Los artículos 3 y 4 del Reglamento no 320/2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común, y el artículo 4 del Reglamento no 968/2006, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento no 320/2006, deben interpretarse en el sentido de que, a efectos de esos artículos, el concepto de instalaciones de producción incluye los silos destinados al almacenamiento del azúcar del beneficiario de la ayuda, y ello con independencia de que se empleen también para otros usos. No se incluyen en dicho concepto ni los silos empleados únicamente para el almacenamiento de azúcar, producido con arreglo a una cuota, depositado por otros productores o comprado a éstos, ni los utilizados únicamente para envasar o embalar el azúcar para su comercialización. Corresponde al tribunal nacional efectuar tal apreciación, caso por caso, a la vista de sus características técnicas o del uso real que se haga de los silos de que se trate.

No existe ningún elemento que pueda afectar a la validez de los artículos 3 y 4 del Reglamento no 320/2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común, y del artículo 4 del Reglamento no 968/2006, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento no 320/2006. Esta normativa prevé una ayuda a la reestructuración como contrapartida al desmantelamiento de las instalaciones de producción de que se trata.

En efecto, en primer lugar, la citada normativa permite al productor decidir libremente si quiere beneficiarse de la ayuda, elegir la fábrica respecto a la cual renuncia a la cuota correspondiente y, en su caso, optar por el desmantelamiento completo o únicamente parcial de las instalaciones de producción. Por lo tanto, el beneficio que el productor puede obtener de la ayuda a la reestructuración depende, en gran parte, de las elecciones realizadas por él mismo. Desde este punto de vista, la normativa controvertida en los litigios principales no es desproporcionada.

En segundo lugar, por un lado, a la vista del objetivo de renunciar voluntariamente a la cuota de producción asignada a una fábrica azucarera, la situación de un productor de azúcar que elige renunciar a una cuota asignada a una fábrica dotada de un silo y la de un productor que debe desmantelar una fábrica que carece de él son totalmente comparables en la medida en que dichos productores renuncien a un número idéntico de toneladas de cuota liberada. Por otro lado, los costes directos inherentes a la demolición de un silo representan sólo una parte poco significativa del coste total del desmantelamiento de las instalaciones de producción. En tales circunstancias, no parece que el legislador de la Unión, que disfruta de una amplia facultad de apreciación en materia de política agrícola común, al no establecer que la cuantía a tanto alzado de la ayuda por tonelada de cuota liberada varíe en función de que la fábrica designada por un productor para el desmantelamiento disponga o no de un silo, haya adoptado una medida manifiestamente inadecuada respecto al objetivo perseguido, a saber, reducir la producción de azúcar para restablecer el equilibrio en el mercado interior.

(véanse los apartados 45, 46, 50, 51 y 53 y el punto 2 del fallo)