CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 10 de mayo de 2005 ( )

Asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02

República Federal de Alemania y Reino de Dinamarca

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Agricultura – Indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios – Denominación “feta” – Denominaciones genéricas – Denominaciones tradicionales – Validez del Reglamento (CE) nº 1892/2002»





Índice

I. Introducción

II. El marco jurídico: la protección comunitaria de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

A. Antecedentes

B. Primeros pasos de la legislación comunitaria

C. La normativa comunitaria actual

1. Los productos vitivinícolas

2. Los productos agrícolas y alimentarios

D. El Reglamento nº 2081/92

1. Las nociones de denominación de origen y de indicación geográfica

a) Delimitación básica

i) El vínculo geográfico

ii) El vínculo cualitativo

b) Conceptos asimilados

i) Las denominaciones tradicionales

ii) Otras designaciones territoriales

2. Las denominaciones no registrables

a) Las denominaciones genéricas

b) Las denominaciones que inducen a error

3. El procedimiento de registro

a) El procedimiento normal

b) El procedimiento simplificado

c) El Comité científico

E. El Reglamento(CE) nº 1107/96

III. Examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

A. Conceptuación como derechos de propiedad industrial y comercial

B. Finalidad de la protección

C. El Reglamento de base

1. Ámbito de aplicación

2. Extensión de la protección

3. La inscripción y sus efectos

4. Corolario

IV. Antecedentes de los litigios

A. La primera inclusión de «feta» en el Reglamento nº 1107/96

B. La sentencia «Feta»

C. La segunda inclusión de «feta» en el Reglamento nº 1107/96 en virtud del Reglamento nº 1829/2002

D. El asunto Canadane Cheese Trading y Kouri

V. Los recursos de anulación

A. Sobre la admisibilidad de los recursos de anulación

B. Motivos formales

1. Vulneración de los plazos y del régimen lingüístico

2. Insuficiencia de la motivación

C. Motivos sustantivos

1. «Feta» como denominación genérica

a) Sobre «lo genérico»

b) Criterios de delimitación

i) La situación en el Estado miembro del que procede el nombre y en las zonas de consumo

– La situación en el Estado de procedencia

– La situación en las zonas de consumo

ii) La situación en otros Estados comunitarios

– La situación general en los demás Estados

– La situación en los Estados que producen el queso

iii) Las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes

– Las legislaciones nacionales

– La legislación comunitaria

iv) Otros factores

– La situación en terceros Estados

– La situación en el tiempo

c) Valoración de los criterios y consecuencias

2. «Feta» como denominación tradicional

a) El carácter tradicional de la denominación

b) La designación de un alimento originario de ciertas zonas territoriales

c) La causa de la calidad o de las características del «feta» y la delimitación territorial de su producción, transformación y elaboración

i) La calidad derivada del medio geográfico

ii) La producción, la transformación y la elaboración en una zona delimitada

d) Consecuencias

VI. Costas

VII. Conclusión

I. Introducción

1. En este recurso de anulación se discute de nuevo ante el Tribunal de Justicia la legalidad de la inclusión del nombre «feta» en el registro de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen de la Comunidad Europea.

2. Este debate se suscitó con anterioridad en una cuestión prejudicial planteada y luego retirada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado helénico), en la que presenté unas conclusiones el 24 de junio de 1997, ( ) y en otro recurso de anulación, en el que recayó una sentencia ( ) que invalidó la inscripción por razones formales, eludiendo indagar si dicha nomenclatura resulta «genérica» o puede calificarse de «tradicional» a los efectos de la norma aplicable.

3. Después, la Comisión emprendió unas actuaciones encaminadas a subsanar las carencias puestas de relieve en el pronunciamiento judicial, incorporando de nuevo la palabra «feta» en la relación de designaciones protegidas por el Reglamento (CE) nº 1829/2002, ( ) decisión contra la que los Gobiernos de Alemania y de Dinamarca han interpuesto sendos recursos de anulación.

4. En estas conclusiones se estudia el marco jurídico y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la materia, antes de exponer los antecedentes de los litigios y de examinar los motivos de anulación.

II. El marco jurídico: la protección comunitaria de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

A. Antecedentes

5. En la Biblia se encuentra la primera referencia a una denominación de origen, al narrar la construcción del templo de Jerusalén, prometido por el rey David a Yahveh, para la que Jiram, rey de Tiro y Sidón, taló cedros del Líbano por encargo de Salomón, cuyo palacio se edificó después con tal profusión de esos cedros que se le conocía como la Casa «Bosque del Líbano», pues disponía de cuatro filas de columnas de la preciada madera, de la que también se hallaba recubierto el vestíbulo del trono, «donde administraba justicia, el Vestíbulo del Juicio». ( )Aparte de los nombres o de los símbolos, la mención de la procedencia territorial constituyó, probablemente, uno de los primeros métodos de individualización de las personas y de las cosas para distinguirlas de sus semejantes. ( ) Diversos testimonios acreditan que, desde la antigüedad, se ha reconocido reputación y prestigio a productos originarios de ciertas zonas. Autores clásicos como Herodoto, Aristóteles o Platón muestran el aprecio de los griegos por el bronce de Corinto, el mármol de Frigias y de Paros, la alfarería de Atenas, las estatuillas en tierra cocida de Thisbé, los perfumes de Arabia o los vinos de Naxos, de Rodas y de Corinto. ( ) Virgilio en La Eneida narra que Héleno regaló a Eneas «objetos de oro macizo y marfil labrado, gran cantidad de plata y calderos de Dodona» ( ) e incluye entre los presentes de Andrómaca a Ascanio «vestidos con figuras recamadas con hilos de oro y una clámide frigia». ( ) Horacio ha sazonado su obra con una verdadera recopilación de apelativos geográficos romanos, advirtiendo sobre las falsificaciones. ( )

6. La relación de los objetos con su procedencia no discriminaba entre los que surgen naturalmente y los que son fruto de la intervención del hombre ni se correspondía con una noción precisa; tampoco obedecía a ninguna disposición legal. ( )

7. Lo mismo sucedía en la Edad Media, donde un fragmento de Alceo cita las espadas de Cálcide, de hoja corta y larga empuñadura, así llamadas por su lugar de fabricación. ( ) En este periodo se observa cierta confusión entre las marcas de los artesanos y los marchamos que aludían a la cuna de las mercancías, dimanantes de la obligación de los miembros de las agrupaciones de identificar sus creaciones, bajo pena de exclusión. Como consecuencia, aparecen dos tipos de cuños: el de la corporación (signum collegii) y el de cada autor (signum privati). ( ) De esta manera se certificaba que en la elaboración se habían acatado ciertos condicionantes, lo que indirectamente también salvaguardaba el lugar donde había ocurrido.

8. La Revolución francesa suprimió los gremios y restableció la plena libertad en el comercio, eliminando la mayoría de estas prácticas proteccionistas. Pero no en su totalidad, puesto que en la primera mitad del siglo XIX subsisten reglas dirigidas a promocionar las especialidades de determinadas poblaciones, como el jabón de Marsella, los aceros de Westfalia y Renania o las forjas de Austria. ( )

9. A partir de entonces, algunas naciones adoptan medidas para reprimir los fraudes sobre la procedencia de los productos, naturales o manufacturados, en particular en el ámbito vinícola. ( ) Se intenta defender al consumidor, garantizando la autenticidad del bien, y al empresario frente a su indebida emulación. ( ) Posteriormente se articula un sistema de amparo que otorga sustantividad propia a la denominación de origen, a semejanza del instituido para los signos que singularizan las mercancías.

10. Entretanto continúan floreciendo en la literatura y en la cultura europeas numerosas referencias al origen de algunos productos para resaltar su acreditada calidad o sus peculiaridades. Cervantes en El Quijote se refiere a los husos del Guadarrama, ( ) a algunos productos alimentarios como los garbanzos de Martos, ( ) los francolines de Milán, los faisanes de Roma, la ternera de Sorrento, las perdices de Morón o los gansos de Lavajos, ( ) al jabón napolitano ( ) y a ciertas telas, como el paño de Cuenca y el «límiste» de Segovia; ( ) Lope de Vega alaba un manteo francés ( ) y menciona la palmilla de Cuenca ( ) y los platos de Talavera; ( ) Shakespeare, en Hamlet, príncipe de Dinamarca, alude a los tragos del Rhin con los que brinda el rey ( ) y a la apuesta entre Claudio y Laertes de seis caballos berberiscos contra seis espadas y dagas francesas; ( ) Proust relata los elogios a un postre resaltando que merecería descorchar botellas de Oporto ( ) y se refiere al encuentro del narrador, en el hotel de Balbec, con la duquesa de Guermantes envuelta en la bruma de un vestido de crespón de China gris; ( ) y Carpentier, expresión fidedigna de la cultura europea en el continente americano, escribe sobre el vino de Burdeos, ( ) los sombreros de paja de Italia, ( ) las muñecas francesas e italianas o el «wisky» escocés. ( )

11. Actualmente, la individualización de los objetos se practica comercializándolos con la marca propia de cada productor, pero, en muchas ocasiones, también con indicación del lugar de fabricación. En un mundo en el que predominan los símbolos y en el que el desarrollo de los intercambios mercantiles ofrece múltiples alternativas al usuario, el distintivo se revela como un elemento decisivo a la hora de elegir; de ahí su trascendencia económica.

B. Primeros pasos de la legislación comunitaria

12. El Tratado CE no dedica ningún precepto a las indicaciones geográficas. Cuando se aprobó, los derechos nacionales, como consecuencia de la evolución relatada, las tutelaban de diferente manera. Mientras unos países ofrecían unas garantías generales, a través de las normas represoras de la competencia desleal –singularmente mediante la aplicación del principio de veracidad–, otros, como Francia o España, habilitaban un régimen específico, paralelo al diseñado para algunos rasgos diferenciadores, caracterizado por deslindar la «indicación de procedencia» de la «denominación de origen». ( )

13. La existencia de esas diversas modalidades de defensa en la Unión provoca tensiones con las libertades fundamentales, ya que, al reconocer un derecho de uso exclusivo sobre un nombre, se incide en el tránsito de las mercancías. ( ) Este impacto, sin embargo, está expresamente detectado en el texto fundacional: aunque los artículos 28 CE y 29 CE prohíben las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación, así como las medidas de efecto equivalente, el artículo 30 CE advierte que estas disposiciones no obstan a la fijación de límites derivados, entre otras razones, de la «protección de la propiedad industrial y comercial»; ( ) pero la competencia de los Estados miembros para definir esos contornos desaparece cuando la Comunidad asume una armonización para asegurar el patrocinio. En todo caso, como se expone más adelante, ha correspondido al Tribunal de Justicia la tarea de fijar los términos de la prevalencia de aquella titularidad sobre la libre circulación.

14. La oportunidad de flexibilizar la repercusión del artículo 28 CE en este ámbito se anunció en la Directiva 70/50/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1969, relativa a la supresión de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación no previstas por otras disposiciones adoptadas en virtud del Tratado, ( ) mencionando las que reserven a los bienes nacionales calificativos que no sean de origen o no supongan indicaciones de procedencia [artículo 2, apartado 3, letra s)]. Lo que significa, a sensu contrario, que no se excluyen las que caben en alguno de esos dos conceptos.

15. Posteriormente, la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos destinados al consumidor final, ( ) contempló la posibilidad de que las autoridades de cada país prohíban el comercio de esos productos por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, de las indicaciones de procedencia, de las denominaciones de origen y de represión de la competencia desleal (artículo 15, apartado 2).

C. La normativa comunitaria actual

16. En un primer momento el interés comunitario solamente alcanzó al entorno vitivinícola, extendiéndose más tarde a los sectores agrícola y alimentario, aunque en un futuro puede incumbir a otros, ( ) como parece anticipar el noveno considerando del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo –en adelante, «Reglamento de base»–, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios, ( ) cuando restringe su ámbito de aplicación a los géneros «respecto de los cuales exista una relación entre sus características y su origen geográfico; […] no obstante, si fuere necesario, podría ampliarse a otros […]». ( )

1. Los productos vitivinícolas

17. Los vinos, los mostos y los zumos de uva se incluyeron en el anexo II del Tratado, al enumerar los bienes para los que debía diseñarse una política agrícola común. Esta circunstancia justifica que, muy temprano, mediante el Reglamento (CEE) nº 24 del Consejo, de 4 de abril de 1962, relativo a la instauración gradual de una organización común del mercado vitivinícola, ( ) se sentaran unos principios básicos y se contemplara la elaboración de unas reglas para los caldos «de calidad elaborados en regiones determinadas».

18. Actualmente, el Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se instaura la organización común del mencionado mercado, ( ) se ha erigido en el pilar de la regulación en el sector, sin perjuicio de algunas pautas singulares diseminadas en diferentes dominios. ( )

19. Fundándose en que «la designación, la denominación y la presentación de los productos incluidos en el ámbito de aplicación […] pueden afectar de forma importante a sus posibilidades comerciales», el Reglamento dedica una parte de su contenido a «estipular el uso obligatorio de determinadas menciones que permitan identificarlos» y a «proporcionar a los consumidores algunas informaciones importantes, así como el uso facultativo de otras indicaciones, basándose en normas comunitarias o sujetas a disposiciones relativas a la prevención de prácticas fraudulentas» (quincuagésimo considerando). Según el apartado 1 del artículo 47, entre sus objetivos figuran la tutela de los intereses legítimos de los consumidores [letra a)] y de los productores [letra b)], el buen funcionamiento del mercado interior [letra c)] y el fomento de las mercancías de calidad [letra d)].

20. Por lo demás, el régimen diseñado se completa con leyes específicas adoptadas por los distintos Estados miembros.

2. Los productos agrícolas y alimentarios

21. Hubo que esperar hasta comienzos de los años noventa del siglo pasado para que la Comunidad se dotara de un estatuto regulador del empleo de términos territoriales en otros bienes, en particular, los agrícolas y alimentarios, pues, aunque de entrada la Directiva 79/112, sobre el etiquetado, antes mencionada, parecía un instrumento suficiente y adecuado para preservar al comprador contra el riesgo de fraude, ( ) luego se advirtió que no era así, al haber otros intereses en juego. La Directiva representaba un buen complemento, pero no amparaba las indicaciones geográficas ni salvaguardaba al adquirente de manera efectiva. ( )

22. La necesidad de evitar nuevos obstáculos a los intercambios comerciales y de regular instrumentos para ofrecer un cobijo adecuado a los consumidores y a los fabricantes se enmarcó en la creación de una política comunitaria de calidad, ( ) con el fin de completar las carencias detectadas, puestas de relieve por el Tribunal de Justicia. ( )

23. En la reflexión posterior se hicieron diversas sugerencias, entre otras, la de asegurar un amplio refugio a los vocablos identificadores de los lugares de nacimiento de los alimentos. ( ) La Comisión trabajó en esta línea ( ) y el Parlamento Europeo también contribuyó con algunas aportaciones. ( )

24. De esta forma, asumiendo la propuesta presentada en febrero de 1991, el Consejo adoptó, el 14 de julio de 1992, el ya mencionado Reglamento nº 2081/92, ( ) ordenación esencial en la materia. En contraste con el sector vitivinícola, el sistema se configura en torno al tradicional concepto de denominación de origen, avalado con la preceptiva inscripción, puesto que la tutela únicamente se dispensa tras acceder a un registro. ( )

D. El Reglamento nº 2081/92

25. Sus considerandos aluden a algunas iniciativas que lo justifican: fomentar la diversificación en la producción agrícola, promover bienes con determinadas peculiaridades y suministrar a los usuarios datos claros y seguros acerca de la procedencia de sus compras. Reconociendo los satisfactorios resultados conseguidos por los Estados cuyos ordenamientos defendían las menciones de proveniencia (quinto considerando) y la disparidad existente en la materia, señala que «[…] un conjunto de normas comunitarias que impliquen un régimen de protección permitirá el uso más frecuente de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, al garantizar, mediante un enfoque más uniforme, unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes de los productos que llevan este tipo de indicaciones y al dotar de mayor credibilidad a los productos a los ojos del consumidor» (sexto considerando).

26. El amparo ofrecido posee gran amplitud, puesto que, a tenor del artículo 13, el nombre inscrito proscribe: a) toda utilización comercial, directa o indirecta, en géneros no abarcados por la anotación; b) la usurpación, la imitación o la evocación, aunque especifique la cuna verdadera; c) cualquier tipo de noticia falsa en cuanto a la ascendencia, la naturaleza o las características esenciales; y d) otras prácticas que puedan inducir a error a los adquirentes sobre la auténtica filiación de la mercancía.

27. En suma, como expresé en las conclusiones Canadane Cheese Trading y Kouri, «la protección jurídica de una denominación geográfica confiere un monopolio colectivo para su utilización comercial a un grupo de productores en función de su localización geográfica, a diferencia de la marca, que sólo puede ser utilizada por su titular». ( ) Supone una recompensa al esfuerzo desarrollado por el dueño plural de la credencial que, al elaborar los objetos de cierta forma, consigue que adquieran una reputación digna de custodia a través de esta modalidad de propiedad industrial. La protección evita perjuicios económicos a los poseedores del signo, impidiendo, además, un enriquecimiento ilícito de otras personas.

28. Pero los avances logrados en el plano internacional y el deseo de dar una solución afín a las orientaciones existentes en las legislaciones nacionales hacen que la salvaguarda no se circunscriba a las típicas denominaciones de origen, sino que abarque, aunque con menor intensidad, las indicaciones geográficas, conceptos ambos en los que, a la vista de los recursos de anulación de que se trata, interesa detenerse. También hay que reparar en las voces no registrables y en el procedimiento de inscripción.

1. Las nociones de denominación de origen y de indicación geográfica

29. El artículo 2 describe lo que, a efectos del Reglamento de base, se entiende por una y por otra. El apartado 2 define un contorno inicial, ampliado en los siguientes apartados 3 y 4.

a) Delimitación básica

30. Según el apartado 2:

a) La denominación de origen comprende «el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimentario:

− originario de una región, de un lugar determinado o de dicho país, y

− cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada». ( )

b) La indicación geográfica se ciñe al «nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimentario:

− originario de una región, de un lugar determinado o de dicho país, y

− que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada».

31. No se garantiza, pues, cualquier apelativo, sino únicamente los que cuentan con un doble vínculo, espacial y cualitativo, entre el bien, por un lado, y su lema, por otro. El nexo cualitativo sirve, además, para diferenciar la denominación de origen de la indicación geográfica, en cuanto que la ligazón con el medio tiene menor intensidad en el caso de la segunda. ( )

i) El vínculo geográfico

32. Tanto una como otra modalidad precisan conectar directamente con un sitio. Este elemento de la relación carece de contornos mínimos, ya que, al mencionar un «lugar determinado», se incluye la más pequeña porción, como una parte de un valle, la ladera de una montaña o la ribera de un río.

33. Por el contrario, hay un impedimento en cuanto al máximo, impuesto por la expresión «país», unidad territorial que sólo se ampara «en supuestos excepcionales». En principio cabe aventurar que tal posibilidad está pensada para los Estados de superficie reducida. ( ) Pero, si fuera así, el propio Reglamento lo habría señalado, ( ) resultando factible, por tanto, que, cumpliendo las condiciones previstas, se tutelen designaciones de gran extensión, incluso comprensivas de una nación al completo. ( )

34. Conviene insistir en la eventualidad de que la denominación de origen abarque todo un territorio, significando que algunas disposiciones, tanto nacionales como internacionales, no prevén tope alguno. ( ) Por el contrario, ciertas reglas comunitarias, como las ya citadas del medio vitivinícola, recogen el carácter extraordinario de tan amplia referencia. ( )

35. Ciertamente, una designación que comprenda un Estado en su integridad puede tildarse de proteccionista, en la medida en que sus productos obtienen ventajas por el mero hecho de elaborarse allí. Pero la intención del Reglamento al calificar de «excepcionales» estos casos obedece a la escasa frecuencia con que las características de una mercancía aparecen vinculadas con los elementos naturales y humanos del conjunto de un país, ( ) coyuntura que se atenúa en los de pequeño tamaño, pero que no veda la aplicación a otras situaciones. En esta línea cabe incluir, por ejemplo, la inscripción de «Svecia» ( ) o la de «Salamini italiani alla cacciatora». ( )

ii) El vínculo cualitativo

36. Con esta exigencia se persigue que el bien tenga una calidad o unas propiedades que lo distingan de otros de su misma especie, debido a unas condiciones particulares de su medio primigenio, como el clima o la vegetación.

37. Sin embargo, el perfil propio se deriva, generalmente, de más de una razón, a veces de la combinación de varias. El precepto menciona los factores «naturales y humanos». ( ) Aunque el empleo de la conjunción «y» revela la exigibilidad de ambos, nada obsta a que habitualmente predomine alguno, de manera que, en la mayoría de las ocasiones, cuando las peculiaridades respondan a la influencia de circunstancias naturales, se amparen con la denominación de origen y, cuando los rasgos diferenciadores resulten especialmente de la actuación humana, con la indicación geográfica. ( )

b) Conceptos asimilados

38. Los apartados 3 y 4 del artículo 2 amplían la noción de las denominaciones de origen añadiendo las tradicionales y otras con connotaciones físicas.

i) Las denominaciones tradicionales

39. Normalmente, los distintivos territoriales llevan el nombre de una ciudad, de una localidad, de una zona o de una región más o menos extensa. Pero en el tráfico económico se conocen otros signos de mayor alcance que no evocan directa e inequívocamente una procedencia comarcal, sino que la sugieren de forma indirecta. Así ocurre con los términos tradicionales, que no aluden de modo inmediato a un paraje, pero que se revelan aptos para designar la filiación de la mercancía, pues provocan en la mente de los consumidores un proceso asociativo con algún emplazamiento. ( )

40. A tenor del apartado 3 del artículo 2, algunas denominaciones tradicionales, geográficas o de otra índole, referidas a un producto agrícola o alimentario originario de una región o de un lugar determinados, que cumplan lo dispuesto en el segundo guión de la letra a) del apartado 2, quedan equiparadas a las de origen. ( )

41. En estas titulaciones, también permitidas en otros ámbitos, como el vitivinícola, ( ) el vínculo geográfico desaparece, aunque se mantiene como rasgo básico la asociación con una demarcación concreta de la que provienen ciertas singularidades. Son supuestos anormales −«algunas denominaciones», afirma el precepto–, que reúnen los requisitos esenciales del concepto al que se asimilan.

42. A diferencia de otros sectores, en los que la defensa se concede sólo respecto de los calificativos explícitamente mencionados, ahora se ofrece una salvaguarda general a bienes, agrícolas o alimentarios, originarios «de una región o de un lugar determinados», a condición de que su calidad o sus características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores tanto naturales como humanos, cuya cosecha, transformación y elaboración se realicen en el territorio delimitado.

ii) Otras designaciones territoriales

43. El apartado 4 del artículo 2 extiende la protección en el caso de que las materias primas de los productos de que se trate procedan de una superficie más extensa o diferente de la zona de transformación, siempre que se haya delimitado el espacio de producción de la materia, se den condiciones específicas para su producción y exista un régimen de control que garantice la observancia de estas condiciones.

44. Se incluyen aquí las hipótesis en las que una mercancía identificada con una denominación de origen no dimana, sin embargo, de los lugares designados. ( )

2. Las denominaciones no registrables

45. El artículo 3 efectúa una delimitación negativa, imposibilitando la inscripción de determinados nombres, como los genéricos y los que pueden inducir a error sobre la verdadera cuna del bien.

a) Las denominaciones genéricas

46. Acogiendo una clásica prohibición, aplicada por las administraciones nacionales y reconocida por el Tribunal de Justicia, ( ) el apartado 1 del mencionado precepto veta el acceso al Registro de «las denominaciones que han pasado a ser genéricas». Esta disposición se completa con lo estipulado en el apartado 2 del artículo 17, que excluye también «las denominaciones genéricas», aunque gocen de abrigo en los países integrantes de la Comunidad o se encuentren consagradas por el uso en otros Estados que no tengan previsto ningún sistema de protección.

47. El impedimento se justifica porque ya no prestan su función esencial, al haber perdido el vínculo con la zona donde nacieron, cesando de caracterizar la mercancía en sí misma como derivada de cierto lugar, para transformarse en descriptivas de un género o de una clase de objetos. ( )

48. El propio Reglamento de base, consciente de las dificultades ocasionadas por la prohibición, facilita pautas para su delimitación. Por una parte, reseña que, «a efectos del presente Reglamento, se entiende por “denominación que ha pasado a ser genérica” el nombre de un producto agrícola o alimentario que, aunque se refiera al lugar o a la región en que […] se haya comercializado inicialmente, se ha convertido en el nombre común de un producto agrícola o alimentario». Por otra parte, añade que, «para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deben tener en cuenta todos los factores y en especial:

− la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo;

− la situación en otros Estados miembros;

− las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes».

49. No terminan aquí las cautelas, puesto que el mismo artículo 3 ordena al Consejo que, antes de la entrada en vigor de las normas, elabore y apruebe una lista indicativa, no exhaustiva, de los nombres de productos agrícolas o alimentarios comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, considerados, en virtud del apartado 1, como genéricos y, por tanto, no susceptibles de registrarse. Pero el mandato, en la fecha de la lectura de estas conclusiones, no se ha llevado a cabo.

b) Las denominaciones que inducen a error

50. El apartado 2 del artículo 3 niega la anotación del apelativo que entre en conflicto con el «de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al público por lo que se refiere al verdadero origen del producto».

3. El procedimiento de registro

51. Al igual que otros derechos de propiedad industrial, la garantía de una señal distintiva de un fruto agrícola o de un alimento se condiciona a la inscripción en un registro, trámite que tiene carácter constitutivo y responde a unos objetivos análogos a los de la marca comunitaria, ( ) a diferencia de lo que sucede en el sector vitivinícola.

52. Al ser el único medio de protección de tales signos en la Comunidad, esta exigencia, según se infiere del apartado 3 del artículo 17, tiene que respetarse incluso por las titulaciones que, antes de la entrada en vigor del Reglamento de base, estaban ya amparadas por los derechos nacionales o consagradas por su uso en los que hayan adoptado otro sistema. Puede conseguirse por una vía normal o por una simplificada.

a) El procedimiento normal

53. Consta de dos fases sucesivas, la primera se sustancia ante el Gobierno nacional y la segunda ante la Comisión. Este último tramo comprende la verificación, la oposición, en su caso, y la decisión sobre la inscripción.

54. A los efectos de los actuales recursos de anulación, solamente procede resaltar que el artículo 15 del Reglamento de base ( ) instaura un Comité –en adelante, «Comité de reglamentación»–, al que se presenta un proyecto, con el fin de que emita un dictamen. Entonces surgen dos alternativas: si hay acuerdo, se aprueba; si no lo hay, el proyecto se somete sin demora al Consejo. A esta última posibilidad se equipara la ausencia del parecer del referido Comité, debida, en muchas ocasiones, a la carencia de los votos suficientes. Si el Consejo, por cualquier causa, no se pronuncia en el plazo de tres meses, «la Comisión adopta las medidas propuestas».

b) El procedimiento simplificado

55. Al lado de estas diligencias, el artículo 17 contenía –el precepto ha sido suprimido por el Reglamento nº 692/2003, citado antes– otras más sencillas para evitar que los calificativos ya tutelados por los ordenamientos jurídicos internos quedaran sujetos a los mismos obstáculos y retrasos que los nuevos.

56. Agrupaba las siguientes actuaciones: a) la comunicación por los Estados miembros a la Comisión, en el plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigor de la norma, de las voces que desearan anotar de entre las que estuvieran legalmente protegidas o, en aquellos países que no disponen de un sistema de salvaguarda, de entre las consagradas por el uso; y b) el registro por dicha Institución, según el procedimiento del artículo 15, de las que fueran conformes con los artículos 2 y 4, sin resultar aplicable el artículo 7, estando vedado el acceso de «las denominaciones genéricas». ( )

c) El Comité científico

57. Este régimen, cualquiera que sea la tramitación seguida, comporta con frecuencia el examen de problemas muy técnicos. Para asesorarse en estas cuestiones, la Comisión instauró, mediante la Decisión de 21 de diciembre de 1992, ( ) un Comité científico, integrado por profesionales altamente cualificados, con la tarea de examinar los elementos de definición de las indicaciones y de las denominaciones, sus excepciones, así como su carácter genérico, y de apreciar la dimensión tradicional de un bien y los criterios relativos al riesgo de confusión del consumidor en los casos de conflicto.

E. El Reglamento (CE) nº 1107/96

58. Fruto de las notificaciones previstas en el artículo 17 del Reglamento de base, la Comisión aprobó el 12 de junio de 1996 el Reglamento nº 1107/96 ( ), para dar publicidad a las anotaciones efectuadas en el ámbito comunitario. El artículo 1 prescribe que «las denominaciones que figuran en el anexo se registrarán como indicación geográfica o denominación de origen».

59. Este anexo ha sido modificado y completado numerosas veces, normalmente para hacer alguna inclusión. ( ) Precisamente la impugnación de una de estas incorporaciones ha dado lugar a los recursos ahora debatidos.

III. Examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

60. El estudio de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia reviste una especial significación para aproximarse a las nociones que se han de considerar, a la finalidad de la defensa concedida y al sentido del Reglamento de base.

A. Conceptuación como derechos de propiedad industrial y comercial

61. La sentencia Dassonville ( ) se ocupó por primera vez de los distintivos de procedencia, aunque de forma incidental, con ocasión de un proceso prejudicial relativo a la interpretación de los antiguos artículos 30, 31, 32, 33, 36 y 85 del Tratado CE, en relación con la exigencia en Bélgica de un documento oficial expedido por el Gobierno del país del exportador para los bienes con denominación de origen. Además de definir la medida de efecto equivalente (apartado 5), declaró que, mientras no exista un régimen comunitario para garantizar a los consumidores la autenticidad de la filiación de un producto, los Estados están capacitados para adoptar medidas razonables, no discriminatorias ni restrictivas, que eviten prácticas desleales (apartados 6 y 7).

62. La sentencia Sekt-Weinbrand, ya mencionada, abordó de forma más directa la cuestión desde la óptica de la libre circulación de mercancías. La Comisión había estimado que Alemania vulneraba esta libertad al reservar las denominaciones de «Sekt» y «Weinbrand» a los vinos y a los brandies nacionales y la de «Prädikatsskt» a los Sekt elaborados en dicho país conteniendo una proporción mínima de uva alemana. Así lo entendió también el Tribunal de Justicia, argumentando que, aunque el Tratado no se opone a la facultad de cada Estado de legislar en esta materia, prohíbe introducir nuevas condiciones arbitrarias e injustificadas que provoquen efectos equivalentes a las restricciones cuantitativas, consecuencia que tiene lugar cuando se concede la tutela diseñada para las designaciones de procedencia a otras que no resultan tales, como los nombres que, en ese momento, tienen carácter genérico.

63. La sentencia admitió que la restricción a la libre circulación estaba justificada por la necesidad de garantizar las denominaciones de origen en la medida en que estas últimas amparan los intereses de los productores frente a la competencia desleal y los de los consumidores contra las indicaciones que puedan inducirlos a error (apartado 7). La sentencia Cassis de Dijon ( ) aludió de nuevo a la «lealtad de las transacciones comerciales» y la «protección de los consumidores» para avalar la limitación.

64. No obstante, estos motivos no se encuentran entre los enunciados por el artículo 30 CE, que no cabe «extender a supuestos distintos de los taxativamente previstos», ( ) debiendo interpretarse de forma restrictiva. ( ) De ahí que surgieran dudas sobre la aplicabilidad del mencionado precepto a los términos que apuntan a la cuna de un objeto.

65. Mayoritariamente la doctrina se decantó por su inclusión en el concepto de propiedad industrial y comercial, aludido en el precepto. ( ) Se invocaba a este respecto el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, ( ) que recogía en el artículo 1, apartado 2, junto a las patentes y las marcas, las «indicaciones de procedencia o denominaciones de origen».

66. La sentencia Delhaize et Le Lion ( ) asumió esta tesis cuando analizó la posibilidad de embotellar el vino en un lugar distinto del de su elaboración y estimó que negarla constituye una medida prohibida que sólo se justifica «por razones referentes a la protección de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del artículo 36 del Tratado CE [actualmente artículo 30 CE, tras su modificación], si resulta necesaria para asegurar que la denominación de origen cumpla su función específica» (apartado 16). La misma posición mantuvieron las sentencias Exportur ( ) y Bélgica/España; ( ) según esta última, «las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que han adquirido. Pretende afianzar que el bien que preservan procede de una zona geográfica determinada y presenta caracteres particulares» (apartado 54). Estas ideas se reprodujeron en las sentencias Ravil y Consorzio del Prosciutto di Parma ( ) y Salumificio S. Rita. ( )

B. Finalidad de la protección

67. La sentencia Sekt-Weinbrand, antes citada, puntualizó que la función de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas consiste en informar y asegurar que lo designado «posee efectivamente cualidades y características que son debidas a la localización geográfica de su procedencia» (apartado 7). Esta doctrina suponía la exigencia del doble vínculo, espacial y cualitativo, ( ) plasmado en el Reglamento de base, en lo que también insistió la sentencia Delhaize et Le Lion, ya mencionada.

68. La sentencia Bélgica/España, igualmente referida, hizo hincapié en la fama entre los usuarios, que puede utilizarse por los empresarios para atraer clientela. Expuso que «la reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos más generales, de la calidad del producto, siendo esta última la que determina su reputación» (apartado 56).

69. El encuadramiento en la propiedad industrial y comercial ofrece una nueva perspectiva en el patrimonio de los titulares, fundada en el renombre, manifiesto o implícito, de sus manufacturas, ( ) protegiéndolas contra la usurpación por quienes pretenden emplear un título careciendo de apoyo jurídico. En otras palabras, implica la atribución de un monopolio de uso. Conforme declaró la sentencia Keurkoop, ( ) la garantía de aquellas posesiones a efectos del artículo 30 CE tiene por objeto «definir los derechos exclusivos característicos de dicha propiedad» (apartado 14).

70. Pero la salvaguarda de las llamadas indicaciones de procedencia simples, según se infiere de la sentencia Warsteiner Brauerei ( ) y, más explícitamente, de la sentencia CMA, ya mencionada, no se deriva de la propiedad industrial y comercial, sino, en su caso, del amparo de los consumidores. El apartado 26 de esta última sentencia rechaza la alegación de que «el régimen controvertido está justificado en virtud del artículo 36 del Tratado CE, al beneficiarse de la excepción relativa a la protección de la propiedad industrial y comercial, en la medida en que la marca CMA constituye una indicación de procedencia geográfica simple».

C. El Reglamento de base

71. El Tribunal de Justicia ha examinado el Reglamento nº 2081/92 en varias ocasiones. Un intento de sistematización de la jurisprudencia permite distinguir pronunciamientos referidos al ámbito de aplicación, a la extensión de la cobertura comunitaria, así como a la inscripción en el registro y sus efectos, a fin de obtener una consideración general al respecto.

1. Ámbito de aplicación

72. La sentencia Italia/Comisión ( ) precisó, en un recurso en el que se impugnaba el Reglamento relativo a las normas comerciales del aceite de oliva, ( ) que los criterios enunciados en el Reglamento de base «se refieren a zonas geográficas determinadas homogéneas y no pueden transformarse en reglas generales aplicables independientemente de la extensión y heterogeneidad de las zonas de que se trate», sin que haya «un principio general según el cual el origen de los diferentes productos agrícolas deba fijarse uniformemente en función de la zona geográfica en la que hayan sido cultivados» (apartado 24).

73. Además, como adujo la sentencia Budéjovický Budvar, ( ) la utilización del Reglamento de base «depende esencialmente de la naturaleza de la denominación, en el sentido de que se limita a aquellas designaciones correspondientes a un producto en relación con el que se da un vínculo particular entre sus características y su origen geográfico, así como del alcance comunitario de la protección conferida».

74. Más concretamente, la sentencia Pistre y otros, de la que ya me he ocupado, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por la «Cour de cassation» de Francia sobre la utilización de la expresión «montagne» para bienes agrícolas y alimentarios, hizo ver la necesaria conexión entre la calidad y las características de los artículos, por un lado, y el entorno físico, por otro. Este vínculo no se da en dicha palabra que, además, sugiere al comprador calidades unidas de manera abstracta a parajes de montaña, no a un lugar, a una región o a un país.

75. En todo caso, como se infiere de esta última sentencia, fuera del campo de aplicación del Reglamento de base, los Estados mantienen la facultad de regular en sus demarcaciones el empleo de rótulos territoriales. La sentencia Warsteiner Brauerei, igualmente aludida, ratificó este criterio en relación con las indicaciones simples, al declarar que el derecho comunitario «no se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíba la utilización, con riesgo de fraude, de una indicación de procedencia geográfica, siempre que no haya relación alguna entre las características del producto y su procedencia geográfica» (apartado 54). La sentencia Budéjovický Budvar, también invocada, recalcó de nuevo esta idea.

2. Extensión de la protección

76. La sentencia Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( ) señaló, por un lado, que, en el momento actual del derecho europeo, el principio de libre circulación de mercancías no obsta a que un Estado miembro tome medidas para cuidar las menciones registradas. Añadió, por otro lado, que la salvaguarda del Reglamento de base se extiende a toda evocación [artículo 13, apartado 1, letra b)], aunque se indique el origen verdadero, lo que abarca los supuestos en los que la voz utilizada incorpora una parte de la tutelada, siendo intrascendente que haya riesgo de confusión (apartados 25 y 26).

77. Ahora bien, entre la fabricación y la comercialización suele haber varias fases, por lo que las sentencias Ravil y Consorzio del Prosciutto di Parma y Salumificio S. Rita, ya apuntadas, se pronunciaron sobre la posibilidad de que el rallado y el envasado de un queso, así como el corte en lonchas de un jamón, se practiquen en sitios distintos de los de producción. Ambas resoluciones sostuvieron que ni la obligación de informar a los compradores de que esas operaciones se han desarrollado en otro lugar ni los controles fuera de la región de nacimiento bastan para garantizar el objetivo que las denominaciones de origen pretenden. ( )

3. La inscripción y sus efectos

78. Las sentencias Chiciak y Fol ( ) y Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, ya reseñada, se ocuparon de la obligatoriedad de la anotación, apoyándose la segunda en la anterior para negar la subsistencia del patrocinio concedido por una administración nacional después de haberse procedido a la matriculación por la Comisión, incluso aunque fuera mayor que la europea (apartado 18).

79. A su vez, la sentencia Chiciak y Fol delimitó los efectos de la inscripción, al examinar la eventualidad de modificar unilateralmente un nombre registrado según el procedimiento simplificado del artículo 17 del Reglamento de base. Rechazó tal posibilidad, interpretando la norma «en el sentido de que, después de su entrada en vigor, un Estado miembro, mediante la adopción de disposiciones nacionales, no puede modificar una denominación de origen, cuyo registro haya solicitado de conformidad con el artículo 17, ni protegerla en el ámbito nacional» (apartado 33).

80. En relación con las consecuencias del asiento registral, hay que mencionar igualmente la sentencia Bigi. ( ) En el litigio se planteó si cabía vender queso rallado como «parmesan» fuera de Italia –país en el que se produce y donde se prohíbe el uso de tal designación–, debido a que no respeta el pliego de condiciones del «Parmigiano Reggiano». La respuesta fue muy clara: desde el momento en que un Estado solicita la inscripción por el procedimiento simplificado, las mercancías que no se ajustan a las cláusulas correspondientes no pueden comercializarse legalmente en su suelo; además, una vez introducido en el listado, el régimen de excepción previsto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base se aplica únicamente a los bienes no originarios de su territorio.

81. En otro plano, la impugnación de una de las modificaciones del Reglamento nº 1107/96, incorporando como indicación geográfica protegida «Spreewälder Gurken», ( ) permitió al Tribunal de Justicia abordar en la sentencia Carl Kühne y otros ( ) el reparto de competencias entre los Estados y la Comisión en el procedimiento de adscripción, perfilando la noción de denominación «consagrada por el uso» que emplea el artículo 17 del Reglamento de base. En cuanto al primer aspecto, expuso que la distribución del trabajo se explica por el hecho de que el registro presupone constatar «que se cumplen determinados requisitos, lo que exige unos sólidos conocimientos de elementos específicos del Estado miembro interesado, elementos que las autoridades competentes de dicho Estado pueden comprobar mejor» (apartado 53), mientras que a la Comisión incumbe cerciorarse de «si el pliego de condiciones que acompaña la solicitud se conforma con el artículo 4 del Reglamento», es decir, si contiene los requisitos solicitados, si adolecen de errores manifiestos, así como «si la denominación satisface las exigencias del artículo 2, apartado 2, letras a) o b)», del propio Reglamento (apartado 54). Respecto del segundo extremo, estimó que la apreciación de la consagración de un término por su empleo depende de las verificaciones realizadas por las autoridades competentes nacionales, bajo el control, en su caso, de los órganos jurisdiccionales nacionales, antes de que la petición de registro sea comunicada a la Comisión (apartado 60).

4. Corolario

82. Todos estos pronunciamientos reflejan la tendencia impulsada por la normativa europea para potenciar la calidad de los artículos en el marco de la política agrícola común, favoreciendo su reputación, como reconocen expresamente las ya citadas sentencias Ravil y Consorzio del Prosciutto di Parma y Salumificio S. Rita, ( ) que configuran las denominaciones de origen con una doble finalidad: garantizar la procedencia del objeto designado e impedir la utilización fraudulenta del nombre, al tiempo que protegen la propiedad industrial y comercial, que, en relación con el principio de la libre circulación de mercancías, adquiere cada vez mayor importancia.

IV. Antecedentes de los litigios

A. La primera inclusión de «feta» en el Reglamento nº 1107/96 ( )

83. El 21 de enero de 1994 las autoridades griegas, al amparo del artículo 17, apartado 1, del Reglamento de base, solicitaron a la Comisión el registro como denominación de origen protegida de la palabra «feta», correspondiente a un tipo de queso. El expediente acompañado contenía datos relativos a la procedencia territorial de la materia prima utilizada en la fabricación, a las condiciones naturales de la región en la que se hace, a las especies y a las razas de los animales de los que se obtiene la leche empleada, a las características cualitativas de la leche, a los procedimientos de elaboración del queso y a sus singularidades.

84. Se adjuntaba la Orden Ministerial nº 313025/1994, del Ministerio de Agricultura, de 11 de enero de 1994, ( ) que salvaguardaba dicha designación en el ámbito nacional:

− Según el artículo 1, apartado 1, «se reconoce la voz feta como denominación de origen protegida (DOP) para el queso blanco en salmuera fabricado tradicionalmente en Grecia, en particular, en las regiones mencionadas en el apartado 2 del presente artículo, a base de leche de oveja o de una mezcla de esta última con leche de cabra».

− A tenor del artículo 1, apartado 2, la leche utilizada en la fabricación debe provenir «exclusivamente de las regiones de Macedonia, Tracia, Epiro, Tesalia, Grecia central, Peloponeso y de la provincia (Nomos) de Lesbos».

− Los siguientes preceptos regulan los requisitos de la leche, el procedimiento de fabricación, las características del queso, en especial cualitativas, organolépticas y gustativas, así como las especificaciones de los envases.

− El artículo 6, apartado 2, prohíbe la fabricación, la importación, la exportación, la circulación y la comercialización como «feta» del queso que no cumpla con las anteriores prevenciones.

85. La Comisión, ante la necesidad de actuar con la máxima prudencia, encargó en 1994 la realización de una encuesta Eurobarómetro sobre una muestra de 12.800 personas, en la que se adoptó el informe final de 24 de octubre de 1994:

– Por término medio, un ciudadano de la Unión Europea de cada cinco ha oído la voz o ha visto su reproducción gráfica. En dos Estados, a saber, la República Helénica y el Reino de Dinamarca, casi todo el mundo la identifica.

– Entre quienes la distinguen, una mayoría la asocia a un queso y una buena parte especifica su ascendencia griega.

– De cada cuatro personas que conocen «feta», tres precisan que evoca un país o una región con los que guarda alguna relación.

– De entre los que han visto u oído el sustantivo, el 37,2 % lo califica de un nombre común –porcentaje que en Dinamarca alcanza el 63 %–, mientras que el 35,2 % piensa que se refiere a un producto con un origen determinado –en Grecia esta opinión la mantiene el 52 %−. El resto no se pronuncia.

– Se constata, por último, una gran división de pareceres sobre si es una comida genérica o con un origen determinado. Entre quienes reaccionan espontáneamente ante el nombre y apuntan que se trata de un queso, el 50 % le atribuye una procedencia concreta y el 47 % lo considera un nombre común.

86. El Comité científico emitió un dictamen el 15 de noviembre de 1994, en el que, por cuatro votos frente a tres, mantuvo que, a la vista de los datos aportados, se cumplían los requisitos para la inscripción, en particular, los del artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base. También declaró, esta vez por unanimidad, que el término no revestía carácter genérico.

87. El 19 de enero de 1996 la Comisión aprobó una relación de nombres, en la que figuraba «feta», susceptibles de registro conforme al artículo 17 de la norma referida. El Comité de reglamentación no se pronunció en el plazo concedido al efecto; sometida la proposición al Consejo el 6 de marzo de 1996, esta Institución tampoco resolvió en los tres meses de que dispuso.

88. La Comisión adoptó, el 12 de junio de 1996, el Reglamento nº 1107/96, incluyendo «feta» en el anexo, parte A, «Productos del anexo II del Tratado destinados a la alimentación humana», rúbrica «quesos», país «Grecia», quedando anotada como denominación de origen protegida («DOP»).

89. Los Gobiernos de Dinamarca, Alemania y Francia impugnaron esta inmatriculación, interponiendo los correspondientes recursos de anulación ante el Tribunal de Justicia.

B. La sentencia «Feta»

90. Esta sentencia puso fin a los tres litigios, «anulando el Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, en la medida en que registra la denominación “feta” como denominación de origen protegida».

91. Los demandantes habían invocado esencialmente dos motivos relacionados con el artículo 2, apartado 3, y con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de base. En el primero esgrimían el incumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción, toda vez que el alimento designado no resultaba originario de una región o de un lugar determinado ni poseía una calidad o unas características derivadas fundamental o exclusivamente del entorno físico, con sus factores naturales y humanos, del que procede. En el segundo sostenían que la expresión era genérica, por lo que no podía matricularse.

92. El Tribunal de Justicia comenzó su estudio por esta última cuestión, pues la prohibición afecta a toda clase de calificativos, incluso a los que reúnan los condicionamientos exigidos para otorgarles cobertura (apartado 52).

93. Tras dejar constancia, por un lado, de las alegaciones de los Estados recurrentes (apartados 53 a 64) y, por otro, de las de la Comisión y de las de Grecia –que, como ahora, intervino apoyando la legalidad del Reglamento atacado– (apartados 65 a 77), expuso su apreciación, en la que destacan los siguientes extremos:

− La prohibición de acceso contenida en el artículo 3 del Reglamento de base se aplica también «a las denominaciones que han sido siempre genéricas» (apartado 80).

− A la vista de que algunos Gobiernos argumentaron sobre este tema, «bien con ocasión de la elaboración de la propuesta de una lista de denominaciones genéricas […], bien en el contexto del procedimiento de adopción del Reglamento impugnado», cobran gran importancia «las consideraciones» ofrecidas por la Comisión antes y durante la tramitación de la solicitud (apartados 82 a 86).

− Su examen revela que dicha Institución ha «minimizado la importancia de la situación en los Estados miembros distintos del Estado de origen y ha negado toda pertinencia a sus legislaciones nacionales» (apartado 87), factores que, junto con la realidad del país comunitario del que proceda el nombre y de las zonas de consumo, se mencionan expresamente en el apartado 1 del artículo 3 (apartado 88).

− En línea con lo anterior, a tenor del segundo guión del apartado 4 del artículo 7, «el hecho de que el registro de una denominación […] perjudique a productos que se encuentren legalmente en el mercado representa una causa de admisibilidad de la declaración de oposición formulada por otro Estado miembro», lo que, aunque se prevé expresamente para el procedimiento de registro normal, también despliega efectos en el simplificado, pues hay que ponderar «los usos practicados cabal y tradicionalmente, así como los riesgos reales de confusión» (apartados 91 a 94).

− También se ha de apreciar la concurrencia de productos en el mercado, comercializados legalmente con dicha denominación en Estados miembros distintos del Estado de origen que solicitaba el registro (apartado 96).

− En el caso controvertido no se ponderó el hecho de que la denominación cuestionada «se ha utilizado desde hace tiempo en determinados Estados miembros distintos de la República Helénica» (apartado 101).

94. Los anteriores extremos determinaron apreciar que la Comisión no había valorado «todos los factores que el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base obligaba a tener en cuenta» y motivaron el fallo anulatorio anteriormente transcrito.

95. El pronunciamiento judicial no estudió los presupuestos materiales exigidos para la inscripción, en particular, el supuesto carácter genérico del término, simplemente evaluó el análisis de la Comisión, reputándolo incompleto. Tampoco verificó la concurrencia de las formalidades impuestas a las denominaciones tradicionales.

C. La segunda inclusión de «feta» en el Reglamento nº 1107/96 en virtud del Reglamento nº 1829/2002

96. A raíz de la sentencia comentada, el Reglamento nº 1070/1999 suprimió del Registro la mención «feta».

97. Pero, atendidas las razones de la anulación, la Comisión quiso sopesar, de forma exhaustiva y actualizada, la situación en la Comunidad, en lo que se refiere a la producción, al consumo y al conocimiento del «feta», remitiendo, el 15 de octubre de 1999, un cuestionario a todos los Estados, en el que conviene detenerse, pese a su marcado carácter indicativo. ( )

a) En cuanto a la elaboración del queso, sólo Grecia –desde 1935– y Dinamarca –desde 1963– disponen de una legislación específica, ( ) aunque también Alemania y Francia lo fabrican:

– Grecia producía 115.000 toneladas, casi en su totalidad destinadas al mercado interior.

− Dinamarca alcanzaba 27.640 toneladas en 1998, dirigidas, básicamente, a la exportación.

− Alemania emprendió la preparación en 1972, oscilando el resultado entre 19.757 y 39.201 toneladas, inicialmente consumidas por inmigrantes, pero luego orientadas al comercio exterior.

− Francia comenzó a elaborarlo en 1931, llegando hasta las 19.964 toneladas, que, en sus tres cuartas partes, se vende a otros países. ( )

Hay que resaltar que, así como los griegos emplean únicamente leche de oveja o una mezcla de leche de oveja y de cabra, los daneses y los alemanes utilizan casi exclusivamente leche de vaca, mientras que los franceses se valen de leche de oveja y, en menor medida, de vaca.

b) En lo relativo al consumo, sin perjuicio de las reservas formuladas al respecto, ( ) se infiere que el 92 % se ubicaba en la República Helénica cuando se adhirió a la Comunidad, disminuyendo posteriormente hasta el 73 %, a consecuencia del aumento en otros países. Si se extrapola el volumen de ingestión por persona y año se obtienen los siguientes datos:

− En España, Luxemburgo, Portugal, Italia y Países Bajos, es inferior o igual a 0,010 kg (alrededor del 0,08 % del total comunitario).

− En Irlanda, Reino Unido, Austria, Francia, Suecia, Bélgica y Finlandia, fluctúa entre 0,040 y 0,150 kg (del 0,32 % al 1,22 %).

− En Alemania está en 0,290 kg (el 2,36 %).

− En Dinamarca se sitúa en 0,700 kg (el 5 %).

− Grecia acumula los 10,500 kg (el 85,64 %).

c) En la perspectiva de los consumidores, parece que, con carácter general, tienden a relacionar «feta» con el mundo helénico, según se desprende del etiquetado del queso, ( ) del contenido de las publicaciones y de la propaganda.

98. Estos datos se transmitieron al Comité científico, que el 24 de abril de 2001 emitió un dictamen, aprobado por unanimidad, ( ) negando el carácter genérico del término por los siguientes motivos:

a) la producción y el consumo del queso se desarrolla en su mayor parte en Grecia, donde se valen de una materia prima y de un procedimiento de elaboración distintos de los de otros Estados miembros, ofreciendo una posición dominante en el mercado único; en la pluralidad de países que ni lo fabrican ni lo comen, no se emplea el nombre, por lo que no puede calificarse de común;

b) en la percepción del consumidor, la palabra «feta» evoca una procedencia concreta: la griega;

c) en los países con una legislación específica sobre este alimento, se aprecian notables diferencias técnicas; el hecho de que se utilice la expresión en la nomenclatura aduanera común o en la regulación sobre las restituciones por exportación carece de relieve en este contexto.

99. La Comisión, contrastando las informaciones de que disponía, sugirió que «feta» volviera a gozar de salvaguarda. ( ) El Comité de reglamentación no dictaminó en el plazo fijado por su presidente. Sometida la propuesta al Consejo, transcurrieron tres meses sin que se pronunciara.

100. En estas circunstancias, el Reglamento nº 1829/2002 acordó la inscripción como denominación de origen protegida en el Registro previsto en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento de base, «al no haberse demostrado el carácter genérico» (trigésimo cuarto considerando) y constituir «una denominación tradicional no geográfica» (trigésimo quinto considerando).

D. El asunto Canadane Cheese Trading y Kouri

101. En este proceso prejudicial el Tribunal de Justicia estuvo a punto de decantarse sobre las medidas adoptadas por el Gobierno griego para tutelar el «feta», reflejadas con anterioridad. No lo hizo porque, al haberse retirado las cuestiones planteadas por el órgano de reenvío, no le quedó más remedio que decretar el archivo de las actuaciones en auto de 8 de agosto de 1997.

102. Conviene recordar, siquiera someramente, aquel asunto y las reflexiones que apunté en las conclusiones presentadas.

103. Sin perjuicio de algunas prácticas anteriores y de una primera norma restrictiva, ( ) el Gobierno griego inició la reglamentación progresiva de las condiciones de elaboración y de distribución del queso «feta» con la Orden Ministerial nº 2109/1988, ( ) de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura, prosiguiéndola en otras dos Órdenes Ministeriales de esos mismos Departamentos, la nº 688/1989 ( ) y la nº 565/1991, ( ) que modificaron las disposiciones del artículo 83 del Código Alimentario, lo que también hizo la Orden Ministerial nº 313025/1994, antes citada.

104. Aplicando esta regulación, las autoridades helénicas proscribieron vender con aquel título una partida de queso importado de Dinamarca. La empresa danesa Canadane Cheese Trading AMBA y la griega Afoi G. Kouri AEVE impugnaron la prohibición, así como la condición impuesta para el acceso al mercado de que se empleara la expresión «queso blanco en salmuera de Dinamarca elaborado con leche de vaca pasteurizada» (puntos 1 a 6 de las conclusiones). En los procesos subsiguientes, el Consejo de Estado formuló al Tribunal de Justicia tres preguntas (punto 7) para conocer si una legislación que impide la venta en un país de la Comunidad con la denominación «feta» de un queso legalmente producido y comercializado con el mismo nombre en otro Estado miembro supone una medida de efecto equivalente contraria al derecho comunitario y, en su caso, si cabía alguna justificación al respecto (punto 46).

105. En las conclusiones me referí a la fabricación y al comercio de dicho queso en la Comunidad (puntos 9 a 19), detallando el proceso de elaboración en Grecia y sus cualidades principales: su color blanco natural, su sabor y olor característicos (ligeramente ácido, salado y graso) y su textura compacta (puntos 15 y 16). Asimismo traté con detalle las pautas legales nacionales sobre dicho alimento (puntos 20 a 25). Habida cuenta de que el Reglamento de base no había entrado en vigor cuando ocurrieron los hechos, me detuve en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como en los preceptos comunitarios sobre los distintivos de venta de los productos; a este último respecto propuse la siguiente tipología:

a) las denominaciones comunitarias (punto 27), que engloban los «euroalimentos» –como la miel o el chocolate– y se distribuyen sin limitaciones;

b) las denominaciones genéricas (puntos 28 a 34), que recogen los nombres comunes utilizados para designar los productos agrícolas o alimenticios, que forman parte del patrimonio cultural y gastronómico general, que pueden, en principio, utilizarse por cualquiera que los fabrique. Citaba como tales «vinagre», «ginebra», «cerveza», «pasta», «yogur», queso «Edam», «quesos», «charcutería» y «pan»;

c) las denominaciones geográficas (puntos 35 a 44), que designan refrigerios, aludiendo a su proveniencia de un espacio determinado. Lo que podía tener lugar de forma directa, cuando se incluye una referencia precisa («queso manchego», «prosciutto di Parma», «faba asturiana» o «camembert de Normadie») o indirecta, cuando no contiene topónimo alguno («queso de tetilla», «reblochon», «grappa», «ouzo», «cava»).

106. Entrando en el fondo de las cuestiones prejudiciales, se imponía, en primer lugar, verificar si las reglas controvertidas conformaban una medida de efecto equivalente, contraria al artículo 30 del Tratado CE. En caso afirmativo, analizar si estaba justificada.

a) Observando las normas nacionales a la luz de la jurisprudencia, deduje que eran una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa de las mencionadas en el Tratado (puntos 47 a 49).

b) En consecuencia, había que indagar si la limitación encontraba acogida en el propio artículo 30 o, en su caso, en el artículo 36, ambos del Tratado CE:

− Para comprobar el amparo que otorga la protección de los compradores y la preservación de la lealtad de las transacciones comerciales, analicé las similitudes y las divergencias entre el queso griego y el danés, en función de la composición y del método de fabricación (puntos 61 y 62), de la ordenación internacional (punto 63), de la reglamentación y de las expectativas de los consumidores del país de importación (punto 64) y de los demás Estados miembros (punto 65), así como de los actos comunitarios (punto 66). El corolario fue que no hay una diferencia sustancial entre ambos productos; la salvaguarda de los usuarios y de la fiabilidad de los intercambios podía conseguirse con un etiquetado adecuado (puntos 67 y 68).

− Por el contrario, advirtiendo que el examen toma como base el ordenamiento jurídico helénico, los derechos de propiedad industrial y comercial autorizan la limitación, ya que la designación «feta» en Grecia se ajusta a las condiciones puestas de relieve por la sentencia Exportur: a) indica, de forma indirecta, la procedencia del queso comercializado con tal expresión (punto 73); b) garantiza un manjar con determinadas características y con una calidad que le confiere gran reputación entre los consumidores de ese país (puntos 74 y 75); c) está protegido por el derecho interno (punto 76); y d) no ha sufrido en dicho Estado un proceso de erosión irreversible que la haya transformado en genérica (punto 77).

107. Estas razones me llevaron a proponer al Tribunal de Justicia que respondiera a las cuestiones prejudiciales de la forma siguiente:

«1) La reglamentación de un Estado miembro que impide la comercialización con la denominación de venta “feta” de un queso legalmente producido y comercializado bajo dicha denominación en otro Estado miembro constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa contraria al artículo 30 del Tratado CE.

2) La reglamentación de un Estado miembro, que reserva a los productos nacionales la utilización de la denominación “feta”, no se justifica por la protección de los consumidores ni por la preservación de la lealtad de las transacciones comerciales.

3) La reglamentación de un Estado miembro destinada a proteger los derechos que representan el objeto específico de una denominación geográfica, como la denominación “feta”, encuentra justificación en la protección de la propiedad industrial y comercial, amparada por el artículo 36 del Tratado CE.»

V. Los recursos de anulación

108. Alemania y Dinamarca reclaman la anulación del Reglamento nº 1829/2002; ( ) Francia y el Reino Unido les apoyan. La Comisión defiende la conformidad a derecho de aquella regulación, reforzada por Grecia que, en sus observaciones, sostiene, además, que los recursos deben inadmitirse por haberse interpuesto fuera de plazo.

109. En la demanda alemana se invocan algunas causas de nulidad de carácter formal, cuyo examen debe preceder a los motivos de fondo, que, tanto en su caso como en el recurso danés, coinciden sustancialmente con los invocados en los asuntos en los que recayó la sentencia de 16 de marzo de 1999, comentada con anterioridad. A saber, que el nombre «feta» resulta genérico y no reúne los requisitos exigidos para conceptuarlo como tradicional y recibir la cobertura que el Reglamento de base concede.

110. En el acto de la vista, celebrada el 15 de febrero de 2005, han comparecido, para formular oralmente sus observaciones, los representantes de Alemania, de Dinamarca, de Francia, de Grecia y los de la Comisión.

A. Sobre la admisibilidad de los recursos de anulación

111. El Gobierno helénico alega que, en el momento de presentar los escritos de recurso, el 30 de diciembre de 2002, habían transcurrido los dos meses previstos en el apartado 5 del artículo 230 CE, pues el Reglamento se publicó en el Diario Oficial de 15 de octubre anterior.

112. Esta excepción procesal no puede prosperar, ya que el término fijado en el Tratado para impugnar una disposición se ha de computar según el régimen previsto en el artículo 81 del Reglamento de procedimiento, ( ) cuyo apartado 1 ordena que, «cuando el plazo de interposición de un recurso contra un acto de una Institución empiece a correr a partir de la publicación del acto, dicho plazo deberá contarse, conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 80, a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial de la Unión Europea»; el apartado 2 añade que «los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días».

113. En los asuntos de autos, a tenor de tales estipulaciones, el inicio de los dos meses no acontece, por tanto, el 15, sino el 30 de octubre, de manera que, si los demandantes acudieron a la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de diciembre, lo hicieron en un momento hábil.

114. Por consiguiente, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad basada en la extemporaneidad del recurso.

B. Motivos formales

115. Alemania hace valer algunas causas de anulación de carácter adjetivo, por infracción del Reglamento de régimen interior del Comité de reglamentación y del Reglamento por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad, ( ) así como por insuficiente motivación.

1. Vulneración de los plazos y del régimen lingüístico

116. El Gobierno alemán refiere que la convocatoria a la sesión del Comité de reglamentación de 20 de noviembre de 2001 se efectuó por correo electrónico el 9 de noviembre anterior, acompañándose unos anexos únicamente en francés y en inglés, cuya traducción no se facilitó, a pesar de la queja manifestada al respecto.

117. Denuncia, pues, que la convocatoria se realizó con menos de catorce días de antelación, ( ) sin proporcionar un ejemplar de los anexos en todos los idiomas. La Comisión no niega tales circunstancias, pero discrepa en cuanto a sus consecuencias jurídicas.

118. Al abordar la cuestión, conviene recordar que la forma no constituye un fin en sí misma. Esta idea cobra mayor sentido cuando, de no haberse perpetrado los defectos, el resultado final hubiera sido similar. ( )

119. No puede desconocerse que en la reunión del 20 de noviembre de 2001, según consta en el acta, sólo se intercambiaron opiniones sobre el dossier «feta» y sobre una síntesis de las respuestas a la encuesta enviada por la Comisión. El 16 de mayo de 2002 se discutió y se votó el proyecto de Reglamento. ( )

120. Estos datos permiten distinguir este supuesto del de la sentencia Alemania/Comisión, ( ) invocada por la parte demandante, en la que los defectos formales detectados por el Tribunal de Justicia, que, a la postre, determinaron la anulación del acto impugnado, se dieron en la reunión en la que se debatió su propuesta. Como síntesis de su apreciación, el apartado 32 expuso «[…] que la adopción del dictamen del Comité permanente de la construcción, prescindiendo de la obligación de proceder a ese doble envío en el plazo señalado y omitiendo el aplazamiento del voto, a pesar de la solicitud formulada en ese sentido por un Estado miembro, adolece de vicios sustanciales de forma que conllevan la nulidad de la Decisión recurrida».

121. En las conclusiones elaboradas en ese asunto, diferencié, al hilo del contenido del Reglamento interno del referido Comité, entre los casos en los que se notifican documentos de trabajo en general o preparatorios de una reunión y aquellos otros en los que se discute la adopción de una determinada regulación. En ambos revisten importancia las formas, pero únicamente cobran carácter sustancial en el segundo, respecto del que despliega todos sus efectos el mandato del artículo 3 del Reglamento nº 1, de que los textos de las Instituciones se redacten en la lengua del Estado al que se envían.

122. Siguiendo ahora este razonamiento, las irregularidades que afectan al encuentro interlocutorio de 20 de noviembre de 2001 no son esenciales ni, por tanto, conllevan la nulidad del Reglamento recurrido, cuya propuesta se ventiló en otro posterior, en el que no se ha acreditado que tuvieran incidencia alguna. Tampoco se antoja probable que la reducción en los días transcurridos entre la convocatoria y la celebración de la reunión o que la ausencia de traducción del dictamen del Comité científico y de los datos de la encuesta causaran indefensión.

123. Además, si estos errores se hubieran evitado, difícilmente se habría alcanzado un resultado distinto en el posterior pronunciamiento del Comité de reglamentación sobre el proyecto presentado por la Comisión. Por el contrario, parece lógico pensar que la solución hubiera sido idéntica –falta de mayoría de votos–; la anulación del Reglamento atacado daría lugar a la retroacción de las actuaciones al momento en el que se produjeron las faltas para que, una vez subsanadas, ocurriera, probablemente, lo mismo.

124. En estos términos cabe entender el décimo considerando del Reglamento censurado, cuando asegura que la información facilitada ha sido sintetizada por la Comisión de forma general y por los Estados miembros, quienes han tenido la oportunidad de hacer correcciones y modificaciones de esa síntesis. La nulidad no puede deducirse de que esta última afirmación resulte parcialmente incorrecta.

2. Insuficiencia de la motivación

125. En las conclusiones redactadas en el asunto Portugal/Comisión ( ) indiqué que la motivación de un acto «constituye un elemento esencial» ( ) y que la obligación de expresarla se erige tanto a favor de los justiciables, como para ofrecer al Tribunal de Justicia los elementos necesarios que le permitan desarrollar plenamente el control jurisdiccional correspondiente. ( ) La jurisprudencia también ha declarado que esa exigencia conmina a reflejar clara e inequívocamente el razonamiento de la Institución de la que emana la regla impugnada, de manera que los interesados conozcan las causas de la medida adoptada y el órgano judicial ejerza su misión; sin embargo, no requiere especificar todos los antecedentes de hecho y de derecho pertinentes, toda vez que ha de valorarse no sólo el tenor literal de la decisión, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate ( ) (punto 83).

126. En el Reglamento discutido la Comisión explica cómo, a solicitud de las autoridades griegas, acordó registrar «feta», aunque ordenó su retirada a raíz de la sentencia de 16 de marzo de 1999 (considerandos primero a quinto). A continuación se refiere al cuestionario remitido a los Estados, para evaluar la producción, el consumo y, de forma general, el conocimiento de los consumidores comunitarios de aquella titulación, exponiendo y comentando su contenido (considerandos sexto a vigésimo primero). Inmediatamente después alude al dictamen emitido por el Comité científico, cuya parte final recoge (considerandos vigésimo segundo a trigésimo segundo). Más adelante, tiene en cuenta «que el análisis general exhaustivo de toda la información jurídica, histórica, cultural, política, social, económica, científica y técnica enviada, conseguida por sus propios medios o por terceros por encargo suyo, pone de manifiesto que no se cumplen los criterios del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 para entender que una denominación es genérica» (trigésimo tercer considerando), sino que, por el contrario, «feta» constituye un nombre tradicional no geográfico, incidiendo con cierto detalle en los factores naturales y humanos que confluyen en la creación del queso que designa (considerandos trigésimo cuarto a trigésimo sexto). Finalmente, menciona la concurrencia en el pliego de condiciones de los elementos exigibles (trigésimo séptimo considerando), la necesidad de modificar el Reglamento nº 1107/96 (trigésimo octavo considerando) y la tramitación seguida (trigésimo noveno considerando).

127. De lo anterior se deduce la concurrencia de una motivación suficiente. Se puede discrepar de la extensión o del contenido de los razonamientos ofrecidos, pero esa crítica no empece la regularidad de la justificación de lo acordado.

C. Motivos sustantivos

128. En el estudio de las dos causas sustanciales de anulación esgrimidas resulta oportuno seguir el orden propuesto por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 16 de marzo de 1999, analizando primero si el término «feta» puede calificarse como genérico, para afrontar más tarde si se trata de una expresión tradicional. ( )

1. «Feta» como denominación genérica

129. Conviene avanzar una referencia a «lo genérico», antes de comprobar los factores fijados reglamentariamente para la delimitación del término y de aplicarlos al presente caso.

a) Sobre «lo genérico»

130. La cualidad de genérico comprende lo que es común a varias especies, incluyendo las condiciones que pertenecen a una misma clase o familia, significando su naturaleza o sus cualidades. Así sucede, por ejemplo, con «naranja», apelativo que se aplica a todos los frutos con ciertas propiedades de forma, color, olor o sabor, que los distinguen de cualquier otro. ( )

131. Aquel carácter puede deberse a la propia expresión –porque siempre haya sido genérica– o a su progresiva generalización. Se trata de nombres que nunca han tenido o que han perdido su función indicativa, no resultando aptos para efectuar una diferenciación en razón del sitio del que provienen.

132. Pese a que la jurisprudencia no suministra ninguna definición de lo que ha de entenderse por «denominación genérica», ( ) la aplicación del concepto a los alimentos supone englobar en su seno, como apunté en las conclusiones Canadane Cheese Trading y Kouri, las «que forman parte del patrimonio cultural y gastronómico general y que pueden, en principio, utilizarse por cualquier productor» (punto 28). En este sentido, también abarca los signos que no se refieren a la manufacturación en un determinado lugar y, por consiguiente, a la procedencia del artículo, sino sólo a sus propiedades, ligadas al hecho de que se siguieron procedimientos de fabricación muy similares. ( )

133. Asimismo comprende otras expresiones que en un principio tuvieron un sentido territorial y lo han perdido como consecuencia de un proceso de vulgarización, lo que implica que ya no sirven para caracterizar una mercancía con una raíz determinada, de manera que su utilización no se reserva a las empresas ubicadas en la región correspondiente.

134. La causa de la popularización de un nombre suele obedecer ( ) a que algunos fabricantes no asentados donde surgió comienzan a emplearlo, de forma aislada o junto con un vocablo «deslocalizador» −en este caso el proceso se ralentiza–. En muchas ocasiones, el uso se inicia en zonas que han recibido grandes flujos migratorios, debido a que ciertos industriales retoman la actividad ejercida en el país de origen para desempeñarla en el de acogida, o para responder a la demanda de los recién llegados, deseosos de disfrutar de sus comidas tradicionales; en ambos supuestos actúan con el propósito deliberado de aprovechar la fama ya conseguida por el producto. Según se atenúa el nexo geográfico, se prosigue de buena fe, en el convencimiento de que únicamente designan una clase de bienes dotados de ciertas características. La conversión finaliza cuando el término describe un género y se utiliza libremente.

135. Otro elemento que incide en la secuencia es la pasividad de los interesados. La firma se debilita ante la inacción de los particulares y de las autoridades frente a su empleo abusivo, mientras que se refuerza si hay una reacción oportuna. Pero no cabe olvidar que las medidas de defensa amainan tanto por la escasez de ordenanzas, ausentes hasta tiempos muy recientes, como por la apatía de los tribunales nacionales. ( )

b) Criterios de delimitación

136. El sistema diseñado por el Reglamento de base atribuye la competencia para apreciar el carácter genérico a la Comisión, que resuelve de acuerdo con el procedimiento expuesto, después de haber oído al Comité científico. También corresponde, en menor medida, al Consejo, dado que, como se ha señalado, el artículo 3, apartado 3, le obliga a elaborar una lista de voces de dicha clase que designen productos agrícolas o alimentarios.

137. Esta organización no impide un control jurisdiccional posterior en toda su amplitud acerca de la legalidad de la decisión. No se pretende que el Tribunal de Justicia sustituya a la Institución mencionada y analice los posibles motivos extra jurídicos que han abierto el registro a la voz, sino de que verifique si la inscripción se adecúa a derecho. ( )

138. El problema se suscita por tratarse de un concepto jurídico indeterminado cuya precisión se realiza caso por caso y porque la anotación de una denominación de origen, en cuanto que refleja «la realidad histórica, cultural, jurídica y económica» correspondiente al bien, ( ) resulta más difícil cuanto más popular se considera y más frecuentemente se utiliza.

139. El Reglamento de base reconoce que, en la mayoría de las ocasiones, la delimitación se convierte en una labor ardua y complicada. Para hacerla más asequible, diseña dos modos de concreción: la confección de una lista de apelativos comunes (apartado 3 del artículo 3) y la redacción de unos elementos de apreciación (apartado 1 del mismo precepto). ( )

140. Como se ha insinuado anteriormente, todavía no se ha logrado un acuerdo para aprobar una relación de los nombres sin acceso a la inscripción a causa de su generalidad, ( ) lo que revela la dificultad del empeño, por lo que cobra especial interés el otro mecanismo de puntualización, cuya mera existencia acredita que no se puede definir «lo genérico» por contraposición a «lo exclusivo». ( )

141. Además, para realizar la calificación, conviene valorar «todos los factores», aludiendo, «en especial», a tres: la situación en el territorio del que procede la expresión y en las zonas de consumo, en otros Estados miembros y en las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes. Por tanto, no se descarta la apreciación de otros criterios.

i) La situación en el Estado miembro del que procede el nombre y en las zonas de consumo

142. Bajo esta rúbrica se engloban dos componentes distintos: la posición del alimento en el lugar en el que apareció y la que ocupa donde se ingiere, sin que las dos áreas deban converger.

– La situación en el Estado de procedencia

143. La sentencia Exportur, mencionada más arriba, había resaltado la importancia de este criterio, al especificar que la protección de un signo únicamente se extiende al territorio de otro país de la Comunidad en la medida en que continúe siendo legítima en el de origen. Pero, para apreciar la coyuntura, además de las providencias de salvaguarda, hay que ponderar otros componentes como, a título de ejemplo, la importancia de la producción y del consumo, el sentir de los habitantes o el interés mostrado.

144. Se desprende de las actuaciones que los griegos piensan unánimemente que el «feta» designa una vianda tradicional propia confeccionada con una leche determinada mediante un procedimiento específico. A la misma convicción se llega si se atiende a los datos que ha manejado la Comisión.

145. Los demandantes no niegan estos hechos, pero ponen el acento en los demás factores que, sin duda, gozan de especial relieve, puesto que no se trata de propagar la defensa de ciertas titularidades de una nación a otra, sino de ofrecer un abrigo jurídico común en todos los Estados miembros.

– La situación en las zonas de consumo

146. Resulta obvio señalar que, normalmente, aunque al principio la clientela de una mercancía radique en el sitio donde se obtiene, se extiende después a otros lugares, perdiéndose la inicial identificación. Con frecuencia, un objeto puede adquirirse en emplazamientos muy distintos, que no concuerdan con aquellos en los que se confecciona o de donde procede. De ahí el valor que, para apreciar su generalidad, cobra la percepción del símbolo en esos parajes.

147. La expresión «zonas de consumo» hace referencia a los consumidores. La doctrina ha destacado la importancia de la opinión de estos agentes a la hora de calificar jurídicamente la mención, ( ) ya que se representan como los intérpretes últimos de la significación que ostenta en el mercado. No obstante, en estos asuntos, antes que la salvaguarda de los usuarios, se debate la de los derechos de propiedad industrial y comercial reconocidos en el Tratado.

148. De entrada, parece que sólo hay que tener en cuenta las comarcas comunitarias. En cuanto al «feta», se ha alegado que también se elabora y se comercializa en los Balcanes. Como el artículo 3 del Reglamento de base obliga a sopesar «todos» los factores que inciden en la calificación, se puede ahora limitar la constatación a la situación en las demarcaciones de la Comunidad, remitiendo para más adelante la correspondiente a suelos ajenos.

149. Por otro lado, en los departamentos donde se compra hay que incluir los de procedencia, si, como en este caso, coinciden. De ahí que no sea desdeñable la opinión de los ciudadanos griegos, entre los que goza de gran reputación, facilitando a los empresarios mantener una clientela muy importante.

150. Según esta óptica plural, los consumidores de aquel país identifican el «feta» con un producto nacional y una buena parte de los usuarios de los demás Estados relaciona dicho queso con Grecia, toda vez que en el etiquetado aparecen menciones, expresas o implícitas, a la cultura helénica, aunque excepcionalmente se encuentran rótulos, libros, revistas u otros testimonios asépticos que no contienen esa conexión.

ii) La situación en otros Estados comunitarios

151. No se exige que el artículo sea consumido en todos los lugares, por lo que el factor se proyecta sobre dos ámbitos. Por un lado, la coyuntura general en las naciones distintas de la que pretende la denominación; y, por otro lado, en aquellas en las que también se fabrica el alimento.

– La situación general en los demás Estados

152. En el primer ámbito enunciado, atendiendo a los datos del eurobarómetro y a los resultados de la encuesta remitida por la Comisión, se obtiene la impresión de que, a semejanza de lo que ocurre en las zonas de consumo, en las que se comprende la expresión «feta», los ciudadanos y las distintas publicaciones la asocian a la cultura helénica. No sucede así en Dinamarca ni en Alemania, tampoco, aunque en menor medida, en Francia, lo que se explica porque en sus regiones hay una importante producción, aspecto que conviene valorar en el entorno siguiente.

153. Procede, por lo demás, insistir en un dato: una de cada cinco personas interrogadas conoce el vocablo; si se hubiera generalizado, ¿no la identificaría un mayor número de entrevistados? Recuérdese que está en juego la salvaguarda de los derechos de propiedad industrial y comercial en toda la Comunidad, no sólo donde actualmente se elabora y se consume este queso, ya que probablemente en un futuro se popularice su adquisición. En otras palabras, la socialización de la expresión debe resultar plural, excluyéndose una limitación espacial a los pueblos interesados en la explotación mercantil.

– La situación en los Estados que producen el queso

154. En este segundo ámbito, la sentencia «Feta» advirtió de la necesidad de sopesar si hay bienes que se comercializan con el mismo nombre en Estados miembros distintos del de origen (apartado 96).

155. El Tribunal de Justicia invocó al efecto el segundo guión del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base, que menciona tal circunstancia como una de las causas de oposición al registro. Pero la aplicación de esta disposición se prevé para las inscripciones que siguen el procedimiento normal, ( ) mientras que en el presente caso se trata de una voz ya garantizada por reglas nacionales, que pretende acceder a la protección comunitaria por la vía simplificada. Son, pues, situaciones diferentes.

156. A la vista de lo que precede, entiendo que el apercibimiento contenido en el pronunciamiento judicial persigue resaltar una coyuntura –la situación en otras demarcaciones– no para darle primacía sobre las demás, sino para evitar que se minusvalore, como había hecho la Comisión en un primer momento. Por eso ha de matizarse la idea expuesta en la sentencia, ya que, de lo contrario: se aceptaría, sin más, la teoría de la inacción, mostrando poca sensibilidad hacia la indefensión jurídica que muchas firmas han padecido antes de la entrada en vigor de la ordenación de referencia, sometiéndolas a un grave riesgo, al permitir un proceso de vulgarización por el mero hecho de que terceros no autorizados realicen una usurpación; se iría en contra de la jurisprudencia anterior, pues la sentencia SMW Winzersekt, ya citada, en relación con la tutela de los distintivos de los vinos, consideró esencial, para alcanzar el objetivo de las denominaciones de origen, «[…] que el productor no pueda beneficiarse, en lo que atañe a su propio producto, de una reputación que los productores de otra región hayan conseguido para un producto similar […]»; y que «[…] el consumidor final obtenga informaciones tan exactas como sea necesario para valorar los productos de que se trata»; por último, otorgar mayor relevancia al factor mencionado penalizaría aquellas mercancías que, por su dinámica, se encuentran en el tráfico en otros parajes poco tiempo después de aparecer en un mercado determinado, puesto que los competidores, con los avances tecnológicos actuales, las imitarían y utilizarían el mismo término.

157. En suma, hay que interpretar la mención a la regularidad en el comercio de bienes con el mismo nombre de acuerdo con el sistema de garantía diseñado. Esta percepción global significa únicamente que, en casos como el que ahora se estudia, no cabe desdeñar la ponderación de la situación en otros Estados miembros. En modo alguno basta por sí sola para obstaculizar la inscripción solicitada por el cauce del artículo 17 del Reglamento de base.

158. Centrando el debate en la circunstancia referida, se constata que con la rúbrica «feta» se confecciona un queso, especialmente, en Dinamarca, en Alemania y en Francia, sin emplear el mismo tipo de leche ni el método de elaboración que se siguen en Grecia.

159. A este último respecto, cobra utilidad sintetizar lo expuesto en los puntos 61 y 62 de las conclusiones Canadane Cheese Trading y Kouri:

a) El uso de uno u otro tipo de leche supone que, como el de oveja y el de cabra poseen unas características químicas y organolépticas diferentes del de vaca, se aprecien las siguientes diferencias en el resultado:

– El empleo de la leche de oveja engendra un alimento de color blanco puro, mientras que en el otro caso adquiere un matiz blanco amarillento, que sólo se disimula mediante sustancias químicas.

– Con la leche de oveja, el queso consigue un sabor graso, salado y ligeramente ácido, así como mucho aroma, del que carece el obtenido con leche de vaca que, además, acredita más dulzor.

– Con la utilización de leche de vaca, el producto ofrece menos agujeros que cuando se dispone de leche de oveja, porque la salmuera no causa el mismo efecto en ambos.

b) Aunque con la hiperfiltración el queso madura más rápidamente, ya que el suero se elimina antes de la formación de la cuajada, no parece que la diferente forma de fabricación cause un impacto reseñable.

iii) Las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes

160. El Reglamento de base exige considerar las ordenanzas vigentes en los Estados miembros y en la Comunidad.

– Las legislaciones nacionales

161. La referencia a las regulaciones internas pretende averiguar si el término se protege en el país del que procede y en otros Estados, al margen del volumen de negocio que genera. Aquí procede recordar un aspecto ya mencionado anteriormente: en la época anterior a la norma comunitaria, la mayoría de los pueblos no contaban con estructuras legales de cobertura de menciones geográficas, lo que, en cierto modo, relativiza la importancia de este factor.

162. En este sentido, las disposiciones griegas de la década de los ochenta se limitan a plasmar por escrito un uso tradicional del signo, que se remonta varios siglos atrás, disciplinando la elaboración y la comercialización del «feta».

163. También se han adoptado reglas referentes a este alimento en Dinamarca –en los Países Bajos pervivieron por un tiempo–, aunque sin imponer restricciones al tráfico, pues resultaría contradictorio amparar un apelativo cuya generalización se defiende.

164. Debe significarse igualmente que Austria reserva la designación al queso procedente de Grecia en virtud de un convenio bilateral celebrado el 20 de junio de 1972, ya citado.

– La legislación comunitaria

165. En este ámbito se han traído a colación como elementos para apreciar la vulgarización de un nombre, tanto la nomenclatura combinada utilizada por el Arancel Aduanero Común, como la regulación de las restituciones a la exportación.

166. Pero, en atención a la finalidad que persiguen, tales elementos no se pueden tomar como criterio delimitador en materia de derechos de propiedad industrial. ( ) Lo mismo ocurre con las normas dictadas en la política agrícola común para sostener algunos precios. Al aprobar y al aplicar tales disposiciones no se valora si el destinatario utiliza legítimamente un distintivo concreto. A lo sumo, cabría reconocerles una virtualidad orientadora, en modo alguno determinante.

167. Un ejemplo puede ilustrar sobre los efectos de una rígida aplicación de la nomenclatura combinada. ( ) El «Mozartkugeln» es una famosa especialidad austriaca de mazapán y nougat cubierta de chocolate con leche. Si se califica como un derivado de chocolate, aun cuando lo contenga en mínima proporción, quedaría excluido del Reglamento de base, al no estar previsto en el anexo I del Tratado; si se reconoce como pastel, figuraría en la relación del anexo I del citado Reglamento, aunque comprenda un porcentaje de chocolate.

iv) Otros factores

168. Recuérdese la obligación de apreciar «todos los factores» pertinentes. La doctrina ha apuntado algunos: el empleo de la voz en obras de referencia como diccionarios, libros de viaje o guías de restaurantes; ( ) el volumen de negocio dentro y fuera de la superficie designada o a la que, en principio, se vincula la denominación; ( ) la clasificación como genérica en un tratado internacional, ratificado por al menos un Estado miembro. ( )

169. En el caso de autos se podría poner el acento en dos: la situación en las regiones extracomunitarias y el elemento temporal.

– La situación en terceros Estados

170. La constatación de lo que acontece en áreas ajenas a la Comunidad deriva de la referencia a «las zonas de consumo» en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base, así como del artículo 12, que prevé la aplicación de sus preceptos «a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero», siempre que se cumplan ciertas condiciones.

171. En este recurso de anulación no se niega que en otras comarcas europeas se elaboren quesos blancos en salmuera semejantes al «feta», como sucede, por ejemplo, en Bulgaria. También se producen tipos parecidos en Irán y en Arabia Saudí, empleando leche de oveja, así como en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, donde se usa normalmente leche de vaca. ( )

172. Por tanto, la percepción de esos países sirve de parámetro para contrastar la correcta delimitación del término, aunque no conviene exagerar su influencia en razón de la finalidad de la protección que está en juego, sin perjuicio de que, como pasa con otros distintivos, se extienda territorialmente a través de acuerdos internacionales. ( )

– La situación en el tiempo

173. Aun cuando la situación en el Estado miembro que dirige la solicitud parece referirse al momento actual, la memoria del tiempo pasado incide en la percepción de la generalización del nombre, fundamentalmente para comprobar si siempre ha sido común. La perspectiva histórica reviste una gran relevancia en este asunto.

174. Recordando lo consignado en las conclusiones Canadane Cheese Trading y Kouri, cabe subrayar que el vocablo «feta» tiene origen italiano y proviene de «fetta», que significa loncha, rebanada o rodaja. Se introdujo en Grecia por influencia veneciana y se impuso durante el siglo XIX para designar al tradicional queso blanco en salmuera, fabricado desde tiempos antiguos en gran parte de ese país y en otras zonas de los Balcanes.

En la Odisea de Homero se menciona que Polifemo «[…] sentóse y ordeñó a las ovejas y cabras balantes, por su orden, y una vez hecho esto les puso a las ubres las crías. En seguida tomó la mitad de la leche blanquísima, la cuajó y la dispuso después en los zarzos de mimbres […]». ( ) De esta forma fabricaba el cíclope Polifemo los quesos que Ulises y sus hombres encontraron en su cueva. No es extraño que Polifemo, al emplear ese modo de hacer queso, tan próximo al seguido tradicionalmente en la actual Grecia, fuera ajeno a los problemas jurídicos que la libre circulación de ese producto iba a representar al final del siglo XX, no sólo por la imposibilidad de predecir con veintisiete siglos de anticipación los complejos ardides de las denominaciones protegidas, sino también por su propia naturaleza, pues los cíclopes aparecen como seres muy lejanos de toda idea de justicia y de ley. ( ) También en la Odisea se hace alusión a cómo en los tiempos antiguos de Pandáreo, a las hijas raptaron los fuertes ciclones, tras haberles los dioses matado a sus padres y cómo la excelsa Afrodita «las nutrió con miel, con queso y con vino gustosos». ( )

El otro poema homérico, la Ilíada, muestra la importante presencia del queso en la Grecia del siglo VIII antes de Cristo. ( )

El «feta» se consigue con leche de oveja o con una mezcla de leche de oveja y de cabra por el procedimiento del escurrido natural sin emplear presión. Las autoridades griegas no reglamentaron su producción hasta 1988, cuando ya se había generado una pluralidad de variedades locales o regionales (puntos 14 a 16 de las conclusiones).

175. La ausencia de especificaciones técnicas en el ámbito internacional posibilitó el desarrollo en distintos países de una forma diferente de producción, más moderna y competitiva, orientada inicialmente a satisfacer la demanda de los inmigrantes griegos –como en el acto de la vista reconocieron los representantes de Alemania y de Francia–. En la segunda mitad del siglo XX se comienza a obtener en Dinamarca, en Alemania y en los Países Bajos un queso con leche de vaca a través de un método industrial de hiperfiltración, que se comercializa llamándolo de la misma forma. En Francia se elabora con idéntica rúbrica un queso con leche de vaca y, en algunos sitios, como la isla de Córcega o algunas demarcaciones del Ma