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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 283/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 18 de mayo de 2017 — Simone Künnecke y otros/TUIfly GmbH

(Asunto C-284/17)

(2017/C 283/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Simone Künnecke, Thomas Küther, Antonia Künnecke, Moritz Künnecke

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 249/16

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 20 de marzo de 2017 — Manuela Maturi y otros/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(Asunto C-142/17)

(2017/C 249/25)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera

Recurrida: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Cuestión prejudicial

¿Es incompatible con el principio de no discriminación por razón del sexo, previsto en la Directiva 2006/54 (1) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 21), la normativa nacional recogida en el artículo 3, apartado 7, del Decreto-Ley n.o 64, de 30 de abril de 2010, convertido en la Ley n.o 100 de 29 de junio de 2010, según el cual «para los trabajadores del sector de espectáculos comprendidos en la categoría de bailarines, la edad de jubilación de hombres y mujeres se fija en la fecha en que cumplan los 45 años, utilizándose, en el caso de los trabajadores a los que se aplica íntegramente el sistema contributivo o mixto, el coeficiente de transformación previsto en el artículo 1, apartado 6, de la Ley n.o 335 de 8 de agosto de 1995, correspondiente a la edad superior. En los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición, los trabajadores contratados por tiempo indefinido que hubieran alcanzado o superado la edad de jubilación podrán ejercer la opción, renovable anualmente, de permanecer en su puesto de trabajo. Dicha opción deberá ejercitarse presentando una solicitud formal al ENPALS en los dos meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición o al menos tres meses antes de la adquisición del derecho a pensión, sin perjuicio del límite máximo, a efectos de la pensión de jubilación, de 47 años para las mujeres y 52 para los hombres»?

(1) Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23).
2)

¿Debe interpretarse el punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE […] en el sentido de que existe un “suministro no solicitado” cuando un operador de telefonía móvil solicita a su cliente el pago de los servicios de contestador y de internet en una situación caracterizada por los siguientes elementos: — en el momento de la celebración del contrato de telefonía móvil el operador de telefonía no informó correctamente al consumidor de que los servicios de contestador y de internet estaban preactivados en la SIM, de modo que el consumidor podía utilizarlos directamente sin necesidad de realizar una operación de configuración específica (setting); — no obstante, para disfrutar efectivamente de tales servicios el consumidor debe realizar determinadas operaciones (por ejemplo, marcar el número del contestador o pulsar sobre los iconos o las teclas que activan la navegación por internet); — no se censuran las modalidades técnicas y operativas a través de las cuales el consumidor accede efectivamente a tales servicios, ni es objeto de crítica la información relativa a dichas modalidades y al precio de los propios servicios, sino que únicamente se reprocha al operador que omitiera la información relativa a la preactivación de los servicios en la SIM?
1)

a) ¿Son nulos los apartados 1 y 7 del artículo 7 de la Directiva 2014/40/UE (1) en relación con el apartado 14 del mismo artículo 7 de esta Directiva, por vulnerar el principio de seguridad jurídica, al imponer a los Estados miembros la obligación de prohibir la comercialización de determinados productos del tabaco sin indicar claramente cuáles exactamente de esos productos del tabaco han de quedar prohibidos desde el 20 de mayo de 2016 y cuáles sólo a partir del 20 de mayo de 2020? b) ¿Son nulos los apartados 1 y 7 del artículo 7 de la Directiva 2014/40/UE en relación con el apartado 14 del mismo artículo 7 de esta Directiva, por vulnerar el principio de igualdad de trato, al diferenciar según el volumen de ventas en lo que respecta a las prohibiciones que han de establecer los Estados miembros sin que exista base alguna que lo justifique? c) ¿Son nulos los apartados 1 y 7 del artículo 7 de la Directiva 2014/40/UE por vulnerar el principio de proporcionalidad o por infringir el artículo 34 TFUE, al imponer a los Estados miembros la obligación de prohibir ya desde el 20 de mayo de 2016 la comercialización de productos del tabaco con aroma característico cuyas ventas a escala de la Unión representen menos del 3 % de una categoría de producto particular? d) En caso de respuesta negativa a las preguntas a), b) y c): ¿Qué debe entenderse por el término «categoría de producto» del artículo 7, apartado 14, de la Directiva 2014/40/UE? ¿La división en «categorías de producto» debe efectuarse atendiendo a la clase de aroma característico o a la clase de producto del tabaco (aromatizado), o a una combinación de ambos criterios? e) En caso de respuesta negativa a las preguntas a), b) y c): ¿Cómo debe determinarse si se ha alcanzado el umbral del 3 % establecido en el artículo 7, apartado 14, de la Directiva 2014/40/UE respecto de un producto del tabaco determinado, cuando no existen al respecto cifras ni estadísticas oficiales y accesibles al público?
6)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial y afirmativa a la cuarta cuestión prejudicial ¿puede interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que, sin embargo, no se opone a que se conceda una indemnización equivalente a la compensación que el empleado habría percibido por las vacaciones anuales por el hecho de que la naturaleza de la actividad ejercida por los cuidadores infantiles impide que disfruten de tales vacaciones o, aunque formalmente se concedan las vacaciones, en la práctica el empleado continúa ejerciendo la misma actividad cuando no se permite la separación, en el periodo de que se trata, del menor que está a su cuidado? En caso afirmativo ¿es necesario, para tener derecho a la indemnización, que el empleado haya solicitado la separación del menor y el empleador no se la haya concedido?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 221/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 13 de abril de 2017 — Eberhard Schmeer/TUIfly GmbH

(Asunto C-203/17)

(2017/C 221/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eberhard Schmeer

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 221/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 13 de abril de 2017 — Helga Krüsemann y otros/TUIfly GmbH

(Asunto C-195/17)

(2017/C 221/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Helga Krüsemann, Gabriele Heidenreich, Doris Manneck, Rita Juretschke

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2)

¿Constituye una violación de los principios y de las libertades económicas consagrados por el Tratado el derecho exclusivo atribuido a la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por el Decreto-ley n.o 322/91, de 26 de agosto, en la versión modificada por el Decreto-ley n.o 469/99, de 6 de noviembre, por el Decreto n.o 12790, de 30 de noviembre de 1926, por el Decreto-ley n.o 40397, de 24 de noviembre de 1955, por el Decreto-ley n.o 84/85, de 28 de marzo, modificado y [publicado de nuevo] por el Decreto-ley n.o 317/2002, de 17 de diciembre, y por el Decreto-ley n.o 282/2003, de 8 de noviembre?
3)

¿Se opone el artículo 56 CE (actualmente artículo 63 TFUE) a que no se conceda a un fondo de inversión establecido en los Países Bajos la devolución del impuesto sobre los dividendos neerlandés que se retiene sobre los dividendos que ha percibido de entidades establecidas en los Países Bajos por el hecho de que este fondo no reparte íntegramente con carácter anual los rendimientos de sus inversiones entre sus socios o partícipes a más tardar en el octavo mes siguiente al cierre del ejercicio económico, aun cuando en el país donde está establecido, en virtud de la legislación en vigor en el mismo, los rendimientos de sus inversiones, en la medida en que no hayan sido repartidos, (a) se consideran repartidos y/o (b) son tratados en la tributación de los socios o partícipes en dicho país como si el beneficio sí hubiera sido repartido, mientras que sí se concede tal devolución a un organismo de inversión fiscal domiciliado en los Países Bajos que reparte íntegramente con carácter anual, previa retención del impuesto neerlandés sobre los dividendos, los rendimientos de sus inversiones entre sus socios o partícipes?
1)

¿Un sistema legal nacional de monopolio sobre los juegos de azar debe considerarse coherente en el sentido de los artículos 56 TFUE y siguientes cuando ha quedado acreditado que un procedimiento judicial en el que a) los hechos pueden establecerse y apreciarse haciendo referencia a las pruebas presentadas por organismos públicos y por personas privadas, partes en el procedimiento, y en hechos públicos y notorios (véase en ese sentido el asunto C-685/15) y b) el análisis jurídico efectuado por otros órganos jurisdiccionales del orden jurídico interno que no se basan en un control de coherencia autónomo no resulta vinculante (véase a este respecto el asunto C-589/16) y que, rodeado de esas precauciones, se presume por tanto que cumple el principio del procedimiento equitativo del artículo 6 del CEDH y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha establecido los puntos esenciales del contexto en el que se inscribe ese régimen legal determinando que — la adicción al juego no representa un problema social que justifique la intervención del Estado, — los juegos de azar prohibidos no están tipificados como delito sino (con independencia de su frecuencia) como una infracción administrativa, — los ingresos que el Estado obtiene de los juegos de azar superan los 500 millones de euros (= 0,4 % del total del presupuesto) y — la publicidad efectuada por los concesionarios se dirige principalmente a incitar la participación de nuevos jugadores?
12)

¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE, a la luz también del derecho a un procedimiento equitativo del artículo 41, apartado 1, del derecho a ser oído del artículo 41, apartado 2, letra a), y de la obligación de motivación del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, así como de la cláusula de lealtad del artículo 4 TUE, apartado 3, y de la autonomía institucional y procesal de los Estados miembros, en el sentido de que no se cumplen tales exigencias si la autoridad competente del Estado miembro no comunica al operador de juegos de azar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio con arreglo a la normativa nacional, ni tampoco recaba posteriormente, en el curso del procedimiento administrativo, la opinión de aquél sobre la conformidad de la normativa del Estado miembro con el Derecho de la Unión, y, sin explicar en detalle, en la motivación de su decisión, tal conformidad y las pruebas que la respaldan, impone, en un procedimiento de instancia única, una sanción calificada de administrativa por el Derecho nacional?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 104/27

Petición de decisión prejudicial planteada por el Obersten Gerichtshofs (Austria) el 19 de diciembre de 2016 — Peter Valach y otros/Waldviertler Sparkasse Bank AG y otros

(Asunto C-649/16)

(2017/C 104/40)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Demandada: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (1) en el sentido de que una demanda basada en derechos indemnizatorios por responsabilidad penal, contra los miembros de una junta de acreedores por una votación ilícita relativa a un plan de saneamiento en un procedimiento de insolvencia, presentada por los titulares de participaciones sociales de la deudora común (como los demandantes n.o 1 y n.o 2) y unas sociedades de proyectos que mantienen relaciones comerciales con la deudora común (como los demandantes n.o 3 a n.o 7), es de carácter concursal a efectos del artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012 y, por tanto, está excluida de su ámbito de aplicación material?

(1) DO L 351, p. 1.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, (1) en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro a efectos del artículo 3 de la Directiva que, en circunstancias como las del caso de autos, recibe intereses de una filial establecida en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos intereses a efectos de la Directiva? 1.1 ¿Debe interpretarse el concepto de «beneficiario efectivo» mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, de acuerdo con el correspondiente concepto contemplado en el artículo 11 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE de 1977? 1.2 En caso de respuesta afirmativa a la cuestión planteada en el punto 1.1, ¿debe entonces interpretarse dicho concepto exclusivamente a la luz de los comentarios al artículo 11 del Modelo de Convenio Tributario de 1977 (párrafo 8), o pueden incorporarse a la interpretación comentarios posteriores, incluyendo los añadidos realizados en 2003 respecto a las «sociedades instrumentales» (párrafo 8.1, actualmente párrafo 10.1), y los añadidos de 2014 en cuanto a las «obligaciones contractuales o legales» (párrafo 10.2)? 1.3 Si pueden incorporarse a la interpretación los comentarios de 2003, ¿es un requisito para considerar que una sociedad no es un «beneficiario efectivo» en el sentido de la Directiva 2003/49/CE que se haya producido una canalización real de fondos hacia las personas que el Estado en el que está domiciliado el pagador de intereses considera «beneficiarios efectivos» de los intereses en cuestión, y —en tal caso— es un requisito adicional que la transferencia real se produzca en un momento cercano en el tiempo al pago de los intereses y/o se produzca como pago de intereses? 1.3.1 ¿Qué importancia tiene, a este respecto, que se use para el préstamo capital propio; que los intereses en cuestión se acumulen al principal («intereses capitalizados»); que el receptor de los intereses haya tributado por esos intereses en el Estado en el que está domiciliado el pagador de los intereses; que el receptor de los intereses haya realizado posteriormente una transferencia interna a su sociedad matriz domiciliada en el mismo Estado con objeto de ajustar los ingresos a efectos fiscales con arreglo a las normas vigentes en dicho Estado; que los intereses se conviertan seguidamente en capital en la sociedad prestataria; y que el receptor de los intereses tuviera una obligación legal o contractual de transmitir los intereses a otra persona? 1.4 ¿Qué importancia tiene, para determinar si el receptor de los intereses debe considerarse un «beneficiario efectivo» a efectos de la Directiva, que el órgano jurisdiccional remitente, tras apreciar los hechos del caso de autos, llegue a la conclusión de que el receptor —sin tener la obligación contractual o legal de transmitir a otra persona los intereses recibidos— no tenía el «pleno» derecho de «uso y disfrute» de los intereses a que se refieren los comentarios de 2014 al Modelo de Convenio Tributario de 1977?
5)

En circunstancias como las del procedimiento principal, en que mediante la Decisión n.o 73, de 20 de junio de 2014, del Consejo de Administración del BNB se suspendieron todos los pagos y operaciones y, en el período comprendido entre el 20 de junio y el 6 de noviembre de 2014, los depositantes no pudieron presentar solicitudes de reintegro ni acceder a sus depósitos, ¿debe considerarse que todos los depósitos garantizados a la vista (de los que se puede disponer sin preaviso y que se han de reembolsar inmediatamente cuando así se solicite) no están disponibles en el sentido del artículo 1, apartado 3, inciso i) de la Directiva 94/19, o exige el requisito de que el depósito «haya vencido y sea pagadero pero todavía no haya sido pagado por una entidad de crédito» que los depositantes hayan reclamado el pago a la entidad de crédito (mediante solicitud o requerimiento) y no se haya dado curso a su petición?