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4

El artículo 6 de la misma Directiva dispone: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un período de actividad razonable previo a la jubilación. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
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Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como las de los litigios principales, un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, mientras su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen. En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.
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El artículo 6 del Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias (DO L 391, p. 36), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1678/98 de la Comisión, de 29 de julio de 1998 (DO L 212, p. 23) (en lo sucesivo, «Reglamento no 3887/92»), establece: «1. Los controles administrativos y sobre el terreno se efectuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz del cumplimiento de las condiciones de concesión de las ayudas y primas. 2. Los controles administrativos […] a los que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3508/92 incluirán en particular: a) comprobaciones cruzadas de las parcelas y los animales declarados para evitar la concesión injustificada de dobles ayudas para el mismo año natural; […] 3. Los controles sobre el terreno se efectuarán, como mínimo, sobre una muestra significativa de las solicitudes. Esta muestra debe comprender por lo menos: […] — 5 % de las peticiones de ayuda “superficies” […]. En caso de que las visitas sobre el terreno pongan de manifiesto la existencia de irregularidades significativas en una región o parte de una región, las autoridades competentes efectuarán controles adicionales durante el año en curso y aumentarán el porcentaje de solicitudes que serán objeto de control al año siguiente en dicha región o parte de región. 4. La autoridad competente determinará las solicitudes que vayan a ser objeto de controles sobre el terreno, principalmente a partir de un análisis de riesgos, así como de la representatividad de las solicitudes de ayuda presentadas. El análisis de riesgos tendrá en cuenta: — el importe de la ayuda; — el número de parcelas y la superficie o el número de animales por el que se solicite la ayuda; — la evolución en comparación con el año anterior; — las comprobaciones efectuadas en los controles de los años anteriores; — otros parámetros que los Estados miembros deberán definir; — las infracciones del Reglamento (CE) no 820/97. […] 7. La determinación de la superficie de las parcelas agrícolas se efectuará por cualquier medio apropiado definido por la autoridad competente y garantizando una exactitud de medida por lo menos equivalente a la exigida para las mediciones oficiales de las disposiciones nacionales. Ésta fijará un margen de tolerancia, habida cuenta, en particular, de la técnica de medición utilizada, de la precisión de los documentos oficiales disponibles, de la situación local (como la pendiente o la forma de las parcelas, etc.) y de las disposiciones del párrafo siguiente. […] 8. El Estado miembro comprobará la subvencionabilidad de las parcelas agrícolas por cualquier medio que sea adecuado. A tales efectos, solicitará se le proporcionen pruebas adicionales en caso de que fuera necesario. […]»
56

A este respecto, procede recordar que se ha declarado que el sistema de subvenciones elaborado por la normativa comunitaria se basa especialmente en el respeto, por parte del beneficiario, de una serie de obligaciones que le dan derecho a percibir la ayuda prevista. Del artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88 se desprende que, si el beneficiario no cumple todas las obligaciones, la Comisión está autorizada a considerar la extensión de sus obligaciones. Para que el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento sea de aplicación, en el supuesto de que el beneficiario no haya ejecutado el proyecto de formación respetando las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de esa ayuda, dicho beneficiario no puede ampararse en los principios de protección de la confianza legítima y de los derechos adquiridos para obtener el pago del saldo del importe total de la ayuda concedida inicialmente [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, Branco/Comisión, T-142/97, Rec. p. II-3567, apartados 97 y 105 (recurso de casación desestimado por auto del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1999, Branco/Comisión, C-453/98 P, Rec. p. I-8037), y de 16 de septiembre de 1999, Partex/Comisión, T-182/96, Rec. p. II-2673, apartado 190 (recurso de casación desestimado por auto del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2001, Partex/Comisión, C-465/99 P, no publicado en la Recopilación)]. Por último, el principio de protección de la confianza legítima no puede ser invocado por un beneficiario que es culpable de una infracción manifiesta de la normativa vigente (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1985, Sideradria/Comisión, 67/84, Rec. p. 3983, apartado 21).
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Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 28 CE no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe la venta y la entrega por correo de soportes gráficos que no hayan sido objeto, por la autoridad competente, de un control y de una clasificación a efectos de la protección de los menores y que no lleven una indicación, que emane de dicha autoridad, de la edad a partir de la que pueden verse, salvo que resulte que el procedimiento de control, clasificación y etiquetado de soportes gráficos establecido por dicha normativa no es fácilmente accesible o no puede concluirse dentro de un plazo razonable o bien que la decisión denegatoria no es recurrible judicialmente.
7

A partir del 1 de enero de 2005, las dos citadas disposiciones del Reglamento no 1254/1999 fueron derogadas por el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1, y corrección de errores, DO 2004, L 94, p. 70).
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El Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que el artículo 36, apartado 2, no se opone a tal forma de proceder si cumple tres condiciones muy precisas, a saber, que: — no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la licitación; — no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación; y — no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. (véase, en este sentido, la sentencia ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, antes citada, apartado 32).
Con arreglo al artículo 222 CE, párrafo segundo, la función del Abogado General consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención. Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a ellas, no es indispensable reabrir la fase oral de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de Procedimiento cada vez que el Abogado General suscita una cuestión de Derecho que no ha sido objeto de debate entre las partes, siempre que la sentencia no se base en argumentos que no han sido debatidos entre éstas.

(véanse los apartados 13 y 14)
No incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 42 de la Directiva 77/91, Segunda Directiva en materia del Derecho de sociedades, en relación con el artículo 29, apartados 1 y 4, de dicha Directiva, un Estado miembro que mantenga en vigor una normativa con arreglo a la cual la junta general de accionistas de una sociedad cotizada en Bolsa puede, al decidir un aumento de capital con la supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente, acordar la emisión de nuevas acciones a cualquier precio, siempre que dicha junta disponga de un informe elaborado por los administradores de la sociedad y de un informe elaborado por un auditor de cuentas nombrado a estos efectos y siempre que el precio de emisión de las acciones sea superior al valor neto patrimonial de éstas que resulte del informe de dicho auditor.

En efecto, si bien el derecho preferente de suscripción reconocido en favor de los accionistas no admite más excepción que la prevista en el artículo 29, apartado 4, de la Segunda Directiva, no es menos cierto que esta Directiva establece unas exigencias mínimas en materia de protección de los accionistas y de los acreedores de las sociedades anónimas, ya que deja a los Estados miembros la libertad de adoptar disposiciones que les sean más favorables, mediante, en particular, condiciones más restrictivas para la supresión de dicho derecho preferente.

Además, el hecho de que la fijación del precio de emisión de las nuevas acciones pueda, en virtud de dicha normativa, ser inferior a su valor de mercado, no significa que pueda llegar a crear una desigualdad de trato, en el sentido del artículo 42 de la Segunda Directiva, entre los antiguos y los nuevos accionistas, ante la falta de cualquier elemento con el que se demuestre, como exige dicho artículo 42, que estas dos categorías de accionistas se encuentran en condiciones idénticas, de modo que se les debiera garantizar un trato de igualdad. Además, exigir que el precio de emisión de las nuevas acciones no sea inferior a su valor de mercado tendría como consecuencia que, aun cuando ese precio estuviera justificado en el informe de los administradores, la junta general de accionistas no podría aplicarlo sin infringir el principio de igualdad de trato del artículo 42 de la Segunda Directiva.

(véanse los apartados 26, 30, 31, 33 y 34)
Asunto C-499/06

Halina Nerkowska

contra

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Koszalinie)

«Pensión de invalidez concedida a las víctimas civiles de la guerra o de la represión — Requisito de residencia en el territorio nacional — Artículo 18 CE, apartado 1»

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, presentadas el 28 de febrero de 2008 I - 3995

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de mayo de 2008 I - 4004

Sumario de la sentencia

Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Ventajas sociales

(Art. 18 CE)

El artículo 18 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación de un Estado miembro en virtud de la cual ese Estado deniega, de manera general y en cualesquiera circunstancias, el pago de una prestación concedida a las víctimas civiles de la guerra o de la represión a los nacionales de ese Estado miembro únicamente porque éstos no residan durante todo el período de pago de la citada prestación en el territorio de dicho Estado sino en el de otro Estado miembro.

Ciertamente, tanto la voluntad de circunscribir la obligación de solidaridad para con las víctimas civiles de la guerra o de la represión exclusivamente a aquellas personas que mantienen un vínculo con el pueblo del Estado miembro interesado mediante un requisito de residencia considerado como una manifestación del grado de integración de tales personas en esa sociedad como la necesidad de comprobar que éstas siguen reuniendo los requisitos para la concesión de tal prestación constituyen consideraciones objetivas de interés general que pueden justificar que los requisitos de concesión o de pago de dicha prestación puedan afectar a la libertad de circulación de los ciudadanos de ese Estado miembro.

No obstante, aun siendo cierto que el requisito de residencia constituye un criterio apropiado para revelar la existencia de tal vinculación, no lo es menos que el hecho de poseer la nacionalidad del Estado miembro que concede la prestación de la que se trata así como de haber vivido en ese Estado durante más de veinte años puede bastar para acreditar los vínculos entre dicho Estado y el beneficiario de esa prestación. En esas circunstancias, la exigencia de residencia, durante todo el período de pago de dicha prestación, debe considerase desproporcionada, dado que va más allá de lo necesario para garantizar tal vinculación. Además, en lo que se refiere a la necesidad de comprobar que el beneficiario sigue reuniendo los requisitos para la concesión de esa prestación, un requisito de residencia también va más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo y, por tanto, no respeta el principio de proporcionalidad.

(véanse los apartados 35, 37 y 39 a 47 y el fallo)
Una entidad adjudicadora, en el sentido de la Directiva 2004/17, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, únicamente está obligada a aplicar el procedimiento previsto en esta Directiva para la adjudicación de contratos relacionados con actividades que dicha entidad ejerce en uno o varios de los sectores contemplados en los artículos 3 a 7 de la mencionada Directiva.

En efecto, el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2004/17 establece que ésta no se aplica a los contratos que las entidades adjudicadoras celebren para fines distintos del desarrollo de sus actividades ejercidas en los sectores contemplados en sus artículos 3 a 7. El artículo 12, párrafo primero, de la Directiva 2004/18 contiene una disposición análoga a ésta, que establece que dicha Directiva no se aplica a los contratos públicos adjudicados por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7 de la Directiva 2004/17 y se adjudiquen para desarrollar dichas actividades. Así, el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17 está estrictamente circunscrito, de modo que los procedimientos que establece no pueden extenderse más allá de ese ámbito de aplicación.

(véanse los apartados 28 y 29 y el punto 1 del fallo)
El artículo 47, apartado 2, letra c), del Reglamento no 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en relación con el anexo VII, apartado B, punto 3, de dicho Reglamento y con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 753/2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 1493/1999 en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 1512/2005, debe interpretarse en el sentido de que, en virtud de esas disposiciones, sólo se permite la utilización de de una mención que se refiere a un método de producción, elaboración o envejecimiento, o a la calidad del vino, si tal indicación no puede crear en el ánimo de las personas a las que va dirigida un riesgo de confusión entre dicha indicación y las menciones tradicionales complementarias previstas en el citado anexo VII, apartado B, punto 1, letra b), quinto guión, y en el artículo 23 del Reglamento no 753/2002. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las menciones controvertidas en el litigo principal pueden crear tal riesgo.

(véanse los apartados 28, 29, 31 y 32 y el punto 1 del fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 12, ap. 1, letras a) y c)]

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La Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, debe interpretarse en el sentido de que su artículo 12, apartado 1, letra c), no se aplica a la percepción de un impuesto como el impuesto finlandés sobre transmisiones, cuando se transmiten valores mobiliarios como aportación a una sociedad de capital que entrega, en contrapartida, acciones propias de nueva emisión. La percepción de este impuesto está permitida en virtud del artículo 12, apartado 1, letra a), de dicha Directiva.

Mientras que las letras a) y b), del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 69/335 versan sobre categorías específicas de bienes, a saber, por una parte, los valores mobiliarios y, por otra parte, los bienes inmuebles y los fondos de comercio, la letra c) del mismo artículo 12, apartado 1, se aplica a una generalidad de bienes, a saber, los «bienes de cualquier naturaleza», y supedita, además, la percepción del impuesto sobre transmisiones al requisito de que la transmisión de estos bienes tenga «una contrapartida que no sean participaciones sociales». En estas circunstancias, según el principio del efecto útil, el concepto de «bienes de cualquier naturaleza» que figura en el artículo 12, apartado 1, letra c), de la Directiva 69/335 sólo puede referirse a los bienes de naturaleza distinta a la de los mencionados en las letras a) y b) del este mismo artículo 12, apartado 1, es decir, respectivamente, a los «valores mobiliarios» y a los «bienes inmuebles o fondos de comercio». En efecto, considerar que el artículo 12, apartado 1, letra c), de la Directiva 69/335 se refiere a los «bienes de cualquier naturaleza», incluidos los contemplados en las letras a) y b), del mismo artículo 12, apartado 1, conllevaría la consecuencia de absorber totalmente el contenido de éstas, de manera que su existencia carecería de todo sentido y utilidad.

(véanse los apartados 37 a 39 y 43 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Agricultura — Organización común de mercados — Restituciones a la exportación — Requisitos para su concesión

[Reglamento (CEE) nº 3665/87 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2955/94, art. 47, aps. 2 y 3]

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No se aplica a la exportación directa de productos el artículo 47, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 3665/87, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2955/94, que prevé que el exportador puede presentar ante el organismo competente una solicitud motivada de equivalencia cuando el ejemplar de control previsto en el artículo 6 de dicho Reglamento no se haya devuelto a la aduana de salida o al organismo central en un plazo de tres meses a partir de su expedición como consecuencia de circunstancias que no son imputables al exportador.

No obstante, cuando, por circunstancias no imputables al exportador, no puede presentarse el documento nacional de exportación que demuestra que los productos de que se trata han salido del territorio aduanero de la Comunidad, la autoridad nacional competente en materia de restituciones a la exportación, de conformidad con los objetivos que persigue el Reglamento nº 3665/87, en su versión modificada por el Reglamento nº 2955/94, debe tener en cuenta de oficio medios de prueba equivalentes, así como las solicitudes de equivalencia presentadas de modo concluyente. Dichos medios de prueba deben, no obstante, ser igual de satisfactorios a efectos del control efectuado, según las modalidades definidas por el Derecho nacional, siempre que éstas respeten el alcance y la eficacia del Derecho comunitario.

Cuando la expiración del plazo de presentación de los medios de prueba equivalentes sea imputable a las autoridades nacionales competentes, éstas no pueden oponer al exportador diligente el plazo de doce meses previsto en el artículo 47, apartado 2, del Reglamento nº 3665/87.

(véanse los apartados 32 y 51 y el fallo)