Asuntos acumulados T‑415/05, T‑416/05 y T‑423/05

República Helénica y otros

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Sector de la aviación — Ayudas relacionadas con la reestructuración y la privatización de la compañía aérea estatal griega — Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado común y se ordena su recuperación — Continuidad económica entre dos sociedades — Identificación del beneficiario efectivo de una ayuda a efectos de su recuperación — Criterio del operador privado — Compatibilidad de la ayuda con el mercado común — Obligación de motivación»

Sumario de la sentencia

1. Procedimiento — Intervención — Requisitos de admisibilidad — Interés en la solución del litigio — Concepto

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 2)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Determinación del deudor en caso de cesión de activos — Criterio «de la continuidad económica» de la empresa

(Art. 88 CE, ap. 2)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Cálculo del importe que se debe recuperar y determinación de los destinatarios de las órdenes de restitución — Dificultades experimentadas por el Estado miembro — Deber de cooperación entre la Comisión y el Estado miembro

(Arts. 10 CE y 88 CE, ap. 2)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación según el criterio del inversor privado — Apreciación a la luz de todos los aspectos pertinentes de la operación controvertida y de su contexto

(Art. 87 CE, ap. 1)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ventaja concedida a los beneficiarios de una ayuda estatal — Necesidad de considerar los efectos de una medida para determinar la ventaja del beneficiario

(Art. 87 CE, ap. 1)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Aplicación del criterio del inversor privado — Ayudas consistentes en el pago de rentas por el subarrendamiento de aeronaves inferiores a las pagadas en virtud de los contratos principales

(Art. 87 CE, ap. 1)

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Ayudas nuevas — Carga de la prueba — Reparto entre la Comisión y el Estado miembro — Requisito — Cumplimiento de las obligaciones procedimentales respectivas

(Arts. 10 CE, 87 CE, ap. 1, y 88 CE, aps. 2 y 3)

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen diligente e imparcial — Posibilidad de adoptar una decisión basada en las informaciones disponibles — Requisitos

(Arts. 10 CE, 87 CE, ap. 1, y 88 CE)

9. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para la competencia — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Liberalización de un sector económico a escala comunitaria

(Art. 87 CE, ap. 1)

10. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Confianza legítima eventual del tercero interesado — Protección — Requisitos y límites

(Art. 88 CE, aps. 2 y 3)

11. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se ordena su devolución — Obligación de motivación relativa al modo de cálculo del importe que se ha de devolver

12. Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa — Aplicación a los procedimientos administrativos iniciados por la Comisión — Alcance

1. En materia de ayudas de Estado, cuando se ha reconocido un interés directo y real en la solución del litigio, en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, a una parte coadyuvante porque se había encontrado en una situación de competencia con los beneficiarios de las ayudas, por una parte, y por otra había participado activamente en el procedimiento de investigación formal que condujo a la adopción de la decisión que declaró la incompatibilidad de esas ayudas con el mercado común, que le es favorable, dicha parte conserva ese interés directo y real mientras se siga reconociendo a los beneficiarios de las ayudas un interés en solicitar la anulación de esa decisión. En efecto, la parte coadyuvante conserva, correlativamente, su interés en intervenir en apoyo de la Comisión para defender la legalidad de dicha decisión, aunque sólo sea a efectos de formular pretensiones de indemnización, y de eventuales recursos posteriores, basadas en la concesión ilegal de ayudas que le causaron perjuicio.

(véase el apartado 64)

2. En caso de que se haya abonado una ayuda a una sociedad en dificultades que ha transmitido ciertos activos a una nueva sociedad nacida de la escisión de sus actividades, esa nueva sociedad puede ser considerada como beneficiaria efectiva de las ayudas si existe una continuidad económica entre estas dos sociedades. En cambio, a falta de una unidad económica entre las dos sociedades, no puede exigirse a la nueva sociedad la devolución de las ayudas controvertidas otorgadas a la primitiva sociedad después de la escisión por el único motivo de que dicha sociedad haya obtenido de las mismas una ventaja indirecta.

Para apreciar si la obligación de recuperación de la ayuda abonada a una sociedad en dificultades puede extenderse a una nueva sociedad a la cual esa antigua sociedad transmitió determinados activos, cuando dicha transmisión permite constatar una continuidad económica entre las dos sociedades, pueden valorarse los siguientes elementos: el objeto de la transmisión (activos y pasivos, continuidad de la mano de obra, activos agrupados), el precio de la transmisión, la identidad de los accionistas o los propietarios de la nueva empresa titular y de la originaria, el momento en que se realizó la transmisión (después de que se iniciasen las investigaciones, de la incoación del procedimiento o de la decisión final) o, por último, la lógica económica de la operación. En cualquier caso los criterios de identificación del beneficiario efectivo de una ayuda presentan un carácter objetivo.

La finalidad de la obligación de recuperación de una ayuda es restablecer la situación de la competencia en el sector económico afectado, y no la de permitir a la autoridad pública recuperar sus créditos Por lo tanto, la lógica económica de la operación de transmisión de activos debe examinarse bajo el prisma del restablecimiento de la situación de competencia en el sector afectado.

(véanse los apartados 104 a 106, 135, 146 y 148)

3. En una decisión en la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se exige su recuperación, la Comisión no está obligada a precisar en qué medida cada empresa beneficiaria se ha beneficiado del importe de la ayuda de que se trata. Corresponde al Estado miembro afectado determinar el importe que cada una de esas empresas ha de devolver al recuperarse la ayuda. Basta con que la decisión de la Comisión incluya indicaciones que permitan a su destinatario determinar por sí mismo, sin excesivas dificultades, dicho importe. En caso de que existan dificultades imprevistas, este Estado puede someter sus problemas a la apreciación de la Comisión, debiendo ésta y el Estado colaborar de buena fe, con arreglo al deber de cooperación leal consagrado, en particular, en el artículo 10 CE, con el fin de superar estas dificultades dentro del pleno respeto de las disposiciones del Tratado y, especialmente, de las relativas a las ayudas de Estado.

(véanse los apartados 126 y 315 a 318)

4. A la luz de lo dispuesto en el artículo 87 CE, la Comisión siempre debe examinar todos los datos pertinentes de la operación controvertida y su contexto, especialmente al aplicar el criterio del inversor privado. La Comisión debe comprobar, a la vista del conjunto de elementos pertinentes, si se cumplen los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1.

Aunque la Comisión puede tener en cuenta el contexto de las medidas controvertidas, por ejemplo el hecho de que las ayudas se concedieron en el marco de una reestructuración y de una privatización, sigue estando obligada a examinar si, a la luz del criterio del inversor privado, las medidas controvertidas correspondían a transacciones comerciales normales en una economía de mercado.

Incluso cuando una medida sea continuación de medidas de la misma índole calificadas de ayudas de Estado, esta circunstancia no excluye, a priori, que dicha medida se ajuste al criterio del inversor privado en una economía de mercado. Corresponde, en cualquier caso, al juez de la Unión comprobar si, a la vista de los elementos pertinentes, esta medida puede razonablemente disociarse de las medidas de ayuda anteriores y considerarse, a efectos de la aplicación del criterio del inversor privado, una medida autónoma.

(véanse los apartados 172 a 177)

5. Del artículo 87 CE, apartado 1, se desprende que el concepto de ayuda es un concepto objetivo que sólo está en función de si una medida estatal confiere o no una ventaja a una o a varias empresas. En particular, para determinar si las medidas de que se trata pueden constituir ayudas de Estado, deben tenerse en cuenta principalmente los efectos de esta medida en las empresas beneficiarias y no la situación de los organismos públicos o privados que otorgan la ayuda.

(véanse los apartados 211 y 212)

6. Para la aplicación del criterio del inversor privado procede determinar si las medidas en cuestión confieren a la empresa beneficiaria una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado. El hecho que la operación sea razonable para los poderes públicos o la empresa pública que otorga la ayuda no basta para que ese comportamiento sea conforme con el criterio del inversor privado.

En lo que se refiere a una ayuda concedida en forma de rentas, por el subarriendo de aeronaves, inferiores a las rentas pagadas en virtud de los contratos principales, para la aplicación del criterio del inversor privado es necesario comparar las rentas abonadas de que se trata con las rentas de mercado. La Comisión está obligada a comprobar conforme al criterio del inversor privado si las rentas eran efectivamente inferiores a las que la empresa subarrendataria hubiera pagado en condiciones normales de mercado.

(véanse los apartados 213 a 214)

7. Corresponde a la Comisión aportar la prueba en relación con la concesión de ayudas nuevas. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartados 2 y 3, resulta que, en defecto de tal demostración, las medidas nuevas de que se trata no pueden considerarse ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

No obstante, la aplicación de esta norma relativa a la carga de la prueba está supeditada a que la Comisión y el Estado miembro en cuestión cumplan sus obligaciones procedimentales respectivas, en el marco del uso que hace esta institución de las facultades de que dispone para obligar al Estado miembro a presentarle todas las informaciones necesarias.

En cambio, la carga de la prueba de la compatibilidad de una ayuda con el mercado común, como excepción frente a lo dispuesto en el artículo 87 CE, apartado 1, recae en principio sobre el Estado miembro afectado, que debe acreditar que se cumplen los requisitos para tal excepción.

(véanse los apartados 224, 225 y 329)

8. La Comisión está facultada para adoptar una decisión basándose en la información disponible cuando un Estado miembro no cumple su deber de cooperación con esa institución, derivado del artículo 10 CE, y se abstiene de proporcionarle la información que aquélla le solicitó a fin de examinar tanto la compatibilidad con el mercado común de una ayuda nueva o modificada, como para verificar la regularidad de la aplicación de una ayuda aprobada con anterioridad. Sin embargo, antes de adoptar una decisión en este sentido, la Comisión debe requerir al Estado miembro para que le suministre, en el plazo fijado por ella, todos los documentos e informaciones necesarios para ejercer su control. Únicamente en el caso de que el Estado miembro no proporcione la información solicitada, pese al requerimiento de la Comisión, tendrá esta última la facultad de dar por terminado el procedimiento y adoptar una decisión basándose en los datos de que disponga. Estas obligaciones procedimentales recaen sobre el Estado miembro de que se trate y sobre la Comisión con objeto de permitir a ésta ejercer su control sobre la base de informaciones suficientemente claras y precisas, y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a ser oído del Estado miembro en cuestión. En efecto, el respeto del derecho de defensa en cualquier procedimiento incoado contra una persona que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental de Derecho de la Unión y debe garantizarse aun cuando no exista una normativa específica.

No puede reprocharse al Estado miembro no haber proporcionado a la Comisión la información suficiente cuando una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal no contiene una valoración preliminar de las medidas controvertidas, para determinar si implican un elemento de ayuda, y en defecto de toda puesta en cuestión explícita, a lo largo del procedimiento administrativo, de esas medidas, por una parte, y de la menor solicitud de información en relación con la conformidad de esas medidas con las condiciones del mercado, por otra parte.

En tal caso, corresponde a la Comisión, en virtud de su obligación de examen diligente e imparcial, y en aras de una buena administración de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas de Estado, proseguir sus averiguaciones y profundizar en su investigación, para determinar si las medidas controvertidas eran conformes con el criterio del operador privado. A estos efectos, le corresponde o bien dirigir al Estado miembro un requerimiento para aportar información adicional precisando la naturaleza de las informaciones requeridas, o bien encargar un dictamen pericial complementario.

(véanse los apartados 226, 229, 240, 246, 248 y 249)

9. Para justificar la calificación de una medida como ayuda de Estado la Comisión está obligada en virtud del artículo 87 CE, apartado 1, a demostrar la amenaza de una distorsión en la competencia, lo que sucede cuando esa medida refuerza la posición de la empresa beneficiaria en relación con otras empresas que compiten con ella en un sector que ha sido objeto de una liberalización a nivel comunitario.

(véase el apartado 312)

10. La concesión de ayudas de Estado, incluso en forma de garantías, no puede amparar la confianza legítima de terceros en la regularidad de dichas garantías, si las mismas fueron concedidas infringiendo lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartado 3. Corresponde, en efecto, a los terceros interesados obrar con la prudencia y diligencia requeridas y asegurarse de que se han cumplido las normas de Derecho comunitario en materia de ayudas de Estado.

(véase el apartado 354)

11. Una decisión que declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común, que no contiene un listado detallado de las medidas de ayuda de que se trata, pero que permite no obstante cuantificar las ayudas controvertidas sobre la base de las indicaciones suficientemente precisas contenidas en la motivación, de la que su parte dispositiva es indisociable, no puede considerarse insuficientemente motivada. En efecto, la cuantificación incumbe en cualquier caso a las autoridades del Estado miembro en el marco de la ejecución de la decisión que declara la incompatibilidad de una ayuda, en cooperación leal con la Comisión.

(véase el apartado 388)

12. El respeto del derecho de defensa en cualquier procedimiento incoado contra una persona que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión y debe garantizarse aun cuando no exista una normativa específica. En materia de ayudas de Estado, la Comisión sólo puede, a efectos de la apreciación de una medida a la luz del artículo 87 CE, basarse en datos obtenidos de terceros después de haber dado al Estado miembro afectado la oportunidad de formular válidamente sus observaciones sobre dichos datos.

No puede, por sí misma, perjudicar al derecho de defensa de ese Estado miembro la falta de comunicación de un informe que se basa exclusivamente en datos recabados de los beneficiarios de las ayudas de Estado durante las averiguaciones realizadas in situ por los expertos de la Comisión y que no contiene ningún dato fáctico desconocido por las empresas beneficiarias de las medidas controvertidas, pertenecientes enteramente al Estado miembro.

(véanse los apartados 399 a 401)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 13 de septiembre de 2010 ( )

«Ayudas de Estado – Sector de la aviación – Ayudas relacionadas con la reestructuración y la privatización de la compañía aérea estatal griega – Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado común y se ordena su recuperación – Continuidad económica entre dos sociedades – Identificación del beneficiario efectivo de una ayuda a efectos de su recuperación – Criterio del operador privado – Compatibilidad de la ayuda con el mercado común – Obligación de motivación»

En los asuntos acumulados T‑415/05, T‑416/05 y T‑423/05,

República Helénica, representada por la Sra. A. Samoni-Rantou y el Sr. P. Mylonopoulos, en calidad de agentes,

parte demandante en el asunto T‑415/05,

Olympiakes Aerogrammes AE, con domicilio social en Kallithéa (Grecia), representada por el Sr. V. Christianos, abogado,

parte demandante en el asunto T‑416/05,

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, con domicilio social en Atenas, representada por los Sres. P. Anestis y S. Mavroghenis, abogados, los Sres. S. Jordan y T. Soames, Solicitors, y el Sr. D. Geradin, abogado,

parte demandante en el asunto T‑423/05,

y

Comisión Europea, representada por los Sres. D. Triantafyllou y T. Scharf, en calidad de agentes,

parte demandada,

apoyada por

Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE, con domicilio social en Atenas, representada por el Sr. N. Keramidas y, en el asunto T‑416/05, también por los Sres. N. Korogiannakis, I. Dryllerakis y E. Dryllerakis, abogados,

parte coadyuvante en los asuntos T‑416/05 y T‑423/05,

que tiene por objeto una solicitud de anulación de la Decisión C(2005) 2706 final de la Comisión, de 14 de septiembre de 2005, relativa a las ayudas de Estado concedidas en favor de Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) – Olympiaki Aeroporia – Reestructuración y privatización],

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij (Ponente) y L. Truchot, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de junio de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 14 de septiembre de 2005, la Comisión adoptó la Decisión C(2005) 2706 final, relativa a las ayudas de Estado concedidas en favor de Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) – Olympiaki Aeroporia – Reestructuración y privatización] (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

2 Para facilitar la privatización de la compañía aérea Olympiaki Aeroporia AE (Olympic Airways), de titularidad pública al 100 % y convertida, desde el mes de diciembre de 2003, en Olympiaki Aeroporia Ypiresies (Olympic Airways Services) (en lo sucesivo, «OA»), el artículo 27 de la Ley griega nº 3185/2003, de 9 de septiembre de 2003, sobre modificación de la Ley nº 2668/1998, armonización con la Directiva 2002/39/CE, resolución de cuestiones relativas al organismo de correo griego y otras disposiciones (FEK A’ 229/26.9.2003; en lo sucesivo, «Ley nº 3185/2003»), titulado «Transformación del grupo Olympiaki Aeroporia», establecía que «las empresas del grupo Olympiaki Aeroporia [se transformarán] mediante la escisión de sus ramas, divisiones o servicios correspondientes a su actividad de transporte aéreo y mediante la fusión con una sociedad existente del grupo o mediante su absorción por una de estas sociedades».

3 En aplicación del artículo 27 de la Ley nº 3185/2003, las actividades de vuelo de OA y de su filial Olympiaki Aeroploïa AE (Olympic Aviation) fueron escindidas y reagrupadas «mediante fusión» en el seno de otra filial de OA, Makedonikes Aerogrammes AE (Macedonian Airways), que recibió la denominación de Olympiakes Aerogrammes AE (Olympic Airlines; en lo sucesivo, «NOA»). De los autos se desprende, y así lo han confirmado las partes en la vista, que la nueva compañía aérea NOA fue constituida el 11 de diciembre de 2003 y que inició sus actividades el 12 de diciembre de 2003. En esa fecha, OA puso fin a todas las actividades de vuelo, conservando las actividades de asistencia en tierra, mantenimiento y formación. Se devolvió directamente a la República Helénica la totalidad del capital de la nueva compañía aérea NOA.

4 La situación económica de OA y las ayudas financieras procedentes de medios estatales prestadas a dicha sociedad así como a la nueva compañía aérea NOA han sido objeto de varias decisiones de la Comisión.

Decisión 2003/372/CE

5 El 11 de diciembre de 2002, la Comisión adoptó la Decisión 2003/372/CE relativa a la ayuda concedida por el Estado griego a OA (DO 2003, L 132, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión de 11 de diciembre de 2002»), en la que declaraba incompatibles con el mercado común las ayudas a la reestructuración de OA que se habían aprobado a lo largo de los años 1994, 1998 y 2000, así como ayudas nuevas ilegales. En cuanto a las ayudas a la reestructuración, esta Decisión se basaba, en particular, en que no se habían alcanzado la mayor parte de los objetivos del plan de reestructuración de OA de 1998 referidos al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de dicha sociedad y no se habían cumplido cabalmente los requisitos establecidos en las decisiones de aprobación. En virtud del artículo 3 de la Decisión de 11 de diciembre de 2002, se instaba a la República Helénica a que recuperara una parte de las ayudas a la reestructuración abonadas, concretamente, 41 millones de euros, así como las ayudas nuevas ilegales, declaradas incompatibles con el mercado común.

6 En el artículo 1, primer apartado, letra b), de la Decisión de 11 de diciembre de 2002 se declaraba que las ayudas a la reestructuración concedidas por la República Helénica a OA en forma de nuevas garantías crediticias de un importe total de 378 millones de dólares estadounidenses (USD) para los préstamos destinados a la compra de nuevas aeronaves y a las inversiones necesarias para su traslado al nuevo aeropuerto de Spata (Grecia), eran incompatibles con el mercado común.

7 Por sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia (C‑415/03, Rec. p. I‑3875; en lo sucesivo, «sentencia de 12 de mayo de 2005»), el Tribunal de Justicia declaró que la República Helénica había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Decisión de 11 de diciembre de 2002, al no haber adoptado en el plazo establecido todas las medidas necesarias para conseguir la devolución, con arreglo al artículo 3 de dicha Decisión, de las ayudas declaradas incompatibles a excepción de las referidas a las cotizaciones al organismo nacional de seguridad social (IKA).

8 En esa sentencia (apartados 32 a 34), el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta principalmente que de la información facilitada por la Comisión y no contradicha por las autoridades griegas se desprendía que la República Helénica había transferido los elementos del activo más rentables de OA, libres de toda deuda, a NOA, que también pertenece a dicho Estado miembro y se beneficia de una protección especial frente a los acreedores por medio de una excepción a las disposiciones de Derecho común y de las obligaciones de Derecho mercantil. El Tribunal de Justicia consideró, en particular, que esta construcción jurídica no permitía, con arreglo al Derecho nacional, reclamar las ayudas concedidas y obstaculizaba la ejecución efectiva de la Decisión de 11 de diciembre de 2002, así como la recuperación de las ayudas.

9 A raíz del recurso de anulación interpuesto por OA contra la Decisión de 11 de diciembre de 2002, el Tribunal, por sentencia de 12 de septiembre de 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Comisión (T‑68/03, Rec. p. II‑2911), anuló parcialmente dicha Decisión, en la medida en que se refería a la tolerancia respecto del persistente impago, por una parte, de las tasas aeroportuarias adeudadas por OA al Aeropuerto Internacional de Atenas (AIA) y, por otra, del impuesto sobre el valor añadido que grava los combustibles y los recambios. El recurso fue desestimado en lo relativo a las demás ayudas nuevas ilegales, así como a las ayudas a la reestructuración.

10 Al considerar que la República Helénica no había adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 12 de mayo de 2005, la Comisión interpuso un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 228 CE. Por sentencia de 7 de julio de 2009, Comisión/Grecia (C‑369/07, Rec. p. I‑5703, apartados 68, 72, 109, 143 y 145), el Tribunal de Justicia admitió que, en principio, en la medida en que estuviera prevista por el ordenamiento jurídico nacional como mecanismo de extinción de una obligación, una operación de compensación podía constituir un medio apropiado para efectuar la recuperación de una ayuda de Estado. Por otra parte consideró que, sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado, procedía señalar que, a los efectos del procedimiento de infracción de que se trataba, la República Helénica había demostrado la existencia de un crédito exigible de un importe de 601.289.003 euros en favor de OA, en virtud del laudo arbitral de 6 de diciembre de 2006 por el que la República Helénica había sido condenada a pagar determinadas indemnizaciones a OA. Al tiempo que señala que dicha cantidad era claramente superior al conjunto de los importes de las ayudas que quedaban por recuperar en ejecución de la Decisión de 11 de diciembre de 2002, el Tribunal de Justicia estimó que la República Helénica no había demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho, en lo relativo a una parte de las ayudas nuevas ilegales objeto de dicha Decisión, que se hubieran restituido dichas ayudas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia la condenó, por este concepto, al pago acumulado de una multa coercitiva y de una cantidad a tanto alzado.

Decisión impugnada

11 Mediante escrito de 3 de marzo de 2003, las autoridades griegas informaron a la Comisión sobre el estado del procedimiento de privatización de OA. A lo largo del año 2003, dichas autoridades y la Comisión intercambiaron correspondencia en relación con la reestructuración de la compañía aérea OA con vistas a su privatización.

12 Al no haberse producido una notificación formal de posibles ayudas de Estado, el 8 de septiembre de 2003, la Comisión adoptó una decisión en la que se instaba a la República Helénica que le proporcionara toda la información necesaria para examinar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 CE, las medidas vinculadas a la reestructuración y a la privatización de la compañía aérea OA, que pudieran incluir elementos de ayuda de Estado.

13 El 25 de septiembre de 2003, una compañía aérea de la competencia, Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Aegean Airlines, en lo sucesivo, «Aeroporia Aigaiou» o «parte coadyuvante»), presentó una denuncia ante la Comisión en relación con el procedimiento de privatización de OA.

14 Mediante escrito de 29 de septiembre de 2003, las autoridades griegas comunicaron a la Comisión de la Ley nº 3185/2003 y dieron respuesta a su requerimiento de información. Mediante escrito de 31 de octubre de 2003, la Comisión indicó a las autoridades griegas que todavía faltaban algunos datos.

15 Mediante escrito de 15 de diciembre de 2003, la Comisión reiteró su solicitud de información. La República Helénica proporcionó dichas informaciones mediante escritos de 18 y 19 de diciembre de 2003. Mediante escrito de 15 de enero de 2004, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades griegas, que respondieron mediante escritos fechados los días 15 y 16 de enero de 2004.

16 Mediante la Decisión de 16 de marzo de 2004, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, respecto de las medidas vinculadas a la reestructuración y a la privatización del grupo Olympic Airways, tomadas por la República Helénica en relación con OA y NOA, tras la adopción de la Decisión de 11 de diciembre de 2002 (DO C 192, p. 2).

17 En dicha Decisión, la Comisión señaló, en particular, que tras la escisión de las actividades de vuelo del grupo Olympic Airways y su reagrupación en la nueva sociedad NOA, OA dejó las actividades de aviación y continuó prestando servicios de asistencia en tierra, mantenimiento y formación. Indicó que las autoridades griegas no tenían prevista en ese momento la puesta en liquidación de OA, a pesar de que su nivel de fondos propios era negativo por segundo año consecutivo. En efecto, según las autoridades griegas, el proceso de reestructuración iniciado en diciembre de 2003 debía durar de cuatro a cinco años y permitir reabsorber una parte considerable de las deudas de OA, compañía que se pondría en liquidación cuando se hubieran vendido todas sus divisiones, así como sus demás activos, como edificios, maquinaria, aeronaves que hubieran dejado de volar y cualquier otro material.

18 La Comisión consideró, en su Decisión de 16 de marzo de 2004, que parecía que algunas de las ventajas concedidas a OA constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado común. También subrayó que la nueva compañía aérea NOA se había beneficiado del traspaso de los activos del sector de las actividades de vuelo del grupo Olympic Airways, dejándose el considerable pasivo a cargo de OA y que ningún acreedor de OA podría dirigirse contra NOA. Por último, la Comisión afirmó que, en el marco del procedimiento de examen incoado, partía «del principio de que todas las compañías que pertenecían al grupo –incluida [NOA]– [eran] una misma empresa».

19 Mediante escrito de 11 de junio de 2004, la República Helénica transmitió a la Comisión sus observaciones en relación con la Decisión de 16 de marzo de 2004.

20 Aeroporia Aigaiou formuló sus observaciones en el plazo señalado al efecto a terceros interesados, a raíz de la publicación de la Decisión antes citada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

21 Mediante escrito de 11 de octubre de 2004, la Comisión notificó a la República Helénica, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1), su intención de adoptar una Decisión por la que se la requeriría para que suspendiera cualquier medida de ayuda hasta que no pudiera adoptarse una Decisión sobre su compatibilidad con el Tratado. La República Helénica contestó mediante escrito de 26 de octubre de 2004.

22 Tras esta respuesta, las autoridades griegas informaron regularmente a la Comisión, por escrito o en reuniones, sobre la tramitación del procedimiento de privatización de NOA y de OA.

23 Del 9 al 26 de mayo de 2005, la empresa de asesoramiento Moore Stephens realizó, a petición de la Comisión, una investigación en las oficinas de OA y de NOA. Su informe, fechado el 19 de julio de 2005, se titula «Investigación sobre la reestructuración y la privatización del grupo Olympic Airways/Olympic Airlines». Según dicho informe, la investigación tenía por objeto, en particular, determinar si la reestructuración del grupo Olympic Airways y la creación de NOA constituían una solución jurídica destinada a traspasar los activos y las actividades a una nueva entidad jurídica así como a mantener las deudas en la antigua entidad jurídica, así como averiguar si OA y NOA habían recibido ayudas de Estado directas o indirectas desde que se llevó a cabo dicha reestructuración.

24 El 14 de septiembre de 2005, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, que declaraba que se había concedido a NOA una ayuda de Estado, en forma de rentas por el subarriendo de aeronaves a dicha sociedad por parte de OA o de la República Helénica, inferiores a las rentas abonadas por estas últimas por los contratos de arrendamiento principales (artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada). Además, la Comisión declaró en dicha Decisión que se habían concedido tres categorías de ayudas de Estado en favor de OA. La primera se refería al pago anticipado a OA de un importe supuestamente sobrestimado del valor de los activos pertenecientes al sector de las actividades de vuelo, traspasados a NOA en el momento de la escisión (artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada). La segunda categoría de ayudas consistía en el pago a OA de un importe de 8,2 millones de euros así como en la realización de determinadas garantías del Estado que habían sido objeto de la Decisión de 11 de diciembre de 2002 y habían sido modificadas (artículo 1, apartado 3, de la Decisión impugnada). Por último, la tercera categoría se refería a la tolerancia de las autoridades griegas en relación con el impago por parte de OA de deudas fiscales y de cotizaciones a la seguridad social (artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada).

25 La parte dispositiva de la Decisión impugnada es del siguiente tenor:

«Artículo 1

1. La aceptación por [OA] y por la [República Helénica] de rentas por el subarriendo de aeronaves por [NOA] inferiores a los importes abonados por los arrendamientos principales, que suponen pérdidas de aproximadamente 37 millones de euros, en 2004 para [OA] y de aproximadamente 2,75 millones de euros, hasta mayo de 2005 para el Estado, constituye una ayuda de Estado ilegal en favor de [NOA] que es incompatible con el Tratado.

2. La [República Helénica] otorgó una ayuda de Estado ilegal e incompatible a [OA] cuyo importe se corresponde con la sobrevaloración de los activos de [NOA] en el momento de la creación de esta última. La Comisión estima provisionalmente el importe de esta ayuda en aproximadamente 91,5 millones de euros.

3. La concesión por [la República Helénica] a [OA], entre mayo de 2004 y marzo de 2005, de sumas por un importe total de 8 millones de euros y el pago adicional por [la República Helénica] de determinados plazos de préstamos bancarios y de arrendamientos financieros en el lugar de [OA], en la medida en que dichos pagos no son mera ejecución de las garantías a que se refiere el artículo 1, [apartado uno,] letra b), de la Decisión [de 11 de diciembre de 2002] y de las condiciones correspondientes a las mismas, constituyen una ayuda de Estado ilegal en favor de [OA] que es incompatible con el Tratado.

4. La tolerancia reiterada de [la República Helénica] hacia [OA] en relación con los impuestos y cotizaciones a la seguridad social adeudados al Estado, de un importe de aproximadamente 354 millones de euros, correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2002 y diciembre de 2004, constituye una ayuda de Estado ilegal en favor de [OA] que es incompatible con el Tratado.

Artículo 2

1. La [República Helénica] recuperará de los beneficiarios las ayudas a que se refiere el artículo 1.

2. La recuperación se realizará sin dilación de acuerdo con los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión. Las sumas que deben recuperarse devengarán intereses desde la fecha en que se pusieron a disposición de la beneficiaria hasta la fecha de su recuperación. Los intereses se calcularán tomando como base el tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente en subvención en el marco de las ayudas con finalidad regional.

Artículo 3

La [República Helénica] suspenderá inmediatamente la concesión de cualquier ayuda adicional a [OA] y a [NOA].

Artículo 4

La [República Helénica] informará a la Comisión, en el plazo de dos meses contado desde la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 2 y 3.»

26 La Decisión impugnada fue notificada a la República Helénica el 15 de septiembre de 2005.

27 En su sentencia de 14 de febrero de 2008, Comisión/Grecia (C‑419/06, no publicada en la Recopilación), el Tribunal de Justicia, resolviendo el recurso interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, declaró que la República Helénica había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 a 4 de la Decisión impugnada, al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados, todas las medidas necesarias para suprimir las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común por la Decisión impugnada y para obtener de los beneficiarios su recuperación.

Procedimiento y pretensiones de las partes

28 Mediante sendas demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2005, las demandantes, la República Helénica, así como NOA y OA, interpusieron el presente recurso.

29 Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de febrero de 2006, la demandante presentó una demanda de suspensión de la ejecución del artículo 2 de la Decisión impugnada en lo relativo a las ayudas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión. Mediante auto de 26 de junio de 2006, Olympiakes Aerogrammes/Comisión (T‑416/05 R, no publicado en la Recopilación), el Presidente del Tribunal desestimó dicha demanda.

30 En el asunto T‑423/05, mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de junio de 2006, la demandante presentó una demanda de suspensión de la ejecución del artículo 2 de la Decisión impugnada en lo relativo a las ayudas mencionadas en el artículo 1, apartados 2 a 4, de dicha Decisión. Mediante auto de 29 de enero de 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Comisión (T‑423/05 R, no publicado en la Recopilación), el Presidente del Tribunal desestimó dicha demanda.

31 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta, a la que se atribuyeron por consiguiente los presentes asuntos.

32 En el asunto T‑416/05, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 16 de agosto de 2006, la demandante, al amparo del artículo 48, apartado 2, párrafos primero y segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, opuso la inadmisibilidad de los motivos supuestamente nuevos invocados por la Comisión en su dúplica. Solicitó al Tribunal que declarara la inadmisibilidad de estos motivos y, con carácter subsidiario, que le señalara un plazo adicional para responder a los mismos. La Comisión presentó observaciones escritas en relación con dicha demanda.

33 En el asunto T‑416/05, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de mayo de 2006, Aeroporia Aigaiou solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

34 Mediante escrito de 14 de julio de 2006, NOA solicitó que se desestimara dicha demanda de intervención. Mediante escrito separado presentado el mismo día, solicitó que se diera tratamiento confidencial, respecto de Aeroporia Aigaiou, a toda la Decisión impugnada, hasta que no se publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea una versión no confidencial de dicha Decisión, así como a ciertos datos contenidos en la demanda, la réplica y sus anexos.

35 Mediante auto de 6 de junio de 2008, el Presidente de la Sala Sexta admitió la intervención de Aeroporia Aigaiou. En dicho auto se acordó que, con arreglo a lo dispuesto del artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, se diera traslado a la parte coadyuvante de la versión no confidencial de los actos de procedimiento y se la emplazara a presentar su escrito de intervención, sin perjuicio de la posibilidad de completarlo posteriormente, cuando se resolviera sobre la solicitud de tratamiento confidencial.

36 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de junio de 2008, la parte coadyuvante se opuso a la solicitud de tratamiento confidencial formulada por NOA. Solicitó que los actos de procedimiento le fueran comunicados de forma íntegra y completa, anunciando al mismo tiempo que presentaría un escrito de intervención sobre la base de las versiones no confidenciales de los actos de los que se le había dado traslado. Dicho escrito de intervención fue presentado el 22 de julio de 2008.

37 En el asunto T‑416/05, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de marzo de 2010, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal en relación con su solicitud de tratamiento confidencial, la demandante desistió de esta solicitud, como consecuencia de haber sido sometida a un régimen de liquidación específico y de la cesación de toda su actividad comercial al término del procedimiento de privatización. Se instó a la parte coadyuvante a que presentara observaciones complementarias.

38 En el asunto T‑423/05, Aeroporia Aigaiou, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de mayo de 2006, solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante escrito de 28 de julio de 2006, la demandante solicitó que se desestimara dicha demanda de intervención. Mediante escrito separado presentado el mismo día, presentó una solicitud de tratamiento confidencial respecto de Aeroporia Aigaiou.

39 Mediante auto de 6 de junio de 2008, el Presidente de la Sala Sexta admitió la intervención de Aeroporia Aigaiou en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T‑423/05. Dicho auto preveía que se diera traslado, con la suficiente antelación, a la parte coadyuvante, del informe para la vista, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, para que pudiera presentar, en su caso, sus observaciones en la vista.

40 En el asunto T‑423/05, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de mayo de 2010, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal, en particular, en relación con su solicitud de tratamiento confidencial, la demandante desistió de dicha solicitud, como consecuencia de haber sido sometida a un régimen de liquidación específico al término del procedimiento de privatización.

41 Mediante auto de 18 de mayo de 2010, el Presidente de la Sala Sexta ordenó, después de haber oído a todas las partes, la acumulación de los asuntos T‑415/05, T‑416/05 y T‑423/05 a efectos de la fase oral y de la sentencia.

42 Debido a un impedimento sufrido por el Juez Sr. Tchipev, el Presidente del Tribunal General resolvió, en aplicación del artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, que participaría en la vista y deliberación de los presentes asuntos para completar la Sala.

43 En el asunto T‑415/05, la demandante solicita al Tribunal que:

– Anule, total o parcialmente, la Decisión impugnada;

– Condene en costas a la Comisión.

44 En el asunto T‑416/05, la demandante solicita al Tribunal que:

– Anule el artículo 1, apartados 1 y 4, y el artículo 2 de la Decisión impugnada, en lo que la afectan;

– Condene en costas a la Comisión.

45 En el asunto T‑423/05, la demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada, total o parcialmente, en lo que afecta a las ayudas que le hubieran sido otorgadas;

– Condene en costas a la Comisión.

46 La Comisión, apoyada por Aeroporia Aigaiou en los asuntos T‑416/05 y T‑423/05, solicita al Tribunal que:

– Desestime los recursos;

– Condene en costas a las demandantes.

47 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Sexta) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se instó a las partes a responder a las preguntas escritas del Tribunal y a presentar determinados documentos. Las partes así lo hicieron.

48 En la vista celebrada el 14 de junio de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

49 En el asunto T‑415/05, la República Helénica, que había solicitado que el asunto se atribuyera a la Gran Sala, confirmó en la vista que retiraba dicha petición.

Fundamentos de Derecho

A. Sobre la desaparición del interés en ejercitar la acción de las demandantes

1. Alegaciones de las partes

50 En sus observaciones escritas en respuesta a una solicitud del Tribunal, la Comisión cuestionó la existencia de un interés vigente en ejercitar la acción en los asuntos T‑416/05 y T‑423/05, por parte de las demandantes NOA y OA, al haber sido sometidas éstas a liquidación al término del procedimiento de privatización.

51 La Comisión sostuvo asimismo, en el asunto T‑415/05, que la República Helénica había dejado de tener interés en ejercitar la acción, a raíz del reembolso de las ayudas a que se refiere la Decisión impugnada.

52 Sobre este particular, la Comisión alegó que los intereses de la República Helénica, que es accionista único y, si no el único, al menos, el principal acreedor, con mucha diferencia, de NOA y de OA, habían quedado plenamente satisfechos con la recuperación de las ayudas controvertidas. Por ello, la anulación de la Decisión impugnada no tendría utilidad. Añadió, en particular, que ningún dato permitía considerar que, tras el pago por dichas sociedades de los créditos privilegiados de la República Helénica, aún pudieran pagarse los créditos de otros posibles acreedores.

53 La República Helénica, en la vista, y NOA y OA, tanto en sus respuestas escritas a las preguntas formuladas por el Tribunal como en la vista, rebatieron esta argumentación de la Comisión. Así, en la vista señalaron que los créditos laborales y los créditos hipotecarios tenían un rango superior al de los créditos del Estado.

54 Por último, en los asuntos T‑416/05 y T‑423/05, la parte coadyuvante alegó, en respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal en el asunto T‑416/05, y en la vista, en los dos asuntos antes citados, que seguía teniendo interés en intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión, después de haber sido sometidas a liquidación las sociedades demandantes.

55 NOA, en su respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal y en la vista, así como OA, en la vista, cuestionaron la existencia de interés por parte de Aeroporia Aigaiou en mantener su intervención en el procedimiento.

2. Apreciación del Tribunal

56 Los requisitos de admisibilidad son causas de inadmisión por motivos de orden público que el juez de la Unión Europea puede examinar de oficio en cualquier momento (véase el auto del Tribunal de 10 de marzo de 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia y otros/Comisión, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 y T‑296/00, Rec. p. II‑787, apartado 22, y la jurisprudencia citada). En el caso de autos, a la vista de la argumentación de las partes, procede comprobar si las demandantes pueden proseguir sus recursos, después de haber sido sometidas a liquidación NOA y OA y después de la devolución de las ayudas en cuestión.

57 En primer lugar, en cuanto a la inadmisibilidad invocada del recurso formulado por la República Helénica (asunto T‑415/05), procede subrayar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 230 CE establece una clara distinción entre la legitimación de las instituciones y de los Estados miembros para interponer un recurso de anulación, por una parte, y la de las personas físicas y jurídicas, por otra, dado que el párrafo segundo de dicho artículo confiere, en particular, a todo Estado miembro el derecho a impugnar, mediante un recurso de anulación, la legalidad de las decisiones de la Comisión, sin que el ejercicio de dicho derecho esté supeditado a que se justifique un interés en ejercitar la acción. Un Estado miembro no tiene que demostrar que el acto de la Comisión que impugna produce efectos jurídicos frente a él para que su recurso sea admisible. Sin embargo, para que un acto de la Comisión pueda ser objeto de un recurso de anulación, debe estar destinado a producir efectos jurídicos (auto del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2001, Portugal/Comisión, C‑208/99, Rec. p. I‑9183, apartados 22 a 24; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 21 de mayo de 2010, Francia y otros/Comisión, T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 y T‑456/04, Rec. p. II‑0000, apartados 118 a 120).

58 En el caso de autos, en la Decisión impugnada, la Comisión califica las medidas controvertidas en favor de NOA y de OA de ayudas de Estado y las declara incompatibles con el mercado común.

59 De ello se desprende que dicha Decisión produce efectos jurídicos obligatorios y constituye, por tanto, un acto impugnable.

60 En consecuencia, la República Helénica, que cuestiona, en particular, la calificación de las medidas controvertidas de ayudas de Estado, está legitimada, por el mero hecho de ser un Estado miembro, para interponer un recurso de anulación contra la Decisión impugnada y puede, en condición de tal, proseguir este recurso.

61 En segundo lugar, en cuanto a la supuesta falta de interés en ejercitar la acción de NOA (asunto T‑416/05) y de OA (asunto T‑423/05), procede recordar que, según la jurisprudencia, el interés en ejercitar la acción del demandante debe mantenerse hasta la adopción de la resolución judicial. En efecto, ya no cabe pronunciarse sobre el recurso cuando el demandante ha perdido su interés personal en la anulación del acto impugnado debido a un acontecimiento ocurrido durante la tramitación del procedimiento, como consecuencia del cual la anulación de dicho acto ya no puede, por sí misma, tener consecuencias jurídicas favorables para el demandante (sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2008, Alitalia/Comisión, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, apartado 37, y de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T‑42/06, Rec. p. I‑0000, apartado 61).

62 En el caso de autos, basta con indicar que las sociedades demandantes –que en sus respuestas a las preguntas escritas planteadas por el Tribunal, aclararon que habían reembolsado íntegramente las presuntas ayudas, en cumplimiento de la Decisión impugnada– sostienen con razón que siguen teniendo un interés personal y real en proseguir sus recursos, en la medida en que, si la Decisión impugnada fuera anulada, la República Helénica estaría obligada a restituirles los importes devueltos, los cuales se incluirían en el activo de sus respectivos balances en la liquidación.

63 De ello se deduce que procede declarar admisibles los presentes recursos.

64 Por otra parte, en los asuntos T‑416/05 y T‑423/05, por lo que se refiere a la cuestión de si Aeroporia Aigaiou conserva todavía un interés directo y real en la solución de los litigios, en el sentido del artículo 40, apartado segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de Justicia, basta recordar que, en el auto Olympiakes Aerogrammes/Comisión, antes citado (apartado 28), y en el auto Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Comisión, antes citado (apartado 23), en los que se admitió la intervención de Aeroporia Aigaiou en apoyo de las pretensiones de la Comisión, se le reconoció tal interés directo y real debido a que la parte coadyuvante, por una parte, se había encontrado en una situación de competencia con OA y NOA, beneficiarias de las ayudas a que se refiere la Decisión impugnada, y a que, por otra, había participado activamente en el procedimiento de investigación formal que condujo a la adopción de la Decisión impugnada, que le es favorable. Pues bien, mientras se siga reconociendo a NOA y a OA, incluso después de su puesta en liquidación, un interés en solicitar la anulación de la Decisión impugnada, Aeroporia Aigaiou conserva, correlativamente, su interés en intervenir en apoyo de la Comisión para defender la legalidad de dicha Decisión, aunque sólo sea a efectos de formular sus pretensiones de indemnización, y los recursos que pueda formular contra la denegación de los mismos, basados en la concesión ilegal, durante el período en el que hubo competencia al que se ha hecho mención, de ayudas que le causaron perjuicio.

65 Procede, por lo tanto, reconocer que Aeroporia Aigaiou, como parte coadyuvante, sigue teniendo interés en la solución de los presentes litigios.

B. Sobre el fondo

66 Las demandantes impugnan las afirmaciones de la Comisión relativas, en primer lugar, a la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA a efectos de la recuperación de las ayudas (asuntos T‑415/05 y T‑416/05), en segundo lugar, a la concesión de ayudas de Estado a NOA (asuntos T‑415/05 y T‑416/05) y, en tercer lugar, a la concesión de ayudas de Estado a OA (asuntos T‑415/05, T‑416/05 y T‑423/05). Además, invocan, en cuarto lugar, la vulneración del derecho del Estado miembro interesado a ser oído (asuntos T‑415/05 y T‑423/05), en quinto lugar, la vulneración del principio de proporcionalidad (asuntos T‑415/05 y T‑416/05) y, en sexto lugar, la vulneración del principio non bis in idem (asuntos T‑415/05 y T‑423/05).

67 Antes de abordar sucesivamente estos diferentes motivos de impugnación, procede señalar, con carácter preliminar, que, en el asunto T‑416/05, la demandante, NOA, alegó la inadmisibilidad de los motivos supuestamente nuevos de la Comisión (véase el apartado 34 supra). La admisibilidad de estos motivos se valorará al examinarse los motivos a los que se refieren (véanse los apartados 116, 117, 129 a 131, 208 y 409 infra).

1. Sobre la ponderación de la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA a efectos de la recuperación de las ayudas (asuntos T‑415/05 y T‑416/05)

a) Alegaciones de las partes

68 Por lo que atañe a la identificación de los beneficiarios de las ayudas en cuestión a efectos de su recuperación, la República Helénica y NOA cuestionan la declaración por parte de la Comisión de la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA, en la medida en que podría interpretarse, a la luz del artículo 1, apartado 4, en relación con el artículo 2 de la Decisión impugnada, que dicha declaración impone que se reclame a NOA la restitución de ayudas otorgadas a OA después de la adopción de la Decisión de 11 de diciembre de 2002 y antes de la escisión.

69 En primer lugar, las demandantes consideran que, al no contener la parte dispositiva de la Decisión impugnada una orden de recuperación clara y precisa en este sentido, como prevén el artículo 88 CE y el artículo 14 del Reglamento nº 659/1999, no se desprende de dicha Decisión ninguna obligación de reclamar a NOA la restitución de tales ayudas.

70 La República Helénica alega que ante la imprecisión de la Comisión, tanto en la Decisión impugnada como en sus escritos procesales, y las contradicciones que éstos contienen, cabe preguntarse por las razones y el alcance de la inclusión, en la Decisión impugnada (considerandos 178 a 183), de la declaración antes citada en relación con la sucesión de NOA a OA a efectos de la recuperación de las ayudas, cuando la propia Comisión admite, en su escrito de contestación, que esta declaración se refiere exclusivamente a la Decisión de 11 de diciembre de 2002 y no tiene ninguna consecuencia jurídica en cuanto a la Decisión impugnada e invoca su falta de interés en ejercitar la acción a este respecto.

71 Por ello considera que resulta indispensable clarificar, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, si la Decisión impugnada prevé que NOA pueda ser obligada a rembolsar, concretamente, las ayudas a que se refiere el artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada, de modo que la cuestión de la sucesión de NOA a OA a efectos de la recuperación de las ayudas se someta en tiempo útil al control del Tribunal, en el marco del presente recurso.

72 En segundo lugar, la República Helénica y NOA sostienen que la afirmación de la Comisión, en la Decisión impugnada (considerando 183), según la cual NOA debe ser considerada, al menos, a efectos de la recuperación de las ayudas anteriores a la escisión del sector de las actividades de vuelo, sucesora de OA, está viciada de un error manifiesto de apreciación y de falta de motivación.

73 Las demandantes reconocen que, según la jurisprudencia, la Comisión puede verse obligada a exigir que la acción de recuperación no se limite al beneficiario inicial de la ayuda, sino que se amplíe a la empresa que continúe, en su caso, la actividad de la empresa inicial utilizando los medios de producción cedidos, cuando exista una continuidad económica entre las dos empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de l8 de mayo de 2003, Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión, C‑328/99 y C‑399/00, Rec. p. I‑4035, apartado 77). Sin embargo, consideran que de esta jurisprudencia se desprende, en primer lugar, que la recuperación de la ayuda frente un tercero no es más que una posibilidad y, en segundo lugar, que debe existir un elemento de continuidad económica.

74 En particular, la posibilidad de que una sociedad con dificultades económicas tome medidas de saneamiento de la empresa no puede descartarse a priori a causa de las exigencias relacionadas con la recuperación de las ayudas de Estado incompatibles con el mercado común (sentencia Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión, antes citada, apartado 76). Las demandantes sostienen que, contrariamente a lo alegado por la Comisión, la intención de eludir la obligación de rembolsar se tuvo en cuenta al examinar la lógica económica de la operación de cesión-transformación (sentencia Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión, antes citada, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 19 de octubre de 2005, CDA Datenträger Albrechts/Comisión, T‑324/00, Rec. p. II‑4309, apartados 102 a 104).

75 Sobre este particular, las demandantes recuerdan que el traspaso, por la sociedad beneficiaria de la ayuda, de una parte de los elementos de su activo a una persona jurídica tercera para garantizarle que siguiera desarrollándose al abrigo de las incertidumbres jurídicas y económicas que ponían en peligro la continuidad de la explotación de esta parte de su actividad, no prueba, en sí misma, la existencia de una voluntad de eludir los efectos de la recuperación (sentencia CDA Datenträger Albrechts/Comisión, antes citada, apartado 98).

76 Consideran que, en el caso de autos, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, el criterio decisivo reside, por lo tanto, en el hecho de que la transformación venga impuesta por la lógica económica de una recuperación más eficaz y no busque eludir los efectos de la orden de recuperación.

77 Sostienen que la escisión de las actividades de vuelo, en el marco de un programa más amplio de reestructuración y de privatización del grupo Olympic Airways, se hizo para vender este sector de actividad con el mayor beneficio posible. En particular, el valor de la nueva compañía aérea, NOA, superaba ampliamente la mera suma de los elementos de los activos traspasados. Dicho valor se vio incrementado, en particular, por la existencia de una flota de aeronaves fiable y flexible, de un personal muy cualificado, de un know-how y de una experiencia en el mercado nacional, de un prestigio y de una fiabilidad comerciales, de una red de colaboradores, de contratos de colaboración y de franjas horarias disponibles.

78 Por estos motivos, las demandantes consideran que, de acuerdo con el criterio del inversor privado, la transformación prevista por la Ley nº 3185/2003 fue impuesta por la lógica económica de una privatización del grupo Olympic Airways, para una recuperación más eficaz de las ayudas, y no se llevó a cabo con la finalidad de eludir los efectos del orden de recuperación. En efecto, después de las tentativas infructuosas de privatización de OA, la República Helénica decidió escindir las diversas actividades del grupo para privatizarlas, separadamente, con el mayor beneficio posible. Sobre este particular, NOA cuestiona concretamente la afirmación de la Comisión, en la Decisión impugnada (considerando 178), según la cual la intención de la República Helénica, cuando se produjo la transformación de este grupo, era permitir la continuidad de las actividades de vuelo.

79 La República Helénica y NOA alegan que, en el caso de autos, al igual que en el asunto CDA Datenträger Albrechts/Comisión, antes citado, no se ha restado nada del patrimonio de la sociedad que fue privada de una parte de su activo, en este caso OA, dado que se traspasó una parte equivalente de su pasivo. Consideran que la Comisión reconoció que se habían traspasado a NOA deudas por un importe de 145 millones de euros (considerando 117 de la Decisión impugnada).

80 Es más, argumentan que, contrariamente a lo que afirma la Comisión en la Decisión impugnada (considerando 179), el traspaso de elementos del activo de OA a NOA no privó a OA de sus ingresos. En efecto, OA continuó operando en los sectores de asistencia en tierra, mantenimiento y reparación, restauración, informática y suministro de carburante. Añaden que OA percibió ingresos muy considerables de NOA, basados en las condiciones de una transacción de carácter comercial.

81 Así las cosas, las demandantes consideran que la afirmación de la Comisión, según la cual la creación de NOA constituye una reorganización artificial dentro del mismo grupo, es errónea. En efecto, en virtud de la Ley nº 3185/2003, la República Helénica es propietaria de las acciones de NOA únicamente a efectos de su privatización. Por otra parte, sostienen que al no haber disfrutado NOA de ninguna ventaja como sociedad adquirente de una parte de los activos de OA, y al continuar funcionando OA, no hubo una continuidad económica entre las dos sociedades que justifique reclamar a NOA que devuelva la ayuda de la que OA fue beneficiaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Alemania/Comisión, C‑277/00, Rec. p. I‑3925, apartado 81).

82 Las demandantes añaden que, contrariamente a lo alegado por la Comisión, la República Helénica no reconoció en su escrito de 2 de junio de 2005, que NOA había sucedido a OA. Únicamente admitió que, en el caso en que no pudiera obtenerse la íntegra recuperación por parte de OA después de que se hubiera agotado el producto de la liquidación de esta sociedad, el cumplimiento de la obligación de recuperación podría exigirse a las sociedades que sucedieron a OA, de concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria en cuanto a la sucesión en la obligación de recuperar las ayudas de Estado. Pues bien, añaden que ese no fue el caso. Como la terminación del procedimiento de privatización de NOA era inminente, las autoridades griegas se refirieron expresamente, en el escrito antes citado, al requisito relativo a la venta por un precio de mercado razonable.

83 Según las demandantes, la Comisión, al sostener, en su escrito de contestación (apartado 76), que la transformación no era, en sí misma, objeto de la Decisión impugnada y que no necesitaba, por lo tanto, de un análisis detenido a efectos de apreciar si NOA había sucedido a OA, reconoce que no tuvo en cuenta el criterio fundamental que se refiere a la lógica económica de esta transformación.

84 Añaden que la motivación en la que se basa la declaración de la Decisión impugnada, según la cual NOA sucedió a OA a efectos de la recuperación de las ayudas, es, por lo tanto, insuficiente, ya que la Comisión no examinó la lógica económica del proceso de constitución de NOA como elemento de la reestructuración-privatización de OA, con la finalidad de permitir la recuperación de las ayudas ilegalmente abonadas en el importe más elevado posible.

85 Por último, la República Helénica y NOA cuestionan la interpretación de la sentencia de 12 de mayo de 2005, realizada por la Comisión. Señalan que el Tribunal de Justicia únicamente se pronunció sobre las consecuencias jurídicas y económicas de la Ley nº 3185/2003 en relación con la ejecución de la Decisión de 11 de diciembre de 2002. El Tribunal de Justicia no se pronunció ni sobre las intenciones que determinaron la elección de escindir el sector de las actividades de vuelo, ni sobre la compatibilidad de esta reestructuración con lo dispuesto en el artículo 87 CE, ni sobre la cuestión de si NOA podía considerarse sucesora de OA a efectos de la recuperación de las ayudas a que se refiere la Decisión de 11 de diciembre de 2002. El Tribunal de Justicia no pudo, por lo demás, examinar en ese recurso por incumplimiento, si NOA había sucedido a OA, a efectos de la recuperación de las ayudas, dado que dicho recurso se interpuso el 2 de octubre de 2003, cuando NOA todavía no había sido creada.

86 En la sentencia de 12 de mayo de 2005, el Tribunal de Justicia únicamente declaró que el traspaso de elementos del activo de OA a NOA tenía como efecto hacer imposible, en virtud del Derecho nacional, la recuperación de las ayudas otorgadas a OA. No obstante, llegó a esta conclusión al considerar que «todos los activos» de OA fueron traspasados «libres de toda deuda» (apartado 33 de la sentencia). Ahora bien, éste no sería el caso, dado que la Comisión reconoció que OA conservó elementos del activo importantes y traspasó una cantidad considerable de deudas a NOA. Por lo tanto, la Comisión deformó el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de mayo de 2005 y lo desnaturalizó, al sostener que el Tribunal de Justicia había declarado probado el traspaso de los activos más rentables a NOA.

87 Las demandantes consideran, por todos estos motivos, que las conclusiones de la Comisión en relación con la declaración de una supuesta continuidad económica entre OA y NOA son erróneas y carecen de motivación.

88 La Comisión expone, en primer lugar, su interpretación de la Decisión impugnada. En los escritos de contestación a la demanda en los asuntos T‑415/05 y T‑416/05, sugiere, en primer lugar, que a diferencia de la sentencia de 12 de mayo de 2005, la Decisión impugnada no aborda la cuestión de la exigencia de que NOA restituya las ayudas otorgadas a OA. La Comisión infiere de ello que la República Helénica y NOA no acreditan un interés vigente en impugnar los motivos de dicha Decisión que se refieren a la calificación de NOA como sucesora de OA.

89 Sin embargo, en sus dúplicas, la Comisión sostiene que el artículo 2 de la Decisión impugnada, interpretado en relación con la motivación de dicha Decisión, muestra claramente que las ayudas controvertidas otorgadas a OA, al menos antes de la escisión, no sólo deben recuperarse de esta sociedad, sino también de NOA. Admite, por lo tanto, el interés de la República Helénica y de NOA en cuestionar la obligación de obtener de NOA la recuperación de ayudas otorgadas a OA.

90 La Comisión explica este cambio de postura por el hecho de que sólo fue informada de la fecha exacta de constitución de NOA por la mención, en la réplica del asunto T‑416/05, al 13 de diciembre de 2003, como fecha de constitución y de inicio de la actividad de esta sociedad.

91 Así, la prueba de la fecha exacta «activó la reserva» formulada en varias ocasiones por la Comisión, en cuanto a la identificación del beneficiario efectivo de las ayudas anteriores a la escisión.

92 Por lo que respecta a las ayudas controvertidas abonadas a OA después de la escisión, la Comisión considera que podrían y deberían recuperarse también de NOA, si se probara, durante la ejecución de la Decisión impugnada, que su beneficio fue traspasado a NOA. La Comisión alega a este respecto que OA transfirió a NOA la ventaja resultante de las ayudas que la República Helénica le concedió, subarrendando a la nueva compañía aérea las aeronaves por rentas inferiores a las que ella misma abonaba a los arrendadores principales.

93 La Comisión aclara que la distribución entre OA y NOA de la obligación de restitución deberá determinarse al ejecutarse la Decisión impugnada.

94 En segundo lugar, en los asuntos T‑415/05 y T‑416/05, la Comisión se opone a la tesis de las demandantes encaminada a demostrar que NOA no sucede a OA a efectos de la recuperación de las ayudas controvertidas. Alega que la obtención de la restitución de las ayudas por parte de la entidad que ejerce la actividad económica que se ha beneficiado de las mismas tiene como fin restablecer las condiciones de una sana competencia.

95 Aeroporia Aigaiou, que interviene en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T‑416/05, señala que la cuestión relativa a la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA fue resuelta por la sentencia de 12 de mayo de 2005.

b) Apreciación del Tribunal

96 Con carácter previo, procede señalar que, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, la Comisión no confirmó la afirmación de OA, contenida en su respuesta a una pregunta escrita planteada por el Tribunal y reiterada en la vista, según la cual esta sociedad habría reembolsado íntegramente, con arreglo al artículo 2 de la Decisión impugnada, el importe de las ayudas controvertidas que le habían sido abonadas, con sus correspondientes intereses. En efecto, la Comisión formuló sus reservas en cuanto a la devolución íntegra de dichas ayudas, indicando al mismo tiempo que, habida cuenta de la puesta en liquidación de OA y de NOA, no exigiría a la República Helénica que obtuviera de NOA la restitución de las ayudas controvertidas otorgadas a OA.

97 Por su parte, la República Helénica y NOA declararon en la vista que mantenían sus motivos de impugnación en relación con la calificación de NOA como sucesora de OA, a efectos de la recuperación de las ayudas abonadas a OA.

98 En este contexto, tras haber determinado, en primer lugar, las medidas en favor de OA que podían ser objeto de una obligación de obtener de NOA la restitución, procede, en segundo lugar, definir el alcance jurídico de la Decisión impugnada, en cuanto a la declaración relativa a la sucesión de NOA a OA a efectos de la recuperación de la ayuda, antes de proceder a apreciar, en tercer lugar, la procedencia de extender la obligación de recuperación a NOA.

Sobre la determinación de las medidas en favor de OA que podían ser objeto de una obligación de reclamar a NOA la restitución de las ayudas.

99 Con carácter previo, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de mayo de 2005 (apartado 32), ha de distinguirse el examen de las propias medidas de reestructuración, a la luz de los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, de la cuestión, completamente independiente, de si NOA puede considerarse sucesora de OA, en cuanto a las actividades de vuelo, a efectos de la recuperación de las ayudas que fueron otorgadas a OA antes de la escisión. En el recurso por incumplimiento en el que se dictó la citada sentencia, se trataba solamente de apreciar las consecuencias jurídicas y económicas de dichas medidas de reestructuración en la ejecución de la Decisión de 11 de diciembre de 2002.

100 Tanto del requerimiento de información, como de la Decisión de 16 de marzo de 2004 de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, se infiere que la investigación de la Comisión se refería, en el presente caso, al conjunto de medidas vinculadas a la reestructuración y a la privatización del grupo Olympic Airways que podían contener elementos de ayuda de Estado (véanse los apartados 12 y 16 a 18 supra).

101 Sin embargo, en la Decisión impugnada, no se examinan las medidas de reestructuración, en cuanto tales, desde el punto de vista de su calificación a la luz de los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. La Comisión valora su naturaleza, y, en particular, la vinculación entre OA y NOA, sólo con el fin de poner de manifiesto la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA, a efectos de la recuperación de las ayudas controvertidas, por una parte, y de calificar las medidas examinadas en su contexto, por otra (véanse en particular, los apartados 164 a 178 infra).

102 Más concretamente, en relación con la recuperación de las ayudas, correspondía únicamente a la Comisión examinar, en la Decisión impugnada, la cuestión de la sucesión de OA a NOA, a efectos de la recuperación de las ayudas nuevas a OA, a que se refiere esta Decisión. En efecto, la cuestión de la determinación de los beneficiarios efectivos de las ayudas a que se refiere la Decisión de 11 de diciembre de 2002, a efectos de la ejecución de la orden de recuperación contenida en dicha Decisión, quedó zanjada en la sentencia de 12 de mayo de 2005 (véanse los apartados 7, 8 y 99 supra).

103 Además, procede señalar que la cuestión de la sucesión de NOA a OA, a efectos de la recuperación de las ayudas, sólo puede suscitarse, en este caso, en cuanto a las ayudas otorgadas a OA antes de la escisión de las actividades de vuelo y de la creación de NOA.

104 En efecto, de existir una continuidad económica entre estas dos sociedades, NOA puede ser considerada como beneficiaria efectiva de las ayudas que favorecieron al sector de las actividades de vuelo, que habían sido concedidas a la antigua compañía aérea OA antes de que NOA asumiera dichas actividades.

105 En cambio, contrariamente a lo alegado por la Comisión en sus dúplicas (véase el apartado 92 supra), no puede exigirse de NOA la restitución de las ayudas controvertidas otorgadas a OA después de la escisión por el único motivo de que dicha sociedad haya obtenido de las mismas una ventaja indirecta. En efecto, aun suponiendo que, como sostiene la Comisión, las ayudas de Estado concedidas a OA después de la escisión hayan permitido a esta sociedad conceder, a su vez, a la nueva empresa NOA ventajas que la misma no habría obtenido en condiciones normales de mercado, lo cual no ha quedado acreditado, esta circunstancia no permitiría por sí sola considerar que NOA es la beneficiaria efectiva de las ayudas otorgadas a OA.

106 En efecto, al faltar, tras la escisión, una unidad económica entre las dos sociedades, OA y NOA, cuya autonomía jurídica y financiera la Comisión no pone en duda en la Decisión impugnada, correspondía, en cualquier caso a la Comisión identificar claramente la ventaja supuestamente concedida a NOA por OA y apreciarla separadamente, a la luz de los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1 (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, Rec. p. I‑289, apartados 112 a 114, y del Tribunal General de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión, T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartados 313 y 314). Por cierto, esto fue lo que la Comisión realizó en la Decisión impugnada, en cuanto a la ayuda otorgada a NOA en forma de rentas poco elevadas por el subarriendo de aeronaves (véanse los apartados 154 a 253 infra).

107 De ello se deduce que, en el caso de autos, como sugieren las demandantes, la cuestión de la sucesión de NOA a OA, a efectos de la recuperación de las ayudas controvertidas, sólo se suscita en cuanto a la ayuda supuestamente concedida a OA en forma de tolerancia con respecto al impago por esta sociedad de los impuestos y de las cotizaciones a la seguridad social, a que se refiere el artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada, en tanto en cuanto dicha ayuda es anterior a la escisión. En efecto, todas las demás ayudas en favor de OA, a que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3, de esta Decisión, fueron otorgadas después de la escisión.

108 Sobre este particular, procede señalar desde ahora que los motivos invocados por las demandantes, en los asuntos T‑415/05 y T‑423/05, con vistas a obtener la anulación del artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada, deben desestimarse, como hará el Tribunal (véanse los apartados 378 a 394 infra).

109 En estas condiciones, procede determinar el alcance jurídico de la Decisión impugnada, en cuanto a la declaración relativa a la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA, a efectos de la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1, apartado 4, de la citada Decisión siempre que esta ayuda hubiera sido otorgada antes del 11 de diciembre de 2003.

Sobre el alcance jurídico de la Decisión impugnada, en cuanto a la declaración relativa a la sucesión de NOA a OA a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida

110 Con carácter preliminar, ha de señalarse que, dado que la Decisión impugnada fue adoptada el 14 de septiembre de 2005, la Comisión disponía, en el momento en que fue adoptada, de todos los elementos necesarios a efectos de la identificación, en la propia Decisión, de los beneficiarios a los que debía reclamarse la restitución de las ayudas de que se trata. Desde este punto de vista, las circunstancias que concurren en el caso de autos se distinguen de las que fueron examinadas por la Comisión en la Decisión de 11 de diciembre de 2002, anterior a la reestructuración del grupo Olympic Airways y a la creación de NOA, en el mes de diciembre de 2003.

111 No obstante, en la parte dispositiva de la Decisión impugnada, la Comisión no identifica explícitamente a NOA como beneficiaria efectiva de una parte de la ayuda concedida a OA, a que se refiere el artículo 1, apartado 4, de esta Decisión.

112 La Comisión se limita, en efecto, a establecer, en el artículo 2 de la Decisión impugnada, que la República Helénica reclamará a los «beneficiarios» la restitución de la ayuda contemplada en el artículo 1 de dicha Decisión. Por lo que respecta al artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada, se refiere expresamente a la ayuda ilegal otorgada a OA en forma de tolerancia de la República Helénica respecto a las deudas fiscales y de seguridad social de esta sociedad frente al Estado y no se refiere a NOA, como beneficiaria efectiva de una parte de esta ayuda.

113 En la sentencia de 14 de febrero de 2008, Comisión/Grecia, antes citada, en la que se declara que la República Helénica había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Decisión impugnada, el Tribunal de Justicia no consideró necesario examinar, en particular, si, en dicha Decisión se había considerado a NOA sucesora de OA a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida contemplada en el artículo 1, apartado 4. En efecto, en cuanto a esta ayuda, el Tribunal de Justicia únicamente comprobó si la Decisión impugnada contenía indicaciones que permitieran a las autoridades nacionales implicadas determinar por sí mismas, sin excesiva dificultad, los importes que debían recuperarse (apartados 42 a 44 de la sentencia).

114 En este contexto, corresponde al Tribunal, como alegan las demandantes, interpretar el contenido de la Decisión impugnada en cuanto a una posible obligación de obtener de NOA la restitución de la ayuda contemplada en el artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada.

115 Previamente, procede señalar que la Comisión justificó, en sus dúplicas en los asuntos T‑415/05 y T‑416/05, las contradicciones en su postura en cuanto a la interpretación de la Decisión impugnada, por su incertidumbre respecto a la fecha exacta de constitución de NOA (véase el apartado 90 supra).

116 En el asunto T‑416/05, NOA invocó el carácter nuevo y por lo tanto inadmisible de la argumentación relativa a la incertidumbre alegada por la Comisión en cuanto a la fecha exacta de constitución de NOA (véase el apartado 34 supra).

117 Sobre este particular, basta señalar que esta alegación de la Comisión carece, en todo caso, de pertinencia. En efecto, cualesquiera que sean las interpretaciones sucesivamente propuestas, en este caso, por la institución demandada, corresponde en definitiva al Tribunal interpretar la Decisión impugnada. En consecuencia, las posturas contradictorias adoptadas por la Comisión en relación con la interpretación de la Decisión impugnada y la invocación de la incertidumbre sobre la fecha exacta de constitución de NOA, para explicar la evolución de la postura de la Comisión, carecen de pertinencia y no deben perjudicar el derecho de defensa de las demandantes (sentencia del Tribunal de 7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión, T‑228/97, Rec. p. II‑2969, apartado 30). Además, procede señalar que la Decisión de 16 de marzo de 2004 de incoar el procedimiento de investigación formal (apartado 110) y la Decisión impugnada (apartado 6) indican expresamente que NOA fue creada el 12 de diciembre de 2003. Las demandantes confirmaron en la vista que NOA dio comienzo a sus actividades en dicha fecha. En este contexto, aunque la Comisión no hubiese sido informada a lo largo del procedimiento administrativo de que la fecha exacta de constitución de NOA es el 11 de diciembre de 2003, esta circunstancia no podía incidir en el contenido de la Decisión impugnada –ni, por lo tanto, en su interpretación– en cuanto a una posible designación de NOA como sucesora de OA a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida.

118 A efectos de la interpretación del artículo 2 de la Decisión impugnada, procede recordar que, según la jurisprudencia, la parte dispositiva de una decisión en el ámbito de las ayudas de Estado no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión, C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549, apartado 21, y sentencia de 12 de mayo de 2005, apartado 41, y la jurisprudencia citada).

119 Por lo tanto, en el caso de autos procede comprobar si el artículo 2 de la Decisión impugnada puede ser interpretado, a la luz de los motivos de esta Decisión, en el sentido de que contempla, entre los «beneficiarios de la ayuda contemplada en el artículo 1», a NOA como beneficiaria efectiva de la ayuda controvertida otorgada a OA, contemplada en el artículo 1, apartado 4, de la Decisión mencionada.

120 Al examinar, en el marco de la «apreciación de la ayuda» (apartado 6 de la Decisión impugnada), la naturaleza de la reestructuración del grupo Olympic Airways (considerandos 178 a 183 de la Decisión impugnada), la Comisión analizó de forma más detallada los aspectos de la reestructuración, que ya habían sido tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de mayo de 2005. La Comisión se basó en dicha sentencia, para llegar, en el considerando 183 de la Decisión impugnada, a la siguiente conclusión:

«Por lo tanto, es manifiesto que, aunque la reestructuración de OA en 2003 –de la que nace NOA– dio lugar a la creación de una entidad jurídica distinta, se llevó a cabo para evitar la recuperación de las ayudas en virtud de la Decisión [de 11 de diciembre de] 2002, y que NOA es sucesora de OA, al menos a efectos de la recuperación de las ayudas de Estado anteriores a la escisión.»

121 De este modo, para demostrar que NOA sucedió a OA a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida abonada a OA, la Comisión se limitó a desarrollar los datos en los que el Tribunal de Justicia se había basado, en la sentencia de 12 de mayo de 2005, para concluir que existía una continuidad económica entre OA y NOA, a efectos de la recuperación de las ayudas contempladas por la Decisión de 11 de diciembre de 2002. Sobre la base de estos datos, la Comisión concluyó explícitamente, en el considerando 183 de la Decisión impugnada, que la obligación de restitución, en particular, de la ayuda controvertida concedida a OA antes de la escisión, se extendía a NOA.

122 Por otra parte, al apreciar la compatibilidad de las ayudas otorgadas a NOA, la Comisión recordó, en la Decisión impugnada (considerandos 216 y 217), que, en la medida en que NOA era sucesora de OA a efectos de la recuperación de las ayudas, la ayuda nueva otorgada a NOA no podía declararse compatible con el mercado común, en tanto no se hubieran recuperado las ayudas anteriores a la escisión.

123 De este examen de la Decisión impugnada se desprende, que aunque es de lamentar que la Comisión no designara por su nombre, en la parte dispositiva de esta Decisión, a los beneficiarios a los que se debía solicitar la restitución de la ayuda contemplada en el artículo 1, apartado 4, y anterior a la escisión, la motivación de la Decisión permite identificar fácilmente a NOA como sucesora de OA a efectos de la recuperación de esta ayuda.

124 En este contexto, del artículo 2 de la Decisión impugnada, en relación con los motivos antes citados de dicha decisión, y, en particular, a la luz de la sentencia de 12 de mayo de 2005, se desprende claramente que la Comisión impuso a la República Helénica la obligación de solicitar la restitución de la ayuda otorgada a OA, antes de la escisión, no sólo a dicha sociedad, sino también, en su caso, a NOA.

125 El artículo 2 de la Decisión impugnada, que prevé la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1 de esta Decisión, debe, por lo tanto interpretarse en el sentido de que contiene una orden de solicitar a OA o a NOA la restitución de la ayuda anterior a la escisión, y que la distribución de la obligación de restitución entre estas dos sociedades debe determinarse al ejecutarse la Decisión.

126 En efecto, en cuanto a la distribución de la obligación de restitución entre los beneficiarios de una ayuda, procede recordar que, en una Decisión en la que se declara la incompatibilidad de una ayuda y se impone su recuperación, la Comisión no está obligada a precisar en qué medida cada empresa beneficiaria se ha beneficiado del importe de la ayuda de que se trata. Corresponde al Estado miembro afectado determinar el importe que cada una de esas empresas ha de rembolsar al restituirse la ayuda. En caso de que existan dificultades imprevistas, este Estado puede someter sus problemas a la apreciación de la Comisión, debiendo ésta y el Estado colaborar de buena fe, con arreglo al deber de cooperación leal consagrado, en particular, en el artículo 10 CE, con el fin de superar estas dificultades (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 11 de mayo de 2005, Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión, T‑111/01 y T‑133/01, Rec. p. II‑1579, apartado 124).

127 Esta solución viene confirmada por la sentencia de 12 de mayo de 2005, en la que el Tribunal de Justicia, al tiempo que pone el acento en el criterio puramente económico del restablecimiento de una competencia no falseada en el sector afectado, admite implícitamente la posibilidad de una obligación de reembolso meramente subsidiaria de NOA. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se limitó a declarar el incumplimiento, dejando a las autoridades nacionales competentes y a la Comisión la tarea de determinar, en el marco de su recíproco deber de cooperación leal, la distribución de la obligación de reembolso entre OA y NOA, en cuanto a las ayudas contempladas por la Decisión de 11 de diciembre de 2002.

128 En el caso de autos, vista la interpretación de la Decisión impugnada que se ha expuesto en los apartados 123 a 125 supra, procede examinar la motivación y la procedencia de la declaración de una continuidad económica entre OA y NOA a efectos de la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1, apartado 4, de la Decisión impugnada, anterior a la escisión.

Sobre la apreciación de la motivación y de la procedencia de la declaración, en la Decisión impugnada, de la sucesión de NOA a OA a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida

129 Antes de analizar la procedencia de los motivos basados en la insuficiencia de motivación y en error manifiesto de apreciación, expuestos por las demandantes en los asuntos T‑415/05 y T‑416/05, procede desestimar la alegación de NOA en relación con la inadmisibilidad de los motivos supuestamente nuevos de la Comisión cuando invoca, por una parte, la supuesta voluntad de la República Helénica de eludir la obligación de recuperación, y por otra, la ilegalidad de la existencia de NOA (véase el apartado 34 supra).

130 En efecto, del escrito de dúplica se desprende con claridad que la Comisión no invoca ningún motivo nuevo en relación con una supuesta voluntad de la República Helénica de eludir la obligación de recuperación por medio de la reestructuración del grupo Olympic Airways y de la creación de NOA. Al contrario, desarrolla el argumento, ya invocado en la Decisión impugnada y en el escrito de contestación, según el cual la falta de intención de la República Helénica de eludir esta obligación, alegada por la demandante, carece de pertinencia, desde el momento que la reestructuración obstaculiza la recuperación de las ayudas.

131 El argumento de la Comisión, según el cual la sentencia de 12 de mayo de 2005 afecta a la existencia misma de NOA, al declararla ilegal, se suscita en la controversia entre las partes sobre el alcance jurídico de dicha sentencia en cuanto a la identificación de la beneficiaria efectiva de la ayuda controvertida.

132 En cuanto al fondo del asunto, y con carácter preliminar, en la medida en que, al examinar el vínculo existente entre OA y NOA, la Comisión se basa, en particular, en los elementos que el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta en la sentencia de 12 de mayo de 2005 para declarar que «NOA es sucesora de OA, al menos, a efectos de la recuperación de las ayudas de Estado anteriores a la escisión» (considerando 183 de la Decisión impugnada), procede precisar el alcance jurídico de dicha sentencia en el caso de autos.

133 Contrariamente a lo alegado por la Comisión ante el Tribunal General, dicha sentencia únicamente puede tener autoridad de cosa juzgada en cuanto a la recuperación de las ayudas a que se refiere la Decisión de 11 de diciembre de 2002, en la medida en que el incumplimiento declarado en la misma se refería precisamente a la falta de ejecución de esta Decisión.

134 En particular, en cuanto a la declaración relativa a la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA, a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida anterior a la escisión, procede señalar que, aunque, en lo esencial, las circunstancias pertinentes susceptibles de ser tenidas en consideración son las mismas, tanto si se trata de la recuperación de las ayudas impuesta por la Decisión de 11 de diciembre de 2002 como de la recuperación de las ayudas en favor de OA anteriores a la escisión, impuesta en la Decisión impugnada, todos los elementos no son, sin embargo, idénticos. La diferencia radica en que la transmisión de los activos de OA a NOA, en el sector de las actividades de vuelo, según fórmulas que hacían imposible la reclamación a NOA de la restitución de la ayuda otorgada a OA, se produjo después de la adopción de la Decisión de 11 de diciembre de 2002, pero antes de la incoación del procedimiento de investigación formal que condujo a la adopción de la Decisión impugnada, el 14 de septiembre de 2005.

135 Ahora bien, el momento de la cesión de los activos a la nueva empresa figura entre los criterios que pueden ser tenidos en cuenta, en diversos grados, dependiendo del caso. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que, para apreciar si la obligación de recuperación de la ayuda abonada a una sociedad en dificultades puede extenderse a una nueva empresa a la cual esta antigua sociedad traspasó determinados activos, cuando dicho traspaso permite establecer una continuidad económica entre las dos sociedades, pueden valorarse los siguientes elementos: el objeto de la cesión (activos y pasivos, continuidad de la mano de obra, activos bundled), el precio de la cesión, la identidad de los accionistas o los propietarios de la nueva empresa titular y de la originaria, el momento en que se realizó la cesión (después de que se iniciasen las investigaciones, de la incoación del procedimiento o de la decisión final) o, por último, la lógica económica de la operación (sentencia Italia y SIM2 Multimedia/Comisión, antes citada, apartados 78, 80 y 85).

136 En el caso de autos, procede por tanto verificar si, habida cuenta del contexto fáctico del presente litigio, la Comisión pudo, sin exceder los límites de su facultad de apreciación, recoger, en la Decisión impugnada, el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de mayo de 2005 para concluir que existió una continuidad económica entre OA y NOA a efectos de la recuperación de la ayuda controvertida.

137 Por lo que atañe concretamente al criterio del momento de la cesión de los activos, cuyo contenido y alcance se desarrollan posteriormente (véase el apartado 146 infra), basta por ahora recordar que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de mayo de 2005, el traspaso de activos de la compañía OA, en dificultades, a la nueva empresa NOA, haciendo imposible obtener de la antigua compañía la recuperación de las ayudas contempladas en la Decisión de 11 de diciembre de 2002, había tenido lugar después de la adopción de esta Decisión (véase el apartado 134 supra). En los asuntos que dieron lugar a las sentencias Italia y SIM2 Multimedia/Comisión, antes citada (apartado 77), y Alemania/Comisión, antes citada (apartado 71), en el que se fundamenta de modo implícito el análisis desarrollado en la sentencia de 12 de mayo de 2005 (véanse los apartados 143 y 144 infra), las operaciones de «elusión» alegadas por la Comisión se realizaron, bien durante el procedimiento formal de investigación, bien en un momento en el que las autoridades nacionales competentes estaban informadas de la intención de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación.

138 En el caso de autos, procede señalar que el 8 de septiembre de 2003 se dirigió a la República Helénica un requerimiento instándola a proporcionar información en cuanto al conjunto de medidas vinculadas a la reestructuración y a la privatización de OA, que podían conllevar elementos de ayuda. Por lo tanto ni la República Helénica ni OA podían ignorar, cuando se creó NOA, que las medidas en favor de OA anteriores a la escisión podían ser objeto de investigación por parte de la Comisión y que existía una continuidad entre las mismas y determinadas ayudas anteriores, contempladas en la Decisión de 11 de diciembre de 2002, concedidas a OA en forma de tolerancia de la República Helénica con respecto al impago de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social.

139 Así las cosas, habida cuenta de la similitud del contexto fáctico, el análisis realizado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de mayo de 2005 según el cual, para restablecer una situación de competencia no falseada en el sector económico en cuestión, la obligación de recuperación de las ayudas abonadas a OA podía extenderse a NOA, a la que se habían cedido las actividades de producción más rentables de OA, también sirve, por las mismas razones, respecto a las ayudas anteriores a la escisión de que se trata en el caso de autos.

140 A este respecto, no puede compartirse la interpretación de la sentencia de 12 de mayo de 2005 propuesta por las demandantes, que sostienen que el Tribunal de Justicia no consideró a NOA sucesora de OA a efectos de la recuperación de la ayuda.

141 En efecto, en la sentencia de 12 de mayo de 2005 (apartados 33 y 34), el Tribunal de Justicia acogió el argumento de la Comisión según el cual la operación consistente en traspasar a la sociedad NOA los activos del sector de las actividades de vuelo de la compañía OA, libres de toda deuda, estructurada de tal forma que resultara imposible, en virtud del Derecho nacional, obtener de la nueva empresa NOA la recuperación de las deudas de la antigua compañía OA, «generó un obstáculo a la ejecución efectiva de la Decisión [de 11 de diciembre de 2002] y a la recuperación de las ayudas con las que [la República Helénica] había sostenido las actividades comerciales de dicha empresa» y «por lo tanto, el objetivo de la citada Decisión, [consistente] en restablecer una situación de competencia no falseada en el sector de la aviación civil, [había] quedado gravemente comprometido».

142 Al subrayar la necesidad de restablecer la situación de competencia en el sector de la aviación civil, el Tribunal de Justicia designó de este modo a NOA, implícitamente, como beneficiaria efectiva de las ayudas otorgadas a OA, a que se refiere la Decisión de 11 de diciembre de 2002, en la medida en que dichas ayudas a la antigua compañía aérea OA habían favorecido al sector de las actividades de vuelo transferido a NOA.

143 En efecto, a la luz de las conclusiones del Abogado General Geelhoed en el asunto en el que recayó la sentencia de 12 de mayo de 2005 (Rec. p. I‑3878, puntos 28 a 36), debe interpretarse que la sentencia de 12 de mayo de 2005 declara la existencia de una continuidad económica entre OA y NOA, en cuanto al sector de las actividades de vuelo, a efectos de la recuperación de las ayudas impuesta por la Decisión de 11 de diciembre de 2002. En consecuencia, la nueva compañía aérea NOA podía en principio, en su condición de empresa que disfrutó efectivamente de dichas ayudas, ser objeto de un procedimiento nacional de recuperación de las ayudas a que se refiere la Decisión antes citada, para restablecer una competencia no falseada en el sector económico afectado.

144 Para fundamentar su análisis, el Abogado General Geelhoed se basó concretamente en la sentencia Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión, antes citada, en la que el Tribunal de Justicia consideró que el hecho de permitir a una empresa en dificultades crear, durante el procedimiento de investigación formal sobre las ayudas que ha recibido, una filial para transferirle a continuación sus actividades de explotación más rentables, equivaldría a reconocer la posibilidad de que cualquier sociedad sustrajese dichos activos del patrimonio de la empresa matriz en el momento de la recuperación de las ayudas, lo que amenazaría con privar de efectos, en todo o en parte, a la recuperación de la ayuda. Para evitar que la decisión pierda su efecto útil y que continúe el falseamiento del mercado, la Comisión puede verse obligada a exigir que la acción de recuperación no se limite a la empresa originaria sino que se amplíe a aquella que continúe su actividad utilizando los medios de producción cedidos, cuando determinados elementos de la cesión permitan constatar que existe una continuidad económica entre las dos empresas (punto 33 de las conclusiones).

145 En el caso de autos, la argumentación de la República Helénica y de NOA, dirigida esencialmente a negar que los principales activos de OA, relacionados con el sector de las actividades de vuelo, se hubieran transferido a NOA, liberados del pasivo en su mayor parte, y según fórmulas que hacían imposible la restitución de las ayudas por parte de esta sociedad, pretende en realidad cuestionar el análisis en el que el Tribunal de Justicia basó su sentencia de 12 de mayo de 2005. En efecto, contrariamente a lo alegado por las demandantes, los principales elementos de hecho y de Derecho pertinentes tenidos en cuenta en la sentencia mencionada no han cambiado en el presente asunto. En particular, si bien es cierto que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que los activos del sector de las actividades de vuelo fueron transferidos a NOA «libres de toda deuda», esta consideración, basada en la información aportada por las partes, se explica por el hecho de que el Tribunal de Justicia, en el recurso por incumplimiento del que conocía, no tenía que examinar en detalle todos los aspectos de la reestructuración del grupo Olympic Airways, en particular, lo relativo a la transmisión de una parte muy reducida de las deudas a NOA y a la conservación por parte de OA de la totalidad de las deudas a largo plazo y del 90 % de las deudas a corto plazo. En este contexto, la circunstancia, invocada en el caso de autos por las demandantes, según la cual OA conservó las actividades de asistencia en tierra, mantenimiento y formación y el 10 % de sus deudas a corto plazo, es decir, de plazo inferior a un mes, fueron asumidas por NOA, como resulta del informe Moore Stephens, no puede modificar el análisis realizado en la sentencia de 12 de mayo de 2005.

146 Además, procede señalar que, contrariamente a lo alegado por las demandantes, lo