5.

El análisis del caso de autos no está, sin embargo, enteramente terminado todavía. Tengo aún que examinar —como dije anteriormente— ciertas observaciones expuestas con carácter subsidiario por la demandante en el litigio principal en apoyo de su tesis, según la cual debería existir una definición uniforme del concepto de explotación agrícola vinculante para los Estados miembros. Alega que la inexistencia de un concepto de este alcance crearía un riesgo de discriminación considerable; que peligraría la realización de los objetivos del artículo 39 si se encomendara a los Estados miembros la necesaria delimitación y por ello, si se tolerara una diferenciación de las cotizaciones de la Seguridad Social, ya que esta diferenciación no puede ser considerada más que en el marco de lo dispuesto por el artículo 92 en materia de ayudas, así como respetando los requisitos previstos por el mismo. Esta argumentación requiere, en mi opinión, las siguientes observaciones: a) Por lo que se refiere, en primer lugar, a la prohibición de discriminación, he de reconocer que es imposible basarse en este caso en el artículo 7 y en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado. El artículo 40 excluye toda discriminación por razón de la nacionalidad. Ahora bien, el Derecho italiano sobre Seguridad Social no aplica distinciones de este tipo. Si las empresas son tratadas de diferente modo según exploten o no el suelo, esto no tiene evidentemente nada que ver con la nacionalidad. Si algunas explotaciones italianas hubieran de recibir un trato diferente del que disfrutan las explotaciones de otros Estados miembros, se trataría en este caso de una consecuencia del alcance limitado del Derecho nacional y de que el Derecho comunitario no tiene por finalidad unificar la normativa sobre Seguridad Social. Por lo demás, esto puede incidir en el cálculo del importe de la cotización, con independencia en cualquier caso del problema de calificación que nos interesa en el presente asunto. El apartado 3 del artículo 40 del Tratado dispone que las organizaciones comunes de mercados agrícolas deberán limitarse a conseguir los objetivos enunciados en el artículo 39 y excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad. Por lo tanto sólo es aplicable a las organizaciones comunes de mercado. Todo lo más se podría admitir que esta disposición afecta también a los Estados miembros en cuanto que hay órganos estatales llamados a ejercer funciones en el marco de una organización común de mercado en la medida en que una organización común de mercado es completada por un régimen nacional en materia de intervenciones o en tanto que hay medidas estatales que tienen una incidencia deliberada en el funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado y afectan a las mismas. Citaré al respecto las sentencias de 23 de enero de 1975, Van der Hulst (51/74, ↔ Rec. p. 79), y de 22 de enero de 1976, Russo (60/75, Rec. p. 45), así como a mis conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia de 3 de febrero de 1977, Benedetti (52/76, Rec. p. 163). Me parece evidente que no se dan estas condiciones en el supuesto de una normativa adoptada en el marco de materias reservadas a los Estados miembros y que de la única incidencia de la que podríamos tratar aquí es la que recae sobre los costes de producción de los productos incluidos en las organizaciones de mercado. Por otra parte, sin duda sería igualmente vano recurrir en este caso al principio general de igualdad de trato, tal como está igualmente previsto en la Constitución italiana e invocado la sentencia de 19 de octubre de 1977, Ruckdeschel y otros (asuntos acumulados 117/76 y 16/77, Rec. p. 1753) sobre una normativa comunitaria relativa a una organización de mercado. Según la jurisprudencia que se deduce de esta sentencia, basta con que situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente cuando no haya razón válida para hacerlo. En asuntos como los que fueron objeto de la sentencia mencionada, referidos a medidas relativas a los productos, ello puede significar que productos comparables no pueden recibir un trato diferente. Pero esto no impide que, cuando se trata de una normativa de otra naturaleza (como, por ejemplo, una normativa que determine el importe de las cotizaciones de Seguridad Social con arreglo al carácter de la empresa) se tenga en cuenta, para la determinación del importe de la carga, la dimensión y estructura de la empresa así como factores tales como la explotación del suelo. No me parece, al menos en el presente contexto, que todo lo que deba considerarse como explotación agrícola para los objetivos del Derecho comunitario haya de tratarse necesariamente de la misma manera en el marco de la Seguridad Social. b) En relación con la alegación de la demandante en el litigio principal de que, al existir dudas acerca de la interpretación del Derecho italiano —y, en concreto, de artículo 2135 del Codice civile—, hay que basarse, con arreglo al artículo 5 del Tratado, en los conceptos comunitarios existentes, y de que la calificación de explotación no agrícola que ha recibido del Istituto demandado en el litigio principal supone para ella cargas elevadas en diversos aspectos, lo que no es compatible en su opinión con los objetivos del artículo 39 del Tratado, diré ante todo que no hay razón alguna para basarse en un concepto comunitario —y en este caso ni siquiera existe un concepto uniforme— más que solamente en los ámbitos para los que se haya definido dicho concepto. Ahora bien, como hemos visto, el concepto de explotación agrícola no ha sido definido en el ámbito de la normativa sobre Seguridad Social. Por lo que se refiere, por otra parte, a la alegación basada en el artículo 39 del Tratado, cuya letra a) habla del incremento de la productividad agrícola, el fomento del progreso técnico, el desarrollo racional de la producción agrícola así como el empleo óptimo de los factores de producción, no sólo considero que es dudoso que estos objetivos puedan efectivamente estar afectados por la calificación que se dé a la empresa demandante en el litigio principal en el marco de la normativa italiana sobre Seguridad Social —ya que nos hemos de limitar a este ámbito—, sino que también es importante señalar que esta disposición se refiere a objetivos cuya realización debe perseguirse mediante la política agrícola y, en particular, a unos objetivos entre otros muchos que no se pueden realizar todos simultáneamente y con la misma eficacia. Por ello me parece difícil justificar la no aplicación de una disposición nacional de un ámbito reservado a los Estados miembros basándose en la norma jurídica alegada en el presente caso. Si los intereses comunitarios se encontraran realmente en peligro de la manera indicada, el medio más adecuado de protegerlos sería más bien entablar un procedimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado. c) Por lo que se refiere, finalmente, a la alegación que la demandante en el litigio principal basa en lo dispuesto por el Tratado en materia de ayudas (artículos 92 y siguientes), es difícil comprender el sentido de la misma. Cuanto menos no veo el interés que pueda tener la demandante en el litigio principal en invocar esta disposición, ya que si esta última fuera efectivamente aplicable en el presente caso y hubiera sido infringida, todo lo más que podría conseguir sería que no se aplicasen las cotizaciones para la Seguridad Social de importe reducido, y esto igualmente para las explotaciones que deben ser consideradas de carácter agrícola en el sentido del Derecho italiano, pero no que la aplicación de estas cotizaciones se amplíe igualmente a estas explotaciones. Con independencia de esto, quiero aún subrayar en este contexto que la alegación que deduce la demandante en el litigio principal de la sentencia de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión (173/73, ↔ Rec. p. 709), no me parece pertinente porque se refiere a una situación diferente de la del presente caso. Este asunto se refería en efecto a la exención parcial de las cargas públicas que deben soportar las empresas de un determinado sector industrial, en concreto de la exención de las cotizaciones sociales en concepto de subsidios familiares, derivadas de la aplicación normal del sistema general de tributos e impuestos. Por esta razón esta normativa se examinó en relación con el artículo 90 del Tratado. En el presente caso, por el contrario, se trata de un régimen particular creado para la agricultura en el marco de la Seguridad Social. No veo cómo el establecimiento de unos tipos de cotización hasta el límite de un importe determinado puede considerarse como una ayuda otorgada mediante fondos estatales. No veo, en particular, qué papel podrían desempeñar los principios y las normas del artículo 92 en la delimitación de este régimen especial cuyo resultado es excluir de sus beneficios a la demandante en el litigio principal. Por ello no puede alegarse el artículo 92 en apoyo de la demanda presentada en el proceso principal.