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El artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento n.o 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que el momento en que se [presenta ante un órgano jurisdiccional] el escrito de demanda o documento equivalente, con arreglo a dicha disposición, es el momento en que dicha presentación tiene lugar ante el órgano judicial de que se trate, aun cuando esa presentación no inicie por sí misma, de manera inmediata, el procedimiento según el Derecho nacional.

En efecto, una vez determinada cuál de las dos opciones previstas en el artículo 16, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 2201/2003 se aplica, según la elección realizada por el Estado miembro de que se trate, el momento en que se inició un procedimiento se fundamenta únicamente en la apreciación objetiva —en la primera opción, prevista en dicho artículo 16, apartado 1, letra a)— del momento en que se presentó ante dicho órgano jurisdiccional el escrito de demanda o documento equivalente, con independencia de cualquier norma procedimental nacional que tenga por objeto determinar cuándo y en qué circunstancias se inicia el procedimiento o se considera pendiente, siempre que posteriormente el demandante no haya dejado de cumplir la condición relativa a su notificación o traslado.

(véanse los apartados 26, 28 y 29 y el fallo)
Las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios no se aplican a una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el carácter meramente interno de la situación considerada no se opone a que el Tribunal de Justicia responda a una cuestión planteada en virtud del artículo 267 TFUE.

Es lo que puede suceder, en particular, en el supuesto en que el Derecho nacional obligue al órgano jurisdiccional remitente a reconocer a un nacional del Estado miembro de ese órgano jurisdiccional los mismos derechos que un nacional de otro Estado miembro obtendría del Derecho de la Unión en la misma situación o si la petición de decisión prejudicial versa sobre disposiciones del Derecho de la Unión a las que el Derecho nacional remite para determinar las normas aplicables a una situación puramente interna a dicho Estado.

No obstante, aunque el Tribunal de Justicia pueda, en esas circunstancias, llevar a cabo la interpretación solicitada, no le corresponde adoptar esa iniciativa si de la petición de decisión prejudicial no se desprende que sobre el órgano jurisdiccional remitente pesa una obligación de ese tipo.

(véanse los apartados 23 y 26 a 28)
La Directiva 2005/29, sobre las prácticas comerciales desleales lleva a cabo una armonización completa de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, y por tanto, como prevé expresamente su artículo 4, los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la referida Directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores, extremo que debe apreciar el órgano jurisdiccional nacional.

En efecto, la Directiva 2005/29 lleva a cabo una armonización completa de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas con respecto a los consumidores y, por tanto, como prevé expresamente su artículo 4, los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en dicha Directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores.

La misma Directiva establece, en su anexo I, una lista exhaustiva de treinta y una prácticas comerciales que, con arreglo al artículo 5, apartado 5, de esta Directiva, se consideran desleales en cualquier circunstancia. En consecuencia, como precisa expresamente el decimoséptimo considerando de la Directiva, se trata de las únicas prácticas comerciales que pueden considerarse desleales sin necesidad de un examen pormenorizado de que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados en los artículos 5 a 9 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

Pues bien, las prácticas consistentes en anunciar a los consumidores reducciones de precios que no indican el precio de referencia en el etiquetado no figuran en el anexo I de la Directiva. Por consiguiente, no pueden prohibirse en cualquier circunstancia, sino solamente a raíz de un análisis específico que permita comprobar su carácter desleal.

(véanse los apartados 34, 38, 39 y 41 y el fallo)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 15 de julio de 2015 —

Itales

(Asunto C‑123/14) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Principio de neutralidad fiscal — Deducción del IVA soportado — Concepto de “entregas de bienes” — Requisitos para la existencia de una entrega de bienes — Falta de prueba de la posesión efectiva de los bienes por el proveedor inmediato»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 26 y 27)

2. Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Denegación debida a la falta de realización efectiva de la entrega de bienes, por fraudes e irregularidades — Improcedencia — Límites — Requisitos — Destinatario de la factura que conocía o debía conocer la existencia de un fraude — Comprobación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional [Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 14, ap. 1, 167 y 168, letra a)] (véanse los apartados 35 a 42 y el fallo)

Fallo

Las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, concernientes al derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la administración tributaria de un Estado miembro considere que no se ha efectuado una entrega de bienes, impidiendo con ello que el adquirente pueda deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado en esa adquisición, por el motivo de que dicho adquirente no ha probado ni el origen de las mercancías de que se trata ni la posesión de éstas por el proveedor, cuando la citada administración no haya demostrado que el adquirente ha participado en un fraude en el impuesto sobre el valor añadido y que sabía o debería haber sabido que la operación en cuestión formaba parte de tal fraude.

( 1 ) DO C 151 de 19.5.2014.
Asunto C‑488/13

«Parva Investitsionna Banka» AD y otros

contra

«Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD

y

Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Okrazhen sad — Tagrovishte)

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 1896/2006 — Concepto de “créditos pecuniarios no impugnados” — Procedimiento de insolvencia — Título extrajudicial relativo a un crédito impugnado — Petición de ejecución con cargo a la masa de la quiebra, basada en un título de esta naturaleza — Situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1896/2006 — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia»

Sumario — Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de septiembre de 2014

Cooperación judicial en materia civil — Proceso monitorio europeo — Reglamento (CE) no 1896/2006 — Ámbito de aplicación — Ejecución de un título extrajudicial en el marco de un procedimiento de insolvencia — Exclusión [Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo] Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Situación puramente interna — Inexistencia de remisión al Derecho de la Unión en la legislación aplicable — Incompetencia manifiesta [Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 53, ap. 2, y 94, letras a) y c)]
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 6 de marzo de 2014 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión

(Asunto C‑248/12 P)

«Recurso de casación — FEOGA, FEAGA y FEADER — Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea — Admisibilidad del recurso de anulación — Situación del demandante que no está directamente afectado por laDecisión controvertida»

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Decisión de la Comisión por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEOGA, al FEAGA y al FEADER — Recurso interpuesto por una entidad regional beneficiaria de dicha financiación y que actúa como autoridad de gestión de los fondos percibidos — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 21 a 26, 32 a 34 y 40)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) de 6 de marzo de 2012, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión (T‑453/10), mediante el que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de un recurso que tiene por objeto la anulación parcial de la Decisión 2010/399/UE de la Comisión, de 15 de julio de 2010 [notificada con el número C(2010) 4894], por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 184, p. 6), en la medida en que excluye determinados gastos efectuados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva

Palabras clave Recurso de casación — Motivos — Motivos manifiestamente inadmisibles o manifiestamente infundados — Desestimación en cualquier momento, mediante auto motivado, sin procedimiento oral (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 181) (véase el apartado 16) 2. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen de un régimen de ayudas adoptado en sus características generales — Procedencia — Obligación del Estado miembro de comprobar la situación concreta de cada empresa de que se trata en la recuperación de una ayuda ilegal (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 25 a 28) Objeto del litigio Objeto Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2012, Compagnia Generale delle Acque/Comisión (T-264/00), mediante el que el Tribunal General desestimó una petición de anulación de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes nº 30/1997 y nº 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO L 150, p. 50) — Perjuicio del comercio intracomunitario — Repercusión en la competencia — Alcance del control — Carga de la prueba — Obligación de motivación. Parte dispositiva Fallo 1) Desestimar el recurso de casación. 2) Condenar en costas a Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de junio de 2013 — Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque/Comisión

(Asunto C-436/12 P)

«Recurso de casación — Ayuda de Estado — Ayudas en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia»

1. Recurso de casación — Motivos — Motivos manifiestamente inadmisibles o manifiestamente infundados — Desestimación en cualquier momento, mediante auto motivado, sin procedimiento oral (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 181) (véase el apartado 16)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen de un régimen de ayudas adoptado en sus características generales — Procedencia — Obligación del Estado miembro de comprobar la situación concreta de cada empresa de que se trata en la recuperación de una ayuda ilegal (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 25 a 28)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2012, Compagnia Generale delle Acque/Comisión (T-264/00), mediante el que el Tribunal General desestimó una petición de anulación de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO L 150, p. 50) — Perjuicio del comercio intracomunitario — Repercusión en la competencia — Alcance del control — Carga de la prueba — Obligación de motivación.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
15

Según reiterada jurisprudencia, el juez de la Unión no está facultado para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados, sino para determinar el importe máximo que puede recuperarse de la parte condenada en costas (véanse, en particular, los autos de 26 de noviembre de 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión, 318/82, Rec. p. 3727, apartado 2, y de 7 de junio de 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, apartado 19). Al pronunciarse sobre la demanda de tasación de costas, dicho juez no está obligado a tomar en consideración una tarifa nacional que fija los honorarios de los abogados ni un eventual acuerdo celebrado a este respecto entre la parte interesada y sus agentes o asesores (véanse, en particular, los autos Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión, antes citado, apartado 2, y de 30 de noviembre de 1994, British Aerospace/Comisión, C-294/90 DEP, Rec. p. I-5423, apartado 10).
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Política social — Aproximación de las legislaciones — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Directiva 2001/23/CE

(Directiva 2001/23/CE del Consejo, arts. 3, ap. 1, párr. 1, y 4, ap. 1, párr. 1)

Índice

En la medida en que el contrato de trabajo de duración determinada de un trabajador puesto a disposición por una empresa de trabajo temporal se extinguió por llegar el vencimiento previsto, en una fecha anterior a la de la transmisión de la actividad a la que dicho trabajador se hallaba destinado, la falta de renovación de dicho contrato debida a dicha transmisión no vulnera la prohibición establecida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. En consecuencia, no debe considerarse que dicho trabajador siguiese estando a disposición de la empresa usuaria en la fecha de dicha transmisión.

En efecto, el trabajador no tiene derecho, en principio, a la renovación de un contrato de trabajo de duración determinada. El hecho de que la fecha de extinción de tal contrato preceda a la fecha prevista para la transmisión de la actividad a la que el trabajador está destinado no puede crear tal derecho. La falta de renovación de un contrato de puesta a disposición de trabajadores de duración determinada por la falta de un nuevo acuerdo de voluntades entre el empresario y el trabajador no puede equipararse, pues, a un despido en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23, con el que se pone fin al contrato de trabajo o a la relación laboral mediante una decisión unilateral del empresario.

(véanse los apartados 33, 34 y 37 y el fallo)
35

De ello resulta que, habida cuenta de que el Sr. Vandermeir no utiliza su vehículo en las condiciones enumeradas en el apartado 32 de este auto, ni la circunstancia de que ejerza su actividad por cuenta propia en Luxemburgo como persona física que dispone de un establecimiento permanente en este Estado miembro, y no como administrador o gerente de una sociedad establecida en ese mismo Estado miembro, ni el hecho de que él mismo haya tomado un vehículo en arrendamiento financiero de una sociedad luxemburguesa, y no por intermedio de un empresario que ponga a continuación el vehículo a su disposición, justifican una obligación de matriculación como la controvertida en el asunto principal.
Asunto C-497/08

Amiraike Berlin GmbH

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Charlottenburg)

«Jurisdicción voluntaria — Nombramiento del liquidador de una sociedad — Incompetencia del Tribunal de Justicia»

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de enero de 2010 I ‐ 103

Sumario del auto

Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Concepto

(Art. 234 CE)

Para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dirigirse al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 234 CE, es necesario que se halle pendiente ante él un litigio y que deba pronunciarse en un procedimiento que culmine con una resolución de carácter jurisdiccional.

Por lo tanto, el Amtsgericht Charlottenburg (Alemania) no puede dirigirse al Tribunal de Justicia cuando actúe en calidad de autoridad administrativa y no deba al mismo tiempo resolver un litigio, de modo que ejerza una función no jurisdiccional. El Amtsgericht Charlottenburg se halla en esta situación en un supuesto en que su tarea esencial se reduce al nombramiento de un liquidador «adicional» del patrimonio subsistente de una sociedad cuyo asiento registral ha sido cancelado, en que no se encuentra pendiente ante él ningún litigio entre el demandante y una eventual parte demandada y en que es la primera autoridad que conoce de la demanda de nombramiento de un liquidador para dicha sociedad.

(véanse los apartados 17 a 21)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de mayo de 2009 — Seaport Investment/Department of the Environment for Northern Ireland

(Asunto C-454/08)

«Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y normativo — Cuestiones planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 234 CE) (véanse los apartados 8 a 10)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretación de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30) — Designación, a efectos de consulta, de una autoridad que tenga probabilidades de verse afectada por las repercusiones medioambientales de la ejecución de los planes y programas — Modalidades de información y consulta a las autoridades y al público.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland mediante resolución de 8 de septiembre de 2008 es manifiestamente inadmisible.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de mayo de 2009 — Seaport Investment/Department of the Environment for Northern Ireland

(Asunto C-454/08)

«Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y normativo — Cuestiones planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 234 CE) (véanse los apartados 8 a 10)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretación de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30) — Designación, a efectos de consulta, de una autoridad que tenga probabilidades de verse afectada por las repercusiones medioambientales de la ejecución de los planes y programas — Modalidades de información y consulta a las autoridades y al público.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland mediante resolución de 8 de septiembre de 2008 es manifiestamente inadmisible.
1)

El examen del artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 314/2002 de la Comisión, de 20 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 38/2004 de la Comisión, de 9 de enero de 2004, en la medida en que dicha disposición no prevé, para el cálculo de la cotización por producción, que se excluyan del excedente exportable las cantidades de azúcar contenidas en los productos transformados exportados para los que no se ha concedido ninguna restitución a la exportación, no ha revelado la existencia de elementos que puedan afectar a su validez.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento — Intervención — Procedimiento prejudicial

(Art. 234 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 23 y 40)

Índice

Debe declararse la inadmisibilidad de la solicitud de intervención del Supervisor Europeo de Protección de Datos en un asunto interpuesto en virtud del artículo 234 CE. En efecto, el derecho a intervenir como coadyuvante ante el Tribunal de Justicia está regulado por el artículo 40 del Estatuto, que reconoce este derecho a las personas físicas y jurídicas que demuestren un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal de Justicia. Dicho artículo dispone también que las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes. Por consiguiente, dicho artículo es de aplicación a los procedimientos entablados ante el Tribunal de Justicia que tengan por objeto zanjar un contencioso. Ahora bien, el artículo 234 CE, en virtud del cual se inició el presente asunto, no establece un proceso contencioso destinado a dirimir una controversia, sino que instituye un procedimiento que, con el fin de garantizar la unidad de interpretación del Derecho comunitario mediante la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, permite a estos últimos solicitar la interpretación de los textos comunitarios que deben aplicar a los litigios de que conocen. De esto se desprende que la intervención en un procedimiento prejudicial es improcedente.

Por otro lado, al no estar expresamente mencionado en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia y al no tener en el litigio principal la condición de «parte litigante» en el sentido de dicho artículo, que regula la participación en el procedimiento en los casos previstos en el artículo 234 CE, el Supervisor no puede presentar ante el Tribunal de Justicia observaciones sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

(véanse los apartados 8 a 13)