SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 20 de noviembre de 1996

Asunto T-135/95

Z

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Ausencia no autorizada del servicio — Artículos 59 y 60 del Estatuto — Certificados médicos — Incapacidad laboral»

Texto completo en lengua francesa II-1413

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anule la decisión de 6 de septiembre de 1994, por la que se aplica a la demandante el artículo 60 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, confirmada mediante la decisión de la Comisión de 4 de abril de 1995, por la que se deniega la reclamación de la demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Hechos y procedimiento

La demandante, funcionaria de la Comisión en el grado C 1, partió a España, su país de origen, en julio de 1992 para disfrutar sus vacaciones anuales, y no reanudó su trabajo al finalizarlas en agosto de 1992. Envió a la Comisión certificados de enfermedad que acreditaban que sufría de fibromialgia. Dichos certificados, en los que no figuraba el sello del médico, se regularizaron en diciembre de 1992. Sin embargo, la Comisión se negó a admitir su validez en la medida en que se referían a la misma patología por la que la Comisión de invalidez ya había declarado que la demandante era apta para el trabajo.

El 23 de diciembre de 1992, la Comisión decidió aplicar a la demandante las disposiciones del artículo 60 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) y suspendió su retribución a partir del 1 de enero de 1993. Mediante sentencia de 26 de enero de 1995, el Tribunal de Primera Instancia anuló dicha decisión, debido a que la Comisión no había admitido los certificados médicos presentados por la demandante y había considerado que ésta se hallaba en situación de ausencia no autorizada sin haber dispuesto previamente una visita médica de control como requiere el artículo 59 del Estatuto.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de enero de 1995, O/Comisión (T-527/93, RecFP p. II-29)

Hasta el 26 de julio de 1993, la demandante siguió justificando sus ausencias del Servicio mediante el envío a la Comisión de certificados de enfermedad relativos a su fibromialgia. Las ausencias de la demandante hasta dicha fecha no fueron objeto de control médico puesto que los servicios de la Comisión no las consideraron irregulares. A partir del 27 de julio de 1993 y hasta el 20 de enero de 1994, la demandante envió a la Comisión los certificados médicos relativos a otras patologías relacionadas con una interrupción del embarazo. De conformidad con el dictamen del Servicio Médico, se aceptó que dichos certificados justificaban una licencia por enfermedad de la demandante durante dicho período.

La demandante fue citada sucesivamente a dos visitas médicas de control en Bruselas, a las que no se presentó, enviando, cada vez, un certificado de su médico según el cual no podía viajar.

Como consecuencia de una segunda negativa de la demandante a presentarse en Bruselas, el Servicio Médico de la Comisión hizo examinar a la demandante en España, el 16 de marzo de 1994, por una comisión médica integrada por dos psiquiatras y dos psicólogos. Según el informe elaborado por dicha comisión el 24 de marzo de 1994, la demandante sufría de una «ansiedad generalizada» que no obstante no le impedía viajar a Bruselas. La demandante tuvo conocimiento de dicho informe mediante un escrito de 11 de abril de 1994 dirigido a su Abogado por el Secretario del Consejo de Disciplina de la Comisión. Posteriormente, la totalidad del informe fue puesto a disposición de un médico elegido por la demandante, como se desprende de un escrito fechado el 18 de abril de 1994, dirigido a su Abogado por el Presidente del Consejo de Disciplina.

Una vez efectuado el examen médico de 16 de marzo de 1994 y tras haber tenido conocimiento de las conclusiones del informe, la demandante envió una serie de certificados médicos a los servicios de la Comisión. El primero, de 30 de mayo de 1994, acreditaba que la demandante seguía un tratamiento médico-psiquiátrico y que su estado requería continuar las visitas médicas. El segundo, de 20 de junio de 1994, acreditaba que su embarazo de 8 a 9 semanas se desarrollaba normalmente. El tercer certificado, de 14 de julio de 1994, acreditaba la necesidad de interrumpir su tratamiento debido a que estaba embarazada pero que, en todo caso, debe seguir sometida a tratamiento psicoterapèutico con el objeto de estabilizar su estado y hacer desaparecer sus síntomas. El cuarto certificado, de 21 de julio de 1994, acreditaba su tratamiento durante el tercer mes de embarazo, así como su incapacidad para viajar. Por último, un quinto certificado, de 1 de septiembre de 1994, acreditaba un seguimiento y un tratamiento psiquiátrico destinado a aliviar los síntomas depresivos agravados como consecuencia de su embarazo y que daban lugar a crisis de ansiedad debidas, en parte, a los medicamentos que había tomado anteriormente.

Mediante escrito de la Dirección General de Personal de la Comisión de 6 de septiembre de 1994, se informó a la demandante que el Servicio Médico no había admitido los certificados médicos que ella había enviado anteriormente y que, por consiguiente, sus ausencias, tanto en el lugar de su destino como en el de su trabajo, continuaban siendo consideradas como no autorizadas en el sentido del artículo 60 del Estatuto.

El 23 de noviembre de 1994, la demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto contra la citada decisión de la Comisión de considerar su falta de asistencia como no autorizada a pesar de que el 25 de julio había enviado el certificado médico con fecha de 21 de julio de 1994.

Mientras tanto, la demandante fue sometida a una nueva visita médica de control que tuvo lugar en su domicilio en España el 25 de octubre de 1994. Según el dictamen del médico que examinó a la demandante, no existía ningún elemento clínico que justificara el reconocimiento de una incapacidad laboral. Sin embargo, «vistas las circunstancias familiares, así como [su] embarazo avanzado», propuso «por razones puramente humanitarias, aunque no médicas», reconocer a la demandante la incapacidad para trabajar a partir del 25 de octubre de 1994 hasta el término de su licencia por maternidad.

Mediante decisión notificada a la demandante el 4 de abril de 1995, se desestimó su reclamación, debido a que el examen médico a que se la había sometido el 16 de marzo de 1994 no revelaba ningún elemento que permitiese al Servicio Médico de la Comisión llegar a la conclusión de que ella no podía reincorporarse a su puesto de trabajo o viajar por motivos de salud. Según dicha decisión, ninguno de los certificados presentados por la demandante desde el 20 de enero de 1994 mencionaba que, por razón de enfermedad, estuviese imposibilitada para trabajar y que, si lo hacían, dichos certificados no indicaban las fechas de dicha incapacidad. En esas circunstancias, al no tener un motivo válido para justificar las ausencias de su trabajo, debía considerarse que la demandante se hallaba en situación de ausencia no autorizada durante el período de 16 de marzo de 1994 a 6 de septiembre de 1994, e incluso hasta el 25 de octubre de 1994, fecha en que la Comisión hizo que la demandante se sometiera a una nueva visita médica de control que se efectuó en España.

Por último, siempre según esta misma decisión denegatoria, la demandante había ido a Bruselas el 20 de mayo de 1994, con motivo de una investigación administrativa, y habría vuelto a España sin haber solicitado, en lo que se refiere a los días siguientes a su visita, vacaciones anuales o autorización para permanecer durante su licencia por enfermedad fuera de su lugar de destino.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Se deduce de la decisión impugnada de 6 de septiembre de 1994, confirmada mediante la decisión de 4 de abril de 1995, por la que se deniega la reclamación de la demandante con arreglo a las disposiciones del artículo 60 del Estatuto, que su adopción se basó en la ausencia no autorizada de la demandante, tanto de su lugar de destino como de su lugar de trabajo, desde el 16 de marzo al 6 de septiembre de 1994 y, en realidad, hasta el 25 de octubre de 1994 (apartado 28).

La demandante imputa a la Comisión no haber motivado la decisión impugnada y haber infringido los artículos 59 y 60 del Estatuto (apartado 29).

Por lo que se refiere a la imputación basada en una falta de motivación, en su decisión de 6 de septiembre de 1994, la Comisión explica que la demandante se hallaba en situación de ausencia no autorizada, en el sentido del artículo 60 del Estatuto, porque los certificados de incapacidad laboral que había enviado anteriormente no habían sido admitidos por el Servicio Médico. Pese a que la Comisión no proporcionó en dicha decisión una explicación detallada relativa a las razones por las que dichos certificados no habían sido admitidos por el Servicio Médico, no obstante, la Institución demandada explicó la razón por la cual se consideró que la demandante se hallaba en situación de ausencia no autorizada de su servicio. En consecuencia, la decisión de 6 de septiembre de 1994 no puede considerarse viciada por una falta de motivación sino, a lo sumo, por una insuficiencia de motivación (apartado 30).

En segundo lugar, aunque la decisión de 6 de septiembre de 1994 no permitía que la demandante conociese las razones precisas por las cuales el Servicio Médico había rechazado los certificados médicos que había enviado, no obstante, la Comisión expuso en la decisión denegatoria de su reclamación de 4 de abril de 1995, que el diagnóstico formulado después de la visita médica de control de 16 de marzo de 1994 no revelaba ningún elemento que permitiera llegar a la conclusión de que la demandante estuviese imposibilitada para reincorporarse a su puesto de trabajo o para viajar y afirmó igualmente que los certificados controvertidos no demostraban que la demandante sufriera una incapacidad para el trabajo ni indicaban las fechas de la incapacidad alegada. Por consiguiente, debe considerarse que la Comisión, en el marco del procedimiento administrativo previo, había proporcionado una motivación suficiente a la demandante para que pudiera apreciar la procedencia de la denegación de su reclamación y la oportunidad de interponer un recurso ante el Juez comunitario (apartado 31).

En cuanto a la imputación basada en una infracción de los artículos 59 y 60 del Estatuto, según el artículo 59 del Estatuto, cuando un funcionario justifica que no puede ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente, debe comunicar su indisponibilidad a su Institución en el más breve plazo posible precisando al mismo tiempo el lugar en que se encuentre y, a partir del cuarto día de ausencia, debe presentar un certificado médico para justificarla. La administración sólo podrá negar la validez de dicho certificado médico y declarar la irregularidad de la ausencia del funcionario interesado si lo ha sometido previamente a una visita mèdica de control cuyas conclusiones sólo producen sus efectos administrativos a partir de la fecha en que se realiza la mencionada visita (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de junio de 1992, V/Parlamento (18/91, Rec. p. I-3997), apartado 34; O/Comisión, antes citada, apartado 36

Según las conclusiones del informe médico elaborado el 24 de marzo de 1994 como consecuencia de la visita médica de control de 16 de marzo de 1994, la demandante estaba en condiciones de viajar a Bruselas. Mediante escrito de 11 de abril de 1994, el Secretario General del Consejo de Disciplina de la Comisión comunicó a la demandante dichas conclusiones. Por lo tanto, a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de las mencionadas conclusiones, la demandante, con arreglo a las citadas disposiciones del artículo 59, así como del artículo 60 del Estatuto que establece que salvo en caso de enfermedad o accidente el funcionario no puede ausentarse sin autorización previa, estaba obligada a presentarse en su lugar de destino, Bruselas, para reincorporarse a su puesto de trabajo. En el supuesto de que no le resultara posible hacerlo, estaba obligada a pedir que se le expidieran y a enviar a la Comisión los certificados médicos que acreditaran expresamente su incapacidad para trabajar o para viajar (apartado 33).

Tras haber conocido las conclusiones del mencionado informe médico, la demandante no envió a la Comisión dichos certificados a partir del cuarto día de su ausencia, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 59 del Estatuto. Ahora bien, la obligación de las Instituciones comunitarias de disponer que se efectúe una visita médica de control tiene necesariamente como corolario la obligación de los funcionarios interesados de enviarles los certificados de los que se desprenda, con precisión suficiente y de forma concluyente, la incapacidad que, en su caso, pretendan alegar, bajo pena de dejar sin efecto las disposiciones de los artículos 59 y 60 del Estatuto (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de abril de 1991, Harrison/Comisión(T-13/91 R, Rec. p. II-179)

Por lo que se refiere al motivo basado en la ausencia de la demandante de su lugar de destino, los certificados presentados por ella tras la visita médica de control a que fue sometida el 16 de marzo de 1994, que reconocían su capacidad para viajar, no permiten concluir que no se encontraba en condiciones de viajar, salvo el de 21 de julio de 1994 que, en relación con los certificados precedentes y con el certificado consecutivo de 1 de septiembre de 1994, reconocía una incapacidad momentánea para desplazarse a Bruselas adonde, de todas maneras, hubiera debido ir, ya sea hasta la fecha de envío del certificado de 21 de julio de 1994, ya sea después y hasta la fecha de envío del certificado de 1 de septiembre de 1994. Por lo tanto, es lícito que, en su decisión de 6 de septiembre de 1994, la Comisión se haya negado a objetar las conclusiones del informe médico elaborado a raíz de la visita de control a que fue sometida la demandante el 16 de marzo de 1994 en el que se reconocía su capacidad para viajar y, por lo tanto, para estar presente en su lugar de destino en Bruselas (apartado 37).

En cuanto al motivo de la decisión de 6 de septiembre de 1994, basado en la ausencia no autorizada de la demandante de su puesto de trabajo, sin haber presentado ningún certificado médico que acredite su incapacidad para ejercer sus funciones, la demandante no puede imputar a la Comisión el hecho de no haber impugnado las conclusiones que su Servicio Médico había considerado que podía deducir del informe emitido a raíz de la visita médica de control de 16 de marzo de 1994, según las cuales, la demandante también era capaz de ejercer sus funciones. Además, las conclusiones del Servicio Médico de la Comisión quedó corroborado por las de un nuevo control médico a que se sometió la demandante el 25 de octubre de 1995 y que se refiere a la misma patología alegada en el certificado de 21 de julio de 1994. Según las conclusiones de dicho control, no existía ningún elemento clínico que justificase la incapacidad de la demandante para trabajar. Sólo por razones fundadas en «circunstancias familiares y por razones puramente humanitarias, aunque no médicas», la Comisión reconoció a la demandante una incapacidad laboral, a partir de la fecha de dicho control, el 25 de octubre de 1995 y hasta el término de su licencia por maternidad (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de julio de 1975, Vellozzi/Comisión (asuntos acumulados 42/74 y 62/74, Rec. p. 871), apartados 25 y 26

Por ultimo, y en todo caso, al no haber ido a Bruselas, cuando estaba en condiciones de hacerlo, tanto antes como después del envío del certificado de 21 de julio de 1994, la demandante se ha hecho responsable, en esta medida, de una ausencia no autorizada de su lugar de destino y, por lo tanto, de su puesto de trabajo (apartado 39).

En estas circunstancias, cuando la Comisión adoptó el 6 de septiembre de 1994 la decisión de aplicar a la demandante las disposiciones del artículo 60 del Estatuto, estaba facultada para hacerlo debido a la ausencia no autorizada de la demandante tanto de su lugar de destino como de su puesto de trabajo (apartado 40).

Fallo:

Se desestima el recurso.