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En relación con la fraude y cualquier otra actividad ilegal en el marco de la protección de los intereses financieros de la Unión, los artículos 15 a 17 y 19 a 22 de la Decisión 2008/969, relativa al sistema de alerta rápida para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas, no sólo autorizan, sino también, y sobre todo, imponen, que los ordenadores de que se trate adopten medidas específicas en relación con la entidad o con el proyecto afectados. Por lo tanto, el impacto de la existencia de una alerta respecto de una entidad en dicho sistema no puede limitarse al interior de la institución de que se trate, y tal alerta afecta necesariamente a las relaciones entre el ordenador de la institución de que se trate y esa entidad.

Además, aunque las consecuencias de una alerta W1 son menos restrictivas que las de las alarmas W2 a W5, no es menos cierto que las medidas reforzadas de control que el ordenador de que se trata está obligado a adoptar contra la entidad afectada no se agotan en su integridad en la esfera interna de la institución, sino que pueden tener efectos sobre las relaciones entre dicha institución y la entidad afectada. Ello no implica, no obstante, que estos efectos externos puedan entrañar automáticamente una modificación sustancial de la situación jurídica de la entidad afectada. Tal modificación debe comprobarse caso por caso.

(véanse los apartados 37, 38, 42 y 44)
El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue al nacional de un tercer país un permiso de residencia solicitado al amparo de la reagrupación familiar, cuando dicho nacional pretende residir con su cónyuge, también nacional de un tercer país legalmente residente en dicho Estado miembro y madre de un hijo, fruto de un primer matrimonio y que es ciudadano de la Unión, y con el hijo fruto de su propia unión, también nacional de un tercer país, siempre que tal negativa no provoque, para el ciudadano de la Unión afectado, la privación del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión.

Para determinar si dicha negativa produce tal efecto, debe tenerse en cuenta el hecho de que el nacional de un tercer país que tiene la guarda y custodia exclusiva del menor ciudadano de la Unión disfruta de un permiso de residencia permanente en el Estado miembro de que se trata, de modo que, legalmente, no existe ninguna obligación, ni para esta persona, ni para el ciudadano de la Unión que está a su cargo, de abandonar el territorio de dicho Estado miembro y el de la Unión en su conjunto.

En el marco de la apreciación relativo a las familias reconstituidas, también es pertinente el impacto que pudiera tener sobre la vida familiar una decisión por parte del citado ascendiente de abandonar el territorio del Estado miembro del que el ciudadano de la Unión posee la nacionalidad.

A este respecto, no obstante, el mero hecho de que pueda parecer deseable, por razones económicas o para mantener la unidad familiar en el territorio de la Unión, que miembros de una familia, integrada por nacionales de terceros países y de un ciudadano de la Unión de corta edad, puedan residir con dicho ciudadano en el territorio de la Unión en el Estado miembro del que éste tiene la nacionalidad no basta por sí mismo para considerar que el citado ciudadano se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión si ese derecho de residencia no fuera concedido.

Ni el hecho de que el nacional de un tercer país para el que se solicita un derecho de residencia al amparo de la reagrupación familiar viva o no bajo el mismo techo que el reagrupante y los demás miembros de la familia, ni la inexistencia de relación biológica entre el citado nacional de un tercer país y el ciudadano de la Unión constituyen elementos determinantes para dicha apreciación.

En cambio, el hecho de que el nacional de un tercer país para el que se solicita un derecho de residencia no asuma la carga legal, económica o afectiva de este ciudadano debe tomarse en consideración. En efecto, es la relación de dependencia entre éste y el citado nacional de un tercer país la que puede desvirtuar el efecto útil de la ciudadanía de la Unión, dado que es esta dependencia la que llevaría a que el ciudadano de la Unión se viese obligado, de hecho, a abandonar no sólo el territorio del Estado miembro del que es nacional, sino también el de la Unión en su conjunto, como consecuencia de tal decisión denegatoria.

(véanse los apartados 49 a 56, 58, 82 y el fallo)
El Tribunal de Justicia puede examinar de oficio si concurren los requisitos exigidos por el artículo 258 TFUE para la interposición de un recurso por incumplimiento.

A este respecto, como se deduce, en particular, del artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el escrito de interposición del recurso debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Justicia ejercer su control. De ello se desprende que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa un recurso deben deducirse de modo coherente y comprensible del propio texto del escrito de interposición del recurso y que las pretensiones de éste deben ser formuladas de manera inequívoca para que el Tribunal de Justicia no resuelva ultra petita o bien omita pronunciarse sobre una imputación.

En relación con un recurso por incumplimiento, la falta de indicación de un elemento indispensable del contenido del escrito de interposición de recurso, como es el período durante el cual el Estado miembro violó, según lo alegado por la Comisión, el Derecho de la Unión, no se ajusta a las exigencias de coherencia, de claridad y de precisión. En tal caso, la Comisión no puede limitarse a alegar que se trata de un incumplimiento actual y que la decisión del Tribunal de Justicia debe referirse al presente y no al pasado, sin precisar el período englobado.

(véanse los apartados 42 a 44, 46 y 47)
La circunstancia de que la Unión no sea parte del Convenio de 18 de septiembre de 1998 celebrado entre el Gobierno alemán y el Banco Central Europeo relativo a la sede de dicha institución no puede conllevar la inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del Convenio y, en particular, de su artículo 15.

En efecto, resulta del quinto considerando del preámbulo de dicho Convenio que éste tiene por objetivo definir los privilegios e inmunidades del Banco en Alemania de conformidad con el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. En este contexto, el artículo 15 del Convenio, que establece que los agentes del Banco no estarán sujetos a las disposiciones materiales y procesales del Derecho laboral y social de la República Federal de Alemania, se limita a aplicar principios establecidos por dicho Protocolo, en particular, en sus artículos 13, 15 y 23, así como por el Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular, en su artículo 36.

(véanse los apartados 33 y 34)
13

Acompañó a la presentación del plan Ambition 2005 un comunicado de prensa del ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de 4 de diciembre de 2002 (en lo sucesivo, «anuncio de 4 de diciembre de 2002»), con el siguiente tenor literal: «[El] ministre de l’Économie [...] confirma el apoyo del Estado [francés] al plan de medidas aprobado el 4 de diciembre [de 2002] por el consejo de administración de [FT]. 1) El grupo [FT] constituye un conjunto industrial coherente cuyos resultados son notables. No obstante, actualmente [FT] debe hacer frente a una estructura financiera desequilibrada, necesidades de fondos propios y de refinanciación a medio plazo. Esta situación es el resultado del fracaso de inversiones pasadas, mal llevadas y realizadas en la cúspide de la “burbuja” financiera y, de un modo general, del cambio de tendencia de los mercados. La imposibilidad para [FT] de financiar su desarrollo de otro modo que no fuera el endeudamiento empeoró esta situación. 2) El Estado [francés], accionista mayoritario, ha pedido a los nuevos dirigentes que restablezcan los equilibrios financieros de [FT], manteniendo al mismo tiempo la integridad del grupo [...] 3) Habida cuenta del plan de medidas elaborado por los dirigentes y de las perspectivas de rendimiento de la inversión, el Estado [francés] contribuirá, a prorrata de su participación en el capital, al refuerzo de fondos propios de 15.000 millones de euros, lo que representa una inversión de 9.000 millones de euros. Con ello, el Estado [francés] accionista considera actuar como un inversor prudente. [FT] deberá definir el calendario y las modalidades precisas del refuerzo de sus fondos propios. El Gobierno [francés] desearía que esta operación se desarrollase teniendo en cuenta la situación de los accionistas individuales y de los empleados accionistas de [FT]. Para dar a [FT] la posibilidad de lanzar una operación de mercado en el momento más conveniente, el Estado [francés] está dispuesto a anticipar su participación en el refuerzo de los fondos propios mediante un anticipo de accionista provisional que se pondrá a disposición de [FT], remunerado según las condiciones del mercado. 4) La totalidad de la participación del Estado [francés] en [FT] se transfiere a la [Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP) (en lo sucesivo, “ERAP”)], establecimiento público industrial y comercial. Ésta contraerá deuda en los mercados financieros para financiar la parte del Estado [francés] en el refuerzo de los fondos propios de [FT].»
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por un lado, del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25), en su versión modificada por la Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001 (DO L 75, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 91/440»), así como, por otro lado, del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 91/440 y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29), en la versión resultante de su última modificación, llevada a cabo por la Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 (DO L 315, p. 44) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/14»), al supeditar a la aprobación del Gobierno toda decisión individual de la empresa pública de transporte ferroviario CP Comboios de Portugal EPE (en lo sucesivo, «CP Comboios de Portugal») consistente en la adquisición o enajenación de participaciones en el capital de sociedades y al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para cumplir la obligación de establecer las condiciones adecuadas para garantizar el equilibrio de las cuentas del administrador de las infraestructuras, a saber, la Rede Ferroviária Nacional – REFER EP (red ferroviaria nacional; en lo sucesivo, «REFER»).
2

A tenor del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2506/95 del Consejo, de 25 de octubre de 1995 (DO L 258, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2100/94»): «Para que una variedad se considere nueva, es preciso que, en la fecha de presentación de la solicitud determinada con arreglo al artículo 51, los componentes de la variedad o el material cosechado de dicha variedad no hayan sido vendidos o cedidos a terceros por el obtentor o con su consentimiento con arreglo al artículo 11, para fines de explotación de la variedad, con anterioridad a los siguientes períodos: a) un año antes de la fecha anteriormente mencionada, en el territorio de la Comunidad; [...]»
a)

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título oneroso en el interior del país por un sujeto pasivo actuando en su condición de tal, o por una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, cuando el vendedor es un sujeto pasivo actuando en su condición de tal, que no se beneficia de la franquicia del impuesto prevista en el artículo 24 y en cuanto no le afecten las disposiciones previstas en el artículo 8, apartado 1, letra a), segunda frase o en el artículo 28 ter, parte B, apartado 1. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, no estarán sujetas al [IVA] las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas por un sujeto pasivo o una persona jurídica que no tenga la consideración de sujeto pasivo en las condiciones previstas en el apartado 1 bis. [...]
20

Cuestionan incluso la pertinencia de la Directiva 2001/29, cuya interpretación constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales, para la resolución del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. Sostienen, en particular, que la expresión «por sus propios medios y para sus propias emisiones» que figura en la versión en lengua danesa del artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29, no aparece en el artículo 31 de la Ley de derechos de autor y que, por tanto, no puede aplicarse en el procedimiento principal.
9

El décimo séptimo considerando del Reglamento definitivo establece: «Tras el establecimiento de las medidas provisionales, los tres productores exportadores chinos que cooperaron incluidos en la muestra y dos importadores no vinculados de la CE cuestionaron la utilización de precios de la industria de la Comunidad para el cálculo del valor normal. Se adujo que el valor normal debería haberse calculado sobre la base del coste de producción en [China], teniendo en cuenta los ajustes necesarios relativos a las diferencias entre los mercados de la [Unión] y [de China]. A este respecto, se observa que el uso de información procedente de un país sin economía de mercado y, en particular, de empresas a las que no se ha concedido trato de economía de mercado sería contrario a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. Por tanto, se rechaza dicha alegación. También se argumentó que, habida cuenta de la falta de cooperación del país análogo, una solución razonable habría sido utilizar los datos sobre precios procedentes de los demás países importadores o la información pertinente publicada. Sin embargo, a diferencia de los datos utilizados por la Comisión, la exactitud de dicha información de carácter general no podría haberse verificado y cotejado conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base. Por tanto, se rechaza dicho argumento. No se presentó ningún otro argumento que cuestionase que la metodología utilizada por la Comisión es conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base y, en particular, que, en este caso concreto, es la única base razonable que queda para calcular el valor normal.»
21

El artículo 19 del Reglamento no 1393/2007, que lleva por título «Incomparecencia del demandado», es del tenor siguiente: «1. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Reglamento, y el demandado no comparece, se aguardará para proveer hasta que se establezca que: a) el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según una forma prescrita por el Derecho interno del Estado miembro requerido para la notificación o traslado de los documentos en causas internas y que están destinados a personas que se encuentran en su territorio, o bien b) el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por el presente Reglamento, y, en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma haya tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse. 2. Cada Estado miembro tendrá la facultad de comunicar, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, que sus jueces, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, si se dan los requisitos siguientes: a) el documento ha sido remitido según alguno de los modos previstos por el presente Reglamento; b) ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses, y c) no obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes o entidades del Estado miembro requerido, no se ha podido obtener certificación alguna. 3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impedirá que, en caso de urgencia, el juez ordene cualesquiera medidas provisionales o cautelares. 4. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente debió remitirse a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado según las disposiciones del presente Reglamento y se ha dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso si se reúnen las condiciones siguientes: a) el demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la resolución para interponer recurso, y que b) las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún fundamento. La demanda tendente a la exención de la preclusión sólo será admisible si se formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la resolución. Cada Estado miembro tendrá la facultad de especificar, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, que tal demanda no será admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su comunicación, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, que se computará desde la fecha de la resolución. 5. El apartado 4 no se aplicará a resoluciones relativas al estado o capacidad de las personas.»
15

Según la demandante en el litigio principal, no estaba justificada la celebración de ese contrato de duración determinada con fundamento en el artículo 14, apartado 1, punto 3, de la TzBfG, que prevé una razón objetiva, a saber, la sustitución de otro trabajador. Los trece contratos de duración determinada celebrados sucesivamente y sin interrupción a lo largo de once años no pueden responder en ningún caso a una necesidad temporal de sustitución de personal. La demandante en el litigio principal mantiene que la interpretación y la aplicación del Derecho nacional, según las cuales esa «cadena de contratos de duración determinada» debe considerarse lícita es incompatible con la cláusula 5, punto 1, del Acuerdo marco CDD. Solicitó por tanto al Arbeitsgericht Köln que declarase que no se había extinguido la relación laboral entre las partes en virtud del contrato de duración determinada celebrado el 12 de diciembre de 2006, para el período que iba desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.
Incumplimiento de Estado — Transposición incompleta e incorrecta del artículo 9, apartado 3, letras b), c) y e), de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330, p. 32) — Distribución de agua potable que no responde a los valores paramétricos requeridos — Régimen de excepciones.
Recurso por incumplimiento — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas previstas por la Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario (DO L 195, p. 15).
Incumplimiento de Estado — Vulneración de los artículos 68 y siguientes del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), y del artículo 290

bis

y del anexo 38

ter

del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L 253, p. 1), así como de los artículos 2, 6, 9, 10 y 11 del Reglamento (CEE, Euratom) nº 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1) — Despacho a libre práctica de plátanos frescos — Falta de correspondencia entre el peso declarado y el peso real — Recursos propios — Pérdida de ingresos.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Obligación — Deber de ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión [Arts. 108 TFUE, ap. 2, y 288 TFUE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14, ap. 3] (véanse los apartados 27 y 36)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Aplicación del Derecho nacional — Requisitos — Aplicación de un procedimiento que garantiza une ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión [Arts. 108 TFUE, ap. 2, y 288 TFUE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14, ap. 3] (véanse los apartados 28 y 29)

3. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — Obligación de recuperar las ayudas otorgadas — Plazo de referencia — Plazo señalado por la decisión incumplida o posteriormente por la Comisión (Arts. 108 TFUE, ap. 2, párr. 2, y 288 TFUE) (véanse los apartados 30 y 31)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión 2009/610/CE de la Comisión, de 2 de julio de 2008, relativa a las medidas C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 y CP 133/05) aplicadas por Grecia a favor de Hellenic Shipyards [notificada con el número C(2008) 3118] (DO L 225, p. 104).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 a 19 de la Decisión 2009/610/CE de la Comisión, de 2 de julio de 2008, relativa a las medidas C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 y CP 133/05), aplicadas por Grecia a favor de Hellenic Shipyards, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada Decisión, y al no haber comunicado a la Comisión Europea, dentro del plazo señalado, la información enumerada en el artículo 19 de dicha Decisión.

2) Condenar en costas a la República Helénica.