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51

A este respecto, procede señalar que, a efectos de la apreciación de la compatibilidad de una ayuda con el mercado interior, la ventaja derivada de esta ayuda para su beneficiario no incluye el eventual beneficio económico obtenido por este de la utilización de dicha ventaja. La circunstancia de que tal beneficio no sea idéntico a la ventaja constitutiva de la ayuda, o incluso de que no exista, no puede justificar una apreciación diferente de la compatibilidad de esa ayuda con el mercado interior (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990, apartado 92).
2)

Condenar en costas a Jindal Saw Ltd y Jindal Saw Italia SpA.
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 10 de noviembre de 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Asunto T‑518/20)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión NATIONAL GEOGRAPHIC — Marca anterior no registrada GEOGRAPHIC — Motivo de denegación relativo — Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local — Artículos 8, apartado 4, y 52, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 40/94 [actualmente artículos 8, apartado 4, y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15, 16 y 18)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Uso del signo en el tráfico económico — Concepto — Utilización en el contexto de una actividad comercial dirigida a obtener un beneficio económico [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 17 y 30)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Marca figurativa NATIONAL GEOGRAPHIC y marca no registrada GEOGRAPHIC [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26, 38, 43, 44, 46 y 47)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Alcance local del signo [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 31)

5. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad — Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo] (véase el apartado 45)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de mayo de 2020 (asunto R 1664/2019‑1), relativa a un procedimiento de nulidad entre VF International y National Geographic Society.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
150

A mayor abundamiento, además de que por las razones mencionadas en los anteriores apartados 130 a 136, no puede reprocharse a la Comisión haber adoptado la Decisión impugnada en un plazo no razonable, consta que la República Helénica no notificó a su debido tiempo los regímenes de ayudas controvertidos, de modo que no puede invocar válidamente, por los motivos mencionados en los anteriores apartados 147 y 148, la violación del principio de protección de la confianza legítima.
90

Mediante la segunda parte del tercer motivo, la demandante refuta el análisis que la Comisión realizó en los considerandos 52, 119, 137 y 144 de la Decisión. En primer lugar, alega que la Comisión descartó las estimaciones efectuadas por las autoridades belgas y aceptó el importe de la ayuda que propuso la coadyuvante. En segundo lugar, aduce que, en cualquier caso, resulta imposible en la práctica cuantificar la ventaja de la que supuestamente disfrutó, pues, conforme a su estructura financiera, el contrato de 1984, que regula los dispositivos incluidos en el anexo 10, no estipulaba renta, derecho de ocupación o canon alguno y resultaba de aplicación a los dispositivos incluidos en el anexo 10 que se mantuvieron operativos después de su fecha de vencimiento. En tercer lugar, arguye que, aun si se considerara que la compensación entre los dispositivos retirados antes de su fecha de vencimiento fijada en el anexo 10 y los dispositivos mantenidos después de su fecha de vencimiento habría podido dar lugar a un desequilibrio (quod non), la Comisión no habría podido exigir la recuperación de la ventaja resultante, ya que, ante la imposibilidad de realizar una evaluación razonable de la supuesta ventaja, el respeto del derecho de defensa del Ayuntamiento de Bruselas podría constituir un impedimento para su recuperación de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE (DO 2015, L 248, p. 9).
82

Por lo que respecta a la inejecución de la recomendación que figura en dicha Decisión, Gazprom considera que la denuncia no contenía prueba alguna de que dicha inejecución fuera imputable a un bloqueo de Gazprom, que no era responsable de ello. En apoyo de esta afirmación, Gazprom subraya, en primer lugar, que, con arreglo al Derecho polaco, la decisión de certificación es firme y confiere a Gaz-System prerrogativas cuyo ejercicio no puede impedir, en segundo lugar, que Gaz-System es la única destinataria de la decisión de certificación y que, por tanto, solo esta última entidad está obligada a ejecutarla, mientras que, en cambio, no existe razón alguna para exigir a EuRoPol (o a ella misma) que ejecutara dicha decisión, y, en tercer lugar, que, en caso de inejecución, la Oficina polaca podía, e incluso debía, instar la ejecución de dicha decisión, en particular, imponiendo sanciones financieras o incluso revocándola.
125

En cambio, aunque no proceda adoptar una interpretación restrictiva del concepto de «información [referente] a emisiones al medio ambiente», este concepto no podría incluir, sin embargo, cualquier información que presente algún tipo de vínculo, incluso directo, con las emisiones al medio ambiente. En efecto, si dicho concepto se interpretara en el sentido de que incluye tal información, vaciaría de contenido en gran medida el concepto de «información medioambiental» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 1367/2006. Tal interpretación privaría así de todo efecto útil la posibilidad, prevista por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, de que las instituciones se nieguen a la divulgación de información medioambiental por el motivo, en particular, de que tal divulgación sería contraria a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica determinada y haría peligrar el equilibrio que el legislador de la Unión quiso garantizar entre el objetivo de transparencia y la protección de estos intereses. También supondría un perjuicio desproporcionado a la protección del secreto profesional garantizado por el artículo 339 TFUE. (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2016, Comisión/Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, apartado 81).
295

En cualquier caso, no es relevante que el derecho a la autodeterminación sea un derecho colectivo, ya que el sujeto tercero al que representa el demandante es precisamente el titular de tal derecho. De igual modo, la alegación de que el derecho a la autodeterminación abre un proceso político cuyo resultado no está predeterminado descansa, en definitiva, en la premisa errónea de que el pueblo del Sáhara Occidental no disfruta actualmente del derecho a la autodeterminación dado que, hasta el momento, el proceso relativo al estatuto definitivo de dicho territorio no ha llegado a término y de que, por lo tanto, dicho pueblo no está en condiciones de ejercer plenamente tal derecho. Pues bien, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 105 de la sentencia Consejo/Frente Polisario, los órganos de la ONU han reconocido que este pueblo disfrutaba del mencionado derecho y que esta era precisamente la razón por la que el demandante participaba en tal proceso. En consecuencia, el hecho de que el resultado de este proceso aún no se haya determinado no es óbice para la invocabilidad de dicho principio.
38

Según reiterada jurisprudencia, conforme al artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, al examinar si concurren motivos de denegación absolutos, los examinadores de la EUIPO y, en caso de recurso, las Salas de Recurso de la EUIPO deben examinar de oficio los hechos para determinar si la marca cuyo registro se solicita adolece o no de alguno de los motivos de denegación absolutos de registro enunciados en el artículo 7 de ese Reglamento. De ello resulta que los órganos competentes de la EUIPO pueden verse obligados a fundar sus resoluciones en hechos que no hayan sido alegados por el solicitante [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2019, All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Forma de una suela de zapato), T‑611/17, no publicada, EU:T:2019:210, apartado 43, y de 10 de junio de 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Representación de un dibujo a cuadros), T‑105/19, no publicada, EU:T:2020:258, apartado 21].
9

El 8 de mayo de 2019, el COMP adoptó su dictamen final sobre el mantenimiento de la declaración del Trecondi-treosulfano como medicamento huérfano en el momento de la concesión de la AC (en lo sucesivo, «dictamen final del COMP»), en el que confirmaba las conclusiones a las que había llegado en su dictamen de 19 de diciembre de 2018. En particular, consideró que los análisis presentados por la demandante en su solicitud de reconsideración de 19 de marzo de 2019 no eran suficientemente fiables y, por lo tanto, mantuvo su posición de que no había acreditado la existencia de un beneficio significativo del Trecondi-treosulfano en comparación con los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida. En consecuencia, según el dictamen final del COMP, las condiciones del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 141/2000 no se cumplían en el momento de la concesión de la AC, por lo que dicho comité recomendó a la Comisión que no mantuviera la declaración del Trecondi-treosulfano como medicamento huérfano en el momento de la concesión de la AC.
31

El demandante sostiene que numerosos documentos aportados en los procedimientos de reconocimiento del origen profesional de las enfermedades de que se trata no fueron puestos en conocimiento de la comisión médica con ocasión de la reunión de esta de 10 de abril de 2018. El demandante añade que, el 12 de abril de 2018, el doctor B envió esos mismos documentos al doctor C, pero que este se negó a transmitirlos a la comisión médica, ateniéndose a las «instrucciones» que supuestamente había recibido del Parlamento de no tener en cuenta documentos transmitidos con posterioridad al 30 de marzo de 2017. Pues bien, según el demandante, correspondía únicamente a la comisión médica, y no a la AFPN, declarar la pertinencia de los documentos que pudieran resultarle de utilidad.
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 9 de febrero de 2022 — Heitec/EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC)

(Asunto T‑520/19)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión HEITEC — No consideración de pruebas presentadas ante la División de Anulación y ante la Sala de Recurso — Artículo 95, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001] — Regla 40, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 2868/95 [actualmente artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625]»

1. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Procedimiento de caducidad — Hechos y pruebas no presentados dentro del plazo establecido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 95, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) de la Comisión n.o 2868/95, art. 1, regla 40, aps. 3 y 5, y Reglamento (UE) de la Comisión 2018/625, art. 27, ap. 4] (véanse los apartados 30 a 35, 67, 71 y 73)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba de uso — Uso efectivo — Examen de oficio por parte de la Oficina — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, 42, ap. 2, 51, ap. 1, y 57, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 40, ap. 5] (véanse los apartados 47 y 51)

3. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Procedimiento de caducidad — Hechos y pruebas no presentados dentro del plazo establecido al efecto — Diligencia requerida por las circunstancias [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 95, ap. 2, y 120, aps. 1 y 2, letra c); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 40, ap. 5] (véase el apartado 78)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba de uso — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, aps. 3 y 4, y 40, ap. 5] (véanse los apartados 94 a 96 y 107)

5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Marca denominativa HEITEC [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 108 y 109)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de abril de 2019 (asunto R 1171/2018‑2), relativa a un procedimiento de caducidad entre Hetec Datensysteme y Heitec.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
137

En segundo lugar, por lo que respecta a la vulneración por la Comisión del principio de legalidad, las demandantes sostenían que la Comisión había promovido la ejecución forzosa frente a ellas sin haber respetado el procedimiento administrativo previo establecido en el artículo 80 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1). Las demandantes sostenían asimismo que la Comisión había vulnerado el principio de legalidad al intentar obtener el cobro de una deuda que, a falta de una nota de adeudo que se les hubiera notificado, había prescrito en 2016, de conformidad con el artículo 93, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 1268/2012 y con el artículo 252 del Código Civil griego.
479

Además, aun suponiendo que dicha afirmación deba entenderse en el sentido de que, según la Comisión, los conjuntos de chips LTE de Intel eran una alternativa viable para los modelos supuestamente afectados, en particular, en el plano técnico o en términos de plazos, procede observar que, en apoyo de esa apreciación, en la nota n.o 612 de la Decisión impugnada relativa al considerando 464 de dicha Decisión, la Comisión se limitó a referirse, a modo de ejemplo, a tres documentos internos de Apple que, no obstante, no permiten concluir que los conjuntos de chips de Intel cumplieran las exigencias técnicas o de plazos de Apple para los modelos supuestamente afectados. En efecto, el primer documento, al que se refiere la Comisión mencionado simplemente su hoja de guarda, es una presentación de Apple [confidencial] que alude más bien a [confidencial] de los conjuntos de chips de Intel (véase también, a este respecto, el apartado 469 anterior); el segundo documento es un correo electrónico interno de Apple de octubre de 2012, a que se refiere asimismo el considerando 433 de la Decisión impugnada, que indica, en efecto, que Intel habría sido una «buena opción» para el modelo «[confidencial]», si bien no contiene ninguna indicación en cuanto a la viabilidad de dicha «opción» en términos de plazos, y el tercer documento es un correo electrónico interno de Apple de junio de 2012, a que se refiere asimismo el considerando 428 de la Decisión impugnada, que alude a una proposición de Intel que no resultaba satisfactoria en términos de precio. Así, no solo la afirmación de la Comisión de que Intel no era menos atractivo que la demandante respecto de los modelos supuestamente afectados no queda confirmada por estos tres documentos, sino que no permite concluir que Apple podría haberse abastecido realmente de los competidores de la demandante para los modelos supuestamente afectados habida cuenta de sus exigencias técnicas y de plazos.
183

No obstante, en el apartado 75 de la sentencia de 16 de junio de 2011, Putters International/Comisión (T‑211/08, EU:T:2011:289), el Tribunal, ante todo, se limitó a señalar que la falta de diferenciación resultante de la nueva metodología de cálculo de las multas en el marco de las Directrices de 2006 podía requerir que ejerciera su competencia de plena jurisdicción en los casos concretos en los que la aplicación exclusiva de esas Directrices no permitiese una diferenciación apropiada. Además, como se desprende de ese mismo apartado 75 y de los apartados 81 a 87 de dicha sentencia, el Tribunal declaró que, en ese asunto, la Comisión había concluido acertadamente que no había motivos que pudieran justificar la reducción de la multa solicitada por la parte demandante. Así pues, consideró que no era necesario ejercer su competencia jurisdiccional plena.
106

El demandante sostiene que, al no emplear el portugués en la decisión de 23 de julio de 2018 ni en la convocatoria de concurso correspondiente al ejercicio de certificación 2017, el Parlamento infringió lo dispuesto en el Reglamento n.o 1. Alega que, si bien la jurisprudencia autoriza la utilización de algunas lenguas concretas para satisfacer las necesidades específicas y acreditadas del servicio, esta posibilidad está supeditada a la adopción de un reglamento interno de conformidad con el artículo 6 del Reglamento n.o 1 (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Italia/Comisión, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, y de 24 de septiembre de 2015, Italia y España/Comisión, T‑124/13 y T‑191/13, EU:T:2015:690). Sin tal reglamento, no cabe ninguna excepción al régimen lingüístico.
146

Es cierto que las constataciones realizadas en el apartado 224 de la sentencia de 5 de octubre de 2017, Mabrouk/Consejo (T‑175/15, EU:T:2017:694), y en el apartado 55 de la sentencia de 15 de noviembre de 2018, Mabrouk/Consejo (T‑216/17, no publicada, EU:T:2018:779), invocadas por el Consejo, se basaban igualmente en la consideración de la actividad procesal realizada, con carácter general, en el marco de la investigación judicial de la parte demandante en dicho asunto, que también afectaba a otras muchas personas, y no solo en los actos procesales específicamente relativos a la citada parte demandante. El Tribunal General concluyó en particular que los documentos puestos en conocimiento del Consejo por las autoridades tunecinas pretendían resaltar la existencia de una actividad procesal efectiva en el marco de la instrucción del asunto en que estaba implicado el demandante, así como la complejidad de este asunto por el número de personas implicadas y por las medidas de instrucción exigidas, en particular por las comisiones rogatorias internacionales (véanse, en ese sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2017, Mabrouk/Consejo, T‑175/15, EU:T:2017:694, apartados 205 y 222, y de 15 de noviembre de 2018, Mabrouk/Consejo, T‑216/17, no publicada, EU:T:2018:779, apartado 52).
277

En el presente asunto, la demandante estima antes de nada que la Comisión no ha explicado suficientemente las razones por las que consideró, en los considerados 357 a 361 de la Decisión impugnada, que las entidades gestoras de aeropuertos solo habían actuado como simples intermediarias de la Región Autónoma y que, en consecuencia, los flujos financieros entre dichas entidades gestoras y las compañías aéreas no debían no debían considerarse como la ejecución comercial de los contratos que vinculaban a estas entidades, sino como recursos estatales. En particular, a su entender, la Comisión no examinó de forma detallada la situación propia de cada aeropuerto, en particular, la posición del Estado en las sociedades que explotan cada uno de los aeropuertos en cuestión, con el fin de corroborar sus conclusiones relativas al control o no de estas por parte del poder público. Según la demandante, la Comisión tampoco explicó cómo GEASAR, que, sin embargo, era una entidad gestora privada, no actuó independientemente del Estado. De igual modo, a su juicio, no explicó de qué forma el Estado ejercía un control sobre las decisiones adoptadas por las entidades gestoras de los aeropuertos de Olbia y de Cagliari-Elmas ni por qué el mecanismo de aprobación previsto por las medidas de ejecución era un motivo suficiente para llegar a esta conclusión.
2

Mediante escrito de 9 de agosto de 2018, el demandante presentó a la Comisión Europea una solicitud de acceso a documentos, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43). Esta solicitud tenía por objeto todos los documentos que obraran en poder de la Comisión relativos al cumplimiento o incumplimiento por parte de Irlanda de sus obligaciones en virtud de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27), de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DO 2008, L 337, p. 102), y de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DO 2009, L 294, p. 20) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisiones Marco»). Como anexo de su solicitud, el demandante adjuntó un escrito del miembro de la Comisión encargado de la justicia dirigido a varios miembros del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, relativo a la situación personal del demandante y en el que se mencionaban las Decisiones Marco.