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La motivación de una decisión que impone a un funcionario una sanción disciplinaria debe indicar de manera precisa los hechos que se imputan al interesado, así como las consideraciones que llevaron a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos a adoptar la sanción elegida. Por otro lado, si la sanción que se impone es más grave que la propuesta por el Consejo de disciplina, la decisión debe precisar detalladamente los motivos que condujeron a la referida autoridad a no hacer suyo el criterio de dicho Consejo.

La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos dispone de la facultad de efectuar una apreciación de la responsabilidad del funcionario que sea diferente de la efectuada por el Consejo de disciplina, así como de la facultad de elegir, a continuación, la sanción disciplinaria que estime adecuada para sancionar las faltas disciplinarias imputadas. Dado que los artículos 86 a 89 del Estatuto no fijan correspondencias exactas entre las sanciones disciplinarias que allí se establecen y los diferentes tipos de incumplimiento de los funcionarios y que no precisan en qué medida interviene en la elección de la sanción la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes, la determinación de la sanción que corresponda imponer debe basarse en una evaluación global, por parte de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, de todos los hechos concretos y de las circunstancias propias del caso individual. La decisión que imponga una sanción de separación del servicio implica necesariamente consideraciones delicadas por parte de la Institución, habida cuenta de la especial gravedad de sus consecuencias. La Institución dispone, a este respecto, de una amplia facultad de apreciación, y el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la suya propia, ya que el control judicial se limita a comprobar la exactitud material de los hechos imputados, la inexistencia de error manifiesto en la apreciación de los hechos y la inexistencia de desviación de poder.

(véanse los apartados 48 a 50)

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T-500/93, RecFP pp. I-A-335 y II-977), apartados 34 y 56
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1 Procedimiento - Escrito de interposición de recurso - Exigencias de forma - Exposición sucinta de los motivos invocados - Fundamentos de Derecho no expuestos en la demanda - Remisión al conjunto de anexos - Inadmisibilidad

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Motivo basado en la inexistencia o insuficiencia de la motivación - Motivo basado en la inexactitud de la motivación - Distinción

(Tratado CE, art. 190)

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3 A tenor de la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá contener, entre otras cosas, la exposición sumaria de los motivos invocados. Dicha exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal ejercer su control jurisdiccional y a la parte demandada preparar su defensa. Tanto la seguridad jurídica como una buena administración de la Justicia exigen que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa el recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, de la demanda misma. Si bien cabe apoyar y completar el cuerpo de la demanda, en lo que atañe a puntos específicos, mediante remisiones a extractos de documentos que figuren en anexo, la remisión global a los anexos de la demanda, a efectos de exponer los elementos esenciales de los fundamentos de Derecho, no cumple los requisitos del Reglamento de Procedimiento. Dado que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental, no incumbe al Juez buscar e identificar, en el conjunto de tales anexos, los motivos que podría considerar que constituyen el fundamento del recurso.

4 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado ha de reflejar clara e inequívocamente el razonamiento de la Institución de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control.

La inexistencia o insuficiencia de motivación constituye un motivo basado en vicios sustanciales de forma, distinto, en cuanto tal, del motivo basado en la inexactitud de los fundamentos de la Decisión impugnada, cuyo control forma parte del examen de la procedencia de la Decisión impugnada.
A este respecto, el daño irrogado a un productor de leche por la imposibilidad de explotar una cantidad de referencia se sufre a partir del día en que, tras expirar el compromiso de no comercialización contraído por él con arreglo al Reglamento no 1078/77, el productor interesado habría podido reanudar las entregas de leche sin tener que abonar la tasa suplementaria si no se le hubiera denegado la asignación de tal cantidad. Por lo tanto, es en esa fecha cuando se dieron los requisitos para ejercitar una acción de indemnización contra la Comunidad.

Con arreglo al artículo 43 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia (actualmente artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia), la prescripción se interrumpe, bien mediante demanda presentada ante el juez comunitario, bien mediante reclamación previa presentada a la institución competente de la Comunidad, teniendo presente, no obstante, que en este último caso la interrupción sólo surte efecto si la reclamación es seguida de un recurso interpuesto dentro del plazo determinado por remisión al artículo 230 CE o al artículo 232 CE, según los casos.

La Comunicación del Consejo y de la Comisión relativa a la posterior adopción del Reglamento no 2187/93, por el que se fijó una oferta de indemnización a los productores afectados, y en la que las instituciones se comprometieron ante ciertos productores a renunciar a invocar la prescripción derivada de dicho artículo 43 hasta que se hubieran establecido las normas de procedimiento para la indemnización de dichos productores, no tuvo por efecto la apertura de un nuevo plazo de prescripción de cinco años a partir de la fecha en que finalizaba esta autolimitación. Sin embargo, dicha renuncia y los escritos anteriores de respuesta a reclamaciones de indemnización previas afectan al cómputo del plazo de prescripción. En efecto, la suspensión de la prescripción como consecuencia de la renuncia unilateral de las instituciones a invocar la prescripción, consignada en dicha Comunicación y eventualmente también en un intercambio de correspondencia anterior, sigue produciendo efecto con independencia de la fecha en que el demandante haya presentado su recurso de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia.

A este respecto, la ventaja que supone la suspensión incondicional de la prescripción como consecuencia de la renuncia unilateral de las instituciones demandadas a invocar la prescripción no está reservada únicamente al grupo de productores de leche que no hubieran presentado la solicitud de indemnización prevista en el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento no 2187/93. La existencia o la inexistencia de esta solicitud únicamente resulta pertinente a efectos de determinar la fecha en que finalizó la suspensión de la prescripción derivada de dicha renuncia, fecha que es diferente según se haya presentado o no tal solicitud.

(véanse los apartados 67, 69, 71 a 73 y 76)
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Ante tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia estima, en segundo lugar, que una comisión médica compuesta de tres médicos, entre los cuales no figura el médico-asesor que emitió el primer dictamen de falta de aptitud, designados de entre los médicos asesores de las Instituciones, y no únicamente de entre los médicos asesores de la Institución de que se trata, representa una garantía suplementaria real para los candidatos. El Tribunal de Primera Instancia afirma, además, que la alegación formulada por las partes coadyuvantes, según la cual estos tres médicos no son ni suficientemente competentes ni suficientemente imparciales, no se basa en ningún dato que permita apreciar su procedencia. Se deduce de lo que precede que el Tribunal de Primera Instancia no puede acoger la alegación de las partes coadyuvantes de que el párrafo segundo del artículo 33 viola el derecho de defensa del demandante cuando establece las normas de composición de la comisión médica.
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Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Comportamiento ilegal de las Instituciones - Productores de leche privados de cantidades de referencia en el marco del régimen de la tasa suplementaria tras haber suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por reconversión - Productor que no reanudó la producción al término del compromiso de reconversión - Violación de la confianza legítima - Inexistencia

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$$La Comunidad no puede incurrir en responsabilidad como consecuencia de la aplicación del Reglamento nº 857/84, por el que se fija, en el marco del régimen de la tasa suplementaria sobre la leche, la cantidad de referencia para cada productor sobre la base de la producción entregada durante un año de referencia, frente a un productor que, tras suscribir un compromiso de reconversión de su ganado conforme al Reglamento nº 1078/77 para un período de cuatro años, no aportó la prueba de su intención de producir leche al término de su período de reconversión.

Si bien es cierto que dicho productor manifestó tal intención varios años después de este período, no es menos cierto que no podía confiar legítimamente en la posibilidad de reanudar esta producción en cualquier momento posterior. En efecto, en el ámbito de las organizaciones comunes de mercados, cuyo objeto supone una constante adaptación en función de las variaciones de la situación económica, no está justificado que los operadores económicos confíen legítimamente en que no se les impongan restricciones como consecuencia de posibles normas de la política de mercados o de estructuras. (véanse los apartados 46, 49 y 50)
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Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia ° Decisión que afecta a varios destinatarios ° Designación de la entidad que debe asumir una infracción ° Motivación defectuosa ° Posibilidad de equiparar el carácter defectuoso a un simple error material ° Requisitos

(Tratado CEE, art. 190)

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Cuando afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, una Decisión de aplicación de las normas del Tratado sobre la competencia debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, especialmente a los que, según esa Decisión, deben asumir tal infracción.

Dicha motivación debe ser especialmente circunstanciada cuando, durante el procedimiento administrativo, la sociedad a la que la Decisión final impone una multa ha invocado varias razones para impugnar que pueda imputársele la infracción y cuando la Comisión no ha aclarado su postura al respecto.

En especial, para que una Decisión de la Comisión en materia de competencia, que se limita, en sus considerandos, a designar como autor de una infracción a la entidad jurídica que existía antes de la fecha de adquisición de sus activos por otra empresa, pueda legalmente imputar la responsabilidad de esa infracción a quien se hace cargo de dicha empresa, es necesario que no haya ninguna impugnación sobre la identidad de la entidad jurídica que sucede en Derecho al autor de la infracción, ni sobre el hecho de que esa entidad jurídica haya proseguido realmente la actividad ejercida por la empresa de que se trate, que dio origen al litigio.

La Comisión sólo puede alegar que una motivación defectuosa en lo que respecta a las exigencias del Tratado se debe a un error material si demuestra dicho error con suficiente certeza. No ocurre así cuando la Comisión no menciona tal error hasta la última fase de la sustanciación del asunto ante el Juez comunitario y no ha notificado en la forma debida, al destinatario de la Decisión, una rectificación procedente del autor de la Decisión.

Ello es así con mayor razón cuando el supuesto error afecta, por un lado, a la propia parte dispositiva de la Decisión impugnada y, por otro lado, a la propia identidad de sus destinatarios, es decir, de aquellos a quienes se condena al pago de la multa impuesta, lo que exige una estricta observancia del principio de seguridad jurídica.

Adolece de un defecto de motivación la parte dispositiva de una Decisión que imputa a una sociedad la responsabilidad de una infracción, aun cuando designe como autor de la misma a otra sociedad, por el mero hecho de que adquirió los activos de una sociedad que, a su vez, no es identificada como autor de la infracción.
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Funcionarios ° Carrera ° Cambio de categoría o de servicio como consecuencia de la participación en unas pruebas selectivas de ingreso ° Clasificación en escalón ° Aplicación de las normas relativas a la promoción ° Excepción impuesta por la necesidad de garantizar la consideración de la experiencia profesional anterior al ingreso ° Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 32, párr. 2, y 46)

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Habida cuenta de los respectivos objetivos del párrafo segundo del artículo 32 y del artículo 46 del Estatuto, la clasificación en escalón de un funcionario que pasa de una categoría a otra mediante pruebas selectivas de ingreso debe basarse en los principios enunciados en el artículo 46, y no en los enunciados en el párrafo segundo del artículo 32. En efecto, esta última disposición tiene por objeto, en especial, ofrecer a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, aunque dentro de márgenes bastante estrechos, la posibilidad de tener en cuenta la formación y la experiencia profesional adquiridas con anterioridad al ingreso como funcionario de las Comunidades, mientras que el fin primordial del artículo 46 es garantizar, durante el transcurso de la carrera de un funcionario, el mayor grado de continuidad posible en la evolución de su antigueedad y de su retribución, aún en el supuesto de cambio de categoría o de servicio mediante concurso.

No obstante, cuando la aplicación del artículo 46 no permita, en modo alguno, que se tengan en cuenta la formación y la experiencia profesional específicas, adquiridas por tal funcionario con anterioridad a su ingreso, deberá imperativamente aplicarse el párrafo segundo del artículo 32, con independencia de la antigueedad del interesado en el momento en que se publicó la convocatoria de las pruebas selectivas de ingreso, puesto que no está justificada una discriminación entre los funcionarios aprobados conforme a tal criterio.
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La argumentación de la Comisión puede resumirse del modo siguiente. En primer lugar, hay que señalar que el demandante, después del cese definitivo de sus funciones el 1 de octubre de 1986, ya no se encontraba en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 35 del Estatuto y ya no tenía la cualidad de funcionario. Convertido en «antiguo funcionario», tal y como precisa el artículo 4 del Reglamento en diferentes ocasiones, la duración de su clasificación en el grado B 1 se interrumpió con motivo del cese de sus funciones. En segundo lugar, la regla general impuesta por el apartado 7 del artículo 4 ciertamente permite acumular nuevos derechos a pensión, pero esta norma general está sometida a la restricción prevista en el párrafo segundo del artículo 77 del Estatuto, según la cual la pensión no podrá exceder del 70 % del último sueldo base correspondiente al último grado en el que haya estado clasificado en calidad de funcionario (y no de antiguo funcionario) como mínimo durante un año antes del cese definitivo de las funciones. En estas circunstancias, dicha regla general no permite, según la Comisión, tomar en consideración el período del 1 de octubre de 1986 al 1 de marzo de 1989, durante el cual el demandante estuvo percibiendo la indemnización, a efectos de completar dicho período mínimo de un año. En tercer lugar, el período durante el que se tiene derecho a la indemnización no podría considerarse como un período de servicio más que a efectos de aplicar el artículo 5 del Anexo VIII del Estatuto y el articulo 108 del antiguo Reglamento general de la CECA, tal y como precisa expresamente la última frase del apartado 7 del artículo 4 del Reglamento En cuarto lugar, hay que considerar que ninguna disposición estatutaria establece una correlación entre el importe de la cotización al sistema de pensiones, por un lado y el importe de la pensión, por otro. Si bien la acumulación de nuevos derechos a pensión está efectivamente condicionada al pago de la cotización por parte de la persona que ha sido objeto de la medida de cese definitivo de sus funciones, ello es asi unicamente a efectos de aumentar las anualidades de la pensión y no tiene nada que ver con ningún principio de correlación entre los importes de la cotización y de la pensión. Por último, la demandante señala que el demandado no especifica que norma superior de Derecho fue ignorada, en su opinión, en el presente asunto, y que, en cua quier caso, no puede ser un presunto principio de correlación entre el importe de las cotizaciones satisfechas y el de la pensión.
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Procede señalar que la demandante, en la nota complementaria a su reclamación, respecto a la cual la Comisión no discute que forme parte integrante de la misma, afirma lo siguiente: «Con arreglo a la práctica establecida, he sido clasificada teniendo en cuenta mis años de experiencia profesional tan sólo a partir de la fecha del título oficial (1974) [...] Ruego tengan a bien volver a examinar mi caso, puesto que esta clasificación no se corresponde con la situación real, por una parte, porque no tiene en cuenta mis años de experiencia efectiva y, por otra, porque en 1958 terminé los estudios que permiten acceder a mi categoría.»
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En su respuesta de 8 de mayo de 1985, el Presidente del Parlamento resolvió que no procedía admitir las dos peticiones citadas. En lo que atañe a la primera, estimó que la AFPN no podía incurrir en responsabilidad por eventuales perjuicios sufridos en relación con la apertura de un procedimiento disciplinario cuya conformidad a Derecho no había sido impugnada dentro de los plazos establecidos. En cuanto a la segunda, el Presidente consideró que se había presentado antes de tiempo, habida cuenta de que no concurrían una serie de requisitos exigidos por el Reglamento Financiero y sus modalidades de ejecución, a saber, especialmente, que el Parlamento debía pronunciarse sobre la liberación de responsabilidad (quitus) que debía otorgarse a los contables respecto al ejercicio 1982, y que el contable y el interventor debían previamente expresar su criterio favorable.
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El demandante alega, en primer lugar, que la decisión impugnada vulnera los artículos 25, apartado 2, 27 y 29, apartado 2, del Estatuto, en la medida en que no está motivada y que la parte demandada no puede basarse en su facultad de apreciación para justificar sus decisiones. La decisión impugnada debería contener, especialmente, indicaciones sobre si los candidatos reunían o no las cualificaciones exigidas por la convocatoria de selección. Además, el demandante precisa que no ve en qué podría causarle un perjuicio mencionar los motivos de la decisión ni, por consiguiente, por qué la falta de comunicación de los motivos debería prevalecer sobre el derecho a la protección jurídica. En efecto, como expuso durante la vista, esta comunicación es individual y personal, y no es objeto de publicidad alguna. Sostiene igualmente que la provisión de un puesto elevado debería llevar a la AFPN a ejercer su facultad de apreciación con prudencia, lo que requiere la motivación de sus decisiones, tras un examen comparativo de las cualificaciones de los candidatos. Seguidamente afirma que, en infracción de este principio, el Tribunal de Justicia dio pruebas de «falta de transparencia», de «ilegalidad», de «arbitrariedad», de «abuso de poder» y violó asimismo el principio de buena administración.
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Visto el informe del Juez ponente, el Tribunal decidió abrir la fase oral sin previo recibimiento a prueba. Con todo, el Tribunal de Primera Instancia solicitó al de Justicia que completara el expediente, aportando la «clasificación AIIC». El documento presentado por la demandada, procedente del anuario de la Association internationale des interpretes de conférence (AIIC) para el año 1990, contiene la definición AIIC de las «lenguas activas» y de las «lenguas pasivas» en francés y en inglés. El texto francés de la definición de las «lenguas pasivas» es idéntico a la versión francesa de la citada nota que figura en la convocatoria del concurso oposición. El texto inglés, que figura al lado del francés, tiene el siguiente tenor: «Passive languages: C: a language of which the interpreter has a complete understanding and from which he interprets».
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Esta solución se ve corroborada por la economía de Ia citada disposición. La devolución por el funcionario de una parte de la indemnización por gastos de instalación, calculada a prorrata de la parte del plazo de dos años que aún queda, no tiene como finalidad tener en cuenta la duración de la instalación al ser el mismo el coste de la instalación para un período corto que para un período más dilatado. Su finalidad es no hacer gravitar sobre las Comunidades la totalidad de la indemnización por gastos de instalación pagada con motivo del destino del funcionario a un lugar de servicio más que en el supuesto en que la relación de servicio entre las Comunidades y el funcionario se haya consolidado suficientemente en los dos años que el funcionario haya pasado al servicio de las Comunidades. Por el contrario, se halla prevista la asunción, parcial únicamente, por las Comunidades de la indemnización por gastos de instalación en el supuesto de que el funcionario abandone el servicio de las Comunidades menos de dos años después de su ingreso en éstas. Efectivamente, una buena gestión de los fondos públicos no permite que las Comunidades asuman enteramente los gastos de la indemnización de instalación de un funcionario con el cual no se ha podido consolidar la relación de servicio por un motivo imputable a este último.
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Respecto a la primera rama del motivo, el Sr. Alexandrakis sostiene que su clasificación no se atiene a ninguno de los criterios relevantes de clasificación constituidos por su edad (48 años), su larga experiencia profesional (21 años) y su formación universitaria (Bachelor of Arts, Masters of Art, Philosophy Doctor of Economics).