Asuntos acumulados T‑456/05 y T‑457/05

Gütermann AG y

Zwicky & Co. AG

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del hilo industrial — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Multas — Gravedad de la infracción — Repercusiones concretas en el mercado — Duración de la infracción — Circunstancias atenuantes — Cooperación durante el procedimiento administrativo — Proporcionalidad — Directrices para el cálculo del importe de las multas»

Sumario de la sentencia

1. Derecho comunitario — Interpretación — Actos de las instituciones — Motivación

2. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única — Imputación de responsabilidad a una empresa debido a su participación en la infracción considerada en su conjunto — Procedencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Imputación a una empresa — Responsabilidad derivada de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción — Procedencia — Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Cese de las infracciones — Facultad de la Comisión — Órdenes conminatorias dirigidas a las empresas

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 7, ap. 1]

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad y duración de la infracción — Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

7. Competencia — Multas — Importe — Carácter apropiado — Control jurisdiccional

[Arts. 229 CE y 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 31]

8. Recurso de anulación — Control jurisdiccional — Límites del recurso

(Art. 233 CE)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado — Criterios de apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Duración de la infracción — Infracciones de larga duración

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 1, sección B, párr. 1)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — No aplicación efectiva de un acuerdo — Apreciación en relación con el comportamiento individual de cada empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, puntos 1, sección A, párr. 1, y 3)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva o subordinada de la empresa

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, puntos 2 y 3)

13. Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Motivo nuevo — Concepto

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal, art. 48, ap. 2)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa imputada — Requisitos — Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo; Comunicación de la Comisión 96/C 207/04, título D, punto 2)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Fijación de la multa en proporción a los criterios de apreciación de la gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

1. La parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción.

(véase el apartado 41)

2. Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición.

La infracción única y continua incluye, a menudo, una serie de actos que se suceden cronológicamente y que, en el momento en que se cometen, pueden constituir igualmente por sí mismos, una infracción de las normas de competencia. La particularidad de dichos actos es que están incardinados en una estrategia de conjunto.

(véanse los apartados 45 y 46)

3. Una empresa que haya participado en una infracción única y compleja de las normas de la competencia mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo.

Una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, tal como se coordine con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente.

(véanse los apartados 50 y 53)

4. La facultad de la Comisión de formular intimaciones debe ejercitarse en función de la naturaleza de la infracción observada.

De hecho, en la medida en que una empresa ya no opera en el sector de que se trata, la intimación para el cese de las infracciones no le concierne. Por tanto, no se puede vulnerar el principio de proporcionalidad.

La aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, puede implicar la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones cuya ilegalidad se haya declarado, pero también la de adoptar un comportamiento futuro similar o toda medida que pudiera tener un objeto o un efecto equivalente.

Si la empresa afectada no se ha comprometido a no repetir su comportamiento contrario a la competencia, la Comisión puede también conminarla a que se abstenga en el futuro de toda medida que pudiera tener un objeto o un efecto equivalente, incluso si dicha empresa ya no opera en el sector afectado por la práctica colusoria.

Tales medidas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido.

(véanse los apartados 61, 63, 65 y 67)

5. Para determinar el concepto de «ejercicio económico precedente», la Comisión debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones establecido por el Reglamento nº 17 y el Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, el efecto que se pretenda alcanzar sobre la empresa afectada, en particular teniendo en cuenta el volumen de negocios que refleje la situación económica real de ésta durante el período en que se cometió la infracción.

Sin embargo, tanto de los objetivos del sistema en que se encuadran el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, como de la jurisprudencia se desprende que la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios presupone, por una parte, que la Comisión dispone de datos sobre el volumen de negocios del último ejercicio anterior a la fecha de adopción de la decisión y, por otra, que estos datos se refieren a un ejercicio completo de actividad económica normal durante un período de doce meses.

Así, si las cuentas anuales del ejercicio cerrado antes de la adopción de la Decisión aún no se han aprobado o no se han comunicado a la Comisión, ésta tiene el derecho y la obligación de utilizar el volumen de negocios de un ejercicio anterior a éste a fin de aplicar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003. Del mismo modo, cuando, a raíz de una reestructuración o de una modificación de las prácticas contables, las cuentas formuladas por la empresa para el ejercicio económico precedente correspondan a un período inferior a doce meses, la Comisión está facultada para recurrir, a efectos de la aplicación de las citadas disposiciones, al volumen de negocios alcanzado durante un ejercicio anterior referido a un año entero. Ocurre lo mismo cuando una empresa no ha ejercido ninguna actividad económica durante el ejercicio económico anterior y, en consecuencia, la Comisión no dispone de un volumen de negocios correspondiente a la actividad económica desarrollada por ésta durante dicho ejercicio. En efecto, el volumen de negocios correspondiente a dicho período no proporciona ninguna indicación sobre la importancia de dicha empresa, en contra de lo exigido por la jurisprudencia, ni puede, por ello, servir de base para el cálculo del límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

También es posible que, durante un ejercicio de actividad económica normal, el volumen de negocios de una empresa disminuya considerablemente, en comparación con ejercicios anteriores, por diversas razones, como un contexto económico difícil, una crisis en el sector en cuestión, un siniestro o una huelga. No obstante, cuando el volumen de negocios de una empresa se refiere realmente a un ejercicio completo durante el que ésta ha desarrollado actividades económicas, aunque sea a menor escala, la Comisión debe calcular el límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, sobre la base de dicho volumen de negocios. Por consiguiente, a menos que exista algún indicio de que la empresa haya cesado su actividad comercial o haya desviado su volumen de negocios para evitar la imposición de una multa elevada, procede considerar que la Comisión está obligada a calcular el límite máximo de la multa a partir del volumen de negocios más reciente que corresponda a un año entero de actividad económica.

(véanse los apartados 89 y 90 y 94 a 97)

6. La facultad de la Comisión de imponer multas que le atribuye el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, es uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario.

Esta misión comprende la tarea de proceder a la instrucción y sancionar las infracciones individuales e incluye igualmente el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. Así, incluye igualmente las funciones tanto de reprimir las conductas ilícitas como de impedir su repetición.

De ello se deduce que la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de las multas.

(véanse los apartados 79 y 91)

7. En el caso de los recursos dirigidos contra las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas a determinadas empresas por haber infringido las normas sobre la competencia, el juez comunitario es competente para apreciar, en el marco de la facultad jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE, 17 del Reglamento nº 17 y 31 del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, el carácter apropiado de la cuantía de las multas. Esta apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información, cuya mención en la Decisión no viene exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación prevista en el artículo 253 CE.

(véanse los apartados 105 y 106)

8. Si el destinatario de una decisión decide interponer recurso de anulación, al juez comunitario sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las partes relativas a otros destinatarios, que no han sido impugnadas, no integran el objeto del litigio que el juez comunitario ha de resolver.

(véase el apartado 112)

9. Para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción. Para declarar que existen repercusiones sobre el mercado, es suficiente que los precios convenidos hayan servido de base para fijar los precios de transacciones individuales, limitando así el margen de negociación de los clientes.

En cambio, no cabe exigir a la Comisión, una vez acreditada la aplicación de los acuerdos del cártel, que demuestre sistemáticamente que tales acuerdos permitieron efectivamente que las empresas implicadas alcanzasen un nivel de precios facturados superior al que habría predominado de no haber existido el cártel. Sería desproporcionado exigir dicha demostración que requeriría recursos considerables puesto que supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez y cuya infalibilidad no está probada en absoluto. En efecto, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel. Éstos no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen una reducción de la multa.

El comportamiento efectivo que pretende haber seguido una empresa carece de pertinencia a la hora de evaluar las repercusiones de un cártel sobre el mercado. Sólo se deben tener en cuenta los efectos que resultan de la infracción en su conjunto. Así, la toma en consideración del comportamiento infractor de una empresa afectada sobre la competencia se utiliza para apreciar su situación individual, pero no tiene repercusión alguna en la inclusión de la infracción en la categoría de las infracciones «muy graves».

En lo que respecta a una infracción de larga duración, es poco probable que las empresas afectadas hayan considerado que las prácticas imputadas carecieran completamente de eficacia o de utilidad.

La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». A este respecto, de la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen, en particular, fijar los precios pueden ser calificados de «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas. La descripción de las infracciones «muy graves» no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.

(véanse los apartados 126, 128 a 130, 133, 134, 136 y 137)

10. La duración de la infracción es uno de los elementos a tener en cuenta para determinar el importe de la multa que se impondrá a las empresas que hayan infringido las normas de competencia. En lo que respecta a las infracciones de larga duración, la Comisión puede aplicar automáticamente el incremento del porcentaje máximo del 10 % por año del importe calculado por la gravedad de la infracción. En efecto, aunque el punto 1, sección B, párrafo primero, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no prevé un incremento automático, concede un margen de apreciación al respecto a la Comisión.

Nada en las Directrices prohíbe tomar en consideración la duración real de la infracción en el marco del cálculo del importe de la multa. Tal enfoque es totalmente lógico y razonable, y se inscribe en el marco de la facultad de apreciación de la Comisión.

Cuando se demuestra que una empresa conocía los comportamientos ilegales de otros participantes o cuando podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a aceptar el riesgo derivado de los mismos, se considera también responsable, durante todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción. Así, la Comisión puede considerar implícitamente que la duración de la infracción no debe dividirse en función de la intensidad de la participación en la infracción de la empresa demandante en los mercados afectados. Si el papel desempeñado por la empresa de que se trata en el cártel se ha tenido en cuenta correctamente para determinar el importe de partida de la multa, el hecho de que la empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos del cártel no puede tenerse nuevamente en cuenta en la determinación de la duración de la infracción.

El incremento del importe de la multa en función de la duración de la infracción se realiza mediante la aplicación de un determinado porcentaje al importe de partida, que se determina en función de la gravedad del conjunto de la infracción, lo que refleja ya así la distinta intensidad de la infracción. Así pues, no sería lógico tener en cuenta una variación en la intensidad de la infracción durante el período de que se trata a la hora de calcular el incremento de este importe en función de la duración de la infracción. Sigue siendo necesario establecer una distinción entre la duración efectiva de la práctica colusoria y la gravedad de dicha práctica inherente a su propia naturaleza.

(véanse los apartados 147, 148, 150, 152, 156, 157, 159 y 160)

11. Las circunstancias atenuantes establecidas en el apartado 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se basan todas ellas en el comportamiento característico de cada empresa. A efectos de su apreciación procede tener en cuenta no los efectos resultantes de la totalidad de la infracción, que deben tenerse en cuenta en la valoración de sus repercusiones concretas sobre el mercado para evaluar su gravedad, sino el comportamiento individual de cada empresa, para examinar la gravedad relativa de la participación de cada empresa en la infracción.

Por tanto, las empresas deben formular otras alegaciones que puedan demostrar que, durante el período en que tomaron parte en los acuerdos ilícitos, se abstuvieron efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos, que incumplieron clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

(véanse los apartados 178 y 180)

12. El papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa de que se trate de una «actitud reservada», es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia. Entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en unas prácticas colusorias cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios en las prácticas colusorias, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción.

La pequeña dimensión de una empresa sólo constituye una circunstancia significativa que debe tomarse en consideración en determinadas circunstancias. Cuando los dirigentes de dicha empresa asumen la presidencia durante varias reuniones y las organizan, la Comisión puede concluir legítimamente que no existe un comportamiento pasivo: es evidente que convocar reuniones, proponer un orden del día y distribuir documentos preparatorios para tales reuniones es incompatible con la función pasiva de un subordinado que adopta una actitud reservada, puesto que tales iniciativas revelan una actitud favorable y activa de las empresas implicadas en relación con la elaboración, el seguimiento y el control de la práctica colusoria.

La Comisión no está vinculada por una práctica decisoria: el hecho de que en asuntos anteriores haya podido tener en cuenta la situación económica del sector como circunstancia atenuante no implica que necesariamente deba continuar observando esta práctica La Comisión ha de efectuar un análisis individual de las circunstancias propias de cada asunto, sin que esté vinculada por decisiones anteriores que afectan a otros operadores económicos, a otros mercados de productos y servicios o a otros mercados geográficos en distintos períodos de tiempo.

(véanse los apartados 184, 185, 189 y 193 a 195)

13. Del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal resulta que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

Sin embargo, procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituye una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo con éste.

(véanse los apartados 198 y 199)

14. La Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de las multas y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de las empresas implicadas en la investigación realizada por los servicios de esta institución. Con arreglo a la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, la cooperación de una empresa con la Comisión sólo podrá justificar una reducción de la multa si facilita la labor de la Comisión de declarar la existencia de una infracción y poner fin a la misma.

La Comisión no está vinculada por una práctica decisoria anterior cuando concede un cierto porcentaje de reducción por un determinado comportamiento: no está obligada a conceder la misma reducción proporcional al valorar un comportamiento similar en un procedimiento administrativo posterior.

La Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas. En este marco, la Comisión está facultada para efectuar apreciaciones fácticas complejas, como las que se refieren a la cooperación respectiva de las empresas afectadas. La lista de circunstancias que dan lugar a una reducción de la multa, recogida en la sección D, número 2, de la Comunicación sobre cooperación tiene únicamente carácter indicativo.

La Comisión no puede hacer caso omiso de la utilidad de la información aportada, que depende necesariamente de los elementos de prueba en su posesión. Cuando una empresa se limita a confirmar, de manera menos precisa y explícita, información ya facilitada por otra empresa, ello no facilita la labor de la Comisión de manera significativa y excluye una reducción por cooperación del importe de la multa.

La clemencia es una recompensa que la Comisión otorga a la empresa por facilitar la constatación de la infracción, sin importar la fase en la que la empresa aporte su ayuda, tanto si la ayuda consiste en informaciones y elementos de prueba nuevos como si se trata de la admisión de elementos fácticos o de la calificación jurídica de los mismos.

La reducción de la multa por el hecho de haber cooperado, depende principalmente de la calidad y la utilidad de la cooperación aportada que la Comisión evalúa en el marco de su amplio margen de apreciación, el cual sólo puede censurarse si se utiliza de manera manifiestamente excesiva.

Al valorar la colaboración prestada por las empresas implicadas, la Comisión no puede desconocer el principio de igualdad de trato, que sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado.

La evaluación de la utilidad de la cooperación no se basa en una fórmula aritmética que implique de oficio una reducción de al menos el 20 % si los dos guiones de la sección D de la Comunicación sobre cooperación son aplicables.

(véanse los apartados 219 a 225, 238, 246 y 248)

15. El principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulte apropiado y necesario para conseguir el objetivo perseguido.

En el contexto del cálculo de las multas, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores y no hay que atribuir a ninguno de estos factores una importancia desproporcionada en relación con los demás elementos de apreciación.

El principio de proporcionalidad implica en este contexto que la Comisión debe fijar la multa en proporción a los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y, a este respecto, debe aplicar dichos elementos de forma coherente y justificada objetivamente.

Así, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la situación financiera deficitaria de una empresa infractora al determinar el importe de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado. En todo caso, suponiendo que una medida adoptada por una autoridad comunitaria provoque la liquidación de una empresa, tal liquidación de una empresa en su forma jurídica en cuestión, aunque puede perjudicar a los intereses financieros de los propietarios, accionistas o titulares de acciones, no significa sin embargo que los elementos personales, materiales e inmateriales representados por las empresas pierdan también ellos su valor.

Así, ni el Reglamento nº 17, ni el Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, ni las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA establecen que el importe de las multas deba fijarse directamente en función del tamaño del mercado afectado, ya que dicho elemento no es más que un elemento pertinente entre otros.

Si bien las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios global o del volumen de negocios de las empresas en el mercado de que se trate, tampoco se oponen a que dicho volumen de negocios se tenga en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan. El volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la amplitud de la infracción y de la responsabilidad de cada miembro del cártel en el mercado de que se trate. En efecto, constituye un elemento objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia y representa, por tanto, un buen indicador de la capacidad de cada empresa de que se trata de infligir un daño. Sin embargo, no existe un principio de aplicación general según el cual la sanción deba ser proporcionada al volumen de negocios realizado por la empresa gracias a la venta del producto objeto de la infracción.

La Comisión no está obligada a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a dichas empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate. La Comisión no tiene la obligación de determinar el importe de la multa teniendo en cuenta el tamaño de las empresas implicadas; no existe razón alguna para tratar a las pequeñas y medianas empresas de forma diferente que al resto de empresas, ya que este hecho no les exime de su deber de cumplir las reglas de competencia.

(véanse los apartados 260, 261, 264, 266, 267, 275 y 277 a 283)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 28 de abril de 2010 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo del hilo industrial – Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Multas – Gravedad de la infracción – Repercusiones concretas en el mercado – Duración de la infracción – Circunstancias atenuantes – Cooperación durante el procedimiento administrativo – Proporcionalidad – Directrices para el cálculo del importe de las multas»

En los asuntos acumulados T‑456/05 y T‑457/05,

Gütermann AG, con domicilio social en Gutach-Breisgau (Alemania), representada por los Sres. J. Burrichter y B. Kasten y la Sra. S. Orlikowski-Wolf, abogados,

parte demandante en el asunto T‑456/05,

Zwicky & Co. AG, con domicilio social en Wallisellen (Suiza), representada por los Sres. J. Burrichter y B. Kasten y la Sra. S. Orlikowski-Wolf, abogados,

parte demandante en el asunto T‑457/05,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. F. Castillo de la Torre y M. Schneider y la Sra. K. Mojzesowicz, y posteriormente por el Sr. Castillo de la Torre y la Sra. Mojzesowicz, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2005) 3452 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.337 PO/Hilo), en su versión modificada por la Decisión C(2005) 3765 de la Comisión, de 13 de octubre de 2005, y, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta a las demandantes mediante dicha Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. M. Prek (Ponente) y V.M. Ciucǎ, Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de diciembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1. Objeto del litigio

1 Mediante la Decisión C(2005) 3452, de 14 de septiembre de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/38.337 – PO/Hilo; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en su versión modificada por la Decisión C(2005) 3765 de la Comisión, de 13 de octubre de 2005, cuyo resumen se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de enero de 2008 (DO C 21, p. 10), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que las demandantes, Gütermann AG (en lo sucesivo, «Gütermann») y Zwicky & Co. AG (en lo sucesivo, «Zwicky»), participaron en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el mercado del hilo destinado a la industria del Benelux y de los países nórdicos durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre del 2001, en lo que respecta a Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre del 2000, en lo que respecta a Zwicky.

2 La Comisión impuso una multa de un importe de 4,021 millones de euros a Gütermann y de 0,174 millones de euros a Zwicky por su participación en el cártel del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos.

2. Procedimiento administrativo

3 El 7 y el 8 de noviembre de 2001, la Comisión llevó a cabo verificaciones en los locales de varios productores de hilo de coser en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Dichas verificaciones se realizaron como consecuencia de informaciones aportadas en agosto del 2000 por The English Needle & Tackle Co. Ltd.

4 El 26 de noviembre de 2001, Coats Viyella plc (en lo sucesivo, «Coats») presentó una solicitud de clemencia con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación») junto con varios documentos aportados con el ánimo de probar la existencia de las prácticas concertadas siguientes: en primer lugar, un cártel en el mercado del hilo destinado a la industria automovilística en el Espacio Económico europeo (EEE); en segundo lugar, un cártel en el mercado del hilo para aplicaciones industriales en el Reino Unido; y, en tercer lugar, un cártel en el mercado del hilo para aplicaciones industriales en los países del Benelux así como de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (en lo sucesivo, considerados conjuntamente, «países nórdicos»).

5 Sobre la base de los documentos encontrados durante las verificaciones y de aquellos aportados por Coats, la Comisión envió a las empresas involucradas solicitudes de información en marzo y agosto de 2003, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17.

6 El 15 de marzo de 2004, la Comisión redactó un pliego de cargos que dirigió a varias empresas debido a su participación en uno o varios de los cárteles mencionados en el apartado 4 anterior, entre los que figura el del mercado del hilo para aplicaciones industriales en el Benelux y en los países nórdicos.

7 Todas las empresas destinatarias del pliego de cargos presentaron observaciones escritas. Gütermann respondió en su propio nombre y en el de Zwicky.

8 Los días 19 y 20 de julio de 2004 se celebró una audiencia.

9 El 24 de septiembre de 2004, se permitió a las partes el acceso a la versión no confidencial de las respuestas al pliego de cargos y a las observaciones de las partes en la audiencia, y recibieron un plazo para presentar otras observaciones.

10 El 14 de septiembre de 2005, la Comisión adoptó la Decisión impugnada.

3. Decisión impugnada

Definición de los mercados de referencia

Mercado de productos

11 En la Decisión impugnada la Comisión señala que el sector del hilo puede dividirse en dos segmentos, a saber, por una parte, el hilo destinado a la industria para coser o bordar diversos tipos de prendas de vestir u otros artículos, como artículos de cuero, revestimientos textiles de automóviles y de colchones, y, por otra parte, el hilo de uso doméstico, empleado por los particulares para tareas de costura o de reparación y para actividades de ocio.

12 En lo que respeta al segmento del hilo industrial, éste puede dividirse en tres categorías en función de la utilización que se haga del mismo: el hilo para costura, destinado a la confección, utilizado en diversos tipos de prendas de vestir; el hilo para bordado, utilizado en máquinas de bordado industriales informatizadas para decorar prendas de vestir, calzado de deporte y textiles del hogar; y el hilo especial que se utiliza en diversos sectores como el del calzado, los artículos de cuero y el sector automovilístico.

13 Según la Comisión, puede considerarse que el hilo industrial constituye, desde el punto de vista de la oferta, un mercado de un producto único, puesto que no existe una correlación estricta entre la utilización final y el tipo de fibra y/o la estructura del hilo.

14 Sin embargo, la Comisión lleva a cabo una distinción entre el hilo destinado a la industria automovilística, por un lado, y el de aplicación industrial a excepción del sector del automóvil, por otro. En efecto, considera que, a pesar de que los procesos de producción de ambos tipos de hilo son similares o fácilmente intercambiables, la demanda de la industria automovilística proviene de grandes clientes que requieren características más rigurosas para determinados productos ‑por ejemplo, el hilo utilizado para los cinturones de seguridad– y que dan importancia a la uniformidad de los productos utilizados por su industria en los diversos países.

15 En el caso de autos, el mercado de productos respecto del que se examina la infracción que se recrimina a las demandantes es el del hilo industrial a excepción del sector automovilístico (en lo sucesivo, «hilo industrial»).

Mercados geográficos

16 En la Decisión impugnada, la Comisión declara que, según las informaciones aportadas por las partes, el mercado geográfico de referencia para el hilo industrial es de dimensión regional. Añade que la región puede abarcar, dependiendo del caso, varios países del EEE, por ejemplo los países del Benelux o los países nórdicos, o un único país, por ejemplo, el Reino Unido.

17 En el caso de autos, el mercado geográfico afectado por la infracción que se recrimina a las demandantes es el de Benelux y los países nórdicos.

Tamaño y estructura de los mercados de referencia

18 De la Decisión impugnada se desprende que el volumen de ventas del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos ascendía aproximadamente a 50 millones de euros en el 2000 y a 40 millones en el 2004.

19 De dicha Decisión resulta también que, a finales de los años noventa, los principales distribuidores de hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos eran, en particular, Gütermann, Zwicky, Amann und Söhne GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Amann»), Barbour Threads Ltd, antes de su adquisición por Coats, Belgian Sewing Thread NV (en lo sucesivo, «BST»), y Coats.

Descripción de los comportamientos ilícitos

20 La Comisión sostiene, en la Decisión impugnada, que los hechos relativos al cártel en el mercado del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos se produjeron entre los años 1990 a 2001.

21 Según la Comisión, las empresas implicadas se reunieron al menos una vez al año y dichas reuniones se organizaron en dos sesiones, una dedicada al mercado de los países del Benelux, y otra al de los países nórdicos, cuyo objetivo principal era mantener los precios a un nivel elevado en ambos mercados.

22 Sostiene que los participantes intercambiaron listas de precios e informaciones sobre los descuentos, la aplicación de incrementos sobre los precios del catálogo, la disminución de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados clientes. Asimismo sostiene que se celebraron acuerdos sobre las futuras listas de precios, la tasa máxima de descuento, las disminuciones de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados clientes, así como acuerdos destinados a evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante y a repartirse los clientes.

Dispositivo de la Decisión impugnada

23 En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, la Comisión declara que ocho empresas, entre las que figuran Gütermann y Zwicky, infringieron el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en acuerdos y prácticas concertadas en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre del 2001 en el caso de Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre de 2000 en lo que respecta a Zwicky.

24 Según el artículo 2, primer guión, de la Decisión impugnada, se imponen las siguientes multas por las prácticas concertadas en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, en particular, a las empresas siguientes:

– Coats: 15,05 millones de euros;

– Amann: 13,09 millones de euros;

– BST: 0,979 millones de euros;

– Gütermann: 4,021 millones de euros;

– Zwicky: 0,174 millones de euros.

25 En el artículo 3 de la Decisión impugnada, la Comisión ordena a las empresas a quienes se dirige dicha Decisión el cese inmediato de las infracciones declaradas, si todavía no lo habían hecho. Les impone también la obligación de abstenerse de repetir cualquier comportamiento de los mencionados en el artículo 1 de la Decisión impugnada y cualquier acto o práctica que tenga un objeto o efecto equivalente.

Procedimiento y pretensiones de las partes

26 Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal el 30 de diciembre de 2005, las demandantes interpusieron los presentes recursos.

27 En el asunto T‑456/05, Gütermann solicita al Tribunal que:

– Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declara que ha infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con el mercado de Finlandia, Noruega y Suecia, durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre del 2001 y, con carácter subsidiario, durante el período comprendido entre enero de 1990 y diciembre de 1993 inclusive.

– Anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le impone una multa de un importe de 4,021 millones de euros o, con carácter subsidiario, que se reduzca adecuadamente la cuantía de dicha multa.

– Condene en costas a la Comisión.

28 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a Gütermann.

29 En el asunto T‑457/05, Zwicky solicita al Tribunal que:

– Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declara que ha infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con el mercado de Finlandia, Noruega y Suecia, durante el período comprendido entre enero de 1990 y noviembre del 2000 y, con carácter subsidiario, durante el período comprendido entre enero de 1990 y diciembre de 1993 inclusive.

– Anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le impone una multa de un importe de 0,174 millones de euros o, con carácter subsidiario, que se reduzca adecuadamente la cuantía de dicha multa.

– Anule el artículo 3 de la Decisión impugnada en lo que la concierne.

– Condene en costas a la Comisión.

30 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a Zwicky.

31 Mediante auto de 9 de diciembre de 2008, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal decidió, oídas las partes, acumular los asuntos T‑456/05 y T‑457/05, a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

Fundamentos de Derecho

32 En primer lugar, las demandantes invocan dos motivos relativos al comportamiento ilícito. Primeramente invocan un motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1). A continuación, Zwicky invoca un motivo basado en el carácter injustificado de las órdenes conminatorias de poner fin a la infracción y de abstenerse de reincidir.

33 En segundo lugar, las demandantes invocan una serie de motivos que pretenden lograr la supresión o la reducción de la multa. Por una parte, Zwicky reprocha a la Comisión haberle impuesto una multa cuyo importe supera el límite del 10 % de su volumen de negocios. Por otra parte, las demandantes invocan cinco motivos basados, respectivamente, en una apreciación errónea de la gravedad de la infracción en lo que respecta a sus efectos, en una apreciación errónea de la duración de la infracción, en que no se tuvieron en cuenta varias circunstancias atenuantes, en la aplicación errónea de la Comunicación sobre la cooperación y en el carácter desproporcionado de la multa.

1. Sobre los motivos que rebaten la declaración de existencia de un comportamiento ilícito y se oponen a las órdenes conminatorias de poner fin al mismo y de abstenerse de reincidir

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003

Alegaciones de las partes

34 Según las demandantes, la Comisión infringió el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, el cual dispone que, «cuando la Comisión, de oficio o previa denuncia de parte, constate la existencia de una infracción de los artículos 81 [CE] o 82 [CE], podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción constatada». En efecto, considera que, al reprocharles haber infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE debido a su participación en acuerdos y en prácticas concertadas en los mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre del 2001 en el caso de Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre de 2000 en el de Zwicky, la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que el Acuerdo EEE no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994 y, en consecuencia, antes de dicha fecha, las disposiciones de dicho acuerdo no se aplicaban en Finlandia, Noruega ni Suecia. Asimismo, alega que, puesto que Finlandia y Suecia no se adhirieron a la Comunidad Europea hasta el 1 de enero de 1995, el artículo 81 CE no pasó a ser de aplicación directa más que a partir de dicha fecha.

35 Además, las demandantes consideran que la Comisión declaró acertadamente que una infracción en el sentido jurídico del término, es decir, una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE derivada de su comportamiento, no pudo existir, en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia, más que a partir del 1 de enero de 1994. Así, sostienen que la Comisión cometió un error al basarse, desde un punto de vista jurídico, en la existencia de una infracción que aumentaba en intensidad. A su juicio, la Comisión no distingue entre la apreciación material del comportamiento de las demandantes como práctica colusoria única y continua desde enero de 1990 a septiembre de 2001, en el caso de Gütermann, y desde enero de 1990 a noviembre del 2000, en el de Zwicky, y la apreciación jurídica de dicho comportamiento en tanto infracción de las normas de competencia durante dichos períodos.

36 Las demandantes sostienen igualmente que su motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 es admisible. En efecto, consideran que la Comisión invoca erróneamente la inadmisibilidad de dicho motivo basándose en que las demandantes no invocan la existencia de un error manifiesto de apreciación respecto de la calificación de su comportamiento colusorio único y continuo. En su opinión, la Comisión calificó su comportamiento de práctica colusoria única y continua desde el punto de vista fáctico, lo que no se cuestiona en el marco del presente motivo. Sin embargo, el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, contiene, a su juicio, una apreciación jurídica errónea puesto que, por un lado, Zwicky no estaba presente en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos y, por otro, en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia, no pudo existir una infracción de las normas de competencia entre enero de 1990 y diciembre de 1993.

37 Con carácter principal la Comisión invoca la inadmisibilidad del presente motivo de las demandantes y, con carácter subsidiario, rebate el fundamento del mismo.

Apreciación del Tribunal

38 El Tribunal considera que procede pronunciarse sobre el fundamento del motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, sin que sea necesario examinar su admisibilidad.

39 En primer lugar, procede señalar que, en el artículo 1, apartado 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada, la Comisión declara que las demandantes han infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE debido a su participación, entre enero de 1990 y septiembre de 2001, en el caso de Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre del 2000, en el de Zwicky, en prácticas concertadas en los mercados del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.

40 Es necesario señalar que, considerado de manera aislada, dicho artículo podría ser interpretado en el sentido de que la Comisión estima que las demandantes cometieron una infracción debido a su participación en prácticas concertadas en el mercado del hilo industrial en Finlandia, Noruega y Suecia, entre enero de 1990 y diciembre de 1993, es decir, antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE. Ahora bien, ha quedado acreditado que, durante dicho período, no existía ninguna base jurídica que permitiese a la Comisión declarar la existencia de tal infracción por parte de las demandantes.

41 Sin embargo, de la jurisprudencia se desprende que la parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión, C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549, apartado 21; sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2000, EPAC/Comisión, T‑204/97 y T‑270/97, Rec. p. II‑2267, apartado 39).

42 A este respecto, resulta claramente de los considerandos 246, 295 a 298 y 331 de la Decisión impugnada que, en la medida en que el cártel comprendía Finlandia, Noruega y Suecia, dicho comportamiento no fue constitutivo de una infracción de las normas comunitarias de la competencia y de las normas del EEE relativas a la competencia, más que a partir del 1 de enero de 1994, fecha de entrada en vigor del Acuerdo EEE. En consecuencia, el artículo 1, apartado 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada debe leerse a la luz de dicha motivación clara y desprovista de cualquier ambigüedad. Así, procede considerar que el dispositivo de la Decisión impugnada debe leerse en el sentido de que, en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia, los elementos de la infracción única y continua no existieron más que a partir del 1 de enero de 1994.

43 En segundo lugar, las demandantes invocan en vano, esencialmente, una distinción supuestamente realizada por la Comisión, en la Decisión impugnada, entre la apreciación jurídica de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, por una parte, y la apreciación material, en los considerandos 264 a 277 de la Decisión impugnada, de su comportamiento en tanto infracción única y continua, por otra. Sostienen, igualmente de manera errónea, que, puesto que, en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia, no pudo existir una infracción «en el sentido jurídico del término», más que a partir del 1 de enero de 1994, la Comisión cometió un error al declarar que únicamente existía una infracción que aumentó en intensidad.

44 En primer lugar, es necesario señalar que las demandantes no cuestionan en absoluto el carácter único y continuo de la infracción en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.

45 A continuación, procede recordar que una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 81; sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑897, apartado 155).

46 Así, la infracción única y continua incluye, a menudo, una serie de actos que se suceden cronológicamente y que, en el momento en que se cometen, pueden constituir igualmente por sí mismos, una infracción de las normas de competencia. La particularidad de dichos actos consiste en que están incardinados en una estrategia de conjunto. Esto es lo que la Comisión sostiene, en esencia, en los considerandos 264 a 277 de la Decisión impugnada con respecto al cártel relativo al mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.

47 En contra de lo que sostienen las demandantes, las observaciones contenidas en los considerandos de la Decisión impugnada citados anteriormente no consisten únicamente en una mera constatación de elementos fácticos, sino que exponen razones objetivas que obligan a la Comisión a concluir que la infracción en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos forma, junto con la del mercado del hilo industrial del Benelux, una infracción única y continua.

48 El hecho de que la base jurídica en que se funda la Comisión para declarar la infracción en los mercados del hilo industrial de Finlandia, Noruega y Suecia, sea posterior al comienzo de la infracción, es irrelevante a este respecto, puesto que, según se desprende de la motivación de la Decisión impugnada, no se ha tenido en cuenta el comportamiento de las demandantes en dicho mercado más que a partir del 1 de enero de 1994.

49 En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de Zwicky basada en que no estaba presente en el mercado de los países nórdicos. Según se ha señalado en el apartado 44 anterior, Zwicky confirmó que no cuestionaba la calificación de infracción única y continua del cártel en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.

50 Pues bien, de la jurisprudencia resulta que una empresa que haya participado en una infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 45 supra, apartado 203; sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2002, Brugg Rohrsysteme/Comisión, T‑15/99, Rec. p. II‑1613, apartado 73).

51 En el caso de autos, Zwicky no rebate su participación regular en las reuniones dedicadas al hilo industrial en el mercado de los países nórdicos, no cuestiona, en modo alguno, la afirmación de la Comisión según la cual participó activamente en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos antes del inicio de la infracción única, no niega haber participado en los elementos ilícitos relativos al mercado del hilo industrial del Benelux, y tampoco refuta que dichos elementos ilícitos pertenecen a una estrategia global y, en consecuencia, no son más que algunos de los componentes de una infracción única y continua en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.

52 De ello se desprende que el mero hecho de que Zwicky no estuviese presente en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos durante el período en que se cometió la infracción única y continua no le exonera de su responsabilidad por los comportamientos llevados a cabo en dicho mercado geográfico por las otras empresas en el marco de dicha infracción.

53 Además, en la medida en que la alegación de Zwicky debe interpretarse en el sentido de que únicamente las empresas activas en calidad de competidores, oferentes o demandantes en el mercado geográfico de los países nórdicos pueden coordinar su comportamiento en tanto empresas (co)autoras de una infracción, procede señalar que una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, tal como se coordine con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, apartado 122).

54 Habida cuenta de las consideraciones realizadas en el apartado 51 anterior, Zwicky no puede cuestionar válidamente el hecho de que es igualmente responsable, en calidad de coautor, de la comisión de una infracción de las normas de competencia como consecuencia del cártel del hilo industrial en el mercado de los países nórdicos.

55 En consecuencia, debe desestimarse el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003.

Sobre el motivo, invocado por Zwicky, basado en el carácter injustificado de las órdenes conminatorias de poner fin a la infracción y de abstenerse de reincidir

Alegaciones de las partes

56 Zwicky sostiene que, en el artículo 3 de la Decisión impugnada, la Comisión ordenó a las empresas implicadas poner fin inmediatamente a las infracciones declaradas, si todavía no lo habían hecho, y abstenerse, en el futuro, de todo acto incluido en las infracciones declaradas o de todo comportamiento que tenga un objeto similar.

57 Ahora bien, Zwicky sostiene que no sólo no opera en los mercados de que se trata en la Decisión impugnada desde noviembre de 2000, sino que además, renunció a la totalidad de sus actividades comerciales para dedicarse, en la actualidad, a la gestión de bienes inmobiliarios. Considera que las referidas órdenes conminatorias violan el principio de proporcionalidad y que el artículo 3 de la Decisión impugnada es ilegal. A su juicio, en la medida en que la Comisión tenía la posibilidad de declarar que se había puesto fin a las infracciones y que no existía ningún riesgo de reincidencia sin necesidad de llevar a cabo verificaciones suplementarias, la Comisión no tenía ningún interés legítimo para adoptar una orden conminatoria. Zwicky se basa, a este respecto, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1983, GVL/Comisión (7/82, Rec. p. 483, apartados 24 y siguientes).

58 La Comisión solicita que se desestime este motivo.

Apreciación del Tribunal

59 Es necesario indicar que, mediante el presente motivo, Zwicky solicita la anulación del artículo 3 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada en la medida en que le afecta.

60 Procede señalar que el artículo 3 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada contiene, de hecho, dos órdenes conminatorias.

61 En primer lugar, dicha disposición exige a las empresas de que se trata que pongan fin inmediatamente, si todavía no lo han hecho, a las infracciones recogidas en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada. A este respecto, en la medida en que Zwicky ya no operaba en el sector del hilo industrial en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, la argumentación presentada en contra de dicha disposición carece manifiestamente de fundamento. En efecto, a pesar de que figura entre las empresas mencionadas en el artículo 1 de la Decisión impugnada, Zwicky ya había puesto fin a la infracción debido al cese de actividades y, en consecuencia, la intimación controvertida no le concierne (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 1247). Esta circunstancia hace igualmente inoperantes las alegaciones de Zwicky relativas a la vulneración del principio de proporcionalidad a este respecto (véase, en este sentido la sentencia del Tribunal de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. I‑881, apartado 196).

62 En segundo lugar, el artículo 3 de la Decisión impugnada exige que las empresas mencionadas en el artículo 1 se abstengan en lo sucesivo de reproducir todo acto o comportamiento descrito en el artículo 1 así como de cualquier medida que tenga un objeto o efecto equivalente.

63 Procede recordar que la aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 puede implicar la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones cuya ilegalidad se haya declarado, pero también la de adoptar un comportamiento futuro similar. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal General, de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II 491, apartados 4704 y 4705, y la jurisprudencia citada) Por otra parte, la facultad de la Comisión de formular intimaciones debe ejercitarse en función de la naturaleza de la infracción observada (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión, 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado 45; sentencias del Tribunal General de 7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión, T‑228/97, Rec. p. II‑2969, apartado 298, y de 12 de diciembre de 2000, Aéroports de Paris/Comisión, T‑128/98, Rec. p. II‑3929, apartado 82).

64 En el caso de autos, la Comisión declaró, en el artículo 1 de la Decisión impugnada que Zwicky, junto con otras empresas, infringió el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, al participar, durante un período muy largo, en acuerdos y prácticas concertadas en el sector del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos, donde se pusieron de acuerdo para fijar las futuras listas de precios, la tasa máxima de descuento, las disminuciones de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados clientes, así como para evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante y repartirse los clientes. Zwicky no niega las alegaciones recogidas en la Decisión impugnada a este respecto.

65 En estas circunstancias, al conminar a las empresas implicadas a abstenerse en el futuro de toda medida que pudiera tener un objeto o un efecto equivalente, en el marco del mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, la Comisión no se extralimitó en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 61 supra, apartado 199).

66 El hecho de que Zwicky ya no operase en el sector del hilo industrial el día de la adopción de la Decisión impugnada no desvirtúa la anterior conclusión. En efecto, una orden conminatoria como la del caso de autos es de naturaleza preventiva y no depende de la situación de las empresas de que se trate en el momento de la adopción de la Decisión impugnada.

67 La Comisión tenía derecho a incluir dicha orden conminatoria en la parte dispositiva de la Decisión impugnada, dado, especialmente, que Zwicky no se comprometió a no repetir su comportamiento contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 678).

68 Por otro lado, la sentencia GVL/Comisión, citada en el apartado 57 supra, invocada por Zwicky, carece de pertinencia en el caso de autos. En efecto, además de que las circunstancias de dicho asunto difieren de las del caso de autos, ha quedado demostrado, en los apartados 60 a 67 anteriores, que, por un lado, la orden de poner fin inmediatamente a las infracciones recogidas en el artículo 1 de la Decisión impugnada no se dirigía a Zwicky, y, por otro, que la Comisión tenía un interés perfectamente legítimo en ordenarle abstenerse, en el futuro, de todo acto comprendido en las infracciones declaradas o de todo comportamiento que tenga un objeto similar.

69 Vistas las razones expuestas, procede desestimar el presente motivo.

2. Sobre los motivos destinados a impugnar la multa y su importe

Sobre el motivo, invocado por Zwicky, basado en que se ha sobrepasado el límite del 10 % del volumen de negocios

Alegaciones de las partes

70 Tras indicar que había cesado sus actividades comerciales relativas al hilo industrial en noviembre del 2000, Zwicky reprocha, en primer lugar, a la Comisión, el haber basado su cálculo del importe máximo del 10 % del volumen de negocios en el volumen de negocios realizado por Gütermann. En efecto, esta última empresa retomó únicamente una parte de sus actividades y no estaba sometida a su control. Por tanto, considera que únicamente el volumen de negocios de Zwicky es determinante. Sostiene que, puesto que Zwicky no tiene volumen de negocios desde el 2001, no puede imponérsele ninguna multa en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. En efecto, el Reglamento nº 1/2003 tiene en cuenta el volumen de negocios total del último ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión. A su juicio, el hecho de que se vincule la multa a éste último volumen permite tener en cuenta la importancia y la influencia de la empresa en el mercado. Así pues, es la situación actual de las empresas respecto de su volumen de negocios la que resulta determinante. En su opinión, una empresa que ya no realiza un volumen de negocios no posee influencia alguna en el mercado y, en consecuencia, ya no se le pueden imponer multas.

71 Señala, a continuación, que la sentencia del Tribunal, de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (T‑33/02, Rec. p. II‑4973), invocada por la Comisión, debe interpretarse en el sentido de que la consideración de un volumen de negocios que no sea el del ejercicio económico completo anterior a la fecha de adopción de la Decisión es posible cuando la empresa de que se trata ha cesado sus actividades comerciales o ha malversado su volumen de negocios para evitar la imposición de una cuantiosa multa. Tal no es el caso en el presente asunto. Zwicky sostiene, a este respecto, que sus actividades se vendieron un año antes de las verificaciones de la Comisión como consecuencia de la degradación de su situación competitiva.

72 Zwicky sostiene, además, que, en el caso de autos, Gütermann adquirió su actividad comercial en el marco de una compra de activos (asset deal) y que, en consecuencia, los ingresos vinculados a la actividad cedida deberían haber pasado a Gütermann y aumentar su volumen de negocios a tener en cuenta para la aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Además, alega que la venta de sus actividades a Gütermann no constituye una mera reorganización interna de la empresa.

73 Por último, sostiene que el hecho de que las demandantes enviasen un único documento en respuesta del pliego de cargos se explica por el hecho de que Gütermann se hizo cargo de las actividades relativas al hilo industrial y que el presidente del consejo de administración de Zwicky fue nombrado miembro del consejo de administración de Gütermann tras dicha operación. Sin embargo, ello no cambia el hecho de que Zwicky es independiente de Gütermann y que esta última no se ha convertido en accionista de la primera.

74 La Comisión considera que este motivo es inoperante en la medida en que, incluso si la alegación de Zwicky fuese cierta, determinó el límite de la multa teniendo en cuenta el volumen de negocios del ejercicio social anterior, lo que ya hizo en otros asuntos. Pues bien, considera que el volumen de negocios global de Zwicky en el año 1999 era de 4,5 millones de euros y que la multa impuesta de un importe de 0,174 millones de euros no sobrepasa en modo alguno el límite del 10 % del volumen de negocios.

75 Con carácter subsidiario, la Comisión alega, en primer lugar, que, a pesar de que Gütermann adquirió, en noviembre del 2000, las actividades de Zwicky implicadas en el cártel del mercado del hilo industrial, tuvo en cuenta el hecho de que Zwicky estuvo envuelta en la infracción sancionada durante diez años y consideró que, el hecho de que, tras la venta por Zwicky de sus actividades comerciales, ésta haya subsistido jurídicamente bajo la forma de una «cáscara vacía» constituye una maniobra orquestada con el objetivo específico de escapar a las sanciones impuestas por la infracción de las normas de la competencia. Además, sostiene que Zwicky no rebate la jurisprudencia según la que corresponde, en principio, a la persona física o moral que dirigía la empresa de que se trata en el momento de la infracción responder de la misma. Añade que, puesto que el presidente del consejo de administración de Zwicky estaba presente en el seno del directorio de Gütermann y disponía, así, de conocimientos precisos sobre la participación de ambas empresas en el cártel, se pueden comprender fácilmente las razones que motivaron la decisión de mantener la existencia de Zwicky.

76 La Comisión considera, a continuación, que la interpretación que Zwicky realiza del artículo 23, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 1/2003 no es compatible con el principio de efectividad, puesto que permite a las empresas evitar su responsabilidad mediante reorganizaciones puramente internas. Ésta es, a su juicio, la opinión del Tribunal General en la sentencia Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra.

77 Por último, la Comisión alega que los vínculos estrechos existentes entre Zwicky y Gütermann se deducen de la redacción de una respuesta común al pliego de cargos y de la presencia de abogados idénticos para representarles ante el Tribunal.

Apreciación del Tribunal

78 Con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión podrá imponer a las empresas multas que no superen el 10 % del volumen de negocios que hayan realizado durante el ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión. Este límite máximo del 10 % pretende evitar que las multas sean desproporcionadas en relación con la importancia de la empresa y, en particular, que se impongan multas que las empresas afectadas no sean capaces de pagar. Dado que sólo el volumen de negocios global puede dar efectivamente una indicación aproximada a este respecto, se debe entender que es un porcentaje referido al volumen de negocios global (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 119).

79 Es necesario igualmente señalar que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 tienen por objeto encomendar a la Comisión la facultad de imponer multas con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 105, y sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartado 105). Esta misión comprende la tarea de proceder a la instrucción y sancionar las infracciones individuales, y el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. De ello se deduce que la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de las multas (sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, antes citada, apartados 105 y 106).

80 Asimismo, procede señalar que el «ejercicio económico precedente» en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003 se refiere, en principio, al último ejercicio completo de cada una de las empresas afectadas en el momento de la adopción de la Decisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 32).

81 En el caso de autos, dado que la Decisión impugnada tiene fecha de 14 de septiembre de 2005, el ejercicio económico precedente es el del período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. Pues bien, Zwicky cedió sus actividades a Gütermann en el ámbito del hilo industrial en noviembre del 2000. Por consiguiente, la Comisión consideró que, en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, no disponía, con respecto a Zwicky, de un volumen de negocios que representase una actividad económica ejercida por dicha empresa durante el ejercicio económico precedente. Además, basándose, según el considerando 383 de la Decisión impugnada, en la supuesta existencia de un vínculo de sociedad matriz y filial entre Gütermann y Zwicky, debido a que la segunda cedió sus actividades relativas al hilo industrial a la primera, estimó posible basarse en el volumen de negocios de Gütermann para la aplicación del límite del 10 %.

82 Hay que distinguir dos aspectos de las alegaciones formuladas por Zwicky: por una parte, la elección de la Comisión de tener en cuenta el volumen de negocios de Gütermann y, por otra, el no haber tenido en consideración su volumen de negocios del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005, aunque este fuese igual a cero.

83 En lo que respecta al primer aspecto de las alegaciones formuladas por Zwicky, es necesario reconocer que, en el cálculo de la multa impuesta a Zwicky, la Comisión se refiere erróneamente al volumen de negocios de Gütermann para determinar el límite del 10 % del volumen de negocios que no se debe superar.

84 En efecto, Gütermann únicamente retomó, en noviembre de 2000, las actividades de Zwicky en el terreno del hilo industrial. En la vista, Zwicky explicó que esta cesión de actividades se realizó de dos maneras: por un lado, mediante la conclusión, en Suiza, de un contrato de transferencia de activos, como los almacenes y las máquinas, y, por otro, mediante la venta de acciones en Alemania.

85 Sin embargo, la Comisión admitió en la vista que Gütermann no había absorbido a Zwicky en modo alguno, y que, en consecuencia, no se había convertido en su propietaria. Así, la cesión de las actividades relativas al hilo industrial no tuvo repercusión alguna sobre la independencia jurídica y económica de Zwicky.

86 Los argumentos según los cuales el presidente del consejo de administración de Zwicky se convirtió en miembro de la dirección de Gütermann, que ambas empresas tienen el mismo abogado y que presentaron una respuesta común al pliego de cargos no justifican por sí solos, en el caso de autos, la postura de la Comisión en lo que respecta a la existencia de un vínculo de sociedad madre y filial entre ambas empresas.

87 Además, la Comisión no ha demostrado, en modo alguno, de qué manera las informaciones aportadas por Zwicky en respuesta a su petición de información sobre su cesión de actividades y sus vínculos con Gütermann le indujeron a error.

88 De ello se desprende que, en lo que respecta al volumen de negocios de Gütermann, la Comisión incurrió en un error de apreciación cuyas consecuencias se analizarán en los apartados 104 y siguientes.

89 Respecto del segundo aspecto de las alegaciones formuladas por Zwicky, a saber, el hecho de que no se tuvo en cuenta su volumen de negocios igual a cero resultante de su presunta actividad económica durante el año anterior a la adopción de la Decisión impugnada, esta cuestión implica el examen de la manera en que la Comisión debe definir el concepto de «ejercicio económico precedente» en casos en los que se producen cambios sustanciales en la situación económica de la empresa de que se trate entre el fin del período durante el cual se cometió la infracción y la fecha de adopción de la Decisión de la Comisión por la que se impuso la multa.

90 Por lo que a dicho concepto de «ejercicio económico precedente» se refiere, hay que señalar que, según jurisprudencia consolidada, para interpretar una disposición de Derecho comunitario, procede tener en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2005, VEMW y otros, C‑17/03, Rec. p. I‑4983, apartado 41; de 1 de marzo de 2007, Jan De Nul, C‑391/05, Rec. p. I‑1793, apartado 20, y de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 80 supra, apartado 21).

91 A este respecto, como se recuerda en el apartado 79 anterior, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 tienen por objeto encomendar a la Comisión la facultad de imponer multas con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Dicha misión incluye, en particular, las funciones tanto de reprimir las conductas ilícitas como de impedir su repetición (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 173).

92 Es preciso añadir que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y al artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión ha de tomar en consideración la gravedad y la duración de la infracción de que se trate.

93 A la luz de estos elementos, el límite relativo al volumen de negocios establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003 pretende evitar que las multas impuestas por la Comisión sean desproporcionadas con relación a la importancia de la empresa de que se trate (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 119).

94 De las consideraciones anteriores se desprende que, para determinar el concepto de «ejercicio económico precedente», la Comisión debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones establecido por el Reglamento nº 17 y el Reglamento nº 1/2003, el efecto que se pretenda alcanzar sobre la empresa afectada, en particular teniendo en cuenta el volumen de negocios que refleje la situación económica real de ésta durante el período en que se cometió la infracción (véase la sentencia de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 80 supra, apartado 25).

95 Sin embargo, tanto de los objetivos del sistema en que se encuadran el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, como de la jurisprudencia citada en el apartado 80, se desprende que la aplicación del límite del 10 % presupone, por una parte, que la Comisión dispone de datos sobre el volumen de negocios del último ejercicio anterior a la fecha de adopción de la decisión y, por otra, que estos datos se refieren a un ejercicio completo de actividad económica normal durante un período de doce meses (véase la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 38).

96 Así, si las cuentas anuales del ejercicio cerrado antes de la adopción de la Decisión aún no se han aprobado o no se han comunicado a la Comisión, ésta tiene el derecho y la obligación de utilizar el volumen de negocios de un ejercicio anterior a éste a fin de aplicar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003. Del mismo modo, cuando, a raíz de una reestructuración o de una modificación de las prácticas contables, las cuentas formuladas por la empresa para el ejercicio económico precedente correspondan a un período inferior a doce meses, la Comisión está facultada para recurrir, a efectos de la aplicación de las citadas disposiciones, al volumen de negocios alcanzado durante un ejercicio anterior referido a un año entero (véase la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 39). Ocurre lo mismo cuando una empresa no ha ejercido ninguna actividad económica durante el ejercicio económico anterior y, en consecuencia, la Comisión no dispone de un volumen de negocios correspondiente a la actividad económica desarrollada por ésta durante dicho ejercicio. En efecto, el volumen de negocios correspondiente a dicho período no proporciona ninguna indicación sobre la importancia de dicha empresa, en contra de lo exigido por la jurisprudencia, ni puede, por ello, servir de base para el cálculo del límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véase la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 42).

97 Es necesario igualmente recordar que de la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra (apartado 49), aplicable por analogía al caso de autos, se desprende que, también es posible que, durante un ejercicio de actividad económica normal, el volumen de negocios de una empresa disminuya considerablemente, en comparación con ejercicios anteriores, por diversas razones, como un contexto económico difícil, una crisis en el sector en cuestión, un siniestro o una huelga. No obstante, cuando el volumen de negocios de una empresa se refiere realmente a un ejercicio completo durante el que ésta ha desarrollado actividades económicas, aunque sea a menor escala, la Comisión debe calcular el límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, sobre la base de dicho volumen de negocios. Por consiguiente, a menos que exista algún indicio de que la empresa haya cesado su actividad comercial o haya desviado su volumen de negocios para evitar la imposición de una multa elevada, procede considerar que la Comisión está obligada a calcular el límite máximo de la multa a partir del volumen de negocios más reciente que corresponda a un año entero de actividad económica (sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 49).

98 Según Zwicky, la Comisión no ha demostrado que desviara su volumen de negocios y, por tanto, aplicó erróneamente la excepción al principio de toma en consideración del volumen de negocios del último ejercicio económico. Sin embargo, según precisó la Comisión en la vista, ésta no reprocha en modo alguno a Zwicky el haber actuado de manera abusiva para evitar la imposición de una multa elevada, sino que se limita a señalar que, en la práctica, cesó su actividad y existe como una «cáscara vacía».

99 En sus escritos, Zwicky menciona que desde 2001 se limita a gestionar inmuebles y señala que desde entonces no ha realizado ningún volumen de negocios. En consecuencia, procede señalar que tampoco realizó ningún volumen de negocios durante el ejercicio económico completo anterior a la Decisión impugnada, a saber, el del período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. Preguntada, en la vista, sobre la naturaleza exacta de sus actividades, Zwicky reiteró sus afirmaciones sobre el ejercicio de una actividad de gestión de inmuebles de los que sigue siendo propietaria. Precisó que su parque inmobiliario se compone de inmuebles anteriormente ocupados por su actividad relativa al hilo industrial que quedaron vacíos tras la cesión de dicha actividad a Gütermann y de viviendas alquiladas a antiguos trabajadores. Sostiene que estos últimos se pueden utilizar para arrendamientos y que se van a realizar inversiones en este sentido. Mencionó igualmente la existencia de un plan de desarrollo elaborado junto con las autoridades locales. Por último admitió que, desde el cese de sus actividades en el mercado del hilo industrial, no tenía ningún trabajador.

100 Si bien ha quedado acreditado que Zwicky continuó existiendo jurídicamente tras la cesión de actividades a Gütermann, es necesario señalar que varios indicios serios, como un volumen de negocios igual a cero durante varios años, la inexistencia de trabajadores o incluso la falta de pruebas concretas de una explotación de sus inmuebles o proyectos de inversión con objeto de explotarlos, permiten presumir que Zwicky no continuó ejerciendo una actividad económica normal en el sentido de la jurisprudencia antes citada, en particular entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005.

101 Las respuestas aportadas por Zwicky en sus escritos y en la vista fueron vagas y, en consecuencia, no han permitido al Tribunal comprobar la existencia de una «actividad económica normal». A mayor abundamiento, Zwicky confirmó el contenido del extracto de un documento que presentaba una síntesis económica de su situación, leído por la Comisión en la vista, del cual se desprende un volumen de negocios igual a cero, beneficios nulos e inexistencia de trabajadores, y no niega que fue así durante el período posterior a la cesión a Gütermann de sus actividades relativas al hilo industrial y hasta el 30 de junio de 2005.

102 A este respecto, y en contra de las afirmaciones de Zwicky en la vista, el simple hecho de que un consejo de administración y un gerente se ocupen del plan de desarrollo de la sociedad, cuya realidad, por lo demás, no se ha demostrado, no basta para constituir una prueba determinante de la existencia de una actividad económica normal de dicha sociedad, tal como declaró el Tribunal en su sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71 supra.

103 De ello se desprende que la Comisión estaba obligada a tener en cuenta el volumen de negocios global de Zwicky anterior al del ejercicio que se cerró el 30 de junio de 2005.

104 En lo que respecta a las consecuencias del error de apreciación en que incurrió la Comisión, que consistió en tomar como referencia el volumen de negocios de Gütermann, procede determinar si dicho error justifica, a favor de Zwicky, la reducción del importe de la multa, o incluso su anulación por el juez comunitario.

105 A este respecto, procede destacar que, en el caso de los recursos dirigidos contra las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas a determinadas empresas por haber infringido las normas sobre la competencia, el Tribunal General es competente desde dos puntos de vista. Por un lado, tiene por misión controlar su legalidad, con arreglo al artículo 230 CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, apartados 53 y 54).

106 Por otro lado, el Tribunal General es competente para apreciar, en el marco de la facultad jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE, 17 del Reglamento nº 17 y 31 del Reglamento nº 1/2003, el carácter apropiado de la cuantía de las multas. Esta última apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información, cuya mención en la Decisión no viene exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación prevista en el artículo 253 CE (sentencia SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 105 supra, apartado 55).

107 En el caso de autos el Tribunal considera, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, procede tomar como referencia el volumen de negocios de Zwicky y no el de Gütermann.

108 Por los motivos expuestos anteriormente y a la luz de la jurispudencia Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (citada en los apartados 71 y 80 supra), el último volumen de negocios de Zwicky resultante de sus actividades económicas reales que la Comisión debería haber tomado como referencia es el resultante del ejercicio económico del período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio del 2000. Del considerando 76 de la Decisión impugnada resulta que dicho volumen de negocios ascendía a 4,5 millones de euros. El importe de la multa impuesta por la Comisión a Zwicky asciende 205.000 euros y por tanto, no supera en modo alguno el 10 % de dicho volumen de negocios.

109 Asimismo, procede recordar que en la vista Zwicky alegó que la solución subsidiaria consistente en tomar como referencia su volumen de negocios del ejercicio económico clausurado el 30 de junio de 2000 sería inadmisible, puesto que daría lugar a que su volumen de negocios fuese tenido en cuenta dos veces. En efecto, puesto que Gütermann se hizo cargo de las actividades de Zwicky relativas al hilo industrial, el volumen de negocios generado por dichas actividades ya fue tenido en cuenta por la Comisión en el volumen de negocios Gütermann. La Comisión sostiene que dicho argumento es nuevo y que, en consecuencia, debe desestimarse.

110 Procede desestimar este argumento de Zwicky puesto que carece de fundamento.

111 En efecto, el argumento de Zwicky se basa en que la solución subsidiaria llevaría a imputar a Zwicky el volumen de negocios que ya se había imputado a Gütermann. Ahora bien, el Tribunal considera que la única cuestión que se plantea, en el caso de autos, es la de cuál es el volumen de negocios pertinente a tener en cuenta para el cálculo del límite del 10 % de la multa impuesta a Zwicky. Tal como se ha demostrado más arriba, el único volumen de negocios admisible a tal efecto es el de 4,5 millones de euros correspondiente al ejercicio económico de Zwicky del período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio del 2000.

112 Suponiendo que pudiera admitirse que esta solución lleva a imputar dos veces el volumen de negocios de Zwicky en esta fase del cálculo de las multas de Gütermann y Zwicky, la ilegalidad se habría cometido en perjuicio de Gütermann. Las alegaciones de Zwicky constituyen, en realidad, una invitación al Tribunal para que verifique la legalidad del importe de la multa impuesta a Gütermann. Ahora bien, Zwicky carece de legitimación activa a este respecto. En efecto, si el destinatario de una decisión decide interponer recurso de anulación, al juez comunitario sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las partes relativas a otros destinatarios, que no han sido impugnadas, no integran el objeto del litigio que el juez comunitario ha de resolver (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C-310/97 P, Rec. p. I-5363, apartado 53).

113 A la vista de las consideraciones anteriores procede desestimar el motivo, invocado por Zwicky, basado en la infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003.

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la apreciación errónea de la gravedad de la infracción en lo que concierne a sus efectos

Alegaciones de las partes

114 En primer lugar, las demandantes sostienen que, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y a una práctica decisoria reiterada, la apreciación de la gravedad de la infracción depende expresamente de las repercusiones concretas de la infracción en el mercado. Alegan que el principio de proporcionalidad obliga a la Comisión a tener en cuenta tales repercusiones a la hora de apreciar la gravedad de la infracción. Las demandantes precisan que, mediante este motivo, no pretenden rebatir la infracción en sí misma, sino cuestionar su inclusión en la categoría de infracciones muy graves.

115 En segundo lugar, las demandantes analizan la cuestión de las repercusiones concretas de la infracción en el mercado y llegan a la conclusión de que son inexistentes. En consecuencia, consideran que la Comisión no podía basarse en dichas repercusiones para calificar la infracción de muy grave. Si bien admiten que, en la mayoría de los casos, las distintas empresas aplicaron el incremento de los precios que figuraba en las listas acordadas durante las reuniones, consideran, no obstante, que dicho incremento de precios no dio lugar a un incremento de los precios netos reales. A su juicio, los considerandos expuestos por la Comisión en el apartado 4.1.4 de la Decisión impugnada no permiten deducir tal impacto. Sostienen que el hecho de que las empresas se reuniesen durante once años no basta, por sí solo, para llegar a la conclusión que el incremento de los precios repercutió en los precios netos. En efecto, las demandantes estiman que han presentado pruebas de que las reuniones tenían como principal objetivo el intercambio legal de informaciones. Sostienen que la propia Comisión reconoce que no dispone de pruebas para establecer la existencia de un impacto concreto.

116 Debido a las particularidades de la determinación de los precios en el sector del hilo industrial –ya que rara vez se factura a los clientes el precio que figura en las listas–, las demandantes consideran que, en el caso de autos, la ejecución del acuerdo no permite, en modo alguno, deducir la existencia de repercusiones concretas en el mercado. Sostienen que, al contrario, los precios medios reales del mercado no aumentaron, sino que incluso disminuyeron.

117 En tercer lugar, las demandantes invocan la circunstancia de que la infracción no tuvo repercusiones concretas sobre los precios medios reales, sostienen que la infracción no debería haberse calificado de muy grave en el plano individual y que la Comisión debería haberles reconocido en su favor esta circunstancia.

118 Habida cuenta de la diferencia considerable de dimensión entre las empresas de que se trata y del escaso volumen de negocios que realizaron el mercado de que se trata, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber tenido en cuenta el hecho de que la infracción no tuvo repercusiones reales sobre sus precios netos, como circunstancia eximente con arreglo al punto 1 sección A de las Directrices.

119 Reprochan a la Comisión el haberse limitado a comparar la importancia relativa de las empresas en el mercado basándose en su volumen de negocios y así, haberse basado únicamente en la capacidad económica abstracta de las diferentes empresas de influenciar la competencia y no en las repercusiones concretas del comportamiento de las diferentes empresas sobre los precios netos.

120 En cuarto lugar, consideran que la Comisión erró al imputar a Zwicky la participación en las infracciones que tuvieron lugar en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos; puesto que dicha empresa no operó jamás en el mercado del hilo industria de dichos países.

121 La Comisión solicita que se desestime este motivo.

Apreciación del Tribunal

122 Con carácter preliminar, procede recordar que, en lo que respecta a la apreciación de la gravedad de la infracción como tal, las Directrices señalan, en el punto 1 sección A, primer y segundo guión, lo siguiente:

«A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado.

Así, las infracciones serán clasificadas en tres categorías que establecen la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves.»

123 En la Decisión impugnada la Comisión pone de relieve los tres elementos siguientes:

– la infracción en cuestión consiste, esencialmente, en el intercambio de informaciones sensibles sobre las listas de precios y/o los precios cobrados a clientes individuales, en ponerse de acuerdo sobre los incrementos de precios y/o los precios indicativos y en evitar la competencia de precios en favor del proveedor dominante, tales prácticas, constituyen, por su propia naturaleza, las infracciones más graves a lo dispuesto por el artículo 81 CE, apartado 1, y por el artículo, 53, apartado 1, del Acuerdo EEE (Decisión impugnada, considerando 345);

– los acuerdos colusorios se pusieron en práctica y tuvieron repercusiones sobre el mercado EEE del producto de que se trata, pero dichas repercusiones no pueden medirse con precisión (Decisión impugnada, considerando 351);

– el cártel comprendía varias partes del Acuerdo EEE, a saber, el Benelux y los países nórdicos (Decisión impugnada, considerando 352).

124 La conclusión de la Comisión está redactada en los siguientes términos (Decisión impugnada, considerando 353):

«Habida cuenta de todos estos factores, la Comisión considera que las empresas a quienes se dirige la [Decisión impugnada] han cometido una infracción muy grave del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.»

125 Las demandantes niegan el carácter muy grave de la infracción alegando, por una parte, que la Comisión declaró que existían repercusiones concretas en el mercado sin poder demostrarlo y, por otra, que no hubo repercusión alguna sobre los precios netos o, al menos, ninguna repercusión concreta sobre los precios medios reales.

126 En primer lugar, procede recordar que, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción (sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 165; véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, apartado 235, y Thyssen Stahl/Comisión, citada en el apartado 67 supra, apartado 645).

127 En el caso de autos, es necesario señalar que las demandantes no niegan en absoluto la existencia del cártel. Al contrario, del apartado 40 de la demanda de Gütermann y del apartado 46 de la demanda de Zwicky se desprende que ambas «reconocen expresamente tanto en la respuesta al pliego de cargos como en el marco de los antecedentes de hecho que figuran [en dichas demandas]» que «en la mayoría de los casos, las distintas empresas aplicaron el incremento de los precios que figuraba en las listas acordadas durante las reuniones».

128 En lo que atañe, en particular, a una práctica colusoria sobre precios, es legítimo que la Comisión deduzca que la infracción produjo efectos del hecho de que los miembros del cártel adoptaran medidas para aplicar los precios convenidos, por e