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El Tribunal General hizo constar los siguientes hechos: «1 […] La infracción consistía en fijar los precios, en ponerse de acuerdo sobre listas de precios, descuentos y bonificaciones y mecanismos de aplicación de los incrementos de los precios, en la repartición de los mercados nacionales y de los clientes y en el intercambio de otra información comercial, así como en la participación en reuniones regulares y en mantener otros contactos con el fin de facilitar la infracción. 2 [Aalberts, Aquatis y Simplex] figuran entre los destinatarios de la Decisión [controvertida]. 3 Aalberts es la sociedad matriz de un grupo industrial internacional que cotiza en la Bolsa Euronext de Ámsterdam (Países Bajos). Controla, directa o indirectamente, el capital de varias sociedades que operan en el sector de la producción o de la distribución de empalmes. El 30 de agosto de 2002 Aalberts adquirió la totalidad de las actividades de fabricación y de distribución de empalmes de IMI plc [en lo sucesivo, “IMI”], cuando estaban reagrupadas en “Yorkshire Fittings Group”. Esta operación consistió, en particular, en la adquisición de la totalidad de las acciones de Raccord Orléanais SA [en lo sucesivo, “Raccord Orléanais”] (posteriormente denominada Aquatis) y de R. Woeste & Co. Yorkshire GmbH [en lo sucesivo, “Woeste & Co”] (posteriormente denominada Simplex). Estas dos empresas fueron integradas en una de las dos principales actividades del grupo Aalberts, a saber, el control de fluidos. 4 En marzo de 2006, Comap, destinataria de la Decisión [controvertida] debido a su participación en la infracción bajo el control de Legris Industries SA, y parte demandante en el asunto T-377/06, fue cedida al grupo Aalberts. Mediante mensaje remitido por correo electrónico el 16 de abril de 2007 se informó al Tribunal de que se habían cedido todos los activos y pasivos de Aquatis a Comap y que Aquatis había dejado de existir como entidad jurídica. […] 5 El 9 de enero de 2001, Mueller Industries Inc., también productora de empalmes de cobre, informó a la Comisión de la existencia de una práctica colusoria en el sector de los empalmes y en otras industrias conexas en el mercado de tubos de cobre, y de su voluntad de cooperar en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, “Comunicación sobre la cooperación de 1996”) (considerando 114 de la Decisión [controvertida]). 6 Los días 22 y 23 de marzo de 2001, con motivo de una investigación relativa a los tubos y los empalmes de cobre, con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión realizó verificaciones sin previo aviso en los locales de varias empresas, entre las que se encuentran IMI, entonces sociedad matriz de Raccords Orléanais y de [Woeste & Co.] (considerando 119 de la Decisión [controvertida]). 7 A raíz de estas primeras comprobaciones, en abril de 2001, la Comisión dividió su investigación sobre los tubos de cobre en tres procedimientos distintos, a saber, el procedimiento relativo al asunto COMP/E-1/38.069 (Tubos de cobre para fontanería), el relativo al asunto COMP/F-1/38.121 (Empalmes) y el relativo al asunto COMP/E-1/38.240 (Tubos industriales) (considerando 120 de la Decisión [controvertida]). […] 9 A partir de febrero/marzo de 2002 la Comisión dirigió a las partes interesadas varias solicitudes de información, con arreglo al artículo 11 del Reglamento no 17, y posteriormente al artículo 18 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1) (considerando 122 de la Decisión [controvertida]). 10 En septiembre de 2003 IMI solicitó que se le aplicara la Comunicación sobre la cooperación de 1996. Tal solicitud fue seguida de las relativas al grupo Delta (marzo de 2004) y a FRA.BO SpA [en lo sucesivo, “FRA.BO”] (julio de 2004). La última solicitud de clemencia la presentó en mayo de 2005 Advanced Fluid Connections plc (en lo sucesivo, “AFC”). FRA.BO facilitó, en particular, información que llamó la atención de la Comisión sobre el hecho de que había continuado la infracción durante el período 2001-2004, es decir, con posterioridad a las verificaciones de ésta (considerandos 115 a 118 de la Decisión [controvertida]). 11 El 22 de septiembre de 2005 la Comisión instó, en el asunto COMP/F-1/38.121 (Empalmes), un procedimiento de infracción y emitió un pliego de cargos, el cual fue notificado a las [recurridas en casación], entre otros destinatarios (considerandos 123 y 124 de la Decisión [controvertida]). 12 El 20 de septiembre de 2006, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida]. 13 En el artículo 1 de la Decisión [controvertida] la Comisión hizo constar que las [recurridas en casación] habían participado en la infracción durante los períodos siguientes: — De 25 de junio de 2003 a 1 de abril de 2004, por lo que respecta a Aalberts. — De 31 de enero de 1991 a 22 de marzo de 2001, como miembros del grupo IMI, y, de 25 de junio de 2003 a 1 de abril de 2004, como miembros del grupo Aalberts, por lo que a Aquatis y Simplex se refiere. 14 Por dicha infracción, en el artículo 2, letras a) y b) de la Decisión [controvertida], la Comisión impuso a las [recurridas en casación] las siguientes multas: “a) [Aalberts]: 100.800.000 euros que debía pagar solidariamente con: [Aquatis]: 55.150.000 euros y [Simplex]: 55.150.000 euros b) 1. [IMI], solidariamente con IMI Kynoch Ltd: 48.300.000 euros que debía pagar solidariamente con: […] [Aquatis]: 48.300.000 euros y [Simplex]: 48.300.000 euros 2. [Aquatis] y [Simplex] son responsables solidarios respecto al importe adicional de: 2.040.000 euros.” 15 En virtud del artículo 3 de la Decisión [controvertida], se obligaba a las empresas referidas en el artículo 1 de ésta a poner inmediatamente fin a la infracción si no lo habían hecho ya, y a abstenerse en el futuro de todo acto o comportamiento como los expresados en el artículo 1, así como de todo acto o comportamiento que tuviera un objeto o un efecto idéntico o similar. 16 Para fijar el importe de la multa impuesta a cada empresa, la Comisión aplicó, en la Decisión [controvertida], el método establecido en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, “Directrices de 1998”). 17 En relación, en primer lugar, con la fijación del importe inicial de la multa en función de la gravedad de la infracción, la Comisión calificó la infracción de muy grave, debido a su propia naturaleza y a su alcance geográfico (considerando 755 de la Decisión [controvertida]). 18 Al estimar, en segundo lugar, que las empresas interesadas eran considerablemente distintas, la Comisión les deparó un trato diferenciado, basándose a tal fin en su importancia relativa en el mercado de referencia determinada por sus cuotas de mercado. Sobre esta base, repartió las empresas interesadas en seis categorías, basándose en las respectivas partes del volumen de negocios realizado por cada una de las empresas con el producto a que se refiere el presente procedimiento a escala del EEE [Espacio Económico Europeo] durante el año 2000, excepto en lo que atañe a Aalberts y a AFC, respecto a las cuales tomó en consideración el año 2003 (considerando 758 de la Decisión [controvertida]). 19 Aalberts fue incluida en la primera categoría, respecto a la cual se estableció el importe inicial en 60.000.000 de euros, mientras que IMI fue incluida en la segunda categoría, respecto a la cual se estableció el importe inicial en 46.000.000 de euros (considerando 765 de la Decisión [controvertida]). 20 Posteriormente la Comisión aumentó en un 10 % por año de participación en la práctica colusoria el importe inicial de la multa impuesta a cada una de las empresas de que se trata y, en su caso, en un 5 % respecto a todo período comprendido entre seis meses y un año. Con respecto al período que se extiende del 31 de diciembre de 1988 al 31 de enero de 1991, la Comisión consideró adecuado, debido al alcance geográfico limitado de la práctica colusoria en esa época, incrementar la multa en un 5 % anual (considerando 775 de la Decisión [controvertida]). 21 Por último, se consideró que la continuación de la participación en la infracción con posterioridad a los controles de la Comisión, es decir, durante el período comprendido entre el 25 de junio de 2003 y el 1 de abril de 2004, era una circunstancia agravante que justificaba la aplicación de un incremento del 60 % del importe de base de la multa impuesta a las [recurridas en casación] (considerandos 779 y 782 de la Decisión [controvertida]).»