Asunto T-156/04

Électricité de France (EDF)

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Ayudas concedidas por las autoridades francesas a EDF — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Derechos procedimentales del beneficiario de la ayuda — Afectación de los intercambios entre Estados miembros — Criterio del inversor privado»

Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2009 II ‐ 4508

Sumario de la sentencia

En la fase de examen prevista por el artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión está obligada a dar a los interesados la posibilidad de presentar sus observaciones. Aun cuando esos interesados no pueden invocar el derecho de defensa, disponen en cambio del derecho a participar en el procedimiento administrativo tramitado por la Comisión en una medida adecuada habida cuenta de las circunstancias del caso concreto. Además, la Comisión tiene la obligación de iniciar un procedimiento formal de examen, en el que se prevea informar a los interesados, desde el momento en que, tras efectuar un examen preliminar, albergue serias dudas acerca de la compatibilidad de la medida económica de que se trate con el mercado común. Por lo tanto, no está obligada a presentar un análisis detallado sobre la ayuda en cuestión en la comunicación de incoación del procedimiento, sino que basta que defina suficientemente el marco de su examen para no dejar sin contenido el derecho de los interesados a presentar observaciones. Por otra parte, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, cuando la Comisión decide incoar el procedimiento de investigación formal, la decisión de incoación puede limitarse a resumir las principales cuestiones de hecho y de Derecho, a incluir una valoración inicial de la medida estatal de que se trate dirigida a determinar si ésta tiene carácter de ayuda y a exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. De este modo, la decisión de incoación debe permitir a las partes interesadas participar de manera eficaz en el procedimiento de investigación formal, durante el cual tendrán la posibilidad de formular sus alegaciones. Para ello, basta que las partes interesadas conozcan la razón que ha llevado a la Comisión a considerar provisionalmente que la medida de que se trata puede constituir una ayuda nueva incompatible con el mercado común. (véanse los apartados 106 a 110)

En el marco de un recurso de anulación la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de la información existente en la fecha en que el acto fue adoptado. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones. A este respecto, no puede reprocharse a la Comisión no haber tenido en cuenta eventuales elementos de hecho o de Derecho que se le habrían podido presentar durante el procedimiento administrativo pero que no se le presentaron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio y por conjeturas qué elementos podrían habérsele presentado. (véanse los apartados 125 y 126)

A efectos de la calificación como ayuda de Estado de una medida nacional, no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia. La Comisión no está obligada a realizar un análisis económico de la situación real del mercado considerado, de la cuota de mercado de las empresas beneficiarias de las ayudas, de la posición de las empresas competidoras y de las corrientes de intercambio entre los Estados miembros. Cuando una ayuda otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. A este respecto, el hecho de que un sector económico haya sido objeto de una liberalización a nivel comunitario puede caracterizar una repercusión real o potencial de las ayudas sobre la competencia, así como su efecto sobre los intercambios entre Estados miembros. Por otra parte, no es necesario que la empresa beneficiaria participe en los intercambios intracomunitarios. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión. Además, el fortalecimiento de una empresa que, hasta entonces, no participaba en los intercambios intracomunitarios puede colocarla en una situación que le permita penetrar en el mercado de otro Estado miembro. (véanse los apartados 144 a 148)

En el caso de una empresa cuyo capital social pertenece a las autoridades públicas es preciso en particular apreciar si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables a las de los organismos gestores del sector público habría efectuado aportaciones de capital de esa importancia, basándose en las posibilidades de rentabilidad previsibles, y con abstracción de toda consideración de carácter social o de política regional o sectorial. La circunstancia de que se aprecie el comportamiento del Estado accionista a la luz del criterio del inversor privado diligente, siendo así que el comportamiento de cualquier inversor privado no se aprecia de esa forma, no constituye una ruptura de la igualdad de trato entre el Estado y tal inversor privado, dado que el Estado accionista no está en la misma situación que el inversor privado. En efecto, a diferencia del inversor privado que sólo puede confiar en sus propios fondos para financiar sus inversiones, el Estado tiene acceso a fondos derivados del ejercicio del poder público, en particular, los procedentes de los impuestos. En consecuencia, la circunstancia de que el Estado tenga acceso a recursos financieros que derivan del ejercicio del poder público no permite justificar por sí sola que las actuaciones del Estado se consideren inherentes a sus prerrogativas de poder público. En efecto, en tal supuesto la aplicación del criterio del inversor privado diligente al comportamiento del Estado accionista podría quedar totalmente desvirtuada, o cuando menos restringida de forma desproporcionada, ya que, en cuanto Estado, tiene necesariamente acceso a recursos financieros derivados del ejercicio del poder público, en particular a los recursos fiscales. (véanse los apartados 230 a 232)