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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 144/49

Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2017 — Hércules Club de Fútbol/Comisión

(Asunto T-134/17)

(2017/C 144/68)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, España) (representantes: S. Rating y Y. Martínez Mata, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión C (2017) 736 final de la Comisión Europea, de 2 de febrero de 2017, en el asunto GESTDEM 2016/6034 a 2016/6044.

— Imponga las costas de este procedimiento a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

La presente demanda se dirige contra la Decisión confirmatoria de una decisión denegatoria del acceso a la documentación solicitada por el Hércules CF, en relación con determinada documentación obrante en el expediente que ha motivado la adopción de la Decisión C (2016) 4060 final, de 4 de julio de 2016, en el asunto Ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en el carácter erróneo de la conclusión de que los guiones tercero y primero del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001 L 145, p. 4) permiten denegar el acceso a la documentación solicitada. — Se afirma a este respecto, que la Comisión ha aplicado de manera automática la presunción general de confidencialidad de los procedimientos administrativos de ayudas públicas reconocida por la jurisprudencia comunitaria; y que la Comisión ha aplicado por analogía, incorrectamente, la jurisprudencia relativa a asuntos de concentraciones, en relación con la afectación de intereses comerciales de terceros.

2. Segundo motivo, basado en la aplicación incorrecta del artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001. — Se afirma a este respecto que tampoco aquí resulta aplicable por analogía la jurisprudencia relativa a asuntos de concentración. Mientras que en esos casos es comprensible que el carácter sensible de la información se mantenga en el tiempo con posterioridad a la decisión de la Comisión, no es éste el caso de un único préstamo, cuyas condiciones de otorgamiento la Comisión considera incompatibles con el TFUE.

3. Tercer motivo, que se invoca con carácter subsidiario, basado en que, aún asumiendo que los motivos de confidencialidad aducidos por la Comisión tuvieran fundamento en el caso concreto, existe un interés público superior que justifica el acceso a la documentación solicitada, que se concretiza en garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de la defensa reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
1.

La parte demandada cometió errores al adoptar el Reglamento controvertido, en el marco del ejercicio de su competencia que le habían delegado el Parlamento Europeo y el Consejo mediante el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO 2007, L 171, p. 1), con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Se trata concretamente de: — Infracción de las normas primarias y derivadas del Derecho de la Unión en materia de medioambiente. — Infracción de las normas subsidiarias del Derecho de la Unión, tales como los principios generales de no regresión, de precaución, de prevención, de actuación en la fuente y del que contamina paga. — Desviación de las normas de procedimiento, ya que la Comisión no podía utilizar el procedimiento de reglamentación con control para modificar un elemento esencial del Reglamento (CE) n.o 715/2007. — Violación de las formas sustanciales, ya que el Reglamento controvertido no ha tenido las garantías democráticas ofrecidas por el recurso al procedimiento legislativo ordinario de codecisiones del Parlamento Europeo y del Consejo.
—

En caso de que la Sala de Recurso no haya infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, infracción del artículo 7, apartado 3, de ese Reglamento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 121/41

Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2017 — ClientEarth/Comisión

(Asunto T-108/17)

(2017/C 121/61)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: ClientEarth (Londres, Reino Unido) (representante: A. Jones, Barrister)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare el recurso admisible y fundado.

— Anule la Decisión de 7 de diciembre de 2016, de la Comisión Europea (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de no revisar su Decisión C(2016) 3549 (en lo sucesivo, «Decisión de autorización») por la que se concede a las empresas VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB y Plastic Planet srl autorización para la utilización de un producto químico denominado ftalato de bis(2-etilhexilo) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006. (1)

— Anule la Decisión de autorización.

— Condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

— Ordene cualquiera otra medida que considere oportuna.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada contiene errores manifiestos de Derecho y de valoración por lo que respecta a la supuesta conformidad de la solicitud de autorización de VinyLoop, Stena y Plastic Planet en el sentido de los artículos 62 y 60, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.

2. Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada contiene errores manifiestos de Derecho y de valoración con arreglo al artículo 60, apartado 4, del Reglamento n.o 1907/2006 por lo que respecta a la evaluación socioeconómica.

3. Tercer motivo, basado en que la Decisión impugnada contiene errores manifiestos de valoración con arreglo a los artículos 60, apartado 4, y 60, apartado 5, del Reglamento n.o 1907/2006 por lo que respecta al análisis de alternativas.

4. Cuarto motivo, basado en que la Decisión impugnada contiene un error manifiesto de Derecho y de valoración por lo que atañe a la aplicación del principio de precaución en el marco del procedimiento de autorización con arreglo al Reglamento n.o 1907/2006.

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 78/41

Recurso interpuesto el 31 de enero de 2017 — CLF/Parlamento

(Asunto T-54/17)

(2017/C 078/56)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Coalition for Life and Family (CLF) (Bruselas, Bélgica) (representante: P. Richter, abogado)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el artículo I.4.1 de la resolución de la parte demandada, de 12 de diciembre de 2016 (número: FINS-2017-16) sobre la reducción del importe de prefinanciación al 33 % del importe máximo establecido, así como la orden de constituir una garantía.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo único basado en la infracción de los Tratados y de disposiciones normativas aplicables para la ejecución de éstos.

— La parte demandante alega que la distinción que el demandado hace a escala europea entre partidos políticos recientemente fundados y los que existen desde hace tiempo constituye una vulneración del principio general del Derecho de la Unión de igualdad.

— Además, de conformidad con el artículo 134, apartado 2, del Reglamento (UE; EURATOM) n.o 966/2012, (1) así como con el artículo 206, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012, (2) no cabe exigir la constitución de garantía alguna en el caso de subvenciones de escasa cuantía.

— Por otra parte, alega que la parte demandada no tiene interés en que se constituya la garantía, puesto que la demandante está representada en un número suficiente de Estados miembros con diputados en los parlamentos nacionales, por lo que no ha de temerse su desaparición como partido europeo a nivel político.

— Además, no cabe entender en lo más mínimo la razón por la que la parte demandada alberga dudas sobre si la demandante respeta los valores fundamentales de la Unión.

— Por último, las medidas resultan desproporcionadas, puesto que la demandante no se encuentra en situación de poder constituir garantías y, debido a la retirada de la financiación, corre el riesgo de desaparecer, lo que conlleva una distorsión de la competencia política. Esto constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación de la demandante (artículos 11 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1).

(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012 , sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1).
1.

Primer motivo, basado en los vicios de legalidad formal de los actos impugnados. Este motivo se divide a su vez en cinco partes. — Primera, en la que se alega que la competencia en materia de decisiones económicas que afecten a los diputados corresponde a la Mesa del Parlamento Europeo y no a su Secretario General. — Segunda, en la que se alega que la Mesa del Parlamento Europeo no puede modificar la naturaleza y ámbito de sus competencias. Sin embargo, la demandante afirma que el Secretario General no justifica ninguna delegación en forma del presidente de la Mesa del Parlamento Europeo que le otorgue la facultad de adoptar y notificar los actos impugnados referentes a la resolución de las cuestiones económicas que afecten a un diputado. — Tercera, en la que se alega que los actos impugnados carecen de motivación suficiente, y que demuestran tener carácter arbitrario. — Cuarta, basada en la infracción de los requisitos de forma esenciales. — Quinta, basada en la falta de examen personal del expediente por parte del Secretario General del Parlamento Europeo.
1.

La parte demandada cometió errores al adoptar el Reglamento controvertido, en el marco del ejercicio de su competencia que le habían delegado el Parlamento Europeo y el Consejo mediante el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO 2007, L 171, p. 1), con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Se trata concretamente de: — Infracción de las normas primarias y derivadas del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente. — Infracción de las normas subsidiarias del Derecho de la Unión, tales como los principios generales de no regresión, de precaución, de prevención, de actuación en la fuente y del que contamina paga. — Desviación de las normas de procedimiento, ya que la Comisión no podía utilizar el procedimiento de reglamentación con control para modificar un elemento esencial del Reglamento (CE) n.o 715/2007. — Violación de las formas sustanciales, ya que el Reglamento controvertido no ha tenido las garantías democráticas ofrecidas por el recurso al procedimiento legislativo ordinario de codecisiones del Parlamento Europeo y del Consejo.
2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión no aplicó correctamente el artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 al decidir que el acceso a los documentos solicitados perjudicaría seriamente la protección de los procedimientos judiciales pendientes iniciados en los asuntos T-192/16, T-193/16 y T-257/16 y que el acceso a dichos documentos perjudicaría el interés de la Comisión en solicitar asesoramiento jurídico y recibir dictámenes sinceros, objetivos y completos. También se alega en este motivo que la Comisión no tuvo en cuenta que existe un interés público superior en el acceso a los documentos solicitados y que por esa razón deberían divulgarse.
—

Anule los actos de la División de Control de Concentraciones de la Dirección General de Competencia de la Comisión relativos al cumplimiento de la tercera condición (en lo sucesivo, «solución no ORM») de la Decisión M.7018, en particular su postura expresada en sendos correos electrónicos de 11 y 29 de octubre de 2016, según la cual la solución no ORM se limita a los operadores que sólo sean proveedores de servicio y, por tanto, excluye a los ORVM (operadores de redes virtuales móviles) como la demandante.
1.

Primer motivo, basado en el error de Derecho en que, según la demandante, incurrió el Banco Central Europeo (BCE) en la interpretación de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 575/2013»). En este sentido, la parte demandante reprocha en particular a la Decisión del BCE, de 24 de agosto de 2016, por la que se desestima la solicitud presentada por ella para obtener autorización para excluir las exposiciones en el sector público del cálculo del ratio de apalancamiento (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»): — que es contraria a la intención del legislador europeo y a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 575/2013; — que priva al artículo 429, apartado 14, del citado Reglamento de todo efecto útil; — que constituye una usurpación por parte del BCE de los poderes del legislador europeo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 462/38

Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2016 — Changmao Biochemical Engineering/Comisión

(Asunto T-741/16)

(2016/C 462/49)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Changmao Biochemical Engineering (Changzhou, China) (representantes: R. Antonini, E. Monard y B. Maniatis, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/1247 de la Comisión, de 28 de julio de 2016, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de aspartamo originario de la República Popular China.

— Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en que al rechazar dar al demandante el trato de economía de mercado, la Comisión Europea infringió el artículo 2, número 7, letras b) y c), del Reglamento (UE) n.o 2016/1036 (1) y el principio de confianza legítima e impuso una carga de la prueba desproporcionada, vulnerando el principio de buena administración.

2. Segundo motivo, basado en que al basarse en los precios y costes de los productores de la Unión para determinar el valor normal, la Comisión Europea infringió el artículo 2, número 7, letra a), del Reglamento (UE) n.o 2016/1036.

3. Tercer motivo, basado en que la Comisión Europea infringió los artículos 2, apartado 10, 3, apartados 2, letra a), y 3, y 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 2016/1036 y el principio de buena administración al denegar los ajustes.

4. Cuarto motivo, basado en que al concluir que las importaciones objeto de dumping causaron daños materiales a la industria de la Unión Europea, la Comisión Europea infringió el artículo 3, apartados 2 y 6 (y, con carácter subsidiario, el artículo 6, apartado 7), del Reglamento (UE) n.o 2016/1036.

5. Quinto motivo, basado en que al apoyarse en datos poco fiables, la Comisión Europea infringió los artículos 2, apartado 7, letra a), y 3, apartados 2, 3 y 5, del Reglamento (UE) n.o 2016/1036.

(1) Reglamento (UE) n.o 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176, p. 21)
1.

Primer motivo, en el que se denuncia que las medidas controvertidas carecen de base legal. La parte demandante alega al respecto que: — No existe norma jurídica alguna en la que pueda fundarse la Comisión para negarse a iniciar conversaciones con el Gobierno del Reino Unido, y otros interesados, a raíz del resultado del referéndum no vinculante, antes de que dicho país proceda a la notificación en el sentido del artículo 50 TUE. — Puede deducirse razonablemente que las medidas controvertidas no se han adoptado basándose en criterios objetivos, sino en las convicciones del que las dictó. — Las medidas controvertidas adolecen de desviación de poder, dado que el hecho de ser anunciadas en el discurso como «Orden Presidencial» indujo a error al Parlamento Europeo y a los funcionarios y agentes de la Comisión y de otras instituciones de la Unión Europea, así como a los gobiernos de los Estados miembros y a los ciudadanos de estos últimos.
—

Estando el proyecto en ejecución definitiva, la empresa recibe comunicación desde Australia de que no es posible la importación de dicha especie a la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) no 1251/2008 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por el que se aplica la Directiva 2006/88/CE del Consejo en lo referente a las condiciones y los requisitos de certificación para la comercialización y la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura y productos derivados y se establece una lista de especies portadoras (DO 2008 L 333, p. 41).
—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009 en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.
1.

Alega la demandante que la corrección impuesta a tanto alzado por la Comisión infringe el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005 L 209, p. 1), así como las directrices de 1997 (documento VI/5330/97), relativas a las condiciones que deben reunirse para imponer una corrección del 25 % o del 10 %. Esta infracción conlleva la extralimitación de la Comisión en el ejercicio de su facultad de apreciación y la violación de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. — En primer lugar, las autoridades españolas estiman que las diversas correcciones a tanto alzado infringen el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, del Consejo, en relación con la aplicación de las directrices de 1997 y del principio de proporcionalidad, al carecer la Comisión de indicios serios y razonables para llegar a la conclusión de que había que imponer una corrección financiera del 25 %, en relación con los pastos arbolados en los años 2009 a 2013, salvo para el pasto arbolado para cinco Comunidades Autónomas en el año 2009, en el que se considera que es de aplicación el artículo 73 bis, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO 2004 L 141, p. 18). También las autoridades españolas discuten la aplicación por la Comisión de una corrección a tanto alzado del 10 % para los años 2009 a 2013 para los pastos arbustivos y para el pasto arbolado-dehesa en 2009. — En segundo lugar, las autoridades consideran que la Decisión impugnada infringe el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005, en relación con los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, al no tomar en consideración el artículo 73 bis, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) no 796/2004, en relación con el artículo 137 del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001 El demandante sostiene asimismo que la denegación del pleno acceso a los documentos relativos al Grupo del Código de Conducta (fiscalidad de las empresas), instituido por el Consejo, vulnera igualmente su derecho a la consulta de esos documentos, garantizado por las citadas disposiciones. A este respecto, el demandante aduce que en el presente caso no resultan de aplicación las excepciones al principio de transparencia previstas en el artículo 4, apartados 3 y 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. Añade que se ha producido una insuficiencia de ponderación y de motivación, y que la divulgación de los documentos reviste un interés público superior.