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67

Por último, contrariamente a lo que sostiene INEOS, no puede deducirse en absoluto una interpretación diferente de la sentencia de 28 de abril de 2016, Borealis Polyolefine y otros (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 y C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311). Es cierto que, en el apartado 97 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que incumbía a la Comisión solicitar a los Estados miembros que procediesen a las «correcciones necesarias» de los datos de emisiones aportados. No obstante, en esos asuntos, el error resultaba, como se desprende de los apartados 94 y 95 de esa misma sentencia, de que la Comisión tuvo en cuenta datos, transmitidos por los Estados miembros, relativos a las emisiones de un período no contemplado por el artículo 10 bis, apartado 5, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2003/87. Únicamente debido a la gravedad de este error, que afectaba de manera substancial al factor de corrección uniforme intersectorial e, in fine, a la cantidad de derechos de emisión que iban a asignarse gratuitamente, no se opuso el principio de seguridad jurídica a la impugnación de ese factor con efectos ex nunc a partir del momento indicado en el apartado 111 de la referida sentencia.
3)

Si las dos cuestiones prejudiciales anteriores reciben respuesta afirmativa, ¿se opone esta interpretación del concepto de “circulación de vehículos” del artículo 3, apartado 1, de la [Primera Directiva] a una normativa nacional (artículo 4, apartado 4, del [Decreto-Lei n.o 291/2007 que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvil, de 21 de agosto de 2007 (en lo sucesivo, “Decreto-ley 291/2007”]) que excluye la obligación de aseguramiento prevista en el citado artículo 3, apartado 1, [de la Primera Directiva] en los casos en que los vehículos se utilizan en funciones meramente agrarias o industriales?»
48

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que: – La Directiva IVA debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la baja forzosa en el registro del IVA de una sociedad cuya disolución haya sido ordenada por una resolución judicial conlleva la obligación de liquidar y abonar al Estado el IVA devengado o soportado en relación con los activos existentes en el momento de la disolución de dicha sociedad, siempre que ésta no lleve a cabo más operaciones económicas a partir de su disolución. – La Directiva IVA, en particular su artículo 168, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la baja forzosa en el registro del IVA de una sociedad cuya disolución haya sido ordenada por una resolución judicial conlleva la obligación de liquidar y abonar al Estado el IVA devengado o soportado en relación con los activos existentes en el momento de la disolución aun cuando dicha sociedad siga llevando a cabo operaciones económicas durante su liquidación, y que supedita, de este modo, el derecho a deducción al cumplimiento de esta obligación.
35

Así, por una parte, al asociar el concepto de «primera ocupación» a la ejecución de operaciones gravadas, el legislador polaco ha excluido de dicha exención las ocupaciones que no son fuente de operaciones gravadas o no las generan, con la consecuencia de que la exención establecida en el artículo 135, apartado 1, letra j), de la Directiva IVA no es aplicable a la transmisión de un edificio existente que haya sido objeto, como ocurre en el asunto examinado en el litigio principal, de una utilización por parte de su propietario para sus propias necesidades comerciales, por la razón de que tal utilización no puede calificarse de «primera ocupación» al no existir operación gravada. Por otra parte, el legislador polaco, al ampliar el criterio de la «primera ocupación» aplicándolo a las transformaciones de inmuebles, ha establecido un criterio cuantitativo según el cual, para que la venta de un inmueble quede sujeta al IVA, los costes de la transformación deben ascender a un determinado porcentaje del valor inicial del edificio de que se trate, a saber, en el presente asunto, a un 30 % como mínimo.
33

Pues bien, cuando una resolución judicial de autorización de un decreto de propuesta de imposición de pena como la del litigio principal se remite únicamente en la lengua del proceso de que se trate a una persona pese a que ésta no domine tal lengua, esa persona no puede comprender qué se le imputa y, por tanto, no puede ejercer válidamente su derecho de defensa si no obtiene una traducción de la citada resolución en una lengua que comprenda.
35

Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los principios de igualdad de trato y de no discriminación, así como la obligación de transparencia, se oponen, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, a toda negociación entre el poder adjudicador y un licitador, lo que implica que, en principio, una oferta no pueda ser modificada después de su presentación, ni a propuesta del poder adjudicador ni del licitador. De ello se deduce que el poder adjudicador no puede solicitar aclaraciones a un licitador cuya oferta considere imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones (sentencias de 7 de abril de 2016, Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, apartado 62 y jurisprudencia citada, y de 4 de mayo de 2017, Esaprojekt, C‑387/14, EU:C:2017:338, apartado 37).
8

El artículo 34 del Decreto Legislativo n.o 276/2003 fue derogado por el Decreto Legislativo n.o 81, de 15 de junio de 2015 (Suplemento Ordinario a la GURI n.o 144, de 24 de junio de 2015). No obstante, sus disposiciones se han recogido esencialmente en el artículo 13 de este último Decreto Legislativo, a tenor del cual: «1. El contrato de trabajo discontinuo es el contrato, asimismo de duración determinada, por el que un trabajador se pone a disposición de un empresario para realizar prestaciones de carácter discontinuo o intermitente, conforme a las condiciones estipuladas en los convenios colectivos, también para períodos de tiempo determinados por semanas, meses o años. A falta de convenio colectivo, un decreto del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales determinará los casos en los que puede recurrirse al trabajo discontinuo. 2. En cualquier caso, el contrato de trabajo discontinuo podrá celebrarse con personas de edad inferior a 24 años, siempre que las prestaciones contractuales se ejecuten antes de cumplirse 25 años, y con personas de edad superior a 55 años. 3. En cualquier caso, a excepción de los sectores del turismo, de los locales que acojan a público y del espectáculo, se permite el contrato de trabajo discontinuo para cualquier trabajador con el mismo empresario, por un período total que no exceda de cuatrocientos días efectivos de trabajo en el marco de tres años naturales. En caso de exceder el referido período de tiempo, la relación se transformará en relación de trabajo a tiempo completo de duración indefinida. 4. Durante los períodos no trabajados, el trabajador discontinuo no tendrá derecho a retribución, ni ningún otro derecho derivado de la relación laboral, salvo que haya garantizado al empresario permanecer a su disposición a petición de éste, en cuyo caso percibirá la indemnización de disponibilidad prevista en el artículo 16. 5. Las disposiciones de la presente sección no se aplicarán a las relaciones laborales en el marco de las administraciones públicas.»
24

Unibet alega, por una parte, que el Ministro de Economía no convocó una licitación pública con vistas a la celebración de un contrato de concesión, privándola así de este primer procedimiento. Sostiene, por otra parte, respecto al segundo procedimiento que debía permitirle presentar una oferta al Ministro para la celebración de un contrato de concesión, reservado a los operadores «de probada fiabilidad», en el sentido de la legislación húngara, que no estaba autorizada a presentar una oferta en la fecha de la primera resolución porque no satisfacía los criterios legales para ser calificada de operador de juegos de azar «de probada fiabilidad», en el sentido de la legislación nacional. Además, en el momento de adoptarse la segunda resolución, debido a la fecha de entrada en vigor de la normativa que modifica la definición de operador de juegos de azar «de probada fiabilidad», no habría dispuesto de tiempo suficiente para elaborar una oferta detallada.
34

Esta afirmación no queda desvirtuada por el apartado 105 de la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774), dado que, en el mencionado apartado, el Tribunal de Justicia se refirió únicamente a la conformidad con la Directiva sobre sociedades matrices y filiales de determinadas modalidades de cálculo del importe del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades cuando una sociedad matriz residente redistribuye dividendos percibidos de una filial no residente, y no a la conformidad con dicha Directiva de la exigencia, en semejante caso, de ese impuesto.
3

La ordonnance de la Région de Bruxelles‑Capitale relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (Decreto Legislativo de la Región de Bruselas‑Capital relativo a los servicios de taxi y a los servicios de alquiler de automóviles con conductor), de 27 de abril de 1995 (Moniteur belge de 1 de junio de 1995, p. 15510), en su versión modificada por la ordonnance (Decreto Legislativo) de 20 de julio de 2006 (Moniteur belge de 29 de septiembre de 2006) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo de 27 de abril de 1995»), dispone, en su artículo 2, apartados 1 y 2, lo siguiente: «1) “servicios de taxi”: aquellos servicios dedicados al transporte remunerado de pasajeros mediante vehículos automóviles con conductor que cumplan los siguientes requisitos: a) el vehículo, de tipo automóvil, automóvil mixto o minibús, en el sentido del Real Decreto de 15 de marzo de 1968, por el que se establece el Reglamento General relativo a los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos automóviles y sus remolques, sus elementos y los accesorios de seguridad, deberá ser idóneo, según su tipo de construcción y su equipamiento, para transportar nueve personas como máximo —incluido el conductor— y estar destinado a tal fin; b) el vehículo será puesto a disposición del público, bien en un punto de estacionamiento determinado en la vía pública en el sentido del règlement général sur la police de la circulation routière [Código de la Circulación], bien en cualquier otro lugar no abierto a la circulación pública; c) la puesta a disposición se referirá al vehículo y no a cada una de las plazas que contenga cuando el vehículo se utilice como taxi, y a cada una de las plazas del vehículo y no al vehículo en sí mismo cuando éste se utilice como taxi colectivo con la autorización del Gobierno de la Región de Bruselas‑Capital; d) el destino será fijado por el cliente; 2) “servicios de alquiler de automóvil con conductor”: todos los servicios de transporte remunerado de pasajeros mediante vehículos automóviles que no sean servicios de taxi y que sean prestados mediante vehículos de tipo automóvil, automóvil mixto o minibús, con excepción de los vehículos acondicionados como ambulancias».
El artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «responsable del tratamiento», en el sentido de esa disposición, comprende al administrador de una página de fans alojada en una red social.

Pues bien, aunque el hecho de utilizar una red social como Facebook no convierte al usuario de Facebook en corresponsable de un tratamiento de datos personales efectuado por dicha red, es preciso señalar, no obstante, que el administrador de una página de fans alojada en Facebook, mediante la creación de tal página, ofrece a Facebook la posibilidad de colocar cookies en los ordenadores o en cualquier otro aparato de la persona que haya visitado su página de fans, disponga o no esta persona de una cuenta de Facebook. En estas circunstancias, procede considerar que el administrador de una página de fans alojada en Facebook, como Wirtschaftsakademie, participa, mediante su acción de configuración, en función, en particular, de su audiencia destinataria, así como de objetivos de gestión o de promoción de sus actividades, en la determinación de los fines y los medios del tratamiento de los datos personales de los visitantes de su página de fans. De este modo, dicho administrador debe ser calificado en el presente caso de responsable de ese tratamiento en la Unión, en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46, conjuntamente con Facebook Ireland. En efecto, el hecho de que un administrador de una página de fans utilice la plataforma ofrecida por Facebook para disfrutar de los servicios asociados a esta no le exime de sus obligaciones en materia de protección de datos personales. En este contexto, el reconocimiento de una responsabilidad conjunta del operador de una red social y del administrador de una página de fans alojada en esa red en relación con el tratamiento de los datos personales de los visitantes de esa página de fans contribuye a garantizar una protección más completa de los derechos de que disponen las personas que visitan una página de fans, conforme a las exigencias de la Directiva 95/46.

(véanse los apartados 35, 39, 40, 42 y 44 y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑664/16

Lucreţiu Hadrian Vădan

contra

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor y Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia)

«Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 167, 168, 178 y 273 — Alcance del derecho a deducción — Inexistencia de facturas — Posibilidad de recurrir a un peritaje judicial — Carga de la prueba del derecho a deducción — Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de noviembre de 2018

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Obligaciones del sujeto pasivo — Tenencia de una factura que contenga determinadas indicaciones — Inexistencia de factura o de cualquier otro documento que pruebe el derecho a deducción — Presentación de otras pruebas — Posibilidad de recurrir a un peritaje judicial — Derecho a deducción basado únicamente en dicho peritaje judicial — Inexistencia

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 167, 168, 178, letra a), y 179]

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y, en particular, sus artículos 167, 168, 178, letra a), y 179, así como los principios de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de proporcionalidad, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, un sujeto pasivo al que no le resulta posible demostrar, mediante la presentación de facturas o de cualquier otro documento, el importe del IVA previamente pagado no puede disfrutar de un derecho a deducir el IVA basándose únicamente en una estimación resultante de un dictamen pericial ordenado por un órgano jurisdiccional nacional.

(véanse el apartado 48 y el fallo)
En relación con la carga y la aportación de la prueba, cuando el titular de una marca desee invocar el motivo de denegación del registro contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, la regla 19 del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, establece, en su apartado 1 y en su apartado 2, letra c), que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición, en particular la prueba de que la marca anterior goza de renombre, o de completar los que ya hayan sido presentados. Puesto que los Reglamentos n.os 207/2009 y 2868/95 no enumeran los medios de prueba que el oponente puede hacer valer para demostrar la existencia de la notoriedad de la marca anterior, esta última es libre, en principio, para elegir la forma de la prueba que considere útil presentar a la EUIPO en el marco de una oposición basada en un derecho anterior y la EUIPO tiene la obligación de examinar las pruebas presentadas por el oponente, no pudiendo rechazar un tipo de prueba en razón de su forma.

(véase el apartado 58)
En cuanto al momento en que debe expresarse la aceptación, es decir, el momento de presentar un asunto ante un órgano jurisdiccional, se desprende del artículo 16 del Reglamento n.o 2201/2003 que dicho momento corresponde, en principio, a aquel en que se presente al órgano jurisdiccional el escrito de demanda o documento equivalente (sentencias de 1 de octubre de 2014, E.,C‑436/13, EU:C:2014:2246, apartado 38, y de 12 de noviembre de 2014, L,C‑656/13, EU:C:2014:2364, apartado 55).

La concurrencia de determinados hechos con posterioridad al momento en que se presentó un asunto ante un órgano jurisdiccional puede demostrar que la aceptación contemplada en el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003 no existía en ese momento. Así, en la sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364), apartados 56 y 57, el Tribunal de Justicia consideró que la existencia de un consentimiento expreso —o cuando menos inequívoco— en el sentido de esta disposición no queda acreditada cuando el órgano jurisdiccional de que se trate conoce de un asunto a instancia de una sola de las partes en el procedimiento y, en un momento posterior, otra parte en el procedimiento impugna en la primera actuación que le incumbe en el marco de este procedimiento la competencia del órgano jurisdiccional elegido.

De manera análoga, en el supuesto de que un fiscal sea considerado, según el Derecho nacional aplicable, como parte de pleno derecho en un procedimiento de responsabilidad parental, la oposición expresada por esa parte respecto a la elección del órgano jurisdiccional efectuada por los progenitores del menor de que se trate después del momento en que se presentó el asunto ante el órgano jurisdiccional impide que pueda considerarse aceptada la prórroga de la competencia por todas las partes en el procedimiento en ese momento. En cambio, a falta de tal oposición, puede considerarse que el consentimiento de dicha parte es implícito y que concurre el requisito de aceptación de la prórroga de la competencia de forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional.

(véanse los apartados 30 a 32)
Según el artículo 346 TFUE, apartado 1, letra a), ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad. Esta disposición, por la generalidad de sus términos, está destinada a aplicarse, en particular, al ámbito de los contratos públicos no militares, tales como los contratos de producción de documentos de identidad y de otros documentos oficiales. No obstante, las medidas que adopten los Estados miembros en virtud de legítimas exigencias de interés nacional no están exentas en su conjunto de la aplicación del Derecho de la Unión por el mero hecho de que se hayan adoptado, concretamente, en interés de la seguridad pública.

Así pues, aunque el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, y el artículo 14 de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, conceden a los Estados miembros un amplio margen de apreciación para decidir sobre las medidas que se consideran necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, estos artículos no pueden ser interpretados como si atribuyeran a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones a las disposiciones del Tratado FUE mediante la mera invocación de dichos intereses. Efectivamente, el Estado miembro que invoque dichas excepciones deberá demostrar la necesidad de recurrir a ellas con el fin de proteger los intereses esenciales de su seguridad. Esta exigencia también resultará necesaria cuando el Estado miembro invoque, adicionalmente, el artículo 346 TFUE, apartado 1, letra a). Por tanto, el Estado miembro que pretenda acogerse a estas excepciones deberá acreditar que el objetivo de proteger dichos intereses no puede alcanzarse en el marco de un procedimiento de licitación como el previsto en las Directivas 92/50 y 2004/18.

(véanse los apartados 72, 76, 78 y 79)
El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un sistema de distribución selectiva de productos de lujo dirigido, con carácter principal, a preservar la imagen de lujo de dichos productos es conforme con dicha disposición, si la elección de los revendedores se hace en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales y aplicados de forma no discriminatoria, y si los criterios exigidos no van más allá de lo necesario.

El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una cláusula contractual, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe a los distribuidores autorizados de un sistema de distribución selectiva de productos de lujo dirigido, con carácter principal, a preservar la imagen de lujo de dichos productos recurrir de manera evidente a plataformas de terceros para vender en Internet los productos objeto del contrato, si dicha cláusula pretende preservar la imagen de lujo de esos productos, si se establece de modo uniforme y se aplica de forma no discriminatoria, y si es proporcionada al objetivo perseguido, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, debe interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las del litigio principal, la prohibición impuesta a los miembros de un sistema de distribución selectiva de productos de lujo, que operan como distribuidores en el mercado, de recurrir de manera evidente a terceras empresas para las ventas por Internet, no constituye una restricción de la clientela, en el sentido del artículo 4, letra b), de dicho Reglamento, ni una restricción de las ventas pasivas a los usuarios finales, en el sentido del artículo 4, letra c), del citado Reglamento.

(véanse el apartado 69 y el punto 3 del fallo)