Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afecten directa e individualmente - Reglamento por el que se establecen derechos antidumping - Derechos diferentes impuestos a empresas diferentes - Admisibilidad circunscrita para cada empresa a las disposiciones que la afectan en particular

(Tratado CEE, art. 173, párr. 2; Reglamentos del Consejo nº 2176/84 y nº 535/87)

2. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del valor normal - Precio practicado en las operaciones comerciales normales - Filiales de venta controladas por el productor - Utilización de los precios practicados por esas filiales - Legalidad

[Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 2, ap. 3, letra a)]

3. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del valor normal - Precio practicado en las operaciones comerciales normales - Precio realmente pagado o por pagar - Reducción de precio por entrega, a cuenta del mismo, de un producto usado - Inclusión

[Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 2, ap. 3, letra a)]

4. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Comparación entre el valor normal y el precio de exportación - Reajustes - Diferencias de fase comercial - Carga de la prueba

[Reglamento nº 2176/84 del Consejo, arts. 2, ap. 9, y 10, letra c)]

5. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Comparación entre el valor normal y el precio de exportación - Reajustes - Diferencias en las condiciones de venta - Consideración subordinada a la existencia de una relación directa con las ventas examinadas - Gastos desprovistos de tal relación - Exclusión

[Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 2, ap. 10, letra c)]

6. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Sector económico de la Comunidad afectado - Producción del producto similar - Facultad de apreciación de las Instituciones - Falta de una delimitación clara de los segmentos de clasificación dentro de la gama de productos considerados - Inexistencia de error de apreciación

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, arts. 2, ap. 12, y 4, ap. 4)

7. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Sector económico de la Comunidad afectado - Exclusión de determinados productores en razón de sus relaciones con las empresas responsables del dumping - Facultad de apreciación de las Instituciones - Requisitos para su ejercicio

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 4, ap. 5)

8. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Efecto de las importaciones objeto de dumping - Evaluación respecto a la producción del producto similar en la Comunidad - Criterios

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 4, ap. 4)

9. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Apreciación del interés de la Comunidad por parte de las Instituciones - Control jurisdiccional - Límites

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 12, ap. 1)

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1. Un Reglamento que impone derechos antidumping diferentes a una serie de operadores económicos sólo afecta individualmente a uno de ellos por medio de las disposiciones que le imponen un derecho antidumping particular y fijan su importe, y no por las que imponen derechos antidumping a otras sociedades.

2. Cuando se comprueba que, respecto a las ventas realizadas en el mercado interno, un productor confía tareas que normalmente corresponden a un departamento de ventas interno a sus filiales de venta con las que forma una entidad económica única, el hecho de que las Instituciones se basen, para el cálculo del valor normal, en los precios pagados por el primer comprador independiente a las filiales de venta está justificado, ya que es lícito considerar estos precios como los precios realmente pagados o por pagar en el curso de operaciones comerciales normales, conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84. Tener en cuenta los precios de la filial de distribución permite evitar que los costes, que están manifiestamente englobados en el precio de venta de un producto cuando esta venta se efectúa por un departamento de ventas incluido en la organización del productor, ya no lo estén cuando la misma actividad de venta se ejerza por una sociedad jurídicamente distinta, aunque económicamente controlada por el productor.

3. Las reducciones concedidas sobre el precio de venta por la entrega de una máquina antigua al comprador de una máquina nueva, que corresponden al valor que el fabricante atribuye a la retirada del mercado de las máquinas usadas, deben ser consideradas como una parte del precio realmente pagado o por pagar por el comprador y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta para determinar el valor normal con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84.

4. Un productor que no acredite que las ventas, sobre las que fueron calculados el valor normal y el precio de exportación, afectan a categorías distintas de compradores y se sitúan, por tanto, en fases comerciales diferentes no justifica los reajustes solicitados con arreglo a los apartados 9 y 10 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84.

5. No pueden considerarse directamente relacionados con las ventas con arreglo a la letra c) del apartado 10 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84, y justificar un reajuste a la baja del valor normal por diferencias en las condiciones de venta ni los gastos de desplazamiento, comunicación, publicidad, promoción de ventas o gastos de representación, que forman parte de los gastos administrativos y generales, ni las reducciones concedidas sobre el precio de venta por la entrega de una máquina antigua al comprador de una máquina nueva.

6. Las Instituciones comunitarias no han incurrido en error de apreciación al considerar, a efectos de la evaluación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria, como "producción del producto similar en la Comunidad", prevista en el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84, la producción global de PPC en todos sus segmentos, salvo las que no se producen en la Comunidad, habida cuenta de que, según los estudios de mercado en que se basaron las Instituciones, los segmentos de clasificación de las fotocopiadoras no estaban claramente definidos, en la medida en que, por una parte, determinadas fotocopiadoras pueden ser clasificadas en varios segmentos diferentes por sus características y datos técnicos, y, por otra, existe competencia tanto entre los aparatos de segmentos contiguos como entre los clasificados en segmentos no contiguos.

7. Se deduce del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento antidumping de base nº 2176/84 que corresponde a las Instituciones en el ejercicio de su facultad de apreciación, examinar si, para determinar la existencia del perjuicio, deben excluir del sector económico de la Comunidad a los productores que tengan vínculos con los exportadores o los importadores o que sean ellos mismos importadores del producto objeto de dumping. Esta facultad de apreciación debe ejercerse en cada caso en función de todos los hechos concurrentes.

8. Las Instituciones no están obligadas, al determinar la existencia de un perjuicio, a tener en cuenta los beneficios o pérdidas realizados por los productores comunitarios en todas las actividades que desarrollan en el sector de que se trata. En efecto, según el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento nº 2176/84, el efecto de las importaciones que sean objeto de dumping, deberá evaluarse en relación con la producción del producto similar en la Comunidad.

9. La cuestión de si, en el supuesto de que exista un perjuicio imputable a las prácticas de dumping, los intereses de la Comunidad necesitan una actuación comunitaria supone la apreciación de situaciones económicas complejas. El control jurisdiccional de semejante apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder.