Asunto C‑562/12

Liivimaa Lihaveis MTÜ

contra

Eesti‑Läti programmi 2007‑2013 Seirekomitee

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu ringkonnakohus)

«Procedimiento prejudicial — Fondos Estructurales — Reglamentos (CE) nos 1083/2006 y 1080/2006 — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Programa operativo dirigido a promover la cooperación territorial europea entre la República de Estonia y la República de Letonia — Decisión desestimatoria de una subvención adoptada por el Comité de seguimiento — Disposición que establece que no cabe recurso contra las decisiones de dicho Comité — Artículo 267 TFUE — Acto adoptado por una institución, un órgano o un organismo de la Unión — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicación del Derecho de la Unión — Artículo 47 — Derecho a una tutela judicial efectiva — Derecho de acceso a los tribunales — Determinación del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de un recurso»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de septiembre de 2014

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47 y 51, ap. 1; Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo]

[Art. 267 TFUE, párr. 1, letra b); Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo]

[Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, art. 63, aps. 1 y 2]

El artículo 263 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un programa operativo comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento no 1260/1999, y del Reglamento no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento no 1783/1999, y dirigido a promover la cooperación territorial europea, un recurso contra una decisión de un Comité de seguimiento por la que se desestima una solicitud de subvención no es competencia del Tribunal General de la Unión Europea. En efecto, un Comité de seguimiento creado en el marco de un programa operativo destinado a promover la cooperación territorial europea no es una de esas instituciones ni uno de esos órganos u organismos de la Unión creados por el legislador de la Unión que han sido dotados de competencias para adoptar actos jurídicamente vinculantes con respecto a personas físicas o jurídicas en ámbitos específicos. Cada Comité de seguimiento establecerá su reglamento interno ateniéndose al marco institucional, jurídico y financiero del Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1083/2006. Pues bien, el juez de la Unión no es competente para pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de un acto adoptado por una autoridad nacional. (véanse los apartados 46 a 49, 52 y el punto 1 del fallo)

El artículo 267 TFUE, párrafo primero, letra b), debe interpretarse en el sentido de que un manual del programa adoptado por un Comité de seguimiento en el marco de un programa operativo comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento no 1260/1999, y del Reglamento no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento no 1783/1999, y dirigido a promover la cooperación territorial europea entre dos Estados miembros, no constituye un acto adoptado por una institución, un órgano o un organismo de la Unión y, en consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para apreciar la validez de las disposiciones de dicho manual. (véanse el apartado 56 y el punto 2 del fallo)

El Reglamento no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento no 1260/1999, puesto en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de un manual del programa adoptado por un Comité de seguimiento en el marco de un programa operativo celebrado entre dos Estados miembros y dirigido a promover la cooperación territorial europea, en la medida en que esa disposición no establece que la decisión de dicho Comité de seguimiento por la que se desestime una solicitud de subvención pueda ser objeto de recurso ante un tribunal de un Estado miembro. En efecto, como la adopción de un manual del programa por parte de un Comité de seguimiento en el marco de un programa operativo comprendido en el ámbito de aplicación de los Reglamentos no 1083/2006 y no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento no 1783/1999, y dirigido a promover la cooperación territorial europea, constituye una aplicación del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, el Comité de seguimiento debe atenerse a las disposiciones de la Carta. (véanse los apartados 65, 66 y 76 y el punto 3 del fallo)

Para garantizar el respeto en el seno de la Unión de la citada tutela judicial efectiva, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, obliga a los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. A este respecto, la exigencia de un control jurisdiccional de cualquier decisión de una autoridad nacional constituye un principio general de Derecho de la Unión. En virtud de dicho principio, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales decidir sobre la conformidad a Derecho de un acto lesivo y declarar la admisibilidad del recurso interpuesto con tal objeto, aunque las normas de procedimiento internas no lo prevean en semejante caso. (véanse los apartados 68 y 75)