4.

He precisado al principio los términos de la cuestión de Derecho transitorio que planteó el Juez nacional. Para resolverla, se trata de interpretar el párrafo primero del artículo 54 del Convenio. Dicha norma establece que el Convenio se aplicará a las acciones judiciales ejercitadas después de su entrada en vigor. Por consiguiente, el único requisito necesario para que el nuevo régimen se aplique también a las controversias relativas a las relaciones nacidas antes de la fecha de entrada en vigor del Convenio es el de que la acción se haya ejercitado después de tal fecha. Siguiendo una técnica ya comprobada en los sistemas de Derecho interno, la norma transitoria considera decisivo el momento inicial del proceso, limitando así la eficacia del nuevo régimen a los procedimientos que se inicien a partir de este momento. A falta de semejante norma, se podría mantener, en base al principio tempus regit actum, que el Convenio debería aplicarse también a los procesos en curso; para evitar los inconvenientes, especialmente de orden práctico, que hubiera supuesto semejante solución, el Convenio reguló oportunamente las situaciones de transición del viejo al nuevo régimen, conteniendo dentro de límites razonables la esfera temporal de eficacia de las nuevas normas. El criterio adoptado por el artículo 54 no plantea ninguna dificultad cuando se trata de regular los conflictos en el tiempo de disposiciones relativas a situaciones o actos estrictamente procesales, es decir, a situaciones o actos que se sitúan dentro del proceso. Por el contrario, si la norma del Convenio que ha de aplicarse presupone la existencia de un acto o de una relación que se haya formado antes del proceso, cabe preguntarse si el mismo criterio sigue siendo válido. En efecto, podría parecer sugestiva la tesis de que el artículo 54 se refiere a las disposiciones del Convenio del primero de los tipos indicados, mientras que, en las vinculadas a la dinámica de las relaciones sustanciales entre particulares, la aplicación se limitaría al supuesto de que la relación haya surgido después de la entrada en vigor del Convenio. En las conclusiones presentadas el 17 de noviembre de 1976, en el asunto en el que recayó la sentencia de 14 de diciembre de 1976, Segoura (25/76,↔ Rec. pp. 1851 y ss., especialmente p. 1867), ya tuve ocasión de señalar que el Convenio regula algunos perfiles de Derecho sustancial «como supuesto necesarios para que se produzcan los efectos procesales» que el Convenio tiene que regular. En otros casos (como en el supuesto previsto en el artículo 17), la expresión de la voluntad de las partes de alcanzar un determinado objetivo procesal se enmarca en un contexto contractual, en un contexto de Derecho material. Pero, en cualquier caso, lo que cuenta para los fines del Convenio es el efecto que se atribuye a un determinado acto (en nuestro caso, la cláusula que establece excepciones a la competencia, incluida en el contrato de trabajo): precisamente el efecto procesal —que sólo puede producirse en el marco del proceso y, por consiguiente, una vez que éste haya sido iniciado— con independencia del contexto contractual. A partir de estas consideraciones, considero que la interpretación del artículo 54 debe considerar aplicables las disposiciones del Convenio como las del artículo 17, incluso si la relación a la que se refieren es anterior a la fecha de la entrada en vigor del Convenio. Por ello, la norma que reconoce la licitud de las cláusulas que establecen excepciones a la jurisdicción se aplica también a los contratos celebrados antes de esa fecha. En el caso de autos, la posición adoptada por los Jueces de apelación franceses estuvo influida por el hecho de que, en el momento en que se estipuló la cláusula que estableció excepciones de la competencia, no eran aplicables más que las normas nacionales (al no estar aún en vigor el Convenio) y tales normas disponían, como se ha visto, la nulidad de la cláusula. Semejante situación podía suscitar la duda de si el artículo 54 tenía, por así decirlo, la fuerza necesaria para hacer revivir un pacto al que se negaba ab initio existencia jurídica. Pero para disipar esa duda se pueden hacer tres tipos de consideraciones. En primer lugar, la apreciación de nulidad hecha por el Derecho de un Estado no impide que se llegue a un juicio diferente con otro criterio jurídico (en nuestro caso, el del Convenio); como la existencia material del pacto está fuera de discusión, su significado jurídico puede determinarse de otro modo si se contempla desde el punto de vista de otro ordenamiento. En segundo lugar, aun si se acepta la idea de que se trataba de hacer revivir ex post una cláusula carente radicalmente de efectos en el momento de la estipulación, puede objetarse que nada impide a una norma regular con efecto retroactivo un determinado fenómeno, máxime si se trata de convalidación de actos inicialmente viciados de raíz, teniendo en cuenta que muchos ordenamientos jurídicos admiten esta convalidación incluso por voluntad privada, en determinadas condiciones. Sabido es que los efectos retroactivos en el Derecho privado sólo se limitan en algunas situaciones particulares, especialmente, según la Ley, en los derechos adquiridos y en las sentencias firmes; fuera de estos supuestos, el legislador es libre para dictar normas sobre el pasado. Pero la consideración que me parece decisiva es otra: aquí no es necesario atribuir efecto retroactivo al artículo 17, en virtud del artículo 54, por el simple motivo de que la. cuestión de la validez o nulidad de la cláusula que fija excepciones la competencia sólo tenía importancia a los fines del proceso y que su efecto procesal, como ya se ha indicado, se puso en discusión después de la entrada en vigor del Convenio. Me parece, en suma, que la apreciación de nulidad que se hizo en el presente caso según el Derecho nunca tuvo efectividad, porque el contrato de trabajo produjo sus efectos sustanciales, pero no procesales, antes del 1 de febrero de 1973; cuando se dio el supuesto de hecho para que se produjeran los efectos procesales -al ejercitarse la acción judicial— el Convenio ya había entrada en vigor.