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3

El Reglamento n.o 207/2009, que había derogado y sustituido al Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de la interposición de la acción por violación de marca controvertida en el litigio principal, la presente remisión prejudicial se examinará a la luz del Reglamento n.o 207/2009 en su versión inicial.
2)

El artículo 2, apartado 4, del Reglamento n.o 3950/92, en su versión modificada mediante el Reglamento n.o 1256/1999, en relación con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1392/2001 de la Comisión, de 9 de julio de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 3950/92, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece que el reembolso de la tasa suplementaria recaudada en exceso debe beneficiar prioritariamente a los productores que han cumplido su obligación de pago mensual, de acuerdo con un precepto de Derecho nacional incompatible con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 3950/92, en su versión modificada mediante el Reglamento n.o 1256/1999.
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El artículo 23 del decreto legislativo n. 28 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica a derogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Decreto Legislativo n.o 28 por el que se transpone la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE), de 3 de marzo de 2011 (suplemento ordinario de la GURI n.o 71, de 28 de marzo de 2011; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 28/2011»), establece, según resulta de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, que se aplican los principios de gradualidad de la intervención en aras de la salvaguardia de las inversiones efectuadas y de proporcionalidad respecto a los objetivos, así como de flexibilidad de la estructura de los sistemas de apoyo, con el fin de tener en cuenta los mecanismos de mercado y la evolución de la tecnología en materia de fuentes de energía renovables y de eficiencia energética.
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Los considerandos 15, 16 y 34 del Reglamento no 1215/2012 son del siguiente tenor: «(15) Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción. (16) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación. […] (34) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio [de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; versión consolidada en DO 1998, C 27, p. 1)], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1),] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación del Convenio de Bruselas de 1968 y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
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En efecto, de los autos resulta, en primer lugar, que el Derecho procesal esloveno no establece claramente el derecho del consumidor a solicitar la suspensión, ni siquiera con carácter provisional, de la ejecución forzosa de un contrato de crédito hipotecario alegando que este incluye una cláusula abusiva. En cualquier caso, aun suponiendo que el consumidor disponga de tal posibilidad, no es menos cierto que el Derecho nacional supedita la demanda de suspensión de la ejecución forzosa al cumplimiento de requisitos procesales muy estrictos y a la constitución de una garantía a instancias del acreedor. Tales requisitos hacen casi imposible en la práctica la obtención de tal medida de suspensión, dado que es verosímil que un deudor en situación de impago no disponga de los recursos económicos necesarios para constituir la garantía exigida. En segundo lugar, se observa que el juez ante quien el acreedor hipotecario ha solicitado la ejecución forzosa de la deuda no puede controlar de oficio la naturaleza eventualmente abusiva de las cláusulas de dicho contrato. Finalmente, en tercer lugar, de la petición de decisión prejudicial se desprende que existe un riesgo nada desdeñable de que, en el procedimiento de ejecución forzosa, los consumidores afectados renuncien a garantizar su defensa y a hacer valer plenamente sus derechos, habida cuenta de los gastos de representación letrada que el procedimiento supondría, comparados con el importe de la deuda de que se trate, y de la imposibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita.
7

Los apartados 18 a 21 de la sentencia recurrida establecen lo siguiente: «18 La Comisión recordó de forma preliminar que, en virtud de las Directrices para el cálculo de las multas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, “Directrices de 2006”), el importe de base de la multa debe determinarse teniendo en cuenta el contexto en el que se cometió la infracción y, en particular, la gravedad y la duración de la infracción y que el papel desempeñado por cada uno de los participantes debe ser objeto de una evaluación individual que refleje también eventuales circunstancias agravantes o atenuantes (considerando 284 de la Decisión [controvertida]). 19 La Comisión observó que las Directrices de 2006 proporcionaban pocas orientaciones acerca del método de cálculo de la multa que ha de imponerse a los facilitadores. Dado que Icap era un operador activo en los mercados de servicio de corretaje, y no en el de derivados sobre tipos de interés, la Comisión estimó que no podía sustituir los precios de los derivados sobre tipos de interés en yenes japoneses por los gastos de corretaje para determinar el volumen de negocios y fijar el importe de la multa, ya que esa sustitución no reflejaría ni la gravedad ni la naturaleza de la infracción. De ello dedujo, en esencia, que era preciso aplicar el apartado 37 de las Directrices de 2006, que permite apartarse de dichas Directrices por lo que respecta a la determinación del importe de base de la multa (considerando 287 de la Decisión [controvertida]). 20 Habida cuenta de la gravedad de los comportamientos en cuestión y de la duración de la participación de Icap en cada una de las seis infracciones de que se trata, la Comisión fijó para cada una de ellas un importe de base de la multa, a saber, 1040000 euros por la infracción de UBS/RBS de 2007, 1950000 euros por la infracción de UBS/RBS de 2008, 8170000 euros por la infracción de UBS/DB, 1930000 euros por la infracción de Citi/RBS, 1150000 euros por la infracción de Citi/DB y 720000 euros por la infracción de Citi/UBS (considerando 296 de la Decisión [controvertida]). 21 Por lo que respecta a la fijación del importe definitivo de la multa, la Comisión no ha considerado que existiese ninguna circunstancia agravante o atenuante y ha tomado nota del hecho de que no se había superado el límite máximo del 10 % del volumen de negocios anual (considerando 299 de la Decisión [controvertida]). Por tanto, el artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión [controvertida] impone a las demandantes multas cuyo importe definitivo es equivalente al de su importe de base.»
21

Dicho órgano jurisdiccional pone asimismo de relieve que, en la versión húngara del artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1215/2012, a diferencia de otras versiones lingüísticas de esta disposición, la expresión «con efectos comparables al matrimonio» se tradujo por «con efectos jurídicos comparables al matrimonio». Por lo tanto, se pregunta si debe darse más importancia al contenido de una relación de pareja de hecho no registrada o a sus efectos jurídicos. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, desde el punto de vista material, no existe ninguna diferencia sustancial entre tal relación de pareja de hecho y el matrimonio, ya que ambos se basan en una relación afectiva y económica. En cambio, desde el punto de vista jurídico, el Derecho húngaro regula de distinto modo las dos formas de comunidad de vida, en particular por lo que respecta a la partición del patrimonio común, a la obligación de alimentos, al uso de la vivienda y a la sucesión. Sin embargo, no existen diferencias sustanciales entre los cónyuges y los miembros de una pareja de hecho no registrada en lo que respecta a las prestaciones sociales, las ventajas fiscales para familias y las ayudas a la vivienda para familias.
62

No obstante, incluso en el marco de tales deportes, la no admisión de los no nacionales a la prueba final no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido. A este respecto, debe tenerse en cuenta el hecho de que, en el Estado miembro en cuestión en el presente asunto, esta exclusión no ha existido durante años por lo que respecta a la categoría sénior.
32

Praxair MRC y el Gobierno francés alegan que, en la medida en que el litigio principal enfrenta a dos particulares y al no ser posible interpretar la normativa nacional controvertida en el litigio principal de conformidad con el Derecho de la Unión, RE no puede invocar el Acuerdo Marco sobre el permiso parental para impedir la aplicación de dicha normativa en el supuesto de que esta sea contraria al Derecho de la Unión. En consecuencia, las cuestiones prejudiciales primera y segunda no son útiles para la resolución del litigio principal. Sostienen que, por ende, estas cuestiones son hipotéticas y, por consiguiente, inadmisibles.
12

Las versiones de la NC aplicables a los hechos controvertidos en el litigio principal, que tuvieron lugar entre el 8 de julio de 2009 y el 29 de marzo de 2012, son las resultantes, sucesivamente, del Reglamento n.o 1031/2008, del Reglamento (CE) n.o 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 287, p. 1), del Reglamento n.o 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010 (DO 2010, L 284, p. 1), y del Reglamento (UE) n.o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011 (DO 2011, L 282, p. 1). Cuando el tenor de las disposiciones de la NC aplicables a estos hechos y que sean pertinentes para las cuestiones prejudiciales no se haya visto afectado por dichas modificaciones sucesivas, procede referirse a la versión de dicha nomenclatura resultante del Reglamento n.o 1031/2008.
31

En caso de respuesta negativa a esta cuestión, el tribunal remitente se pregunta si, dado que los litigios principales enfrentan a particulares y no es posible interpretar el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores de manera conforme con la Directiva 1999/70 y con el Acuerdo Marco, cabe considerar, por analogía con las sentencias de 22 de noviembre de 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709), de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21), de 13 de septiembre de 2011, Prigge y otros (C‑447/09, EU:C:2011:573), y de 19 de abril de 2016, DI (C‑441/14,EU:C:2016:278), que versan sobre el principio general de no discriminación por razón de la edad, que procede dejar inaplicada dicha disposición del Derecho español, por ser contraria a los principios de igualdad y de no discriminación, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta.
22

Ciertamente, el órgano jurisdiccional remitente señala que no ignora, en particular, la sentencia de 19 de septiembre de 2000, Ampafrance y Sanofi (C‑177/99 y C‑181/99, EU:C:2000:470), apartados 56 y 61, de la que resulta que una medida consistente en excluir, con carácter general, del derecho a deducción del IVA la totalidad de los gastos de alojamiento y restauración no resulta necesaria para luchar contra el fraude y la evasión fiscales, en particular cuando de los datos objetivos se desprende que tales gastos han sido realizados con fines estrictamente profesionales. No obstante, alberga dudas acerca de si la citada sentencia, dictada en el marco de una decisión del Consejo, puede aplicarse a una exclusión prevista por el Derecho nacional en virtud de la cláusula de standstill establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Directiva IVA y si esa exclusión debe ser conforme con el principio de proporcionalidad.
3

Según su considerando 19, la Decisión n.o 1639/2006 pretendía adoptar las medidas adecuadas para la prevención del fraude y de las irregularidades, así como las medidas necesarias para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO 1996, L 292, p. 2), y el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO 1999, L 136, p. 1).
El concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión que figura en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano de la Unión con arreglo a la institución de la «kafala» argelina, puesto que dicho régimen no crea un vínculo de filiación entre ellos.
48

De lo anterior se desprende que, en el contexto de los procesos penales, la Directiva 2016/343 y, en particular, sus artículos 3 y 4, apartado 1, no se oponen a la adopción de resoluciones preliminares de carácter procesal —como una resolución de mantenimiento de una medida de prisión preventiva dictada por una autoridad judicial— basadas en indicios o en pruebas, siempre que no presenten como culpable a la persona privada de libertad. Por otra parte, en la medida en que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea averiguar las condiciones en las que pueden adoptarse las resoluciones de prisión preventiva y se pregunta, en particular, por el grado de convencimiento que debe tener respecto al autor del delito, los procedimientos de examen de las distintas pruebas y el alcance de la motivación que debe aportar en respuesta a las alegaciones formuladas ante él, esta Directiva no rige tales cuestiones, sino que corresponden en exclusiva al Derecho nacional.
23

En estas circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) En la interpretación del artículo 157, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2009/138, en relación con el artículo 13, puntos 13 y 14, de esa Directiva, ¿debe considerarse facultado para recaudar el impuesto sobre las primas de seguro el Estado miembro de establecimiento de la sociedad (persona jurídica) tomadora del seguro o el Estado miembro en el que está establecida la sociedad objeto de la compraventa de empresas, cuando una compañía de seguros con domicilio social en el Reino Unido y que no dispone de establecimiento en Finlandia ofrece un seguro para cubrir los riesgos relacionados con una compraventa de empresas: – a una sociedad no establecida en Finlandia y que actúa como comprador en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad establecida en Finlandia, – a una sociedad establecida en Finlandia y que actúa como comprador en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad no establecida en Finlandia, – a una sociedad no establecida en Finlandia y que actúa como vendedor en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad establecida en Finlandia, – a una sociedad establecida en Finlandia y que actúa como vendedor en la compraventa de empresas cuyo objeto es una sociedad no establecida en Finlandia? 2) ¿Es relevante a efectos del presente litigio que el seguro cubra solo la responsabilidad fiscal por deudas tributarias nacidas antes de celebrarse la compraventa de empresas y contraídas por la sociedad transmitida? 3) ¿Es relevante a efectos del presente litigio si la compraventa de empresas tiene por objeto las acciones o un sector de actividad de la sociedad transmitida? 4) En una situación en que son objeto de la compraventa de empresas las acciones de la sociedad transmitida, ¿es relevante que las declaraciones formuladas por el vendedor al comprador solo se refieran a que el vendedor es propietario de las acciones transmitidas y que no existen derechos de tercero de ningún tipo sobre ellas?»
El artículo 50 TUE debe interpretarse en el sentido de que la mera notificación por parte de un Estado miembro de su intención de retirarse de la Unión Europea con arreglo a ese artículo no tiene como consecuencia que, en caso de emisión por ese Estado miembro de una orden de detención europea dirigida contra una persona, el Estado miembro de ejecución deba rehusar la ejecución de esa orden de detención europea o posponer su ejecución en espera de que se precise el régimen jurídico que será aplicable en el Estado miembro de emisión tras su retirada de la Unión Europea. En ausencia de razones serias y fundadas para creer que, tras la retirada de la Unión Europea del Estado miembro de emisión, la persona que es objeto de dicha orden de detención europea correrá el riesgo de verse privada de los derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, el Estado miembro de ejecución no puede negarse a ejecutar esa misma orden de detención europea mientras el Estado miembro emisor siga formando parte de la Unión Europea. En este contexto, debe señalarse que tal notificación no produce el efecto de suspender la aplicación del Derecho de la Unión en el Estado miembro que ha notificado su intención de retirarse de la Unión y que, por consiguiente, ese Derecho —del que forman parte las disposiciones de la Decisión Marco y los principios de confianza y de reconocimiento mutuos inherentes a esta última— sigue plenamente en vigor en ese Estado hasta su retirada efectiva de la Unión. Por consiguiente, tal como señaló el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, en un asunto como el del litigio principal, para decidir si procede ejecutar una orden de detención europea, resulta relevante que, en el momento de tomar esta decisión, la autoridad judicial de ejecución pueda presumir que, en relación con la persona que deba ser entregada, el Estado miembro emisor se atendrá, fundamentalmente, al contenido de los derechos derivados de la Decisión Marco aplicables al periodo posterior al de la entrega una vez que ese Estado miembro se haya retirado de la Unión. Tal presunción es aplicable cuando el Derecho nacional del Estado miembro emisor incorpore, en lo sustancial, el contenido de esos derechos, en particular como consecuencia del hecho de que ese Estado miembro mantenga su participación en convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Extradición, de 13 de diciembre de 1957, y el CEDH, incluso después de su retirada de la Unión. Solo cuando existan indicios sólidos de que no será así, las autoridades judiciales de ejecución pueden negarse a ejecutar la orden de detención europea.

(véanse los apartados 45, 61 y 62 y el fallo)
Los artículos 3 y 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la adopción de resoluciones preliminares de carácter procesal —como una resolución de mantenimiento de una medida de prisión preventiva dictada por una autoridad judicial— basadas en indicios o en pruebas de cargo, siempre que no presenten como culpable a la persona privada de libertad. En cambio, esta Directiva no rige las condiciones en las que pueden adoptarse las resoluciones de prisión preventiva.

(véanse el apartado 49 y el fallo)
20

No obstante, en los apartados 59 y 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General precisó que, a pesar de tener su fundamento explícito en el artículo 263 TFUE, un recurso podía tener realmente un doble objeto, consistente en obtener no solo la anulación de la resolución impugnada, sino también la declaración de que la Comisión no ostenta el crédito contractual controvertido. A este respecto, el Tribunal General declaró que, cuando el contrato contiene una cláusula compromisoria, en el sentido del artículo 272 TFUE, puede comprobar si es posible recalificar parcialmente el recurso interpuesto. Según el Tribunal General, cabe tal recalificación, sin afectar al derecho de defensa de la institución demandada, en el supuesto de que, por una parte, la voluntad expresa de la parte demandante no se oponga a ello y de que, por otra, se invoque en la demanda al menos un motivo basado en la infracción de las normas que regulan la relación contractual de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.