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A este respecto, en la sentencia de 27 de junio de 1996, Asscher (C-107/94, Rec. p. I-3089, apartado 64), el Tribunal de Justicia consideró que la aplicación de un trato fiscal desfavorable, a saber, un tipo de gravamen incrementado, a los contribuyentes que no residían y no cotizaban al régimen de seguridad social de los Países Bajos, era contraria al artículo 52 del Tratado y no podía justificarse mediante la afiliación o la no afiliación a un régimen nacional de seguridad social determinado. Subrayó, a este respecto, que la determinación del Estado miembro en el que se abonan las cotizaciones sociales resulta simplemente de la aplicación del régimen instaurado por el Reglamento no 1408/71. En efecto, en el caso de que esté justificado, el hecho de que algunos contribuyentes no estén afiliados a un régimen de seguridad social determinado y que, en consecuencia, las cotizaciones a dicho régimen no se perciban sobre la renta obtenida en el Estado miembro de que se trate sólo puede ser resultado de aplicar, en materia de determinación de la legislación aplicable, el sistema general y obligatorio del Reglamento no 1408/71 (véase, en este sentido, la sentencia Asscher, antes citada, apartado 60).
1

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los artículos 73 CE y 87 CE y del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156, p. 1; EE 08/01, p. 131), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, de (DO L 169, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1191/69»).
2

El Decreto-ley no 332, relativo a la aceleración de los procedimientos de venta de las participaciones del Estado y de los organismos públicos en las sociedades por acciones (decreto-legge n. 332, norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), de 31 de mayo de 1994 (GURI no 126, de , p. 38), fue convalidado con modificaciones por la Ley no 474, de (GURI no 177, de , p. 5). Dicho Decreto-ley fue modificado ulteriormente por la Ley no 350, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2004) [legge n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], de (suplemento ordinario a la GURI no 196, de , en lo sucesivo, «Ley de presupuestos no 350/2003»). El mencionado Decreto-ley, en su versión convalidada y modificada (en lo sucesivo, «Decreto-ley no 332/1994»), establece que el Estado tiene derechos especiales en determinadas sociedades (en lo sucesivo, «derechos especiales»).
18

El Tribunal de Primera Instancia afirmó en el apartado 187 de la sentencia recurrida lo siguiente: «WIN no puede invocar un derecho absoluto a equiparar sus precios a los de sus competidores para justificar su comportamiento. Si bien es cierto que el ajuste de los precios de la empresa dominante a los de los competidores no es, en sí mismo, abusivo ni condenable, no puede excluirse que sí lo sea cuando no se dirija únicamente a proteger sus intereses, sino que tenga la finalidad de reforzar esta posición dominante y abusar de ella».
50

En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el temor a dificultades internas no puede justificar que un Estado miembro no aplique correctamente el Derecho comunitario (véase, en particular, la sentencia de 9 de diciembre de 1997, Comisión/Francia, C-265/95, Rec. p. I-6959, apartado 55). Por lo que se refiere, en concreto, a la liberación intencional de OMG en el medio ambiente, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 72 de la sentencia de , Comisión/Francia (C-121/07, Rec. p. I-9159) que, aun suponiendo que los problemas invocados por la República Francesa se debieran efectivamente en parte a la aplicación de normas de origen comunitario, un Estado miembro no puede alegar las dificultades de aplicación surgidas en la fase de ejecución de un acto comunitario, incluidos las que guardan relación con la resistencia de los particulares, para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en normas de Derecho comunitario.
38

Por tanto, procede responder a las cuestiones primera y segunda que el Derecho comunitario, en su estado actual, no contiene ninguna obligación específica referente al método de redondeo de las cuotas del IVA. Ante la inexistencia de una normativa comunitaria específica, corresponde a los Estados miembros determinar las reglas y los métodos de redondeo de las cuotas del IVA, si bien dichos Estados están obligados, al realizar esta determinación, a respetar los principios en los que se basa el sistema común de este impuesto, especialmente los de neutralidad fiscal y proporcionalidad. En particular, el Derecho comunitario, por una parte, no se opone a la aplicación de una norma nacional que exija el redondeo al alza de las cuotas del IVA cuando la fracción de la unidad monetaria más pequeña de que se trate sea igual o superior a 0,5 y, por otra parte, no exige que se autorice a los sujetos pasivos a redondear a la cifra inferior la cuota de IVA cuando ésta tenga una fracción de la unidad monetaria nacional más pequeña.
8

El artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva IVA establece: «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias y, en particular, en las disposiciones comunitarias vigentes relativas al régimen general de la tenencia, circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que dichos impuestos, derechos o gravámenes no den lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.»
3

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos (DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94), en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 77/799»), dispone: «Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, todas las informaciones necesarias para la liquidación correcta de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio […]»
7

En virtud del artículo 1, parte A, apartado 2, de la Convención de Ginebra, el término «refugiado» se aplica a toda persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.»
42

Ahora bien, las actividades de tratamiento de datos personales como las mencionadas en la primera cuestión, letras c) y d), son actividades desarrolladas por sociedades privadas. Dichas actividades no forman parte en modo alguno de un marco creado por los poderes públicos con objeto de proteger la seguridad pública. Por consiguiente, tales actividades no pueden asimilarse a las previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2006, Parlamento/Consejo, C-317/04 y C-318/04, Rec. p. I-4721, apartado 58).
40

No obstante, no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, la aplicación de tal sistema de tarifas pueda tener un carácter abusivo, en particular cuando exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras así como la audiencia y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual.
4

Según el decimonoveno considerando de esta misma Directiva: «Aunque la obligatoriedad de la concesión de acceso a la infraestructura de la red es justificable como instrumento para aumentar la competencia, las autoridades nacionales de reglamentación han de llegar a un equilibrio entre el derecho del propietario de una infraestructura a la explotación de la misma en beneficio propio y el derecho de otros proveedores de servicios competidores a acceder a recursos que resulten esenciales para el suministro de sus servicios. Cuando se imponga a los operadores obligaciones que les exijan acceder a las solicitudes razonables de acceso y uso de elementos de redes y recursos asociados, dichas solicitudes sólo deben poder denegarse sobre la base de criterios objetivos como la viabilidad técnica o la necesidad de preservar la integridad de la red. En caso de que la solicitud sea denegada, la parte perjudicada debe poder someter el caso a los procedimientos de resolución de litigios a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/21/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33; en lo sucesivo, «Directiva marco»)]. No debe exigirse de un operador sujeto a la obligación de conceder el acceso que suministre tipos de acceso que no esté en condiciones de suministrar. La imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de conceder acceso a las infraestructuras, de la que se deriva un incremento de la competencia a corto plazo, no debe ser en detrimento del incentivo de los competidores a invertir en instalaciones alternativas que garantizarán una mayor competencia a largo plazo. La Comisión ha publicado una Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones [(DO 1998, C 265, p. 2)] en la que se tratan estas cuestiones. Las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer condiciones técnicas u operativas al proveedor o a los beneficiarios del acceso obligado de conformidad con el Derecho comunitario. En particular, la imposición de normas técnicas debe ser conforme a la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información [(DO L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 217, p. 18)].»
28

El Gobierno húngaro considera que, no obstante, la petición de decisión prejudicial es inadmisible en la medida en que tiene carácter hipotético. Indica que el Fővárosi Bíróság yerra al afirmar que el Derecho húngaro no permite oír como testigo a la acusación particular sustitutoria en un procedimiento penal. En apoyo de su tesis este Gobierno se remite, en particular, al dictamen no 4/2007 de la Sección de lo Penal del Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Hungría), de 14 de mayo de 2007, que declara que «en el marco de un procedimiento penal no existe obstáculo legal a examinar como testigo a la víctima que actúa como acusación particular sustitutoria». El Sr. Katz también opina que no hay duda de que el Derecho húngaro permite que el acusador particular sustitutorio sea oído como testigo en el procedimiento penal.
40

Por otra parte, la circunstancia de que el Derecho de un Estado miembro prevea un procedimiento de amparo de los miembros del Parlamento nacional, que permite a éste intervenir cuando un juez nacional no reconoce esa inmunidad, no implica el reconocimiento de iguales facultades del Parlamento Europeo en relación con los diputados europeos procedentes de ese Estado, dado que, como ya se ha apreciado en el apartado 32 de la presente sentencia, el artículo 9 del Protocolo no prevé expresamente tal competencia del Parlamento y no remite a las normas de Derecho nacional.
13

El artículo 905, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 (DO L 253, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación del CAC»), establece: «Cuando la autoridad aduanera de decisión, a la que se hubiera presentado una solicitud de devolución o condonación, con arreglo al apartado 2 del artículo 239 del [CAC], no se halle en condiciones de decidir, sobre la base del artículo 899, y cuando la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta o intento de fraude por parte del interesado, el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión para su resolución conforme al procedimiento previsto en los artículos 906 a 909 […].»
7

El artículo 14 del Decreto-ley no 669, de 31 de diciembre de 1996, convalidado, tras su modificación, por la Ley no 30, de 28 de febrero de 1997, en su versión modificada por el artículo 147 de la Ley no 388, de 23 de diciembre de 2000 (suplemento ordinario de la GURI no 302, de 29 de diciembre de 2000; en lo sucesivo, «Decreto-ley no 669/1996»), dispone: «Las administraciones del Estado y los entes públicos no económicos concluirán los procedimientos de ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales con eficacia ejecutiva y que supongan una obligación de pago de cantidades pecuniarias en el plazo de 120 días desde la notificación del título ejecutivo. Antes de que transcurra ese plazo, el acreedor no tendrá derecho a proceder a la ejecución forzosa contra dichas administraciones y entes ni podrán realizarse actos ejecutivos.»
28

De este modo, en los apartados 132 a 135 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que esta alegación era inadmisible dado que el recurrente no había probado que se pudiera beneficiar económicamente de una sentencia que declarara ilegal la aplicación de un coeficiente corrector mínimo del 100 % a las pensiones abonadas a las personas que residen en los Estados miembros «poco caros». En particular, no podía afirmar que el supuesto «regalo económico» ofrecido a los pensionistas residentes en tal Estado miembro implicara necesariamente una pérdida económica equivalente para los pensionistas residentes en un Estado miembro «caro». Por otro lado, dado que el régimen comunitario de pensiones no se basa en el modelo de un fondo de pensiones sino en el principio de solidaridad, jurídicamente el efecto de la regla que instaura un coeficiente corrector mínimo del 100 % no es enriquecer a los pensionistas a los que se refiere a costa de la categoría de pensionistas a la que pertenece el recurrente.
21

El tribunal mencionado formuló esta solicitud en relación con el motivo de tres franjas registrado por Adidas, que ha adquirido carácter distintivo por el uso. En particular, pretende que se dilucide si, cuando los terceros utilizan signos idénticos o similares a la marca en cuestión, sin el consentimiento de su titular, e invocan para este uso el imperativo de disponibilidad, es preciso determinar si dichos signos son considerados o no decorativos por el público pertinente, si carecen o no de carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, y si tienen o no carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.
6

A raíz de las sentencias de 30 de mayo de 1989, Allué y Coonan (33/88, Rec. p. 1591) y de 2 de agosto de 1993, Allué y otros (C-259/91, C-331/91 y C-332/91, Rec. p. I-4309), la República Italiana aprobó el Decreto-ley no 120, de 21 de abril de 1995, que fue ratificado mediante la Ley no 236, de 21 de junio de 1995 (GURI no 143, de 21 de junio de 1995, p. 9; en lo sucesivo, «Ley no 236/95»), cuyo objetivo era reformar la enseñanza de las lenguas extranjeras en las Universidades italianas.
Asunto C-444/07

Procedimiento de insolvencia iniciado

respecto a

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku)

«Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 1346/2000 — Procedimientos de insolvencia — Denegación por un Estado miembro del reconocimiento de la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de otro Estado miembro, así como de las resoluciones relativas al desarrollo y a la terminación de dicho procedimiento de insolvencia»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de enero de 2010 I ‐ 419

Sumario de la sentencia

Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) no 1346/2000 — Reconocimiento del procedimiento de insolvencia abierto por un tribunal de un Estado miembro — Resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia

[Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, arts. 3, 4, 5, 10, 16, 17, 25 y 26]

El Reglamento (CE) no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que, con posterioridad a la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en un Estado miembro, las autoridades competentes de otro Estado miembro en el que esa empresa realiza obras de construcción a través de una sucursal y en el que no se ha iniciado ningún procedimiento secundario de insolvencia están obligadas, a reserva de los motivos de denegación derivados de los artículos 25, apartado 3, y 26 de este Reglamento, a reconocer y ejecutar todas las resoluciones relativas a ese procedimiento principal de insolvencia, y en consecuencia no están facultadas para ordenar, en aplicación de la legislación de ese otro Estado miembro, medidas de ejecución que afecten a los bienes del deudor declarado insolvente situados en el territorio del otro Estado miembro referido, cuando la legislación del Estado de apertura no lo permite y no se cumplen los requisitos a los que está sometida la aplicación de los artículos 5 y 10 del citado Reglamento.

En efecto, con esa reserva, debido al alcance universal que debe atribuirse a todo procedimiento principal de insolvencia, el procedimiento de insolvencia iniciado en un Estado miembro comprende todos los activos del deudor, incluidos los situados otro Estado miembro, y la ley del Estado de apertura no sólo determina la apertura del procedimiento de insolvencia sino también el desarrollo y la terminación de éste. En ese concepto esa ley es la aplicable para regular el destino de los bienes situados en los demás Estados miembros así como los efectos del procedimiento de insolvencia en las medidas de las que puedan ser objeto dichos bienes.

(véanse los apartados 43, 46 y 47 y el fallo)
Asunto C-520/07 P

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

MTU Friedrichshafen GmbH

«Recurso de casación — Ayuda de reestructuración — Decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda incompatible con el mercado común — Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 — Responsabilidad solidaria»

Conclusiones de la Abogado General Sra. V. Trstenjak, presentadas el 19 de febrero de 2009 I ‐ 8557

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de septiembre de 2009 I ‐ 8573

Sumario de la sentencia

Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se ordena su devolución — Posibilidad de que la Comisión base su decisión en la información disponible

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, arts. 13, ap. 1, y 14, ap. 1]

El artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE, faculta a la Comisión, cuando ésta comprueba que se han concedido o modificado ayudas sin haber sido notificadas, para adoptar una decisión que declare si la ayuda es o no compatible con el mercado común, a partir de los datos de que dispone cuando recurre contra un Estado miembro que no cumple su deber de colaboración y no le ha facilitado las informaciones que estaba obligado a comunicarle. Además, en su caso, dicha decisión puede, en las condiciones previstas en el artículo 14 de dicho Reglamento, exigir la recuperación del importe de la ayuda ya abonada.

Sin embargo, esta posibilidad que tiene la Comisión no puede interpretarse en el sentido de que exime enteramente a dicha institución de la obligación de basar sus decisiones en otros datos, de una cierta fiabilidad y coherencia, que apoyen las conclusiones a las que ha llegado. La Comisión está obligada, al menos, a cerciorarse de que la información que posee, aun cuando sea incompleta y fragmentaria constituye una base suficiente para concluir que una empresa se ha beneficiado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado.

Tales consideraciones son aplicables con mayor razón cuando la Comisión ordena que la ayuda se recupere del beneficiario, ya que la devolución pretende precisamente eliminar la distorsión de la competencia causada por una determinada ventaja competitiva y restablecer así la situación anterior al pago de la ayuda.

De este modo, la Comisión no puede suponer que una empresa ha disfrutado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado basándose en una mera presunción negativa, fundada en la inexistencia de información que permita llegar a la conclusión contraria, a falta de otros datos que puedan acreditar positivamente la existencia de una ventaja semejante.

(véanse los apartados 54 a 58)
En virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, en relación con el anexo I, punto B, apartado 3, de la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por la Directiva 98/15, el tratamiento previsto en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva es más riguroso que el descrito en su artículo 4 y se refiere a las aguas residuales que entren en los sistemas de colectores y procedan de aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 equivalentes habitante. Dicho tratamiento implica, en particular, en relación con los vertidos en las zonas sensibles a la eutrofización, el respeto de las prescripciones contenidas en el cuadro 2 del mismo anexo, sin perjuicio, no obstante, de lo dispuesto en el anexo II, punto A, letra a), párrafo segundo, de dicha Directiva, conforme al cual conviene prever por lo que respecta a las grandes aglomeraciones, la eliminación de fósforo y/o de nitrógeno a no ser que se demuestre que dicha eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de eutrofización.

(véanse los apartados 36 y 37)