3.

Ya he recordado que, a tenor del apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 3 y del apartado 5 del artículo 61 del Reglamento no 1408/71, la institución nacional competente a la que se hubiere solicitado una prestación de Seguridad Social derivada de un accidente de trabajo, ha de tener también en cuenta, al apreciar el grado de la incapacidad, los accidentes de trabajo sobrevenidos con anterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro, como si hubieran sobrevenido bajo la legislación a que está sujeta dicha institución; todo ello, siempre que la legislación del Estado al que pertenezca dicha institución prevea que los accidentes de trabajo precedentes sobrevenidos bajo su propio ámbito de aplicación han de ser tenidos en cuenta. Ninguna base literal ofrecen las dos disposiciones consideradas para equiparar los accidentes sobrevenidos posteriormente en el extranjero, bajo la legislación de otro Estado miembro, a los que se producen bajo la legislación nacional. Ambas normas mencionan únicamente «los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con anterioridad y la expresión «con anterioridad» ha de entenderse referida al momento en que sobreviene o se comprueba el accidente (o la enfermedad) en virtud del cual se solicita la prestación de la pensión a la institución de un Estado miembro (la institución alemana, en los asuntos principales). A mi juicio, el término utilizado es tan categórico que no se presta a elucubraciones hermenéuticas. Por lo demás, tanto el Agente de la Comisión (véase el escrito de contestación, p. 10), como la defensa del Sr. Barion (véanse las observaciones escritas, p. 2) reconocieron expresamente que no se puede extender el alcance de las disposiciones citadas hasta el punto de incluir también la hipotética obligación de las instituciones nacionales de los Estados miembros de tener en cuenta los accidentes y enfermedades «posteriores». Es significativo que para llegar a tal resultado, la defensa del Sr. Barion haya invocado, como expondré a continuación, otras fuentes del Derecho comunitario. La interpretación literal resulta confirmada por la función que desempeña el sistema creado por las disposiciones que nos ocupan. El apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 3 y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento no 1408/71 tienen incuestionablemente por objetivo garantizar al trabajador que, por exigencias de su trabajo, se haya desplazado dentro de la Comunidad y haya sufrido dos o más accidentes en distintos Estados miembros, el reconocimiento de una protección en materia de pensiones idéntica a la que la legislación de un único Estado miembro garantiza a los trabajadores que hayan sufrido varios accidentes, todos ellos dentro del ámbito de aplicación de dicha legislación. Pero, en atención a esta finalidad, las normas comunitarias impusieron la obligación de la evaluación acumulativa del grado de incapacidad a la institución del Estado miembro competente para las prestaciones de Seguridad Social derivadas del último accidente (o de la última enfermedad profesional) y no a la del Estado competente en relación con el primer accidente. Dicho con más precisión, las disposiciones comunitarias arriba citadas implican la necesidad de tomar como punto de referencia la legislación del Estado en que se produjo el último accidente (la legislación italiana, en los asuntos principales); en primer lugar, para comprobar si dicha legislación tiene en cuenta, a los efectos de valoración del grado de incapacidad, los accidentes anteriores y, en caso afirmativo, para equiparar los efectos del accidente acaecido con anterioridad bajo la ley de otro Estado miembro con los que dicho accidente habría producido si hubiera sobrevenido bajo la legislación aplicable al accidente posterior. En el mismo sentido se pronuncia también el artículo 72 del Reglamento no 574/72 del Consejo (por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71). Dicho artículo dispone, en efecto, en su apartado 1, «para apreciar el grado de incapacidad, en el caso a que se refiere el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento, el trabajador deberá facilitar a la institución competente del Estado miembro a cuya legislación estaba sometido cuando le sobrevino el accidente de trabajo […] todos los datos referentes a los accidentes de trabajo […] de que hubiera sido víctima con anterioridad, mientras se hallaba sometido a la legislación de cualquier otro Estado miembro […]». El apartado 2, a su vez, dispone, «la institución competente tendrá en cuenta, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique, el grado de incapacidad originado por esos casos anteriores para reconocer el derecho a las prestaciones y para determinar su cuantía». Como puede verse, no se hace alusión alguna a la hipótesis de que la institución a la que se dirigió el trabajador con ocasión del primer accidente deba tener en cuenta los efectos del accidente posterior.