Asuntos acumulados T-191/98 y T-212/98 a T-214/98





Atlantic Container Line AB y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas



«Competencia – Conferencias marítimas – Reglamento (CEE) nº 4056/86 – Exención por categoría – Exención individual – Posición dominante colectiva – Abuso – Contratos de servicios – Adhesión a la conferencia – Menoscabo de la estructura de la competencia – Revocación de la exención por categoría – Multas – Derecho de defensa» Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 30 de septiembre de 2003

Sumario de la sentencia 1.. Procedimiento – Fundamentación de las sentencias – Alcance 2.. Competencia – Procedimiento administrativo – Pliego de cargos – Documento preparatorio que puede ser modificado por la Comisión – Posibilidad de la Comisión de requerir información suplementaria – Límites 3.. Competencia – Procedimiento administrativo – Pliego de cargos – Contenido necesario – Respeto del derecho de defensa

(Reglamento del Consejo nº 17, art. 19, ap. 1; Reglamento de la Comisión nº 99/63/CEE, art. 4) 4.. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción – Pruebas admisibles 5.. Competencia – Procedimiento administrativo – Acceso al expediente – Obligación de la Comisión de aportar las pruebas inculpatorias 6.. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción – Exclusión de las pruebas no comunicadas a las partes – Consecuencias – Imposibilidad de probar el cargo correspondiente por referencia a dichos documentos 7.. Competencia – Procedimiento administrativo – Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción – Decisión no idéntica al pliego de cargos – Violación del derecho de defensa – Requisito – Prueba, por parte de la empresa afectada, de la imputación de nuevos cargos 8.. Competencia – Procedimiento administrativo – Respeto del derecho de defensa – Inserción de nuevas alegaciones al adoptar la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción – Sanción – Requisito 9.. Procedimiento – Escrito de interposición del recurso – Requisitos de forma – Determinación del objeto del litigio – Exposición sumaria de los motivos invocados – Exposición clara de los fundamentos jurídicos

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letras c) y d)] 10.. Competencia – Procedimiento administrativo – Acceso al expediente – Objeto – Respeto del derecho de defensa – Alcance – Pruebas inculpatorias – Exclusión de las pruebas no comunicadas a las partes – Pruebas exculpatorias – Apreciación efectuada únicamente por la Comisión de la utilidad de su comunicación – Improcedencia

[Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 86 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE); Reglamentos del Consejo nº 17 y (CEE) n os 1017/68 y 4056/86] 11.. Competencia – Procedimiento administrativo – Acceso al expediente – Documentos que no figuran en el expediente de la instrucción – Documentos que pueden ser útiles para la defensa de las partes – Violación del derecho de defensa – Requisitos 12.. Competencia – Procedimiento administrativo – Acceso al expediente – Documentos que no figuran en el expediente de la instrucción y que la Comisión no ha utilizado como pruebas de cargo – Obligación de la Comisión de dar a las partes acceso a tales documentos por iniciativa propia – Inexistencia 13.. Competencia – Procedimiento administrativo – Acceso al expediente – Límites – Empresa con una posición dominante y que puede adoptar represalias contra los informantes de la Comisión 14.. Recurso de anulación – Actos recurribles – Concepto – Pliego de cargos – Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)] 15.. Competencia – Procedimiento administrativo – Envío a las empresas afectadas, por parte de la Comisión, de un elevado número de solicitudes de información tras la adopción de un pliego de cargos – Límites a esta carga – Respeto del derecho de defensa 16.. Transportes – Transportes marítimos – Normas sobre la competencia – Exención por categorías – Interpretación restrictiva – Servicios que no constituyen servicios de transporte marítimo incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4056/86 – Exclusión

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente artículo 81 CE, ap. 1); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, aps. 2 y 3] 17.. Competencia – Normas comunitarias – Aplicación en función de prácticas nacionales de los Estados miembros o de determinados países terceros – Improcedencia

[Tratado CE, art. 85 (actualmente art. 81 CE)] 18.. Competencia – Posición dominante – Posición dominante colectiva – Concepto – Conferencia marítima

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, ap. 3, letra b)] 19.. Competencia – Posición dominante – Posición dominante colectiva – Existencia – Medios de identificación – Consideración de un acuerdo, pese a estar prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1)

[Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 86 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, ap. 3, letra b)] 20.. Competencia – Posición dominante – Posición dominante colectiva – Concepto – Necesidad de la eliminación de toda competencia entre las empresas – Inexistencia

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 21.. Competencia – Posición dominante – Posición dominante colectiva – Concepto – Conferencia marítima – Exclusión en caso de competencia interna significativa

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 22.. Competencia – Posición dominante – Posición dominante colectiva – Concepto – Conferencia marítima – Irrelevancia, en principio, de otras formas de competencia ante una estrategia común en materia de precios

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 23.. Competencia – Posición dominante – Mercado de referencia – Delimitación – Criterios

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 24.. Competencia – Posición dominante – Existencia – Posesión de cuotas de mercado extremadamente altas – Indicio generalmente suficiente

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 25.. Competencia – Posición dominante – Concepto – Presunción de existencia en caso de posesión de más de la mitad de las cuotas de mercado

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 26.. Competencia – Transportes marítimos – Posición dominante – Posesión de cuotas de mercado altas – Indicio generalmente suficiente

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 8] 27.. Competencia – Posición dominante – Concepto – Capacidad de imponer subidas de precios regulares – Elemento no indispensable

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 28.. Competencia – Posición dominante – Abuso – Exención – Exclusión – Obligaciones que incumben a la empresa dominante – Posibilidad de que la empresa con posición dominante proteja sus intereses comerciales, siempre que no refuerce su posición dominante ni abuse de ella

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 29.. Competencia – Normas comunitarias – Ámbito de aplicación material – Comportamiento impuesto por medidas estatales – Exclusión – Requisitos

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)] 30.. Competencia – Posición dominante – Abuso – Concepto – Refuerzo de la posición dominante – Conferencia marítima – Aceptación de nuevos miembros – Elemento que puede constituir un abuso

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 31.. Transportes – Transportes marítimos – Normas sobre la competencia – Exención por categorías – Reglamento (CEE) nº 4056/86 relativo a los transportes marítimos – Interpretación restrictiva

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, arts. 1, ap. 3, letras b) y c), y 3] 32.. Competencia – Prácticas colusorias – Notificación – Efectos – Exención de multas – Necesidad de una disposición expresa – Exención no prevista por el Reglamento (CEE) nº 1017/68

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE); Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo] 33.. Competencia – Prácticas colusorias – Notificación – Efectos – Exención de multas prevista por el artículo 19, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) nº 4056/86 relativo a los transportes marítimos – Ámbito de aplicación – Infracciones de los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE)

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 19, aps. 2, letra a), y 4, párr. 2] 34.. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Distribución de un importe global entre diferentes grupos de empresas constituidos en función del tamaño de las empresas participantes en la infracción – Procedencia – Requisitos

(Reglamento del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2) 35.. Competencia – Multas – Decisión por la que se imponen multas – Obligación de motivación – Alcance – Indicación de los elementos de apreciación que permitieron a la Comisión determinar la gravedad y la duración de la infracción – Indicación suficiente

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2] 36.. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Criterios – Gravedad de la infracción – Empresa miembro de una conferencia marítima – Apreciación a partir del volumen de negocios global de la empresa – Procedencia – Consideración de las demás circunstancias individuales específicas de cada una de las empresas participantes – Inexistencia de obligación

(Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CEE) nº 4056/86, art. 19) 37.. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Margen de apreciación reservado a la Comisión – Imposibilidad de que las empresas invoquen una confianza legítima en el mantenimiento de la situación existente – Elevación del nivel general de las multas – Procedencia – Requisitos

(Reglamentos del Consejo nº 17 y (CEE) n os 1017/68 y 4056/86) 38.. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Circunstancias atenuantes – Notificación de un acuerdo que ha facilitado la apreciación del carácter abusivo de las prácticas previstas por éste

(Reglamento del Consejo nº 17) 39.. Competencia – Posición dominante – Abuso – Concepto – Prácticas en materia de contratos de servicios celebrados entre un cargador y una conferencia marítima o un transportista

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)] 40.. Responsabilidad extracontractual – Requisitos – Perjuicio – Relación de causalidad – Carga de la prueba

[Tratado CE, arts. 178 y 215 (actualmente arts. 235 CE y 288 CE)] 1. La obligación del Tribunal de Primera Instancia de motivar sus decisiones no supone que éste deba responder con detalle a cada uno de los argumentos presentados por el demandante, sobre todo si no son suficientemente claros y precisos ni se apoyan en elementos de prueba idóneos. véase el apartado 90 2. Dado que el pliego de cargos es un documento preparatorio que puede ser modificado por la Comisión, en particular para tener en cuenta la respuesta al pliego de cargos, no es en modo alguno imperativo que la Comisión haya concluido definitivamente su investigación administrativa en el momento de la adopción del pliego de cargos. En consecuencia, la Comisión no puede verse limitada por lo que respecta a las preguntas que pretende plantear en sus solicitudes de información posteriores al pliego de cargos, siempre que, por un lado, conforme a las disposiciones de los reglamentos aplicables, dichas preguntas permitan obtener información necesaria para la investigación y que, por otro lado, la Comisión dé a las empresas afectadas la posibilidad de ser oídas respecto a las nuevas alegaciones de hecho o de Derecho que se proponga formular a partir de las respuestas de las empresas afectadas a dichas preguntas. véase el apartado 122 3. El pliego de cargos debe contener una exposición de éstos redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones por infracciones de las normas sobre la competencia exige, en efecto, que se dé a las empresas y asociaciones de empresas afectadas, desde la fase del procedimiento administrativo, la posibilidad de dar a conocer de forma eficaz su opinión sobre el carácter real y oportuno de los hechos, cargos y circunstancias alegados por la Comisión. Esta exigencia se cumple cuando la decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes a las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse. De ello se desprende que la Comisión sólo puede mantener los cargos respecto a los cuales estos últimos hayan podido manifestar sus puntos de vista. No obstante, la Comisión ha de contar con la posibilidad de tener en cuenta, en su Decisión, las respuestas de las empresas afectadas al pliego de cargos. A este respecto, no sólo ha de poder aceptar o rechazar las alegaciones de las empresas afectadas, sino también proceder a su propio análisis de los hechos que éstas exponen, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que mantiene. El hecho de tener en cuenta un argumento alegado por una empresa en el procedimiento administrativo, sin dar a dicha empresa la oportunidad de ser oída al respecto antes de la adopción de la decisión final, no puede constituir, en cuanto tal, una violación del derecho de defensa, máxime cuando el tener en cuenta dicho argumento no modifique la naturaleza de los cargos que se le imputan. véanse los apartados 138, 152, 191, 194 y 314 4. El respeto del derecho de defensa exige que una empresa destinataria de una Decisión de la Comisión que declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia pueda dar a conocer adecuadamente su punto de vista sobre los documentos que la Comisión ha tomado en consideración para fundamentar la Decisión. En consecuencia, sólo los documentos citados o mencionados en el pliego de cargos constituyen, en principio, medios de prueba que cabe oponer al destinatario del pliego de cargos. Por otra parte, los documentos adjuntos como anexos al pliego de cargos, pero no mencionados en él, sólo pueden utilizarse en contra del destinatario del pliego de cargos si éste pudo razonablemente deducir del pliego de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos. véanse los apartados 162, 171 y 287 5. En los asuntos en materia de competencia, no se vulnera el derecho de defensa por el hecho de que la Comisión no haya comunicado a una empresa demandante un documento que podía contener elementos en su descargo, si ese documento procede de dicha demandante o si es manifiesto que el referido documento estaba en su poder durante el procedimiento administrativo. No obstante, esto no se aplica en ningún caso a los documentos inculpatorios. En efecto, si bien corresponde a los demandantes invocar por propia iniciativa cualquier documento exculpatorio que pueda servir en su descargo, corresponde en cambio a la Comisión probar la infracción y aportar para ello cualquier elemento inculpatorio adecuado para demostrar los hechos constitutivos de ésta. véase el apartado 172 6. Deben ser eliminados como medios de prueba de la existencia de infracciones de las normas sobre la competencia los documentos que, aunque emanen de las empresas imputadas o hayan estado en su poder durante el procedimiento administrativo, no se citen en el pliego de cargos o se incluyan en sus anexos, cuando dichas empresas no hayan podido razonablemente prever las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos. Esta eliminación, lejos de tener por consecuencia la anulación de la Decisión en su totalidad, sólo tiene importancia en la medida en que el correspondiente cargo formulado por la Comisión sólo pueda probarse mediante dichos documentos. véanse los apartados 186 a 188 7. Para aducir, en un asunto en materia de competencia, una vulneración del derecho de defensa respecto a los cargos contenidos en la Decisión de la Comisión que les imputa determinadas infracciones, las empresas no pueden limitarse a invocar la mera existencia de diferencias entre el pliego de cargos y esta Decisión, sin exponer de manera precisa y concreta de qué modo cada una de estas diferencias constituye un nuevo cargo sobre el que no han tenido la ocasión de ser oídas. En efecto, una violación del derecho de defensa debe ser examinada en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto, en la medida en que ésta depende esencialmente de los cargos formulados por la Comisión para demostrar la existencia de la infracción reprochada a las empresas afectadas. véanse los apartados 192 y 396 8. En el marco de un procedimiento administrativo en materia de competencia, aun cuando una Decisión de la Comisión contenga nuevas alegaciones de hecho o de Derecho sobre las que las empresas afectadas no hayan podido ser oídas, el defecto apreciado sólo acarrearía su anulación en este punto si dichas alegaciones no pudieran quedar acreditadas de manera suficiente en Derecho sobre la base de otros elementos recogidos en la Decisión y sobre los que estas empresas han tenido la ocasión de exponer su punto de vista. véase el apartado 196 9. En virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe, en particular, contener el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados. Dichos elementos deben ser lo suficientemente claros y precisos como para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia resolver el recurso sin solicitar, en su caso, más información. A fin de garantizar el respeto del principio de contradicción, la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que un recurso sea admisible, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de manera sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, del texto de la propia demanda. Aunque no exista ninguna disposición que limite el volumen de los escritos y documentos presentados en apoyo de un recurso de anulación formulado sobre la base del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), corresponde a las demandantes, habida cuenta en particular de las exigencias formales, mantener su demanda dentro límites razonables y, en cualquier caso, destacar de forma distinguible los motivos jurídicos que formulan para sustentar sus pretensiones de anulación frente a los elementos de hecho y de Derecho planteados en su apoyo que no constituyen en sí mismos motivos jurídicos. véanse los apartados 281, 282 y 1637 10. En los asuntos de competencia, el derecho a acceder al expediente tiene por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que ésta haya llegado en su pliego de cargos, basándose en tales documentos. El acceso al expediente forma parte de las garantías del procedimiento destinadas a proteger el derecho de defensa y a asegurar, en particular, el ejercicio efectivo del derecho a ser oído. Así, la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) o del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales. Por lo que respecta a los elementos inculpatorios, el respeto del derecho de defensa exige que la empresa interesada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre los elementos que la Comisión tuvo finalmente en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción. Los documentos para los que no se da esta circunstancia deben ser eliminados como medios de prueba. Por lo que respecta a los documentos exculpatorios, en el marco del procedimiento contradictorio regulado por los reglamentos de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, en particular, por los Reglamentos n os 17, 1017/68 y 4056/86, no puede considerarse competencia exclusiva de la Comisión la decisión sobre qué documentos son útiles para la defensa de las partes implicadas en un procedimiento de infracción de las normas sobre competencia. En particular, habida cuenta del principio general de igualdad de armas, no cabe admitir que la Comisión pueda decidir por sí sola si utilizar o no unos documentos contra las partes demandantes, mientras que éstas no tuvieron acceso a ellos y no pudieron por tanto adoptar la decisión correlativa de utilizarlos o no para su defensa. véanse los apartados 334, 335, 337 a 339, 351, 354, 376 y 385 11. Si se comprueba que, durante un procedimiento administrativo en materia de competencia, la Comisión no comunicó a las demandantes documentos que habrían podido contener pruebas en su descargo, sólo puede apreciarse una vulneración del derecho de defensa si está acreditado que el procedimiento administrativo habría podido alcanzar un resultado distinto en el supuesto de que la demandante hubiera tenido acceso a los referidos documentos durante dicho procedimiento. Cuando dichos documentos figuran en el expediente de la instrucción de la Comisión, tal vulneración del derecho de defensa es independiente del comportamiento adoptado durante el procedimiento administrativo por la empresa de que se trate. En cambio, cuando los documentos exculpatorios de que se trata no figuran en el expediente de la instrucción de la Comisión, sólo puede apreciarse una vulneración del derecho de defensa si la parte demandante ha presentado a la Comisión una solicitud expresa de acceder a dichos documentos, so pena de que se produzca un efecto preclusivo sobre este extremo por lo que respecta al recurso de anulación interpuesto contra la Decisión definitiva. véanse los apartados 340 y 430 12. Para determinar si, en un procedimiento administrativo en materia de competencia, se ha respetado el derecho a acceder a los elementos inculpatorios del expediente, la cuestión pertinente no es conocer las razones por las que la Comisión ha formulado un cargo o quién ha dado origen a dicho cargo, sino únicamente si el cargo imputado en la decisión final se basa en elementos inculpatorios que se han comunicado a las empresas que son objeto del procedimiento de infracción. Por tanto, no puede considerarse que el derecho a acceder al expediente tenga por objeto permitir a las empresas afectadas examinar el proceso mediante el cual la Comisión ha llegado a sus conclusiones. En efecto, dado que el derecho a acceder al expediente no es un fin en sí mismo, sino que tiene por objeto proteger el derecho de defensa, la Comisión no tiene la obligación de comunicar a las empresas afectadas los elementos inculpatorios que no recoge en su Decisión en apoyo de los cargos. véase el apartado 377 13. En el marco de un procedimiento que tiene por objeto que se declare la existencia de infracciones de las normas del Tratado en materia de competencia, la Comisión puede negarse a comunicar documentos de naturaleza interna y denegar el acceso a la correspondencia con terceros basándose en su carácter confidencial, puesto que una empresa destinataria de un pliego de cargos que ocupa una posición dominante en el mercado puede tomar represalias contra una empresa competidora, un proveedor o un cliente que ha colaborado en la investigación llevada a cabo por la Comisión. véanse los apartado 393 y 394 14. El control de legalidad efectuado por el Tribunal de Primera Instancia en el marco de un recurso de anulación interpuesto sobre la base del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación) no se extiende al pliego de cargos, sino a la decisión final adoptada tras éste. El pliego de cargos no constituye por lo demás un acto que pueda ser objeto de un recurso de anulación. Por tanto, aunque la Comisión hubiera manifestado, en el pliego de cargos, un prejuicio en contra de las empresas demandantes, tal prejuicio sólo podría viciar la Decisión impugnada si se hubiera reflejado en esta última. véase el apartado 414 15. El envío por parte de la Comisión de un elevado número de solicitudes de información tras la adopción de un pliego de cargos puede afectar al ejercicio efectivo, por parte de las empresas afectadas, de su derecho a ser oídas en relación con los cargos que se les imputan. Corresponde, en efecto, a la Comisión velar por que el desarrollo del procedimiento administrativo se lleve a cabo diligentemente. Pues bien, las solicitudes de información deben respetar el principio de proporcionalidad y la obligación impuesta a una empresa de facilitar una información no debe representar para ésta una carga desproporcionada en relación con las necesidades de la investigación. Para examinar si el envío de las solicitudes de información controvertidas impuso a estas empresas una carga desproporcionada que pudiera vulnerar el derecho de defensa, procede tener en cuenta el contenido de dichas solicitudes de información, el contexto en el que se enviaron y su objetivo. véanse los apartados 418 y 419 16. Habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a las normas sobre la competencia establecido en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), las disposiciones en que se prevén excepciones, incluidas en un reglamento de exención por categoría deberán, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente. Pues bien, dado que el ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 (actualmente artículo 82 CE) del Tratado a los transportes marítimos, se limita, en virtud del artículo 1, apartado 2, del mismo Reglamento, únicamente al transporte marítimo de puerto a puerto, la exención por categoría de la referida prohibición prevista por el artículo 3 de dicho Reglamento no puede extenderse a servicios que, aun cuando pudieran considerarse accesorios o necesarios para el transporte marítimo de puerto a puerto, no constituyan, como tales, servicios de transporte marítimo incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86. Ello es tanto más cierto cuando estos servicios pertenecen a un mercado distinto en el que los transitarios compiten con otros operadores económicos. véase el apartado 568 17. Las prácticas nacionales, aun suponiendo que sean comunes a todos los Estados miembros, no pueden ser determinantes para la aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado. A fortiori, las prácticas de determinados Estados terceros no pueden ser determinantes para la aplicación del Derecho comunitario. véase el apartado 569 18. El artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) puede aplicarse a situaciones en las que varias empresas se hallen conjuntamente en una posición dominante en el mercado considerado. Para llegar a la conclusión de que existe tal posición, es necesario que las empresas de que se trate estén suficientemente ligadas entre sí como para adoptar una misma línea de acción en el mercado; en cambio, no es necesario demostrar que todas las empresas han adoptado efectivamente esa misma línea de acción en todas las circunstancias. A este respecto, es necesario examinar los vínculos o factores económicos de correlación entre las empresas afectadas y comprobar si estos vínculos o factores les permiten actuar conjuntamente con independencia de sus competidores, de sus clientes y de los consumidores. En principio, éste es el caso de las compañías marítimas que, por las estrechas relaciones que mantienen entre ellas en el seno de una conferencia marítima en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 4056/86, pueden conjuntamente, como entidad única que se presenta como tal en el mercado respecto a los usuarios y a los competidores, adoptar en común, en el mercado de referencia, prácticas que constituyan comportamientos unilaterales. Además, poco importa el carácter mínimo de la cuota de mercado de una empresa o de su volumen de negocios en el mercado de que se trata. En efecto, puesto que los vínculos en que se basa la apreciación colectiva de la posición de los miembros de la conferencia marítima se derivan de su adhesión a esta conferencia marítima, la posición de cada miembro de dicha conferencia, por el mero hecho de su adhesión, debe apreciarse colectivamente con la de los demás miembros de la conferencia, dado que, mediante esta adhesión, la empresa quedó vinculada, en cuanto a su comportamiento en un mercado determinado, a los demás miembros adheridos a la conferencia, de forma que se presentan en dicho mercado como una entidad colectiva respecto a sus competidores, a sus terceros contratantes y a los consumidores. véanse los apartados 594 a 602, 629, 630 y 652 19. La circunstancia de que un acuerdo esté prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), no impide a la Comisión tomar en consideración tal acuerdo para apreciar, en el marco de la aplicación del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE), el carácter colectivo de la posición de unas empresas en el mercado de referencia. En efecto, un acuerdo, una decisión o una práctica concertada, se beneficie o no de una exención con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Tratado, puede, cuando se aplica, tener como consecuencia que las empresas afectadas estén vinculadas en cuanto a su comportamiento en un mercado determinado de forma que se presenten en dicho mercado como una entidad colectiva respecto a sus competidores, a sus terceros contratantes y a los consumidores. La existencia de una posición dominante colectiva puede, por tanto, derivarse de la naturaleza y del contenido de un acuerdo, de la forma en que se aplica y, en consecuencia, de los vínculos o factores de correlación entre empresas que resultan de ellos. Éste es el caso de una conferencia marítima en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 4056/86. véase el apartado 610 20. Si bien la posibilidad de una empresa de coordinar su comportamiento con el de uno o más competidores implica necesariamente que la competencia entre ellos queda restringida de manera significativa, tal posibilidad de coordinación del comportamiento competitivo no implica por el contrario, en modo alguno, que la competencia entre las empresas de que se trate quede completamente eliminada. La existencia de una posición dominante colectiva en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) supone la existencia de vínculos económicos entre dos o más entidades económicas, por definición, independientes y, por tanto, capaces de competir entre sí, y no la existencia de vínculos institucionales entre las empresas afectadas análogos a los que existen entre una sociedad matriz y sus filiales. En consecuencia, si bien la falta de competencia efectiva entre operadores que supuestamente son miembros de un oligopolio dominante constituye un elemento importante entre los elementos que deben desempeñar un papel al evaluar la existencia de una posición dominante colectiva, no cabe exigir, para apreciar tal posición dominante, que esta eliminación de la competencia efectiva dé lugar a la eliminación de toda competencia entre las empresas afectadas. véanse los apartados 653 y 654 21. Una competencia interna significativa en el seno de una conferencia marítima puede demostrar que, a pesar de los diversos vínculos o factores de correlación existentes entre sus miembros, estos últimos no tienen la posibilidad de adoptar una misma línea de acción en el mercado que pueda hacerles aparecer como una entidad única frente a terceros y que, por tanto, justifique una apreciación colectiva de su posición en el mercado respecto al artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). véase el apartado 695 22. La presencia entre los miembros de una conferencia de formas de competencia que no se refieran a los precios, por ejemplo, en materia de calidad del servicio prestado, no basta, en principio, para negar la existencia de una posición dominante colectiva basada en los vínculos acreditados por lo que respecta a su estrategia común de precios, a no ser que el alcance y la intensidad de dichas formas alternativas de competencia sean suficientes para impedir la invocación razonable de sus políticas comunes de precios como base para demostrar la existencia de una única entidad en el mercado. véase el apartado 714 23. A efectos del examen de la posible posición dominante de una empresa en un mercado determinado, el mercado que debe tomarse en consideración agrupa al conjunto de productos que, en razón de sus características, son especialmente aptos para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por otros productos. Para que pueda considerarse que constituyen un mercado distinto, los productos de referencia deben individualizarse no sólo por el mero hecho de su utilización, sino también por características particulares de producción que les hagan específicamente aptos para dicho destino. véanse los apartados 798, 799 y 828 24. Si bien la existencia de una posición dominante puede derivarse de varios factores que, considerados aisladamente, no tienen por qué ser necesariamente determinantes, las cuotas de mercado muy importantes constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante. Así, una cuota de mercado de entre el 70 % y el 80 % constituye por sí misma un indicio claro de la existencia de una posición dominante. véase el apartado 907 25. El concepto de posición dominante consiste en la situación de poder económico que permite a la entidad que la ocupa impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, al conferirle el poder de actuar, en gran medida, independientemente de sus competidores, sus clientes y, en última instancia, de los consumidores. Una entidad, bien sea individual o colectiva, que tiene más del 50 % del mercado puede gozar de tal independencia. véanse los apartados 931 y 932 26. Si bien el hecho de eliminar la competencia puede llevar a que no se aplique la exención por categoría prevista en el Reglamento nº 4056/86, en cambio, el simple hecho de tener una posición dominante carece de incidencia a este respecto. Por una parte, dado que el concepto de eliminación de la competencia es más restrictivo que el de existencia o creación de una posición dominante, una empresa que tiene una posición de esa índole puede beneficiarse de una exención. Así, con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4056/86, la Comisión solamente puede revocar la exención por categoría prevista por dicho Reglamento cuando una conferencia marítima explota de manera abusiva su posición dominante. Por otra parte, el mero hecho de tener una posición dominante no está prohibido por las normas de competencia establecidas en el Tratado, puesto que únicamente lo está la explotación abusiva de dicha posición. Por ello, también en el ámbito de los transportes marítimos, el hecho de tener una cuota de mercado elevada puede constituir un indicio de posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). véanse los apartados 939 y 940 27. Si bien la capacidad de imponer aumentos de precios regulares constituye sin duda alguna un elemento que indica la existencia de una posición dominante, no constituye en modo alguno un dato indispensable, puesto que la independencia de la que goza una empresa dominante en materia de precios deriva más de la capacidad para fijar estos últimos sin tener en cuenta la reacción de los competidores, de los clientes ni de los proveedores que de la capacidad de aumentarlos. véase el apartado 1084 28. A diferencia del artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE), el artículo 86 del mismo (actualmente artículo 82 CE) no permite que las empresas que ocupan una posición dominante soliciten la concesión de una exención para sus prácticas abusivas. Por otra parte, incumbe a las empresas dominantes una responsabilidad especial tanto de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común como de no causar un perjuicio inmediato a los consumidores. Por consiguiente, las prácticas abusivas cometidas por empresas dominantes están prohibidas sin excepción. La existencia de una posición dominante no puede privar a una empresa que se encuentra en dicha posición del derecho a proteger sus propios intereses comerciales cuando éstos se ven amenazados, de manera que se le ha de reconocer, en una medida razonable, la facultad de realizar los actos que juzgue adecuados para proteger sus intereses siempre que, sin embargo, tales comportamientos no tengan por objeto reforzar dicha posición dominante y abusar de ella. Se desprende, por consiguiente, que una empresa dominante puede invocar motivos que puedan justificar las prácticas que adopta, sin que se admita, no obstante, la existencia de causas de exención. véanse los apartados 1109, 1113, 1114 y 1124 29. Los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE) sólo se refieren a los comportamientos contrarios a las normas sobre la competencia que las empresas hayan adoptado por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia, o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 85 y 86. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas. Por el contrario, cabe aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. Por consiguiente, si una ley nacional se limita a permitir, fomentar o facilitar la realización, por parte de las empresas, de comportamientos autónomos contrarios a la competencia, estas últimas pueden ser juzgadas por infringir las normas de competencia del Tratado. véase el apartado 1130 30. El hecho de que una empresa en posición dominante refuerce dicha posición hasta el punto de que el grado de dominación así alcanzado obstaculice sustancialmente la competencia, es decir, solamente deje subsistir empresas dependientes en su comportamiento de la empresa dominante, puede constituir un abuso de esa posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). Además, no se puede excluir que, en determinadas circunstancias, el hecho de que una conferencia marítima en posición dominante acepte nuevos miembros constituya por sí mismo un abuso. véase el apartado 1262 31. Habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a la competencia establecido en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), las disposiciones que prevén excepciones, incluidas en un reglamento de exención por categoría deben, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente. Esta conclusión se impone, a fortiori, para las disposiciones del Reglamento nº 4056/86, que exceptúan a algunos acuerdos de la prohibición establecida en el artículo 85, apartado 1 del Tratado, debido a su duración ilimitada y al carácter excepcional de las restricciones de la competencia autorizadas, de modo que la excepción por categoría prevista en el artículo 3 del Reglamento nº 4056/86 no puede ser objeto de una interpretación extensiva y evolutiva de manera que se extienda a todos los acuerdos que las compañías marítimas consideren útiles, o incluso necesarios, para adaptarse a las condiciones del mercado. Por otra parte, se desprende de dicha disposición que, para beneficiarse de la exención por categoría, los acuerdos de fijación de precios y de las condiciones de transporte celebrados por los miembros de una conferencia marítima deben prever la aplicación de «tarifas de flete uniformes o comunes» en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento, lo cual exige que se apliquen tarifas de flete idénticas a todos los miembros de la conferencia y a todos los cargadores. Por consiguiente, la exención por categoría no es aplicable a los acuerdos entre transportistas que prevén un régimen de tarifas diferenciado. véanse los apartados 1381, 1382 y 1384 32. Dado que el Reglamento nº 1017/68, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, no establece ninguna exención de multas respecto de los acuerdos notificados comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, ya sea en relación con multas impuestas con arreglo al artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE) o con multas impuestas con arreglo al artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE), una notificación no puede conceder a las empresas que han notificado dichos acuerdos ningún tipo de exención. véanse los apartados 1433 y 1434 33. El tenor del artículo 19, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento nº 4056/86 que establece la exención de multas en caso de notificación ha de interpretarse de forma restrictiva y no puede interpretarse de manera que extienda su aplicación a casos que no han sido previstos expresamente. Sin embargo, la exención establecida por el artículo 19, apartado 4, párrafo segundo, de dicho Reglamento no se refiere solamente a las multas que se imponen por la participación en una práctica colusoria restrictiva de la competencia, sino también por las prácticas abusivas. En efecto, el artículo 19, apartado 2, letra a), atañe explícitamente a las multas por «infracción de las disposiciones del artículo 85, apartado 1, o de las del artículo 86 del Tratado» (actualmente artículos 81 CE, apartado 1 y 82 CE). Por tanto, se desprende de esta remisión que el artículo 19, apartado 4, del Reglamento nº 4056/86, lejos de limitar la exención de multas a las infracciones del artículo 85 del Tratado, prevé, al contrario, de forma expresa, que las prácticas abusivas pueden beneficiarse también de dicha exención. véanse los apartados 1441 a 1443 34. Por lo que se refiere al importe de las multas impuestas a las distintas empresas que cometieron la misma infracción de las normas sobre competencia, la distribución en grupos en función del tamaño de las empresas afectadas no excede la facultad de que dispone la Comisión para fijar multas, puesto que al garantizar que las multas que se imponen a las empresas pertenecientes a los grupos de empresas de mayor tamaño tienen un importe superior al de las multas impuestas a las empresas pertenecientes a los grupos de empresas de menor tamaño, dicha distribución contribuye al logro del objetivo perseguido que consiste en sancionar con mayor severidad a las grandes empresas. En el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, la Comisión no está obligada a garantizar que los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global. véanse los apartados 1518 y 1519 35. Para calcular el importe de la multa en los casos de infracción de las normas sobre competencia, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su Decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la duración y la gravedad de dicha infracción. véanse los apartados 1521, 1532 y 1558 36. La gravedad de las infracciones de las normas sobre competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los elementos de apreciación de la gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, el volumen y el valor de las mercancías que constituyen su objeto, así como el tamaño y la pujanza económica de la empresa. La Comisión, para determinar el tamaño de las empresas afectadas, puede referirse a su volumen de negocios global en vez de a su volumen de negocios en el mercado o mercados de referencia. En efecto, el volumen de negocios global de la empresa afectada constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su pujanza económica. Así, en el ámbito de los transportes marítimos, la Comisión, a efectos de la determinación del importe de las multas, puede basarse en el volumen de negocios global de la empresa afectada para el transporte marítimo de flete en contenedor, sin infringir por ello el artículo 19 del Reglamento nº 4056/86. Se desprende de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que, si bien en un primer momento la gravedad de la infracción se aprecia en función de los elementos específicos de la infracción como su naturaleza y sus repercusiones en el mercado, en un segundo momento se modula esta apreciación en función de circunstancias específicas de la empresa, lo que lleva a la Comisión a tener en cuenta, además del tamaño y las capacidades de ésta, no sólo las eventuales circunstancias agravantes, sino también, en su caso, las circunstancias atenuantes. En estas circunstancias, la Comisión puede legítimamente, al determinar el importe de las multas, tal como resulta de la gravedad de la infracción, no tener en cuenta las circunstancias individuales específicas de las empresas miembros de una conferencia marítima aparte de las que se derivan de su volumen de negocios global correspondiente al transporte marítimo de mercancías en contenedor. véanse los apartados 1525, 1528 y 1531 37. En lo relativo a la fijación de las multas por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión ejercita su facultad dentro de los límites del margen de apreciación que le otorga el Reglamento nº 17, así como los Reglamentos n os 1017/68 y 4056/86. Pues bien, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias. Además, la Comisión está facultada para aumentar el nivel general de las multas, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia. véanse los apartados 1567 y 1568 38. La notificación de un acuerdo que permita que la Comisión constate con menor dificultad el carácter abusivo de las prácticas establecidas por dicho acuerdo y que, de este modo, contribuye a facilitar la labor de la Comisión en relación con la comprobación y la represión de las infracciones de las normas comunitarias de la competencia constituye una circunstancia que puede justificar la disminución del importe de las multas. véase el apartado 1607 39. El abuso resultante de prácticas en materia de contratos de servicios, mediante las cuales, por una parte, el cargador se compromete a transportar un determinado mínimo de cargamento en un período determinado y, por otra parte, la conferencia o el transportista se compromete a aplicar unas tarifas determinadas, así como a prestar un nivel de servicio determinado, no constituye una forma clásica de práctica abusiva en el sentido del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE). Así, las prácticas de algunas compañías marítimas, que son miembros de una conferencia marítima, en materia de contratos de servicios que limitan el acceso y el contenido de los contratos de servicios, pero que no privan en absoluto a los cargadores de la posibilidad de que su flete sea transportado por los miembros de la conferencia en el tráfico de que se trata, bien en el marco de contratos de servicios o bien en el marco de las tarifas del baremo no pueden de ningún modo compararse pura y simplemente con los casos de denegación de venta que la jurisprudencia ya ha calificado de abusivos, los cuales tienen por objeto, en particular, el cese de las entregas a un cliente antiguo cuando los pedidos de dicho cliente no tienen carácter anormal, la negativa a abastecer a un cliente con el fin de retener para sí un mercado derivado o la negativa a abastecer a un cliente para proteger derechos exclusivos. véase el apartado 1618 40. Incumbe especialmente a la parte que invoca la responsabilidad de la Comunidad aportar pruebas concluyentes sobre la existencia o la amplitud del perjuicio que alega y demostrar la existencia de una relación de causalidad entre dicho perjuicio y el comportamiento reprochado a las instituciones comunitarias. véase el apartado 1638

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)de 30 de septiembre de 2003( )

«Competencia ─ Conferencias marítimas ─ Reglamento (CEE) nº 4056/86 ─ Exención por categoría ─ Exención individual ─ Posición dominante colectiva ─ Abuso ─ Contratos de servicios ─ Adhesión a la conferencia ─ Menoscabo de la estructura de competencia ─ Revocación de la exención por categoría ─ Multas ─ Derecho de defensa»

En los asuntos acumulados T-191/98, T-212/98 a T-214/98

Atlantic Container Line AB, con domicilio social en Gotemburgo (Suecia),

Cho Yang Shipping Co. Ltd, con domicilio social en Seúl (Corea del Sur),

DSR-Senator Lines GmbH, con domicilio social en Bremen (Alemania),

Hanjin Shipping Co. Ltd, con domicilio social en Seúl (Corea del Sur),

Hapag Lloyd AG, con domicilio social en Hamburgo (Alemania),

Hyundai Merchant Marine Co. Ltd, con domicilio social en Seúl (Corea del Sur),

A.P. Møller-Mærsk Line, con domicilio social en Copenhague (Dinamarca),

Mediterranean Shipping Co. SA, con domicilio social en Ginebra (Suiza),

Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

Polish Ocean Lines (POL), con domicilio social en Gdynia (Polonia),

P & O Nedlloyd Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

Sea-Land Service Inc., con domicilio social en Jersey City, New Jersey (Estados Unidos),

Neptune Orient Lines Ltd, con domicilio social en Singapur (Singapur),

Nippon Yusen Kaisha, con domicilio social en Tokio (Japón),

Transportación Marítima Mexicana SA de CV, con domicilio social en México (México),

Tecomar SA de CV, con domicilio social en México (México),

representadas por los Sres. J. Pheasant, N. Bromfield, M. Levitt, D. Waelbroeck, la Sra. U. Zinsmeister, los Sres. A. Bentley, C. Thomas, A. Nourry, la Sra. M. Van Kerckhove y los Sres. P. Ruttley y A. Merckx, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. R. Lyal, en calidad de agente, asistido por el Sr. J. Flynn, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

apoyada por

European Council of Transport Users ASBL, representado por el Sr. M. Clough, QC, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto la anulación de la Decisión 1999/243/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (asunto IV/35.134 ─ Trans-Atlantic Conference Agreement) (DO 1999, L 95, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente, y J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 y 27 de marzo de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), se aplicaba, en un principio, a la totalidad de las actividades contempladas en el Tratado CEE. No obstante, considerando que, en el marco de la política común de transportes y teniendo en cuenta las peculiaridades de este sector, se hacía necesario adoptar una regulación de la competencia diferente de la adoptada en los demás sectores económicos, el Consejo adoptó el Reglamento nº 141, de 26 de noviembre de 1962, sobre la no aplicación del Reglamento nº 17 del Consejo al sector de los transportes (DO 1962, 124, p. 2751; EE 07/01, p. 57).

2 El 19 de julio de 1968, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 1017/68, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 175, p. 1; EE 08/01, p. 106).

3 Conforme al artículo 2 del Reglamento nº 1017/68, están prohibidos los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que, por lo que respecta a los tres modos de transporte mencionados, son capaces de afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común. A tenor de esta disposición, ello ocurre en particular en el caso de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas consistentes en:

a) fijar directa o indirectamente los precios y condiciones de transporte u otras condiciones de transacción;





b) limitar o controlar la oferta de transporte, los mercados, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados de transporte;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o según los usos mercantiles no guarden relación con la prestación de transporte.

4 El artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 prevé la exención de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios de transporte o a suscitar, en mercados sometidos a fuertes fluctuaciones en el tiempo de la oferta y de la demanda, una mayor continuidad y estabilidad en la satisfacción de las necesidades del transporte, o a incrementar la productividad o a fomentar el progreso técnico o económico, siempre que tomen en consideración los intereses de los usuarios de transporte, y a condición de que no impongan a las empresas de transporte restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos y que no ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto a una parte sustancial del mercado de transporte en cuestión.

5 El 22 de diciembre de 1986, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 4056/86 por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos (DO L 378, p. 4).

6 El artículo 3 del Reglamento nº 4056/86 dispone:

«Quedarán eximidos de la prohibición que establece el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, con la condición prevista en el artículo 4 del presente Reglamento, los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre la totalidad o parte de los componentes de una o varias conferencias marítimas, cuyo objetivo sea la fijación de precios y condiciones de transporte y, según los casos, uno o varios de los siguientes objetivos:

a) coordinación de los horarios de los buques o de sus fechas de viaje o de escala;

b) fijación de la frecuencia de los viajes o de las escalas;

c) coordinación o repartición de los viajes o de las escalas entre los componentes de la conferencia;

d) regulación de la capacidad de transporte ofrecida por los distintos componentes;

e) repartición entre dichos componentes del tonelaje transportado o de los ingresos.»

7 Según el artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 4056/86, ha de entenderse por conferencia marítima «un grupo de dos o más transportistas armadores que preste servicios internacionales regulares para el transporte de mercancías siguiendo una o más líneas determinadas dentro de unos límites geográficos específicos y que ha concluido un acuerdo o un trato, cualquiera que sea su naturaleza, en cuyo marco dichos transportistas operan conforme a fletes uniformes o comunes y a todas las demás condiciones de transporte establecidas para la prestación de los servicios regulares».

8 A este respecto, el octavo considerando del Reglamento nº 4056/86 expone:

«[...] procede prever una exención por categoría para las conferencias marítimas; que dichas conferencias desempeñan un papel estabilizador tendente a garantizar servicios fiables a los cargadores; que en general contribuyen a garantizar una oferta de transportes marítimos regulares, suficientes y eficaces, ello tomando en consideración de forma equitativa los intereses de los usuarios; que tales resultados no pueden alcanzarse sin la colaboración que las compañías navieras desarrollan en el seno de las citadas conferencias en materia de tarifas y, en ocasiones, de oferta de capacidad o de repartición de tonelajes por transporte, e incluso de los ingresos; que en la mayor parte de los casos las conferencias quedan sujetas a una competencia efectiva tanto por parte de los servicios regulares no sometidos a ellas como por los servicios de tramp y, en ciertos casos, por otras formas de transporte; que además la movilidad de las flotas, rasgo distintivo de la organización de la oferta en el sector de los servicios de transporte marítimo, ejerce una continua presión de competencia sobre las conferencias, que por lo regular no tienen posibilidad de eliminar la competencia en relación con una parte considerable de los servicios de transporte marítimo de que se trate».

9 A fin de evitar por parte de las conferencias marítimas prácticas incompatibles con las disposiciones del artículo 85, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 3), y, en particular, restricciones de la competencia que no fueran indispensables para alcanzar los objetivos que justifican la concesión de una exención, el Reglamento nº 4056/86 supeditó la exención por categoría a ciertas condiciones y obligaciones. Por un lado, el artículo 4 de dicho Reglamento prevé que, so pena de nulidad del acuerdo o de la parte de éste que corresponda, la exención se supedita a la condición imperativa de que el mencionado acuerdo no pueda causar perjuicio a determinados puertos, usuarios o transportistas al aplicar condiciones diferentes. Por otro lado, el artículo 5 del Reglamento nº 4056/86 supedita la exención al respeto de determinadas obligaciones relativas, en particular, a los acuerdos de fidelidad, a los servicios no cubiertos por el flete y a la publicación de las tarifas.

10 Además, en el decimotercer considerando se recuerda «que no puede acordarse una exención cuando no se dan las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85; que, por tanto, la Comisión debe tener la facultad de tomar las medidas apropiadas en caso de que un acuerdo exceptuado dé prueba de surtir, en razón de circunstancias particulares, efectos incompatibles» con dicho artículo.

11 A tal fin, el artículo 7 del Reglamento nº 4056/86 establece un mecanismo de control de los acuerdos eximidos. Dicha disposición prevé:

«1. Incumplimiento de una obligación

Cuando los interesados no cumplan con una obligación que acompaña, en virtud del artículo 5, la exención prevista en el artículo 3, la Comisión suspenderá estas transgresiones y podrá, para ello, en las condiciones previstas en la Sección II:

─ dirigir recomendaciones a los interesados;

─ en caso de incumplimiento de dichas recomendaciones por parte de los interesados y en función de la gravedad de la infracción de que se trate, adoptar una decisión por la cual o bien se les prohíba o, por el contrario, se les conmine a realizar determinados actos, o bien al mismo tiempo que se les retira el beneficio de la exención por categoría, se les concede una exención individual de conformidad con el apartado 4 del artículo 11, o bien se les suprime el beneficio de la exención por categoría.

2. Efectos incompatibles con el apartado 3 del artículo 85

a) Cuando, en razón de las circunstancias especiales definidas más abajo, acuerdos, decisiones y prácticas concertadas [que] se beneficien de la exención prevista en los artículos 3 y 6 tengan, sin embargo, efectos incompatibles con las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, la Comisión tomará, por denuncia o por propia iniciativa, en las condiciones previstas en la Sección II, las medidas definidas en la letra c) más abajo. La severidad de dichas medidas deberá ser proporcional a la gravedad del caso.

b) Las circunstancias especiales resultan, entre otras cosas, de:

i) todo acto de una conferencia o toda modificación de las condiciones del mercado de un determinado tráfico que implique la ausencia o la eliminación de una competencia efectiva o potencial, tales como prácticas restrictivas que cierren el tráfico a la competencia, o





ii) todo acto de una conferencia que pueda ser obstáculo para el progreso técnico o económico o para la participación de los usuarios en el beneficio resultante.

iii) todo acto de un tercer país que:

─ sea obstáculo para el funcionamiento de las compañías no encuadradas en conferencia (outsiders) en un determinado tráfico;

─ imponga a los miembros de la conferencia tarifas abusivas;

o

─ imponga otras modalidades que sean obstáculo para el progreso técnico o económico (reparto de la carga transportada, restricciones en cuanto al tipo de buques).

c) i) Cuando no exista competencia efectiva o potencial o se corra el riesgo de su eliminación en razón de un acto de un tercer país, la Comisión, con el fin de corregir la situación, celebrará consultas con los países afectados, seguidas eventualmente de negociaciones con arreglo a Directivas formuladas por el Consejo.

Cuando las circunstancias especiales creen la ausencia o la eliminación de una competencia efectiva o potencial contrarias a las disposiciones de la letra b) del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, la Comisión suspenderá el beneficio de la exención de grupo. Al mismo tiempo podrá decidir acerca de las condiciones y obligaciones suplementarias a las cuales se podría supeditar la concesión de una [exención] individual al acuerdo afectado, con miras en particular a obtener el acceso al mercado para compañías no miembros de la conferencia.

ii) Si las condiciones especiales enumeradas en la letra b) tuvieren efectos distintos de los que se mencionan en i), la Comisión tomará una o varias de las medidas definidas en el apartado 1.»

12 El artículo 8 del Reglamento nº 4056/86 prevé:

«1. La explotación abusiva de una posición dominante con arreglo al artículo 86 del Tratado [CE (actualmente artículo 82 CE)], estará prohibida sin que sea necesaria ninguna decisión previa para ello.

2. Cuando la Comisión compruebe, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro o de una persona física o jurídica que invoque un interés legítimo que ─en cualquier caso particular de que se trate─, el comportamiento de las conferencias que se benefician de la exención prevista en el artículo 3 produce, no obstante, efectos incompatibles con el artículo 86 del Tratado, podrá retirar el beneficio de la exención de grupo y tomar, con arreglo al artículo 10, todas las medidas apropiadas para poner fin a las infracciones al artículo 86 del Tratado.

3. Antes de tomar una decisión de conformidad con el apartado 2, la Comisión podrá dirigir a la conferencia de que se trate recomendaciones encaminadas a suspender la infracción.»

13 En virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 4056/86, en caso de que la aplicación de dicho Reglamento pudiera entrar en conflicto con el Derecho de determinados terceros países y con ello comprometer intereses comerciales y marítimos importantes de la Comunidad, la Comisión consultará en la primera ocasión a las autoridades competentes de los terceros países con miras a conciliar, en la medida de lo posible, los mencionados intereses y el respeto al Derecho comunitario. De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento, si se deben negociar acuerdos con terceros países, la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, el cual la autorizará a abrir las negociaciones necesarias. Dichas negociaciones serán dirigidas por la Comisión en consulta con el Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes en el ámbito de los transportes marítimos y en el marco de las directivas que le pueda dirigir el Consejo.

14 A tenor del artículo 10, párrafo primero, del Reglamento nº 4056/86:

«La Comisión entablará por denuncia o por propia iniciativa procedimientos con miras a suspender una infracción a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 o al artículo 86 del Tratado, así como el procedimiento para la aplicación del artículo 7 de presente Reglamento.»

15 Con arreglo al artículo 15, apartado 3, del mismo Reglamento, se consultará a un Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes en el ámbito de los transportes marítimos previamente a cualquier decisión consecutiva a un procedimiento mencionado en el artículo 10.

16 Por lo que respecta a la aplicación individual del artículo 85, apartado 3, del Tratado, el decimoctavo considerando del Reglamento nº 4056/86 expone que «dados los aspectos especiales del transporte marítimo, corresponde en primer lugar a las empresas el asegurarse de que sus acuerdos, decisiones o prácticas concertadas se ajustan a las normas de competencia, y que por tanto no es necesario imponerles la obligación de comunicarlas a la Comisión».

17 Así, en virtud del artículo 11, apartado 4, del Reglamento nº 4056/86:

«Si al finalizar un procedimiento incoado por denuncia o por iniciativa propia, la Comisión llegare a la conclusión que un acuerdo, una decisión o una práctica concertada cumple con las condiciones de los apartados 1 y 3 del artículo 85, emitirá una Decisión por la que se aplicará el apartado 3 del artículo 85. La Decisión indicará la fecha a partir de la cual entra en vigor. Dicha fecha puede ser anterior a la fecha de la Decisión.»

18 No obstante, en virtud del artículo 12, apartado 1, del Reglamento nº 4056/86, las empresas que deseen invocar disposiciones del artículo 85, apartado 3, del Tratado en favor de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas mencionadas en el artículo 85, apartado 1, del Tratado en los cuales participen, podrán dirigir una demanda a la Comisión. Esta demanda se tramitará en el marco del procedimiento de oposición previsto por esta disposición.

19 A tenor del artículo 19 del Reglamento nº 4056/86:

«2. La Comisión podrá, mediante una decisión, imponer a las empresas o asociaciones de empresas multas de mil unidades de cuenta como mínimo y de un millón de ECUS como máximo; este último importe podrá aumentarse hasta un 10 % de la cifra de ventas realizada en el curso del ejercicio social anterior por cada una de las empresas que hubieren participado en la infracción si, deliberadamente o por negligencia:

a) hubieren cometido una infracción de las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 o de las del artículo 86 del Tratado, o no hubieren cumplido una obligación impuesta en aplicación del artículo 7 del presente Reglamento;

b) hubieren contravenido una obligación impuesta en virtud del artículo 5 o del apartado 1 del artículo 13.

Para determinar el importe de la multa se habrá de tomar en cuenta, además de la gravedad de la infracción, la duración de la misma.

[...]

4. Las decisiones adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2 no tendrán carácter penal.

Las multas previstas en [la letra a)] del apartado 2 no podrán imponerse por actos posteriores a la notificación a la Comisión y anteriores a la decisión por la que la misma concede o rechaza la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, siempre que permanezcan dentro de los límites de la actividad indicada en la notificación.

No obstante, esta disposición no se aplicará cuando la Comisión haya comunicado a las empresas interesadas que, tras un examen provisional, estima que se cumplen las condiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que no se justifica la aplicación del apartado 3 del artículo 85.»

20 Según el artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 4056/86, antes de tomar una decisión, la Comisión proporcionará a las empresas y asociaciones de empresas interesadas la ocasión de dar a conocer su punto de vista con respecto a las quejas contra ellas que hayan merecido la atención de la Comisión. El Reglamento (CEE) nº 4260/88 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1988, relativo a las comunicaciones, las quejas, las solicitudes y las audiencias previstas en el Reglamento nº 4056/86 (DO L 376, p. 1), vigente en el momento en que sucedieron los hechos, especifica los requisitos procedimentales que han de respetarse en el procedimiento de audiencia.

Hechos que originaron el litigio

I. Trans-Atlantic Agreement («TAA»)

21 Las demandantes en el presente asunto, a excepción de una de ellas, son las compañías marítimas que participaron en el TAA.

22 El TAA era un acuerdo relativo al transporte de línea a través del Atlántico, entre el norte de Europa y Estados Unidos, notificado a la Comisión el 28 de agosto de 1992 y que entró en vigor el 31 de agosto de 1992.

23 El TAA fijaba en particular las tarifas aplicables al transporte marítimo y al transporte «multimodal». Las tarifas aplicables al transporte marítimo se caracterizaban por la existencia de al menos dos niveles de precios. Por su parte, las tarifas aplicables al transporte multimodal comprendían, además del transporte marítimo, la expedición terrestre de mercancías hacia o a partir de la costa, hacia o desde un punto en el interior del territorio. Las tarifas aplicables al transporte multimodal cubrían, por tanto, el segmento marítimo y el segmento terrestre. El TAA contenía asimismo disposiciones que regulaban otros aspectos del transporte de línea en contenedores, en particular el fletamento de «slots» o de espacios y el intercambio de material, la fijación de los precios de los servicios de manutención portuaria, así como la gestión común de las capacidades de transporte marítimo.

24 El 19 de octubre de 1994, la Comisión adoptó la Decisión 94/980/CE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado (IV/34.446 ─ Trans-Atlantic Agreement) (DO L 376, p. 1).

25 La Decisión 94/980 (en lo sucesivo, «Decisión TAA») declara que los acuerdos sobre precios y sobre la no utilización de capacidades en el transporte marítimo y los acuerdos sobre precios en el transporte terrestre de contenedores que se efectúen o hagan tránsito en la Comunidad en el marco de un transporte multimodal constituyen infracciones del artículo 85, apartado 1, del Tratado (artículo 1 de la Decisión TAA).

26 Por lo que respecta a la aplicación del artículo 85, apartado 3, del Tratado, la Decisión TAA concluye que la exención por categoría prevista por el artículo 3 del Reglamento nº 4056/86 en favor de determinados acuerdos de conferencia marítima no es aplicable a estas disposiciones del acuerdo TAA debido a que el TAA no es una conferencia marítima que aplique «fletes uniformes o comunes» en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 4056/86, ya que establece al menos dos niveles de tarifas marítimas. En cualquier caso, aunque el TAA constituyera una conferencia marítima, la Comisión estima que las disposiciones del TAA relativas a la no utilización de las capacidades y a la fijación de los precios de los servicios de transporte terrestre prestados en un marco multimodal no podrían beneficiarse de la aplicación de la exención por categoría dado que, respectivamente, la congelación de las capacidades no puede considerarse un «acuerdo de regulación de la capacidad de transporte ofrecida por los distintos componentes» en el sentido del artículo 3, letra d), del Reglamento nº 4056/86, y la fijación de los precios de los servicios de transporte terrestre, aunque sea en un marco multimodal, no entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86, pues éste se aplica únicamente a los transportes marítimos de puerto a puerto. Por otra parte, la Comisión deniega la concesión a estas disposiciones de una exención individual sobre la base del artículo 85, apartado 3, del Tratado y del artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 (artículo 2 de la Decisión TAA).

27 El artículo 4 de la Decisión TAA prohíbe a sus destinatarias llevar a cabo prácticas de fijación de precios que tengan objetos o efectos similares o idénticos a las disposiciones contenidas en el acuerdo TAA.

28 Por último, el artículo 5 de la Decisión TAA obliga a sus destinatarias a informar a los clientes con los que hayan celebrado contratos de servicios o establecido otras relaciones contractuales en el marco del acuerdo TAA, de su derecho, si lo desean, a renegociar los términos de tales contratos o a darlos por concluidos de forma inmediata.

29 Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia estimó la demanda de suspensión de la ejecución de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión TAA, hasta que se dictara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto principal, en la medida en que dichos artículos prohíben a los miembros del TAA ejercer conjuntamente la facultad de fijar las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1995, Atlantic Container y otros/Comisión,T-395/94 R, Rec. p. II-595). El recurso de casación interpuesto por la Comisión contra este auto fue desestimado mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia dictado el 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros [C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165].

30 Mediante sentencia de 28 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión TAA, salvo en relación con su artículo 5 (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T-395/94, Rec. p. II-875) (en lo sucesivo, «sentencia TAA»). Contra dicha sentencia no se recurrió en casación.

II. Trans-Atlantic Conference Agreement («TACA»)

31 A raíz de diversas discusiones entre las partes del TAA y la Comisión, el acuerdo TAA fue modificado y reemplazado por el TACA.

32 Al igual que el TAA, el TACA cubre las rutas marítimas en sentido oeste-este («Eastbound») y este-oeste («Westbound») entre, por un lado, los puertos del norte de Europa y los puntos accesibles a través de estos puertos, y, por otro lado, los puertos de Estados Unidos y los puntos accesibles a través de estos puertos.

33 Consta que el TACA contiene disposiciones idénticas a las del TAA en materia de fijación de los precios de los servicios de transporte terrestre prestados en el interior de la Comunidad. El TACA contiene, por otra parte, cierto número de normas relativas a otros aspectos del transporte, en particular en lo que atañe a la celebración de contratos de servicios y a la remuneración de los transitarios.

Notificaciones efectuadas por el TACA

34 El 5 de julio de 1994, el TACA fue notificado a la Comisión, conforme al artículo 12, apartado 1, del Reglamento nº 4056/86, con objeto de obtener una exención en virtud del artículo 85, apartado 3, del Tratado y del artículo 53, apartado 3, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («EEE»).

35 Los miembros iniciales del TACA eran las quince compañías marítimas siguientes: A.P. Møller-Maersk Line (en lo sucesivo, «Maersk»), Atlantic Container Line AB (en lo sucesivo, «ACL»), Hapag Lloyd AG (en lo sucesivo, «Hapag Lloyd»), Nedlloyd Lijnen BV (en lo sucesivo, «Nedlloyd»), P & O Containers Ltd (en lo sucesivo, «P & O»), Sea-Land Service Inc. (en lo sucesivo, «Sea-Land»), Mediterranean Shipping Co. SA (en lo sucesivo, «MSC»), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd (en lo sucesivo, «OOCL»), Polish Ocean Lines (en lo sucesivo, «POL»), DSR-Senator Lines GmbH (en lo sucesivo, «DSR-Senator»), Cho Yang Shipping Co. Ltd (en lo sucesivo, «Cho Yang»), Neptune Orient Lines Ltd (en lo sucesivo, «NOL»), Nippon Yusen Kaisha (en lo sucesivo, «NYK»), Transportación Marítima Mexicana SA de CV (en lo sucesivo, «TMM») y Tecomar SA de CV (en lo sucesivo, «Tecomar»). Posteriormente, Hanjin Shipping Co. Ltd (en lo sucesivo, «Hanjin») pasó a formar parte del TACA el 31 de agosto de 1994. Hyundai Merchant Marine Co. Ltd (en lo sucesivo, «Hyundai») se adhirió al TACA el 11 de septiembre de 1995. Hyundai es la única de las compañías marítimas mencionadas que nunca formó parte del TAA.

36 Mediante escrito de 15 de julio de 1994, la Comisión informó a los miembros del TACA de que, conforme al artículo 4, apartado 8, del Reglamento nº 4260/88, se proponía asimismo analizar la solicitud de exención individual con arreglo al Reglamento nº 1017/68, debido a que algunas de las actividades notificadas no pertenecían al ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86.

37 El TACA entró en vigor el 24 de octubre de 1994. Debido a modificaciones sucesivas, se notificaron a la Comisión varias nuevas versiones de dicho acuerdo después del 5 de julio de 1994.

38 El 29 de noviembre de 1995, tras diversas discusiones e intercambios de correspondencia con la Comisión, los miembros del TACA notificaron el European Inland Equipment Interchange Agreement (en lo sucesivo, «EIEIA»), un acuerdo de cooperación en materia de trayectos terrestres del transporte combinado.

39 El 10 de enero de 1997, las partes del TACA notificaron a la Comisión un sistema de núcleos y líneas de recogida y distribución (sistema «hub and spoke») destinado a obtener una exención para la fijación colectiva de los precios para todos los servicios de transporte terrestre.

40 El TACA dio lugar a dos procedimientos distintos: el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad contra la imposición de multas y el procedimiento de infracción con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado. Los presentes recursos conciernen a este segundo procedimiento.

Procedimiento administrativo de levantamiento de la inmunidad contra la imposición de multas

41 El 21 de junio de 1995, la Comisión adoptó un pliego de cargos dirigido a los miembros del TACA (a excepción de Hyundai, que no formaba parte del TACA en ese momento), que precisaba la intención de la Comisión de adoptar una decisión por la que se eliminase cualquier tipo de inmunidad frente a la imposición de sanciones que pudieran derivar de la notificación del TACA con respecto al acuerdo entre sus miembros sobre fijación de precios para los servicios de transporte terrestre prestados dentro del territorio de la Comunidad.

42 El 1 de marzo de 1996, la Comisión remitió a los miembros del TACA un pliego de cargos adicional en el que indicaba que el EIEIA no modificaba en nada su apreciación de 21 de junio de 1995.

43 El 26 de noviembre de 1996, la Comisión adoptó la Decisión C(96) 3414 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/35.134 ─ Trans-Atlantic Conference Agreement, no publicada; en lo sucesivo, «Decisión de levantamiento de inmunidad»), por la que retiró a los miembros del TACA la inmunidad frente a la imposición de multas respecto a las disposiciones del TACA relativas a la fijación de las tarifas terrestres, dado que, según el dictamen preliminar de la Comisión, estas disposiciones no cumplen los requisitos del artículo 85, apartado 3, del Tratado, del artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 y del artículo 53, apartado 3, del Acuerdo EEE.

44 Mediante sentencia de 28 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso de los miembros del TACA contra esta Decisión (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T-18/97, Rec. p. II-1125). No se ha formulado ningún recurso de casación contra esta sentencia.

Procedimiento administrativo de infracción con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado

45 El 24 de mayo de 1996, la Comisión dirigió a los miembros del TACA un pliego de cargos en cuanto al fondo, adoptado sobre la base de los Reglamentos nos 17, 1017/68 y 4056/86. A tenor de su pliego de cargos, la Comisión comunicaba su opinión de que el TACA se incluía en el ámbito de aplicación de la prohibición contemplada en el artículo 85, apartado 1, del Tratado y de que dicho acuerdo contenía varios elementos a los que no era aplicable el artículo 85, apartado 3, del Tratado. La Comisión anunciaba su intención de adoptar una decisión declarando que los miembros del TACA incumplían el artículo 85, apartado 1, y exigiéndoles poner fin a aquellas prácticas no incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 3, del Tratado. El pliego de cargos también indicaba que los miembros del TACA habían efectuado una explotación abusiva de su posición dominante, infringiendo así el artículo 86 del Tratado y que la Comisión tenía la intención de imponerles multas por ello. Por último, el pliego de cargos anunciaba que la Comisión tenía la intención de revocar la exención por categoría prevista por el Reglamento nº 4056/86 con arreglo a los artículos 7 y/u 8 de dicho Reglamento.

46 El 6 de septiembre de 1996, las demandantes respondieron al pliego de cargos de la Comisión de 24 de mayo de 1996. Los miembros del TACA presentaron oralmente sus opiniones en una audiencia celebrada el 25 de octubre de 1996.

47 El 11 de abril de 1997, la Comisión adoptó un pliego de cargos adicional en el que se declaraba que, a pesar de la notificación del sistema «hub and spoke», seguía teniendo la intención de adoptar una decisión de prohibición, incluso por lo que respecta a la práctica de fijar precios en los servicios de transporte interior efectuado por el transportista no incluidos en el ámbito del sistema «hub and spoke» del TACA y prestados dentro de la Comunidad.

48 El 16 de septiembre de 1998, la Comisión adoptó la Decisión 1999/243/CE, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (asunto IV/35.134 ─ Trans-Atlantic Conference Agreement) (DO 1999, L 95, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión» o «Decisión impugnada»). A efectos de la adopción de esta Decisión, la Comisión siguió los procedimientos previstos por los Reglamentos nos 17, 1017/68 y 4056/86.

49 A tenor de la Decisión impugnada, la Comisión concluye que determinadas disposiciones del TACA son contrarias al artículo 85, apartado 1, del Tratado, al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE y al artículo 2 del Reglamento nº 1017/68 y que no se cumplen las condiciones para la concesión de una exención individual previstas por el artículo 85, apartado 3, del Tratado, el artículo 53, apartado 3, del Acuerdo EEE y el artículo 5 del Reglamento nº 1017/68. La Comisión concluye, además, que las demandantes han infringido lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado y en artículo 54 del Acuerdo EEE e impone, por ello, multas a todas las demandantes.

Decisión impugnada

I. Disposiciones pertinentes del TACA

50 Las disposiciones pertinentes del TACA que son objeto de la Decisión impugnada se refieren a la fijación de los precios del transporte, a la celebración de contratos de servicios y a la remuneración de los transitarios.

Fijación colectiva de los precios del transporte

51 La Decisión impugnada señala que los miembros del TACA fijan colectivamente una tarifa, que consta de cinco partes, con tarifas diferentes para cada uno de los servicios siguientes: el transporte terrestre hasta el puerto, la manipulación de carga en el puerto (cambio de la modalidad de transporte terrestre a la de buque), el transporte marítimo (de un puerto a otro), la manipulación de carga en el puerto de destino (cambio de la modalidad de transporte en buque al terrestre) y el transporte terrestre desde el puerto de destino hasta el destino final (considerando 96).

52 La Decisión impugnada precisa, además:

– la tarifa común contiene una matriz de precios para el transporte de mercancías entre puntos determinados: se distinguen 26 clases diferentes de cargamentos y se especifica un flete para cada una de ellas (considerando 13);

– el TACA publica esta tarifa, poniéndola a disposición de todos los cargadores (considerando 13);

– la tarifa de la conferencia establece una serie de tarifas diferentes: tarifas estándar, tarifas ajustadas al tiempo/volumen (Time/Volume Rates; en lo sucesivo, «TVR») y las tarifas de los contratos de fidelidad (considerando 103);

– en virtud de la legislación estadounidense, cualquier miembro de una conferencia tiene derecho a desviarse de la tarifa fijada por la conferencia y efectuar acciones independientes respecto a una clase determinada de mercancías, siempre que lo notifique a los demás miembros de la conferencia (considerando 104).

Contratos de servicios

53 Los contratos de servicios son contratos en virtud de los cuales, por un lado, un cargador se compromete a que la conferencia (contratos de servicios de la conferencia) o un transportista individual (contratos individuales de servicios) transporten un determinado mínimo de mercancías en un período determinado y, por otra parte, el transportista marítimo o la conferencia se compromete a aplicar unas tarifas determinadas o un determinado rango de tarifas, así como a prestar un nivel de servicio determinado (considerando 110).

54 Los contratos individuales de servicios se denominan «conjuntos» cuando los celebran varios transportistas individuales. Está acreditado que el concepto de «contratos conjuntos de servicios» en la Decisión impugnada se refiere tanto a los contratos de servicios de la conferencia como a los contratos conjuntos de servicios individuales.

55 Consta que, en el tráfico transatlántico, aproximadamente del 50 % al 60 % de los cargamentos se transporta en virtud de contratos de servicios (considerando 122).

56 En la Decisión impugnada, la Comisión señala que el TACA tenía por objeto regular la negociación y la celebración de contratos de servicios, tanto de la conferencia como individuales.

57 Por un lado, en lo que atañe a los contratos de servicios de la conferencia (o «contratos de servicios TACA»), el artículo 14, apartado 3, del Acuerdo TACA establece que han de ser negociados por la Secretaría del TACA, por cuenta de sus miembros. A continuación, los contratos de servicios negociados por la Secretaría del TACA se someten a la votación de las partes. Un miembro del TACA que no desee participar en ese contrato de servicios puede, al respecto, llevar a cabo una iniciativa unilateral, cuyo ámbito de aplicación está sujeto a limitaciones previstas en el artículo 14, apartado 2, letra j), del Acuerdo TACA (considerandos 132 a 148).

58 La Decisión impugnada señala que el TACA impone asimismo, a tenor de su artículo 14, apartado 2, una serie de «directrices» vinculantes relativas al contenido de los contratos de servicios y a las circunstancias en las que pueden celebrarse tales contratos (considerando 149). Las restricciones pertinentes se refieren a las siguientes cuestiones:

– la duración: en virtud del artículo 14, apartado 2, letra a), del TACA, los contratos de servicios debían celebrarse para un período máximo de un año natural; posteriormente, esta duración se amplió a dos años y luego a tres [considerandos 17, letra f), y 491];

– las cláusulas de contingencia (o «contingency clauses»): en virtud del artículo 14, apartado 2, letra c), del TACA, se prohíbe incluir en los contratos de servicios cláusulas de reducción de las tarifas que han de pagarse en virtud de dichos contratos por referencia a condiciones acordadas con otros cargadores en otros acuerdos [considerandos 17, letra g), y 489];

– los contratos múltiples: en virtud del artículo 14, apartado 2, letra c), ninguno de los miembros del TACA puede participar simultáneamente, en solitario o en combinación con otro miembro, en más de un contrato de servicios con cualquier cargador respecto a un cargamento que se transporte en el mercado [considerandos 17, letra f), y 493];

– el nivel de las cláusulas de indemnización por daños y perjuicios en caso de inejecución del contrato: en virtud del artículo 14, apartado 2, letra d), del TACA, los miembros del TACA tienen un acuerdo sobre el nivel de las cláusulas de indemnización por daños y perjuicios incluidas en los contratos de servicios celebrados por ellos (considerando 495); según la Decisión impugnada, la cuantía de la indemnización ha sido establecida por los miembros del TACA en 250 dólares estadounidenses (USD) por cada unidad equivalente a veinte pies cúbicos (o Twenty Foot Equivalent Units; en lo sucesivo, «TEU» (considerando 226);

– la confidencialidad: la Decisión impugnada señala que los miembros del TACA exigen la revelación a los demás miembros de los términos de todos los contratos de servicios de los que sean parte y que esta información esté a disposición de los transportistas que se hacen miembros del TACA (considerando 496).

59 Por otro lado, en lo que atañe a los contratos individuales de servicios, el TACA prohibía su celebración en 1994 y en 1995. A partir de 1996, los contratos individuales de servicios fueron autorizados por el TACA. A este respecto, la Decisión impugnada indica:

«32. El 9 de marzo de 1995, los miembros del TACA informaron a la Comisión de que la FMC [US Federal Maritime Commission] les había impuesto además otra condición. Tal condición les exigía que modificasen el TACA para permitir que los miembros individuales del acuerdo celebrasen contratos de servicios en 1996 sin previa autorización del resto de los miembros, siempre que tales contratos cumpliesen las disposiciones del apartado 2 del artículo 14 del TACA.»

Remuneración de los transitarios

60 En virtud del artículo 5, apartado 1, letra c), del TACA, los miembros del TACA acuerdan los importes, niveles o tarifas de corretaje y la remuneración del transitario, incluidas las condiciones de pago de tales montantes y la designación de las personas que actuarán como corredores (considerando 164).

II. Definición del mercado de referencia

61 La Decisión impugnada estima, tras el análisis efectuado en los considerandos 60 a 84, que el mercado de servicios de transporte marítimo al que se refiere el TACA es el de los transportes marítimos de línea en contenedor entre los puertos del norte de Europa y los de Estados Unidos y Canadá.

62 En el considerando 519, la Comisión expone, en el marco de la aplicación del artículo 86 del Tratado:

«519. El mercado de referencia de los servicios de transporte marítimo ya se ha descrito en los considerandos 60 a 75. El mercado geográfico es la zona de comercialización de los servicios de transporte marítimo definidos más arriba, es decir, en este caso el constituido por las zonas de atracción de los puertos del norte de Europa. Dicho mercado es coherente con el ámbito del baremo de transporte terrestre del TACA y constituye una parte sustancial del mercado común.»

III. Apreciación jurídica

63 La Decisión impugnada señala que las normas y prácticas del TACA de que se trata entran dentro del ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado.

Aplicación del artículo 85 del Tratado

64 En lo que atañe a la aplicación del artículo 85 del Tratado, la Comisión expone que los siguientes elementos del TACA tienen por objeto o efecto restringir o falsear el juego de la competencia en el sentido del apartado 1 de esta disposición:

– el acuerdo entre los miembros del TACA sobre los precios del transporte marítimo (considerandos 379 y 380);

– el acuerdo entre los miembros del TACA sobre los precios de los servicios de transporte terrestre prestados a los cargadores en el territorio de la Comunidad en combinación con otros servicios como parte de una operación de transporte multimodal para el transporte de mercancías en contenedor («servicios de transporte terrestre efectuados por el transportista» o «carrier haulage») entre el norte de Europa y los Estados Unidos (considerandos 379 y 380);

– el acuerdo entre los miembros del TACA sobre los términos y condiciones bajo los que pueden celebrar contratos con los cargadores (considerandos 379, 380 y 442 a 448), y

– el acuerdo entre los miembros del TACA sobre la fijación de niveles máximos de retribución de los transitarios (considerandos 379, 380, 505 a 508).

65 En cambio, la Comisión estima que, en ese momento, todavía no está claro si el acuerdo sobre los intercambios de material previsto por el EIEIA afecta a la competencia en un grado apreciable. Por lo tanto, la Decisión impugnada no entra a considerar la cuestión de la aplicabilidad del artículo 85 del Tratado a dicho acuerdo.

66 En lo que atañe a la concesión de una exención, la Comisión concluye que, salvo por lo que respecta al acuerdo relativo a los precios del transporte marítimo, a los demás acuerdos restrictivos de la competencia no les es aplicable la exención por categoría prevista por el artículo 3 del Reglamento nº 4056/86 (considerandos 397 a 399). En cuanto a la posibilidad de una exención individual, la Comisión estima que ninguno de los acuerdos de que se trata cumple los requisitos previstos por el artículo 85, apartado 3, del Tratado y el artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 (considerandos 409 a 441).

Aplicación del artículo 86 del Tratado

67 Por lo que respecta a la aplicación del artículo 86 del Tratado, la Decisión impugnada señala que los miembros del TACA tienen una posición dominante colectiva en el mercado de referencia (considerandos 519 a 576) y que abusaron de esta posición dominante colectiva entre 1994 y 1996, por un lado, al acordar el establecimiento de restricciones a la disponibilidad y a los contenidos de los contratos de servicios (en lo sucesivo, también «primer abuso») y, por otra parte, al alterar la estructura competitiva del mercado para reforzar la posición dominante del TACA (en lo sucesivo, también «segundo abuso») (considerandos 550 a 576).

68 En lo que atañe al primer abuso (considerandos 551 a 558), la Comisión considera que se dio, «en particular, en relación con las condiciones impuestas por los miembros del TACA [...] respecto de cláusulas de contingencia, la duración de los contratos de servicios, la prohibición de los contratos múltiples y la indemnización por daños y perjuicios», así como en relación con «la prohibición de los contratos individuales de servicios en 1995» (considerandos 556 y 557).

69 Por lo que respecta al segundo abuso (considerandos 559 a 567), la Comisión expone que «la intención de los miembros del TACA era asegurar que si un competidor potencial deseaba introducirse en el mercado sólo podría hacerlo tras pasar a ser miembro del TACA» (considerando 562). Entre las medidas adoptadas por los miembros del TACA para inducir a los competidores potenciales a introducirse en el mercado como miembros del TACA figuran, según la Decisión impugnada, medidas específicas en favor de Hanjin (comunicación de información confidencial y atribución de una cuota de mercado) y de Hyundai (acceso inmediato a los contratos de servicios), la suscripción de un gran número de contratos de servicios con tarifa doble y el hecho de que los antiguos miembros estructurados del TAA no compitiesen por lo que respecta a determinados contratos de servicios con los transportistas marítimos que no explotan buques propios («Non Vessel Operating Common Carriers»; en lo sucesivo, «NVOCC»).

Multas

70 La Decisión impugnada impone multas a cada una de las partes del TACA por su infracción del artículo 86 del Tratado. No se impone ninguna multa como sanción por infringir el artículo 85 del Tratado.

71 Según la Decisión impugnada, la duración de estas dos infracciones abarcó una parte del año 1994 y la totalidad de los años 1995 y 1996 (considerandos 592 y 594).

Parte dispositiva

72 A tenor de su parte dispositiva, la Decisión impugnada establece:

«Artículo 1

Las empresas mencionadas en el anexo I han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, en el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE y en el artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 1017/68 al acordar precios para los servicios de transporte prestados en el territorio de la Comunidad a los cargadores en combinación con otros servicios como parte de un modo de transporte multimodal para el transporte de mercancías en contenedor entre Europa del Norte y Estados Unidos de América. No se cumplen las condiciones que imponen el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, el apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 1017/68.

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el anexo I han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE y en el apartado I del artículo 53 del Acuerdo EEE al fijar las cantidades, niveles o tarifas del corretaje y de la remuneración de los transitarios, los términos y condiciones de pago de dichas sumas y la designación de personas elegibles para actuar como corredores. No se cumplen las condiciones que imponen el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y el apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE.

Artículo 3

Las empresas mencionadas en el anexo I han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE y en el apartado I del artículo 53 del Acuerdo EEE al acordar los términos y condiciones de los contratos de servicios que pueden celebrar con los cargadores. No se cumplen las condiciones que impone el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y el apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE.

Artículo 4

Las empresas mencionadas en el anexo I deberán poner fin inmediatamente a la infracciones mencionadas en los artículos 1, 2 y 3 y abstenerse en el futuro de celebrar acuerdos o prácticas concertadas que tengan objeto o efectos similares o idénticos a los de los acuerdo contemplados en los artículos 1, 2 y 3.

Artículo 5

Las empresas mencionadas en el anexo I han infringido lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado CE y en artículo 54 del Acuerdo EEE al alterar la estructura competitiva del mercado para reforzar la posición dominante del Trans-Atlantic Conference Agreement.

Artículo 6

Las emp