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Recurso interpuesto el 16 de agosto de 2022 — Vleuten Insects and New Generation Nutrition/Comisión

(Asunto T-500/22)

(2022/C 424/48)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Vleuten Insects vof (Hoogeloon, Países Bajos), New Generation Nutrition BV (Helvoirt, Países Bajos) (representante: N. Carbonnelle, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de junio de 2022, por la que se pone fin al procedimiento para autorizar la comercialización de larvas de Alphitobius diaperinus como nuevo alimento sin actualizar la lista de la Unión de nuevos alimentos. (1)

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan tres motivos.

1. Primer motivo, basado en el incumplimiento del artículo 6, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 de la Comisión, (2) en la medida que la Decisión se adoptó sin cumplir las garantías y los requisitos de procedimiento establecidos en dicha disposición, por lo que la referida Decisión es ilegal.

2. Segundo motivo, basado en la violación del principio de buena administración y en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, más concretamente: — en el incumplimiento del deber de lealtad procesal y en la violación de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima (primera parte del segundo motivo); — en el incumplimiento de los requisitos procesales aplicables y del deber de proporcionar una motivación válida y legalmente admisible (segunda parte del segundo motivo), y — en la violación del principio de proporcionalidad (tercera parte del segundo motivo).

3. Tercer motivo, formulado con carácter subsidiario para el caso de que no se estimen ni el primer ni el segundo motivo, mediante el cual las demandantes proponen una excepción de ilegalidad del artículo 10, apartado 6, del Reglamento (UE) 2015/2283 (3) y del artículo 6 de la Decisión de Ejecución 2017/2469 de la Comisión sobre la base del artículo 277 TFUE alegando que procede declarar la nulidad de dichas disposiciones por ser contrarias al principio de seguridad jurídica y al principio de igualdad de trato.

(1) Referencia del documento: C(2022) 3478.

(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establecen los requisitos administrativos y científicos que deben cumplir las solicitudes mencionadas en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos (DO 2017, L 351, p. 64).

(3) Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1852/2001 de la Comisión (DO 2015, L 327, p. 1).
C 389/12

Recurso interpuesto el 18 de julio de 2022 — Sberbank Europe/JUR

(Asunto T-450/22)

(2022/C 389/14)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Sberbank Europe AG (Viena, Austria) (representante: O. Behrends, abogado)

Demandada: Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule, en aplicación del artículo 264 TFUE, la Decisión de la JUR de 1 de marzo de 2022 de no someter a la demandante a un procedimiento de resolución.

— Condene a la JUR a cargar con las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

1. Primer motivo, basado en que la JUR se excedió de sus competencias al adoptar la decisión con respecto a la demandante en lugar de abstenerse de cualquier actuación posterior con arreglo a su constatación de que no se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento «MUR». (1)

2. Segundo motivo, basado en que la JUR no concedió a la demandante el derecho a ser oída.

3. Tercer motivo, basado en que la JUR no proporcionó una motivación suficiente.

4. Cuarto motivo, basado en que la JUR no ha apreciado adecuadamente los requisitos conforme al artículo 18, apartado 1, letra b) del Reglamento MUR.

5. Quinto motivo, basado en que la JUR y el BCE no han considerado la suspensión de los pasivos de la demandante.

6. Sexto motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de proporcionalidad al no tener en cuenta determinadas alternativas evidentes y menos gravosas, incluida la transmisión de la demandante a otro accionista.

7. Séptimo motivo, basado en que la JUR se separó del plan de resolución sin aportar una explicación verosímil.

(1) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1.)
1.

Primer motivo, en el que se alega que la decisión de la Comisión comunicada a la parte demandante mediante escrito de 1 de abril de 2022 debe ser anulada. La parte demandante presentó una solicitud a la Comisión mediante escrito de 15 de diciembre de 2021. En el escrito de respuesta a la solicitud de la parte demandante, antes mencionado, la Comisión consideró que dicha solicitud era inadmisible. La parte demandante sostiene que la decisión adoptada a tal respecto por la Comisión adolece de errores de base, que constituye un incumplimiento del Derecho medioambiental internacional y de la Unión Europea y que vulnera los Tratados. La parte demandante alega que la Comisión ha incumplido las obligaciones positivas que le incumben en virtud de los Tratados y del Derecho internacional, en particular los artículos 3, 6 y 7 del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus). Aduce, asimismo, que la decisión de la Comisión que se impugna infringe el Derecho derivado de la Unión, en particular los artículos 9 y 10 del Reglamento (CE) n.o 1367/2006. (2) La parte demandante sostiene que la decisión de la Comisión vulnera su derecho de acceso a la justicia garantizado por el Convenio de Aarhus e infringe el Reglamento n.o 1367/2006. Considera, además, que el acto administrativo de la Comisión, según se define en el Reglamento n.o 1367/2006, constituye una vulneración de los Tratados.
—

Anule la Decisión de 10 de noviembre de 2021 (IA n.o 31-2021), relativa a la no inclusión del nombre de la demandante en la lista de funcionarios promovidos en 2021, confirmada por la Decisión n.o R/72/22 de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de 8 de junio de 2022 en respuesta a la reclamación interpuesta por la demandante el 5 de febrero de 2021.
—

Declare la nulidad, ilegalidad, ineficacia de o anule de cualquier otro modo: a) la «Letter of Conclusion — ref. Ares (2021) 7900224» de 21 de diciembre de 2021, de la Comisión Europea (Dirección General de Investigación e Innovación, Dirección H — Centro Común de Implementación H.2 — Servicio Común de Auditoría) — ref. CAIA389007; b) el Informe Final de Auditoría adjunto a la Letter of Conclusion Ares (2021) 7900224; c) la «Confirmation Letter de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) REA. C — Future Society C.2 — Secure Society de 23 de febrero de 2022» (Escrito de solicitud); d) la Nota de adeudo de la Agencia Ejecutiva de Investigación n.o 3242202693 de 23 de febrero de 2022 (Nota de adeudo).
Recurso interpuesto el 13 de abril de 2022 — Polynt/ECHA

(Asunto T-192/22)

(2022/C 222/55)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (representantes: C. Mereu y S. Abdel-Qader, abogados)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— declare el recurso admisible y fundado;

— anule la Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, enviada mediante escrito de 4 de febrero de 2022 (FUP- DEV-01-21200655590-58-0000-CCH-1-2_FTR_NOTIF), en el que informaba de la falta de respuesta a una decisión de evaluación de un expediente;

— declare —o condene a ECHA a adoptar una nueva decisión por la que se declare— que se libera a la demandante de la obligación de aportar información adicional a ECHA sobre el cese de producción y la consiguiente indisponibilidad de la sustancia de que se trata por causas de fuerza mayor; y

— condene a ECHA a cargar con todas las costas del presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en que la demandada vulneró el principio de fuerza mayor al considerar que el cese de producción de la sustancia 1,3-dioxo-2-benzofurano-5- ácido carboxílico con nonano-1-ol (número CE 941-303-6) (en lo sucesivo, «sustancias») tras la adopción de la decisión final relativa al control de conformidad por causas de fuerza mayor no libera a la demandante de la obligación de aportar la información solicitada en la decisión inicial relativa al control de conformidad de las sustancias.

2. Segundo motivo, basado en que la demandada infringió el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»).

3. Tercer motivo, basado en que la demandada infringió los artículos 5 y 6 del Reglamento REACH.

4. Cuarto motivo, basado en que la demandada vulneró el principio de proporcionalidad.

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
—

Declare su admisibilidad y, en consecuencia: — Con carácter principal: — Declare fundado el recurso de anulación y que la denegación implícita de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) de 28 de febrero de 2022, así como la decisión adoptada por la Comisión Europea el 21 de diciembre de 2016 (liquidación) son nulas, debido a que: — Son ilegales los artículos 77 del Estatuto de los Funcionarios y 11 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios, en los que se basa la liquidación de 21 de diciembre de 2016. — La Comisión Europea ha incumplido su deber de asistencia y protección al no ofrecer al demandante, en su liquidación de 21 de diciembre de 2016, ninguna restitución de los derechos a pensión no contabilizados por la autoridad europea competente. — La Comisión Europea ha violado el principio de igualdad de trato y de no discriminación al no ofrecer al demandante, en su liquidación de 21 de diciembre de 2016, ninguna restitución de los derechos a pensión no contabilizados por la autoridad europea competente. — Devuelva el asunto a la AFPN para que determine el importe que se ha de restituir al demandante. — Con carácter subsidiario: — Declare fundada la demanda de indemnización basada en el enriquecimiento injusto debido a que el demandante se ha visto empobrecido por el importe de sus derechos a pensión cotizados en su régimen nacional de pensiones, no tenidos en cuenta por la autoridad competente de la Unión, y que han enriquecido correlativamente la caja de pensiones de la Unión Europea. — Condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio económico sufrido por el demandante, evaluado en la fecha de presentación del presente recurso en 31 066,80 euros en capital o, como mínimo, en el 39,18 % de los atrasos periódicos percibidos por la Comisión desde el 1 de febrero de 2017, que se incrementará en el mismo porcentaje para los atrasos futuros.
—

A este respecto, se invoca la extralimitación del mandato de delegación dado por el Parlamento europeo en los artículos 12 y 5.2 del Reglamento 2021/953 y de estos mismos artículos porque no respeta los elementos esenciales del acto habilitante y en todo caso no se encuadra dentro del marco normativo definido por el acto legislativo de base, ya que los cambios no son necesarios en caso de avances científicos en la contención de la pandemia de COVID-19.
C 119/57

Recurso interpuesto el 28 de enero de 2022 — Hungría/Comisión

(Asunto T-57/22)

(2022/C 119/80)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Hungría (representantes: M. Z. Fehér y G. Koós, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2020 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2021, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (1) en la parte que guarda relación con Hungría y que excluye de la financiación de la Unión Europea la ayuda financiera establecida para el ejercicio financiero 2018-2019 referida a las deficiencias en el funcionamiento de los controles fundamentales «controles para determinar el acceso a la ayuda solicitada» y «cálculo correcto de la ayuda, incluidas las reducciones y sanciones administrativas».

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

El Gobierno húngaro sostiene que Hungría no ha infringido las disposiciones relativas a los controles para determinar el acceso a la ayuda solicitada y que no fue calculado incorrectamente el valor de la producción comercializada de cada organización de productores. La práctica seguida por Hungría se ajusta a lo dispuesto en el artículo 42 y en el artículo 50, apartado 7, del Reglamento 543/2011. (2) Tampoco cabe apreciar la existencia de deficiencias en relación con el control de la subvencionabilidad de los programas operativos y la autoridad húngara actuó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, apartado 2, del Reglamento 543/2011.

Hungría ha aplicado medidas de corrección adecuadas en relación con las apreciaciones referidas a la segunda deficiencia en el funcionamiento del control fundamental («cálculo correcto de la ayuda, incluidas las reducciones y sanciones administrativas») y, por este motivo, no está justificada la aplicación de la corrección financiera respecto de los gastos relativos a los ejercicios financieros de 2018 y 2019.

(1) DO 2021, L 413, p. 10.

(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO 2011, L 157, p. 1).
1.

Primer motivo, basado en la comisión de errores de Derecho y de un error manifiesto de apreciación que dio lugar a la incorrecta aplicación de la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, primer párrafo, del Reglamento 1049/2001), puesto que la divulgación no perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones mencionado. — La demandante aduce que el Consejo no cumplió el alto umbral requerido por el criterio jurídico, que requiere que la divulgación perjudique gravemente el proceso de toma de decisiones. Para empezar, en el momento en que se adoptó la decisión controvertida, ya no existía ningún proceso de toma de decisiones sustantivo. Además, el Consejo se basó erróneamente en la consideración de que la interferencia externa por parte del público en el proceso de toma de decisiones relativo al Reglamento 1367/2006 podría resultar problemática.
—

La parte demandante alega que la demandada no puede referirse a obligaciones resultantes de un documento no vinculante cuya existencia no conocían las partes del contrato y cuya aplicación nunca llegaron a acordar.
1.

Primer motivo, basado en una violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación. En primer lugar, los demandantes alegan que la Comisión incurrió en un error en la aplicación del Derecho al no tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, la Comisión no tuvo en cuenta o no tuvo suficientemente en cuenta la aplicación de dicho Convenio en el Derecho de la Unión en este ámbito, a saber, tal como se aplicó en el asunto C-198/15, Invamed Group y otros, (2) utilizando en cambio un concepto erróneo de discapacidad. Por el contrario, el Reglamento impugnado toma en consideración criterios irrelevantes derivados de instrumentos elaborados antes de la Decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009 (3) y el Convenio de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Asunto T-565/21)

(2021/C 452/56)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrentes: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Chipre) (representante: C. Milbradt, abogada)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Papouis Dairies LTD (Nicosia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión en color que incluye el elemento denominativo «Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967» — Solicitud de registro n.o 11176344

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de abril de 2021 en el asunto R 575/2019-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento ante la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente.

Motivo invocado
—

Anule la «Decision of the College of the European Public Prosecutor’s Office of 3 may 2021 on the appointment of fifteen european delegated prosecutors of the EPPO in the Italian Republic» (Decisión del Colegio de la Oficina de la Fiscalía Europea de 3 de mayo de 2021 sobre el nombramiento de quince fiscales adjuntos de la EPPO en la República Italiana), con la que se nombraron los fiscales europeos adjuntos del Estado italiano.
—

Por violación del principio de proporcionalidad, habida cuenta de que el cálculo de las aportaciones ex ante al FUR, en primer lugar, no se ajusta a los objetivos del Reglamento n.o 806/2014; en segundo lugar, no tiene en cuenta que la demandante es una entidad de crédito en gestión extintiva que disfruta de una garantía pública y que, en principio, nunca precisará de los recursos del FUR y, en tercer lugar, hace más onerosa la resolución ordenada de la entidad.
1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la Directiva 95/16/CE, anexo I, punto 2.2, en relación con la norma armonizada EN 81-1, al no apreciar correctamente la importancia del requisito de la distancia vertical desde la parte superior de la cabina hasta el techo del hueco del ascensor. — La Comisión no aprecia correctamente la importancia del requisito de la distancia vertical entre el techo de la cabina y el techo del hueco del ascensor, que la norma armonizada EN 81-1 establecía en su redacción original y que destaca aún más en su versión actualizada (EN 81-20). En primer lugar, la Decisión impugnada calcula incorrectamente, en esencia, la distancia vertical mínima. Según la Comisión, para la evaluación de los requisitos esenciales de seguridad y de salud de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 95/16/CE, lo decisivo ante todo no es esa distancia vertical, sino el volumen del refugio por encima de la cabina. Además, la Comisión se equivocó al comparar los requisitos de los refugios y los espacios libres en la altura libre con los espacios libres en el hueco del ascensor.
2.

Segundo motivo, basado en que la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo, en la que se basó la nota de adeudo, como medida legal que afecta al demandante, fue adoptada violando los principios de procedimiento imparcial y justo, y de igualdad de armas y el derecho de defensa del demandante: — El Parlamento incumplió la obligación de motivación y vulneró el derecho del demandante a ser oído con arreglo al artículo 41, apartado 2, letras a) y c), de la Carta, al basar la decisión impugnada en las apreciaciones del Tribunal General en un asunto en el que el demandante no tuvo participación alguna ni la oportunidad de ser oído. — El Parlamento no facilitó al demandante las pruebas en las que basó indirectamente la decisión impugnada, ni tampoco le proporcionó otra información necesaria para ejercer adecuadamente su derecho a ser oído (a presentar observaciones), infringiendo así el artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta.
2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión de Ejecución que se impugna infringe el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 507/2006 por cuanto: — falta una relación beneficio-riesgo, tal como se define en el artículo 1, punto 28 bis, de la Directiva 2001/83/CE, (2) que sea positiva; — falta el requisito exigido en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 507/2006, ya que no es probable que el solicitante pueda suministrar la totalidad de los datos clínicos; — falta el requisito exigido en el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 507/2006, puesto que el medicamento autorizado no satisface necesidades médicas no cubiertas; — falta el requisito exigido en el artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 507/2006.
1)

Primer motivo, basado en un error de Derecho y/o en una falta de motivación, ya que la medida controvertida no constituye una ayuda pública porque tiene carácter general y no es selectiva, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En particular, la demandante alega que la medida no es selectiva porque se inscribe en la estructura general del sistema fiscal portugués.
C 138/42

Recurso interpuesto el 29 de enero de 2021 — Mainova/Comisión

(Asunto T-64/21)

(2021/C 138/56)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Mainova AG (Fráncfort del Meno, Alemania) (representante: C. Schalast, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la demandada de 17 de septiembre de 2019 en el asunto M.8870.

— De conformidad con el artículo 68, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, acumule, por conexidad, el asunto con los recursos de idéntico contenido interpuestos contra la misma decisión M.8870 a efectos de la resolución que ponga fin al proceso.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso contra la decisión de la Comisión de 17 de septiembre de 2019 por la que la operación de concentración E.ON/innogy se declara compatible con el mercado interior, asunto M.8870 (DO 2020, C 379, p. 16), la parte demandante invoca un motivo que es esencialmente idéntico o similar al invocado en el asunto T-63/21, Stadtwerke Frankfurt am Main/Comisión.