En efecto, el artículo 23, apartado 1, de la referida Directiva especifica el calendario de liberalización por lo que respecta al suministro de gas natural y, en particular, prevé que los Estados miembros deben garantizar que los clientes cualificados, es decir, aquellos que tienen derecho a elegir libremente a sus proveedores, sean, a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes. La antedicha disposición se refiere al suministro de gas natural y no a su distribución. Por tanto, no puede deducirse de ella ninguna obligación de los Estados miembros de poner fin a los contratos de distribución adjudicados sin procedimiento ninguno de licitación. Además, la Directiva 2003/55 no contiene ninguna disposición relativa a las concesiones de distribución de gas natural ya existentes.

Los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, no se oponen a que la normativa de un Estado miembro, dirigida a aplicar las normas comunes para el mercado interior del gas natural por medio de una finalización anticipada, al término de un período de transición, de las concesiones de distribución de gas natural adjudicadas sin procedimiento de licitación, prevea la prolongación, sujeta a determinados requisitos, de la duración del referido período transitorio, siempre que dicha prolongación pueda considerarse necesaria para permitir a las partes contratantes poner fin a sus relaciones contractuales de forma aceptable tanto desde el punto de vista de las exigencias del servicio público como desde el punto de vista económico.

A pesar del hecho de que una concesión de servicio público como la antedicha no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de las directivas relativas a las diferentes categorías de contratos públicos, cuando las autoridades públicas tienen la intención de adjudicar una concesión de esas características están, no obstante, obligadas a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad. Más concretamente, en la medida en que una concesión de esas características presente un interés transfronterizo cierto, su adjudicación, sin transparencia alguna, a una empresa establecida en el Estado miembro de la entidad adjudicadora constituye una diferencia de trato en perjuicio de las empresas situadas en otro Estado miembro que puedan estar interesadas en dicha concesión. Si no está justificada por circunstancias objetivas, dicha diferencia de trato que, al excluir a todas las empresas establecidas en otros Estados miembros, opera principalmente en perjuicio de éstas, constituye una discriminación indirecta por la nacionalidad, prohibida con arreglo a los artículos 43 CE y 49 CE. Por otra parte, el artículo 86 CE, apartado 1, se opone a que los Estados miembros, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, mantengan en vigor una normativa nacional contraria a los artículos 43 CE y 49 CE.

No obstante una diferencia de trato como la anteriormente referida puede estar justificada por la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica, principio que forma parte del ordenamiento jurídico comunitario y que se impone a cualquier autoridad nacional que deba aplicar el Derecho comunitario. Habida cuenta de que la Directiva 2003/55, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30, no prevé la revisión de las concesiones de distribución de gas existentes, de que el caso de autos se refiere a una antigua concesión que estaba llamada a surtir efecto durante varias décadas y de que dicha concesión fue adjudicada en una época en la que el Tribunal de Justicia aún no había declarado que los contratos que presentaban un interés transfronterizo cierto podrían estar sujetos a obligaciones de transparencia derivadas del Derecho primario, el principio de seguridad jurídica que, en particular, exige que las normas jurídicas sean claras, precisas y previsibles en sus efectos, no sólo permite sino que también exige que la resolución de una concesión de esas características vaya acompañada de un período transitorio que permita a las partes contratantes poner fin a sus relaciones contractuales de forma aceptable tanto desde el punto de vista de las exigencias del servicio público como desde el punto de vista económico. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en particular, la prolongación de la duración del período transitorio, establecida por una normativa de Derecho interno, puede considerarse necesaria a efectos de respetar el principio de seguridad jurídica.

(véanse los apartados 57 a 61, 64, 65 y 67 a 73 y el punto 2 del fallo)