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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/51

Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2007 — Korsch/OAMI (PharmaResearch)

(Asunto T-464/07)

(2008/C 51/94)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Korsch AG (Berlín, Alemania) (representante: J. Grzam, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de octubre de 2007 (asunto R 924/2007-4) relativa a la marca denominativa no 5.309.836 «PharmaResearch».

— Que se condene a la demandada a cargar con las costas del presente recurso y del formulado ante la Sala de Recurso.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «PharmaResearch» para productos y servicios comprendidos en la clase 9 (solicitud no 5.309.836).

Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de registro.

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 (1), porque no existen motivos de denegación algunos.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
—

Según la demandante, al estimarse erróneamente que el hecho de que la sociedad Technologie Buczek S.A. tenga deudas pendientes frente al Estado es una ayuda incompatible con el mercado común, se han infringido los artículos 88 CE, apartado 2, y 87 CE, apartado 1. La correspondiente afirmación de la Comisión se basa en la errónea suposición de que los poderes públicos no han iniciado un procedimiento de ejecución forzosa contra la sociedad Technologie Buczek S.A. La demandante también considera que se han infringido los artículos 88 CE, apartado 2, y 87 CE, apartado 1, porque se requiere al Estado polaco para que exija la devolución de una ayuda considerada incompatible con el mercado común a pesar de que Polonia no concedió ni a la sociedad Technologie Buczek S.A. ni al Grupo Technologie Buczek una ayuda por el importe indicado en la Decisión, y porque el importe de la ayuda que debe devolverse se ha establecido de modo arbitrario sin base jurídica ni fundamentación económica. En opinión de la demandante, al requerir al Estado polaco para que exija a la sociedad Huta Buczek sp. z.o.o. la devolución de la ayuda a pesar de que no existe ninguna base para suponer que esa sociedad pudiera ser la beneficiaria efectiva de una ayuda concedida a la sociedad Technologie Buczek S.A., y aunque a ésta no se le concedió ninguna ayuda, y al suponer que los beneficiarios efectivos de la supuesta ayuda son exclusivamente las sociedades Huta Buczek sp. z.o.o. y Buczek Automotive sp. z.o.o., a pesar de que éstas sólo han pasado a disfrutar de una parte de los elementos patrimoniales de la sociedad Technologie Buzcek S.A., también se han infringido los artículos 88 CE, apartado 2, y 87 CE, apartado 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 8/23

Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2007 — Helge B. Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat)

(Asunto T-409/07)

(2008/C 8/41)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Alemania) (representante: I. Friedhoff, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: José Izquierdo Faces (Bilbao, España)

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 6 de septiembre de 2007 (asunto R 289/2006-1).

— Que se condene en costas a la otra parte en el procedimiento y a la OAMI.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: La marca figurativa «acopat» para servicios de las clases 35 y 42 — Marca comunitaria no 1.643.782

Titular de la marca comunitaria: José Izquierdo Faces

Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: El demandante

Derecho de marca del solicitante de la nulidad: La marca denominativa nacional «COPAT» para productos y servicios de las clases 9, 35, 41 y 42

Resolución de la División de Anulación: Nulidad de la marca comunitaria

Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Anulación y desestimación de la solicitud de nulidad

Motivos invocados: La Sala de Recurso infringió el artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento no 40/94 del Consejo y las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 5, del Reglamento no 2868/95 de la Comisión, al considerar erróneamente que la marca nacional no había sido utilizada en Alemania durante el período de 1996 a 2001.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 283/37

Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2007 — Pachtitis/Comisión y EFEP

(Asunto T-374/07)

(2007/C 283/68)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Dimitrios Pachtitis (Atenas, Grecia) (representantes: P. Giatagantzidis y B. Niagkou, abogados)

Demandadas: Comisión de las Comunidades Europeas y Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anulen la decisión de la EPSO de 27 de junio de 2007 y la presunta denegación tácita de la solicitud confirmatoria del demandante de 10 de julio de 2007, relativas a su derecho de acceso a los documentos de la EPSO.

— Que se ordene a la EPSO que presente: 1) una copia exacta de las preguntas que le fueron formuladas y de las respuestas que dio en las dos pruebas preliminares, a) y b), en las que participó en el marco del concurso general EPSO/AD/77/06 (DO C 277 A, p. 1), para la constitución de una lista de reserva destinada a contratar en las instituciones europeas administradores de lengua griega con conocimientos lingüísticos, grado AD 5, en el ámbito de la traducción; así como 2) una copia exacta de la lista de las respuestas correctas a las mencionadas pruebas preliminares en las que participó el demandante.

— Que se condene en costas a la EPSO.

Motivos y principales alegaciones

El demandante sostiene que la negativa de la Oficina Europea de Selección de Personal (en lo sucesivo, «EPSO») a proporcionarle una copia exacta de las preguntas que le fueron formuladas y de las respuestas que dio en las dos pruebas preliminares, a) y b), en las que participó en el marco del concurso general EPSO/AD/77/06 (DO C 277 A, p. 1), así como una copia exacta de la lista de las respuestas correctas a las mencionadas pruebas preliminares en las que tomó parte, constituye una decisión injustificada e ilegal, dado que es contraria al derecho de acceso a los documentos de los órganos de las instituciones comunitarias, recogido en el artículo 255 CE y en los artículos 2 y 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1), su motivación presenta inexactitudes manifiestas e infringe el artículo 253 CE. Paralelamente, según el demandante, la negativa de la EPSO a proporcionar dichas copias vulnera los principios de transparencia, de buena administración, de seguridad jurídica y de confianza legítima del derechohabiente.

(1) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 170/27

Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2007 — Far Eastern Textile/Consejo

(Asunto T-167/07)

(2007/C 170/54)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwán) (representante: P. De Baere, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule, en la medida en que afecta a la demandante, el Reglamento (CE) no 192/2007 del Consejo, de 22 de febrero de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de politereftalato de etileno (PET) originario, entre otros, de Taiwán.

— Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

La demandante, productora y exportadora taiwanesa de politereftalato de etileno («PET»), solicita la anulación del Reglamento (CE) no 192/2007 del Consejo, de 22 de febrero de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno originario de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Tailandia y Taiwán como consecuencia de una reconsideración por expiración y de una reconsideración transitoria parcial en virtud del artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 384/96 (1).

En apoyo de su recurso, la demandante afirma, en primer lugar, que el Consejo, al aplicar el método asimétrico para calcular su margen de dumping, infringió el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base (2).

En segundo lugar, alega que el Consejo infringió el artículo 253 CE, ya que no motivó suficientemente por qué consideraba que los métodos de comparación simétricos no reflejaban la totalidad del dumping existente.

En tercer lugar, la demandante sostiene que el Consejo infringió el artículo 2, apartados 10, 11 y 12, del Reglamento de base, al determinar su margen de dumping utilizando técnicas de reducción a cero que no tienen en cuenta los márgenes de dumping negativos a la hora calcular, de conformidad con el artículo 2, apartado 12, la media ponderada de los márgenes de dumping.

Finalmente, alega que el Consejo infringió el artículo 253 CE, ya que no motivó suficientemente por qué debía determinarse el margen de dumping utilizando técnicas de reducción a cero.

(1) DO L 59, p. 1.

(2) Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1).
—

Del punto 4, inciso iv), del anexo al Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (DO L 158, de 8.7.1995, p. 6).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 168/12

Recurso interpuesto el 26 de abril de 2004 por Gregorio Valero Jordana contra la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto T-161/04)

(2004/C 168/24)

Lengua de procedimiento: español

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado, el 26 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por D. Gregorio Valero Jordana, con domicilio en Bruselas, representado por el letrado en ejercicio D. Massimo Merola.

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— anule la decisión de 10 de febrero de 2004 por la que la Comisión Europea deniega al demandante el acceso a la lista de reserva del concurso general A7/A6 COM/A/637 y las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A6 a partir del 5 de octubre de 1995;

— condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

Motivos y principales alegaciones:

El demandante en el presente procedimiento se opone a la decisión de la demandada por la que se le niega el acceso a la lista de reserva del concurso general A 7/A 6 COM/A/637, así como a las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A 6, a partir del 5 de octubre de 1995.

En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega, en primer lugar, una invocación incorrecta de la excepción recogida en el art. 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1). Dicha excepción se refiere a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria de protección de datos personales. se afirma, a este respecto, que no puede considerarse que la entrega de los documentos solicitados sea perjudicial para la intimidad de las personas que figuren en los mismos, ya que la condición de funcionario público no pertenece al ámbito de la intimidad personal.

Por otra parte, y en la medida en que las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios europeos son públicas, cabe entender igualmente infringido el art. 5, letra b), del Reglamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. (2)

La parte demandante invoca igualmente el desconocimiento del deber de motivación y la violación del principio de buena administración.

(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(2) DO L 8 de 12.01.2001, p. 1.
2.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Normas relativas a las competencias de control por la Comisión de la aplicación de la política pesquera común — Exclusión [Art. 17 TUE; art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 22, ap. 4, párr. 2; Reglamento (UE) n.o 1224/2009 del Consejo, arts. 38 a 41 y 118; Reglamento (CE) n.o 1281/2005 de la Comisión, arts. 3 y 7] (véanse los apartados 44, 45, 47 y 49 a 52)
29

El Consejo alega que el recurso es inadmisible en la medida en que los demandantes no tienen legitimación activa respecto de la Decisión impugnada. En efecto, en primer lugar, considera que los demandantes no son destinatarios de dicha Decisión. En segundo lugar, añade que la Decisión no afecta individualmente a los demandantes. En tercer lugar, en su opinión, la Decisión impugnada, por un lado, incluye medidas de ejecución y, por otro, no es un acto reglamentario.
15

Pues bien, en el caso de autos, ni el Presidente ni el Vicepresidente del Tribunal estimaron que debían hacer uso de esta facultad. En cuanto a la Sala, considera, a la vista de los elementos obrantes en autos, que no se cumplía ninguno de los criterios mencionados en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. En efecto, la jurisprudencia en la que se basa el presente auto está bien consolidada y los demandantes no alegan ninguna dificultad jurídica que justifique su puesta en entredicho. Además, el hecho de que una institución y un Estado miembro puedan ser cuestionados desde el punto de vista de los derechos fundamentales, aun calificados de «absolutos», no constituye, como tal, una circunstancia particular y no confiere al asunto una importancia significativa.
9

El artículo 7 del Reglamento interno, titulado «Amparo de los privilegios e inmunidades», estipula lo siguiente: «1. En caso de que se alegue que las autoridades de un Estado miembro han vulnerado o están a punto de vulnerar los privilegios e inmunidades de un diputado o un antiguo diputado, podrá solicitarse, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, una decisión del Parlamento respecto a si se ha producido, o es probable que se produzca, una vulneración de dichos privilegios e inmunidades. 2. En particular, podrá formularse dicha solicitud de amparo de los privilegios e inmunidades si se considera que las circunstancias podrían constituir una restricción de orden administrativo o de otro tipo a la libertad de movimiento de los diputados cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento o regresen de este, o a la expresión de opiniones o emisión de votos en el ejercicio de sus funciones, o si se considera que las circunstancias podrían entrar en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. […] 5. En los casos en que se haya decidido no amparar los privilegios e inmunidades de un diputado, este podrá solicitar excepcionalmente que se reexamine la decisión presentando nuevas pruebas, de conformidad con el artículo 9, apartado 1. La solicitud de reexamen no se admitirá si se ha incoado un procedimiento jurisdiccional contra la decisión en virtud del artículo 263 [TFUE] o si el presidente [del Parlamento] considera que las nuevas pruebas presentadas no están lo suficientemente fundadas para justificar un reexamen.»
18

En segundo lugar, por lo que se refiere a la afirmación recogida en la declaración complementaria según la cual la demandante no puede presentar una declaración fiscal relativa al período pertinente debido a las cargas contenciosas que esta afirma que soporta y que enumera en dicha declaración, no puede prosperar a los efectos del examen de la presente solicitud. En efecto, la existencia de dichas cargas, que, en el presente caso, según la demandante, son objeto de impugnación ante el juez nacional, no puede justificar la no preparación de una declaración fiscal o, en todo caso y como mínimo, a pesar de las indicaciones explícitas del formulario, no puede justificar no haber presentado un certificado expedido por una autoridad nacional competente que acredite su situación económica actual.
43

A este respecto, procede comenzar recordando que, en la sentencia de 15 de septiembre de 1998, BP Chemicals/Comisión (T‑11/95, EU:T:1998:199), apartados 48 a 51, el Tribunal señaló que era práctica reiterada de la Comisión publicar decisiones como la controvertida en el asunto que dio lugar a esa sentencia, es decir, una decisión en materia de ayudas de Estado, y estimó que la parte demandante podía esperar legítimamente que la decisión controvertida fuera objeto de publicación en el Diario Oficial. No obstante, si bien el Tribunal consideró en esencia que, entonces, el plazo para interponer recurso contra la decisión en cuestión había comenzado a correr a partir de esa publicación, puntualizó que ese supuesto se daba sola y únicamente si la decisión controvertida no se había notificado antes a la demandante. Por consiguiente, de la citada sentencia se desprende que, aun suponiendo que exista una práctica constante de la Comisión de publicar decisiones, como la que es objeto del presente asunto, por las que se excluyen determinados gastos de la financiación de los fondos agrícolas de la Unión, para computar el plazo de interposición del recurso, hay que tener en cuenta la notificación de dicha decisión a los Estados miembros destinatarios de esta, y no su publicación en el Diario Oficial, cuando esta última se produce con posterioridad (véanse, en este sentido, los autos de 23 de noviembre de 2015, Eslovenia/Comisión, T‑118/15, no publicado, EU:T:2015:912, apartados 27 y 28, y de 19 de abril de 2016, Portugal/Comisión, T‑550/15, no publicado, EU:T:2016:237, apartados 35 y 36). Pues bien, en el presente asunto, es manifiesto que la Decisión impugnada fue notificada a Rumanía con anterioridad a su publicación.
35

Además, procede recordar que, también conforme a reiterada jurisprudencia, se ha declarado que, por una parte, en lo que respecta a una pérdida que represente menos del 10 % del volumen de negocio de las empresas activas en mercados altamente regulados, no parece que las dificultades financieras que estas últimas podrían sufrir puedan poner en peligro su propia existencia [auto de 15 de noviembre de 2011, Xeda International/Comisión, T‑269/11 R, no publicado, EU:T:2011:665, apartado 21; véase también, en este sentido, el auto de 11 de abril de 2001, Comisión/Bruno Farmaceutici y otros, C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, apartado 106] y, por otra parte, en lo relativo a una pérdida que representa casi dos tercios del volumen de negocio de estas empresas, aun admitiendo que las dificultades financieras causadas a estas últimas puedan poner en peligro su propia existencia, se ha destacado no obstante que, en un sector altamente regulado que a menudo requiere inversiones considerables y en el que las autoridades competentes pueden verse obligadas a intervenir rápidamente cuando aparecen riesgos para la salud pública, por razones que las empresas afectadas no siempre pueden prever, corresponde a estas últimas protegerse frente a las consecuencias de dicha intervención mediante una política apropiada, so pena de que sean ellas mismas quienes carguen con los perjuicios derivados de dicha intervención [véase el auto de 16 de junio de 2016, ICA Laboratories y otros/Comisión, C‑170/16 P(R), no publicado, EU:C:2016:462, apartado 29 y jurisprudencia citada].
3.

Competencia — Procedimiento administrativo — Secreto profesional — Determinación de la información amparada por el secreto profesional — Criterios — Intereses dignos de protección que pueden ser lesionados por la divulgación de los datos — Ponderación del interés general en la transparencia de la acción de la Unión y de los intereses legítimos que se oponen a la divulgación — Interés de una empresa en que no se revele cierta información relativa a su comportamiento — Interés que no merece protección particular alguna en el caso de empresas que han participado en una infracción de las normas sobre competencia de la Unión [Art. 101 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 7, 23, 28 y 30] (véanse los apartados 34 a 36, 38 y 39)
Ha de señalarse que, si bien la versión del artículo 40 (referido a las observaciones de terceros) del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, vigente en el momento de adopción de la resolución provisional no recogía expresamente la posibilidad de que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) reabriera el examen de los motivos de denegación absolutos por iniciativa propia en cualquier momento antes del registro de la marca, posibilidad que no se incluyó en el apartado 3 de ese mismo artículo hasta la reforma efectuada por el artículo 38 del Reglamento 2015/2424, por el que se modifica el Reglamento n.o 207/2009, la EUIPO gozaba ya de tal posibilidad, aun sin existir una disposición explícita al respecto.

Por otro lado, de la sistemática a que responden los artículos 37 y 40 a 42 del Reglamento n.o 207/2009 se desprende que el análisis de las solicitudes de marca a la luz de los motivos de denegación absolutos se lleva a cabo exclusivamente en procedimientos ex parte, desarrollados entre el solicitante de la marca y los órganos de la EUIPO. De hecho, la comprobación en un procedimiento inter partes de si las marcas registradas lo fueron en infracción de algún motivo de denegación absoluto se produce únicamente cuando el procedimiento de nulidad contra dichas marcas se entabla al amparo del artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009.

Ello implica necesariamente que, cuando en un procedimiento de oposición inter partes la Oficina reabre el examen de los motivos de denegación absolutos, se incoe un procedimiento ex parte autónomo y paralelo al de oposición.

(véanse los apartados 32 a 34)
12

El demandante explica que presentó la solicitud de asilo en Grecia bajo presión, debido, en particular, a la existencia del «acuerdo controvertido». No obstante, sostiene que no había sido su deseo ni su intención presentar tal solicitud en Grecia debido a las malas condiciones de acogida de ese Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las infraestructuras, a la lentitud de la tramitación de las solicitudes de asilo y a las deficiencias sistemáticas en la aplicación del sistema de asilo europeo existentes tanto a escala de la administración de dicho Estado miembro como de su sistema judicial. Según el demandante, los órganos jurisdiccionales europeos han dejado constancia de estas deficiencias, en particular, en la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865) y en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609).