Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios ° Seguridad Social ° Seguro de Enfermedad ° Cónyuge que ejerce una actividad profesional ° Derecho, con carácter complementario, a las prestaciones por cuenta del afiliado ° Alcance ° Gastos médicos realizados en el extranjero ° Inclusión ° Requisitos ° Observancia del procedimiento previsto por el régimen nacional de afiliación

(Estatuto de los Funcionarios, art. 72, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los Riesgos de Enfermedad, arts. 3 y 6)

2. Funcionarios ° Recursos ° Recurso basado en el artículo 179 del Tratado ° Control de la legalidad de disposiciones nacionales con respecto al Derecho comunitario ° Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia

(Tratado CEE, art. 179)

3. Funcionarios ° Seguridad Social ° Seguro de Enfermedad ° Reglamentación relativa a la cobertura de los Riesgos de Enfermedad ° Libre elección del médico ° Efectos en el ordenamiento interno de los Estados miembros ° Inexistencia

(Tratado CEE, art. 189, ap. 2; Estatuto de los Funcionarios, art. 72, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los Riesgos de Enfermedad, art. 9, ap. 1)

4. Funcionarios ° Recursos ° Recurso que tiene por objeto, ante la inexistencia de acto lesivo, que se examine la legalidad de una disposición normativa ° Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 179; Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

Índice

1. Tanto el artículo 72 del Estatuto como los artículos 3 y 6 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los Riesgos de Enfermedad de los Funcionarios de las Comunidades se inspiran en el principio de que, en la medida de lo posible, el cónyuge del funcionario que ejerza una actividad retribuida debe solicitar el reembolso de sus gastos médicos en el marco del régimen de seguro contra los riesgos de enfermedad del que se beneficie en razón de su propia actividad profesional, mientras que la cobertura del régimen común sólo se debe garantizar con carácter complementario.

Así pues, a la cobertura complementaria tendrá derecho el cónyuge que, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias o de Estatutos que determinen las prestaciones de la Mutualidad a la que esté afiliado en razón de su propia actividad profesional, no tenga derecho al reembolso de los gastos médicos que haya tenido que realizar en el extranjero ni pueda solicitar una autorización que le dé derecho a dicho reembolso, así como el cónyuge a quien, tras haber solicitado tal autorización en el supuesto de que se lo permitan las disposiciones aplicables, le sea denegada dicha autorización.

En cambio, cuando el cónyuge de un funcionario pierde el derecho a obtener de su propia Mutualidad el reembolso de los referidos gastos médicos por el mero hecho de no haber solicitado a su debido tiempo la autorización para consultar a un médico o recibir asistencia sanitaria en el extranjero, no tiene derecho a exigir que el régimen común se haga cargo de tales gastos en concepto de cobertura complementaria, cuyo principio se recoge en el apartado 1 del artículo 72 del Estatuto.

2. En el marco del control de legalidad que el Tribunal de Primera Instancia debe llevar a cabo en las condiciones previstas en el artículo 179 del Tratado, no le corresponde pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho comunitario de las disposiciones nacionales. Tal control es competencia, por una parte, del Tribunal de Justicia, el cual puede ejercerla en el marco de los recursos interpuestos con arreglo a los artículos 169 y 170 del Tratado, y, por otra parte, de los órganos jurisdiccionales nacionales, los cuales podrán, en su caso, presentar al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado, una petición destinada a obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación del Tratado.

3. La libre elección del médico no está recogida en el propio Estatuto, sino que figura en el apartado 1 del artículo 9 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los Riesgos de Enfermedad de los Funcionarios adoptada de común acuerdo por las Instituciones de las Comunidades Europeas. De ello resulta que las disposiciones relativas a la libre elección del médico, al no revestir los caracteres definidos en el apartado 2 del artículo 189 del Tratado, no son obligatorias en todos sus elementos ni directamente aplicables en cada Estado miembro y no pueden tener como efecto hacer inaplicables las normas legales o estatutarias nacionales que restrinjan, en su caso, dicha libertad.

4. En el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 91 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para controlar la legalidad de un acto lesivo para el funcionario demandante y, ante la inexistencia de una medida especial de aplicación, no puede pronunciarse en abstracto sobre la legalidad de una norma de carácter general.