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5

El 21 de julio de 2009, la Comisión Europea registró dos denuncias separadas, presentadas por un competidor de la demandante, una con arreglo al artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen modalidades de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), y otra conforme al artículo 56 TFUE y al Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (DO L 293, p. 3), en relación con determinados aspectos del ITA introducido por Irlanda.
130

Además, la Comunicación de 20 de marzo de 2002 no puede constituir una base jurídica que permita apreciar la legalidad de una decisión denegatoria del acceso a los documentos controvertidos. En efecto, no fija regla alguna que rija el acceso a los documentos en el marco de un procedimiento por incumplimiento, o del procedimiento EU Pilot, y no confiere a los denunciantes ningún derecho en este sentido. Al contrario, se limita a indicar que, en lo que respecta a un procedimiento por incumplimiento, el acceso a los documentos debe efectuarse de conformidad con el Reglamento no 1049/2001. En tales circunstancias, la referida Comunicación no puede tener incidencia alguna sobre la apreciación de las solicitudes de acceso a documentos con arreglo al Reglamento no 1049/2001.
107

La demandante sostiene que su inclusión en las listas de personas a las que se aplican las medidas restrictivas contra Siria vulnera el principio de proporcionalidad, consagrado, en particular, en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales. Aduce que, en efecto, al no existir pruebas de una actuación reprochable por su parte, esta inclusión no era necesaria ni responde a los objetivos de estas medidas.
5.

A la hora de determinar que exista un reflejo de los derechos antidumping pagados en los precios de venta al primer comprador independiente dentro de la Unión, de conformidad con el artículo 11, apartado 10, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009, la aplicación de un método consistente en analizar número de código del producto por número de código del producto (método de NCP por NCP) no menoscaba el carácter único del producto afectado, puesto que la Comisión no definió un margen de dumping por NCP sino un margen de dumping único para el producto afectado. En segundo lugar, cuando el afectado es un producto complejo cuyos distintos modelos tienen características técnicas distintas y precios que pueden variar de manera sensible, el método de NCP por NCP, que tiene por objeto comparar los NCP cuyas características y precios de reventa sean similares, es más apropiado para analizar la evolución del precio de reventa del producto afectado entre el período de investigación original y el período de la investigación sobre devolución. En cambio, el método de análisis basado en el aumento global del volumen de negocios no permite determinar si el importador vinculado ha modificado efectivamente su comportamiento en el mercado o si, por el contrario, ha puesto en práctica una política de precios que le permita compensar los modelos menos vendidos con los más vendidos, actuando de ese modo sobre los márgenes logrados. Por otra parte, según la interpretación gramatical del considerando 20 y del artículo 11, apartado 10, del Reglamento antidumping de base, el reflejo de los derechos antidumping debe analizarse para cada precio de venta y, por tanto, hacerse según un método de operación por operación o incluso, en su caso, según un método de modelo por modelo o de NCP por NCP. En este contexto, siempre que se aplique de manera coherente en todas las etapas del análisis de la solicitud de devolución, el uso del método de NCP por NCP no supone plantear requisitos añadidos para la devolución total de los derechos antidumping pagados sino simplemente comprobar que los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 10, del Reglamento antidumping de base se satisfagan para cada NCP, en lugar de hacerlo globalmente para todo el producto afectado. Además, la circunstancia de que el enfoque de NCP por NCP no se mencione por ninguna parte en el Reglamento antidumping de base no significa que sea ilegal o manifiestamente erróneo. (véanse los apartados 75 a 77, 79, 99 y 117)
1)

No procede pronunciarse sobre las pretensiones de Amitié Srl destinadas a que se deje constancia en autos de la renuncia de la Comisión Europea a poner en tela de juicio las cantidades que se le siguen debiendo en ejecución de los convenios de subvención con referencia ECP-2007-DILI‑517005, relativo a la acción Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), y ECP-2008-DILI‑538025, relativo a la acción Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).
Cuando el recurso de anulación contra un acto adoptado por una institución se interpone por una persona física o jurídica, únicamente es posible interponer dicho recurso si los efectos jurídicos obligatorios de dicho acto pueden afectar a los intereses del demandante modificando de forma manifiesta su situación jurídica Cuando un recurso de anulación se interpone por una parte demandante no privilegiada contra un acto del que no es destinataria, la exigencia de que los efectos jurídicos obligatorios de la medida impugnada deban poder afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma manifiesta su situación jurídica, coincide en parte con las condiciones del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

Esos efectos jurídicos autónomos deben ser entendidos como los efectos jurídicos obligatorios producidos por medidas preparatorias o intermedias, contra los que un recurso frente a la decisión que ponga fin al procedimiento sobre la supuesta ayuda de Estado no garantiza una tutela judicial suficiente para los beneficiarios de la presunta medida de ayuda.

A diferencia de una decisión de la Comisión de iniciar el procedimiento formal de examen de una medida en curso de ejecución, una decisión de esa naturaleza cuyo objeto sea una medida que ya no está en curso de ejecución no produce efectos jurídicos autónomos, al carecer de alcance inmediato, cierto y vinculante en grado suficiente para el Estado miembro destinatario y el o los beneficiarios de la medida sometida a examen. No se trata pues de un acto impugnable en el sentido del artículo 263 TFUE.

En ese sentido la incertidumbre comercial y las percepciones de los otros operadores sobre la situación del beneficiario de una medida de ayuda no pueden considerarse efectos jurídicos obligatorios, ya que sólo se trata de una simple consecuencia de hecho y no de un efecto jurídico que la decisión de iniciar el procedimiento formal de examen esté destinada a producir.

(véanse los apartados 35, 39, 44 y 63)
2.

Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación atendiendo a la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 29)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva

Palabras clave Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de una unidad de la Oficina que se pronuncia en primera instancia y atribuido a la Sala de Recurso — Continuidad funcional entre estas dos instancias — Examen del recurso por la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1] (véanse los apartados 18 a 20) 2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Signos que pueden constituir una marca — Colores o combinaciones de colores — Requisito — Carácter distintivo [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3] (véanse los apartados 24 a 30) Objeto del litigio Objeto Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 1 de marzo de 2012 (asunto R 260/2011-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Gamesa Eólica, S.L., y Enercon GmbH. Parte dispositiva Fallo 1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 1 de marzo de 2012 (asunto R 260/2011-1). 2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Gamesa Eólica, S.L.

Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 12 de noviembre de 2013 — Gamesa Eólica/OAMI — Enercon (Degradado de verdes)

(Asunto T‑245/12)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Motivo de denegación absoluto — Solicitud de marca comunitaria consistente en un degradado de verdes — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 — Artículo 62 del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de una unidad de la Oficina que se pronuncia en primera instancia y atribuido a la Sala de Recurso — Continuidad funcional entre estas dos instancias — Examen del recurso por la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1] (véanse los apartados 18 a 20)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Signos que pueden constituir una marca — Colores o combinaciones de colores — Requisito — Carácter distintivo [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3] (véanse los apartados 24 a 30)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 1 de marzo de 2012 (asunto R 260/2011-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Gamesa Eólica, S.L., y Enercon GmbH.

Fallo

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 1 de marzo de 2012 (asunto R 260/2011-1).
1.

Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo — Objeto y ámbito de aplicación material del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 23 a 25)
252

A este respecto, se debe precisar que, en respuesta a una pregunta oral del Tribunal en la vista, la EUIPO no negó haber atribuido puntos en función de los diferentes subcriterios o subpuntos, sino que se limitó a afirmar que la primera demandante no tenía derecho a conocer el método de cálculo y el reparto detallado de esos puntos, ya que la comunicación de la puntuación global definitiva para cada uno de los tres criterios técnicos o cualitativos era suficiente. En efecto, de la lectura conjunta de los cuadros a los que se refieren los apartados 14 y 249 anteriores se desprende que a la oferta de la primera demandante se le dedujeron 6,79 puntos netos por el criterio cualitativo n.o 1 (65 - 58,21 = 6,79), 2 puntos netos por el criterio cualitativo n.o 2 (20 - 18 = 2) y 3,31 puntos netos por el criterio cualitativo n.o 3 (15 - 11,69 = 3,31), es decir, incluyendo la deducción de fracciones de puntos con dos decimales. De ello se sigue que, para evaluar las ofertas en función de los diferentes criterios cualitativos, el comité de evaluación aplicó una fórmula matemática o, al menos, atribuyó fracciones de punto por subcriterio o por subpunto. No obstante, tanto para las demandantes como para el Tribunal es imposible comprender el cálculo o el reparto preciso de los puntos deducidos por cada subcriterio, o cada subpunto, en especial en lo referente al criterio cualitativo n.o 1, sobre los que el informe de evaluación había manifestado valoraciones negativas específicas contra la oferta de la primera demandante. Siendo así, no es posible comprobar si tales deducciones corresponden realmente a esas apreciaciones y, de ser así, en qué medida ni tampoco, por tanto, si están o no justificadas o son, al menos, suficientemente probables.
44

También se ha precisado que el examen de una solicitud de acceso a documentos debe ser concreto. Por una parte, el solo hecho de que un documento guarde relación con un interés protegido por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta (véase la sentencia de 13 de abril de 2005, Verein für Konsumenteninformation/Comisión, T‑2/03, Rec, en lo sucesivo, «sentencia VKI», EU:T:2005:125, apartado 69 y jurisprudencia citada). En principio, la aplicación de una excepción sólo se justifica en caso de que la institución haya valorado previamente, primero, si el acceso al documento perjudicaría concreta y efectivamente el interés protegido y, segundo, en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1049/2001, si no existe un interés público superior que justifique la divulgación del documento solicitado. Por otra parte, el riesgo de perjuicio al interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético (véase la sentencia VKI, antes citada, EU:T:2005:125, apartado 69 y jurisprudencia citada).
42

En cuarto término, tampoco resulta pertinente el hecho alegado por Hidroeléctrica del Cantábrico en la vista y no negado por la demandante, de que la electricidad producida por esta última no fue retirada del mercado en aplicación de la medida controvertida en los años 2012 a 2014. En efecto, por una parte, como precisó la demandante en la vista, el hecho de que no se produjera esta retirada obedece a su decisión de no presentar una oferta de electricidad en el mercado diario y de prolongar de este modo su situación de parada, habida cuenta de la magnitud de la retirada de sus ofertas en 2011 y de la consiguiente dificultad de asumir sus compromisos contractuales de aprovisionamiento de gas. Esta explicación, que no hace sino confirmar la importancia del impacto de la medida controvertida sobre la situación competitiva de la demandante, no queda rebatida por la alegación de varios coadyuvantes de que las ofertas de la demandante no eran competitivas. En efecto, tal problema de competitividad puede justificar la no aceptación de una oferta, pero no el hecho de que no se presente esa oferta y, por lo demás, no cabe excluir que ese supuesto problema de competitividad esté precisamente causado por la medida controvertida, ya que la demandante no tuvo ninguna dificultad en colocar sus ofertas en el mercado diario antes de que entrara en vigor dicha medida. Por otra parte y en cualquier caso, dado que las partes admitieron en la vista que la medida controvertida produjo sus efectos más importantes en el año 2011 y puesto que no han sido cuestionados los datos facilitados por la demandante para demostrar que su posición competitiva durante ese año quedó sustancialmente afectada, no puede exigírsele que para que se reconozca la admisibilidad de su recurso demuestre también en el presente asunto que quedó afectada sustancialmente durante todo el período de aplicación de la medida controvertida.
1

El 20 de abril de 2006, la parte coadyuvante, Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
«(361)

Como ya se ha indicado en el considerando (359), no existe un mercado del suelo operativo en China. Por lo tanto, es improcedente utilizar como referencia los precios de los derechos de uso del suelo vigentes actualmente en China. Los productores exportadores basaron su petición de que podrían utilizarse como referencia los precios del suelo en [el Estado de] Maharashtra por la adecuada comparación con la situación en ese estado indio en términos de PIB per cápita y densidad de población en el momento de la adquisición de derechos de uso del suelo. Como ya se ha explicado anteriormente, la Comisión opina que el PIB per cápita y la densidad de población no pueden ser los únicos factores decisivos a la hora de elegir un país o una región para la aplicación de una referencia externa. En cualquier caso, la metodología propuesta por los productores exportadores que cooperaron no es coherente con sus alegaciones. Durante el [período de investigación], Bombái, la capital [del Estado de] Maharashtra, y de lejos la zona más desarrollada de todo el estado, tenía una renta per cápita de 2675 dólares americanos [(128000 INR)], que es inferior a la media nacional china de 3529 dólares […], por no hablar del PIB per cápita en las [provincias] desarrolladas de Shandong y Jiangsu (5255 y 6 550 dólares respectivamente). En lo que respecta a la densidad de población, este no puede ser un factor decisivo en sí mismo, aunque, a título meramente informativo, cabe señalar que es de 314/km2 en [el Estado de] Maharashtra y de 736/km2 en [la provincia de] Jiangsu y 600/km2 en [la provincia de] Shandong. Por otra parte, otros factores como la ausencia de proximidad física y características comunes entre la India y China llevan a concluir que la referencia [del Estado de] Maharashtra no está relacionada, se refiere o está vinculada a las condiciones de mercado que prevalecen en China. Por las razones expuestas en el considerando (357), la Comisión mantiene la opinión de que los precios del suelo en Taiwán son mucho más adecuados para utilizarse como referencia externa.»
102

En primer lugar, en lo que atañe al perjuicio económico que la demandante afirma haber sufrido por verse obligada a responder al cuestionario, procede recordar que se ha concluido, por las razones mencionadas en los anteriores apartados 88 a 91, que la carga que implicaba la respuesta a dicho cuestionario no era manifiestamente excesiva en vista de las circunstancias concurrentes en el presente asunto. Pues bien, el eventual alto coste económico de la respuesta no es más que el reflejo de esa carga de trabajo. Por tanto, pese a su eventual magnitud, el coste económico no acredita, por sí solo, la existencia de una violación del principio de proporcionalidad.
54

En particular, por lo que se refiere al hecho de que, según la demandante, un tribunal regional alemán ha dictado una resolución que se refiere a los mismos signos en conflicto y la Sala de Recurso no ha tenido en cuenta esta circunstancia, es preciso recordar que el régimen de marcas comunitario es autónomo y, en consecuencia, los registros nacionales de marcas no vinculan a la OAMI [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 30 de junio de 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OAMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec. p. II-1915, apartado 35, y de 12 de diciembre de 2007, DeTeMedien/OAMI (suchen.de), T‑117/06, no publicada en la Recopilación, apartado 45 y jurisprudencia que allí se cita]. Además, la propia demandante señaló, en las alegaciones que expuso ante la Sala de Recurso, que la OAMI no estaba vinculada por la resolución en cuestión. La demandante se limitaba a señalar que dicha resolución constituía un indicio de la existencia de un riesgo de confusión en el presente asunto. Además, de la resolución impugnada en su conjunto resulta que la Sala de Recurso hizo suyo el análisis efectuado por la División de Oposición. Pues bien, la División de Oposición ya había declarado que la OAMI no estaba vinculada por la resolución en cuestión, invocando precisamente la sentencia Mehr für Ihr Geld, antes citada. Habida cuenta de estas consideraciones, no cabe reprochar a la Sala de Recurso que en la resolución impugnada no mencionara expresamente la resolución a la que se ha hecho referencia.
9

El 30 de noviembre de 2012, el Consejo publicó un Anuncio dirigido a las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2012/739 y en el Reglamento del Consejo (UE) no 36/2012, que se aplica en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1117/2012 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO C 370, p. 6).
7

Mediante resolución de 22 de septiembre de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En primer lugar, consideró que el público pertinente estaba compuesto por consumidores medios anglófonos. En segundo lugar, constató que dicho público distinguiría, en la marca solicitada, por una parte, el elemento «eco», que entendería significativo de «ecológico», y, por otra parte, el elemento «door», que significa «puerta». Por consiguiente, según la Sala de Recurso, el público percibirá que la marca solicitada significa «puerta ecológica» o «puerta cuya construcción y modo de funcionamiento son ecológicos». En tercer lugar, en la medida en que los productos enumerados en el anterior apartado 4 pueden incluir puertas y consumen energía, la Sala de Recurso consideró que la marca solicitada ofrecía información sobre su eficacia energética y su carácter ecológico y era, por tanto, descriptiva de su especie, su destino y su naturaleza en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009. En cuarto lugar, en la medida en que la expresión «ecodoor» remitía al hecho de que los productos a que se refiere estaban equipados con una puerta ecológica, no era apta, según la Sala de Recurso, para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas y, en consecuencia, carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.
56

No es menos cierto que es indispensable que la Sala de Recurso tenga en cuenta dicho error y sus consecuencias en la apreciación de la procedencia de la solicitud de restitutio in integrum, la cual, de por sí, no implica reconocimiento alguno de responsabilidad de la OAMI. En efecto, el grado de diligencia de que deben dar muestras las partes para que sus derechos puedan serles restablecidos debe apreciarse en relación con todas las circunstancias pertinentes, las cuales incluyen necesariamente, en el caso de autos, como se ha expuesto anteriormente, dicho error y sus repercusiones.