2.

Por lo que se refiere a la interpretación del concepto de que se trata, la demandante señala desde el primer momento que no se puede deducir de la utilización del término «alemán» del artículo 1 del Reglamento no 2464/69 que mediante él se hace referencia al Derecho alemán. En realidad, este adjetivo tiene por único fin delimitar el ámbito de aplicación territorial del Reglamento; además, hay que partir del punto de vista de que la esencia del concepto de «empresario agrícola» es comunitaria. Opino que hay que adherirse sin reservas a estas observaciones. A este respecto, es importante que el Reglamento se funde en los artículos 42 y 43 del Tratado, es decir, que se trate de una medida adoptada en el marco de la Política Agrícola Común. Se puede hacer referencia igualmente al apartado 3 del artículo 3 del Reglamento, en virtud del cual, teniendo en cuenta el desarrollo de la Política Agrícola Común, el Consejo decidirá las medidas adecuadas según el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 43 del Tratado. Por último, un elemento interesante en el caso que nos ocupa es que la Comunidad participe en la financiación de las medidas. En cuanto a la cuestión de saber cuál es el contenido del concepto de Derecho comunitario que no ha sido objeto de definición expresa en el Reglamento, la demandante opina que el Reglamento se funda en el concepto que está en la base del Tratado. A este respecto, se refiere a una serie de artículos del Tratado (apartado 4 del artículo 37, artículos 40, 42, 43 y 45) para deducir de los mismos que el concepto de «productor» que se utiliza en el Tratado debe interpretarse como que se refiere a quienquiera que produzca productos agrícolas en el sentido del artículo 38 y del Anexo II del Tratado. Por esta razón, el sistema de producción -en el marco de una explotación agrícola tipo o de una explotación de carácter industrial y comercial-importa poco y, por lo tanto, hay que suponer que tal distin ción, para la que, por lo demás, no existe ningún criterio de Derecho comunitario, no tiene ninguna importancia en relación con el Reglamento no 2464/69. Me parece -y al respecto estoy de acuerdo con la Comisión-que este punto de vista no es convincente. Por una parte, el concepto de «productor agrícola» empleado en el Reglamento no aparece en los citados artículos del Tratado. Este se refiere -como en el artículo 42— a la producción de productos agrícolas. El apartado 4 del artículo 37 y el artículo 43 se refieren a los «productores interesados», expresión con la que hace se hace referencia a los productos agrícolas cuya comercialización se facilita a través de los monopolios de Estado de carácter comercial (apartado 4 del artículo 37) o de las organizaciones nacionales de mercado para determinados productos (artículo 43). Igual que en el artículo 40, en relación con el principio de no discriminación aplicable en el marco de la organización común de mercados agrícolas, aquí nos encontramos tan sólo con el concepto de «productor» y, como en el artículo 45, encontramos los términos de «productores nacionales» a los que las disposiciones nacionales garantizan un mercado para sus productos, o los términos de «productores de la Comunidad» para los que hay que excluir toda discriminación. Por otra parte recuerdo que en las conclusiones que presenté en el asunto 85/77 (sentencia de 28 de febrero de 1978, Avícola Sant'Anna,↔ Rec. p. 527), creí deber deducir de ciertos elementos que figuran en los artículos 38, 39 y 42 cuál era el concepto de «explotación agrícola» en el que se basa el Tratado. No obstante, el Tribunal de Justicia no se adhirió a esta opinión ni a la idea de que habría que basarse en la producción de productos agrícolas en el sentido del artículo 38. La sentencia Avícola Sant-'Anna señala que el Tratado no contiene ninguna definición de los conceptos de «agricultura» y de «explotación agrícola». Corresponde más bien a los órganos de la Comunidad elaborar cada vez una definición apropiada a cada normativa particular y así convendría fundarse, en particular, en los objetivos previstos por dicha normativa. Por esta razón no se puede responder a la cuestión planteada más que intentando averiguar en la terminología, finalidad y antecedentes del Reglamento no 2464/69 el contenido de la expresión «productor agrícola». Aplicando este método, la Comisión llegó a la conclusión de que dicho concepto no comprendía a los productores de carácter «industrial y comercial» de productos agrícolas. Si el Tribunal me permite decirlo en este momento, me parece que procede adherirse a este punto de vista. Los antecedentes de la disposición me parecen confirmarlo claramente. Al respecto, ya dije anteriormente que, en su origen, la República Federal de Alemania había deseado una compensación en frontera, es decir, una medida aplicable a los productos. No ha sido posible tomar una decisión en este sentido o no se ha podido aprobar más que una medida de menor alcance por la que se concedían ayudas. Pero esto implica igualmente -de acuerdo con el principio según el cual las regulaciones que difieren de las normas comunes del Tratado son de interpretación estricta-que el concepto de «productor agrícola», determinante para la concesión de las mismas, debe entenderse en su sentido estricto. Por lo demás, en las consultas, se ha visto que no sólo las explotaciones agrícolas en sentido propio habían sido tomadas en cuenta para el cálculo de las pérdidas de ingresos, sino que también se declaró expresamente que la concesión de ayudas debía limitarse a las explotaciones agrícolas en el sentido del Derecho fiscal alemán. Nos referimos sobre este punto al acta de la sesión del Consejo de 9 de diciembre de 1969 que se ha presentado a este Tribunal. Este documento recoge una declaración inequívoca del Comisario en ejercicio en aquel momento, el Sr. Mansholt; basándose en lo anterior, los miembros del Consejo dieron su consentimiento inmediatamente después. Pero como, según la jurisprudencia citada por la demandante, las reservas y las declaraciones que conservan carácter interno -las actas del Consejo no se publican— no pueden por sí mismas definir la interpretación de un concepto, es igualmente importante que dicha restricción resulte con suficiente claridad de los propios términos del Reglamento. Un elemento interesante al respecto es que, a diferencia del Tratado, que habla de la producción de productos agrícolas y siempre insiste en los productos, el Reglamento utiliza los términos «productores agrícolas». En realidad, la utilización del adjetivo «agrícola» sugiere la producción agrícola típica y esto es igualmente lo que debería deducirse del hecho de que el artículo 3 del Reglamento hable de la agricultura alemana. También me parece importante que en los considerandos del Reglamento se diga que la sustitución de las ayudas podría realizarse a través de medidas de carácter de política social o estructural. A este respecto, el primer elemento — medidas de carácter de política social — revela claramente el carácter social que se da a la compensación por la reevaluación; su finalidad es atenuar el hundimiento del nivel de ingresos de unos grupos de población que, fundamentalmente, ejercen sus actividades en explotaciones agrícolas pequeñas o medianas y que tan sólo pueden adaptarse lentamente a la evolución monetaria. Además nos podemos remitir igualmente al dictamen de la Asamblea mencionado también en los considerandos del Reglamento. Este dictamen fue preparado por el informe elaborado por el Sr. Vredeling en nombre de la Comisión de Agricultura (Parlamento Europeo, documentos de la sesión 1969-1970, documento no 165). Me parece tan interesante señalar, por una parte, que este documento recuerda el aumento del poder de compra que los agricultores alemanes obtienen de sus ingresos y la mejora de la situación social y económica de los agricultores alemanes, como indicar, por otra, que la Decisión del Parlamento (DO 1969, C 160, pp. 37 y ss.) utiliza los conceptos de «agricultura alemana» y «agricultores» y que se refiere a la situación económica y social de los agricultores alemanes. Por último, es interesante la finalidad de la normativa, como resulta claramente de los considerandos. Según éstos se trata de compensar las pérdidas de ingresos de la agricultura alemana, que son exactamente evaluadas. Al valorar estas pérdidas, los efectos positivos que produjo la reevaluación — baja de los precios de los alimentos para animales y de los bienes de equipo importados-fueron tomados en consideración. Pero es cierto que este elemento es más importante para los ganaderos de carácter «industrial o comercial», que no utilizan más que alimentos para animales y productos de base comprados, que para los agricultores que utilizan sobre todo sus propios productos. Para los ganaderos de carácter «industrial o comercial» — como hace suponer un análisis global-las pérdidas debidas a la reevaluación eran menos graves por ser diferente la estructura de sus empresas y mayor su flexibilidad; a este respecto, la situación no era lo suficientemente crítica como para que hubiera parecido inevitable aplicarles el régimen de compensación. Por estas razones, me parece que el concepto de «productor agrícola» utilizado en el Reglamento no 2464/69 y en la Decisión del Consejo de 21 de enero de 1974 sólo puede ser interpretado en el sentido de que no incluye a los productores de carácter «industrial y comercial». Es la única interpretación admisible en este caso. Por el contrario -y sin tener un conocimiento exacto de todos los detalles del caso de autos-no es posible actualmente dar importancia al hecho de que una autorización similar, concedida a los Países Bajos por el Reglamento del Consejo de 19 de noviembre de 1973, se haya interpretado en este Estado miembro — como lo demuestran una Ley de 19 de diciembre de 1973 y un Decreto de 7 de diciembre de 1973 — en el sentido de que los productores de carácter «industrial y comercial» se benefician igualmente de ayudas.