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13

El artículo 2 de dicho Decreto disponía: «1. El precio de referencia contemplado en el presente Decreto no podrá exceder el precio más bajo efectivamente practicado por el anunciante para un artículo o una prestación similar, en el mismo establecimiento de venta al por menor o sitio de venta a distancia, durante los últimos treinta días anteriores al inicio de la publicidad. El precio de referencia definido de ese modo podrá mantenerse en caso de reducciones de precios anunciados de modo sucesivo durante una misma operación comercial, dentro de un período máximo de un mes a partir del primer anuncio de reducción de precios, o durante un mismo período de rebajas o de liquidación. El anunciante deberá poder justificar, a petición de los agentes a los que se refiere el artículo L. 450‑1 del Código de comercio, mediante notas, albaranes, bonos de pedido, tiques de caja o cualquier otro documento la totalidad de los precios que ha practicado efectivamente durante dicho período. 2. El anunciante podrá utilizar también como precio de referencia el precio aconsejado por el fabricante o el importador del producto o el precio máximo resultante de una disposición de la reglamentación económica. En ese caso, deberá poder justificar a los agentes a los que se refiere el artículo L. 450-1 del Código de comercio, la realidad de esas referencias y el hecho de que tales precios son los que practican habitualmente otros distribuidores del mismo producto. 3. En el supuesto en que no se haya vendido anteriormente un artículo similar en el mismo establecimiento de venta al por menor o en el mismo sitio de venta a distancia, o dicho artículo ya no tiene un precio aconsejado por el fabricante o el importador, los anuncios de reducciones de precios mencionados en el artículo 1 podrán calcularse por referencia al último precio aconsejado, que no podrá ser anterior a tres meses antes del inicio de la publicidad. En esos casos, el anuncio de reducción de precios incluirá la mención, “precio aconsejado” acompañada del año al que se refiere dicho precio. A petición de los agentes mencionados en el artículo L. 450‑1 del Código de comercio, el anunciante deberá poder justificar la realidad de ese precio aconsejado y el hecho de que se ha practicado.»
1.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Pretensión de indemnización basada en la existencia de una prohibición impuesta por el Derecho de la Unión a los productores de vino de llevar a cabo ellos mismos la destilación en aguardiente de cantidades de vinos procedentes de cepas con doble uso producidas superando la cantidad normalmente vinificada — Inexistencia de dicha prohibición — Responsabilidad no generada [Art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo, art. 28; Reglamento (CE) n.o 1623/2000 de la Comisión, arts. 41, ap. 1, letra b), 42, 53, 54 y 65, aps. 3, 8 y 9] (véanse los apartados 33 a 35, 38 y 43)
2.

Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Procedimiento de caducidad — Hechos y pruebas no presentados en el plazo fijado al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 51, ap. 1, letra a), 57, ap. 1, y 76, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 40, ap. 5] (véanse los apartados 24 a 27)
La mera toma de conocimiento por la Comisión de las informaciones contenidas en documentos supuestamente cubiertos por el secreto profesional no basta para demostrar la necesidad de adoptar medidas provisionales, cuando esas informaciones no han sido divulgadas a terceros ni utilizadas en un procedimiento por infracción de las normas de la Unión Europea sobre la competencia. Asimismo, la posibilidad de un conocimiento más profundo de los documentos en cuestión por parte de la Comisión no permite demostrar la realidad de un perjuicio grave e irreparable a los intereses de las sociedades afectadas.

Por tanto, aún con mayor razón, la toma de conocimiento por los funcionarios de la Comisión durante la inspección de documentos cubiertos por el secreto profesional pero no conservados por la Comisión tras dicha inspección no basta por sí misma para demostrar la necesidad de adoptar medidas provisionales para garantizar la plena eficacia de la sentencia que se dicte acerca de una eventual anulación de la decisión que ordena la inspección. En efecto, no existe ninguna posibilidad de que esos elementos, que la Comisión ya no tiene a su disposición, sean divulgados por ella a terceros o sean invocados como tales para probar la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia.

(véanse los apartados 24 y 25)
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la subpartida 2202 10 00 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de27 de octubre de 2005 (DO L 286, p. 1; en lo sucesivo, «NC»), y la interpretación del arancel integrado de las Comunidades establecido en el artículo 2 del Reglamento no 2658/87 (en lo sucesivo, «TARIC»).
3.

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — productos destinados a ordenadores, compuestos por un disipador térmico y un ventilador — Reglamento (CE) no 384/2004 de la Comisión — Punto 2 del cuadro que figuraba en el anexo de ese Reglamento en el que se clasificaban dichos productos en la subpartida 8414 59 30 de la Nomenclatura Combinada — Invalidez de dicho punto — Clasificación basada en las reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada establecidas en el Reglamento (CEE) no 2658/87 [Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo; Reglamento (CE) no 384/2004 de la Comisión] (véanse los apartados 27 a 29 y los puntos 1 y 2 del fallo)
55

Por otro lado, es cierto que, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirmó que Think Schuhwerk no había «aportado pruebas que sugirieran que el público pertinente percibe normalmente la coloración de determinadas partes de los cordones de un zapato como indicación del origen comercial». No obstante, se desprende de una lectura conjunta de los apartados 46 a 49 de la sentencia recurrida, de los que el apartado 49 constituye la conclusión, que, con ello, el Tribunal General sencillamente consideró, al final del análisis de la alegación de Think Schuhwerk efectuado en los referidos apartados, que las alegaciones y pruebas aportadas por ésta no permiten establecer el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita. Por consiguiente, el Tribunal General no ha afirmado en modo alguno que Think Schuhwerk no hubiera presentado alegación alguna para demostrar el referido carácter distintivo.
44

No obstante, en esa misma sentencia el Tribunal de Justicia no desvirtuó la interpretación estricta del artículo 1, letra b), del Reglamento no 469/2009, utilizada en la sentencia Massachusetts Institute of Technology, antes citada, según la cual el concepto de «producto» no puede incluir una sustancia que no responde a la definición de «principio activo» o de «composición de principios activos».
Al no figurar definición alguna del concepto de «principio activo» en el Reglamento no 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, la determinación del significado y del alcance de dichos términos se efectuará considerando el contexto general en el que se utilizan y de conformidad con su sentido habitual en lenguaje corriente. En el caso de autos, es importante destacar que la expresión «principio activo» no incluye, en su acepción común en farmacología, las sustancias incluidas en la composición de un medicamento que no ejerzan una acción propia sobre el organismo humano o animal.

(véanse los apartados 27 y 28)
4

El artículo 3 de esta Directiva establece: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. [...] 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
10

Con arreglo al párrafo segundo de esta misma disposición, «se considerará venta a pérdida cualquier venta a un precio que no sea al menos igual al precio al que la empresa adquirió el bien o que la empresa debería pagar para reabastecerse, una vez deducidos los eventuales descuentos concedidos y obtenidos de modo definitivo. Para determinar la existencia de una venta a pérdida no se tendrán en cuenta los descuentos concedidos, de forma exclusiva o no, a cambio de compromisos de la empresa distintos a la compra de bienes».
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de diciembre de 2011 — Auditeur du travail/Yangwei

(Asunto C‑349/11)

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 97/81/CE — Obstáculos administrativos que limitan las posibilidades de trabajo a tiempo parcial — Publicidad y conservación obligatorias de los contratos y horarios de trabajo»

Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial — Directiva 97/81/CE — Normativa nacional que exige la conservación y la publicidad de los contratos y horarios de los trabajadores a tiempo parcial — Procedencia — Requisitos — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional (Directiva 97/81/CE del Consejo, anexo, cláusulas 4 y 5, ap. 1) (véanse los apartados 22 a 30, 32, 33, 38 y 39 y el fallo)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal de première instance de Liège — Interpretación de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9) — Procedencia de una normativa nacional que exige que el empresario elabore documentos en los que se indiquen las excepciones a los horarios laborales y conserve y exponga los contratos y horarios de los trabajadores a tiempo parcial — Obstáculos administrativos que limitan las posibilidades de trabajo a tiempo parcial.

Fallo

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone a los empresarios obligaciones de conservación y de publicidad de los contratos y de los horarios de los trabajadores a tiempo parcial si se asegura que dicha normativa no da lugar a que se trate a tales trabajadores de manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo que se encuentren en una situación comparable o si se asegura, de existir una diferencia de trato, que ésta resulta justificada por razones objetivas y no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente proceder a las comprobaciones de carácter fáctico y jurídico que sean necesarias, en particular, a la luz del Derecho nacional aplicable, con el fin de apreciar si así sucede en el asunto de que conoce.

En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que la normativa nacional controvertida en el litigio principal es incompatible con la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, anexo a la Directiva 97/81, habrá que interpretar la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo en el sentido de que se opone asimismo a dicha normativa.
Petición de decisión prejudicial — Varhoven kasatsionen sad — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 4, apartado 1, letra b), inciso iv), y 5, apartado 2, párrafos tercero y cuarto, de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59) — Concepto de «otros servicios turísticos» no accesorios al transporte o al alojamiento a cargo del organizador — Obligación para el organizador de suscribir un contrato de seguro individual para cada consumidor y de entregarle el original antes del inicio del viaje — Obligación del organizador de suscribir un contrato individual de seguro que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente — Concepto de «daños» al consumidor debidos a la no ejecución o mala ejecución del contrato — Inclusión de los daños morales.
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 19 de noviembre de 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (T‑425/07 y T‑426/07), por la que dicho Tribunal desestimó los dos recursos formulados contra las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 21 de diciembre de 2006 (asuntos R 1274/2006‑4 y R 1275/2006‑4), relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas 100 y 300 como marcas comunitarias — Infracción de los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 38, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) — Carácter descriptivo de marcas compuestas exclusivamente por cifras.
1)

La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la prevista en el artículo 2, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo nº 368, sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (Decreto legislativo nº 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), de 6 de septiembre de 2001, que, a diferencia del régimen legal aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Decreto Legislativo, permite a una empresa como Poste Italiane SpA que, con sujeción a determinados requisitos, celebre un primer o un único contrato de trabajo de duración determinada con un trabajador, como el Sr. Vino, sin tener que indicar las razones objetivas que justifican la utilización de un contrato de duración determinada, puesto que tal norma no está vinculada a la aplicación del Acuerdo marco. A este respecto resulta irrelevante que el objetivo que persigue la norma en cuestión no sea digno de una protección cuando menos equivalente a la protección que el Acuerdo marco pretende garantizar a los trabajadores con contratos de duración determinada.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Petición que no proporciona ninguna precisión sobre el contexto fáctico y normativo ni expone las razones que justifican la remisión al Tribunal de Justicia (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 92, ap. 1, y 103, ap. 1) (véanse los apartados 21 a 26 y el punto 1 del fallo)

2. Aproximación de las legislaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización y marco normativo — Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/20/CE y 2002/21/CE) (véanse los apartados 35, 36, 38 y 40 a 44 y el punto 2 del fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 33), y de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 21) — Imposición de un gravamen de autorización gubernamental en caso de contrato de abono telefónico — Gravamen no aplicado en caso de tarjeta telefónica de prepago — Procedencia.

Parte dispositiva

Fallo

1) La parte de la cuarta cuestión referente a la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y la sexta cuestión son inadmisibles.

2) La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización»), y la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), no se oponen a un gravamen como el gravamen de concesión gubernamental.
2)

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, la Sra. Eileen Oglesby, el Sr. Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, los Sres. Murphy, Conneely y Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd y Colmcille Fishing Ltd cargarán con sus propias costas.
Recurso de casación contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 22 de julio de 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Consejo y Comisión (T‑376/04), por el que se declaró la inadmisibilidad de un recurso mediante el que se solicitaba, por una parte, la anulación de la Decisión del Comité Mixto del EEE nº 59/2004, de 26 de abril de 2004, por el que se modifica el anexo II (DO L 277, p. 30), en la medida en que permite a Noruega exigir límites específicos de concentración respecto a la sustancia acrilamida más restrictivos que los aplicados en la Comunidad, así como que se declare la ilegalidad de la declaración conjunta relativa al Acuerdo EEE en lo tocante a las cláusulas de revisión en el ámbito de las sustancias peligrosas, adoptada en la reunión del Comité Mixto del EEE de 26 de marzo de 1999 (DO C 185, p. 6) y, por otra, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por la recurrente a raíz de la adopción de la Decisión impugnada.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Transportes — Transportes marítimos — Libre prestación de servicios — Cabotaje marítimo [Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, art. 6, ap. 3] (véanse los apartados 18 y 22 y el punto 1 del fallo)

2. Transportes — Transportes marítimos — Reglas y normas de seguridad reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje [Directiva 98/18/CE del Consejo, arts. 5, ap. 2, y 6, número 3, letras a) a c), f) y g)] (véanse los apartados 27 a 31 y el punto 2 del fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, 4 y 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7) — Posibilidad de que los particulares invoquen el Reglamento para cuestionar la validez de una normativa nacional adoptada antes de que expirara la excepción establecida por aquél — Interpretación de los artículos 5, apartado 2, 6, apartado 3, letras a), b), c), f) y g), de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (DO L 144, p. 1) — Compatibilidad de una normativa nacional que prohíbe que presten servicios de transporte marítimo los buques que tengan una antigüedad determinada.

Parte dispositiva

Fallo

1) Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), éste debe interpretarse en el sentido de que no puede conferir derechos a los particulares, antes del 1 de enero de 2004, en el ámbito del cabotaje con las islas griegas para servicios regulares de transporte de pasajeros y de transbordadores así como para los servicios efectuados por buques que tengan una capacidad total inferior a 650 toneladas brutas.

2) Debe interpretarse que los artículos 5, apartado 2, y 6, apartado 3, letras a) a c), f) y g), de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje, son incompatibles con una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, que prohíbe completamente que los buques que tienen una determinada antigüedad efectúen travesías nacionales, cuando el Estado miembro concernido no ha adoptado medidas para mejorar las normas de seguridad con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 4, de dicha Directiva.