Conclusiones del abogado general



Conclusiones del abogado general

Índice

I. Introducción

II. Marco jurídico comunitario

III. Régimen fiscal de los centros de coordinación

IV. Hechos y procedimiento

A. Hechos anteriores a la Decisión de la Comisión

B. Decisión de la Comisión

C. Procedimientos contenciosos contra la Decisión de la Comisión

D. Hechos posteriores a la Decisión de la Comisión

E. Decisión del Consejo

F. Procedimiento contencioso contra la Decisión del Consejo

V. Examen de los recursos

A. Recurso contra la Decisión del Consejo (asunto C‑399/03)

1. Pretensiones y motivos de las partes

2. Apreciación

B. Recursos contra la Decisión de la Comisión (asuntos acumulados C‑182/03 y C‑217/03)

1. Pretensiones de las partes

a) Asunto Bélgica/Comisión (C‑182/03)

b) Asunto Forum 187/Comisión (C‑217/03)

2. Admisibilidad del recurso de Forum 187

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación

i) Sobre la admisibilidad del recurso de Forum 187 en razón de que ésta resulte directa e individualmente afectada

ii) Sobre la admisibilidad del recurso de Forum 187 en la medida en que ésta sustituye a algunos de sus miembros

3. Examen del fondo del recurso

a) La pretensión de Forum 187 de anulación de la Decisión de 17 de febrero de 2003 en su totalidad

i) Sobre el motivo basado en la falta de base legal y en la vulneración del principio de seguridad jurídica

– Alegaciones de las partes

– Apreciación

ii) El motivo basado en la vulneración del artículo 87 CE, apartado 1

– Sobre el método de análisis del régimen controvertido

– Sobre la existencia de una ventaja a favor de determinadas empresas

Existencia de una ventaja económica

Determinación de los ingresos imponibles

Exención de la contribución territorial

Exención del impuesto sobre las aportaciones

Exención del impuesto sobre las rentas del capital

Retención ficticia en origen del impuesto sobre las rentas de capital

Selectividad

Justificación por la naturaleza y la estructura del sistema

– Carácter estatal de la medida

– Perjuicio para los intercambios entre los Estados miembros y la competencia

iii) Motivo basado en la falta de motivación

b) Pretensiones del Reino de Bélgica y de Forum 187 de anulación parcial de la Decisión de 17 de febrero de 2003

i) Sobre la vulneración del principio de protección de la confianza legítima

– Alegaciones de las partes

Reino de Bélgica

Forum 187

La Comisión

– Apreciación

Base de la confianza

Sobre la legitimidad de esta confianza

Sobre la ponderación de los intereses existentes

ii) Sobre la vulneración del principio de igualdad

– Alegaciones de las partes

– Apreciación

4. Costas

VI. Conclusiones

I. Introducción

1. Los tres recursos de anulación interpuestos ante el Tribunal de Justicia versan sobre el régimen fiscal de los centros de coordinación adoptado por el Reino de Bélgica.

2. Un centro de coordinación es una empresa creada por un grupo de sociedades multinacional, que tiene por objeto prestar diferentes servicios a dichas sociedades, especialmente en el sector financiero. El Reino de Bélgica estableció, en 1982, un régimen fiscal especial a favor de dichos centros, sujeto a una autorización individual de una duración de diez años renovable.

3. La Comisión de las Comunidades Europeas, a la que se había notificado dicho régimen, había considerado que no constituía una ayuda de Estado. Sin embargo, después de los trabajos llevados a cabo en el Consejo de la Unión Europea, en 1997, sobre la competencia fiscal entre los Estados miembros, llevó a cabo un nuevo examen de dicho régimen.

4. Mediante Decisión de 17 de febrero de 2003, (2) la Comisión estimó que dicho régimen constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Prohibió al Gobierno belga que concediera a nuevos centros de coordinación la posibilidad de acogerse a dicho régimen y que renovara las autorizaciones decenales a partir del 17 de febrero de 2003. Sin embargo, estableció que las autorizaciones vigentes en dicha fecha podrían producir sus efectos hasta su expiración y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2010.

5. A raíz de esta Decisión, el Gobierno belga solicitó al Consejo que le autorizara conceder hasta el 31 de diciembre de 2005 un trato fiscal idéntico al del régimen de los centros de coordinación a los centros cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005. El Consejo estimó dicha solicitud mediante Decisión de 16 de julio de 2003. (3)

6. La Decisión de la Comisión constituye el objeto de los recursos de anulación en los asuntos acumulados C‑182/03 y C‑217/03, interpuestos respectivamente por el Reino de Bélgica y por Forum 187 ASBL, (4) una asociación belga que es una federación de los centros de coordinación en Bélgica.

7. Por su parte, la Decisión del Consejo constituye el objeto del recurso de anulación en el asunto C‑399/03, interpuesto por la Comisión.

8. Debido a que dichos recursos se enmarcan en el mismo contexto jurídico y fáctico, los abordaré de manera conjunta en las presentes conclusiones.

9. Su análisis me llevará a examinar los seis puntos siguientes: la competencia del Consejo para adoptar la Decisión de 16 de julio de 2003; la admisibilidad del recurso de Forum 187; la posibilidad de que la Comisión modifique su apreciación anterior sobre la existencia de una ayuda; la procedencia de la calificación del régimen fiscal de los centros de coordinación como ayuda de Estado y, por último, las cuestiones de si, al prohibir al Reino de Bélgica renovar, incluso temporalmente, las autorizaciones que expiraban a partir de la notificación de su Decisión de 17 de febrero de 2003, la Comisión vulneró la confianza legítima de los centros de coordinación y el principio general de igualdad.

II. Marco jurídico comunitario

10. En el Tratado CE, las ayudas de Estado están prohibidas en principio, con determinadas excepciones. El artículo 87 CE, apartado 1, dispone:

«Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»

11. A continuación, el artículo 87 CE enumera, en sus apartados 2 y 3, las ayudas de Estado que son compatibles de pleno Derecho con el mercado común y las que pueden ser consideradas compatibles con éste. En esta última categoría figuran, en particular, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que exista una grave situación de subempleo y las destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

12. El artículo 88 CE dispone:

«1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común.

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.

Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 226 y 227.

A petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad y no obstante lo dispuesto en el artículo 87 o en los reglamentos previstos en el artículo 89, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado co mún, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la Comisión hubiere iniciado el procedimiento previsto en el primer párrafo del presente apartado, la petición del Estado interesado dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento hasta que este último se haya pronunciado sobre la cuestión.

Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los tres meses siguientes a la petición, la Comisión decidirá al respecto.

3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.»

13. El artículo 89 CE atribuye al Consejo la facultad de adoptar reglamentos para la aplicación de los artículos 87 CE y 88 CE. En virtud de dicha facultad, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 659/1999, (5) que establece reglas precisas sobre los procedimientos que deben adoptarse para aplicar el artículo 88 CE.

14. El artículo 1, letra b), del Reglamento nº 659/1999 define el concepto de «ayuda existente». Establece que, a efectos del presente Reglamento, dicho concepto incluye:

«i) […] toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que fueran aplicables y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma;

ii) la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo;

iii) la ayuda que deba considerarse que ha sido autorizada con arreglo al apartado 6 del artículo 4 del presente Reglamento [(6) ] o con anterioridad al presente Reglamento pero de conformidad con este procedimiento;

iv) la ayuda considerada como ayuda existente con arreglo al artículo 15; [(7) ]

v) la ayuda considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificada por el Estado miembro. Cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización».

15. El procedimiento de control de las ayudas existentes constituye el objeto de los artículos 17 a 19 del Reglamento nº 659/1999. El artículo 17 prevé que la Comisión revisará, en cooperación con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes. Cuando considere que uno de estos regímenes no es o ha dejado de ser compatible con el mercado común, informará al Estado miembro interesado acerca de esta conclusión preliminar y le ofrecerá la oportunidad de presentar sus observaciones en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse.

16. Según el artículo 18 de dicho Reglamento, si, a la luz de la información facilitada por un Estado miembro en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, la Comisión llegara a la conclusión de que un régimen de ayudas existente no es o ha dejado de ser compatible con el mercado común, emitirá una recomendación en la que propondrá al Estado miembro interesado medidas apropiadas. Dicha recomendación podrá consistir, en particular, en una modificación de fondo del régimen de ayudas, en la fijación de requisitos de procedimiento, o incluso en la supresión de dicho régimen.

17. Conforme al artículo 19 de dicho Reglamento, cuando el Estado miembro interesado no acepte las medidas propuestas y si la Comisión, teniendo en cuenta los argumentos de dicho Estado miembro, continúa estimando que dichas medidas son necesarias, incoará el procedimiento formal de examen establecido en el artículo 88 CE, apartado 2.

III. Régimen fiscal de los centros de coordinación

18. El régimen fiscal de los centros de coordinación adoptado por el Reino de Bélgica fue establecido mediante Real Decreto de 30 de diciembre de 1982. (8) Consta que no ha sido objeto de ninguna modificación significativa entre el momento en que la Comisión comunicó al Gobierno belga que consideraba que no constituía una ayuda de Estado, en 1984, en 1987 y posteriormente en 1990, y la Decisión de 17 de febrero de 2003. (9)

19. Un centro de coordinación puede adoptar la forma de una sociedad belga con personalidad jurídica o la de una sucursal creada en Bélgica por una sociedad extranjera. La posibilidad de acogerse al régimen fiscal establecido por el Real Decreto nº 187 está supeditada a la concesión de una autorización previa e individual de dicho centro mediante real decreto. Para obtener dicha autorización, el centro debe formar parte de un grupo de sociedades de carácter multinacional. Este requisito implica en particular que las sociedades que integran dicho grupo estén implantadas como mínimo en cuatro países. El grupo debe disponer asimismo de un capital y de reservas cuyo importe alcance o sobrepase 1.000 millones de BEF. También debe realizar un volumen de negocios anual cuyo importe consolidado alcance o sobrepase 10.000 millones de BEF. Los bancos y las aseguradoras no pueden acogerse a dicho régimen.

20. El centro de que se trate debe tener por objeto exclusivo el desarrollo y la centralización de una o varias actividades que tengan un carácter preparatorio o auxiliar, ejercidas en beneficio exclusivo de la totalidad o una parte de las sociedades de dicho grupo. (10)

21. Debe emplear en Bélgica al menos el equivalente de diez personas a tiempo completo al concluir los dos primeros años de su actividad.

22. La autorización concedida a dicho centro tendrá vigencia durante diez años y será renovable por un período de igual duración.

23. El régimen fiscal que se aplica a los centros de coordinación autorizados incluye las medidas siguientes:

– La renta imponible de dichos centros se determina a tanto alzado. Corresponde a un porcentaje del importe de sus gastos generales y de funcionamiento, de los que se excluyen sus gastos de personal, sus gastos financieros y el impuesto sobre las sociedades adeudado.

– Dichos centros están exentos de la retención a cuenta del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los edificios que utilizan para el ejercicio de su actividad.

– No se adeudan los derechos de registro del 0,5 % sobre las aportaciones de capital efectuadas a un centro ni sobre los aumentos de su capital social.

– Dichos centros están exentos de la retención a cuenta sobre los rendimientos de capital mobiliario. Así, están exentos de dicha retención, por un lado, los dividendos, intereses y cánones distribuidos por los centros, con algunas excepciones, y, por otro lado, las rentas que los centros perciben sobre sus depósitos en efectivo.

– Pagan un canon anual fijado en 400.000 BEF por miembro del personal empleado a jornada completa, pero que no puede ser superior a 4.000.000 BEF.

IV. Hechos y procedimiento

A. Hechos anteriores a la Decisión de la Comisión

24. El régimen fiscal de los centros de coordinación fue examinado por primera vez por la Comisión en 1984. En una Decisión de 16 de mayo de 1984, ésta estimó que dicho régimen no constituía una ayuda. Sin embargo, el régimen realmente aplicado era distinto del que se le había notificado. La Comisión inició en consecuencia el procedimiento formal de examen en diciembre de 1985. Después de las modificaciones introducidas en dicho régimen por el Gobierno belga, la Comisión consideró que ya no contenía ningún elemento de ayuda y, mediante escrito de 9 de marzo de 1987, comunicó a dicho Gobierno el cierre del procedimiento.

25. Dicha apreciación fue confirmada en la respuesta dada en nombre de la Comisión por Leon Brittan, Comisario responsable de Competencia, el 24 de septiembre de 1990, a la pregunta escrita nº 1735/90 del Sr. Gijs de Vries, parlamentario europeo. (11)

26. Tras una reflexión sobre la competencia fiscal entre los Estados miembros, el Consejo «asuntos económicos y financieros» (Ecofin) adoptó un Código de conducta en el ámbito de la fiscalidad de las empresas. (12) Creó un grupo ad hoc, que se denominará «grupo Código de conducta», encargado de enumerar las medidas fiscales nacionales que entrañen efectos perniciosos para el mercado común.

27. Tras esta medida de los Estados miembros, la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices relativas a la aplicación de los artículos 87 CE y 88 CE a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas y «a velar escrupulosamente por que se apliquen con todo rigor las normas relativas a las citadas ayudas». De este modo, la Comisión adoptó, el 11 de noviembre de 1988, una Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas. (13) Sobre la base de esta Comunicación la Comisión procedió a examinar o a volver a examinar los regímenes fiscales vigentes en los distintos Estados miembros.

28. En este contexto, en febrero de 1999, la Comisión solicitó a las autoridades belgas información sobre el régimen fiscal de los centros de coordinación, que el grupo Código de conducta citaba entre las 66 medidas nacionales potencialmente perniciosas para el funcionamiento del mercado común. Dichas autoridades respondieron en marzo de 1999.

29. En julio de 2000, los servicios de la Comisión comunicaron a dichas autoridades que dicho régimen parecía constituir una ayuda de Estado. Con vistas a iniciar el procedimiento de cooperación con esas autoridades, conforme al artículo 17 del Reglamento nº 659/1999, los servicios de la Comisión les ofrecieron la posibilidad de presentar sus observaciones en el plazo de un mes.

30. En su sesión de los días 26 y 27 de noviembre de 2000, el Consejo «Ecofin» recordó que, conforme a su resolución de 1 de diciembre de 1997, todas las medidas perniciosas en lo que respecta a la fiscalidad directa de las empresas debían haber sido retiradas antes del 1 de enero de 2003. Adoptó la propuesta de la presidencia, que preveía que para las empresas acogidas a un régimen fiscal pernicioso a 31 de diciembre de 2000 los efectos de dicho régimen expirarían a más tardar el 31 de diciembre de 2005, ya se tratara o no de un régimen concedido por un período determinado. Asimismo, estableció que podía, en cada caso y con el fin de tener en cuenta circunstancias particulares, decidir, previo informe del grupo Código de conducta, prorrogar los efectos de determinados regímenes fiscales perniciosos después del 31 de diciembre de 2005. (14)

31. Mediante escrito de 11 de julio de 2001, la Comisión, después de un intercambio de escritos con las autoridades belgas, propuso a éstas, basándose en el artículo 88 CE, apartado 1, varias medidas apropiadas para hacer el régimen fiscal de los centros de coordinación compatible con el mercado común. En dicho escrito, la Comisión indicaba asimismo a las referidas autoridades que, con carácter provisional, los centros de coordinación autorizados antes de la fecha de aceptación de las medidas apropiadas podían seguir acogiéndose a tal régimen fiscal hasta el 31 de diciembre de 2005. (15)

32. Al no aceptar las autoridades belgas las medidas propuestas por la Comisión, ésta inició el procedimiento formal de examen mediante una Decisión notificada mediante escrito de 27 de febrero de 2002, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 20 de junio de 2002. (16) En particular, instó al Reino de Bélgica a que le comunicara el número de centros de coordinación autorizados en la fecha de dicho escrito y, en relación con cada uno de ellos, la fecha de la última autorización o de la renovación vigente. Asimismo, instó a ese Estado miembro y a los terceros autorizados a presentar sus observaciones y a proporcionarle cualquier información útil para determinar si existía, para los beneficiarios del régimen de que se trata, una confianza legítima que obligara a adoptar medidas transitorias. (17)

33. Mediante escrito de 16 de mayo de 2002, las autoridades belgas notificaron a la Comisión un nuevo régimen fiscal de los centros de coordinación, registrado por la Comisión como una ayuda nueva con el número de referencia N 351/2002.

34. El 21 de enero de 2003, el Consejo «Ecofin» se pronunció a favor de la prórroga de los efectos de determinados regímenes fiscales perniciosos después de 2005. En lo que respecta al régimen fiscal belga de los centros de coordinación, estableció que los centros a los que se aplicara dicho régimen el 31 de diciembre de 2000 podrían seguir acogiéndose al mismo hasta el 31 de diciembre de 2010. (18)

B. Decisión de la Comisión

35. El 17 de febrero de 2003, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, que fue notificada ese mismo día al Reino de Bélgica.

36. En dicha Decisión, la Comisión justifica, con carácter preliminar, la calificación de «ayuda existente» que adoptó para el régimen fiscal de los centros de coordinación, así como el fundamento jurídico en el que se basa el procedimiento que siguió. Dicha Decisión indica que el artículo 1, letra b), del Reglamento nº 659/1999 podía servir como fundamento jurídico en el presente asunto y que, en su defecto, los artículos 87 CE y 88 CE se imponían como el verdadero fundamento jurídico para la actuación de la Comisión.

37. En la Decisión de 17 de febrero de 2003 también se indica que si ésta se considerara una revocación o una modificación de las Decisiones de 1988 y de 1987, cumpliría las condiciones a las que está supeditado el derecho de que dispone la Comisión para revocar o modificar cualquier decisión ilegalmente favorable.

38. Posteriormente en dicha Decisión, la Comisión expone los motivos por los que considera que las diferentes medidas que constituyen el régimen fiscal de los centros de coordinación cumplen los requisitos del artículo 87 CE, apartado 1, sin poder acogerse a ninguna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 de ese mismo artículo.

39. Por último, la Comisión examina la confianza legítima de los centros de coordinación. Reconoce su existencia e indica que tal confianza legítima justifica que permita a los centros que el 31 de diciembre de 2000 dispusieran de una autorización disfrutar de las ventajas del régimen fiscal hasta la expiración de su período de autorización vigente en el momento de la notificación de la Decisión de 17 de febrero de 2003 y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010. Señala que su posición se basa en los siguientes elementos.

40. La Comisión expone que la autorización concedida por las autoridades belgas constituye un reconocimiento anticipado de que el centro autorizado cumplirá a lo largo de diez años las condiciones para disfrutar del régimen de exenciones establecido por el Real Decreto nº 187, sin necesidad de tener que demostrarlo cada año. Ahora bien, señala que esa autorización no constituye un compromiso de dichas autoridades con respecto al centro autorizado en el sentido de mantener durante diez años las ventajas conferidas en el marco del referido régimen. Asimismo recuerda que, en la medida en que utilizó el procedimiento de control de las ayudas existentes, su Decisión no puede tener efectos retroactivos y que debe garantizar la seguridad jurídica fijando, si es preciso, un período transitorio para la eliminación del régimen controvertido.

41. A este respecto, la Comisión considera que debe tener en cuenta las importantes inversiones realizadas por los centros de coordinación y por los grupos a los que éstos pertenecen, en relación con la creación y el desarrollo de las infraestructuras de tales centros y con las modificaciones introducidas en la organización de las estructuras, las redes, los procedimientos y la distribución de actividades dentro del grupo. Asimismo, debe tener en cuenta los compromisos a largo plazo contraídos con el personal, con empresas inmobiliarias o con entidades financieras. La Comisión indica que, aunque la autorización no constituye una garantía de la continuidad del régimen fiscal controvertido ni de su carácter ventajoso, reconoce que la creación de un centro, las inversiones y los compromisos contraídos se basaban en la perspectiva razonable y legítima de una cierta continuidad de los requisitos económicos, incluido el régimen fiscal. De ello deduce que debe conceder un período transitorio que permita eliminar gradualmente la aplicación de dicho régimen a los actuales beneficiarios.

42. Sin embargo, en el considerando 120 añade lo siguiente:

«Dado que las autorizaciones no confieren ningún derecho con respecto a la continuidad del régimen ni al carácter ventajoso del mismo, incluso para el período de autorización, la Comisión considera que en ningún caso pueden dar derecho a la prórroga del régimen posteriormente a la fecha de expiración de las autorizaciones en vigor. Dada la limitación explícita de las autorizaciones a diez años, resulta incluso imposible depositar legítima confianza en una renovación automática, la cual sería equivalente a una autorización teóricamente eterna.»

43. De las consideraciones anteriores, la Comisión deduce las siguientes conclusiones:

«(121) La Comisión observa que el régimen fiscal aplicable a los centros de coordinación en Bélgica es incompatible con el mercado común y que debe ponerse fin a la incompatibilidad de sus distintos componentes mediante la supresión o modificación de los mismos. A partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, no podrá ya reconocerse el beneficio de dicho régimen ni de sus componentes a nuevos beneficiarios ni mantenerse mediante la renovación de autorizaciones. La Comisión toma nota de que los centros autorizados en 2001 dejarán de disfrutar del régimen a partir del 31 de diciembre de 2002.

(122) Por lo que se refiere a los centros actualmente acogidos al régimen, la Comisión reconoce que la Decisión de 1984 por la que se autorizaba el Real Decreto nº 187, así como la respuesta del Comisario responsable de Competencia a una pregunta parlamentaria [...], han creado legítima confianza en que el régimen no constituía infracción a las normas del Tratado en materia de ayudas estatales.

(123) Por otro lado, dadas las considerables inversiones efectuadas por esa razón, está justificado, por motivos de respeto a la legítima confianza y a la seguridad jurídica de los beneficiarios, conceder un plazo razonable para la extinción de los efectos del régimen sobre los centros ya autorizados. La Comisión considera que dicho plazo razonable finaliza el 31 de diciembre de 2010. Los centros cuya autorización expire antes de esa fecha no podrán seguir disfrutando del régimen una vez expirada su autorización. Con posterioridad a la fecha de expiración de la autorización y, en cualquier caso, después del 31 de diciembre de 2010, será ilegal la concesión o mantenimiento de los beneficios fiscales en cuestión.»

44. La parte dispositiva de la Decisión de 17 de febrero de 2003 tenía inicialmente el siguiente tenor:

«Artículo 1

El régimen fiscal actualmente vigente en Bélgica en favor de los centros de coordinación autorizados con arreglo al Real Decreto nº 187 constituye un régimen de ayudas incompatible con el mercado común.

Artículo 2

Bélgica deberá suprimir el régimen de ayudas contemplado en el artículo 1 o modificarlo a fin de hacerlo compatible con el mercado común.

A partir de la fecha de notificación de la presente Decisión no podrá ya reconocerse el beneficio de dicho régimen ni de componentes del mismo a nuevos beneficiarios, ni mantenerse por medio de la renovación de autorizaciones vigentes.

Por lo que respecta a los centros ya autorizados antes del 31 de diciembre de 2000, el régimen podrá mantenerse hasta el final del plazo de la autorización individual vigente en la presente fecha, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010. De conformidad con el segundo párrafo, en caso de renovación de la autorización antes de esta fecha, no se reconocerá ya, ni siquiera temporalmente, el beneficio del régimen objeto de la presente Decisión.

[…]»

45. Al comprobar que la expresión «en la presente fecha» que figuraba en el artículo 2, párrafo tercero, primera frase, de la Decisión podía prestarse a confusión, la Comisión decidió sustituirla por la expresión «en la fecha de notificación de la presente Decisión». Por ello, adoptó una rectificación en este sentido, el 23 de abril de 2003, que se notificó al Reino de Bélgica el 25 de abril de 2003.

46. Según esa rectificación, el artículo 2, párrafo tercero, de la Decisión de 17 de febrero de 2003 debe entenderse del modo siguiente:

«Por lo que respecta a los centros ya autorizados antes del 31 de diciembre de 2000, el régimen podrá mantenerse hasta el final del plazo de la autorización individual vigente en la fecha de notificación de la presente Decisión, [(19) ] y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010. De conformidad con el segundo párrafo, en caso de renovación de la autorización antes de esta fecha, no se reconocerá ya, ni siquiera temporalmente, el beneficio del régimen objeto de la presente Decisión.»

47. Habida cuenta de esta rectificación, el alcance de las medidas transitorias previstas en la Decisión de 17 de febrero de 2003 debe entenderse del modo siguiente, tal como todas las partes han aceptado durante el procedimiento. Todos los centros de coordinación que dispongan de una autorización individual vigente en la fecha de notificación de dicha Decisión, es decir, el 17 de febrero de 2003, podrán continuar acogiéndose a ésta hasta su expiración y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, ninguna autorización puede renovarse desde el 17 de febrero de 2003.

C. Procedimientos contenciosos contra la Decisión de la Comisión

48. Mediante escrito de 25 de abril de 2003, el Reino de Bélgica interpuso un recurso de anulación contra la Decisión de 17 de febrero de 2003, en su versión inicial. Asimismo, presentó una solicitud de suspensión de la ejecución de dicha Decisión.

49. Después de la rectificación notificada al Reino de Bélgica el 25 de abril de 2003, éste remitió al Tribunal de Justicia un nuevo escrito de demanda fechado el 9 de mayo de 2003, invocando el artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, con el fin de formular dos nuevos motivos y extender su recurso de anulación a la Decisión de la Comisión en su versión rectificada.

50. Mediante escrito de 28 de abril de 2003, Forum 187 interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas un recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión en su versión inicial. Asimismo, solicitó la suspensión de la ejecución de dicha Decisión. El 16 de mayo de 2003, presentó un nuevo escrito de demanda contra la Decisión de la Comisión en su versión rectificada.

51. Mediante auto de 16 de mayo de 2003, el Tribunal de Primera Instancia declinó su competencia en ese recurso y demanda de medidas provisionales en favor del Tribunal de Justicia, donde se registraron tales procedimientos con los números C‑217/03 y C‑217/03 R respectivamente.

52. Mediante escrito separado de 16 de junio de 2003, la Comisión propuso la inadmisibilidad del recurso interpuesto por Forum 187. Ésta presentó sus observaciones en respuesta a esa excepción el 7 de agosto de 2003. Mediante auto de 30 de marzo de 2004, el Tribunal de Justicia acordó unir el examen de la excepción al del fondo del asunto.

53. Mediante auto de 26 de junio de 2003, el Presidente del Tribunal de Justicia se pronunció sobre las demandas de suspensión de la ejecución de la Decisión de la Comisión presentadas por el Gobierno belga y Forum 187. Resolvió:

«1) Suspender la ejecución de la Decisión C(2003) 564 final de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica, en la medida en que prohíbe al Reino de Bélgica renovar las autorizaciones de los centros de coordinación vigentes en la fecha de la notificación de dicha Decisión.

2) Los efectos de las eventuales renovaciones que se concedan con base en el presente auto no podrán ir más allá del día en que se dicte sentencia en el procedimiento principal.

[…]»

54. Los asuntos C‑182/03 y C‑217/03 fueron acumulados a efectos de la fase oral y de la sentencia. Los informes orales de las partes fueron oídos en la vista de 14 de septiembre de 2005.

D. Hechos posteriores a la Decisión de la Comisión

55. Por una parte, la Comisión procedió al examen del nuevo régimen fiscal de los centros de coordinación notificado por el Reino de Bélgica mediante escrito de 16 de mayo de 2002.

56. Mediante Decisión de 23 de abril de 2003, la Comisión autorizó dicho nuevo régimen en la medida en que éste establece, en particular, el principio de la autorización previa de los centros de coordinación por un período de diez años y la determinación de la base imponible calculada a partir de la totalidad de los gastos de explotación, con aplicación de un margen de beneficio adecuado. Sin embargo, debido a que ese nuevo régimen preveía asimismo la exención de tales centros de la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario y del derecho sobre las aportaciones de capital, así como la no imposición de ventajas «anormales y gratuitas» otorgadas a dichos centros, la Comisión inició el procedimiento formal de examen en lo que respecta a esas tres medidas.

57. Tras el inicio de dicho procedimiento, el Reino de Bélgica se comprometió a suprimir las exenciones controvertidas y a sustituirlas por medidas de exención o de reducción aplicables a todas las empresas establecidas en su territorio. Asimismo, se comprometió a someter al impuesto todas las ventajas anormales y gratuitas recibidas por los centros de coordinación.

58. Mediante Decisión de 8 de septiembre de 2004, la Comisión estimó que, habida cuenta de dichos compromisos, las medidas que constituyen el nuevo régimen fiscal de los centros de coordinación no constituyen ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. (20)

59. En la vista de 14 de septiembre de 2005, el representante del Reino de Bélgica señaló, no obstante, que las autoridades belgas no habían podido obtener de los servicios de la Comisión las precisiones suficientes para aplicar este nuevo régimen y que éste se abandonó finalmente, como se comunicó a la Comisión mediante escrito de 28 de febrero de 2005. Asimismo, expuso que el Reino de Bélgica había optado por medidas de alcance general que habían sido adoptadas durante el verano de 2005.

60. Por otra parte, el Reino de Bélgica adoptó medidas a favor de los centros de coordinación cuya autorización expiraba después de la Decisión de 17 de febrero de 2003.

61. Mediante escrito de 20 de marzo de 2003, el Ministro de Finanzas del Reino de Bélgica notificó a la Comisión, en virtud del artículo 88 CE, apartado 3, su intención de conceder, hasta el 31 de diciembre de 2005, la posibilidad de acogerse a medidas fiscales idénticas a las previstas por el régimen de los centros de coordinación a los centros cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.

62. El Reino de Bélgica solicitó asimismo al Consejo, mediante escrito del mismo día, que dichas medidas fueran declaradas compatibles con el mercado común conforme al artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero.

63. Mediante escrito de 25 de abril de 2003, el Presidente de la Comisión respondió al Ministro de Finanzas belga que la Decisión de 17 de abril de 2003 era ejecutiva, que Bélgica no podía suspender su aplicación y que, debido a que la concesión o la renovación de la posibilidad de acogerse al régimen fiscal controvertido se abordaba expresamente en dicha Decisión, el escrito de 20 de marzo de 2003 no podía considerarse como la notificación de una ayuda nueva en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3.

64. Mediante escrito de 26 de mayo de 2003, el Reino de Bélgica notificó de nuevo a la Comisión su intención manifestada en su escrito de 20 de marzo de 2003. Asimismo, solicitó una vez más al Consejo, mediante escrito del mismo día, que las medidas previstas se declararan compatibles con el mercado común conforme al artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero.

65. En su reunión de 3 de junio de 2003, el Consejo «Ecofin» adoptó un acuerdo de principio sobre esta solicitud y encargó al Comité de representantes permanentes que tomara todas las medidas necesarias para permitir al Consejo adoptar la decisión prevista lo antes posible y, en cualquier caso, antes del final del mes de junio de 2003.

66. Mediante escrito de 17 de julio de 2003, la Comisión, en respuesta a la notificación realizada por el Reino de Bélgica mediante escrito de 26 de mayo de 2003, confirmó su respuesta de 25 de abril de 2003, sin perjuicio del auto de medidas provisionales de 26 de junio de 2003, antes citado.

E. Decisión del Consejo

67. En su Decisión de 16 de julio de 2003, el Consejo recuerda el contexto jurídico y fáctico en el que el Reino de Bélgica le solicitó que autorizara las medidas previstas para los centros de coordinación cuya autorización expira entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.

68. Al hacerlo, señala que la Comisión había estimado en 1987 y en 1990 que el régimen fiscal de los centros de coordinación establecido mediante el Real Decreto nº 187 no planteaba objeciones. Precisa las circunstancias que llevaron a dicha institución a proceder a un nuevo examen del referido régimen y describe el contenido de la Decisión de 17 de febrero de 2003. El Consejo recuerda también que, en su sesión de los días 26 y 27 de noviembre de 2000, se aprobaron unas conclusiones según las cuales las empresas acogidas a un régimen fiscal pernicioso el 31 de diciembre de 2000 podían continuar acogiéndose al mismo hasta el 31 de diciembre de 2005 y que se reservaba la posibilidad de conceder una prórroga después de esa fecha para tener en cuenta circunstancias particulares.

69. A continuación, el Consejo sostiene que los centros objeto de la solicitud del Reino de Bélgica son titulares de una autorización temporal que, en virtud del Real Decreto nº 187, era renovable, que sin las medidas previstas dichos centros pueden poner fin a sus actividades en Bélgica y que dicho cese de actividades tendría consecuencias económicas y sociales muy negativas para ese Estado miembro.

70. El Consejo señala asimismo que la Comisión estableció en su Decisión que los efectos del régimen fiscal de los centros de coordinación pueden mantenerse hasta fechas de expiración posteriores al 31 de diciembre de 2005 y que otras decisiones de la Comisión conceden plazos hasta el 31 de diciembre de 2010 para regímenes fiscales competidores de otros Estados miembros, de modo que la aplicación de las medidas específicas previstas por el Reino de Bélgica no debería provocar distorsiones de competencia potenciales desproporcionadas dadas las ventajas previstas.

71. El Consejo deduce de ello que existen circunstancias excepcionales que justifican estimar la solicitud del Reino de Bélgica de conceder, hasta el 31 de diciembre de 2005, las medidas fiscales previstas a los centros de coordinación autorizados hasta el 31 de diciembre de 2000 cuya autorización expire entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.

72. Habida cuenta de estos elementos, el Consejo resolvió:

«Artículo 1

Se considera compatible con el mercado común la ayuda que Bélgica se propone conceder, hasta el 31 de diciembre de 2005, a las empresas que el 31 de diciembre de 2000 disfrutaban de una autorización como centro de coordinación, con arreglo al Real Decreto nº 187 de 30 de diciembre de 1982, que expira entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, consistente, como excepción a las normas tributarias generales, en:

– la aplicación del tipo normal del impuesto sobre sociedades a una base imponible teórica correspondiente a un porcentaje variable de determinados costes de explotación (método denominado cost plus) . No obstante, se utilizará una base imponible alternativa cuando exceda de la base imponible resultante de la aplicación del método cost plus; dicha base imponible alternativa incluye los beneficios anormales y voluntarios recibidos por los centros y los gastos no deducibles,

– la aplicación de un impuesto anual especial de 10.000 euros por empleado hasta un máximo de 100.000 euros,

– la exención del impuesto sobre bienes inmuebles para los bienes inmuebles propiedad de los centros que éstos utilizan para su actividad profesional,

– la exención del précompte mobilier (retención del impuesto en origen) para los dividendos, los intereses y los cánones que los centros pagan, salvo, en el caso de los intereses, cuando el beneficiario está sujeto al impuesto sobre las personas físicas o al impuesto sobre sociedades,

– la exención del précompte mobilier para las rentas que perciben los centros por depósitos en efectivo,

– la exención del derecho de registro de 0,50 % sobre las aportaciones y los aumentos del capital estatutario.

[…]»

F. Procedimiento contencioso contra la Decisión del Consejo

73. Mediante escrito de 24 de septiembre de 2003, la Comisión presentó ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación de la Decisión del Consejo.

74. El Consejo presentó su escrito de contestación el 16 de diciembre de 2003; la Comisión, su escrito de réplica el 27 de febrero de 2004, y el Consejo su escrito de dúplica el 18 de mayo de 2004.

75. Después de la conclusión de la fase escrita, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia de 29 de junio de 2004, Comisión/Consejo, (21) en la que declaró que el Consejo ya no era competente para autorizar, sobre la base del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero, la atribución a los beneficiarios de una ayuda ilegal que ha sido declarada incompatible con el mercado común mediante una decisión de la Comisión, de una cantidad destinada a compensarlos por lo que hayan tenido que reembolsar con arreglo a dicha decisión. (22)

76. Las partes se pronunciaron sobre las consecuencias que deben extraerse de dicha sentencia en el marco del presente recurso en la vista de 14 de septiembre de 2005.

V. Examen de los recursos

77. Comenzaré examinando el recurso interpuesto por la Comisión contra la Decisión del Consejo.

A. Recurso contra la Decisión del Consejo (asunto C‑399/03)

1. Pretensiones y motivos de las partes

78. La Comisión solicita que se anule la Decisión de la Comisión y que se condene a éste en costas.

79. En apoyo de su recurso, invoca cuatro motivos, basados respectivamente en falta de competencia del Consejo, en desviación de poder y procesal, en vulneración del Tratado y de principios generales del Derecho comunitario y, con carácter subsidiario, en error manifiesto de apreciación y en desviación de poder en cuanto a la existencia de circunstancias excepcionales.

80. La Comisión alega que la procedencia del primer motivo está acreditada a la vista de la sentencia Comisión/Consejo, antes citada. Sostiene que la Decisión del Consejo persigue mantener los efectos del régimen fiscal controvertido que ella declaró incompatible con el mercado común y que dicho régimen no se refiere a un régimen de ayudas nuevas o a medidas individuales, como afirma el Consejo.

81. Asimismo, sostiene que el Consejo ya no era competente, rationae temporis, para adoptar la Decisión de 16 de julio de 2003, ya que el artículo 88 CE, apartado 2, fija un plazo de tres meses para que éste se pronuncie y que la fecha en que el Reino de Bélgica sometió al Consejo la ayuda de que se trata debe fijarse en el 20 de marzo de 2003.

82. El Consejo solicita, con carácter principal, la desestimación del recurso y, con carácter subsidiario, el mantenimiento de los efectos de su Decisión hasta la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia. Asimismo, solicita la condena en costas de la Comisión.

83. El Consejo sostiene que la solución adoptada en la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, no es extrapolable en el marco del presente recurso, ya que, en el presente asunto, autorizó la concesión de una ayuda nueva, diferente de la que constituía el objeto de la Decisión de la Comisión.

84. Señala que el hecho de que un régimen de ayudas haya sido declarado incompatible no se opone a que el Estado miembro afectado conceda una nueva ayuda a empresas que habrían podido acogerse al régimen anterior, como se prevé, por otra parte, expresamente en el Reglamento nº 659/1999.

85. Alega que la ayuda autorizada en su Decisión se diferencia del régimen fiscal de los centros de coordinación calificado de ayuda de Estado incompatible con el mercado común por la Comisión por las siguientes razones: en primer lugar, en el plano formal, dicha ayuda fue establecida por disposiciones legales diferentes; en segundo lugar, a diferencia de dicho régimen fiscal, se concedió a un número limitado de empresas que son identificables, es decir, los treinta centros de coordinación cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005; por último, su Decisión tiene un efecto limitado hasta el 31 de diciembre de 2005.

86. El Consejo sostiene que la circunstancia de que la Comisión declarara el régimen fiscal de los centros de coordinación incompatible con el mercado común no constituye un impedimento para que el Reino de Bélgica conceda a determinados centros ventajas fiscales comparables con las previstas en el régimen anterior.

87. El Consejo indica, además, que su Decisión no pretende eliminar los efectos de la Decisión de la Comisión. Cuando la Comisión ha declarado que el régimen fiscal de los centros de coordinación constituye a partir de ese momento una ayuda de Estado, el Consejo y la Comisión están facultados para autorizar medidas de ayudas si estiman que las circunstancias lo justifican.

88. Por último, en lo que respecta al plazo transcurrido entre el recurso del Reino de Bélgica y la Decisión de 16 de julio de 2003, el Consejo ha alegado que el escrito del representante permanente de Bélgica ante la Unión Europea de 20 de marzo de 2003 no es más que un documento preparatorio, destinado a facilitar las traducciones, para que pudieran tener lugar las conversaciones sobre las medidas previstas. Por lo tanto, el recurso del Reino de Bélgica no se presentó hasta el 26 de mayo de 2003.

2. Apreciación

89. A la vista del análisis del reparto de competencias en materia de ayudas de Estado entre el Consejo y la Comisión establecido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, dictada en sesión plenaria, considero que el motivo basado en la falta de competencia del Consejo para adoptar la Decisión de 16 de julio de 2003 está fundado.

90. En apoyo de mi análisis, empezaré por recordar los hechos y la motivación del Tribunal de Justicia en dicha sentencia.

91. En 1994 y en 1999, la República Portuguesa estableció varios regímenes de ayudas a favor de determinadas empresas agrícolas en forma de créditos, de moratorias para el reembolso de préstamos y de préstamos bonificados. La Comisión declaró dichas ayudas incompatibles con el mercado común, en su totalidad o en parte, y ordenó su recuperación de los beneficiarios, más los intereses correspondientes.

92. Tras las Decisiones de la Comisión, la República Portuguesa solicitó al Consejo, sobre la base del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero, que autorizara la concesión de una ayuda a los ganaderos portugueses obligados a reembolsar las ayudas antes indicadas, por un importe equivalente a las cantidades adeudadas.

93. El Consejo estimó dicha solicitud. (23) Señaló que el reembolso de las ayudas concedidas por la República Portuguesa ponía en peligro la viabilidad económica de un gran número de beneficiarios y tendría una repercusión social muy negativa en determinadas regiones de dicho Estado miembro. (24) De ello dedujo que se daban, por lo tanto, circunstancias excepcionales, en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero, que justificaban autorizar la medida de que se trataba.

94. La Comisión interpuso un recurso de anulación contra dicha Decisión ante el Tribunal de Justicia, en el marco del cual invocó, en particular, el motivo según el cual el Consejo no era competente para adoptar la referida Decisión.

95. En su apreciación de este motivo, el Tribunal de Justicia siguió un razonamiento en dos fases. En una primera fase, precisó el alcance del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero, que define las competencias del Consejo en materia de ayudas de Estado. Señaló que dicha disposición reviste un carácter excepcional porque los artículos 87 CE y 88 CE reservan a la Comisión un papel central para el reconocimiento de la posible incompatibilidad de una ayuda.

96. Asimismo, del contenido del artículo 88 CE, apartado 2, párrafos tercero y cuarto, dedujo que si el Estado miembro afectado no dirige ninguna petición al Consejo antes de que la Comisión declare la ayuda controvertida incompatible con el mercado común, el Consejo deja de estar autorizado para ejercer la facultad excepcional que le confiere el citado párrafo tercero para declarar la ayuda compatible con el mercado común. (25)

97. Añadió que dicha interpretación, que permite evitar que una misma ayuda de Estado sea objeto de decisiones contradictorias adoptadas sucesivamente por la Comisión y el Consejo, contribuye a la seguridad jurídica.

98. En una segunda fase, el Tribunal de Justicia consideró que el límite así definido a la competencia del Consejo implica que éste es incompetente asimismo para decidir sobre una ayuda que tenga por objeto atribuir a los beneficiarios de la ayuda ilegal declarada incompatible mediante una decisión de la Comisión una cantidad destinada a compensar los reembolsos por la cuantía que estén obligados a reembolsar en virtud de dicha decisión.

99. El Tribunal de Justicia afirmó que, conforme a jurisprudencia reiterada, la supresión, por vía de recuperación, de una ayuda estatal concedida ilegalmente es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad, ya que la obligación del Estado miembro otorgante de suprimir tal ayuda tiene por objeto restablecer la situación anterior y que este objetivo se logra una vez que el beneficiario devuelve las ayudas de que se trata, más, en su caso, los intereses de demora.

100. De ello dedujo que admitir que un Estado miembro pueda conceder a los beneficiarios de una ayuda ilegal declarada incompatible con el mercado común mediante decisión de la Comisión una nueva ayuda por un importe equivalente al de la ayuda ilegal, destinada a neutralizar el impacto de las devoluciones a que están obligados con arreglo a dicha decisión, equivaldría evidentemente a hacer fracasar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud de los artículos 87 CE y 88 CE.

101. Según el Tribunal de Justicia, del mismo modo que el Consejo no puede paralizar la eficacia de una decisión de la Comisión que declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común declarando él mismo la compatibilidad de la ayuda con dicho mercado, no puede en lo sucesivo impedir la eficacia de tal decisión declarando compatible con el mercado común, conforme al artículo 81 CE, apartado 2, párrafo tercero, una ayuda destinada a compensar a los beneficiarios de una ayuda ilegal declarada incompatible por los reembolsos a los que están obligados con arreglo a esta decisión. (26)

102. La aplicación de estas reglas en el presente litigio lleva a la conclusión de que el Consejo no podía adoptar válidamente la Decisión de 16 de julio de 2003.

103. En efecto, el Reino de Bélgica sólo presentó al Consejo una petición basada en el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero después de la Decisión de 17 de febrero de 2003. En consecuencia, conforme a la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, (27) el Consejo ya no estaba autorizado para ejercer la facultad excepcional que le confiere dicha disposición para declarar compatible con el mercado común el régimen nacional que la Comisión había declarado incompatible en dicha Decisión. Asimismo, según la misma sentencia, el Consejo no podía hacer fracasar la eficacia de tal Decisión.

104. Pues bien, a diferencia de lo que sostiene el Consejo, considero que, al adoptar su Decisión de 16 de julio de 2003, éste vulneró esas dos reglas.

105. De este modo, de la comparación de las medidas descritas en el artículo 1 de la Decisión de la Comisión así como de los escritos del Reino de Bélgica de 28 de marzo y 26 de mayo de 2003 se desprende que dichas medidas tienen el mismo contenido que las previstas por el régimen fiscal de los centros de coordinación, que constituye el objeto de la Decisión de la Comisión. En efecto, las medidas autorizadas por el Consejo consisten en la aplicación del mismo método de determinación de los beneficios imponibles, junto con el mismo impuesto exigible en función del número de trabajadores por cuenta ajena que en el régimen fiscal de los centros de coordinación. Asimismo, reproducen las mismas exenciones de la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario, la retención a cuenta del impuesto sobre bienes inmuebles y de los derechos sobre las aportaciones de capital.

106. Además, procede señalar que las medidas objeto de la Decisión del Consejo se autorizan a favor de los centros de coordinación que se acogían, el 31 de diciembre de 2000, al régimen fiscal declarado incompatible con el mercado común y cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005. En consecuencia, dichas medidas se autorizan a favor de empresas a las que se aplicaba el régimen de ayudas declarado incompatible por la Decisión de la Comisión y que, conforme a dicha Decisión, no podían obtener la renovación del citado régimen.

107. Por último, de la motivación de la Decisión del Consejo se desprende claramente que ésta tiene por objeto paliar los efectos de la Decisión de la Comisión en lo que respecta a los centros de coordinación cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005. (28)

108. Al autorizar así al Reino de Bélgica a aplicar a los centros de coordinación cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005 un trato fiscal idéntico al del régimen declarado incompatible por la Comisión en su Decisión de 17 de febrero de 2003 para paliar la falta de renovación posible de dicho régimen a favor de dichos centros, el Consejo se pronunció sobre la compatibilidad de un régimen sobre el que la Comisión se había pronunciado ya y pretendió eliminar los efectos de dicha Decisión en lo que concierne a los referidos centros.

109. A mi juicio, ninguna de las alegaciones invocadas por el Consejo puede desvirtuar este análisis. Así, el hecho de que las medidas autorizadas por el Consejo procedieran formalmente de nuevas disposiciones legislativas adoptadas por el Reino de Bélgica, y no de una solicitud de prórroga de los efectos del régimen fiscal establecido por el Real Decreto nº 187, no puede justificar que se las considere como medidas diferentes. Es evidente que el reparto de las competencias entre el Consejo y la Comisión establecido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, podría eludirse fácilmente y el efecto útil de una decisión de incompatibilidad podría ponerse en peligro en gran medida si el Estado miembro afectado no tuviera más que reproducir de un modo idéntico, en una nueva norma, las disposiciones de un régimen de ayudas declarado incompatible con el mercado común y presentarlo al Consejo.

110. A la vista de la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, procede atenerse a los efectos de las medidas afectadas por las Decisiones adoptadas respectivamente por la Comisión y posteriormente por el Consejo para determinar si éste actuó en el marco de las competencias que le confiere el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero.

111. Del mismo modo, las alegaciones según las cuales la Decisión del Consejo sólo se refiere a un número concreto y determinado de empresas y tiene efectos limitados en el tiempo no permiten considerar que el Consejo estaba facultado para autorizar las medidas controvertidas con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero.

112. En efecto, como se desprende de la fundamentación de la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, el reparto de competencias entre el Consejo y la Comisión en materia de ayudas de Estado tiene por objeto contribuir a la seguridad jurídica evitando que una misma ayuda sea objeto de decisiones contradictorias adoptadas sucesivamente por dichas instituciones. (29) Cuando la Comisión haya declarado una ayuda incompatible con el mercado común, corresponde al Estado miembro y a los beneficiarios de esa medida impugnarla, directa o indirectamente, en el marco de los procesos jurisdiccionales entablados ante el Juez comunitario y el Juez nacional. La seguridad jurídica exige también que, cuando la decisión de la Comisión haya adquirido carácter firme, no pueda ser anulada por una decisión del Consejo. Se trata, por último, de evitar un posible conflicto entre una decisión del Consejo y una sentencia del Juez comunitario dictada sobre la decisión anterior de la Comisión.

113. Habida cuenta de estos objetivos, el criterio determinante es si la Decisión del Consejo contradice o no la Decisión de la Comisión o elimina sus efectos. Por consiguiente, carece de pertinencia que la Decisión del Consejo se refiera a un número de empresas más reducido en comparación con la Decisión de la Comisión o que las medidas que el Consejo autoriza tengan una duración más limitada que el régimen fiscal declarado incompatible por la Comisión. En el presente asunto, basta señalar que el artículo 2 de la Decisión de la Comisión dispone que, a partir de la fecha de su notificación, el beneficio del régimen controvertido no podrá ya mantenerse por medio de la renovación de autorizaciones vigentes (párrafo segundo) y que si la autorización expira antes del 31 de diciembre de 2010, no se reconocerá ya, ni siquiera temporalmente, el beneficio de dicho régimen (párrafo tercero).

114. De ello se desprende que el Consejo ya no era competente para autorizar al Reino de Bélgica para conceder a dichos centros un trato fiscal idéntico al que había sido declarado incompatible por la Comisión. Por tanto, considero que el primer motivo invocado por la Comisión, basado en la falta de competencia del Consejo para adoptar la Decisión de 16 de julio de 2003, es fundado y que, en consecuencia, ésta debe ser anulada.

115. A la vista de las consideraciones anteriores, propongo, pues, al Tribunal de Justicia que anule la Decisión del Consejo, sin que sea necesario examinar el resto de los motivos invocados por la Comisión en apoyo de su recurso. El Consejo, cuyas pretensiones se desestiman en el presente asunto, deberá cargar con las costas.

116. El Consejo solicita que, en caso de anulación de su Decisión de 16 de julio de 2003, sus efectos se mantengan hasta la fecha en que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia.

117. No considero que pueda estimarse esta petición por las razones siguientes. El reparto de competencias establecido en el artículo 88 CE en materia de ayudas de Estado tiene por objeto, como se ha indicado, evitar posibles conflictos no sólo entre la Comisión y el Consejo en relación con una misma medida nacional, sino también entre el Consejo y el Juez comunitario cuando éste se pronuncie sobre un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión.

118. En el presente asunto, la Decisión de 17 de febrero de 2003 ha sido objeto de dos recursos interpuestos respectivamente por el Reino de Bélgica y por Forum 187. El recurso de dicho Estado miembro tiene por objeto la anulación de esa Decisión por cuanto ésta le prohíbe renovar las autorizaciones que expiren a partir del 17 de febrero de 2003. Asimismo, es sabido que el Reino de Bélgica y Forum 187 obtuvieron, mediante auto de medidas provisionales de 26 de junio de 2003, la suspensión de la ejecución de la Decisión de la Comisión en la medida en que ésta prohíbe toda renovación de cualquier autorización a partir de dicha fecha. De ello se sigue que, conforme a dicho auto, el Reino de Bélgica puede conceder a los centros cuya autorización expire después del 17 de febrero de 2003 su renovación. Por consiguiente, dicho auto produce efectos que son comparables a los de la Decisión del Consejo, ya que, como hemos visto, las medidas fiscales objeto de ésta son idénticas a las establecidas por el régimen fiscal de los centros de coordinación.

119. A la vista de estos elementos, la solicitud del Consejo de que se mantengan los efectos de su Decisión hasta que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia carece de interés si el Tribunal de Justicia estima los recursos interpuestos por el Reino de Bélgica y por Forum 187.

120. Si, en cambio, el Tribunal de Justicia desestima dichos recursos y elimina los efectos del auto de medidas provisionales, sería contradictorio y contrario al reparto de competencias establecido en el artículo 88 CE decidir que la Decisión del Consejo produzca sus efectos hasta que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia. En efecto, en la medida en que dicha sentencia no podrá dictarse antes del 31 de diciembre de 2005, tal solución tendría como consecuencia privar de todo efecto a la anulación de la Decisión del Consejo.

B. Recursos contra la Decisión de la Comisión (asuntos acumulados C‑182/03 y C‑217/03)

1. Pretensiones de las partes

a) Asunto Bélgica/Comisión (C‑182/03)

121. El Reino de Bélgica solicita al Tribunal de Justicia que anule la Decisión de la Comisión por cuanto ésta no le autoriza a conceder, ni siquiera temporalmente, la renovación de la condición de «centro de coordinación» a quienes disfrutaban de tal condición el 31 de diciembre de 2000.

122. Su recurso tiene por objeto la anulación del artículo 2, párrafos segundo y tercero, de la Decisión de la Comisión en la medida en que dispone que, «a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión no podrá ya [mantenerse] el beneficio de dicho régimen ni de componentes del mismo […] por medio de la renovación de autorizaciones vigentes», y que «de conformidad con el segundo párrafo, en caso de renovación de la autorización antes [del 31 de diciembre de 2010], no se reconocerá ya, ni siquiera temporalmente, el beneficio del régimen objeto de la presente Decisión». (30)

123. Dicho Estado miembro solicita asimismo la condena en costas de la Comisión, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.

124. En el escrito de 9 de mayo de 2003, presentado después de la rectificación de 23 de abril de 2003, el Reino de Bélgica invocó dos motivos nuevos, dirigidos contra dicha rectificación. El primero de esos motivos se basaba en una vulneración del principio de seguridad jurídica debido a las dificultades de interpretación que seguía planteando, según dicho Estado miembro, la nueva redacción del artículo 2, párrafo tercero, de la Decisión de 17 de febrero de 2003, según resulta de la rectificación. Sin embargo, a la vista de las explicaciones facilitadas por la Comisión en su escrito de contestación en cuanto al sentido de dicho artículo y al alcance de las medidas transitorias que establece, el Reino de Bélgica retiró expresamente ese motivo nuevo de su escrito de réplica. (31) Por lo tanto, no procede examinarlo.

125. El segundo de dichos motivos nuevos cuestionaba las condiciones en las que se adoptó la rectificación. En el marco de este motivo, el Reino de Bélgica señalaba que albergaba serias dudas acerca de la regularidad del procedimiento de adopción del acto de rectificación. Asimismo, señalaba que se reservaba el derecho a impugnar su validez. Alegaba que correspondía a la Comisión precisar según qué procedimiento decisorio se había adoptado dicho acto y aportar la prueba de que éste se había adjuntado, en su caso, a la nota recapitulativa o a la nota diaria prevista en el artículo 18 del Reglamento interno de la Comisión. (32) Dicho Estado miembro sostenía que, en su defecto, incumbiría al Tribunal de Justicia determinar mediante auto, conforme al artículo 45 de su Reglamento de Procedimiento, las diligencias de prueba que considerara convenientes, reservando los derechos del demandante.

126. En su escrito de contestación, la Comisión sostuvo que la rectificación de 23 de abril de 2003 tenía los mismos sellos oficiales de autentificación que la versión inicial de la Decisión de 17 de febrero de 2003. Asimismo, señaló que ese acto había sido adoptado oralmente en la reunión colegial de 23 de abril de 2003, con estricto respeto de sus normas de procedimiento.

127. Procede señalar que, en su escrito adicional, el Reino de Bélgica, no solicitó la anulación de la rectificación, sino que simplemente se reservó el derecho a impugnar posteriormente su validez. Por consiguiente, no presentó al Tribunal de Justicia una auténtica demanda, en el sentido del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento.

128. Asimismo, he de señalar, además, que el Reino de Bélgica no indicó ningún elemento que permitiera pensar que el acto de rectificación fue adoptado vulnerando el Reglamento interno de la referida institución y que éste adolece por tanto de un vicio sustancial de forma. El único elemento aducido en este sentido por el Reino de Bélgica se refería al hecho de que se trata de un acto de rectificación. Sin embargo, de las explicaciones de la Comisión se desprende que dicho acto siguió el mismo procedimiento de adopción que la versión inicial de la Decisión de 17 de febrero de 2003. (33) Esta afirmación es corroborada por el hecho de que el escrito de la Comisión de 23 de abril de 2003 y la versión rectificada de la Decisión de 17 de febrero de 2003 tienen los mismos sellos de autentificación que la versión inicial de ésta. Por último, resulta que dicho Estado miembro no cuestionó en su escrito de réplica ni durante la fase oral la regularidad del procedimiento seguido para la adopción del acto de rectificación.

129. Por lo tanto, considero que el segundo motivo nuevo presentado por el Reino de Bélgica en su escrito adicional no es admisible, ya que no se invoca en apoyo de una demanda, y, con carácter subsidiario, que debe desestimarse.

130. A la vista de estos elementos, el Reino de Bélgica interpuso, pues, ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación parcial de la Decisión de la Comisión, en cuanto ésta no le autoriza a conceder, ni siquiera temporalmente, la renovación de la autorización a los centros de coordinación a los que se aplicaba el régimen controvertido el 31 de diciembre de 2000 y cuya autorización expira antes del 31 de diciembre de 2010.

131. La Comisión solicita que se desestime ese recurso y se condene en costas al Reino de Bélgica, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.

b) Asunto Forum 187/Comisión (C‑217/03)

132. En su escrito, recibido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de abril de 2003, Forum 187 solicitó a este último que anulara la Decisión de 17 de febrero de 2003 en su totalidad o en parte.

133. Mediante dicho recurso, Forum 187 reclama pues, con carácter principal, la anulación de tal Decisión en su conjunto, en particular, en la medida en que declara, en su artículo 1, que el régimen fiscal de los centros de coordinación es una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Asimismo solicita, con carácter subsidiario, la anulación parcial de la Decisión de la Comisión, por cuanto no estableció medidas transitorias adecuadas.

134. En su escrito inicial, Forum 187 reprochaba a la Comisión no haber adoptado tales medidas transitorias en lo que respecta, por una parte, a los centros de coordinación cuya autorización se renovó entre el 31 de diciembre de 2000 y el 17 de febrero de 2003 y, por otra, aquellos cuya autorización expiraba en 2003, después del 17 de febrero, y en 2004. Sin embargo, después de la corrección introducida en el contenido del artículo 2 de la Decisión de 17 de febrero de 2003, Forum 187 retiró su recurso en lo que respecta a los centros cuya autorización fue renovada entre el 31 de diciembre de 2000 y el 17 de febrero de 2003. (34)

135. Por último, Forum 187 exige que se condene a la Comisión a las costas de los asuntos C‑217/03 y T‑276/02. (35)

136. Después de la rectificación de la Decisión de 17 de febrero de 2003, Forum 187 presentó ante el Tribunal de Justicia un escrito adicional de 16 de mayo de 2003, en el que indicó que el error cometido por la Comisión en la formulación del artículo 2 de la Decisión le había llevado a exponer alegaciones que ya no son pertinentes. Solicitó que esa institución soportara los gastos que había soportado por ese motivo, con independencia del resultado del recurso de anulación.

137. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso interpuesto por Forum 187 por ser manifiestamente inadmisible y, con carácter subsidiario, por infundado. Asimismo, solicita la condena en costas de Forum 187.

138. Empezaré por examinar la excepción de inadmisibilidad del recurso de Forum 187, propuesta por la Comisión.

2. Admisibilidad del recurso de Forum 187

a) Alegaciones de las partes

139. La Comisión sostiene que Forum 187 no está legitimada para impugnar la Decisión de 17 de febrero de 2003, de la que no es destinataria, porque no resulta directa ni individualmente afectada por dicha Decisión.

140. Recuerda que una asociación como Forum 187, constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables, no puede resultar individualmente afectada por un acto que afecta a los intereses generales de dicha categoría. El recurso de Forum 187 sólo podría ser admisible si dicha asociación demostrara que sus propios intereses se ven afectados por la Decisión de 17 de febrero de 2003, o bien que interviene en sustitución de algunos de sus miembros que están legitimados por sí mismos.

141. En cuanto al primer punto, la Comisión alega que Forum 187 no puede sostener que resulta directa e individualmente afectada por la Decisión de 17 de febrero de 2003 debido al papel que desempeñó ante las autoridades belgas y a su participación en el procedimiento administrativo que dio lugar a tal Decisión.

142. Indica que, conforme a la sentencia Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen y Hapag-Lloyd/Comisión, (36) el mero hecho de que Forum 187 presentara observaciones en nombre de sus miembros durante dicho procedimiento no constituye en sí un elemento suficiente para conferirle la legitimación activa. Alega que nunca reconoció a Forum 187 la condición de negociador en nombre de sus miembros y que dicha asociación tampoco goza de un estatuto oficial o cuasioficial ante las autoridades belgas. Por lo tanto, la situación de Forum 187 es diferente de la asociación de que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia AIUFFASS y AKT/Comisión, (37) que ocupaba una situa ción muy particular en el sector de la industrial textil. El papel de Forum 187 tampoco es comparable al desempeñado por el Landbouwschap, cuyo recurso fue declarado admisible en la sentencia Van der Kooy y otros/Comisión (38) y que había negociado con el Gobierno neerlandés la tarifa de gas preferente, considerada como una ayuda de Estado incompatible con el Tratado.

143. La Comisión sostiene, además, que Forum 187 no puede afirmar que la Decisión de 17 de febrero de 2003 perjudica su razón de ser, porque dicha Decisión no exige de ningún modo el cese de las actividades de los centros de coordinación en Bélgica.

144. En cuanto al segundo punto, la Comisión señala que su Decisión se refiere a un régimen de ayudas accesible para una categoría de empresas y no a un conjunto de medidas individuales que conceden una ayuda a una o varias empresas designadas por su nombre. Se trata, pues, de una medida de alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente y que produce sus efectos jurídicos con respecto a categorías de personas consideradas de manera abstracta. Según la Comisión, dicha Decisión no se aplica tampoco a un círculo cerrado de personas cuyo nombre e identidad son conocidos o verificables, sino a todas las empresas presentes, pasadas y futuras que habrían podido acogerse al régimen fiscal de los centros de coordinación.

145. La Comisión señala que Forum 187 no menciona ninguna característica que permita considerar que algunos de sus miembros resultan afectados «debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, les individualiza de una manera análoga a la del destinatario», según la fórmula consagrada después de la sentencia Plaumann/Comisión. (39) Toda empresa que gestione en la actualidad un centro de coordinación o que prevea crear tal centro en el futuro sólo resulta afectada por la Decisión de la Comisión en virtud de su condición objetiva de beneficiaria actual o potencial del régimen fiscal controvertido, de modo que no resulta directa e individualmente afectada por la Decisión de 17 de febrero de 2003.

146. Además, ninguno de los miembros de Forum 187 fue objeto de una atención especial por parte de las autoridades belgas en el momento de la creación de ese régimen, ni por parte de la Comisión con motivo del examen del mismo. La Comisión sostiene que la situación de los miembros de Forum 187 es diferente de la de los beneficiarios de una ayuda individual concedida en el marco de un régimen sectorial y que éstos estén obligados a reembolsar, como sucedía en los asuntos que dieron lugar a las sentencias CETM/Comisión, (40) Italia y Sardegna Lines/Comisión (41) e Italia/Comisión. (42) En el presente litigio, ningún miembro de Forum 187 gozó de un derecho actual y acreditado que resultara afectado por la Decisión de 17 de febrero de 2003. A este respecto, la Comisión indica que las medidas transitorias permitieron a todos los centros de coordinación disfrutar de su autorización vigente hasta su fecha de expiración, sin perjuicio de aquellos cuya autorización expiraba después del 31 de diciembre de 2010.

147. En lo que respecta más concretamente a los centros de coordinación cuya autorización expira poco después de la Decisión de 17 de febrero de 2003, no se encuentran en una situación diferente de la de otros miembros de Forum 187, hasta el punto de individualizarse como un destinatario. En un régimen fiscal que establece una ventaja de duración limitada en el tiempo, es inevitable que todas las autorizaciones no expiren al mismo tiempo. La fecha en la que dicha expiración se produce constituye un elemento objetivo que ilustra que esos centros resultan afectados por una medida general y que pueden serlo de maneras diferentes. La Comisión señala, además, que dichos centros no tenían un derecho adquirido a la renovación de su autorización. En cuanto a la cuestión de si podían tener una confianza legítima en la renovación de su autorización, se trata de una cuestión de fondo.

148. Por último, los miembros de Forum 187 no carecen de cualquier otro recurso judicial, ya que podrían impugnar ante los tribunales belgas cualquier medida adoptada por las autoridades nacionales que afecte a su situación fiscal. Podrían cuestionar la validez de la Decisión de 17 de febrero de 2003 en el marco de tal procedimiento.

149. Forum 187 se opone a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y sostiene que debe declararse la admisibilidad de su recurso por dos razones. En primer lugar, algunos de sus miembros resultan directa e individualmente afectados por la Decisión de la Comisión. Se trata, por un lado, de treinta centros que obtuvieron una renovación de su autorización durante los años 2001 y 2002, y para los que el plazo durante el que podrán acogerse al régimen fiscal controvertido está limitado al 31 de diciembre de 2010. Y se trata, por otro lado, de ocho centros cuya solicitud de renovación estaba pendiente en el momento de la adopción de la Decisión de la Comisión y que, con arreglo a ésta, no podrán obtenerla. (43)

150. En segundo lugar, Forum 187 sostiene que se ve afectada por la Decisión de la Comisión porque es el órgano de representación de los centros de coordinación reconocido por las autoridades belgas, ante las que tenía un estatuto cuasioficial, como lo demuestran los documentos adjuntos a su respuesta a la excepción de inadmisibilidad. Indica que colaboró estrechamente con dichas autoridades cuando la Comisión y el grupo Código de conducta investigaron el régimen fiscal de los centros de coordinación y que el Gobierno belga le solicitó periódicamente que informara a sus miembros de la evolución de la situación. Por lo tanto, Forum 187 resulta individualmente afectada por la Decisión de la Comisión, conforme a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Van der Kooy y otros/Comisión, antes citada.

151. Forum 187 añade que resulta individualmente afectada por la Decisión de la Comisión porque afecta a su razón de ser. Así, ante la falta de un régimen fiscal sustitutorio, un gran número de centros de coordinación se ven obligados a cuestionarse su presencia en Bélgica.

152. Por último, Forum 187 señala que desempeñó un papel importante en el procedimiento administrativo ante la Comisión y que ésta le comunicó directamente su Decisión.

b) Apreciación

153. Como se expuso en la fase oral y como se desprende de la jurisprudencia, una asociación como Forum 187, que se encarga de defender los intereses colectivos de empresas, sólo está, en principio, legitimada para interponer un recurso de anulación contra una decisión definitiva de la Comisión en materia de ayudas de Estado en dos supuestos. Su recurso es admisible, por una parte, si las empresas que representa o algunas de ellas están legitimadas individualmente. (44) Se considera entonces que la asociación sustituye a sus miembros. Por otra parte, su recurso también es admisible si puede alegar un interés propio en la sustanciación del procedimiento. La jurisprudencia admite que así puede suceder, en particular, cuando la posición de negociadora de la asociación se haya visto afectada por el acto cuya anulación se solicita. (45)

154. Esta limitación de la admisibilidad de la acción de una asociación de defensa de intereses colectivos ante el Juez comunitario se deriva del artículo 230 CE, párrafo cuarto, que –procede recordar– supedita el recurso de anulación de toda persona física o jurídica contra las decisiones de las que no sea destinataria al doble requisito de que dichas decisiones le afecten directa e individualmente. Si el acto controvertido no cumple estos requisitos, el recurso por el que lo impugne una persona física o jurídica es inadmisible. Además, todos los requisitos exigidos son de orden público, de modo que el Juez comunitario debe apreciar de oficio dicha inadmisibilidad. (46)

155. En consecuencia, una asociación de defensa de intereses colectivos sólo está legitimada para solicitar la anulación de una decisión de la que no es destinataria si dicha decisión la afecta a ella o a sus miembros directa e individualmente. De ello se desprende que, según jurisprudencia consolidada, una asociación no está legitimada para impugnar tal acto en nombre de la defensa de intereses generales y colectivos de las empresas a las que representa. (47) Así, se trata de evitar que mediante la creación de tal asociación los particulares puedan eludir las exigencias del artículo 230 CE, párrafo cuarto. (48)

156. La admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por Forum 187 contra la Decisión de la Comisión debe apreciarse a la luz de estas consideraciones. A tal efecto, comenzaré por examinar si dicho recurso es admisible en razón de que la referida asociación se haya visto afectada por dicha Decisión en sus intereses propios.

i) Sobre la admisibilidad del recurso de Forum 187 en razón de que ésta resulte directa e individualmente afectada

157. Forum 187 sostiene que resulta individualmente afectada por la Decisión de la Comisión, por una parte, porque su posición de negociadora se vio afectada por dicha Decisión y, por otra, porque la Decisión cuestiona su propia existencia. Considero que no cabe acoger las alegaciones de Forum 187 en ninguno de esos puntos.

158. En lo que respecta, en primer lugar, al hecho de que su posición de negociadora se vio afectada, procede recordar que este criterio fue enunciado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Van der Kooy y otros/Comisión, antes citada, que se basa en circunstancias fácticas muy particulares.

159. De este modo, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la Decisión dictada por la Comisión que calificaba de ayuda de Estado incompatible con el mercado común las tarifas preferenciales del gas aplicadas a la horticultura en invernaderos afectaba a la posición de negociador del Landbouwschap, el organismo de Derecho público neerlandés encargado de la defensa de los intereses de los operadores en el ámbito agrícola, no sólo porque este organismo había participado activamente en el procedimiento formal de examen, iniciado por la Comisión, sino también porque había negociado dichas tarifas con el proveedor, cuya firma figuraba además en el acuerdo mediante el que se establecían dichas tarifas, y que, después de la Decisión dictada por la Comisión, se había visto obligado a entablar nuevas negociaciones y a celebrar un nuevo acuerdo. El Landbouwschap era, por tanto, en cierta manera, coautor del régimen nacional controvertido.

160. El Tribunal de Justicia admitió también que el recurso de una asociación era admisible porque la posición de negociadora de ésta resultaba afectada en un supuesto diferente, en el asunto que dio lugar a la sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes citada. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia hubo de resolver el recurso del CIRFS, una asociación que agrupaba a los principales productores internacionales de fibras sintéticas, contra la Decisión mediante la que la Comisión había estimado que una ayuda concedida por un Estado miembro no debía ser objeto de una notificación previa porque dicha ayuda no estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la «disciplina» aceptada por los Estados miembros en materia de concesión de ayudas a la industria comunitaria de las fibras sintéticas, recogida en una comunicación de dicha institución.

161. El Tribunal de Justicia declaró que la posición de negociadora del CIRFS resultaba afectada porque dicha institución había emprendido, en el interés de los principales productores internacionales de fibras sintéticas, diversas actuaciones relativas a la política de reestructuración de dicho sector de actividades y había sido, en particular, el interlocutor de la Comisión a propósito del establecimiento de la disciplina, así como de su prórroga y adaptación. Por lo tanto, el CIRFS había participado activamente con la Comisión en la elaboración de la disciplina que enmarcaba la concesión de las ayudas en el sector de que se trata.

162. Como el Tribunal de Justicia acaba de confirmar recientemente en la sentencia Comisión/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, (49) la participación en el procedimiento formal de examen para la defensa de los intereses colectivos de los operadores que la asociación representa no constituye un elemento que acredite que ésta resulta afectada por la Decisión controvertida en sus intereses propios. (50) La posición de negociadora de tal asociación sólo puede considerarse afectada únicamente cuando ha participado activamente en la adopción de la medida nacional de que se trata, como sucedía en la sentencia Van der Kooy y otros/Comisión, antes citada, o del régimen jurídico que le sea aplicable, como había hecho el CIRFS en relación con la disciplina aplicable a las concesiones de ayudas en el sector de actividad de que se trataba.

163. Pues bien, los elementos aportados por Forum 187 no demuestran que su participación haya tenido estas características. Es cierto que dichos elementos prueban que mantuvo relaciones continuas con las autoridades belgas para la buena aplicación del régimen fiscal controvertido. Sin embargo, de ello no se desprende que participara en la determinación del contenido de las diferentes medidas previstas por el régimen controvertido que fueron consideradas ayudas de Estado por la Comisión. No negoció ni firmó ningún acuerdo de establecimiento del régimen fiscal de los centros de coordinación. Tampoco está obligada, para aplicar la Decisión controvertida, a entablar nuevas negociaciones ni a celebrar un nuevo acuerdo relativo a dichas disposiciones. (51) En consecuencia no considero que pueda resultar afectada por la Decisión de 17 de febrero de 2003 en su «posición de negociadora».

164. En lo que atañe, además, a la alegación según la cual la Decisión de la Comisión cuestiona la propia existencia de Forum 187, de ser fundada, podría llevar a aceptar la admisibilidad del recurso de dicha asociación ya que ésta resultaría entonces afectada en sus propios intereses. Sin embargo, esta alegación no me parece fundada en el presente asunto por las razones siguientes.

165. Forum 187 sostiene que, al no existir un régimen sustitutorio, la Decisión de la Comisión tendrá por efecto que los centros de coordinación se verán obligados a cesar sus actividades en Bélgica. Pues bien, como señala la Comisión, su Decisión de 17 de febrero de 2003 no prohíbe el ejercicio por dichos centros de sus actividades en Bélgica y tampoco establece límites a éstas. Sólo se refiere al régimen fiscal aplicable a los centros y no prohíbe al Reino de Bélgica establecer un régimen fiscal sustitutorio. Además, Forum 187 sostiene en su segundo motivo, basado en la vulneración del artículo 87 CE, apartado 1, que las diferentes medidas fiscales previstas por el régimen controvertido y calificadas de «ayudas de Estado» por la Comisión no confieren ninguna ventaja económica a los centros. Por tanto, parece difícil admitir, en tales circunstancias, que la supresión de ese régimen fiscal lleve a todos los centros de coordinación o a un número significativo de ellos a cesar sus actividades en dicho Estado miembro.

166. Por consiguiente, considero que Forum 187 no se ve individualmente afectada por la Decisión de 17 de febrero de 2003 por resultar afectada en sus propios intereses.

167. Procede ahora examinar si el recurso de anulación de Forum 187 es admisible porque algunos de sus miembros estaban ellos mismos legitimados para interponer tal recurso ante el Juez comunitario.

ii) Sobre la admisibilidad del recurso de Forum 187 en la medida en que ésta sustituye a algunos de sus miembros

168. Forum 187 sostiene que debe declararse la admisibilidad de su recurso porque representa a dos grupos de centros de coordinación que resultan directa e individualmente afectados por la Decisión de la Comisión. Por una parte, se trata de los treinta centros cuya autorización fue renovada en 2001 o en 2002 y para los que dicha Decisión limita la duración de aplicación del régimen fiscal controvertido al 31 de diciembre de 2010 y, por otra, de los ocho centros cuya solicitud de renovación estaba pendiente y que, en virtud de dicha Decisión, no pueden obtener dicha renovación.

169. Como el Tribunal de Justicia confirmó expresamente en la sentencia Codorniu/Consejo, (52) el hecho de que un acto comunitario tenga un alcance general no excluye que pueda afectar directa e individualmente a determinados operadores económicos, y constituir de este modo una decisión referida a ellos. En el presente asunto, el hecho de que la Decisión de la Comisión se presente con respecto a los operadores económicos como una medida de alcance general, puesto que declara incompatible con el Derecho comunitario el régimen fiscal aplicable a los centros de coordinación, es decir a una categoría de operadores económicos considerada de manera general y abstracta, no impide, pues, que pueda afectar directa e individualmente a algunos de dichos centros en función de características que les son propias.

170. El primer requisito exigido por el artículo 230 CE, párrafo cuarto, en virtud del cual los centros pertenecientes a los dos grupos representados por Forum 187 deben resultar directamente afectados por la Decisión de 17 de febrero de 2003, no ha sido cuestionado por la Comisión. Considero, asimismo, que concurre dicho requisito. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que las personas físicas o jurídicas afectadas por el acto impugnado lo son directamente por éste cuando dicho acto no permite ninguna facultad de apreciación al destinatario que debe aplicarlo, por tener ésta, según la fórmula habitual, «un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias». (53)

171. Así sucede en el presente asunto, ya que la Decisión de la Comisión, después de haber declarado el régimen fiscal de los centros de coordinación incompatible con el mercado común, prohíbe al Reino de Bélgica renovar su aplicación a favor de los centros cuya autorización expira a partir del 17 de febrero de 2003 y establece que los efectos en el tiempo de las autorizaciones renovadas antes de dicha fecha no podrán exceder del 31 de diciembre de 2010. Por tanto, las autoridades belgas no disponen de ningún margen de apreciación en la aplicación de dichas disposiciones.

172. En cambio, en el presente asunto, la cuestión versa sobre si los centros pertenecientes a los dos grupos mencionados por Forum 187 deben considerarse individualmente afectados por la Decisión de la Comisión. Se trata, pues, de determinar si, según los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Plaumann/Comisión, antes citada, y confirmados después por una jurisprudencia reiterada, (54) esos dos grupos resultan afectados por la Decisión de 17 de febrero de 2003 debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y las individualiza «de una manera análoga a la del destinatario».

173. Como recuerda la Comisión, el alcance general de un acto en relación con determinados operadores económicos no se cuestiona por el mero hecho de que éstos resulten más afectados o de manera diferente a otros operadores. En efecto, es propio de la naturaleza de una disposición general que su aplicación uniforme pueda afectar a los interesados de forma variable, según las particularidades de su situación. En el ámbito particular de las ayudas de Estado, es también jurisprudencia consolidada que una empresa no puede, en principio, impugnar una decisión de la Comisión que prohíbe un régimen de ayudas sectorial si sólo resulta afectada por dicha decisión debido a su pertenencia al sector de que se trata y en su condición de beneficiaria potencial de dicho régimen. (55)

174. Sin embargo, de la jurisprudencia también se desprende que cuando el acto impugnado afecta a un grupo de personas identificadas o identificables en el momento de la adopción de dicho acto y en función de criterios que caracterizan a los miembros de dicho grupo, éstos pueden considerarse individualmente afectados por dicho acto, en la medida en que forman parte de un círculo restringido de operadores económicos. (56)

175. Se ha declarado la admisibilidad del recurso de tales particulares cuando el acto impugnado modifica con carácter retroactivo los derechos del demandante. El Tribunal de Justicia así lo decidió en la sentencia Toepfer y Getreide-Import/Comisión, antes citada, en la que admitió por primera vez que un particular podía verse individualmente afectado por una decisión dirigida a un Estado miembro. (57) Asimismo, adoptó tal solución en la sentencia Bock/Comisión, (58) y en las sentencias Agricola commerciale olio y otros/Comisión y Savma/Comisión. (59)

176. En la sentencia CAM/Comisión, (60) el Tribunal de Justicia también admitió que la demandante tenía legitimación activa cuando la medida impugnada se refiere a situaciones en curso en el momento de su adopción y cuestiona el beneficio de los derechos adquiridos para las operaciones futuras. (61)

177. De ello se desprende que, cuando los derechos adquiridos con anterioridad por justiciables resultan afectados por un acto comunitario, dichos justiciables pueden impugnar la legalidad del acto ante el Juez comunitario.

178. A la vista de esta jurisprudencia, considero que los centros de coordinación cuya autorización fue renovada durante los años 2001 y 2002 deben considerarse individualmente afectados por la Decisión de la Comisión.

179. En efecto, en virtud del régimen fiscal controvertido, la renovación de la autorización de dichos centros en 2001 o en 2002 les confería el derecho de acogerse a la aplicación de dicho régimen durante un período de diez años, que se vio limitado por la Decisión de la Comisión al 31 de diciembre de 2010. Los derechos adquiridos por dichos centros conforme al régimen fiscal belga y a decisiones anteriores de la Comisión, según las cuales el referido régimen era compatible con el Derecho comunitario en materia de ayudas de Estado, fueron, por tanto, efectivamente reducidos por la Decisión de 17 de febrero de 2003.

180. Además, el número de centros en tal situación podía ser conocido en el momento de la adopción de dicha Decisión y no puede incrementarse. Por lo tanto, constituyen un círculo restringido o un círculo cerrado de operadores económicos en el sentido de la jurisprudencia, que resultan especialmente afectados por la Decisión de la Comisión.

181. Por último, la legitimación activa de dichos centros puede asimismo deducirse, a mi juicio, de las sentencias Italia y Sardegna Lines/Comisión e Italia/Comisión, antes citadas. En dichas sentencias, se declaró que una empresa a la que se había concedido una ayuda en virtud de un régimen sectorial debía considerarse individualmente afectada por la Decisión de la Comisión que declaraba dicho régimen de ayudas incompatible con el mercado común y ordenaba la recuperación de las cantidades concedidas en virtud de dicho régimen de cada beneficiario. El Tribunal de Justicia consideró que dicha empresa no sólo resultaba afectada por dicha Decisión como empresa del sector de actividades de que se trataba, potencialmente beneficiaria del régimen de ayudas controvertido. También lo era en su condición de beneficiaria efectiva de una ayuda individual concedida en virtud de dicho régimen. (62)

182. Esta jurisprudencia me parece extrapolable al presente asunto. Como las demandantes en los asuntos que dieron lugar a dichas sentencias, los centros de coordinación cuyas autorizaciones, renovadas en 2001 y 2002, fueron limitadas al 31 de diciembre de 2010 no sólo resultan afectados por la Decisión de la Comisión como centros potencialmente beneficiarios del régimen fiscal controvertido, sino también en su condición de beneficiarios efectivos de dicho régimen, tras la renovación de su autorización individual.

183. Por todas estas razones, considero, pues, admisible el recurso de Forum 187 en la medida en que ésta representa a los treinta centros cuyos derechos a acogerse al régimen controvertido fueron limitados al 31 de diciembre de 2010.

184. Este elemento basta para justificar la admisibilidad del recurso de anulación de la Decisión de 17 de febrero de 2003 interpuesto por de Forum 187 en la medida en que ésta declara que el régimen fiscal de los centros de coordinación constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.

185. Sin embargo, Forum 187 solicita asimismo la anulación parcial de la Decisión de 17 de febrero de 2003, por cuanto no estableció medidas transitorias a favor de los centros cuya autorización expiraba en 2003, después del 17 de febrero y en 2004. Pues bien, entre los dos grupos de centros de coordinación representados por Forum 187 que, según esta asociación, tienen legitimación activa directa ante el Juez comunitario, sólo los ocho centros cuya solicitud de renovación estaba pendiente en el momento de la adopción de la Decisión de 17 de febrero de 2003 tienen un interés en formular tal pretensión.

186. En efecto, la anulación parcial de dicha Decisión en la medida en que no prevé medidas transitorias para los centros de coordinación cuya autorización expiraba en 2003, después del 17 de febrero, y en 2004 no puede producir ningún beneficio para los centros cuya autorización se renovó en 2001 o en 2002. Pues bien, sólo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica en la medida en que el demandante tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado, lo que supone que dicho recurso pueda producir, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto. (63) La falta de interés en ejercitar el recurso constituye, además, una excepción de inadmisibilidad de orden público. (64)

187. La admisibilidad de esa pretensión formulada por Forum 187 con carácter subsidiario está, en consecuencia, supeditada al requisito de que los ocho centros tengan también legitimación activa. El hecho de que dicha pretensión de anulación parcial de la Decisión de la Comisión esté englobada en la del Reino de Bélgica, cuya admisibilidad no se cuestiona y no parece cuestionable, (65) sólo dispensa de tal examen si la demanda principal de Forum 187 se desestima, en su caso, y resulta necesario pronunciarse sobre su pretensión formulada con carácter subsidiario.

188. En ese caso, considero también que el recurso de Forum 187 es admisible porque los centros de coordinación cuya solicitud de renovación estaba pendiente en el momento de la notificación de la Decisión de la Comisión estaban legitimados para interponer un recurso de anulación de dicha Decisión ante el Juez comunitario.

189. En efecto, la admisibilidad del recurso interpuesto por los miembros de un grupo de personas identificadas o identificables en el momento de la adopción del acto impugnado y en función de criterios que son propios de los miembros de dicho grupo se ha admitido cuando la norma de Derecho comunitario, con arreglo a la cual se adoptó dicho acto, obligaba expresamente a la institución autora del mismo a tener en cuenta la situación particular de los demandantes. (66)

190. En mi opinión, esta jurisprudencia puede extrapolarse a los centros de coordinación cuya solicitud de renovación de autorización estaba pendiente en el momento de la adopción de la Decisión de 17 de febrero de 2003.

191. Por una parte, dichos centros forman parte de un círculo cerrado, en el sentido de la jurisprudencia, cuyos miembros se ven especialmente afectados por la Decisión de la Comisión. En efecto, recordemos que esa Decisión establece que los centros autorizados el 31 de diciembre de 2000 cuya autorización individual esté vigente el 17 de febrero de 2003 pueden acogerse a los efectos de dicha autorización hasta su expiración y, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, dispone que las autorizaciones que expiren antes del 31 de diciembre de 2010 no pueden ser objeto de ninguna renovación, ni siquiera temporal. Los centros ya autorizados el 31 de diciembre de 2000 y cuya autorización decenal expira entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010 constituyen, p