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141

En cuanto al Reglamento 2017/1084, que la demandante también invoca, este modifica el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO 2014, L 187, p. 1), añadiéndole, en particular, el artículo 56 ter y el artículo 56 quater, que establecen la posibilidad de eximir determinadas ayudas concedidas a los puertos marítimos y los puertos interiores. Ahora bien, el Reglamento n.o 651/2014, adoptado sobre le base del artículo 108 TFUE, apartado 4, y del Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (DO 1998, L 142, p. 1), tiene como objetivo permitir bajo ciertas condiciones eximir a los Estados miembros de su obligación de notificar determinadas categorías de ayudas. Sin embargo, como alega la Comisión, este Reglamento no establece más supuestos de compatibilidad que los previstos en el Tratado. Por lo tanto, dado que la Comisión estableció en los considerandos 95 a 104 de la Decisión impugnada, sin incurrir por ello en un error manifiesto de apreciación al respecto (véase con anterioridad), que la medida controvertida no puede declararse compatible con el mercado interior, la Comisión no puede, a fortiori, declararla compatible sobre la base del Reglamento n.o 651/2014. Además, el artículo 56 ter y el artículo 56 quater del Reglamento n.o 651/2014 establecen determinadas condiciones en términos, en particular, de costes subvencionables, de magnitud de la ayuda o incluso de necesidad de la ayuda, sin que la demandante haya tratado de demostrar que en el caso de autos concurren estas condiciones.
71

Por último, del documento n.o VI/5330/97 se desprende que, si bien la existencia del riesgo de pérdida que justifica una corrección del 5 % puede presumirse cuando se compruebe la existencia de insuficiencias relativas a controles fundamentales, no es menos cierto que es la existencia de un riesgo de pérdida para el Feader lo que justifica, en definitiva, la imposición de dicha corrección (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 12 de septiembre de 2007, Finlandia/Comisión, T‑230/04, no publicada, EU:T:2007:259, apartado 71, y de 30 de septiembre de 2009, Portugal/Comisión, T‑183/06, no publicada, EU:T:2009:370, apartado 99). Pues bien, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada en el anterior apartado 51, la República Portuguesa no aporta ningún elemento que pueda demostrar que las consecuencias financieras que pueden extraerse de las insuficiencias detectadas en relación con los controles efectuados por las autoridades portuguesas con arreglo al artículo 26, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 1975/2006, y al artículo 24, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 65/2011 son inferiores al 5 %.
11

Mediante escrito de 16 de enero de 2017, el órgano constituido conforme a lo dispuesto en el artículo 108, apartados 5 a 10, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1), con vistas a la detección de los riesgos que supongan una amenaza para los intereses financieros de la Unión y la imposición de sanciones administrativas (en lo sucesivo, «panel»), informó a la demandante de que la Comisión le había solicitado que emitiese una recomendación antes de adoptar una decisión acerca de la exclusión de la demandante de la participación en los procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones. En el punto 3.2 de dicho escrito, se mencionaba que la auditoría había concluido que ISHR-MS no había organizado un procedimiento de contratación pública con arreglo al anexo IV del contrato de subvención. También se afirmaba que la demandante había aportado al auditor documentos falsos con el fin de dar la impresión de que los procedimientos de contratación pública habían sido organizados.
22

La EUIPO, apoyada por la coadyuvante, rebate las alegaciones de la recurrente. Estima que una interpretación gramatical estricta del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 conllevaría que se pudiera aplicar únicamente cuando los signos fueran idénticos, por lo que carecería de eficacia práctica, dado que el solicitante de marca podría evitar su aplicación con solo modificar ligeramente la marca anterior, situación que menoscabaría gravemente los intereses del titular de la marca anterior. Considera que, si pese a la semejanza de ambos signos se registrara la marca, el solicitante de la marca controvertida tendría la posibilidad de evitar cualquier registro posterior y uso de la marca anterior por parte del titular inicial, mientras que, a su juicio, la finalidad de esa disposición es precisamente evitar que el agente del titular de una marca se apropie indebidamente de esta, puesto que el agente puede explotar los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó. Entiende que ha de matizarse la interpretación de la disposición, ampliando su aplicación más allá de la mera identidad, para proteger eficazmente al titular legítimo contra prácticas desleales de sus representantes. Afirma que la comparación de los signos a la vista del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001] y su comparación a la vista del artículo 8, apartado 3, del mismo Reglamento no tienen por qué coincidir. Sostiene que la comparación de los signos con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 se centra en los intereses del titular de la marca anterior. Argumenta que en el caso de autos la Sala de Recurso no aplicó el criterio de semejanza del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, sino que, en función de la naturaleza concreta de los signos, analizó si podía declararse que, por ser estos «esencialmente» similares, los intereses legítimos del titular de la marca resultaban menoscabados y la recurrente podía sacar provecho indebido de la relación que mantenía con dicho titular. Concluye que, por consiguiente, es la naturaleza concreta de los signos en pugna la que hace que en el caso de autos resulte de aplicación, sin limitarse a los supuestos de identidad de los signos, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009.
50

Ahora bien, para justificar el requisito controvertido, la Comisión se limita a indicar que este tenía por objeto contratar funcionarios no solo de mérito y altamente cualificados, sino también inmediatamente operativos gracias a su experiencia demostrada. A este respecto, es cierto que este objetivo está expresamente mencionado en el epígrafe «Marco general» de la convocatoria de oposiciones. Sin embargo, la Comisión no invoca ninguna circunstancia particular, vinculada a las características de los puestos que deben proveerse, que entrañe que solo los agentes que hayan estado al servicio de la Comisión sin interrupción durante los doce meses anteriores a la fecha de finalización del plazo para la inscripción electrónica habrían sido inmediatamente operativos y que justifique, por consiguiente, que los agentes que no hayan estado al servicio de la Comisión de manera ininterrumpida durante este período, concretamente porque tomaron una excedencia voluntaria, queden excluidos de la oposición interna controvertida, aun cuando acreditaban una antigüedad superior a los 42 meses exigidos.
173

En efecto, la demandante estima que la AFCC no respetó el principio del plazo razonable en la tramitación de su solicitud de asistencia y que, por otra parte, pese a que acudió al Comité Consultivo en condiciones conformes con los requisitos flexibles establecidos en las Normas internas en materia de acoso, no cumplió dichas normas y, en particular, no oyó su declaración en el plazo de diez días establecido en las mismas, ni intentó realmente ponerse en contacto con ella antes del 3 de marzo de 2015. Asimismo, critica el calendario para las declaraciones de los testigos por parte del Comité Consultivo y señala, en particular, que ya habían transcurrido más de seis meses entre su declaración, el 25 de marzo de 2015, y la de los últimos testigos, celebrada el 6 de octubre siguiente. Indica que a eso se añade el hecho de que, en un primer momento, la AFCC había considerado equivocadamente, en su decisión de 4 de febrero de 2015, que se había concluido el expediente. Por último, según la demandante, también sufrió un perjuicio moral derivado de la presencia, durante los interrogatorios llevados por el Comité Consultivo, de personas que no formaban parte de dicho comité y a las que, por lo tanto, se desvelaron informaciones confidenciales relativas a ella.
En el presente caso, la Sala de Recurso estimó, en el punto 52 de la resolución impugnada, que la recurrente no había probado debidamente el uso engañoso de la marca controvertida tras su registro. En consecuencia, no se podía declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca controvertida, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009. Según la Sala de Recurso, el consumidor en cuestión sería engañado por la marca únicamente si se le indujera a creer que los productos y servicios presentan una característica determinada, que no poseen en realidad. Sin embargo, si el mensaje transmitido por la marca no es lo suficientemente claro como para designar una característica concreta de los productos y servicios que abarca, no podría ser considerado engañoso. Toda vez que ya había establecido que la marca controvertida no era la designación usual, en el comercio, del producto para el que estaba registrada y que no contenía la menor indicación descriptiva de dicho producto o de sus características, la Sala de Recurso afirmó que dicha marca no era una designación lo suficientemente concreta como para poder originar un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor.
2.

Agricultura — Financiación por el FEAGA y el Feader — Liquidación de cuentas — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Corrección financiera —Aplicación de dos correcciones financieras en virtud de disposiciones financieras distintas y que implican controles diferentes — Procedencia — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia [Reglamentos del Consejo (CE) n.o 1290/2005, art. 17, y n.o 73/2009, art. 8; Reglamento (CE) n.o 883/2006 de la Comisión, art. 9, ap. 2, letra b)] (véanse los apartados 57, 62, 63, 72 y 73)
Del artículo 108, apartado 8, letra c), del Reglamento (UE, EURATOM) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2015/1929, resulta que, antes de adoptar una recomendación, el panel del artículo 108 dará al operador económico y a los órganos de contratación notificados la oportunidad de presentar observaciones. No obstante, la normativa aplicable no prevé mediante qué medio de comunicación debe el panel del artículo 108 notificar al operador económico la calificación jurídica de los hechos de que se trate y la sanción contemplada.

A este respecto, un escrito de la Comisión que contiene la calificación jurídica de los hechos de que se trate y la sanción contemplada por el panel del artículo 108 se ha notificado debidamente desde el momento en que ha sido comunicada a su destinatario y este se ha hallado en condiciones de tener conocimiento de ella. Así pues, corresponde a la Comisión garantizar la efectividad del derecho a ser oído y, por consiguiente, le incumbe demostrar que permitió al destinatario dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos en los que iba a basar su decisión. En este contexto, cuando dicho escrito ha sido enviado por correo electrónico, la Comisión no podía basarse en el informe de lectura para demostrar que se había permitido al destinatario tomar debido conocimiento del mencionado escrito o que tenía conocimiento de la existencia de ese escrito o de su envío. En efecto, el informe de lectura es un correo electrónico generado y enviado automáticamente por el sistema informático del destinatario de un correo electrónico sin intervención manual del destinatario y, por tanto, sin que este haya podido necesariamente tomar conocimiento de la existencia de dicho correo electrónico.

Asimismo, si bien la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo no es el único modo de notificación posible de las decisiones administrativas, constituye una solución particularmente segura debido a las garantías específicas que presenta tanto para la persona concernida como para la Administración, y así sucede con mayor razón cuando la persona concernida es externa a las instituciones. Una de estas garantías es, en particular, la seguridad, al haber firmado el destinatario el acuse de recibo, de que este destinatario sabe que se le ha dirigido un escrito y requiere su atención. Pues bien, a diferencia del acuse de recibo postal, el informe de lectura no ofrece tal garantía. Contrariamente a la firma de un acuse de recibo por el destinatario de un escrito o a la redacción y el envío de una confirmación de la recepción de un correo electrónico por su destinatario, el informe de lectura, debido a su generación y envío automático por el sistema informático del destinatario no permite acreditar indubitadamente que el destinatario tuviera conocimiento o estuviera en disposición de tomar conocimiento del escrito en cuestión el día del envío de dicho informe.

(véanse los apartados 45 a 47 y 60 a 62)
De conformidad con el artículo 108, apartado 11, del Reglamento n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1929, el Tribunal gozará de competencia jurisdiccional plena para revisar una decisión por la cual el órgano de contratación excluya a un operador económico y/o le imponga una sanción pecuniaria, incluida la reducción o aumento de la duración y/o la anulación, reducción o incremento de la sanción financiera impuesta.

No obstante, el ejercicio de la competencia de plena jurisdicción no equivale a un control de oficio y el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión es contradictorio. Exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, como la falta de motivación de la decisión impugnada, corresponde a la parte demandante alegar los motivos contra esta y aportar las pruebas en apoyo de tales motivos. La ausencia de control de oficio de la Decisión impugnada en su conjunto no vulnera el principio de la tutela judicial efectiva. Para el respeto de este principio no es indispensable que el Tribunal, que está ciertamente obligado a responder a los motivos invocados y a ejercer un control tanto de hecho como de Derecho, esté obligado a proceder de oficio a una nueva instrucción completa del expediente.

(véanse los apartados 82 y 83)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 4 de octubre de 2018 — Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT)

(Asunto T‑736/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión FLEXCUT — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 15)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto — Marca compuesta por una palabra o por un neologismo resultante de una combinación de elementos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 a 19 y 33)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 20 y 40)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa FLEXCUT [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 24, 27 a 32, 34 a 39, 42 a 45 y 50)

5. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad — Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto (véanse los apartados 46 a 49)

6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Apreciación del carácter registrable de un signo — Consideración exclusiva de la normativa de la Unión — Resoluciones dictadas por las autoridades nacionales que no vinculan a las instancias de la Unión (Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo) (véase el apartado 51)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 30 de agosto de 2017 (asunto R 2225/2016‑4), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo FLEXCUT como marca de la Unión Europea

Fallo

1) Desestimar el recurso.
2.

Parlamento Europeo—Financiación de partidos políticos a escala europea—Concesión de prefinanciaciones de subvención—Procedimiento de inspección—Requisitos de incoación del procedimiento—Necesidad de presentar elementos de prueba que fundamenten su cumplimiento—Inexistencia—Necesidad de demostrar la probabilidad de exclusión definitiva de una prefinanciación de la financiación de la Unión—Inexistencia [Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 2004/2003 , arts. 5, ap. 2, y (UE, Euratom) n.o 966/2012, art. 134, ap. 1; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 206, ap. 1; Reglamento interno del Parlamento Europeo, art. 225, aps. 1 y 2; Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se fijan los procedimientos de aplicación del Reglamento n.o 2004/2003, art. 6, ap. 1] (véanse los apartados 44 a 46 y 52)
Teniendo en cuenta la especial importancia que reviste la libertad de expresión de los parlamentarios y los estrictos límites dentro de los cuales pueden introducirse restricciones a ella, los artículos 11 y 166 del Reglamento interno del Parlamento han de interpretarse en el sentido de que no permiten sancionar a un diputado por manifestaciones expresadas en el marco de sus funciones parlamentarias si no se han producido desórdenes graves en la sesión ni una perturbación grave de los trabajos del Parlamento. A mayor abundamiento, el artículo 166, apartado 2, de dicho Reglamento versa sobre el comportamiento de los diputados. En cambio, las manifestaciones, las palabras o los discursos no aparecen mencionados en dicho precepto, de manera que no pueden sancionarse en sí mismos. La circunstancia de que el artículo 11, apartado 3, del Reglamento interno incluya, en su segundo apartado, una referencia al «lenguaje o [...] comportamiento difamatorio, racista o xenófobo» no invalida esta conclusión. En efecto, la vulneración de los principios definidos en el artículo 11 del Reglamento interno, a los que remite el artículo 166 del mismo Reglamento, caso de que se demuestre, no es sancionable en sí misma, sino únicamente si va acompañada de un grave desorden o perturbación de los trabajos del Parlamento.

(véanse los apartados 65, 67 y 70)
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 28 de mayo de 2018 —

Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Asunto T‑427/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión EFUSE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15 y 30)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 a 18)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca denominativa EFUSE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 22 a 26, 28, 29 y 33)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto—Neologismo compuesto por elementos descriptivos de características de los productos o servicios de que se trata—Inclusión a falta de carácter inusual de la combinación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 27)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de abril de 2017 (asunto R 1882/2016‑4), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo EFUSE como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.