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C 399/38

Recurso interpuesto el 16 de agosto de 2018 — Neda Industrial Group/Consejo

(Asunto T-490/18)

(2018/C 399/52)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Neda Industrial Group (Teherán, Irán) (representante: L. Vidal, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 6 de junio de 2018, por la que mantiene las sanciones contra el demandante.

— Condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

Mediante este recurso se pretende obtener la anulación de la Decisión del Consejo de 6 de junio de 2018 de mantener al demandante en la lista de personas y entidades establecida en el anexo II de la Decisión 2010/413/CSFP (1) y en el anexo IX del Reglamento n.o 267/2012. (2)

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada es ilegal debido a un error de Derecho. — A este respecto, alega que el Consejo no ha demostrado que el demandante proporcionara apoyo voluntario a las actividades de Irán que pueden acrecentar el riesgo de proliferación nuclear, que son al parecer el fundamento jurídico para la inclusión del demandante en el anexo IX del Reglamento n.o 267/12. — El demandante manifiesta asimismo que el hecho de que el Consejo no le haya notificado ninguna prueba de cargo infringe el principio de tutela judicial efectiva.

2. Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada es ilegal debido a un error de hecho. — A este respecto, el demandante alega que, considerando sus actividades y los servicios que presta, no está relacionado con las entidades sancionadas ni con ningún tipo de actividades nucleares.

3. Tercer motivo, basado en que la Decisión impugnada es ilegal debido a que infringe el principio general de proporcionalidad. — A este respecto, el demandante manifiesta que su inclusión en la lista de entidades sujetas a medidas restrictivas y la negativa a retirarla de esa lista no son apropiadas ni necesarias para lograr los objetivos que persigue el Reglamento n.o 267/2012, y que le han causado perjuicios desproporcionados.

(1) Decisión 2014/413/CSFP del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39).

(2) Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1).
5.

Quinto motivo, basado en que la Decisión infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1, dado que, al aplicar el principio del operador en una economía de mercado, la Comisión se excedió en el ejercicio de su discrecionalidad, por no haber investigado los hechos suficientemente en el marco del análisis ex ante de rentabilidad que elaboró a posteriori. En este sentido, la parte demandante afirma que la Comisión incurrió en error de apreciación al considerar que la ayuda que se concedió al KLU con el fin de financiar sus medidas de comercialización (ayuda que resultaba conforme con la normativa en materia de ayudas públicas) no constituía un ingreso del aeropuerto. Además, afirma que la Comisión no investigó suficientemente sobre el valor de mercado de las prestaciones realizadas por la parte demandante y, pese a tratarse de prestaciones realizadas a precios normales de mercado, no tuvo en cuenta en la resolución dicho valor.
6.

Mediante el sexto motivo, se alega una infracción del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1/2003, ( 1 ) de las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas ( 2 ) y de principios fundamentales para el cálculo de las multas, en particular, de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. Por último, la demandante alega que la Comisión infringió el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1/2003, las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas y principios fundamentales para el cálculo de las multas, en particular, los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, al considerar un valor de las ventas desproporcionado y al no tener en cuenta la limitada relación de la supuesta infracción con el EEE.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartados 2, letras b), c) y d), y 3, del Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana ( 2 ) La primera y la segunda parte de la iniciativa ciudadana europea registrada mediante la Decisión impugnada están manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico de la Unión para los fines de aplicación de los Tratados. Por este motivo, el registro de la iniciativa infringe el artículo 4, apartados 2, letra b), y 3, del Reglamento (UE) n.o 211/2011. Además, la primera parte de la iniciativa es abusiva y, en consecuencia, también es contraria al artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 211/2011, mientras que, en lo que respecta a la segunda parte, cabe alegar que puede llevar a un resultado contrario a los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 TUE, por lo que también es contraria al artículo 4, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 211/2011.
Asunto T-280/18: Recurso interpuesto el 3 de mayo de 2018 — ABLV Bank/JUR

Recurso interpuesto el 3 de mayo de 2018 — ABLV Bank/JUR

(Asunto T-280/18)

Partes

Demandante: ABLV Bank AS (Riga, Letonia) (representantes: O. Behrends, M. Kirchner y L. Feddern, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule las decisiones de la Junta Única de Resolución (JUR) de 23 de febrero de 2018 en relación con la demandante y su filial ABLV Bank Luxembourg, SA.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca trece motivos.

1. Primer motivo, basado en que la JUR no tenía competencia para adoptar una decisión sobre la liquidación.

2. Segundo motivo, basado en que la JUR vulneró los derechos de la demandante al anunciar una decisión formal de no adoptar medidas de resolución.

3. Tercer motivo, basado en que la JUR vulneró los derechos de la demandante debido a su apreciación errónea por lo que respecta al artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 806/2014. ( 1 )

4. Cuarto motivo, basado en que la JUR vulneró los derechos de la demandante debido a su apreciación errónea por lo que respecta al artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 806/2014.

5. Quinto motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de la demandante a ser oída y otros derechos procesales.

6. Sexto motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de la demandante a una decisión adecuadamente motivada.

7. Séptimo motivo, basado en que la JUR no examinó ni evaluó con atención e imparcialidad todos los aspectos relevantes del asunto.

8. Octavo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de proporcionalidad.

9. Noveno motivo, basado en que la JUR vulneró el principio de igualdad de trato.

10. Décimo motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de propiedad de la demandante y su libertad de empresa.

11. Undécimo motivo, basado en que la JUR vulneró el principio nemo auditur.

12. Duodécimo motivo, basado en que la JUR incurrió en desviación de poder.

13. Decimotercer motivo, basado en que la JUR vulneró el derecho de la demandante reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque no garantizó que los asuntos de la demandante fuesen tratado por las instituciones y órganos pertinentes de la Unión.

( 1 ) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1)
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión vulnera el principio de proporcionalidad. — La Comisión no dispuso de una facultad discrecional amplia al adoptar la Decisión y la apreciación de si la Decisión vulnera el principio de proporcionalidad no debería limitarse a controlar si la Decisión es clara o manifiestamente inadecuada a la luz de los objetivos perseguidos. La Decisión vulnera el principio de proporcionalidad en la medida en que: — La Decisión va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. — La Comisión no eligió la medida menos onerosa de entre todas las medidas adecuadas que estaban a su disposición. — Los inconvenientes causados por la Decisión no son proporcionados a los objetivos perseguidos — Aunque la Comisión disfrutara de una facultad discrecional más amplia, la Decisión sería manifiestamente un medio inadecuado de alcanzar los objetivos perseguidos.
4.

Cuarto motivo, basado en la violación de los derechos de defensa, ya que su audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos no garantizó de manera suficiente los derechos de la parte demandante y el principio de contradicción. De este modo, la parte demandante alega que el hecho de que no se lo invitara a expresarse ante el Pleno sobre la suspensión de la inmunidad no solo contraviene los principios generales del Derecho, sino que también es contraria al sentido común y a la mayor parte de los usos parlamentarios.
1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 10 a 14 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 CE y 82 CE (Texto pertinente a efectos del EEE), (2) en particular en la vulneración del derecho de la demandante a un procedimiento respetuoso de la legalidad e, in primis, de su derecho de defensa. — Se alega a este respecto que la participación de los Estados miembros en las audiencias no constituye una mera formalidad, ya que las autoridades de defensa de la competencia forman parte del comité que debe ser consultado por la Comisión antes de adoptar cualquier decisión. Estas autoridades de defensa de la competencia siempre deben participar en las audiencias plenarias, momento crucial del procedimiento en el que se concentran las actuaciones de defensa de las empresas en respuesta a la postura acusatoria de la Comisión.
3.

Tercer motivo, basado en que, al imponer un derecho antidumping sobre las importaciones de calzado «que se realizaron durante el período de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1472/2006 del Consejo (2) y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo», (3) el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2232 de la Comisión infringe los artículos 1, apartado 1, y 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 2016/1036, (4) y vulnera el principio de seguridad jurídica (no retroactividad).
3.

Tercer motivo, basado en que al establecer un derecho antidumping sobre las importaciones de calzado «que se realizaron durante el período de aplicación del Reglamentos de Ejecución del Consejo (CE) n.o 1472/2006 (2) y (UE) n.o 1294/2009», (3) el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2232 de la Comisión infringe los artículos 1, apartado 1, y 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 2016/1036, (4) y viola el principio de seguridad jurídica (irretroactividad).
—

anule la Resolución de la Quinta Sala de Recurso y obligue a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a examinar de nuevo la solicitud del signo denominativo «500 PANORAMICZNYCH» como marca de la Unión, Solicitud de registro n.o 015299712, eliminando en particular las irregularidades existentes y determinando, que el signo denominativo «500 PANORAMICZNYCH» no cumple los requisitos del artículo 7, apartado 1, en particular las letras b) y c), del Reglamento 2017/1001, por lo que no existe ningún motivo de denegación absoluto
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1982 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y Vietnam y fabricado por Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company y Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 (DO 2017 L 285, p. 14).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/39

Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2017 — Seco Belgium y Vinçotte/Parlamento

(Asunto T-812/17)

(2018/C 052/51)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Seco Belgium (Bruselas, Bélgica) y Vinçotte (Vilvoorde, Bélgica) (representantes: A. Delvaux y R. Simar, abogados)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare la admisibilidad del recurso de anulación.

— Anule la decisión, de fecha desconocida, mediante la cual el Parlamento Europeo decidió adjudicar el contrato [06D20/2017/M005 — Misiones de control y de asesoramiento técnicos en el marco de las adquisiciones, proyectos y obras inmobiliarias del Parlamento Europeo en Bruselas (DO 2017/S 118-236114)] a [otro licitador].

— Condene en costas al Parlamento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan un motivo único, basado en la infracción de los artículos 1.1, 1.2 y 1.3 del anexo «Especificaciones técnicas» del pliego de condiciones del anuncio de licitación 06D20/2017/M005 — Misiones de control y de asesoramiento técnicos en el marco de las adquisiciones, proyectos y obras inmobiliarias del Parlamento Europeo en Bruselas (DO 2017/S 118-236114), en el error manifiesto de apreciación, en los principios generales del Derecho de la Unión Europea, en los deberes de diligencia y minuciosidad, en el principio de igualdad, en el principio de transparencia, en la obligación de motivación resultante, en particular, del artículo 113 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1), en el artículo 161 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión de 29 de octubre de 2012 sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1), en el derecho a la tutela judicial efectiva, así como en ciertas disposiciones que regulan la adjudicación del contrato en cuestión.
5.

Error manifiesto de Derecho en la interpretación y la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, por lo que respecta a la constatación de que la Comisión no debía llevar a cabo valoraciones económicas complicadas y error manifiesto de Derecho y error manifiesto de valoración respecto de las circunstancias reales en la medida en que la Comisión no examinó puntos cruciales para certificar la existencia o no de la ayuda de Estado.
—

Declare nula la decisión del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo de 16 de octubre de 2017, por la que se rechazó la solicitud de acceso de las demandantes al documento del Banco Central Europeo «Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB», de 23 de abril de 2015.
1.

Primer motivo, basado en varios errores manifiestos de apreciación — Invocación del Reglamento (UE) n.o 1351/2014 (2) del Consejo El demandante alega que dicho Reglamento se refiere a un círculo de personas distinto al círculo al que pertenece el demandante, por lo que no puede fundarse en él la inclusión del demandante en la lista objeto del litigio. — Incumplimiento de los Tratados El demandante señala que el Consejo fundamenta la resolución de incluir al demandado en la lista objeto del litigio, entre otros, en que éste llevó a cabo negociaciones con Siemens Gas Turbine Technology OOO sobre el contrato de entrega original, incumpliendo posteriormente las disposiciones de dicho contrato de entrega original. La apreciación de si efectivamente se ha producido un incumplimiento del contrato está sujeta a Derecho ruso. Las partes del contrato de entrega sometieron el asunto al Tribunal de Arbitraje de Moscú. Antes de que dicho Tribunal de Arbitraje decida en el asunto, la imputación del incumplimiento del contrato constituye una base de hecho que carece de garantía suficiente y es inadecuada para fundamentar la resolución 2017/1418 (PESC). — Transporte de turbinas de gas a Crimea Se imputa al demandante ser responsable de la continuación del transporte de turbinas de gas a Crimea. La información publicada en la prensa no es unívoca y se basa en fuentes anónimas. Incumbe al organismo competente de la Unión demostrar el carácter concluyente de los motivos alegados y no a la empresa afectada demostrar lo contrario. — Vulneración de los principios del Derecho internacional humanitario El demandante invoca que Rusia está obligada, desde el punto de vista del Derecho internacional, a restablecer y mantener el orden público en Crimea, del que en nuestros tiempos forma parte también el suministro de energía garantizado y continuado. La necesidad humanitaria de tal suministro de energía no se ha tenido en cuenta en la motivación de la resolución 2017/1418 (PESC), ni en las disposiciones de Derecho internacional.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, (1) al haberse apoyado en (i) un bajo volumen de ventas que no constituyen operaciones comerciales normales y (ii) datos pocos fiables sobre los costes para excluir arbitrariamente determinadas ventas. La demandante alega que el cálculo del valor normal efectuado por la Comisión viola el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base por dos razones. — En primer lugar, la demandante alega que se desvirtúa la determinación del valor normal por la inclusión de ventas relativas a números de control del producto (en lo sucesivo, «NCP») efectuadas en cantidades muy reducidas por el productor del país análogo. La demandante sostiene que quedó demostrado que los precios de ese reducido volumen de ventas no eran fiables y llevaron a un cálculo del valor normal incongruente. Por otra parte, la demandante sostiene que ese reducido volumen de ventas no refleja el comportamiento normal por parte de los compradores ni responde a los patrones normales de formación de los precios y, por lo tanto, no se trata de operaciones comerciales normales, razón por la cual no permite una comparación adecuada. A juicio de la demandante, la Comisión, indicó que había efectuado la prueba sobre operaciones comerciales normales, pero omitió tomar en consideración todo lo expuesto. — En segundo lugar, según la demandante, la Comisión no consiguió datos fiables sobre los costes de los NCP del productor del país análogo. La demandante afirma que, por ello, la Comisión desarrolló una metodología para calcular tales datos sobre los costes basados específicamente en NCP, pero que, en realidad, dicha metodología descansaba en la mera presunción de que todas las transacciones que tenían un precio por debajo del 92,14 % del precio medio de los NCP no eran rentables, más que en un análisis de la rentabilidad efectuado tomando NCP por NCP. La demandante sostiene que partir de esa presunción general no es en absoluto razonable y lleva a una exclusión arbitraria de operaciones de venta y a un aumento injustificado del valor normal. La demandante concluye que es contrario al artículo 2, apartado 7), letra a) basarse en esa metodología y en esos datos poco fiables para excluir arbitrariamente, en perjuicio suyo, las ventas con un precio más bajo del que resulta del cálculo del valor normal.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 211, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 (1) y del Reglamento (CE) n.o 1225/2009. (2) — Al concluir que se cumplían las condiciones económicas respeto de la autorización de inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo, la Comisión no limitó su apreciación a los factores previstos en el artículo 211, apartado 4, letra b), del Código Aduanero de la Unión y basó su apreciación en factores que únicamente pueden controlarse en el procedimiento establecido en el Reglamento n.o 1225/2009.
—

el artículo 46, letra a), del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), y los artículos 33 y 34, apartado 1, de la Decisión 2013/504/UE del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 17 de diciembre de 2012, relativa a la adopción del Reglamento interno (DO 2013, L 273, p. 41), adoptados en aplicación del citado artículo 46, letra a), que confiere al SEPD la función de investigar las reclamaciones y comunicar al interesado los resultados de su investigación;
—

Se afirma a este respecto que el procedimiento de resolución regulado en los artículos 18, 24.2.a) y 27 del Reglamento (UE) no 806/2014 (1) es contrario al derecho de la defensa, en la medida en que no permite a los afectados por dicha resolución la más mínima intervención en el proceso. En esa misma ilegalidad incurren, según los demandantes, los artículos 32, 38 y 43 de la Directiva 2014/59/UE (2), al no prever audiencia alguna a los afectados.
—

Anule la decisión de la sesión ejecutiva de la Junta Única de Resolución (JUR) de 11 de abril de 2017 relativa al cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) [«Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)»], cuando menos en la medida en que dicha decisión afecta a la demandante.
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/423 de la Comisión, de 9 de marzo de 2017, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y Vietnam y fabricado por Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd y Dongguan Texas Shoes Limited Co., y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 (DO 2017, L 64, p. 72).