CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentadas el 24 de septiembre de 2020 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑434/19 y C‑435/19

Poste Italiane SpA

contra

Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C‑434/19)

y

Agenzia delle entrate - Riscossione

contra

Poste Italiane SpA (C‑435/19),

con intervención de:

Poste italiane SpA - Bancoposta

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Italia)]

«Cuestión prejudicial — Competencia — Ayuda de Estado — Abuso de posición dominante — Empresa beneficiaria de derechos especiales o exclusivos concedidos por los Estados miembros — Servicios de interés económico general (SIEG) — Gestión del servicio de cuenta corriente postal para la recaudación del impuesto municipal sobre bienes inmuebles — Derechos de comisión determinados unilateralmente por la empresa beneficiaria»

1. En Italia, desde 1992 hasta 2011, los contribuyentes sujetos al impuesto municipal sobre bienes inmuebles (en lo sucesivo, «IBI») lo pagaban a los concesionarios encargados de su recaudación (en lo sucesivo, «concesionarios») que, antes de octubre de 2006, eran entidades privadas. ( 2 )

2. El pago se tenía que realizar bien en metálico o bien mediante ingreso en una cuenta corriente postal que, forzosamente, debían abrir los concesionarios en cualquiera de las sucursales de Poste Italiane SpA. ( 3 ) Esta entidad cobraba a los titulares de la cuenta una comisión por cada operación de ingreso.

3. La Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Italia) pregunta si el régimen de «monopolio legal» establecido a favor de Poste Italiane para gestionar el servicio de cuenta corriente postal en la que se ingresaba el IBI es una ayuda de Estado contraria a los artículos 106 TFUE y 107 TFUE. Quiere saber, también, si ese régimen es compatible con el artículo 102 TFUE.

I. Marco normativo

A. Derecho de la Unión

4. El artículo 14 TFUE indica: «Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 93, 106 y 107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos servicios».

5. El artículo 102 TFUE prescribe: «Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva; d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos».

6. Los apartados 1 y 2 del artículo 106 TFUE señalan: «1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive. 2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión».

7. El apartado 1 del artículo 107 TFUE reza: «Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

8. El apartado 3 del artículo 108 TFUE recoge: «La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva».

B. Derecho nacional

1. Normas aplicables a las cuentas corrientes postales

a) Ley n.o 662 de 1996 ( 4 )

9. Según su artículo 2: «18. […] A partir del 1 de enero de 1997, […] Poste Italiane podrá establecer comisiones a cargo de los titulares de las cuentas postales. […] 19. Los servicios postales y de pago para los que no está expresamente previsto un régimen de monopolio legal por la reglamentación vigente se proveerán por la empresa Poste Italiane y los otros operadores en régimen de libre competencia. […] Poste Italiane estará obligada a llevar un registro contable separado, distinguiendo en particular entre los costes y las cargas vinculados a las prestaciones de servicios realizadas en el marco de un régimen de monopolio legal y los referidos a prestaciones realizadas en régimen de libre competencia. 20. A partir del 1 de abril de 1997, los precios de los servicios a que se refiere el apartado 19 se establecerán, también por vía convencional, por la empresa Poste Italiane, teniendo en cuenta las exigencias de la clientela y las características de la demanda, así como la exigencia de preservar y desarrollar los volúmenes de tráfico […]».

b) Decreto del Presidente de la República n.o 144 de 2001 ( 5 )

10. De conformidad con su artículo 3, apartado 1, «salvo disposición en contrario en el presente decreto, las relaciones con la clientela y la cuenta corriente postal se rigen por vía contractual, respetando las disposiciones del Código civil y de las leyes especiales».

c) Decisión n.o 57/1996 del Consejo de administración de Poste Italiane

11. Mediante esa Decisión, se acordó cobrar una comisión por cada operación de gestión de la cuenta corriente postal de los concesionarios del servicio de percepción de impuestos. Su importe se fijó en 0,05 euros entre el 1 de abril de 1997 y el 31 de mayo de 2001 y en 0,23 euros entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.

2. Normas aplicables a los tributos de las entidades territoriales

a) Decreto legislativo n.o 504 de 1992 ( 6 )

12. Con arreglo al artículo 10, apartado 3: «El impuesto debido en virtud del apartado 2 deberá liquidarse mediante ingreso directo del concesionario responsable de su percepción en la circunscripción a la que pertenece el municipio a que se refiere el artículo 4 o mediante ingreso en una cuenta corriente postal a estos efectos a nombre del referido concesionario […]. La comisión debida al concesionario será a cargo del municipio impositor y se fija en el 1 % de las sumas percibidas, con un mínimo de [1,75 euros] y un máximo de [50 euros] por cada pago efectuado por el contribuyente».

b) Decreto del Ministro de Finanzas n.o 567 de 1993 ( 7 )

13. Los artículos 5 a 7 permiten a los titulares de una cuenta fiscal ingresar directamente en las ventanillas del concesionario o en una entidad de crédito, mediante mandato irrevocable de pago al concesionario, los importes relativos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto de las personas jurídicas —también en calidad de sustituto—, al impuesto local sobre la renta, a los impuestos que reemplazan a los citados y al IVA.

c) Decreto legislativo n.o 446 de 1997 ( 8 )

14. El artículo 59, apartado 1, reserva a los municipios la adopción de la reglamentación en materia de percepción de contribuciones locales, con el fin de racionalizar las modalidades de ejecución de los pagos, previendo, además del pago al concesionario, el pago en la cuenta corriente postal abierta a nombre de la Administración fiscal del municipio, el pago directo a esta última y el pago por vía del sistema bancario.

d) Decreto ley n.o 70 de 2011 ( 9 )

15. A tenor de su artículo 7, apartado 2, letra gg-septies): ( 10 ) «En el caso de que la percepción de los ingresos se confíe a [concesionarios], se realizará mediante la apertura de una o varias cuentas corrientes de ingreso, postales o bancarias, a nombre del concesionario y afectadas al cobro de los ingresos del poder adjudicador, en las que deberá ingresarse el conjunto de las sumas percibidas».

II. Hechos (según los autos de reenvío), litigios y cuestiones prejudiciales

16. Las actividades de Poste Italiane se fueron definiendo a medida que se desarrollaba su proceso de privatización. En particular, la normativa nacional le reservaba la prestación de determinados servicios, con la obligación de llevar una contabilidad separada.

17. El artículo 10, apartado 3, del Decreto legislativo n.o 504/1992 implantó como modalidades para el ingreso del IBI bien el «pago directo al concesionario de la recaudación en cuya circunscripción se encuentre el municipio [del inmueble gravado]», bien el pago «en la correspondiente cuenta corriente postal a nombre del concesionario». El concesionario quedaba, pues, obligado a abrir una cuenta corriente postal para cumplir la obligación contraída con el ente territorial exactor del impuesto.

18. Para el tribunal de reenvío, hasta 2011 esta obligación no se vio afectada por las ulteriores reformas que ampliaron las modalidades de pago de tributos locales (mandato irrevocable a los bancos, pago en las ventanillas del Ayuntamiento o pago en cuentas a nombre de la tesorería municipal). Solo en aquel año se reconoció al concesionario de la recaudación de los tributos locales la facultad de abrir, simplemente, una única cuenta corriente bancaria, en lugar de una cuenta postal.

19. Los criterios para fijar las tarifas de los servicios postales y de pago fueron también variando durante el proceso de privatización de la Amministrazione delle Poste. ( 11 ) En particular: — En 1996 se acordó que cobraría una comisión por cada operación efectuada en el marco de la gestión de las relaciones de cuenta corriente postal con los concesionarios del servicio de recaudación tributaria. — En 2001 se decidió aplicar a las relaciones con la clientela y a las cuentas corrientes postales el régimen contractual civil, ya vigente para las cuentas bancarias.

20. Los litigios que están en el origen de estos reenvíos prejudiciales enfrentan a Poste Italiane con dos concesionarios, ( 12 ) a quienes esa entidad reclama el pago de las comisiones por cada ingreso del IBI en sus cuentas corrientes postales, desde 1997 a 2011: — Por un lado (asunto C‑434/19), Poste Italiane pidió que se condenara a Riscossione Sicilia a pagarle la comisión controvertida. Desestimada su demanda en primera instancia, el tribunal de apelación reconoció el derecho de Poste Italiane para el período posterior al 1 de junio de 2006. — Por otro lado (C‑435/19), una pretensión análoga, deducida por Poste Italiane contra la Agenzia, fue también desestimada en instancia y estimada en apelación.

21. Interpuestos sendos recursos ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo), este órgano judicial ha suscitado dos cuestiones prejudiciales idénticas, de este tenor. «1) ¿Es compatible con los artículos 14 TFUE […] y 106 TFUE, apartado 2, […] y con el régimen de servicio de interés económico general (SIEG) una normativa como la establecida por el artículo 10, apartado 3, del Decreto legislativo n.o 504/1992, en relación con el artículo 2, apartados 18 a 20, de la Ley n.o 662/1996, en virtud de la cual se establece y se mantiene —incluso después de la privatización de los servicios bancarios prestados por Poste Italiane […]— una reserva de actividad (régimen de monopolio legal) a favor de Poste Italiane […] consistente en la gestión del servicio de cuenta corriente postal para la recaudación del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IBI), habida cuenta de la evolución de la normativa estatal en materia de recaudación de impuestos que, al menos desde 1997, permite a los contribuyentes y a los entes locales exactores utilizar métodos de pago y de recaudación de impuestos (incluidos los locales) a través del sistema bancario? 2) En caso de que se considere, en respuesta a la primera cuestión, que el monopolio legal responde a las características del SIEG, ¿es compatible con los artículos 106 TFUE, apartado 2, […] y 107 TFUE, apartado 1 […], según los interpreta el Tribunal de Justicia en atención a los requisitos que permiten distinguir una medida legítima —por la que se compensan las obligaciones de servicio público— de una ayuda de Estado ilegal (sentencia […] Altmark […] C‑280/00), la norma resultante del artículo 10, apartado 3, del Decreto legislativo n.o 504/1992, en relación con el artículo 2, apartados 18 a 20, de la Ley n.o 662/1996 y con el artículo 3, apartado 1, del Decreto […] n.o 144/2001, que atribuyen a Poste Italiane […] la facultad de fijar unilateralmente el importe de la “comisión” debida por el concesionario (agente) del servicio de recaudación del IBI, que se aplica a todas las operaciones de gestión efectuadas con la cuenta corriente postal del concesionario, habida cuenta de que Poste Italiane, […] mediante acuerdo del Consejo de administración n.o 57/1996, fijó dicha comisión en 100 liras para el período comprendido entre el 1 de abril de 1997 y el 31 de mayo de 2001 y en 0,23 euros a partir del 1 de junio de 2001? 3) ¿Es compatible con el artículo 102 TFUE, apartado 1 […], según lo interpreta el Tribunal de Justicia […], un régimen jurídico como el constituido por el artículo 2, apartados 18 a 20, de la Ley n.o 662/1996, el artículo 3, apartado 1, del Decreto […] n.o 144/2001 y el artículo 10, apartado 3, del Decreto legislativo n.o 504/1992, en virtud del cual el concesionario (agente) está sujeto necesariamente al pago de la “comisión”, determinada o modificada unilateralmente por Poste Italiane […], de modo que no puede resolver el contrato de cuenta corriente postal sin incurrir en un incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 10, apartado 3, del Decreto legislativo n.o 504/1992 y, consecuentemente, de la obligación de recaudación del IBI contraída con los entes locales exactores?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22. Las cuestiones prejudiciales tuvieron entrada en el Tribunal de Justicia el 5 de junio de 2019.

23. Han depositado observaciones escritas Poste Italiane, la Agenzia y la Comisión, quienes respondieron por escrito a las preguntas del Tribunal de Justicia, formuladas en sustitución de la vista pública señalada para el 22 de abril de 2020 y más tarde anulada.

IV. Análisis

A. Observación preliminar

24. El Tribunal de Justicia, al resolver sobre una demanda de petición prejudicial, ha de atenerse a los hechos y a la exposición del derecho interno que le facilita el órgano judicial de reenvío. ( 13 )

25. En este asunto, de esa exposición destaca lo que el tribunal de reenvío denomina «monopolio legal» de Poste Italiane en la prestación del servicio de cuenta corriente para el cobro del IBI. Ese monopolio no impide, sin embargo, que los contribuyentes puedan pagar el impuesto directamente a los concesionarios, sin la intermediación de Poste Italiane, como se reconoce en los autos de reenvío.

26. Poste Italiane, tanto en sus observaciones escritas (apartados 12 a 15) como en contestación a una pregunta específica del Tribunal de Justicia, sostiene que había, además, otras formas alternativas de pago del IBI que no se mencionan en los autos de reenvío.

27. En concreto, asevera que ese pago se podía efectuar a través de «entidades de crédito [distintas de Poste Italiane] concertadas con el concesionario» ( 14 ) y, a partir del Decreto legislativo n.o 446/1997, directamente en la Administración territorial exactora del IBI o en algunas de las entidades financieras designadas por esta. ( 15 )

28. Compete a la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo) pronunciarse acerca de estos extremos, cuya acreditación podría debilitar, de algún modo, la premisa sobre la que se basa el reenvío prejudicial.

B. Primera pregunta prejudicial

29. Con la primera de sus preguntas, el tribunal de remisión quiere saber si la reserva de actividad a favor de Poste Italiane para gestionar el servicio de cuenta corriente postal en la recaudación del IBI responde a las características de un servicio de interés económico general.

1. Posiciones de las partes

30. Poste Italiane mantiene que la primera pregunta es inadmisible, tanto por concernir al artículo 14 TFUE como por competer al juez nacional aplicar directamente el artículo 106 TFUE, apartado 2.

31. Con carácter subsidiario, defiende que el régimen legal de Poste Italiane no le confiere un derecho exclusivo sobre el servicio de percepción del IBI, pues los concesionarios pueden utilizar también otros medios. Asevera que, en cualquier caso, no se reúnen las condiciones para calificar la gestión de las cuentas corrientes postales como un servicio de interés económico general.

32. La Agenzia alega que la relación entre los concesionarios y Poste Italiane es de naturaleza monopolística. Los primeros están obligados ineludiblemente a abrir una cuenta corriente postal en esa entidad, que puede modificar de forma unilateral las condiciones contractuales.

33. Según la Agenzia, el servicio de cuenta postal que Poste Italiane brinda en esos términos, financiado con una comisión obligatoria, no puede ser prestado por otras entidades —nacionales o europeas—, lo que confiere ventaja a una sola empresa. Por lo demás, la fijación de las comisiones no se habría llevado a cabo de manera objetiva y transparente, y se impide que los concesionarios puedan negociar condiciones más favorables.

34. Para la Comisión, no parece que Poste Italiane esté obligada por un acto (en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) a proveer prestaciones a título de obligación de servicio público.

2. Admisibilidad

35. En mi opinión, la referencia, en los autos de reenvío, al artículo 14 TFUE no comporta la inadmisión de la primera pregunta. Sin perjuicio de que, como alega Poste Italiane, no resulta fácil apreciar qué tipo de duda interpretativa suscita el precepto, en este caso, lo cierto es que la primera pregunta atañe, sustancialmente, al artículo 106 TFUE: la cita del artículo 14 TFUE se incluye porque ambos aluden a los «servicios de interés económico general».

36. El artículo 14 TFUE versa sobre los servicios de interés económico general, al recoger que la Unión y los Estados han de velar «por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones [...] que les permitan cumplir su cometido». El artículo 106 TFUE, apartado 2, establece que el sometimiento de tales servicios a las normas de los Tratados —en particular, a las normas sobre competencia— no debe impedir a las empresas encargadas de su gestión «el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada».

37. Ambos preceptos comparten, pues, una unidad de sentido: garantizar el sometimiento a los Tratados de los servicios económicos de interés general, asegurando a la vez que no vaya en detrimento de sus misiones específicas.

38. Como afirma Poste Italiane, incumbe al juez nacional apreciar la compatibilidad con el artículo 106 TFUE de las prácticas de las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Son los jueces nacionales quienes han de «comprobar si tales prácticas, en el caso de que sean contrarias a esta disposición, pueden estar justificadas por necesidades derivadas de la misión específica que se hubiere confiado a las empresas». ( 16 )

39. Ahora bien, dentro del marco del artículo 267 TFUE, el juez nacional es libre de pedir la colaboración del Tribunal de Justicia, si lo cree oportuno, para someterle sus dudas acerca de la interpretación del artículo 106 TFUE. ( 17 ) Esas dudas pueden, legítimamente versar sobre la calificación de una actividad como servicio de interés económico general.

40. La Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo) plantea, en definitiva, una pregunta sobre la interpretación del derecho de la Unión a la que, en principio, el Tribunal de Justicia está obligado a contestar. ( 18 ) Solo podría eludir esa contestación si fuera evidente que la interpretación solicitada no guarda relación con el litigio principal, tuviera carácter hipotético o no dispusiera de los elementos de hecho o de derecho imprescindibles para responderla. ( 19 ) Nada de eso sucede en cuanto a esta primera pregunta.

3. Sobre el fondo

41. Según acabo de recordar, es el tribunal de reenvío el que ha de determinar si a Poste Italiane se le encomendó, efectivamente, la ejecución de obligaciones de servicio público claramente definidas.

42. Sin perjuicio de la apreciación final de aquel tribunal, coincido con Poste Italiane y con la Comisión en que, del análisis del régimen legal controvertido, no se infiere que los servicios financieros prestados por Poste Italiane a los concesionarios de la recaudación del IBI puedan calificarse de «interés económico general».

43. La facultad reconocida a los Estados miembros en cuanto a la definición de los servicios de interés económico general no es ilimitada, sino que está sometida a una serie de condiciones. Entre ellas figura, en primer lugar, que la empresa de la que se trate esté efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y que tales obligaciones se encuentren claramente definidas en el derecho nacional. ( 20 )

44. Con esa condición «se persigue un objetivo de transparencia y de seguridad jurídica que exige la concurrencia de unos criterios mínimos relacionados con la existencia de uno o varios actos del poder público que definan con suficiente precisión, como mínimo, la naturaleza, la duración y el alcance de las obligaciones de servicio público que recaen sobre las empresas encargadas de ejecutar tales obligaciones». ( 21 ) De modo que, «si no existiera una definición clara de tales criterios objetivos, no sería posible verificar si una actividad específica puede considerarse incluida en el concepto de SIEG». ( 22 )

45. Pues bien, en cuanto a su actividad bancaria, no consta que Poste Italiane esté formalmente obligada a proveer determinadas prestaciones a título de obligación de servicio público, en unos términos que fijen su naturaleza y su alcance con suficiente precisión, con lo que no se cumple el objetivo de transparencia y seguridad jurídica antes transcrito. Este factor bastaría por sí solo para descartar que se trate de un servicio de interés económico general.

46. Distinto es que Poste Italiane, en su calidad de adjudicataria del servicio postal universal en Italia, realice, en ese específico ámbito, un servicio de interés económico general, sobre lo que no hay debate. Ahora bien, como ya declaró el Tribunal de Justicia, entre los servicios postales que contempla la Directiva 97/67/CE ( 23 ) no se incluyen los servicios financieros facilitados por las empresas postales, «ni siquiera los prestados con carácter adicional por los proveedores de servicios postales». ( 24 )

47. En suma, los servicios financieros que brinda a sus clientes Poste Italiane, aprovechando lo que el tribunal de reenvío denomina capilarización de su red de sucursales en el territorio italiano, no parecen configurarse como un servicio de interés general, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 25 ) Entre esos servicios se encuentra el de poner a disposición de terceros (entre ellos, los concesionarios de la recaudación del IBI) la posibilidad de abrir y gestionar cuentas corrientes, postales o de otro tipo.

C. Segunda pregunta prejudicial

48. La Corte di Cassazione (Tribunal Supremo) formula su segunda pregunta para el caso de que se considere que «el monopolio legal [de Poste Italiane] responde a las características del SIEG».

49. En coherencia con sus observaciones sobre la primera pregunta, tanto Poste Italiane como la Comisión aducen que no ha lugar a contestar a la segunda: si no es posible constatar la existencia de un servicio de interés económico general, resulta innecesario responder a un interrogante que presupone esa existencia.

50. La Comisión, sin embargo, examina a título subsidiario si concurren en este asunto las denominadas «condiciones Altmark». ( 26 ) Entiende que, no siendo así, las comisiones controvertidas merecerían la catalogación como ayuda de Estado incompatible con el artículo 107 TFUE.

51. En mi opinión, dada la solución que sugiero a la primera pregunta, no procede entrar en el análisis de la segunda, cuyo presupuesto es, justamente, el que se rechaza en aquella.

52. En todo caso, de modo subsidiario, acometeré, al igual que la Comisión, el estudio de la segunda pregunta. Creo oportuno subrayar que lo que el tribunal a quo destaca en esa pregunta es la facultad atribuida a Poste Italiane para fijar unilateralmente el importe de la comisión que se cargaba al concesionario. Ese factor sería, en su planteamiento, el determinante para apreciar la compatibilidad de las normas controvertidas con los artículos 106 TFUE, apartado 2, y 107 TFUE, apartado 1.

53. Para que una medida estatal merezca la calificación de «ayuda» en el sentido del artículo 107 TFUE, han de reunirse, de manera cumulativa, los requisitos que a continuación analizo. ( 27 )

1. Intervención estatal o mediante fondos estatales

54. El Decreto legislativo n.o 504/1992 impuso a los concesionarios la obligación de abrir cuentas corrientes postales para la percepción del IBI que abonaban los contribuyentes. Poste Italiane tenía el correlativo derecho (que le atribuía la Ley n.o 662/1996) de recibir una comisión por la gestión de esas cuentas, cuyo montante estableció la Decisión n.o 57/1996.

55. Las comisiones de cobro abonadas por los concesionarios a Poste Italiane serían susceptibles, en principio, de cumplir el primer requisito Altmark, si los fondos en los que consisten pudieran calificarse de «estatales» (es decir, de procedencia pública).

56. De las informaciones que constan en autos no se desprende con nitidez, sin embargo, quién soporta, realmente y en último término, el pago de esas comisiones. Tanto Poste Italiane como la Agenzia han respondido a las preguntas del Tribunal de Justicia afirmando que recae, en principio, sobre los concesionarios.

57. Hay indicios, sin embargo, para suponer que los concesionarios pueden aplicar a ese pago una parte de las cantidades que los entes locales les abonan por recaudar el IBI. ( 28 ) El municipio que les encarga la función recaudatoria ha de retribuir, lógicamente, esa tarea. Si las empresas concesionarias afectan parte de esa retribución, inequívocamente pública, al pago de la comisión a Poste Italiane, podríamos estar ante fondos estatales.

58. Así sería también si los municipios impositores sufragaran la comisión debida a Poste Italiane; si los concesionarios fueran, ellos mismos, empresas públicas (como insiste en señalar la Comisión en su respuesta a las preguntas del Tribunal de Justicia); o, en fin, si Poste Italiane debiera gestionar las comisiones recaudadas en las condiciones prescritas por el poder público.

59. Corresponde al tribunal de remisión aclarar estos extremos y, en consecuencia, verificar si se cumple la primera de las condiciones Altmark.

2. Posible afectación a los intercambios comerciales con los Estados miembros y falseamiento de la competencia

60. En la medida en que, al prestar el servicio de cuenta corriente postal, Poste Italiane opera en un sector abierto a la competencia (el bancario), corresponde también al tribunal de reenvío dilucidar si la percepción de las comisiones controvertidas habría podido afectar a los intercambios con otros Estados miembros y falsear la competencia. ( 29 )

61. A reserva de lo anteriormente expuesto, ( 30 ) si se corroborara que, a partir de 1997, no regía para la recaudación del IBI la normativa nacional que permitía el pago de los tributos locales mediante cuenta corriente bancaria, en lugar de una cuenta postal, el tribunal a quo habrá de ponderar la incidencia de esa exclusión sobre la actividad de otras entidades bancarias. Solo así será posible aquilatar si la medida litigiosa pudo distorsionar la competencia en el sector de la gestión de esos tributos.

62. El órgano judicial de remisión habrá de valorar, igualmente, si las ventajas representadas por la expansión de la red territorial de Poste Italiane constituían una razón suficiente para que se le atribuyera, directa y exclusivamente, la gestión de las cuentas postales de los concesionarios que recaudaban el IBI. No es descartable, a priori, que se hubiera podido organizar un procedimiento de licitación pública abierto a la participación de operadores de otros Estados miembros. ( 31 )

3. Atribución de una ventaja

63. La aportación de recursos públicos se ha de traducir en una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. ( 32 )

64. La ayuda estatal de la que se ocupa el artículo 107 TFUE es, por tanto, la ayuda ventajosa, no la estrictamente compensatoria. Para que no constituyan una «ayuda de Estado», en el sentido del artículo 107 TFUE, deben ser ayudas compensatorias del cumplimiento de obligaciones de servicio público. ( 33 )

65. Solo en ese caso se entiende que la empresa beneficiaria no goza, «en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar[la] en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras». ( 34 )

66. A tal fin, deben reunirse cuatro condiciones específicas, también reseñadas en la sentencia Altmark. ( 35 ) Esta sentencia contempla, por lo tanto, dos grupos de condiciones: — Por un lado, las requeridas, con carácter general, para que una ayuda pueda catalogarse como «de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE. ( 36 ) — Por otro lado, las necesarias para que, específicamente, se considere que no concurre la tercera condición general (ayuda ventajosa).

67. Que se trate, en ambos casos, de cuatro condiciones puede inducir a confusión cuando se habla, sin más, de las «condiciones Altmark». Para evitar equívocos, me referiré, en lo sucesivo, respectivamente a las «condiciones generales Altmark» y a las «condiciones específicas Altmark».

68. Las condiciones específicas Altmark son las siguientes: — «En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas». ( 37 ) — «En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que esta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras». ( 38 ) — «En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. El cumplimiento de este requisito es indispensable para garantizar que no se otorga a la empresa beneficiaria ninguna ventaja que falsee o amenace falsear la competencia al reforzar su posición competitiva». ( 39 ) — «En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada […] para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones». ( 40 )

69. El examen de la calificación de una ayuda como «de Estado», en el sentido del artículo 107 TFUE, debe llevarse a cabo antes de verificar si esa ayuda es precisa para la realización de un servicio de interés económico general y opera, por tanto, la excepción del artículo 106 TFUE, apartado 2.

70. El Tribunal de Justicia ha admitido, sin embargo, que la primera de las condiciones específicas Altmark —es decir, la existencia de una encomienda efectiva y clara para la ejecución de una obligación de servicio público— «se aplica igualmente en el caso de que se haya invocado la excepción formulada en el artículo 106 TFUE, apartado 2». ( 41 )

71. Es en este punto, por tanto, donde convergen las dos primeras preguntas del tribunal de reenvío.

72. Partiendo de estas premisas, para determinar si la comisión percibida por Poste Italiane constituye una ayuda ventajosa (esto es, si se cumple la tercera condición general Altmark), habrá de analizarse su eventual carácter compensatorio.

73. En especial, dado que se invoca en los autos de reenvío el artículo 106 TFUE, apartado 2, habrá de verificarse si las autoridades nacionales obligaban a Poste Italiane a prestar un servicio de interés económico general.

74. Ya me he pronunciado sobre este extremo, en sentido negativo. En todo caso, la obligación asumida por Poste Italiane, en lo que a su actividad bancaria se refiere, no iba más allá de la apertura y la gestión de cuentas corrientes postales a nombre de los concesionarios. No consta, en concreto, que esas cuentas estuvieran sometidas a cláusulas particulares en relación con las de los restantes clientes de Poste Italiane. Así se ha confirmado en respuesta a la pregunta del Tribunal de Justicia sobre este aspecto.

75. Descartada, pues, la presencia de un verdadero servicio de interés económico general, las comisiones controvertidas no podrían calificarse de ayudas compensatorias de las cargas inherentes a la prestación de aquel.

76. En otro supuesto, procederá que verifique si se cumplen las otras tres condiciones específicas Altmark, cuestión sobre la que el Tribunal de Justicia difícilmente puede pronunciarse (más allá de recordar los elementos de carácter general de cada una de esas condiciones), tanto porque el examen de los hechos del litigio es de la exclusiva competencia del tribunal de remisión, como porque la documentación disponible en estos autos no permite detraer la información pertinente para ese menester.

77. La circunstancia a la que, como antes destaqué, parece otorgar mayor relieve el tribunal a quo (la fijación unilateral, por Poste Italiane, de las condiciones de remuneración de la cuenta corriente postal) no altera, de suyo, cuanto se deja dicho.

78. En los autos de reenvío no hay datos para saber si las comisiones efectivamente acordadas en la Decisión n.o 57/1996 son el reflejo adecuado de los gastos de gestión necesarios para prestar el servicio de cuenta corriente postal.

79. A tenor de las respuestas a las preguntas del Tribunal de Justicia, esas comisiones serían las mismas que Poste Italiane aplicaba, indistintamente, al resto de sus clientes, en un régimen de publicidad y de transparencia del servicio de cuenta corriente. ( 42 ) Si así fuera, probablemente no diferirían significativamente de las cobradas, por Poste Italiane o por otras entidades bancarias, en razón de otros ingresos tributarios. No consta, por lo demás, que ese régimen contuviera condiciones contractuales injustificadamente gravosas para los clientes.

80. De cualquier manera, insisto, esos factores deberán ser apreciados por el tribunal de reenvío, cuya cercanía a los hechos lo sitúa en la mejor posición para valorarlos con todos sus matices.

D. Tercera pregunta prejudicial

81. Con la tercera pregunta se trata de determinar, en síntesis, si el régimen legal de Poste Italiane le confería una posición dominante cuya explotación abusiva infringiera el artículo 102 TFUE.

1. Posiciones de las partes

82. Para Poste Italiane, la tercera pregunta no resulta admisible, pues el tribunal de reenvío no explica por qué la normativa aplicada sería incompatible con el artículo 102 TFUE. Además de inadmisible, la pregunta no acierta al afirmar que Poste Italiane es titular de un derecho exclusivo o especial, en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 1, ni cabe colegir de qué modo podría verse compelida a abusar de su posición dominante.

83. Poste Italiane ha repetido, una y otra vez, que los concesionarios podían valerse de otras entidades de crédito para la prestación de los servicios de pago del IBI. ( 43 )

84. Según la Agenzia, Poste Italiane disfruta de una posición dominante en el segmento de mercado representado por el servicio de pago del IBI y habría abusado de esa posición al exigir las comisiones, cuyo montante acordó unilateralmente y sin base objetiva.

85. La Comisión considera que el mercado (de producto) relevante sería el de las prestaciones, a título oneroso, de los servicios de gestión de las cuentas utilizadas por los concesionarios para la percepción del IBI. Su dimensión estaría limitada, pues los contribuyentes pueden optar por abonar el pago directamente al concesionario.

86. Para la Comisión, corresponde al tribunal de reenvío analizar el mercado afectado y discernir si Poste Italiane ostentaba en él una posición dominante. Ese análisis implica dilucidar si otras entidades bancarias podían prestar el mismo servicio que Poste Italiane.

87. La Comisión observa que la capacidad de fijar unilateralmente la comisión controvertida podría crear el riesgo de que Poste Italiane explotara de manera abusiva su (supuesta) posición dominante. Sin embargo, como los contribuyentes podían inclinarse por pagar el IBI directamente a los concesionarios, estos últimos estaban en condiciones de llevar a cabo políticas de estímulo para convertir en más atractiva esa segunda opción. Así podían hacerlo, en concreto, como reacción a una política de Poste Italiane que estableciera comisiones excesivas por el uso de la cuenta corriente postal.

88. En opinión de la Comisión, no parece acreditado, pues, que las fuerzas del mercado no se bastaran para ofrecer los servicios controvertidos con la misma eficacia que Poste Italiane.

2. Admisibilidad

89. Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, con independencia de que se hayan conferido derechos exclusivos o especiales a una empresa, el órgano judicial de remisión ha de indicar en qué mercado y de qué forma dicha empresa ostenta una posición dominante. ( 44 )

90. En particular, el Tribunal de Justicia ha insistido en que, a efectos del artículo 102 TFUE, «el mercado del producto o del servicio del que se trate incluye los productos o los servicios que son sustituibles o suficientemente intercambiables con este, en función no solo de sus características objetivas, en cuya virtud son especialmente adecuados para satisfacer las necesidades constantes de los consumidores, sino también en función de las condiciones de la competencia, así como de la estructura de la demanda y de la oferta en el mercado del que se trate». ( 45 )

91. Pues bien, los autos de remisión presentan, en esta pregunta, carencias expositivas que impiden al Tribunal de Justicia ofrecer una respuesta útil. Esas carencias no han podido ser subsanadas pese a las observaciones de quienes han intervenido en el incidente prejudicial, a los que el Tribunal de Justicia les requirió ciertas informaciones para determinar el mercado de servicios, el mercado geográfico relevante y la existencia de servicios sustitutivos. ( 46 )

92. El órgano judicial remitente debería haber facilitado al Tribunal de Justicia información precisa acerca de las características del mercado relevante, de su extensión geográfica o de la eventual existencia de servicios equivalentes (sustituibles). Al no haberlo realizado así, la tercera pregunta prejudicial deviene inadmisible.

93. A ese mismo resultado se llega, desde otra perspectiva, al advertir que el contenido de esos autos, en lo que concierne a la tercera pregunta prejudicial, no permite identificar con claridad el sentido de esta.

94. En una primera lectura, da la impresión de que, para el tribunal a quo, la mera implantación del «monopolio legal» en favor de Poste Italiane se tradujera forzosamente en la explotación abusiva, por esta empresa, de una posición dominante. Poste Italiane explotaría de manera abusiva la posición de dominio, por ostentar el monopolio legal controvertido. ( 47 )

95. Si esa fuera la interpretación adecuada de los mencionados autos, habría que concluir que se basan sobre una premisa equivocada, no acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 48 ) en la medida en que parecen parificar la posición de dominio con su explotación abusiva. Solo esta última conducta es ilícita a título del artículo 102 TFUE. ( 49 )

96. Otra lectura de esta parte de los autos llevaría a deducir que el órgano judicial de remisión tiene por probada no solo la existencia de una posición de dominio, sino también su explotación abusiva a cargo de Poste Italiane, porque esta marcaba las comisiones de cobro a los concesionarios en las cantidades que el propio tribunal reproduce. Si así fuera, la pregunta al Tribunal de Justicia se tornaría, en sus términos literales, superflua, pues interroga sobre algo que el órgano judicial a quo ya ha resuelto.

97. En fin, la lectura de esta (lacónica) parte de los autos de reenvío que más sentido tiene es la que pone el acento en que la facultad de fijar unilateralmente la comisión de cobro puede constituir una hipótesis «de inducción necesaria al abuso» prohibida por el artículo 102 TFUE. ( 50 )

98. Se trataría, por tanto, de confirmar si esa hipótesis es efectivamente plausible; en otras palabras, si concurren las condiciones para que el régimen normativo controvertido aboque, indefectiblemente, a Poste Italiane a abusar de una posición de dominio.

99. Admitiendo que esta fuera la interpretación más correcta de la duda del tribunal de reenvío, lo cierto es que siguen faltando datos clave para que el Tribunal de Justicia se pronuncie, con un mínimo de rigor, sobre esa duda. La carencia es perceptible, sobre todo, en lo que atañe a dilucidar si el abuso era inevitable: i) en el contexto de un mercado relevante que no se ha especificado con precisión; ii) ante unas condiciones de competencia entre entidades bancarias; y iii) en presencia de unos servicios eventualmente sustitutivos de los prestados por Poste Italiane.

100. En esa tesitura, estimo que la tercera pregunta prejudicial resulta inadmisible. Sin embargo, por si el Tribunal de Justicia no lo entendiera así, expondré escuetamente mi opinión acerca de ella.

3. Sobre el fondo

101. La Comisión había señalado en sus observaciones que, visto el régimen normativo aplicable, los concesionarios podían eludir una eventual conducta abusiva de Poste Italiane y, en consecuencia, no quedaba confirmada la hipótesis de la incitación necesaria al abuso.

102. Sobre este pormenor se han pronunciado Poste Italiane y la Agenzia, a requerimiento del Tribunal de Justicia. La primera, alineándose con la tesis de la Comisión. La segunda, calificando de «irrealista» el planteamiento de esta última.

103. El abuso de la posición de dominio se podría producir, en lo que aquí importa, si Poste Italiane impusiera a los concesionarios precios inicuos, que estos estarían obligados a soportar sin posibilidad de acudir a otras modalidades de cobro del IBI. De esta manera, Poste Italiane obtendría una ventaja ilegítima sobre sus competidores.

104. Según la Comisión, no tendría lugar esa explotación abusiva de la (eventual) posición de dominio si los contribuyentes fueran libres de pagar directamente el IBI a los concesionarios. Estos últimos podrían brindarles condiciones suficientemente atractivas ( 51 ) para que prefirieran esa opción antes que la de realizar el pago en la cuenta corriente postal.

105. Compete, una vez más, al órgano judicial a quo pronunciarse sobre estas posiciones contrapuestas, que el Tribunal de Justicia difícilmente podría valorar, falto de los elementos de juicio a los que ya me he referido.

106. De cualquier forma, para llevar a cabo su apreciación, podría ser pertinente evaluar si el coste económico de las ofertas de los concesionarios a las que alude la Comisión equivaldría, en realidad, —con otro título y bajo otra veste— al que les suponía abonar la comisión fijada unilateralmente por Poste Italiane.

107. El tribunal de reenvío habría de ponderar, además, si la posición de Poste Italiane en el mercado de la actividad bancaria pudo verse beneficiada frente a sus competidores desde el momento en el que, a partir de 1997, todos los tributos locales, salvo el IBI, podían pagarse a través de cuentas corrientes.

108. En concreto, habría de discernir si Poste Italiane, por gozar de una posición de dominio en el ámbito del pago del IBI, estaba indefectiblemente abocada a extender sus efectos en el mercado del pago de los demás tributos locales, en particular, y al del conjunto de la actividad bancaria, en general.

109. Al hacer esa apreciación no se podrá olvidar que, conforme admite la propia Agenzia al contestar a una de las preguntas del Tribunal de Justicia, ( 52 ) dejando a salvo el volumen de las operaciones de cobro (decenas de miles), las condiciones contractuales de las cuentas corrientes postales —incluidas las condiciones económicas— que se aplicaban a los concesionarios de la recaudación del IBI eran las mismas que regían, en general, para cualquier cuentacorrentista que fuera persona jurídica.

110. Si este dato se confirma, podría ser un indicio contrario a la inevitabilidad del abuso de posición de dominio. En un mercado de servicios bancarios liberalizados, Poste Italiane no tendría incentivos para imponer unas comisiones de cobro a sus cuentacorrentistas en general (comprendidos los concesionarios, sujetos al mismo régimen que el resto) significativamente más onerosas que las establecidas por otras entidades de crédito.

111. Por último, puede ser determinante del juicio sobre la explotación abusiva de la posición de dominio que otras entidades bancarias ofrecieran a los concesionarios servicios análogos (sustituibles) a los que estos se pudieran acoger para que los contribuyentes ingresasen las cuotas del IBI, extremo este que el tribunal de reenvío habrá de verificar.

V. Conclusión

112. A tenor de lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder a la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Italia) en los siguientes términos: «1) El servicio de cuenta corriente que, en el ámbito de su actividad de prestación de servicios financieros, Poste Italiana SpA facilitaba a los concesionarios de la recaudación del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, desde 1992 hasta 2011, no reviste las características de los servicios de interés económico general, en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 2, en cuanto que no exista un acto formal de imposición de obligaciones de servicio público claramente definidas, lo que corresponde verificar a la jurisdicción nacional. 2) Habida cuenta de la respuesta a la primera pregunta prejudicial, no procede contestar a la segunda. 3) La tercera pregunta prejudicial es inadmisible».

( 1 ) Lengua original: español.

( 2 ) La recaudación de los tributos se confió en exclusiva, desde el 1 de octubre de 2006, a la Agenzia delle entrate, entidad estatal. En el año 2017, se creó el ente público «Agenzia delle entrate-Riscossione», que asumió las funciones recaudatorias con facultad de actuar por cuenta de las administraciones territoriales (regiones, provincias y municipios).

( 3 ) Poste Italiane SpA (en lo sucesivo, «Poste Italiane») es una sociedad de derecho privado de capital mayoritariamente público, constituida a raíz del proceso de transformación de la Amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni (Administración autónoma de correos y telecomunicaciones) en una entidad pública empresarial y, posteriormente, en sociedad anónima.

( 4 ) Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Ley n.o 662, de medidas de racionalización de las finanzas públicas; GURI n.o 303, de 28 de diciembre de 1996, suplemento ordinario n.o 233; en lo sucesivo, «Ley n.o 662/1996»).

( 5 ) Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 – Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta (Decreto del Presidente de la República n.o 144, sobre reglamentación relativa a los servicios bancarios postales, de 14 de marzo de 2001; GURI n.o 94, de 23 de abril de 2001; en lo sucesivo, «Decreto n.o 144/2001»).

( 6 ) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Decreto legislativo n.o 504, relativo a la reorganización de la financiación de las colectividades territoriales en aplicación del artículo 4 de la Ley n.o 421, de 23 de octubre de 1992; GURI n.o 305, de 30 de diciembre de 1992, suplemento ordinario n.o 137; en lo sucesivo, «Decreto legislativo n.o 504/1992»).

( 7 ) Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 – Regolamento di attuazione dell’art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l’istituzione del conto fiscale (Decreto del Ministro de Finanzas n.o 567 – Reglamento de ejecución del artículo 78, apartados 27 a 38, de la Ley n.o 413, de 30 de diciembre de 1991, relativa al establecimiento de la cuenta fiscal; GURI n.o 306, de 31 de diciembre de 1993).

( 8 ) Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (Decreto legislativo n.o 446, sobre la instauración del impuesto regional sobre las actividades productivas, revisión de tramos, de tipos y de las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la instauración de una adicional regional a este impuesto, así como sobre la reorganización de la disciplina de los tributos locales, de 15 de diciembre de 1997; GURI n.o 298, de 23 de diciembre de 1997, suplemento ordinario n.o 252).

( 9 ) Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (Decreto-ley n.o 70, relativo al semestre europeo – primeras disposiciones urgentes en favor de la economía, de 13 de mayo de 2011; GURI n.o 110, de 13 de mayo de 2011). Se convirtió (con modificaciones) en la legge 12 luglio 2011, n. 106 (Ley n.o 106, de 12 de julio de 2011; GURI n.o 160, de 12 de julio de 2011), modificada posteriormente por el decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto-ley n.o 201, de 6 de diciembre de 2011), a su vez convertido (con modificaciones) en la legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Ley n.o 214, de 22 de diciembre de 2011; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 70/2011»).

( 10 ) En su versión modificada por el artículo 5, apartado 8 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Decreto-ley n.o 16, de 2 de marzo de 2012), convertido (con modificaciones) en la legge 26 aprile 2012, n. 44 (Ley n.o 44, de 26 de abril de 2012).

( 11 ) Se dispuso la prohibición de prestaciones gratuitas por cuenta de las Administraciones públicas y los entes públicos, la reorganización de la concertación con los ministros competentes y la supresión para los servicios en régimen de competencia de todas las obligaciones tarifarias o sociales.

( 12 ) Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (en lo sucesivo, «Riscossione Sicilia») (asunto C‑434/19); y la Agenzia delle entrate – Riscossione (en lo sucesivo, «Agenzia») (asunto C‑435/19).

( 13 ) Véase, por todas, la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2020:267), apartado 22.

( 14 ) Aduce, a este respecto, el Decreto ministerial de 12 de mayo de 1993, modificado por el de 10 de diciembre de 2001, en cuya virtud «el contribuyente [del IBI] puede valerse, para realizar el pago, de las entidades de crédito concertadas con el concesionario de la recaudación».

( 15 ) Cita, para confirmar su tesis, la Circular del Ministerio de Economía y Finanzas n.o 4, de 30 de mayo de 2002, titulada «Aclaraciones en orden al pago del IBI».

( 16 ) Sentencia de 18 de junio de 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254), apartado 34.

( 17 ) «Corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia». Sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 24.

( 18 ) Loc. ult. cit.

( 19 ) Por todas, sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), apartado 25.

( 20 ) Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco y otros/Comisión (C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999; en lo sucesivo, «sentencia Comunidad Autónoma del País Vasco y otros/Comisión)», apartado 72.

( 21 ) Sentencia Comunidad Autónoma del País Vasco y otros/Comisión, apartado 73.

( 22 ) Loc. ult. cit.

( 23 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14), en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008 (DO 2008, L 52, p. 3).

( 24 ) Sentencias de 11 de marzo de 2004, Asempre y Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería (C‑240/02, EU:C:2004:140), apartado 31; y de 22 de octubre de 2015, EasyPay y Finance Engineering (C‑185/14, EU:C:2015:716), apartado 30.

( 25 ) Véanse, en esa línea, los apartados 1 y 2 de la sentencia de 13 de septiembre de 2013, Poste Italiane/Comisión (T‑525/08, no publicada, EU:T:2013:481): «Poste Italiane asegura el servicio postal universal y ejerce actividades bancarias sobre el conjunto del territorio italiano […] Las actividades bancarias de la demandante [Poste Italiane] no se incluyen entre sus obligaciones de servicio de interés económico general».

( 26 ) Sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415; en lo sucesivo, «sentencia Altmark»).

( 27 ) Sentencia de 9 de noviembre de 2017, Viasat Broadcasting UK/Comisión (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), apartado 32; y sentencia Altmark, apartado 75.

( 28 ) El artículo 10, apartado 3, del Decreto legislativo n.o 504/1992 ha concretado esa retribución a favor de los concesionarios en el 1 % de las sumas cobradas, con un mínimo de 1,75 euros y un máximo de 50 euros por cada pago que efectúen los contribuyentes.

( 29 ) Sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros (C‑222/04, EU:C:2006:8), apartado 140.

( 30 ) Puntos 24 a 28 de estas conclusiones.

( 31 ) Sentencia de 29 de julio de 2019, Azienda Napoletana Mobilità (C‑659/17, EU:C:2019:633), apartado 38.

( 32 ) Sentencia Altmark, apartado 84.

( 33 ) Sentencia Altmark, apartado 87.

( 34 ) Loc. ult. cit.

( 35 ) Sentencia Altmark, apartados 89 a 93.

( 36 ) Sentencia Altmark, apartado 75.

( 37 ) Sentencia Altmark, apartado 89.

( 38 ) Sentencia Altmark, apartado 90.

( 39 ) Sentencia Altmark, apartado 92.

( 40 ) Sentencia Altmark, apartado 93.

( 41 ) Sentencia Comunidad Autónoma del País Vasco y otros/Comisión, apartado 56.

( 42 ) Véanse, infra, los puntos 109 y 110.

( 43 ) Véanse, de nuevo, los puntos 24 a 28 de estas conclusiones.

( 44 ) Sentencia de 13 de diciembre de 2007, United Pan-Europe Communications Belgium y otros (C‑250/06, EU:C:2007:783), apartado 21.

( 45 ) Sentencia de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), apartado 32.

( 46 ) El Tribunal de Justicia les inquirió, entre otros extremos, acerca de: i) los servicios sustitutivos del prestado por Poste Italiane a los concesionarios del IBI; ii) las condiciones de la oferta de esos servicios sustitutivos; iii) las partes del territorio nacional en las que Poste Italiane prestaba sus servicios a los concesionarios del IBI; y iv) las eventuales estrategias de los concesionarios para incentivar el pago del IBI a sí mismos, y no a través de Poste Italiane.

( 47 ) Así lo entiende la Comisión en el apartado 90 de su escrito de observaciones.

( 48 ) Sentencia de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), apartado 48: «el mero hecho de establecer o reforzar una posición dominante mediante la concesión de derechos especiales o exclusivos […], no es como tal, incompatible con el artículo [102 TFUE]».

( 49 ) Ibidem, apartado 49. Es imprescindible, a esos efectos, que, «por el mero ejercicio del derecho exclusivo que se le ha conferido, [la empresa] explot[e] su posición dominante de modo abusivo o [que] esos derechos puedan crear una situación en la que dicha empresa sea inducida a cometer tales abusos». Cursiva añadida.

( 50 ) Auto de planteamiento del asunto C-435/19, p. 19, in fine, del original italiano. Cursiva en el original.

( 51 ) Apartados 110 y 111 del escrito de observaciones de la Comisión. Entre las «estrategias» ideadas por la Comisión para que los concesionarios disuadieran a Poste Italiane de la tentación de explotar abusivamente su posición, imponiéndoles tarifas excesivas, figuran la de crear una red de representantes habilitados para aceptar el pago directo del tributo o la de proponer reducciones (a su cargo) a los contribuyentes que escogieran esa vía.

( 52 ) Respuesta a la cuarta pregunta formulada por el Tribunal de Justicia.