Palabras clave

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Palabras clave

1. Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) nº 1346/2000

[Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, art. 3, ap. 1]

2. Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) nº 1346/2000

[Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, art. 16, ap. 1]

3. Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) nº 1346/2000

[Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, art. 26]

4. Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) nº 1346/2000

[Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, art. 26]

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1. Cuando el deudor sea una filial cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro diferente del Estado miembro en el que tiene su domicilio social la sociedad matriz, sólo puede desvirtuarse la presunción enunciada en el artículo 3, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 1346/2000, según la cual el centro de los intereses principales de dicha filial se encuentra en el Estado miembro en el que tiene su domicilio social, si existen elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y que permitan establecer que la situación real no coincide con la situación que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. Este podría ser el caso, entre otros, de una sociedad que no ejerza ninguna actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social. En cambio, cuando una sociedad ejerce su actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social, el mero hecho de que sus decisiones económicas sean o puedan ser controladas por una sociedad matriz cuyo domicilio social se encuentre en otro Estado miembro no basta para desvirtuar la presunción prevista en el Reglamento.

(véanse el apartado 37 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 16, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que el procedimiento principal de insolvencia abierto por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser reconocido por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros, sin que éstos puedan controlar la competencia del órgano jurisdiccional del Estado de apertura. En efecto, la regla de prioridad que establece dicha disposición, según la cual el procedimiento de insolvencia abierto en un Estado miembro será reconocido en todos los Estados miembros desde que produzca efectos en el Estado de apertura, reposa en el principio de confianza mutua, que ha permitido el establecimiento de un sistema obligatorio de competencias y la renuncia correlativa por los Estados miembros a sus normas internas de reconocimiento y de exequátur a favor de un mecanismo simplificado de reconocimiento y ejecución de las resoluciones adoptadas en el marco de los procedimientos de insolvencia. Si una parte interesada considera que el centro de los intereses principales del deudor se encuentra en un Estado miembro distinto que aquel en el que se ha abierto el procedimiento principal de insolvencia y pretende impugnar la competencia que se ha arrogado el órgano jurisdiccional que ha abierto dicho procedimiento, le corresponde utilizar contra la resolución de apertura los recursos previstos por el Derecho nacional del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales del citado Estado miembro.

(véanse los apartados 39, 40 y 43 y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 16, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que constituye una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia la resolución adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud, fundada en la insolvencia del deudor, de apertura de un procedimiento contemplado en el anexo A del mismo Reglamento, cuando tal resolución implica el desapoderamiento del deudor y el nombramiento de un síndico contemplado en el anexo C del citado Reglamento. Dicho desapoderamiento conlleva la pérdida de las facultades de gestión que el deudor tiene sobre su patrimonio. En efecto, el mecanismo según el cual sólo puede abrirse un procedimiento principal, que produce efectos en todos los Estados miembros en los que se aplica el Reglamento, podría verse gravemente alterado si los órganos jurisdiccionales de dichos Estados miembros que conozcan simultáneamente de otras solicitudes fundadas en la insolvencia de un deudor, pudieran reclamar durante un período de tiempo prolongado una competencia concurrente. Por tanto, para garantizar la eficacia del sistema instaurado por el Reglamento, es necesario que el principio de reconocimiento previsto en la citada disposición pueda aplicarse tan pronto como sea posible durante el desarrollo del procedimiento.

(véanse los apartados 52 y 54 y el punto 3 del fallo)

4. El artículo 26 del Reglamento nº 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede negarse a reconocer un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro cuando la resolución de apertura se haya adoptado vulnerando de manera manifiesta el derecho fundamental a ser oído del que es titular la persona afectada por dicho procedimiento. Aunque la aplicación concreta del derecho a ser oído puede variar en función de la urgencia con que deba resolverse el litigio, toda restricción al ejercicio de este derecho ha de estar debidamente justificada y debe ir acompañada de las garantías procesales que ofrezcan a las personas afectadas por dicho procedimiento la posibilidad efectiva de impugnar las medidas urgentes adoptadas. Corresponde al juez del Estado requerido determinar si realmente se ha producido una vulneración manifiesta del derecho a ser oído durante el desarrollo del procedimiento ante el órgano jurisdiccional del otro Estado miembro; sin embargo, el citado juez no puede limitarse a trasladar su propia concepción de la oralidad de los debates y del carácter fundamental que ésta reviste en su ordenamiento jurídico, sino que debe apreciar, a la luz de todas las circunstancias, si las personas afectadas por dicho procedimiento han dispuesto o no de una posibilidad suficiente de ser oídas.

(véanse los apartados 66 a 68 y el punto 4 del fallo)