Una propuesta de bonificación de anualidades, comunicada a un funcionario con vistas a transferir al régimen de pensiones de la Unión Europea los derechos a pensión adquiridos en otro sistema, no produce efectos jurídicos obligatorios que afecten directa e inmediatamente a la situación jurídica de su destinatario, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Por lo tanto, no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

El artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no exige que se garantice al interesado la posibilidad de conocer definitivamente, antes de decidir si ejerce o no su derecho de transferir al régimen de pensiones de la Unión sus derechos a pensión adquiridos en otro régimen, el número de anualidades de pensión que se le reconocerán como consecuencia de dicha transferencia.

El vínculo jurídico entre los funcionarios y la administración es de naturaleza estatutaria y no contractual. De ello puede deducirse que las relaciones jurídicas directamente reguladas por las disposiciones del Estatuto, como las relativas al régimen de pensiones de la Unión, no son de naturaleza contractual. Por lo tanto, conceptos como el de «oferta», pertenecientes al ámbito del Derecho privado de los Estados miembros en materia de contratos, no son pertinentes para la aplicación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

Las leyes que modifican una disposición legislativa se aplican, salvo excepción, a los efectos futuros de las situaciones originadas bajo la ley anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

La aplicación de las nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto en lo que respecta a una transferencia de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de las adopción de dichas disposiciones pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, el interesado únicamente adquiere un derecho a que se le reconozca una bonificación de anualidades una vez que se ha transferido al régimen de pensiones de la Unión el capital correspondiente a sus derechos adquiridos en otro régimen. Por lo tanto, habida cuenta de que ni una propuesta de bonificación de anualidades transmitida a un funcionario o agente por su institución a raíz de una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de los derechos a pensión adquiridos en otro régimen, ni a fortiori la mera presentación de tal solicitud, producen efectos jurídicos obligatorios hasta tanto no se haya efectuado la transferencia solicitada, se trata, en tal hipótesis, de una «situación aún no nacida» o, a lo sumo, de una «situación nacida pero no plenamente constituida». En cualquier caso, no se trata de una situación nacida y definitivamente realizada bajo la vigencia de la norma anterior.

Además, aun cuando existan garantías concretas que pueden hacer concebir a sus destinatarios una confianza legítima, los particulares no pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular en un ámbito en el que el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación.

(véanse los apartados 152 a 154 y 170)

Tribunal de Justicia: sentencia de 22 de diciembre de 2008, Centeno Mediavilla y otros/Comisión, EU:C:2008:767, apartados 61 a 63 y 91, y la jurisprudencia citada