2.

El punto XIII del Anexo I de la Directiva 77/62 no exige un control general del Estado sobre una empresa, que es una empresa pública precisamente por esta razón, sino un control específico del Estado que se refiere a los contratos públicos de suministros. ANA-EP está dispensada de la obligación de someter sus contratos de suministros a tal control específico. En este sentido, el Gobierno portugués observa, en primer lugar, que la letra c) del apartado 1 del artículo 13 del Decreto-Ley n° 260/76, en la versión del Decreto-Ley n° 29/84, no se aplica a los contratos de suministro. «La adquisición y venta de bienes» mencionadas en este artículo no incluyen los contratos a tanto alzado o de suministro. Se refieren sólo a las adquisiciones de inmuebles destinados a la instalación de servicios de las empresas públicas. En segundo lugar, esta disposición no se aplica a ANAEP porque, al tener un carácter general, el Decreto-Ley n° 29/84 no puede tener prioridad sobre la norma especial prevista por el artículo 2 del Anexo del Decreto-Ley n° 246/79, relativo al Estatuto de ANAEP. El Decreto-Ley n° 260/76 y los demás Decretos-Leyes específicos son, todos ellos, actos legislativos del mismo nivel en la jerarquía de las normas. La denominación «lei-básica», utilizada por la Comisión, no figura en la Constitución portuguesa, careciendo, por ello, de cualquier relevancia jurídica. Por último, el Gobierno portugués invoca las disposiciones constitutivas de ANAEP y, en particular, el artículo 4 del Decreto-Ley n° 246/79, el apartado 1 del artículo 34, el apartado 1 del artículo 26, el apartado 3 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 35, y el artículo 36 del Estatuto, antes citados, para mostrar que en el presente caso no se ejerce ningún control específico en el sentido del punto XIII. Por lo que respecta al primer argumento, la Comisión señala que la Directiva 77/62 no subordina su aplicación a la naturaleza del contrato celebrado. La Directiva sólo se aplica si se trata de un contrato público, es decir, un contrato celebrado en el marco de un procedimiento abierto o restringido, decidido por uno de los poderes adjudicadores definidos en la letra b) de su artículo 1. El requisito fundamental para que pueda considerarse a ANAEP como poder adjudicador es la existencia de un control del Estado sobre los contratos públicos de suministro. Es, pues, indiferente que el correspondiente contrato esté sujeto al Derecho privado según el ordenamiento jurídico nacional. La Comisión considera, sin embargo, que las condiciones en que se anunció la licitación indican que se trata de un contrato sometido al Derecho público. El pliego de cláusulas administrativas y, en particular, su artículo 24 se remiten, en efecto, a lo dispuesto por el citado Decreto-Ley n° 235/86. En relación con el segundo argumento, la Comisión niega que la expresión «control del Estado», utilizada en el citado punto XIII, exija un control específico del Estado. La Directiva 77/62 y su Anexo I plantean sólo como requisito que la adjudicación de contratos de suministro esté sometida a un control del Estado, cualquiera que sea el modo en que este se ejerza. El Estado portugués ejerce el control efectivo sobre ANAEP y también sobre su actividad contractual. En este sentido, la Comisión se refiere a las siguientes disposiciones: los artículos 3 y 4 del Decreto-Ley n° 246/79, el apartado 1 del artículo 5, el apartado 1 del artículo 8, el apartado 2 del artículo 9 A, y el apartado 2 del artículo 10 del Decreto-Ley n° 260/76, en la redacción resultante del Decreto-Ley n° 29/84, y los artículos 3, 5, 7, 14, 21 y 22, el apartado 2 del artículo 23, el artículo 31, el apartado 2 del artículo 35, y el artículo 36 del Estatuto de ANAEP, anexo al Decreto-Ley n° 246/79, antes citado. El Decreto-Ley n° 260/76 constituye, en efecto, la ley marco aplicable al conjunto de las empresas públicas. Los Decretos-Leyes específicos que crean tales empresas (como el Decreto-Ley n° 246/79) de ningún modo pueden ser contrarios a sus disposiciones, so pena de inconstitucionalidad. En su segundo motivo de defensa, el Gobierno portugués alega que ANA-EP, como organismo que gestiona servicios de transporte y, en virtud de la letra a) del apartado 2 de su artículo 2, está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 77/62. En apoyo de este motivo, el Gobierno portugués se refiere a las siguientes circunstancias: — Las actividades que realiza ANA-EP en virtud del Decreto-Ley n° 246/79 y de su Estatuto, por una parte, y el servicio del transporte aéreo, por otra, son complementarios e indisociables. ANAEP debe, pues, considerarse como una empresa que gestiona servicios de transporte. — El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/62, que excluye de su ámbito de aplicación «los organismos que gestionen servicios de transporte», tiene un sentido más amplio que el nuevo tenor literal de este artículo introducido por el artículo 3 de la Directiva 88/295. En efecto, este último excluye del ámbito de aplicación de la Directiva 77/62 sólo los «transportistas que efectúen transportes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales». Esta diferencia demuestra que la excepción del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/62 incluye, en su antigua versión, los organismos que, como ANA-EP, gestionan servicios en tierra. — En el apartado 4 del artículo 3, la Directiva 71/305 excluye de su ámbito de aplicación los contratos públicos de obras efectuados por organismos sujetos al Derecho público que gestionen los servicios de transportes. Este artículo utiliza expresiones idénticas a las utilizadas en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/62. Así, ambas Directivas excluyen de su ámbito de aplicación organismos como ANAEP. — La propuesta de Directiva del Consejo, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes, se refiere, en particular, a los contratos públicos en los sectores excluidos de la aplicación de las Directivas 71/305 y 77/62, modificadas por la Directiva 88/295. La circunstancia de que ANAEP figure expresamente entre los organismos sometidos al régimen de la Directiva propuesta (apartado 2 del artículo 2 de la propuesta) prueba que ANAEP no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 77/62. La Comisión considera que la actividad de gestión de un aeropuerto no constituye un servicio de transporte, en el sentido de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/62. Esta interpretación del citado artículo se encuentra también en el Vademécum sobre los contratos públicos de la Comunidad (DO 1987, C 358, p. 1) redactado por la Comisión con el propósito de dar a conocer su interpretación de las Directivas sobre los contratos públicos. El propósito de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 es evitar un trato desigual de los organismos de transporte, que se caracterizan por una multiplicidad de estatutos jurídicos (sexto considerando de la Directiva 77/62). Esta desigualdad puede haber sido originada por el hecho de que algunos de estos organismos, a causa de su carácter público, hayan estado sometidos a la Directiva, mientras que otros, y en particular las empresas públicas, se sustrajeron a su aplicación. El nuevo texto de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/62 (introducido por la Directiva 88/295), tiene como único objetivo clarificar el texto del artículo y no, ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 77/62. En este sentido, la Comisión se refiere al considerando octavo de la Directiva 88/295, que señala «que procede precisar el alcance de las exenciones por sector de actividad, con el fin de evitar que, a través de interpretaciones divergentes, aumenten los desequilibrios en la aplicación de las Directivas entre los Estados miembros». La Comisión subraya que la interpretación del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 71/305 es idéntica a la defendida por la Comisión respecto a la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/62. Por lo que respecta a la inclusión de ANA-EP en el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva relativa a los procedimientos de formalización de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes, la Comisión subraya que pretende situar en pie de igualdad las empresas públicas que gestionan aeropuertos y los organismos privados que tienen como objeto la misma actividad.