3.

Por lo tanto, la solución al problema planteado parece tan clara que cabe preguntarse cómo los jueces de primera y segunda instancia pudieron pronunciarse de otro forma. Es posible que estuvieran, hasta cierto punto, influenciados por la reciente orientación del Derecho procesal civil de la República Federal, el cual ha restringido tanto los casos de prórroga de la competencia (mediante una modificación del artículo 38 del ZPO) como la posibilidad de basar la competencia sobre el lugar de cumplimiento del contrato determinado mediante acuerdo entre las partes (el apartado 2 del artículo 29 del ZPO, ha sido también modificado). Existen buenas razones que fundamentan esta orientación: se ha querido evitar pues, a través de la determinación del lugar de cumplimiento por medio de-acuerdos exentos de cualquier formalidad, se eludan los requisitos formales a que están sujetas las cláusulas de prórroga de la competencia, alcanzándose al final el mismo resultado —designar un juez distinto del que generalmente tendría competencia- por una vía diferente y más sencilla. En mi opinión, el riesgo que ello supone no puede ser excluido ni ignorado. Los requisitos prescritos en el artículo 17 están claramente inspirados por la intención de proteger a la parte contratante más débil y, en este mismo orden de cosas, sería muy oportuna una solución semejante a la que acaba de adoptarse en Derecho alemán, por lo que se refiere a los efectos procesales de las cláusulas que determinan el lugar de cumplimiento. Aunque durante la vista la Comisión se declaró satisfecha en relación con el artículo 5, tal y como está redactado, considero que de lege ferenda, convendría reexaminar el problema y lamento personalmente que la negación sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión de otros tres Estados miembros al Convenio de Bruselas de 1968 no haya dado lugar a dicho nuevo examen. Tampoco me parece que los términos del problema se hayan modificado por el mero hecho de que, como señaló en el caso de autos el Gobierno británico, el reciente Convenio haya atenuado el formalismo del artículo 17. En realidad, esta atenuación ha consistido en admitir, en materia de relaciones comerciales internacionales, las formas admitidas por los usos y que las partes conocieran o debieran conocer, pero la disposición mantiene el criterio que subordina la validez del acuerdo de prórroga a ciertos requisitos de forma y de-fondo. Por último, la Comisión afirmó que si la elección del lugar de cumplimiento es efectiva, la competencia estará bien fundada, dejando así entrever que puede distinguirse entre el carácter efectivo o simulado de la intención dirigida a determinar el lugar de cumplimiento. Pero corresponderá al Derecho nacional aplicable establecer si, y en qué circunstancias, el juez nacional puede llegar a considerar la elección como simulada y, por consiguiente, como desprovista de todo efecto, o, por el contrario, declarar que las partes han abusado de la facultad que se les reconoce con estos fines, para sustraerse a las formalidades correspondientes a los acuerdos de prórroga de la competencia. En cualquier caso, queda claro que en el sistema del Convenio, la competencia se ve afectada por la localización de la obligación contractual en la fase de cumplimiento, cualquiera que sea la forma en que dicha localización se produzca (bien ex lege, bien mediante acuerdo entre las partes, y por lo que se refiere a este último, sin que se exijan formalidades adicionales). Por consiguiente, considero que el Tribunal de Justicia debe dar a la cuestión prejudicial que le planteó el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 15 de marzo de 1979, la siguiente respuesta: Cuando el lugar de cumplimiento de una obligación contractual se acuerde por las partes mediante una cláusula válida con arreglo al Derecho nacional aplicable al contrato, el tribunal de dicho lugar será competente para conocer de los litigios relativos a la citada obligación, en virtud del número 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, con independencia de que se hayan o no observado los requisitos de forma previstos por el artículo 17.