ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1

Con su recurso de casación el Sr. Anbouba solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2013, Anbouba/Consejo (T‑592/11, EU:T:2013:427; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), que desestimó su recurso de anulación contra: — la Decisión 2011/684/PESC del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 269, p. 33); — la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/273/PESC (DO L 319, p. 56); — el Reglamento (UE) no 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 269, p. 18); — el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 442/2011 (DO L 16, p. 1), y — el Reglamento de Ejecución (UE) no 410/2012 del Consejo, de 14 de mayo de 2012, por el que se aplica el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 (DO L 126, p. 3), en cuanto el nombre del Sr. Anbouba figura en las listas de las personas a las que se aplican las medidas restrictivas impuestas por esos actos (en lo sucesivo, «actos controvertidos»).
5

El artículo 47 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1248/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 7) (en lo sucesivo, «Reglamento no 574/72»), dispone: «Cálculo de las cuantías debidas que correspondan a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado La institución de cada Estado miembro calculará, con arreglo a la legislación que aplique, la cuantía debida que corresponda a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado que no esté sujet[a] a las cláusulas de supresión, de reducción o de suspensión de otro Estado miembro, tal como se especifica en la letra c) del apartado 3 del artículo 46 bis del Reglamento.»
36

Además, el Tribunal de Justicia afirmó que, dado que las ANR, conforme al artículo 8, apartado 2, de la Directiva marco, están obligadas a fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, de servicios de comunicaciones electrónicos y de recursos y servicios asociados, en particular velando por que la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas no se falsee ni se vea obstaculizada, una interpretación estricta del artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco, según la cual esta disposición no confiere un derecho de recurso a las personas que no sean los destinatarios de las decisiones de las ANR, es difícilmente compatible con los objetivos generales y los principios normativos que el artículo 8 de la mencionada Directiva establece para las ANR y, en particular, con el objetivo de fomentar la competencia (véase, en este sentido, la sentencia Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, apartados 37 y 38).
Las disposiciones de la Decisión no 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, examinadas también a la luz del artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, deben interpretarse en el sentido de que los nacionales de un Estado miembro que han formado parte, como trabajadores turcos, del mercado legal de trabajo de ese Estado no pueden, por haber conservado la nacionalidad turca, invocar el artículo 6 de la Decisión no 3/80 para oponerse a un requisito de residencia establecido por la normativa de dicho Estado para el pago de una prestación especial de carácter no contributivo, en el sentido del artículo 4, apartado 2 bis, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005.
9

Lo esencial de las disposiciones pertinentes en materia de IVA se recoge, por un lado, en el Decreto del presidente della Repubblica n. 633, istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Decreto no 633 del Presidente de la República, sobre creación y regulación del impuesto sobre el valor añadido), de 26 de octubre de 1972 (suplemento ordinario de la GURI no 292, de 11 de noviembre de 1972; en lo sucesivo, «DPR no 633/72»), modificado en repetidas ocasiones y, por otro lado, en el decreto-legge n. 331 — armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (Decreto-ley no 331, por el que se armonizan las disposiciones en materia de impuestos sobre los aceites minerales, el alcohol, las bebidas alcohólicas y los tabacos manufacturados, así como las disposiciones en materia de IVA, con las disposiciones establecidas por la Directiva CEE, y se adoptan las modificaciones que derivan de esta armonización, así como las disposiciones referentes al régimen de los centros autorizados de asistencia tributaria, los procedimientos de reembolso del impuesto, la exclusión del ILOR de las rentas de las empresas hasta el importe correspondiente a las cargas profesionales directas, el establecimiento para el año 1993 de un impuesto de consumo extraordinario sobre determinados bienes, y otras disposiciones tributarias), de 30 de agosto de 1993 (GURI no 203, de 30 de agosto de 1993), convalidado mediante la Ley no 427, de 29 de octubre de 1993 (GURI no 255, de 29 de octubre de 1993) (en lo sucesivo, «DL no 331/93»).
2

A tenor del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión (DO L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (DO L 161, p. 57), y por el Reglamento (CE) no 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (DO L 161, p. 62) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1164/94»): «El Fondo aportará su participación financiera a proyectos, que contribuyan a la realización de los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea, en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte en los Estados miembros cuyo Producto Nacional Bruto per cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria, calculada a partir de las paridades del poder adquisitivo, y que cuenten con un programa cuyo objetivo sea cumplir las condiciones de convergencia económica a que se refiere el artículo [126 TFUE].»
9

El artículo 16 de la Legge n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, dì incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Ley no 183 de delegación al Gobierno en materia de trabajos penosos, reorganización de organismos, vacaciones, excedencias y ausencias autorizadas, medidas de protección social, servicios para el empleo, fomento del empleo, aprendizaje y empleo femenino, así como medidas contra el trabajo no declarado y disposiciones sobre empleo público y conflictos laborales), de 4 de noviembre de 2010 (suplemento ordinario de la GURI no 262, de 9 de noviembre de 2010; en lo sucesivo, «Ley no 183/2010»), establece que, en la fase de la primera aplicación de las disposiciones introducidas por el artículo 73 del Decreto ley no 112, de 25 de junio de 2008 (suplemento ordinario de la GURI no 147, de 25 de junio de 2008), las administraciones públicas mencionadas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo no 165, de 30 de marzo de 2001, posteriormente modificado, están facultadas, con sujeción a los principios de corrección y de buena fe, para reevaluar, en los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley no 183/2010, las decisiones por las que se acuerda la transformación del contrato laboral a tiempo completo en contrato a tiempo parcial adoptadas antes de la entrada en vigor de dicho Decreto ley no 112 de 2008, convalidado y modificado por la Ley no 133, de 6 de agosto de 2008 (suplemento ordinario de la GURI no 195, de 21 de agosto de 2008).
26

Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que varios reglamentos europeos, así como determinados documentos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), se refieran al concepto de «hora de llegada efectiva» como la hora a la que un avión alcanza su posición de estacionamiento. En efecto, los reglamentos y documentos mencionados persiguen objetivos relativos a las normas de navegación aérea y, en particular, a la atribución de normas horarias, objetivos que son diferentes de los del Reglamento no 261/2004. En consecuencia, las definiciones que contienen no pueden considerarse pertinentes para la interpretación de los correspondientes términos en el contexto del Reglamento no 261/2004, el cual, por su parte, tiene exclusivamente por objeto reconocer derechos mínimos a los pasajeros que sufren diferentes inconvenientes debido a la denegación de embarque contra su voluntad o a la anulación o el retraso de su vuelo.
15

La Staatsanwaltschaft Würzburg interpuso recurso de «Revision» ante el Oberlandesgericht Bamberg (tribunal regional superior de Bamberg), en el que invocaba fundamentalmente la no aplicabilidad al presente asunto del artículo 31 de la Convención de Ginebra, puesto que el acusado entró en territorio alemán procedente no directamente del Estado de persecución, sino a través de otro Estado miembro de la Unión Europea, en concreto, la República Helénica. Por otra parte, continúa, este artículo solo se refiere a la entrada irregular y no puede privar a las autoridades alemanas de la posibilidad de sancionar delitos conexos a ella.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las Directivas 92/40/CEE del Consejo, de 19 de mayo de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la influenza aviar (DO L 167, p. 1), y 2005/94/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE (DO L 10, p. 16); de las Decisiones 2006/105/CE de la Comisión, de 15 de febrero de 2006, sobre determinadas medidas provisionales de protección en relación con la sospecha de casos de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en Hungría (DO L 46, p. 59), y 2006/115/CE de la Comisión, de 17 de febrero de 2006, relativa a determinadas medidas de protección frente a la gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en la Comunidad y por la que se derogan las Decisiones 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE y 2006/105/CE (DO L 48, p. 28); así como de los artículos 16, 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
16

Mientras que el Gobierno italiano y la Comisión Europea proponen responder afirmativamente a la cuestión planteada, Alpina y Nicko Tours consideran que una respuesta a dicha cuestión no es necesaria. Señalan que el Reglamento no 3577/92 atañe a los transportes por mar y que, por consiguiente, dicho Reglamento no se aplica a un crucero fluvial como el que es objeto del litigio principal. Por tanto, según Alpina y Nicko Tours, en vez de llevar a cabo la interpretación solicitada por el órgano jurisdiccional remitente, debería declararse que el Reglamento no 3577/92 no atañe, en cualquier caso, a los servicios de crucero cuyo itinerario transcurre esencialmente por aguas no marítimas.
26

El órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia estimó la acción. Su decisión fue confirmada posteriormente en apelación. En su sentencia, el órgano jurisdiccional de apelación consideró en particular que, en el marco de una operación de préstamo como la controvertida en el litigio del que conocía, Jelzálogbank no ponía a disposición del cliente divisas extranjeras. En cambio, constató que Jelzálogbank hacía depender el importe de la cuota mensual de devolución, denominado en forintos húngaros, de la cotización corriente del franco suizo, como índice para fijar el importe de las cuotas de devolución del préstamo entregado en forintos húngaros. Jelzálogbank no realizaba a favor de los prestatarios ninguna prestación de servicios financieros de compra o de venta de divisas, de manera que no podía aplicar un tipo de cambio a efectos de la amortización del préstamo distinto del utilizado en el momento de su entrega, en concepto de contrapartida de una prestación de servicio virtual. Dicho órgano jurisdiccional concluyó asimismo que la cláusula III/2 no era clara y comprensible, porque no permitía conocer la justificación de la diferencia en el modo de calcular el importe del préstamo según se tratara de su entrega o de su devolución.
28

Además, ha de señalarse que el concepto de «condiciones de trabajo» figura asimismo tanto en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16), como en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204, p. 23). Pues bien, hay que observar que, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78 y del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54, las condiciones de trabajo, incluyen, particularmente, las de despido. Por lo que respecta al Acuerdo marco, por analogía, el alcance del concepto de «condiciones de trabajo», en el sentido de su cláusula 4, apartado 1, es similar.
La existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia debe inferirse, en la mayoría de los casos, de diversas coincidencias o de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia. Por lo que respecta, en particular, a una infracción que se prolongue varios años, el hecho de que no se haya aportado la prueba directa de la participación de una sociedad en esa infracción durante un período determinado no impide declarar la existencia de dicha participación también durante ese período, siempre que tal declaración se base en indicios objetivos y concordantes, para lo que puede tenerse en cuenta la circunstancia de que la sociedad no se haya distanciado públicamente de la infracción.

(véase el apartado 47)
La adopción por parte de la Comisión de una decisión mediante la cual lleva a cabo una corrección financiera está sometida al respeto de un plazo legal desde el año 2000. La duración del plazo señalado a la Comisión para adoptar esta decisión varía en función de la normativa aplicable. De este modo, en virtud del artículo 100, apartado 5, del Reglamento no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, la Comisión adoptará una decisión sobre la corrección financiera en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la audiencia, y, si la audiencia no llega a producirse, el período de seis meses empezará a correr dos meses después de la fecha que conste en la carta de invitación enviada por la Comisión. Por lo tanto, el que la Comisión no haya adoptado una decisión relativa a las correcciones de ayudas financieras incluidas en dichos Fondos en el plazo establecido por el mencionado Reglamento constituye un vicio sustancial de forma cuya falta de apreciación por el Tribunal General constituye un error de Derecho.

(véanse los apartados 50, 52, 56, 62, 63 y 67)
El artículo 34, punto 1, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una resolución dictada en un Estado miembro sea contraria al Derecho de la Unión no justifica que esa resolución no sea reconocida en otro Estado miembro alegando que viola el orden público de ese Estado, puesto que el error de Derecho alegado no constituye una infracción manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, en el del Estado miembro requerido o de un derecho reconocido como fundamental en esos ordenamientos jurídicos. No es éste el caso de un error que afecte a la aplicación de una disposición como el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

A este respecto, dicho artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 figura en una Directiva de armonización mínima cuyo objeto era aproximar parcialmente las legislaciones dispares de los Estados miembros en materia de marcas. De ello no puede deducirse que un error en la aplicación de esta Directiva choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico de la Unión por menoscabar un principio fundamental del mismo.

Además, cuando comprueba la eventual existencia de una violación manifiesta del orden público del Estado requerido, el juez de ese Estado debe tener en cuenta que, salvo que concurran circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen, los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para prevenir tal violación en un nivel superior. En efecto, el régimen de reconocimiento y ejecución previsto en el Reglamento no 44/2001 está basado en la confianza recíproca en la justicia dentro de la Unión. Esta confianza que los Estados miembros conceden mutuamente a sus sistemas jurídicos y a sus instituciones judiciales es la que permite considerar que, en caso de aplicación errónea del Derecho nacional o del Derecho de la Unión, el sistema de recursos establecido en cada Estado miembro, completado por el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, proporciona a los justiciables una garantía suficiente.

(véanse los apartados 48 a 52, 63, 64 y 68 y el punto 1 del fallo)
En lo que respecta a la base jurídica en la que se fundó la adopción de la Decisión 2013/129, por la que se somete la 4‑metilanfetamina a medidas de control, y la Decisión de Ejecución 2013/496, por la que se somete el 5‑(2‑aminopropil)indol a medidas de control, dichas Decisiones no se refieren al artículo 34 UE y en sus vistos se hace referencia expresa al Tratado FUE y al artículo 8, apartado 3, de la Decisión 2005/387, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas.

Por lo tanto, no cabe considerar, teniendo en cuenta el tenor de dichas Decisiones —el cual, para cumplir la obligación de motivación, debe, en principio, mencionar la base jurídica en la que éstas se fundamentan—, que éstas se basan en el artículo 34 UE.

En particular, la referencia efectuada en el artículo 8, apartado 3, de la Decisión 2005/387 al artículo 34 UE, apartado 2, letra c), carece de pertinencia a este respecto, en la medida en que la elección expresa del Consejo de no mencionar en las Decisiones 2013/129 y 2013/496 esta última disposición, sino el Tratado FUE y el artículo 8, apartado 3, de la Decisión 2005/387, pone de manifiesto claramente que las Decisiones 2013/129 y 2013/496 se basan en esta última disposición como tal.

De ello se deduce que la derogación del artículo 34 UE por el Tratado de Lisboa no priva de base jurídica a las Decisiones 2013/129 y 2013/496.

(véanse los apartados 28, 29, 31 y 32)
Agricultura — Política agrícola común — Producción agrícola ecológica e indicación de ésta en los productos agrarios y alimenticios — Reglamento (CE) no 889/2008 — Etiquetado de los productos ecológicos — Utilización de determinados productos y sustancias en la transformación de alimentos etiquetados como productos ecológicos — Prohibición de utilizar minerales y vitaminas no ecológicos salvo exigencia legal — Concepto

[Reglamento (CE) n o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamentos de la Comisión (CE) no 889/2008, art. 27, ap. 1, letra f), y (UE) no 432/2012; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/46/CE, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1137/2008/CE, y 2009/39/CE]
Una normativa nacional que prevé un procedimiento de transmisión de las acciones de una sociedad que no esté abierto a todos los agentes de asistencia en tierra interesados no puede considerarse equivalente a un procedimiento de selección de agentes que presten servicios de asistencia en tierra en el sentido del artículo 11 de la Directiva 96/67, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad. Un procedimiento de transmisión de las acciones de una sociedad excluye a todos aquellos agentes de asistencia en tierra que no sean al mismo tiempo inversores interesados en la adquisición de las acciones de una sociedad preexistente que conservó, con posterioridad a su adquisición, la autorización para prestar servicios de asistencia en tierra que en su día le había sido concedida, de manera que ninguna empresa que preste servicios de asistencia en tierra podía obtener la autorización sin adquirir al mismo tiempo las acciones.

Por otro lado, tal procedimiento no puede ampararse en el artículo 18 de la citada Directiva. A este respecto, cabe observar, en primer lugar, que aunque una empresa haya obtenido una licencia de agente que presta servicios de asistencia en tierra en el momento de la adquisición del capital de la sociedad comprada, ello no permite llegar a la conclusión de que el comportamiento futuro de la empresa de que se trate permanecerá invariable con posterioridad a la obtención de la licencia y, en particular, que dicha empresa conservará todos los puestos de trabajo existentes en la sociedad comprada. En segundo lugar, consta que la obligación impuesta a las empresas de hacerse cargo del personal de la empresa que prestaba anteriormente los servicios perjudica a los nuevos competidores potenciales en relación con las empresas ya establecidas y compromete la apertura de los mercados de asistencia en tierra, por lo que se frustra el efecto útil de la Directiva 96/67.

(véanse los apartados 47 a 51, 54 y 55)