4.

Considerando que debe examinarse aún si la declaración de la ilegalidad de las exenciones controvertidas no entra en contradicción con la Decisión de base no 2/57; que el Tribunal de Justicia estima que no es ése el caso. a) Considerando que del artículo 2 de la Decisión no 2/57 se desprende que la expresión «recursos propios», empleada en el artículo 4 de la Decisión, se refiere a las «empresas a que se hace referencia en el artículo 80 del Tratado», debiendo tenerse presente que se trata de la empresa usuaria de la chatarra y, por consiguiente, en el presente caso, de Hoogovens y de Breda Siderurgica; que procede señalar, en primer lugar, que, por «recursos propios» la Decisión no 2/57 entiende la chatarra que, desde un principio, es propiedad de una empresa en el sentido del Tratado; que dicha interpretación, lejos de contradecir el planteamiento del autor de la Decisión, fue adoptada por éste en su escrito de 18 de diciembre de 1957 (DO 1958, 4, pp. 45 a 58), en el que se precisa que el concepto de «recursos propios» debe interpretarse «de acuerdo con el valor semántico de la expresión»; que el concepto de «empresa», tal como se concibe en el artículo 80 del Tratado, se identifica con el concepto de persona física o jurídica, tal como se ha indicado en el apartado 2 de la Sección A supra; que, en consecuencia, cuando una Decisión de la Alta Autoridad se refiere pura y simplemente a las «empresas a que se hace referencia en el artículo 80 del Tratado», debe suponerse que se refiere a las personas físicas y jurídicas en cuyo nombre se ejercen las actividades contempladas en dicho artículo; que, en el presente caso, ha quedado acreditado, por lo demás, que semejante interpretación responde a la voluntad del autor de la Decisión no 2/57, ya que, en su escrito de 18 de diciembre de 1957, la Alta Autoridad precisó «que una empresa […] se define en todo caso mediante su razón social»; que, por otra parte, la referencia a la chatarra «propia» de una empresa presupone el concepto de «propietario», que tiene un carácter estrictamente jurídico. Considerando que de las consideraciones precedentes se desprende que a tenor de la Decisión no 2/57 sólo pueden considerarse recursos propios y, en consecuencia, exentos de la compensación, la chatarra que entre el momento de su «producción» y el de su utilización no haya cambiado de propietario, entendiendo este último término en un sentido estrictamente jurídico; que no es ése el caso de la chatarra controvertida. b) Considerando que la parte coadyuvante Hoogovens se esforzó por demostrar que la chatarra que recibe de la sociedad Breedband nunca dejó de ser propiedad de Hoogovens; que, a este respecto, alega, en particular: — que, en virtud del contrato celebrado entre Breedband y ella, las dos sociedades forman una «maatschap» a efectos de los artículos 1655 y siguientes del Código Civil de los Países Bajos; — que, de acuerdo con el Derecho civil de los Países Bajos, los socios de una «maatschap» son copropietarios de los bienes producidos en sociedad. Considerando que dichas alegaciones se basan fundamentalmente en el contrato celebrado entre Hoogovens y Breedband, cuyo texto la parte coadyuvante no consideró necesario aportar a los autos; que la parte coadyuvante subrayó el carácter «extremadamente confidencial» de dicho contrato y manifestó tener razones graves para no revelar su contenido a la demandante y a la parte coadyuvante Breda Siderurgica, que son sus competidores; que, no obstante, se declaró dispuesta a facilitar el contrato a cualquier persona obligada por el secreto profesional, en presencia, en su caso, del Juez Ponente, o a la Alta Autoridad, para que se efectuaran las comprobaciones que a juicio del Tribunal de Justicia resultaran necesarias. Considerando que basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones, supondría violar un principio jurídico. Considerando que, con ocasión del reconocimiento judicial efectuado por el Tribunal de Justicia en IJmuiden, el representante de la parte coadyuvante, preguntado al efecto, declaró que dicho contrato no contiene ninguna alusión expresa al régimen de propiedad, pero que, en opinión de la parte coadyuvante, la prueba de la copropiedad se desprende de varias de sus cláusulas; que la interpretación y la apreciación de dichas cláusulas están supeditadas al examen del contrato en su conjunto; que, al haber invocado la propia parte coadyuvante dicho contrato como prueba de su alegación según la cual la chatarra procedente de Breedband puede asimilarse a recursos propios de Hoogovens, le incumbía aportar la prueba de sus alegaciones; que es improcedente que se deje al Tribunal de Justicia la iniciativa de obtener mediante diligencias de prueba los elementos necesarios para probar el fundamento de la alegación invocada por la parte coadyuvante cuando es ella misma quien posee dichos elementos; que, por las razones expuestas, el Tribunal de Justicia, considerando las reservas y vacilaciones de Hoogovens, no ordenó la aportación del contrato; que, puesto que la parte demandante no ha aportado la prueba de sus alegaciones en al respecto no procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el valor de dicho motivo. Considerando que, en consecuencia, no se ha acreditado que la chatarra que Hoogovens recibe de la sociedad Breedband constituya «recursos propios» de acuerdo con el valor semántico de la expresión. c) Considerando que la misma conclusión se impone con respecto a la parte coadyuvante Breda Siderurgica, que ni siquiera alegó la inexistencia de una transmisión de la propiedad de la chatarra de que se tráta.