SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA SEGUNDA) DE 7 DE JULIO DE 1994. - DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL LTD CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - ARTICULO 85 DEL TRATADO CEE - ACUERDOS DE DISTRIBUCION EN EXCLUSIVA - PROTECCION TERRITORIAL ABSOLUTA - PROHIBICION DE IMPORTACIONES PARALELAS - PRACTICAS CONCERTADAS. - ASUNTO T-43/92.



Recopilación de Jurisprudencia 1994 página II-00441



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Actos de las Instituciones ° Notificación ° Concepto ° Irregularidades ° Efectos ° Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia ° Firma por un miembro de la Comisión ° Inexistencia de obligación

2. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción ° Respeto del principio de contradicción y del derecho de defensa ° Alcance

(Tratado CEE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19. ap. 1; Reglamento nº 99/63 de la Comisión, arts. 3, 4 y 7, ap. 1)

3. Competencia ° Prácticas colusorias ° Sistema de distribución selectiva ° Procedencia ° Requisitos ° Inexistencia de prohibición de reventa en el interior de la red

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

4. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Concepto ° Carácter contractual de una prohibición de reexportar aceptada tácitamente por los distribuidores de un fabricante

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

5. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

6. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos de exclusiva ° Exención por categorías ° Contrato de distribución en exclusiva sin prohibición de exportación ° Existencia de una práctica concertada dirigida a restringir las importaciones paralelas ° Exclusión de la exención

7. Competencia ° Prácticas colusorias ° Práctica concertada ° Colocación de signos distintivos a fin de permitir la identificación de los productos que han sido objeto de importaciones paralelas ° Procedimiento que ha permitido también obtener ventajas competitivas lícitas ° Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

8. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Infracción no evidente por falta de precedentes en las Decisiones adoptadas por la Comisión ° Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

9. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo ° Falta de diligencia de la Comisión en la tramitación del procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

10. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Duración de la infracción ° Duración inferior a la establecida por la Comisión ° Reducción de la multa por el órgano jurisdiccional comunitario ° Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Competencia ° Multas ° Importe ° Determinación ° Criterios ° Volumen de negocios que se toma en consideración

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Competencia ° Multas ° Apreciación en función del comportamiento individual de la empresa ° Inexistencia de sanción contra otro operador económico ° Irrelevancia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1. Se considera que una Decisión ha sido debidamente notificada cuando la misma ha sido comunicada a su destinatario y a éste se le ha proporcionado la posibilidad de tener conocimiento de la misma. Las eventuales irregularidades que afecten al modo de notificación no constituyen un vicio que afecte a la legalidad o a la regularidad del acto notificado. En el caso de la notificación a una empresa de una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, ninguna disposición exige que el ejemplar de la Decisión que se le notifica esté firmado por el miembro competente de la Comisión.

2. No existe violación del principio de contradicción ni del derecho de defensa, tal como han sido consagrados en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17, en el artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento nº 99/63, cuando una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, dirigida por la Comisión a una empresa, no ha tenido en cuenta, en contra de esta última, pruebas distintas de aquellas sobre las que la interesada había tenido ocasión de exponer su punto de vista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento nº 99/63. Por otra parte, aunque dicha Decisión debe precisar las pruebas en que se apoya el criterio de la Comisión, no es preciso sin embargo que enumere de manera exhaustiva todos los elementos de prueba disponibles, sino que puede referirse a ellos globalmente.

3. Cuando un productor decide organizar la distribución de sus productos a través de una red de distribuidores autorizados, que disfrutan de una garantía de distribución exclusiva o selectiva, la licitud de dicho sistema de distribución respecto a las normas comunitarias sobre la competencia está sujeta en particular al requisito de que no se imponga a los revendedores autorizados, ni de hecho ni de derecho, prohibición alguna de reventa de los productos objeto de contrato en el interior de la red de distribución. En efecto, las cláusulas de este tipo, que tienen por efecto compartimentar los mercados nacionales y se oponen así al objetivo de la realización de un mercado común, son, por su propia naturaleza, contrarias a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

4. El hecho de que la prohibición de reexportación de los productos objeto de contrato que caracteriza a un sistema de distribución selectiva creado por un fabricante no constituya el objeto de una estipulación escrita no permite considerar que dicha prohibición sólo es imputable a un comportamiento unilateral del fabricante, con lo cual no le sería aplicable el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, cuando existen pruebas irrefutables que revelan que la prohibición mencionada forma parte de los acuerdos que regulan las relaciones entre el fabricante y sus distribuidores. En efecto, cabe la posibilidad de que una condición contractual contraria al citado artículo no haya sido necesariamente recogida por escrito, sino que se integre tácitamente en el marco de las relaciones contractuales que una empresa mantiene con quienes comercian con ella.

El hecho de que una cláusula contractual de este tipo no haya sido efectivamente aplicada por las partes no puede hacer desaparecer la infracción que supone el haberla estipulado.

5. El principio de seguridad jurídica, del que deben beneficiarse los agentes económicos, implica que, cuando existe un litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión, sobre quien recae la carga de la prueba de las infracciones que afirme haber descubierto, debe aportar pruebas adecuadas para demostrar suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de los hechos que constituyen la infracción. Por lo que respecta a la duración que se atribuye a una infracción, el mismo principio de seguridad jurídica exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que se pueda admitir razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

6. En cualquier caso, las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado no pueden declararse inaplicables a un contrato de distribución exclusiva que, en sí mismo, no contiene ninguna prohibición de reexportar los productos objeto de contrato, cuando las partes contratantes participan en una práctica concertada que tiene por objeto restringir las importaciones paralelas destinadas a un revendedor no autorizado.

7. El apartado 1 del artículo 85 del Tratado es aplicable al hecho de que un fabricante y sus distribuidores, para luchar contra las importaciones paralelas, se doten de un sistema destinado a permitir identificar con seguridad los productos que han sido objeto de dichas importaciones, mediante la colocación de signos distintivos sobre los productos.

Una práctica concertada de tales características constituye una infracción aun en el caso de que no hubiera llegado a producir efectos en el mercado y aun en el caso de que la identificación de los productos hubiera permitido obtener también ciertas ventajas competitivas legítimas.

8. Aunque es cierto que, para determinar la cuantía de la multa que se impondrá a una empresa inculpada de prácticas contrarias a la competencia, la Comisión o el Juez comunitario pueden tener en cuenta, en ciertas circunstancias, el que, en la época en que ocurrieron los hechos controvertidos, la práctica o las prácticas imputadas no hubieran sido claramente determinadas como tales en las Decisiones adoptadas por la Comisión, una empresa no puede pretender seriamente que éste es también el caso de una prohibición general de reexportar los productos objeto de contrato impuesta a una red de distribución exclusiva, acompañada de diversas prácticas coercitivas con el fin de asegurar el respeto de la prohibición, puesto que resulta evidente que prácticas de este tipo, que tienen por objeto o por efecto oponerse al propio objetivo de realización del mercado único que marca el Tratado, compartimentando los diferentes mercados nacionales, son por naturaleza contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, según reiterada jurisprudencia.

A este respecto, debe precisarse, por una parte, que una política de compartimentación de mercados nacionales de este tipo supone necesariamente la existencia de una política de tarifas diferenciada, según los diferentes mercados nacionales de que se trate, y, por otra parte, que la empresa no puede alegar ante el Juez comunitario la supuesta novedad de algunos de los métodos coercitivos que utilizó para conseguir que se respetara la prohibición de importaciones paralelas, tal como la recompra de algunos de los productos objeto de contrato. Por el contrario, es preciso tener en cuenta, al examinar la cuantía de la multa que procede imponer a la empresa, que esta última, en vez de limitarse a obligar a sus cocontratantes a respetar una prohibición contraria a la competencia, utilizó además múltiples y variados medios coercitivos para lograr que sus distribuidores y revendedores respetaran una prohibición cuyo carácter contrario a la competencia no ignoraba.

9. El hecho de poner fin a una infracción durante el procedimiento administrativo puede constituir una circunstancia atenuante que debe ser tenida en cuenta para determinar la cuantía de la multa impuesta a una empresa. Pero es preciso además que la empresa de que se trate, una vez informada por la Comisión de que su comportamiento no respeta las normas comunitarias sobre la competencia, adopte sin tardar las medidas necesarias para ajustarse a dichas normas.

En determinadas circunstancias, si el procedimiento administrativo a cuyo término se impuso la multa se ha caracterizado por su excesiva duración, debido a la falta de diligencia de la Comisión, también se puede tener en cuenta este dato a efectos de fijar la cuantía de la multa.

10. A tenor de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento nº 17, la duración de la infracción constituye uno de los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la cuantía de la sanción pecuniaria que procede imponer a las empresas que han cometido infracciones de las normas sobre la competencia. Cuando el órgano jurisdiccional comunitario llega a la conclusión de que la duración de la infracción es inferior a la señalada en la Decisión de la Comisión en la que se declaraba la existencia de infracción, procede que aquél, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, modifique la Decisión impugnada y reduzca la cuantía de la multa impuesta. Sin embargo, la reducción de la multa no debe ser necesariamente proporcional a la reducción de la duración de las infracciones a la que se ha procedido, habida cuenta de la gravedad y del carácter acumulativo de las infracciones comprobadas por la Comisión durante la duración efectiva de las mismas.

11. El volumen de negocios al que se refiere el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, al establecer los criterios para determinar la cuantía de las multas administrativas que pueden imponerse a las empresas que han cometido infracciones de las normas sobre la competencia, es el volumen de negocios total de la empresa.

12. Una empresa que ha infringido, con su comportamiento, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, no puede eludir la sanción alegando que otro operador económico no ha sido multado, cuando la situación de este último ni siquiera ha sido sometida al órgano jurisdiccional comunitario.

Partes

En el asunto T-43/92,

Dunlop Slazenger International Ltd, sociedad inglesa, con domicilio social en Leatherhead (Reino Unido), representada por el Sr. Nicholas Green, Barrister, de los Colegios de Abogados de Inglaterra y País de Gales, designado por los Sres. John Boyce y Richard Brent, Solicitors, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Jean Hoss, 15, Côte d' Eich,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Berend-Jan Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Scott Crosby, Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso en el que se solicita la anulación de la Decisión 92/261/CEE de la Comisión, de 18 de marzo de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/32.290 - Newitt contra Dunlop Slazenger International y otros; DO L 131, p. 32),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington y J. Biancarelli, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de diciembre de 1993;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que dieron origen al recurso

1 El presente asunto se refiere a un recurso que tiene por objeto la anulación de la Decisión 92/261/CEE de la Comisión, de 18 de marzo de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/32.290 ° Newitt contra Dunlop Slazenger International y otros, DO L 131, p. 32; en lo sucesivo, "Decisión"), en la cual la Comisión, por una parte, declaró que Dunlop Slazenger International Ltd (en lo sucesivo, "DSI") había infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al establecer, en sus relaciones comerciales con sus clientes, una prohibición general de exportar sus productos y al aplicar, de concierto con varios de sus distribuidores exclusivos, diversas medidas orientadas a hacer respetar dicha prohibición general de exportar y, por otra parte, impuso a DSI una multa de un importe de cinco millones de ECU. En el recurso se solicita, además, la anulación de dicha multa o, con carácter subsidiario, la reducción de la misma.

La denuncia

2 DSI, sociedad inglesa, que giró hasta noviembre de 1984 con la denominación de "International Sports Company Limited", y después con la de "Dunlop Slazenger Limited", fue adquirida en marzo de 1985 por el grupo BTR plc (en lo sucesivo, "BTR") en el marco de su toma de control de Dunlop Holdings plc, y se ocupa, en el seno del grupo, de la producción y distribución de artículos deportivos a escala mundial.

3 El 18 de marzo de 1987, Newitt & Co. Ltd (en lo sucesivo, "Newitt"), sociedad inglesa, mayorista y minorista de artículos deportivos, presentó a la Comisión una denuncia contra DSI por infracción del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 del Tratado CEE.

4 En su denuncia, Newitt explicaba que ella compraba a DSI, en el Reino Unido, una amplia gama de artículos deportivos, principalmente pelotas de tenis y de squash, que a continuación comercializaba en dicho mercado o exportaba, en gran parte, a los demás Estados de la Comunidad y en particular a los Países Bajos. Newitt acusaba a DSI de obstaculizar a través de diversas medidas, especialmente medidas en materia de precios, las exportaciones destinadas a otros Estados de la Comunidad, en los cuales DSI tenía distribuidores exclusivos a los que deseaba asegurar una protección territorial absoluta. Según la denunciante, las medidas que denunciaba tenían por efecto permitir a DSI repartir el mercado comunitario y ejercer un control sobre los precios. Además, y habida cuenta de la posición dominante de DSI en el mercado de pelotas de tenis y de squash, Newitt consideraba que DSI infringía igualmente el artículo 86 del Tratado.

El procedimiento administrativo ante la Comisión

5 El 23 de junio de 1987, la Comisión notificó la mencionada denuncia a DSI, la cual pidió a sus distribuidores exclusivos, mediante carta de 12 de agosto de 1987, que, sin haberla consultado previamente, no respondieran a posibles preguntas de la Comisión. A continuación, la Comisión advirtió a DSI, mediante escrito de 20 de octubre de 1987, de la gravedad de las infracciones que se le reprochaban y le instó a poner fin a las mismas, en el caso de que efectivamente hubiera incurrido en los comportamientos contrarios a la competencia que se le reprochaban.

6 Los días 3 y 4 de noviembre de 1988, la Comisión efectuó una visita de inspección en los locales del distribuidor exclusivo de DSI en el Benelux de la marca Dunlop, All Weather Sports BV (en lo sucesivo, "AWS"), y en los locales de Pinguin Sports BV (en lo sucesivo, "Pinguin"), distribuidor exclusivo de DSI en los Países Bajos de la marca Slazenger.

7 El 7 de mayo de 1990, la Comisión decidió incoar un procedimiento por infracción y el 29 de mayo de 1990 transmitió un pliego de cargos a DSI, a AWS y a Pinguin.

8 El 16 de julio y el 31 de julio de 1990, respectivamente, DSI y AWS presentaron a la Comisión sus observaciones escritas sobre el pliego de cargos y más tarde, en la audiencia celebrada el 5 de octubre de 1990, sus observaciones orales. Pinguin no respondió al pliego de cargos.

9 En sus respuestas y observaciones, DSI reconoció y lamentó algunas de las medidas que la Comisión le reprochaba haber adoptado, mientras que AWS, al tiempo que reconocía la mayor parte de los hechos recogidos en el pliego de cargos, negó que los mismos pudieran constituir, salvo escasas excepciones, infracciones del artículo 85 del Tratado.

10 En concepto de medidas adoptadas para ajustarse a las normas sobre la competencia, DSI notificó a la Comisión, el 12 de diciembre de 1990, el texto de las nuevas instrucciones que había repartido a su personal y el 22 de enero de 1991 le comunicó el texto del nuevo contrato tipo que regularía sus relaciones con sus distribuidores.

La Decisión

11 El 18 de marzo de 1992, la Comisión adoptó la Decisión, en la que declaró que los acuerdos de distribución exclusiva de DSI contenían una cláusula no escrita, por la cual esta última se comprometía a garantizar a sus distribuidores exclusivos una protección territorial absoluta, y que, con este fin, los contratos de venta celebrados por DSI con sus revendedores y distribuidores contenían una condición de venta, igualmente no escrita, por la que se imponía a estos últimos una prohibición general de exportar sus productos a los territorios respectivos de cada uno de sus distribuidores exclusivos en la Comunidad.

12 Asimismo, la Comisión indicó en la Decisión que DSI había adoptado, de concierto con AWS y Pinguin y con el objetivo común de eliminar las exportaciones paralelas, una serie de medidas que afectaban a las pelotas de tenis y de squash, así como a las raquetas de tenis y los artículos de golf. Según la Decisión, tales medidas consistieron, en primer lugar, en varias negativas a suministrar sus productos a la empresa denunciante, Newitt, bien directamente, bien indirectamente, a través de su filial en Estados Unidos, en octubre de 1986, junio de 1987 y en 1988; en segundo lugar, en unas medidas en materia de precios en contra de Newitt y de otros comerciantes establecidos en el Reino Unido, para impedir que las exportaciones de los mismos a los mercados de los demás Estados miembros resultaran competitivas; en tercer lugar, en la recompra de productos suyos que habían sido exportados paralelamente; en cuarto lugar, en el marcado de sus productos a fin de determinar el origen de las importaciones paralelas para así eliminarlas y, por último, en la impresión de las siglas de la Federación Nacional de Tenis de los Países Bajos sobre algunos de sus productos, en provecho sólo de su red de distribución exclusiva.

13 Según la Decisión (punto 70), las infracciones cometidas por DSI remontan a 1977 y no cesaron hasta 1990, excepto en lo relativo a las medidas en materia de precios. Por su objeto y por su carácter general, la prohibición de exportar afectó de manera especialmente grave a los intercambios entre Estados miembros, habida cuenta de la importancia de DSI en el mercado de productos deportivos, pues esta última controlaba, en 1989, el 39 % del mercado de pelotas de tenis "First Grade" y el 63 %, por término medio, del mercado de pelotas de squash, y ocupaba una importante posición en el mercado de raquetas de tenis y artículos de golf. En cuanto a las demás medidas adoptadas por DSI, que tenían también por objeto obstaculizar los intercambios entre Estados miembros, permitieron, en numerosos casos, eliminar las importaciones o anular sus efectos sobre los precios y lograr el objetivo de eliminar prácticamente todas las exportaciones de Newitt a los demás Estados miembros, así como, probablemente, las exportaciones paralelas realizadas por otros comerciantes establecidos en el Reino Unido.

14 Según la Decisión, los acuerdos de distribución exclusiva de DSI no podían considerarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1983/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva (DO L 173, p. 1; EE 08/02, p. 110; en lo sucesivo, "Reglamento nº 1983/83"), por imponer a las partes unas obligaciones restrictivas de la competencia que iban más allá de las restricciones autorizadas por el artículo 2 de dicho Reglamento, en particular en la medida en que estaban acompañadas de una cláusula tácita de protección territorial absoluta y, además, de prácticas concertadas a las que les resultaba aplicable la letra d) del artículo 3 de este Reglamento. Por otra parte, dichos acuerdos no habían sido notificados a la Comisión, de modo que no podían disfrutar de una exención individual, que, en cualquier caso, habría debido serles denegada.

15 Por último, a la gravedad de las infracciones y a la importancia de su duración vino a añadirse, siempre según la Decisión, el comportamiento de DSI tras ser informada de las imputaciones formuladas contra ella, en la medida en que, por una parte, el 12 de agosto de 1987 envió una carta a sus distribuidores exclusivos en la que les pedía que sin haberla consultado previamente, no respondieran a posibles preguntas de la Comisión y, por otra parte, sólo tardíamente adoptó medidas para ajustarse a las normas sobre la competencia, al no informar a sus distribuidores exclusivos hasta enero de 1991 de que podían aceptar pedidos destinados a exportaciones en el interior de la Comunidad, y ello manifestando al mismo tiempo su intención de continuar aplicando a sus distribuidores exclusivos un sistema diferenciado de precios o de descuentos (punto 69 de la Decisión).

16 Basándose en todos estos motivos, la Comisión adoptó su Decisión, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Dunlop Slazenger International Ltd ha infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al prever en sus relaciones comerciales con sus clientes la prohibición general de exportar sus productos con el fin de proteger su red de distribución exclusiva y al aplicar respecto de algunos productos (pelotas de tenis, pelotas de squash, raquetas de tenis y artículos de golf) diversas medidas °denegación de suministro, medidas disuasorias en materia de precios, marcado y seguimiento de productos exportados, adquisición de productos exportados, utilización discriminatoria de sellos oficiales° con el fin de hacerla respetar.

All Weather Sports International BV ha infringido el apartado 1 del artículo 85 por haber fomentado, en relación con los productos Dunlop, la aplicación de tales medidas en los Países Bajos y por haber participado en las mismas.

Pinguin Sports BV ha infringido el apartado 1 del artículo 85 por haber fomentado, en relación con los productos Slazenger, la aplicación de tales medidas en los Países Bajos.

Artículo 2

Se impone a Dunlop Slazenger International Ltd una multa de 5 millones de ecus y a All Weather Sports Benelux BV (que se hizo cargo de los activos de All Weather Sports BV) una multa de 150 000 ecus por las infracciones mencionadas en el artículo 1."

El procedimiento

17 En estas circunstancias, DSI interpuso el presente recurso, que se registró en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de mayo de 1992.

18 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes para que respondieran a cierto número de preguntas escritas. Además, el Tribunal pidió a la Comisión que presentara determinados documentos. En la vista celebrada el 14 de diciembre de 1993 se oyeron los informes orales de los representantes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas verbalmente por el Tribunal.

Pretensiones de las partes

19 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Anule la Decisión, en la medida en que se refiere a DSI.

° Anule o reduzca la multa impuesta a DSI por la Decisión.

° Condene en costas a la Comisión, y

° condene a la Comisión a reembolsar a DSI todos los gastos que le ha supuesto la constitución de una garantía para el pago de la multa.

20 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Declare la inadmisibilidad de la pretensión en la que se solicita al Tribunal que ordene a la Comisión reembolsar a DSI los gastos que le ha supuesto la constitución de una garantía para el pago de la multa.

° Desestime el recurso en todo lo demás por carecer de fundamento.

° Condene en costas a DSI.

Sobre las pretensiones anulatorias de la Decisión

En lo que respecta a la legalidad formal y a la regularidad del procedimiento de notificación de la Decisión

21 En lo relativo a la legalidad formal de la Decisión y a la regularidad del procedimiento de notificación de la misma, la demandante invoca tres motivos en los que cuestiona, respectivamente, la regularidad de la autenticación de la Decisión y de la notificación de la misma que le fue hecha, la regularidad del procedimiento de adopción de la Decisión, dado que se vulneró la autonomía de la voluntad de la Comisión, y, por último, la violación del principio de contradicción, al no haber mencionado la Comisión en la Decisión ciertos documentos que ahora invoca en su escrito de contestación.

Sobre el primer motivo, basado en las irregularidades que afectaron al procedimiento de autenticación y de notificación de la Decisión

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

22 La demandante, citando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1992, BASF y otros/Comisión, (asuntos acumulados T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 y T-104/89, Rec. p. II-315), sostiene que la Decisión podría no haber sido adoptada de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento interno de la Comisión, en particular en su artículo 12. Alega que la copia de la Decisión que le fue notificada no estaba autenticada por el Presidente de la Comisión y que, aunque en principio la Decisión debía estar firmada por el Comisario encargado de los asuntos de la competencia, la copia que le fue notificada no estaba firmada por este último, sino certificada por el Secretario General de la Comisión.

23 La Comisión afirma que la Decisión fue adoptada de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento interno. El Presidente de la Comisión y el Secretario General de la misma autenticaron la Decisión en las dos lenguas auténticas, inglés y neerlandés, y el escrito de notificación fue firmado por el Comisario encargado de los asuntos de la competencia.

Apreciación del Tribunal

24 En primer lugar, en la medida en que el motivo invocado por la demandante cuestiona la regularidad del procedimiento de adopción y de autenticación de la Decisión, así como la conformidad con el original de la copia que le fue notificada, este Tribunal señala que la demandante no alega indicio alguno ni tampoco circunstancia concreta alguna que permita descartar la presunción de validez de la que gozan los actos comunitarios, tanto en lo que respecta a la adopción y a la autenticación de la Decisión como a la conformidad con el texto original de la misma de la copia que le fue notificada.

25 En segundo lugar, en la medida en que la demandante cuestiona la regularidad formal de la propia copia de la Decisión que le fue notificada, este Tribunal subraya, en primer lugar, que el artículo 16 del Reglamento interno provisional de la Comisión, en vigor en la fecha de adopción de la Decisión, prevé, en su tercer párrafo, que el Secretario General de la misma "adoptará las medidas necesarias para que se notifiquen [...] los actos de la Comisión". Además, en virtud del artículo 10 y del primer párrafo del artículo 12, el Secretario General es el encargado de custodiar las Decisiones de la Comisión, en forma de actas de las reuniones de la Comisión en las que se adoptaron dichas Decisiones y de originales de estas últimas incorporados como anexos a las actas. Este Tribunal señala, a continuación, que la copia de la Decisión notificada a la demandante contiene la indicación "copia autenticada del original" (certified copy), seguida de la firma del Secretario General de la Comisión y del nombre del Comisario encargado de los asuntos de la competencia. El Tribunal recuerda, por último, que, para considerar que una Decisión ha sido debidamente notificada, basta con que la misma haya sido comunicada a su destinatario y que a éste se le haya proporcionado la posibilidad de tener conocimiento de la misma (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 1973, Europemballage y Continental Can/Comisión, 6/72, Rec. p. 215, apartado 10, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de mayo de 1991, Bayer/Comisión, T-12/90, Rec. p. II-219); que se ha precisado, además, que las eventuales irregularidades que afecten al modo de la notificación no constituyen un vicio que afecte a la legalidad o a la regularidad del acto notificado en sí mismo (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartados 39 y 40, y Geigy/Comisión, 52/69, Rec. p. 787, apartado 18), y que, en cualquier caso, ninguna disposición exige que el ejemplar de la Decisión que se notifica a una empresa esté firmado por el miembro competente de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1989, Dow Chemical Ibérica y otros/Comisión, asuntos acumulados 97/87 a 99/87, Rec. p. 3165, apartado 59).

26 De ello se deduce que procede desestimar este motivo en las dos partes de que consta.

Sobre el segundo motivo, basado en las irregularidades que afectaron al procedimiento de adopción de la Decisión

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

27 La demandante afirma que dos despachos de agencias de prensa de 17 y 18 de marzo de 1992 anunciaron, la víspera y el día mismo en que se adoptó la Decisión, que DSI iba a ser condenada a pagar una multa por infracción de las normas sobre la competencia. Según la demandante, dichos comunicados tuvieron un efecto desfavorable sobre el modo en que se adoptó la Decisión, porque prejuzgaron el contenido de la misma, impidiendo de este modo al Colegio de Comisarios, cuya autonomía de la voluntad fue así puesta en peligro, apreciar y examinar correctamente el fondo del asunto.

28 La Comisión subraya que no autorizó ningún comunicado de prensa anterior a la adopción de la Decisión, y afirma que las investigaciones realizadas al respecto no han permitido demostrar la responsabilidad de ninguno de sus funcionarios. Los despachos de que se trata, cuyo contenido eran simples conjeturas, no pudieron en cualquier caso poner en peligro la independencia de la Comisión, en tanto que órgano colegiado, dado que la única expresión de la postura de la Comisión es la propia Decisión. Por consiguiente, según la Comisión, procede desestimar este motivo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands/Comisión, 27/76, Rec. p. 207, apartados 284 a 288).

Apreciación del Tribunal

29 Este Tribunal considera que, incluso si se admitiera que los Servicios de la Comisión fueran responsables de la filtración reflejada en los despachos a los que se refiere la demandante, a pesar de que ni la Comisión así lo reconoce ni la demandante lo ha demostrado, dicha circunstancia no afecta, en cualquier caso, a la legalidad de la Decisión. Así pues, al no haber aportado la demandante pruebas que demuestren que la Decisión, en realidad, no había sido adoptada o que su contenido habría sido diferente si no hubieran tenido lugar las manifestaciones controvertidas (sentencia United Brands/Comisión, antes citada, apartado 286) o que la Comisión, al adoptar la Decisión, se había basado "en consideraciones distintas de las que en ella se recogían" (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1991, Hilti/Comisión, T-30/89, Rec. p. II-1439, apartado 136), procede también desestimar este motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en que la Decisión fue adoptada al cabo de un procedimiento administrativo irregular

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

30 La demandante afirma, en su réplica, que el escrito de contestación de la Comisión contiene cierto número de anexos (los anexos nº 9, nº 13 a nº 17 y nº 20 a nº 27), la mayoría redactados en neerlandés, y que, aunque habían sido invocados en el pliego de cargos, no fueron mencionados expresamente en la Decisión. Sostiene que este hecho constituye una violación del principio de contradicción, en la medida en que, al no haber mencionado dichos documentos en la Decisión, la Comisión no tiene derecho a invocarlos en su escrito de contestación, tanto más cuanto que el silencio de la Decisión a propósito de dichos documentos dio lugar a que la demandante supusiera que las explicaciones que había dado sobre los mismos en el transcurso del procedimiento administrativo habían sido suficientes y que habían sido tenidas en cuenta al adoptar la Decisión.

31 La Comisión subraya que los anexos de que se trata, en la medida en que se refieren a cuestiones de hecho, fueron todos citados en el pliego de cargos y comunicados a la demandante, la cual, tal como se deduce de sus observaciones en respuesta a dicho pliego de cargos, no se quejó de que algunos documentos estuvieran redactados en neerlandés ni proporcionó explicación o refutación alguna sobre las pruebas en su contra que se derivaban de tales documentos. La Comisión considera así que, ante la falta de explicaciones por parte de la demandante, ella actuó lícitamente al deducir de dicho silencio que la exposición de los hechos recogida en el pliego de cargos podía considerarse definitiva.

32 Por lo que respecta a los principios jurídicos, la Comisión sostiene haber respetado escrupulosamente el artículo 4 de su Reglamento nº 99/63/CEE, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, "Reglamento nº 99/63"), y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dado que, en su Decisión, únicamente se refirió a las imputaciones y a los hechos sobre los cuales DSI había podido dar a conocer su punto de vista, tomando como base los documentos controvertidos, los cuales, por haber sido citados todos ellos en el pliego de cargos e invocados en varias ocasiones, por separado y en conjunto, en la Decisión, debían permitir a la demandante verificar la fundamentación de esta última. Por otra parte, la Comisión considera que no estaba obligada a citar separadamente cada uno de estos documentos en el texto de la Decisión (sentencias del Tribunal de Justicia, de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661; de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, y de 2 de marzo de 1983, GVL/Comisión, 7/82, Rec. p. 483). La Comisión termina señalando que, por una parte, los referidos documentos refutan las alegaciones expuestas en la demanda, sin suscitar nuevas cuestiones, y que, por otra parte, al ser indispensables para el control de la Decisión por parte del Tribunal, era preciso presentarlos al mismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 43 del Reglamento de Procedimiento.

Apreciación del Tribunal

33 En la medida en que el motivo de la demandante suscita una cuestión relativa al respeto del principio de contradicción y del derecho de defensa en esta materia, tal como han sido consagrados en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), en el artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento nº 99/63, ambas partes reconocen que los mencionados documentos, incluidos como anexo en el escrito de contestación, fueron citados en el pliego de cargos de 29 de mayo de 1990 y fueron comunicados a la demandante. Por consiguiente, esta última tuvo la oportunidad de refutar las pruebas que contenían en su contra y de exponer su punto de vista. De ello se deduce que la demandante carece de base para invocar una violación del principio de contradicción y del derecho de defensa, dado que, en su Decisión, la Comisión no tuvo en cuenta en contra de la demandante pruebas distintas de aquellas sobre las que la demandante había tenido ocasión de dar a conocer su punto de vista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento nº 99/63 (sentencias del Tribunal de Primera Instancia, de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T-2/89, Rec. p. II-1087, apartado 39; de 10 de marzo de 1992, Huels/Comisión, T-9/89, Rec. p. II-499, y de 9 de julio de 1992, Publishers Association/Comisión, T-66/89, Rec. p. II-1995).

34 En la medida en que la demandante invoca, en este motivo, la existencia de una supuesta obligación de la Comisión de referirse claramente en su Decisión a la totalidad de los documentos en los que se basó para adoptarla, este Tribunal recuerda que, según la jurisprudencia en la materia, una Decisión, aunque debe precisar las pruebas en que se apoya la convicción de la Comisión, no es preciso que enumere de manera exhaustiva todos los elementos de prueba disponibles y puede referirse a ellos globalmente (sentencia Petrofina/Comisión, antes citada, apartado 39).

35 Del conjunto de consideraciones precedentes se deduce que procede desestimar este motivo.

En lo que respecta a la legalidad material de la Decisión

36 Del artículo 1 de la Decisión se sigue que ésta reprocha a la demandante, por una parte, haber impuesto a las demás partes contratantes, en su práctica contractual, una prohibición general de exportar los productos objeto de contrato [I] y, por otra parte, haber recurrido a diferentes medios para garantizar que dicha prohibición se aplicaría efectivamente [II]. Los motivos formulados por la demandante para obtener la anulación del artículo 1 de la Decisión y, consiguientemente, la anulación de su artículo 2, deben examinarse a la luz de esta doble imputación.

I. Sobre la prohibición general de exportar

37 La demandante niega haber impuesto una prohibición general de exportar [A]. Discute además la extensión y el alcance que se atribuyen a dicha prohibición [B], así como la duración del período en el que se afirma que fue impuesta [C].

A) Sobre la existencia de una prohibición general de exportar los productos objeto de contrato impuesta por la demandante a sus cocontratantes.

38 La demandante niega haber impuesto una prohibición general de exportar, tanto en sus contratos de distribución exclusiva [a], como en el marco de los contratos de venta celebrados por ella [b].

a) Sobre la existencia de una prohibición general de exportar en el marco del sistema de distribución exclusiva de la demandante

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

39 La demandante sostiene que la Decisión, en la medida en que afirma que ella impuso en sus acuerdos de distribución exclusiva una prohibición general de exportar sus productos a los países en los que contaba con distribuidores exclusivos, para asegurar a éstos una protección territorial absoluta, no está ni suficientemente motivada ni basada en pruebas suficientes.

40 A este respecto, la demandante reprocha en primer lugar a la Comisión haber limitado sus investigaciones a dos de sus distribuidores exclusivos en el Benelux, AWS y Pinguin. Al no haber investigado a otros distribuidores ni en otros territorios más que los que se mencionan en la Decisión, la Comisión carecía de base para concluir que existía una prohibición general de exportar.

41 En segundo lugar, la demandante señala que los documentos en los que se basa la Comisión para llegar a la conclusión de que existió una prohibición general de exportar son unas cartas, fechadas respectivamente el 14 de diciembre de 1977, el 5 de agosto de 1985, el 16 de junio de 1986 y el 15 de octubre de 1986, que ella había enviado a la empresa denunciante Newitt y no a sus distribuidores exclusivos, los cuales, por lo demás, no han reconocido la existencia de una prohibición de este tipo. DSI reconoce que, aunque podría considerarse, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que las declaraciones contenidas en estas cartas, en tanto que declaraciones unilaterales realizadas por ella en su calidad de fabricante, forman parte de un acuerdo o de una práctica concertada con sus revendedores exclusivos (sentencias de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, y de 17 de septiembre de 1985, Ford/Comisión, asuntos acumulados 25/84 y 26/84, Rec. p. 2725), la Comisión no ha demostrado, sin embargo, que dichas declaraciones se inscribieran en el marco de una política uniforme y coherente, aplicable a otros compradores de sus productos y que caracterizara la totalidad de sus relaciones contractuales con sus distribuidores exclusivos. Por tanto, su comportamiento carecía del carácter "sistemático" que exige la jurisprudencia en la materia (sentencia AEG/Comisión, antes citada, apartado 39).

42 En tercer lugar, la demandante subraya que las quejas de sus distribuidores exclusivos, las cuales, según la Decisión, constituyen la prueba de la existencia de una cláusula de prohibición de exportar que les protegía de importaciones paralelas, muestra simplemente que dichos distribuidores creyeron, cuando sus intereses se vieron afectados por las ventas realizadas por DSI en el marco especial de sus relaciones comerciales tradicionales con Newitt, que DSI había actuado infringiendo las cláusulas de exclusiva legítimas que figuraban en sus acuerdos de distribución.

43 La Comisión invoca, en primer lugar, la carta de 12 de agosto de 1987 en la que la demandante pidió a AWS y a Pinguin que no respondieran sin consultarla previamente a eventuales preguntas de la Comisión en el marco del procedimiento de investigación de la infracción. Esta Institución considera que, tras exigir silencio a sus distribuidores exclusivos, la demandante no puede invocar en su favor el hecho de que aquéllos no hayan reconocido la existencia de una prohibición general de exportar en sus acuerdos de distribución exclusiva.

44 En segundo lugar, para probar la existencia de una prohibición general de exportar en el marco de los acuerdos de distribución exclusiva de la demandante, la Comisión invoca una serie de cartas enviadas a Newitt por la demandante.

45 La primera de estas cartas, fechada el 14 de diciembre de 1977, que fue enviada por la demandante con la denominación que tenía en aquella época, "Dunlop Sports Company", contiene entre otras la siguiente frase: "May I emphasize that this offer is made on the understanding that the goods offered by you will be through your normal retail premises and not for export in bulk to overseas agencies without our prior permission or to other outlets within the UK for resale by companies with whom Dunlop Sports Company do not have a trading account." ("Permítame insistir en que esta oferta sólo será válida si usted vende los productos por medio de su red normal de venta al por menor, y no son exportados al por mayor a agentes del continente sin nuestro consentimiento previo, ni destinados a otros establecimientos del Reino Unido que a su vez los vendan a empresas con las que Dunlop Sports Company no mantiene relaciones comerciales.")

46 La segunda carta, fechada el 5 de agosto de 1985, precisa: "I would confirm our export policy as quite simply not allowing shipments to any world market where we have local legal distributor agreements where to supply via a third party would be both a breach of contract and poor commercial practice. In essence all European markets are covered by such agreements [...]" ("Quisiera confirmar que nuestra política de exportación consiste sencillamente en no admitir exportaciones para ningún mercado en cualquier parte del mundo en el que tengamos acuerdos con distribuidores locales oficiales y en el que el suministro por medio de un tercero constituiría un incumplimiento de contrato a la par que una mala práctica comercial. En esencia, existen acuerdos de este tipo para todos los mercados europeos [...]")

47 La tercera carta, fechada el 16 de junio de 1986, indica lo siguiente: "1) You have agreed to eliminate all direct exporting of Dunlop Slazenger Racket and Specialist Sport products, except those agreed by specific agreement with myself. 2) In the event that you receive any export enquiries for our products, you will pass these leads to us for individual consideration. We may, in certain circumstances, agree to take the business directly ° building in an agreed commission for your Company." ["1) Ustedes han accedido a eliminar toda exportación directa de productos Dunlop y Slazenger, salvo los que yo autorice expresamente. 2) Si ustedes reciben solicitudes de información sobre la exportación de nuestros productos, deberán transmitírnoslas para analizarlas una a una. En determinadas circunstancias, podremos aceptar servir directamente el pedido, incluyendo en el precio la comisión que se acuerde para su sociedad."]

48 La cuarta carta de la demandante a Newitt, fechada el 15 de octubre de 1986, declara lo siguiente: "I thought we had an understanding that any enquiries for export business would be passed directly to me following the arrangements I set out in my letter of 16 June. Our previous discussions also indicated that we were unlikely to take any direct business in Europe. We anticipated however there may be opportunities in markets such as Africa where we would consider supplying directly with an agreed commission built in for yourselves." ("Creía que habíamos acordado ya que toda solicitud de información sobre exportaciones me sería transmitida directamente siguiendo el método que indicaba en mi carta de 16 de junio. En nuestras conversaciones previas también había quedado claro que no podíamos entablar relaciones comerciales directas con Europa. Hablamos, sin embargo, de la posibilidad de que hubiera oportunidades en mercados como Africa, donde podríamos estudiar suministros directos, incluyendo en el precio la comisión que se acordara para ustedes.")

49 Finalmente, una carta de 3 de septiembre de 1987 que BTR, sociedad matriz de DSI, envió a los Abogados de Newitt precisa lo siguiente: "b) except where (c) below applies Newitt is and will be entitled to purchase such of DSI' s goods as it requires for re-sale at discounts to be negotiated from DSI' s home trade price list; the level of those discounts will be those appropriate to Newitt' s position in the UK wholesale market; c) where Newitt can procure specific export orders to named customers it will be entitled to buy DSI products at discounts from DSI' s export price list the level of such discounts to take account inter alia of the responsibilities borne in the relevant territory by DSI' s distributors there (if any);" ["b) excepto en el caso de que la letra c) infra sea aplicable, Newitt tiene y tendrá derecho a adquirir todos los productos de DSI que desee para revenderlos con los descuentos que se acuerden partiendo de la lista de precios de DSI para el mercado interior; la cuantía de dichos descuentos se determinará en función de la posición de Newitt en el mercado al por mayor del Reino Unido; c) en el caso de que Newitt consiga pedidos concretos para exportaciones a clientes determinados, tendrá derecho a comprar los productos de DSI con descuentos sobre la lista de precios para la exportación de DSI; para determinar la cuantía de dichos descuentos se tomarán en cuenta, entre otros factores, las responsabilidades que hubieran asumido en el territorio correspondiente los distribuidores de DSI que pudieran existir en el mismo;"]

50 La Comisión estima que las mencionadas cartas, que constituyen un todo, aportan efectivamente la prueba de que DSI adoptó un comportamiento sistemático y prohibió a sus clientes exportar sus productos sin su consentimiento, con el objetivo de garantizar una protección territorial absoluta a sus distribuidores, y demuestran que dicha prohibición se aplicaba con carácter general a todos los territorios en los que la demandante tenía distribuidores.

51 Por último, según la Comisión, las quejas de los distribuidores exclusivos de la demandante provocadas por las escasas exportaciones limitadas realizadas por Newitt, bajo el control de la demandante, deben interpretarse a la luz de la carta antes citada de 14 de diciembre de 1977, y confirman la existencia de un consenso entre la demandante y sus distribuidores sobre la protección absoluta de su exclusividad territorial, en la medida en que estos últimos consideraban que la demandante infringía una cláusula no escrita en sus acuerdos en la que se preveía una protección contra las importaciones paralelas. Además, indica la Comisión, dichos acuerdos, ajenos al ámbito de aplicación del Reglamento nº 67/67/CEE de la Comisión, de 22 de marzo de 1967, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías del acuerdo de exclusiva (DO 1967, 57, p. 849; EE 08/01, p. 94) y del Reglamento nº 1983/83, antes citado, no fueron notificados, de modo que no podían disfrutar de la exención prevista en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

Apreciación del Tribunal

52 Con carácter preliminar, este Tribunal recuerda que, según jurisprudencia reiterada, cuando un productor decide organizar la distribución de sus productos a través de una red de distribuidores autorizados, que disfrutan de una garantía de distribución exclusiva o selectiva, la licitud de dicho sistema de distribución respecto a las normas comunitarias sobre la competencia está sujeta en particular al requisito de que no se imponga a los revendedores autorizados, ni de hecho ni de Derecho, prohibición alguna de reventa de los productos objeto de contrato en el interior de la red de distribución. En efecto, las cláusulas de este tipo, que tienen por efecto compartimentar los mercados nacionales y se oponen así al objetivo de la realización de un mercado común, son, por su propia naturaleza, contrarias a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

53 A este respecto, este Tribunal considera que las mencionadas cartas, invocadas por la Comisión, demuestran claramente la existencia de una prohibición general de reexportar los productos objeto de contrato, impuesta por la demandante a sus distribuidores exclusivos. En efecto, de las propias afirmaciones literales de la demandante en su carta de 5 de agosto de 1985, antes citada, se deduce que su política comercial consistía en no admitir reexportaciones a ningún mercado nacional en cualquier parte del mundo en el que estuviera presente alguno de sus distribuidores. Igualmente, según los propios términos de la citada carta, esta política comercial afectaba esencialmente a los Estados miembros de la Comunidad. Asimismo, la carta de 15 de octubre de 1986, antes citada, revela, remitiéndose a unas conversaciones precedentes, que la demandante "no podía" establecer relaciones comerciales directas con Europa. Por último, la carta de 3 de septiembre de 1986, antes citada, recuerda a Newitt que sólo tiene derecho a adquirir los productos de la demandante beneficiándose de los descuentos a la exportación en la medida en que pueda mencionar, en apoyo de su solicitud de descuento, pedidos concretos, de modo que pueda identificarse a los clientes de que se trate.

54 El Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente asunto, esta prohibición general de reexportar los productos de la demandante objeto de contrato no puede ser atribuida a una actuación unilateral de esta última, a la cual no le sería aplicable, por consiguiente, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, que sólo se refiere a los acuerdos, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas. A este respecto este Tribunal recuerda, con carácter preliminar, que una cláusula contractual contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado no siempre está necesariamente recogida por escrito (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 1978, Tepea/Comisión, 28/77, Rec. p. 1391), sino que puede haber sido incluida, tácitamente, en las relaciones contractuales que mantiene una empresa con sus socios comerciales (sentencia AEG/Comisión, antes citada, apartado 38).

55 Este Tribunal señala, además, que la demandante, al tiempo que subraya que los acuerdos celebrados con sus distribuidores exclusivos no contenían una cláusula de prohibición de las exportaciones destinada a otorgarles una protección territorial absoluta, reconoce sin embargo que sus distribuidores exclusivos se quejaron ante ella "cuando se vieron afectados por las ventas efectuadas por ella en el marco de su relación especial con Newitt", y que tales quejas mostraban "que dichos distribuidores creían (que ella) estaba infringiendo las cláusulas de exclusividad legítimas recogidas en sus acuerdos de distribución exclusiva" (réplica, punto 2.3, y respuesta de la demandante a una pregunta por escrito del Tribunal). El Tribunal considera que una interpretación semejante de los contratos entre la demandante y sus distribuidores exclusivos, realizada por estos últimos, puesta en relación con la prohibición general de exportar que la demandante mencionaba en su carta a Newitt antes citada, implica, o bien una cláusula tácita preexistente en los contratos celebrados con los distribuidores que les garantizaba una protección territorial absoluta, o bien la aceptación por parte de éstos de la política de la demandante, en tanto que fabricante, de no admitir exportaciones de sus productos a ningún mercado en cualquier parte del mundo en el que estuviera presente alguno de sus distribuidores (carta de la demandante de 5 de agosto de 1985, antes citada).

56 De ello se deduce que la prohibición de reexportación de los productos de la demandante objeto de contrato, tal como se deduce de su carta a Newitt antes citada, no constituye un comportamiento unilateral de la misma, al que no le sería aplicable, en tanto que tal, la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, sino una prohibición de carácter convencional, que formaba parte de las relaciones contractuales que aquélla mantenía con sus distribuidores exclusivos (véanse las sentencias AEG/Comisión y Ford/Comisión, antes citadas).

57 Por consiguiente, procede desestimar el motivo en el que se alega que la Comisión no aportó pruebas suficientes para demostrar la existencia de una prohibición general de exportar en el marco del sistema de distribución exclusiva, prohibida por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, y que no motivó suficientemente la Decisión sobre este punto.

b) Sobre la existencia de una prohibición general de exportar en el marco de los contratos de venta celebrados por la demandante

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

58 La demandante alega que las tres cartas enviadas a Newitt, fechadas el 14 de diciembre de 1977, el 5 de agosto de 1985 y el 16 de junio de 1986, no demuestran la existencia de un acuerdo, ni con Newitt ni con ningún otro de sus clientes. Según ella, dichas cartas sólo podrían interpretarse, en el peor de los casos, como un intento de imponer a uno de sus clientes, Newitt, una prohibición de exportar, prohibición que por otra parte este último no aceptó. La afirmación de la Comisión sobre la existencia de una condición tácita, que figura en los contratos de venta de la demandante es, por tanto, hipotética e insuficientemente motivada, en la medida en que no se ha demostrado que otros clientes hubieran aceptado o reconocido la existencia de una condición tácita de este tipo en sus contratos.

59 La Comisión sostiene que, si se admite la existencia de una prohibición de exportar dentro del sistema de distribución exclusiva de la demandante, es preciso reconocer también la existencia en sus contratos de venta de una condición por la que se prohibía toda exportación. La Comisión invoca a este respecto la carta de la demandante de 5 de agosto de 1985, en la que esta última precisaba a Newitt que su política de exportación se oponía a que un tercero realizara ventas destinadas al territorio de uno de sus distribuidores, pues ello constituiría "un incumplimiento de contrato". Además, tal como se deduce de un informe de 28 de mayo de 1986, relativo a una reunión que mantuvieron DSI y AWS los días 15 y 16 de mayo de 1986, la demandante pidió a AWS que no exportara pelotas de squash al Reino Unido, a fin de mantener la diferencia entre los precios vigentes en el Reino Unido y los vigentes en los Países Bajos, lo que supone una prueba adicional de la existencia de una política de protección territorial absoluta aplicada por la demandante.

Apreciación del Tribunal

60 Este Tribunal considera que el carácter general de la prohibición que la demandante imponía a sus revendedores, prohibiéndoles exportar los productos objeto de contrato a los mercados nacionales cubiertos por un contrato de distribución exclusiva, resulta de las pruebas documentales analizadas anteriormente (véase, supra, el apartado 53), en particular de la carta de fecha 5 de agosto de 1985, antes citada, en la que la demandante comunica a Newitt que unas ventas de ese tipo serían consideradas "un incumplimiento de contrato". Además, el hecho de que Newitt no diera expresamente su consentimiento a la prohibición que la demandante le imponía, suponiendo que hubiera quedado demostrado, carece, en sí mismo, de influencia sobre la existencia de la prohibición controvertida. En efecto, para que a un concurso de voluntades entre un proveedor y un revendedor le sea aplicable la prohibición formulada por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, basta con que este último acepte, al menos tácitamente, la prohibición contraria a la competencia que le impone el proveedor (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1990, Sandoz/Comisión, C-277/87, Rec. p. I-45). Ahora bien, en el caso de autos, la existencia de un acuerdo contrario a la competencia tácito entre la demandante y su revendedor se deduce suficientemente de los propios términos de las cartas antes citadas, según las cuales la inobservancia de la práctica controvertida por parte del distribuidor debe considerarse como un incumplimiento por su parte de sus obligaciones contractuales.

61 Además, y en cualquier caso, de los documentos que constan en autos se deduce que Newitt prosiguió sus relaciones comerciales con la demandante, renovando sus pedidos en idénticas condiciones, sin manifestar su voluntad de oponerse a la prohibición de exportar que se le imponía, al menos hasta que presentó su "denuncia" el 18 de marzo de 1987. La existencia tácita de la estipulación controvertida tampoco resulta afectada por el hecho de que el revendedor incumpliera la obligación que se le imponía al realizar algunas exportaciones esporádicas. Basta con recordar a este respecto que, según reiterada jurisprudencia, poco importa, respecto a la prohibición formulada por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, que la estipulación contraria a la competencia controvertida haya sido, efectivamente, aplicada por las partes. Lo mismo puede decirse, por la misma razón, del hecho de que la demandante no se opusiera a las exportaciones efectuadas por Newitt a los territorios de venta de sus distribuidores exclusivos, suponiendo que hubiera quedado demostrado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 1984, Hasselblad/Comisión, 86/82, Rec. p. 883, y Sandoz/Comisión, antes citada).

62 De ello se deduce que procede desestimar el motivo basado en la insuficiencia de las pruebas aportadas por la Comisión y en la falta de motivación suficiente de la Decisión sobre este punto.

B) Sobre el alcance de la prohibición de exportar

63 La demandante discute el alcance que se atribuye a la prohibición de exportar impuesta a sus clientes, tanto en lo relativo a la extensión territorial de la misma [a] como en lo relativo a la naturaleza de los productos afectados [b].

a) Sobre el área territorial a la que se aplicaba la prohibición

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

64 La demandante niega que la prohibición que se le reprocha afectara "a toda Europa" (punto 49 de la Decisión). Según afirma, en la carta que envió a Newitt el 15 de octubre de 1986 no formuló una prohibición de exportar en forma de declaración general de política comercial, sino que se limitó simplemente a reiterar su postura particular en relación con Newitt, postura que ya había comunicado a esta última en su carta de 16 de junio de 1986, en la que la demandante afirmaba que "no podía entablar relaciones comerciales directas con Europa" y ello, no para desviar las ventas de sus productos del continente europeo a los mercados de África, sino para maximizar sus beneficios con las ventas en estos últimos mercados.

65 La Comisión subraya, en primer lugar, que la afirmación de que la prohibición de exportar afectaba a toda Europa se basa, en parte, en la carta de la demandante, de 5 de agosto de 1985, en la que prohibía a Newitt exportar a los mercados cubiertos por sus distribuidores exclusivos y afirmaba que "en esencia, existen acuerdos de este tipo para todos los mercados europeos". Además, la Comisión indica que la demandante confirmó en su recurso que en el momento de los hechos tenía distribuidores exclusivos en ocho Estados miembros, a saber Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, y que en los otros cuatro Estados miembros era la propia DSI quien se ocupaba de la distribución, lo que no supone diferencia alguna.

66 En segundo lugar, la Comisión hace hincapié en que, aunque la carta de la demandante, de 15 de octubre de 1986, expresaba principalmente la postura de esta última frente a Newitt, dicha postura era en sí misma expresión de su política general sobre la exportación de sus productos. La Comisión subraya que, en dicha carta, la demandante mostraba su preferencia por las ventas del Reino Unido a África, revelando así una política tendente a desviar las ventas del continente europeo hacia África, con el solo propósito de proteger el mercado de la Europa continental. Según la Comisión, el comportamiento contrario a la competencia de la demandante se extendió, por lo demás, más allá del mercado comunitario y europeo, a una escala mundial, al prohibir a su filial en Estados Unidos, a partir del mes de enero de 1988, que sirviera pedidos a Newitt.

Apreciación del Tribunal LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 692A0043.1

67 Este Tribunal señala que, en su carta antes mencionada de 5 de agosto de 1985, la demandante afirmó que su política de exportación consiste "sencillamente en no admitir exportaciones para ningún mercado en cualquier parte del mundo en el que tengamos acuerdos con distribuidores locales oficiales" y que "existen acuerdos de este tipo para todos los mercados europeos", debiendo entenderse esta afirmación, según se indica en el recurso, sin que exista discusión sobre este punto, referida a ocho Estados miembros, a saber Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Además, la demandante ha reconocido que, por lo que respecta a los otros cuatro Estados miembros, ella misma se ocupaba de la distribución de sus productos. Por consiguiente, ha quedado demostrado que la extensión territorial de la prohibición de exportar que la demandante imponía a sus distribuidores afectaba, de hecho, a los mercados nacionales de todos los Estados miembros; esta última afirmación viene corroborada por la carta de la demandante de 15 de octubre de 1986, antes citada, en la que esta última, al tiempo que prohibía la exportación de sus productos hacia Europa, hacía hincapié en las posibilidades de exportación a los mercados africanos, demostrando de este modo su intención de prevenir las exportaciones paralelas a los mercados europeos desviándolas hacia mercados exteriores a la Comunidad.

68 Procede por consiguiente desestimar el motivo basado en la insuficiencia de pruebas y de motivación de la Decisión en lo que respecta a la extensión territorial de la prohibición de exportar.

b) Sobre la naturaleza de los productos a los que se aplicaba la prohibición de exportar

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

69 La demandante sostiene que la Comisión no aporta pruebas de que la supuesta prohibición de exportar se aplicara a todos sus productos. Subraya en primer lugar que la denuncia de Newitt sólo se refería a las pelotas de tenis y de squash; en segundo lugar, que sólo las pelotas de tenis, producto de rápida rotación, presentaban en realidad un interés para los importadores paralelos y, por último, en tercer lugar, que la propia Decisión sólo se refiere a las pelotas de tenis y de squash, las raquetas de tenis y los artículos de golf. Según la demandante, la sola prueba que la Comisión invoca sobre este punto figura en la carta de 16 de junio de 1986 dirigida a Newitt.

70 La Comisión sostiene que actuó acertadamente al basarse en el contenido de la carta de 16 de junio de 1986 para declarar que la prohibición de exportar se aplicaba a todos los productos de la demandante, pues dicha carta, citada en el punto 24 del pliego de cargos y cuyo contenido no impugnó la demandante ni en sus observaciones escritas ni en el transcurso de la audiencia, tenía precisamente por objeto una prohibición de este tipo.

Apreciación del Tribunal

71 Este Tribunal considera que se deduce claramente de la carta de 16 de junio de 1986 antes citada que la demandante quería prohibir "toda exportación directa de productos Dunlop y Slazenger [...], salvo los que [ella misma] autorizara expresamente". Por consiguiente, la Comisión actuó acertadamente al considerar que la prohibición general de exportar afectaba, en principio, a todos los productos de la demandante.

72 No restan validez a esta afirmación ni el hecho de que la denuncia de Newitt sólo se refiriera a determinados productos ni el hecho de que sólo los productos de "rotación rápida", es decir, las pelotas de tenis y de squash, pudieran presentar interés en el marco de una estrategia de importaciones paralelas.

73 Por consiguiente, este Tribunal considera que, en cualquier caso, procede desestimar las alegaciones en las que la demandante niega que la prohibición de exportar impuesta a sus distribuidores afectara a la totalidad de sus productos.

C) Sobre la duración de la infracción

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

74 La demandante sostiene que la Comisión no aporta pruebas precisas y coherentes de que una prohibición general de exportar ya existente en 1977 hubiera sido mantenida durante todo el período comprendido entre 1977 y 1985. Aunque la demandante reconoce que, en su carta de 14 de diciembre de 1977, ella precisó a Newitt que las condiciones comerciales acordadas con ella para el año 1978 contenían una prohibición de exportar, que quizá era contraria al artículo 85 del Tratado, también sostiene que no ha quedado, sin embargo, demostrado que dicha prohibición perdurara desde esa fecha hasta 1985. Subraya a este respecto que, en relación con las exportaciones de Newitt, la Comisión reconoció en la Decisión que "en la práctica, sin embargo, estas exportaciones fueron toleradas" y que "esta prohibición de exportar no se ha aplicado siempre". La demandante añade que, desde 1978, Newitt recibía su lista de precios para exportación y se beneficiaba de una cuenta de exportación abierta en 1983, lo que significa que ella favorecía y fomentaba activamente las exportaciones de Newitt, la cual reconoció, por lo demás, en su denuncia que DSI no impedía las importaciones paralelas antes de 1985.

75 Por otra parte, la demandante sostiene que la carta de 3 de septiembre de 1987 dirigida a los Abogados de Newitt tenía por objeto levantar la supuesta prohibición de exportar y precisar que la decisión de interrumpir temporalmente los suministros a Newitt, a mediados de junio de 1987, había sido anulada tras confirmar esta última que continuaba estando interesada en recibir los productos de DSI. Así pues, dicha carta sólo se refería a la política de fijación de precios seguida con Newitt, sin aportar pruebas de la perennidad de una supuesta prohibición general de exportar.

76 La Comisión sostiene que la carta de 14 de diciembre de 1977, que debe ser interpretada poniéndola en relación con la carta de 5 de agosto de 1985 y con las demás cartas que la demandante envió a Newitt, no puede interpretarse de otro modo que como una prueba del establecimiento y de la aplicación de una política general y continuada de prohibición de las exportaciones. Según la Comisión, una interpretación contraria significaría que DSI autorizaba a todos los demás compradores de sus productos a comerciar libremente con ellos, sin tener en cuenta el reparto de territorios entre sus distribuidores, y que sólo restringía las actividades de Newitt, la cual, según reconoce la propia demandante, sólo era, sin embargo, un cliente ocasional o ad hoc y sólo vendía cantidades relativamente escasas.

77 A este respecto, la Comisión precisa que lo que Newitt afirmaba en el punto 5 de su denuncia no era que la demandante hubiera autorizado hasta 1985 el comercio paralelo de sus productos en general sino, en realidad, que hasta 1985 sus distribuidores se habían quejado ante ella de las importaciones paralelas efectuadas por Newitt. Según la Comisión, dichas quejas prueban que existía una política general consistente en no autorizar la libre comercialización de los productos de la demandante, que el sistema de protección territorial absoluta, que era el objetivo de dicha prohibición, estaba en vigor desde 1977, y que el comercio paralelo de Newitt no era sino una excepción limitada que confirmaba la regla. Como prueba adicional del carácter continuado de la prohibición, la Comisión invoca la carta de 5 de agosto de 1985, enviada pocos meses después de la adquisición de Dunlop Holdings por BTR, que confirmaba que la nueva dirección de DSI continuaba manteniendo la antigua política de exportación. Por último, el propio papel que Newitt representaba en la política comercial de la demandante, que esta última califica de "tradicional" y que consistía en exportar a los mercados en los que no existían distribuidores exclusivos, indica que la prohibición de exportar tuvo carácter continuado a partir de 1977.

78 En cuanto a la carta de 3 de septiembre de 1987, la Comisión sostiene que, lejos de haber puesto fin a la prohibición de exportar, lo que hizo en realidad fue mantenerla, dado que, según sus propios términos, sólo autorizaría a Newitt a comprar para exportar si podía "conseguir pedidos concretos para exportaciones a clientes determinados".

Apreciación del Tribunal

79 Este Tribunal subraya, con carácter preliminar, que el principio de seguridad jurídica, del que deben beneficiarse los agentes económicos, implica que, cuando existe un litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión, sobre quien recae la carga de la prueba de las infracciones que afirme haber descubierto, debe aportar pruebas adecuadas para demostrar suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de los hechos que constituyen la infracción. Por lo que respecta, más en concreto, a la duración que se atribuye a una infracción, el mismo principio de seguridad jurídica exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

80 En el caso de autos, el Tribunal señala que, aunque de las cartas de 14 de diciembre de 1977 y 5 de agosto de 1985 antes citadas se deduce claramente que, en estas dos fechas, la demandante estaba infringiendo las normas comunitarias en materia de competencia, al prohibir de manera general la exportación de sus productos, la única prueba que indica la Comisión para sostener que dicha infracción prosiguió entre ambas fechas, es decir durante unos siete años, constituye en realidad una simple presunción, cuya fundamentación procede examinar.

81 A este respecto, el Tribunal señala, en primer lugar, que la referencia que la Comisión hace al papel de Newitt en la comercialización de los productos de la demandante, para sostener que la prohibición general de exportar afectaba no solamente a dicha empresa sino también a otros compradores de productos de la demandante, a pesar de que permite demostrar que dicha prohibición era de ámbito general, no permite en cambio determinar ni el inicio ni la duración precisa de dicha infracción, ni tampoco el carácter ininterrumpido de la misma entre 1977 y 1985.

82 Este Tribunal considera, a continuación, que la duda sobre la cuestión de si la infracción continuó produciéndose entre 1977 y 1985 no puede ser despejada basándose únicamente en el hecho de que los distribuidores exclusivos de la demandante se quejaron ante ella de las exportaciones efectuadas por Newitt. Aunque se admitiera que, tal como sostiene la Comisión, dichas quejas fueron formuladas antes de 1985, al no existir en el expediente ningún dato concreto no es posible formular hipótesis más precisas sobre la fecha de estas quejas ni, con mayor razón aún, sobre el carácter regular y continuado de las mismas entre 1977 y 1985. Por consiguiente, este contexto de hecho no permite conclusión alguna sobre la duración de la prohibición general de exportar, en la medida en que fuera la violación de la prohibición por parte de Newitt lo que provocó las mencionadas quejas. A este respecto, es preciso señalar que la propia Comisión, al referirse al punto 5 de la denuncia de Newitt, se limita a formular una simple hipótesis, indicando que "en realidad" Newitt reconoció que hasta 1985 los distribuidores de la demandante formularon quejas ante esta última.

83 Por último, este Tribunal señala que, aunque los términos de la carta de 5 de agosto de 1985, antes citada, invocada por la Comisión, permitan deducir que la política de la demandante, consistente en una prohibición general de exportar, era anterior a la fecha en que se envió aquélla, tal como se deduce del hecho de que la demandante deseara "confirmar" dicha política, esta carta tampoco aporta indicios suficientemente precisos en apoyo de la alegación de la Comisión en el sentido de que la prohibición de exportar, establecida en 1977, duró de manera ininterrumpida hasta 1985.

84 De las consideraciones precedentes se deduce que, al no poder invocar pruebas capaces de demostrar con hechos el carácter continuado, entre 1977 y 1985, de la infracción que se reprocha a la demandante, la Comisión no ha demostrado suficientemente con arreglo a Derecho (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión, T-6/89, Rec. p. II-1623, apartados 69 y siguientes) que el inicio de la infracción deba situarse en la fecha de la carta de 14 de diciembre de 1977, antes citada. En consecuencia, la infracción que revela esta última carta había prescrito en la fecha de la primera de las diligencias de investigación realizada por la Comisión, según lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del Derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41; en lo sucesivo, "Reglamento nº 2988/74").

85 Procede, por consiguiente, situar el comienzo de la infracción que se reprocha a la demandante en una fecha distinta de la señalada por la Comisión en su Decisión. A este respecto, este Tribunal recuerda que, en la carta de 5 de agosto de 1985 antes citada, la demandante deseaba "confirmar" su política de prohibición de las exportaciones a todos los mercados en cualquier parte del mundo en los que tuviera un distribuidor exclusivo, lo que implica, tal como se ha señalado antes, que dicha prohibición existía ya con anterioridad al 5 de agosto de 1985. Además, este Tribunal señala que la Comisión invoca dos télex, de 1 de febrero y de 29 de abril de 1985, de los que resulta que el distribuidor exclusivo de la demandante en el Benelux, AWS, se dedicaba ya en aquel momento a tomar nota de los códigos de identificación de las raquetas de marca Dunlop importadas paralelamente, para poder eliminar más tarde dichas importaciones en concertación con la demandante. Como dicha medida, que la demandante reconoce haber aplicado "en cooperación" con AWS desde comienzos de 1985 [véase el inciso ii) del punto 2.16 del recurso], formaba parte de la política de prohibición de las exportaciones paralelas de los productos de la demandante objeto de contrato, se llega a la conclusión de que la prohibición general de exportar existía ya a principios del año 1985, y como mínimo a partir del 1 de febrero de 1985. Por consiguiente, procede situar el comienzo de la infracción en la fecha de 1 de febrero de 1985.

86 De ello se deduce que es preciso anular la Decisión en la medida en que esta última declara que existió una prohibición general de exportar con anterioridad al 1 de febrero de 1985.

II. Sobre los medios aplicados para hacer respetar la prohibición general de exportación de los productos objeto de contrato

87 Por lo que respecta a los medios materiales aplicados por la demandante para hacer que sus cocontratantes respetaran la prohibición general de exportar los productos objeto de contrato, tal como ha quedado ya establecida, la demandante niega haber hecho o haber intentado hacer que se cumpliera la prohibición controvertida tanto por medio de una política de precios adaptada a este fin [A] como mediante la utilización de los logotipos y sellos de las federaciones deportivas [B]. Es preciso, por tanto que este Tribunal examine la fundamentación de los motivos que formula la demandante a este respecto.

88 Este Tribunal recuerda que, en cualquier caso, las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado no pueden declararse inaplicables a un contrato de distribución exclusiva que, en sí mismo, no contiene ninguna prohibición de reexportar los productos objeto de contrato, cuando las partes contratantes participan en una práctica concertada que tiene por objeto restringir las importaciones paralelas destinadas a un revendedor no autorizado (sentencia Hasselblad/Comisión, antes citada). La práctica controvertida debe analizarse a la luz de estos principios.

A) Sobre las medidas adoptadas en materia de precios

89 Sobre este punto, la demandante impugna en primer lugar la afirmación de la Comisión en el sentido de que ella decidió su política tarifaria en concertación con AWS [a]; sostiene, en segundo lugar, que la política tarifaria que aplicó a Newitt se decidió de manera autónoma y teniendo en cuenta la importancia de las relaciones comerciales establecidas con dicho cliente [b]; alega, en tercer lugar, que incluso suponiendo que hubiera existido una práctica tarifaria con objeto u efecto contrario a la competencia, a dicha práctica no le sería aplicable la prohibición formulada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, en la medida en que no afectara a los intercambios intracomunitarios [c]. Procede, pues, que el Tribunal de Primera Instancia examine sucesivamente cada uno de estos tres motivos.

a) Sobre la supuesta inexistencia de práctica concertada en materia de precios

Resumen de los motivos y principales alegaciones de las partes

90 La demandante rechaza las afirmaciones de la Comisión en las que se le atribuye que, a partir del mes de junio de 1986, adoptó en concertación con AWS y con el objetivo de eliminar las exportaciones paralelas un conjunto de medidas sobre los precios aplicados a Newitt en sus compras de pelotas de tenis y de squash, de raquetas de tenis y de artículos de golf. La demandante sostiene que dichas afirmaciones de la Comisión no van acompañadas de pruebas ni de motivación suficientes, y que la Comisión ha aplicado de manera incorrecta el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

91 La demandante sostiene que cierto número de modificaciones del sistema de determinación de los precios de venta aplicados a Newitt, a partir de 1986, deben comprenderse en el contexto de la nueva política de gestión decidida tras la toma de control de Dunlop Holdings plc por parte de BTR, que tuvo lugar en marzo de 1985. Además, dicha orientación había sido esbozada ya en la OPA hostil presentada por BTR para adquirir el control de Dunlop, oferta en la que ya se hacía referencia a una nueva "doctrina empresarial que mejoraría los resultados de las actividades de Dunlop".

92 Según la demandante, el carácter unilateral de la modificación de su política de precios se deduce de un télex que AWS le envió el 27 de febrero de 1986, relativo a los precios que se aplicaban a esta última, en el que le comunicaba que había decidido apoyar su nueva estrategia en materia de precios con la condición expresa de que Dunlop controlara adecuadamente su propia red de distribución. ("AWS has agreed to support Dunlops new strategy on pricing last year under explicit conditions that Dunlop would have its distribution under control.")

93 Por lo que respecta más en particular a la existencia de una práctica concertada sobre los precios de las pelotas de squash, la demandante sostiene que la única prueba de la misma que aporta la Comisión es la que se deduce de una petición que ella había presentado a AWS en una reunión conjunta celebrada el 15 y 16 de mayo de 1986, en la que le pedía que no exportara pelotas de squash al Reino Unido, habida cuenta de los bajos precios que esta última aplicaba. La demandante subraya que dicha petición se realizó al amparo del artículo 14 de su acuerdo de distribución ("The Distributor shall not outside the Territory seek customers for the Goods or estasblish or maintain any branch or distribution for sale of the Goods." "El distribuidor no buscará clientes para los productos fuera del territorio y no establecerá ni mantendrá sucursales ni puntos de venta de los productos."), el cual reunía los requisitos para la exención por categorías de los acuerdos de distribución exclusiva que establece el Reglamento nº 1983/83, antes citado. DSI considera que, en cualquier caso, la subida de precios de las pelotas de squash impuesta a Newitt no pudo tener como efecto impedir las exportaciones de esta última a la zona de AWS, dado que los precios de las pelotas de squash en el Reino Unido eran superiores a los precios en los Países Bajos, incluso con anterioridad a los aumentos de precios aplicados a Newitt a partir de junio de 1986.

94 Por lo que respecta a la existencia de una práctica concertada sobre los precios de las pelotas de tenis, la demandante subraya que la modificación de su política de precios frente a Newitt tuvo lugar poco después de la compra de DSI por parte de BTR, en 1985, y no en 1986, como se afirma en la Decisión (punto 23). Según la demandante, la modificación de su política de precios frente a Newitt no podía deberse por tanto a las reclamaciones de AWS, las cuales, tal como se deduce de la correspondencia que invoca a este respecto la Comisión, databan de los años 1986 y 1987 y, por lo tanto, eran posteriores. Por consiguiente, las pruebas aportadas por la Comisión son, en su opinión, insuficientes.

95 La Comisión señala, con carácter preliminar, en lo que respecta a la cuestión de si las pruebas y la motivación de la Decisión eran suficientes, que esta última contiene, en sus puntos 22 a 23 y 30 a 36, un resumen de las pruebas escritas que demuestran la existencia de una práctica concertada sobre los precios, pruebas que habían sido descritas con anterioridad, detalladamente, en los puntos 41 a 76 del pliego de cargos. Añade que la demandante, la cual no negó ni durante el procedimiento administrativo previo ni en el marco de su recurso la existencia de pruebas documentales que demostraban la concertación que se le atribuía, no ha aportado pruebas en sentido contrario, ya sean informes de las reuniones de su Consejo de Administración, cartas enviadas a Newitt o pruebas de cualquier otro tipo, que demuestren el carácter unilateral de la modificación de su política de precios.

96 En cuanto al télex de 27 de febrero de 1986 que AWS envió a la demandante, la Comisión considera que dicho documento, citado en el punto 42 del pliego de cargos e incorporado como anexo 8 a su escrito de contestación, demuestra la existencia de una infracción, tanto por el modo de presentar los temas que en él se tratan como por su contenido, incluso en el supuesto de que el mismo sólo se refiriera a los precios aplicados a AWS, dado que, de todos modos, la política de precios a la demandante fue objeto en varias ocasiones de largas y detalladas discusiones con AWS.

97 Por lo que respecta a la concertación entre la demandante y AWS sobre los precios de las pelotas de tenis, por una parte, y de las raquetas de tenis, por otra, la Comisión subraya que su postura, que aparece resumida en la Decisión, había sido expuesta ya de manera detallada en el pliego de cargos. Se remite a este respecto al punto 35 de la Decisión, así como a los puntos 42 a 57 del pliego de cargos, por lo que respecta a las pelotas de tenis, y a los puntos 58 a 69 del pliego de cargos, por lo que respecta a las raquetas de tenis. Subraya que los mencionados pasajes del pliego de cargos se remiten expresamente a los documentos incorporados como anexos 8 a 24 a su escrito de contestación, de modo que la demandante carece de base para sostener que no tuvo conocimiento de dichos documentos antes de que fueran presentados en el marco del presente procedimiento.

98 Por otra parte, al tiempo que señala que la demandante no impugna el contenido de la Decisión sobre este punto, la Comisión subraya que su postura a propósito de la existencia de una práctica concertada relativa a los precios de los artículos de golf se expuso de manera detallada en los puntos 70 a 72 del pliego de cargos y fue resumida en el punto 35 de la Decisión, que las pruebas documentales recogidas en los anexos 11, 25 y 26 de su escrito de contestación habían sido citadas en el pliego de cargos y que la demandante había tenido, por tanto, conocimiento de las mismas.

99 Por lo que respecta a la concertación entre la demandante y AWS sobre los precios de las pelotas de squash, la Comisión sostiene que esta cuestión debe ser analizada en el contexto más general de una concertación sobre los precios de todos los productos de que se trata. Sostiene que la estrategia concertada de la demandante y de AWS tenía como objetivo implantar en el Reino Unido y en los Países Bajos unos niveles de precios capaces de eliminar todo comercio paralelo, incluido el comercio de pelotas de squash. En respuesta a la alegación de DSI, según la cual el nivel de precios en el Reino Unido era superior a los precios de los Países Bajos, antes incluso de las subidas de precios aplicadas a Newitt en junio de 1986, y que ello desalentaba, de todos modos, las exportaciones de este artículo, la Comisión subraya que, al aumentar los precios de las pelotas de squash, la demandante actuó de un modo que hizo que para Newitt resultara aún más difícil organizar un comercio paralelo con los Países Bajos o con otros países.

100 La Comisión sostiene por último que la petición que la demandante hizo a AWS de no exportar pelotas de squash al Reino Unido no era legítima, porque AWS no era un exportador directo, y que, tal como se deduce del informe de 28 de mayo de 1986 sobre la reunión celebrada entre la demandante y AWS los días 15 y 16 de mayo de 1986, el objetivo que se perseguía en realidad era que cesaran las ventas de AWS a una empresa que se dedicaba al comercio paralelo, concretamente Ron Sports.

Apreciación del Tribunal

101 Por lo que respecta, en primer lugar, a la concertación relativa a los precios de las pelotas de tenis, a los precios de las raquetas de tenis y a los precios de los artículos de golf, este Tribunal considera que dicha concertación ha quedado suficientemente demostrada por las claras pruebas documentales aportadas a los autos por la Comisión. A este respecto, el Tribunal se remite expresamente a los documentos que se mencionan a continuación.

102 Por lo que respecta, en primer lugar, a la existencia de una práctica concertada sobre la determinación de los precios de las pelotas de tenis, este Tribunal señala que la Comisión se basa, para demostrar la existencia de material de la supuesta infracción, en una serie de documentos, incorporados como anexos al escrito de contestación y citados en el pliego de cargos y que, según afirma la Comisión, sin ser contradicha, fueron presentados a la demandante. Dichos documentos son los siguientes:

° Un télex de 10 de marzo de 1986 del Sr. Rolf Thung, de AWS, al Sr. Graham Nicholas, de DSI, en el cual AWS se queja a la demandante de los precios en los Países Bajos, menos elevados a causa de las importaciones paralelas, y pide que no se siga aceptando esta situación.

° Un télex del mismo día del Sr. Graham Nicholas, de DSI, al Sr. Rolf Thung, de AWS, en el que se indica lo siguiente: "We all know goods move accross Europe but we have to identify the source/buyer. Everything is now vetted at this end so I need your help through your various contacts as well to firstly identify and ultimately eliminate this type of business [...]" ("Todos sabemos que hay movimientos de productos a través de Europa, pero tenemos que localizar la fuente/comprador. En este momento nosotros verificamos todo por nuestra parte, de modo que necesito que ustedes me ayuden, a través de sus diversos contactos, a localizar y a eliminar más tarde este tipo de transacciones [...]").

° El informe de 28 de mayo de 1986, antes citado, sobre una reunión celebrada entre DSI y AWS los días 15 y 16 de mayo de 1986, en el que se indica que los precios aplicados a Newitt, de 7,5 UKL por docena en 1985, se han aumentado a 8,5 UKL, a fin de obtener que las importaciones paralelas pierdan sus atractivos, privando de este modo a los consumidores de la posibilidad de sacar partido de la diferencia de precios entre los productos resultante de la competencia entre las marcas.

° Un informe sobre una reunión interna de AWS, de 13 de junio de 1986, en el que se mencionan unas importantes negociaciones con DSI para establecer un índice que defina la relación entre los precios de las pelotas de tenis en el Benelux y en el Reino Unido.

° Una nota interna de AWS, fechada el 19 de junio de 1986 y referida a una reunión de 5 de junio de 1986 entre DSI y AWS, celebrada tras las discusiones sobre los precios, en la que se indica que los circuitos paralelos disminuirían mucho si se aplicara un índice que determinara la relación entre los precios, como había solicitado AWS, índice que sería elaborado en concertación con DSI.

° Una nota interna de AWS, de 4 de marzo de 1987, en la que se mencionan los precios acordados con DSI para poner fin a las importaciones paralelas y en la que se indica, por una parte, que "AWS no ha logrado mantener el precio de 44,75 HFL debido a los problemas causados por el comercio paralelo"; por otra parte, que "ésta es la razón por la que se modificaron los precios en la segunda parte de la temporada de tenis (36 HFL/38 HFL por docena)", y, por último, que "para lograr que el comercio paralelo sea teóricamente imposible, se han adoptado las siguientes decisiones para 1987: precio AWS: 7,27 UKL la docena. Precio neto más bajo en el Reino Unido: 10,40 UKL (algunos clientes). Si partimos de la base de que un 'comerciante' carga un incremento del 10 %, eso significa que con un margen del 58 % (neto) AWS se coloca al mismo precio. El comerciante corre el riesgo de dejar de recibir mercancías".

° Una nota de AWS de 5 de mayo de 1987, relativa a una reunión celebrada entre DSI y AWS los días 7 y 30 de abril y 1 de mayo de 1987, en la que se indica, entre otras cosas, que "dados los problemas causados por el comercio paralelo [...], Dunlop exige a AWS un plan para las pelotas de tenis en 1988 en los Países Bajos y en Bélgica [...]".

103 Por lo que respecta, más concretamente, al télex de 27 de febrero de 1986, antes citado, cuyo significado y alcance son interpretados de diferente manera por las partes, es preciso subrayar que, incluso suponiendo que se refiera a los precios aplicados por la demandante a AWS y no a los precios aplicados a Newitt, el apoyo que en dicho documento AWS afirmaba prestar a la estrategia de la demandante en materia de precios basta para demostrar de todos modos la existencia de una concertación contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, y en particular a la letra a) del mismo, en la cual participaba, en cualquier caso, la demandante.

104 Por lo que respecta, a continuación, a la existencia de una práctica concertada sobre los precios de las raquetas de tenis, este Tribunal se remite a una serie de documentos aportados por la Comisión como anexo a su escrito de contestación (anexos 11 a 14 y 21 a 24) y citados en el pliego de cargos, los cuales, según afirma la Comisión sin ser contradicha, fueron presentados a la demandante. Dichos documentos son los siguientes:

° El informe de 12 de mayo de 1986, relativo a una reunión entre la demandante y AWS celebrada el 6 y 7 de mayo de 1986, en el que se mencionan las peticiones formuladas por esta última a la demandante con vistas a obtener una diferencia satisfactoria entre los precios de las raquetas de tenis que se le aplicaban a ella y los precios del Reino Unido.

° El informe antes citado de 28 de mayo de 1986, relativo a la reunión de 15 y 16 de mayo de 1986, en el que se recogen las peticiones formuladas por AWS a la demandante en relación con el cálculo de la diferencia entre los precios que se le aplicaban y los precios vigentes en el Reino Unido.

° Un informe sobre una visita de representantes de AWS a DSI que tuvo lugar el 5 de junio de 1986, y en el que se menciona, entre otras cosas, una petición de DSI a AWS para obtener información sobre las cantidades y los precios de compra de las raquetas de tenis que eran objeto de importaciones paralelas.

° El informe antes citado de 13 de junio de 1986, relativo a una reunión interna de AWS, en el que se da cuenta de las negociaciones entre AWS y DSI, así como una nota interna de AWS de 19 de junio de 1986 sobre los resultados de dicha reunión, en la que se señala que "las propuestas de precios (de AWS) fueron discutidas en profundidad" con DSI y que "los precios que AWS deseaba han sido aceptados por Dunlop y la estructura que deseábamos se ha visto confirmada [...]" durante la visita efectuada por los representantes de AWS a DSI el 5 de junio de 1986.

° Un télex de 23 de abril de 1987 de AWS a DSI, en el que se piden explicaciones sobre "los clientes y los precios" de las raquetas de marca Dunlop que eran objeto de importaciones paralelas.

° Un télex de 10 de septiembre de 1986 de AWS a DSI, en el cual AWS se quejaba de los efectos de las importaciones paralelas debidas a las reducciones de precios, así como dos notas internas de AWS, de 22 de septiembre de 1986 y de 4 de febrero de 1987, que se referían también a los precios de los artículos que sufrían la competencia de las importaciones paralelas y a los contactos mantenidos con DSI sobre la determinación de dichos precios.

105 En lo que respecta, por último, a la existencia de una práctica concertada sobre los precios de los artículos de golf, este Tribunal se remite a una serie de documentos incorporados como anexo al escrito de contestación (anexos 11, 25 y 26) y citados en el pliego de cargos, los cuales, según afirma la Comisión, sin ser contradicha, fueron presentados a la demandante. Dichos documentos son los siguientes:

° El informe antes citado de 12 de mayo de 1986, relativo a la reunión de 6 y 7 de mayo de 1986 entre DSI y AWS, que da cuenta de sus discusiones sobre el bajo nivel de precios de los artículos importados paralelamente y las reducciones de las que AWS debería disfrutar para hacer frente a la competencia de dichas importaciones paralelas.

° Un informe de 5 de septiembre de 1986, en el que se alude a la competencia que las importaciones paralelas a bajo precio suponían para AWS, al examen en común de este problema por parte de AWS y DSI y a sus proyectos para acordar unos precios adaptados a la situación.

° Una nota interna de AWS, de 29 de septiembre de 1986, que también se refería a los acuerdos sobre precios entre AWS y DSI, ya celebrados o que se celebrarían en el futuro, para eliminar las importaciones paralelas de artículos de golf que, de otro modo, iban a continuar durante 1987.

106 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de la existencia de una práctica concertada que tenía por objeto la determinación en común de los precios de las pelotas de squash, este Tribunal considera que la petición que la demandante presentó a AWS en