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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/11

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 12 de enero de 2016 — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

(Asunto C-17/16)

(2016/C 090/15)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Oussam El Dakkak, Intercontinental SARL

Recurrida: Administration des douanes et droits indirects

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1889/2005 de 26 de octubre, (1) y 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 562/2006 de 15 de marzo de 2006, (2) en el sentido de que un nacional de un tercer país que se encuentra en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto no está sujeto a la obligación de declarar prevista en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1889/2005 de 26 de octubre de 2005 o, por el contrario, dicho nacional está sujeto a esa obligación por haber cruzado una frontera exterior de la [Unión] por un paso fronterizo conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 562/2006 de 15 de marzo de 2006?

(1) Reglamento (CE) no 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DO L 309, p. 9).

(2) Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105, p. 1).
5)

¿Cómo debe valorarse la obligación del transportista aéreo de pagar una compensación, fijada en el artículo 7 del Reglamento, cuando el retraso es provocado, no sólo por las medidas administrativas y técnicas adoptadas tras una colisión entre una aeronave y un ave que no ha producido daños en la aeronave, sino también, en gran medida, por la reparación de un problema técnico que no está relacionado con dicha colisión?
1)

El artículo 3, apartado 1, inicio y letra c), inciso ii), primera frase, del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra (DO 2007, L 134, p. 4), ¿debe interpretarse en el sentido de que ofrece un derecho suficiente a una compañía aérea comunitaria del Estado miembro A para descargar mercancías, cargadas en un tercer país, en otro Estado miembro B, tras una escala en los Estados Unidos en la que no se descargaron, y, en tal medida, no es necesario invocar convenios bilaterales entre el Estado miembro B y el tercer país?
2)

¿Se ha de interpretar el artículo 56 TFUE en el sentido de que no se opone a una disposición nacional del Estado del registro (Austria) con arreglo a la cual se reserva a los notarios públicos la legitimación de firmas que consten en documentos necesarios para la creación o la transferencia de derechos reales inmobiliarios, cuando ello tiene la consecuencia de que una declaración sobre legitimación de firma realizada en la República Checa por un abogado establecido en ese país no es reconocida en el Estado del registro a pesar de que dicha declaración, con arreglo al Derecho checo, tiene efecto jurídico de certificación oficial, en particular: a) porque la cuestión del reconocimiento de una declaración emitida en la República Checa por un abogado establecido en dicho país sobre la legitimación de una firma que consta en una solicitud de extensión de un asiento en el registro de la propiedad afecta en el Estado del registro al ejercicio sustantivo de un servicio por parte de un abogado que no se permite prestar a los abogados establecidos en el Estado del registro, por lo que la prohibición de restricciones no alcanza al no reconocimiento de tal declaración, o b) porque tal reserva está justificada para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de los actos (documentos sobre negocios jurídicos), de manera que atiende a razones imperiosas de interés general y, además, es necesaria para conseguir ese fin en el Estado del registro?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Varbergs tingsrätt (Suecia) el 28 de agosto de 2015 — P/Q

(Asunto C-455/15)

(2015/C 346/12)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Varbergs tingsrätt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: P

Demandada: Q

Cuestión prejudicial

¿Deberá el Varbergs tingsrätt, con arreglo al artículo 23, letra a), del Reglamento Bruselas II (1), o conforme a cualquier otra disposición, y no obstante lo dispuesto en el artículo 24 del citado Reglamento, denegar el reconocimiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Silute de 18 de febrero de 2015 (véase el anexo a), y deberá, por tanto, continuar con la tramitación del asunto de custodia pendiente ante él?

(1) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 320/23

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 5 de agosto de 2015 — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (fallecida, en nombre de quien actúa su representante)

(Asunto C-430/15)

(2015/C 320/32)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Secretary of State for Work and Pensions

Recurrida: Tolley (fallecida, en nombre de quien actúa su representante)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿El componente asistencial del subsidio de subsistencia para personas con discapacidad del Reino Unido está debidamente clasificado como una prestación de invalidez y no como prestación en metálico por enfermedad a efectos del Reglamento no 1408/71? (1)

2) i) Una persona que deja de tener derecho a percibir el subsidio de subsistencia para personas con discapacidad en virtud de la legislación nacional británica por haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, y que ha dejado de ejercer toda actividad laboral antes de tal traslado, pero sigue estando asegurada contra el riesgo de vejez de conformidad con el régimen británico de seguridad social ¿deja de estar sujeta a la legislación del Reino Unido a efectos del artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento no 1408/71? ii) En cualquier caso, ¿sigue estando dicha persona sujeta a la legislación del Reino Unido a la luz del punto 19, letra c), de la sección del anexo VI del Reglamento relativa al Reino Unido? iii) Si tal persona ha dejado de estar sujeta a la legislación del Reino Unido en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra f), ¿está el Reino Unido obligado o simplemente facultado, en virtud del punto 20 del Anexo VI, para aplicarle las disposiciones del capítulo 1 del título III del Reglamento?

3) i) ¿Se aplica la amplia definición de trabajador por cuenta ajena contenida en [la sentencia C–543/03, Dodl y Oberhollenzer] a efectos de los artículos 19 a 22 del Reglamento, si una persona ha dejado de ejercer toda actividad laboral antes de trasladarse a otro Estado miembro, pese a la distinción establecida en el capítulo 1 del título III entre, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y, por otro, los trabajadores en paro? ii) Si se aplica esa definición, ¿tiene derecho tal persona a exportar la prestación en virtud ya del artículo 19, ya del artículo 22? ¿Se aplica el artículo 22, apartado 1, letra b), de forma tal que impida que el derecho del solicitante a percibir el componente asistencial del subsidio de subsistencia para personas con discapacidad quede privado de efecto por un requisito de residencia impuesto por la legislación nacional con ocasión del traslado de residencia a otro Estado miembro?

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 320/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 29 de junio de 2015 — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Asunto C-322/15)

(2015/C 320/21)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Recurrida: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a la aplicación del acuerdo impugnado de la Autoridad de garantía de las telecomunicaciones no 397/13/CONS y de las correspondientes disposiciones de la legislación nacional de referencia, interpretadas en el sentido indicado por dicha Autoridad, que exigen una «información económica del sistema» compleja (formulada necesariamente conforme a las normas de contabilidad italianas) sobre las actividades económicas efectuadas con consumidores italianos, con la finalidad de defender la competencia pero vinculada necesariamente a las funciones institucionales, diferentes y más limitadas, que la misma Autoridad ejerce para la protección del pluralismo en el sector de que se trata, a operadores no comprendidos en el ámbito de aplicación de la legislación nacional reguladora de dicho sector (Texto refundido en materia de servicios de medios audiovisuales y radiofónicos), y en particular, en el caso de autos, a un operador nacional que presta servicios únicamente a una empresa irlandesa del mismo grupo, así como, en relación con esta última, a un operador que no está domiciliado ni ejerce actividades a través de trabajadores en el territorio nacional? o, dicho de otros modo ¿constituye el mencionado acuerdo una medida restrictiva de la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea en infracción del artículo 56 TFUE?
1)

A fin de satisfacer debidamente los requisitos de no discriminación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (1), en relación con el artículo 45 TFUE, apartado 2, en el marco de la consideración del grado real de conexión de un estudiante no residente, que solicita una ayuda económica para estudios superiores, con la sociedad y el mercado de trabajo de Luxemburgo, Estado miembro donde un trabajador transfronterizo está empleado o ejerce su actividad en las condiciones previstas en el artículo 2 bis de la Ley de 22 de junio de 2000, sobre ayuda económica del Estado para estudios superiores, tal y como dicho artículo quedó redactado por la Ley de 19 de julio de 2013, promulgada como consecuencia directa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2013 (asunto C-20/12) (2), ¿debe determinarse que el requisito de que dicho estudiante sea «hijo» del trabajador transfronterizo como equivalente para él de «descendiente en línea directa y en primer grado cuya filiación se presume legalmente con respecto a su autor», haciendo hincapié en el vínculo de filiación acreditado entre el estudiante y el trabajador transfronterizo, en el que se basaría el vínculo de conexión exigido?, o bien ¿debe insistirse en el hecho de que el trabajador transfronterizo «continúa proveyendo al mantenimiento de la estudiante» sin que necesariamente un vínculo jurídico de filiación le una a él, forjándose así un vínculo de comunidad de vida suficiente para vincularlo a uno de los padres del estudiante con respecto al cual el vínculo de filiación sí está jurídicamente establecido?
1)

¿La excepción que contiene la nota 1, letra c), del capítulo 93 de la Nomenclatura Combinada [anexo I, parte II, del Reglamento (CEE) no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (1), en su versión modificada por el Reglamento de ejecución (UE) no 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013 (2), para «los tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate (partida 8710)» comprende también «sus partes»?
1)

¿Exige el Derecho comunitario, y en particular el principio de efectividad, que en determinadas circunstancias, en concreto las descritas en el apartado 38 de la presente resolución, el plazo nacional de prescripción, como el establecido en el artículo 100 de las lois coordonnées sur la comptabilité de l’État [Leyes refundidas de contabilidad del Estado] aplicable a una demanda de indemnización presentada por un particular contra el Estado belga por infracción del artículo 43 del Tratado CE (actualmente artículo 49 TFUE) por parte del legislador, comience a correr únicamente cuando se haya declarado la comisión de dicha infracción o queda, por el contrario, suficientemente garantizado el principio de efectividad en tales circunstancias por la posibilidad que se ofrece a dicho particular de interrumpir la prescripción mediante notificación por agente judicial?
2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el Reglamento no 1698/2005, y en particular su artículo 71, apartado 3, en el sentido de que se opone a la normativa nacional establecida en el artículo 56, apartado 4, de la Zakon o kmetijstvu (Ley sobre la agricultura; en lo sucesivo, «ZKme-1»), en virtud de la cual debe rechazarse en su totalidad la solicitud que no cumpla los requisitos del artículo 79, apartado 4, del Decreto PRP sobre los gastos subvencionables de la inversión, soportados con posterioridad a la fecha de adopción de la decisión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 236/28

Recurso de casación interpuesto el 6 de mayo de 2015 por la República de Polonia contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 25 de febrero de 2015 en el asunto T-257/13, Polonia/Comisión

(Asunto C-210/15 P)

(2015/C 236/38)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Recurrente: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de febrero de 2015 en el asunto T-257/13, Polonia/Comisión.

— Que se anule la Decisión de Ejecución 2013/123/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2013 [notificada con el número C(2013) 981], por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (1), en la medida en que se excluyen de la financiación de la Unión Europea los gastos por un importe de 2 8 7 63 238,60 euros y de 5 6 88 440,96 euros efectuados por el organismo pagador autorizado de la República de Polonia.

— Que se condene a la Comisión al pago de las costas de los procedimientos en las dos instancias.

Motivos y principales alegaciones

La República de Polonia sostiene que el Tribunal General interpretó de manera errónea el artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 1257/1999 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1698/2005, en la medida en que consideró que el requisito para la concesión de la ayuda a la jubilación anticipada era el desarrollo, por parte del cedente, de una actividad agrícola con fines comerciales antes de la cesión de la explotación, cuando lo cierto es que esas disposiciones prevén, por un lado, que el interesado debe haber ejercido una actividad agrícola (con fines comerciales o no comerciales) durante los diez años anteriores a la cesión de la actividad y, por otro, la prohibición, para el cedente agrícola, de desarrollar una actividad agrícola con fines comerciales después de la cesión de la explotación.

Según la República de Polonia, el Derecho de la Unión no prevé ninguna exigencia/vinculada al ejercicio de una actividad agrícola con fines comerciales durante el período que precede a la cesión de la actividad. El artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 1257/1999 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1698/2005 establecen que el interesado debe haber ejercido una actividad agrícola durante los diez años anteriores a la cesión de la actividad, pero tal actividad, durante ese período, puede tener carácter comercial o no comercial. Además, las citadas disposiciones prohíben al cedente agrícola ejercer una actividad agrícola con fines comerciales después de la cesión de la explotación.

(1) DO L 67, p. 20.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 198/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad von State (Países Bajos) el 26 de marzo de 2015 — J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Asunto C-146/15)

(2015/C 198/30)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad von State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: J.H. Dees-Erf

Demandadas: Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Cuestión prejudicial

El artículo 16 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1), habida cuenta de que el Derecho neerlandés ofrece acceso al juez de lo civil para la protección de los derechos que los pasajeros, en virtud del Derecho de la Unión, pueden deducir de los artículos 5, apartado 1, inicio y letra c), y 7, del Reglamento, ¿obliga a las autoridades nacionales a adoptar medidas de aplicación que ofrezcan una base para que la autoridad designada en virtud del artículo 16 pueda adoptar medidas administrativas con el fin de que se dé cumplimiento al Reglamento de forma individual en cada caso concreto en el que se infrinjan los artículos 5, apartado 1, inicio y letra c), y 7, del Reglamento, al objeto de poder garantizar de forma individual en cada caso concreto el derecho a compensación de un pasajero?
2)

¿Se opone el artículo 12 de la Directiva 2006/123 (1) a una disposición nacional, como el artículo 1, apartado 18, del Decreto-ley no 194 de 30 de diciembre de 2009, convalidado mediante la Ley no 25 de 26 de febrero de 2010, con sus posteriores modificaciones y ampliaciones, por el que se permite la prórroga automática de las concesiones vigentes sobre bienes del dominio público marítimo para actividades turístico-recreativas, hasta el 31 de diciembre de 2015, o hasta el 31 de diciembre de 2020, con arreglo al artículo 34 duodecies del Decreto-ley no 179 de 18 de octubre de 2012, introducido por el artículo 1, apartado 1, de la Ley no 221 de 17 de diciembre de 2012, de transformación del citado Decreto-ley?
2)

En caso de no ser así: ¿Se han de interpretar el principio non bis in idem y la prohibición de acumular procedimientos sancionadores del artículo 54 del CAAS y el artículo 50 de la Carta en el sentido de que se opone a las actuaciones penales contra un acusado en un Estado miembro (en este caso, la República Federal de Alemania) cuyo proceso penal ha sido sobreseído en otro Estado miembro (en este caso, la República de Polonia), por la Fiscalía sin el cumplimiento de las medidas sancionadoras y sin realizar una investigación profunda, por razones de hecho y ausencia de suficientes elementos incriminatorios, y sólo se puede reabrir si se descubren hechos relevantes antes desconocidos pero sin que realmente existan tales hechos nuevos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 439/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Rüsselsheim (Alemania) el 11 de agosto de 2014 — Juergen Schneider y Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Asunto C-382/14)

(2014/C 439/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgerichts Rüsselsheim

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Juergen Schneider y Erika Schneider

Demandada: Condor Flugdienst GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es necesario que la circunstancia excepcional en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (1) se refiera directamente al vuelo reservado?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿cuántos trayectos anteriores realizados por la aeronave prevista para el vuelo son relevantes para determinar la concurrencia de una circunstancia excepcional? ¿Existe un límite temporal en relación con la consideración de las circunstancias excepcionales relativas a trayectos anteriores? Y, de ser así, ¿cómo se fija dicho límite?

3) En caso de que las circunstancias excepcionales que se produzcan durante los trayectos anteriores también sean relevantes para un vuelo posterior, ¿deben limitarse las medidas razonables, que, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento, debe tomar el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, a evitar la circunstancia excepcional o también deben tener por objeto evitar que se produzca un mayor retraso?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
1)

¿Es ineficaz el Reglamento de Ejecución (UE) no 260/2013 del Consejo, de 18 de marzo de 2013, (1) que amplía el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (CE) no 1458/2007 sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, originarios de la República Popular China a las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, procedentes de la República Socialista de Vietnam, hayan sido o no declarados como originarios de la República Socialista de Vietnam (DO L 82, p. 10), por el motivo de que, cuando se adoptó dicho Reglamento, el derecho antidumping establecido por el Reglamento (CE) no 1458/2007, cuya ampliación se pretendía, ya no estaba vigente? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
1)

¿Constituye la no aplicación directa del Reglamento (CE) no 805/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, una vulneración del artículo 288 (versión consolidada) del Tratado de 25 de marzo de 1957, relativo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que — el legislador belga no ha transpuesto el citado Reglamento en la legislación belga, y — el legislador belga no ha establecido un procedimiento de revisión, aunque la legislación belga prevé la oposición y el recurso de apelación?