Asunto C‑407/04 P

Dalmine SpA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Recurso de casación — Competencia — Práctica colusoria — Mercado de tubos de acero sin soldadura — Protección de los mercados nacionales — Contrato de suministro — Derecho de defensa — Autoinculpación — Pruebas de origen anónimo — Multa — Motivación — Igualdad de trato — Directrices para el cálculo de las multas — Tamaño del mercado pertinente y de la empresa afectada — Circunstancias atenuantes»

Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 12 de septiembre de 2006

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de enero de 2007

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa y del derecho a un proceso equitativo

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Medios de prueba

5. Recurso de anulación — Objeto — Motivos de una decisión — Exclusión salvo excepción

(Art. 230 CE)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Posición dominante — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Criterios de apreciación

(Arts. 81 CE y 82 CE)

8. Recurso de casación — Motivos — Desviación de poder — Concepto

(Arts. 220 CE y 230 CE)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1A)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1A, párr. 6)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

1. En el ejercicio de las facultades que tenga atribuidas para garantizar el respeto de la normativa comunitaria en materia de competencia, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa, en su caso mediante decisión, a que le facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento, pero no puede imponer a dicha empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión.

Sin embargo, cuando las preguntas a las que tenía que contestar no implicaban reconocer una infracción, una empresa no puede invocar válidamente su derecho a no ser forzada por la Comisión a confesar su participación en una infracción.

(véanse los apartados 34 y 35)

2. En materia de competencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción.

Ahora bien, la interpretación de que se vulneró el derecho de defensa precisamente porque no se conocía el origen de estos documentos y la Comisión no demostró la fiabilidad de los mismos podría comprometer la aportación de la prueba cuando deba acreditarse que se ha cometido una infracción del Derecho comunitario de la competencia.

En efecto, la aportación de la prueba en asuntos pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario de la competencia se caracteriza por el hecho de que los documentos examinados contienen a menudo secretos comerciales u otro tipo de informaciones que no pueden revelarse en absoluto o sólo con grandes reservas.

En estas circunstancias, no cabe interpretar el derecho de defensa en el sentido de que los documentos que contengan pruebas de cargo han de ser descartados automáticamente como medio de prueba cuando ciertos datos deben permanecer confidenciales. Esta confidencialidad puede aplicarse también a la identidad de los autores de los documentos y a las personas que los remitieron a la Comisión.

(véanse los apartados 44 y 46 a 48)

3. En un procedimiento administrativo en materia de competencia, por una parte, la notificación del pliego de cargos y, por otra, el acceso al expediente que permite al destinatario del pliego conocer las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión garantizan el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo de la empresa de que se trate.

En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Por consiguiente, la empresa afectada sólo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa después de la notificación de dicho pliego.

En efecto, si los derechos antes contemplados se extendieran al período anterior al envío del pliego de cargos, se vería comprometida la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la primera fase de la investigación de la Comisión, la empresa estaría en condiciones de identificar las informaciones conocidas por la Comisión y, en consecuencia, las que pueden aún serle ocultadas.

Por consiguiente, cuando no existe indicio alguno de que el hecho de que la Comisión no informara a la empresa afectada durante la fase de instrucción de que obraban en su poder algunas actas de determinados interrogatorios realizados en investigaciones nacionales pudiera incidir en las posteriores posibilidades de defensa de esta empresa, durante la fase del procedimiento administrativo incoada con el envío del pliego de cargos, no cabe afirmar que se hubiera vulnerado el derecho de defensa o el derecho a un juicio justo, derecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

(véanse los apartados 54 y 58 a 61)

4. La legalidad de la comunicación a la Comisión, por parte de un fiscal nacional o de las autoridades competentes en materia de Derecho de la competencia, de informaciones obtenidas en aplicación del Derecho penal nacional es una cuestión regulada por el Derecho nacional y el órgano jurisdiccional comunitario no es competente para pronunciarse sobre la legalidad, con arreglo al Derecho nacional, de un acto adoptado por una autoridad nacional.

Dado que el principio que prevalece en el Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio relevante para valorar las pruebas aportadas reside en su credibilidad, cuando la remisión de las actas a la Comisión no es declarada ilegal por un órgano jurisdiccional nacional, no procede considerar que estos documentos son pruebas inadmisibles que deben ser retirados de los autos.

(véanse los apartados 62 y 63)

5. No existe ninguna norma jurídica que permita al destinatario de una decisión impugnar, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses. En principio, la motivación de una decisión no puede producir tales efectos.

Como las comprobaciones que figuran en la Decisión que ataca fueron calificadas por la propia recurrente de motivos reiterativos, ésta no puede sostener, de modo alguno, que, a falta de dichas comprobaciones, la Decisión impugnada habría tenido un contenido esencialmente distinto ni, por ende, obtener la anulación de la misma.

(véanse los apartados 69 y 70)

6. Para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. En particular, en cuanto a los acuerdos contrarios a la competencia que se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras, se infringe el artículo 81 CE, apartado 1, cuando esas reuniones tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado.

(véase el apartado 84)

7. En la interpretación y aplicación del requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, que figura en los artículos 81 CE y 82 CE, ha de tomarse como punto de partida el objetivo de este requisito, que es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo y toda práctica que puedan afectar a la libertad de comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros, en particular, compartimentando los mercados nacionales o alterando la estructura de la competencia en el mercado común.

Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre un conjunto de elementos de Derecho y de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario, además, que tal influencia no sea insignificante.

A este respecto, un reparto de los mercados nacionales en la Comunidad puede afectar de manera significativa a las corrientes de intercambios entre los Estados miembros.

(véanse los apartados 89 a 91)

8. Una desviación de poder existe cuando una institución ejerce sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso.

En la medida en que no se aportó ningún dato que permita respaldar la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia ejerció sus competencias con una finalidad distinta de la enunciada en el artículo 220 CE, a saber, garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado, no cabe reprocharle tal comportamiento.

(véanse los apartados 99 y 100)

9. La gravedad de las infracciones del Derecho comunitario de la competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de la práctica colusoria, el beneficio que hayan podido obtener de esta práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad.

El punto 1 A de las Directrices precisa que «a la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado».

El tamaño del mercado afectado sólo es un factor más a tener en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa.

La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación y el método de cálculo delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas contiene varios rasgos de flexibilidad.

No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal de Primera Instancia apreció correctamente el ejercicio, por la Comisión, de dicha facultad de apreciación.

(véanse los apartados 129 a 134)

10. Como se recuerda en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, al determinar el importe de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas. En efecto, la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios de la empresa de que se trate, pero no debe atribuirse a dicha cifra una importancia desproporcionada en comparación con los demás criterios de apreciación.

Por consiguiente, la Comisión conserva un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada empresa. Así pues, al determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas reflejen las diferencias existentes entre las empresas afectadas en cuanto a su volumen de negocio global.

Esta solución es todavía más acertada cuando todas las empresas destinatarias de la Decisión impugnada son de gran dimensión, circunstancia que puede llevar a la Comisión a no establecer distinciones entre los importes fijados para las multas de cada una de ellas.

(véanse los apartados 141 a 145)

11. Sólo el importe final de la multa, y no el importe de base de la misma, debe respetar el límite máximo del 10 % contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

(véase el apartado 146)

12. Si bien en el marco de un recurso de casación el Tribunal de Justicia no puede sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario, el ejercicio de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 81 CE, apartado 1.

No obstante, el recurso de casación debe indicar los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica el motivo basado en la vulneración del principio de igualdad de trato, so pena de que se declare la inadmisibilidad de dicho motivo.

(véanse los apartados 152 y 153)

13. Dado que la infracción controvertida había finalizado o al menos estaba finalizando en el momento en que la Comisión procedió a realizar las inspecciones, esta finalización no podía constituir una circunstancia atenuante para fijar el importe de la multa.

(véase el apartado 160)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 25 de enero de 2007 ( )

Índice





I. La Decisión impugnada

A. La práctica colusoria

B. La duración de la práctica colusoria

C. Las multas

D. La parte dispositiva de la Decisión impugnada

II. El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

IV. Sobre el recurso de casación

A. Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad de las preguntas formuladas por la Comisión durante la investigación

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

B. Sobre el segundo motivo, basado en la inadmisibilidad de ciertas pruebas

1. El documento del «criterio de reparto»

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

2. Las actas de los interrogatorios de los antiguos directivos de Dalmine

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

C. Sobre el tercer motivo, basado en que se formularon en la Decisión impugnada motivos que no guardan relación alguna con las imputaciones notificadas a la recurrente

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

D. Sobre el cuarto motivo, basado en una desnaturalización de los hechos y en una falta de motivación en cuanto a la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

E. Sobre el quinto motivo, basado en errores de Derecho, en una desnaturalización de las pruebas y en una falta de motivación en cuanto a los efectos de la infracción sobre los intercambios entre los Estados miembros

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

F. Sobre el sexto motivo, basado en una desviación de poder, en un error de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere a la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

G. Sobre el séptimo motivo, basado en una desviación de poder, en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere a los efectos de la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

H. Sobre el octavo motivo, basado en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere al contexto económico en el que se inscribe el contrato de suministro entre Dalmine y Corus

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

I. Sobre el noveno motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación de la gravedad de la infracción

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

J. Sobre el décimo motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación respecto a la duración de la infracción y a las circunstancias atenuantes

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

V. Costas

«Recurso de casación – Competencia – Práctica colusoria – Mercado de tubos de acero sin soldadura – Protección de los mercados nacionales – Contrato de suministro – Derecho de defensa – Autoinculpación – Pruebas de origen anónimo – Multa – Motivación – Igualdad de trato – Directrices para el cálculo de las multas – Tamaño del mercado pertinente y de la empresa afectada – Circunstancias atenuantes»

En el asunto C‑407/04 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 24 de septiembre de 2004,

Dalmine SpA, con domicilio social en Dalmine (Italia), representada por los Sres. A. Sinagra y M. Siragusa y la Sra. F. Moretti, avvocati,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Whelan y F. Amato, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann y M. Ilešič (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de diciembre de 2005;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, la sociedad Dalmine SpA (en lo sucesivo, «Dalmine» o «recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión (T‑50/00, Rec. p. II‑2395; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la medida en que dicho órgano jurisdiccional desestimó su recurso interpuesto contra la Decisión 2003/382/CE de la Comisión, de 8 de diciembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (Asunto IV/E-1/35.860-B Tubos de acero sin soldadura) (DO 2003, L 140, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

I. La Decisión impugnada

A. La práctica colusoria

2 La Comisión de las Comunidades Europeas dirigió la Decisión impugnada a ocho empresas fabricantes de tubos de acero sin soldadura. De estas empresas, cuatro son sociedades europeas (en lo sucesivo, «fabricantes comunitarios»): Mannesmannröhren-Werke AG (en lo sucesivo, «Mannesmann»), Vallourec SA (en lo sucesivo, «Vallourec»), Corus UK Ltd (antes British Steel Ltd; en lo sucesivo, «Corus») y Dalmine. Las otras cuatro destinatarias de la referida Decisión son sociedades japonesas (en lo sucesivo, «fabricantes japoneses»): NKK Corp., Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. y Sumitomo Metal Industries Ltd (en lo sucesivo, «Sumitomo»).

3 Los tubos de acero sin soldadura se utilizan en la industria del petróleo y del gas y comprenden dos grandes categorías de productos.

4 La primera de estas categorías es la de los tubos de sondeo, comúnmente denominados «Oil Country Tubular Goods» u «OCTG». Dichos tubos pueden venderse sin rosca («tubos lisos») o con rosca. El roscado es una operación destinada a unir los tubos OCTG entre sí. Puede efectuarse siguiendo los estándares establecidos por el American Petroleum Institute (API), en cuyo caso los tubos roscados de este modo se denominarán «tubos OCTG estándar», o bien aplicando técnicas especiales, por lo general patentadas. En este último supuesto se habla de roscas o, eventualmente, de «empalmes de primera calidad» o «premium», en cuyo caso los tubos con este tipo de roscas se denominarán «tubos OCTG premium».

5 La segunda categoría de productos está formada por los tubos de transporte de petróleo y de gas («line pipe»), entre los que se encuentran, por una parte, los fabricados con arreglo a normas estándar y, por otra, los producidos a medida en el marco de proyectos específicos (en lo sucesivo, «tubos de transporte “proyecto”»).

6 En noviembre de 1994, la Comisión de las Comunidades Europeas acordó abrir una investigación sobre la existencia de prácticas restrictivas de la competencia en relación con estos productos. En diciembre del mismo año, efectuó inspecciones en los locales de varias empresas. Entre septiembre de 1996 y diciembre de 1997, la Comisión realizó inspecciones complementarias en los locales de Vallourec, Dalmine y Mannesmann. Con ocasión de una inspección llevada a cabo en los locales de Vallourec, el 17 de septiembre 1996, el Presidente de Vallourec Oil & Gas, Sr. Verluca, hizo ciertas declaraciones (en lo sucesivo, «declaraciones del Sr. Verluca»). En una inspección en los locales de Mannesmann en abril de 1997, el director de esta empresa, Sr. Becher, también hizo una serie de declaraciones (en lo sucesivo, «declaraciones del Sr. Becher»).

7 Con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión envió también una serie de solicitudes de información a algunas empresas. Como Dalmine se negó a transmitir parte de la información solicitada, la Comisión le notificó el 6 de octubre de 1997 la Decisión relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, «Decisión de 6 de octubre de 1997»). Dalmine interpuso recurso de anulación contra dicha Decisión, que fue declarado manifiestamente inadmisible mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de junio de 1998, Dalmine/Comisión (T‑596/97, Rec. p. II‑2383).

8 A la luz de las declaraciones de los Sres. Verluca y Becher y de otros medios de prueba, la Comisión declaró, en la Decisión impugnada, que las ocho empresas destinatarias de la misma habían celebrado un acuerdo que, en particular, tenía por objeto el respeto de sus respectivos mercados nacionales. Según este acuerdo, todas las empresas renunciaban a vender tubos OCTG estándar y tubos de transporte «proyecto» en el mercado nacional de cada una de las demás empresas participantes en dicho acuerdo.

9 El acuerdo se celebró en el marco de las reuniones entre fabricantes comunitarios y japoneses conocidas con el nombre de «Club Europa-Japón».

10 El principio de respeto de los mercados nacionales se designaba con la expresión «Normas básicas» («fundamentals»). La Comisión puso de relieve que las Normas básicas habían sido respetadas efectivamente y que, por lo tanto, el acuerdo en cuestión había tenido efectos contrarios a la competencia en el mercado común.

11 El acuerdo constaba en total de tres partes: la primera, las Normas básicas sobre el respeto de los mercados nacionales, mencionadas supra, que constituyen la infracción establecida en el artículo 1 de la Decisión impugnada; la segunda, la fijación de precios para las licitaciones y la fijación de precios mínimos para los «mercados especiales» («special markets»), y la tercera, el reparto del resto de los mercados mundiales, a excepción de Canadá y de Estados Unidos, mediante la aplicación de ciertos criterios de reparto («sharing keys»).

12 En cuanto a la existencia de las Normas básicas, la Comisión se basó en un conjunto de indicios documentales, enumerados en los considerandos 62 a 67 de la Decisión impugnada, y en el cuadro reproducido en el considerando 68 de la misma. Dicho cuadro muestra que la participación del fabricante nacional en los suministros efectuados por los destinatarios de la Decisión impugnada en Japón y en el mercado nacional de cada uno de los cuatro fabricantes comunitarios es muy alto. La Comisión deduce de ello que, en términos generales, las empresas participantes en el acuerdo respetaban efectivamente los mercados nacionales.

13 Los miembros del Club Europa-Japón se reunieron en Tokio el 5 de noviembre de 1993 para intentar llegar a un nuevo acuerdo de reparto de mercados con los fabricantes de América Latina. El contenido del acuerdo alcanzado en esta ocasión se refleja en un documento transmitido a la Comisión, el 12 de noviembre de 1997, por un informador ajeno al procedimiento, que, entre otras cosas, contiene un «criterio de reparto» (en lo sucesivo, «documento del “criterio de reparto”»).

B. La duración de la práctica colusoria

14 A partir de 1977, el Club Europa-Japón se reunía unas dos veces al año, y así siguió haciéndolo hasta 1994.

15 Sin embargo, la Comisión consideró que, para determinar la cuantía de las multas, procedía situar el comienzo de la práctica colusoria en el año 1990, habida cuenta de la existencia, entre 1977 y 1990, de unos acuerdos de autolimitación de las exportaciones entre la Comunidad Europea y Japón. Según la Comisión, la infracción terminó en 1995.

C. Las multas

16 A efectos de determinar el importe de las multas, la Comisión calificó la infracción de muy grave, dado que el acuerdo tenía por objeto el respeto de los mercados nacionales y afectaba así al buen funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, la Comisión señaló que las ventas de tubos de acero sin soldadura por parte de las empresas destinatarias de la Decisión impugnada sólo representaban unos 73 millones de euros anuales en los cuatro Estados miembros afectados.

17 A la luz de lo anterior, la Comisión fijó el importe de la multa, por la gravedad de la infracción, en 10 millones de euros para cada una de las ocho empresas. Al ser todas las empresas de grandes dimensiones, la Comisión estimó que no había motivo para hacer distinciones entre los importes fijados para cada una de ellas.

18 Considerando que la infracción era de mediana duración, la Comisión aumentó el importe correspondiente a la gravedad de la infracción en un 10 % por año de participación en la misma, para fijar así el importe de base de la multa impuesta a cada una de las empresas implicadas. Sin embargo, como el sector de los tubos de acero había sufrido una larga crisis y su situación se había deteriorado a partir de 1991, la Comisión redujo dichos importes en un 10 % en atención a las circunstancias atenuantes.

19 Por último, con arreglo al punto D 2 de la Comunicación de la Comisión, relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), la Comisión aplicó a Vallourec una reducción del 40 % y a Dalmine una reducción del 20 % del importe de las multas que les correspondían, a fin de tener en cuenta la cooperación que estas dos empresas habían brindado en el procedimiento administrativo.

20 En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que la celebración de contratos entre los fabricantes comunitarios relativos a la venta de tubos lisos en el mercado del Reino Unido constituía una infracción. Sin embargo, no impuso una multa adicional por esta infracción al entender que estos contratos sólo eran un medio para la aplicación del principio de respeto de los mercados nacionales acordado en el marco del Club Europa-Japón.

D. La parte dispositiva de la Decisión impugnada

21 A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, las ocho empresas destinatarias de la misma «han infringido las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, participando […] en un acuerdo que establecía, entre otras cosas, el respeto de sus mercados nacionales respectivos de tubos OCTG […] estándar y [tubos de transporte] proyecto sin soldadura».

22 El artículo 1, apartado 2, de esta Decisión indica que la infracción duró desde 1990 hasta 1995 para Mannesmann, Vallourec, Dalmine, Sumitomo, Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. y NKK Corp. Por lo que respecta a Corus, esta disposición señala que la infracción duró desde 1990 hasta febrero de 1994.

23 Los otros artículos relevantes de la parte dispositiva de la Decisión impugnada tienen el siguiente tenor:

«Artículo 2

1. [Mannesmann], Vallourec […], [Corus] y Dalmine […] han infringido las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, celebrando, en el marco de la infracción mencionada en el artículo 1, contratos que dieron lugar a un reparto de los suministros de tubos OCTG lisos a [Corus] (Vallourec […] a partir de 1994).

2. Para [Corus], la infracción duró desde el 24 de julio de 1991 hasta febrero de 1994. Para Vallourec […], la infracción duró desde el 24 de julio de 1991 hasta el 30 de marzo de 1999. Para Dalmine […], la infracción duró desde el 4 de diciembre de 1991 hasta el 30 de marzo de 1999. Para [Mannesmann], la infracción duró desde el 9 de agosto de 1993 hasta el 24 de abril de 1997.

[...]

Artículo 4

Las multas siguientes se imponen a las empresas enumeradas en el artículo 1, por razón de la infracción establecida en dicho artículo:

1. [Mannesmann] 13 500 000 euros

2. Vallourec [...] 8 100 000 euros

3. [Corus] 12 600 000 euros

4. Dalmine [...] 10 800 000 euros

5. Sumitomo [...] 13 500 000 euros

6. Nippon Steel [...] 13 500 000 euros

7. Kawasaki Steel [...] 13 500 000 euros

8. NKK [...] 13 500 000 euros.»

II. El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

24 Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, siete de las ocho empresas sancionadas por la Decisión impugnada, entre otras, Dalmine, interpusieron sendos recursos. Todas las demandantes solicitaron la anulación total o parcial de esta Decisión y, con carácter subsidiario, la anulación de la multa impuesta a cada una de ellas o la reducción de su importe.

25 En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia:

– Anuló el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada, en la medida en que establecía que la infracción imputada en este artículo a Dalmine había comenzado antes del 1 de enero de 1991.

– Fijó en 10.080.000 euros el importe de la multa impuesta a Dalmine.

– Desestimó el recurso en todo lo demás.

– Declaró que cada parte cargaría con sus propias costas.

III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

26 En su recurso de casación, Dalmine solicita al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia recurrida.

– Anule la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, anule o reduzca la multa impuesta en el artículo 4 de la Decisión impugnada.

– Además, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie de nuevo, basándose en la resolución del Tribunal de Justicia.

– Condene a la Comisión al pago de las costas causadas ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal de Primera Instancia.

27 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación por ser parcialmente inadmisible y, en cualquier caso, infundado y que condene en costas a la recurrente.

IV. Sobre el recurso de casación

28 Dalmine formula básicamente ocho motivos para obtener la anulación de la sentencia recurrida y de la Decisión impugnada, tres de los cuales se refieren a defectos procesales, dos a una serie de errores cometidos con respecto a la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada y, por último, tres a algunos errores que afectan a la infracción declarada en el artículo 2 de dicha Decisión.

29 Además, Dalmine invoca dos motivos relacionados con el importe de la multa impuesta.

A. Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad de las preguntas formuladas por la Comisión durante la investigación

1. Alegaciones de las partes

30 Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho y vulneró el derecho de defensa al estimar legítimas las preguntas formuladas por la Comisión en el curso de su investigación. Así pues, se vulneró el derecho de la recurrente a no declarar contra sí misma.

31 Dalmine centra este motivo en la pregunta 1, letra d), que figura en el anexo 1 de la Decisión de 6 de octubre de 1997, cuyo tenor es el siguiente: «En relación con las reuniones, respecto a las cuales ustedes no logran encontrar la documentación correspondiente, describan el objeto de las reuniones, las decisiones adoptadas, el tipo de documentos recibidos antes y después de esas reuniones, los criterios de reparto de mercados (“sharing keys”) discutidos y/o acordados por zonas geográficas y su vigencia, y los precios discutidos y/o acordados por zonas geográficas y su vigencia, indicando la clase a la que pertenecían (“Target Price”, “Winning Price” – “WP”, “Proposal Price” – “PP”, “Rock Bottom Prices” – “RBP”)».

32 La Comisión recuerda que el derecho a no declarar contra uno mismo sólo es aplicable cuando se trata de solicitudes de información que obligan al destinatario, so pena de multa, a dar una respuesta. Ahora bien, la referida pregunta 1, letra d), no era una de las preguntas a las que la Decisión de 6 de octubre de 1997 reclamaba una respuesta so pena de multa.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

33 Para determinar si el Tribunal de Primera Instancia cometió los errores reprochados, es necesario remitirse a la jurisprudencia relativa al alcance de las facultades de la Comisión en los procedimientos de investigación previa y en los procedimientos administrativos, habida cuenta del derecho de defensa.

34 Según dicha jurisprudencia, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa, en su caso mediante decisión, a que le facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento, pero no puede imponer a dicha empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión (sentencias de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283, apartados 34 y 35; de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 61 y 65, y de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión, C‑65/02 P y C‑73/02 P, Rec. p. I‑6773, apartado 49).

35 Ahora bien, como ha señalado el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, en el caso de autos se desprende de la parte dispositiva de la Decisión de 6 de octubre de 1997 que Dalmine no estaba obligada a responder a la pregunta 1, letra d), citada en el apartado 31 de la presente sentencia. En estas circunstancias, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 45 y 46 de la sentencia recurrida, Dalmine no puede invocar válidamente su derecho a no ser forzada por la Comisión a confesar su participación en una infracción.

36 De ello se deduce que debe desestimarse el primer motivo.

B. Sobre el segundo motivo, basado en la inadmisibilidad de ciertas pruebas

1. El documento del «criterio de reparto»

a) Alegaciones de las partes

37 Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que el documento del «criterio de reparto» era admisible como prueba de cargo y, actuando de este modo, vulneró el Derecho comunitario, en particular, el derecho de defensa. Dado que este documento fue remitido a la Comisión por un tercero desconocido, no pudo comprobarse su autenticidad. Además, la Comisión tampoco conocía la identidad del autor de dicho documento.

38 Dalmine observa que, para que pueda declararse la admisibilidad de un documento anónimo como medio de prueba, debe haberse demostrado a la parte acusada de que se trate que dicho documento es relevante y fiable. Entiende que los documentos anónimos pueden, en su caso, justificar la apertura de un procedimiento de instrucción, pero que no pueden constituir la base de la acusación.

39 A continuación, Dalmine alega que la sentencia recurrida es contradictoria, puesto que el Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte, que las alegaciones formuladas por Dalmine podían ser relevantes para apreciar la credibilidad del documento en cuestión, pero, por otra parte, no examinó a fondo esta credibilidad.

40 Por último, Dalmine estima que el Tribunal de Primera Instancia debería haber verificado si existían razones imperiosas para que la Comisión no revelara la identidad de su informante.

41 En primer lugar, la Comisión recuerda que el principio que prevalece es el de la libre aportación de las pruebas. A su juicio, no cabe negar la admisibilidad ni la utilización de un documento, sino sólo su credibilidad. Ahora bien, Dalmine no impugnó específicamente ante el Tribunal de Primera Instancia la credibilidad del documento del «criterio de reparto». Se limitó a defender que este documento no era admisible ni utilizable y hasta admitió que determinadas partes del mismo eran corroboradas por otros medios de prueba.

42 A continuación, la Comisión afirma estar vinculada por un deber de secreto cuando una persona le pide que no revele su identidad.

43 Por último, la Comisión alega que, aunque se admitiera que no podía utilizarse el documento del «criterio de reparto», ello no es motivo para cuestionar la validez de la Decisión impugnada, ya que se trata de un documento de poca importancia en la estructura general de dicha Decisión.

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

44 El respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción (sentencias de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 10; de 6 de abril de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, apartado 21, y Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 66).

45 En primer lugar, procede señalar que Dalmine tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el documento del «criterio de reparto» y de formular sus alegaciones sobre la fuerza probatoria de este documento, teniendo en cuenta el origen anónimo del mismo.

46 En la medida en que la recurrente sostiene esencialmente que se vulneró el derecho de defensa precisamente porque no se conocía el origen de este documento y la Comisión no le demostró la fiabilidad del mismo, es preciso observar que tal interpretación del derecho de defensa podría comprometer la aportación de la prueba cuando deba acreditarse que se ha cometido una infracción del Derecho comunitario de la competencia.

47 En efecto, la aportación de la prueba en asuntos pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario de la competencia se caracteriza por el hecho de que los documentos examinados contienen a menudo secretos comerciales u otro tipo de informaciones que no pueden revelarse en absoluto o sólo con grandes reservas.

48 En estas circunstancias, no cabe interpretar el derecho de defensa en el sentido de que los documentos que contengan pruebas de cargo han de ser descartados automáticamente como medio de prueba cuando ciertos datos deben permanecer confidenciales. Esta confidencialidad puede aplicarse también a la identidad de los autores de los documentos y a las personas que los remitieron a la Comisión.

49 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente:

«72. El principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba y el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad […]. […]

73. En consecuencia, aunque las alegaciones de Dalmine puedan ser oportunas a efectos de enjuiciar la credibilidad y, en consecuencia, el valor probatorio del documento del criterio de reparto, no procede considerar que este último sea una prueba inadmisible que deba ser retirada de los autos.»

50 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia indicó en el apartado 73, antes citado, de la sentencia recurrida que podía resultar necesario tener en cuenta, al apreciar la credibilidad del documento del «criterio de reparto», el origen anónimo del mismo.

51 Procede concluir que no se incurrió en ningún error de Derecho al apreciar la admisibilidad y utilidad del referido documento como medio de prueba.

52 Por último, la recurrente no puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia no haber revelado en mayor medida su examen de la credibilidad del documento de que se trata y no haber comprobado si existían razones imperiosas para que la Comisión no revelara la identidad de su informante. Como las alegaciones de Dalmine se referían a la inadmisibilidad de dicho documento como medio de prueba, el Tribunal de Primera Instancia podía limitarse a responder a las mismas.

53 A la luz de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.

2. Las actas de los interrogatorios de los antiguos directivos de Dalmine

a) Alegaciones de las partes

54 Dalmine alega que, al declarar admisibles las actas de los interrogatorios de algunos de sus antiguos directivos, las cuales se redactaron en el marco de las investigaciones realizadas por el fiscal de Bergamo (Italia), el Tribunal de Primera Instancia vulneró el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo, derecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).

55 Por una parte, Dalmine entiende que la Comisión tenía que haberle informado con mayor prontitud y, en cualquier caso, antes de notificarle el pliego de cargos, ya que la Comisión tenía estas actas en su poder.

56 Por otra parte, Dalmine sostiene que dicha institución sólo podía utilizar estos documentos para decidir si debía o no incoar un procedimiento. A este respecto, subraya que los documentos en cuestión eran actas provisionales redactadas en el marco de un procedimiento penal, por lo que todavía no se había acreditado su credibilidad.

57 La Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17, puede «recabar todas las informaciones que considere necesarias de los Gobiernos y autoridades competentes de los Estados miembros» y que, por consiguiente, en toda lógica, debe poder utilizar tales informaciones. Señala que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que ni él ni la Comisión eran competentes para pronunciarse sobre la procedencia legítima de estas informaciones a la luz del Derecho nacional que regula el desarrollo de las investigaciones realizadas por las autoridades italianas.

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

58 En cuanto a la cuestión de si la Comisión tenía que haber informado a Dalmine con mayor prontitud, incluso antes de notificarle el pliego de cargos, ya que las actas controvertidas obraban en su poder, procede recordar que, por una parte, la notificación del pliego de cargos y, por otra, el acceso al expediente que permite al destinatario del pliego conocer las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión garantizan precisamente el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo, derechos que invoca la recurrente en este motivo.

59 En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento (sentencias de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 315 y 316, y Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartados 66 y 67). Por consiguiente, la empresa afectada sólo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa después de la notificación de dicho pliego (sentencia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, Rec. p. I‑0000, apartados 47 y 50).

60 Como el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente en el apartado 83 de la sentencia recurrida, si los derechos antes contemplados se extendieran al período anterior al envío del pliego de cargos, como propone la recurrente, se vería comprometida la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la primera fase de la investigación de la Comisión, la empresa estaría en condiciones de identificar las informaciones conocidas por la Comisión y, en consecuencia, las que pueden aún serle ocultadas.

61 Por lo demás, no existe indicio alguno de que el hecho de que la Comisión no informara a Dalmine durante la fase de instrucción de que dichas actas obraban en su poder pudiera incidir en las posteriores posibilidades de defensa de esta empresa, durante la fase del procedimiento administrativo incoada con el envío del pliego de cargos (véase, por analogía, la sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 48 a 50 y 56).

62 A continuación, en lo que se refiere a la admisibilidad de dichas actas como medios de prueba, procede señalar, como hizo el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 86 de la sentencia recurrida, que la legalidad de la comunicación a la Comisión, por parte de un fiscal nacional o de las autoridades competentes en materia de Derecho de la competencia, de informaciones obtenidas en aplicación del Derecho penal nacional es una cuestión regulada por el Derecho nacional. Además, como recordó el Tribunal de Primera Instancia en ese mismo apartado, el órgano jurisdiccional comunitario no es competente para pronunciarse sobre la legalidad, con arreglo al Derecho nacional, de un acto adoptado por una autoridad nacional (sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 1992, Oleificio Borelli/Comisión, C‑97/91, Rec. p. I‑6313, apartado 9).

63 En cuanto a la utilización de estas informaciones por la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente en el apartado 90 de la sentencia recurrida que las alegaciones de Dalmine sólo podían referirse a la «credibilidad y, en consecuencia, al valor probatorio de los testimonios de sus directivos y no a su admisibilidad en el presente procedimiento». En efecto, como se ha señalado al examinar la primera parte del presente motivo, el principio que prevalece en el Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio relevante para valorar las pruebas aportadas reside en su credibilidad. Por consiguiente, como la remisión de las actas controvertidas no fue declarada ilegal por un órgano jurisdiccional italiano, no procede considerar que estos documentos eran pruebas inadmisibles que debían ser retirados de los autos.

64 En consecuencia, también debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo.

65 De lo anterior se deduce que procede desestimar el segundo motivo en su totalidad.

C. Sobre el tercer motivo, basado en que se formularon en la Decisión impugnada motivos que no guardan relación alguna con las imputaciones notificadas a la recurrente

1. Alegaciones de las partes

66 Dalmine recuerda que había reprochado a la Comisión que ésta se hubiera referido en la Decisión impugnada a hechos ajenos a las infracciones y susceptibles de perjudicarle ya que las informaciones así reveladas podían ser utilizadas por terceros. En particular, Dalmine menciona las comprobaciones de la Comisión relativas a las prácticas colusorias en mercados situados fuera de la Comunidad y a la fijación de precios.

67 Dalmine entiende que, al desestimar sus alegaciones sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto el artículo 21 del Reglamento nº 17, según el cual la Comisión debe tener en cuenta el interés legítimo de las empresas en que no se divulguen sus secretos comerciales.

68 Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que el destinatario de una decisión no puede impugnar, en el marco de un recurso de anulación, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses. La Comisión entiende que, en el caso de autos, Dalmine no demostró cómo los motivos impugnados pueden producir tales efectos.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

69 Habida cuenta de que Dalmine solicitó al Tribunal de Primera Instancia que anulara los motivos reiterativos de la Decisión impugnada, ese Tribunal declaró con razón, en el apartado 134 de la sentencia recurrida, que «es suficiente con señalar al respecto que no existe ninguna norma jurídica que permita al destinatario de una decisión impugnar, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 2000, CocaCola/Comisión, asuntos acumulados T‑125/97 y T‑127/97, Rec. p. II‑1733, apartados 77 y 80 a 85). En principio, la motivación de una decisión no puede producir tales efectos. En el caso de autos, la demandante no ha demostrado cómo pueden producir efectos capaces de modificar su situación jurídica los motivos impugnados».

70 Si bien es cierto que de este modo el Tribunal de Primera Instancia no examinó si la Comisión tenía derecho a divulgar, en la Decisión impugnada, información relativa a las prácticas colusorias en mercados situados fuera de la Comunidad y a la fijación de precios, procede señalar que, aun en el supuesto de que la divulgación de esta información por la Comisión fuera contraria a su obligación de respetar los secretos comerciales de Dalmine, no es menos cierto que tal irregularidad sólo podría haber dado lugar a la anulación de la Decisión impugnada si se hubiera acreditado que, a falta de dicha irregularidad, la referida Decisión habría tenido un contenido distinto (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 91, y de 18 de septiembre de 2003, Volkswagen/Comisión, C‑338/00 P, Rec. p. I‑9189, apartados 163 y 164). Ahora bien, como las comprobaciones que figuran en la Decisión impugnada relativas a las prácticas colusorias en mercados situados fuera de la Comunidad y a la fijación de precios fueron calificadas por la recurrente de motivos reiterativos, ésta no puede sostener, de modo alguno, que, a falta de dichas comprobaciones, la Decisión impugnada habría tenido un contenido esencialmente distinto.

71 En consecuencia, procede desestimar igualmente el tercer motivo.

D. Sobre el cuarto motivo, basado en una desnaturalización de los hechos y en una falta de motivación en cuanto a la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada

1. Alegaciones de las partes

72 Dalmine reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber desnaturalizado los hechos y haber motivado insuficientemente la determinación del objeto de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la comprobación de sus efectos y la asimilación de una eventual infracción no puesta en práctica, o sin efectos negativos apreciables sobre la competencia, a una infracción puesta plenamente en práctica.

73 Dalmine recuerda que había alegado ante el Tribunal de Primera Instancia que la práctica colusoria en cuestión no tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales. Entiende que dicho Tribunal consideró erróneamente que Dalmine sólo pretendía señalar la falta de efecto apreciable sobre la competencia. Así, la sentencia adolece de una falta de motivación.

74 Dalmine afirma que, además, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos, porque no comprobó, a la luz de los motivos invocados por Dalmine, los datos aportados por la Comisión sobre el objeto de la práctica colusoria. En particular, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las declaraciones efectuadas por Vallourec, Mannesmann, Dalmine y Corus durante la fase de investigación, así como el cuadro de suministros de los miembros del Club Europa-Japón que figura en el considerando 68 de la Decisión impugnada.

75 La Comisión sostiene que las alegaciones formuladas por Dalmine ante el Tribunal de Primera Instancia no se referían a la cuestión de si la Comisión había probado la existencia de un acuerdo que tuviera por objeto restringir la competencia, sino a la cuestión de si dicha institución había acreditado la ejecución de este acuerdo y los efectos del mismo sobre la competencia y el mercado.

76 Por otra parte, la Comisión señala que Dalmine se limitó a impugnar ante el Tribunal de Primera Instancia la fuerza probatoria del documento del «criterio de reparto» y de las declaraciones de uno de sus antiguos directivos, el Sr. Biasizzo, pero que no negó el valor probatorio de los demás elementos utilizados por la Comisión. Por consiguiente, Dalmine no puede sostener que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado estos medios de prueba, ya que no le instó a pronunciarse sobre los mismos. En consecuencia, la Comisión entiende que procede declarar la inadmisibilidad de las imputaciones basadas en la supuesta desnaturalización de los hechos.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

77 La recurrente no puede alegar que el Tribunal de Primera Instancia no respondió a sus alegaciones de que el acuerdo no tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales.

78 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia mencionó en el apartado 136 de la sentencia recurrida que, según Dalmine, el acuerdo entre los destinatarios de la Decisión impugnada «no se refería a los mercados de los países comunitarios». En los apartados siguientes de esa sentencia dio varias precisiones sobre estas alegaciones de la recurrente. Así, en los apartados 138 y 139 de dicha sentencia reprodujo la conclusión de la Comisión de que «los fabricantes de tubos de acero se encontraban en una posición preeminente en sus respectivos mercados nacionales» y explicó que «Dalmine sostiene que la Comisión habría llegado a una conclusión muy distinta si se hubiera ceñido a analizar la situación existente en el mercado de productos pertinente».

79 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia indicó claramente que, según sus apreciaciones, el acuerdo pretendía el reparto de los mercados nacionales de los fabricantes comunitarios. Así pues, en el apartado 152 de la sentencia recurrida, recordó que «la Comisión se basó en la Decisión impugnada en un conjunto de pruebas referidas al objeto del acuerdo denunciado cuya pertinencia no discute Dalmine, en particular en las declaraciones sucintas pero explícitas del Sr. Verluca». En lo que se refiere a la declaración del Sr. Biasizzo, cuyo valor probatorio niega Dalmine (véase el apartado 76 de la presente sentencia), el Tribunal de Primera Instancia, después de citar otro medio de prueba en el apartado 153 de la sentencia recurrida, concretamente, la declaración del Sr. Jachia de que existía un acuerdo «para respetar las zonas pertenecientes a los diferentes operadores», declaró, en el apartado 155 de la misma sentencia, que la declaración del Sr. Biasizzo corrobora «las declaraciones del Sr. Verluca en cuanto a la existencia del acuerdo de reparto de mercados nacionales descrito por este último (véase, a este respecto, la sentencia [del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 2004,] JFE Engineering y otros/Comisión, [T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501], apartados 309 y siguientes)».

80 En sus declaraciones de 17 de septiembre de 1996, analizadas por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, antes citada, el Sr. Verluca afirmó que los mercados nacionales de los participantes en el acuerdo «disfrutaban de una protección» en lo que respecta a los tubos OCTG estándar y a los tubos de transporte «proyecto» (a excepción del mercado offshore del Reino Unido, que estaba «semiprotegido»). El 18 de diciembre de 1997, con ocasión de un interrogatorio durante una nueva inspección, el Sr. Verluca declaró que «los mercados francés, alemán e italiano tenían la consideración de mercados nacionales. El [Reino Unido] tenía un estatuto particular (véase mi declaración de 17 de septiembre de 1996)».

81 De lo anterior se desprende que la sentencia recurrida no adolece de la falta de motivación invocada por la recurrente.

82 A la luz de las pruebas antes contempladas, mencionadas por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de su declaración de que la práctica colusoria tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales, tampoco cabe acoger la alegación de la recurrente basada en una desnaturalización de los hechos. En particular, la recurrente no explica por qué era errónea la lectura que el Tribunal de Primera Instancia hizo de las declaraciones de los Sres. Verluca y Jachia, que habían afirmado de forma expresa que el acuerdo tenía por objeto el reparto de varios mercados nacionales en la Comunidad.

83 Por último, tampoco cabe acoger la alegación de la recurrente de que el artículo 81 CE no puede interpretarse en el sentido de que una infracción no puesta en práctica o sin efectos negativos apreciables sobre la competencia pueda asimilarse a una infracción plenamente puesta en práctica.

84 En efecto, según jurisprudencia reiterada, para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (sentencias de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartados 122 y 123, así como Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 491). En particular, en cuanto a los acuerdos contrarios a la competencia que, como en el caso de autos, se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que se infringe el artículo 81 CE, apartado 1, cuando esas reuniones tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartados 508 y 509). Por las razones expuestas por el Abogado General en los puntos 134 a 137 de sus conclusiones, sería inadecuado matizar esta jurisprudencia en el sentido propuesto por la recurrente.

85 De todo lo anterior resulta que procede desestimar el cuarto motivo.

E. Sobre el quinto motivo, basado en errores de Derecho, en una desnaturalización de las pruebas y en una falta de motivación en cuanto a los efectos de la infracción sobre los intercambios entre los Estados miembros

1. Alegaciones de las partes

86 Según Dalmine, no se demostró que la práctica colusoria sancionada en el artículo 1 de la Decisión impugnada tuviera una incidencia negativa en el comercio intracomunitario. A este respecto, Dalmine observa que la Comisión no logró acreditar, ni el Tribunal de Primera Instancia comprobar, que el objeto de la práctica colusoria fuera el reparto de los mercados nacionales y señala que, aunque se hubiera demostrado que dicha práctica colusoria se refería a tal reparto, los mercados tenían un nivel de interpenetración tan elevado que no se podían compartimentar. Afirma que la apreciación divergente del Tribunal de Primera Instancia no está suficientemente motivada y que, además, no contiene ninguna valoración de la situación del mercado comunitario.

87 A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia se basó acertadamente en la jurisprudencia según la cual no es necesario probar la existencia efectiva de un perjuicio a los intercambios intracomunitarios para que el artículo 81 CE resulte aplicable, pues basta con demostrar que el acuerdo puede producir potencialmente tal efecto.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

88 Las alegaciones de Dalmine coinciden en buena medida con los argumentos, desestimados en el marco del cuarto motivo, que esta parte recurrente esgrimió para reprochar al Tribunal de Primera Instancia que no hubiera examinado la cuestión de si el acuerdo tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales y que hubiera asimilado una infracción no puesta en práctica, o sin efectos negativos apreciables sobre la competencia, a una infracción puesta plenamente en práctica.

89 En cualquier caso, de una reiterada jurisprudencia resulta que en la interpretación y aplicación del requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, que figura en los artículos 81 CE y 82 CE, ha de tomarse como punto de partida el objetivo de este requisito, que es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo y toda práctica que puedan afectar a la libertad de comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros, en particular, compartimentando los mercados nacionales o alterando la estructura de la competencia en el mercado común (sentencias de 31 de mayo de 1979, Hugin/Comisión, 22/78, Rec. p. 1869, apartado 17, y de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I‑8089, apartado 47).

90 Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre un conjunto de elementos de Derecho y de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario, además, que tal influencia no sea insignificante (sentencias de 28 de abril de 1998, Javico, C‑306/96, Rec. p. I‑1983, apartado 16; de 21 de enero de 1999, Bagnasco y otros, C‑215/96 y C‑216/96, Rec. p. I‑135, apartado 47, y Ambulanz Glöckner, antes citada, apartado 48).

91 Por consiguiente, tras haber constatado que el acuerdo tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales en la Comunidad, el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente, en el apartado 157 de la sentencia recurrida, que el acuerdo tenía el efecto potencial de incidir sobre el comercio entre los Estados miembros. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un reparto de los mercados nacionales en la Comunidad puede afectar de manera significativa a las corrientes de intercambios entre los Estados miembros (véase la sentencia Ambulanz Glöckner, antes citada, apartados 48 y 49).

92 En consecuencia, también procede desestimar el quinto motivo.

F. Sobre el sexto motivo, basado en una desviación de poder, en un error de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere a la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada

1. Alegaciones de las partes

93 Dalmine reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber descrito correctamente el acto ilícito contemplado en el artículo 2 de la Decisión impugnada. Entiende que ese Tribunal reformuló esta Decisión, intentando darle legitimidad jurídica sobre la base de un dato débil, en concreto, la supuesta ilegalidad de los contratos de suministro celebrados entre Corus y, respectivamente, Dalmine, Vallourec y Mannesmann.

94 Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia intentó presentar el acto ilícito mencionado en el artículo 2 de la Decisión impugnada como constitutivo de una infracción autónoma del artículo 81 CE, cuando dicho acto tenía simplemente por objeto la ejecución de las Normas básicas. Tal interpretación del tenor de la Decisión impugnada implica una desviación o un exceso de poder y una desnaturalización de dicha Decisión. Además, se basa en una presentación errónea del mercado de los productos de que se trata.

95 Por otra parte, Dalmine señala que el Tribunal de Primera Instancia indicó de forma expresa que la afirmación de la Comisión reproducida en el considerando 164 de la Decisión impugnada era errónea. Ahora bien, en vez de anular la Decisión impugnada en este punto, el Tribunal de Primera Instancia la reformuló, lo cual también constituye una desviación de poder.

96 Por último, Dalmine subraya que la interpretación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia de la relación entre los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada tuvo consecuencias ventajosas para los fabricantes japoneses, que, al no ser declarados culpables de la supuesta infracción distinta contemplada en el artículo 2 de esta Decisión, se beneficiaron de una reducción de la multa.

97 La Comisión alega que los contratos de suministro celebrados entre Corus y, respectivamente, Dalmine, Vallourec y Mannesmann son considerados en la Decisión impugnada como constitutivos de una infracción distinta del artículo 81 CE, por lo que son objeto de un artículo específico en la parte dispositiva de esta Decisión. Además, al ordenar a las empresas destinatarias poner fin a las «infracciones citadas», el artículo 3 de dicha Decisión indica claramente que se trata de infracciones distintas.

98 La Comisión concluye que el Tribunal de Primera Instancia no se excedió en el ejercicio de sus competencias ni desnaturalizó la Decisión impugnada. Entiende que dicho Tribunal tampoco reformuló la definición del mercado de los productos de que se trata. Asimismo, la Comisión observa que, aunque el Tribunal de Primera Instancia hubiera anulado, de alguna manera, el considerando 164 de esta Decisión, ello no habría tenido ninguna repercusión en la validez del artículo 2 de dicha Decisión.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

99 En la medida en que la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en una desviación de poder, procede recordar que existe tal comportamiento cuando una institución ejerce sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso (sentencias de 14 de mayo de 1998, Windpark Groothusen/Comisión, C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873, apartado 52, y de 10 de marzo de 2005, España/Consejo, C‑342/03, Rec. p. I‑1975, apartado 64).

100 Ahora bien, la recurrente no aportó ningún dato que permita respaldar la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia ejerció sus competencias con una finalidad distinta de la enunciada en el artículo 220 CE, a saber, garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado.

101 Por lo demás, el presente motivo parte de la premisa de que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó la Decisión impugnada al calificar la infracción contemplada en el artículo 2 de esta Decisión de infracción autónoma, y no de una mera puesta en práctica de la infracción enunciada en el artículo 1 de dicha Decisión.

102 Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia no procedió a tal desnaturalización de la Decisión impugnada. Como señaló la Comisión, el propio hecho de que la infracción, consistente en la celebración de los contratos de suministro controvertidos, es objeto de un artículo específico en la parte dispositiva de la Decisión impugnada demuestra que dicha Decisión la calificó de infracción distinta del artículo 81 CE. Además, en el artículo 3 de la Decisión impugnada se ordena a las empresas designadas en los artículos 1 y 2 poner fin a las «infracciones citadas en dichos artículos», siendo ésta una redacción que indica claramente que se trata de infracciones distintas.

103 Por último, contrariamente a lo que afirma la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo que extraer otras consecuencias de sus comprobaciones respecto al considerando 164 de la Decisión impugnada.

104 En lo que se refiere a dicho considerando, el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 244 y 245 de la sentencia recurrida:

«244. […], procede señalar, a los efectos oportunos, que la afirmación de la Comisión, que figura en la primera frase del considerando 164 de la Decisión impugnada, en el sentido de que los contratos de suministro, que constituyen la infracción contemplada en su artículo 2, sólo constituían un medio para la aplicación de la infracción a la que se refiere su artículo 1, es exagerada, ya que la segunda infracción tenía, además de ello, otros objetivos y efectos contrarios a la competencia, conexos pero diferentes. En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado en su sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, [antes citada], (apartados 569 y siguientes), que la Comisión no respetó el principio de igualdad de trato al no tener en cuenta la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada a efectos de determinar el importe de las multas impuestas a los fabricantes europeos, a pesar de que el objeto y los efectos de dicha infracción sobrepasaban su contribución a la perennidad del acuerdo Europa-Japón (véase, en particular, el apartado 571 de dicha sentencia).

245. Aunque la desigualdad de trato a la que se refiere el apartado anterior ha servido para justificar la reducción de la cuantía de las multas impuestas a las demandantes japonesas, el error en el análisis subyacente no justifica la anulación del artículo 2 de la Decisión impugnada ni la de su artículo 1 en el marco del presente recurso.»

105 Como ha señalado el Abogado General en los puntos 213 a 216 de sus conclusiones, la declaración del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 244 de la sentencia recurrida sólo significaba que la Comisión consideró erróneamente que no procedía imponer una multa adicional por la infracción enunciada en el artículo 2 de la Decisión impugnada, por entender que dichos contratos no eran más que un medio para aplicar el principio de respeto de los mercados nacionales acordado en el marco del Club Europa-Japón (véase el apartado 20 de la presente sentencia). Por lo tanto, esta apreciación del Tribunal de Primera Instancia no tiene ninguna consecuencia para la propia declaración, en el artículo 2 de la Decisión impugnada, de que se cometió la referida infracción y no justifica en absoluto la anulación de dicho artículo.

106 Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede desestimar el sexto motivo.

G. Sobre el séptimo motivo, basado en una desviación de poder, en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere a los efectos de la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada

1. Alegaciones de las partes

107 Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos al considerar que el contrato de suministro celebrado entre Dalmine y Corus restringía la competencia en el mercado de tubos lisos y tubos roscados del Reino Unido. El Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que, a raíz de la celebración de este contrato, Dalmine se había retirado en la práctica del mercado de tubos lisos y roscados del Reino Unido. A este respecto, Dalmine subraya que, en cualquier caso, no podía acceder al mercado de tubos OCTG premium en el Reino Unido porque no tenía la licencia preceptiva.

108 Dalmine insiste en que su contrato de suministro con Corus se aplica a los tubos lisos, esto es, un producto ajeno al mercado relevante. Por consiguiente, no cabe considerarlo como una modalidad de ejecución del supuesto acuerdo de reparto de los mercados nacionales contemplado en el artículo 1 de la Decisión impugnada. Dalmine alega que, al contrario, este contrato se basa en una lógica comercial legal.

109 Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia entendió acertadamente que Dalmine podría haber obtenido una licencia que le permitiera comercializar los tubos OCTG premium en el mercado del Reino Unido si esto le hubiera parecido interesante, pero que la celebración del contrato de suministro en cuestión hizo que no existiera tal interés, por lo que Dalmine fue eliminada como potencial competidor.

110 La Comisión añade que, si no hubiera existido dicho contrato de suministro, Dalmine también podría haber tenido interés en vender más tubos OCTG estándar en dicho mercado. Por otra parte, precisa que Dalmine ya vendía en el Reino Unido tubos OCTG estándar para los que no precisaba ninguna licencia y que su alegación de que no tenía acceso al mercado del Reino Unido carecía por tanto de fundamento.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

111 En el apartado 179 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hizo la siguiente lectura, en sí no contradicha por la recurrente, de los contratos de suministro contemplados en el artículo 2 de la Decisión impugnada:

«[…] Tomados en su conjunto, dichos contratos reparten, al menos a partir del 9 de agosto de 1993, los tubos lisos que Corus necesitaba entre los otros tres fabricantes europeos (40 % para Vallourec, 30 % para Dalmine y 30 % para Mannesmann). Por otra parte, cada uno de los contratos prevé que el precio pagado por Corus por los tubos lisos se calculará mediante una fórmula matemática que tiene en cuenta el precio obtenido por ésta por sus tubos roscados.»

112 Tomando en consideración estas cláusulas de los contratos de suministro, no procede acoger la argumentación de la recurrente, dirigida esencialmente a demostrar que no existe relación alguna, en cuanto a los efectos de estos contratos sobre la competencia, entre los tubos lisos, por una parte, y los tubos roscados, por otra. A este respecto, lejos de haber desnaturalizado los hechos, el Tribunal de Primera Instancia expuso de forma convincente, en el apartado 181 de la sentencia recurrida, los efectos contrarios a la competencia que los contratos de suministro tienen, no sólo en el mercado de tubos lisos, sino también en el de tubos roscados, en los siguientes términos:

«Los tres competidores comunitarios de Corus, mediante sus respectivos contratos, quedaban atados de tal forma que desaparecía cualquier competencia efectiva o potencial por su parte en el mercado nacional de aquélla, que como contrapartida sacrificaba su libertad de aprovisionamiento. Así, si bajaban las ventas de tubos roscados de Corus los tres suministradores de tubos lisos vendían menos. Por otra parte, el margen de beneficio que obtenían éstos por las ventas de tubos lisos pactadas también se reducía en función del precio obtenido por Corus por sus tubos roscados y podía incluso transformarse en pérdida. En estas circunstancias, era inconcebible en la práctica que los tres fabricantes mencionados intentasen competir realmente con Corus en el mercado británico de tubos roscados, sobre todo en materia de precios […].»

113 En la medida en que la recurrente presenta la celebración de su contrato de suministro con Corus como una actividad comercial lógica y legal, basta señalar que el Tribunal de Primera Instancia refutó debidamente esta alegación en el apartado 181, antes citado, de la sentencia recurrida y en el apartado 185 de dicha sentencia, según el cual, «si no hubiesen existido los contratos de suministro, los fabricantes europeos afectados distintos de Corus habrían tenido, en condiciones normales y abstracción hecha de las Normas básicas, un interés comercial real, o al menos potencial, en competir con ella en el mercado británico de tubos roscados y en competir entre sí para suministrar tubos lisos a Corus».

114 Por último, en lo que se refiere a la alegación de la recurrente de que no tenía acceso al mercado del Reino Unido, sobre todo porque en dicho país no tenía licencia para vender tubos OCTG premium, basta con remitirse al análisis, totalmente correcto, que el Tribunal de Primera Instancia hizo en el apartado 186 de la sentencia recurrida:

«En cuanto a las alegaciones de Dalmine sobre las dificultades que en la práctica le impedían vender directamente tubos OCTG premium y estándar en el mercado británico, tales dificultades no bastan para demostrar que, si no hubiera existido el contrato de suministro que celebró con Corus y, a continuación, con Vallourec, nunca podría haber vendido el producto en cuestión en dicho mercado. En efecto, en el supuesto de que las condiciones del mercado británico de tubos OCTG hubiesen evolucionado positivamente, no puede descartarse la obtención por parte de Dalmine de una licencia que le habría permitido comercializar tubos roscados “premium” en dicho mercado o un aumento de su producción de tubos OCTG estándar destinados al mismo. De lo que se desprende que, al firmar el contrato de suministro en cuestión, la demandante aceptó en la práctica limitaciones a su política comercial […].»

115 A la luz de todo lo anterior, procede desestimar el séptimo motivo.

H. Sobre el octavo motivo, basado en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere al contexto económico en el que se inscribe el contrato de suministro entre Dalmine y Corus

1. Alegaciones de las partes

116 Dalmine impugna la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que las cláusulas del contrato de suministro celebrado con Corus son por naturaleza ilícitas.

117 A este respecto, Dalmine explica, entre otras cosas, la lógica comercial del contrato en cuestión, recuerda la importante fuerza negociadora que Corus tiene en comparación con los proveedores potenciales y reitera su afirmación de que en el mercado del Reino Unido vendía de forma totalmente marginal tubos OCTG estándar y que en dicho mercado no vendía en absoluto tubos OCTG premium.

118 La Comisión entiende que en este motivo se reproducen las alegaciones formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia para impugnar el carácter anticompetitivo de algunas cláusulas del contrato de suministro celebrado entre Dalmine y Corus, de modo que este motivo es inadmisible.

119 La Comisión sostiene que, en cualquier caso, la argumentación de la recurrente carece de todo fundamento. En particular, señala que los intereses comerciales y la fuerza negociadora de una de las partes no pueden influir en el carácter ilícito de un contrato contrario al artículo 81 CE.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

120 Como se desprende de los apartados 111 a 113 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró de forma suficientemente motivada, con razón y sin desnaturalizar los hechos que los contratos de suministro contemplados en el artículo 2 de la Decisión impugnada podían afectar al comercio entre los Estados miembros y producían el efecto de impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Por consiguiente, la recurrente no puede impugnar la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que las cláusulas de estos contratos eran por naturaleza ilícitas.

121 En la medida en que la recurrente invoca ciertos intereses comerciales y la fuerza negociadora de una de las partes en estos contratos, procede señalar, como ha hecho el Abogado General en los puntos 229 y 230 de sus conclusiones, que estas imputaciones no fueron formuladas de forma expresa ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que deben ser declaradas inadmisibles en el marco del presente recurso de casación (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, apartado 59, y de 8 de julio de 1999, Hercules Chemicals/Comisión, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, apartado 58). Por otra parte, estas imputaciones no pueden prosperar de modo alguno. La apreciación de si un comportamiento es conforme con el artículo 81 CE, apartado 1, debe hacerse en su contexto económico (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, apartado 66, y de 13 de julio de 2006, Comisión/Volkswagen, C‑74/04 P, Rec. p. I‑3173, apartado 45). Sin embargo, las alegaciones de la recurrente, aun suponiendo que estén fundadas, no pueden probar que el contexto económico excluía cualquier posibilidad de competencia eficaz (véase, por analogía, la sentencia de 8 de julio de 1999, Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartado 127).

122 Por consiguiente, también debe desestimarse el octavo motivo.

I. Sobre el noveno motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación de la gravedad de la infracción

1. Alegaciones de las partes

123 Dalmine alega que la gravedad de la infracción reprochada debe apreciarse en función del tamaño del mercado pertinente, ya que es el único parámetro estrictamente objetivo. Sostiene que una apreciación de la gravedad de la infracción que no tenga en cuenta este criterio objetivo es ilógica y basada en elementos que no constan en la jurisprudencia, en el Reglamento nº 17 o en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas»). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente que el tamaño del mercado afectado sólo era un factor más a tener en cuenta entre otros para calcular la multa.

124 A continuación, Dalmine formula alegaciones dirigidas a demostrar que, contrariamente a lo que afirma el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión no respetó los criterios fijados en las Directrices para el cálculo de las multas, concretamente, la naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas sobre el mercado y la dimensión del mercado geográfico afectado. Concluye que la supuesta infracción no puede calificarse de «muy grave». Además, el Tribunal de Primera Instancia no motivó debidamente esta calificación. Dalmine entiende que dicho Tribunal se limitó a tomar nota de las apreciaciones de la Comisión, sin pronunciarse sobre su pertinencia ni fundamento.

125 Por último, Dalmine reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta el tamaño individual de las empresas destinatarias de la Decisión impugnada. Considera contrario a cualquier criterio, de Derecho o en equidad, que se le imponga la misma sanción que, por ejemplo, a Nippon Steel, cuyo volumen de negocios anual es mucho mayor que el suyo. Por otra parte, entiende que el carácter desproporcionado de la multa que le ha sido impuesta queda demostrado por el hecho de que el importe de base de la multa equivale al 16 % de sus ventas de los productos de que se trata a nivel mundial en 1998, al 38 % de las realizadas en el mercado comunitario y al 95 % de las efectuadas en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido durante el período en el que se le imputa la infracción.

126 La Comisión recuerda en primer lugar que, según las Directrices para el cálculo de las multas, el tamaño del mercado afectado no es más que uno de los elementos que deben tomarse en consideración para apreciar la gravedad de la infracción.

127 A continuación, la Comisión alega que se aplicaron correctamente los criterios establecidos en estas Directrices. En particular, explica que un cártel puede calificarse de «infracción muy grave», por la naturaleza de la infracción o porque afecta a una parte significativa del mercado común, aunque verse sobre un producto cuyas ventas no representen un volumen de negocios especialmente importante en dicho mercado.

128 Por último, la Comisión subraya que de las Directrices para el cálculo de las multas resulta que la imposición de multas distintas en función del volumen de negocios de las empresas implicadas no es obligatoria, sino facultativa.

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

129 Según jurisprudencia reiterada, la gravedad de las infracciones del Derecho comunitario de la competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 465, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 241).

130 Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de la práctica colusoria, el beneficio que hayan podido obtener de esta práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Musique Diffusion française y otros/Comisión, apartado 129, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión, apartado 242).

131 El punto 1 A de las Directrices para el cálculo de las multas precisa que «a la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado».

132 Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente, en el apartado 259 de la sentencia recurrida, que el tamaño del mercado afectado sólo era un factor más a tener en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa.

133 A continuación, en lo que se refiere a la argumentación de Dalmine de que el Tribunal de Primera Instancia confirmó erróneamente y sin motivación suficiente la aplicación por la Comisión de las Directrices para el cálculo de las multas y la calificación de la infracción de «muy grave», procede recordar que la Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación y que el método de cálculo delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas contiene varios rasgos de flexibilidad (sentencia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, Rec. p. I‑0000, apartados 46 y 47).

134 No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal de Primera Instancia apreció correctamente el ejercicio, por la Comisión, de dicha facultad de apreciación (sentencia SGL Carbon/Comisión, antes citada, apartado 48).

135 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia resumió acertadamente, en los apartados 263 a 265 de la sentencia recurrida, la aplicación que la Comisión hizo de los criterios establecidos en las Directrices para el cálculo de las multas:

«263. […] en el considerando 161 de la Decisión impugnada, para fundamentar su calificación de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada como “muy grave”, la Comisión se basó principalmente, en la naturaleza del comportamiento ilícito de todas las empresas. A este respecto, invocó la naturaleza gravemente contraria a la competencia y perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior del acuerdo de reparto de mercados objeto de sanción, el carácter deliberado de la actuación ilícita, y el carácter secreto e institucionalizado del sistema instaurado para restringir la competencia. La Comisión tuvo también en cuenta en dicho considerando 161 el hecho de que “los cuatro Estados miembros en cuestión representan la mayoría del consumo de [tubos] OCTG y de [tubos de transporte] sin soldadura en la Comunidad y, por tanto, representan un mercado geográfico amplio”.

264. En cambio, la Comisión señaló, en el considerando 160 de la Decisión impugnada, que “el impacto concreto de la infracción en el mercado es limitado”, porque los dos productos específicos a los que afecta, esto es, los tubos OCTG estándar y los tubos de transporte “proyecto”, sólo representaban un 19 % del consumo comunitario de tubos OCTG y de tubos de transporte sin soldadura y porque, debido al progreso tecnológico, los tubos soldados podían cubrir una parte de la demanda de tubos sin soldadura.

265. Así pues, en el considerando 162 de la Decisión impugnada, la Comisión, tras haber clasificado esta infracción en la categoría de infracciones “muy graves”, apoyándose en los factores enumerados en el considerando 161, tuvo en cuenta el volumen relativamente reducido de las ventas de los productos en cuestión por parte de los destinatarios de la Decisión impugnada en los cuatro Estados miembros afectados (73 millones de euros al año). Dicha referencia al tamaño del mercado afectado concuerda con la apreciación del considerando 160 de la Decisión impugnada sobre el limitado impacto de la infracción en el mercado. La Comisión decidió, pues, fijar el importe calculado en función de la gravedad en sólo 10 millones de euros. Pues bien, las Directrices para el cálculo de las multas prevén en principio, un importe “de más de 20 millones [de euros]” para una infracción incluida en dicha categoría.»

136 El análisis efectuado por la Comisión, resumido supra, indica que se tuvieron en cuenta los tres criterios enumerados en el punto 1 A de las Directrices para el cálculo de las multas con el fin de determinar la gravedad de la infracción. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente, en el apartado 260 de la sentencia recurrida, «que, aunque la Comisión no haya invocado de forma expresa las Directrices en la Decisión impugnada, procedió a determinar el importe de la multa impuesta a la demandante aplicando el método de cálculo que en dichas Directrices se había impuesto».

137 En los apartados 266 a 271 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia analizó «si el método seguido por la Comisión y que ha sido […] descrito [en los apartados 263 a 265 de la misma sentencia] es ilegal, a la vista de las alegaciones presentadas por Dalmine», en los siguientes términos:

«267. En lo que se refiere a las alegaciones de Dalmine relativas a los mercados de referencia, procede señalar que los considerandos 35 y 36 de la Decisión impugnada definen los mercados geográficos de que se trata tal como deberían ser en circunstancias normales, sin tener en cuenta los acuerdos ilícitos que tenían por objeto o efecto su escisión artificial. Seguidamente se deduce de la Decisión impugnada, considerada en su totalidad, y en particular de sus considerandos 53 a 77, que el comportamiento de los fabricantes japoneses y europeos en cada mercado nacional o, en algunos casos, en el mercado de una determinada región del mundo se regía por normas específicas, distintas según el mercado de que se tratase, y que eran el resultado de las negociaciones comerciales desarrolladas en el seno del Club Europa-Japón.

268. Así pues, procede desestimar por carecer de pertinencia las alegaciones de Dalmine sobre los pequeños porcentajes de los mercados mundial y europeo de tubos OCTG estándar y de tubos de transporte “proyecto” que representaban las ventas de los ocho destinatarios de la Decisión impugnada. En efecto, lo que hace que la Decisión impugnada considere que la infracción contemplada en su artículo 1 es “muy grave” es el hecho de que tuviera como objeto y, al menos en parte, como efecto, la exclusión de cada una de las empresas destinatarias de los mercados nacionales de las demás, incluidos los mercados de los cuatro Estados miembros de las Comunidades europeas con un mayor consumo de tubos de acero.

269. A este respecto, carece de pertinencia la argumentación de Dalmine en cuanto a lo reducido de las ventas de tubos OCTG estándar y a la importancia de los tubos soldados como productos que competían con los tubos de transporte “proyecto” en su propio mercado nacional, ya que su participación en la infracción de reparto de mercados es consecuencia del compromiso asumido por ella de no vender en otros mercados los productos a los que se refiere la Decisión impugnada. Así pues, aun suponiendo que las circunstancias invocadas por la demandante estuviesen acreditadas con arreglo a Derecho, no invalidarían la conclusión a la que llegó la Comisión en cuanto a la gravedad de la infracción cometida por Dalmine.

270. Procede señalar, por otra parte, que el hecho, invocado por Dalmine, de que la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada sólo se refiera a dos productos concretos, que son los tubos OTCG estándar y los tubos de transporte “proyecto”, y no a todos los tubos OCTG y de transporte, fue mencionado explícitamente por la Comisión en el considerando 160 de la Decisión impugnada como un factor que limitaba el impacto concreto de la infracción en el mercado (véase el apartado 264 supra). Del mismo modo, la Comisión se refiere, en dicho considerando 160, a la creciente competencia de los tubos soldados (véase también el apartado 264 supra). Debe reconocerse, por tanto, que la Comisión ya tuvo en cuenta estos elementos a la hora de valorar la gravedad de la infracción en la Decisión impugnada.

271. A la vista de lo anteriormente expuesto, procede considerar que la reducción, mencionada en el apartado 265 supra, del importe calculado en función de la gravedad a un 50 % de la cantidad mínima que se establece normalmente en el caso de una infracción “muy grave” tiene debidamente en cuenta el limitado impacto de la infracción en el mercado en el presente asunto.»

138 Procede señalar que, mediante las consideraciones anteriores, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció de forma razonable y coherente sobre los factores esenciales tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y respondió de manera suficiente en Derecho a las alegaciones formuladas por Dalmine. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no se limitó a tomar nota de las apreciaciones de la Comisión, sino que examinó detalladamente la cuestión suscitada por Dalmine de si la Comisión había considerado correctamente los efectos de la infracción sobre el mercado relevante, con el fin de valorar la gravedad de la misma. Además, con su apreciación de que la infracción mencionada en el artículo 1 de la Decisión impugnada era de todos modos «muy grave», ya que tenía como objeto y, al menos en parte, como efecto, la exclusión de cada una de las ocho empresas destinatarias de la Decisión impugnada de los mercados nacionales de las demás, el Tribunal de Primera Instancia insistió acertadamente en la importante gravedad intrínseca de las infracciones que consisten en repartir los mercados nacionales en la Comunidad.

139 Por lo demás, como el Tribunal de Primera Instancia también señaló con razón, el impacto limitado que la infracción tuvo en el mercado en el caso de autos ya se tomó en consideración de forma adecuada, toda vez que la Comisión fijó el importe de la multa en función de la gravedad de la infracción en sólo 10 millones de euros.

140 Mediante su última imputación formulada en el marco del presente motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta el tamaño individual de las empresas destinatarias de la Decisión impugnada.

141 Ahora bien, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, al determinar el importe de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas. En efecto, la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios de la empresa de que se trate, pero no debe atribuirse a dicha cifra una importancia desproporcionada en comparación con los demás criterios de apreciación (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes citada, apartados 255 y 257).

142 El punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas es conforme con esta jurisprudencia. Establece que «podrá resultar conveniente ponderar, en determinados casos, los importes fijados […] para tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza».

143 El Tribunal de Primera Instancia indicó acertadamente en el apartado 282 de la sentencia recurrida que el uso de los términos «en determinados casos» y «sobre todo» en dicho párrafo de las Directrices para el cálculo de las multas muestra que la ponderación en función del tamaño individual de las empresas no es una etapa de cálculo que la Comisión se haya impuesto sistemáticamente, sino un margen de flexibilidad que se reserva para los asuntos en los que sea necesario, en función sobre todo de las circunstancias del asunto. Por otra parte, esta facultad de apreciación se desprende también de la expresión «podrá resultar conveniente» de ese mismo párrafo.

144 En el apartado 283 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia dedujo correctamente de estas consideraciones que «la Comisión conserva un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada emp