ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
168

Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las Directrices establecen una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Comisión no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato. En efecto, al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartados 209 y 211). No obstante, aunque la Comisión esté obligada a respetar el principio de protección de la confianza legítima cuando aplica las reglas indicativas que se ha impuesto, este principio no puede vincular en los mismos términos a los órganos jurisdiccionales de la Unión en la medida en que éstos no pretenden aplicar un método de cálculo específico de las multas en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sino que examinan en cada caso las situaciones que se les plantean teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho y de Derecho que concurren en ellas (sentencia Quinn Barlo y otros/Comisión, citada en el apartado 156 supra, apartado 53).
97

Ha de señalarse que la resolución impugnada consideró acertadamente que los productos en conflicto eran distintos, indicando con claridad con esto que no existía similitud alguna entre ellos. En consecuencia, consideró justificadamente que no podía existir riesgo alguno de confusión, aun teniendo en cuenta la identidad de los signos, puesto que no se cumplía un requisito indispensable para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, a saber, la identidad o la similitud de los productos.
40

A este respecto, procede subrayar que la visibilidad es un criterio esencial de la protección de los dibujos o modelos comunitarios. En efecto, a tenor del considerando 12 del Reglamento no 6/2002 no deberían protegerse aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un producto, ni las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte está montada. De ello se deduce que, a los efectos del presente examen, no es necesario determinar si las cavidades que el dibujo o modelo tiene por objeto cubrir están situadas en un producto en el sentido estricto del artículo 3 del Reglamento no 6/2002, sino que procede apreciar, por el contrario, las características visibles durante la utilización normal del producto, como hizo la Sala de Recurso en el caso de autos.
Cuando una empresa cuestiona el fundamento de la decisión de apreciación de una ayuda estatal adoptada con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, o al término del procedimiento de investigación formal, el mero hecho de que se le pueda atribuir la condición de interesado conforme al apartado 2 de este artículo no es suficiente para reconocer la admisibilidad del recurso en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Debe entonces demostrar que tiene una situación particular. Ello sucede, en especial, en el supuesto de que su posición en el mercado se vea sustancialmente afectada por la ayuda objeto de la decisión de que se trate. A este respecto, una empresa no puede limitarse a invocar su condición de competidora de la empresa beneficiaria, sino que además debe demostrar que, habida cuenta de su grado de participación eventual en el procedimiento y de la medida en que haya resultado afectada su posición en el mercado, se encuentra en una situación de hecho que la individualiza de manera análoga a la del destinatario de la decisión.

En relación con la determinación de esa afectación, la mera circunstancia de que tal decisión pueda influir en las relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate y la empresa interesada se encuentre en una relación de competencia con el beneficiario de ese acto no basta en modo alguno para poder considerar que dicho acto afecta individualmente a esa empresa. La empresa interesada debe aportar elementos que demuestren la singularidad de su posición competitiva y demostrar que su posición competitiva se ve sustancialmente afectada, comparada con las demás empresas competidoras en el mercado en cuestión. No puede presumirse sin más que la empresa interesada habría incrementado significativamente sus ventas en caso de que desapareciese del mercado la empresa beneficiaria de las ayudas controvertidas, sin aportar prueba alguna que sustente dicha alegación, cuando el mercado presenta una estructura no concentrada, caracterizada por la presencia de un gran número de operadores. Es preciso demostrar que la ayuda controvertida sirvió a la beneficiaria para mantener cuotas de mercado que, de lo contrario, habría ostentado la propia empresa interesada y que, por lo tanto, ésta sufrió un lucro cesante lo suficientemente importante, en comparación con sus otros competidores, para que se pueda considerar que su posición en el mercado se vio sustancialmente afectada. A este respecto, su posición de número dos en el mercado detrás de la beneficiaria no puede, por sí sola, fundamentar la presunción de que su posición en el mercado se vio sustancialmente afectada.

(véanse los apartados 44 a 47, 51 y 52)
2.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Objetivo — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 21, 22 y 28)
2.

Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Recaudación de títulos de crédito contra terceros — Renuncia — Requisito — Insolvencia del deudor beneficiario de una financiación de la Unión gestionada por la institución acreedora — Posibilidad de renuncia respecto de un Estado miembro beneficiario de financiación en el marco del programa especial de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural (Sapard) — Inexistencia — Existencia de un principio general de renuncia por las instituciones de la Unión a sus créditos — Inexistencia [Reglamentos del Consejo (CE) no 1258/1999, (CE) no 1266/1999, art. 12, ap. 2, y (CE, Euratom) no 1605/2002, art. 73, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 87, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 31, 32 y 42)
2.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA y el FEADER — Ayudas al desarrollo rural — Mecanismo de ayuda al cese anticipado de la actividad agraria — Reglamentos (CE) no 1257/1999 y no 1698/2005 — Requisitos para su concesión — Ejercicio de una actividad agrícola de carácter comercial antes de la cesión de la explotación — Obligación de verificación que corresponde a los Estados miembros [Reglamentos (CE) del Consejo no 1257/1999, arts. 10, ap. 1, y 11, ap. 1, y no 1698/2005, art. 23, ap. 2] (véanse los apartados 48 a 50, 59 a 62, 67 y 69)
23

En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos. El primero está basado en la infracción del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55, p. 13), que deroga la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23). En el marco de su segundo motivo, que el Tribunal considera apropiado examinar en primer lugar, la demandante alega que los tres motivos, que figuran en el anexo I de la Decisión impugnada, en virtud de los cuales la Comisión adoptó una decisión negativa respecto a su solicitud de AC son manifiestamente incorrectos. Según la demandante, la Comisión consideró erróneamente, en primer lugar, que no se había demostrado la utilización del ácido cólico como «uso médico bien establecido», en segundo lugar, que la bibliografía debía ser completa y que el concepto de «circunstancias excepcionales» no podía ser alegado y, en tercer lugar, que conceder una AC en este caso sería contrario a los objetivos del Reglamento no 1901/2006, por un lado, y a la protección de la innovación, por otro.
2.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Marca denominativa The English Cut — Marcas denominativa y figurativas El Corte Inglés [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 32 a 34, 52 y 56)
Por lo que respecta a la comercialización de los medicamentos similares en el sentido del Reglamento no 847/2000, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los criterios de declaración de los medicamentos huérfanos y la definición de los conceptos de «medicamento similar» y «superioridad clínica», el artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 141/2000, sobre medicamentos huérfanos, no prejuzga las condiciones en las que puede concederse la autorización de comercialización de un medicamento de este tipo, pero establece que, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del mismo artículo 8, ese medicamento similar podrá obtener la autorización de comercialización en tres casos. Nada se dice por lo que respecta a si tal autorización de comercialización confiere o no al medicamento similar una exclusividad comercial.

En efecto, un medicamento similar puede ser él mismo un medicamento huérfano o un medicamento no huérfano. Si no es un medicamento huérfano, su autorización de comercialización no implica ninguna exclusividad comercial que se derive del artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 141/2000. En cambio, si el medicamento similar es a su vez un medicamento huérfano, la exclusividad comercial de diez años que le corresponde en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 141/2000 no podrá reducirse por el hecho de que exista un medicamento huérfano cuya comercialización se haya autorizado para las mismas indicaciones terapéuticas y que disfrute de exclusividad comercial para esas indicaciones terapéuticas.

Por tanto, la autorización de comercialización concedida a un medicamento huérfano para las mismas indicaciones terapéuticas para las que se autorizó la comercialización del medicamento huérfano inicial, incluso por uno de los motivos contemplados en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 141/2000, genera de pleno Derecho la exclusividad comercial de diez años prevista por el apartado 1 del mismo artículo 8. Ahora bien, precisamente para garantizar la finalidad perseguida por el citado Reglamento, a saber, incentivar la inversión en investigación y desarrollo y la comercialización de medicamentos huérfanos, debe concederse la exclusividad comercial en todos los casos en los que un medicamento huérfano es objeto de una autorización de comercialización. A este respecto, el período de exclusividad comercial de diez años, previsto por el Reglamento no 141/2000 como incentivo al desarrollo y a la comercialización de medicamentos huérfanos, no puede considerarse equivalente a los períodos de protección de los datos de los que disfruta el expediente de cualquier medicamento cuya comercialización se ha autorizado, dado que los efectos y el alcance de cada uno de estos mecanismos es diferente.

(véanse los apartados 73, 74, 78, 80 y 81)
3.

Recursos propios de la Unión Europea — Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación — Requisitos para que no se proceda a la contracción de los derechos de importación contemplados en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 — Error de la administración que no podía «ser detectado razonablemente por el deudor» — Criterios de apreciación — Complejidad de la normativa aduanera [Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, art. 220, ap. 2, letra b); Reglamentos (CE) de la Comisión no 2125/95, art. 10, ap. 1, y no 1864/2004, art. 14, ap. 2] (véanse los apartados 44, 45, 48 y 69)
45

La demandante estima que la Decisión impugnada viola el principio de proporcionalidad, ya que, a su entender, la remisión de una simple solicitud de información en virtud del artículo 18, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 habría sido suficiente en las circunstancias del caso de autos. En apoyo de su argumentación, la demandante hace, en particular, referencia al hecho de que, al contrario que a otras sociedades objeto de una decisión en virtud del artículo 18, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, la Comisión no le dirigió previamente una solicitud de información en virtud del apartado 2 de dicho artículo. Asimismo, la Comisión considera que los cambios introducidos por el artículo 18 del Reglamento no 1/2003, con respecto a la situación existente cuando estaba vigente el artículo 11 del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), no implican que la Comisión pueda elegir libremente actuar por medio de una solicitud de información o de una decisión de solicitud de información sin respetar el principio de proporcionalidad.
156

En cuanto a la palabra clave «NBS», es cierto que no fue utilizada hasta el final de la primera inspección, el 31 de marzo hacia las 11.30 horas. Según la Comisión, los agentes no conocían el significado de estas siglas y sólo las utilizaron, en una búsqueda rápida, para comprobar la existencia de una relación con la energía eléctrica de tracción. Sobre esta cuestión, lo primero que hay que señalar es que «NBS» significa «Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen», es decir «Requisitos de utilización de las infraestructuras de servicio». Dado que el suministro de energía eléctrica de tracción es un requisito sine qua non para acceder a la red electrificada, no puede descartarse de entrada que exista una relación con los requisitos de utilización de las infraestructuras de servicio. Además, de las notas de la abogada Sra. D. se desprende que esta última había considerado que esta palabra clave no le permitía concluir que no existía relación con los precios de la energía eléctrica de tracción, por lo que no había puesto reparos a la búsqueda. Por último, en cualquier caso, no parece incoherente, contrariamente a lo que afirman las demandantes, utilizar una palabra clave desconocida para comprobar, a partir del contexto de los resultados obtenidos, si tiene o no relación con determinada problemática.
57

Procede señalar a este respecto que la referencia a los «radiadores de calefacción»(radiatori per riscaldamento) que realizó de oficio la OAMI en los registros que resultaron publicados en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios obedece a una iniciativa puramente administrativa de la OAMI para clasificar dichos registros de acuerdo con la terminología no obligatoria de la clasificación instaurada por el Arreglo de Locarno (apartado 2 supra). Dicha iniciativa no sustituía ni anulaba la descripción de los dibujos o modelos controvertidos -modelos de termosifones– incluida en las solicitudes de registro [véanse, a este respecto, el artículo 36, apartado 6, del Reglamento no 6/2002 y el artículo 3 del Reglamento (CE) no 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento no 6/2002 (DO L 341, p. 28)].
Siendo así, la entidad adjudicadora no puede aplicar una ponderación de subcriterios que no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores. Al llevar a cabo una ponderación de los diferentes subcriterios dentro de un criterio de adjudicación que no estaba prevista en el pliego de condiciones ni se había comunicado previamente a los licitadores, la entidad adjudicadora infringió los principios de igualdad de oportunidades y de transparencia en perjuicio de las demandantes.

Los simples errores fácticos o de cálculo, cuando no pueden incidir en el resultado de un procedimiento, no pueden justificar la anulación del acto impugnado.

No se puede exigir en virtud del artículo 100, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, que la entidad adjudicadora comunique a un licitador cuya oferta no se ha elegido, además de las razones de desestimarla, un resumen minucioso de la forma en la que cada detalle de su oferta se haya apreciado en la evaluación de ésta, y, dentro de la comunicación de las características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada, un análisis comparativo minucioso de esta última y de la oferta del licitador no elegido. La entidad adjudicadora tampoco está obligada a facilitar a un licitador no elegido, a petición escrita de éste, una copia completa del informe de evaluación. No obstante, corresponde al juez de la Unión comprobar si el método aplicado por la entidad adjudicadora para la evaluación técnica se enuncia con claridad en el pliego de condiciones, incluidos los diferentes criterios de adjudicación, su peso respectivo en la evaluación, es decir, en el cálculo de la puntuación total, y el número mínimo y máximo de puntos por cada criterio.

Además, cuando la entidad adjudicadora, a raíz de una solicitud de explicaciones complementarias de una decisión de adjudicación, envía un escrito antes de la interposición de un recurso, pero después de la fecha fijada por el artículo 149, apartado 3, del Reglamento no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento no 1605/2002, ese escrito también se puede tomar en consideración para apreciar si en ese caso la motivación era suficiente. En efecto, la obligación de motivación debe apreciarse en función de los elementos de información de los que disponía la demandante en el momento de interponer el recurso, bien entendido no obstante que la institución no está facultada para sustituir la motivación inicial por una motivación completamente nueva.

(véanse los apartados 129 y 130)
Las instituciones de la Unión gozan de una amplia facultad de apreciación en la ejecución de las medidas que han de adoptarse para la protección de la salud humana, en particular, en lo que respecta a la definición de los objetivos perseguidos y a la elección de los instrumentos de acción adecuados. Esta amplia facultad de apreciación implica un control limitado por parte del juez de la Unión. En efecto, dicha facultad de apreciación tiene como consecuencia que el control del juez, en cuanto al fondo, se limite a examinar si, al ejercer sus competencias, las instituciones incurrieron en error manifiesto o desviación de poder, o si se extralimitaron claramente en su facultad de apreciación.

Para demostrar que una institución incurrió en un error manifiesto en la apreciación de hechos complejos que pueda justificar la anulación de un acto, las pruebas aportadas por el demandante deben ser suficientes para privar de plausibilidad a las apreciaciones de los hechos tenidos en cuenta en dicho acto. Sin perjuicio de este examen de plausibilidad, no corresponde al Tribunal General sustituir la apreciación de hechos complejos realizada por el autor de esta decisión por la suya propia. No obstante, la limitación del control del juez de la Unión no afecta al deber que a éste incumbe de verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, y de comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos.

(véanse los apartados 30 a 33)
3.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 37 y 43)
55

En tercer lugar, debe señalarse que no cabe sino rechazar la afirmación de la demandante de que, por una parte, era la única empresa de telecomunicaciones todavía en liza en la licitación y, por otra parte, la única que podía beneficiarse de la ayuda. En efecto, en primer lugar, como han sostenido BT, el Reino Unido y la Comisión en la vista, las dos participantes que seguían en liza en la licitación eran BT y el consorcio Babcock, del que la demandante formaba efectivamente parte, y no BT y la demandante. En segundo lugar, de los autos y de los debates que tuvieron lugar en la vista a este respecto resulta que la demandante no era la única empresa de telecomunicaciones todavía en liza ya que, entre los demás miembros del consorcio Babcock, figuraban también las empresas de telecomunicaciones Surf Telecoms y Motorola Inc. Pues bien, aun suponiendo que fuera cierto que a estas dos empresas no se les hubiera encargado la construcción de la infraestructura física y no hubieran sido las más directamente afectadas por la parte principal de la licitación como afirma la demandante, no es menos cierto que la Decisión impugnada afectaba a estas dos empresas. Resulta, en efecto, como reconoce por lo demás la demandante, en particular, en sus observaciones de 8 de julio de 2011, que, en la oferta del consorcio Babcock, Motorola participaba en la parte red inalámbrica de la oferta y Surf Telecoms alquilaba la fibra a la demandante. Por ello, debe considerarse que la Decisión impugnada no afecta a la demandante de una manera que la distinga individualmente de las otras empresas.
70

Por otro lado, en la medida en que las demandantes sostienen que la Comisión no puede, salvo en circunstancias excepcionales que no concurren en el caso de autos, declarar que han participado en una infracción única en relación con subgrupos de productos si no fabrican dichos productos, esta alegación debe desestimarse igualmente. En efecto, primeramente, esta alegación, que se refiere a la cuestión de si una empresa que no fabrica artículos de cerámica puede participar en una infracción que incluya tales productos, no guarda relación alguna con la de si concurren los requisitos para que exista una infracción única que afecte a los tres subgrupos de productos. A continuación, y en todo caso, según se desprende de la jurisprudencia expuesta en el anterior apartado 25, es posible considerar a una empresa responsable de una infracción que cubra parte de los productos que no fabrica si conoce todos los comportamientos ilícitos planeados o ejecutados por los demás participantes en el cartel que persigan los mismos objetivos.