En efecto, en primer lugar, como se desprende del propio tenor del artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca comunitaria, podrán constituir marcas colectivas de la Unión con arreglo al apartado 1 del mismo artículo los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. Pues bien, con arreglo al citado apartado 1, sólo podrán constituir marcas colectivas de la Unión los signos que sean adecuados para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular frente a los de otras empresas.

Además, el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009, aplicable a las marcas colectivas en virtud del artículo 66, apartado 3, del mismo Reglamento establece, en esencia, que únicamente podrán constituir marcas de la Unión los signos apropiados para distinguir el origen comercial de los productos o servicios a los que identifican.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado repetidas veces que la función esencial de la marca es garantizar a los consumidores la procedencia del producto, en el sentido de que permite identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir ese producto o servicio de los de otras empresas.

Aun cuando el Tribunal de Justicia ya ha reconocido, además, que una marca podría desempeñar otras funciones distintas de la indicación del origen, asimismo dignas de protección frente a los menoscabos por parte de terceros, como las que consisten en garantizar la calidad del producto o del servicio al que identifican, o las de comunicación, inversión o publicidad, no por ello ha dejado de poner de relieve que la función esencial de la marca sigue siendo la indicación del origen.

Por lo tanto, considerar que la función esencial de una marca colectiva de la Unión contemplada en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 es servir de indicación del origen geográfico de los productos o servicios ofrecidos al amparo de esta marca, y no de indicación de su origen comercial, supondría pasar por alto dicha función esencial.

En segundo lugar, si bien el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 constituye una excepción al motivo de denegación absoluto de registro contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, esta circunstancia no puede desvirtuar el hecho de que la función esencial de una marca colectiva de la Unión regulada por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 es garantizar el origen comercial colectivo de los productos vendidos al amparo de esa marca, y no garantizar su origen geográfico colectivo.

Por lo demás, la excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, incluida en el artículo 66, apartado 2, del mismo Reglamento, se explica por el propio carácter del signo amparado por las marcas colectivas mencionadas en dicho apartado 2.

En tercer lugar, dichas indicaciones geográficas, por una parte, y las marcas colectivas de la Unión formadas por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar la procedencia geográfica de los bienes y servicios, por otra, son signos con distinto régimen jurídico y que persiguen diferentes objetivos. Así, mientras que la marca de la Unión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009, es un signo apropiado para distinguir el origen comercial de productos o servicios, una indicación geográfica, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, es una denominación que identifica un producto que es originario de una zona geográfica determinada, que posee una cualidad, una reputación u otra característica que puede atribuirse esencialmente a su origen geográfico, y de cuyas fases de producción una al menos tiene lugar en la zona geográfica definida.

(véanse los apartados 50 a 54, 57, 58 y 62)