Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia — Inadmisibilidad — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia — Admisibilidad

[Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios

(Art. 230 CE)

3. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva

(Arts. 235 CE y 288 CE, párr. 2)

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1. No cumple los requisitos de motivación establecidos en los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento un recurso de casación que se limita a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, una demanda destinada a obtener un mero reexamen de la presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

Sin embargo, en la medida en que el recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.

(véanse los apartados 49 a 51)

2. Sólo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. Por tanto, no sólo los actos preparatorios escapan al control jurisdiccional previsto en el artículo 230 CE, sino cualquier acto que no produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del justiciable, como los actos confirmatorios y los actos de mera ejecución, las recomendaciones y dictámenes y, en principio, las instrucciones internas.

De este modo, aun cuando el ejercicio de una acción ante un órgano jurisdiccional es un acto indispensable para obtener un pronunciamiento jurisdiccional vinculante, por sí mismo no determina de manera definitiva las obligaciones de las partes del litigio, de modo que la decisión de interponer un recurso judicial, con mayor razón, no modifica, por sí misma, la situación jurídica controvertida. Además, la aplicación por el juez ante el que se ha sometido el asunto de sus propias normas procesales forma parte de las consecuencias que necesariamente se derivan del inicio de un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional y no puede, por tanto, calificarse de efecto jurídico en el sentido del artículo 230 CE, derivado de la decisión de interponer un recurso.

(véanse los apartados 54, 55, 58 y 61)

3. Aunque los justiciables no puedan interponer un recurso de anulación contra las medidas que no produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses, no se ven privados, sin embargo, del acceso a la vía jurisdiccional, ya que queda abierta la posibilidad de interponer un recurso por responsabilidad extracontractual previsto por los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo, si el comportamiento de que se trata puede comprometer la responsabilidad de la Comunidad. Este recurso no forma parte del sistema de control de la validez de los actos comunitarios que despliegan efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses del demandante, sino que puede emplearse cuando una parte ha sufrido un perjuicio como consecuencia del comportamiento ilegal de una institución.

Además, la circunstancia de que las recurrentes eventualmente no estén en disposición de probar la existencia de un comportamiento ilegal por parte de las instituciones comunitarias, de un supuesto perjuicio o de una relación de causalidad entre aquel comportamiento y este perjuicio no significa que se vean privadas de la tutela judicial efectiva.

(véanse los apartados 79 y 82 a 84)