Palabras clave

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Palabras clave

1 Cuestiones prejudiciales - Sometimiento al Tribunal de Justicia - Conformidad de la resolución de remisión con las normas procesales y de organización del Derecho nacional, incluidas las relativas a la competencia internacional - Comprobación que no incumbe al Tribunal de Justicia.

(Tratado CE, art. 177; Convenio de 27 de septiembre de 1968)

2 Cuestiones prejudiciales - Competencias del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestiones manifiestamente carentes de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil - Comprobación por el Tribunal de Justicia de su propia competencia - Litigio artificial - Concepto

(Tratado CE, art. 177)

3 Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Control enológico del vino importado de otro Estado miembro y acompañado de los certificados de análisis expedidos en dicho Estado - Procedencia - Requisitos - Conformidad de un determinado método de análisis con los criterios establecidos por la normativa comunitaria - Determinación por el Juez nacional

[Tratado CE, arts.30 y 36; Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, art. 74, ap. 2, letra c)]

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4 En el procedimiento establecido en el artículo 177 del Tratado no corresponde al Tribunal de Justicia verificar si la resolución de remisión ha sido adoptada de acuerdo con las normas procesales y de organización del Derecho nacional. Lo mismo sucede cuando se trata de una competencia internacional que debe determinarse con arreglo al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, excepto en los casos en que las disposiciones del propio Convenio son expresamente el objeto de la petición de decisión prejudicial.

5 Corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y han de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que deba dictarse apreciar, en vista de las características específicas de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su resolución como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.

Sin embargo, en casos excepcionales el Tribunal de Justicia, para verificar su propia competencia, puede examinar las circunstancias en las que el Juez nacional le ha planteado la petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia únicamente puede declarar que no ha lugar a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o cuando el problema sea de naturaleza hipotética y el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

A este respecto, el hecho de que las partes del litigio principal, que tienen un interés común en que el litigio se resuelva en un determinado sentido, hayan sometido el asunto a un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resultaría designado en virtud de las reglas de la competencia internacional no permite por sí solo concluir la inadmisibilidad de la decisión de petición prejudicial, en la medida en que no se desprenda manifiestamente de los autos que las partes del litigio principal se han concertado previamente para llevar al Tribunal de Justicia a pronunciarse a través de un litigio artificial.

6 Los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro someta el vino producido en otro Estado miembro a un control adecuado para examinar su conformidad con el Reglamento nº 822/87 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, aunque el vino vaya acompañado de certificados de análisis debidamente expedidos por laboratorios legalmente autorizados en el Estado miembro de origen, siempre que dichos controles se practiquen de manera no discriminatoria, respeten el principio de proporcionalidad y se tengan en cuenta, en particular, los controles ya efectuados en el Estado miembro de origen.

A este respecto, un segundo análisis o un análisis complementario puede estar justificado si razonablemente puede suponerse que el vino no responde a las exigencias de dichas normas comunitarias o si la finalidad de los análisis complementarios es verificar características del vino que no fueron controladas cuando se efectuó el análisis en el Estado miembro de producción.

Por otra parte, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, con arreglo a las normas de procedimiento aplicables en ese Estado miembro, si el método de análisis del vino denominado «determinación de la relación isotópica O18/O16 del agua del vino», destinado a detectar la adición de agua al vino, es conforme con los criterios de exactitud, repetibilidad y reproductibilidad establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 74 del citado Reglamento. En este contexto el Juez nacional debe asimismo comprobar si la Oficina Internacional de la Vid y del Vino ha reconocido el método considerado.