Para demostrar de modo suficiente la participación de una empresa en una práctica concertada contraria a la competencia, basta con que la Comisión demuestre que la empresa afectada ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto expresamente. Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios apropiados para demostrar que su participación en dichas reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas. Además, el hecho de que una empresa no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar la responsabilidad derivada de su participación en un cártel, a menos que se distancie públicamente de su contenido. El hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado es únicamente pertinente a efectos de la apreciación de la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine el importe de la multa. A este respecto, cuando la responsabilidad de las empresas por comportamientos contrarios a la competencia resulte, según la Comisión, de su participación en reuniones que tienen por objeto dichos comportamientos, incumbe al juez de la Unión comprobar que las citadas empresas han tenido la oportunidad, tanto durante el procedimiento administrativo como ante él, de desvirtuar las conclusiones a las que se había llegado de ese modo y, en su caso, de demostrar la existencia de circunstancias que dan un enfoque diferente a los hechos probados por la Comisión y que permiten así sustituir por otra la explicación de los hechos en la que se basó dicha institución.

A este respecto, por lo que se refiere a la asunción de un riesgo económico, un intermediario no puede ser considerado un órgano auxiliar integrado en la empresa de su comitente cuando el contrato celebrado con éste le atribuye o le deja funciones que económicamente se asemejan a las de un comerciante independiente, por contemplar la asunción por el intermediario de los riesgos financieros vinculados a la venta o a la ejecución de los contratos celebrados con terceros. De este modo, en el caso de un contrato que se configura como un contrato de agencia en el sentido del punto 12 de las Directrices sobre restricciones verticales, en virtud del cual el agente únicamente asume gastos accesorios sin soportar un riesgo económico que no cabe sino calificar de minúsculo, éste no ejerce funciones que económicamente se asemejan a las de un comerciante independiente.

Resulta del artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.

A este respecto, en la determinación del importe de las multas impuestas por infringir las normas en materia de competencia, procede tener en cuenta todos los elementos que pueden incluirse en la valoración de la gravedad de los acuerdos y prácticas declaradas incompatibles con el mercado interior por el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, como, en particular, el papel desempeñado por cada una de las partes en la infracción y el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión. Asimismo, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa. En el caso particular de una infracción única, en el sentido de infracción compleja, que comprende un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en mercados distintos donde no todos los infractores están presentes o donde los infractores pueden únicamente tener un conocimiento parcial del plan de conjunto, las sanciones deben ser individualizadas en el sentido de que deben guardar relación con las conductas y las características propias de las empresas de que se trate. En este contexto, el principio de proporcionalidad implica que la multa se fije proporcionalmente habida cuenta de los elementos que deben tomarse en cuenta tanto para apreciar la gravedad objetiva de la infracción en sí misma como para apreciar la gravedad relativa de la participación en la infracción de la empresa sancionada. Así, en materia de sanciones impuestas por infracción del Derecho de la competencia relativo a los cárteles, la Comisión debe procurar adecuar las penas a la infracción tomando en consideración la situación particular de cada infractor. A este respecto, un infractor al que no se considera responsable de determinadas vertientes de una infracción única no puede haber desempeñado ningún papel en la aplicación de dichas vertientes. Como consecuencia de la limitada extensión de la infracción de la que se le hace responsable, la infracción del Derecho de la competencia es necesariamente menos grave que la que se imputa a los infractores que participaron en todas las vertientes de la infracción.

En consecuencia, el principio de proporcionalidad impone, en particular, a la Comisión el deber de tomar en consideración, al calcular el importe de la multa, el hecho de que una empresa sólo haya participado, a través de un agente, en una sola vertiente de la infracción única y de que, respecto de esa vertiente, no quepa considerar, por no haber participado en el plano europeo del cártel global, que tanto el objeto como los efectos de esta participación hayan podido rebasar el territorio de un único Estado miembro. Cuando se impone a tal empresa una multa idéntica a la que habría debido soportar en caso de que le fuera imputada su participación en todas las vertientes de la infracción única, debe anularse la decisión de la Comisión por no haber sido tenida en cuenta la particularidad de la situación de la empresa en cuestión. A este respecto, el mero hecho de que esta empresa hubiera podido tener conocimiento de la dimensión paneuropea del cártel global, cuando no ha quedado demostrado tal conocimiento, no basta para tomar en consideración, de cara al cálculo de la multa, el valor de las ventas registradas en esos mercados, ya que no se ha acreditado que tal empresa tuviera un comportamiento contrario a la competencia en relación con los mismos.

(véanse los apartados 408, 411 a 415, 437 y 442 a 447)