En el recurso n° 248/83, presentado en la Secretaría el 9 de noviembre de 1983, la Comisión de las Comunidades Europeas prosigue su batalla para que los Estados miembros apliquen clara y exactamente las Directivas 75/117/CEE y 76/207/CEE. Es sabido que estos actos imponen la aproximación de los sistemas nacionales en cuanto a la aplicación de la igualdad de retribuciones entre trabajadoras y trabajadores (DO 1975, L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52) y la aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo (DO 1976, L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70).

Iniciada hace casi tres años contra la República Italiana mediante un recurso que el Tribunal de Justicia desestimó, y proseguida con éxito parcial frente al Reino Unido, la iniciativa de la Comisión se dirige hoy contra la República Federal de Alemania. Con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE la Comisión reprocha a esta última los siguientes incumplimientos:

1) No adaptación del Derecho interno, en la debida forma, a la Directiva 76/207, respecto a las relaciones de trabajo en el sector público.

2) No adaptación completa del Derecho interno a la Directiva 75/117 en materia de igualdad de retribuciones de los trabajadores en el sector público.

3) No adaptación del Derecho interno, en la debida forma, a la Directiva 76/207, por lo que se refiere al estatuto de las profesiones independientes.

4) Falta de determinación en el Derecho interno del ámbito de aplicación de las excepciones contempladas en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 76/207.

5) Omisión de conferir carácter imperativo a las disposiciones introducidas por el artículo 611 ter del Código Civil relativas a la neutralidad de las ofertas de trabajo. ( 1 )

Con objeto de clarificar el contexto fáctico y jurídico en el que se sitúa nuestro litigio es preciso volver la vista atrás. Conforme a los artículos 8 de la Directiva 75/117 y 9 de la Directiva 76/207, la República Federal de Alemania estaba obligada, al igual que los demás Estados miembros, a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la normativa comunitaria respectivamente antes de febrero de 1976 y de agosto de 1978. En septiembre de 1980, el Gobierno alemán informó a la Comisión de que el 13 de agosto de ese mismo año el Bundestag había aprobado una ley relativa a la igualdad de trato en el puesto de trabajo (la llamada Ley de adaptación al Derecho comunitario en materia de Derecho laboral).

Esta Ley implica, de hecho, la inserción en el Código Civil de algunas disposiciones nuevas y la modificación de otras ya existentes. Recordaré, en particular, que el artículo 611 bis del BGB establece lo siguiente: «El empresario no puede, mediante acuerdo u otra medida, perjudicar a un trabajador por razón de su sexo, en particular al celebrar el contrato de trabajo [...] No obstante, se admite el trato diferenciado por razón del sexo cuando el contrato o la medida se refieran a la naturaleza de la actividad que deba ejercer el trabajador y el sexo constituya un requisito determinante de dicha actividad. En caso de litigio, si el demandante puede probar la existencia de hechos que permitan suponer el trato discriminatorio por razón del sexo, el empresario soportará la carga de la prueba de que dicho trato diferenciado está justificado por motivos objetivos ajenos al sexo o de que el sexo constituye un requisito imprescindible para desempeñar esa actividad.» El artículo 611 ter dispone, por el contrario, que «el empresario no puede publicar ningún anuncio de oferta de trabajo, públicamente o dentro de la empresa, únicamente para trabajadores o únicamente para trabajadoras, excepto en los supuestos contemplados en la segunda frase del apartado 11 del artículo 611 bis». Por último, el apartado 3 del artículo 612 dispone que «ningún contrato de trabajo establecerá una retribución desigual por razón del sexo entre personas de sexo distinto por un trabajo idéntico o similar. La estipulación de una retribución inferior no se justifica por la existencia de medidas de protección especiales basadas en el sexo del trabajador».

Al menos aparentemente se trata de normas de gran importancia. No obstante, tota lege perspecta, la Comisión las consideró insuficientes para alcanzar los objetivos comunitarios. Así, tras un infructuoso intercambio de cartas con el Gobierno federal, emitió, el 29 de octubre de 1982, un dictamen motivado reprochando a la República Federal no haber adoptado todas las medidas necesarias para la aplicación de las dos Directivas. Pero, mediante un escrito de 3 de enero de 1983, el Gobierno le respondió que, al completar el BGB en los términos citados, la República Federal había cumplido sus obligaciones plenamente. En efecto, en el sector público y en las profesiones independientes no se requería ninguna adaptación puesto que la normativa que los regula ya cumple, con claridad y certeza, los requisitos impuestos por el Consejo.