Por otra parte, el derecho de defensa de una de las partes recurrentes no se vulnera cuando el Tribunal General expone la motivación de la decisión controvertida en respuesta a alegaciones formuladas por partes recurrentes pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

Sin embargo, no puede reprocharse al Tribunal General haber sustituido la motivación de la Comisión por la suya propia en lo que respecta a la imputabilidad a una sociedad matriz de la infracción cometida por su filial si los motivos de la sentencia en cuestión se refieren a elementos invocados por las demandantes ante el Tribunal General con el fin de refutar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva, que dicho Tribunal está obligado a examinar en el marco del control de la legalidad de la decisión controvertida.

En este mismo marco, la Comisión debe respetar también el principio de seguridad jurídica, que exige que cualquier acto adoptado por las instituciones de la Unión sea claro y preciso, de manera que permita a los interesados conocer con exactitud los derechos y obligaciones que de él se derivan y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. A este respecto, debe constatarse una violación del principio de seguridad jurídica en la medida en que el método elegido por la Comisión para definir la solidaridad entre la filial que ha cometido una infracción del Derecho de la competencia y sus sociedades matrices sucesivas no permite a esas sociedades matrices conocer con exactitud la cuantía de la multa que deben abonar por el período respecto del que son consideradas responsables de la infracción solidariamente con su filial.

Así pues, está obligada a respetar el principio de individualización de las penas y de las sanciones, que exige que, conforme al artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, la cuantía de la multa que debe pagarse solidariamente se determine en función de la gravedad de la infracción individualmente reprochada a la empresa en cuestión y de su duración. Por consiguiente, cuando la Comisión pretende condenar solidariamente a una filial que ha cometido una infracción y a cada una de las sociedades matrices con las que ha formado sucesivamente una empresa distinta durante el período de infracción, este principio exige que dicha institución determine por separado, para cada una de las empresas implicadas, la cuantía de la multa que deben pagar solidariamente las sociedades que forman parte de ella, en función de la gravedad de la infracción individualmente reprochada a cada empresa afectada y de su duración.

La competencia de que dispone la Comisión en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 para imponer una multa que deben pagar solidariamente varias personas jurídicas que forman parte de una única empresa se limita a la determinación del importe de la multa del que deben responder solidariamente dichas personas jurídicas, es decir, la relación externa de solidaridad, pero no comprende la facultad de determinar la cuota de ese importe que deberán asumir los codeudores solidarios en el marco de la relación interna de solidaridad.

Por el contrario, cuando no se establecen por vía contractual las cuotas de los codeudores de una multa impuesta solidariamente, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar esas cuotas con arreglo al Derecho nacional, respetando el Derecho de la Unión.

De ello se deduce que no puede exigirse que cada sociedad deba poder deducir de la decisión que le impone una multa que debe pagarse solidariamente con una o varias sociedades distintas la cuota que tendrá que asumir en su relación con los codeudores solidarios una vez realizado el pago a la Comisión. Por consiguiente, la falta de determinación de la cuota en la decisión de la Comisión que impone solidariamente una multa no puede constituir, en sí misma, una violación del principio de seguridad jurídica.

Además, dado que la facultad de llevar a cabo el reparto interno de la cuantía de una multa que debe pagarse solidariamente corresponde a un tribunal nacional o a un árbitro, y no a la Comisión, no puede reprocharse en ningún caso a ésta haber delegado ilícitamente dicha facultad al no haber determinado, en la Decisión controvertida, las cuotas de los codeudores solidarios en el marco de su relación interna.

(véanse los apartados 149, 151, 152, 157 y 158)