Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Intervención — Alegaciones distintas a las de la parte apoyada

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 4; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 3)

2. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento y del Consejo, art. 4]

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1. Si bien el artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53 del propio Estatuto y el artículo 116, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia no se oponen a que el coadyuvante formule alegaciones distintas a las de la parte que apoya, ello es a condición de que no modifique el marco del litigio y que con su intervención pretenda en todo caso apoyar las pretensiones de esta parte.

(véase el apartado 40)

2. El mero hecho de que un documento objeto de una solicitud de acceso en virtud del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, se refiera a un interés protegido por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta. En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en caso de que la institución haya valorado previamente, primero, si el acceso al documento habría perjudicado concreta y efectivamente el interés protegido y, segundo, en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, del citado Reglamento, si no existe un interés público superior que justifique la divulgación del documento. Por otra parte, el riesgo de perjuicio al interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. Por consiguiente, el examen que debe efectuar la institución al objeto de aplicar una excepción ha de realizarse de forma concreta y deberá constar en la motivación de la Decisión. Además, del referido Reglamento resulta que todas las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 de su artículo 4 han de resultar aplicables «a un documento». Dicho examen concreto deberá, por tanto, realizarse respecto de cada documento a que se refiera la solicitud.

Por otro lado, sólo un examen concreto e individual, por contraposición a un examen abstracto y global, puede permitir a la institución valorar la posibilidad de conceder al solicitante un acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, de ese mismo Reglamento y que, respecto a la aplicación ratione temporis de las excepciones al derecho de acceso, el artículo 4, apartado 7, del citado Reglamento prevé que las excepciones a que se refieren sus apartados 1 a 3 sólo se aplicarán durante el período en que esté justificada la protección en función «del contenido del documento».

La obligación de una institución de proceder a una apreciación concreta e individual del contenido de los documentos a los que se refiere la solicitud de acceso constituye, por tanto, una regla general, que se aplica a todas las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 del artículo 4 del citado Reglamento, cualquiera que sea el ámbito al que pertenezcan los documentos solicitados, con independencia de que éste sea, en particular, el de las prácticas colusorias o el del control de las ayudas públicas. No es menos cierto que dicho examen no será necesario cuando, por las circunstancias particulares del caso, sea evidente que el acceso ha de denegarse o, por el contrario, concederse. Tal será el supuesto, en particular, de determinados documentos que o bien estén manifiestamente amparados en su integridad por una excepción al derecho de acceso, o bien, a la inversa, sean manifiestamente accesibles en su integridad, o bien hayan sido objeto de una previa valoración concreta e individual por la Comisión en circunstancias similares. Por otra parte, una excepción a la obligación de efectuar un examen concreto e individual resultará admisible con carácter extraordinario y únicamente cuando la carga administrativa provocada por tal examen se revele extremadamente gravosa, excediendo así de los límites de lo que puede exigirse razonablemente.

(véanse los apartados 77 a 79, 85, 86 y 94)