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En este contexto, la demandante, apoyada por la coadyuvante, alega lo siguiente: – Cuando el acceso a documentos que obran en poder de la EMA se solicita en un contexto económico o normativo regulado por un régimen especial que persigue objetivos diferentes, el Tribunal debe velar por que se garantice una aplicación coherente de la normativa en su conjunto, salvo que las disposiciones pertinentes contengan una norma que consagre expresamente la primacía de un corpus normativo sobre otro. – La definición, contemplada en un reglamento sectorial especial, de su propio régimen de divulgación crea una «presunción general» de que los documentos sólo deben divulgarse con arreglo a tal normativa y en las circunstancias establecidas por la misma y, además, de que deben ser objeto de tratamiento confidencial a efectos tanto del apartado 2 como del apartado 3 del artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, sin perjuicio de la posibilidad de demostrar, según las circunstancias concretas del caso, que a un documento determinado no le es de aplicación la presunción o que su divulgación en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001 está, no obstante, justificada por un «interés público superior». – La jurisprudencia ya ha reconocido este planteamiento. – En el presente caso, el Reglamento n.o 726/2004 contiene, junto con otros reglamentos pertinentes, disposiciones concretas y pormenorizadas sobre la información en poder de la EMA que debe o no ponerse a disposición del público. – En el contexto de una industria farmacéutica altamente competitiva e innovadora, caracterizada por la realización de costosas inversiones, el Reglamento n.o 726/2004 y los demás reglamentos pertinentes establecen un equilibrio muy delicado entre, por una parte, los intereses de la transparencia, las legítimas consideraciones de interés general y la conveniencia de evitar la duplicación de las actividades de investigación y, por otra parte, la necesidad de fomentar adecuadamente la inversión de las empresas en la investigación y el desarrollo, sin temor a que sus competidores puedan beneficiarse a coste cero de la innovación desarrollada por aquéllas, el interés en estimular múltiples fuentes de investigación y el funcionamiento adecuado y abierto de un régimen de evaluación de las solicitudes de autorización de comercialización que no disuada a las empresas de aportar de manera completa y fiel toda la información pertinente. – Además, forma parte de la propia esencia del régimen de autorización de comercialización que todos los documentos presentados como documentos de un expediente de solicitud de autorización de comercialización y, en particular, los estudios clínicos y no clínicos, entre ellos el informe controvertido, merecen ser protegidos por la presunción general de confidencialidad establecida por el artículo 4, apartado 2 o 3, del Reglamento n.o 1049/2001. – La presunción general de confidencialidad debe aplicarse mientras esté vigente el período de exclusividad de los datos comerciales e incluso una vez terminado el mismo, y no debe expirar tras la adopción de la decisión sobre la autorización de comercialización. Cualquier otra interpretación es incompatible con el efecto útil del Reglamento n.o 726/2004. – Además, en el presente caso, únicamente se concedió una autorización condicional de comercialización, lo que supone que no ha concluido aún el proceso de toma de decisiones relativo a la concesión de una autorización completa de comercialización. Por tanto, todo documento de estudio (informes periódicos actualizados sobre la seguridad) debe mantenerse secreto, al menos hasta que se conceda una autorización completa de comercialización o se deniegue definitivamente la autorización condicional de comercialización vigente, para que la EMA pueda examinar la seguridad y la eficacia del medicamento en cuestión sin interferencias externas. – Los Reglamentos n.os 1049/2001, 726/2004, 141/2000 y 507/2006 deben interpretarse a la luz de las exigencias del Acuerdo ADPIC y, en particular, de su artículo 39, apartado 3, que reafirma la conclusión según la cual el informe controvertido debe disfrutar de una presunción general. – La tarea de supresión línea a línea de determinados pasajes considerada por la EMA es extremadamente gravosa desde el punto de vista administrativo, lo que refuerza la posición de que, en virtud de una interpretación que preserve el efecto útil del Reglamento n.o 726/2004, la EMA podría basarse en una presunción general de confidencialidad en favor de los documentos que se le presentan en el marco de los expedientes de solicitud de autorización de comercialización, incluidos los informes de estudios clínicos. – Es insuficiente la motivación facilitada por la EMA en apoyo de su negativa a considerar que el informe controvertido disfruta de una presunción general de confidencialidad.