CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
CONCLUSIONES COMPLEMENTARIAS DEL ABOGADO GENERAL 
SR. GERHARD REISCHL 
presentadas el 24 de junio de 1980 " 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
El 22 de noviembre de 1979 presenté mis 
conclusiones en los asuntos acumulados 
253/78 y 1/79 a 3/79 (Guerlain, Rochas, 
Lanvin y Nina Ricci), así como en los asun­
tos 37/79 (Estée Lauder) y 99/79 (Lánc­
omé). Mediante auto de 16 de enero de 
1980, el Tribunal de Justicia decidió rea­
brir la fase oral del procedimiento e instó a 
las partes de los litigios principales, a los 
Estados miembros, al Consejo y a la Comi­
sión a pronunciarse sobre las siguientes 
cuestiones: 
«En el supuesto de que: 
a) el Juez nacional considere que los 
acuerdos de que se trata están incluidos 
en el ámbito de aplicación del apartado 
1 del artículo 85; 
b) los acuerdos de que se trata en los asun­
tos acumulados 253/78 y 1/79 a 3/79 y 
en el asunto 99/79 deban ser considera­
dos "acuerdos antiguos" protegidos por 
la "validez provisional"; c) los escritos enviados por la Comisión a 
los distintos fabricantes para informar­
les del archivo de sus asuntos no de­
ban ser considerados Decisiones de 
exención a efectos del artículo 8 del 
Reglamento n° 17 ni declaraciones 
negativas a efectos del artículo 2 de 
dicho Reglamento; 
d) no exista ninguna probabilidad de que 
la Comisión adopte tales Decisiones en 
un futuro previsible: 
1) ¿Impide la protección de que dis­
frutan los "acuerdos antiguos" noti­
ficados dentro del plazo señalado o 
dispensados de notificación la 
aplicación a tales acuerdos de las 
disposiciones del Derecho interno 
de un Estado miembro, en su caso 
más estricto, en ciertos aspectos, 
que el Derecho comunitario? 
2) ¿Justifican los motivos invocados 
hasta el momento en favor de la 
protección provisional garantizada 
a los "acuerdos antiguos", en las 
circunstancias anteriormente indi­
cadas, el mantenimiento indefinido 
de dicha protección, en contra de la 
Lengua original: alemán. 
786 
GIRY Y GUERLAIN 
aplicación por parte de un òrgano 
jurisdiccional nacional de lo dis­
puesto en los apartados 1 y 2 del 
artículo 85 del Tratado? 
3) ¿Cómo se resuelve el caso de los 
"acuerdos nuevos" notificados o 
dispensados de notificación, en las 
situaciones contempladas en las 
cuestiones 1 y 2?» 
Sobre estas cuestiones, adopto la siguiente 
postura, como complemento a mis conclu­
siones de 22 de noviembre de 1979, a las 
que me remito en todo lo demás. 
I. Sobre la primera cuestión 
Los inculpados en los litigios principales 
253/78 y 1/79 a 3/79, así como la demanda­
da en el litigio principal en el asunto 37/79 
afirman, respecto a esta cuestión, que la 
protección provisional de lo que se ha deci­
dido denominar los «acuerdos antiguos» 
impide la aplicación de las disposiciones del 
Derecho nacional de un Estado miembro en 
su caso más estrictas que el Derecho de la 
competencia de las Comunidades. Sostienen 
que, en efecto, de acuerdo con el artículo 7 
del Reglamento n° 17, la Comisión puede 
decidir en cualquier momento, con efectos 
retroactivos, que el acuerdo no está incluido 
en el párrafo 1 del artículo 85 del Tratado 
CEE o que debe quedar exento de conformi­
dad con el apartado 3 del artículo 85. En su 
opinión, la protección provisional se justifi­
ca con más razón en casos como los de 
autos, en los que las empresas interesadas 
modificaron sus acuerdos con arreglo a 
propuestas de la Comisión. Por el contrario, los demandantes en los 
litigios principales en los asuntos 1/79 a 
3/79, los demandados en el litigio principal 
en el asunto 99/79, los Gobiernos del Reino 
de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la Re­
pública Federal de Alemania, la República 
Francesa, el Reino de los Países Bajos, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, así como la Comisión, consideran 
que las normas más estrictas del Derecho 
nacional de la competencia se aplican en 
los casos de autos, pero invocan motivos 
diferentes. 
Los demandantes en los litigios principales 
en los asuntos 1/79 a 3/79, los demandados 
en el litigio principal en el asunto 99/79, el 
Gobierno federal alemán y la Comisión 
opinan que dicho Derecho sólo es aplicable 
cuando la Comisión ha decidido archivar el 
asunto. Declaran que entonces ya no es 
posible esperar, salvo que se modifique 
sustancialmente la situación de hecho, que 
la Comisión emita una declaración negativa 
a efectos del apartado 1 del artículo 85 o 
adopte una Decisión de exención a efectos 
del apartado 3 del artículo 85. Consideran 
que, en tales casos, ya no existe el riesgo de 
que la aplicación de las disposiciones más 
estrictas del Derecho nacional pueda poner 
en peligro los objetivos del Tratado en el 
ámbito del Derecho de la competencia. 
En cuanto a los Gobiernos británico, fian­
cés, danés, belga y neerlandés, opinan que 
la validez provisional de los acuerdos anti­
guos, considerada de forma aislada, no 
puede en absoluto impedir la aplicación de 
normas nacionales más estrictas en materia 
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CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
de competencia. Según el Gobierno británi­
co, esta conclusión se deduce ya del hecho 
de que un acuerdo pueda quedar privado de 
efectos como consecuencia de disposiciones 
nacionales totalmente ajenas al Derecho de 
la competencia. No encuentra motivo algu­
no para hacer, a este respecto, una distin­
ción entre las normas de competencia y las 
demás disposiciones de Derecho nacional. 
El Gobierno francés destaca este aspecto 
refiriéndose a la sentencia de 14 de diciem­
bre de 1977, Bloos (59/77, Rec. p. 2359), la 
cual remite, por lo que respecta a los efectos 
jurídicos de un acuerdo antiguo notificado 
o dispensado de notificación, al Derecho 
nacional aplicable a dicho acuerdo. El 
Gobierno danés observa, a este respecto, 
que ni siquiera una declaración negativa o 
una Decisión de exención de la Comisión 
impiden la aplicación del Derecho nacional 
de la competencia y que, en consecuencia, 
lo mismo debe ocurrir, sin duda alguna, en 
los casos de validez provisional de un 
acuerdo cuya compatibilidad con el artículo 
85 aún no ha sido objeto de una Decisión de 
la Comisión. Por último, el Gobierno belga 
señala que el Derecho de la competencia de 
la Comunidad pretende realizar objetivos 
distintos a los del Derecho nacional de la 
competencia. En su opinión, la validez 
provisional de un acuerdo en relación con el 
Derecho comunitario impide, por lo tanto, 
sólo que el Juez nacional aplique los aparta­
dos 1 y 2 del artículo 85 del Tratado CEE 
mientras la Comisión no haya iniciado un 
procedimiento, pero no le impide aplicar 
posibles disposiciones nacionales más es­
trictas. Añade que si, como generalmente se 
reconoce, las autoridades y los Tribunales 
nacionales pueden declarar que determina­
dos acuerdos, respecto a los cuales la Co­
misión ha emitido una declaración negativa, quedan privados de efectos de acuerdo con 
el Derecho nacional, sería ilógico que no 
pudieran actuar de la misma forma en 
relación con acuerdos que infringen, por sí 
mismos, el apartado 1 del artículo 85, pero 
que han sido declarados exentos por la 
Comisión de conformidad con el apartado 3 
del artículo 85, a pesar de que ponen en 
peligro a la competencia de manera más 
grave que los anteriores. 
En definitiva, me da la impresión de que, en 
el fondo, la discusión se refiere a la cuestión 
de si debe modificarse o completarse, y en 
qué medida, la jurisprudencia actual del 
Tribunal de Justicia, a saber, por una parte, 
la sentencia de 13 de febrero de 1969, Wil­
helm (14/68," Rec. p. 1) y, por otra, las 
sentencias que se dictaron sobre la validez 
provisional de acuerdos antiguos (sentencia 
de 6 de febrero de 1973, Brasserie de 
Haecht, 48/72,« Rec. p. 77, y de 14 de 
diciembre de 1.977, Bloos, antes citada). 
En mi opinión, deberían seguirse los princi­
pios rectores, importantes para los presentes 
litigios, que se enunciaron respecto a la 
relación entre el Derecho de la competen­
cia de la Comunidad y el Derecho nacional 
en la sentencia dictada en el asunto 14/68 
(Walt Wilhelm). Según esta última, la 
aplicación del Derecho nacional sólo se 
admite en la medida en que no menoscabe 
la aplicación uniforme y sin reservas, en 
todo el mercado común, de las normas 
comunitarias en materia de prácticas coluso­
rias y del pleno efecto de los actos adopta­
dos o que deben adoptarse de acuerdo con 
dichas normas. La sentencia recuerda, ade-
788 
GIRY Y GUERLAIN 
más, que el Derecho comunitario permite 
también a las autoridades de la Comunidad 
ejercer una acción positiva, aunque indirec­
ta, para promover un desarrollo armonioso 
de las actividades económicas en el conjun­
to de la Comunidad, conforme al artículo 2 
del Tratado CEE, lo que incluye indudable­
mente la posibilidad de Decisiones de 
exención de conformidad con el apartado 3 
del artículo 85 del Tratado CEE. Por último, 
la sentencia observa además que las autori­
dades nacionales deben adoptar las oportu­
nas medidas cuando, en el curso de un 
procedimiento nacional, parezca posible que 
la Decisión por la que la Comisión resolverá 
un procedimiento entablado relativo al 
mismo acuerdo pudiera oponerse a los 
efectos de una resolución de las autoridades 
nacionales. 
Sin duda alguna, la teoría según la cual la 
validez provisional de acuerdos antiguos no 
impide una aplicación amplia del Derecho 
nacional, incluso en la medida en que dicho 
Derecho pertenezca al ámbito del Derecho 
de la competencia, es decir, trate de alcan­
zar fines y realizar objetivos similares a los 
del Derecho comunitario de la competencia, 
no concuerda con dichos principios. Esta 
opinión tampoco puede justificarse diciendo 
que tal aplicación paralela no es criticable 
debido a las finalidades parcialmente diver­
gentes o al ámbito de aplicación singular de 
las resoluciones nacionales y su efecto 
territorial limitado. En efecto, en el presente 
asunto no puede discutirse que, normalmen­
te, el desmantelamiento de un sistema de 
distribución, provocado por el Derecho 
nacional en un Estado miembro, debe tam­
bién producir efectos sobre su existencia en otros Estados miembros. Asimismo, en 
contra de la solución contemplada por el 
Gobierno danés, no me parece suficiente 
remitir, a este respecto, a la obligación de 
modificar las resoluciones nacionales cuan­
do, posteriormente, se adoptan Decisiones 
de exención con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85; en efecto, una resolución nacio­
nal negativa descarta, sin duda alguna, el 
efecto comunitario de la validez provisional 
y no veo cómo podría rectificarse adecuada­
mente, con efectos retroactivos, la situación 
jurídica nacional en caso de adopción poste­
rior de una Decisión con arreglo al apartado 
3 del artículo 85. 
Por otra parte, en relación con la jurispru­
dencia sobre la validez provisional de 
acuerdos antiguos, si se tiene en cuenta que 
las dos sentencias que acaban de mencionar­
se, dictadas en los asuntos 48/72 (Haecht II) 
y 59/77 (Bloos), antes citados, declaran, 
como se sabe, que la validez provisional 
debe admitirse hasta la adopción de una 
Decisión por parte de la Comisión, pienso 
que es indefendible el apartarse ahora de 
esta norma alegando que el período de 
transición inicialmente previsto ha finaliza­
do en el intervalo. Sin duda alguna, podría 
haberse pensado en esta motivación cuando 
se dictó sentencia en el asunto 59/77 (el 14 
de diciembre de 1977), pero manifiestamen­
te, no fue tomada en consideración. Si se 
utilizara ahora súbitamente, se pondría en 
peligro el principio de seguridad jurídica, 
que, precisamente, ha sido subrayado en 
diversas ocasiones en dicha jurisprudencia. 
Además, no hay que perder de vista que ni 
la práctica de Decisión de la Comisión ni la 
jurisprudencia han aclarado aún completa-
789 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
mente todos los problemas jurídicos y que 
los participantes en un acuerdo todavía no 
han realizado una adaptación oportuna a 
dicha prácticay dichajurisprudencia. Así, la 
Comisión ha declarado que aún se están 
examinando algunos casos para los que 
sigue pensándose en una aplicación de los 
artículos 6 y 7 del Reglamento n° 17 con 
efectos retroactivos. La adopción de resolu­
ciones nacionales contrarias, respecto a la 
cual me remitiré a los principios de la sen­
tencia 14/68 (Walt Wilhelm), no sería con­
ciliable con esta situación. 
En mi opinión, en consecuencia, la fórmula 
contenida en las dos sentencias antes men­
cionadas, a saber, «hasta la Decisión de la 
Comisión», puede ser a lo sumo interpretada 
en el sentido de que no debe tratarse necesa­
riamente de Decisiones formales, sino que 
son suficientes los dictámenes de archivo 
del asunto, como los que se han emitido en 
los casos de autos. En efecto, a todas luces, 
el Tribunal de Justicia ha partido en su 
jurisprudencia de la idea de que, al menos 
cuando un acuerdo en materia de competen­
cia se ha notificado correctamente, se pro­
duce en cada caso una Decisión de la Co­
misión. Ahora parece que, debido a la ex­
traordinaria cantidad de expedientes, esta 
óptica no corresponde a la realidad. En 
varios casos en los que, tras una modifica­
ción del acuerdo provocada por la Comi­
sión, esta Institución ha considerado que ya 
no es aplicable el apartado 1 del artículo 85, 
no se han producido Decisiones formales en 
el sentido de declaraciones negativas por­
que, debido a un procedimiento algo pesa­
do, tales Decisiones habrían entorpecido 
demasiado el trabajo de la Comisión y 
habrían impedido a un servicio relativamen­te restringido, el encargado de los asuntos 
de competencia, dedicarse a tareas más 
importantes. En consecuencia, se ha limita­
do a menudo, como en el caso de autos, a 
enviar dictámenes de archivo de las actua­
ciones firmados por un funcionario de alto 
nivel de la Comisión. En estas circunstan­
cias, parece perfectamente defendible no 
referirse únicamente, en relación con la 
validez provisional de acuerdos antiguos, a 
Decisiones formales de la Comisión. Por el 
contrario, también es posible considerar 
suficiente un dictamen de la Comisión que 
prácticamente equivale, desde el punto de 
vista de sus efectos, a una declaración nega­
tiva, sobre todo porque dicho dictamen 
vincula también, en cierta medida, a la 
Comisión, ya que sólo permite el ejercicio 
posterior de la competencia comunitaria en 
caso de modificación de los hechos y, segu­
ramente, en ese caso, únicamente con efec­
tos ex nunc. En presencia de tal definición 
de postura, pero sólo entonces, ya que una 
mera falta de actuación de la Comisión no 
deberá considerarse como emisión tácita de 
una declaración negativa, puede suponerse, 
en consecuencia, por motivos de seguridad 
jurídica, que el acuerdo de que se trata es 
válido desde el punto de vista del Derecho 
comunitario y que ya no es probable que la 
Comisión adopte una Decisión de exención 
con arreglo al apartado 3 del artículo 85 o 
emita una declaración negativa formal. 
Entonces, queda abierta la vía a la aplica­
ción del Derecho nacional, aunque sea más 
estricto. 
En los casos de autos que son objeto de los 
litigios principales, aun cuando no se trate 
de dictámenes formales, como la Comisión 
ha declarado que el apartado 1 del artículo 
790 
GIRY Y GUERLAIN 
85 del Tratado CEE no era aplicable tras la 
modificación de los acuerdos, absolutamen­
te nada impide, en consecuencia, que el 
Juez francés aplique por ejemplo las normas 
sobre la «negativa a vender» si, de acuerdo 
con los desarrollos más recientes de la 
jurisprudencia en el sector de los perfumes, 
tal aplicación está todavía justificada. Exis­
ten aún menos dudas a este respecto en la 
medida en que, efectivamente, en contra de 
la opinión de la Comisión, que dispone en 
general de posibilidades de información 
más eficaces y que tiene una mejor visión de 
conjunto, no debe esperarse que, en cual­
quier caso, el Juez francés, ya que para la 
remisión en el asunto neerlandés la situa­
ción parece ser distinta, parta de la idea de 
que el apartado 1 del artículo 85 se aplica a 
los casos que se le presentan. Suponiendo, 
no obstante, que el Juez nacional considere 
que se reúnen los elementos constitutivos 
del apartado 1 del artículo 85, sin duda sería 
necesario partir de esta idea, por lo que se 
refiere a la aplicación del Derecho nacional, 
si dicho Juez llega a tal conclusión teniendo 
en cuenta el hecho de que los acuerdos han 
sido modificados, es decir, se han hecho 
más restrictivos, ya que entonces ya no se 
podría hablar de un acuerdo antiguo provi­
sionalmente válido. 
II. Sobre la segunda cuestión 
Los inculpados en los litigios principales 
que dieron lugar a los asuntos acumulados 
253/78 y 1/79 a 3/79, la demandada en el 
litigio principal en el asunto 37/79, así 
como los Gobiernos británico y francés, 
afirman que la protección provisional de los 
«acuerdos antiguos» debe mantenerse tam­
bién, sin reservas, en el futuro. Los inculpa­dos y la demandada en los litigios principa­
les antes mencionados citan, en apoyo de su 
punto de vista, el artículo 7 del Reglamento 
n° 17. Desde luego, el Gobierno británico 
pone en duda el carácter acertado de la 
remisión a dicha disposición, pero considera 
que el mantenimiento de la protección 
provisional de los acuerdos antiguos se 
justifica ya debido a que el Tratado no 
prevé, para tales acuerdos, ninguna disposi­
ción transitoria respecto al apartado 2 del 
artículo 85 y el examen de los distintos 
casos por parte de la Comisión se efectúa 
con retrasos considerables. Según el Go­
bierno francés, los apartados 1 y 3 del ar­
tículo 85 del Tratado CEE forman un todo 
indivisible, de forma que la Comisión puede 
comprobar los requisitos de validez de los 
acuerdos antiguos. Afirma que de ello se 
deduce que los particulares no pueden poner 
en duda dicha validez mientras la Comisión 
no se haya pronunciado. 
Por el contrario, los Gobiernos belga, danés 
y alemán, la Comisión y los demandados en 
el litigio principal en el asunto 99/79 sostie­
nen que ya no se justifica el mantenimiento 
de la protección provisional de los acuerdos 
antiguos. El Gobierno danés considera que, 
en definitiva, el mantenimiento de la pro­
tección de los acuerdos antiguos equivale a 
una denegación de justicia respecto a aque­
llos a los que los mismos pueden causar un 
perjuicio. Alega que el apartado 1 del ar­
tículo 85 del Tratado CEE es directamente 
aplicable y que el procedimiento de remi­
sión con arreglo al artículo 177 asegura una 
aplicación uniforme del Derecho comunita­
rio. Además, considera que las partes de los 
acuerdos antiguos han tenido tiempo sufi-
791 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
ciente para adaptarlos a las prescripciones 
del Derecho comunitario. 
Según el Gobierno belga, los acuerdos 
antiguos notificados, que no son objeto de 
una prohibición ni de una exención específi­
ca o por categoría, deben ser tratados exac­
tamente igual que los acuerdos para los que 
se ha emitido una declaración negativa. 
Piensa que, al igual que la Comisión puede 
adoptar en cualquier momento, con arreglo 
al apartado 1 del artículo 85 del Tratado 
CEE, una Decisión por la que se prohibe 
para el futuro un acuerdo, debido a la evo­
lución económica o jurídica, las autoridades 
o los Tribunales de un Estado miembro 
pueden actuar de la misma forma. 
El Gobierno federal alemán considera que 
el mantenimiento de la protección provisio­
nal de los acuerdos antiguos ya no se justifi­
ca cuando la Comisión señala que no adop­
tará una Decisión de exención con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85. 
Según la Comisión, la validez provisional 
de los acuerdos antiguos sólo dura desde la 
notificación hasta que la Comisión adopta 
una Decisión. Desde el momento en que, 
como en el caso de un archivo del asunto, es 
seguro que la Comisión no adoptará una 
Decisión de exención, ya no se justifica, en 
su opinión, el mantenimiento de la protec­
ción provisional. Declara que, en ese caso, 
los acuerdos antiguos pueden ser tratados 
exactamente igual que los acuerdos nuevos 
notificados (véanse los apartados 11 y 12 de la sentencia de 6 de febrero de 1973, Bras­
serie de Haecht, antes citada. Señala que, 
entonces, el Juez nacional puede declarar 
nulo el acuerdo, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 85 del Tratado CEE, 
cuando no cabe duda de la incompatibilidad 
del mismo con el apartado 1 del artículo 85. 
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal 
de Justicia, los acuerdos antiguos que exis­
tían en el momento de la entrada en vigor 
del Reglamento n° 17, el 13 de marzo de 
1962, y que fueron notificados dentro del 
plazo señalado, producen plenos efectos 
(véase la sentencia de 14 de diciembre de 
1977, Bloos, antes citada). Tal como dije en 
mis conclusiones de 22 de noviembre de 
1979, un Tribunal nacional sólo puede 
pronunciarse sobre la nulidad de tales 
acuerdos con arreglo al artículo 85 una vez 
que la Comisión ha adoptado una Decisión 
de acuerdo con el Reglamento n° 17. 
No creo que pueda defenderse el abandono 
de la teoría de esta validez provisional 
debido, en cierto modo, al paso del tiempo 
y tampoco considero oportuno uniformizar 
simplemente las normas relativas a los 
acuerdos antiguos y a los acuerdos nuevos, 
ya que para estos últimos las situaciones de 
partida y los efectos jurídicos son, en efecto, 
fundamentalmente distintos (véanse los 
artículos 6 y 7 del Reglamento n° 17). Asi­
mismo, cuando el examen de un acuerdo 
antiguo lleva a la conclusión de que éste no 
es compatible con el apartado 1 del artículo 
85, debido a que no se han modificado las 
circunstancias, dudo que sea correcto decla­
rarlo nulo solamente ex nunc. 
792 
GIRY Y GUERLAIN 
Para la aplicación por el Juez nacional del 
apartado 1 del artículo 85, no hay que olvi­
dar que en casos como los de autos, en los 
que la Comisión ha estimado que no se 
aplica el apartado 1 del artículo 85, no se 
ha efectuado en absoluto un examen en 
relación con el apartado 3 del artículo 85. 
Si, en su caso, se comprobara ahora, tras las 
aclaraciones del Tribunal de Justicia sobre 
el apartado 1 del artículo 85, que no es 
exacta la opinión de la Comisión sobre 
dicho apartado, se puede seguir pensando 
que se adoptará una Decisión con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85, ya que, en efecto, 
se han presentado peticiones en este sentido 
y la propia Comisión no se ha pronunciado 
aún sobre las mismas; además, la Comisión 
podría exigir todavía, mediante una Deci­
sión adoptada conforme al artículo 7 del 
Reglamento n° 17, que se modifiquen los 
acuerdos de forma que ya no estén inclui­
dos, en cualquier caso, en el apartado 1 del 
artículo 85, cosa que puede producirse 
también con efectos retroactivos. 
En consecuencia, la cuestión decisiva para 
el Juez nacional es saber si son probables 
tales actos. A este respecto, pueden serle 
útiles la práctica actual de Decisión y la 
jurisprudencia, entre otras cosas las indica­
ciones relativas a la interpretación del apar­
tado 3 del artículo 85 que se facilitarán a 
dicho Juez en el presente procedimiento. Si 
llega entonces a la conclusión de que no se 
debe esperar una exención ni una declara­
ción negativa y que tampoco existen serias 
dudas sobre la incompatibilidad de un 
acuerdo con el apartado 1 del artículo 85, 
puede declarar nulo dicho acuerdo de con­
formidad con el apartado 2. Si, de acuerdo 
con la práctica existente, dicho Juez no alberga ninguna duda de que un acuerdo 
puede quedar exento, como éste debe enton­
ces considerarse válido, queda excluida la 
aplicación del apartado 2 del artículo 85. 
Pero si el Juez nacional sigue albergando 
dudas y vacilaciones, porque aún no se han 
aclarado todos los problemas del apartado 3 
del artículo 85, incluidos los relativos a la 
distribución selectiva organizada teniendo 
en cuenta criterios cuantitativos, deberá 
seguramente, como ocurriría en las mismas 
circunstancias para un acuerdo nuevo, deci­
dirse a suspender el procedimiento para que 
una parte pueda provocar una definición de 
postura de la Comisión sobre el apartado 3 
del artículo 85. 
III. Sobre la tercera cuestión 
Según los inculpados en los litigios princi­
pales 253/78 y 1/79 a 3/79, así como los 
demandados en el litigio principal en el 
asunto 37/79, los acuerdos nuevos notifica­
dos deben ser tratados exactamente igual 
que los acuerdos antiguos. En efecto, en su 
opinión, también aquéllos pueden, en cual­
quier momento, ser objeto de una exención 
retroactiva por parte de la Comisión. 
Los Gobiernos británico, danés, belga, 
francés y alemán consideran que un Dere­
cho nacional de la competencia, en su caso 
más estricto, puede ser aplicado también a 
los acuerdos nuevos notificados. Los Go­
biernos británico, danés y alemán se remiten 
a la sentencia de 6 de febrero de 1973, 
Brasserie de Haecht, antes citada, según la 
cual los acuerdos nuevos no disfrutan de 
ninguna protección particular. En opinión 
del Gobierno francés, los acuer-
793 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
dos nuevos deberían disfrutar, por lo menos, 
de una cierta protección, en forma de «pre­
sunción de validez», hasta que la Comisión 
adopte, en su caso, una Decisión. El Gobier­
no belga piensa que el Juez nacional puede 
aplicar el apartado 1 del artículo 85 a los 
acuerdos nuevos mientras la Comisión no 
haya iniciado un procedimiento. Según la 
Comisión, el Juez nacional debe examinar, 
en primer lugar, si el acuerdo de que se trata 
puede ser válido, bien de acuerdo con una 
exención por categoría, bien de acuerdo con 
una exención individual. En caso afirmati­
vo, el acuerdo debe considerarse definitiva­
mente válido desde el punto de vista del 
Derecho comunitario. En el supuesto con­
trario, el Juez nacional puede declararlo 
nulo cuando no cabe duda de su incompati­
bilidad con el apartado 1 del artículo 85 y 
cuando está seguro de que no cumple los 
requisitos del apartado 3 del artículo 85. 
Cuando el Juez nacional no puede demos­
trar de manera segura que la compatibilidad 
del acuerdo con el artículo 85 está fuera de 
toda duda, tiene la posibilidad de suspender 
el procedimiento para dar a las partes la 
oportunidad de obtener una definición de 
postura de la Comisión, que podría entonces 
servirle de base para su resolución. En 
opinión de la Comisión, el Juez nacional 
siempre puede aplicar un Derecho nacional 
más estricto cuando el acuerdo es nulo 
respecto al Derecho comunitario. Por el 
contrario, cuando el Juez nacional llega a la 
conclusión de que el acuerdo es definitiva­
mente válido, no puede aplicar el Derecho 
nacional de la competencia más estricto. 
1. Por lo que se refiere, en primer lugar, a 
la aplicación del Derecho nacional, es necesario atenerse también, en mi opinión, 
a los principios que fueron desarrollados a 
este respecto en la sentencia de 13 de febre­
ro de 1969, Wilhelm (14/68,» Rec. pp. 1 y 
ss., especialmente pp. 12y ss.). En conse­
cuencia, debe sostenerse que sólo se permite 
la aplicación de disposiciones del Derecho 
nacional «en la medida en que no menosca­
be la aplicación uniforme, en todo el merca­
do común, de las normas comunitarias en 
materia de prácticas colusorias y del pleno 
efecto de los actos adoptados de acuerdo 
con dichas normas». En relación con el 
Derecho nacional de la competencia en 
sentido más amplio, no puede alegarse, a 
este respecto, que el mismo se refiere única­
mente a los aspectos nacionales de un caso. 
No obstante, en casos como los de autos en 
los que el examen por parte de la Comisión 
fue seguido de un dictamen que produce 
prácticamente el mismo efecto que una 
declaración negativa, nada impide, efectiva­
mente, que un Juez nacional aplique su 
Derecho interno, en su caso más estricto. En 
estas circunstancias, dicho Juez puede, en 
efecto, partir de la idea de que no quedará 
afectada la aplicación uniforme de las nor­
mas comunitarias en materia de prácticas 
colusorias, ya que, aun cuando su valora­
ción no vincule al Juez nacional, la autori­
dad comunitaria competente ha expresado la 
opinión de que el Derecho comunitario ya 
no se aplica tras una notificación de los 
acuerdos. Asimismo, el pleno efecto de los 
actos adoptados de acuerdo con las normas 
comunitarias tampoco puede ya quedar 
afectado en este supuesto, ya que, en el caso 
de una comunicación que informe a los 
interesados de la opinión de la Comisión de 
794 
GIRY Y GUERLAIN 
que el Derecho comunitario no es aplicable 
respecto a los mismos, no se trata, sin duda 
alguna, de tal medida. Además, como enton­
ces no existe la posibilidad de que la Comi­
sión resuelva el procedimiento mediante una 
Decisión cuyos efectos podrían verse obsta­
culizados por una resolución nacional, 
tampoco hay motivo, en ese caso, para 
adoptar las «oportunas medidas» a efectos 
de la sentencia 14/68, es decir para suspen­
der el procedimiento ante una posible 
Decisión de exención acompañada de efec­
tos retroactivos. 
2. Por otra parte, por lo que se refiere a la 
aplicación de los apartados 1 y 2 del artícu­
lo 85 por los Tribunales nacionales en los 
casos en que la Comisión ha examinado ya 
la incidencia de dichas disposiciones y ha 
llegado, desde esta perspectiva, a un resulta­
do negativo expresado en un dictamen de 
archivo, nada impide, en mi opinión, que un 
Tribunal nacional aplique el artículo 85. En 
efecto, los Tribunales nacionales no están 
vinculados en modo alguno por tales dictá­
menes; por otra parte, el artículo 9 del 
Reglamento n° 17 tampoco plantea obstácu­
lo alguno: a este respecto, me remito, por un 
lado, a la sentencia de 30 de enero de 1974, 
BRT (127/73,« Rec. p. 51) y, por otro lado, 
al hecho de que los procedimientos ante la 
Comisión fueron concluidos precisamen­
te mediante los dictámenes antes mencio­
nados, en la medida en que se inició un 
procedimiento. En tales casos de valoración diferente, en su 
caso, de la aplicabilidad del apartado 1 del 
artículo 85, el elemento decisivo es la 
valoración de dichas posibilidades de exen­
ción por parte del Juez nacional, precisa­
mente porque la Comisión no ha encontrado 
motivo alguno para examinar una posibili­
dad de exención con arreglo al apartado 3 
del artículo 85. Cuando el Juez, ayudado en 
su caso, como he dicho, por la práctica de 
Decisión de la Comisión y por la jurispru­
dencia de este Tribunal de Justicia, llega 
entonces a la conclusión de que puede 
esperarse, seguramente, una exención, debe 
considerar válido el acuerdo, lo que exclu­
ye, por supuesto, la aplicación de disposi­
ciones nacionales más estrictas que afecta­
rían a la sustancia de dicha posible exen­
ción. Si el Juez nacional estima, por el 
contrario, que no existe ninguna posibilidad 
de que se adopte una Decisión de exención 
y, en consecuencia, no alberga dudas sobre 
la incompatibilidad de un acuerdo con las 
normas de competencia de la Comunidad, 
puede, sin duda alguna, conforme a la juris­
prudencia en el asunto Brasserie de Haecht, 
antes citado, aplicar los apartados 1 y 2 del 
artículo 85 y no sólo con efectos ex mine. 
Cuando existen dudas sobre tal incompatibi­
lidad, la única solución adecuada es suspen­
der el procedimiento, para dar la posibilidad 
de obtener una definición de postura de la 
Comisión que aclare si la decisión de archi­
vo es definitiva o si, tras una posible indi­
cación de puntos de vista complementarios 
relativos a la interpretación por este Tribu­
nal de Justicia de los apartados 1 y 3 del 
artículo 85, los acuerdos se valoran de 
forma diferente. 
795 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
3. En consecuencia, puede definirse, en resumen, la siguiente postura sobre los 
problemas adicionales planteados en la relación de cuestiones de 16 de enero de 
1980, que implica, en efecto, cierta modificación de las respuestas que propuse en 
mis conclusiones citadas inicialmente: 
a) En casos de acuerdos antiguos, notificados a la Comisión dentro del plazo 
señalado o dispensados de notificación, respecto a los cuales la Comisión no 
ha emitido una declaración negativa ni ha adoptado una Decisión de exención, 
después de haberlos examinados, sino que ha declarado en una comunicación 
administrativa que no encontraba motivos para intervenir de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 85, nada impide, cuando no existe la posibilidad de 
que la Comisión adopte ya una Decisión de exención, la aplicación de un 
Decreto nacional en su caso más estricto desde determinado punto de vista. 
b) En tal caso, el Juez nacional puede declarar la nulidad de dichos acuerdos de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 85. 
c) En caso de acuerdos nuevos, notificados o dispensados de notificación, 
respecto a los cuales la Comisión no ha emitido una declaración negativa ni ha 
adoptado una Decisión de exención, después de haberlos examinado, sino que 
ha declarado que no existen motivos para intervenir contra los mismos de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 85, nada impide, cuando no debe 
esperarse una Decisión de exención, que se aplique a dichos acuerdos el 
Derecho nacional ni que el Juez nacional declare que son nulos de conformidad 
con los apartados 1 y 2 del artículo 85. 
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