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Una marca comunitaria es objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, cuando se utiliza de conformidad con su función propia y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad para los productos o servicios designados por dicha marca. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurren en el litigio principal los correspondientes requisitos, teniendo en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad.

La interpretación del concepto de uso efectivo efectuada por el Tribunal de Justicia en relación con la marcas nacionales resulta aplicable por analogía a las marcas comunitarias, en la medida en que, al exigir que se haga un uso efectivo de la marca, la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el Reglamento no 207/2009 persiguen el mismo objetivo. En efecto, tanto del considerando 9 de la citada Directiva como del considerando 10 del mencionado Reglamento resulta que fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos vinculados a la marca —nacional y comunitaria, respectivamente— estuvieran supeditados al requisito del uso efectivo de la misma. En este sentido, una marca comunitaria que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca comunitaria puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

(véanse los apartados 28, 31, 32 y 58 y el fallo)
[Reglamento (CE) no 1768/95 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2605/98, art. 9, ap. 3]

Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las obtenciones vegetales — Artículos 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2100/947 y 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1768/95 — Datos que deben proporcionar los transformadores de semillas — Alcance — Límite

Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las obtenciones vegetales — Artículos 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2100/94 y 9 del Reglamento (CE) no 1768/95 — Datos que deben proporcionar los transformadores de semillas — Solicitud de información del titular — Contenido obligatorio — Pruebas que confirman los indicios presentados — Exclusión — cultivo contractual, por parte de un agricultor, de una variedad protegida — Hecho que, por sí solo, no es un indicio que demuestre la realidad de las operaciones de transformación de semillas

[Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, art. 14, ap. 3, sexto guión; Reglamento (CE) no 1768/95 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2605/98, art. 9]
El artículo 8, apartado 2, en relación con el anexo II, parte II, del Reglamento no 1371/2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, debe interpretarse en el sentido de que las informaciones relativas a los principales enlaces deben comprender, además de las horas de salida normales, también los retrasos o las cancelaciones de esos enlaces, con independencia de la empresa ferroviaria que los efectúa.

El artículo 8, apartado 2, en relación con el anexo II, parte II, del Reglamento no 1371/2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, así como el artículo 5, en relación con el anexo II, de la Directiva 2001/14, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización, según su modificación por la Directiva 2004/49, deben interpretarse en el sentido de que el administrador de infraestructuras está obligado a poner a disposición de las empresas ferroviarias de forma no discriminatoria los datos en tiempo real de los trenes explotados por otras empresas ferroviarias, cuando esos trenes sean los principales servicios de enlace en el sentido del anexo II, parte II, del Reglamento no 1371/2007.

En efecto, esas informaciones son necesarias para que toda empresa ferroviaria esté en condiciones de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento no 1371/2007.

Además, para asegurar una competencia equitativa en el mercado del transporte ferroviario de viajeros, y no ir en contra del objetivo de lograr una mayor integración del sector ferroviario, que se enuncia en el primer considerando de la Directiva 2001/14, y de la obligación de información a los viajeros, es preciso garantizar que todas las empresas ferroviarias estén en condiciones de ofrecer a éstos una calidad de servicio comparable, con independencia de la dimensión de la red de la que disponen.

(véanse los apartados 46, 47 y 50 y el punto 2 del fallo)
El Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, así como de los artículos 31 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al mantener normas distintas en relación con la tributación de los rendimientos del capital mobiliario según sean percibidos por sociedades de inversión residentes o por sociedades de inversión no residentes que no poseen un establecimiento permanente en dicho Estado miembro.

En efecto, una legislación fiscal que no concede determinados beneficios tributarios a las rentas percibidas por sociedades de inversión no residentes que no poseen un establecimiento permanente en el Estado miembro, y que sí los concede a las rentas percibidas por las sociedades de inversión residentes, instaura un trato desfavorable para las sociedades no residentes.

Para que tal diferencia de trato pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento, es preciso que afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o esté justificada por razones imperiosas de interés general.

No obstante, las sociedades no residentes que perciben dichas rentas se encuentran en una situación comparable a la de las sociedades residentes en cuanto al riesgo de tributación en cadena de los rendimientos del capital mobiliario, de manera que las sociedades beneficiarias no residentes no pueden ser tratadas de modo diferente a las sociedades beneficiarias residentes.

Además, una restricción de las referidas características no está justificada por razones imperiosas de interés general. En primer lugar, no está justificada por la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria puesto que, en la medida en que un Estado miembro haya decidido no someter al impuesto a las sociedades beneficiarias establecidas en su territorio con respecto a este tipo de rendimientos, no puede invocar la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de las sociedades beneficiarias establecidas en otro Estado miembro.

En segundo lugar, dicha medida tampoco está justificada por motivos relativos a la coherencia del régimen fiscal, habida cuenta de que, independientemente de las garantías relativas al control fiscal que pudieran presentar, las sociedades de inversión no residentes no pueden en ningún caso disfrutar de la exención de los rendimientos del capital mobiliario respecto de las rentas que perciben de sociedades domiciliadas en el Estado miembro que impone el gravamen, ni de la imputación o devolución de la retención efectuada sobre dichos rendimientos.

(véanse los apartados 38 a 40, 45, 51, 74 a 76, 80, 81 y 83 y el punto 1 del fallo)
La Nomenclatura Combinada que constituye el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1719/2005, debe interpretarse en el sentido de que unos sacos de dormir destinados a bebés deben ser clasificados en la subpartida 6209 20 00 como «prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés, de algodón» si, por sus dimensiones, son convenientes para niños cuya altura total de su cuerpo no supere 86 cm. De no ser así, estos productos deben ser clasificados en la subpartida 6211 42 90 como «demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de algodón».

(véanse el apartado 35 y el fallo)
Por otra parte, el hecho de que las entregas de madera de que se trata se efectuaran con la finalidad de paliar los efectos de un caso de fuerza mayor no puede, por sí mismo, conducir a la conclusión de que dichas entregas se efectuaron con carácter ocasional y no «con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112.

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no cabe excluir que sea contraria al principio de proporcionalidad una norma del Derecho nacional que permite imponer una multa, calculada aplicando el tipo normal del impuesto sobre el valor añadido al valor de los bienes objeto de las entregas efectuadas, a un particular que ha incumplido su obligación de inscribirse en el registro de sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido y que no estaba obligado al pago de dicho impuesto. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si la cuantía de la sanción no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos consistentes en garantizar la recaudación exacta del impuesto y evitar el fraude, vistas las circunstancias del caso de autos y, en particular, la cuantía concretamente impuesta y la posible existencia de un fraude o de una elusión de la normativa aplicable imputables al sujeto pasivo cuya falta de inscripción se sanciona.

(véanse el apartado 55 y el punto 2 del fallo)
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En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de la Confederación Suiza sin pronunciarse sobre su admisibilidad. El Tribunal General consideró, en particular, que no cabía reprochar a la Comisión, en primer lugar, que hubiera considerado que las medidas establecidas en la norma 213 modificada no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 2408/92; en segundo lugar, que no hubiera tenido en cuenta los derechos del operador del aeropuerto de Zúrich y de los habitantes de las zonas próximas a éste al examinar esas medidas en el contexto del Acuerdo CE-Suiza sobre el transporte aéreo y en virtud del artículo 8, apartado 3, de ese Reglamento, ni, en tercer lugar, que hubiera decidido que dichas medidas respetaban los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad.
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Mediante su escrito de interposición, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento: — al artículo 6, apartado 3, y al anexo II de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25; corrección de errores en DO L 271, p. 70), en su versión modificada por la Directiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO L 164, p. 164; corrección de errores en DO L 220, p. 58; en lo sucesivo «Directiva 91/440»), y al artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización (DO L 75, p. 29), en su versión modificada por la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO L 164, p. 44) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/14»); — a los artículos 6, apartados 2 a 5, 7, apartado 3, 8, apartado 1, y 11 de la Directiva 2001/14, y — al artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2001/14, la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones reseñadas.
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Sin embargo, preguntada sobre este extremo en la vista, la República de Finlandia no ha podido demostrar que esta situación de casi inexistencia de ingresos imponibles de los fondos de pensiones residentes se explique de algún modo que no sea por el carácter deducible de dichas provisiones. En particular, no parece que «otras deducciones de todo orden» vinculadas a su actividad, a las que se ha referido la República de Finlandia sin mayor precisión, puedan originar por sí solas dicha situación.
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En particular, de los autos resulta que: — El plan de liquidación de CMD, aprobado por auto de 22 de junio de 2010 del Juzgado de lo Mercantil no 2 de Bilbao, preveía en sustancia que el conjunto de los activos de dicha sociedad sería vendido como una unidad a los acreedores de ésta, que eran principalmente sus antiguos trabajadores, a cambio de una compensación parcial de sus créditos, siendo de precisar que el crédito relativo a las ayudas ilegales en cuestión no figuraba en ese momento entre los créditos reconocidos. — Poco antes de la aprobación de ese plan, Euskomenaje, cuya actividad es sustancialmente idéntica a la ejercida hasta entonces por CMD, acababa de ser constituida precisamente por antiguos trabajadores de esta última. — El plan de liquidación de CMD no pretendía «otra cosa que la continuidad del negocio a través de una sociedad mercantil de nueva creación que no se [hiciera] cargo de las deudas de CMD», según resulta de un escrito dirigido el 17 de febrero de 2011 por el Gobierno vasco al presidente del consejo de administración de Euskomenaje. — Euskomenaje hace uso de la propiedad industrial de Magefesa, de la que es parte la marca Magefesa, que le había sido adjudicada de forma directa, es decir, sin procedimiento competitivo y sin ninguna contraprestación, como se deduce en especial de los escritos de 3 de diciembre de 2010 y de 10 de marzo de 2011 dirigidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco al Juzgado de Primera Instancia no 10 de Bilbao. — La oposición de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la mencionada adjudicación no prosperó. — Aunque a raíz de un recurso de apelación, interpuesto por la Comunidad Autónoma del País Vasco con posterioridad a la interposición del presente recurso ante el Tribunal de Justicia, el plan de liquidación de CMD fue anulado por un auto de 16 de enero de 2012 de la Audiencia Provincial de Bizkaia, los administradores concursales de esta última habían autorizado entre tanto la cesión provisional de sus activos a Euskomenaje hasta la conclusión del procedimiento de liquidación de CMD, y ello sin ninguna contrapartida, sin publicidad, sin transferencia de títulos de propiedad y «contraviniendo los más elementales principios de gestión en todo procedimiento concursal», según indica en particular el escrito mencionado en el tercer guión de este apartado. — A pesar del auto de 12 de enero de 2011 que acordó el cese de la actividad de CMD y el cierre de sus instalaciones, Euskomenaje sigue fabricando productos de menaje en las instalaciones de CMD y utilizando sus inmuebles, sus máquinas y su propiedad industrial, según se deduce de la solicitud presentada el 3 de marzo de 2011 por la Comunidad Autónoma del País Vasco al Juzgado de lo Mercantil no 2 de Bilbao, precisamente con objeto de que se paralizara la actividad de Euskomenaje que seguía desarrollándose en las instalaciones de CMD.
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El 17 de julio de 2009, la Comisión remitió al Consejo una Propuesta de Reglamento con el fin de sustituir el Reglamento (CE) no 736/96 del Consejo, de 22 de abril de 1996, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión de interés comunitario en los sectores del petróleo, del gas natural y de la electricidad (DO L 102, p. 1). Dicha propuesta estaba fundada en los artículos 284 CE y 187 EA. Aunque las citadas disposiciones no prevén forma alguna de implicación del Parlamento en el procedimiento de decisión, el Consejo decidió consultarlo, al igual que había hecho al adoptar el Reglamento no 736/96.
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En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Son compatibles con el Derecho de la Unión y con las normas citadas la Circular impugnada en primera instancia y las normas de Derecho interno que en ésta se mencionan? En particular, ¿vulneran los principios e infringen las normas que establece la Directiva 89/106[…], sobre los productos de construcción, que no impone de modo alguno el marcado CE sino que más bien dispone (en [su] artículo 6, apartados 1 y 2) que los Estados miembros “no pondrán obstáculos en su territorio a la libre circulación, la comercialización ni la utilización de los productos que cumplan las disposiciones” de [la] Directiva [89/106], garantizando que “las normas o condiciones impuestas por organismos públicos o privados que actúen como una empresa pública o como un organismo público sobre la base de una posición de monopolio no pondrán obstáculos al uso de dichos productos para los fines a los que estén destinados” y permitiendo que “los productos no cubiertos por el artículo 4, apartado 2, [de la Directiva 89/106] se comercialicen en su territorio si satisfacen las disposiciones nacionales conformes con el Tratado, hasta que las especificaciones técnicas europeas contempladas en los capítulos II y III [de esta Directiva] dispongan otra cosa”? 2) En particular, ¿infringen la Circular impugnada y las normas de Derecho interno que en ésta se mencionan los artículos [34 TFUE a 37 TFUE], que prohíben las restricciones a la importación y las medidas de efecto equivalente; y ello en la medida en que supeditar la comercialización de un producto procedente de otro Estado de la Unión, como en el caso de autos, a un requisito técnico, o sea, el marcado CE –lo que sólo sería posible y legítimo si existiera una norma armonizada al respecto– impide efectivamente la importación y la distribución del producto de que se trata en el territorio del Estado italiano, vulnerando los principios que establecen las mencionadas normas del Tratado CE y del Derecho de la Unión que tutelan o la libertad y la competencia, imponiendo principios que garanticen un trato no discriminatorio e igualitario, así como la transparencia, la proporcionalidad y el respeto de los derechos de cada empresa? 3) ¿Impide el marco normativo derivado del Derecho de la Unión, cuya finalidad es garantizar una competencia efectiva también en el sector en el que se inscribe el presente litigio, que el legislador nacional y la administración adopten las medidas normativas mencionadas en la [Circular impugnada] y en el Decreto Legislativo no 152/2006 antes citados? 4) Por último, ¿garantiza una normativa nacional –como el Decreto Legislativo no 152/2006 (en particular por lo que se refiere al artículo 285 y a la parte II del anexo IX, puntos 2.7 y 3.4)– que establece e impone los límites antes señalados, la tutela del pluralismo y de la competencia en el sector amparados por el Derecho europeo?»
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Como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en relación con el Convenio de Bruselas, cuya interpretación por el Tribunal de Justicia es aplicable también, en principio, al Reglamento no 44/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Rec. p. I-9773, apartado 38), en razón precisamente de las garantías que se conceden al demandado en el procedimiento de origen, el Convenio se muestra muy liberal en su título III en cuanto al reconocimiento (sentencia de 21 de mayo de 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, apartado 13). En efecto, el informe relativo a dicho Convenio presentado por el Sr. Jenard (DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 46; texto en español en DO 1990, C 189, pp. 122 y ss., especialmente, p. 162), indicaba que «las reglas, muy estrictas, de competencia que se formulan en el título II, las garantías que concede al demandado ausente en su artículo 20, han permitido no tener ya que exigir al juez ante el que se invoca el reconocimiento o se solicita la ejecución, una verificación de la competencia del juez de origen» (dictamen 1/03, antes citado, apartado 163).
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El Fővárosi Bíróság, en su condición de tribunal mercantil en primera instancia, denegó la solicitud de inscripción. En segunda instancia, el Fővárosi ítélőtábla (Tribunal regional de apelación de Budapest), ante el que VALE Építési interpuso recurso, confirmó la resolución denegatoria. Según ese órgano jurisdiccional, una sociedad constituida y registrada en Italia no puede, con arreglo a las normas húngaras aplicables en materia de sociedades, trasladar su domicilio social a Hungría y no cabe la inscripción de la forma solicitada. Añade que, según la normativa húngara en vigor, en el Registro Mercantil sólo pueden figurar las menciones enumeradas en los artículos 24 a 29 de la Ley no V de 2006 y, en consecuencia, no es posible hacer constar como predecesora legal a una sociedad que no sea húngara.
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En este sentido, recuérdese que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 7 de junio de 2007, van der Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05, Rec. p. I-4233, apartado 22, y de 4 de junio de 2009, Pometon, C-158/08, Rec. p. I-4695, apartado 13).
El artículo 32, apartado 7 bis, del Decreto-ley no 185, de 29 de noviembre de 2008, por el que se establecen disposiciones urgentes de ayuda a las familias, al trabajo, al empleo y a las empresas, y por el que se pretende reorientar el marco estratégico nacional hacia una función anticrisis (suplemento ordinario no 263 a la GURI no 280, de 29 de noviembre de 2008), introducido por la Ley no 2, de 28 de enero de 2009, por la que se convalida, con modificaciones, el Decreto-ley no 185 (suplemento ordinario no 14 a la GURI no 22, de 28 de enero de 2009), modificado a continuación por la Ley no 14, de 27 de febrero de 2009 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 49, de 28 de febrero de 2009; en lo sucesivo, «disposición controvertida en el litigio principal») es del siguiente tenor:

«A efectos del artículo 53, apartado 3, del Decreto Legislativo no 446, de 15 de diciembre de 1997, con sus modificaciones posteriores, las sociedades deberán poseer un capital social mínimo de diez millones de euros desembolsados en su totalidad para inscribirse en el correspondiente Registro de empresas privadas habilitadas para efectuar actividades de liquidación y recaudación de los tributos y otros ingresos de provincias y municipios. Las sociedades en las que el Estado posea una participación mayoritaria quedan excluidas del límite establecido en el párrafo anterior. Será nula la adjudicación de servicios de liquidación y recaudación de tributos y otros ingresos de las entidades locales a empresas que no cumplan el requisito económico mencionado. Las empresas inscritas en el citado Registro deberán adaptar su capital social al límite mínimo establecido. En cualquier caso, hasta que no efectúen la mencionada adaptación no podrán obtener ninguna adjudicación ni participar en licitaciones que tengan dicho objeto.»