c)

Los Gobiernos español e italiano, así como el Consejo y la Comisión llegan a la conclusión de que la Directiva controvertida no viola ni el principio de seguridad jurídica ni el de la confianza legítima de los operadores económicos. Según el Gobierno español, dicha Directiva se basa en la inexistencia de estudios suficientes que garanticen el carácter inofensivo de las cinco hormonas prohibidas. Puesto que no se ha probado, a su juicio, que su empleo no pueda tener ninguna consecuencia perjudicial para la salud humana, la Comunidad, que tiene la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos, deberá adoptar con carácter preventivo las medidas que considere oportunas. Alega, además, que la salud de los consumidores no es el único motivo, al basarse también la Directiva en razones de índole económica, consistentes en pretender estimular el buen funcionamiento de una organización común de mercados y en garantizar la libre circulación de productos agrarios. El Gobierno italiano señala asimismo que la protección de la salud no es más que uno de los factores que ha tenido en cuenta la Directiva, cuya base no reside fundamentalmente en una apreciación comunitaria de la nocividad de las sustancias prohibidas, sino que tiene en cuenta que la mayoría de las legislaciones nacionales considera nocivo el empleo de sustancias hormonales y que los consumidores prefieren las carnes producidas sin hormonas. El Consejo admite que, si la Directiva estuviera constituida solamente por medidas sanitarias, se habría basado principalmente en datos científicos. Ahora bien, responde más bien a necesidades de orden económico, puesto que su objeto es mejorar el funcionamiento de una organización de mercados y la libre circulación de los productos agrarios. Considera además el Consejo que las pruebas científicas de que disponía no eran verdaderamente concluyentes. El Consejo alega que no sobrepasó el ámbito de su potestad discrecional al adoptar la Directiva. Además, el mero hecho de que los medios interesados esperen medidas diferentes no puede invalidar en ningún caso la Directiva. Asimismo, el Consejo rechaza el argumento de que la carne sin tratamiento hormonal tiene un contenido de grasa más alto. La prohibición se impuso sobre todo para responder a una acción de los consumidores del conjunto de la Comunidad, que no quieren carne que contenga hormonas. La Comisión cuestiona de entrada el concepto de seguridad jurídica que tienen los demandantes en el litigio principal; a su juicio, sólo puede considerarse vulnerado este principio en caso de falta de claridad —un aspecto que, con razón, nunca se planteó— o en caso de falta de motivación suficiente (véase más adelante). Por otra parte, toda legislación descansa no sobre la prueba científica, sino más bien sobre valores y objetivos. En el presente caso, al hacer uso de su potestad discrecional, el legislador comunitario ha tenido en cuenta el rechazo masivo por parte de los consumidores del empleo de hormonas, rechazo expresado en particular por el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y las Uniones europeas de consumidores y, además, por las americanas. Añade la Comisión que ningún científico puede afirmar que ciertas sustancias hormonales no puedan tener nunca efectos perjudiciales para la salud humana: pueden ser peligrosas en caso de uso inadecuado o de abuso o si se administran en condiciones no satisfactorias.