ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Cuando la marca solicitada o registrada consiste en una representación bidimensional o tridimensional del producto que designa, su carácter distintivo depende de si la marca difiere de una manera significativa de la norma o de los usos del ramo y de si, por este motivo, puede cumplir su función esencial de identificación del origen del producto.

Lo mismo ocurre cuando la marca está constituida por una parte de la forma del producto que designa, dado que el público pertinente la percibirá, de manera inmediata y sin necesidad de reflexión, como una representación de un detalle o de un aspecto del producto en cuestión. En tal supuesto, el factor determinante no es la calificación del signo considerado como signo figurativo, tridimensional o de otra clase, sino el hecho de que se confunda con la apariencia del producto designado.

En efecto, si, en tal supuesto, no se apreciara el carácter distintivo de la marca teniendo en cuenta el grado en que se aparta de las normas y de los usos del ramo al que pertenecen los productos designados, bastaría con solicitar el registro de un signo que puede percibirse inmediatamente como parte del producto designado para aumentar la posibilidad de que sea registrado y otorgar así de manera casi automática una protección al aspecto o a la forma del propio producto. Pues bien, dado que el consumidor medio no suele hacer suposiciones sobre el origen de los productos basándose en su aspecto o forma, esa posibilidad conllevaría un riesgo importante de que se eluda el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, y perjudicaría pues al interés público protegido por esta disposición.

Por lo que se refiere a las marcas constituidas por la forma del producto que designan, la autoridad competente tiene la posibilidad de identificar sus características esenciales a través del examen del propio producto. En efecto, tal examen se impone cuando la identificación de una característica esencial de la marca resulta necesaria para determinar la naturaleza exacta de los elementos que forman parte de la representación gráfica y de las posibles descripciones facilitadas en el momento de la presentación de la solicitud de registro, y para salvaguardar así el interés público que subyace al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 207/2009. Este interés consiste en prohibir a un operador económico apropiarse indebidamente de un signo que esté constituido por la forma del producto y que lleve incorporada una solución técnica. Esta problemática surge, por definición, cuando existe una marca constituida por la forma de un producto concreto y no por una forma abstracta.

(véanse los apartados 37 a 40)
3.

Agricultura — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el Feader — Principios — Obligación de diligencia de los Estados miembros en la recuperación de las cantidades pagadas irregularmente — No recuperación derivada del no agotamiento de todos los recursos posibles ante los órganos jurisdiccionales nacionales — Incumplimiento — Justificación basada en el dictamen negativo de un abogado de la Cour de Cassation respecto a la posibilidad de interponer un recurso de casación que limita la posibilidad de presentar tal recurso de casación a situaciones excepcionales — Improcedencia [Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 54, ap. 5, letra c), y 58, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, arts. 9, ap. 1, y 32, ap. 8, letra a)] (véanse los apartados 56 a 62)
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 41)
3

La gestión indirecta es un modo de ejecución del presupuesto de la Unión resultante de los artículos 53 y 53 quinquies del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 390, p. 1), y del artículo 43 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002 (DO 2002, L 357, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 478/2007 de la Comisión, de 23 de abril de 2007 (DO 2007, L 111, p. 13) (en lo sucesivo, considerado conjuntamente con el Reglamento n.o 1605/2002, «normativa financiera de 2002»).
1

El Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) n.o 320/2006, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2006, L 58, p. 42; corrección de errores en DO 2006, L 232, p. 44). El Reglamento n.o 320/2006 ha sido modificado en varias ocasiones, la última de ellas por el Reglamento (CE) n.o 72/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se adapta la política agrícola común mediante la modificación de los Reglamentos (CE) n.o 247/2006, [n.o 320/2006], (CE) n.o 1405/2006, (CE) n.o 1234/2007, (CE) n.o 3/2008 y (CE) n.o 479/2008 y la derogación de los Reglamentos (CEE) n.o 1883/78, (CEE) n.o 1254/89, (CEE) n.o 2247/89, (CEE) n.o 2055/93, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 2596/97, (CE) n.o 1182/2005 y (CE) n.o 315/2007 (DO 2009, L 30, p. 1). El Reglamento n.o 320/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.o 72/2009, es aplicable a los hechos del presente asunto.
79

Pues bien, habida cuenta de que el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 107 TFUE y 108 TFUE no eran aplicables en Rumanía antes de su adhesión a la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, Electrabel y Dunamenti Erőmű/Comisión, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, apartado 64 y jurisprudencia citada), la Comisión no podía ejercer las competencias que le confería el artículo 108 TFUE y, en particular, no podía sancionar los incentivos establecidos en el DU para el período anterior a la adhesión. En efecto, hasta el momento de la adhesión la Comisión no adquirió la competencia que le permitía proceder al control de la actuación de Rumanía con arreglo al artículo 108 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2013, Rousse Industry/Comisión, T‑489/11, no publicada, EU:T:2013:144, apartado 63, confirmada en casación por la sentencia de 20 de marzo de 2014, Rousse Industry/Comisión, C‑271/13 P, no publicada, EU:C:2014:175).
157

En quinto lugar, la demandante alega que la Comisión basó su elección del análisis de rentabilidad adicional en la Directrices de 2014. Pues bien, dichas Directrices aún no habían entrado en vigor en el momento de la firma del contrato de 2006, y, por tanto, no eran aplicables para apreciar el contrato de 2006 desde el punto de vista del criterio del operador en una economía de mercado. Su aplicación es inconciliable con el principio de seguridad jurídica. Las Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de diciembre de 2005 (DO 2005, C 312, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices de 2005»), que eran aplicables en ese momento, no incluían ninguna indicación sobre la aplicación de ese criterio. Por tanto, las Directrices aplicables al litigio no permitían determinar un método de evaluación.
16

Mediante dos resoluciones de 9 de octubre de 2013, la División de Anulación declaró nulas la primera marca impugnada y la segunda marca impugnada (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas impugnadas»), por estimar que la representación gráfica de éstas constituía una «mera yuxtaposición de dos o más colores presentados de forma abstracta y sin contornos», en el sentido de la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), apartado 34, que no reunía los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 4 del Reglamento 2017/1001), porque admitía numerosas combinaciones distintas que no permitían al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pudiese utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra. Asimismo, no permitía a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos del titular de las marcas impugnadas. Así pues, la representación gráfica de las marcas impugnadas, acompañada de la descripción (en sus dos variantes indicadas en los apartados 3 y 13 anteriores), no permitía determinar una disposición específica de los colores, que definiese una combinación concreta de los colores presentados en igual proporción, y, por tanto, el objeto de la protección conferida por las marcas impugnadas, y, en consecuencia, no se ajustaba al artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009. En efecto, si bien tal descripción no debe describir la manera en que se utilizará o aplicará una marca sobre los diferentes productos, pretende definir el objeto exacto de la protección concedida al registro de una marca en el sentido de dicha disposición. Por otro lado, la División de Anulación precisó que, si bien es cierto que la regla 3, apartado 3, del Reglamento n.o 2868/95 no exige que se presente una descripción de una representación gráfica, no excluye, no obstante, la posibilidad de que se deniegue el registro o se declare nula una marca cuando se requiera una descripción para garantizar la conformidad del registro de una marca con el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009. Por último, la División de Anulación recordó que la EUIPO no estaba vinculada por sus resoluciones anteriores, sino únicamente por el principio de legalidad, e indicó, en conclusión, que, habida cuenta de que la solicitud de nulidad se estimaba por completo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, no procedería al examen de los demás motivos de nulidad invocados por la coadyuvante.
22

El hecho de que la Sala de Recurso disponga de una amplia facultad de apreciación para suspender el procedimiento pendiente ante ella no significa que su apreciación no esté sujeta al control del juez de la Unión. No obstante, tal circunstancia limita dicho control sobre el fondo a la comprobación de que no existe error manifiesto de apreciación ni desviación de poder [sentencias de 25 de noviembre de 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, no publicada, EU:T:2014:985, apartado 31, y de 21 de octubre de 2015, Petco Animal Supplies Stores/OAMI — Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, apartado 32].
61

En tercer lugar, las demandantes alegan que, dado que el Consejo reconoció que no tenía en su poder ni un solo documento del expediente del Comité de Sanciones, el Consejo no puede considerar que se halla en una situación de competencia reglada ni que está obligado a ejecutar automáticamente «las resoluciones de la ONU», en contra de lo establecido en la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518), sin haber comprobado previamente la exactitud de los hechos y circunstancias que justifican dichas resoluciones y que éstas respetan los derechos fundamentales, en particular, el derecho de acceso al expediente y el derecho a ser oído. A este respecto, las demandantes reprochan al Consejo no haber presentado ningún elemento de información o de prueba, más allá de la motivación publicada por el Comité de Sanciones el 20 de agosto de 2015 en su resumen de motivos y haber procedido a transponer las sanciones de manera automática.
109

En segundo lugar, en la réplica, la demandante aduce, en esencia, que la supervisión prudencial ejercida por las autoridades alemanas permitiría garantizar mejor el objetivo de la aplicación coherente de normas de supervisión prudencial estrictas al que alude el artículo 70, apartado 1, del Reglamento marco del MUS. Señala, al respecto, que se halla sujeta a diferentes normas, a saber, no solamente el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 208, p. 68, y en DO 2013, L 321, p. 6), y la Ley alemana de ordenación del sector bancario, sino también la Ley reguladora del banco regional de crédito del Land de Baden-Wurtemberg, y que también está sujeta a múltiples autoridades de vigilancia, esto es, no solamente el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) (Autoridad Federal de Supervisión Financiera, Alemania), el Bundesbank (Banco Central de Alemania) y el BCE, sino también el Ministerio de Finanzas del Land de Baden-Wurtemberg.
114

Por tanto, el control del Tribunal debe tener por objeto la legalidad de la decisión denegatoria a la luz únicamente del Reglamento n.o 1049/2001, y no la legalidad de éste atendiendo a la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de que no se ha propuesto ninguna excepción de ilegalidad en el presente caso. Pues bien, como resulta, en particular, del examen del segundo motivo, la Comisión denegó el acceso a los documentos solicitados de conformidad con el Reglamento n.o 1049/2001 (véase, en este sentido, el auto de 2 de septiembre de 2014, Verein Natura Havel y Vierhaus/Comisión, T‑538/13, no publicado, EU:T:2014:738, apartados 69 y 70)
63

La demandante no se opuso en modo alguno a esta última constatación efectuada por la Sala de Recurso y no cuestionó la falta de uso del signo por lo que atañe a los productos de la clase 24 ni indicó las razones por las que debía considerarse que los documentos que había presentado podían probar efectivamente el uso de la marca registrada para los servicios de la clase 42. En respuesta a una pregunta formulada durante la vista por el Tribunal, la demandante no refutó que, en su demanda, no hubiera desarrollado alegaciones específicas contra los apartados 31 a 39 de la resolución impugnada.
55

No obstante, es preciso señalar que, en circunstancias análogas a la del presente litigio, el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que el principio jurisprudencial, evocado en el apartado 30 anterior, relativo al interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, demostrado asimismo por la posibilidad, que figura en el artículo 66, apartado 2, de dicho Reglamento, de que, como excepción al citado artículo 7, apartado 1, letra c), signos o indicaciones aptos para designar la procedencia geográfica de los productos puedan constituir marcas colectivas, no es contradicho por el artículo 12, letra b), de ese Reglamento, que tampoco influye de manera determinante en la interpretación de la primera disposición. En efecto, el artículo 12, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, que trata en particular de solucionar los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta en todo o en parte por un nombre geográfico, no confiere a los terceros el derecho a utilizar dicho nombre como marca, sino que se limita a garantizar que puedan utilizarlo de manera descriptiva, a saber, como indicación relativa a la procedencia geográfica, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 y C‑109/97, EU:C:1999:230, apartados 26 a 28).
51

Asimismo, la conclusión que figura en el anterior apartado 45 no queda desvirtuada por el hecho, subrayado por la demandante, de que el apartado 5 del artículo 81 del Reglamento n.o 207/2009, que establece excepciones a la aplicación de dicho artículo para algunos plazos relativos a procedimientos ante la EUIPO, no mencione el plazo para interponer recurso ante el Tribunal establecido en el artículo 65 del mismo Reglamento. Esta omisión se explica porque el artículo 81 del Reglamento n.o 207/2009 no se aplica, en su totalidad, a los procedimientos incoados ante el juez de la Unión. Es cierto que, como subraya igualmente la demandante, el artículo 82 del mimo Reglamento, titulado «Prosecución del procedimiento», que se refiere a otras situaciones de incumplimiento de plazos «frente a» la EUIPO subsanables, menciona explícitamente, por el contrario, en su apartado 2, entre las disposiciones que prevén un plazo y que están excluidas de su ámbito de aplicación, el artículo 65 del mismo Reglamento. No obstante, esta falta de armonía entre los artículos 81 y 82 del Reglamento n.o 207/2009 no impide observar, al contrario, que, en ambos tipos de situaciones, las disposiciones relativas a plazos «con respecto a» la EUIPO, no se refieren a plazos para interponer recurso ante el juez de la Unión.
2.

Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización en el que se solicita que se repare el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la inclusión errónea de la demandante en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas — Exclusión — Recurso de indemnización en el que se solicita que se repare el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante — Inclusión (Art. 24 TUE, ap. 1, párr. 2, y 40 TUE; arts. 215 TFUE, 263 TFUE, párr. 4, y 275 TFUE; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC, 2010/644/PESC y 2011/783/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 961/2010, n.o 1245/2011 y n.o 267/2012) (véanse los apartados 30 a 32)
2.

Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización en el que se solicita que se repare el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la inclusión errónea de la demandante en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas — Exclusión — Recurso de indemnización en el que se solicita que se repare el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante — Inclusión [Arts. 24 TUE, ap. 1, párr. 2, y 40 TUE; arts. 215 TFUE, 263 TFUE, párr. 4, y 275 TFUE; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 961/2010, de Ejecución (UE) n.o 1245/2011 y (UE) n.o 267/2012] (véanse los apartados 37 a 39)
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 20 de junio de 2018 — KV/Comisión

(Asunto T‑104/15)

«Convenios de subvención celebrados en el marco del programa de aprendizaje permanente (2007‑2013) — Proyectos “Green Business is Smart Business” y “LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” — Gastos no subvencionables — Recurso de anulación — Incompetencia de la Comisión»

1. Recurso de anulación—Motivos—Falta de competencia de la institución autora del acto impugnado—Motivo de orden público (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 38)

2. Agencias de la Unión Europea—Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)—Procedimiento de recurso—Resolución por la que se declaran no subvencionables determinados gastos de personal con arreglo a los convenios de subvención celebrados en el marco del programa de aprendizaje permanente—Posible control de la legalidad de dicha resolución por la Comisión—Inexistencia—Incompetencia de la Comisión [Reglamento (CE) n.o 58/2003 del Consejo, art. 22] (véanse los apartados 46 a 50)

3. Procedimiento judicial—Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria—Legitimación pasiva—Convenios de subvención celebrados en el marco del programa de aprendizaje permanente—Convenios celebrados con la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)—Recurso dirigido contra la Comisión—Inadmisibilidad [Art. 272 TFUE; Reglamento (CE) n.o 58/2003 del Consejo] (véanse los apartados 51 y 52)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión de Ejecución C(2014) 9706 final de la Comisión, de 16 diciembre 2014, que desestimó por infundado el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la EACEA de 23 de septiembre de 2014 por la que se declaran no subvencionables determinados gastos de personal con arreglo a los convenios de subvención celebrados el 30 de septiembre de 2010 y el 9 de septiembre de 2011 entre la demandante y la EACEA para la ejecución de los proyectos europeos «Green Business is Smart Business» y «LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT».

Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución C(2014) 9706 final de la Comisión, de 16 diciembre de 2014.

2) Declarar la inadmisibilidad del recurso en todo lo demás.

3) La Comisión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las de KV.
Si bien es cierto que la legalidad de los actos mediante los que las instituciones de la Unión adoptan medidas restrictivas sólo puede apreciarse, en principio, en función de los elementos de hecho y de Derecho sobre cuya base se adoptaron, no lo es menos que una información aportada como prueba exculpatoria por la persona a quien se aplican las medidas restrictivas puede ser tomada en consideración por el juez de la Unión a fin de confirmar la apreciación de la legalidad de los actos impugnados en función de los elementos de hecho y de Derecho sobre cuya base se adoptaron.

Un reglamento que establezca medidas restrictivas no sólo debe interpretarse a la luz de la decisión adoptada en el marco de la política exterior y de seguridad común, mencionada en el artículo 215 TFUE, apartado 2, sino también del contexto histórico en el que se inscriben las disposiciones adoptadas por la Unión entre las que se incluye dicho reglamento. Cabe afirmar lo mismo de una decisión adoptada en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, que debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto en el que se inscribe.

El Consejo no está obligado a presentar pruebas que demuestren que los recursos de una entidad afectada se han utilizado directamente para programas de la República Popular Democrática de Corea relacionados con la proliferación nuclear, pero debe respaldar su decisión de la manera más plausible posible mediante un conjunto de pruebas que acrediten que dichos recursos pueden contribuir a tal fin.

En el marco del control judicial de la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de inscribir el nombre de una persona o de una entidad en una lista de personas sujetas a una medida restrictiva, si uno al menos de los motivos que figuran en la exposición de motivos es lo bastante preciso y concreto, está respaldado por hechos y constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar el acto de que se trate, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicho acto.

Suponiendo que el Consejo y la Comisión hayan sometido datos personales relativos a las demandantes a un tratamiento no conforme al Reglamento n.o 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, esta circunstancia no podría dar lugar a la anulación de los actos impugnados. En cambio, si las demandantes llegaran a probar la existencia de ese tratamiento ilegal, podrían hacer valer la infracción de dicho Reglamento en el contexto de un recurso de indemnización.

(véanse los apartados 173, 269 y 345)
1)

Anular la Decisión (UE) 2015/248 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, relativa a las medidas SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) concedidas por la República Eslovaca a Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s (SZP) y a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (VšZP).