3.

Los demandantes, en su réplica, oponen a los argumentos del Consejo las siguientes alegaciones. a) Aclaran que no pretenden cuestionar la responsabilidad civil del Consejo mediante una acción basada en el artículo 215 del Tratado. Subrayan que según la sentencia antes citada del Tribunal de Justicia dictada en el asunto 9/75 al que se refiere el Consejo, la acción por responsabilidad extracontractual interpuesta por funcionarios contra una institución comunitaria puede fundarse indistintamente, tanto en los artículos 179 del Tratado y 90 y 91 del Estatuto, como en el artículo 215 del Tratado, siempre que el recurso sea interpuesto dentro del plazo de tres meses a partir de la denegación de la reclamación que debe precederle. Subrayan igualmente que en la sentencia dictada en el asunto 72/74, si bien el Tribunal de Justicia declaró el recurso inadmisible, no lo hizo porque estuviera basado en el artículo 215 del Tratado, sino porque el fundamento de la solicitud de reparación de perjuicios alegados se confundía con el recurso de anulación, en la medida en que el motivo de ilegalidad y el motivo relacionado con la falta de la administración eran idénticos, por consistir ambos en «errores que vician las decisiones anteriores del Consejo», de modo que la reparación solicitada constituía una de las consecuencias que resultarían de una eventual sentencia anulatoria. Citan igualmente las conclusiones del Abogado General Reischl en el mismo asunto, según las cuales deben admitirse los recursos por responsabilidad basados en el artículo 215 del Tratado interpuestos por funcionarios, en cuanto motivados por un perjuicio que les haya causado la administración. Citan también la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 1982 en el asunto 131/81 (Berti contra Comisión, Rec. 1982, p. 3493), de donde resulta que si el artículo 179 del Tratado otorga competencia al Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes, es el artículo 215, apartado 2, del Tratado, el que impone la reparación del daño causado por las instituciones o por sus agentes. Concluyen de tal modo que su motivo debe ser admitido de conformidad con los artículos 179 y 215 del Tratado CEE. b) Contra el argumento del Consejo según el cual el mero error de interpretación del artículo 65, apartado 1, declarado por el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto 59/81, no puede ser considerado como un incumplimiento grave y manifiesto de una norma de derecho que le corresponda respetar de modo que su responsabilidad pueda encontrarse comprometida, los demandantes oponen las siguientes observaciones. Recalcan que el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 15 de diciembre de 1982, Birke y otros contra Comisión y Battaglia y otros contra Comisión, declaró que la competencia normativa del Consejo derivada del artículo 65, apartado 1, es una competencia condicionada cuyo ejercicio no permite ninguna opción de tipo político, al estar obligado el Consejo a adoptar su decisión en el marco de la política económica y social de las Comunidades. Añaden que el Tribunal de Justicia precisó en su sentencia de 6 de octubre de 1982, Comisión contra Consejo, «que resulta que el poder de que dispone el Consejo es [...] el de comprobar si ha aumentado sensiblemente o no el coste de la vida y, si la comprobación es positiva, extraer las consecuencias»(traducción provisional). Sostienen que los Reglamentos nos 187/81 y 3139/82 del Consejo no pueden, en ningún caso, ser asimilados a un acto normativo que implique opciones de política económica y que, por consiguiente, no les corresponde demostrar la existencia de una infracción suficientemente demostrada de una norma superior que proteja a los particulares. No obstante, consideran que no caben dudas de que se ha cometido tal infracción, por cuanto el derecho a la retribución por el trabajo realizado es una de las garantías fundamentales resultantes del Estatuto y que el no pagar dicha retribución, aunque sea en parte, supone infringir una norma destinada a proteger a los funcionarios y tiene el carácter de un cuasidelito, que da derecho, sin ninguna necesidad de requerimiento previo, a percibir intereses compensatorios de demora, desde el día del vencimiento estatutario hasta el del pago completo. c) En lo que se refiere al carácter cierto o incierto del crédito que condiciona su derecho al pago de intereses de demora, hacen hincapié en que tienen derecho a la totalidad de la retribución que les es debida «por el trabajo realizado» de conformidad con el Estatuto, y que es errónea la afirmación del Consejo de que los importes correspondientes a los atrasos de haberes no fueron ciertos hasta después de la entrada en vigor del Reglamento n° 3139/82. Señalan que, al proceder así, el Consejo, que actúa como autoridad facultada para proceder a los nombramientos, excusa el retraso en el pago de las sumas adeudadas a los demandantes para lo que invoca el hecho de que él mismo aprobó un reglamento en su calidad de titular del poder reglamentario y en desconocimiento así del adagio «nemo auditur turpitudinem suam allegans». En cuanto al tipo de los intereses devengados cuyo pago reclaman, los demandantes se remiten a la sentencia de 25 de octubre de 1983, en el asunto 107/82, AEG-Telefunken contra Comisión, donde, para evitar la interposición de recursos con finalidad puramente dilatoria contra los actos de las instituciones, el Tribunal de Justicia admitió el principio y la exigencia del pago de los intereses de demora por parte de los deudores de la Comunidad en el marco de las multas impuestas por la Comisión. Recuerdan que en aquel asunto la Comisión declaró no poder renunciar a la ejecución de una decisión que imponía una multa sino a condición de que constituyera una garantía y un compromiso de pago de los intereses, calculados sobre la base del tipo de descuento de la Deutsche Bundesbank, incrementado un 1 %. Los demandantes declaran asumir los argumentos presentados por la institución comunitaria respecto de sus acreedores, y consideran que el tipo de descuento del Banco nacional del país de destino de los funcionarios perjudicados, incrementado un 1 %, parece un tipo de interés razonable. Por último, hacen hincapié en el hecho de que la Comisión impone multas por infracción de los artículos 85 y 86 del Tratado y de que la posibilidad que ella tiene de exigir intereses por el retraso en los pagos resulta de la habilitación que le fue otorgada por el Consejo, en aplicación de su Reglamento n° 17/62, artículo 15, dictado en aplicación del artículo 87, apartado 2, letra a), del Tratado, de modo que el Consejo no puede sostener que es ajeno al principio y al mecanismo de la determinación de tipos de interés exigidos por la Comisión, su mandataria.