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RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2011 :4 1SENTENCIA D EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA (Sala Segunda)
de 20 de enero de 2011
Asunto F-132/07
Guido St rack
contra
Comisión Europea
«Función p ública — Funcionarios — Artículos 17, 17 bis y 19 d el Estatuto — Solicitud de autorización 
para di vulgar documentos — Solicitud de autorización p ara p ublicar un texto — Solicitud de 
autorización p ara u tilizar actas levantadas ante las autoridad es judiciales nacionales — Admisibilidad »
Objeto: Recurso interpuesto con arr eglo a l os artículos 236 CE y 152 EA en virtud del cual el 
Sr. Strack solicita la anulación d e las decisiones de la C omisión, de 20 de julio, 
9 de agosto, 11 de septiembre y 9 de noviembre de 2007 , que desestiman las solicitudes 
de autorización p ara p ublicar y u tilizar a e fectos pe nales varios documentos contra 
determinados comisarios y f uncionarios de la Comisión y l a condena de la Comisión a l 
pago d e una indemnización d e da ños y pe rjuicios no i nferior en cualquier caso 
a 10.000 euros, por los perjuicios sufrido como consecuencia de esas decisiones.
Resultado:Se desestima el recurso. Se condena al pago de la totalidad d e las costas al demandante.
Sumario
1. Procedimiento — Presentación de l escrito de c ontestación — Plazo — Prórroga
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 39, ap. 2)
2. Funcionarios — Derechos y o bligaciones — Libertad de e xpresión — Ejercicio — Límites
(Art. 6 TUE, ap. 3; Estatuto de l os Funcionarios, art. 17 b is)
3. Funcionarios — Derechos y o bligaciones — Libertad de e xpresión — Publicación de t extos que se 
refieren a l a actividad de l a Unión — Inexistencia de o bligación de i nformación para los antiguos 
funcionarios — Divulgación de i nformaciones de se rvicio — Obligación de a utorización previa para los 
antiguos funcionarios
(Estatuto de l os Funcionarios, arts. 17 y 17 b is)
4. Funcionarios — Recursos — Petición con arreglo al articulo 90 , apartado 1, del Estatuto — Concepto
[Estatuto de l os Funcionarios, art. 90, ap. 1]
5. Funcionarios — Derechos y o bligaciones — Divulgación de i nformaciones de se rvicio — Obligación de 
autorización previa — Razón de se r
(Art. 339 TFUE; Estatuto de l os Funcionarios, art. 17)
2 ECLI:EU:F:2011 :4SUMARIO—ASUNTO F-132/07
STRACK/COMISIÓN
6. Funcionarios — Derechos y o bligaciones — Divulgación de i nformaciones de se rvicio — Obligación de 
autorización previa — Necesidad de p resentar ante la Administración una petición suficientemente 
precisa
(Estatuto de l os Funcionarios, art. 17)
7. Funcionarios — Principios — Principio de b uena administración — Alcance
8. Funcionarios — Derechos y o bligaciones — Divulgación de i nformaciones de se rvicio — 
Testimonio ante un órgano jurisdiccional nacional — Obligación de a utorización previa
[Estatuto de l os Funcionarios, arts. 11, párr. 1, 17 y 19]
1. El artículo 39, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función P ública 
permite a s u Presidente conceder una prórroga del plazo señalado a l a parte demandada p ara 
presentar e l escrito de contestación. A e ste respecto, la circunstancia d e que se hayan concedido 
varias prórrogas sin que haya habido debate contradictorio no v ulnera e l derecho de la parte 
demandante a u n juicio justo, si la situación d e las partes no s e ha modificado sustancialmente. Pues 
bien, la equidad d e un procedimiento se aprecia teniendo en cuenta dicha situación e n su conjunto.
(véase el apartado 31)
2. La obligación d e informar a l a autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos de la 
intención d e publicar u n texto cualquiera c uyo objeto haga referencia a l a actividad d e la Unión 
constituye una injerencia en el ejercicio de la libertad d e expresión d el funcionario. Por lo tanto, esa 
injerencia debe apreciarse de conformidad c on e l artículo 10, apartado 2, del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que garantiza derechos fundamentales que forman parte del Derecho de la Unión 
como principios generales, de conformidad c on e l artículo 6 TUE, apartado 3. Pues bien, el artículo 10, 
apartado 2, del citado Convenio, establece que el ejercicio de la libertad d e expresión «que [entraña] 
deberes y r esponsabilidad es, podrá s er sometido a c iertas formalidad es, condiciones, restricciones o 
sanciones», siemp re que estén previstas por la ley. Además, una no rma no p uede válidamente 
imponer restricciones a l a libertad d e expresión s i no e stá formulada c on la suficiente precisión p ara 
permitir al ciudada no a justar su conducta a e lla, lo que, por otra parte también, impone el principio 
de seguridad j urídica.
(véase el apartado 59)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 6 de marzo de 2001 , Conno lly/Comisión ( C-274/99 P), apartados 40 a 42; 3 de junio de 2008 , 
Intertanko y o tros (C-308/06), apartado 69
3. Habida c uenta de que el artículo 17 bis del Estatuto no e s aplicable a l os antiguos funcionarios, 
éstos pueden publicar textos que se refieran a l as actividad es de la Unión s in informar d e ello 
previamente a l a autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos, pero en cambio tienen la 
obligación d e solicitar u na autorización e n el sentido del artículo 17 d el Estatuto no s ólo antes de 
divulgar información r ecibida c on o casión d e sus funciones, sino t ambién antes de publicar textos, 
redactados por ellos o e n los que hayan colaborado, que contengan esa información, salvo que ésta ya 
sea de acceso público.
(véanse los apartados 62 a 64)
ECLI:EU:F:2011 :4 3SUMARIO—ASUNTO F-132/07
STRACK/COMISIÓN
4. Una pe tición b asada e n el artículo 90, apartado 1, del Estatuto debe precisar su objeto de manera 
suficientemente clara p ara q ue la autoridad p ueda r esolver con c onocimiento de causa y, en defecto 
de invitación p recisa para q ue se pronuncie, no e xistiría pe tición a lguna en el sentido de esa 
disposición. En efecto, una pe tición no p uede alcanzar su finalidad s i la autoridad f acultada p ara 
proceder a los no mbramientos no p uede comprender suficientemente su objeto.
(véase el apartado 69)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 12 de marzo de 1975 , Küster/Parlamento (23/74), apartado 11
Tribunal de Primera Instancia: 11 de junio de 1996 , Sánchez Mateo/Comisión (T -110/94), apartado 26; 11 de junio 
de 1996 , Ouzounoff Popoff/Comisión (T -111/94), apartado 28
5. El artículo 17 d el Estatuto prohíbe, en principio, divulgar información r ecibida c on o casión d e sus 
funciones, y s upedita esa divulgación a u na autorización p revia. Ese régimen de autorización pe rsigue 
que la autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos garantice que esa di vulgación no 
perjudicará l os intereses de la Unión n i afectará a s u funcionamiento y r eputación. También tiene por 
objeto pe rmitir que dicha autoridad p ueda c ontrolar, dentro del plazo señalado al efecto, que los 
funcionarios ajustan su conducta teniendo en cuenta los intereses de las instituciones y l as 
obligaciones que les incumben con arr eglo al artículo 339 TFUE. Por lo tanto, el régimen establecido 
par el artículo 17 d el Estatuto pe rsigue, en particular, preservar la relación d e confianza que debe 
existir entre las instituciones y s us agentes.
(véase el apartado 71)
6. El régimen de autorización e stablecido por el artículo 17 d el Estatuto prevé q ue el funcionario que 
desee di vulgar información r ecibida c on o casión d e sus funciones o u tilizar actas levantadas ante las 
autoridad es judiciales n acionales en e se c ontexto, está o bligado a p resentar u na pe tición 
suficientemente precisa a l a autoridad f acultada p ara p roceder a los no mbramientos.
La aplicación d e ese régimen supone que la cuestión d e si procede autorizar la di vulgación d e 
información s e aprecie a l a luz de todas las circunstancias concretas que concurren en el caso y d e 
sus consecuencias para l a institución y p ara e l ejercicio del servicio público. Esa aplicación e xige 
asimismo que se ponderen los distintos intereses en juego para d eterminar cuál de los intereses de la 
Unión o d el público a r ecibir información d ebe primar. Además, no p odría s er de otro modo, ya que 
la libertad d e expresión i mplica la de di fundir i nformación y l a negativa a a utorizar e sa di fusión 
basándose en una apreciación gl obal y a bstracta sería c ontraria a l os requisitos que deben concurrir 
para q ue una injerencia en esa libertad sea admisible.
Además, el derecho de todo justiciable a a cudir a l os tribunales, garantizado por el artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, podría ve rse afectado en su propia esencia si la autoridad 
facultada p ara p roceder a l os no mbramientos se viera o bligada a p ronunciarse de manera general y 
abstracta, sin haber efectuado previamente un examen completo y d etallado.
(véanse los apartados 72 a 75)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 18 de febrero de 1992 , Weddel/Comisión ( C-54/90), conclusiones del Abogado General Van 
Gerven, punto 11
Tribunal de Primera Instancia: 13 de junio de 2002 , Ferrer de Moncada/Comisión (T -74/01), apartado 58
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STRACK/COMISIÓN
7. El principio de buena administración no di spensa al administrado de la obligación d e información y 
de lealtad h acia las instituciones que recae sobre él cuando les formula una petición.
(véase el apartado 79)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 23 de enero de 2002 , Gonçalves/Parlamento (T -386/00), apartado 74; 17 de octubre 
de 2002 , Astipesca/Comisión (T -180/00), apartado 93; 11 de marzo de 2003 , Conserve Italia/Comisión (T -186/00), 
apartado 50
8. Los artículos 17 y 19 d el Estatuto no o bligan, ciertamente, al funcionario a l imitar el número y e l 
volumen de documentos con r especto a l os cuales solicita autorización p ara di vulgar o a p resentar 
ante los tribunales en la me dida e n que considera q ue la di vulgación y l a presentación a nte los 
tribunales de cada u no d e esos documentos esté justificada. Sin em bargo, en virtud del deber de 
cooperación l eal que recae sobre el funcionario, con arr eglo al artículo 11, párrafo primero, del 
Estatuto, le corresponde facilitar la labor de la Administración. En este sentido, recae sobre él con 
mayor ra zón l a obligación q ue le incumbe de ofrecer indicaciones suficientemente precisas, en 
particular por lo que se refiere al objeto de los documentos en cuestión y a s u respectivo interés en 
relación c on e l objetivo general que pe rsigue. Así pues, el funcionario debe clasificar los documentos 
según criterios ad ecuados y c oherentes para f acilitar s u examen y p roporcionar, en su caso, un 
resumen.
(véanse los apartados 78 y 81)