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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 30 de octubre de 1998. - Fort James France, anteriormente Kaysersberg SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Tasación de costas. - Asunto T-290/94 (92).



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04105



Índice



Palabras clave

1 Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que han de tomarse en consideración

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 92, ap. 1)

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Intervención de varios Abogados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1 A falta de disposiciones comunitarias en materia de aranceles profesionales, corresponde al Juez comunitario, cuando procede a la tasación de las costas, apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes.

A este respecto, la posibilidad de que el Juez comunitario aprecie el valor del trabajo realizado por un Abogado depende de la precisión de la información facilitada.

2 Si bien, en principio, únicamente la remuneración de un solo Abogado puede considerarse comprendida dentro del concepto de «gastos necesarios» a efectos de la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, procede tener en cuenta principalmente el número total de horas de trabajo que puedan resultar objetivamente necesarias para el proceso contencioso, al margen del número de Abogados entre los que se pudieron distribuir los servicios prestados.
Palabras clave

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Palabras clave

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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Suspensión de la ejecución de una Decisión por la que se impone una multa ° Requisitos de concesión ° Constitución de una fianza ° Procedencia ° Límites ° Circunstancias excepcionales

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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El Juez de medidas provisionales únicamente puede ordenar la suspensión de la obligación de que la empresa demandante constituya un aval bancario que garantice el pago de la multa que le ha sido impuesta cuando concurran circunstancias excepcionales, que pueden derivarse, en particular, de que a la empresa le resulte imposible constituir la garantía necesaria, que corra el riesgo de la liquidación judicial, o que los motivos formulados en el marco del recurso principal contra la Decisión por la que se impone la multa susciten, a primera vista, dudas particularmente serias respecto a la legalidad de ésta.

Por lo que respecta a las dificultades que encuentra la demandante, habida cuenta de sus situación económica, para obtener de un banco la garantía exigida por la Comisión, no puede considerarse que dichas dificultades son insalvables por el mero hecho de que la intervención bancaria esté supeditada a que se obliguen otras sociedades del grupo del que depende la demandante, ya que no ha quedado demostrado que dichas sociedades no puedan, desde el punto de vista económico o jurídico, aportar a la demandante el apoyo necesario.
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El demandante afirma que la Comisión no puede basarse en una supuesta imprecisión de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 1996 para denegarle, en relación con los períodos posteriores al cubierto por la decisión de 12 de febrero de 1993, a saber los años 1993, 1994 y 1995, el derecho a una asignación para sus dos hijos, que la citada sentencia le había reconocido. Efectivamente, los pronunciamientos de la citada sentencia no permiten afirmar que la anulación de la decisión de la Comisión tuviera efectos limitados en el tiempo. La anulación decretada produjo efectos ex tune, de forma que la Comisión, para dar cumplimiento a la sentencia, habría debido reconocerle en relación con el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1992 y el 30 de noviembre de 1993, no sólo el derecho a una asignación para su segundo hijo, sino también proceder de oficio, cada año, a una renovación del citado derecho.
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Palabras clave

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1. Procedimiento ° Costas ° Costas recuperables ° Concepto ° Gastos necesarios efectuados por las partes ° Remuneración del Abogado de las Instituciones u organismos comunitarios

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Costas recuperables ° Concepto ° Elementos que deben tenerse en cuenta

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1. Cuando, en un litigio ante el Tribunal de Primera Instancia, una Institución o un organismo comunitario hace uso de la facultad, que le confiere el párrafo primero del artículo 17 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, de recurrir a la asistencia de un Abogado, la remuneración de este último se halla comprendida en el concepto de gastos necesarios efectuados con motivo del Procedimiento, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

2. El Tribunal de Primera Instancia no está facultado, en el marco del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, para tasar los honorarios que las partes deben abonar a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. De esto se sigue que el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Asesores.

Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, el volumen de trabajo que el proceso contencioso pudo causar al Abogado que intervino y los intereses económicos que el litigio representó para las partes.

Dado que, al determinar las costas recuperables, el Tribunal de Primera Instancia ha tenido en cuenta todas las circunstancias del asunto hasta el momento de dictar su resolución, no procede resolver separadamente acerca de los gastos efectuados por las partes con motivo del procedimiento de tasación de costas.
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A este respecto, alega el demandante que, dado que, como cabe esperar, no podrá resolverse sobre el fondo más que en un plazo más o menos largo, ello le causará un perjuicio grave e irreparable. Afirma que la importante pérdida temporal de ingresos que sufre le causa serios inconvenientes y le irroga un grave perjuicio habida cuenta de las obligaciones por él contraídas y los ingresos a que estaba acostumbrado desde hace más de siete años. Subraya el demandante que, si bien en el contexto de otros asuntos (la amenaza de) un perjuicio económico no se ha considerado como un perjuicio grave e irreparable, debe predicarse lo contrario en los asuntos de funcionarios, al menos en el caso de autos: se trata, efectivamente, de los ingresos de un particular directamente afectado por una importante pérdida de los mismos, aunque ésta tenga un carácter temporal. Además, el demandante considera que lo más importante es el riesgo de retroceso de su capacidad profesional durante un mayor período de inactividad. Posteriormente, en su opinión, habría de realizar un esfuerzo desproporcionado para paliar la falta de práctica diaria y de experiencia. Aun suponiendo que el demandante pudiera —lo que no resulta patente— encontrar un empleo fuera de los servicios de la Comisión, a su juicio, ello no constituiría una verdadera alternativa, dado que los puestos de trabajo que, en su caso, puedan estar disponibles, son de una naturaleza muy distinta. Considera el demandante que la Comisión no sufrirá perjuicio alguno si él continúa ejerciendo sus funciones mientras se está a la espera de que se resuelva sobre el fondo.
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Palabras clave

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1. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Elementos que han de tomarse en consideración

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Costas recuperables ° Concepto ° Honorarios adeudados al Abogado de un funcionario por los servicios prestados en el marco del procedimiento administrativo previo ° Exclusión

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

Índice

1. El Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. De esto se sigue que el Juez no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular.

Puesto que el Derecho Comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Juez debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho Comunitario así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes.

2. Aun en el supuesto de que el desarrollo del procedimiento administrativo previo en los litigios entre funcionarios y sus Instituciones pueda, a veces, requerir la intervención de un Abogado, los honorarios que deban pagarse por los servicios prestados por este último en el marco de la fase administrativa previa, que necesariamente disminuyen otro tanto el volumen de trabajo que éste deberá realizar en la fase contenciosa, no constituyen costas recuperables.
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El demandante comienza por afirmar que la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión sólo se refiere al primer objeto del recurso, es decir, a la transferencia de los derechos a pensión adquiridos en Generali Belgium y no al segundo objeto del mismo recurso, es decir, el relativo a acogerse al beneficio de lo dispuesto en el artículo 5 del anexo VIII del Estatuto. Alega, a continuación, que los argumentos de la Comisión resultan contradictorios ya que atribuye a su carta de 27 de julio de 1988, a un tiempo, el carácter de acto indicativo, preparatorio y confirmatorio; a su juicio, tratándose de derechos a pensión, habría necesariamente un acto lesivo, siendo de poca transcendencia el hecho que a la decisión haya precedido o no la reclamación; por lo que se refiere a su solicitud de liquidación de los derechos a pensión consolidados en Generali Belgium, no es otra cosa que una solución provisional, ya que el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto no prohibe la transferencia al régimen comunitario de los derechos a pensión cuando el capital de la pensión se halla en poder del funcionario afectado; para terminar, el demandante entiende que, en cualquier caso, la carta fechada el 27 de julio de 1988 no puede considerarse como punto de partida para el cómputo del plazo a que se refiere el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto y que, en el caso de autos, conviene tener en cuenta el derecho de recurrir ante los tribunales así como el contexto particular del asunto, que se caracteriza por la lejanía del demandante, la complejidad del tema de los derechos a pensión y el exceso de trabajo de los servicios competentes de la Comisión.
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En este contexto, la demandante tiene la posibilidad de actuar ante los órganos jurisdiccionales alemanes, los cuales habrán de examinar, en su caso tras haber planteado al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial interpretativa sobre la base del artículo 267 TFUE, si el hecho de que el Derecho nacional incluya un requisito de elegibilidad adicional equivale a la modificación de una ayuda existente en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 794/2004 del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE (DO 2004, L 140, p. 1), y, por consiguiente, si equivale a una nueva ayuda en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE (DO 2015, L 248, p. 9), sometida la obligación de notificación en aplicación del artículo 108 TFUE, apartado 3.
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Ahora bien, con arreglo al artículo 262, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), corresponde al Parlamento asegurar el seguimiento de las medidas adoptadas por el destinatario de la aprobación de la gestión para implementar las observaciones que forman parte integrante de la decisión por la que se aprueba la gestión.
1

Mediante su recurso, basado en el artículo 270 TFUE y en el artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), el demandante, SY, solicita, en esencia, en primer lugar, la anulación de la adenda de la convocatoria de oposición general EPSO/AD/374/19 (DO 2020, C 374 A, p. 3; en lo sucesivo, «adenda de la convocatoria de oposición»), que, debido al estallido de la pandemia de COVID‑19, modificó las modalidades de las pruebas de dicha oposición; de la convocatoria de la Comisión Europea de 20 de noviembre de 2020 para realizar una prueba; de la lista de reserva resultante de la oposición en el ámbito del Derecho de la competencia; de las decisiones relativas a la selección de candidatos sobre la base de tal lista de reserva, y de la decisión de revisión del tribunal calificador por la que se confirma la decisión de no incluir el nombre de este en la lista de reserva. En segundo lugar, con carácter subsidiario, solicita que en la sentencia que se dicte se precisen las exigencias concretas que debe cumplir la Comisión para restablecer la situación jurídica en la que se encontraba antes de la ilegalidad cometida por ese tribunal, con el fin de permitirle incluir su nombre en la lista de reserva. En tercer lugar, solicita al Tribunal General que declare que la Comisión ha infringido el artículo 265 TFUE, al no haberle dirigido una decisión en respuesta a su reclamación administrativa de 17 de enero de 2021.
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A este respecto, procede señalar que, desde el 5 de mayo de 2020, el demandante se encontraba en situación de ausencia no justificada, extremo que no niega. Por lo tanto, desde esa fecha no percibía retribución alguna. De ello resulta que no se ha demostrado la realidad del daño alegado por el demandante.
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El 29 de mayo de 2017, el Consejo adoptó, sobre la base, en particular, del artículo 31 TUE, apartado 2, y del artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2010/788, la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/905, por la que se aplica la Decisión 2010/788 (DO 2017, L 138 I, p. 6). El mismo día, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/904, por el que se aplica el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1183/2005 (DO 2017, L 138 I, p. 1).
3.

Recurso anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Comunicación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a las autoridades nacionales acerca de los resultados preliminares de su investigación — Cartas de la OLAF que se refieren a la reclamación de la parte demandante y por las que niega a esta la celebración de una reunión y el acceso al expediente relativo a la misma — Exclusión — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE; Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 1049/2001 y (UE, Euratom) n.o 883/2013; Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo] (véanse los apartados 52, 56 a 60 y 62 a 65)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 14 de septiembre de 2022 — Blueroots Technology/EUIPO — Rezk-Salama y Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)

(Asunto T‑607/21) ( 1 )

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión SKILLTREE STUDIOS — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter descriptivo — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Demanda no suficientemente clara y precisa — Inadmisibilidad [Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 76, letra d), y 177, ap. 1, letras d) y e)] (véanse los apartados 18 y 19)

2. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Nuevo examen de las circunstancias de hecho a la luz de pruebas no presentadas con anterioridad ante los órganos de la Oficina — Exclusión [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 72] (véanse los apartados 34 y 35)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 54)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto de característica [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 55 y 56)

5. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de nulidad en el que se alegan motivos de denegación absolutos — Examen limitado a los motivos invocados [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, 52, 55 y 76, ap. 1] (véase el apartado 62)

6. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa SKILLTREE STUDIOS [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 72, 73, 78, 81, 82 y 87)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Blueroots Technology GmbH.

( 1 ) DO C 462 de 15.11.2021.
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 7 de septiembre 2022 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

(Asunto T‑699/21) ( 1 )

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN — Declaración de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Prueba del uso efectivo — Abuso de derecho»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de caducidad — Admisibilidad — Requisitos — Interés en ejercitar la acción [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 63, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 24)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba del uso — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, y 58, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 32 a 34, 36 y 37)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba del uso — Uso efectivo — Concepto — Determinación de un umbral cuantitativo para el uso mínimo — Exclusión [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, y 58, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 35)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Marca denominativa MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, y 58, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 39, 44, 46 y 47)

5. Recurso de anulación — Motivos — Motivos y alegaciones que no pueden dar lugar a la anulación del acto impugnado — Motivos ineficaces (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 45)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Peace United Ltd.

( 1 ) DO C 37 de 24.1.2022.
1.

Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Hechos y pruebas no presentados dentro de plazo — Consideración — Facultad de apreciación de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 95, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2018/625 de la Comisión, considerando 8 y art. 27, ap. 4] (véanse los apartados 36 a 38, 40 y 45)
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La voluntad de Cordial de limitar su dependencia de su proveedor de PVA se desprende del considerando 624 del Reglamento de Ejecución 2020/1336 y, en particular, del siguiente extracto, no rebatido por la demandante: «[Cordial] ya intentó establecer nuevas colaboraciones pero, debido a su pequeño tamaño, no fue posible establecer una colaboración a largo plazo con proveedores alternativos […]. La empresa envió pruebas de que, efectivamente, en el pasado ya trató de comprar PVA a un productor de Taiwán, pero no fue posible llegar a ningún acuerdo, ya que dicho productor vende exclusivamente a través de un comerciante de la [Unión] y no estaba dispuesto a adaptar sus productos a los requisitos de Cordial. […]»
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Con carácter preliminar, es preciso recordar que, si bien el artículo 28, letra f), del Estatuto establece que solo podrán ser nombrados funcionarios quienes justifiquen poseer el conocimiento en profundidad de una de las lenguas de la Unión y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas «en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que puedan ser llamados a ejercer», dicho artículo no indica los criterios que pueden tomarse en consideración para limitar la elección de dicha lengua entre las lenguas oficiales mencionadas en el artículo 1 del Reglamento n.o 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8) en su versión modificada [véanse la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Italia/Comisión, T‑353/14 y T‑17/15, EU:T:2016:495, apartado 85 (no publicado) y jurisprudencia citada, y el auto de 5 de septiembre de 2019, Italia/Comisión, T‑313/15 y T‑317/15, no publicado, EU:T:2019:582, apartado 55 y jurisprudencia citada].