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El Tribunal General resumió los antecedentes del litigio del siguiente modo en los apartados 1 a 5 de la sentencia recurrida: «1 Las demandantes, [Nexans] y su filial al 100 % [Nexans France], son dos sociedades francesas que desarrollan su actividad en el sector de los cables eléctricos. 2 Mediante [la Decisión controvertida], la Comisión de las Comunidades Europeas ordenó a Nexans y a todas las empresas sujetas de forma directa o indirecta a su control, incluida Nexans France, que se sometieran a una inspección con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento [no 1/2003]. 3 El artículo 1 de la Decisión [controvertida] es del siguiente tenor literal: “Nexans [...], y todas las empresas que estén directa o indirectamente sujetas a su control, incluida Nexans France [...], queda obligada por la presente decisión a someterse a una inspección en relación con su eventual participación en acuerdos contrarios a la competencia y/o prácticas concertadas contrarias al artículo 81 [CE] en relación con el suministro de cables eléctricos y material asociado, incluidos, entre otros, cables eléctricos submarinos de alta tensión y, en algunos casos, cables eléctricos subterráneos de alta tensión, que comprenden la licitación concertada en concursos públicos, la asignación de clientes y el intercambio ilícito de información comercialmente sensible sobre el suministro de dichos productos. La inspección podrá llevarse a cabo en cualquier lugar controlado por la empresa […] Nexans […], y todas las empresas que estén directa o indirectamente sujetas a su control, incluida Nexans France […], autoriza a los funcionarios y demás personas acreditadas por la Comisión [para] proceder a una inspección y a los funcionarios y demás personas acreditadas por la autoridad de defensa de la competencia del Estado miembro [para] ayudarles o, designadas por él a dichos efectos, para acceder a todos los locales y medios de transporte durante el horario normal de oficina. Presentará para su examen los libros y toda documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material, que los funcionarios y demás personas acreditadas soliciten y les permitirá examinarlos in situ y hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación. Autoriza que se coloquen precintos en cualquiera de los locales comerciales y libros o documentación de la empresa durante la inspección y en la medida necesaria para llevarla a cabo. Cuando los funcionarios y demás personas acreditadas se lo soliciten, facilitará inmediatamente in situ explicaciones orales sobre el objeto y la finalidad de la inspección y facultará a todos los representantes y trabajadores al efecto. Autoriza que se registren, de cualquier forma, tales explicaciones.” 4 En el artículo 2 de la decisión [controvertida] la Comisión precisa que la inspección podrá comenzar el 28 de enero de 2009. El artículo 3 de la citada decisión señala que la decisión controvertida se notificará a la empresa destinataria inmediatamente antes de la inspección. 5 La decisión [controvertida] incluye la siguiente motivación: “La Comisión ha recibido cierta información según la cual los proveedores de cables eléctricos, incluidas las empresas a las que se dirige la presente decisión, participan o han participado en acuerdos o prácticas concertadas en relación con el suministro de cables eléctricos y materiales asociados, incluidos, entre otros, cables submarinos de alta tensión y, en algunos casos, cables eléctricos subterráneos de alta tensión, que comprenden la licitación concertada en concursos públicos, la asignación de clientes y el intercambio ilícito de información comercialmente sensible sobre el suministro de dichos productos. [...] Según la información recibida por la Comisión, dichos acuerdos o prácticas concertadas […], que se establecieron, a más tardar, en 2001, siguen en vigor. [Es] probable que su alcance sea mundial. Si se demuestra que estas alegaciones están fundadas, los acuerdos o prácticas concertadas descritas supra constituirían infracciones muy graves del artículo 81 [CE]. Con el fin de que la Comisión pueda comprobar todos los hechos relacionados con los presuntos acuerdos y prácticas concertadas y el contexto en el que se han llevado a cabo, procede llevar a cabo inspecciones conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento […] no 1/2003. [...]”»