13.

Por último, debe tenerse en cuanta la novedad que representa la Directiva 2004/38. Aun suponiendo que la solución defendida en la sentencia Akrich, antes citada, no hubiera tenido un alcance limitado al contexto particular del caso (abuso de Derecho), fue dictada durante la vigencia del Reglamento no 1612/68 y a efectos de su aplicación. Por consiguiente, como indica su tercer considerando, la Directiva 2004/38 no sólo trata de codificar sino también de revisar los instrumentos legislativos existentes para «reforzar» el derecho a circular y residir libremente de todos los ciudadanos de la Unión. Además, mientras que el Reglamento no 16123/68 sólo se ocupaba, citando su título, de la «libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad», la Directiva 2004/38 es, en la línea jurídica enunciada por el artículo 18 CE, se refiere a los derechos de los ciudadanos de la Unión no sólo a «circular» sino también a «residir» libremente en el territorio de los Estados miembros. Dicho de otro modo, la libre circulación de los trabajadores y la normativa adoptada en aplicación tienden esencialmente a suprimir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores. Por lo tanto, se ponía de relieve el efecto disuasorio sobre la salida de un Estado miembro o la entrada en él que podían tener las medidas adoptadas por los Estados miembros. Y, a fin de cuentas, este enfoque es el que inspira la ratio decidendi de la sentencia Akrich, antes citada. Tras haber recordado que el sistema de las disposiciones comunitarias tiene por objeto garantizar la libertad de circulación de los trabajadores en la Comunidad, cuyo ejercicio no puede penalizar al trabajador emigrante y a su familia, el Tribunal de Justicia declaró en efecto que, cuando un ciudadano de la Unión establecido en un Estado miembro, casado con un nacional de un país tercero sin derecho a residir en ese Estado miembro, se traslada a otro Estado miembro para ejercer en él un trabajo por cuenta ajena, el hecho de que su cónyuge no sea titular, con arreglo al artículo 10 del Reglamento no 1612/68 del derecho a instalarse con él en ese otro Estado miembro no puede constituir un trato menos favorable que el que se les dispensaba antes de que dicho ciudadano de la Unión hiciera uso de las facilidades que le ofrece el Tratado en materia de circulación de las personas y, por consiguiente, la falta de tal derecho no puede disuadir al ciudadano de la Unión de ejercitar los derechos de circulación reconocidos por el artículo 39 CE. A la inversa, cuando un ciudadano de la Unión establecido en un Estado miembro, casado con un nacional de un país tercero con derecho a residir en ese Estado miembro, se traslada a otro Estado miembro para ejercer en él un trabajo por cuenta ajena, este traslado no debe traducirse en la pérdida de la posibilidad de vivir legalmente juntos, razón por la cual el artículo 10 del Reglamento no 1612/68 concede a dicho cónyuge el derecho a instalarse en ese otro Estado miembro. ( 22 ) En la actualidad, la Directiva 2004/38 pone el acento en el derecho a residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Por lo tanto, ya no sólo se trata de garantizar la movilidad sino también la estabilidad, el carácter perenne de la residencia en otro Estado miembro. Desde esta nueva perspectiva, se percibe fácilmente que la aplicación de un requisito de residencia legal previa exigido para poder acceder al derecho de residencia reconocido por la Directiva 2004/38 a los nacionales de un tercer país, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, podría afectar al mantenimiento de la residencia en el Estado miembro que el ciudadano de la Unión ha libremente elegido. Si su vida familiar cambia y el miembro de la familia no puede invocar el Derecho comunitario para reunirse con él, por no haber residido legalmente con carácter previo en otro Estado miembro, el ciudadano de la Unión se verá abocado a abandonar el territorio del Estado miembro en el que había elegido establecerse por un Estado, sea un Estado miembro o un tercer Estado, en el que podrá reconstituir la unidad de la célula familiar. El menoscabo al derecho de llevar una vida familiar normal que supondría la exigencia de una residencia legal previa en otro Estado miembro afectaría así, a todas luces, a la efectividad del derecho de residencia. Ahora bien, no hay razón alguna para tratar de modo diverso los menoscabos a la vida familiar en función de que obstaculicen la libertad del ciudadano de la Unión para trasladarse a otro Estado miembro o la de residir en otro Estado miembro. Por consiguiente, dado que la Directiva 2004/38, al igual que el Reglamento no 1612/68, ( 23 ) debe ser interpretada asimismo a la luz del derecho fundamental al respeto de la vida familiar, procede concluir que el derecho de residencia otorgado a los nacionales de terceros países, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, por la Directiva 2004/38 no puede estar supeditado a la existencia de una residencia legal previa de esos nacionales en otro Estado miembro.