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El deber de asistencia y el deber de protección que incumben a la Administración en relación con sus agentes no son conceptos perfectamente idénticos. El primero se recoge en el artículo 24 del Estatuto y obliga a la Administración a asistir al funcionario en todo ataque o amenaza de que sea objeto por su condición de tal o como consecuencia del ejercicio de sus funciones. El segundo, pese a no ser mencionado en el Estatuto, refleja el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos que ha establecido el Estatuto en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público, lo que implica en particular que, al adoptar una decisión sobre la situación de un funcionario, la autoridad debe tomar en consideración la totalidad de los elementos que pueden influir en su decisión y, al hacerlo, tener en cuenta no sólo el interés del servicio sino también el del funcionario afectado.

La valoración del comportamiento de la Administración frente a las obligaciones que le incumben resulta similar, tanto si se efectúa desde el punto de vista del deber de asistencia como si se hace desde el punto de vista del deber de protección. En efecto, en ambos casos la Administración dispone de una facultad de apreciación, ya sea, en el caso del deber de asistencia, al elegir las medidas y medios de aplicación del artículo 24 del Estatuto, o bien, en el caso del deber de protección, al apreciar el interés del servicio.

El control del Juez comunitario debe, pues, limitarse, en ambos casos, a la cuestión de si la Institución de que se trate se mantuvo dentro de unos límites razonables.

(véanse los apartados 32 y 34)

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de octubre de 1986, Schwiering/Tribunalde Cuentas (321/85, Rec. p. 3199), apartado 18; Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1990, Schneemann y otros/Comisión (137/88, Rec. p. 369), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 16 de marzo de 1993, Blackman/Parlamento(asuntos acumulados T-33/89 y T-74/89, Rec. p. II-249), apartado 96; Tribunal de Justicia, 29 de junio de 1994, Klinke/Tribunalde Justicia (C-298/93 P, Rec. p. I-3009), apartados 37 y 38; Tribunal de Primera Instancia, 11 de octubre de 1995, Baltsavias/Comisión (asuntos acumulados T-39/93 y T-553/93, RecFP p. II-695); Tribunal de Primera Instancia, 15 de septiembre de 1998, Haas y otros/Comisión(T-3/96, RecFP p. II-1395), apartado 53
5

Mediante escrito de 7 de diciembre de 1994, la demandante formuló sus objeciones a la calificación propuesta. Mediante escrito de 16 de diciembre de 1994 devolvió al calificador la propuesta de informe de calificación, acompañada de las siguientes observaciones: «Desearía realizar un verdadero trabajo de secretaria que nunca tuve en el CES, desde mi entrada en funciones en 1986. Considero que estoy capacitada para ello, puesto que además de ser secretaria taquimecanógrafa poseo dos diplomas universitarios de maestra en lengua castellana que adjunto remito y que demuestran mi dominio en dicha lengua. Mi conocimiento en lengua francesa es óptimo [y] no pueden ser juzgados por el [calificador] puesto que los suyos son insuficientes. Sus notas estaban llenas de errores ortográficos y había que repetirlas varias veces a causa de su inseguridad a la hora de redactar [...] Desde el inicio de mi afectación en la Dirección de la Comunicación, el [calificador] me marginó y nunca me asignó un trabajo de secretaria. Cuando raramente me daba algún trabajo a realizar, éste consistía en hacer fotocopias, enviar un fax, ir a la documentación a pedir un documento y muy esporádicamente me dictaba algún texto para mecanografiar en castellano o en francés [...] Por todo lo expuesto, el [calificador] no tiene bases en que fundamentar su evaluación. Cómo y con qué criterio puede juzgar un trabajo que nunca me ha dado, que él mismo no conoce y que no existe en la Dirección de la Comunicación, puesto que es una Dirección artificial, vacía, sin contenido ni funciones. Durante el período de mi afectación a la Dirección he sido víctima de un atropello de parte del [calificador]: a espaldas mías, con fecha 28.3.1994 escribió una nota infamante al Sr. [X] exigiendo mi expulsión y dando por resultado la supresión de mi puesto en el Organigrama. El presente Informe de Calificación elaborado por el [calificador] representa un ataque personal abusivo y difamatorio lleno de falsas afirmaciones [...]»
Palabras clave

Índice



Palabras clave

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Funcionarios - Selección - Concurso - Concurso-oposición - No admisión a las pruebas - Decisión lesiva - Obligación de motivación - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 25, párr. 2; Anexo III, art. 5)

Índice

La obligación de motivar todas las decisiones individuales adoptadas con arreglo al Estatuto tiene por finalidad, por una parte, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es o no fundada y, por otra, hacer posible el control jurisdiccional. Por lo que respecta a la decisión de un tribunal de concurso de no admitir a un candidato a participar en las pruebas, dicho tribunal debe indicar de manera precisa cuáles son los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso que se consideran no cumplidos por el candidato. Si bien en el caso de un concurso con numerosa participación el tribunal puede limitarse, en una primera fase, a motivar la decisión de no admisión de una manera sucinta y a no comunicar a los candidatos más que los criterios y el resultado de la selección, tiene la obligación de dar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente.

No se cumple esta exigencia de motivación cuando, en la carta dirigida a un candidato no admitido a las pruebas, el tribunal, tras haber procedido, a petición del interesado, al reexamen de su candidatura, no precisa por qué razones la formación y la experiencia profesional del candidato fueron consideradas inferiores al umbral de admisión fijado en la convocatoria del concurso.
81

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia considera, sin que sea necesario examinar con precisión las condiciones de recepción de la misma, que la carta de 12 de abril de 1988 informó a la demandante de la decisión de no nombrarla para ocupar el puesto controvertido. El carácter decisorio de este acto lo confirma su propia redacción: «[...] se ha decidido no elegirla [...]». Por si fuera necesario, este carácter decisorio se confirmó expresamente en la citada respuesta de la Comisión a la reclamación formulada por la demandante. Por otra parte, está claro, y no lo discute la Comisión, que esta decisión no incluye estrictamente ninguna motivación que explique a la demandante cuáles fueron las razones que condujeron a la AFPN a no seleccionar su candidatura. Ahora bien, de lo que se acaba de decir resulta que la referida decisión le perjudica, puesto que afecta inmediata y directamente a su situación jurídica, al apartarla definitivamente del procedimiento de selección, debido a la extinción simultánea de la lista de aptitud en la que figuraba.
125

En cuanto a los textos de las pruebas en las que participó en lenguas distintas al francés (inglés, portugués e italiano), el demandante se limitó a alegar en la fase escrita que los mismos no guardaban relación con el Derecho comunitario, a diferencia de lo que sucedió con el texto de la prueba de alemán, y que las pruebas consideradas globalmente no eran adecuadas para elegir a los mejores revisores. Procede señalar, sin embargo, que el demandante no ha aportado ningún elemento concreto en relación con las pruebas en las que participó. Por consiguiente, y aunque conociese su contenido y su nivel de dificultad, el demandante no ha fundamentado su alegación según la cual los textos presentados a los candidatos durante dichas pruebas no correspondían a los objetivos del concurso-oposición. En cuanto a la prueba de alemán, el demandante se ha limitado a alegar que no contenía dificultades lingüísticas mayores. Esta afirmación tampoco permite demostrar que el tribunal calificador sobrepasara los límites de su facultad de apreciación al elegir el referido texto o que existiera un desequilibrio entre éste y los textos de las pruebas de inglés, portugués e italiano. Además, si bien el demandante alegó en su reclamación de 28 de febrero de 1989 que el texto neerlandés guardaba cierta relación con el Derecho comunitario, dado que se refería al Derecho de la Seguridad Social, sin embargo no alegó en absoluto que el tribunal calificador hubiera incurrido en error alguno o provocado un desequilibrio al elegir dicho texto. Ante tales circunstancias, este Tribunal de Primera Instancia instó a la Institución demandada a que presentase el expediente del concurso-oposición a excepción de los ejercicios de los candidatos.
51

A este respecto, es preciso declarar que, de los autos, se deduce claramente que fue la nota de 6 de noviembre de 1986 la disposición mediante la cual el Director General retiró al demandante la responsabilidad administrativa del sector de la informática. Al no haber interpuesto reclamación alguna contra la citada decisión en los tres meses que siguieron a la misma, el demandante no respetó el procedimiento previsto en los artículos 90 y 91 del Estatuto. Por consiguiente, no puede invocar, en apoyo del presente recurso, una supuesta irregularidad que no impugnó dentro de plazo.
6

Al tener conocimiento de que la Dirección a la que pertenecía su servicio no le había propuesto para la promoción, el demandante, con fecha 9 de junio de 1988, envió una carta al Sr. Valsesia, presidente del comité de promoción B, solicitando que se procediera a un nuevo examen de su expediente. Por lo que parece, esta carta no tuvo respuesta. Mediante carta de 30 de junio de 1988, el demandante se dirigió al Sr. Morel, Director General de la DG XIX, rogándole que le indicara las razones exactas por las que la citada DG no le había propuesto para la promoción. Mediante nota de 3 de agosto de 1988, el Sr. Morel respondió al demandante que, por dos veces, se había considerado su caso : la primera con ocasión de la determinación de las propuestas por parte de la Dirección C y la segunda con motivo de la elaboración de la lista definitiva para la DG XIX. A tenor de esta nota, la selección se había llevado a cabo después de realizar un examen comparativo de los criterios pertinentes.
32

Por lo que respecta a la supuesta violación del principio de buena administración y del deber de asistencia y protección, debe recordarse que la protección de los derechos y de los intereses de los funcionarios debe siempre tener su límite en la observancia de las normas en vigor, pues el mero hecho de solicitar, en el momento de la aceptación de una oferta de empleo, el beneficio de un derecho no puede en ningún caso dar lugar a la atribución de ese derecho en infracción de las disposiciones estatutarias, por el simple motivo de que la Administración no respondió a dicha solicitud antes de que el interesado comenzase a prestar sus servicios. Por consiguiente, no puede acogerse el argumento de que la Comisión hizo caso omiso de todas las circunstancias del presente asunto y de que no tuvo en cuenta el interés del servicio ni el del funcionario afectado.
El carácter colegiado de los trabajos de la Comisión de invalidez no excluye el que el intercambio de opiniones entre sus miembros se realice parcialmente por escrito. Además, la existencia de actas no constituye una condición esencial para la validez de las deliberaciones de la Comisión de invalidez.

Del apartado 2 del artículo 33 del Régimen aplicable a otros agentes se desprende que, en caso de que la Comisión de invalidez llegue a la conclusión de que un agente temporal no sufre invalidez, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede adoptar una decisión contraria.

La presentación de un certificado no motivado no justifica desde un punto de vista médico la interrupción de actividad de un funcionario. Ésta tampoco queda justificada cuando se presente un certificado que haga constar un diagnóstico rebatido tanto por las conclusiones de la Comisión de invalidez como por una visita de control del médico asesor de la institución.

Las disposiciones de los artículos 47 y 48 del Régimen aplicable a otros agentes no se oponen a la resolución unilateral e inmotivada de un contrato de duración indeterminada de un agente temporal. Ello es así incluso durante una licencia por enfermedad, con la única condición de que, cuando el contrato contiene una cláusula de preaviso, el plazo de preaviso no puede comenzar a correr durante la licencia, siempre y cuando ésta no supere un período de tres meses. No hay ninguna disposición que prevea que la existencia de un procedimiento de declaración de invalidez tenga el efecto de suspender el derecho de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a resolver el contrato de un agente mientras no se le notifiquen las conclusiones de la Comisión de invalidez. El mero hecho de que la decisión de despido se adoptara antes de que la demandante conociera las conclusiones de la Comisión de invalidez no permite deducir la existencia de una desviación de poder.
SENTENCIA DE 22.2.1990 — ASUNTO T-72/89 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta) 
22 de febrero de 1990 * 
En el asunto T-72/89, 
Pedro Bocos Viciano, domiciliado en Gandía, España, representado por el Sr. Eu­
genio Carbonell Serrano, Abogado del Colegio de Abogados de Valencia, que de­
signa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Catherine Thill, Abo­
gada, 17, boulevard Royal, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, 
Sr. Miguel Díaz-Llanos La Roche, y por el miembro de su Servicio Jurídico, Sr. 
Daniel Calleja Crespo, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Lu­
xemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de dicho Servicio Jurí­
dico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de una decisión de la Comisión de no ofreci­
miento de empleo al demandante y que le reconozca a éste su derecho a que le sea 
ofrecido un empleo, así como un requerimiento a la Comisión para que le comuni­
que el resultado del examen médico a que aquél se sometió, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta), 
integrado por los Sres. D. A. O. Edward, Presidente de Sala; R. Schintgen y 
R. García-Valdecasas, Jueces 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso. 
2) Declarar que cada parte cargará con sus propias costas. 
* Lengua de procedimiento: español. 
II-58
C 35/21

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 2 de diciembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Specializat Cluj — Rumanía) — NC / Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA

(C-229/22) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii) - Compensación y asistencia a los pasajeros - Cancelación de un vuelo - Derecho a compensación en caso de oferta de transporte alternativo - Requisitos - Divergencia entre las diferentes versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión - Vuelo alternativo que permite a los pasajeros salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista)

(2023/C 35/24)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Specializat Cluj

Partes en el procedimiento principal

Demandante: NC

Demandada: Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA

Fallo

El artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91,

debe interpretarse en el sentido de que,

en caso de cancelación de un vuelo, los pasajeros afectados tienen derecho a una compensación del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al artículo 7 de dicho Reglamento, a menos que se les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y ese transportista aéreo les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final menos de dos horas después de la hora de llegada prevista.

(1) Fecha de presentación: 29.3.2022.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2021 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH / Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-506/19 P) (1)

(2021/C 182/64)

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 319 de 23.9.2019.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de marzo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — Telecom Italia SpA / Regione Sardegna

(Asunto C-338/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Ayudas de Estado - Artículo 108 TFUE - Reglamento (CE) n.o 659/1999 - Recuperación de la ayuda por el Estado miembro por iniciativa propia - Reglamento (CE) n.o 794/2004 - Tipo de interés aplicable)

(2020/C 287/24)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Telecom Italia SpA

Demandada: Regione Sardegna

Fallo

El tipo de interés establecido en el artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, no es aplicable cuando una autoridad nacional recupera por iniciativa propia una ayuda de Estado.

(1) DO C 312 de 16.9.2019.
C 112/9

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de enero de 2019 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — procedimientos penales contra AK (C-335/18), EP (C-336/18)

(Asuntos acumulados C-335/18 y C-336/18) (1)

([Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Control de la entrada o salida de dinero efectivo de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 1889/2005 - Artículo 3, apartado 1 - Incumplimiento de la obligación de declarar - Artículo 4, apartado 2 - Medida de retención - Artículo 9, apartado 1 - Sanciones previstas por el Derecho nacional - Normativa nacional que establece, además de una pena privativa de libertad o de una pena de multa del quinto del importe de la cantidad no declarada, el decomiso de dicha cantidad por el Estado - Proporcionalidad])

(2019/C 112/12)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia

Partes en el procedimiento principal

AK (C-335/18), EP (C-336/18)

Fallo

El artículo 4, apartado 2, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que, para sancionar el incumplimiento de la obligación de declaración impuesta por el artículo 3 de dicho Reglamento, establece, además de una pena privativa de libertad de un máximo de cinco años o de una multa del quinto del importe líquido no declarado, el decomiso por el Estado de la referida cantidad no declarada.

(1) DO C 276 de 6.8.2018.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 27 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — FR / Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Asunto C-422/18 PPU) (1)

((Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional - Directiva 2013/32/UE - Artículo 46 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 18, artículo 19, apartado 2, y artículo 47 - Derecho a la tutela judicial efectiva - Resolución por la que se desestima una solicitud de protección internacional - Normativa nacional que establece un doble grado de jurisdicción - Efecto suspensivo de pleno Derecho limitado al recurso en primera instancia))

(2018/C 455/27)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Milano

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FR

Demandada: Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

con intervención de: Pubblico Ministero

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, interpretadas con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece un procedimiento de casación contra las sentencias de primera instancia que confirmen las resoluciones de la autoridad administrativa competente por las que se desestimen solicitudes de protección internacional, sin acompañarlo de un efecto suspensivo de pleno Derecho, pero que permite que el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia recurrida ordene suspender, a solicitud del interesado, la ejecución de esa sentencia tras haber apreciado la fundamentación o la falta de fundamentación de los motivos de casación invocados contra ella y no la existencia de un riesgo de que la ejecución de dicha sentencia cause un perjuicio grave e irreparable a ese solicitante.

(1) DO C 311 de 3.9.2018.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 424/14

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-192/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Artículo 355 TFUE, apartado 3 - Estatuto de Gibraltar - Artículo 49 TFUE - Artículo 63 TFUE - Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Situación meramente interna))

(2017/C 424/20)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Stephen Fisher, Anne Fisher y Peter Fisher

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

con intervención de: Her Majesty’s Government of Gibraltar

Fallo

El artículo 355 TFUE, apartado 3, en relación con los artículos 49 TFUE o 63 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio por parte de nacionales británicos de la libertad de establecimiento o de la libre circulación de capitales entre el Reino Unido y Gibraltar constituye, a efectos del Derecho de la Unión, una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro.

(1) DO C 200 de 6.6.2016.