V.

Queda por averiguar si existe un principio general común a los Derechos de los Estados miembros que permita a la institución nacional competente asimilar los hechos acaecidos en el territorio de otro Estado miembro a hechos análogos que, de haber tenido lugar en su propio Estado, habrían supuesto la pérdida de una parte o de la totalidad del derecho a las prestaciones en metálico del seguro de enfermedad. Ante esta cuestión de Derecho y no de hecho, sería poco satisfactorio responder que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si una persona encarcelada en un Estado miembro, tenga o no la nacionalidad de éste, se encuentra en la misma situación que los nacionales o las personas originarias de otro Estado miembro detenidas en este Estado. El hecho de que el Reglamento no 1408/71 trate exclusivamente de coordinar la aplicación de los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros, y no de armonizarlos, no puede conducir, sin más, a admitir como pauta el régimen aplicable a los detenidos en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que ha sometido este asunto al Tribunal de Justicia. Tal remisión al Derecho nacional equivaldría, a falta de armonización a nivel comunitario, a adaptar el Derecho comunitario al Derecho del órgano jurisdiccional que somete el asunto a este Tribunal y a los conceptos vigentes en el mismo Derecho. Antes de dar semejante paso convendría estudiar en profundidad el Derecho comparado para averiguar en todos los Estados miembros cuáles son los efectos del ingreso en prisión o de la detención sobre el derecho a prestaciones en metálico del seguro de enfermedad, para poder afirmar que, «en sustancia», la situación es la misma tanto si los trabajadores son detenidos en el Estado cuya nacionalidad poseen como si lo son en el Estado donde trabajan. Semejante investigación me parece tan importante, por ejemplo, como establecer el cuadro de las medidas de control sanitario en las fronteras de los Estados miembros en materia de importación de animales y de carne de países terceros. Por mi parte, sólo he podido hacer un examen de este régimen en mi Estado miembro de origen. Ante todo, hay que distinguir bien del problema que nos ocupa el régimen de los reclusos que efectúan un trabajo durante su prisión, respecto a la indemnización de los accidentes laborales. Los Acuerdos provisionales europeos en materia de Seguridad Social celebrados en el marco del Consejo de Europa no contemplaban en absoluto este problema. Sin embargo, las Partes Contratantes habían formulado ciertas reservas, enumeradas en un Anexo III, a cada uno de estos Acuerdos. Dichas reservas se referían en particular, en el caso de Francia, a la legislación relativa a la indemnización por accidentes de trabajo de los reclusos. Así pues, las prestaciones previstas por esta legislación no podían concederse en el marco, de los Acuerdos provisionales y sólo se otorgaban cuando se había celebrado un Acuerdo específico con el país considerado. En Francia esta reserva se levantó con efecto de 1 de octubre de 1962. Un Decreto de 19 de noviembre de 1962 suprimió la restricción que figuraba en el artículo L 416-5o del Código de la Seguridad Social por lo que respecta a la garantía contra los riesgos de accidente de trabajo del detenido de nacionalidad extranjera que efectúe un trabajo en prisión. A partir del 23 de noviembre de 1962, los detenidos de nacionalidad extranjera quedaron, pues, cubiertos en las mismas condiciones que los reclusos franceses frente a todo accidente ocurrido por causa o con ocasión del trabajo en prisión. A continuación hay que separar del caso que nos ocupa el problema de las prestaciones del seguro de enfermedad que no sean en metálico, ya que los cuidados a los detenidos se prestan gratuitamente en la enfermería o en el hospital. Por lo que respecta al disfrute de las prestaciones en metálico (indemnizaciones diarias) del seguro de enfermedad, el régimen de los reclusos es el siguiente: No existe distinción según el internamiento sea administrativo, preventivo o penal o según el detenido consiga en definitiva el sobreseimiento o la absolución. La persona acogida a la Seguridad Social que, en la fecha de su ingreso en prisión, tuviera derecho a las indemnizaciones diarias a consecuencia de una interrupción del trabajo por enfermedad tiene derecho a dichas indemnizaciones mientras dure su incapacidad. La condición es que la baja laboral se haya producido antes del ingreso en prisión; así pues, basta con que se haya admitido el derecho a las indemnizaciones diarias antes de la detención. El derecho a las prestaciones se mantiene en todo caso cuando el asegurado las percibía efectivamente el día de su ingreso en prisión; en cambio, no importa que las prestaciones no se hayan reanudado después de la puesta en libertad. Según reiterada jurisprudencia de la Cour de cassation francesa, elaborada en particular en relación con los trabajadores de origen norteafricano, las cajas tienen la obligación legal de satisfacer las prestaciones diarias que no tengan el carácter de una retribución ni de una compensación de ésta y que traigan causa de la percepción de cotizaciones del afiliado, durante todo el tiempo en que la enfermedad suponga para el interesado una incapacidad laboral, «sin tener que preocuparse de cualesquiera otros acontecimientos que pondrían a dicho asegurado en la imposibilidad de dedicarse a una actividad por cuenta ajena». En todo caso, dado que los detenidos no pueden recibir un trato más favorable que los asegurados hospitalizados, procede aplicar idénticas reducciones sobre las indemnizaciones diarias que se abonan a estas dos categorías de personas. Por consiguiente, en Derecho francés, la prisión o la detención no excluyen una incapacidad laboral que derive de circunstancias anteriores al ingreso en prisión. No conozco exactamente, a la vista de las informaciones facilitadas, con todas las reservas, por la Comisión en la vista, cuál es el régimen de los demás Estados miembros, aparte del Reino Unido y de la República de Irlanda, pero no hay razón alguna para que el Derecho comunitario se adapte al Derecho de uno de éstos, ni para que el Tribunal de Justicia admita que existe un principio general común a los Derechos de los Estados miembro según el cual la normativa de un Estado miembro en materia de detención de los trabajadores es aplicable a la detención en otros Estados miembros. Existe aquí una verdadera laguna de Derecho comunitario, y en este ámbito, al igual que en muchos otros, se abre un amplio campo de actuación ante el «legislador europeo». Por último, aunque exista el riesgo de una discriminación «en sentido inverso» en relación con los nacionales que no hayan salido del Reino Unido, discriminación debida a la falta de armonización de los regímenes de Seguridad Social de los detenidos, adoptar la asimilación defendida por el Insurance Officer generaría en sí misma otras disparidades. Basta imaginar los casos siguientes: un trabajador inglés que haya estado trabajando en otro Estado miembro (Francia, por ejemplo) y resida en dicho Estado, en el que se supone que no existe semejante pérdida de derechos, tendría derecho a las prestaciones en metálico del seguro de enfermedad incluso si fuera detenido en Inglaterra; un francés que, después de trabajar en Inglaterra, regresara a Francia y fuera encarcelado en las mismas circunstancias que el demandante en el asunto principal sería tratado, por tanto, de modo distinto que un francés que, sin haber salido de Francia, disfrutaría en dicho país -aunque estuviera en la cárcel- de las indemnizaciones diarias de enfermedad; por último, si el demandante hubiera sido detenido en Francia, en lugar de serlo en Irlanda, y se le aplicara la pérdida de derechos prevista por la legislación del Reino Unido, se encontraría discriminado con relación a los franceses residentes en Francia. Estas disparidades, que agravan una sanción penal, pueden provocar indirectamente una limitación a la libertad de circulación de los trabajadores. Por citar la expresión empleada por un miembro de este Tribunal (Pierre Pescatore, Comunicación a la Conferencia parlamentaria sobre los Derechos Humanos, Viena, 1971), «en la tarea de comparación y de aproximación a la que deberá dedicarse el Tribunal de Justicia, se verá obligado, por la fuerza de las cosas, a tener en cuenta en cada ocasión el nivel de protección más elevado, pues difícilmente se concibe cómo podría conservar su autoridad el Derecho comunitario si tuviera que descender pordebajo de un nivel de protección considerado esencial a uno u otro Estado miembro». En igual sentido afirma el decano Sr. Cohen Jonathan (artículo, antes citado, p. 97) que «el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tiene la misión de buscar el nivel de protección más elevado: poco importa que éste se encuentre en una norma nacional o internacional no aceptada únicamente por todos los Estados miembros».