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Sin embargo, no opino que esta interpretación traduzca la voluntad del legislador comunitario. Para que exista una deuda o carga en el sentido de la Directiva, es preciso que se trate de una deuda o de una carga cierta y definitiva y que haya nacido a cargo de la persona física o jurídica que hace la aportación como más tarde en el momento en que se realiza esta aportación. Se trata de cargas y de obligaciones que se transfieren a la nueva sociedad. Comprenden además los gastos y otras cantidades a cargo de la nueva sociedad como consecuencia de la aportación. Pero, como señala acertadamente la Comisión, sólo pueden ser deudas ciertas y existentes en el momento u originadas por esta aportación. La Directiva establece un trato de favor que permite al aportante, fundador de la nueva sociedad, evitar que se grave su renta relacionada con la constitución de esta sociedad. Se trata de un estatuto fiscal que reduce o suprime la mayor parte de impuestos exigibles normalmente en caso de disolución de sociedades, para favorecer las concentraciones de empresas y las operaciones que se saldan con una aportación remunerada con derechos sociales. Corresponde al aportante hacer figurar en el balance las mercancías almacenadas y los pedidos firmes por su valor de adquisición y crear una provisión para la depreciación del activo (pérdidas sobre cantidades almacenadas o por estancamiento de la ventas, provisiones para cargas o impuestos); en ese supuesto, habrá indudablemente una deducción inmediata de las minusvalías realizadas en la cesión; por lo demás, semejante proceder sería preferible desde el punto de vista de la transparencia de la operación a los ojos de terceros y parece que esta forma de proceder es posible tanto en Derecho danés como en los demás Estados miembros. El aportante tiene también la posibilidad de infravalorar sus mercancías almacenadas y de amortizar las mercancías pedidas en firme en la escritura de constitución, pero una vez efectuada la opción, debe atenerse a ella. No puede acumular el beneficio de la infravaloración de las mercancías almacenadas —permitida en el marco del impuesto sobre los beneficios industriales y comerciales o del impuesto sobre sociedades- con el beneficio que constituye el impuesto sobre las aportaciones armonizado que «fotografía» la situación de una empresa en el momento del devengo del impuesto, es decir, en el momento de la aportación. En el marco del impuesto sobre el capital, no se puede alegar una carga puramente eventual en concepto del impuesto sobre las sociedades o sobre los beneficios industriales y comerciales. La nueva sociedad debe subrogarse a la sociedad absorbida en lo que se refiere a la reintegración de las plusvalías cuyo gravamen había diferido esta última. Si no fuera así, se consideraría cierta una deuda incierta, cuyo nacimiento e importe dependen del comportamiento comercial de otra persona jurídica. Como señaló acertadamente el Gobierno danés, si la nueva empresa mantiene constante el volumen de las mercancías almacenadas, la infravaloración no afectará a la renta imponible, en caso de que esta empresa continúe efectuando una deducción idéntica al final de cada ejercicio económico, lo que puede tener por consecuencia, si se efectúan transferencias de saldos sucesivas, que el impuesto «latente» no llegue nunca a realizarse: si la empresa mantiene su política de infravaloración y las mercancías almacenadas son constantes, las deducciones efectuadas no implican el aumento de su renta imponible. Si la empresa registra un déficit durante cinco años después del año en que un déficit provoque la exención de una imposición efectiva relativa a una infravaloración de las mercancías almacenadas después de incluirlas en su renta, la deuda tributaria latente se considerará definitivamente extinguida. La normativa relativa a la infravaloración permite también incluir entre las mercancías almacenadas las mercancías compradas mediante contratos firmes, pero aún no entregadas: si la sociedad recurre cada vez más a la deducción sobre las mercancías almacenadas, tiene la posibilidad de compensar la inclusión en su renta de la cantidad resultante de la deducción sobre los pedidos. Debido a que la deducción máxima sobre los pedidos es inferior a la deducción máxima sobre las mercancías almacenadas, la sociedad puede aumentar la cuantía máxima de la deducción y, de esa manera, obtener una renta negativa. En ese supuesto, el devengo del impuesto sólo puede producirse después de la fecha de la aportación y de la constitución de la nueva sociedad. Se trata, por tanto, de una facultad concedida en el marco de la antigua sociedad, tal y como existía en aquella época, pero que no puede trasladarse pura y simplemente al marco del impuesto sobre las aportaciones a que está sometida la nueva sociedad, beneficiaria de la aportación. Es imposible tener en cuenta circunstancias tan aleatorias en un impuesto que se percibe una tantum, a los fines de la liquidación en un momento dado del valor de las aportaciones. En caso de constitución de una sociedad de capital la única excepción prevista es, conforme al tenor de la letra a) del apartado 1 del artículo 5, que «los Estados miembros tendrán la facultad de diferir la obligación de pago del impuesto sobre las aportaciones hasta el momento en que éstas se efectúen». El tenor de la disposición controvertida me parece claro: la expresión «previa deducción de las obligaciones asumidas y de los gastos soportados por la sociedad a consecuencia de cada aportación» no puede depender de la política que adopte la nueva sociedad en su gestión comercial de estas aportaciones.