El artículo 4 de la Directiva 2011/95, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la autoridad responsable de examinar las solicitudes de protección internacional o los órganos jurisdiccionales competentes para conocer, en su caso, de un recurso contra una decisión de esta autoridad, ordenen un dictamen pericial para la valoración de los hechos y las circunstancias relativos a la orientación sexual alegada por el solicitante, siempre que los métodos empleados en tal dictamen respeten los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dicha autoridad y los órganos jurisdiccionales no fundamenten su decisión exclusivamente en las conclusiones del dictamen pericial y que no queden vinculados por esas conclusiones al valorar las declaraciones del solicitante sobre su orientación sexual.

No puede excluirse que, en el contexto particular de la apreciación de las declaraciones relativas a su orientación sexual del solicitante de protección internacional, sean útiles algunos métodos periciales para la valoración de hechos y circunstancias y que éstos puedan llevarse a cabo sin vulnerar los derechos fundamentales de dicho solicitante. No obstante debe señalarse que, por un lado, se desprende tanto del artículo 4, apartado 1, y del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2005/85, como del artículo 4, apartado 1, y del artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2013/32, que la autoridad decisoria será responsable de examinar convenientemente las solicitudes y de dictar, a continuación, una resolución al respecto. Por lo tanto, corresponde exclusivamente a dichas autoridades proceder, bajo control judicial, a la valoración de hechos y circunstancias establecida en el artículo 4 de la Directiva 2011/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Shepherd, C‑472/13, EU:C:2015:117, apartado 40). Por consiguiente, la autoridad decisoria no debe fundamentar su decisión sólo en las conclusiones de un informe pericial ni puede, a fortiori, quedar vinculada por dichas conclusiones en su apreciación de las declaraciones del solicitante relativas a su orientación sexual.

En cuanto a la posibilidad de ordenar un dictamen pericial con la que cuenta el órgano jurisdiccional competente para conocer de un recurso contra una decisión de la autoridad decisoria que deniega una solicitud de protección internacional, procede añadir que el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2005/85, y el artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32 establecen que el solicitante dispone de un derecho de recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra esa decisión, sin concretar qué diligencias de pruebas puede ordenar dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, en relación, por un lado, con el papel específico atribuido a los órganos jurisdiccionales en el artículo 39 de la Directiva 2005/85 y en el artículo 46 de la Directiva 2013/32 y, por otro lado, con las consideraciones sobre el artículo 4 de la Directiva 2011/95 expuestas en el apartado 41 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional competente no debe fundamentar su decisión sólo en las conclusiones de un dictamen pericial ni, a fortiori, quedar vinculada por dichas conclusiones en su apreciación de las declaraciones del solicitante sobre su orientación sexual que figuren en tales conclusiones.

(véanse los apartados 37, 40, 42, 43, 45 y 46 y el punto 1 del fallo)