Palabras clave

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Palabras clave

1. Asociación de países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia — Requisitos para su establecimiento — Facultad de apreciación de las instituciones comunitarias — Control jurisdiccional — Límites

(Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109)

2. Asociación de países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar — Requisitos para su establecimiento — Dificultades resultantes de la aplicación de la Decisión 91/482/CEE — Situaciones que exigen la acreditación de una relación de causalidad

(Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109, ap. 1)

3. Asociación de países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU — Requisitos para su establecimiento — Dificultades que pueden provocar una mayor pérdida de renta para los productores comunitarios — Error manifiesto de apreciación de la Comisión — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 465/2000 de la Comisión]

4. Asociación de países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia que no ponen en tela de juicio el estatuto preferente de los productos originarios de estos países — Carácter excepcional y temporal de dichas medidas

(Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109, ap. 1)

5. Asociación de países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU — Principio de proporcionalidad — Control jurisdiccional — Límites

[Reglamento (CE) nº 465/2000 de la Comisión]

6. Asociación de países y territorios de Ultramar — Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU — Imposición de una garantía elevada para la importación en la Comunidad de azúcar de dicho origen — Garantía que no priva a las empresas realmente interesadas de la posibilidad de exportar azúcar a la Comunidad

[Reglamento (CE) nº 465/2000 de la Comisión]

7. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Reglamento por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU

[Art. 253 CE; Reglamento (CE) nº 465/2000 de la Comisión]

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1. Las instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad de apreciación para la aplicación del artículo 109 de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar, que les permite adoptar o autorizar medidas de salvaguardia cuando se reúnen ciertos requisitos. En estas circunstancias, el juez comunitario debe limitarse a examinar si el ejercicio de esta facultad ha estado viciado por un error manifiesto o una desviación de poder o si las instituciones comunitarias han sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación. Esta limitación de la intensidad del control del juez comunitario se aplica particularmente cuando las instituciones comunitarias se ven obligadas a actuar como árbitros entre intereses divergentes y a escoger, de este modo, determinadas alternativas en el marco de las opciones políticas de su propia responsabilidad.

(véanse los apartados 53 a 55)

2. En el primer supuesto indicado en el artículo 109, apartado 1, de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar (PTU), referido a la adopción de medidas de salvaguardia si la aplicación de dicha Decisión provoca perturbaciones graves en un sector de actividad económica de la Comunidad o de uno o varios Estados miembros o compromete su estabilidad financiera exterior, es preciso acreditar la existencia de una relación de causalidad, porque las medidas de salvaguardia deben tener por objeto eliminar o atenuar las dificultades surgidas en el sector de que se trate. En cambio, tratándose del segundo supuesto indicado en dicho apartado, según el cual la Comisión puede adoptar medidas de salvaguardia si surgen dificultades que puedan provocar el deterioro de un sector de actividad de la Comunidad o de una región de la misma, no se exige que las dificultades que justifican el establecimiento de una medida de salvaguardia se deban a la aplicación de la Decisión PTU.

(véase el apartado 56)

3. La Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al aducir, para justificar la adopción del Reglamento nº 465/2000, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU, que las importaciones controvertidas podían provocar una mayor pérdida de renta para los productores comunitarios de azúcar.

En primer lugar, en efecto, es evidente que el deterioro o el riesgo de deterioro de una organización común de mercados puede hacer necesaria una reducción de las cuotas de producción y afectar así indirectamente a los ingresos de los productores comunitarios. Además, las restituciones a la exportación son financiadas en gran parte por los productores comunitarios mediante cotizaciones por producción que fija la Comisión cada año. Pues bien, ésta pudo estimar legítimamente que las importaciones controvertidas podían entrañar un riesgo de aumento del volumen de las exportaciones subvencionadas y, por consiguiente, un incremento de la cotización por producción que deben satisfacer los productores comunitarios. Por último, aun suponiendo que determinados productores hubiesen podido obtener considerables beneficios de la venta de azúcar C a los agentes económicos de los PTU aplicando precios muy superiores a los del mercado mundial, esta afirmación no sirve para desvirtuar la apreciación de la Comisión según la cual las importaciones controvertidas entrañaban un riesgo de perturbación del sector del azúcar que podía, en particular, suponer un incremento del importe de las subvenciones a la exportación o una disminución de las cuotas de producción.

(véanse los apartados 77 a 81)

4. El artículo 109 de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar (PTU), prevé precisamente la posibilidad de que la Comisión adopte medidas de salvaguardia en las circunstancias a que se refiere dicha disposición. El hecho de que la Comisión adoptara tal medida frente a determinados productos originarios de los PTU no pone en tela de juicio el estatuto preferente de que gozan, en virtud del artículo 101, apartado 1, de dicha Decisión, los productos originarios de estos países, pues, en efecto, una medida de salvaguardia es, por su propia naturaleza, excepcional y temporal.

(véase el apartado 97)

5. Por lo que se refiere al control judicial de la observancia del principio de proporcionalidad, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone en particular la Comisión en materia de medidas de salvaguardia, sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida.

En lo que atañe al Reglamento nº 465/2000, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU, no corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si la disposición adoptada por la Comisión constituía la única o la mejor medida que podía adoptarse, sino examinar si era manifiestamente inapropiada. Pues bien, a este respecto, el demandante no ha demostrado que la limitación a 3.340 toneladas de la cantidad de azúcar con acumulación de origen CE-PTU que podía importarse en la Comunidad con exención de derechos de aduana, durante el período a que se refería el mencionado Reglamento, fuera manifiestamente inapropiada para alcanzar el objetivo perseguido.

(véanse los apartados 103 a 106)

6. En el marco del Reglamento nº 465/2000, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU, el objetivo perseguido por la Comisión al imponer una garantía elevada para la importación de dicho azúcar consistía en evitar los comportamientos especulativos. Una garantía de este tipo no priva a las empresas realmente interesadas de la posibilidad de exportar azúcar a la Comunidad. En efecto, aunque para obtener certificados de importación ha de pagarse el importe de la garantía, éste se restituye a la empresa si se lleva a cabo la operación de importación.

(véanse los apartados 108 y 109)

7. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de dicho artículo debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

El Reglamento nº 465/2000, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU, cumple estos requisitos. En efecto, en el preámbulo de dicho Reglamento, la Comisión expuso las dificultades experimentadas en el mercado comunitario del azúcar, las razones por las que estas dificultades podían provocar un deterioro del funcionamiento de la organización común del mercado y efectos perjudiciales para los agentes económicos comunitarios, en particular, debido al grave riesgo de tener que reducir las cuotas de producción comunitarias, así como los motivos que la llevaron a fijar el contingente controvertido.

(véanse los apartados 124 y 125)