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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

14 de junio de 1990 ( *1 )

En el asunto C-48/89,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. S. Fabro, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

República Italiana, representada por el Profesor Luigi Ferrari Bravo, Jefe del Servicio de lo «contenzioso diplomatico» del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, asistido por el Sr. P. G. Ferri, Avvocato dello Stato, que designa como domicilio en Luxemburgo la embajada de Italia en Luxemburgo, rue Marie-Adélaïde, 5,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), de la Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de los policlorobifenilos y policloroterfenilos (DO L 108, p. 41; EE 15/01, p. 161) y de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (DO L 84, p. 43; EE 15/02, p. 98), así como del artículo 5 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; F. A. Schockweiler y M. Zuleeg, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliet, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias y F. Grévisse, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

1) Declarar que, al no haber facilitado los programas e informes previstos en los artículos 3, apartado 2, y 12 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en el artículo 10 de la Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de los policlorobifenilos y policloroterfenilos, y en los artículos 12, apartado 2, y 16 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas Directivas.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) Condenar en costas a la República Italiana.

( *1 ) Lengua de procedimiento: italiano.
Asunto C-230/89

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Helénica

«Bebidas espirituosas — Imposición diferenciada»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacobs, presentadas el 21 de febrero de 1991 1914

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 1991 1920

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Tributos internos — Sistema diferenciado de tributación de las bebidas espirituosas — Productos similares o competidores — Criterios de apreciación — Falta de pertinencia del criterio de los hábitos de consunto — Categoría más gravada que comprende casi exclusivamente productos importados — Improcedencia

(Tratado CEE, art. 95)

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado el Estado miembro que, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, aplica a las bebidas espirituosas un régimen de tipos diferenciados, de forma tal que la totalidad de la producción nacional de las bebidas espirituosas corresponde a la categoría fiscal más ventajosa, en tanto que las bebidas importadas de las que no existe producción nacional corresponden, con determinadas salvedades, a la categoría que soporta un gravamen superior.

En efecto, en relación con el artículo anterior, existe entre las bebidas espirituosas una similitud o características comunes suficientemente marcadas para admitir la existencia de una relación de competencia cuando menos parcial o potencial.

Tratándose del grado de sustitución posible entre las bebidas, es irrelevante la circunstancia de que las que se benefician del tipo favorable sean consideradas bebidas tradicionales del país, y de consumo muy extendido, en tanto que aquellas que soportan un gravamen superior son consideradas por el consumidor como productos de lujo. Para medir el citado grado de sustitución, no cabe en efecto limitarse a los hábitos de consumo existentes en un Estado miembro o en una region determinada. Estos hábitos, esencialmente variables en el tiempo y en el espacio, no pueden considerarse como un dato inmutable; la política fiscal de un Estado miembro no puede servir para cristalizar hábitos de consumo existentes a fin de consolidar una ventaja adquirida por las industrias nacionales dedicadas a satisfacerlos.
Asunto C-46/89

Société d'initiatives et de coopération agricoles y Société d'intérêt professionnel des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille-et-Vilaine

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Responsabilidad extracontractual — Supresión del mecanismo complementario a los intercambios — Patatas tempranas»

Informe para la vista

Conclusiones del bogado general Sr. G. Tesauro, presentadas el 12 de julio de 1990 3633

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de octubre de 1990 3637

Sumario de la sentencia

Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades — España — Agricultura — Medidas transitorias — Mecanismo complementario aplicable a los intercambios — Supresión de un producto de la lista de productos afectados establecida por el Acta de adhesión — Requisitos

(Acta de adhesión de 1985, art. 81; Reglamento n° 569/86 del Consejo, art. 6; Reglamento n° 530/88 de la Comisión)

La supresión de un producto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 del Acta de adhesión de España, de la lista de productos sometidos al mecanismo complementario aplicable a los intercambios, establecido para garantizar entre la Comunidad de los Diez y España una apertura equilibrada y gradual del mercado y la consecución completa de la libre circulación dentro de la Comunidad una vez transcurrido el período transitorio, no requiere para su adopción por parte de la Comisión tener en cuenta los elementos cuya consideración impone el artículo 6 del Reglamento n° 569/86 cuando no se trata, en el marco del citado mecanismo, de liberalizar los intercambios, sino de adoptar medidas de salvaguarda.

Para apreciar la oportunidad de dicha supresión, la Comisión debe tener en cuenta la L evolución del conjunto de los intercambios entre España y la Comunidad de los Diez, y no sólo de los intercambios entre España y un Estado miembro considerado individualmente.

Por otra parte, entre el mecanismo complementario aplicable a los intercambios y los Protocolos celebrados con determinados terceros Estados, con objeto de garantizar a éstos, sin perjuicio de la adhesión y utilizando un sistema de desmantelamiento arancelario, el mantenimiento de sus corrientes tradicionales de exportaciones hacia la Comunidad, no existe tal relación que la supresión de un producto del régimen del mencionado mecanismo sólo pueda efectuarse después de adoptar medidas apropiadas de vigilancia de las importaciones, de este producto procedentes de los terceros Estados afectados.
12

El Reglamento n° 823/87 ha sido posteriormente modificado por el Reglamento (CEE) n° 2043/89 del Consejo, de 19 de junio de 1989 (DO L 202, p. 1). Por otra parte, las disposiciones relativas a la localización de las operaciones de vinificación de los vecprd, después de su modificación por el Reglamento (CEE) n° 2044/89 del Consejo, de 19 de junio de 1989 (DO L 202, p. 8), están contenidas en el Reglamento (CEE) n° 358/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo a los vinos espumosos producidos en la Comunidad (DO L 54, p. 130; EE 03/16, p. 31). Dado que estas modificaciones entraron en vigor el 1 de septiembre de 1989, es decir, con posterioridad a la resolución de Pretore de Frascati y, por tanto, a los hechos por los que fue incoado un procedimiento ante el órgano jurisdiccional penal italiano contra A. Bagli Pennacchiotti, no deben tomarse en cuenta para responder a la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia.
2)

Cuando un nuevo cálculo de las prestaciones efectuado en virtud del apartado 2 del artículo 51 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo conduce a una reducción de la prestación abonada por la institución de un Estado miembro, sin que se modifique la prestación abonada por la institución de otro Estado miembro, y cuando esta última institución no disponga, pues, de cantidades atrasadas de pensiones a pagar al beneficiario de las prestaciones, el artículo 112 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, no obliga a la primera institución a soportar la carga de las prestaciones que pagó en exceso durante el período necesario para el nuevo cálculo de las prestaciones.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO - ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO A UNA DIRECTIVA. - ASUNTO 360/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 03803

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Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Estados miembros - Obligaciones - Ejecución de las directivas - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 169)

Índice

Es jurisprudencia reiterada que un Estado miembro no puede invocar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones y plazos prescritos por las directivas comunitarias.

Partes

En el asunto C-360/88,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. T. van Rijn, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. G. Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Reino de Bélgica, representado por el Sr. J. Devadder, Consejero Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Comercio Exterior y de Ayuda al Desarrollo, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins, residencia Champagne,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar en el plazo señalado todas las medidas necesarias para atenerse a lo dispuesto en la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; C.N. Kakouris y M. Zuleeg, Presidentes de Sala; T. Koopmans, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse y M. Díez de Velasco, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

Declarar que, al no adoptar en el plazo señalado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

Condenar en costas al Reino de Bélgica.
SENTENCIA DE 3.7.1990 — ASUNTO C-288/88 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
3 de julio de 1990* 
En el asunto C-288/88, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Ingolf Pernice, 
miembro de su Servicio Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo el 
despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del mismo Servicio de la Comisión, 
Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
República Federal de Alemania, representada por el Sr. Ernst Roder, Regierungsdi­
rektor del Ministerio Federal de Economía, en calidad de Agente, que designa 
como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de la República Federal de 
Alemania, 20-22, avenue Émile-Reuter, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar todas las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas para adaptar su Derecho interno a la Di­
rectiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 
de las aves silvestres (DO L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125), la República Federal de 
Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado 
CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. F. A. Schockweiler, Presidente de Sala, en funciones de 
Presidente; M. Zuleeg, Presidente de Sala; G. F. Mancini, T. F. O' Higgins, J. C. 
Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: alemán. 
I - 2722 
COMISIÓN / ALEMANIA 
decide : 
1) Declarar que al no adoptar todas las medidas necesarias para adaptar su Dere­
cho interno a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, la República Federal de Alemania 
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE. 
2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania. 
I - 2723
LAVAL/CES 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
7 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-95/88, 
Claude Laval, funcionario del Comité Económico y Social de las Comunidades 
Europeas, representado y asistido por el Sr. Edmond Lebrun, Abogado de Bruse­
las, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. T. Biever, 
Abogado, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, 
parte demandante, 
contra 
Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, representado por su 
Consejero Jurídico, Sr. Brüggemann, y por el Sr. D. Lagasse, Abogado de Bruse­
las, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa­
cho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Cen­
tro Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de las decisiones siguientes de la Mesa del Co­
mité Económico y Social de las Comunidades Europeas, relativas a la provisión del 
puesto vacante de Jefe de División de la Dirección C, División de Agricultura 
(anuncio de vacante n° 47/87): 
— La Decisión, adoptada el 29 de junio de 1987, de seleccionar dos candidatos 
para ocupar dos de los tres puestos vacantes de Jefe de División, entre ellos el 
puesto controvertido, mediante promoción interna. 
— La Decisión, adoptada el 30 de junio de 1987, de reservar el puesto controver­
tido a una persona de nacionalidad española. 
— La Decisión, adoptada el 17 de noviembre de 1987, de proponer al Consejo de 
las Comunidades Europeas el nombramiento del Sr. Francisco Vallejo de Ola-
varría para el puesto controvertido. 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I - 255 
SENTENCIA DE 7.2.1990 — ASUNTO C-95/88 
y asimismo la anulación de: 
— La Decisión de la Mesa, notificada mediante carta de 26 de noviembre de 
1987, de no admitir la candidatura del demandante para dicho puesto. 
— La Decisión, de 15 de diciembre de 1987, del Presidente del CES por la que se 
le traslada a la Dirección A, Servicio especializado de medio ambiente, sanidad 
pública y consumo. 
— La Decisión expresa de denegación de sus reclamaciones, notificada mediante 
nota de 4 de febrero de 1988. 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. M. Zuleeg, Presidente de Sala; J. C. Moitinho de Al­
meida y F. Grévisse, Jueces 
(no se reproducen los fundamentos de Derecho) 
declara: 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas. 
I-256
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Libre circulación de personas - Excepciones - Empleos en la Aministración pública - Concepto - Participación en el ejercicio de la soberanía y en la tutela de los intereses generales del Estado - Lectores de lengua extranjera en las Universidades

(Tratado CEE, art. 48, apartado 4)

2. Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Condiciones de empleo - Limitación de la duración de la relación laboral aplicable específicamente a los lectores de lengua extranjera en las Universidades - Discriminación encubierta - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 48, apartado 2)

3. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Igualdad de trato - Cobertura en materia de Seguridad Social - Exclusión de una categoría de trabajadores compuesta esencialmente por nacionales de otros Estados miembros - Improcedencia

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo, art. 3)

Índice

1. Debido a que no se incluye participación directa o indirecta en el ejercicio de la soberanía ni en tareas que tengan por objeto la tutela de intereses generales del Estado y de las demás colectividades públicas y no suponen por parte de sus titulares la existencia de una relación particular de solidaridad con respecto al Estado, así como la reciprocidad de los derechos y deberes en que se basa el vínculo de nacionalidad, los empleos de profesor en general y los empleos de lector de lengua extranjera en una Universidad en particular no constituyen empleos en la Administración pública, en el sentido del apartado 4 del artículo 48 del Tratado.

2. El principio de igualdad de trato, del que el apartado 2 del artículo 48 del Tratado es una expresión específica y que prohíbe no únicamente las discriminaciones ostensibles, basadas en la nacionalidad, sino también cualesquiera formas encubiertas de discriminación que con arreglo a otros criterios de distinción conduzcan de hecho al mismo resultado, se opone a la aplicación de una disposición de Derecho nacional que impone un límite a la duración de la relación laboral entre las Universidades y los lectores de lengua extranjera, cuando dicho límite no existe, en principio, en lo que se refiere a los demás trabajadores.

3. El artículo 3 del Reglamento nº 1408/71 se opone a que una categoría determinada de trabajadores, esencialmente compuesta por nacionales de otros Estados miembros, como la categoría de los lectores de lengua extranjera en las Universidades, esté excluida del régimen de Seguridad Social de un Estado miembro del que se benefician, en general, los demás trabajadores en dicho Estado miembro.
35.

En cuanto a la pretensión subsidiaria de examen de la compatibilidad de las ayudas con el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la Comisión se remite a su facultad discrecional para solicitar la desestimación de la demanda. Con respecto a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, no hubo verdadera reestructuración de la empresa, es decir, una reorganización fundamental de la misma mediante el ajuste de su tamaño, de su calidad y de su organización con el fin de aumentar, mantener o restablecer su competitividad y su viabilidad. Ello se traduciría en cambios en varios o en todos los campos de la actividad de la empresa, como la mano de obra, la gestión, el capital, el hecho de procurarse medios de producción, el proceso de producción, los productos, la capacidad de producción, la distribución y los mercados. Por el contrario, la modernización de la empresa implicó la mera adaptación de los medios de producción, sin cambio fundamental en los ámbitos de actividad de la empresa. En conjunto, no puede considerarse que las medidas adoptadas hayan constribuido a una verdadera reestructuración de la empresa, que autorice la aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. El contenido de la nota de 4 de junio de 1985 no puede servir de base a la afirmación de la realidad de un programa de reestructuración, pues: a) la división entre «negocios sanos» y «negocios con dificultades» no se evalúa más que en términos de volumen de negocios y empleo; b) las reducciones de empleos se evalúan en términos de una cifra global correspondiente a tres años; c) sólo se facilitan algunas informaciones sobre las inversiones realizadas que se acompañaron de una reducción de un 5 °/o, entre 1981 y 1985, de las actividades del grupo que atravesaban dificultades y «el cierre de 25 centros» (no precisados). A propósito de las reducciones de efectivos, la Comisión subraya que no son tan impresionantes, pues: — Existía un exceso de efectivos, por lo que las reducciones eran necesarias. — Otras empresas del sector textil procedieron a ajustes masivos, que llegaron a suprimir más de un millón de empleos. — Nos encontramos ante una modernización pura y simple de una empresa, que inevitablemente y por razones tecnológicas, lleva a una reducción de efectivos. Por último, la Comisión considera que tuvo en cuenta las medidas de reconversión o saneamiento adoptadas por la CBSF y que motivó ampliamente su negativa al pretendido plan de reestructuración. Acerca de la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la Comisión añade que no considera que las regiones citadas por la parte demandante sean regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o exista un grave subempleo. En apoyo de esta opinión cita la sentencia de 14 de octubre de 1987 (República Federal de Alemania contra Comisión, 248/84, Rec. 1987, p. 4013) de la que resulta que la excepción prevista en la letra a) sólo afecta a las regiones cuya situación económica sea sumamente desfavorable con relación al conjunto de la Comunidad.
GEMEENTE AMSTERDAM Y VIA / COMISIÓN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 
7 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-213/87, 
1) Gemeente Amsterdam, 
2) Stichting Vrouwenvakschool voor Informatica Amsterdam (VIA), 
representadas por los Sres. J. Werner y W. D. T. D. Wiarda, Abogados Procura­
dores de Amsterdam, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del 
Sr. Jacques Loesch, Abogado, 8, rue Zithe, 
partes demandantes, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Julian Currall y 
Pieter-Jan Kuyper, miembros de su Servicio Jurídico, que designa como domicilio 
en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio 
Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de la Decisión C(87) 0670 de la Comisión, de 
31 de marzo de 1987, relativa a la participación del Fondo Social Europeo en la 
financiación de los proyectos presentados por el Reino de los Países Bajos para 
el ejercicio 1987, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 
integrado por los Sres. F. A. Schockweiler, Presidente de Sala; G. F. Mancini y 
T. F. O'Higgins, Jueces 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: neerlandés. 
I-223 
SENTENCIA DE 7.2.1990 — ASUNTO C-213/87 
decide: 
1) Desestimar el recurso. 
2) Condenar en costas a las demandantes. 
I-224