AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 19 DE JUNIO DE 1995. - CHRISTINA KIK CONTRA CONSEJO DE LA UNION EUROPEA Y COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - REGLAMENTO (CE) NO 40/94 SOBRE LA MARCA COMUNITARIA - LENGUAS - INADMISIBILIDAD MANIFIESTA DEL RECURSO. - ASUNTO T-107/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1995 página II-01717



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Disposición que establece el régimen lingueístico del procedimiento único de obtención de una marca comunitaria ° Recurso de un representante en materia de marcas ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento nº 40/94 del Consejo, art. 115)

2. Procedimiento ° Requisitos de admisibilidad de los recursos ° Procedencia a la luz del derecho de toda persona a un proceso equitativo

(Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, art. 6)

Índice

1. El artículo 115 del Reglamento nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, que establece el régimen lingueístico del procedimiento único establecido por este Reglamento para la obtención de una marca comunitaria, produce efectos jurídicos en relación con una categoría de personas contemplada de forma abstracta, es decir, las personas que deseen obtener una marca comunitaria para sí mismas o para sus representados.

En consecuencia, no procede admitir el recurso de anulación interpuesto contra este Reglamento por una persona física a la que el acto impugnado sólo afecta por el mero hecho objetivo de ser representante en materia de marcas, igual que a cualquier otro representante en materia de marcas que se halle, en cuanto a la lengua utilizada hasta ahora en el marco de sus actividades profesionales, actual o potencialmente en una situación idéntica.

2. El principio del derecho de toda persona a un proceso equitativo, establecido por el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y reconocido como parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario, no puede oponerse al establecimiento de ciertos requisitos para la interposición de un recurso judicial.

Partes

En el asunto T-107/94,

Christina Kik, Abogada y representante en materia de marcas, representada por el Sr. Goosen L. Kooy, Abogado de La Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

parte demandante,

contra

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. Giorgio Maganza y Guus Houttuin, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Bruno Eynard, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

y

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Pieter Van Nuffel, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

apoyadas por

Reino de España, representado por el Sr. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por la Sra. Gloria Calvo Díaz, Abogada del Estado, miembro del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto un recurso de anulación del artículo 115 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en la medida en que excluye el neerlandés de las lenguas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), así como una demanda para que no adopte ni haga adoptar las medidas que permitan a esta Oficina iniciar sus trabajos,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres. J.L. Cruz Vilaça, Presidente; M.H. Kirschner y por la Sra. V. Tiili, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

1 El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo, "Reglamento nº 40/94") crea una Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, modelos y diseños) (en lo sucesivo, "Oficina").

2 El empleo de las lenguas por lo que se refiere a los procedimientos de solicitud, de oposición, de caducidad y de nulidad de marcas se rige por el artículo 115 del Reglamento nº 40/94. El apartado 1 de dicho artículo precisa que las solicitudes de marca comunitaria podrán presentarse ante la Oficina en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea. Su apartado 2 establece que las únicas lenguas de la Oficina serán el español, alemán, francés, inglés e italiano. Sus apartados 3 a 7 disponen principalmente que el solicitante deberá indicar, en la propia solicitud, una "segunda lengua", que deberá ser una de las lenguas de la Oficina, y que, en el caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, esta segunda lengua podrá ser utilizada por la Oficina en las comunicaciones por escrito que envíe al solicitante y, por último, que se entenderá que el solicitante acepta la segunda lengua como lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad.

Hechos y procedimiento

3 La demandante, que es de habla neerlandesa, es Abogada y representante en materia de marcas. Posee intereses económicos en un despacho neerlandés especializado en patentes.

4 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de marzo de 1994, la demandante interpuso un recurso contra el apartado 2 del artículo 115 del Reglamento nº 40/94.

5 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 8 de abril y 19 de mayo de 1994, respectivamente, la Comisión y el Consejo propusieron una excepción de inadmisibilidad. La demandante presentó sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de junio de 1994.

6 Mediante auto de 14 de septiembre de 1994, se admitió la intervención del Reino de España en apoyo de las pretensiones del Consejo y la Comisión. El Reino de España presentó el escrito de formalización de la intervención en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de octubre de 1994. La demandante presentó sus observaciones sobre este escrito en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de diciembre de 1994.

Pretensiones de las partes

7 En su recurso, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Haga lo que proceda para que el Consejo revoque su decisión de excluir la lengua neerlandesa de las lenguas de la Oficina.

° No adopte ni haga adoptar las medidas que permitan a la Oficina iniciar sus trabajos antes de que el Consejo haya revocado su decisión de excluir a la lengua neerlandesa de las lenguas de la Oficina.

8 La Comisión solicita el Tribunal de Primera Instancia que:

° Se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso sin entrar en el fondo del asunto.

° Declare la inadmisibilidad del recurso en su totalidad o, con carácter subsidiario, en la medida en que va dirigido contra la Comisión.

° Condene en costas a la parte demandante.

9 El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Declare la inadmisibilidad del recurso.

° Condene en costas a la parte demandante.

10 En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Anule el artículo 115 del Reglamento nº 40/94.

° Declare ilegales los actos de ejecución adoptados por el Consejo y la Comisión a raíz de la creación de la Oficina.

° Condene en costas a la parte demandada.

11 El Reino de España solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Declare la inadmisibilidad del recurso.

° Condene en costas a la demandante.

12 En sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

° Acuerde la admisibilidad del recurso.

° Condene a la parte coadyuvante al pago de las costas causadas por la intervención.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

13 En sus excepciones de inadmisibilidad, la Comisión y el Consejo sostienen, con carácter principal, que el Tribunal de Primera Instancia no es competente para acoger favorablemente las pretensiones de la demandante, tal como han sido formuladas en la demanda. En efecto, al solicitar al Tribunal de Primera Instancia que "haga lo que proceda para que el Consejo revoque su decisión" y "no adopte ni haga adoptar las medidas que permitan a la Oficina iniciar sus trabajos antes de que el Consejo haya revocado su decisión", la demandante pide al Tribunal de Primera Instancia que requiera al Consejo para que adapte su legislación, cuando el Juez comunitario sólo es competente para controlar la legalidad de los actos ya en vigor, sin que pueda pronunciarse sobre actos legislativos que aún no han sido adoptados.

14 No obstante, la Comisión y el Consejo subrayan, con carácter subsidiario, que si el Tribunal de Primera Instancia diera una nueva calificación al recurso, interpretando las pretensiones de la demandante como un recurso de anulación conforme al artículo 173 del Tratado CE, la inadmisibilidad del recurso subsistiría.

15 La Comisión destaca, en efecto, que tal recurso de anulación iría dirigido únicamente contra el Reglamento nº 40/94 del Consejo y, por consiguiente, no afectaría a ningún acto de la Comisión.

16 El Consejo sostiene, por su parte, que los requisitos de admisibilidad enunciados en el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE no se cumplen, ya que el acto impugnado es un acto normativo que no afecta a la demandante ni directa ni individualmente. Alude, en particular, al segundo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual éste tiene por objeto "el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad". Deduce de lo que precede que el Reglamento se aplica en general a los operadores económicos y que, por consiguiente, no puede ser objeto de un recurso de anulación basado en el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Consejo, asuntos acumulados 16/62 y 17/62, Rec. p. 901 y ss., especialmente p. 918; de 24 de noviembre de 1992, Buckl/Comisión, asuntos acumulados C-15/91 y C-108/91, Rec. p. I-6061 y ss., especialmente p. I-6099, apartado 24, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de octubre de 1993, Guna/Consejo, T-463/93, Rec. p. II-1205, apartado 17).

17 Además, el Consejo subraya que la demandante es una "representante en materia de marcas" ("merkgemachtigde", en neerlandés) que actúa en nombre de empresas que desean adquirir una marca comunitaria y no es, por consiguiente, un solicitante de marca comunitaria por cuenta propia. Ahora bien, el artículo 115 del Reglamento nº 40/94 se aplica exclusivamente a los solicitantes de una marca comunitaria. Por lo tanto, esta disposición sólo afecta a la demandante de forma indirecta.

18 El Consejo alega, por último, que la disposición impugnada no afecta individualmente a la demandante, pues el acto recurrido la afecta en la misma medida que a cualquier otro representante en materia de marcas y, en consecuencia, no puede prevalerse de "algunas cualidades que le son propias" o de "una situación de hecho que la caracteriza en relación a cualquier otra persona" (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión, C-152/88, Rec. p. I-2507).

19 En el escrito de formalización de la intervención, el Reino de España sostiene, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no es competente para "provocar que el Consejo revoque su decisión". Expone a continuación que la pretensión de "que no adopte ni haga adoptar las medidas que permitan a la Oficina iniciar sus trabajos antes de que el Consejo haya revocado su decisión" debe interpretarse como una demanda de medidas provisionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Tratado CE. Considera que también procede declarar la inadmisibilidad de esta demanda, dado que la parte demandante no ha aportado prueba alguna que acredite ni un riesgo de perjuicio ni la urgencia que pudieran justificar que se suspenda la ejecución del acto impugnado.

20 Añade, con carácter subsidiario, que, si este recurso debiera interpretarse como un recurso de anulación, habría que declarar su inadmisibilidad ya que la demandante no cumple los requisitos exigidos por el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE.

21 La demandante subraya en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, en primer lugar, que el objeto de su recurso ha sido siempre la anulación del artículo 115 del Reglamento nº 40/94. En consecuencia, solicita al Tribunal de Primera Instancia que interprete su recurso en ese sentido.

22 La demandante admite que el recurso de anulación del citado artículo sólo puede ir dirigido contra el Consejo, pero alega que corresponde a la Comisión ejecutar esta disposición y que el Juez comunitario puede controlar la legalidad de los actos de ejecución. Por lo tanto, solicita también al Tribunal de Primera Instancia que "declare ilegales o inválidos los actos de ejecución ya adoptados y aquellos que deban ser adoptados".

23 Respecto a los requisitos enunciados en el artículo 173 del Tratado CE, la demandante sostiene que el Reglamento la afecta directa e individualmente, aunque no se excluye que esté dirigido a categorías indeterminadas de personas y se aplique a situaciones objetivamente determinadas.

24 Para acreditar que el Reglamento la afecta directamente, la demandante alude principalmente al interés moral que le confiere su reputación en el ámbito del Derecho de marcas y a su interés comercial derivado de los derechos que posee en un despacho neerlandés especializado en patentes. El régimen lingueístico dispuesto por el artículo 115 del Reglamento nº 40/94 la sitúa de forma real y actual en una posición competitiva desfavorable frente a sus competidores que trabajan en una de las lenguas de la Oficina, por los elevados costes que se derivan de las traducciones o del hecho de trabajar en una lengua que no es la propia.

25 La demandante subraya que no actúa como representante de un grupo profesional o de empresas que desean obtener una marca comunitaria y menos todavía en nombre de todos los representantes en materia de marcas, pues su recurso pretende precisamente poner fin a la discriminación creada por el artículo 115 del Reglamento nº 40/94 en el seno de ese grupo. Estima que su interés moral y comercial la caracteriza en relación con cualquier otro representante en materia de marcas y que, por consiguiente, el acto impugnado la afecta directa e individualmente.

26 En sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención presentado por el Reino de España, la demandante expone que el artículo 115 del Reglamento nº 40/94 provocará y ha provocado ya una pérdida de clientes, lo que constituye un "perjuicio grave, inmediato e irreparable", que hace urgente la adopción de una medida provisional, como la suspensión del inicio de los trabajos de la Oficina.

27 Por último, la demandante invoca el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, "CEDH"), que le confiere el derecho a un examen equitativo del fondo del asunto, que no podría obtenerse mediante ningún otro recurso distinto del presentado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

28 En virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de un auto motivado. En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia considera que los documentos obrantes en autos aclaran suficientemente las cuestiones debatidas y decide que no ha lugar a continuar el procedimiento.

29 Se debe recordar que el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento dispone que la demanda deberá indicar, entre otros, el objeto del litigio. Se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 1980, Comisión/República Francesa, 168/78, Rec. p. 347, apartados 17 a 23) que incumbe al Juez determinar dicho objeto, cuando la demandada y la demandante lo interpreten de forma diferente.

30 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia ha podido comprobar, en primer lugar, que existe una discordancia entre los términos en que se ha formulado la primera pretensión de la demanda y el tenor general de esta última. En efecto, en su escrito de interposición del recurso la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que "haga lo que proceda para que el Consejo revoque su decisión de excluir la lengua neerlandesa de las lenguas oficiales de la Oficina", pero posteriormente sólo presenta motivos y alegaciones destinados a acreditar la ilegalidad de la citada exclusión. Por consiguiente, aunque a primera vista el texto de las pretensiones formuladas en el recurso parece pedir al Tribunal de Primera Instancia la adopción de una medida cautelar en relación con el Consejo, procede considerar, a la vista de las alegaciones efectuadas por la demandante en apoyo de sus pretensiones, que lo que persiguen en realidad es la anulación del artículo 115 del Reglamento nº 40/94.

31 Debe señalarse que esta interpretación del recurso se corrobora por el hecho de que la demandante subraye, al final de dicho escrito, que el acto del Consejo "la afecta directa e individualmente", lo que constituye una referencia implícita pero indudable al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE.

32 Resulta de lo que precede que la primera pretensión del recurso se dirige esencialmente a obtener la anulación del artículo 115 del Reglamento nº 40/94, en la medida en que este artículo excluye el neerlandés de las lenguas de la Oficina.

33 El Tribunal de Primera Instancia comprueba que, por consiguiente, el recurso se dirige contra un acto que emana exclusivamente del Consejo. Se deduce de lo anterior que el recurso carece de objeto en la medida en que va dirigido contra la Comisión y que procede, por consiguiente, declarar su inadmisibilidad.

34 Además, aun suponiendo que un demandante pudiera ampliar el objeto de su recurso en la fase de las observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad incluyendo los actos de ejecución del acto impugnado, hay que destacar que, en el presente caso, la demandante no ha precisado en modo alguno los "actos de ejecución ya adoptados" que son objeto de su recurso y, por otra parte, no compete al Tribunal de Primera Instancia controlar actos hipotéticos, como los "actos de ejecución que deban ser adoptados".

35 En la medida en que el recurso de anulación se dirige contra el Consejo, procede recordar que, en virtud del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE, la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica contra un reglamento depende del requisito de que el reglamento impugnado sea, en realidad, una decisión, que afecte a la demandante directa e individualmente, y que el criterio de distinción entre un reglamento y una decisión debe buscarse en el alcance general o no del acto de que se trata (véanse, por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1993, Gobierno de Gibraltar y Gibraltar Development Corporation/Consejo, C-168/93, Rec. p. I-4009; el auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de enero de 1995, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Consejo, T-116/94, Rec. p. II-1, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 1995, Campo Ebro y otros/Consejo, T-472/93, Rec. p. II-421). Un acto tiene alcance general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y si produce sus efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma abstracta (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin/Comisión, C-244/88, Rec. p. 3811, y de 27 de marzo de 1990, Cargill/Comisión, C-229/88, Rec. p. I-1303).

36 En el presente caso, se deduce del Reglamento nº 40/94 que éste pretende establecer un procedimiento único para que las empresas puedan obtener una marca comunitaria. Como elemento de este procedimiento único, el régimen lingueístico establecido por el artículo 115 produce efectos jurídicos en relación con una categoría de personas contemplada de forma abstracta, es decir las personas que deseen obtener una marca comunitaria para sí mismas o para sus representados. Resulta de lo anterior que el acto impugnado afecta a la demandante por el mero hecho objetivo de ser representante en materia de marcas, igual que a cualquier otro representante en materia de marcas que se halle, en cuanto a la lengua utilizada hasta ahora en el marco de sus actividades profesionales, actual o potencialmente en una situación idéntica (véanse, en asuntos análogos y a título de ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1983, Spijker/Comisión, 231/82, Rec. p. 2559, apartado 9, y los autos del Tribunal de Primera Instancia de 29 de octubre de 1993, GUNA/Consejo, T-463/93, Rec. p. II-1205, apartado 17, y de 21 de febrero de 1995, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo y otros/Comisión, T-117/94, Rec. p. II-455).

37 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto contra el Reglamento nº 40/94.

38 Respecto de la segunda pretensión de la demandante, por la cual solicita al Tribunal de Primera Instancia que no adopte ni haga adoptar las medidas que permitan a la Oficina iniciar sus trabajos, debe interpretarse en el sentido de que solicita al Tribunal de Primera Instancia que adopte una medida cautelar contra el Consejo, es decir, la suspensión de la ejecución del artículo 115 del Reglamento nº 40/94, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 185 del Tratado CE. Se debe destacar, a este respecto, de un lado, que el Juez comunitario no es competente para adoptar medidas cautelares en relación con las Instituciones (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1993, Koelman/Comisión, T-56/92, Rec. p. II-1267, apartado 18) y, de otro, que el apartado 3 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento exige que las demandas de que se suspenda la ejecución de un acto se presenten mediante escrito separado, lo que no se ha hecho en el presente caso. En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de esta parte del recurso.

39 Por otra parte, la demandante no puede invocar en el presente caso el artículo 6 del CEDH, que el Juez comunitario reconoce como parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1986, Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 18, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 1995, F/Consejo, T-535/93, aún no publicada), pero que no es aplicable en una situación como la del presente caso. En efecto, esta disposición, que confiere a toda persona el derecho a un proceso equitativo, no puede oponerse al establecimiento de ciertos requisitos para la interposición de un recurso (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de abril de 1987, Dufay/Parlamento, 257/85, Rec. p. 1561, apartado 10).

40 Resulta de todo lo que precede que debe declararse la inadmisibilidad manifiesta del recurso en su conjunto.

Decisión sobre las costas

Costas

41 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de sus propias costas y de las causadas por el Consejo y la Comisión.

42 El Reino de España, que ha intervenido en apoyo de las pretensiones del Consejo y de la Comisión, cargará con sus propias costas, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

resuelve:

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Condenar a la parte demandante al pago de sus propias costas y de las causadas por el Consejo y la Comisión. La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 19 de junio de 1995.