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Cuando aprecia la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado interior en virtud de la excepción establecida por el artículo 107 TFUE, apartado 3, la Comisión debe tener en cuenta el interés de la Unión y no puede prescindir de la evaluación de la incidencia de dichas medidas en el mercado o mercados pertinentes del conjunto del Espacio Económico Europeo. En tal supuesto, la Comisión tiene la obligación no solo de comprobar que estas medidas puedan contribuir efectivamente al desarrollo económico de las regiones de que se trata, sino también de evaluar el impacto de tales ayudas en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y, en particular, de apreciar las repercusiones sectoriales que pueden provocar en el conjunto de la Unión.

A este respecto, el punto 68 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 establece, en particular, un umbral de cuotas de mercado (25 %) que, de ser superado, obliga a la Comisión a incoar el procedimiento de investigación formal contemplado en el artículo 108 TFUE, apartado 2, incluso cuando la propia Comisión opine a priori que la ayuda controvertida es compatible con el mercado interior. Sin embargo, de dicha regla no se desprende que la incoación del procedimiento de investigación formal quede excluida cuando no se superen tales umbrales y que, en ese caso, la Comisión tenga la obligación de considerar la ayuda directamente compatible con el mercado interior. En efecto, es cierto que la Comisión tiene siempre, en este último supuesto, la facultad de no incoar el procedimiento de investigación formal, pero también lo es que no puede justificar dicha decisión alegando que el punto 68 de las Directrices le impide incoar tal procedimiento.

Por consiguiente, cuando se encuentra con dificultades serias la Comisión puede incoar el procedimiento de investigación formal, con independencia de que se supere o no el umbral de cuotas de mercado del 25 % establecido en el punto 68, inciso i), de las Directrices.

En efecto, el mero hecho de que no se superen los umbrales establecidos en las Directrices no tiene automáticamente como consecuencia que la ayuda sea compatible con el mercado interior. Al contrario, aun en el supuesto de que dichos umbrales no se superen y de que se cumplan los demás requisitos establecidos en las Directrices regionales, la Comisión puede comprobar si las ventajas en términos de desarrollo regional compensan con creces los inconvenientes causados por el proyecto en términos de falseamiento de la competencia, lo cual implica, en particular, el control del carácter necesario de la ayuda de que se trate.

(véanse los apartados 41, 44, 47 y 65)
A falta de indicación en contrario no cabe entender que el concepto de acto jurídico en el sentido del artículo 11 TUE, apartado 4, del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 211/2011, sobre la iniciativa ciudadana, y del artículo 4, apartado 2, letra b), de ese mismo Reglamento se limite únicamente a los actos jurídicos de la Unión definitivos y que producen efectos jurídicos frente a terceros. Ni el tenor de las referidas disposiciones ni los objetivos que persiguen justifican en particular que una decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, adoptada en virtud del artículo 207 TFUE, apartados 3 y 4, y del artículo 218 TFUE y que constituye manifiestamente una decisión en el sentido del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, esté excluida del concepto de acto jurídico a los efectos de una iniciativa ciudadana europea.

Al contrario, el principio democrático —que, como se indica, en particular, en el preámbulo del Tratado UE, en el artículo 2 TUE y en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, figura entre los valores fundamentales en los que se basa la Unión— y el objetivo específicamente perseguido por el mecanismo de la iniciativa ciudadana europea, consistente en mejorar el funcionamiento democrático de la Unión confiriendo a todo ciudadano un derecho general a participar en la vida democrática, exigen que se acoja una interpretación del concepto de acto jurídico que incluya actos jurídicos como una decisión de apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, que tiene innegablemente como finalidad modificar el ordenamiento jurídico de la Unión.

(véanse los apartados 35 a 37)
Para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. A este respecto, dado que las interpretaciones literal e histórica de un Reglamento, y en especial de una de sus disposiciones, no permiten apreciar su alcance exacto, procede interpretar la normativa en cuestión basándose tanto en su finalidad como en su sistemática general.

En cuanto a los requisitos reglamentarios en materia de gestión que los agricultores que perciben pagos directos están obligados a respetar en virtud del artículo 4 del Reglamento n.o 73/2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, el requisito n.o 8 del anexo III de dicho Reglamento remite, a efectos de identificación y registro de animales, a los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento n.o 21/2004, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

En lo que se refiere al sentido que procede atribuir a la remisión efectuada por el requisito legal de gestión n.o 8 a los artículos 3 a 5 del Reglamento n.o 21/2004, debe entenderse que sólo se elevan al rango de requisitos de condicionalidad los datos mencionados en los artículos 4 y 5 y enumerados en el artículo 3, letras a) y b) del mismo Reglamento. La lógica de esta interpretación se confirma por las diferencias de naturaleza entre, por una parte, los datos enumerados en el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento n.o 21/2004 y retomados en los artículos 4 y 5 de dicho Reglamento y, por otra parte, los datos mencionados en el artículo 3, letras c) y d), del Reglamento n.o 21/2004, y retomados en los artículos 6 a 8 de dicho Reglamento. En efecto, al contrario que con los datos que figuran en los artículos 4 a 5 del Reglamento n.o 21/2004, los datos contemplados en los artículos 6 a 8 del citado Reglamento se refieren a obligaciones que esencialmente incumben sólo a los Estados miembros, lo que puede explicar la voluntad del legislador de no hacer de su observancia un requisito para los pagos a los agricultores. Por consiguiente, si bien un Estado miembro está vinculado por todo lo dispuesto en el Reglamento n.o 21/2004, incluidos sus artículos 5 a 8, no cabe considerar que los pagos realizados en favor de los agricultores estén condicionados al respeto de estos artículos, ni siquiera a través de la remisión que el requisito legal de gestión n.o 8 hace a su artículo 3.

(véanse los apartados 63, 66, 67 y 70)
4.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Utilización del valor calculado — Cálculo de los costes de producción con arreglo a los registros contables — Excepción — Gastos relacionados con la fabricación y venta del producto objeto de la investigación que no se consignaron correctamente en dichos registros — Carga de la prueba que corresponde a las instituciones — Control jurisdiccional — Alcance [Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1972/2002, considerando 4, y n.o 1225/2009, arts. 2, ap. 3, párr. 2, y 5, párrs. 1 a 3] (véanse los apartados 71 a 76 y 80 a 103)
10.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 52 y 53)
3.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de nulidad basada en la existencia de una indicación geográfica protegida — Disposiciones aplicables — Aplicación combinada del artículo 13 del Reglamento (CE) no 510/2006 y del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamentos (CE) del Consejo no 510/2006, art. 13, y no 207/2009, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 34 a 36 y 47)
4.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter descriptivo de un signo — Circunstancia que no implica necesariamente el carácter distintivo de un signo [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 26)
9

En junio de 2012, en respuesta a la solicitud de la Comisión de 22 de marzo de 2012 (véase el anterior apartado 7), la EFSA presentó una declaración en la que evaluaba la información científica procedente del proyecto de investigación italiano Apenet, relativo a los efectos en las abejas de las semillas de maíz recubierto con determinados neonicotinoides y con fipronil («Statement on the assessment of the scientific information from the Italian project “APENET” investigating effects on honeybees of coated maize seeds with some neonicotinoids and fipronil»). La EFSA señalaba en esa declaración que, debido a determinadas carencias y deficiencias del proyecto Apenet, no le había sido posible alcanzar una conclusión definitiva, pero que, no obstante, en dicho proyecto se habían identificado algunos problemas potenciales que hacían pensar que podrían ser necesarios ciertos cambios en la evaluación de determinados neonicotinoides y del fipronil en lo que se refiere a sus efectos en las abejas.
2

En el procedimiento de registro, la demandante afirmó ser una «pequeña empresa», en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME») (DO 2003, L 124, p. 36). Esa declaración le permitió acogerse a una reducción de la tasa debida para toda solicitud de registro, tal como se prevé en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento n.o 1907/2006. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento, dicha tasa fue definida por el Reglamento (CE) n.o 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril del 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO 2008, L 107, p. 6). El anexo I del Reglamento n.o 340/2008 contiene en particular los importes de las tasas que deben abonarse por las solicitudes de registro presentadas con arreglo al artículo 6 del Reglamento n.o 1907/2006, así como las reducciones que se conceden a las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Además. En virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008, cuando una persona física o jurídica que declare tener derecho a una reducción del importe de la tasa o a la exención de esta no pueda demostrar que tiene derecho a la reducción o a la exención, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) aplicará el importe íntegro de la tasa además de una tasa administrativa. A este respecto, el Consejo de Administración de la ECHA adoptó, el 12 de noviembre de 2010, la Decisión MB/D/29/2010 relativa a la clasificación de los servicios por los que se perciben las tasas (en lo sucesivo, «Decisión MB/D/29/2010»). En el artículo 2 y en el cuadro 1 que figura en el anexo de esa Decisión, en su versión modificada por la Decisión MB/21/2012/D del Consejo de Administración de la ECHA, de 12 de febrero de 2013, se señala que la tasa administrativa contemplada en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008 es de 19900 euros para una gran empresa, de 13900 euros para una empresa mediana y de 7960 euros para una pequeña empresa.
65

La República Helénica señala que la corrección financiera a tanto alzado impuesta por la Comisión en el sector del tabaco se basó asimismo en la falta de controles fundamentales en las empresas de transformación del tabaco. En particular, según afirma, la Comisión estimó que el sistema de controles establecido en Grecia no era plenamente conforme con el artículo 38 del Reglamento no 796/2004, ni con las disposiciones en materia de control del artículo 33, apartado 3, de ese mismo Reglamento. Pues bien, según la República Helénica, el procedimiento de control del pago adicional en el sector del tabaco se regula de forma exhaustiva en diversas disposiciones nacionales, que la República Helénica presenta en sus escritos. Dichas disposiciones —que, según sostiene el referido Estado miembro, fueron respetadas escrupulosamente— demuestran, a su juicio, que el sistema establecido en Grecia respeta la normativa de la Unión. Así pues, la apreciación de la Comisión se basa en un error de hecho. La República Helénica añade que el artículo 33 quater, apartado 2, del Reglamento no 796/2004 invocado por la Comisión no atañe a los pagos a los que se refiere el artículo 69 del Reglamento no 1782/2003. Por lo demás, remitiéndose a otras dos Decisiones de la Comisión por las que se excluyeron de la financiación de la Unión determinados gastos efectuados por los Estados miembros, la República Helénica sostiene, en su réplica, que la Decisión impugnada vulnera el principio ne bis in idem. Por último, la República Helénica se opone a las alegaciones de la Comisión de que se considere que las medidas nacionales de control no estaban en vigor para el período pertinente.
16

La demandante sostiene, en esencia, que la utilización de dos CD-ROM para la presentación de las pruebas ante la División de Anulación y de un CD-ROM adicional ante la Sala de Recurso no es conforme a la regla 22, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, interpretada en relación con las reglas 79 y 79 bis de dicho Reglamento. Considera que se trata, por tanto, de pruebas inadmisibles, tal como apreció otra Sala de Recurso de la OAMI en un asunto anterior.
94

En cualquier caso, por lo que respecta a la alegación de que la demandante es la única persona jurídica afectada por los procedimientos de que se trata, ésta admite que uno de los dos procedimientos nacionales incoados por la CNC afecta a otra persona jurídica. Además, no cabe excluir que en los documentos controvertidos figuren datos relativos a personas no sometidas a esos procedimientos. A este respecto, la Comisión indicó, sin que haya sido refutado, que estos documentos contienen información confidencial sobre otras personas físicas y jurídicas. En consecuencia, la alegación de la demandante no puede considerarse acreditada.
96

En primer término, en su argumentación de que los Estados miembros son competentes para determinar todas las reglas de asignación que se hayan de aplicar junto con los métodos definidos por la Comisión en la Decisión 2011/278, la demandante mantiene que se deduce del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87 que pueden existir otras reglas de asignación junto con los métodos de asignación definidos por la Comisión, en defecto de lo cual la denegación prevista en esa disposición carecería de sentido. Según ella el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87 sólo puede abarcar los supuestos concernientes, no a las asignaciones individuales y su cálculo, sino a las reglas de asignación generales, ya que la facultad de control por la Comisión de las asignaciones individuales de derechos por los Estados miembros ya está prevista por el artículo 51 del Reglamento (UE) no 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87 y las Decisiones no 280/2004/CE y no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) no 920/2010 y no 1193/2011 de la Comisión (DO L 122, p. 1).
Tal como se desprende del punto 5.1 de las directrices permanentes del programa MEDIA 2007, adjuntas a una convocatoria de propuestas publicada en el marco de la Decisión no 1718/2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007), la concesión de una subvención a la distribución de una película depende de que el solicitante efectúe personalmente la distribución de la película en sala en el territorio de que se trate. No obstante, esta disposición prevé la posibilidad de que el distribuidor recurra de forma limitada a acuerdos de subcontratación, a condición de que lo haya comunicado a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). En este contexto, el punto 5.1 clasifica los acuerdos de distribución en tres categorías, que corresponden, respectivamente, a los acuerdos de subcontratación, a los acuerdos de reparto de las actividades de distribución entre varios operadores y a los acuerdos destinados a emplear distribuidores físicos para servicios específicos, que no pueden optar a las subvenciones. Sin embargo, el hecho de que esos distribuidores físicos no puedan optar a las subvenciones no significa que los acuerdos sobre el recurso a éstos para servicios específicos no hayan de comunicarse a la EACEA. Además, aunque sólo sea para que pueda comprobarse la existencia material de tales acuerdos de distribución física y el hecho de que no van más allá de ese ámbito concreto, cualquier solicitante tiene la obligación de informar en la medida de lo posible a la EACEA sobre los elementos necesarios para el examen de la solicitud de subvención, entre ellos, aquellos que, por no entenderse bien su alcance, puedan obstaculizar un desenlace favorable de la solicitud de subvención.

Esta interpretación es tanto más pertinente cuanto que el hecho de que un distribuidor recurra por contrato a sociedades terceras para encomendarles una parte de las tareas de distribución constituye una excepción al principio general de que él debe efectuar personalmente la distribución de la película, lo que implica que debe interpretarse en sentido estricto. Además, la interpretación que insiste en que se informe a la EACEA lo más completa y adecuadamente posible es la única compatible con el principio de buena administración y, en particular, con la buena gestión financiera y el control de la utilización de los recursos presupuestarios de la Unión para los fines previstos. En efecto, una información incompleta o errónea facilitada por el solicitante impedirá a la EACEA recomendar a la Comisión la financiación de la distribución de una película cuando no quede claro si el distribuidor cumple los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

(véanse los apartados 56, 59, 60 y 63)
El pago adicional previsto en el artículo 69 del Reglamento no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, tiene por objeto, por un lado, incentivar a los agricultores y ganaderos para que cumplan las exigencias relativas a la mejora de la calidad de sus productos y a la protección del medio ambiente, como recompensa por su mejor adaptación a las nuevas exigencias de la política agrícola común, y, por otro lado, atenuar las repercusiones que supone de hecho para determinados sectores de producto la transición del régimen de pagos directos al régimen de pago único. En este contexto, el artículo 69 del Reglamento no 1782/2003 atribuye a todos los Estados miembros cierto margen de apreciación para efectuar pagos adicionales en el marco de la reforma de la política agrícola común. Ahora bien, la habilitación concedida a los Estados miembros está estrictamente regulada y se supedita a una serie de requisitos de carácter tanto material como de procedimiento.

En cuanto a la obligación que establece el artículo 48, apartado 6, del Reglamento no 795/2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento no 1782/2003, permite a la Comisión ser informada de las condiciones de subvencionabilidad decididas por los Estados miembros. Asimismo, garantiza que los operadores interesados conocerán, antes de que comience el año de solicitud, los requisitos que les permitirán acceder al pago adicional previsto en el artículo 69 del Reglamento no 1782/2003. A este respecto, la función incentivadora del pago adicional únicamente puede ser efectiva si los agricultores y ganaderos interesados conocen las condiciones de subvencionabilidad correspondientes a un año de solicitud antes de que dicho año comience y si éstas no se modifican a posteriori.

(véanse los apartados 30, 31 y 33)
11.

Del artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, se desprende que el examen que efectúa la Comisión en la decisión de incoación de un procedimiento formal de examen de una medida susceptible de constituir una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior presenta necesariamente carácter preliminar. De ello se deriva que la Comisión no está obligada a presentar un análisis detallado sobre la ayuda en la comunicación relativa a la incoación de dicho procedimiento. Además, la finalidad de la fase de examen del artículo 108 TFUE, apartado 2, es permitir a la Comisión obtener una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto. De lo anterior se infiere que el hecho de que la decisión de incoación no haga referencia a determinados elementos no permite considerar que el procedimiento tramitado por la Comisión sea incoherente. (véase el apartado 132)
1.

Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano — Autorización de comercialización — Procedimiento simplificado — Autorización global de comercialización — Alcance — Desarrollo de un medicamento que es objeto de una autorización de comercialización y de un nombre distintos — Inclusión — Falta de concesión de un período de protección reglamentaria [Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo; Reglamentos (CE) de la Comisión no 1085/2003 y no 1234/2008; Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 6, ap. 1, y 10, ap. 1] (véanse los apartados 45, 46, 52, 54, 56 y 59)