Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento - Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional - Ejercicio que no depende de la existencia de un interés específico en ejercitar la acción

[Tratado CE, arts. 155 y 169 (actualmente arts. 211 CE y 226 CE)]

2. Recurso por incumplimiento - Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia - Situación que debe considerarse - Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

3. Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Escrito de requerimiento - Objeto y contenido

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

4. Acuerdos internacionales - Acuerdos de los Estados miembros - Acuerdos anteriores al Tratado CE - Modificaciones introducidas posteriormente a la entrada en vigor del Tratado en los acuerdos celebrados anteriormente a dicha entrada en vigor - Inaplicabilidad del artículo 234 del Tratado CE (actualmente artículo 307 CE, tras su modificación)

[Tratado CE, art. 234 (actualmente art. 307 CE, tras su modificación)]

5. Acuerdos internacionales - Competencia de la Comunidad - Transporte aéreo - Atribución expresa o implícita - Criterios de apreciación

[Tratado CE, art. 84, ap. 2 (actualmente art. 80 CE, ap. 2, tras su modificación)]

6. Acuerdos internacionales - Competencia de la Comunidad - Creación de una competencia exclusiva de la Comunidad mediante la adopción de un sistema completo de normas internas - Transporte aéreo - Normativa comunitaria insuficiente para transferir la competencia externa a la Comunidad

[Tratado CE, art. 84, ap. 2 (actualmente art. 80 CE, ap. 2, tras su modificación)]

7. Transportes - Transporte aéreo - Ámbito de aplicación de los Reglamentos (CEE) nos 2407/92 y 2408/92 - Ejercicio de su actividad únicamente por los operadores comunitarios en las rutas aéreas intracomunitarias - Inexistencia de interferencia con un acuerdo bilateral celebrado por un Estado miembro con un Estado tercero, en el ámbito de las rutas entre estos dos Estados, relativo a la posibilidad de que los operadores del Estado tercero realicen escalas comerciales en otros Estados miembros

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 2407/92, arts. 1, ap. 1, y 4, y nº 2408/92, arts. 3, ap. 1, y 2, letra b)]

8. Transportes - Transporte aéreo - Celebración de un acuerdo bilateral por un Estado miembro con un Estado tercero relativo a las tarifas aéreas intracomunitarias y al sistema de reservas utilizado en dicho Estado miembro - Improcedencia

[Tratado CE, art. 5 (actualmente art. 10 CE)]

9. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Acuerdo bilateral en materia de transporte aéreo entre un Estado miembro y un Estado tercero que no garantiza a las compañías de otros Estados miembros que hayan hecho uso de la libertad de establecimiento la igualdad de trato con las compañías nacionales de dicho Estado miembro - Improcedencia - Inaplicabilidad de la reserva de orden público

[Tratado CE, arts. 52 y 56 (actualmente arts. 43 CE y 46 CE, tras su modificación) y art. 58 (actualmente art. 48 CE)]

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1. Dada su función de guardiana del Tratado, la Comisión es la única competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento y debido a qué actuación u omisión imputable al Estado miembro afectado debe interponerse dicho procedimiento. En el marco del ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE), la Comisión no necesita demostrar la existencia de un interés específico para ejercitar la acción.

( véase el apartado 38 )

2. En el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE), la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación tal como se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado.

( véase el apartado 42 )

3. El objetivo del procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE) es dar al Estado miembro interesado la ocasión de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario o de formular adecuadamente las alegaciones en su defensa frente a las imputaciones de la Comisión. La regularidad de dicho procedimiento constituye una garantía esencial querida por el Tratado, no sólo para la protección de los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el eventual procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido.

Resulta de este objetivo que el escrito de requerimiento tiene como finalidad, por un lado, delimitar el objeto del litigio e indicar al Estado miembro al que se pide que presente sus observaciones los elementos necesarios para preparar su defensa y, por otro lado, darle la posibilidad de poner fin al incumplimiento antes de que se interponga el recurso ante el Tribunal de Justicia.

Si bien el dictamen motivado al que se refiere el artículo 169 del Tratado debe contener una exposición coherente y detallada de las razones por las que la Comisión ha llegado a la convicción de que el Estado interesado ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, el escrito de requerimiento no puede someterse a exigencias de precisión tan estrictas, ya que éste sólo puede consistir en un primer resumen sucinto de las imputaciones.

( véanse los apartados 46 a 48 )

4. Aunque se aplica a los derechos y obligaciones derivados de los acuerdos celebrados por los Estados miembros antes de la entrada en vigor del Tratado, el artículo 234 del Tratado (actualmente artículo 307 CE, tras su modificación) no es aplicable, por el contrario, a las modificaciones que introducen los Estados miembros en dichos acuerdos al contraer nuevas obligaciones con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado.

( véase el apartado 69 )

5. Si bien el artículo 84, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 80 CE, apartado 2, tras su modificación) puede ser utilizado por el Consejo como base jurídica para reconocer a la Comunidad la facultad de celebrar un acuerdo internacional en materia de transporte aéreo en un caso determinado, no se puede considerar que establezca por sí solo una competencia comunitaria externa en materia de transporte aéreo.

La competencia de la Comunidad para contraer obligaciones internacionales no sólo puede resultar de una atribución expresa del Tratado, sino que también puede derivarse de manera implícita de las disposiciones de éste. Tal competencia externa implícita existe no sólo en todos aquellos casos en que ya se ha utilizado la competencia interna para adoptar medidas relativas a la realización de las políticas comunes, sino también si las medidas comunitarias internas no se adoptan hasta el momento de la celebración y de la entrada en vigor del acuerdo internacional. Así pues, la competencia para obligar a la Comunidad frente a terceros países puede desprenderse de manera implícita de las disposiciones del Tratado que establecen la competencia interna, siempre que la participación de la Comunidad en el acuerdo internacional sea necesaria para la consecución de uno de los objetivos de la Comunidad.

Este último supuesto es aquel en que la competencia interna únicamente puede ejercitarse adecuadamente al mismo tiempo que la competencia externa, de modo que la celebración del acuerdo internacional sea necesaria para realizar los objetivos del Tratado que no puedan alcanzarse mediante el establecimiento de normas autónomas.

En el Tratado no hay ninguna disposición que impida a las instituciones organizar, dentro de las normas comunes que adopten, acciones concertadas frente a un Estado tercero ni determinar las actitudes que los Estados miembros deben adoptar frente al exterior, con el fin de paliar las discriminaciones o las distorsiones de la competencia que podrían resultar de la aplicación de las obligaciones contraídas por determinados Estados miembros con un Estado tercero en el marco de acuerdos denominados «de cielo abierto». Por tanto, no ha quedado acreditado que, como consecuencia de tales discriminaciones o distorsiones de la competencia, los objetivos del Tratado en el ámbito del transporte aéreo no puedan alcanzarse mediante el establecimiento de normas autónomas.

Esta constatación no queda desvirtuada por el hecho de que en las normas adoptadas por el Consejo respecto al mercado interior del transporte aéreo existan diversas disposiciones relativas a los nacionales de países terceros. El carácter relativamente limitado de estas disposiciones no permite inferir de ellas que la realización de la libre prestación de servicios en materia de transporte aéreo en favor de los nacionales de los Estados miembros esté indisolublemente relacionada con el trato que se dispense en la Comunidad a los nacionales de países terceros o en los países terceros a los nacionales de los Estados miembros.

( véanse los apartados 81 a 83, 85 y 87 )

6. Cada vez que la Comunidad, con el fin de aplicar una política común prevista por el Tratado, adopta disposiciones que establecen normas comunes, en la forma que sea, los Estados miembros ya no tienen la facultad, bien actúen individual o incluso colectivamente, de contraer con Estados terceros obligaciones que afecten a dichas normas o alteren su alcance; en efecto, a medida que se establecen estas normas comunes, sólo la Comunidad puede asumir y ejecutar, con efecto para todo el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico comunitario, los compromisos contraídos frente a países terceros.

Si los Estados miembros tuvieran la libertad de contraer obligaciones internacionales que afecten a las normas comunes adoptadas sobre la base del artículo 84, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 80 CE, apartado 2, tras su modificación), ello pondría en peligro la consecución del objetivo perseguido por estas normas y, por tanto, impediría a la Comunidad cumplir su tarea de defensa del interés común.

La Comunidad adquiere una competencia externa como consecuencia del ejercicio de su competencia interna, cuando las obligaciones internacionales están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las normas comunes o, en cualquier caso, dentro de un ámbito ya cubierto en gran medida por tales normas. En este supuesto, los Estados miembros no pueden contraer obligaciones internacionales al margen de las instituciones comunes, aunque no exista ninguna contradicción entre éstas y las normas comunes.

Así pues, cuando la Comunidad ha incluido en sus actos legislativos internos cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales de países terceros o ha conferido expresamente a sus instituciones competencia para negociar con los países terceros, adquiere una competencia externa exclusiva en la medida cubierta por dichos actos.

Lo mismo sucede, aunque no exista una cláusula expresa que faculte a sus instituciones para negociar con países terceros, cuando la Comunidad haya llevado a cabo una armonización completa en un ámbito determinado, ya que las normas comunes así adoptadas podrían verse afectadas, en el sentido de la sentencia de 31 de marzo de 1971, AETC, 22/70, si los Estados miembros conservaran libertad de negociación con los países terceros.

En cambio, las eventuales distorsiones en los flujos de servicios en el mercado interior que pueden derivarse de los acuerdos bilaterales denominados «de cielo abierto» celebrados por los Estados miembros con terceros países no afectan por sí mismas a las normas comunes adoptadas en este ámbito y por tanto no pueden ser fundamento de una competencia externa de la Comunidad.

En efecto, en el Tratado no hay ninguna disposición que impida a las instituciones organizar, dentro de las normas comunes que adopten, acciones concertadas frente a países terceros, ni determinar las actitudes que los Estados miembros deben adoptar frente al exterior.

( véanse los apartados 103, 105 y 107 a 112 )

7. Resulta de su título y de su artículo 3, apartado 1, que el Reglamento nº 2408/92, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, se refiere al acceso a las rutas intracomunitarias únicamente de las compañías aéreas comunitarias, que se definen en el artículo 2, letra b), de este Reglamento como toda compañía aérea que posea una licencia de explotación válida expedida por un Estado miembro con arreglo al Reglamento nº 2407/92, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas.

Según se desprende de sus artículos 1, apartado 1, y 4, este último Reglamento define los requisitos para la concesión por parte de los Estados miembros de licencias de explotación a las compañías aéreas establecidas en la Comunidad que, sin perjuicio de los acuerdos y convenios en los que la Comunidad sea parte contratante, sean propiedad, bien directamente o bien mediante participación mayoritaria, de Estados miembros y/o de nacionales de Estados miembros y estén efectivamente controladas por dichos Estados o nacionales, así como los criterios de mantenimiento en vigor de las citadas licencias.

De lo anterior se deduce que el Reglamento nº 2408/92 no regula la concesión de derechos de tráfico en rutas intracomunitarias a las compañías aéreas no comunitarias. Del mismo modo, el Reglamento nº 2407/92 no regula las licencias de explotación de las compañías aéreas no comunitarias que operan dentro de la Comunidad.

Por tanto, no se puede considerar que afecte a estos Reglamentos un acuerdo bilateral en materia de transporte aéreo celebrado entre un Estado miembro y un Estado tercero en la medida en que permite a una compañía aérea designada por este último país transportar pasajeros entre dicho Estado miembro y otro Estado miembro de la Unión Europea en un vuelo cuyo origen o destino se encuentre en el Estado tercero.

( véanse los apartados 114 y 116 a 118 )

8. El artículo 5 del Tratado (actualmente artículo 10 CE) impone a los Estados miembros la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión y de abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado.

En el ámbito de las relaciones exteriores, se pondrían en peligro la misión de la Comunidad y los fines del Tratado si los Estados miembros pudieran contraer obligaciones internacionales que contuvieran normas que pudieran afectar a las normas adoptadas por la Comunidad o alterar su alcance.

Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado y de los Reglamentos nº 2409/92, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos, y nº 2299/89, por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva, al contraer obligaciones internacionales relativas a las tarifas aéreas practicadas por las compañías aéreas designadas por un Estado tercero en rutas intracomunitarias y a los sistemas informatizados de reserva ofrecidos o utilizados en su territorio nacional.

( véanse los apartados 135 a 137 )

9. El artículo 52 del Tratado (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) es aplicable en particular a las compañías aéreas establecidas en un Estado miembro que presten servicios de transporte aéreo entre un Estado miembro y un país tercero. Todas las sociedades establecidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 52 del Tratado están contempladas en esta disposición, aunque el objeto de su actividad en dicho Estado consista en prestar servicios hacia países terceros.

Los artículos 52 del Tratado y 58 del Tratado (actualmente artículo 48 CE) garantizan a los nacionales comunitarios que hayan ejercido la libertad de establecimiento, así como a las sociedades asimiladas, el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, tanto por lo que respecta al acceso a una actividad profesional en el momento del primer establecimiento como por lo que se refiere al ejercicio de esta actividad por la persona establecida en el Estado miembro de acogida.

En particular, el principio del trato nacional obliga al Estado miembro que sea parte de un convenio internacional bilateral celebrado con un país tercero a conceder a los establecimientos permanentes de sociedades domiciliadas en otro Estado miembro las ventajas previstas por dicho convenio en las mismas condiciones aplicables a las sociedades domiciliadas en el Estado miembro parte del convenio.

En un acuerdo denominado «de cielo abierto» y celebrado entre un Estado miembro y un Estado tercero en el ámbito del transporte aéreo, la cláusula relativa a la propiedad y al control de las compañías aéreas, que permite en particular al Estado tercero revocar, suspender o limitar las licencias de explotación o las autorizaciones técnicas de una compañía aérea que haya sido designada por el Estado miembro pero en la que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo no pertenezcan a este Estado miembro o a sus nacionales, afecta sin lugar a dudas a las compañías aéreas establecidas en el Estado miembro en las que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo pertenezcan bien a un Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida, bien a nacionales de tal Estado miembro.

Siempre es posible excluir a estas compañías aéreas, denominadas comunitarias, de la aplicación del citado acuerdo bilateral, mientras que pueden beneficiarse de dicha aplicación las compañías aéreas nacionales en las que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo pertenezcan al Estado miembro o a sus nacionales. En consecuencia, las referidas compañías aéreas comunitarias sufren una discriminación que les impide disfrutar del trato nacional en el Estado miembro de acogida.

Esta discriminación no tiene origen en el eventual comportamiento del Estado tercero sino directamente en la cláusula relativa a la propiedad y al control de las compañías aéreas, que precisamente reconoce a éste el derecho a adoptar tal comportamiento.

El Estado miembro de que se trate no puede ampararse en el artículo 56 del Tratado (actualmente artículo 46 CE, tras su modificación) para justificar dicha discriminación, ya que, por un lado, la citada cláusula no reduce la facultad de denegar las licencias de explotación o las autorizaciones técnicas exigidas a una compañía aérea designada por la otra parte únicamente al caso en que esta compañía suponga una amenaza para el orden público de la parte que concede las citadas licencias de explotación y autorizaciones y, por otro lado, en cualquier caso, no existe ninguna relación directa entre esta amenaza que podría representar para el orden público del Estado miembro la designación de una compañía aérea por el Estado tercero, amenaza que además es hipotética, y la discriminación generalizada de las compañías aéreas comunitarias.

( véanse los apartados 146, 148 a 151, 153, 154 y 157 a 159 )