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Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, parte A, número 1, letra a), incisos i) y ii), y número 2, letras b) y d), inciso i), primer guión, así como de los artículos 8, 9 y 18, apartado 2, de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE (DO L 340, p. 17), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003 (DO L 122, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 91/628»), del punto 7, letra b), que figura en la sección 48 del capítulo VII del anexo de la misma Directiva y, desde el 5 de enero de 2007, de los artículos 5, número 4, 6, número 1, 13, números 3 y 4, 15, número 1, y 25 a 27, número 1, del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO 2005, L 3, p. 1), así como de los artículos 3, 5, apartado 1, letra d), 6, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/119/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza (DO L 340, p. 21), en su versión modificada por el Reglamento no 1/2005 (en lo sucesivo, «Directiva 93/119»), al no haber adoptado las medidas necesarias: — para garantizar que cada transportista de animales haya obtenido una autorización de las autoridades competentes y se haya inscrito en un registro que permita a éstas localizarlo con rapidez, en particular en el caso de que infrinja las normas que se refieren a un trato adecuado de los animales durante su transporte; — para que las autoridades competentes efectúen controles obligatorios de los planes de viaje y de las hojas de ruta; — para que se prevean instalaciones en los puertos de trasbordo o en sus inmediaciones que permitan el descanso de los animales tras ser descargados de los barcos; — para garantizar la realización de las inspecciones de los medios de transporte y de los animales; — para que se impongan sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias en caso de infracciones repetidas o graves de las disposiciones relativas a la protección de los animales durante el transporte; — para garantizar que se cumplen las normas relativas al aturdimiento de los animales durante su sacrificio, y — para garantizar que se efectúan las inspecciones y los controles adecuados de los mataderos.
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Mediante su recurso de casación, Imagination Technologies Ltd (en lo sucesivo, «Imagination Technologies») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 20 de septiembre de 2007, Imagination Technologies/OAMI (PURE DIGITAL) (T-461/04; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso que tenía por objeto la anulación de la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de , por la que se denegó el registro como marca comunitaria del signo denominativo «PURE DIGITAL» (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), debido a que la marca en cuestión era «descriptiva y carecía de todo carácter distintivo» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) y, dados los medios de prueba presentados, no podía aplicarse el apartado 3 del citado artículo.
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El artículo 7 de la Directiva, titulado «Omisiones engañosas», dispone: «1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 2. Se considerará también que hay omisión engañosa cuando un comerciante oculte la información sustancial contemplada en el apartado 1, teniendo en cuenta las cuestiones contempladas en dicho apartado, o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado, o no dé a conocer el propósito comercial de la práctica comercial en cuestión en caso de que no resulte evidente por el contexto, siempre que, en cualquiera de estos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 3. Cuando el medio utilizado para comunicar la práctica comercial imponga limitaciones de espacio o de tiempo, a la hora de decidir si se ha omitido información deberán tenerse en cuenta esas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el comerciante para poner la información a disposición del consumidor por otros medios. 4. En los casos en que haya una invitación a comprar se considerará sustancial la información que figura a continuación, si no se desprende ya claramente del contexto: a) las características principales del producto, en la medida adecuada al medio utilizado y al producto; b) la dirección geográfica y la identidad del comerciante, tal como su nombre comercial y, en su caso, la dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa; c) el precio, incluidos los impuestos, o, en caso de que éste no pueda calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza del producto, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, cuando tales gastos no puedan ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que pueden existir dichos gastos adicionales; d) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, y el sistema de tratamiento de las reclamaciones, si se apartan de las exigencias de la diligencia profesional; e) en el caso de los productos y transacciones que lleven aparejado un derecho de revocación o cancelación, la existencia de tal derecho. 5. Se considerarán sustanciales los requisitos establecidos por el Derecho comunitario en materia de información relacionados con las comunicaciones comerciales, con inclusión de la publicidad o la comercialización, de los que el anexo II contiene una lista no exhaustiva.»
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El citado derecho de acceso es indispensable para que el interesado pueda ejercer los derechos que se contemplan en el artículo 12, letras b) y c), de la Directiva, a saber, en su caso, cuando el tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la misma, obtener del responsable del tratamiento de los datos, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos [letra b)], o que proceda a notificar a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos, toda rectificación, supresión o bloqueo efectuado, si no resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado [letra c)].
3

El artículo 17 de la Directiva dispone: «1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias que garanticen al agente comercial, tras la terminación del contrato, una indemnización con arreglo al apartado 2 o la reparación del perjuicio con arreglo al apartado 3. a) El agente comercial tendrá derecho a una indemnización en el supuesto y en la medida en que: — hubiere aportado nuevos clientes al empresario o hubiere desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes existentes, siempre y cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario; y — el pago de dicha indemnización fuere equitativo, habida cuenta de todas las circunstancias, en particular, de las comisiones que el agente comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes. Los Estados miembros podrán prever que dichas circunstancias incluyan también la aplicación o la no aplicación de una cláusula de no competencia con arreglo al artículo 20. b) El importe de la indemnización no podrá exceder de una cifra equivalente a una indemnización anual calculada a partir de la media anual de las remuneraciones percibidas por el agente comercial durante los últimos cinco años, y si el contrato remontare a menos de cinco años, se calculará la indemnización a partir de la media del período. c) La concesión de esta indemnización no impedirá al agente reclamar por daños y perjuicios. […]»
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El artículo 86 de la Directiva 2001/83, con el que se inicia el título VIII de ésta, «Publicidad», dispone: «1. A efectos del presente título, se entenderá por “publicidad de medicamentos”; toda forma de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos; comprenderá en particular: — la publicidad de medicamentos destinada al público; — la publicidad de medicamentos destinada a personas facultadas para prescribirlos o dispensarlos; — la visita de los visitadores médicos a personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos; — el suministro de muestras; — la incitación a prescribir o dispensar medicamentos mediante concesión, oferta o promesa de ventajas, pecuniarias o en especie, excepto cuando su valor intrínseco resulte mínimo; — el patrocinio de reuniones promocionales a las que asistan personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos; — el patrocinio de congresos científicos en los que participen personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos y, en particular, el hecho de correr a cargo con los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de dichos congresos. 2. El presente título no contempla: — el etiquetado y el prospecto, sujetos a las disposiciones del Título V; — la correspondencia, acompañada, en su caso, de cualquier documento no publicitario, necesaria para responder a una pregunta concreta sobre un medicamento en particular; — las informaciones concretas y los documentos de referencia relativos, por ejemplo, al cambio de envase, a las advertencias relativas a reacciones adversas en el marco de la farmacovigilancia, a los catálogos de ventas y a las listas de precios siempre que no figure ninguna información sobre el medicamento; — la información relativa a la salud humana o a enfermedades de las personas, siempre que no se haga referencia alguna, ni siquiera indirecta, a un medicamento.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de (DO L 281, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), y la validez del Reglamento (CE) no 754/2004 de la Comisión, de , relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada (DO L 118, p. 32).
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En consecuencia, la Directiva 2001/83 no se aplicará a un producto cuya naturaleza de medicamento en el sentido del artículo 1, punto 2, letra b), de esta Directiva, no haya sido determinada. Es decir, no se aplicará a un producto cuya idoneidad para restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas a través de una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o para establecer un diagnóstico médico, no haya sido probada científicamente.
30

De la misma forma, no puede acogerse la alegación de la República Helénica según la cual, al no tener la Comunidad la calidad de miembro de la OMI, una obligación de abstenerse de participar activamente en dicha organización no garantiza la protección del interés comunitario. En efecto, la mera circunstancia de que la Comunidad no sea miembro de una organización internacional no faculta en modo alguno a un Estado miembro para que actúe a título individual en el marco de su participación en una organización internacional con el fin de suscribir compromisos capaces de afectar a las normas comunitarias dictadas para alcanzar los objetivos del Tratado.
23

Respecto a la compatibilidad de dicha regulación con el artículo 28 CE, el Gobierno belga sostiene que la disposición controvertida en el asunto principal no constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, puesto que no hace más difícil el acceso al mercado belga de los productos importados. Alega que, por el contrario, crea una situación menos favorable para los operadores belgas frente a la de los operadores de los demás Estados miembros, lo cual, en su opinión, no contraviene las exigencias del artículo 28 CE.
23

Sin embargo, no menos cierto es que, en lo que atañe al ejercicio del poder tributario repartido de esta manera, los Estados miembros no pueden dejar de cumplir las normas comunitarias (véanse las sentencias, antes citadas, Saint-Gobain ZN, apartado 58, y Denkavit Internationaal y Denkavit France, apartado 44). En particular, dicho reparto de la competencia en materia tributaria no permite a los Estados miembros introducir una discriminación contraria a las normas comunitarias (sentencias antes citadas Bouanich, apartado 50, y Denkavit Internationaal y Denkavit France, apartado 44).
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Dado que las participaciones de C-GmbH que poseía A.T., su sociedad matriz, no fueron valoradas tras la cesión en el balance contable y fiscal de G-SA según su valor contable, tal y como hasta ese momento se había hecho en el balance fiscal de A.T., sino según su valor venal, fijado en el contrato de transmisión, el Finanzamt, con arreglo a los artículos 23, apartado 4, primera frase, y 20, apartado 4, primera frase, de la UmwStG, y a una instrucción relativa a este aspecto del Bundesministerium der Finanzen (BMF — Ministerio federal de Hacienda) denegó a A.T. el mantenimiento en su declaración fiscal de 2000 de los valores contables de las participaciones transmitidas a C-GmbH para las acciones adquiridas como contrapartida por el capital de G-SA. Por tanto, el Finanzamt consideró la operación de transmisión sometida a gravamen y, en consecuencia, gravó una plusvalía de transmisión correspondiente a la diferencia entre el coste inicial de adquisición de participaciones en C-GmbH y su valor venal.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, letras a), c) y d), y 193 a 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que sustituyeron, a partir del 1 de enero de 2007, a los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, y en el artículo 10 CE, al haber hecho extensible al año 2002, mediante el artículo 2, apartado 44, de la Ley nº 350, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2004) [legge n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], de 24 de diciembre de 2003, la condonación fiscal establecida en los artículos 8 y 9 de la Ley nº 289, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)], de 27 de diciembre de 2002, y al haber establecido, por consiguiente, una renuncia general e indiscriminada a la comprobación de las operaciones imponibles efectuadas en el período impositivo correspondiente al año 2002.
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El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2434/92 del Consejo, de (DO L 245, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1612/68»), establece que el trabajador nacional de un Estado miembro se beneficiará en el territorio de los demás Estados miembros de «las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales».
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El Helsingin käräjäoikeus desestimó el recurso de la Sra. Juuri el 11 de febrero de 2005. Consideró que no podía interpretarse el artículo 6 del capítulo 7 de la Ley de contrato de trabajo en el sentido de que completa la normativa sobre indemnización de perjuicios de esta Ley, añadiendo un nuevo motivo de indemnización. Entendió que, por tanto, la Sra. Juuri no tenía derecho a exigir la indemnización que reclamaba con arreglo a dicha disposición. Añadió que Amica no había incumplido ninguna de sus obligaciones.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 1999/59/CE del Consejo, de (DO L 162, p. 63) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), así como del artículo 56, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de , relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (DO L 296, p. 55), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 96/62»).
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Sobre esta base, el Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que el nacional turco al que se le han reconocido derechos con arreglo al artículo 7 de la Decisión no 1/80 no puede ser privado de ellos por no haber ejercido un empleo a causa de una condena a una pena privativa de libertad, incluso de varios años de duración dictada sin que se suspendiese la ejecución, ni porque en ningún momento haya adquirido derechos en materia de empleo y de residencia en virtud del artículo 6, apartado 1, de la referida Decisión. El Tribunal de Justicia ha declarado que, a diferencia de los trabajadores turcos a los que se aplica esta última disposición, la condición de miembros de su familia prevista en el artículo 7 de la antedicha Decisión no depende del ejercicio de una actividad por cuenta ajena (véase la sentencia Derin, antes citada, apartado 56).
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Con arreglo al artículo 3 de este mismo Reglamento: «1. El Anexo A del presente Reglamento contendrá: a) las especies enumeradas en el apéndice I del Convenio en relación con las cuales los Estados miembros no hayan presentado ninguna reserva; b) toda especie: i) en relación con la cual haya o pueda haber demanda en la Comunidad o para el comercio internacional, y que esté amenazada de extinción o sea tan rara que el comercio con la misma, incluso en un grado mínimo, pondría en peligro la supervivencia de la especie; o ii) que pertenezca a un género cuya mayoría de especies, o constituya una especie cuya mayoría de subespecies estén enumeradas en el Anexo A de acuerdo con los criterios de la letra a) o del inciso i) de la letra b) y cuya inclusión en este Anexo sea esencial para la protección eficaz de estos taxones. 2. El Anexo B del presente Reglamento contendrá: a) las especies enumeradas en el apéndice II del Convenio, que no figuren en el Anexo A, en relación con las cuales los Estados miembros no hayan presentado ninguna reserva; b) las especies enumeradas en el apéndice I del Convenio y en relación con las cuales se haya presentado una reserva; c) cualquier otra especie no enumerada en los apéndices I o II del Convenio: i) que esté sometida a un nivel de comercio internacional que pudiera no ser compatible: — con su supervivencia o con la supervivencia de poblaciones de determinados países, o — con el mantenimiento de la población total en un nivel que corresponda a la función que cumple la especie en el ecosistema del que forma parte; o ii) cuya inclusión en dicho Anexo sea esencial debido a su semejanza con otras especies incluidas en el Anexo A o en el Anexo B para garantizar un control eficaz del comercio de los especímenes pertenecientes a una de estas especies; d) especies con respecto a las cuales se haya comprobado que la introducción de especímenes vivos en el medio ambiente natural de la Comunidad constituye una amenaza ecológica para especies de la fauna y flora silvestres autóctonas de la Comunidad. 3. El Anexo C del presente Reglamento contendrá: a) las especies enumeradas en el apéndice III del Convenio que no figuren en los Anexos A y B, en relación con las cuales los Estados miembros no hayan presentado ninguna reserva; b) las especies enumeradas en el apéndice II del Convenio en relación con las cuales se haya presentado una reserva. 4. El Anexo D del presente Reglamento contendrá: a) especies que no estén incluidas en los Anexos A a C y en relación con las cuales la importancia del volumen de las importaciones comunitarias justifique una vigilancia; b) las especies que figuran en el apéndice III del Convenio en relación con las cuales se haya presentado una reserva. 5. Cuando el estado de conservación de especies reguladas por el presente Reglamento exija su inclusión en uno de los apéndices del Convenio, los Estados miembros contribuirán a la realización de las enmiendas necesarias.»
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Procede observar con carácter preliminar que, según el primer considerando de la Directiva marco, el nuevo marco regulador aplicable a las telecomunicaciones —es decir, la Directiva marco y las Directivas 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21), 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51), y 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7)— fue adoptado aun cuando el anterior marco regulador había conseguido crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al de plena competencia.