En el supuesto de que la Junta de Comisarios ejerza las facultades atribuidas porel Estatuto a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, la circunstancia de que el comité consultivo para los nombramientos y los gabinetes de los Comisarios hayan preparado la decisión de nombramiento, que posteriormente es aprobada por la Junta de Comisarios sin que ésta examine pormenorizadamente los méritos de los candidatos, no puede considerarse como una irregularidad que vicia el procedimiento de nombramiento. En efecto, exigir a los Comisarios que de modo sistemático utilicen sus prerrogativas de examen y de discusión pormenorizada en todos los procedimientos para nombrar a los funcionarios de grado A 2 les impediría beneficiarse de la menor carga de trabajo que les garantiza la organización actual de los trabajos preparatorios de sus reuniones efectuados por sus gabinetes. Esta organización del trabajo, basada en un interés evidente por obtener un consenso previo provisional entre los gabinetes, es una práctica procedimental tradicional que ni pone en peligro la legitimidad de las decisiones finales que pueda adoptar la Comisión ni daña la libertad de la Junta de Comisarios en la toma de decisiones.

En el marco de un procedimiento de promoción, el hecho de que se formulen meros pronósticos sobre el nombramiento o la promoción de un funcionario, aun cuando posteriormente resulten acertados, no acredita en modo alguno que dicho funcionario haya sido escogido anticipadamente y nombrado para la vacante sin que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos haya efectuado previamente el examen comparativo de los méritos de los candidatos.

No obstante, no se infringe dicho artículo cuando el funcionario de que se trate haya sido nombrado para proveer la vacante porque sus méritos son superiores a los de los demás candidatos.

El objeto del procedimiento administrativo previo, previsto en los artículos 90 y 91 del Estatuto, es permitir a las partes la resolución amistosa de la controversia. Se trata de un procedimiento en el que la Institución comunitaria ejerce una función administrativa y no jurisdiccional. Esta última función, en efecto, se reserva al Tribunal de Primera Instancia y posteriormente, en su caso, al Tribunal de Justicia, ante los que se puede interponer un recurso cuando las partes no alcanzan una solución amistosa de la controversia.

Aunque la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción respecto a los candidatos no promovidos, sí está obligada, en cambio, a motivar la decisión por la que desestima una reclamación presentada por un candidato no promovido.

En determinadas circunstancias, los defectos en la motivación de una decisión por la que se desestima una candidatura a una vacante no justifican la anulación. Así ocurre cuando el interesado sólo impugna la comunicación tardía de la motivación de tal decisión y cuando, poco después de la interposición de su recurso, obtiene una respuesta motivada a la reclamación cuya suficiencia no discute. En efecto, la comunicación tardía de la motivación no puede afectar, por sí sola, a la legalidad intrínseca de la decisión por la que se desestima la candidatura del interesado a la vacante.

Por lo demás, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia anulara la decisión por la que se desestima la candidatura del demandante por falta de motivación, la Institución debería adoptar una nueva decisión debidamente motivada. Dado que el interesado ya ha recibido, aunque tardíamente, tal decisión motivada como respuesta a su reclamación, no puede obtener beneficio alguno de la anulación

(véanse los apartados 73 a 77)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de mayo de 1998, Wenk/Comisión (T-159/96, RecFP p. II-593), apartado 114