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Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 11 de octubre de 2018 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)

(Asunto T‑120/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión fluo. — Desestimación parcial de la solicitud de registro — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Procedimiento de recurso—Recurso ante el juez de la Unión—Competencia del Tribunal General—Orden conminatoria dirigida a la Oficina—Exclusión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 6] (véase el apartado 13)

2. Marca de la Unión Europea—Procedimiento de recurso—Recurso ante el juez de la Unión—Competencia del Tribunal General—Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso—Nuevo examen de las circunstancias de hecho a la luz de pruebas no presentadas con anterioridad ante los órganos de la Oficina—Exclusión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 16)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 22)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 23 y 24)

5. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Apreciación del carácter descriptivo de un signo—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 25)

6. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca figurativa fluo. [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26 y 34 a 43)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de diciembre de 2016 (asunto R 863/2016‑2), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo fluo. como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Anular el punto 2 del fallo de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 2 de diciembre de 2016 (asunto R 863/2016‑2).
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 4 de mayo de 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

(Asunto T‑187/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Mega Liner — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Obligación de motivación — Artículo 75, primera frase, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Motivación de las resoluciones—Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009, art. 75, primera frase) (véase el apartado 21)

2. Recurso de anulación—Motivos—Vicios sustanciales de forma—Motivación insuficiente—Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional—Obligación de respetar el principio de contradicción (Arts. 263 TFUE y 296 TFUE) (véase el apartado 22)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de enero de 2017 (asunto R 442/2016‑1), relativa a una solicitud de registro de la marca denominativa Mega Liner como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Anular el punto 2 del fallo de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 9 de enero de 2017 (asunto R 442/2016‑1).
184

En cuanto a la posición de acreedor de la Unión, procede señalar que esta está representada, en particular, por la Comisión, en su condición de autoridad presupuestaria en el sentido del artículo 317 TFUE, y, más concretamente, en el marco de la ejecución de las «operaciones financieras» en el sentido del artículo 321 TFUE, párrafo segundo, así como de las normas financieras en el sentido del artículo 322 TFUE, apartado 1, letra a), en relación con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), en su versión derogada por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 298, p. 1), que prevén, en particular, la inscripción en el presupuesto de las Comunidades o de la Unión de las garantías de las operaciones de empréstitos y préstamos contraídos por las Comunidades o por la Unión (artículo 4, apartado 3, del Reglamento financiero n.o 1605/2002; artículo 7, apartado 2, del Reglamento financiero n.o 966/2012). Además, tal como alegó la Comisión en la vista, en virtud del artículo 1, tercera frase, del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, «los bienes y activos de la Unión no podrán ser objeto de ninguna medida de apremio administrativo o judicial sin autorización del Tribunal de Justicia».
159

De otra parte, debe recordarse que, tal como se desprende de la jurisprudencia, una limitación de la elección de la segunda lengua de los candidatos de un procedimiento de selección a un número restringido de lenguas oficiales no puede considerarse objetivamente justificada y proporcionada cuando figuren, entre estas lenguas, además de una lengua cuyo conocimiento es deseable o incluso necesario, otras que no confieren ninguna ventaja particular a los potenciales candidatos aprobados en una oposición respecto a otra lengua oficial. En efecto, si se admiten, como alternativa a la única lengua cuyo conocimiento constituye una ventaja para un funcionario que acabe de entrar en funciones, otras lenguas cuyo conocimiento no constituye una ventaja, no existe ninguna razón válida para no admitir igualmente el resto de lenguas oficiales [sentencia de 15 de septiembre de 2016, Italia/Comisión, T‑353/14 y T‑17/15, EU:T:2016:495, apartado 140 (no publicado)].
253

Cabe añadir que es inoperante la alegación de las demandantes de que la Comisión estimó erróneamente, en el considerando 259 de la Decisión impugnada, que el contrato de servicios de marketing de 25 de enero de 2010 finalizaba un año después del establecimiento de la primera conexión aérea de Ryanair y no después de la prestación de los servicios de marketing de AMS. En efecto, las demandantes no han demostrado que tal error, por lamentable que sea, haya tenido un efecto apreciable sobre el cálculo de la rentabilidad adicional que se esperaba obtener del contrato de servicios de marketing de 25 de enero de 2010. Como explicó la Comisión en la vista en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal, consta que, aunque el contrato se hubiera celebrado por una duración inicial de un año a contar desde la prestación del primer servicio de marketing por AMS, no se habrían visto alterados los ingresos adicionales derivados de las actividades aeronáuticas y no aeronáuticas ni los costes de explotación adicionales que cabía esperar si Ryanair operaba conexiones aéreas en el aeropuerto de Altenburg-Nobitz. Del mismo modo, no ha quedado acreditado que el desfase temporal en la facturación por AMS a AOC del precio de los servicios de marketing haya tenido algún impacto sobre el importe que AOC le adeudaba en virtud del contrato de servicios de marketing y que formaba parte de los costes a tener en cuenta en el análisis de la rentabilidad adicional del contrato de servicios de marketing de 25 de enero de 2010.
101

Por otro lado, las circunstancias fácticas del caso de autos difieren de las examinadas en el auto y las sentencias invocados por la EUIPO. En efecto, en el asunto que dio lugar al auto de 17 de septiembre de 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OAMI (C‑548/14 P, no publicado, EU:C:2015:624), el renombre de la marca anterior no era elevado, mientras que, en el presente asunto, se ha supuesto que las marcas anteriores gozan, cuando menos, de gran renombre. Asimismo, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 29 de octubre de 2015, QUO VADIS (T‑517/13, no publicada, EU:T:2015:816), el renombre de la marca anterior era de grado normal. Además, en la sentencia de 19 de mayo de 2015, SWATCHBALL (T‑71/14, no publicada, EU:T:2015:293), el Tribunal General excluyó la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto pese a un renombre de especial intensidad, con motivo de que era muy improbable que el público pertinente encontrara los productos amparados por cada una de esas marcas en los mismos comercios y que pensara en unos productos mientras estaba en presencia de los otros (sentencia de 19 de mayo de 2015, SWATCHBALL, T‑71/14, no publicada, EU:T:2015:293, apartado 32). No obstante, este motivo, con el que se pretende, en realidad, excluir la existencia de un aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo de una marca anterior, no puede incidir en el examen de la existencia de un vínculo entre marcas en conflicto para el público pertinente.
73

Sin embargo, ha de observarse que el propio BCE reconoce que ese intervalo de ajuste no origina un riesgo de iliquidez a efectos de la apreciación de los requisitos de cobertura de las necesidades de liquidez que figuran en el artículo 412 del Reglamento n.o 575/2013 y en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO 2015, L 11, p. 1). En sus escritos menciona, en relación con este punto, la autorización que concedió a entidades de crédito francesas que solicitaron la aplicación del artículo 26 del Reglamento Delegado 2015/61, permitiéndoles compensar las entradas y salidas vinculadas al ahorro regulado a efectos del cálculo del ratio de liquidez.
54

Procede recordar en primer lugar que, si bien un demandante tiene derecho a interponer en los plazos prescritos un recurso directo contra una convocatoria de oposición cuando esta es una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que le es lesiva, en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto, este derecho no caduca en el marco de un recurso dirigido contra la decisión de no admitirle a la oposición por la única razón de que no impugnó la convocatoria de oposición en tiempo útil (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 1993, Noonan/Comisión, T‑60/92, EU:T:1993:74, apartado 21, y de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión, T‑293/03, EU:T:2006:37, apartado 40). En efecto, a un candidato a una oposición no se le puede privar del derecho a impugnar en todos sus elementos, incluidos los definidos en la convocatoria de la oposición, la fundamentación de la decisión individual adoptada contra él en cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha convocatoria, en la medida en que únicamente la citada decisión de aplicación individualiza su situación jurídica y le permite saber con seguridad de qué forma y en qué medida se verán afectados sus intereses particulares (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 1993, Noonan/Comisión, T‑60/92, EU:T:1993:74, apartado 23, y de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión, T‑293/03, EU:T:2006:37, apartado 41). En efecto, mientras el tribunal calificador de la oposición no excluya las candidaturas de los demandantes, persiste la incertidumbre acerca del interés de estos en impugnar la convocatoria de la oposición, de modo que no se les puede reprochar el no haber impugnado dicha convocatoria dentro de los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto. Por lo tanto, un demandante puede, con ocasión de un recurso contra actos posteriores, alegar la irregularidad de los actos anteriores que están estrechamente vinculados a estos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2017, Comisión/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, apartado 115).
138

En cuanto a la línea ZRH-STO, hay que poner de manifiesto no solo que no se realizó un examen adecuado de los elementos mencionados en el apartado 136 anterior y que se resolvió el acuerdo de empresa conjunta entre Lufthansa y SAS, sino también que la Comisión no consideró el compromiso de la demandante de rescindir también el acuerdo bilateral de alianza entre Lufthansa y SAS ni el dictamen del mandatario que concluyó que existía un cambio sustancial del mercado en la línea ZRH-STO ni realizó un análisis suficiente de la repercusión del acuerdo de código compartido en la competencia entre Swiss y SAS. En consecuencia, procede declarar que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación, ya que no consideró todos los datos pertinentes y los elementos expuestos en la Decisión impugnada no pueden justificar la denegación de la solicitud de exención relativa a la línea ZRH-STO (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, apartado 39).
73

En quinto lugar, en cuanto a la alegación de la recurrente sobre el supuesto escaso carácter distintivo de la marca en cuestión, basta observar que, contrariamente a lo que sucedía en el asunto que dio lugar al auto de 26 de abril de 2012, Deichmann/OAMI (C‑307/11 P, no publicado, EU:C:2012:254), apartado 52, citado por la recurrente en la vista y relativo a otro elemento gráfico, a saber, el que representa un «ángulo inclinado con líneas discontinuas», en el caso de autos no hay elementos que demuestren que la marca en cuestión tenga escaso carácter distintivo. En particular, a diferencia del asunto antes citado, no se ha demostrado que la marca en cuestión constituya una forma simple y banal que no sea significativamente diferente de las formas comúnmente utilizadas en el sector de las zapatillas deportivas o que se perciba como un elemento decorativo o de refuerzo para los productos designados.
9

En relación con el primer motivo, el Comité de Revisión recordó en primer lugar que, mediante decisión de 1 de septiembre de 2014, el BCE había considerado que el grupo Crédit mutuel constituía un grupo supervisado significativo y, en esa tesitura, señaló que la demandante era una entidad perteneciente a dicho grupo y que la CNCM constituía el nivel de consolidación más elevado. En segundo lugar, observó que el concepto de organismo central que figura en el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (DO 2014, L 141, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Marco del MUS»), y en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 208, p. 68, en DO 2013, L 321, p. 6, y en DO 2017, L 20, p. 2), no está definido en el Derecho de la Unión Europea y que no es obligatorio que el citado organismo central sea una entidad de crédito, remitiéndose, en apoyo de dicha interpretación, a las directrices del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESB) de 18 de noviembre de 2010 (en lo sucesivo, «directrices del CESB») y al artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento de base. En tercer lugar, el Comité de Revisión señaló que no es necesario que el BCE disponga de todo el arsenal de facultades de supervisión o de sanción frente a la matriz de un grupo para llevar a cabo una supervisión prudencial en base consolidada. En cuarto lugar, recordó que, antes de que se transfiriera dicha potestad al BCE, el grupo Crédit mutuel estaba sujeto a supervisión en base consolidada por parte de la autoridad competente francesa, es decir, la autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Francia; en lo sucesivo, «ACPR»), a través de la CNCM.
2.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado — Concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Requisitos — Carga de la prueba que recae sobre los productores — Apreciación de las pruebas por las instituciones — Control jurisdiccional — Límites [Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, art. 2, aps. 1 a 6 y 7, letras a), b) y c)] (véanse los apartados 35 a 38)
Una norma de Derecho derivado de la Unión Europea debe interpretarse, en la medida de lo posible, de la manera que mejor se adecue a las disposiciones del Tratado y a los principios generales del Derecho de la Unión. Sin embargo, como se desprende del uso de la expresión «en la medida de lo posible», esta jurisprudencia no es aplicable cuando se trate de una disposición cuyo sentido sea claro y carente de ambigüedad y que, por lo tanto, no requiera interpretación alguna. Cuando tal disposición es objeto de una excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 TFUE, corresponde únicamente al juez de la Unión controlar su conformidad con las disposiciones del Tratado y con los principios generales del Derecho de la Unión.

El artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en su versión modificada por el Reglamento 2015/62, debe interpretarse en el sentido de que atribuye a las autoridades competentes una facultad discrecional para denegar el reconocimiento de la excepción instituida por dicha disposición, aun cuando se cumplan los requisitos que figuran en ella.

En efecto, mediante esta excepción, la Comisión, con el refrendo del legislador, ha previsto la posibilidad de que las exposiciones de una entidad de crédito frente a entes del sector público que, dada la garantía del Estado, presenten el mismo riesgo bajo que las exposiciones frente a dicho Estado y que no obedezcan a una decisión de inversión por su parte —por cuanto que la entidad de crédito está obligada a transferir los importes de que se trata— no sean pertinentes a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento y puedan ser, por tanto, excluidas de este. El artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 se refiere exclusivamente a aquellas exposiciones a las que, aplicando el criterio estándar para el cálculo de requisitos mínimos de fondos propios, se les asigna una ponderación del riesgo del 0 %.

En consecuencia, al aplicar el artículo 429, apartado 14, de dicho Reglamento han de conciliarse dos objetivos: por un lado, seguir la lógica del ratio de apalancamiento que determina que se incluya, en el cálculo de dicho coeficiente, la medida de la exposición total de una entidad de crédito, con independencia del nivel de riesgo y, por otro, tener en cuenta el objetivo de la Comisión, refrendado por el legislador, de que, en su caso, determinadas exposiciones que presentan un nivel de riesgo particularmente bajo y que no se derivan de una decisión de inversión de la entidad de crédito no sean pertinentes para el cálculo del ratio de apalancamiento y puedan excluirse de este. Pues bien, cabe señalar que reconocer a las autoridades competentes una facultad discrecional para la ejecución del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 permite a estas arbitrar una solución entre esos dos objetivos atendiendo a las particularidades de cada caso concreto.

(véanse los apartados 52 a 56)
Teniendo en cuenta la especial importancia que reviste la libertad de expresión de los parlamentarios y los estrictos límites dentro de los cuales pueden introducirse restricciones a ella, los artículos 11 y 166 del Reglamento interno del Parlamento han de interpretarse en el sentido de que no permiten sancionar a un diputado por manifestaciones expresadas en el marco de sus funciones parlamentarias si no se han producido desórdenes graves en la sesión ni una perturbación grave de los trabajos del Parlamento. Por añadidura, tanto el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento interno como el artículo 166, apartado 2, de este se refieren al «comportamiento» de los diputados, que debe respetar ciertas obligaciones y no comprometer el desarrollo normal de los trabajos ni la tranquilidad en las dependencias del Parlamento. En cambio, las manifestaciones, las palabras o los discursos no aparecen mencionados en dicho precepto, de manera que no pueden sancionarse en sí mismos. Por último, la vulneración de los principios definidos en el artículo 11 del Reglamento interno, a los que remite el artículo 166 del mismo Reglamento, caso de que se demuestre, no es sancionable en sí misma, sino únicamente si va acompañada de un grave desorden o perturbación de los trabajos del Parlamento. De ello se desprende que, aun suponiendo que las manifestaciones expresadas en el marco de sus funciones parlamentarias puedan equipararse a un comportamiento y, de este modo, considerarse constitutivas de una vulneración de los principios y los valores definidos en el artículo 11 del Reglamento interno, dichas manifestaciones no podían sancionarse al no haberse producido desórdenes excepcionalmente graves ni una perturbación de los trabajos del Parlamento.

(véanse los apartados 63, 65, 66 y 68)
1.

Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Requisitos—Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 41, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 18 y 19)