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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de marzo de 2014 — Rousse Industry/Comisión

(Asunto C‑271/13 P)

«Recurso de casación — Ayudas de Estado — Ayuda otorgada por la República de Bulgaria bajo la forma de una condonación de créditos — Decisión de la Comisión por la que se declara que dicha ayuda es incompatible con el mercado interior y se ordena su recuperación — Concepto de “ayuda nueva” — Obligación de motivación»

1. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Tratamiento por el Tribunal General — Modalidades (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48, ap. 2) (véanse los apartados 19 a 22)

2. Procedimiento judicial — Diligencias de ordenación del procedimiento — Cuestiones escritas planteadas a las partes — Falta de consecuencias automáticas sobre la solución del litigio — Apreciación soberana de los hechos y de las pruebas por parte del Tribunal General (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 49, 64 y 65) (véase el apartado 24)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación (Art. 107 TFUE, ap. 1) (véanse los apartados 42 a 44)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Criterio del acreedor privado — Apreciación económica compleja — Control jurisdiccional (Art. 107 TFUE, ap. 1) (véanse los apartados 57 a 59)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión — Apreciación de la legalidad en función de la información disponible al adoptarse la decisión (Art. 107 TFUE) (véase el apartado 67)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Cálculo del importe que debe recuperarse — Dificultades experimentadas por el Estado — Deber de cooperación entre la Comisión y el Estado miembro — Alcance [Arts. 4 TUE, ap. 3, y 108 TFUE; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, art. 14, aps. 1 y 2] (véanse los apartados 77 a 79)

7. Recurso de casación — Motivos — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 81)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 20 de marzo de 2013, Rousse Industry/Comisión (T‑489/11), por la que el Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto por la demandante con el objeto de que se anulara parcialmente la Decisión 2012/706/UE de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la ayuda estatal SA.28903 (C 12/2010) (ex N 389/09) concedida por Bulgaria a Rousse Industry (DO 2012, L 320, p. 27) — Ayuda de Estado en forma de condonación de créditos — Decisión por la que se declara que dicha ayuda es incompatible con el mercado interior y se ordena su recuperación — Infracción de disposiciones procedimentales que vulnera los derechos de la demandante — Violación del Derecho de la Unión por el Tribunal General.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que los términos «objeto principal del contrato» únicamente abarcan una cláusula, contenida en un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera concluido entre un profesional y un consumidor, que no ha sido objeto de negociación individual, como la cláusula discutida en el litigio principal, en virtud de la cual la cotización de venta de esa divisa se aplica para el cálculo de las cuotas de devolución del préstamo, si se aprecia, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente atendiendo a la naturaleza, el sistema general y las estipulaciones de ese contrato, así como a su contexto jurídico y de hecho, que esa cláusula establece una prestación esencial de ese contrato que como tal lo caracteriza. Tal cláusula, en cuanto estipula la obligación pecuniaria para el consumidor de pagar en devolución del préstamo los importes derivados de la diferencia entre la cotización de venta y la de compra de la divisa extranjera, no puede calificarse como comprensiva de una «retribución» cuya adecuación como contrapartida de una prestación realizada por el prestamista no pueda ser apreciada en relación con su carácter abusivo en virtud del artículo referido.

Teniendo en cuenta el carácter de excepción del artículo 4, apartado 2, de la mencionada Directiva y la exigencia de una interpretación estricta de esta disposición que deriva de él, las cláusulas del contrato incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido de esta disposición, deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que como tales lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte del concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido del citado artículo.

En ese sentido, de los términos del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva resulta que la categoría de cláusulas relativas a la adecuación entre el precio o la retribución prevista y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida cuyo posible carácter abusivo no cabe apreciar tiene un alcance reducido, ya que esa exclusión sólo abarca la adecuación entre el precio o la retribución prevista y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida.

Por tanto, al estar limitada la exclusión de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, no cabe aplicarla cuando se impugna la asimetría entre la cotización de venta de la divisa extranjera, que ha de utilizarse para el cálculo de las cuotas de devolución en virtud de esa cláusula, y la cotización de compra de esa divisa, que se ha de utilizar para el cálculo del importe del préstamo entregado, en virtud de otras cláusulas del contrato de préstamo.

(véanse los apartados 49, 50, 54, 57 y 59 y el punto 1 del fallo)
Cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, relativa a las marcas, la primera frase de esa misma disposición debe interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad relativo a una marca desprovista de carácter distintivo intrínseco, es preciso, para determinar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, examinar si tal carácter se adquirió antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. A este respecto, resulta irrelevante que el titular de la marca controvertida alegue que, en cualquier caso, la marca adquirió carácter distintivo en virtud de un uso posterior a la presentación de la solicitud de registro pero anterior a éste.

Cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, relativa a las marcas, la primera frase de esa misma disposición deberá interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la marca controvertida sea declarada nula cuando esté desprovista de carácter distintivo intrínseco y el titular de la misma no logre demostrar que la marca había adquirido, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, un carácter distintivo por el uso que se hizo de la misma.

(véanse el apartado 74 y el fallo)
Los artículos 65, 90, apartado 1, 168, letra a), 185, apartado 1, y 193 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que la deducción del impuesto sobre el valor añadido practicada por el destinatario de una factura expedida en razón de un pago anticipado a cuenta de una entrega de bienes debe regularizarse cuando dicha entrega finalmente no se realice, a pesar de que el proveedor siga adeudando ese impuesto y no haya reembolsado el pago a cuenta.

En efecto, en lo que respecta al tratamiento del impuesto sobre el valor añadido indebidamente facturado al no existir una operación sujeta al impuesto, se desprende de la citada Directiva que no se trata necesariamente de forma idéntica a los dos operadores implicados. Por una parte, el expedidor de una factura adeuda el impuesto sobre el valor añadido mencionado en esa factura aun cuando no exista una operación sujeta al impuesto, de conformidad con el artículo 203 de la citada Directiva. Por otra parte, el ejercicio del derecho a la deducción por parte del destinatario de una factura se limita únicamente a los impuestos que corresponden a una operación sujeta a ese impuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 167 de dicha Directiva.

A este respecto, en tal situación, el respeto del principio de neutralidad fiscal está garantizado por la posibilidad, que deben contemplar los Estados miembros, de corregir cualquier impuesto indebidamente facturado, siempre que el expedidor de la factura demuestre su buena fe o haya eliminado completamente, en su debido momento, el riesgo de pérdida de ingresos tributarios.

Por consiguiente, en estas circunstancias, y sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a obtener de su proveedor, por las vías previstas al efecto por el Derecho nacional, la restitución del pago anticipado a cuenta por la entrega de bienes que finalmente no se ha realizado, la circunstancia de que el impuesto sobre el valor añadido adeudado por ese proveedor no haya sido regularizado es irrelevante a efectos del derecho de la Administración tributaria de obtener la restitución de dicho impuesto deducido por dicho sujeto pasivo como consecuencia del pago a cuenta correspondiente a dicha entrega.

(véanse los apartados 54, 55, 57 y 58 y el fallo)
La Decisión 2013/52, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras, tiene por objeto autorizar a once Estados miembros a instaurar entre sí una cooperación reforzada para establecer un sistema común de impuesto sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, «ITF») con observancia de las disposiciones pertinentes de los Tratados.

A este respecto, por una parte, los principios de tributación («principio de la contraparte» y «principio del lugar de emisión») no son en modo alguno elementos constitutivos de dicha Decisión. Por otra parte, la Decisión impugnada no contiene ninguna disposición sobre la cuestión de los gastos relacionados con la aplicación de la cooperación reforzada que autoriza.

Por otro lado, y con independencia de si el concepto de «gastos resultantes de la aplicación de una cooperación reforzada», en el sentido del artículo 332 TFUE, cubre o no los gastos de asistencia mutua y de cooperación administrativa, es evidente que no cabe examinar la cuestión de la eventual incidencia del futuro ITF en los gastos administrativos de los Estados miembros no participantes mientras no se hayan establecido definitivamente los principios de tributación relativos a ese impuesto en el contexto de la aplicación de la cooperación reforzada que autoriza dicha Decisión.

(véanse los apartados 36 a 38)
El artículo 77, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 592/2008, debe interpretarse en el sentido de que una prestación como la pensión de crianza prevista en la normativa de un Estado miembro, que se concede, en caso de muerte, al ex cónyuge del fallecido a efectos de la crianza de los hijos de dicho ex cónyuge, no puede asimilarse a una pensión o a una renta de vejez, de invalidez, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional», en el sentido de esta disposición del citado Reglamento.

En efecto, la calificación de una prestación determinada en el sistema general del Reglamento no 1408/71 se basa esencialmente en los elementos constitutivos de cada prestación, principalmente en su finalidad y en los requisitos para obtenerla, y no en la calificación que le atribuya la legislación nacional. La citada pensión no requiere que se produzca un accidente de trabajo o una enfermedad profesional ni un daño físico, mental o psíquico que obstaculice el ejercicio por el beneficiario de una actividad profesional. Dicha pensión de crianza está supeditada al fallecimiento del ex cónyuge. Tiene por objeto compensar la pérdida de la pensión alimenticia vinculada a tener a su cargo a un hijo, pensión que se extingue con el fallecimiento del ex cónyuge, así como evitar que el progenitor supérstite se vea obligado a ejercer una actividad profesional que no redunde en interés del hijo.

(véanse los apartados 36, 37, 39 y 45 y el punto 1 del fallo)
4

El artículo 2 de dicha Directiva establece: «1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “productos energéticos” los productos especificados a continuación: a) los productos de los códigos […] 1507 a 1518 [de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000 (DO L 28, p. 16) (en lo sucesivo, “NC”)], cuando se destinen al consumo como combustible para calefacción o como carburante de automoción; b) los productos de los códigos NC 2701, 2702 y 2704 a 2715; [...] 3. Cuando estén destinados a ser utilizados, puestos a la venta o utilizados como carburante de automoción o combustible para calefacción, los productos energéticos para los que la presente Directiva no especifique ningún nivel de imposición se gravarán, en función de su utilización, con el mismo tipo impositivo aplicable al combustible para calefacción o al carburante de locomoción equivalente. Además de los productos gravables enumerados en el apartado 1, cualquier producto destinado a ser utilizado, puesto a la venta o utilizado como carburante de automoción o como aditivo o expansor en los carburantes de automoción, se gravará con el mismo tipo impositivo aplicable al carburante de automoción equivalente. Además de los productos gravables enumerados en el apartado 1, cualquier otro hidrocarburo, con excepción de la turba, destinado a ser utilizado, puesto a la venta o utilizado para calefacción, se gravará con el mismo tipo impositivo aplicable al producto energético equivalente. 4. La presente Directiva no se aplicará a: a) la imposición fiscal de la producción de calor y la imposición de los productos de los códigos NC 4401 y 4402; b) los siguientes usos de los productos energéticos y de la electricidad: — productos energéticos utilizados para fines que no sean el de carburante de automoción ni el de combustible para calefacción, — productos energéticos de doble uso. Un producto energético se considera de doble uso cuando se utiliza tanto como combustible para calefacción como para fines distintos del de carburante de automoción y combustible para calefacción. El uso de los productos energéticos con fines de reducción química y en los procesos electrolíticos y metalúrgicos debe considerarse como de doble uso, — la electricidad utilizada principalmente a efectos de reducción química y procesos electrolíticos y metalúrgicos, […]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que se establece en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000 (DO L 264, p. 1), del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001 (DO L 279, p. 1), del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002 (DO L 290, p. 1), y del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1).
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A este respecto, se ha declarado en la sentencia del TEDH Zolotoukhine c. Rusia (no 14939/03, § 83, 10 de febrero de 2009) que el artículo 4 del Protocolo no7 del CEDH «entra en juego cuando se abren nuevas diligencias y la sentencia anterior absolutoria o condenatoria ha adquirido fuerza de cosa juzgada». En cambio, los recursos extraordinarios no pueden tenerse en cuenta cuando se trata de determinar si el proceso ha concluido definitivamente. Aunque estas vías de recurso representan una continuación del primer procedimiento, el carácter «firme» de la sentencia no puede depender de su ejercicio (véase TEDH, sentencia Zolotoukhine c. Rusia de 10 de febrero de 2009, no 14939/03, § 108).
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En efecto, debe recordarse que posteriormente la Unión ha adoptado diferentes normas que tienen por objeto hacer desaparecer progresivamente dichos obstáculos a fin de permitir la puesta en marcha de un mercado interior de la electricidad plenamente operativo, en el que se intensifiquen, en particular, los intercambios comerciales transfronterizos de electricidad en la Unión y en cuyo seno todos los proveedores puedan ofrecer sus productos y los consumidores elegir libremente su proveedor. Tal es el caso, concretamente, de las Directivas sucesivas 2003/54 y 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54 (DO L 211, p. 55), y de los Reglamentos sucesivos (CE) no 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (DO L 176, p. 1), y (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento no 1228/2003 (DO L 211, p. 15).
3

La Glücksspielgesetz (BGBl. 620/1989) (Ley federal de juegos de azar, de 28 de noviembre de 1989), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «GSpG»), dispone en su artículo 2, titulado «Loterías»: «(1) Las loterías son juegos de azar 1. que celebra, organiza, oferta o hace accesibles un empresario 2. en los que los jugadores u otras personas pagan una prestación en dinero (apuesta) para participar en el juego y 3. en los que el empresario, los jugadores u otras personas ofrecen la expectativa de obtener una prestación en dinero (ganancia). (2) Será considerado empresario la persona que ejerza por cuenta propia una actividad estable con el fin de percibir ingresos procedentes de la organización de juegos de azar, aunque dicha actividad no persiga la obtención de una ganancia. Cuando varias personas, mediando acuerdo entre ellas, ofrezcan en un determinado lugar prestaciones parciales para organizar juegos de azar con prestaciones en dinero en el sentido del anterior apartado 1, números 2 y 3, todas las personas que participen directamente en la organización del juego de azar serán consideradas empresarios, aun cuando no tengan intención de percibir ingresos y se limiten a participar en la celebración, la organización o la oferta del juego de azar. (3) Una lotería mediante máquina tragaperras es aquella en la que la decisión sobre el resultado del juego no se adopta de forma centralizada, sino mediante un dispositivo mecánico o electrónico ubicado dentro de la propia máquina. [...] (4) Las loterías prohibidas son loterías respecto de las que no se ha otorgado concesión o autorización alguna sobre la base de la presente Ley federal y que no están excluidas del monopolio del Estado federal sobre los juegos de azar establecido en el artículo 4.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 203 y 204 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 13) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), en relación con los artículos 356 y 859, número 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002 (DO L 68, p. 11) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), y con el artículo 7 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004 (DO L 168, p. 35) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
69

De cuanto antecede resulta que, si bien la redacción utilizada en el pliego de cargos habría podido ser más clara, especialmente en lo que respecta a la relación entre BN Infra y BNGW, la Comisión proporcionó a la demandante datos suficientes para comprender los hechos y las circunstancias invocados para fundamentar la alegación de existencia de una infracción y precisó sin equívocos las personas jurídicas a las que podían imponerse multas. En efecto, el mero hecho de que la Comisión no aportara en el pliego de cargos ninguna prueba adicional acerca de la existencia de una empresa unitaria entre la demandante y BNGW no basta para considerar que no indicó claramente que pretendía aplicar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de la demandante en el comportamiento comercial de BN Infra y BNGW. Por ello, el Tribunal considera que, con arreglo a la información que figura en el pliego de cargos, la demandante no podía ignorar que era susceptible de ser destinataria de una decisión final de la Comisión en calidad de sociedad matriz de BNGW.
9

De la resolución de remisión se desprende que el Sr. Spoering es un fotógrafo que durante el mes de febrero de 2003 realizó, por encargo de Hi Hotel, 25 diapositivas del interior de distintas habitaciones del hotel que esta última explota en Niza. El Sr. Spoering cedió a Hi Hotel el derecho de explotar las fotografías en folletos publicitarios y en sus páginas de Internet. Los derechos de explotación no fueron objeto de ningún acuerdo por escrito. Hi Hotel abonó una factura que ascendía a 2.500 euros por las referidas fotografías que contenía la mención «include the rights – only for the hotel hi».
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Sin embargo, si no se quiere renunciar al equilibrio descrito en el apartado 32 anterior, el concepto de «inactividad» no se puede limitar en absoluto a una omisión como la que se acaba de mencionar, sino que incluirá todas aquellas en las que el titular de una marca no se muestre lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca. Por ello, en una situación como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, en la que los vendedores del producto elaborado a partir de la materia prima que suministra el titular de la marca no informan con carácter habitual a sus clientes de que el signo utilizado para designar el producto de que se trata está registrado como marca, y contribuyen de ese modo a la transformación de la misma en designación usual, la dejación de dicho titular, al no adoptar iniciativa alguna capaz de inducir a esos vendedores a utilizar con más frecuencia la marca, puede calificarse de «inactividad» en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95.