Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad prima facie del recurso principal

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad prima facie del recurso principal

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 7, aps. 1 y 2)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad prima facie del recurso principal

(Arts. 230 CE, párr. 4, 242 CE y 243 CE; Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 7, aps. 1 y 2)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1. Para que la demanda de suspensión de la ejecución de un acto se declare admisible, el demandante debe demostrar la existencia de elementos que permiten, a primera vista, inferir la admisibilidad del recurso principal al que se une su demanda de medidas provisionales, para evitar que pueda, a través de un procedimiento sobre medidas provisionales, lograr la suspensión de la ejecución de un acto cuya anulación sería posteriormente denegada por el juez comunitario al declarar la inadmisibilidad de su recurso principal. Este examen de la admisibilidad del recurso es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento sobre medidas provisionales. En efecto, en el marco de una demanda de medidas provisionales, la admisibilidad del recurso principal sólo puede apreciarse a primera vista, ya que la finalidad es examinar si el demandante aduce elementos suficientes que justifiquen a priori afirmar que la admisibilidad del recurso principal no será excluida. El juez de medidas provisionales sólo declarará la inadmisibilidad de la demanda cuando la admisibilidad del recurso principal pueda ser totalmente excluida. En efecto, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

(véanse los apartados 31 a 33)

2. Teniendo en cuenta la estructura y la finalidad de la Directiva 98/37, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, a primera vista parece que la Comisión tiene la obligación, y no la simple facultad, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 7 de la Directiva, de pronunciarse sobre la medida nacional que se le notificó. También parece, a primera vista, que la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre un proyecto de medida, sino sobre una medida nacional adoptada por un Estado miembro que tenga como efecto la restricción de la libre circulación de las máquinas de que se trate.

Por otra parte, según el artículo 2, apartado 1, de la misma Directiva, los Estados miembros adoptarán todas las medidas pertinentes para que las máquinas o los componentes de seguridad a los que se aplica dicha Directiva no se puedan poner en el mercado y poner en servicio si comprometen la seguridad y la salud de las personas y, en su caso, de los animales domésticos o de los bienes.

Por tanto, el juez de medidas provisionales no puede excluir que la declaración por la Comisión del carácter justificado de una medida nacional adoptada por un Estado miembro con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva y la transmisión de esta información al resto de Estados miembros, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, de la misma Directiva, modifiquen de forma apreciable la situación jurídica del fabricante de las máquinas objeto del acto de la Comisión, al impedir que éstas puedan ponerse en circulación o en servicio en el mercado de los Estados miembros destinatarios de este acto. Por tanto, a primera vista no puede descartarse que el acto de la Comisión pueda producir efectos jurídicos obligatorios para el fabricante de las máquinas objeto del mismo.

(véanse los apartados 39, 40 y 42)

3. En caso de que una institución dirija un acto comunitario a un Estado miembro, si la acción que debe poner en práctica el Estado miembro para ejecutar dicho acto tiene carácter automático, o si sus consecuencias se imponen de manera inequívoca, el referido acto afecta entonces directamente a cualquier persona respecto de la cual surte efectos tal acción. Si, por el contrario, el acto deja al Estado miembro la posibilidad de actuar o no actuar, o no le obliga a actuar en un sentido determinado, es la acción o inacción del Estado miembro lo que afecta directamente a la persona interesada, y no el acto comunitario en sí mismo.

Cuando los Estados miembros son destinatarios de un acto por el que la Comisión les informa, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 98/37, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, de que una medida nacional de prohibición de puesta en el mercado o de puesta en circulación de determinadas máquinas está justificada o parcialmente justificada, parece que dichos Estados, en principio, deben impedir la puesta en el mercado o la puesta en servicio de las máquinas contempladas en el acto de la Comisión por el que se declara justificada la medida nacional. En efecto, a primera vista parece que es la Comisión quien debe apreciar la necesidad de adoptar dichas medidas, y que después, según parece, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas pertinentes exigidas por dicha comprobación, a saber, retirar las máquinas del mercado y no permitir su puesta en el mercado o su puesta en servicio si comprometen la seguridad y la salud de las personas, de acuerdo con el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/37. Por lo tanto, los Estados miembros, en principio, no disponen de ningún margen de maniobra cuando son destinatarios de un acto de ese tipo.

Por otra parte, si bien es verdad que los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello los individualiza de manera análoga a la del destinatario, en principio no puede descartarse que dicho acto de la Comisión afecte individualmente a la empresa demandante cuando se refiere explícita y exclusivamente a las máquinas fabricadas por ella.

(véanse los apartados 50, 52, 56 y 57)

4. En el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Si un perjuicio de carácter financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales, ser considerado como irreparable o incluso difícilmente reparable, porque puede ser objeto de compensación económica posterior, se justificaría una medida provisional si se revelara que, en defecto de esa medida, la parte demandante se hallaría en una situación que podría poner en peligro su misma existencia antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento principal La inminencia del perjuicio no debe probarse con una certeza absoluta y basta, especialmente cuando la realización del perjuicio depende de la concurrencia de un conjunto de factores, que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente.

Una decisión de la Comisión que pretende, a primera vista, obligar a todos los Estados miembros a adoptar medidas que obstaculizan los intercambios, tales como medidas de prohibición de puesta en el mercado y de puesta en circulación de determinadas máquinas, por razón de los daños que las mismas pueden irrogar a la salud y a la seguridad de las personas, puede menoscabar la reputación de la empresa que las fabrica. Por tanto, debe reconocerse el carácter perjudicial de este menoscabo. En efecto, tal menoscabo en la reputación comercial de una empresa y en la reputación de la seguridad de sus productos puede irrogarle un perjuicio que, por ser difícilmente evaluable, es difícilmente reparable. Tal perjuicio puede además calificarse de grave, por tener dicha decisión efectos en todos los Estados miembros, y, en consecuencia, en todos los mercados en los que opera la demandante y no sólo en uno de ellos. El referido menoscabo en su reputación puede acarrear consecuencias irreparables sobre su producción, tanto en el sector en cuestión como en los demás sectores de su actividad y, en consecuencia, sobre su situación financiera global. Por tanto, el riesgo de que se vea rápidamente abocada a la quiebra no resulta puramente hipotético, sino que por el contrario es previsible con un grado de probabilidad suficiente.

Habida cuenta de las mencionadas circunstancias, la ejecución de la citada decisión de la Comisión puede irrogar un perjuicio grave e irreparable a la empresa demandante, poniendo en peligro su existencia, de modo que la urgencia de las medidas solicitadas parece indiscutible.

(véanse los apartados 121 a 123, 136, 137, 142 a 144 y 146)