8.

Refiriéndose asimismo a los criterios de apreciación que el Tribunal de Justicia deberá aplicar en este asunto, la Comisión afirma que estos criterios deben ser particularmente estrictos y rigurosos. También afirma que, en un ámbito en el que no existen particulares económicamente motivados por lo que respecta al interés protegido (a saber, la pureza de las aguas subterráneas) y en el que no se dispone dé medios simples que permitan controlar el cumplimiento de las normas establecidas en la Directiva, la exigencia de precisión y de claridad es aún más importante para la adaptación del Derecho nacional. ( 6 ) El Gobierno alemán no comparte este punto de vista: en su opinión, únicamente se trata de garantizar efectivamente la plena aplicación de la Directiva por medio de normas jurídicas internas y de prácticas administrativas; considera que es exagerado exigir, como a su juicio hace la Comisión, una transcripción textual de las disposiciones de la Directiva en el Derecho interno. Estoy de acuerdo con el Gobierno alemán en este punto, en cuanto que la realización del objetivo perseguido por la Directiva hoy controvertida ante el Tribunal de Justicia no supone necesariamente una transcripción textual de todos los preceptos que contiene. Por otra parte, la Comisión no afirma tal cosa. Es preciso, por el contrario, que el «contexto jurídico general del Estado miembro garantice la aplicación de las Directivas» de tal manera que no exista ningún riesgo práctico ni teórico de una aplicación incorrecta de las normas establecidas por las Directivas de que se trate. ( 7 ) El Gobierno alemán estima que no existe tal riesgo en lo que respecta a la aplicabilidad de la Directiva en la República Federal. Afirma que la interrelación de las normas de Derecho interno existentes y la aplicación y la interpretación«conforme a la Directiva» de estas normas por parte de las autoridades competentes tienen, como consecuencia práctica, la supresión de todo riesgo de que puedan concederse autorizaciones de vertidos prohibidos por la Directiva. Tal alegación ya ha sido desestimada en diversas ocasiones por el Tribunal de Justicia: la adaptación del Derecho interno a las Directivas que, como en el caso de la Directiva que hoy se discute, contengan disposiciones precisas y detalladas no puede tener lugar mediante la interrelación de normas existentes carentes de precisión, por una parte, y de una práctica administrativa (generalmente irreversible), por otra. ( 8 ) En realidad, la alegación del Gobierno alemán parte de la idea de que el Derecho interno también puede adaptarse a las disposiciones precisas y detalladas de una Directiva por medio de meras prácticas administrativas que no tengan una publicidad suficiente. El Tribunal de Justicia siempre ha rechazado dicha postura. ( 9 ) Además, el Tribunal de Justicia ha indicado insistentemente que ni la pretendida inexistencia en un Estado miembro determinado de actividades incompatibles con la Directiva, ni la supuesta conformidad con la Directiva de la práctica administrativa seguida en un Estado miembro eximen a dicho Estado miembro de la obligación de adaptar íntegramente su Derecho interno a la Directiva. ( 10 ) Ello es válido en particular cuando una Directiva contiene una disposición prohibitiva: tal disposición debe ser transcrita expresamente en una disposición normativa del Derecho nacional. ( 11 ) La Comisión ha subrayado acertadamente la importancia de este último aspecto: la aplicación efectiva y completa de una norma prohibitoria sólo puede garantizarse si las autoridades públicas encargadas de la aplicación de la Directiva que deben decidir sobre las solicitudes de autorización de vertidos pueden invocar una norma de Derecho nacional que establece expresamente una prohibición.