Asunto T-50/00

Dalmine SpA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercados de tubos de acero sin soldadura — Duración de la infracción — Multas»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 8 de julio de 2004 II-2405

Sumario de la sentencia

El derecho a guardar silencio sólo puede reconocerse a una empresa destinataria de una decisión de solicitud de información basada en el artículo 11, apartado 5, del Reglamento n° 17, en la medida en que se viera obligada, bajo pena de multa, a dar respuestas que implicaran admitir la existencia de la infracción cuya prueba incumbe a la Comisión. En cambio, las empresas no están obligadas, en virtud de tal derecho, a dar respuesta a meras solicitudes de información enviadas al amparo del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n° 17, y no pueden alegar, en consecuencia, una vulneración de su derecho a no declarar contra sí mismas por el hecho de haber respondido, voluntariamente, a una solicitud de ese tipo. (véanse los apartados 45 y 46)

Para permitir a las empresas y asociaciones de empresas afectadas defenderse eficazmente contra las imputaciones formuladas en su contra en el pliego de cargos, la Comisión está obligada a ponerles de manifiesto el contenido íntegro del expediente de la instrucción, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas u otras informaciones confidenciales y de los documentos internos de la Comisión. No obstante, el hecho de que un documento haya sido mencionado en un pliego de cargos sin haber sido adjuntado al mismo no constituye, en principio, una violación del derecho de defensa, en la medida en que sus destinatarios tengan acceso al documento en cuestión antes de tener que contestar al pliego de cargos. (véanse los apartados 59 y 60)

El principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad. Además, la Comisión puede necesitar proteger el anonimato de los informadores y esta circunstancia no debe bastar para obligar a la Comisión a descartar una prueba que se halle en su poder. Por consiguiente, si bien las alegaciones de una parte demandante relativas a que la Comisión no dio a conocer la identidad del autor de un documento invocado en su contra, ni su origen, pueden resultar pertinentes para valorar la credibilidad y, consiguientemente, la fuerza probatoria de ese elemento, éste no debe considerarse una prueba inadmisible que proceda excluir del expediente. (véanse los apartados 72 y 73)

Durante la fase del procedimiento de aplicación de las reglas en materia de competencia en la que la Comisión solicita información a las empresas cuya participación en una infracción sospecha, dicha institución no está obligada a indicarles cuáles son las pruebas que ya posee. La comunicación de esa información podría, en su caso, perjudicar la eficacia de la investigación de la Comisión, al permitir que las empresas afectadas sepan qué informaciones conoce ya la Comisión y, en consecuencia, cuáles pueden aún serle ocultadas. De forma más general, cabe señalar que en Derecho comunitario no existe derecho alguno a ser informado del estado en que se encuentra un procedimiento administrativo con anterioridad a la comunicación formal de un pliego de cargos. (véanse los apartados 83 y 110)

La legalidad de la comunicación por parte de la Comisión de informaciones obtenidas en aplicación del Reglamento n° 17 a una autoridad nacional y la de la prohibición de la utilización directa de tales informaciones como pruebas por esta última son cuestiones reguladas põiel Derecho comunitario. En cambio, la legalidad de la comunicación a la Comisión, por parte de un fiscal nacional o de las autoridades competentes en materia de Derecho de la competencia, de informaciones obtenidas en aplicación del Derecho penal nacional, así como la de su ulterior utilización por la Comisión son cuestiones sometidas, en principio, al Derecho nacional aplicable a las investigaciones que llevan a cabo dichas autoridades nacionales, así como, en el caso de procedimientos judiciales, a la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. En efecto, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, el órgano jurisdiccional comunitario no es competente para pronunciarse sobre la legalidad, con arreglo al Derecho nacional, de un acto adoptado por una autoridad nacional. (véanse los apartados 85 y 86)

No existe ninguna norma jurídica que permita al destinatario de una decisión impugnar, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses. En principio, la motivación de una decisión no puede producir tales efectos. Por ello, las alegaciones dirigidas contra unos motivos de una decisión de la Comisión expuestos a mayor abundamiento deben ser desestimadas de plano por inoperantes, puesto que no pueden dar lugar a la anulación del acto recurrido. (véanse los apartados 134 y 146)

La Comisión no está obligada a demostrar la existencia de un efecto negativo sobre la competencia para probar una infracción del artículo 81 CE, desde el momento en que ha demostrado la existencia de un acuerdo, o de una práctica concertada, que tiene por objeto restringir la competencia. (véanse los apartados 147 y 151)

Para considerar que una decisión, acuerdo o práctica afecta al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros. De ello se deduce que no es necesario que la Comisión demuestre que el comercio entre Estados miembros haya sido efectivamente afectado, pero sí es preciso que la influencia actual o potencial no sea insignificante. A este respecto, un acuerdo que tiene por objeto, mediante el compromiso de respeto de los mercados internos, el reparto de los mercados nacionales de la Comunidad tiene necesariamente como efecto potencial, que se concretará en el caso de que se ponga en práctica lo acordado, una reducción del volumen de los intercambios intracomunitários. (véanse los apartados 156 y 157)

Cuando una empresa participa en unas reuniones entre empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente del contenido de las mismas, dando así la impresión a los demás participantes de que se adhiere a las prácticas colusorias resultantes de dichas reuniones y que respetará lo acordado, puede considerarse que participa en dichas prácticas colusorias. (véase el apartado 162)

Las conductas que se inscriben dentro de un plan global y persiguen un objetivo común pueden considerarse elementos constitutivos de un acuerdo único. En efecto, si la Comisión demuestra que una empresa, al tomar parte en determinadas concertaciones, sabía o debía necesariamente saber que al hacerlo se integraba en un acuerdo único, su participación en tales concertaciones puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo. (véase el apartado 214)

No existe ninguna norma de Derecho comunitario que se oponga a que la Comisión constate la existencia de dos infracciones distintas del artículo 81 CE, apartado 1, en una única decisión. En efecto, las situaciones económicas analizadas pueden ser complejas, de modo que dos mercados autónomos pero conexos pueden verse afectados por dos infracciones que sea lógico sancionar en una única decisión, por ser también distintas pero conexas. (véase el apartado 235)

El importe de la multa impuesta a una empresa por una infracción en materia de competencia debe ser proporcionado a la infracción, apreciada en su conjunto, teniendo en cuenta en particular la gravedad de la misma. Para apreciar dicha gravedad hay que tener en cuenta gran número de elementos, cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción de que se trate y las circunstancias particulares de la misma. (véase el apartado 259)

Si bien la Comisión goza de un margen de apreciación para fijar el importe de las multas, debe señalarse que no puede renunciar a las normas que se ha impuesto. Así pues, a la hora de fijar el importe de las multas, la Comisión debe efectivamente tener en cuenta lo previsto en las Directrices para el cálculo de las multas, y en particular los factores que éstas mencionan con carácter imperativo. (véanse los apartados 261 y 325)

Habida cuenta del tenor del punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, procede considerar que la Comisión se ha reservado un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada empresa. Así pues, al determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a diversas empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas reflejen una distinción de las empresas afectadas en función de su volumen de negocios global. (véase el apartado 283)

Una vez que se ha acreditado la participación de una empresa en una concertación con sus competidores para repartir los mercados, el hecho de que la empresa no haya ajustado su conducta en el mercado a la convenida con sus competidores no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta, como circunstancia atenuante, al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse. Por lo tanto, el segundo guión del punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA debe interpretarse en el sentido de que la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por falta de aplicación efectiva de una concertación si la empresa que alega dicha circunstancia puede demostrar que se opuso clara y considerablemente a la aplicación de dicha concertación, hasta el punto de haber perturbado el propio funcionamiento de ésta, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo ni incitó así a otras empresas a aplicar el acuerdo ilícito de que se trata. (véanse los apartados 291 y 292)

Aunque, por regla general, la parte demandante no puede trasladar la carga de la prueba a la parte demandada invocando circunstancias que no es capaz de probar, si la Comisión ha decidido considerar que no existió infracción de las normas sobre competencia mientras estaban en vigor unos acuerdos de autolimitación celebrados entre un país tercero y la Comunidad, representada por la Comisión, no cabe aplicar el concepto de la carga de la prueba en favor de la Comisión en lo relativo a la fecha de expiración de dichos acuerdos. En efecto, la inexplicable incapacidad de la Comisión para presentar pruebas relativas a una circunstancia que la concierne directamente priva al Tribunal de Primera Instancia de la posibilidad de pronunciarse con conocimiento de causa sobre dicha fecha de expiración, y supondría una vulneración del principio de buena administración de la justicia obligar a soportar las consecuencias de esta incapacidad de la Comisión a las empresas destinatarias de la Decisión impugnada, que, a diferencia de la institución demandada, no están en posición de aportar la prueba que falta. (véanse los apartados 307 a 309)

En los asuntos acumulados en los que todas las partes han tenido ocasión de consultar la totalidad de los expedientes, el Tribunal de Primera Instancia puede tener en cuenta de oficio las pruebas que figuran en los autos de los asuntos paralelos. (véase el apartado 310)

Si bien es cierto que las circunstancias enumeradas en la lista que figura en el punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se encuentran indudablemente entre aquellas que puede tener en cuenta la Comisión en un caso concreto, ésta no está obligada, dada la redacción de dicho punto 3, a otorgar automáticamente una reducción adicional, siempre que una empresa aporte indicios de la existencia de una de esas circunstancias. En efecto, la procedencia de una eventual reducción de la multa en virtud de la existencia de circunstancias atenuantes debe apreciarse con una perspectiva global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes. (véase el apartado 325)

La «interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión», mencionada en el punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, lógicamente sólo puede constituir una circunstancia atenuante si existen motivos para pensar que las empresas implicadas fueron incitadas a interrumpir sus conductas contrarias a la competencia por las intervenciones en cuestión. En efecto, resulta evidente que la finalidad de dicha disposición es estimular a las empresas para que cesen sus conductas contrarias a la competencia cuando la Comisión inicia una investigación al respecto. No puede aplicarse una reducción del importe de la multa por tal motivo en caso de que la infracción ya hubiese cesado antes de la fecha de las primeras intervenciones de la Comisión o en caso de que las empresas mencionadas ya hubiesen adoptado una decisión definitiva de ponerle fin antes de dicha fecha. (véanse los apartados 328 y 329)