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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/13

Recurso de casación interpuesto el 26 de abril de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-195/11 P)

2011/C 179/24

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche y H. van Vliet, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia.

— Que se condene a las demandantes a cargar con las costas en que incurra la Comisión en el procedimiento de casación.

Motivos y principales alegaciones

El punto 1 del fallo de de la sentencia recurrida anula el Reglamento (CE) no 1355/2008 del Consejo (1) en la medida en que afecta a Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd y a Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd («las demandantes»), y por tanto anula totalmente el derecho antidumping establecido, dando lugar a un derecho antidumping nulo sobre las importaciones realizadas por las demandantes.

La Comisión alega que el Tribunal General se pronunció ultra petita al anular completamente el derecho, a pesar de que las propias demandantes habían admitido que el ajuste que pretendían sólo habría dado lugar al establecimiento de un menor derecho antidumping sobre sus productos.

Por tanto, en opinión de la Comisión, el fallo de la sentencia recurrida infringe, el artículo 264 TFUE, párrafo primero, en relación con el artículo 254 TFUE, párrafo sexto, y vulnera el principio de proporcionalidad. A su entender, la anulación de la totalidad del Reglamento en la medida en que afecta a las demandantes es desproporcionada con respecto al único motivo de anulación que aceptó el Tribunal General y además es ultra petita.

(1) Reglamento (CE) no 1355/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China (DO L 350, p. 35).
2)

¿Deben interpretarse el artículo 21 TFUE y el artículo 20 TFUE, apartado 2 [omissis] y el artículo 10 del Reglamento no 1408/71 [omissis] en el sentido de que se oponen a que se aplique la disposición nacional prevista en el artículo 114, apartado 1, de la Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ley, de 17 de diciembre de 1998, sobre las pensiones de los fondos de la seguridad social) (Dz. U. de 2009, no 153, posición 1227 con modificaciones), en relación con el artículo 4 del Convenio de 9 de octubre de 1975 sobre prestaciones por vejez y accidente laboral celebrado entre la República Federal de Alemania y la República Popular de Polonia (Dz. U. de 1976, no 16, posición 101 con modificaciones), de tal forma que el Instituto de Previsión polaco conozca de nuevo el mismo asunto y a una persona, que durante muchos años tuvo simultáneamente dos lugares de residencia habitual (dos centros vitales) en dos Estados que en la actualidad pertenecen a la Unión Europea y con anterioridad a 2009 no presentó una solicitud de traslado de su lugar de residencia en uno de esos Estados ni hizo la declaración pertinente, se la prive del derecho a una pensión de jubilación? En caso de respuesta negativa:
3)

¿En qué medida el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que establece una armonización máxima en materia de contratos de crédito al consumo, armonización que no permite a los Estados miembros: 3.1. extender el ámbito de aplicación de las normas contenidas en la Directiva 2008/48 a contratos excluidos expresamente del ámbito de aplicación de ésta (como los contratos de crédito hipotecario o los que versan sobre el derecho de propiedad de un bien inmueble) o 3.2. imponer a las entidades de crédito obligaciones adicionales en relación con los tipos de comisiones que pueden percibir o con las categorías de índices que pueden servir de referencia para el interés variable en los contratos de crédito al consumo que entran en el ámbito de aplicación de la normativa interna de transposición? Si la respuesta a la tercera pregunta es negativa ¿en qué medida los principios de libre circulación de servicios y de libre circulación de capitales, en general, y los artículos 56, 58 y 63, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), en particular, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro imponga a las entidades de crédito medidas por las que les prohíbe, en los contratos de crédito al consumo, la percepción de comisiones bancarias no incluidas en el listado de las admitidas, sin que estas últimas estén definidas en la normativa del Estado de que se trata?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 8 de noviembre de 2010 — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-520/10)

()

2011/C 30/29

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lebara Ltd

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando un sujeto pasivo («comerciante A») vende tarjetas telefónicas que representan el derecho a una prestación de servicios de telecomunicaciones suministrados por ese sujeto pasivo, ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Sexta Directiva IVA, (1) en el sentido de que el comerciante A realiza dos prestaciones a efectos del IVA: una en el momento de la primera venta de la tarjeta telefónica por el comerciante A a otro sujeto pasivo («comerciante B») y otra en el momento de utilización de la tarjeta (es decir, la realización de llamadas por una persona, el «usuario final»)?

2) En caso afirmativo, ¿cómo debe aplicarse el IVA (de acuerdo con la normativa de IVA de la UE) respecto a la cadena de transacciones, cuando el comerciante A vende la tarjeta telefónica al comerciante B, el comerciante B la revende en el Estado miembro B, donde es adquirida por el usuario final, y este la utiliza para realizar llamadas?

(1) Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1).
3)

¿El principio de proporcionalidad y las limitaciones y condiciones previstas para el ejercicio de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, así como las medidas adoptadas en su aplicación conforme al Derecho de la Unión y los criterios previstos en el artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en las circunstancias del litigio principal, han de interpretarse en el sentido de que, en caso de existir una deuda de Derecho público de una sociedad mercantil registrada conforme al Derecho de un Estado miembro, calificada por el Derecho de éste como «deuda considerable», esté permitido prohibir a una persona física que sea gerente de la sociedad en cuestión abandonar dicho Estado miembro, cuando simultáneamente concurren las siguientes circunstancias: 3.1 mediante la introducción de la medida administrativa consistente en la «prohibición de abandonar el país», el legislador dictaminó que la existencia de una deuda de Derecho público «considerable» constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad; 3.2 no se prevé ninguna valoración de las circunstancias relativas a la conducta personal del gerente y al menoscabo de sus derechos fundamentales, como su derecho al ejercicio de un empleo que implique viajes al extranjero en otra relación jurídica; 3.3 no se valoran cuáles son, tras imponerse la prohibición, las consecuencias para la actividad mercantil de la sociedad deudora ni las posibilidades de pagar la deuda de Derecho público; 3.4 la prohibición se impone a raíz de una solicitud que tiene carácter vinculante si certifica que existe una deuda de Derecho público «considerable» a cargo de una sociedad mercantil concreta, que el importe del principal y de los intereses de la deuda no están garantizados y que la persona contra la que se ha solicitado la imposición de la prohibición es un órgano de gestión de esa sociedad mercantil; 3.5 la prohibición está limitada temporalmente hasta el pago o garantía íntegros de la deuda de Derecho público, sin que se haya previsto que el destinatario pueda solicitar una revisión de esta prohibición ante las autoridades que impusieron la prohibición ni se hayan tenido en cuenta los plazos de prescripción de la deuda?
Multas. El Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 (1) cuando no realizó objeciones al cálculo de la multa por parte de la Comisión y al no tener debidamente en cuenta la novedad de los abusos alegados, la inexistencia de efectos materiales sobre la competencia y otras circunstancias atenuantes.
3)

En tercer lugar, el Tribunal General infringió el artículo 65 del Reglamento no 207/2009 y su propio Reglamento de procedimiento, en particular el principio de Derecho comunitario que en él se recoge del derecho de defensa puesto que no admitió determinados documentos, a pesar de que a la recurrente no le había sido posible presentarlos ya ante la OAMI dado que no podía prever que la OAMI no compararía individualmente los productos y servicios enumerados en las correspondientes listas, sino que sólo los apreciaría mediante una consideración global.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/21

Recurso de casación interpuesto el 28 de abril de 2010 por Enercon GmbH contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2010 por el Tribunal General (Sala Sexta) en el asunto T-472/07, Enercon GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-204/10 P)

2010/C 179/36

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Enercon GmbH (representantes: J. Mellor, Barrister, R. Böhm, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Hasbro Inc.

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se declare la admisibilidad del recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal General y se anule la sentencia del Tribunal General por la que se anula la resolución de la Cuarta Sala de Recurso y, en la medida en que resulte adecuado, la resolución de la División de Oposición.

— Que (según proceda) se remita el asunto a la Oficina para una nueva consideración de los motivos de oposición.

— Que se condene a la parte coadyuvante y a la Oficina a cargar con las costas expuestas por la recurrente en el presente recurso.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que el Tribunal General no reconoció los errores en la resolución de la Sala de Recurso que se basaba en la resolución ilegítima de la División de Oposición. En particular, no se reconoció en absoluto a) que la sentencia Medion (1) se refería a una situación excepcional en la que queda desplazada la norma habitual de que el consumidor medio normalmente percibe una marca como una impresión global, pero que b) no existían en el presente asunto circunstancias suficientes para justificar tal excepción. Ningún elemento de la marca anterior en el caso de autos tenía un «papel distintivo autónomo».

Además, la recurrente alega que, debido a incorrecta aplicación de un principio de tipo Medion en un momento temprano del análisis de la similitud, no se consideró adecuadamente la probabilidad general de confusión.

(1) DO C 106, de 30.4.2004, p. 31.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 94 del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, (1) de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 873/2004 del Consejo, (2) de 29 de abril de 2004, en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27 y 104 del citado Reglamento no 2100/94, en el sentido de que el titular o la persona que goce de los derechos de explotación puede interponer una demanda por infracción frente a quien realiza actos en relación con material que ha sido vendido o cedido a este último por un licenciatario, cuando no se respetan las restricciones estipuladas en el contrato de licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal, en caso de venta de dicho material?
4)

¿Debe interpretarse el artículo 2, letra i), de la Directiva 2005/29 en el sentido de que se cumple el requisito relativo a las características del producto cuando existe una presentación escrita o visual del producto («verbal or visual reference to the product»), (2) es decir, de modo que se identifica el producto pero no se describe en más detalle?
1)

¿Es aplicable el Reglamento (CE) no 110/2008 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo (en lo sucesivo, Reglamento (CE) no 110/2008) a la apreciación de los requisitos del registro de una marca que contiene una indicación geográfica de origen protegida por dicho Reglamento, solicitado el 19 de diciembre de 2001 y concedido el 31 de enero de 2003?
2)

Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales en materia de práctica de la prueba y decidir no practicar la prueba propuesta por el demandante relativa a la exhibición de determinados documentos de la Comisión que, a la luz de los argumentos empleados por el TPI para desestimar la pretensión del demandante, se revela esencial en la defensa de sus intereses. Violación del derecho a un proceso justo, del principio de igualdad de armas y del derecho de defensa. El TPI, al no practicar la prueba solicitada, ha violado el derecho fundamental a un proceso justo que asiste al demandante, puesto que ha rechazado la práctica de una prueba que se revela esencial para el demandante, vulnerando así su derecho de defensa, dado que su pretensión se ha visto desestimada con el argumento de que no ha probado lo que, precisamente, pretendía acreditar con la prueba no practicada: si no ya la explícita postura definitiva de la Comisión, respecto de la denuncia de 1994 contra una medida sustancialmente idéntica adoptada en 1993, desestimándola, al menos la actitud de la Comisión que constituiría una circunstancia excepcional por cuanto tal conducta habría causado la confianza legítima en la regularidad de las medidas fiscales de 1993, lo que condujo a adoptar la medida fiscal controvertida en 1996.
2)

Desvirtuación de los medios de recurso, error de Derecho, así como motivación contradictoria e insuficiente, en relación con las alegaciones formuladas por la recurrente sobre el alcance de la jurisprudencia Deggendorf para la valoración del presente asunto. Con el segundo motivo la recurrente señala que en la sentencia se aplicó incorrectamente la jurisprudencia Deggendorf, en la medida en que se confirmó la valoración de la Comisión también en relación con la existencia del requisito objetivo para la aplicación de dicha jurisprudencia. La recurrente denuncia en particular el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en la parte en que confirma que la Comisión no estaba obligada a presentar elementos de prueba concretos y detallados para demostrar que la acumulación de la primera y la segunda ayuda perjudicaría los intercambios comunitarios de modo que la segunda ayuda resultaría incompatible con el mercado común. No se puede invertir libremente la carga de la prueba para valorar la incompatibilidad de una ayuda notificada, en especial cuando la Comisión no ha hecho uso de los instrumentos que el Reglamento de procedimiento pone a su disposición. El Tribunal de Primera Instancia no examinó esas alegaciones de la recurrente y confirmó sin crítica alguna la decisión de la Comisión. Por último, el Tribunal de Primera Instancia no entendió ni analizó el motivo alegado por la recurrente en la parte en que señalaba que el objetivo de la doctrina Deggendorf no es crear un instrumento sancionador para las empresas que no han procedido a rembolsar una ayuda anterior, sino únicamente evitar que la acumulación de varias ayudas en una única empresa pueda perjudicar los intercambios comunitarios de modo que la nueva ayuda resulte incompatible en tanto no se haya procedido a restituir la anterior.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 312/16

Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

(Asunto C-383/09)

2009/C 312/26

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: O. Beynet y D. Recchia, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, (1) al no haber establecido un programa de medidas que permitan instaurar una protección rigurosa de la especie Cricetus cricetus (Grand Hamster).

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la Comisión Europea imputa a la parte demandada no haber establecido un sistema de protección rigurosa de la especie Cricetus cricetus (Grand Hamster) en Alsacia, región que constituye un área de distribución natural de la citada especie en Francia, según exige la norma contenida en el artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE.

Según la demandante, los sucesivos recuentos del número de madrigueras del citado animal pusieron de manifiesto un descenso considerable de sus efectivos en estos últimos años ya que, entre 2001 y 2007, el número de madrigueras pasó de 1167 a tan sólo 161. En estas circunstancias, dicha especie podría extinguirse completamente en un plazo muy breve, al hallarse amenazada tanto por unas prácticas agrarias inadecuadas como por la presión urbana.

En su recurso, la Comisión reconoce que la parte demandada tuvo en cuenta tales problemas al aprobar unas medidas relativas tanto al urbanismo como a las prácticas agrarias, si bien afirma que tales medidas son de todo punto insuficientes.

Efectivamente, por un lado, las tres zonas de acción prioritarias, que son las zonas en las que se concentran los esfuerzos esenciales de protección de la especie, no cubren más que una pequeña parte del territorio que constituye su hábitat natural, ya que dos terceras partes de las madrigueras existentes se hallan situadas fuera de tales zonas, que, en sí mismas, no representan más que el 2 % de las tierras propicias para el Grand Hamster. Ahora bien, para garantizar un alcance territorial adecuado de las medidas de protección de dicha especie, debe tomarse como referencia al menos la presencia del Grand Hamster en 1990 y no en el año 2000.

Por otra parte, las propias medidas de protección son en sí mismas claramente insuficientes. En este sentido, la Comisión deplora, en particular, la falta de claridad de las normas reguladoras del área de reintroducción del Hamster. En efecto, la Administración nacional dispone de un amplio margen de apreciación para conceder ciertas excepciones a la hora de elaborar ciertos proyectos de urbanización en los terrenos habitados por los hámsters, reinando asimismo una gran incertidumbre en lo que se refiere a las medidas complementarias tomadas para proteger la citada especie.

(1) DO L 206, p. 7.
3)

¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 CE en el sentido de que se oponen a una normativa como la establecida por la Ley no 71-498, de 21 de junio de 1971, y el Decreto no 2004-1463, de 23 de diciembre de 2004, en sus versiones modificadas, que somete la inscripción en una lista elaborada por una cour d’appel al cumplimiento de requisitos de edad, de competencia, de moralidad y de independencia, y no obliga a tener en cuenta el hecho de que el solicitante ya haya obtenido de los órganos jurisdiccionales de su Estado de origen el reconocimiento de la condición de perito ni a aplicar otros mecanismos de control de sus cualidades?
3)

El artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, ¿debe interpretarse en el sentido de que la expulsión no es razonablemente posible, cuando: a) en el momento del control del internamiento por el juez, el Estado del que es nacional el interesado ha rehusado expedirle un documento de viaje con vistas a su retorno, y hasta ese momento no se ha producido un acuerdo con un tercer país para que el interesado sea admitido en éste, siendo así que los órganos administrativos del Estado miembro prosiguen sus esfuerzos en ese sentido? b) en el momento del control del internamiento por el juez, existía un Acuerdo de readmisión celebrado entre la Unión Europea y el Estado del que es nacional el interesado, pero debido a la existencia de nuevas pruebas — a saber un certificado de nacimiento del interesado — el Estado miembro no se refirió a las disposiciones de dicho Acuerdo, siempre que el interesado no deseara su retorno? c) las posibilidades de ampliación de los plazos de internamiento previstos en el artículo 15, apartado 6, de la Directiva se han agotado, en el supuesto de que no se haya concluido ningún acuerdo de readmisión con el tercer país en el momento del control del internamiento por el juez habida cuenta del artículo 15, apartado 6, letra b), de la Directiva?