Asunto T‑84/03

Maurizio Turco

contra

Consejo de la Unión Europea

«Transparencia – Acceso del público a los documentos del Consejo – Denegación parcial de acceso – Reglamento (CE) nº 1049/2001 – Excepciones»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 23 de noviembre de 2004

Sumario de la sentencia

1. Comunidades Europeas – Instituciones – Derecho de acceso del público a los documentos – Reglamento (CE) nº 1049/2001 – Excepciones al derecho de acceso a los documentos – Interpretación

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

2. Comunidades Europeas – Instituciones – Derecho de acceso del público a los documentos – Reglamento (CE) nº 1049/2001 – Excepciones al derecho de acceso a los documentos – Protección del asesoramiento jurídico – Alcance

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

3. Comunidades Europeas – Instituciones – Derecho de acceso del público a los documentos – Reglamento (CE) nº 1049/2001 – Excepciones al derecho de acceso a los documentos – Protección del asesoramiento jurídico – Interés público superior – Concepto – Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

1. La expresión «asesoramiento jurídico», recogida en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, debe entenderse en el sentido de que la protección del interés público puede oponerse a la divulgación del contenido de los documentos elaborados por el servicio jurídico del Consejo en el marco de procedimientos judiciales, pero también para cualquier otro fin. Si bien es cierto que las excepciones al acceso a los documentos deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, de modo que no se frustre la aplicación del principio general consistente en otorgar al público el máximo acceso posible a los documentos que obran en poder de las instituciones, este principio sentado por la jurisprudencia sólo se aplica, sin embargo, a la definición del alcance de una excepción en caso de que ésta pueda dar lugar a varias interpretaciones diferentes. En el presente caso, la expresión «asesoramiento jurídico» no presenta en sí ninguna dificultad de interpretación, de modo que no procede considerar que solamente contempla los dictámenes elaborados en el contexto de procedimientos judiciales. La interpretación contraria tendría como consecuencia privar de todo efecto útil a la mención del asesoramiento jurídico entre las excepciones previstas en el Reglamento nº 1049/2001.

(véanse los apartados 60 a 62)

2. El tenor del artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, así como la interpretación que resulta de su confrontación con el Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión y las Decisiones de las instituciones relativas al acceso del público a sus documentos, adoptadas con anterioridad al Reglamento nº 1049/2001, demuestran que el legislador comunitario deseó recoger, en este Reglamento, una excepción relativa al asesoramiento jurídico distinta de la de los procedimientos judiciales. Pues bien, puesto que el concepto de «procedimientos judiciales» ha sido ya interpretado en el contexto del derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones, debe considerarse que dicha definición, desarrollada en el marco de la interpretación de la Decisión 94/90, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, es pertinente en el marco del Reglamento nº 1049/2001. Por tanto, toda vez que los dictámenes jurídicos elaborados en el contexto de procedimientos judiciales están ya comprendidos en la excepción relativa a la protección de dichos procedimientos, la mención expresa del asesoramiento jurídico entre las excepciones tiene necesariamente un alcance distinto del de la excepción de los procedimientos judiciales. De ello se deduce que un demandante no puede alegar que un dictamen jurídico que se refiere a la actividad legislativa de una institución no puede estar amparado por la excepción relativa al asesoramiento jurídico a efectos del artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001. No obstante, la institución está obligada a apreciar, en cada caso concreto, si los documentos cuya divulgación se solicita están amparados efectivamente por alguna de las excepciones enumeradas en el Reglamento nº 1049/2001.

(véanse los apartados 57, 58, 64 a 66 y 69)

3. El interés público superior, mencionado en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que puede justificar la divulgación de un documento que suponga un perjuicio para la protección del asesoramiento jurídico debe, en principio, ser distinto de los principios de transparencia, apertura y democracia o de participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, principios que son aplicados por todas las disposiciones de dicho Reglamento. En su defecto, corresponde como mínimo al solicitante acreditar que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, la invocación de esos mismos principios resulta de tal intensidad que supera la necesidad de protección del documento controvertido. Además, si bien es posible que la propia institución de que se trata identifique un interés público superior que pueda justificar la divulgación de dicho documento, corresponde al solicitante que pretende hacer valer tal interés invocarlo en su solicitud para instar a la institución a pronunciarse al respecto.

(véanse los apartados 81 a 84)