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30

A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que los Reglamentos n.os 1215/2012 y 1346/2000 deben interpretarse de modo que se evite todo solapamiento entre las normas jurídicas que establecen y toda laguna jurídica. Por tanto, las acciones que, con arreglo al artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012, estén excluidas del ámbito de aplicación de este último, por estar comprendidas dentro de «la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos», están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1346/2000. Análogamente, las acciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1346/2000 están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1215/2012 (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Valach y otros, C‑649/16, EU:C:2017:986, apartado 24 y jurisprudencia citada).
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 4, de los artículos 8 y 9 y del anexo I, punto 29, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO 2005, L 149, p. 22), de los artículos 3 y 4 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) (DO 2002, L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37, y corrección de errores en DO 2013, L 241, p. 8) (en lo sucesivo, «Directiva Marco»), así como de los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11) (en lo sucesivo, «Directiva sobre el servicio universal»).
14

Conforme al Derecho neerlandés, el recurso en primera instancia ante el rechtbank (Tribunal de Primera Instancia, Países Bajos) contra una decisión del Secretario de Estado de Seguridad y Justicia en materia de protección internacional tiene efecto suspensivo de pleno Derecho. Aunque cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el rechtbank (Tribunal de Primera Instancia) que confirman una decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional y se impone una obligación de retorno, el procedimiento de apelación no tiene efecto suspensivo de pleno Derecho. No obstante, el recurrente puede solicitar al voorzieningenrechter (Juez de medidas cautelares, Países Bajos) del Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos) que adopte medidas cautelares, para evitar en particular ser expulsado, en espera del resultado del procedimiento de apelación en cuanto al fondo. Esa solicitud de medidas cautelares no tiene en sí misma efecto suspensivo de pleno Derecho.
12

Mediante resolución de 18 de julio de 2016, el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo Mercantil de Viena) se declaró incompetente y desestimó la demanda, basándose principalmente en que, en relación con las condiciones de aplicación del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, la Sra. Löber no había alegado el hecho de que el daño en cuestión se materializara directamente en una cuenta bancaria abierta en un banco de Viena (Austria) con la que se la podía relacionar. Según aquel tribunal de lo mercantil, al haber adquirido la Sra. Löber los certificados por mediación de bancos establecidos en Graz o en Salzburgo, el daño en cuestión se había producido en estas últimas localidades y no en alguna de las localidades a las que se extiende su propia competencia territorial.
36

En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿La cláusula de “standstill” establecida en el artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 del Consejo de Asociación ha reemplazado totalmente a la cláusula de “standstill” establecida en el artículo 7 de la Decisión n.o 2/76 del Consejo de Asociación, o debe seguir juzgándose con arreglo al artículo 7 de la Decisión n.o 2/76 la legalidad de las nuevas restricciones a la libre circulación de los trabajadores que fueron introducidas entre la entrada en vigor de la Decisión n.o 2/76 y la aplicabilidad del artículo 13 de la Decisión n.o 1/80? 2) En caso de que proceda responder a la primera cuestión en el sentido de que el artículo 7 de la Decisión n.o 2/76 no ha sido totalmente derogado, ¿cabe trasladar íntegramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 a la aplicación del artículo 7 de la Decisión n.o 2/76, con la consecuencia de que este último precepto también comprenda, desde el punto de vista material, una normativa nacional adoptada con efectos de 5 de octubre de 1980, mediante la cual se condiciona la reagrupación conyugal con un trabajador turco a la concesión de un visado nacional? 3) ¿Está justificada la introducción de tal normativa nacional por una razón imperiosa de interés general, en particular por el objetivo del control eficaz de la inmigración y de la gestión de los flujos migratorios, habida cuenta de que las circunstancias especiales del caso concreto se toman en consideración mediante una disposición relativa a los casos que presentan “dificultades excesivas”?»
33

Debe precisarse, a este respecto, que la fundición maleable constituye una categoría particular en la designación normalizada de las fundiciones. En particular, el Comité Europeo de Normalización —en cuanto organización europea de normalización enunciada en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2012, L 316, p. 12)— adoptó, en el documento EN 1560:2011, la norma europea EN 1560.
32

En tercer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de no discriminación, del que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es una expresión concreta, exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, apartado 46 y jurisprudencia citada).
3

El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 222, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1560/2003»), está constituido por listas de medios de prueba e indicios pertinentes a efectos de la aplicación del Reglamento Dublín III.
37

Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un plazo de caducidad cuya terminación tiene el efecto de sancionar al contribuyente insuficientemente diligente, que no haya solicitado la deducción del IVA soportado, con la pérdida del derecho a deducir el IVA, no puede considerarse incompatible con el régimen establecido por la Directiva del IVA siempre que, por una parte, dicho plazo se aplique de igual forma a los derechos análogos en materia fiscal basados en el Derecho interno y a los basados en el Derecho de la Unión (principio de equivalencia) y, por otra parte, no haga en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a deducir el IVA (principio de efectividad) (sentencia de 21 de marzo de 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, apartado 47 y jurisprudencia citada).
12

En virtud del artículo 11, apartado 1 quater, de la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Ley n.o 571/2003, sobre el Código Tributario) (Monitorul Oficial al României n.o 927, de 23 de diciembre de 2003): «Los contribuyentes, sujetos pasivos establecidos en Rumanía, cuya identificación a efectos del IVA haya sido anulada conforme a lo dispuesto en el artículo 153, apartado 9, letras b) a e), y letra h), no disfrutarán, durante ese período, del derecho a la deducción del IVA correspondiente a las adquisiciones efectuadas, pero estarán sujetos a la obligación de pago del IVA percibido, conforme a lo dispuesto en el título VI, por las operaciones gravadas realizadas en tal período. Por lo que respecta a las adquisiciones de bienes o de servicios efectuadas en el período en que el interesado carece de número de identificación válido a efectos del IVA, destinadas a operaciones que se realizarán con posterioridad a la fecha de registro a efectos del IVA y que generen el derecho a la deducción conforme al título VI, se ajustará, en favor del sujeto pasivo y mediante su inclusión en la primera declaración del IVA conforme al artículo 156 ter presentada por el sujeto pasivo después de haber sido identificado a efectos del IVA, o, en su caso, en una declaración posterior, el impuesto correspondiente: a) a las existencias y a los servicios no utilizados en el momento del registro a efectos del IVA, comprobados mediante inventario; b) a los activos fijos tangibles, incluidos los bienes de capital, para los que no haya expirado el período de ajuste de la deducción, así como a los activos fijos tangibles en curso de ejecución, comprobados mediante inventario y de los que el sujeto pasivo sea propietario en el momento de identificarse a efectos del IVA. En caso de los activos fijos tangibles distintos de los bienes de capital, se ajustará el impuesto correspondiente a los valores no amortizados en el momento de la identificación a efectos del IVA. En el caso de los bienes de capital se aplicará el artículo 149; c) a las adquisiciones de bienes y de servicios que vayan a obtenerse, esto es, aquellas respecto de las que el impuesto se convierte en exigible, conforme al artículo 134 ter, apartado 2, letras a) y b), antes de la fecha de la identificación a efectos del IVA y cuyo hecho imponible, a saber, la entrega de bienes o la prestación de servicios, se realiza después de tal fecha.»
Asunto C‑367/17

S

contra

EA y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht)

«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Reglamento (CE) n.o 510/2006 — Artículo 4, apartado 2, letra e) — Reglamento (UE) n.o 1151/2012 — Artículo 7, apartado 1, letra e) — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen — Solicitud de modificación del pliego de condiciones — Jamón procedente de la región de la Selva Negra, Alemania (“Schwarzwälder Schinken”) —Cláusulas de envasado en la región de producción — Aplicabilidad del Reglamento n.o 510/2006 o del Reglamento n.o 1151/2012»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2018

Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios — Producto certificado por una indicación geográfica protegida — exigencia de que el envasado del producto se lleve a cabo en la zona geográfica de producción del mismo — Procedencia — Requisitos — Proporcionalidad — Comprobación por parte del tribunal nacional

[Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 1, letra e); Reglamento (CE) n.o 510/2006, art. 4, ap. 2, letra e); Reglamento (CE) n.o 1898/2006 de la Comisión, art. 8]

El artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento (CE) n.o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en relación con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 510/2006, y el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, deben interpretarse en el sentido de que la exigencia de que el envasado de un producto certificado por una indicación geográfica protegida se lleve a cabo en la zona geográfica de producción del mismo estará justificada, de conformidad con el citado artículo 4, apartado 2, letra e), si constituye un medio necesario y proporcionado para salvaguardar la calidad del producto, garantizar su origen o asegurar el control del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida. Corresponde al juez nacional determinar si tal exigencia está debidamente justificada por alguno de los objetivos antes mencionados en lo que atañe a la indicación geográfica protegida «Schwarzwälder Schinken».

(véanse el apartado 36 y el fallo)
–

queda excluido que los poderes adjudicadores no firmantes de dicho acuerdo marco no determinen la cantidad de las prestaciones que podrán solicitar cuando celebren contratos en ejecución del acuerdo marco o que la determinen mediante la referencia a sus necesidades ordinarias, so pena de violar los principios de transparencia y de igualdad de trato de los operadores económicos interesados en celebrar dicho acuerdo marco.
1)

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa al Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades competentes, en particular de su artículo 13, párrafo primero, al no haber adoptado, dentro del plazo fijado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva de Ejecución y al no haber notificado a la Comisión Europea el texto de las disposiciones adoptadas para garantizar su transposición.
La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el sabor de un alimento quede protegido por el derecho de autor con arreglo a dicha Directiva y a que una normativa nacional se interprete de tal forma que conceda la protección del derecho de autor a ese sabor.

En efecto, por una parte, las autoridades que deben velar por la protección de los derechos exclusivos inherentes al derecho de autor deben estar en condiciones de conocer con claridad y precisión los objetos así protegidos. Lo mismo cabe decir de los particulares, en especial, de los agentes económicos, que deben estar en condiciones de identificar con claridad y precisión los objetos protegidos en beneficio de terceros, en concreto, de los competidores. Por otra parte, la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del objeto protegido implica que este pueda ser definido mediante una expresión precisa y objetiva. Sin embargo, no hay posibilidad de identificación precisa y objetiva del sabor de un alimento. En efecto, a diferencia, por ejemplo, de una obra literaria, pictórica, cinematográfica o musical, que es una expresión precisa y objetiva, la identificación del sabor de un alimento se basa en lo esencial en sensaciones y experiencias gustativas, que son subjetivas y variables, toda vez que dependen, en particular, de factores relacionados con la persona que prueba el producto en cuestión, como su edad, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de consumo, y del entorno o del contexto en que tiene lugar la degustación del producto. Además, la identificación precisa y objetiva del sabor de un alimento, que permita distinguirlo del sabor de otros productos de igual naturaleza, no es posible mediante los recursos técnicos disponibles en la fase actual del desarrollo científico.

(véanse los apartados 41 a 43 y 46 y el fallo)
Asuntos acumulados C‑195/17, C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 a C‑286/17 y C‑290/17 a C‑292/17

Helga Krüsemann y otros

contra

TUIfly GmbH

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Amtsgericht Hannover y el Amtsgericht Düsseldorf)

«Procedimiento prejudicial — Transporte — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 5, apartado 3 — Artículo 7, apartado 1 — Derecho a compensación — Exención — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — “Huelga salvaje”»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de abril de 2018

Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación de un vuelo — Exoneración de la obligación de compensación — Requisito — Circunstancias extraordinarias — Concepto — Ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación («huelga salvaje») originada por el anuncio sorpresivo por un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo de una reestructuración de la empresa, a raíz de una iniciativa promovida no por los representantes de los trabajadores de la empresa sino espontáneamente por los mismos trabajadores, que han pasado a situación de baja por enfermedad — Exclusión

[Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 3]

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse, a la luz del considerando 14 de aquel, en el sentido de que la ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación («huelga salvaje») como la acaecida en los asuntos principales, que tuvo su origen en el anuncio sorpresivo por un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo de una reestructuración de la empresa, a raíz de una iniciativa promovida no por los representantes de los trabajadores de la empresa, sino espontáneamente por los mismos trabajadores, que pasaron a situación de baja por enfermedad, no está comprendida en el concepto de «circunstancias extraordinarias» en el sentido de dicha disposición.

(Véase el apartado 48 y el fallo)
Asunto C‑140/17

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

contra

Gmina Ryjewo

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny)

«Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 167, 168 y 184 — Deducción del impuesto soportado — Regularización — Bienes inmuebles de inversión — Afectación inicial a una actividad que no confiere el derecho a deducción y luego, además, a una actividad sujeta al IVA — Organismo público — Condición de sujeto pasivo en el momento de realizar la operación sujeta al impuesto»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Regularización de las deducciones — Bienes inmuebles de inversión que por su naturaleza pueden destinarse tanto a actividades gravadas como a actividades no gravadas — Organismo de Derecho público que en un primer momento utiliza el inmueble para actividades no gravadas — Derecho a la regularización — Requisito — Condición de sujeto pasivo en el momento de realizar la operación sujeta al impuesto

(Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 167, 168 y 184)

Los artículos 167, 168 y 184 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un organismo de Derecho público disfrute del derecho a regularizar las deducciones del IVA que soportó por un bien inmueble de inversión en una situación como la que se contempla en el litigio principal, en la que, al adquirir dicho inmueble, por una parte, este último podía destinarse por su naturaleza tanto a actividades gravadas como a actividades no gravadas, pero en un primer momento se utilizó para actividades no gravadas y, por otra parte, el organismo público no había declarado expresamente que tuviera la intención de afectar dicho inmueble a una actividad gravada, pero tampoco había excluido tal posibilidad, en la medida en que el análisis de conjunto de las circunstancias de hecho, cuya realización incumbe al tribunal nacional, permita concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 168 de la Directiva 2006/112, según el cual el sujeto pasivo debe haber actuado en su condición de sujeto pasivo en el momento en que adquirió el bien de que se trate.

(véanse el apartado 59 y el fallo)
El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada adoptada por un Estado contratante respecto a un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante sea ejecutada aun cuando siga en curso el procedimiento de consulta previsto en esta disposición, en la medida en que el Estado contratante informador considere que dicho nacional representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de la facultad del referido nacional para ejercer los derechos que le otorga ese permiso de residencia dirigiéndose posteriormente al territorio del segundo Estado contratante. No obstante, transcurrido un plazo razonable tras la incoación del procedimiento de consulta sin que haya habido respuesta del Estado contratante consultado, corresponderá al Estado contratante informador proceder a retirar la inscripción como no admisible y, en su caso, inscribir al nacional de un tercer país en su lista nacional de personas no admisibles.

(véanse el apartado 55 y el punto 2 del fallo)