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12

El 27 de octubre de 2008, Sanofi-Aventis Deutschland ejerció ante la United States District Court for the Eastern District of Texas (Tribunal Federal del distrito este de Texas, Estados Unidos) una acción por infracción de las patentes bajo licencia contra Genentech y Biogen Idec Inc. El mismo día, estas últimas formularon una demanda de nulidad de dichas patentes ante la United States District Court for the Northern District of California (Tribunal Federal del distrito norte de California, Estados Unidos). Ambas acciones fueron acumuladas ante este último tribunal, que las desestimó mediante resolución de 11 de marzo de 2011.
34

En el mismo sentido que lo hace el artículo 198, apartado 2, de la Directiva del IVA, el artículo 199, apartado 1, letra d), de la misma norma faculta a los Estados miembros para instaurar un mecanismo de inversión del sujeto pasivo, en esta ocasión para las entregas de material usado, residuos y desechos enumeradas en el anexo VI de dicha Directiva. Según el punto 5 del anexo, ello incluye concretamente la «entrega de los materiales mencionados en el presente anexo, una vez transformados mediante su [...] fundición en lingotes». En particular, el punto 1 del anexo se refiere a la «entrega de residuos férricos y no férricos, desechos y materiales usados», el punto 2 a la «entrega de productos férricos y no férricos semitransformados», el punto 3 a la «entrega de residuos y otros materiales reciclables consistentes en metales férricos y no férricos y sus aleaciones» y el punto 4 a la «entrega de residuos férricos y residuos metálicos, así como otros residuos, recortes [y] desechos». Pues bien, tal como indica la resolución de remisión, en el momento de los hechos del asunto principal el legislador danés no había hecho uso de la facultad que prevé el artículo 199, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA para instaurar un mecanismo de inversión del sujeto pasivo para las entregas de material usado, residuos y desechos enumeradas en el anexo VI de dicha Directiva.
8

El artículo 15, apartado 7, del Reglamento n.o 3821/85, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 (DO 2006, L 102, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 3821/85 modificado»), dispone lo siguiente: «a) Cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con aparato de control de conformidad con el anexo I, el conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite un inspector: i) las hojas de registro de la semana en curso y las utilizadas por el conductor en los 15 días anteriores, ii) la tarjeta de conductor si posee una, y iii) cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso y los 15 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento [...] n.o 561/2006. No obstante, después del 1 de enero de 2008, los períodos a que se refieren los anteriores incisos i) y iii) abarcarán el día en curso y los 28 días anteriores; b) cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con un aparato de control de conformidad con el anexo IB, el conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite un inspector: i) la tarjeta de conductor si posee una, ii) cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso y los 15 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento [...] n.o 561/2006, y iii) las hojas de registro correspondientes al mismo período a que se refiere el párrafo anterior, durante el cual condujo un vehículo dotado con equipo de control de conformidad con el anexo I. No obstante, después del 1 de enero de 2008, los períodos a que se refiere el anterior inciso ii) abarcarán el día en curso y los 28 días anteriores. c) Un inspector autorizado de control podrá verificar el cumplimiento del Reglamento [...] n.o 561/2006 mediante un análisis de las hojas de registro, de los datos mostrados o impresos registrados por el aparato de control o en la tarjeta de conductor o, a falta de lo anterior, al analizar cualquier otro documento acreditativo que justifique el incumplimiento de una disposición, como los previstos en el artículo 16, apartados 2 y 3.»
51

Por consiguiente, procede interpretar el artículo 8, apartado 3, de la Directiva acceso en el sentido de que, salvo en el contexto de ciertas disposiciones, y en particular del artículo 28 de la Directiva servicio universal, las ANR no pueden imponer obligaciones en materia de control de precios como las contempladas en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva acceso a los operadores que no tienen un peso significativo en el mercado de que se trate. Así pues, el artículo 8, apartado 3, de la Directiva acceso no impide que, en el marco de la aplicación del artículo 28 de la Directiva servicio universal, se impongan obligaciones en materia de control de precios como las contempladas en el artículo 13, apartado 1, de esta Directiva a un operador que no tiene un peso significativo en el mercado de que se trate, siempre que concurran los requisitos para la aplicación de dicho artículo 28 de la Directiva servicio universal (véase, en este sentido, sobre la Directiva acceso, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y la Directiva servicio universal, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, la sentencia KPN, C‑85/14, EU:C:2015:610, apartado 42).
7

Los considerandos 6 y 9 del Reglamento (CE) n.o 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 552/97 y n.o 1933/2006 del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 1100/2006 y n.o 964/2007 de la Comisión (DO L 211, p. 1), tienen la siguiente redacción: «(6) El régimen general debe concederse a todos los países beneficiarios que el Banco Mundial no incluya entre los países con ingresos elevados y cuyas exportaciones no estén suficientemente diversificadas. [...] (9) Estas preferencias deben estar orientadas a promover un mayor crecimiento económico y, con ello, responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible. Por tanto, en el marco de este régimen deben suspenderse los aranceles ad valorem y los derechos específicos (excepto los combinados con un derecho ad valorem) para los países beneficiarios en cuestión.»
19

Las demandantes en el litigio principal sostienen que no llevaron a cabo una práctica concertada en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, o de las disposiciones correspondientes del Derecho nacional. Alegan que no pueden ser consideradas responsables de las actuaciones unilaterales de Eturas. Algunas de estas demandantes afirman que no recibieron o no leyeron el mensaje de que se trata en el litigio principal, dado que la explotación del programa E‑TURAS sólo representaba una parte ínfima de su volumen de negocios y no se fijaban en las modificaciones realizadas en el programa. Indican que continuaron utilizando el sistema de información incluso después de la aplicación técnica de la limitación de los descuentos, porque no existía otro sistema de información y habría resultado demasiado caro desarrollar uno ellas mismas. Afirman, por último, que, en principio, los descuentos no estaban limitados, ya que las agencias de viajes interesadas todavía tenían la posibilidad de conceder a los clientes descuentos individuales de fidelidad adicionales.
17

No obstante, tal y como sostiene el Consejo, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el interés en ejercitar la acción de un recurrente, a la vista del objeto del recurso, debe existir en el momento de su interposición, so pena de inadmisión del recurso. Ese objeto del litigio debe perdurar, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso debe poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (véase, en este sentido, la sentencia Abdulrahim/Consejo y Comisión, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, apartado 61 y jurisprudencia citada).
5

Según la definición del artículo 2, letra l), de la Directiva marco, las «Directivas específicas» a las que la Directiva marco hace referencia son la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21); la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7); la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51), y la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (DO 1998, L 24, p. 1).
34

No obstante, como alega acertadamente la Comisión y como puso de relieve el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, el margen de apreciación del que los Estados miembros pueden hacer uso al incorporar a sus ordenamientos el artículo 17, apartado 2, letra c), de la Directiva se ve delimitado por la obligación de optar entre uno de los dos sistemas de indemnización previstos, respectivamente, en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, sin que exista la posibilidad de acumularlos. Por consiguiente, la concesión de una indemnización por daños y perjuicios no puede dar lugar a la concesión de una doble reparación, al combinar la indemnización por clientela y la reparación del perjuicio sufrido, en particular, por la pérdida de las comisiones con motivo de la resolución del contrato.
45

Ahora bien, ni el hecho de que los convenios y los acuerdos colectivos y sus acuerdos adicionales se depositen ante una autoridad administrativa y se puedan consultar en Internet, ni la publicación en un diario oficial de un anuncio de la intención de iniciar un procedimiento de extensión de un acuerdo adicional, ni la posibilidad de que todo interesado dé a conocer sus observaciones a raíz de ese anuncio, incluso considerados esos aspectos en conjunto, representan un grado adecuado de publicidad, suficiente para garantizar que, conforme a los objetivos de la obligación de transparencia, los operadores interesados pudieran manifestar su interés en la gestión del régimen de previsión objeto de los asuntos principales antes de que se adoptara con plena imparcialidad la decisión de extensión. En efecto, los interesados sólo disponen de un plazo de quince días para presentar sus observaciones, bastante inferior a los plazos previstos, salvo caso de urgencia, por los artículos 38, 59 y 65 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114; corrección de errores en DO 2004, L 351, p. 44, y en DO 2005, L 329, p. 40), según su modificación por el Reglamento (UE) no 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011 (DO L 319, p. 43), que no es aplicable en estos asuntos pero puede servir como marco de referencia sobre este aspecto. Además, según las observaciones expuestas por el Gobierno francés en la vista ante el Tribunal de Justicia, el Ministro competente se limita a un simple control de legalidad. Se advierte de esa forma que la existencia de una oferta más ventajosa de la que una persona interesada informara al Ministro no podría impedir la extensión de ese acuerdo, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.
5

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE no 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), modificó la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE no 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), modificada también por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (BOE no 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767) (en lo sucesivo, «LEC»).
15

El artículo 15 del mencionado Convenio establece que: «1. Sin perjuicio de las disposiciones de los [artículos] 15a a 19, los salarios, retribuciones y otros rendimientos del trabajo personal que perciba un residente de un Estado contratante sólo estarán sometidos a tributación en este Estado, a menos que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si así fuera, los rendimientos obtenidos por este concepto quedarían sujetos al impuesto en este otro Estado. 2. Pese a las disposiciones del [apartado] 1, las retribuciones que un residente de un Estado contratante perciba por el trabajo por cuenta ajena realizado en el otro Estado contratante sólo tributarán en el primer Estado si: a. el beneficiario reside en el otro Estado durante un período o varios períodos que no excedan el total de 183 días a lo largo del año civil considerado; b. las retribuciones son pagadas por un empresario, que no reside en el otro Estado o en su nombre, y c. los gastos originados por las retribuciones no son soportados por un establecimiento permanente o una base fija que el empleador tenga en ese otro Estado. [...] 4. Sin perjuicio de las disposiciones del [artículo] 15a, una persona física que sea residente de un Estado contratante pero que ejerza una actividad como miembro de la dirección, director, gerente o apoderado de una sociedad de capital que sea residente del otro Estado contratante, estará sometida a imposición en este otro Estado en relación con las retribuciones que reciba por dicha actividad, a condición de que su actividad no esté únicamente circunscrita de tal manera que no comprenda más que tareas que produzcan todos sus efectos fuera de este otro Estado. Si este otro Estado no grava dichas rentas, estarán sometidas a gravamen en el Estado donde sea residente la persona física.»
51

De las anteriores consideraciones se desprende que procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 1 a 3 de la Directiva 2010/64 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en un procedimiento penal, no permite a la persona contra quien se haya dictado una orden penal formular oposición contra ésta por escrito en una lengua distinta de la lengua de procedimiento, aun cuando dicha persona no domine esta última lengua, siempre que, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, las autoridades competentes no consideren, a la luz del procedimiento en cuestión y de las circunstancias del asunto, que dicha oposición constituye un documento esencial.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 936/2012 de la Comisión, de 4 de octubre de 2012 (DO L 283, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1896/2006»).
5

El artículo 10 de la Ley del impuesto sobre sociedades de 1988, que trata de las participaciones internacionales, establece en sus apartados 2 y 3: «(2) Están exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos de cualquier clase procedentes de participaciones internacionales. Existe una participación internacional cuando un sujeto pasivo contemplado en el artículo 7, apartado 3, u otra sociedad extranjera sujeta al impuesto por obligación personal que sea comparable a un sujeto pasivo nacional contemplado en el artículo 7, apartado 3, participe probadamente durante un período ininterrumpido de al menos un año, a través de participaciones en el capital, en al menos una décima parte del capital de: a) sociedades extranjeras comparables a sociedades de capital nacionales; b) otras sociedades extranjeras que cumplan los requisitos [...] establecidos en el artículo 2 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990[, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes] (DO L 225, p. 6), en su versión aplicable. El citado plazo de un año no será aplicable en el caso de participaciones adquiridas con motivo de una ampliación de capital, en la medida en que no aumente el porcentaje de participación. (3) Al calcular los ingresos no se tendrán en cuenta los beneficios, pérdidas y demás variaciones de valor derivadas de las participaciones internacionales a las que se refiere el apartado 2. Esto no resultará aplicable a las pérdidas patrimoniales efectivas y definitivas derivadas de la extinción (liquidación o insolvencia) de la sociedad (entidad) extranjera. Las pérdidas serán minoradas por el importe de todo tipo de dividendos exentos que se hayan percibido durante los cinco ejercicios anteriores a aquel en que se inicie el procedimiento de liquidación o se declare la insolvencia. La neutralidad fiscal de la participación no será de aplicación en los siguientes supuestos: 1. El sujeto pasivo, al presentar la declaración del impuesto sobre sociedades correspondiente al año de adquisición de una participación internacional o de constitución de una participación internacional mediante la adquisición adicional de participaciones, declara que los beneficios, pérdidas y demás variaciones de valor tendrán efectos fiscales (opción por la eficacia fiscal de la participación). [...]»
6

El Estado rumano, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, interpuso recurso de casación contra esta sentencia. Mediante la resolución no 401/2008, la Sala de lo Civil del Tribunalul Sibiu (tribunal de apelación de Sibiu) limitó la devolución del impuesto especial sobre los turismos abonado por el Sr. Târșia a un importe igual al de la diferencia entre dicho impuesto y el impuesto, posterior, de contaminación, exigible en virtud del Decreto-ley no 50/2008, por el que se establece el impuesto de contaminación de los automóviles (Ordonanţă de urgenţă a Guvernului no 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), de 21 de abril de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, no 327 de 25 de abril de 2008).
38

También resulta de esa resolución que esas entidades no soportan el riesgo económico ligado al ejercicio de esas actividades puesto que no disponen de patrimonio propio, no generan ingresos propios y no soportan los costes inherentes a esas actividades, toda vez que los ingresos percibidos se transfieren al presupuesto del municipio de Wrocław y los gastos se imputan directamente a ese presupuesto.
34

El artículo 24, apartado 4, del Decreto-ley 185/2008, tal como lo interpreta el órgano jurisdiccional remitente, no puede considerarse contrario al artículo 13 del Reglamento no 794/2004. Si bien este último artículo determina, en su párrafo primero, la fecha de entrada en vigor del Reglamento y precisa, en su párrafo quinto, que el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento, que se refiere al cálculo de los intereses sobre una base compuesta, es únicamente aplicable a las decisiones de recuperación notificadas tras la entrada en vigor de dicho Reglamento, no puede deducirse de esta limitación de la aplicabilidad ratione temporis del Reglamento no 794/2004 un principio que impida a los Estados miembros —que, en la época en que se adoptó la Decisión 2003/193, tenían competencia exclusiva para determinar la base de cálculo de los intereses— legislar en un sentido y no en otro. Por lo tanto, el artículo 13 del Reglamento no 794/2004 no establece una regla de irretroactividad aplicable a las legislaciones nacionales antes de la entrada en vigor del Reglamento no 794/2004.
7

El artículo 13 de la Ley no 67/2007, relativa al régimen de responsabilidad civil extracontractual del Estado y demás entidades públicas (Lei no 67/2007 — Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas), de 31 de diciembre de 2007 (Diário da República, 1ra serie, no 251, de 31 de diciembre de 2007, p. 91117), en su versión modificada por la Ley no 31/2008, de 17 de julio de 2008 (Diário da República, 1ra serie, no 137, de 17 de julio de 2008, p. 4454) (en lo sucesivo, «RRCEE»), dispone lo siguiente: «1. Sin perjuicio de las situaciones de condena penal injusta y de privación injustificada de la libertad, el Estado responderá civilmente por los daños derivados de las resoluciones judiciales manifiestamente inconstitucionales, ilegales o injustificadas por error evidente en la apreciación de los presupuestos de hecho. 2. La pretensión de indemnización deberá fundarse en la previa revocación de la resolución lesiva por el órgano jurisdiccional competente.»
3

El título II, punto 1, párrafo primero, de la Comunicación de la Comisión de 10 de julio de 1997, relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos (DO C 209, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación») está redactada en los siguientes términos: «La venta de terrenos y construcciones mediante licitación suficientemente anunciada, abierta e incondicional, similar a una subasta, adjudicada al mejor o único postor es, por definición, una venta realizada a su valor de mercado, que no contiene, por consiguiente, ningún elemento de ayuda de Estado. [...]»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 203, apartado 1, y 204, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 1) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), del artículo 859 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 214/2007 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007 (DO L 62, p. 6) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), y del artículo 168, letra e), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva sobre el IVA»).
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El Reglamento relativo a las Comunidades Europeas (ordenación del tiempo de trabajo) (médicos en período de formación) de 2004 [European Communities (Organisation of Working Time) (Activities of Doctors in Training) Regulations 2004, SI 2004, no 494], en su versión modificada por el Reglamento de 2010 (SI 2010, no 533) (en lo sucesivo, «Reglamento de 2004»), tiene por objeto transponer al Derecho irlandés la Directiva 2003/88 respecto a los NCHD.
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Si bien no niega haber realizado el pago de ese modo, el demandante en el litigio principal considera que el acuerdo atributivo de competencia previsto en ese artículo 7 no se incorporó válidamente al contrato de compraventa, ya que no se celebró por escrito, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, letra a), del Reglamento Bruselas I. Aduce que la página web de la demandada en el litigio principal, que contiene sus condiciones generales de contratación, no se abre automáticamente con el registro ni con cada compra. Afirma que, por el contrario, es necesario seleccionar una casilla con la indicación «Hacer clic aquí para acceder a las condiciones generales de entrega y pago en una nueva ventana» (técnica de aceptación mediante un «clic», llamada «click‑wrapping»). Pues bien, según alega, sólo se cumplirían los requisitos del artículo 23, apartado 2, del Reglamento Bruselas I si la ventana con las condiciones generales se abriese automáticamente. Sostiene que, además, la cláusula atributiva de competencia carece de validez, por ser arbitraria e inesperada.