Asunto C‑26/03

Stadt Halle y RPL Recyclingpark Lochau GmbH

contra

Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Naumburg)

«Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios — Adjudicación sin licitación pública — Adjudicación del contrato a una empresa de economía mixta — Tutela judicial — Directiva 89/665/CEE»

Conclusiones de la Abogado General Sra. C. Stix-Hackl, presentadas el 23 de septiembre de 2004

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de enero de 2005

Sumario de la sentencia

1. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministro y de obras — Directiva 89/665/CEE — Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso — Resoluciones recurribles — Concepto — Decisiones adoptadas sin un procedimiento formal de adjudicación y con anterioridad a una licitación formal — Inclusión — Acceso a los procedimientos de recurso — Requisitos — Necesidad de que el procedimiento haya alcanzado una determinada fase — Improcedencia

(Directivas del Consejo 89/665/CEE, art. 1, ap. 1, y 92/50/CEE)

2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE — Ámbito de aplicación — Entidad adjudicadora que participa en el capital de una sociedad jurídicamente distinta de ella junto con una o varias empresas privadas — Contrato celebrado por la entidad adjudicadora con dicha sociedad — Inclusión

(Directiva 92/50/CEE del Consejo)

1. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, modificada por la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, a su vez modificada por la Directiva 97/52, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de los Estados miembros de garantizar una posibilidad de recurso eficaz y rápido contra las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras se aplica asimismo a las decisiones adoptadas sin un procedimiento formal de contratación pública y con anterioridad a una licitación formal y, en particular, a la decisión que establece si un determinado contrato está o no comprendido dentro del ámbito de aplicación personal y material de la Directiva 92/50, en su versión modificada. Dispone de esta posibilidad de recurso cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener el contrato de que se trate y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción, siempre que exista una manifestación de la voluntad de la entidad adjudicadora que pueda producir efectos jurídicos. Por tanto, los Estados miembros no están autorizados a supeditar la posibilidad de recurso al hecho de que el procedimiento de contratación pública de que se trate haya alcanzado formalmente una determinada fase.

(véanse el apartado 41 y el punto 1 del fallo)

2. En el supuesto de que una entidad adjudicadora proyecte celebrar un contrato a título oneroso referente a servicios comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en su versión modificada por la Directiva 97/52, con una sociedad jurídicamente distinta de ella en cuyo capital participa junto con una o varias empresas privadas, deben aplicarse siempre los procedimientos de contratación pública previstos en dicha Directiva, aunque la citada participación sea mayoritaria.

(véanse el apartado 52 y el punto 2 del fallo)