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En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «I. 1) ¿Se opone el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en la medida en que impone al órgano jurisdiccional de última instancia la obligación de plantear con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho comunitario planteada por una parte en un litigio, a una normativa procesal nacional que prevé un sistema de restricciones procesales, como las relativas a los plazos de recurso, la obligación de especificar los motivos, la prohibición de modificar las pretensiones durante la tramitación del litigio y la prohibición de que el juez modifique las pretensiones de las partes? 2) ¿Se opone el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, a la existencia de una facultad de selección por parte del órgano jurisdiccional nacional en relación con la apreciación de la pertinencia de la cuestión y del grado de claridad de la normativa comunitaria, en la medida en que dicho artículo impone al órgano jurisdiccional de última instancia la obligación de plantear con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho comunitario planteada por una parte en un litigio? 3) Si el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, se interpreta en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional de última instancia la obligación incondicional de plantear con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho comunitario planteada por una parte en un litigio, ¿es compatible dicho artículo con el principio de duración razonable del procedimiento, establecido igualmente por el Derecho comunitario? 4) ¿En qué circunstancias fácticas y jurídicas la inobservancia por el órgano jurisdiccional nacional del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, constituye una “infracción manifiesta del Derecho comunitario”? ¿Tiene este concepto un alcance y ámbito distintos a los efectos de la acción especial contra el Estado en el sentido de la Ley no 117, de 13 de abril de 1988, para la indemnización de los daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales [...]? II. Para el caso de que el Tribunal de Justicia […] acogiera la tesis del “filtro de malla ancha” […], contraria a la aplicación de las normas procesales nacionales relativas a la necesidad de especificar los motivos de recurso, ¿debe plantearse al Tribunal de Justicia […] la cuestión prejudicial en los mismos términos en que ha sido formulada por la parte recurrente [en el procedimiento principal] y reproducidos [a continuación]?: “1) [...] se plantea al Tribunal de Justicia […] una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 101 TFUE […] en relación con la normativa legal y deontológica que regula la profesión de geólogo y las funciones institucionales y normas de funcionamiento del [CNG], pertinente en este asunto, que se reproduce a continuación, con objeto de verificar su validez y su conformidad con la normativa europea (a saber, el artículo 101 TFUE) en materia de competencia. [...] [reproducción del artículo 9 de la Ley no 112/1963] [reproducción de los artículos 14, apartado 1, y 17 de la Ley no 616 de 25 de julio de 1966 que contiene las disposiciones de aplicación de la Ley de 3 de febrero de 1963, no 112 de protección del título y de la profesión de geólogo] [reproducción de los artículos 6 y 7 del Código deontológico] [reproducción del artículo 17 del Código deontológico]. En particular, se solicita a este respecto al Tribunal de Justicia […] que determine si es contrario al artículo 101 TFUE haber indicado, como norma legislativa en vigor obligatoria en todo su contenido, el Decreto-ley no 223/2006, el cual comprende un sistema numérico-cronológico, único sistema histórico y lícito, tanto a nivel interno como comunitario, que, ciertamente, no incide en modo alguno en el conocimiento y en el alcance obligatorio de la norma jurídica. [reproducción de los artículos 18 y 19 del Código deontológico] Considerando que: — El Reglamento […] no 2137/85 […] con el objeto de ‘facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros’, establece, en su sexto considerando, que ‘éste no afecta sin embargo a la aplicación , a nivel nacional, de las normas legales y/o deontológicas relativas a las condiciones de ejercicio de una actividad o de una profesión’; — [reproducción del cuadragésimo tercer considerando de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22)]; — [reproducción del considerando 115 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, p. 36)]. Se solicita, por último, al Tribunal de Justicia […] que se pronuncie sobre la compatibilidad con el artículo 101 TFUE de la distinción antes expuesta, en los aspectos jurídicos y de organización colegial, entre empresa profesional y empresa comercial, así como entre la competencia profesional y la competencia comercial. 2) a) ¿Prohíben o impiden el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión la referencia a la dignidad y al decoro de un profesional –en el caso de autos, geólogo– como elementos que han de tenerse en cuenta para fijar los honorarios profesionales? b) A efectos del artículo 101 TFUE o de cualquier norma de Derecho de la Unión, ¿entraña la referencia a la dignidad y al decoro profesional efectos restrictivos para la competencia profesional? c) ¿Establece el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión que los requisitos de dignidad y decoro, en cuanto elementos que han de tenerse en cuenta para la fijación de los honorarios del profesional de acuerdo con tarifas definidas expresamente como sujetas a excepciones en sus importes mínimos –vista la referencia expresa y formal, contenida en el artículo 17 del [Código deontológico], a la normativa que permite tal excepción (Decreto-ley no 223/2006 […])– pueden inducir a comportamientos restrictivos de la competencia? d) ¿Prohíbe el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión la referencia a la tarifa profesional –establecida, respecto a los geólogos, mediante disposición estatal, a saber, un Decreto Ministerial del Ministro de Justicia de acuerdo con el Ministro de las Actividades Productivas, y cuyos importes mínimos pueden ser objeto de excepciones en virtud, una vez más, de la referencia expresa y formal al Decreto-ley no 223/2006 recogida en el artículo 17 del […] Código Deontológico– como simple elemento técnico-profesional de referencia para determinar los honorarios? e) ¿Prohíbe el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión la correspondencia entre la magnitud de las prestaciones y los requisitos de dignidad y decoro, definidos en los artículos 6 y 7 del [Código Deontológico], con los honorarios profesionales, tal como se prevé en el artículo 2233, [párrafo segundo], del Código Civil italiano, según el cual ‘en todo caso, el importe de la contraprestación (profesional) deberá ser acorde con la magnitud del trabajo y la dignidad de la profesión’? f) Así pues, según el artículo 101 TFUE, ¿puede considerarse que la referencia al artículo 2233, [párrafo segundo], del Código Civil italiano es lícita y que no da lugar a efectos restrictivos de la competencia? g) ¿Equipara jurídicamente el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión en materia de competencia a un Colegio Profesional, en el caso de autos el de geólogos, tal como se regula en normas específicas del Estado dictadas con fines institucionales, a los acuerdos y concentraciones de empresas comerciales que constituyen acuerdos restrictivos de la competencia? h) ¿Permite el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión equiparar la cuota abonada a los colegios profesionales por imperativo legal –establecida para el ejercicio de las funciones y la consecución de fines institucionales– con la actividad de venta de bienes y servicios y el beneficio económico, desarrollada y obtenido, respectivamente, a través de comportamientos restrictivos de la competencia por parte de concentraciones de empresas comerciales? i) ¿Justifica el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión la aplicación de sanciones en el caso de autos? j) ¿Legitima el artículo 101 TFUE u otra norma de Derecho de la Unión la sujeción a la recaudación forzosa de la cuota de afiliación, obligatoria por imperativo legal, equiparando tal cuota a los beneficios e ingresos fruto de un acuerdo económico-comercial restrictivo de la competencia?” III. 1) Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte reviste carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia y de las profesiones, y en particular las disposiciones comunitarias invocadas por la parte recurrente en su cuestión, a la adopción de códigos deontológicos profesionales que disponen que los honorarios sean acordes con el decoro y la dignidad profesionales y con la calidad y la magnitud de la prestación, con el resultado de que los honorarios inferiores a las tarifas mínimas (y que, por tanto, son más competitivos) pueden ser sancionados, en el plano disciplinario, por vulneración de normas deontológicas? 2) Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿Puede interpretarse el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa que prohíbe los acuerdos restrictivos de la competencia, en el sentido de que un acuerdo restrictivo puede estar constituido por normas deontológicas adoptadas por colegios profesionales, cuando tales normas, al establecer el decoro y la dignidad profesional, así como la calidad y la magnitud de la prestación, como criterios para la fijación de los honorarios del profesional, tengan como efecto la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por tanto, también un efecto restrictivo de la competencia como consecuencia de dicha imposibilidad de establecer excepciones? 3) Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: Si el Derecho nacional establece normas de defensa de la competencia más estrictas que las comunitarias, indicando en particular que pueden establecerse excepciones a los importes mínimos de las tarifas profesionales, aunque el Derecho comunitario parece, en cambio, permitir aún en ciertas condiciones la posibilidad de no establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por consiguiente, si una actuación del colegio profesional que imponga la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas constituye, respecto al Derecho nacional, un acuerdo restrictivo de la competencia mientras que podría no serlo para el Derecho comunitario, ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa comunitaria sobre acuerdos restrictivos de la competencia, a considerar una determinada conducta sancionable como acuerdo restrictivo de la competencia sobre la base de la normativa nacional y no sobre la base de la normativa comunitaria, cuando las normas nacionales de defensa de la competencia sean más estrictas que las comunitarias?»