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Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Tribunal de Justicia - Compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos de una normativa nacional que no está incluida dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario - Apreciación por el Tribunal de Justicia - Exclusión

(Tratado CE, arts. 164 y 177)

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El Tribunal de Justicia, que conoce del asunto con carácter prejudicial, no puede proporcionar los elementos de interpretación necesarios para la apreciación por el órgano jurisdiccional nacional de la conformidad de una normativa nacional con los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza, tal como resultan, en particular, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuando dicha normativa se refiere a una situación que no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario.

Así, las disposiciones de Derecho nacional que no están destinadas a garantizar el respeto de las normas de Derecho comunitario hacen referencia a una situación que no está incluida dentro del ámbito de aplicación de este último, aun cuando una pena de privación de libertad que es posible imponer con arreglo a dichas disposiciones nacionales pueda obstaculizar el ejercicio por el interesado de su derecho a la libre circulación, dado que la perspectiva puramente hipotética de tal ejercicio no constituye un vínculo suficiente con el Derecho comunitario como para justificar la aplicación de sus disposiciones.
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Agricultura - Política Agrícola Común - Reforma de estructuras - Mejora de la eficacia de las estructuras - Ayuda destinada a la extensificación de la producción de carne de vacuno - Requisitos para su concesión - Reducción de la producción - Cálculo - Consideración de las reducciones registradas durante el período intermedio entre el período de referencia y el período de compromiso - Improcedencia

[Reglamento (CEE) nº 797/85 del Consejo, art. 1 ter, ap. 3, letra c), modificado por los Reglamentos (CEE) nos 1760/87 y 1094/88; Reglamento nº 4115/88, art. 4, aps. 1 y 2]

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El Reglamento nº 797/95 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias impone a los Estados miembros la obligación de establecer un régimen de ayudas con el fin de estimular la extensificación de la producción en determinados sectores, precisando que la extensificación consiste en la reducción, durante un período de compromiso determinado, de la producción del producto de que se trate, sin que aumenten por ello las capacidades, y, por otra parte, que los Estados miembros pueden establecer, por lo que se refiere a la carne de vacuno, que el número de cabezas de ganado se reduzca en un 20 % como mínimo.

La letra c) del apartado 3 del artículo 1 ter del Reglamento nº 797/85 en su versión modificada por el Reglamento nº 1760/87 ambos modificados por el Reglamento nº 1094/88, y los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Reglamento nº 4115/88 por el que se establecen las normas de aplicación del régimen de ayudas, deben interpretarse en el sentido de que no permiten a un Estado miembro, en caso de que se registre una disminución de la producción durante el período intermedio comprendido entre el final del período de referencia y el inicio del período de compromiso, supeditar, en cualquier caso, la concesión de la ayuda a la «extensificación» al requisito de que la producción realizada durante el período intermedio se reduzca, durante el período de compromiso, en una cantidad que corresponda al 20 % como mínimo de la producción del período de referencia.

En efecto, los Reglamentos de que se trata no contienen ninguna mención de un período intermedio, y no puede deducirse de su tenor literal que la reducción de la producción no pueda tener lugar, en todo o en parte, antes de empezar el período de compromiso. Por otra parte, el objetivo de esta normativa, que consiste en incitar a los productores, a cambio de una ayuda, a reducir la producción normal de su explotación, se alcanza también cuando la reducción, que ya se ha producido en el período intermedio, se mantiene a lo largo del período de compromiso.
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Política social ° Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social ° Ambito de aplicación personal de la Directiva 79/7/CEE ° Población activa en el sentido del artículo 2 de la Directiva ° Persona que ejerce una actividad no remunerada consistente en ocuparse de su cónyuge minusválido pero que no ha abandonado una actividad profesional ni ha interrumpido la búsqueda de un empleo ° Exclusión

(Directiva 79/7/CEE del Consejo, art. 2)

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El artículo 2 de la Directiva 79/7, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, que define el ámbito de aplicación personal de la Directiva con referencia a la población activa, debe interpretarse en el sentido de que no se refiere a una persona que ejerza una actividad no retribuida consistente en ocuparse de su cónyuge minusválido, independientemente de la importancia de esta actividad y de la competencia exigida para desempeñarla, en la medida en que, para hacerlo, la persona de que se trate no ha abandonado una actividad profesional ni ha interrumpido la búsqueda de un empleo.

En efecto, una interpretación que incluya en el concepto de población activa al miembro de una familia que ejerza en favor de otro miembro de la familia una actividad que no da lugar, como contraprestación, al pago de ninguna retribución porque dicha actividad requiera una determinada competencia, posea una determinada naturaleza o extensión o incluso porque debería confiarse a un tercero a cambio de una contraprestación si el miembro de la familia no lo hiciera, produciría el efecto de ampliar ilimitadamente el ámbito de aplicación de la Directiva, siendo así que el objetivo del artículo 2 es precisamente delimitarlo.
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1. Libre circulación de mercancías ° Intercambios con países terceros ° Derechos de aduana ° Exacciones de efecto equivalente ° Instauración unilateral por los Estados miembros con posterioridad a la entrada en vigor del Arancel Aduanero Común ° Improcedencia ° Percepción de tributos establecidos con anterioridad a la entrada en vigor del Arancel Aduanero Común ° Procedencia ° Requisitos

(Tratado CE, arts. 18 a 29)

2. Cuestiones prejudiciales ° Interpretación ° Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas ° Efecto retroactivo ° Límites ° Seguridad jurídica

(Tratado CE, art. 177)

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1. No es compatible con el Tratado CEE, actualmente Tratado CE, la recaudación de un derecho de aduana o de una exacción de efecto equivalente establecidos unilateralmente por un Estado miembro con posterioridad a la entrada en vigor del Arancel Aduanero Común, el 1 de julio de 1968, que graven las importaciones directamente procedentes de países terceros no vinculados a la Comunidad por un acuerdo particular.

En cambio, el Tratado no se opone a la recaudación de una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana de importación que, en lo relativo a todas sus características esenciales, a saber, su denominación, hecho imponible, base imponible, criterios de aplicación, sujetos pasivos y destino de lo recaudado, deba ser considerada como una exacción existente en la referida fecha, siempre y cuando la cuantía de la exacción no haya aumentado. En caso de aumento, únicamente el margen de exceso deberá considerarse incompatible con el Tratado.

2. Por razones imperiosas de seguridad jurídica, las disposiciones del Tratado relativas a los derechos de aduana y a las exacciones de efecto equivalente no pueden invocarse en apoyo de solicitudes de devolución de las cantidades percibidas, en concepto de derechos adicionales que graven los bienes procedentes de países terceros no vinculados a la Comunidad por un acuerdo particular, antes del 16 de julio de 1992, fecha de la sentencia (C-163/90, Legros y otros) que declaró la improcedencia de tales tributos en relación con el Derecho comunitario, salvo en lo que se refiere a los solicitantes que hubieran interpuesto un recurso judicial o presentado una reclamación equivalente antes de aquella fecha.

Lo mismo sucede en lo que atañe a las cantidades percibidas sobre tales bienes, antes de dicha fecha, en concepto de "octroi de mer", en la medida en que la percepción de dichas cantidades sea declarada contraria a Derecho por incumplimiento de la prohibición de establecer unilateralmente nuevas exacciones de efecto equivalente con posterioridad a la entrada en vigor del Arancel Aduanero Común.
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Recursos propios de las Comunidades Europeas ° Derechos de aduana ° Deuda aduanera ° Directiva 79/623/CEE ° Letra d) del artículo 2 ° Efecto directo ° Aplicabilidad en caso de infracción del Reglamento (CEE) nº 612/77

[Reglamento (CEE) nº 612/77 de la Comisión; Directiva 79/623/CEE del Consejo, art. 2, letra d)]

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La letra d) del artículo 2 de la Directiva 79/623, relativa al nacimiento de una deuda aduanera de importación en caso de incumplimiento de una de las obligaciones a que quede sujeta una mercancía para la utilización del régimen aduanero o de inobservancia de una de las condiciones señaladas para la concesión de tal régimen, a menos que se pruebe que dichos incumplimientos no tienen consecuencias reales en el correcto funcionamiento del régimen aduanero considerado, tiene efecto directo y crea derechos que los particulares pueden invocar frente a un Estado miembro cuando éste no haya adaptado su Derecho nacional a la Directiva, y que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. En efecto, dicha disposición es incondicional y suficientemente precisa para ser invocada ante el Juez nacional, puesto que enuncia claramente la posibilidad de que el justiciable interesado pruebe que los incumplimientos por él cometidos no han tenido consecuencias reales en el correcto funcionamiento del régimen aduanero considerado, lo que implica la obligación incondicional e inequívoca de las autoridades competentes de examinar las pruebas aportadas a estos efectos.

La disposición de que se trata es igualmente aplicable en caso de infracción del Reglamento nº 612/77, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas al régimen especial de importación de determinados bovinos machos jóvenes destinados al engorde, en su versión modificada por el Reglamento nº 1384/77. En efecto, las disposiciones de dicho Reglamento, adoptadas por la Comisión basándose en una delegación legislativa en un ámbito específico, no pueden privar de eficacia a las normas de aplicación general de la Directiva 79/623 y, en particular, las de la letra d) del artículo 2 antes mencionado.
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Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Libre prestación de servicios ° Seguro directo distinto del de vida ° Directiva 92/49/CEE ° Ambito de aplicación ° Seguros comprendidos en un régimen legal de Seguridad Social ° Exclusión

(Directiva 92/49/CEE del Consejo, art. 2, ap. 2)

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El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 92/49, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239 y 88/357, debe interpretarse en el sentido de que regímenes de Seguridad Social, como los regímenes legales de Seguridad Social francesa entre los que figuran el Seguro de Enfermedad y de Maternidad de los trabajadores por cuenta propia de las profesiones no agrícolas, el Seguro de Vejez de las profesiones del sector de la artesanía y el Seguro de Vejez de las profesiones de los sectores de la industria y del comercio, están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 92/49. En efecto, esta disposición establece claramente que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva no sólo a los organismos de Seguridad Social, sino también a los seguros y operaciones que éstos efectúan como tales. Además, los Estados miembros conservan su competencia para regular sus sistemas de Seguridad Social y, por consiguiente, para establecer regímenes obligatorios basados en la solidaridad, regímenes que no podrían sobrevivir si hubiera que aplicarles la Directiva que implica la supresión de la obligación de afiliación.
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Política social ° Trabajadores y trabajadoras ° Acceso al empleo y condiciones de trabajo ° Igualdad de trato ° Directiva 76/207/CEE ° Despido de un transexual por un motivo relacionado con su cambio de sexo ° Improcedencia

(Directiva 76/207/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1)

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En atención al objetivo perseguido por la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, el apartado 1 del artículo 5 es contrario al despido de un transexual por un motivo relacionado con su cambio de sexo. En efecto, dado que el derecho a no ser discriminado por razón de sexo constituye uno de los derechos humanos fundamentales cuyo respeto debe garantizar el Tribunal de Justicia, el ámbito de aplicación de la Directiva no puede reducirse únicamente a las discriminaciones que se derivan de la pertenencia a uno u otro sexo. Debe extenderse a las discriminaciones que tienen lugar a consecuencia del cambio de sexo del interesado, al basarse esencialmente, si no exclusivamente, en el sexo del interesado, puesto que despedir a una persona por tener intención de someterse o haberse sometido a una operación de cambio de sexo es darle un trato desfavorable frente a las personas del sexo al que se consideraba que pertenecía antes de la citada operación.
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Arancel Aduanero Común ° Modificación o suspensión de derechos de importación ° Designación de los respectivos productos ° Interpretación ° Criterios ° Convertidores analógicos-digitales que sirvan para calcular el valor medio de formas de ondas variables encerrados en cápsulas cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 10 mm ° Convertidores contenidos en cápsulas redondas cuyo diámetro no exceda de 10 mm ° Inclusión

(Reglamentos del Consejo nos 3841/86, 1828/87, 3747/87, 1779/88, 3696/88, 1656/89 y 3393/89)

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Los Reglamentos nos 3841/86, 1828/87, 3747/87, 1779/88, 3696/88, 1656/89 y 3393/89, por los que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del Arancel Aduanero Común sobre un determinado número de productos industriales, deben interpretarse en el sentido de que la descripción del producto perteneciente a la partida arancelaria ex 85.21 D II, posteriormente, ex 8542 11 99, y definido como un convertidor analógico-digital encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 10 mm, igualmente incluye los convertidores contenidos en cápsulas redondas cuyo diámetro no exceda de 10 mm. En efecto, puesto que dichos Reglamentos designan un producto contenido en una cápsula que no debe ser objeto de una protección especial en favor de la producción comunitaria, cuya forma no se precisa y que sólo se describe por sus dimensiones exteriores máximas, se refieren tanto a las cápsulas redondas como a las cápsulas rectangulares.
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Libre circulación de mercancías ° Intercambios con países terceros ° Régimen de perfeccionamiento activo ° Inclusión, previa autorización de la autoridad aduanera, en el régimen de transformación bajo control aduanero como modo alternativo de ultimación ° Concesión de una autorización sometida a una restricción cuantitativa ° Improcedencia

[Reglamento nº 1999/85 del Consejo, art. 18, ap. 2, letra d) y ap. 3, párr. 1, y art. 21, ap. 1, letra a)]

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La letra d) del apartado 2 y el párrafo primero del apartado 3 del artículo 18, y el primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 21 del Reglamento nº 1999/85, relativo al régimen de perfeccionamiento activo, deben interpretarse en el sentido de que la autorización de inclusión en el régimen de transformación bajo control aduanero como modo alternativo de ultimación del régimen de perfeccionamiento activo no puede someterse a restricciones cuantitativas.

En efecto, al establecer que la autoridad aduanera concederá la autorización de recurrir a otros modos de ultimación cuando las circunstancias lo permitan, el párrafo primero del apartado 3 del artículo 18 de dicho Reglamento no confiere a esta autoridad una facultad de apreciación que le permita restringir el alcance de dicha autorización, sino que establece cierto automatismo en su concesión en el sentido de que si la autoridad aduanera comprueba que la utilización de los modos alternativos de ultimación del régimen de perfeccionamiento activo previstos en las letras c) a f) del apartado 2 del artículo 18 no puede dar lugar a abusos otorgando, por ejemplo, al beneficiario una ventaja arancelaria injustificada, está obligada a conceder la autorización; en caso contrario, no podrá sino denegarla.
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1. Competencia ° Normas comunitarias ° Obligaciones de los Estados miembros ° Normativa que tiene por objeto reforzar los efectos de prácticas colusorias preexistentes ° Concepto

(Tratado CEE, arts. 5 y 85)

2. Competencia ° Normas comunitarias ° Obligaciones de los Estados miembros ° Fijación por Comisiones de fletes de las tarifas del tráfico fluvial comercial, que resultan obligatorias tras su aprobación por la autoridad pública ° Compatibilidad ° Requisitos

[Tratado CEE, arts. 3, letra f), 5, párr. 2, y 85]

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1. Si bien es cierto que, considerado en sí mismo, el artículo 85 del Tratado se refiere únicamente a la conducta de las empresas y no a medidas legales o reglamentarias adoptadas por los Estados miembros, no lo es menos que dicho artículo, considerado en relación con el artículo 5 del Tratado, obliga a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera legislativas o reglamentarias, que puedan anular la eficacia de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. Tal es el caso cuando un Estado miembro o bien impone o favorece prácticas colusorias contrarias al artículo 85 o refuerza sus efectos, o bien retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica.

2. La letra f) del artículo 3, el párrafo segundo del artículo 5 y el artículo 85 del Tratado no se oponen a que la normativa de un Estado miembro prevea que las tarifas del tráfico fluvial comercial sean fijadas por Comisiones de fletes y resulten, previa aprobación por la autoridad pública, obligatorias para todos los operadores económicos, siempre que los miembros de estas Comisiones, aunque designados por la autoridad pública a propuesta de los sectores profesionales interesados, no actúen como representantes de éstos con el cometido de negociar y concluir acuerdos sobre precios, sino que estén encargados de fijar las tarifas de manera independiente y en función de consideraciones de interés general, y siempre que los poderes públicos no hagan dejación de sus prerrogativas y velen por que las Comisiones fijen las tarifas en función de consideraciones de interés general, sustituyendo la decisión de dichas Comisiones por la suya propia cuando resulte necesario.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Seguro de Vejez y Defunción ° Cálculo de las prestaciones ° Trabajador que no cumple simultáneamente los requisitos impuestos para el pago de prestaciones por todas las legislaciones a las que ha estado sometido ° Cómputo, por la legislación nacional cuyos requisitos se cumplen, de los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro con el único objeto de causar el derecho a pensión y de determinar el porcentaje de ésta ° Procedencia ° Discriminación por razón de la nacionalidad ° Inexistencia

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo, art. 3, aps. 1 y 49)

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El apartado 1 del artículo 3 y el artículo 49 del Reglamento nº 1408/71 deben interpretarse en el sentido de que, cuando el régimen obligatorio general de un Estado miembro reconoce un derecho a una pensión de vejez a partir de los 60 años a un trabajador de edad inferior a 65 años que haya cubierto períodos de actividad en este Estado y en otro Estado miembro en el que el derecho de pensión no se causa antes de cumplir 65 años, dichas disposiciones no se oponen a que los períodos cubiertos en este último Estado se tengan en cuenta únicamente para determinar el porcentaje de la pensión que pueda ser inmediatamente liquidada por la institución del primer Estado.

En efecto, por una parte, puesto que, cuando solicitó la liquidación de su pensión, el interesado no cumplía los requisitos impuestos por todas las legislaciones bajo las cuales había cubierto períodos de seguro, el artículo 49 del Reglamento excluye el cómputo, por la legislación nacional cuyos requisitos se cumplen, de los períodos cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro para calcular la cuantía de la pensión, pero, sin embargo, no prohíbe que la legislación de un Estado miembro cuyos requisitos se cumplen tenga en cuenta los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro para causar el derecho a la pensión de vejez y para determinar el porcentaje de dicha pensión.

Por otra parte, una normativa nacional como la controvertida no constituye una discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad. En efecto, es indistintamente aplicable a nacionales propios y de otros Estados miembros y no se ha demostrado que, entre los trabajadores que hayan cubierto períodos de seguro en Francia y en otro Estado miembro, perjudique a los nacionales de otros Estados miembros en mayor medida que a los propios nacionales. Por otra parte, el hecho de que las instituciones nacionales no tengan en cuenta períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro para calcular la cuantía de la pensión que adeudan es inherente al sistema del Reglamento nº 1408/71, el cual ha permitido que subsistan diferentes regímenes que generan créditos diversos contra instituciones diversas, con respecto a las cuales el beneficiario posee derechos directos.