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19

En este contexto, el Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Vilna) precisó que las tareas desempeñadas por los recurridos en el litigio principal y sus funciones no eran especialmente diferentes o poco características de las del EIGE hasta el punto de que no habrían podido encomendarse a funcionarios o agentes contractuales que trabajasen con carácter permanente en dicho Instituto. Según dicho órgano jurisdiccional, el hecho de que esta agencia haya optado por contratar personal a través de una empresa de trabajo temporal para reducir el coste de los recursos humanos y evitar procedimientos más largos y complejos no es una razón que justifique que la remuneración abonada a los recurridos en el litigio principal sea sensiblemente inferior a la prevista para los agentes contractuales.
80

Por consiguiente, de la sentencia recurrida se desprende que, en apoyo de su conclusión de que el sistema de referencia no podía limitarse solo a la medida controvertida, el Tribunal General no se basó únicamente en la circunstancia de que esta medida se orientaba, al igual que la controvertida en el asunto que dio lugar a las conclusiones del Abogado General Warner, a la consecución de un objetivo específico y, de este modo, a la resolución de un problema particular. De ello resulta que las alegaciones formuladas por la recurrente dirigidas, por un lado, a cuestionar la asimilación del presente asunto a aquel en el que se presentaron las conclusiones del Abogado General Warner y, por otro, a demostrar que el objetivo de la medida controvertida era la salvaguardia del principio de neutralidad fiscal y no la resolución de un problema particular no pueden desvirtuar el razonamiento seguido por el Tribunal General y son, por consiguiente, inoperantes.
125

En lo relativo, en segundo lugar, a la alegación de la EPSU de que el Tribunal General no tuvo en cuenta, en la sentencia recurrida, el hecho de que la Comisión, que había anunciado en su correspondencia que se realizaría un «análisis de impacto», o incluso que estaba en curso, no hubiese indicado en la decisión controvertida las razones por las que no había llevado a cabo tal análisis, procede señalar que el citado Tribunal consideró, en el apartado 138 de la sentencia recurrida, que los demandantes en primera instancia no habían especificado con arreglo a qué disposición la Comisión estaba obligada a realizar ese «análisis de impacto» antes de decidir no ejercer su facultad de iniciativa y desestimó, consecuentemente, su alegación por infundada. Por tanto, la EPSU no puede afirmar que el Tribunal General no haya tenido en cuenta tales consideraciones en la sentencia recurrida. Además, dado que la EPSU no invocó una supuesta vulneración de su confianza legítima en primera instancia como consecuencia de dichas consideraciones, como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 107 de sus conclusiones, no puede hacer valer esa alegación por vez primera en el presente recurso de casación y esta es, por tanto, inadmisible.
40

En segundo lugar, en cuanto al hecho de que las interrupciones de las pausas fuesen ocasionales e imprevisibles, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de que, por término medio, el trabajador no deba intervenir más que en contadas ocasiones durante sus períodos de guardia no puede tener como consecuencia que dichos períodos se consideren como «períodos de descanso», en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2003/88, cuando el impacto del plazo impuesto al trabajador para retomar sus actividades profesionales es tal que basta para restringir, objetivamente y de manera considerable, la capacidad del trabajador para administrar libremente, en esos períodos, el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales [sentencia de 9 de marzo de 2021, Radiotelevizija Slovenija (Período de disponibilidad no presencial en un lugar remoto), C‑344/19, EU:C:2021:182, apartado 54].
14

El artículo 89 de esta Ley, titulado «Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas», establece: «Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible. La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80. Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura correspondiente a la operación. Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas en los siguientes casos: 1.o Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de esta Ley, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como empresarios o profesionales, salvo en supuestos de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente. 2.o Cuando sea la Administración Tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo participaba en un fraude, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto una diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un fraude.»
43

Sin embargo, si bien el respeto debido por la Unión a las funciones esenciales del Estado no implica que la ordenación del tiempo de trabajo de los militares quede plenamente fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, no es menos cierto que el artículo 4 TUE, apartado 2, requiere que la aplicación a los militares de las normas del Derecho de la Unión relativas a dicha ordenación no obstaculice el buen cumplimiento de estas funciones esenciales. Por consiguiente, dichas normas no pueden interpretarse de tal manera que impidan a las fuerzas armadas cumplir sus misiones y, en consecuencia, menoscaben las funciones esenciales del Estado que son el mantenimiento de su integridad territorial y la salvaguarda de la seguridad nacional.
3

El Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), derogó, a partir del 1 de mayo de 2010, el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»).
68

Esto significa, en particular, que el mecanismo de «ventanilla única» no puede en ningún caso conducir a que una autoridad de control nacional, en especial la autoridad de control principal, no asuma la responsabilidad que le incumbe en virtud del Reglamento 2016/679 de contribuir a una protección eficaz de las personas físicas contra las vulneraciones de sus derechos fundamentales mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia, so pena de fomentar la práctica de un foro de conveniencia, en particular por parte de los responsables del tratamiento, dirigido a eludir esos derechos fundamentales y la aplicación efectiva de las disposiciones del referido Reglamento que los ponen en práctica.
71

Por otra parte, procede señalar, al igual que ha hecho el Abogado General en los puntos 90 a 93 de sus conclusiones, que el proyecto de Reglamento de Ejecución del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento n.o 834/2007 (DO 2018, L 150, p. 1), establece, en su artículo 7, párrafo segundo, que la autorización de adición de ingredientes agrarios no ecológicos a los alimentos ecológicos transformados no será aplicable si estos últimos se utilizan como los productos o sustancias mencionados en el anexo II, parte IV, punto 2.2.2., del Reglamento n.o 2018/848, entre los que se encuentran los minerales. Aun cuando el Reglamento n.o 2018/848 y el citado proyecto de Reglamento de Ejecución, incluidos sus anexos, no son aplicables en este caso, demuestran, no obstante, una evolución en materia de alimentación ecológica, destinada a limitar la adición de elementos no ecológicos en los alimentos ecológicos.
8

En virtud del artículo 12 bis del Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n.o 1408/71 (DO 1972, L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO 2005, L 117, p. 1), las autoridades del Estado miembro competente, en el sentido del Reglamento n.o 1408/71, estarán obligadas a expedir a la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros, en el sentido del artículo 14, apartado 2, letra b), de este último Reglamento, un certificado en el que se haga constar que esa persona está sujeta a la legislación del citado Estado miembro competente.
14

Dicho órgano jurisdiccional precisa asimismo que la interpretación de las disposiciones del PKWiU se efectúa mediante remisión al rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie polskiej klasyfikacji działalności (Reglamento relativo a la clasificación polaca de la actividad), de 24 de diciembre de 2007 (Dz. U. de 2007, n.o 251, posición 1885), en particular, en su partida ex 56 y en las subclases que contiene. Dicha rúbrica comprende las actividades de prestación de servicios relacionadas con el suministro de comidas destinadas a su consumo inmediato en restaurantes, incluidos los restaurantes en autoservicio y los restaurantes que ofrecen platos para llevar, con o sin plazas de asiento. Lo determinante no es el tipo de establecimiento que ofrece las comidas, sino el hecho de que estas se destinen a un consumo inmediato. La subpartida 56.10.A, titulada «Restaurantes y otros establecimientos de restauración permanentes», comprende los servicios de restauración prestados a clientes sentados en mesa o a clientes que eligen sus propios platos en un menú, sin que resulte relevante el hecho de que estos los consuman in situ, se los lleven o se entreguen a domicilio. Esa subpartida comprende las siguientes actividades: restaurantes, cafés, comida rápida, puestos para la venta de helados, pizzerías, establecimientos de comida para llevar, restaurantes o bares explotados en medios de transporte y explotados por entidades distintas.
3

El Reglamento n.o 3821/85 derogó y sustituyó al Reglamento (CEE) n.o 1463/70 del Consejo, de 20 de julio de 1970, relativo a la introducción de un aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO 1970, L 164, p. 1; EE 07/01, p. 145). El propio Reglamento n.o 3821/85 fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento n.o 3821/85 y se modifica el Reglamento n.o 561/2006 (DO 2014, L 60, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, procede tomar en consideración el Reglamento n.o 3821/85.
48

A este respecto, se ha de señalar, en primer término, que, en la primera sentencia, si bien el Tribunal de Justicia constató el carácter «carácter muy preciso» de la normativa nacional en vigor y, en particular, la existencia de un «importante número de requisitos restrictivos» para la concesión de autorizaciones de captura, no fue más allá de considerar que las pruebas aportadas por la Comisión Europea no permitían sustentar las alegaciones de dicha institución según las cuales la normativa del Estado miembro en cuestión incumplía las exigencias de la Directiva 79/409 (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 1988, Comisión/Francia, 252/85, EU:C:1988:202, apartados 29 y 30), sin examinar, no obstante, de forma especial y explícita el contenido de la normativa de capturas con arreglo al criterio de selectividad. En consecuencia, no puede entenderse que aquella sentencia haya validado expresamente dicha normativa con arreglo a ese criterio.
22

El órgano jurisdiccional remitente se refiere, además, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, al apartado 47 de la sentencia de 20 de mayo de 2008, Orange European Smallcap Fund (C‑194/06, EU:C:2008:289), y al apartado 28 de la sentencia de 24 de octubre de 2018, Sauvage y Lejeune (C‑602/17, EU:C:2018:856), de los que se desprende que el Derecho de la Unión no obliga a ningún Estado miembro a compensar la desventaja resultante de una imposición en cadena derivada exclusivamente del ejercicio paralelo de la potestad tributaria que ostentan los Estados miembros, sino que corresponde a ese Estado miembro, si ha decidido establecer tal compensación, ejercer esa facultad de conformidad con el citado Derecho de la Unión. Por otra parte, no puede considerarse que un tratamiento fiscal desventajoso derivado del reparto de esta competencia entre dos Estados miembros y de la disparidad existente entre sus regímenes fiscales constituya una diferencia de trato prohibida.
36

Si bien es cierto que esta sentencia se dictó en el marco de la Directiva 91/414 y no en el del Reglamento n.o 1107/2009, de la génesis de dicho Reglamento, en particular del punto 3.2 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, de 22 de septiembre de 2008, en relación con la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios [COM(2008) 578 final], se desprende que el legislador de la Unión tuvo en cuenta la citada sentencia al adoptar el Reglamento n.o 1107/2009.
3

Los considerandos 2, 4 y 10 del Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004 (DO 2004, L 77, p. 12) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), en base al cual se adoptó el Reglamento controvertido, señalan: «(2) Considerando que [el régimen común establecido por el Reglamento (CEE) n.o 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO 1988, L 209, p. 1),] fue establecido de conformidad con las obligaciones internacionales existentes, en particular las derivadas del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado en lo sucesivo “GATT”, del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT (“Código antidumping de 1979”) y del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del GATT (“Código sobre subvenciones y derechos compensatorios”); […] (4) Considerando que, en la aplicación de dichas normas, es esencial, a fin de mantener el equilibrio entre derechos y obligaciones que el Acuerdo GATT establece, que la [Unión Europea] tenga en cuenta la interpretación que de ellas harán los principales países con los que mantiene relaciones comerciales; […] (10) Considerando que es deseable establecer orientaciones claras y detalladas sobre los factores que podrían ser importantes para determinar si las importaciones objeto de dumping han provocado un perjuicio importante o amenazan con hacerlo; que, al demostrar que el volumen y los niveles de precios de las importaciones en cuestión son responsables del perjuicio sufrido por la industria [de la Unión], debe también prestarse atención al efecto de otros factores y, en particular, a las condiciones de mercado existentes en la [Unión]».
8

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1189/2011 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas normas de la Directiva 2010/24 (DO 2011, L 302, p. 16), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2017/1966 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017 (DO 2017, L 279, p. 38) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1189/2011»), establece, como se desprende de su artículo 1, las disposiciones de aplicación, en particular, del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2010/24.
38

Ciertamente, una alegación que no ha sido formulada en primera instancia no puede considerarse un motivo nuevo, inadmisible en la fase de casación, si únicamente constituye una ampliación de una argumentación ya desarrollada en un motivo presentado en la demanda ante el Tribunal General (sentencia de 16 de noviembre de 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Comisión, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, apartado 29). No obstante, debe señalarse que no ocurre así en el presente asunto.
60

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no constituye abuso de posición dominante, en el sentido de dicho artículo, la imposición, por una sociedad de gestión colectiva que dispone de un monopolio de hecho en un Estado miembro, a los organizadores de eventos musicales, por el derecho de comunicación al público de obras musicales, de un baremo en el que: – por una parte, las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan sobre la base de una tarifa aplicada a los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización del festival que no guarden relación alguna con las obras musicales que en él se ejecutan, siempre que, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, las remuneraciones efectivamente exigidas por la sociedad de gestión con arreglo al citado baremo no presenten carácter excesivo en relación con, en particular, la naturaleza y ámbito de uso de las obras, el valor económico generado por dicho uso y el valor económico de las prestaciones de esa sociedad de gestión, lo que corresponde verificar al juez nacional, y – por otra parte, se utiliza un sistema a tanto alzado por tramos para determinar la parte de las obras musicales ejecutadas procedente del repertorio de dicha sociedad de gestión, siempre que no exista ningún otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras y que pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, concretamente la protección de los intereses de los autores, de los compositores y de los editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por los derechos de autor. Corresponde al juez nacional verificar este extremo, a la luz del caso concreto del que conoce y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas la disponibilidad y fiabilidad de los datos aportados y de las herramientas tecnológicas existentes.
8

El artículo 21, apartado 3, de dicha Directiva tiene el siguiente tenor: «El consumo de productos energéticos en las dependencias de un establecimiento fabricante de productos energéticos no se considerará hecho imponible si se trata del consumo de productos energéticos producidos en las dependencias del establecimiento. Los Estados miembros podrán considerar también que no es hecho imponible el consumo de electricidad y otros productos energéticos no producidos en las dependencias de un establecimiento de este tipo, así como el consumo de productos energéticos y de electricidad en las dependencias de un establecimiento productor de combustibles utilizados para generar electricidad. Cuando dicho consumo se realice para fines que no guarden relación con la producción de productos energéticos y, en particular, para la propulsión de vehículos, ese consumo deberá considerarse como un hecho imponible que da lugar a imposición.»
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No obstante, Bulstrad solicita que se reanude el procedimiento principal al considerar que, con arreglo a la interpretación de las disposiciones pertinentes que hace el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria), dicho procedimiento fue indebidamente suspendido. Alega que, según esta interpretación, los dos actos de las autoridades chipriotas mencionados no pueden considerarse constitutivos de «una decisión de incoar un procedimiento de liquidación relativo a una entidad aseguradora» por parte del Estado miembro de origen, en el sentido de la normativa adoptada para transponer al Derecho búlgaro el artículo 274 de la Directiva 2009/138. Por tanto, al no existir tal decisión, el tribunal remitente llegó indebidamente a la conclusión de la aplicabilidad de la legislación chipriota, en detrimento de la aplicabilidad de la legislación búlgara, que no contempla disposiciones análogas que exijan la suspensión del procedimiento.
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El decreto legislativo n. 192 — Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Decreto Legislativo n.o 192, por el que se modifica el Decreto Legislativo n.o 231, de 9 de octubre de 2002, para la transposición íntegra de la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Ley n.o 180, de 11 de noviembre de 2011), de 9 de noviembre de 2012 (GURI n.o 267, de 15 de noviembre de 2012; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 192»), transpuso la Directiva 2011/7 al ordenamiento jurídico italiano.
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El artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE n.o 10 de 12 de enero de 2000, p. 1139), en la redacción que le da la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE n.o 299 de 12 de diciembre de 2009, p. 104986) (en lo sucesivo, «Ley de extranjería»), incluye entre las infracciones «graves» el hecho de «encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente».