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37.

La versión alemana de dicho pasaje («daß [...] keine Widersprüche [...] entstehen können») deja pensar que el Tribunal de Justicia resolvió de manera definitiva sobre la compatibilidad con el Derecho comuntario de las obligaciones derivadas de los Convenios controvertidos. No obstante, si se considera su formulación en la lengua de procedimiento (inglés), ( 30 ) vemos que no es tan seguro como parece. Al contrario, parece que el Tribunal de Justicia sólo haya examinado los Convenios de que se trata de manera rápida y haya declarado que dicho examen provisional no había puesto de manifiesto elementos que pudieran revelar un posible conflicto entre el Convenio y los artículos 30 a 36 del Tratado. Por consiguiente, sigue habiendo una posibilidad de que los órganos jurisdiccionales convencionales, al analizar el Convenio de manera más profunda, puedan llegar a la conclusión de que sobre uno u otro extremo, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos Convenios no es compatible con la aplicación de los artículos 30 y siguientes. Dicha interpretación también me parece totalmente compatible con las conclusiones que el Tribunal de Justicia extrajo, en la sentencia de que se trata, de las consideraciones que acabo de citar. En efecto, el Tribunal de Justicia estimó que lo dispuesto en el artículo 234 no obsta a la ejecución por parte de dicho Estado de los compromisos derivados de los Convenios internacionales «en la medida en que un Estado miembro hace uso de la reserva relativa a la salvaguardia de la moralidad pública». ( 31 ) El representante de MSL no se ha equivocado al comparar en la vista dicho pasaje con la respuesta de un oráculo («a thoroughly Delphic ruling»). Ya que el párrafo primero del artículo 234 permite precisamente a un Estado miembro respetar las obligaciones que le incumben con arreglo a un Convenio anterior, la fórmula empleada por el Tribunal de Justicia no parece tener verdadero sentido. Esta aparente contradicción se resuelve si nos basamos en la interpretación que acabo de exponer: la frase de la sentencia citada significa entonces simplemente que no hay contradicción entre los Convenios internacionales y el Derecho comunitario en la medida en que las obligaciones derivadas de dichos Convenios puedan considerarse compatibles con el Tratado al amparo de la excepción prevista por el artículo 36. Me permito precisar que donde dicha interpretación no sea posible será, en su caso, el párrafo primero del artículo 234 el que se aplique.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 10 de noviembre de 1993. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO - DIRECTIVAS 90/490/CEE Y 90/506/CEE - NO ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO DENTRO DEL PLAZO SENALADO. - ASUNTO C-31/93.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-06825



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Mediante el presente recurso por incumplimiento del Tratado, la Comisión imputa al Reino de Bélgica no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva 90/490/CEE (1) y a la Directiva 90/506/CEE, (2) adaptación que hubiera debido efectuarse, a más tardar, el 1 de enero de 1991. El Gobierno del Reino de Bélgica no niega que la citada adaptación no se efectuó dentro del plazo señalado.

2. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

° Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en la Directiva 90/490/CEE de la Comisión, de 25 de septiembre de 1990, por la que se modifican algunos Anexos de la Directiva 77/93/CEE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y en la Directiva 90/506/CEE de la Comisión, de 26 de septiembre de 1990, por la que se modifica el Anexo IV de la Directiva 77/93/CEE.

° Condene al Reino de Bélgica al pago de las costas del procedimiento.

3. En el dictamen motivado que emitió el 20 de noviembre de 1991, la Comisión concedió al Estado miembro demandado un plazo de dos meses para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 90/490 y 90/506. Dicho plazo expiró sin que se obtuviera resultado alguno. Durante la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno del Reino de Bélgica señaló que estaban a punto de aprobarse las normas de adaptación del Derecho interno belga a las Directivas. Sin embargo, antes de terminar la fase escrita del procedimiento, no se cursó comunicación alguna acerca de una eventual adaptación del ordenamiento jurídico interno belga a las Directivas. Procede, pues, concluir afirmando que no se han ejecutado las Directivas.

4. En esta situación, propongo al Tribunal de Justicia que estime las pretensiones de la Comisión.

(*) Lengua original: alemán.

(1) ° Octava Directiva de la Comisión de 25 de septiembre de 1990 por la que se modifican algunos Anexos de la Directiva 77/93/CEE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales (DO L 271, p. 28).

(2) ° Novena Directiva de la Comisión de 26 de septiembre de 1990 por la que se modifica el Anexo IV de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales (DO L 282, p. 67).
28.

España parece afirmar que el artículo 222 del Tratado debería ser interpretado en el sentido de que excluye la armonización de la esencia de los derechos de propiedad intelectual. Como se recordará, dicho artículo establece que el Tratado «no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». En mi opinión, España interpreta erróneamente esta disposición. El Gobierno del Reino Unido formuló una alegación similar en el asunto Comisión/Reino Unido, ( 22 ) en el que dicho Gobierno opinaba (y España lo apoyaba) que la obligación de fabricar los productos protegidos por una patente en el territorio nacional formaba parte de un régimen de propiedad (industrial) a efectos del artículo 222 del Tratado, que «las normas relativas a la existencia misma de los derechos de propiedad industrial son sólo competencia del legislador nacional», ( 23 ) y que, por consiguiente, el artículo 30 del Tratado no podía producir ningún efecto sobre dichas normas. El Tribunal de Justicia desestimó esta alegación en los siguientes términos: ( 24 ) «[...] las disposiciones del Tratado, y especialmente las del artículo 222 [...], no pueden interpretarse en el sentido de que reservan al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias al principio de la libre circulación de mercancías dentro del mercado común, tal como lo prevé y regula el Tratado». Es cierto que aquel asunto se refería a la aplicación de las normas sustantivas del Tratado al Derecho nacional de patentes y no al alcance de las facultades normativas de la Comunidad en el ámbito de las patentes. No obstante, considero que esta diferencia es irrelevante a los presentes efectos. El Tribunal de Justicia afirmó claramente que el argumento de la competencia nacional exclusiva respecto a las materias cubiertas por el artículo 222 del Tratado no es correcto, y no veo por qué razones esta afirmación no debe ser también válida para el ejercicio de la competencia de la Comunidad. Si el artículo 222 del Tratado no evita que determinadas normas nacionales (en particular, las que exigen que los productos protegidos por una patente se fabriquen en el territorio nacional) sean consideradas incompatibles con el artículo 30 del Tratado, y, en consecuencia, inválidas, no veo cómo podría impedir que la Comunidad ejerciera sus competencias en el ámbito de las patentes.
21.

En el marco de la verificación antes citada, debe llamarse, de entrada, la atención sobre el hecho de que la RTT no dispone de un monopolio comercial. No tiene ningún monopolio para la importación ni para la comercialización de los aparatos de telecomunicación. Por el contrario, en la medida en que es la única entidad que explota la red de telecomunicaciones, posee un monopolio de prestación de servidos. Cabe preguntarse qué influencia tiene sobre esta situación de monopolio la transferencia a la RTT de las actividades de vigilancia y de control del procedimiento de homologación. Se trata prácticamente de atribuciones de Derecho público tanto de la homologación de los aparatos como de la vigilancia de la observancia de las disposiciones aplicables. No obstante, su ejercicio no basta para transformar el monopolio de prestación de servicios en un monopolio comercial.
7.

1. En primer lugar, me parece que se debe retener una idea de las observaciones de la Comisión, que declara que para la interpretación solicitada caben dos enfoques. El primero se basa en la aplicabilidad directa de los Reglamentos en los ordenamientos jurídicos nacionales. Según esta idea, se debe relacionar el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento n° 3820/85 no sólo con el Derecho comunitario, sino también con el Derecho nacional. El segundo enfoque se refiere a la finalidad de esta disposición. Efectivamente, ésta está destinada a regir la interpretación de las referencias del Derecho comunitario al Reglamento n° 543/69 y no afecta, por tanto, a las disposiciones del Derecho nacional. En el caso de autos debe seguirse este segundo enfoque. Esta postura me parece fundada, sin perjuicio de que no se trata de dos «enfoques» diferentes. En realidad, se trata de saber cuál es el objeto y quién el destinatario de cada una de las disposiciones reglamentarias contempladas. Es cierto que, como resulta del apartado 2 del artículo 189 del Tratado CEE, los Reglamentos pueden contener disposiciones que se refieran a relaciones de Derecho que afecten directamente a ciudadanos de la Comunidad —en calidad de destinatarios— y de esta forma cree en particular para ellos derechos y deberes ( 10 ) (en el caso de autos, el deber de someterse a determinadas sanciones). Sin embargo, no existe principio alguno según el cual, en caso de duda sobre si una disposición reglamentaria regula una relación jurídica dada que afecte directamente al ciudadano comunitario, existe una presunción en favor de tal normativa. Por el contrarío, el objeto y el destinatario de cada disposición deben ser determinados en función de la redacción, la estructura y el contexto de la misma, así como en función de su finalidad y de su función. ( 11 )
76.

Este enfoque concuerda con la finalidad del artículo 173, que es permitir que los particulares impugnen Decisiones que les afectan especialmente, al tiempo que limita la legitimidad activa para impugnar Reglamentos de modo que no haya riesgo de que una categoría ilimitada de demandantes solicite su anulación. Me alienta que este enfoque concuerde con el del Abogado General Sr. Mischo en el asunto Nashua, antes citado, al decir en el apartado 33 de sus conclusiones: «Lo que me parece determinante, en el campo de la admisibilidad en materia antidumping, no es tanto el carácter de productor/exportador o de importador asociado del demandante, sino la manera en que su situación concreta ha sido tomada en consideración». Aunque el Tribunal de Justicia declaró la admisibilidad del recurso en aquel asunto, pudo evitar definir al demandante como exportador o importador por su especial relación con el fabricante del producto de que se trataba (véase también el asunto Gestetner, antes citado). Por consiguiente no consideró en qué medida un importador en sentido estricto habría estado legitimado activamente para impugnar la Decisión en litigio. En el presente asunto no puede evitarse este problema.
16.

a) Respecto a la actividad de los agentes de transportes (punto A del artículo 2 de la Directiva), la demandada presentó el Decreto Presidencial no 453/1984, de 5 de octubre de 1984. Conforme a su artículo 1, el objetivo de este Decreto Presidencial es ejecutar el Reglamento no 11 de 27 de junio de I960. ( 4 ) No incluye las normas previstas en los artículos 4, 6 y 7 de la Directiva, sobre el reconocimiento de certificados de otros Estados miembros relativos, en concreto, a la honorabilidad, a la inexistencia de una declaración de quiebra y a la experiencia profesional de los interesados y, por ello, no puede ser considerado, en ningún caso, como una medida suficiente de adaptación del Derecho interno. No obstante, es dudoso que semejante adaptación fuera siquiera necesaria en ese caso. Efectivamente, el Decreto Presidencial no establece ningún requisito para acceder a la actividad de agente de transportes o para ejercerla. En el escrito de contestación, la demandada indicó que el acceso a la profesión de agente de transportes no está regulado en Grecia y que el Decreto Presidencial presentado es la única normativa en ese ámbito. Si ello fuera cierto, no existiría la obligación de adaptar el Derecho interno a la Directiva. Sin embargo, no cambiaría en nada la apreciación del recurso, puesto que la Comisión no ha hecho en él ningún reproche relativo a la actividad de los agentes de transportes y censura la inacción de Grecia únicamente en la medida en que fueran necesarias las medidas de adaptación del Derecho interno.
7.

No creo, sin embargo, que dichas argumentaciones puedan impedir que el Tribunal de Justicia examine la compatibilidad de los requisitos de licencia con el artículo 52 del Tratado y que compruebe, en su caso, la incompatibilidad de los mismos con dicha disposición. En efecto, ambos Gobiernos, al igual que la Comisión, coinciden en afirmar que los requisitos controvertidos sólo se aplican a los buques matriculados en Irlanda. Según el Gobierno irlandés, ese es el efecto del apartado 1 del artículo 222 B (véase el apartado 2.1. de su escrito de duplica). Dicha disposición precisa que el artículo 222 B se aplica a los buques de pesca que estén inscritos en el Registro irlandés de buques de pesca («a fishing boat [...] which is entered in the fishing boat register») así como a los que deben inscribirse en el mismo («which is required [...] to be so entered»). Además, como ha señalado el propio Gobierno irlandés en su respuesta al dictamen motivado, el artículo 222 B debe relacionarse con el artículo 8 de la Ley de 1983, que subordina cualquier nueva inscripción en el Registro irlandés de buques de pesca a la posesión de una licencia expedida por el Ministro con arreglo al artículo 222 B. Aun cuando los requisitos de matriculación y de licencia sean, por tanto, idénticos, no es menos cierto que son estos últimos los que condicionan la utilización de un buque de pesca para la pesca marítima.
29.

Queda por decir, no obstante, que el artículo 4 no ha armonizado los Derechos de los Estados miembros en materia de aumentos por persona a cargo y que debe entenderse que se remite, a este respecto, a los Derechos nacionales. Ahora bien, el legislador irlandés decidió que se suponía que un hombre casado tenía a su cargo a su esposa y a sus hijos desde el momento en que se demostraba que vivían con él. El hecho de que eso pudiera dar lugar en determinados casos a la concesión de prestaciones que no se debían en realidad si se tenía en cuenta la razón de ser de las mismas, no le apartó de su vía. Por tanto, a pesar de todas las dudas que he expresado más arriba, me parece difícil admitir que el Estado irlandés pueda oponerse ahora a la reivindicación de las demandantes con el argumento de que ello les concedería una ventaja injustificada.
6.

En el presente asunto, el Gobierno de los Países Bajos alega que los términos del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento n° 685/69, que se refieren al deterioro «durante el período de prueba de almacenamiento», indican que la prueba debía haberse efectuado antes de finalizar dicho período. Señala que, en vista de las consecuencias del rechazo de la mantequilla inferior a la «standard», interesa al vendedor saber antes del fin del período de prueba si la mantequilla se comprará o no: a este efecto la interpretación de la Comisión lleva a una ampliación del período de prueba que dejaría al vendedor en una incertidumbre prolongada y podría hacer que incurriera en un aumento de los costes de almacenamiento. El Gobierno de los Países Bajos considera que su interpretación está totalmente de acuerdo con el objetivo del artículo 6, que es garantizar que la mantequilla reúne los requisitos de calidad para su almacenamiento. A este respecto, se basa en un estudio danés (anejo a la demanda) sobre el efecto de la temperatura en la conservación de la calidad de distintas variedades de mantequilla almacenada en frío. Según el Gobierno de los Países Bajos, este estudio indica que la mantequilla conservada en almacén frigorífico a una temperatura de — 18 °C que no haya presentado deterioro anormal después de 45 días, no los presentará después de 60 días. El Gobierno de los Países Bajos deduce de ello que todo deterioro anormal se manifestará en una fase relativamente temprana del período de prueba. Además, el citado Gobierno alega que el no reconocimiento es contrario a los principios de seguridad jurídica y/o protección de la confianza legítima en la medida en que hasta 1987 la Comisión no se opuso a la interpretación neerlandesa del Reglamento. Por último, alega que la decisión de la Comisión no está adecuadamente motivada, en especial respecto al porcentaje de gasto que no fue reconocido.
8.

Interpretamos la alegación de Gerlach en el sentido de que, para determinar lo que constituye una unidad que forma parte de un sistema de la nota 3 B) relativa a la partida 84.53, no existe diferencia esencial entre un COM-Recorder provisto de un dispositivo de lectura de banda magnética y un COM-Recorder que no lo posea. Desde esta óptica, el hecho de que el aparato designado en el Reglamento n° 551/81 contenga un dispositivo de lectura de banda magnética sólo reviste interés por la forma en que se introducen en este aparato los datos producidos por un ordenador. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, el lector «autónomo» de una banda magnética o la conexión del COM-Recorder a un ordenador central, en nada cambia el hecho de que, como aparato de salida, esta máquina sólo sirve para transcribir los datos producidos por un ordenador, introducidos o no en forma «autónoma», en caracteres legibles (y para reproducir estos caracteres en microfilme) y está pues efectiva y «específicamente concebida» como parte de un sistema de máquinas automáticas de tratamiento de la información. Sea como sea, en este asunto el Tribunal de Justicia no debe pronunciarse sobre las características del aparato descrito en el Reglamento n° 551/81 en comparación con las características de un COM-Recorder Aris II. En efecto, por las razones expuestas por la Comisión (véase nuestro apartado 6), es dudoso que deba reconocerse cualquier valor de precedente para este asunto al Reglamento n° 551/81. Pero, ante todo, del análisis de las características propias de un COM-Recorder Aris II (véase nuestro apartado 4) se desprende que tal aparato en todo caso constituye una unidad de una máquina automática de tratamiento de la información y, debido a ello, debe clasificarse en la partida 84.53 y que, además, teniendo en cuenta la esperada evolución técnica (véase nuestro apartado 7), dicho aparato no debe clasificarse como un aparato fotográfico en la partida 90.07. El Reglamento n° 551/81 no puede modificar esta apreciación. En efecto, este Reglamento se adoptó basándose en el Reglamento (CEE) n° 97/69, ( 9 ) lo que supone que puede precisar el contenido de las partidas o subpartidas del arancel aduanero común, pero no modificar su alcance.
19.

Una perfecta ilustración de todo lo anterior la da, por otra parte, la Ley alemana relativa a la protección contra los efectos nocivos sobre el medio ambiente de la contaminación del aire, los ruidos, las vibraciones y otros tipos de perjuicios, de 15 de marzo de 1974 (BGBl. I, p. 721; en lo sucesivo, «Ley relativa a la lucha contra las contaminaciones»), a la que se refiere la República Federal de Alemania y sobre la que he de volver. Dicha Ley ( 5 ) distingue entre las instalaciones sometidas a autorización y las que no lo están. Para los dos tipos de instalación, la Ley establece que deben construirse y explotarse de manera que se eviten, especialmente, los efectos nocivos sobre el medio ambiente (punto 1 del apartado 1 del artículo 5) o, si son inevitables, se reduzcan al mínimo (puntos 1 y 2 del apartado 1 del artículo 22). En su artículo 3 la Ley alemana define los efectos nocivos sobre el medio ambiente como «los perjuicios que por su tipo, su cuantía o su duración son capaces de suponer peligros, inconvenientes importantes o perjuicios importantes para el medio ambiente o para el entorno». No define sin embargo el nivel 0 el umbral a partir del cual estos perjuicios deben considerarse perjudiciales para el medio ambiente. Con arreglo al artículo 48, el Gobierno federal es competente para establecer, mediante un procedimiento especial, las disposiciones administrativas generales («Allgemeine Verwaltungsvorschriften») necesarias, especialmente, para este fin. Por otra parte los artículos 7 y 23 autorizan al Gobierno federal a adoptar, según el mismo procedimiento especial, disposiciones reglamentarias («Rechtsverordnung») que establecen sobre todo que las emisiones procedentes de instalaciones sujetas o no a autorización no sobrepasarán determinados valores límite. Respecto a las instalaciones sometidas a autorización, ésta sólo se concede, pues, si se garantiza especialmente que estos valores serán respetados (artículo 6). Por último, con arreglo a los artículos 20, 21 y 25, las autoridades competentes pueden o bien prohibir total o parcialmente, temporal o definitivamente la explotación de las instalaciones sometidas o no a autorización, que no respeten, entre otras cosas, los valores límite fijados en aplicación de los artículos 7 y 23, o bien retirar, bajo determinadas condiciones, la autorización concedida.
1.

El recurso presentado por la Comisión contra la República Francesa tiene por objeto que se declare que dicho Estado miembro, al no haber adoptado las medidas necesarias para permitir a los nacionales de otro Estado miembro que estén en posesión del diploma francés exigido en la materia, establecerse o prestar servicios en calidad de médico, enfermero responsable de cuidados generales, matrona, odontólogo y veterinario en la Polinesia francesa y en calidad de veterinario en Nueva Caledonia y sus dependencias, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 137 de la Decisión 80/1186/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, ( 1 )y del artículo 176 de la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, ( 2 ) relativas a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea. Dichas disposiciones establecen, en términos idénticos, lo siguiente: «En lo que se refiere al régimen aplicable en materia de establecimiento y de prestación de servicios, las autoridades competentes de los países y territorios tratarán sobre una base no discriminatoria a los nacionales y sociedades de los Estados miembros. No obstante, cuando, para una actividad determinada, un Estado miembro no estuviera en condiciones de asegurar un trato semejante a los nacionales o sociedades de la República Francesa, del Reino de los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte establecidos en un país o territorio, así como a las sociedades sometidas a la legislación propia del país o territorio de que se trate y establecidas en este último, la autoridad competente de dicho país o territorio no podrá conceder dicho trato.»