Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Prueba del incumplimiento - Carga que incumbe a la Comisión - Presunciones - Improcedencia

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

2 Medio ambiente - Libertad de acceso a la información - Directiva 90/313/CEE - Excepción prevista en el artículo 3, apartado 2, tercer guión - Alcance - «Investigación preliminar» - Concepto - Procedimiento administrativo destinado a preparar una medida administrativa - Requisito

(Directiva 90/313/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2, párr. 1, tercer guión)

3 Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Adaptación del Derecho interno a una Directiva sin actividad normativa - Requisitos - Existencia de un contexto jurídico general que garantice la plena aplicación de la Directiva

[Tratado CE, art. 189, párr. 3 (actualmente art. 249 CE, párr. 3)]

4 Medio ambiente - Libertad de acceso a la información - Directiva 90/313/CEE - Obligación de suministro parcial de información - Cumplimiento - Simple mención de un suministro parcial en el anexo de una normativa en la que se fijan las tasas - Insuficiencia

(Directiva 90/313/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2, párr. 2)

5 Medio ambiente - Libertad de acceso a la información - Directiva 90/313/CEE - Suministro de información sujeto al pago de una tasa - «Importe razonable» - Concepto

(Directiva 90/313/CEE del Consejo, art. 5)

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1 En el marco de un procedimiento por incumplimiento en virtud del artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE), corresponde a la Comisión demostrar la existencia del incumplimiento alegado, sin que pueda basarse en ninguna presunción.

2 El concepto de «investigación preliminar», que figura en el artículo 3, apartado 2, tercer guión, de la Directiva 90/313, que prevé una excepción al principio general de acceso a la información en materia de medio ambiente, relativa a asuntos que se encuentren sub judice, a asuntos que sean objeto de pesquisas o de una «investigación preliminar», debe interpretarse en el sentido de que sólo comprende un procedimiento administrativo, como el contemplado en la ley alemana de adaptación del Derecho interno a la Directiva, que se limita a preparar una medida administrativa, en el supuesto de que preceda inmediatamente a un procedimiento judicial o cuasijudicial y obedezca a la necesidad de recabar pruebas o de instruir diligencias antes de que se inicie la fase procesal propiamente dicha.

3 La adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente una reproducción formal y textual de sus disposiciones en una norma legal expresa y específica y puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que éste último garantice efectivamente la plena aplicación de la Directiva de manera suficientemente clara y precisa. Sin embargo es necesario que los beneficiarios estén en condiciones de conocer todos sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

4 Aunque el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 90/313, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, concede a los Estados miembros la facultad de denegar una petición de información en casos taxativamente enumerados, no obstante el párrafo segundo de dicha disposición les impone la obligación de facilitar la información cuando sea posible separar de la misma la información digna de ser protegida por la confidencialidad o el secreto, imponiendo, por lo tanto, a los Estados miembros una obligación de resultado concreta y regulando directamente la situación jurídica de los particulares que, de este modo, disfrutan del derecho de obtener información en las condiciones enunciadas en este último párrafo.

Una normativa nacional que se limita a mencionar el suministro parcial de información, con objeto de percibir determinadas tasas, en el Anexo de una normativa nacional que fija las tasas exigibles en materia de suministro de información sobre el medio ambiente, que, además, sólo se aplica a las entidades federales, no puede dar cumplimiento de forma precisa a la obligación de suministro parcial de información que figura en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva.

5 El concepto de «importe razonable», en el sentido del artículo 5 de la Directiva 90/313, que concede a los Estados miembros la facultad de subordinar el suministro de información relativa al medio ambiente al pago de una tasa, sin que dicha tasa pueda exceder de un importe razonable, debe entenderse en el sentido de que no autoriza a un Estado miembro a repercutir en la persona que haya presentado una solicitud de información la totalidad de los gastos, en particular los indirectos, efectivamente ocasionados al erario público por la búsqueda de información. Por otra parte, no puede calificarse de razonable una tasa percibida en caso de denegación de una solicitud de información, dado que, en tal supuesto, no se ha producido ningún suministro de información en el sentido de dicho artículo.