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Aproximación de las legislaciones ° Definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas ° Reglamento nº 1576/89 ° Prohibición de utilizar el término "brandy" para designar bebidas que no se ajustan a la definición del Reglamento ° Atribución de competencia a la Comisión para establecer excepciones a dicha prohibición ° Alcance

[Reglamento nº 1576/89 del Consejo, art. 1, ap. 4, letra e), art. 5, ap. 1, y art. 6; Reglamento nº 1014/90 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento nº 1781/91, art. 7 bis; Directiva 79/112 del Consejo]

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El apartado 1 del artículo 5 del Reglamento nº 1576/89 del Consejo prohíbe la utilización del término "brandy" para designar bebidas espirituosas distintas de las definidas en la letra e) del apartado 4 del artículo 1 de dicho Reglamento sin perjuicio de las disposiciones adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 6 de dicho Reglamento. Esta facultad de establecer excepciones que se reconoce a la Comisión está limitada únicamente por el apartado 3 de este último artículo 6, que exige que las disposiciones así adoptadas eviten que se cree una confusión, teniendo en cuenta especialmente las bebidas espirituosas existentes en el momento de entrar en vigor el Reglamento. Al autorizar, mediante el artículo 7 bis del Reglamento nº 1014/90, en su versión modificada por el Reglamento nº 1781/91, la utilización de la denominación genérica "brandy" en determinados términos compuestos que designan "licores", aun cuando el alcohol utilizado en los mismos no proceda del "brandy", la Comisión no se excedió en sus competencias, en particular teniendo en cuenta los requisitos a los que supeditó dicha autorización, ni, por otra parte, dictó normas contrarias a lo dispuesto en la Directiva 79/112, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, ni contravino el principio de igualdad de trato en perjuicio de los productores de "brandy", que no se encuentran en una situación comparable con la de los productores de "licor".
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Libre circulación de mercancías ° Restricciones cuantitativas ° Medidas de efecto equivalente ° Pescado que contiene larvas de nematodos ° Controles sistemáticos de los lotes con certificados de que no contienen larvas vivas o prohibición de importación de lotes controlados y declarados exentos ° Justificación ° Protección de la salud pública ° Inexistencia ° Incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo CEE-Noruega y de la Directiva 83/643

(Tratado CEE, arts. 30 y 36; Acuerdo CEE-Noruega de 14 de mayo de 1973; Directiva 83/643 del Consejo)

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Incumple las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 30 y 36 del Tratado un Estado miembro que imponga controles sistemáticos de los lotes de pescado, procedentes de los restantes Estados miembros, debidamente acompañados de un certificado sanitario del Estado de expedición, dando fe de que el producto no contiene larvas vivas de nematodos, o que prohíbe la importación de lotes de pescado no acompañados de dicho certificado cuando los controles efectuados en su territorio no han mostrado la presencia de larvas vivas, en la medida en que, en las dos hipótesis, no se ha llegado a demostrar que el consumo de pescado que contenga larvas de nematodos muertas o inactivadas mediante un tratamiento adecuado sea peligroso para la salud humana.

Dado que el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega contiene, por lo que respecta a los intercambios entre las partes contratantes, normas idénticas a las de los artículos 30 y 36 del Tratado y que, en el presente caso, no existen razones para interpretar dichas normas de forma diferente que dichos artículos del Tratado, las medidas nacionales mencionadas constituyen también, si se trata de lotes de pescado procedentes de Noruega, un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento nº 1691/73 por el que se celebra dicho acuerdo y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación.

Los controles sistemáticos de los lotes con certificados de que no contienen larvas vivas constituyen además un incumplimiento de las obligaciones que derivan de la Directiva 83/643 relativa a la facilitación de los controles físicos y de las formalidades administrativas en el transporte de mercancías entre Estados miembros.
2.

El Gobierno italiano observa que el citado Reglamento n° 2179/83 subordina la confirmación de la ayuda pagada por anticipado, con liberación de la fianza, a la entrega del producto en las cantidades y calidades indicadas y al pago del precio mínimo al productor, así como a la obligación de aportar la prueba de la ejecución de las citadas obligaciones en plazos por determinar. Añade el Gobierno italiano que el apartado 2 del artículo 8 del citado Reglamento n° 2373/83 estableció un régimen según el cual el operador económico se expone a la pérdida parcial de la fianza si aporta la prueba requerida con determinado retraso y a una pérdida total si no aporta la prueba antes de expirar un segundo plazo de tolerancia. Este régimen responde perfectamente al principio de proporcionalidad por cuanto contiene una gradación de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. En la citada sentencia de 22 de enero de 1986, Denkavit, el Tribunal de Justicia admitió que la caducidad impuesta por el incumplimiento de un plazo de presentación de determinada documentación no es contraria al principio de proporcionalidad porque se trata de la consecuencia normal de la expiración de todo plazo perentorio y no de una sanción. En la sentencia citada de 18 de noviembre de 1987, Maizena, el Tribunal de Justicia reconoció también que la pérdida de una fianza en el caso en que no se haya cumplido o no se haya podido cumplir el compromiso voluntariamente asumido, cuya ejecución debía garantizar la fianza, forma parte integrante del sistema. Por último, en la citada sentencia de 8 de marzo de 1988, McNicholl, el Tribunal de Justicia subrayó que, en el caso de una fianza en garantía de una obligación de exportación, no se violó el principio de proporcionalidad si el importe de la fianza que había de declararse perdido se fijó en virtud del tonelaje que no se exportó. Por consiguiente, el Gobierno italiano propone que se responda a las cuestiones planteadas de la manera siguiente: «1) El plazo de 1 de abril de 1985, establecido por el punto 4 del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento n° 2373/83, prorrogado por el Reglamento n° 3501/83, es un plazo perentorio, cuyo incumplimiento lleva aparejada la pérdida del derecho por el beneficiario a la ayuda establecida para la destilación del vino. 2) No existe razón alguna para considerar inválidas las disposiciones relativas a la retención total o parcial de la fianza que figuran en el artículo 8 del Reglamento n° 2373/83, modificado por el Reglamento n° 3501/83.»
36.

A continuación, Denkavit afirma que la declaración (semi)abierta es incompatible con el artículo 30 del Tratado, puesto que obstaculiza la comercialización en la República Federal de Alemania de los piensos compuestos legalmente fabricados y comercializados en los Países Bajos. El marcado, continúa Denkavit, no es indispensable para la defensa de los consumidores y la lealtad de las transacciones comerciales, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que la falta de declaración (semi)abierta no provoca riesgo de confusión ni de ¡ncertidumbre sobre la naturaleza o las características del producto. En virtud de la Directiva 79/373, los piensos compuestos no pueden presentarse o comercializarse de forma que puedan inducir a error (artículo 3 de la Directiva 79/373). También deberá figurar obligatoriamente en los piensos compuestos el contenido en constituyentes analíticos (apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 79/373). Por el contrario, la Directiva no exige la precisión de los ingredientes de los piensos compuestos, pero puede ser añadida como «indicación suplementaria». Por consiguiente, un pienso compuesto, etiquetado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 79/373, cumple los requisitos exigidos en aras de la defensa de los consumidores y de la lealtad de las transacciones comerciales aunque no contenga la indicación facultativa de los ingredientes. La Directiva 79/373 contendría una contradicción interna si se llegara a la conclusión de que exige una declaración obligatoria (semi)abierta en defensa de los consumidores. En efecto, sería contradictorio establecer, por una parte, sólo una posibilidad facultativa para los Estados miembros de prescribir esta declaración si, por otra parte, ésta fuera exigida necesariamente para cumplir las exigencias explícitas de esta misma Directiva en materia de defensa de los consumidores y de la lealtad de las transacciones comerciales. Por otra parte y en cualquier caso, el comprador puede evitar libremente la compra de productos en los que no figure una declaración (semi)abierta.
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Agricultura - Organización común de mercados - Restituciones a la exportación - Pago por anticipado - Devolución de cantidades indebidamente percibidas - Producto exportado correspondiente al declarado, pero que posee características que justifican un tipo de restitución inferior - Devolución calculada en función de la diferencia entre la restitución pagada por anticipado y la efectivamente adeudada - Determinación de la restitución efectivamente adeudada - Aplicación del tipo previsto para el cálculo en caso de financiación anticipada de las restituciones

((Reglamento nº 565/80 del Consejo, art. 4, aps. 5 y 6; Reglamento nº 798/80 de la Comisión, arts. 2 y 10, ap. 4, letras a), b) y c) ))

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Cuando un operador económico admitido a disfrutar del pago anticipado de las restituciones a la exportación se comprometió, con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 798/80, a exportar harina con un contenido de cenizas de 0 a 520 mg/100 g y se le imputa haber exportado, en realidad, por motivos que no corresponden a fuerza mayor, harina con un contenido de cenizas sensiblemente superior, las disposiciones de las letras b) y c) del apartado 4 del artículo 10 de dicho Reglamento fijan el importe de las cantidades que este operador debe reembolsar. En tal caso, cuando el producto efectivamente exportado corresponda al mencionado en la declaración de pago y cuando sólo difieran las características de este producto, en condiciones que justifiquen la aplicación de un tipo de restitución inferior, habida cuenta de la finalidad de la normativa, que es evitar el enriquecimiento injusto de los operadores, procede aplicar las disposiciones que limitan el importe de las cantidades que hay que reembolsar al crédito injustificado de que disfrutó el operador y no las que sancionan el incumplimiento de los plazos concedidos al operador, que figuran en la letra a) del mismo apartado.

La restitución real a la que puede aspirar el operador en el marco de estas disposiciones debe calcularse aplicando el tipo previsto por los apartados 5 y 6 del artículo 4 del Reglamento nº 565/80, es decir, el que habría sido aplicable si en la declaración de pago se hubiera indicado exactamente el producto efectivamente exportado.
Asunto C-60/90

Polysar Investments Netherlands BV

contra

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Arnhem

Petíción de decisión prejudicial planteada por el gerechtshof te Arnhem

«Interpretación del artículo 4 y del número 5 de la letra d) del punto B del artículo 13 de la Sexta Directiva — Sujeto pasivo — Actividades de una sociedad holding»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. W. Van Gerven, presentadas el 24 de abril de 1991 3123

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de junio de 1991 3132

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido — Sujetos pasivos — Concepto — Sociedad holding cuyo único objeto es la adquisición de participaciones financieras — Exclusión

(Directiva 77/388 del Consejo, arts. 4 y 17)

El artículo 4 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios debe interpretarse en el sentido de que no tiene la calidad de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, y, por lo tanto, no tiene derecho a deducir, según el artículo 17 de dicha Directiva, una sociedad holding cuyo único objeto es la adquisición de participaciones en otras empresas, sin que dicha sociedad intervenga directa o indirectamente en la gestión de estas empresas, sin perjuicio de los derechos de que sea titular dicha sociedad holding en su calidad de accionista o socio. La pertenencia de la sociedad holding a un grupo mundial, que se presenta al exterior con una única denominación no ha de ser tenida en cuenta para la calificación de la sociedad como sujeto pasivo del Impuesto.
13.

Conforme al apartado 1 del artículo 10 del Tratado: «Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos». Por consiguiente, según la Comisión, mercancías como las del caso de autos, que no eran de origen comunitario y no estaban destinadas a ser despachadas en libre práctica deberían ser tratadas como mercancías que no se encuentran en libre práctica.
Con carácter complementario, la Comisión considera, a diferencia del Bundesverwaltungsgericht, que debe tomarse en consideración la legislación comunitaria para responder a la cuestión de si la denegación de una autorización de residencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 8 de la citada AuslG, debe apreciarse exclusivamente en función de la legislación nacional en el supuesto de que no se reconozca la tarjeta de identidad griega, por no ser una tarjeta de identidad en el sentido de la Directiva 68/360, dada la limitación geográfica de su ámbito de validez.

El derecho de residencia de un trabajador, nacional de un Estado miembro, se deriva directamente del Tratado CEE [letras b) y c) del apartado 3 del artículo 48]. La posesión de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido no es un requisito para la existencia de este derecho, sino una modalidad de su ejercicio. El hecho de que un trabajador acceda al territorio de otro Estado miembro provisto de un pasaporte válido, y no esté momentáneamente en posesión de uno de estos dos documentos, no le priva de este derecho. El Estado miembro de acogida no puede retirarle el permiso de residencia o denegarle su prórroga únicamente por este motivo. No parece que las autoridades alemanas hayan pretendido adoptar tales medidas o incluso una expulsión en el asunto principal. El demandante continúa siendo titular de un permiso de residencia en el sentido de la Ley alemana sobre la entrada y permanencia de nacionales de la CEE.

Sin embargo, los Estados miembros deben poder exigir la posesión permanente de una tarjeta de identidad o un pasaporte válido, posesión que ambas Directivas sólo prevén para la entrada y la expedición de un permiso de residencia (ello es válido, en particular, cuando los propios nacionales del país de acogida deben estar constantemente en posesión de dicho documento). Así pues, los Estados miembros deben poder sancionar la infracción de las disposiciones nacionales correspondientes. Pero, a este respecto, hay que velar por que las sanciones respeten el principio de proporcionalidad, es decir, en especial, que las sanciones no sean más graves que las establecidas para los nacionales en el caso de infracciones análogas.

La no expedición de un permiso especial de residencia, en el sentido del artículo 8 de la citada AuslG, no constituye una sanción en el sentido técnico, sino la privación de una ventaja para los extranjeros, establecida de una manera autónoma por la legislación nacional. La Comisión considera también que debería aplicarse el principio de proporcionalidad a las medidas que favorecen la integración de los trabajadores extranjeros. A este respecto, conviene velar por que no se pueda actuar contra el demandante si las autoridades griegas, por una parte, pretenden privar de toda validez a la tarjeta de identidad y, por otra, retrasan la prórroga del pasaporte.
2.

La República Italiana señala que el legislador italiano ha querido reservar la denominación de «quesos» sólo a los productos que contienen determinados elementos nutritivos, con el fin de proteger las expectativas legítimas de los consumidores en lo que respecta a la fabricación tradicional de dicho producto alimenticio. Una normativa de este tipo impide también que muchos productos nacionales se presenten bajo la denominación de «quesos»; dichos productos se ofrecen al consumo con otras denominaciones. Según la República Italiana, no puede considerarse que esta normativa sea contraria al Derecho comunitario. Al no haber ninguna normativa comunitaria en la materia, los Estados miembros conservan la facultad de regular en su propio territorio la producción, la comercialización y las denominaciones de dichos productos, incluida la de establecer requisitos concretos, como el contenido mínimo en materia grasa, para cualquier variedad de queso. Diferentes Estados de la Comunidad, como la República Francesa, la República Federal de Alemania y el Reino de Dinamarca, han ejercido dicha facultad. Ante tal situación, en la que coexisten distintas normativas nacionales que regulan de manera conforme a Derecho la producción del alimento denominado «queso» dentro de los diferentes Estados, la aplicación del principio de libre comercialización del queso, de conformidad con las normas del país de fabricación y no con las del país de despacho a consumo, daría lugar a una grave confusión en perjuicio del consumidor. La República Italiana considera que la solución propuesta por la Comisión, a saber, un etiquetado apropiado de los productos, no bastaría para hacer desaparecer dicha confusión. Dos productos que tuvieran características idénticas podrían presentarse, uno con la denominación de «queso» y el otro con una denominación diferente, y, a la inversa, podría utilizarse una misma denominación para productos de características diferentes. De ese modo, los consumidores no podrían fiarse de dicha denominación, cuyo uso no estaría exento de incoherencia ni de contradicción. Por último, la República Italiana destaca que, dado que la legislación controvertida no fue adoptada con un fin proteccionista, sino en interes de los consumidores, las autoridades gubernamentales competentes estudian la utilidad de su mantenimiento en las circunstancias actuales. Ello podría llevar a una revisión de la legislación, que permita eliminar las trabas a los intercambios censuradas por la Comisión.
La Comisión considera que la cuestión prejudicial tiene esencialmente por objeto saber si a la hora de determinar las cantidades de referencia con arreglo al apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 857/84 y al artículo 3 del Reglamento no 1371/84 debe tomarse en consideración un acontecimiento que constituya un caso excepcional durante el año 1981, incluso en el caso de que se haya elegido como año de referencia el año 1983.

Según la Comisión, el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 857/84, tal como fue completado por el artículo 3 del Reglamento no 1371/84, ofrece la garantía de que el productor no sufra perjuicio alguno por el hecho de la elección del año de referencia por parte del Estado miembro, que tiene la libertad de elegir un año dentro del período de 1981 a 1983, en el caso de que durante dicho año dicho productor se hubiera visto afectado de manera apreciable por acontecimientos excepcionales.

La Comisión recuerda, en este contexto, la sentencia de 25 de noviembre de 1986 (Klensch y otros, asuntos acumulados 201/85 y 202/85, Rec. 1986, p. 3477), en la que el Tribunal de Justicia declaró que, si bien los Estados miembros tienen la posibilidad de elegir entre dos métodos para determinar las cantidades de referencia, no es, sin embargo, posible combinar los elementos integrantes de uno con los del otro. En opinión de la Comisión, de ello se deduce que los Estados miembros, cualquiera que sea el sistema que apliquen conforme al artículo 2 del Reglamento no 857/84, quedan vinculados por dicho sistema y que éste no puede ser cuestionado por productores aislados que invoquen casos excepcionales no previstos en el apartado 3 del artículo 3. Por otra parte, continúa argumentando la Comisión, en su sentencia de 28 de abril de 1988 (Thevenot, 61/87, Rec. 1988, p. 2375), el Tribunal de Justicia declaró a propósito de la interpretación del apartado 3 del artículo 3 que este precepto «no impide la aplicación del resto de las normas relativas a la determinación de las cantidades de referencia y de las cantidades individuales y, en particular, de las normas contenidas en el artículo 2 del Reglamento no 857/84».

Concluye la Comisión que de la sistemática y el objetivo de la normativa comunitaria en la materia resulta que el perjuicio individual que soporta el demandante en el asunto principal como consecuencia de una epizootia en 1981 por el hecho de la determinación de la cantidad de referencia debe aceptarse, ya que, de lo contrario, la República Federal de Alemania no podría cumplir con su obligación de determinar de manera general los porcentajes, con arreglo al artículo 2 del Reglamento no 857/84, a causa de factores particulares.

Por consiguiente, la Comisión estima que el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 857/84, completado por el artículo 3 del Reglamento no 1371/84, ha de interpretarse en el sentido de que un acontecimiento excepcional que haya afectado a un productor durante un año distinto del elegido como año de referencia con arreglo a esta disposición no puede tomarse en consideración.