C 368/25

Recurso interpuesto el 7 de julio de 2021 — UniCredit Bank/JUR

(Asunto T-402/21)

(2021/C 368/42)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: UniCredit Bank AG (Múnich, Alemania) (representantes: F. Schäfer, H. Großerichter y F. Kruis, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la Junta Única de Resolución de 14 de abril de 2021 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante de 2021 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/2021/22), incluidos sus anexos, en la medida en que afectan a la demandante;

— Condene en costas a la Junta Única de Resolución.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.

1. Primer motivo, basado en que la decisión de 14 de abril de 2021 adolece de vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 263 TFUE, apartado 2, porque no fue adoptada de forma regular.

2. Segundo motivo, basado en que la decisión de 14 de abril de 2021 y sus anexos I a III adolecen de vicios sustanciales de forma en el sentido del artículo 263 TFUE, apartado 2, y vulneran el derecho a una buena administración, porque no contienen una motivación suficiente a efectos del artículo 296 TFUE, apartado 2, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

3. Tercer motivo, basado en que la decisión de 14 de abril de 2021 y sus anexos I y II vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47, apartado 1, de la Carta, puesto que es prácticamente imposible someter a un control judicial efectivo la legalidad material de la decisión.

4. Cuarto motivo, basado en que la decisión de 14 de abril de 2021 y sus anexos son ilegales, porque los artículos 4 a 7 y 9 del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 (1) son ilegales. Vulneran el derecho de las entidades a la tutela judicial efectiva, porque conducen a decisiones, basadas en ellos, inherentemente faltas de transparencia.

5. Quinto motivo, basado en que, si se declarase que el cálculo opaco de las aportaciones de las entidades se justifica por el artículo 70, apartado 2, del Reglamento 806/2014 (2) y el artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59, (3) estos actos deberían ser considerados contrarios a Derecho por los motivos mencionados en el cuarto motivo y, en consecuencia, ser declarados inoperantes.

6. Sexto motivo, basado en que la decisión de 14 de abril de 2021 infringe los artículos 6, 7 y 20, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, en la medida en que la demandada, en el marco del cálculo del multiplicador en función del riesgo, no tuvo en cuenta los indicadores relativos al coeficiente de financiación estable neta («NSFR») o a los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles («MREL») ni los indicadores de riesgo de complejidad («complexity») y resolubilidad («resolvability»).

7. Séptimo motivo, basado en que la decisión de 14 de abril de 2021 y sus anexos I a III adolecen de vicios sustanciales de forma en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo 2, y vulneran el derecho a una buena administración del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, porque la demandante no fue oída antes de que se adoptase la decisión.

(1) Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).

(2) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).

(3) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190).