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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 312/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Višje sodišče v Mariboru (Eslovenia) el 20 de octubre de 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Asunto C-403/09)

2009/C 312/39

Lengua de procedimiento: esloveno

Órgano jurisdiccional remitente

Višje sodišče v Mariboru

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Jasna Detiček

Demandada: Maurizio Sgueglia

Cuestiones prejudiciales

1) Con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, (1) ¿es competente un órgano jurisdiccional de la República de Eslovenia para adoptar medidas cautelares cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, competente en virtud del mencionado Reglamento para conocer sobre el fondo, ya ha adoptado una medida cautelar que ha sido declarada ejecutiva en la República de Eslovenia?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede un órgano jurisdiccional esloveno adoptar con arreglo al Derecho nacional (como permite el artículo 20 del Reglamento) una medida cautelar en virtud del mencionado artículo 20, que modifique o anule una medida cautelar definitiva y ejecutiva adoptada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que, según dicho Reglamento, es competente para conocer del fondo del asunto?

(1) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).
9)

Si dicho uso está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas y del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento MC, o del artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas y del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento MC: a) ¿incluye o consiste dicho uso en «transmitir en una red de comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio» y, en ese caso, el operador del motor de búsqueda «selecciona o modifica los datos» en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (3) de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)? b) ¿incluye o consiste dicho uso en el «almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos» en el sentido del artículo 13, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrónico? c) ¿incluye o consiste dicho uso en «almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio» en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrónico? d) Si el referido uso no consiste exclusivamente en actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 12, apartado 1, 13, apartado 1, y 14, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrónico, pero incluye tales actividades, ¿está exento de responsabilidad el operador del motor de búsqueda en la medida en que el uso consista en dichas actividades y, en ese caso, puede concederse una indemnización de daños y perjuicios u otra reparación económica con respecto a dicho uso en la medida en que no esté exento de responsabilidad?
—

Que se anulen los artículos 3 y 4, apartados 3 y 5, octavo guión, del Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2003, sobre las medidas transitorias que deben adoptarse en relación con el comercio de productos agrícolas con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 230/2004 de la Comisión, de 10 de febrero de 2004, (2) y por el Reglamento (CE) no 735/2004 de la Comisión, de 20 de abril de 2004. (3)
1)

Si un ciudadano de la Unión Europea que se encuentra en un Estado miembro del que no es nacional era titular, antes de la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2004/38/CE, (1) de una tarjeta de estancia válidamente expedida con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 68/360/CEE, (2) y durante un período de tiempo comprendido dentro de la vigencia de la tarjeta estuvo desempleado voluntariamente, no fue autosuficiente y no cumplió los requisitos para la expedición de dicho permiso, ¿siguió siendo dicha persona, en virtud exclusivamente de la posesión de la tarjeta, una persona que “residió legalmente” en el Estado miembro de acogida a efectos de la adquisición posterior de un derecho de residencia permanente conforme a lo previsto en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE?
1)

¿Ha de interpretarse el Derecho comunitario, en particular el artículo 5, letra k), del Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, (1) por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, en el sentido de que la cantidad de referencia de un productor que ha adquirido una explotación de otro productor durante el curso de un período de doce meses no comprende la cantidad a cuenta de la cual ya hubiera hecho entregas de leche ese otro productor durante ese período de doce meses antes de la transmisión de la explotación?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 204, apartado 1, letra a), en relación con los artículos 92 y 96, y con los artículos 1 y 4, puntos 9 y 10, del Reglamento (CEE) no 2913/92 (1) del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en el sentido de que (a) da origen a una deuda aduanera el hecho de que un régimen de tránsito respecto a mercancías que no existen físicamente se inicie en el NSIT por error de un expedidor autorizado, y en consecuencia el régimen de tránsito no pueda cumplirse de acuerdo con las normas aplicables, o de que (b) tal hecho no da origen a una deuda aduanera, ya que se presume que el régimen de tránsito se aplica únicamente a mercancías físicamente existentes, de modo que la inscripción por error en el sistema NSIT de un tránsito de mercancías que no existen físicamente no conduce a la imposición de deudas aduaneras?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 193/9

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) el 29 de mayo de 2009 — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co. KG

(Asunto C-195/09)

2009/C 193/10

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Synthon BV

Demandada: Merz Pharma Gmbh & Co. KG

Cuestiones prejudiciales

1) A los efectos de los artículos 13 y 19 del Reglamento (CEE) no 1768/1992 (1) del Consejo, ¿es una autorización una «primera autorización de comercialización en la Comunidad» si se ha concedido con arreglo a una ley nacional conforme con la Directiva 65/65/CEE (2) del Consejo, o es necesario acreditar además que, al conceder la autorización en cuestión, la autoridad nacional ha realizado una valoración de los datos como se exige en el procedimiento administrativo establecido en dicha Directiva?

2) A efectos de los artículos 13 y 19 del Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, ¿incluye la expresión «primera autorización de comercialización en la Comunidad» las autorizaciones que, de acuerdo con la legislación nacional, pueden coexistir con un régimen de autorización conforme a la Directiva 65/65/CEE del Consejo?

3) ¿Está un producto, cuya primera comercialización en el mercado en la Comunidad se ha autorizado sin observar el procedimiento administrativo establecido en la Directiva 65/65/CEE del Consejo, comprendido en el ámbito de aplicación definido en el artículo 2 del Reglamento (CEE) 1786/92 del Consejo?

4) Si no lo está, ¿es nulo un CCP concedido para tal producto?

(1) Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 182, pp. 1-5).

(2) Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas (DO L 22, p. 369; EE 13/01, p. 18).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 153/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Alemania) el 24 de abril de 2009 — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis

(Asunto C-145/09)

2009/C 153/48

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Land Baden-Württemberg

Apelada: Panagiotis Tsakouridis

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública» empleado por el artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE, (1) de 29 de abril de 2004, en el sentido de que sólo pueden justificar una expulsión peligros perentorios para la seguridad exterior o interior del Estado miembro y, a este respecto, sólo se pueden considerar la propia existencia del Estado con sus instituciones fundamentales, el funcionamiento de éstas, la supervivencia de la población, las relaciones exteriores y la convivencia pacífica de los pueblos?

2) ¿En qué condiciones se puede perder la especial protección contra la expulsión con arreglo al artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, obtenida tras diez años de residencia en el Estado miembro de acogida? ¿En esas circunstancias es de aplicación, por analogía, el motivo de pérdida de la protección del derecho de residencia permanente previsto en el artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y aplicación analógica del artículo 16, apartado 4, de la Directiva: ¿Se pierde la especial protección contra la expulsión por el mero transcurso del tiempo, independientemente de las razones que hayan conducido a la ausencia?

4) También en caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y aplicación analógica del artículo 16, apartado 4, de la Directiva: ¿El regreso forzoso al Estado miembro de acogida con motivo de una medida de justicia penal antes de que expire el plazo de dos años es razón suficiente para conservar la especial protección contra la expulsión, aun cuando inmediatamente a su regreso el interesado no vaya a poder disfrutar de las libertades fundamentales durante un tiempo prolongado?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, de 30.4.2004, versión corregida en el DO L 229, de 29.6.2004). DO L 204, de 4.8.2007, p. 28.
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, se pregunta también si, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, constituye o no un fin legítimo de interés general imperativo que consiente una excepción a lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado CE –con arreglo al cual se prohíbe el establecimiento de restricciones cuantitativas a la exportación del producto de que se trata, así como todas las medidas de efecto equivalente– la protección de la calidad de un producto que venga determinado geográficamente mediante la ley nacional del Estado miembro y al cual no se haya reconocido la posibilidad de llevar un título distintivo particular que indique su calidad superior y su carácter único generalmente reconocidos, por proceder de una región geográfica determinada.
2)

¿Es contraria al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en particular a la prohibición de discriminación (artículo 12 CE), a la libertad de establecimiento (artículos 43 CE y siguientes), a la libre prestación de servicios (artículos 49 CE y siguientes) o a los derechos fundamentales comunitarios (el principio de Derecho comunitario de igualdad de trato), la frase «las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas por un sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado miembro en que se devengue el IVA» del artículo 283, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, (3) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por el hecho de dar lugar a que los ciudadanos de la Unión que no estén establecidos en el interior del país de que se trate no podrán disfrutar de la franquicia del impuesto prevista en los artículos 282 y siguientes de la Directiva 2006/112 («Régimen especial de las pequeñas empresas»), mientras que los ciudadanos de la Unión que sí estén establecidos en el interior del país podrán acogerse a dicha franquicia siempre que el Estado miembro de que se trate conceda una franquicia del impuesto para las pequeñas empresas conforme a la Directiva?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 129/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München el 3 de abril de 2009 — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München

(Asunto C-123/09)

2009/C 129/17

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht München

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

Demandada: Hauptzollamt München

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la subpartida 3926 20 00 de la Nomenclatura Combinada, en la versión del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, (1) en el sentido de que también comprende los artículos textiles cardados y revestidos de plástico por una sola cara, pero que no cumplen ninguna función distinta de la de mero soporte, pues el cardado sirve exclusivamente para una mejor adherencia del plástico y el usuario no lo puede percibir en la mercancía acabada (véase también la Nota explicativa 56.6 del Sistema Armonizado, relativa al capítulo 39 de la Nomenclatura Combinada)?

(1) DO L 281, p. 1; DO L 256, p. 1.
—

Que se anule la sentencia recurrida en la medida en que admitió el recurso de anulación interpuesto por Kronopoly GmbH & Co. KG y Kronotex GmbH & Co. KG contra la decisión de la Comisión de 19 de junio de 2002 de no formular objeciones contra la ayuda estatal concedida por Alemania a Zellstoff Stendal GmbH para la construcción de una instalación de producción de pulpa.
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, la definición como bosques o superficies forestales de superficies que no constituyen bosques o superficies forestales con arreglo a las definiciones del artículo 3, letras a) y b), del Reglamento no 2152/2003, que se permite establecer a los ordenamientos nacionales, ¿puede diferenciarse de la definición que da el mencionado Reglamento tanto respecto de los elementos constitutivos del concepto de bosque o de superficie forestal que contiene dicho Reglamento como en lo que atañe a la determinación numérica de las magnitudes de los eventuales elementos constitutivos comunes con los de éste (el Reglamento)? ¿O puede esta definición de los ordenamientos jurídicos nacionales incluir elementos constitutivos del concepto de bosque o superficie forestal distintos de los comprendidos en la definición del Reglamento, permitiéndose sin embargo que no determine numéricamente los elementos comunes con éste pero exigiéndose que, si procede a tal determinación numérica, no se aparte de la (determinación numérica) del Reglamento?
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 90 CE, al conceder una ventaja fiscal a los aceites lubricantes regenerados producidos a partir de aceites usados recogidos en Italia, y al denegar sin embargo la misma ventaja a los aceites lubricantes regenerados producidos a partir de aceites usados recogidos en otros Estados miembros (con arreglo al artículo 62 del Texto único de las disposiciones legislativas referentes a los impuestos sobre la producción y el consumo y a las correspondientes sanciones penales y administrativas, aprobado mediante Decreto Legislativo de 26 de octubre de 1995, no 504, según la interpretación de la Circular de la Agenzia delle Entrate no 24/D de 5 de mayo de 2004, y del artículo 1, apartado 116 de la Ley de 23 de diciembre de 2005, no 266).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/17

Recurso de casación interpuesto el 17 de noviembre de 2008 por Prana Haus GmbH contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) el 17 de septiembre de 2008 en el asunto T-226/07, Prana Haus GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-494/08 P)

(2009/C 32/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Prana Haus GmbH (representante: N. Hebeis, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Octava) de 17 de septiembre de 2008, asunto T-226/07 [Prana Haus GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)].

— Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

Motivos y principales alegaciones

El litigio tiene por objeto la cuestión de si puede ser protegida como marca la denominación «PRANAHAUS» para los productos «soportes de imagen y sonido grabado de cualquier tipo; artículos de imprenta» y para «servicios de comercio al por menor (…) para productos de consumo diario (…)». El Tribunal de Primera Instancia consideró que «PRANAHAUS» es una indicación que designa de modo inmediato y concreto los productos y servicios mencionados.

Mediante el presente recurso, la recurrente alega que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento de la marca comunitaria, se han vulnerado los motivos de denegación absoluta de la denominación descrita.

Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia ha realizado una interpretación demasiado amplia del concepto jurídico «para describir» que figura en el artículo 7, apartado 1, letra c), contraria al tenor literal de la disposición y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por otra parte, no realizó correctamente el examen de si la denominación «PRANAHAUS» hace una referencia suficientemente directa y concreta a los productos y servicios mencionados, de modo tal que el público destinatario pueda ver en ella, «inmediatamente y sin mayor reflexión» una «descripción» de dichos productos y servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c). A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración la circunstancia de que, para poder reconocer siquiera un significado oculto en la denominación «PRANAHAUS», es necesario que se sucedan varias secuencias mentales complicadas. En este contexto, tampoco tuvo en cuenta hechos relevantes para la decisión y, de este modo, desvirtuó la fundamentación de los hechos. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia omitió motivar en qué medida la denominación «PRANAHAUS» es descriptiva de los productos y servicios concretos. Asimismo, consideró, en contra de lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es necesario permitir que la denominación «PRANAHAUS» quede disponible para los competidores.
3)

¿Se opone el Derecho comunitario a que se disponga la aplicación del método de imputación para las participaciones de terceros Estados inferiores al 25 % (10 %) que estén comprendidas en el ámbito de aplicación de la libre circulación de capitales, cuando la prueba de la carga previa del impuesto (de sociedades) satisfecho en el extranjero, debido a la escasa participación, no es posible de aportar, o sólo con un esfuerzo desproporcionado, mientras que para las participaciones nacionales rige en general (es decir, con independencia de su cuantía) el método de exención y, por lo tanto, en todo caso se aplica una desgravación de la doble imposición económica? 3.1. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión número 3: ¿Se opone el Derecho comunitario a que se niegue la exención a los ingresos de participaciones extranjeras cuando el importe de la participación es inferior al 25 % (10 %), a pesar de que la exención de los ingresos de participaciones superiores al 25 % (10 %) no pueden asociarse a la existencia de unos requisitos especiales cuyo cumplimiento sólo pueda verificarse mediante información obtenida de las autoridades competentes del Estado correspondiente, sino que en esos casos la exención se concede sin mayores requisitos? 3.2. En caso de respuesta negativa a la cuestión número 3: ¿Se opone el Derecho comunitario a que se niegue la exención a los ingresos de participaciones de terceros Estados cuando el importe de la participación es inferior al 25 % (10 %), a pesar de que la exención de los ingresos de participaciones superiores al 25 % (10 %) no pueden asociarse a la existencia de unos requisitos especiales cuyo cumplimiento sólo pueda verificarse mediante información obtenida de las autoridades competentes del Estado correspondiente, sino que en esos casos la exención se concede sin mayores requisitos?