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C 445/22

Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2018 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity)

(Asunto T-609/18)

(2018/C 445/27)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

Partes

Recurrente: Fujifilm Recording Media GmbH (Cléveris, Alemania) (representantes: R. Härer, C. Schulze, C. Weber, H. Ranzinger y C. Gehweiler, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: iTernity GmbH (Friburgo, Alemania)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular de la marca controvertida: la recurrente

Marca controvertida: marca denominativa de la Unión «d:ternity» — Marca de la Unión n.o 11152154

Procedimiento ante la EUIPO: procedimiento de nulidad

Resolución impugnada: resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de julio de 2018 (asunto R 2324/2018-4)

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Con carácter subsidiario, declare el sobreseimiento del recurso.

— Condene en costas a la EUIPO y a la otra parte ante el Tribunal y ante la Cuarta Sala de Recurso.

Motivo invocado
—

Respecto al contenido de la decisión impugnada, las demandantes alegan, en particular, que: (i) la indemnización por la obligación de servicio universal no es compatible con el mercado interior; (ii) las garantías estatales no son una ayuda existente; (iii) la exención de IVA es imputable al Estado; (iv) la asignación incorrecta de gastos implica la transferencia de recursos estatales y es imputable al Estado; y (v) la aportación de capital del 23 de febrero de 2017 es imputable al Estado y proporciona una ventaja económica a Post Danmark.
Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2018 — ArcelorMittal Bremen/Comisión

(Asunto T-544/18)

(2018/C 399/67)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: ArcelorMittal Bremen GmbH (Bremen, Alemania) (representantes: S. Altenschmidt y D. Jacob, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare, de conformidad con el artículo 265 TFUE, que la Comisión ha infringido el artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, (1) al no haber ordenado al administrador central que tuviera en cuenta la modificación del cuadro del plan nacional de asignación para la instalación de la demandante con la ID-UE DE000000000000060 en el DTUE, notificada por la República Federal de Alemania el 8 de febrero de 2018.

— Con carácter subsidiario, anule la Decisión de la Comisión, de 31 de agosto de 2018, sobre la solicitud de la demandante, de 14 de mayo de 2018.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

La demanda se basa en el siguiente fundamento:

Infracción del Derecho de la Unión

La demandante alega que la Comisión está obligada a adoptar la resolución de conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.o 389/2013, puesto que la modificación del cuadro del plan nacional de asignación se corresponde con las exigencias del Derecho de la Unión.

Además, se alega que la tasa de actividad histórica relativa al producto mineral de hierro sinterizado, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2011/278/UE de la Comisión, (2) debe determinarse sobre la base del mineral de hierro sinterizado obtenido, que se pesa al abandonar la instalación de sinterización.

Por último, la demandante considera que el mineral de hierro sinterizado, que tras su producción se vuelve a colar en un horno alto en el marco de la preparación de la carga y se vuele a añadir a una instalación de sinterización como material reciclado, no puede ser deducido al determinar la tasa de actividad de la instalación de sinterización.

(1) Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.o 280/2004/CE y n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 920/2010 y n.o 1193/2011 de la Comisión (DO 2013, L 122, p. 1).

(2) Decisión de la Comisión 2011/278/UE, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2011) 2772] (DO 2011, L 130, p. 1).
Asunto T-282/18: Recurso interpuesto el 3 de mayo de 2018 — Bernis y otros/JUR

Recurso interpuesto el 3 de mayo de 2018 — Bernis y otros/JUR

(Asunto T-282/18)

Partes

Demandantes: Ernests Bernis (Jurmala, Letonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Letonia) y Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (representantes: O. Behrends, M. Kirchner y L. Feddern, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule las decisiones de la Junta Única de Resolución (JUR) de 23 de febrero de 2018 en relación con ABLV Bank, AS y ABLV Bank Luxembourg, SA.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan trece motivos.

1. Primer motivo, basado en que la JUR no tenía competencia para adoptar una decisión sobre la liquidación.

2. Segundo motivo, basado en que la JUR vulneró los derechos de los demandantes al anunciar una decisión formal de no adoptar medidas de resolución.

3. Tercer motivo, basado en que la JUR vulneró los derechos de los demandantes debido a su apreciación errónea por lo que respecta al artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 806/2014. ( 1 )

4. Cuarto motivo, basado en que la JUR vulneró los derechos de los demandantes debido a su apreciación errónea por lo que respecta al artículo 18, apartado 1, letra a) del Reglamento n.o 806/2014.

5. Quinto motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de los demandantes a ser oídos y otros derechos procesales.

6. Sexto motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de los demandantes a una decisión adecuadamente motivada.

7. Séptimo motivo, basado en que la JUR no examinó ni evaluó con atención e imparcialidad todos los aspectos relevantes del asunto.

8. Octavo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de proporcionalidad.

9. Noveno motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de igualdad de trato.

10. Décimo motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de propiedad de los demandantes y su libertad de empresa.

11. Undécimo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio nemo auditur.

12. Duodécimo motivo, basado en que la JUR incurrió en desviación de poder.

13 Decimotercer motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de los demandantes reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque no garantizó que los asuntos de ABLV Bank SA fuesen tratados por las instituciones y órganos pertinentes de la Unión.

( 1 ) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014 , por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 6 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 6 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.
—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 16 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 16 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.
2.

Segundo motivo, basado en que la reapertura del procedimiento ya concluido relativo al calzado y la imposición retroactiva de un derecho antidumping que ya ha expirado por parte del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2017/2232 de la Comisión: — Carece de base jurídica, se apoya en un error manifiesto en la aplicación del artículo 266 TFUE y del Reglamento (UE) n.o 2016/1036 (2) e infringe el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 2016/1036. — No se ajusta a los principios de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica y de irretroactividad en lo que afecta a las partes demandantes. — Se basa en una aplicación errónea del artículo 266 TFUE y en una desviación de poder por parte de la Comisión e infringe el artículo 5 TUE, apartado 4.
—

anule la Resolución de la Quinta Sala de Recurso y obligue a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a examinar de nuevo la solicitud del signo denominativo «400 PANORAMICZNYCH» como marca de la Unión, Solicitud de registro n.o 015299704, eliminando en particular las irregularidades existentes y determinando, que el signo denominativo «400 PANORAMICZNYCH» no cumple los requisitos del artículo 7, apartado 1, en particular las letras b) y c), del Reglamento 2017/1001, por lo que no existe ningún motivo de denegación absoluto
—

Sostiene que la Comisión actuó infringiendo el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento 1049/2001 al no analizar concreta e individualmente los documentos a los que se hace referencia en la solicitud de acceso y al no justificar para cada documento concreto por qué motivo no debe ser divulgado sin interpretar el motivo de denegación del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 de manera suficientemente restrictiva; además, la Comisión actuó infringiendo las disposiciones antes citadas dado que no ponderó el concreto interés de protección del proceso de toma de decisiones frente al interés general a la divulgación de información medioambiental y al no motivar suficientemente la denegación.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 12 CE, actualmente artículo 18 TFUE, del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 6 TUE, apartado 3, del artículo1, apartados 2 y 3, del anexo III del Estatuto de los Funcionarios, de los artículos 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58 y de los artículos 1 quinquies, apartados 1 y 6, 27, párrafo segundo, y 28, letra f, del Estatuto de los Funcionarios, en la medida en que las normas citadas prohíben imponer a los ciudadanos europeos y a los propios funcionarios de las instituciones restricciones lingüísticas no previstas con carácter general y objetivo por los reglamentos internos de las instituciones contemplados en el artículo 6 del Reglamento n.o 1/58, y hasta ahora no adoptados, y prohíben introducir tales limitaciones si no existe un interés específico y motivado del servicio.
8.

Octavo motivo, basado en que la Decisión impugnada aplica incorrectamente el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, así como el artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003, al imponer una multa en relación con una conducta que ha prescrito y, en cualquier caso, al no tener en cuenta que la conducta no fue continuada.
b)

«Informal message in reply to the submission of 7 November (Álava)», de 4 de diciembre de 2012;
—

Anule la Decisión SRB/EES/2017/08 de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017, concerning the adoption of a resolution scheme in respect of Banco Popular Español, S.A.;
1.

Primer motivo, basado en varios errores manifiestos de valoración. — Invocación del Reglamento (UE) n.o 1351/2014 (2) del Consejo. Este Reglamento se refiere a otro grupo de personas distinto al de la demandante y, por lo tanto, no puede servir de motivación para incluirla en la lista que es objeto del litigio. — Objeción de infracción contractual. En opinión de la demandante, el Consejo fundamentó la Decisión de incluir a la demandante en la lista controvertida, entre otras cosas, en que se suministraron turbinas de gas a Crimea, con lo cual se incumplió lo dispuesto en un contrato de suministro original con Siemens Gas Turbine Technology OOO. La apreciación de si en efecto se produjo un incumplimiento contractual ha de hacerse de acuerdo con el Derecho ruso. Las partes del contrato de suministro se habían sometido al Tribunal de Arbitraje de Moscú. Antes de que ese Tribunal resuelva sobre el asunto, la objeción de infracción contractual no es un fundamento de hecho suficientemente acreditado y es inadecuada para motivar la Decisión 2017/1418/PESC. — Transporte de turbinas de gas a Crimea. Según la demandante, se le reprocha el haber suministrado turbinas de gas a Crimea. Alega que los informes de prensa publicados no son claros y que se basan en fuentes anónimas. A su entender, corresponde a la autoridad competente de la Unión demostrar la solidez de los motivos invocados, y no a la empresa afectada aportar la prueba negativa de que esos motivos no se sostienen. — Infracción de los principios del Derecho internacional humanitario. Rusia tiene con arreglo al Derecho internacional la obligación de restablecer y mantener el orden público en Crimea, para el cual también es preciso en la actualidad contar con un sistema de suministro energético seguro y permanente. La necesidad humanitaria de ese suministro energético no es objeto de consideración alguna en la motivación de la Decisión 2017/1418 (PESC), como tampoco lo son las normas del Derecho internacional humanitario.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 347/47

Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2017 — Wall Street Systems UK/BCE

(Asunto T-579/17)

(2017/C 347/62)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Wall Street Systems UK Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: A. Csaki, abogado)

Demandada: Banco Central Europeo (BCE)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare nula la decisión del Banco Central Europeo (BCE) relativa a la adjudicación a otro licitador del contrato, en forma de decisión de recurso de 17 de agosto de 2017, así como las futuras decisiones que se adopten en relación con la misma.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.

La parte demandante impugna la decisión de la parte demandada relativa a la adjudicación a otro licitador del contrato, en forma de decisión de recurso de 17 de agosto de 2017, y solicita que se declare nula esa decisión y las futuras decisiones que se adopten en relación con la misma (en particular, cualquier adjudicación de contrato). Sostiene que la citada decisión fue adoptada infringiendo la Decisión (EU) 2016/245 del Banco Central Europeo (1) y el Derecho de la Unión aplicable, vulnerando en particular los principios de transparencia, no discriminación y eficiencia de costes.

(1) Decisión (UE) 2016/245 del Banco Central Europeo, de 9 de febrero de 2016, por la que se establece su reglamento de adquisiciones (DO 2016, L 45, p. 15).
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/993 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 67); la Decisión (PESC) 2017/994 del Consejo, de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 75); la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1459 del Consejo, de 10 de agosto de 2017, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 208, p. 38), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1457 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 208, p. 33), en la medida en que dichos actos incluyen a la parte demandante en la lista de entidades sujetas a medidas restrictivas.
—

La Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE porque no respeta la notificación y la valoración individuales preceptivas en el caso de las ayudas de gran cuantía y da por supuesta la contribución a un objetivo de interés común. La Decisión de la Comisión no valora adecuadamente, de acuerdo con el apartado 33 de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, si la ayuda de Estado sirve para la protección del medio ambiente. La demandada utilizó el criterio de valoración habitual incorrecto y no tuvo en cuenta que las posibles reducciones de CO2 son notablemente inferiores a lo declarado en la Decisión.
1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad de la decisión de la Comisión Europea de 9 de febrero de 2017 por la que se ordenó a las partes demandantes someterse a una inspección en virtud del artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1), decisión que se impugna mediante el presente procedimiento (en lo sucesivo, «decisión impugnada»). A este respecto, las partes demandantes alegan que: — la decisión impugnada se basa en una disposición ilegal y, por lo tanto, inaplicable en el presente asunto, de conformidad con el artículo 277 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); — el artículo 20 del Reglamento n.o 1/2003 vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), ya que no permite a las empresas a las que se destine una decisión de inspección de la Comisión ejercer un recurso efectivo contra el desarrollo de la inspección; — esta disposición vulnera igualmente el principio de igualdad de armas y el derecho de defensa, garantizados en los artículos 47 y 48 de la Carta y en el artículo 6 del CEDH, ya que no permite a las partes acceder a la documentación en que se basa la decisión de la Comisión de proceder a una inspección.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 110 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1), de las normas establecidas en los documentos del contrato para la adjudicación de éste, en particular los puntos 4.1 y 12.1 de las instrucciones a los licitadores, y en la vulneración de los principios de igualdad de trato de los licitadores y de no discriminación. Dicho motivo se divide en tres partes: — Primera parte, basada en la falta de movilización de medios técnicos y operativos que cumplan los términos del contrato. — Segunda parte, basada en la falta de movilización de medios humanos que cumplan los términos del contrato. — Tercera parte, basada en el carácter artificial del plan de movilización y la toma en consideración de la experiencia pasada de los licitadores en entornos hostiles.
—

Anule la Decisión del Directorio del Banco Central Europeo, notificada mediante escrito de 15 de diciembre de 2016, mediante la que se denegó la solicitud de los demandantes de acceso a los dos documentos del Banco Central Europeo titulados «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case» (SEC/GovC/X/10/88a) y «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels» (SEC/GovC/X/10/88b).
1.

Primer motivo, basado en la violación del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y, en particular, de su artículo 23, y del artículo 17 del Protocolo n.o 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, y en la violación del principio que obliga a la administración a adoptar una decisión exclusivamente sobre la base de motivos legalmente admisibles, es decir, pertinentes y que no adolezcan de errores manifiestos de apreciación.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 12, letra c), del Reglamento (CE) n.o 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (DO 2006, L 42, p. 1).
4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 3, del Reglamento sobre el MUS y del artículo 23, apartados 1 y 4, de la DRC IV, en la violación de los principios generales de legalidad, seguridad jurídica y de previsibilidad de la actuación de la Administración, en cuanto respecta a la aplicación por parte del BCE de las normas nacionales de transposición, y en la violación de los principios generales de legalidad y de seguridad jurídica respecto a la aplicación a las demandantes de las Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC, adoptadas en 2008 por los comités CSBE, CERV y CESSJ.
5.

Quinto motivo, basado en la inobservancia del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, por no haber tenido en cuenta la parte demandada la situación particular de la parte demandante y no haber tomado las medidas necesarias para garantizarle la observancia de tales derechos.