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Considerando que la primera cuestión tiene por objeto saber si el Tratado debe interpretarse en el sentido de que prohíbe a un Estado miembro percibir tributos internos sobre productos importados de otro Estado miembro «que no compiten ni con productos nacionales similares, en el sentido del párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE, ni con productos nacionales que pudieran sustituirles, en el sentido del párrafo segundo del artículo 95 del Tratado CEE»; que con su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea saber, para el caso de que el Tratado prohibiera la percepción de tributos sobre los productos a que se refiere la primera cuestión, si dicha norma tendría efectos jurídicos inmediatos a favor del particular. Considerando que las cuestiones planteadas, teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional nacional se remite a las disposiciones del artículo 95, se refieren a los tributos internos contemplados en dicha disposición. Considerando que unos tributos como los que son objeto del litigio principal, recaudados dentro del marco de una legislación relativa al impuesto sobre el volumen de negocios, no constituyen un tributo específico sobre los productos importados, sino que pertenecen a un tributo general que grava indistintamente a todas las categorías de productos, tanto internos como importados, y ello incluso cuando se perciben en el momento de la importación; que dichos tributos están comprendidos, en principio, dentro del concepto de tributos internos del artículo 95, confirmado, por lo demás, por el impuesto sobre el volumen de negocios y por varios artículos del mismo capítulo sobre disposiciones fiscales. Considerando que el artículo 95 debe garantizar que la aplicación de los tributos internos no tenga por resultado gravar, en un Estado miembro, los productos procedentes de los demás Estados miembros con tributos superiores a los que graven los productos nacionales similares, o con tributos que puedan proteger otras producciones nacionales contempladas en el párrafo segundo del mismo artículo; que si bien el artículo 95, por su propia estructura, tanto por la precisión de su párrafo primero como por la generalidad de los términos de su párrafo segundo, contribuye al restablecimiento de un mercado común que garantiza la libre circulación de mercancías, sin embargo, se extendería su alcance más allá de su finalidad, si se dedujera del mismo la prohibición de gravar con tributos internos las mercancías importadas que no compitan con un producto nacional; que los tributos internos y, en particular, el impuesto sobre el volumen de negocios, tienen una finalidad esencialmente fiscal; que, por lo tanto, no hay razón para que algunos productos importados se beneficien de un régimen privilegiado por el hecho de que no existan producciones nacionales que puedan ser protegidas; que, en efecto, dicho tributo, cuando es recaudado a la importación, incluso sobre productos que no compiten con los productos nacionales, está destinado a colocar en una situación fiscal comparable a todas las categorías de productos, sin distinción de origen; que, por dicha razón, procede responder a la primera cuestión declarando que el artículo 95 no prohíbe a los Estados miembros gravar los productos importados con un tributo interno cuando no haya un producto nacional similar u otras producciones nacionales que puedan ser protegidas; que, por consiguiente, la segunda cuestión no tiene objeto.