Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Acto normativo – Directiva

(Arts. 230 CE, párr. 4, y 249 CE)

2. Recurso de anulación – Recurso interpuesto por una agrupación europea de interés económico – Admisibilidad – Requisitos

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CEE) nº 2137/85 del Consejo]

3. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos – Recurso de una agrupación europea de interés económico que reúne a asociaciones de empresas fabricantes de productos químicos – Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

4. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos – Acto que puede afectar directa o individualmente a determinados operadores como consecuencia de contratos celebrados antes de su entrada en vigor – Requisitos

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

5. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Recurso interpuesto por una asociación de empresas que ha participado en el procedimiento de adopción del acto – Admisibilidad – Requisitos

(Art. 230 CE, párr. 4)

6. Comunidades Europeas – Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones – Actos de alcance general – Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar las normas procesales nacionales de forma que permitan la impugnación de la legalidad de los actos comunitarios de alcance general – Posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el juez comunitario en caso de que las normas procesales nacionales contengan obstáculos insuperables – Exclusión

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. Si bien el artículo 230 CE, párrafo cuarto, no versa expresamente sobre la admisibilidad de los recursos de anulación interpuestos por particulares contra una directiva, esta sola circunstancia no basta para que se declare la inadmisibilidad de tales recursos. Además, las instituciones comunitarias no pueden excluir, mediante la mera elección de la forma del acto de que se trate, la protección jurisdiccional que ofrece a los particulares esa disposición del Tratado. Por lo tanto, el hecho de que el acto impugnado tenga, por su naturaleza, alcance general y que no constituya una decisión en el sentido del artículo 249 CE no basta en sí mismo para excluir la posibilidad de que un particular interponga un recurso de anulación contra aquél.

(véanse los apartados 34 y 37)

2. La admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una asociación constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables depende, salvo si tiene legitimación activa propia, de si los miembros de una asociación de ese tipo habrían podido interponer ese recurso individualmente. Esta solución se impone igualmente en el caso de una agrupación europea de interés económico (AEIE), la cual, a efectos del artículo 3 del Reglamento nº 2137/85, relativo a la constitución de una AEIE, tenga como única finalidad facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, para permitirles incrementar los resultados de esta actividad, por lo que tiene un carácter auxiliar con respecto a aquélla.

(véase el apartado 43)

3. Es inadmisible el recurso de una agrupación europea de interés económico que reúne a dos asociaciones de empresas que fabrican productos químicos, dirigido contra la Directiva 2003/15, por la que se modifica la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos.

Los efectos nefastos que tendrían las prohibiciones establecidas por dicha Directiva y el etiquetado relativo a la ausencia de ensayos en animales que ésta autoriza, en la competitividad de las empresas pertenecientes a las asociaciones de que se trata, no las caracterizan con respecto a otras empresas que no abastecen al sector de los cosméticos o que se limitan a este mercado pero sin ensayar sus ingredientes en animales, o no emplean sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. A este respecto, no basta con que un acto de alcance general tenga mayores repercusiones económicas en determinados operadores que en sus competidores para que se los considere individualmente afectados por aquél.

Por otra parte, la circunstancia de que las mismas empresas sean, en algunos países, las principales empresas del sector no permite deducir que pertenezcan a un círculo de operadores económicos individualizados e identificables en función de criterios relativos a los productos controvertidos o a las actividades económicas realizadas, dado que una actividad comercial puede ser ejercida, a priori, por cualquier empresa, actual o potencialmente susceptible de encontrarse en una situación idéntica a éstas.

Asimismo, la existencia de una protección jurídica, como por ejemplo una patente, de los conocimientos técnicos sobre aplicaciones industriales y de los secretos comerciales de las empresas representadas por las asociaciones miembros de la agrupación demandante no puede caracterizarlas frente a los demás fabricantes de productos químicos afectados por la Directiva 2003/15. Por un lado, éstos pueden invocar igualmente esta protección en su favor, ya que la fabricación y comercialización de los productos se efectúa con frecuencia al amparo de derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, como cada patente identifica al producto que protege, dicha Directiva no obstaculiza el uso de una patente específica, entonces la eventual afectación de los derechos de propiedad intelectual sólo resulta de la circunstancia, impersonal, de producir sustancias que se utilizan en la industria cosmética.

(véanse los apartados 46, 47, 49 y 57)

4. Para que la alegación de compromisos contractuales conduzca a la admisibilidad de un recurso de anulación contra un acto normativo, como la Directiva 2003/15, por la que se modifica la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, se requiere, en primer lugar, que una disposición de Derecho de mayor rango que el acto de que se trate haya impuesto a las instituciones considerar la situación de las empresas demandantes de manera específica con respecto a la de cualquier otra persona afectada por el acto. En segundo lugar, dichas empresas han de ser titulares de contratos ya vigentes y cuya ejecución, prevista durante el período de aplicación del acto recurrido, haya sido impedida total o parcialmente.

(véase el apartado 53)

5. Aunque el hecho de que una asociación de empresas haya desempeñado un papel en un procedimiento que haya conducido a la adopción de un acto de alcance general puede justificar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por dicha asociación contra tal acto, aun cuando sus miembros no estén directa e individualmente afectados por éste, el hecho de haber participado voluntariamente en la preparación de un acto de naturaleza legislativa, en el marco de un procedimiento que no prevé ninguna intervención de los particulares, no puede, en contra de lo que ocurre en el caso de la participación en un procedimiento que prevea dicha intervención, conferirle un derecho a recurrir contra este acto.

(véanse los apartados 63 a 65)

6. Aparte de que corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y de cubrir las posibles lagunas que a este respecto contengan los Tratados, no puede admitirse una interpretación del régimen de admisibilidad enunciado en el artículo 230 CE según la cual deba declararse la admisibilidad de un recurso de anulación si se demuestra que, tras un examen concreto de las normas procesales nacionales por parte del juez comunitario, tales normas no autorizan al particular a interponer un recurso que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada caso concreto, el juez comunitario examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia en el marco del control de la legalidad de los actos comunitarios.

(véase el apartado 70)