La apreciación de la posible existencia de un control conjunto de las sociedades matrices sobre su filial debe efectuarse en función de las circunstancias propias de cada asunto. Por consiguiente, las valoraciones efectuadas por la Comisión acerca de las circunstancias fácticas de los asuntos anteriores no son trasladables al caso de autos y las decisiones relativas a otros asuntos únicamente pueden tener un carácter indicativo dado que los datos circunstanciales de los asuntos no son idénticos.

A este respecto, la Comisión no puede limitarse a señalar que una empresa puede ejercer una influencia decisiva sobre la otra empresa, sin necesidad de comprobar si tal influencia se ejerció efectivamente. Al contrario, incumbe, en principio, a la Comisión demostrar esta influencia decisiva sobre la base de un conjunto de elementos de hecho, entre ellos, en particular, el eventual poder de dirección de una de las sociedades sobre la otra.

El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tengan una personalidad jurídica distinta, esa filial no decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica esencialmente las instrucciones que le imparte su sociedad matriz, habida cuenta, en particular, de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a estas dos entidades jurídicas. En efecto, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa. Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite que la Comisión remita una Decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción.

En este contexto, no vulnera dicha presunción una norma relativa a la imputabilidad de una infracción como la presunción de influencia decisiva sobre sus filiales de una sociedad matriz que posee el 100 % del capital de éstas. En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no se opone a presunciones de hecho o de Derecho que se encuentran en las leyes represivas, pero ordena que se constriñan dentro de límites razonables que tengan en cuenta la gravedad de la cuestión y que protejan el derecho de defensa. Así, no se vulnera la presunción de inocencia si, en los procedimientos de competencia, determinados hechos típicos permitan llegar a ciertas conclusiones en virtud de la experiencia si las empresas de que se trate pueden refutar dichas conclusiones.

En virtud del principio de individualización de las penas y sanciones, aplicable en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de sanciones en virtud de las normas sobre competencia de la Unión, una empresa sólo debe ser sancionada por los hechos que se le imputen individualmente. No obstante, ese principio debe conciliarse con el concepto de empresa. En efecto, no es una relación de instigación relativa a la infracción entre la sociedad matriz y su filial ni, con mayor motivo, una implicación de la primera en dicha infracción, sino el hecho de que constituyan una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE, lo que habilita a la Comisión para dirigir la decisión por la que se imponen multas a la sociedad matriz de un grupo de sociedades.

En cuanto a la presunción de responsabilidad de una sociedad matriz que participa en el 100 % del capital de sus filiales por las infracciones a las normas de la Unión en materia de competencia cometidas por sus filiales, el hecho de que algunos trabajadores actuaron en contra de las instrucciones de la sociedad matriz, en particular, ocultando su comportamiento a sus superiores y a ésta, no desvirtúa la presunción de falta de autonomía de las filiales de que se trata. A este respecto, es artificial la distinción entre las filiales y sus empleados, los cuales se supone cometieron las infracciones ocultando su comportamiento a sus superiores y a la sociedad matriz. Dichos empleados se hallan, respecto de las filiales que les emplean, en una relación caracterizada por la circunstancia de que trabajan para y bajo la dirección de cada una de ellas y durante el período de dicha relación, están integrados en las referidas empresas y, de este modo, forman una unidad económica con cada una de ellas.

En el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación. La mera tenencia de participaciones, aunque sean de control, no basta para caracterizar una actividad económica de la entidad que las posee cuando dicha circunstancia sólo implique el ejercicio de los derechos vinculados a la condición de accionista o socio, así como, en su caso, la percepción de dividendos, que no son más que los frutos que produce la propiedad de un bien. En cambio, debe estimarse que una entidad que posee el control de una sociedad y ejerce efectivamente dicho control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de esta última, participa en la actividad económica desarrollada por la empresa controlada. Para verificar si se ejerce efectivamente dicho control en el marco del análisis de la existencia de una unidad económica entre varias sociedades que forman parte de un grupo, se pueden tomar en consideración la influencia de la sociedad matriz sobre la política de precios, las actividades de producción y distribución, los objetivos de venta, los márgenes brutos, los costes de venta, la contabilidad, las existencias y el marketing, así como también todos los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a dichas sociedades, los cuales pueden variar según el caso y, por lo tanto, no pueden ser objeto de una enumeración exhaustiva.

En este contexto, la falta de comunicación de un documento de cargo sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra, por una parte, que la Comisión se ha apoyado en dicho documento para fundamentar su imputación relativa a la existencia de una infracción y, por otra, que la imputación sólo podría demostrarse acudiendo a dicho documento. Si existieran otras pruebas documentales de las que las partes hubieran tenido conocimiento durante el procedimiento administrativo que apoyen específicamente las conclusiones de la Comisión, la supresión como medio de prueba del documento de cargo que no se ha comunicado no desvirtuaría el fundamento de las imputaciones que se formulan en la Decisión impugnada. De este modo, incumbe a la empresa afectada demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo un documento no comunicado en el que la Comisión se basó para incriminar a dicha empresa.

Si bien las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier caso la administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato. Al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima. Además, las referidas Directrices determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se ha obligado a seguir para determinar el importe de las multas y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas.

La gravedad de las infracciones del Derecho de la competencia de la Unión debe determinarse en función de numerosos factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Con arreglo al punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, en el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción, la Comisión debe proceder a un examen de la repercusiones concretas sobre el mercado únicamente cuando dichas repercusiones puedan determinarse. Para valorar estas repercusiones, la Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción. Así, dado que las demandantes no han demostrado que las repercusiones concretas de las prácticas colusorias pudieran determinarse, la Comisión no está obligada a tener en cuenta las repercusiones concretas de las infracciones a la hora de apreciar su gravedad. El efecto de una práctica contraria a la competencia no es un criterio determinante para la apreciación de la gravedad de una infracción. Elementos que forman parte del aspecto intencional pueden tener más importancia que los relativos a dichos efectos, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves, como el reparto de mercados. Así, la naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». De la descripción de las infracciones muy graves en las Directrices resulta que acuerdos o prácticas concertadas que tienen por objeto, en particular, el reparto de los mercados, pueden recibir, exclusivamente por su propia naturaleza, la calificación de «muy grave», sin que sea necesario que dichos comportamientos se caractericen por un impacto concreto o por una extensión geográfica particular. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones en el mercado y los efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.

Estas infracciones figuran igualmente entre los ejemplos de prácticas colusorias expresamente declaradas incompatibles con el mercado común por el artículo 81 CE, apartado 1, letra c). Además de la grave alteración del juego de la competencia que suponen, estas prácticas colusorias, al obligar a las partes a respetar mercados distintos, a menudo delimitados por las fronteras nacionales, provocan el aislamiento de estos mercados, neutralizando así el objetivo principal del Tratado de integración del mercado comunitario. También la jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular cuando se trata de prácticas colusorias horizontales, de «particularmente graves» o de «infracciones evidentes».

Asimismo, la extensión del mercado geográfico no es más que un criterio entre los tres que son pertinentes, según las referidas Directrices, para la valoración global de la gravedad de la infracción. Entre esos criterios interdependientes, la extensión del mercado geográfico no es un criterio autónomo en el sentido de que sólo las infracciones que afectasen a varios de los Estados miembros podrían recibir la calificación de «muy graves». Ni el Tratado, ni el Reglamento no 1/2003, ni dichas Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones geográficamente muy extensas pueden ser calificadas como tales. En efecto, ni el Tratado, ni el Reglamento no 1, ni las Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones geográficamente muy extensas pueden ser calificadas como tales. Además, la totalidad del territorio de un Estado miembro, aunque sea, comparado con los demás Estados miembros, relativamente pequeño, constituye, en cualquier caso, una parte sustancial del mercado común.

(véanse los apartados 135, 151, 152, 156, 158 a 160, 163, 164, 180, 182 a 184, 195, 202 y 206)