Palabras clave

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Palabras clave

1. Acuerdos internacionales — GATT — Posibilidad de que los particulares puedan invocar sus disposiciones para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales contrarias — Inexistencia — (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)

2. Acuerdos internacionales — Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé — Posibilidad de que los particulares puedan invocar sus disposiciones para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales contrarias — (Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé de 15 de diciembre de 1989)

3. Acuerdos internacionales — Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé — Disposiciones relativas a la cooperación comercial — Régimen general de los intercambios — Tributos internos discriminatorios — Falta de prohibición — Aumento de un derecho preexistente como el impuesto nacional italiano sobre el consumo de plátanos frescos — Incompatibilidad con el Protocolo nº 5 y con los Convenios anteriores — Posibilidad de que los particulares invoquen dicha incompatibilidad — Requisitos — (Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé de 15 de diciembre de 1989, arts. 169, ap. 1, 177, ap. 2, y Protocolo nº 5; Convenios Primero, Segundo y Tercero ACP-CEE de Lomé de 28 de febrero de 1975, de 31 de octubre de 1979 y de 8 de diciembre de 1984)

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1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no contiene disposiciones que atribuyan a los particulares derechos que éstos puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales que lo contradigan. En efecto, las particularidades de dicho Acuerdo, que se caracteriza por una gran flexibilidad de sus disposiciones, en especial de aquellas que se refieren a las posibilidades de establecer excepciones, a las medidas que pueden adoptarse en caso de dificultades excepcionales y a la solución de discrepancias entre las Partes Contratantes, impiden la creación de tales derechos.

2. El Cuarto Convenio ACP-CEE, así como los Convenios ACP-CEE que lo precedieron o los Convenios de asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache, puede contener disposiciones que atribuyan a los particulares determinados derechos que éstos puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales que lo contradigan. A este respecto, el hecho de que los referidos Convenios se caractericen por un desequilibrio muy apreciable en lo que respecta a los compromisos suscritos por las Partes contratantes, desequilibrio que está en la propia lógica de su carácter específico, no es un obstáculo al reconocimiento en del ordenamiento jurídico comunitario del efecto directo de algunas de sus disposiciones.

3. El Cuarto Convenio ACP-CEE, que no contiene disposiciones que prohíban de modo expreso los tributos internos discriminatorios, no puede interpretarse en el sentido de que establece, sin embargo, dicha prohibición por la vía indirecta del apartado 2 de su artículo 177, que prohíbe la utilización, con fines proteccionistas, de otros medios que no sean las medidas de salvaguardia por él permitidas, o del apartado 1 de su artículo 169, que prohíbe la aplicación de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente. En efecto, de una interpretación sistemática del Convenio resulta que las Partes contratantes no pretendieron regular los tributos internos en el marco del régimen general de los intercambios establecido.

No obstante, si bien dicho régimen general no impide un tributo interno sobre los plátanos originarios de los países ACP, como el impuesto nacional sobre el consumo que grava los plátanos frescos establecido en el ordenamiento jurídico italiano por la Ley nº 986/64, los aumentos de que haya podido ser objeto este tributo chocan con el artículo 1 del Protocolo nº 5 relativo a los plátanos Anexo al Cuarto Convenio. En efecto, dicho artículo, que establece que, respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Comunidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados, en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba antes de la entrada en vigor del Convenio, introduce en este último una cláusula de mantenimiento del statu quo y constituye una disposición particular que, con arreglo al principio lex specialis derogat generali , establece un régimen jurídico distinto del previsto para el resto de los productos originarios de los Estados ACP.

Dado que este artículo está redactado en términos claros, precisos e incondicionales y que existen disposiciones equivalentes en los tres primeros Convenios ACP-CEE, todo operador económico puede invocar los Convenios ACP-CEE para oponerse a los referidos aumentos, cuando éstos sean posteriores al 1 de abril de 1976, fecha de la entrada en vigor del Primer Convenio ACP-CEE, y hagan que las exportaciones de plátanos estén en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraban anteriormente.