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102

En su segundo motivo de recurso, la demandante aduce que la Decisión impugnada adolece de un defecto de motivación, en la medida en que la Comisión no indicó las razones que justificaban la aprobación de la ayuda concedida a TV2 con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, a pesar de que las medidas en cuestión incumplían los requisitos Altmark segundo y cuarto. Según la demandante, de los considerandos 159 y siguientes de la Decisión impugnada se deduce que la Comisión, en el presente asunto, únicamente llevó a cabo un examen de compatibilidad «estándar», basado en la Comunicación sobre la radiodifusión de 2001 y que constaba de tres etapas. En cambio, a su juicio, la Comisión no investigó si el hecho de no exigir el cumplimiento de los requisitos Altmark segundo y cuarto era conforme con el artículo 106 TFUE, apartado 2, ni, en particular, si la aplicación de dichos requisitos impediría necesariamente el desarrollo de la misión de servicio público.
La transcripción y la traducción al inglés, certificada conforme por un traductor jurado contratado por el demandante, de una entrevista radiofónica en maltés que concedió la noche del 16 de octubre de 2012, contiene, en particular, las siguientes declaraciones:

«Entrevistador: Ha presentado su dimisión. En primer lugar, ¿por qué ha dimitido?

Demandante: A raíz de las informaciones que se me han comunicado verbalmente. En realidad, hasta este momento, no tengo nada por escrito. [...] De hecho, he empezado a hablar con varias personas, con mis abogados esta misma tarde para iniciar los procedimientos necesarios a efectos de demostrar que esas conclusiones [contenidas en el informe de la OLAF] son completamente falsas. Hoy he publicado un comunicado de prensa en el que afirmo además que seguiré trabajando para que los esfuerzos realizados tanto por mis colaboradores, como por mí mismo, para que se revisara la directiva del tabaco, que proponía normas más estrictas sobre el tabaquismo, continúen conforme a lo previsto. El próximo lunes vamos a iniciar el proceso. Espero que siga adelante.

[...]

Entrevistador: Entonces ¿por qué ha dimitido, John? ¿Por qué ha sentido la necesidad de dimitir si …?

Demandante: Permítame que se lo diga como hice hace algún tiempo en un programa de televisión. Yo no me quedo donde no se me quiere, de acuerdo, y eso es algo que me tomo muy en serio. Ya he empezado a trabajar y quiero tener las manos completamente libres para poder luchar contra esas alegaciones.

Entrevistador: Acaba de decir que no se queda donde no se le quiere. ¿Le ha obligado el Presidente Barroso a dimitir? ¿es así?

Demandante: En mi opinión, esas palabras significan que no quiero quedarme donde no se me quiere, y eso es todo.

Entrevistador: Pero Barroso ¿le ha obligado efectivamente a dimitir?

(inaudible, las dos personas hablan a la vez)

Demandante: Habrá más información en los próximos días.

Entrevistador: ¿Le ha obligado a dimitir o ha sido decisión suya?

Demandante: Habrá más información en los próximos días.

Entrevistador: ¿Qué información podemos esperar sobre este tema?

Demandante: Información relativa a cuestiones sobre las cuales he solicitado asesoramiento a mis abogados y cuyo consejo seguiré estrictamente, con respecto a todas las medidas que decida adoptar.

[...]».
161

No obstante, ha de recordarse que, en aquel momento, el Tribunal ya había interpretado el artículo 21, apartado 2, del Reglamento no 17, que coincide, en lo sustancial, con el artículo 30, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, en el sentido de que dicha disposición no tenía por objeto restringir la libertad de que disponía la Comisión para publicar voluntariamente una versión de su decisión más completa que el mínimo necesario e incluir también en ella información cuya publicación no fuese obligatoria, en la medida en que su divulgación no resultase incompatible con la protección del secreto profesional (sentencia Bank Austria Creditanstalt/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 79). En este contexto, procede considerar que el solo hecho de que la Comisión publicase una primera versión no confidencial de la Decisión PHP en 2007 y de que no la calificase como provisional no pudo proporcionar a la demandante ninguna garantía concreta de que no se publicaría con posterioridad una nueva versión no confidencial más detallada de dicha Decisión, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 135 de la presente sentencia.
1

El 28 de febrero de 2008, la demandante, Intesa Sanpaolo SpA, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
3

El 25 de octubre de 2010, a raíz de la adopción de la Decisión 2010/413, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 961/2010, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1). El artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento no 961/2010 establece la inmovilización de los fondos y recursos económicos de las personas, entidades u organismos enumerados en el anexo VIII de dicho Reglamento.
8.

Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Bielorrusia — Congelación de los fondos de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Bielorrusia — Alcance del control — Obligación de la autoridad competente de la Unión de acreditar, en caso de impugnación, que los motivos utilizados en contra de las personas o entidades afectadas son fundados [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisiones del Consejo 2010/639/PESC, de Ejecución 2012/171/PESC, 2012/642/PESC, 2013/534/PESC y 2014/750/PESC; Reglamentos del Consejo (CE) no 765/2006, de Ejecución (UE) no 265/2012, de Ejecución (UE) no 1017/2012, de Ejecución (UE) no 1054/2013 y de Ejecución (UE) no 1159/2014] (véanse los apartados 164 y 165)
4.

Competencia — Transportes — Normas sobre la competencia — Transporte aéreo — Reglamento no 17 — Ámbito de aplicación — Actividades que se refieren directamente a la prestación de servicios de transporte aéreo — Exclusión — Actividades que no se refieren al transporte aéreo en sí, sino a un mercado proveedor o abastecido — Inclusión (Art. 101 TFUE; Reglamentos del Consejo no 17 y no 141, considerando 3 y art. 1) (véanse los apartados 80 a 86)
2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) y Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
A este respecto, el artículo 8, párrafo primero, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea establece que los contratos de los agentes regulados en el artículo 2, letra a), del citado régimen podrán ser de duración determinada o por tiempo indefinido y que, por otra parte, el artículo 2, letra a), del mismo régimen dispone que tendrá la consideración de agente temporal el agente contratado para ocupar un puesto de trabajo al que se le haya conferido carácter temporal. En consecuencia, es innegable que los agentes del servicio público de la Unión empleados con un contrato de duración determinada no pueden ignorar el carácter temporal de su contratación y el hecho de que éste no les confiere garantía de empleo.

Cuando se pronuncia sobre la situación de un agente, la autoridad competente está obligada a tomar en consideración el conjunto de los elementos que pueden determinar su decisión, es decir, no sólo el interés del servicio, sino también el del agente afectado. Esto resulta, en efecto, del deber de asistencia y protección de la administración, que refleja el equilibrio entre los derechos y obligaciones recíprocas que el Estatuto, y por analogía el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, han creado en las relaciones entre la autoridad pública y sus agentes. En cualquier caso, habida cuenta del amplio margen de apreciación conferido a las instituciones en este contexto, el control por parte del juez está limitado a la verificación de la falta de error manifiesto o de desviación de poder.

No obstante, en el marco de un recurso de anulación de una decisión de no renovación de un contrato de agente temporal de duración determinada, habiendo llevado a cabo la ponderación del interés del servicio y el del agente únicamente tras haber definido con anterioridad la obligación de examinar previamente la posibilidad de trasladar a otro puesto a éste, el Tribunal de la Función Pública no ha tenido en cuenta el interés del servicio cuando ha formulado el principio de que las referencias a las posibilidades presupuestarias y a los méritos y aptitudes del demandante no constituían motivos válidos para decidir no renovar un contrato de duración determinada.

(véanse los apartados 49 y 56)

Referencia:

Tribunal de Justicia: Klinke/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 38

Tribunal General: Kyrpitsis/CES, antes citada, apartado 52; Potamianos/Comisión, antes citada, apartado 30; ETF/Landgren, antes citada, apartado 162, y la jurisprudencia citada
La legalidad de una resolución impugnada de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) no puede apreciarse a la vista del principio del Derecho americano denominado «Morehouse defense», en virtud del cual quien se opone al registro de una marca no puede pretender que tal registro le perjudica si el solicitante de la marca ya ha registrado una marca idéntica o sustancialmente análoga a la solicitada para productos y servicios idénticos o sustancialmente similares. En efecto, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, siendo su aplicación independiente de todo sistema nacional, y la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, tal como éste es interpretado por el juez de la Unión.

(véanse los apartados 55 y 56)
Cuando se sustituye durante el procedimiento un reglamento que afecta directa e individualmente a un particular por un acto que tiene el mismo objeto, este último debe considerarse un elemento nuevo que permite que el demandante adapte sus pretensiones y motivos.

Dicha adaptación debe llevarse a cabo en el plazo de dos meses previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto. En efecto, este plazo es aplicable, en principio, tanto cuando el recurso de anulación de un acto se interpone a través de un acto de iniciación del procedimiento como cuando se interpone, en el curso del proceso, mediante la adaptación de las pretensiones de anulación de un acto anterior derogado y sustituido por el acto en cuestión.

No obstante, como excepción a este principio, dicho plazo no es aplicable en el curso del proceso en el supuesto de que, por una parte, el acto en cuestión y el acto que éste deroga y sustituye tengan, respecto del interesado, el mismo objeto, se basen fundamentalmente en los mismos motivos y sus contenidos sean sustancialmente idénticos, no presentando más diferencias que las derivadas de sus respectivos ámbitos temporales de aplicación, y de que, por otra parte, la adaptación de las pretensiones no se base en ningún motivo, hecho o elemento probatorio nuevo diferente de la propia adopción del acto en cuestión que deroga y sustituye a ese acto anterior. En este supuesto, dado que la única modificación del objeto y del marco del litigio, tal como quedaron delimitados por el recurso inicial, consiste en la alteración de su dimensión temporal, la circunstancia de que la adaptación de las pretensiones se efectúe una vez expirado el plazo de dos meses en cuestión no redunda en perjuicio de la seguridad jurídica.

(véanse los apartados 25, 26, 28 y 29)
141

En lo que respecta, en particular, al carácter comparable de la situación que originó la decisión relativa al BPN con la que dio lugar a la Decisión impugnada, los hechos que alega la demandante no bastan para fundamentar que el BPN y el BPP se encontraban en una situación comparable a los efectos de la aplicación del principio de igualdad de trato, por cuanto no es determinante a este respecto el mero hecho de que la notificación de las medidas de ayuda contempladas por las autoridades portuguesas en favor de estos dos bancos se produjera de manera más o menos paralela. Así, por una parte, de los considerandos 9 a 14 de la Decisión relativa al BPN se desprende que, a diferencia del presente caso, las autoridades portuguesas habían presentado efectivamente a la Comisión un plan de reestructuración del BPN, aunque de manera tardía y adjuntando a éste posteriormente información adicional a solicitud de la Comisión. Por otra parte, en el caso del BPN, la Comisión, mediante decisión de incoación de 24 de octubre de 2011 (DO C 371, pp. 14 y 15), había iniciado el procedimiento de investigación formal, con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, no porque no se hubiera presentado ningún plan de reestructuración, sino porque el plan de reestructuración presentado inicialmente se había quedado obsoleto a causa de la venta del BPN y porque la Comisión debía examinar posteriormente un plan revisado. Pues bien, habida cuenta del carácter decisivo de la falta de presentación por parte de las autoridades portuguesas de un plan de reestructuración del BPP para la declaración de incompatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado interior (véase, en particular, el considerando 71 de la Decisión impugnada), estas diferencias esenciales en las respectivas situaciones del BPN y del BPP justificaban por sí mismas la conclusión de que dichas situaciones no eran comparables y que, por lo tanto, el principio de igualdad de trato, invocado por la demandante, no era aplicable a este asunto.
Aunque la Comisión y el Consejo no pueden ser calificados de «tribunal» en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no deja de ser cierto que la Comisión y el Consejo están obligados a respetar los derechos fundamentales de la Unión durante el procedimiento administrativo, entre los que está el derecho a una buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, es éste, y no el artículo 47 de la Carta, el que rige el procedimiento administrativo ante la Comisión y el Consejo en materia de defensa contra las importaciones que son objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión.

El derecho a una buena administración implica un deber de diligencia que obliga a la institución competente a examinar cuidadosa e imparcialmente todos los aspectos pertinentes del caso concreto.

(véanse los apartados 45 y 46)
Puesto que, para que se les conceda el derecho a comercializar o a importar azúcar que goce de los regímenes excepcionales establecidos por algunos Reglamentos, los operadores económicos interesados deben presentar con carácter previo una solicitud ante las autoridades nacionales, que tales Reglamentos no pueden producir sus efectos jurídicos respecto de los operadores afectados sin que las autoridades nacionales hayan adoptados medidas previas, y que estas medidas son de carácter decisorio, dichos Reglamentos se basan en decisiones individuales adoptadas a escala nacional, sin las cuales no pueden afectar la posición jurídica de las personas físicas y morales afectadas. En consecuencia, tales Reglamentos no pueden calificarse de actos que no incluyen medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Asimismo, la cuestión de si el acto reglamentario impugnado confiere o no una facultad de apreciación a las autoridades nacionales encargadas de las medidas de ejecución carece de pertinencia para determinar si dicho acto incluye medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

El objetivo perseguido por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, pretende, en particular, permitir a una persona física o jurídica interponer un recurso contra los actos reglamentarios que le afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución, evitando los casos en los que tal persona deba infringir el Derecho para tener acceso a un juez. Así pues, esta disposición aplica el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Si bien el artículo 19 TUE, párrafo segundo, dispone que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, la aplicación por el Tribunal del requisito relativo a la no inclusión de medidas de ejecución, según figura en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no puede supeditarse a la existencia de una vía de recurso efectiva en los sistemas jurídicos de los Estados miembros que permita impugnar la validez del acto de la Unión de que se trate. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada caso concreto, el juez de la Unión examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia en el marco del control de la legalidad de los actos de la Unión. No desvirtúa esta conclusión el hecho de que una vía de recurso nacional sea manifiestamente ineficaz puesto que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no son competentes para pronunciase sobre la ilegalidad de un acto de la Unión. En efecto, el juez de la Unión no puede, sin excederse en sus competencias, interpretar los requisitos según los cuales un particular puede interponer un recurso contra un Reglamento de modo que ignore los requisitos en cuestión, expresamente previstos por el Tratado, incluso a la luz del principio de tutela judicial efectiva.

(véanse los apartados 68 a 72)
Para cumplir en la forma debida su obligación de motivar un acto que impone medidas restrictivas contra personas, entidades u organismos, el Consejo debe mencionar los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de dichas medidas y las consideraciones que le llevan a adoptarlas. De ello se deduce que, en principio, la motivación de tal acto no sólo debe referirse a los requisitos legales de aplicación de las medidas restrictivas, sino también a las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, que la persona interesada tiene que ser objeto de tales medidas.

En particular, por lo que respecta a las medidas adoptadas sobre la base del artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, y del artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento no 961/2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán, las razones individuales y específicas que el Consejo debe aportar, en virtud del artículo 24, apartado 3, de la Decisión 2010/413 y del artículo 36, apartado 3, del Reglamento no 961/2010 recaen sobre la inclusión en las listas de los destinatarios de las medidas restrictivas de las personas, entidades y organismos de que se trate, a saber, según los casos, sobre la participación en la proliferación nuclear, la asociación directa con ella o el apoyo a la misma o, tratándose de entidades que sean propiedad, estén bajo el control o actúen en nombre o bajo la dirección de una entidad que se considera que participa en la proliferación nuclear, sobre las razones que llevaron al Consejo a estimar que se cumplía el requisito de ser propiedad, estar bajo el control o actuar en nombre o bajo la dirección de una entidad de aquel tipo.

Por tanto, sólo puede considerarse que una medida de congelación de fondos y de recursos económicos adoptada por el Consejo está suficientemente motivada cuando el Consejo menciona los elementos de hecho y de Derecho que le han llevado a estimar, según los casos, que la persona, la entidad o el organismo de que se trate ha participado en la proliferación nuclear, ha estado directamente asociado a ella o la ha apoyado o que dicha persona, dicha entidad o dicho organismo era propiedad, estaba bajo el control o actuaba en nombre o bajo la dirección de una persona, una entidad o un organismo que participaba en la proliferación nuclear, estaba directamente asociado a ella o la apoyaba.

(véanse los apartados 66 a 69)
Se desprende del artículo 64, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, que, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso debe pronunciarse sobre el recurso y así, puede, en particular, «ejercer las competencias de la instancia [del órgano] que dictó la resolución impugnada», es decir, puede pronunciarse ella misma sobre la oposición desestimándola o declarándola fundada, confirmando o revocando en esa medida la resolución de la unidad de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que resolvió en primera instancia. Así, de esta disposición se deduce que, al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, en lo tocante tanto a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.

Pues bien, en la medida en que la oposición se basó, en particular, en la marca denominativa anterior y que, con arreglo al artículo 64, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, la Sala de Recurso ostentaba la facultad de proceder al examen de un riesgo de confusión únicamente entre dicha marca anterior y la marca solicitada, conforme al artículo 76, apartado 1, de ese Reglamento correspondía a la demandante presentar, en el marco del recurso ante la Sala de Recurso, sus observaciones en relación con la marca denominativa anterior si deseaba que la Sala de Recurso se pronunciara al respecto en la resolución impugnada.

En efecto, no se deduce del artículo 63, apartado 2, y de los artículos 75 y 76 del Reglamento no 207/2009, que prevén el derecho a ser oído, ni de la jurisprudencia que la Sala de Recurso esté obligada a instar a las partes para que presenten sus observaciones sobre la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y una de las marcas anteriores cuando la Sala de Recurso basa su examen del riesgo de confusión en una marca anterior que la División de Oposición no tomó en consideración, pero que fue válidamente invocada en apoyo de tal oposición. Así pues, la Sala de Recurso no violó el derecho a ser oída de la demandante al no instarla expresamente para formular sus observaciones sobre la marca denominativa anterior que la División de Oposición no tomó en consideración.

(véanse los apartados 25 y 27 a 29)
2)

Fruit of the Loom, Inc. cargará con sus propias costas y con las de la OAMI.