1.

En cuanto a la primera parte de la cuestión, los importadores estiman por diversas razones que el GATT implica dicha prohibición. En este sentido, se refieren al preámbulo del GATT, que, como muestra la Ley italiana por la que fue ratificado, debe considerarse parte integrante del Acuerdo y que alude claramente a una reducción de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos a los intercambios. Se refieren, además, al espíritu del GATT y también invocan, en lo referente al sistema, un claro paralelismo con el Tratado, especialmente con su artículo 13. Los importadores creen, además, que pueden encontrar argumentos en apoyo de su punto de vista en el apartado 2 del artículo II, en el que sólo se autorizan determinadas cargas, pero no las de efecto equivalente a derechos de aduana, así como en el artículo VIII, que da especificaciones acerca del artículo II y que, de manera general y sin referirse a las listas de concesiones, habla de la necesidad de limitar al coste aproximado del servicio prestado los derechos y cargas percibidos sobre la importación o la exportación, y de reducir tales derechos y cargas. No obstante, al igual que la Comisión, considero que el punto de vista de los importadores es insostenible. a) De entrada, la referencia al preámbulo y al espíritu del GATT, así como el intento de establecer un paralelismo con el Tratado, no son de mucho peso. El preámbulo del GATT, que también representa el espíritu de este Acuerdo, sólo habla -en cuanto a lo que aquí nos interesadel deseo de contribuir al logro de sus objetivos mediante la celebración de acuerdos encaminados a obtener la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales. Subrayo, además, que tales acuerdos se celebrarán a base de reciprocidad y de mutuas ventajas. Es realmente imposible ver cómo de esto puede deducirse una obligación de respetar el statu quo. También se deduce claramente de este hecho que carece de fundamento hacer una comparación con el Tratado, ya que éste ha previsto la supresión completa, en un período relativamente corto, de las restricciones al comercio existentes, mientras que el sistema del GATT, que se aplica durante un período más largo, no prevé una supresión, sino simplemente una reducción de las barreras comerciales y permite, además, retirar al cabo de un cierto tiempo concesiones otorgadas. b) En cuanto a las cargas a la importación, las listas de concesiones y, por tanto, el artículo II tienen una importancia primordial en el sistema del GATT. Cuando el artículo II dispone, en lo que se refiere a las cargas a la importación distintas a los derechos de aduana, que no excedan de las aplicadas en la fecha del GATT, la redacción indica claramente -me remito a la expresión «.dichos productos» con la que empieza la segunda frase de la letra b) del apartado 1- que la prohibición se refiere únicamente a los productos que hubieren sido objeto de las concesiones enumeradas en las listas, y no a todas las mercancías. Este punto de vista también está apoyado por el objetivo evidente de esta disposición, que es impedir que las concesiones pierdan valor por causa de otras cargas a la importación y ello queda confirmado por la disposición transitoria contenida en el artículo 4 de la Ley italiana n° 330, de 15 de junio de 1950. El texto de la segunda frase de la letra b) del apartado 1 del artículo II sería, precisamente, difícil de comprender si lo que se impusiese a los Estados partes contratantes del GATT fuese una prohibición general de aumentar los gravámenes a la importación y de crear nuevas cargas de este tipo. Por consiguiente, el apartado 2 del artículo II que los importadores invocan a este respecto y en el que se dice que determinadas cargas -a saber, las equivalentes a impuestos internos, los derechos antidumping o compensatorios y los derechos u otras cargas proporcionales al costo de los servicios prestados- son autorizadas «en todo momento, sobre la importación de un producto cualquiera», no puede significar que es imposible percibir ninguna otra carga. Es más probable que se refiera principalmente a la letra b) del apartado 1 del artículo II y que quiera precisar que esta disposición no afecta a las cargas citadas. c) Además, la Comisión subraya acertadamente que otras disposiciones parecen también excluir una obligación de respetar el statu quo en el caso del GATT, por ejemplo, la parte del artículo V según la cual se permiten las cargas «equitativas», o también el artículo VIII que dispone que los derechos y cargas percibidos sobre la importación o la exportación se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados. En lo que respecta al artículo VIII, invocado también por los importadores en apoyo de su punto de vista, puede señalarse además que esta disposición, en la medida en que se refiere a la necesidad de reducir los derechos y cargas, constituye una directriz y un programa más que una obligación absoluta, dado que el apartado 2 del artículo VIII dice sólo que las partes contratantes adoptarán, tan pronto como sea posible, las medidas conformes a los principios y a los objetivos mencionados en el apartado 1 de este artículo. d) Por último, también es importante -y aquí vuelvo a las listas de concesiones y a su función central en la normativa del GATT en materia de importación- el hecho de que las consolidaciones se efectúen cada vez por tres aflos y luego puedan suprimirse. A este respecto, me remito al artículo XXVIII y a sus disposiciones relativas a la modificación de las listas, la cual, en caso de que no tengan éxito las negociaciones, puede ser efectuada unilateralmente, teniendo entonces derecho las otras partes contratantes a retirar sus propias concesiones. Conviene, además, hacer referencia al artículo XXVII, según el cual, toda parte contratante tiene la facultad de suspender o de retirar, total o parcialmente, una concesión con respecto a la cual establezca que fue negociada inicialmente con un Gobierno que no haya sido parte contratante o que haya dejado de serlo. La preocupación esencial sigue siendo, según el principio contenido en el preámbulo, mantener cierto equilibrio. Ahora bien, evidentemente sería más difícil conseguir este objetivo si hubiese que partir del principio de que el GATT prevé una obligación de respetar el statu quo en lo que respecta a las cargas sobre la importación, aun tratándose de productos que no figuran en las listas de concesión. e) Por lo que se refiere a la primera parte de la tercera cuestión, conviene, por tanto, hacer constar que en el GATT no hay ninguna prohibición general de agravar la situación existente en materia de exacciones sobre la importación en el momento de la adhesión al GATT introduciendo nuevas cargas o aumentando las ya existentes y que, por consiguiente, la Ley italiana relativa a los derechos por servicios administrativos adoptada tras la ratificación del Protocolo de adhesión no puede considerarse contraria al GATT en este aspecto.