SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 21 de febrero de 1995

T-506/93

Andrew Macrae Moat

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Promoción — Consulta de los informes de calificación — Reclamación — Falta de respuesta motivada — Recurso de anulación — Admisibilidad — Reparación del perjuicio»

Texto completo en lengua inglesa II-147

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de varias decisiones de la Comisión relativas al nombramiento y promoción de funcionarios y la indemnización del perjuicio que alega haber sufrido el demandante debido, por una parte, a la falta de respuesta motivada a sus dos reclamaciones y, por otra, al hecho de no haber sido nombrado o promovido.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante es funcionario de grado A 4 en la Comisión desde 1974. De la lectura de la ficha de movimientos de su expediente personal, de cuya existencia tuvo conocimiento en noviembre de 1992 y de la cual pudo obtener una copia el 8 de febrero de 1993, infiere la sospecha de que la Comisión no consultó su expediente, por una parte, al tramitar los procedimientos anuales de promoción al grado A 3 correspondientes a los ejercicios 1991 y 1992 y, por otra parte, al proveer tres puestos de Jefe de Unidad a los que había presentado su candidatura.

El demandante interpuso una primera reclamación con el fin de que se inscribiera su nombre en la lista de funcionarios que debían ser particularmente tomados en cuenta para una promoción al grado A 3 para el ejercicio 1992, se anularan las decisiones de nombramiento para los tres puestos de Jefe de Unidad y se le indemnizara el daño que alegaba haber sufrido. Interpuso luego una segunda reclamación análoga relativa a las promociones al grado A 3 para el ejercicio 1991. Por último, interpuso una tercera reclamación contra la falta de respuesta motivada a su primera reclamación. La Comisión respondió con retraso a la primera reclamación del demandante, quién, acto seguido, le solicitó que le entregara las fotocopias de los informes de calificación que la Comisión afirmaba haber sometido al Comité consultivo de nombramientos (CCN), así como que le diera varias precisiones sobre cuándo y por quién habían sido realizadas y dónde se conservaban. También rogó a la Comisión que justificara, en relación con el párrafo cuarto del artículo 26 del Estatuto, la elaboración de un duplicado parcial de su expediente.

Sobre las pretensiones de anulación

Sobre la admisibilidad

En cuanto al objeto de las reclamaciones y del recurso

La reclamación administrativa no está sujeta a ningún requisito formal y su contenido no debe ser interpretado de forma restrictiva sino, por el contrario, con un espíritu abierto. La reclamación cumple, por consiguiente, las exigencias del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, por cuanto la Comisión no podía confundirse sobre la identidad exacta de las decisiones impugnadas (apartados 18 y 19).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento (133/88, Rec. p. 689); Tribunal de Primera Instancia, 26 de septiembre de 1990, Virgili-Schettini/Parlamento (T-139/89, Rec. p. II-535)

Las pretensiones del recurso se dirigen a la anulación de las decisiones de promoción, mientras que con las reclamaciones se pretendía la inclusión del nombre del demandante en la lista de los once funcionarios que debían ser particularmente tenidos en cuenta para una promoción al grado A 3 en 1992 y la anulación de todas las listas de funcionarios con mayor mérito para una promoción al grado A 3 en 1991. Incluso esforzándose en interpretar las reclamaciones desde un espíritu abierto, las pretensiones de las reclamaciones, tienen, por consiguiente, un objeto diferente de las formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia, lo que acarrea la inadmisibilidad de esta parte del recurso (apartados 21 y 22).

Referencia: Del Amo Martínez/Parlamento, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1990, Alexandrakis/Comisión (T-57/89, Rec. p. II-143)

Sólo cabe apreciar la admisibilidad de un recurso dirigido contra una lista de los funcionarios considerados con mayores méritos para promoción en la medida en que, por una parte, no se dirija a la anulación de la totalidad de la lista, sino únicamente a la anulación de la decisión por la que se deniega al demandante su inclusión en dicha lista, y, por otra parte, se refiera a una promoción dentro de la carrera. En el marco de las promociones fuera de la carrera, la lista tiene el carácter de acto provisional que no produce ningún efecto definitivo, dado que la Comisión publica convocatorias para proveer plazas vacantes para las cuales siguen teniendo la posibilidad de presentar su solicitud de participación los funcionarios no incluidos en la lista (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, J3ossi/Comisión(346/87, Rec. p. 303); Tribunal de Primera Instancia, 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión (T-82/89, Rec. p. II-735)

En cuanto a la caducidad de la acción

Al tener carácter de orden público las normas relativas a los plazos para interponer reclamaciones y recursos, deben interpretarse de forma restrictiva las posibles exenciones o excepciones. Además, el mero descubrimiento ulterior, por parte de un demandante, de un motivo o de una prueba preexistente no puede, en principio, ya que ello menoscabaría el principio de seguridad jurídica, ser asimilado a un hecho nuevo que pueda justificar la reapertura de los plazos para recurrir, tanto más cuanto que el demandante no ha aportado ninguna prueba que acredite que había hecho cuanto estaba en su mano para descubrir el vicio de procedimiento alegado dentro de los plazos normales para recurrir (apartados 27 y 28).

Fondo

En cuanto al motivo único basado en la infracción del artículo 45 del Estatuto

El examen de las candidaturas al traslado o promoción con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto, que prevé expresamente un «examen comparativo de los méritos de los funcionarios candidatos a las promociones y de los informes que les conciernen». La obligación de realizar dicho examen comparativo es manifestación, a la vez, del principio de igualdad de trato de los funcionarios y del principio de las perspectivas de carrera (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121)

El Tribunal de Primera Instancia señala que resulta de las fotocopias y de las actas de las reuniones del CCN aportadas por la Comisión que el oportuno informe de calificación del demandante fue, efectivamente, sometido al CCN, que éste tuvo en cuenta sus méritos y que las fotocopias aportadas por la parte demandada son idénticas a los originales que obran en el expediente personal del demandante. Al encontrarse el original del expediente personal del demandante en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia en el marco de otro recurso del demandante, no cabe reprochar a la parte demandada que sometiera al CCN una fotocopia, y no el original, del informe de calificación del demandante (apartados 40 a 42).

En cuanto a las pretensiones de indemnización

Al haber ofrecido la Comisión al demandante el abono de una indemnización que cubra el conjunto de gastos vinculados directamente a la preparación y a la interposición del recurso, así como al examen de su contestación a la demanda, en el caso de que deseara desistirse de su recurso, el demandante no puede sostener que la falta de respuesta motivada a sus reclamaciones administrativas le haya irrogado un daño y debe asumir las consecuencias de la decisión que tomó, después de haber tenido conocimiento de la postura de la Comisión sobre sus reparos, de proseguir el litigio (apartado 48).

Dado que la pretensión de indemnización por el perjuicio que alega haber sufrido el demandante por el hecho de no haber sido promovido ni nombrado está estrechamente vinculada a la pretensión de anulación, la inadmisibilidad de esta última implica la de la primera (apartados 49 y 50).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83)

Fallo:

Se desestima el recurso.