Palabras clave

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Palabras clave

1. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 2)

2. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3)

3. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3)

4. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3 y 4)

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1. Una legislación nacional que establece con carácter general, que la pesca, las actividades piscícolas, la caza y las demás actividades cinegéticas practicadas en las condiciones y en los territorios autorizados por las leyes y los reglamentos en vigor no constituyen actividades perturbadoras ni tienen tales efectos, sin que se garantice que las citadas actividades no dan lugar a ninguna alteración que pueda afectar de forma significativa a los objetivos de la citada Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, no puede considerarse conforme con su artículo 6, apartado 2.

(véanse los apartados 32, 39 y 76 y el punto 1 del fallo)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, un Estado miembro que exime sistemáticamente del procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el lugar a las obras, trabajos o adaptaciones previstos en los contratos Natura 2000, dado que no cabe excluir que dichas obras, trabajos o adaptaciones, aun cuando tengan como finalidad la conservación o el restablecimiento de un espacio, no estén relacionados directamente con la gestión de éste ni resulten necesarios para ésta.

En efecto, los objetivos de conservación y de restablecimiento en el marco de la red Natura 2000 pueden exigir la resolución de conflictos entre distintos objetivos. Por lo tanto, para que se vea plenamente garantizada la consecución de los objetivos de protección establecidos por la Directiva 92/43, es preciso, conforme al artículo 6, apartado 3, de la citada Directiva, que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, se someta a una evaluación individual de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de éste.

(véanse los apartados 51, 53, 54, 56 y 76 y el punto 1 del fallo)

3. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, un Estado miembro que exime sistemáticamente del procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre un lugar a los programas o proyectos de obras, trabajos o adaptaciones sujetos a un régimen de declaración.

(véanse los apartados 62 y 76 y el punto 1 del fallo)

4. La evaluación adecuada de las repercusiones sobre un lugar que debe llevarse a cabo en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, implica que deben identificarse, a la luz de los mejores conocimientos científicos en la materia, todos los aspectos del plan o del proyecto que puedan por sí mismos o conjuntamente con otros planes o proyectos, afectar a los objetivos de conservación del espacio de que se trata. Por lo tanto, una evaluación de esta índole no conlleva un examen de las alternativas a un plan o a un proyecto. El examen de las soluciones alternativas, establecida en el artículo 6, apartado 4, de la citada Directiva, sólo puede llevarse a cabo si las conclusiones derivadas de la evaluación de las repercusiones efectuada en virtud del artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva son negativas y en el supuesto de que, sin embargo, el plan o el proyecto deba realizarse por razones imperativas de interés público de primer orden. Por tanto, no puede constituir un dato que las autoridades nacionales competentes estén obligadas a tener en cuenta cuando efectúan la evaluación adecuada prevista en el citado artículo 6, apartado 3.

(véanse los apartados 69, 71 y 73)