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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Schwerin — Alemania) — FD / Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Asunto C-365/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Pagos directos - Reglamento (UE) n.o 1307/2013 - Artículo 24 - Joven agricultor que ya ha obtenido una primera asignación de derechos de pago - Artículo 30, apartado 6 - Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 - Artículo 28, apartado 2 - Asignación adicional de derechos de pago con cargo a la reserva nacional)

(2021/C 182/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Schwerin

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FD

Demandada: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Fallo

El artículo 30, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, en relación con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento n.o 1307/2013 y que modifica el anexo X de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un joven agricultor, considerado tal conforme al artículo 30, apartado 11, letra a), del Reglamento n.o 1307/2013, en relación con el artículo 50, apartado 2, de dicho Reglamento, que, en virtud del artículo 24 de dicho Reglamento, ya ha obtenido una primera asignación de derechos de pago correspondiente a las hectáreas admisibles declaradas en el momento de su solicitud puede obtener, a continuación, una asignación adicional de derechos de pago a cargo de la reserva nacional igual al número adicional de hectáreas admisibles que posea ahora y con respecto a las cuales aún no posea ningún derecho de pago. Este derecho está supeditado a la existencia de fondos suficientes disponibles en las reservas nacional o regionales. Si no es así, la asignación deberá realizarse de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores que pueden optar a los derechos con arreglo al artículo 30, apartado 6, del Reglamento n.o 1307/2013 y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.

(1) DO C 288 de 26.8.2019.
2)

El artículo 12, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, se opone a una práctica nacional según la cual, en caso de que una actividad humana, como una medida de explotación forestal o de ordenación del territorio, no tenga claramente como objetivo la muerte o la perturbación de especies animales, las prohibiciones establecidas en esa disposición solo se aplican si hay riesgo de que dicha actividad cause un perjuicio en el estado de conservación de las especies de que se trate, y de que, por otra parte, la protección ofrecida por la referida disposición no deja de aplicarse a las especies que hayan alcanzado un estado de conservación favorable.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de febrero de 2021 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-760/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Arancel aduanero común - Nomenclatura combinada - Clasificación arancelaria - Partidas 8472 y 9031 - Validador de billetes de banco y cajas de efectivo - Dispositivo destinado a ser incorporado en un aparato anfitrión y conectado a una central de control externa - Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1760 - Validez)

(2021/C 110/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: JCM Europe (UK) Ltd

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

El examen de las cuestiones prejudiciales planteadas no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1760 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2016, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada.

(1) DO C 19 de 20.1.2020.
C 53/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de diciembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Eslovenia) — A. B., B. B. / Personal Exchange International Limited

(Asunto C-774/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 15, apartado 1 - Competencia en materia de contratos celebrados por consumidores - Concepto de «consumidor» - Contrato de juegos de póker celebrado en línea entre una persona física y un organizador de juegos de azar - Persona física que se gana la vida con los juegos de póker en línea - Conocimientos que posee esa persona - Regularidad de la actividad)

(2021/C 53/17)

Lengua de procedimiento: esloveno

Órgano jurisdiccional remitente

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: A. B., B. B.

Demandada: Personal Exchange International Limited

Fallo

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona física domiciliada en un Estado miembro que, por una parte, ha celebrado con una sociedad establecida en otro Estado miembro un contrato para jugar al póker en Internet que contiene condiciones generales determinadas por esta última y, por otra parte, no ha declarado oficialmente tal actividad ni ha ofrecido dicha actividad a terceros como servicio de pago no pierde la condición de «consumidor» a efectos de esta disposición aunque dedique a ese juego un gran número de horas al día, posea amplios conocimientos y obtenga de dicho juego considerables ganancias.

(1) DO C 19 de 20.1.2020.
C 35/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de diciembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Repsol Petróleo, S. A. / Administración General del Estado

(Asunto C-44/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 2003/96/CE - Imposición de los productos energéticos y de la electricidad - Artículo 21, apartado 3 - Inexistencia de hecho imponible - Consumo de productos energéticos en las dependencias del establecimiento en el que han sido fabricados, destinado a la obtención de productos energéticos finales y que conduce igualmente, de manera inevitable, a la obtención de productos no energéticos)

(2021/C 35/06)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Repsol Petróleo, S. A.

Demandada: Administración General del Estado

Fallo

El artículo 21, apartado 3, primera frase, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un establecimiento fabricante de productos energéticos destinados a ser utilizados como combustible para calefacción o carburante de automoción consume productos energéticos que él mismo fabrica y, como consecuencia de ese proceso, obtiene igualmente, de manera inevitable, productos no energéticos que proporcionan un beneficio económico, la parte del consumo que conduce a la obtención de tales productos no energéticos no está comprendida en el supuesto de exclusión del hecho imponible del impuesto sobre los productos energéticos previsto en dicha disposición.

(1) DO C 155 de 6.5.2019.
C 44/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de diciembre de 2020 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) — Irlanda] — M. S., M. W., G. S. / Minister for Justice and Equality

(Asunto C-616/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Política de asilo - Procedimiento para conceder y retirar la condición de refugiado - Directiva 2005/85/CE - Artículo 25, apartado 2 - Motivos de inadmisibilidad - Denegación de una solicitud de protección internacional en un Estado miembro por ser inadmisible debido a la concesión anterior de protección subsidiaria al solicitante en otro Estado miembro - Reglamento (CE) n.o 343/2003 - Reglamento (UE) n.o 604/2013)

(2021/C 44/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: M. S., M. W., G. S.

Demandada: Minister for Justice and Equality

Fallo

El artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro al que se aplica el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, pero que no está vinculado por la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, según la cual una solicitud de protección internacional se considera inadmisible cuando el solicitante goza del estatuto de protección subsidiaria en otro Estado miembro.

(1) DO C 357 de 21.10.2019.
1)

El artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que se no opone, cuando el Derecho del Estado de origen no prevea la posibilidad de negarse a cumplir el servicio militar, a que se constate que se ha producido tal negativa en una situación en que la persona afectada no formalizó su negativa mediante un procedimiento determinado y huyó de su país de origen sin presentarse ante las autoridades militares.
C 378/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de septiembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — JP / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Asunto C-651/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política de asilo - Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional - Directiva 2013/32/UE - Artículo 46 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47 - Derecho a un recurso efectivo - Recurso contra una decisión por la que se desestima por inadmisible una solicitud de protección internacional posterior - Plazo para interponer el recurso - Formas de notificación)

(2020/C 378/18)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: JP

Recurrida: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Fallo

El artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que fija para la interposición del recurso contra una decisión por la que se declara inadmisible una solicitud de protección internacional posterior un plazo preclusivo de diez días, el cual incluye los festivos, desde la notificación de la decisión, incluido cuando, en defecto de designación de domicilio en ese Estado miembro por el solicitante de que se trate, la notificación se practica en la sede de la autoridad competente para examinar estas solicitudes, a condición de que, primero, se informe a estos solicitantes de que, en caso de no designar domicilio a efectos de la notificación de la decisión relativa a su solicitud, se reputará que han designado como domicilio a tales efectos la sede de dicha autoridad nacional; segundo, las condiciones de acceso de dichos solicitantes a esa sede no hagan excesivamente difícil la recepción por estos de las decisiones que los conciernan; tercero, se les garantice en tal plazo el acceso efectivo a las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce a los solicitantes de protección internacional, y cuarto, se respete el principio de equivalencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal satisface estas condiciones.

(1) DO C 372 de 4.11.2019.
7)

El artículo 15 de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone, primero, a que un nacional de un tercer país sea internado solo porque sobre él pese una decisión de retorno y no pueda satisfacer sus necesidades, segundo, a que ese internamiento se realice sin adoptar previamente una resolución motivada que lo ordene y sin haber examinado la necesidad y proporcionalidad de tal medida, tercero, a que no haya ningún control judicial de la legalidad de la resolución administrativa por la que se ordene el internamiento, y cuarto, a que ese internamiento pueda durar más de dieciocho meses y mantenerse pese a que ya no estén en curso o ya no se ejecuten con la debida diligencia los trámites de expulsión.
1)

El artículo 34, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, debe interpretarse en el sentido de que en el ámbito de aplicación de la prohibición que establece no está comprendida una normativa nacional que impone al conductor de un vehículo equipado con un tacógrafo digital la obligación de presentar como medio de prueba subsidiaria de sus actividades, en defecto de registros automáticos y manuales en el tacógrafo, una certificación de actividades expedida por su empleador conforme al impreso que figura en el anexo de la Decisión 2009/959/UE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2009, que modifica la Decisión 2007/230/CE, sobre un impreso relativo a las disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 26 de marzo de 2020 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Pfizer Consumer Healthcare Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-182/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Arancel aduanero común - Nomenclatura combinada - Clasificación arancelaria - Partidas 3005 y 3824 - Parches y cintas de calentamiento espontáneo para aliviar el dolor - Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1140 - Invalidez)

(2020/C 215/22)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1140 de la Comisión, de 8 de julio de 2016, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, es inválido.

(1) DO C 172 de 20.5.2019.
C 390/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de septiembre de 2020 — República de Austria / Comisión Europea y otros

(Asunto C-594/18 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) - Artículos 11 TFUE y 194 TFUE - Artículos 1, 2, letra c), y 106 bis, apartado 3, del Tratado Euratom - Ayuda prevista en favor de la unidad C de la central nuclear de Hinkley Point (Reino Unido) - Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior - Objetivo de interés común - Objetivos medioambientales de la Unión Europea - Principios de protección del medio ambiente, de quien contamina paga, de cautela y de sostenibilidad - Determinación de la actividad económica de que se trata - Deficiencia del mercado - Proporcionalidad de la ayuda - Ayuda a la inversión o de funcionamiento - Determinación de los elementos de la ayuda - Comunicación sobre las garantías)

(2020/C 390/03)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: República de Austria (representantes: inicialmente G. Hesse, posteriormente F. Koppensteiner y M. Klamert, agentes, asistidos por H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: É Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, P. Němečková y K. Herrmann, agentes), República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller e I. Gavrilová, agentes), República Francesa (representantes: inicialmente D. Colas y P. Dodeller, posteriormente P. Dodeller y T. Stehelin, agentes), Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: inicialmente D. Holderer, posteriormente T. Uri, agentes, asistidos por P. Kinsch, avocat), Hungría (representantes: M. Z. Fehér, agente, asistido por P. Nagy, ügyvéd), República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente), República Eslovaca (representante: B. Ricziová, agente), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: Z. Lavery y S. Brandon, agentes, asistidos por A. Robertson, QC, y T. Johnston, Barrister)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) La República de Austria cargará con sus propias costas en el procedimiento de casación, además de con las de la Comisión Europea.

3) La República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Polonia, la República Eslovaca y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 427 de 26.11.2018.
3)

El artículo 58, apartado 2, letras f) y j), del Reglamento 2016/679 debe interpretarse en el sentido de que, a no ser que exista una decisión de adecuación válidamente adoptada por la Comisión Europea, la autoridad de control competente está obligada a suspender o prohibir una transferencia de datos a un país tercero basada en cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión, cuando esa autoridad de control considera, a la luz de todas las circunstancias específicas de la referida transferencia, que dichas cláusulas no se respetan o no pueden respetarse en ese país tercero y que la protección de los datos transferidos exigida por el Derecho de la Unión, en particular, por los artículos 45 y 46 del mencionado Reglamento y por la Carta de los Derechos Fundamentales, no puede garantizarse mediante otros medios, si el responsable o el encargado del tratamiento establecidos en la Unión no han suspendido la transferencia o puesto fin a esta por sí mismos.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de mayo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Genova — Italia) LG y otros / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Asunto C-641/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 1, apartado 1 - Conceptos de «materia civil y mercantil» y de «materia administrativa» - Ámbito de aplicación - Actividades de las sociedades de clasificación y de certificación de buques - Acta iure imperii y acta iure gestionis - Prerrogativas de poder público - Inmunidad de jurisdicción)

(2020/C 240/12)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Genova

Partes en el procedimiento principal

Demandante: LG y otros

Demandadas: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Fallo

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una demanda de indemnización interpuesta contra personas jurídicas de Derecho privado que ejercen una actividad de clasificación y de certificación de buques por cuenta y por delegación de un Estado tercero está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil», a efectos de la citada disposición, y, por tanto, queda incluida en el ámbito de aplicación de tal Reglamento, en tanto la referida actividad no se ejerza en virtud de prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho de la Unión, extremo que corresponde apreciar al tribunal remitente. El principio de Derecho internacional consuetudinario sobre la inmunidad de jurisdicción no se opone al ejercicio, por parte del órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto, de la competencia jurisdiccional que prevé dicho Reglamento en un litigio relativo a una demanda de esta naturaleza cuando ese órgano jurisdiccional compruebe que tales organizaciones no han recurrido a las prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho internacional.

(1) DO C 25 de 21.1.2019.
1)

El Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un pasajero de un vuelo que haya sido retrasado tres o más horas puede interponer una demanda de indemnización con arreglo a los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento contra el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, aun cuando ese pasajero y ese transportista aéreo no hayan celebrado un contrato entre ellos y el vuelo en cuestión forme parte de un viaje combinado comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados.