Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Abogados - Ejercicio permanente de la profesión en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título - Directiva 98/5/CE - Práctica por los abogados migrantes del Derecho del Estado miembro de acogida sin formación previa en dicho Derecho - Procedencia

[Tratado CE, art. 52 (actualmente art. 43 CE, tras su modificación); Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo]

2. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Abogados - Ejercicio permanente de la profesión en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título - Directiva 98/5/CE - Práctica por los abogados migrantes del Derecho del Estado miembro de acogida sin justificación previa del conocimiento de dicho Derecho - Procedencia - Facultad de apreciación del legislador comunitario respecto a la elección del modo y del nivel de protección de los consumidores y de garantía de una buena administración de justicia

(Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

3. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Abogados - Ejercicio permanente de la profesión en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título - Directiva 98/5/CE - Base jurídica - Ejercicio por cuenta propia de la profesión de abogado - Artículo 57, apartados 1 y 2, frases primera y tercera, del Tratado (actualmente artículo 47 CE, apartados 1 y 2, frases primera y tercera, tras su modificación)

[Tratado CE, arts. 57, aps. 1 y 2, frases primera y tercera, y 189 B (actualmente arts. 47 CE, aps. 1 y 2, frases primera y tercera, y 251 CE, tras su modificación); Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, 5 y 11; Directiva 89/48/CEE del Consejo]

4. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Directiva 98/5/CE - Práctica por los abogados migrantes del Derecho del Estado miembro de acogida sin justificación previa del conocimiento de dicho Derecho - Obligación de motivación específica - Inexistencia

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo]

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1. La Directiva 98/5, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, que suprime toda obligación de formación previa en el Derecho del Estado miembro de acogida y permite que los abogados migrantes ejerzan dicho Derecho, no viola el principio general de igualdad, del que el artículo 52 del Tratado (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) es una expresión específica, puesto que las situaciones del abogado migrante que ejerce con su título profesional de origen, por un lado, y del abogado que ejerce con el título profesional del Estado miembro de acogida, por otro, no son comparables.

En efecto, a diferencia del segundo, que puede desempeñar todas las actividades abiertas o reservadas por el Estado miembro de acogida a la profesión de abogado, al primero pueden prohibírsele determinadas actividades y, en el ámbito de la representación y la defensa procesal de un cliente, imponérsele determinadas obligaciones.

( véanse los apartados 20, 23 a 25 )

2. Con vistas a facilitar el ejercicio de la libertad fundamental de establecimiento de una determinada categoría de abogados migrantes, el legislador comunitario prefirió, a través de la Directiva 98/5, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, antes que un sistema de control a priori de la capacitación en el Derecho nacional del Estado miembro de acogida, un régimen que incluye una información al consumidor, una serie de limitaciones al alcance o a las formas de ejercicio de determinadas actividades de la profesión, una serie de normas profesionales y deontológicas que deben ser observadas, una obligación de seguro y un régimen disciplinario en el que intervienen las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida. No suprimió la obligación de conocimiento del Derecho nacional aplicable en los expedientes tratados por el abogado afectado, sino que únicamente dispensó a este último de la justificación previa de dicho conocimiento. Así, admitió, en su caso, la asimilación progresiva de conocimientos a través de la práctica, asimilación facilitada por la experiencia adquirida en otros Derechos en el Estado miembro de origen. También pudo tener en cuenta el efecto disuasorio del régimen disciplinario y el de la responsabilidad profesional.

Al decidir así sobre el modo y el nivel de protección de los consumidores y de garantía de una buena administración de justicia, no rebasó los límites de la facultad de apreciación de que dispone a efectos de la determinación del nivel de protección aceptable del interés general.

( véanse los apartados 32, 43 y 44 )

3. La Directiva 98/5, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, ha sido válidamente adoptada por mayoría cualificada conforme al procedimiento previsto en el artículo 189 B del Tratado (actualmente artículo 251 CE, tras su modificación) de conformidad con el artículo 57, apartados 1 y 2, frases primera y tercera, del Tratado (actualmente artículo 47 CE, apartados 1 y 2, frases primera y tercera, tras su modificación), en la medida en que regula su ejercicio por cuenta propia.

Al reconocer, en sus artículos 2 y 5, sin perjuicio de determinadas excepciones, el derecho de todo abogado a ejercer con carácter permanente, en cualquier otro Estado miembro y con su título profesional de origen, las mismas actividades profesionales que el abogado que ejerce con el título profesional pertinente del Estado miembro de acogida, incluida la de asesoramiento en el Derecho nacional de dicho Estado, la Directiva crea un mecanismo de reconocimiento mutuo de los títulos profesionales de los abogados migrantes que desean ejercer con su título profesional de origen. Este mecanismo completa el establecido por la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, que tiene por objeto, por lo que a los abogados se refiere, permitir el ejercicio sin limitaciones de la profesión con el título profesional del Estado miembro de acogida. En consecuencia, la Directiva 98/5 no modifica los principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en el sentido del artículo 57, apartado 2, frase segunda, del Tratado, modificación que habría exigido la adopción por unanimidad de la Directiva 98/5.

Por lo que se refiere al artículo 11 de la misma Directiva, relativo al ejercicio en grupo de la profesión de abogado, basta señalar que no regula un requisito para acceder a la profesión de abogado, sino una forma de ejercicio de ésta. Tal disposición no obliga al Estado miembro de acogida a admitir dicha forma si no permite el ejercicio en grupo para los abogados que ejercen con el título profesional pertinente. En consecuencia, las normas relativas al ejercicio en grupo se adoptaron conforme a Derecho tomando como base el artículo 57, apartado 2, frases primera y tercera, del Tratado.

( véanse los apartados 55 a 59 )

4. Dado que la Directiva 98/5, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, contiene, por un lado, una descripción coherente y suficiente de la situación de conjunto que llevó a su adopción y, por otro, una indicación de los objetivos generales que pretende alcanzar, el legislador comunitario cumplió, en el marco de la adopción de un acto de alcance general, la obligación de motivación establecida en el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE). El cumplimiento de esta obligación no le exigía motivar especialmente la decisión que tomó, con el fin de alcanzar sus objetivos generales, respecto a la dispensa de justificación de capacitación previa en el Derecho nacional del Estado miembro de acogida, así como a la concesión del correspondiente derecho de ejercicio inmediato de la profesión en el ámbito de dicho Derecho.

( véanse los apartados 63 a 66 )