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24.

Según jurisprudencia reiterada, el objetivo perseguido por la Directiva 90/434, tal como se desprende de su primer considerando, ( 5 ) es establecer «normas fiscales neutras respecto a la competencia, con el fin de permitir que las empresas se adapten a las exigencias del mercado común, aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional. Este mismo considerando señala también que las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades de diferentes Estados miembros no deben verse obstaculizadas por restricciones, desventajas o distorsiones particulares derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros». ( 6 ) En efecto, la Directiva 90/434 «tiene por objeto eliminar los obstáculos fiscales para las reestructuraciones transfronterizas de sociedades al garantizar que los posibles aumentos de valor de las participaciones sociales no sean gravados antes de que sean llevados a cabo efectivamente». ( 7 )«A tal fin, la Directiva 90/434 dispone, en particular, en su artículo 4, que la fusión o escisión no implicará gravamen alguno sobre las plusvalías determinadas por la diferencia entre el valor real de los elementos de activo y de pasivo transferidos y su valor fiscal […]». ( 8 )
28.

Según el órgano jurisdiccional remitente, es posible entender que los requisitos técnicos previstos en la Directiva 2003/37 únicamente son aplicables a la matriculación de vehículos nuevos hasta su puesta en circulación, es decir, que las disposiciones de la Directiva 2003/37 no imponen requisito técnico alguno en relación con los vehículos de ocasión y, por consiguiente, no prohíben a los Estados miembros matricular vehículos que no cuenten con homologación CE ni con el certificado de conformidad expedido por el fabricante. Por otra parte ese órgano jurisdiccional subraya que la citada Directiva no especifica si el lugar de fabricación de los vehículos resulta pertinente para la aplicación de sus disposiciones, en particular si tales vehículos han sido fabricados fuera de la Unión.
28.

Los recursos de casación están divididos en seis partes relativas, casi exclusivamente, al primer motivo de casación. En primer lugar, la recurrente defiende que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/83 no se limita a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que debería interpretarse de forma diferente a la forma en que lo ha hecho el Tribunal General. En segundo lugar, alega que es irrelevante que Aclasta pudiera haberse autorizado como una modificación de Zometa en lugar de mediante una autorización de comercialización independiente. En tercer lugar, la recurrente no podía decidirse entre solicitar una autorización de comercialización independiente para Aclasta o solicitar la inclusión de una nueva indicación terapéutica en la autorización comercial inicial de Zometa, pero no trató de eludir ni manipular el período de protección reglamentaria de los datos aplicable. En cuarto lugar, sostiene que su interpretación de las disposiciones aplicables no conlleva una ampliación indefinida del período de protección reglamentaria de los datos. En quinto lugar, la recurrente hace valer la relación entre la Directiva 2001/83 y el Reglamento n.o 2309/03 (actual Reglamento n.o 726/2004). En último lugar, se refiere al objetivo perseguido por la legislación pertinente.
57.

Mientras que Onix sostiene que la citada disposición limita el poder de intervención del Estado miembro de acogida únicamente a la hipótesis de vulneración de disposiciones de interés general que formen parte de la «normativa que regula la operativa» aplicable en dicho Estado miembro en materia de celebración y ejecución de los contratos de seguro, el Gobierno italiano considera que dicho poder puede basarse en la única circunstancia de que uno de los accionistas haya dejado de cumplir el requisito de reputación, cuando se demuestre que el interés general de los asegurados no puede ser protegido de forma adecuada en el Estado miembro de origen. Dicho Gobierno añade, por lo que se refiere más especialmente al procedimiento de urgencia establecido en el artículo 40, apartado 6, de la Directiva 92/49, que el concepto de «prevención de irregularidades» es muy amplio e incluye todas las circunstancias de las que pueda resultar un peligro real para los asegurados o un menoscabo de la regularidad y eficiencia del mercado de seguros, en su conjunto. La Comisión alega, por su parte, que, para poner en marcha el procedimiento de urgencia, la autoridad del Estado miembro de acogida no debe limitarse a demostrar que no se cumple o se ha dejado de cumplir uno de los requisitos de autorización, sino que ha de demostrarse que existe una necesidad particular de intervenir para impedir que se cometan infracciones. Reconoce, sin embargo, que compete a dicha autoridad determinar si, en circunstancias como las del litigio principal, existía el riesgo de que se cometieran infracciones en el territorio nacional y si, para impedirlas, era estrictamente necesaria una prohibición de celebrar nuevos contratos, pudiendo, a estos efectos, tenerse en cuenta la situación concreta de las personas responsables de la explotación de la empresa y el incumplimiento, por su parte, del requisito de honorabilidad.
24.

El Arbeitsgericht (Tribunal de Trabajo) rechazó la demanda del recurrente. A su juicio, dado que el recurrente no exigía que las cantidades se abonaran a su favor sino a favor de un plan de pensiones, su pretensión carecía de fundamento. Además, declaró que el recurrente no había acreditado haber celebrado un acuerdo de fideicomiso con la concursada. Y, aun en el caso de que ello resultase probado, no habría lugar al derecho de separación al no poder distinguirse los importes que debían separarse de otros importes comprendidos en la masa activa del concurso.
69.

Sin embargo, no parece posible que dichos convenios internacionales representen un modelo para la delimitación de los conceptos de plan o programa a efectos de la Directiva 2001/42. Ni el Convenio de Aarhus ni el Protocolo de Kiev formaban parte del Derecho de la Unión cuando se adoptó la Directiva 2001/42. Aunque el Convenio ya existía entonces, no se menciona en la Directiva 2001/42, y en particular la Directiva no va dirigida a su transposición. Aunque la Directiva anticipa en su considerando 7 el Protocolo, celebrado más tarde, y, según una declaración emitida con motivo de la ratificación de éste, tiene por objeto la transposición del mismo, de ahí no se deduce que el Protocolo haga necesario interpretar restrictivamente la Directiva.
14.

Al albergar dudas sobre la interpretación que procede realizar del Reglamento n.o 261/2004, el Obvodní soud pro Prahu 6 (Tribunal de Distrito n.o 6 de Praga) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Una colisión entre una aeronave y un ave debe considerarse un “acontecimiento” en el sentido del apartado 22 de la sentencia [de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771)], o bien una “circunstancia extraordinaria” en el sentido del considerando 14 […] del Reglamento […] n.o 261/2004 […], o resulta imposible incluirla en uno de estos dos conceptos? 2) Si la colisión entre una aeronave y un ave constituye una “circunstancia extraordinaria” en el sentido del considerando 14 del Reglamento [n.o 261/2004], ¿cabe considerar medidas razonables que el transportista aéreo debe adoptar para evitar dicha colisión los sistemas preventivos de control establecidos, en particular, en las proximidades de los aeropuertos (tales como dispositivos acústicos para asustar a las aves, colaboración con ornitólogos, eliminación de las zonas en que las aves suelen reunirse o volar, iluminación disuasoria, etc.)? En tal caso, ¿qué constituye el “acontecimiento” en el sentido del apartado 22 de la sentencia [de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771)]? 3) Si la colisión entre una aeronave y un ave constituye un “acontecimiento” en el sentido del apartado 22 de la sentencia [de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771)], ¿cabe considerarla también un “suceso” en el sentido del considerando 14 del Reglamento y, en tal caso, cabe considerar que constituyen “circunstancias extraordinarias” en el sentido del considerando 14 [de dicho] Reglamento el conjunto de medidas técnicas y administrativas que un transportista aéreo debe adoptar tras una colisión entre una aeronave y un ave que, sin embargo, no ha producido daños en la aeronave? 4) Si el conjunto de medidas técnicas y administrativas adoptadas tras la colisión entre una aeronave y un ave que, sin embargo, no ha producido daños en la aeronave constituyen “circunstancias extraordinarias” en el sentido del considerando 14 del Reglamento [n.o 261/2004], ¿puede exigirse al transportista aéreo, como medidas razonables, que al planificar los vuelos tenga en cuenta el riesgo de que sea preciso adoptar tales medidas técnicas y administrativas en caso de colisión entre una aeronave y un ave y que prevea esa circunstancia en los horarios de vuelo? 5) ¿Cómo debe valorarse la obligación del transportista aéreo de pagar una compensación, fijada en el artículo 7 del Reglamento [n.o 261/2004], cuando el retraso es provocado, no sólo por las medidas administrativas y técnicas adoptadas tras una colisión entre una aeronave y un ave que no ha producido daños en la aeronave, sino también, en gran medida, por la reparación de un problema técnico que no está relacionado con dicha colisión?»
37.

El mero hecho de que no todos los caballos que participan en una carrera reciban un premio y que su obtención dependa de un acontecimiento que las partes no pueden controlar plenamente, no entraña que la operación subyacente no se efectúe a título oneroso. Si eventualmente se obtiene un premio, dicho premio constituye, para el destinatario, la contraprestación «efectivamente» percibida ( 15 ) a los efectos del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva IVA. Por consiguiente, los premios en efectivo concedidos en carreras hípicas dan lugar, en principio, a operaciones gravadas con arreglo a la normativa del IVA.
47.

Aunque en la Decisión Marco se aprecian varias manifestaciones de este distanciamiento efectivo de la orden de detención europea respecto de la concepción tradicional de la extradición como, en particular, la judicialización del procedimiento, el abandono de la norma de no extradición de los nacionales y la renuncia parcial al dogma de la doble inculpación, conviene señalar, no obstante, que el legislador de la Unión no ha suprimido todos los mecanismos de entrega entre Estados miembros al instaurar un sistema de reconocimiento automático de las órdenes de detención nacionales que pueden, de este modo, circular libremente en todo el espacio judicial europeo.
16.

El considerando 39 del Reglamento n.o 1107/2009 presenta el siguiente tenor: «Los estudios suponen una inversión importante. Es preciso proteger esta inversión para estimular la investigación. Por ello, los ensayos y estudios presentados por un solicitante ante un Estado miembro, salvo los realizados con animales vertebrados, que estarán sujetos al intercambio obligatorio de datos, deben protegerse para evitar que otro solicitante los utilice. No obstante, esta protección debe limitarse en el tiempo a fin de permitir la competencia. También debe limitarse a aquellos estudios que sean realmente necesarios para fines normativos, para evitar que los solicitantes amplíen artificialmente el período de protección presentando nuevos estudios que no sean necesarios. Los operadores del sector, en particular las pequeñas y medianas empresas, deben disponer de las mismas posibilidades de acceso al mercado.»
39.

Sin embargo, en mi opinión, el razonamiento del Tribunal de Justicia sobre el grado de armonización que lleva a cabo el Reglamento REACH en relación con las restricciones (y también las autorizaciones) no puede aplicarse al presente asunto, que versa sobre el grado de armonización en el ámbito del registro de sustancias. El requisito de notificación y registro objeto del litigio principal no es un requisito previo a la comercialización de un producto químico en el mercado sueco. En particular, del artículo 4 del Reglamento de la Inspección de productos químicos se desprende que dicho requisito constituye más bien una formalidad posterior a la fabricación o importación de productos químicos. Además, la documentación facilitada al Tribunal de Justicia indica que el incumplimiento de ese requisito no entraña que la comercialización de esos productos resulte ilegal. Más bien, lleva aparejada la imposición de multas o de penas de prisión para las personas que no observen su obligación de notificación. ( 31 )
150.

Trataré, para empezar, de analizar algunos argumentos previos aducidos por la Comisión que no me parecen persuasivos. En primer lugar, la aserción por la Comisión de que HeidelbergCement podía haberse abstenido de responder si no disponía de ningún método como el requerido es manifiestamente errónea a mi juicio. De hecho, el Tribunal General ya desestimó ese argumento al señalar que la pregunta estaba redactada en términos imperativos, y que siendo así la recurrente estaba obligada a responder. ( 92 ) En segundo lugar, la Comisión no expone correctamente el carácter de la pregunta 1D: ésta no pedía a HeidelbergCement que indicara el método usado, si lo había, para calcular el margen bruto trimestral, sino el método, considerado apropiado por esa compañía, para calcular ese margen La diferencia no es de poca importancia; la pregunta no es simplemente fáctica sino que también requería a la recurrente que expresara una opinión, como apreció fundadamente el Tribunal General. ( 93 )
43.

El requisito relativo al riesgo económico ha sido abordado en la sentencia FCE Bank, ( 29 ) en la cual se declaró que una sucursal bancaria no era autónoma como banco puesto que, al no disponer de un capital de dotación, no soportaba ella los riesgos económicos derivados del ejercicio de sus actividades. Por tanto, no podía tener la consideración del sujeto pasivo del IVA. ( 30 )
29.

Por una parte, la ruta recreativa debe ponerse a disposición del público de manera gratuita. Esta operación no está sujeta al impuesto. No existe una obligación fiscal en virtud del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva IVA, dado que Sveda no exige ningún pago a los visitantes, ni tampoco se desprende tal obligación del artículo 26, apartado 1, letra a), de la Directiva IVA, ya que los bienes de inversión no son utilizados para fines ajenos a la empresa en el sentido de esta disposición. La utilización para fines ajenos a la empresa queda excluida, en todo caso, cuando el uso de un bien de inversión queda afectado a la actividad económica del sujeto pasivo. ( 11 ) Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente ya ha determinado que Sveda actuó en el marco de su actividad económica al construir la ruta recreativa. ( 12 )
23.

La ville de Mons, apoyada por el gobierno belga, alega que el canon en cuestión no puede estar prohibido por la Directiva autorización. En especial, señala que el Tribunal de Justicia ya dictaminó, en la sentencia Mobistar y Belgacom Mobile (C‑544/03 y C‑545/03, EU:C:2005:518), en lo referente al artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13 —disposición cuya redacción es muy similar a la del artículo 13 de la Directiva autorización—, que las directivas relativas a la autorización para suministrar redes y servicios de telecomunicaciones no pueden aplicarse a cánones cuyo hecho imponible no es la concesión de una licencia. Ésta señala, asimismo, que dicho canon se exige a toda persona propietaria de una torre o de un poste que no haya podido instalarse en un lugar existente y que no está en absoluto vinculada, como lo exigiría el artículo 13 de la Directiva autorización, a la concesión de un derecho de uso de radiofrecuencias o de un derecho de instalación de recursos y, en definitiva, que no se recauda como contraprestación por ningún servicio.
56.

La Comisión alega que el sistema del artículo 2, apartado 2, y del artículo 4, apartado 2, de la Directiva inversores asegura la indemnización de los certificados de depósito y de las obligaciones en causa si se cumplen dos condiciones. En primer lugar, que se trate de instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39, es decir, de títulos negociables en el mercado monetario. En segundo lugar, que la entidad de crédito no haya restituido a los inversores los títulos que les pertenecen o no les haya reembolsado los fondos que les son debidos o les pertenecen y que son detentados por su cuenta en relación con los certificados de depósito. Para la Comisión, corresponde al Tribunal de reenvío verificar si en el asunto litigioso se cumplen ambas condiciones. Sin embargo, afirma la Comisión que, a los fines de la realización de la primera condición, el solo hecho de no transmitir los títulos al titular o a un intermediario financiero y de no registrarlos en un depositario central no permite excluir la posibilidad de que dichos títulos sean negociables.
52.

Además, según se desprende en particular del vigésimo sexto considerando de la Directiva 2008/48, el artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva tiene por objeto la concesión de crédito de forma responsable, lo que supone, en particular, que «los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar individualmente ( 16 ) la solvencia del consumidor». Este objetivo entraña que el prestamista debe asegurarse de la solvencia del candidato al préstamo a través del método o de los métodos que estime más oportunos. Dicha comprobación puede efectuarse mediante documentos acreditativos de su situación financiera, como nóminas, extractos e historiales de cuentas bancarias, y liquidaciones tributarias, aunque no exclusivamente. Por ejemplo, no puede excluirse que el prestamista que mantiene una relación comercial desde hace tiempo con determinados clientes ya tenga conocimiento previo de la situación financiera del candidato a obtener el préstamo.
48.

En estas circunstancias, procede concluir que la Directiva 85/374 no se opone a que un Estado miembro introduzca en su Derecho interno un mecanismo destinado a facilitar la práctica de la prueba, tal como el derecho a la información previsto en el artículo 84a de la AMG. Lo mismo cabe afirmar en relación con el régimen especial de responsabilidad establecido en el artículo 13 de esta Directiva. Dado que el derecho a la información no está comprendido entre los aspectos armonizados por la Directiva 85/374, ésta no se opone a la introducción de tal derecho, aun cuando éste no existiera, en el marco de este régimen especial, en el momento de la notificación de la Directiva.
66.

No obstante, no hay que olvidar que dicha consideración carece de pertinencia cuando los bienes simplemente se adquieren en su totalidad a otro sujeto pasivo y luego se destinan a un determinado uso, con independencia de cuál sea dicho uso. En el sistema común del IVA, no puede lograrse ningún objetivo imaginable al considerar una misma entrega primeramente una adquisición (que tributa de forma íntegra y que da derecho a la deducción íntegra del impuesto soportado) y después como un autoconsumo (que tributa de forma íntegra y que no da derecho a deducción en absoluto o, en su caso, da derecho a una deducción parcial), en lugar de considerarlo como una única entrega que tribute íntegramente y que no dé derecho a deducción en absoluto o, en su caso, dé derecho a una deducción parcial. Por consiguiente, si el trato fiscal sobre el que versa el litigio principal únicamente tuviera por objeto las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas por el contratista independiente del Gemeente, al margen de los elementos del edificio final suministrados por el propio Gemeente, no podría aplicarse el artículo 5, apartado 7, letra a), de la Sexta Directiva. ( 22 )
45.

También soy consciente del hecho de que el mercado interior es la base jurídica del Reglamento no 1775/2005, que pretende crear tal mercado para el gas natural. Y también quiero observar que el duodécimo considerando del Reglamento no 715/2009 menciona que «debe alcanzarse un nivel suficiente de capacidad de interconexión transfronteriza para el gas y fomentarse la integración de los mercados, a fin de conseguir la plena realización del mercado interior del gas natural». Sin embargo, dicho considerando no aparecía en el Reglamento no 1775/2005, por lo que no se puede tener en cuenta a la hora de valorar la presunta infracción de la República de Bulgaria en la fecha determinante de agosto de 2010 (véase el punto 22 supra). Cabe señalar también que la obligación del GRT de «facilitar los intercambios transfronterizos de gas natural» del artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento no 715/2009, in fine, no aparecía en la correspondiente disposición del Reglamento no 1775/2005: el artículo 5, apartado 2, letra a).
20.

En el primer procedimiento, la policía fiscal incautó de forma provisional seis máquinas en un hotel de Perg a través de las cuales se desarrollaban juegos de azar no autorizados. Se determinó que el Sr. Pfleger era el organizador y que Autoart, una sociedad radicada en República Checa, era el presunto propietario de dichas máquinas. La autoridad local competente confirmó la incautación. En sus respectivos recursos, el Sr. Pfleger alega esencialmente que no es propietario ni poseedor de las máquinas, ni organizó los juegos de azar, ni suministró las máquinas de juegos de azar al titular del establecimiento, mientras que Autoart sostiene que no tiene ningún tipo de relación jurídica con las máquinas: no es ni su propietaria, ni las prestó, alquiló, poseyó ni distribuyó y tampoco las «gestiona».
39.

Aunque en caso de pluralidad de demandantes, el Tribunal de Justicia declarara suficiente para la admisibilidad de todo el procedimiento que, en el momento de presentar la demanda, solamente uno de los demandantes estuviera legitimado para ejercitar la acción, ( 10 ) lo fundamentó esencialmente en argumentos de economía procesal. ( 11 ) Éstos no son transferibles al caso de SEMEA. Por un lado, los motivos de casación de los dos recurrentes no son idénticos en el presente asunto, por lo que las consideraciones de economía procesal más bien invitan a no examinarlos en caso de inadmisibilidad del recurso de SEMEA. Por otro, un recurso interpuesto sin poder adolece de un defecto mucho más grave que el de una mera falta de legitimación activa. La parte no legitimada para ejercitar la acción al menos habrá dado instrucciones a su representante procesal en forma válida para interponer un recurso en su nombre, y en caso de que éste no prospere deberá asumir las costas correspondientes. Esta consecuencia jurídica es difícilmente trasladable al caso de falta de poder; más bien al contrario: si un representante sin poder interpone por su propia iniciativa un recurso de casación, las posibles costas no podrían imputarse al supuesto recurrente, sino a lo sumo al falsus procurator. Por lo demás, sería contradictorio avanzar en el examen de la fundamentación de un recurso cuya interposición, por falta de poder, no se podría imputar a la supuesta parte recurrente.