ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.

Por último, la República Eslovaca, en el marco del cuarto motivo de casación, afirma que la motivación de la sentencia recurrida presenta varios vicios que justifican su anulación por parte del Tribunal de Justicia. En particular, a) el Tribunal General no explicó en absoluto algunas de sus conclusiones y enfoques (que son además de suma importancia); b) la motivación de la sentencia recurrida resulta incongruente desde varios puntos de vista y el Tribunal General incurrió en contradicción en la propia motivación, y c) el Tribunal General, en la motivación de la sentencia recurrida, no tuvo en cuenta alegaciones relevantes de la Comisión y de la República Eslovaca. Por tanto, el Tribunal incumplió la obligación de motivación que deriva del artículo 36, en relación con el artículo 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Asunto C-213/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Roma (Italia) el 26 de marzo de 2018 — Adriano Guaitoli y otros / easyJet Airline Co. Ltd

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Roma (Italia) el 26 de marzo de 2018 — Adriano Guaitoli y otros / easyJet Airline Co. Ltd

(Asunto C-213/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale ordinario di Roma

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Adriano Guaitoli, Concepción Casañ Rodríguez, Alessandro Celani Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Demandada: easyJet Airline Co. Ltd

Cuestiones prejudiciales

1) Tras sufrir el retraso o la cancelación de un vuelo, una parte solicita conjuntamente, además de las compensaciones a tanto alzado y uniformes previstas en los artículos 5, 7 y 9 del Reglamento n.o 261/04, ( 1 ) la compensación del daño en el sentido del artículo 12 de dicho Reglamento, ¿debe aplicarse el artículo 33 del Convenio de Montreal o bien la «competencia judicial» (tanto internacional como interna) viene regulada por el artículo 5 del Reglamento n.o 44/01? ( 2 )

2) En el primer supuesto recogido en la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 33 del Convenio de Montreal en el sentido de que regula únicamente el reparto de la jurisdicción entre los Estados, o bien en el sentido de que regula también la competencia territorial interna en el Estado concreto?

3) En el primer supuesto de la segunda cuestión, ¿la aplicación del artículo 33 del Convenio de Montreal es «exclusiva» y se opone a la aplicación del artículo 5 del Reglamento n.o 44/01, o bien pueden aplicarse ambas disposiciones de forma conjunta, de modo que se determine directamente tanto la jurisdicción del Estado como la competencia territorial interna de sus órganos jurisdiccionales?

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).

( 2 ) Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
Asunto C-203/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) el 20 de marzo de 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) el 20 de marzo de 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen

(Asunto C-203/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Demandada: Land Nordrhein-Westfalen

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la excepción prevista en el artículo 13, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 ( 1 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en su versión modificada por el artículo 45, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 165/2014 ( 2 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, en el sentido de que solamente comprende los vehículos o conjuntos de vehículos que se utilicen exclusivamente para la entrega de envíos postales en el marco del servicio universal, o también es aplicable cuando los vehículos o conjuntos de vehículos se destinan principalmente, o en una proporción determinada de alguna forma, a la entrega de envíos postales en el marco del servicio universal?

2) A efectos de la aplicación de la excepción mencionada en la cuestión prejudicial anterior, a la hora de apreciar si los vehículos o conjuntos de vehículos se destinan exclusivamente o, en su caso, principalmente, o en una proporción determinada de alguna forma, a la entrega de envíos postales en el marco del servicio universal, ¿debe atenderse a la utilización general del vehículo o conjunto de vehículos o, por el contrario, a la utilización del vehículo o conjunto de vehículos en cada viaje por separado?

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).

( 2 ) Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO 2014, L 60, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 166/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 1 de febrero de 2018 — Vitali SpA / Autostrade per l’Italia SpA

(Asunto C-63/18)

(2018/C 166/24)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Vitali SpA

Recurrida: Autostrade per l’Italia SpA

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, enunciados en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el artículo 71 de la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, (1) que no contempla limitaciones cuantitativas a la subcontratación, y el principio de proporcionalidad del Derecho de la Unión Europea, a la aplicación de una normativa nacional en materia de contratación pública, como la italiana contenida en el artículo 105, apartado 2, tercera frase, del Decreto Legislativo n.o 50, de 18 de abril de 2016, conforme a la cual el importe de la subcontratación no puede exceder del 30 % del importe total del contrato de obras, servicios o suministro?

(1) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 152/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 12 de febrero de 2018 — T. Boer & Zonen BV / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Asunto C-98/18)

(2018/C 152/18)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: T. Boer & Zonen BV

Demandada: Staatssecretaris van Economische Zaken

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse lo dispuesto en el anexo III, sección I, capítulo VII, inicio y puntos 1 y 3, del Reglamento n.o 853/2004 (1) en el sentido de que la refrigeración de la carne debe efectuarse en el propio matadero, de suerte que la carga de la carne en un vehículo frigorífico sólo podrá empezar una vez que la carne haya alcanzado una temperatura no superior a 7 grados Celsius, o también puede efectuarse la refrigeración de la carne en el vehículo frigorífico, en tanto que éste no abandone los locales del matadero?

(1) Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO 2004, L 139, p. 55).
2)

¿Es incompatible con la correcta aplicación de la Directiva 2004/39/CE, y en particular sus artículos 8, 23 y 51, así como con los principios y normas de los Tratados en materia de no discriminación, proporcionalidad, libre prestación de servicios y derecho de establecimiento, una norma nacional, como la establecida en el artículo 55, apartado 2, del Decreto Legislativo n.o 58 de 24 de febrero de 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 — Texto único de las disposiciones en materia de intermediación financiera conforme a los artículos 8 y 21 de la Ley n.o 52 de 6 de febrero de 1996), y sus posteriores modificaciones, así como el artículo 111, apartado 2 de la Resolución de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa) n.o 16190 de 29 de octubre de 2007 (Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari — Reglamento de normas de desarrollo del Decreto Legislativo n.o 58 de 24 de febrero de 1998 en materia de intermediarios)), la cual: a) permite prohibir de forma discrecional el ejercicio de la actividad a un agente vinculado (asesor facultado para realizar ofertas fuera del establecimiento — anteriormente, promotor financiero) por hechos que no suponen la pérdida de honorabilidad, tal como se define en el Derecho interno, y que al mismo tiempo no se refieren al cumplimiento de las normas de trasposición de la Directiva; b) permite prohibir de forma discrecional y durante un período que podrá alcanzar hasta un año el ejercicio de la actividad a un agente vinculado (asesor facultado para realizar ofertas fuera del establecimiento — anteriormente, promotor financiero) en un procedimiento destinado a prevenir el strepitus fori derivado de la imputación en un proceso penal cuya duración normal es muy superior a un año?
2)

A la hora de determinar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92, el valor en aduana de las mercancías importadas, ¿es aplicable de manera flexible el plazo de noventa días establecido en el artículo 152, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93?
—

Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2014/89/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo (DO 2014, L 257, p. 135), al no haber adoptado hasta el 18 de septiembre de 2016 a más tardar, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
1)

¿Constituye un uso indebido de una marca individual a efectos del artículo 9, apartado 1, segunda frase, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 (1)/Reglamento 2017/1001 (2) o del artículo 5, apartado 1, segunda frase, letra a), de la Directiva 2008/95, (3) cuando — la marca individual está colocada en un producto para el cual no está registrada la marca individual; — la colocación de la marca individual por un tercero es entendida por el público como un «sello de inspección», es decir, en el sentido de que el producto ha sido fabricado y comercializado por un tercero no sometido al control del titular de la marca pero éste ha sometido a una inspección determinadas propiedades del producto y, en virtud de ella, lo ha valorado con una nota indicada en el sello de inspección, y — la marca individual está registrada, en particular, para «información y asesoramiento a los consumidores en la elección de productos y servicios, en particular utilizando resultados de pruebas y análisis y mediante juicios de calidad»?
c.

¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que el derecho a la tutela judicial efectiva implica que el órgano jurisdiccional ha de examinar sin restricciones si se cumplen los requisitos de aplicación del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009? (1) ¿Entraña dicho artículo 47, en particular, que el órgano jurisdiccional está facultado para examinar de forma exhaustiva si la apreciación de los hechos ha sido completa y adecuada para justificar el efecto jurídico invocado? ¿Entraña asimismo el artículo 47, en particular, que el órgano jurisdiccional está facultado para examinar de forma exhaustiva si debieron tenerse en cuenta hechos que supuestamente no se tuvieron en cuenta en la adopción de la decisión pero que podrían afectar al efecto jurídico vinculado a los hechos que sí se tuvieron en cuenta?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/8

Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Ploieşti (Rumanía) el 1 de diciembre de 2017 — Oana Mădălina Călin / Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Asunto C-676/17)

(2018/C 063/11)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Ploieşti

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en revisión: Oana Mădălina Călin

Recurridas: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice y Administraţia Fondului pentru Mediu

Cuestión prejudicial

¿Pueden interpretarse el artículo 4 TUE, apartado 3, relativo al principio de cooperación leal, los artículos 17, 20, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 110 TFUE[,] el principio de seguridad jurídica y los principios de equivalencia [y] de efectividad que se desprenden del principio de autonomía procesal, en el sentido de que se oponen a una norma nacional como el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004, relativa al contencioso-administrativo, tal como fue interpretada por la sentencia n.o 45/2016 del ICCJ — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept [Tribunal Supremo, Formación para resolver cuestiones de Derecho], conforme a la cual el plazo en el que puede presentarse la demanda de revisión basada en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 es de un mes y comienza a correr en la fecha de la notificación de la sentencia firme sujeta a la revisión?
2)

¿Debe entenderse el indicador general de control previsto en el punto 20.15 del Reglamento n.o 549/2013/UE (denominado SEC 2010) («la capacidad de determinar la política general o el programa de una institución sin fines de lucro»), en sentido sustancial en cuanto capacidad de dirigir, vincular y condicionar la actividad de gestión de la entidad sin fines de lucro, o bien en sentido no estrictamente técnico que también comprenda las facultades de vigilancia externa distintas de las definidas en los indicadores específicos de control establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del punto 20.15 (como, por ejemplo, las facultades de aprobación de las cuentas, de nombramiento de los auditores, de aprobación de los estatutos y de algunos tipos de reglamentos, de dirección deportiva o de reconocimiento a efectos deportivos?
3.

Si la sección 5 del título II del Convenio de Lugano únicamente se aplica a acciones que, de no ser por dicha sección, estarían comprendidas en el artículo 5, punto 1, ¿qué criterio debe seguirse para determinar si una acción está comprendida en el artículo 5, punto 1? 1) ¿Es correcto el criterio según el cual una acción está comprendida en el artículo 5, punto 1, si la conducta controvertida podría considerarse un incumplimiento contractual, aun cuando la acción efectivamente interpuesta por el empresario no tenga como base, no invoque o no alegue el incumplimiento de dicho contrato? 2) Como alternativa, ¿es correcto el criterio según el cual una acción únicamente está comprendida en el artículo 5, punto 1, si la obligación en la que se basa efectivamente la acción es de naturaleza contractual? En caso afirmativo, ¿no está comprendida en la sección 5, punto 1, una acción basada únicamente en el incumplimiento de una obligación que ha surgido al margen del contrato (y que, en su caso, no puede considerarse una obligación «aceptada libremente» por el demandado)? 3) En caso de que ninguno de los criterios descritos sea correcto, ¿cuál sería el criterio apropiado?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 424/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 11 de septiembre de 2017 — Ursula Kaufmann y Viktor Schay / TUIfly GmbH

(Asunto C-534/17)

(2017/C 424/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ursula Kaufmann y Viktor Schay

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, (1) a la luz de su decimoquinto considerando, en el sentido de que un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo sólo puede verse liberado de su obligación de compensación invocando unas circunstancias extraordinarias que se hayan producido precisamente el día del vuelo, o las circunstancias extraordinarias aparecidas el día anterior también pueden justificar la cancelación o el gran retraso de un vuelo al día siguiente?

2) En caso de que también las circunstancias extraordinarias ocurridas el día anterior puedan justificar la cancelación o el gran retraso de un vuelo al día siguiente, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 en el sentido de que un transportista aéreo, dentro de las medidas razonables que debe tomar para evitar las circunstancias extraordinarias, está obligado a realizar de antemano preparativos adecuados para esas eventualidades y, en cualquier caso, a disponer en su aeropuerto de origen de un número suficiente de aviones de reserva?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 402/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 22 de septiembre de 2017 — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet

(Asunto C-555/17)

(2017/C 402/19)

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Østre Landsret

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: 2M-Locatel A/S

Recurrida: Skatteministeriet

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse

(i) la subdivisión «---receptores de señales de imagen y sonido (sintonizadores)» de la partida 8528,

(ii) la subpartida 8528 71 13 y

(iii) la subpartida 8528 71 90

de la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común, recogida en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1549/2006 (1) de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 (2) del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en el sentido de que un producto que se ajusta a la designación de la mercancía de la subpartida 8528 71 13 y que es capaz de captar, descodificar y procesar señales de televisión en directo transmitidas mediante tecnología basada en Internet, pero no de captar, descodificar y procesar señales de televisión en directo transmitidas mediante antena, por cable o vía satélite, debe clasificarse en la subpartida 8528 71 13, en la subpartida 8528 71 90 o en otra subpartida?»

(1) DO 2006, L 301, p. 1.

(2) DO 1987, L 256, p. 1.
—

Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (DO L 155, p. 1), al no adoptar, a más tardar el 1 de enero de 2016, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.
IV.

Falsa y/o errónea aplicación de la Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes y de las Previsiones del Séptimo Programa Marco. Error manifiesto en la comprensión de un elemento determinante del supuesto de hecho objeto del litigio. La sentencia recurrida, al desestimar los dos primeros motivos de recurso infringió también la Guía Financiera del Sexto Programa y desnaturalizó los hechos objeto del litigio, calculando las horas que figuraban en el contrato Bridge de modo erróneo y engañoso, o sea, sobre la base de lo allí indicado en el sentido de que el socio prestador de la obra habría trabajado cada día del mes durante ocho horas consecutivas únicamente en las actividades relativas al citado contrato.