Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Medidas destinadas al establecimiento de un mercado competitivo en el sector de las telecomunicaciones — Directiva 90/388/CEE — Prohibición para los Estados miembros de discriminar entre suministradores de redes públicas de telecomunicaciones por lo que se refiere a la concesión de servidumbres de paso para el suministro de dichas redes — Diferencias carentes de pertinencia para apreciar la existencia de una discriminación

(Directiva 90/388/CEE de la Comisión, en su versión modificada por la Directiva 96/19/CE, art. 4 quinquies)

2. Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Directiva 90/388/CEE — Discriminación entre suministradores por lo que se refiere a la concesión de servidumbres de paso — Justificación — Inexistencia

(Directivas de la Comisión 90/388/CEE, en su versión modificada por la Directiva 96/19/CE, y 97/33/CE, art. 5, ap. 3, y anexo III)

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1. El artículo 4 quinquies de la Directiva 90/388, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 96/19, que exige que los Estados miembros no discriminen entre suministradores de redes públicas de telecomunicaciones por lo que se refiere a la concesión de servidumbres de paso para el suministro de dichas redes, es una expresión particular del principio general de igualdad. La prohibición de discriminación, que forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario, exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera distinta, a menos que tal diferenciación esté objetivamente justificada.

A este respecto, no es decisivo que la exención del pago de tasas y gravámenes ligados a la creación de infraestructuras de telecomunicaciones o al paso de las diferentes partes de la instalación o del equipamiento necesario para la explotación de la red concedida resulte de la Ley o que se desprenda más bien de la jurisprudencia. En efecto, en los dos casos, la exención existe en virtud de la situación jurídica interna del Estado miembro de que se trate.

Además, la comparación de las situaciones de las empresas del sector de telecomunicaciones no debe limitarse exclusivamente a las empresas sometidas a obligaciones de servicio público. En efecto, la situación de un proveedor de una red pública de telecomunicaciones debe compararse con la de todos sus competidores que ejercen también sus actividades en el mercado de las telecomunicaciones y desean crear redes alternativas. En su defecto, el objetivo perseguido por la normativa comunitaria, a saber, el establecimiento de un mercado competitivo en el sector de las telecomunicaciones, estaría gravemente amenazado.

(véanse los apartados 23 a 26, 28 y 29)

2. La compensación de los costes resultantes de la obligación para el operador histórico de telecomunicaciones de mantener las infraestructuras en buen estado de funcionamiento, de seguridad y de conservación así como la de ampliarlas cualitativa y cuantitativamente, con el fin de garantizar la prestación de servicios de telecomunicaciones de uso general, en cuanto servicio universal, en todo el territorio nacional, no justifica a la luz de la Directiva 90/388, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 96/19, una discriminación entre los operadores por lo que respecta a la concesión de servidumbres de paso. En efecto, para conceder una compensación de este tipo, debe tomarse en consideración el coste neto de la ejecución de un servicio universal de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 97/33, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP), en relación con su anexo III. El hecho de que el operador histórico esté obligado a dar acceso a la red básica de telecomunicaciones a los operadores competidores de manera transparente y no discriminatoria tampoco justifica la referida diferencia de trato.

(véanse los apartados 30 a 34)