ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En los recursos de los funcionarios, las pretensiones deducidas ante el órgano jurisdiccional de la Unión sólo pueden contener motivos de impugnación que se basen en la misma causa en la que se fundan los motivos de impugnación invocados en la reclamación, teniendo presente, no obstante, que dichos motivos de impugnación pueden ser desarrollados, ante el órgano jurisdiccional de la Unión, mediante la presentación de unos motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, pero que estén estrechamente relacionados con ella.

La aplicación de la regla de concordancia entre el recurso y la reclamación, así como su control por el órgano jurisdiccional de la Unión, deben garantizar el total respeto simultáneo, en primer término, al principio de tutela judicial efectiva, que es un principio general del Derecho de la Unión, expresado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con objeto de que el interesado pueda impugnar eficazmente una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que le perjudique, y, en segundo término, al principio de seguridad jurídica, para que dicha autoridad pueda conocer, en la fase de reclamación, los reproches formulados por el interesado contra la decisión impugnada. Por lo tanto, si bien la inmutabilidad del objeto y de la causa del litigio en el período comprendido entre la reclamación y la interposición del recurso es necesaria a fin de permitir un arreglo amistoso del litigio, al informar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, desde la fase de la reclamación, de los reproches del interesado, la interpretación de estos conceptos no puede conducir a restringir las posibilidades del interesado de impugnar eficazmente una decisión que le perjudica. Ésta es la razón por la que los conceptos de objeto del litigio, que coincide con las pretensiones del interesado, y de causa del litigio, que coincide con la fundamentación de hecho y de Derecho de sus pretensiones, no deben ser interpretados de manera restrictiva.

En este contexto, el mero cambio del fundamento jurídico de una impugnación no es suficiente para entender que la causa de esta impugnación es nueva. Por ello, varios fundamentos jurídicos pueden apoyar una sola y misma pretensión y, en consecuencia, una sola y misma causa. Es decir, el hecho de invocar la infracción de un precepto específico en el recurso, que no estaba invocado en la reclamación, no implica necesariamente que la causa del litigio haya sido modificada por este hecho. En efecto, es preciso atenerse a la sustancia de dicha causa y no al mero tenor literal de sus fundamentos jurídicos, debiendo el órgano jurisdiccional de la Unión comprobar si existe un estrecho vínculo entre sus fundamentos y si se refieren esencialmente a las mismas pretensiones.

(véanse los apartados 57 a 60)

Referencia:

Tribunal General: Comisión/Moschonaki, antes citada, apartados 82 a 85
En materia de Derecho de la competencia de la Unión, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo se haya ofrecido a la empresa sometida a investigación la posibilidad de exponer oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos invocados, así como sobre los documentos que la Comisión haya tenido en cuenta para fundamentar la imputación de una infracción del Tratado. A este respecto, el plazo concedido a la empresa para que presente sus observaciones debe ser compatible con el derecho de defensa.

En consecuencia, existe una vulneración del derecho de defensa y, por tanto, procede anular la Decisión de la Comisión, en la medida en que las demandantes demuestran suficientemente no que, de no haber existido esta irregularidad del procedimiento, es decir, si hubieran dispuesto de un plazo suficiente para exponer su punto de vista, el contenido de la Decisión impugnada habría sido distinto, sino que habrían podido defenderse mejor si dicha irregularidad no se hubiera producido. A estos efectos hay que situarse en el momento del procedimiento administrativo que condujo a la adopción de dicha Decisión.

(véanse los apartados 68, 71, 72, 77 y 82)
En materia de ayudas de Estado las intervenciones de los Estados miembros en las materias que no han sido objeto de armonización en la Unión Europea no están excluidas del ámbito de aplicación de la normativa sobre el control de las ayudas de Estado. Estimar lo contrario equivaldría necesariamente a privar de efecto útil a las disposiciones de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.

En materia de ayudas de Estado el concepto de cargas que pesan normalmente sobre el presupuesto de una empresa incluye en particular los costes suplementarios que las empresas deben soportar en razón de obligaciones de origen legal, reglamentario o contractual que se aplican a una actividad económica, como el coste de los controles que afectan a la producción o la comercialización de los productos.

El concepto de cargas que pesan normalmente sobre el presupuesto de una empresa no se limita a los costes derivados de la aplicación del principio quien contamina paga. El hecho de que ese principio no sea aplicable, de ser cierto, no puede desvirtuar esa conclusión.

En cualquier caso, el hecho de que la normativa nacional imponga cargas a las empresas, necesariamente ligadas por tanto al ejercicio por el Estado miembro interesado de sus prerrogativas de poder público, no impide que esas cargas sean calificadas como cargas que pesan normalmente sobre el presupuesto de una empresa.

(véanse los apartados 76, 77, 85, 96, 104 y 105)
4.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el FEADER — Liquidación de cuentas — No asunción de los gastos resultantes de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Corrección financiera a tanto alzado impuesta por la Comisión con arreglo a las directrices internas adoptadas en la materia — Base jurídica — Reglamentos del Consejo (CEE) no 729/70, (CE) no 1258/1999 o (CE) no 1290/2005 [Reglamentos del Consejo (CEE) no 729/70, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1287/95, art. 5, ap. 2, letra c), (CE) no 1258/1999, art. 7, ap. 4, párr. 4, y (CE) no 1290/2005, art. 31, ap. 1] (véase el apartado 46)
En el marco del procedimiento de investigación formal de una medida estatal para apreciar si constituye una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2, nada obsta a que los terceros interesados presenten observaciones no sólo sobre las dudas que haya mencionado la Comisión en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, sino también sobre otros aspectos de la medida examinada. En este contexto, nada impide que, a raíz de las dudas planteadas en las observaciones de un tercero interesado, la Comisión proceda a un examen más detallado, recabe información adicional y, en su caso, modifique su postura. Resulta, en efecto, del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, que dicha decisión incluye un examen previo que permite a la Comisión formarse una primera opinión sobre si las medidas examinadas constituyen una ayuda en el sentido 107 TFUE, apartado 1, y si son o no compatibles con el mercado interior. Esta decisión tiene, por tanto, un carácter meramente preparatorio. El carácter necesariamente provisional de las apreciaciones realizadas en la referida decisión queda confirmado por el artículo 7 del Reglamento no 659/1999, que prevé que la Comisión puede decidir en la decisión final que la medida examinada no constituye una ayuda, que la ayuda notificada es compatible con el mercado común, que la ayuda notificada puede considerarse compatible con el mercado común si se cumplen ciertas condiciones o que la ayuda notificada es incompatible con el mercado común. En consecuencia, los terceros interesados pueden presentar observaciones, que la Comisión puede tener en cuenta en el procedimiento de investigación formal.

(véanse los apartados 45 a 47)
3)

Anular, en la medida en que se refieran a la Post Bank Iran, el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010; el anexo VIII del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007; la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413; el Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento no 961/2010; y el anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010.
Mientras que las normas de procedimiento son aplicables en general a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, las normas sustantivas, por el contrario, se interpretan habitualmente en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor. Sin embargo, se ha admitido una excepción a dicho principio en el supuesto de que la normativa contenga normas tanto de procedimiento como sustantivas que formen un todo indivisible y en el que no se puedan considerar aisladamente disposiciones concretas en lo que atañe a su eficacia en el tiempo. En tales circunstancias no puede reconocerse eficacia retroactiva al conjunto de las disposiciones controvertidas, a no ser que existan indicaciones suficientemente claras que lleven a esta conclusión.

Por lo que se refiere a las modificaciones esenciales de naturaleza procedimental introducidas por el artículo 36 de la Directiva 2009/73, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55, en las normas que regulan la adopción por las autoridades nacionales de una decisión de exención de las disposiciones de dicha Directiva, éstas no pueden considerarse aisladamente en cuanto a su eficacia en el tiempo, en relación con las modificaciones sustantivas. En efecto, en primer lugar, el procedimiento de exención que está regulado por el artículo 36 es un procedimiento único, aunque se desarrolle en parte a nivel nacional y en parte a nivel de la Unión. Por tanto, las modificaciones que afectan a la fase nacional del procedimiento deben interpretarse junto con aquellas que afectan a la fase a nivel de la Unión. En segundo lugar, las modificaciones realizadas en la distribución de las facultades de decisión entre los diferentes actores implicados en el procedimiento son de una magnitud considerable y, en particular, pueden tener repercusiones en el resultado del procedimiento.

Por tanto, tales modificaciones forman un todo indivisible, de tal manera que no puede reconocerse eficacia retroactiva al conjunto del artículo 36, a no ser que existan indicaciones suficientemente claras que lleven a esta conclusión. Pues bien, no existen tales indicaciones, dado que la Directiva 2009/73 establece de manera precisa, en sus artículos 53 y 54, la fecha a partir de la cual deben aplicarse las normas que contiene. Por el contrario, no prevé normas para tramitar los procedimientos ya pendientes en el momento de su entrada en vigor que puedan justificar una excepción a ese principio.

(véanse los apartados 24, 25, 27, 31 a 33, 36 y 37)
Asunto T-514/11

(Publicación por extractos)

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa BETWIN — Marca comunitaria figurativa anterior b’Twin — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 4 de junio de 2013

Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites

[Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 64, ap. 1, segunda frase, y 65, ap. 3]

La facultad de reforma, reconocida al Tribunal General en virtud del artículo 65, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, no tiene por efecto conferir a éste la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. El ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en consecuencia, en principio, a los supuestos en los que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar.

(véase el apartado 78)
El requisito de identidad del signo y de la marca debe ser objeto de una interpretación restrictiva por las consecuencias asociadas a tal identidad. En el presente asunto, con arreglo al artículo 34, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, el titular de la marca comunitaria cuya reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior haya sido estimada, podrá pretender seguir disfrutando, en caso de que renunciase a la marca anterior o la dejase extinguirse, de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

Para que se estime la reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior a los efectos de la solicitud de registro de la marca comunitaria con arreglo al artículo 34, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, se deben cumplir acumulativamente tres requisitos: la marca nacional anterior y la marca comunitaria solicitada deben ser idénticas; los productos o servicios de la marca comunitaria solicitada deben ser idénticos a los contemplados por la marca nacional anterior o deben hallarse incluidos en ella; el titular de las marcas controvertidas debe ser el mismo.

No se puede estimar la reivindicación de la antigüedad con arreglo al artículo 34, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, de la marca nacional figurativa JUSTING para la marca comunitaria figurativa justing si las marcas no son idénticas. El elemento denominativo «justing» se reproduce con caracteres tipográficos distintos según las marcas. En la marca nacional anterior los caracteres empleados son caracteres de imprenta de tipo normal, mientras que en la marca comunitaria solicitada se emplearon caracteres góticos que confieren al término «justing» una característica gráfica y estilística precisa. Además, los elementos figurativos de ambas marcas son distintos. En efecto, en la marca nacional anterior figuran, a ambos lados del elemento denominativo, los símbolos que representan a ambos sexos, mientras que en la marca comunitaria solicitada el elemento figurativo, colocado encima del elemento denominativo, representa un anillo rodeado de rayos que contiene la letra «j».

(véanse los apartados 21 a 23)
557

Así, debe distinguirse, cuando se presenta ante la Administración una solicitud de revisión de una resolución adoptada anteriormente, entre la cuestión del examen de la situación de hecho y de Derecho en la que se encuentra el interesado y la de la revisión de la resolución anterior. Sólo en caso de que, tras examinar la situación del interesado, la Administración constate un cambio sustancial, de hecho o de Derecho, de la situación del interesado, ésta está obligada a proceder a revisar su resolución. En cambio, si no se produce un cambio sustancial de las circunstancias de hecho o de Derecho, la Administración no está sujeta al deber de proceder a una revisión de sus resoluciones y la toma de posición por la que desestima una solicitud de revisión presentada en esas condiciones no tiene carácter de decisión, de modo que un recurso presentado contra tal toma de posición debe declararse inadmisible, por estar dirigido contra un acto no recurrible. No obstante, la apreciación de la Administración, según la cual el interesado no presenta ningún hecho nuevo y no acredita un cambio sustancial de su situación de hecho y de Derecho puede someterse al control del juez de la Unión.
265

A este respecto, es preciso subrayar que, contrariamente a lo que afirma la demandante, las decisiones de las autoridades administrativas en cuestión no estaban acompañadas, en todas las sentencias relativas a actos basados en una decisión del Home Secretary, de una resolución judicial. En este sentido, no existía tal resolución en el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de octubre de 2014, LTTE/Consejo (T‑208/11 y T‑508/11, EU:T:2014:885), apartado 107. En el asunto en el que recayó la sentencia de 23 de octubre de 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo (T‑256/07, EU:T:2008:461), el Tribunal hace referencia a una resolución judicial además de la decisión administrativa. No obstante, esta referencia aparece en un contexto muy particular en el que la decisión administrativa había sido impugnada en el ámbito nacional por la demandante, lo que no sucede en el caso de autos.
212

Baste recordar a este respecto que el artículo 3 TUE, interpretado en relación con el Protocolo no 27 sobre mercado interior y competencia, no ha alterado el objetivo del artículo 101 TFUE ni las reglas para la imposición de multas. Por consiguiente, no puede prosperar la objeción de que la Comisión, al no tener en cuenta las restricciones económicas y sociales que sufre CFPR y la considerable caída de su volumen de negocios, infringió lo dispuesto conjuntamente en el artículo 3 TUE y en el Protocolo no 27 sobre mercado interior y competencia.
97

No obstante, se ha declarado que, en el caso de que una demandante alegue que su volumen de negocios total realizado respecto de un año particular es «artificialmente elevado» debido a un supuesto incremento significativo de los precios de una materia prima, bastaba señalar que tal circunstancia, suponiéndola demostrada, no obstaba a que se tomara en consideración ese volumen de negocios para calcular el límite máximo de la multa. De la jurisprudencia cabe en efecto deducir que el volumen de negocios realizado por una empresa puede tomarse en consideración a tal fin, aunque difiera sensiblemente de los volúmenes de negocio registrados en ejercicios precedentes, si se corresponde con un ejercicio completo en el que se han realizado efectivamente actividades económicas. Debe precisarse a este respecto que la referencia de la jurisprudencia a «un ejercicio completo de actividad económica normal» pretende impedir que se tome en consideración un ejercicio durante el cual la empresa en cuestión está poniendo fin a sus operaciones sin que aún haya cesado toda actividad económica y, más en general, un ejercicio en el que el comportamiento de la empresa en cuestión en el mercado no se corresponde con el de una empresa que ejerce una actividad económica en las condiciones habituales. Por el contrario, el mero hecho de que el volumen de negocios o el beneficio registrados en un ejercicio determinado sean significativamente inferiores o superiores a los registrados en ejercicios precedentes no significa que ese ejercicio no constituya un ejercicio completo de actividad económica normal (sentencia de 12 de diciembre de 2012, Almamet/Comisión, T‑410/09, EU:T:2012:676, apartado 253).
24

El 18 de mayo de 2005, las autoridades alemanas adoptaron una decisión por la que se prohibía a atmed comercializar el producto effecto. Básicamente, estimaron que el procedimiento de evaluación de conformidad, en particular la evaluación clínica, no se había realizado de manera adecuada y que, por esta razón, no podía considerarse que el producto cumplía los requisitos esenciales establecidos por la Directiva 93/42. Las autoridades alemanas no notificaron esa decisión a la Comisión conforme al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 93/42.
232

Siendo así, es preciso apreciar que esa solicitud no se formuló en nombre de la demandante. En efecto, aun siendo cierto que esta última forma parte del grupo Laufen al que se refiere esa solicitud, hay que observar no obstante que ésta atañe a las actividades del grupo Laufen en Francia y que la demandante no opera en el mercado francés. En cualquier caso, la demandante no cooperó con la Comisión conforme a la Comunicación de 2002 sobre la cooperación. Además, los elementos aportados por Roca France no guardaban relación alguna con las actividades de la demandante, sino que se referían a la infracción cometida en Francia en 2004 respecto a los productos cerámicos.
45

La demandante expone que la Decisión impugnada descansa íntegramente en las informaciones obtenidas a partir de la solicitud presentada por Masco en virtud de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación. Ahora bien, esa Comunicación es ilegal ya que ninguna base legal en el Tratado CE o en el Reglamento no 1/2003 faculta a la Comisión para conceder, en virtud de un acto atípico, una dispensa total o parcial de multas a una empresa que haya participado en una infracción por la que otras empresas han sido sancionadas a raíz de su denuncia. Además, la obtención de esa dispensa en razón de la denuncia de la conducta de otras empresas constituye una infracción del principio de igualdad de trato. Por otro lado, según la demandante, dado que sólo el legislador de la Unión puede decidir adoptar un programa para recompensar la cooperación de las empresas, al igual que ocurre en los Estados miembros de la Unión, la Comisión vulneró el principio de separación de poderes al adoptar la Comunicación de 2002 sobre la cooperación así como los principios de transparencia y de buena administración previstos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 389).
1

El 4 de marzo de 2005, la demandante Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 18 de febrero de 2010 (asunto R 230/2009-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Teco Electric & Machinery Co. Ltd y Graf‑Syteco GmbH & Co. KG.
Las filiales que participaron directamente en infracciones del artículo 81 CE, apartado 1, pueden invocar válidamente a su favor la expiración del plazo de prescripción previsto en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1/2002 toda vez que los primeros actos de la Comisión para la instrucción o la investigación de las infracciones, en el sentido del artículo 25, apartado 3, del mismo reglamento tuvieron lugar tras la expiración, para esas filiales, del referido plazo.

Sin embargo, la consumación de la prescripción prevista por el artículo 25 del Reglamento no 1/2003 no tiene como efecto borrar la existencia de una infracción ni impedir que la Comisión constate en una decisión la responsabilidad por esa infracción, sino únicamente excluir a quienes se benefician de la prescripción de las actuaciones dirigidas a imponer sanciones. Además, de una interpretación literal, teleológica y contextual del artículo 25 del Reglamento no 1/2003 se deduce que la consumación de la prescripción en virtud del apartado 1 beneficia a cada una de las personas jurídicas por separado y puede ser invocada por ella cuando están expuestas a las actuaciones de la Comisión. Así pues, el solo hecho de que las filiales de una sociedad matriz se beneficien del transcurso del plazo de prescripción no tiene la consecuencia de desvirtuar la responsabilidad de la sociedad matriz ni de impedir las actuaciones contra ella.

(véanse los apartados 124 a 126 y 128)