Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Intervención - Admisibilidad - Reexamen después de un auto anterior por el que se declaraba la admisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2)

2 Recurso de casación - Motivos - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización - Control del respeto de los principios generales del Derecho y de las normas aplicables en materia de prueba

[Tratado CE, art. 168 A (actualmente art. 225 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1]

3 Actos de las Instituciones - Presunción de validez - Acto inexistente - Concepto

[Tratado CE, art. 189 (actualmente art. 249 CE)]

4 Recurso de casación - Competencia del Tribunal de Justicia - Diligencias de prueba - Exclusión

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 54, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)

5 Procedimiento - Diligencias de ordenación del procedimiento - Solicitud presentada después de concluir la fase oral del procedimiento - Requisitos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64)

6 Procedimiento - Solicitud de diligencias de prueba - Presentación después de concluir la fase oral del procedimiento - Solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento - Requisitos de admisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 62)

7 Procedimiento - Fase oral del procedimiento - Reapertura - Obligación de examinar de oficio motivos relativos a la regularidad del procedimiento de adopción de la Decisión impugnada - Inexistencia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 62)

8 Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Presunción de inocencia - Procedimiento en materia de competencia - Aplicabilidad

9 Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Objeto contrario a la competencia - Falta de efectos contrarios a la competencia en el mercado - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

10 Recurso de casación - Competencia del Tribunal de Justicia - Revisión, por razones de equidad, de la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia sobre el importe de la multa impuesta a una empresa - Exclusión

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1 El hecho de que el Tribunal de Justicia, mediante un auto anterior, haya admitido la intervención de una persona en apoyo de las pretensiones de una parte no impide que se examine nuevamente la admisibilidad de su intervención.

2 Con arreglo al artículo 168 A del Tratado (actualmente artículo 225 CE) y al párrafo primero del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho. La apreciación llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia de las pruebas que se le presentan no constituye, sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichas pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

Resulta de ello que, en la medida en que se refieran a la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia de las pruebas que se le presentaron, las imputaciones de una parte no pueden ser examinadas en un recurso de casación. En cambio, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si, al realizar dicha apreciación, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho, violando principios generales del Derecho, como la presunción de inocencia, y reglas aplicables a la prueba, como las relativas a la carga de la prueba.

3 Los actos de las Instituciones comunitarias disfrutan, en principio, de una presunción de legalidad y, por lo tanto, producen efectos jurídicos, aun cuando adolezcan de irregularidades, mientras no hayan sido anulados o revocados.

No obstante, con carácter excepcional, los actos que adolezcan de una irregularidad cuya gravedad sea tan evidente que no pueda ser tolerada por el ordenamiento jurídico comunitario deben ser considerados carentes de cualquier efecto jurídico, incluso provisional, es decir, jurídicamente inexistentes. Esta excepción tiene la finalidad de preservar un equilibrio entre las dos exigencias fundamentales, pero a veces contrapuestas, que debe satisfacer un ordenamiento jurídico, a saber, la estabilidad de las relaciones jurídicas y el respeto de la legalidad.

La gravedad de las consecuencias vinculadas a la declaración de la inexistencia de un acto de las Instituciones de la Comunidad postula que, por razones de seguridad jurídica, esta declaración quede limitada a supuestos extraordinarios.

4 La solicitud de una parte al Tribunal de Justicia de que acuerde diligencias de prueba para determinar las condiciones en las que la Comisión adoptó la Decisión objeto de la sentencia recurrida rebasa el ámbito de un recurso de casación.

En efecto, por una parte, las diligencias de prueba llevarían necesariamente al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre cuestiones de hecho y modificarían el objeto del litigio planteado ante el Tribunal de Primera Instancia, en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Por otra parte, el recurso de casación se refiere únicamente a la sentencia impugnada y sólo si ésta fuera anulada podría el Tribunal de Justicia, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 54 de su Estatuto, resolver él mismo el litigio y examinar los vicios eventuales de la Decisión impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia.

5 Una parte puede pedir al Tribunal de Primera Instancia que, como diligencia de ordenación del procedimiento, ordene a la parte contraria la presentación de los documentos que obren en su poder. No obstante, cuando tal solicitud se presenta una vez concluida la fase oral del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia sólo debe pronunciarse sobre ella en el caso de haber acogido la solicitud de reapertura de la fase oral.

6 Una solicitud de diligencias de prueba presentada una vez terminada la fase oral del procedimiento sólo puede ser acogida si se refiere a hechos que pueden ejercer una influencia decisiva sobre la solución del litigio y que el interesado no podía haber alegado antes de la conclusión de la fase oral del procedimiento. La misma solución debe aplicarse en relación con una solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento. Es cierto que, con arreglo al artículo 62 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, este órgano jurisdiccional posee, en este campo, un poder discrecional. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia sólo está obligado a aceptar dicha solicitud si la parte interesada se basa en hechos que puedan ejercer una influencia decisiva y que no podía haber alegado antes de la conclusión de la fase oral del procedimiento.

7 El Tribunal de Primera Instancia no está obligado a ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento como consecuencia de una supuesta obligación de examinar de oficio motivos relativos a la regularidad del procedimiento de adopción de una Decisión de la Comisión. En efecto, una obligación de examinar de oficio motivos de orden público como ésta tan sólo podría existir eventualmente en función de los elementos de hecho incorporados al expediente.

8 El principio de presunción de inocencia, tal y como se halla recogido en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, forma parte de los derechos fundamentales que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el apartado 2 del artículo F del Tratado sobre la Unión Europea, están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario.

En atención a la naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

9 Como se desprende del propio tenor del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa a efecto entre ambos elementos.

Puede presumirse, salvo prueba en contrario, que corresponde aportar a los operadores interesados, que las empresas que participan en una concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado. Máxime cuando la concertación se produzca regularmente a lo largo de un período dilatado.

Una práctica concertada entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, aunque no se produzcan efectos contrarios a la competencia en el mercado.

Por una parte, resulta del propio texto de la mencionada disposición que, al igual que los acuerdos entre empresas y las decisiones de asociaciones de empresas, las prácticas concertadas se hallan prohibidas, con independencia de cualquier efecto, cuando tienen un objeto contrario a la competencia. Por otra parte, si bien el propio concepto de práctica concertada supone un comportamiento de las empresas participantes en el mercado, no implica necesariamente que dicho comportamiento produzca el efecto concreto de restringir, impedir o falsear la competencia.

10 No incumbe al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia y pronunciarse, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de una multa impuesta a una empresa por haber infringido ésta el Derecho comunitario de la competencia.