SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 16 de julio de 1998

Asunto T-162/96

Sandro Forcheri

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Comisión de servicio por interés del servicio — Interinidad — Derecho a un emolumento complementario — Facultad de apreciación de la administración»

Texto completo en lengua francesa II-1203

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una demanda de anulación, por una parte, de la decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1995 poiła que se deniega la solicitud de reconocimiento de la interinidad asumida por el demandante y el pago del emolumento complementario y, por otra parte, de la decisión de la Comisión de 24 de julio de 1996 por la que se declara que el demandante ejerce las funciones de Jefe de la Unidad 4 «Arancel Aduanero Común» de la Dirección B «Aduanas» de la Dirección General de Aduanas y Fiscalidad Indirecta (DG XXI) y le concede el beneficio de la interinidad, en la medida en que la fecha de comienzo de los efectos de esta decisión se fija en un año, desde el 1 de agosto de 1996, y no en un período indeterminado, desde el 29 de octubre de 1992.

Resultado:

Anulación parcial. Desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de la Comisión de grado A 4, era Jefe adjunto de la Unidad 4 «Arancel Aduanero Común» de la Dirección B «Aduanas» de la Dirección General de Aduanas y Fiscalidad Indirecta (DG XXI) (Unidad XXI.B.4). Desde el 29 de octubre de 1992, ejercía defacto las funciones de Jefe de Unidad, en lugar de su superior jerárquico, al que oficialmente seguían correspondiéndole, debido a la designación de este último como responsable del Samcomm (Sanctions Assistance Missions Communication Center), organismo creado bajo la égida de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa para aplicar el embargo decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Serbia y Montenegro.

Mediante escrito dirigido a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) el 18 de septiembre de 1995 con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), el demandante solicitó que se le nombrara Jefe de la Unidad XXI.B.4 ad interim, y se le abonara el emolumento a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 del Estatuto. Esta solicitud fue desestimada mediante escrito de 12 de diciembre de 1995 del Director General de la Dirección General de Personal y Administración de la Comisión (DG IX).

El 11 de marzo de 1996, el demandante presentó una reclamación contra la decisión de desestimación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Mediante escrito de 24 de julio de 1996, el Director General de la DG IX informó al demandante de su decisión de concederle el beneficio de la interinidad a partir del 1 de agosto de 1996 por un período de doce meses.

Sobre el fondo

Debe considerarse que un funcionario se encuentra en situación administrativa de comisión de servicio por interés del servicio, en el sentido del artículo 37 del Estatuto, cuando, mediante decisión de la AFPN, haya sido designado, por interés del servicio, para ocupar temporalmente un puesto de trabajo fuera de su Institución.

La definición, contenida en la letra a) del párrafo primero del artículo 37 del Estatuto, de la situación de comisión de servicio por interés del servicio no precisa la naturaleza ni ninguna de las características del «puesto de trabajo» que puede ocupar un funcionario temporalmente fuera de su Institución, en el marco de una comisión de servicio decidida por la AFPN. Nada indica, en particular, que esta expresión deba entenderse en su acepción técnica en el sentido del Estatuto, que se refiere a un puesto de trabajo permanente creado por decisión de la autoridad presupuestaria. Tampoco se exige que el «puesto de trabajo» de que se trate exista independientemente de la medida de comisión de servicio, como tampoco que la comisión de servicio se realice en el seno de una autoridad pública cuyos agentes ocupen «puestos de trabajo» que respondan a la definición del Estatuto (apartado 65).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de enero de 1982, Novi/Comisión (56/81, Rec. p. 1)

Habida cuenta de los documentos que obran en autos, debe considerarse que el superior jerárquico se encontraba en comisión de servicio desde que asumió la responsabilidad de la dirección del Samcomm.

Ocupar interinamente un puesto de trabajo conforme al apartado 2 del artículo 7 del Estatuto no requiere la vacante de dicho puesto. En efecto, en primer lugar, del párrafo primero del apartado 2 del artículo 7 del Estatuto se deduce que destinar interinamente a un funcionario a un puesto de trabajo no implica su nombramiento para ocupar dicho puesto. En segundo lugar, el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 7 del Estatuto dispone que es posible la interinidad, especialmente, con objeto de proveer a la sustitución de un funcionario destinado en comisión de servicio o que disfrute de licencia por enfermedad de larga duración. Pues bien, de las letras f) y g) del artículo 38 del Estatuto se desprende que el funcionario en comisión de servicio por interés del servicio conserva su puesto de trabajo, al que se reincorpora inmediatamente tras la expiración de la comisión de servicio. Asimismo, es evidente que un funcionario que disfrute de licencia por enfermedad de larga duración conserva su puesto de trabajo (apartados 82 a 84).

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 1991, Sebastiani/Parlamento (T-163/89, Rec. p. II-715), invocada por la demandada, en la que se considera que es imposible ocupar un puesto de trabajo ad interim cuando no existe una plaza vacante no es pertinente puesto que, a diferencia de los hechos del presente asunto, en aquél no existía ningún puesto de trabajo cuyas funciones pudieran ejercerse interinamente, debido al traslado a otro servicio del único puesto de trabajo de la misma categoría y de un grado superior al de la demandante (apartado 85).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de julio de 1970, Lampe/Comisión (35/69, Rec. p. 609), apartados 8 a 10; Sebastiani/Parlamento, antes citada, apartado 48

Dado que implica, para el funcionario, un derecho a prestaciones determinadas por parte de la administración, la aplicación del apartado 2 del artículo 7 del Estatuto exige una decisión expresa de la AFPN. Puesto que la decisión de nombrar a un funcionario para ocupar ad interim un puesto de trabajo corresponde a la apreciación del interés del servicio, el interesado no puede prevalerse de un derecho a obtener el beneficio de esta interinidad por el mero hecho de desempeñar las funciones del puesto de trabajo de que se trate (apartado 92).

Referencia: conclusiones del Abogado General Sr. Roemer, Tribunal de Justicia, 14 de abril de 1970, Nebe/Comisión (24/69, Rec. pp. 145 y ss., especialmente p. 153); conclusiones del Abogado General Sr. Roemer, Lampe/Comisión, antes citada, pp. 617 y 619; Lampe/Comisión, antes citada, apartados 4 y 6; Tribunal de Justicia, 12 de marzo de 1975, Küster/Parlamento (23/74, Rec. p. 353), apartados 14 a 17; Tribunal de Justicia, 2 de diciembre de 1982, Micheli y otros/Comisión (asuntos acumulados 198/81,199/81,200/81,201/81 y 202/81, Rec. p. 4145), apartado 15

Por otra parte, el artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión, vigente a la sazón, a cuyo tenor «salvo decisión en contrario de la Comisión todo funcionario superior jerárquico que no pueda desempeñar sus funciones será sustituido por el funcionario subordinado presente de mayor antigüedad y, a igual antigüedad, el de mas edad, en la categoría y el grado mayores», se limita a organizar un régimen de suplencia automática, destinado a garantizar provisionalmente, en caso de ausencia o impedimento de un funcionario, su sustitución inmediata y de pleno derecho por otro funcionario, de forma que se garantice la continuidad del servicio (apartado 94).

Tal régimen de suplencia, que forma parte de la facultad de organización de los servicios de cualquier administración, se distingue del régimen de interinidad que contempla el apartado 2 del artículo 7 del Estatuto. Si la suplencia es automática en el momento del impedimento, la interinidad, por el contrario, requiere necesariamente una decisión expresa de la AFPN. Por consiguiente, el demandante no puede afirmar válidamente que, por efecto de lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto en relación con el artículo 26 del Reglamento interno de la Comisión, está en situación de interinidad desde el 29 de octubre de 1992 (apartados 95 a 98).

Referencia: Tribunal de justicia, 11 de julio de 1968, Danvin/Comisión (26/67, Rec. p. 463), y conclusiones del Abogado General Sr. Gând (Rec. pp. 475, 477 y 478)

Además, la suplencia no puede durar más tiempo de lo necesario para el funcionamiento normal del servicio, habida cuenta de las necesidades objetivas de éste, y debe comprobarse en cada caso si, cuando no adopta una decisión de nombrar a un funcionario ad interim, la AFPN no supera los límites de su facultad de apreciación. En efecto, la facultad de apreciación de la AFPN no puede ejercerse en ningún caso de forma que permita a la administración substraerse a las obligaciones que le impone el Estatuto (apartado 99).

Referencia: Danvin/Comisión, antes citada; conclusiones en el asunto Nebe/Comisión, antes citadas (Rec. p. 159); conclusiones en el asunto Lampe/Comisión, antes citadas (Rec. p. 619); conclusiones del Abogado General M. Dutheillet de Lamothe, Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1979, Prelle/Comisión(5/70, Rec. pp. 1075 y ss., especialmente p. 1084)

A este respecto, el Estatuto garantiza a los funcionarios el derecho a que se les confieran atribuciones correspondientes a su grado y a su puesto de trabajo. El principio de correspondencia entre grado y puesto de trabajo, contenido en el apartado 1 del artículo 7 del Estatuto, se estableció a favor de los funcionarios, en el sentido de que garantiza, en principio, a cada funcionario, que será destinado a un puesto de trabajo de su categoría o de su servicio correspondiente a su grado y no a un grado inferior. Dicho principio también autoriza a cualquier funcionario a rechazar un destino a un puesto de trabajo correspondiente a un grado de rango superior al suyo, salvo en el supuesto de una interinidad, previsto en el apartado 2 del artículo 7, y en determinadas condiciones, con el fin de garantizar al funcionario nombrado para cumplir temporalmente tareas que impliquen responsabilidades superiores a las que normalmente le corresponden una retribución correspondiente a estas responsabilidades mayores (apartado 100).

Referencia: Prelle/Comisión, antes citada, apartado 6; Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1973, Tontodonati/Comisión(28/72, Rec. p. 779), apartado 8; Tribunal de Justicia, 19 de marzo de 1975, VanReenen/Comisión(189/73, Rec. p. 445), apartado 6; Tribunal de Justicia, 11 de mayo de 1978, De Roubaix/Comisión(25/77, Rec. p. 1081), apartado 17; Tribunal de Justicia, 22 de octubre de 1981, Kruse/Comisión (218/80, Rec. p. 2417), apartado 7, y conclusiones del Abogado General Sra. Rozès (Rec. pp. 2425 y ss., especialmente p. 2428); Tribunal de Primera Instancia, 7 de mayo de 1991, Jongen/Comisión(T-18/90, Rec. p. II-187), apartado 27

En las circunstancias particulares del presente asunto, ocasionadas por una intervención urgente de las instancias internacionales competentes, en un contexto confuso cuya evolución era difícilmente previsible, el Tribunal de Primera Instancia considera que la demandada no ha sobrepasado los límites de su facultad de organización de los servicios, ni violado el principio de asistencia al no adoptar, desde el 29 de octubre de 1992, una decisión que concediera el beneficio de la interinidad al demandante (apartados 101 y 103).

No obstante, la evolución de la situación sobre el terreno debía inducir necesariamente a la AFPN a reconsiderar la situación administrativa del demandante. Al no nombrar al demandante para ocupar ad interim el puesto de trabajo de Jefe de la Unidad XXI.B.4, a partir del momento en que la comisión de servicio de su superior jerárquico se prolongaba claramente más allá de las previsiones iniciales, la AFPN sobrepasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación y, por ese motivo infringió tanto el apartado 2 del artículo 7 del Estatuto como el deber de asistencia. Esta abstención constituye una falta de servicio que puede generar la responsabilidad de la administración en la medida en que privó al demandante del beneficio del emolumento complementario al que tenía derecho a partir del cuarto mes de la interinidad que debía habérsele concedido (apartados 104, 106 y 107).

Por otra parte, dado que la interinidad que debía haberse concedido al demandante tenía por objeto proveer a la sustitución de un funcionario destinado en comisión de servicio en interés del servicio, el beneficio de este emolumento complementario no podía limitarse a un año (apartado 108).

A tenor del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia tiene una competencia jurisdiccional plena en los litigios de carácter pecuniario. Además, procede condenar a la parte demandada a pagar al demandante las mensualidades del emolumento complementario al que habría tenido derecho si hubiera sido destinado a ocupar interinamente el puesto de trabajo de Jefe de la Unidad XXI.B.4. Ya que la demandada no se opone a los tipos de interés propuestos en el presente asunto por el demandante, estas mensualidades serán incrementadas con intereses de demora al tipo del 8 % anual (apartado 110).

No procede estimar las demás pretensiones (apartado 111).

Fallo:

Se anulan las decisiones de la Comisión de 12 de diciembre de 1995 y de 24 de julio de 1996, salvo en la parte en que la segunda reconoce al demandante la interinidad.

Se condena a la Comisión a pagar al demandante las mensualidades del emolumento complementario al que se refiere el apartado 2 del artículo 7 del Estatuto, a que habría tenido derecho si hubiera debido desempeñar, interinamente, la función de Jefe de la Unidad XXI.B.4 el 24 de marzo de 1993, más intereses de demora a razón del 8 % anual a partir de las fechas en que dichas mensualidades debieran haber sido pagadas y hasta su pago íntegro.

Se desestima el recurso en todo lo demás.