Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento - Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia - Situación que debe considerarse - Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado

(Art. 226 CE)

2. Actos de las instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Necesidad de una adaptación clara y precisa del Derecho interno - Adaptación del Derecho interno a la directiva sin actividad normativa - Requisitos - Existencia de principios generales de Derecho que garantizan la plena aplicación de la directiva

(Art. 249 CE, párr. 3)

3. Actos de las instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Necesidad de una adaptación completa del Derecho interno - Disposición que sólo se refiere a las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión - Disposición que no implica necesariamente la adopción de medidas específicas de adaptación del Derecho interno - Facultad de la Comisión de demostrar la necesidad de adoptar medidas específicas de adaptación

4. Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Formulación inequívoca de las pretensiones del demandante

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 38, ap. 1)

Índice

$$1. En el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo señalado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia.

( véase el apartado 43 )

2. Las disposiciones de una directiva deben ejecutarse con indiscutible fuerza imperativa, con la especificidad, precisión y claridad exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica. A este respecto, las meras prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada, no pueden ser consideradas constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario, al mantener, para los sujetos de derecho afectados, un estado de incertidumbre en cuanto a la extensión de sus derechos y obligaciones en los ámbitos regulados por dicho ordenamiento jurídico.

Por tanto, aunque sea indispensable que la situación jurídica que se desprende de las medidas nacionales de adaptación del Derecho interno sea suficientemente precisa y clara para permitir a los particulares afectados conocer la extensión de sus derechos y obligaciones, no lo es menos que, según el propio tenor del artículo 249 CE, párrafo tercero, los Estados miembros pueden elegir la forma y medios de ejecutar las directivas que permitan garantizar del mejor modo el resultado que éstas persiguen y que de dicha disposición se desprende que la adaptación del Derecho interno a una directiva no exige necesariamente una acción legislativa en cada Estado miembro. Tampoco se exige siempre una transcripción formal de lo establecido por una directiva en una disposición legal expresa y específica, ya que para el cumplimiento de una directiva puede bastar, en función de su contenido, un contexto jurídico general. En particular, la existencia de principios generales de Derecho constitucional o administrativo puede hacer superflua la adaptación del Derecho interno mediante medidas legales o reglamentarias específicas, siempre que, no obstante, dichos principios garanticen efectivamente la plena aplicación de la directiva por la administración nacional y que, en el caso de que la disposición controvertida de la directiva tenga por objeto crear derechos para los particulares, la situación jurídica que se desprenda de dichos principios sea suficientemente precisa y clara y que los beneficiarios estén en condiciones de conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, de invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

( véanse los apartados 54 y 55 )

3. En principio no es preciso adoptar una disposición de una directiva que sólo trata sobre las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión. No obstante, habida cuenta de que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar la plena observancia del Derecho comunitario, la Comisión posee la facultad de demostrar que la observancia de la disposición de una directiva que regula esas relaciones necesita que se adopten medidas concretas para la adaptación del ordenamiento jurídico nacional.

Si un Estado miembro opta por no precisar de manera expresa el marco jurídico en el que las autoridades nacionales han de mantener tales relaciones, es responsable del posible incumplimiento de las obligaciones que en la materia resultan del Derecho comunitario.

( véanse los apartados 92 y 93 )

4. Del artículo 38, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia resulta que las pretensiones del demandante deben ser formuladas de manera inequívoca para que el Tribunal de Justicia no se arriesgue a resolver ultra petita o bien a omitir pronunciarse sobre el núcleo de las pretensiones.

( véase el apartado 121 )