Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 20 de marzo de 2002. - HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Prácticas colusorias - Tubos de calefacción urbana - Artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) - Boicot - Multa - Directrices para el cálculo de las multas -Excepción de ilegalidad - Irretroactividad - Derecho de defensa - Comunicación sobre la cooperación. - Asunto T-9/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página II-01487



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Procedimiento Diligencias de prueba Solicitud de presentación de documentos Documentos internos de la Comisión Comunicación excluida salvo en circunstancias excepcionales Carga de la prueba que recae en el demandante Aplicación al informe del consejero auditor

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 65 y 66, ap. 1]

2. Competencia Prácticas colusorias Empresas Concepto Unidad económica Imputación de las infracciones Relevancia de la falta de personalidad jurídica propia del grupo de sociedades que constituye la unidad económica Responsabilidad solidaria de las sociedades que integran el grupo

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

3. Competencia Normas comunitarias Infracciones Imputación Persona jurídica responsable de la explotación de la empresa cuando se cometió la infracción Excepciones Imputación al sucesor económico en caso de desaparición de la persona jurídica responsable de la infracción o a fin de defender el efecto útil de las normas sobre la competencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

4. Competencia Prácticas colusorias Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» Procedencia Consecuencias respecto a los elementos de prueba que deben aportarse

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

5. Competencia Prácticas colusorias Acuerdos entre empresas Concepto «Gentlemen's agreement» Inclusión Relevancia de la inaplicabilidad de la sanción de nulidad establecida en el artículo 85, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 2) Inexistencia

[Tratado CE, art. 85, aps. 1 y 2 (actualmente art. 81 CE, aps. 1 y 2)]

6. Competencia Prácticas colusorias Práctica concertada Concepto Necesidad de una relación de causalidad entre la concertación de las empresas y su comportamiento en el mercado Presunción de existencia de dicha relación de causalidad

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

7. Competencia Prácticas colusorias Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias Participación bajo una supuesta coacción Circunstancia que no justifica a una empresa que no haya hecho uso de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades competentes

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

8. Competencia Prácticas colusorias Imputación a una empresa Responsabilidad derivada de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción Procedencia Criterios Vulneración del principio de personalidad de las penas, de las normas aplicables en materia de prueba y del derecho de defensa Inexistencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

9. Competencia Procedimiento administrativo Régimen lingüístico Anexos al pliego de cargos y anexos a las respuestas de otras empresas investigadas a las solicitudes de información de la Comisión Puesta a disposición en su lengua original Violación del derecho a ser oído y del principio de igualdad de armas Inexistencia Justificación

[Reglamentos del Consejo nos 1, art. 3, y 17, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2, ap. 1, y 4]

10. Competencia Procedimiento administrativo Secreto profesional Atenuación Límites Protección de los secretos comerciales

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 19, ap. 2, 20, ap. 2, y 21)

11. Competencia Procedimiento administrativo Secreto profesional Filtraciones de información confidencial procedentes de los servicios de la Comisión Relevancia para la legalidad de la decisión que declara la infracción Inexistencia

[Tratado CE, art. 214 (actualmente art. 287 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 20, ap. 2]

12. Competencia Procedimiento administrativo Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos Aplicabilidad de los principios generales del Derecho comunitario Repercusión en los derechos y deberes de la Comisión en materia de citación de testigos de cargo y de descargo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 2; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 3, ap. 3, y 7)

13. Competencia Procedimiento administrativo Audiencias Obligación del consejero auditor de esperar a que se apruebe el acta de la audiencia antes de presentar su informe Inexistencia

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 9, ap. 4; Decisión 94/810/CE de la Comisión, arts. 7, ap. 4, y 8)

14. Competencia Procedimiento administrativo Audiencias Carácter provisional del acta presentada al Comité consultivo y a la Comisión Vicio de procedimiento Inexistencia

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión)

15. Competencia Multas Importe Determinación Importe máximo Cálculo Volumen de negocios que debe tomarse en consideración Volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica que actúa como empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

16. Competencia Multas Importe Métodos de cálculo Conversión en ecus del volumen de negocios de las empresas en el año de referencia aplicando los tipos de cambio medios del mismo año Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

17. Competencia Procedimiento administrativo Solicitud de información Libertad de las empresas para responder o no a las preguntas formuladas con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17 Consecuencias de la decisión de responder Obligación de proporcionar una información exacta

[Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 11, ap. 1, y 15, ap. 1, letra b)]

18. Competencia Multas Importe Determinación Criterios Gravedad de las infracciones Circunstancias atenuantes Situación económica de la empresa interesada Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1. En el procedimiento ante el juez comunitario los documentos internos de la Comisión no se ponen en conocimiento de las partes demandantes, a no ser que así lo exijan las circunstancias excepcionales del caso, sobre la base de indicios serios que les corresponde aportar. Éste es el caso del informe del consejero auditor que, como documento puramente interno de la Comisión que sólo reviste para ésta el valor de un dictamen, no tiene por objeto formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de las empresas implicadas en un procedimiento basado en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), por lo que no presenta ningún aspecto decisivo que el juez comunitario esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control. Esta restricción del acceso a los documentos internos está justificada por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la institución de que se trate en el ámbito de la represión de las infracciones a las normas de competencia del Tratado. Procede pues rechazar la solicitud de diligencias de prueba relativa a la presentación del informe del consejero auditor, dado que las demandantes no han demostrado que la presentación de dicho informe pudiera tener algún interés en relación con el respeto de su derecho de defensa.

( véase el apartado 40 )

2. Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) se dirige a entidades económicas que consisten, cada una de ellas, en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización que puede participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma.

A este respecto, no es preciso que la entidad económica calificada de «grupo» tenga personalidad jurídica propia. En efecto, en el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trate, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Al no haber al frente del grupo una persona jurídica a la que, como responsable de la coordinación de la acción de éste, sea posible imputar las infracciones cometidas por sus diversas sociedades integrantes, la Comisión puede considerar responsables solidarias de todas las actuaciones del grupo a las sociedades que lo integran, con el fin de evitar que la separación formal entre estas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pueda obstar a la constatación de la unidad de su comportamiento en el mercado a efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia.

( véanse los apartados 54 y 66 )

3. Incumbe, en principio, a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción de las normas comunitarias sobre la competencia responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona. La situación sólo sería distinta si la persona o personas jurídicas responsables de la explotación de la empresa hubieran dejado de existir jurídicamente tras la comisión de la infracción. Es cierto, sin embargo, que en determinadas circunstancias una infracción de las normas sobre la competencia puede ser imputada al sucesor económico de la persona jurídica que la haya cometido, aunque esta última no hubiera dejado de existir en la fecha en que se adoptó la Decisión sancionadora, con el fin de que el efecto útil de dichas normas no se vea comprometido a causa de los cambios efectuados, en particular en la forma jurídica de las empresas de que se trate.

Incurre en un error de Derecho la Comisión al considerar responsable solidaria del pago de la multa impuesta a un grupo de sociedades a una empresa que no existía aún en el momento en que se cometió la infracción, mientras que las personas físicas o jurídicas implicadas en dicha infracción han continuado desarrollando plenamente sus actividades comerciales y pese a que no se han aportado pruebas de que existieran maniobras específicamente orientadas a eludir la eventual sanción.

( véase los apartados 103, 104 y 106 a 108 )

4. En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE). Por lo tanto, la Comisión está facultada para calificar esta infracción única de «acuerdo y práctica concertada» o, también, de acuerdo «y/o» de práctica concertada, en la medida en que dicha infracción incluya elementos que deban ser calificados de acuerdo y elementos que deban ser calificados de práctica concertada. En efecto, resultaría artificioso subdividir dicho comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas.

En estas circunstancias, no ha de interpretarse que la doble calificación exige la prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada, sino más bien que dicha calificación designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, de los cuales algunos se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

( véanse los apartados 186 y 187 )

5. Para que exista acuerdo a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Así ocurre cuando existe entre varias empresas un «gentlemen's agreement», que representa una fiel expresión de dicha voluntad común y cuyo objeto es restringir la competencia. En tales circunstancias no es preciso examinar si las empresas se consideraron obligadas jurídica, fáctica o moralmente a adoptar el comportamiento convenido entre ellas.

A este respecto, no es posible deducir una conclusión opuesta de la sanción de nulidad establecida en el artículo 85, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), prevista para los casos en que exista efectivamente una obligación jurídica. En efecto, el hecho de que esta sanción sólo pueda aplicarse, por su propia naturaleza, a los acuerdos que tienen carácter obligatorio no significa que los acuerdos desprovistos de tal carácter deban quedar exentos de la prohibición formulada en el artículo 85, apartado 1, del Tratado.

( véanse los apartados 199 a 201 )

6. Se desprende del propio tenor del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) que una práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa a efecto entre ambos elementos. A este respecto, puede presumirse que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado.

( véanse los apartados 213 y 216 )

7. Cuando una empresa participa, aun sin tomar parte activa en ellas, en reuniones con otras empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente de su contenido, induciendo de este modo a los demás participantes a pensar que se adhiere al resultado de las reuniones y que lo respetará, puede considerarse acreditada su participación en el acuerdo resultante de dichas reuniones. Carece de importancia a este respecto el saber si la empresa de que se trate se reúne con empresas que ocupan en el mercado una posición dominante o, como mínimo, económicamente preponderante. En efecto, una empresa que participa en reuniones que tienen un objeto contrario a competencia, aunque sea presionada por otros participantes de mayor poder económico, tiene siempre la posibilidad de presentar a la Comisión una denuncia sobre las actividades contrarias a la competencia de que se trate, en vez de seguir participando en dichas reuniones.

( véanse los apartados 223, 224 y 226 )

8. Una empresa que haya participado en una infracción única y compleja de las normas sobre la competencia mediante unos comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo y de práctica concertada con un objeto contrario a competencia en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede también ser responsable de los comportamientos seguidos por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo. Esta conclusión no se contradice con el principio según el cual la responsabilidad de tales infracciones tiene un carácter personal y no conduce ni a descuidar el análisis individual de las pruebas inculpatorias, en detrimento de las normas aplicables en materia de prueba, ni a violar los derechos de defensa de las empresas implicadas.

( véase el apartado 231 )

9. En los procedimientos incoados con arreglo a las normas comunitarias sobre la competencia, los anexos al pliego de cargos que no proceden de la Comisión no son «textos» a efectos del artículo 3 del Reglamento nº 1, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, sino que deben considerarse pruebas materiales en las que la Comisión se basa y, por lo tanto, deben ser dados a conocer al destinatario de la Decisión en el estado en que se encuentran, de modo que éste pueda conocer la interpretación que la Comisión les ha dado y en la que ha basado tanto su pliego de cargos como su Decisión. De ello se deduce que, al comunicar los anexos en su lengua original, la Comisión no viola en absoluto el derecho a ser oídas de las empresas afectadas.

Idénticas consideraciones se aplican a los documentos enviados por otras empresas en anexo a sus respuestas a las solicitudes de información de la Comisión, sin que pueda denunciarse violación alguna del principio de igualdad de armas, dado que el original de dichos documentos constituye la única prueba pertinente, tanto para la Comisión como para las empresas interesadas.

( véanse los apartados 327, 329 y 330 )

10. La obligación de guardar el secreto profesional en los procedimientos de aplicación de las normas sobre la competencia, formulada en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 17, está atenuada frente a los terceros a quienes el artículo 19, apartado 2, de dicho Reglamento concede el derecho a ser oídos, es decir, en especial, frente al tercero autor de la denuncia. La Comisión puede comunicar a éste ciertas informaciones amparadas por el secreto profesional, siempre que dicha comunicación sea necesaria para el buen desenvolvimiento de la instrucción. Sin embargo, esta facultad no se aplica a todos los tipos de documentos cubiertos, por su propia naturaleza, por el secreto profesional. El artículo 21 de dicho Reglamento, que prevé la publicación de ciertas decisiones, impone a la Comisión la obligación de tener en cuenta el legítimo interés de las empresas en que no se divulguen sus secretos comerciales. Estas disposiciones, aun cuando se refieren a supuestos particulares, deben ser consideradas como expresión de un principio general que tiene aplicación durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

( véase el apartado 364 )

11. Aun admitiendo que los servicios de la Comisión fueran responsables de la filtración de informaciones confidenciales utilizadas en el procedimiento administrativo incoado por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, vulnerando así las disposiciones que establecen la obligación de guardar el secreto profesional, dicha circunstancia no afectaría, en cualquier caso, a la legalidad de la Decisión, dado que no se han aportado pruebas que demuestren que, en realidad, la Decisión no habría sido adoptada o su contenido habría sido diferente si no hubieran tenido lugar las manifestaciones controvertidas.

( véase el apartado 370 )

12. Aun cuando la Comisión no constituya un tribunal en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y aunque las multas impuestas por la Comisión no tengan carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario durante el procedimiento administrativo.

No contraviene dichos principios el hecho de que las disposiciones del Derecho comunitario de la competencia no impongan a la Comisión la obligación de citar a los testigos de descargo cuyo testimonio se solicita, sino que le otorguen un margen de apreciación razonable para decidir qué interés puede presentar la audiencia de tales personas. En efecto, aunque la Comisión puede tomar declaración a las personas físicas o jurídicas cuando lo estime oportuno, tampoco tiene derecho a citar a testigos de cargo sin haber obtenido su consentimiento.

( véanse los apartados 383, 391 y 392 )

13. Ni el Reglamento nº 99/63 ni la Decisión 94/810, relativa al mandato de los consejeros auditores en los procedimientos de competencia tramitados ante la Comisión, se oponen a que el consejero auditor presente al Director General de la Competencia el informe previsto en el artículo 8 de la Decisión 94/810 antes de que, como establecen el artículo 9, apartado 4, del Reglamento nº 99/63 y el artículo 7, apartado 4, de la Decisión 94/810, todas las personas oídas en la audiencia hayan aprobado el acta de la audiencia. En efecto, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento nº 99/63 pretende garantizar a las personas oídas la conformidad del acta con sus declaraciones esenciales. El acta se somete pues a la aprobación de las partes a fin de permitirles verificar lo declarado en la audiencia y no para que aporten nuevos datos que el consejero auditor debería tomar en consideración.

( véanse los apartados 407 y 408 )

14. El carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la decisión que le pone fin, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial.

( véase el apartado 410 )

15. El hecho de que se considere a varias sociedades solidariamente responsables del pago de una multa no implica que, para cada una de las sociedades corresponsables, el importe de la multa deba limitarse a un 10 % del volumen de negocios obtenido por dicha sociedad en el último ejercicio. En efecto, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en dicha disposición debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica que actúa como «empresa» a efectos del artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE). Así, en el caso de una «empresa» constituida por un grupo de sociedades que actúan como una sola entidad económica, únicamente el volumen de negocios acumulado de las sociedades que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y de la potencia económica de dicha empresa. Respetando el límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión puede entonces fijar la multa a partir del volumen de negocios que prefiera, en términos de base geográfica y de productos afectados.

( véanse los apartados 528, 529 y 541 )

16. Al calcular el importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia a partir del volumen de negocios de un año de referencia determinado, expresado en moneda nacional, la Comisión puede convertir en ecus dicho volumen de negocios basándose en el tipo de cambio medio de ese año de referencia y no en el tipo de cambio vigente en la fecha de la adopción de la Decisión.

( véase el apartado 543 )

17. El Reglamento nº 17 impone a la empresa objeto de una medida de investigación una obligación de colaboración activa, que implica que la empresa ponga a disposición de la Comisión todos los elementos de información relativos al objeto de la investigación. Aunque las empresas son libres de responder o no a las preguntas que se les formulen con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17, de la sanción prevista en el artículo 15, apartado 1, letra b), primera parte de la frase, de dicho Reglamento se deduce que las empresas que han aceptado responder están obligadas a proporcionar una información exacta.

( véase el apartado 561 )

18. Al determinar el importe de la multa con la que sancionará una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la Comisión no está obligada a tomar en consideración como circunstancia atenuante la situación financiera deficitaria de la empresa infractora, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

( véanse los apartados 596 y 597 )

Partes

En el asunto T-9/99,

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, con domicilio social en Rosenheim (Alemania),

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Verwaltungsgesellschaft, con domicilio social en Rosenheim,

Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, con domicilio social en Rosenheim,

Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, con domicilio social en Hohenberg (Austria),

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, con domicilio social en Sondershausen (Alemania),

representadas por los Sres. P. Krömer y F. Nusterer, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. W. Mölls y É. Gippini Fournier, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión 1999/60/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 1998, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en el mercado de los tubos preaislados) (DO 1999, L 24, p. 1), y, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta en dicha Decisión a las demandantes,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de octubre de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que dieron lugar al litigio

1 Las demandantes son sociedades alemanas y austriacas que desarrollan su actividad en el sector de la calefacción urbana y que la Comisión considera miembros del «grupo Henss/Isoplus».

[...]

8 El 21 de octubre de 1998, la Comisión adoptó la Decisión 1999/60/CE, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en el mercado de los tubos preaislados) (DO L 1999, L 24, p. 1), rectificada antes de su publicación por una Decisión de 6 de noviembre de 1998 [C(1998) 3415 final] (en lo sucesivo, «Decisión» o «Decisión impugnada»), que declaraba probada la participación de diversas empresas, entre ellas varias de las demandantes, en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) (en lo sucesivo, «cartel»).

9 Según la Decisión, a finales de 1990 los cuatro productores daneses de tubos de calefacción urbana llegaron a un acuerdo para una cooperación general en el mercado nacional. En dicho acuerdo participaron ABB IC Møller A/S, filial danesa del grupo helvético-sueco ABB Asea Brown Boveri Ltd (en lo sucesivo, «ABB»); Dansk Rørindustri A/S, también denominada Starpipe (en lo sucesivo, «Dansk Rørindustri»), Løgstør Rør A/S (en lo sucesivo, «Løgstør») y Tarco Energi A/S (en lo sucesivo, «Tarco») (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «productores daneses»). Una de las primeras medidas consistió en coordinar un aumento de precios, tanto en el mercado danés como en los mercados de exportación. Para el reparto del mercado danés se establecieron cuotas que fueron posteriormente aplicadas y controladas por un «grupo de contacto» en el que participaban los responsables de ventas de las empresas implicadas. Para cada proyecto comercial (en lo sucesivo, «proyecto»), la empresa a la que le había sido atribuido por el grupo de contacto informaba a los demás participantes del precio que pensaba proponer y estos últimos presentaban ofertas más elevadas a fin de proteger al proveedor designado por el cartel.

10 Según la Decisión, a partir del otoño de 1991 dos productores alemanes, el grupo Henss/Isoplus y Pan-Isovit GmbH, comenzaron a asistir a las reuniones regulares de los productores daneses. En dichas reuniones se llevaron a cabo negociaciones para el reparto del mercado alemán, que en agosto de 1993 culminaron en una serie de acuerdos en los que se fijaban las cuotas de ventas de cada empresa participante.

11 Siempre según la Decisión, todos estos productores llegaron en 1994 a un acuerdo para establecer cuotas de mercado a nivel europeo. Este cartel europeo estaba estructurado en dos niveles. El «club de directivos», compuesto por los presidentes o los directores generales de las empresas participantes, atribuía cuotas a cada empresa, tanto a nivel global como para cada uno de los mercados nacionales, concretamente los de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia. En ciertos mercados nacionales se creó un «grupo de contacto», compuesto por los responsables locales de ventas, a quienes se asignaba la tarea de aplicar los acuerdos repartiendo los proyectos y coordinando las ofertas para las licitaciones.

12 En lo que respecta al mercado alemán, la Decisión afirma que, tras una reunión de los seis principales productores europeos (ABB, Dansk Rørindustri, grupo Henss/Isoplus, Løgstør, Pan-Isovit y Tarco) y Brugg Rohrsysteme GmbH (en lo sucesivo, «Brugg») celebrada el 18 de agosto de 1994, la primera reunión del grupo de contacto para Alemania tuvo lugar el 7 de octubre de 1994. Dicho grupo continuó reuniéndose durante mucho tiempo después de las inspecciones de la Comisión de finales de junio de 1995, aunque a partir de ese momento las reuniones se celebraron fuera de la Unión Europea, en Zúrich. Las reuniones de Zúrich continuaron hasta el 25 de marzo de 1996, o sea, hasta unos días después de que varias de estas empresas recibieran las solicitudes de información enviadas por la Comisión.

13 Una de las actuaciones del cartel mencionadas en la Decisión es la adopción y aplicación de medidas concertadas destinadas a eliminar a la única empresa importante que no formaba parte de aquél, Powerpipe. La Comisión precisa que varios participantes en el cartel contrataron a «personal clave» de Powerpipe y dieron a entender a esta última que debía retirarse del mercado alemán. Como consecuencia de la atribución a Powerpipe de un importante proyecto alemán en marzo de 1995, al parecer se celebró en Düsseldorf una reunión en la que participaron los seis productores antes mencionados y Brugg y en la que se decidió, según la Comisión, boicotear colectivamente a los clientes y proveedores de Powerpipe. El boicot se aplicó de inmediato.

14 En la Decisión, la Comisión expone las razones por las que puede considerarse que no sólo el acuerdo expreso de reparto de mercados celebrado entre los productores daneses a finales de 1990, sino también los acuerdos celebrados a partir de octubre de 1991, contemplados globalmente, constituyen un «acuerdo» prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado. La Comisión subraya además que los carteles «danés» y «europeo» no eran sino la expresión de un único cartel nacido en Dinamarca, pero cuyo objetivo a largo plazo era desde el principio que los participantes llegaran a controlar la totalidad del mercado. Según la Comisión, este acuerdo continuado entre productores tuvo un efecto significativo en el comercio entre los Estados miembros.

15 Basándose en la motivación expuesta, la Decisión dispone lo siguiente:

«Artículo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rorindustri A/S, Henss Isoplus Group, Ke-Kelit Kunstoffwerk GmbH, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl y Tarco Energi A/S han cometido una infracción al apartado 1 del artículo 85 participando, en la forma y medida descritas en los considerandos de la presente Decisión, en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas que se iniciaron entre noviembre y diciembre de 1990 entre cuatro productores daneses y que, progresivamente, se fueron extendiendo a otros mercados nacionales e incluyeron a Pan-Isovit y Henss-Isoplus, y que a finales de 1994 constituían un cartel global que abarcaba todo el mercado común.

La duración de las infracciones fue la siguiente:

[...]

en el caso de[l grupo] Henss-Isoplus Group desde aproximadamente octubre de 1991 [hasta, como mínimo, marzo o abril de 1996],

[...]

Las principales características de las infracciones son las siguientes:

reparto de los mercados nacionales y, con el tiempo, todo el mercado europeo por medio de cuotas,

asignación de los mercados nacionales a determinados productores y adopción de medidas para provocar la retirada de otros,

concertación de los precios del producto y de determinados proyectos,

asignación de cada proyecto a un determinado productor y manipulación del procedimiento de licitación de dichos proyectos para asegurarse de que el contrato en cuestión se concediera al productor elegido,

a fin de proteger el cartel frente a la competencia de la única empresa importante no perteneciente al mismo, Powerpipe AB, concertación y adopción de medidas para dificultar su actividad comercial, perjudicar su actividad empresarial o excluir totalmente del mercado a esta empresa.

[...]

Artículo 3

Por el presente artículo se impone a las empresas citadas a continuación las siguientes multas en relación con la infracción contemplada en el artículo 1:

[...]

d) Henss/Isoplus Group, una multa de 4.950.000 ecus,

de la que las siguientes empresas son responsables conjunta y solidariamente:

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG,

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft,

Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH Rosenheim (formerly Dipl.-Kfm Walter Henss GmbH Rosenheim),

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Sondershausen,

Isoplus Fernwärmetechnik Ges.mbh Stille Gesellschaft,

Isoplus Fernwärmetechnik Ges.mbh, Hohenberg;

[...]

Artículo 5

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

[...]

d) Grupo Henss/Isoplus representado por:

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Aisingerstrasse 12, D-83026 Rosenheim,

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft, Aisingerstrasse 12, D-83026 Rosenheim,

Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH Aisingerstrasse 12, D-83026 Rosenheim,

Isoplus Fernwärmetechnik Ges.mbH, Furthoferstrasse 1 A, A-3192 Hohenberg,

Isoplus Fernwärmetechnik Ges.mbH, Stille Gesellschaft, Furthoferstrasse 1 A, A-3192 Hohenberg,

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Gluckaufstrasse 34, D-99706 Sondershausen;

[...]»

[...]

Relaciones entre las empresas que se han considerado miembros del grupo Henss/Isoplus

25 Entre las empresas que la Comisión considera integrantes del grupo Henss/Isoplus y que son parte en el presente procedimiento, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (en lo sucesivo, «HFB KG») es una sociedad comanditaria alemana constituida el 15 de enero de 1997. HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft (en lo sucesivo, «HFB GmbH»), sociedad de responsabilidad limitada constituida igualmente el 15 de enero de 1997, es el socio colectivo de HFB KG y responde personal e ilimitadamente de las deudas de dicha sociedad. Los socios comanditarios de HFB KG, responsables hasta un determinado límite, son el Sr. y la Sra. Henss y el Sr. y la Sra. Papsdorf. El Sr. Henss es el socio comanditario mayoritario de HFB KG y posee igualmente la mayoría de las participaciones sociales de HFB GmbH.

26 La demandante Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Isoplus Rosenheim»), denominada anteriormente hasta el 1 de enero de 1997 Dipl.-Kfm. Walter Henss GmbH (en lo sucesivo, «Henss Rosenheim»), es una sociedad alemana. Tras la transmisión a HFB KG de las participaciones sociales del Sr. y la Sra. Henss en Isoplus Rosenheim y de las participaciones sociales del Sr. y la Sra. Papsdorf en la sociedad Dipl.-Kfm. Walter Henss Fernwärmerohrleitungsbau GmbH, Berlin (en lo sucesivo, «Henss Berlin»), HFB KG poseía el 100 % del capital de estas dos últimas sociedades y decidió que Isoplus Rosenheim absorbiera a Henss Berlin, absorción que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1997.

27 Isoplus Fernwärmetechnik Ges.mbH, Hohenberg (en lo sucesivo, «Isoplus Hohenberg») es una sociedad austriaca en la que el Sr. Henss posee la mayoría del capital, a través de un fiduciario.

28 Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Sondershausen (en lo sucesivo, «Isoplus Sondershausen») es una sociedad alemana en la que la totalidad del capital pertenece nominalmente a Isoplus Hohenberg, que lo posee, en parte, como fiduciaria por cuenta de terceros.

29 Procede señalar que, en el mercado de la calefacción urbana, Isoplus Rosenheim actúa principalmente como sociedad de distribución, mientras que Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen son sociedades de fabricación. Por su parte, HFB KG y HFB GmbH actúan únicamente como sociedades holding.

30 En su Decisión, la Comisión consideró que las empresas Isoplus Rosenheim, Henss Berlin, Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen constituían el grupo de facto «Henss/Isoplus». La Comisión envió el pliego de cargos a estas cuatro empresas, tras comprobar que todas ellas estaban vinculadas al Sr. Henss, que había asistido a las reuniones del club de directivos. Según la Decisión, sólo después de enviar el pliego de cargos tuvo conocimiento la Comisión de la existencia de una escritura de aportación de capital («Einbringungsvertrag») de 15 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil, que reveló que, en enero de 1997, los matrimonios Henss y Papsdorf habían transmitido sus participaciones a HFB KG.

31 Gracias a dicha escritura de aportación de capital, la Comisión supo que el Sr. Henss era también propietario de una sociedad de cuentas en participación, Isoplus Fernwärmetechnik Ges. mbH Stille Gesellschaft (en lo sucesivo, «Isoplus stille Gesellschaft»), cuyas acciones se encontraban en poder de un fiduciario.

32 En lo que respecta a Isoplus Hohenberg, la Comisión supo gracias a dicha escritura de aportación de capital que el Sr. Henss poseía una participación en dicha sociedad a través de fiduciarios, pese a que los abogados de las demandantes lo habían desmentido en el procedimiento administrativo. En el presente procedimiento las partes coinciden en reconocer que el Sr. Henss poseía efectivamente la mayoría del capital de Isoplus Hohenberg.

33 En lo que respecta a la participación de Isoplus Hohenberg en Isoplus Sondershausen, la Comisión supo, gracias a la escritura de aportación de capital, que un tercio del capital social de Isoplus Sondershausen en poder de Isoplus Hohenberg, que actuaba como fiduciaria del Sr. y de la Sra. Papsdorf, había sido transferido a HFB KG. En el presente procedimiento, las demandantes afirman que Isoplus Hohenberg poseía igualmente, como fiduciaria, otra tercera parte del capital social de Isoplus Sondershausen. Las demandantes reconocen que en el procedimiento administrativo no se informó de ello a la Comisión.

Sobre las diligencias de prueba propuestas

34 Las demandantes solicitan, conforme al artículo 68 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que se cite como testigos a los Sres. Boysen, B. Hansen, N. Hansen, Hybschmann, Jespersen y Volandt, «a fin de probar que ni las demandantes ni el grupo Henss/Isoplus participaron antes de octubre de 1994 en prácticas o medidas ilegales o en algún otro comportamiento similar de los contemplados en el artículo 85, apartado 1, del Tratado CE». Las demandantes se declaran dispuestas a depositar una provisión de fondos al efecto, para garantizar los gastos previstos.

35 Las demandantes solicitan igualmente al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión que presente la totalidad del expediente de la instrucción del presente asunto, incluidos los anexos y el informe del consejero auditor relativo a dicho expediente.

36 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el artículo 68, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento prevé que este Tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, una vez oídas las partes y el Abogado General, ordenar el examen de testigos para la comprobación de determinados hechos. Según el último párrafo de dicha disposición, la parte que solicita el examen de un testigo debe indicar con precisión los hechos en relación con los cuales procede oírle y las razones que lo justifican.

37 En el presente asunto, aunque las demandantes han hecho referencia en sus escritos procesales, en particular en los puntos 20, 40, 50, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 94, 96, 125 y 142 de la demanda, a determinadas personas que podrían declarar como testigos de los hechos expuestos en cada uno de esos puntos, es patente que los nombres de las seis personas respecto a las que se solicita expresamente que presten testimonio ante el Tribunal de Primera Instancia no figuran en dichos puntos. Por lo tanto, este Tribunal constata que, en lo que respecta a esas seis personas, las demandantes no han precisado en modo alguno cuáles son los hechos en relación con los cuales procedía ordenar la prueba de testigos.

38 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede estimar la solicitud de examen de testigos, sin necesidad de analizar si resultaría pertinente oír a las seis personas mencionadas.

39 En segundo lugar, en lo que respecta a la presentación del expediente de la instrucción, este Tribunal observa que, en el presente procedimiento contencioso, la Comisión ha presentado motu proprio los expedientes administrativos de todos los asuntos de que se trata, mediante escrito de 26 de julio de 1997. Las demandantes fueron informadas de la presentación de los expedientes y de la posibilidad de consultarlos en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. Resulta por tanto innecesario acceder a la solicitud de presentación del expediente formulada por las demandantes.

40 En cuanto a la presentación del informe del consejero auditor solicitada por las demandantes, procede indicar que dicho informe constituye, en cualquier caso, un documento puramente interno de la Comisión, que sólo reviste para ésta el valor de un dictamen, y no tiene por objeto formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de las empresas, por lo que no presenta ningún aspecto decisivo que el juez comunitario esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control (auto del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1986, ICI/Comisión, 212/86 R, no publicado en la Recopilación, apartados 5 a 8; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T-2/89, Rec. p. II-1087, apartados 53 y 54, y de 10 de marzo de 1992, Hüls/Comisión, T-9/89, Rec. p. II-499, apartados 86 y 87). Según jurisprudencia reiterada, en el procedimiento ante el juez comunitario los documentos internos de la Comisión no se ponen en conocimiento de las partes demandantes, a no ser que así lo exijan las circunstancias excepcionales del caso, sobre la base de indicios serios que les corresponde aportar (auto del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1986, BAT y Reynolds/Comisión, asuntos acumulados 142/84 y 156/84, Rec. p. 1899, apartado 11; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de octubre de 1994, John Deere/Comisión, T-35/92, Rec. p. II-957, apartado 31; auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, NMH Stahlwerke y otros/Comisión, asuntos acumulados T-134/94, T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-2293, apartado 35). Esta restricción del acceso a los documentos internos está justificada por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la institución de que se trate en el ámbito de la represión de las infracciones a las normas de competencia del Tratado (auto NMH Stahlwerke y otros/Comisión, antes citado, apartado 36). Dado que las demandantes no han demostrado que la presentación del informe de consejero auditor pudiera tener algún interés en relación con el respeto de su derecho de defensa, procede desestimar igualmente su solicitud de que se presente dicho informe.

41 Por las razones citadas, este Tribunal deniega las diligencias de prueba solicitadas por las demandantes.

Sobre la pretensión de anulación de la Decisión

42 Los motivos invocados por las demandantes pueden agruparse en función de su objeto: en primer lugar, los motivos relativos al grupo Henss/Isoplus; en segundo lugar, los motivos relativos a HFB KG y a HFB GmbH; en tercer lugar, los motivos relativos a Isoplus stille Gesellschaft; en cuarto lugar, los motivos invocados con carácter general para todas las demandantes.

I. Sobre los motivos relativos al grupo Henss/Isoplus

43 En lo que respecta al grupo Henss/Isoplus, las demandantes invocan tres motivos basados, en primer lugar, en la aplicación errónea del artículo 85, apartado 1, del Tratado; en segundo lugar, en un vicio sustancial de forma, y, en tercer lugar, en un incumplimiento del deber de motivación.

A. Sobre el primer motivo, relativo a la aplicación errónea del artículo 85, apartado 1, del Tratado al identificar a las demandantes como «miembros del grupo Henss/Isoplus»

1. Alegaciones de las partes

44 Las demandantes sostienen que la Comisión aplicó erróneamente el artículo 85, apartado 1, del Tratado al considerarlas miembros del grupo Henss/Isoplus, al que se ha impuesto, por su participación en una práctica contraria a la competencia, una multa de la que todas las demandantes son responsables solidarias.

45 Según las demandantes, a efectos de los artículos 85 del Tratado y 86 del Tratado CE (actualmente artículo 82 CE), una empresa sólo puede estar constituida por personas físicas o jurídicas o por sociedades que deben ser tratadas como si tuvieran personalidad jurídica propia (las denominadas «personas cuasijurídicas»). Ahora bien, el pretendido grupo Henss/Isoplus del que habla la Comisión no tiene personalidad jurídica ni cuasijurídica propia.

46 Al no existir una sociedad matriz o una sociedad holding dotada de personalidad jurídica, las demandantes afirman que tampoco cabe considerar que constituyan un grupo a efectos del Derecho de sociedades, ni un «grupo de facto», en el sentido de empresas jurídicamente autónomas cuyo comportamiento económico puede ser determinado por otra empresa, como la Comisión sostiene en los considerandos 15 y 157 de la Decisión.

47 En cuanto a las sociedades holding HFB GmbH y HFB KG, las demandantes precisan, en primer lugar, que la primera desarrolla sus actividades exclusivamente como socio colectivo de la segunda. Por su parte, esta última, pese a que al adoptarse la Decisión poseía el 100 % del capital social de Isoplus Rosenheim, sólo posee una tercera parte del capital social de Isoplus Sondershausen. Además, en contra de lo que se afirma en el considerando 159 de la Decisión, nunca ha sido socio de Isoplus Hohenberg, ni siquiera a través de un fiduciario, y tampoco ha sido socio oculto, ni siquiera a través de un fiduciario, de una sociedad de cuentas en participación en la que Isoplus Hohenberg fuera el gestor.

48 En opinión de las demandantes, al afirmar que todas las empresas que considera miembros del grupo Henss/Isoplus se hallaban sometidas a un mismo control uniforme, ejercido por el Sr. Henss, la Comisión pasa por alto que el Sr. Henss, pese a haber sido socio mayoritario de Henss Rosenheim (actualmente Isoplus Rosenheim) y, a través de sociedades fiduciarias, socio mayoritario de Isoplus Hohenberg, no era socio de Henss Berlin ni de Isoplus Sondershausen. Además, en su condición de socio, no es posible calificar al Sr. Henss de empresa a efectos del artículo 85 del Tratado.

49 A su juicio, en lo que respecta a Isoplus Sondershausen, no es posible concebir que dicha empresa esté controlada por Isoplus Hohenberg, dada la condición de fiduciaria de esta última. En efecto, hasta el 21 de octubre de 1998, Isoplus Hohenberg sólo poseía un tercio del capital social de Isoplus Sondershausen por cuenta propia y el otro tercio como fiduciaria. Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen no informaron a la Comisión de la condición de fiduciaria de Isoplus Hohenberg por razones de secreto comercial. Por otra parte, Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen operan en parte en los mismos mercados, cosa que no suele ocurrir en los grupos.

50 Según las demandantes, tampoco cabe deducir la existencia de un grupo, como sostiene la Comisión, de la referencia a la «empresa Henss, grupo Isoplus» que aparece en una nota del Sr. Henss de 21 de abril de 1995 (documento complementario del pliego de cargos nº 17), pues se trata de una declaración en nombre de Henss Rosenheim en la que la coma que precede a los términos «grupo Isoplus» indica simplemente que la empresa Henss Rosenheim pertenecía al grupo informal en el que los demás miembros del cartel habían agrupado espontáneamente a las demandantes, debido a los contratos de agencia comercial que las unían. La existencia de un mandatario o portavoz de dicho grupo informal no basta para convertirlo en un grupo a efectos del Derecho de sociedades.

51 Además, las demandantes alegan que la Decisión no menciona dato alguno que permita afirmar que, si no existiera un grupo, o como mínimo un grupo de facto,

las demandantes serían mutuamente responsables de las prácticas contrarias a la competencia en que hubiere incurrido cada una de ellas.

52 La demandada indica que el concepto del grupo se aplica a la entidad económica constituida por las cuatro empresas que participaban en el cartel, a saber, Henss Rosenheim (actualmente Isoplus Rosenheim), Henss Berlin, Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen, todas ellas sometidas al mismo control uniforme, en particular en lo que respecta a su participación en el cartel. El Sr. Henss era director general de Henss Berlin y de Henss Rosenheim y controlaba esta última empresa, así como Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen, mediante participaciones directas o indirectas. Además, en la reuniones del club de directivos, en las que a las empresas del grupo se les asignaba una cuota única, el Sr. Henss definía y representaba los intereses de todas las empresas del grupo simultáneamente.

53 En opinión de la demandada, puesto que todos los elementos personales, materiales e inmateriales formalmente integrados en las empresas miembros del grupo Henss/Isoplus formaban parte de una entidad más importante cuyos objetivos económicos se determinaban de modo unitario, a efectos del Derecho de la competencia existía una única empresa, que adoptaba la forma de un «grupo». No desvirtúa esta conclusión el hecho de que no se hubiera encomendado la dirección de la entidad a una sociedad holding. A su juicio, tampoco resulta pertinente la cuestión de si la persona física o jurídica que asume la dirección ejerce igualmente en su propio nombre una actividad empresarial.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

54 Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, el artículo 85, apartado 1, del Tratado se dirige a entidades económicas que consisten, cada una de ellas, en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización que puede participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma (sentencias de Tribunal de Primera Instancia de 10 marzo de 1992, Shell/Comisión, T-11/89, Rec. p. II-757, apartado 311, y de 14 mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T-352/94, Rec. p. II-1989, apartado 87).

55 En el presente asunto es preciso señalar que, en el período en que se produjo la infracción, el Sr. Henss controlaba, de un modo u otro, las sociedades Henss Berlin y Henss Rosenheim (denominadas igualmente, en lo sucesivo, «sociedades Henss»), así como las sociedades Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen (denominadas igualmente, en lo sucesivo, «sociedades Isoplus»).

56 En efecto, ha quedado acreditado que el Sr. Henss siempre poseyó el 90 % de las participaciones sociales de Henss Rosenheim, mientras las restantes estaban en manos de su esposa, y que fue director general de dicha sociedad hasta que ésta cambió de denominación el 1 de enero de 1997, pasando a llamarse Isoplus Rosenheim. En ese momento, el Sr. Henss y su esposa transmitieron sus participaciones a HFB KG, sociedad de la que el Sr. Henss sigue siendo sin embargo accionista mayoritario y que funciona como sociedad matriz de Isoplus Rosenheim, al poseer la totalidad del capital social de esta última.

57 En lo relativo a Henss Berlin, ha quedado acreditado que, al fundarse la empresa en agosto de 1990, el Sr. Henss adquirió el 90 % de su capital social. El 1 de enero de 1997, al producirse la transmisión a HFB KG de la totalidad de las participaciones en el capital de Henss Berlin, dichas participaciones estaban en poder del Sr. Papsdorf, director general de Isoplus Rosenheim, y de su esposa. Aunque no consta en autos cuándo adquirieron estos últimos las participaciones del Sr. Henss, ha quedado acreditado que el propio Sr. Henss fue director de Isoplus Rosenheim desde febrero de 1994. Igualmente, es patente que en diciembre de 1990, con ocasión de la celebración de un contrato de representación comercial entre Henss Berlin e Isoplus Hohenberg, el Sr. Henss representaba ya a Henss Berlin como «único director».

58 Por lo que respecta a Isoplus Hohenberg, las demandantes no niegan ya en su demanda que, al menos a partir de octubre de 1991, el Sr. Henss poseía, a través de un fiduciario, la mayoría de las participaciones sociales de dicha sociedad.

59 En lo referente a Isoplus Sondershausen, es patente que Isoplus Hohenberg posee nominalmente la totalidad de las acciones. Aunque esta última sociedad sólo posee por cuenta propia un tercio de las acciones, ha quedado acreditado que poseía otro tercio por cuenta del señor Papsdorf, director general de Henss Rosenheim en aquella época, y de su esposa y que éstos transmitieron su participación a HFB KG, según la escritura de aportación de capital de 15 de enero de 1997.

60 Seguidamente procede señalar que, en las reuniones del club de directivos, el Sr. Henss representaba a las sociedades Henss e Isoplus. Las notas tomadas por varios de los participantes en las discusiones sobre el reparto del mercado alemán muestran que se preveían cuotas de mercado para la entidad denominada bien «Isoplus» (véanse los anexos 39, 40, 44, 45 y 49 del pliego de cargos), o bien «Isoplus/Henss» (véanse los anexos 48 y 53 del pliego de cargos), o bien «Isoplus» y «Henze» a la vez (véase el anexo 37 del pliego de cargos). Además, en la invitación enviada por ABB, como presidenta de la asociación profesional «European District Heating Pipe Manufacturers Association» (en lo sucesivo, «EuHP»), para la reunión de 11 de agosto de 1992 (anexo 38 del pliego de cargos) se indica expresamente que el Sr. Henss representaría en ella a «Isoplus». Por último, ha quedado acreditado que, cuando el cartel asignó cuotas a nivel europeo, a las sociedades Henss e Isoplus se les atribuyó una cuota única.

61 Dadas estas circunstancias, la Comisión actuó legítimamente al considerar que las actividades en el cartel de las sociedades de distribución Henss Berlin y Henss Rosenheim (posteriormente denominada Isoplus Rosenheim) y de las sociedades de fabricación Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen constituían el comportamiento de una sola entidad económica, sometida a un control único y que perseguía de manera duradera un fin económico común.

62 La existencia de una única entidad económica que perseguía intereses comunes resulta confirmada además por varios documentos internos de las sociedades en cuestión. Así, el acta de una reunión del consejo de vigilancia de las sociedades Isoplus de 3 de febrero de 1994 (documento complementario del pliego de cargos nº 21) hace referencia a un «grupo Isoplus», cuyo volumen de negocios estaba compuesto por los volúmenes de negocios de «Hohenberg» y de «Sondershausen», unidos a los de «Henss». Igualmente, la nota del Sr. Henss de 21 de abril de 1995 (documento complementario del pliego de cargos nº 17) muestra que este último estaba dispuesto a participar en un proyecto de adquisición de Powerpipe en nombre de la «sociedad Henss GmbH, grupo Isoplus».

63 Por otra parte, no es posible aceptar la versión de las demandantes, según la cual la asociación de las sociedades Henss con las sociedades Isoplus se explica por ser las primeras representantes comerciales de la segundas. En efecto, durante todo el período de que se trata, Henss Rosenheim actuaba igualmente como representante comercial de la filial alemana de ABB, ABB Isolrohr GmbH (en lo sucesivo, «ABB Isolrohr»). Ahora bien, dado que a nivel europeo se atribuyó una cuota única a las sociedades Henss e Isoplus y habida cuenta del papel desempeñado por el Sr. Henss, que actuaba a la vez como representante de todas estas sociedades en las reuniones de directivos y como director o socio de ellas, resulta evidente que las sociedades Henss e Isoplus actuaban conjuntamente en el mercado como una sola entidad económica.

64 En cuanto al hecho de que el Sr. Henss defendiera los intereses de Henss Berlin del mismo modo que los de Henss Rosenheim, procede observar además, en relación con el proyecto de Leipzig-Lippendorf, que el informe de una reunión del cartel de 10 de enero de 1995 en la que estaba presente el Sr. Henss (anexo 70 del pliego de cargos) muestra que se tomó la decisión de atribuir dicho proyecto a ABB Isolrohr, Pan-Isovit y «Henz», sin especificar si se trataba de Henss Berlin o de Henss Rosenheim. Pues bien, ha quedado acreditado que quien presentó posteriormente la oferta para dicho proyecto fue Henss Berlin y no Henss Rosenheim, pese a que, nominalmente, el Sr. Henss no era accionista de la primera sociedad sino de la segunda. Además, en una lista de proyectos de 22 de marzo de 1995, elaborada por ABB, las tres empresas que aparecen como favoritas para el proyecto de Leipzig-Lippendorf eran ABB, Pan-Isovit e «Isoplus» (anexo 71 del pliego de cargos), lo que confirma una vez más que se consideraba que las sociedades Henss e Isoplus pertenecían a una misma entidad económica.

65 El hecho de que Isoplus Hohenberg e Isoplus Sondershausen operaran en el mismo mercado no excluye que pertenecieran a un mismo grupo económico. Por otra parte procede subrayar que, en el procedimiento administrativo tramitado ante la Comisión, Isoplus Sondershausen se declaraba aún filial al 100 % de Isoplus Hohenberg.

66 En contra de lo que alegan las demandantes, no es preciso que la entidad económica calificada de «grupo» tenga personalidad jurídica propia. En efecto, en el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trate, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11). Al no haber al frente del grupo una persona jurídica a la que, como responsable de la coordinación de la acción de éste, sea posible imputar las infracciones cometidas por sus diversas sociedades integrantes, la Comisión puede considerar responsables solidarias de todas las actuaciones del grupo a las sociedades que lo integraban, con el fin de evitar que la separación formal entre estas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pudiese obstar a la constatación de la unidad de su comportamiento en el mercado a efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartado 140).

67 Dado que la Comisión estimó que la empresa autora de la infracción de la que son responsables las sociedades que integran el grupo era el grupo Henss/Isoplus, en el presente asunto carece de pertinencia la cuestión de si puede considerarse empresa a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado al propio Sr. Henss.

68 Se deduce del conjunto de consideraciones precedentes que ha de desestimarse el presente motivo.

B. Sobre el segundo motivo, relativo a un vicio sustancial de forma en la referencia al grupo Henss/Isoplus contenida en la parte dispositiva de la Decisión

1. Alegaciones de las partes

69 Las demandantes sostienen que la Comisión ha incurrido en un vicio sustancial de forma, contrario al Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), al designar como destinatario de la Decisión al «Henss/Isoplus Group». Según ellas, el grupo Henss/Isoplus, carente de personalidad jurídica y de cuasipersonalidad jurídica, no tiene capacidad procesal en el marco de un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado regulado por el Reglamento nº 17, en particular ante el Tribunal de Primera Instancia.

70 A este respecto, las demandantes alegan que, en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión, la Comisión indica que el «Henss/Isoplus Group» ha infringido las disposiciones del artículo 85, apartado 1, del Tratado. En el artículo 2 de la Decisión, la Comisión precisa que las empresas citadas en el artículo 1 deben poner fin de inmediato a la infracción mencionada, en caso de no haberlo hecho aún. Además, en el artículo 3 de la Decisión se lee: «Se imponen a las empresas citadas a continuación las siguientes multas en relación con la infracción contemplada en el artículo 1», y seguidamente, en la letra d), «Henss/Isoplus Group, una multa de 4.950.000 ecus, de la que las siguientes empresas son responsables conjunta y solidariamente: [...]». Por último, el artículo 5, letra d), de la Decisión menciona, como destinatario de ésta, al «Grupo Henss/Isoplus, representado por: [...]». En su opinión, desde el punto de vista del Derecho del procedimiento, la Comisión consideró destinatario de la Decisión al grupo Henss/Isoplus y no a las empresas identificadas en el artículo 5 de la Decisión, mencionadas únicamente en relación con su obligación indivisible de pago de la multa del grupo Henss/Isoplus.

71 Las demandantes señalan que no cabe alegar que, puesto que han promovido la presente acción judicial, el presente recurso equivale a un reconocimiento por su parte de que la Decisión es comprensible en este punto. Sostienen que, actuando de este modo, pretenden por el contrario reivindicar cada una sus propios derechos, así como, de forma cautelar, los derechos de lo que la Comisión califica de grupo Henss/Isoplus. Así pues, sus demandas han sido presentadas en su propio nombre y en nombre del grupo Henss/Isoplus, en el que la Comisión las ha reunido.

72 La demandada afirma que, en la medida en que pueda resultar pertinente en el presente asunto, los destinatarios de la Decisión son las empresas claramente identificadas en el artículo 5 de su parte dispositiva. En su opinión, así han interpretado por lo demás la Decisión las demandantes, al interponer el recurso en su propio nombre y calificarse a sí mismas de destinatarias de la Decisión.

73 En lo que respecta a la utilización en la Decisión de las denominaciones «Henss/Isoplus» o «grupo Henss/Isoplus», la demandada considera que es preciso distinguir la identificación de la empresa autora de la infracción, constituida en su caso en forma de grupo, de la identificación de la persona física o jurídica, titular de derechos y obligaciones, formalmente responsable de dicha infracción. Aunque la formulación «Grupo Henss/Isoplus, representado por [...]», utilizada en el artículo 5, letra d), de la Decisión no resulta especialmente afortunada, no cabe a su juicio deducir de ella que el obligado al pago de la multa es el grupo Henss/Isoplus como tal, puesto que dicha disposición menciona, como solidariamente responsables del pago de la multa, a las mismas sociedades identificadas en el artículo 3, letra d), de la Decisión.

74 Finalmente, la demandada señala que la Decisión se notificó mediante escritos enviados por separado a cada una de las cinco demandantes y no al «grupo Henss/Isoplus».

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

75 En el apartado 66 supra se ha hecho constar que, al no haber al frente del grupo Henss/Isoplus una persona jurídica a la que, como responsable de la coordinación de la acción de dicho grupo, hubiesen podido imputarse las infracciones cometidas por las diversas sociedades que lo integraban, la Comisión podía considerar a estas últimas solidariamente responsables de todas las actuaciones del grupo.

76 A este respecto, el artículo 1 de la Decisión menciona al «Henss/Isoplus Group» entre las empresas que han cometido la infracción descrita en dicha disposición. Del mismo modo, para identificar a las empresas que deben poner fin a la infracción, en caso de no haberlo hecho aún, el artículo 2 de la Decisión se refiere a «las empresas citadas en el artículo 1».

77 Seguidamente, en los artículos 3 y 5 de la Decisión, la Comisión nombra a las personas jurídicas que deben responder de la infracción cometida por el «grupo Henss/Isoplus» y están, por tanto, solidariamente obligadas al pago de la multa impuesta a dicho grupo.

78 Pues bien, al carecer el grupo Henss/Isoplus de personalidad jurídica, los artículos 3 y 5 de Decisión únicamente pueden interpretarse en el sentido de que designan como destinatarios de la Decisión a las demandantes en su condición de componentes del grupo Henss/Isoplus. El hecho de que el grupo Henss/Isoplus sea identificado a través de sus componentes impide alegar que es víctima de una falta de protección jurisdiccional. En efecto, el grupo puede, en su caso, defender sus intereses a través de las entidades que lo componen.

79 Además, no cabe ninguna duda de que las demandantes han sido destinatarias de la Decisión como componentes del grupo Henss/Isoplus, ya que la Decisión fue notificada por separado a cada una de las demandantes y no al grupo Henss/Isoplus, único calificado de autor de la infracción en el artículo 1 de la Decisión.

80 Habida cuenta de su condición de destinatarias de la Decisión como componentes del grupo Henss/Isoplus, procede desestimar el motivo invocado por las demandantes en lo que respecta a la infracción del Reglamento nº 17.

C. Sobre el tercer motivo, basado en un incumplimiento del deber de motivación

1. Alegaciones de las partes

81 Según las demandantes, la Comisión ha incumplido el deber de motivación que impone el artículo 190 del Tratado CE (actualmente artículo 253 CE) al no incluir en la Decisión ninguna motivación que justifique que el «grupo Henss/Isoplus» sea parte en un procedimiento regulado en el Reglamento nº 17 y destinatario, por tanto, de una decisión adoptada conforme a dicho Reglamento. En su opinión, las afirmaciones de la Comisión en el considerando 160 de la Decisión, donde se indica que el pliego de cargos tenía como destinatario al grupo Henss/Isoplus y que, al no existir una única sociedad holding, las cuatro empresas de explotación mencionadas eran las representantes del grupo a efectos de notificaciones y ejecución, resultan insuficientes a la vista de lo declarado por la Comisión en el considerando 15 de la Decisión, donde se afirma que el grupo Henss/Isoplus es un «grupo de facto» sin personalidad jurídica propia y sin capacidad procesal.

82 La demandada alega haber demostrado en los considerandos 157 a 160 de la Decisión que las empresas reunidas bajo la denominación de «grupo Henss/Isoplus» actuaron como un grupo de facto, por lo que las demandantes deben considerarse solidariamente obligadas al pago de la multa. Como el grupo Henss/Isoplus no fue parte en el procedimiento, no era necesaria ninguna justificación a este respecto.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

83 Procede observar que las demandantes se basan en una interpretación de la Decisión conforme a la cual esta última consideró que la persona implicada en el procedimiento administrativo era el grupo Henss/Isoplus. Ahora bien, dicha interpretación ha sido declarada errónea, dado que en los artículos 3 y 5 de la parte dispositiva de la Decisión se identifica a las sociedades solidariamente obligadas al pago de la multa impuesta por la infracción cometida por el grupo Henss/Isoplus y, por esta razón, destinatarias de la Decisión en su condición de componentes de dicho grupo (véanse los apartados 75 a 80 supra).

84 En lo relativo a la infracción cometida por el grupo Henss/Isoplus y al hecho de que se haya considerado a las demandantes responsables de la ejecución de la Decisión, en su condición de componentes del grupo Henss/Isoplus, procede recordar el contenido de los considerandos 157 a 160 de la Decisión.

85 En primer lugar, en el considerando 157 de la Decisión, la Comisión señaló que «las empresas Henss/Isoplus actuaron como un grupo de facto». En apoyo de esta suposición explicó que el Sr. Henss era el accionista mayoritario de Isoplus Hohenberg, sociedad que posee a su vez el 100 % del capital de Isoplus Sondershausen, y que fue accionista mayoritario y director general de Henss Rosenheim, así como director general (aunque no accionista) de Henss Berlin, empresas que actuaban como agentes comerciales de Isoplus en Alemania. En ese mismo considerando, la Comisión indica que «el hecho de que fuera siempre el Dr. W. Henss quien asistía a las reuniones del club de directivos demuestra que era la persona que ejercía la gestión y el control de Isoplus y que las empresas Henss e Isoplus, conjuntamente, formaban un grupo de facto». Siempre según la Comisión, «en el sector se sabía que era Henss quien movía los hilos de Isoplus».

86 En el considerando 158 de la Decisión, la Comisión expone que, a la hora de enviar el pliego de cargos, como no existía, según la información a su alcance, una empresa holding a la que enviar dicho documento, lo remitió al grupo Henss/Isoplus, representado por sus cuatro empresas más importantes en la Unión Europea, a saber, Isoplus Hohenberg, Isoplus Sondershausen, Henss Rosenheim y Henss Berlin. Según la Decisión, en el pliego de cargos se indicaba claramente «que el procedimiento iba dirigido al grupo Henss/Isoplus y que, a falta de una única empresa holding, las cuatro empresas principales eran las representantes del grupo a efectos de notificaciones y ejecución» (considerando 160, párrafo cuarto).

87 Finalmente, la Comisión señala que, al tener conocimiento, gracias a una escritura de aportación de capital de 15 de enero de 1997, de la creación de dos sociedades holding, HFB GmbH y HFB KG, a las que se habían trasmitido las participaciones en el capital de Isoplus Rosenheim e Isoplus Hohenberg, y de la creación, además, de una sociedad de cuentas en participación, Isoplus stille Gesellschaft, dirigió la presente Decisión no sólo a Isoplus Hohenberg, Isoplus Sondershausen e Isoplus Rosenheim, sino también a HFB GmbH y a HFB KG, así como a Isoplus stille Gesellschaft (considerando 160 de la Decisión).

88 Se deduce del conjunto de consideraciones precedentes que la Comisión expuso las razones por las que estimó que las empresas Henss e Isoplus constituían un grupo de facto. Dicha Institución explicó además que, al no existir una sociedad holding que revelara la existencia del grupo, era necesario referirse a éste, a efectos de notificaciones y de pago de la multa, a través de las sociedades que lo componían.

89 Procede por tanto desestimar el presente motivo.

II. Sobre los motivos relativos a HFB GmbH y a HFB KG

90 En lo relativo a HFB GmbH y a HFB KG, las demandantes invocan tres motivos: el primero se basa en una aplicación errónea del artículo 85, apartado 1, del Tratado; el segundo, en una violación del derecho de defensa, y el tercero, en un incumplimiento del deber de motivación.

A. Alegaciones de las partes

91 Las demandantes alegan que la Comisión incurrió en un error al condenar a HFB GmbH y a HFB KG a abonar la multa conjunta y solidariamente con las demás demandantes, como componentes del grupo Henss/Isoplus.

92 Las demandantes señalan que, según la Decisión, la infracción finalizó como muy tarde en marzo o abril de 1996. Dado que las sociedades HFB GmbH y HFB KG fueron creadas el 15 de enero de 1997 y sólo tienen existencia jurídica a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, a saber, los días 10 y 27 de febrero de 1997, respectivamente, dichas sociedades no pudieron participar en la infracción. Como carecían de existencia jurídica antes de 1997, tampoco pueden ser consideradas responsables de los eventuales comportamientos contrarios a la competencia de otras empresas del grupo Henss/Isoplus. En efecto, en virtud del principio de presunción de inocencia, en un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado, regulado por el Reglamento nº 17, sólo pueden imponerse multas a las empresas en caso de participación dolosa o, como mínimo, culposa.

93 Únicamente en caso de transformación de una empresa o de absorción por otra puede esta última ser considerada responsable de la infracción cometida por la antigua empresa en cuanto sucesora universal de los derechos que ésta ostentaba, a condición de que la identidad económica de la empresa no haya experimentado cambios. A este respecto, las demandantes recuerdan que HFB KG recibió sus participaciones en el capital de Isoplus Rosenheim y de Isoplus Sondershausen de personas físicas, a saber, del Sr. y la Sra. Henss, en lo que respecta a Isoplus Rosenheim, y del Sr. y la Sra. Papsdorf, en lo que respecta a Isoplus Sondershausen. Pues bien, en su opinión, no cabe considerar responsable a una empresa que se subroga en los derechos de personas físicas que poseen participaciones en el capital de la sociedad que cometió la infracción y que, como simples titulares de participaciones, no constituyen empresas a efectos de los artículos 85 y 86 del Tratado.

94 Las demandantes sostienen que no cabe alegar, como hace la Comisión, que el grupo Henss/Isoplus dirigido por el Sr. Henss ha experimentado numerosas metamorfosis. La razón por la que se creó la sociedad HFB GmbH y, en consecuencia, HFB KG fue la de facilitar una posible venta en bloque de las diferentes participaciones en empresas de calefacción urbana. En efecto, ciertas decisiones de aumento del capital social y de realización de nuevas aportaciones estuvieron exclusivamente motivadas por razones contables. Según las demandantes, estas modificaciones y aportaciones de capital tuvieron lugar después de finalizada la infracción e incluso, en algunos casos, después que se hubiera adoptado la Decisión.

95 La demandada aduce que HFB GmbH y HFB KG pueden considerarse corresponsables de las infracciones cometidas por el grupo Henss/Isoplus, con independencia de que dichas empresas no hayan infringido personalmente las normas sobre la competencia ni asumido todos los derechos y obligaciones de las empresas autoras de las infracciones.

96 En efecto, una persona jurídica puede ser considerada responsable de las infracciones cometidas por una sociedad de la que ha adquirido el control, aunque las infracciones se hubieran cometido antes de la toma de control (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Cascades/Comisión, T-308/94, Rec. p. II-925). En opinión de la Comisión, dado que podía considerar a HFB GmbH y a HFB KG responsables de las infracciones de que se trata, podía igualmente incluirlas entre las empresas obligadas al pago de la multa (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Metsä-Serla y otros/Comisión, asuntos acumulados T-339/94 a T-342/94, Rec. p. II-1727).

97 Al imputar a HFB GmbH y a HFB KG la responsabilidad de las infracciones cometidas, la Comisión no ha violado en absoluto, a su juicio, la presunción de inocencia. En el presente asunto, las reestructuraciones que permitieron a HFB GmbH y a HFB KG adquirir algunas de las participaciones del Sr. Henss y, por tanto, el control directo de la sociedad Isoplus Rosenheim fueron, según ella, cambios producidos en el interior de una única empresa y bajo el control de su dirección unitaria.

98 A este respecto, poco importa que los socios no fueran, como tales, empresas. Según la Comisión, pueden existir empresas integradas por diversos componentes, algunos de los cuales ejercen funciones de explotación y otros funciones directivas. En el presente asunto, esta última función la asumía y la continúa asumiendo el Sr. Henss, que sin embargo había delegado una parte en HFB KG, controlada a su vez personalmente por él.

99 En este contexto, la Comisión sostiene que hubiera podido considerar al Sr. Henss personalmente responsable de las infracciones cometidas por Isoplus Rosenheim, pues, en el período en que se cometieron las infracciones, resultaba imposible que dicha sociedad determinara su política con independencia de aquél, sobre todo teniendo en cuenta que otras sociedades miembros del grupo Henss/Isoplus participaron también en la infracción. Dado que el Sr. Henss controla la sociedad HFB GmbH gracias a la participación que tiene en su capital y continúa ejerciendo en ella las funciones de director general, esta última sociedad y HFB KG deberían reconocer que lo que se les imputa es el hecho de que el Sr. Henss tenía constancia de las infracciones cometidas por la sociedad transmitida. Además, el valor de las participaciones adquiridas pudo verse modificado por la infracción.

100 Finalmente, la Comisión alega que es preciso tener en cuenta, por una parte, su legítimo interés en poder dirigirse, en caso de ejecución forzosa, contra el patrimonio del grupo, independientemente de reestructuraciones del tipo de las producidas en el presente asunto, y, por otra parte, las dificultades que pueden suponer para ella las ejecuciones forzosas dirigidas contra el patrimonio de particulares. En su opinión, no cabe aceptar que una reestructuración del tipo de la constitución de HFB GmbH y de HFB KG, en la que el Sr. Henss asumía a la vez el papel de vendedor y el de comprador, acabe haciendo imposible que la Comisión actúe contra el nuevo titular de las participaciones.

B. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

101 Procede recordar que la Comisión decidió agrupar a la sociedades Henss e Isoplus en un grupo de facto considerado como la empresa que participó en la infracción. Al no existir una sociedad matriz que representara al grupo Henss/Isoplus o una sociedad responsable de la coordinación de la acción del grupo, la Comisión imputó la responsabilidad de la infracción a las sociedades que integraban el grupo en la fecha en que se adoptó la Decisión, entre ellas HFB GmbH y HFB KG.

102 Ahora bien, es preciso hacer constar que, como HFB GmbH y HFB KG no existían aún en el momento en que se cometió la infracción, no es posible imputarles la responsabilidad de la infracción por haber asumido un papel de impulso y de coordinación de las demás sociedades pertenecientes al grupo Henss/Isoplus en relación con las actividades objeto del procedimiento (véase, a este respecto, la sentencia Shell/Comisión, antes citada, apartado 312).

103 Así mismo, no es posible imputar a HFB GmbH y a HFB KG la responsabilidad de la infracción por el simple motivo de ser miembros del grupo Henss/Isoplus en el momento en que se adoptó la Decisión. En efecto, incumbe, en principio, a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Cascades/Comisión, C-279/98 P, Rec. p. I-9693, apartado 78, y SCA Holding/Comisión, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, apartado 27). En el presente asunto, aun suponiendo que HFB GmbH y HFB KG actúen como sociedades de cartera total o parcialmente responsables del grupo Henss/Isoplus, al ser esta situación posterior a la infracción, no es posible imputar a estas dos sociedades las infracciones cometidas por el grupo Henss/Isoplus antes de que adquirieran la totalidad o una parte de él.

104 La situación sólo sería distinta si la persona o personas jurídicas responsables de la explotación de la empresa hubieran dejado de existir jurídicamente tras la comisión de la infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, apartado 145). Ahora bien, consta que las sociedades responsables de la explotación de la empresa al cometerse la infracción continúan existiendo.

105 Se deduce de los autos que la Comisión considera a HFB GmbH y HFB KG solidariamente responsables de la infracción cometida por el grupo Henss/Isoplus, principalmente en atención al hecho de que el Sr. Henss traspasó a dichas sociedades el control que él ejercía sobre las empresas del grupo y, en particular, el control directo de Isoplus Rosenheim. A este respecto basta con indicar que, dado que la Comisión no considera en la Decisión al Sr. Henss personalmente responsable de la infracción cometida por el grupo Henss/Isoplus, no es posible imputar a HFB GmbH y HFB KG, en cuanto sucesores económicos de aquél, una responsabilidad que no se había querido reconocer anteriormente.

106 Es cierto que, en determinadas circunstancias, una infracción de las normas sobre la competencia puede ser imputada al sucesor económico de la persona jurídica que la haya cometido, aunque esta última no hubiera dejado de existir en la fecha en que se adoptó la Decisión sancionadora, con el fin de que el efecto útil de dichas normas no se vea comprometido a causa de los cambios efectuados, en particular en la forma jurídica de las empresas de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, NMH Stahlwerke/Comisión, T-134/94, Rec. p. II-239, apartado 127). Sin embargo, a diferencia del asunto en que se dictó la sentencia NMH Stahlwerke/Comisión, antes citada, en el presente asunto las personas físicas y jurídicas implicadas en la infracción han continuado desarrollando plenamente sus actividades comerciales, mientras que las sociedades HFB GmbH y HFB KG no existían aún en el momento en que se cometió la infracción.

107 Además, las informaciones suministradas al Tribunal de Primera Instancia en la fase escrita del procedimiento y posteriormente en la vista no permiten concluir que existieran maniobras específicamente orientadas a eludir las sanciones impuestas por infracción de las normas sobre la competencia (véase la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 146).

108 Procede por consiguiente hacer constar que la Comisión incurrió en un error de Derecho al considerar a HFB KG y a HFB GmbH responsables solidarios del pago de la multa impuesta al grupo Henss/Isoplus por su participación en la infracción. Por lo tanto, resulta innecesario pronunciarse sobre los motivos segundo y tercero relativos a HFB GmbH y HFB KG, basados en una violación del derecho de defensa y en un incumplimiento del deber de motivación.

109 Procede pues anular los artículos 3, letra d), y 5, letra d), de la Decisión en la medida en que se refieren a HFB KG y a HFB GmbH.

III. Sobre los motivos relativos a Isoplus stille Gesellschaft

A. Alegaciones de las partes

110 Las demandantes y, en especial, Isoplus Hohenberg, reprochan a la Comisión el que mencionara también como destinataria de la Decisión a Isoplus stille Gesellschaft, en cuanto empresa del grupo Henss/Isoplus. Según ellas, con arreglo al Derecho austriaco, una sociedad de cuentas en participación como Isoplus stille Gesellschaft no es una persona jurídica ni una sociedad mercantil, sino simplemente una sociedad oculta que, como tal, no puede ser titular de derechos y obligaciones, pues sólo el gestor puede serlo. Además, en septiembre de 1997, la sociedad Isoplus stille Gesellschaft fue disuelta sin liquidación y sus activos transferidos a la sociedad fundadora, Isoplus Hohenberg, en concepto de aumento del capital de esta última.

111 En este contexto, Isoplus Hohenberg invoca en primer lugar un motivo basado la infracción del artículo 85 del Tratado, en la medida en que la Decisión tiene como destinataria a una sociedad de cuentas en participación que, al carecer de personalidad jurídica o cuasijurídica, no es una empresa a efectos de los artículos 85 y 86 del Tratado, ni puede por tanto ser destinataria de una decisión adoptada por la Comisión en un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado.

112 Isoplus Hohenberg invoca igualmente un vicio sustancial de forma, en la medida en que, en su Decisión, la Comisión ha impuesto una multa a una empresa que, en su condición de sociedad de cuentas en participación, no tenía capacidad para acudir a los tribunales con arreglo al Derecho austriaco y no podía por tanto interponer recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, en su opinión, tampoco es posible declarar destinataria de una decisión de este tipo a una empresa que, con independencia de su calificación jurídica, había sido disuelta y no existía ya en el momento en que se adoptó la Decisión.

113 Por otra parte, Isoplus Hohenberg alega que en ningún momento se envió un pliego de cargos a Isoplus stille Gesellschaft. A este respecto precisa que, en la audiencia celebrada los días 24 y 25 de noviembre de 1997, no fue posible analizar la cuestión de si, con arreglo al Derecho austriaco, una sociedad de cuentas en participación tiene personalidad jurídica o cuasijurídica y, en consecuencia, capacidad procesal, ni tampoco el tema de la disolución de la sociedad de cuentas en participación, dado que, pese a haberlo solicitado así su abogado, el consejero auditor no aceptó que se celebrara una audiencia separada sobre estos temas. En su respuesta de 30 de marzo de 1998 a la solicitud de información de 24 de febrero de 1998 (en lo sucesivo, «escrito de 30 de marzo de 1998»), la demandante no mencionó, por consiguiente, el problema de la sociedad de cuentas en participación. Este problema sólo se planteó en un escrito a la Comisión de 22 octubre de 1998.

114 Por último, las demandantes alegan que la Comisión incumplió su deber de motivación, dado que la Decisión no explica cómo puede una sociedad de cuentas en participación austriaca ser destinataria de una decisión adoptada por la Comisión en un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado.

115 La demandada subraya que, como indica la propia Isoplus Hohenberg, la sociedad Isoplus stille Gesellschaft ya había cesado de existir al adoptarse la Decisión. La Decisión es por tanto inoperante en lo que respecta a dicha sociedad. No obstante, tal circunstancia no puede servir de base a un motivo de recurso contra la Decisión. Además, aunque la sociedad de cuentas en participación hubiera continuado existiendo en el momento en que se adoptó la Decisión, la conclusión sería la misma. Como reconoce la propia Isoplus Hohenberg, dicha sociedad no tenía personalidad jurídica, de modo que la Decisión no pudo producir ningún efecto jurídico en lo que a ella respecta ni, por consiguiente, afectarle negativamente.

B. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

116 Procede señalar que, dado que la sociedad Isoplus stille Gesellschaft había sido disuelta en el momento en que se adoptó la Decisión, esta última no pudo producir efectos jurídicos frente a dicha sociedad. Por consiguiente, la Decisión no ha producido efectos jurídicos en la medida en que tiene como destinataria a Isoplus stille Gesellschaft.

117 Dado que la propia sociedad Isoplus Hohenberg, que ha sido siempre el titular de todos los derechos y obligaciones que hubieran podido corresponder a Isoplus stille Gesellschaft, es destinataria de la Decisión, tampoco la inclusión de Isoplus stille Gesellschaft entre los destinatarios de la Decisión pudo provocar, en lo que respecta a Isoplus Hohenberg, ningún efecto jurídico diferente de los derivados del hecho de que la Decisión tuviera como destinataria a esta última y de que se la considerara responsable solidaria del pago de la multa impuesta al grupo Henss/Isoplus.

118 Como la Decisión es inoperante en la medida en que tiene como destinataria a Isoplus stille Gesellschaft y en la medida en que se refiere a dicha sociedad, el recurso carece de objeto en lo que a ella respecta, por lo que no procede pronunciarse sobre este punto.

IV. Sobre los motivos que conciernen a todas las demandantes

119 Los motivos que conciernen a todas las demandantes son cinco. El primer motivo se basa en ciertos errores de hecho y de Derecho en la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado. El segundo motivo se basa en la violación del derecho de defensa. El tercer motivo se basa en la ilegalidad de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «nuevas Directrices» o «Directrices»). El cuarto motivo se basa en la infracción de las normas que regulan las multas en materia de competencia y en la violación de los principios generales y en diversos errores de apreciación en la determinación del importe de la multa. El quinto motivo se basa en un incumplimiento del deber de motivación.

A. Sobre el primer motivo, relativo a ciertos errores de hecho y de Derecho en la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado

1. Sobre la participación en la infracción antes de octubre de 1994

[...]

b) Sobre la apreciación jurídica

182 En lo relativo a la apreciación jurídica de la Comisión sobre los hechos probados anteriores a octubre de 1994, las demandantes invocan en resumen seis argumentos. En primer lugar, las demandantes impugnan la calificación de la infracción como «conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas». En segundo lugar, las demandantes impugnan la calificación como acuerdo de los comportamientos probados. En tercer lugar, las demandantes impugnan el concepto de prácticas concertadas utilizado por la Comisión. En cuarto lugar, las demandantes alegan que la Comisión valoró incorrectamente las consecuencias jurídicas de la participación en una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia. En quinto lugar, las demandantes sostienen que la Comisión cometió un error en lo relativo a la carga de la prueba en materia de participación en un cartel global. En sexto lugar, las demandantes reprochan a la Comisión su decisión de no valorar individualmente la responsabilidad de las sociedades que consideró miembros del grupo Henss/Isoplus.

i) Sobre la calificación de la infracción como «conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas»

Alegaciones de las partes

183 Las demandantes impugnan la afirmación formulada por la Comisión en los considerandos 131 y 132 de su Decisión, según la cual, en los carteles complejos de larga duración, en los que las diversas prácticas concertadas y acuerdos se integran en un comportamiento adoptado por las empresas con el objetivo común de suprimir o falsear la competencia, puede considerar que existe una infracción única y continuada. En efecto, según ellas, la Comisión incurre en un error al sostener que, en tal caso, no está obligada a calificar la infracción englobándola en una sola de las dos categorías, bien como acuerdo, bien como práctica concertada.

184 Las demandantes recuerdan que ni en el caso de un acuerdo en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado ni en el de un «gentlemen's agreement» que tenga por objeto restringir la competencia resulta necesario demostrar la existencia de una restricción efectiva de la competencia. En cambio, en lo relativo a las prácticas concertadas, al no existir una coordinación voluntaria de comportamientos orientados a restringir la competencia, incumbe a la Comisión probar que las prácticas concertadas han tenido efectivamente por resultado una restricción de la competencia. Habida cuenta de la diferencia entre los conceptos de acuerdo y de prácticas concertadas, la Comisión no puede considerar que existe una única infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado cuando las infracciones de dicha disposición revisten diferentes formas. En efecto, según las demandantes, el respeto del principio de presunción de inocencia exige que, en las decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento nº 17, se precisen todos los elementos materiales que integran la infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado.

185 La demandada indica que, en el presente asunto, los acuerdos y prácticas concertadas aplicados durante el período de que se trata formaban parte de un sistema de reuniones periódicas destinado a regular el mercado mediante la fijación de precios y de cuotas. Como dicho comportamiento se puso de manifiesto, en parte, a través de acuerdos y, en parte, a través de prácticas concertadas, la Comisión considera haber actuado legítimamente al declarar probada la existencia de un acuerdo y de una práctica concertada en el artículo 1 de la Decisión. Así pues, en su opinión, ni hizo caso omiso de los conceptos de acuerdo y de práctica concertada ni violó los principios generales del Derecho.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

186 Según reiterada jurisprudencia, en el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 85 del Tratado. Por lo tanto, la Comisión está facultada para calificar esta infracción única de «acuerdo y práctica concertada» o, también, de acuerdo «y/o» de práctica concertada, en la medida en que dicha infracción incluya elementos que deban ser calificados de acuerdo y elementos que deban ser calificados de práctica concertada (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartado 264). En efecto, resultaría artificioso subdividir dicho comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas (sentencia Hercules Chemicals/Comisión, antes citada, apartado 263).

187 En estas circunstancias, no ha de interpretarse que la doble calificación exige la prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada, sino más bien que dicha calificación designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, de los cuales algunos se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado, el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja (sentencia Hercules Chemicals/Comisión, antes citada, apartado 264).

188 Si el artículo 85, apartado 1, del Tratado distingue el concepto de práctica concertada del de acuerdos entre empresas o del de decisiones de asociaciones de empresas, lo hace con objeto de someter a las prohibiciones de esta disposición diferentes formas de coordinación y de colusión entre empresas (sentencia ICI/Comisión, antes citada, apartado 64). No obstante, no se desprende de lo anterior que una serie de conductas que tengan el mismo objeto contrario a la competencia y que, analizadas por separado, puedan subsumirse en el concepto de acuerdo, de práctica concertada o de decisión de una asociación de empresas no puedan constituir manifestaciones diferentes de una misma infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado. En consecuencia, una serie de comportamientos de varias empresas puede constituir la expresión de una infracción única y compleja subsumible en parte en el concepto de acuerdo y en parte en el de práctica concertada (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartados 112 a 114).

189 En contra de lo que alegan las demandantes, la Comisión podía legítimamente afirmar que, en un caso de tales características, no es necesario calificar la infracción englobándola en una sola de las dos categorías, a saber, los acuerdos o las prácticas concertadas.

190 En efecto, la comparación entre los conceptos de acuerdo y de práctica concertada, a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado, demuestra que, desde un punto de vista subjetivo, ambos recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan. De ello se desprende que, aunque dichos conceptos contienen elementos constitutivos parcialmente diferentes, no son recíprocamente incompatibles. Por tanto, la Comisión no está obligada a calificar como acuerdo o práctica concertada cada uno de los comportamientos probados, sino que puede calificar algunos de dichos comportamientos, con carácter principal, como acuerdos y otros, con carácter subsidiario, como prácticas concertadas (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartados 131 y 132).

191 Dicha interpretación no conduce a consecuencias inaceptables en materia de prueba. Por una parte, la Comisión sigue obligada a demostrar que la prohibición contenida en el artículo 85, apartado 1, del Tratado resulta aplicable a cada uno de los comportamientos probados, en calidad de acuerdo, práctica concertada o decisión de una asociación de empresas. Por otra parte, las empresas a las que se imputa haber participado en la infracción tienen la posibilidad de rebatir, para cada uno de los comportamientos, la calificación o calificaciones adoptadas por la Comisión, demostrando que ésta no probó los elementos constitutivos de las diferentes formas de infracción alegadas (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartados 134 a 136).

192 Se deduce de las consideraciones precedentes que la Comisión no incurrió en un error de Derecho al calificar la infracción que se discute, en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión, de «conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas», sin incluirla en una sola de estas dos categorías.

ii) Sobre la calificación como acuerdo de los comportamientos probados

Alegaciones de las partes

193 Las demandantes alegan, en cuanto al concepto de acuerdo a efectos del artí