C 424/51

Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/JUR

(Asunto T-599/22)

(2022/C 424/65)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (representantes: G. Eisenberger y A. Brenneis, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 25 de julio de 2022 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 de Hypo Vorarlberg AG y Portigon AG al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/2022/41), incluidos los anexos, en la medida en que afecta a la demandante.

— Condene en costas a la Junta Única de Resolución.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca diez motivos.

1. Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, por una comunicación incompleta de la Decisión impugnada. Se alega que la decisión impugnada no fue comunicada enteramente a la demandante, infringiéndose los artículos 1 TUE, párrafo segundo, 15 TFUE, 296 TFUE y 298 TFUE, así como los artículos 42 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). El conocimiento de los datos no comunicados, en cuanto parte central de la decisión, es necesario para poder entender cómo se ha tenido en cuenta la situación particular de la demandante frente a las otras entidades afectadas para el cálculo de las aportaciones.

2. Segundo motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica, por los efectos retroactivos de la Decisión impugnada. La adopción de la decisión impugnada con efectos retroactivos es contraria al principio de seguridad jurídica, al no ser necesaria para alcanzar el objetivo perseguido.

3. Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 102 de la Directiva 2014/59/UE, (1) de los artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, (2) y de los artículos 3 y 4, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, (3) así como la violación del principio de proporcionalidad, por determinación incorrecta del nivel fijado como objetivo, dado que la demandada ha fijado un nivel excesivo como objetivo, contraviniendo el marco jurídico de la Unión.

4. Cuarto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma por una motivación insuficiente de la decisión impugnada. Se alega que la decisión impugnada incumple la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta, por cuanto únicamente se han publicado unos pocos resultados parciales seleccionados de los cálculos. No se han respetado las exigencias sentadas por el Tribunal de Justicia en el asunto C-584/20 P (4) respecto del alcance de la obligación de motivación.

5. Quinto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, por una considerable facultad de apreciación ejercida con motivación insuficiente. Se alega que la decisión impugnada incumple la obligación de motivación, por cuanto no se ha expuesto, en relación con los márgenes de apreciación, qué juicios de valor se han realizado y por qué motivos. Por tanto, no cabe excluir un ejercicio arbitrario de la facultad de apreciación.

6. Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 102 de la Directiva 2014/59, de los artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 806/2014, y de los artículos 4, apartado 2, 6, apartado 2, letra a), 7, apartado 2, letra a), y 17, apartados 3 y 4, así como del Anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, así como la violación de los principios de tutela judicial efectiva y de proporcionalidad, al no haber tenido en cuenta los hechos. Se alega que la decisión impugnada vulnera el marco jurídico de la Unión y los principios de tutela judicial efectiva y proporcionalidad, por cuanto la demandada no tuvo en cuenta las circunstancias fácticas al adoptar la decisión impugnada y se apoyó en previsiones erróneas, en particular para la determinación del nivel fijado como objetivo.

7. Séptimo motivo, basado en vicios sustanciales de forma por falta de trámite de audiencia y vulneración del derecho a ser oído. Se alega que no se oyó a la demandante antes de adoptarse la decisión impugnada, ni antes de adoptar la liquidación de pago basada en la misma, contraviniendo el artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta. El procedimiento de consulta tampoco crea una posibilidad efectiva de presentar observaciones.

8. Octavo motivo, basado en la ilegalidad del Reglamento Delegado 2015/63 como base jurídica de la decisión impugnada, así como la ilegalidad de la metodología de ajuste en función del riesgo y de los márgenes de apreciación de la JUR que establece el Reglamento Delegado 2015/63. Los artículos 4 a 7 y 9, así como el Anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, en los que se basa la decisión impugnada, instauran un sistema opaco de determinación de contribuciones que es contrario a los artículos 16, 17, 41 y 47 de la Carta y en el que no se garantiza la observancia de los artículos 20 y 21 de la Carta, ni de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. La demandada dispone de numerosos márgenes de apreciación, cuyo ejercicio no puede ser objeto de examen.

9. Noveno motivo, basado en la ilegalidad del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 (5) como base de la decisión impugnada. La decisión impugnada vulnera los Tratados, por cuanto el artículo 8 del Reglamento de Ejecución 2015/81 excede los límites establecidos por el artículo 70, apartado 7, del Reglamento n.o 806/2014, en relación con el artículo 291 TFUE, y ni el Reglamento de Ejecución ni la base jurídica cuentan con una motivación en el sentido del artículo 296 TFUE, párrafo segundo. Dicha ilegalidad determina la ilegalidad de la decisión impugnada.

10. Décimo motivo, basado en la ilegalidad de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014 como base jurídica del Reglamento Delegado 2015/63 y del Reglamento de Ejecución 2015/81 y, por tanto, de la decisión impugnada. Con carácter subsidiario se alega la ilegalidad de las disposiciones de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014 que imponen con carácter imperativo el sistema de aportaciones y que atribuyen márgenes de apreciación excesivos a la demandada. En la medida en que no es posible su interpretación conforme al Derecho primario, estas disposiciones vulneran el principio de la motivación de los actos jurídicos y el principio de seguridad jurídica y violan los Tratados (en particular, el artículo 1 TUE, párrafo segundo, los artículos 15, 296 y 298 TFUE) y la Carta (en particular, sus artículos 16, 17, 41, 42 y 47).

(1) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190).

(2) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).

(3) Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).

(4) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C-584/20 P y C-621/20 P, EU:C:2021:601.

(5) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (DO 2015, L 15, p. 1).