39

Por considerar que la resolución del litigio pendiente ante él dependía de la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunale di Bolzano decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Obliga el principio de primacía (principe de primauté) del Derecho de la Unión al juez nacional a aplicar de modo pleno e inmediato las normas de la Unión provistas de eficacia directa, y a no aplicar normas de Derecho interno contrarias al Derecho de la Unión pese a que éstas se adoptaran en aplicación de principios fundamentales del sistema constitucional del Estado miembro? 2) En caso de conflicto entre una norma interna y el CEDH, ¿la referencia a dicho Convenio que hace el artículo 6 TUE obliga al juez nacional a aplicar directamente el artículo 14 CEDH y el artículo 1 del [Protocolo no 12], y a no aplicar la fuente interna incompatible, sin deber plantear previamente una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional nacional? 3) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular, los artículos 2 [TUE] y 6 TUE, 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43 […] y 2003/109 […]—, a una normativa nacional (rectius: provincial) como la contenida en el artículo 15, párrafo [segundo], del [Decreto Presidencial no 670/1972], en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley Provincial […] y en la [Decisión no 1885], en la parte en que para las prestaciones que regula y en particular para la denominada “ayuda a la vivienda” atribuye relevancia a la nacionalidad, dispensando a los trabajadores residentes de larga duración que no pertenecen a la Unión o a los apátridas un trato desfavorable respecto al concedido a los ciudadanos comunitarios residentes (italianos y no italianos)? En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones precedentes: 4) En el supuesto de violación de los principios generales de la Unión, como los principios de no discriminación y de seguridad jurídica, ante normas nacionales de ejecución que permiten al juez nacional “ordenar el cese de la conducta lesiva y adoptar las medidas idóneas, según las circunstancias [para poner fin a] los efectos de la discriminación”, que imponen “que se ordene el cese de la conducta, del comportamiento o del acto discriminatorios, si éstos continúan, así como la eliminación de sus efectos” y que permiten que se ordene “con el fin de impedir su repetición, dentro del plazo establecido en la medida, un plan para la eliminación de las discriminaciones detectadas”, ¿debe entenderse el artículo 15 de la Directiva 2000/43 […], en la parte en que prevé que las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, en el sentido de que también incluye entre las discriminaciones detectadas y los efectos que se propone eliminar, con el fin de evitar discriminaciones injustificadas a la inversa, cualquier violación sufrida por quienes sean objeto de discriminación, aunque no sean parte en el litigio? En caso de respuesta afirmativa a la cuestión precedente: 5) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular, los artículos 2 [TUE] y 6 TUE, los artículos 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43 […] y 2003/109 […]— a una normativa nacional (rectius: provincial) que sólo exige a los ciudadanos no comunitarios, y no a los ciudadanos comunitarios (italianos y no italianos) —que únicamente se hallan equiparados en relación con la obligación de residir en la provincia durante más de cinco años—, cumplir el requisito adicional de haber trabajado durante tres años para poder acceder al beneficio de la ayuda a la vivienda? 6) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular, los artículos 2 [TUE], 6 TUE, 18 [TFUE], 45 [TFUE] y 49 TFUE, en relación con los artículos 1, 21 y 34 de la Carta— a una normativa nacional (rectius: provincial) que obliga a los ciudadanos comunitarios (italianos y no italianos) a declarar la pertenencia o agregación étnica a uno de los tres grupos lingüísticos existentes en el Alto Adigio/Tirol del Sur para poder acceder al beneficio de la ayuda a la vivienda? 7) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular, los artículos 2 [TUE], 6 TUE, 18 [TFUE], 45 [TFUE] y 49 TFUE, en relación con los artículos 21 y 34 de la Carta— a una normativa nacional (rectius: provincial) que obliga a los ciudadanos comunitarios (italianos y no italianos) a haber residido o trabajado durante al menos cinco años en el territorio provincial para poder acceder al beneficio de la ayuda a la vivienda?»