CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. KARL ROEMER

presentadas el 23 de mayo de 1973 ( *1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

El Centrale Raad van Beroep de Utrecht, órgano jurisdiccional neerlandés de última instancia, competente en materia de Seguridad Social, presentó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia mediante resolución de 14 de diciembre de 1972 solicitando que éste se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:

¿Cómo deben interpretarse las disposiciones de los artículos 5 y 6 así como del Anexo D del Reglamento no 3?

a) ¿En lo que atañe al ámbito personal de aplicación del Reglamento no 3, sustituyen las disposiciones de dicho Reglamento, las de los convenios celebrados entre Estados miembros en materia de Seguridad Social que no se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1 de su artículo 6 ni tampoco en el Anexo D, cuando la aplicación de estas últimas dé lugar a un resultado más favorable para el beneficiario de las prestaciones que el citado Reglamento?

b) En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los criterios que permiten determinar cuál de los dos actos, un Convenio o un Reglamento, conduce a un resultado más favorable en un caso determinado? En dicha situación, ¿debe considerarse lo que finalmente se abonará «de facto» al beneficiario en los demás Estados miembros?

c) ¿Cómo deben interpretarse a este respecto los artículos 6 y 7 y el Anexo II del Reglamento no 1408/71?

La comprensión de estas cuestiones necesita algunas explicaciones previas.

El Sr. Walder, demandante en el asunto principal, posee la nacionalidad neerlandesa y vive en Bélgica desde 1954. Entre 1920 y 1954 trabajó en los Países Bajos donde cotizó durante un período de 75 semanas de conformidad con la Ley neerlandesa de seguros por invalidez-vejez para los trabajadores por cuenta ajena.

Cuando se jubiló, después de haber cumplido 65 años, también solicitó una pensión de vejez a la Seguridad Social neerlandesa, que le fue concedida a partir del 1 de enero de 1970 mediante Decisión de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1971. Para ello y porque el Sr. Walder era un trabajador migrante en el sentido del Reglamento no 3 sobre la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, la institución de Seguridad Social aplicó los artículos 27 y 28 de dicho Reglamento y su Anexo G, III, B, a. En consecuencia, se basó en el hecho de que los períodos de cotización cubiertos antes del 1 de enero de 1957 en los Países Bajos debían asimilarse a los períodos de seguro en virtud de la Algemene Ouderdomswet, es decir, en virtud de la ley que en los Países Bajos sustituyó, a partir del 1 de enero de 1957, al seguro de invalidez-vejez para los trabajadores por cuenta ajena -en lo que se refiere a la pensión de vejez-mediante un seguro de vejez general para todas las personas residentes en los Países Bajos. El cálculo así efectuado dio lugar a una pensión cuyo importe equivalía al 4 % de la pensión de vejez concedida a un hombre soltero en virtud de la Algemene Ouderdomswet.

El Sr. Walder no quedó satisfecho con este resultado. Estaba convencido de que tenía derecho a una pensión más elevada que, según él, ascendía al 33,6 % de la pensión concedida a un beneficiario casado. Éste era el resultado obtenido mediante un cálculo efectuado en base al Convenio de Seguridad Social celebrado entre Bélgica y los Países Bajos el 29 de agosto de 1947, así como al Acuerdo complementario de 21 de abril de 1951 (ambos modificados por el Convenio de 4 de noviembre de 1957). Dicho cálculo llegaba a un resultado más favorable, puesto que no sólo tenía en cuenta los períodos de trabajo efectuados en los Países Bajos, sino que también consideraba los períodos de residencia del beneficiario y eventualmente los de su esposa, los que se cumplieron en los Países Bajos antes del 1 de enero de 1957.

El Sr. Walder interpuso, pues, un recurso de apelación contra esa Decisión de la Seguridad Social neerlandesa ante el Raad van Beroep y, más tarde, al no haber prosperado tampoco, este recurso, sometió el asunto al Centrale Raad van Beroep, donde actualmente se encuentra pendiente. Para ese Tribunal, la cuestión que se plantea se refiere, por una parte, a la relación existente entre el Reglamento no 3 y el Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 1490, p. 2; EE 05/01, p. 98) y, por otra, a los Convenios bilaterales de Seguridad Social, lo que explica las cuestiones planteadas a este Tribunal de Justicia y, en particular, la que se refiere a la interpretación de los artículos 5 y 6 y del Anexo D del Reglamento no 3.

Antes de ocuparme del examen de dichas cuestiones, me parece oportuno recordar lo que la Comisión (única Institución que ha intervenido durante el procedimiento prejudicial) ha manifestado sobre la evolución del Derecho de la Seguridad Social en los Países Bajos (en cuanto interesa en este asunto), sobre el alcance y la evolución del Convenio de Seguridad Social celebrado entre Bélgica y los Países Bajos y sobre la evolución experimentada por el Reglamento no 3 a este respecto.

En primer lugar, es importante señalar el hecho de que la mencionada Algemene Ouderdomswet, que entró en vigor el 1 de enero de 1957, contiene disposiciones transitorias favorables a los interesados. Según las mismas, los períodos de residencia cubiertos por el interesado antes del 1 de enero de 1957 y otros períodos, se asimilan a los períodos de seguro en el sentido de la Algemene Ouderdomswet, a condición de que el beneficiario haya estado domiciliado en los Países Bajos entre los 59 y los 65 años de edad. Otro elemento importante es que el mencionado Convenio belga-neerlandés contiene disposiciones que autorizan la aplicación de las disposiciones transitorias de la Algemene Ouderdomswet aunque la mencionada condición no se haya cumplido y por el contrario, el domicilio haya estado situado en Bélgica durante el período de que se trata. En primer lugar, dicho Convenio se mantuvo en vigor no obstante la entrada en vigor del Reglamento no 3, que, como se sabe, debía sustituir a dichos Acuerdos; en efecto, las disposiciones sobre esta materia contenidas en el Convenio se recogieron en el Anexo D del Reglamento no 3 (versión original DO 1958, 30, p. 588). Sin embargo, parece que esto dio lugar más tarde a dificultades de orden administrativo y jurídico. Por esta razón, los Gobiernos belga y neerlandés, de conformidad con el apartado 1 del artículo 54 del Reglamento no 3, notificaron el 23 de mayo de 1962 al Presidente del Consejo de Ministros una modificación del Anexo D por la que se retiraban de dicho Anexo las disposiciones del Convenio belga-neerlandés de Seguridad Social relacionadas con las disposiciones transitorias de la Algemene Ouderdomswet. En consecuencia, desde ese momento, sólo podían aplicarse a los trabajadores migrantes, que habían trabajado en los Países Bajos, los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, es decir, que para los períodos de afiliación anteriores al 1 de enero de 1957, la pensión de vejez se calculaba basándose en el seguro de invalidez-vejez entonces en vigor; la Algemene Ouderdomswet sólo se aplicaba a los períodos de seguro cubiertos después del 1 de enero de 1957. Como la solución no era del todo satisfactoria, los Países Bajos propusieron introducir como compensación en el Anexo G, III, B del Reglamento no 3 una normativa por la cual -como ya dije al principio- para la aplicación de los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, los períodos de cotización cumplidos antes del 1 de enero de 1957 en virtud del Derecho neerlandés de la Seguridad Social se asimilaban a los períodos de afiliación cumplidos con arreglo a la Algemene Ouderdomswet. Esta propuesta dio lugar a un Reglamento del Consejo de 18 de diciembre de 1963 por el que se modificó el Anexo G.

Finalmente, procede recordar que el Reglamento no 1408/71 que, desde hace algún tiempo, sustituyó al Reglamento no 3, nuevamente prevé un trato más favorable para los trabajadores migrantes que hayan trabajado en los Países Bajos antes del 1 de enero de 1957. En efecto, su Anexo V, F, 2, recoge lo fundamental del contenido del Convenio belga-neerlandés de Seguridad Social, en particular, en lo que respecta a la asimilación de los períodos de residencia del afiliado entre los 59 y los 65 años en otro Estado miembro y los períodos de residencia en los Países Bajos, de tal manera que para calcular una pensión neerlandesa de vejez actualmente se pueden tomar en cuenta los períodos de residencia cubiertos en los Países Bajos antes del 1 de enero de 1957.

Después de estas observaciones, paso a tratar los problemas planteados por la Centrale Raad van Beroep.

1. En primer lugar, está la cuestión relativa a la interpretación de los artículos 5 y 6 del Reglamento no 3 y de su Anexo D o, para ser más exacto, el examen del problema de si las disposiciones del Reglamento sustituyen a las disposiciones de los Convenios que no hayan sido recogidas en las letras a) y b) del apartado 1, ni en las letras a) y b) del apartado 2, ambos del artículo 6, ni en el Anexo D, y esto aún en el supuesto de que con arreglo a estas últimas disposiciones se alcance un resultado más favorable para el interesado. Como ha mostrado la Comisión, la respuesta a esta cuestión no suscita ninguna dificultad especial. Se debe tomar como punto de partida el artículo 5 del Reglamento no 3. En efecto, dicho artículo dispone que este Reglamento sustituye a las disposiciones de los Convenios de Seguridad Social celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros y de los acuerdos complementarios a dichos Convenios. Esta disposición es imperativa y clara. Sólo contiene una ex cepción: «Salvo cuando se disponga expresamente otra cosa en el presente Reglamento». A este respecto, especialmente lo menciona el apartado 2 del artículo 6: «no obstante las disposiciones del presente Reglamento, seguirán siendo aplicables […] e) otras disposiciones de los convenios de Seguridad Social siempre que estén enumeradas en el Anexo D del presente Reglamento». También esta disposición es perfectamente clara: según ella, la solución viene dada en función del contenido del Anexo D; todas las disposiciones que no se encuentran en el Anexo D quedan sustituidas por el Reglamento no 3. Por otra parte, también se puede afirmar -como hizo la Comisión- que el artículo 6 no fija ningún criterio que regule la inclusión en el Anexo D. Aún cuando dicha inclusión favorezca a los interesados, los Estados miembros y el Consejo no están obligados de ninguna manera a efectuarla. Por el contrario, en este ámbito existe una facultad de apreciación, como lo demuestra, entre otras normas, el apartado 3 del artículo 6 en el que se establece que los Estados miembros pueden incorporar al Anexo D las modificaciones «que consideren necesarias». En consecuencia, procede responder a la primera cuestión en el sentido de que todas las disposiciones de los Acuerdos bilaterales que no estén citadas en el Anexo D quedan sustituidas por el Reglamento no 3, aunque dichos Acuerdos otorguen a los interesados un trato más favorable que el que les corresponde en virtud de la aplicación del Reglamento no 3.

2. Puesto que la segunda cuestión sólo se plantea para el caso de que la respuesta a la primera sea negativa y que, como ya señalé, dicha respuesta negativa es improcedente, no es necesario examinar el problema planteado en la segunda cuestión por el Centrale Raad van Beroep.

3. Finalmente, por lo que respecta a la tercera cuestión, relativa a la interpretación de los artículos 6 y 7 del Reglamento no 1408/71 y de su Anexo II, me remito a la respuesta a la primera cuestión. En realidad, el artículo 6 del Reglamento no 1408/71 corresponde al artículo 5 del Reglamento no 3, es decir que en el marco del campo de aplicación personal, sustituye a cualquier Convenio de Seguridad Social que vincule a dos o varios Estados miembros. El artículo 7, al que se remite la salvedad mencionada en el artículo 6, enumera los Acuerdos internacionales que no son modificados por el Reglamento y, en su apartado 2, dispone al igual que el artículo 6 del Reglamento no 3, que sólo seguirán siendo aplicables las disposiciones de convenios de Seguridad Social mencionados en el Anexo II. Como el Convenio celebrado entre Bélgica y los Países Bajos que nos interesa, no figura entre ellos, el Reglamento no 1408/71 no permite que se invoque dicho Convenio.

4. En resumen, propongo, pues, que se responda como sigue a las cuestiones planteadas: a) Procede declarar que las disposiciones del Reglamento no 3, en lo que respecta a su ámbito de aplicación personal, sustituye a los Convenios de Seguridad Social celebrados entre dos o varios Estados miembros que no estén mencionados en el artículo 6, así como en el Anexo D. b) También procede declarar que lo mismo vale para el Reglamento no 1408/71 en lo que respecta a los convenios no mencionados en el artículo 7 o en el Anexo II de dicho Reglamento.

( *1 ) Lengua original: alemán.