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En el caso de autos, el Tribunal General consideró, en los apartados 122 a 128 y 130 a 132 de la sentencia recurrida, lo siguiente: «122 La Comisión recordó, en la Decisión [controvertida], que el Tribunal de Justicia ya había declarado en la sentencia Freskot [(C‑355/00, EU:C:2003:298)] que “la legislación nacional controvertida en el asunto principal [demostraba] claramente que las prestaciones ofrecidas por el ELGA se [financiaban] con fondos estatales y que [eran imputables al Estado con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en especial, la sentencia Francia/Comisión, C‑482/99, [EU:C:2002:294], apartado 24)” (considerando 58). 123 Sobre este particular, la Comisión observó: “[...] según el artículo 5 bis de la Ley [...] 1790/1988 [...] y las demás disposiciones vigentes de la legislación griega, los ingresos del ELGA procedentes de la contribución especial son recaudados por la Administración tributaria, entran en los presupuestos del Estado en calidad de ingresos estatales y se abonan al ELGA con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura (llamado ahora Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación). Así pues, el hecho de que esas contribuciones se contabilicen como ingresos estatales basta para considerar que las prestaciones ofrecidas por el ELGA se financian con fondos estatales” (considerando 58). 124 Estas observaciones, que no se impugnan por la República Helénica, bastan para concluir que los pagos compensatorios en su parte correspondiente a cotizaciones de los agricultores son recursos estatales e imputables al Estado. 125 Por tanto, al contrario de lo que sostiene la República Helénica, la parte de los pagos correspondiente a las cotizaciones de los agricultores no puede tener la consideración de fondos privados. Así pues, el hecho de que una parte de los pagos efectuados en 2008 esté financiada por cotizaciones de los agricultores no impide considerar que se trata de ayudas de Estado financiadas por recursos imputables al Estado. 126 Además, al contrario de lo que afirma la República Helénica, la calificación de ayuda de Estado no se refiere a las cotizaciones pagadas por los agricultores, sino a los pagos efectuados en 2008. Pues bien, a este respecto, es preciso recordar que, en el marco de los motivos primero y segundo, se ha señalado que ni el carácter compensatorio de las medidas ni su justificación por un objetivo social impiden que los pagos efectuados por el ELGA se consideren una ventaja. 127 Además, la República Helénica admite que las cotizaciones pagadas por los agricultores no son proporcionales al riesgo y que es posible que determinados agricultores paguen una cotización sin ser beneficiarios de pagos compensatorios efectuados por el ELGA. Los pagos efectuados en 2008 eran, por tanto, independientes de las cotizaciones pagadas por los agricultores y constituían una ventaja que la empresa beneficiaria no habría podido obtener en condiciones normales de mercado. 128 De lo anterior resulta que la Comisión consideró fundadamente que los pagos efectuados por el ELGA en 2008 eran ventajas financiadas por medio de recursos estatales, aun cuando estuvieran financiadas parcialmente por contribuciones de los agricultores. La República Helénica no ha probado que la Comisión haya cometido un error al calificar estos pagos de ayudas de Estado. [...] 130 De la Decisión [controvertida] se desprende que los pagos compensatorios efectuados por el ELGA en 2009, por un importe total de 415019452 euros, se efectuaron sobre la base del Decreto interministerial. Procede recordar que el Decreto interministerial preveía compensaciones por importe de 425 millones de euros, a título excepcional, para daños producido en 2008 y que, para pagar estas compensaciones, el ELGA iba a contratar un préstamo con un banco, con la garantía del Estado, por la totalidad de este importe [...]. 131 De ello se desprende que la Comisión consideró acertadamente que los pagos compensatorios efectuados en 2009 no se habían financiado a través de cotizaciones pagadas por el régimen de seguro obligatorio del ELGA [...]. 132 Por tanto, al contrario de lo que sostiene la República Helénica, no puede considerarse que las cotizaciones pagadas en 2009 por los agricultores por el régimen de seguro obligatorio financian una parte de las ayudas pagadas en 2009.»