Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de recuperar las ayudas ilegales — Motivos de defensa

(Art. 88 CE, ap. 2, art. 4 TUE, ap. 3)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se ordena su devolución — Obligaciones de los Estados miembros

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, considerando 13 y art. 14, ap. 3]

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Aplicación del Derecho nacional — Requisitos y límites

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14, ap. 3]

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1. El único motivo que un Estado miembro puede invocar en su defensa contra un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la decisión de recuperación.

En caso de que existan dificultades en la ejecución, la Comisión y el Estado miembro —en virtud de la norma que impone a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea deberes recíprocos de cooperación leal, que inspira en particular el artículo 4 TUE, apartado 3—, deben colaborar de buena fe con el fin de superar las dificultades dentro del pleno respeto de las disposiciones del Tratado FUE y, especialmente, de las relativas a las ayudas de Estado.

(véanse los apartados 43 y 44)

2. No puede aceptarse la interpretación literal de una decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, alegada por el Estado miembro de que se trate para justificar no haberla ejecutado y según la cual dicha decisión impone la «recuperación» en lugar del «recouvrement», lo que, en opinión de ese Estado, sólo implica una obligación de emprender distintos trámites con el fin de recuperar la ayuda ilegal, sin estar obligada en cambio a recuperarla efectivamente.

En efecto, en el contexto de la normativa de la Unión, y habida cuenta, en particular, del décimo tercer considerando y del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, la finalidad de una decisión de la Comisión de ese tipo es establecimiento de una competencia efectiva, de modo que dicha decisión impone al Estado miembro destinatario la obligación de obtener efectivamente y sin dilación la restitución de la ayuda de Estado ilegal.

(véanse los apartados 5 y 46 a 48)

3. Un Estado miembro que se halle obligado a recuperar ayudas ilegales en virtud de una decisión de la Comisión por la que se declara incompatible con el mercado común la existencia de una ayuda de Estado, es libre de elegir los medios por los que ejecutará esta obligación siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance y eficacia del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el Derecho de la Unión impone la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la ejecución de las decisiones de la Comisión que exigen la recuperación de una ayuda ilegal, respetando al mismo tiempo las particularidades de los diferentes procedimientos previstos a tal fin por los Estados miembros.

En lo que respecta, en particular, a la cuestión de si el carácter firme de una resolución judicial nacional mediante la que se aprobó, en el marco de un procedimiento concursal, un acuerdo con los acreedores como consecuencia del cual se condonó parcialmente una deuda pública, condonación calificada ulteriormente por la Comisión de ayuda de Estado, puede dar al traste con la recuperación de dicha ayuda, el Derecho de la Unión no obliga en todos los casos a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho de la Unión por la decisión en cuestión. Sin embargo, cuando las autoridades del Estado miembro de que se trate dispongan con arreglo al Derecho nacional de medios que, aplicados diligentemente, habrían permitido al citado Estado recuperar la ayuda controvertida y dicho Estado no aporta pruebas suficientes que permitan considerar que emprendió, en el plazo señalado, todos los trámites que le fue posible con el fin de obtener el reembolso de la ayuda ilegal, debe considerarse que el mencionado Estado ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto, y de la Decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 51, 52, 55, 60, 61, 64 y 65)