El principio de seguridad jurídica constituye un principio fundamental de Derecho de la Unión que exige, en particular, que la normativa sea clara y precisa, a fin de que los justiciables puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar en consecuencia las medidas oportunas. Sin embargo, dado que es inherente a la norma jurídica un cierto grado de incertidumbre sobre su sentido y alcance, procede examinar si la norma jurídica de que se trate adolece de una ambigüedad tal que impide que los justiciables disipen con suficiente certeza sus eventuales dudas sobre el alcance o el sentido de dicha norma.

A este respecto, las directrices contenidas en las comunicaciones o en las comunicaciones interpretativas de la Comisión se adoptan en el interés de garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de la actuación llevada a cabo por la Comisión.

Del preámbulo de la Comunicación de la Comisión relativa a la devolución de derechos antidumping se deduce que ésta tiene como objetivo establecer las directrices relativas a la aplicación del artículo 11, apartado 8, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009 y, por tanto, aclarar para las diversas partes implicadas en un procedimiento de devolución los requisitos que debe cumplir una solicitud. En consecuencia, fue adoptada en el interés de reforzar la seguridad jurídica del artículo 11, apartado 8, del citado Reglamento, que contiene un cierto grado de incertidumbre en cuanto al sentido y alcance de la norma jurídica de que se trata, en beneficio de las citadas partes.

En la medida en que tal Comunicación está destinada a los operadores económicos que no están obligados a recurrir sistemáticamente a la asistencia jurídica para sus operaciones habituales, resulta primordial que su interpretación del artículo 11, apartado 8, del Reglamento citado se haga con los términos más claros y unívocos. Por el objetivo y la naturaleza de dicha Comunicación, la lectura de sus disposiciones debe permitir a un operador económico diligente y perspicaz conocer sin ambigüedad sus derechos y sus obligaciones, incluso disipar eventuales dudas acerca del alcance o el sentido de las citadas normas.

Pues bien, la citada Comunicación no cumple tales requisitos, ya que emite señales contradictorias por lo que atañe a los requisitos para la presentación de una solicitud de devolución de los derechos antidumping y, en particular, por lo que respecta a los plazos para presentar las solicitudes con arreglo al artículo 11, apartado 8, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009. A este respecto, el punto 2.6, letra a), de la comunicación interpretativa establece en esencia que las solicitudes efectuadas de conformidad con el apartado 8 del artículo 11 del mencionado Reglamento deberán presentarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de determinación de los derechos antidumping. Por el contrario, los puntos 2.1, letra b), y 2.2, letra a), y la nota a pie de página no 6 y el punto 3.1.3, letra a), párrafo tercero, de dicha Comunicación, leídos conjuntamente, implican que el plazo para presentar la citada solicitud no empieza a computar hasta que no se han abonado dichos derechos y se oponen, en consecuencia, al punto 2.6, letra a), de la mencionada Comunicación. De ese modo, los operadores económicos como la demandante, que hacen referencia a aquélla en el ejercicio de sus operaciones corrientes, pueden, al leerla, albergar dudas legítimas en cuanto a la correcta interpretación que debe darse al artículo 11, apartado 8, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009.

(véanse los apartados 68, 70 a 75, 77 y 81 a 83)