AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 25 de octubre de 1996

Asunto T-26/96

Orlando Lopes

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Acto lesivo — Acto de trámite — Recurso de indemnización — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II-1357

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de una comunicación escrita del Jefe de la División de Traducción de lengua portuguesa del Tribunal de Justicia, de 21 de enero de 1994, y de un documento denominado «análisis de muestras I», de 29 de junio de 1995, aportados ambos por la parte demandada en respuesta a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-547/93 y T-280/94, Lopes/Tribunal de Justicia; la anulación de la decisión del Secretario del Tribunal de Justicia, comunicada mediante escrito de 21 de julio de 1995, de no dar curso favorable a la petición presentada por el demandante el 7 de julio de 1995 a fin de que se pusiera término a supuestos abusos de poder o de autoridad; la anulación de la decisión del Comité encargado de reclamaciones del Tribunal de Justicia, de 22 de enero de 1996, poiła que se desestimó la reclamación presentada por el demandante el 3 de octubre de 1995, así como la reparación del perjuicio material y moral que éste considera haber sufrido como consecuencia del comportamiento de los agentes del Tribunal de Justicia.

Resultado:

Desestimación. Condena del demandante a cargar con todas las costas.

Resumen del auto

El demandante era jurista lingüista de grado LA 6 en la División de Traducción de lengua portuguesa de la Institución demandada.

En su respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-547/93 y T-280/94, Lopes/Tribunal de Justicia (asuntos desacumulados a efectos de la sentencia; véanse las dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de febrero de 1996, RecFP pp. II-185 y II-239), la parte demandada presentó en la Secretaría, el 29 de junio de 1995, los siguientes documentos:

— una comunicación escrita dirigida por el Jefe de la División de Traducción de lengua portuguesa al Director de la Traducción, de 21 de enero de 1994, en el marco del procedimiento de provisión de los puestos de trabajo contemplados en las convocatorias de vacantes nos CJ 68/92 y CJ 82/93 (comunicación escrita de 21 de enero de 1994);

— un documento denominado «Análisis de muestras I», en el que la Institución demandada procedía a efectuar un análisis crítico de varias muestras de traducciones aportadas por el demandante en apoyo de su recurso (análisis de muestras I).

El 7 de julio de 1995, el demandante dirigió al Secretario del Tribunal de Justicia una «petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto [...] para que se pusiera término a los abusos de poder o de autoridad del Jefe y de los revisores de la División portuguesa de Traducción».

Mediante comunicación escrita de 21 de julio de 1995, el Secretario del Tribunal de Justicia respondió al demandante que no podía dar curso favorable a su petición. Alegaba que, según el Director de la Traducción y el funcionario que sustituía al Jefe de la División de Traducción de lengua portuguesa, las exigencias del jurista revisor de las que se quejaba el demandante forman parte de la práctica habitual de la División de que se trata; que sus comentarios estaban motivados por el incumplimiento, por parte del demandante, de las orientaciones comunes a la División y de las normas destinadas a garantizar la coherencia de los textos y de la terminología, y que, por consiguiente, no se podía considerar el comportamiento de dicho revisor como un abuso de poder o de autoridad. Por lo demás, el Secretario del Tribunal de Justicia estimaba que los problemas técnicos de traducción que suscitaba el demandante debían resolverse en el seno de su División.

El 3 de octubre de 1995, el demandante dirigió a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) de la Institución demandada una reclamación, registrada con el no Cont. 22/95-R, mediante la cual solicitaba:

— La anulación parcial de la comunicación escrita de 21 de enero de 1994, en la medida en que contiene la siguiente apreciación: «[El Sr. Lopes] no ha cooperado en el esfuerzo de la División para hacer que avance la publicación de la Recopilación; su actitud es más bien negativa.»

— La anulación del análisis de muestras I.

— La anulación de la comunicación escrita de 21 de julio de 1995.

— La concesión de una indemnización por daños y perjuicios de cuantía no inferior a 20.000.000 BFR, para reparar el perjuicio material y moral supuestamente sufrido por el demandante como consecuencia del comportamiento de sus superiores.

Mediante decisión de 22 de enero de 1996, el Comité encargado de reclamaciones del Tribunal de Justicia:

— Se consideró manifiestamente incompetente para conocer de la pretensión de anulación de la comunicación escrita de 21 de enero de 1994 y del análisis de muestras I, basándose en que los actos impugnados formaban parte de los autos sometidos al Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-547/93 y T-280/94, que seguían pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.

— Consideró que debía declararse la inadmisibilidad de la pretensión de que se anulara la comunicación escrita de 21 de julio de 1995, basándose en que dicha comunicación escrita versa en lo esencial sobre cuestiones relativas a la revisión de las traducciones efectuadas por el reclamante, sin que produzca ningún efecto jurídico obligatorio que pueda afectar a sus intereses, y en que, por consiguiente, no le resulta lesiva.

— Desestimó por infundada la pretensión de obtener una indemnización por daños y perjuicios, basándose en que en el caso presente no se han acreditado ni la conducta culpable ni el daño.

Fundamentos de Derecho

Sobre la competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer del presente recurso

En cuanto a la excepción de cosa juzgada propuesta por la Institución demandada, supone que existan dos recursos en los que litiguen las mismas partes, que versen sobre el mismo objeto y se basen en la misma causa. El acto cuya anulación se solicita constituye un elemento esencial que permite caracterizar el objeto del recurso (apartado 14).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de septiembrede 1985, Hoogovens Groep/Comisión(asuntos acumulados 172/83 y 226/83, Rec. p. 2831), apartado 9; Tribunal de Justicia, 22 de septiembre de 1988, Francia/Parlamento (asuntos acumulados 358/85 y 51/86, Rec. p. 4821), apartado 12; Tribunal de Primera Instancia, 8 de marzo de 1990, Maindiaux y otros/CES (T-28/89, Rec. p. II-59), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 5 de junio de 1996, NMB France y otros/Comisión (T-162/94, Rec. p. II-427), apartados 37 a 39

Teniendo en cuenta que los «actos» impugnados en el presente recurso son indiscutiblemente distintos de los contemplados en las pretensiones de anulación en los asuntos T-547/93 y T-280/94, este Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer del presente litigio (apartados 15 y 16).

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de anulación

Dado que las condiciones de admisibilidad de un recurso son de orden público, el Tribunal de Primera Instancia puede examinarlas de oficio y su control no está limitado a las causas de inadmisión alegadas por las partes. En particular, incumbe únicamente al Tribunal, al margen de cuáles sean las posiciones de las partes, por un lado, determinar si se ha adoptado efectivamente un acto que resulte lesivo para el funcionario, constituyendo así la iniciación de la fase administrativa previa regulada en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, y, por otro lado, efectuar la calificación jurídica de los documentos dirigidos por el Agente a la Institución de que depende, basándose esta calificación únicamente en la apreciación del Juez y no en la voluntad de las partes (apartado 17).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de diciembre de 1990, B./Comisión (T-130/89, Rec. p. II-761), apartados 13 y 14; Tribunal de Primera Instancia, 11 de mayo de 1992, Whitehead/Comisión(T-34/91, Rec. p. II-1723), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 16 de mayo de 1994, Stagakis/Parlamento(T-37/93, RecFP p. II-451), apartado 17

Las apreciaciones contenidas en la comunicación escrita de 21 de enero de 1994

Unicamente serán lesivos, en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, los actos o medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del funcionario, modificando de manera característica su situación jurídica. Tales actos han de emanar de la AFPN y revestir carácter decisorio. Los actos de trámite para la adopción de una decisión no son lesivos, y tan sólo con ocasión de un recurso contra la decisión adoptada al término del procedimiento podrá el demandante alegar la irregularidad de los actos anteriores que estén íntimamente relacionados con tal decisión (apartado 19).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de abril de 1965, Weighardt/Comisión CEEA (11/64, Rec. p. 365); Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1969, Grasselli/Comisión (32/68, Rec. p. 505), apartados 4 a 7; Tribunal de Justicia, 24 de mayo de 1988, Santarelli/Comisión (asuntos acumulados 78/87 y 220/87, Rec. p. 2699); Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1990, Automec/Comisión (T-64/89, Rec. p. II-367), apartado 42; Whitehead/Comisión, antes citada, apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fionari/Parlamento(T-50/92, Rec. p. II-555); Tribunal de Primera Instancia, 28 de septiembre de 1993, Yorck von Wartenburg/Parlamento (asuntos acumulados T-57/92 y T-75/92, Rec. p. II-925); Tribunal de Primera Instancia, 15 de junio de 1994, Pérez Jiménez/Comisión (T-6/93, RecFP p. II-497); Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzode 1995, Kotzonis/CES(T-586/93, RecFPp. II-203), apartado 28; Lopes/Tribunal de Justicia, T-547/93, antes citada, apartado 55

La comunicación escrita de 21 de enero de 1994 contiene una evaluación comparativa de los méritos de los candidatos, preparada por los servicios administrativos de la Institución demandada con el fin de facilitar la elección de la AFPN. Dicho documento, desprovisto de carácter decisorio, y cuyo único objeto era preparar la elección de la AFPN en el marco de un procedimiento de provisión de un puesto de trabajo determinado, únicamente puede impugnarse, de modo incidental, con ocasión de un recurso contra el único acto anulable al que puede vincularse, a saber, la decisión por la que se desestima la candidatura del demandante a los puestos de trabajo de que se trata (apartado 20).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Caló/Comisión (T-108/92, RecFP p. II-213), apartado 13; Pérez Jiménez/Comisión, antes citada, apartados 34 a 38; Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737), apartados 23 y 24

En lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual la comunicación escrita de 21 de enero de 1994 debe ser equiparada al informe de calificación contemplado en el artículo 43 del Estatuto y ser considerada, por lo tanto, como un acto impugnable en sí mismo, si bien es verdad que, en virtud de la sentencia Küster/Parlamento, el Tribunal de Justicia reconoció la admisibilidad de un recurso contra un informe de calificación, lo hizo en consideración expresa al papel más o menos importante que tales informes desempeñan cada vez que al funcionario interesado se le tiene en cuenta para eventuales promociones o participa en concursos con arreglo al artículo 29 del Estatuto. Tal solución no puede hacerse extensible al supuesto de un documento que, como en el caso de autos, tiene como único objeto preparar una decisión puntual de la Administración, con la cual, de este modo, el documento se relaciona íntimamente (apartado 22)

Referencia: Tribunal de Justicia, 25 de noviembre de 1976, Küster/Parlamento (122/75, Rec. p. 1685), apartado 8

Aun suponiendo que la comunicación escrita discutida contenga elementos que no se hayan incoiporado al expediente personal del demandante ni puesto en su conocimiento antes de la adopción de las decisiones impugnadas mediante el recurso en el asunto T-280/94, dicha comunicación escrita no ejerció influencia determinante en la desestimación de la candidatura del demandante a los puestos de trabajo de que se trata. Por consiguiente, dicho documento, de carácter meramente preparatorio, no resulta lesivo para ei demandante en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto (apartado 25).

El análisis de muestras I

El «acto» impugnado, que es un documento de naturaleza técnica que supuestamente comenta cierto número de errores de traducción y de terminología jurídica cometidos por el demandante y que supuestamente establece así el carácter fundado del motivo determinante para desestimar sus diversas candidaturas a la promoción, a saber, su incapacidad para traducir normalmente y sin revisión, fue elaborado únicamente a efectos de la defensa de la Institución demandada en los asuntos T-547/93 y T-280/94. En cualquier caso, fue excluido de los autos por la sentencia dictada en el asunto T-280/94 — por motivos ajenos a las imputaciones ahora alegadas por el demandante— y el Tribunal de Primera Instancia, por consiguiente, no lo tuvo en cuenta en su apreciación (apartado 27).

Un documento de este tipo forma parte del ejercicio normal del derecho de defensa, en el marco de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, y no cabe calificarlo, en principio, ni de acto lesivo, en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, ni de informe relativo a la competencia o al comportamiento del funcionario interesado, en el sentido del artículo 26 del Estatuto. En efecto, la situación jurídica del demandante no resulta en modo alguno afectada por tal documento, que no vulnera sus derechos estatutarios (apartado 28).

La comunicación escrita de 21 de julio de 1995

A tenor del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, los funcionarios podrán presentar ante la AFPN peticiones de que se adopte una determinada decisión con respecto a ellos. A tenor del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, los funcionarios podrán presentar ante la AFPN reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos, bien se hayan producido por resolución de la citada Autoridad o por la falta de adopción por ésta de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto. De este modo, el concepto de acto lesivo engloba a la vez las resoluciones y la falta de adopción de medidas que la Administración tuviera obligación, expresa o implícitamente, de tomar según el Estatuto para garantizar los derechos de los funcionarios (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Pfloeschner/Comisión (T-6/91, Rec. p. II-141)

En lo que atañe a la admisibilidad de la pretensión dirigida a anular la comunicación escrita de 21 de julio de 1995, este Tribunal de Primera Instancia hace constar que la «petición» del demandante de 7 de julio de 1995 versaba esencialmente, por un lado, sobre cuestiones de orden administrativo, relativas a la organización y disciplina del trabajo en la División en la que está destinado, y, por otro lado, sobre cuestiones de orden lingüístico, relativas a lo acertado de la revisión de sus traducciones (apartado 33).

La aplicación de directrices internas en una División de traducción, destinadas a garantizar la buena ejecución del trabajo y la homogeneidad lingüística de los textos publicados en la Recopilación, no afecta, en principio, a la situación material o pecuniaria de los funcionarios interesados, ni tampoco a su posición estatutaria. En consecuencia, salvo circunstancias particulares, la negativa de la AFPN a intervenir, a instancia de un funcionario, en la referida aplicación no puede ser considerada como una falta de adopción de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto para garantizar los derechos del interesado. Máxime si se tiene en cuenta que incumbe a todo funcionario un deber fundamental de lealtad y de cooperación para con la Administración de la que depende y para con sus superiores. Este deber, del que el artículo 21 del Estatuto constituye una manifestación específica, implica, en particular, la obligación de atenerse a las normas y orientaciones comunes de los servicios y, más concretamente, a las que se refieren a la organización administrativa y a la disciplina del trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 del Estatuto (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de diciembre de 1966, Alfieri/Parlamento (3/66, Rec. pp. 633 y ss., especialmente p. 650); Tribunal de Primera Instancia, 26 de noviembre de 1991, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/89, Rec. p. II-1293), apartado 72; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión(T-80/92, Rec. p. II-1465)

La autoridad administrativa dispone de una amplia facultad de apreciación para organizar, en interés del servicio público comunitario, las modalidades de ejercicio de las funciones de los funcionarios y agentes. Por consiguiente, las meras medidas de organización interna de los servicios, y, más concretamente, las que se refieren a la organización administrativa y a la disciplina del trabajo, no pueden ser objeto de recurso judicial, por cuanto no afectan a la situación jurídica o material del funcionario concernido por la medida de que se trate (apartado 35).

Referencia: Grasselli/Comisión, antes citada; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1976, Hirschberg/Comisión(129/75, Rec. p. 1259); Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1985, Hattet y otros/Comisión (asuntos acumulados 66/83, 67/83, 68/83, 136/83, 137/83, 138/83, 139/83 y 140/83, Rec. p. 2459); Tribunal de Primera Instancia, 4 de julio de 1991, Herremans/Comisión (T-47/90, Rec. p. II-467); Tribunal de Primera Instancia, 24 de juniode 1993, Seghers/Consejo (T-69/92, Rec. p. II-651), apartado 29

Puesto que no pueden ser objeto de un recurso judicial, las medidas de carácter meramente interno no pueden tampoco ser objeto de una reclamación en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, y ni siquiera de una petición en el sentido del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto. En cualquier caso, la decisión denegatoria, expresa o presunta, de tal petición no es lesiva para el interesado y, por consiguiente, no es susceptible de recurso (apartado 36).

En lo que atañe a la «petición» de asistencia del demandante para obtener el cese de los abusos de poder o de autoridad cometidos por sus superiores jerárquicos y consistentes, en particular, en provocaciones y deterioros de la calidad de su trabajo, ha de recordarse que el párrafo primero del artículo 24 del Estatuto exige, por un lado, que, en presencia de acusaciones graves en cuanto a la honorabilidad profesional de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, la Administración adopte cuantas medidas sean necesarias para verificar si las acusaciones tienen fundamento, y, por otro lado, cuando no sea así, que rechace las acusaciones y adopte cuantas medidas sean necesarias para restablecer la reputación dañada (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de octubre de 1976, M. N./Comisión (128/75, Rec. p. 1567), apartado 10

Los requerimientos dirigidos al funcionario por sus superiores jerárquicos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de una División de traducción y consistentes en reprocharle, en lo sustancial, el no atenerse a las orientaciones comunes de la División y a las normas destinadas a garantizar la coherencia de los textos y de la terminología, no pueden en ningún caso ser calificados de acusaciones graves susceptibles de dañar la honorabilidad profesional de un traductor, y menos aún de «difamaciones o atentados contra la persona» del funcionario (apartado 41).

Teniendo en cuenta que los derechos del demandante no fueron vulnerados de ninguna manera por los comportamientos de la Administración denunciados por él, el Estatuto no obligaba a la Administración a adoptar ninguna medida de carácter decisorio en respuesta a la «petición» del demandante, de manera que la negativa de dicha Institución a dar curso favorable a la petición no puede considerarse un acto lesivo (apartado 42).

En cualquier caso, la presunta «petición de asistencia» del demandante basada en el párrafo primero del artículo 24 del Estatuto se confunde con su petición de que intervenga la AFPN en cuestiones de naturaleza meramente administrativa o técnica. Por consiguiente, debe estar sometida al mismo régimen jurídico. A este respecto, la calificación de un escrito o de una nota por su autor no es en modo alguno decisiva en relación con las normas del Estatuto en materia de procedimiento administrativo previo, pues tal calificación corresponde exclusivamente a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión (T-l/90, Rec. p. II-143); Tribunal de Primera Instancia, 1 de octubre de 1991, Coussios/Comisión(T-38/91, Rec. p. II-763), apartado 25; Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión (T-64/91, Rec. p. II-243); Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Hogan/Parlamento (T-115/92, Rec. p. II-895); Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1995, Moat/Comisión (T-112/94, RecFP p. II-135), apartado 24; Kotzonis/CES, antes citada

La decisión desestimatoria de la reclamación no Cont. 22/95-R

El demandante dirigió su reclamación contra actos que no le eran lesivos. En virtud del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, debe declararse la inadmisibilidad de dicha reclamación y, en virtud del artículo 91 del Estatuto, también debe declararse la inadmisibilidad de las propias pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de esta reclamación (apartado 45).

Sobre la admisibilidad de la pretensión de indemnización

Cuando entre una pretensión de anulación y una acción de indemnización existe una relación estrecha, la inadmisibilidad de la pretensión de anulación implica la de la pretensión de indemnización (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de diciembre de 1967, Collignon/Comisión (4/67, Rec. p. 469); Bossi/Comisión, antes citada, apartado 31; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35), apartados 38 a 40; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión(T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 46; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP p. II-61), apartados 34 a 36

En la medida en que el perjuicio alegado no resulte de un acto cuya anulación se insta, sino de faltas y omisiones presuntamente cometidas por la Administración, la fase administrativa previa debe iniciarse, so pena de inadmisibilidad, con una petición dirigida a la AFPN para que repare dicho perjuicio, y debe continuarse, en su caso, mediante una reclamación dirigida contra la decisión desestimatoria de la petición (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de febrero de 1992, Castelletti y otros/Comisión (T-29/91, Rec. p. II-77); Marcato/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec.p. II-841), apartados 45 a 47; Tribunalde Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Camera-Lampitelliy otros/Comisión(T-27/92, Rec. p. II-873). apartados 26 a 28

En el caso de autos, la pretensión de indemnización tiene por objeto la reparación del perjuicio supuestamente causado al demandante por los actos a los que se refiere su recurso de anulación, por lo que una y otro están estrechamente relacionados. En cualquier caso, la «petición» que el demandante dirigió a la AFPN el 7 de julio de 1995 no contiene ninguna pretensión de indemnización, ni ninguna solicitud a la AFPN para que repare su perjuicio (apartado 48).

Costas

A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. A tenor del artículo 88 de dicho Reglamento, en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 87. En virtud de estas últimas disposiciones, el Tribunal de Primera Instancia podrá condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que el Tribunal considere como abusivos o temerarios (apartado 50).

En la medida en que el recurso tiene por objeto, por un lado, cuestionar de nuevo unos documentos que fueron ya objeto de examen en profundidad por parte del Tribunal de Primera Instancia en el marco de los asuntos T-547/93 y T-280/94 y que fueron declarados no lesivos para el demandante, y, por otro lado, exponer básicamente las mismas imputaciones contra ellos, el presente recurso constituye una utilización abusiva del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y obliga temerariamente a la parte demandada a incurrir en gastos (apartado 53).

En las circunstancias particulares del caso de autos, el demandante utiliza el sistema de recursos del Estatuto con el único fin de eludir las órdenes y directrices internas impartidas por sus superiores jerárquicos, las cuales no puede cuestionar, sin perjuicio de la posible aplicación del párrafo tercero del artículo 21 del Estatuto (apartado 54).

Por último, en el recurso de indemnización se solicita el pago de una cantidad de 20.000.000 BFR, lo que resulta manifiestamente exagerado y no guarda ninguna relación razonable con las circunstancias particulares del caso de autos (apartado 55).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.

Se condena al demandante a cargar con la totalidad de las costas.