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Libre circulación de personas - Trabajadores - Restricciones - Prohibición de que los trabajadores domiciliados en el territorio nacional utilicen un vehículo objeto de un contrato de leasing con una empresa establecida en otro Estado miembro y puesto a disposición del trabajador por su empresa establecida asimismo en ese Estado - Improcedencia

(Art. 39 CE)

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$$El artículo 39 CE se opone a una normativa nacional de un Estado miembro que sólo autoriza a circular en su territorio a los vehículos que hayan sido matriculados previamente a nombre de su propietario, si éste tiene su domicilio social y el código del impuesto sobre el valor añadido en este Estado si se trata de una persona jurídica, y, por consiguiente, prohíbe a un trabajador domiciliado en este Estado miembro utilizar en el territorio de dicho Estado un vehículo matriculado en un segundo Estado miembro limítrofe con el primero, perteneciente a una sociedad de leasing establecida en ese segundo Estado y puesto a disposición del trabajador por su empresa, establecida asimismo en ese segundo Estado.

En efecto, en tal caso, el trabajador no puede matricular el vehículo en el primer Estado miembro debido a que no es el propietario, y que éste, la sociedad de leasing, tampoco puede matricularlo por no estar domiciliada en ese Estado miembro y no disponer del código del impuesto sobre el valor añadido necesario para matricular el vehículo. Esto implica la imposibilidad para un trabajador domiciliado en ese Estado miembro, que utiliza el vehículo en su trabajo y para regresar a su domicilio el fin de semana, de disfrutar de la puesta a su disposición de un vehículo perteneciente a una persona establecida en otro Estado miembro. Asimismo, tal normativa puede disuadir a una empresa establecida en un Estado miembro de emplear a un trabajador que resida en otro Estado miembro a consecuencia del aumento de los gastos y de las dificultades administrativas que le ocasiona emplearlo.

Dicha medida, al tener por efecto impedir a un trabajador disfrutar de determinadas ventajas y, en especial, de la puesta a disposición de un vehículo, puede disuadirle de abandonar su país de origen para ejercer su derecho a la libre circulación.

( véanse los apartados 18 a 21 y 26 y el fallo )
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Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto - Concepto

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

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$$El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, dispone que debe denegarse el registro de las marcas que estén «compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

Para que la Oficina de Armonización en el Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) deniegue un registro con arreglo a dicho artículo, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca, a los que el mismo se refiere, se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

Interpretar el artículo 7, apartado 1, letra c), en el sentido de que impide el registro de marcas «exclusivamente descriptivas» de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro, o de sus características, implica que se aplique un criterio que no es el establecido por dicha disposición y que no tiene el cuenta el alcance de ésta.

( véanse los apartados 29, 32 a 34 y 36 )
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Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Reglamento (CEE) nº 729/70 - Limitación de la denegación de financiación - Posibilidad de que un Estado miembro que no ha remitido los datos necesarios para el control invoque el plazo de 24 meses - Inexistencia

[Reglamentos del Consejo (CEE) nº 729/70, art. 5, ap. 2, letra c), y (CE) nº 1287/95]

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$$Para comprobar si se respetó el plazo de regularización de las cuentas previsto en el artículo 5, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 729/70, sobre la financiación de la política agrícola común, en su versión modificada por el Reglamento nº 1287/95, un Estado miembro no puede tomar en consideración únicamente la fecha de los gastos efectuados, sin tener en cuenta la fecha en que comunicó a la Comisión las informaciones pertinentes y suficientes relativas a dichos gastos, que permitieran a ésta proceder a la liquidación de cuentas. En efecto, el plazo de adopción de la decisión de liquidación de cuentas está relacionado con el acceso a los datos de los gastos, y del artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1663/95, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del mencionado Reglamento nº 729/70, se desprende implícitamente que los Estados miembros han de comunicar los documentos necesarios con toda la diligencia requerida para que la Comisión pueda disponer de un plazo suficiente para proceder a su comprobación.

En consecuencia, si la limitación del plazo mencionado en el artículo 5, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 729/70 tiene como objetivo proteger a los Estados miembros de la inseguridad jurídica que podría producirse si la Comisión tuviera la posibilidad de impugnar gastos realizados varios años antes de que se adoptara una decisión de no conformidad, un Estado miembro sólo puede reivindicar la protección de dicho plazo en la medida en que cumpla él mismo las obligaciones que la normativa comunitaria le impone, en particular respecto a la comunicación espontánea de los datos necesarios para el control.

( véanse los apartados 60 a 62 y 65 )
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Aproximación de las legislaciones - Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores - Directiva 93/13/CEE - Facultad del órgano jurisdiccional nacional para declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, el carácter abusivo de una cláusula del contrato - Normativa nacional que impone un plazo de preclusión - Improcedencia

(Directiva 93/13/CEE del Consejo, arts. 6 y 7)

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$$La protección que la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, confiere a los consumidores se extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor que haya celebrado con un profesional un contrato en el que figure una cláusula abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula. Por lo tanto, resulta que, en aquellos procedimientos que tengan por objeto el cumplimiento de cláusulas abusivas, incoados por profesionales contra consumidores, la fijación de un límite de tiempo a la facultad del juez para no aplicar tales cláusulas, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, puede atentar contra la efectividad de la protección que es objeto de los artículos 6 y 7 de la Directiva. Por consiguiente, una norma procesal, que prohíba al juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por un consumidor, el carácter abusivo de una cláusula cuyo cumplimiento solicita el profesional, puede hacer excesivamente difícil la aplicación de la protección que la Directiva pretende conferir a los consumidores en los litigios en los que éstos sean demandados y, en consecuencia, no debe ser aplicada por dicho juez.

( véanse los apartados 34 a 36 y 38 y el fallo )
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Política social - Trabajadores y trabajadoras - Igualdad de retribución - Artículo 141 CE, apartado 1 - Alcance - Límites - Trabajadores de distinto sexo que realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor - Diferencias observadas en las condiciones de retribución no imputables a una única causa

(Art. 141 CE, ap. 1)

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$$En el tenor del artículo 141 CE, apartado 1, no hay nada que indique que esta disposición sólo sea aplicable a situaciones en las cuales los hombres y las mujeres trabajen para el mismo empresario. En efecto, el principio establecido por este artículo puede ser invocado ante los órganos jurisdiccionales nacionales, en particular, en el caso de discriminaciones cuya causa directa sean disposiciones legislativas o convenios colectivos de trabajo, así como en el supuesto de que el trabajo se realice en un mismo establecimiento o servicio, privado o público.

Sin embargo, cuando las diferencias observadas en las condiciones de retribución de trabajadores de distinto sexo que realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor no son imputables a una única causa, falta una entidad que sea responsable de la desigualdad y que pudiera restablecer la igualdad de trato. Tal situación no se encuentra comprendida en el artículo 141 CE, apartado 1. El trabajo y la retribución de dichos trabajadores no pueden compararse entonces sobre la base de esta disposición.

( véanse los apartados 17 a 19 y el fallo )
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Exenciones previstas en la Sexta Directiva - Exención del arrendamiento de bienes inmuebles - Concepto - Pago a favor del futuro arrendatario por parte del arrendatario actual con ocasión de la cesión del contrato de arrendamiento - Exclusión

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte B, letra b)]

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$$El arrendamiento de bienes inmuebles en el sentido del artículo 13, parte B, letra b), de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, consiste fundamentalmente en que el propietario de un inmueble cede al arrendatario el derecho a ocuparlo y a excluir de éste a otras personas, a cambio de una renta y por un período de tiempo acordado. Esta disposición se aplica a la concesión de arrendamientos de inmuebles, pero no a las operaciones que únicamente se basan en éstos o que les son accesorias, sin que sean efectuadas por el propio propietario. En consecuencia, no está exenta, con arreglo al mencionado artículo 13, parte B, letra b), una prestación de servicios efectuada por una persona que no tiene título alguno sobre un bien inmueble y que consiste en aceptar, a título oneroso, la cesión por parte del arrendatario de un contrato de arrendamiento de dicho bien.

( véanse los apartados 21, 24 y 34 y el fallo )
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1. Unión aduanera - Despacho a libre práctica de mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad - Incumplimiento de los plazos para efectuar la declaración - Puesta a la venta de las mercancías o percepción de un derecho suplementario para pagos de aduana fuera de plazo - Procedencia

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, arts. 6, ap. 3, 53 y 243]

2. Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Sexta Directiva - Ámbito de aplicación - Sanción por incumplimiento de formalidades aduaneras - Exclusión

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 2)

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1. Ni el artículo 6, apartado 3, del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, que obliga a las autoridades aduaneras a motivar las decisiones desfavorables para las personas a las que se dirigen, ni el artículo 53 del Reglamento, que dispone expresamente que las autoridades aduaneras adoptarán sin demora las medidas necesarias para solventar la situación de las mercancías para las que las formalidades aduaneras no se hayan iniciado dentro de los plazos previstos, ni el artículo 243 del mismo Reglamento, que establece el derecho a recurrir contra las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras, se oponen a la aplicación automática, sin notificación previa, de un procedimiento, establecido por una normativa nacional, que prevé la puesta a la venta de las mercancías cuando se hayan rebasado los plazos para la declaración de despacho a libre práctica o la solicitud de otro destino aduanero, procedimiento que los interesados pueden interrumpir mediante el pago de todos los derechos y tributos que correspondan, con un recargo consistente en un determinado porcentaje del valor de las mercancías.

La aplicación de un procedimiento que establece la puesta a la venta de estas mercancías o la percepción de un recargo ad valorem para regularizar la situación de las citadas mercancías no es contraria en sí misma al principio de proporcionalidad. Incumbe al Juez nacional apreciar si la percepción de un derecho equivalente al 5 % del valor de las mercancías despachadas fuera de plazo respeta este principio.

( véanse los apartados 11 a 13, 25 y 33 y los puntos 1 a 3 del fallo )

2. No puede estar sometido al Impuesto sobre el Valor Añadido un recargo ad valorem percibido por las autoridades aduaneras nacionales por despachar las mercancías cuando se han rebasado los plazos para solicitar un destino aduanero. La finalidad de tal recargo es penalizar a los operadores económicos que no hayan respetado las formalidades y los plazos previstos. Por consiguiente, se trata de una sanción y no de la contrapartida de una entrega de bienes, de una prestación de servicios o de una importación de bienes, en el sentido del artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios.

( véanse los apartados 21 y 36 a 38, y el punto 4 del fallo )
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1. Aproximación de las legislaciones - Procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas - Reglamentos técnicos en el sentido de la Directiva 83/189/CEE - Concepto - Disposición nacional que prescribe la existencia de recipientes para la descontaminación del calzado en las explotaciones agrícolas - Exclusión

(Directiva 83/189/CEE del Consejo, art. 1, punto 1)

2. Aproximación de las legislaciones - Procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas - Reglamentos técnicos en el sentido de la Directiva 83/189/CEE - Concepto - Disposición nacional que prescribe la obligación de vacunar a los cerdos contra la enfermedad de Aujeszky - Exclusión

(Directiva 83/189/CEE del Consejo, art. 1, punto 5)

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1. Una disposición nacional en la que se establece que en las explotaciones en las que se cría ganado porcino deberá haber uno o varios recipientes para la desinfección del calzado o instalaciones adecuadas para la limpieza de éste, no constituye, a efectos de la Directiva 83/189, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, en su versión modificada por la Directiva 88/182, un reglamento técnico que hubiera debido ser notificado a la Comisión antes de su adopción. En efecto, la referida disposición no se refiere a la producción propiamente dicha del producto agrícola considerado y la norma que establece no constituye una especificación técnica a efectos del artículo 1, punto 1, de la Directiva 83/189.

( véanse los apartados 21 a 23 y el punto 1 del fallo )

2. Una disposición nacional que establece que todo empresario está obligado a vacunar a los cerdos criados en su explotación contra la enfermedad de Aujeszky, no constituye un reglamento técnico que hubiera debido ser notificado a la Comisión antes de su adopción, a efectos del artículo 1, punto 5, de la Directiva 83/189, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, en su versión modificada por la Directiva 88/182, ya que la norma que establece no impone restricción alguna a la comercialización ni a la utilización de los productos de que se trata en caso de infracción de ésta.

( véanse los apartados 33 y 34 y el punto 2 del fallo )
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Disposiciones fiscales Armonización de las legislaciones Impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del impuesto sobre el valor añadido Deducción del impuesto soportado Normativa nacional que permite al empresario deducir, en concepto de impuesto soportado, un determinado porcentaje de la compensación pagada a un empleado por la utilización de un vehículo particular con fines profesionales Improcedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 17, ap. 2, letra a), y 18, ap. 1, letra a)]

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$$Un Estado miembro que establezca que un empresario sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido puede deducir una parte de la compensación que paga a un empleado por la utilización de su automóvil particular con fines profesionales, incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 17, apartado 2, letra a), y 18, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios.

Del tenor literal del artículo 17, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva resulta que esta disposición autoriza al sujeto pasivo a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por los bienes que le haya entregado y los servicios que le haya prestado otro sujeto pasivo. Así pues, por una parte, el hecho de que un empleado utilice su propio vehículo en el marco de las actividades del empresario no puede tener el efecto de transformar a este empleado en «sujeto pasivo» en el sentido de la Sexta Directiva y, por tanto, tampoco en el sentido del artículo 17, apartado 2, letra a), de la misma, y ello aun cuando el empresario reembolse los gastos relacionados con dicha utilización. Por otra, el hecho de que un empleado utilice su propio vehículo en el marco de las actividades de su empresario no puede constituir una entrega de bienes al mismo, en el sentido de la Sexta Directiva. Por consiguiente, no pueden considerarse «entregados» al empresario sujeto pasivo en el sentido del artículo 17, apartado 2, letra a), antes citado, ni el vehículo que pertenece al empleado ni el carburante que consume dicho vehículo, por el mero hecho de que el empresario reembolse en parte la amortización del vehículo y los gastos de carburante relacionados con dicha utilización.

Al no haberse producido ninguna entrega de bienes ni prestación de servicios entre dos sujetos pasivos y, por tanto, al no existir ninguna posibilidad de entrega de una factura o documento que sirva de factura entre dichos sujetos pasivos, la deducción del impuesto sobre el valor añadido autorizado en virtud de la reglamentación nacional que nos ocupa, sólo podría realizarse, por definición, infringiendo los requisitos establecidos en el artículo 18, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva para el ejercicio de un derecho a deducción.

( véanse los apartados 44, 46 a 48 y 75 a 77 y el fallo )
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Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Prohibición de usar tricloroetileno con fines profesionales unida a un sistema de excepciones - Justificación - Protección de la salud pública

[Tratado CE, arts. 30 y 36 (actualmente arts. 28 CE y 30 CE, tras su modificación)]

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$$Una normativa nacional que establece, por un lado, en principio la prohibición de usar tricloroetileno con fines profesionales y, por otro lado, un sistema de excepciones individuales y condicionadas constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), que está justificada con arreglo al artículo 36 del Tratado (actualmente artículo 30 CE, tras su modificación) por razones de protección de la salud de las personas.

Habida cuenta no sólo de las últimas investigaciones médicas en la materia sino también de las dificultades para determinar, en el estado actual de dichas investigaciones, el umbral crítico a partir del cual la exposición al tricloroetileno constituye un grave riesgo para la salud humana, no parece que dicha normativa vaya más allá de lo necesario para alcanzar el fin perseguido. En particular, el sistema de excepciones individuales y condicionadas que prevé parece adecuado y proporcionado en la medida en que permite mejorar la protección de los trabajadores, al tiempo que tiene en cuenta las exigencias de continuidad de las empresas.

(véanse los apartados 35, 45, 46 y 49 y el fallo)
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Libre prestación de servicios - Restricciones - Legislación nacional que reserva a determinados organismos el derecho a recoger apuestas sobre acontecimientos deportivos - Justificación - Protección de los consumidores y del orden social

[Tratado CE, art. 59 (actualmente art. 49 CE, tras su modificación)]

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$$Una legislación nacional que reserva a ciertos organismos el derecho a recoger apuestas sobre acontecimientos deportivos y que impide de esta manera a los operadores de otros Estados miembros, directa o indirectamente, proceder ellos mismos a la recogida de apuestas constituye, aunque se aplique indistintamente, un obstáculo a la libre prestación de servicios.

No obstante, en la medida en que la legislación controvertida no contiene ninguna discriminación basada en la nacionalidad, esta restricción puede estar justificada por objetivos relativos a la protección de los consumidores y del orden social. Si bien es cierto que la mencionada legislación no prohíbe totalmente la recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos, sino que reserva dicha actividad a ciertos organismos bajo determinadas condiciones, la determinación del alcance de la protección que un Estado miembro desea garantizar en su territorio en materia de loterías y otros juegos forma parte de la facultad de apreciación de que disponen las autoridades nacionales. En efecto, corresponde a estas últimas apreciar si, en el marco del objetivo perseguido, es preciso prohibir completamente o parcialmente actividades de esta naturaleza o sólo limitarlas y prever a tal efecto modalidades de control más o menos estrictas. En estas circunstancias, el hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no puede influir en la apreciación de la necesidad y de la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia. Éstas deben apreciarse únicamente en relación con los objetivos perseguidos por las autoridades nacionales del Estado miembro interesado y con el nivel de protección que pretenden garantizar.