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En lo que atañe a las horas extraordinarias, las partes están de acuerdo en distinguir la situación de los demandantes de la categoría A y la de los demandantes de la categoría B. Por un lado, puesto que al personal de la CEEA de categoría A no se le pagaban las horas extraordinarias, a diferencia del personal contractual al que pertenecen los demandantes, estos últimos aceptan el incremento del 10 % aplicado por la Comisión sobre los ingresos nacionales. Por otro lado, queda de manifiesto que el personal de la CEEA de categoría B (así como los de categoría C) percibía una compensación por las horas extraordinarias, no financiera sino horaria, que resulta imposible calcular. En consecuencia, los demandantes han decidido no tener en cuenta las horas extraordinarias de ambos lados de la ecuación (ingresos nacionales e ingresos comunitarios). En cambio, la Comisión ha mantenido uniformemente el incremento del 10 % aplicado a los ingresos percibidos por los demandantes como agentes contractuales. De ello resulta, por tanto, una divergencia en los cálculos presentados por las partes.
Palabras clave

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Palabras clave

Recursos propios de las Comunidades Europeas – Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación – Artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1430/79 – Concepto de «derecho de importación o de exportación» – Importe debido por la no exportación de azúcar C – Exclusión – Desestimación de una solicitud de condonación – Infracción del artículo 13 o violación de los principios de igualdad o de seguridad jurídica o de un supuesto principio de equidad – Inexistencia

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 1430/79, arts. 1, 13 y 14, y nº 1785/81, art. 26; Reglamento (CEE) nº 2670/81 de la Comisión, art. 3]

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No constituye un derecho de importación o de exportación en el sentido de los artículos 13 y 14 del Reglamento nº 1430/79, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación, que permiten tal devolución o condonación en situaciones especiales que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado, el importe exigido a un productor de azúcar en virtud del artículo 26 del Reglamento nº 1785/81, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, y del artículo 3 del Reglamento nº 2670/81, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar, por el hecho de no haber dado salida fuera de la Comunidad a determinadas cantidades de azúcar C. En efecto, dicho importe no constituye ni un derecho de aduana, ni una exacción de efecto equivalente, ni tampoco un gravamen agrícola en el sentido del artículo 1, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento nº 1430/79. Tampoco cabe considerar que el citado importe, habida cuenta de sus objetivos o de su método de cálculo, quede convertido en un derecho de importación, dado que, a diferencia de éste, constituye una sanción que tiene principalmente carácter disuasorio, ya que su objetivo es lograr el respeto de la prohibición de vender azúcar C en el mercado comunitario.

Por tanto, no infringe las referidas disposiciones una decisión de la Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de la solicitud de condonación de dicho importe con arreglo al artículo 13 del Reglamento nº 1430/79. Esta decisión tampoco viola los principios de igualdad o de seguridad jurídica, ni el supuesto principio de equidad.

(véanse los apartados 38, 44, 45, 47, 58, 61 y 62)
La regla de la concordancia entre la reclamación administrativa a que se refiere el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, y el recurso subsiguiente exige, so pena de inadmisibilidad, que todo motivo alegado ante el juez comunitario lo haya sido ya en el marco del procedimiento administrativo previo, a fin de que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos haya estado en condiciones de conocer de forma suficientemente precisa las críticas que el interesado formula respecto a la decisión impugnada. Si bien las pretensiones formuladas ante el juez comunitario tan sólo pueden contener motivos de impugnación basados en la misma causa que los aducidos en la reclamación, dichos motivos pueden, sin embargo, desarrollarse ante el juez comunitario mediante la formulación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que estén estrechamente relacionados con ella. La cuestión de la concordancia entre la reclamación y el recurso es de orden público, y debe examinarse de oficio.

El ejercicio de la amplia facultad de apreciación de que dispone la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en materia de nombramientos supone un examen escrupuloso de los expedientes de candidatura y una observación a conciencia de las exigencias enunciadas en la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante, de modo que dicha autoridad está obligada a excluir a todo candidato que no responda a tales exigencias. La convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante constituye, en efecto, un marco legal que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se impone a sí misma y que debe respetar escrupulosamente.

A fin de controlar que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha rebasado los límites de dicho marco legal y ha actuado teniendo en cuenta únicamente el interés del servicio, en el sentido del artículo 7 del Estatuto, incumbe al Tribunal de Primera Instancia examinar en primer lugar cuáles eran los requisitos exigidos en la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante y verificar a continuación si el candidato seleccionado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para ocupar el puesto vacante cumplía efectivamente esos requisitos. Tal examen debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las consideraciones que hayan podido conducir a la Administración a su valoración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido su facultad de manera manifiestamente errónea. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede, en este sentido, sustituir por su propia apreciación de los méritos de los candidatos la de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

(véanse los apartados 37 y 38)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 2 de octubre de 1996, Vecchi/Comisión (T-356/94, RecFP pp. I-A-437 y II-1251), apartados 53 y 54; Tribunal de Primera Instancia. 12 de mayo de 1998. Wenk/Comisión (T-159/96. RecFP pp. I-A-193 y II-593), apartados 63 y 64, y la jurisprudencia que alli se cita
Constituyen actos lesivos en el sentido del artículo 91 del Estatuto, que pueden ser objeto de un recurso de anulación, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directamente y de forma inmediata a los intereses del demandante, modificando, de un modo caracterizado, su situación jurídica. No es éste el caso de la decisión de incoar un procedimiento disciplinario a un funcionario. Dicha decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no es más que una fase procesal de trámite. No prejuzga la posición final de la Administración y no puede, por lo tanto, considerarse un acto lesivo en el sentido del artículo 91 del Estatuto. En consecuencia, únicamente puede ser impugnada con carácter incidental en el marco de un recurso dirigido contra una decisión disciplinaria final lesiva para el funcionario o en el marco de un recurso dirigido contra un acto lesivo que traiga causa de ella.

(véanse los apartados 35 a 37)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de diciembre de 1993, Calvo Alonso-Cortès/Comisión(T-29/93, Rec. p. II-1389), apartado 43; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, Rec. p. II-665), apartados 28 y 29, y Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión(T-562/93, RecFP pp. I-A-247 y II-737), apartado 23
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Pues bien, en el informe de 18 de junio de 1997, los consultores de la Comisión examinan los valores que Alitalia tuvo en cuenta en relación con esos dos aspectos y explican, para cada uno de ellos, su elección: «On the basis of our analysis, we determined the GNP multiplier in 1.4. This value is consistent with the US Dept of Transportation analysis on the US market for the period 1980-1995. The most important reasons behind our decision are the following: — higher values (UBS, Boeing) refer to the world-wide market; — Alitalia’s most relevant markets (domestic and international) can be considered, after the US one, amongst the more mature, with lower prospective growth rates; — as a consequence, in the long term, the US market multiplier (which has recently reduced) seems to be more realistic. With reference to the real yield growth rate adopted by Alitalia on the basis of the Boeing studies, some considerations can be made: — in the long term, a study from McDonell Douglas foresees an average decline of 1.47 %; — both the mentioned studies (McDonell Douglas, Boeing) were prepared by aircrafts manufacturers; therefore they can be considered optimistic; — the estimate were prepared referring to the world-wide market, while Alitalia market has to be considered much more competitive than the average; — AEA historical data appear to be lower than those from Boeing and the forecasts for the period 1996-2000 are more prudent. On the basis of the above and our experience, it appears that the negative trend of the yield could be worse.»
Un uso efectivo de la marca comunitaria anterior, con arreglo al artículo 56, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, supone la utilización real de la marca en el mercado relevante a fin de identificar productos o servicios. Así pues, un uso efectivo se opone a que, para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente. A este respecto, aunque el titular tenga la intención de utilizar su marca de manera real, si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores no puedan percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate, no podrá hablarse de uso efectivo de la marca.

(véase el apartado 35)
La norma de concordancia entre la reclamación y el recurso exige, so pena de inadmisibilidad, que un motivo formulado ante el juez comunitario lo haya sido ya en el marco del procedimiento administrativo previo, con el fin de que la administración haya podido conocer de forma suficientemente precisa las críticas que el interesado formula contra la decisión impugnada. Por lo demás, si bien las pretensiones del recurso pueden contener sólo «motivos de impugnación» que se apoyen en la misma causa que los invocados en la reclamación, estos motivos de impugnación pueden, no obstante, desarrollarse ante el juez comunitario mediante la invocación de motivos y la formulación de alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, pero que se relacionan estrechamente con ella.

(véase el apartado 33)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión(T-58/91, Rec. p. II-147), apartado 83; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP pp. I-A-127 y II-405), apartado 26
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

(Órgano unipersonal)

de 20 de febrero de 2002

Asunto T-117/01

Marcos Román Parra

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Promoción — Reclamación administrativa previa — Decisión denegatoria implícita — Motivación»

Texto completo en lengua francesa II-121

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión de la Comisión de no promover al demandante al grado A 6 en el ejercicio de promoción de 2000.

Resultado:

Se anula la decisión de la Comisión de no promover al Sr. Román al grado A 6 en el ejercicio de promoción de 2000, que resulta de la publicación en las Informaciones administrativas no 65-2000, de 14 de agosto de 2000, de la lista de funcionarios promovidos a dicho grado. Se condena en costas a la Comisión.

Sumario

Funcionarios — Promoción — Reclamación de un candidato no promovido — Decisión denegatoria implícita — Ausencia total de motivación — Regularización durante el procedimiento contencioso — Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 25, párr. 2, y 90, ap. 3)

Si bien la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar una decisión de promoción ni frente a su destinatario ni frente a los candidatos no promovidos, sí está obligada a motivar una decisión por la que se deniega una reclamación presentada, al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, por un candidato no ascendido. Cuando la decisión implícita por la que se deniega la reclamación entraña una falta total de motivación, dado que el demandante no dispone antes de la interposición de su recurso de ningún elemento que constituya un indicio de motivación, dicha falta no puede subsanarse mediante explicaciones dadas durante el procedimiento.

(véanse los apartados 25 y 30 a 32)

Referencia: Tribunal de Justicia, 16 de septiembre de 1987, Delauche/Comisión(111/86, Rec. p. 5345), apartado 13; Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartados 13 y 15; Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121), apartado 40; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión(T-16/94, RecFP pp. I-A-103 y II-335), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 27 de abril de 1999, Thinus/Comisión(T-283/97, RecFP pp. I-A-69 y II-353), apartados 78 a 83, y Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1999, Séché/Comisión(asuntos acumulados T-112/96 y T-115/96, RecFP pp. I-A-115 y II-623), apartado 76
249

A este respecto, la Comisión subrayó en su escrito de contestación a la demanda, sin que Mannesmann la contradijese, que ésta no es una pequeña o mediana empresa. En efecto, la Recomendación 96/280, aplicable en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, precisa, en particular, que tales empresas deben emplear a menos de 250 personas y tener o bien un volumen de negocios que no exceda de 40 millones de euros, o bien un balance anual que no exceda de 27 millones de euros. En la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124, p. 36), estos dos últimos límites fueron revisados al alza para quedar fijados en 50 millones de euros y 43 millones de euros, respectivamente.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 5 de diciembre de 2002

Asunto T-70/00

Paul Edwin Hoyer

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Agentes temporales — Ejecución de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia — Despido»

Texto completo en lengua neerlandesa II-1231

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 24 de enero de 2000 por la que se resuelve el contrato de agente temporal del demandante.

Resultado:

Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Agentes temporales — Resolución de un contrato de duración indefinida de un agente temporal — Facultad de apreciación de la administración — Control jurisdiccional — Límites — Decisión de despido de un agente temporal basada en que no superó las pruebas de un concurso

(Régimen aplicable a los otros agentes, art. 47, ap. 2)

Se desprende del artículo 47, apartado 2, del Régimen aplicable a los otros agentes que la resolución de los contratos de agente temporal de duración indefinida, que no requiere motivación salvo estipulación en contra, corresponde a la facultad de apreciación de la autoridad competente y, por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia solamente puede censurar una decisión de despido y los motivos en que se sustenta cuando no se han respetado los límites de dicha facultad de apreciación.

Aunque las aptitudes de los candidatos de un concurso interno para ejercer las funciones que les corresponden, en sí, no influyen sobre la forma en que debe organizarse el concurso, ello no significa que, en caso de no superar las pruebas del concurso, el hecho de que un candidato esté ejerciendo funciones similares como agente temporal impida que la autoridad competente tenga en cuenta la falta de superación de las pruebas para resolver el contrato de agente temporal del candidato en cuestión. Si este ha sido el motivo para resolver el contrato, el Tribunal de Primera Instancia únicamente puede controlar la fundamentación de una decisión de esa índole si existe un error manifiesto en relación con la no inscripción del interesado en la lista de los candidatos aprobados, o si se puede acreditar la ilegalidad de la decisión del tribunal calificador o que éste incurrió en desviación de poder.

(véanse los apartados 44, 47 y 55)

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de julio de 1988, Agazzi Léonard/Comisión (181/87, Rec. p. 3823), apartado 27; Tribunal de Primera Instancia, 22 de noviembre de 1990, V./Parlamento (T-54/89, Rec. p. II-659), apartado 48; Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1992, Speybrouck/Parlamento (T-45/90, Rec. p. II-33), apartados 90 y 93 a 95; Tribunal de Primera Instancia, 17 de marzo de 1994, Hoyer/Comisión (T-51/91, RecFP pp. I-A-103 y II-341), apartados 27, 36 y 37
En un supuesto en el que el puesto que es objeto de una convocatoria para proveer plaza vacante pueda ser cubierto mediante el nombramiento de un funcionario o mediante la contratación de un agente temporal al que se aplique el artículo 2, letra d), del Régimen aplicable a otros agentes, la Comisión puede considerar válidamente con carácter prioritario, con arreglo al artículo 29, apartado 1, del Estatuto, las solicitudes de promoción o de traslado presentadas por funcionarios de la institución y decidir el nombramiento de uno de ellos después de haber comprobado que satisfacía las exigencias requeridas por la convocatoria de que se trata, sin que esté obligada a examinar simultáneamente las candidaturas de los agentes temporales y las de dichos funcionarios y, a fortiori, a contratar a uno de los agentes temporales si también él satisface los requisitos exigidos por la convocatoria de plaza vacante.

En efecto, por una parte, el hecho de que, pese al derecho de prioridad reconocido a los funcionarios por el artículo 29 del Estatuto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no esté obligada a designar a un funcionario al término del examen de las candidaturas para la promoción o el traslado, no significa que tenga, necesariamente y en todo caso, la obligación de extender su examen a otros tipos de candidaturas y de nombrar a un candidato distinto de un funcionario cualificado que satisface las exigencias requeridas por la convocatoria. A este respecto, no se le impone una obligación, sino que dispone simplemente de una facultad cuyo ejercicio está comprendido en el marco de su amplia facultad de apreciación. Por otra parte, el hecho de realizar una distinción entre las candidaturas de los funcionarios y las de los agentes temporales no puede constituir una discriminación. Estos dos tipos de candidaturas presentan, debido a la prioridad que tienen los funcionarios, una diferencia esencial entre ellas y, por lo tanto, no pueden ser tratadas de manera idéntica.

(véanse los apartados 33, 40, 45 y 52)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de marzo de 1994, La Pietra/Comisión (T-100/92, RecFP pp. I-A-83 y II-275), apartado 50; Tribunal de Primera Instancia, 23 de abril de 2002, Campolargo/Comisión (T-372/00, RecFP pp. I-A-49 y II-223), apartado 90
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Palabras clave

1. Marca comunitaria - Resoluciones de la Oficina - Respeto del derecho de defensa

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 73]

2. Marca comunitaria - Procedimiento de recurso - Recurso interpuesto contra una resolución del examinador - Examen por la Sala de Recurso - Alcance

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 62, ap. 1]

3. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Registro anterior de la marca en determinados Estados miembros - Relevancia

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7]

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1. La Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), que conoce de un recurso contra la resolución por la que se deniega el registro de una marca comunitaria, al analizar el expediente, puede utilizar todas las menciones incluidas en el formulario de la solicitud de marca, sin dar previamente a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre éstas. Más en particular, la Sala de Recurso no está obligada a dar a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre los términos que la propia demandante hizo constar en el formulario, por cuanto dichos términos no implican ningún error evidente del solicitante de la marca.

( véase el apartado 20 )

2. En el marco de recursos interpuestos ante las Salas de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) que tienen por objeto oponerse a la denegación de registro de una marca comunitaria, las Salas de Recurso deben poder basar sus resoluciones en argumentos que no hayan sido debatidos ante el examinador en la medida en que la parte interesada haya podido formular sus observaciones sobre los hechos que influyen en la aplicación de la disposición jurídica de que se trate. En virtud del principio de continuidad funcional entre el examinador y las Salas de Recurso, éstas pueden reanudar el examen de la solicitud sin estar limitadas por el razonamiento del examinador.

( véase el apartado 25 )

3. Los registros ya efectuados en algunos Estados miembros, o incluso en países terceros, constituyen elementos que no son determinantes para el análisis de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, en el contexto de una solicitud de registro de una marca comunitaria. En efecto, en virtud del carácter unitario de la marca comunitaria, el régimen comunitario de marcas es un sistema jurídico autónomo, que persigue objetivos que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por consiguiente, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, pues los registros nacionales de marcas constituyen elementos que no vinculan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), pero que pueden, no obstante, tomarse en consideración al examinar los motivos de denegación absolutos.

( véase el apartado 32 )
El diploma exigido por la convocatoria de concurso es el que condiciona no sólo la admisión de un candidato al concurso por parte del tribunal, sino también la bonificación de antigüedad de escalón en el momento de su selección por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre la base de la experiencia profesional del interesado posterior a la obtención de dicho diploma, con arreglo al artículo 32 del Estatuto y a los artículos 2 y 3 de la decisión de la Comisión, de 1 de septiembre de 1983, relativa a los criterios aplicables al nombramiento en grado y a la clasificación en escalón con motivo de la selección de los funcionarios. Por consiguiente, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede denegar dicha bonificación basándose en que el diploma del funcionario no satisface una exigencia que no aparece mencionada en la convocatoria de concurso.

(véanse los apartados 48 y 49)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Ferreira de Freitas/Comisión (T-2/90, Rec. p. II-103), apartado 57