CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 24 de febrero de 2022 ( 1 )

Asunto C‑501/20

MPA

contra

LCDNMT

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona]

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 3, 7, 8 y 14 — Concepto de “residencia habitual” — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos — Reglamento (CE) n.o 4/2009 — Artículos 3 y 7 — Nacionales de dos Estados miembros distintos que residen en un tercer Estado como agentes contractuales de la Unión — Determinación de la competencia — Forum necessitatis — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»

I. Introducción

1. «El principio de proximidad […] se acerca más a la realidad de la vida y es la expresión de su nobleza. Lleva inherente una lección de modestia, puesto que nos enseña que ninguna autoridad política, ningún juez, por muy loables que sean sus intenciones, puede aspirar a regular según sus leyes de manera perdurable relaciones de vida que escapan a su control». ( 2 ) Aunque se escribió en 1986, el texto del Sr. Paul Lagarde no ha perdido nada de pertinencia. En efecto, el principio de proximidad se sitúa actualmente en el núcleo de los reglamentos de la Unión en materia matrimonial y de obligaciones de alimentos.

2. Con carácter general, hoy en día es común la situación en la que un ciudadano de un Estado miembro está destinado en otro Estado miembro o en un tercer Estado por motivos profesionales. Esta situación se complica si el ciudadano de que se trate decide separarse o divorciarse, y más aún cuando el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se presenta la demanda debe determinar su competencia internacional en lo que se refiere no solo a la disolución del matrimonio y a la responsabilidad parental respecto de los hijos menores, sino también a la fijación de los alimentos de estos y al uso de la vivienda familiar en el tercer Estado. Tal es la situación del presente asunto.

3. Mediante sus cuestiones prejudiciales, la Audiencia Provincial de Barcelona interroga al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de los artículos 3, 7, 8 y 14 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003, ( 3 ) los artículos 3 y 7 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 ( 4 ) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

4. Estas cuestiones prejudiciales conducirán al Tribunal de Justicia a pronunciarse, para empezar, sobre la interpretación de los artículos 3 y 8 del Reglamento n.o 2201/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009 y, por tanto, sobre el concepto de «residencia habitual», en particular cuando los cónyuges son agentes contractuales de la Unión Europea que ejercen sus funciones en un tercer Estado en el que gozan, según se afirma, de estatus diplomático. A continuación, el Tribunal de Justicia deberá determinar la competencia residual en materia de divorcio y de responsabilidad parental para el supuesto de que el demandado sea nacional de un Estado miembro y, por consiguiente, tendrá la oportunidad de abordar la articulación entre los artículos 6, 7 y 14 del Reglamento n.o 2201/2003. Por último, el Tribunal de Justicia habrá de precisar el alcance del forum necessitatis, contemplado en el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009, al efecto de fijar los alimentos de los hijos, y el del artículo 47 de la Carta, con el fin de interpretar las citadas disposiciones.

II. Marco jurídico

A. Derecho internacional

5. El artículo 31, apartado 1, del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, celebrado en Viena el 18 de abril de 1961 (en lo sucesivo, «Convenio de Viena»), ( 5 ) dispone lo siguiente: «El Agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata: a) De una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el Agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión. b) De una acción sucesoria en la que el Agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario. c) De una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el Agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales.»

6. A tenor del artículo 32, apartado 1, del Convenio de Viena: «El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus Agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 37.»

B. Derecho de la Unión

1. Reglamento n.o 2201/2003

7. El artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003, que lleva por epígrafe «Competencia general», establece: «1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro: a) en cuyo territorio se encuentre: – la residencia habitual de los cónyuges, o – el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o – la residencia habitual del demandado, o – en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o – la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o – la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su “domicile”; b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicile” común. […]»

8. En virtud del artículo 6 del Reglamento, titulado «Carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3, 4 y 5»: «Un cónyuge que: a) tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien b) sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, tenga su “domicile” en el territorio de uno de estos dos Estados miembros, solo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos 3, 4 y 5.»

9. El artículo 7 del Reglamento, bajo el epígrafe «Competencia residual», establece en su apartado 1: «Si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.»

10. El artículo 8 del mismo Reglamento, cuyo epígrafe es «Competencia general», dispone lo siguiente en su apartado 1: «Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un [menor] que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.»

11. El artículo 14 del Reglamento n.o 2201/2003, que lleva por epígrafe «Competencia residual», establece lo siguiente: «Si de los artículos 8 a 13 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.»

2. Reglamento n.o 4/2009

12. El artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009, cuyo epígrafe es «Disposiciones generales», está redactado en los siguientes términos: «Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros: a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, o c) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa al estado de las personas, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes, o d) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.»

13. El artículo 7 de este Reglamento, bajo el epígrafe «Forum necessitatis», dispone que: «Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4, 5 y 6, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación. El litigio debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él.»

C. Derecho español

14. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ( 6 ) en su versión modificada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ( 7 ) que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles, dispone lo siguiente en su artículo 22 quater, letras c) y d): «En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales españoles serán competentes: […] c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española. d) En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda.»

15. El artículo 22 octies de la LOPJ establece: «1. No serán competentes los Tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia. […] 3. […] Los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia […]».

16. El Código Civil indica, en su artículo 40, que el domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español.

III. Antecedentes de hecho del litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

17. MPA, ciudadana de nacionalidad española, y LCDNMT, ciudadano de nacionalidad portuguesa, contrajeron matrimonio el 25 de agosto de 2010 en la Embajada de España en Guinea-Bisáu. Tienen dos hijos menores de edad, nacidos el 10 de octubre de 2007 y el 30 de julio de 2012 en Manresa (Barcelona), que poseen la doble nacionalidad española y portuguesa.

18. Durante el período comprendido entre agosto de 2010 y febrero de 2015, los cónyuges residieron en Guinea-Bisáu y, a partir de esta última fecha, se trasladaron a Lomé (Togo). Después de su separación de hecho, en julio de 2018, la demandante en el procedimiento principal y los hijos menores siguieron residiendo en el domicilio conyugal, situado en Togo, mientras que el esposo trasladó su residencia a un hotel de ese país.

19. Ambos cónyuges trabajan para la Comisión Europea en calidad de agentes contractuales y están destinados en la Delegación de la Unión Europea en Togo. El órgano jurisdiccional remitente indica que los agentes contractuales, agentes de la Unión Europea en los Estados miembros, solo tienen la condición de agentes diplomáticos de la Unión en su país de destino.

20. El 6 de marzo de 2019, la demandante en el procedimiento principal presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Manresa demanda de divorcio mediante la cual solicitaba asimismo la disolución del régimen económico matrimonial y que se fijaran el régimen y la forma de ejercicio de la custodia y de las responsabilidades parentales de los hijos menores, se reconociera una pensión de alimentos para ellos y se le concediera el uso de la vivienda familiar situada en Lomé. Además, solicitó la adopción de medidas provisionales.

21. El demandado en el procedimiento principal formuló declinatoria por falta de competencia internacional del Juzgado de Primera Instancia de Manresa. Mediante auto de 9 de septiembre de 2019, dicho órgano jurisdiccional declaró su falta de competencia internacional para conocer del procedimiento por no tener las partes, a su juicio, su residencia habitual en España.

22. La demandante en el procedimiento principal interpuso recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente. Alega que su cónyuge y ella gozan de estatus diplomático como agentes de la Unión acreditados en el país de destino y que dicho estatuto se hace extensivo a los hijos menores. Sostiene que, en virtud de los Reglamentos n.os 2201/2003 y 4/2009, la competencia para conocer de las cuestiones relativas al divorcio, la responsabilidad parental y los alimentos se determina por el lugar de residencia habitual. Pues bien, aduce que, de conformidad con el artículo 40 del Código Civil, su residencia habitual no coincide, como afirma su cónyuge, con su lugar de destino en calidad de agente contractual, sino con el lugar donde residía antes de adquirir ese estatus, esto es, España. Asimismo, alega estar protegida por la inmunidad diplomática reconocida por el artículo 31 del Convenio de Viena y que sus pretensiones relativas al divorcio, la responsabilidad parental y los alimentos no están comprendidas en las excepciones previstas en dicho artículo.

23. La demandante en el procedimiento principal invoca asimismo la aplicación del forum necessitatis previsto por el Reglamento n.o 4/2009 y expone la situación en la que se encuentran los juzgados togoleses. A tal efecto, aporta informes redactados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Destaca que uno de estos informes, de 17 de agosto de 2016, constata la falta de capacitación adecuada y continua de los magistrados y la persistencia de un clima de impunidad por las violaciones de los derechos humanos. Otro informe, de 22 de agosto de 2016, expresa la preocupación de las Naciones Unidas acerca de la independencia del poder judicial, el acceso a la justicia y la impunidad por las violaciones de los derechos humanos. Indica que el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a la República Togolesa a que garantizara el acceso efectivo de las mujeres a los tribunales.

24. El demandado en el procedimiento principal sostiene que ni él ni su esposa ejercen función diplomática alguna de sus respectivos países y que son trabajadores en la Delegación de la Unión en Togo como agentes contractuales. A este respecto, indica que el salvoconducto del que disponen no es un pasaporte diplomático, sino un documento de viaje seguro, válido únicamente dentro del territorio de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea. Además, considera que la normativa aplicable no es el Convenio de Viena, sino el Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. ( 8 ) Pues bien, aduce que dicho Protocolo es exclusivamente aplicable a los actos realizados por los funcionarios y los agentes de las instituciones de la Unión con carácter oficial y no permite la aplicación del forum necessitatis.

25. El órgano jurisdiccional remitente señala que, habida cuenta de las circunstancias del asunto principal, no existe jurisprudencia relativa al concepto de «residencia habitual» de los cónyuges para determinar el órgano jurisdiccional competente en materia de divorcio. Lo mismo sucede, a su juicio, con el concepto de «residencia habitual» de los hijos menores al efecto de establecer la incidencia que en la determinación de la residencia habitual tienen el estatuto diplomático u otro análogo como el de las personas que están desempeñando funciones como trabajadores o agentes de la Unión Europea y que se encuentran desplazados en terceros Estados para el ejercicio de dichas funciones. Considera que la razón de ser y la causa de la presencia de tales personas en esos países radica en el desempeño de funciones o la realización de trabajos para la Unión.

26. En estas circunstancias, la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante resolución de 15 de septiembre de 2020, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2020, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Cómo debe interpretarse el concepto de “residencia habitual” del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009 de las personas nacionales de algún Estado miembro que permanecen en un tercer Estado por razón de las funciones que tienen encomendadas como agentes contractuales de la [Unión] y que en el tercer Estado tienen reconocida la condición de agentes diplomáticos de la Unión Europea cuando su estancia en dicho Estado está vinculada al ejercicio de sus funciones que desempeñan para la Unión? 2) En caso de que, a los efectos del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009, la determinación de la residencia habitual de los cónyuges fuera dependiente de su estatus como agentes contractuales de la [Unión] en un tercer Estado, ¿cómo afectaría a la determinación de la residencia habitual de los hijos menores conforme al artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003? 3) Para el caso de que se considere que los menores no tienen su residencia habitual en el tercer Estado, ¿puede tenerse en consideración la vinculación de la nacionalidad de la madre, su residencia en España anterior a la celebración del matrimonio, la nacionalidad española de los hijos menores y su nacimiento en España a efectos de determinación de la residencia habitual conforme al artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003? 4) Para el caso de que se determine que la residencia habitual de los progenitores y de los menores no se encuentra en un Estado miembro, habida cuenta de que, conforme al Reglamento n.o 2201/2003, no existe ningún otro Estado miembro competente para resolver las pretensiones, ¿impide la circunstancia de que el demandado sea nacional de un Estado miembro la aplicación de la cláusula residual de los artículos 7 y 14 [de dicho Reglamento]? 5) Para el caso de que se determine que la residencia habitual de los progenitores y de los menores no se encuentra en un Estado miembro, a los efectos de determinar los alimentos de los hijos, ¿cómo debe interpretarse el forum necessitatis del artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009 y, en particular, qué presupuestos son necesarios para entender que un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación (en este caso Togo)? ¿Es preciso que se acredite por la parte haber presentado o intentado presentar el procedimiento en dicho Estado con resultado negativo? y ¿basta la nacionalidad de alguno de los litigantes como conexión suficiente con el Estado miembro? 6) En un caso como este en el que los cónyuges tienen vinculaciones fuertes con Estados miembros (nacionalidad, residencia anterior), si mediante la aplicación de las normas de los Reglamentos no resulta competente ningún Estado miembro, ¿es ello contrario al artículo 47 de la [Carta]?»

27. El órgano jurisdiccional remitente solicitó que el presente asunto se tramitara por el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

28. El 19 de octubre de 2020, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia decidió, a propuesta del Juez Ponente, oído el Abogado General, que no procedía acceder a dicha solicitud.

29. Los Gobiernos español y checo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión presentaron observaciones escritas. Las partes del procedimiento principal y estas mismas partes participaron en la vista celebrada el 16 de septiembre de 2021.

IV. Análisis

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

30. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, cómo debe interpretarse el concepto de «residencia habitual», empleado en el artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003 y en el artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009, cuando los cónyuges son agentes contractuales de la Unión que desempeñan sus funciones en un tercer Estado en el que, según se afirma, tienen reconocido el estatuto diplomático.

31. El órgano jurisdiccional remitente indica que, a su juicio, no es aplicable en el litigio principal el artículo 40 del Código Civil, invocado por la demandante en el procedimiento principal para fundamentar la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles, ya que la definición del concepto —nacional— de «domicilio» que figura en el citado artículo establece una ficción jurídica del Derecho español limitada a las personas que ejercen funciones diplomáticas. Dicho órgano jurisdiccional también señala que la determinación de la residencia habitual de los cónyuges requiere la toma en consideración de la temporalidad, habitualidad y estabilidad de su permanencia en Togo. Por este motivo, se pregunta si su condición de agentes de la Unión constituye un elemento determinante para considerar si tienen o no su residencia habitual en Togo a los efectos del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009.

32. Para responder a la primera cuestión prejudicial, abordaré, para empezar, el concepto de «residencia habitual» en el sentido del artículo 3 de ambos Reglamentos, para examinar, a continuación, el alcance de la condición de agentes diplomáticos de la Unión de los cónyuges en el Estado en el que se sitúa su residencia habitual a efectos de la determinación de esta.

1. Sobre el concepto de «residencia habitual»

a) Sobre el concepto de «residencia habitual» en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003

33. Según su considerando 1, el Reglamento n.o 2201/2003 contribuye a crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, en el que se garantiza la libre circulación de personas. Con este fin, en sus capítulos II y III, el Reglamento establece en particular normas que regulan la competencia, así como el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia de disolución del matrimonio, con objeto de garantizar la seguridad jurídica. ( 9 )

34. El artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003, incluido en el capítulo II de este, es el eje de las normas de competencia internacional previstas por el Reglamento en materia de divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial. El artículo 3, apartado 1, letras a) y b), del citado Reglamento prevé varios criterios para determinar la competencia, entre los cuales, como ha señalado el Tribunal de Justicia, «no establece ninguna jerarquía». ( 10 ) El concepto de «residencia habitual» figura en los seis primeros criterios de competencia que enumera el artículo 3, apartado 1, letra a), ( 11 ) de ese mismo Reglamento. ( 12 ) Un séptimo criterio, el relativo a la «nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicile” común», figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003. El concepto de «residencia habitual» es, por tanto, la piedra angular de las normas de competencia internacional en cuestiones matrimoniales. Este concepto también se recoge en los artículos 6 y 7, ( 13 ) así como en el artículo 8, de dicho Reglamento, que también son pertinentes para el presente asunto. ( 14 )

35. Sin embargo, he de señalar que el concepto de «residencia habitual», aun siendo crucial para que los órganos jurisdiccionales competentes puedan pronunciarse sobre las demandas de divorcio y sobre las cuestiones relativas a la responsabilidad parental respecto de los hijos, ( 15 ) no se encuentra definido en el artículo 2 del Reglamento n.o 2201/2003. ( 16 ) Así pues, en la medida en que el legislador de la Unión no previó la remisión al ordenamiento jurídico de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance del concepto de «residencia habitual» a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, debe entenderse que se trata de un concepto autónomo y uniforme del Derecho de la Unión. Este enfoque halla respaldo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del concepto de «residencia habitual» de un menor en el sentido del artículo 8 ( 17 ) y, más recientemente, del concepto de «residencia habitual» de un cónyuge en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), de ese mismo Reglamento. ( 18 )

36. Por lo que se refiere a la interpretación de este concepto autónomo en el contexto específico del presente asunto, es preciso, dado el silencio del Reglamento n.o 2201/2003 en cuanto a su definición, tener en consideración las disposiciones que lo mencionan y los objetivos del Reglamento. ( 19 ) No obstante, antes expondré varios elementos de análisis de la redacción del artículo 3, apartado 1, letra a), del citado Reglamento basándome en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.

1) Interpretaciones literal, histórica, contextual y teleológica del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003

37. En primer lugar, he de señalar que, en la sentencia IB, el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que, en el contexto de la determinación de la residencia habitual de los cónyuges, varias disposiciones del Reglamento n.o 2201/2003, y en particular su artículo 3, apartado 1, letra a), mencionan la expresión «residencia habitual» en singular y no en plural. En efecto, el citado Reglamento «se refiere a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de “la residencia habitual” de uno u otro de los cónyuges o del menor, según el caso, empleando sistemáticamente el singular, sin considerar que una misma persona pueda tener simultáneamente varias residencias habituales o una residencia habitual en una pluralidad de lugares». ( 20 )

38. De ello se desprende, en principio, que no puede aceptarse que la residencia habitual de los cónyuges pueda estar situada simultáneamente en dos Estados miembros o, como en el presente asunto, en un Estado miembro y en un tercer Estado. Este elemento de interpretación, que retomaré más adelante en mi análisis, ( 21 ) me parece importante como punto de partida para determinar la residencia habitual de los cónyuges en una situación como la que es objeto de examen en el procedimiento principal.

39. En segundo lugar, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el contexto de la interpretación de las disposiciones del Reglamento n.o 2201/2003 relativas a la responsabilidad parental, en particular su artículo 8, ( 22 ) que, por una parte, del uso del adjetivo «habitual» puede inferirse cierta estabilidad o regularidad de la residencia, y que, por otra, el traslado por una persona de su residencia habitual a un Estado miembro (o un tercer Estado) refleja la voluntad de dicha persona de fijar en él, con la intención de conferirle un carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses. ( 23 ) Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha considerado que, para establecer el lugar de la residencia habitual de un menor, es importante determinar el lugar en que sus padres están presentes de manera estable y se encuentran integrados en un entorno social y familiar. En este contexto, también puede tenerse en consideración la intención de establecerse en ese lugar, cuando esta es expresada a través de circunstancias externas. ( 24 )

40. En tercer lugar, estas consideraciones no solo vienen corroboradas por el Informe Borrás, ( 25 ) sino también por el objetivo que persigue el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003. ( 26 ) En efecto, las normas de competencia establecidas en la citada disposición consisten en garantizar un equilibrio entre la movilidad de las personas dentro de la Unión y la seguridad jurídica. ( 27 )

41. Por lo tanto, para que se considere que la residencia en un lugar determinado es «habitual», debe tener un elemento objetivo («estabilidad» o «regularidad») y un elemento subjetivo, la intencionalidad («voluntad»). Al ser de carácter fundamentalmente fáctico la apreciación que de estos elementos debe efectuar el órgano jurisdiccional, este debe tener en cuenta el conjunto de circunstancias de hecho que son particulares del caso que nos ocupa. ( 28 ) En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha establecido una serie de criterios que permiten determinar el lugar de la residencia habitual de la persona de que se trate. En las consideraciones que siguen, únicamente haré referencia a aquellos que me parecen pertinentes para el presente asunto.

2) Elemento objetivo y elemento subjetivo

i) Estabilidad o regularidad

42. En cuanto al elemento objetivo, he de recordar que, de las diversas circunstancias determinantes para establecer el lugar de residencia habitual de un cónyuge o de los cónyuges, reviste especial importancia el entorno de la persona de que se trate. ( 29 ) Ciertamente, el entorno de un adulto está compuesto de un espectro de actividades y de intereses, en particular, profesionales, socio-culturales, patrimoniales y de índole privada y familiar diversificados, y, según el Tribunal de Justicia, no se exige que estos intereses se concentren en el territorio de un solo Estado miembro. ( 30 ) Si bien el sistema de reparto de competencias establecido por el Reglamento n.o 2201/2003 en materia de disolución del matrimonio no pretende excluir las competencias múltiples, me parece importante señalar que, en la sentencia IB, ( 31 ) el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que «admitir que un cónyuge pueda residir simultáneamente de manera habitual en varios Estados miembros podría menoscabar la seguridad jurídica, incrementando las dificultades para determinar de antemano los órganos jurisdiccionales que pueden pronunciarse sobre la disolución del matrimonio y haciendo más compleja la verificación, por parte del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, de su propia competencia». En efecto, siguiendo al Abogado General Campos Sánchez-Bordona, el Tribunal de Justicia precisó que «el riesgo sería entonces que la competencia internacional no se determinara finalmente por el criterio de la“residencia habitual”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003, sino por un criterio basado en la simple residencia de uno u otro de los cónyuges, lo que infringiría dicho Reglamento». ( 32 )

43. De ello se deduce, en mi opinión, que, aun cuando no se excluye que un cónyuge pueda disponer simultáneamente de varias residencias simples, este solo puede tener, en un momento dado, una sola residencia habitual, en el sentido de dicha disposición. ( 33 )

44. Además, procede recordar que, según el Tribunal de Justicia, la residencia habitual de una persona corresponde al lugar en que se sitúa su centro de vida. ( 34 ) Así, pueden tenerse en cuenta circunstancias relativas al empleo, como la duración de la comisión de servicio o la posibilidad de prolongarla, y en particular que la actividad profesional desarrollada por esa persona en un lugar determinado se inscriba en el marco de una relación laboral de duración indefinida. En cambio, no pueden considerarse circunstancias determinantes las estancias que la persona en cuestión haya efectuado durante sus vacaciones o períodos festivos en el territorio del Estado miembro del que es originaria. ( 35 )

45. En el presente asunto, del auto de remisión se desprende que los cónyuges y sus hijos están en Togo desde febrero de 2015 y, por tanto, que su residencia en ese Estado es en cierta medida duradera, continua y permanente. En efecto, su presencia física permanente en Togo salvo en sus días de descanso o durante los períodos vacacionales es un hecho reconocido por el tribunal remitente. Me parece importante precisar que del auto de remisión se desprende que, tras su separación, ninguno de los cónyuges se ha trasladado a su Estado miembro.

46. A este respecto, no cabe duda de que la estancia de los cónyuges en Togo está directamente vinculada al desempeño de sus funciones como agentes contractuales de la Unión y que dicha estancia puede variar en función de tales funciones y de las necesidades de la Comisión. Sin embargo, de las observaciones escritas de la Comisión se desprende que, según la información que recibió del Servicio Europeo de Acción Exterior, las partes del procedimiento principal están contratadas por duración indefinida y no ocupan puestos sujetos a rotación en Bruselas. ( 36 )

47. En consecuencia, las circunstancias que la demandante en el procedimiento principal mencionó durante la vista, a saber, que reside en España durante sus períodos de descanso o festivos o que se desplazó a dicho Estado miembro para dar a luz a sus dos hijos, no permiten inferir que los cónyuges o, al menos, la demandante en el procedimiento principal residan habitualmente en ese Estado miembro de forma estable, continua y permanente.

ii) Voluntad o intencionalidad

48. Por lo que se refiere al elemento subjetivo, como señaló la Comisión en sus observaciones escritas, del auto de remisión no se desprende claramente que los cónyuges hayan manifestado su intención de mantener el centro permanente o habitual de sus intereses en España. Con excepción de la nacionalidad de la demandante en el procedimiento principal y de su residencia habitual anterior en España, ( 37 ) dicho auto de remisión no proporciona elemento alguno del que se pueda inferir que exista, en el procedimiento principal, otro posible criterio de vinculación que permita considerar que la residencia habitual de ambos cónyuges, o al menos de uno de ellos, está situada en dicho Estado miembro.

49. Ahora bien, en una situación como la que es objeto de examen en el procedimiento principal, cabe preguntarse cuál es el elemento que prevalece cuando existe un conflicto entre el elemento objetivo (presencia física, centro permanente de intereses en un lugar determinado) y el elemento subjetivo (voluntad de regresar al Estado miembro de origen).

50. A este respecto, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, la Comisión explicó, en relación con los puestos en una delegación de la Unión, como la de Togo, que la presencia física es obligatoria y que la provisión de tales puestos se efectúa sobre la base de la presentación voluntaria de su candidatura por las personas interesadas. ( 38 ) Además, dicha institución señaló que, en el presente asunto, la intención de los cónyuges de instalarse en España una vez hubiera concluido su misión en Togo era un elemento hipotético que no podía tenerse en cuenta para determinar su lugar de residencia habitual.

51. Comparto esta posición. En efecto, en algunos casos excepcionales, cabría considerar, teniendo en cuenta elementos tangibles o signos externos, ( 39 ) que la intención de uno o de ambos cónyuges de establecerse en otro Estado miembro o de regresar al Estado miembro de origen, adquiriendo una nueva «residencia habitual» y abandonando la anterior, podría completar o sustituir determinados elementos, como la duración, la regularidad o la constancia de una presencia física, que adjetivan, normalmente, al concepto de «residencia habitual». ( 40 ) Sin embargo, la mera intención de regresar al Estado de origen al término de una estancia profesional en otro Estado miembro o en un tercer Estado no modifica en modo alguno el lugar en que se sitúa en el momento concreto la residencia habitual de la persona de que se trate. En cualquier caso, en una situación como la que se examina en el procedimiento principal no existe conflicto entre el elemento objetivo y el elemento subjetivo.

52. En consecuencia, a la luz de todos estos elementos, procede considerar, por una parte, que la residencia de los cónyuges en el territorio de Togo es, en principio, de carácter continuo y estable, ( 41 ) y, por otra, que sus intereses profesionales, así como los de naturaleza privada y familiar, se encuentran en dicho Estado. Si bien me inclino a considerar que estos elementos dan a priori a entender que la residencia habitual no se sitúa en España y que el centro de vida de los cónyuges podría encontrarse en Togo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el conjunto de circunstancias de hecho particulares del caso de autos permite efectivamente considerar que los cónyuges no tienen su residencia habitual en España. ( 42 )

b) Sobre el concepto de «residencia habitual» en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009

53. En los litigios relativos a obligaciones de alimentos, la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales viene determinada por las normas de competencia que figuran en el Reglamento n.o 4/2009. ( 43 ) A este respecto, procede señalar que este Reglamento establece un sistema completo de normas de competencia judicial internacional en el marco de las cuales el legislador de la Unión estableció, en el artículo 3 del citado Reglamento, una serie de criterios alternativos, en función en particular de razones procesales de proximidad. ( 44 ) Así, el referido artículo otorga la competencia al órgano jurisdiccional (o los órganos jurisdiccionales) del lugar donde tengan su residencia habitual, o bien el demandado [ya sea el acreedor o el deudor [letra a)], o bien el acreedor [letra b)]].

54. En este contexto, surge la cuestión de si la definición de este concepto de «residencia habitual» debe ser la misma en el contexto del Reglamento n.o 2201/2003 y en el del Reglamento n.o 4/2009.

55. Me parece que la respuesta es evidentemente afirmativa.

56. En efecto, para la aplicación coherente y uniforme del Derecho de la Unión, es preciso adoptar una definición y una interpretación del concepto de «residencia habitual» orientadas por los mismos principios en el contexto de ambos Reglamentos. ( 45 ) Sin embargo, esta definición puede ser matizada a fin de determinar la residencia habitual en casos concretos. He de recordar que, al ser el concepto de «residencia habitual» y su interpretación en el marco del Reglamento n.o 4/2009, así como en el del Reglamento n.o 2201/2003, autónomos, el significado y el alcance de este concepto deben determinarse a la luz del contexto de las disposiciones y del objetivo del citado Reglamento, en particular el que se expone en su considerando 15. Según este considerando, los criterios de competencia propios de los litigios relativos a las obligaciones de alimentos fueron establecidos con miras a cumplir dos objetivos, a saber, salvaguardar los intereses de los acreedores ( 46 ) y favorecer una buena administración de justicia. ( 47 )

57. En consecuencia, me parece pertinente aplicar en el contexto del Reglamento n.o 4/2009 la definición que ofrece el Reglamento n.o 2201/2003 del concepto de «residencia habitual», habida cuenta también de los estrechos vínculos existentes entre ambos Reglamentos. En efecto, teniendo en consideración las particularidades, el objetivo y el contexto del Reglamento n.o 4/2009, considero que los indicios o los factores, tanto objetivos (la estabilidad, la regularidad de la residencia y la integración de la persona de que se trate en un entorno social y familiar) como subjetivos (la intención de esa persona de fijar su residencia habitual en un lugar determinado), que permiten determinar, a la luz de las circunstancias del caso concreto, la residencia habitual en el sentido del Reglamento n.o 2201/2003 ( 48 ) también deben guiar al órgano jurisdiccional nacional a la hora de identificar la residencia habitual del deudor, el acreedor o el solicitante de alimentos en virtud del Reglamento n.o 4/2009. ( 49 ) Ciertamente, se trata, en la práctica, de la misma residencia habitual.

58. Esta interpretación se ve corroborada por el Informe explicativo sobre el Protocolo de La Haya, redactado por Andrea Bonomi, ( 50 ) que afirma, en el punto 37, que la razón de ser de la conexión con la ley del Estado de residencia habitual del acreedor «es que permite determinar la existencia y el importe de la obligación alimenticia teniendo en cuenta las condiciones jurídicas y el ámbito social del país donde el acreedor vive y ejerce esencialmente sus actividades». A este respecto, dicho Informe indica también, en el punto 42, que «el criterio adoptado es el de residencia habitual, lo que implica una cierta estabilidad. Una simple residencia de carácter temporal no es suficiente para determinar la ley aplicable a la obligación alimenticia».

59. A la luz de mi análisis del concepto de «residencia habitual», del que se desprende que la residencia habitual de los cónyuges no parece estar situada en un Estado miembro, queda aún por examinar si la condición de agentes diplomáticos de la Unión reconocida a los cónyuges en Togo puede incidir en la determinación de la residencia habitual de los cónyuges en una situación como la que es objeto de examen en el procedimiento principal.

2. Sobre el alcance de la condición de agentes diplomáticos de la Unión en el Estado en el que se sitúa la residencia habitual de los cónyuges a efectos de la aplicación del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003

60. El Gobierno español considera que, en virtud del Reglamento n.o 2201/2003, la competencia para conocer de la demanda de divorcio recae sobre los órganos jurisdiccionales del territorio en el que se encuentra la residencia habitual de los cónyuges. Sin embargo, basándose en el considerando 14 del citado Reglamento, entiende que, si dichos órganos jurisdiccionales no pueden ejercer su competencia debido a que los cónyuges tienen la condición de agentes diplomáticos por ser agentes contractuales de la Unión, esta competencia debe determinarse por las normas vigentes en el Estado miembro en el que las personas de que se trata no gocen de ese estatuto, con arreglo a la ley del foro, a saber, el artículo 40 del Código Civil español. En efecto, dicho Gobierno indica que, en virtud del artículo 31, apartado 1, del Convenio de Viena, aplicable en Togo, los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de la jurisdicción civil del Estado receptor. Por lo tanto, según el Gobierno español, el reconocimiento de tal estatus diplomático impide aplicar el criterio de residencia habitual de los cónyuges como determinante de la competencia judicial internacional para conocer de la demanda de divorcio.

61. El Gobierno checo se limita a afirmar que una persona destinada en un tercer Estado como agente diplomático conserva su residencia habitual en el Estado miembro en el que residía antes de que le fuera asignada esa misión.

62. En cambio, la Comisión considera que el hecho de que los cónyuges tengan la condición de agentes de la Unión y estén, por este motivo, destinados en un tercer Estado no debe tener especial trascendencia en la apreciación de su lugar de residencia habitual. En su opinión, y contrariamente a la posición propugnada por el Gobierno español, el considerando 14 del Reglamento n.o 2201/2003 no es pertinente para el procedimiento principal. Sostiene que, al no gozar los cónyuges de inmunidad diplomática en ningún Estado miembro, su estatuto diplomático no es un elemento pertinente para determinar si, como agentes de la Unión, tienen su residencia habitual en el Estado de destino.

63. En primer lugar, he de señalar que no se desprende de la interpretación ni del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003 ni del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009 que la categoría profesional de agentes contractuales de la Unión de los cónyuges pueda ser pertinente a efectos de determinar su residencia habitual.

64. En segundo lugar, procede observar que el considerando 14 del Reglamento n.o 2201/2003 establece que «los efectos del presente Reglamento no deben afectar a la aplicación del Derecho internacional público en materia de inmunidad diplomática. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento no puede ejercer su competencia debido a la existencia de una inmunidad diplomática con arreglo al Derecho internacional, la competencia debe determinarse en el Estado miembro en el que la persona de que se trate no goce de inmunidad, con arreglo a la legislación de ese Estado».

65. Debo señalar que este considerando confirma que, en virtud del Derecho internacional, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden ejercer sus competencias si la persona de que se trata tiene reconocido el estatuto diplomático en ese Estado miembro. No obstante, aun en el supuesto de que esta persona gozara de inmunidad diplomática, habría de dilucidarse hasta qué punto la existencia de esa inmunidad diplomática puede excluir la competencia de los órganos jurisdiccionales togoleses. Sin embargo, tal no es el caso en el presente asunto.

66. Dicho esto, comparto la opinión de la Comisión de que el referido considerando no es pertinente para el procedimiento principal. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que los agentes contractuales tienen en su país de destino la condición de agentes diplomáticos de la Unión. ( 51 ) Sin embargo, en los Estados miembros de la Unión, tienen la condición de agentes de la Unión. Por consiguiente, los cónyuges no gozan de inmunidad diplomática, en el sentido del artículo 31 del Convenio de Viena, en ningún Estado miembro. Por otro lado, la Comisión indicó, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, que la inmunidad diplomática de que gozan los cónyuges en Togo tiene por objeto proteger a los funcionarios o al personal de la Delegación en el ejercicio de sus funciones.

3. Conclusión provisional

67. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, estimo que la condición de agentes contractuales de la Unión de los cónyuges en un tercer Estado no es un elemento importante para determinar la residencia habitual, ( 52 ) ya sea en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 2201/2003 o en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

68. En vista de la respuesta que propongo que se dé a la primera cuestión prejudicial, no es necesario examinar la segunda. Por lo tanto, me limitaré a indicar que, evidentemente, la condición de agentes contractuales de la Unión de los cónyuges en un tercer Estado tampoco afecta a la determinación de la residencia habitual de los hijos menores, en el sentido del artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003.

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

69. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si es posible tener en consideración criterios como la nacionalidad de la madre, el hecho de que esta residiera en un Estado miembro antes de contraer matrimonio, la nacionalidad de los hijos menores y su nacimiento en dicho Estado miembro a efectos de la determinación de la residencia habitual de los menores en el sentido del artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003.

70. En primer lugar, he de recordar que, por lo que respecta a la residencia habitual de los menores en los litigios relativos a la responsabilidad parental, el artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003 no contiene una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance del concepto de «residencia habitual»; por lo tanto, «debe hacerse dicha determinación a la vista del contexto de las disposiciones y del objetivo [de dicho] Reglamento, en particular, del que resulta de su [considerando 12], según el cual las normas de competencia que establece dicho Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad». ( 53 )

71. En segundo lugar, según el Tribunal de Justicia, la residencia habitual del menor debe determinarse sobre la base de un conjunto de circunstancias de hecho que son particulares en cada caso. ( 54 ) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha enunciado una serie de factores que permiten al juez nacional realizar esta determinación.

72. Para empezar, el Tribunal de Justicia considera, por una parte, que la determinación de la residencia habitual de un menor en un Estado miembro específico requiere, como mínimo, que el menor haya estado físicamente presente en ese Estado miembro ( 55 ) y, por otra parte, que deben tenerse en cuenta otros factores que puedan indicar que dicha presencia no tiene en absoluto carácter temporal u ocasional y que la residencia del menor se traduce en una determinada integración en un entorno social y familiar. ( 56 )

73. A continuación, precisa que la residencia habitual del menor, en el sentido del Reglamento n.o 2201/2003, corresponde al «lugar en que se encuentra, en la práctica, su centro de vida» en la fecha de interposición de la demanda relativa a la responsabilidad parental respecto del menor, incumbiendo al órgano jurisdiccional que conoce del asunto determinar la ubicación de ese centro de vida. ( 57 ) En este contexto, pueden tenerse en cuenta, con carácter general, factores como la duración, la regularidad, las condiciones y las razones de la permanencia en el territorio del Estado miembro de que se trate (o, como sucede en el presente asunto, de un tercer Estado), ( 58 ) el lugar y las condiciones de escolarización, y las relaciones familiares y sociales del menor en dicho Estado miembro (o tercer Estado). ( 59 )

74. Por último, como he recordado en el punto 39 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia precisa que, para determinar el lugar de residencia habitual de un menor, es importante averiguar el lugar en que sus padres están presentes de manera estable y se encuentran integrados en un entorno social y familiar. En este contexto, también puede tenerse en consideración la intención de establecerse en ese lugar, cuando esta es expresada a través de circunstancias externas. ( 60 )

75. En el presente asunto, del auto de remisión se desprende que los hijos nacieron respectivamente en 2007 y 2012 en España y que poseen la doble nacionalidad española y portuguesa. Por otro lado, los padres residieron entre agosto de 2010 y febrero de 2015 en Guinea-Bisáu y a continuación se trasladaron a Togo, donde aún residen en la fecha actual. En efecto, como ya he señalado, el órgano jurisdiccional remitente indica claramente que, tras la separación de hecho de los padres, los hijos no se han trasladado. Por consiguiente, el lugar donde se sitúa, en la práctica, el «centro de vida» de estos menores no parece ser España.

76. El órgano jurisdiccional nacional no puede tener en consideración únicamente criterios como la nacionalidad española de la madre y de los dos hijos menores y el hecho de que estos nacieran o pasen las vacaciones en España para considerar que la residencia habitual de los menores se sitúa en este Estado miembro. ( 61 )

77. Por lo tanto, procede considerar que la residencia habitual de los menores, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, no se encuentra en España, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente sobre la base del conjunto de circunstancias de hecho propias del caso de autos.

78. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo responder a la tercera cuestión prejudicial que no es posible tener en consideración únicamente criterios como la nacionalidad de la madre, el hecho de que esta residiera en un Estado miembro antes de contraer matrimonio, la nacionalidad de los hijos menores y su nacimiento en dicho Estado miembro a efectos de la determinación de la residencia habitual de los menores en el sentido del artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003.

D. Sobre la cuarta cuestión prejudicial

79. Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si la circunstancia de que el demandado en el procedimiento principal sea nacional de un Estado miembro impide la aplicación de la cláusula residual de los artículos 7 y 14 del Reglamento n.o 2201/2003. Estas dudas se suscitan debido a que, según dicho órgano jurisdiccional, a juicio de una parte de la doctrina, el artículo 6 del citado Reglamento puede impedir la aplicación de sus artículos 7 y 14 y, en consecuencia, la de las leyes internas sobre determinación de competencia en materia de divorcio y responsabilidad parental.

80. En cambio, el Gobierno español sostiene en sus observaciones escritas que el hecho de que el padre de los menores sea nacional de un Estado miembro no puede impedir la aplicación de los artículos 7 y 14 del Reglamento n.o 2201/2003.

1. Competencia residual en materia de divorcio: la articulación de los artículos 6 y 7 del Reglamento n.o 2201/2003, una doble solución jerarquizada

81. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 dispone que «si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado». Si bien esta disposición, considerada aisladamente, parece permitir que los cónyuges que tienen su residencia habitual fuera de la Unión y que poseen nacionalidades distintas dispongan de un foro subsidiario sobre la base de las normas nacionales de competencia jurisdiccional, ( 62 ) su ámbito de aplicación está limitado por el artículo 6 de dicho Reglamento. En efecto, de la interpretación del artículo 6, en relación con el artículo 7, del referido Reglamento se desprende que este únicamente permite aplicar las normas internas de competencia en determinadas condiciones destinadas a proteger al demandado. ( 63 )

82. Para empezar, conforme al artículo 6 del Reglamento n.o 2201/2003, un cónyuge que tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro o bien sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, tenga su «domicile» en el territorio de uno de estos dos Estados miembros, solo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos 3, 4 y 5 de dicho Reglamento. ( 64 )

83. A continuación, por lo que respecta en particular al artículo 6, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003, de una interpretación literal de esta disposición se desprende que la elección realizada por el legislador de la Unión de utilizar los términos «otro Estado miembro» implica que se trata de un Estado miembro distinto del de la nacionalidad del cónyuge. Por consiguiente, en mi opinión, debe rechazarse una interpretación restrictiva del artículo 6 del citado Reglamento según la cual, en el supuesto de que sean nacionales de un Estado miembro pero no tengan su residencia habitual en un Estado miembro, los cónyuges carecen de foro en virtud del Reglamento n.o 2201/2003.

84. En efecto, tal interpretación no solo sería completamente contraria a la lógica, sino también al tenor inequívoco del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, cuya aplicación depende de si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente en virtud de los artículos 3 a 5 de dicho Reglamento. ( 65 ) ¿Cuál sería en tal caso la ratio legis de una disposición que no atribuye la competencia judicial a al menos uno de los Estados miembros, siendo sus efectos únicamente excluyentes?

85. Además, tal interpretación sería contraria a la finalidad perseguida por el Reglamento n.o 2201/2003. A este respecto, he de recordar que el considerando 1 del citado Reglamento hace referencia a la creación de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, «en el que se garantiza la libre circulación de personas». En relación con este objetivo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el Reglamento tiene por objeto establecer normas de conflicto uniformes en materia de divorcio para garantizar que la libre circulación de personas sea lo más amplia posible. ( 66 ) Por último, procede recordar que este mismo Reglamento también tiene por objeto promover el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. ( 67 )

86. La interpretación no restrictiva que defiendo también se encuentra respaldada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en su sentencia dictada en el asunto Sundelind López, ( 68 ) que, habida cuenta del carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3 a 5 del Reglamento n.o 2201/2003, un demandado que tiene su residencia habitual en un Estado miembro o es nacional de un Estado miembro solo puede ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de dichos artículos —lo que, por tanto, excluye la aplicación de las normas de competencia establecidas en el Derecho nacional—. ( 69 )

87. Por último, según la doctrina, el artículo 6 del Reglamento n.o 2201/2003 implica que, cuando una persona es nacional de un Estado miembro pero no tiene su residencia habitual en un Estado miembro, únicamente puede ser requerida ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional si este último puede declararse competente en virtud del artículo 3 de este mismo Reglamento. ( 70 ) Ciertamente, determinados autores consideran que los artículos 6 y 7 del referido Reglamento establecen en materia de divorcio una jerarquía de las normas de competencia de la que resulta, en esencia, una doble solución. Por una parte, si uno de los criterios de competencia del Reglamento n.o 2201/2003 permite atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, la disposición de dicho Reglamento relativa a ese criterio es aplicable con exclusión de toda norma nacional, cualesquiera que sean los demás elementos de vinculación. Por otra parte, las normas nacionales son aplicables si ningún órgano jurisdiccional goza de competencia en virtud de una disposición del referido Reglamento, aun cuando no sean oponibles a los nacionales de los Estados miembros o a las personas domiciliadas en el territorio de los Estados miembros. ( 71 )

88. Pues bien, en el presente asunto, los cónyuges no comparten la nacionalidad de un Estado miembro y parecen tener su residencia habitual en un tercer Estado. En cualquier caso, del auto de remisión se desprende que la demandante en el procedimiento principal no tiene su residencia habitual en Portugal y no posee la nacionalidad portuguesa. Además, como ya he señalado en el punto 52 de las presentes conclusiones, todo parece indicar que la residencia habitual de dicha demandante no se sitúa en España. Por consiguiente, la demandante en el procedimiento principal no puede, prevaliéndose de la cláusula residual prevista en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, incoar un procedimiento de divorcio en España contra su cónyuge, de nacionalidad portuguesa, en la medida en que el artículo 6 del citado Reglamento impide que el esposo sea requerido ante el órgano jurisdiccional remitente en virtud de las normas de competencia residual previstas por el Derecho español.

89. Sin embargo, la demandante en el procedimiento principal podría, como sugiere la Comisión, incoar un procedimiento de divorcio en Portugal.

90. En tal caso, cabe preguntarse cuál sería la situación de un cónyuge en caso de que las normas de competencia del Estado miembro del que es nacional no contemplen una competencia residual a la luz del Reglamento n.o 2201/2003. En efecto, en tal caso, ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sería competente en virtud del Reglamento. Retomaré esta cuestión en mi examen de la sexta cuestión prejudicial. ( 72 )

91. Por todos estos motivos, propongo que se responda a esta cuestión que, por lo que respecta a la demanda de divorcio, si el órgano jurisdiccional requerido no puede basar su competencia en los artículos 3 a 5 del Reglamento n.o 2201/2003, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, el artículo 6 de dicho Reglamento impide la aplicación de la cláusula de competencia residual prevista en el artículo 7, apartado 1, de este y, en consecuencia, el demandado, nacional de un Estado miembro, solo puede ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro. ( 73 )

2. Competencia residual en materia de responsabilidad parental

92. El artículo 14 del Reglamento n.o 2201/2003 establece que «si de los artículos 8 a 13 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado».

93. En cuanto a la articulación entre el artículo 8 y el artículo 14 del Reglamento n.o 2201/2003, el Tribunal de Justicia ha destacado que el hecho de que un litigio planteado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no esté comprendido, en principio, en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, del citado Reglamento no se opone necesariamente a que dicho órgano jurisdiccional sea competente para conocer de ese litigio por otro motivo. ( 74 ) Según el Tribunal de Justicia, el referido Reglamento establece un mecanismo que permite a los Estados miembros proteger los intereses de los menores incluso cuando se trata de litigios no comprendidos en el ámbito de aplicación de esta última disposición. En tal caso, el artículo 14 del mismo Reglamento precisa que los Estados miembros pueden, de manera residual, atribuir la competencia a sus órganos jurisdiccionales en virtud de su Derecho nacional. ( 75 )

94. En el presente asunto, el artículo 14 del Reglamento n.o 2201/2003 permite al órgano jurisdiccional requerido aplicar sus propias normas de competencia, incluidas las que le atribuyen jurisdicción sobre la base de la nacionalidad del menor, para establecer su propia competencia, aun cuando el demandado sea nacional de otro Estado miembro, ya que el artículo 6 de este Reglamento solo se aplica a las demandas de divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial. ( 76 )

95. En resumen, del examen de los artículos 6, 7 y 14 del Reglamento n.o 2201/2003 resulta que es posible que la competencia internacional en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental sea atribuida a órganos jurisdiccionales diferentes. Es cierto que la pluralidad de foros, que es conforme con el favor divortii que inspira los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Estados miembros, favorece la fragmentación de los litigios en materia de divorcio. Cabe preguntarse entonces si el interés superior del menor no se vería comprometido por esta fragmentación.

96. No lo creo. Por lo que se refiere a los menores, los criterios de competencia previstos en el Reglamento n.o 2201/2003 respecto a las medidas que afectan a dichos menores son distintos de los que se aplican en relación con las demandas de divorcio, de modo que un mismo órgano jurisdiccional solo puede reunir la competencia para conocer de ambas acciones si concurren circunstancias favorables o el consentimiento de los cónyuges. ( 77 ) Así, el artículo 12, apartado 3, del citado Reglamento permite a los cónyuges evitar la fragmentación del litigio. Según la referida disposición, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tienen igualmente competencia en materia de responsabilidad parental en procedimientos distintos de los contemplados en el artículo 12, apartado 1, del mismo Reglamento, por una parte, cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual o porque el menor sea nacional de dicho Estado miembro, y, por otra parte, cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del menor. ( 78 ) La antedicha disposición permite, por consiguiente, a los cónyuges aceptar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del divorcio, siempre que esta elección redunde en el interés superior del menor. ( 79 )

97. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo que se concluya que, por lo que respecta a la responsabilidad parental, si el órgano jurisdiccional requerido no es competente en virtud de los artículos 8 a 13 del Reglamento n.o 2201/2003, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, se aplica el artículo 14 de dicho Reglamento independientemente tanto del lugar en el que tengan su residencia habitual los menores como de la nacionalidad del demandado.

E. Sobre la quinta cuestión prejudicial

98. Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance del forum necessitatis a que se refiere el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009 a los efectos de determinar los alimentos de los hijos. Más concretamente, dicho órgano jurisdiccional se pregunta qué criterios permiten determinar que un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación. En tal caso, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber asimismo si es necesario que se acredite que es imposible llevar a cabo el procedimiento en ese tercer Estado y si basta la nacionalidad de alguno de los litigantes para considerar que existe una conexión suficiente con un Estado miembro.

99. Para responder a esta cuestión, es necesario examinar el alcance del forum necessitatis a que se refiere el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009.

1. Sobre el alcance del forum necessitatis a que se refiere el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009

100. El artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 4/2009 establece, por una parte, que, cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4, 5 y 6, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación, y, por otra parte, que el litigio debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él.

101. Así, para que se admita el forum necessitatis en materia de obligaciones alimenticias, es preciso que no exista ningún tribunal competente en otro Estado miembro. En otras palabras, dado su carácter residual, ( 80 ) este foro solo se aplica en los casos de conflicto negativo de competencia dentro de la Unión.

a) Sobre la falta de competencia en un Estado miembro en virtud de los artículos 3 a 6 del Reglamento n.o 4/2009

102. Para determinar si es aplicable el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009, el juez debe comprobar que en el litigio que se le ha planteado no se aplica ninguno de los criterios de competencia establecidos en los artículos 3 a 6 del citado Reglamento.

103. En primer lugar, por lo que respecta a los criterios de competencia alternativos y no jerarquizados previstos en el artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009, el juez ante el que se ha planteado el asunto debe establecer que ni el demandante ni el demandado tienen su residencia habitual en un Estado miembro. De ser así, debe comprobar además que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, letras c) y d), del mismo Reglamento. En efecto, estas dos disposiciones, que regulan la concentración de litigios, indican que son competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos, o bien el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción principal relativa al estado de las personas, cuando la demanda relativa a los alimentos sea accesoria [letra c)], o bien el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro cuando la demanda sea accesoria de una acción relativa a la responsabilidad parental [letra d)] (en este caso, en interés del menor), salvo si la competencia, en cualquiera de estos supuestos, se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.

104. A este respecto, quisiera recordar que el Tribunal de Justicia, en su sentencia dictada en el asunto A, ( 81 ) interpretó el artículo 3, letras c) y d), del Reglamento n.o 4/2009 aclarando, entre otras cosas, la relación entre los criterios de competencia que contiene. Destacando la necesidad de tener en cuenta el interés superior del menor al interpretar las normas de competencia establecidas en la citada disposición, el Tribunal de Justicia declaró que esta última debe interpretarse en el sentido de que, cuando se han ejercitado acciones ante dos órganos jurisdiccionales, una relativa a la separación de los cónyuges o a la ruptura del vínculo conyugal entre cónyuges padres de hijos menores y otra relativa a la responsabilidad parental de dichos hijos, la demanda relativa a una obligación de alimentos a favor de estos últimos «solo puede considerarse accesoria a la acción en materia de responsabilidad parental». ( 82 )

105. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si se constata que, en las circunstancias del procedimiento principal, el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la acción no es competente en virtud de los artículos 8 a 13 del Reglamento n.o 2201/2003 y es de aplicación el artículo 14 de este, los órganos jurisdiccionales españoles serán competentes para conocer sobre las medidas de responsabilidad parental en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 quater, letra d), de la LOPJ, ( 83 ) en atención a la nacionalidad española de la madre. ( 84 ) No obstante, he de observar que, si bien la acción relativa a la obligación de alimentos está asociada a la relativa a la responsabilidad parental, el criterio de competencia que figura en el artículo 3, letra d), del Reglamento n.o 4/2009 no es aplicable cuando la competencia en virtud de la ley del foro se basa en la nacionalidad de una de las partes. ( 85 ) En consecuencia, habida cuenta de la redacción inequívoca de la citada disposición, ( 86 ) es probable, en principio, que los órganos jurisdiccionales españoles competentes en materia de responsabilidad parental en virtud de la competencia residual prevista en el artículo 14 de dicho Reglamento no sean en cambio competentes para fijar alimentos a favor de los hijos.

106. Por lo que respecta, en segundo lugar, a los artículos 4 a 6 del Reglamento n.o 4/2009, el juez debe comprobar también que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente para conocer de la demanda relativa a la obligación de alimentos teniendo en cuenta los criterios de competencia subsidiaria establecidos en dichos artículos. A este respecto, he de señalar que del auto de remisión no se desprende que esto suceda en el presente asunto. ( 87 ) En efecto, consta que las partes en el procedimiento principal no tienen la misma nacionalidad. ( 88 )

107. De todas estas circunstancias resulta, en principio, que, en una situación como la del procedimiento principal, ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente para conocer de la demanda relativa a la obligación de alimentos. Por consiguiente, se plantea la cuestión de si, en tal caso, se cumplen los dos requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009 para que el órgano jurisdiccional remitente aplique el forum necessitatis en un caso como el de autos.

b) Sobre el requisito de que sea imposible o prácticamente imposible introducir o llevar a cabo un procedimiento en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación

108. Para empezar, ha de señalarse que, como enuncia el considerando 16 del Reglamento n.o 4/2009, el forum necessitatis previsto en el artículo 7 de este mismo Reglamento tiene por objeto remediar situaciones de denegación de justicia cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea normalmente competente.

109. El forum necessitatis permite, por tanto, en casos excepcionales, a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro conocer del litigio si un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación.

110. Por lo que se refiere, en primer término, a la estrecha relación entre el litigio y el tercer Estado, me parece, con carácter general, que cabría considerar que esa estrecha relación existe si el órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado el litigio comprueba que la residencia habitual de las partes se sitúa en el territorio de un tercer Estado, como, en el presente asunto, Togo, y los órganos jurisdiccionales de ese tercer Estado se declaran competentes con arreglo a su Derecho nacional.

111. En cuanto atañe, en segundo término, al requisito relativo a la imposibilidad de introducir o llevar a cabo el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales del tercer Estado, al que el órgano jurisdiccional remitente alude directamente en su pregunta, cabe señalar que el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009 establece dos categorías de obstáculos que justifican la aplicación del forum necessitatis por parte del órgano jurisdiccional requerido.

112. La primera categoría se refiere a la situación en la que un procedimiento en materia de alimentos resulta imposible en un tercer Estado. ( 89 ) En esta categoría cabe incluir, entre otras, la situación en la que el órgano jurisdiccional del tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación se niega a ejercer su competencia o aquella en la que se dan unas condiciones procesales abusivas. ( 90 )

113. La segunda categoría se refiere a la situación en la que un procedimiento no puede ser razonablemente introducido o llevado a cabo en un tercer Estado.

114. A este respecto, el considerando 16 del Reglamento n.o 4/2009 hace referencia a determinadas situaciones consideradas excepcionales y que pueden orientar la interpretación de este requisito. Así, el estado de necesidad puede resultar de situaciones muy graves, como una guerra civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que el solicitante introduzca o conduzca un procedimiento en un Estado tercero. ( 91 ) En este mismo sentido, el juez ante el que se plantea el litigio puede aplicar el forum necessitatis en determinadas circunstancias, como indica la Comisión, en las que se obstaculiza indebidamente el acceso a la justicia, en particular debido a unos honorarios de representación legal excesivamente elevados, una prolongación excesiva de la duración de los procedimientos, graves problemas de corrupción en el sistema judicial, o la existencia de deficiencias relativas a las garantías fundamentales de un juicio justo ( 92 ) o de deficiencias sistémicas. Ya sea de carácter procesal o coyuntural, la existencia de una imposibilidad debe ser apreciada por el juez ante el que se ha planteado el asunto a la luz de todas las circunstancias del caso.

115. Es importante señalar que, para conciliar el carácter excepcional de la aplicación del forum necessitatis con el amplio margen de apreciación de que dispone, el juez ante el que se ha planteado el asunto debe actuar con la máxima prudencia. En efecto, el forum necessitatis solo puede aplicarse en situaciones muy graves o urgentes en las que exista riesgo de denegación de justicia. A este respecto, quisiera señalar que la expectativa de que la solución contemplada por el tribunal requerido sea más favorable que la que se espera del tribunal competente con arreglo al Reglamento n.o 4/2009 ( 93 ) o la idea de remediar situaciones de denegación de justicia resultantes de una interpretación estricta de ciertas normas de atribución de competencia de dicho Reglamento no pueden justificar en modo alguno la aplicación del forum necessitatis, ( 94 ) que no es un foro alternativo, sino un foro de urgencia.

c) Sobre la existencia de una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él

116. Aunque el órgano jurisdiccional requerido considere, como en el presente asunto, que se cumple el requisito de que es imposible o prácticamente imposible introducir o llevar a cabo un procedimiento en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación, la competencia basada en el forum necessitatis solo puede ejercerse cuando el litigio tenga una «conexión suficiente» con el Estado miembro de ese órgano jurisdiccional. El considerando 16 del Reglamento n.o 4/2009 precisa que ese vínculo o conexión suficientes que exige el artículo 7 del citado Reglamento pueden existir cuando una de las partes tiene la nacionalidad del Estado del órgano jurisdiccional requerido. ( 95 )

117. A este respecto, según la doctrina, únicamente se puede constatar la existencia de tal «conexión suficiente» si resulta que las relaciones entre el litigio y el Estado miembro de los órganos jurisdiccionales ante los que este se ha planteado no son «efímeras o ilusorias». ( 96 ) Como ya expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto KP, ( 97 ) considero, con carácter general, que las normas de competencia del Reglamento n.o 4/2009 se basan en la premisa de que exista una relación entre los alimentos a los que se refiere el litigio en cuestión y el Estado cuyo foro es competente. Esta relación debería ser al menos tan estrecha que permita a ambas partes de la obligación de alimentos el prever el Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales pueden interponerse las acciones relativas a estas prestaciones.

118. También se ha de señalar que el objeto de la demanda relativa a la obligación de alimentos es normalmente de naturaleza financiera y que, desde un punto de vista pragmático, el hecho de que el deudor posea bienes en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido puede considerarse un elemento de vinculación que el juez que conoce del asunto puede tener en cuenta al apreciar la situación en cada caso. Hecha esta precisión, es oportuno, sin embargo, apuntar que el Reglamento n.o 4/2009 no pretende establecer una cobertura alimenticia universal. ( 98 )

119. En todo caso, considero que cualquier interpretación del artículo 7 del citado Reglamento debe hacerse a la luz de los artículos 24 y 47 de la Carta.

120. A este respecto, debo recordar que, según el Tribunal de Justicia, la aplicación del Reglamento n.o 4/2009 ha de llevarse a cabo de conformidad con el artículo 24, apartado 2, de la Carta, en virtud del cual, en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. ( 99 )

121. En cuanto a la interpretación del artículo 7 del Reglamento a la luz del artículo 47 de la Carta, me remito al análisis que efectuaré al abordar la sexta cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.

2. Aplicación en el presente asunto

122. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la imposibilidad o la práctica imposibilidad de introducir o llevar a cabo un procedimiento en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación, la demandante en el procedimiento principal invoca, apoyándose en diversos informes elaborados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular, la falta de capacitación adecuada y continua de los magistrados, la necesidad de reformar y reforzar el sector de la justicia, y preocupación acerca de la independencia del poder judicial en Togo, el acceso a la justicia y la existencia de prácticas discriminatorias contra la mujer. ( 100 )

123. Por consiguiente, es preciso examinar si cabe considerar pertinentes determinadas circunstancias como las invocadas por la demandante en el procedimiento principal para que el juez ante el que se ha planteado el asunto pueda apreciar si se cumplen los requisitos para aplicar el foro necessitatis previstos en el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 4/2009 y, en particular, determinar si el procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación, a saber, en el presente asunto, Togo.

124. A este respecto, me parece que el examen del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 4/2009, según se analiza en los puntos 100 a 118 de las presentes conclusiones, puede servir de orientación al órgano jurisdiccional remitente.

125. En este contexto, debo señalar que, si bien unas circunstancias como las invocadas por la demandante en el procedimiento principal pueden ser consideradas pertinentes y servir de guía al órgano jurisdiccional requerido para determinar si estas pueden justificar, en virtud del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 4/2009, la aplicación del forum necessitatis, la apreciación por dicho órgano jurisdiccional de los requisitos exigidos en la citada disposición, a la luz de los criterios mencionados en el punto 114 de las presentes conclusiones, debe basarse no solo en las circunstancias invocadas por la demandante en el litigio principal, sino también en comprobaciones basadas en información y datos objetivos. En particular, la comprobación de la existencia de dificultades relativas al acceso efectivo de las mujeres a los tribunales o de prácticas discriminatorias contra ellas en Togo ( 101 ) permitiría a dicho órgano jurisdiccional considerar que existe un riesgo de denegación de justicia y, en consecuencia, que se cumplen los requisitos para aplicar el forum necessitatis establecidos en el artículo 7 de dicho Reglamento.

126. Por otra parte, quiero precisar que la demandante en el procedimiento principal no está obligada a acreditar que ha presentado o intentado presentar un procedimiento en dicho Estado con resultado negativo. A este respecto, comparto la opinión de la Comisión en la medida en que considera que exigir a las partes que intenten presentar un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales del tercer Estado con el único fin de acreditar el estado de necesidad para aplicar el forum necessitatis sería contrario al objetivo del Reglamento n.o 4/2009, que consiste esencialmente en preservar los intereses de los acreedores de alimentos y en favorecer una buena administración de justicia.

127. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la existencia de una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido, en el sentido del artículo 7, párrafo segundo, del Reglamento n.o 4/2009, de mi análisis se desprende, en los puntos 116 a 118 de las presentes conclusiones, que la nacionalidad de una de las partes puede bastar para establecer la existencia de tal conexión.

128. En consecuencia, habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, estimo que el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009 debe ser interpretado en el sentido de que el estado de necesidad puede resultar de situaciones excepcionales, muy graves o urgentes que permitan considerar que el procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación. Estos requisitos se cumplen, en particular, cuando el órgano jurisdiccional del tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación se niega a ejercer su competencia o se dan condiciones procesales abusivas; cuando, debido a disturbios civiles o a catástrofes naturales, es peligroso acudir a determinados lugares y no puede llevarse a cabo la actividad normal del tercer Estado, y, por último, cuando se obstaculiza indebidamente el acceso a la justicia, en particular debido a unos honorarios de representación legal excesivamente elevados, una prolongación excesiva de la duración de los procedimientos, graves problemas de corrupción en el sistema judicial, o la existencia de deficiencias relativas a las garantías fundamentales de un proceso equitativo o de deficiencias sistémicas. Las partes no están obligadas, en virtud de la citada disposición, a demostrar mediante pruebas documentales la existencia de tales circunstancias.

F. Sobre la sexta cuestión prejudicial

129. Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si es contraria al artículo 47 de la Carta una situación en la que, por un lado, los cónyuges tienen relaciones estrechas con Estados miembros, atendiendo especialmente a sus respectivas nacionalidades y a su lugar de residencia anterior, y, por otro, no resulta competente ningún Estado miembro.

130. El Consejo considera, en particular, que el Reglamento n.o 2201/2003 no es contrario al artículo 47 de la Carta, aun cuando, en una situación como la que es objeto de examen en el procedimiento principal, con arreglo al criterio de residencia habitual establecido en el citado Reglamento, ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente para conocer de un procedimiento de divorcio o de responsabilidad parental entablado por cónyuges que son nacionales y antiguos residentes de Estados miembros de la Unión cuyo lugar de residencia habitual se sitúa en un Estado tercero en el momento de la incoación del procedimiento. Estima que el mero hecho de que el órgano jurisdiccional competente esté situado en un tercer Estado no puede conducir a considerar que se está privando a los interesados del derecho a la tutela judicial efectiva.

131. No comparto este planteamiento.

132. En realidad, debo indicar que no hallo, en esta cuestión, los elementos que me permitan considerar que esta se refiere a la validez del Reglamento n.o 2201/2003 o del Reglamento n.o 4/2009. En cualquier caso, es preciso interpretar las disposiciones pertinentes de estos Reglamentos antes de apreciar su validez a la luz del artículo 47 de la Carta.

133. No cabe duda de que las disposiciones del Reglamento n.o 2201/2003 y del Reglamento n.o 4/2009 relativas, por una parte, a la competencia residual prevista en los artículos 7 y 14 del primero y, por otra parte, al forum necessitatis previsto en el artículo 7 del segundo deben ser interpretadas por el juez ante el que se ha planteado el asunto a la luz del artículo 47 de la Carta.

134. En primer término, el artículo 51, apartado 1, de la Carta prevé que las disposiciones de esta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. ( 102 )

135. En segundo término, por lo que respecta al Reglamento n.o 2201/2003 en particular, las normas internas de competencia solo son aplicables si ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente con arreglo a las normas de competencia de dicho Reglamento. Estas normas internas de competencia forman parte de los criterios de atribución jerarquizada de la competencia, que comprenden las normas de competencia establecidas en los reglamentos de la Unión. En este contexto, los Estados miembros están obligados a cumplir el artículo 47 de la Carta también en las situaciones en las que sus órganos jurisdiccionales son competentes en virtud del Derecho nacional para conocer de los asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del citado Reglamento. ( 103 )

136. En el presente asunto, en particular en cuanto atañe a la competencia residual o al forum necessitatis, atendiendo al tenor del artículo 3, letra d), del Reglamento 4/2009, es probable que los órganos jurisdiccionales españoles competentes en materia de responsabilidad parental en virtud de la competencia residual del artículo 14 de dicho Reglamento no sean competentes para fijar alimentos a favor de los hijos. En ese caso, también es posible que, en lo que respecta a la demanda relativa a la obligación de alimentos, el órgano jurisdiccional requerido pueda, en virtud del artículo 7 del citado Reglamento n.o 4/2009, aplicar el forum necessitatis para conocer de tal demanda, de modo que no cabe duda no solo de que los citados artículos deben ser interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta, sino también de que, como he indicado, las normas españolas de competencia que permitirán al órgano jurisdiccional requerido ejercer su competencia deben aplicarse en observancia de dicho artículo. Por lo tanto, estas normas internas de competencia, como es, en el presente asunto, el artículo 22 quater, letra d), de la LOPJ, deben ser interpretadas a la luz del artículo 47 de la Carta a fin de evitar la denegación de justicia.

137. En tercer término, como ya he explicado, determinadas disposiciones prevén, en términos generales, la coordinación de los Reglamentos de que se trata relativos al divorcio, la responsabilidad parental o los alimentos. Así sucede, en particular, con el artículo 3, letra d), del Reglamento n.o 4/2009. En este sentido, en el supuesto de que tal coordinación no pueda llevarse a cabo debido a circunstancias particulares, como las del procedimiento principal, cabe la posibilidad de que el órgano jurisdiccional requerido sea competente en materia de responsabilidad parental, pero no en los aspectos del litigio relativos a los menores, y su falta de competencia podría resolverse mediante la aplicación del foro de necesidad «“por extensión” de un foro (en principio) razonable». ( 104 )

138. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a esta cuestión que los artículos 7 y 14 del Reglamento n.o 2201/2003, relativos a la competencia subsidiaria en materia, respectivamente, de divorcio, de separación judicial y de nulidad matrimonial, y el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009, relativo al forum necessitatis en materia de obligaciones de alimentos, deben ser interpretados por el juez ante el que se ha planteado el asunto a la luz del artículo 47 de la Carta. Las normas internas relativas a la competencia residual, incluidas las relativas al forum necessitatis, deben aplicarse en observancia de este mismo artículo.

V. Conclusión

139. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona: «1) La condición de los cónyuges de agentes contractuales de la Unión Europea en un Estado tercero no es un elemento importante para determinar la residencia habitual de los cónyuges, ya sea en el sentido de los artículos 3 y 8 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, o en el sentido del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. 2) No es posible tener en consideración únicamente criterios como la nacionalidad de la madre, el hecho de que esta residiera en un Estado miembro antes de contraer matrimonio, la nacionalidad de los hijos menores y su nacimiento en dicho Estado miembro a efectos de la determinación de la residencia habitual de los menores en el sentido del artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003. 3) Por lo que respecta a la demanda de divorcio, si el órgano jurisdiccional requerido no puede basar su competencia en los artículos 3 a 5 del Reglamento n.o 2201/2003, el artículo 6 de dicho Reglamento impide la aplicación de la cláusula de competencia residual prevista en el artículo 7, apartado 1, de este y, en consecuencia, el demandado, nacional de un Estado miembro, solo puede ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro. Por lo que se refiere a la responsabilidad parental, si el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda no es competente en virtud de los artículos 8 a 13 del Reglamento n.o 2201/2003, se aplica el artículo 14 de dicho Reglamento independientemente tanto del lugar en el que tengan su residencia habitual los menores como de la nacionalidad del demandado. 4) El artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009 debe ser interpretado en el sentido de que el estado de necesidad puede resultar de situaciones excepcionales, muy graves o urgentes que permitan considerar que el procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación. Estos requisitos se cumplen, en particular, cuando el órgano jurisdiccional del tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación se niega a ejercer su competencia o se dan condiciones procesales abusivas; cuando, debido a disturbios civiles o a catástrofes naturales, es peligroso acudir a determinados lugares y en el Estado tercero no puede llevarse a cabo la actividad ordinaria, y, por último, cuando se obstaculiza indebidamente el acceso a la justicia, especialmente de resultas de unos honorarios de representación legal excesivamente elevados, una prolongación excesiva de la duración de los procedimientos, graves problemas de corrupción en el sistema judicial, o la existencia de deficiencias relativas a las garantías fundamentales de un proceso equitativo o de deficiencias sistémicas. Las partes no están obligadas a acreditar que han presentado o intentado presentar un procedimiento en dicho Estado con resultado negativo en dicho Estado. 5) Los artículos 7 y 14 del Reglamento n.o 2201/2003, relativos a la competencia subsidiaria en materia, respectivamente, de divorcio, de separación judicial y de nulidad matrimonial, y el artículo 7 del Reglamento n.o 4/2009, relativo al forum necessitatis en materia de obligaciones de alimentos, deben ser interpretados por el juez ante el que se ha planteado el asunto a la luz del artículo 47 de la Carta. Las normas internas relativas a la competencia residual, incluidas las relativas al forum necessitatis, deben aplicarse en observancia de este mismo artículo.»

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Lagarde, P.: «Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain», Cours général de droit international privé, vol. 196, Académie de droit international de La Haye, 1986, pp. 21 a 194, en particular p. 194.

( 3 ) Reglamento del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 82, p. 63).

( 4 ) Reglamento del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1; corrección de errores en DO 2011, L 131, p. 26).

( 5 ) Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 500, p. 95.

( 6 ) BOE n.o 157, de 2 de julio de 1985, p. 20632.

( 7 ) BOE n.o 174, de 22 de julio de 2015, p. 61593; en lo sucesivo, «LOPJ».

( 8 ) DO 2016, C 202, p. 266; en lo sucesivo, «Protocolo sobre privilegios e inmunidades».

( 9 ) Sentencias de 13 de octubre de 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772), apartado 33 y jurisprudencia citada, y de 25 de noviembre de 2021, IB (Residencia habitual de un cónyuge — Divorcio) (C‑289/20, en lo sucesivo, «sentencia IB, EU:C:2021:955), apartado 31.

( 10 ) Véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), apartado 48. Estos criterios carecen de jerarquía porque la situación puede cambiar con rapidez a causa de las crisis matrimoniales.

( 11 ) De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que estos criterios son objetivos, alternativos y exclusivos y que responden a la necesidad de que exista una normativa adaptada a las necesidades específicas de los conflictos en materia de disolución del matrimonio. Sentencia IB, apartado 32. En cuanto a la elección de los criterios de competencia, la Sra. Borrás afirmó que «los foros de competencia adoptados responden a necesidades de carácter objetivo, están adaptados a los intereses de las partes, entrañan una regulación flexible, adaptada a la movilidad de las personas y, en definitiva, tratan de favorecer a las personas sin que se pierda seguridad jurídica»: Informe explicativo del Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, preparado por la profesora Dra. Alegría Borrás, Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de Barcelona (DO 1998, C 221, p. 27; en lo sucesivo, «Informe Borrás»), p. 36, punto 27.

( 12 ) El artículo 3, apartado 1, letra a), guiones primero a cuarto, del Reglamento n.o 2201/2003 se refiere expresamente a los criterios de residencia habitual de los cónyuges y de residencia habitual del demandado. El artículo 3, apartado 1, letra a), guiones quinto y sexto, de dicho Reglamento permite la aplicación de la norma de competencia del forum actoris. Véase, en particular, la sentencia de 13 de octubre de 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772), apartado 41.

( 13 ) El ámbito de aplicación de la sección 1 del Reglamento n.o 2201/2003, que lleva por epígrafe «Divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial», incluida en el capítulo II de dicho Reglamento, está delimitado, en virtud de los artículos 6 y 7 de este, por la «residencia habitual» en el territorio de un Estado miembro del cónyuge de que se trate o por su nacionalidad. Más adelante abordaré las implicaciones de esta delimitación para el litigio principal. Véanse los puntos 98 y 129 de las presentes conclusiones.

( 14 ) El concepto de «residencia habitual» también figura en los artículos 9 a 13, 15, 18, 29, 33, 42, 51, 57, 61 y 66 del Reglamento n.o 2201/2003.

( 15 ) Véase, en este sentido, Borrás, A.: «Article 3», en Magnus, U., y Mankowski, P. (eds.): Brussels II bis Regulation, European Commentaries on Private International Law, Sellier European Law Publishers, 2012, p. 90, punto 8.

( 16 ) A este respecto, se ha de precisar que la falta de definición de este concepto está, con carácter general, arraigada en la tradición de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Tal definición «habría, en efecto, corrido el riesgo de perturbar la interpretación de otros Convenios que utilizaban la misma noción». V