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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 19 de febrero de 1997. - Intertronic F. Cornelis GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Denuncia - Solicitud de iniciación de un procedimiento por incumplimiento - Recurso por omisión - Inadmisibilidad. - Asunto T-117/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00141



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Palabras clave

1 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Concepto de denuncia a efectos del Reglamento nº 17 - Apreciación en función del objeto de la denuncia - Denuncia que tiene por objeto que se declare que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado - Improcedencia

(Tratado CE, art. 169; Reglamento nº 17, art. 3)

2 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones susceptibles de recurso - Abstención de iniciar un procedimiento por incumplimiento - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 169 y 175, párr. 3)

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3 La naturaleza de una denuncia presentada ante la Comisión debe apreciarse en función de su objeto y no basándose únicamente en criterios formales. Una alusión, sin más precisiones, al artículo 3 del Reglamento nº 17, en un escrito dirigido a la Comisión, no puede conferir a dicho escrito el carácter de una denuncia a efectos de la citada disposición, dado que de dicho escrito se deduce que tiene por objeto que se declare que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

No puede permitirse a un denunciante incumplir las normas directamente aplicables tratando de sustraer al artículo 169 del Tratado un procedimiento regulado en esta disposición, sometiéndose artificialmente a las normas previstas en el artículo 17, las cuales garantizan al denunciante una mejor posición en el procedimiento que la que le concede el artículo 169 del Tratado.

4 No procede admitir el recurso por omisión interpuesto por una persona física o jurídica y que tiene por objeto que se declare que la Comisión, al no iniciar un procedimiento por incumplimiento, se ha abstenido de pronunciarse contraviniendo el Tratado.

Efectivamente, las personas físicas o jurídicas sólo pueden invocar el párrafo tercero del artículo 175 del Tratado para que se haga constar la abstención, violando el Tratado, de adoptar actos de los que sean destinatarios potenciales. Ahora bien, en el marco del procedimiento de declaración de incumplimiento regulado en el artículo 169 del Tratado, los únicos actos que la Comisión puede verse obligada a adoptar están dirigidos a los Estados miembros.

Por otra parte, del sistema del artículo 169 del Tratado se deduce que la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento con arreglo a esta disposición, sino que, por el contrario, dispone, a este respecto, de una facultad de apreciación discrecional que excluye el derecho de los particulares a exigir que dicha Institución defina su postura en un sentido determinado.
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Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas provisionales - Requisitos de concesión - Medidas que no prejuzgan la decisión sobre el fondo del asunto - Recurso principal dirigido a que se declare la responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Pago de unas cantidades en concepto de entrega a cuenta de la indemnización reclamada - Exclusión

(Tratado CE, arts. 178, 186 y 215, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 107, aps. 3 y 4)

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Las medidas provisionales que puede adoptar el Juez que conoce del procedimiento sobre medidas provisionales no pueden tener otro objeto que salvaguardar durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal de Primera Instancia los intereses de una de las partes en el litigio con el fin de evitar que la sentencia que se dicte en el asunto principal sea ilusoria al carecer de eficacia. Con arreglo a los apartados 3 y 4 del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, dichas medidas son, efectivamente, provisionales y, en principio, quedan sin efecto, cuando se pronuncia la sentencia que pone fin al proceso principal. De ello se desprende que no deben prejuzgar la decisión sobre el fondo del asunto, es decir, que no deben decidir ya las consecuencias de la decisión que haya de dictarse posteriormente sobre el fondo.

Por consiguiente, procede desestimar la demanda de medidas provisionales tendente a que se condene a la Comunidad al pago de unas cantidades correspondientes a una parte de la cantidad en la que el demandante evalúa su perjuicio en el marco del recurso interpuesto en el asunto principal fundado en el artículo 178 y en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado.

Efectivamente, estimar dicha demanda supondría anticipar el debate sobre el fondo del asunto, dado que se pide al Juez competente para adoptar medidas provisionales, en el marco de la apreciación del fumus boni iuris, que se pronuncie prima facie acerca de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y, a continuación, que conceda una parte de las medidas solicitadas en el asunto principal, sin que se haya examinado la fundamentación del citado recurso con respecto al párrafo segundo del artículo 215 del Tratado. Pues bien, la declaración de responsabilidad y de los efectos que de ella se deriven no puede fundarse en una apariencia de legitimidad, sino que debe basarse en una apreciación definitiva de los hechos y de los motivos alegados, por lo cual requiere un procedimiento capaz de garantizar a todas las partes el respeto del derecho de defensa.
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1. Recurso de anulación ° Recurso dirigido contra una Decisión ° Revocación de la Decisión impugnada durante la sustanciación del proceso por causa de ilegalidad ° Recurso que queda sin objeto ° Sobreseimiento por falta de interés del demandante en que se declare la anulación

(Tratado CE, art. 173)

2. Procedimiento ° Decisión que sustituye, durante la sustanciación del proceso, a la Decisión objeto de litigio revocada entre tanto ° Procedencia de nuevas pretensiones ° Límites ° Nuevas pretensiones dirigidas contra una Decisión aún no adoptada ° Inadmisibilidad

3. Recurso de anulación ° Sentencia anulatoria ° Definición de las implicaciones relativas a las obligaciones de las autoridades nacionales ° Incompetencia del Juez comunitario

(Tratado CE, arts. 173 y 174)

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1. Cuando una Institución comunitaria, durante la sustanciación del proceso, revoca antes de su ejecución la Decisión que es objeto de un recurso de nulidad, debido a que el procedimiento de elaboración seguido fue ilegal en virtud de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada en otro asunto, dicha revocación, que produce efectos equivalentes a los de una sentencia de anulación, deja sin objeto el recurso y justifica que se acuerde el sobreseimiento siempre que el demandante no pueda demostrar un interés para obtener una sentencia de anulación.

2. Si bien no se excluye que, en el marco de un recurso de anulación, las nuevas pretensiones sean admisibles con carácter excepcional, en cuanto están dirigidas a la anulación de una segunda Decisión que, durante la sustanciación del proceso, sustituya a la Decisión inicial, esta solución no permite que el Juez controle la legalidad de una segunda Decisión hipotética aún no adoptada. Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de las nuevas pretensiones relativas a una Decisión aún no adoptada en cuanto modifican el objeto del recurso.

3. En el marco de un recurso de anulación, el Juez comunitario aun cuando, en el supuesto de que estuviere fundado dicho recurso, declarase el acto nulo y sin valor ni efecto alguno, no es competente para pronunciarse sobre las eventuales obligaciones de las autoridades nacionales derivadas de dicha anulación.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 18 de julio de 1997. - Nutria AE contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Licitación para el suministro gratuito de aceite de oliva destinado a las poblaciones de Georgia y Armenia - Perjuicio alegado por el adjudicatario como consecuencia de la retirada tardía del aceite de oliva por parte del transportista designado por la Comisión - Recurso por responsabilidad extracontractual - Origen contractual de la obligación de la Comisión que sirve de fundamento al recurso - Inexistencia de cláusula compromisoria en el sentido del artículo 181 del Tratado CE - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Primera Instancia. - Asunto T-180/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01317



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Procedimiento - Recurso de indemnización - Incumplimiento, por parte de la Comisión, de obligaciones para con los adjudicatarios de suministros en concepto de ayuda alimentaria - Fundamento contractual - Cláusula compromisoria - Inexistencia - Incompetencia del Juez comunitario

(Tratado CE, arts. 178, 181 y 183)

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En el marco de un litigio entre la Comisión y el adjudicatario de un suministro de ayuda alimentaria a países terceros, el recurso de indemnización interpuesto contra la Institución, como consecuencia de que ésta incumplió su obligación de asegurar la retirada de las mercancías por el transportista por ella designado, en el plazo fijado por la normativa comunitaria y acordado entre el adjudicatario y la Comisión, se basa en un fundamento contractual. En efecto, la ayuda alimentaria se lleva a cabo mediante contratos celebrados entre la Comisión y los adjudicatarios, de modo que la responsabilidad en que pueda incurrir la Comunidad, por razón de la organización de las operaciones de suministro, tiene igualmente naturaleza contractual.

De ello resulta que, a falta de cláusula compromisoria en el sentido del artículo 181 del Tratado, el Tribunal de Primera Instancia, cuando se le somete un recurso por responsabilidad extracontractual interpuesto sobre la base del artículo 178 del Tratado, es manifiestamente incompetente para pronunciarse, en realidad, sobre una acción de indemnización de daños y perjuicios de origen contractual. Si así lo hiciera, el Tribunal de Primera Instancia extendería su competencia judicial más allá de los litigios cuyo conocimiento le está limitativamente reservado por el artículo 183 del Tratado, puesto que, por el contrario, esta disposición confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Comunidad sea parte.
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Recurso por omisión - Finalización de la omisión antes de la interposición del recurso - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 175)

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No se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso por omisión, previstos en el artículo 175 del Tratado, cuando la Institución demandada, a la que se ha requerido para actuar, define su posición, después de haber expirado el plazo de dos meses establecido en el párrafo segundo de dicho artículo, si bien antes de la interposición del recurso.

En este sentido, es indiferente el hecho de que dicha definición de posición de la Institución no satisfaga a la demandante, ya que el artículo 175 se refiere a la omisión que consiste en abtenerse de pronunciarse o no definir su posición y no a la adopción de un acto diferente del que los interesados hubieran deseado o considerado necesario.
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1 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Gastos necesarios efectuados por las partes - Elementos que han de tomarse en consideración

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Intervención de varios Abogados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1 Del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que las costas recuperables se circunscriben, por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, y, por otro, a los gastos que hayan sido necesarios con tal motivo.

Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Juez comunitario debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes. A este respecto, dicho Juez no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Asesores. (véanse los apartados 14 y 15)

2 Aunque, en principio, sólo los honorarios de un Abogado pueden considerarse incluidos en el concepto de «gastos necesarios», en el sentido del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, procede, sin embargo, tener en cuenta, principalmente, el número total de horas de trabajo que puedan resultar objetivamente necesarias para el procedimiento seguido ante el Tribunal de Primera Instancia, al margen del número de Abogados entre los que hayan podido distribuirse los servicios prestados.

Los gastos relativos a la intervención de otro Abogado más durante el procedimiento contencioso sólo podrían ser soportados por la parte condenada en costas en la medida en que correspondan al tiempo que este otro Abogado consagró a los autos, sin incluir, sin embargo, el tiempo que necesariamente tuvo que emplear para conocer dichos autos. (véanse los apartados 20 y 21)
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Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Decisión del Consejo por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social ° Recurso de una asociación que no representa, a escala nacional, a la totalidad de un sector de la vida económica y social ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 173, párr. 4; 193, y 194)

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Una asociación nacional que representa los intereses de un gran número de jubilados no resulta afectada por una Decisión del Consejo por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social en razón de cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otra persona. En efecto, por una parte, los miembros del Comité Económico y Social son nombrados en su condición de representantes de diferentes sectores de la vida económica y social, y no para representar los intereses de las asociaciones a las que puedan, en su caso, pertenecer, no deben estar vinculados por ningún mandato imperativo y ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Comunidad. Por otra parte, la defensa de intereses generales no es suficiente para determinar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una asociación.

Por otra parte, una asociación que, a escala nacional, sólo representa a uno de los elementos constitutivos de uno de los sectores mencionados en el artículo 193 del Tratado, y no a la totalidad de dicho sector, no se encuentra en una situación que le confiera el derecho a ser tomada en consideración por el Consejo cuando éste adopte su decisión de nombramiento.

No puede considerarse, pues, en ningún sentido, que dicha asociación resulta individualmente afectada, en el sentido del artículo 173 del Tratado.
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El demandante, que ya había cubierto más de treinta y cinco años de servicios en el momento del cese en sus funciones, ante todo porque la cantidad total de anualidades le daba derecho a percibir la cuantía máxima de la pensión de jubilación con arreglo al artículo 77 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Estatuto»), dirigió, el 20 de octubre de 1989, una carta certificada con acuse de recibo al Jefe de la Unidad «Pensiones y relaciones con los antiguos funcionarios», recibida el 24 de octubre de 1989 por su destinatario, en la que impugnó la resolución por la que se fijan sus derechos a la indemnización mensual, conforme a lo dispuesto en el Reglamento n° 3518/85 del Consejo, que le había sido enviada el 23 de agosto de 1989 por el Jefe de la Unidad «Pensiones». En esta carta, el demandante impugnó únicamente los citados puntos B y C 5 de dicha resolución, sosteniendo: «El contenido no sólo me parece diametralmente opuesto a la esencia del antiguo Estatuto CECA y, en particular, de su artículo 34, sino también antiestatutario»(traducción no oficial). En lo que atañe al punto B, el demandante estimó que los períodos durante los cuales percibiría la indemnización deberían haberse computado como sigue: «— 100 % de la última retribución básica desde el 1 de septiembre de 1989 hasta el 31 de agosto de 1991, — 50 % de la última retribución básica desde el 1 de septiembre de 1991 hasta el 14 de noviembre de 1991», esta última era la fecha en la que el demandante cumpliría los 60 años de edad. En efecto, declaró en esta carta que deseaba hacer valer sus derechos a la pensión de jubilación a partir de esta fecha, con mayor razón teniendo en cuenta que entonces había cubierto treinta y ocho años de servicio que le permitirían recibir una pensión de jubilación del 70 %. De esta manera, según el demandante, no percibiría su pensión de jubilación a partir del 1 de septiembre de 1993, como erróneamente se indicaba en la resolución, sino desde el 15 de noviembre de 1991. En lo que atañe a la impugnación del citado punto C 5, el demandante subrayó que, desde el 1 de septiembre de 1989, contaba con treinta y seis años de servicio y que, en consecuencia, solicitaba a los servicios competentes de la Comisión: «Que tengan a bien suspender la deducción de la cuota para la pensión, conforme a lo preceptuado por el citado Reglamento y por el artículo 34 del Estatuto CECA, y que se me abonen los importes deducidos en los meses de septiembre y octubre de 1989 en concepto de cuotas para pensión». Las dos partes no coinciden en la calificación jurídica que procede otorgar a esta carta de 20 de octubre de 1989: para el demandante, se trata de una mera solicitud de aclaración; para la Comisión, se trata de una reclamación.
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1. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Costas recuperables ° Concepto ° Intereses, respecto al período anterior al auto de tasación, por las cantidades pagadas a los Abogados ° Exclusión

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Elementos que deben tomarse en consideración

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

3. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Costas recuperables ° Concepto ° Intervención de varios Abogados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1. El auto que fija el importe de las costas constituye el título jurídico del derecho de las partes a su reembolso. Una parte no puede por ello reclamar, por el período anterior a dicho auto, en concepto de costas recuperables, el pago de intereses sobre las cantidades pagadas a sus Abogados.

2. El Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes deben abonar a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. De esto se sigue que el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular.

Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, el volumen de trabajo que el proceso contencioso pudo causar al Abogado y los intereses económicos que el litigio representó para las partes.

3. En principio, únicamente la remuneración de un solo Abogado puede considerarse comprendida dentro del concepto de "gastos necesarios" en el sentido de la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
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Mediante carta presentada al Tribunal de Primera Instancia el 16 de octubre de 1990, la parte demandante en el asunto T-13/89 comunicó al Tribunal que: «La misma ha examinado nuevamente los documentos de que se trata y ha renunciado a su demanda de tratamiento confidencial de la página 103 del escrito de demanda y del anexo 9 del mismo, puesto que las informaciones que allí figuran sobre el volumen de los negocios ya no son actuales y, por consiguiente, no constituyen ya un problema en el aspecto comercial. No obstante, ICI solicita al Tribunal que acceda a su demanda de tratamiento confidencial del texto completo de los distintos motivos deducidos (aunque aceptando la comunicación de las versiones preparadas para tal fin) así como del informe de auditoría de Coopers y Lybrand relativo a su volumen de negocios. Todos estos documentos contienen informaciones relativas a determinados clientes de ICI y, aunque tales informaciones ya no sean actuales, no obstante tienen un carácter delicado a nivel comercial.»
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En consecuencia, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, son aplicables los artículos 4 y 26, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, en su versión aplicable antes de la modificación por el Reglamento 2015/2424, así como el artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424. No obstante, en lo que concierne a esta última disposición, la aplicación ratione temporis del Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, no conduce a un resultado diferente en lo que respecta al examen del presente recurso. En efecto, la modificación introducida en el Reglamento n.o 207/2009 por el Reglamento 2015/2424 no afecta a las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 207/2009, únicas pertinentes para el examen del presente recurso. Por consiguiente, en el presente asunto, en cuanto atañe a las normas sustantivas, las referencias al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, formuladas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y por la recurrente en su escrito de interposición del recurso, deben entenderse hechas al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada, cuyo tenor es idéntico.
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En primer lugar, la demandante aduce que, en respuesta al escrito de la Secretaria General del SEAE de 27 de noviembre de 2019 por el que se le notificó el informe final de evaluación del período de prueba, presentó observaciones que no fueron atendidas. Afirma que no pudo influir en el proceso de adopción de decisiones de la AFPN, como demuestran, por una parte, el hecho de que la primera decisión impugnada no hace referencia a las observaciones que presentó el 12 de diciembre de 2019 y el 30 de enero de 2020 y, por otra parte, el hecho de que de esa decisión no resulta en modo alguno que la AFPN ejerciera realmente su facultad de apreciación a la vista de las observaciones presentadas por ella sobre dicho informe.
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Además, los supuestos problemas internos que puedan experimentarse al ejecutar la decisión de la Comisión no pueden justificar que un Estado miembro incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión. En particular, las dificultades de orden administrativo y práctico que representa el gran número de beneficiarios de las ayudas no permiten considerar que la recuperación sea técnicamente imposible de realizar [sentencia de 12 de mayo de 2021, Comisión/Grecia (Ayudas a los productores agrícolas), C‑11/20, no publicada, EU:C:2021:380, apartado 44].