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25

A su entender, la Directiva 2006/126 aprueba una normativa aplicable a todo el territorio de los Estados miembros de la Unión, con objeto de establecer un procedimiento único y criterios uniformes a efectos de la concesión de los permisos de conducción, y de garantizar, por una parte, que no se abusa de la posibilidad de obtener un permiso de conducción en otro Estado miembro si, con arreglo a determinadas circunstancias, no es posible obtenerlo en el Estado miembro de residencia y, por otra parte, que el lugar del domicilio sólo es uno de los criterios establecidos para la expedición del permiso de conducción. La CSDD añade que, si el Sr. Nīmanis deseaba obtener la renovación de su permiso de conducción en un Estado miembro distinto de la República de Letonia, tal criterio también sería comprobado en ese Estado miembro. A efectos de la expedición del permiso de conducir a los nacionales de otro Estado miembro, la CSDD aplica asimismo los criterios determinados por la Ley sobre el tráfico por carretera y sus normas de desarrollo aprobadas en Consejo de Ministros. Por lo tanto, en el supuesto de que el interesado no haya declarado que tiene su domicilio en Letonia, y si no existe información alguna al respeto en el padrón de población, se deniega la expedición del permiso de conducción.
43

La Comisión cita igualmente un informe elaborado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que fue creado por el Reglamento (CE) no 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 (DO L 142, p. 1). Según este informe, titulado «Men who have sex with men (MSM), Monitoring implementation of the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2012 progress» y publicado en octubre de 2013, de entre todos los países analizados, Francia es el que presenta una mayor prevalencia del VIH en el grupo de los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres.
48

En un contexto diferente el Tribunal de Justicia ha juzgado ciertamente que el artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001 no permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador imputado a uno de los presuntos autores de un daño, que no es parte en el litigio, una competencia jurisdiccional para conocer de una acción ejercida contra otro presunto autor de dicho daño que no actuó en el territorio de la competencia del tribunal que conocía del asunto (sentencia Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, apartado 41).
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 129, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 (DO L 149, p. 14; en lo sucesivo, «Tercera Directiva»), de los principios de libre circulación de personas y de mercancías y del principio general de no discriminación.
«1)

¿Se opone el Derecho de la Unión, en especial la Directiva 2011/92 […], en particular su artículo 11, a una normativa nacional en virtud de la cual una decisión por la que se declara que en un determinado proyecto no es preciso realizar una [EIA] también tiene efectos vinculantes para los vecinos, que no intervinieron en el procedimiento declarativo anterior, y puede oponerse también frente a éstos en posteriores procedimientos de autorización aunque tengan la posibilidad de presentar objeciones contra el proyecto en estos últimos (en el procedimiento principal esto significa que las repercusiones del proyecto ponen en peligro su vida, su salud o su propiedad o que les ocasionan molestias insoportables debido a olores, ruidos, humo, polvo, vibraciones o de cualquier otra forma)?
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 y 98 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1), modificada por la Directiva 2010/88/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 2010 (DO L 326, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva IVA»), en relación con los anexos II y III de la misma Directiva y con el Reglamento de Ejecución (UE) no 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112 (DO L 77, p. 1), al aplicar un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») al suministro de libros electrónicos.
15

Las demandadas en el litigio principal consideran, en cambio, que el recurso a trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal se justifica por motivos legítimos, al tener fundamentalmente por objeto garantizar la suplencia de los trabajadores durante los períodos de vacaciones anuales o de bajas por enfermedad. Añaden que el artículo 29, apartado 1, del Convenio colectivo aplicable no respeta el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/104. En efecto, dicha norma convencional no se refiere ni a la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal ni a las exigencias de estos últimos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Tampoco garantiza el funcionamiento fluido del mercado de trabajo ni impide las prácticas abusivas. Por otra parte, la citada disposición conlleva prohibiciones y restricciones que privan a los empresarios de la posibilidad de elegir las mejores formas de contratar trabajadores para sus actividades y limita la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal ofrezcan sus servicios a las demás empresas. Por último, las demandadas sostienen que, aunque dicha Directiva no lo prevea expresamente, los tribunales nacionales no deben aplicar las prohibiciones y las restricciones en materia de trabajo a través de empresas de trabajo temporal que sean contrarias a los objetivos de la propia Directiva.
b)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a): ¿Debe calificarse el APAAN de “stoffen [...], die zodanig zijn vermengd dat genoemde stoffen niet gemakkelijk of met economisch rendabele middelen kunnen worden gebruikt of geëxtraheerd”, “substance that is compounded in such a way that it cannot be easily used or extracted by readily applicable or economically viable means” o “une autre préparation contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables”? De las indicaciones de la policía que figuran en el anexo 3 se desprende que, en apariencia, se trata de un proceso de transformación relativamente poco complejo, o incluso sencillo.
22

En virtud del artículo I, párrafo primero, punto 39, de la Ley no 288/2010, por la que se aprueba el Decreto‑ley con carácter de urgencia no 50/2010, relativo a los contratos de crédito a los consumidores (Monitorul Oficial al României, parte I, no 888, de 30 de diciembre de 2010): «El artículo 95 [de la OUG no 50/2010] queda modificado como sigue: Artículo 95 — El presente Decreto ley con carácter de urgencia no será aplicable a los contratos que se hallen en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto‑ley con carácter de urgencia, salvo lo dispuesto en el artículo 37 bis, en los artículos 66 a 69 […], en los artículos 50 a 55, en el artículo 56, apartado 2, en el artículo 57, apartados 1 y 2, así como en los artículos 66 a 71.»
23

En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Si de conformidad con la Directiva 93/13 […], en particular con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, y a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses. 2) Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 […] no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma. 3) Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 […], contraviene la Directiva 93/13 […], en particular el artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 […].»
3

El artículo 96 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, aprobado mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004 (DO L 124, p. 1) (en lo sucesivo, «ROA»), dispone: «1. Todo antiguo agente contractual que se encuentre sin empleo después de haber cesado en una de las instituciones de la Comunidad: a) que no sea titular de una pensión de jubilación o una asignación por invalidez a cargo de la Comunidad, b) cuyo cese en el servicio no haya sido debido a una renuncia o rescisión del contrato por motivo disciplinario, c) que haya prestado servicios durante al menos seis meses, d) y que sea residente de un Estado miembro, se beneficiará de una asignación mensual por desempleo en las condiciones que a continuación se determinan. Cuando pueda acogerse a una asignación por desempleo al amparo de un régimen nacional, deberá declararlo a la institución de la que dependía, la cual informará inmediatamente a la Comisión. En tal caso, la cuantía de esta asignación será deducida de la que perciba con arreglo al apartado 3. 2. Para beneficiarse de la asignación por desempleo, el antiguo agente contractual deberá: a) estar inscrito, a petición propia, como solicitante de empleo en los servicios de empleo del Estado miembro donde fije su residencia; b) satisfacer las obligaciones previstas por la legislación de dicho Estado miembro que incumben al titular de las prestaciones por desempleo con arreglo a dicha legislación; c) transmitir mensualmente a la institución de la que dependía, la cual lo transmitirá inmediatamente a la Comisión, un certificado del servicio nacional competente en el que se precise si ha satisfecho o no las obligaciones establecidas en las letras a) y b). La prestación podrá ser otorgada o mantenida por la Comunidad, a pesar de que no se cumplan las obligaciones nacionales contempladas en la letra b), en caso de enfermedad, accidente, maternidad, invalidez o situación reconocida como análoga o de dispensa para satisfacer dichas obligaciones por parte de la autoridad nacional competente. [...] 7. Todo agente contractual contribuirá, en un tercio, a la financiación del régimen de seguro contra el desempleo. [...]. [...] 9. Los servicios nacionales competentes en materia de empleo y desempleo, actuando dentro del marco de su legislación nacional, y la Comisión mantendrán una cooperación eficaz para la buena aplicación del presente artículo. [...]»
5

El artículo 1 de la Natuurschoonwet 1928 (Ley de conservación del patrimonio natural de 1928; en lo sucesivo, «Ley de conservación del patrimonio natural») dispone: «1. A efectos de la presente Ley se entenderá por: a. finca rústica: un bien inmueble situado en los Países Bajos, ocupado total o parcialmente por espacios naturales, bosques u otros recursos forestales —incluidos aquellos en los que se haya construido una casa de campo u otras edificaciones adecuadas al carácter de la finca— en la medida en que la conservación del bien inmueble en su aspecto característico resulte esencial para mantener el patrimonio natural; b. propietario: 1o el propietario de un bien inmueble que no sea objeto de gravamen por un derecho limitado de usufructo o de enfiteusis, salvo en los casos contemplados en el apartado 3; 2o el usufructuario o el enfiteuta, salvo en los casos contemplados en el apartado 3; c. propiedad económica: un sistema de derechos y obligaciones relativos a un bien inmueble que supone una participación en dicho bien. La participación incluye como mínimo un cierto riesgo de variación del valor y recae sobre una persona distinta del propietario civil. La mera concesión del derecho de suministro no se considerará una transferencia de la propiedad económica; d. Ministro: el Ministro de Economía, Agricultura e Innovación; e. Ministros: el Ministro de Economía, Agricultura e Innovación y el Ministro de Hacienda. 2. Mediante acto administrativo de alcance general o en virtud del mismo, se adoptaran normas en las que se regulen los requisitos que habrán de cumplir los bienes inmuebles para que puedan ser considerados una finca. Estos requisitos se refieren a: a. la superficie del bien inmueble, que puede incluir igualmente la superficie de un bien inmueble limítrofe que tenga la consideración de finca rústica o que conforme tal finca junto con el primer bien inmueble citado si existe un estrecho vínculo histórico entre ambos bienes inmuebles; b. el porcentaje mínimo de la superficie del bien inmueble que debe estar ocupado por espacios naturales, bosques u otros recursos forestales, así como la naturaleza de dichos espacios naturales, bosques u otros recursos forestales; c. el tamaño y la naturaleza de los terrenos que no estén ocupados por espacios naturales, bosques u otros recursos forestales, se hallen o no vinculados a la naturaleza de los terrenos que linden directamente con el bien inmueble; d. la modalidad y el tipo de construcción; e. el uso que se dé a los terrenos y edificios construidos. [...]»
Tanto el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, como el artículo 1 del Protocolo (no 20) sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al Reino Unido y a Irlanda deben interpretarse en el sentido de que no permiten que un Estado miembro, persiguiendo un objetivo de prevención genérica, someta a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y sean titulares de una tarjeta de residencia válida, expedida con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2004/38 por las autoridades de otro Estado miembro, a la obligación de estar en posesión, en virtud del Derecho nacional, de un permiso de entrada para poder entrar en su territorio, como el permiso de familiar EEE (Espacio Económico Europeo).
5

El artículo 45 de la citada Directiva, que lleva por título «Situación personal del candidato o del licitador», dispone: «1. Quedará excluido de la participación en un contrato público cualquier candidato o licitador que haya sido condenado mediante sentencia firme, de la que tiene conocimiento el poder adjudicador, por uno o varios de los motivos que a continuación se enumeran: a) participación en una organización delictiva, tal y como se define en el apartado 1 del artículo 2 de la Acción Común 98/773/JAI del Consejo [(DO 1998, L 351, p. 1)]; b) corrupción, tal y como se define, respectivamente, en el artículo 3 del acto del Consejo de 26 de mayo de 1997 [(DO C 195, p. 1)] y en el apartado 1 del artículo 3 de la Acción Común 98/742/JAI del Consejo [(DO 1998, L 358, p. 2)]; c) fraude, según el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [(DO 1995, C 316, p. 48)]; d) blanqueo de capitales, tal y como se define en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales [(DO L 166, p. 77), en su versión modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001 (DO L 344, p. 76)]. Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado. [...] 2. Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico: [...] c) que haya sido condenado por sentencia con autoridad de cosa juzgada según las disposiciones legales del país y en la que se aprecie un delito que afecte a su moralidad profesional; d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justificar; [...] g) que se le considere gravemente culpable de hacer declaraciones falsas al proporcionar la información exigida en aplicación de la presente Sección o que no haya proporcionado dicha información. Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado. [...]»
2

Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre ClientEarth, organización no gubernamental de defensa del medio ambiente, y el Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, en relación con la solicitud de la citada organización de que se revisaran los planes relativos a la calidad del aire elaborados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en aplicación de la Directiva 2008/50 para algunas de sus zonas y aglomeraciones.
31

Dado que el artículo 4 del Reglamento no 612/2009 figura entre las disposiciones generales de este último relativas al derecho a la restitución, es preciso señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en lo que respecta al artículo 3 del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), cuyo contenido corresponde al del artículo 5 del Reglamento no 612/2009 y que forma parte de las mismas disposiciones generales, que la información a la que se refiere dicho artículo 3 no sirve únicamente para el cálculo del importe exacto de la restitución sino principalmente para determinar si existe o no un derecho a la restitución y para activar el sistema de comprobación de la solicitud de restitución (sentencia Dachsberger & Söhne, C 77/08, EU:C:2009:172, apartado 24 y jurisprudencia citada).
21

Mediante resolución de 18 de diciembre de 2011, las autoridades bávaras competentes ordenaron a Herbaria retirar la mención del modo de producción ecológico del etiquetado, de la publicidad y de la comercialización del Blutquick, pues ello vulneraba lo dispuesto en el artículo 23, apartado 4, párrafo primero, letra a), inciso i), del Reglamento no 834/2007, interpretado conjuntamente con el artículo 19, apartado 2, letra b), del mismo Reglamento y con el artículo 27, apartado 1, letra f), del Reglamento no 889/2008. De acuerdo con la motivación de dicha resolución, los minerales y las vitaminas sólo pueden añadirse cuando su empleo en los alimentos a los que se incorporan viene exigido por la ley, pero no existe tal disposición legal en el caso del Blutquick. En particular, el hecho de que el Reglamento no 1924/2006 supeditara las «declaraciones nutricionales y de propiedades saludables» a exigencias detalladas no significa, según la citada resolución, que el empleo de vitaminas y minerales en la elaboración de alimentos venga exigido por la ley. Por lo tanto, el Blutquick no puede ser etiquetado, ni ser objeto de publicidad ni comercializado con la referencia a la producción ecológica regulada por el artículo 23 del Reglamento no 834/2007, ya que el Reglamento no 1924/2006 no impone que se añadan vitaminas y gluconato ferroso a los alimentos.
116

Además, como se ha señalado en los apartados 106 a 111 de la presente sentencia, dado que el recurrente no adujo ningún motivo que justificara la necesidad de transmitir datos personales, no se planteaba la cuestión de la licitud de dicha transmisión. Por consiguiente, el Tribunal General declaró fundadamente, en el apartado 120 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba obligada a motivar más sólidamente en ese sentido su decisión de aplicar el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001.
28

Aunque el Gobierno español señala que, con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra a), de la Ley de 2004, la exención establecida en dicha disposición no se estableció en beneficio de empresas como Navantia, sino exclusivamente en beneficio del Estado español como sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que los objetivos perseguidos responden a consideraciones de defensa nacional, debe recordarse que los motivos que subyacen a una medida de ayuda no bastan para excluir automáticamente que tal medida pueda recibir la calificación de «ayuda» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, ya que esta disposición no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos (sentencias Comitato «Venezia vuole vivere» y otros/Comisión, C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P, EU:C:2011:368, apartado 94, y Comisión/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, apartado 77 y jurisprudencia citada).
28

Las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia Fish Legal y Shirley, EU:C:2013:853, apartado 30 y jurisprudencia citada).