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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 200/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo regionale per il Molise (Italia) el 18 de marzo de 2016 — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

(Asunto C-162/16)

(2016/C 200/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo regionale per il Molise

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl

Recurrida: Comune di Monteroduni

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de la Unión de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, en relación con los principios de libre circulación de mercancías, de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como los principios que se derivan de ellos, como la igualdad de trato, la no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia, plasmados (en última instancia) en la Directiva 2014/24/UE, (1) a una normativa nacional, como la italiana contenida en los artículos 87, apartado 4, y 86, apartado 3 bis, del Decreto Legislativo n.o 163 de 2006, en relación con el artículo 26, apartado 6, del Decreto Legislativo n.o 81 de 2008, conforme a la interpretación adoptada por el Pleno del Consiglio di Stato en sus sentencias n.o 3 y n.o 9 de 2015, en el ejercicio de su función nomofiláctica, con arreglo al artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo (codice del processo amministrativo), según la cual no indicar por separado los costes de seguridad de la empresa en las ofertas económicas presentadas en un procedimiento de concesión de obra pública determina, en cualquier caso, la exclusión del licitador, aun cuando la obligación de indicación por separado no conste expresamente ni en las normas que rigen el procedimiento de licitación ni en el modelo anexo destinado a la presentación de las ofertas y con independencia de que, desde el punto de vista material, la oferta respete los costes mínimos de seguridad de la empresa?

(1) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65).
1)

¿En una situación en la cual no se pone en riesgo la salud pública, resulta incompatible con los principios y las disposiciones legales que regulan la creación del mercado único, en particular, los principios y exigencias derivados de los artículos 49 TFUE, 52 TFUE y 56 TFUE, la prohibición impuesta por las autoridades sanitarias maltesas o su negativa a conceder el reconocimiento a la profesión de tecnólogo dental clínico/denturista, por cuanto dicha prohibición o negativa, si bien no implica discriminación jurídica, impide en la práctica a personas de otros Estados miembros que han presentado una solicitud a estos efectos establecerse profesionalmente en Malta?
3)

¿Puede adoptar un Estado miembro medidas de emergencia conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento n.o 1829/03 (2) aun cuando no exista un riesgo grave y manifiesto, fundándose en el principio de cautela, y mantener tales medidas incluso después de que la Comisión comunique que conforme a la evaluación efectuada, previo examen del dictamen de la EFSA, considera que no se cumplen las condiciones necesarias para la adopción de medidas de emergencia?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 111/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) el 4 de enero de 2016 — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Asunto C-4/16)

(2016/C 111/09)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Partes en el procedimiento principal

Apelante: J. D.

Apelada: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Cuestión prejudicial

El concepto de energía hidráulica procedente de fuentes de energía renovables que utiliza el artículo 2, letra a), en relación con el artículo 5, apartado 3, y el trigésimo considerando de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (1) (DO L 140, p. 16), ¿debe entenderse exclusivamente como la energía generada en centrales hidroeléctricas aprovechando la corriente de aguas superficiales interiores, en particular la corriente de los ríos, o también la generada en centrales hidroeléctricas (que no sean unidades de acumulación por bombeo ni centrales hidráulicas de agua fluyente con función de bombeo) situadas en el lugar de vertido de aguas residuales industriales de otras instalaciones?

(1) DO L 140, p. 16.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/12

Recurso interpuesto el 26 de enero de 2016 — Comisión Europea/República de Finlandia

(Asunto C-42/16)

(2016/C 118/15)

Lengua de procedimiento: finés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Hottiaux e I. Koskinen)

Demandada: República de Finlandia

Pretensiones de la parte demandante

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 7, apartado 2, de la Directiva 2007/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, (1) al expedir duplicados del permiso cuyo período de validez administrativa termina el 18 de enero de 2033 y que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 5, de la misma Directiva al no haberse incorporado a la red europea de permisos de conducción.

— Que se condene en costas a la República de Finlandia.

Motivos y principales alegaciones

Uno de los objetivos centrales de la Directiva 2006/126 es aumentar la seguridad de los permisos de conducción. Mediante la aplicación de los plazos previstos en la Directiva se puede alcanzar dicho objetivo, aplicándose los métodos más modernos en la expedición de los permisos al objeto de evitar el peligro de falsificación y lograr los objetivos de seguridad vial de la Directiva. El artículo 1 de la Directiva prescribe el establecimiento de un permiso de conducción nacional según el modelo comunitario que figura en el anexo I. En el artículo 1, apartado 1, de la misma Directiva se regulan los requisitos de los permisos y en el artículo 7, apartado 2, se fija la validez de los permisos expedidos a partir de 19 de enero de 2013. En Finlandia, el período de validez de los duplicados de permiso expedidos después del 19 de enero de 2013 puede ser mucho más extenso que lo previsto en el artículo 7, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva.

De conformidad con el artículo 7, apartado 5, letra d), de la Directiva, los Estados miembros deberán utilizar la red europea de permisos de conducción en cuanto ésta esté operativa. La red europea de permisos de conducción (RESPER) fue en efecto establecida, y está operativa desde el 19 de enero de 2013. Dado que Finlandia no se ha incorporado a la misma, no se puede evaluar en ella si se están cumpliendo las condiciones necesarias para la expedición de los permisos. Los demás Estados miembros no pueden evaluar junto con Finlandia el cumplimiento de las condiciones necesarias para la expedición de los permisos e intercambiar con Finlandia información a través de dicha red. Por ello, el intercambio de información previsto en el artículo 15 de la Directiva no puede llevarse a cabo, respecto de Finlandia, a través de dicha red.

(1) DO L 403, p. 18.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) el 18 de diciembre de 2015 — Online Games Handels GmbH y Frank Breuer y otros/Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Asunto C-685/15)

(2016/C 118/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Autoridad recurrida: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE o los artículos 49 TFUE y siguientes, a la luz del artículo 6 del CEDH en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, considerando la objetividad y la imparcialidad exigida a los órganos jurisdiccionales a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (especialmente, de su sentencia de 18 de mayo de 2010, asunto 64962/01, apartado 54), dichas disposiciones se oponen a una normativa nacional conforme a la cual las pruebas que se han de aportar en un procedimiento administrativo sancionador a fin de justificar un régimen cuasimonopolístico del mercado nacional de juegos de azar, protegido por el Derecho penal, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en particular, de su sentencia de 30 de abril de 2014, Pfleger y otros, C 390/12, (1) ECLI:EU:C:2014:281), no deben ser apreciadas por la autoridad sancionadora (ni por otro órgano estatal de investigación) en su condición de representante de la acusación, sino que debe ser el propio tribunal (encarnado por la misma persona/cargo) llamado a resolver sobre la legalidad de la sanción penal impugnada quien, por su propia iniciativa e independientemente de la actuación de las partes, inicialmente las declare y delimite y, posteriormente, las investigue autónomamente y las valore?

(1) ECLI:EU:C:2014:281 — «Pfleger».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 59/10

Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/República Portuguesa

(Asunto C-665/15)

(2016/C 059/10)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y J. Hottiaux, agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 5, letra d), de la Directiva 2006/126/CE, (1) al no haber efectuado la interconexión a la red de permisos de conducción de la Unión Europea.

— Que se condene en costas a la República Portuguesa.

Motivos y principales alegaciones

De la Directiva 2006/126 y de la jurisprudencia se desprende que incumbe al Estado miembro que expide el permiso de conducción comprobar si se cumplen los requisitos mínimos para la expedición del permiso de conducción.

Sin embargo, si el Estado portugués no está interconectado a la red de permisos de conducción de la Unión Europea (RESPER), no puede comprobar si se cumplen los requisitos mínimos para la expedición de un permiso de conducción. En particular, no puede comprobar si el solicitante es ya titular de otro permiso de conducción en otro Estado miembro.

Por otro lado, al no estar interconectado a RESPER, los otros Estados miembros no pueden comprobar, conjuntamente con Portugal, si concurren los requisitos mínimos para la expedición de un permiso de conducción.

Asimismo, los otros Estados miembros no pueden realizar control alguno, conjuntamente con Portugal, en aquellos casos en que, de forma manifiesta, no concurran los requisitos mínimos para la expedición de un permiso de conducción.

Así pues, al no estar interconectado a RESPER, Portugal desvirtúa la finalidad esencial del deber de interconexión y de la Directiva 2006/16, que es mejorar la seguridad en carretera, facilitando la libre circulación de las personas.

El artículo 7, apartado 5, letra d), de la Directiva establece, claramente, que los Estados miembros deberán utilizar la red de permisos de conducción de la Unión Europea, en particular, para efectuar los controles y, en concreto, para impedir que un titular lo sea de más de un permiso de conducción.

El artículo 16, apartado 2, de la Directiva dispone que los Estados miembros debían aplicar el artículo 7, apartado 5, de la Directiva, a partir del 19 de enero de 2013.

(1) Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 78/8

Recurso de casación interpuesto el 23 de diciembre de 2015 por la República Checa contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 8 de octubre de 2015 en los asuntos acumulados T-659/13 y T-660/13, República Checa/Comisión

(Asunto C-696/15 P)

(2016/C 078/09)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Recurrente: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y T. Müller, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se anulen íntegramente el Reglamento no 885/2013 (1) y el Reglamento no 886/2013. (2)

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Subsidiariamente:

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se anulen los artículos 3, apartado 1, 8 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento no 885/2013 y los artículos 5, apartado 1, 9 y 10, apartado 1, letra a), del Reglamento no 886/2013.

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente formula tres motivos de casación.

Primer motivo de casación: violación del principio de seguridad jurídica. En la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al llegar a la conclusión de que las obligaciones previstas en el Reglamento no 885/2013 y en el Reglamento no 886/2013 no se aplican a un Estado miembro que no se ha decidido aún a implantar en su territorio las aplicaciones y servicios de los sistemas de transporte inteligentes, pese a que esa conclusión no deriva de dichos Reglamentos.

Segundo motivo de casación: infracción del artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea en relación con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al llegar a la conclusión de que, cuando la Comisión adopta un acto por delegación, goza de una discrecionalidad lo suficientemente amplia como para que no tenga que circunscribirse a los límites de las disposiciones delegantes concretas.

Tercer motivo de casación: errores procedimentales ante el Tribunal General. En la sentencia recurrida, el Tribunal General deformó varias alegaciones formuladas por la República Checa y hubo algunas alegaciones de la República Checa que no abordó en absoluto. Esos errores procedimentales tuvieron un efecto fundamental en la apreciación de los motivos por parte del Tribunal General.

(1) DO L 247, p. 1.

(2) DO L 247, p. 6.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 27/19

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 13 de noviembre de 2015 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/British Film Institute

(Asunto C-592/15)

(2016/C 027/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Demandada: British Film Institute

Cuestiones prejudiciales

i. ¿Son suficientemente claros y precisos los términos del artículo 13, parte A, apartado 1, letra n), de la Sexta Directiva, (1) en particular la expresión «determinadas prestaciones de servicios culturales», para que dicho artículo tenga efecto directo y exima, a falta de una norma nacional de transposición, los servicios culturales prestados por entidades de Derecho público u otros organismos culturales reconocidos, tales como las prestaciones efectuadas por la Recurrida en el presente asunto?

ii. ¿Confieren los términos del artículo 13, parte A, apartado 1, letra n), de la Sexta Directiva, en particular la expresión «determinadas prestaciones de servicios culturales», cierto margen de discrecionalidad a los Estados miembros a la hora de aplicar dicho artículo a través de su normativa interna de transposición? En caso afirmativo, ¿qué margen de discrecionalidad?

iii. ¿Se aplican también al artículo 132, apartado 1, letra n), de la Directiva principal del IVA (2) las respuestas dadas a las preguntas anteriores?

(1) Directiva 77/388/CEE de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).

(2) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 16/14

Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-502/15)

(2016/C 016/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Mifsud-Bonnici y E. Manhaeve, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 4, 5 y 10 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (1), al no haber aplicado correctamente la citada Directiva, en relación con Gowerton y Llanelli, Gibraltar y otras once aglomeraciones.

— Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que Reino Unido no ha ejecutado correctamente, en Gowerton y Llanelli, Gibraltar y otras once aglomeraciones, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales.

En particular, la Comisión considera que Reino Unido no ha garantizado que las aguas recogidas en un sistema combinado de aguas residuales urbanas y aguas pluviales en Gowerton y Llanelli sean almacenadas y canalizadas para su tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 3, 4 y 10 y los anexos I (A) y I (B) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo.

Además, la Comisión sostiene que al no haber puesto en funcionamiento un tratamiento secundario o equivalente o al no haber aportado pruebas suficientes para demostrar que se ha respetado lo establecido por la Directiva 91/271/CEE sobre este particular con respecto a tres aglomeraciones, así como al no haber efectuado tratamiento alguno de las aguas residuales urbanas en Gibraltar, Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 y de los anexos I (A) y I (B) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo.

Por último, la Comisión alega que Reino Unido no ha cumplido correctamente la obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 y de los anexos I (B) y I (D) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, al no haber garantizado que las aguas residuales urbanas recogidas por los sistemas colectores de ocho aglomeraciones sean sometidas a un tratamiento más riguroso antes de ser vertidas a áreas sensibles.

El período fijado para la transposición de la Directiva expiró el 30 de junio de 1993.

(1) DO L 135, p. 40.
2)

Con independencia de la respuesta que se dé a las cuestiones 1a) y 1b): ¿Se ha de interpretar el artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado, en el sentido de que en una situación como la presente, en que una nacional de un tercer país, concretamente de Irán, que ha obtenido su título superior en la Universidad de Tecnología Sharif (Teherán) de Irán, especializada en Técnica, Ingeniería y Física, ha solicitado la entrada con el fin de realizar un estudio de postgrado en el campo de la investigación en seguridad informática dentro del proyecto «Sistemas fiables integrados y móviles», en particular, sobre el desarrollo de mecanismos de protección eficaces para smartphones, los Estados miembros están facultados para denegar la entrada en territorio nacional con el argumento de que no se puede descartar que las capacidades adquiridas en el proyecto de investigación puedan utilizarse indebidamente en Irán, por ejemplo, para obtener información confidencial de países occidentales con el fin de ejercer la represión interna o, en general, en relación con violaciones de los derechos humanos?
—

Los indicios generales de la imputabilidad utilizados por la Comisión y aprobados por el Tribunal General no mencionan el grado de autonomía con el cual el Consejo de Administración de SACE S.p.A. gestionaba y gestiona la empresa: y ello no solo considerados cada uno de ellos de modo aislado del resto, sino también considerados en su conjunto. Esos indicios únicamente permitían demostrar el hecho de que el 2009 el Estado italiano controlaba SACE S.p.A. al ser propietario de la totalidad de las acciones. La sentencia Stardust Marine exige no obstante, que los indicios que puedan utilizarse para demostrar la implicación del Estado estén estrechamente relacionados con las medidas en cuestión, habida cuenta de su amplitud, de su contenido y de las condiciones que implican. La sentencia recurrida reconoce expresamente que los indicios de imputabilidad utilizados en la decisión —todos, excepto uno, relativos a la actividad de SACE en el seguro de los riesgos no de mercado, sector en el que SACE BT no está presente— se refieren por el contrario al contexto general en el que SACE S.p.A. opera, y no a las circunstancias concretas y al contexto en el que se adoptaron las medidas controvertidas. No obstante, el Tribunal General no declaró que dichos indicios fueran por su naturaleza inadecuados para servir de fundamento a la presunción de que el Estado está en concreto implicado en la adopción de las medidas en cuestión. De ese modo, el Tribunal General, al examinar la imputabilidad, centró su atención en el conjunto de las relaciones entre el Estado y las empresas que responden al modelo organizativo de las empresas públicas participadas —calificadas expresamente por la ley como società per azioni, en el ordenamiento italiano— con el resultado de privar de toda relevancia al objeto específico, a la naturaleza específica y al contenido específico de las medidas en cuestión así como a las motivaciones concretas que sirvieron de fundamento a su adopción. En realidad, los indicios que utiliza la Comisión señalan que es muy improbable que haya habido implicación alguna del Estado en la adopción de las medidas controvertidas.