Palabras clave

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Palabras clave

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1. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Decisión de la Comisión de archivo de una denuncia relativa a una infracción del artículo 92 del Tratado por imposibilidad de reconocer el carácter de ayudas de Estado a las medidas denunciadas

(Tratado CE, arts. 92, 93 y 190)

2. Ayudas concedidas por los Estados ° Examen de las denuncias ° Obligaciones de la Comisión ° Posible organización de un debate contradictorio con el denunciante desde la fase preliminar

(Tratado CE, arts. 93 y 190)

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1. Una Decisión por la que la Comisión archiva una denuncia relativa a la concesión de una ayuda de Estado por un Estado miembro a una empresa debido a que las medidas censuradas por el denunciante no constituyen una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado debe estar motivada de modo que muestre de manera clara e inequívoca el razonamiento que haya llevado a la Comisión a negar la calificación de ayuda, de manera que el denunciante pueda conocer las razones del archivo de su denuncia con el fin de defender sus derechos y que el Tribunal de Primera Instancia pueda controlar la interpretación y la aplicación del concepto de ayuda de Estado, al que se refiere el citado artículo, efectuadas por la Comisión en el caso de autos.

No cumple con esta obligación de motivación la Decisión, adoptada tras una investigación especialmente larga de una denuncia considerada revestida de credibilidad en un primer momento, que no alude, sin tan siquiera invocar una regla de minimis, a una de las imputaciones alegadas en la denuncia; reconoce la existencia de una diferencia de régimen en cuanto a las cargas sociales respecto de las empresas competidoras de la empresa supuestamente ayudada, pero no explica por qué dicha diferencia no constituye una ayuda, como tampoco analiza las ventajas, sin embargo censuradas en la denuncia, en su caso concedidas a dicha empresa por parte de la autoridad pública en materia de alquiler de los locales puestos a su disposición; no examina si, como negaba la denuncia, los bienes y servicios que se prestan recíprocamente la empresa y la autoridad pública se facturan al precio de mercado y, por último, para negar el carácter de ayuda a un préstamo concedido por la autoridad pública se limita a señalar que devenga intereses, sin comprobar si el tipo de éstos constituye o no una ventaja para la empresa.

Estas deficiencias de motivación no pueden justificarse en la supuesta endeblez de los elementos aportados por el denunciante en su denuncia. En efecto, recabar la información y los elementos necesarios para verificar la procedencia de una denuncia que parece revestida de credibilidad constituye una tarea mucho más difícil para el denunciante que para la Comisión, ya que el primero choca generalmente con la obstrucción de la Administración contra la que pretende actuar, mientas que la segunda dispone de medios más eficaces y apropiados para obtener las informaciones necesarias para una investigación minuciosa e imparcial de la denuncia, investigación durante la cual, si pretende archivar la denuncia sin permitir hacer manifestaciones al denunciante, le incumbe, antes de adoptar la Decisión definitiva y sobre los elementos que ha obtenido, examinar de oficio las imputaciones que no habría dejado de formular el denunciante si hubiera podido tomar conocimiento de estos elementos.

2. La obligación de la Comisión de motivar la Decisión por la cual archiva una denuncia relativa a la concesión de una ayuda por un Estado miembro a una empresa porque las medidas denunciadas por el denunciante no constituyen una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado puede exigir, en determinadas circunstancias, un debate contradictorio con el denunciante, en la medida en que, para justificar suficientemente con arreglo a Derecho su apreciación de la naturaleza de las medidas denunciadas, la Comisión precisa conocer la posición del denunciante sobre los elementos que ella haya obtenido durante su investigación. En tales circunstancias, esta obligación constituye la prolongación necesaria de la obligación que incumbe a la Comisión de tramitar de manera diligente e imparcial la investigación del expediente, recabando toda la información necesaria, sin que ello prejuzgue, en absoluto, la iniciación del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado.