1.

En apoyo de la excepción de inadmisibilidad propuesta, el Consejo alega que, a tenor de lo previsto en el artículo 146 del Tratado CEEA y en el artículo 173 del Tratado CEE, sólo determinados sujetos de Derecho están legitimados para ejercitar acciones de nulidad. El párrafo 1 de estos artículos atribuye competencia al Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre los «recursos [...] interpuestos por un Estado miembro, el Consejo o la Comisión». Estos constituyen una categoría privilegiada de sujetos de Derecho que, independientemente de la naturaleza del acto recurrido y de si dicho acto les afecta directa e individualmente, siempre están legitimados para ejercitar acciones de anulación. Frente a lo previsto en el párrafo 1, el párrafo 2 contempla una vía procesal destinada a la protección de los particulares, que ofrece a estos últimos la posibilidad de interponer recursos contra aquellos actos adoptados por las instituciones europeas de los que sean destinatarios o respecto de los cuales se encuentren en una situación análoga a la del destinatario. El Parlamento Europeo no puede considerarse una persona jurídica, en el sentido propio del párrafo 2. De acuerdo con cada uno de los Tratados, únicamente la Comunidad disfruta de personalidad jurídica. Por consiguiente, sólo al amparo de lo previsto en el párrafo 1 puede reconocerse al Parlamento Europeo legitimación activa para ejercitar acciones de anulación. Así pues, la cuestión que se plantea es si el Parlamento Europeo puede considerarse integrado en la categoría de sujetos privilegiados, que siempre tienen a su disposición la posibilidad de interponer un recurso en anulación. Ahora bien, semejante solución no se desprende ni de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia ni de la sistemática de los Tratados o del espíritu que los informa. Según una jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia: a) el Parlamento Europeo puede intervenir en los litigios pendientes ante el Tribunal de Justicia; b) el Parlamento Europeo está activamente legitimado para ejercitar acciones por omisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Tratado CEE; c) los actos del Parlamento Europeo generadores de efectos jurídicos pueden recurrirse en anulación, al amparo del artículo 173 del Tratado CEE. No obstante, no cabe extraer de esta doctrina jurisprudencial la conclusión de que el Parlamento Europeo disfruta de legitimación activa para ejercitar acciones de anulación al amparo del artículo 173. En efecto, el Tribunal de Justicia, en materia de intervención, ha adoptado una interpretación literal de una disposición (el artículo 37 de su Estatuto) que, contrariamente al artículo 173, utiliza unos términos que no distinguen entre el Parlamento Europeo y las restantes instituciones de la Comunidad. Lo dicho es igualmente aplicable a la legitimación activa en materia de recursos por omisión, ya que la referencia que el párrafo 1 del artículo 175 hace a las «demás instituciones de la Comunidad» legitima a todas éstas, incluido el Parlamento Europeo, para ejercitar acciones por omisión. En lo relativo al control de legalidad de los actos del Parlamento Europeo, el Consejo se remite expresamente a la sentencia de 23 de abril de 1986 (Les Verts contra Parlamento, 294/83, Rec. 1986, p. 1339), en la que el Tribunal de Justicia admitió la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente aquellos actos del Parlamento destinados a generar efectos frente a terceros, puesto que la Comunidad es «una Comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos a la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado». Sin embargo, no cabe esgrimir este argumento para apoyar una legitimación activa del Parlamento Europeo para impugnar actos del Consejo. En efecto, las razones de seguridad jurídica, decisivas para establecer la legitimación pasiva del Parlamento, no pueden invocarse en apoyo de una legitimación activa fundamentada en el artículo 173. No existe razón imperiosa alguna para completar el sistema de control establecido por el Tratado, reconociendo al Parlamento una legitimación activa no contemplada en el mismo. Por otra parte, y contrariamente a lo observado respecto de la legitimación activa del Parlamento, las sucesivas revisiones de los Tratados, que, ciertamente, han incrementado el ámbito de competencias del Parlamento, no han repercutido de la misma manera en el sistema de control de la legalidad de los actos del Consejo o de la Comisión. En primer lugar, no cabe admitir como hipótesis un paralelismo absoluto entre legitimación pasiva y activa en relación con lo previsto en el artículo 173 del Tratado CEE. Por el contrario, legitimación pasiva y activa revisten distintos significados dentro del sistema de control de legalidad establecido por el Tratado. Por otra parte, el hecho de que el Parlamento Europeo esté activamente legitimado para interponer recursos por omisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 175 del Tratado CEE, no implica que también esté activamente legitimado para ejercitar acciones de anulación, de conformidad con lo previsto en el artículo 173 del Tratado CEE, puesto que el recurso por omisión contempla situaciones excepcionales de bloqueo e inercia de una institución que ha incumplido una obligación impuesta por el Tratado, de una manera, hasta tal punto clara e incondicional, que la institución incumplidora no dispone de margen de apreciación alguna. Si bien es cierto que, en semejante caso, parece justificado reconocer excepcionalmente al Parlamento la posibilidad de solicitar que se declare que la institución incumplidora ha infringido el Tratado, en lo relativo al control de los actos adoptados por las instituciones, el sistema de recursos previsto en el Tratado no exige. Por el contrario, una legitimación activa del Parlamento. Desde otro punto de vista, si el Consejo incurriera en omisión, el Parlamento se vería privado de toda participación; por el contrario, cuando el Consejo adopta un acto, el Parlamento puede hacer valer su postura ejercitando las competencias que le son propias a nivel político (consulta, cooperación, dictamen conforme, etc.), de conformidad con lo dispuesto en el Tratado. Por otra parte, del derecho a intervenir en los litigios pendientes ante el Tribunal de Justicia no cabe inferir legitimación activa alguna en recursos de anulación, puesto que se trata de dos vías procesales de distinta naturaleza. Al igual que lo que ocurre con las restantes instituciones, los Estados miembros y los particulares, el derecho a intervenir permite al Parlamento hacer valer su postura en un asunto sometido al Tribunal de Justicia. El ejercicio de este derecho permite al Tribunal de Justicia, en interés de una recta administración de la Justicia, tener un conocimiento pleno de todas las alegaciones pertinentes, lo que, sin embargo, no implica que el Parlamento deba desempeñar un papel activo en el sistema de control de la legalidad de los actos adoptados por el Consejo. No puede acogerse, por último, lo afirmado en el sentido de que el Parlamento Europeo —que no dispone de una facultad real de control político del Consejo— debería beneficiarse de la facultad de poder instar un control jurisdiccional. Los Tratados han creado, en efecto, un equilibrio institucional que obedece al carácter fundamental de un ordenamiento jurídico cuya creación y desarrollo se rigen por normas jurídicas. De conformidad con lo dispuesto con carácter general en el artículo 4 del Tratado CEE, las instituciones deberán ejercitar las competencias que les confiere el Tratado, respetando el equilibrio al que antes se ha hecho referencia. Más en concreto, el primer guión del artículo 155 del Tratado CEE erige a la Comisión en «guardiana del Tratado». Si hubiera de reconocerse al Parlamento Europeo, con base en el artículo 173 del Tratado CEE, una competencia general en materia de control de la legalidad de los actos adoptados por las instituciones, las funciones y competencias de las respectivas instituciones se prestarían a confusión. En una situación semejante, el Parlamento entraría en competencia directa con la Comisión, lo que implicaría un desdoblamiento del control político. El papel real del Parlamento en el sistema institucional reviste un triple aspecto, a saber, el control político, la participación a título consultivo, de cooperación o de emisión de dictámenes conformes en el procedimiento de adopción de decisiones por parte del Consejo, y la participación en el procedimiento presupuestario. Ahora bien, no hay que perder de vista el hecho de que, en el sistema del Tratado, el Parlamento Europeo no es el legislador, a diferencia de la situación que prevalece en los Estados miembros. No obstante, el Acta Única Europea ofrece al Parlamento Europeo, a partir de su entrada en vigor, la posibilidad de participar de manera más eficaz en el proceso legislativo comunitario.