Palabras clave

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Palabras clave

1. Acuerdos internacionales - Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común entre la Comunidad y países terceros - Identidad entre las normas del Acuerdo y las disposiciones comunitarias correspondientes - Verificación por el Tribunal de Justicia de la existencia de medidas suficientes para preservar la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario - Alcance

2. Acuerdos internacionales - Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común entre la Comunidad y países terceros - Acuerdo que no afecta a la naturaleza de las competencias de la Comunidad y de sus instituciones - Compatibilidad de las disposiciones del Acuerdo con el Tratado CE

3. Acuerdos internacionales - Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común entre la Comunidad y países terceros - Mecanismos relativos a la homogeneidad en la interpretación de las normas del Acuerdo y a la resolución de controversias - Mecanismos que no tienen por efecto imponer a la Comunidad y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en el Acuerdo - Compatibilidad con el Tratado CE

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1. Las orientaciones reflejadas en el Proyecto de Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común (Acuerdo EEAC) tienen por efecto, por una parte, la yuxtaposición en un mismo espacio geográfico, el del EEAC, de normas de Derecho comunitario y de normas que las reproducen, que no serán aplicadas ni interpretadas sistemáticamente por las mismas autoridades u organismos, lo que podría dar lugar a divergencias perjudiciales para el funcionamiento del Acuerdo EEAC. Por otra parte, dichas orientaciones tienen como consecuencia confiar a la Comisión la aplicación de numerosas normas de este Acuerdo fuera del territorio comunitario, creando así relaciones particulares entre la Comunidad y los Estados partes.

En este contexto, caracterizado por el hecho de que muchas de las normas del Acuerdo EEAC son, materialmente, las del Derecho comunitario, corresponde al Tribunal de Justicia verificar si el Proyecto que se le somete contiene medidas suficientes, comparables al menos a las previstas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que puedan garantizar que la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario no resulte afectada por la pretensión de unidad en la interpretación de estas normas y por los nuevos vínculos institucionales establecidos por el Acuerdo EEAC entre la Comunidad y los Estados partes. En particular, los mecanismos de este Acuerdo deben impedir que la Comunidad, en caso de litigio con un Estado parte, se vea sometida a una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo. Así pues, este Acuerdo debe permitir prevenir e impedir que se menoscabe de este modo el objetivo de unidad en la interpretación del Derecho comunitario establecido en el artículo 220 CE y la función de control de la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias que corresponde al Tribunal de Justicia.

Así, la protección de la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario supone, por una parte, que las competencias de la Comunidad y de sus instituciones, tal como las concibe el Tratado, no queden desvirtuadas. Por otra parte, implica que los mecanismos relativos a la unidad en la interpretación de las normas del Acuerdo EEAC y a la resolución de controversias no tengan por efecto imponer a la Comunidad y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo.

(véanse los apartados 10 a 13)

2. El Proyecto de Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común entre la Comunidad y países terceros (Acuerdo EEAC) no afecta a la naturaleza de las competencias de la Comunidad y de sus instituciones hasta el punto de que deba declararse incompatible con el Tratado.

Por una parte, el Acuerdo EEAC no tendrá incidencia en el reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. En efecto, los Estados miembros no serán partes en el Acuerdo EEAC. Por tanto, no existe ningún riesgo de que el Comité Mixto creado por el artículo 25 del Proyecto o un órgano jurisdiccional que conozca de un litigio sobre la interpretación de determinadas disposiciones de dicho Acuerdo aplique o interprete el concepto de «parte contratante» de manera que se determinen las competencias respectivas de los Estados miembros y de la Comunidad. Además, el hecho de que los Estados miembros no sean partes en el Acuerdo EEAC garantiza que las controversias entre los Estados miembros o entre éstos y las instituciones comunitarias relativas a la interpretación de las normas de Derecho comunitario aplicables al transporte aéreo continuarán estando sujetas únicamente a los mecanismos previstos en el Tratado. En efecto, el procedimiento de resolución de controversias por el Comité Mixto, establecido en el artículo 27 del Proyecto, sólo se refiere a los litigios entre los Estados partes y los litigios entre estos Estados, o uno de ellos, y la Comunidad. Por tanto, no vulnera las disposiciones del artículo 292 CE, según el cual «los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado a un procedimiento de solución distinto de los previstos en este mismo Tratado».

Por otra parte, aunque el Proyecto de Acuerdo EEAC incide en las competencias de las instituciones comunitarias, dicho Proyecto no desvirtúa estas competencias y, por consiguiente, no pone en peligro la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario.

En efecto, por lo que respecta a la Comisión, las disposiciones del Proyecto se inspiran directamente en las disposiciones del Tratado que definen la función que ésta ejerce en el ámbito de la competencia en relación con los Estados miembros. La identidad entre las normas de fondo del Acuerdo EEAC y las del Derecho comunitario, que la Comisión deberá aplicar junto a los Estados partes, así como la opción institucional de un «pilar único», también deben considerarse como garantías que preservan la naturaleza de las competencias de las instituciones comunitarias.

Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, las disposiciones del Proyecto de Acuerdo EEAC cumplen los requisitos esenciales para la preservación de la naturaleza de sus competencias. Por una parte, el artículo 17, apartado 3, de este texto atribuye al Tribunal de Justicia la tarea de pronunciarse «en todas las cuestiones referentes a la legalidad de las decisiones tomadas por las instituciones comunitarias de conformidad con el presente Acuerdo». Así pues, no se vulnera el monopolio del control de legalidad de los actos de las instituciones comunitarias, con independencia de que éstas actúen con arreglo al Tratado o sobre la base de otro acto internacional, que los artículos 230 CE y 234 CE, en particular, reconocen al Tribunal de Justicia. Por otra parte, en todos los supuestos en que el Proyecto atribuye competencias al Tribunal de Justicia quedará garantizado el carácter vinculante de sus resoluciones.

(véanse los apartados 14 a 17 y 21 a 25)

3. Los mecanismos relativos a la homogeneidad en la interpretación de las normas del Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común entre la Comunidad y países terceros (Acuerdo EEAC) y a la resolución de controversias no tendrán por efecto imponer a la Comunidad y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo.

En primer lugar, el Proyecto prevé que, conforme a la voluntad de las partes contratantes, las normas del Acuerdo EEAC respetarán las características generales del Derecho comunitario. En segundo lugar, los mecanismos de remisión prejudicial previstos en el artículo 23, apartado 2, y en el Protocolo IV del Proyecto, que confieren a los Estados partes la posibilidad de autorizar a sus órganos jurisdiccionales a plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, pueden considerarse compatibles con el Tratado. No cabe duda de que estas disposiciones no tienen por objeto conferir de pleno Derecho a los órganos jurisdiccionales de los Estados partes la facultad de dirigirse al Tribunal de Justicia. No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha admitido, en relación con las disposiciones equivalentes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), que los Estados pueden tener libertad para autorizar o no a sus órganos jurisdiccionales a dirigirse al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia también consideró que se le podían someter cuestiones prejudiciales procedentes de órganos jurisdiccionales que no pertenecieran a Estados miembros, siempre que sus respuestas tuvieran carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales remitentes. Esto es precisamente lo que ocurre en el Proyecto de Acuerdo EEAC, ya que el sometimiento de una cuestión al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 23, apartado 2, de dicho texto, cuyas modalidades están precisadas en las distintas alternativas previstas en su Protocolo IV, le permitirá, con arreglo a lo dispuesto en dicho Protocolo, pronunciarse con carácter vinculante tanto sobre la interpretación como sobre la validez de las normas del Acuerdo EEAC.

En tercer lugar, los mecanismos contemplados en el artículo 23, apartado 1, del Proyecto, relativos a la interpretación de las disposiciones del Acuerdo EEAC sustancialmente idénticas a las del Derecho comunitario, permiten que las partes contratantes tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de manera satisfactoria. Aunque esta disposición limita el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones de la Comisión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a las decisiones y a las sentencias anteriores a la firma del Acuerdo EEAC, este hecho no constituye, por sí solo, una causa de incompatibilidad con el Tratado, dado que se establecen procedimientos adecuados para que la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia no resulte afectada y para garantizar así la unidad de interpretación de las normas del Derecho comunitario.

En cuarto lugar, el artículo 23, apartado 3, del Proyecto, que regula el supuesto en el que un órgano jurisdiccional de una parte contratante que se pronuncie en última instancia no pueda «remitirse al Tribunal de Justicia» y que prevé el envío de toda sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional al Comité Mixto para que éste mantenga la interpretación homogénea del Acuerdo EEAC, tampoco suscita objeciones.

Por último, los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el artículo 27 del Proyecto, procedimiento al que se remite el artículo 23, apartado 3, de éste, se inspiran en los previstos en el Acuerdo EEE, que el Tribunal de Justicia consideró compatibles con el Tratado, y se hallan recogidos en el Proyecto con una formulación más vinculante.

(véanse los apartados 29 a 34, 36, 42, 44 y 45)