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Los hechos que dieron origen al litigio se exponen de este modo en los apartados 3 a 30 de la sentencia recurrida: «3 El 18 de marzo de 2005, [AV] pasó el reconocimiento médico previo a su contratación por la Comisión como agente temporal por medio de un contrato de duración determinada para el período comprendido entre el 16 de abril de 2005 y el 15 de abril de 2009. Durante ese reconocimiento, [AV] firmó un formulario en el que se indicaba que no presentaba ningún factor de riesgo personal, aparte de una forma de dislipidemia, que no tenía antecedentes patológicos y que no seguía ninguna terapia farmacológica. 4 El médico-asesor que realizó el reconocimiento médico previo a la contratación, el doctor A, emitió un dictamen de aptitud física [de AV] para el ejercicio de las funciones para las cuales debía ser contratado. 5 El 16 de abril de 2005, [AV] comenzó a prestar sus servicios para la Comisión y fue adscrito al Centro Común de Investigación (CCI) de Ispra (Italia). 6 El 26 de junio de 2005, el médico-asesor del servicio médico de Ispra diagnosticó una enfermedad psiquiátrica al Sr. [AV]. El 21 de julio siguiente, el interesado informó al jefe del servicio médico de Ispra de que seguía un tratamiento desde hacía unos quince años en relación con esa enfermedad. Además, del informe elaborado por el jefe del servicio médico de Ispra se desprende que, durante una entrevista con [AV] que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2005, este último afirmó, en respuesta a una pregunta, que no había mencionado la enfermedad que padecía durante el reconocimiento médico previo a la contratación. 7 [AV] fue objeto de numerosas bajas por enfermedad que llevaron a la Comisión a decidir, el 12 de septiembre de 2008, declararlo en licencia no retribuida con arreglo al artículo 16 del ROA. 8 El 17 de noviembre de 2008, el médico-asesor [de AV] solicitó la intervención de la Comisión de Invalidez. 9 Mediante escrito de 16 de febrero de 2009, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo informó a [AV] de que, mediante decisión de 4 de febrero de 2009, había decidido someter su caso a la Comisión de Invalidez. 10 El 9 de mayo de 2009, la Comisión de Invalidez concluyó por unanimidad [que AV], debido a su enfermedad psiquiátrica, sufría una invalidez permanente considerada total que le impedía desempeñar una actividad correspondiente a sus funciones. 11 El 24 de julio de 2009, el jefe del servicio médico de Ispra notificó al médico-asesor [de AV] las conclusiones de la Comisión de Invalidez, la decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo, de 9 de julio de 2009, de aplicar [a AV] la reserva médica con efectos retroactivos al día de su entrada en funciones y la decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo, de 13 de julio de 2009, de cesar [a AV] debido a su invalidez permanente y de denegarle la asignación por invalidez. 12 [AV] presentó una reclamación contra las decisiones de 9 de julio de 2009 y de 13 de julio de 2009. A raíz de esta reclamación, la autoridad facultada para celebrar los contratos revocó, el 5 de febrero de 2010, dichas decisiones. 13 Mediante escrito de 5 de febrero de 2010, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo instó [a AV] a exponer su punto de vista en relación con el hecho de que no había declarado, en el reconocimiento médico previo a la contratación, “una enfermedad que, sin embargo, [padecía] desde hacía muchos años y para la que [estaba siguiendo] un tratamiento en el mismo momento [en el que había firmado el formulario durante el reconocimiento previo a la contratación]”. 14 [AV] expuso su posición en un escrito de 15 de febrero de 2010, que matizó en un escrito de su médico-asesor de 16 de febrero siguiente. [AV] afirmaba, entre otras cosas, que su estado de salud era “óptimo” en el momento del reconocimiento médico previo a la contratación, que había trabajado “muchos años en empresas privadas en puestos de responsabilidad” y que, en el momento de la contratación, la enfermedad que padecía “no era más que un recuerdo”. 15 Mediante nota interna de 3 de marzo de 2010, el jefe del servicio médico de Ispra, doctor B, indicó al director general de la Dirección General (DG) “Recursos Humanos y Seguridad” que, si [AV] hubiera mencionado, durante el reconocimiento médico previo a la contratación, la patología que sufría, los médicos habrían emitido un dictamen de “no apto” para el puesto de obrero cualificado o de “apto con reserva” para un puesto puramente administrativo (en lo sucesivo, “nota de 3 de marzo de 2010”). 16 El 12 de abril de 2010, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo decidió aplicar [a AV] la reserva médica prevista por el artículo 32, primer párrafo, del ROA con efectos retroactivos a la fecha de su contratación, considerando básicamente que, si [AV] hubiera informado de la enfermedad prexistente durante el reconocimiento médico previo a la contratación, “hubiera sido objeto de la reserva médica” (en lo sucesivo, “decisión de 12 de abril de 2010”). 17 El 16 de abril de 2010, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo decidió, por una parte, “suspender [a AV] del servicio a partir del 30 de abril de 2010” debido a la invalidez de este, calificada como total, y, por otra, denegarle la asignación por invalidez, ya que la invalidez que sufría era “la misma que [había] sido objeto de la reserva médica” (en lo sucesivo, “decisión de 16 de abril de 2010”). 18 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 31 de marzo de 2011, y registrada con la referencia F‑4/11, [AV] solicitó la anulación de las decisiones de los días 12 de abril de 2010 y 16 de abril de 2010. 19 Mediante sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (F‑4/11, EU:F:2012:96; en lo sucesivo, “sentencia de 10 de julio de 2012”), el Tribunal anuló la decisión de 12 de abril de 2010, así como la decisión de 16 de abril de 2010 en tanto en cuanto esta última denegó a [AV] la asignación por invalidez. 20 En particular, el Tribunal declaró que, “en el caso concreto de que, después del reconocimiento médico previo a la contratación, resulte que un agente no ha respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante dicho reconocimiento, la autoridad facultada para celebrar los contratos estará legitimada para revocar su decisión inicial de no aplicar la reserva médica y para adoptar una nueva decisión en la que aplique dicha reserva de manera retroactiva”. El Tribunal añadió que “no obstante, la autoridad facultada para celebrar los contratos sigue estando sujeta previamente a la observancia del procedimiento establecido en el artículo 32 del ROA, esto es, por una parte, procede la consulta al médico-asesor, con objeto de que este expida un informe sobre la cuestión de si la enfermedad o dolencia justificaba acompañar la contratación del interesado de una reserva médica; por otra parte, debe notificar al agente la decisión adoptada de acuerdo con ese informe con objeto de que el agente pueda, en su caso, interponer un recurso ante la Comisión de Invalidez”. En efecto, siempre según el Tribunal, “tal cuestión, que implica determinar si esta enfermedad o dolencia puede desembocar en la invalidez o el fallecimiento del agente dentro de un plazo de cinco años contados desde la fecha de su incorporación al servicio de la institución, es de naturaleza médica e incumbe estrictamente al médico-asesor y, en caso de recurso, a la Comisión de Invalidez” (sentencia de 10 de julio de 2012, apartado 34). 21 Asimismo, el Tribunal declaró que la Comisión podía afirmar fundadamente [que AV] no había respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante el reconocimiento médico previo a la contratación (sentencia de 10 de julio de 2012, apartado 36), pero que ni al médico-asesor ni a la Comisión de Invalidez se les había consultado sobre la cuestión precisa de si, en caso de haber declarado la enfermedad durante el reconocimiento médico previo a la contratación, el servicio médico habría estimado que dicha enfermedad figuraba entre aquellas que, por sus consecuencias, exigía una reserva médica (sentencia de 10 de julio de 2012, apartados 37 a 40). Por lo que respecta, en particular, a la nota de 3 de marzo de 2010, el Tribunal constató que la Comisión había afirmado expresamente que la autoridad facultada para celebrar los contratos no se había basado en esa nota para adoptar la decisión de 12 de abril de 2010 (sentencia de 10 de julio de 2012, apartado 39). 22 Mediante escrito de 20 de julio de 2012, la Comisión indicó [a AV] que estimaba que “la medida de ejecución correcta de la sentencia [de 10 de julio de 2012] consiste en convocar de nuevo a la Comisión de Invalidez, a fin de que esta pueda responder a la cuestión planteada en los apartados 37 [a] 40 de los fundamentos de Derecho, que [era] si, de haber sido declarada en el reconocimiento médico previo a la contratación, [la] enfermedad [de AV] habría justificado la aplicación de una reserva médica”. Mediante el mismo escrito, la Comisión instaba [a AV] a designar un médico para representarle dentro de la Comisión de Invalidez. 23 El 7 de febrero de 2013, [AV] designó un médico para representarle en la Comisión de Invalidez. Al haber designado la Comisión un médico en el mes de marzo de 2013, la Comisión de Invalidez se reunió el 30 de abril de 2013. 24 Mediante escrito de 16 de diciembre de 2013, [AV] solicitó al médico que representaba a la Comisión en la Comisión de Invalidez que le transmitiese las conclusiones de la referida comisión y, en su caso, la decisión adoptada por la autoridad facultada para celebrar los contratos. 25 Mediante escrito de 10 de abril de 2014, la Comisión transmitió [a AV] las conclusiones de la Comisión de Invalidez, según las cuales, si [AV] hubiera declarado su enfermedad en el reconocimiento médico previo a la contratación, “el médico-asesor [...] habría solicitado a la [autoridad facultada para celebrar los contratos] la aplicación de una [...] reserva médica [de conformidad] con el artículo 32 del ROA”. 26 Mediante escrito de 10 de abril de 2014, [AV] solicitó a la Comisión que le indicase las razones del retraso de la notificación de las conclusiones de la Comisión de Invalidez y que precisase si la autoridad facultada para celebrar los contratos había adoptado una decisión a raíz de dichas conclusiones. 27 El 16 de septiembre de 2014, la Comisión decidió aplicar [a AV] la reserva médica prevista por el artículo 32 del ROA, para un período de cinco años a contar desde la fecha de su incorporación al servicio como agente temporal, a saber, el 16 de abril de 2005, y denegarle la asignación por invalidez, dado que la invalidez que sufría era la misma que era objeto de la reserva médica (en lo sucesivo, “decisión impugnada”). 28 El 22 de diciembre de 2014, [AV] presentó una reclamación al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, contra la decisión controvertida. Además, [AV] solicitó, “basándose en las conclusiones de la Comisión de Invalidez de 30 de abril de 2013”, que se le suspendiera del servicio y se le concediese una asignación por invalidez. Por último, solicitó una indemnización de 50000 euros por la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 29 Mediante decisión de 21 de abril de 2015, la Comisión desestimó dicha reclamación [de AV]. 30 El 22 de junio de 2015, [AV] solicitó que se le concediera la asistencia jurídica gratuita, sobre la base del artículo 110 del Reglamento de Procedimiento, con el fin de interponer un recurso contra la decisión controvertida. Se concedió la asistencia jurídica gratuita [a AV] mediante un auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de 9 de septiembre de 2015.»