2.

A tenor del artículo 28 del «Tratado de fusión» de 8 de abril de 1965 (DO 152 de 13.7.1967, p. 2), «las Comunidades Europeas gozarán en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo anejo al presente Tratado». A estos efectos, el PPI define, en su capítulo III, los privilegios y las inmunidades de los «miembros de la Asamblea». El artículo 8 garantiza su libertad de desplazamiento, cuando se dirijan a esta institución o provengan de ella, suprimiendo las restricciones de orden administrativo, y especialmente en materia aduanera y de control de cambios. El artículo 9 consagra el principio denominado de «no sujeción a responsabilidad» de los parlamentarios por las «opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones». Finalmente, el artículo 10 consagra lo que ha venido llamándose la «inviolabilidad» de los parlamentarios, es decir, la inmunidad de jurisdicción por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones realizados por ellos en su propio territorio nacional o en el de cualquier otro Estado miembro. Este artículo dice así: «Mientras la Asamblea esté en período de sesiones, sus miembros gozarán: a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión de la Asamblea o regresen de éste. No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá ésta obstruir el ejercicio por la Asamblea de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.» Como señaló el Tribunal de grande instance, el Tribunal de Justicia ya se pronunció en su sentencia de 12 de mayo de 1964 (Wagner, 101/63, Rec. 1964, p. 384), precisamente para determinar el ámbito de aplicación temporal de la inmunidad parlamentaria, sobre el sentido del concepto «período de sesiones», tal como ya figuraba en el artículo 9 de los Protocolos sobre los privilegios y las inmunidades anejos a los Tratados CECA, CEE y CEEA, sustancialmente idéntico al artículo 10 actualmente aplicable. Esta sentencia debe situarse en el marco jurídico concreto que, a la sazón, regulaba la reunión de la Asamblea en el período de sesiones. En efecto, hasta la adopción del Tratado de fusión, el artículo 22 del Tratado CECA delimitaba el período de sesiones del Parlamento al prever que «el período de sesiones no podrá prolongarse más allá del final del ejercicio económico en curso»(traducción no oficial), mientras que los artículos 139 CEE y 109 CEEA se limitaban a indicar la fecha de apertura de los períodos de sesiones. El Tribunal de Justicia, por tanto, efectuó la siguiente doble observación: — Por una parte, «la Asamblea inicia el segundo martes de mayo un “período anual de sesiones” que no podrá prolongarse más allá del final del ejercicio económico de la CECA, es decir, el 30 de junio, y otro período anual de sesiones a partir del tercer martes de octubre»(traducción provisional; en lo sucesivo **). — Por otra parte, «en los intervalos de dichos “períodos anuales de sesiones”, el Parlamento puede igualmente, en virtud de lo dispuesto en los mismos artículos, reunirse en “período extraordinario de sesiones” en calidad de Asamblea de cualquiera de las tres Comunidades[...]» (101/63, Wagner, antes citado, pp. 395-396). El Abogado General Lagrange, en sus conclusiones, relacionó los textos antes citados con la práctica seguida por la Asamblea consistente en celebrar una sesión anual que nunca se clausuraba, sino que solamente se interrumpía. Esta práctica no le parecía, sin embargo, contraria a los Tratados. Estos últimos, en efecto, no prevén la «clausura» de un período de sesiones. Además, el hecho de que el Reglamento interno de la Asamblea contemple la existencia de interrupciones de los períodos de sesiones, descarta la posibilidad de períodos permanentes de sesiones. El Abogado General Lagrange concluía que no debía considerarse al Parlamento en período de sesiones durante estas interrupciones, por lo que no se aplicaría la inmunidad a los parlamentarios en estos intervalos. En contra de esta interpretación, el Tribunal de Justicia consideró que, a falta de una disposición expresa en los artículos 139 CEE y 109 CEEA, comò la que figura en el artículo 22 CECA, que fija una fecha límite para la clausura del periodo anual de sesiones, no era posible «forzar el sentido del termino interrupción para identificarlo con el concepto de clausura», ** de manera que «salvo por lo que respecta a las fechas de apertura y de clausura del período anual de sesiones determinadas por el artículo 22 del Tratado CECA, se debe considerar que el Parlamento Europeo está en período de sesiones, aun cuando no esté efectivamente reunido en sesión, basta la clausura de los períodos de sesiones anuales o extraordinarios» ** (101/63, ya citado, p. 396; el subrayado es nuestro).