Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Reglamento que establece un derecho antidumping sobre las importaciones de un país que no tiene economía de mercado ° Productores y exportadores del país de que se trate

(Tratado CE, art. 173)

2. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Fijación de los derechos antidumping ° Establecimiento de un derecho único para todas las importaciones procedentes de un país que no tiene economía de mercado ° Legalidad ° Requisitos

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, arts. 2, ap. 14, letra b), y 13, ap. 2]

3. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Fijación de los derechos antidumping ° Trato individual a las empresas exportadoras de un país que no tiene economía de mercado ° Requisitos ° Prueba de la independencia de las empresas respecto al Estado ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Control jurisdiccional ° Límites ° Imposibilidad de invocar la protección de la confianza legítima

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo]

4. Derecho comunitario ° Principios ° Derecho de defensa ° Respeto en el marco de los procedimientos administrativos ° Antidumping

5. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Fijación de los derechos antidumping ° Establecimiento sobre la base de una media ponderada del margen de dumping del único exportador que cooperó en la investigación y del margen de dumping calculado para los demás exportadores de un país que no tiene economía de mercado ° Importe del derecho que excede del margen de dumping calculado para el exportador que cooperó ° Legalidad

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 13, ap. 3]

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1. Los Reglamentos que establecen derechos antidumping, aun cuando tengan por su naturaleza y alcance, carácter normativo, pueden afectar directa e individualmente a aquellos productores y exportadores a los que se imputan las prácticas de dumping.

A este respecto, los actos por los que se establecen derechos antidumping pueden afectar individualmente a las empresas que puedan demostrar que fueron individualizadas en los actos de la Comisión o del Consejo o resultaron afectadas por los actos preparatorios.

Por otra parte, debe considerarse que esas mismas empresas resultan directamente afectadas por el Reglamento considerado cuando éste no deja ninguna facultad de apreciación a las autoridades nacionales, ya que su ejecución por dichas autoridades tiene un carácter puramente automático y no se efectúa en virtud de normas nacionales intermedias, sino únicamente en virtud de la normativa comunitaria.

2. Una política que tiene como resultado el establecimiento de un derecho antidumping único para todo un país no es contraria ni a la letra, ni al objeto, ni al espíritu del Reglamento antidumping de base nº 2423/88, si dicha política es necesaria a la Comunidad para protegerse contra un dumping y contra el riesgo de que se eludan las medidas de defensa.

En efecto, en el Reglamento de base no hay ninguna disposición que prohíba establecer un derecho antidumping único para los países de comercio de Estado. Si bien es cierto que tanto del sistema como del objeto del apartado 2 del artículo 13 de dicho Reglamento, que dispone que los Reglamentos antidumping, "indicarán, en particular, el importe y el tipo de derecho establecido, el producto afectado, el país de origen o de exportación, el nombre del proveedor, si fuera posible, y los motivos en que se basen", resulta que la obligación de indicar el nombre del proveedor implica en principio la obligación de fijar un derecho antidumping específico para cada proveedor, el legislador ha limitado explícitamente esta obligación de precisión a los casos en que ello es posible. Pues bien, no es posible indicar el nombre de cada proveedor si, para evitar el riesgo que se eludan los derechos antidumping, hay que establecer un derecho único para todo un país, que es lo que ocurre cuando, tratándose de un país de comercio de Estado, las Instituciones comunitarias, tras haber examinado la situación de los exportadores de que se trate, no están convencidas de que estos últimos actúen de manera independiente frente al Estado.

En lo que se refiere al objeto del Reglamento, éste es, entre otras cosas, proteger a la Comunidad contra las importaciones que sean objeto de dumping. En cuanto al espíritu del Reglamento, si bien de sus diferentes disposiciones resulta que, como regla general, el valor normal y los precios de exportación deben establecerse individualmente para cada exportador, eso no quiere decir que las Instituciones comunitarias están obligadas a hacerlo en cada caso, ni que están obligadas a establecer un derecho antidumping individual para cada exportador. El espíritu del Reglamento deja una gran discreción a las Instituciones comunitarias para decidir cuándo la solución más adecuada es conceder un contrato individual a los exportadores afectados. Esto se desprende, entre otras disposiciones, de la letra b) del apartado 14 del artículo 2 y del apartado 2 del artículo 13, que dejan a las Instituciones comunitarias la posibilidad de fijar una media ponderada de los márgenes de dumping y por tanto un margen de dumping único para todo un país, así como de establecer un derecho antidumping único para ese país.

3. La cuestión de si un exportador de un país de comercio de Estado actúa de manera suficientemente independiente respecto a ese Estado como para que, en el marco de un procedimiento antidumping, se le conceda un trato individual, supone la apreciación de situaciones de hecho complejas, que son tanto de tipo económico como político y jurídico.

A este respecto, y como para las cuestiones económicas complejas, las Instituciones disponen, para la evaluación de situaciones de hecho de tipo político y jurídico en un país de comercio de Estado, de una amplia facultad de apreciación y el control jurisdiccional de dicha apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder.

Por otra parte, si bien cualquier operador económico al que una Institución haya hecho concebir esperanzas fundadas tiene la posibilidad de invocar el principio de la protección de la confianza legítima, no está justificado que los operadores económicos confíen legítimamente en el mantenimiento de una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las Instituciones comunitarias. Por tanto, una empresa no puede confiar legítimamente en que las Instituciones comunitarias no modifiquen su política relativa al trato individual si la experiencia muestra que tal modificación es necesaria para encontrar una solución satisfactoria a los problemas creados por las prácticas de dumping imputadas a los exportadores de países de comercio de Estado.

4. El derecho de defensa se respeta siempre que la empresa interesada haya estado en condiciones, durante el procedimiento administrativo, de manifestar su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegados.

5. Según el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88, el importe de los derechos antidumping no puede sobrepasar el margen de dumping provisionalmente estimado o definitivamente establecido y debe ser inferior si el derecho así reducido es suficiente para hacer desaparecer el perjuicio.

A este respecto, si bien, a primera vista, puede parecer injusto imponer al único exportador de un país de comercio de Estado que aceptó cooperar en la investigación un derecho antidumping más elevado que el margen establecido para sus propias exportaciones, calculado sobre la base de una media ponderada de dicho margen y del margen de dumping calculado para las demás exportaciones, no puede reprocharse a las Instituciones el haber incurrido, al actuar así, en un error manifiesto de apreciación de los hechos y haber infringido el apartado 3 del artículo 13, dado que, por un lado, esta política de las Instituciones comunitarias no es contraria al texto, ni al objeto, ni al espíritu del Reglamento antidumping de base, que, por otro lado, ese exportador no reúne los requisitos necesarios para que se le conceda un trato individual y que, por último, la letra b) del apartado 14 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base ofrece a las Instituciones comunitarias la posibilidad de establecer una media ponderada de los márgenes de dumping, y, por tanto, un margen de dumping único para todo un país.