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2.

En segundo lugar, la recurrente alega para fundamentar sus pretensiones que, en la investigación antidumping original se identificaron dos tipos de exportadores: los exportadores que cooperaron como la recurrente, y que obtuvieron el tratamiento de economía de mercado (TEM), con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento Básico, y los fabricantes que no cooperaron y no obtuvieron el TEM, a los que las instituciones de la UE aplicaban el método de «la información más adecuada disponible», de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento Básico. Durante la inspección parcial provisional que condujo a la aprobación del Reglamento 626/2012, las instituciones de la UE denegaron el TEM a los fabricantes cooperantes como la recurrente y su valor normal fue determinado de acuerdo con el artículo 2, apartado 7, letra a) del Reglamento Básico, tomando como referencia Argentina, el país escogido por la Comisión como país tercero análogo. Los exportadores de este tipo no estuvieron presentes durante la investigación original. Por lo tanto, aun cuando el artículo 11, apartado 9, del Reglamento Básico se interpretara en el sentido de que impide a las instituciones de la UE utilizar la determinación de valores normales en vez de las ventas nacionales normales en una inspección parcial provisional, lo cual no es el caso, no por ello impide que las instituciones de la UE utilicen la determinación del valor normal respecto a una nueva clase de exportadores, los que han cooperado de forma notable pero no han obtenido el TEM, y que apareció por primera vez en el curso de la inspección parcial provisional.
3)

¿Deben interpretarse los principios de «efectividad» y equivalencia establecidos por las Directivas 89/665/CE, (1) 92/13/CE (2) y 2007/66/CE (3) y las sentencias del Tribunal de Justicia Kühne & Heitz, Kapferer, Impresa Pizzarotti, y Transportes Urbanos y Servicios Generales en el sentido de que, en el marco del procedimiento de revisión, la parte ya no puede invocar las apreciaciones contenidas en una sentencia del Tribunal de Justicia dictada a raíz de un procedimiento de remisión prejudicial iniciado por el tribunal de segunda instancia del litigio principal, habida cuenta de que en el litigio principal no se tomaron en consideración estas apreciaciones, en particular en caso de que el tribunal del Estado miembro que conoce en la más alta instancia haya desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en el litigio principal basándose en la circunstancia de que la parte no invocó a su debido tiempo las apreciaciones contenidas en la sentencia del Tribunal de Justicia?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, inicio y letra c), del Reglamento (UE) n.o 2016/399/CE ( 1 ) […] en el sentido de que, para declarar que la estancia autorizada de una duración que no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días ha finalizado porque el extranjero supone una amenaza para el orden público, debe justificarse que la conducta personal del extranjero en cuestión constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad?
—

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, en el sentido de que un acontecimiento como el controvertido en el presente litigio, esto es, la huelga de los empleados de la empresa de mantenimiento del aeropuerto de salida del vuelo en cuestión, debe considerarse un acontecimiento inherente al ejercicio normal de la actividad de transportista aéreo y, por consiguiente, no puede ser una «circunstancia extraordinaria» que permita exonerar al transportista aéreo de su obligación de abonar una compensación a los pasajeros en caso de cancelación de un vuelo realizado por dicho avión?
4)

Con independencia de cuál es la Directiva en cuyo ámbito de aplicación está comprendida la operación interna controvertida, ¿deben interpretarse los principios de igualdad de trato, de no discriminación de proveedores a los que les ha sido adjudicado un contrato público y de transparencia (artículo 2 de la Directiva 2004/18 y artículo 18 de la Directiva 2014/24), la prohibición general de discriminación por razón de nacionalidad (artículo 18 TFUE), la libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE), la libre prestación de servicios (artículo 56 TFUE), la posibilidad de conceder derechos exclusivos a las empresas (artículo 106 TFUE) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, las sentencias dictadas en los asuntos Teckal, ANAV, Sea y Undis Servizi) en el sentido de que una operación interna celebrada por un poder adjudicador y por una entidad jurídicamente distinta de dicho poder adjudicador, cuando este último ejerce sobre dicha entidad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y la actividad de esa entidad consiste, fundamentalmente, en una actividad que se lleva a cabo en favor del poder adjudicador, es legal, no vulnera el derecho de otros operadores económicos a que la competencia se desarrolle en unas condiciones justas, no supone una discriminación para estos otros operadores y no concede ningún privilegio a la entidad controlada que celebró la operación interna?
Asunto C-309/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio el 7 de mayo de 2018 — Lavorgna S.r.l. / Comune di Montelanico y otros

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio el 7 de mayo de 2018 — Lavorgna S.r.l. / Comune di Montelanico y otros

(Asunto C-309/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Lavorgna S.r.l.

Recurridos: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios comunitarios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, junto a los principios de libre circulación de mercancías, de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y los principios que se derivan de ellos, como el de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia, plasmados en la Directiva 2014/24/UE, ( 1 ) a una normativa nacional, como la normativa italiana derivada del artículo 95, apartado 10, del Decreto Legislativo n.o 50/2016, en conjunción con el artículo 83, apartado 9, de dicho Decreto Legislativo, en virtud de la cual el hecho de no indicar por separado los costes de mano de obra en las ofertas económicas presentadas en un procedimiento de adjudicación de servicios públicos determina en cualquier caso la exclusión del autor de la oferta sin posibilidad de acogerse al procedimiento de subsanación de defectos de esta, incluso en el supuesto de que la obligación de indicar por separado ese dato no se haya especificado en el pliego de condiciones y, además, con independencia de la circunstancia que la oferta respete efectivamente, desde el punto de vista material, los costes mínimos de la mano de obra, de acuerdo, por lo demás, con una declaración al efecto formulada por el licitador?

( 1 ) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65).
1)

¿Debe considerarse incluida en los «cambios de condición» que, con arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) 2015/63, ( 1 ) no afectan a la obligación de contribución la fusión por absorción de una entidad, anteriormente sujeta a la supervisión de una Autoridad de resolución nacional, por la sociedad matriz con domicilio social en otro Estado miembro, efectuada en el período de contribución y, por otra parte, debe considerarse aplicable dicha norma también a una situación en la que la fusión y la posterior extinción de la entidad tuvieron lugar en 2015, en un momento en que tanto la Autoridad de resolución nacional como el Fondo nacional aún no habían sido instituidos formalmente por el Estado miembro y las contribuciones aún no se habían calculado?
1)

Motivos basados en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea: ( 1 ) a) El Tribunal General incurrió en un error al no realizar ninguna apreciación en relación con el «nexo». b) Además, el Tribunal General incurrió en un error al declarar que TBL no había presentado la prueba necesaria para acreditar el menoscabo del carácter distintivo o el aprovechamiento indebido. c) Al concluir, como hizo, que no se había presentado la prueba necesaria, el Tribunal General incurrió en un error (i) al establecer criterios jurídicos demasiado exigentes y (ii) al no tomar en consideración la prueba pertinente. d) De hecho, el Tribunal General solo podía llegar a la conclusión de que existía menoscabo del carácter distintivo y (o, con carácter subsidiario) aprovechamiento indebido. e) El Tribunal General incurrió en un error al desestimar las alegaciones de TBL según las cuales la resolución de la Sala de Recurso estaba viciada por no haber tenido en cuenta las observaciones presentadas ante ella.
2)

En caso de una respuesta positiva a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el concepto de «persona jurídica» utilizado en los artículos 1, letra a), y 9, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo con arreglo a: a) las disposiciones de la legislación del Estado de emisión (artículo 1, letra c), b. las disposiciones de la legislación del Estado de ejecución (artículo 1, letra d), c. cómo concepto autónomo del Derecho de la Unión, y si por consiguiente ello también comprende a la sucursal de una persona jurídica, pese a que la sucursal de una persona jurídica no ostenta personalidad jurídica en el Estado de ejecución?
1)

¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1) admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]: — Que no se ha justificado por esa nueva regulación legal ni acreditado en el ejercicio correspondiente que haya existido dicho impacto positivo, directo o indirecto, para dichas empresas, — Que esa aportación se fija en el 0,9 % de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, y no sobre los ingresos derivados de la prestación de los servicios audiovisuales y por publicidad, sobre el incremento que se haya producido sobre los mismos o el beneficio que la actividad genera. Y ello en tanto en cuanto dicha aportación constituye una exacción prevista en el art. 5 de la Ley 8/2009 en su redacción originaria y puede no estar justificada en relación con el servicio audiovisual de que se trata, resultando el fundamento de la desestimación de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos y rectificación de las autoliquidaciones formuladas por la recurrente en la resolución impugnada en el presente recurso contencioso-administrativo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 152/14

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland (Reino Unido) el 9 de febrero de 2018 — Ermira Bajratari / Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-93/18)

(2018/C 152/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal in Northern Ireland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ermira Bajratari

Demandada: Secretary of State for the Home Department

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Pueden los ingresos procedentes de un empleo que es ilegal con arreglo a la legislación nacional demostrar, total o parcialmente, la disposición de recursos suficientes con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre ciudadanía? (1)

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede considerarse cumplido el requisito del artículo 7, apartado 1, letra b), si el empleo se califica de precario únicamente por razón de su carácter ilegal?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 134/17

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 19 de febrero de 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Asunto C-129/18)

(2018/C 134/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: SM

Recurrida: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Coadyuvantes: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) and Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es un «descendiente directo» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/38 (1) el menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano o ciudadanos de la Unión con arreglo a la institución de la kafala o a una disposición equivalente prevista en la legislación de su país de origen?

2) ¿Pueden interpretarse otras disposiciones de la Directiva 2004/38, en particular sus artículos 27 y 35, en el sentido de que puede denegarse la entrada de tales menores en el territorio si son víctimas de explotación, abusos o tráfico de seres humanos o están expuestos a ese riesgo?

3) ¿Está facultado un Estado miembro a investigar, antes de reconocer a un menor que no es descendiente consanguíneo de un nacional del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») como descendiente directo con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/38, si el procedimiento mediante el que se otorgó la tutela o custodia del menor a dicho nacional del EEE tuvo en cuenta suficientemente el interés superior del menor?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 94/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 4 de diciembre de 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Asunto C-677/17)

(2018/C 094/06)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: M. Çoban

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Cuestiones prejudiciales

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Decisión n.o 3/80, (1) en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro como el artículo 4a de la Toeslagenwet (Ley sobre prestaciones complementarias), en virtud de la cual una prestación complementaria concedida es revocada si el beneficiario se traslada a Turquía, aun cuando dicho beneficiario haya abandonado voluntariamente el territorio del Estado miembro? ¿Es relevante a este respecto el hecho de que, en el momento de salir del país, el interesado ya no tenga derecho a residir en él con arreglo a la normativa de la Asociación, pero sí disponga de un permiso de residencia de residente de larga duración — UE? ¿Es relevante a este respecto que la normativa nacional permita al interesado volver en el plazo de un año contado a partir de su partida para así volver a percibir el complemento, y que éste conserve dicha posibilidad mientras disponga de un permiso de residencia de residente de larga duración — UE?

(1) Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la Comunidad Europea a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias (DO 1983, C 110, p. 60).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Oldenburg (Alemania) el 13 de noviembre de 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Asunto C-634/17)

(2018/C 052/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Oldenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ReFood GmbH & Co. KG

Demandada: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Cuestiones prejudiciales

Se plantean las cuestiones prejudiciales siguientes, relativas a la interpretación del artículo 1, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos: (1)

1) ¿Debe interpretarse la disposición en el sentido de una exclusión de aplicación que afecta a todos los traslados comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 (2) con arreglo al artículo 2 de este último?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Debe interpretarse la disposición en el sentido de una exclusión de aplicación que afecta a los traslados para los cuales existe un régimen de recogida, transporte, identificación y trazabilidad con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1069/2009 [en relación también con el Reglamento de aplicación (UE) n.o 142/2011] (3)?

3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿Debe interpretarse la disposición en el sentido de una exclusión de aplicación que afecta sólo a los traslados sujetos a autorización con arreglo al artículo 48, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1069/2009?

(1) DO 2006, L 190, p. 1.

(2) Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (DO 2009, L 300, p. 1).

(3) Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma (DO 2011, L 54, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 42/8

Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2017 por Trasta Komercbanka AS, Iván Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV y Rikam Holding SA contra el auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 12 de septiembre de 2017 en el asunto T-247/16, Trasta Komercbanka AS y otros / Banco Central Europeo

(Asunto C-669/17 P)

(2018/C 042/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Trasta Komercbanka AS, Iván Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV y Rikam Holding SA (representantes: O.H. Behrends, L. Feddern y M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Banco Central Europeo

Pretensiones de las partes recurrentes

— Que se anule el punto 1 del fallo, esto es, la decisión del Tribunal General de sobreseer el recurso de anulación de Trasta Komercbanka AS (TKB).

— Que se declare que la el recurso de anulación de TKB no carece de objeto.

— Que se declare la admisibilidad del recurso de anulación.

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre el recurso de anulación.

— Que se condene al Banco Central Europeo (BCE) a cargar con las costas de los ahora recurrentes y con las costas de la casación.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su primer motivo casacional, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error al dar por hecho que la tutela efectiva de TKB estaba en manos del síndico. Las partes recurrentes alegan que ello es incompatible con el artículo 263 TFUE y con la tutela judicial efectiva y con varios principios más relacionados con éste.

Mediante su segundo motivo, las partes recurrentes afirman que el Tribunal General incurrió en error al dar por hecho que con el recurso de los accionistas se pretende sustituir la posibilidad de los accionistas de defender la autorización de TKB mediante un recurso que hubiera interpuesto la propia entidad.

Mediante su tercer motivo, las partes recurrentes alegan otra serie de errores de consideración, entre los que está el no haberse aplicado el principio de que nadie puede invocar en su defensa sus propios actos ilícitos, habida cuenta de la interferencia del BCE en la tutela de TKB.

Mediante su cuarto motivo, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General no tuvo en cuenta los requisitos necesarios (incluidos los de forma) para la revocación del poder para litigar concedido en su día por TKB.

Mediante su cuarto motive, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General aplicó por error el artículo 51, apartado 1, en lugar del artículo 31, del Reglamento de Procedimiento, además de haber incurrido en otra serie de errores procedimentales.
3)

¿Es conforme al principio de cautela el Reglamento europeo en la medida en que no tiene en cuenta en modo alguno la pluralidad de sustancias activas y su empleo acumulado, en particular, al no prever ningún análisis específico completo a escala europea de la acumulación de sustancias activas en un mismo producto?