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15

Conforme a lo dispuesto en el artículo 493, apartado 1, del kpc: «La oposición se formulará ante el tribunal que haya dictado el requerimiento de pago. En ella, el demandado deberá precisar si impugna el requerimiento de pago en su totalidad o parcialmente, indicar los motivos y excepciones que formula, que, so pena de inadmisibilidad, deberán formularse antes de las alegaciones sobre el fondo, así como los hechos y proponer prueba. El tribunal omitirá las alegaciones y pruebas presentadas extemporáneamente, a menos que la parte acredite que no pudo presentarlas por motivos ajenos a su culpa, que la admisión de las alegaciones y pruebas tardías no cause retrasos en el examen del asunto o que concurran otras circunstancias excepcionales […]»
3

En el considerando 34 del Reglamento n.o 1215/2012, el Consejo de la Unión Europea ha destacado la necesidad de garantizar la continuidad entre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas») y los Reglamentos que lo sustituyen, incluida la interpretación que ya ha hecho el Tribunal de Justicia de las disposiciones de dicho Convenio equivalentes a las del presente Reglamento.
2.

Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letras b) y c), y 3] (véase el apartado 4)
22

Dadas estas circunstancias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 8 de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe la cláusula 4 del Acuerdo marco [...] ser interpretada como impedimento para que una normativa como la descrita permita que se produzca una reducción de la jornada por el único hecho de ser funcionario interino? En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión: — ¿Puede entenderse como causa objetiva que justifique esta diferencia de trato la situación económica que hace necesari[a] la reducción del gasto, [a la] que se viene obligado por la reducción del crédito presupuestario? — ¿Puede entenderse como causa objetiva que justifique esta diferencia de trato la facultad de autoorganización de la Administración? 2) ¿Debe la cláusula 4 del Acuerdo marco [...] ser interpretada en el sentido [de] que siempre y en todo caso la facultad de autoorganización de la Administración tiene como límite la obligación de no discriminación o la diferenciación de trato de los trabajadores a su servicio, independientemente de su calificación de funcionario de carrera o funcionario interino, eventual o temporal? 3) ¿Puede[n] entenderse contrari[as] a la cláusula 4 del Acuerdo marco [...] la interpretación y aplicación que se hace del número 3 [d]e la disposición adicional segunda [de la] Ley Orgánica 4/2007 [...] en cuanto permite que en el proceso de acceso de los profesores titulares de las Escuelas Universitarias [al] cuerpo de Profesores Titulares de Universidad se les permita mantener todos sus derechos y conserva[r] su plena capacidad docente, aunque no tengan la condición de doctor, y no a los profesores titulares de Escuelas Universitarias interinos? 4) ¿En cuánto esta condición de doctor es la justificación objetiva alegada para que a los profesores titulares de Escuelas Universitarias interinos que no la p[o]sean se les aplique la reducción de jornada al 50 %, y que sin embargo no afecta a los profesores titulares de Escuelas Universitarias no interinos que tampoco la ostenten, puede entenderse que es discriminatoria y por tanto contraria a la cláusula 4 del Acuerdo marco [...]?»
Asunto C‑356/16

Procedimiento penal

contra

Wamo BVBA

y

Luc Cecile Jozef Van Mol

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken)

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales — Norma nacional que prohíbe la publicidad de intervenciones de cirugía estética o de medicina estética no quirúrgica»

Sumario — Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de octubre de 2017

Aproximación de las legislaciones — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Norma nacional que impone a toda persona física o jurídica la prohibición de realizar publicidad de intervenciones de cirugía estética o de medicina estética no quirúrgica — Procedencia

(Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, aps. 3 y 8)

La Directiva 2005/29, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450, las Directivas 97/7, 98/27 y 2002/65 y el Reglamento n.o 2006/2004 («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que protege la salud pública y la dignidad e integridad de las profesiones de cirujano estético y de médico especialista en estética al imponer a toda persona física o jurídica la prohibición de realizar publicidad de intervenciones de cirugía estética o de medicina estética no quirúrgica.

Dicho esto, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la misma Directiva, ésta se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales o del Derecho de la Unión relativas a los aspectos de salud y seguridad de los productos. Además, es preciso señalar que, a tenor del artículo 3, apartado 8, de la mencionada Directiva, ésta se entenderá sin perjuicio de los códigos deontológicos u otras normas específicas que rijan las profesiones reguladas con el fin de mantener rigurosas exigencias de integridad por parte de los profesionales que los Estados miembros puedan imponer a estos últimos de conformidad con el Derecho de la Unión.

Se deduce así de estas disposiciones que la Directiva 2005/29 no tiene como efecto cuestionar las normas nacionales relativas a la salud y a la seguridad de los productos o a las disposiciones específicas que rigen las profesiones reguladas (sentencia de 4 de mayo de 2017, Vanderborght,C‑339/15, EU:C:2017:335, apartado 28).

(véanse los apartados 20 a 22 y 24 y el fallo)
2.

Procedimiento sobre medidas provisionales—Suspensión de la ejecución—Requisitos para su concesión—Fumus boni iuris—Examen prima facie de los motivos invocados en apoyo del recurso principal—Recurso contra una decisión de la Agencia Europea de Medicamentos que concede a un tercero acceso a informes de estudios clínicos—Motivos que se refieren al carácter confidencial de la información cubierta por el secreto comercial y a la aplicabilidad de una presunción general de aplicación de una excepción al derecho de acceso del público con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001—Motivos que revelan la existencia de cuestiones jurídicas complejas—Motivos no carentes de fundamento a primera vista [Art. 278 TFUE; Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 1049/2001, art. 4, ap. 7, y n.o 726/2004, arts. 36, 38, ap. 3, 39, ap. 10, 57, 73 y 76; Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 13 y 13 bis] (véanse los apartados 59, 60, 67, 68 y 73 a 79)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 15 de noviembre de 2016 — MIP‑TS

(Asunto C‑222/16) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Política comercial — Reglamento (CE) n.o 1225/2009 — Artículo 13 — Elusión — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 791/2011 — Tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China — Derechos antidumping — Reglamentos (UE) n.o 437/2012 y de Ejecución (UE) n.o 21/2013 — Procedencia de Tailandia — Ampliación del derecho antidumping — Ámbito de aplicación temporal — Código aduanero comunitario — Recaudación a posteriori de derechos de importación»

1. Cuestiones prejudiciales—Cuestiones idénticas a las ya resueltas por la jurisprudencia—Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 27 a 30)

2. Política comercial común—Defensa contra las prácticas de dumping—Elusión—Ampliación del derecho antidumping—Ámbito de aplicación ratione temporis—Aplicación retroactiva del derecho antidumping definitivo ampliado a las importaciones despachadas a libre práctica en la Unión antes de la entrada en vigor del reglamento que abre una investigación sobre la elusión y somete las importaciones de que se trata a registro—Límite—Inexactitud de los certificados de origen detectada a raíz de una comprobación a posteriori [Reglamentos del Consejo (CE) n.o 1225/2009, arts. 10, ap. 1, 13, aps. 1 y 3, y 14, ap. 5, y de Ejecución (UE) n.o 791/2011, art. 1, ap. 1; Reglamento (UE) n.o 437/2012 de la Comisión] (véanse los apartados 33 a 37 y el fallo)

Fallo

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 791/2011 del Consejo, de 3 de agosto de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional aplicado a las importaciones de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China, debe interpretarse en el sentido de que el derecho antidumping instituido por esa disposición es aplicable a importaciones de tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio, contemplados en esa disposición, declarados como originarios de Tailandia y realizadas antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 437/2012 de la Comisión, de 23 de mayo de 2012, por el que se abre una investigación relativa a la posible elusión de las medidas antidumping impuestas por el Reglamento de Ejecución n.o 791/2011, y que somete esas importaciones a un registro, como las importaciones controvertidas en el litigio principal, cuando queda establecido que esos tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio son en realidad originarios de la República Popular China.

( 1 ) DO C 243 de 4.7.2016.
4

El punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), bajo el título «Capacidad contributiva», dispone lo siguiente: «En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.»
44

En lo que atañe al tercer motivo, la Comisión sostiene que, al publicar en 2007 una primera versión no confidencial de la Decisión PHP, no adoptó, en el ejercicio de su facultad de apreciación, una decisión definitiva sobre qué partes de la decisión debían ser divulgadas. De hecho, no renunció ni expresamente ni de forma tácita, en esa ocasión, a la publicación de una segunda versión no confidencial más detallada de la Decisión PHP. La necesidad de proceder a tal publicación ulterior se justifica, para la Comisión, por el hecho de que el carácter confidencial de una información no tiene vocación de permanencia y, por tanto, cabe la posibilidad de que después de un determinado lapso de tiempo sea necesaria una nueva apreciación de esa confidencialidad. Así, la Comisión niega haber decidido que la información no revelada no constituyera parte esencial de la referida decisión, y que, por tal razón, no fuera necesario publicarla para salvaguardar el interés del público en ser informado. Afirma, en cambio, que se limitó a publicar, en un primer momento, los pasajes del contenido de la citada decisión que, por su naturaleza, era indudable que no constituían secretos comerciales, lo que le permitía posteriormente examinar detalladamente las razones por las que, a juicio de las partes interesadas, el resto de los pasajes sí revestían tal carácter. La Comisión sostiene también que no adoptó ni manifestó ninguna decisión en el sentido de declarar, expresa o tácitamente, que los demás pasajes no fueran esenciales, o que su publicación no fuera pertinente.
9

Mediante este motivo, el comité de empresa alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar, en lo sustancial, en el apartado 14 del auto recurrido, que el hecho de que el comité de empresa pudiese, en su caso, ser considerado parte interesada en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2, no bastaba para demostrar su interés directo y actual en la solución del litigio pendiente ante dicho Tribunal en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia. Por otra parte, el comité de empresa afirma haber sido privado de la posibilidad de participar en el procedimiento administrativo, puesto que, a raíz de la anulación por el Tribunal General de la Decisión 2009/611/CE de la Comisión, de 8 de julio de 2008, sobre las medidas C 58/02 (ex N 118/02) ejecutadas por Francia en favor de la [SNCM] (DO 2009, L 225, p. 180), mediante la sentencia Corsica Ferries France/Comisión (T‑565/08, EU:T:2012:415), la Comisión no reabrió el procedimiento establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 2, antes de adoptar la Decisión controvertida.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de mayo de 2018 — Simba Toys/EUIPO y Seven Towns

(Asunto C‑30/15 P‑DEP2)

«Tasación de costas»

1. Procedimiento judicial—Costas—Tasación—Costas recuperables—Procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia—Gastos indispensables a efectos de ese procedimiento [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véase el apartado 21)

2. Procedimiento judicial—Costas—Tasación—Costas recuperables—Circunstancias que deben considerarse—Honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados—Determinación de los honorarios que pueden recuperarse de la parte condenada en costas [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véase el apartado 22)

3. Procedimiento judicial—Costas—Tasación—Costas recuperables—Circunstancias que deben considerarse—Baremo nacional que fija los honorarios de los abogados—Exclusión [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véanse los apartados 23 a 25)

Fallo

Fijar en 34000 euros el importe total de las costas que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Seven Towns Ltd deben reembolsar a Simba Toys GmbH & Co. KG por el procedimiento de primera instancia.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 de abril de 2016 — Pudāns

(Asunto C‑462/15) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política agrícola común — Reglamento (CE) n.o 73/2009 — Regímenes de ayuda directa — Artículo 29, apartado 1 — Obligación de abonar los pagos íntegramente a los beneficiarios — Impuesto sobre la renta»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 18 y 19)

2. Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes — Pagos abonados con arreglo a dichos regímenes — Obligación de abonar los pagos íntegramente a los beneficiarios — Normativa nacional que grava con el impuesto sobre la renta los referidos pagos — Procedencia [Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, considerando 25 y art. 29, ap. 1) (véanse los apartados 25 a 31 y el fallo)

Fallo

El artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que grava con el impuesto sobre la renta los pagos abonados con arreglo a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del referido Reglamento.

( 1 ) DO C 381 de 16.11.2015.
18

El artículo 20 del Decreto Legislativo no 30 por el que se establece el Código de la propiedad industrial (decreto legislativo n.o 30 — Codice della proprietà industriale), de 10 de febrero de 2005 (GURI no 52, de 4 de marzo de 2005), en su versión modificada por el Decreto Legislativo no 131 de 13 de agosto de 2010 (decreto legislativo n.o 131, GURI no 192, de 18 de agosto de 2010) (en lo sucesivo, «CPI»), titulado «Derechos conferidos por el registro», dispone: «1. Los derechos del titular de la marca registrada consisten en la facultad de hacer un uso exclusivo de la marca. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo idéntico o similar a una marca registrada, para productos o servicios idénticos o similares, si, por ser idénticos o similares los signos y ser idénticos o similares los productos o servicios, es posible apreciar un riesgo de confusión por parte del público, que puede consistir en particular en un riesgo de asociación entre los dos signos; c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada para productos o servicios que no sean similares, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y la utilización del signo realizada sin justa causa permita obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o pueda causar perjuicio a éstos. 2. En los casos referidos en el apartado 1, el titular de la marca podrá, en particular, prohibir a cualquier tercero poner el signo en los productos o en sus envases; ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; importar productos o exportarlos con el signo; utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. 3. El comerciante podrá poner su propia marca en las mercancías que él venda, pero no podrá suprimir la marca del productor o comerciante del que haya recibido los productos o las mercancías.»
10

Bajo el título «Cumplimiento de la obligación de entrega de derechos de emisión», el artículo 18 de la Ley por la que se establece un régimen de comercio de derechos de emisión prevé lo siguiente en sus apartados 1 a 3: «1. En caso de que el responsable de la instalación incumpla la obligación que recae sobre él en virtud del artículo 6, apartado 1, la autoridad competente impondrá una multa pecuniaria de 40 euros durante el primer período de asignación y 100 euros durante los períodos siguientes por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido por la que dicho responsable no haya entregado derechos de emisión. Podrá eximirse de la multa pecuniaria al responsable cuando el incumplimiento de la obligación que recae sobre él en virtud del artículo 6, apartado 1, se hubiera debido a causa de fuerza mayor. 2. Cuando el responsable no haya notificado en tiempo y forma las emisiones producidas por su actividad, la autoridad competente calculará las emisiones producidas por dicha actividad durante el año natural anterior. Dicho cálculo determinará el número de derechos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, sin que se admita prueba en contrario. No obstante, no se aplicará ese cálculo si el responsable cumpliera adecuadamente con la obligación de notificación de sus emisiones durante el trámite de audiencia del procedimiento instruido para la adopción de la resolución sancionadora prevista en el apartado anterior. 3. El responsable seguirá estando obligado a entregar, a más tardar el 30 de abril del año siguiente, los derechos de emisión restantes o, en el caso del apartado anterior, el número que corresponda al cálculo efectuado por la autoridad competente [...]».
10

La República Helénica alegó siete motivos de anulación de la Decisión controvertida. El primer motivo se basaba en la interpretación y aplicación incorrectas por la Comisión del artículo 107 TFUE, apartado 1, y del artículo 108 TFUE, en relación con lo dispuesto en la Ley 1790/1988, así como en la apreciación incorrecta de los hechos relativos a los pagos compensatorios realizados en 2009. El segundo motivo se refería a la apreciación errónea de los hechos y a vicios sustanciales de forma del procedimiento cometidos por la Comisión, además de a una motivación insuficiente, cuando ésta concluyó que los pagos compensatorios realizados en 2009 constituían ayudas de Estado ilegales. El tercer motivo, basado en la interpretación y aplicación incorrectas de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, y en una motivación insuficiente puesto que la Comisión incluyó, en el importe que debía recuperarse, la cantidad de 186011000,60 euros correspondiente a las contribuciones que los agricultores pagaron en 2008 y en 2009 en concepto del régimen de seguro obligatorio del ELGA. El cuarto motivo, formulado con carácter subsidiario, tenía por objeto la interpretación y aplicación incorrectas del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y el uso inadecuado por la Comisión de su facultad de apreciación en materia de ayudas de Estado, ya que debió considerarse que los pagos realizados en 2009 eran compatibles con el mercado interior sobre la base de dicha disposición. El quinto motivo, formulado también con carácter subsidiario, se refería a la violación por la Comisión del artículo 39 TFUE, del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y del artículo 296 TFUE, y de varios principios generales del Derecho, al no aplicar la Comunicación de la Comisión sobre el marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, publicada el 22 de enero de 2009 (DO 2009, C 16, p. 1; en lo sucesivo, «Comunicación sobre el marco temporal comunitario»), a partir del 17 de diciembre de 2008, fecha en la que ese marco era aplicable, a las empresas que desarrollaban su actividad en el sector de la producción agrícola primaria. El sexto motivo, formulado también con carácter subsidiario, se basaba en errores de estimación y cálculo cometidos por la Comisión al determinar el importe de las ayudas que debían recuperarse. El séptimo motivo se fundamentaba en la interpretación y aplicación incorrecta por la Comisión de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (DO 2006, C 319, p. 1) y en un uso inadecuado de su facultad de apreciación, en relación con las indemnizaciones abonadas en el año 2008 por los daños causados a la producción agrícola por los osos.