Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia — Admisibilidad

(Art. 225 CE)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 42, ap. 2, y 118)

4. Recurso de casación — Motivos — Posibilidades de argumentación — Restricción

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)

5. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]

6. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva

[Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]

7. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Legitimación

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. Es inadmisible el recurso de casación que, sin incluir ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a repetir o a reproducir textualmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia. En cambio, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.

(véase el apartado 32)

2. Son admisibles en el procedimiento de casación las alegaciones relativas a los hechos considerados probados y a la apreciación que de éstos se hace en la resolución recurrida, cuando el recurrente alegue que el Tribunal de Primera Instancia efectuó apreciaciones cuya inexactitud material resulta de los documentos obrantes en autos o desnaturalizó las pruebas que le fueron sometidas. Tal desnaturalización existe cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de los elementos de prueba que constan en autos es manifiestamente errónea.

(véanse los apartados 35 y 37)

3. En virtud del artículo 118 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el artículo 42, apartado 2, del mismo Reglamento, que prohíbe, en principio, formular motivos nuevos en el curso del proceso, se aplica al procedimiento ante el Tribunal de Justicia que tenga por objeto un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada al examen de la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia de los motivos que se debatieron ante él.

(véase el apartado 61)

4. De las disposiciones del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia en relación con el artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que, en el marco de un recurso de casación, el recurrente puede formular cualquier alegación pertinente siempre que el recurso de casación no modifique el objeto del litigio planteado ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe ninguna obligación de que cada alegación formulada en el marco del recurso de casación haya sido previamente objeto de discusión en primera instancia. Una restricción de esta índole tendría el efecto de privar al procedimiento de casación de una parte importante de su sentido.

(véase el apartado 66)

5. Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. Para ello el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. A este respecto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) reviste un significado particular. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su estado actual parece indicar que una organización que no figura en la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican las medidas restrictivas previstas en el Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, no podría acreditar su condición de víctima en el sentido del artículo 34 del CEDH y, por consiguiente, no estaría legitimada para recurrir ante dicho órgano jurisdiccional.

En consecuencia, cuando el juez comunitario concluye que tal organización no resulta individualmente afectada en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, según lo interpreta la jurisprudencia, y que, por tanto, su recurso de anulación es inadmisible, no existe ninguna contradicción entre el CEDH y dicho artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 74, 76, 82 y 83)

6. La Comunidad Europea es una comunidad de Derecho cuyas instituciones están sujetas al control de la conformidad de los actos que adoptan con el Tratado y con los principios generales del Derecho, de los que forman parte los derechos fundamentales. Por consiguiente, los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario, ya que el derecho a dicha tutela forma parte de los principios generales del Derecho que resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Este derecho también ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

A este respecto, en lo que atañe al Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, la efectividad de esta tutela judicial es tanto más importante cuanto que las medidas restrictivas previstas por dicho Reglamento implican graves consecuencias. No sólo queda impedida cualquier operación financiera o servicio financiero para las personas, grupos o entidades afectados por este Reglamento, sino que la reputación y la acción política de éstos quedan menoscabadas por el hecho de que se los califica de terroristas.

Según el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001, en relación con el artículo 1, apartados 4 a 6, de la Posición común 2001/931, una persona, grupo o entidad sólo puede ser incluido en la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica dicho Reglamento sobre la base de determinados elementos probatorios y garantizando la identificación precisa de las personas, grupos o entidades designados. Además, se indica que el nombre de una persona, grupo o entidad sólo puede mantenerse en dicha lista mediante una revisión periódica de su situación por parte del Consejo. Todos estos elementos deben poder ser controlados por un juez.

De ello resulta que, si el legislador comunitario estima que una entidad tiene una existencia suficiente para ser objeto de las medidas restrictivas previstas por el Reglamento nº 2580/2001, la coherencia y la justicia imponen que esta entidad disfrute de una existencia suficiente para impugnar estas medidas. Cualquier otra conclusión tendría como resultado que una organización pudiera ser incluida en la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica dicho Reglamento sin poder recurrir contra esta inclusión.

(véanse los apartados 109 a 112)

7. Las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia, en particular su artículo 21, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en particular su artículo 38, y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en particular su artículo 44, no se elaboraron considerando la interposición de recursos por parte de organizaciones sin personalidad jurídica. En esta situación excepcional, las normas procesales que regulan la admisibilidad de un recurso de anulación deben aplicarse adaptándose en la medida necesaria a las circunstancias del caso. Se trata, en efecto, de evitar un formalismo excesivo que equivaldría a negar toda posibilidad de interponer un recurso de anulación, cuando precisamente la entidad en cuestión ha sido objeto de medidas comunitarias restrictivas.

(véase el apartado 114)