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Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones especiales de carácter no contributivo

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 4, ap. 2 bis, y 10 bis, y anexo II bis]

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Un subsidio de vejez complementario del Fonds de solidarité vieillesse previsto por la legislación francesa, que completa una prestación por vejez y está destinado a garantizar al beneficiario un mínimo nivel de vida en caso de que su pensión de jubilación sea insuficiente, y que está mencionado en el anexo II bis, bajo el título «Francia», del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, constituye una prestación especial.

El examen del modo de financiación del subsidio de vejez complementario sobre la base de los elementos de los autos presentados ante el Tribunal de Justicia muestra que no existe una relación suficientemente identificable entre la contribución social generalizada, de la que proceden esencialmente los recursos del Fonds de solidarité vieillesse, y la prestación de que se trata, lo que lleva a la conclusión de que el subsidio complementario tiene carácter no contributivo.

En primer lugar, dicho Fondo, que pone a disposición los recursos necesarios para el subsidio complementario, tiene como misión, según la legislación nacional pertinente, asumir el pago de las prestaciones sociales de vejez de carácter no contributivo basadas en la solidaridad nacional, de las que el subsidio complementario sólo representa una parte limitada. En segundo lugar, si bien es cierto que la contribución social generalizada sobre los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias constituye una parte sustancial de los ingresos del Fondo, no lo es menos que dichos ingresos proceden igualmente de otras contribuciones y exacciones de carácter fiscal. En tercer lugar, la contribución social generalizada sobre los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias sirve para financiar no sólo el Fondo, sino también otros regímenes sociales. En cuarto lugar, los requisitos de concesión y el modo de cálculo del subsidio complementario no se fijan en función de contribución alguna por lo que se refiere a sus beneficiarios.

No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar la exactitud de los elementos enunciados anteriormente para establecer de modo concluyente el carácter contributivo o no contributivo de dicha prestación.

(véanse los apartados 33, 34, 48 a 53 y 61 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra e)]

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El artículo 13, parte A, apartado 1, letra e), de la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 95/7, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a las entregas de prótesis dentales efectuadas por un intermediario que no tenga la condición de dentista o de protésico dental, pero que haya adquirido tales prótesis a un protésico dental.

En efecto, los términos «dentistas» y «protésicos dentales» que figuran en el citado artículo de la Sexta Directiva carecen de ambigüedad y, salvo que se quiera modificar radicalmente el tenor de dicha disposición e invalidar el requisito relativo a la condición del proveedor, es evidente que no puede entenderse que dichos términos incluyan a intermediarios que no sean ni dentistas ni protésicos dentales. Por consiguiente, habida cuenta de que el legislador comunitario no pretendía extender la exención a la que se refiere dicha disposición a las entregas de prótesis dentales que no son realizadas por dentistas o protésicos dentales, ni los objetivos perseguidos por dicha exención ni el principio de neutralidad fiscal pueden imponer una interpretación extensiva del artículo 13, parte A, de la Sexta Directiva sobre ese punto. Todo lo contrario, teniendo en cuenta la precisa formulación de los requisitos de exención de dicho artículo, cualquier interpretación que amplíe el alcance de esta disposición tendrá que ser considerada incompatible con la finalidad de ésta, tal como la concibió el legislador comunitario.

(véanse los apartados 35 a 37 y 42 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



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Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Directrices adoptadas por la Comisión y aceptadas por los Estados miembros — Efecto vinculante (art. 88 CE, ap. 1) (véase el apartado 9)

2. Estados miembros — Obligaciones derivadas del Derecho comunitario — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (art. 226 CE) (véase el apartado 10)

3. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto del litigio

Objeto:

Incumplimiento de Estado — Incumplimiento de la obligación de comunicar, antes del 1 de julio de 2001 y, a más tardar, el 30 de junio de 2002, los informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas de Estado vigentes en el sector agrario durante los años 2000 y 2001 — Artículo 88 CE, apartado 1, y artículo 21 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [actualmente artículo 88 CE] (DO L 83, p. 1) — Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (2000/C/28/02) (DO C 28, p. 2; versión corregida DO C 232, p. 19)

Parte dispositiva

Fallo:

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que el incumben en virtud de los artículos 88 CE, apartado 1, y 21 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE], según han sido desarrollados por la comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario», publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 1 de febrero de 2000, al no haber comunicado antes del 1 de julio de 2001 y, a más tardar, el 30 de junio de 2002, los informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas estatales al sector agrario durante los años 2000 y 2001.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
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Medio ambiente — Conservación de las aves silvestres — Directiva 79/409/CEE — Elección y delimitación de las zonas de protección especial

(Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 4, aps. 1 y 2)

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Los criterios de índole ornitológica contenidos en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, deben guiar a los Estados miembros en la elección y en la delimitación de las zonas de protección especial (ZPS). Por consiguiente, si las zonas de una ZPS no albergan aves esteparias, sino otras especies de aves silvestres que figuran en el anexo I de la Directiva y cuya protección justificó la designación de la referida ZPS, un Estado miembro no puede reducir la superficie de ésta ni modificar su delimitación, a menos que las zonas excluidas de la ZPS ya no correspondan a los territorios más adecuados para la conservación de las especies de aves silvestres, en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva.

(véanse los apartados 10, 12 y 13)
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Recurso por incumplimiento — Procedimiento administrativo previo — Requerimiento — Requisito — Incumplimiento previo de alguna obligación que incumba a un Estado miembro — Observaciones de este Estado — Carácter de requisito sustancial — Requerimiento que versa sobre la no adaptación del Derecho interno a una directiva antes de la expiración del plazo de ejecución — Improcedencia

(Art. 226 CE)

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La emisión de un escrito de requerimiento supone que se alegue un incumplimiento previo de alguna obligación que incumba al Estado miembro de que se trate. La posibilidad de que dicho Estado miembro presente observaciones constituye, aun cuando considere que no debe utilizarla, una garantía esencial establecida por el Tratado cuya observancia es un requisito sustancial de la regularidad del procedimiento por el que se declara el incumplimiento de un Estado miembro. Por consiguiente, el escrito de requerimiento no puede versar sobre la falta de adaptación del Derecho interno a una directiva cuyo plazo de ejecución todavía no haya expirado.

(véase el apartado 7)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, así como de esta última Directiva, al no haber adaptado el Derecho español de forma completa al artículo 3 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11, al no haber adaptado el Derecho español al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11, al haber incumplido el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la Directiva 97/11, al no haber adaptado el Derecho español de manera correcta al punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11, en relación con los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva, y al no haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna, y, consiguientemente, al no haber aplicado lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartado 2, 8 y 9 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11.
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Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Competencias exclusivas — Litigios en materia de derechos reales inmobiliarios — Concepto

[Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, art. 16, número 1, letra a)]

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El artículo 16, número 1, letra a), del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada en último lugar por el Convenio de 1996, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en su ámbito de aplicación una acción que tiene por objeto impedir las perturbaciones que afectan o puedan afectar a bienes inmuebles cuyo propietario es el actor de esa acción, cuando tales perturbaciones son provocadas por radiaciones ionizantes emitidas por una central nuclear sita en el territorio de un Estado vecino de aquél donde se hallen esos bienes. En efecto, la competencia exclusiva de los tribunales del Estado contratante donde el inmueble se halle sito no engloba la totalidad de las acciones relativas a los derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquellas que, al mismo tiempo, se incluyan en el ámbito de aplicación de dicho Convenio y correspondan a las destinadas a determinar la extensión, la consistencia, la propiedad o la posesión de un bien inmueble o la existencia de otros derechos reales sobre dichos bienes y a garantizar a los titulares de esos derechos la protección de las facultades vinculadas a sus títulos. En cambio, si bien el fundamento de una acción de cesación de perturbaciones, en su caso, de carácter cautelar, reside en el menoscabo sufrido por un derecho real inmobiliario, tal acción no constituye una controversia cuyo objeto sea un derecho real sobre un inmueble cuando la naturaleza real e inmobiliaria de ese derecho, en el referido contexto, sólo tiene una importancia secundaria. Así, dicha naturaleza real e inmobiliaria del derecho controvertido no influye de manera determinante en la configuración del litigio principal, el cual no se plantearía en términos esencialmente distintos si el derecho que se pretende proteger contra los perjuicios alegados fuera de naturaleza diferente, como, por ejemplo, el derecho a la integridad física o un derecho mobiliario.

Por último, las consideraciones de buena administración de la justicia que subyacen al artículo 16, número 1, letra a), no se aplican cuando se está ante una acción de esta índole y, por lo tanto, no se oponen a que tal acción quede excluida del ámbito de aplicación de dicha disposición.

(véanse los apartados 27, 30, 31, 34 y 35 y el fallo)
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Estados miembros — Obligaciones — Obligación de cooperación

(Art. 10 CE)

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El principio de cooperación que se deriva del artículo 10 CE no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales internas con el fin de examinar de nuevo una resolución judicial firme y anularla, cuando se ponga de manifiesto que vulnera el Derecho comunitario. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos.

(véanse el apartado 20 y el fallo)
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Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil del automóvil — Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE y 90/232/CEE — Definición del régimen de responsabilidad civil aplicable a los siniestros que resultan de la circulación de vehículos — Condiciones de la limitación del derecho a una indemnización con cargo al seguro obligatorio por razón de la participación de un ocupante, víctima del accidente, en la producción del daño — Competencias de los Estados miembros — Límites — Incidencia de la calidad de «propietario del vehículo» de dicho ocupante — Inexistencia

(Directivas 72/166/CEE del Consejo, art. 3, ap. 1, 84/5/CEE, art. 2, ap. 1, y 90/232/CEE, art. 1)

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Del objeto de las Directivas 72/166, 84/5 y 90/232, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, y de su tenor literal se desprende que su finalidad no es armonizar los regímenes de responsabilidad civil de los Estados miembros y que, en el estado actual del Derecho comunitario, éstos tienen libertad para definir el régimen de responsabilidad civil aplicable a los siniestros derivados de la circulación de los vehículos y, en particular, las condiciones de la limitación del derecho a una indemnización con cargo al seguro obligatorio de vehículos, por razón de la participación de un ocupante víctima del accidente en la producción del daño.

No obstante, los Estados miembros deben ejercer sus competencias respetando el Derecho comunitario y, en particular, los artículos 3, apartado 1, de la Directiva 72/166, 2, apartado 1, de la Directiva 84/5 y 1 de la Directiva 90/232, cuyo objetivo es garantizar que el seguro obligatorio de vehículos permita a todos los ocupantes víctimas de un accidente causado por un vehículo obtener una indemnización de los daños que hayan sufrido. Por tanto, las disposiciones nacionales que regulan la indemnización de los siniestros que resulten de la circulación de los vehículos no pueden privar a las citadas disposiciones de su efecto útil.

En particular, este sería el caso si, basándose únicamente en la participación del ocupante en la producción del daño, una normativa nacional, definida con arreglo a criterios generales y abstractos, denegara al ocupante el derecho a ser indemnizado con cargo al seguro obligatorio de vehículos o limitara este derecho de manera desproporcionada. A este respecto, el hecho de que el ocupante afectado sea el propietario del vehículo cuyo conductor provocó el accidente es irrelevante.

(véanse los apartados 24, 27 a 29, 31 y 35 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Prestaciones de servicios — Determinación del lugar de conexión a efectos fiscales — Actividades recreativas o similares — Concepto — Puesta a disposición del público a título oneroso de máquinas tragaperras instaladas en salas de juego — Inclusión

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 9, ap. 2, letra c)]

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La prestación de servicios consistente en permitir al público utilizar a título oneroso máquinas tragaperras instaladas en salas de juego establecidas en el territorio de un Estado miembro debe considerarse una de las actividades recreativas o similares contempladas en el artículo 9, apartado 2, letra c), primer guión, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, de modo que el lugar de prestación de los servicios será aquel en que dicha prestación se realice materialmente.

En efecto, el objetivo principal de la citada actividad es el entretenimiento de los usuarios de máquinas tragaperras y no el que éstos obtengan una ganancia económica, habida cuenta de que la incertidumbre respecto de la ganancia económica constituye precisamente un componente esencial del entretenimiento deseado por tales usuarios. Por otro lado, no cabe descartar la aplicación de la norma de conexión regulada en el artículo 9, apartado 2, letra c), primer guión, por el hecho de que los destinatarios de los servicios sean consumidores finales, dado que el ámbito de aplicación de dicha disposición no se limita a las prestaciones de servicios entre sujetos pasivos.

(véanse los apartados 31, 33 y 34 y el fallo)
Asunto C‑36/02

Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH

contra

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht)

«Libre prestación de servicios – Libre circulación de mercancías – Restricciones – Orden público – Dignidad humana – Protección de los valores fundamentales consagrados por la Constitución nacional – “Jugar a matar”»

Sumario de la sentencia

1. Libre prestación de servicios – Restricciones – Justificación por razones de orden público – Necesidad y proporcionalidad de las medidas – Existencia de sistemas de protección diferentes en otros Estados miembros – Irrelevancia

(Arts. 46 CE y 49 CE)

2. Libre prestación de servicios – Restricciones – Normativa nacional que prohíbe la explotación comercial de juegos de simulación de acciones homicidas – Justificación – Protección del orden público – Respeto de la dignidad humana como principio general del Derecho

(Arts. 46 CE y 49 CE)

1. Aun cuando las medidas restrictivas de la libre circulación de servicios sólo pueden estar justificadas por razones de orden público si son necesarias para la protección de los intereses que pretenden garantizar y sólo si dichos objetivos no pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas, no es indispensable a este respecto que la medida restrictiva adoptada por las autoridades de un Estado miembro corresponda a una concepción compartida por el conjunto de los Estados miembros en cuanto a las modalidades de protección del derecho fundamental o interés legítimo controvertido. De ahí que el mero hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no excluye la necesidad y la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia.

(véanse los apartados 36 a 38)

2. El Derecho comunitario no se opone a que una actividad económica que consiste en la explotación comercial de juegos de simulación de acciones homicidas sea objeto de una medida nacional de prohibición adoptada por motivos de protección del orden público debido a que esta actividad menoscaba la dignidad humana.

En efecto, dicha medida no puede considerarse una medida que menoscaba de manera injustificada la libre prestación de servicios, puesto que, por una parte, la protección de los derechos fundamentales, al tratar innegablemente el ordenamiento jurídico comunitario de garantizar el respeto de la dignidad humana como principio general del Derecho, constituye un interés legítimo que puede justificar, en principio, una restricción a las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario, incluso en virtud de una libertad fundamental garantizada por el Tratado como la libre prestación de servicios y, por otra parte, la medida controvertida corresponde al nivel de protección de la dignidad humana que la constitución nacional ha querido garantizar en el territorio del Estado miembro de que se trata y no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido.

(véanse los apartados 34, 35 y 39 a 41 y el fallo)
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Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido – Exenciones previstas en la Sexta Directiva – Exención de determinadas operaciones relativas a las aeronaves utilizadas por las compañías de navegación aérea que se dedican esencialmente al tráfico internacional remunerado – Ámbito de aplicación – Operaciones relativas a las aeronaves que efectúan vuelos interiores – Inclusión – Concepto de «compañía que se dedique esencialmente al tráfico internacional» – Apreciación por los órganos jurisdiccionales nacionales

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 15, números 6, 7 y 9)

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Las disposiciones del artículo 15, números 6, 7 y 9, de la Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que establecen la exención del impuesto sobre el valor añadido para determinadas operaciones relativas a aeronaves utilizadas por las compañías de navegación aérea que se dediquen esencialmente al tráfico internacional remunerado, deben interpretarse en el sentido de que están exentas del impuesto sobre el valor añadido las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, a las que se refieren dichas disposiciones, destinadas a aeronaves que efectúan vuelos interiores, pero que son utilizadas por tales compañías.

Para determinar si una compañía de navegación aérea se dedica esencialmente al tráfico internacional en el sentido del artículo 15, número 6, antes citado, debe considerarse como tal, en todo caso, aquella cuyas actividades no internacionales sean sensiblemente menos importantes que sus actividades internacionales. A este respecto, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar la importancia respectiva de las actividades internacionales y no internacionales de dicha compañía. Para ello deben tomarse en consideración todos los elementos que aporten indicios sobre la importancia relativa del tipo de tráfico de que se trate, en particular, el volumen de negocios.

(véanse los apartados 30, 39 y 40 y los puntos 1 y 2 del fallo)