SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 26 de mayo de 1998

Asunto T-177/96

Mario Costacurta

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Retribución — Coeficiente corrector — Disposiciones particulares y excepciones aplicables a los funcionarios destinados a países terceros — Violación de los principios de equivalencia del poder adquisitivo y de igualdad de trato»

Texto completo en lengua francesa II-705

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de 22 de julio de 1996, por el que se deniega la aplicación al demandante de los coeficientes correctores del Zaire durante el período en el que estuvo destinado en la Delegación de la Comisión en ese país y, por otra parte, se deniega la indemnización del perjuicio resultante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante ocupa el puesto de asistente administrativo y financiero en la Delegación de la Comisión en Kinshasa (Zaire) desde el 26 de marzo de 1993. En esta fecha, el coeficiente corrector para el Zaire es de 97,49.

Mediante Reglamento (CECA, CE, Euratom) no 2403/94, de 29 de septiembre de 1994, por el que se adaptan los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios destinados en países terceros (DO L 257, p. 1), el Consejo fijó el coeficiente corrector del Zaire en 117,66, con efecto a partir del 1 de enero de 1993. Posteriormente, los coeficientes correctores del Zaire fueron objeto de las adaptaciones siguientes, publicadas en Informaciones administrativas no 907 de 8 de septiembre de 1995:

— 109,93 con efecto a partir del 1 de marzo de 1993;

— 216,22 con efecto a partir del 1 de abril de 1993;

— 243,34 con efecto a partir del 1 de mayo de 1993;

— 247,13 con efecto a partir del 1 de junio de 1993.

A raíz de un escrito elaborado por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) de 15 de noviembre de 1993, la Comisión ya no realiza propuestas de determinación de nuevos coeficientes correctores para el Zaire. En dicho escrito, Eurostat indicaba que parece dudoso el valor estadístico de los datos disponibles para el cálculo de los tipos de cambio correspondientes al Zaire. Mediante el Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 793/95, de 31 de marzo de 1995, por el que se fijan los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios en los países terceros (DO L 80, p. 1), el Consejo fijó los coeficientes correctores para el Zaire, con efecto a partir de las 0.00 horas del 1 de julio de 1993, mediante la expresión «no disponible». Esta información se comunicó al personal de la Comisión a través de las Informaciones administrativas especiales de 31 de octubre de 1995.

Mediante escrito de 19 de octubre de 1995, el demandante solicitó a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) la transferencia mensual, a partir de enero de 1996, de un importe equivalente a 40.000 BFR en la moneda del país de destino, el nuevo Zaire, aplicando un coeficiente corrector de 247,13.

Mediante escrito de 10 de noviembre de 1995, el demandante solicitó, con arreglo a los artículos 12 y 13 del Anexo X del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), la aplicación retroactiva, durante el período comprendido entre marzo de 1993 y diciembre de 1995, de los coeficientes correctores al importe mensual de 60.000 BFR.

Mediante escrito de 14 de noviembre de 1995, la AFPN desestimó la petición del demandante de 19 de octubre de 1995, basándose en que desde el 1 de julio de 1993 el Consejo ya no fija el coeficiente corrector para el Zaire.

El 22 de noviembre de 1995, el demandante reiteró sus peticiones de 19 de octubre de 1995 y de 10 de noviembre de 1995. En lo que respecta a las transferencias que deben efectuarse a partir de enero de 1996, solicitó el abono mensual de un importe de 100.000 BFR al que se aplicaría un coeficiente corrector de 247,13, en el supuesto de que la AFPN optara por la aplicación del segundo párrafo del artículo 12 del Anexo X del Estatuto. Estas peticiones no obtuvieron respuesta.

El 16 de febrero de 1996, el demandante presentó, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, una reclamación registrada en la Secretaría General el 20 de febrero de 1996. Hasta el 22 de julio de 1996 la AFPN no adoptó una decisión denegatoria expresa de la reclamación, recibida por el demandante en Kinshasa el 13 de agosto de 1996.

Sobre la admisibilidad

La pretensión de indemnización está estrechamente relacionada con el recurso de anulación puesto que persigue la reparación de un perjuicio derivado de los actos cuya anulación se solicita. Ahora bien, cuando existe una conexión directa entre el recurso de anulación y la pretensión de indemnización procede admitir esta última como accesoria del recurso de anulación (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841), apartado 46, y la jurisprudencia citada en esa sentencia

Sobre el fondo

Sobre las pretensiones de anulación

El demandante invoca tres motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basa en la vulneración de los artículos 12 y 13 del Anexo X del Estatuto, el segundo se funda en que se han lesionado los derechos económicos del demandante y se han incumplido los deberes de asistencia y protección y el tercer motivo se basa en la vulneración del principio de no discriminación y del derecho a la igualdad de trato. Dado que esos motivos están relacionados entre sí, procede examinarlos de modo conjunto.

Aun cuando la retribución de los funcionarios destinados a un país tercero se abone, en principio, en francos belgas en Bélgica, y se aplique a dicha retribución el coeficiente corrector correspondiente, de conformidad con el artículo 12 del Anexo X del Estatuto, el pago de la retribución podrá efectuarse, con carácter excepcional, total o parcialmente, en la moneda del país de destino, aplicando el coeficiente corrector correspondiente a dicho país, o en moneda distinta de la del lugar de destino, utilizando las modalidades adecuadas para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. El principio de la equivalencia del poder adquisitivo de todos los funcionarios, con independencia del lugar de destino, es el fundamento de este precepto y constituye una manifestación del principio de igualdad de trato.

Si bien el artículo 12 del referido Anexo confiere a la AFPN un margen de apreciación para determinar en qué medida debe acoger las peticiones presentadas por los funcionarios con arreglo a dicho precepto, tal facultad de apreciación debe ejercerse respetando los principios generales del Derecho y las normas del Estatuto (apartados 43 a 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1992, Auzat/Comisión(T-47/91, Rec. p. II-2535), apartado 38; Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1992, Scaramuzza/Comisión(T-75/91. Rec. p. II-2557), apartados 17 a 19

Sólo cabe impugnar válidamente la legalidad de una decisión adoptada con arreglo al artículo 12 del Anexo X del Estatuto si el demandante acredita que la AFPN ha infringido alguna de esas normas (apartado 46).

En el presente asunto, si nos basamos en el precio del conjunto de los productos indicados en los documentos aportados por el demandante, el pago de la retribución del demandante en francos belgas durante el período de que se trata, con arreglo al artículo 11 del Anexo X del Estatuto, no ha reducido su poder adquisitivo con respecto al de otros funcionarios. De ello se deduce que las decisiones impugnadas no lesionan sus intereses económicos (apartado 54).

Sobre las pretensiones de indemnización

Según jurisprudencia reiterada, para que exista una responsabilidad extracontractual de la Comunidad es necesario que el demandante acredite la ilegalidad del comportamiento reprochado al organismo comunitario, la realidad del perjuicio y la existencia de un nexo de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado. La demanda presentada por un funcionario en la que se solicite la indemnización del perjuicio ocasionado por un comportamiento de la administración que haya lesionado sus intereses económicos debe desestimarse cuando no se ha acreditado la ilegalidad de dicho comportamiento (apartados 60 y 61).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83), apartado 63; Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1996, Ryan-Sheridan/FEMCVT(T-589/93, RecFP p. II-77), apartado 141

Fallo:

Se desestima el recurso.