2.

La Comisión, desde el punto de vista de las consideraciones que le llevaron a la adopción de la decisión de 11 de julio de 1984, explica que la decisión impugnada forma parte de un conjunto de medidas que se refieren, por un lado, a la carrera de los funcionarios y, por otro, a su movilidad. La medida impugnada, limitada a los traslados, pretende obtener la «descompartimentación del servicio lingüístico» que permita ampliar la libertad de elección de los funcionarios, en la medida en que ampliará la base a partir de la cual podrá efectuarse la elección de traslado a un puesto dentro de la institución, permitiendo escoger entre un número de funcionarios lo más amplio posible. La Comisión expone que su objetivo es someter a sus funcionarios, y sobre todo a los del servicio lingüístico y a los de la categoría general, a idénticas condiciones de ingreso y de carrera. En este orden de ideas, las condiciones de admisión a los concursos serían ahora las mismas para los concursos A y LA, la experiencia profesional pertinente se tendría en cuenta de la misma manera para el nombramiento en grado y la clasificación en escalón de los funcionarios A y de los funcionarios LA (decisión del 1 de septiembre de 1983, sobre los criterios de clasificación en el momento del ingreso), y en materia de promociones, igualmente, los métodos de valoración de los méritos de los funcionarios del servicio lingüístico y de los de la categoría A general serían completamente equiparables. Esta orientación estaría justificada, por una parte, por el hecho de que la formación de los lingüistas excede a menudo a la que se exige para el cumplimiento estricto de sus funciones y de que determinadas funciones de la categoría general exigen una cualificación que es más fácil que posea un funcionario que cuente con una experiencia en el ámbito lingüístico (p. ej., control de la aplicación comparada de las Directivas) y, por otra parte, debido al hecho de que la categoría A general incluye, al menos en principio, un grupo muy heterogéneo de profesionales (juristas, economistas, agrónomos, veterinarios, biólogos, médicos, ingenieros, especialistas en informática, pasando por el sector nuclear), sin que ello impida un desarrollo idéntico de las carreras dentro de esta categoría o de los traslados desde la primera fase de puesto vacante. La Comisión mantiene que los cambios de práctica, como el que representa la decisión objeto del litigio de 11 de julio de 1984, cuya aplicación permitió el traslado a la categoría A de seis lingüistas, incluyendo dos juristas y un químico, son lícitas siempre que se basen en criterios objetivos, sin que permitan cuestionar la legalidad de la antigua o de la nueva práctica. Se remite a este respecto al cambio de práctica efectuado en 1971 en lo que se refiere al paso de funcionarios de los servicios científico o técnico hacia la categoría general y señala que este cambio no suscitó oposición alguna. Desde el punto de vista jurídico, la Comisión señala que toda la argumentación de las partes demandantes se basa en la idea de que existe una distinción absoluta entre los funcionarios de la categoría A y los que pertenecen a un servicio determinado. Considera injustificada esta argumentación por el hecho de que los funcionarios pertenecen ante todo a una categoría y conservan esta condición y las características generales, aun cuando estén destinados a un servicio concreto. Según la Comisión, la pertenencia a una categoría prevalece sobre la pertenencia a un servicio, en cuanto a los derechos que de ella se deriven (Anexo I, parte B, del Estatuto, correspondencia entre los puestos de trabajo tipo y las carreras de los servicios científico o técnico) en relación con el desarrollo de la carrera, sin que los efectos derivados de la pertenencia a una categoría puedan limitarse al nivel simplemente pecuniario o parapecuniario. Esto hace jurídicamente posible los traslados en el interior de cada categoría con arreglo a la primera fase del artículo 29. De este modo, la Comisión considera que el problema esencial planteado por los presentes asuntos se reduce a la interpretación del apartado 2 del artículo 45 del Estatuto, puesto que se se trata de saber si el cambio de práctica establecido por la decisión de 11 de julio de 1984 es contrario o no a esta disposición. Su posición en este punto consiste en mantener la obligatoriedad del concurso para el paso de un servicio a otro o de una categoría a otra, pero no para el paso de un servicio en el interior de una categoría hacia la misma categoría pero fuera del servicio, y viceversa. Mantiene que la expresión «un servicio», que aparece en el apartado 2 del artículo 45 del Estatuto, se refiere de este modo sólo a la noción de «otro servicio» y la expresión «una categoria» ùnicamente a la noción de «categoría superior». Según la Comisión esta interpretación encuentra mayor justificación aún en las versiones neerlandesa e inglesa de dicha disposición, sin que se oponga el párrafo 2 del artículo 98 del Estatuto, que establece que las disposiciones del párrafo 2 del artículo 45 no serán aplicables a los funcionarios comprendidos en el artículo 92, es decir, a los funcionarios de los servicios científico o técnico. Afirma que, si bien esta excepción expresa se consideró necesaria en lo que se refiere a estos funcionarios, no era en cambio necesaria para el paso inicial entre las dos ramas del servicio lingüístico (traducción e interpretación), debido a la unicidad del mismo. Respecto a la alegación de los demandantes de que el apartado 3 del artículo 5, que exige unas condiciones de ingreso y de desarrollo de la carrera idénticas para un mismo servicio y una misma categoría, se relaciona con lo dispuesto en el apartado 2, que establece el servicio lingüístico, la Comisión señala que, si esta alegación fuera válida, lo sería también para los servicios científico o técnico. La Comisión subraya que los demandantes no parecen admitir, sin embargo, esta consecuencia, puesto que, según su interpretación, a los funcionarios del servicio científico o técnico no se les puede aplicar los efectos jurídicos que se derivan de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45, lo que explica que, desde 1971, los funcionarios que pertenecen al mismo puedan optar a los puestos A de la categoría general desde la primera fase del artículo 29 del Estatuto. Por consiguiente, según la Comisión, debería rechazarse la alegación sistemática basada en el orden en el que aparecen los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Estatuto. Considera que la única finalidad del apartado 2 del artículo 5 es la de precisar, para el servicio lingüístico, lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1, según el cual los puestos de trabajo de una misma especialidad profesional podrán agruparse en servicios que comprendan varios grados de una o varias categorías, lo que no es aplicable a los funcionarios de los servicios científico o técnico, dado que éstos pueden pertenecer a todas las categorías y grados, tal como se desprende del Anexo I, parte B, del Estatuto. Además, la Comisión considera que el apartado 3 del artículo 5 del Estatuto no tiene el sentido que le dan los demandantes. Afirma que el término «respectivamente» que aparece en el mismo no se aplica a las nociones «categoría» y «servicio» que le preceden, sino a las de «idénticas condiciones de ingreso», por una parte, y «desarrollo de la carrera» por otra, tal como se deduciría de las versiones inglesa (donde falta el término «respectively») y alemana («gelten jeweils») del texto. Por otra parte, según la Comisión, la expresión «idénticas condiciones de ingreso» significa que estas condiciones deben ser idénticas para la categoría general, por un lado, y para los diferentes «servicios», por otro, lo que hace que las condiciones relativas a la categoría general puedan diferir de las condiciones relativas a un servicio, sin que ello se oponga a la aplicación de una política de personal que permita hacer idénticas las condiciones de ingreso y de desarrollo de la carrera, al menos cuando se trate de condiciones generales como los estudios, su duración y los criterios para tener en cuenta la experiencia profesional, y no afecte a las condiciones especiales como la especificidad de la formación y la experiencia, que pueden diferir incluso en el interior de la categoría general. La Comisión señala igualmente que, aun si se aceptara la interpretación según la cual el apartado 2 del artículo 5 del Estatuto supone que la pertenencia a un servicio determinado neutraliza los efectos que se derivan de la pertenencia a la categoría general, no se podría deducir de ello que el paso de uno a otro equivalga a un ingreso ni que, por consiguiente, deba someterse a las normas relativas al ingreso. A este respecto, la Comisión subraya que, al asimilar el traslado de funcionarios LA hacia la categoría general a un ingreso, los demandantes son víctimas de un malentendido, al tomar como punto de partida los ejemplos de algunas «nuevas clasificaciones» de funcionarios del servicio a la categoría general, que se efectuaron en la medida en que estas nuevas clasificaciones eran consecuencia necesaria de las diferencias de fondo que caracterizaban, en el pasado, las condiciones de ingreso y de desarrollo de la carrera, mientras que en la actualidad, por el paralelismo de las condiciones de ingreso y de carrera, el paso a la categoría general se lleva a cabo manteniendo el grado y el escalón. La Comisión cuestiona también la pertinencia de las sentencias y conclusiones invocadas por los demandantes. Señala que en los asuntos Angelidis, Michel, Samara y Spachis, las decisiones objeto de los litigios se habían tomado antes de la adopción de la decisión de 11 de julio de 1984, es decir, antes de la aplicación de la nueva política de carreras y de movilidad. En la medida en que estas sentencias se refieren a decisiones relativas a una clasificación, se trata de la aplicación de la antigua decisión derogada por la de 1 de septiembre de 1983, acutalmente en vigor, que prevé la valoración de toda la experiencia profesional aprovechable y no sólo de la experiencia apropiada para el puesto vacante, lo que no va en contra del artículo 32 del Estatuto que se refiere a «la experiencia profesional específica del interesado» y no a la adecuada para un puesto determinado. Según la Comisión, las conclusiones en el asunto Vlachos contra Tribunal de Justicia no son, tampoco, pertinentes en el caso de autos, ya que el paso de LA a A no constituye un paso ni a una nueva categoría ni a un servicio, teniendo en cuenta que la categoría general A no es un servicio. Por otra parte, en el asunto Giuffrida contra Consejo, el Tribunal de Justicia sancionó sólo una desviación de poder consistente en la organización de un concurso dirigido a paliar las anomalías de la situación administrativa del interesado, con el fin de proceder a su nombramiento. Al referirse a la necesidad de organizar un concurso-oposición, el Tribunal de Justicia pretendió reforzar la justificación de una obligación moral contraída por el Consejo con su personal, y al declarar que el concurso interno puede conducir al paso hacia una categoría superior o hacia el servicio LA, no se pronunció sobre la posibilidad de que los funcionarios LA ocupen un puesto vacante de la categoría A mediante traslado. Por último, en el asunto Van Belle contra Consejo, se trataba del paso de la categoría B a la categoría A recurriendo a la aplicación del apartado 2 del artículo 29, caso en el que no puede negarse la exigencia de un concurso. La Comisión añade que la referencia hecha por los demandantes a la disposición transitoria que aparece en la versión del Estatuto de 1962, según la cual, hasta el 31 de marzo de 1963, podrían hacerse excepciones, extraordinariamente, a lo dispuesto en el artículo 45, no es procedente en el caso de autos, ya que estas excepciones no se refieren más que a los cambios de categoría y a los pasos entre servicios, sin afectar a la interpretación de la disposición objeto del litigio desde el punto de vista del problema específico planteado en el caso de autos. Asimismo, en relación con la respuesta que ella misma dio en 1963 a una pregunta escrita, la Comisión subraya que han cambiado las circunstancias que la justificaron en su momento. Por último, la Comisión no considera estar vinculada por la opinión del miembro de su Servicio Jurídico expresada en el seno del Comité del Estatuto, ya que su único valor fue el de la opinión de un jurista puesto a disposición de este Comité. Cita un pasaje del acta de la reunión de este órgano, de 28 de septiembre de 1984, según el cual «el representante de la Comisión quiere precisar que la decisión de la Comisión de 11 de julio de 1984 ha sido adoptada sin objeción por parte de su Servicio Jurídico».