ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
C 389/9

Recurso de casación interpuesto el 17 de agosto de 2022 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera ampliada) dictada el 1 de junio de 2022 en el asunto T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y SFL / JUR

(Asunto C-551/22 P)

(2022/C 389/12)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, P. Němečková y A. Steiblytė, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Stiftung für Forschung und Lehre (SFL), Junta Única de Resolución (JUR), Reino de España, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Banco Santander, S.A.

Pretensiones

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

1) anule la sentencia del Tribunal General de 1 de junio 2022, en el asunto Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y SFL — Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) c/ Junta Única de Resolución (T-481/17, EU:T:2022:311), en la medida en que el Tribunal General declaró en ella la admisibilidad del recurso de anulación en primera instancia;

2) declare la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto en el asunto T-481/17 en primera instancia, y, en consecuencia, lo desestime en su totalidad; y

3) condene a Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y SFL, Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (demandantes en primera instancia) al pago de las costas causadas por la Comisión tanto en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal General como en el presente procedimento.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente formula tres motivos de casación y alega que el Tribunal General cometió los siguientes errores de Derecho:

— error en la interpretación del artículo 263, apartado 4, TFUE y del artículo 18, apartado 7, RMRU (1), en lo que concierne la calificación del dispositivo de resolución como acto impugnable (primer motivo de casación),

— error en la interpretación del artículo 263, apartado 4, TFUE y violación de los derechos de defensa de la Comisión, en lo que concierne la omisión de dirigir el recurso de anulación contra la autora del acto final jurídicamente vinculante (segundo motivo de casación), y,

— una motivación contradictoria de la sentencia recurrida, que resulta de la decisión, por parte del Tribunal General, que el recurso de anulación contra el dispositivo de resolución impugnado es admisible, mientras que el Tribunal concluye que dicho dispositivo de resolución solo entra en vigor y produce efectos jurídicos vinculantes mediante la decisión de la Comisión (tercer motivo de casación).

(1) Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
—

Anule la Decisión SRB/EES/2017/08 de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017, concerning the adoption of a resolution scheme in respect of Banco Popular Español, S.A.
E)

No habiéndose dictado por el legislador español ninguna norma limitativa de las renovaciones, expresas o tácitas, de la contratación de los trabajadores indefinidos no fijos, ¿debe considerarse como una vulneración de la cláusula quinta del acuerdo anexo a la Directiva 1999/70/CE, el caso de un trabajador del sector público, como el del litigio presente, que tiene un contrato de indefinido no fijo cuya duración prevista no ha sido nunca expresada ni precisada y que se ha prolongado hasta 2021 sin que se haya convocado ningún proceso selectivo para cubrir su plaza y poner fin a la situación de temporalidad?
C 318/31

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 14 de junio de 2022 — flightright GmbH / Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

(Asunto C-388/22)

(2022/C 318/43)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Existe una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) cuando las condiciones meteorológicas son incompatibles con la realización del vuelo, independientemente de en qué se concreten dichas condiciones?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿el carácter extraordinario de las condiciones meteorológicas debe determinarse atendiendo a su frecuencia regional y estacional en el lugar y el tiempo en que se producen?

3) ¿Constituye una circunstancia extraordinaria a efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento el hecho de que las repercusiones de una decisión de gestión del tránsito aéreo, en relación con una aeronave determinada y en una fecha determinada, den lugar a un gran retraso, a un retraso de un día para el otro o a la cancelación de uno o más vuelos de la aeronave, con independencia de cuál fuera el motivo de tal decisión?

4) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión, ¿el motivo de la decisión debe ser, a su vez, extraordinario, de manera que no fuera previsible que se produjera?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1.

¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 3, primera frase, en relación con el artículo 12, apartado 5, del Reglamento 2016/679 (1) [Reglamento general de protección de datos (RGPD)] en el sentido de que el responsable (en este caso, el médico) no está obligado a facilitar gratuitamente al interesado (en este caso, el paciente) una primera copia de sus datos personales tratados por el responsable, cuando el interesado no requiere la copia para los fines mencionados en el considerando 63, primera frase, del RGPD, de conocer y verificar la licitud del tratamiento, sino para otro fin no relacionado con la protección de datos (si bien legítimo; en este caso, el estudio de una posible reclamación de responsabilidad médica)?
2)

En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa: (a) ¿Se desprende de ello que un Estado miembro requirente no puede ejecutar una decisión de traslado hasta que se resuelva la petición de un solicitante del ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III? (b) ¿Lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, que exige que los Estados miembros establezcan en su Derecho nacional una de las tres formas de efecto suspensivo en caso de recurso o revisión de la decisión de traslado, incluye la impugnación de una decisión adoptada conforme al artículo 17, apartado 1, que deniegue el ejercicio de la opción de asumir la responsabilidad de una solicitud de protección internacional («decisión de denegación del artículo 17»)? (c) ¿Cuándo no exista ninguna ley nacional concreta que establezca una de las tres formas de efecto suspensivo del artículo 27, apartado 3, en caso de impugnación de una decisión de denegación del artículo 17, los tribunales que conozcan de dicha impugnación están obligados a conceder el efecto suspensivo en una de esas tres formas en su Derecho nacional y, de ser así, en qué forma? (d) ¿Deben todas y cada una de las vías de recurso suspensivas del artículo 27, apartado 3, interpretarse de forma que operen como una suspensión del plazo de ejecución de una decisión de traslado previsto en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III?
3)

En el contexto de una normativa nacional que permite el control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas que no hayan sido negociadas individualmente relativas a la definición del objeto principal del contrato: i) ¿se opone el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, en relación con la letra i) de la lista indicativa a que se hace referencia en el apartado 3 de ese mismo artículo, a que, en relación con un contrato de seguro colectivo contributivo, la compañía aseguradora pueda oponer al asegurado una cláusula de exclusión o de limitación del riesgo asegurado que no se le ha comunicado y que, en consecuencia, no ha tenido posibilidad de conocer; ii) incluso cuando, con carácter simultáneo, en caso de incumplimiento del deber de comunicación e información sobre las cláusulas, la normativa nacional atribuya al tomador del seguro la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios causados a la persona asegurada, lo cual, sin embargo, no coloca a la persona asegurada en la situación en la que se habría encontrado de haber operado la cobertura del seguro?
C 266/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 5 de abril de 2022 — FW / LATAM Airlines Group SA

(Asunto C-238/22)

(2022/C 266/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FW

Demandada: LATAM Airlines Group SA

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en el sentido de que, para abrir su ámbito de aplicación y justificar una denegación de embarque sujeta a compensación, con arreglo al artículo 4, apartado 3, en relación con el artículo 7 del referido Reglamento, los pasajeros, tal y como exigen los artículos 3, apartado 2, y 2, letra j), deben presentarse a facturación o al embarque a la hora indicada previamente, o con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto a la hora de salida anunciada, aunque el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo haya anunciado previamente su intención de no transportar al pasajero?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Debe interpretarse el Reglamento n.o 261/2004, en el sentido de que el derecho a compensación por denegación de embarque en virtud de los artículos 4 y 7 queda excluido por aplicación analógica del artículo 5, apartado 1, letra c), inciso i), de dicho Reglamento cuando el pasajero ha sido informado de la negativa a ser transportado al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 222/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Stuttgart (Alemania) el 17 de febrero de 2022 — TAP Portugal / Myflyright GmbH

(Asunto C-157/22)

(2022/C 222/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Stuttgart

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en apelación: TAP Portugal

Recurrida en apelación: Myflyright GmbH

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en el sentido de que existe una circunstancia extraordinaria de acuerdo con dicha disposición, cuando se cancela un vuelo procedente de un aeropuerto situado fuera de la base del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, porque un miembro de la tripulación (en este caso, el copiloto) asignado a dicho vuelo, que ha superado sin restricciones los reconocimientos médicos regulares prescritos, poco antes del inicio del vuelo, repentina e imprevisiblemente para el transportista aéreo, fallece o cae tan gravemente enfermo que no puede realizar el mismo?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 191/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) el 8 de marzo de 2022 — Proceso penal contra BK

(Asunto C-175/22)

(2022/C 191/31)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Spetsializiran nakazatelen sad

Partes en el procedimiento principal

BK

Cuestiones prejudiciales

¿Se opone el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 2012/13 (1) a una interpretación jurisprudencial de las disposiciones de Derecho nacional del artículo 301, apartado 1, punto 2, en relación con el artículo 287, apartado 1, del Nakazatelno protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Criminal), según la cual el órgano jurisdiccional, en su sentencia, puede formular una calificación legal de los hechos distinta de la del escrito de acusación, siempre que ello no conlleve determinar un delito de mayor gravedad, al no haber sido debidamente informado el acusado de la nueva y diferente calificación legal antes del pronunciamiento de la sentencia y no haber podido defenderse contra tal calificación?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿se opone el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta a que el órgano jurisdiccional informe al acusado de que puede dictar su decisión sobre el fondo del asunto fundándose en otra calificación legal de los hechos y le ofrezca además la oportunidad de preparar su defensa contra la nueva acusación, dado que esa otra calificación legal no procede de la Fiscalía?

(1) Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 10 de enero de 2022 — Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-23/22)

(2022/C 165/35)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau, S.A.

Recurrida: Autoridade Tributária e Aduaneira

Cuestión prejudicial

¿Permite la correcta interpretación de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, en relación con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 16 de junio de 2014, (1) en particular en sus artículos 1 y 2, punto 11; en el Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, (2) y en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, llegar a la conclusión de que, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, y con el artículo 22, apartado 1, del Código Fiscal do Investimento (Código Fiscal de Inversiones), aprobado mediante el Decreto-Lei n.o 162/2014 (Decreto-ley n.o 162/2014), de 31 de octubre, y [con] los artículos 1 y 2 de la Portaria n.o 282/2014 (Orden ministerial n.o 282/2014), de 30 de diciembre, la actividad de transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura relativa al «bacalao salado», al «bacalao congelado» y al «bacalao desalado», comprendida en el código CAE 10204Rev3, no es una actividad de transformación de productos agrícolas a efectos de las ayudas fiscales previstas?

(1) Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2014, L 187, p. 1).

(2) Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.os 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (DO 2013, L 354, p. 1).
1)

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que prevé el Derecho de la Unión Europea en caso de incumplimiento, por parte del Estado miembro requirente en el marco de un procedimiento de readmisión en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, (1) de la obligación de información prevista en el artículo 4 o de la obligación de organizar la entrevista personal del solicitante en el sentido del artículo 5 de dicho Reglamento, y, en particular, deben interpretarse los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 604/2013: — en el sentido de que la falta de entrega del prospecto informativo previsto en el artículo 4, apartado 2, a una persona que se encuentre en las circunstancias descritas en el artículo 23 del Reglamento o bien la falta de organización de la entrevista personal del solicitante en el sentido del artículo 5 del Reglamento determinan por sí mismas la ilegalidad insubsanable de la medida de traslado, y la consiguiente transferencia de la competencia para conocer de la solicitud de protección internacional al Estado miembro requirente; — o bien en el sentido de que la ilegalidad de la medida de traslado está supeditada a la alegación y a la demostración de que la decisión habría llevado a un resultado diferente si la autoridad del Estado miembro requirente hubiera cumplido las obligaciones previstas en los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 604/2013, — o bien en el sentido de que en ningún caso la autoridad del Estado miembro requirente tiene la obligación de asegurar al extranjero sujeto a un procedimiento de traslado al Estado miembro requirente las garantías de información y de participación establecidas en los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 604/2013?
—

Tercer error de Derecho: se alega que el Tribunal General debería haber llegado a la conclusión de que la recurrente en primera instancia había incumplido su obligación de demostrar el mantenimiento del interés en ejercitar la acción a contar desde el final del período transitorio. Habida cuenta de que la marca solicitada no se registraría hasta el final del período transitorio, es decir, en una fecha en la que las marcas en conflicto no cumplirán, ni habrán cumplido nunca, sus funciones esenciales de forma simultánea, (1) la EUIPO alega que no era posible que surgiera conflicto alguno ratione temporis ni ratione loci. La recurrente en primera instancia no podía obtener, por tanto, ninguna ventaja del procedimiento, lo que implica que no se cumple el mantenimiento del interés en ejercitar la acción.
2.

¿Se deduce de los artículos 47, párrafo primero, y 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretados en relación con el derecho de recurso que asiste al importador en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, de la obligación de las autoridades aduaneras, con arreglo al artículo 29 en relación con el artículo 22, apartado 7, del código aduanero, de motivar las decisiones, y de las circunstancias del caso, habida cuenta de que el tribunal de primera instancia, en el procedimiento contencioso-administrativo contra la decisión, debe examinar de oficio la licitud de esta, incluso considerando puntos de vista no formulados en el recurso, y debe recabar de oficio nuevos elementos de prueba e informes periciales, que: — el requisito del artículo 70, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, de que «no exista vinculación entre comprador y vendedor o la vinculación no tenga influencia en el precio», se puede comprobar por primera vez en el procedimiento judicial, o debe la autoridad aduanera valorar ya esta cuestión en la motivación de la decisión impugnada? — cuando el importador, pese a haber tenido la posibilidad procesal, no ha declarado expresamente que el valor de las mercancías importadas se determina aplicando el método deductivo del artículo 74, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión, debido al plazo de preclusión expreso que existe para tal valoración, sería contrario al artículo 75, apartados 5 y 6, del Reglamento Delegado (UE) n.o 2017/891 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas, que dicho valor se comprobase por primera vez en el procedimiento contencioso-administrativo contra la decisión, teniendo en cuenta también las objeciones del importador basadas en el argumento de que el precio de venta de las mercancías en la Unión es similar al precio de transacción declarado?
C 109/18

Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2021 — Comisión Europea / República Checa

(Asunto C-808/21)

(2022/C 109/25)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Ondrůšek y J. Tomkin, agentes)

Demandada: República Checa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al denegar a los ciudadanos de la Unión que residen en la República Checa y no tienen la nacionalidad checa el derecho a ser miembros de un partido político o de un movimiento político.

— Que se condene en costas a la República Checa.

Motivos y principales alegaciones

Con arreglo al artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

Según la Comisión, habida cuenta de que los ciudadanos de la Unión que residen en la República Checa y no tienen la nacionalidad de este Estado no tienen derecho a ser miembros de un partido político ni de un movimiento político, tales ciudadanos no pueden ejercer, en las mismas condiciones que los ciudadanos de la República Checa, los derechos políticos que les confiere el artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2.

En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa, ¿deben interpretarse las disposiciones del Derecho de la Unión anteriormente citadas (conjuntamente o por separado, pero sin limitarse a ellas) en el sentido de que se oponen a las normas nacionales y a la práctica que las aplica, en virtud de las cuales (a) el poder adjudicador, cuando resuelve un contrato público por un incumplimiento esencial de dicho contrato, no adopta ninguna decisión formal (independiente) sobre la inclusión de los operadores económicos en la lista de proveedores no fiables; (b) no se informa de antemano al operador económico de su próxima inclusión en la lista de proveedores no fiables y, por lo tanto, este no puede proporcionar las correspondientes explicaciones ni impugnar efectivamente su inclusión en dicha lista, y (c) el poder adjudicador no lleva a cabo ningún examen individual de las circunstancias de la ejecución defectuosa del contrato y, en consecuencia, en caso de que el contrato público haya sido resuelto lícitamente con base en un incumplimiento esencial de dicho contrato, se incluye automáticamente al operador económico responsable de iure de dicho incumplimiento en la lista de proveedores no fiables?