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Los hechos que originaron el litigio se exponen en los apartados 4 a 16 de la sentencia recurrida en los siguientes términos: «4 La demandante es un consorcio en el que participan el Estado italiano, la Región de Campania, la Provincia de Nápoles y varios municipios. Está dotado de personalidad jurídica de Derecho público. Fue creado por la Ley italiana no 578 de 29 de julio de 1971 para garantizar la conservación y valorización de los conjuntos arquitectónicos, compuestos por las villas vesubianas del siglo XVIII y sus dependencias (parques, jardines y edificios anexos). 5 Según las indicaciones facilitadas por la demandante a las que no se opone la Comisión, en 1986, el Estado italiano solicitó a esta institución, a petición de la demandante, una ayuda financiera del FEDER para realizar una inversión en infraestructuras que tenía por objeto un sistema integrado de valorización del parque inferior de la villa Favorita, del jardín de la villa Ruggiero y del complejo arquitectónico de la villa Campolieto. La primera de estas villas vesubianas es propiedad del Estado italiano. Las otras dos son propiedad de la demandante. 6 Mediante la Decisión C(86) 2029/120, de 18 de diciembre de 1986, dirigida a la República Italiana, la Comisión concedió una ayuda financiera del FEDER (no 86/05/04/054) por un importe máximo de 7.500 millones de liras italianas (ITL), y hasta el 50% de los gastos subvencionables, para una inversión en infraestructuras en relación con el sistema antes citado de valorización con fines turísticos de las villas Campolieto, Favorita y Ruggiero (en lo sucesivo, “Decisión de concesión”). 7 En esta Decisión, se designaba a la demandante a la vez como beneficiaria de la subvención (tercer considerando y artículo 3) y como responsable de la propuesta y de la realización del proyecto (anexo de la Decisión). Según el calendario de ejecución que figura en el anexo de esta decisión, el período de admisibilidad de los gastos de realización del proyecto empezaba en enero de 1987 y se terminaba en junio de 1990. Según el artículo 4 de dicha Decisión, la Comisión podía reducir o anular la ayuda financiera del FEDER en caso de incumplimiento de las condiciones mencionadas en ella, incluidas las relativas al calendario de ejecución del proyecto. Se establecía que, en tal caso, la Comisión podría solicitar la restitución total o parcial de la ayuda que ya se hubiera abonado al «beneficiario de la Decisión». Las reducciones, anulaciones o solicitudes de devolución sólo podían tener lugar “después de que se [hubiera] dado al beneficiario la posibilidad de presentar sus observaciones dentro del plazo señalado para ello por la Comisión” (artículo 4). 8 En aplicación de esta Decisión y a petición de las autoridades italianas, se pagaron dos anticipos, por un importe de 3.000 millones de ITL cada uno, en los años 1988 y 1990, respectivamente. 9 Mediante escrito de 29 de marzo de 1995, el Estado italiano solicitó a la Comisión una prórroga del plazo de presentación de las solicitudes de pago definitivo, fijado a 31 de marzo de 1995 por el artículo 12 del Reglamento no 4254/88, alegando que las obras se habían suspendido por “motivos judiciales de carácter diverso” o por “contenciosos con las personas expropiadas”. 10 Mediante escrito de 15 de febrero de 2000, las autoridades italianas recordaron que habían solicitado una prórroga de dicho plazo. Además, solicitaron la liquidación de un nuevo anticipo en el plazo más breve posible, aduciendo que el importe de los gastos efectuados hasta la fecha había sido netamente superior al de los pagos a cuenta ya abonados. En apoyo de sus solicitudes, transmitieron a la Comisión un informe con fecha de 16 de junio de 1999, elaborado a raíz de un control del proyecto efectuado por su propia cuenta. Este informe contenía las siguientes indicaciones: “fecha de finalización de los pagos” de las obras de la villa Campolieto: 1994; “fecha de finalización de las obras (efectiva)” de la villa Ruggiero: 1994 y “fecha de finalización de las obras (efectiva)” de la “[primera] fase” de las obras de la villa Favorita: 1993. En la rúbrica titulada “Motivos judiciales que determinaron la suspensión”, este informe señalaba, en relación con la villa Campolieto, que “no [había] habido problemas judiciales”. Por lo que respecta a la villa Ruggiero, mencionaba “procedimientos de evacuación del jardín por los ocupantes”. Por lo que se refiere a la finalización de las obras de la villa Favorita, mencionaba la “obtención de la concesión domanial definitiva y la expulsión de los ocupantes ilegales y de los contenedores que albergan a las víctimas del terremoto”. Por otra parte, este informe indicaba que el hecho de que eventualmente no se abonara la ayuda financiera “podría ocasionar serias dificultades financieras a [la demandante] en el caso de que ésta no encontrara compensación con otras financiaciones externas (por ejemplo, la inclusión eventual del proyecto en el [marco comunitario de apoyo] Campania 94/99), dado que [la demandante] no [disponía] de recursos propios que [pudieran] suplir los recursos antes citados”. 11 Mediante escrito de 8 de marzo de 2001, las autoridades italianas presentaron una solicitud de pago del saldo. 12 Mediante escrito de 12 de octubre de 2001, la Comisión comunicó a las autoridades italianas una propuesta de terminación de la ayuda financiera del FEDER. Tras señalar que del expediente que se le había transmitido no se desprendía que los acontecimientos mencionados en el informe de 16 de junio de 1999 (véase el apartado 10 supra) hubieran dado lugar a procedimientos judiciales, indicó en dicho escrito que, no habiendo motivos judiciales en el sentido del artículo 12 del Reglamento no 4254/88, se había puesto fin a la ayuda financiera sobre la base de la solicitud de pago de 9 de abril de 1990, dado que ésta constituía la última solicitud de pago remitida antes del 31 de marzo de 1995. Precisó que los gastos declarados habían sido considerados admisibles hasta un máximo de 2.800 millones de ITL, de manera que la ayuda debida por el FEDER ascendía a 1.400 millones de ITL. En consecuencia, fijó en 4.600 millones de ITL la cantidad que debía recuperar y dispuso que se liberara el saldo de 1.500 millones de ITL. Asimismo, indicó: “Considerando que la terminación puede tener una incidencia financiera para el beneficiario o para los beneficiarios finales, les insto formalmente a ustedes velar por que éstos sean debidamente informados y tengan ocasión de dar a conocer su postura sobre los elementos que obran en su contra, en los que se fundamenta la Decisión controvertida. Les agradecería que me transmitieran la información al respecto.” Además, instó a las autoridades italianas a presentar sus observaciones dentro de un plazo de dos meses, en caso de que no estuvieren de acuerdo con la propuesta de terminación. 13 Mediante escrito de 21 de noviembre de 2001, las autoridades italianas respondieron que “la incidencia financiera de [la recuperación de una parte de los dos primeros tramos de la ayuda por importe de 4.600 millones de ITL], sobre el presupuesto del beneficiario final […] [resultaba] muy onerosa, habida cuenta de que éste [había] utilizado los recursos ya abonados por la Comisión para la realización completa de las obras previstas, con la convicción de que la solicitud […] de prórroga de los plazos [para la presentación de las solicitudes de pago definitivo] sería acogida favorablemente”. A este respecto, alegaron que se desprendía del informe de 16 de junio de 1999 que la realización del proyecto se dividía en tres fases operativas de las que sólo una de ellas, a saber, la relativa a la finalización de las obras de la villa Favorita, había sufrido retrasos de ejecución para los que las autoridades italianas habían solicitado la suspensión del plazo de presentación de la solicitud de pago definitivo. En cambio, los gastos correspondientes a las dos primeras fases de las obras, de las villas Campolieto y Ruggiero, que, según dicen, ascienden a 7.996.087.050 ITL, se asumieron antes del 31 de marzo de 1995 y no fueron objeto de solicitudes de prórroga específicas. 14 Mediante escrito de 13 de marzo de 2002, la Comisión comunicó a las autoridades italianas su decisión definitiva de poner fin a la ayuda financiera de que se trata sobre la base de la última declaración de gastos que le había sido remitida antes del 31 de marzo de 1995, siguiendo lo que se había indicado en la propuesta de terminación de 12 de octubre de 2001 [Decisión D(2002) 810111; en lo sucesivo, “Decisión impugnada”]. Esta Decisión fue transmitida a la demandante por las autoridades italianas por fax de 9 de abril de 2002. 15 En la Decisión impugnada, la Comisión señaló que “no [le habían] llegado las observaciones del beneficiario final”. Destacó, además, que las autoridades italianas no discutían su negativa a reconocer que los acontecimientos invocados en el informe de 16 de junio de 1999 (véase el apartado 12 supra) constituían motivos judiciales en el sentido del artículo 12 del Reglamento no 4254/88. Además, justificó su denegación de la solicitud de admisión de los gastos correspondientes a las dos fases de las obras (villa Campolieto y villa Ruggiero), que se habían asumido antes del 31 de marzo de 1995, pero que se habían declarado después de esta fecha, alegando que la solicitud de prórroga presentada por estas autoridades mediante escrito de 29 de marzo de 1995 se refería al saldo de la ayuda financiera (1.500 millones de ITL) en su totalidad. No se precisó, en efecto, en esta solicitud de prórroga que se refiriera únicamente a un conjunto determinado de obras, como sostuvieron las autoridades italianas en su escrito de 21 de noviembre de 2001. 16 En esta misma Decisión, la Comisión indicó finalmente que “ni la Decisión [impugnada] ni ninguna disposición de Derecho comunitario [impedían] al Estado miembro decidir no proceder a la recuperación de las cantidades ya abonadas por propia iniciativa”. Por otra parte, solicitó “formalmente” a las autoridades italianas que informaran al beneficiario final de la Decisión impugnada por correo certificado con acuse de recibo. Hizo notar, a este respecto, que el beneficiario final, “en la medida en que la Decisión [impugnada] [pudiera] afectarle directa e individualmente, [podría] interponer recurso ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de [un] plazo de dos meses, incrementado en [diez] días por razón de la distancia”.»