Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Diligencias de prueba — Examen de testigos — Facultad de apreciación del Tribunal de Primera Instancia — Incidencia del principio general del Derecho comunitario del derecho a un proceso justo

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 68, ap. 1)

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Motivos jurídicos no expuestos en el escrito de interposición del recurso — Remisión a razonamientos que figuran en un anexo — Inadmisibilidad

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Competencia — Normas comunitarias — Empresa — Concepto

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)]

4. Competencia — Normas comunitarias — Infracción cometida por una empresa — Imputación a otra empresa habida cuenta de los vínculos económicos y jurídicos que las unen — Requisitos — Insuficiencia de un control único del capital social

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

5. Competencia — Prácticas colusorias — Participación de una empresa en una iniciativa contraria a la competencia — Aprobación tácita de la empresa, sin distanciarse públicamente de dicha iniciativa ni denunciarla a las autoridades competentes, que es suficiente para generar su responsabilidad

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

6. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

7. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

8. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Multas — Determinación — Criterios — Elevación del nivel general de las multas — Procedencia — Requisitos

[Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 86 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE); Reglamento nº 17 del Consejo]

9. Derecho comunitario — Principios — Protección de la confianza legítima — Límites — Represión de las infracciones de las normas sobre la competencia — Determinación del importe de las multas — Método de cálculo de las multas — Facultad de apreciación de las instituciones — Irrelevancia de la Comunicación sobre la cooperación

(Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — Obligación de la Comisión de atenerse a la práctica seguida en sus decisiones anteriores — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Derecho comunitario — Principios generales del Derecho — Irretroactividad de las disposiciones penales — Ámbito de aplicación — Multas impuestas por infracción de las normas sobre la competencia — Inclusión — Violación eventual en caso de aplicación a una infracción anterior a la aprobación de las Directrices para el cálculo de las multas — Previsibilidad de las modificaciones introducidas por las Directrices — Inexistencia de violación

(Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 7; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

12. Actos de las instituciones — Directrices para el cálculo de las multas impuestas por infracción de las normas sobre la competencia — Acto de alcance general — Efectos

(Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios global de la empresa afectada — Volumen de negocios obtenido con las mercancías objeto de la infracción — Consideración de ambos — Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

14. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia — Revisión, por razones de equidad, de la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia sobre el importe de multas impuestas a las empresas — Exclusión — Control limitado a la comprobación de si el Tribunal de Primera Instancia ha tomado en consideración los factores esenciales para apreciar la gravedad de la infracción y todas las alegaciones formuladas contra la multa impuesta

[Tratado CE, art. 85 (actualmente art. 81 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15]

15. Competencia — Directrices para el cálculo de las multas — Método de cálculo que toma en consideración diversos criterios flexibles, restando importancia al volumen de negocios de la empresa, criterio antes predominante — Conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo — Cálculo — Distinción entre el importe final y el importe intermedio de la multa — Consecuencias

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Situación económica de la empresa afectada — Consideración — Obligación — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa investigada — Requisitos — Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección D, puntos 1 y 2)

19. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Contenido necesario — Indicación de los criterios de cálculo de la multa prevista — Indicación prematura — Inexistencia de una obligación de indicar la posibilidad de un cambio en la política relativa al nivel de las multas

(Reglamento nº 17 del Consejo)

20. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Competencia del Tribunal de Justicia — Consideración de los hechos en que se basó el Tribunal de Primera Instancia — Inclusión

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

21. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisiones — Subsanación de un defecto de motivación en el procedimiento contencioso — Improcedencia

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

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1. Aunque una petición de examen de testigos formulada en el recurso indique con precisión los hechos en relación con los cuales procede oír al testigo o testigos y las razones que lo justifican, corresponde al Tribunal de Primera Instancia apreciar la pertinencia de esta petición en relación con el objeto del litigio y con la necesidad de proceder al examen de los citados testigos.

No cabe impugnar la existencia de una facultad de apreciación a este respecto por parte del Tribunal de Primera Instancia invocando el principio general de Derecho comunitario, inspirado en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a un proceso equitativo y, más concretamente, el principio derivado del apartado 3, letra d), de dicho artículo, según el cual todo acusado tiene derecho a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra, principio que constituye un aspecto particular del derecho a un proceso equitativo.

En efecto, esta última disposición no reconoce al acusado un derecho ilimitado a obtener la comparecencia de testigos ante el tribunal y la decisión sobre la necesidad o la conveniencia de citar a un testigo incumbe en principio al juez nacional.

Dicho artículo 6, apartado 3, no exige, pues, que se cite a todos los testigos, sino que su objetivo consiste en una completa igualdad de armas que garantice que el procedimiento controvertido, considerado en su conjunto, ha ofrecido al acusado una oportunidad adecuada y suficiente de impugnar las sospechas que recaían sobre él.

(véanse los apartados 68 a 71)

2. Se deduce del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia que las razones de hecho y de Derecho en las que se basa el recurso deben desprenderse, al menos de forma sumaria, del propio texto de la demanda y que no es suficiente, por tanto, que en la demanda se haga referencia a dichas razones indicando que figuran en un texto anexo a la misma.

Del mismo modo, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental.

(véanse los apartados 94, 97 y 100)

3. En el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación. Dicho concepto no exige que la unidad económica de que se trate tenga personalidad jurídica.

(véanse los apartados 112 y 113)

4. La conducta contraria a la competencia de una empresa puede imputarse a otra cuando aquélla no ha determinado de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que ha aplicado en lo esencial las instrucciones impartidas por esta última, teniendo en cuenta, en particular, los vínculos económicos y jurídicos que las unían.

A este respecto, el hecho de que el capital social de dos sociedades mercantiles distintas pertenezca a una misma persona o a una misma familia no es suficiente, por sí solo, para acreditar que exista entre esas dos sociedades una unidad económica tal que, en virtud del Derecho comunitario de la competencia, las actuaciones de una puedan imputarse a la otra y que pueda obligarse a una a pagar una multa por la otra.

(véanse los apartados 117 y 118)

5. Basta con que la Comisión demuestre que una empresa ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto expresamente a ellos para probar satisfactoriamente la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios apropiados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas.

A este respecto, la aprobación tácita de una iniciativa ilícita, sin distanciarse públicamente de su contenido o sin denunciarla a las autoridades administrativas, produce el efecto de incitar a que se continúe con la infracción y dificulta que se descubra. Esta complicidad constituye un modo pasivo de participar en la infracción que puede conllevar, por tanto, la responsabilidad de la empresa en el marco de un acuerdo único.

Además, el hecho de que una empresa no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar la responsabilidad correspondiente a su participación en un cártel, a menos que se distancie públicamente de su contenido.

(véanse los apartados 142 a 144)

6. A efectos de la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), basta con que un acuerdo tenga por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, independientemente de sus efectos concretos. En consecuencia, en el supuesto de acuerdos que se ponen de manifiesto con ocasión de reuniones de empresas competidoras, se produce una infracción de la referida disposición cuando las reuniones tienen dicho objeto y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado. En tal caso, cabe apreciar válidamente la responsabilidad de una determinada empresa en la infracción cuando ha participado en dichas reuniones teniendo conocimiento de su objeto, aun cuando, a continuación, no haya puesto en práctica alguna de las medidas acordadas en éstas.

La participación en el cártel de unas empresas dominantes o especialmente potentes, capaces de adoptar represalias contra otros participantes, mucho menos potentes, en el caso de que estos últimos se distanciasen públicamente del contenido de unas reuniones cuyo objeto era contrario a competencia, la presencia más o menos frecuente de la empresa en dichas reuniones y la puesta en práctica más o menos completa de las medidas acordadas tienen consecuencias, no sobre la existencia de su responsabilidad, sino sobre el alcance de ésta y, por tanto, sobre el nivel de la sanción.

(véanse los apartados 145 y 150)

7. Permitir que una de las partes alegue por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada, pues, al examen de la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de los motivos que se debatieron ante él.

(véase el apartado 165)

8. El hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarle de la posibilidad de elevar dicho nivel dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia; antes al contrario, la aplicación eficaz de las normas comunitarias de la competencia exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

En efecto, la misión de vigilancia conferida a la Comisión por los artículos 85, apartado 1, y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 CE, apartado 1, y 82 CE) no comprende únicamente la tarea de instruir y reprimir las infracciones individuales, sino que incluye también el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas.

(véanse los apartados 169, 170 y 227)

9. Los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada por la Comisión en el marco de su facultad de apreciación. Este principio resulta claramente aplicable en el ámbito de la política de la competencia, caracterizada por una amplia facultad de apreciación de la Comisión, en particular en lo que respecta a la determinación del importe de las multas.

Las empresas participantes en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa no pueden invocar, pues, una confianza legítima en el hecho de que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas impuestas anteriormente. De ello se deduce que tampoco un cierto método de cálculo del importe de las multas puede suscitar una confianza legítima.

Además, la confianza legítima que las empresas pueden invocar en virtud de la Comunicación sobre la cooperación se limita a la garantía de que podrán obtener un determinado porcentaje de reducción, pero esta garantía no se extiende al método de cálculo de las multas ni, a fortiori, a un determinado nivel de la multa calculable en el momento en que la empresa decide concretar su intención de cooperar con la Comisión.

(véanse los apartados 171 a 173, 187, 188 y 228)

10. Al determinar el importe de la multa que procede imponer por una infracción de las normas sobre la competencia, el mero hecho de que la Comisión haya concedido cierto porcentaje de reducción por un determinado comportamiento en la práctica seguida en sus anteriores decisiones no implica que esté obligada a conceder la misma reducción proporcional al valorar un comportamiento similar en un procedimiento administrativo posterior.

(véase el apartado 192)

11. El principio de irretroactividad de las normas penales, consagrado como derecho fundamental en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye un principio general del Derecho comunitario que debe respetarse al imponer multas por infracción de las normas sobre competencia, y que exige que las sanciones impuestas sean las vigentes en el momento en que se cometió la infracción.

A efectos del mencionado artículo 7, apartado 1, el concepto de «derecho» equivale al concepto de «ley» utilizado en otras disposiciones de dicho Convenio y comprende tanto el Derecho de origen legislativo como el de origen jurisprudencial. Esta disposición, que consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas (nullum crimen, nulla poena sine lege), no puede interpretarse en el sentido de que prohíbe la clarificación gradual de las reglas de la responsabilidad penal, pero sin embargo puede impedir la aplicación retroactiva de una nueva interpretación de una norma por la que se establezca una infracción. Éste es en especial el caso cuando se trate de una interpretación jurisprudencial cuyo resultado no era razonablemente previsible en el momento en que se cometió la infracción, en particular habida cuenta de la interpretación que la jurisprudencia daba en aquel momento a la disposición legal examinada.

Como ocurre con la jurisprudencia relativa a nuevos desarrollos jurisprudenciales, la modificación de una política represiva, en el presente caso la política general de multas de la Comisión en materia de competencia, puede tener repercusiones en lo que respecta al principio de irretroactividad, en particular si dicha modificación se lleva a cabo mediante la aprobación de reglas de conducta tales como las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA. En efecto, habida cuenta en especial de sus efectos jurídicos y de su alcance general, tales reglas de conducta quedan englobadas en principio en el concepto de «derecho» a efectos del artículo 7, apartado 1, del citado Convenio.

A fin de determinar si el principio de irretroactividad fue respetado, es preciso comprobar si la modificación en cuestión era razonablemente previsible en el momento en que se cometieron las infracciones de que se trata. A este respecto, el alcance del concepto de previsibilidad depende en gran medida del contenido del texto de que se trate, del ámbito que cubra y del número y condición de sus destinatarios. La previsibilidad de la ley no es incompatible con el hecho de que la persona afectada se vea obligada a recurrir a un asesoramiento jurídico apropiado para valorar las eventuales consecuencias de un determinado acto en una medida razonable, dadas las circunstancias del caso. Ello resulta especialmente cierto en el caso de los profesionales, habituados a la necesidad de mostrar una gran prudencia en el ejercicio de sus actividades. Cabe por tanto esperar de éstos que presten especial atención a la valoración de los riesgos que entraña el ejercicio de sus actividades.

Dado que la aplicación eficaz de las normas comunitarias de la competencia exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de dicha política, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, y aumentar por tanto el nivel de las multas con respecto al que se aplicaba anteriormente, no sólo aumentando dicho nivel al determinar el importe de las multas en decisiones individuales, sino también procediendo a dicho aumento al aplicar en supuestos concretos unas reglas de conducta de alcance general tales como las Directrices, de ello se deduce que dichas Directrices y, en particular, el nuevo método de cálculo del importe de las multas establecido en ellas, en el supuesto de que haya producido el efecto de aumentar el nivel de las multas impuestas, resultaban razonablemente previsibles para las empresas en el momento en que se cometieron las infracciones de que se trata, anterior a la adopción de las Directrices.

(véanse los apartados 202, 216 a 219, 222 a 224 y 227 a 231)

12. Al adoptar unas reglas de conducta que pretenden producir efectos externos, como es el caso de unas Directrices dirigidas a los operadores económicos, y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de principios generales del Derecho tales como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima. Por lo tanto, no cabe excluir que, bajo ciertos requisitos y en función de su contenido, dichas reglas de conducta de alcance general puedan producir efectos jurídicos.

A este respecto, las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, pese a no constituir la base jurídica de la Decisión por la que se impone una multa a un operador económico, que se basa en los artículos 3 y 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas impuestas en dicha Decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas.

(véanse los apartados 210 a 213)

13. La gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de estas prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad.

De ello se deduce, por una parte, que para determinar el importe de la multa se puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su potencia económica, como la parte de este volumen que procede de las mercancías objeto de la infracción y que, por tanto, puede dar una indicación de la amplitud de ésta. Por otra parte, de ello se deduce que no hay que atribuir a ninguna de estas cifras una importancia desproporcionada en comparación con los demás criterios de apreciación y que, por consiguiente, la determinación de una multa adecuada no puede ser resultado de un simple cálculo basado en el volumen de negocios global. Ello es así sobre todo cuando las mercancías afectadas sólo representan una pequeña fracción de ese volumen.

(véanse los apartados 241 a 243, 257, 292 y 312)

14. En el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal de Primera Instancia ha tomado en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz de los artículos 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE) y 15 del Reglamento nº 17 y, por otro lado, examinar si el Tribunal de Primera Instancia ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por el recurrente sobre la supresión o la reducción de la multa.

En cambio, no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia, cuando el Tribunal de Primera Instancia ha resuelto, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a unas empresas por haber infringido éstas el Derecho comunitario.

(véanse los apartados 244, 245 y 303)

15. Al anunciar en sus Directrices el método que tenía la intención de aplicar para calcular el importe de las multas impuestas con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión respetó el marco jurídico impuesto por dicha disposición y no sobrepasó en absoluto los límites de la facultad discrecional que le había conferido el legislador.

Pese a no ajustarse a la práctica anterior de la Comisión, que atribuía más importancia al volumen de negocios de las empresas sancionadas, este método no infringe en absoluto las disposiciones del mencionado artículo, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia, que no exigen en absoluto que se determine el importe de las multas partiendo de cantidades basadas en el volumen de negocios de las empresas de que se trate. Por el contrario, al obligar a valorar la gravedad de la infracción teniendo en cuenta un gran número de factores, entre los que figuran en particular las ganancias obtenidas de la infracción o la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las multas, e introducir así rasgos de flexibilidad, pero sin excluir en ningún momento la toma en consideración del volumen de negocios, dicho método permite que la Comisión ejerza su facultad discrecional respetando plenamente las citadas disposiciones.

(véanse los apartados 252, 254, 258, 260, 261 y 267)

16. El límite superior del importe de la multa mencionado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 debe interpretarse en el sentido de que el importe de la multa que se imponga finalmente a una empresa no puede sobrepasar dicho límite. Dicha disposición no prohíbe, pues, que la Comisión utilice en sus cálculos un importe intermedio superior a dicho límite. Tampoco prohíbe que las operaciones de cálculo que toman en consideración la gravedad y la duración de la infracción se realicen sobre un importe que supere dicho límite. Si resultara que, al finalizar los cálculos, el importe final de la multa debe reducirse a un nivel que no sobrepase el mencionado límite superior, el hecho de que ciertos factores, tales como la gravedad y la duración de la infracción, no repercutan de manera efectiva en el importe de la multa impuesta es una mera consecuencia de la aplicación de dicho límite superior al importe final.

Dicho límite superior pretende evitar que se impongan multas que seguramente no podrán pagar las empresas, dadas sus dimensiones, dimensiones que se determinan, aunque sea de un modo aproximado e imperfecto, por su volumen de negocios global. Se trata por tanto de un límite, aplicable uniformemente a todas las empresas y ajustado a la dimensión de cada una, que pretende evitar las multas cuyo importe sea excesivo y desproporcionado. Este límite superior tiene pues un objetivo distinto y autónomo del que persiguen los criterios de gravedad y duración de la infracción. La única consecuencia posible del mismo es reducir hasta el nivel máximo autorizado el importe de la multa calculado en función de dichos criterios. La aplicación de este límite permite que la empresa implicada no pague la multa que en principio le correspondería abonar en virtud de una estimación basada en tales criterios.

(véanse los apartados 277 a 283 y 323)

17. La Comisión no está obligada a tomar en consideración la situación financiera deficitaria de una empresa infractora al determinar el importe de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

(véase el apartado 327)

18. La Comisión dispone de la facultad de apreciar que la información facilitada por una empresa, en principio susceptible de incluirse en los supuestos que permiten reducir el importe de la multa con arreglo a la sección D, punto 2, de la Comunicación sobre la cooperación, no debe obligarla necesariamente a conceder a dicha empresa una reducción en virtud de la Comunicación.

Además, una reducción basada en la Comunicación sobre la cooperación sólo se justifica cuando quepa considerar que la información facilitada y, en general, el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta. Según se deduce del propio concepto de cooperación y del realce que recibe en el texto de la Comunicación sobre la cooperación, en particular en la introducción y en la sección D, punto 1, de la misma, únicamente puede concederse una reducción en virtud de dicha Comunicación cuando el comportamiento de la empresa de que se trate pruebe la existencia de dicho espíritu de cooperación.

Por lo tanto, una empresa que ha facilitado una información incompleta y parcialmente inexacta no puede hacer valer un comportamiento de esa índole.

(véanse los apartados 393 a 397)

19. Desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa.

Sin embargo, facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión.

Del mismo modo, la Comisión tampoco está obligada a indicar en el pliego de cargos la posibilidad de un eventual cambio en su política en lo relativo al nivel de las multas, posibilidad que depende de consideraciones generales de política de la competencia sin relación directa con las circunstancias particulares de los asuntos de que se trate.

(véanse los apartados 428, 434 y 435)

20. El alcance del deber de motivación constituye una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación, ya que el control de la legalidad de una resolución que en este contexto efectúa el Tribunal de Justicia debe tomar necesariamente en consideración los hechos en que se basó el Tribunal de Primera Instancia para llegar a su conclusión de que la motivación es suficiente o insuficiente.

(véanse el apartado 453)

21. El deber de motivar una decisión individual tiene la finalidad de permitir al Tribunal de Justicia el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez.

En principio, pues, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva. La falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 462 y 463)