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Habida cuenta de todas estas consideraciones, el Administrativen sad Sofia-grad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Las disposiciones aplicables del ordenamiento jurídico nacional, como las del litigio principal, relativas a los efectos jurídicos de una resolución administrativa sobre la imposición de una sanción pecuniaria por infracción del Derecho administrativo consistente en un accidente de tráfico, ¿deben interpretarse en el sentido de que son compatibles con lo dispuesto en los Tratados y en las medidas del Derecho de la Unión adoptadas sobre la base de éstos en el ámbito relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia y/o, en su caso, en el ámbito de los transportes? 2) De lo dispuesto en los Tratados y en las medidas del Derecho de la Unión adoptadas sobre la base de éstos en el ámbito relativo al “espacio de libertad, seguridad y justicia”, en relación con la cooperación judicial en materia penal prevista en el artículo 82 TUE, apartado 1, párrafo segundo, letra a), así como en el ámbito de los transportes del artículo 91 TFUE, apartado 1, letra c), ¿resulta que las infracciones administrativas a la legislación de tráfico que puedan considerarse «de menor gravedad» en el sentido del artículo 2 del Protocolo no 7 […] están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión? 3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, esta Sala solicita que se responda también a las siguientes cuestiones: a) Una infracción administrativa a la legislación de tráfico producida en las circunstancias del litigio principal, ¿constituye una “infracción de menor gravedad” en el sentido del Derecho de la Unión si al propio tiempo concurren las siguientes circunstancias: i) el acto es un accidente de tráfico que ha causado daños materiales, que se ha cometido de manera culposa y que resulta sancionable en cuanto infracción administrativa; ii) la resolución por la que se impone la sanción puede o no recurrirse ante los tribunales y el interesado puede o no demostrar que no ha cometido el acto que se le imputa de manera culposa en función de la cuantía de la sanción pecuniaria; iii) como efecto jurídico automático del carácter definitivo de la resolución se retira el número de puntos indicado en ella; iv) tras la introducción del sistema de permisos de conducción por puntos, se atribuye en el momento de expedición de los permisos un determinado número de puntos de control que han de retirarse cuando se cometen infracciones; también se tiene en cuenta la retirada de puntos como efecto jurídico automático de resoluciones sancionadoras contra las que no cabe recurrir; v) si se recurre ante los tribunales la medida coercitiva de retirada del permiso de conducción por pérdida del derecho de conducir, que se produce como efecto jurídico automático de la retirada del número de puntos atribuidos inicialmente, no se produce ningún control jurisdiccional previo de la legalidad de las resoluciones sancionadoras irrecurribles por las que se han retirado puntos? b) El artículo 82 TFUE y, en su caso, el artículo 91 TFUE, apartado 1, letra c), y las medidas adoptadas sobre la base de las citadas disposiciones, así como la Decisión marco […], ¿permiten que el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales o las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial no se apliquen, en las circunstancias del litigio principal, a una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria por una infracción de la legislación de tráfico, que de conformidad con el Derecho de la Unión puede considerarse “de menor gravedad”, por el hecho de que el Estado miembro ha establecido que no han de observarse los requisitos relativos al derecho de recurso ante un tribunal que también sea competente en materia penal y a la aplicación de las normas procesales del Derecho nacional sobre recursos en caso de imputación de un delito? 4) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, esta Sala solicita que se responda a la siguiente cuestión: El artículo 82 TFUE y, en su caso, el artículo 91 TFUE, apartado 1, letra c), y las medidas adoptadas sobre la base de las citadas disposiciones, así como la Decisión marco […], ¿permiten que el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales o las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial no se apliquen a discreción del Estado miembro —por el hecho de que éste haya establecido un acto normativo por el que no han de observarse los requisitos relativos al derecho de recurso ante un tribunal que también sea competente en materia penal y a la aplicación de las normas procesales del Derecho nacional sobre recursos en caso de imputación de un delito— a una resolución sobre la imposición de una sanción pecuniaria por infracción a la legislación de tráfico, si en la resolución concurren, en las circunstancias del caso de autos, las siguientes circunstancias: a) el acto es un accidente de tráfico que ha causado daños materiales, que se ha cometido de manera culposa y que resulta sancionable en cuanto infracción administrativa; b) la resolución por la que se impone la sanción puede o no recurrirse ante los tribunales y el interesado puede o no demostrar que no ha cometido el acto que se le imputa de manera culposa en función de la cuantía de la sanción pecuniaria; c) como efecto jurídico automático del carácter definitivo de la resolución se retira el número de puntos indicado en ella; d) tras la introducción del sistema de permisos de conducción por puntos, se atribuye en el momento de expedición de los permisos un determinado número de puntos de control que han de retirarse cuando se cometen infracciones; también se tiene en cuenta la retirada de puntos como efecto jurídico automático de resoluciones sancionadoras contra las que no cabe recurrir; e) si se recurre ante los tribunales la medida coercitiva de retirada del permiso de conducción por pérdida del derecho de conducir, que se produce como efecto jurídico automático de la retirada del número de puntos atribuidos inicialmente, no se produce ningún control jurisdiccional previo de la legalidad de las resoluciones sancionadoras irrecurribles por las que se han retirado puntos?»