ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de septiembre de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no comunicar las medidas adoptadas para ejecutar la Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros (DO L 194, p. 33; EE 15/01, p. 123), y la Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los muéstreos y del análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros (DO L 271, p. 44; EE 15/02, p. 146), o al no adoptar las medidas exigidas para su ejecución.
12.

En su escrito de réplica, la Comisión alega que la República Italiana no niega que el presente recurso sea fundado y que, en su escrito de contestación a la demanda, la parte demandada alude a la existencia de una normativa italiana en materia de riesgos relacionados con una exposición al amianto, reconociendo expresamente la necesidad de adoptar determinadas medidas para adecuar el ordenamiento nacional a la Directiva 83/477. No obstante, la Comisión señala que: a) El Gobierno italiano no comunicó las disposiciones de adaptación del Derecho interno, en el sentido del apartado 2 del artículo 18 de la Directiva. b) En el escrito de contestación a la demanda presentado por la República Italiana no se precisan los diferentes decretos, los cuales se refieren, por otra parte, a las actividades de extracción de amianto, materia expresamente excluida del objeto del recurso. c) El único Decreto especialmente citado, el de la Presidencia de la República n° 303, de 19 de marzo de 1956, constituye un texto de carácter general en el que no se hace referencia específica alguna al amianto; mientras que, en su artículo 8, la Directiva de que se trata recoge los límites máximos de concentración de amianto en el aire, eje alrededor del cual se estructura toda la sistemática de la Directiva. La Comisión deduce de lo expuesto que no puede considerarse que el ordenamiento italiano haya sido adaptado a lo dispuesto en la Directiva.
17.

En opinión de la Comisión, el concepto de «medida» en el sentido del artículo 34 del Tratado, engloba las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas, las prácticas administrativas y todos los actos que emanen de una autoridad pública. Una jurisprudencia reiterada puede constituir semejante medida si constituye una serie de decisiones judiciales que emanan de las autoridades públicas. En apoyo de esta tesis, la Comisión cita la sentencia de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked (58/80, Rec. p. 181). De las sentencias de 8 de noviembre de 1979, Groenveld (15/79, Rec. p. 3409); de 14 de julio de 1981, Oebel (155/80, Rec. p. 1993); de 15 de diciembre de 1982, Oosthoek (286/81, Rec. p. 4575); de 10 de marzo de 1983, Inter-Huiles (172/82, Rec. p. 555), y de 7 de febrero de 1984, Jongeneel Kaas (237/82, Rec. p. 483), la Comisión deduce que, para que una medida esté comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 34 del Tratado, se requiere, acumulativamente, una restricción específica de las corrientes de intercambios y una diferencia de trato que proporcione una ventaja particular a la producción o al comercio nacional. Por tanto, procede comprobar si la imposibilidad para el vendedor de exonerarse de su obligación de saneamiento de vicios ocultos de la cosa vendida tiene por objeto o por efecto restringir las corrientes de exportación. Semejante restricción de las corrientes de intercambios no constituye el objetivo de la jurisprudencia censurada, cuyo objetivo real es el de garantizar la legalidad de las transacciones comerciales a través de una mejor protección del comprador de un producto. El comprador no puede descubrir los vicios ocultos en el momento de la adquisición. Este objetivo es similar al perseguido por la citada Directiva 85/374 del Consejo. La jurisprudencia de la Cour de cassation francesa tampoco produce efectos sobre las corrientes de exportación. Además, si fuera así, resultaría afectado el conjunto de las exportaciones del Estado miembro de que se tratara. La falta de efecto restrictivo se debe, en primer lugar, a que los contratos de exportación están sometidos al principio de autonomía, que permite a las partes de un contrato internacional estipular el Derecho que regirá sus relaciones contractuales. Este principio fue establecido en Francia mediante una sentencia de la Cour de cassation de 5 de diciembre de 1910. Por consiguiente, a partir del momento en que existe un contrato de exportación, los operadores comerciales tienen la posibilidad de elegir un Derecho que no contenga la norma censurada. Además, independientemente de que una norma no obligatoria no puede tener efecto sobre los comportamientos comerciales, no se comprende cómo la imposibilidad de exonerarse de la obligación de saneamiento de los vicios ocultos, cuando se aplica, sea un elemento que obstaculice las ventas. Por el contrario, una mayor garantía del objeto vendido constituye un argumento de venta no desechable. La Comisión deduce de ello que la imposibilidad del vendedor de exonerarse de su obligación de saneamiento no tiene por objeto ni por efecto obstaculizar los intercambios entre Estados miembros.
El Gobierno británico considera que la resolución dictada en el asunto HAG I no es congruente con las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia y no debería ser tenida en cuenta. Efectivamente, según la sentencia HAG I, el titular de la marca en Luxemburgo no podía oponerse a la venta en dicho país de productos que no fueran de su fabricación y que no hubieran sido distinguidos con la marca con su anuencia. Sin embargo, según la jurisprudencia posterior, la cuestión esencial es si el titular de la marca en el Estado miembro de importación ha autorizado la aplicación de la marca a los productos de que se trata. En la citada sentencia de 9 de julio de 1985 (Pharmon) relativa a la licencia obligatoria sobre una patente, el razonamiento del Tribunal de Justicia se aplica directamente a la situación de HAG AG, a la que no puede considerarse que haya autorizado la aplicación de la marca de la que fue privada mediante el acto público.

El Reino Unido alega que esta jurisprudencia es conforme con la citada Primera Directiva sobre marcas, con el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, modificado en último lugar el 14 de julio de 1967{Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, p. 305), así como con la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1980, C 351, p. 5; DO 1984, C 230, p. 1).

Según el Reino Unido, el origen común de las marcas, subrayado por el Tribunal de Justicia en la sentencia HAG I, interesa únicamente para determinar si el ejercicio del derecho que otorga la marca redunda en una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio, en el sentido del segundo inciso del artículo 36 del Tratado, lo cual no es evidente en el caso de autos, si se considera la ausencia de cualquier vínculo entre las dos sociedades.
12.

Según la Comisión, tales observaciones no invalidaban sus objeciones. En consecuencia, emitió un dictamen motivado, que fue comunicado al Gobierno francés el 4 de noviembre de 1987. En este dictamen, la Comisión observó que el objeto del procedimiento no es el incumplimiento de la Resolución de la Conferencia, sino la aplicación incorrecta de la letra b) del apartado 1 del artículo 10. La Resolución sólo constituye un elemento —si bien muy importante— sobre el que se funda el dictamen de la Comisión. En cuanto a las comprobaciones efectuadas por la autoridad científica, la Comisión alega que dicha autoridad no pudo llegar razonablemente a dicha opinión. En efecto, se dice muy claramente en la Resolución que las importaciones de especímenes procedentes de Bolivia, sin que dicho Estado ofrezca garantías para una aplicación correcta de la Convención, pueden tener una influencia nociva sobre la conservación de las especies. La Comisión también observa que no cabe alegar problemas planteados por el Derecho administrativo francés. Además, no se trata de un acto individual conforme a Derecho. Por todo ello, la Comisión requirió al Gobierno francés a que retirase o anulase la decisión que concedía el permiso de importación de que se trata. Mediante carta de 25 de mayo de 1988, el Gobierno francés respondió al dictamen motivado de la Comisión. Dicho Gobierno alega, especialmente, que el elemento determinante del que nace la infracción de la letra b) del apartado 1 del artículo 10 es no haber aplicado la Resolución de Buenos Aires. Sin embargo, desde esta óptica, alega que la Comisión no ha tomado en cuenta que la Resolución tiene por finalidad sancionar las omisiones administrativas bolivianas, pero que, por el contrario, no tiene ninguna relación directa con la degradación biológica del medio natural, ni con la situación de las especies felinas. La autoridad científica designada con arreglo a la Convención —a saber, la Secretaría Fauna-Flora del Museo Nacional de Historia Natural— estimó que podía concederse el permiso de importación, por lo que el Gobierno considera que se han cumplido los requisitos de la letra b) del apartado 1 del artículo 10. En estas circunstancias, la Comisión, en aplicación del párrafo 2 del artículo 169 del Tratado, sometió el asunto al Tribunal de Justicia.
El Reglamento (CEE) no 2661/85 de la Comisión, de 20 de septiembre de 1985, por el que se derogan los Reglamentos (CEE), no 262/79 y no 1932/81 en lo relativo a la mantequilla destinada a la fabricación de productos de pastelería, helados y otros productos alimenticios (DO L 252, p. 13; EE 03/38, p. 6), que entró en vigor el 21 de septiembre de 1985, estableció la posibilidad de que los operadores del mercado declarados adjudicatarios en el marco de las licitaciones particulares nos 76 a 81, a tenor del Reglamento no 1932/81, se liberen temporalmente y en determinadas condiciones de los compromisos relacionados con la licitación y no corran el peligro de perder la fianza de licitación.

A tenor del párrafo 1 del artículo 1 de este Reglamento :

«Para las ofertas presentadas en aplicación del Reglamento (CEE) no 1932/81 y en relación con las adjudicaciones especiales nos 76 a 81, siempre que no haya expirado el plazo de transformación a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento, la empresa adjudicatária, a petición propia, será liberada de sus obligaciones para el total o parte de las cantidades para las que es adjudicatária, con arreglo a este Reglamento, a condición de que, con arreglo al Reglamento (CEE) no 262/79, sea declarada adjudicatária de una cantidad de mantequilla superior en un 25 % a la cantidad para la cual tal empresa solicita ser liberada de obligaciones con arreglo al Reglamento no 1932/81».

Del segundo considerando del citado Reglamento no 2661/85 se deduce que esta normativa fue adoptada porque «el volumen de las existencias de intervención ha ayudado a reequilibrar el precio de cesión de la mantequilla de intervención y la ayuda a la mantequilla de mercado, con ventaja para la mantequilla de intervención». Al desligar a los adjudicatarios de sus obligaciones conforme al Reglamento no 1932/81, la Comisión había querido incitarles a comprar mantequilla de intervención para favorecer la salida de las existencias. Para ello, estaba previsto autorizar a los adjudicatarios a pasar del sistema de ayuda para la mantequilla de mercado y la mantequilla concentrada establecido por el citado Reglamento no 1932/81, al régimen de intervención previsto por el citado Reglamento no 262/79 sobre la venta de mantequilla de intervención a precio reducido, obligándoles a comprar una cantidad de mantequilla de intervención superior en un 25 % a la cantidad respecto a la que se desligaron de sus obligaciones con arreglo al citado Reglamento no 1932/81.
Asunto C-367/89

Proceso penal

contra

Aimé Richardt y «Les Accessoires Scientifiques» SNC

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation de Luxemburgo

«Libre circulación de mercancías — Trànsito comunitario — Material estratégico»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, presentadas el 8 de mayo de 1991 I-4635

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 1991 I-4645

Sumario de la sentencia

Libre circulación de mercancías — Trànsito comunitario — Principio de libertad de trànsito comunitario — Medidas restrictivas adoptadas al amparo del artículo 36 del Tratado — Procedencia — Tránsito de mercancías calificadas de material estratégico — Exigencia de tina autorización especial — Justificación por razones de seguridad pública

(Tratado CEE, art. 36; Reglamento n° 222/77 del Consejo)

Como precisa el artículo 10 del Reglamento n° 222/77, la existencia, como consecuencia de la unión aduanera, de un principio general de libertad de tránsito de mercancías dentro de la Comunidad, aplicable a todos los movimientos de mercancías, no impide a los Estados miembros controlar las mercancías en tránsito, de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, especialmente en su artículo 36. Este autoriza a los Estados miembros a establecer restricciones al tránsito de mercancías por razones de seguridad pública, que debe comprender tanto la seguridad interior de un Estado miembro como su seguridad exterior, puesto que ésta debe tenerse especialmente en cuenta cuando se trata de mercancías que pueden ser utilizadas con fines estratégicos.

Por consiguiente, el citado Reglamento no se opone a una normativa de un Estado miembro que exige, por razones de seguridad exterior, la obtención de una autorización, especial para el tránsito por su territorio de mercancías calificadas como material estratégico, independientemente del documento de tránsito comunitario expedido por otro Estado miembro. No obstante, las medidas adoptadas por el Estado miembro como consecuencia de la inobservancia de este requisito no deben ser desproporcionadas respecto al objetivo perseguido.
HANIEL SPEDITION / COMISIÓN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
de 21 de marzo de 1991 * 
En el asunto C-226/89, 
Haniel Spedition GmbH, sociedad alemana, con domicilio social en Duisburg 
(República Federal de Alemania), representada por el Sr. Dirk Schroder, Abogado 
de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de los Sres. 
Loesch & "Wolter, Abogados, 8, rue Zithe, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades europeas, representada por su Consejero Jurídico Sr. 
Dierk Booß y por el Sr. Klaus-Dieter Borchardt, miembro de su Servicio Jurídico, 
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho 
del Sr. Guido Berardis, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, 
Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la Decisión de la Comisión de 
8 de mayo de 1989, dirigida a la demandante, relativa a las retenciones efectuadas 
con arreglo a la letra b) del punto 2 del artículo 22 del Reglamento (CEE) 
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, y, por otra parte, el pago a la 
demandante de una cantidad de 55.451,50 ECU, incrementada con los intereses 
de demora establecidos en el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 18 del 
Reglamento (CEE) n° 2200/87, anteriormente citado, a partir del 12 de mayo de 
1989, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres.: J. C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; F. Grévisse 
y M. Zuleeg, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: alemán. 
I- 1601 
SENTENCIA DE 21.3.1991 — ASUNTO C-226/89 
decide : 
1) Anular la Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 1989, comunicada mediante 
escrito de 12 de mayo de 1989, por la que se retiene la cantidad de 55 451,50 
ECU sobre el importe adeudado a la demandante por razón de un suministro en 
concepto de ayuda alimentaria. 
2) Condenar a la Comisión a pagar a Haniel Spedition GmbH, con domicilio social 
en Duisburg, la cantidad de 55 451,50 ECU, más los intereses de demora calcu­
lados al tipo practicado por la Comisión, a partir del 12 de mayo de 1989. 
3) Condenar en costas a la Comisión. 
I - 1602
Si bien el artículo 59 del Tratado no contempla expresamente más que la situación de un prestador establecido en un Estado miembro distinto de aquel en que reside el destinatario de la prestación, no por ello su objeto deja de ser eliminar las restricciones a la libre prestación de servicios por personas no establecidas en el Estado en cuyo territorio ha de realizarse la prestación. Las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios sólo dejan de aplicarse cuando todos los elementos que intervienen en una determinada actividad concurren en el interior de un solo Estado. En consecuencia, las disposiciones del artículo 59 deben aplicarse en todos los casos en que un prestador ofrezca sus servicios en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido, cualquiera que sea el lugar en que estén establecidos los destinatarios de dichos servicios.

Los artículos 59 y 60 del Tratado exigen no sólo la eliminación de cualquier discriminación contra el prestador a causa de su nacionalidad, sino también la supresión de cualquier restricción a la libre prestación de servicios impuesta a causa de que quien los presta se encuentra establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el que se efectúe la prestación. En particular, un Estado miembro no puede subordinar la ejecución de la prestación de servicios en su territorio al cumplimiento de todos los requisitos exigidos para un establecimiento, so pena de privar de cualquier eficacia a las disposiciones destinadas a garantizar la libre prestación de servicios.
La tasa de corresponsabilidad suplementaria en el sector de los cereales no puede calificarse de carga fiscal y, por tanto, su legalidad no puede juzgarse basándose en criterios tomados del Derecho fiscal. Constituye, en efecto, una medida de política agrícola destinada a contener y a prevenir el crecimiento en el mercado cerealista, caracterizado por excedentes estructurales, ejerciendo una presión directa sobre los precios pagados a los productores de cereales. Esa finalidad económica y el efecto disuasivo buscado justifican, aun teniendo en cuenta las exigencias del principio de proporcionalidad, el hecho de que la tasa se perciba con carácter provisional en el momento de la salida al mercado de los cereales, sin perjuicio de su reembolso, total o parcial, cuando se compruebe, al final de la campaña en cuestión, que no se ha sobrepasado la cantidad máxima garantizada o que el rebasamiento ha sido inferior a un porcentaje determinado.
BIANCHIN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
5 de abril de 1990 * 
En el asunto C-109/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por la Cour du travail de Lieja (Bélgica), destinada 
a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Office national des pensions 
y 
Ernesto Bianchin, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 48 y 51 del Tratado 
CEE, relativos a la libertad de circulación de los trabajadores, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. M. Zuleeg, Presidente de Sala; J. C. Moitinho de Almeida 
y F. Grévisse, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Cour du travail de Lieja 
mediante resolución de 24 de marzo de 1989, declara: 
1) Cuando un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia percibe una pensión 
en virtud únicamente de la legislación nacional, lo dispuesto en el Reglamento 
n° 1408/71 no impide que sólo se le aplique íntegramente esa legislación nacio­
nal, incluidas las normas nacionales que prohiben la acumulación, a no ser que la 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-1621 
SENTENCIA DE 5. 4. 1990 — ASUNTO C-109/89 
aplicación de dicha legislación nacional resulte menos favorable al trabajador 
que la del régimen establecido en el artículo 46 del Reglamento n° 1408/71. En 
este último caso, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 46, teniendo en cuenta 
que las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la 
legislación nacional no son aplicables en virtud de la última frase del apartado 2 
del artículo 12 deľ Reglamento, cuando el interesado perciba prestaciones de la 
misma naturaleza de invalidez, de vejez, de muerte (pensiones) o de enfermedad 
profesional, liquidadas por las instituciones de los diferentes Estados miembros. 
Una pensión de jubilación anticipada y una pensión de invalidez deben conside­
rarse de la misma naturaleza, en el sentido del apartado 2 del artículo 12 del 
Reglamento. 
2) Cuando se aplica únicamente una legislación nacional, la calificación, por lo que 
respecta a las normas de dicha legislación que prohiben la acumulación, de una 
pensión de jubilación anticipada, percibida en virtud únicamente de la legislación 
de ese Estado, y de una pensión de invalidez concedida por otro Estado miem­
bro, no corresponde al Derecho comunitario. 
I - 1622
El Reino de Bélgica alega que no puede deducirse el carácter no rentable de un producto de la diferencia entre el precio que solicita la empresa y el que conceden las autoridades estatales. En efecto, según él, el mercado está dominado por empresas internacionales que aplican políticas diferenciadas de precios y, por otra parte, es imposible saber con exactitud cuál es el verdadero umbral de rentabilidad. A fin de cuentas, la Comisión no propone un análisis de los costes de los productos para deducir de él el umbral de rentabilidad, sino que se basa únicamente en el hecho de que los precios de los medicamentos son superiores en el extranjero o bien en el hecho de que las empresas han propuesto precios superiores y renunciado a vender sus productos en el mercado belga por no haberles sido autorizados dichos precios. Ahora bien, todo esto no permite deducir que no sean rentables los precios fijados por las autoridades belgas.

Se observa, por otra parte, que el régimen de determinación de los precios, así como el de admisión al reembolso de los productos farmacéuticos, no perjudica a los medicamentos importados, ya que la parte del volumen de negocios imputable al consumo de medicamentos importados alcanzó alrededor del 60 % del volumen de negocios global tanto en 1986 como en 1975 y que la parte de las importaciones procedente de los países miembros de la Comunidad aumentó durante estos diez últimos años, pasando del 71,6 al 74,4 %.

Por último, las diferencias de precios de un país a otro no tienen ningún significado. En primer lugar, los precios belgas de determinados productos alegados por la Comisión ya no son inferiores a los aplicables en los otros Estados miembros; en segundo lugar, no faltan ejemplos en que los precios solicitados por las empresas para un producto son inferiores a los que esas mismas empresas aplican en el extranjero al mismo producto. Esta es la consecuencia de las estrategias económicas y comerciales diferenciadas de las empresas de que se trata. No existe pues correlación entre el nivel del precio de un medicamento y el umbral de rentabilidad.
12

En cuanto al artículo 15 del Reglamento n° 3820/85, su objeto no consiste en limitar la responsabilidad del empresario por los empleados que no respetan el tiempo de conducción y de descanso, sino en crear obligaciones concretas y distintas para el propio empresario. De ello se desprende que estas disposiciones no impiden en modo alguno el establecimiento de una responsabilidad penal objetiva del empresario.