2.

A mi juicio, deben distinguirse varios grupos de problemas a la hora de considerar el tema de la admisibilidad del recurso de anulación: — la cuestión de si la medida controvertida de la demandada es un acto de mero trámite o una decisión; — la cuestión de si la conducta de la demandada constituye una decisión definitiva conforme a lo previsto en el artículo 173 del Tratado CEE o si es meramente una medida provisional que abre camino a una decisión final; — la cuestión de si los demandantes tienen un interés que la ley protege y, en particular, si el recurso ya no tiene objeto a este respecto, pues la demandada ha dado realmente al coadyuvante acceso a los documentos y los demandantes deben por ello ejercitar acciones legales en reclamación de indemnización de daños y perjuicios. a) En primer lugar, debe distinguirse una decisión de un acto de mero tràmite. A este respecto, el coadyuvante tiene razón al argumentar que la infracción de un derecho protegido por la ley debe distinguirse de un cambio en la situación jurídica. La cuestión de si una solicitud de que se dé acceso a documentos requiere una decisión no puede ser constestada en términos generales, ya sean afirmativos o negativos, en particular cuando el acceso ya ha sido concedido por haber hecho entrega de los documentos. A este respecto, el factor crucial es si la solicitud de acceso a los documentos se concede automáticamente por un mero acto físico o si las autoridades responsables para conceder tal acceso tienen que tomar en consideración otros factores. Con vistas a hacer la distinción necesaria, los diversos elementos del procedimiento que nos ocupa deben describirse con referencia a su contexto legal. En el presente caso, el coadyuvante solicitó tener acceso a los documentos que la demandada había obtenido en el procedimiento en materia de competencia y que estaban amparados por el secreto profesional conforme al artículo 214 del Tratado CEE y el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n° 17. La demandada invitó a los demandantes a que expusieran sus pareceres acerca de la solictud del coadyuvante. Luego de considerar estos pareceres, la demandada decidió qué documentos habían de transmitirse al coadyuvante en su integridad, cuáles habían de transmitirse en parte y cuáles no habían de transmitirse en absoluto. La conclusión que puede extraerse de todo esto es que la Comisión sopesó varios intereses unos frente a otros: la protección del secreto profesional, el interés de los demandantes de proteger sus secretos comerciales, la necesidad de información por parte del coadyuvante al objeto de la audiencia y el derecho de supervisión efectiva para asegurar la conformidad con las reglas de competencia del Tratado CEE. Habiendo sopesado tales intereses, la demandada decidió finalmente qué documentos comerciales internos de los demandantes habían de ser revelados al coadyuvante en relación con el procedimiento de competencia pendiente, es decir, determinó en qué medida el interés de los demandantes, en lo que se refiere a la protección de sus secretos profesionales y comerciales, no podía prevalecer sobre la aplicación efectiva de las reglas de competencia del Tratado CEE. La demandada estableció una distinción entre la situación jurídica de los demandantes y la de la parte coadyuvante, determinando al propio tiempo en qué medida podía apartarse de la obligación de guardar secreto profesional en interés de la aplicación de las normas de competencia de la Comunidad. Por ello, desde un punto de vista legal, el aspecto esencial de la medida de la Comisión no es la entrega efectiva de los documentos a la parte coadyuvante, sino determinar jurídicamente el alcance en que podía darse acceso a tales documentos. La demandada adoptó una decisión, que era vinculante, sobre qué documentos de los demandantes podían ponerse a disposición del coadyuvante. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, estableció la línea divisoria entre el derecho del coayuvante a la información y el derecho de los demandantes a la protección de la confidencialidad de sus documentos comerciales. Adoptó una medida cuyos efectos legales eran vinculantes y que afectaba a los intereses de los demandantes, ocasionando un cambio en su situación jurídica. Por ello, esta medida constituye una decisión. El hecho de que la decisión no fuera redactada por escrito y de que sus condiciones fueran notificadas a los demandantes cuatro días después de que al coadyuvante se le diera efectivamente acceso a los documentos no altera el hecho de que sea una decisión, por cuanto la forma en que ésta se manifieste es indiferente. ( 7 ) b) Debe considerarse también si esta decisión puede ser impugnada separadamente mediante una acción ejercitada ante el Tribunal. El Tribunal ha mantenido que, en el caso de actos o decisiones que hayan sido adoptados por medio de un procedimiento que contenga varias fases, en particular cuando son la culminación de un procedimiento interno, un acto está sujeto a revisión tan sólo en el caso de que sea una medida que establezca de forma definitiva la posición de la autoridad al término del procedimiento y no una medida provisional dirigida a allanar el camino para la decisión final. ( 8 ) Pueden surgir dudas acerca de si la decisión de la demandada puede ser impugnada separadamente ante el Tribunal, puesto que esta decisión marca los límites entre secreto profesional y comercial y la necesidad de aplicar las reglas sobre la competencia, es decir, define los propios poderes de investigación de la Comisión. A este respecto, puede afirmarse que las medidas en cuestión tratan de allanar el camino para la decisión final y es comparable al inicio de un procedimiento en materia de competencia o a la comunicación del pliego de cargos, según expuso el Tribunal en su sentencia de 11 de noviembre de 1981. ( 9 ) Estas objeciones no pueden mantenerse, sin embargo, por cuanto la decisión adoptada por la demandada tiene varios aspectos. Además de decidir el alcance en el que la protección de los secretos comerciales debe ceder ante el derecho de la demandada a realizar una investigación, también define, como se ha visto, la situación jurídica de los demandantes y del coadyuvante. A este respecto, hay un aspecto asociado y autónomo desde un punto de vista jurídico de la decisión de la demandada que difiere de los aspectos con los que se relaciona la decisión sobre el fondo en los procedimientos de competencia. Supone no solamente allanar el camino a la decisión final de la Comisión, sino además definir la posición jurídica de las empresas afectadas en este asunto. Por tal razón, esta parte de la decisión de la demandada no puede compararse con una decisión que dé comienzo al procedimiento o que comunique un pliego de cargos. Sin embargo, desde el momento en que varios aspectos de una sola medida son inseparables, la decisión de la demandada de conceder al coadyuvante el acceso a ciertos documentos comerciales de los demandantes es una decisión que puede ser impugnada separadamente al amparo del artículo 173 del Tratado CEE. El esquema general del Reglamento n° 17 apoya también la conclusión de que la medida adoptada por la demandada es una decisión a los efectos del artículo 173 del Tratado CEE. En todos los casos en los que la demandada no puede contar con la cooperación voluntaria de las empresas afectadas y debe aplicar medidas coercitivas, tales medidas tienen que adoptar la forma de una decisión que debe indicar, entre otras cosas, que las empresas afectadas tienen la facultad de pedir ante el Tribunal de Justicia la revisión de la decisión. Ello viene exigido por el artículo 11, apartado 5, del Reglamento n° 17 con respecto a las peticiones de información y por el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n° 17 en lo relativo a las verificaciones. Este principio fue mantenido por el Tribunal en su sentencia de 17 de enero de 1980, en la que estableció que la Comisión estaba facultada, aunque no viene expresamente previsto en el Reglamento n° 17, para adoptar provisionalmente medidas cautelares durante el procedimiento administrativo. Dichas decisiones «deben tomarse de forma que la acción pueda ejercitarse ante el Tribunal de Justicia por cualquier parte que se considere perjudicada» ( 10 ). c) En la vista se planteó el problema de si la demanda ha quedado resuelta por el hecho de que el coadyuvante ha obtenido, en efecto, libre acceso a los documentos y que los conocimientos adquiridos por ello no podían borrarse mediante la declaración de nulidad de la decisión de la demandada, con el resultado de que el único camino que aún podía estar abierto para los demandantes era una acción de daños y perjuicios. Yo no estoy de acuerdo con este argumento por dos razones. El mismo hecho de que algunos de los documentos comerciales de los demandantes hayan sido entregados al coadyuvante y aún estén en su poder debe ser considerado como originador de un efecto adverso sobre la posición jurídica de los demandantes, lo cual sólo puede remediarse con la anulación de la decisión de la demandada. Es cierto que en esos procedimientos el Tribunal no puede ordenar directamente al coadyuvante que devuelva a la demandada los documentos de los demandantes. Esto, sin embargo, sería necesario, de conformidad con el artículo 176 del Tratado CEE, para procurar garantizar la devolución de tales documentos. Ello remediaría el efecto adverso producido en la situación jurídica de los demandantes a causa de la entrega de los documentos. Una consecuencia ulterior de la anulación de la decisión de la demandada sería que el coadyuvante no podría confiar por más tiempo, ya sea en el procedimiento ante la High Court of Justice o en la audiencia concedida por la Comisión, en la información indebidamente comunicada a la misma. Desde el momento que no puede decidirse que ello habría de afectar a la posición jurídica de los demandantes en los procedimientos en materia de competencia, soy de la opinión de que la demanda no queda resuelta por el hecho de que se garantice en efecto el acceso a los citados documentos. Por todo ello, considero admisible la demanda de anulación.