La legalidad de un acto concreto debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en la que el acto fue adoptado. Por consiguiente, las disposiciones aplicables a un acto son, en principio, las disposiciones en vigor en la fecha en la que dicho acto fue adoptado, salvo que una disposición particular establezca una excepción a dicha regla.

Además, las leyes que modifican una disposición legislativa se aplican, salvo excepción, a los efectos futuros de las situaciones originadas bajo la ley anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos.

A este respecto, los principios de irretroactividad y de seguridad jurídica no pueden extenderse hasta el punto de impedir, de manera general, la aplicación de una nueva normativa a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la norma antigua. Por el contrario, el titular de la potestad reglamentaria tiene libertad para introducir en cualquier momento las modificaciones que estime acordes con el interés del servicio, incluso cuando las disposiciones introducidas son menos favorables para los funcionarios, siempre que se garanticen, no obstante, los derechos debidamente adquiridos por los funcionarios o agentes y que las personas específicamente afectadas por la nueva normativa sean tratadas de idéntica manera.

Así pues, cuando la Comisión adopta, más de una año después de la entrada en vigor del Estatuto en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013 (nuevo Estatuto), una decisión de no promoción relativa al ejercicio de promoción 2013, está obligada, para adoptar esa decisión, a aplicar por analogía, las disposiciones del nuevo Estatuto en vigor en aquel momento, a saber, el artículo 45, apartado 1, el anexo I, sección A, punto 1, y el artículo 30, apartados 1 y 2, del anexo XIII del nuevo Estatuto, que limitan al grado AD 12 la progresión de carrera de los funcionarios que pertenecen al grupo de funciones AD si éstos no han sido clasificados mediante una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en uno de los puestos tipo que permite una progresión más allá de ese grado.

Por otra parte, en lo que atañe a los ejercicios de promoción y, por analogía, a los ejercicios de reclasificación que no hayan sido cerrados a 31 de diciembre de 2013, el nuevo Estatuto no prevé ninguna disposición que suponga una excepción a la aplicabilidad inmediata del artículo 45, apartado 1, de dicho Estatuto, en relación con el anexo I, sección A, punto 1, de dicho Estatuto. A este respecto, el nuevo Estatuto presenta una diferencia respecto al Estatuto de 2004. En efecto, el artículo 6, párrafo segundo, del anexo XIII del Estatuto de 2004, que sigue en vigor, establece que, para las decisiones de promoción que surten efectos antes de la entrada en vigor del citado Estatuto, el 1 de mayo de 2004, se aplicarán las disposiciones en vigor en la fecha en que tales promociones sean efectivas.

En estas circunstancias, la denegación de reclasificación de un agente temporal de grado AD 12 comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra d), del Régimen aplicable a los otros agentes y que tiene un contrato de duración indefinida, sobre la base de las normas del nuevo Estatuto relativas a la promoción y a los límites máximos de las carreras de los administradores, sólo implica una vulneración de los principios de irretroactividad y de seguridad jurídica en el supuesto de que, al aplicar tales disposiciones la institución haya menoscabado derechos adquiridos por el interesado antes del 1 de enero de 2014.

Pues bien, en lo que atañe a las decisiones relativas a una promoción, dado que los funcionarios únicamente tenían, hasta la fecha de la entrada en vigor del nuevo Estatuto, una aptitud para la promoción y que ésta está supeditada a una decisión que emana de la potestad de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que ésta todavía no había adoptado, en este caso, a 1 de enero de 2014, tales funcionarios no pueden invocar un derecho adquirido en cuanto al mantenimiento de una aptitud para la promoción con posterioridad a esa fecha. Este principio se aplica igualmente, por analogía, a una decisión relativa a la recalificación de un agente temporal comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra d), del Régimen aplicable a los otros agentes y que tiene un contrato de duración indefinida.

En efecto, al igual que cualquier promoción de un funcionario, la reclasificación de dicho agente está supeditada a una decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal, adoptada tras comparar los méritos de los agentes temporales con contrato de duración indefinida que reúnen los requisitos para una eventual reclasificación.

(véanse los apartados 39 a 42 y 44 a 48)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencias de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, 15/76 y 16/76, EU:C:1979:29, apartado 7, y de 22 de diciembre de 2008, Centeno Mediavilla y otros/Comisión, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, apartados 61 a 63

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 15 de julio de 2004, Valenzuela Marzo/Comisión, T‑384/02, EU:T:2004:239, apartado 98

Tribunal General: sentencias de 10 de noviembre de 2010, OAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, apartado 48 y jurisprudencia citada, y de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartado 152

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 31 de enero de 2008, Di Bucci/Comisión, F‑98/05, EU:F:2008:11, apartado 43 y jurisprudencia citada; de 10 de septiembre de 2009, Behmer/Parlamento, F‑47/07, EU:F:2009:103, apartado 52 y jurisprudencia citada, y de 16 de julio de 2015, EJ y otros/Comisión, F‑112/14, EU:F:2015:90, apartado 59