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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/51

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2008 — Ashoka/OAMI (DREAM IT, DO IT!)

(Asunto T-186/07) (1)

(«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa DREAM IT, DO IT! - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94»)

(2008/C 209/89)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Ashoka (Arlington, Virginia, Estados Unidos) (representantes: A. Link y A. Jaeger-Lenz, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 15 de marzo de 2007 (asunto R 635/2006-1) relativa al registro del signo denominativo DREAM IT, DO IT! como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Ashoka.

(1) DO C 170 de 21.7.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 319/6

Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2012 — Italia/Comisión

(Asunto T-394/06) (1)

(FEOGA - Sección “Garantía” - Liquidación de cuentas - Gastos excluidos de la financiación - Irregularidades o negligencias imputables a las administraciones o a los organismos de los Estados miembros - Artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) no 729/70 y artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1258/1999 - Demora excesiva en la evaluación por la Comisión de las comunicaciones remitidas en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 595/91 - Plazo razonable)

2012/C 319/07

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: República Italiana (representante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Demandada: Comisión Europea (representante: C. Cattabriga, agente, asistido por M. Moretto, abogado)

Objeto

Anulación parcial de la Decisión 2006/678/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2006, relativa a las consecuencias financieras que, en el contexto de la liquidación de cuentas de los gastos financiados por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), deben aplicarse como consecuencia de algunas irregularidades cometidas por agentes económicos (DO L 278, p. 24).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) La República Italiana cargará con sus propias costas, así como con las causadas por la Comisión Europea.

(1) DO C 42, de 24.2.2007.
1)

Anular el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la Decisión 2006/937/CE de la Comisión, de 5 de julio de 2005, relativa a las ayudas estatales no C 20/04 (ex NN 25/04) destinadas a Huta Częstochowa S.A., en cuanto se refiere a Operator ARP sp. z o.o.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/17

Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2011 — Enviro Tech Europe y Enviro Tech International/Comisión

(Asunto T-291/04) (1)

(Medio ambiente y protección de los consumidores - Clasificación, embalaje y etiquetado del bromuro de n-propilo como sustancia peligrosa - Directiva 2004/73/CE - Directiva 67/548/CEE - Reglamento (CE) no 1272/2008 - Recurso de anulación - Solicitud tardía de adaptación de las pretensiones - Interés en ejercitar la acción - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad - Responsabilidad extracontractual - Sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre la validez de la Directiva 2004/73 - Identidad de objeto)

2012/C 32/30

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames, Reino Unido); y Enviro Tech International, Inc. (Melrose Park, Estados Unidos) (representantes: C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis, posteriormente P. Oliver y G. Wilms, agentes)

Objeto

Por una parte, demanda de anulación de la Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta, por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 152, p. 1, corrección de errores DO L 216, p. 3), en la medida en que la Directiva 2004/73 clasificó el bromuro de n-propilo como una sustancia que tiene algunas propiedades peligrosas, y, por otra parte, una demanda de indemnización.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International, Inc., incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

(1) DO C 273, de 6.11.2004.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 19/23

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de noviembre de 2008 — Hotel Cipriani y otros/Comisión

(Asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00) (1)

(«Ayudas de Estado - Reducciones de cargas sociales en favor de las empresas implantadas en el territorio de Venecia y de Chioggia - Decisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y se exige la recuperación de las ayudas abonadas - Admisibilidad - Relación individual - Requisitos relativos al perjuicio para los intercambios comerciales intracomunitarios y a la repercusión en la competencia - Excepciones basadas en el artículo 87 CE, apartado 3, letra b) a letra e), y en el artículo 87 CE, apartado 2, letra b) - Calificación de ayuda nueva o de ayuda existente - Principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de proporcionalidad - Obligación de motivación»)

(2009/C 19/41)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante en el asunto T-254/00: Hotel Cipriani SpA (Venecia, Italia) (representantes: inicialmente M. Marinoni, G.M. Roberti y F. Sciaudone, posteriormente G.M. Roberti, F. Sciaudone y A. Bianchini, abogados)

Demandante en el asunto T-270/00: Società italiana per il gas SpA (Italgas), (Turín, Italia) (representantes: M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo y T. Ubaldi, abogados)

Demandantes en el asunto T-277/00: Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl (Cavriago, Italia) y Comitato «Venezia vuole vivere» (Venecia, Italia) (representantes: A. Bianchini y A. Vianello, abogados)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Di Bucci, agente, asistido por A. Dal Ferro, abogado)

Coadyuvante en apoyo de la parte demandante en el asunto T-270/00: República Italiana (representantes: inicialmente U. Leanza, posteriormente I. Braguglia, agentes, asistidos por P. Gentili y S. Florentino, abogados del Estado)

Objeto

Anulación de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO 2000, L 150, p. 50).

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) El hotel Cipriani SpA, la Società italiana per il gas SpA (Italgas), Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl y el Comitato «Venezia vuole vivere» cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión. Coopservice y el Comitato «Venezia vuole vivere» cargarán igualmente con la totalidad de las costas en que se haya incurrido en el procedimiento de medidas provisionales.

(1) DO C 355 de 9.12.2000.
—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1388 de la Comisión, de 23 de junio de 2022, sobre las objeciones no resueltas relativas a los términos y condiciones de autorización del biocida Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant, remitidas por Francia y Suecia de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2022, L 208, p. 7).
—

La parte demandante aduce la ilegalidad de la decisión impugnada por cuanto el Parlamento Europeo, al disponer la incorporación inmediata de la Decisión 150/2022 y el consiguiente cálculo de la pensión de la parte demandante con una nueva metodología, retroactiva y de efectos permanentes, que incidirá directamente en el derecho a pensión, ha violado el principio de seguridad jurídica, que se opone a la vulneración de los derechos adquiridos, conforme a la finalidad del artículo 28 del Estatuto y del artículo 75 de la Decisión MAE, así como el principio de confianza legítima, que no permite erosionar o transformar el tratamiento de la pensión. Por otro lado, desde el momento en que tan solo afecta a los antiguos diputados italianos al Parlamento Europeo, únicos destinatarios de una medida que efectúa un nuevo cálculo retroactivamente con un método contributivo del derecho a pensión generado cuando el método contributivo aún no había sido introducido en Italia, tal cálculo es manifiestamente contrario al principio de igualdad, creando una discriminación ilegal respecto a los antiguos diputados al Parlamento Europeo de los demás Estados miembros, así como a los diputados al Parlamento Europeo elegidos con posterioridad a 2009 y al resto de ciudadanos en general, que no están sometidos a ese tipo de tratamiento reductivo.
2.

Segundo motivo, basado en que el BCE interpretó y aplicó incorrectamente el artículo 22, apartado 2, del Reglamento del MUS (2) y el artículo 32, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS. (3) La demandante subraya, entre otros extremos, que el concepto de expediente no se define en el artículo 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento del MUS de forma estricta, en el sentido de que consista únicamente en los documentos que el BCE recopile a los efectos de una decisión específica que se proponga adoptar y que la definición de expediente con arreglo al artículo 32, apartado 2, del Reglamento Marco del MUS comprende todos los documentos relativos a la supervisión por el BCE de la correspondiente entidad. La demandante alega que, en cualquier caso, el artículo 32, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS no puede interpretarse en el sentido de que limite el ámbito de aplicación del derecho reconocido en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento del MUS, y que el artículo 22, apartado 2, del MUS y el artículo 32, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS no pueden interpretarse en el sentido de que limiten el ámbito de aplicación del derecho reconocido en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta. La demandante alega, con carácter cautelar, que, de interpretarse de ese modo, ambas disposiciones serían ilegales debido a su incompatibilidad con normas de rango superior.
C 441/22

Recurso interpuesto el 22 de agosto de 2022 — Sberbank of Russia / JUR

(Asunto T-527/22)

(2022/C 441/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Sberbank of Russia OAO (Moscú, Rusia) (representantes: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto y V. Villante, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión (JUR/EES/2022/19) de la Junta Única de Resolución, de 1 de marzo de 2022, relativa a la evaluación de las condiciones para la resolución en relación con Sberbank Europe AG, junto con el Informe de evaluación 1, emitido por la Junta Única de Resolución el 27 de febrero de 2022.

— Condenar en costas a la Junta Única de Resolución.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, en el que se alegan vicios sustanciales de forma.

2. Segundo motivo, en el que se alega incumplimiento de la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido del artículo 47 de la Carta.

3. Tercer motivo, en el que se alega error manifiesto de apreciación en la evaluación global de las condiciones relativas al dispositivo de resolución e infracción de los artículos 6, 14 y 18 del Reglamento (UE) n.o 806/2014, (1) así como vulneración del derecho fundamental a la propiedad y a la libertad de empresa.

(1) Reglamento (UE) n.o 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
3.

Tercer motivo, basado en que se han infringido los artículos 41 y 48 de la Carta, porque el Consejo no le ha facilitado al demandante el expediente probatorio con tiempo suficiente para la preparación de su defensa; el Consejo impuso un plazo de 14 días para la presentación de observaciones y no aportó el mencionado expediente hasta un día antes del vencimiento del plazo; el demandante no tuvo tiempo de analizar el mencionado expediente y presentar sus observaciones, mientras que el Consejo debería haberle facilitado tiempo suficiente para que analizara el expediente y presentara sus observaciones y haber garantizado el cumplimiento del derecho de defensa en toda su extensión.
—

Infracción del artículo 5, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con el artículo 63 de mismo Reglamento, considerados en relación con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso v), del Reglamento (CE) n.o 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) n.o 6/2002.
—

Anule la resolución impugnada y desestime el recurso del titular de la marca denominativa de la Unión frente a la resolución de la División de Anulación de la EUIPO de 29 de abril de 2021 (Asunto n.o 42180 C) por la que declaraba la marca denominativa de la Unión n.o 3790375 («SCHEIBEL») nula en su totalidad.
1.

Primer motivo, basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el incumplimiento de la obligación de motivación. El demandante alega, para comenzar, que el Consejo no formula motivos individuales, específicos y concretos que sean idóneos para darle indicación suficiente de la fundamentación de las medidas restrictivas frente a él adoptadas. Estima que los actos impugnados invocan una base fáctica que no es lo suficientemente sólida y motivos que no se sustentan en nada y cuya verosimilitud es únicamente abstracta. El demandante considera, a continuación, que el Consejo lo pone en la tesitura de tener que aportar una prueba negativa de los hechos generales que se le imputan, con lo que invierte la carga de la prueba, lo cual es contrario al contenido más elemental del derecho de defensa. Por último, el demandante invoca la insuficiencia de los motivos alegados y la falta de medios de prueba creíbles y sustanciales que los sustenten, y considera que ello redunda en la imposibilidad de un control judicial adecuado de la legalidad de su inclusión y mantenimiento en la lista de personas que son objeto de las medidas restrictivas en cuestión.
2.

Segundo motivo, basado en el hecho de que, pese a que la Comisión no esté obligada a motivar sus decisiones respecto a los candidatos que no hayan sido promovidos, por el contrario, sí tiene la obligación de motivar la decisión por la que deniega una reclamación presentada, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, por un candidato que no haya sido promovido. La motivación de esta última decisión debe coincidir con la motivación de la decisión contra la que presentó la reclamación, lo que no ocurre en este caso. — A este respecto, se alega que la motivación de la decisión denegatoria de la reclamación no cumple los estándares de objetividad e imparcialidad establecidos por una jurisprudencia reiterada de la Unión en la materia.
—

En apoyo de su recurso, el demandante alega entre otras cosas que, al adoptar la Decisión impugnada, el Consejo de la Unión Europea no demostró la diligencia debida, ya que, antes de adoptar dicha Decisión, no consideró las observaciones ni las pruebas presentadas por el demandante, que abogan a su favor, se basó únicamente en la información aportada por las autoridades ucranianas y no solicitó ninguna información complementaria sobre el desarrollo de la investigación en Ucrania.
—

Ordene que se mantenga el registro de la marca de la Unión Europea n.o 3472974 LUTAMAX para los siguientes productos: Clase 5: Medicamentos para uso humano y veterinario; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; suplementos dietéticos adaptados para uso médico o dietético, preparaciones vitamínicas adaptadas para uso médico o dietético; preparaciones oftalmológicas (para uso farmacéutico), ninguno de los productos antes mencionados para uso veterinario; Clase 29: Alimentos dietéticos y suplementos alimenticios, no adaptados para uso médico (incluidos en la clase 29), aceites y grases comestibles; Clase 30: Alimentos dietéticos y suplementos alimenticios, no adaptados para uso médico (incluidos en la clase 30);
1.

Primer motivo, basado en la infracción por parte de la Comisión de principios generales del Derecho de la Unión y por el hecho de que, al adoptar el Reglamento 2021/2288 la Comisión vulneró: — El principio de igualdad de trato y de no discriminación, al limitar la duración de la validez de los certificados digitales a 270 días a partir de la fecha de finalización de la pauta de primovacunación, con el fin de facilitar la libre circulación de los titulares de certificados digitales válidos (a saber las personas que hayan recibido una dosis de refuerzo, que supuestamente disfrutan de mayor inmunidad contra la variante ómicron), a la vez que excluyó del ámbito de aplicación del acto impugnado a un número indeterminado de personas identificadas por su edad, su profesión, su modo de vida u otros criterios (con independencia del hecho de que estén vacunadas o no); al hacerlo, discriminó a un gran número de personas que habían finalizado la pauta de primovacunación y que habían tenido la COVID, pese a que las pruebas científicas muestran que esas personas, dotadas de una «inmunidad híbrida», presentan un riesgo comparable o menor para la sociedad en términos de transmisión de la infección y de carga para el sistema de salud que las personas cuyo certificado digital conserva su validez sin límite temporal o que, por otra razón, quedan excluidos del ámbito de aplicación del acto impugnado y que son, de iure, no contagiosos. — El principio de proporcionalidad, en la medida en que no facilitó razones basadas en datos cualitativos, o cuando fuera posible cuantitativos, es decir, no examinó adecuadamente la información científica disponible sobre los grupos de personas que podían plantear un riesgo de infección por COVID a otras personas, y tampoco motivó por qué la medida adoptada, que restringe la validez del certificado COVID digital de la UE a un máximo de 270 días a partir de la fecha de finalización de la pauta de primovacunación, es el mejor medio para alcanzar los objetivos de la UE en lo que se refiere a la reacción a la pandemia de la COVID-19 y las mutaciones del virus SARS-CoV-2, ya que mediante dicha medida apoya un aumento de la aceptación de la denominada «vacunación de refuerzo» entre la población, sin ponderar (justificar adecuadamente) otras posibles alternativas.
—

ii. No existe base teleológica o finalista para la interpretación que la Comisión realiza del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, que no concuerda con la finalidad de dicho artículo.
1.

Primer motivo, basado en la inexistencia de razones para denegar el acceso a un documento con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. (1) — La Comisión no ha alegado ningún interés comercial digno de protección de las partes en el procedimiento por prácticas colusorias AT.40178 — emisiones de vehículos y no ha realizado un examen del caso concreto. — La Comisión no puede aducir la protección de actividades de investigación, ya que se trata de una investigación finalizada en materia de carteles en la que ha recaído una resolución firme y la Comisión tampoco ha realizado un examen del caso concreto. — La Comisión se basa en la presunción general de no divulgación, a pesar de que no concurren los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 2, primer o tercer guion del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, por lo que se produce una inversión inadmisible de la relación entre la regla y la excepción respecto del derecho de acceso.
Recurso interpuesto el 18 de octubre de 2021 — Civitta Eesti/Comisión

(Asunto T-665/21)

(2021/C 490/62)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Civitta Eesti AS (Tartu, Estonia) (representante: C. Ginter, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la parte demandada de 12 de octubre de 2021 (1) por la que rechazó la oferta de la parte demandante en el procedimiento de contratación MOVE/2020/OP/0008 «Asistencia jurídica, socioeconómica y técnica en los ámbitos de la energía, la movilidad y el transporte», lote 5: «Asistencia social y económica en los ámbitos del transporte y la movilidad».

— Anule toda medida consiguiente, prevista o relacionada, incluyendo aquellas medidas que aún no se conozcan, adoptadas por la parte demandada en relación con el lote 5 del procedimiento de contratación antes mencionado y, en particular, anule los informes de evaluación de ofertas y cualquier contrato que pueda haberse concluido con el ofertante seleccionado.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en que la parte demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación al rechazar la oferta de la parte demandante y, en consecuencia, infringió el artículo 168, apartado 6, del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046. (2)

2. Segundo motivo, basado en que la parte demandada infringió el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al rechazar la oferta de la parte demandante y no tener en cuenta las explicaciones de la parte demandante relativas a la existencia e integridad de su oferta técnica.

(1) Notificada a la parte demandante mediante escrito de la parte demandada n.o Ares (2021) 6214855 de 12 de octubre de 2021.

(2) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).
—

En particular, sostiene que la subvención cruzada de Czech Post es por sí sola una ayuda de Estado independiente incompatible según lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, apartado 1, que ya se realizó al menos en el período 2013-2017 (pero muy probablemente incluso antes), que por lo tanto la Comisión debería haber valorado en profundidad en sendos procedimientos administrativos, y no como una cuestión accesoria en el contexto del procedimiento en el asunto SA.55208 (2020/C), limitado al período 2018-2022. Este planteamiento está corroborado por la práctica decisoria anterior de la Comisión. Sin embargo, la Comisión concluyó incorrectamente que esta subvención cruzada no es en absoluto una ayuda de Estado.
—

A este respecto el demandante alega que con la sentencia dictada en el asunto T-727/19, Basaglia/Comisión (sentencia de 23 de septiembre de 2020, no publicada, EU:T:2020:446), el Tribunal General ordenó la anulación de la decisión adoptada por la Comisión de restricción unilateral de la solicitud de acceso a la documentación presentada por el interesado; en particular ese Tribunal confirmó la ilegalidad de la conducta de la Comisión debido a la restricción del derecho del interesado al acceso a los documentos solicitados; la nueva decisión de la Comisión Europea, dictada como consecuencia de la anulación de la anterior, no se ha atenido a lo resuelto por el Tribunal General en fecha de 23 de septiembre de 2020 y ha vulnerado nuevamente el derecho de acceso del solicitante.