ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — Jozef Križan y otros/Slovenská inšpekcia životného prostredia

(Asunto C-416/10) (1)

(Artículo 267 TFUE - Anulación de una resolución judicial - Devolución al órgano jurisdiccional de que se trata - Obligación de adecuarse a la resolución de anulación - Procedimiento prejudicial - Posibilidad - Medio ambiente - Convenio de Aarhus - Directiva 85/337/CEE - Directiva 96/61/CE - Participación del público en el procedimiento de toma de decisiones - Construcción de un vertedero de residuos - Solicitud de autorización - Secreto comercial - No comunicación de un documento al público - Incidencia sobre la validez de la resolución de autorización del vertedero - Subsanación - Evaluación de las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente - Informe final anterior a la adhesión del Estado miembro a la Unión - Aplicación en el tiempo de la Directiva 85/337 - Recurso jurisdiccional - Medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Anulación de la resolución impugnada - Derecho de propiedad - Menoscabo)

2013/C 63/02

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ĺubomír Pevný, Darina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, Mesto Pezinok

Recurrida: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Con intervención de: Ekologická skládka as

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Najvyšším súd Slovenskej republiky — Interpretación de los artículos 191 TFUE, apartados 1 y 2, y 267 TFUE de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26), y, en particular, sus artículos 1, 6, 15 y 15 bis, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40) y, especialmente, sus artículos 2 y 10 bis, así como los artículos 6 y 9 del Convenio de Aahrus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente concluido en nombre de la Comunidad en virtud de la Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005 (JO L 124, p. 1) — Construcción de un vertedero — Evaluación de impacto medioambiental — Participación del público en el procedimiento de decisión — Posibilidad de un órgano jurisdiccional nacional de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la aplicación de oficio del Derecho de la Unión en materia de protección del medio ambiente aunque el tribunal constitucional de dicho Estado haya excluido tal aplicación en una resolución vinculante para el órgano jurisdiccional remitente.

Fallo

1) El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional, como el tribunal remitente, está obligado a plantear de oficio ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial incluso cuando se pronuncia tras la devolución de los autos a raíz de la casación de su primera resolución por parte del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trata y cuando una norma nacional le obliga a resolver el litigio siguiendo la apreciación jurídica de este último tribunal.

2) La Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, debe interpretarse en el sentido de que: — obliga a que el público interesado tenga acceso a una resolución de urbanismo, como la controvertida en el litigio principal, a partir del momento en que comience el procedimiento de autorización de la instalación de que se trata; — no permite que las autoridades nacionales competentes denieguen al público interesado el acceso a una resolución de ese tipo amparándose en que el Derecho nacional o de la Unión protege la confidencialidad de la información comercial o industrial para preservar un interés económico legítimo, y — no se opone a que una negativa injustificada a poner a disposición del público interesado una resolución de urbanismo, como la controvertida en el litigio principal, durante el procedimiento administrativo de primera instancia pueda regularizarse durante el procedimiento administrativo de alzada siempre que aún sean posibles todas las opciones y soluciones y que la regularización en esa fase del procedimiento permita todavía al público interesado influir realmente en el resultado del procedimiento de toma de decisiones, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

3) El artículo 15 bis de la Directiva 96/61, en su versión modificada por el Reglamento no 166/2006, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco del recurso previsto en dicha disposición, los miembros del público interesado deben poder solicitar al órgano jurisdiccional o al órgano independiente e imparcial establecido por la ley competente que ordene medidas provisionales que puedan suspender temporalmente la aplicación de una autorización en el sentido del artículo 4 de dicha Directiva a la espera de que se dicte la resolución definitiva.

4) Una resolución de un juez nacional, adoptada en el marco de un procedimiento nacional que tiene por objeto las obligaciones que resultan de los artículos 15 bis de la Directiva 96/61, en su versión modificada por el Reglamento no 166/2006, y 9, apartados 2 y 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, que anula una autorización concedida incumpliendo las disposiciones de dicha Directiva no puede, por sí misma, constituir un menoscabo injustificado al derecho de propiedad del titular consagrado por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(1) DO C 301, de 6.11.2010.