Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 14 de mayo de 1998. - Sarrió SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE - Concepto de infracción única - Intercambio de información - Orden conminatoria - Multa - Determinación de la cuantía - Método de cálculo - Motivación - Circunstancias atenuantes. - Asunto T-334/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-01439



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Alcance del principio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4)

2 Competencia - Prácticas colusorias - Participación en reuniones de empresas cuyo objeto es contrario a las normas sobre la competencia - Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

3 Competencia - Prácticas colusorias - Consentimiento en la creación y en la participación en un órgano cuyo objeto contrario a la competencia es conocido y aceptado por las empresas que lo crearon - Circunstancia que permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

4 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única - Empresas a quienes puede reprocharse la infracción consistente en la participación en un cartel global - Criterios

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

5 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

6 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias agravantes - Ocultación del cartel - Prueba deducida de la inexistencia de notas relativas a las reuniones de las empresas que han participado en el cartel

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

7 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

8 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas de la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Volumen de negocios tomado en consideración - Volumen de negocios comunicado a la Comisión en respuesta a una petición de información

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

10 Competencia - Multas - Cuantía - Métodos de cálculo - Conversión en ECU del volumen de negocios de las empresas en el año de referencia aplicando los tipos de cambio medios del mismo año - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

Índice

1 De la lectura del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17, en relación con los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63, se deduce que la Comisión debe comunicar los cargos que tiene la intención de mantener contra las empresas y asociaciones interesadas y sólo puede incluir en sus Decisiones los cargos respecto de los cuales éstas hayan podido manifestar sus puntos de vista. Asimismo, el respeto de los derechos de defensa en un procedimiento que pueda desembocar en sanciones exige que, desde la fase del procedimiento administrativo, se ofrezca a la empresa interesada la posibilidad de manifestar adecuadamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión.

2 El hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia y en las que dicha empresa ha participado no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones. Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

3 El hecho de que una empresa haya consentido en la creación de un órgano cuyo objeto contrario a la competencia, consistente, en particular, en debates sobre futuros incrementos de precios, era conocido y aceptado por las empresas que lo crearon, participando, además, en sus reuniones, constituye un motivo suficiente para considerar que dicha empresa es responsable de una colusión sobre los precios

4 Para que la Comisión pueda imputar a cada una de las empresas destinatarias de una Decisión de aplicación de las normas sobre competencia responsabilidad, durante un período determinado, por un cartel global que abarca diversos comportamientos contrarios a la competencia, tiene que acreditar que cada una de dichas empresas, bien prestó su consentimiento para la adopción de un plan global que incluyera los elementos constitutivos del cartel, o bien participó directamente, durante dicho período, en todos los referidos elementos. También puede imputarse a una empresa la responsabilidad por un cartel global, aun cuando se haya acreditado que participó directamente sólo en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cartel, si sabía o necesariamente tenía que saber, por un lado, que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan global y, por otro lado, que dicho plan global abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos del cartel. De ser así, el hecho de que la empresa de que se trate no haya participado directamente en todos los elementos constitutivos del cartel global no puede disculparla de la responsabilidad por la infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Esa circunstancia puede, no obstante, tenerse en cuenta al evaluar la gravedad de la infracción apreciada en su contra.

5 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

6 El hecho de que las empresas que participaron en una colusión sobre los precios planificaran el anuncio de los incrementos de precio concertados y fueran disuadidas de tomar notas relativas a las correspondientes reuniones prueba que eran conscientes de la ilegalidad de su conducta y que adoptaron medidas para ocultar la colusión. La Comisión puede valorar estas medidas como circunstancias agravantes en la apreciación de la gravedad de la infracción.

A este respecto, la inexistencia de actas oficiales y la falta casi absoluta de notas internas sobre dichas reuniones pueden constituir, habida cuenta del número, de su duración a lo largo del tiempo y de la naturaleza de los debates celebrados, una prueba suficiente de que se disuadía a los participantes de tomar notas.

7 La determinación de la cuantía de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre competencia está en función de la gravedad y de la duración de la infracción. A este respecto, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al fijar el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

8 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

9 Para calcular las multas por infracción de las normas comunitarias de la competencia, la Comisión puede legítimamente tener en cuenta el volumen de negocios comunicado por la empresa afectada en respuesta a una petición de información, y no un volumen de negocios rectificado que le fue transmitido posteriormente. En efecto, una empresa que, durante el procedimiento administrativo ante la Comisión, rectifica un dato aritmético como el volumen de negocios, previamente comunicado a la Comisión en respuesta a una de sus peticiones de información, debe explicar de manera detallada las razones por las cuales el dato inicialmente transmitido no debe tenerse en cuenta para el resto del procedimiento.

10 Cuando impone multas a varias empresas por haber infringido las normas comunitarias sobre competencia, nada impide a la Comisión expresar sus importes en ECU, unidad monetaria convertible en moneda nacional. Ello permite, por otra parte, a las empresas comparar más fácilmente los importes de las multas impuestas. Además, la posibilidad de convertir el ECU en moneda nacional distingue a esta unidad monetaria de la «unidad de cuenta» mencionada en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, que, al no ser una moneda de pago, implica necesariamente la determinación del importe de la multa en moneda nacional.

Para calcular la multa, la Comisión puede, válidamente, utilizar un método consistente en convertir en ECU el volumen de negocios del año de referencia de cada una de las empresas aplicando los tipos de cambio medios del mismo año, y no según los tipos de cambio vigentes en la fecha de adopción de la Decisión.

En primer lugar, en efecto, la Comisión debe normalmente utilizar un único método de cálculo de las multas impuestas a las empresas sancionadas por haber participado en una misma infracción. A continuación, para poder comparar los diferentes volúmenes de negocios comunicados, expresados en las respectivas monedas nacionales de las empresas afectadas, la Comisión debe convertir dichos volúmenes de negocios en una única unidad monetaria, como el ECU, cuyo valor se determina en función del valor de cada moneda nacional de los Estados miembros.

Además, por una parte, la consideración del volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas durante el año de referencia, esto es, el último año completo del período de infracción contemplado, permite a la Comisión apreciar la dimensión y la potencia económica de cada empresa, así como la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas, elementos que son pertinentes para apreciar la gravedad de la infracción cometida por cada empresa. Por otra parte, el hecho de haber tenido en cuenta, para la conversión en ECU de los correspondientes volúmenes de negocios, los tipos de cambio medios del año de referencia considerado permite a la Comisión evitar que las eventuales fluctuaciones monetarias ocurridas desde el cese de la infracción incidan en la apreciación de la dimensión y potencia económica relativas de las empresas, así como de la amplitud de la infracción cometida por cada una de ellas y, por consiguiente, en la apreciación de la gravedad de dicha infracción. Esta apreciación debe referirse a la realidad económica tal como se manifestaba en la época en que se cometió dicha infracción.

Por consiguiente, el método de cálculo de la multa consistente en aplicar el tipo de cambio medio del año de referencia permite evitar los efectos aleatorios de las modificaciones de los valores reales de las monedas nacionales que pueden producirse entre el año de referencia y el año en que se adopta la Decisión. Si bien este método puede significar que una empresa determinada deba pagar una cantidad, expresada en moneda nacional, nominalmente superior o inferior a la que tendría que haberse pagado en el supuesto de aplicarse el tipo de cambio de la fecha en que se adoptó la Decisión, ello no es sino la consecuencia lógica de las fluctuaciones de los valores reales de las diferentes monedas nacionales.

Partes

En el asunto T-334/94,

Sarrió, S.A., sociedad española, con domicilio social en Pamplona, representada por los Sres. Antonio Creus Carreras, Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona, Alberto Mazzoni, Abogado de Milán, Antonio Tizzano y Gian Michele Roberti, Abogados de Nápoles, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Richard Lyal, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, y por el Sr. Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicenza, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y por el Sr. C.P. Briët, la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 25 de junio al 8 de julio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del litigio

1 El presente asunto se refiere a la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1), rectificada, antes de su publicación, por la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1994 [C(94) 2135 final] (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión impuso multas a diecinueve fabricantes proveedores de cartoncillo de la Comunidad por haber infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El producto que constituye el objeto de la Decisión es el cartoncillo. La Decisión menciona tres tipos de cartoncillo, correspondientes a las calidades «GC», «GD» y «SBS».

3 El cartoncillo de calidad GD (en lo sucesivo, «cartoncillo GD») es un cartoncillo de tercera (a base de papel reciclado) que normalmente se utiliza para el embalaje de productos no alimentarios.

4 El cartoncillo de calidad GC (en lo sucesivo, «cartoncillo GC») es un cartoncillo que lleva una capa exterior blanca y se suele utilizar para el embalaje de productos alimentarios. El cartoncillo GC es de calidad superior a la del cartoncillo GD. Durante el período contemplado por la Decisión existió generalmente entre estos dos productos una diferencia de precio próxima al 30 %. El cartoncillo GC se utiliza también, en menor medida, para las artes gráficas.

5 SBS es la sigla utilizada para designar el cartoncillo blanco homogéneo (en lo sucesivo, «cartoncillo SBS»). Se trata de un cartoncillo cuyo precio es superior al del cartoncillo GC en, aproximadamente, un 20 %. Se utiliza para el embalaje de productos alimentarios, cosméticos, medicamentos y cigarrillos, pero se destina principalmente a las artes gráficas.

6 Mediante escrito de 22 de noviembre de 1990, la British Printing Industries Federation, organización profesional que representa a la mayoría de los impresores de cartoncillo del Reino Unido (en lo sucesivo, «BPIF»), presentó una denuncia informal ante la Comisión. En ella afirmaba que los productores de cartoncillo proveedores del Reino Unido habían llevado a cabo una serie de aumentos de precios uniformes y simultáneos, por lo que pedía a la Comisión que investigara si se había producido una infracción de las normas comunitarias sobre competencia. Para asegurarse de que su iniciativa recibiera una publicidad suficiente, la BPIF publicó un comunicado de prensa. En diciembre de 1990, la prensa profesional especializada difundió el contenido de dicho comunicado.

7 El 12 de diciembre de 1990, la Fédération française du cartonnage presentó también una denuncia informal ante la Comisión, en la que formulaba observaciones relativas al mercado francés del cartoncillo en términos parecidos a los de la denuncia de la BPIF.

8 Los días 23 y 24 de abril de 1991, agentes de la Comisión llevaron a cabo, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), unas inspecciones efectuadas simultáneamente y sin previo aviso en los locales de una serie de empresas y asociaciones comerciales del sector del cartoncillo.

9 Una vez realizadas dichas investigaciones, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión dirigió varias solicitudes de información y de documentos a todos los destinatarios de la Decisión.

10 Los elementos obtenidos en dichas verificaciones y solicitudes de información y de documentos llevaron a la Comisión a la conclusión de que las empresas de que se trataba habían participado, al menos entre mediados de 1986 y abril de 1991 (la mayoría de ellas), en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

11 Por ello, la Comisión decidió iniciar un procedimiento con arreglo a dicha disposición. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1992, dirigió un pliego de cargos a cada una de las empresas afectadas. Todas las empresas destinatarias presentaron observaciones escritas. Nueve empresas solicitaron ser oídas. Entre el 7 y el 9 de junio de 1993 tuvo lugar la audiencia.

12 Al finalizar dicho procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión, que contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard-the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek "De Eendracht" NV (cuyo nombre comercial es BPB De Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (antes Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [antes Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (antes Tampella Española SA) y Moritz J. Weig GmbH & Co KG han infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE al participar:

- en el caso de Buchmann y Rena, desde aproximadamente marzo de 1988 hasta, como mínimo, finales de 1990;

- en el caso de Enso Española desde, como mínimo, marzo de 1988 hasta, por lo menos, abril de 1991;

- en el caso de Gruber & Weber desde, como mínimo, 1988 hasta finales de 1990;

- en la mayor parte de los casos, desde mediados de 1986 hasta finales de abril de 1991,

en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad:

- se reunían periódicamente con carácter secreto e institucionalizado con objeto de discutir y adoptar un plan industrial común para restringir la competencia;

- acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional;

- planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad;

- llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica);

- aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios;

- intercambiaban información comercial (sobre entregas, precios, interrupciones de la producción, carteras de pedidos y porcentajes de utilización de la maquinaria) para reforzar las medidas antes citadas.

[...]

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que se citan a continuación en relación con la infracción descrita en el artículo 1:

[..]

xv) Sarrió SpA, una multa de 15.500.000 ECU;

[...]»

13 Según la Decisión, la infracción se produjo en el seno de un organismo denominado «Product Group (o PG) Paperboard» («Grupo de estudio del producto Cartoncillo»; en lo sucesivo, «GEP Cartoncillo»), compuesto por varios grupos o comités.

14 Este organismo fue provisto, a mediados de 1986, de un «Presidents Working Group» (en lo sucesivo, «PWG») compuesto por altos representantes de los principales fabricantes de cartoncillo de la Comunidad (ocho, aproximadamente).

15 Las actividades del PWG consistían, en particular, en los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios y la capacidad de producción. En especial, el PWG tomaba decisiones de carácter general relativas al momento y la magnitud de los incrementos de precio que debían aplicar los productores de cartoncillo.

16 El PWG informaba a la «President Conference» (en lo sucesivo, «PC»), en la que participaba (con mayor o menor regularidad) la práctica totalidad de los directores generales de las empresas. La PC se reunió, durante el período de que se trata, dos veces al año.

17 A finales de 1987 se creó el «Joint Marketing Committee» (en lo sucesivo, «JMC»). El cometido principal del JMC consistía, por una parte, en determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se deberían efectuar y, por otra parte, en determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país y para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente de precios en Europa.

18 Por último, el «Economic Committee» (en lo sucesivo, «EC») debatía, entre otras materias, sobre las fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y la cartera de pedidos, y comunicaba sus conclusiones al JMC o, hasta finales de 1987, al «Marketing Committee», predecesor del JMC. El EC estaba compuesto por los directores comerciales de la mayor parte de las empresas de que se trata y se reunía varias veces al año.

19 Se desprende asimismo de la Decisión que la Comisión consideró que las actividades del GEP Cartoncillo se apoyaban en un intercambio de información a través de la compañía fiduciaria FIDES, con domicilio social en Zúrich (Suiza). Según la Decisión, la mayor parte de los miembros del GEP Cartoncillo facilitaban a FIDES periódicamente informes sobre los pedidos, la producción, las ventas y la utilización de la capacidad. En el marco del sistema FIDES se cotejaban los informes y se enviaban a los participantes los datos considerados conformes.

20 La demandante, Sarrió, S.A. (en lo sucesivo «Sarrió»), es el resultado de la fusión, en 1990, de la división de cartoncillo de Saffa, el productor italiano más importante, con la empresa española Sarrió (punto 11 de la exposición de motivos de la Decisión). Sarrió adquirió, a su vez, en 1991, otra empresa española, Prat Cartón (mismo punto).

21 Sarrió fue considerada responsable de la participación de Prat Cartón en la práctica colusoria censurada por la Decisión por lo que se refiere a toda la duración de dicha participación (punto 154 de la exposición de motivos de la Decisión).

22 Sarrió fabrica principalmente cartoncillo GD, pero también cartoncillo GC.

Procedimiento

23 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de octubre de 1994, la demandante interpuso el presente recurso.

24 Dieciséis de las restantes dieciocho empresas consideradas responsables de la infracción interpusieron asimismo recursos contra la Decisión (asuntos T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94).

25 La demandante en el asunto T-301/94, Laakmann Karton GmbH, desistió de su recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 1996 y, mediante auto de 18 de junio de 1996, Laakmann Karton GmbH/Comisión (T-301/94, no publicado en la Recopilación), el asunto fue archivado, haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

26 Cuatro empresas finlandesas, miembros de la agrupación comercial Finnboard y consideradas, como tales, solidariamente responsables del pago de la multa impuesta a ésta, interpusieron igualmente recursos contra la Decisión (asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y T-342/94).

27 Por último, interpuso un recurso la asociación CEPI-Cartonboard, que no era destinataria de la Decisión. Sin embargo, desistió de él mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 1997, y el asunto fue archivado mediante auto de 6 de marzo de 1997, CEPI-Cartonboard/Comisión (T-312/94, no publicado en la Recopilación), haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

28 Mediante escrito de 5 de febrero de 1997, el Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a una reunión informal para que presentaran sus observaciones sobre la posible acumulación de los asuntos T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94 a efectos de la fase oral del procedimiento. En dicha reunión, que se celebró el 29 de abril de 1997, las partes aceptaron tal acumulación.

29 Mediante auto de 4 de junio de 1997, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los asuntos mencionados a efectos de la fase oral por razón de su conexión, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, y acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del presente asunto.

30 Mediante auto de 20 de junio de 1997, acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-337/94 con respecto a un documento aportado en respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia.

31 Visto el Informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral y acordó la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo a las partes que respondieran a determinadas preguntas escritas y que aportaran ciertos documentos. Las partes así lo hicieron.

32 En la vista celebrada entre el 25 de junio y el 8 de julio de 1997 se oyeron los informes de las partes de los asuntos mencionados en el apartado 28 y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

33 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión.

- Con carácter subsidiario, anule, por una parte, el artículo 2 y, por otra, el artículo 3 de la Decisión, en la medida en que este último impone a la demandante una multa de 15.500.000 ECU.

- Con carácter subsidiario de segundo grado, reduzca el importe de la multa.

- Condene en costas a la Comisión.

34 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de anulación de la Decisión

A. Sobre el motivo procesal y formal relativo a la vulneración de los derechos de defensa

Alegaciones de las partes

35 La demandante alega la vulneración de sus derechos de defensa derivada del hecho de que (en el punto 79 de la exposición de motivos de la Decisión) la Comisión tuviera en cuenta como elemento probatorio de la infracción un documento hallado en las dependencias de Finnboard (UK) Ltd durante las inspecciones efectuadas en abril de 1991 (en lo sucesivo, «lista de precios Finnboard»). Recuerda que dicho documento no le fue enviado hasta el 28 de abril de 1994, esto es, mucho después de presentar su contestación al pliego de cargos y después de la audiencia celebrada ante la Comisión. Alega que este retraso injustificado la privó de la posibilidad de exponer su punto de vista acerca de la significación efectiva del documento, del contexto en el que se redactó y de las conclusiones que de él extrajo la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461). Añade que el hecho de haberle comunicado el documento el 28 de abril de 1994 no subsanó tal vulneración.

36 La Comisión responde que el documento de que se trata fue enviado a Sarrió junto con un escrito fechado el 28 de abril de 1994 en el que se explicaban plenamente el contenido del documento y las conclusiones que de él había extraído la Comisión. Dado que el escrito de 28 de abril de 1994 había ofrecido además a la demandante la posibilidad de formular por escrito las observaciones que considerase oportunas, pudo exponer a tiempo su opinión sobre la fuerza probatoria del documento de que se trata (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, BASF/Comisión, T-4/89, Rec. p. II-1523, apartado 36).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

37 La lista de precios Finnboard fue obtenida por la Comisión durante la inspección de las oficinas de Finnboard (UK) Ltd en abril de 1991 y fue comunicada a la demandante con un escrito explicativo dieciséis meses después del envío del pliego de cargos.

38 Según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, de la lectura del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17, en relación con los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62), se deduce que la Comisión debe comunicar los cargos que tiene la intención de mantener contra las empresas y asociaciones interesadas y sólo puede incluir en sus Decisiones los cargos respecto de los cuales éstas hayan podido manifestar sus puntos de vista (sentencia de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión, asuntos acumulados T-39/92 y T-40/92, Rec. p. II-49, apartado 47).

39 Asimismo, el respeto de los derechos de defensa en un procedimiento que pueda desembocar en sanciones como la que aquí interesa exige que, desde la fase del procedimiento administrativo, se ofrezca a la empresa interesada la posibilidad de manifestar adecuadamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión (sentencias Hoffmann-La Roche/Comisión, antes citada, apartado 11, y del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1992, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T-10/92, T-11/92, T-12/92 y T-15/92, Rec. p. II-2667, apartado 39).

40 En el caso de autos, la transmisión del documento de que se trata no supuso la imputación de ningún cargo nuevo en relación con los que figuraban en el pliego de cargos. En efecto, del escrito que acompañaba a la lista de precios Finnboard se desprende claramente que ésta no constituye sino una prueba complementaria de la existencia de un plan común para fijar los precios, imputación ésta que ya se había expuesto extensamente en el pliego de cargos.

41 En cualquier caso, en el escrito que acompañaba al documento se ofreció expresamente a la demandante la posibilidad de manifestar, durante el procedimiento administrativo y dentro del plazo de diez días, su opinión sobre este elemento probatorio. Por consiguiente, la Comisión no impidió a la demandante expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria del documento transmitido (sentencias del Tribunal de Justicia Hoffmann-La Roche/Comisión, antes citada, apartado 11, y de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 27).

42 De ello se deduce que el presente motivo debe desestimarse por infundado.

B. Sobre el fondo

Sobre el motivo relativo a la inexistencia de concertación sobre los precios de transacción y a la infracción de las exigencias de motivación

Alegaciones de las partes

43 La demandante reconoce haber participado en una concertación relativa a los precios anunciados, pero niega que la concertación se refiriese a los precios facturados. Además de los documentos aportados en sus escritos procesales, que, según ella, demuestran que los precios facturados no se ajustaron a los precios anunciados, invoca en apoyo de su afirmación el poder de negociación de cada cliente, la evolución seguida por la demanda y por los costes de producción, así como las características propias del mercado del cartoncillo, especialmente la periodicidad de los anuncios de incremento de precios y el alto grado de transparencia del mercado.

44 Considera que la Comisión no explicó claramente si afirmaba la existencia de concertación en relación no sólo con los precios anunciados sino también con los precios facturados. Según ella, en contra de lo que afirma la Comisión, la distinción entre estos dos tipos de concertación reviste, debido a sus efectos diferentes, la máxima importancia (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, asuntos acumulados C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307). En su escrito de réplica, la demandante mantiene que las incertidumbres acerca del objeto de la concertación constituyen, en sí, una infracción de las exigencias de motivación y precisión de las Decisiones por las que se declara una infracción de las normas relativas a la competencia. Por consiguiente, tal infracción entraña, según la demandante, un grave menoscabo de los legítimos derechos de defensa.

45 La Comisión expone que no comprende cómo puede la demandante simultáneamente afirmar haber participado en una concertación sobre los precios y mantener que los incrementos de precio aplicados no eran fruto de dicha concertación. Destaca que la Decisión (especialmente los puntos 72 a 102 de la exposición de motivos) remite tanto a los documentos que acreditan la concertación relativa a cada incremento anunciado en el marco del cartel como a los documentos mediante los cuales cada productor anunció efectivamente el correspondiente incremento.

46 A continuación, alega que la distinción entre una concertación sobre los precios anunciados y una concertación sobre los precios facturados carece de pertinencia en el caso de autos. La concertación en el seno del PWG y del JMC no afectó únicamente a los precios anunciados, sino también a la toma de decisiones relativas a incrementos periódicos de precios para cada tipo de producto y a la aplicación de tales incrementos simultáneos en toda la Comunidad (véanse las pruebas documentales mencionadas en los puntos 74 a 90, 92 y 94 a 96 de la exposición de motivos de la Decisión).

47 Por otra parte, habida cuenta de las pruebas de la existencia de una concertación en el seno de los comités en los que participó la demandante, es imposible, según la Comisión, afirmar que los anuncios de precios no eliminaron la incertidumbre de cada empresa acerca del comportamiento de sus competidores y que los incrementos de precio aplicados por la demandante se produjeron al margen de la concertación (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T-1/89, Rec. p. II-867, apartados 122 y 123).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

48 A tenor del artículo 1 de la Decisión, las empresas enumeradas en dicha disposición infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, durante el período de referencia, en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales los proveedores de cartoncillo de la Comunidad «acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional» y «planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad».

49 La demandante reconoce haber participado en los cuatro órganos del GEP Cartoncillo y no niega, ni en sus escritos procesales, ni en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en la vista, que participó en una concertación sobre los precios anunciados a partir de 1988.

50 Antes de responder al argumento de la demandante según el cual la concertación no se refirió a los precios facturados, debe apreciarse si la Comisión afirmó efectivamente en la Decisión que la concertación se refería a tales precios.

51 Sobre este punto, ha de señalarse, en primer lugar, que el artículo 1 de la Decisión no precisa en modo alguno qué precio fue objeto de los incrementos concertados.

52 En segundo lugar, de la Decisión no se deduce que la Comisión afirmara que los productores habían fijado o, siquiera, intentado fijar precios de facturación uniformes. En particular, los puntos 101 y 102 de la exposición de motivos, dedicados a los «efectos de las iniciativas concertadas de precios sobre los niveles de precios», dan testimonio de que la Comisión consideró que las iniciativas en materia de precios se referían a los precios de catálogo y pretendían producir un incremento de los precios facturados. En ellos se señala lo siguiente: «Aunque todos los fabricantes se mantuviesen decididos a aplicar plenamente el incremento, las posibilidades de los clientes de pasarse a una calidad o producto más barato significaba que un fabricante suministrador podría tener que efectuar algunas concesiones a sus clientes tradicionales por lo que se refiere al calendario, u ofrecerles unos incentivos adicionales en forma de descuentos en el tonelaje o rebajas por pedidos grandes con objeto de que el cliente aceptase íntegramente el incremento del precio básico. Por consiguiente, era inevitable que el incremento de precios requiriese algún tiempo antes de su aceptación» (párrafo sexto del punto 101 de la exposición de motivos).

53 Según esto, de la Decisión resulta que la Comisión consideró que el objetivo de la colusión entre los productores acerca de los precios era conseguir que los incrementos concertados para los precios anunciados tuvieran por consecuencia un incremento de los precios facturados. A este respecto, según el párrafo primero del punto 101 de la exposición de motivos de la Decisión, «los fabricantes no sólo anunciaban los incrementos de precios acordados sino que también, con raras excepciones, tomaban las medidas necesarias para garantizar que dichos incrementos se aplicaran a los clientes». Así pues, la situación considerada en el caso de autos es distinta de la examinada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, antes citada, ya que en la presente Decisión, a diferencia de la Decisión que dio lugar a dicha sentencia, la Comisión no mantiene que las empresas se concertaran directamente acerca de los precios facturados.

54 Este análisis de la Decisión resulta reforzado por los documentos aportados por la Comisión.

55 En particular, el anexo 109 del pliego de cargos contiene un resumen de la reunión del JMC de 16 de octubre de 1989, en la que se indica, entre otros extremos, lo siguiente:

«d) Holanda [...]

Graves problemas con grandes compradores, en particular Imca, con los que Cascades y Van Duffel practican aún precios demenciales, creando así dificultades tanto a KNP como a los finlandeses.

[...]

f) Bélgica

Situación similar a la existente en Holanda. Finnboard había conseguido imponer el incremento de precios a Van Genechten, pero se ha visto obligada a mantener una nueva entrevista con ésta debido a concesiones efectuadas en Bélgica (por Cascades). Se seguirá una línea dura y se espera que hagan otro tanto Beghin, Cascades y KNP.

[...]

h) Italia

Saffa sufre graves problemas con los precios de importación practicados por Kopparfors, Finnboard e, incluso, Cascades.

Las entregas de Saffa han disminuido mucho, el incremento de las importaciones ha sido muy importante.

Saffa pide encarecidamente a los importadores que respeten sin fisuras las directrices en materia de precios que han sido distribuidas.»

56 Este documento demuestra claramente que, si bien los fabricantes aceptaron, de manera general, que cada uno de ellos negociara los precios de facturación a sus clientes, cada uno de los fabricantes, entre ellos la demandante, expresamente mencionada en el anexo citado, esperaba de sus competidores que aplicaran precios de facturación conformes con los precios concertados, cuando menos en el sentido de que las negociaciones individuales no dejaran sin efecto a los incrementos concertados para los precios de catálogo.

57 Por otra parte, la demandante reconoció en la vista que los precios anunciados servían de base inicial para las negociaciones de los precios de facturación con los clientes, circunstancia ésta que confirma que el fin último era incrementar los precios facturados. A este respecto, basta con destacar que la fijación de precios de catálogo uniformes concertada entre los fabricantes carecería de sentido si dichos precios no hubieran de producir, efectivamente, efecto alguno sobre los precios facturados.

58 En cuanto al argumento de la demandante según el cual la incertidumbre acerca del objeto de la concertación constituye en sí una infracción de las exigencias de motivación, procede recordar que el artículo 1 de la Decisión no precisa en absoluto qué precio fue objeto de la colusión.

59 En vista de esto, según jurisprudencia consolidada, la parte dispositiva de la Decisión debe entenderse a la luz de su exposición de motivos (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 122 a 124).

60 En el caso de autos, resulta de cuanto queda expuesto que la Comisión explicó suficientemente en la exposición de motivos de la Decisión que la concertación se refería a los precios de catálogo y tenía por objetivo el alza de los precios facturados.

61 Por consiguiente, el motivo debe desestimarse por infundado.

Sobre el motivo relativo a la inexistencia de participación en un cartel dirigido a la congelación de las cuotas de mercado y al control de la oferta

Alegaciones de las partes

62 Este motivo incluye tres partes.

63 En la primera parte del motivo, la demandante alega que la Comisión no dispone de pruebas de la existencia ni de una concertación dirigida a la congelación de las cuotas de mercado ni de una concertación dirigida a controlar la oferta. Incluso suponiendo que tales concertaciones se hubieran probado de modo suficiente con arreglo a Derecho, la Comisión no ha acreditado, según la demandante, su participación en tales concertaciones. En particular, la demandante niega la fuerza probatoria de varios anexos del pliego de cargos que la Comisión tomó como base en su Decisión.

64 En primer lugar, el anexo 73, una nota interna de Mayr-Melnhof, sólo prueba la concertación sobre los precios, explica las consecuencias de una política de precios rigurosa y atestigua la inexistencia de cualquier presión ejercida por la demandante sobre Mayr-Melnhof para que ésta no incrementara sus cuotas de mercado mediante una reducción de sus precios. A este respecto, la demandada invoca la explicación facilitada por Mayr-Melnhof en su carta de 23 de septiembre de 1991 (anexo 75 del pliego de cargos).

65 En segundo lugar, el anexo 102, una nota de Rena, se refiere a una reunión del Nordic Paperboard Institute (en lo sucesivo, «NPI»), asociación de la que no era miembro la demandante.

66 En tercer lugar, las declaraciones de Stora no pueden constituir por sí solas elementos de prueba suficientes. Es más, Stora puso de relieve en varias ocasiones la relativa autonomía de que disfrutaban las diferentes empresas en lo que se refiere, en particular, a los volúmenes de producción y al momento escogido para interrumpir la producción (véanse los puntos 57, 59, 60, 69, 70 y 71 de la exposición de motivos de la Decisión). Según la demandante, las declaraciones de Stora confirman además que no se había establecido ningún sistema de control de un posible acuerdo sobre las cantidades. Pues bien, la inexistencia de sistema de control de la evolución de las cantidades desmiente claramente que existiera un acuerdo al respecto. Por lo demás, las declaraciones de Stora tan sólo dejan constancia de la opinión personal de ésta acerca del interés de adoptar medidas dirigidas a controlar las cantidades de producción y las ventas.

67 En una segunda parte del motivo, la demandante alega que la evolución de las cuotas de mercado de las diferentes empresas demuestra que no existió concertación sobre la congelación de las cuotas de mercado o, en cualquier caso, que, incluso suponiendo que hubiera existido una concertación entre algunas empresas, ella no participó.

68 En cuanto a la evolución general de las cuotas de mercado, subraya que, durante el período considerado, algunos productores, sobre todo Iggesund (MoDo) y Mayr-Melnhof, implantaron importantes capacidades de producción nuevas.

69 También pone de relieve que su propia cuota global del mercado comunitario disminuyó del 14,3 % en 1987 al 11,7 % en 1990. Según ella, semejante disminución no concuerda con la afirmación de la Comisión según la cual participó en un cartel dirigido a la congelación de las cuotas de mercado de los diferentes fabricantes. Por lo que respecta a Prat Cartón, la disminución próxima al 9 %, durante el período comprendido entre 1987 y 1990, de su cuota global del mercado comunitario prueba asimismo la inexistencia absoluta de participación en cualquier tipo de concertación dirigida a la congelación de las cuotas de mercado.

70 En una tercera parte del motivo, la demandante mantiene que su conducta respecto de las interrupciones de la producción y de la exportaciones a mercados no europeos tampoco concuerda con las afirmaciones de la Comisión.

71 Por lo que se refiere a la primera parte del motivo, la Comisión estima que los medios probatorios por ella invocados, en particular, las declaraciones de Stora (anexos 39 y 43 del pliego de cargos) y los anexos 73 y 102 del pliego de cargos, bastan sobradamente para acreditar la existencia de un cartel dirigido a la congelación de las cuotas de mercado y al control de la oferta, así como la participación de la demandante en estos aspectos del cartel.

72 Por lo que se refiere a la segunda parte del motivo, recuerda que se basó en pruebas documentales de un acuerdo sobre la congelación de las cuotas de mercado y sostiene que la alegación de la demandante relativa a la evolución de las cuotas de mercado de las diversas empresas no es, por consiguiente, pertinente en relación con la cuestión de si existía tal acuerdo. Además, la Decisión admite expresamente que hubo una lenta evolución de las cuotas de mercado de algunas empresas, ya que las cuotas de mercado se negociaban cada año (puntos 60 y 131 de la exposición de motivos de la Decisión). En cualquier caso, según la Comisión, el artículo 85 prohíbe los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto restringir la competencia, con independencia del grado de éxito alcanzado.

73 Por lo que respecta, más concretamente, a las alegaciones de la demandante relativas a la evolución de sus propias cuotas de mercado, la Comisión recuerda que la infracción afectaba a la totalidad del mercado comunitario. Según ella, la demandante formó parte del PWG, donde tenían lugar los debates sobre las cuotas de mercado. En 1989, el administrador delegado de Saffa fue incluso nombrado vicepresidente del GEP Cartoncillo.

74 Por último, la Comisión señala que la afirmación de la demandante según la cual siempre siguió una conducta autónoma no encuentra apoyo en ningún elemento probatorio. Es más, suponiendo incluso que la demandante no hubiera respetado el cartel, ello no alteraría en nada la infracción cometida (sentencia Rhône-Poulenc/Comisión, antes citada).

75 Por lo que se refiere a la tercera parte del motivo, la Comisión aduce que Stora confirmó, en el anexo 39 del pliego de cargos, que el PWG había previsto e instaurado un sistema para restablecer el equilibrio y controlar la producción con el fin de mantener los precios a un nivel constante. Por consiguiente, el hecho de que la situación del mercado o el buen funcionamiento del cartel tuviera por consecuencia que la demandante no se viera, según ella, obligada a practicar interrupciones de la producción de forma concertada, no altera en absoluto su responsabilidad ni su participación en el cartel dirigido al control de las cuotas de mercado y de las cantidades.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

1. Sobre la existencia de una concertación dirigida a congelar las cuotas de mercado y de una concertación dirigida a controlar la oferta

76 Por lo que se refiere a la primera parte del motivo, debe recordarse que, a tenor del artículo 1 de la Decisión, las empresas enumeradas en dicha disposición infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, durante el período de referencia, en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales los proveedores de cartoncillo de la Comunidad «llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica)» y «aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios».

77 Según la Comisión, estas dos clases de colusión, agrupadas en su Decisión bajo el título «Control del volumen de producción», fueron iniciadas durante el período de referencia por los participantes en las reuniones del PWG. En efecto, según el párrafo tercero del punto 37 de la exposición de motivos de la Decisión, el verdadero cometido del PWG, según lo describía Stora, «abarcaba los "debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios, los incrementos de precios y la capacidad de producción"».

78 En cuanto al papel que representaba el PWG en lo relativo a la colusión sobre las cuotas de mercado, la Decisión (párrafo quinto del punto 37 de la exposición de motivos), señala lo siguiente: «En relación con la estrategia de incremento de precios, el PWG hacía detallados análisis de las cuotas de mercado en Europa occidental de las distintas agrupaciones nacionales o grupos individuales de productores. Como consecuencia, se llegaba a un "entendimiento" entre los participantes en cuanto a sus respectivas cuotas de mercado, entendimiento cuyo objeto era que los aumentos de precio concertados no peligraran por culpa de un exceso de oferta sobre la demanda. Los grandes grupos de productores se comprometían a mantener sus cuotas de mercado en el nivel indicado en el informe anual de producción y ventas de cuya versión definitiva se podía disponer a través de FIDES en marzo del año siguiente. La evolución de las cuotas de mercado se analizaba en cada reunión del PWG a partir de la información mensual de FIDES y, si aparecían fluctuaciones notables, se pedían explicaciones a la empresa presuntamente responsable.»

79 Según el punto 52 de la exposición de motivos, «el acuerdo alcanzado en el PWG durante 1987 incluía la "congelación" de las cuotas de mercado en Europa occidental de los principales fabricantes en el nivel del momento, sin que se efectuasen intentos por captar nuevos clientes o por ampliar los mercados a través de una política de precios agresiva».

80 El párrafo primero del punto 56 de la exposición de motivos destaca lo siguiente: «El acuerdo básico entre los principales fabricantes de mantener sus respectivas cuotas de mercado se prolongó durante todo el período al que se refiere la presente Decisión.» Según el punto 57, «"la organización de las cuotas de mercado" se estudiaba en cada una de las reuniones del PWG, partiendo de las estadísticas provisionales». Por último, el último párrafo del punto 56 subraya lo siguiente: «Las empresas que participaban en las discusiones sobre cuotas de mercado eran las que estaban representadas en el PWG, a saber: Cascades, Finnboard, KNP (hasta 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, los dos fabricantes del grupo CBS y Feldmühle, y, desde 1988, Weig.»

81 Debe considerarse que la Comisión ha acreditado correctamente la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre los participantes en las reuniones del PWG.

82 En efecto, el análisis de la Comisión se basa esencialmente en las declaraciones de Stora (anexos 39 y 43 del pliego de cargos) y resulta respaldado por el anexo 73 del pliego de cargos.

83 En el anexo 39 del pliego de cargos, Stora explica lo siguiente: «El PWG se reunió a partir de 1986 con el fin de cooperar en la implantación de una disciplina de mercado. [...] Entre otras actividades (legítimas), se ocupaba de los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios, los incrementos de precios, la demanda y la capacidad de producción. Su cometido consistía, en particular, en apreciar la situación exacta de la oferta y la demanda en el mercado, así como las medidas que debían adoptarse para regularlo, y en elevar esa apreciación a la President Conference.»

84 Por lo que se refiere, más específicamente, a la colusión sobre las cuotas de mercado, Stora indica que «las cuotas adquiridas por los grupos nacionales de la Comunidad europea, de la AELC y de otros países abastecidos por los miembros del GEP Cartoncillo eran examinadas en el seno del PWG» y que éste «discutía la posibilidad de mantener las cuotas de mercado en su nivel del año anterior» (punto 19 del anexo 39 del pliego de cargos). Por otra parte, señala (punto 6 del mismo documento) que, «dentro de este período, también tuvieron lugar debates acerca de las cuotas de mercado de los fabricantes en Europa, y el primer período de referencia abarcó los niveles de 1987».

85 El 14 de febrero de 1992, al responder a una petición de la Comisión de 23 de diciembre de 1991 (anexo 43 del pliego de cargos), Stora precisa además: «Los acuerdos sobre los niveles de cuota de mercado celebrados por los miembros del PWG afectaban a toda Europa. Dichos acuerdos se basaban en las cifras totales anuales del año anterior, que usualmente estaban disponibles en su versión definitiva a partir del mes de marzo del año siguiente» (punto 1.1).

86 Esta afirmación se confirma en el mismo documento en los términos siguientes: «[...] los debates culminaban en acuerdos, celebrados por regla general en marzo de cada año, entre los miembros del PWG, que tenían por objetivo el mantenimiento de sus cuotas de mercado en el nivel del año anterior» (punto 1.4). Stora revela que «no se adoptaba medida alguna para garantizar el respeto de los acuerdos» y que los participantes en las reuniones de PWG «eran conscientes de que, si adquirían posiciones excepcionales en determinados mercados abastecidos por otros, éstos harían lo propio en otros mercados» (mismo punto).

87 Por último, declara que Saffa participó en los debates relativos a las cuotas de mercado (punto 1.2).

88 Las afirmaciones de Stora acerca de la colusión sobre las cuotas de mercado encuentran respaldo en el anexo 73 del pliego de cargos. Este documento, hallado en FS-Karton, es una nota confidencial de 28 de diciembre de 1988 enviada por el director comercial responsable de las ventas del grupo Mayr-Melnhof en Alemania (Sr. Katzner) al gerente de Mayr-Melnhof en Austria (Sr. Gröller) y que trataba la situación del mercado.

89 Según el referido documento, citado en los puntos 53 a 55 de la exposición de motivos de la Decisión, la cooperación más estrecha dentro del «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis»), decidida en 1987, había dado «ganadores» y «perdedores». El autor de la nota clasifica a Mayr-Melnhof dentro de la categoría de perdedores, por varias razones y, entre ellas, las siguientes:

«2) Sólo pudo alcanzarse un acuerdo imponiéndosenos una "sanción" -se nos exigió hacer "sacrificios".

3) Las cuotas de mercado de 1987 debían ser "congeladas", había que mantener los contactos existentes y no debía adquirirse ninguna actividad o calidad nuevas practicando precios de promoción (el resultado será patente en enero de 1989 -si todos son leales)».

90 Estas frases deben leerse dentro del contexto más general de la nota.

91 A este respecto, como introducción, el autor de la nota evoca la estrecha cooperación a escala europea en el seno del «círculo de presidentes». Esta expresión fue interpretada por Mayr-Melnhof como referida a la vez al PWG y a la PC en un contexto general, esto es, sin relación con un acontecimiento o con una reunión concreta (punto 2.a del anexo 75 del pliego de cargos), interpretación que no procede discutir en el presente contexto.

92 El autor indica, a continuación, que gracias a esta cooperación se había conseguido la «disciplina de los precios», que había dado «ganadores» y «perdedores».

93 Así pues, esta disciplina decidida por el «círculo de presidentes» es el contexto en el que debe entenderse la expresión relativa a las cuotas de mercado que debían congelarse en los niveles de 1987.

94 Por otra parte, la remisión a 1987 como año de referencia concuerda con la segunda declaración de Stora (anexo 39 del pliego de cargos; véase el apartado 84 supra).

95 En cuanto al papel representado por el PWG en la colusión relativa al control de suministros, caracterizado por el examen de las interrupciones de la producción, la Decisión declara que el PWG desempeñó un papel determinante en la implantación de períodos de interrupción cuando, a partir de 1990, se incrementó la capacidad de producción y cayó la demanda: «A partir de comienzos de 1990 [...], los principales fabricantes [...] consideraron que era necesario llegar a un acuerdo en el PWG en cuanto a la necesidad de interrumpir la producción. Los principales fabricantes admitieron que no podían incrementar la demanda mediante una reducción de precios, y que si se continuaba produciendo al 100 % esto no haría sino provocar un descenso de los precios. En teoría, se podía calcular el tiempo de paro necesario para reinstaurar un equilibrio entre la oferta y la demanda a partir de los informes de capacidad [...]» (punto 70 de la exposición de motivos de la Decisión).

96 La Decisión señala, además, lo siguiente: «No obstante, el PWG no asignaba formalmente períodos de interrupción a cada productor. Según Stora existían dificultades de orden práctico a la hora de establecer un plan coordinado de interrupciones que abarcase a todos los fabricantes. Stora afirma que, por estos motivos, sólo "existía un sistema informal de persuasión"» (punto 71 de la exposición de motivos de la Decisión).

97 Procede considerar que la Comisión ha acreditado de modo suficiente la existencia de una colusión sobre las interrupciones de la producción entre los participantes de las reuniones del PWG.

98 Los documentos por ella aportados respaldan su análisis.

99 En su segunda declaración (punto 24 del anexo 39 del pliego de cargos), Stora explica lo siguiente: «Con la adopción por parte del PWG de la política de prioridad del precio sobre el tonelaje y con la aplicación progresiva de un sistema de precios equivalentes a partir de 1988, los miembros del PWG reconocieron que era necesario interrumpir la producción para mantener dichos precios frente a un menor crecimiento de la demanda. Si los fabricantes no hubieran interrumpido la producción, les habría sido imposible mantener los niveles de precios concertados ante la creciente capacidad excedentaria.»

100 En el siguiente punto de su declaración, Stora añade lo siguiente: «En 1988 y 1989, el sector podía funcionar prácticamente a su capacidad máxima. Las interrupciones por causas distintas del cierre normal por reparaciones y vacaciones empezaron a ser necesarias a partir de 1990. [...] Luego, se comprobó la necesidad de interrumpir la producción cuando el flujo de pedidos se detenía, a fin de mantener la política de prioridad del precio sobre el tonelaje. Las interrupciones que los productores tenían que respetar (para mantener el equilibrio entre la producción y el consumo) podían calcularse tomando como base los informes relativos a la capacidad de producción. El PWG no asignaba formalmente períodos de interrupción, aunque existía un sistema informal de persuasión [...]»

101 En cuanto al documento contenido en el anexo 73 del pliego de cargos, las razones expuestas por el autor para explicar que considera a Mayr-Melnhof «perdedora» en el momento de su redacción constituyen importantes elementos probatorios de la existencia de una colusión sobre las interrupciones de la producción entre los participantes en las reuniones del PWG.

102 En efecto, el autor hace la siguiente apreciación:

«4) Y sobre este punto empieza a ser divergente la opinión de las partes interesadas acerca del objetivo perseguido.

[...]

c) Todos los agentes de comercio y representantes europeos fueron liberados de sus compromisos cuantitativos y se propugnó una política de precios rígida, casi sin fisuras (a menudo, nuestros colaboradores no entendían el cambio de nuestra actitud hacia el mercado -antes sólo se exigía tonelaje, y ahora, únicamente disciplina de precios, a riesgo de parar las máquinas).»

103 Mayr-Melnhof mantiene (anexo 75 del pliego de cargos) que el pasaje que acaba de citarse se refiere a una situación interna de la empresa. Sin embargo, analizado a la luz del contexto más general de la nota, este extracto refleja la aplicación, por parte de los equipos comerciales, de una política rigurosa definida dentro del «círculo de presidentes». Debe, pues, interpretarse que el documento significa que los participantes en el acuerdo de 1987, esto es, por lo menos los participantes en las reuniones del PWG, midieron indiscutiblemente las consecuencias de la política adoptada si se aplicase con rigor.

104 El hecho de que, al preparar los incrementos de precios, los fabricantes discutían acerca de las interrupciones de la producción resulta corroborado, en particular, por una nota de Rena fechada el 6 de septiembre de 1990 (anexo 118 del pliego de cargos) que recoge los importes de los incrementos de los precios en varios países, la fechas de los futuros anuncios de tales incrementos y el estado de la cartera de pedidos expresado en días de trabajo para varios fabricantes.

105 El autor del documento hace constar que algunos fabricantes habían previsto interrumpir la producción, lo que expresa, por ejemplo, del modo siguiente:

«Kopparfors 5 - 15 days 5/9 will stop for five days».

106 En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la Comisión ha probado de modo suficiente en Derecho la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre los participantes en las reuniones del PWG, así como de una colusión entre esas mismas empresas sobre las interrupciones de la producción. En la medida en que no se discute que Sarrió participó en las reuniones del PWG y puesto que dicha empresa se menciona expresamente en las principales pruebas de cargo (declaraciones de Stora y anexo 73 del pliego de cargos), la Comisión obró correctamente al imputar a la demandante la responsabilidad de haber participado en ambas colusiones.

107 Las críticas que la demandante formula contra las declaraciones de Stora y contra el anexo 73 del pliego de cargos, y con las que pretende tachar el valor probatorio de dichos documentos, no pueden desvirtuar esta apreciación.

108 En primer lugar, por lo que se refiere a las sucesivas declaraciones de Stora a la Comisión, consta que proceden de una de las empresas a las que se imputa haber participado en la infracción alegada y que contienen una descripción detallada de la naturaleza de las discusiones que se desarrollaron dentro de los órganos del GEP Cartoncillo, del objetivo perseguido por las empresas agrupadas en éste, y de la participación de dichas empresas en las reuniones de sus diferentes órganos. Pues bien, en la medida en que se ve corroborado por otros documentos obrantes en autos, este elemento probatorio central constituye el apoyo pertinente de las afirmaciones de la Comisión.

109 A continuación, por lo que se refiere al anexo 73 del pliego de cargos, la demandante estima que dicho anexo tan solo demuestra la existencia de una concertación sobre los precios, ya que las oscilaciones en el nivel de ventas que allí se mencionan se consideran simple consecuencia de la política de precios. A este respecto, alega la interpretación de dicho documento por Mayr-Melnhof (anexo 75 del pliego de cargos).

110 Sin embargo, este análisis de la demandante no resiste una interpretación contextual del documento, y en nada ayuda la interpretación que Mayr-Melnhof hace de éste.

111 En efecto, según el anexo 75 del pliego de cargos, el anexo 73 «constituye una exposición general de la situación redactada por el director de ventas de FS-Karton para la dirección del grupo, que no es sino un intento de justificar ante la dirección del grupo el estancamiento del volumen de negocios de la empresa basándose esencialmente en la nueva política que obligó a la filial a respetar una disciplina de precios absoluta aun a costa de pérdidas en el volumen de negocios». Además, según Mayr-Melnhof, «"la congelación de las cuotas de mercado" significaba que, para alcanzar un nivel de precios superior dentro del grupo Mayr-Melnhof, no había que intentar conseguir cuotas de mercado superiores vendiendo cantidades suplementarias a nuevos clientes o nuevos tipos de productos a precios no rentables. El objetivo era, por el contrario, conservar las relaciones existentes con la clientela, a pesar del incremento de los precios».

112 Pues bien, estas consideraciones generales no son conciliables con la referencia al «círculo de presidentes» que figura en la introducción, y todo el documento debe entenderse a la luz de dicha referencia.

113 En la medida en que las indicaciones contenidas en el anexo 73 acerca de la «congelación» de las cuotas de mercado y acerca del control de la oferta se corresponden con las contenidas en las declaraciones de Stora, la Comisión consideró con razón que dichos documentos, leídos en su conjunto, son testimonio de la existencia de un concurso de voluntades que va más allá de una concertación relativa exclusivamente a los precios.

114 Dado que la Comisión ha acreditado la existencia de las dos colusiones de que se trata, no es necesario examinar las críticas que formula la demandante contra el anexo 102 del pliego de cargos.

2. Sobre la conducta efectiva de la demandante

115 Las partes segunda y tercera del motivo, según las cuales el comportamiento efectivo de las empresas es inconciliable con las afirmaciones de la Comisión relativas a la existencia de las dos colusiones impugnadas, tampoco pueden ser acogidas.

116 En primer lugar, la existencia de colusiones entre los miembros del PWG sobre los dos aspectos de la «política de prioridad del precio sobre el tonelaje» no debe confundirse con la aplicación de aquéllas. En efecto, las pruebas aportadas por la Comisión tienen tal fuerza probatoria que unos datos relativos al comportamiento efectivo de la demandante en el mercado no pueden desvirtuar las conclusiones de la Comisión sobre la existencia misma de colusiones sobre los dos aspectos de la política objeto del litigio. Como mucho, la demandante podría pretender demostrar con sus alegaciones que su comportamiento no se ajustó al convenido entre las empresas reunidas en el PWG.

117 En segundo lugar, los datos aportados por la demandante no contradicen a las conclusiones de la Comisión. Debe subrayarse que la Comisión admite expresamente que la colusión sobre las cuotas de mercado no entrañaba «un mecanismo formal que impusiese una penalización o compensación que reforzasen el acuerdo sobre cuotas de mercado» y que existió un modesto incremento anual de las cuotas de mercado de algunos de los principales fabricantes (véanse, en especial, los puntos 59 y 60 de la exposición de motivos de la Decisión). Además, la Comisión reconoce que, dado que el sector funcionó a su capacidad máxima hasta comienzos de 1990, prácticamente no fue necesario interrumpir la producción hasta dicha fecha (punto 70 de la exposición de motivos de la Decisión).

118 En tercer lugar, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T-141/89, Rec. p. II-791, apartado 85). Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

Sobre el motivo relativo al error cometido por la Comisión al determinar la duración de la concertación sobre los precios

Alegaciones de las partes

119 La demandante alega que, por lo menos en cuanto a ella respecta, sólo a partir de 1988 se produjo una concertación sobre los precios anunciados. El incremento de precios de enero de 1987 en el Reino Unido no fue sino una reacción natural de los fabricantes ante la endeblez de la moneda británica en relación con las demás monedas europeas, y la uniformidad de dicho incremento es resultado de la transparencia del mercado. Alega que no está prohibido a los operadores económicos adaptar sus comportamientos a los que han comprobado o prevén que adoptarán sus competidores (sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, antes citada). Además, ni los anexos 44 y 61 del pliego de cargos ni el documento A-17-2 son prueba, según la demandante, de la concertación sobre los precios entre las empresas. En cualquier caso, no afectan a la demandante.

120 En cuanto al cese de la concertación sobre los precios, la Comisión incurrió en error al determinar como fecha abril de 1991, ya que el anuncio del último incremento de precios concertado tuvo lugar en septiembre-octubre de 1990.

121 La Comisión recuerda que la demandante participó en las reuniones del PWG y del JMC desde su creación y que, todavía en 1991, seguía siendo miembro de ambos. Subraya que, si bien algunos documentos hallados en los locales de una de las empresas implicadas demuestran que, a finales de 1987, se había celebrado un acuerdo sobre las cuestiones, vinculadas entre sí, relativas al control del volumen de producción y a la disciplina de precios (punto 53 de la exposición de motivos de la Decisión), ello no desmiente el hecho de que los productores de que se trata mantuvieron antes de dicho período una serie de reuniones secretas para debatir un plan destinado a eliminar la competencia (véase, sobre todo, el punto 161 de la exposición de motivos de la Decisión). Según la Comisión, los anexos 35 y 43 del pliego de cargos confirman dicha afirmación. La Comisión añade que los incrementos de precios practicados por los fabricantes desde 1987 también demuestran la exactitud de sus deducciones en cuanto a la duración de la infracción.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

122 Según el artículo 1 de la Decisión, la demandante infringió el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, por lo menos desde mediados de 1986 hasta abril de 1991, en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales los proveedores de cartoncillo de la Comunidad, entre otras actuaciones, acordaban incrementos de precio del cartoncillo y planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad. El punto 74 de la exposición de motivos precisa que la primera iniciativa concertada en materia de precios, en la que participó la demandante (cuadro A del Anexo de la Decisión), se produjo en el Reino Unido a finales de 1986, «mientras el nuevo mecanismo del PG Paperboard estaba todavía en su fase de puesta en práctica».

123 Por otra parte, el párrafo segundo del punto 161 de la exposición de motivos parte de la base de que la mayoría de las empresas destinatarias de la Decisión participó en la infracción a partir de junio de 1986, momento en el que «se creó el PWG y se intensificó la colusión entre los fabricantes, comenzando a ser más efectiva».

124 En apoyo de su crítica acerca del inicio de la concertación sobre los precios, la demandante tacha la fuerza probatoria de los anexos 61 y 44 del pliego de cargos, así como la del documento A-17-2.

125 El anexo 61 del pliego de cargos es una nota hallada en poder del agente de ventas de Mayr-Melnhof en el Reino Unido. En relación con ella, la Comisión afirma que «el reconocimiento por parte de Stora de que la "President Conference" discutía de hecho la fijación colusoria de precios, se ve corroborado por una nota interna [...] referente a una "President Conference"» (párrafo tercero del punto 41 y párrafo segundo del punto 75 de la exposición de motivos de la Decisión).

126 Dicho documento, que se refiere a una reunión mantenida en Viena los días 12 y 13 de diciembre de 1986, contiene la siguiente información:

«Precios en el Reino Unido

En una reciente reunión de FIDES estaba presente el representante de Weig, quien declaró que, a su juicio, un 9 % era un aumento excesivo para el Reino Unido, por lo que ellos lo iban a fijar en un 7 %. Gran decepción, puesto que dicha cifra pasaría a constituir una "base de negociación" para todos los demás. La política de precios en el Reino Unido será confiada a RHU con el apoyo de [Mayr-Melnhof] aun cuando ello entrañe una disminución temporal del tonelaje, mientras que nosotros nos esforzamos (como se verá) en mantener el objetivo del 9 %. [Mayr-Melnhof/FS] siguen una política de crecimiento en el Reino Unido pero la disminución de los beneficios es seria y tendremos que luchar por recuperar el control sobre los precios. [Mayr-Melnhof] no niega que el hecho de que se conozca que ellos han incrementado en 6.000 toneladas su producción en Alemania no remedia nada.»

127 La reunión de FIDES a la que se hace referencia al inicio del pasaje citado es probablemente, según Mayr-Melnhof (respuesta a una petición de información, anexo 62 del pliego de cargos), la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986.

128 Ha de estimarse que el documento analizado da testimonio de que Weig reaccionó dando indicaciones sobre su futura política de precios en el Reino Unido con referencia a un nivel inicial de incremento de los precios.

129 Sin embargo, el referido documento no puede considerarse prueba de que Weig reaccionara con referencia a un determinado nivel de incremento de precios concertado entre las empresas reunidas en el seno del GEP Cartoncillo en una fecha anterior al 10 de noviembre de 1986.

130 En efecto, la Comisión no alega ningún otro elemento probatorio en este sentido. Además, la referencia de Weig a un incremento de precios del «9 %» puede explicarse por el anuncio de un incremento de precios en el Reino Unido aplicado por Thames Board Ltd el 5 de noviembre de 1986 (anexo A-12-1). Dicho anuncio se hizo público poco después, según resulta de un recorte de prensa (anexo A-12-3). Por último, la Comisión no ha aportado ningún otro documento que pueda constituir una prueba directa de que, en las reuniones de la PC, hubieran tenido lugar los debates sobre los incrementos de precios. Por consiguiente, no puede excluirse que las manifestaciones de Weig, según se relatan en el anexo 61 del pliego de cargos, tuvieran lugar al margen de la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986, como mantuvo reiteradamente Weig durante la vista.

131 Por otra parte, las actas de una reunión de la dirección de Feldmühle (UK) Ltd celebrada el 7 de noviembre de 1986 (anexo A-17-2), invocadas por la Comisión en su Decisión (párrafo tercero del punto 74 de la exposición de motivos), no hacen sino confirmar que el anuncio por parte de Thames Board Ltd de un incremento de precios próximo al 9 % era conocido por esta filial alemana de Feldmühle en una fecha anterior al 10 de noviembre de 1986: «TBM and the Fins have announced price increases of approximately 9 % to be effective from February 1987 and it would appear that most other mills will be looking for the same sort of increase» (TBM y los finlandeses han anunciado unos incrementos de precios cercanos al 9 % aplicables a partir de febrero de 1987; parece que la mayor parte de los demás fabricantes prevén un incremento similar) (anexo A-17-2, citado por la Comisión en el punto 74 de la exposición de motivos de la Decisión).

132 Por lo que se refiere al anexo 44 del pliego de cargos, nota manuscrita hallada en la agenda de mesa de un trabajador de Feldmühle en las páginas correspondientes a los días 15 a 17 de enero de 1987, la Comisión considera que es «prueba también de la concertación» (párrafo tercero del punto 75 de la exposición de motivos de la Decisión).

133 Sin embargo, esta nota no tiene el carácter probatorio que le atribuye la demandada. No se ha identificado la reunión de la que da cuenta, de modo que no cabe excluir que se tratara de una reunión interna de la empresa Feldmühle. Además, dado que la nota data probablemente de mediados de enero de 1987, no prueba que la aplicación del incremento de precios, «incluido TBM», fuera el resultado de una concertación, ya que esta indicación puede no ser sino una simple constatación.

134 Algunas de las indicaciones contenidas en la nota contradicen incluso la afirmación de la Comisión según la cual dicha nota confirma la existencia de una colusión en la decisión de incrementar los precios en el Reino Unido. En particular, no puede considerarse que sustenten la tesis de la Comisión las observaciones de que el director de Feldmühle se había declarado «escéptico» ante Kopparfors y había tildado a Mayr-Melnhof de «irresponsable» («ohne Verantwortung»). Otro tanto ocurre con la mención: «Finnboard: Preisautonomie auch f. Tako» (Finnboard: autonomía de precios también para Tako).

135 Resulta de lo expuesto que la Comisión no ha demostrado que las empresas se pusieran de acuerdo para incrementar los precios en el Reino Unido en enero de 1987, ni, a fortiori, que la demandante estuviera implicada en conversaciones dirigidas a ese fin.

136 Sin embargo, como empresa que participó, según ella misma ha reconocido, en las reuniones del PWG desde la creación de este órgano del GEP Cartoncillo hacia mediados de 1986, debe imputarse a la demandante responsabilidad en una práctica colusoria sobre los precios a partir de dicha fecha.

137 En efecto, el PWG fue creado por determinadas empresas, entre ellas la demandante, con un propósito esencialmente contrario a la competencia. Como indicó Stora (punto 8 del anexo 39 del pliego de cargos), dicho órgano «se reunió a partir de 1986 con el fin de cooperar en la implantación de una disciplina de mercado» y se ocupaba, entre otras actividades, de los «debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios, los incrementos de precios y la capacidad de producción» [inciso iii) del punto 5 del anexo 35 del pliego de cargos].

138 El papel que desempeñaban las empresas reunidas en el seno de dicho órgano por lo que se refiere a la colusión relativa a las cuotas de mercado y a la relativa a la interrupción de la producción se ha descrito al examinar el motivo anterior (véanse los apartados 78 a 106 supra). Las empresas reunidas en el seno de dicho órgano también discutieron iniciativas en materia de precios. Según Stora (punto 10 del anexo 39 del pliego de cargos), «a partir de 1987, el PWG tomaba decisiones de carácter general relativas al momento y la magnitud de los incrementos de precio que debían aplicar los productores de cartoncillo».

139 Por consiguiente, el hecho de haber consentido en la creación de un órgano cuyo objeto contrario a la competencia, consistente, en particular, en debates sobre futuros incrementos de precios, era conocido y aceptado por las empresas que lo crearon, participando, además, en sus reuniones, constituye un motivo suficiente para considerar que la demandante es responsable de una colusión sobre los precios desde mediados de 1986, fecha a partir de la cual admite haber participado en el PWG.

140 Por lo que se refiere a la fecha de cese de la concertación en materia de precios, la Comisión obró correctamente al situarla en el mes de abril de 1991, mes durante el cual los agentes de la Comisión efectuaron visitas de inspección en las dependencias de varias empresas, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17. En efecto, el último incremento de precios concertado, anunciado en octubre de 1990 por la demandante, fue aplicado a partir de enero de 1991, y el nivel de los precios de catálogo convenido entre las empresas seguía vigente en abril de 1991.

141 Por consiguiente, procede desestimar este motivo.

Sobre el motivo relativo al error cometido por la Comisión al determinar la duración de la práctica colusoria dirigida a la congelación de las cuotas de mercado y a la regulación de la oferta Alegaciones de las partes

142 La demandante alega que, incluso suponiendo que se considere probada la existencia de una práctica colusoria dirigida a la congelación de las cuotas del mercado y a la regulación de la oferta, la Comisión cometió un error de apreciación en cuanto a su duración, ya que los elementos probatorios que invoca son testimonio de que no existió ninguna práctica colusoria antes de finales de 1988. En su escrito de réplica, añade que el anexo 102 del pliego de cargos, nota de Rena que, según afirma la Comisión, corresponde a la reunión del NPI mantenida el 3 de octubre de 1988, demuestra la inexistencia de dicha práctica colusoria en el momento de su redacción, ya que, en dicha nota, el autor mencionaba la posibilidad de considerar la conveniencia de un control de la oferta únicamente para el caso de que se tropezara con dificultades en materia de precios.

143 La Comisión se remite a las alegaciones por ella formuladas con respecto al motivo relativo al error cometido al determinar la duración de la concertación sobre los precios (véase el apartado 121 supra).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

144 El Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado (véanse los apartados 78 a 106 supra) que la Comisión ha acreditado que las empresas reunidas en el seno del PWG participaron en una colusión sobre las cuotas de mercado, por una parte, y en una colusión sobre las interrupciones de la producción, por otra parte.

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0334.1

145 Según la Decisión, la «congelación» de las cuotas de mercado y la posibilidad de interrumpir la producción empezaron a debatirse de manera específica entre los participantes en las reuniones del PWG a partir de finales de 1987, con el fin de garantizar el éxito de las iniciativas de precios a partir de 1988 (véanse, en particular, los puntos 51 a 60 de la exposición de motivos). A tal respecto, la Decisión pone de relieve: «Todos los miembros del PWG procuraban que las nuevas iniciativas de precios no se vieran menoscabadas por incrementos considerables del volumen de ventas. Según Stora esta política se denominaba "prioridad del precio sobre el tonelaje"» (párrafo primero del punto 51 de la exposición de motivos). La Comisión considera, por otra parte, que la «política de prioridad del precio sobre el tonelaje» que inspiró al GEP Cartoncillo durante el período comprendido entre finales de 1987 y abril de 1991 se caracterizaba, sobre todo, por «la "congelación" de las cuotas de mercado de los principales fabricantes, inicialmente al nivel de la posición que ocupaban en 1987», y por «la coordinación de las "interrupciones de la producción" por parte de los principales fabricantes, en lugar de la disminución de los precios (principalmente a partir de 1990)» (párrafo segundo del punto 130 de la exposición de motivos).

146 Estas afirmaciones de la Comisión se basan esencialmente en los anexos 39 y 73 del pliego de cargos.

147 En el documento incluido en el anexo 39 (punto 5), Stora precisa lo siguiente: «A la iniciativa de precios de 1987 estaba vinculada la necesidad de mantener un cuasiequilibrio entre la producción y el consumo (política de prioridad del precio sobre el tonelaje)».

148 Por lo que respecta al inicio de la colusión sobre las cuotas de mercado, del anexo 73 del pliego de cargos (véase el apartado 89 supra) resulta que el «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis») había decidido cooperar más estrechamente desde octubre o noviembre de 1987. El resultado de esta cooperación fue una colusión sobre las cuotas de mercado a partir de dicha fecha.

149 En cuanto al inicio de la colusión sobre las interrupciones de la producción, Stora declara: «Con la adopción por parte del PWG de la política de prioridad del precio sobre el tonelaje y con la aplicación de un sistema de precios equivalentes a partir de 1988, los miembros del PWG reconocieron que era necesario interrumpir la producción para mantener dichos precios frente a un menor crecimiento de la demanda. Si los fabricantes no hubieran interrumpido la producción, les habría sido imposible mantener los niveles de precios concertados ante la creciente capacidad excedentaria» (punto 24 del anexo 39).

150 Añade lo siguiente: «En 1988 y 1989, el sector podía funcionar prácticamente a su capacidad máxima. Las interrupciones por causas distintas del cierre normal por reparaciones y vacaciones empezaron a ser necesarias a partir de 1990. [...] Luego, se comprobó la necesidad de interrumpir la producción cuando el flujo de pedidos se detenía, a fin de mantener la política de prioridad del precio sobre el tonelaje» (punto 25 del anexo 39).

151 A la luz de estas pruebas, la Comisión ha acreditado que las empresas que participaron en las reuniones del PWG adoptaron, a finales de 1987, una política denominada «de prioridad del precio sobre el tonelaje» y que uno de los aspectos de dicha política, a saber, una colusión sobre las cuotas de mercado, se aplicó con efecto inmediato, mientras que el aspecto relativo a las interrupciones de la producción no hubo de aplicarse efectivamente sino a partir de 1990.

152 En virtud de lo expuesto, debe desestimarse el motivo por infundado.

Sobre el motivo relativo al error de apreciación cometido por la Comisión en lo que respecta al sistema de intercambio de información de FIDES

153 En su escrito de réplica, la demandante alega que el sistema de intercambio de información de FIDES no promovía comportamientos colusorios y que, por consiguiente, no era incompatible con el artículo 85 del Tratado. Según ella, existen importantes diferencias entre los hechos del caso de autos y los que dieron lugar a la Decisión 87/1/CEE de la Comisión, de 2 de diciembre de 1986, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.128 - Acidos grasos) (DO 1987, L 3, p. 17), invocada por la Comisión en el punto 134 de la exposición de motivos de la Decisión.

154 La Comisión subraya, en su escrito de dúplica, las razones por las que hizo referencia a la Decisión «Acidos grasos», antes citada. Aduce que, en el caso de autos, el sistema de intercambio de información tuvo, cuando menos, el efecto de facilitar el cartel.

155 Este Tribunal recuerda que, a tenor del párrafo primero del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

156 El motivo relativo al error de apreciación de la Comisión por lo que se refiere al sistema de intercambio de información de FIDES fue invocado por la demandante en el escrito de réplica por primera vez y no se funda en razones de hecho o de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

157 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo.

Sobre el motivo relativo al error cometido por la Comisión al considerar que se trataba de una infracción única y global y que Sarrió era responsable de ella en todos sus aspectos

Alegaciones de las partes

158 La demandante impugna el análisis de la Comisión en la medida en que deduce, por una parte, la existencia de una infracción única y, por otra parte, la plena responsabilidad de la demandante.

159 En primer lugar, la Comisión se basa, según la demandante, esencialmente en un «teorema acusatorio», puesto que no dispone de pruebas directas de un cartel global. Afirma que incumbe a la Comisión demostrar si, y en su caso, en qué medida, la demandante participó en cada uno de los elementos de una infracción única. En materia de infracciones del Derecho comunitario sobre la competencia, se impone el principio de responsabilidad estrictamente individual, ya que la idea de responsabilidad colectiva es contraria, sobre todo, al carácter cuasipenal de las sanciones que pueden imponerse por tales infracciones. Por consiguiente, la Comisión yerra al afirmar que no es necesario demostrar la participación activa de la demandante en relación con cada uno de los elementos de la infracción. Según la demandante, es necesario, por el contrario, determinar la naturaleza precisa de la infracción cometida y, a la vez, verificar si hubo una participación individual de cada empresa, a fin de poder determinar correctamente la responsabilidad individual y, por consiguiente, la adecuada sanción individual.

160 En segundo lugar, la demandante afirma que también es contrario a los principios fundamentales del Derecho comunitario, sobre todo al que rige la carga de la prueba, basar la responsabilidad individual de una empresa con respecto a una infracción en su mera pertenencia a una asociación, cuyas actividades eran, al menos parcialmente, lícitas.

161 En tercer lugar, la demandante afirma que la Comisión no tuvo debidamente en cuenta su posición particular en el mercado, así como en el seno del GEP Cartoncillo. En particular, si, en 1986, solicitó el derecho a participar en las reuniones del GEP Cartoncillo, lo hizo con el fin de estar en mejores condiciones de enfrentarse a sus competidores.

162 La Comisión alega que ha probado que existió la práctica colusoria y que la demandante participó en ella activamente como líder. Concluye que, por consiguiente, basó su análisis en elementos de hecho precisos y bien acreditados y que las alegaciones que la demandante deduce de una especie de «responsabilidad colectiva» o de un «teorema acusatorio» carecen de fundamento.

163 Afirma, por otra parte, que en modo alguno basó la responsabilidad de la demandante en su mera calidad de miembro del GEP Cartoncillo. Precisa que en realidad se basó, por una parte, en la participación activa de la demandante en las reuniones de varios comités del GEP Cartoncillo cuyo objeto era contrario a la competencia y, por otra parte, en el hecho de que la demandante observó luego las conductas convenidas en dichas reuniones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

164 Con carácter preliminar, hay que destacar que la Comisión declaró que la demandante había infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, por lo menos desde mediados de 1986 hasta abril de 1991, en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 e integrados por varios elementos constitutivos distintos.

165 Según el párrafo segundo del punto 116 de la exposición de motivos de la Decisión, «la infracción consiste, en lo esencial, en la participación combinada de los fabricantes durante varios años en una actividad conjunta ilegal con un objetivo común». Tal concepción de la infracción se expresa también en el punto 128 de la exposición de motivos: «No obstante, sería artificial subdividir en varias infracciones menores lo que constituye claramente un empeño común con un objetivo global único e idéntico: véase nuevamente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-13/89 Imperial Chemical Industries c/Comisión, punto 260».

166 Por consiguiente, si bien la Comisión no aplicó formalmente el concepto de «infracción única» en la Decisión, se refirió implícitamente a tal concepto, como demuestra la remisión al apartado 260 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, ICI/Comisión (T-13/89, Rec. p. II-1021).

167 Además, la reiterada utilización por la Comisión del término «cartel» para referirse a las diversas conductas contrarias a la competencia comprobadas confirma una concepción globalizadora de las infracciones enumeradas en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En efecto, según se expone en el punto 117 de la exposición de motivos de la Decisión, la Comisión estima lo siguiente: «En casos como éste, el enfoque adecuado consiste en demostrar la existencia y funcionamiento, así como los aspectos más destacados del cartel en su conjunto y determinar posteriormente: a) si existen pruebas verosímiles y concluyentes del vínculo de cada uno de los fabricantes con el sistema común, y b) el período en el que participó cada productor.» Añade (mismo punto de la exposición de motivos) lo siguiente: «La Comisión [...] no tiene la obligación de fragmentar los distintos elementos constitutivos de la infracción, determinando por separado cada una de las ocasiones durante la duración del cartel en las que se alcanzó un consenso en uno u otro sentido o cada uno de los ejemplos individuales de conducta colusoria, procediendo posteriormente a exonerar de la participación en aquella ocasión o en un acto concreto del cartel a todos aquellos fabricantes cuya participación en dicha ocasión no estuviese demostrada mediante pruebas directas.» Por otra parte, mantiene (punto 118) que «existen numerosas pruebas directas que demuestran la participación en la infracción de cada uno de los supuestos participantes», sin distinguir entre los elementos constitutivos de dicha infracción global.

168 Así pues, según la concibe la Comisión, la infracción única se confunde con el «cartel en su conjunto» o con el «cartel global» y se caracteriza por una conducta continua seguida por varias empresas que perseguían un objetivo ilegal común. De tal concepción de la infracción única se deriva el sistema de prueba descrito en el punto 117 de la exposición de motivos de la Decisión, así como una responsabilidad unitaria, en el sentido de que se considera responsable del cartel global a toda empresa «vinculada» a él, cualesquiera que sean los elementos constitutivos con respecto a los cuales se haya probado su participación.

169 Ahora bien, para que la Comisión pueda imputar a cada una de las empresas destinatarias de una Decisión como la del caso de autos responsabilidad, durante un período determinado, por un cartel global, tiene que acreditar que cada una de ellas, bien prestó su consentimiento para la adopción de un plan global que incluyera los elementos constitutivos del cartel, o bien participó directamente, durante dicho período, en todos los referidos elementos. También puede imputarse a una empresa la responsabilidad por un cartel global, aun cuando se haya acreditado que participó directamente sólo en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cartel, si sabía o necesariamente tenía que saber, por un lado, que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan global y, por otro lado, que dicho plan global abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos del cartel. De ser así, el hecho de que la empresa de que se trate no haya participado directamente en todos