Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Poderes adjudicadores - Organismo de Derecho público - Concepto - Entidad del tipo de la Imprenta del Estado austriaco - Inclusión - Contratos públicos de obras - Concepto - Contratos de obras adjudicados por la mencionada entidad - Inclusión independientemente la naturaleza del contrato

[Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 1, letras a) y b)]

2 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Poderes adjudicadores - Organismo de Derecho público - Concepto - Empresa que ejerce actividades mercantiles y que pertenece a un poder adjudicador - Exclusión - Contratos públicos de obras - Concepto - Contrato relativo a un proyecto de obras que desde su origen depende de una empresa que no es un poder adjudicador - Exclusión

[Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 1, letras a) y b)]

3 Cohesión económica y social - Intervenciones estructurales - Financiación comunitaria - Requisito - Conformidad de las acciones contempladas con el Derecho comunitario aplicable - Financiación de un proyecto de obras no afectado por la legislación relativa a la adjudicación de contratos públicos - Sujeción al cumplimiento de los procedimientos de recurso en esta materia - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 2081/93 del Consejo, art. 7, ap. 1; Directivas del Consejo 89/665/CEE y 93/37/CEE, art. 1, letra b)]

Índice

4 La letra b) del artículo 1 de la Directiva 93/37 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras establece, en su párrafo primero que se entenderán como poderes adjudicadores, entre otros, los organismos de Derecho público y, en su párrafo segundo, que se considerará como tal cualquier organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y que dependa estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de Derecho público.

Una entidad como la Österreichische Staatsdruckerei (Imprenta del Estado austriaco) debe ser considerada un organismo de Derecho público y, por consiguiente, como un poder adjudicador en el sentido de las disposiciones antes citadas, en la medida en que

- los documentos cuya impresión realiza la ÖS están estrechamente vinculados al orden público y al funcionamiento institucional del Estado, por lo cual exigen una garantía de abastecimiento y unas condiciones de producción que aseguren el cumplimiento de las normas de confidencialidad y de seguridad, y a este respecto se especifica que el requisito según el cual el organismo debe haber sido creado para satisfacer «específicamente» necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil no implica que esté únicamente, ni siquiera principalmente, encargado de satisfacer dichas necesidades;

- la ÖS está dotada de personalidad jurídica;

- el director general de la ÖS es nombrado por un órgano integrado, en su mayoría, por miembros nombrados por la Cancillería Federal o por los diferentes ministerios, dicha entidad está sujeta al control del Tribunal de Cuentas, la mayoría de las acciones de la ÖS pertenecen al Estado austriaco y un servicio estatal de inspección se ocupa de velar por los impresos sujetos a un régimen de seguridad.

Por lo que se refiere a los contratos públicos de obras celebrados por dicha entidad, sea cual fuere su naturaleza, deben ser considerados como contratos públicos de obras a efectos de la letra a) del artículo 1 de dicha Directiva y sin tener en cuenta la parte relativa, más o menos extensa, de la actividad ejercida para satisfacer necesidades que no tengan carácter industrial o mercantil.

5 Una empresa que ejerce actividades mercantiles y en la que un poder adjudicador en el sentido del párrafo primero de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, posee la mayoría de las participaciones no debe ser considerada un organismo de Derecho público con arreglo al párrafo segundo de la disposición antes mencionada -según el cual debe tratarse de un organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil- ni, por lo tanto, un poder adjudicador en el sentido del párrafo segundo de dicha disposición, por la única razón de que esta empresa haya sido creada por el poder adjudicador o de que este último le haya transferido los recursos financieros derivados de las actividades que ejerce para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

Por otra parte, un contrato público de obras no está sujeto a las disposiciones de la Directiva cuando contenga un proyecto que, desde su origen, corresponda plenamente al objeto social de una empresa que no sea un poder adjudicador y cuando los contratos de obras relativos a dicho proyecto hayan sido celebrados por un poder adjudicador por cuenta de dicha empresa.

6 En virtud del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento nº 2081/93, por el que se modifica el Reglamento nº 2052/88, las acciones financiadas por los Fondos estructurales o mediante una intervención del Banco Europeo de Inversiones o de otro instrumento financiero existente deberán atenerse a las disposiciones de los Tratados y de los actos adoptados en virtud de los Tratados, así como a las políticas comunitarias, incluidas las que se refieran a las normas de competencia, la formalización de contratos públicos y la protección del medio ambiente, al igual que a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A este respecto, el requisito de la conformidad con el Derecho comunitario de las acciones consideradas supone que éstas están incluidas en el ámbito de aplicación definido por la legislación comunitaria correspondiente.

De ello se sigue que la disposición antes citada debe interpretarse en el sentido de que la financiación comunitaria de un proyecto de obras no está supeditada al cumplimiento, por parte de sus beneficiarios, de los procedimientos de recurso establecidos en la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, cuando ellos mismos no sean poderes adjudicadores en el sentido de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 93/37 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.