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Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2020 — 3M Belgium/ECHA

(Asunto T-160/20)

(2020/C 201/43)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: 3M Belgium (Diegem, Bélgica) (representantes: J.-P. Montfort y T. Delille, abogados)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de la ECHA de 16 de enero de 2020 (ECHA/01/2020) relativa a la «Inclusión de sustancias altamente preocupantes en la lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV» del Reglamento REACH, (1) con respecto a la inclusión en la lista del «ácido perfluorobutano sulfónico (PFBS) y sus sales».

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada se adoptó incumpliendo los requisitos del artículo 57, letra f), del Reglamento REACH y en que la demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación, ya que no ha demostrado que la sustancia cause posibles efectos graves para la salud humana o el medio ambiente.

2. Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada se adoptó vulnerando el principio de seguridad jurídica, incluyendo el de previsibilidad, dado que la demandante no ha podido identificar o conocer en modo alguno la definición, los criterios o los factores utilizados por la ECHA para fundamentar su Decisión.

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
5.

Quinto motivo, basado en un error cometido al suponer que la resolución n.o 10/2019 de la ACER estaba debidamente motivada y, por lo tanto, no infringía el artículo 296 TFUE y los artículos 41, apartado 2, letra c), y 47 de la Carta, a pesar de que la justificación que figura en esa resolución no permite reconstituir el razonamiento de la ACER que condujo a la selección de la plataforma RBP y obstaculiza significativamente la capacidad de la demandante para impugnar dicha resolución.
—

La medida que figura en la nota con referencia Ares(2019)6551262-23/10/2019 de la Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, Dirección AENV. A — Política, Coordinación, LIFE, Gobernanza y Recursos, ENV. A.4. — Gobernanza de LIFE, Administración, IT y Servicios de Apoyo Jefe de Unidad, mediante la que se estableció la parte de los gastos no subvencionables relativos a la financiación antes indicada y en la que se concedió al Ayuntamiento de Stintino un plazo de 30 días para plantear objeciones (doc. n.o R3).
4.

Cuarto motivo, basado en la inaplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo y por la que se deroga la Posición Común 2008/369/PESC (DO 2010, L 336, p. 30), y en el artículo 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo, de 18 de julio de 2005, por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo (DO 2005, L 193, p. 1). A este respecto, el demandante sostiene que el criterio jurídico en los términos definidos en dichos artículos, en el que se basa la inclusión de su nombre en las listas en cuestión, viola el principio de previsibilidad de los actos de la Unión y el principio de proporcionalidad en la medida en que confiere al Consejo una facultad de apreciación arbitraria y discrecional.
—

En segundo lugar, el demandante alega que el tenor de dicha disposición no puede tener el sentido que le atribuye la Comisión. Desde el punto de vista sintáctico, está claro que lo que se prohíbe es que el propio grupo ejerza la actividad en cuestión. Este requisito no se cumple cuando el solicitante del pago directo es una empresa que (per se) está comprendida en la definición de agricultor recogida en el artículo 4, apartado 1, letra a), pero que no ejerce (per se) una actividad pertinente.
9.

Noveno motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 2, y el artículo 6 del Reglamento (UE) 2015/1589 (2) del Consejo y vulneró el principio de buena administración, recogido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. Más concretamente, la demandante aduce que la Comisión no indicó en su Decisión de incoar el procedimiento sus dudas relativas a la justificación de la «exención del 75 %» establecida en el artículo 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 para evitar las dificultades prácticas que entraña llevar a cabo un análisis adecuado de las funciones que ejercen las personas influyentes en relación con la actividad de préstamos intragrupo, como ofrecer a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre esta cuestión; al llevar a cabo su investigación, no solicitó a las partes interesadas que formularan comentarios a este respecto y en la Decisión impugnada decidió ignorar los comentarios que habían realizado sobre este particular las partes interesadas. En consecuencia, a juicio de la demandante, la Decisión impugnada es nula.
9.

Noveno motivo, basado en que la Comisión no reconoció que el artículo 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 estaba enteramente justificado y no constituía una ventaja selectiva.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, artículo 108 TFUE, apartado 2, artículo 296 TFUE, apartado 2, artículos 41, apartado 1, y 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no motivar de forma suficiente la conclusión de que las medidas controvertidas reúnen todos los requisitos de una ayuda estatal, en particular por qué deben considerarse selectivas.
Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)

(Asunto T-595/19)

(2019/C 357/51)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Chipre) (representantes: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, y V. Marsland, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fontana Food AB (Tyresö, Suecia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «GRILLOUMI BURGER» — Solicitud de registro n.o15 963 283

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de junio de 2019 en el asunto R 1356/2018-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la parte recurrida a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
2.

Segundo motivo, en el que se alega que la Comisión incurrió en error de Derecho o en error manifiesto de apreciación al clasificar el régimen de no sujeción, con arreglo a la ITA 2010, de las rentas procedentes de cánones que no constituyen una actividad empresarial como «excepción», «exención» o «exención implícita» en el sistema del impuesto de sociedades de Gibraltar que dio lugar a un régimen de ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, por cuanto la no sujeción de las rentas procedentes de cánones que no constituyen una actividad empresarial constituía una opción válida comprendida en las competencias soberanas de Gibraltar en materia fiscal y económica.
C 270/30

Recurso interpuesto el 8 de abril de 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Comisión y EACEA

(Asunto T-236/19)

(2019/C 270/32)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Houffalize, Bélgica) (representante: A. Kettels, abogada)

Demandadas: Comisión Europea y Agencia ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule y/o reforme el acto impugnado.

— Declare que el Comité demandante tiene derecho a que se valide su formulario «entidad legal» y obtener en consecuencia la financiación solicitada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso contra la decisión de la Comisión C(2019) 572 Final, de 4 de febrero de 2019, mediante la que se desestima el recurso administrativo previo interpuesto por el demandante contra la decisión de la EACEA, de 25 de junio de 2018, de no otorgar una subvención a la candidatura presentada por este en el contexto de la convocatoria de candidaturas «Hermanamiento de pueblos 2017, segundo plazo» (EACEA 36/2014) la parte demandante invoca un único motivo. Ese motivo se basa en:

— La infracción del artículo 131.2 del Reglamento n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, adoptado el 25 de octubre de 2012.

— La vulneración del principio de confianza legítima y seguridad jurídica.

— La vulneración del principio de proporcionalidad y de la prohibición de la arbitrariedad.

— El error manifiesto de apreciación.

— Y la falta de motivación adecuada, suficiente y relevante, en la medida en que la decisión impugnada considera que la confianza legítima y la seguridad jurídica del Comité demandante no han sido vulneradas.

Pese a que, según el demandante, esa decisión no responde a la impugnación precisa planteada a este respecto por dicho demandante. En efecto, las respuestas aportadas o bien carecen de toda relación con la alegación formulada por el Comité en su solicitud de reexamen o bien son manifiestamente insuficientes para justificar la desestimación de la alegación basada en la vulneración del principio de confianza legítima y de seguridad jurídica, o bien, en todo caso, contrarias al alcance de dicho principio.

El demandante considera que puede invocar la confianza legítima respecto al hecho de que se la reconozca como una entidad sin personalidad jurídica que puede obtener las subvenciones de las que ha sido no obstante excluida. Basa dicha confianza legítima en decisiones de concesión de subvenciones que le fueron notificadas en un momento en el que ya tenía la misma forma jurídica, a saber, la de asociación de hecho, en que su situación de hecho y jurídica era idéntica, y en que las normas que regulan la admisibilidad de las entidades sin personalidad jurídica no han cambiado desde entonces. En opinión del demandante no existe por tanto ninguna razón para revertir esa confianza legítima y adoptar una postura diferente de aquella adoptada en el pasado.
C 230/57

Recurso interpuesto el 4 de mayo de 2019 — Vanhoudt y otros/BEI

(Asunto T-294/19)

(2019/C 230/71)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxemburgo) y otros nueve (representante: A. Haines, Barrister)

Demandada: Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión, adoptada por el BEI el 31 de enero de 2019, de denegar a las partes demandantes indemnización por las pérdidas netas que han sufrido y acceso a la herramienta de simulación SPAC y los resultados de esta.

— Adicionalmente, o bien con carácter subsidiario, ordene al BEI que indemnice a las partes demandantes por el daño moral derivado de la decisión de dicha parte de no revelar la herramienta de simulación SPAC ni sus resultados.

— Ordene al BEI proceder a la publicación, en forma de copias impresas, de la herramienta de simulación actuarial SPAC y sus resultados, para que las partes demandantes puedan evaluar sus pérdidas netas y, con ello, si son o no apropiadas las medidas indemnizatorias que les ha aportado el BEI tras la modificación de sus pensiones y remuneraciones respectivas.

— Condene en costas al BEI.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cuatro motivos en relación con su pretensión de anulación y las otras cuatro alegaciones que se indican posteriormente en relación con su pretensión de que el Tribunal General ordene que se les faciliten la herramienta de simulación en cuestión y los resultados de esta.

1. Primer motivo: pretensión de anulación: infracción de los apartados 9, 10 y 14 a 18 del Documento de Bases y de la carta adjunta que el BEI suscribió con la representación del personal el 18 de mayo de 2009.

2. Segundo motivo: pretensión de anulación: violación del principio de protección de la confianza legítima.

3. Tercer motivo: pretensión de anulación: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho a una recta administración y del derecho a la apertura.

4. Cuarto motivo: pretensión de anulación: denegación del acceso a datos personales.

En relación con la pretensión de que se ordene que se les faciliten la herramienta de simulación en cuestión y los resultados de esta, las partes demandantes hacen valer además lo siguiente:

— El hecho de que el BEI no haya publicado la herramienta de simulación actuarial SPAC supone la infracción de los artículos 41, 42 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 15 TFUE, apartados 1 y 3.

— El BEI está vulnerando el derecho de las partes a acceder a sus datos personales, infringiendo con ello los artículos 14 y 17 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. (1)

(1) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018 L 295, p. 39).
2.

Vulneración del principio de igualdad de trato. En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual. A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)
C 148/62

Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2019 — Flovax/EUIPO — Dagniaux y Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)

(Asunto T-147/19)

(2019/C 148/62)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés

Partes

Recurrente: Flovax Sàrl (Doncols, Luxemburgo) (representante: C.-S. Marchiani, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Dagniaux (Roubaix, Francia), Compagnie Gervais Danone (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, Compagnie Gervais Danone

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 de color «texto y pintura: Pantone azúl n.o 302; fondo: Pantone n.o 1205c (crema)» — Marca de la Unión n.o 896480

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de mayo de 2018 en el asunto R 2210/2016-1 y R 2211/2016-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Modifique la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de 18 de mayo de 2018 adoptada en los asuntos n.o R 2210/2016-1 y R 2211/2016-1.

— Declare la admisibilidad del recurso R 2211/2016-1 interpuesto por FLOVAX ante la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

— Anule la Resolución de la División de anulación n.o10417 C adoptada sobre la base del artículo 55, apartado 1, del RMUE, a raíz de la solicitud de caducidad registrada el 22 de octubre de 2015 por la Compagnie Gervais Danone desestimando en su totalidad la referida solicitud de caducidad.

— Condene a la Compagnie Gervais Danone a pagar al titular de la marca, la tasa de anulación y los gastos de representación, fijadas sobre la base de la tarifa máxima indicada en el artículo 94 del RMUE.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 70, del Reglamento (UE) n.o 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

— Vulneración del principio de contradicción.
1.

Primer motivo, basado en que la demandada incumplió sus obligaciones internacionales, lo que constituye una violación del Tratado, y no motivó suficientemente su conclusión de que la Federación de Rusia no cumplía sus obligaciones derivadas de la Organización Mundial del Comercio. Las demandantes alegan que la demandada no tomó en consideración la adhesión de la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio como hecho pertinente para el cambio en el cálculo del margen de dumping de las demandantes. La demandada tiene la obligación de tener en cuenta los compromisos asumidos por la Federación de Rusia con respecto al precio del gas al investigar la reconsideración provisional de los derechos aplicables a la importación de nitrato de amonio. Dado que la demandada alegó que la Federación de Rusia no cumplía con su propio Protocolo de Adhesión, la demandada infringió el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el artículo II del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio. Al no hacerlo, infringió sus obligaciones internacionales, lo que equivale a una infracción del Tratado.
—

Se alega a este respecto un error manifiesto de evaluación y falta de investigación al haber considerado que la entrada de un nuevo MNO era suficiente per se para resolver los efectos horizontales de la concentración, sin considerar los factores que habían determinado el éxito de la entrada de H3G. Ya en el asunto M.7758 la Comisión, en particular, no se preocupó de comprobar si el nuevo MNO disponía (en el mercado al por menor o en el mercado al por mayor) de capacidades operativas, condiciones económicas e incentivos al menos equivalentes, en su conjunto, a los que tenía H3G, que durante los primeros años operaba en un mercado en plena expansión. Añade que la Comisión debió haber tomado en consideración el efecto producido en la dinámica competitiva de la asimetría de la tarifa de determinación de que gozó H3G, que le procuró una ventaja significativa respecto de los demás MNO.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 y en la vulneración del principio de igualdad de trato. — La demandante alega que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación y concluyó equivocadamente que no se acreditó de manera adecuada y suficiente la eficacia de Aplidin, por lo que se infringió el citado artículo 12. — En el procedimiento de examen ante la EMA, una parte de las pruebas científicas presentadas en apoyo de la eficacia de Aplidin no fue tenida en cuenta debido a las metodologías aplicadas por la demandante, lo que va en contra de un dictamen emitido por un grupo de trabajo de expertos de la EMA. — Las metodologías aplicadas en el presente caso son las mismas que las aceptadas por la EMA en un caso similar en relación con el procedimiento de autorización de comercialización de otro medicamento, lo que indica que se ha vulnerado el principio de igualdad de trato.
—

Condene a la demandada a poner a disposición de la parte demandante el expediente que contiene los documentos elaborados en el curso de la actividad de la sociedad ECOCERT SA a raíz del control ecológico de la producción biológica de Erenhot Jinguyuan Grain and Oil Co. Ltd., 2051 Youyi Road North, Ernehot City, Xilingol League, Inner Mongolia Autonomous Region, Peoples Republic of China, en particular los informes de inspección y los escritos de evaluación que acompañan a estos, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, que hacen referencia a las constataciones, evaluaciones y decisiones de la sociedad ECOCERT SA que sirvieron de base para la expedición del certificado de control previsto en el anexo V del Reglamento (CE) n.o 1935/2008, con el número 22904CN1700w13 de 19 de septiembre de 2017, que tiene por objeto 490 960 kilos de torta de sésamo orgánico procedente de una producción biológica y para la posterior retirada de dicho certificado de control por parte de la sociedad ECOCERT SA.
1.

Primer motivo, basado en que la demandada erró manifiestamente en su evaluación de las propiedades bioacumulativas (en lo sucesivo, «B») de D4, D5 y D6 y en su evaluación de las propiedades tóxicas (en lo sucesivo, «T») de D5 y D6 y se excedió en sus competencias, así como infringió el artículo 59 del Reglamento 1907/2006: — Al basarse en los dictámenes del Comité de Evaluación del Riesgo (en lo sucesivo, «CER») y del Comité de los Estados miembros (en lo sucesivo, «CEM») sin formular su propia evaluación de la información disponible e importar de este modo los errores invalidantes de dichos dictámenes. — Al concluir que D4, D5 y D6 cumplen los criterios muy persistentes y muy bioacumulativos (MPMB) del anexo XIII, pese a no haberse acreditado la persistencia (P) y la bioacumulación (B) para el mismo compartimento. — Al no tomar en consideración la naturaleza específica del D4, D5 y D6 (su naturaleza «híbrida») al aplicar los criterios establecidos en el anexo XIII para la bioacumulación. — Al llegar a conclusiones acerca de la bioacumulación (B/mB) de D4 y D5 que la prueba en la que se basaron no puede fundamentar. — Al no valorar la nueva prueba relativa a la bioacumulación (B/mB) para D4 y D5 disponible al efecto con posterioridad a los dictámenes del CER y del CEM. — Al no tener en cuenta toda la información relevante al llegar a conclusiones respecto a la bioacumulación (mB) de D6. — Al no considerar la información relativa a la toxicidad del propio D5 e identificar en su lugar a D5 como persistente, bioacumulativo y tóxico (PBT) basándose en la presencia de D4 como impureza y al identificar a D5 como PBT sin los concretos límites relativos al contenido de D4 que el CEM había acordado. — Al no considerar la información relativa a la toxicidad del propio D6 e identificar en su lugar a D6 como PBT basándose en la presencia de D4 como impureza y al identificar a D6 como PBT sin los concretos límites relativos al contenido de D4 que el CEM había acordado.