Ciertamente, la redacción del artículo 13, apartado 1, del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, que regula la decisión del Tribunal General en caso de un recurso de casación fundado, no es completamente idéntica a la del artículo 61, párrafo primero, de dicho Estatuto, disposición pertinente para el Tribunal de Justicia. Sin embargo, en un supuesto en el que el órgano jurisdiccional de primera instancia haya obrado incorrectamente al declarar el recurso inadmisible, estimando una excepción de inadmisibilidad sin haberla unido al examen del fondo, el concepto de «litigio cuyo estado permite su resolución definitiva» debe interpretarse de manera idéntica a la hora de aplicar ambas disposiciones, independientemente de que, a diferencia del artículo 13, apartado 1, el mencionado artículo 61 reconozca al Tribunal de Justicia un margen de apreciación ante un litigio cuyo estado permite su resolución definitiva, autorizándolo a devolverlo al órgano jurisdiccional de primera instancia. En estas circunstancias particulares, procede señalar que el estado del litigio no permite resolver definitivamente sobre el fondo de éste y devolver el asunto al órgano jurisdiccional de primera instancia, sin hacer uso de ninguna facultad de apreciación al respecto.

En principio, según el tenor de los artículos 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 13, apartado 1, del anexo I de dicho Estatuto, el estado del litigio no permite que el órgano jurisdiccional de casación lo resuelva definitivamente cuando el juez de primera instancia haya declarado el recurso inadmisible estimando una excepción de inadmisibilidad sin haberla unido al examen del fondo del asunto. No obstante, en el marco del procedimiento de casación, en determinadas circunstancias es posible resolver sobre el fondo de un recurso de este tipo. Así puede ocurrir, por una parte, cuando la anulación de la sentencia o del auto recurridos implica necesariamente una determinada solución en cuanto al fondo o, por otra parte, cuando el examen del fondo del recurso de anulación se basa en alegaciones intercambiadas por las partes en el marco del recurso de casación como consecuencia de un razonamiento del juez de primera instancia.

La competencia jurisdiccional plena conferida al juez comunitario por el artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios le encomienda la misión de ofrecer una solución completa a los litigios que se le han sometido. Dicha competencia le permite, aun cuando no existan pretensiones regulares a tal efecto, no sólo anular, sino también, si procede, condenar de oficio a la parte demandada al pago de una indemnización por los daños morales provocados por el funcionamiento anormal del servicio. No obstante, en principio, el juez comunitario no puede fundamentar su decisión en un motivo de Derecho examinado de oficio, aunque sea de orden público, sin haber instado previamente a las partes a formular sus observaciones sobre dicho motivo.

Por consiguiente, no puede considerarse que la competencia jurisdiccional plena concedida a los órganos jurisdiccionales comunitarios en los litigios pecuniarios que enfrentan las instituciones comunitarias a sus agentes confiera a dichos órganos jurisdiccionales la facultad de sustraer un litigio de ese tipo a las normas procedimentales vinculadas al principio de contradicción.

(véanse los apartados 55 a 58)