1.

a) La Comisión afirma que, a pesar de que las cuotas de captura atribuidas a Francia para 1986 se agotaron, por lo que respecta a la pesca de otras especies en aguas noruegas en septiembre de 1986, y por lo que respecta a la gallineta en aguas de las islas Feroe, la primera vez en mayo de 1986 y, tras un intercambio de cuotas efectuado en junio, la segunda vez en noviembre de 1986, las autoridades francesas no adoptaron las medidas necesarias para prohibir provisionalmente que sus buques pesqueros faenaran en las zonas consideradas. En relación con la gallineta, la Comisión sigue señalando que las autoridades francesas, que habían informado a los servicios comunitarios del agotamiento de la cuota inicial en mayo de 1986, sin por ello prohibir la pesca de dicha especie, no adoptaron en octubre ninguna medida para prevenir un nuevo exceso sobre la cuota aumentada, como consecuencia del intercambio de cuotas notificado a la Comisión en junio de 1986. Ahora bien, el apartado 2 del artículo 10 del citado Reglamento n° 2057/82 obliga a los Estados miembros a prevenir todo exceso sobre la cuota, fijando por anticipado la fecha previsible de su agotamiento, momento a partir del cual ha de entrar en juego la prohibición provisional de pescar para sus barcos. De los excesos sobre las cuotas observados, la Comisión deduce que el incumplimiento por parte de la República Francesa de la obligación contemplada en dicho artículo es manifiesto. Por otra parte, el Gobierno francés no niega este incumplimiento, sino que intenta únicamente justificarlo invocando la dificultad de obtener rápidamente la información sobre las capturas efectuadas, como consecuencia de la lejanía de los caladeros de que se trata, y su intención de paliar estas dificultades mediante intercambios de cuotas. Según la Comisión, no puede acogerse esta alegación. En efecto, los intercambios de cuotas no pueden paliar un posible mal funcionamiento del sistema de información de las autoridades nacionales acerca de la situación de las capturas. Por otra parte, los Estados miembros disponen de medios suficientes para actuar con rapidez con el fin de prevenir todo exceso sobre la cuota. De esta manera, el artículo 8 del citado Reglamento n° 2057/82 prevé que, cuando el transbordo o desembarque se efectúe más de quince días después de la captura, las informaciones sobre esta última se transmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro del que el barco lleve bandera a más tardar quince días después de la captura. En la práctica, estas informaciones se transmiten por radio. Por otra parte, de conformidad con los puntos 4.2.1 a 4.2.3 del Anexo TV del Reglamento (CEE) n° 2807/83 de la Comisión, de 22 de septiembre de 1983, por el que se definen las modalidades particulares del registro de los datos relativos a las capturas de pescado por los Estados miembros (DO L 276, p. 1; EE 04/02, p. 138), en el caso de desembarque en un puerto del país miembro del que el barco lleve bandera, los capitanes de los barcos de pesca deberán entregar a las autoridades de dicho Estado el original del diario de a bordo, así como la declaración de desembarque, a más tardar cuarenta y ocho horas después de concluidas las operaciones de desembarque, contemplándose el mismo plazo en el supuesto de que se desembarque en un Estado miembro distinto del de pabellón o en un país tercero. Con el fin de garantizar la observancia de esta obligación, el apartado 2 del artículo 1 del citado Reglamento n° 2057/82 impone a todo Estado miembro la obligación de ejercitar una acción penal o administrativa contra los capitanes de los barcos de pesca, cuando los controles de las autoridades nacionales revelen que los interesados no han respetado la normativa vigente, especialmente por lo que respecta a la frecuencia mínima de comunicación de las cifras de capturas. La Comisión añade que, en virtud del artículo 14 del citado Reglamento n° 2057/82, los Estados miembros siempre pueden adoptar medidas nacionales de control más rigurosas que las exigencias mínimas previstas en dicho Reglamento; siempre que las mismas sean conformes a la legislación comunitaria y a la política común en materia de pesca. Por último, la Comisión recuerda que es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que un Estado miembro no puede ampararse en las dificultades de la ejecución de una normativa comunitaria para justificar el incumplimiento de lo previsto en ella. Así pues, este Tribunal ha declarado recientemente que corresponde a los Estados miembros, que han de ejecutar la normativa comunitaria en el marco de la organización común de mercados en el sector de los productos pesqueros, superar toda dificultad que pueda presentarse, mediante la adopción de las medidas apropiadas (sentencia de 2 de febrero de 1989, Países Bajos/Comisión, 262/87, apartado 15, Rec. p. 225) y que la responsabilidad de detener a tiempo toda actividad pesquera, con el fin de evitar un exceso sobre las cuotas, incumbe en primer lugar a los Estados miembros (sentencia citada, apartado 17). b) En su escrito de réplica, la Comisión se opone a las alegaciones expuestas por el Gobierno de la República Francesa en su escrito de contestación a la demanda. — En relación con el argumento basado en la lejanía de los caladeros a que se refieren los autos, la Comisión recuerda que el citado Reglamento n° 2057/82 prevé los medios comunitarios de información de que todos los Estados miembros disponen para garantizar la observancia de las cuotas, permitiendo igualmente garantizar la fiabilidad de las informaciones recogidas en el diario de a bordo de los barcos, informaciones transmitidas a las autoridades nacionales gracias a la ejecución de unos controles, reforzados, en su caso, con las acciones y actuaciones judiciales y administrativas que procedan. Con carácter más general, la obligación que incumbe a los Estados miembros, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 5 del citado Reglamento n° 170/83, de determinar, en virtud de lo dispuesto en la normativa comunitaria vigente, las modalidades de utilización de las cuotas que les sean atribuidas, exige la adopción de todas aquellas medidas necesarias para garantizar la observancia de la cuota fijada, adaptando, llegado el caso, estas últimas al tipo de pesca de que se trate y, con el fin de tener en cuenta la lejanía de los caladeros, prescribiendo una frecuencia en la comunicación de las informaciones capaz de evitar el agotamiento de la cuota. — En respuesta a las alegaciones expuestas por el Gobierno francés, según las cuales es preciso tener presente la incertidumbre ligada a la delimitación de las aguas de las islas Feroe y a la falta de una armonización comunitaria del coeficiente de conversión de las capturas en peso neto, la Comisión señala, en primer lugar, que el Gobierno demandado omitió estas alegaciones en la fase precontenciosa del procedimiento. Sobre la pretendida falta de una delimitación precisa entre las aguas de las islas Fe-roe y las británicas, no se alcanza a ver cómo este factor puede incidir en la determinación, tanto del nivel final de capturas como del ritmo de utilización de las cuotas en un momento dado; tanto más cuanto que las autoridades francesas pudieron observar a tiempo el agotamiento de la cuota correspondiente a la gallineta en aguas de las islas Feroe, notificado a la Comisión mediante télex de 12 de mayo de 1986, y proceder inmediatamente a un intercambio de cuotas para esta especie, precisamente con las autoridades británicas. Por lo que respecta al coeficiente de conversión aplicado al pescado vaciado desembarcado, destinado al cálculo de las toneladas en peso neto, con el fin de comparar éstas con las cuotas atribuidas, la Comisión alega que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 5 del antes citado Reglamento n° 170/83, corresponde a los Estados miembros adoptar todas las medidas necesarias para paliar la falta de una armonización comunitaria de este coeficiente, sin que las posibles diferencias entre Estados miembros puedan justificar la inobservancia de las cuotas que les hayan sido atribuidas. En cualquier caso, los problemas que puedan surgir a este respecto no pueden explicar el exceso sobre las cuotas de que se trata en el presente procedimiento, que representa más del 60 % en relación con la cuota fijada para las otras especies en aguas noruegas y el 21 % de la cuota acumulada, tras el intercambio de cuotas, para la gallineta en aguas de las islas Feroe. — La Comisión se opone igualmente a la alegación del Gobierno demandado basada en que, en relación con las dos existencias de que se trata, las cuotas comunitarias nunca fueron utilizadas plenamente entre 1986 y 1988. En efecto, esta línea argumentai, que se basa en una interpretación a posteriori de los hechos imputados, conduce a privar de sentido a la obligación de prohibición provisional de toda actividad pesquera que incumbe a los Estados miembros, en virtud de lo previsto en el apartado 2 del artículo 10 del citado Reglamento n° 2057/82. Puesto que un Estado miembro no puede prever el nivel de explotación por los demás Estados miembros de las existencias de la misma especie, la conservación de los recursos pesqueros exige que la prohibición provisional de toda actividad pesquera sea decidida por el Estado miembro con base exclusivamente en una comparación entre la cuota que le haya sido atribuida y los datos objetivos de las capturas de que se informa a sus autoridades con regularidad. Por otra parte y como ha hecho Francia en relación con la pesca de la gallineta en aguas de las islas Feroe, los Estados miembros pueden aumentar sus propias cuotas mediante intercambios de cuotas con otros Estados afectados por una misma cuota comunitaria, sacando así provecho de su menor utilización. — Tampoco convence a la Comisión la línea argumentai del Gobierno de la República Francesa consistente en afirmar que el establecimiento de un sistema estadístico de recogida y tratamiento de los datos contenidos en los diarios de a bordo, obligatorios, en opinión de dicho Gobierno, a partir del 1 de abril de 1986, habría necesitado un período de adaptación a causa de su complejidad. Señala, a este respecto, la referida Institución que, por un lado, el citado Reglamento n° 2807/83 dotó de obligatoriedad al modelo comunitario de diario de a bordo a partir del 1 de abril de 1985 (y no 1986, como afirma erróneamente la parte demandada) y, por otro lado, la obligación de comunicar en breve plazo a las autoridades nacionales la información recogida en los diarios de a bordo, así como las demás medidas de control, y, en concreto, el registro de las capturas declaradas, transbordadas y desembarcadas, que se contemplan en el citado Reglamento n° 2057/82, entraron en vigor el 1 de enero de 1983. Por consiguiente, la Comisión observa que Francia debía haber adoptado, a partir de dicha fecha, las medidas necesarias para garantizar el respeto por sus buques de pesca de las cuotas atribuidas. Prosigue afirmando la Comisión que la omisión de las autoridades francesas, en el caso de autos, es tanto más manifiesta en cuanto que, al advertir el 12 de mayo de 1986 a los servicios de la Comisión del agotamiento de la cuota inicial atribuida para la gallineta en aguas de las islas Feroe (además sin detener provisionalmente toda actividad pesquera, como ordena el apartado 2 del artículo 10 del citado Reglamento n° 2057/82), dichas autoridades demostraron poder prevenir semejantes excesos sobre las cuotas, independientemente del volumen muy limitado de éstas y del carácter estacional de la pesca afectada, factores que el Gobierno de la República Francesa ha invocado erróneamente en su defensa. — En respuesta a lo afirmado por el Gobierno demandado en el sentido de que no procede —como hizo la Comisión en 1986 en relación con determinadas poblaciones (bacalao, carbonero, caballa, pescadilla) en las zonas CIEM— basarse en el porcentaje que represente el exceso sobre las cuotas respecto a la cuota global para decidir, en función de la importancia de dicho porcentaje, acerca de la conveniencia de interponer o no un recurso por incumplimiento, sino efectuar una apreciación en valores absolutos, comparando los excesos sobre las cuotas imputados con los niveles de los excesos estimados insignificantes y, por consiguiente, no tenidos en cuenta por la Comisión, por un lado, y, por otro lado, con las capacidades de captura de los buques de pesca en aguas noruegas y de las islas Fe-roe; la Comisión alega que la comparación entre los distintos excesos sobre las cuotas en valor absoluto, es decir, en toneladas, carece de todo significado: en efecto, las cuotas atribuidas a Francia varían considerablemente en su cantidad, en función de las diferentes existencias y zonas de pesca. Por el contrario, y en relación con las existencias respecto de las cuales la Comisión ha estimado que el exceso sobre las cuotas no revelaba necesariamente una gestión defectuosa de la cuota ni justificaba, por consiguiente, la interposición de un recurso, una comparación en términos de porcentaje pone a la luz un exceso inferior a un 1 % sobre cada una de las cuotas atribuidas a Francia. Por el contrario, los excesos imputados en el caso de autos por la Comisión — 21 % para la gallineta y 60 % para las otras especies — traducen, por su entidad, la omisión de las autoridades francesas en la adopción en tiempo oportuno de las medidas aptas para detener toda actividad pesquera correspondiente a estas dos poblaciones. Por otra parte, en sus respuestas al escrito de requerimiento y al Dictamen motivado, el Gobierno francés reconoció con claridad el incumplimiento imputado por la Comisión, sin negar su entidad, en comparación con otros excesos sobre cuotas que la Comisión había señalado en su escrito de requerimiento, pero respecto de los cuales decidió no actuar judicialmente. Por lo que respecta a la capacidad de captura superior a 10 toneladas por día de los buques de pesca que faenan en aguas noruegas y de las islas Feroe, la Comisión estima que, lejos de relativizar los dos excesos sobre las cuotas alegados, había exigido de las autoridades francesas una actitud aún más vigilante. A la vista del volumen limitado de las dos cuotas de que se trata, las referidas autoridades francesas habrían debido, en efecto, efectuar un seguimiento, por todos los medios apropiados, de su ritmo de agotamiento, teniendo presente, en concreto, la capacidad de captura de los buques franceses que pescan en dichas aguas. — Por último, la Comisión se opone a lo afirmado por los Agentes de la República Francesa en el sentido de que, para la apreciación de los excesos sobre las cuotas imputados y del plazo que ha de mediar entre la fecha en que esto se produzca y la del cese de toda actividad pesquera, es preciso tener en cuenta, no sólo los plazos de comunicación de los datos de captura por los capitanes de los buques de pesca a las autoridades nacionales, sino también del plazo de comunicación por estas autoridades de las declaraciones mensuales de captura a la Comisión. Esta afirmación significa, en efecto, tanto como liberar al Estado miembro de las responsabilidades que le impone la normativa comunitaria en materia de gestión de cuotas de pesca. En primer lugar, para justificar los excesos sobre las cuotas de que se trata, el Gobierno francés no puede invocar los plazos de comunicación que incumben a los capitanes de los buques de pesca de los datos relativos a las capturas efectuadas, puesto que, cuando sea necesario, los Estados miembros pueden rebasar las exigencias de control mínimas fijadas por el citado Reglamento n° 2057/82 y prever una comunicación más frecuente de la información; por radio, por ejemplo. De la misma manera, el Gobierno demandado no puede ampararse en el plazo de quince días previsto en el apartado 2 del artículo 9 del citado Reglamento n° 2057/82, puesto que dicho plazo no libera en absoluto al Estado miembro de la obligación de detener toda actividad pesquera antes del cumplimiento de esta formalidad. Cualquier otra solución conduciría, en efecto, a posponer la posibilidad de detener toda actividad pesquera, con base en el plazo de comunicación a la Comisión de los datos correspondientes a las capturas, a la mitad, como mínimo, del mes siguiente a aquél en el que las capturas efectuadas hayan podido rebasar la cuota atribuida, y ello, a partir de los primeros días del mes. Semejante interpretación atenta manifiestamente contra lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del citado Reglamento, que impone a todo Estado miembro la obligación de prohibir provisionalmente toda actividad pesquera a partir de la fecha en que quepa presumir que las capturas han podido agotar la cuota, lo que presupone que esta decisión intervenga a tiempo; es decir, a partir del momento en que el agotamiento de dicha cuota sea previsible y, por consiguiente y en su caso, antes de que la cuota se haya agotado totalmente. Por lo que respecta a las capturas de gallineta en aguas de las islas Feroe y como se desprende de las estadísticas mensuales comunicadas por las autoridades francesas, el exceso sobre la cuota era ya previsible con base en las cifras correspondientes a las capturas del mes de septiembre de 1986, puesto que el total acumulado de capturas a lo largo de los nueve primeros meses de dicho año ya había alcanzado las 506 toneladas, sobre una cuota que, tras el intercambio efectuado en junio, se elevaba a 510 toneladas, permaneciendo constante esta cifra en el mes de otubre a falta de capturas. Teniendo presente la gran capacidad de pesca de los buques que faenan en dichas aguas, el exceso sobre la cuota habría podido producirse con las primeras capturas del mes de octubre o, en cualquier caso, con las correspondientes a principios del mes de noviembre, y desde luego no, como afirma erróneamente el Gobierno francés, a finales de este mes, cuando la cuota ya se había rebasado claramente. El Gobierno francés no puede alegar que, a la vista de estos datos, sólo en enero de 1987 estaba en condiciones de decidir el cese de toda actividad pesquera. Esta afirmación es tanto más sorprendente en cuanto que sus autoridades pudieron observar, ya el 12 de mayo de 1986, el agotamiento de la cuota inicial de 440 toneladas, aun cuando, a finales del mes de abril, el total acumulado de capturas era solamente de 373 toneladas. Esto prueba claramente que las autoridades francesas podían ser informadas con rapidez del ritmo de agotamiento de la cuota y confirma el hecho de que, por lo que respecta a esta población, Francia habría podido decidir el cese de toda actividad pesquera durante el mes de octubre o, a más tardar, a principios de noviembre de 1986. Por lo que respecta al exceso sobre la cuota correspondiente a otras especies en aguas noruegas, la Comisión observa que dicho exceso era ya una realidad en septiembre de 1986. Una vez más, nada justifica la falta de toda decisión de las autoridades francesas durante el mes de octubre. En relación con el cese definitivo de la actividad pesquera, la Comisión lo decidió a partir del 14 de noviembre, y ello, contrariamente a lo afirmado por el Gobierno demandado, exclusivamente con base en los datos comunicados por las autoridades francesas. Por consiguiente, dicho cese intervino cuando la cuota ya se había rebasado ampliamente, lo que pone de manifiesto la responsabilidad inicial que incumbe a las autoridades nacionales en la prohibición provisional de las capturas.