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3)

Según Deutsche Post AG, el Tribunal ha interpretado erróneamente los artículos 10, apartado 3, y 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento no 659/1999 al no haber tenido en cuenta que el requerimiento de información tiene efectos directos sobre la posición jurídica del Estado miembro y de la empresa afectada también por el hecho de que el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento no 659/1999 permite a la Comisión, en caso de incumplimiento del requerimiento de información, adoptar la decisión relativa a la posible ayuda basándose en la información disponible. La atenuación de la carga de la prueba que de ahí se deriva para la Comisión provoca que empeore notablemente la situación procesal de la empresa afectada, que, para salvaguardar sus derechos, se ve de hecho obligada a proporcionar la información solicitada.
a)

En relación con el artículo 221 del Código aduanero comunitario 1) ¿Debe entenderse el artículo 221, apartados 1 y 3, del Código aduanero comunitario [aprobado por el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992 […], (1) en su versión aplicable con anterioridad a la modificación introducida por el artículo 1, apartado 17, del Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2000 […], (2) en el sentido de que un documento, en el que se hace mención del importe de los derechos y que ha sido puesto en conocimiento del deudor por las autoridades aduaneras puede tener la consideración de comunicación del importe de los derechos al deudor, mencionada en el artículo 221, apartados 1 y 3, del Código aduanero comunitario, únicamente si el importe de los derechos fue contraído por las autoridades aduaneras (es decir, fue anotado en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquellos) antes de ser puesto en conocimiento del deudor a través del citado documento? 2) La vulneración del artículo 221, apartado 1, del CAC [Reglamento (CEE) no 2913/92] -que establece que la contracción de una deuda aduanera deberá efectuarse con anterioridad a la comunicación de la misma-, consistente en que se considera probado que la comunicación de la deuda aduanera (el 2 de julio de 2004) se efectuó con anterioridad a su contracción (segundo trimestre de 2005), ¿da lugar a la expiración del derecho a reclamación a posteriori que corresponde al Consejo Aduanero? 3) ¿Debe interpretarse el artículo 221, apartado 1, del CAC en el sentido de que no es posible realizar una comunicación válida de una deuda aduanera a un supuesto deudor si no puede presentarse la prueba de la contracción previa de la deuda? 4) Una comunicación de la deuda aduanera al deudor, en el sentido del artículo 221, apartado 1, del Reglamento no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, sin que se haya efectuado la contracción de dicha deuda antes de de su comunicación, ¿debe tener la consideración de comunicación inválida o comunicación inexistente, por lo que la deuda aduanera no puede ser reclamada por las autoridades aduaneras, a menos que, después del plazo previsto a tal fin, se haya efectuado una nueva comunicación tras la contracción de la deuda aduanera?
1)

¿Basta el hecho de no llevar una contabilidad de existencias de los productos o mercancías que se encuentran en un régimen de depósito aduanero, incumpliendo así las obligaciones que pesan sobre el depositario en virtud de la normativa comunitaria aduanera, para privar al exportador que ha depositado sus productos o mercancías en dicho depósito del beneficio de la prefinanciación establecida en las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, (1) relativo al régimen de restituciones a la exportación, en relación con el Reglamento (CEE) no 565/80 del Consejo, de 4 de marzo de 1980, relativo al pago por anticipado de las restituciones a la exportación para los productos agrícolas? (2)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 27 de mayo de 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH/Haupzollamt Oldenburg

(Asunto C-262/10)

()

2010/C 246/29

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Döhler Neuenkirchen GmbH

Demandada: Haupzollamt Oldenburg

Cuestión prejudicial

¿El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, (1) debe interpretarse en el sentido de que también comprende el incumplimiento de aquellas obligaciones que no deben cumplirse sino tras la ultimación del régimen aduanero de que se trate, de manera que, cuando se trate de mercancías de importación parcialmente reexportadas en el plazo previsto en el marco del régimen de perfeccionamiento activo en forma de sistema de suspensión, el incumplimiento del deber de presentar el estado de liquidación a la aduana de control en un plazo de 30 días una vez expirado el plazo de ultimación del régimen origina una deuda aduanera por la cantidad total de las mercancías de importación que se han de liquidar, siempre que no concurran los requisitos del artículo 859, punto 9, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 (2) del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, en la versión modificada por el artículo 1, número 30, letra b), del Reglamento (CE) no 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001 (3)?

(1) DO L 302, p. 1.

(2) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1).

(3) Reglamento (CE) no 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001 que modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 141, p. 1)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/26

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Bélgica) el 2 de julio de 2010 — SIAT/État belge

(Asunto C-318/10)

()

2010/C 246/44

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: SIAT

Recurrida: État belge

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 49 CE, en su versión aplicable al caso de autos, habida cuenta de que los hechos que originaron el litigio tuvieron lugar antes del 1 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro según la cual las retribuciones por prestaciones o servicios no se consideran gastos profesionales deducibles cuando se pagan o atribuyen directa o indirectamente a un contribuyente que reside en otro Estado miembro o a un establecimiento extranjero que, en virtud de la legislación del país en el que está establecido, no está sometido a un impuesto sobre beneficios o tributa por tales beneficios con arreglo a un régimen impositivo notablemente más ventajoso que aquél por el que tales beneficios están gravados en el Estado miembro cuya normativa nacional es objeto de litigio, a menos que el contribuyente justifique por cualquier medio legítimo que tales retribuciones responden a operaciones reales y veraces y que no sobrepasan los límites normales, si bien dicha prueba no se exige para poder deducir las retribuciones por prestaciones o servicios abonadas a un contribuyente residente en dicho Estado miembro, aun cuando éste no estuviera sujeto al impuesto sobre los beneficios o estuviera sujeto a un régimen fiscal notablemente más favorable que el régimen ordinario de dicho Estado?
1)

La decisión de que una evaluación estratégica sobre los efectos en el medio ambiente no es necesaria en el caso de unos documentos relativos a la ordenación del territorio a escala local en cuyas conclusiones detalladas se menciona una única actividad económica, con arreglo a lo dispuesto en la normativa de la República de Lituania, en particular, en el punto 3.4 del Decreto no 967 del Gobierno de la República de Lituania de 18 de agosto de 2004«que confirma el Marco regulador del procedimiento para la evaluación estratégica de los efectos en el medio ambiente de los planes y programas», ¿puede ser considerada como una especificación de los tipos de planes y programas, en el sentido del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente? (1)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 195/4

Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 23 de abril de 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

(Asunto C-197/10)

2010/C 195/07

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Unio de Pagesos de Catalunya

Otras partes: Administración del Estado y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

Cuestión prejudicial

¿Es conforme el artículo 42.3 del Reglamento CE no 1782/2003 (1), del Consejo, de 29 de septiembre el artículo 9.2.b) del Real Decreto 1470/2007, de dos de noviembre, que condiciona la posibilidad de obtener derechos de pago único de la reserva nacional a que se trate de agricultores jóvenes que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural establecido en base al Reglamento 1698/2005 (2) del Consejo de 20 de septiembre?

(1) Por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001

DO L 270, p. 1

(2) Relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

DO L 277, p. 1
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/20

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 15 de abril de 2010 — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-186/10)

2010/C 179/32

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Tural Oguz

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Cuestión prejudicial

Cuando un nacional turco con autorización de residencia en el Reino Unido sometida a la condición de no iniciar ninguna actividad empresarial o profesional, comienza una actividad por cuenta propia incumpliendo dicha condición y luego solicita a las autoridades nacionales una nueva autorización de residencia sobre la base de la actividad empresarial o profesional que ha iniciado ¿tiene derecho a invocar el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía?
—

Anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión (C 2003/4637) de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (C 68/2002, N 504/2003 y C 25/2003).
1)

Las Directivas 2001/29 (1) y 2004/48, (2) en relación con las Directivas 95/46, (3) 2000/31 (4) y 2002/58, (5) interpretadas en particular en relación con los artículos 8 y 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ¿permiten a los Estados miembros autorizar a un Juez nacional que conoce de un procedimiento sobre el fondo, con arreglo exclusivamente a una disposición legal que establece que «asimismo, [el Juez nacional podrá] dictar una orden de cesación provisional contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para vulnerar derechos de autor o derechos afines», para que ordene a un proveedor de acceso a Internet (en lo sucesivo, «PAI») que establezca, con respecto a toda su clientela, de manera abstracta y con carácter preventivo, a expensas de dicho PAI y sin limitación en el tiempo, un sistema de filtrado de todas las comunicaciones electrónicas, tanto entrantes como salientes, que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de programas «peer to peer», con el fin de identificar en su red la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el demandante alegue ser titular de derechos, y que a continuación bloquee la transmisión de dichos archivos, bien en el momento de la solicitud o bien en el del envío?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) (Grecia) el 11 de marzo de 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou/Ypourgos Emporikis Naftilías

(Asunto C-128/10)

2010/C 134/38

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Naftiliaki Etaireia Thasou (Compañía naviera de Thassos)

Demandada: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

Cuestión prejudicial

«¿Los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), interpretados de conformidad con el principio de libre prestación de servicios, permiten que se adopte una normativa nacional en virtud de la cual los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo previa obtención de una autorización administrativa, siendo así que: a) dicho régimen de autorización tiene por objeto comprobar si, en función de la situación existente en un determinado puerto, las conexiones marítimas previstas por el armador en su declaración pueden llevarse a cabo en condiciones de seguridad para el buque y respetando el buen orden del puerto, así como verificar la capacidad del buque para el que se solicita la autorización para arribar sin dificultades a un determinado puerto en el horario que el armador haya estimado preferible para efectuar una determinada conexión, sin que exista no obstante una norma jurídica que determine previamente los criterios con arreglo a los cuales la Administración Pública deberá valorar estas cuestiones, en particular cuando existan varios armadores interesados en una determinada escala en el mismo momento y en el mismo puerto; b) dicho régimen de autorización constituye al mismo tiempo un medio para imponer obligaciones de servicio público que presenta, desde este punto de vista, las siguientes características: i) se aplica indistintamente a todas las conexiones regulares con las islas; ii) la autoridad administrativa competente para conceder la autorización dispone de una amplia potestad discrecional para imponer obligaciones de servicio público, sin que exista una norma jurídica que determine previamente los criterios de ejercicio de dicha potestad discrecional y sin que se haya determinado previamente el contenido de las obligaciones de servicio público que eventualmente puedan imponerse?»
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/18

Recurso de casación interpuesto el 2 de febrero de 2010 por Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados T-64/07 a T-66/07, Agencija Wydawnicza Technopol sp. z o.o./OAMI (350)

(Asunto C-54/10 P)

2010/C 113/27

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Recurrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (representante: D. Rzążewska)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados T-64/07 a T-66/07.

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General para su nuevo examen.

— Que se condene a la Oficina al pago de las costas en las que se incurra ante el Tribunal de Justicia.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) al haber utilizado criterios jurídicos inadecuados al declarar que las marcas de la recurrente no podían registrarse.

Además, alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), o el artículo 76 del Reglamento sobre la marca comunitaria o ambas, puesto que no tuvo en cuenta de manera adecuada la práctica de la Oficia en lo relativo al registro de signos compuestos por cifras o que se remiten al contenido de una publicación.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (DO L 78, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/22

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Rouen (Francia) el 8 de febrero de 2010 — Me Marc Berel, en su condición de apoderado de Société Port Angot Développement, Me Hess, en su condición de administrador judicial de Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, sucesora de SAS Manutention de produits chimiques et miniers Maprochim, Asia Pulp & Paper France/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes — Havre Port

(Asunto C-78/10)

2010/C 113/34

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Rouen

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Me Marc Berel, en su condición de apoderado de Société Port Angot Développement, Me Hess, en su condición de administrador judicial de Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, sucesora de SAS Manutention de produits chimiques et miniers Maprochim, Asia Pulp & Paper France

Recurridas: Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes — Havre Port

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 213, 233 y 239 del Código Aduanero Comunitario (1) a que un codeudor solidario de la deuda aduanera, que no se haya beneficiado de una decisión de condonación de dicha deuda, pueda oponer a la administración encargada del cobro la decisión de condonación basada en el artículo 239 del Código Aduanero Comunitario, que esta última notificó a otro codeudor solidario, para ser dispensado del pago de la deuda aduanera?

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/21

Recurso de casación interpuesto el 9 de febrero de 2010 por European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictado el 19 de noviembre de 2009 en el asunto T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-74/10 P)

2010/C 113/32

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (representante: J. Kuhbier, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se declare nulo de pleno derecho el auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2009 en el asunto T-94/07, EREF contra la Comisión de las Comunidades Europeas.

— Que se devuelva el asunto, para su resolución, a la Sala Sexta del Tribunal General.

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que declare nulo de pleno derecho el Auto del TPI de 19 de noviembre de 2009 en el asunto T-94/07 y que lo devuelva al Tribunal General para un nuevo examen.

La recurrente impugna la conclusión del TPI de que su abogado, la Dra. Fouquet, no podía representarla ante dicho TPI, por lo que su demanda era inadmisible.

El TPI considera que, dado que la Dra. Fouquet fue nombrada directora de EREF el 29 de junio de 2004, ya no podía ser considerada un tercero independiente. La recurrente alega que la Dra. Fouquet no había sido nombrada formalmente directora de EREF ya que, de acuerdo con la ley belga, tal nombramiento debe ser objeto de registro oficial ante las autoridades belgas competentes. La condición de directora de la Dra. Fouquet en la EREF era sólo como titular y no estaba vinculada a poderes de representación, o sólo lo estaba en grado muy limitado.

La recurrente también alega que, aunque se admitiera que la designación como directora de la Dra. Fouquet tenía carácter formal, el TPI aplicó incorrectamente los criterios para valorar si el abogado es un tercero independiente. Se alega al respecto que el TPI no comprendió ni la situación legal del representante de EREF ante el Tribunal ni la verdadera distribución de las funciones y obligaciones entre la Dra. Fouquet y EREF. De conformidad con la legislación alemana, el puesto de la Dra. Fouquet como directora de EREF le permite representar a la recurrente ante el Tribunal.
4)

¿Se oponen la cláusula 5 del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE y el principio de igualdad [y] de no discriminación a una normativa aplicable a los trabajadores del sector escolar [véanse en particular, el artículo 4, apartado 1, de la Ley no 124/99 y el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Orden Ministerial no 430/00], que permite no indicar la causa del primer contrato de duración determinada, prevista con carácter general en la normativa interna para todas las demás relaciones laborales de duración determinada, así como renovar los contratos con independencia de la existencia de exigencias permanentes y duraderas; que no prevea la duración máxima total de los contratos o relaciones laborales de duración determinada, el número de renovaciones de dichos contratos o relaciones, ni tampoco, normalmente, ningún plazo temporal entre las renovaciones o bien, en el supuesto de suplencias anuales, que se corresponda con las vacaciones de verano en las que la actividad escolar se suspende o se reduce considerablemente?
2)

Dado que el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, (2) no contiene ninguna regulación al respecto, ¿debe interpretarse el artículo 214, apartado 3, del Reglamento no 2913/92 en el sentido de que las autoridades nacionales no pueden liquidar intereses compensatorios con respecto al período de tiempo comprendido entre la declaración en aduana inicial y el momento en que se efectúe la contracción a posteriori?