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Recurso de casación interpuesto el 9 de marzo de 2022 por Nemea Bank plc contra el auto del Tribunal General (Sala Novena ampliada) dictado el 20 de diciembre de 2021 en el asunto T-321/17, Niemelä y otros / BCE

(Asunto C-181/22 P)

(2022/C 237/39)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente en casación: Nemea Bank plc (representante: A. Meriläinen, asianajaja)

Otras partes en el procedimiento: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Banco Central Europeo, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente en casación

La parte recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto recurrido.

— Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea adecuadamente atribuido a una Sala diferente, integrada por Jueces completamente distintos, dado el sesgo y el no respeto de los derechos fundamentales de la parte recurrente en casación mostrados por la Sala que dictó el citado auto.

— Condene en costas al BCE.

Motivos y principales alegaciones

Primer motivo de casación: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar equivocadamente que no era necesario pronunciarse en el asunto T-321/17; no tuvo en cuenta, erróneamente, que el pretendido efecto ex tunc de la decisión del BCE de 30 de junio de 2017 infringía el artículo 263 TFUE, y partió equivocadamente de la premisa de que la parte recurrente en casación no tenía interés en que se anulase la decisión del BCE de 23 de marzo de 2017 por la que se revocó la autorización.

Segundo motivo de casación: el Tribunal General incurrió en error de Derecho por lo que respecta a numerosos vicios sustanciales de forma.

Tercer motivo de casación: el Tribunal General no tuvo en cuenta la vulneración de los derechos de la parte recurrente en casación en virtud del artículo 47 de la Carta antes del inicio del procedimiento ni la falta continuada de representación efectiva de la citada parte a lo largo del procedimiento.

Cuarto motivo de casación: el Tribunal General no tuvo en cuenta la vulneración de los derechos de la parte recurrente en casación en virtud del artículo 41 de la Carta al decidir que la pretensión de indemnización era inadmisible.

Quinto motivo de casación: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tomar en consideración los derechos de la parte recurrente en casación que le reconoce el artículo 340 TFUE al decidir que la pretensión de indemnización era inadmisible.
1)

¿Qué requisitos de contenido ha de satisfacer la información facilitada para que se considere suficientemente «significativa» en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra h), del Reglamento general de protección de datos (en lo sucesivo, «RGPD»)? (1) En caso de elaboración de perfiles por el responsable del tratamiento, cuando se informa sobre la «lógica aplicada», ¿debe facilitarse también, en principio (respetando, en su caso, el secreto comercial), la información que en el caso concreto permita comprender el resultado de la decisión automatizada, en particular: 1) la comunicación de los datos del interesado que son objeto del tratamiento; 2) la comunicación de las partes del algoritmo utilizado en la elaboración de perfiles que sean necesarias para la coherencia, y 3) la información relevante para establecer la relación entre los datos objeto del tratamiento y la valoración realizada? En caso de elaboración de perfiles, ¿debe facilitarse al titular del derecho de acceso contemplado en el artículo 15, apartado 1, letra h), del RGPD, incluso en caso de objetarse la existencia de un secreto comercial, al menos, la siguiente información sobre el tratamiento concreto que le afecte, para que pueda ejercer sus derechos reconocidos por el artículo 22, apartado 3, del RGPD: a) transmisión de toda la información, anonimizada si es preciso, en particular sobre la forma del tratamiento de los datos del interesado, que permita verificar la observancia del RGPD; b) facilitación de los datos utilizados en la elaboración de perfiles; c) los parámetros y variables de entrada utilizados para efectuar la valoración; d) la influencia de estos parámetros y variables de entrada en la valoración obtenida; e) información sobre la obtención de los parámetros o variables de entrada; f) la explicación de por qué se ha atribuido al titular del derecho de acceso contemplado en el artículo 15, apartado 1, letra h), del RGPD un determinado resultado de la valoración, y aclaración del juicio que lleva aparejado dicha valoración; g) enumeración de las categorías de perfil y explicación de las afirmaciones valorativas asociadas a cada categoría de perfil?
1)

¿Puede la Decisión adoptada por el Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (1) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Comité Nacional de Gestión de la Directiva 2003/87/CE y de Apoyo a la Gestión de las Actividades derivadas de Proyectos del Protocolo de Kioto), habida cuenta de su procedimiento de adopción y, en particular, del mecanismo de diálogo con la Comisión Europea previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/331 (2) en lo que respecta a la inclusión de instalaciones en la lista para la asignación de derechos de emisión de CO2, ser objeto de un recurso independiente ante el Tribunal General en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, cuando el acto impugnado produce efectos jurídicos vinculantes y afecta directamente al operador económico recurrente?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, (1) en relación con el artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a una normativa nacional como el artículo 59, apartado 2, de la Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (Ley sobre infracciones y sanciones administrativas; en lo sucesivo, «ZANN»), en virtud de la cual el círculo de personas legitimadas para interponer un recurso contra una resolución sancionadora no incluye al propietario de los bienes decomisados mediante dicha resolución cuando no ha cometido los hechos imputados?
2)

¿Deben interpretarse el artículo 2, apartados 1 y 2, así como el artículo 3, apartado 1, letra c), in fine, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Ley marco n.o 330, de 5 de noviembre 2009, relativa a la retribución unitaria del personal remunerado con fondos públicos), tal como fue interpretada por la sentencia n.o 7/2019 (publicada en el Monitorul Oficial al României n.o 343 de 06/05/2019) dictada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) en un recurso de casación para la unificación de doctrina, habida cuenta de que los demandantes no han tenido la posibilidad legal de solicitar el incremento del complemento de destino en el momento en que accedieron a la Magistratura, con posterioridad a la entrada en vigor de la Legea [nr.] 330 din 2009 (Ley n.o 330 de 2009), que preveía expresamente que los derechos retributivos son y siguen siendo exclusivamente los que se establecen en ella, existiendo por lo tanto una discriminación retributiva en comparación con sus compañeros, incluso por razón de edad, lo que de hecho implica que solo los magistrados de mayor edad que fueron nombrados para sus cargos con anterioridad al mes de enero de 2010 (que habían obtenido resoluciones judiciales en su favor en el período comprendido entre 2006 y 2009, cuyos fallos fueron aclarados durante el año 2019 en virtud de la sentencia n.o 7/2019 [de la Înalta Curte de Casație și Justiție]), percibieron, durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, el pago retroactivo de los derechos retributivos (similares a los solicitados mediante la demanda objeto del presente procedimiento) correspondientes al período transcurrido entre 2010 y 2015, aunque durante dicho período los demandantes también ostentaron el cargo de juez y desempeñaron el mismo trabajo, en las mismas condiciones y en la misma institución?
1)

¿Son manifiestamente contrarios al orden público de la Unión y, por extensión, también al orden público nacional, extremo que justifica su no reconocimiento y el no otorgamiento de su ejecución con arreglo a los artículos 34, punto 1, y 45, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, (1) no solo las «anti-suit injunctions» expresas, que prohíben iniciar y proseguir procedimientos judiciales ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, sino también las sentencias o los autos dictados por órganos jurisdiccionales de Estados miembros que dificultan o establecen obstáculos para que el demandante obtenga la tutela judicial por parte de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro o para que siga tramitándose un procedimiento judicial ya iniciado ante este? ¿Es compatible con el orden público de la Unión una injerencia de ese tipo en la competencia de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro para resolver una controversia determinada, que ha sido sometida a su conocimiento? En particular, ¿resulta contrario al orden público de la Unión, en el sentido de los artículos 34, punto 1, y 45, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, el reconocimiento o el otorgamiento de la ejecución de una sentencia o de un auto dictados por órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que conceden una indemnización anticipada y provisional a los solicitantes del reconocimiento y del otorgamiento de la ejecución en relación con los gastos y costas que soportan debido al ejercicio de la acción o a la continuación de un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, basándose en que: a) tras examinar la acción, el asunto es objeto de una transacción, celebrada en debida forma y ratificada por un órgano jurisdiccional del Estado miembro que dicta la sentencia o el auto, y en que b) el órgano jurisdiccional del otro Estado miembro ante el cual el demandado ejercita una nueva acción carece de competencia debido a una cláusula que atribuye competencia exclusiva?
2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los considerandos de esta en el sentido de que el concepto de «consumidor» incluye también a la persona que, en el momento de la firma de un contrato, ejercía una actividad profesional, mientras que el otro prestatario no ejercía en absoluto tal actividad y, posteriormente, estas dos personas celebraron con una entidad bancaria un contrato de préstamo indexado a una moneda extranjera cuyo capital se destinó a un uso parcialmente profesional por parte de uno de los prestatarios y a un uso parcialmente ajeno a la actividad profesional de este, en una situación en que el uso profesional no es marginal y no tiene un papel insignificante en el contexto global del contrato de préstamo, pero el aspecto no profesional es predominante y, de no haberse utilizado el capital del préstamo para un fin profesional, no habría sido posible obtener el préstamo para un fin no profesional?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 15, apartados 3 y 1, en relación con el artículo 14, de la Directiva (UE) 2016/680, (1) a la luz del artículo 54 de la misma Directiva, en el sentido de que no se opone a una normativa nacional: a) con arreglo a la cual, en caso de corresponsabilidad sobre el tratamiento de datos, no es necesario identificar al organismo realmente responsable de los datos conservados, y b) que, asimismo, permite que no se aporte ante el tribunal ninguna justificación sustantiva para esa denegación de acceso?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg (Alemania) el 22 de abril de 2021 — TUIfly GmbH / FI, RE

(Asunto C-253/21)

(2021/C 289/37)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: TUIfly GmbH

Demandadas: FI, RE

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letra c), inciso iii), 7, apartado 1, y 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que se produce la cancelación de un vuelo cuando el vuelo aterriza en otro aeropuerto de llegada no previsto en la reserva, que no está en la misma ciudad o en la misma región que el aeropuerto de destino previsto en la reserva, y se traslada a continuación en autobús a los pasajeros del vuelo desde aquel aeropuerto al aeropuerto para el que se efectuó la reserva, que los pasajeros alcanzan con un retraso en la llegada de menos de tres horas?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2.

¿Incluye esto también la protección del interés de un adquirente individual en no adquirir un vehículo que no se corresponda con las exigencias del Derecho de la Unión, en particular en no adquirir un vehículo que esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido por el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 715/2007? Con independencia de la respuesta que se dé a las cuestiones prejudiciales primera y segunda:
Petición de decisión prejudicial planteada por el Budapest Környéki Törvényszék (Hungría) el 28 de abril de 2021 — WD / Agrárminiszter

(Asunto C-273/21)

(2021/C 252/23)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Budapest Környéki Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: WD

Demandada: Agrárminiszter

Cuestión prejudicial

Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si el artículo 32, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 (1) debe interpretarse en el sentido de que una superficie, catalogada en el registro catastral como «aeródromo retirado de la explotación agrícola», y en la que no tiene lugar ninguna actividad asociada con un aeródromo, debe considerarse predominantemente utilizada para actividades agrarias si se desarrollan en dicha superficie actividades de mantenimiento de animales a efectos agrícolas.

(1) Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608).
C 242/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Obvodní soud pro Prahu 1 (República Checa) el 26 de marzo de 2021 — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s. y otros

(Asunto C-221/21)

(2021/C 242/14)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Obvodní soud pro Prahu 1

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Správa železnic, státní organizace

Demandadas: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cumple la normativa nacional prevista en la parte quinta de la zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Ley n.o 99/1963 por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), los requisitos relativos al control judicial de las decisiones de un organismo regulador con arreglo al artículo 56, apartado 10, de la Directiva 2012/34/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (en lo sucesivo, «Directiva 2012/34»)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede interpretarse el artículo 56, apartado 10, de la Directiva 2012/34 en el sentido de que puede ponerse fin al control judicial de las decisiones del organismo regulador mediante una transacción judicial en virtud del artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Civil?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿permiten los requisitos relativos a la creación de un único organismo regulador nacional para el sector ferroviario, de conformidad con el artículo 55, apartado 1, de la Directiva 2012/34, a las funciones del organismo regulador, de conformidad con el artículo 56, apartados 2, 6, 11 y 12, de esta Directiva, y a la cooperación entre organismos reguladores, de conformidad con el artículo 57, apartado 2, de dicha Directiva, sustituir las decisiones adoptadas por el organismo regulador sobre el fondo de un asunto por las sentencias individuales de órganos de jurisdicción ordinaria, que no están vinculados por los hechos determinados por el organismo regulador?

(1) DO 2012, L 343, p. 32.
1)

¿Es compatible con el principio de igualdad de trato y no discriminación de los operadores económicos y con el principio de transparencia, recogidos en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (1) (en lo sucesivo, «Directiva 2014/24»), una interpretación del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2014/24 y del artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (2) (en lo sucesivo, «Directiva 2016/943»), en particular de las expresiones contenidas en ellas «de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida» y «tener un valor comercial por su carácter secreto», así como de la que establece que «el poder adjudicador no divulgará la información que los operadores económicos hayan designado como confidencial», según la cual el operador económico puede reservar cualquier información como secreto empresarial por el hecho de que no quiera divulgarla a los operadores económicos competidores?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 39 de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), en particular su artículo 39, apartado 3, en el sentido de que impone la obligación de prohibir el registro de objetos para los que se ha introducido una descripción en el Sistema de Información de Schengen aun cuando la descripción ya no sea pertinente (el vehículo ha sido encontrado; el proceso penal en el Estado miembro en el que se encontró el vehículo ha sido archivado por no haberse cometido un delito en ese Estado miembro; el Estado que introdujo la descripción ha sido informado pero no adopta medidas para suprimir la descripción del sistema)?
1)

¿Debe interpretarse el segundo criterio microbiológico «ausencia en 25 g», mencionado en el artículo 3, apartado 1, y en el punto 1.2 del cuadro que figura en el anexo I, capítulo 1, del Reglamento n.o 2073/2005, (1) habida cuenta de este Reglamento y de la protección de la salud pública, así como de los objetivos perseguidos por los Reglamentos n.o 178/2002 (2) y n.o 882/2004, (3) en el sentido de que si el explotador de una empresa alimentaria no ha podido demostrar a satisfacción de la autoridad competente que los alimentos listos para el consumo que pueden favorecer el desarrollo de L. monocytogenes, que no sean los destinados a los lactantes ni para usos médicos especiales, no superan el límite de 100 ufc/g durante su vida útil, el criterio microbiológico «ausencia en 25 g» se aplica también en cualquier caso a los productos comercializados durante su vida útil?
C 252/5

Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (España) el 6 de octubre de 2020 — Banco de Santander S.A. / YC

(Asunto C-503/20)

(2021/C 252/06)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Banco de Santander S.A.

Apelado: YC

Mediante auto de 25 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado la primera cuestión manifiestamente inadmisible y responde a la segunda pregunta que la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (1), en su versión modificada por la Directiva 90/88/CEE del Consejo, de 22 de febrero de 1990 (2), y la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (3), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, tal y como la interpreta la jurisprudencia nacional, que establece una limitación de la tasa anual equivalente que puede imponerse al consumidor en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, siempre que esta normativa no contravenga las normas armonizadas por estas Directivas en lo que en particular se refiere a las obligaciones de información.

(1) DO L 42, p. 48

(2) DO L 61, p. 14

(3) DO L 133, p. 66
3)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿no sería parcialmente inválido el Acuerdo de Retirada al vulnerar los principios que conforman la identidad de la Unión Europea, en particular los artículos 18, 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como también los artículos 39 y [40] de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y no vulneraría el principio de proporcionalidad, en la medida en que no contiene ninguna estipulación que les permita conservar dichos derechos sin carácter exclusivo?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 5, letra a), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), (1) en el sentido de que una normativa nacional que obliga a los prestadores de un servicio de intermediación, prestado a cambio de una remuneración, que tiene por objeto poner en contacto mediante una plataforma electrónica a potenciales arrendatarios con arrendadores, profesionales o no profesionales, que proponen servicios de alojamiento de corta duración, a comunicar, previa solicitud por escrito de la Administración tributaria y so pena de multa administrativa, «los datos del operador y las señas de los establecimientos de alojamiento turístico, así como el número de pernoctaciones y de unidades de alojamiento explotadas durante el año anterior», con el fin de identificar a los sujetos pasivos de un impuesto regional sobre los establecimientos de alojamiento turístico y sus ingresos imponibles, está comprendida en el ámbito de la «fiscalidad» y debe considerarse, por tanto, excluida del ámbito de aplicación de esta Directiva?