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2)

El anexo II B, punto 2, párrafo primero, inciso i), de la Directiva 1999/13 debe interpretarse en el sentido de que una prórroga del plazo para la aplicación de un sistema de reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles requiere una autorización de las autoridades competentes, que implica a su vez una solicitud previa del operador de que se trate. A efectos de determinar si se debe conceder a un operador una prórroga del plazo para la aplicación de un sistema de reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de fijar, en su caso, la duración de la eventual prórroga, corresponde a las autoridades competentes, en el contexto del margen de apreciación de que disponen, verificar que efectivamente se hallan en fase de desarrollo sustitutos adecuados para ser utilizados en las instalaciones en cuestión y para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y, también, que, a la vista de los datos facilitados, los trabajos en curso pueden desembocar en la puesta a punto de tales sustitutos y que no existe una medida alternativa que permita lograr, a un coste inferior, una reducción de las emisiones similar o incluso mayor y, en particular, que no están ya disponibles otros sustitutos. Además, se ha de tener en cuenta la relación entre, por una parte, la reducción de las emisiones que pueda alcanzarse gracias a los sustitutos en fase de desarrollo y el coste de éstos y, por otra parte, las emisiones adicionales provocadas por la prórroga del plazo y el coste de las eventuales medidas alternativa. La duración de la prórroga no puede superar el tiempo necesario para desarrollar los sustitutos. Este aspecto deberá apreciarse considerando todas las circunstancias pertinentes, y en particular la magnitud de las emisiones adicionales provocadas por la prórroga del plazo y el coste de las eventuales medidas alternativas, comparados con la magnitud de la reducción de emisiones que permitirán los sustitutos en fase de desarrollo y el coste de éstos.
3)

No puede considerarse que el artículo 4, apartado 4, de la Sexta Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 2006/69, tenga efecto directo que permita a los sujetos pasivos invocarlo frente a su Estado miembro en el supuesto en que la normativa de éste no sea compatible con la citada disposición y no pueda ser interpretada de manera conforme a ésta.
1)

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, apartado 2, y 13, apartado 2, del Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, en virtud del artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) no 303/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento no 842/2006, los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de empresas y personal en lo que se refiere a los equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero, en virtud del artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) no 304/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento no 842/2006, los requisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de la certificación de las empresas y el personal en lo relativo a los sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero, en virtud del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 305/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento no 842/2006, los requisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de la certificación del personal que recupere determinados gases fluorados de efecto invernadero de los equipos de conmutación de alta tensión, en virtud del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 306/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, en virtud del Reglamento no 842/2006, los requisitos mínimos y las condiciones para el reconocimiento mutuo de la certificación del personal que recupere de equipos determinados disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero, en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 307/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento no 842/2006, los requisitos mínimos de los programas de formación y las condiciones de reconocimiento mutuo de los certificados de formación del personal en lo que respecta a los sistemas de aire acondicionado de ciertos vehículos de motor que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero, y en virtud del artículo 1 del Reglamento (CE) no 308/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento no 842/2006, el modelo para la notificación de los programas de formación y certificación de los Estados miembros, al no haber notificado a la Comisión Europea la información requerida respecto de los organismos de certificación para el personal y las empresas y los títulos de los certificados para el personal y para las empresas que desempeñan las actividades relativas a determinados gases fluorados de efecto invernadero y no haber notificado a la Comisión Europea las medidas nacionales relativas a las sanciones por infracción de las disposiciones del Reglamento no 842/2006.
3)

El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 1999/44 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional que dispone que el consumidor, para ejercer los derechos que le confiere esta Directiva, debe informar al vendedor de la falta de conformidad en tiempo oportuno, a condición de que este consumidor disponga, para facilitar esta información, de un plazo no inferior a dos meses a partir de la fecha en la que se percató de dicha falta de conformidad, que la información que deba comunicarse se refiera únicamente a la existencia de dicha falta de conformidad y que no esté sujeta a normas en materia de prueba que hagan imposible o excesivamente difícil para dicho consumidor el ejercicio de sus derechos.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Asunto C-179/13) (1)

(Procedimiento prejudicial - Determinación de la normativa aplicable a un trabajador en el ámbito de la seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Aplicabilidad - Nacional de un Estado miembro empleado en el consulado de un Estado tercero establecido en el territorio de otro Estado miembro en cuyo territorio reside - Convención de Viena sobre Relaciones Consulares - Artículo 71, apartado 2 - Normativa nacional que concede facilidades, privilegios e inmunidades a los residentes permanentes)

(2015/C 073/05)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Demandada: L.F. Evans

Fallo

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, en relación con el artículo 16 de ese mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, en lo que respecta al período durante el cual un nacional de un Estado miembro ha estado empleado en una oficina consular de un Estado tercero establecida en el territorio de un Estado miembro del que no es nacional pero en cuyo territorio reside, dicho nacional no está sujeto a la legislación de un Estado miembro en el sentido de esta disposición si, en virtud de la normativa del Estado miembro en el cual reside, adoptada de conformidad con el artículo 71, apartado 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, celebrada en Viena el 24 de abril de 1963, el referido nacional no está afiliado al régimen de seguridad social nacional.

(1) DO C 189, de 29.6.2013.
2)

El artículo 10 de la Directiva 2001/83, en su versión modificada por el Reglamento no 1394/2007, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el titular de la autorización de comercialización de un medicamento utilizado como medicamento de referencia en el marco de una solicitud de autorización de comercialización para un medicamento genérico de otro fabricante, presentada basándose en el artículo 10 de la antedicha Directiva, tiene un derecho de recurso contra la resolución de la autoridad competente que otorga una autorización de comercialización para ese último medicamento en la medida en que se trate de obtener la tutela judicial de una prerrogativa que ese artículo 10 reconoce al mencionado titular. En particular, existe tal derecho de recurso si el antedicho titular reclama que su medicamento no sea utilizado con vistas a la obtención de una autorización de comercialización en aplicación del referido artículo 10 para un medicamento con respecto al cual su propio medicamento no pueda ser considerado medicamento de referencia en el sentido del mismo artículo 10, apartado 2, letra a).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 421/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de septiembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV

(Asunto C-242/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Competencia - Ayudas de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 1 - Concepto de «ayuda» - Garantías otorgadas por una empresa pública a un banco para la concesión de créditos a terceros - Garantías deliberadamente otorgadas por el Director de esa empresa pública contraviniendo las disposiciones estatutarias de ésta - Presunción de oposición de la entidad pública propietaria de dicha empresa - Imputabilidad de las garantías al Estado))

2014/C 421/14

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Commerz Nederland NV

Demandada: Havenbedrijf Rotterdam NV

Fallo

El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de determinar si las garantías concedidas por una empresa pública son imputables o no a la autoridad pública que la controla, son relevantes, junto con el conjunto de los indicios derivados de las circunstancias del litigio principal y del contexto en el que se produjeron, las circunstancias de que, por una parte, el administrador único de la citada empresa que concedió esas garantías actuó irregularmente, ocultó deliberadamente su concesión e incumplió los estatutos de su empresa y, por otra parte, esa autoridad pública se habría opuesto a la concesión de dichas garantías si hubiese sido informada de ella. No obstante, en un supuesto como el del procedimiento principal, tales circunstancias por sí solas no excluyen esa imputabilidad.

(1) DO C 207, de 20.7.2013.
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 5, apartado 2, de la Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, al no haber garantizado que, a partir del 1 de enero de 2012, la cría de gallinas ponedoras no se realice en jaulas no acondicionadas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht — Alemania) — Apple, Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

(Asunto C-421/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Marcas - Directiva 2008/95/CE - Artículos 2 y 3 - Signos que pueden constituir una marca - Carácter distintivo - Representación por medio de un dibujo de la disposición de una tienda insignia («flagship store») - Registro como marca para «servicios» relativos a los productos que se hallan a la venta en dicha tienda])

2014/C 315/30

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundespatentgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Apple, Inc.

Demandada: Deutsches Patent- und Markenamt

Fallo

Los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva.

(1) DO C 313 de 26.10.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 253/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — Public Relations Consultants Association Ltd/Newspaper Licensing Agency Ltd y otros

(Asunto C-360/13) (1)

((Derechos de autor - Sociedad de la información - Directiva 2001/29/CE - Artículo 5, apartados 1 y 5 - Reproducción - Excepciones y limitaciones - Realización de copias de un sitio de Internet en pantalla y en la caché del disco duro durante la navegación en Internet - Acto de reproducción provisional - Acto transitorio o accesorio - Parte integrante y esencial de un proceso tecnológico - Uso lícito - Significación económica independiente))

2014/C 253/16

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Public Relations Consultants Association Ltd

Recurrida: Newspaper Licensing Agency Ltd y otros

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10) — Derecho de reproducción — Excepciones y limitaciones — Concepto de actos de reproducción provisionales, transitorios o accesorios que constituyen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico — Reproducción de una página web automáticamente almacenada en la caché y en la pantalla de un ordenador.

Fallo

El artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que las copias en pantalla y las copias en la «caché» del disco duro de dicho ordenador, efectuadas por un usuario final durante la consulta de un sitio de Internet, cumplen los requisitos con arreglo a los cuales estas copias deben ser provisionales, tener carácter transitorio o accesorio y formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, así como los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, y, por lo tanto, pueden realizarse sin autorización de los titulares de derechos de autor.

(1) DO C 260, de 7.9.2013.
1)

Las disposiciones del artículo 90 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición nacional que no contempla la reducción de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido en caso de impago del precio, si se ha hecho uso de la facultad de acogerse a una excepción reconocida en el apartado 2 de dicho artículo. No obstante, esta disposición debe incluir en tal caso todas las demás situaciones en las que, en virtud del apartado 1 de ese mismo artículo, después de haberse convenido una transacción, una parte o la totalidad de la contrapartida no sea percibida por el sujeto pasivo, extremo éste cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional nacional.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de marzo de 2014 — Rousse Industry/Comisión Europea

(Asunto C-271/13 P) (1)

((Recurso de casación - Ayudas de Estado - Ayuda otorgada por la República de Bulgaria bajo la forma de una condonación de créditos - Decisión de la Comisión por la que se declara que dicha ayuda es incompatible con el mercado interior y se exige su recuperación - Concepto de «ayuda nueva» - Obligación de motivación))

2014/C 142/09

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Recurrente: Rousse Industry (representantes: A. Angelov y S. Panov, advokati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: C. Urraca Caviedes y D. Stefanov, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 20 de marzo de 2013, Rousse Industry/Comisión (T-489/11), por la que el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por la demandante con el objeto de que se anulara parcialmente la Decisión 2012/706/UE de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la ayuda estatal SA.28903 (C 12/2010) (ex N 389/09) concedida por Bulgaria a Rousse Industry (DO 2012, L 320, p. 27) — Ayuda de Estado en forma de condonación de créditos — Decisión por la que se declara que dicha ayuda es incompatible con el mercado interior y se exige su recuperación — Infracción de disposiciones procedimentales que vulnera los derechos de la recurrente — Violación del Derecho de la Unión por el Tribunal General.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Rousse Industry AD.

(1) DO C 207, de 20.7.2013.
1)

El artículo 263 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un programa operativo comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999, y del Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999, y dirigido a promover la cooperación territorial europea, un recurso contra una decisión de un Comité de seguimiento por la que se desestima una solicitud de subvención no es competencia del Tribunal General de la Unión Europea.
1)

La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 108 TFUE, apartado 2, y 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], y de los artículos 1 a 3 de la Decisión 2011/471/UE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativa a la ayuda estatal C 38/05 (ex NN 52/04) de Alemania al grupo Biria, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar de su beneficiario la ayuda de Estado objeto de dicha Decisión.
2)

Los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, mediante un requerimiento emitido por un juez, se prohíba a un proveedor de acceso a Internet conceder a sus clientes acceso a un sitio de Internet que ofrece en línea prestaciones protegidas sin el consentimiento de los titulares de los derechos, cuando dicho requerimiento no especifica qué medidas debe adoptar ese proveedor de acceso y éste puede eludir las sanciones derivadas del incumplimiento de dicho requerimiento demostrando que adoptó todas las medidas razonables, con la condición, no obstante, de que, por una parte, las medidas adoptadas no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible, y, por otra parte, dichas medidas tengan como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposición en violación del derecho de propiedad intelectual, extremo que corresponde verificar a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de marzo de 2014 — Comisión Europea/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-427/12) (1)

([Recurso de anulación - Elección de la base jurídica - Artículos 290 TFUE y 291 TFUE - Acto delegado y acto de ejecución - Reglamento (UE) no 528/2012 - Artículo 80, apartado 1 - Biocidas - Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas - Fijación de tasas por la Comisión])

2014/C 142/08

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Smulders, C. Zadra y E. Manhaeve, agentes)

Demandadas: Parlamento Europeo (representantes: L. Visaggio y A. Troupiotis, agentes), Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Moore e I. Šulce, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de las demandadas: República Checa (representantes: M. Smolek, E. Ruffer y D. Hadroušek, agentes), Reino de Dinamarca (representantes: V. Pasternak Jørgensen y C. Thorning, agentes), República Francesa (representantes: G. de Bergues, D. Colas y N. Rouam, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman y M. Noort, agentes), República de Finlandia (representantes: H. Leppo y J. Leppo, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: C. Murrell y M. Holt, agentes, asistidos por B. Kennelly, Barrister)

Objeto

Recurso de anulación — Artículo 80, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167, p. 1), por cuanto prevé la adopción de medidas para fijar las tasas adeudadas a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) mediante un acto de ejecución en virtud del artículo 291 TFUE y no mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 290 TFUE — Elección de la base jurídica — Atribución de la potestad reglamentaria que el legislador de la Unión puede atribuir a la Comisión.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

3) La República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Francesa, el Reino de los Países Bajos, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 355, de 17.11.2012.