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En virtud de todo lo expuesto; vistos los autos; habiendo considerado el informe del Juez Ponente; oídas las observaciones orales de la Comisión de la CEE y las partes del litigio principal; oídas las conclusiones del Abogado General; visto el Tratado constitutivo de la CEE y, en particular, los artículos 48 a 51 y 177; visto el Protocolo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE y, en particular, su artículo 20; visto el Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.) y, en particular, sus artículos 11, 27 y 28; visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por la Cour supérieure de justice de Luxembourg constituida en Cour de cassation mediante resolución de 5 de enero de 1967, declara:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 305/34

Auto del Tribunal General de 10 de junio de 2016 — Klymenko/Consejo

(Asunto T-494/14) (1)

((Recurso de anulación - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania - Congelación de fondos - Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la congelación de fondos y de recursos económicos - Inclusión del nombre del demandante - Plazo para recurrir - Admisibilidad - Prueba del fundamento de la inclusión en la lista - Recurso manifiestamente fundado))

(2016/C 305/47)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ucrania) (representantes: M. Shaw, QC, e I. Quirk, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Vitro y J.-P. Hix, agentes)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión de Ejecución 2014/216/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se aplica la Decisión 2014/119/PESC, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 111, p. 91; corrección de errores en DO L 350, p. 16), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 381/2014, del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 111, p. 33; corrección de errores en DO L 350, p. 16), en la medida en que se refieren al demandante.

Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución 2014/216/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se aplica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 381/2014, del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que afectan al Sr. Oleksandr Klymenko.

2) Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Klymenko.

(1) DO C 292 de 1.9.2014.
—

Que se anule la totalidad del informe de evaluación de 2013 (en su parte titulada valoración, por no atribuir al demandante la nota «rendimiento excepcional» o «rendimiento muy bueno» y no proponerlo para la promoción a la función D y, por último, por no contemplar la evolución de su carrera y no fijar sus objetivos para el año 2014).
—

Con carácter principal, que se declare la ilegalidad de la decisión de la AFPN de 18 de junio de 2014 de no asumir determinados gastos no médicos, no reembolsados por el Régimen común del seguro de enfermedad (RCAM), derivados de la minusvalía del hijo del demandante.
—

Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal estime que la promoción del demandante al grado AST 9 no puede efectuarse retroactivamente mediante el expediente de añadirlo a la lista en cuestión, que no sólo se anule la decisión de no incluir al demandante en la lista de los funcionarios promovidos del grado AST 8 al grado AST 9 en el marco del ejercicio de promoción de 2010, sino que también se anulen las decisiones de promoción que se plasmaron en la lista de funcionarios promovidos al grado AST 9, publicada el 21 de mayo de 2010.
Para que un funcionario o un antiguo funcionario pueda interponer un recurso, en virtud de los artículos 90 y 91 del Estatuto, dirigido a obtener la anulación de una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la que se realiza un nombramiento, es necesario que tenga interés personal en obtener la anulación del acto impugnado, dado que este interés implica que su solicitud pueda procurarle, por su resultado, un beneficio. El interés de la parte demandante en ejercitar la acción debe apreciarse, como requisito de admisibilidad, en el momento de la interposición del recurso.

En efecto, un antiguo funcionario, que, en el momento de la interposición de su recurso, se ha jubilado y que ya no forma parte así de la función pública de la Unión Europea, no podría, en caso de anulación de la decisión de nombramiento por el Tribunal de la Función Pública, presentar su candidatura para el empleo controvertido, en la medida en que ya no cumpliría una de las condiciones de admisibilidad establecidas en la convocatoria, a saber, la de ser funcionario. Por consiguiente, al no poder aspirar ya al puesto controvertido en el momento de la interposición de su recurso, el antiguo funcionario no tiene ningún interés en que se anule la decisión de nombramiento, ya que tal anulación no puede beneficiarle.

La circunstancia de que el antiguo funcionario se haya jubilado a petición propia, antes de haber alcanzado la edad a la que debería haberse jubilado de oficio, no pone en entredicho esta conclusión. En efecto, del artículo 47, letra f), en relación con el artículo 52, letra b), del Estatuto resulta que la jubilación anticipada, concedida a raíz de una solicitud en ese sentido del interesado, conlleva el cese definitivo en sus funciones. Las consecuencias de tal jubilación son, por tanto, iguales a las de una dimisión.

Aun cuando el antiguo funcionario ya no tenga interés legítimo en obtener la anulación de la decisión de nombramiento, no obstante, conserva un interés en solicitar que se dicte una resolución sobre dicho nombramiento en el marco de una demanda de reparación del perjuicio, tanto material como moral, que considera haber sufrido a causa de diversas actuaciones ilegales cometidas por su administración.

(véanse los apartados 17 a 19, 22 y 25)

Tribunal de Justicia: sentencia Del Plato/Comisión, 126/87, EU:C:1989:115, apartados 18 a 20

Tribunal de Primera Instancia: sentencias Marcato/Comisión, T‑82/89, EU:T:1990:77, apartado 54; Moritz/Comisión, T‑20/89, EU:T:1990:80, apartado 15; Latham/Comisión, T‑82/91, EU:T:1994:14, apartados 24 a 26; Moat/Comisión, T‑41/95, EU:T:1996:87, apartado 26; Contargyris/Consejo, T‑6/96, EU:T:1997:76, apartado 32, y Combescot/Comisión, T‑250/04, EU:T:2007:262, apartado 28

Tribunal General: sentencia Comisión/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, apartado 156, y la jurisprudencia citada, y auto Attey y otros/Consejo, T‑118/11, T‑123/11 y T‑124/11, EU:T:2012:270, apartado 28
Las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública que se refieren a la justicia gratuita, esto es, los artículos 95 a 98, no regulan de manera exhaustiva todos los supuestos posibles.

Es más, las referidas disposiciones no regulan el importe que la parte condenada en costas debe reembolsar en concepto de honorarios al abogado de la parte demandante que es beneficiaria de la justicia gratuita.

Por una parte, del artículo 97, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento antes citado se desprende que el auto por el que se conceda la justicia gratuita, que podrá determinar una cantidad que la caja del Tribunal de la Función Pública abonará al abogado encargado de representar al interesado o fijar un límite que no podrán, en principio, sobrepasar los desembolsos y honorarios del abogado, no pretende determinar las costas recuperables por la parte que gane el proceso, sino garantizar el acceso efectivo a la justicia para las partes que, debido a su situación económica, no puedan hacer frente, en todo o en parte, a los gastos vinculados a la asistencia jurídica y representación ante el Tribunal.

Por otra parte, del tenor del artículo 95, apartado 1, párrafo segundo, del mismo Reglamento se desprende que la justicia gratuita concedida por auto podrá cubrir total o parcialmente los gastos vinculados a la asistencia jurídica y representación ante el Tribunal de la Función Pública. A este respecto, resulta evidente que los honorarios de los abogados pueden variar ampliamente en función del Estado miembro en que éstos ejercen y de su grado de especialización en una materia, o incluso de su renombre en el sector. No cabe descartar la posibilidad de que, a la vista del importe garantizado por el Tribunal en su auto, el demandante se comprometa a pagar a su abogado la parte de los honorarios de éste que no quede cubierta por la justicia gratuita en caso de condena en costas.

Además, a un abogado que ha aceptado representar pro bono a la interesada en el momento de presentar la demanda no puede obligársele a renunciar a una parte de sus honorarios cuando el desenlace del procedimiento es la condena en costas de la parte contraria.

(véanse los apartados 19 a 23)
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Procedimiento — Costas — Desistimiento justificado por la actitud de la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 89, ap. 5)

2. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Decisión mediante la que se declara la capacidad laboral del funcionario y se le ordena reintegrarse a su puesto de trabajo — Admisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 59, ap. 4, 90 y 91)

1. Como establece el artículo 89, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, la parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase. En el caso de un recurso interpuesto por un funcionario contra una decisión que no le reconoce el estado de invalidez, procede considerar que la institución que no ha respondido a una reclamación previa en el plazo de cuatro meses para adoptar una decisión tácita desestimatoria y ha adoptado una actitud ambigua respecto a la situación del interesado tras la interposición del recurso ha contribuido, por su comportamiento a que el asunto sea sometido a un tribunal y puede ser condenada a pagar una parte de las costas del funcionario demandante.

(véanse los apartados 6 a 10)

2. Cuando una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, resultante de un dictamen de la comisión de invalidez, contiene, además de una estimación sobre la capacidad laboral de un funcionario, que no modifica por sí sola la situación jurídica precedente del interesado, una orden de reintegrarse al puesto de trabajo, ésta constituye un acto lesivo que el funcionario está legitimado para impugnar.

(véanse los apartados 14, 17 y 19)
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 12 de julio de 2007

Asunto F‑143/06

Donato Continolo

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Pensiones — Transferencia de los derechos a pensión — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el cual el Sr. Continolo pide que se anule la decisión de la Comisión de 3 de enero de 2006 sobre la concesión y liquidación de sus derechos a pensión, en la medida en que, para el cálculo de éstos, sólo tiene en cuenta el período que pasó en situación de excedencia, del 11 de junio de 1981 al 1 de marzo de 1983, hasta el límite de una anualidad, cinco meses y seis días, en lugar de una anualidad, ocho meses y veinte días, junto con la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de 5 de septiembre de 2006, por la que se desestima su reclamación contra la mencionada decisión de 3 de enero de 2006.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Identidad de objeto y de causa

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

En virtud del artículo 91, apartado 2, del Estatuto, sólo podrá ser admitido un recurso si previamente se hubiese presentado una reclamación ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, a tenor del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra el acto lesivo, dentro del plazo de tres meses que establece dicho artículo.

No puede admitirse el recurso de un funcionario contra una decisión de la administración por la que se fijan sus derechos a pensión, cuando se ha presentado una reclamación previa contra una decisión posterior de la administración por la que se desestima su solicitud de cotización con carácter retroactivo al régimen comunitario de pensiones. En efecto, en la medida en que se dirige contra la primera decisión, el recurso no ha ido precedido de una reclamación previa con el mismo objeto y, por lo tanto, no cumple el requisito establecido en el artículo 91, apartado 2, del Estatuto. Por otra parte, suponiendo que, en la medida en que se refiere al cálculo, por la administración, de los derechos a pensión del demandante, pudiera considerarse que la reclamación igualmente cuestiona la legalidad de la primera decisión y que, en consecuencia, se ha formulado subsidiariamente contra esa decisión, tal reclamación debería haberse presentado dentro del plazo previsto en el Estatuto.

(véanse los apartados 18 y 22 a 24)
27

Además, por resolución de 8 de octubre de 2012, el Secretario General del Parlamento, en su calidad de AFCC, desestimó la reclamación formulada contra la resolución denegatoria de la solicitud de asistencia, poniendo de relieve que, mientras que él «ha[bía] puesto de manifiesto [a la demandante], en apoyo de la decisión de despido por la AFCC, [su] conducta inaceptable [...] y hechos precisos, comprobables y ocurridos ante testigos, [la demandante] formul[aba] alegaciones no sustentadas en ningún elemento». Se respondía también a la demandante que, de forma general, las medidas que solicitaba no eran «compatibles en modo alguno con la naturaleza específica de las relaciones de necesaria proximidad y confianza de un diputado con su [APA]», que una medida de alejamiento no tendría el menor sentido porque equivaldría a impedir toda relación efectiva de trabajo entre el miembro del Parlamento y su APA y que, en la práctica, el Parlamento no podía destinar a la demandante al servicio de otro miembro de la institución porque sólo este último puede solicitar a la AFCC la contratación de un APA elegido por él. Acerca de la solicitud de apertura de una investigación administrativa, el Secretario General del Parlamento destacaba también que la sentencia de 8 de febrero de 2011, Skareby/Comisión (F‑95/09, EU:F:2011:9), invocada en ese sentido por la demandante, no se podía extrapolar al presente caso ya que los miembros del Parlamento no están sujetos al Estatuto, ni por tanto a su artículo 12 bis, y la AFCC no les puede imponer una sanción disciplinaria ni obligarles a participar en una investigación administrativa, aun cuando esa participación fuera esencial.
En consecuencia, la decisión de aplicar al interesado la cláusula resolutoria incluida en su contrato de agente temporal, debido a la publicación de una convocatoria de oposición, puede resultarle lesiva en la medida en que tal cláusula supedita el mantenimiento de su relación laboral a la inscripción de su nombre en la lista de reserva de la oposición objeto de la referida convocatoria. Así sucede, en particular, habida cuenta de la incertidumbre del interesado sobre si se le incluirá en la lista de reserva elaborada tras esa oposición general organizada por la Oficina Europea de Selección de Personal.

La formulación de una cláusula resolutoria incluida en el contrato de un agente temporal, que prevé la resolución del contrato en caso de no inscripción del agente en la lista de reserva de la próxima oposición general de su grupo de funciones con una especialización en propiedad industrial organizado por la Oficina Europea de Selección de Personal, no puede excluir, no obstante, por principio, que una oposición organizada en el ámbito de la propiedad intelectual pueda entrar válidamente en las previsiones del contrato del citado agente en la medida en que la especialidad en propiedad industrial forma parte integrante del ámbito de la propiedad intelectual.

De ello se deduce que una convocatoria de oposición que prevé una especialización en el ámbito de la propiedad intelectual puede entrar en las previsiones de la cláusula resolutoria no sólo habida cuenta del contenido de la referida convocatoria, que fija el marco teórico de las pruebas, sino también tomando en consideración los requisitos efectivos de la ejecución de las pruebas, apreciándose estos requisitos habida cuenta de los elementos presentados al juez y a la vista de los debates contradictorios entre las partes.

(véase el apartado 57)
Si bien el Estatuto no señala plazo de prescripción alguno para la incoación de un procedimiento disciplinario, establece no obstante en su anexo IX, más concretamente en la sección 5 de dicho anexo, estrictos plazos para el desarrollo del procedimiento disciplinario ante el Consejo de disciplina. Aunque es cierto que dichos plazos no son perentorios, enuncian sin embargo una norma de buena administración cuyo objetivo es evitar, en interés tanto de la administración como de los funcionarios, un retraso injustificado en la adopción de la decisión que pone fin al procedimiento disciplinario.

El período que debe tomarse en consideración para valorar si la duración de un procedimiento disciplinario ha sido razonable no es sólo el que comienza con la decisión de incoar dicho procedimiento. El hecho de que haya transcurrido un período más o menos largo entre el momento en que se produjo la supuesta infracción disciplinaria y la decisión de incoar el procedimiento disciplinario influirá en la respuesta a la cuestión de si, una vez abierto, el procedimiento disciplinario se tramitó con la debida diligencia.

A este respecto, el carácter razonable de la duración de la fase anterior al procedimiento disciplinario y de la del procedimiento disciplinario propiamente dicho debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes. Ningún factor particular resulta decisivo. Es preciso examinar cada factor por separado, y a continuación valorar su efecto acumulado. Ciertos ejemplos de retrasos imputables a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos pueden no parecer irrazonables cuando se consideran aisladamente, pero ser irrazonables al considerarlos en conjunto. Sin embargo, las exigencias en materia de diligencia procesal no van más allá de las que son compatibles con el principio de buena administración. Así, aunque no quepa excluir que determinadas etapas de la fase anterior a la incoación de un procedimiento disciplinario hubieran podido desarrollarse con mayor celeridad, el plazo sería razonable si la acumulación de retrasos, no irrazonables, en cada una de esas etapas da como resultado un plazo que, analizado globalmente, no puede considerarse irrazonable hasta el punto de traer como consecuencia la prescripción de la responsabilidad disciplinaria del interesado.

Cuando ciertas decisiones adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos han hecho que la duración de un procedimiento sobrepase lo que normalmente se consideraría razonable, corresponde a dicha autoridad acreditar la existencia de circunstancias específicas que puedan justificar esa duración excesiva.

(véanse los apartados 127 a 130 y 143)

Tribunal de la Función Pública: 13 de enero de 2010, A y G/Comisión (F-124/05 y F-96/06), apartados 392 a 395
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Concurso — Tribunal calificador — No admisión a las pruebas

(Estatuto de los Funcionarios, art. 25, párr. 2)

2. Funcionarios — Responsabilidad extracontractual de las instituciones — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad

1. La obligación de motivar una decisión lesiva tiene por objeto, por una parte, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para determinar si la decisión está o no fundada y, por otra, hacer posible su control jurisdiccional. Por lo que respecta, más concretamente, a las decisiones de no admisión a un concurso, el tribunal calificador del concurso debe indicar de forma precisa los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso que, en su opinión, no reúne el candidato.

(véase el apartado 22)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36

Tribunal de Primera Instancia: 21 de mayo de 1992, Fascilla/Parlamento (T‑55/91, Rec. p. II‑1757), apartado 32; 25 de marzo de 2004, Petrich/Comisión (T‑145/02, RecFP pp. I‑A‑101 y II‑447), apartado 54; 5 de abril de 2005, Hendrickx/Consejo (T‑376/03, RecFP pp. I‑A‑83 y II‑379), apartado 68

2. Para que la Comunidad incurra en responsabilidad deben cumplirse un conjunto de requisitos por lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento reprochado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio invocado.

Para que se reconozca tal relación de causalidad es necesario, en principio, que se aporte la prueba de una relación directa y cierta de causa a efecto entre la ilegalidad cometida por la institución comunitaria de que se trate y el perjuicio alegado.

En el contexto específico de un concurso, la relación de causalidad se considera cierta cuando la ilegalidad cometida por una institución comunitaria ha privado de modo efectivo a una persona no necesariamente de la adjudicación del puesto de trabajo de que se trate, a la que el interesado nunca podrá demostrar haber tenido derecho, sino de unas serias posibilidades de ser nombrado para dicho puesto, con el consiguiente perjuicio material para el interesado, consistente en una pérdida de ingresos.

(véanse los apartados 38, 40 y 41)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 16 de diciembre de 1987, Delauche/Comisión (111/86, Rec. p. 5345), apartado 30

Tribunal de Primera Instancia: 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T‑3/92, RecFP pp. I‑A‑23 y II‑83), apartado 63; 15 de febrero de 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT (T‑589/93, RecFP pp. I‑A‑27 y II‑77), apartado 141; 5 de octubre de 2004, Sanders y otros/Comisión (T‑45/01, Rec. p. II‑3315), apartados 149 y 150; 12 de septiembre de 2007, Combescot/Comisión (T‑250/04, aún no publicada en la Recopilación), apartados 95 y 96

Tribunal de la Función Pública: 22 de octubre de 2008, Tzirani/Comisión (F‑46/07, aún no publicada en la Recopilación), apartado 215