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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de noviembre de 2022 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburgo) — WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20) / Luxembourg Business Registers

(Asuntos acumulados C-37/20 y C-601/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo - Directiva (UE) 2018/843 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 - Modificación introducida en el artículo 30, apartado 5, párrafo primero, letra c), de esta última Directiva - Acceso de cualquier miembro del público en general a la información sobre la titularidad real - Validez - Artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Respeto de la vida privada y familiar - Protección de datos personales)

(2023/C 24/03)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: WM (C-37/20) y Sovim SA (C-601/20)

Demandada: Luxembourg Business Registers

Fallo

El artículo 1, punto 15, letra c), de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, es inválido en la medida en que modificó el artículo 30, apartado 5, párrafo primero, letra c), de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en el sentido de que dicho artículo 30, apartado 5, párrafo primero, letra c), establece, en su versión así modificada, que los Estados miembros deberán garantizar que la información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general.

(1) DO C 103 de 30.3.2020.

DO C 35 de 1.2.2021.
2)

El artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 debe interpretarse en el sentido de que un dispositivo de desactivación que garantiza el cumplimiento de los valores límite de emisiones establecidos en ese Reglamento únicamente cuando la temperatura exterior se sitúa entre 15 oC y 33 oC solo puede estar justificado, en virtud de la citada disposición, si se demuestra que dicho dispositivo responde estrictamente a la necesidad de evitar los riesgos inmediatos de averías o accidentes en el motor, causados por un mal funcionamiento de un componente del sistema de recirculación de los gases de escape, de tal gravedad que generarían un peligro concreto durante la conducción del vehículo equipado con ese dispositivo. En cualquier caso, no puede estar comprendido en la excepción del artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 un dispositivo de desactivación diseñado para funcionar, en condiciones normales de circulación, la mayor parte del año con el fin de que el motor esté protegido contra averías o accidentes y se garantice el manejo seguro del vehículo.
1)

El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, y el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la residencia habitual en el sentido de estas disposiciones, no puede constituir un elemento determinante la condición de agentes contractuales de la Unión Europea de los cónyuges de que se trate, destinados en una de las delegaciones de esta ante un tercer Estado y respecto de los que se aduce que gozan de estatus diplomático en ese tercer Estado.
C 171/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2022 [petición de decisión prejudicial planteada por el Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Reino Unido] — VI / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-247/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros - Artículo 21 TFUE - Directiva 2004/38/CE - Artículos 7, apartado 1, letra b), y 16 - Menor de edad nacional de un Estado miembro que reside en otro Estado miembro - Derecho de residencia derivado del progenitor que tiene la custodia efectiva de dicho menor - Requisito de disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos - Menor de edad que dispone de un derecho de residencia permanente para una parte de los períodos pertinentes)

(2022/C 171/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VI

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

1) El artículo 21 TFUE y el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que ni el menor de edad, ciudadano de la Unión, que haya adquirido un derecho de residencia permanente ni el progenitor que tenga la custodia efectiva de dicho menor están obligados a disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, para conservar su derecho de residencia en el Estado de acogida.

2) El artículo 21 TFUE y el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que, en relación con los períodos anteriores a la adquisición por un menor de edad, ciudadano de la Unión, de un derecho de residencia permanente en el Estado de acogida, tanto ese menor, cuando se solicita un derecho de residencia para este sobre la base de dicho artículo 7, apartado 1, letra b), como el progenitor que tiene su custodia efectiva deben disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, en el sentido de esta Directiva.

(1) DO C 313 de 21.9.2020.
C 165/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 24 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumania) — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti

(Asunto C-532/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 92/13/CEE - Procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones - Artículo 1, apartados 1 y 3 - Acceso a los procedimientos de recurso - Artículo 2 quater - Plazos para la interposición de un recurso - Cálculo - Recurso contra una decisión de admisión de un licitador)

(2022/C 165/17)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bucureşti

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Alstom Transport SA

Demandadas: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti

Fallo

Los artículos 1, apartados 1, párrafo cuarto, y 3, y 2 quater de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, deben interpretarse en el sentido de que el plazo dentro del cual el adjudicatario de un contrato puede interponer un recurso contra una decisión de la entidad adjudicadora por la que, en el marco de la decisión de adjudicación de dicho contrato, se declara admisible la oferta de un licitador excluido puede calcularse tomando como punto de referencia la fecha de recepción de la decisión de adjudicación por parte de tal adjudicatario, aun cuando, en esa fecha, el licitador no haya interpuesto un recurso contra ella o no lo haya hecho todavía. En cambio, si, en el momento de la notificación o de la publicación de dicha decisión, no se puso en conocimiento del adjudicatario, conforme al mencionado artículo 2 quater, una exposición resumida de las razones pertinentes de esta, como la información relativa a las modalidades de evaluación de la referida oferta, ese plazo debe calcularse tomando como punto de referencia la comunicación de tal exposición al propio adjudicatario.

(1) DO C 53 de 15.2.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de enero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN

(Asunto C-261/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Artículo 49 TFUE - Directiva 2006/123/CE - Artículo 15 - Honorarios de arquitectos e ingenieros - Tarifas obligatorias mínimas - Efecto directo - Sentencia por incumplimiento dictada en el transcurso de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional)

(2022/C 119/15)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Thelen Technopark Berlin GmbH

Demandada: MN

Fallo

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares no está obligado, únicamente sobre la base del dicho Derecho, a dejar inaplicada una normativa nacional que, infringiendo el artículo 15, apartado 1, apartado 2, letra g), y apartado 3, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, fija importes mínimos de honorarios para las prestaciones de servicios de arquitectos e ingenieros y sanciona con la nulidad los acuerdos que no se atienen a dicha normativa, y ello dejando no obstante a salvo, por una parte, la posibilidad de que ese órgano jurisdiccional excluya dicha normativa sobre la base del Derecho interno en el marco de tal litigio y, por otra parte, el derecho de la parte perjudicada por la no conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión de solicitar la indemnización del perjuicio que dicha no conformidad le ha ocasionado.

(1) DO C 313 de 21.9.2020.
3)

El principio de neutralidad fiscal debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Derecho nacional no aplique el tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la entrega de astillas de madera, mientras que sí lo aplica a las entregas de otras formas de madera para leña, a condición de que, desde la perspectiva del consumidor medio, las astillas de madera no puedan sustituir a estas otras formas de madera para leña, extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
2)

El artículo 288 TFUE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro adopte una normativa nacional cuyo ámbito de aplicación personal es más amplio que el del Reglamento n.o 883/2004 por cuanto establece una equiparación de los nacionales de los Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, con sus propios nacionales, siempre que dicha normativa se interprete de manera conforme con dicho Reglamento y que no se desvirtúe la primacía de este.
C 11/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 11 de noviembre de 2021 — República Helénica / Comisión Europea

(Asunto C-106/20 P) (1)

(Recurso de casación - Política agrícola común - FEAGA y Feader - Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea - Gastos efectuados por la República Helénica - Procedimiento de liquidación de conformidad - Motivo invocado por primera vez en la fase oral del procedimiento en primera instancia - Reglamento (CE) n.o 796/2004 - Artículo 2, punto 2 - Reglamento (UE) n.o 1307/2013 - Artículo 4, apartado 1, letra h) - Concepto de «pastizales permanentes» - Desnaturalización de las pruebas - Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 - Artículo 12, apartado 4 - Corrección puntual - Requisitos - Carga de la prueba)

(2022/C 11/08)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: República Helénica (representantes: E. Tsaousi, E. Leftheriotou y A. Vasilopoulou, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: M. Konstantinidis y A. Sauka, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la República Helénica.

(1) DO C 161 de 11.5.2020.
1)

El anexo I, apéndice 3, punto A, párrafo 9, letra e), del Reglamento (UE) n.o 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2018/1119 de la Comisión, de 31 de julio de 2018, debe interpretarse en el sentido de que, para el cómputo de las ciento quince horas de instrumentos contempladas en esta disposición, no es posible contabilizar más de cincuenta y cinco horas de instrumentos en tierra.
C 471/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 9 de septiembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln — Alemania) — Phantasialand / Finanzamt Brühl

(Asunto C-406/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 98 - Facultad de los Estados miembros de aplicar un tipo reducido de IVA a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios - Anexo III, punto 7 - Derecho de acceso a los parques de atracciones y a las ferias - Principio de neutralidad fiscal - Prestaciones realizadas por feriantes itinerantes y por feriantes no itinerantes - Comparabilidad - Contexto - Punto de vista del consumidor medio - Informe pericial)

(2021/C 471/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Phantasialand

Demandada: Finanzamt Brühl

Fallo

El artículo 98 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el anexo III, punto 7, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual las prestaciones realizadas por los feriantes itinerantes, por una parte, y las realizadas por los feriantes no itinerantes que operan bajo la forma de parques de ocio, por otra, están sujetas a tipos del impuesto sobre el valor añadido distintos, uno reducido y el otro normal, siempre que se respete el principio de neutralidad fiscal. El Derecho de la Unión no se opone a que el órgano jurisdiccional remitente, cuando experimente dificultades especiales para comprobar el respeto del principio de neutralidad fiscal, solicite, en las condiciones previstas en el Derecho nacional, un informe pericial destinado a orientar su decisión.

(1) DO C 423 de 7.12.2020.
3)

El artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una demanda de medidas provisionales o cautelares debe examinarse a la luz de la ley del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, y que no se opone a una normativa nacional que no autoriza el ejercicio de una acción de medidas provisionales relativa a una demanda pecuniaria contra el Estado o una autoridad pública.
3)

Mantener los efectos de la Decisión de la Junta Única de Resolución, en sesión ejecutiva de 11 de abril de 2017, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/SRF/2017/05), en lo que respecta a Landesbank Baden-Württemberg, hasta que entre en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, una nueva decisión de la Junta Única de Resolución por la que se fije la contribución ex ante al Fondo Único de Resolución de dicha entidad para el año 2017.
3)

Cuando se ha hecho uso de la facultad de aplicar la excepción prevista en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no resulta aplicable en presencia de una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la concesión de un subsidio a la vivienda está supeditada, en lo que concierne a los nacionales de terceros países residentes de larga duración, al requisito de que acrediten, de una manera determinada en dicha normativa, que poseen conocimientos básicos de la lengua de ese Estado miembro, si dicho subsidio a la vivienda no constituye una «prestación básica» en el sentido del mencionado artículo 11, apartado 4. Si el referido subsidio sí constituye tal prestación, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación por razón de los orígenes étnicos, no se opone a una normativa de tales características.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de mayo de 2021 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido]— Renesola UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-209/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Apreciación de validez - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1357/2013 - Determinación del país de origen de los módulos solares montados en un tercer país a partir de células solares fabricadas en otro país tercero - Reglamento (CEE) n.o 2913/92 - Código aduanero comunitario - Artículo 24 - Origen de las mercancías en cuya producción hayan intervenido varios países terceros - Concepto de «última transformación o elaboración sustancial»)

(2021/C 278/31)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Renesola UK Ltd

Recurrida: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

El examen de la primera cuestión prejudicial no ha revelado ningún dato que pueda afectar a la validez del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1357/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CEE) n.o 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario.

(1) DO C 262 de 10.8.2020.
3)

A falta de disposiciones en la legislación del Estado miembro emisor que establezcan un recurso judicial con objeto de controlar las condiciones en que ha dictado una orden de detención europea una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un órgano jurisdiccional, la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, leída a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que permite al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso dirigido a impugnar la legalidad del mantenimiento en prisión provisional de una persona que ha sido entregada en virtud de una orden de detención europea dictada sobre la base de un acto nacional que no puede calificarse de «orden de detención [nacional] o […] cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza», en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra c), de esa Decisión Marco, y en el marco del cual se invoca un motivo basado en la invalidez de dicha orden de detención europea a la luz del Derecho de la Unión, declararse competente para realizar dicho control de validez. La Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, leída a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no impone que la declaración por parte del órgano jurisdiccional nacional de que la orden de detención europea en cuestión ha sido dictada infringiendo el artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Decisión Marco por no basarse en una «orden de detención [nacional] o […] cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza», en el sentido de esta disposición, tenga como consecuencia la puesta en libertad de la persona en situación de prisión provisional después de que el Estado miembro de ejecución la haya entregado al Estado miembro emisor. Corresponde, pues, al órgano jurisdiccional remitente decidir, de conformidad con su Derecho nacional, las consecuencias que la inexistencia de ese acto nacional, como fundamento legal de la orden de detención europea de que se trata, puede tener sobre la decisión de mantener o no la situación de prisión provisional de la persona encausada.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Attunda tingsrätt — Suecia) — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

(Asunto C-28/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 5, apartado 3 - Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos - Exención de la obligación de compensación - Concepto de «circunstancias extraordinarias» - Huelga de pilotos organizada dentro del marco legal - Circunstancias «internas» y «externas» respecto a la actividad del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo - Artículos 16, 17 y 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Inexistencia de vulneración de la libertad de empresa, del derecho de propiedad y del derecho de negociación del transportista aéreo)

(2021/C 189/05)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Attunda tingsrätt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Airhelp Ltd

Demandada: Scandinavian Airlines System SAS

Fallo

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un movimiento de huelga iniciado por un sindicato del personal de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación nacional, en particular el plazo de preaviso impuesto por esta, dirigido a hacer valer las reivindicaciones de los trabajadores de dicho transportista y seguido por una categoría de personal cuya presencia es indispensable para operar un vuelo, no está comprendido en el concepto de «circunstancia extraordinaria», en el sentido de esta disposición.

(1) DO C 85 de 23.3.2020.