SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 21 de mayo de 1996

Asunto T-153/95

Raymond Kaps

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Concurso — Tribunal calificador — Ejercicio oral — Decisión del tribunal calificador de no inscripción en la lista de reserva — Alcancede la obligación de motivación — Alcance del control jurisdiccional»

Texto completo en lengua francesa II-663

Objeto:

Recurso por el que se solicita que se anulen las decisiones del tribunal calificador de la oposición interna no CJ 51/93, por las que se concede al demandante una calificación correspondiente a los ejercicios escritos y oral que no permitía inscribirle entre los aprobados de la lista de reserva y, en su caso, que se anule la decisión de la parte demandada de no inscribir al demandante en la lista de reserva de la citada oposición y la decisión por la que se desestima la reclamación del demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 18 de febrero de 1994, el Tribunal de Justicia publicó una «convocatoria de oposición interna de la Institución» no C J 51/93, a fin de elaborar una lista de reserva para la selección de Asistentes adjuntos de la carrera B 5/B 4. Entre las condiciones exigidas en la convocatoria figuraba un conocimiento profundo de una lengua oficial, así como un buen conocimiento de otra lengua oficial de las Comunidades Europeas. La convocatoria preveía que, en el ejercicio oral, se valoraría el conocimiento de otras lenguas oficiales de las Comunidades Europeas y que, en la entrevista, el tribunal calificador apreciaría especialmente el nivel de conocimientos lingüísticos de los candidatos. El demandante, funcionario de grado D 3, presentó su candidatura a la citada oposición, participó en los ejercicios escritos y fue admitido al ejercicio oral.

Mediante escrito de 19 de diciembre de 1994 del Jefe de la División del Personal, se informó al demandante de que no había sido inscrito en la lista de reserva. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1994, se le informó de la calificación obtenida en cada uno de los ejercicios de la oposición. Mediante memorándum de 15 de marzo de 1995, presentó una petición destinada a que el tribunal calificador reconsiderara las notas que este último le había atribuido en determinados ejercicios escritos, así como en el ejercicio oral de la oposición y, con carácter subsidiario, una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto). En otro memorándum de 15 de marzo de 1995, el demandante solicitó a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) que le concediera la «entrevista previa» en relación con la tramitación de las reclamaciones.

En un memorándum de 7 de abril de 1995, dirigido al Jefe de la División del Personal, el tribunal calificador confirmó las calificaciones atribuidas. El 27 de abril de 1995, el Jefe de la División del Personal transmitió este memorándum al demandante precisando que, dada la pretensión subsidiaria formulada por el demandante el 15 de marzo de 1995, esta última sería instruida como una reclamación. Dicha reclamación fue desestimada el 15 de mayo de 1995.

En apoyo de su recurso, el demandante invocó, esencialmente, cinco motivos. El primer motivo deriva de la violación del principio de igualdad de trato entre los candidatos por cuanto, por una parte, determinados ejercicios fueron traducidos y mecanografiados y, por otra, los miembros del tribunal calificador del ejercicio oral no dominaban todas las lenguas utilizadas por los candidatos en el citado ejercicio. El segundo motivo se basa en la inobservancia de la convocatoria de la oposición en la medida en que el criterio de la capacidad de reflexión, por una parte, y la calificación relativa a los conocimientos lingüísticos, por otra, fueron aplicados equivocadamente por el tribunal de la oposición. El tercer motivo se refiere a un error manifiesto de apreciación. El cuarto motivo alude al incumplimiento del procedimiento administrativo previo. El quinto motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación (apartado 19).

Durante la vista, el demandante declaró que desistía de la primera parte del motivo alusivo a los ejercicios escritos y de la primera parte del segundo motivo (apartado 20).

Sobre el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato

El Tribunal de Primera Instancia declara que el tribunal calificador estaba compuesto por miembros cuyas lenguas maternas eran las lenguas que el demandante utilizó en el ejercicio escrito. En consecuencia, el tribunal calificador podía apreciar perfectamente por sí solo los conocimientos lingüísticos del demandante y este último no puede alegar una violación del principio de igualdad de trato (apartado 25).

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el tribunal calificador puede recurrir a la asistencia de asesores en todos los casos en que lo estime necesario. La regularidad de las actuaciones queda respetada desde el momento en que los métodos de corrección no varían según los candidatos y que el tribunal calificador conserva la facultad de apreciación final (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Justicia, 16 de junio de 1987, Kolivas/Comisión (40/86, Rec. p. 2643), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1990, Gallone/Consejo(T-132/89, Rec. p. II-549), apartado 28

Sobre el motivo relativo a la inobservancia de la convocatoria de la oposición

Sobre la admisibilidad

El Tribunal de Primera Instancia destaca que hasta que la demandada no respondió a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, el demandante no estuvo en condiciones de apreciar plenamente las circunstancias en que se llevó a cabo la calificación de los exámenes y de exponer de manera más explícita sus alegaciones a este respecto. Por consiguiente, los hechos alegados en relación con este motivo forman parte del conjunto de alegaciones relativas al desarrollo de la oposición controvertida y se cumplen en el presente caso los requisitos que establece el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento para invocar motivos nuevos (apartado 35).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de abril de 1995, BASF y otros/Comisión (asuntos acumulados T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 y T-l 12/89, Rec. p. II-729), apartado 66

Sobre el fondo

En lo que se refiere a las condiciones y exigencias que figuran en la convocatoria de la oposición, el tribunal calificador dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a las modalidades de desarrollo de un concurso y al contenido detallado de las pruebas previstas en el marco del concurso. El Juez comunitario sólo puede censurar el desarrollo de una prueba en la medida necesaria para asegurar la igualdad de trato entre los candidatos y la objetividad de la elección efectuada entre ellos. Y sólo puede censurar el contenido detallado de una prueba cuando excede del marco indicado en la convocatoria del concurso o no guarda proporción con las finalidades de la prueba o del concurso (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Justicia. 8 de marzo de 1988. Sergio y otros/Comisión (asuntos acumulados 64/86, 71/86. 72/86, 73/86 y 78/86. Rec. p. 1399), apartado 22; Tribunal de Justicia, 24 de marzo de 1988, Goossens y otros/Comisión (228/86, Rec. p. 1819). apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1990, Gallone/Consejo (T-132/89, Rec. p. II-549), apartado 27; Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunal de Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartado 121

Las apreciaciones que efectúa un tribunal calificador cuando evalúa las aptitudes de los candidatos son de carácter comparativo y tanto dichas apreciaciones como las decisiones por las que el tribunal calificador declara que un candidato no ha aprobado un ejercicio constituyen la expresión de un juicio de valor sobre el rendimiento del candidato en el ejercicio, están comprendidas dentro de la amplia facultad de apreciación de la que dispone el tribunal calificador y el Juez comunitario sólo puede someterlas a su control en caso de infracción manifiesta de las normas rectoras de las actuaciones del tribunal calificador (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de octubre de 1974, Campograndey otros/Comisión(asuntos acumulados 112/73, 144/73y 145/73, Rec. p. 957), apartado 53; Tribunalde Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisioy otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90.T-28/91, T-17/92, Rec. p. II-841), apartado90; Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Michael-Chiou/Comisión (T-46/93, RecFP p. II-929), apartado 48; Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1995, Pimley-Smith/Comisión(T-291/94, RecFP p. II-637), apartado 63

En atención al texto de la convocatoria de la oposición que establecía que, en el ejercicio oral, se valoraría el conocimiento de otras lenguas oficiales de las Comunidades Europeas, el tribunal calificador estaba obligado a tener en cuenta el nivel de conocimientos lingüísticos de los otros candidatos y el número de lenguas que dominaban estos últimos en comparación con, por una parte, el número de lenguas presentadas por el demandante y, por otra, la calidad de la expresión oral de éste en relación con la de los otros candidatos. Al actuar de este modo, el tribunal calificador respetó el marco legal establecido por la convocatoria de la oposición y aseguró la igualdad de trato entre los candidatos y la objetividad de la elección efectuada entre ellos (apartados 39 y 40).

Sobre el motivo basado en un error manifiesto de apreciación

El tribunal calificador debe basarse exclusivamente en elementos objetivos, y no sobre apreciaciones subjetivas realizadas por los candidatos sobre su nivel de conocimientos lingüísticos. Este criterio decisorio se impone especialmente cuando la convocatoria de concurso prevé un ejercicio oral que permite apreciar el nivel de conocimientos lingüísticos de los candidatos sobre una base objetiva y comparativa. Un informe de calificación y un certificado de estudios de una lengua no constituyen pruebas irrefutables de un nivel de conocimiento determinado en una lengua. Por consiguiente, tales documentos no pueden vincular al tribunal calificador de un concurso en sus apreciaciones sobre los conocimientos lingüísticos que demuestran los candidatos en el ejercicio oral de un concurso (apartados 53 a 57).

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de octubre de 1986, Hoyer y otros/Tribunal de Cuentas (asuntos acumulados 322/85 y 323/85, Rec. p. 3215), apartados 15 a 17

Motivo relativo a la vulneración del procedimiento administrativo previo

El demandante no ha invocado el motivo relativo a la vulneración del procedimiento administrativo previo hasta la fase de réplica. Además, este motivo no guarda ninguna relación con los otros motivos alegados en la demanda y tampoco se funda en razones de hecho o de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Por consiguiente, procede desestimar este motivo por extemporáneo (apartado 65).

Referencia:Tribunal de Justicia, 5 de marzo de 1991, Grifoni/CEEA (C-330/88, Rec. p. I-1045), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 18 de noviembre de 1992, Rendo y otros/Comisión (T-16/91, Rec. p. II-2417), apartados 130 y 131; Tribunal de Primera Instancia, 11 de octubre de 1995, Baltsavias/Comisión (asuntos acumulados T-39/93 y T-553/93, RecFP p. II-695), apartado 72

Sobre el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

Sobre la admisibilidad

El Juez comunitario está obligado a comprobar de oficio si la Institución demandada ha cumplido la obligación que le incumbe de motivar cualquier decisión lesiva y, dado que este examen puede efectuarse en cualquier fase del procedimiento, no puede privarse a ningún demandante del derecho de invocar este motivo por el mero hecho de que no lo ha alegado en una fase anterior (apartado 75).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de septiembre de 1990, Hanning/Parlamento (T-37/89, Rec. p. II-463), apartado 38; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembrede 1990, González Holguera/Parlamento(T-l15/89, Rec. p. II-831), apartado 37; Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1994, Grynberg y Hall/Comisión (T-534/93, RecFP p. II-595), apartado 59; Tribunal de Primera Instancia, 28 de marzo de 1995, Daffix/Comisión (T-12/94, RecFP p. II-233), apartado 31

Sobre el fondo

Habida cuenta de la independencia del tribunal calificador, la Institución no está facultada para anular o modificar una decisión adoptada por el citado tribunal. No obstante, en el ejercicio de sus propias competencias, la AFPN no está vinculada por una decisión del tribunal calificador cuya ilegalidad podría determinar, como consecuencia, la ilegalidad de sus propias decisiones. Por consiguiente, le incumbe comprobar la legalidad de las decisiones adoptadas por el tribunal calificador (apartado 78).

Referencia: Tribunal de Justicia, 16 de marzo de 1978, Von Wüllerstorff und Urbair/Comisión (7/77, Rec. p. 769), apartado 7; Tribunal de Justicia, 26 de febrero de 1981, Authié/Comisión (34/80, Rec. p. 665), apartado 7; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1983, Detti/Tribunal de Justicia (144/82, Rec. p. 2421), apartado 16; Tribunal de Justicia, 23 de octubre de 1986, Scbwiering/Tribunalde Cuentas (142/85, Rec. p. 3177), apartados 19 a 21

La decisión desestimatoria de la reclamación, que contiene como única motivación la incompetencia del comité del Tribunal de Justicia encargado de las reclamaciones para modificar las calificaciones atribuidas por el tribunal calificador, es conforme con las competencias limitadas de que dispone la AFPN en virtud de la jurisprudencia antes citada. Por otra parte, en su reclamación, el demandante no invocó ningún vicio de procedimiento respecto del desarrollo de los ejercicios de la oposición que fuera susceptible de control por parte de la AFPN. Por último, el comité encargado de las reclamaciones, en su decisión desestimatoria de la reclamación del demandante, remitió a este último al escrito del tribunal calificador en el que había reconsiderado con detenimiento las calificaciones atribuidas al demandante, que responde en gran medida a las exigencias de motivación que un candidato tiene derecho a esperar de un tribunal de concurso. En efecto, un tribunal calificador no puede estar obligado, al motivar la decisión de no inscribir a un candidato en una lista de aprobados al término de un concurso, a precisar las respuestas del candidato que han sido consideradas insuficientes o a explicar por qué dichas respuestas han sido consideradas insuficientes. Esta apreciación es conforme con una jurisprudencia reiterada de la que se deduce que la comunicación de los resultados numéricos obtenidos por un candidato en los diversos ejercicios constituye una motivación suficiente del juicio de valor efectuado por el tribunal calificador (apartados 79 a 81).

Referencia: Valverde Mordt/Tribunalde Justicia, antes citada, apartados 130 a 133; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Camera-Lampitelli y otros/Comisión (T-27/92, Rec. p. II-873), apartados 51 y 52; Pimley-Smith/Comisión, antes citada, apartados 64 y 65

Fallo:

Se desestima el recurso.