SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 14 de julio de 1994

Asunto T-534/93

Arlette Grynberg y Eileen Hall

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Comité de personal — Procedimiento electoral — Reparto de puestos — Clasificación provisional de los candidatos elegidos — Sustitución de candidatos elegidos»

Texto completo en lengua francesa II-595

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de los resultados de las elecciones de un Comité local del personal de la Comisión por cuanto las demandantes, inicialmente elegidas, fueron sustituidas por otros candidatos.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Las elecciones para la renovación de veintisiete miembros del Comité de personal de la Comisión en Bruselas se desarrollaron con arreglo a una normativa que prevé que las propuestas de candidaturas por parte de las organizaciones sindicales o profesionales se presenten en forma de «listas formadas por un máximo de veintisiete titulares y suplentes agrupados de dos en dos». Los electores debían votar bien por una sola lista (voto «cabeza de lista»), bien por un máximo de veintisiete candidatos titulares o suplentes, escogidos de entre una o varias listas (voto «preferente» o «combinado»).

A tenor del artículo 11 de la normativa:

«a) El reparto de puestos entre los votos “cabeza de lista” y los votos “combinados” se efectúa en proporción al número de papeletas que hayan emitido — un voto “cabeza de lista”, — un voto “combinado”.

[...]

c) El reparto de puestos por “combinación” se efectúa proporcionalmente al total de los votos emitidos para los candidatos de cada una de las listas. En cada lista, los puestos “combinados” se atribuyen a los candidatos no elegidos con votos “cabeza de lista” y que hayan obtenido el mayor número de votos.»

La letra a) del artículo 12 dispone: «Se establece de este modo una clasificación provisional de los candidatos elegidos de cada lista. Si entre éstos no figura ningún representante de una categoría o servicio o de los otros agentes, el candidato de la categoría o servicio o de los otros agentes, que hayan de estar representados, que haya obtenido el mayor número de votos preferentes ocupará el puesto del último de la clasificación provisional de los elegidos de la lista en la que se haya presentado.»

Con arreglo a la letra a) del artículo 11, la mesa electoral calculó que de los veintisiete puestos que debían cubrirse, once debían serlo por el sistema de «cabeza de lista» y dieciséis por el sistema «combinado».

Al proceder a la clasificación provisional de los candidatos elegidos, la mesa electoral comprobó, en primer lugar, por lo que se refiere a la votación «cabeza de lista», que la lista no 3 (Unión sindical) tenía derecho a cuatro de los once puestos, los cuales se atribuyeron a las cuatro primeras parejas de candidatos que figuraban en la lista, en el orden de presentación establecido por la Unión Sindical.

A continuación, la mesa electoral comprobó que según los votos «combinados» la lista no 3 tenía derecho a cuatro de los dieciséis puestos que habían de cubrirse por el sistema de voto «combinado». Dado que, de entre las cuatro primeras parejas de candidatos ya se había elegido una pareja según el sistema de votación «cabeza de lista», la mesa electoral, con arreglo al párrafo segundo de la letra c) del artículo 11, proclamó electa a la pareja formada por las demandantes (753 votos), que seguía en el orden de los votos «combinados» de la misma lista.

Debido a la obligación, que establece la segunda frase de la letra a) del articulo 12, de sustituir a un candidato elegido, con el fin de garantizar la representación vacante de los «agentes locales», la mesa electoral, por un lado, retuvo a un candidato de la lista no 3 que representaba a esta categoría y que, con su suplente, había obtenido 556 votos «combinados» y, por otro, eliminó dentro de la propia lista no 3 a la pareja formada por las demandantes.

Mediante nota dirigida a la mesa electoral, el candidato cabeza de la lista no 3 alegó que la sustitución de las demandantes se basaba en una interpretación equivocada del artículo 12, ya que la pareja elegida con el menor número de votos dentro de una misma lista, sin distinción entre los elegidos, era la que debía ser sustituida por la pareja que representaba a la categoría que faltaba.

El Presidente de la mesa electoral confirmó al Director General competente la interpretación dada por la mesa y a la que se adhirió el Servicio Jurídico de la Comisión, al que el Director General había sometido el problema. Mediante nota de 7 de enero de 1993, este último confirmó la interpretación acogida.

El 1 de enero de 1993 se jubiló la Sra. Grynberg, la primera demandante. El 7 de abril, ambas demandantes presentaron una reclamación, a la que no se dio respuesta, en la que se alegaba infracción del artículo 12 de la normativa electoral y violación del principio de protección de la confianza legítima.

Sobre la admisibilidad

Sobre la existencia de un acto lesivo

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el Juez comunitario es competente para conocer de litigios electorales con arreglo a las disposiciones del Estatuto relativas a los recursos de funcionarios, y su control jurisdiccional se efectúa en el marco de los recursos entablados contra la correspondiente Institución por los actos u omisiones de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos a los que dé lugar el ejercicio del control que ella garantiza en la materia (apartado 20).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de octubre de 1987, Diezler y otros/CES (asuntos acumulados 146/85 y 431/85, Rec. p. 4283), apartado 5

El Tribunal de Primera Instancia califica la nota del Director General, de fecha 7 de enero de 1993, de decisión apropiada a la luz del deber que incumbe a la Institución de garantizar la regularidad de las elecciones de los órganos representativos del personal. En la medida en que menciona por su nombre a la pareja de candidatas formada por las demandantes y precisa que se halla excluida de la lista de los elegidos, esta nota surte efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a sus intereses, modificando de un modo caracterizado su situación jurídica y, como tal, constituye un acto lesivo (apartados 21 y 22).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de marzo de 1990, Maindiaux y otros/CES (T-28/89, Rec. p. II-59), apartado 32; Tribunal de Primera Instancia, 15 de junio de 1994, Pérez Jiménez/Comisión(T-6/93, RecFP p. II-497), apartado 34

Sobre el interés de la Sra. Grynberg para ejercitar la acción

Tras recordar que en materia de litigios electorales un funcionario, por su mera condición de elector, justifica un interés suficiente para que proceda la admisión de su recurso, el Tribunal de Primera Instancia reconoce que la Sra. Grynberg posee dicho interés, dado que tenía la condición de electora en el momento de las elecciones controvertidas y que se ampara en esta condición para solicitar el control de su resultado, y no ha quedado privada de dicho interés para ejercitar la acción por el mero hecho de que, debido a su jubilación, ha perdido su condición de electora antes de la interposición de su recurso. En efecto, todo elector que haya tenido derecho a participar en unas elecciones conserva hasta la expiración de los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto un interés legítimo en que su derecho de voto produzca sus efectos en circunstancias acordes con las disposiciones pertinentes (apartados 29 y 30).

Referencia: Diezler y otros/CES, antes citada, apartado 9

Sobre el fondo

Sobre el motivo basado en un incumplimiento del artículo 12 de la normativa electoral

Según el Tribunal de Primera Instancia, una interpretación literal y sistemática de las disposiciones pertinentes lleva a considerar que el último candidato de la clasificación provisional de los elegidos de una lista, a efectos de lo previsto en la letra a) del artículo 12 de la normativa electoral, es aquél que pertenece al grupo de candidatos elegidos por el sistema de voto «combinado» (apartado 41).

En efecto, la primera operación que debe efectuarse al término del escrutinio consiste en proceder a un reparto entre todos los puestos que deben cubrirse en función del total de papeletas correspondientes a un voto «cabeza de lista», por un lado, y de las correspondientes a un voto «combinado», por otro (apartado 42).

Además, en la medida en que, en virtud de la normativa electoral, el sustituto es designado sobre la base de los votos «combinados» que ha obtenido, es conforme a la estructura del sistema el hecho de que asimismo se determine al candidato excluido únicamente con base en los votos «combinados», sin que se tomen en consideración los votos «combinados» obtenidos por los candidatos «cabeza de lista» elegidos (apartado 43).

Además, tal interpretación respeta el reparto entre los puestos cubiertos respectivamente según el sistema de votación «cabeza de lista» y según el sistema «combinado». En efecto, si la operación de sustitución pudiera afectar a todos los nombres de la lista, se correría el riesgo de que el reparto inicial del número de puestos, efectuado en función de ambos sistemas de votación, se viera modificado a posterìori, lo cual afectaría a la coherencia del sistema electoral en su conjunto y a la voluntad expresada por el electorado (apartado 44).

Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, no puede vulnerarse el principio de igualdad del valor representativo de los votos, ya que el número total de candidatos elegidos de la lista no 3 sigue siendo el mismo, independientemente de que sea una u otra la pareja de candidatos que figure en la clasificación definitiva de los elegidos (apartado 46).

Sobre el motivo basado en una violación del principio de confianza legítima al mantener una interpretación distinta de las disposiciones pertinentes

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que el derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la administración comunitaria, dándole seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Ahora bien, en el caso de autos no puede afirmarse la violación de tal confianza legítima (apartados 51 y 52).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 19 de mayo de 1994, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Comisión(T-465/93, Ree. p. II-361), apartado 67

En cualquier caso, el motivo equivale a reclamar la protección de una interpretación equivocada de la normativa electoral. Ahora bien, unas promesas que no tengan en cuenta la normativa específica que regula una situación administrativa determinada no pueden crear una confianza legítima en aquéllos a los que van dirigidas (apartados 52 y 53).

Referencia:Tr¡bunalde Justicia, 24 de marzo de 1993, CIRFSy otros/Comisión(C-313/90, Rec. p I-1125), apañado 45; Tribunal de Primera Instancia, 17 de diciembre de 1992, Holtbecker/Comisión (T-20/91, Rec. p. II-2599), apañado 54; Latham/Comisión, antes citada, apartado 58

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 25 del Estatuto, debido a que la nota de 7 de enero de 1993 del Director General competente no estaba motivada

Dado que este motivo no fue alegado en la reclamación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el Juez comunitario debe examinar de oficio si la Comisión ha cumplido la obligación que le incumbe de motivar la decisión impugnada. Dado que este examen puede tener lugar en cualquier fase del procedimiento, no puede privarse a ningún demandante de esgrimir este motivo por el mero hecho de que no lo haya invocado en su reclamación (apartado 59).

En cuanto al fondo, el Tribunal de Primera Instancia declara que las demandantes han podido defender legítimamente su punto de vista y que el Tribunal de Primera Instancia ha podido controlar la legalidad de la decisión impugnada (apartado 60).

Fallo:

Se desestima el recurso.