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230

En el presente caso, la Comisión ha incumplido manifiestamente esta premisa, puesto que no tuvo en cuenta una serie de elementos pertinentes que determinaron efectivamente la decisión del Estado francés en diciembre de 2002, a saber, además del restablecimiento de la confianza de los mercados financieros y el mantenimiento de la calificación de FT, principalmente, las medidas de reestructuración y reequilibrio adoptadas internamente por ésta, incluyendo el plan Ambition 2005 elaborado por sus nuevos dirigentes entre octubre y diciembre de 2002, que preveía en especial la puesta en marcha de un plan de mejora del resultado operativo de la empresa, denominado «plan TOP». La Comisión tampoco tuvo en consideración otros elementos esenciales como el compromiso contraído por un sindicato bancario, en septiembre de 2002, de garantizar, en lo referente a la parte destinada a los inversores privados, el buen fin de un aumento de capital de FT, ni la cesión de activos no estratégicos por ésta, entre julio y diciembre de 2002, por un importe aproximado de 2500 millones de euros, el nombramiento, en octubre de 2002, de un nuevo equipo directivo de la empresa o la resolución, en noviembre de 2002, del litigio entre FT y el operador alemán Mobilcom. Asimismo, el conjunto de estos elementos condujo a una clara mejoría de las perspectivas operativas y de los resultados de FT durante el segundo semestre de 2002, tal como demostró la República Francesa de manera muy convincente en su respuesta a una pregunta escrita del Tribunal General en el marco del presente procedimiento. Cabe añadir que, en el considerando 260 de la Decisión impugnada, la Comisión señala que no sería adecuado basarse sólo en las declaraciones formuladas desde julio de 2002 para cuantificar la ayuda en cuestión, toda vez que «la utilización de la situación del mercado previa a [dichas] declaraciones […], aunque permite tener en cuenta el efecto en los mercados de las declaraciones de las autoridades francesas, no permite aislar dicho efecto de los demás efectos posibles de acontecimientos como el cambio de dirección de FT o el plan Ambition 2005».
Desde el momento en que este último remita extemporáneamente a la División de Oposición la traducción a la lengua de procedimiento de las pruebas y documentos acreditativos de la notoriedad de sus marcas anteriores, debe considerarse que no ha aportado tales pruebas dentro de plazo, en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, de tal modo que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) puede no tenerlas en cuenta, de acuerdo con la misma disposición.

De la doble remisión de la regla 16, apartado 3, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, a la regla 20, apartado 2, por un lado, y de la regla 17, apartado 2, a la regla 16, apartado 3, por otro, se deriva que el plazo que fija la División de Oposición, conforme a la regla 20, apartado 2, para la presentación de información detallada acerca de los hechos, pruebas y observaciones aportados en apoyo de la oposición es también aplicable a la traducción a la lengua del procedimiento de oposición de las pruebas acreditativas de la notoriedad de las marcas anteriores del oponente.

Cuando se impugna ante la Sala de Recurso una resolución que desestima una oposición formulada contra el registro de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso disfruta, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, de un cierto margen de apreciación para decidir, siempre que motive su decisión a este respecto, si procede o no tener en cuenta, en vista de la resolución que ha de pronunciar, los hechos o las pruebas que la parte que formuló oposición presentó extemporáneamente ante la División de Oposición. La decisión de tenerlos en cuenta queda justificada, en particular, cuando los elementos presentados extemporáneamente puedan en principio ser realmente pertinentes para el resultado de la oposición y cuando no se opongan a ello ni la fase del procedimiento en la que se haya producido la presentación extemporánea ni las circunstancias concurrentes.

Por lo tanto, incurre en un error de Derecho la Sala de Recurso que renuncia, desde un primer momento, al ejercicio de la facultad de apreciación que le permite decidir si deben tenerse o no en cuenta esas pruebas y esos documentos acreditativos.

(véanse los apartados 62, 63 y 67)
Palabras clave

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Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

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No existe, para el consumidor medio, riesgo de confusión entre, por una parte, la marca figurativa que contiene el elemento denominativo «SELEZIONE ORO Barilla», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para los productos «pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; levadura y polvos para esponjar; salsas (condimentos)» incluidos en la clase 30 en el sentido del Arreglo de Niza y, por otra parte, el signo denominativo ORO, registrado previamente en Italia y como marca internacional, protegida, en particular, en Austria, Alemania, España, Francia y el Benelux para los productos «café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, tartas, pastelería, caramelos, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo», incluidos en la clase 30, y el signo denominativo ORO SAIWA, registrado previamente en Italia para los productos «pastitas de leche, galletas, pan, pastelería y confitería», incluidos en esa misma clase, a pesar de la identidad sustancial de los productos. En efecto, existen importantes diferencias visuales y fonéticas en la percepción por parte del consumidor de las marcas en conflicto, y la mera presencia del término «oro» no basta para generar una similitud entre ellas. Además, la existencia de una débil similitud conceptual entre las marcas en conflicto no puede contrarrestar sus diferencias visuales y fonéticas. Por último, la palabra «oro», que sirve principalmente para definir una gama alta de productos que se distingue de una gama estándar, no posee una función distintiva autónoma en la marca solicitada, sino que debe entenderse aplicado al término descriptivo «selezione», para indicar al consumidor que se trata de un producto de gama alta, de modo que el carácter distintivo del signo lo proporciona el término «Barilla».

(véanse los apartados 30, 32 y 39 a 41)
Palabras clave

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Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Signo denominativo Hai y marcas figurativas SHARK

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

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No existe, para el consumidor medio de la Unión Europea y, más concretamente, austríaco, ningún riesgo de confusión entre el signo denominativo Hai, cuyo registro como marca comunitaria se solicita, en particular, para productos comprendidos en las clases 5, 32 y 33, del Arreglo de Niza y las marcas figurativas SHARK con un grafismo especial, cuyas letras son caracteres estilizados de tal manera que el conjunto del signo evoca la forma de un tiburón, registrada anteriormente en Austria y como marca comunitaria para productos idénticos o similares, a saber, «bebidas no alcohólicas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas», incluidos en la clase 32 del Arreglo de Niza, en la medida en que tras haber apreciado que las marcas anteriores tienen un carácter distintivo intrínseco, las diferencias visuales y fonéticas importantes entre las marcas controvertidas pueden neutralizar en gran medida su similitud conceptual, que requiere una traducción previa, por lo que el grado de similitud entre dichas marcas no es suficientemente elevado para poder considerar que el público pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

(véanse los apartados 38, 46, 60, 62, 64 y 65)
25

A este respecto, la Oficina sostiene, en particular, que las alegaciones de la demandante basadas, en primer lugar, en la procedencia habitual común de los productos de que se trata y, en segundo lugar, en el hecho de que se propongan combinaciones de productos, son extemporáneas, habida cuenta de la regla 16, apartado 3, la regla 17, apartado 2, y la regla 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 (DO L 303, p. 1), el artículo 74, apartado 1, infine, del Reglamento n° 40/94 y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Rec. p. II-2749), y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS) (T-388/00, Rec. p. II-4301), apartados 21 y siguientes. En efecto, según la Oficina, la primera alegación sólo se formulò con claridad ante el Tribunal de Primera Instancia y la segunda alegación se formuló por primera vez ante este Tribunal. A juicio de la Oficina, estas alegaciones tampoco sirven para sustentar una argumentación expuesta ante la División de Oposición ni para profundizar en tal argumentación. La Oficina añade que, si bien no indicó claramente a la demandante qué hechos debía alegar ni qué pruebas debía presentar, corresponde a ésta decidir por sí misma sobre el particular. La Oficina sostiene, además, que al no conocer suficientemente el mercado relevante, no habría podido indicarlo. Por último, la Oficina alega que la propia demandante designó la parte pertinente de su demanda con la rúbrica «hechos nuevos».
Asunto T‑311/02

Vitaly Lissotschenko y Joachim Hentze

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria – Solicitud de marca denominativa LIMO – Motivos de denegación absolutos – Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 20 de julio de 2004

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto – Signo denominativo «LIMO»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

El signo denominativo LIMO, cuyo registro se ha solicitado para productos de las clases 9 y 10 en el sentido del Arreglo de Niza y que comprende, en particular, los láseres para aplicaciones no médicas y para uso médico, puede servir para designar una de las características esenciales de los productos a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, desde el punto de vista del público relevante, que se considera un público especializado, bien informado, atento y perspicaz. En efecto, el consumidor especializado podrá establecer una relación suficientemente directa y concreta entre los productos para los que se solicitó el registro de la marca comunitaria y el signo, y percibirá dicho signo como la abreviatura de «Laser Intensity Modulation» y referido, por lo menos, a uno de los posibles destinos de tales productos, a saber, su integración en un sistema de modulación de la intensidad del láser.

(véanse los apartados 28 y 45)
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Por lo que respecta a la comparación conceptual de las marcas en conflicto, la demandante no rebate las apreciaciones de la OAMI sobre el particular. En efecto, como ha alegado la OAMI acertadamente, no existe similitud conceptual, habida cuenta de que parece probable que el consumidor medio de los Estados miembros piense en la palabra inglesa «sir», debido al amplio conocimiento de este término en Europa. Dado que el término «zirh» no tiene un significado evidente en ninguna de las once lenguas oficiales de la Unión Europea, el público percibirá la palabra «zirh» como un neologismo. Por lo tanto, debe señalarse que, en el plano conceptual, no existe similitud entre ambas marcas.
El tribunal del concurso dispone de una amplia facultad de apreciación sobre el contenido detallado de las pruebas. No corresponde al juez comunitario censurar dicho contenido, a menos que éste exceda del marco indicado en la convocatoria del concurso o que no tenga relación con las finalidades de la prueba del concurso.

En los recursos de funcionarios, procede desestimar las pretensiones de reparación de un perjuicio en la medida en que estén estrechamente relacionadas con las pretensiones de anulación que a su vez no han sido acogidas, ya sea por haberse declarado su inadmisibilidad o por ser infundadas.

Cuando una institución, infringiendo las normas que ella misma había establecido, no haya facilitado a un candidato que no aprobó las pruebas escritas de un concurso la copia que solicitó de su prueba ni el correspondiente documento en que se recogen los criterios de corrección elaborado por el tribunal del concurso así como los puntos obtenidos, incurriendo de este modo en una falta que puede generar su responsabilidad, y, cuando el interesado, como consecuencia de esta falta de diligencia que le obligó a presentar un recurso para poder acceder a los documentos de que se trata, haya sufrido un perjuicio moral que no desaparece en su totalidad con la comunicación de los referidos documentos durante el procedimiento escrito, se generará la responsabilidad de la institución y se tendrá derecho a reparación.

(véanse los apartados 66 a 68)
Del artículo 47, punto 1, letras a) y b), del Régimen aplicable a otros agentes se desprende que la duración de la relación laboral entre una institución y un agente temporal contratado con una duración determinada se rige, dentro de los límites marcados por el artículo 8 del citado Régimen, por las condiciones establecidas en el contrato celebrado entre las partes. Puesto que de un contrato celebrado con una duración determinada no surge derecho alguno para el agente temporal a obtener una renovación del referido contrato, la autoridad facultada para celebrar los contratos de agente temporal no está obligada, habida cuenta de la amplísima facultad de apreciación de que dispone, a motivar el acto mediante el cual decide, respetando los plazos de preaviso previstos en el contrato y en el artículo 47, punto 1, letra b), del citado Régimen, así como, en su caso, en las disposiciones internas dictadas por la institución competente, no renovar, o no renovar más que por un período inferior al máximo previsto contractualmente, el citado contrato a su vencimiento.

(véanse los apartados 38 a 40)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de octubre de 2002, Cocchi y Hainz/Comisión (asuntos acumulados T-330/00 y T-114/01, RecFP pp. I-A-193 y II-987), apartado 83
En principio, el juez comunitario declara la inadmisibilidad de un recurso interpuesto contra un acto meramente confirmatorio de un acto anterior. No obstante, esta jurisprudencia se basa en la voluntad de no reabrir plazos de recurso. Desde este punto de vista, en materia de función pública, un recurso contra una decisión confirmatoria sólo es inadmisible si la decisión confirmada se ha convertido en definitiva con respecto al interesado por no haber sido objeto de un recurso interpuesto dentro del plazo exigido. Si la decisión confirmada no se ha convertido en definitiva, el interesado estará facultado para impugnar la decisión confirmada, o la decisión confirmatoria, o bien ambas decisiones.

(véase el apartado 35)

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de enero de 1996, Zunis Holding y otros/Comisión (C-480/93P, Rec. p. I-1), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Chavanede Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFP pp. I-A-227 y II-723), apartado 25; Tribunal de Primera Instancia, 2 de abril de 1998, Apostolidis/Tribunalde Justicia (T-86/97, RecFP pp. I-A-167 y II-521), apartado 21
Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una decisión de archivo de una denuncia en materia de competencia - Imputación basada en la inexistencia de una definición de postura sobre uno de los aspectos de la denuncia - Omisión incluida en el recurso por omisión - Recurso sin objeto por lo que se refiere a dicha imputación

(Arts. 230 CE y 232 CE)

2. Recurso de anulación - Actos recurribles - Negativa de la Comisión a dirigir a un Estado miembro una directiva o una decisión en materia de respeto de las normas sobre la competencia por parte de empresas públicas - Exclusión salvo en circunstancias excepcionales

(Arts. 86 CE, ap. 3, y 230 CE, párr. 4)

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1. Cuando se afirma que la Comisión no se ha pronunciado en su decisión de archivo de una denuncia en materia de competencia sobre uno de los aspectos de dicha denuncia, no puede sancionarse esa posible abstención en el marco del control de legalidad basado en el artículo 230 CE.

Si el denunciante estima, al leer la decisión de archivo, que ha habido omisión de pronunciarse sobre este aspecto de la denuncia, le corresponde requerir a la Comisión para que se pronuncie y, en su caso, interponer un recurso con arreglo al artículo 232 CE, párrafo segundo, para que el órgano jurisdiccional comunitario declare la eventual omisión.

( véanse los apartados 71, 79 y 80 )

2. Se desprende del artículo 86 CE, apartado 3, y del conjunto de disposiciones de este artículo, que la facultad de vigilancia de que dispone la Comisión en relación con los Estados miembros responsables de una infracción de las normas del Tratado, y en particular de las relativas a la competencia, implica necesariamente que esta institución tenga una amplia facultad de apreciación, en especial, respecto a la acción que considere necesario llevar a cabo. En consecuencia, el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión por lo que se refiere a la compatibilidad de las medidas estatales con las normas del Tratado no va acompañado de una obligación de intervención por parte de ésta.

Se deduce de ello que las personas físicas o jurídicas que soliciten a la Comisión que intervenga con arreglo al artículo 86 CE, apartado 3, no pueden, en principio, interponer un recurso contra su decisión de no hacer uso de las prerrogativas que le corresponden en virtud de dicho artículo. Sin embargo, no cabe excluir a priori que un particular pueda encontrarse en una situación excepcional que le confiera la legitimación para impugnar en vía jurisdiccional la negativa de la Comisión a adoptar una decisión en el marco de la misión de vigilancia que le encomienda el artículo 86 CE, apartados 1 y 3. A este respecto, el mero hecho de que exista una relación de competencia con la empresa a la que se hayan concedidos los derechos exclusivos a los que hace referencia la denuncia dirigida a la Comisión no presenta un carácter excepcional que pueda legitimar a su autor para actuar.

( véanse los apartados 86 a 90 )
En un supuesto en el que se rechazó ilegalmente la participación de determinados candidatos de un concurso en las pruebas escritas de éste, pero en el que dicha ilegalidad no se manifestó hasta después del desarrollo de las citadas pruebas, la administración no vulnera el principio de igualdad de trato y de no discriminación al organizar una segunda serie de pruebas escritas, compuesta por preguntas distintas de las planteadas en la primera serie, abierta sólo a los candidatos ilegalmente rechazados que hicieron uso de las posibilidades de recurso disponibles en los plazos estatutarios. En efecto, al obrar de este modo, la administración no viola ninguna disposición estatutaria y actúa dentro del respeto del principio de economía procesal para restablecer al máximo en sus derechos a los interesados, respetando debidamente los principios de seguridad jurídica y de buena administración.

(véanse los apartados 30 a 36)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de noviembre de 1998, Carrasco Benítez/Comisión (T-294/97, RecFP pp. I-A-601 y II-1819)
En la medida en que las normas operativas relativas a los niveles, el órgano y los procedimientos de concertación, acordadas entre la Comisión y la mayor parte de las organizaciones sindicales y profesionales, el 19 de enero de 2000, excluyen del órgano de concertación a un sindicato que estaba representado en el mismo por un funcionario, afectan a la situación de éste privándole de los derechos individuales derivados de su condición de representante sindical en el seno de dicho órgano. Por consiguiente, las normas operativas resultan lesivas para él y generan, a efectos del artículo 91, apartado 1, del Estatuto, su interés en solicitar su anulación. En efecto, aun cuando la participación de un miembro de una organización sindical y profesional en el órgano de concertación con la Comisión es una ventaja concedida a dicha organización en función de sus resultados electorales y de la firma del Acuerdo-marco de 20 de septiembre de 1974, relativo a las relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales y profesionales, aquélla implica la atribución al funcionario de que se trate de derechos individuales específicos, en particular, los derivados del punto 15 del Acuerdo-marco.

Las normas operativas relativas a los niveles, el órgano y los procedimientos de concertación, acordadas entre la Comisión y la mayor parte de las organizaciones sindicales y profesionales, el 19 de enero de 2000, deben ser anuladas en la medida en que, pese al hecho de que el punto 2 del Acuerdo-marco de 20 de septiembre de 1974, relativo a las relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales y profesionales establece el derecho de las organizaciones signatarias a participar en el procedimiento de concertación, excluyen del órgano de concertación a un sindicato que estaba representado en éste y que, en consecuencia, no fue convocado a sus reuniones. En efecto, las normas operativas vulneran el Acuerdo-marco, ya que privan al sindicato del derecho a participar en el procedimiento de concertación, que estaba previsto en dicho Acuerdo, sin que tal privación pueda estar basada en otra norma establecida por el mismo Acuerdo. Por otra parte, por lo que respecta a la posibilidad de que el Acuerdo-marco pueda ser revisado por un acuerdo que haya recibido la aprobación de la referida institución y de la mayor parte de las organizaciones sindicales y profesionales, no ha habido ningún procedimiento de revisión del Acuerdo-marco. Además, el Acuerdo-marco no ha sido denunciado.

(véanse los apartados 43 a 47 y el fallo)