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Dado que ninguna disposición del Reglamento no 715/2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento no 1775/2005, establece expresamente una obligación de ofrecer una capacidad virtual de transporte de gas en sentido inverso, para demostrar que tal obligación se desprende implícitamente de las disposiciones de dicho Reglamento no puede realizarse una interpretación dirigida a corregirlas, pese a su tenor literal claro y preciso, y a ampliar por medio de tal interpretación las correspondientes obligaciones de los Estados miembros.

Pues bien, dicha obligación no puede deducirse del tenor ni de la sistemática de los artículos 14, apartado 1, y 16, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento no 715/2009, según corroboran los trabajos preparatorios de los Reglamentos nos 1775/2005, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural, y 715/2009.

(véanse los apartados 34, 35 y 51)
Los artículos 52 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que exige la residencia en el territorio nacional a los ciudadanos de la Unión Europea que deseen obtener un título náutico de recreo en dicho Estado miembro.

En efecto, tal normativa nacional —que, por un lado, disuade a los nacionales de la Unión que no residen en ese Estado miembro de desplazarse a éste para seguir una formación con el fin de obtener un título náutico expedido por dicho Estado y, por otro lado, hace que los servicios prestados por las escuelas náuticas resulten menos atractivos para los alumnos no residentes, dado que éstos no pueden presentarse al examen para la obtención del título náutico en dicho Estado miembro ni obtener tal título— constituye una restricción de la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 56 TFUE, apartado 1.

El objetivo de seguridad y de orden público constituye un objetivo legítimo que podría, en principio, justificar una restricción de la libre prestación de servicios, sin embargo, también es necesario que la aplicación de una medida sea adecuada para garantizar la realización del ese objetivo y no vaya más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo. Tal objetivo no puede justificar el requisito de residencia controvertido. En efecto, para poder invocar esa justificación es necesario que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

Por otro lado, el requisito de residencia, que no presenta relación alguna con la formación seguida ni con la capacidad de navegar, no contribuye en sí mismo a la consecución del objetivo perseguido, a saber, garantizar la seguridad de la navegación en el mar. En efecto, el objetivo de garantizar un mejor nivel de seguridad en el mar puede cumplirse por medios menos restrictivos de la libre prestación de servicios, en particular fijando en un nivel elevado el umbral exigido por el examen para la obtención del título náutico.

(véanse los apartados 17, 18, 20, 21, 23 y 24 y el fallo)
El artículo 28, apartado 2, letra b), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, y con las modificaciones introducidas por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que la legislación a la que el titular haya estado sometido durante el mayor período de tiempo, a la que se hace referencia en esta disposición, es la legislación en materia de pensiones o de rentas.

En efecto, en virtud de los artículos 27, 28 y 28 bis de este Reglamento, la institución del lugar de residencia sirve las prestaciones en especie a los titulares de las pensiones o rentas por cuenta y a cargo de la institución de uno de los Estados miembros competentes en materia de pensiones. De ello se desprende que el sistema establecido por estas disposiciones crea un vínculo entre la competencia para abonar las pensiones o las rentas y la obligación de sufragar las prestaciones de enfermedad y de maternidad en especie, siendo esta obligación accesoria a una competencia efectiva en materia de pensiones o de rentas. Tal sistema permite evitar que se penalice a los Estados miembros cuya legislación concede un derecho a prestaciones de enfermedad y de maternidad basado únicamente en la residencia en su territorio.

Además, esta interpretación resulta corroborada por el artículo 33 de dicho Reglamento y por el artículo 95 del Reglamento no 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71. Así, la primera de estas disposiciones permite al Estado miembro que es deudor de una pensión o de una renta y que aplique una legislación que prevea la retención de cuotas para la cobertura de las prestaciones de enfermedad y de maternidad practicar estas retenciones sobre la pensión o la renta que deba cuando dichas prestaciones sean dispensadas a su cargo en el Estado miembro de residencia del titular. En lo que respecta al artículo 95 del Reglamento no 574/72, de esta disposición se desprende que las prestaciones de enfermedad y de maternidad en especie servidas a los titulares de pensiones o de rentas en su Estado de residencia serán, en cualquier caso, a cargo del Estado miembro deudor de la pensión, que soporta así lo esencial del riesgo correspondiente a la dispensación de las prestaciones de enfermedad en especie en el Estado miembro en que reside el titular de una pensión o de una renta.

(véanse los apartados 46 a 48, 51, 52 y 56 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Cuestiones sin relación con el objeto del procedimiento principal

(Art. 267 TFUE)

2. Estados miembros — Competencias que conservan — Ámbito de las sanciones en materia de impuesto sobre el valor añadido — Obligación de ejercer esta competencia de conformidad con el Derecho de la Unión y sus principios generales

3. Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Principio de neutralidad fiscal — Alcance — Penalización por demora establecida por un Estado miembro contra el sujeto pasivo que no haya cumplido la obligación de contabilización — Regularización del incumplimiento — Pago del impuesto — Procedencia — Apreciación de determinadas circunstancias por el órgano jurisdiccional nacional a la luz de los artículos 242 y 273 de la Directiva 2006/112/CE, y a la luz del principio de proporcionalidad

(Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 242 y 273)

Índice

1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 27)

2. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 31)

3. El principio de neutralidad fiscal no se opone a que la administración tributaria de un Estado miembro imponga a un sujeto pasivo que no ha cumplido en el plazo previsto por la legislación nacional su obligación de contabilizar y de declarar circunstancias que afectan al cálculo del impuesto sobre el valor añadido por él devengado una multa igual a la cuota tributaria no satisfecha en dicho plazo, cuando el sujeto pasivo ha regularizado posteriormente el incumplimiento y ha abonado la totalidad de la cuota adeudada más los intereses correspondientes. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la luz de los artículos 242 y 273 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, si la cuantía de la sanción impuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de garantizar la recaudación exacta del impuesto y prevenir el fraude, teniendo en cuenta las circunstancias del litigio principal y, en particular, el plazo en el que se ha rectificado la irregularidad, la gravedad de la irregularidad y la posible existencia de un fraude o de una elusión de la normativa aplicable imputable al sujeto pasivo.

En efecto, los justiciables no pueden prevalerse del Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. Sin embargo, ha de señalarse que el pago con retraso del IVA no puede, per se , equipararse a un fraude.

(véanse los apartados 41 a 43 y el fallo)
69

En lo que atañe a la insuficiencia de la motivación, la Comisión reprocha al Tribunal General que se basase, para anular la Decisión controvertida, en el solo hecho, señalado en el apartado 85 de la sentencia recurrida, de que la propia Comisión haya reconocido, en dicha Decisión, que la Ley no 67/2007 puede facilitar la obtención de una indemnización por daños y perjuicios por los licitadores perjudicados por un acto ilícito del poder adjudicador y, en sus escritos, que el legislador portugués no se conformó con derogar el Decreto-ley no 48.051, sino que, mediante la referida Ley, sustituyó su régimen jurídico por uno nuevo.
13

Asimismo, en el citado artículo 37, el Decreto-ley no 98/2011 introdujo también un apartado 1 ter con la siguiente redacción: «El responsable del servicio a que se refiere el apartado 1 bis será elegido entre personas cuya independencia y cualidades morales estén fuera de toda duda y que tengan reconocidas cualidades profesionales y competencia en el sector ferroviario; será nombrado por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del [Ministro], con arreglo al artículo 19, apartados 4, 5 bis y 6, del Decreto Legislativo no 165, de 30 de marzo de 2001, en su versión modificada. Esta propuesta se someterá previamente al dictamen de las comisiones parlamentarias competentes, que se pronunciarán en un plazo de 20 días a partir de la solicitud. Estas comisiones podrán proceder a la audiencia de la persona propuesta. El responsable del servicio a que se refiere el apartado 1 bis será nombrado por tres años, siendo dicho mandato renovable una vez solamente. El puesto de responsable del servicio citado en el apartado 1 bis no es compatible con mandatos electorales de naturaleza política; del mismo modo, no podrá nombrarse a nadie para este puesto si sus intereses, de cualquier tipo, son contrarios a las funciones de dicho servicio. So pena de inhabilitación, el responsable del servicio mencionado en el apartado 1 bis no podrá ejercer directa ni indirectamente actividad profesional o de consultoría alguna; no podrá ser administrador o trabajador de organismos públicos o privados ni ejercer otros cargos públicos ni tener intereses directos o indirectos en las empresas que operan en el sector. El actual director del servicio permanecerá en el puesto hasta la finalización de su mandato.»
43

Por lo que respecta a las versiones del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78 en las demás lenguas de la Unión, es preciso señalar que éstas mencionan explícitamente, al igual que la versión francesa reproducida en el apartado 40 de la presente sentencia, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a éstas. A título indicativo, la versión española de dicha disposición se refiere a «la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas»; la versión alemana de esta disposición emplea los términos «bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität»; la versión inglesa de esta disposición menciona «the fixing for occupational social security schemes of ages for admission or entitlement to retirement or invalidity benefits»; mientras que la versión polaca de la misma disposición utiliza los términos «ustalanie, dla systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, wieku przyznania lub nabycia praw do świadczeń emerytalnych lub inwalidzkich».
(11)

Por lo que respecta a las profesiones cubiertas por el régimen general de reconocimiento de títulos de formación, en lo sucesivo denominado “el régimen general”, los Estados miembros deben conservar la facultad de fijar el nivel mínimo de cualificación necesaria para garantizar la calidad de las prestaciones que se realicen en su territorio. [...] No obstante, este régimen general no impide que un Estado miembro imponga a toda persona que ejerza una profesión en su territorio requisitos específicos motivados por la aplicación de las normas profesionales justificadas por el interés general. Éstas se refieren, en particular, a las normas en materia de organización de la profesión, a las normas profesionales, incluidas las deontológicas, y a las normas de control y de responsabilidad. [...]»
27

Con carácter preliminar, debe señalarse que BEST pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie de oficio, por una parte, sobre si el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva en materia de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), se opone al registro de una marca que es entendida como promocional o sugerente. Por otra parte, BEST insta al Tribunal de Justicia a que responda a la cuestión de si la protección concedida al nombre comercial por el artículo 8 del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de la Naciones Unidas, vol. 828, no 11851, p. 305), en relación con los artículos 1 y 2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado en virtud de la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), está sujeta a la condición de que pueda constatarse que ese nombre comercial tiene carácter distintivo.
11

El Reglamento de Ejecución establece la ampliación del derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento no 91/2009 a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia. Así, el artículo 1 del Reglamento de Ejecución dispone: «1. El derecho antidumping definitivo aplicable a “todas las demás empresas” que se estableció mediante el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) no 91/2009 a las importaciones [de los productos de que se trata] originarios de la República Popular China, se amplía a las importaciones [de los productos de que se trata] procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de este país, e incluidos actualmente en los códigos de la nomenclatura combinada ex 7318 12 90, ex 7318 14 91 […] (códigos TARIC […] 7318 12 90 91, […] 7318 14 91 91 […]), […] […] 3. El derecho ampliado mediante el apartado 1 del presente artículo se percibirá en relación con las importaciones del producto afectado expedido desde Malasia, haya sido declarado o no originario de este país, registradas conforme al artículo 2 del Reglamento (UE) no 966/2010, y al artículo 13, apartado 3, y al artículo 14, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1225/2009, excepto el fabricado por las empresas enumeradas en el apartado 1. […]»
37

Una vez precisado esto, procede recordar que el hecho de que el órgano jurisdiccional en cuyo ámbito competencial no actuó personalmente el presunto autor se vea imposibilitado para determinar su competencia con arreglo al lugar en que se ha producido el hecho causante no menoscaba en modo alguno la aplicabilidad de las reglas de competencia, tanto generales como especiales, establecidas por el Reglamento no 44/2001, en particular, la de su artículo 5, punto 1.
28

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿La repetición de lo indebido se incluye también en la materia civil en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 cuando una autoridad ordena a un Bundesland devolver a una víctima, en concepto de indemnización, una parte de los ingresos obtenidos por la venta de un inmueble, pese a haber abonado a dicha víctima, por un error accidental, todo el importe del precio de venta? 2) ¿Existe también relación estrecha entre varias demandas, como exige el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001, cuando los demandados invocan derechos adicionales a indemnización sobre los que únicamente cabe pronunciarse de manera uniforme? 3) ¿Es también aplicable el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 a demandados no domiciliados en la Unión Europea? En caso de respuesta afirmativa: ¿también si cabe que la resolución, sobre la base de acuerdos bilaterales con el Estado de emisión, no sea reconocida en el Estado de domicilio del demandado por la falta de competencia del órgano jurisdiccional que la dictó?»
16

Remitiéndose a la sentencia de 19 de noviembre de 2009, Don Bosco Onroerend Goed (C-461/08, Rec. p. I-11079), el Gerechtshof te Arnhem declaró que el vendedor había entregado un terreno no edificado dado que, en el momento de la entrega, el edificio había sido demolido en su totalidad y las partes habían acordado que el vendedor se ocuparía de la retirada del revestimiento del aparcamiento una vez efectuada la entrega. Asimismo, declaró que no podía considerarse que la parcela fuera un terreno edificable porque la demolición del edificio y la retirada del revestimiento del aparcamiento no podían constituir «obras» en el sentido del artículo 11, apartado 4, letra a), de la Ley del IVA. Además, las partes no habían acordado la realización de otras obras. Ese mismo órgano jurisdiccional estimó asimismo que los acondicionamientos existentes en las inmediaciones de la parcela de que se trata y que resultaban útiles a efectos de la nueva construcción no eran acondicionamientos en el sentido del artículo 11, apartado 4, letra c), de la citada Ley.
11

En su sentencia de 14 de julio de 2010, el tribunal administratif desestimó el referido recurso al considerar que, en el momento de su contratación, la Sra. Schmidt-Krier no cumplía el requisito de inscripción en la ADEM. Por lo que respecta a la vulneración del principio constitucional de igualdad de trato, dicho órgano jurisdiccional estimó que la situación de un desempleado residente en Luxemburgo, con derecho, por tanto, a inscribirse como demandante de empleo en la ADEM, no es comparable a la de un desempleado que, al no tener su domicilio en Luxemburgo, no puede inscribirse en Luxemburgo en dicha Administración, sino que debe, en cambio, inscribirse en la agencia de empleo del Estado miembro donde reside.
35

En estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), (Chancery Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Las referencias al “tipo impositivo” y a los “distintos niveles impositivos” en el apartado 56 de la sentencia Test Claimants in the FII Group Litigation, antes citada: a) ¿aluden exclusivamente a los tipos impositivos legales o nominales, o b) aluden tanto a los tipos efectivos de impuesto abonado como a los tipos impositivos legales o nominales, o c) tienen dichas expresiones un significado diferente y, en dicho caso, cuál? 2) ¿Sería distinta la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta planteadas en el asunto [que dio lugar a la sentencia Test Claimants in the FII Group Litigation, antes citada,] si: a) el impuesto sobre sociedades extranjero no es (o no es totalmente) pagado por la sociedad no residente que abona dividendos a la sociedad residente, dividendos repartidos con cargo a beneficios que comprenden dividendos pagados por su filial directa o indirecta residente en un Estado miembro y que se han repartido con cargo a beneficios por los que se ha abonado el impuesto en dicho Estado, y/o b) el [ACT] no es abonado por la sociedad residente que percibe los dividendos de una sociedad no residente, sino por su sociedad matriz residente directa o indirecta con motivo de la distribución posterior de los beneficios de la sociedad beneficiaria que comprenden directa o indirectamente los dividendos? 3) En las circunstancias descritas en la letra b) de la segunda cuestión prejudicial, ¿tiene derecho la sociedad que abona el ACT a formular una reclamación de devolución del impuesto indebidamente recaudado (sentencia San Giorgio[, antes citada]) o sólo una reclamación de indemnización por daños y perjuicios (sentencia Brasserie du pêcheur y Factortame[, antes citada])? 4) Cuando la legislación nacional controvertida no sea aplicable exclusivamente a situaciones en las que la sociedad matriz ejerce una influencia determinante sobre la sociedad que reparte el dividendo, ¿puede una sociedad residente invocar el artículo 63 TFUE con respecto a los dividendos percibidos de una filial sobre la que ejerce una influencia determinante y que es residente en un tercer país? 5) La respuesta del Tribunal de Justicia a la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto [que dio lugar a la sentencia Test Claimants in the FII Group Litigation, antes citada,] ¿resulta aplicable también cuando las filiales no residentes a las que no se ha podido realizar transferencia alguna no están sujetas al impuesto en el Estado miembro de la sociedad matriz?»
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de las disposiciones del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 94/908/CECA, CE, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994 (DO L 358, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación CE-Bulgaria» o «Acuerdo Europeo»); del artículo 3 del Protocolo adicional del Acuerdo Europeo, en lo referente a una prórroga del período establecido en el artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo Europeo (consilium 10827/02, en lo sucesivo, «Protocolo adicional»), en su versión modificada por la Decisión no 3/2006 del Consejo de Asociación UE-Bulgaria, de 29 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo, «Decisión UE-BG no 3/2006»); del título 2 del anexo V del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 2005, L 157, p. 203; en lo sucesivo, «Acta de adhesión») y del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 659/1999»).
11

Tras recibir información según la cual determinadas mercancías originarias de China habían sido declaradas indebidamente como procedentes de Macao para eludir el pago de un derecho de importación no preferente, el Hauptzollamt pidió a las autoridades competentes de Macao que efectuaran un control a posteriori de conformidad con el artículo 94 del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 1602/2000. En el marco de tales controles, las autoridades competentes de Macao confirmaron que habían expedido los certificados de origen respecto de la mercancía en cuestión, pero no pudieron comprobar la exactitud del contenido de los certificados, en la medida en que las sociedades que figuraban en los mismos como exportadoras habían cesado su producción, poniendo fin a su actividad. No obstante, las autoridades de Macao no declararon la invalidez de los certificados de origen.