SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 26 de enero de 1995

Asunto T-527/93

O

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Decisión por la que se suspende el pago de la retribución con arreglo al artículo 60 del Estatuto»

Texto completo en lengua francesa II-29

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de 23 de diciembre de 1992 de la Comisión, por la que se ordena la suspensión del pago de la retribución de la demandante con arreglo al artículo 60 del Estatuto, a partir del 1 de enero de 1993.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

La demandante, funcionaria de la Comisión, totalizó, hasta el 6 de enero de 1991, 289 días de baja por enfermedad. El 16 de octubre de 1991, la Comisión de invalidez, a la que había sometido el asunto de conformidad con el apartado 1 del artículo 59 del Estatuto, emitió un dictamen provisional, en el que acordó que la demandante podía reanudar su actividad a media jornada, a partir de principios del mes de enero de 1992, hecho que se produjo el 13 de enero de 1992. La demandante presentó nuevos certificados médicos para justificar sus ausencias hasta el 31 de mayo de 1992.

El 18 de marzo de 1992, la Comisión de invalidez declaró que la demandante era apta para reanudar el trabajo. Por consiguiente, a partir del 23 de marzo de 1992, se rechazó el certificado médico que cubría los meses de marzo, abril y mayo. La demandante reanudó su trabajo.

El 18 de mayo de 1992, la demandante, nuevamente de baja por enfermedad, fue examinada por el médico-asesor de la Comisión quien consideró que era apta para el trabajo. La demandante reanudó sus funciones el 19 de mayo de 1992.

El 14 de julio de 1992, víspera de las vacaciones anuales de la demandante, el médico-asesor de la Comisión, tras afirmar que había sometido a la demandante a una visita médica de control, emitió un dictamen según el cual ella debía reanudar su trabajo el 17 de agosto de 1992. La demandante envió varios certificados médicos al Servicio Médico para justificar sus ausencias desde el 17 de agosto de 1992. El médico-asesor de la Comisión impugnó algunos de dichos certificados debido a que en ellos no constaba el nombre del médico firmante. La Comisión, mediante escrito de 18 de septiembre de 1992, instó a la demandante a someterse a una visita de control prevista para el 29 de septiembre de 1992, a la que la demandante no se presentó aduciendo su incapacidad para viajar.

Mediante escrito de 23 de noviembre de 1992, la Comisión comunicó a la demandante que, en su caso, era aplicable el artículo 60 del Estatuto debido a que sus ausencias se consideraban injustificadas en razón de la irregularidad de los certificados. El 3 de diciembre de 1992, la demandante envió los duplicados de dichos certificados con el sello del médico y afirmó que no había recibido el correo de 18 de septiembre de 1992 ni había sido sometida al control el 14 de julio de 1992 y, asimismo, solicitó información sobre las modalidades para recabar el testimonio de otro perito, cosa que deseaba hacer.

El 23 de diciembre de 1992, la Comisión se negó a admitir los certificados regularizados de ese modo y comunicó a la demandante su decisión de suspender el pago de su retribución a partir del mes de enero de 1993.

Sobre el fondo

Los certificados médicos enviados por la demandante a la Comisión acreditan su incapacidad para el trabajo y estaban firmados y fechados debidamente. Si bien dichos certificados no contenían el sello del médico, la demandante, no dejó de justificar ante la Comisión las bajas controvertidas, desde que éstas comenzaron (apartado 34).

Al encontrarse en posesión de los certificados de enfermedad regularizados por la demandante, la Comisión está obligada a proceder a un nuevo examen de dichos certificados antes de adoptar la decisión impugnada, y, de no poder admitir su validez, a adoptar las medidas necesarias para someter a la demandante a una visita médica de control. En efecto, la negativa de la administración a aceptar un certificado médico, sin haber hecho uso de su facultad de someter al agente a una visita médica de control, es contraria al artículo 59 del EstaUíto (apartados 35 y 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de junio de 1992, V./Parlamento (C-18/91 P, Rec. p. I-3997), apartado 33

Tampoco es pertinente la circunstancia de que la Comisión de invalidez haya declarado la capacidad de la demandante para reanudar su trabajo. En efecto, un informe de la Comisión de invalidez en el que ésta declare que no se reúnen los requisitos para el reconocimiento de la invalidez, no tiene el efecto de excluir la eventualidad de que el interesado sea incapaz para el trabajo en un momento determinado. De este modo, al no haberse efectuado un reconocimiento médico antes de la adopción de la decisión impugnada, debe considerarse que la Comisión ha suspendido el pago de la retribución de la demandante sin haber comprobado antes debidamente su estado de salud, conforme a las disposiciones del artículo 59 del Estatuto, para ofrecer a la demandante la posibilidad de justificar la incapacidad para el trabajo por ella alegada (apartados 37 y 39).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de abril de 1989, Fedeli/Parlamento (271/87, Rec. p. 993)

Fallo:

Se anula la decision de la Comisión de 23 de diciembre de 1992, por la que se ordena la suspensión del pago de la retribución de la demandante a partir del 1 de enero de 1993.