Palabras clave

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Palabras clave

1. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

(Directiva 89/391/CEE del Consejo, art. 7, aps. 1 y 3)

2. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

(Directiva 89/391/CEE del Consejo, art. 8, ap. 2)

3. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

[Directiva 89/391/CEE del Consejo, art. 11, ap. 2, letras c) y d)]

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1. En su apartado 1, el artículo 7 de la Directiva 89/391, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, impone al empresario una obligación principal que consiste en designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales. En su apartado 3, prevé la obligación de recurrir a competencias ajenas a la empresa. Sin embargo, esta obligación es subsidiaria con relación a la que figura en el citado apartado 1, en la medida en que sólo existe si las competencias en la empresa y/o establecimiento son insuficientes para organizar dichas actividades de protección y de prevención. Por consiguiente, el artículo 7 de la Directiva establece una jerarquía entre las obligaciones que se imponen a los empresarios.

Para garantizar la plena aplicación de la Directiva 89/391 de forma clara y precisa, la adaptación del Derecho nacional de los Estados miembros debe reflejar la jerarquía establecida en el citado artículo 7. De ello se deduce que una normativa nacional que permite que los empresarios opten entre encomendar las actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales a competencias internas o encargarlas a competencias ajenas no respeta dicha jerarquía de las obligaciones y, por tanto, no es conforme con el citado artículo 7, apartados 1 y 3.

(véanse los apartados 49, 50, 52 y 54)

2. La obligación según la cual, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 89/391, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, el empresario deberá designar a los trabajadores encargados de poner en práctica las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, no está condicionada por el carácter de las actividades y el tamaño de la empresa y/o del establecimiento. Tal limitación de la obligación de designación no se desprende del tenor del citado artículo, que no menciona ninguna excepción o limitación a dicha obligación de designación y, contrariamente al objetivo de la Directiva, tendría como consecuencia que dicha obligación se aplicaría únicamente a las empresas y los establecimientos de mayor tamaño o a aquellos que ejerzan determinadas actividades, sin que se hayan previsto criterios claros y objetivos para determinarlos.

En cambio, es posible tomar en consideración la importancia o el tamaño de la empresa y/o del establecimiento, así como el carácter de las actividades que en él se ejerzan, para concretar los elementos que son objeto de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva.

(véanse los apartados 60 a 62 y 64)

3. Si bien el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 89/391, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, establece la obligación general de los empresarios de consultar a los trabajadores y/o a sus representantes y de permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, el apartado 2 de dicho artículo se refiere a la obligación previa y diferenciada de participación y de consulta de los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

Por consiguiente, no es conforme con el citado artículo 11, apartado 2, letra c), una normativa nacional de adaptación del Derecho interno que no determine una posición concreta y específica de tales trabajadores en lo que atañe a la consulta y a la participación equilibrada en lo relativo a las informaciones previstas en el artículo 10, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. Tal es el caso de una normativa nacional que establece, por una parte, la obligación del comité de empresa, de las personas encargadas de la seguridad y de los trabajadores en general de contribuir al análisis y la evaluación de los riesgos y que señala, por otra parte, que cuando trabajadores que no estén vinculados por un contrato al empresario responsable de un lugar de trabajo, es decir, trabajadores ajenos a la empresa, trabajen en éste, dicho empresario estará obligado, en su caso, a procurar que estos últimos sean informados de los riesgos existentes en su lugar de trabajo y reciban la formación adecuada. Semejante normativa nacional se limita a adaptar el Derecho interno a la obligación general de información recogida en el artículo 10, apartado 2, de la misma Directiva.

Por otro lado, dicha normativa nacional tampoco adapta el Derecho interno a la obligación regulada en el artículo 11, apartado 2, letra d), el cual impone igualmente la obligación de participación y de consulta de dichos trabajadores cuando el empresario recurra a competencias ajenas a la empresa y/o al establecimiento.

(véanse los apartados 75 a 77, 80, 81 y 91)