Palabras clave

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Palabras clave

1. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de incluir a una organización en la lista de dichas personas y entidades

[Art. 296 TFUE; Posición común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]

2. Unión Europea — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Prohibición de poner a disposición de dichas personas o entidades fondos, activos financieros o recursos económicos — Alcance

[Posición común 2001/931/PESC del Consejo, considerando 5 y art. 1, ap. 3; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, art. 2, aps. 1, letra b), y 3]

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1. La inclusión, así como el mantenimiento, de una organización en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, que no haya ido acompañada, en las correspondientes decisiones, de una motivación sobre los requisitos legales para la aplicación de dicho Reglamento a la organización en cuestión y, en particular, sobre la existencia de una decisión adoptada por una autoridad competente, en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y de una exposición de los motivos específicos y concretos por los que el Consejo consideró que su inclusión en la referida lista estaba o seguía estando justificada, es inválida y, por consiguiente, no puede contribuir a fundamentar una condena penal asociada a la presunta infracción de dicho Reglamento.

Aun suponiendo que, al adoptar la Decisión 2007/445, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001 y se derogan las Decisiones anteriores, el Consejo se propusiese subsanar la falta de motivación de la inclusión controvertida durante el período anterior a la fecha de efectos de dicha Decisión, el 29 de junio de 2007, dicha Decisión no puede en ningún caso contribuir a fundamentar, puesta en relación con la normativa nacional, una condena penal por hechos ocurridos en el citado período, so pena de conculcar el principio de irretroactividad de las disposiciones que pueden servir de base a una condena de esta naturaleza.

(véanse los apartados 55, 59 y 62 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, debe interpretarse en el sentido de que contempla la transferencia a una persona jurídica, grupo o entidad incluidos en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento, por parte de un miembro de esa persona jurídica, grupo o entidad, de fondos u otros activos financieros o recursos económicos recaudados u obtenidos de terceros.

En efecto, la expresión «[puesta] a disposición», que figura en dicho artículo 2, apartado 1, letra b), ha de entenderse en su acepción amplia, que engloba cualquier acto cuya realización sea necesaria para permitir a una persona, grupo o entidad incluido en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001 obtener efectivamente la posibilidad de disponer plenamente de los fondos u otros activos financieros o recursos económicos de que se trate. Tal acepción es independiente de la existencia o no de relaciones entre el autor y el destinatario del acto de puesta a disposición.

(véanse los apartados 67, 68 y 80 y el punto 2 del fallo)