Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Legitimación activa del Parlamento ° Requisitos de admisibilidad ° Defensa de sus prerrogativas ° Participación en el proceso legislativo ° Recurso basado en la motivación insuficiente del acto impugnado ° Inadmisibilidad ° Prerrogativa vulnerada como consecuencia de la modificación por la Comisión de un acto adoptado por el Consejo basándose en una disposición del Tratado que prevé la obligación de consultar al Parlamento ° Admisibilidad

(Tratado CEE, arts. 173 y 190)

2. Agricultura ° Política Agrícola Común ° Reglamentos ° Procedimiento de elaboración ° Distinción entre Reglamentos de base y Reglamentos de ejecución ° Reglamento de ejecución adoptado sin consultar al Parlamento ° Requisitos que deben observarse en el supuesto de un Reglamento adoptado sin consultar al Parlamento, para asegurar la aplicación de un Reglamento de base que sí haya sido objeto de dicha consulta ° Reglamento nº 207/93 de la Comisión ° Extralimitación en la aplicación de los principios definidos por el Reglamento nº 2092/91 del Consejo ° Inexistencia

(Tratado CEE, art. 43, ap. 2, párr. 3; Reglamento nº 2092/91 del Consejo; Reglamento nº 207/93 de la Comisión; Directivas del Consejo 90/219 y 90/220)

3. Recurso de anulación ° Motivos ° Desviación de poder ° Concepto ° Reglamento (CEE) nº 207/93 de la Comisión ° Legalidad

(Reglamento nº 2092/91 del Consejo; Reglamento nº 207/93 de la Comisión; Directiva 90/220 del Consejo)

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1. El Parlamento está legitimado para plantear ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación contra un acto del Consejo o de la Comisión, siempre y cuando dicho recurso sólo tenga por objeto la protección de sus prerrogativas y se fundamente únicamente en motivos referentes a la violación de éstas. Este requisito se cumple cuando el Parlamento indica de manera pertinente el objeto de su prerrogativa que debe protegerse y la supuesta violación de dicha prerrogativa.

Con arreglo a estos criterios, debe declararse la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se basa en la infracción del artículo 190 del Tratado. En efecto, al alegar que las disposiciones impugnadas están insuficientemente motivadas a efectos de lo previsto en dicho artículo, el Parlamento no indica de modo pertinente por qué tal infracción habría de violar sus propias prerrogativas.

En cambio, dado que el derecho a ser consultado en virtud de una disposición del Tratado constituye una prerrogativa del Parlamento, tal prerrogativa puede ser vulnerada por el hecho de que, extralimitándose en sus facultades, la Comisión regule, mediante disposiciones de ejecución de un Reglamento de base del Consejo, una cuestión incluida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento de base, el cual se fundamenta en un artículo del Tratado que establece la obligación de consultar al Parlamento, pues el efecto del referido hecho consiste en excluir al Parlamento del procedimiento con arreglo al cual habría que resolver normalmente dicha cuestión.

2. No se puede exigir que todos los detalles de los Reglamentos relativos a la política agrícola común sean adoptados por el Consejo según el procedimiento del artículo 43 del Tratado. Se cumple esta disposición cuando los elementos esenciales de la materia regulada se han establecido de acuerdo con dicho procedimiento; en cambio, las disposiciones de ejecución de los Reglamentos de base pueden adoptarse según un procedimiento diferente del previsto en el artículo 43. No obstante, un Reglamento de ejecución adoptado sin consultar al Parlamento debe respetar los elementos esenciales de la materia fijados en el Reglamento de base tras efectuar dicha consulta.

El Reglamento nº 207/93 de la Comisión, por el que se define el contenido del Anexo VI del Reglamento nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, no rebasa el marco de la ejecución de los principios definidos por este último Reglamento, al incluir entre los preparados utilizados en la transformación de productos alimenticios, siempre que hayan sido definidos conforme al procedimiento del Comité de gestión, los microorganismos modificados genéticamente en el sentido de la Directiva 90/220, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.

En efecto, la mera mención de tales microorganismos, cuya inclusión efectiva en el Anexo sólo puede tener lugar con observancia del procedimiento previsto al respecto, no tuvo por efecto fijar nuevas normas que permitieran la utilización de tales sustancias en la agricultura ecológica. En efecto, dicha utilización supone a la vez, por una parte, la observancia de los procedimientos previstos en las Directivas 90/219, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, y 90/220, antes citada, y, por otra parte, la inclusión efectiva de tales sustancias en las listas limitativas del Anexo VI.

3. Un acto de una Institución comunitaria incurre en desviación de poder si se adopta con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso. No sucede así con el Reglamento nº 207/93 de la Comisión, por el que se define el contenido del Anexo VI del Reglamento nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, cuando incluye en dicho Anexo los microorganismos modificados genéticamente en el sentido de la Directiva 90/220. En efecto, por una parte, nada permite afirmar que, al adoptar las disposiciones impugnadas, la Comisión persiguiera un fin distinto del consignado en los considerandos del Reglamento que contiene dichas disposiciones, y, por otra, la Comisión, al no haber modificado la legislación tal como resulta del Reglamento de base, no estaba obligada a utilizar el procedimiento especial previsto al efecto.