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1. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Comercialización de los productos - Disparidad de las legislaciones nacionales - Obstáculos a los intercambios intracomunitarios - Procedencia - Requisitos

(Tratado CEE, art. 30)

2. Acuerdos internacionales - Acuerdos de los Estados miembros - Acuerdos anteriores al Tratado CEE - Artículo 234 del Tratado - Objeto - Alcance - Justificación de las restricciones al comercio intracomunitario - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 234)

3. (L)ibre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Normativa nacional que subordina la utilización de una denominación de venta de un tipo de queso al requisito de un contenido mínimo en materias grasas - Aplicación a los productos del mismo tipo importados de otro Estado miembro - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 30)

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1. A falta de una normativa común de la comercialización de los productos de que se trata, deben aceptarse los obstáculos a la libre circulación intracomunitaria, resultantes de la disparidad de las normativas nacionales, en la medida en que éstas, indistintamente aplicables a los productos nacionales y a los importados, pueden justificarse como necesarias para satisfacer exigencias imperativas tocantes, entre otras cosas, a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales.

2. El párrafo 1 del artículo 234 del Tratado tiene por objeto precisar, con arreglo a los principios del Derecho internacional, que la aplicación del Tratado no afecta al compromiso contraído por el Estado miembro de que se trata de respetar los derechos de Estados terceros resultantes de un Convenio anterior y de cumplir sus correspondientes obligaciones. Por consiguiente, desde el momento que no se afectan los derechos de Estados terceros, un Estado miembro no puede invocar las disposiciones de un Convenio anterior con el fin de justificar restricciones a la comercialización de los productos procedentes de otro Estado miembro, cuando dicha comercialización es lícita en virtud de la libre circulación de mercancías prevista por el Tratado.

3. El artículo 30 y siguientes del Tratado se oponen a que un Estado miembro aplique una normativa nacional, que condicione el derecho a emplear la denominación de venta de un tipo de queso al requisito de un contenido mínimo en materias grasas, respecto a los productos del mismo tipo importados de otro Estado miembro, cuando dichos productos han sido fabricados y comercializados legalmente con esta denominación en dicho Estado miembro y se ha asegurado la adecuada información a los consumidores.
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1. Agricultura - Organización común de mercados - Discriminación entre productores o consumidores - Tasa de corresponsabilidad en el sector de los cereales - Exención en caso de utilización de los cereales después de transformarse en la explotación - Concesión supeditada a que la transformación se efectúe en la propia explotación - Ilegalidad

(Tratado CEE, art. 40, apartado 3, párrafo 2; Reglamento nº 2040/86 de la Comisión, art. 1, apartado 2, párrafo 2, modificado por el Reglamento nº 2572/86)

2. Cuestiones prejudiciales - Apreciación de validez - Declaración de invalidez de un Reglamento - Efectos - Aplicación analógica del párrafo 2 del artículo 174 del Tratado - Invalidez derivada de una discriminación - Mantenimiento provisional del régimen controvertido con arreglo a modalidades de aplicación no discriminatorias

(Tratado CEE, arts. 174, párrafo 2, y 177)

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1. El objetivo de la normativa comunitaria en materia de tasa de corresponsabilidad en el sector de los cereales, que consiste en limitar los excedentes estructurales en el mercado, justifica que sólo se sometan a la tasa las transformaciones de cereales que posteriormente son comercializados, sin que las cantidades de cereales que permanecen en un circuito cerrado contribuyan a la formación de excedentes.

El párrafo 2 del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento nº 2040/86 de la Comisión, en la versión modificada por el Reglamento nº 2572/86 de la Comisión, es inválido en la medida en que declara exentas de la tasa de corresponsabilidad las primeras transformaciones de cereales efectuadas por un productor en su explotación utilizando instalaciones de ésta, siempre que el producto obtenido de la transformación se utilice en la misma explotación, pero no prevé tal exención respecto de las primeras transformaciones efectuadas fuera de la explotación del productor o utilizando instalaciones que no formen parte del equipo agrícola de dicha explotación, cuando el producto de la transformación se utiliza en ésta.

2. Cuando el Tribunal de Justicia declara que un Reglamento es discriminatorio en la medida en que el régimen de exención de un gravamen previsto en el mismo no se aplica a determinadas categorías de operadores económicos, una mera declaración de invalidez de la disposición controvertida da lugar a que, mientras no se adopte una nueva normativa, quede excluida toda exención. En tal caso, la aplicación analógica del párrafo 2 del artículo 174 del Tratado, en cuya virtud el Tribunal de Justicia puede señalar aquellos efectos del Reglamento declarado nulo que deban considerarse como definitivos, se impone por los mismos motivos de seguridad jurídica que constituyen la base de dicha disposición. Por consiguiente, en tanto no se adopte la nueva normativa, las autoridades competentes deben continuar aplicando la exención controvertida, si bien ampliando el beneficio de la exención a los operadores que constituyen el objeto de la discriminación apreciada.
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1. Derecho comunitario - Principios - Fuerza mayor - Concepto

2. Agricultura - Organización común de mercados - Certificados de exportación - Régimen de fianzas - Incumplimiento, imputable al comprador, de un contrato de compraventa con destino a la exportación - Pérdida de fianza - Caso de fuerza mayor - Inexistencia

(Reglamento nº 3183/80 de la Comisión, arts. 36 y 37)

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1. Si bien el concepto de fuerza mayor no presupone una imposibilidad absoluta, exige sin embargo que el no realizarse el hecho en cuestión se deba a circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no hayan podido evitarse a pesar de la diligencia observada.

2. El concepto de fuerza mayor que contienen los artículos 36 y 37 del Reglamento nº 3183/80, en cuya virtud la fianza constituida con motivo de la concesión de un certificado de exportación se devuelve cuando la autoridad nacional competente decide que se anule la obligación de exportar, por no haberse podido efectuar la exportación durante el período de validez del certificado debido a fuerza mayor, debe interpretarse en el sentido de que no comprende el caso de que la exportación no se haya efectuado a causa de que el comprador, incumpliendo su obligación contractual, no se haya hecho cargo de la mercancía exportada.
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1. Agricultura - Organización común de mercados - Cereales - Exacciones reguladoras a la importación - Percepción independiente del precio real de compra

(Reglamento nº 2727/75 del Consejo)

2. Agricultura - Organización común de mercados - Cereales - Exacciones reguladoras a la importación - No exención para las importaciones de maíz en la isla Reunión - Discriminación - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 40, apartado 3, párrafo 2; Reglamento nº 2727/75 del Consejo)

3. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Devolución o condonación de los derechos de importación - Artículo 13 del Reglamento nº 1430/79 - "Circunstancias especiales" - Concepto

(Reglamento nº 1430/79 del Consejo, art. 13)

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1. La exacción reguladora a la importación, prevista en el Reglamento nº 2727/75, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales, tiene como finalidad garantizar el respeto de la preferencia comunitaria así como la consecución de los objetivos de la política agraria común. Se aplica aun cuando el precio de compra real no coincide con el precio ficticio de referencia y es superior no sólo a éste último, sino también al precio comunitario.

2. La Comisión, al estimar que la situación de la isla Reunión no es objetivamente diferente a la del resto de la Comunidad y no justifica la exención de las exacciones reguladoras a las importaciones de maíz a dicho territorio, no se ha excedido en el margen de apreciación de que dispone en esta materia. Por consiguiente, la aplicación de la exacción reguladora establecida por el Reglamento nº 2727/75 a las importaciones de maíz destinadas a esta isla no constituye una violación del principio de no discriminación enunciado en el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

3. La situación geográfica y económica de la isla Reunión es de carácter objetivo y afecta a un número indefinido de operadores económicos, las circunstancias en las que se efectúan las importaciones de maíz destinadas a esta isla no constituyen "circunstancias especiales", en el sentido del párrafo 1 del artículo 13 del Reglamento nº 1430/79, que justifiquen la devolución de las exacciones reguladoras aplicadas a estas importaciones.
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El hecho de que el profesor en período de prácticas sólo imparta un número reducido de horas lectivas por semana y sólo perciba una remuneración inferior al mínimo de la retribución de un profesor titular al comienzo de la carrera no puede oponerse a su calificación como trabajador. Efectivamente, el Tribunal de Justicia ha reconocido en su sentencia Levin (antes citada) que los conceptos de trabajador y de actividad asalariada deben entenderse en el sentido de que incluyen a las personas que, por el hecho de no desempeñar una tarea completa, no perciben más que una remuneración inferior a la prevista para un empleo a jornada completa, siempre que se trate del ejercicio de actividades reales y efectivas. Este último requisito no se pone en duda en el caso de autos.
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La Comisión sostiene que, al establecer como criterio determinante para considerar una residencia como no principal el hecho de que la persona que ocupa la vivienda no esté inscrita en las oficinas municipales de empadronamiento, los reglamentos municipales debatidos tienen la consecuencia de obligar a los funcionarios comunitarios a pagar el tributo o a inscribirse en las oficinas de empadronamiento del municipio para que no se presuma que tienen en él una residencia secundaria. Por ello, aduce, los reglamentos son incompatibles con el artículo 12, letra b), del Protocolo, ya que vinculan una consecuencia fiscal a su aplicación, en la medida en que no se prevé la exención de las personas dispensadas de la inscripción en los registros. La Comisión señala a este respecto que los funcionarios se encuentran en la imposibilidad de solicitar su inscripción en las oficinas de empadronamiento, ya que no pueden renunciar al privilegio del artículo 12, letra b), establecido, según el artículo 18 del Protoclo, en beneficio de las Comunidades. Considera que el Gobierno belga, al adoptar y aplicar los reglamentos debatidos, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 del Tratado CEE y 12, letra b), del mencionado Protocolo.
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Según la Comisión, el emplazamiento fue incorrecto por tres razones: el télex de 16 de noviembre de 1984 no permitía determinar con la suficiente precisión el contenido de la decisión que se pedía que adoptara la Comisión; no amenazaba a ésta con la interposición de un recurso por omisión y carecía por ello de carácter conminatorio; por último, no indicaba que constituía el punto de partida del plazo de dos meses a cuya expiración el silencio de la Comisión era equiparado a una decisión implícita de denegación.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de Invalidez - Modalidades particulares de aplicación de la legislación alemana - Consideración de la cualificación profesional para causar el derecho a prestaciones - Norma comunitaria que permite que no se tome en consideración la cualificación profesional obtenida en otro Estado miembro - Discriminación encubierta por razón de la nacionalidad - Invalidez

(Tratado CEE art. 48 y 51; Reglamento modificado nº 1408/71 del Consejo, Anexo VI, Sección C, apartado 15)

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El apartado 15 de la Sección C, del Anexo VI del Reglamento nº 1408/71 no es válido en la medida en que establece, en lo que se refiere al derecho a pensión de invalidez profesional o por incapacidad de ganancia, o a la pensión de los trabajadores de las mismas por disminución de la aptitud para el ejercicio del oficio de minero, o a la pensión de minero por invalidez profesional o por incapacidad de ganancia que, cuando en virtud de la legislación alemana es determinante la profesión ejercida hasta entonces, únicamente se tendrán en cuenta para la determinación de este derecho, las actividades sujetas al seguro obligatorio ejercidas bajo la legislación alemana.

En efecto, esta disposición, aunque se aplique independientemente de la nacionalidad del trabajador de que se trate, en relación con la legislación alemana, coloca en situación de desventaja a los trabajadores que no sean alemanes, que hayan desempeñado sucesivamente un empleo en algún Estado miembro y en la República Federal de Alemania porque impide que dichos trabajadores hagan valer, para obtener una pensión, una cualificación profesional, superior a la que se les reconoce en la República Federal de Alemania, adquirida en otro Estado miembro. Por tal motivo, como no puede garantizar la igualdad de trato prescrita por el artículo 48 del Tratado, una norma de tal naturaleza no tiene cabida en el marco de la coordinación de legislaciones nacionales que establece el artículo 51 del Tratado para promover la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad.
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Recurso por incumplimiento - Procedimiento precontencioso - Objeto - Plazos señalados al Estado miembro - Obligación de fijar plazos razonables - Criterios de apreciación

(Tratado CEE, art. 169)

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En el marco del recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento precontencioso es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes, frente a las imputaciones de la Comisión.

Este doble objetivo obliga a la Comisión a fijar un plazo razonable para que los Estados miembros puedan contestar a la carta de requerimiento y atenerse al dictamen motivado o, en su caso, preparar su defensa. Para determinar si un plazo señalado es razonable, es preciso tener en cuenta todas las circunstancias que caracterizan la situación de que se trate. Por tanto, unos plazos muy cortos pueden estar justificados en situaciones especiales, sobre todo cuando sea urgente remediar un incumplimiento o cuando el Estado miembro interesado tenga pleno conocimiento del punto de vista de la Comisión mucho antes del comienzo del procedimiento.

Cuando los plazos fijados no son razonables, la Comisión no puede sustraerse a la inadmisibilidad de su recurso afirmando que dichos plazos no eran plazos de caducidad y que, por tanto, habrían sido aceptadas las respuestas dadas después del vencimiento de los mismos. En efecto, un Estado miembro destinatario de una medida en la que se señala un plazo, no puede saber por anticipado si, llegado el caso, la Comisión le concederá una prórroga del mismo y hasta que punto lo hará.
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1. Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Ventajas sociales - Miembros de la familia - Beneficio indirecto - Descendientes que hayan alcanzado la edad de 21 años y no estén ya a cargo del trabajador - Exclusión

(Reglamentos nº 1612/68 del Consejo, art. 7, apartado 2, y art. 10, y nº 1251/70 del Consejo)

2. Libre circulación de personas - Trabajadores - Miembro de la familia a cargo - Concepto

(Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 10, apartados 1 y 2)

3. Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Ventajas sociales - Nacionales de un Estado miembro que se hayan desplazado a otro Estado miembro para buscar en él un empleo - Exclusión

(Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 7, apartado 2)

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1. Los miembros de la familia del trabajador en el sentido del artículo 10 del Reglamento nº 1612/68 sólo son los beneficiarios indirectos de la igualdad de trato reconocida a éste por el artículo 7 del mencionado Reglamento. Las prestaciones sociales que garantizan de forma general un mínimo de medios de existencia sólo benefician a los miembros de la familia del trabajador en el caso de que puedan considerarse para éste como una ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68.

De ello se sigue que, cuando un trabajador nacional de un Estado miembro ha ocupado un empleo en el territorio de otro Estado miembro y ha ejercitado el derecho de permanecer en él, sus descendientes que hayan alcanzado la edad de 21 años y no estén ya a su cargo no pueden ampararse en el derecho a la igualdad de trato garantizado por el Derecho comunitario para pretender beneficiarse de una prestación social prevista por la legislación del Estado miembro de acogida y que garantiza de forma general un mínimo de medios de existencia. Efectivamente, tal beneficio no constituye, en el caso de autos, para el trabajador, una ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 en la medida en que éste ya no asegura el mantenimiento de su descendiente.

2. La calidad del miembro de la familia a cargo a la que se refiere el artículo 10, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1612/68 resulta de una situación de hecho -mantenimiento por el trabajador- sin que sea necesario determinar las razones por las que se acude a este mantenimiento.

3. La igualdad de trato, en lo que se refiere a las ventajas sociales y fiscales, establecida en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68, sólo beneficia a los trabajadores y no a los nacionales de los Estados miembros que se desplacen para buscar un empleo.
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1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afecten directa e individualmente - Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro y que establece medidas de promoción de la venta de mantequilla en una parte del territorio nacional - Productores de margarina presentes en el mercado - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 2)

2. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Interpretación amplia de los requisitos de admisibilidad - Justificación - Exigencias de la tutela jurisdiccional - Inexistencia - Posibilidad de impugnar ante el Juez nacional la validez de un acto comunitario en apoyo de un recurso interpuesto contra las medidas nacionales de ejecución de dicho acto - Competencia del Juez nacional para determinar las cuestiones prejudiciales que someterá al Tribunal de Justicia

(Tratado CEE, arts. 173, párrafo 2, y 177)

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1. Las personas físicas o jurídicas sólo se ven afectadas individualmente por una decisión dirigida a un Estado miembro cuando esta decisión les afecta a causa de ciertas cualidades que les son específicas, o de una situación de hecho que les caracteriza en relación a cualquier otra persona, y por ello los individualiza de un modo análogo a un destinatario. No es este el caso, cuando se trata de una decisión de la Comisión, dirigida al Gobierno alemán, relativa a medidas de promoción de la venta de mantequilla en el mercado de Berlín (Oeste) de los productores de margarina que suministran a dicho mercado. En efecto, tal decisión no afecta a un círculo cerrado de personas determinadas en el momento de ser adoptada y cuyos derechos hubiera deseado regular la Comisión. Si a pesar de ello afecta a dichos productores, es sólo a causa de las consecuencias fácticas que tiene para su situación en el mercado. Por lo tanto éstos se ven afectados del mismo modo que se habría visto cualquier otra persona que vendiese margarina en el mercado berlinés durante la aplicación de las medidas de promoción antes mencionadas y no individualmente en el sentido del artículo 173, párrafo 2, del Tratado.

2. En apoyo de un recurso contra una medida nacional de ejecución de un acto comunitario, el actor puede alegar la ilegalidad de este último y obligar así al órgano jurisdiccional nacional a pronunciarse sobre el conjunto de imputaciones hechas a este respecto en el recurso, en su caso después de haber planteado la cuestión al Tribunal de Justicia para que éste aprecie la validez de dicho acto. La circunstancia de que el órgano jurisdiccional nacional pueda determinar las cuestiones que someterá al Tribunal de Justicia es inherente al sistema de recursos establecido por el Tratado y no constituye un argumento que pueda justificar, al amparo de la necesidad de una tutela jurisdiccional completa, una interpretación amplia de los requisitos de admisibilidad establecidos por el artículo 173, párrafo 2, del Tratado.
Asunto 330/85

Claude Richter

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionario — Concesión de la indemnización de expatriación»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. G. Federico Mancini, presentadas el 8 de octubre de 1986 3443

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 1986 3445

Sumario de la sentencia

Funcionarios — Retribución — Indemnización de expatriación — Objeto — Concepto de expatriación — Funcionarios cuya nacionalidad es la del Estado miembro de destino.

(Estatuto de los funcionarios, Anexo VII, art. 4, apartado 1)

La indemnización de expatriación tiene por objeto compensar las cargas y desventajas particulares derivadas de la toma de posesión del puesto en las Comunidades para los funcionarios que se ven obligados a cambiar su residencia del país en que están domiciliados al país de destino.

El concepto de expatriación depende de la situación concreta del funcionario y, en particular, para el que tiene la nacionalidad del Estado miembro del lugar de su destino administrativo, del hecho de si ha interrumpido efectivamente sus vínculos sociales y profesionales con este Estado mediante el desplazamiento total y de larga duración de su residencia habitual fuera del territorio europeo de dicho Estado. En efecto, la excepción prevista por el artículo 4, apartado 1, letra b) del Anexo VII del Estatuto no concierne sino a las personas que, habiendo tenido que desplazar el centro permanente de sus intereses fuera del Estado de destino, puede considerarse que ya no mantienen con este último vínculos estables.
A efectos de la prohibición de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas no es necesario probar que determinadas medidas restringen efectivamente las importaciones de los productos en cuestión, sino que basta que aquéllas tengan un efecto potencial sobre las importaciones que podrían tener lugar en su defecto.

La liberalización de los pagos prevista por el artículo 106 del Tratado obliga a los Estados miembros a autorizar los pagos previstos por dicha disposición, entre ellos los correspondientes a los intercambios de mercancías. Sin embargo, los Estados miembros han conservado la facultad de someter la transferencia de divisas a controles, para comprobar si en realidad no se trata de movimientos de capitales no liberalizados, especialmente de una transacción fuera del ámbito de los intercambios de mercancías o de servicios. Sin embargo, dichos controles no pueden hacer ilusorias las libertades que el Tratado reconoce.