Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Competencias de la Comisión - Efectos sobre dichas competencias de la posibilidad de una normativa adoptada por el Consejo - Inexistencia - Adopción de directivas o de decisiones destinadas a los Estados miembros - Elección de la Comisión

[Tratado CE, art. 90, ap. 3 (actualmente art. 86 CE, ap. 3)]

2. Competencia - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Facultades de la Comisión - Recurso, en caso de una infracción común a varios Estados miembros, a una decisión basada en el artículo 90, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 86 CE, apartado 3) en lugar de a un procedimiento por incumplimiento - Utilización de procedimiento inadecuado - Inexistencia

3. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión basada en el artículo 90, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 86 CE, apartado 3) - Obligación de motivar la elección de recurrir a una decisión en lugar de a un procedimiento por incumplimiento - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 90, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 86 CE, ap. 3, y 253 CE)]

4. Competencia - Posición dominante - Concepto - Aplicación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes - Transportes - Transportes aéreos - Libre prestación de servicios - Restricciones - Tasa de aterrizaje - Discriminación - Aplicación de tarifas distintas en función del origen nacional o internacional de los vuelos

[Tratado CE, art. 86, párr. 2 (actualmente art. 82 CE, párr. 2)]

5. Competencia - Posición dominante - Abuso - Descuentos por volumen - Procedencia - Requisitos

[Tratado CE, art. 86, párr. 2 (actualmente art. 82 CE, párr. 2)]

6. Competencia - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Abuso de posición dominante - Justificaciones basadas en el artículo 90, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 86 CE, apartado 2) - Necesidad de que la parte las invoque

[Tratado CE, arts. 86 y 90, ap. 2 (actualmente arts. 82 CE y 86 CE, ap. 2)]

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1. La Comisión tiene, con arreglo al artículo 90, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 3), la facultad de declarar que una medida estatal determinada que afecta a una de las empresas contempladas en el artículo 90, apartado 1, es incompatible con las normas del Tratado y de indicar las medidas que el Estado destinatario habrá de adoptar para cumplir las obligaciones derivadas del Derecho comunitario. La posibilidad de que el Consejo adopte una normativa, en aplicación de la facultad general que le confieren otros artículos del Tratado, que contenga disposiciones que afecten al ámbito específico de su artículo 90 no impide el ejercicio de la competencia que este último artículo confiere a la Comisión.

Por otra parte, la Comisión dispone, en el ámbito contemplado por el artículo 90 del Tratado, de una amplia facultad de apreciación tanto en lo relativo a la acción que considere necesario llevar a cabo como en lo relativo a los medios apropiados para ello. La opción que ofrece a la Comisión el artículo 90, apartado 3, del Tratado, entre el instrumento de la directiva y el de la decisión, no depende del número de Estados miembros potencialmente afectados. Esta opción depende del objetivo perseguido por la Comisión, según que ésta decida adoptar normas generales que precisen las obligaciones derivadas del Tratado o apreciar una situación determinada en uno o varios Estados miembros con respecto al Derecho comunitario y determinar las consecuencias que de ello se deriven para el Estado miembro o los Estados miembros de que se trate.

( véanse los apartados 19 a 20, 23 y 28 )

2. La Comisión está facultada, conforme al artículo 90, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 3), para declarar que una medida estatal determinada es incompatible con las normas del Tratado e indicar las medidas que el Estado destinatario habrá de adoptar para cumplir las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.

De ello se deduce que la Comisión no incurre en utilización de procedimiento inadecuado cuando, ante una infracción del artículo 90, apartado 1, del Tratado común a varios Estados miembros, no inicia un procedimiento por incumplimiento sino que aprecia, por medio de una decisión, la conformidad con el Tratado de las medidas que los Estados miembros adoptan o mantienen con respecto a las empresas a las que se refiere el artículo 90, apartado 1, del Tratado.

( véanse los apartados 33 y 34 )

3. De la obligación de motivación consagrada por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) se deduce que, cuando la Comisión adopta una decisión basada en el artículo 90, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 3), debe mostrar de forma suficientemente clara las razones por las que considera que la medida estatal de que se trata infringe lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y, en su caso, no puede acogerse a las excepciones permitidas en su apartado 2.

Por el contrario, no se puede obligar a la Comisión a precisar la razón por la que consideró que era necesario adoptar una decisión de este tipo, mientras que, en el caso de otra normativa del mismo Estado miembro, recurrió al procedimiento por incumplimiento, situándose así en un terreno jurídico distinto. Tampoco puede exigirse a la Comisión que describa, en su decisión, la situación vigente en los demás Estados miembros y las acciones que, en su caso, ha iniciado en su contra. Además, la elección de la decisión como instrumento no debe ser objeto de motivación específica, puesto que viene impuesto por el objetivo perseguido por la Comisión.

( véanse los apartados 39 y 40 )

4. El artículo 86, párrafo segundo, letra c), del Tratado [actualmente artículo 82 CE, párrafo segundo, letra c)] prohíbe toda discriminación, por parte de una empresa en posición dominante, consistente en aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva, al margen de que tal discriminación esté vinculada a la nacionalidad.

Debe considerarse que constituye una restricción a la libre prestación de servicios de transporte marítimo una normativa que proporciona una ventaja a los transportistas que realizan en mayor proporción que otros transportes nacionales en relación con los transportes internacionales. Tales medidas suponen asimismo un trato desigual para prestaciones equivalentes que afectan a la competencia.

En el presente asunto, la discriminación se debe a la aplicación de tarifas distintas al mismo número de aterrizajes con aeronaves del mismo tipo, según se trate de vuelos interiores o internacionales.

( véanse los apartados 46 y 66 )

5. Una empresa en posición dominante tiene derecho a conceder a sus clientes un descuento por volumen, vinculado únicamente al volumen de compras efectuadas a dicha empresa. No obstante, las modalidades de cálculo de estos descuentos no deben traducirse en la aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que infringen el artículo 86, párrafo segundo, letra c) [actualmente artículo 82 CE, párrafo segundo, letra c)], del Tratado.

A este respecto, la esencia de un sistema de descuentos por volumen consiste en que los compradores o usuarios más importantes de un producto o servicio obtengan precios medios por unidad más bajos o, lo que es lo mismo, porcentajes medios de descuento superiores a los que se conceden a los compradores o a los usuarios menos importantes de este producto o servicio. Aun en el caso de progresión lineal de los porcentajes de descuento en función del volumen con un descuento máximo, el porcentaje medio de reducción aumenta (o el precio medio disminuye) matemáticamente, en un primer momento, en una proporción superior al aumento de las compras y, posteriormente, en una proporción inferior al aumento de las compras, antes de tender a estabilizarse alrededor del porcentaje máximo de descuento. El mero hecho de que el resultado de un sistema de descuentos por volumen dé lugar a que, sobre determinadas cantidades, ciertos clientes obtengan un porcentaje medio de reducción proporcionalmente superior al de otros en relación con la diferencia de sus volúmenes de compras respectivos es inherente a este tipo de sistema y no permite, por sí solo, deducir que el sistema es discriminatorio.

Sin embargo, cuando los umbrales a partir de los cuales se aplican los distintos tramos de descuentos, vinculados a los porcentajes practicados, dan lugar a que se reserve el beneficio del descuento, o de descuentos suplementarios, a determinados terceros contratantes proporcionándoles una ventaja económica no justificada por el volumen de actividad que aportan y por las eventuales economías de escala que permiten obtener a quien proporciona el servicio en relación con sus competidores, el sistema de descuentos por volumen supone la aplicación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes.

A falta de justificaciones objetivas, pueden ser indicios de tal trato discriminatorio un umbral de aplicación del sistema elevado, que sólo puedan alcanzar algunos clientes particularmente importantes de la empresa en posición dominante, o un aumento no lineal de los porcentajes de descuentos en relación con las cantidades.

( véanse los apartados 50 y 53 )

6. Si se cumplen todos los requisitos de aplicación del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) a la vista de un sistema de fijación del total de determinadas tarifas practicado por una empresa pública, las posibles justificaciones a la aplicación de tal sistema sólo pueden formularse, en su caso, en el marco de lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 2). Incumbe a la parte que desea acogerse a esta excepción alegada.

( véanse los apartados 73 y 74 )