En materia de ayudas de Estado, respecto de la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, es cierto, en efecto, que el tercer requisito Altmark, con arreglo al cual la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones, coincide en gran medida con el criterio de proporcionalidad relativo a la aplicación de dicha disposición.

Sin embargo, aunque en ambos casos se aplique sustancialmente el mismo criterio, el contexto y la finalidad con que se aplica son distintos en cada caso. En efecto, en el caso de la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, ya no se trata de determinar si el servicio de interés económico general se presta en condiciones normales de mercado, sino que se trata de evitar, mediante la apreciación de la proporcionalidad de la ayuda, que el operador encargado del servicio de interés económico general reciba una financiación que exceda de los costes netos del servicio público. De ello se deduce que la cuestión de si una empresa encargada de un servicio de interés económico general de radiodifusión podría ejecutar sus obligaciones de servicio público a menor coste carece de pertinencia a la hora de apreciar la compatibilidad de la mencionada financiación con las normas de la Unión en materia de ayudas de Estado.

En otros términos, los costes de un servicio de interés económico general que deben ser tomados en consideración al aplicar el artículo 106 TFUE, apartado 2, son los costes reales del servicio tal como son, y no tal como hubieran podido o hubieran debido ser, a partir de criterios de cálculo objetivos y transparentes y tomando como referencia a una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada. En este contexto, la Comisión toma en consideración el criterio de proporcionalidad para estimar los costes reales del servicio de interés económico general cuando, al no tener a su disposición pruebas que le permitan calcular la cuantía exacta de esos costes, se ve forzada a realizar una estimación de los mismos. En términos más generales, es la aplicación del principio de proporcionalidad lo que permite concluir que una ayuda destinada a compensar los costes de un servicio de interés económico general no es compatible con el mercado interior, en la medida en que su cuantía sobrepase los costes reales de dicho servicio. Por esta razón, el eventual incumplimiento del segundo requisito Altmark, según el cual los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, y del cuarto requisito Altmark, con arreglo al cual cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable, aun siendo pertinente para el examen de la cuestión relativa a si tal servicio se presta en condiciones normales de mercado, no lo es para la apreciación de la proporcionalidad de la ayuda a los efectos del artículo 106 TFUE, apartado 2.

(véanse los apartados 84 a 90)