En cuanto al problema propio del caso de autos, es decir, a la noción de documentos acreditativos, este Tribunal de Justicia, en el asunto 74/77 (Allgayer contra Parlamento, sentencia de 25 de abril de 1978, Rec. 1978, p. 977), hubo de pronunciarse sobre la validez de la presentación de la copia de un diploma, no certificada conforme al original, que se adjuntaba al impreso de candidatura para un concurso general. La correspondiente convocatoria especificaba que convenía presentar los documentos relativos a los títulos y diplomas de estudios en forma de copias certificadas conforme a los documentos originales, e incluso precisaba que no se aceptarían fotocopias no certificadas conforme.

No obstante, el tribunal había autorizado a la parte demandante a participar en el concurso. Este Tribunal de Justicia declaró que«las precisiones establecidas en la convocatoria del concurso propiamente dicha de presentar los títulos o diplomas de estudios certificados conforme al original no constituyen sino una recomendación práctica dirigida a los candidatos, a quienes no se restituyen los documentos entregados. Que corresponde, por tanto, al tribunal del concurso valorar si los documentos presentados por el candidato son o no acreditativos para permitir que se le admita a participar en el concurso convocado» (apartado 4 de la sentencia; traducción provisional).

En el presente asunto, la convocatoria del concurso no contenía ninguna precisión a este respecto. Se deduce a fortiori, en relación con la jurisprudencia precitada, que no se podía exigir al demandante un requisito que, incluso cuando figura expresamente en la convocatoria del concurso y no es respetado, no parece revestir un carácter decisivo. No obstante, se objetará, la misma sentencia precisa que corresponde al tribunal del concurso valorar la fuerza probatoria de los documentos presentados. Procede responder que el tribunal del concurso no puede añadir un requisito que no figure en la convocatoria, excepto si se deriva de un texto legal, de la jurisprudencia o de una costumbre arraigada, sin permitir a los candidatos cumplir esta exigencia mediante presentación ulterior.

La nota de 4 de octubre de 1985 precisa que simples fotocopias no certificadas conforme se admiten como documentos acreditativos en determinados concursos internos del Tribunal de Cuentas. Por consiguiente, incluso si fuese preciso ser más exigentes en el futuro, la práctica existente obligaría al tribunal del concurso CC/A/8/85, en virtud del deber de asistencia y protección, a tener en cuenta el texto de la convocatoria del concurso y los usos de la institución, que con mayor razón no podía ignorar al haberle sido recordados por la AFPN. Sin duda alguna, como señaló el Abogado General Sr. Reischl, en sus conclusiones en el asunto 74/77 mencionado, el párrafo 2 del artículo 2 del Anexo III del Estatuto no le impone en principio ninguna obligación de pedir documentos complementarios. Pero el deber de asistencia y protección, habida cuenta de la práctica anterior, transforma dicha facultad en regla imperiosa. Este concepto, extraído del Derecho Administrativo alemán («Fürsorgepflicht»), no se menciona en el Estatuto de los funcionarios, pero este Tribunal ha reconocido que se aplica a la función pública comunitaria. Implica esencialmente que cuando una autoridad pública adopta una decisión con respecto a un funcionario, debe tener en cuenta tanto el interés del servicio como el del funcionario afectado (véase asuntos acumulados 33 y 75/79, Kuhner contra Comisión, sentencia de 28 de mayo de 1980, Rec. 1980, p. 1677, apartado 22, p. 1697; igualmente, asunto 191/81, Plug contra Comisión, sentencia de 9 de diciembre de 1982, Rec. 1982, p. 4229, apartado 21, p. 4247).

Los elementos de valoración que se derivan del procedimiento nos mueven a pensar que no se ha perseguido suficientemente «el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos que el Estatuto ha creado en las relaciones entre la autoridad pública y los empleados del servicio público» (asuntos Kühner, anteriormente citados, apartado 22; traducción provisional). El tribunal del concurso hubo de hacer frente sin duda, como 10 subrayó en su informe de 28 de octubre de 1985, a las contradicciones contenidas en las instrucciones sucesivas que le dio la administración de la institución demandada y a su preocupación de no ser tachado de parcialidad. Pero no es menos cierto que, al no estar vinculado por ellas, no podía añadir pura y simplemente al texto de la convocatoria del concurso una condición restrictiva, y que si decidía, en el ámbito de su facultad discrecional, establecer una nueva exigencia, debía permitir a los candidatos afectados poder ajustarse a ella, al contener la normativa estatutaria una disposición a tal efecto.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que anule las decisiones de 2 de agosto y de 28 de octubre de 1985 del tribunal del concurso interno CC/A/8/85 del Tribunal de Cuentas en la medida en que no admiten al Sr. Hartmut Schwiering a participar en el concurso, y que la institución demandada cargue con todas las costas.