4.

En nuestra opinión, la excepción de inadmisibilidad presentada por la Comisión debe ser admitida. Como ya lo hemos destacado, las «peticiones» de los demandantes tienen expresamente por objeto la nueva clasificación de sus puestos de trabajo en la categoría C. Ellos atacan claramente su clasificación inicial en la categoría D, según resulta del acto de nombramiento. Este último debe, en consecuencia, ser considerado como el acto lesivo contra los demandantes, punto de partida del plazo para el recurso ante este Tribunal, bajo las siguientes reservas, según nosotros, no aplicables al caso. En efecto, la preexistencia de un acto lesivo no es suficiente en sí mismo para permitir se califique el recurso administrativo de reclamación en lugar de demanda. Pero, a este respecto, el criterio del Tribunal de Justicia es riguroso. Según jurisprudencia constante, se estima que si un funcionario tiene la facultad de invitar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a adoptar a su respecto una decisión, ello no le autoriza sin embargo para «no respetar los plazos previstos por los artículos 90 y 91 para la interposición de una reclamación y de un recurso que cuestionen indirectamente, mediante la maniobra de una demanda, una decisión anterior a la que no se hizo oposición en los plazos debidos». En efecto, «sólo la existencia de hechos nuevos sustanciales (podría) justificar la presentación de una demanda pretendiendo el nuevo examen de tal decisión» (asunto 231/84, Valentini, sentencia de 26 de septiembre de 1985, Rec. 1985, p. 3027, punto 14). ( 2 ) Ahora bien, cuando un funcionario de las Comunidades discute el principio de correspondencia, derivado de las disposiciones de los artículos 5 y 7 del Estatuto, entre el puesto de trabajo ejercido y el grado atribuido, él puede sostener válidamente que hay una discordancia posterior a la decisión de nombramiento que a él se refiere. De tal modo se ha considerado que es «legítimo» que un funcionario, en razón, por ejemplo, de una evolución de sus atribuciones debida a una reorganización de los servicios, pida a la institución «un nuevo examen de su situación administrativa en función de los cambios aportados en la estructura del servicio al cual pertenece» (asunto 28/72, Tontodonati, Rec. 1973, p. 779, punto 4). ( 3 ) Igualmente, la aparición, con posterioridad a la decisión originaria, de nuevos criterios de clasificación enunciados por la institución puede constituir un hecho nuevo que justifique un nuevo examen. En tal sentido, se ha decidido que es, en principio, «inadmisible que un funcionario discuta las condiciones de su reclutamiento inicial después que éste resultó definitivo», él puede, no obstante, ampararse de la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, que modifica los criterios de clasificación existentes en el momento de su selección y que han llegado a su conocimiento después de su nombramiento, para interponer una petición de revisión de su clasificación (asunto 190/82, Blomefield, Rec. 1983, p. 3981, punto 10). Tanto en una como en otra hipótesis, existe un hecho nuevo que permite la interposición de una demanda que pretende un nuevo examen de una decisión anterior. Buscaríamos en vano tal hecho en este caso. El Tribunal pretendió asegurarse y los demandantes, al responder a una de las preguntas que se les plantearon en la vista, reconocieron que sus funciones siguieron siendo las mismas desde su selección. En cuanto al cuadro de 9 de julio de 1982 que describe los puestos de trabajo-tipo, no puede constituir un hecho nuevo de naturaleza que justifique una demanda. Los demandantes ciertamente han invocado este documento para hacer notar la diferencia existente entre su clasificación conforme al Estatuto y sus funciones reales. De cualquier manera, ese cuadro, que actualiza el establecido anteriormente por la Comisión, recoge las modificaciones dispuestas durante el año 1981 para las categorías A y B así como para determinados puestos de trabajo «en relación con el sector de la informática» de la categoría C. Hay que precisar que ninguna de estas modificaciones afecta a la descripción de los puestos de trabajo de los demandantes, tal como aparece, sin modificaciones, en el cuadro publicado en el n° 272 de las Informaciones administrativas de 4 de septiembre de 1973. Por lo tanto, las demandas presentadas por los demandantes me parece que, de acuerdo con las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 90, deben ser consideradas como reclamaciones. Ahora bien, una reclamación debe, según el artículo 90, apartado 2, segundo guión, del Estatuto, ser dirigida a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en los tres meses que siguen a la notificación del acto que lesiona a su destinatario. A este respecto no se puede, como lo hacen los demandantes, elegir como punto de partida del plazo para el recurso la decisión por la cual la autoridad facultada para proceder a los nombramientos nombró funcionario titular a cada uno de ellos. Como ya lo hice notar, el texto mismo de las demandas ataca la clasificación resultante del acto de nombramiento. Por lo demás, la decisión de nombrarles funcionarios titulares sólo confirma la clasificación originaria de los demandantes en la categoría D y, según constante jurisprudencia, este Tribunal considera que un acto confirmatorio no es capaz de ser lesivo ni en consecuencia de hacer renacer un derecho de recurso que hubiese caducado. Como la decisión de nombramiento es el acto lesivo, procede dar por probado que ninguno de los veintiocho demandantes interpuso su reclamación en el plazo que fija el Estatuto. En efecto, en el mejor de los casos, el examen del expediente revela que el plazo transcurrido entre la fecha de la decisión de nombramiento y el de la reclamación es superior a siete meses. Aun suponiendo que las reclamaciones no hubieran prescrito, el recurso ante el Tribunal también habría de ser declarado inadmisible por interpuesto fuera de plazo. En efecto, fechado el 18 de julio de 1984, fue interpuesto después de la expiración del plazo de tres meses siguientes a la respuesta explícita de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, que, en el caso más favorable, se produjo el 11 de enero de 1984. Las «reclamaciones» fechadas, según los casos, el 19 de diciembre de 1983 y el 18 de enero de 1984, así como las decisiones implícitas de denegación, que según los demandantes les siguieron, no pueden abrir un nuevo plazo de recurso ante el Tribunal, por cuanto proceden del error de calificación cometido inicialmente por los demandantes, y cuya responsabilidad no puede serle imputada a la Comisión. En definitiva, pues, hay que considerar que las reclamaciones dirigidas por los demandantes a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sólo pretenden atacar una decisión administrativa que se ha hecho firme. Ahora bien, los plazos previstos por los artículos 90 y 91 del Estatuto «son de orden público y no están a disposición de las partes y del juez, por haber sido instituidos para asegurar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas» (asunto 227/84, Moussis, Rec. 1984, p. 3133, punto 12). Por estos motivos, procede declarar inadmisible el presente recurso.