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que, según la parte demandante, esta igualdad de trato sólo es aparente, dado que de los trabajos preparatorios de la Ley de 2 de mayo de 1976 se desprende que el aumento del tipo impositivo –de 1.500 DM/hl a 1.650 DM/hl– no respondía a otro fin que permitir a la Administración del monopolio del alcohol compensar las pérdidas derivadas de la diferencia notable originada entre el precio de compra que ha de abonarse legalmente a los productores de alcohol sometidos al monopolio y el precio de venta del mismo alcohol a los consumidores, tal como dicho precio se forma en el mercado tras las sentencias dictadas por este Tribunal de Justicia el 17 de febrero de 1976, Rewe (45/75, ↔ Rec. p. 181), y Miritz (91/75, Rec. p. 217); que, por lo tanto, a pesar del aumento uniforme del tipo impositivo mediante la Ley de 2 de mayo de 1976, el efecto práctico del sistema es hacer recaer sobre el alcohol importado la carga de las subvenciones masivas concedidas al alcohol de producción nacional, con lo que se cumplen los requisitos exigidos por este Tribunal para que un tributo interno, aparentemente no discriminatorio, pueda calificarse de exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana prohibido por el Tratado; doctrina que se desprende de las sentencias dictadas por este Tribunal el 25 de mayo de 1977, Cucchi (77/76, ↔ Rec. p. 987), e Interzuccheri (105/76, Rec. p. 1029); que, según la demandante, esta práctica no constituye otra cosa que la persistencia de los privilegios del monopolio del alcohol por otros medios y que, por lo tanto, se justifica la aplicación del artículo 37 del Tratado y, más en particular, de su apartado 2, a tenor del cual los Estados miembros se abstendrán de ycualquier nueva medida contraria a los principios enunciados en el apartado 1 o que restrinja el alcance de los artículos relativos a la supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros;
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que estas demandas se deben al hecho de que el 1 de agosto de 1974, fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) no 1125/74, de 29 de abril de 1974, por el que se modifica el Reglamento no 120/67/CEE relativo a la organización común de mercados en el sector de los cereales (DO L 128, p. 12), dejaron de concederse restituciones a la producción de quellmehl, que había percibido Granaría desde que inició esta producción en 1972, y sólo se volvieron a establecer con respecto a la fabricación de quellmehl destinado a la panificación, mediante el Reglamento (CEE) no 1127/78 del Consejo, de 22 de mayo de 1978, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2742/75 relativo a las restituciones a la producción en el sector de los cereales y del arroz (DO L 142, p. 24; EE 03/14, p. 62); que en apoyo de sus demandas, Granaría alega la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 1977, Ruckdeschel (asuntos acumulados 117/76 y 16/77,↔ Rec. p. 1753), en la que se declaró que las disposiciones reglamentarias de que se trata eran incompatibles con el principio de igualdad en la medida en que implicaban una diferencia de trato entre el quellmehl y el almidón hinchado por lo que respecta a las restituciones a la producción para el maíz empleado en la fabricación de estos dos productos.
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Considerando que, mediante resolución de 2 de junio de 1978, recibida en el Tribunal de Justicia el día 14 del mismo mes, el Finanzgericht Hamburg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones sobre la validez de los Reglamentos (CEE) no 1079/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, relativo a una tasa de corresponsabilidad y a determinadas medidas destinadas a ampliar los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 131, p. 6; EE 03/12, p. 148), y no 1822/77 de la Comisión, de 5 de agosto de 1977, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a la percepción de la tasa de corresponsabilidad establecida en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 203, p. 1; EE 03/13, p. 15);
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que en virtud de una Open General Licence (licencia global de importación) concedida por el Secretary of State for Trade and Industry, de fecha 5 de julio de 1973, se autorizaba la importación de todas las mercancías, salvo determinadas excepciones entre las cuales no se incluían las monedas de oro, pero, de acuerdo con una enmienda a dicha licencia titulada «Amendment No 10», de fecha 15 de abril de 1975, que entró en vigor el 16 de abril de 1975, se incluyeron las monedas de oro entre las mercancías cuya importación estaba prohibida, salvo en virtud de licencia concedida por el Board of Trade;
La comunicación contemplada en el artículo 6 del Reglamento no 99/63, tal como se desprende de la expresión «[…] indicará las razones a los solicitantes», únicamente tiene por finalidad asegurar que un solicitante a efectos de la letra b) del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento no 17 sea informado de las razones que han conducido a la Comisión a concluir que los elementos que ha reunido durante la investigación no justifican dar curso favorable a la solicitud. Esta comunicación implica el archivo del expediente sin impedir no obstante a la Comisión la reapertura de este último, si lo estima útil, en particular, en caso de que el demandante aporte, en el plazo que a tal fin le conceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, nuevos elementos de hecho o de Derecho. No cabe, por tanto, acoger la tesis según la cual el autor de dicha solicitud tiene derecho a obtener de la Comisión una decisión a efectos del artículo 189 del Tratado, acerca de la existencia o inexistencia de la infracción alegada.

Además, aun suponiendo que dicha comunicación tenga carácter de decisión susceptible de ser impugnada con arreglo al artículo 173 del Tratado, no se desprende de ello que el solicitante a efectos del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento no 17 tenga derecho a exigir de la Comisión una decisión definitiva sobre la existencia o inexistencia de la infracción alegada. En efecto, no puede obligarse a la Comisión a proseguir en todo caso el procedimiento hasta la fase de decisión final. La interpretación contraria privaría de sentido al artículo 3 del Reglamento no 17, que confiere a la Comisión, en determinadas circunstancias, la facultad de no obligar, mediante decisión, a las empresas interesadas a poner fin a la infracción comprobada.
El párrafo segundo del artículo 95 tiene por objeto abarcar también cualquier forma de proteccionismo fiscal indirecto en el caso de productos que, sin ser similares en el sentido del párrafo primero, se encuentren, no obstante, en una relación de competencia, incluso parcial, indirecta o potencial, con determinadas producciones del país de importación. Para aplicar esta disposición, basta que el producto importado se encuentre en competencia con la producción nacional protegida a causa de una o varias utilizaciones económicas, aun cuando no cumpla totalmente el requisito de similitud exigido por el párrafo primero del artículo 95.

Aunque el Derecho comunitario, en su estado actual, no prohibe determinadas exenciones o bonificaciones fiscales, sobre todo cuando tienen por objeto posibilitar el mantenimiento de producciones o de empresas que, sin estos beneficios fiscales particulares, ya no serían rentables debido al aumento de los costes de producción, la conformidad a Derecho de estas prácticas depende de que los Estados miembros que hacen uso de tales posibilidades amplíen estas ventajas, de forma no discriminatoria y no protectora, a los productos importados que se encuentran en las mismas circunstancias.
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que, en dicha ocasión, como resulta del anexo VI de esta Resolución, el Consejo aprobó una declaración de la Comisión con el siguiente tenor: «En espera de la aplicación de las medidas comunitarias en materia de conservación de los recursos, actualmente en fase de elaboración, los Estados miembros no tomarán medidas unilaterales de conservación de los recursos. No obstante, si no se llegara a un acuerdo en el seno de las Comisiones Internacionales de Pesca para el año 1977 y posteriormente no se pudieran adoptar inmediatamente medidas comunitarias autónomas, los Estados miembros podrían adoptar, con carácter cautelar y de manera no discriminatoria, las medidas adecuadas para asegurar la protección de los recursos situados en las zonas de pesca próximas a sus costas. Antes de adoptar estas medidas, el Estado miembro interesado recabará la aprobación de la Comisión, que deberá ser consultada en todas las fases de estos procedimientos. Tales medidas provisionales no prejuzgarán las orientaciones que se adopten para la aplicación de las disposiciones de carácter comunitario en materia de conservación de los recursos.»
El principio de trato nacional constituye una de las disposiciones jurídicas fundamentales de la Comunidad. En la medida en que remite a un conjunto de disposiciones legislativas efectivamente aplicadas por el país de establecimiento a sus propios nacionales, puede, por esencia, ser invocado directamente por los nacio nales de todos los demás Estados miembros. Al fijar la realización de la libertad de establecimiento para el final del período transitorio, el artículo 52 impone una obligación de resultado precisa, cuyo cumplimiento debe ser facilitado, aunque no condicionado, por la puesta en funcionamiento de un programa de medidas progresivas. Tras la expiración del período transitorio, el artículo 52 del Tratado CEE es una disposición directamente aplicable a pesar de que no existan, en determinado ámbito, las Directivas previstas en el apartado 2 del artículo 54 y en el apartado 1 del artículo 57 del Tratado.

Por lo que respecta a los nuevos Estados miembros y a sus nacionales, a falta de disposiciones transitorias en el Tratado de adhesión de 22 de enero de 1972 sobre el derecho de establecimiento, el principio contenido en el artículo 52 produce todos sus efectos a partir de la entrada en vigor de dicho Tratado, es decir, desde el 1 de enero de 1973. Por tanto, el ejercicio del derecho al libre establecimiento, a partir del 1 de enero de 1973, no puede supeditarse por un Estado miembro, respecto a un nacional de un nuevo Estado miembro, a una autorización excepcional, cuando dicho nacional reúna los requisitos establecidos por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales.

La legítima exigencia, en los diferentes Estados miembros, de la posesión de títulos para el acceso a determinadas profesiones constituye un obstáculo al ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento cuya supresión debe, con arreglo al apartado 1 del artículo 57, ser facilitada por Directivas del Consejo sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos. Sin embargo, el hecho de que tales Directivas no se hayan adoptado todavía no autoriza a un Estado miembro a denegar el beneficio efectivo de esta libertad a una persona sujeta al Derecho comunitario, cuando la libertad de establecimiento prevista por el artículo 52 pueda asegurarse en dicho Estado miembro con arreglo, en particular, a disposiciones legislativas y reglamentarias ya en vigor.
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Considerando que, como se ha dicho antes, por más que el artículo 36 no se opone, en las circunstancias que él mismo indica, a que se mantengan ciertas restricciones, concretamente en forma de controles sanitarios, no permite, sin embargo, la recaudación de derechos sobre las mercancías sujetas a dichos controles, ya que esta recaudación no es necesaria para el ejercicio de la competencia prevista por el artículo 36 y constituye, por tanto, un obstáculo complementario al comercio intracomunitario;
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Considerando que, mediante resolución de 6 de abril de 1976, registrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de abril del mismo año, el Pretore de Susa planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, diversas cuestiones sobre la interpretación de los artículos 9 a 17, 30 a 36 y 95 del Tratado CEE; del artículo 12 del Reglamento no 14/64/CEE del Consejo, de 5 de febrero de 1964, relativo al establecimiento gradual de una organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO 1964, 34, p. 562), y del artículo 22 del Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (DO L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157), así como de las disposiciones de las Directivas del Consejo 64/432/CEE (DO 1964, 121, p. 1977; EE 03/01, p. 77) y 64/433/CEE (DO 1964, 121, p. 2012; EE 03/01, p. 101), de 26 de junio de 1964, relativas a problemas de policía sanitaria, la primera en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina, y la segunda en materia de intercambios intracomunitarios de carne fresca;
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Considerando que, mediante resolución de 22 de enero de 1976, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 del mismo mes, el giudice conciliatore di Roma planteó al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, cuatro cuestiones relativas a la interpretación y validez del Reglamento (CEE) no 648/73 de la Comisión, de 1 de marzo de 1973, relativo a las modalidades de aplicación de los montantes compensatorios monetarios (DO L 64, p. 1), y del Reglamento (CEE) no 905/73 de la Comisión, de 23 de marzo de 1973, por el se establecen las cantidades con las que deben ser ajustados los montantes compensatorios monetarios (DO L 92, p. 1).
El Tratado, al organizar en el artículo 93 el examen permanente y el control de las ayudas por la Comisión, entiende que la declaración de la posible incompatibilidad de una ayuda con el mercado común resulta, bajo el control del Tribunal de Justicia, de un procedimiento apropiado, cuya iniciación incumbe a la Comisión. Los particulares, por tanto, invocando tan sólo el artículo 92, no pueden impugnar la compatibilidad de una ayuda con el Derecho comunitario ante los órganos jurisdiccionales nacionales ni solicitar a éstos que se pronuncien, con carácter principal o incidental, sobre una posible incompatibilidad.

Las ayudas contempladas en los artículos 92 y 93 del Tratado no están comprendidas, como tales, en el ámbito de aplicación de la prohibición de restricciones cuantitativas a la importación y de medidas de efecto equivalente, dictadas por el artículo 30. Las modalidades de una ayuda, innecesarias para su objeto o para su funcionamiento, que infrinjan la prohibición del artículo 30, pueden ser declaradas, por este motivo, incompatibles con esta disposición.

La circunstancia de que una modalidad de una ayuda, innecesaria para su objeto o su funcionamiento, sea incompatible con una disposición del Tratado distinta de los artículos 92 y 93, no tiene por efecto viciar la ayuda en su conjunto ni, por este motivo, tachar de ilegalidad al sistema de financiación de la mencionada ayuda.

Dado que el artículo 95 del Tratado contempla los tributos internos cualquiera que sea su naturaleza, la circunstancia de que un tributo o derecho sea percibido por un organismo de Derecho público distinto del Estado o en su beneficio y que constituya un derecho especial o se destine a una finalidad particular, no puede sustraerlo del ámbito de aplicación del artículo 95 del Tratado. Para la aplicación del artículo 95 del Tratado, procede tomar en consideración no sólo el tipo del tributo interno que grava, directa o indirectamente, los productos nacionales y los importados, sino también la base imponible y las modalidades de percepción del mencionado tributo. Se infringiría el artículo 95 cuando las diferencias en este sentido tuvieran por resultado una imposición superior, en la misma fase de producción o de comercialización, del producto importado con relación al producto nacional similar.
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que el principio de igualdad entre el nivel de los tributos en lo que respecta al producto nacional y al producto importado, previsto por el artículo 95, es válido independientemente de la incidencia de otros elementos no tributarios sobre los precios de coste de los productos que se comparan; que, en particular, el ámbito de aplicación de este artículo no puede ampliarse hasta el punto de permitir cualquier compensación entre una carga fiscal creada para gravar un producto importado y una carga de distinta naturaleza, por ejemplo económica, soportada por el producto interior similar; que, sin embargo, ese no es el caso cuando el producto importado y el producto similar soportan ambos por igual un gravamen establecido por la autoridad pública, que también fija su cuantía, incluso si una parte del gravamen soportado por el producto nacional, está, además, destinada a financiar un monopolio de Estado, mientras que la que grava el producto importado se recauda en provecho de los Presupuestos Generales del Estado.
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que de esta disposición resulta que el Reglamento no 67/67, si bien admite que el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no puede aplicarse a determinadas categorías de acuerdos de exclusiva relativos a los intercambios entre Estados miembros, exige sin embargo que dichos acuerdos no restrinjan las posibilidades de abastecimiento de los productos interesados en el interior de la Comunidad y no den lugar a repartos de mercados contrarios a los principios fundamentales del mercado común;
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Considerando que contra dicho efecto directo no se puede invocar el hecho de que el Consejo no haya adoptado las Directivas previstas por los artículos 54 y 57 ni tampoco el hecho de que algunas de las Directivas efectivamente adoptadas no hayan alcanzado plenamente el objetivo de no discriminación señalado en el artículo 52;
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que, según las explicaciones dadas por la Comisión y por las partes coadyuvantes, la determinación de los criterios mencionados puede justificarse no solamente por las condiciones técnicas de la explotación de las minas de hulla, sino también por las especiales dificultades económicas surgidas a raíz de la recesión de la producción de carbón; que, por lo tanto, los criterios establecidos por un acto de alcance general no pueden considerarse discriminatorios y están suficientemente motivados desde el punto de vista jurídico en la Decisión de 21 de diciembre de 1972; que, por lo que se refiere a la aplicación de dichos criterios, no se ha alegado que la demandante haya sido tratada de forma diferente a las otras empresas, las cuales, por no cumplir las exigencias establecidas por el nuevo régimen, han perdido al igual que ella la posibilidad de comprar directamente al productor;
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Considerando que a tenor del párrafo tercero del artículo 175, toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal de Justicia, en las condiciones señaladas por los párrafos primero y segundo de dicho artículo, «por no haberle dirigido» el Consejo o la Comisión, violando el Tratado, «un acto distinto de una recomendación o de un dictamen»; que resulta que el recurso interpuesto por la demandante tiene por objeto obtener una disposición de carácter general y normativo que tenga el mismo alcance jurídico que el Reglamento no 1336/72 y no un acto que le afecte directa e individualmente; que tal Reglamento no puede calificarse, ni por su forma ni por su naturaleza, de acto del que la demandante pueda ser destinataria en el sentido del párrafo tercero del artículo 175; que lo mismo sucede con el recurso en la medida en que está dirigido contra la Comisión, pues la propuesta que se exige de ésta forma parte integrante del procedimiento de elaboración del Reglamento y, por tanto, no puede entrar en la categoría de actos que pueden dirigirse a la demandante, a tenor del párrafo tercero del artículo 175;
En este último supuesto, el reconocimiento de esta facultad a los Estados depende de una expresión de voluntad por parte de las Instituciones de la Comunidad, de manera que, el hecho de que no se haya determinado el destino que deba dársele a un contingente, debe ser interpretado en el sentido de que cualquier interesado puede acceder libremente al mismo.

Las disposiciones de los Reglamentos nos 92/68 y 110/69, que delegan en los Estados miembros las medidas de gestión, deben ser interpretadas en el sentido de que, puesto que el Consejo no ha establecido el destino de los contingen tes, la remisión, contenida en los Reglamentos, a las disposiciones «administrativas» de los Estados miembros no puede superar el ámbito de las normas técnicas y procesales destinadas a garantizar el respeto de los límites globales del contingente y de la igualdad de trato de los beneficiarios. Estas disposiciones no autorizan a los Estados a regular el destino de las cantidades que se les atribuyen.
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Considerando que, mediante resolución de 19 de julio de 1971, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de julio de 1971, el Hessischer Verwaltungsgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 7 del Reglamento no 120/67/CEE del Consejo (DO 1967, 117, p. 2269), del artículo 1 del Reglamento no 132/67/CEE del Consejo (DO 1967, 120, p. 2364) y del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1028/68 de la Comisión (DO 1968, L 176, p. 1);
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que, no obstante, el apartado 2 de dicho artículo dispone que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las normas del Tratado y, en especial, a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de Derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada, entendiéndose que el desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad;
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que, si bien el referido acuerdo, no notificado a la Comisión pero dispensado de notificación en virtud del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 17 del Consejo (DO 1962, 13, pp. 204 y ss.; EE 08/01, p. 22), tendrá plenos efectos mientras no se declare su nulidad, la referida dispensa únicamente se aplica a determinados acuerdos cuando «sólo participen en ellos empresas de un solo Estado miembro», o a los acuerdos que tengan por único objeto o solamente como efectos los definidos en el apartado 2 del mencionado artículo 4;
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Considerando que las demandantes alegan, además, que la Comisión no es competente para instaurar el sistema de licencias de importación establecido en los Reglamentos nos 459/70, 565/70 y 686/70, porque dicho sistema no se menciona en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 2514/69 entre las medidas que pueden adoptarse con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Reglamento no 2513/69.
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Considerando que mediante resolución de 30 de julio de 1969, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de septiembre de 1969, el Bundesfinanzhof de la República Federal de Alemania planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE, varias cuestiones relativas a la interpretación de los Reglamentos no 22 del Consejo, de 4 de abril de 1962 (DO 1962, 30), y no 77 de la Comisión, de 23 de julio de 1962 (DO 1962, 66), modificado por el Reglamento no 136 de la Comisión, de 31 de octubre de 1962 (DO 1962, 113).
En virtud de todo lo expuesto; vistos los autos; habiendo considerado el informe del Juez Ponente; oídas las observaciones formuladas por el Sr. De Cicco, demandante en el litigio principal, por el Landesversicherungsanstalt Schwaben, parte demandada en el litigio principal, por el Gobierno de la República Italiana y por la Comisión de las Comunidades Europeas; oídas las conclusiones del Abogado General; visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 51; visto el Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes y, en particular, sus artículos 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 y 27 y sus Anexos B y F; visto el Reglamento no 4 del Consejo que establece las modalidades de aplicación y completa al Reglamento no 3 y, en particular, sus artículos 5, 30, 33, 34 y sus Anexos 7 y 9; visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 20; visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Sozialgericht Augsburg (Sala Sexta) mediante resolución de 5 de agosto de 1968, declara: