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El Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, en estas condiciones, decidió de nuevo aplazar su pronunciamiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Si la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sala Primera, el 12 de abril de 1984, en el asunto 345/82, es contraria a los principios generales del Derecho comunitario, en particular al principio del derecho de las partes a ser oídas o al principio de competencia (Grundsatz des gesetzlichen Richters) dado que: a) el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos expuestos por la demandante mediante los que esta ùltima impugnaba la exactitud de las estadísticas utilizadas por la Comisión y, en particular, el Tribunal no abrió instrucción; b) el Tribunal procedió a un examen de los hechos que es competencia del órgano jurisdiccional nacional. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: 2) Si debe interpretarse la mencionada sentencia en el sentido de que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CEE) n° 516/77 del Consejo, de 14 de marzo de 1977, que establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 73 de 21 de marzo de 1977, p. 1; EE 03/12, p. 46): a) deja a la Comisión en libertad, a la hora de determinar si el mercado sufre una perturbación, no sólo de apreciar el valor de los datos estadísticos aportados sino también de comprobar su autenticidad, o b) significa que no pueden ser objeto de control jurisdiccional las estadísticas oficiales, puestas a disposición de la Comisión por las autoridades gubernamentales competentes de los Estados miembros con el fin de permitirle vigilar la evolución de los mercados y, en su caso, adoptar medidas de salvaguardia. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: 3) Si el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CEE) n° 516/77, tal como lo interpreta la sentencia de 12 de abril de 1984, no es inválido por ser dicha disposición incompatible con el Derecho comunitario superior, en particular con el principio de legalidad que se impone a la Administración [cf. cuestión 2 a)] o en su caso con el principio de una protección jurídica amplia [cf. cuestión 2 b)]. En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión: 4) Si el órgano jurisdiccional nacional está vinculado por una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, sobre el mismo procedimiento principal, aun cuando dicha sentencia se haya dictado infringiendo el principio del derecho de las partes a ser oídas o el principio de la competencia, o se funde sobre una base jurídica que no sea válida. En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión: 5) Si es válido el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3429/80 de la Comisión, de 29 de diciembre de 1980, que dispone las medidas de salvaguardia aplicables a la importación de conservas de champiñones cultivados (DO L 358 de 31 de diciembre de 1980).»
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Es cierto que el Tribunal de Justicia no puede acordar medidas provisionales de las que se deriven infracciones de la normativa comunitaria o un riesgo para la salud pública. Sin embargo, no es eso lo que sucede en el caso de medidas provisionales destinadas, no a impedir los controles necesarios al efecto, sino a garantizar que las modalidades de dichos controles no causen perjuicios injustificados.
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Mediante el Decreto n.o 517, titulado «Declaración del estado de alarma a nivel nacional y de nombramiento del jefe de operaciones relacionadas con el estado de alarma a nivel nacional», de 2 de julio de 2021 (TAR, 2021, n.o 2021‑15235; en lo sucesivo, «Decreto n.o 517/21»), el Gobierno de la República de Lituania declaró el estado de alarma en todo el territorio. El 10 de noviembre de 2021, se declaró el estado de excepción en una parte de este territorio, debido a que dicho Estado miembro consideraba que estaba haciendo frente a una afluencia masiva de migrantes procedentes, en particular, de Bielorrusia.
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El artículo 53 de este Reglamento, con el epígrafe «Situaciones de emergencia en materia fitosanitaria», tiene el siguiente tenor: «1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, en circunstancias especiales, un Estado miembro podrá autorizar, por un período no superior a 120 días, la comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada, si tal medida fuera necesaria debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables. El Estado miembro de que se trate informará inmediatamente de la medida adoptada a los demás Estados miembros y a la Comisión y proporcionará información detallada sobre la situación y cualquier medida adoptada para garantizar la seguridad de los consumidores. […] 4. Los apartados 1 a 3 no serán de aplicación a los productos fitosanitarios que contengan organismos modificados genéticamente o que estén compuestos de estos, a no ser que dicha liberación se haya aceptado de conformidad con la Directiva 2001/18/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO 2001, L 106, p. 1)].»
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En efecto, según LG, en primer término, la inaplicación de dichos requisitos en tal caso implicaría que el Derecho nacional o el Derecho derivado de la Unión definieran el ámbito de aplicación del Derecho primario de la Unión, lo que sería incompatible con la primacía del Derecho de la Unión y con la exigencia de una aplicación coherente del Derecho de la Unión en materia de competencia. Además, prosigue, el control ex post en virtud del artículo 102 TFUE y la regulación ex ante del sector de que se trata sirven a objetivos diferentes. Sería contrario al principio de seguridad jurídica someter a las empresas de los sectores regulados a criterios legales diferentes en virtud del artículo 102 TFUE. Por último, según LG, en el caso de autos, en el momento de la supresión de la vía férrea, LG no estaba sometida a ninguna obligación de conceder acceso a la vía férrea a LDZ, ya que LDZ no había solicitado ni obtenido ninguna licencia para operar en Lituania cuando la vía férrea fue suprimida. Según la recurrente, esta circunstancia permite distinguir el presente asunto de los que dieron lugar a la sentencia de 13 de diciembre de 2018, Slovak Telekom/Comisión (T‑851/14, EU:T:2018:929), y posteriormente a las sentencias de 25 de marzo de 2021, Deutsche Telekom/Comisión (C‑152/19 P, EU:C:2021:238), y de 25 de marzo de 2021, Slovak Telekom/Comisión (C‑165/19 P, EU:C:2021:239).
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El órgano jurisdiccional remitente indica que, según su reiterada jurisprudencia, de los artículos 1134, 1147 y 1184 del Código Civil, en su versión aplicable al litigio principal, se desprende que, si bien el contrato de préstamo de una cantidad de dinero puede establecer que el incumplimiento por parte del prestatario no comerciante entrañará el vencimiento anticipado del contrato, el acreedor no podrá declarar este vencimiento sin haber efectuado antes un requerimiento de pago que haya quedado sin efecto y que especificara el plazo de que disponía el deudor para oponerse al mismo. Dicho órgano jurisdiccional precisa, no obstante, que admite que pueda establecerse una excepción a este requisito de requerimiento mediante una estipulación expresa e inequívoca del contrato, siempre que se informe al consumidor de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones.
3)

¿Se opone el artículo 6, apartado 1, de la [Directiva 2008/98] a una normativa nacional con arreglo a la cual, en el caso del material de excavación, el fin de la condición de residuo no podrá producirse si no se cumplen, o no se cumplen totalmente, ciertos criterios formales (en particular, obligaciones de registro y documentación) sin incidencia medioambiental en la medida adoptada, aunque se haya demostrado que el material de excavación no supera los valores límite (categoría de calidad) que deben respetarse para el uso concreto previsto?»
3

El ICA es el organismo encargado, en virtud de la Lei n.o 55/2012 — Princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais (Ley n.o 55/2012 — Principios de actuación del Estado en el marco del fomento, el desarrollo y la protección del arte del cine y de las actividades cinematográficas y audiovisuales), de 6 de septiembre de 2012 (Diário da República, 1.a serie, n.o 173/2012, de 6 de septiembre de 2012), de conceder ayudas —entre otras, económicas— a la actividad cinematográfica y audiovisual.
(21)

Cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para una empresa, conviene permitir que los Estados miembros establezcan mecanismos de recuperación eficaz de los costes netos. La recuperación con cargo a fondos públicos de los Estados miembros constituye uno de los métodos de recuperación de los costes netos que se derivan de las obligaciones de servicio universal. También parece razonable que la recuperación de los costes netos establecidos se haga de manera transparente mediante la contribución de todos los usuarios a través de exacciones recaudadas a las empresas. Los Estados miembros deben poder financiar los costes netos de distintos elementos del servicio universal por diferentes mecanismos o financiar los costes netos de alguno o de todos los elementos por cualquiera de los mecanismos, o combinar ambas posibilidades. En caso de recuperación de costes mediante exacciones aplicadas a las empresas, los Estados miembros deben velar por que el método de reparto de las exacciones se base en criterios objetivos y no discriminatorios, y respete el principio de proporcionalidad. Este principio no impide que los Estados miembros establezcan una exención para las nuevas empresas que no tengan aún una presencia significativa en el mercado. Los mecanismos de financiación que se adopten deben velar por que los participantes en el mercado contribuyan exclusivamente a financiar las obligaciones de servicio universal, y no otras actividades no vinculadas directamente con el cumplimiento de dichas obligaciones. En todos los casos, los mecanismos de recuperación deben respetar los principios del Derecho comunitario. En particular, cuando se trate de mecanismos de reparto a través de un fondo, deben respetarse asimismo los principios de no discriminación y proporcionalidad. […]»
6

El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO 1997, L 285, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO 2002, L 140, p. 2) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2027/97»), establece: «Los términos incluidos en el presente Reglamento no definidos en el apartado 1 serán equivalentes a los que figuran en el Convenio de Montreal.»
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El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Definiciones», establece: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); b) “beneficiario de protección internacional”: una persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); c) “Convención de Ginebra”: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], [en su versión] modificada por el Protocolo [sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en] Nueva York [el] 31 de enero de 1967; d) “refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; e) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; f) “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; g) “estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria; h) “solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado; […]».
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Pues bien, servicios de liquidación de siniestros prestados en nombre y por cuenta de una sociedad de seguros, como los contemplados en los apartados 10 y 11 de la presente sentencia, no constituyen prestaciones que respondan a esas características. En particular, si bien no parece descartarse que la valoración de los daños derivados de un accidente de circulación pueda ser realizada por un ingeniero, es manifiesto que tal actividad no queda comprendida en las prestaciones de servicios realizadas de forma principal y habitual en el ejercicio de esta profesión, tal como han sido identificadas en el apartado anterior de la presente sentencia. Tal posibilidad tampoco cabe en el caso de la evaluación de los pacientes en el contexto de un seguro médico para viajes al extranjero.
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El artículo 17 del Reglamento n.o 1896/2006, titulado «Efectos de la presentación de un escrito de oposición», dispone: «1. En caso de que se presente un escrito de oposición en el plazo señalado en el artículo 16, apartado 2, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen, a menos que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso. El proceso continuará con arreglo a las normas: a) del proceso europeo de escasa cuantía establecido en el Reglamento (CE) n.o 861/2007 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO 2007, L 199, p. 1)], de ser aplicable, o b) del correspondiente proceso civil nacional. 2. Cuando el demandante no haya indicado cuál de los procesos enumerados en el apartado 1, letras a) y b), solicita que se aplique a su demanda en el procedimiento ulterior en caso de escrito de oposición o cuando el demandante haya solicitado que el proceso europeo de escasa cuantía establecido en el Reglamento [n.o 861/2007] se aplique a una demanda que no entre en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, el procedimiento se trasladará al correspondiente proceso civil nacional, a menos que el demandante haya solicitado expresamente que no se efectúe tal traslado. 3. En caso de que el demandante haya reclamado su crédito por el proceso monitorio europeo, el Derecho nacional no perjudicará en ningún caso su posición en un procedimiento civil ulterior. 4. El traslado a un proceso civil en el sentido del apartado 1, letras a) y b), se regirá por el Derecho del Estado miembro de origen. 5. El demandante será informado de si el demandado ha presentado un escrito de oposición y de todo traslado a un proceso civil a efectos del apartado 1.»
2

A tenor del artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320; corrección de errores en DO 2016, L 200, p. 140), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (DO 2018, L 193, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1303/2013»): «El presente Reglamento establece las normas comunes aplicables al [FEDER], al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo Marítimo y de la PESCA (FEMP), que funcionan de conformidad con un marco común (en lo sucesivo, “los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos” — “Fondos EIE”). […] La tercera parte establece las normas generales que rigen el FEDER, el FSE (denominados conjuntamente “Fondos Estructurales”) y el Fondo de Cohesión en relación con las tareas, los objetivos prioritarios y la organización de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo, “los Fondos”), los criterios que deben cumplir los Estados miembros y las regiones para optar a la ayuda de los Fondos, los recursos financieros disponibles y los criterios para su asignación. La cuarta parte establece las normas generales aplicables a los Fondos y al FEMP en materia de gestión y control, gestión financiera, cuentas y correcciones financieras. […]»
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El título V del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 (DO 1993, L 253, p. 1; corrección de errores en DO 1994, L 268, p. 32), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 3254/94 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994 (DO 1994, L 346, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), lleva por título «Valor en aduana» e incluye los artículos 141 a 181 bis.
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A tenor del artículo 7 de la citada Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución»: «[…] 2. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá también denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si se demuestra que: […] g) según el certificado previsto en el artículo 4, el imputado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, personalmente o a través de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho recurso; […] 3. En los casos a que hacen referencia el apartado 1 y las letras c), g), i) y j) del apartado 2, antes de decidir el no reconocimiento y la no ejecución total o parcial de una resolución, la autoridad competente del Estado de ejecución consultará a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando proceda, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora.»
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El considerando 53 de dicho Reglamento dispone: «El Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo[, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1)], sustituido por el Reglamento (CE) n.o 73/2009 [del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16)], establece el principio de que el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC debe subordinarse al respeto de las normas relativas a la gestión de las tierras, a la producción agrícola y a las actividades agrícolas. […] En virtud del “sistema de condicionalidad”, los Estados miembros deben imponer sanciones en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC.»
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En estas circunstancias, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Resulta adecuado aplicar el criterio establecido en la sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), y confirmado en la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Openbaar Ministerie (Independencia de la autoridad judicial emisora) (C‑354/20 PPU y C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), cuando existe un riesgo real de que la persona afectada sea juzgada por un tribunal no establecido previamente por la ley? 2) ¿Resulta adecuado aplicar el criterio establecido en la sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), y confirmado en la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Openbaar Ministerie (Independencia de la autoridad judicial emisora) (C‑354/20 PPU y C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), cuando una persona reclamada que pretende oponerse a su entrega no puede cumplir tal criterio debido a que no resulta posible determinar en ese momento la composición de los tribunales que le juzgarán en razón del modo aleatorio en que se asignan los asuntos? 3) La inexistencia de un recurso efectivo para impugnar la validez del nombramiento de jueces en Polonia en circunstancias en las que es evidente que la persona reclamada no puede comprobar en tal momento si los tribunales que la juzgarán estarán compuestos por jueces que no han sido nombrados legalmente, ¿constituye una vulneración de la esencia del derecho a un proceso equitativo, en virtud de la cual la autoridad judicial de ejecución deberá abstenerse de entregar a la persona reclamada?»
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Por lo que respecta a la validez del artículo 8 bis ter, apartado 5, de la Directiva 2011/16 modificada a la luz del artículo 47 de la Carta, procede recordar que el derecho a un proceso justo garantizado en esta última disposición está constituido por diversos elementos. Incluye, en particular, el derecho de defensa, el principio de igualdad de armas, el derecho de acceso a los tribunales y el derecho a disponer de un abogado tanto en materia civil como penal. El abogado no estaría en condiciones de cumplir adecuadamente su misión de asesoramiento, defensa y representación del cliente, quedando este, por tanto, privado de los derechos que le confiere el artículo 47 de la Carta, si, en el contexto de un procedimiento judicial o de su preparación, aquel estuviera obligado a cooperar con los poderes públicos transmitiéndoles la información obtenida con ocasión de las consultas jurídicas efectuadas en el marco de tal procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, C‑305/05, EU:C:2007:383, apartados 31 y 32).