Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Necesidad de facilitar al Tribunal de Justicia precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el régimen normativo — Alcance de la obligación en el ámbito de la competencia

(Art. 234 CE)

2. Libre prestación de servicios — Restricciones

(Art. 49 CE)

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1. Para que el Tribunal de Justicia pueda dar una respuesta eficaz a las cuestiones que se le plantean, es preciso que el órgano jurisdiccional nacional defina el contexto fáctico en el que se inscriben dichas cuestiones o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones.

Esta exigencia de precisión en cuanto al contexto fáctico es especialmente pertinente en el ámbito de la competencia, que se caracteriza por unas situaciones de hecho y de Derecho complejas.

En lo que atañe al contexto fáctico relativo a cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 82 CE y 86 CE, el Tribunal de Justicia debe disponer de los elementos de hecho y de Derecho que le permitan dilucidar si se cumplen las condiciones relativas a la existencia de una posición dominante o de un comportamiento abusivo en el sentido del artículo 82 CE, en particular, respecto a en qué mercado y de qué forma los referidos organismos privados de que se trata ostentan una posición dominante individual o colectiva.

(véanse los apartados 19 a 21)

2. El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que obliga a los distribuidores por cable que operan en el territorio en cuestión de ese Estado a retransmitir, en virtud de una obligación denominada de «must carry», los programas televisivos difundidos por los organismos privados de radiodifusión dependientes de los poderes públicos de dicho Estado, que hayan sido designados por estos últimos, cuando dicha normativa:

– persiga una finalidad de interés general, como el mantenimiento del carácter pluralista de la oferta de programas de televisión en dicho territorio en virtud de la política cultural, y

– no resulte desproporcionada en relación con el citado objetivo, lo cual implica que sus modalidades de aplicación deben formar parte de un procedimiento transparente fundado en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano.

En particular, cualquier organismo de radiodifusión debe hallarse en condiciones de dilucidar previamente la índole y el alcance de las condiciones precisas que deben cumplirse, así como de las obligaciones de servicio público que tiene que cumplir, llegado el caso, para que se le conceda el estatuto de «must carry». En este sentido, la mera enunciación, en la exposición de motivos de la normativa nacional, de declaraciones de principios, así como de objetivos de política general no puede considerarse suficiente.

Además, la concesión de dicho estatuto debe fundarse en criterios objetivos que puedan garantizar el pluralismo permitiendo, llegado el caso, mediante obligaciones de servicio público, el acceso, en particular, a las informaciones nacionales y locales en el territorio de que se trata. Por tanto, no se les puede conceder automáticamente semejante estatuto a todas las cadenas de televisión difundidas a través de un mismo organismo privado de radiodifusión, sino que debe quedar estrictamente limitado a aquellas cuyo contenido global de los programas sea apto para alcanzar dicho objetivo. Además, el número de canales reservados a los organismos privados de radiodifusión dotados de dicho estatuto no deberá exceder manifiestamente de lo que sea necesario para alcanzar tal objetivo.

Por último, la concesión del estatuto de «must carry» no puede estar supeditada, ni de Derecho ni de hecho, a una exigencia de establecimiento en el territorio nacional. Por otra parte, dado que los organismos de radiodifusión establecidos en el territorio nacional pueden cumplir más fácilmente los requisitos necesarios para la concesión de tal estatuto, siendo así que tales requisitos son indistintamente aplicables, debido en particular al contenido de los programas que hayan de emitirse, deberán ser indispensables para alcanzar el objetivo que se persigue, a saber, satisfacer el interés general legítimo.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si se cumplen tales requisitos.

(véanse los apartados 46 a 52 y el fallo)