ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 21 de octubre de 1999. - Miguel Amengual Far contra Juan Amengual Far. - Petición de decisión prejudicial: Audiencia Provincial de Palma de Mallorca - España. - Sexta Directiva IVA - Arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles - Exenciones. - Asunto C-12/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-00527



Conclusiones del abogado general

1 La Audiencia Provincial de Mallorca efectuó una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la cuestión de si la normativa española, al sujetar, con carácter general, al Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA») los arrendamientos y alquileres de bienes inmuebles en los que se ejercen actividades comerciales, ha adaptado correctamente su Derecho interno a lo dispuesto en la Sexta Directiva del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme. (1)

2 Mediante resolución de 19 de enero de 1999 el Tribunal de Justicia decidió, de conformidad con el artículo 44 bis del Reglamento de Procedimiento, pronunciarse sin celebración de fase oral. Las conclusiones se presentaron el 18 de marzo de 1999.

3 Mediante auto de 24 de septiembre de 1999, el Tribunal de Justicia ordenó la reapertura de la fase oral, con arreglo al artículo 61 del Reglamento de Procedimiento. Las partes renunciaron, sin embargo, a la vista.

4 La ausencia de cualquier elemento nuevo de hecho o de Derecho hace que me remita a las conclusiones presentadas el 18 de marzo de 1999.

5 Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por la Audiencia Provincial de Mallorca:

«La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, permite a los Estados miembros ampliar el ámbito de aplicación de las excepciones a las exenciones a supuestos no previstos, entre los cuales pueden estar comprendidos, como en el presente caso, los arrendamientos de bienes inmuebles destinados al ejercicio de actividades económicas.»

(1) - Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977 (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
Conclusiones del Abogado General Alber presentadas el 25 de junio de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. - Incumplimiento de Estado - Directiva 94/26/CE - No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado. - Asunto C-26/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-06393



Conclusiones del abogado general

1 Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

- Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 94/26/CE, (1) de 15 de junio de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 79/196/CEE (2) del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva provisto de determinados sistemas de protección, al no comunicar, o no adoptar, las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para cumplir con lo dispuesto en dicha Directiva.

- Condene en costas a la República de Irlanda.

2 La Directiva 94/26, adoptada el 15 de junio de 1994 con el fin de adaptar la Directiva 79/196 a los avances de la técnica, entró en vigor, con arreglo al artículo 3 de la Directiva, el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, que tuvo lugar el 24 de junio de 1994. Con arreglo al artículo 2 de la Directiva, los Estados miembros tenían la obligación de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva, a más tardar, el 31 de marzo de 1995.

3 Irlanda, pese al escrito de requerimiento de la Comisión de 2 de agosto de 1995 y al dictamen motivado de 30 de septiembre de 1996, no cumplió esta obligación en el plazo de dos meses señalado en este último.

4 El Gobierno irlandés señala en su escrito de contestación que ya está prevista la adopción de las medidas legislativas necesarias para la adaptación del Derecho interno y que ésta podría estar completada antes de la vista oral de este proceso. No obstante, las dos partes del proceso han renunciado ha la celebración de vista oral, por lo que el Tribunal de Justicia resolvió pronunciarse sin celebrar dicha vista.

Conclusión

5 No cabe duda sobre el incumplimiento alegado, por lo que propongo que se condene a Irlanda con arreglo a las pretensiones formuladas en el recurso.

(1) - DO L 157, p. 33.

(2) - Directiva de 6 de febrero de 1979 (DO L 43, p. 20; EE 13/09, p. 204).
3.

El Gobierno italiano no discute su obligación de adaptar su Derecho interno a las citadas Directivas y afirma que, en lo que respecta a la Directiva 89/369, no la ha cumplido, mientras que, en lo que respecta a la Directiva 89/429, la ha ejecutado parcialmente dentro del plazo señalado. En su escrito de contestación, el Gobierno italiano precisó que había adaptado parcialmente el Derecho interno a la Directiva 89/429, dentro del plazo señalado, mediante el Decreto del Ministro del Medio Ambiente de 12 de julio de 1990, relativo a «las directrices relativas a la limitación de las emisiones contaminantes procedentes de las instalaciones industriales y a la fijación de valores mínimos de emisión». No obstante, no había comunicado dicha normativa a la Comisión debido a que había previsto la elaboración de nuevas normas que respondieran específicamente a las disposiciones contenidas en la Directiva 89/429. A la luz de las mencionadas explicaciones sobre la adaptación del Derecho interno a la Directiva 89/429, la Comisión desistió de su recurso en lo que se refiere a la falta de adopción de esta Directiva.
9.

Estoy de acuerdo con la Comisión en la medida en que estimo que no sería adecuado examinar en el presente asunto la validez de las marcas «Cotonelle» y «Cottonelle» (a las que, en lo sucesivo, se hace referencia colectivamente como «Cotonellc») desde el punto de vista del Derecho comunitario. Aunque las partes en el asunto principal hayan presentado observaciones sobre este punto, no es una cuestión que ha planteado el órgano jurisdiccional nacional y del contenido de la resolución de remisión no resulta que se suscite directamente en el procedimiento nacional. Parece que el Tribunale di Chiavari no pide al Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión de si la marca puede inducir a error o que interprete el concepto de marca que puede inducir a error, tal como figura en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas. El objetivo de las cuestiones referentes a la Directiva, planteadas por el órgano jurisdiccional nacional, parece ser determinar cuáles son las consecuencias que resultan de la declaración de que una marca puede inducir a error en un Estado miembro, en lo que respecta a los productos importados de otro Estado miembro en el que se ha hecho una declaración en el sentido contrario. No es sorprendente que la cuestión de la validez de la marca no sea un punto directamente controvertido entre las partes, ya que ambas son proveedores, a diferentes niveles de comercialización, de productos que llevan la marca «Cotonellc». Además, el litigio que cuestiona directamente la validez de la marca «Cotonellc» sigue pendiente en Italia en el marco de otro procedimiento del que es parte el titular de la marca y en el que estas cuestiones pueden tratarse directamente. En tales circunstancias, no sería adecuado examinar esta cuestión en el presente procedimiento. Por tanto, no se trata aquí de la interesante cuestión de si el Tribunal de Justicia debe considerar si es posible que la declaración de que una marca puede inducir a error en Italia justifique una prohibición de importación de un Estado miembro en el que no se considera que esa marca puede inducir a error.
2.

La A/S Richard Frederiksen & Co., demandante en el asunto principal (en lo sucesivo, «demandante»), es propietaria de la totalidad de las acciones de la Sydjysk Sten og Grus A/S (en lo sucesivo, «sociedad filial»). La demandante concedió en 1984 un préstamo sin intereses a la sociedad filial. La Administración Tributaria competente danesa comprobó las declaraciones tributarias a fin de determinar las rentas imponibles estimando que el mencionado préstamo producía unos intereses del 11 % del valor medio del préstamo, y procedieron, en consecuencia, a rectificar las declaraciones de impuestos de la demandante correspondientes a los ejercicios fiscales 1986/1987, 1987/1988 y 1988/1989. La rectificación efectuada por la Administración Tributaria se basaba en la consideración de que el préstamo sin intereses no constituye una transacción normal, sino que se concedió exclusivamente sobre la base de la comunidad de intereses existente entre ambas sociedades. Por ello, la demandante fue gravada con el Impuesto sobre la Renta correspondiente a los rendimientos estimados derivados del préstamo sin intereses concedido a la sociedad filial, sometiendo al pago de impuestos el capital transmitido a la sociedad filial consistente en el ahorro de intereses. La Administración Tributaria estimó también que la renta teórica correspondiente al préstamo sin intereses constituía una subvención imponible a la sociedad filial, pero que de todos modos ésta tenía el derecho de deducir este impuesto a efectos fiscales. Así pues, la rectificación realizada por la Administración Tributaria en lo que respecta a la sociedad filial resultaba de hecho «neutra» desde el punto de vista fiscal.
31.

Procede, por último, examinar la alegación formulada por el Gobierno del Reino Unido, según la cual no ve por qué el requisito controvertido pueda tener cualquier tipo de efecto negativo sobre la libre circulación o la integración social. Dicha alegación parece basarse en la siguiente consideración: un trabajador migrante que, como ocurre en el caso de autos, se desplaza de un Estado miembro a otro para ejercer en él una actividad por cuenta ajena no se deja influenciar en su decisión por la posibilidad, en caso de fallecimiento de miembros de su familia, de obtener una ayuda que le permita encargar la celebración del funeral en el país de origen. Esta consideración tampoco me parece pertinente. En mis conclusiones presentadas en el asunto Bosman, he señalado que la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena prevista en el artículo 48 —cuya realización garantiza también el Reglamento no 1612/68— no se limita a una prohibición de discriminación basada en la nacionalidad, sino que debe entenderse como una prohibición de las restricciones a la libre circulación. ( 31 ) Ello no significa, sin embargo, que sólo estén comprendidas las discriminaciones que limiten simultáneamente la libre circulación. El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68 dispone, en efecto, de manera totalmente genérica que los trabajadores extranjeros se beneficiarán de las mismas ventajas sociales que los trabajadores nacionales.
14.

A juicio de WWF Italiana, la resolución de remisión plantea dos cuestiones distintas relativas, respectivamente, a la inexistencia en las disposiciones italianas de un procedimiento concreto de autorización en materia de excepciones y a la delegación en las autoridades regionales de la facultad de conceder estas mismas excepciones. Al introducir una excepción tácita, el artículo 18 no garantiza la plena ejecución de la Directiva de una forma suficientemente clara y precisa, según exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; ( 5 ) el sistema de excepciones que establece no se aplica a situaciones concretas, por lo cual no reúne los requisitos exigidos por el artículo 9 de la Directiva. La demandante entiende que tampoco es exacto que el artículo 18 de la Ley no 157 contenga una lista de las aves que «teóricamente» pueden cazarse, y que las autoridades regionales deban garantizar la observancia de los requisitos que permiten introducir las excepciones; la atribución de potestad reglamentaria a las autoridades regionales no puede justificar una norma nacional que no respete las obligaciones establecidas por la Directiva. ( 6 ) De la misma forma, meras prácticas administrativas no pueden considerarse constitutivas de una ejecución válida de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de una Directiva; ( 7 ) en todos estos casos, el Estado miembro ha violado el principio de seguridad jurídica. WWF Italiana afirma que las disposiciones legales italianas aplicables infringen la Directiva al permitir la caza de especies de aves que no se hallan enumeradas en el Anexo II así como al no hacer figurar en el ordenamiento jurídico interno las modalidades, procedimientos, controles y límites conforme a los cuales las autoridades encargadas de regular la práctica de la caza pueden autorizar la muerte de las especies protegidas, observando, eso sí, lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva.
17.

Tampoco cabe afirmar que la referencia que hace el apartado 2 del artículo 10 a «ciertas operaciones» o a «ciertas categorías de sujetos pasivos» signifique necesariamente que sólo pueden colocarse dentro del ámbito de aplicación de la excepción algunas operaciones o algunas categorías de sujetos pasivos, si bien no todas. Aun cuando la expresión «ciertas operaciones» puede significar efectivamente «algunas operaciones, si bien no todas», puede significar asimismo «operaciones claramente definidas», sin que ello suponga ningún límite. Como señala el Reino Unido, la palabra «ciertas» se utiliza en otros pasajes de la Sexta Directiva, tanto en un sentido que pretende aplicarse a algunos casos, si bien no a todos, tanto en otro sentido que no tiene manifiestamente por objeto excluir la totalidad de los supuestos. La primera situación se presenta en el apartado 9 del artículo 22, en el cual (en las nueve versiones lingüísticas que hacían fe en aquella época) la expresión «ciertas obligaciones» se ponía expresamente en contraste con la locución «toda obligación». A la segunda situación alude el apartado 1 del artículo 27, conforme al cual el Consejo podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales en orden a evitar «determinados» fraudes o «evasiones fiscales» (las versiones alemana y española utilizan una terminología ligeramente distinta). Esta disposición no puede razonablemente significar que los Estados miembros no puedan pretender evitar cualquier fraude o evasión fiscal; debe considerarse que significa que el Estado que desee utilizar la excepción debe indicar claramente cuáles son las evasiones fiscales que pretende evitar.
22.

A mi entender, no procede la aplicación del artículo 7 del Tratado CEE. En efecto, este Tribunal de Justicia decidió en una sentencia de 4 de octubre de 1991, Comisión/Reino Unido, que el principio de no discriminación en materia de nacionalidad del artículo 7 del Tratado CEE no se aplica de manera independiente más que en las situaciones sujetas al Derecho comunitario para las que el Tratado no establezca normas específicas contra la discriminación: «[...] es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Grecia, apartado 13, 305/87, Rec. p. 1461), que el artículo 7 del Tratado estaba destinado a aplicarse de manera independiente sólo en situaciones reguladas por el Derecho comunitario para las el Tratado no prevea normas específicas contra la discriminación». ( 8 )
4.

El demandante en el procedimiento principal, Sr. Cyril Richardson, nació el 18 de agosto de 1929. El 9 de marzo de 1993, el Sr. Richardson, que no tenía todavía los 65 años y que, por consiguiente, no cumplía aún el requisito de edad para tener derecho a la pensión de jubilación, dirigió un escrito al Secretary of State for Health, en el que manifestaba su protesta contra la participación en gastos farmacéuticos y, más en concreto, con la diferencia de trato entre hombres y mujeres, dado que las mujeres entre 60 y 64 años de edad estaban exentas, en tanto que los hombres de la misma edad no lo estaban. La reclamación correspondiente fue desestimada mediante escrito de 6 de mayo de 1993. Como el 2 de septiembre de 1993, el Sr. Richardson tuvo que pagar en una farmacia un importe de 4,75 UKL (equivalente a 5,55 ECU) en concepto de participación en gastos farmacéuticos, el 3 de noviembre de 1993 interpuso un recurso ante la High Court of Justice, Queen's Bench Division, por el que solicitaba, entre otras cosas, la anulación de las disposiciones controvertidas del Reglamento de 1989 por ser contrarias a la Directiva, así como la reparación del perjuicio.
6.

En su escrito de contestación a la demanda, el Reino de España no niega no haber adoptado las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva. Aduce, sin embargo, lo siguiente: i) Desde 1989 se viene trabajando en una reforma global del régimen jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, conforme a la citada Directiva comunitaria. ii) Estos trabajos no prosperaron debido a la convocatoria de elecciones generales el 6 de junio de 1993. iii) Después de las elecciones, se remitió a las Cortes Generales un Proyecto de Ley cuyo Capítulo XI reproduce la totalidad de las disposiciones de la Directiva.
3.

El Reino de Bélgica no niega la infracción que se le imputa. Se limita a llamar la atención sobre el hecho de que ha elaborado las disposiciones necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico interno a la Directiva. No obstante, dichos proyectos aún no habían sido aprobados por las Instituciones competentes a su debido tiempo, es decir, al expirar el plazo de dos meses que la Comisión concedió al Reino de Bélgica en el dictamen motivado que le dirigió el 7 de febrero de 1994. Hasta la fecha, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún dato que nos permita afirmar que dicha situación ha cambiado.
Por último, no puedo compartir la objeción, formulada por el demandante en el procedimiento principal y por el Gobierno alemán, de que la tesis interpretativa propuesta contradice el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 86/560/CEE, ( 12 ) relativa a la devolución del IVA a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad, según el cual, «la devolución no podrá concederse en condiciones más favorables que las que se apliquen a los sujetos pasivos de la Comunidad». A este respecto se ha subrayado que, para la devolución del IVA, los sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad y que, análogamente a lo previsto en la Octava Directiva respecto a los residentes, no hayan realizado operaciones sujetas a gravamen en el país de la devolución, según el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 86/560, deben limitarse a justificar que desarrollan una actividad económica de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 de la Sexta Directiva. Por lo tanto, no se exige que demuestren que están sujetos a un impuesto comparable al IVA en el país en que están establecidos. De ello se deduciría que la consideración respecto a los sujetos comunitarios del sometimiento efectivo al impuesto de que se trata en el país de residencia puede saldarse, como en el caso de autos, con la aplicación de requisitos de devolución más restrictivos y menos favorables en relación con los aplicables en casos análogos a los no comunitarios.

Dicha observación no me parece fundada, ya que en el presente caso no se discuten los requisitos concretos de devolución a los que se refiere el apartado 2 del mencionado artículo 3, sino la titularidad del correspondiente derecho que, en atención a la distinta naturaleza de la relación con la Comunidad que tienen los sujetos residentes y no residentes, debe referirse necesariamente a presupuestos distintos.
10.

Estos argumentos no pueden aceptarse. Con independencia del hecho, acreditado en los autos, de que los tipos impositivos del tributo que gravaba las mercancías en el momento de su salida eran por lo general más reducidos que los que gravaban las mercancías al entrar, queda el dato fundamental de que el hecho imponible del tributo era, en cualquier caso, el paso de una frontera, entendido este concepto en sentido propio, en el supuesto de que los productos fueran exportados a otros países, o en sentido impropio cuando fueran destinados a otras partes del territorio griego. De ello se desprende que las mercancías producidas en el Dodecaneso y despachadas allí directamente al consumo no estaban, en ningún caso, sujetas al pago del tributo y que únicamente dichas mercancías podían disfrutar de este trato fiscal más favorable. Por lo tanto, no me parece que el establecimiento por parte de la normativa controvertida de un gravamen pecuniario sobre las mercancías en el momento también de salir de la región, muy similar al que se aplica a las importaciones, pueda fundamentar una afirmación distinta en lo relativo a la índole del arbitrio sobre el consumo, ni constituya un tributo aplicado según criterios objetivos a determinadas categorías de productos, cualquiera que sea su origen. Finalmente, por lo que se refiere al argumento basado en el carácter no proteccionista del tributo, creo suficiente recordar que, como quedó aclarado en la sentencia dictada en el asunto Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders el 1 de julio de 1969, ( 8 ) un gravamen pecuniario, unilateralmente impuesto y que grava las mercancías extranjeras por el hecho de cruzar la frontera, si bien no constituye un derecho de aduana propiamente dicho, supone una exacción de efecto equivalente a efectos de los artículos 9 y 12, aun cuando no produzca ningún efecto administrativo o proteccionista y el producto gravado no haga la competencia a otro de producción nacional.