En todo caso, no cabe considerar necesario, en el sentido de la mencionada disposición, la conservación y tratamiento de datos personales nominativos, en el marco de un Registro de ese tipo, con fines estadísticos. Aunque el Derecho comunitario no excluyó la competencia de los Estados miembros en lo que atañe a la adopción de medidas destinadas a garantizar el conocimiento exacto, por parte de las autoridades nacionales, de los movimientos de población que afecten a su respectivo territorio, el ejercicio de la referida competencia no convierte en necesarias la recopilación y conservación de datos nominativos. En efecto, tal objetivo requiere únicamente el tratamiento de información anónima.

En lo que atañe al uso de un Registro Central de Extranjeros a los efectos de la aplicación de la normativa en materia de derecho de residencia, procede considerar que, con arreglo a la citada disposición, un Estado miembro necesita disponer de los datos y documentos pertinentes para comprobar, en el marco definido por la normativa comunitaria aplicable, si existe un derecho a residir en su territorio que asista a un nacional de otro Estado miembro, así como la eventual existencia de razones que justifiquen una restricción de ese derecho. Por lo tanto, es legítimo, en principio, el uso de un Registro como medio de apoyo para las autoridades encargadas de aplicar la normativa en materia de derecho de residencia y, habida cuenta de su naturaleza, el uso de dicho Registro es compatible con la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad contenida en el artículo 12 CE, apartado 1. No obstante, un Registro de ese tipo no podrá contener más información que la que resulte necesaria al mencionado fin. A este respecto, en el estado actual del Derecho comunitario, el tratamiento de los datos personales resultantes de los documentos mencionados en los artículos 8, apartado 3, y 27, apartado 1, de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe ser considerado necesario, en el sentido del artículo 7, letra e), de la Directiva 95/46, para aplicar la normativa en materia de derecho de residencia.

El artículo 12 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro instaure, en aras de combatir la delincuencia, un sistema de tratamiento de datos personales específico para los ciudadanos de la Unión que no sean nacionales de dicho Estado miembro.

En efecto, el principio de no discriminación, tanto si se fundamenta en el artículo 12 CE como si lo hace en el artículo 43 CE, exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica. Dicho trato sólo podría estar justificado si se basara en consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido.

Aunque es verdad que el objetivo de combatir la delincuencia tiene carácter legítimo, no puede ser invocado para justificar un tratamiento sistemático de los datos personales que se circunscriba exclusivamente a los ciudadanos de la Unión que no sean nacionales del Estado miembro de que se trate. A este respecto, la lucha contra la delincuencia tiene necesariamente por objeto la persecución de los crímenes y delitos cometidos, con independencia de la nacionalidad de sus autores. Así pues, a efectos del objetivo de combatir la delincuencia, para un Estado miembro la situación de sus nacionales no puede ser diferente de la de los ciudadanos de la Unión que no sean nacionales suyos y residan en su territorio. Por consiguiente, la diferencia de tratamiento, en aras de combatir la delincuencia, entre aquellos nacionales y estos ciudadanos de la Unión resultante del tratamiento sistemático de los datos personales relativos únicamente a los ciudadanos de la Unión que no sean nacionales del Estado miembro de que se trate, constituye una discriminación prohibida por el artículo 12 CE, apartado 1.

(véanse los apartados 75 y 77 a 81 y el punto 2 del fallo)