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2)

El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que la regla de no sujeción al impuesto sobre el valor añadido establecida en esa disposición no se aplica a una actividad como la controvertida en el litigio principal, consistente en la prestación a una Región, por parte de una sociedad, de servicios en materia de planificación y de gestión del Servicio Regional de Salud conforme a los contratos programa celebrados entre esa sociedad y esa Región, en el supuesto de que tal actividad constituya una actividad económica en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la citada Directiva, si cabe considerar —extremo cuya verificación incumbe al órgano jurisdiccional remitente— que la mencionada sociedad debe calificarse de organismo de Derecho público y que lleva a cabo esa actividad actuando como autoridad pública, siempre y cuando el órgano jurisdiccional remitente compruebe que la exención de dicha actividad no puede dar lugar a distorsiones significativas de la competencia.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 414/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 22 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana — Italia) — Impresa Edilux srl, en su condición de representante de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Asunto C-425/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos - Directiva 2004/18/CE - Motivos de exclusión de la participación en una licitación - Contrato público que no alcanza el umbral de aplicación de esta Directiva - Normas fundamentales del Tratado FUE - Declaración de aceptación de un protocolo de legalidad relativo a la lucha contra las actividades delictivas - Exclusión por falta de presentación de tal declaración - Procedencia - Proporcionalidad))

(2015/C 414/12)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Impresa Edilux srl, en su condición de representante de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Demandadas: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

en el que participa: Icogen Srl

Fallo

Las normas fundamentales y los principios generales del Tratado FUE, en particular los principios de igualdad de trato y de no discriminación y la obligación de transparencia que de ellos se deriva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición del Derecho nacional en virtud de la cual un poder adjudicador puede establecer que un candidato o licitador quedará automáticamente excluido del procedimiento de licitación de un contrato público si no presenta, junto con su oferta, una aceptación por escrito de los compromisos y declaraciones contenidos en un protocolo de legalidad, como el que se discute en el litigio principal, cuyo objetivo es luchar contra la infiltración de la delincuencia organizada en el sector de los contratos públicos. Sin embargo, en la medida en que dicho protocolo contenga declaraciones en las que el candidato o licitador afirme que no se encuentra en una situación de control o de asociación con respecto a otros candidatos o licitadores, que no se ha puesto de acuerdo ni se pondrá de acuerdo con otros participantes en el procedimiento de licitación y que no subcontratará ningún tipo de tareas a otras empresas participantes en esa licitación, la inexistencia de tales declaraciones no puede tener como consecuencia la exclusión automática del candidato o del licitador de dicho procedimiento.

(1) DO C 431, de 1.12.2014.
2)

En el supuesto de que la autoridad de control de un Estado miembro que entiende de unas denuncias, de conformidad con el artículo 28, apartado 4, de la Directiva 95/46, llegue a la conclusión de que el Derecho aplicable al tratamiento de los datos personales de que se trata no es el Derecho de ese Estado miembro, sino el de otro Estado miembro, el artículo 28, apartados 1, 3 y 6, de esa misma Directiva debe interpretarse en el sentido de que dicha autoridad de control sólo podría ejercer en el territorio de su propio Estado miembro las facultades efectivas de intervención que se le han conferido conforme al artículo 28, apartado 3, de la citada Directiva. Por lo tanto, no puede imponer sanciones basándose en el Derecho de ese Estado miembro al responsable del tratamiento de tales datos que no está establecido en dicho territorio, sino que, con arreglo al artículo 28, apartado 6, de la misma Directiva, debe instar la intervención de la autoridad de control dependiente del Estado miembro cuyo Derecho es aplicable.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 389/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky — República Checa) — en el procedimiento incoado por Marie Matoušková, en calidad de comisaria judicial

(Asunto C-404/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Artículo 1, apartado 1, letra b) - Ámbito de aplicación material - Acuerdo de reparto sucesorio entre el cónyuge supérstite y los hijos menores, representados por un tutor - Calificación - Necesidad de que un juez apruebe un acuerdo de ese tipo - Medida relativa a la responsabilidad parental o medida relativa a las sucesiones])

(2015/C 389/11)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší soud České republiky

Partes en el procedimiento principal

Marie Matoušková, en calidad de comisaria judicial

Fallo

El Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que la aprobación de un acuerdo de reparto sucesorio concluido por el tutor de menores por cuenta de éstos constituye una medida relativa al ejercicio de la responsabilidad parental, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación de éste, y no una medida relativa a las sucesiones, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra f), del citado Reglamento, excluida del ámbito de aplicación de éste.

(1) DO C 431, de 1.12.2014.
1)

Declarar que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado las medidas necesarias para que, a partir del 16 de julio de 2009, únicamente sigan en funcionamiento los vertederos para residuos no peligrosos existentes en su territorio que cumplan las condiciones exigidas por dicha Directiva.
1)

Los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima no se oponen a que, en circunstancias como las del litigio principal, una autoridad fiscal nacional decida, a raíz de una inspección fiscal, someter determinadas operaciones al impuesto sobre el valor añadido e imponga el pago de recargos, siempre que esa decisión se base en normas claras y precisas y la práctica de esa autoridad no haya generado en un operador económico prudente y diligente una confianza razonable en que este impuesto no se aplica a tales operaciones, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente. Los recargos aplicados en tales circunstancias deben respetar el principio de proporcionalidad.
1)

Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 a 4 de la Decisión 2009/402/CE de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a los planes de campaña en el sector hortofrutícola ejecutados por Francia [C 29/05 (ex NN 57/05)], al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior en el artículo 1 de la antedicha Decisión y al no haber transmitido a la Comisión Europea, dentro del plazo fijado, la información enumerada en el artículo 4 de la referida Decisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 16/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta förvaltningsdomstolen — Suecia) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Asunto C-632/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de personas - Igualdad de trato - Impuesto sobre la renta - Rendimientos de los contribuyentes no residentes sujetos a una retención en la fuente - Exclusión de toda deducción fiscal vinculada a la situación personal del contribuyente - Justificación - Posibilidad de los contribuyentes no residentes de optar por el régimen aplicable a los contribuyentes residentes y de disfrutar de dichas deducciones))

(2016/C 016/04)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta förvaltningsdomstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Skatteverket

Demandada: Hilkka Hirvonen

Fallo

La denegación, en el marco de la tributación por los rendimientos, a los contribuyentes no residentes que obtienen la mayor parte de sus ingresos en el Estado fuente y que han optado por el régimen fiscal de retención en la fuente, de las deducciones personales que se conceden a los contribuyentes residentes en el marco del régimen general del impuesto no constituye una discriminación contraria al artículo 21 TFUE cuando los contribuyentes no residentes no están sujetos a una carga fiscal globalmente superior a la que recae sobre los contribuyentes residentes y sobre las personas que les son equiparables cuya situación sea comparable a la suya.

(1) DO C 31, de 1.2.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 354/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituania) — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Asunto C-526/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 148, letra a) - Entrega de bienes - Concepto - Exención - Entregas de bienes destinados al avituallamiento de buques afectados a la navegación en alta mar - Entregas a intermediarios que contratan en nombre propio])

(2015/C 354/04)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Partes en el procedimiento principal

Demandante: UAB «Fast Bunkering Klaipėda»

Demandada: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Fallo

El artículo 148, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la exención establecida en esta disposición no es aplicable, en principio, a las entregas a intermediarios que contratan en nombre propio de bienes destinados al avituallamiento, aunque en la fecha de la entrega se conozca y haya quedado debidamente acreditado el destino definitivo de esos bienes y se hayan presentado a la administración fiscal pruebas que lo confirmen, con arreglo a la normativa nacional. No obstante, en circunstancias como las del asunto examinado en el litigio principal, esta exención puede aplicarse si la transmisión a tales intermediarios de la propiedad de los bienes de que se trata en las formas establecidas por el Derecho nacional aplicable se produjo no antes del momento en que los navieros que explotaban los buques afectados a la navegación en alta mar se vieron facultados para disponer de hecho de esos bienes como si fueran sus propietarios, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 359, de 7.12.2013.
1)

El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto: — antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y — dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 138/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 4 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administratīvā rajona tiesa — Letonia) — SIA «Oliver Medical»/Valsts ieņēmumu dienests

(Asunto C-547/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) no 2658/87 - Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Partidas 8543, 9018 y 9019 - Aparatos de láser y de ultrasonidos y sus piezas y accesorios))

(2015/C 138/15)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Administratīvā rajona tiesa

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SIA «Oliver Medical»

Demandada: Valsts ieņēmumu dienests

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007, del Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, del Reglamento (CE) no 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, del Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010, y del Reglamento (UE) no 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si productos como los del litigio principal deben clasificarse como instrumentos o aparatos destinados a fines médicos en la partida 9018 de esa Nomenclatura o como aparatos de mecanoterapia en su partida 9019, en lugar de como aparatos eléctricos con función propia en la partida 8543 de la misma, deben tomarse en consideración todos los elementos relevantes presentes en el asunto, en la medida en que guarden relación a las características y propiedades objetivas inherentes a esos productos. Entre los elementos pertinentes, debe apreciarse el uso al que el fabricante destinó los productos en cuestión, así como las condiciones y el lugar de utilización de los mismos. El hecho de que los productos estén destinados al tratamiento de una o de varias patologías y la circunstancia de que ese tratamiento deba realizarse en un centro médico autorizado y bajo el control de un profesional constituyen indicios que pueden revelar que los productos están destinados a fines médicos. Por el contrario, el hecho de que unos productos sirvan principalmente para obtener mejoras estéticas y puedan ser manipulados en un contexto no médico, por ejemplo en un instituto de belleza, y sin la intervención de un profesional, constituyen indicios que permiten descartar que dichos productos están destinados a fines médicos. Las dimensiones, el peso y la tecnología utilizada no constituyen elementos determinantes para la clasificación de productos como los del litigio principal en la partida 9018 de la misma Nomenclatura.

(1) DO C 377, de 21.12.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 138/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare y otros/Fipa Group Srl, Tws Automation Srl, Ivan Srl

(Asunto C-534/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Artículo 191 TFUE, apartado 2 - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Normativa nacional que no prevé que la Administración pueda obligar a los propietarios de los terrenos contaminados que no hayan contribuido a esa contaminación a ejecutar medidas preventivas y reparadoras y establece únicamente la obligación de reembolso de las actuaciones realizadas por la Administración - Compatibilidad con los principios de quien contamina paga, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma))

(2015/C 138/14)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Demandadas: Fipa Group Srl, Tws Automation Srl, Ivan Srl

Con intervención de: Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat — Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA, Edison SpA

Fallo

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, cuando es imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno u obtener de éste las medidas reparadoras, no permite a la autoridad competente imponer la ejecución de las medidas preventivas y reparadoras al propietario de dicho terreno, no responsable de la contaminación, al que se exige únicamente reembolsar los gastos relativos a las actuaciones realizadas por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del paraje, determinado una vez ejecutadas esas actuaciones.

(1) DO C 359, de 7.12.2013.
2)

El Derecho de la Unión, en particular el artículo 16 de la Directiva 2000/78, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional, que pretende poner fin a una discriminación por motivos de edad, no debe necesariamente permitir que un trabajador, cuyos períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años no se han computado en el cálculo de su promoción, obtenga el pago de una compensación económica que corresponda a la diferencia entre la remuneración que habría percibido sin esa discriminación y la efectivamente percibida. Sin embargo, en un caso como el del asunto principal y mientras no se haya adoptado un sistema que suprima la discriminación en función de la edad de forma ajustada a lo previsto por la Directiva 2000/78, el restablecimiento de la igualdad de trato implica la concesión a los trabajadores que adquirieron su experiencia, al menos en parte, antes de los 18 años de las mismas ventajas de las que se pudieron beneficiar los trabajadores que adquirieron, después de cumplir esa edad, una experiencia del mismo tipo y de duración similar, en lo que respecta al cómputo de períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años y a la promoción en el escalafón retributivo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 46/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

(Asunto C-128/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Artículos 4, apartado 1, y 13 - Reglamento (CEE) no 2220/85 - Artículo 19, apartado 1, letra a) - Restituciones a la exportación - Anticipo de la restitución - Requisitos de liberación de la garantía constituida para asegurar el rembolso del anticipo])

(2015/C 046/04)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal da Relação de Lisboa

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Cruz & Companhia Lda

Demandadas: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

Fallo

El artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3403/93 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1993, debe interpretarse en el sentido de que la garantía prestada por un exportador para asegurar el rembolso del anticipo percibido a cuenta de la restitución a la exportación no debe considerarse extinguida aunque se demuestre que el exportador ha presentado los documentos relativos a la aceptación de la declaración de exportación, la prueba de que los productos han salido del territorio aduanero de la Unión en un plazo máximo de sesenta días desde dicha aceptación, así como la prueba del despacho en aduana de tales productos en el país tercero importador, si no concurren los demás requisitos para la concesión de la restitución, en particular el requisito de la calidad sana, cabal y comercial de los productos exportados, previsto en el artículo 13 del Reglamento no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1829/94 de la Comisión, de 26 de julio de 1994.

(1) DO C 171, de 15.6.2013.