Palabras clave

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Palabras clave

1. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del precio de exportación - Utilización de un precio de exportación calculado - Requisitos - Facultad de apreciación de las instituciones - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 9]

2. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del precio de exportación - Utilización de un precio de exportación calculado - Procedencia en caso de existencia aparente de un acuerdo de compensación entre el productor y el exportador

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 9]

3. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Comparación entre el valor normal y el precio de exportación - Ajustes - Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 10]

4. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Desarrollo de la investigación - Informaciones facilitadas por una empresa afectada - Objeciones de la propia empresa - Improcedencia

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 18, ap. 3]

5. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Respeto en el ámbito de los procedimientos administrativos - Antidumping - Obligación de las instituciones de garantizar la información de las empresas afectadas - Alcance

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 20]

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1. Del artículo 2, apartado 9, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 se desprende que las instituciones pueden considerar que el precio de exportación no es fiable en dos supuestos, a saber, cuando existe una asociación entre el exportador y el importador o un tercero o bien un acuerdo de compensación entre el exportador y el importador o un tercero. Salvo en estos casos, las instituciones tienen que basarse, cuando existe, en el precio de exportación para determinar el dumping.

No obstante, el examen de si los precios de exportación comunicados por un exportador son o no fiables implica necesariamente complejas apreciaciones económicas para las que las instituciones disponen de una amplia facultad discrecional, por lo que el control jurisdiccional que debe ejercer el juez comunitario se encuentra limitado.

( véanse los apartados 49 y 50 )

2. El método que consiste en deducir la existencia de una asociación o acuerdo de compensación entre un productor y un exportador de la comprobación de que los precios de venta aplicados por dicho exportador en el mercado comunitario son inferiores a los precios de compra facturados por dicho productor no es contrario ni a la letra ni al espíritu del artículo 2, apartado 9, del Reglamento antidumping de base nº 384/96. En efecto, de esta disposición y, en particular, del empleo de los términos «se considere» se desprende que las instituciones disponen de un margen de apreciación para decidir si procede aplicar dicho artículo y que el precio de exportación calculado puede utilizarse no sólo cuando las instituciones obtengan la prueba de la existencia de un acuerdo de compensación, sino también cuando tal acuerdo parezca existir.

( véanse los apartados 60 y 61 )

3. Tanto de la letra como del sistema del artículo 2, apartado 10, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 se desprende que únicamente puede efectuarse un ajuste del precio de exportación o del valor normal para tener en cuenta las diferencias relativas a factores que influyan en los precios y, por tanto, en la comparabilidad de éstos. Ahora bien, tal no es el caso de una comisión que no ha sido pagada realmente.

Para poder efectuar tal ajuste, las instituciones deben basarse en datos capaces de demostrar, o de los que se pueda deducir, que se abonó efectivamente una comisión y que ésta pudo influir en cierta medida en la comparabilidad entre el precio de exportación y el valor normal.

En efecto, del mismo modo en que la parte que solicita, basándose en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, determinados ajustes para conseguir que el valor normal y el precio de exportación resulten comparables con vistas a determinar el margen de dumping debe demostrar que su solicitud está justificada, incumbe a las instituciones basarse, cuando consideran necesario efectuar un ajuste de ese tipo, en pruebas, o cuando menos en indicios, que permitan establecer la existencia del factor en función del cual se efectúa el ajuste y determinar la incidencia de éste en la comparabilidad de los precios.

( véanse los apartados 94 a 96 )

4. Aunque el artículo 18, apartado 3, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 permite a una parte interesada alegar que las instituciones descartaron indebidamente los datos presentados por ella, no le confiere el derecho a obligar a las instituciones a prescindir de la información que ella misma les haya transmitido.

( véase el apartado 110 )

5. En virtud del principio del respeto de los derechos de defensa, cuyas exigencias figuran en el artículo 20 del Reglamento antidumping de base nº 384/96, las empresas afectadas por un procedimiento de investigación previo a la adopción de un Reglamento antidumping debe ofrecérseles la posibilidad, en el curso del procedimiento administrativo, de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados y sobre los elementos de prueba tenidos en cuenta por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio consiguiente.

( véase el apartado 132 )