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A este respecto, como indicó el Abogado General en los puntos 67 a 69 de sus conclusiones, en el caso de que los bienes sujetos a derechos de importación hayan sido sustraídos a la vigilancia aduanera en el interior de una zona franca y ya no se encuentren en esa zona, procede en principio presumir que han entrado en el circuito económico de la Unión.

No obstante, en este contexto debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que a la deuda aduanera podría sumarse, además, la exigencia del IVA si, en función de la conducta ilícita que generó la deuda aduanera, fuera posible presumir que las mercancías han entrado en el circuito económico de la Unión y, por lo tanto, han podido ser objeto de consumo, esto es, del acto gravado por el IVA (sentencia de 2 de junio de 2016, Eurogate Distribution y DHL Hub Leipzig, C‑226/14 y C‑228/14 , EU:C:2016:405 , apartado 65 ).

El artículo 71, apartado 1, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2007/75, debe interpretarse en el sentido de que la sustracción de una mercancía a la vigilancia aduanera en el interior de una zona franca no produce el devengo ni hace exigible el impuesto sobre el valor añadido a la importación si esa mercancía no ha entrado en el circuito económico de la Unión Europea, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 71, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2007/75, debe interpretarse en el sentido de que, cuando se origina una deuda aduanera con arreglo al artículo 203 del Reglamento n.o 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1791/2006, y queda excluido, debido a las circunstancias del asunto principal, que aquélla tenga como consecuencia que se origine una deuda del impuesto sobre el valor añadido, no procede aplicar el artículo 204 de ese Reglamento con el único fin de justificar el devengo de ese impuesto.

(véanse el apartado 63 y el punto 3 del fallo)
El artículo 5 del Reglamento n.o 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que constituye un derecho real, a los efectos de este artículo, una garantía constituida en virtud de una disposición de Derecho nacional conforme a la cual el inmueble del deudor de cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles está sujeto de pleno derecho a un gravamen público sobre la propiedad inmobiliaria y el propietario debe soportar la ejecución forzosa sobre ese inmueble del título que declara el crédito fiscal.

A este respecto, aunque el artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1346/2000 no define el concepto de derecho real, sí que precisa, sin embargo, a través de una serie de ejemplos de derechos que este Reglamento considera reales, el alcance y, por tanto, los límites de la protección concedida por esta disposición a los privilegios, garantías u otros derechos de los acreedores de un deudor insolvente previstos por el Derecho interno de los Estados miembros. Un derecho cumple los criterios enumerados en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 1346/2000, para no privar de su efecto útil a la limitación del ámbito de aplicación del artículo 5 de dicho Reglamento a los derechos reales, en la medida en que, por una parte, constituye una carga que grava directa e inmediatamente el bien inmueble objeto del impuesto y que, por otra parte, el propietario del inmueble debe soportar la ejecución forzosa sobre éste. Además, durante un procedimiento de insolvencia, la administración tributaria goza de la condición de acreedor privilegiado que le confiere el gravamen sobre la propiedad inmobiliaria.

Además, ni el tenor de las disposiciones del Reglamento n.o 1346/2000 ni los objetivos que éste persigue permiten interpretar el artículo 5 de este Reglamento en el sentido de que no incluye los derechos reales conferidos fuera del marco de una operación comercial.

En cualquier caso, una interpretación del artículo 5 del Reglamento n.o 1346/2000 en el sentido de que la excepción que contempla sólo cubre los derechos reales constituidos en el marco de operaciones comerciales o de crédito supondría otorgar un trato desfavorable a los titulares de derechos reales conferidos en el marco de operaciones distintas de las comerciales.

(véanse los apartados 21, 23, 26, 30 y 32 y el fallo)
Asunto C‑592/15

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contra

British Film Institute

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 77/388/CEE — Artículo 13, parte A, apartado 1, letra n) — Exención de determinadas prestaciones de servicios culturales — Falta de efecto directo — Determinación de las prestaciones de servicios culturales que están exentas — Facultad de apreciación de los Estados miembros»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)

de 15 de febrero de 2017

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exenciones en favor de ciertas actividades de interés general — Artículo 13, parte A, apartado 1, letra n) — Exención de determinadas prestaciones de servicios culturales — Efecto directo — Inexistencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra n)]

El artículo 13, parte A, apartado 1, letra n), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, que prevé la exención de «determinadas prestaciones de servicios culturales», debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición no tiene efecto directo, de manera que, si no ha sido transpuesta al Derecho interno, no puede ser directamente invocada por una entidad de Derecho público, o por otro organismo cultural reconocido por el Estado miembro de que se trate, que realice prestaciones de servicios culturales.

La génesis de la Sexta Directiva y los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión vienen a corroborar la interpretación literal del artículo 13, parte A, apartado 1, letra n), de esta Directiva.

Por consiguiente, procede considerar que, al emplear la expresión «determinadas prestaciones de servicios culturales», el artículo 13, parte A, apartado 1, letra n), de la Sexta Directiva no exige que todas las prestaciones de servicios culturales queden exentas, de manera que los Estados miembros pueden eximir «determinadas» prestaciones, al mismo tiempo que someten otras al IVA.

(véanse los apartados 19, 23 y 28 y el fallo)
El punto 2 del anexo del Reglamento n.o 1051/2009, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la Nomenclatura Combinada, es inválido en la medida en que clasifica el vehículo que allí se describe en la subpartida 8701 90 90 de dicha Nomenclatura Combinada, en su versión modificada por el Reglamento n.o 948/2009, y no en la subpartida 8701 90 11 a 8701 90 39 de la referida Nomenclatura Combinada, que se corresponde con la potencia del motor de dicho vehículo.

En efecto, los vehículos nuevos todo terreno de cuatro ruedas que disponen de un solo asiento, provistos de una dirección basada en el principio de Ackerman, accionada mediante un manillar, equipados con un dispositivo de enganche y cuyas características técnicas permitan empujar un peso equivalente al doble del suyo deben clasificarse en la subpartida 8701 90 de la NC, y la clasificación de dichos vehículos debía realizarse en las subpartidas que correspondieran a la potencia de su motor. A este respecto, solamente se ven afectadas las subpartidas de ocho cifras 8701 90 11 a 8701 90 39 de la Nomenclatura Combinada, relativas a los tractores agrícolas y forestales nuevos.

(véanse los apartados 41, 46, 48, 62 y 63 y el fallo)
El artículo 3 de la Directiva 2002/21, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), modificada por la Directiva 2009/140, y el artículo 12 de la Directiva 2002/20, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización») deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que somete a una autoridad nacional de reglamentación, en el sentido de la Directiva 2002/21, a normas nacionales aplicables en materia de finanzas públicas y, en concreto, a disposiciones de contención y racionalización del gasto de las administraciones públicas.

En efecto, el artículo 3, apartado 3 bis, párrafo primero, segunda frase, de la Directiva 2002/21 implica que las autoridades nacionales de reglamentación encargadas de la regulación ex ante del mercado o de la resolución de litigios entre empresas pueden ser sometidas válidamente a determinadas normas de control presupuestario por el Parlamento Nacional, lo que incluye el sometimiento ex ante a medidas de contención del gasto público. Dichas medidas de contención sólo pueden, por tanto, ser consideradas contrarias a la independencia e imparcialidad de las autoridades nacionales de reglamentación, tal como quedan garantizadas por la Directiva 2002/21, y, por ello, incompatibles con el artículo 3 de la propia Directiva, si es posible apreciar que pueden impedir que las autoridades de que se trata ejerzan de forma satisfactoria las funciones que les asignan dicha Directiva y las Directivas específicas o que son contrarias a los requisitos cuyo respeto impone la Directiva 2002/21 a los Estados miembros para que se cumpla el grado de independencia e imparcialidad de las autoridades nacionales de reglamentación que dicha Directiva exige. A este respecto, a la vista de sus funciones fundamentalmente diferentes, una autoridad nacional de reglamentación no puede sostener válidamente que la Directiva 2002/21 obliga a los Estados miembros a garantizar a dichas autoridades el mismo régimen de independencia que el Derecho de la Unión prevé para los bancos centrales.

(véanse los apartados 37 a 39, 43 y 48 y el fallo)
El artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 2, letra f), del Reglamento n.o 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, debe interpretarse en el sentido de que, cuando en un vuelo el transportista haya cambiado al pasajero a una clase inferior, el precio que se tomará en consideración para determinar el reembolso que corresponda al pasajero será el precio del vuelo en el que hubiera sido acomodado en una clase inferior.

A ese respecto, el billete es el documento que confiere al pasajero el derecho a un transporte y puede referirse, según el caso, a uno o más vuelos. Cada uno de dichos vuelos constituye una unidad de transporte, y en principio su realización se producirá de conformidad con los requisitos acordados entre el pasajero y el transportista aéreo. Entre esos requisitos figura el de acomodar al pasajero en la clase concreta. Pues bien, cuando en un vuelo determinado el transportista aéreo acomoda al pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el billete, el pasajero no está disfrutando en ese vuelo concreto del servicio acordado como contrapartida del precio pagado. En cambio, ese cambio a una clase inferior no influye en los servicios acordados para los demás vuelos que, en su caso, el billete permita que el pasajero efectúe. En consecuencia, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 261/2004 no es de aplicación a esos otros vuelos.

Por consiguiente, sólo servirá como base para el reembolso establecido en dicha disposición el precio del vuelo en el que el pasajero hubiera sido acomodado en una clase inferior, y no el precio conjunto del transporte que el billete dé derecho a efectuar. Ahora bien, en el supuesto de que el billete se limite a indicar el precio conjunto del transporte del pasajero y, por tanto, no precise además el precio del vuelo en que se haya producido el cambio a una clase inferior, se habrá de tomar como base la parte del precio de dicho billete que resulte de dividir la distancia del vuelo afectado entre la distancia total del transporte al que el pasajero tenga derecho.

(véanse los apartados 21, 22, 24, 25, 29, 30 y 32 y el punto 1 del fallo)
El artículo 4 del Reglamento n.o 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en su ámbito de aplicación las disposiciones del Derecho interno del Estado miembro en cuyo territorio se abre un procedimiento de insolvencia que establecen la caducidad del derecho de un acreedor que no ha participado en ese procedimiento a exigir su crédito o la suspensión de la ejecución forzosa de dicho crédito en otro Estado miembro.

En efecto, del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1346/2000 resulta que, salvo disposición en contrario de dicho Reglamento, la ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado de apertura (la lex fori concursus»). Si bien es cierto, a este respecto, que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1346/2000, que contiene una lista de materias a las que resulta aplicable la lex fori concursus, no menciona expresamente a los acreedores que no hayan participado en el procedimiento de insolvencia y, en consecuencia, los efectos de este procedimiento o de su conclusión sobre los derechos de esos acreedores, no cabe duda de que tales efectos deben apreciarse también sobre la base de dicha lex fori concursus. En efecto, una interpretación según la cual la lex fori concursus determina los efectos de la conclusión de un procedimiento de insolvencia, en particular mediante convenio, y los derechos de los acreedores después de esa conclusión, pero no los efectos sobre los derechos de los acreedores que no hayan participado en ese procedimiento, supondría el riesgo de menoscabar gravemente la eficacia de dicho procedimiento.

Puesto que la pérdida de los créditos no reconocidos está, en principio, permitida, con mayor razón el Reglamento n.o 1346/2000 debe permitir una norma de la lex fori concursus que se limita a suspender el procedimiento de ejecución forzosa relativo a dichos créditos. A este respecto, la naturaleza fiscal del crédito exigido por vía ejecutiva en un Estado miembro distinto del Estado de apertura, en una situación como la del litigio principal, no es relevante. En efecto, las disposiciones del Reglamento n.o 1346/2000 no conceden a los créditos de las autoridades fiscales de un Estado miembro distinto del Estado de apertura un estatuto preferente, en el sentido de que deberían poder exigirse por vía ejecutiva incluso después de la apertura de un procedimiento de insolvencia.

(véanse los apartados 17, 20, 22, 29, 36, 40, y 41 y los puntos 1 y 2 del fallo)
2)

Condenar en costas a Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek‑ en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV y Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV.
En efecto, conforme a su artículo 1, la Directiva 94/62 tiene por objeto, en particular, prevenir o reducir el impacto de los envases y residuos de envases sobre el medio ambiente de todos los Estados miembros así como de países terceros, y asegurar de esta forma un alto nivel de protección del medio ambiente, y obliga a los Estados miembros a instaurar un sistema de recogida y valorización de los envases y los residuos de envases. A tal fin, como se desprende de su quinto considerando y conforme a su artículo 2, apartado 1, la Directiva 94/62 ha de aplicarse a todos los envases puestos en el mercado de la Unión Europea y a todos los residuos de envases.

El artículo 3, punto 1, de la Directiva 94/62 relativa a los envases y residuos de envases, en su versión modificada por la Directiva 2004/12, debe interpretarse en el sentido de que los mandriles con forma de rollo, tubo o cilindro, alrededor de los cuales se enrollan productos flexibles, vendidos a los consumidores, constituyen «envases» en el sentido de dicha disposición.

En efecto, en primer término, tales mandriles desempeñan funciones tanto de soporte como de núcleo en el devanado de esos productos flexibles y, por lo tanto, funciones de protección y de presentación de éstos, en el sentido del artículo 3, punto 1, párrafo primero, de la Directiva 94/62.

A este respecto, el mandril protege desde el interior el producto flexible que va enrollado a su alrededor, de manera que le ofrece una consistencia que permite su presentación y facilita su transporte y su utilización. Además, el mandril es un artículo «desechable» en el sentido del citado artículo 3, punto 1, párrafo primero, segunda frase, una vez que el producto flexible que va enrollado a su alrededor se ha utilizado por completo.

Por otra parte, el mandril se ajusta a la definición de envase primario establecida en el artículo 3, punto 1, párrafo segundo, letra a), de la Directiva 94/62, pues está diseñado para constituir en el punto de venta, con el producto flexible que va enrollado a su alrededor, una unidad destinada al consumidor.

En segundo término, tales mandriles no cumplen los criterios de la definición negativa del artículo 3, punto 1, párrafo tercero, inciso i), de la Directiva 94/62. En efecto, a diferencia de la muselina de una bolsa de té o la cápsula de una dosis de café, citadas en el anexo I de la Directiva 94/62 como ejemplos de artículos que no constituyen envases en el sentido de aquella disposición, el mandril no forma parte integrante del producto flexible del que es soporte y núcleo del devanado ni está destinado a ser consumido o eliminado con éste, sino que, por el contrario, perdura y debe desecharse una vez agotado dicho producto.

(véanse los apartados 32 a 35, 37 y el fallo)
El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que debe entenderse por hijo de un trabajador transfronterizo, que puede beneficiarse indirectamente de las ventajas sociales a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011, como la financiación de los estudios acordada por un Estado miembro a los hijos de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido su actividad en dicho Estado, no sólo el hijo que tenga un vínculo de filiación con este trabajador, sino también el hijo del cónyuge o de la pareja registrada de dicho trabajador, cuando éste provee a la manutención del hijo.

Esta última exigencia resulta de una situación de hecho, cuya apreciación incumbe a la administración y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que sea necesario que determinen los motivos de esta manutención, ni que calculen de forma precisa su cuantía.

En efecto, ya se ha juzgado, en el marco de la interpretación del artículo 10 del Reglamento n.o 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, que la condición de miembro de la familia a cargo, en el sentido de este artículo, no suponía un derecho a alimentos. De ser así, la reagrupación familiar prevista en ese artículo dependería de las legislaciones nacionales, que varían de un Estado a otro, lo que llevaría a la aplicación no uniforme del Derecho de la Unión. Así, el artículo 10, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1612/68 ha sido interpretado en el sentido de que la condición de miembro de la familia a cargo resulta de una situación de hecho. Se trata de un miembro de la familia cuya manutención viene asegurada por el trabajador, sin que sea necesario determinar por qué se recurre a esa manutención ni preguntarse si el interesado está en condiciones de subvenir a sus necesidades mediante el ejercicio de una actividad remunerada. Esta interpretación viene impuesta por el principio según el cual las disposiciones que consagran la libre circulación de los trabajadores, uno de los fundamentos de la Unión, deben ser objeto de interpretación extensiva.

Pues bien, esta misma interpretación se aplica también cuando se trata de la contribución de un trabajador transfronterizo a la manutención de los hijos de su cónyuge o de su pareja reconocida.

La calidad de miembro de la familia de un trabajador transfronterizo a cargo de este trabajador puede resultar, tratándose del hijo del cónyuge o de la pareja reconocida de dicho trabajador, de elementos objetivos como la existencia de un domicilio común entre el trabajador y el estudiante.

(véanse los apartados 58 a 60 y 64 y el fallo)