La obligación de motivación no exige al Tribunal de Primera Instancia que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos formulados por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal de Primera Instancia no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

En virtud del apartado 1, letra a), del artículo 5 de la Directiva 89/104 sobre las marcas, una marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, facultándolo para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. Del propio tenor del artículo 5 de la Directiva 89/104 se desprende que esta disposición no cubre el supuesto de un tercero que utiliza la marca con el consentimiento de su titular. Dicho supuesto se presenta, en concreto, cuando, en virtud de un contrato de licencia, el titular habilita a quienes han contratado con él para utilizar su marca. Por tanto, una empresa no puede invocar válidamente el derecho exclusivo que le confiere un distintivo debidamente registrado como marca, respecto de la utilización de este distintivo por los fabricantes o distribuidores que celebraron con ella el contrato de utilización de dicho distintivo.

Sólo el Tribunal de Primera Instancia puede decidir, cuando procede, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce. El valor probatorio de los documentos obrantes en autos depende de su apreciación soberana de los hechos, que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en los casos de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia o cuando la inexactitud material de las comprobaciones del Tribunal de Primera Instancia se desprenda de los documentos aportados a los autos. Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia haber dirigido, antes y durante la vista, una serie de preguntas detalladas a las partes para completar la información de que ya disponía y haber deducido determinadas conclusiones de las respuestas dadas por las partes a dichas preguntas.

El carácter razonable de la duración del procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto, como la trascendencia del litigio y el comportamiento de las partes. A este respecto, la lista de los criterios pertinentes no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable de dicha duración no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del proceso se revela justificada en función de uno solo. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo.

En caso de litigio sobre la existencia de una infracción de las normas de competencia, la necesidad fundamental de seguridad jurídica de la que deben disfrutar los operadores económicos, así como el objetivo de velar por que la competencia no sea falseada en el mercado interior, tienen un interés considerable, no sólo para el propio demandante y para sus competidores, sino también para terceros, debido al gran número de personas afectadas y a los intereses económicos en juego. Tratándose de un litigio relativo al abuso de posición dominante de una empresa que exige un canon por la utilización, muy generalizada, de su distintivo, y habida cuenta de las posibles consecuencias del resultado de dicho litigio, un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que haya durado alrededor de 5 años y 10 meses, cuando no pueda justificarse por ninguna de las circunstancias propias del asunto, como la complejidad del litigio, el comportamiento de las partes o la presencia de incidentes procesales promovidos por las partes, o como la práctica por el Tribunal de Primera Instancia de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba incumple las exigencias derivadas del respeto de una duración razonable del procedimiento.

Si bien es cierto que la inobservancia de una duración razonable del proceso por el Tribunal de Primera Instancia constituye una irregularidad de procedimiento, también lo es que el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia siempre debe interpretarse y aplicarse de modo útil. Dado que no existe indicio alguno que deje traslucir que la falta de respeto de una duración razonable del procedimiento pudo tener alguna incidencia sobre el resultado del litigio, la anulación de la sentencia recurrida no repararía la violación del principio de tutela judicial efectiva cometida por el Tribunal de Primera Instancia. Además, dada la necesidad de respetar el Derecho comunitario de la competencia, el Tribunal de Justicia no puede permitir, por la mera falta de respeto de una duración razonable del procedimiento, que la parte recurrente ponga en cuestión la existencia de una infracción, pese a haber sido desestimados por infundados todos los motivos que invocó contra las afirmaciones hechas por el Tribunal de Primera Instancia a propósito de dicha infracción y del correspondiente procedimiento administrativo previo. En cambio, la falta de respeto, por el Tribunal de Primera Instancia, de una duración razonable del procedimiento puede dar lugar a una pretensión de indemnización al amparo de un recurso interpuesto contra la Comunidad con arreglo a los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo.

(véanse los apartados 176 a 188 y 191 a 195)