Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 22 de octubre de 1997. - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) y Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Grúas móviles - Artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos - Observancia de un plazo razonable - Sistema de certificación - Prohibición de alquiler - Tarifas aconsejadas - Tarifas de compensación - Multas. - Asuntos acumulados T-213/95 y T-18/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01739



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilicitud - Perjuicio - Relación de causalidad - Carga de la prueba

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

2 Competencia - Procedimiento administrativo - Obligaciones de la Comisión - Observancia de un plazo razonable

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 2, 3, ap. 1, y 4, ap. 1)

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Pliego de cargos - Obligación de comunicar un pliego de cargos adicional en caso de modificación de la infracción imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4)

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Fijación de prioridades por la Comisión

5 Derecho comunitario - Interpretación - Actos de las Instituciones - Motivación - Consideración

6 Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Organismo de Derecho privado que ejerce una actividad económica en materia de certificación de empresas de alquiler de grúas - Inclusión

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

7 Competencia - Prácticas colusorias - Distorsión de la competencia - Sistema de certificación de empresas de alquiler de grúas - Prohibición de alquilar grúas de empresas no certificadas - Apreciación en relación con la naturaleza del sistema - Definición de los criterios pertinentes por la Comisión

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

8 Competencia - Prácticas colusorias - Distorsión de la competencia - Fijación de los precios - Sistema de tarifas aconsejadas y de tarifas de compensación elaborado en el seno de una organización - Sistema que da lugar a la fijación de precios impuestos

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

9 Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio del comercio entre los Estados miembros - Criterios - Práctica colusoria que se extiende a todo el territorio de un Estado miembro

(Tratado CE, art. 85. ap. 1)

10 Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Carga de la prueba - Control jurisdiccional - Límites

(Tratado CE, art. 85, ap. 3)

11 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190)

12 Competencia - Multas - Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Elementos de apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15. ap. 2)

14 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Volumen de negocios tomado en consideración - Volumen de negocios del conjunto de las empresas que constituyen una asociación de empresas - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

15 Para que se genere la responsabilidad de la Comunidad en el marco del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a la Institución comunitaria de que se trate, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la Institución y el perjuicio invocado.

Se reconoce una relación de causalidad en el sentido del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado cuando existe una relación de causa a efecto entre la falta cometida por la Institución de que se trate y el perjuicio invocado, relación cuya prueba incumbe a los demandantes.

16 Cuando un interesado presenta ante la Comisión una solicitud de declaración negativa en virtud del artículo 2 del Reglamento nº 17 o una notificación con vistas a obtener una exención en virtud del apartado 1 del artículo 4 del mismo Reglamento, la Comisión no puede diferir sine die su pronunciamiento. En aras de garantizar la seguridad jurídica y una protección jurisdiccional adecuada, la Comisión debe, en efecto, adoptar una decisión o enviar un escrito de archivo de las actuaciones, en el caso de que tal escrito se haya solicitado, dentro de un plazo razonable. Del mismo modo, cuando se presenta ante ella una denuncia relativa a la infracción del artículo 85 y/o del artículo 86 del Tratado, basada en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, la Comisión está obligada a adoptar, dentro de un plazo razonable, una posición definitiva sobre la denuncia. La observancia por parte de la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen fin a procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye, en efecto, un principio general del Derecho comunitario.

El carácter razonable de la duración del procedimiento administrativo se aprecia en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento seguido por la Comisión, del comportamiento de los interesados durante el procedimiento, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas.

17 El apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 y los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63, que aplican el principio de respeto de los derechos de defensa, exigen que se dé a las empresas afectadas por un procedimiento de declaración de infracción, desde la fase del procedimiento administrativo, la posibilidad de dar a conocer de forma eficaz su opinión sobre todos los cargos que se imputen en la Decisión.

En virtud de esta exigencia, cuando la Comisión se proponga imputar en su Decisión cargos que no hubiera mencionado en el primer pliego de cargos, deberá notificar a las empresas afectadas un segundo pliego de cargos.

18 La Comisión dispone de la facultad de conceder diferentes grados de prioridad a los expedientes que le son sometidos. A este respecto, si a raíz de la notificación de una práctica colusoria considera que las prácticas que le han sido notificadas no pueden beneficiarse de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, la Comisión, para determinar el grado de prioridad que ha de conceder a la notificación, puede tener en cuenta la circunstancia de que un Juez nacional haya hecho ya que cesen las infracciones de que se trata.

19 La motivación de un acto es indispensable para determinar el sentido exacto de lo que se decide en su parte dispositiva.

20 Un organismo de Derecho privado que ha establecido un sistema de certificación para las empresas de alquiler de grúas, siendo facultativa la afiliación a dicho sistema, que determina de manera autónoma los criterios que deben cumplir las empresas certificadas y que sólo expide un certificado previo pago de una cantidad, debe calificarse de empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, habida cuenta de que, en el contexto del Derecho de la competencia, tal calificación se aplica a cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación.

21 La apreciación de la conformidad de una conducta con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado se lleva a cabo teniendo en cuenta el contexto económico y jurídico.

Así pues, cuando la Comisión examina un sistema de certificación para empresas de alquiler de grúas, en cuyo seno se prohíbe a las empresas certificadas alquilar grúas de empresas no certificadas, dicha Institución está facultada para definir los criterios a los que debe atenerse el sistema a efectos de que la prohibición de alquiler pueda quedar excluida de la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

A este respecto, el carácter abierto del sistema y la aceptación de garantías equivalentes de otros sistemas son criterios pertinentes en los que la Comisión puede basarse para considerar que la prohibición controvertida falsea la competencia. En efecto, por un lado, cuando el acceso al sistema de certificación resulta difícil, la prohibición afecta considerablemente a las posibilidades de competir de las empresas no certificadas. Por otro lado, al impedir que las empresas certificadas recurran a empresas no certificadas incluso cuando estas últimas ofrecen garantías equivalentes a las garantías del sistema de certificación, la prohibición controvertida no encuentra ninguna justificación objetiva en la finalidad de mantener la calidad de los productos/servicios que garantiza el sistema de certificación; antes al contrario, la no aceptación de tales garantías protege a las empresas certificadas frente a la competencia de empresas no certificadas.

Por otra parte, la prohibición controvertida no sólo limita la libertad de acción de las empresas certificadas, sino que afecta también y especialmente a las posibilidades de competir de las empresas no certificadas.

22 Un sistema de tarifas establecido por una organización sectorial en cuyo seno se han federado empresas de alquiler de grúas de un Estado miembro, consistente en tarifas aconsejadas para el alquiler de grúas por los dueños de obras y en tarifas de compensación aplicadas a las operaciones de alquiler interno entre los miembros de la organización, constituye efectivamente un sistema de precios impuestos a los miembros de ésta, cuando tales tarifas, cuya observancia es objeto de controles, se incluyen en el concepto de tarifas aceptables que los miembros están obligados a practicar bajo pena de ser expulsados de la organización. En la medida en que permite a los miembros de la organización, aunque algunos de ellos no siempre observen los precios fijados, prever con un grado razonable de certeza la política de precios practicada por los demás miembros y en que se ha acreditado, además, que tiene por objeto el aumento de los precios del mercado, tal sistema restringe la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

23 Para que un acuerdo, una decisión o una práctica concertada puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, deben permitir prever con un grado de probabilidad suficiente, sobre la base de un conjunto de elementos de Derecho o de hecho, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, en los flujos de intercambios entre Estados miembros, hasta el punto de hacer temer que puedan obstaculizar la realización de un mercado único entre los Estados miembros.

A este respecto, las prácticas restrictivas de la competencia que se extienden a todo el territorio de un Estado miembro tienen como efecto, por su propia naturaleza, consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando así la interpenetración económica querida por el Tratado.

24 La concesión de una decisión individual de exención en favor de un acuerdo entre empresas está supeditada a que concurran cumulativamente los cuatro requisitos enunciados en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, de manera que basta con que falte uno de los cuatro requisitos para que deba denegarse la exención. Incumbe a las empresas notificantes facilitar a la Comisión la prueba de que se cumplen los cuatro requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 85.

El control ejercido por el Juez comunitario sobre las apreciaciones económicas complejas efectuadas por la Comisión, en el ejercicio de la facultad de apreciación que le confiere el apartado 3 del artículo 85 del Tratado respecto a cada uno de los cuatro requisitos que establece, debe limitarse a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

25 La obligación de motivar una decisión individual tiene la finalidad de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez, y de permitir al órgano jurisdiccional comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de la decisión. El alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado. Por tanto, incumbe a la Comisión desarrollar su razonamiento de manera explícita cuando, en el marco de su práctica decisoria, adopta una decisión que se aleja sensiblemente de sus decisiones precedentes.

Si bien en virtud del artículo 190 del Tratado la Comisión está obligada a mencionar los elementos de hecho en que se basa la justificación de la medida y las consideraciones jurídicas que la han llevado a adoptarla, no se exige, cuando se trata de una decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, que la Comisión examine todos los puntos de hecho y de Derecho que hayan sido suscitados por cada interesado durante el procedimiento administrativo.

26 Las infracciones de las normas sobre la competencia que pueden ser objeto de sanción son las cometidas deliberadamente o por negligencia. A este respecto, basta con que su autor no hubiere podido ignorar que su comportamiento debía dar lugar a una restricción de la competencia.

En el contexto específico de cada asunto la Comisión, en el ejercicio de su facultad de apreciación, decide sobre la oportunidad de imponer una multa para sancionar la infracción comprobada y preservar la eficacia del Derecho de la competencia.

27 El importe de una multa impuesta con motivo de la infracción de las normas sobre la competencia debe graduarse en función de las circunstancias de la violación y de la gravedad de la infracción, y la apreciación de esta última debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia.

28 La utilización del término genérico «infracción» en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, en la medida en que dicho término abarca sin establecer diferencias los acuerdos, las prácticas concertadas y las decisiones de asociaciones de empresas, revela que los límites máximos previstos en esta disposición se aplican del mismo modo a los acuerdos y prácticas concertadas, así como a las decisiones de asociaciones de empresas. De ello se infiere que el límite máximo del 10 % del volumen de negocios debe calcularse en relación con el volumen de negocios realizado por cada una de las empresas que participan en dichos acuerdos y prácticas concertadas o por el conjunto de empresas miembros de dichas asociaciones de empresas, al menos cuando, en virtud de sus normas internas, la asociación puede vincular a sus miembros. Que este análisis resulta fundado lo corrobora el hecho de que la influencia que haya podido ejercer sobre el mercado una asociación de empresas no depende de su propio «volumen de negocios», que no revela ni su dimensión ni su potencia económica, sino, en realidad, del volumen de negocios de sus miembros, que constituye una indicación de su dimensión y de su potencia económica.

Partes

En los asuntos acumulados T-213/95 y T-18/96,

Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK), fundación neerlandesa, con sede en Culemborg (Países Bajos),

Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK), asociación neerlandesa, con sede en Culemborg (Países Bajos),

representadas por los Sres. Martijn van Empel, Abogado de Amsterdam, y Thomas Janssens, Abogado de Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Wouter Wils, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

apoyada, en el asunto T-18/96, por

Van Marwijk Kraanverhuur BV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Zoetermeer (Países Bajos),

Kraanbedrijf Nijdam BV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Groningen (Países Bajos),

Kranen, Transport & Montage 's Gilde NV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Geldermalsen (Países Bajos),

Wassink Transport Arnhem BV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Arnhem (Países Bajos),

Koedam Kraanverhuur BV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Vianen (Países Bajos),

Firma Huurdeman Kraanwagenverhuurbedrijf, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Hoevelaken (Países Bajos),

Datek NV, sociedad belga, con domicilio social en Genk (Bélgica),

Thom Hendrickx, con domicilio en Turnhout (Bélgica),

representados por los Sres. August Braakman, Abogado de Rotterdam, y Willem Sluiter, Abogado de La Haya, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Michel Molitor, 14 A, rue des Bains,

partes coadyuvantes,

que tienen por objeto, en el asunto T-213/95, la pretensión de que se condene a la Comisión, en virtud de los artículos 178 y 215 del Tratado CE, a reparar el perjuicio causado a las demandantes como consecuencia de un comportamiento ilegal, y, en el asunto T-18/96, la pretensión de que se anule la Decisión 95/551/CE de la Comisión, de 29 de noviembre de 1995, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, DO L 312, p. 79),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Cuarta ampliada),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; la Sra. P. Lindh, los Sres. J. Azizi, J.D. Cooke y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de junio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho de los recursos y procedimiento

1 Los presentes asuntos versan sobre el sector de alquiler de grúas móviles en los Países Bajos. Las grúas móviles son grúas que pueden desplazarse libremente en toda la extensión de las obras. Esta característica las distingue de las grúas torre, que van montadas sobre raíles fijos y únicamente pueden desplazarse de adelante hacia atrás. Las grúas móviles se utilizan principalmente en la construcción, la industria petroquímica y el sector de los transportes.

2 Por razones técnicas, el radio de acción de una grúa móvil está limitado a 50 km. El sector de alquiler de grúas móviles se caracteriza, además, por la celebración de los contratos muy poco antes de la ejecución del trabajo (overnight contracting). Cuando a una empresa de alquiler de grúas se la requiere para efectuar un trabajo en un plazo muy breve, dicha empresa decide, a la vista de la localización de las obras y de la disponibilidad de sus propias grúas, bien utilizar una de éstas, bien alquilar otra grúa a una empresa distinta situada cerca de las obras.

3 La fundación Keuring Bouw Machines (en lo sucesivo, «Keboma»), creada en 1982 por el Ministerio de Asuntos Sociales neerlandés, verifica, antes de la primera puesta en servicio en los Países Bajos, si las grúas son conformes a los requisitos legales de seguridad, recogidos en la Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, Ley reguladora de las condiciones de trabajo), en el Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (Decreto sobre seguridad en fábricas y talleres), y en el Veiligheidsbesluit restgroepen (Decreto sobre seguridad en otros lugares de trabajo no contemplados en los anteriores Decretos), así como en las diferentes reglamentaciones ministeriales y diversas publicaciones de la Inspección de Trabajo. Keboma es el único organismo oficial encargado de la inspección y de las pruebas de las grúas móviles. Con arreglo a la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DO L 183, p. 9; en lo sucesivo, «Directiva 89/392»), a partir del 1 de enero de 1993 esta obligación de inspección con anterioridad a la primera puesta en servicio ya no se aplica a las grúas que lleven la marca CE y vayan acompañadas de una declaración CE de conformidad con las disposiciones de dicha Directiva. Las grúas deben ser sometidas a controles efectuados por la Keboma tres años después de la primera puesta en servicio y, con posterioridad a esta segunda inspección, cada dos años.

4 La Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (en lo sucesivo, «FNK») es la organización sectorial, constituida el 13 de marzo de 1971, en cuyo seno se han federado empresas neerlandesas de alquiler de grúas. El objeto estatutario de FNK es defender los intereses de las empresas de alquiler de grúas, especialmente de los miembros de FNK, y fomentar los contactos y la colaboración entre los miembros en el más amplio sentido. Los miembros de FNK disponen de 1.552 grúas, del total aproximado de 3.000 grúas de alquiler en los Países Bajos. El artículo 3 del reglamento interior de FNK contenía, entre el 15 de diciembre de 1979 y el 28 de abril de 1992, una cláusula por la que se obligaba a sus miembros a dirigirse preferentemente a los demás asociados para el alquiler de grúas (en lo sucesivo, «cláusula de preferencia») y a practicar unas tarifas «aceptables». FNK elaboró y público tarifas aconsejadas y previsiones de costes para el alquiler de grúas por los dueños de obras. Además, con ocasión de concertaciones periódicas entre empresas de alquiler de grúas se determinaron tarifas de compensación aplicables a las operaciones de alquiler interno entre los miembros de FNK.

5 La Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (en lo sucesivo, «SCK») es una fundación creada en 1985 por representantes de empresas de alquiler de grúas y de dueños de obras, cuyo objeto estatutario es fomentar y defender la calidad de las empresas de alquiler de grúas. Con este objeto, SCK ha instaurado un sistema de certificación en virtud del cual expide certificados a aquellas empresas que reúnen una serie de requisitos relativos a la gestión de una empresa de alquiler de grúas y a la utilización y mantenimiento de las grúas. Este sistema de certificación permite a los dueños de obras cerciorarse de que la empresa de que se trata cumple tales requisitos, sin tener que verificarlo personalmente. El segundo guión del artículo 7 del reglamento sobre certificación de empresas de alquiler de grúas de SCK prohíbe a las empresas dotadas de certificados alquilar grúas de empresas no certificadas por SCK (en lo sucesivo, «prohibición de alquiler»). Con efectos de 20 de enero de 1989, SCK fue homologada por el Raad voor de Certificatie (Consejo de certificación), entidad neerlandesa de homologación de los organismos de certificación, la cual declaró que SCK cumplía los requisitos definidos por las normas europeas EN 45011, que definen los criterios que los organismos de certificación deben satisfacer. A tenor del punto 5 del artículo 2 de los criterios de reconocimiento del Consejo de certificación, el organismo que expide certificados está obligado a velar por que los requisitos de certificación también se cumplan en caso de subcontratación. Para cumplir esta obligación, el organismo dispone de las siguientes posibilidades: o bien controlar él mismo a los subcontratistas (letra A 1 del punto 5 del artículo 2), o bien verificar los controles que la empresa homologada efectúe sobre el subcontratista (letras A 2 y A 3 del punto 5 del artículo 2).

6 El 13 de enero de 1992, M.W.C.M. Van Marwijk (en lo sucesivo, «Van Marwijk») y otras diez empresas presentaron ante la Comisión una denuncia, así como una solicitud de medidas provisionales. Las denunciantes consideraban que las demandantes infringían las normas sobre competencia del Tratado CE, al excluir del alquiler de grúas móviles a las empresas no autorizadas por SCK y al imponer precios para el alquiler de grúas.

7 Los estatutos de SCK y su reglamento sobre certificación de empresas de alquiler de grúas fueron notificados a la Comisión el 15 de enero de 1992. Los estatutos y reglamentos internos de FNK lo fueron el 6 de febrero de 1992. En ambos casos, se trataba de obtener una declaración negativa y, con carácter subsidiario, una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

8 A resultas del procedimiento iniciado por las demandantes ante los Tribunales neerlandeses, el Presidente del Arrondissementsrechtbank te Utrecht ordenó, mediante auto sobre medidas provisionales dictado el 11 de febrero de 1992, que FNK suspendiera la cláusula preferente y el sistema de tarifas aconsejadas (aplicables a las operaciones de alquiler de grúas en las relaciones con los dueños de obras), así como las tarifas de compensación (aplicables a las operaciones de alquiler efectuadas entre empresas de alquiler de grúas). Ordenó a SCK que levantara la prohibición de alquiler. Este auto fue anulado el 9 de julio de 1992 por el Gerechtshof te Amsterdam, igualmente en procedimiento sobre medidas provisionales, considerando este órgano que no se podía afirmar con certeza que la Comisión no fuera a conceder una exención a los acuerdos. SCK restableció la prohibición de alquiler el mismo día en que se dictó el auto del Gerechtshof te Amsterdam. FNK, en cambio, renunció a participar en el futuro en la elaboración de tarifas aconsejadas o de tarifas de compensación.

9 El 16 de diciembre de 1992, la Comisión hizo público un pliego de cargos contra las demandantes. En dicho documento, informó a las demandantes de que, con arreglo al apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), había decidido levantar la inmunidad frente a las multas prevista en el apartado 5 del artículo 15 de dicho Reglamento.

10 El 3 de febrero de 1993, las demandantes dirigieron a la Comisión su respuesta al pliego de cargos. En dicha respuesta solicitaron, entre otra cosas, que se celebrara una audiencia.

11 Mediante escrito de 4 de junio de 1993, la Comisión comunicó a las demandantes que sólo podría ponerse fin al procedimiento en virtud del apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 si se revocaba la prohibición de alquiler.

12 Las denunciantes se dirigieron de nuevo al Presidente del Arrondissementsrechtbank te Utrecht, el cual decidió, mediante auto sobre medidas provisionales de 6 de julio de 1993, que la prohibición de alquiler debía ser suspendida, ya que, en el ínterin, la Comisión había dado a conocer su parecer sobre las disposiciones controvertidas y no dejaba lugar a dudas de que no iba a concederse una exención a la prohibición.

13 Mediante escrito de 29 de septiembre de 1993, la Comisión comunicó a las demandantes que procedería a organizar la audiencia por ellas solicitada antes de adoptar una decisión definitiva con arreglo al artículo 85 del Tratado, pero que la celebración de tal audiencia no era obligatoria en el marco de una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17.

14 El auto del Arrondissementsrechtbank te Utrecht de 6 de julio de 1993 fue confirmado por el Gerechtshof te Amsterdam mediante auto dictado el 28 de octubre de 1993. Este último auto se basaba especialmente en un escrito no fechado del Sr. Giuffrida, de la Dirección General de Competencia (DG IV) de la Comisión, dirigido a las denunciantes con copia conforme al Abogado de las demandantes. Las demandantes afirman haber recibido comunicación del escrito el 22 de septiembre de 1993. El autor de este escrito se expresaba en los términos siguientes: «Puedo confirmar que un proyecto de Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 deberá someterse a la consideración de la Comisión, en el marco de un procedimiento escrito, a finales de esta semana, tan pronto como estén disponibles todas las versiones lingüísticas necesarias. Ya se ha obtenido la aprobación de los servicios afectados [...] Mi servicio prevé que se podrá efectuar la notificación oficial de la Decisión [a las demandantes] durante la primera mitad del mes de octubre de 1993.»

15 El 4 de noviembre de 1993, SCK difundió una declaración en la que comunicaba que suspendía la prohibición de alquiler hasta que la Comisión adoptara una decisión definitiva.

16 El 13 de abril de 1994, la Comisión adoptó una Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17.

17 Mediante escrito fechado el 3 de junio de 1994, las demandantes requirieron a la Comisión para que adoptara su decisión final el 3 de agosto de 1994 a más tardar.

18 Mediante escrito de 27 de junio de 1994, el Sr. Ehlermann, a la sazón Director de la DG IV, comunicó a las demandantes que «la fecha de 3 de agosto de 1994, fijada para la adopción de la decisión final, estaba absolutamente alejada de la realidad», pero que «la adopción de la decisión final constituía una prioridad».

19 En respuesta a un escrito de las demandantes de 3 de agosto de 1994, la Comisión comunicó, mediante escrito de 9 de agosto de 1994, que el pliego de cargos de diciembre de 1992 tenía exclusivamente por objeto iniciar un procedimiento previo a la adopción de una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17. La Comisión anunciaba que la decisión definitiva iría precedida por la adopción de un nuevo pliego de cargos, tras lo cual las demandantes tendrían la oportunidad de ser oídas.

20 El 21 de octubre de 1994, se emitió un nuevo pliego de cargos contra las demandantes, relativo a un procedimiento basado en el artículo 85 del Tratado.

21 El 21 de diciembre de 1994, las demandantes enviaron a la Comisión su repuesta a dicho pliego de cargos. En esta respuesta, volvían a requerir a la Comisión para que actuara sin dilación y renunciaban a la celebración de una audiencia.

22 El 27 de noviembre de 1995, las demandantes interpusieron un recurso de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia (asunto T-213/95). Mediante escrito separado, presentaron también una demanda de medidas provisionales (asunto T-213/95 R). Las demandantes desistieron de esta última y, mediante auto de 24 de enero de 1996, el Presidente dispuso el archivo del asunto T-213/95 R. Se reservó la decisión sobre las costas.

23 El 29 de noviembre de 1995, la Comisión adoptó la Decisión 95/551/CE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (DO L 312, p. 79; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). En ella declara la Comisión que FNK ha infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al utilizar, del 15 de diciembre de 1979 al 28 de abril de 1992, un sistema de tarifas aconsejadas y de compensación que permitía a sus miembros prever sus respectivas políticas de precios (artículo 1). También hace constar la Comisión que SCK ha infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al prohibir a sus afiliados, durante el período de 1 de enero de 1991 a 4 de noviembre de 1993 (con excepción del período de 17 de febrero de 1992 a 9 de julio de 1992), que alquilaran grúas a empresas no afiliadas a SCK (artículo 3). Por otra parte, la Comisión ordena a las demandantes que finalicen inmediatamente tales infracciones (artículos 2 y 4) e impone a FNK una multa de 11.500.000 ECU y a SCK, una multa de 300.000 ECU (artículo 5).

24 Mediante escrito de 11 de enero de 1996, las demandantes solicitaron examinar el expediente con vistas a interponer un recurso contra la referida Decisión, solicitud que la Comisión denegó mediante escrito de 15 de enero de 1996.

25 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de febrero de 1996, las demandantes interpusieron un recurso de anulación contra la Decisión impugnada (asunto T-18/96). Mediante escrito separado, presentaron también una demanda de medidas provisionales (asunto T-18/96 R).

26 Para el período que medie hasta que este Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia en el asunto T-18/96, el 25 de marzo de 1996, las demandantes llegaron a un acuerdo con la Comisión acerca de la modificación de la cláusula de prohibición de alquiler. En la versión modificada del segundo guión del artículo 7 del reglamento sobre certificación de empresas de alquiler de grúas, las empresas dotadas de certificación por SCK sólo pueden utilizar «grúas que dispongan de un certificado válido, basado en una certificación previa otorgada por la Fundación o por otro organismo de certificación -neerlandés o extranjero- facultado para conceder la certificación a las empresas de alquiler de grúas y que aplique claramente criterios equivalentes, salvo que pueda acreditarse basándose en documentos escritos (incluidos fax) que el dueño de la obra, al hacer el pedido, no atribuyó importancia al hecho de que la empresa de alquiler de grúas (tercero) a la que acudió en el caso concreto estuviera o no dotada de certificación» (escrito de la Comisión de 25 de marzo de 1996 a las demandantes).

27 Mediante auto de 4 de junio de 1996, T-18/96 R (Rec. p. II-407), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de medidas provisionales. Se reservó la decisión sobre las costas del procedimiento sobre medidas provisionales. El recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia fue desestimado mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996, C-268/96 P(R) (Rec. p. I-4971).

28 Mediante escrito de 9 de julio de 1996, dirigido al Presidente del Tribunal de Primera Instancia en el marco del asunto T-18/96, las demandantes solicitaron a este Tribunal que, en virtud de la letra b) del artículo 65 del Reglamento de Procedimiento y, con carácter subsidiario, en virtud de la letra d) del apartado 3 del artículo 64 del mismo Reglamento, ordenara que se aportasen a los autos el expediente de la Comisión en los asuntos SCK y FNK, que lleva los números IV/34.179, 34.202 y 34.216, con inclusión de los documentos internos de la Comisión relativos a los intercambios de puntos de vista que sobre tales asuntos tuvieron la Dirección General de Industria (DG III) y la DG IV, así como otros posibles expedientes en los que se hubiera basado la Decisión impugnada.

29 Mediante auto de 4 de octubre de 1996, el Presidente de la Sala Cuarta ampliada admitió la intervención de Van Marwijk y de otras siete empresas de alquiler de grúas móviles en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T-18/96.

30 Mediante auto de 12 de marzo de 1997, decidió, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, ordenar la acumulación de los dos asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento.

31 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. No obstante, el Tribunal instó a las partes principales a presentar antes de la vista determinados documentos.

32 Se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia en la vista celebrada el 4 de junio de 1997.

33 Oídas las partes sobre este extremo en la vista, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) estimó que procedía la acumulación de los dos asuntos a efectos de la sentencia.

Pretensiones de las partes

34 En el asunto T-213/95, las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Declare a la Comunidad responsable del perjuicio que han sufrido y aún sufrirán como consecuencia del comportamiento ilegal de la Comisión.

- Condene a la Comunidad a reparar dicho perjuicio, le ordene determinar su amplitud de acuerdo con las demandantes y, en defecto de acuerdo amigable sobre este extremo, determine él mismo la cuantía del perjuicio, previa designación de un perito encargado de valorarlo con exactitud, si fuere necesario.

- Condene en costas a la Comunidad.

35 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene a las demandantes solidariamente en costas, incluidas las causadas en el procedimiento sobre medidas provisionales.

36 En el asunto T-18/96, las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal, declare que la Decisión impugnada es inexistente, dado que en su parte dispositiva la Comisión decide que es aplicable el apartado 1 del artículo 85 e impone por ello sendas multas a las demandantes, pero no se pronuncia sobre la solicitud de aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado presentada por las demandantes.

- Con carácter subsidiario, declare que la Decisión adolece de nulidad absoluta.

- Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión por infringir el artículo 85 del Tratado y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), por violar principios generales del Derecho y por incumplir la obligación de motivación (artículo 190 del Tratado).

- Con carácter aún más subsidiario, anule parcialmente la Decisión impugnada, de manera que no se imponga ninguna multa a las demandantes.

- Condene en costas a la Comisión.

- Condene a las partes coadyuvantes a cargar con las costas correspondientes a la intervención.

37 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a las demandantes.

38 Las partes coadyuvantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Estime las pretensiones de la Comisión.

- Condene a las demandantes en costas, incluidas las causadas por las partes coadyuvantes.

Sobre el recurso de indemnización (asunto T-213/95)

39 Según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad de la Comunidad en el marco del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a la Institución comunitaria de que se trate, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la Institución y el perjuicio invocado (véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C-146/91, Rec. p. I-4199, apartado 19, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, asuntos acumulados T-481/93 y T-484/93, Rec. p. II-2941, apartado 80).

1. Sobre el comportamiento supuestamente ilegal de la Comisión

40 Las demandantes invocan cuatro motivos para argumentar la existencia de un comportamiento ilegal de la Comisión en el marco del procedimiento que esa Institución incoó a raíz de la presentación de la denuncia el 13 de enero de 1992, y de las notificaciones efectuadas por las demandantes los días 15 de enero y 6 de febrero de 1992. Tales motivos se basan, respectivamente, en la infracción del artículo 6 del CEDH, en la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima y en la vulneración del derecho a ser oído.

Primer motivo: infracción del artículo 6 del CEDH

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

41 Las demandantes alegan que la Comisión está obligada a observar las disposiciones del CEDH. A este respecto, se remiten a la jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125; de 21 de septiembre de 1989, Hoechst/Comisión, asuntos acumulados 46/87 y 227/88, Rec. p. 2859, y de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283), al apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea y a la Declaración Común del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, de 5 de abril de 1977 (DO C 103, p. 1; EE 01/02, p. 67).

42 Las demandantes estiman que el procedimiento administrativo ante la Comisión destinado a aplicar el artículo 85 del Tratado es un procedimiento al que le es aplicable el artículo 6 del CEDH. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de la Comisión Europea de Derechos Humanos se desprende que dicha disposición se aplica a los procedimientos administrativos (Stenuit/Francia, 1992, 14 EHRR 509, y Niemitz/Alemania, 1993, 16 EHRR 97).

43 Según las demandantes, la Comisión no ha observado el requisito de un «plazo razonable» del apartado 1 del artículo 6 del CEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que un plazo de diecisiete meses excedía de un plazo razonable (sentencia de 9 de diciembre de 1994, Schouten y Meldrum/Países Bajos, Serie A, nº 304). Pues bien, añaden las demandantes que el procedimiento administrativo ante la Comisión duró más de cuarenta y cinco meses. Por consiguiente, concluyen, el comportamiento de la Comisión constituye manifiestamente una infracción del apartado 1 del artículo 6 del CEDH.

44 Según las demandantes, la Comisión utilizó abusivamente el procedimiento basado en el Reglamento nº 17 al elaborar el primer pliego de cargos únicamente con vistas a adoptar una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 de dicho Reglamento. Además, es imposible comprender por qué necesitó la Comisión veintidós meses desde la adopción del primer pliego de cargos para emitir el segundo pliego de cargos, cuya argumentación de base era totalmente idéntica a la del primero. Para las demandantes, la adopción del segundo pliego de cargos fue inútil y constituyó una actuación de la Comisión destinada a prolongar el procedimiento.

45 Las demandantes recuerdan que el auto del Gerechtshof te Amsterdam de 28 de octubre de 1993 se configuraba como una medida temporal destinada a producir sus efectos hasta que la Comisión adoptara su decisión. En tales circunstancias, la Comisión habría debido llegar rápidamente a una decisión final. Las demandantes añaden que el espíritu con el que la Comisión tramitó el procedimiento destilaba la convicción de que le bastaba con influir en el Juez nacional y con adoptar una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17. La Comisión jamás concedió la más mínima prioridad a este asunto.

46 Las demandantes afirman que no contribuyeron en modo alguno a los retrasos de la Comisión. Formularon propuestas constructivas con vistas a llegar a una solución rápida, propuestas que, sin embargo, la Comisión rechazó. Las demandantes recuerdan que renunciaron a una audiencia después de haber recibido el segundo pliego de cargos, a fin de acelerar la adopción de la decisión definitiva. La Comisión no puede reprocharles el haber defendido su causa ante la DG III, que es el órgano de la Comisión competente en materia de política de certificación. La intervención de la DG III habría sido necesaria aunque las demandantes no la hubieran solicitado. Del mismo modo, las demandantes consideran que tampoco se les pueden reprochar sus intervenciones ante la Comisión, la Representación Permanente de los Países Bajos en la Unión Europea y el Consejo de certificación, que tuvieron lugar durante un período que no superó dos semanas (del 13 al 27 de octubre de 1993).

47 Además, añaden las demandantes, la complejidad del expediente en ningún caso puede justificar que se rebase el plazo razonable (sentencia Schouten y Meldrum/Países Bajos, antes citada). En lo que atañe a los retrasos debidos a la falta de las traducciones finesa y sueca del proyecto de Decisión, las demandantes alegan que no cabe invocar retrasos estructurales para justificar que se rebase el plazo razonable (sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de mayo de 1981, Buchholz, Serie A, nº 42).

48 La Comisión replica que, para juzgar si la duración de un procedimiento es irrazonable, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso. No sólo tiene importancia el comportamiento de la Comisión, sino también el de las demandantes, así como la complejidad del asunto y todas las demás circunstancias específicas. La Comisión reconoce que, durante el período comprendido entre enero y julio de 1992, no consideró prioritario el asunto, habida cuenta de que estaba también pendiente ante el Juez neerlandés y de que las infracciones habían cesado desde que se dictó el auto del Arrondissementsrechtbank te Utrecht de 11 de febrero de 1992 (véase, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión, T-24/90, Rec. p. II-2223, apartados 77 y 85). La Comisión afirma que aceleró el examen del expediente a raíz de que se dictara el auto del Gerechtshof te Amsterdam de 9 de julio de 1992, que permitió a SCK restablecer la prohibición de alquiler (véase el apartado 8 supra).

49 Según la Comisión, el examen provisional del expediente puso de manifiesto que se reunían los requisitos de aplicación del apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17. Dentro del plazo de cinco meses a partir de la fecha en que el Gerechtshof te Amsterdam dictara su auto, la Comisión comunicó a las demandantes un pliego de cargos para aplicar dicho artículo (pliego de cargos de 16 de diciembre de 1992; véase el apartado 9 supra).

50 La Comisión manifiesta asimismo que, en el momento en que el proyecto de Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 estaba listo, la DG III solicitó a la DG IV que se celebrara una reunión dedicada al proyecto de Decisión antes de presentarlo a la Junta de Comisarios. No obstante, la intervención de la DG III en el procedimiento, que constituyó la causa principal del retraso experimentado en la tramitación del expediente durante los meses siguientes, fue consecuencia directa de las actuaciones emprendidas por las demandantes. La Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 fue adoptada finalmente el 13 de abril de 1994.

51 Posteriormente, el 21 de octubre de 1994, la Comisión notificó a las demandantes el pliego de cargos, como trámite previo para la adopción de una decisión final. Esta decisión final, basada en el artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, tenía distinto objeto y diferentes consecuencias jurídicas que una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15. Un mes después de haber recibido la respuesta de las demandantes al segundo pliego de cargos, la DG IV ya había elaborado un proyecto de Decisión. Sin embargo, añade la Comisión, a raíz de la adhesión de Finlandia y de Suecia a la Unión Europea el 1 de enero de 1995, hubo graves problemas de retraso en las traducciones al finés y al sueco. Por último, la Comisión adoptó la Decisión impugnada el 29 de noviembre de 1995.

52 Según la Comisión, no se le puede, pues, reprochar en el caso de autos el haber violado el principio de observancia de un plazo razonable durante el procedimiento administrativo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

53 Según reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario (véanse, en particular, el dictamen del Tribunal de Justicia 2/94, de 28 de marzo de 1996, Rec. p. I-1759, apartado 33, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de mayo de 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, apartado 14). A este respecto, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se inspiran en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el CEDH reviste un significado particular (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 18, y Kremzow, antes citada, apartado 14). Por otra parte, a tenor del apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea, «la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el [CEDH] y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario».

54 Las demandantes alegan que, a raíz de la denuncia presentada por Van Marwijk y otros el 13 de enero de 1992, y de las notificaciones efectuadas por SCK, el 15 de enero de 1992, y por FNK, el 6 de febrero de 1992 (véanse los apartados 6 y 7 supra), la Decisión impugnada, fechada el 29 de noviembre de 1995, no fue adoptada dentro de un «plazo razonable», en el sentido del apartado 1 del artículo 6 del CEDH, a cuyo tenor «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley [...]».

55 Debe considerarse que, cuando un interesado presenta ante la Comisión una solicitud de declaración negativa en virtud del artículo 2 del Reglamento nº 17 o una notificación con vistas a obtener una exención en virtud del apartado 1 del artículo 4 del mismo Reglamento, la Comisión no puede diferir sine die su pronunciamiento. En aras de garantizar la seguridad jurídica y una protección jurisdiccional adecuada, la Comisión debe, en efecto, adoptar una decisión o enviar un escrito de archivo de las actuaciones, en el caso de que tal escrito se haya solicitado, dentro de un plazo razonable. Del mismo modo, cuando se presenta ante ella una denuncia relativa a la infracción del artículo 85 y/o del artículo 86 del Tratado, basada en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, la Comisión está obligada a adoptar, dentro de un plazo razonable, una posición definitiva sobre la denuncia (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1997, Guérin automobiles/Comisión, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, apartado 38).

56 La observancia por parte de la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen fin a procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye, en efecto, un principio general del Derecho comunitario (véase, en materia de desestimación de denuncias, la sentencia Guérin automobiles/Comisión, antes citada, apartado 38; en materia de ayudas otorgadas por el Estado, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471, apartado 4, y de 24 de noviembre de 1987, RSV/Comisión, 223/85, Rec. p. 4617, apartados 12 a 17). Por consiguiente, sin que resulte necesario pronunciarse sobre la aplicabilidad en cuanto tal del apartado 1 del artículo 6 del CEDH a los procedimientos administrativos pendientes ante la Comisión en materia de política de competencia, procede examinar si, en el caso de autos, la Comisión ha violado el principio general de Derecho comunitario de observancia de un plazo razonable en el procedimiento previo a la adopción de la Decisión impugnada.

57 La duración total del procedimiento administrativo en el presente caso ha sido aproximadamente de cuarenta y seis meses. Sin embargo, como ha indicado acertadamente la Comisión, el carácter razonable de la duración del procedimiento administrativo se aprecia en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento seguido por la Comisión, del comportamiento de los interesados durante el procedimiento, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Erkner, de 23 de abril de 1987, Serie A, nº 117, p. 62, apartado 66; Milasi, de 25 de junio de 1987, Serie A, nº 119, p. 46, apartado 15, y Schouten y Meldrum/Países Bajos, antes citada, apartado 63).

58 Por lo que se refiere, en primer lugar, al contexto del asunto, procede señalar, por un lado, que el reglamento interno de FNK contenía, ya desde el 15 de diciembre de 1979, una cláusula que obligaba a los miembros de la asociación a dirigirse preferentemente a los demás asociados para el alquiler de grúas y a practicar tarifas aceptables [letras a) y b) del artículo 3 del reglamento interno]. En lo que atañe a SCK, la cláusula del reglamento sobre certificación de empresas a que se refiere la Decisión impugnada, a saber, la prohibición de alquiler (reglamento sobre certificación, segundo guión del artículo 7), entró en vigor el 1 de enero de 1991. Al parecer, las partes demandantes no vieron necesidad alguna de solicitar la opinión de la Comisión sobre sus estatutos y reglamentos antes de que, el 13 de enero de 1992, Van Marwijk y otras diez empresas presentaran una denuncia ante la Comisión. En efecto, los estatutos de SCK y su reglamento sobre certificación de empresas de alquiler de grúas no fueron notificados a la Comisión hasta el 15 de enero de 1992 y los estatutos y el reglamento interno de FNK no lo fueron hasta el 6 de febrero de 1992.

59 A continuación ha de recordarse que el período de cuarenta y seis meses transcurrido entre la presentación de la denuncia y las notificaciones, por un lado, y la adopción de la Decisión impugnada, por otro, comprende diferentes fases del procedimiento. A raíz del examen de la denuncia y de las notificaciones, el 16 de diciembre de 1992, la Comisión emitió un pliego de cargos como trámite previo para adoptar una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, adoptando efectivamente tal decisión el 13 de abril de 1994. Posteriormente, el 21 de octubre de 1994, la Comisión comunicó un nuevo pliego de cargos, como trámite previo para adoptar la Decisión impugnada, lo que ocurrió el 29 de noviembre de 1995.

60 Procede examinar el carácter razonable de la duración de cada fase del procedimiento.

61 La primera definición de postura provisional de la Comisión sobre las notificaciones de las demandantes la constituye el pliego de cargos de 16 de diciembre de 1992. La duración de esta primera parte del procedimiento, de once meses aproximadamente, fue razonable, e incluso cabe considerarla relativamente breve a la luz de todos los elementos del expediente. Debe hacerse hincapié en que, durante este período, la Comisión examinó en paralelo las notificaciones de las demandantes y la denuncia de Van Marwijk y otras, denuncia que criticaba precisamente las prácticas notificadas por las demandantes. Por otra parte, la Comisión pudo legítimamente considerar que el asunto sometido por las demandantes no era prioritario. En efecto, las propias demandantes no insistieron, en sus notificaciones, sobre la necesidad de una tramitación urgente de su asunto, pese a que el punto 7.4 del Anexo al formulario A/B [Anexo al Reglamento nº 27 de la Comisión, de 3 de mayo de 1962, Primer Reglamento de aplicación del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1962, 35, p. 1118; EE 08/01, p. 31), sustituido ulteriormente por el Reglamento (CE) nº 3385/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, relativo a la forma, el contenido y demás modalidades de las solicitudes y notificaciones realizadas en aplicación del Reglamento nº 17 del Consejo (DO L 377, p. 28)] insta a las partes notificantes a precisar el grado de urgencia. Además, las prácticas notificadas que la Comisión consideraba que no podían ser objeto de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado habían cesado durante un período de cerca de cinco meses, el comprendido entre el 11 de febrero de 1992 y el 9 de julio de 1992 (véase el apartado 8 supra), a raíz de una acción ejercitada por las denunciantes ante los Tribunales neerlandeses.

62 El período, de dieciséis meses aproximadamente, transcurrido entre el pliego de cargos de 16 de diciembre de 1992 y la adopción, el 13 de abril de 1994, de la Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 fue asimismo razonable. Debe indicarse que el Abogado de las demandantes ha reconocido en la vista ante al Tribunal de Primera Instancia que SCK pidió por primera vez una tramitación rápida y urgente del asunto en su carta a la Comisión de 21 de octubre de 1993 (carta dirigida al Sr. Dubois, de la DG IV). En lo que atañe a FNK, no cabe sino hacer constar que esta asociación no hizo ninguna petición en este sentido antes de que se adoptara la Decisión de 13 de abril de 1994. El escrito de requerimiento dirigido a la Comisión por el Abogado de las demandantes el 3 de junio de 1994 constituye la primera manifestación por parte de FNK de su interés en que se tramitara rápidamente el expediente. Por otra parte, no existe controversia entre las partes sobre el hecho de que, en el preciso momento en que SCK pedía por primera vez a la DG IV una tramitación rápida del procedimiento, las partes demandantes solicitaron que la DG III interviniera ante la DG IV, para que se diera curso favorable a su solicitud de exención (véase, en particular, la carta del Abogado de las demandantes de 5 de octubre de 1993 dirigida al Sr. McMillan, Jefe de Servicio de la Unidad III.B.3). Aunque tal gestión sea perfectamente legítima, las demandantes habrían debido darse cuenta de que la intervención solicitada a la DG III iba a retrasar el desarrollo del procedimiento, máxime cuando, por otra parte, la DG III no tiene por qué ser consultada en un procedimiento de exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado ni en un procedimiento de declaración de infracción en virtud del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

63 La siguiente fase del procedimiento la constituye la notificación a las demandantes del pliego de cargos como trámite previo para la adopción de la Decisión impugnada. Esta notificación se produjo el 21 de octubre de 1994, es decir, seis meses después de la adopción de la Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17.

64 Procede considerar que este plazo de seis meses no tiene carácter irrazonable.

65 Las demandantes pretenden, no obstante, que el envío del segundo pliego de cargos fue inútil y constituyó una actuación de la Comisión destinada a prolongar el procedimiento. Esta alegación debe ser rechazada. Por un lado, la finalidad de los dos pliegos de cargos era diferente. El primero versaba sobre la retirada del beneficio de la inmunidad frente a las multas, previsto en el apartado 5 del artículo 15 del Reglamento nº 17, mediante la adopción de una decisión basada en el apartado 6 del mismo artículo, mientras que la finalidad del segundo pliego de cargos era preparar una decisión que declarara la existencia de infracciones e impusiera multas con arreglo al apartado 1 del artículo 3 y al apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17. Por otro lado, el segundo pliego formulaba cargos relativos a todas las infracciones que se hacían constar en la Decisión impugnada, a saber, la prohibición de alquiler y las tarifas aconsejadas y de compensación, mientras que el primer pliego de cargos se había limitado al análisis de la prohibición de alquiler desde el punto de vista del artículo 85 del Tratado. Es preciso recordar que tanto el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 como los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62), que aplican el principio de respeto de los derechos de defensa, exigen que se dé a las empresas afectadas por un procedimiento de declaración de infracción, desde la fase del procedimiento administrativo, la posibilidad de dar a conocer de forma eficaz su opinión sobre todos los cargos que se imputen en la Decisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1992, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T-10/92, T-11/92, T-12/92 y T-15/92, Rec. p. II-2667, apartado 39, y de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión, asuntos acumulados T-39/92 y T-40/92, Rec. p. II-49, apartado 47). Así pues, la Comisión tenía la obligación de notificar a las demandantes un segundo pliego de cargos no sólo porque la finalidad de los dos pliegos de cargos fuera diferente, sino también porque la Decisión impugnada menciona un cargo que no figuraba en el primer pliego de cargos. En otros términos, si la Comisión no hubiera comunicado el segundo pliego de cargos, la Decisión impugnada se habría adoptado con violación manifiesta de los derechos de defensa de los demandantes.

66 Procede señalar a continuación que la Comisión adoptó su Decisión final el 29 de noviembre de 1995, es decir, aproximadamente once meses después de haber recibido, el 21 de diciembre de 1994, la respuesta de las demandantes al segundo pliego de cargos. Con independencia de los problemas de traducción discutidos por las partes en sus escritos, el hecho de que la Comisión haya necesitado, después de recibir la respuesta al pliego de cargos, once meses para preparar una decisión final en todas las lenguas oficiales de la Comunidad no constituye una violación del principio de observancia de un plazo razonable en un procedimiento administrativo en materia de política de la competencia.

67 En cuanto al argumento de las demandantes según el cual la Comisión jamás concedió la más mínima prioridad al asunto y consideró que le bastaba con influir en el Juez nacional y con adoptar una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, es preciso recordar que la Comisión dispone de la facultad de conceder diferentes grados de prioridad a los expedientes que le son sometidos (sentencia Automec/Comisión, antes citada, apartado 77). Además, si considera que las prácticas que le han sido notificadas no pueden beneficiarse de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85, la Comisión, para determinar el grado de prioridad que ha de conceder a la notificación, puede tener en cuenta la circunstancia de que un Juez nacional haya hecho ya que cesen las infracciones de que se trata.

68 En respuesta a un argumento desarrollado por las demandantes en la vista en lo que atañe a los efectos perjudiciales definitivos de una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, es preciso añadir que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 15 de marzo de 1967, Cimenteries CBR y otros/Comisión (asuntos acumulados 8/66, 9/66, 10/66 y 11/66, Rec. pp. 93 y ss., especialmente p. 118), fundamentó la admisibilidad de un recurso dirigido a la anulación de una decisión de este tipo, en particular, en la consideración de que «si la medida provisional excluyera todo control jurisdiccional [...] tendría por efecto práctico dispensar a la Comisión de tomar una Decisión final gracias a la eficacia de la mera amenaza de multa». En el caso de autos, las demandantes, que se abstuvieron de interponer un recurso de anulación contra la Decisión de 13 de abril de 1994, basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, no pueden quejarse de los eventuales efectos perjudiciales definitivos de dicha Decisión.

69 En vista de todos los elementos que preceden, la Comisión actuó de conformidad con el principio de observancia de un plazo razonable en el procedimiento administrativo que precedió a la adopción de la Decisión impugnada.

70 De lo anterior se deduce que debe desestimarse el primer motivo.

Segundo motivo: violación del principio de seguridad jurídica

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

71 Las demandantes alegan que durante cuarenta y cinco meses permanecieron en la incertidumbre en cuanto a la eventual concesión de la exención solicitada. Añaden que el principio de seguridad jurídica se impone con rigor especial cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1987, Irlanda/Comisión, 325/85, Rec. p. 5041, apartado 18). Una decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 no puede en modo alguno presentar la seguridad que implica una decisión final (sentencia del Tribunal de Justicia CBR y otros/Comisión, antes citada). Resulta insólito que la Comisión declare que las demandantes podían tranquilizarse en lo relativo a su situación tras las resoluciones de los Tribunales neerlandeses, siendo así que tales resoluciones tan sólo pretendían establecer un régimen provisional a la espera de la decisión final de la Comisión. Por lo demás, añaden las demandantes, el auto del Gerechtshof te Amsterdam de 28 de octubre de 1993 se basó especialmente en el escrito del Sr. Giuffrida de septiembre de 1993 (véase el apartado 14 supra), que contenía la afirmación inexacta según la cual «ya [se ha] obtenido la aprobación de los servicios afectados». Pues bien, concluyen las demandantes, en la fecha de esta afirmación la DG III aún no se había pronunciado sobre este asunto.

72 La Comisión niega que las demandantes hayan padecido una situación de inseguridad jurídica durante cuarenta y cinco meses. Hace referencia al auto del Arrondissementsrechtbank te Utrecht de 6 de julio de 1993. En su dúplica, la Comisión hace observar que tanto el pliego de cargos de 16 de diciembre de 1992 como su escrito de 4 de junio de 1993 (véanse los apartados 9 y 11 supra) dieron a las demandantes una inequívoca señal en cuanto a la posible concesión de una exención. La Comisión alega asimismo que la expresión «servicios afectados», recogida en el escrito del Sr. Giuffrida de septiembre de 1993, se refería únicamente a los servicios de la DG IV y al Servicio Jurídico de la Comisión. La DG III tan sólo se incorporó al procedimiento tras una petición expresa por su parte, a raíz de una gestión efectuada por las demandantes. La incorporación de la DG III al procedimiento, concluye la Comisión, tuvo como consecuencia que la Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 fuera adoptada unos meses más tarde de lo que el Sr. Giuffrida había podido razonablemente prever en fecha de 22 de septiembre de 1993.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

73 El motivo se subdivide en dos partes.

74 La primera parte plantea la cuestión de si la Comisión está obligada, en virtud del principio de seguridad jurídica, a adoptar una decisión dentro de un plazo razonable en los supuestos en que se le notifiquen acuerdos con arreglo al artículo 2 y/o al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 17. Enunciada de esta manera, esta parte del segundo motivo se confunde con el primer motivo y debe ser desestimada por idénticas razones.

75 En el marco de la segunda parte del motivo, las demandantes imputan al escrito del Sr. Giuffrida de septiembre de 1993 (véase el apartado 14 supra) el contener la afirmación inexacta según la cual «ya [se ha] obtenido la aprobación de los servicios afectados». Este cargo se imputa también en el marco del tercer motivo, basado en la violación del principio de confianza legítima. Debe ser desestimado por las razones contenidas, más adelante, en el apartado 82.

76 De lo anterior se deduce que no cabe acoger el motivo basado en la violación del principio de seguridad jurídica.

Tercer motivo: violación del principio de protección de la confianza legítima

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

77 Las demandantes alegan que la Comisión hizo promesas que resultaron ser inexactas. En primer lugar, se refieren al escrito del Sr. Giuffrida (véase el apartado 14 supra), que en septiembre de 1993 anunciaba la inminente adopción de la Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17. En segundo lugar, se refieren al escrito del Sr. Ehlermann de 27 de junio de 1994 (véase el apartado 18 supra), según el cual la adopción de la decisión final constituía una prioridad. Teniendo en cuenta que, en el auto de 28 de octubre de 1993, el Gerechtshof te Amsterdam se basó en las promesas de la Comisión según las cuales esta Institución iba a adoptar su decisión en breve, las demandantes estiman que estaban legitimadas para creer que la Comisión cumpliría sus promesas.

78 En su réplica, las demandantes alegan asimismo, en relación con el escrito del Sr. Giuffrida, que la DG III es responsable de la política de certificación y que el presente asunto es, según la Comisión, el primer caso de aplicación del artículo 85 a un sistema de certificación. Por lo tanto, las demandantes estiman que, en el momento de la redacción del escrito, al menos un «servicio afectado», a saber, la DG III, no había dado su aprobación. Habida cuenta de la influencia que el escrito de que se trata tuvo sobre el auto del Gerechtshof te Amsterdam, según las demandantes procede llegar a la conclusión de que con sus afirmaciones inexactas la Comisión violó el principio de confianza legítima.

79 La Comisión replica que el escrito de 22 de septiembre de 1993 no daba una idea falsa de la situación en aquel momento. A este respecto, se remite a la argumentación desarrollada en el anterior apartado 72. La Comisión considera asimismo que su escrito de 27 de junio de 1994 no contiene ninguna afirmación contraria a la verdad.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

80 El concepto de confianza legítima presupone que el interesado albergue esperanzas fundadas en seguridades concretas dadas por la Administración comunitaria (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1994, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Comisión, T-465/93, Rec. p. II-361, apartado 67, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1996, Guérin Automobiles/Comisión, T-195/95, Rec. p. II-171, apartado 20).

81 En el caso de autos, las demandantes invocan la existencia de dos escritos de la Comisión que, según ellas, contienen promesas que resultaron ser inexactas.

82 En lo que atañe, en primer lugar, al escrito del Sr. Giuffrida, fue redactado o bien el 21 o bien el 22 de septiembre de 1993. En efecto, dicho escrito constituye una respuesta a un escrito de las denunciantes de 21 de septiembre de 1993 y las demandantes afirman haber recibido notificación del mismo el 22 de septiembre de 1993. El escrito indicaba que la semana siguiente se sometería a la Junta de Comisarios un proyecto de Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y que la Comisión consideraba la posibilidad de notificar formalmente dicha Decisión a las demandantes durante la primera quincena del mes de octubre de 1993. Aunque eventualmente pueda considerarse que esta correspondencia contenga seguridades precisas en cuanto a la inminente adopción de una Decisión por la Comisión, las demandantes no niegan que, tan pronto como tuvieron conocimiento de la misma, hicieron gestiones ante la DG III para que ésta interviniera ante la DG IV (véase, en particular, la carta del Abogado de las demandantes de 5 de octubre de 1993 enviada al Sr. McMillan, Jefe de servicio de la unidad III.B.3, que se refiere a la reunión de este último con dicho Abogado el 28 de septiembre de 1993). En tales circunstancias, las demandantes no podían esperar que la Comisión respetara las eventuales seguridades formuladas en su escrito comunicado el 22 de septiembre de 1993.

83 El escrito del Sr. Ehlermann de 27 de junio de 1994, por su parte, confirmaba que la adopción de una decisión final en este asunto constituía una prioridad para los servicios de la DG IV. Habida cuenta del carácter genérico de una declaración de este tipo, no cabe hablar de seguridades precisas dadas por la Comisión que hayan podido infundir en las demandantes esperanzas fundadas en cuanto a la fecha en que se adoptaría una decisión final sobre el expediente. En cualquier caso, la Comisión confirmó con hechos la veracidad de la afirmación del Sr. Ehlermann, puesto que el 21 de octubre de 1994 emitió un pliego de cargos como trámite previo para la adopción de una decisión final.

84 De cuanto antecede resulta que también debe desestimarse el tercer motivo.

Cuarto motivo: violación del derecho a ser oído

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

85 Las demandantes recuerdan que en varias ocasiones solicitaron ser oídas durante el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17. Según ellas, el hecho de que la Comisión no haya accedido a tales solicitudes constituye una violación del derecho de defensa. Las demandantes consideran que la salvaguardia de estos derechos exigía que, en el curso de un procedimiento oral revestido de todas las garantías formales, pudieran reaccionar, por un lado, ante los nuevos elementos que se hubieran podido revelar durante el procedimiento administrativo y, por otro, ante la negativa de la Comisión a todo compromiso. Según las demandantes, el interés que tenían en tal audiencia justificaba el posible retraso del procedimiento, al menos durante el período que precedió a la adopción de la Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17.

86 La Comisión replica que dio a las demandantes la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista sobre los cargos por ella formulados. Añade que, por consiguiente, no cabe hablar de violación del derecho de defensa. Al no existir texto legal alguno que prescriba que las empresas o asociaciones afectadas deban ser oídas antes de que la Comisión adopte una Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y al no existir ninguna circunstancia particular que implique que en el caso de autos una audiencia hubiera sido la única posibilidad de garantizar efectivamente el derecho de defensa, la Comisión en modo alguno estaba obligada a oír a las demandantes después de haberlas consultado por escrito.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

87 Según las demandantes, su perjuicio se deriva del hecho de que, en el momento de la interposición del recurso, la Comisión no había adoptado todavía una decisión definitiva sobre las notificaciones de las demandantes, permitiendo de este modo que, durante casi cuatro años, subsistiera una duda acerca de la legalidad de los estatutos y reglamentos notificados. En opinión de las demandantes, el comportamiento de la Comisión tuvo como consecuencia que el Consejo de certificación amenazara a SCK con revocarle la homologación, que los arrendatarios de grúas prestaran menos atención a las condiciones generales de FNK y que la buena reputación de las demandantes se viera afectada.

88 Procede hacer constar que el comportamiento de la Comisión que se denuncia con el presente motivo, a saber, la omisión de celebrar una audiencia antes de la adopción de una Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, no puede haber causado ni agravado el perjuicio así alegado en el recurso.

89 Por lo tanto, el presente motivo no guarda relación alguna con el referido perjuicio.

90 Por otro lado, el motivo se refiere únicamente a la legalidad de la Decisión de 13 de abril de 1994, basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17. Pues bien, el presente recurso tiene por objeto obtener la reparación del perjuicio derivado del hecho de no haberse adoptado una decisión definitiva dentro de un plazo razonable, y no del derivado de una ilegalidad de la Decisión de 13 de abril de 1994, Decisión que, en cualquier caso, las demandantes no impugnaron dentro del plazo previsto al efecto.

91 Procede, pues, desestimar el cuarto motivo.

92 De cuanto antecede se desprende que el análisis de los diferentes motivos no ha puesto de relieve ningún comportamiento ilegal de la Comisión capaz de generar la responsabilidad de la Comunidad.

93 No obstante, este Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar aún la cuestión de la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento supuestamente ilegal y el perjuicio invocado por las demandantes.

2. Sobre la relación de causalidad

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

94 Las demandantes afirman que su perjuicio debe imputarse a la Comisión. Alegan que SCK corre el riesgo de perder su homologación porque el Consejo de certificación considera que la prohibición de alquiler es el único modo de cumplir con los criterios de homologación, siendo así que tal prohibición de alquiler fue suspendida precisamente a la espera de la Decisión impugnada. En lo que atañe a FNK, se alega que el comportamiento de la Comisión afectó, en particular, a su reputación y a sus condiciones generales. En su réplica, las demandantes subrayan asimismo que, basándose en una declaración inexacta de la Comisión, el Gerechtshof te Amsterdam dictó un auto provisional de suspensión de la prohibición de alquiler, a la espera de una decisión definitiva de aquella Institución (véase el apartado 14 supra). Las demandantes estiman que la inactividad de la Comisión durante un período de tan inaceptable duración atribuyó al auto dictado por el Gerechtshof te Amsterdam el 28 de octubre de 1993 un alcance en el tiempo que excedía con creces del que el Tribunal nacional había querido conferirle.

95 La Comisión replica que no existe relación de causalidad directa y necesaria entre su actuación y la suspensión duradera de la prohibición de alquiler. Recuerda que no fue ella, sino el Juez neerlandés, quien suspendió la prohibición de alquiler como medida provisional. Si SCK estimaba que, transcurrido cierto tiempo, ya no se justificaban las medidas provisionales debido a que la decisión final de la Comisión se demoraba más tiempo del previsto, podría haber acudido al Juez nacional para obtener la revocación o la modificación de las medidas provisionales.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

96 El apartado 1 del artículo 85 del Tratado produce efectos directos en las relaciones entre particulares y genera directamente en favor del justiciable derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 1991, Delimitis, C-234/89, Rec. p. I-935, apartado 45).

97 Aplicando el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el Gerechtshof te Amsterdam prohibió a SCK, mediante auto de 28 de octubre de 1993, que aplicara «la prohibición de alquiler» (segundo guión del artículo 7 del reglamento sobre certificación de empresas de alquiler de grúas de SCK). Si bien es exacto que el Gerechtshof te Amsterdam fue influido por la posición de la Comisión, a saber, por el escrito del Sr. Giuffrida de septiembre de 1993 (véase el apartado 14 supra), que anunciaba la adopción de una Decisión basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, no es menos verdad que esta definición de postura no vinculaba al Tribunal nacional. En efecto, la apreciación de esta prohibición por parte del Sr. Giuffrida no tenía sino el carácter de un elemento de hecho que el Gerechtshof te Amsterdam podía tomar en consideración al examinar la conformidad de la referida práctica con el artículo 85 del Tratado (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Giry y Guerlain y otros, asuntos acumulados 253/78, 1/79, 2/79 y 3/79, Rec. p. 2327, apartado 13; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión, T-575/93, Rec. p. II-1, apartado 43). Por otra parte, tal como se desprenderá del análisis del recurso de anulación interpuesto contra la Decisión impugnada, la posición que la Comisión defendió durante el procedimiento administrativo y que reprodujo en la Decisión impugnada se basa en una interpretación correcta del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Por consiguiente, si SCK corrió el riesgo de que se revocara su homologación, tal riesgo obedecía a que SCK se había visto obligada a poner término a una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. No cabe imputar tal «perjuicio» a la Comisión.

98 Por lo que se refiere a FNK, las demandantes no explican de qué manera el comportamiento de la Comisión pudo afectar a su reputación y a sus condiciones generales, a pesar de que, según reiterada jurisprudencia, incumbe a las demandantes probar la existencia de una relación de causa a efecto entre la falta cometida por la Institución y el perjuicio invocado (véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 1992, Finsider y otros/Comisión, asuntos acumulados C-363/88 y C-364/88, Rec. p. I-359, apartado 25; la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995, Blackspur y otros/Consejo y Comisión, T-168/94, Rec. p. II-2627, apartado 40). Las únicas prácticas de FNK cuestionadas durante el procedimiento administrativo son el sistema de tarifas aconsejadas y de compensación y la denominada cláusula «de preferencia», que obligaba a los miembros de FNK a dirigirse preferentemente a los demás asociados para el alquiler de grúas [letras a) y b) del artículo 3 del reglamento interior de FNK]. Pues bien, en el procedimiento administrativo, en la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y en la vista, las demandantes afirmaron que FNK había renunciado voluntariamente a dichas prácticas a raíz de la anulación por el Gerechtshof te Amsterdam, el 9 de julio de 1992, del auto del Presidente del Arrondissementsrechtbank te Utrecht de 11 de febrero de 1992, es decir, en un momento (julio de 1992) en el que la Comisión aún no había tomado posición, ni siquiera provisionalmente, sobre la notificación de FNK o sobre la denuncia de Van Marwijk. Por consiguiente, el perjuicio invocado por FNK no puede de ningún modo haber sido causado por el comportamiento de la Comisión durante el procedimiento administrativo.

99 De todas estas consideraciones se desprende que procede desestimar el recurso de indemnización, sin que sea necesario examinar también si se da el otro presupuesto para que la Comunidad incurra en responsabilidad, a saber, la existencia de un perjuicio.

Sobre el recurso dirigido a que se declare la inexistencia o a que se anule la Decisión 95/551 (asunto T-18/96)

1. Sobre la pretensión de que se declare la inexistencia de la Decisión impugnada

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

100 Las demandantes invocan un único motivo para fundamentar su pretensión. Estiman que la Decisión impugnada es inexistente, por cuanto que, en la parte dispositiva de la misma, la Comisión se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de exención presentada con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado. Hubiera sido indispensable pronunciarse sobre esta solicitud en la parte dispositiva, habida cuenta de que la conformidad de una situación con las normas comunitarias sobre la competencia debe verificarse en relación con el artículo 85 en su conjunto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, Métropole télévision y otros/Comisión, asuntos acumulados T-528/93, T-542/93, T-543/93 y T-546/93, Rec. p. II-649) y de que sólo la parte dispositiva de un acto puede producir efectos jurídicos (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 1992, NBV y NVB/Comisión, T-138/89, Rec. p. II-2181, apartado 31, y de 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento, T-50/92, Rec. p. II-555, apartado 39). Según las demandantes, la Decisión de la Comisión de 13 de abril de 1994, basada en el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, no tiene incidencia alguna a este respecto. Una decisión de este tipo se toma después de un examen provisional y, por lo tanto, no equivale a una decisión final. Además, concluyen las demandantes, aun cuando se la pudiera considerar como una decisión final, no cabe sino hacer constar que, en el caso de autos, dicha decisión versaba únicamente sobre la prohibición de alquiler de SCK y no se pronunciaba sobre las prácticas notificadas de FNK, de manera que seguiría faltando una decisión sobre la eventual aplicación del apartado 3 del artículo 85 a estas últimas prácticas.

101 La Comisión replica que de los considerandos 32 a 39 de la Decisión impugnada se desprende que examinó y rechazó las alegaciones de las demandantes tendentes a obtener una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado. El añadir a la parte dispositiva un artículo que denegara explícitamente la solicitud de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado no habría tenido ninguna razón de ser, puesto que tanto la declaración, en los artículos 1 y 3, de las infracciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado cometidas por SCK y FNK, como las órdenes conminatorias contenidas en los artículos 2 y 4 implicaban necesariamente la denegación de la solicitud de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

102 En la parte dispositiva de la Decisión impugnada la Comisión declaró que el sistema de tarifas aconsejadas y de compensación de FNK (artículo 1) y la prohibición de alquiler de SCK (artículo 3) infringían el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, y conminó a FNK (artículo 2) y a SCK (artículo 4) a que finalizaran inmediatamente tales infracciones. Por otra parte, la Decisión impugnada impuso multas a las demandantes (artículo 5).

103 Aun cuando la mencionada parte dispositiva no se pronuncia explícitamente sobre las solicitudes de exención presentadas por las demandantes con arreglo al apartado 3 del artículo 85, es preciso hacer constar que la Comisión verificó la conformidad de las prácticas contempladas en los artículos 1 y 3 de la Decisión impugnada con las normas sobre la competencia en relación con el artículo 85 en su conjunto. En efecto, de una detallada motivación de la Decisión impugnada (considerandos 32 a 39) se desprende que la Comisión examinó si el apartado 1 del artículo 85 del Tratado podía ser declarado inaplicable a tales prácticas con arreglo al apartado 3 del artículo 85 el Tratado. Al término de su examen, en el considerando 35 la Comisión indica, en lo que atañe a las tarifas aconsejadas y de compensación de FNK, que «no es posible la concesión de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado». Del mismo modo, en el considerando 39, la Comisión afirma explícitamente que «no es posible conceder a la prohibición de alquiler de SCK una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado».

104 Procede recordar que la motivación de un acto es indispensable para determinar el sentido exacto de lo que se decide en su parte dispositiva (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión, asuntos acumulados 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, Rec. p. 2181, apartado 27, y de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión, C-355/95 P, Rec. p. I-2549, apartado 21; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 1992, Finsider/Comisión, T-26/90, Rec. p. II-1789, apartado 53). Por consiguiente, aunque la parte dispositiva de la Decisión impugnada no se pronuncie explícitamente sobre las solicitudes de las demandantes para obtener una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, las declaraciones de existencia de las infracciones y las órdenes conminatorias de poner fin a las mismas, contenidas en la parte dispositiva, implican necesariamente, a la luz de la motivación de la Decisión (considerandos 32 a 39), la denegación de dichas solicitudes por parte de la Comisión.

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 695A0213.1

105 Por último, las demandantes no pueden invocar las sentencias NBV y NVB/Comisión y Fiorani/Parlamento, antes citadas. En efecto, en ninguno de dichos asuntos, que en modo alguno versaban sobre un problema de inexistencia de una Decisión de una Institución comunitaria, la parte dispositiva de la Decisión impugnada resultaba lesiva para los demandantes. Tan sólo cabía estimar que algunas consideraciones de la motivación de las Decisiones de que se trataba no eran favorables a los demandantes. Se declaró la inadmisibilidad de los recursos de anulación interpuestos en dichos asuntos porque tenían únicamente por objeto, en realidad, que se anulara la motivación de la Decisión. En el caso de autos, la parte dispositiva de la Decisión impugnada resulta lesiva para las demandantes, por cuanto las declara responsables de infracciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, las conmina a poner fin a tales infracciones, les impone multas y, de manera implícita pero inequívoca, deniega sus solicitudes de exención.

106 De lo anterior se deduce que no cabe acoger este motivo.

107 En consecuencia, debe desestimarse la pretensión de que se declare la inexistencia de la Decisión impugnada.

2. Sobre la pretensión de que se anule la Decisión impugnada

108 Las demandantes invocan cinco motivos de anulación de la Decisión impugnada, basados respectivamente en la infracción de los artículos 3, 4, 6 y 9 del Reglamento nº 17; en la infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado; en la infracción del apartado 3 del artículo 85 del Tratado; en la violación del derecho de defensa, y en la infracción del artículo 190 del Tratado.

Primer motivo: infracción de los artículos 3, 4, 6 y 9 del Reglamento nº 17

Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

109 Las demandantes alegan, de manera incompleta y remitiéndose a sus alegaciones sobre la inexistencia de la Decisión impugnada, que la omisión de la Comisión de pronunciarse sobre las solicitudes de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado infringe los artículos 3, 4, 6 y 9 del Reglamento nº 17 y que la Comisión incurrió asimismo en un grave error de forma, de manera que debe anularse la Decisión por no reunir los requisitos de forma exigidos.

110 La Comisión se remite a la argumentación que desarrolló acerca de la pretensión de que se declare la inexistencia de la Decisión impugnada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

111 El presente motivo se basa en los mismos argumentos que los invocados en el marco del motivo alegado para fundamentar la pretensión de que se declare la inexistencia de la Decisión impugnada.

112 Es preciso recordar que, en dicha Decisión, la Comisión se pronunció de manera inequívoca sobre las solicitudes de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 (véanse los apartados 103 y 104 supra).

113 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

Segundo motivo: infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado

114 Teniendo en cuenta el informe para la vista y considerando la fase oral del procedimiento, procede subdividir el motivo en cuatro partes.

115 La primera parte se basa en la afirmación de que se calificó erróneamente a SCK de empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La segunda parte se subdivide, a su vez, en dos alegaciones. La primera de ellas se basa en un error de Derecho sobre la referencia a los criterios de transparencia, carácter abierto, independencia y aceptación de garantías equivalentes de otros sistemas, a efectos de valorar la compatibilidad de un sistema de certificación con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La segunda alegación se basa en un error de apreciación que, se afirma, cometió la Comisión al considerar que la prohibición de alquiler tenía por objeto o efecto restringir la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La tercera parte se basa en la afirmación de que la Comisión incurrió en un error de apreciación al considerar que el sistema de tarifas aconsejadas y de compensación tenía por objeto o efecto restringir la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Por último, la cuarta parte se basa en un error de apreciación del perjuicio del comercio entre los Estados miembros.

Sobre la primera parte del motivo, basada en un error consistente en calificar a SCK de empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado

- Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

116 Las demandantes alegan que SCK no es una empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, puesto que un organismo de certificación que se dedica única y exclusivamente a un control neutral y objetivo de empresas en un sector específico no ejerce actividad económica (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, y de 17 de febrero de 1993, Poucet y Pistre, asuntos acumulados C-159/91 y C-160/91, Rec. p. I-637, así como las conclusiones del Abogado General Sr. Slynn correspondientes a la sentencia de 30 de enero de 1985, BNIC, 123/83, Rec. p. 391). Las demandantes añaden que SCK tampoco es una asociación de empresas a efectos de la misma disposición.

117 La Comisión replica que basta con que un organismo, con independencia de su estatuto jurídico, ejerza una actividad de carácter económico que pueda ser ejercida, en principio, por una empresa privada y con ánimo de lucro, para que quepa considerarlo una empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En el caso de autos, la expedición de un certificado contra el pago de una cantidad constituye una actividad de este tipo. Por consiguiente, concluye la Comisión, SCK debe ser considerada una empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

118 En la Decisión impugnada, la Comisión calificó a SCK de empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado (párrafo segundo del decimoséptimo considerando).

119 Procede examinar si la Comisión incurrió en error de apreciación o en error de Derecho al efectuar tal calificación.

120 En el contexto del Derecho de la competencia, «el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación» (sentencia Höfner y Elser, antes citada, apartado 21).

121 SCK es un organismo de Derecho privado que ha establecido un sistema de certificación para las empresas de alquiler de grúas, siendo facultativa la afiliación a dicho sistema. SCK determina de manera autónoma los criterios que deben cumplir las empresas certificadas. La expedición del certificado lleva consigo el pago de una cantidad.

122 Estas características demuestran que SCK ejerce una actividad económica. Por lo tanto, debe ser considerada como empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

123 Dado que la Comisión calificó correctamente de empresa a SCK, el argumento de las demandantes según el cual SCK no es una asociación de empresas queda desprovisto de pertinencia.

124 De cuanto antecede se deduce que debe desestimarse la primera parte del segundo motivo.

Sobre la segunda parte del motivo, basada, por un lado, en un error de Derecho sobre la referencia a los criterios de transparencia, carácter abierto, independencia y aceptación de garantías equivalentes de otros sistemas, a efectos de valorar la compatibilidad de un sistema de certificación con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, y, por otro lado, en un error de apreciación cometido por la Comisión al considerar que la prohibición de alquiler tenía por objeto o efecto restringir la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado

- Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

125 Las demandantes recuerdan que la Comisión consideró en la Decisión impugnada que si la prohibición de alquiler «estuviese vinculada a un sistema de certificación plenamente abierto, independiente y transparente, que aceptara garantías equivalentes presentadas por otros sistemas, podría aducirse que el efecto de la prohibición no es restringir la competencia, sino tan sólo garantizar plenamente la calidad de los bienes o servicios certificados» (párrafo primero del considerando 23). Según las demandantes, la Comisión infringió el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al definir por su cuenta criterios generales para apreciar la aplicación de esta disposición a sistemas de certificación, cuando tales criterios no se recogen en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

126 Las demandantes añaden que la prohibición de alquiler en el marco del sistema de certificación de SCK no tiene por objeto o efecto una restricción de la competencia. Para apreciar si tales cláusulas incurren en el ámbito de la prohibición que establece el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, procede examinar qué situación de competencia habría prevalecido en caso de que las cláusulas no hubieran existido (sentencia de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545, apartado 18). El sistema de certificación de SCK refuerza la competencia. Contribuye a la transparencia del mercado al permitir evaluar, basándose en un patrón objetivo e imparcial, la calidad y la seguridad de los distintos oferentes del producto. Las demandantes añaden que es indispensable prever la prohibición de alquiler de grúas de empresas no certificadas, porque tal prohibición constituye la única manera de garantizar que cada pedido a una empresa certificada lo ejecute una empresa que responda a las mismas exigencias de seguridad y de calidad. En este sentido, continúan las demandantes, la prohibición de alquiler contempla una protección idéntica a la que ofrecen las marcas, cuya compatibilidad con el Derecho comunitario de la competencia ha reconocido el Tribunal de Justicia (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990, CNL-SUCAL, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13). La prohibición de alquiler resulta también indispensable en la medida en que constituye el único medio de cumplir el requisito del apartado 5 del artículo 2 de los criterios de reconocimiento del Consejo de certificación (véase el apartado 5 supra), según el cual el organismo que expide certificados está obligado a verificar él mismo que, en caso de que un trabajo lo efectúe un subcontratista, se cumplen las exigencias de calidad. En cuanto a la propuesta de la Comisión de autorizar a las empresas certificadas a demostrar, mediante listas preestablecidas, que las empresas no certificadas a las que recurren cumplen, no obstante, las exigencias de calidad requeridas, las demandantes estiman que tal régimen de verificación ad hoc supondría la negación directa de un sistema de certificación basado en una verificación sistemática. Por último, la prohibición de alquiler debe mantenerse también en caso de que el dueño de la obra autorice expresamente el alquiler de las grúas de una empresa no certificada. En efecto, concluyen las demandantes, la credibilidad del sistema de certificación se basa en que todos los productos y servicios que ofrecen las empresas certificadas cumplen los requisitos exigidos.

127 Las demandantes alegan que el sistema controvertido satisface, en cualquier caso, todos los criterios definidos por la Comisión. En primer lugar, añaden, este sistema se caracteriza por una apertura total, pues acepta no sólo a los miembros de FNK sino a cualquier empresa que lo desee. De este modo, SCK expidió certificados a doce empresas que no eran miembros de FNK. Los requisitos para obtener un certificado son objetivos y no discriminatorios. A este respecto, la reducción de contribución de la que hasta el 1 de enero de 1992 se beneficiaban los miembros de FNK no fue nada más que una compensación por los servicios de secretaría prestados por FNK a SCK. El sistema también era accesible para las empresas de los demás Estados miembros, lo que resulta confirmado por un informe del Consejo de certificació