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Asunto C-161/07

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República de Austria

«Incumplimiento de Estado — Artículo 43 CE — Normativa nacional que establece los requisitos para la inscripción de las sociedades a petición de los nacionales de los nuevos Estados miembros — Procedimiento de determinación de la condición de autónomo»

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, presentadas el 18 de septiembre de 2008 I ‐ 10673

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2008 I ‐ 10685

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones

(Arts. 43 CE y 46 CE)

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE un Estado miembro que exige, para la inscripción de sociedades en el registro mercantil a petición de nacionales de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, a excepción de la República de Chipre y de la República de Malta, en calidad de socios de una sociedad personalista o socios minoritarios de una sociedad de responsabilidad limitada, la determinación de su condición de autónomos por un Servicio de Empleo o la aportación de una exención del permiso de trabajo. En efecto, el artículo 43 CE prohíbe a todo Estado miembro prever en su legislación, para las personas que hagan uso de su libertad de establecerse en él, condiciones para el ejercicio de sus actividades que sean diferentes de las fijadas para sus propios nacionales. Por lo tanto, vulnera precisamente dicha prohibición una normativa que, para permitir el acceso a dichas actividades, somete a unas formalidades adicionales, con relación a las que se aplican a los propios nacionales, tan sólo a los nacionales de los ocho nuevos Estados miembros.

Esta diferencia de trato únicamente podría acogerse a la excepción contemplada en el artículo 46 CE, a tenor del cual las medidas discriminatorias sólo podrán estar justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas. A este respecto, aun suponiendo que el riesgo de elusión de las normas transitorias que regulan la libertad de circulación de los trabajadores procedentes de los ocho nuevos Estados miembros pueda irrogar un perjuicio al orden público del Estado miembro de que se trate, tal restricción a la libertad de establecimiento no está justificada si dicho Estado miembro no acredita de modo jurídicamente suficiente que la finalidad de un correcto funcionamiento del mercado de trabajo perseguida por la legislación controvertida hace necesaria la creación de un sistema de autorización general y previa, aplicable a todos los operadores afectados de los ocho nuevos Estados miembros, y que la citada finalidad no puede alcanzarse con medidas menos restrictivas de la libertad de establecimiento.

(véanse los apartados 28 a 30, 32, 38, 41 y 42 y el fallo)
Asunto C-136/07

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de España

«Incumplimiento de Estado — Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE — Reconocimiento de títulos y formaciones profesionales — Profesión de controlador de tránsito aéreo»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de octubre de 2008 I ‐ 7795

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de diplomas y títulos

(Directivas del Consejo 89/48/CEE y 92/51/CEE)

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, y de la Directiva 92/51, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48, un Estado miembro que no haya adoptado, en lo que respecta a la profesión de controlador de tránsito aéreo, un sistema de reconocimiento.

En efecto, dicha profesión debe calificarse de profesión regulada en el sentido de las citadas Directivas, de modo que está incluida en el ámbito de aplicación de esas mismas Directivas cuando el ejercicio de la actividad de controlador de tránsito aéreo está efectivamente regulado por disposiciones normativas que establecen un régimen que tiene por efecto reservar expresamente dicha actividad profesional a aquellas personas que reúnen determinados requisitos y prohibir el acceso a la misma a aquellas otras personas que no cumplen tales requisitos. La anterior conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que no exista una formación sancionada por un título único que permita acceder a la profesión de que se trata. Al estar supeditado el acceso a la profesión de controlador de tránsito aéreo a la posesión de un título, tal como se define en la Directiva 89/48, de ello se deduce que incumbe al Estado miembro de que se trate prever el reconocimiento de los títulos que estén incluidos tanto en la definición contenida en la Directiva 89/48 como en la que figura en la Directiva 92/51.

Dado que las mencionadas Directivas no instauran un sistema de reconocimiento automático, el carácter específico o local de determinadas habilitaciones que se exigen a toda persona que se proponga ejercer la profesión de controlador de tránsito aéreo en el Estado miembro de acogida no impide comparar, por un lado, las competencias acreditadas mediante los títulos o formaciones profesionales adquiridos en un Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida con vistas a ejercer esa misma profesión y, por otro lado, los conocimientos y habilitaciones requeridos en este último Estado miembro para el ejercicio de tal profesión.

(véanse los apartados 38 a 40, 45, 47, 53, 55 y 57 y el fallo)
Una asociación de Derecho privado, en forma de una asociación de utilidad pública, debe respetar, frente a los trabajadores, el principio de no discriminación, con arreglo al artículo 39 CE.

En virtud de dicho artículo, la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad Europea supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Por otra parte, el principio de no discriminación, sentado en el artículo 39 CE, se halla formulado en unos términos generales y no está dirigido específicamente ni a los Estados miembros ni tampoco a los organismos de Derecho público. De esta forma, la prohibición de las discriminaciones por razón de la nacionalidad no sólo se impone a la actuación de las autoridades públicas, sino que se extiende asimismo a las normativas de otra naturaleza que tengan por finalidad regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena y las prestaciones de servicios. En efecto, la eliminación, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas correría peligro si la supresión de las barreras de origen estatal pudiera verse neutralizada por los obstáculos derivados de actos realizados en ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones u organismos que no están sometidos al Derecho público. De esta forma, por lo que atañe al artículo 39 CE, el cual reconoce una libertad fundamental y constituye una aplicación específica de la prohibición de discriminación contenida en el artículo 12 CE, la prohibición de discriminación también se extiende a todos los convenios destinados a regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena, así como a los contratos entre particulares.

(véanse los apartados 41, 42, 43, 45, 46 y 48 y el punto 2 del fallo)
Asunto C-265/07

Caffaro Srl

contra

Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Roma)

«Operaciones comerciales — Directiva 2000/35/CE — Lucha contra la morosidad en los pagos — Procedimientos de cobro de créditos no impugnados»

Conclusiones de la Abogado General Sra. V. Trstenjak, presentadas el 24 de abril de 2008 I - 7087

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2008 I - 7106

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2000/35/CE — Procedimientos de cobro de créditos no impugnados

(Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5)

La Directiva 2000/35, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, en virtud de la cual un acreedor, provisto de un título ejecutivo relativo a un pago no impugnado adeudado por una administración pública como contraprestación de una operación comercial, no puede proceder a la ejecución forzosa contra esa administración antes de que transcurra un plazo de 120 días desde la notificación del título ejecutivo a dicha administración.

En efecto, la Directiva 2000/35, por lo que se refiere a los procedimientos de cobro de créditos no impugnados, armoniza tan sólo el plazo para la obtención de dicho título ejecutivo, sin regular los procedimientos de ejecución forzosa, que siguen estando sujetos al Derecho nacional de los Estados miembros.

(véanse los apartados 18 y 24 y el fallo)
Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, un Estado miembro que no adopta todas las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a lo dispuesto en dicha Directiva por lo que respecta a la profesión de farmacéutico hospitalario.

En efecto, el derecho al reconocimiento de los títulos está garantizado, como expresión del derecho fundamental a la libertad de establecimiento, por el artículo 43 CE, párrafo segundo. Pues bien, la Directiva 89/48, que establece un «método de reconocimiento» de los títulos a los que se refiere, establece un sistema general de reconocimiento de los títulos de estudios superiores que permiten el acceso a una profesión regulada y, por tanto, el ejercicio de un derecho que se encuentra recogido en el Tratado.

No cabe interpretar el artículo 47 CE, apartado 3, en el sentido de que excluye que una directiva cuyo objeto es la aplicación de tal sistema pueda aplicarse a las profesiones sanitarias. En efecto, tal interpretación llevaría no sólo a no aplicar la Directiva 89/48, sino, más en general, a excluir el derecho de los nacionales comunitarios al reconocimiento de los títulos de especialización en Farmacia, siendo así que este derecho resulta del artículo 43 CE, párrafo segundo.

De lo anterior se desprende que el reconocimiento de los títulos que dan acceso a la profesión de farmacéutico hospitalario está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48 y que los Estados miembros deben establecer un sistema que permita tal reconocimiento, con arreglo a las condiciones previstas en dicha Directiva.

(véanse los apartados 37 a 39, 43 y 44 y el fallo)
35

En primer lugar, tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como del artículo 152 CE, apartado 5, y del vigésimo sexto considerando de la Directiva 2005/36 resulta que el Derecho comunitario no supone merma alguna de la competencia de los Estados miembros para ordenar sus sistemas de seguridad social ni, en particular, para dictar disposiciones encaminadas a organizar servicios sanitarios como las oficinas de farmacia. No obstante, al ejercitar dicha competencia los Estados miembros deben respetar el Derecho comunitario y, en particular, las disposiciones del Tratado relativas a las libertades de circulación, incluida la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. Dichas disposiciones implican la prohibición de que los Estados miembros establezcan o mantengan en vigor restricciones injustificadas al ejercicio de dichas libertades en el ámbito de la asistencia sanitaria (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de mayo de 2006, Watts, C-372/04, Rec. p. I-4325, apartados 92 y 146, y de , Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, apartado 29).
121

Además, por lo que respecta a la repercusión de la sentencia SEVIC Systems, antes citada, sobre el principio establecido en las citadas sentencias Daily Mail and General Trust y Überseering, procede señalar que dichas sentencias no versan sobre el mismo problema, por lo que no puede sostenerse que la primera haya precisado el alcance de las segundas.
14

La aplicación del Reglamento no 2320/2002 y, en particular, de su artículo 4, apartado 2, está regulada por el Reglamento (CE) no 622/2003 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, por el que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea (DO L 89, p. 9), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 68/2004 de la Comisión, de (DO L 10, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento no 622/2003»).
34

Por el contrario, cuando el período del transporte por transbordador permite integrar el viaje en el plan general al que se refiere la sección 48, puntos 2 a 4, del anexo de la Directiva 91/628, en particular si no sobrepasa el tiempo máximo de 28 horas de transporte y, por consiguiente, no es necesario un tiempo de descanso de 12 horas, un período de transporte por carretera puede comenzar inmediatamente después de la arribada del buque al puerto de destino.
Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 249 CE y de los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 2003/643/CE de la Comisión, de 13 de mayo de 2003, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a las empresas Kahla Porzellan GmbH y Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [notificada con el número C(2003) 1520; ayuda nº C 62/00, ex NN 142/99] (DO L 227, p. 12) — No adopción, dentro del plazo señalado, de las medidas necesarias para recuperar las ayudas que hayan sido declaradas incompatibles con el mercado común.
3

El artículo 13, apartado 9, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (DO L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2634/97 del Consejo, de 18 de diciembre de 1997 (DO L 356, p. 13) (en lo sucesivo, «Reglamento no 805/68»), establece que el pago de las restituciones a la exportación de animales vivos está condicionado al cumplimiento de las disposiciones de la normativa comunitaria sobre el bienestar animal y, particularmente, de las disposiciones sobre protección de los animales durante el transporte.
63

No obstante, esas excepciones requieren el acuerdo de la Comisión, plasmado en forma de decisión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se concedieron excepciones de este tipo a la República de Chipre mediante decisión de 25 de septiembre de 2006 (DO L 270, p. 72) y a la República de Malta mediante decisión de 28 de noviembre de 2006 (DO L 332, p. 32). Es preciso señalar que la República Federal de Alemania no solicitó ni obtuvo de la Comisión decisión alguna que concediera excepciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 1, de la Directiva 2003/54.
9

Estas disposiciones del artículo 379 del Reglamento de aplicación son esencialmente idénticas a las del artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1062/87 de la Comisión, de 27 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones de aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito comunitario (DO L 107, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1429/90 de la Comisión, de 29 de mayo de 1990 (DO L 137, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1062/87»), reproducidas posteriormente en el artículo 49 del Reglamento (CEE) no 1214/92 de la Comisión, de 21 de abril de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito comunitario (DO L 132, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 3 y 72 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión resultante del Reglamento (CE) no 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001 (DO L 187, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), así como del artículo 10 bis del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión resultante del Reglamento (CE) no 410/2002 de la Comisión, de 27 de febrero de 2002 (DO L 62, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento no 574/72»).
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La Comisión estima que, al no haber derogado el Decreto-ley no 48 051, la República Portuguesa no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la ejecución de la sentencia Comisión/Portugal, antes citada. De hecho, el Gobierno portugués, con el fin de dar cumplimiento a la referida sentencia, se ha limitado a adoptar el proyecto de Ley no 56/X. Ahora bien, éste todavía no ha sido aprobado por el Parlamento y, en cualquier caso, su contenido no se atiene a las exigencias de una adaptación correcta y completa del Derecho interno a la Directiva 89/665.
El Reglamento no 615/98, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte, y, en particular, sus artículos 1 y 5, apartados 3 y 7, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad nacional competente en materia de restituciones a la exportación está facultada para decidir que un transporte de animales no se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/628, sobre la protección de los animales durante el transporte, en su versión modificada por la Directiva 95/29, pese a que, con arreglo al artículo 2, apartado 3, del mismo Reglamento, el veterinario oficial haya certificado que dicho transporte era conforme con lo dispuesto en esta Directiva. Para llegar a esta conclusión, la citada autoridad debe basarse en elementos objetivos, en relación con el bienestar de los animales, que puedan cuestionar los documentos presentados por el exportador, correspondiendo a éste acreditar, en su caso, que los elementos invocados por la autoridad competente para concluir que no se ha cumplido la Directiva 91/628, en su versión modificada por la Directiva 95/29, no son pertinentes.

(véanse el apartado 32 y el punto 1 del fallo)
Asuntos acumulados C-334/06 a C-336/06

Matthias Zerche y otros

contra

Landkreis Mittweida y Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Chemnitz)

«Directiva 91/439/CEE — Reconocimiento recíproco del permiso de conducción — Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol — Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro — Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro — Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE»

Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 14 de febrero de 2008 I - 4693

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de junio de 2008 I - 4694

Sumario de la sentencia

Transportes — Transportes por carretera — Permiso de conducción — Directiva 91/439/CEE

[Directiva 91/439/CEE del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003, arts. 1, ap. 2, 7, ap. 1, y 8, aps. 2 y 4]

Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003, deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, hasta que su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen.

En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.

(véanse el apartado 70 y el fallo)
La Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a), deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de discriminación directa que establecen no se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas discapacitadas. En efecto, el principio de igualdad de trato que, en materia de empleo y ocupación, consagra la citada Directiva no se aplica a una categoría determinada de personas, sino en función de los motivos contemplados en el artículo 1 de la misma.

Cuando un empresario trate a un trabajador que no sea él mismo una persona con discapacidad de manera menos favorable a como trata, ha tratado o podría tratar a otro trabajador en una situación análoga y se acredite que el trato desfavorable del que es víctima dicho trabajador está motivado por la discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la mayor parte de los cuidados que su estado requiere, tal trato resulta contrario a la prohibición de discriminación directa enunciada en el artículo 2, apartado 2, letra a).

(véanse los apartados 38, 50 y 56 y el punto 1 del fallo)
Por otra parte, tal régimen de seguro de asistencia, regido por disposiciones nacionales aplicables exclusivamente a una parte del territorio de un Estado miembro, no puede excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento no 1408/71, puesto que se financia, al menos parcialmente, mediante cotizaciones pagadas por los asegurados y no se menciona en el anexo II, sección III, de dicho Reglamento.

El Derecho comunitario no puede aplicarse a situaciones puramente internas. No puede oponerse a esta conclusión el principio de la ciudadanía de la Unión enunciado en el artículo 17 CE, que incluye en particular, según el artículo 18 CE, el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. En efecto, la ciudadanía de la Unión no tiene por objeto extender el ámbito de aplicación material del Tratado a situaciones internas que no tienen ninguna conexión con el Derecho comunitario. No obstante, la interpretación de disposiciones del Derecho comunitario puede resultar útil al órgano jurisdiccional nacional, incluso ante situaciones calificadas de puramente internas, en particular en el supuesto de que el Derecho del Estado miembro de que se trate exija que todo nacional de dicho Estado disfrute de los mismos derechos que el Derecho comunitario reconoce a un nacional de otro Estado miembro en una situación que dicho órgano jurisdiccional considere comparable.

(véanse los apartados 38 a 40)