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86.

De ello se deduce que, salvo que el consumidor, después de haber sido debidamente informado por el juez nacional de la naturaleza no vinculante de la cláusula, dé su consentimiento libre e informado y manifieste su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de dicha cláusula, ( 40 ) no quedará obligado por dicha cláusula, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13.
8.

El artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la excepción en beneficio del agricultor contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n.o 2100/94 ( 5 ) (en lo sucesivo, «Reglamento de desarrollo»), dispone lo siguiente: «1. Toda solicitud de información sobre la utilización real, mediante plantación, de material de especies o variedades concretas, o sobre los resultados de dicha utilización, dirigida por un titular a un organismo oficial deberá ser presentada por escrito. En la solicitud, el titular indicará su nombre y dirección, las variedades sobre las que esté interesado en recibir información y el tipo de información que desea. Asimismo, presentará pruebas de su calidad de titular. 2. Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 12, el organismo oficial sólo podrá negarse a facilitar la información solicitada por alguna de las siguientes razones: – no interviene en el control de la producción agrícola, – no está autorizado para facilitar esa información a titulares en virtud de la legislación comunitaria o de la legislación de los Estados miembros en materia de discreción aplicable a las actividades de los organismos oficiales, – está facultado para negarse a facilitarla en virtud de la legislación comunitaria o de la legislación de los Estados miembros que sea aplicable a la solicitud de información, – la información solicitada (ya) no está disponible, – la información no puede ser obtenida en el cumplimiento ordinario de las tareas del organismo oficial, – la información sólo puede ser obtenida con costes o gastos suplementarios o – la información se refiere expresamente a material que no pertenece a las variedades del titular. El organismo oficial en cuestión informará a la Comisión del modo en que ejerce la facultad contemplada en el tercer guion. 3. A la hora de facilitar la información, el organismo oficial no establecerá diferencias entre los titulares. El organismo oficial podrá facilitar la información solicitada poniendo a disposición del titular copias de documentos que contengan datos suplementarios a los relativos al material perteneciente a las variedades del titular, siempre que se asegure de que se ha eliminado cualquier posibilidad de identificar a ciudadanos protegidos en virtud de las disposiciones a que se alude en el artículo 12. 4. Si el organismo oficial decidiere negarse a facilitar la información solicitada, informará de ello al titular solicitante por escrito, indicándole el motivo de su decisión.»
30.

El Tribunal de Justicia indicó en particular, a estos efectos, que el prestador de dicho servicio no practicaba personal y directamente cargos ni abonos en las cuentas de que se trata, ni intervenía en ellas mediante anotaciones, ni ordenaba ese cargo o abono. Asimismo, el Tribunal de Justicia consideró que el prestador de ese servicio no asumía responsabilidades respecto a la realización de las transformaciones jurídicas y económicas que caracterizan la existencia de una operación de transferencia o de pago exenta del IVA. ( 13 )
22.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo se funda, en esencia, en los motivos siguientes: la obligación de llevar un registro se recoge en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las horas extraordinarias, y no en su artículo 34, sobre la jornada laboral; cuando el legislador español ha querido imponer tal registro lo ha exigido expresamente, como en el caso de los trabajadores a tiempo parcial y de los trabajadores móviles, de la marina mercante o ferroviarios; el artículo 22 de la Directiva 2003/88 impone, al igual que el Derecho español, la obligación de llevar un registro de la jornada laboral especial y no de la ordinaria que no sobrepase la duración máxima prevista; la llevanza de ese registro implicaría el tratamiento de los datos personales del trabajador, con el consiguiente riesgo de una injerencia injustificada de la empresa en su vida privada; la falta de llevanza de ese registro no se tipifica de forma evidente y terminante como una vulneración de las normas relativas a las infracciones y a las sanciones en el orden social; tal interpretación no vulnera el derecho de defensa del trabajador, dado que el Derecho procesal español permite que este acredite con otros medios de prueba la realización de horas extraordinarias.
30.

En primer lugar, ha de observarse que PNC se basa principalmente en la sentencia GFKL Financial Services ( 17 ) para alegar que las cesiones de créditos que implican una transmisión definitiva del conjunto de los derechos derivados del crédito en cuestión, como considera que sucede en el litigio principal, no están comprendidas en el ámbito de aplicación del IVA. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 2, punto 1, de la Sexta Directiva, correspondiente al artículo 2, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2006/112, en el sentido de que «un operador que compra, asumiendo el riesgo, créditos de dudoso cobro por un precio inferior a su valor nominal no efectúa una prestación de servicios a título oneroso […] cuando la diferencia entre el valor nominal de dichos créditos y el precio de compra de estos refleja el valor económico efectivo de los citados créditos al tiempo de su cesión».
140.

En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos): «1) El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual se deniega a un OICVM no residente la devolución del impuesto sobre los dividendos retenido sobre los dividendos que percibió de entidades establecidas en dicho Estado miembro, por la razón de que dicho organismo no ha demostrado haber cumplido determinados requisitos relativos a la composición de su accionariado establecidos por la normativa de dicho Estado miembro, siempre y cuando, en primer lugar, las autoridades tributarias exijan a los OICVM residentes y a los no residentes el mismo grado de cumplimiento de los requisitos relativos a los accionistas y, en segundo lugar, la diferencia de trato basada en el criterio de la cotización en una bolsa de dicho Estado miembro, en el presente caso la de Ámsterdam, no entrañe, de hecho, un trato privilegiado para los organismos residentes en dicho Estado miembro, cuestión que incumbe determinar al órgano jurisdiccional remitente. 2) El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual se deniega a un OICVM no residente la devolución del impuesto sobre los dividendos que se retiene sobre los dividendos que ha percibido de entidades establecidas en dicho Estado miembro, por el hecho de que dicho organismo no ha observado la obligación, prevista en la normativa fiscal de dicho Estado miembro, de repartir entre sus socios o partícipes los rendimientos satisfechos por entidades residentes en dicho Estado miembro a más tardar en el octavo mes siguiente al cierre del ejercicio económico cuando quede acreditado que a dicho OICVM no residente le resulta imposible o excesivamente difícil cumplir esa obligación y cuando, según la normativa del Estado miembro de establecimiento del OICVM no residente, dichos rendimientos se consideren repartidos o se imputen al impuesto que el Estado miembro de residencia del OICVM aplica a tales socios o partícipes como si tales rendimientos sí hubieran sido repartidos, mientras que dicha devolución sí se concede a un OICVM residente que cumple esa obligación, previa deducción del impuesto sobre los dividendos del Estado miembro interesado.»
El artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión, debe interpretarse en el sentido de que no induce a «error» al consumidor en el sentido de esta disposición el hecho de no proporcionar al consumidor datos aclaratorios de una indicación del país de origen determinada de conformidad con las definiciones relativas al origen no preferencial de las mercancías formuladas en los artículos 23 a 26 del Reglamento n.o 2913/92 y en el artículo 60 del Reglamento n.o 952/2013, en relación con los artículos 31 a 36 del Reglamento Delegado 2015/2446.

El artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que no induce a «error» al consumidor en el sentido de esta disposición el hecho de no proporcionar al consumidor datos aclaratorios de una indicación del país de origen determinada de conformidad con las definiciones relativas al origen no preferencial de las mercancías formuladas en los artículos 23 a 26 del Reglamento n.o 2913/92.
20.

En este contexto, Telecom Italia interpuso cinco recursos de apelación ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), que ha optado por suspender el procedimiento y plantear la siguiente pregunta, con carácter prejudicial: «¿Debe interpretarse el artículo 28, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2014/24/UE, en el sentido de que exige la plena identidad jurídica y económica entre los operadores seleccionados y los que presentan las ofertas en el ámbito del procedimiento restringido y, en particular, de que se opone a un acuerdo entre las sociedades de cartera que controlan a dos operadores preseleccionados, celebrado entre la fecha de selección y la fecha de presentación de las ofertas, cuando a) dicho acuerdo tenga por objeto y por efecto (inter alia) una fusión mediante la absorción de una empresa seleccionada por otra de las empresas seleccionadas (operación, por lo demás, autorizada por la Comisión Europea); b) los efectos de la operación de fusión no se consumen hasta después de la presentación de la oferta por parte de la empresa absorbente (motivo por el cual, en el momento de la presentación de la oferta, su composición no había variado con respecto a la que tenía en el momento de la selección previa); y c) la empresa posteriormente absorbida (cuya composición no había resultado modificada en la fecha límite para la presentación de las ofertas) haya decidido, no obstante, no participar en el procedimiento restringido, verosímilmente para cumplir el programa contractual establecido en el acuerdo celebrado entre las sociedades de cartera?»
39.

El Gobierno finlandés asegura, respecto a la primera pregunta, que la Directiva 2004/18 autoriza un acuerdo marco en virtud del que un poder adjudicador: a) actúa en su propio nombre y por cuenta de otros poderes adjudicadores mencionados específicamente, pero que no son directamente parte en ese acuerdo marco; y b) el volumen de prestaciones que podrá interesarse por los poderes adjudicadores no firmantes cuando celebren los contratos sucesivos previstos por el acuerdo marco no esté determinado. Se requiere, no obstante, que la duración de este último, en su conjunto, se haya especificado conforme a lo demandado por la Directiva y que los distintos contratos sucesivos no superen ese montante en su globalidad.
2)

El artículo 1, letra b), inciso iv), del Reglamento n.o 659/1999 no es aplicable a una situación como la que es objeto del litigio principal. En otros términos, las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado se oponen a que la expiración del plazo de prescripción correspondiente a la recuperación de ayudas que se prevé en el artículo 15 del Reglamento n.o 659/1999 impida exigir ante el juez nacional la responsabilidad del Estado por incumplimiento de la obligación de notificación previa que establece el artículo 108 TFUE, apartado 3. Por otra parte, dado que las ayudas controvertidas en el litigio principal no se concedieron cumpliendo la obligación de notificación de ayudas de Estado a la Comisión, que se prevé en el artículo 108 TFUE, apartado 3, el Estado miembro no puede invocar los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica para declinar la responsabilidad que se le exige en el marco de una demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por particulares por la vulneración del Derecho de la Unión.»
155.

Propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) como sigue: «El artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no se opone a que se mantenga el efecto normativo de una resolución administrativa en materia de sanciones a los funcionarios (resolución disciplinaria) que ha adquirido firmeza con arreglo a la legislación nacional, por la cual se dispuso la jubilación de un funcionario con reducción del importe de la pensión, cuando: – en el momento de su adopción la citada resolución administrativa aún no estaba sujeta al Derecho de la Unión, en particular a la Directiva 2000/78, si bien – una (hipotética) resolución similar sería contraria a la Directiva 2000/78 si hubiese sido adoptada durante la vigencia de dicha Directiva.»
63.

En segundo lugar, «[a]nother and far more important principle laid down in Article 15(1) is that this transfer can be for the benefit of any Member State’s court. The provision states that this transfer should concern a court“with which the child has a particular connection”, and the exact nature of these connections is listed in paragraph (3). However, Article 15(1) does not require that the designated court would otherwise have jurisdiction over the subject matter. Therefore, the transfer mechanism is […] [one] allowing a competent court to transfer a case to any Member State court, provided that the particular connection is identified. This analysis implies that Article 15 is not only a court cooperation provision, but contains also a jurisdictional rule. The effect of this rule is to give jurisdiction to any Member State court, providing there is a particular connection between the court and the child», ( 19 ) lo que parece ser el caso en el presente asunto.
28.

No obstante, el Tribunal General prosiguió, en los apartados 110 a 112 de la sentencia recurrida, distinguiendo el caso de autos de los que dieron lugar a la jurisprudencia Holcim. El Tribunal General señaló que, en el momento en que ASPLA y Armando Álvarez interpusieron sus recursos en los asuntos T‑76/06 y T‑78/06 y en el momento en que constituyeron una garantía bancaria, no podía preverse que no se fuera a respetar un plazo razonable, y ASPLA y Armando Álvarez podían legítimamente esperar que sus recursos se tramitaran en un plazo razonable. El Tribunal General observó asimismo que el plazo razonable de enjuiciamiento en los asuntos T‑76/06 y T‑78/06 se rebasó después de la decisión inicial de las demandantes de constituir una garantía bancaria. Por estos motivos, declaró que la relación entre el hecho de haberse rebasado el plazo razonable de enjuiciamiento en los asuntos T‑76/06 y T‑78/06 y el pago de gastos de garantía bancaria durante el período en que se superó dicho plazo no podía considerarse rota por la decisión inicial de ASPLA y Armando Álvarez de no pagar inmediatamente la multa y constituir una garantía bancaria. Así pues, concluyó, en el apartado 113 de la sentencia, que la relación de causalidad era suficientemente directa a los efectos del artículo 340 TFUE.
23.

La argumentación de la República de Portugal en el sentido de que la petición de decisión prejudicial es inadmisible porque las consideraciones del órgano jurisdiccional remitente son de carácter hipotético, no puede ser acogida. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los datos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones planteadas. ( 6 )
39.

No obstante, el Gobierno español alberga dudas acerca de si, en el presente asunto, hay una diferencia de trato por lo que respecta a las «condiciones de trabajo». A su parecer, la diferencia de trato consiste más bien simplemente en el hecho de que la relación de servicio de los funcionarios interinos es de duración determinada, mientras que los funcionarios de carrera prestan sus servicios con carácter indefinido. Ahora bien, el término previsto de un contrato de duración determinada, añade el referido Gobierno, no puede necesitar como tal una justificación, ya que precisamente el Acuerdo marco no excluye el recurso a los contratos temporales. Por este motivo, en su opinión, la prohibición de discriminación no llega a ser siquiera aplicable.
44.

Aun cuando este aspecto habría podido plantearse expresamente ante el Tribunal General, ha de hacerse constar que la recurrente no niega el hecho de que la información, enumerada en la regla 31, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento n.o 2868/95, que debe estar contenida en una solicitud de cesión, se desprendía ya del escrito de oposición y de la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada el 9 de abril de 2013, como señaló el Tribunal General en el apartado 30 de la sentencia recurrida. Si bien, en el marco de sus observaciones, la recurrente hace referencia, además, a la «práctica de la prueba», ha de señalarse que tampoco rechaza ni la interpretación y ni la aplicación realizadas por el Tribunal General de la regla 31, apartados 1 y 5, del Reglamento n.o 2868/95, así como de la parte E, sección 3, capítulo 1, punto 3.5, de las Directrices de la EUIPO ni, en particular, de la regla 31, apartado 5, de dicho Reglamento, de lo que se desprende claramente que la firma de la solicitud de registro de la cesión por el titular registral de la marca anterior y por su derechohabiente constituye una prueba suficiente de la cesión en el sentido del artículo 17 del Reglamento n.o 207/2009. Si bien la recurrente pretende así explicar los motivos por los que, en su opinión, la prueba de la cesión no bastaba para demostrar la facultad de la coadyuvante para presentar oposición, no identifica ningún error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida.
32.

Al examinar si los gastos en que incurrieron los recurrentes constituían gastos de matrícula y gastos de asistencia a los cursos en el sentido de la sentencia Bovagnet/Comisión, ( 25 ) el Tribunal General declaró, en los apartados 31 y 32 de la sentencia recurrida, que la matrícula en los centros en cuestión y la enseñanza impartida en ellos no dependían del abono de una cantidad de dinero que cubriese los gastos de matrícula y de asistencia. De igual modo, no abonar a las asociaciones la aportación solicitada no conllevaba la denegación de la inscripción o la exclusión del alumno. En otras palabras, los centros de enseñanza no exigían el pago de una cantidad de dinero para que los niños accedieran al mismo y asistieran a los cursos en dichos centros, ni siquiera que los padres estuviesen obligados al pago de gastos. El Tribunal General concluyó de ello que los gastos soportados por los recurrentes no podían calificarse de gastos de escolaridad.
25.

No es menos cierto que la mayoría de las categorías de productos enumerados en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96 comprenden, si bien en distintas proporciones, tanto los productos que se utilizan o que pueden utilizarse como carburante de automoción o como combustible para calefacción, como los productos que no pueden utilizarse o que no se utilizan de este modo. Por ello, si el legislador hubiese querido servirse del criterio del modo de utilización para establecer una distinción precisa entre los productos energéticos y los demás productos, bastaría con añadir a la definición de los productos energéticos la correspondiente salvedad general. No obstante, la intención del legislador era claramente la de diferenciar los productos que en general no constituyen productos energéticos si no se utilizan como carburante de automoción o como combustible para calefacción, de los productos que siguen siendo productos energéticos a efectos de la Directiva, pero que no están sujetos a sus disposiciones cuando (y siempre que) no se utilicen de esa forma. En mi opinión, ello impide tratar lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 2003/96 como un elemento inseparable de la definición de los productos energéticos ni tampoco permite concluir que cuando la Directiva se refiere a los productos energéticos, este concepto no comprende los productos que no se utilizan como carburante de automoción ni como combustible para calefacción, aunque pudieran incluirse en la definición contenida en su artículo 2, apartado 1.
39.

Como punto de partida, es preciso señalar que, desde un punto de vista jurídico, los productos protegidos por la marca controvertida no se extienden a los artículos de recuerdo, sino que se limitan a los comprendidos en las clases que se señalan en el apartado 3 de la sentencia recurrida, tales como, por ejemplo, camisetas, cuchillos, tenedores, platos, teteras, etc. En efecto, en virtud del Arreglo de Niza, no existe una clase titulada «artículos de recuerdo» puesto que, si existiera, sería tan heterogénea que no podría designar una categoría específica de productos. Además, en tanto que objetos que recuerdan a una persona, un lugar o un acontecimiento, se trata de artículos que evocan emociones. Pues bien, las emociones humanas no pueden disfrutar de la protección de una marca de la Unión Europea, dado que no constituyen productos o servicios en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009. Por este motivo, al contrario de lo que alega BSGE, el presente recurso de casación no versa sobre la procedencia geográfica de artículos de recuerdo, sino de productos de consumo corriente.