Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Concepto ° Actos que producen efectos jurídicos vinculantes ° Actos de trámite ° Exclusión ° Escrito de los servicios de la Comisión por el que se desestima una denuncia en materia de normas sobre la competencia ° Inclusión ° Admisibilidad del recurso del denunciante

(Tratado CEE, art. 173)

2. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Obligación de llevar a cabo una investigación ° Inexistencia ° Decisión de archivo la denuncia ° Control jurisdiccional

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

3. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Establecimiento de prioridades por parte de la Comisión ° Consideración del interés comunitario que presenta la investigación del asunto ° Obligación de motivar la decisión de archivo de la denuncia ° Control jurisdiccional

(Tratado CEE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

4. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Decisión de archivo de la denuncia motivada por la falta de interés comunitario debido a la próxima desaparición de la práctica denunciada a raíz de la celebración de un acuerdo con un país tercero ° Control por el Juez del alcance de dicho acuerdo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

5. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Decisión de archivo de la denuncia motivada por la autorización por las autoridades de un Estado miembro de la práctica denunciada ° Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 85 y 86; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

Índice

1. Constituyen actos o Decisiones susceptibles de ser objeto de un recurso de anulación, independientemente de la forma bajo la que hayan sido adoptadas, aquellas medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, en especial al finalizar un procedimiento interno, en principio constituyen únicamente actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la posición de la Institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios cuyo objeto es preparar la Decisión final.

Puede ser objeto de recurso por parte de su destinatario un escrito procedente de los servicios de la Comisión en el que estos últimos indican a aquél de manera clara y motivada que, a menos que se descubran nuevos datos, tienen intención de no examinar a la luz de las normas sobre la competencia el acuerdo objeto de la denuncia presentada ante ellos, y le marcan un plazo para presentar sus observaciones.

En efecto, el hecho de que las personas físicas y jurídicas facultadas, con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 17, para solicitar a la Comisión que declare que se ha producido una infracción de los artículos 85 y 86 del Tratado puedan interponer un recurso para proteger sus intereses legítimos, cuando su solicitud sea desestimada en todo o en parte, redunda en beneficio tanto de la buena administración de justicia como de la exacta aplicación de dichos artículos.

2. Aunque la Comisión no está obligada a llevar a cabo una investigación cuando se presenta ante ella una solicitud al amparo del artículo 3 del Reglamento nº 17, sí está obligada, en cambio, a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho de los que le ha informado la parte denunciante, con el fin de determinar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros. Cuando la Comisión ha adoptado la decisión de archivar la denuncia, sin llevar a cabo investigación alguna, el control de legalidad que debe efectuar el Juez comunitario tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no adolece de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación ni de desviación de poder.

3. Resulta conforme a Derecho el que la Comisión, para determinar el grado de prioridad que debe concederse a un asunto relativo al cumplimiento de las normas sobre la competencia, haga referencia al interés comunitario que presenta dicho asunto. Esto no trae como consecuencia que la acción de la Comisión se sustraiga al control jurisdiccional, ya que, en virtud de la exigencia de motivación, prevista en el artículo 190 del Tratado, la Comisión no puede limitarse a referirse en abstracto a dicho concepto. Al contrario, una decisión en la que la Comisión desestima una denuncia presentada ante ella, por insuficiencia o inexistencia de interés comunitario, tiene que exponer las consideraciones de hecho y de Derecho que la han llevado a la conclusión de que no había un interés comunitario suficiente para justificar que se practicara una investigación. Corresponde a la Comisión, en especial cuando los comportamientos que le han sido denunciados se revelan, por su propia naturaleza, capaces de perjudicar el funcionamiento del mercado común afectando al comercio entre los Estados miembros, precisar la intensidad de los efectos de la supuesta infracción sobre los intercambios intracomunitarios y explicar por qué tales efectos no son lo suficientemente importantes como para que ella intervenga.

El Tribunal de Primera Instancia desempeña su misión de control jurisdiccional de la acción de la Comisión precisamente mediante el control de la legalidad de dichos motivos

4. Cuando la Comisión, para motivar el archivo sin ulterior trámite de una denuncia por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, señala que la adopción de un compromiso comercial entre la Comunidad y un Estado tercero pondrá fin en breve plazo a la supuesta práctica contraria a la competencia, a saber, la limitación de las importaciones procedentes de dicho Estado con destino al territorio de un Estado miembro, el Juez comunitario debe examinar si la adopción de dicho compromiso puede poner fin a dicha práctica, lo que plantearía la cuestión de si existe un interés comunitario suficiente en dedicarse a analizar unas prácticas que se refieren esencialmente a hechos del pasado.

No es éste el caso cuando dicho compromiso es un compromiso no escrito, de alcance meramente político y ajeno al ámbito de la política comercial común, con un período de aplicación transitoria de seis años, y que, aunque se refiere a las restricciones nacionales de todo tipo a la importación, no se presenta ni como un compromiso que implique en sí mismo la finalización de la práctica de que se trata ni como un compromiso que deba forzosamente referirse a la misma, en la medida en que dicha práctica no es imputable a las autoridades estatales, sino a unos agentes económicos presentes en el mercado de referencia. Un compromiso de este tipo no puede pues justificar, por su mera existencia, la decisión de archivar la denuncia.

5. La Comisión, para justificar el archivo sin ulterior trámite de una denuncia por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, no puede basarse en que la práctica denunciada, a saber, la limitación mediante acuerdo entre agentes económicos de las importaciones en un Estado miembro de productos procedentes de un Estado tercero, era conocida por las autoridades nacionales y había sido autorizada por éstas por razones de política comercial.

En efecto, las prácticas de este tipo pueden estar comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado cuando tienen por objeto o por efecto limitar las importaciones en el territorio de uno de los Estados miembros. El hecho de que la conducta de las empresas haya sido conocida, autorizada o incluso fomentada por las autoridades nacionales no tiene, en cualquier caso, influencia alguna en lo que respecta a la aplicabilidad de las normas sobre la competencia del Tratado.