SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 19 de marzo de 1998

Asunto T-74/96

Georges Tzoanos

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Decisión de separación del servicio — Recurso de anulación — Existencia simultánea de un procedimiento disciplinario y de un proceso penal — Errores de apreciación — Derecho de defensa — Artículos 12, 13, 14, 21 y 86 del Estatuto — Principio de proporcionalidad — Principio de igualdad de trato — Desviación de poder»

Texto completo en lengua francesa II-343

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 22 de junio de 1995 por la que el demandante fue separado del servicio sin pérdida de su derecho a pensión de jubilación, así como de la decisión denegatoria expresa, de 19 de febrero de 1996, de la reclamación presentada por el demandante el 21 de septiembre de 1995 contra la decisión de 22 de junio de 1995.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 22 de diciembre de 1994, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) presentó al Consejo de disciplina cinco imputaciones formuladas contra el demandante, antiguo Jefe de la Unidad 3 «Turismo» de la Dirección A «Promoción empresarial y mejora del entorno empresarial» de la Dirección General de Política de la empresa, comercio, turismo y economía social (DG XXIII) (Unidad XXIII.A.3).

Se reprochaba al demandante, en primer lugar, «haber ejercido y ejercer actividades ajenas al servicio no autorizadas». En segundo lugar, se le reprochaba «haber incumplido su deber de discreción por haber tenido el mismo domicilio que una empresa externa que participa de modo habitual en proyectos subvencionados por la Comisión o que ésta va a subvencionar, sin informar de esa circunstancia a sus superiores, y por haber expresado públicamente críticas relativas a un organismo nacional del sector turístico». En tercer lugar, se le reprochaba «haber prestado servicios en el ámbito de sus actividades profesionales en la Comisión por cuenta de personas o entidades ajenas a la Institución, que pudieron comprometer su independencia en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Unidad de la Comisión». En cuarto lugar, se le reprochaba «haber elaborado documentos para personas u organismos ajenos a la Institución destinados posteriormente, bien a la Comisión y contrarios a sus intereses, o bien a socios externos en proyectos que disfrutan de subvenciones comunitarias». En quinto lugar, se le reprochaba «haber cometido irregularidades administrativas y faltas de gestión presupuestaria y financiera durante el ejercicio de sus funciones de Jefe de la Unidad “Turismo”».

El 23 de mayo de 1995, el Consejo de disciplina emitió un dictamen motivado en el que recomendaba a la AFPN imponer al demandante la sanción disciplinaria prevista en la letra f) del apartado 2 del artículo 86 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), a saber, la separación del servicio sin pérdida del derecho a pensión.

El 22 de junio de 1995, la AFPN decidió acoger las cinco imputaciones que presentó al Consejo de disciplina, al estimar, al igual que éste, que los hechos imputados al demandante estaban demostrados mediante pruebas indiscutibles y eran admitidos en gran medida por el demandante, e imponerle la sanción disciplinaria recomendada por el Consejo de disciplina.

Mediante escrito de 21 de septiembre de 1995, registrado en la Secretaría General de la Comisión el 25 de septiembre de 1995, el demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, que se desestimó de modo expreso mediante decisión de 19 de febrero de 1996.

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de mayo de 1996, el demandante interpuso el presente recurso.

Sobre el fondo

Sobre el cuarto motivo, basado en la vulneración del párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto y del párrafo segundo del artículo 7 del Anexo IX del Estatuto

Como las partes no discuten que el demandante está sometido a procesos penales que se iniciaron, al menos en Bélgica, en una época en que se estaba tramitando en su contra un procedimiento disciplinario, procede examinar la conformidad de la decisión impugnada con el párrafo segundo del artículo 7 del Anexo IX y con el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto (apartado 31).

Según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 7 del Anexo IX del Estatuto, el Consejo de disciplina goza de una facultad discrecional de no emitir su dictamen en caso de que esté en curso un proceso penal contra un funcionario (apartado 32).

Por el contrario, el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto no confiere tal facultad discrecional a la AFPN encargada de adoptar una decisión definitiva sobre la situación de un funcionario contra el que se ha iniciado un procedimiento disciplinario. El objetivo de esta disposición consiste en evitar que la autoridad administrativa encargada de adoptar una decisión mediante la que se impone una sanción disciplinaria a un funcionario y el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo que debe controlar la legalidad de la decisión así adoptada no se pronuncien sobre hechos que, cuando se tramita el procedimiento disciplinario, son también objeto de procesos penales, antes de que el órgano jurisdiccional penal que conoce de los hechos se pronuncie con carácter definitivo sobre la realidad material de los mismos, de modo que en el marco de los procesos penales incoados frente al funcionario no se coloque a éste en una situación menos favorable que la que habría tenido a falta de dicha decisión de la autoridad administrativa y, en su caso, a falta de la resolución del órgano jurisdiccional contencioso-administrativo que, en el presente caso, es el Tribunal de Primera Instancia. Esta norma se justifica, en especial, por la diferencia en el alcance del control que pueden efectuar la autoridad administrativa y los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, por una parte, y la autoridad y los órganos jurisdiccionales penales, por otra; normalmente, estos últimos disponen de una facultad de control más amplia que los primeros. La razón de ser del párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto se deriva de la voluntad de no afectar a la situación del funcionario de que se trata en el marco de un proceso penal que se ha incoado en su contra como consecuencia de hechos que constituyen, además, el objeto de un procedimiento disciplinario en el seno de su Institución (apartados 33 y 34 ).

Del sistema del párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto se desprende que incumbe al funcionario de que se trata facilitar a la AFPN los elementos que permitan apreciar si los hechos que se le imputan en el marco de un procedimiento disciplinario son simultáneamente objeto de un proceso penal incoado en su contra. Para cumplir esta obligación, el funcionario de que se trata debe, en principio, demostrar que mientras estaba sometido a un procedimiento disciplinario se inició en su contra un proceso penal. En efecto, sólo cuando se inicie dicho proceso penal se podrán determinar los hechos a que se refiere y compararlos con los que originaron la apertura del procedimiento disciplinario, con el fin de determinar su posible identidad (apartado 35).

En el presente asunto, de los datos que obran en los autos se desprende que en la fecha en que se adoptó la decisión impugnada no se había iniciado ningún proceso penal contra el demandante. Habida cuenta de la inexistencia de un proceso penal en su contra en la fecha en que se adoptó la decisión impugnada, el demandante no puede, por tanto, reprochar pura y simplemente a la Comisión haber vulnerado en su perjuicio el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto (apartados 36 y 37).

No obstante, en la medida en que, en esa fecha, el demandante era objeto de una investigación que podía dar origen a un proceso penal, procede permitirle, de conformidad con la rado legis del párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto, demostrar de modo específico que una decisión definitiva sobre su situación podía afectar a su posición en un eventual proceso penal posterior relativo a los mismos hechos al que podría conducir la investigación que estaba en curso durante el procedimiento disciplinario. A este respecto, incumbe al demandante determinar con precisión dichos hechos, indicando los motivos por los que, con respecto a cada uno de esos hechos, una decisión de la Comisión podría afectar a su posición en eventuales procesos penales posteriores (apartado 38).

De los documentos que obran en autos se desprende que el demandante no determinó de forma precisa tales hechos en el marco del procedimiento disciplinario que condujo a la adopción de la decisión litigiosa. Con ocasión del examen de los motivos primero y segundo, el Tribunal de Primera Instancia examinará si el demandante ha aportado indicaciones más precisas en el marco del presente procedimiento (apartados 39 y 40).

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de los artículos 12, 13 y 14 del Estatuto y del principio general del Derecho según el cual todo acto administrativo debe tener una motivación legalmente admisible

Sobre la primera imputación

Se reprocha al demandante, en primer lugar, haber ejercido y ejercer actividades ajenas al servicio no autorizadas. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia rechaza la alegación según la cual no cabe estimar determinados elementos en apoyo de la primera imputación debido a que no figuraban en el informe inicial por el que se incoó el procedimiento ante el Consejo de disciplina, sino en un informe complementario presentado durante el procedimiento.

A este respecto, las disposiciones del Anexo IX del Estatuto, relativo al procedimiento disciplinario, no exigen que todos los hechos imputados al funcionario que sean objeto de un procedimiento disciplinario figuren en el informe inicial, previsto en el artículo 1 de dicho Anexo, por el que se incoa el procedimiento ante el Consejo de disciplina. En efecto, por una parte, no cabe excluir que, durante el procedimiento disciplinario lleguen a conocimiento de la AFPN hechos nuevos y censurables que no conocía en el momento en que elevó su informe al Consejo de disciplina. Por otra parte, tampoco puede excluirse que la AFPN no advierta el carácter censurable de determinados hechos hasta después de haber elevado su informe al Consejo de disciplina. En estos casos, es preciso que la AFPN esté facultada para elaborar un informe complementario con el fin de ampliar el alcance del informe inicial por el que se incoa el procedimiento disciplinario, añadiendo tales hechos a los indicados en el informe inicial. La comunicación de un informe complementario y su tramitación en el marco del procedimiento disciplinario previsto en el Anexo IX del Estatuto están sometidas a las mismas disposiciones que regulan la comunicación y tramitación del informe inicial por el que se incoa el procedimiento (apartado 58).

El Tribunal de Primera Instancia declara que sólo los elementos cuya realidad admite el demandante acreditan, desde este momento, que ejerció una actividad ajena al servicio no autorizada a efectos del párrafo tercero del artículo 12 del Estatuto.

A tenor del párrafo tercero del artículo 12 del Estatuto, la obligación de solicitar autorización a la AFPN existe desde el momento en que el funcionario se proponga «ejercer una actividad ajena al servicio, remunerada o no, o cumplir un mandato fuera del ámbito de las Comunidades». Dicha obligación se impone con carácter general, sin efectuar ninguna distinción relativa a la índole o a la importancia de las actividades o del mandato de que se trata. Por tanto, en virtud de la segunda frase del párrafo tercero del artículo 12 del Estatuto, corresponde de modo exclusivo a la AFPN valorar las características de la actividad o del mandato en el momento en que examina la solicitud de autorización (apartado 66).

No están acreditadas las supuestas inexactitudes materiales alegadas por el demandante con respecto a los hechos que se le reprochan en el marco de la primera imputación y todos esos hechos pueden ser objeto de una decisión definitiva sobre su situación adoptada al término del procedimiento disciplinario, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto (apartados 67 a 79).

Sobre la segunda imputación

En segundo lugar, se reprocha al demandante haber incumplido su deber de discreción por haber tenido el mismo domicilio que una empresa externa que participa de modo habitual en proyectos subvencionados por la Comisión o que ésta va a subvencionar, sin informar de esta circunstancia a sus superiores, y por haber expresado públicamente críticas relativas a un organismo nacional del sector turístico.

No están acreditadas las supuestas inexactitudes materiales alegadas por el demandante con respecto a los hechos que se le reprochan en el marco de la segunda imputación y todos esos hechos pueden ser objeto de una decisión definitiva sobre su situación adoptada al término del procedimiento disciplinario, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto (apartados 95 a 109).

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que en el párrafo primero del artículo 12 del Estatuto se impone al funcionario la obligación de abstenerse de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión que pudiera atentar a la dignidad de su función. A este respecto, no cabe excluir a priori que el respeto de la obligación prevista en el párrafo primero del artículo 12 del Estatuto implique el deber de un funcionario personalmente cuestionado en uno o varios artículos de prensa de remitirse a los servicios de su Institución encargados de modo específico de las relaciones con la prensa, con el fin, en particular, de preservar la dignidad de sus funciones en el seno de la Institución de que se trata (apartado 101).

Sobre las imputaciones tercera y cuarta

Por último, se reprocha al demandante haber prestado servicios en el ámbito de sus actividades profesionales en la Comisión por cuenta de personas o entidades ajenas a la Institución, que pudieron comprometer su independencia en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Unidad de la Comisión, y haber elaborado documentos para personas o entidades ajenas a la Institución destinados posteriormente, bien a la Comisión y contrarios a sus intereses, o bien a socios externos en proyectos que disfrutan de subvenciones comunitarias.

No están acreditadas las supuestas inexactitudes materiales y errores de apreciación alegados por el demandante con respecto a los hechos que se le reprochan en el marco de las imputaciones tercera y cuarta, y todos esos hechos pueden ser objeto de una decisión definitiva sobre su situación adoptada al término del procedimiento disciplinario, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto.

La Comisión tiene derecho a considerar que el demandante ejerció a sabiendas y de modo persistente actividades ajenas al servicio no autorizadas que eliminan todas las garantías de su independencia y que pueden originar graves conflictos de intereses con el ejercicio de sus funciones, y que el demandante descuidó gravemente los deberes de responsabilidad, independencia y honorabilidad que le incumben por su condición de alto funcionario destinado a desempeñar, en el seno de la Institución, importantes funciones de gestión en un sector específico y delicado. Al no haber informado a la Comisión, de forma deliberada y continua, de la índole real de sus actividades y de las relaciones que estableció con sociedades cuyo objeto está incluido en el ámbito de sus propias funciones en la Comisión, el demandante incumplió gravemente su deber de lealtad a la Institución y, además, infringió de ese modo el artículo 12 del Estatuto. Esos incumplimientos perjudicaron gravemente la imagen, la reputación y los intereses de la Comisión (apartado 178).

Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del artículo 21 del Estatuto

En el marco de este motivo, el demandante critica, por una parte, la descripción en términos generales de sus funciones de Jefe de la Unidad XXIII.A.3, utilizada por la Comisión para imputarle determinadas irregularidades en la selección y seguimiento de distintos proyectos y, por otra, los reproches que se le dirigen en la decisión impugnada con respecto a determinados proyectos (apartado 180).

Sobre la primera parte, basada en una descripción inadecuada de las funciones del demandante

El demandante rechaza las responsabilidades que le imputa la Comisión en el marco de la quinta imputación de la decisión impugnada. Por tanto, es preciso comprobar si la Comisión, al definir en la decisión impugnada las responsabilidades del demandante como Jefe de la Unidad XXIII.A.3, vulneró el artículo 21 del Estatuto (apartado 187).

El demandante no puede reprochar a la Comisión haber vulnerado el artículo 21 del Estatuto al atribuirle, en el marco de la quinta imputación, una responsabilidad en la gestión administrativa de los proyectos subvencionados por la Comisión en el sector turístico en la selección de dichos proyectos y en su seguimiento presupuestario y financiero, basándose en que los cometidos que así se le atribuyeron de forma general no corresponden a su función de Jefe de la Unidad XXIII.A.3 (apartado 207).

Además, ninguno de los elementos discutidos por las partes en lo que respecta a la definición de las responsabilidades que corresponden al demandante como Jefe de la Unidad XXIII. A.3 puede llevar a la aplicación del párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto (apartado 208).

Sobre la segunda parte, basada en errores que afectan a las imputaciones particulares formuladas en la decisión impugnada

El Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión no vulnera el artículo 21 del Estatuto al acoger las imputaciones controvertidas contra el demandante.

Teniendo en cuenta la totalidad de los elementos examinados en el marco del segundo motivo del presente recurso, debe considerarse que las imputaciones dirigidas contra el demandante en la decisión impugnada acreditan de modo suficiente, con arreglo a Derecho y desde el punto de vista fáctico, la procedencia de la quinta imputación, de forma que la Comisión, al acoger dichos elementos en la decisión impugnada, no vulnera el artículo 21 del Estatuto. Por tanto, procede desestimar asimismo la segunda parte del segundo motivo. En la medida en que de la apreciación de esta segunda parte del segundo motivo se desprende que tampoco puede aplicarse el párrafo quinto del artículo 88 del Estatuto en el marco de ésta, procede desestimar definitivamente el cuarto motivo del recurso (apartado 308).

Sobre el tercer motivo, basado en una violación del derecho de defensa

Procede pronunciarse, en primer lugar, sobre la cuestión de si la Comisión puede inspeccionar la memoria del ordenador asignado al demandante y el despacho que ocupa en ausencia de éste, sin que se haya iniciado en contra del demandante un procedimiento disciplinario, y utilizar con posterioridad los elementos eventualmente descubiertos de este modo (apartado 319).

A este respecto, no cabe hablar de que se haya ejercido ninguna fuerza en las cosas, puesto que tanto el ordenador como el despacho de los que disfruta el demandante en la Unidad XXIII.A.3 fueron facilitados por la Comisión para el ejercicio exclusivo de sus funciones de Jefe de Unidad. En efecto, además de que la Comisión conserva la propiedad de estos instrumentos de trabajo, el demandante no ha ni demostrado ni tan siquiera alegado que la Comisión le confiriera un derecho especial sobre los mismos, con excepción del derecho de utilizarlos en el exclusivo marco de sus funciones. Por tanto, no procede considerar que la Comisión ejerció fuerza alguna en las cosas al acceder a los datos contenidos en ese ordenador o entrar en el espacio ocupado por ese despacho (apartado 320).

En ninguna disposición del Estatuto o de otra normativa aplicable al presente caso se establece que la Comisión sólo puede conseguir los documentos guardados en la memoria del ordenador o en el despacho facilitado a un funcionario cuando se haya iniciado un procedimiento disciplinario contra dicho funcionario o en presencia de éste. La condición de propietaria del material, que puede invocar la Comisión, y la obligación de todo funcionario de servir los intereses de la Institución en la que ejerce sus funciones implican que no cabe exigir de la Institución de que se trata que acredite un motivo específico para acceder a su equipo. Las operaciones de control del contenido de los equipos informáticos y de los despachos no requieren la presencia del funcionario de que se trata, en la medida en que la Institución efectúa una mera inspección de sus propios recursos. Por consiguiente, el funcionario de que se trata no puede invocar, en tales circunstancias, una violación de su derecho de defensa (apartados 321 y 322).

En segundo lugar, procede examinar las alegaciones de las partes relativas al acceso al expediente (apartado 328).

En lo que respecta a la primera categoría de documentos, a saber, los utilizados para formular el informe de auditoría de la DG XX de 16 de mayo de 1994, las críticas del demandante se refieren exclusivamente a los documentos que no se adjuntaron a ese informe y cuya falta supuestamente afectó a su derecho de defensa en el marco del presente procedimiento (apartado 329).

A este respecto, es obligado efectuar dos observaciones. Por una parte, durante la vista el demandante no se opuso a la afirmación de la Comisión según la cual tuvo acceso al expediente de que dispusieron el Consejo de disciplina para emitir su dictamen y la AFPN para adoptar la decisión impugnada. De ello ha de deducirse que en el presente caso se respetó el principio de igualdad de medios de defensa consagrado por la jurisprudencia y que el demandante pudo conocer todos los elementos de hecho en los que se basó la decisión, y ello en plazo hábil para presentar sus observaciones. Por otra parte, aun cuando deba reconocerse al demandante el derecho de acceder a otros documentos distintos de los que se le comunicaron durante el procedimiento disciplinario, el ejercicio de ese derecho no puede afectar a los hechos probados y, por tanto, demostrar una violación del derecho de defensa del demandante (apartado 329).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión (T-30/91, Rec. p. II-1775), apartado 83; Tribunal de Primera Instancia, 15 de mayo de 1997, N./Comisión (T-273/94, RecFP p. II-289), apartado 88

En tercer lugar, procede pronunciarse sobre la supuesta parcialidad del funcionario encargado por la AFPN de llevar a cabo la audiencia del demandante, a la luz del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) (apartado 338).

Al no ser judicial sino administrativo el procedimiento tramitado ante la Comisión, no puede calificarse a ésta de «tribunal» a efectos del artículo 6 del CEDH. Por tanto, no cabe exigir a la Comisión el respeto de las características que ese artículo impone a un «tribunal», cuando, en el marco de un procedimiento disciplinario, procede a oír a un funcionario (apartado 339).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión (asuntos acumulados 100/80, 101/80. 102/80 y 103/80, Rec. p. 1825), apartado 7; Tribunal de Primera Instancia, 17 de octubre de 1991, De Compte/Parlamento (T-26/89, Rec. p. II-781), apartado 94

A continuación, es preciso subrayar que la audiencia efectuada, a solicitud de la AFPN, en esta fase del procedimiento disciplinario está destinada a permitir que esta última examine la cuestión de si procede elevar un informe al Consejo de disciplina con arreglo al artículo 1 del Anexo IX del Estatuto y, en tal caso, elaborar el informe en el que se indican los comportamientos reprochados y, en su caso, las circunstancias en las que se adoptan. La persona encargada de esta instrucción actúa en representación de la AFPN. Sólo en una fase posterior del procedimiento, cuando el Consejo de disciplina conoce del asunto, procede verificar si el expediente se tramitó de modo imparcial, puesto que el Consejo de disciplina, integrado paritariamente por representantes de la Comisión y del personal, actúa como órgano tercero con respecto a las partes del litigio, en el presente caso el demandante y la Comisión. En esa fase, los eventuales problemas a que se haya enfrentado el demandante durante la audiencia ante la AFPN pueden presentarse al Consejo de disciplina. Procede insistir, a este respecto, en el hecho de que el artículo 87 del Estatuto exige simplemente que el funcionario a quien se pretenda imponer una sanción disciplinaria sea oído por la AFPN (apartado 340).

En cuarto lugar, es preciso desestimar la alegación del demandante según la cual no pudo defenderse ante el Consejo de disciplina de las imputaciones concretas formuladas en el marco del quinto motivo. En efecto, basta conocer el informe por el que se incoó el procedimiento disciplinario de 22 de diciembre de 1994 para comprobar que las imputaciones concretas acogidas en contra el demandante en el marco del quinto motivo se formularon en dicho informe (apartado 343).

En quinto lugar, procede determinar si el informe de auditoría de la DG XX de 16 de mayo de 1994 debía elaborarse de modo contradictorio (apartado 345).

A este respecto, es preciso subrayar que, como señala con razón la Comisión, los informes de auditoría de la DG XX no deben elaborarse necesariamente de modo contradictorio, puesto que se elaboran en interés general de la Institución y no en el marco de un procedimiento contradictorio incoado contra un funcionario (apartado 346).

Sobre el quinto motivo, basado en una vulneración del principio de proporcionalidad, del principio de igualdad de trato y del artículo 86 del Estatuto, y en una desviación de poder

El principio de proporcionalidad, tal como lo consagra la jurisprudencia, entraña dos aspectos. Por una parte, de la jurisprudencia se desprende que la elección de la sanción adecuada corresponde a la AFPN, cuando se acredite la realidad de los hechos imputados al funcionario, y que el Juez comunitario no puede censurar la elección de la sanción disciplinaria efectuada por la AFPN, a menos que la sanción impuesta sea desproporcionada con respecto a los hechos reprochados al funcionario. Por otra parte, la determinación de la sanción se funda en una evaluación global de todos los hechos concretos y circunstancias propias del caso específico, al no preverse en los artículos 86 y 89 del Estatuto relaciones fijas entre las diferentes clases de incumplimientos cometidos por los funcionarios y al no precisarse en qué medida el hecho de existir circunstancias agravantes o atenuantes debe intervenir en la elección de la sanción. Por tanto, el examen del Juez comunitario se limita a la cuestión de dilucidar si la ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes realizada por la AFPN se efectuó de modo proporcionado, precisándose que, durante este examen, no puede sustituir a la AFPN en cuanto a los juicios de valor efectuados a este respecto por ésta (apartado 352).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1970, Van Eick/Comisión (13/69, Rec. p. 3), apartados 24 y 25; Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1973, De Greef/Comisión (46/72, Rec. p. 543), apartados 44 a 46; Tribunal de Justicia, 29 de enero de 1985, F./Comisión (228/83, Rec. p. 275), apartado 34; Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, F./Comisión (403/85, Rec. p. 645), apartado 26; Tribunal de Justicia, 19 de abril de 1988, M./Consejo (asuntos acumulados 175/86 y 209/86, Rec. p. 1891), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 7 de marzo de 1996, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/94, RecFP p. II-329)

En el presente asunto, el demandante no ha acreditado la existencia de una violación del principio de proporcionalidad (apartado 354).

En lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de igualdad de trato y del artículo 86 del Estatuto, procede insistir en el hecho de que la determinación del carácter culposo o irregular del comportamiento del demandante implica necesariamente tener en cuenta sus responsabilidades en la Comisión, más en particular como Jefe de la Unidad XXIII. A.3, puesto que ello permite precisamente distinguir los comportamientos regulares de los irregulares (apartado 355).

Además, no cabe sostener que la gravedad de la sanción impuesta al demandante se derive de su grado. En efecto, de los considerandos de la decisión impugnada se desprende que la gravedad de esta sanción corresponde a la gravedad de las irregularidades cometidas en el marco de las responsabilidades que le incumben como Jefe de la Unidad XXIII. A.3. Asimismo, del tenor del artículo 86 del Estatuto no se desprende que no puedan tenerse en cuenta el grado y las responsabilidades del funcionario para evaluar la gravedad de la sanción que debe imponerse. Por tanto, procede concluir que, en el presente asunto, el demandante no ha demostrado la vulneración del principio de igualdad de trato y del artículo 86 del Estatuto (apartado 356).

En lo que respecta a la supuesta existencia de una desviación de poder, procede recordar que la desviación de poder consiste en el uso de sus atribuciones por una autoridad administrativa con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron concedidas. Por tanto, una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se manifiesta, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se alegan (apartado 357).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de noviembre de 1991, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/89, Rec. p. II-1293), apartados 87 y 88; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 70

Los distintos elementos aportados por el demandante no constituyen indicios objetivos, oportunos y concordantes que acrediten de modo suficiente conforme a Derecho que su separación del servicio se decidió con un fin distinto del de sancionarle por las faltas que cometió en el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión (apartado 358).

Fallo:

Se desestima el recurso.