En su segunda cuestión, la Corte d'appello de Milán solicita al Tribunal de Justicia que declare «si, tras el comienzo de la segunda etapa, prevista en el párrafo tercero del artículo 95, como final del plazo para la derogación de las normativas internas contrarias al principio de igualdad ante el tributo establecido en los párrafos primero y segundo del mismo artículo, Italia podría estar autorizada, con carácter excepcional, a mantener una discriminación preexistente en la importación de los aguardientes de vino».

El tercer párrafo del artículo 95 es tan taxativo que no requiere comentarios: a más tardar, al comienzo de la segunda etapa, los Estados miembros derogarán o modificarán las disposiciones vigentes a la entrada en vigor del presente Tratado contrarias a las normas establecidas en los párrafos primero y segundo del mismo artículo. Por ello, una «normativa preexistente» (para emplear los mismos términos que el Juez nacional) que tuviera incidencia sobre la importación de aguardientes debería suprimirse: el artículo 95 no contempla la posibilidad de excepciones. En estas circunstancias, sólo queda por comprobar si otras normas del Tratado permiten un posible incumplimiento del principio de no discriminación en materia fiscal y esta perspectiva conduce a examinar con más detalle la tesis del Gobierno italiano según la cual las ventajas fiscales concretas concedidas a los productos nacionales, y que se traducen en ayudas a la producción nacional, deberían valorarse a la luz, no del artículo 95, sino de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE. Es cierto que la Corte d'appello di Milano no ha hecho referencia alguna a estas disposiciones -de manera que podría decirse que no consideró necesaria su interpretación para la solución del litigio sometido a su decisión- pero me parece preferible interpretar la cuestión reproducida anteriormente con amplitud y examinarla según el punto de vista adoptado en este procedimiento por el Gobierno italiano.

Según este punto de vista, se puede identificar una ayuda a la producción nacional, en un caso como el presente, no porque el rendimiento del mayor impuesto, aplicado al producto importado, se destine a sostener dicha producción, sino por el propio hecho de que esta última está sometida a una menor carga fiscal. Por consiguiente, la hipótesis sería distinta a la que el Tribunal de Justicia analizó en su sentencia de 21 de mayo de 1980, Comisión/Italia (73/79, Rec. p. 1533), en la que precisó que «las prácticas de discriminación fiscal no están exentas de la aplicación del artículo 95 por el hecho de que puedan calificarse al mismo tiempo de método de financiación de una ayuda de Estado».

A este respecto, observo que otorgar a los Estados miembros la posibilidad de sustraerse a la prohibición del artículo 95, calificando una tributación diferenciada de medida de ejecución de una política de apoyo a un sector de la economía nacional, podría hacer imposible una calificación objetiva de los regímenes fiscales contrarios al artículo 95. En efecto, la distinción entre discriminaciones de trato en materia fiscal, que tienen por objeto exclusivo la protección de la producción nacional contra la competencia extranjera y los regímenes fiscales diferenciados cuyo objeto es apoyar a un sector determinado del mercado en el marco del conjunto de la política económica nacional, presenta límites tan imprecisos que origina graves riesgos de abuso. Es evidente que cualquier tributación discriminatoria en perjuicio de determinados productos importados implica automáticamente una ventaja para los productos nacionales competidores y, por tanto, se presta a ser considerada como una ayuda a la producción nacional. Si, por consiguiente, hubieran de considerarse excluidas del ámbito de aplicación del artículo 95 las prácticas fiscales discriminatorias que un Estado miembro califica de aspectos de su política de apoyo al sector, quedaría limitada de manera importante la aplicabilidad del artículo 95.

Me parece que las objeciones que he expuesto están corroboradas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Recuerdo, en primer lugar, que la sentencia de 22 de marzo de 1977, Iannelli (74/76,↔ Rec. p. 557), tuvo ocasión de precisar que el artículo 95 del Tratado se refiere a los tributos internos de cualquier naturaleza y que, por ello, el hecho de que «un tributo o canon sea percibido por un organismo de Derecho público distinto del Estado o en su beneficio y que constituya un derecho especial o se destine a una finalidad particular, no puede substraerlo del ámbito de aplicación del artículo 95 del Tratado» (Rec. 1977, p. 576). Dado que el caso sobre el que se pronunció el Tribunal de Justicia versaba sobre gravámenes que formaban parte de un régimen estatal de ayudas, se puede deducir de la citada sentencia que la vinculación de un gravamen fiscal discriminatorio con un sistema de ayudas no es suficiente para excluir la aplicación del artículo 95. Más recientemente —en la sentencia de 10 de octubre de 1978, Hansen (148/77,↔ Rec. p. 1787)— el Tribunal de Justicia afirmó que «cuando un régimen fiscal nacional favorezca, mediante exenciones tributarias o aplicación de tipos reducidos de gravamen, la producción de algunas categorías de productos alcohólicos o a algunas categorías de productores, aunque estas ventajas sólo beneficien a una parte reducida de la producción nacional o se concedan por particulares motivos de carácter social, dichas ventajas deben extenderse a los alcoholes comunitarios importados que [...] satisfagan los mismos requisitos» (Rec. 1978, p. 1807, apartado 20). En esta misma sentencia el Tribunal de Justicia consideró preferible examinar el problema a la luz del artículo 95, en lugar de a la de las disposiciones sobre ayudas de los artículos 92 a 94, «puesto que estas últimas también se basan en la misma idea fundamental del artículo 95, a saber, la eliminación de las intervenciones de carácter público —comprendidas las desgravaciones fiscales- que puedan falsear las condiciones normales de los intercambios entre Estados miembros» (apartado 14).

Estos antecedentes permiten situar en su justa perspectiva la citada sentencia Comisión/Italia, antes citada, que confirma que la posible incompatibilidad de una ayuda con el artículo 95 puede constituir un motivo válido para llevar a la eliminación de tal medida. Esto ocurre necesariamente cuando el modo de financiación de la ayuda pueda gravar los productos extranjeros competidores que no disfrutan de la misma ayuda o cuando el rendimiento de un impuesto, aplicado de manera no discriminatoria a los productos nacionales y a los importados, se destine a financiar la ayuda otorgada a los mismos productos nacionales. En el caso que nos ocupa, la ayuda a la producción nacional consistiría, simplemente, en la aplicación de un régimen de ventajas fiscales (exenciones o tipos reducidos) del que, de hecho, sólo disfrutan los productos nacionales. Por ello, aunque se admitiera la concesión de una ayuda a los propios productos, el hecho de otorgarla mediante una tributación discriminatoria, en perjuicio de los productos importados, bastaría para hacer la ayuda incompatible con el artículo 95, y por tanto, quedaría prohibida.