1.

Este motivo de la Comisión se divide en dos partes, de las que la primera se refiere a que el Tribunal de Primera Instancia no se ha atenido al concepto legal de enfermedad profesional, en el sentido del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura, y la segunda se refiere a la inobservancia, por el mismo órgano jurisdiccional, del vínculo de causalidad que debe existir entre la enfermedad profesional o su agravamiento y las funciones ejercitadas al servicio de las Comunidades. a) Por lo que se refiere a la primera parte del motivo, la Comisión imputa al Tribunal de Primera Instancia haberse negado ą tener en cuenta, en el apartado 19 de la sentencia impugnada, para la aplicación del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, la definición del concepto de enfermedad profesional que se contiene en el artículo 3 de la Reglamentación de cobertura, adoptada en cumplimiento del artículo 73 del Estatuto. La Comisión alega a este respecto que, a falta de indicaciones contrarias al Estatuto, el concepto de enfermedad profesional no puede variar según se trate de aplicar el artículo 73 o el artículo 78 del Estatuto. En efecto, por más que ambas disposiciones persigan finalidades diferentes, ya que el artículo 73 garantiza la cobertura del funcionario contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, mientras que el artículo 78 prevé la concesión de una pensión al funcionario aquejado de invalidez, no por ello dejan de ser complementarias, de manera que sería erróneo sostener que la definición de enfermedad profesional para la aplicación del artículo 73 es distinta de la que se consideraría para la aplicación del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto. Por el contrario, según la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 1981, B./Parlamento (731/79, Rec. p. 107), apartado 10, es posible remitirse a la definición de enfermedad profesional establecida por el artículo 3 del Reglamento de cobertura, incluso en el contexto del párrafo segundo del artículo 78. Por lo demás, tanto el sistema de las disposiciones de que se trata como la coherencia del Estatuto concurren, según la Comisión, a favor de una definición única del concepto de enfermedad profesional, tal como la enuncia el artículo 3 de la Reglamentación de cobertura. A favor de la misma tesis la Comisión alega también las conclusiones de los Abogados Generales Sir Gordon Slynn en el asunto K./Consejo (257/81, Rec. 1983, p. 1) y Sr. Lenz en el asunto Rienzi/Comisión (76/84, Rec. 1987, p. 315). b) Por lo que se refiere a la segunda parte del motivo, la Comisión imputa al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, al afirmar, en los apartados 23 a 25 de la sentencia impugnada, que la solicitud del Sr. Gill cumplía los requisitos establecidos por dicha disposición y ello porque, por una parte, la Comisión contrató al Sr. Gill con pleno conocimiento de que éste podía verse afectado por una enfermedad vinculada a su actividad profesional anterior, sin que la misma Institución se amparara en el artículo 1 del Anexo VIII del Estatuto, y, por otra parte, porque la Comisión no podía intentar beneficiarse de la experiencia profesional adquirida por el Sr. Gill sin soportar sus desventajas. A este respecto la Comisión afirma que el concepto de enfermedad profesional, en el sentido del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, sólo se refiere a la enfermedad cuya aparición o agravamiento tiene su origen en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de funciones al servicio de las Comunidades. Según la Comisión, esta interpretación está confirmada en primer lugar por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De este modo, según las citadas sentencias de 12 de enero de 1983, K./Consejo, y de 21 de enero de 1987, Rienzi, la enfermedad debe presentar un vínculo causal lo bastante directo con un riesgo específico y típico inherente a las funciones que el interesado ha ejercitado. Igualmente, según las conclusiones de los Abogados Generales Sr. Roemer en el asunto Vellozzi/Comisión (29/71, Rec. 1972, p. 513) y Sir Gordon Slynn en el citado asunto K./Consejo, 257/81, no puede considerarse una enfermedad como profesional más que cuando haya sobrevenido en el curso o como consecuencia del ejercicio de funciones al servicio de las Comunidades y se haya demostrado que dicho ejercicio constituye la causa esencial o preponderante de la aparición o el agravamiento de la afección. La Comisión añade que, según la sentencia de 24 de noviembre de 1983, Cohén/Comisión (342/82, Rec. p. 3829), y las conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn en el mismo asunto, procede excluir del campo de aplicación del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto las causas de invalidez que se hayan producido exclusivamente antes de la entrada en servicio del funcionario afectado. Según la Comisión, esta tesis es también conforme al principio que rige cualquier cobertura de un riesgo social, según el cual un régimen de seguridad social sólo se aplica cuando el hecho generador ha sobrevenido estando vigente el régimen de que se trate. Además, el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), ha consagrado, según la Comisión, el mismo planteamiento y no hay en el Estatuto nada que permita afirmar que éste ha tratado de apartarse de principio tan fundamental. Ahora bien, en el caso de autos, el Sr. Gill ha estado expuesto a los riesgos de la enfermedad mientras trabajó en las minas del Reino Unido y los médicos —continúa la Comisión— han sido tajantes al afirmar que su trabajo al servicio de las Comunidades no podía provocar o agravar su bronconeumopatía crónica, de manera que la concesión de prestaciones por enfermedad profesional dependería únicamente de la legislación británica. La Comisión añade que el hecho de que el demandante no pudiera obtener una indemnización en dicho Estado miembro no pueda constituir motivo suficiente para justificar la concesión de una pensión en virtud del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto.