A)

Considerando que debe examinarse en primer lugar el significado que los artículos 12 y 14 dan respectivamente a los términos «derechos de aduana […] o exacciones de efecto equivalente […] que [los Estados miembros] aplicando en sus relaciones comerciales recíprocas» (artículo 12) y «el derecho aplicado el 1 de enero de 1957» (artículo 14); que la demandante alega que se trata de los derechos aplicados en realidad, respectivamente, el 1 de enero de 1958 (artículo 12) y el 1 de enero de 1957 (artículo 14), para llegar a la conclusión de que, en el caso presente, sólo se ha de tener en cuenta el derecho resultante de la aplicación al importador del más favorable de los dos aranceles, tal como prevé la Circular Ministerial de 13 de julio de 1956; que, por el contrario, la demandada mantiene que por «derechos aplicados», en el sentido de los artículos 12 y 14, hay que entender los derechos legalmente aplicables, y que la citada Circular no puede ser invocada en contra del Arancel legalmente establecido, es decir, el derecho del 30 % con un mínimo específico de 150 LIT, de conformidad con el Decreto del Presidente de la República Italiana de 12 de julio de 1956. Considerando que la tesis defendida por la demandante se ajusta a la interpretación literal del Tratado; que, en efecto, las disposiciones de que se trata se refieren a los derechos que los Estados miembros «aplican» (artículo 12) o al derecho «aplicado» (artículo 14); que dicha tesis está corroborada por el hecho de que la opinión que mantiene la demandada llevaría a consecuencias difícilmente aceptables; que, en efecto, así como lo demuestra, además, la discusión de las partes sobre las circunstancias en que fue dictada la Circular de 13 de julio de 1956, la tesis de la demandada obligaría a la Comisión, y eventualmente a este Tribunal de Justicia, a examinar, en cada caso concreto, la validez de las medidas adiministrativas nacionales en relación con el Derecho del Estado miembro interesado; que tal examen es ajeno a la función asignada por el Tratado a esas Instituciones, que es la de velar por la correcta aplicación de este último; que basta, por otra parte, observar que, mediante la Circular antes citada, el Ministerio de Hacienda, competente para la aplicación del Decreto de 12 de julio de 1956, dio una interpretación oficial de las disposiciones contenidas en ese Decreto, y que éstas fueron uniformemente aplicadas con arreglo a las prescripciones de dicha Circular. Considerando que en apoyo de su tesis, la demandante alega, además, con razón, que el artículo 19 del Tratado y, en especial, el párrafo tercero del apartado 2, dispone que, en lo que se refiere a las partidas enumeradas en la lista A, los derechos que figuran en dicha lista sustituirán a los derechos aplicados; que se trata en este caso de derechos del Arancel Aduanero francés, que estaban temporalmente suspendidos el 1 de enero de 1957 y cuya vuelta a la vigencia estaba prevista; que se decidió acordar una excepción a la regla y adoptar esos derechos del Arancel exterior común, sin tener en cuenta que no estaban siendo aplicados el 1 de enero de 1957; que es cierto que esta disposición no contempla el desarme aduanero entre los Estados miembros, sino exclusivamente el Arancel Aduanero Común; que, no obstante, la misma tiene un alcance mayor que este último ámbito, en el sentido de que permite llegar a la conclusión de que los autores del Tratado fueron conscientes de la diferencia existente entre los derechos legalmente aplicables y los derechos efectivamente aplicados, así como de que, al emplear los términos «derechos aplicados», quisieron referirse a los derechos efectivamente aplicados. Considerando que la demandada invoca también el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 19, que dispone que, en lo que se refiere al Arancel Aduanero italiano, en las rúbricas en que dicho Arancel establezca un derecho convencional, este derecho sustituirá el derecho aplicado; que la citada disposición constituye una excepción a la regla según la cual los derechos tomados como base para el cálculo del Arancel Aduanero Común serán los aplicados el 1 de enero de 1957; que la finalidad exclusiva de dicha disposición es determinar los derechos que deben ser tomados como base para el cálculo del Arancel Aduanero Común. Considerando que hay que inferir de lo que precede, y sin necesidad de examinar los otros motivos de las partes, que los artículos 12 y 14 del Tratado contemplan los derechos realmente aplicados, respectivamente, el 1 de enero de 1958 y el 1 de enero de 1957 y en consecuencia, en el caso presente, la práctica de la Administración de Aduanas italiana con arreglo a las instrucciones oficiales de las autoridades competentes contenidas en la Circular de 13 de julio de 1956.