7.

El examen de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia exige una precisión previa. Como ha alegado la Comisión y como resulta de la vista, las disposiciones de Derecho comunitario mencionadas en la resolución de remisión no son las aplicables al caso de autos. Bastará con señalar en primer lugar, para seguir el orden de las cuestiones prejudiciales en la resolución de remisión, que en el presente asunto no es aplicable el apartado 3 del artículo 35 del Reglamento (CEE) no 1408/71, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y codificada por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 ( 1 ) (en lo sucesivo, «Reglamento»), al que, sin embargo, se refirió el órgano jurisdiccional remitente al plantear la cuestión que se ha citado con el número 1. Dicha cuestión se refiere a la interpretación del Reglamento, frente a posibles disposiciones adoptadas por el legislador nacional que prevean que las prestaciones de Seguridad Social sólo se concederán cuando se reúnan los requisitos previstos en relación con el origen de la enfermedad. No obstante, la Comisión y la propia demandada han señalado que la disposición neerlandesa aplicable, el apartado 1 del artículo 44 de la ZW, no establece requisitos de este tipo, sino que se limita a prever el momento en que sobreviene la invalidez a los efectos de la prestación. En consecuencia, la disposición mencionada en la resolución de remisión no afecta al presente asunto. Las demás cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente tienen, por su parte, como premisa lógica la solución de la primera cuestión. Y ya por esta razón no están correctamente planteadas. A ello se añade que las dos últimas cuestiones se refieren a otra disposición del Reglamento, el apartado 1 del artículo 25, que tampoco afecta a la situación de la demandante. Estas cuestiones surgen, en realidad, de la idea de que la demandante se encontraba desempleada en el momento en que se produjo la incapacidad laboral. No obstante, la Comisión y la demandada niegan esta circunstancia. Por mi parte, comparto su opinion. Es un hecho que la demandante siempre ejerció una actividad laboral y nunca presentó una solicitud para obtener subsidios u otras prestaciones por desempleo. Dicho esto, considero que el análisis que se solicita al Tribunal de Justicia debe efectuarse teniendo en cuenta la sustancia de los problemas que el órgano jurisdiccional nacional ha pretendido plantear e identificando, por lo tanto, las disposiciones del Reglamento comunitario que deben interpretarse en lugar de las erróneamente señaladas en la resolución de remisión. En definitiva, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional neerlandés están destinadas, desde varios puntos de vista, a dilucidar si el Derecho comunitario prohibe o no que se apliquen a la demandante las disposiciones nacionales sobre selección de riesgos, con el resultado de que se le denieguen prestaciones por enfermedad a las que de otro modo tendría derecho. Por otra parte, en el caso que dio lugar al presente litigio, las disposiciones del ordenamiento comunitario sólo pueden impedir la aplicación del Derecho nacional a la demandante en la medida en que ésta sea un trabajador migrante en activo y efectivamente cubierto por un régimen de Seguridad Social.