2.

El Gobierno italiano expone que en el escrito de interposición del recurso en el asunto 262/85 (Comisión/Italia), que a su vez dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987 (Rec. p. 3073), la Comisión no mencionó el motivo de falta de aplicación del artículo 4 de la Directiva en relación con el Anexo I que estaba entonces vigente. Según el Gobierno italiano, ello permite presumir que la Comisión consideraba que la situación italiana era conforme a esta disposición de la Directiva en relación con el Anexo I inicial. El Gobierno italiano alega que el huevo Anexo I establecido por la Directiva 85/411 (144 especies que son objeto de medidas de conservación especial, en lugar de 74), enumera un gran número de especies de aves que no existen en el territorio italiano. Según dicho Gobierno, era lógico esperar que la Comisión señalase, tanto en relación con el Anexo I inicial como en relación con el Anexo I completado, cuáles eran las especies que debían ser objeto de medidas de conservación especial, teniendo en cuenta la situación de las especies protegidas presentes en el territorio italiano. Pero ello no tuvo lugar, ni durante la fase administrativa previa ni en el recurso. En opinión del Gobierno italiano, en tal situación, no fue posible proporcionar ninguna indicación a la Comisión en tal materia. No le parecía posible iniciar un procedimiento por incumplimiento para determinar si, y dentro de qué límites, eran necesarias medidas ulteriores de conservación especial en Italia, a consecuencia de la sustitución del Anexo I de la Directiva. Considera pues que debe declararse la inadmisibilidad del recurso, dado su carácter genérico. El Gobierno italiano señala que la Comisión le hubiera debido denunciar la mora como resultado de un examen de la Comisión comprobando la no aplicación del artículo 4, formulando una imputación que permitiera entablar un procedimiento contradictorio concreto relativo a la situación específica de una u otra determinada especie protegida. Pero no se ha producido ninguna indicación de este tipo. El Gobierno italiano considera que no le corresponde a él comunicar o explicar todas las medidas de conservación especial que han adoptado las regiones de Italia para cada especie de ave mencionada en el Anexo I de la Directiva y presente en Italia. Si la Comisión hubiera imputado defectos de ejecución específicos en este sentido, hubiera sido posible controlar la existencia concreta y la adecuación de las medidas nacionales de conservación especial. Ante la falta de tal imputación concreta, este control es prácticamente imposible. El Gobierno italiano observa además que en el ordenamiento jurídico nacional existen instrumentos de aplicación de las medidas mencionadas en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva. En efecto, las regiones pueden establecer parques y reservas naturales para la conservación del medio ambiente. Además, deben prever, de acuerdo con la Ley n° 968 de 17 de diciembre de 1977 (GURI n° 3 de 4.1.1978), a nivel regional: — Zonas de protección, destinadas al refugio, la reproducción y la estancia de la fauna silvestre [artículo 6, primer párrafo, letra a)]. — Zonas de repoblación y de captura, destinadas a la reproducción de la fauna silvestre, a su difusión a las zonas cercanas y a su captura con fines de repoblación [letra b)]. — Centros públicos de producción de la fauna silvestre, incluso en estado natural [letra c)]. — Normas que prevean o regulen las incitaciones en favor de los propietarios y arrendatarios de fondos, particulares o de agrupaciones, que se comprometen a la recuperación y a la salvaguardia del medio ambiente y a la producción de la fauna silvestre [letra f)]. Pero, según el Gobierno italiano, parece evidente que un control de la existencia y de la adecuación de las medidas nacionales de conservación especial, teniendo en cuenta también los elementos mencionados por el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, sólo pueda realizarse para ciertas especies de aves que pueblan el territorio italiano. Un control general y genérico, tal como el que exige la Comisión, resulta pues imposible.