la denuncia que el OSD había autorizado dichas medidas el 26 de julio de 1999. No obstante, en las consideraciones relativas a la calificación como «obstáculos al comercio» a efectos del Reglamento nº 3286/94 de las medidas adoptadas por Estados Unidos (punto IV de la denuncia), la denunciante sostenía que se habían infringido las normas de la OMC ya que «Estados Unidos no podía legalmente decidir aplicar las medidas de retorsión a algunos Estados miembros de la Unión Europea y no a otros» (punto IV.1, p. 8 de la denuncia) y que «la aplicación selectiva de las medidas de retorsión que hizo Estados Unidos cuestionaba la fijación por los árbitros del nivel de suspensión de las concesiones» (punto IV.2, p. 11 de la denuncia). Además, reconocía que «las conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación se dirigían a las “Comunidades Europeas” [y que] Estados Unidos debía, por consiguiente, aplicar sus medidas a las “Comunidades Europeas”, sin poder hacer distinciones entre los Estados miembros, que aplicaron todos ellos las medidas comunitarias controvertidas» (p. 13 de la denuncia). Por último, señalaba que «la actitud de Estados Unidos tenía por efecto descomunitarizar la política comercial prevista en el Tratado» al dirigirse las medidas de retorsión únicamente contra catorce de los quince Estados miembros (p. 14 de la denuncia).

55 De ello se deduce que el obstáculo al comercio denunciado consistía únicamente en la aplicación selectiva de las medidas norteamericanas de suspensión de concesiones arancelarias, sin que la Comisión haya desnaturalizado el alcance de la denuncia. Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia señala que, en el presente asunto, habida cuenta de la definición de obstáculo al comercio en el sentido precisado en el apartado 53, el obstáculo al comercio a efectos del Reglamento nº 3286/94 sólo podía consistir en la aplicación selectiva de las medidas norteamericanas de suspensión de concesiones arancelarias. En efecto, puesto que sólo los obstáculos al comercio respecto de los cuales existe un derecho de acción establecido en las normas comerciales internacionales están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 3286/94, no podía iniciarse un procedimiento de acuerdo con este Reglamento contra las medidas norteamericanas de suspensión de las concesiones autorizadas por el OSD, en la medida en que, en principio, no existía, respecto de éstas, ningún derecho de acción de la Comunidad establecido en las normas comerciales internacionales. Por esta razón, el punto 4 del anuncio de inicio del procedimiento de investigación citado en el apartado 20 supra, señalaba que el obstáculo al comercio alegado en la denuncia estaba constituido por el hecho de mantener las «medidas comerciales […] contra varios Estados miembros en vez de hacerlo con respecto a toda la Comunidad» y la FICF consideraba, sin que tal apreciación haya sido rebatida ante el Tribunal de Primera Instancia, que «la práctica consistente en solicitar medidas contra todos los Estados miembros para después aplicarlas sólo a algunos de ellos era perjudicial para la previsibilidad del mecanismo de solución de diferencias». Por lo demás, cabe igualmente precisar que el punto 1.4 del informe de investigación elaborado por la Comisión, titulado «The obstacle to trade» (El obstáculo al comercio), señalaba:

«[…] es importante poner de relieve que el obstáculo al comercio en cuestión en esta investigación no consiste en la suspensión de concesiones por Estados Unidos a raíz del denominado caso de las “hormonas”, sino en la forma en que Estados Unidos aplicó esta suspensión. En este sentido, el denunciante no niega el derecho de Estados Unidos a suspender las concesiones anteriormente mencionadas en virtud del Entendimiento sobre solución de diferencias en el marco de la OMC, sino únicamente el derecho a suspenderlas respecto a algunos Estados miembros de la Comunidad, exceptuando a otros.»

56 Ahora bien, contrariamente a lo que afirman los demandantes, al estimar que el obstáculo al comercio identificado en la denuncia consistía en la aplicación selectiva de las medidas norteamericanas a los Estados miembros de la Comunidad, los considerandos 3 y 6 de la Decisión impugnada se ajustan tanto a la definición de «obstáculo al comercio», contemplada en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, como a la calificación que resultaba, en el presente asunto, de la denuncia y que fue tomada en consideración por el anuncio de inicio del procedimiento y por el informe de investigación.

57 De todas estas consideraciones se desprende que, en el presente asunto, contrariamente a las alegaciones de los demandantes, la Comisión no se limitó únicamente al elemento de «ilegalidad» de la definición de un obstáculo al comercio, sino que tomó en consideración el conjunto de elementos indisociables del concepto de obstáculo al comercio, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94.

58 En estas circunstancias, se desestima el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94

Alegaciones de las partes

59 Los demandantes consideran que la interpretación restrictiva del concepto de obstáculo al comercio, adoptada por la Decisión impugnada, implica igualmente ‑y necesariamente– un análisis incorrecto de los «efectos comerciales adversos», a efectos del artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94, infringiéndose así esta disposición. Según los demandantes, la Comisión debió analizar los efectos comerciales adversos derivados de la imposición ilegal, desde julio de 1999, de los derechos de aduana adicionales del 100 % ad valorem que impugnaban los demandantes, y no únicamente los efectos del elemento de ilegalidad de que adolecen las medidas norteamericanas, a saber, la aplicación selectiva de dichas medidas.

60 Por otra parte, los demandantes estiman que la Decisión impugnada adolece igualmente de un error manifiesto de apreciación de los datos contenidos en el informe de investigación. En efecto, los demandantes afirman que es inválida la conclusión a la que llegó la Comisión en la Decisión impugnada, según la cual este informe «no proporcionó ninguna prueba de que la aplicación de la suspensión de concesiones [arancelarias] al Reino Unido traería consigo mayores oportunidades para [la] denunciante de exportar mostaza preparada al mercado de EE.UU.», habida cuenta de la lectura conjunta de los datos relativos a la disminución de las importaciones de mostaza procedentes de los Estados miembros, a excepción del Reino Unido, y al aumento de importaciones procedentes de este último Estado miembro, que figuran en el informe de investigación.

61 La Comisión replica que apreció correctamente la naturaleza de los efectos comerciales causados por la suspensión de concesiones arancelarias adoptada por Estados Unidos contra la mostaza preparada.

62 La Comisión indica que las conclusiones del informe de investigación no pusieron en evidencia la existencia de efecto alguno de «vasos comunicantes» entre la disminución de las exportaciones de la denunciante hacia Estados Unidos, por una parte, y el aumento sustancial y a largo plazo de las exportaciones británicas, por otra. Según la Comisión, los datos contenidos en el informe de investigación muestran que la decisión de Estados Unidos de excluir los productos procedentes del Reino Unido de la suspensión de concesiones arancelarias no benefició a las exportaciones de mostaza británica hacia ese país y no es la causa de los efectos comerciales adversos producidos a la denunciante. Únicamente se habrían causado a la denunciante efectos comerciales adversos a efectos del Reglamento nº 3286/94, si el procedimiento de investigación hubiese podido demostrar las consecuencias duraderas y significativas que el carácter selectivo de las medidas produjo en el mercado de la mostaza preparada en Europa. Sin embargo, recuerda asimismo la Comisión, el artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94 adopta una definición precisa del concepto de «efectos comerciales adversos», al referirse a los efectos causados por los obstáculos al comercio que tengan una repercusión importante en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de la misma. Según la referida institución, el hecho de que el «denunciante padezca dichos efectos adversos no se considerará suficiente para justificar por sí mismo el que las instituciones comunitarias prosigan cualquier acción».

63 En definitiva, a juicio de la Comisión, la Decisión impugnada señaló correctamente que la investigación no había podido probar que la naturaleza selectiva de las medidas de retorsión americanas causara efectos comerciales adversos con arreglo a los requisitos del Reglamento nº 3286/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

64 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, a tenor del artículo 2, apartado 4, del Reglamento nº 3286/94:

«Se entenderá por “efectos comerciales adversos” los que causen o amenacen causar un obstáculo al comercio, respecto de un producto o un servicio, a empresas comunitarias en el mercado de cualquier tercer país, y que tengan una repercusión importante en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de la misma. El hecho de que el denunciante padezca dichos efectos adversos no se considerará suficiente para justificar por sí mismo el que las instituciones comunitarias prosigan cualquier acción.»

65 De esta definición se desprende que la voluntad del Reglamento nº 3286/94 ha sido la de exigir la existencia de una relación de causalidad entre los efectos comerciales adversos actuales («causen») o potenciales («amenacen causar») y el obstáculo al comercio, tal como se identifica en las circunstancias particulares de cada asunto, a efectos del Reglamento nº 3286/94. Esta interpretación se ve corroborada por el séptimo considerando del Reglamento nº 3286/94, que señala que el mecanismo aplicado por este Reglamento tiene como objetivo suministrar medios procedimentales para solicitar que las instituciones comunitarias reaccionen ante los obstáculos al comercio adoptados o mantenidos por terceros países «que produzcan» efectos comerciales adversos, así como por el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, relativo al contenido de la denuncia, que exige que esta última contenga elementos de prueba suficientes acerca de la existencia de los obstáculos al comercio y de los efectos comerciales adversos «que resulten de ellos». Además, los efectos comerciales adversos, a efectos del Reglamento nº 3286/94, deberán asimismo tener una repercusión importante en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de la misma.

66 A este respecto, en cuanto a la alegación de los demandantes según la cual la Comisión no debió limitar su análisis de los efectos comerciales adversos a los causados por la aplicación selectiva de la suspensión de concesiones arancelarias, el Tribunal de Primera Instancia considera que ésta debe desestimarse, habida cuenta de la respuesta que se dio anteriormente al primer motivo y de la relación de causalidad que debe existir entre un «obstáculo al comercio» y los «efectos comerciales adversos», a efectos del Reglamento nº 3286/9. En este sentido, dado que el «obstáculo al comercio», a efectos del Reglamento nº 3286/94, que se denunció en el presente asunto, está constituido por la aplicación selectiva de la suspensión de concesiones arancelarias respecto a las exportaciones de mostaza preparada hacia Estados Unidos, la Comisión debía limitar su análisis de los «efectos comerciales adversos» a aquellos que tenían una relación de causalidad con el referido obstáculo.

67 Dicho esto, debe comprobarse si, como sostienen los demandantes, la Comisión cometió un error manifiesto en la apreciación de los datos resultantes del informe de investigación, al concluir, en el considerando 6 de la Decisión impugnada, que «la investigación no proporcionó ninguna prueba de que la aplicación de la suspensión de concesiones [arancelarias] al Reino Unido traería consigo mayores oportunidades para el denunciante de exportar mostaza preparada al mercado de EE.UU.».

68 A este respecto, debe observarse, en primer lugar, una diferencia entre el tenor literal del pasaje citado en la versión francesa del considerando 6 de la Decisión impugnada y el de la mayoría de las otras versiones lingüísticas de este texto. En efecto, contrariamente al texto en francés que emplea el adverbio «davantage», la mayoría de las otras versiones lingüísticas hace referencia a «mayores» o a «mejores oportunidades de exportación». Así ocurre con las versiones del pasaje citado inglesa («[…] would result in greater export opportunities […]»), alemana («[…] für den Antragsteller zu besseren Ausfuhrmöglichkeiten für Senf […]»), danesa («[…] at klageren ville få større muligheder for at eksportere […]»), española («[…] traería consigo mayores oportunidades para el denunciante de exportar […]»), finesa («[…] valituksen tekijän […] viennin mahdollisuuksien laajenemiseen […]»), italiana («[…] comporterebbe per il denunziante maggiori opportunità di esportazione […]»), portuguesa («[…] se traduziria, par o autor da denúncia, em maiores oportunidades de exportação [...]») y sueca («[...] bättre utsiker för den klagande att exportera […]»).

69 El Tribunal de Primera Instancia considera que la idea transmitida por las distintas versiones lingüísticas del pasaje citado, relevante para examinar el supuesto error manifiesto de apreciación es, por una parte, la de una correlación menos acusada que la que se expresa en la versión francesa mediante el empleo del adverbio «davantage» entre la disminución de las exportaciones de mostaza preparada hacia Estados Unidos procedentes de catorce Estados miembros de la Comunidad y el aumento de las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos procedentes del Reino Unido y, por otra parte, la de una repercusión respecto a la duración en el nivel de las exportaciones de mostaza preparada hacia Estados Unidos.

70 Es preciso añadir que los demandantes no discuten los datos que figuran en el informe de investigación relativos a las exportaciones de mostaza preparada hacia Estados Unidos procedentes, por una parte, de los Estados miembros de la Comunidad, a excepción del Reino Unido, y, por otra parte, de este último Estado. Tampoco se oponen los demandantes al método que se adoptó en el informe de investigación con el objeto de determinar los efectos comerciales adversos causados por el obstáculo al comercio, tal como ha sido identificado en el punto 1.4 del informe de investigación y se ha recordado en el apartado 55 anterior.

71 Dicho esto, tanto de los datos contenidos en el informe de investigación como del análisis que se realizó en el mismo se desprende que la conclusión a la que llegó la Comisión en el considerando 6 de la Decisión impugnada no resulta manifiestamente errónea.

72 En efecto, debe observarse que, entre la media de las exportaciones del período 1996‑1998 y el año 2000, la progresión de las exportaciones de mostaza preparada procedentes del Reino Unido hacia Estados Unidos, tanto en valor como en volumen, representó una parte y una proporción extremadamente bajas en relación con las exportaciones de mostaza preparada procedentes de otros Estados miembros de la Comunidad. Por consiguiente, aun suponiendo que los propios exportadores de Estados miembros distintos del Reino Unido se hubiesen beneficiado de dicha progresión en el caso de que las medidas de retorsión norteamericanas se hubiesen extendido a la mostaza preparada originaria del Reino Unido –lo cual no ha sido demostrado por los demandantes–, dichos exportadores no habrían podido disfrutar de mayores oportunidades de exportación.

73 Por lo demás, de la información que utilizó la Comisión durante el procedimiento de investigación se desprende que los importadores norteamericanos de mostaza preparada buscaron proveedores alternativos establecidos fuera de la Comunidad, los cuales se han beneficiado considerablemente de la suspensión de concesiones arancelarias impuesta por las autoridades americanas contra la mostaza preparada procedente de los Estados miembros.

74 De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94

Alegaciones de las partes

75 Con carácter preliminar, los demandantes observan que la versión francesa del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94 contiene un error de puntuación. Refiriéndose a la «versión corregida» de esta disposición, los demandantes opinan que el artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94 exige que la Comisión, al examinar los efectos comerciales adversos, tome en consideración las disposiciones, los principios o las prácticas que rigen el derecho de acción en virtud de las normas del comercio internacional pertinentes. Ahora bien, según los demandantes, aunque la Comisión haya examinado en la fase del informe de investigación la compatibilidad de las medidas norteamericanas con arreglo a las normas de la OMC, no ha efectuado un análisis equivalente en la Decisión impugnada, lo cual constituye, en el presente asunto, una infracción del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94. Por otra parte, a juicio de los demandantes, la Decisión impugnada adolece además de falta de motivación, en la medida en que la Comisión no explicó las razones por las que el análisis jurídico efectuado en el informe de investigación sobre el obstáculo al comercio denunciado no figura en la Decisión impugnada.

76 Sin negar el hecho de que la versión francesa del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94 contiene el error que pusieron de relieve los demandantes, la Comisión alega que este motivo es infundado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

77 La versión francesa del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94 establece que «la Commission tient compte aussi, dans son examen, des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d’engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à l’article 2, paragraphe 1».

78 A este respecto, como los demandantes sostuvieron con razón en sus escritos, sin haber sido contradichos en este aspecto por la Comisión, la versión francesa presenta un error sintáctico al añadir una coma tras el término «examen». En efecto, los demandantes afirman que tanto la estructura del apartado 5 del artículo 10 del Reglamento nº 3286/94, que exige, si dicha coma fuera apropiada, que se inserte la conjunción de coordinación «et (y)» tras el adjetivo «défavorables (adversos)», como el lugar que ocupa este apartado en el artículo en cuestión, relativo a los «elementos de prueba», llevan a considerar que la coma que figura tras el término «examen» no tiene razón de ser. Además, las otras versiones lingüísticas del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94 hacen referencia, siguiendo esta lógica, al «examen de los elementos de prueba de los efectos comerciales adversos».

79 Por tanto, debe leerse el artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94 en los términos siguientes: «la Commission tient compte aussi, dans son examen des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d’engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à l’article 2, paragraphe 1 (la Comisión, al examinar los elementos de prueba de los efectos comerciales adversos, tomará también en consideración las disposiciones, los principios o las prácticas que rigen el derecho de acción en virtud de las normas del comercio internacional pertinentes mencionadas en el apartado 1 del artículo 2)».

80 No obstante, al sostener que esta disposición obligaba a la Comisión, en la Decisión impugnada, a analizar la compatibilidad entre el obstáculo al comercio denunciado y las disposiciones de los acuerdos adoptados en el marco de la OMC, los demandantes incurren en una interpretación errónea del artículo 10, apartado 5, del Reglamento nº 3286/94.

81 En efecto, a la luz de lo indicado con carácter preliminar en el apartado anterior, en la medida en que, en el presente asunto, la Comisión hizo constar acertadamente que los elementos de prueba de carácter cuantitativo analizados en su informe de investigación no permitían concluir que se cumplía el requisito relativo a la existencia de efectos comerciales adversos a efectos del Reglamento nº 3286/94, no estaba obligada a tomar en consideración las disposiciones, los principios o las prácticas que rigen el derecho de acción en virtud de las normas del comercio internacional.

82 En cuanto a la supuesta falta de motivación de la que adolece la Decisión impugnada, debe observarse que, puesto que la Comisión hizo constar acertadamente la inexistencia de efectos comerciales adversos a efectos del Reglamento nº 3286/94, no tenía por qué proceder ni a examinar los elementos adicionales mencionados en el artículo 10, apartado 5, de dicho Reglamento, ni a motivar la Decisión impugnada a este respecto.

83 En consecuencia, se desestima el tercer motivo.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94

Alegaciones de las partes

84 Los demandantes sostienen que la Decisión impugnada confundió el «interés de la Comunidad», al que se refiere el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, con el interés de la denunciante. Ahora bien, a juicio de los demandantes, tal modo de proceder es no sólo contrario a dicha disposición, sino que ignora además en el presente asunto que otras partes intervinieron en el procedimiento de investigación y que, desde el anuncio del inicio de este procedimiento, el 1 de agosto de 2001, la Comisión había reconocido el interés comunitario en «abordar las prácticas de Estados Unidos que pueden representar una amenaza sistemática para el papel de la Comunidad en la OMC y afectar seriamente a la cohesión y solidaridad de la [Comunidad], puesto que cualquier exclusión de un Estado miembro de la suspensión de concesiones comerciales inevitablemente implica una carga mayor para los demás».

85 Además, los demandantes consideran que las observaciones formuladas por la Comisión en la fase del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, según las cuales el análisis del interés de la denunciante constituye un requisito previo al del interés de la Comunidad, están en contradicción con la Decisión impugnada, en la medida en que, para concluir el procedimiento de investigación, la Comisión se basó en la falta de interés de la Comunidad y no en la falta de interés de la denunciante. En cualquier caso, los demandantes estiman que el reconocimiento por parte de la Comisión, en la fase escrita del procedimiento, de la distinción entre el interés de la denunciante y el de la Comunidad corrobora su pretensión según la cual la Decisión impugnada infringió, en el presente asunto, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94.

86 La Comisión señala que el Reglamento nº 3286/94 no define el concepto de «interés de la Comunidad» y que dispone, a este respecto, de una amplia facultad de apreciación. No es menos cierto, a su juicio, que habida cuenta del sistema general del Reglamento nº 3286/94, este concepto desempeña un papel muy concreto que consiste en impedir que se interponga una acción por principio o in abstracto. En otros términos, la Comisión estima que un denunciante no puede invocar el Reglamento nº 3286/94 para instar a la Comunidad a entablar una acción, por principio, en defensa del interés general de la Comunidad, si no ha padecido él mismo efectos comerciales adversos. Ahora bien, en el presente asunto, al no haber padecido la denunciante efectos distintos de los que las medidas de retorsión pudieron (legalmente) producir, la Comisión considera que no se cumple el requisito previo al examen del interés de la Comunidad para entablar una acción. Añade que, además, las conclusiones del informe de investigación mostraban con claridad que los demandantes no tenían ningún interés en que las medidas norteamericanas se aplicaran uniformemente a la totalidad de Estados miembros de la Comunidad.

87 En su escrito de dúplica, la Comisión precisa igualmente que tuvo en cuenta todos los intereses presentes, incluidos los de las empresas que intervinieron durante el procedimiento de investigación, como se desprende del informe de investigación, a cuyas conclusiones se ajustó plenamente la Decisión impugnada. En cualquier caso, el carácter selectivo de las medidas norteamericanas, afirma la Comisión, afectó principalmente a la mostaza preparada puesto que, en las circunstancias del presente asunto, fue el único producto exportado por el Reino Unido, excluyendo, por tanto, el roquefort, el foie gras y las chalotas.

88 En definitiva, la Comisión considera que apreció acertadamente, habida cuenta de las conclusiones del informe de investigación, que no era preciso, en interés de la Comunidad, proseguir el procedimiento.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

– Consideraciones preliminares

89 Debe señalarse que el Reglamento nº 3286/94 no contiene ninguna definición del concepto de «interés de la Comunidad», como tampoco establece las normas reguladoras del examen de este interés. Varias disposiciones del Reglamento nº 3286/94 aluden, sin embargo, a este concepto.

90 Así, a tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, la Comisión incoará un procedimiento de investigación «cuando, previa consulta, […] considere que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento de investigación y que éste es necesario en interés de la Comunidad».

91 Además, en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, «cuando del procedimiento de investigación no se desprenda la necesidad de adoptar ninguna medida en interés de la Comunidad, se dará por concluido el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14».

92 Por otra parte, el artículo 12, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94 dispone que, «cuando aparezca (como consecuencia de un procedimiento de investigación, salvo que la situación de hecho y de derecho sea tal que no requiera un procedimiento de investigación) la necesidad de adoptar una medida en interés de la Comunidad con objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, a fin de eliminar […] los efectos comerciales adversos derivados de los obstáculos al comercio adoptados o mantenidos por países terceros, se adoptarán las medidas pertinentes».

93 Estas disposiciones deben interpretarse a la luz del decimoquinto considerando del Reglamento nº 3286/94, según el cual «incumbe a la Comisión […] actuar respecto de los obstáculos al comercio adoptados o mantenidos por terceros países, en el marco de los derechos y obligaciones internacionales de la Comunidad, únicamente cuando los intereses de la Comunidad exijan una intervención, y considerando que, al evaluar dichos intereses, la Comisión […] [deberá] prestar la debida consideración a los puntos de vista expresados por todas las partes interesadas de los procedimientos».

94 La cuestión de si el interés de la Comunidad requiere una actuación comunitaria implica la apreciación de situaciones económicas complejas y el control jurisdiccional de semejante apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la decisión objeto de controversia, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 1992, Sharp Corporation/Consejo, C‑179/87, Rec. p. I‑1635, apartado 58, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 1998, Industrie des poudres sphériques/Consejo, T‑2/95, Rec. p. II‑3939, apartado 292). Cuando el juez comunitario conoce de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de la Comisión por la que se da por concluido un procedimiento de investigación referente a obstáculos al comercio en razón de la falta de interés comunitario, en virtud del Reglamento nº 3286/94, el control jurisdiccional se extiende también al examen de la falta de errores de Derecho (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2003, Euroalliages y otros/Comisión, T‑132/01, Rec. p. I‑2359, apartado 49). Semejante límite al control jurisdiccional, válido en el marco del examen de medidas antidumping, se aplica a fortiori a un procedimiento de alcance mucho más general y que puede conducir, en su caso, a la presentación de una denuncia internacional.

95 A la luz de todas estas consideraciones procede verificar si, como alegan los demandantes, por una parte, el interés de la Comunidad en actuar contra el obstáculo al comercio objeto de la denuncia fue ya definitivamente examinado y comprobado en la fase del anuncio del inicio del procedimiento de investigación y si, por otra parte, la Comisión asimiló o redujo el interés de la Comunidad al interés individual de la denunciante, sin tener en cuenta el interés de las otras partes interesadas.

– Sobre la apreciación del interés de la Comunidad en la fase del anuncio de inicio del procedimiento de investigación

96 En el punto 6 del anuncio de inicio del procedimiento de investigación, la Comisión indicó:

«Hay un interés comunitario en abordar las prácticas de Estados Unidos que pueden representar una amenaza sistemática para el papel de la Comunidad en la OMC y afectar seriamente a la cohesión y solidaridad de la [Comunidad], puesto que cualquier exclusión de un Estado miembro de la suspensión de concesiones comerciales inevitablemente implica una carga mayor para los demás. Por lo tanto, se considera que redunda en interés de la Comunidad el iniciar un procedimiento de examen.»

97 De manera general, cabe considerar que la apreciación del interés de la Comunidad, que se realiza en la fase del inicio del procedimiento de investigación, tiene, por definición, carácter preparatorio. No puede, por tanto, asimilarse a la apreciación que debe realizarse en la fase ulterior, es decir, al término del procedimiento de investigación, en el momento de decidir si es necesaria una acción en interés de la Comunidad.

98 En efecto, una interpretación diferente tendría como consecuencia que, desde que la Comisión decida iniciar un procedimiento de investigación, estaría automáticamente obligada, en el momento de decidir sobre una eventual acción de la Comunidad, a considerar necesaria esta acción, en la medida en que se cumplan los otros requisitos legales de aplicación del Reglamento nº 3286/94 –a saber, la existencia de un obstáculo al comercio y la existencia de efectos comerciales adversos derivados del mismo–, privando de este modo a la Comisión de su margen de apreciación.

99 En el caso de autos, la formulación genérica del punto 6 del anuncio de inicio del procedimiento de investigación no podía interpretarse en el sentido de que la Comisión habría desistido de su facultad de comprobar, al término del procedimiento de investigación, si el interés de la Comunidad requería o no una actuación en el asunto en cuestión. En efecto, basta señalar que el punto 6 del anuncio de inicio se limitó a concluir que redundaba en interés de la Comunidad «iniciar un procedimiento de examen».

100 En consecuencia, procede desestimar la primera alegación de los demandantes.

– Sobre la asimilación o la reducción del interés de la Comunidad al interés individual de la denunciante y la ausencia de toma en consideración de los intereses de las otras partes interesadas

101 La presente alegación se basa fundamentalmente en dos imputaciones, a saber, por una parte, la de la ausencia de toma en consideración del interés de las partes interesadas, distintas de la denunciante, y, por otra parte, la de la asimilación o la reducción del interés de la Comunidad al de la denunciante por la Comisión.

102 En cuanto a la primera imputación, es preciso observar que la Decisión impugnada no se refiere en forma alguna a dichas partes.

103 Sin embargo, esta circunstancia, en el presente asunto, no puede constituir una infracción del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94.

104 Como se desprende de la lectura conjunta de los apartados 91 y 93 anteriores, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, interpretado a la luz del decimoquinto considerando de dicho Reglamento, garantiza que, al evaluar los intereses de la Comunidad en el marco del procedimiento de investigación, se tendrán en cuenta los puntos de vista expresados por todas las partes interesadas en el procedimiento. De ello se infiere que la valoración de los intereses de la Comunidad requiere ponderar los intereses de las diferentes partes afectadas y el interés general, en particular en el marco del procedimiento de investigación (véase, por analogía, el asunto Euroalliages y otros/Comisión, antes citado).

105 En el presente asunto, consta que, a raíz de la publicación del anuncio de inicio del procedimiento de investigación, las partes interesadas comunicaron a la Comisión su interés en participar en el procedimiento iniciado por la denunciante contra el obstáculo al comercio denunciado por esta última, por lo que se refiere a sus productos respectivos. Al igual que el análisis realizado respecto a las exportaciones de mostaza preparada con destino a Estados Unidos, el informe de investigación examinó, por lo que se refiere a los productos de las partes interesadas, si el obstáculo al comercio denunciado producía efectos comerciales adversos. Al término de este examen, a semejanza de las conclusiones que el informe de investigación extrajo de la situación de la denunciante, el informe indicó que las medidas selectivas norteamericanas no constituían la causa de los efectos comerciales que padecían las partes interesadas, quienes, además, no se hallaban sometidas a la competencia en el mercado norteamericano de las exportaciones de productos procedentes del Reino Unido. Por último, en el marco del análisis del interés de la Comunidad, el informe de investigación indicó en su punto 4, en particular, que «como ha sido señalado anteriormente, la incoación de un procedimiento en el marco de la OMC no puede eliminar o disminuir los problemas económicos a los que se enfrentan los denunciantes». Aun cuando este pasaje del punto 4 del informe de investigación designa erróneamente a todas las partes como denunciantes, revela que se ha tenido en cuenta el interés de las partes interesadas en el procedimiento a la hora de evaluar el interés de la Comunidad en el marco del informe de investigación.

106 Además, los demandantes no alegaron en ningún momento de la fase escrita del procedimiento que las partes interesadas tenían distintos intereses que la denunciante, que la Comisión no tuvo en cuenta en el marco del procedimiento de investigación.

107 Al ser interrogados sobre este punto en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, los demandantes indicaron que las partes interesadas no tenían ningún interés en pedir que las medidas de retorsión americanas se extendieran al Reino Unido, puesto que resultaba evidente que el roquefort, el foie gras y las chalotas no se producían en el Reino Unido, sino que tenían, en cambio, interés en que la Comunidad denunciara la aplicación selectiva de las medidas norteamericanas ante las autoridades de la OMC, lo que, en el supuesto de que se condenara a Estados Unidos, implicaría, según los demandantes, que sus productos serían retirados de la lista aprobada por el OSD. Ahora bien, debe señalarse que, aun suponiendo que tal interés sea distinto del de la denunciante, la Comisión tomó en consideración dicha argumentación en el marco de su investigación, al indicar el carácter hipotético de la posibilidad aducida por los demandantes, en particular debido a la competencia exclusiva de las autoridades norteamericanas respecto al establecimiento de la lista de productos sujetos a la suspensión de concesiones arancelarias. Por tanto, la Comisión tuvo en cuenta efectivamente este interés.

108 En consecuencia, el hecho de que la Decisión impugnada no mencione a las partes interesadas, salvo a la denunciante, que son demandantes en el presente asunto, no puede, en sí mismo, considerarse una infracción del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, interpretado a la luz del decimoquinto considerando de este Reglamento.

109 Por tanto, debe desestimarse la imputación referente a la ausencia de toma en consideración del interés de las partes interesadas, con la salvedad de la denunciante.

110 En cuanto a la imputación relativa a la supuesta asimilación del interés de la Comunidad al de la denunciante, es necesario referirse, en primer lugar, a los considerandos 6 y 7 de la Decisión impugnada.

111 En el considerando 6 de la Decisión impugnada, la Comisión, tras indicar que, «de hecho, la investigación no proporcionó ninguna prueba de que la aplicación de la suspensión de concesiones [arancelarias] al Reino Unido traería consigo mayores oportunidades para el denunciante de exportar mostaza preparada al mercado de EE.UU.», añadió a continuación que «por lo tanto, no puede atribuirse ningún efecto comercial adverso, tal como se define en el Reglamento, al obstáculo alegado en la denuncia», y concluyó que, «por lo tanto, de conformidad con el artículo 11 [del Reglamento nº 3286/94], el procedimiento de examen ha demostrado que los intereses de la Comunidad no requieren la adopción de medidas específicas contra el supuesto obstáculo al comercio».

112 A tenor del considerando 7 de la Decisión impugnada, la Comisión llegó a la conclusión de que «el procedimiento de examen no proporcionó suficientes pruebas de que los intereses de la Comunidad requieran la adopción de medidas específicas [...] conforme al Reglamento» y que «por consiguiente, deberá darse por concluido el procedimiento de investigación».

113 El empleo de la conjunción de coordinación «por lo tanto» en la última frase del considerando 6 de la Decisión impugnada indica que, a juicio de la Comisión, la ausencia de una acción necesaria en interés de la Comunidad se deriva, al menos de forma indirecta, de la afirmación según la cual la denunciante no tenía ningún interés en que se extendiera al Reino Unido la suspensión de concesiones arancelarias, en la medida en que ésta no padecía los efectos comerciales adversos causados por la aplicación selectiva de las medidas norteamericanas.

114 Debe señalarse que la necesidad de demostrar previamente el interés de la denunciante para que pueda existir un interés de la Comunidad fue confirmada además por la Comisión en sus escritos. En efecto, esta última defendió la idea de que un denunciante no puede utilizar el Reglamento nº 3286/94 para incitar a la Comunidad a entablar por principio una acción en defensa del interés general de la Comunidad, sin haber padecido él mismo efectos comerciales adversos.

115 Por consiguiente, contrariamente a lo que sostienen los demandantes, la argumentación que desarrolló la Comisión en la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia no está en contradicción con la motivación de la Decisión impugnada.

116 En segundo lugar, debe aludirse a los pasajes pertinentes del informe de investigación. En el punto 4 del informe de investigación (titulado «Interés de la Comunidad»), la Comisión indicó:

«Los resultados de la investigación han demostrado que la denunciante no padece los efectos comerciales adversos causados por el obstáculo al comercio que se alega en este asunto. Estos resultados privan pues al procedimiento de un requisito esencial para poder proseguir la acción en virtud del Reglamento. No obstante, la Comisión ha examinado si existen otras medidas de acción que la Comunidad pueda adoptar con el fin de actuar contra las violaciones y efectos comerciales potenciales identificados en este informe.»

117 Seguidamente, añadió que:

«La incoación de un procedimiento ante las autoridades de la OMC no puede eliminar o disminuir los problemas económicos a los que se enfrentan los denunciantes. No obstante, no debe subestimarse el impacto jurídico y político de las prácticas americanas. En efecto, Estados Unidos parece haber adoptado la práctica de “sanciones selectivas” como un “arma” comercial con el objetivo de debilitar la cohesión interna de la Comunidad y, en consecuencia, influir en las relaciones con su principal socio comercial. En última instancia, la Comisión estima que los intereses más amplios y a largo plazo de la Comunidad exigirían una acción cuyo objetivo sería evitar que la práctica americana consistente en suspender las concesiones respecto a algunos Estados miembros, exceptuando a otros (es decir, las “sanciones selectivas”), se reproduzca en el futuro. Bajo esta perspectiva, la Comisión proseguirá sus negociaciones con miras a lograr una solución mutuamente satisfactoria en lo que se refiere al denominado caso de las hormonas y discutirá con las autoridades americanas sobre los problemas de carácter sistemático que suscita el presente informe.»

118 En el punto 6 del informe de investigación, titulado «Medidas de acción previstas», la Comisión, tras recordar los tres requisitos para entablar una acción de la Comunidad [es decir, a) que exista un derecho de la Comunidad en virtud de las normas que rigen el comercio internacional, b) que existan efectos comerciales adversos causados por el obstáculo al comercio que se alega y c) que la acción sea necesaria en interés de la Comunidad], subrayó que «sobre la base del análisis y de las consideraciones anteriores, en particular en lo que respecta a la ausencia de efectos comerciales adversos, se propone concluir el procedimiento de investigación en este asunto» y que «la forma más adecuada de tratar los problemas a los que se enfrenta la denunciante es la de proseguir las negociaciones con las autoridades americanas con el objetivo de encontrar una solución mutuamente satisfactoria en el denominado caso de las hormonas».

119 El Tribunal de Primera Instancia observa que el procedimiento de investigación no excluyó un interés general y a largo plazo de la Comunidad para actuar en el futuro contra las violaciones potenciales analizadas en el informe de investigación; en cambio, en la medida en que la incoación de un procedimiento en el marco de la OMC no pudo eliminar o disminuir los problemas económicos a los que se enfrentaban los denunciantes, se propuso dar por concluido el procedimiento de investigación debido, en particular, a la falta de efectos comerciales adversos a efectos del Reglamento nº 3286/94.

120 Ahora bien, la Comisión no infringe el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94, al exigir que la eventual acción de la Comunidad guarde relación con los hechos y fundamentos de Derecho que dieron lugar al procedimiento de investigación y que, aunque exista un interés general y a largo plazo en actuar en el futuro contra las violaciones potenciales que se puedan producir como consecuencia de la práctica de «sanciones selectivas» adoptadas por Estados Unidos, tal como fueron identificadas en el informe de investigación, la Comisión decida dar por concluido el procedimiento de investigación.

121 En efecto, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94 debe interpretarse a la luz del sexto considerando, a cuyo tenor, el mecanismo jurídico establecido en el Reglamento nº 3286/94 habrá de «[garantizar] que la decisión de invocar los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales se tome sobre la base de una información exacta sobre los hechos y un análisis jurídico». En consecuencia, si, al término de un procedimiento de investigación, el contexto fáctico y jurídico que dio lugar a dicho procedimiento no permite fundamentar la eventual decisión de invocar los derechos de la Comunidad, en particular en razón de la falta de uno de los requisitos legales exigidos para aplicar el Reglamento nº 3286/94, en el presente caso, la falta de efectos comerciales adversos resultantes del obstáculo al comercio alegado, la Comisión está facultada para declarar que no concurren los requisitos que exige el Reglamento nº 3286/94.

122 Esta interpretación se ve corroborada igualmente por el artículo 12, apartado 1, del Reglamento nº 3286/94. En efecto, cabe recordar que según esta disposición, «cuando aparezca (como consecuencia de un procedimiento de investigación […]) la necesidad de adoptar una medida en interés de la Comunidad con objeto de garantizar el ej