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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de mayo de 2008 — Mihal/Daňový úrad Košice V

(Asunto C‑456/07)

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Sexta Directiva IVA — Sujetos pasivos — Artículo 4, apartado 5, párrafo primero — Organismos de Derecho público — Agentes judiciales — Personas físicas y jurídicas»

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sujetos pasivos (Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, ap. 5, párr. 1) (véase el apartado 23)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretación del artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — No sujeción al impuesto de un organismo de Derecho público que realiza actividades u operaciones como autoridad pública — Inclusión de los agentes judiciales en el ejercicio de sus funciones públicas — Efecto directo.

Fallo

Una actividad ejercida por un particular, tal como la de un agente facultado para las ejecuciones judiciales, no queda exenta del impuesto sobre el valor añadido por el mero hecho de que consista en actos cuya ejecución entra dentro de las prerrogativas de la autoridad pública. Aun suponiendo que efectúe actos de esta índole en el ejercicio de sus funciones, el agente facultado para las ejecuciones judiciales, con arreglo a una normativa como la controvertida en el procedimiento principal, no ejerce su actividad en calidad de organismo de Derecho público, puesto que no está integrado en la organización de la Administración Pública, sino en cuanto actividad económica independiente, desarrollada en el marco de una profesión liberal, y, por lo tanto, no puede acogerse a la exención establecida en el artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme.
Un auto de medidas provisionales no incurre en error manifiesto de Derecho en lo que se refiere a la interpretación del artículo 6 del Acto de 1976, relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, en su versión modificada y renumerada por la Decisión 2002/772, cuando concluye que dicho artículo se refiere sólo a los diputados al Parlamento Europeo.

A este respecto, el tenor del artículo 6 del Acto de 1976, por una parte, se refiere expresamente a los «diputados al Parlamento Europeo» y, por otra, menciona la prerrogativa de voto de dichos diputados, prerrogativa que, por su naturaleza, no puede asociarse a la condición de candidato proclamado oficialmente en el orden de clasificación postelectoral. Si bien es cierto que, con carácter general, la interpretación de una norma comunitaria no puede consistir en un acercamiento estricto a su tenor sin tener en cuenta su contexto y su finalidad, no es menos cierto que dicho artículo no puede, por sí mismo, fundamentar una competencia general del Parlamento para apreciar la legalidad de los procedimientos electorales de los Estados miembros respecto los principios en los que supuestamente se basa dicho artículo, y en particular los recogidos en el artículo 3 del Protocolo adicional no 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Además, con arreglo al principio de jerarquía normativa, una disposición del Reglamento interno del Parlamento Europeo no puede permitir una excepción a lo dispuesto en el Acto de 1976. En efecto, dicho Reglamento es un acto de organización interna que no puede establecer a favor del Parlamento competencias que no estén expresamente reconocidas por un acto normativo, en este caso por el Acto de 1976. De ello se desprende que, al menos en el marco de un examen relativo al fumus boni iuris, son más bien las disposiciones del Reglamento interno del Parlamento Europeo las que deben ser interpretadas a la luz del tenor y del espíritu de las disposiciones del Acto de 1976, y no a la inversa.

(véanse los apartados 40 a 43, 45 y 46)
Asimismo, dado que la Directiva reconoce al nacional de un país tercero, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, derechos de entrada y de residencia en el Estado miembro de acogida, éste sólo puede restringir este derecho respetando lo establecido en los artículos 27 y 35 de la Directiva 2004/38. El respeto a lo dispuesto en el artículo 27 de dicha Directiva se impone en particular cuando el Estado miembro desea sancionar al nacional de un país tercero por haber entrado y haber residido en su territorio infringiendo la normativa nacional en materia de inmigración, antes de pasar a ser miembro de la familia de un ciudadano de la Unión. Sin embargo, a una persona que, antes de adquirir la condición de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, estaba autorizada a residir provisionalmente en el territorio de un Estado miembro en virtud de la legislación de este Estado miembro a la espera de una resolución sobre una solicitud de asilo, no se le puede oponer el mencionado artículo 27 únicamente por este motivo.

Los artículos 9, apartado 1, y 10 de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/96, se oponen a una normativa nacional según la cual los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no poseen la nacionalidad de un Estado miembro y ostentan un derecho de residencia en virtud del Derecho comunitario, en particular en aplicación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, no pueden obtener una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión por el único motivo de que están autorizados provisionalmente a residir en el Estado miembro de acogida en virtud de la legislación de dicho Estado sobre el derecho de asilo.

En efecto, el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38 enumera con carácter limitativo los documentos que los nacionales de un país tercero, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, pueden verse obligados a proporcionar al Estado miembro de acogida para obtener una tarjeta de residencia. Denegar a un nacional de un país tercero, cónyuge de un ciudadano de la Unión que reside en un Estado miembro del que no tiene la nacionalidad, que acompaña a ese ciudadano de la Unión o se reúne con él y que tiene derecho de residencia en aplicación del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva, la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión por el único motivo de que el interesado sólo está autorizado a residir de forma provisional en ese Estado en virtud de la legislación del Estado miembro de acogida sobre el derecho de asilo, equivaldría a añadir un requisito suplementario a los que se enumeran exhaustivamente en el artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva.

(véanse los apartados 38 a 40 y el punto 2 del fallo)
7

Además, la interpretación que se le ha dado al artículo 234 CE en el apartado 98 de la sentencia Cartesio, antes citada, no resulta pertinente para el litigio principal. En el asunto que había dado lugar a dicha sentencia Cartesio, el Tribunal de Justicia se vio confrontado a unas normas jurídicas nacionales reguladoras del recurso de apelación contra una resolución, que había acordado una remisión prejudicial, caracterizadas por la circunstancia de que la totalidad del asunto principal seguía pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, ya que tan sólo la resolución de remisión era objeto de una apelación limitada. En el mismo apartado 98, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 234 CE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no puede cuestionarse la competencia que dicha disposición del Tratado confiere a todo órgano jurisdiccional nacional de acordar una remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por la aplicación de tales normas que permiten al órgano jurisdiccional que conozca de la apelación reformar la resolución por la que se acuerde plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, dejar sin efecto dicha remisión prejudicial y ordenar al órgano jurisdiccional que haya dictado la referida resolución reanudar el procedimiento de Derecho interno que haya sido suspendido. Tal interpretación no puede ser aplicable al asunto principal, puesto que, en éste, el litigio ya no está pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente.
Petición de decisión prejudicial — Hof van Cassatie van België — Interpretación del artículo 11

bis

del Reglamento (CEE) nº 1062/87 de la Comisión, de 27 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones de aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito comunitario (DO L 107, p. 1), artículo que se insertó en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1429/90 de la Comisión, de 29 de mayo de 1990, por el que se modifica el Reglamento nº 1062/87 (DO L 137, p. 1), del artículo 34 del Reglamento (CEE) nº 2726/90 del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativo al tránsito comunitario (DO L 262, p. 1), y del artículo 49 del Reglamento (CEE) nº 1214/92 de la Comisión, de 21 de abril de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito comunitario (DO L 132, p. 1) — Recaudación de los derechos de importación — Notificación dirigida por la aduana de partida al obligado principal, por la que se le invita a aportar la prueba de la regularidad de la operación o del lugar de la infracción — Falta de indicación del plazo — Consecuencias en lo que se refiere a la legalidad de la notificación y a la recaudación de la deuda aduanera.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales

—

Admisibilidad

—

Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el normativo

—

Cuestiones planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil (Art. 234 CE) (véanse los apartados 7 a 11)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO L 28, p. 1) — Ámbito de aplicación material — Inclusión o no de una contribución complementaria de crisis impuesta por un Estado miembro para financiar su sistema de seguridad social — Obligación de pagar la contribución incluso cuando se está sujeto a otro régimen de seguridad social que no sea el del Estado de residencia — Compatibilidad con el artículo 39 CE.

Parte dispositiva

Fallo

Declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Antwerpen mediante resolución de 29 de noviembre de 2005.
Los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, deben interpretarse en el sentido de que, en un caso como el del asunto principal, que se refiere a una homonimia entre una indicación geográfica de un país tercero y una denominación que toma el nombre de una variedad de vid utilizado para designar y presentar algunos vinos comunitarios que se elaboran con ella, estas disposiciones no exigen que dicha denominación pueda seguir siendo utilizada en el futuro, aun cuando concurra la doble circunstancia de que haya sido utilizada anteriormente por los productores correspondientes bien de buena fe, bien durante al menos diez años antes del 15 de abril de 1994, y de que indique claramente el país, la región o la zona de origen del vino protegido para no inducir a error a los consumidores.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Interés del demandante en obtener la suspensión solicitada

(Arts. 242 CE y 243 CE)

Índice

$$El juez de medidas provisionales únicamente podrá conceder la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales si se demuestra, en particular, que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes que se resuelva sobre el procedimiento principal. Pues bien, unas medidas provisionales que no sean adecuadas para evitar el perjuicio grave e irreparable al que se refiere la parte demandante no pueden a fortiori ser necesarias a tal efecto. A falta de un interés del demandante en la consecución de las medidas provisionales solicitadas, estas últimas no pueden, por consiguiente, cumplir el criterio de la urgencia.

La adopción de una decisión definitiva en un procedimiento de aplicación de las normas de la competencia hace que el interesado pierda todo interés en proseguir un procedimiento sobre medidas provisionales que tiene por objeto obtener la suspensión de la ejecución de un acto que se inserta en el marco de este procedimiento y del procedimiento seguido contra él.

( véanse los apartados 23 a 26 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba - Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado - Vulneración de los derechos de los beneficiarios

(Art. 242 CE)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Demanda - Exigencias formales - Exposición de los motivos que justifiquen a primera vista la concesión de las medidas solicitadas

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2)

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$$1. En lo que respecta a la urgencia de una demanda de suspensión de la ejecución, es a la parte que invoca un daño grave e irreparable a quien corresponde demostrar su existencia. Si bien es cierto que, a fin de demostrar que existe semejante daño, no es necesario exigir que se pruebe con una certeza absoluta que se producirá el perjuicio y basta con que este último sea previsible con un grado suficiente de probabilidad, no es menos cierto que la parte que solicita la medida sigue estando obligada a probar los hechos que supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá el mencionado daño grave e irreparable. Dicho requisito no se cumple cuando la referida parte se limita a realizar consideraciones generales sin invocar ningún dato concreto en apoyo de sus alegaciones.

Cualquier decisión de la Comisión que exija la recuperación de ayudas de Estado que se hayan declarado incompatibles con el mercado común implica un menoscabo de los derechos de las personas consideradas como beneficiarias de dichas ayudas y no puede considerarse que dicha decisión constituya en sí misma un perjuicio grave e irreparable con independencia de la evaluación concreta de la gravedad y el carácter irreparable del perjuicio específico que se alegue en cada caso.

( véanse los apartados 14, 16 y 21 )

2. No satisface los requisitos del artículo 83, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, con arreglo al cual una demanda de que se suspenda la ejecución debe especificar, en particular, los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la suspensión, una demanda que se limita a referirse al recurso de anulación presentado con carácter principal por la demandante y a afirmar que tal recurso será probablemente estimado. La mera referencia al recurso de anulación no permite paliar la falta de explicación de los motivos de dicho recurso utilizados para demostrar el fumus boni iuris de la demanda de suspensión de la ejecución.

( véanse los apartados 25 a 27 )
61999O0007

Auto del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1999. - Franco Campoli contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Procedimiento - Plazos - Inicio del cómputo - Notificación - Concepto - Inadmisibilidad. - Asunto C-7/99 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-02679
Auto del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 1999. - Philippe Anssens contra Directeur des services fiscaux du Nord. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal de grande instance de Lille - Francia. - Procedimiento prejudicial - Inadmisibilidad. - Asunto C-325/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-02969



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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Admisibilidad - Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el régimen normativo - Cuestiones planteadas en un contexto que excluye una respuesta útil

[Tratado CE, art. 177 (actualmente, art. 234 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 20]

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La necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones.

A este respecto, la información proporcionada y las cuestiones planteadas en las resoluciones de remisión no sólo deben servir para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión.

En consecuencia, es manifiestamente inadmisible, dado que no permite al Tribunal de Justicia dar una interpretación eficaz del Derecho comunitario, la petición de un Juez nacional, cuya resolución de remisión no contiene ninguna indicación ni en cuanto a la situación de hecho y de Derecho del asunto del que está conociendo ni en cuanto a las razones por las que estima necesario plantear una cuestión al Tribunal de Justicia.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de julio de 1998. - Spyridoula Celia Alexopoulou contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención. - Asunto C-155/98 P-I.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04943



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Palabras clave

1 Procedimiento - Intervención - Contencioso de la función pública - Intervención de un funcionario en el marco de un recurso de anulación interpuesto por otro funcionario - Admisibilidad - Requisitos

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 93 y 123]

2 Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Litigio que tiene un objeto similar a otro litigio pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia - No admisión de la intervención - Violación del derecho de defensa - Inexistencia

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 93 y 123]

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1 El concepto de interés en la solución del litigio, a los efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe entenderse, por lo que respecta a la demanda de intervención de un funcionario en el marco de un recurso de anulación interpuesto por otro funcionario, como un interés directo en el resultado de las pretensiones que se refieren específicamente al acto cuya anulación se solicita.

Por consiguiente, ha de admitirse la demanda de intervención de un funcionario en el marco de un recurso de anulación interpuesto por otro funcionario contra la decisión de clasificación relativa a este último funcionario.

2 Cuando quien solicita intervenir como coadyuvante es parte en un litigio pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, litigio que se ha suspendido a la espera de que el Tribunal de Justicia dicte una resolución definitiva en el procedimiento en el que ha solicitado intervenir como coadyuvante, el hecho de no admitir su intervención en este último asunto, en el que se cuestiona una situación o unas tesis análogas a las suyas, no constituye un menoscabo de su derecho de defensa.

En efecto, la resolución que dicte el Tribunal de Justicia en el litigio del que conoce no afectará a los derechos que quien ha solicitado intervenir como coadyuvante podrá alegar en el litigio en que es parte demandante y en cuyo marco podrá desarrollar los argumentos que considere útiles en apoyo de los motivos invocados en su recurso.