SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 25 de octubre de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del clorato de sodio – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Recurso de anulación – Reparto del mercado – Fijación de precios – Conjunto de indicios – Fecha de las pruebas – Declaraciones de competidores – Confesión – Duración de la infracción – Multas – Gravedad de la infracción – Circunstancias atenuantes»

En el asunto T‑348/08,

Aragonesas Industrias y Energía, S.A.U., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. I.S. Forrester, QC, y los Sres. K. Struckmann, P. Lindfelt y J. García-Nieto Esteva, abogados,

parte demandante,

y

Comisión Europea, representada por los Sres. A. Biolan, J. Bourke y R. Sauer, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión C(2008) 2626 final de la Comisión, de 11 de junio de 2008, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/38.695 – Clorato de sodio), en cuanto afecta a Aragonesas Industrias y Energía, y con carácter subsidiario, una pretensión de anulación o de reducción sustancial de la multa impuesta a ésta en dicha Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de septiembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Aragonesas Industrias y Energía, S.A.U., es una sociedad española. Constituida en 1992, pertenecía entonces a la división de productos químicos del grupo Uralita, que incluía las actividades correspondientes al clorato de sodio y que se hallaba bajo la dirección de la sociedad Uralita, S.A. (en lo sucesivo, «Uralita»). Hasta 1994, Uralita poseía el 100 % de las acciones de la demandante. En diciembre de 1994, Uralita creó una sociedad holding, denominada Energía e Industrias Aragonesas EIA, S.A. (en lo sucesivo, «EIA»), a la que se transfirieron todas las actividades químicas. La demandante se convirtió entonces en una filial al 100 % de EIA. Inicialmente, Uralita poseía el 98,84 % de las acciones de EIA; posteriormente, del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2000, esta participación de Uralita en el capital de EIA evolucionó entre el 49,44 % y el 50,71 %.

2 El clorato de sodio es un potente oxidante obtenido por electrolisis de una solución acuosa de cloruro de sodio en una célula sin diafragma. El clorato de sodio se puede producir en forma cristalizada o en solución. Tiene su principal aplicación en la fabricación de dióxido de cloro, utilizado en la industria de la pulpa y del papel para el blanqueo de pulpa química. Sus restantes aplicaciones se refieren, en una menor medida, a la purificación de agua potable, al blanqueo textil, a los herbicidas y al refinado de uranio [segundo considerando de la Decisión C(2008) 2626 final de la Comisión, de 11 junio 2008, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/38.695 – Clorato de sodio; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»)].

3 El 28 de marzo de 2003, representantes de EKA Chemicals AB (en lo sucesivo, «EKA»), sociedad domiciliada en Suecia, presentaron una solicitud de dispensa o, en su defecto, de reducción de multas, con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación») en relación con la existencia de un cártel en la industria del clorato de sodio. La solicitud de EKA estaba respaldada por elementos de prueba documental que la misma facilitó y por declaraciones orales de sus representantes, el 31 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «declaraciones de EKA de 2003»).

4 El 30 de septiembre de 2003, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó una Decisión concediendo a EKA una dispensa condicional del pago de las multas, de conformidad con el apartado 15 de la Comunicación sobre la cooperación.

5 El 10 de septiembre de 2004, la Comisión dirigió solicitudes escritas de información, en virtud del artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), a Finnish Chemicals Oy (en lo sucesivo, «FC»), sociedad domiciliada en Finlandia, a Arkema France SA, sociedad domiciliada en Francia y designada, en la Decisión impugnada, con la razón social «Atochem» (en lo sucesivo, «Arkema France»), y por último, a la demandante.

6 El 24 de septiembre de 2004, el Sr. L., empleado de Arkema France [en lo sucesivo, «Sr. L (Arkema France)»] fue oído por la Comisión (en lo sucesivo, «declaraciones de Arkema France»).

7 El 18 de octubre de 2004, Arkema France presentó, en su respuesta a la solicitud de información de la Comisión, una solicitud de dispensa o de reducción de multas, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación.

8 El 29 de octubre de 2004, FC presentó a la Comisión, en una reunión en los locales de ésta, una solicitud de reducción de multas basada en la Comunicación sobre la cooperación y facilitó oralmente a la Comisión información sobre la investigación relativa al clorato de sodio. Mediante escrito de 2 de noviembre de 2004, FC confirmó su solicitud de reducción de multas y facilitó al mismo tiempo elementos de prueba documental de su participación en la infracción imputada por la Comisión.

9 El 4 de noviembre de 2004, se celebró una reunión entre la Comisión y los representantes de EKA. El 11 de noviembre de 2004, EKA presentó a la Comisión información adicional sobre la evolución reciente del mercado del clorato de sodio.

10 El 3 y el 9 de diciembre de 2004, la demandante contestó a las solicitudes de información de la Comisión de 10 de septiembre de 2004.

11 El 6 de julio de 2006, EKA realizó una nueva declaración oral dirigida a la Comisión, declaración a la que siguieron entrevistas con dos de sus empleados, el 19 y el 20 de julio de 2006. El 29 de agosto de 2006, EKA realizó unas nuevas declaraciones orales en una reunión en los locales de la Comisión (en lo sucesivo, «declaraciones de EKA de 2006»).

12 Entre el 13 de noviembre de 2006 y el 11 de abril de 2008, la Comisión dirigió solicitudes de información, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, a varias sociedades y, en particular, el 13 de noviembre de 2006, el 8 de febrero y el 12 de marzo de 2007, y el 11 de abril de 2008, a la demandante.

13 El 27 de julio de 2007, la Comisión elaboró un pliego de cargos cuyos destinatarios eran, en particular, EKA, FC, Arkema France, la demandante y Uralita.

14 En el plazo fijado, la demandante envió a la Comisión sus observaciones al pliego de cargos. La demandante tuvo acceso, por una parte, al expediente de la Comisión mediante un DVD que ésta le remitió y que incluía documentos públicos, y por otra parte, a la transcripción de las declaraciones orales de los solicitantes, que pretendían beneficiarse de la Comunicación sobre la cooperación, obtenidas por la Comisión durante el procedimiento de investigación.

15 El 20 de noviembre de 2007, varias de las sociedades interesadas, entre ellas Uralita, pero no la demandante, ejercieron su derecho a una audiencia oral por la Comisión.

16 El 11 de junio de 2008, la Comisión adoptó la Decisión impugnada y la notificó a la demandante el 16 de junio siguiente.

17 En el considerando 69 de la Decisión impugnada, la Comisión pone de manifiesto, en esencia, que EKA, FC, Arkema France y la demandante participaron en reuniones y mantuvieron contactos para repartirse los mercados asignándose sus volúmenes de ventas y para fijar los precios del clorato de sodio en el mercado del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»). En base a ello, la Comisión formuló una relación de 72 contactos contrarios a la competencia, bien en forma de reuniones, bien de llamadas telefónicas (en lo sucesivo, «72 contactos contrarios a la competencia»). Esta relación se incluye en el anexo I de la Decisión impugnada. Además, en el anexo II de la Decisión impugnada, se incluye una lista de las personas mencionadas en dicha Decisión. Entre los nombres citados figuran los de los Sres. S. y W., empleados de EKA [en lo sucesivo, «Sr. S. (EKA)» y «Sr. W. (EKA)»], de los Sres. A. y S. [en lo sucesivo, «Sr. S. (FC)»], empleados de FC, del Sr. L. (Arkema France) y del Sr. A., empleado de la demandante [en lo sucesivo, «Sr. A. (Aragonesas)»]. En el mismo considerando 69 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que las prácticas contrarias a la competencia referidas tuvieron lugar a partir del 21 de septiembre de 1994, por lo que respecta a EKA y a FC, a partir del 17 de mayo de 1995, en el caso de Arkema France, y a partir del 16 de diciembre de 1996, por lo que respecta a la demandante. A juicio de la Comisión, duraron, al menos, hasta el 9 de febrero de 2000, en el caso de EKA, FC, Arkema France y de la demandante.

18 En los considerandos 70 y 71 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que el cumplimiento de las decisiones tomadas en el cártel se comprobaba, principalmente, en reuniones bilaterales y en conversaciones telefónicas, en las cuales las partes intercambiaban información comercialmente sensible acerca de las negociaciones con los clientes, en concreto, en relación con los volúmenes vendidos y los precios aplicados. Añadió que los participantes en el cártel llevaban a cabo una estrategia de estabilización del mercado de clorato de sodio, cuyo fin último era repartirse los volúmenes de venta del producto, coordinar la política de fijación de precios para con los clientes, y optimizar, de este modo, sus márgenes.

19 Además, en los considerandos 73 a 78 de la Decisión impugnada, la Comisión describió las grandes líneas de los principios fundamentales y del funcionamiento del cártel. Para ello, hizo mención de numerosos contactos entre los principales productores de clorato de sodio que tenían por objeto principal negociar entre ellos para repartirse sus volúmenes de venta en los mercados geográficos afectados y fijar los precios a alcanzar en los contratos celebrados con los clientes. A juicio de la Comisión, el intercambio de información comercialmente sensible constituía un aspecto importante del comportamiento colusorio, dado que los participantes podían prever después el comportamiento de sus competidores en el mercado. En cuanto al funcionamiento del cártel, la Comisión afirma que los productores de clorato de sodio mantenían contactos frecuentes mediante reuniones bilaterales o multilaterales y conversaciones telefónicas sin seguir, no obstante, un esquema prefijado. Sin embargo, precisa que, por lo que se refiere a los directivos superiores, las conversaciones tenían lugar con ocasión de reuniones multilaterales, a menudo al margen de las reuniones del grupo de trabajo del clorato de sodio del Consejo Europeo de la Industria Química (en lo sucesivo, «CEFIC»). Por último, a juicio de la Comisión, por lo que respecta al calendario de las negociaciones, los contactos entre los competidores se intensificaban, por lo general, a finales de cada año (entre los meses de octubre y de diciembre), período que se correspondía con la negociación anual de los contratos entre los productores de clorato de sodio y sus clientes para el año siguiente. No obstante, la Comisión expone que, durante el período investigado, estas negociaciones continuaban a menudo una vez iniciado el año, especialmente, durante los meses de enero y febrero.

20 En cuanto al comportamiento infractor de la demandante, de los considerandos 350 y 356 de la Decisión impugnada resulta que, para valorar su participación en los acuerdos ilícitos, la Comisión se basó, por una parte, en las solicitudes de dispensa o de reducción de multas, por otra parte, en los documentos coetáneos que acreditan, en opinión de la Comisión, que la demandante se había entrevistado con otras partes del cártel, y por último, en la confesión de la demandante acerca de su participación en una reunión ilícita, al margen de una reunión oficial del CEFIC, el 28 de enero de 1998, en Bruselas (en lo sucesivo, «reunión ilícita del 28 de enero de 1998»).

21 Por lo que se refiere, más concretamente, a los elementos de prueba coetáneos a la infracción, la Comisión manifiesta, en los considerandos 349 y 350 de la Decisión impugnada, lo siguiente:

«(349) Las notas del [Sr. S. (FC)] se refieren tres veces a una conversación telefónica con la demandante. En primer lugar, el 16 de diciembre de 1996, el [Sr. S. (FC)] confirmó, en una conversación con el [Sr. S. (EKA)], que [FC] estaba conforme con los precios acordados para España y Portugal, mencionando entonces conversaciones con [la demandante]: “[CONFIDENCIAL]” (se han resaltado algunas partes, véase el considerando 130). La anotación “[CONFIDENCIAL]” demuestra que el [Sr. S. (FC)] había mantenido previamente una conversación personal con [la demandante] sobre los precios, que se inscribía en el sistema de los acuerdos entre las partes del cártel. A continuación, las notas del [Sr. S. (FC)] mencionan una conversación telefónica con el [Sr. S. (EKA)]: “[CONFIDENCIAL]” (se han resaltado algunas partes, véase el considerando 219). Esta anotación prueba que Arkema France trató directamente de los precios con [la demandante], lo que, una vez más, se incluye en la coordinación general de precios. Por último, las notas del [Sr. S. (FC)] precisan, en relación con una llamada telefónica del 9 de diciembre de 1999: “[CONFIDENCIAL]” (se han resaltado algunas partes, véase el considerando 258). De esta anotación resulta que el [Sr. S. (FC)] anotó lo que el [Sr. L. (Arkema France)] le había relatado al teléfono o que informó a éste de su propia conversación con [la demandante]. Poco importa que [la demandante] se entrevistara con uno y no con el otro, porque del contenido de las notas se trasluce que la discusión en cuestión era ilícita.

(350) Estas referencias prueban claramente contactos telefónicos directos con [la demandante] e indican manifiestamente que ésta contribuyó directamente a los acuerdos generales sobre precios. Más aún, [la demandante] confirmó haber participado en la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, durante la cual los competidores mantuvieron discusiones ilícitas (véanse los considerandos 182 y 184). Así pues, la Comisión concluye, basándose en las declaraciones orales recibidas en el presente asunto y en los elementos de prueba coetáneos a los hechos que indican con claridad un comportamiento contrario a la competencia por su parte, que [la demandante] participó en la infracción en su totalidad. En tales circunstancias, incumbe a [la demandante] aportar pruebas que expliquen de qué modo su conducta es compatible con un comportamiento competitivo.»

22 En el considerando 352 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó lo siguiente:

«En los demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada], la Comisión acepta la alegación de la empresa de que la información puede proceder de terceros y no de la propia interesada. El expediente de la Comisión no incluye suficientes elementos de prueba que permitan determinar con certeza que la información controvertida procediese directamente de la demandante. Se tendrá en cuenta en relación con la duración de la infracción de la que debe responder [la demandante].»

23 Por lo que respecta a la duración de la infracción, y, en concreto, a las fechas de inicio y de fin de la participación de la demandante en la infracción, la Comisión expuso y concluyó, en los considerandos 487 a 489 de la Decisión impugnada, en los términos que siguen:

«(487) EKA y [FC] participaron en los acuerdos contrarios a la competencia desde [...] y [la demandante], por lo menos, desde el 16 de diciembre de 1996 (véase el considerando 130). [...]

(488) En cuanto al fin de la infracción, por lo que la Comisión conoce, la última reunión contraria a la competencia –en la que participaron EKA, Atochem y [la demandante]– se celebró el 9 de febrero de 2000. En esta reunión, EKA se distanció abiertamente del cártel anunciando su negativa a participar en cualquier otra conversación con los competidores. Uno de los participantes indicó claramente en la misma su voluntad de dejar de participar en el cártel, siendo éste, por lo que la Comisión conoce, el último contacto entre productores de clorato de sodio que se tiene en cuenta (véase también el considerando 283). Pese a que EKA, Atochem y [la demandante] participaron directamente en la reunión del 9 de febrero de 2000, nada indica, en el expediente de la Comisión, que [FC] se hubiese distanciado abiertamente del cártel antes de esta fecha (puesto que, por otra parte, ninguna de las partes afirmó tal distanciamiento). En consecuencia, la Comisión considera el 9 de febrero de 2000 como la fecha de finalización del cártel para todas las empresas interesadas, en el caso de autos, EKA, [FC], Atochem y [la demandante].

(489) De ello se desprende que la duración total, en los términos descritos en la [...] Decisión [impugnada], asciende a [...] 3 años y 1 mes para [la demandante] y para Uralita.»

24 En los considerandos 444 y 455 a 468 de la Decisión impugnada, la Comisión considera, por una parte, que Uralita ejerció una influencia determinante en la orientación estratégica y en la política comercial global de la demandante, y por otra parte, que, a raíz de la absorción de EIA por Uralita, la responsabilidad de la infracción correspondiente a EIA por su condición de único accionista de la demandante, se transmitió a Uralita. Por tanto, en los considerandos 469 y 487 a 489 de la Decisión impugnada, la Comisión responsabiliza solidariamente a [la demandante] y a Uralita por la infracción cometida por la primera entre el 16 de diciembre de 1996 y el 9 de febrero de 2000 (en lo sucesivo, «infracción controvertida»), es decir, por una duración total de tres años y un mes.

25 Por lo que respecta a la determinación del importe de las multas que se deben imponer, del considerando 498 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión se basó en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»). Además, en el caso de autos, del considerando 509 de la Decisión impugnada se desprende que, para determinar el valor de las ventas, la Comisión tuvo en cuenta las ventas de clorato de sodio realizadas por cada empresa en el EEE durante el ejercicio social correspondiente al último año completo de la infracción finalizado el 31 de diciembre de 1999.

26 En cuanto a la determinación del importe de base de la multa, de los considerandos 509 a 524 de la Decisión impugnada se infiere que la Comisión señaló, en primer lugar, en cuanto a la gravedad de la infracción controvertida, por una parte, que ésta, al basarse en acuerdos en materia de reparto de mercados y de fijación de precios, era especialmente grave (considerando 512 de la Decisión impugnada), por otra parte, que la cuota de mercado combinada de las empresas que participaron en esta infracción ascendía en 1999 al 90 % en el EEE (considerando 513 de la Decisión impugnada), por otra parte, que esta infracción afectó a una parte sustancial del territorio del EEE (considerando 514 de la Decisión impugnada), y por último, que los acuerdos, aunque no produjeron siempre todos los resultados esperados, por lo general, fueron aplicados (considerando 515 de la Decisión impugnada). En consecuencia, la Comisión fijó la proporción del valor de las ventas de cada empresa implicada, utilizada para establecer el importe de base, en el 19 %.

27 En segundo lugar, la Comisión, basándose en las disposiciones del apartado 24 de las Directrices de 2006, fijó el coeficiente multiplicador en concepto de la duración de la infracción en el 3,5.

28 En tercer lugar, en el considerando 523 de la Decisión impugnada, la Comisión, basándose en las disposiciones del punto 25 de las Directrices de 2006, y para disuadir a las empresas interesadas de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios similares a los acuerdos objeto de la Decisión impugnada, decidió incrementar el importe de base de la multa con un importe suplementario fijado, a la vista de los factores analizados en los considerandos 512 a 515 de la Decisión impugnada, en el 19 %.

29 En el artículo 1, letras g) y h) de la Decisión impugnada, la Comisión concluye que la demandante y Uralita infringieron el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, al participar, del 16 de diciembre de 1996 al 9 de febrero de 2000, en una serie de acuerdos y de prácticas concertadas con la finalidad de repartirse los volúmenes de venta, de fijar los precios, de intercambiar información comercialmente sensible sobre los precios y los volúmenes de venta y de vigilar la ejecución de acuerdos contrarios a la competencia relativos al clorato de sodio en el mercado del EEE.

30 En el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada, la Comisión impuso una multa por importe de 9,9 millones de euros, con carácter solidario, a la demandante y a Uralita.

31 En el artículo 3 de la Decisión impugnada, la Comisión ordena a las empresas a las que se refiere el artículo 1 de la Decisión impugnada, por una parte, que pongan fin, de no haberlo hecho ya, a la infracción declarada, y por otra parte, que se abstengan en lo sucesivo de cualquier acto o comportamiento como el descrito en el artículo 1 de la Decisión impugnada y de cualquier acto o comportamiento que tenga un objeto o un efecto idéntico o similar.

32 El artículo 4 de la Decisión impugnada enumera los destinatarios de ésta, entre ellos la demandante.

Procedimiento y pretensiones de las partes

33 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 26 de agosto de 2008, la demandante interpuso el presente recurso.

34 Visto el informe de la Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral. El Tribunal formuló también varias preguntas a las partes y solicitó a la Comisión que le presentara determinados documentos. Las partes respondieron a dichas preguntas y peticiones dentro del plazo que se les había fijado.

35 Mediante escrito de 3 de septiembre de 2010, la Comisión formuló sus observaciones al informe para la vista en el asunto T‑348/08.

36 En la vista, el Tribunal entregó a las partes una copia de las páginas 1159 y 1160 del expediente de la Comisión. Las partes confirmaron que, al margen de que en el Tribunal se hubiese enumerado a mano los guiones que figuraban en estas dos páginas, dicha copia era exactamente idéntica al original que figuraba en dichas páginas del expediente de la Comisión.

37 El 10 de septiembre de 2010 se declaró terminada la fase oral del procedimiento.

38 La demandante solicita al Tribunal que:

– Con carácter principal, anule la Decisión impugnada en la medida en que le afecta.

– Con carácter subsidiario, modifique los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada anulando o reduciendo sustancialmente el importe de la multa que le fue impuesta.

– Condene en costas a la Comisión.

39 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

A. Sobre la pretensión de anulación de la Decisión impugnada

40 En apoyo de su recurso, la demandante formula dos motivos. El primer motivo está basado en errores de Derecho y de apreciación por no haber acreditado la Comisión de forma suficiente en Derecho que la demandante hubiese participado en la infracción controvertida. El segundo motivo se basa en errores de Derecho y de apreciación cometidos por la Comisión en la fase de cálculo del importe de la multa impuesta a la demandante.

1. Sobre el primer motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación por haber considerado la Comisión que la demandante participó en la infracción entre el 16 de diciembre de 1996 y el 9 de febrero de 2000

41 En el marco del primer motivo, la demandante sostiene que los elementos de prueba considerados por la Comisión en la Decisión impugnada no acreditan de forma suficiente en Derecho que hubiese participado en la infracción controvertida. Este primer motivo se divide en dos partes. La demandante considera, en primer término, que la Comisión no demostró que hubiese participado directamente en la infracción controvertida, entre el 16 de diciembre de 1996 y el 9 de febrero de 2000, ni en segundo término, que hubiese participado en una infracción única y continuada que abarque todo el EEE.

Alegaciones de las partes

42 A juicio de la demandante, el conjunto de indicios invocado por la Comisión para imputarle la infracción controvertida descansa en los tres tipos de prueba siguientes. El primero consiste en que la demandante reconoció haber participado en la reunión ilícita del 28 de enero de 1998 con EKA, FC y Arkema France. El segundo se basa en las notas manuscritas del Sr. S. (FC) [en lo sucesivo, «notas del Sr. S. (FC)»]. El tercer elemento se sustenta en las declaraciones de EKA de 2003 y de 2006. Pues bien, la demandante sostiene que ninguno de estos tres elementos de prueba, considerados individualmente o en su conjunto, acredita, sin que subsistan dudas razonables, que haya participado en un cártel ilícito.

43 En primer lugar, por lo que respecta a la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, la demandante no niega haber participado en ella. Según afirma, se trató de una reunión meramente informal, en los pasillos de un hotel. No obstante, recuerda que, como se desprende de las notas del Sr. S. (FC), en los términos que figuran en la página 1159 del expediente de la Comisión, los dirigentes del cártel pidieron al empleado de la demandante que marchara de la reunión poco después de que se hubiese formado el grupo. Por lo tanto, la demandante sostiene que el hecho de haber asistido parcialmente a una única reunión de los 72 contactos contrarios a la competencia identificados por la Comisión entre los miembros del cártel no permite imputarle una participación en unos acuerdos muy complejos entre los demás destinatarios de la Decisión impugnada, acuerdos cuya frecuencia era elevada.

44 En segundo lugar, por lo que respecta a las pruebas coetáneas a la infracción basadas en las notas del Sr. S. (FC), la demandante afirma que únicamente consisten en las tres referencias indirectas a la demandante enumeradas en el considerando 349 de la Decisión impugnada. En efecto, por un lado, sostiene que tanto de dicho considerando como del considerando 352 de dicha Decisión resulta que estas tres referencias basadas en las notas del Sr. S. (FC) son las únicas pruebas coetáneas a los hechos que inculpan a la demandante. Por otro lado, señala que del tenor del considerando 352 de dicha Decisión se infiere que la propia Comisión consideró que no se podía determinar con certeza que la restante información basada en las notas del Sr. S. (FC) relativa a la demandante procediese directamente de ésta.

45 La demandante añade que las demás declaraciones que figuran en las solicitudes de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación que la Comisión, en sus escritos, trata de hacer prevalecer sobre las tres referencias citadas en el considerando 349 de la Decisión impugnada, pueden ser interpretadas de modo distinto al sugerido por la Comisión y no permiten concluir que la demandante hubiese participado en una infracción única y continuada. Por último, manifiesta que la Comisión se apoya también en otros elementos de prueba que, por una parte, no fueron invocados en la Decisión impugnada, y por otra, no demuestran culpabilidad alguna de la demandante, lo que, a su juicio, explica que hayan sido omitidas en dicha Decisión. Más concretamente, la demandante sostiene que la Comisión afirma, en el escrito de contestación a la demanda, que la Decisión se basaba no sólo en las tres referencias del considerando 349 de la Decisión impugnada, sino también en las demás referencias a esa parte, extraídas de las notas del Sr. S. (FC). La demandante opina que esto equivale a considerar que cualquier referencia que le afecte debe ser interpretada como una alegación directa contra ella. Pues bien, aunque la Comisión aduzca el «claro tenor de la Decisión [impugnada]», por lo que respecta a estas otras referencias basadas en las notas del Sr. S. (FC), para inculpar a la demandante, ésta cree, por el contrario, que, o son elementos de prueba en su descargo, o que no prueban que hubiese participado en la infracción controvertida.

46 Por último, para la demandante, al contrario de lo que resulta del considerando 352 de la Decisión impugnada, en el que se indica que, puesto que el resto de la información basada en las notas del Sr. S. (FC) puede proceder de terceros en lugar de la demandante, «se tendrá en cuenta en relación con la duración de la infracción de la que la demandante debe responder», la Comisión no modificó su cálculo de la duración de la participación de la demandante en la infracción controvertida en relación con la que figuraba en el pliego de cargos. De ello deduce la demandante que la duración considerada en la Decisión impugnada no refleja correctamente la amplitud de su supuesta participación en la infracción controvertida, así como que no fue objeto de adaptaciones o de concesiones por parte de la Comisión para reflejar la escasa fuerza de los elementos de prueba.

47 En cuanto a la primera referencia hecha a la demandante, en el considerando 349 de la Decisión impugnada, la demandante sostiene que se relaciona con una conversación telefónica, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1996, entre el Sr. S. (FC) y el Sr. S. (EKA), en la cual el primero supuestamente mencionó una conversación que había mantenido con la demandante sobre los precios en España. La demandante aduce que esta primera referencia no demuestra, sin que subsista duda razonable al respecto, que hubiese participado en el cártel. En efecto, afirma, por una parte, que el empleado al que se refiere negó haber tenido contacto con el Sr. S. (FC) al margen de las asambleas generales oficiales del CEFIC. Por otra parte, a su juicio, esta referencia sólo informa del contenido de una conversación con EKA acerca de la demandante. Por último, considera que los demás elementos de prueba no sugieren que la demandante hubiese participado en un acuerdo sobre precios durante el período de negociación previo a la firma de contratos correspondientes al clorato de sodio para el primer trimestre de 1997. De haber participado entonces la demandante en el cártel, las notas del Sr. S. (FC) lo habrían puesto de manifiesto más a menudo, de un modo que no fuese sólo indirecto.

48 La segunda referencia hecha a la demandante se relaciona con una conversación telefónica que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1998 entre el Sr. S. (FC) y el Sr. S. (EKA), en la cual el segundo supuestamente mencionó una conversación que había tenido con Arkema France sobre los precios en Portugal. Afirma que de esta última conversación se infiere que Arkema France indicó al Sr. S. (EKA) que se había dirigido a un empleado de la demandante. Ésta considera que este extracto no indica que hubiese participado en el cártel, sino que, por el contrario, puede dar a entender que se había pedido a la demandante que no bajara sus precios. Por lo demás, la demandante señala que la solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de Arkema France [formulada en la audiencia del Sr. L. (Arkema France), el 24 de septiembre de 2004] no incluye ninguna mención del nombre de la demandante en las conversaciones que tuvieron lugar entre mediados de 1998 y el mes de mayo de 2000. Por otra parte, sostiene que este extracto se relaciona con una declaración de Arkema France, que era un competidor directo de FC. Por tanto, la demandante piensa que, cuando Arkema France habló con el Sr. S. (EKA), aquélla podía tener interés, por su condición de competidor agresivo de FC, en hacerle creer que el precio no bajaría y que FC debía respetar el nivel del año anterior. Por último, la demandante afirma que durante el año 1998 bajó sus precios de venta de clorato de sodio en Portugal. Por consiguiente, concluye que la segunda referencia no sólo no prueba que hubiese participado en conversaciones durante el período de que se trata, sino que, además, constituye un elemento de descargo al sugerir que la demandante no había coordinado su actuación con la de los miembros del cártel.

49 La tercera referencia hecha a la demandante está relacionada, según afirma, con una conversación telefónica que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1999, entre el Sr. S. (FC) y el Sr. L. (Arkema France), en la cual, supuestamente, uno de estos dos interlocutores indicó que había hablado con la demandante. Pues bien, la demandante sostiene que el hecho de que alguien hubiese hablado con ella no conlleva que ella hubiese actuado de forma ilícita. Sostiene que, en efecto, al ser considerada como una empresa que se negaba a cooperar, cabría que los demás miembros del cártel hubiesen necesitado hablar con ella para intentar «que se ajustara a ellos». Por otra parte, la demandante observa nuevamente que las declaraciones recabadas en la audiencia del Sr. L. (Arkema France), en las que ya no menciona que la demandante hubiese participado en el cártel entre mediados de 1998 y el mes de mayo de 2000, contradicen esta tercera referencia.

50 En tercer lugar, por lo que se refiere a las declaraciones de EKA de 2003 y de 2006, la demandante recuerda que, según la Comisión, explican «la implicación de la demandante en relación con los clientes españoles, franceses y portugueses». No obstante, la demandante añade que FC y Arkema France no formularon ninguna acusación de este tipo.

51 En primer término, en cuanto a las declaraciones de EKA de 2003, la demandante sostiene que de las mismas se infiere que los principales participantes en el cártel fueron EKA, FC y Arkema France. Según esas declaraciones, la demandante participó en los acuerdos en menor medida. Además, afirma que la Comisión menciona expresamente las declaraciones de EKA de 2003 en el considerando 358 de la Decisión impugnada y en la nota nº 391 con la que se relaciona. A estos efectos, la demandante reproduce y comenta tres pasajes de estas declaraciones que se refieren, respectivamente, a España, Francia y Portugal. Para ella, estos tres pasajes son pasajes de referencia de la declaración de EKA que explican que ésta alegue que la demandante participó en el cártel por su posición y por sus intereses en el mercado en relación con los clientes españoles, franceses y portugueses.

52 En cuanto al primer pasaje, relativo a España, afirma que del mismo resulta que EKA declaró, en concreto, que «[CONFIDENCIAL]». A este respecto, la demandante aduce que si llegara a perder cuota de mercado en España, sería natural que tratase de conseguir clientes en los mercados vecinos, como Francia o Portugal. En su opinión, se trataría de un comportamiento normal en un mercado sometido al juego de la competencia. Así pues, sostiene que existe una interpretación distinta a la mantenida por la Comisión, interpretación que es conforme con el comportamiento normal en el mercado.

53 En cuanto al segundo pasaje, relativo a Francia, afirma que del mismo resulta que EKA declaró, en concreto, que «[CONFIDENCIAL]». La demandante sostiene que la Comisión se apoya en esta declaración para sugerir la existencia en Francia de acuerdos bilaterales sobre volúmenes entre Arkema France y los productores distintos de EKA. Por tanto, la demandante aduce que esta declaración de EKA se basa únicamente en rumores, porque afirma que la demandante participó en acuerdos en los que EKA no había participado. Por consiguiente, considera que la información incluida en esta declaración sólo pudo ser conseguida de terceros como Arkema France. Pues bien, la demandante señala que, en su solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, Arkema France no menciona ningún otro acuerdo con la demandante. La declaración de un tercero que afirma la existencia de un acuerdo que «parece» haber sido celebrado por otros productores no puede sustentar la convicción de que existe tal acuerdo. Concluye, por tanto, que este pasaje de la declaración de EKA no es lo suficientemente claro para implicar a la demandante en la comisión de la infracción controvertida.

54 En cuanto al tercer pasaje, relativo a Portugal, alega que del mismo se infiere que EKA declaró, en concreto, que «[CONFIDENCIAL]». La demandante afirma no comprender de qué modo esta declaración puede ser una prueba contra ella, pues únicamente implica a EKA, Arkema France y FC en un acuerdo sobre volúmenes.

55 En segundo término, en cuanto a las declaraciones de EKA de 2006, la demandante manifiesta que se realizaron a raíz de una petición de la Comisión. Pues bien, la demandante afirma y sostiene, pese a las alegaciones opuestas de la Comisión, que estas declaraciones de 2006 corrigen ciertos errores, incluso contradicen algunas afirmaciones, incluidos en las declaraciones anteriores de EKA y, especialmente, las de 2003. Así, a su juicio, EKA indicaba en sus declaraciones de 2006 que la demandante había asistido a una única reunión y ya no a cinco. La demandante añade, además, que EKA ya no indicaba que la demandante y Arkema France hubiesen repartido sus cuotas de mercado en Francia en otro acuerdo. Por lo demás, la demandante observa que, por lo que respecta al mercado español, la nueva declaración de EKA viene a respaldar su opinión de que los comportamientos puestos de manifiesto por la Comisión eran completamente normales. Del mismo modo, afirma que las declaraciones de EKA en 2006 ya no incluyen ninguna mención concreta de la demandante en relación con los mercados español, portugués y francés. La demandante sostiene que, aunque EKA declaró que la demandante era parte de los acuerdos, no facilita al respecto ninguna indicación concreta. En efecto, señala que, pese a que las declaraciones de EKA imputan erróneamente a la demandante haber participado en cinco reuniones, la Comisión se abstuvo juiciosamente de tenerlas en cuenta en la Decisión impugnada. Considera que la mera mención de su nombre es un elemento de descargo para la demandante, porque indica que EKA y FC habían decidido no incrementar sus precios en el supuesto de que la demandante, Arkema France y [CONFIDENCIAL] no les siguiesen.

56 De ello concluye la demandante que las incoherencias entre las declaraciones de EKA de 2003 y de 2006 permiten dudar un poco más de su exactitud y de su valor probatorio. Por tanto, no pueden sustentar la firme convicción del Tribunal de que la demandante cometiera una infracción. Añade, además, que estas declaraciones no mencionan ninguna reunión ni conversación telefónica con la demandante. Así pues, la demandante afirma que no bastan para imputarle la responsabilidad por una infracción del artículo 81 CE.

57 Por otra parte y en cuarto lugar, la demandante sostiene que la Comisión consideró equivocadamente, como fecha de finalización de su supuesta participación en el cártel, el 9 de febrero de 2000. En efecto, manifiesta que los elementos de prueba expuestos en la Decisión impugnada sólo demuestran que la demandante asistió a la reunión oficial del CEFIC del 9 de febrero de 2000, lo cual no niega. En cambio, cree que la Comisión no ha probado que la demandante hubiese participado en una reunión ilícita que supuestamente se celebró al margen de la reunión del CEFIC del 9 de febrero de 2000 (en lo sucesivo, «reunión ilícita del 9 de febrero de 2000»). Así pues, en primer término, la demandante estima que la declaración del Sr. S. (EKA) en la reunión ilícita del 9 de febrero de 2000, en relación con la negativa de EKA a participar en cualquier nueva conversación con los competidores, no acredita suficientemente su propia participación en dicha reunión. En segundo término, aduce, por una parte, que ni Arkema France ni FC se refirieron a tal declaración, y por otra parte, que su empleado confirmó no haber oído esta declaración. En tercer término, añade que las conversaciones de los días 20, 21 y 24 de enero de 2000, a las que remite la Comisión en el considerando 283 de la Decisión impugnada, no pueden ser consideradas pruebas que inculpen a la demandante o que puedan probar su participación en la reunión ilícita del 9 de febrero de 2000. En cuarto término, la demandante señala que del anexo I de la Decisión impugnada se infiere que no se la identificó como participante en la reunión ilícita del 9 de febrero de 2000 y que esta falta de identificación no puede resultar de un mero error de transcripción.

58 Para concluir con la primera parte del primer motivo, la demandante alega que los elementos de prueba apreciados contra ella en la Decisión impugnada no son suficientemente precisos ni concordantes para llegar a la firme convicción de que participara en la infracción controvertida.

59 En estas circunstancias, sostiene, en primer lugar, a la vista del principio según el cual la duda favorece al acusado, que, al subsistir, en el caso de autos, dudas acerca de la participación de la demandante en la infracción controvertida, la Comisión debería haberse abstenido de imputarle una participación en dicha infracción.

60 En segundo término, la demandante señala que la competencia de que goza la Comisión para declarar la existencia de infracciones de las disposiciones del artículo 81 CE se halla hoy en día reforzada, pues el Reglamento nº 1/2003 le atribuye facultades nuevas y más amplias. Añade también que los nuevos programas de dispensa de multas le permiten obtener ahora elementos de prueba documental sustanciales. Además, a su juicio, los progresos tecnológicos en el ámbito informático también permiten a la Comisión realizar búsquedas electrónicas sofisticadas. Por último, la demandante observa que, en el caso de autos, la Comisión no estimó necesario profundizar en su investigación e inspeccionar, en base a ello, sus locales o los de las demás empresas destinatarias de la Decisión impugnada.

61 A la vista de esas competencias más amplias, la demandante considera que la Comisión debería estar obligada a ajustarse a un nivel elevado de calidad de la prueba. En el presente asunto, al no alcanzar tal nivel de calidad, propugna que la Comisión debería haber reconocido a favor de la demandante una duda razonable, al igual que, en su opinión, hizo con otros pequeños productores cuya situación era similar a la suya. Sostiene, por tanto, que la Comisión no debería haberle imputado la participación en la infracción controvertida ni haberle impuesto una multa. En todo caso, la demandante pone de manifiesto que, pese a que el grado de la información relativa a [CONFIDENCIAL] intercambiada por los tres principales productores era similar al de la información intercambiada relativa a la demandante, la Comisión decidió multarle sólo a ella. De ello concluye la demandante que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato.

62 La Comisión refuta la fundamentación de las alegaciones expuestas por la demandante.

63 La Comisión mantiene que las pruebas que figuran en la Decisión impugnada demuestran que la demandante participó en la infracción controvertida. Recuerda que dichas pruebas son de tres tipos, a saber: por una parte, declaraciones de miembros del cártel que inculpan a la demandante; por otra parte, abundantes notas coetáneas a los hechos tomadas por el Sr. S. (FC); y por último, la confesión de la demandante acerca de su participación en la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, confesión que está respaldada por otras pruebas que se relacionan con dicha reunión.

64 En primer lugar, por lo que respecta a las declaraciones de miembros del cártel, la Comisión señala que se hicieron poco después de finalizar el cártel y que se caracterizan por un alto grado de concordancia entre sí y entre ellas y las notas coetáneas del Sr. S. (FC). Añade que, al contrario de lo que afirma la demandante, las empresas que habían solicitado la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación no estaban necesariamente inclinadas a presentar elementos de prueba deformados en relación con los demás participantes en el cártel imputado.

65 En segundo lugar, por lo que respecta a las notas coetáneas del Sr. S. (FC), la Comisión niega la afirmación de la demandante de que, a la vista del considerando 349 de la Decisión impugnada, sólo se consideraron tres pasajes de las notas del Sr. S. (FC) para inculpar a la demandante, de modo que se puede prescindir de todas las demás referencias. En efecto, la Comisión subraya que, además de los tres extractos en los que se centra la demandante, se basa en muchos casos en otras referencias hechas a la demandante en las notas del Sr. S. (FC) y, a este respecto, cita como ejemplo los considerandos 150, 220, 229, 256, 305, 319 y 347 de la Decisión impugnada. La Comisión insiste en que, en la réplica, la demandante se limitó a circunscribir su crítica, en cuanto a estos elementos de prueba sobre el fondo, al extracto de las notas del Sr. S. (FC) mencionado en el considerando 150, citándolo de modo parcial y separándolo de su contexto. Por lo que respecta a los otros seis considerandos, en opinión de la Comisión, la demandante reconoce el carácter directamente inculpatorio de los mismos, pero afirma que la Decisión impugnada no la menciona en las constataciones fácticas que se relacionan con el año 1997. La Comisión alega que esta última afirmación es errónea y que pudo concluir legítimamente, en la contestación a la demanda, que en 1997 había habido contactos telefónicos regulares entre la demandante y los miembros del cártel.

66 La Comisión añade que el considerando 349 de la Decisión impugnada desvirtúa las alegaciones de la demandante que tratan de probar su falta de participación en el cártel, sin que deba ser confundido con los considerandos, como los considerandos 305 y 319, en los que la Comisión expone íntegramente sus afirmaciones desfavorables para la demandante. Además, la Comisión afirma haber insistido en estas tres referencias enunciadas en el considerando 349 porque, por una parte, se trata de elementos de prueba particularmente concluyentes y, por tanto, esenciales, apropiados para demostrar que la demandante había participado en la infracción controvertida, a saber, una infracción única y continuada de dimensión europea, por otra parte, la demandante no rebatió estas declaraciones, y por último, estas pruebas coetáneas a los hechos inculpan con especial fuerza a la demandante, pese a no ser las únicas pruebas reunidas por la Comisión.

67 En tercer lugar, por lo que se refiere al considerando 352 de la Decisión impugnada, la Comisión afirma haber formulado expresamente en él una distinción entre los distintos extractos de las notas del Sr. S. (FC), en función de su valor probatorio, para determinar, en particular, la duración de la participación de la demandante en la infracción controvertida. Pues bien, sostiene que, en dicho considerando 352, indicó que, de haberse limitado a las demás referencias hechas a la demandante no mencionadas en el considerando 349, habría tenido dificultades para demostrar de modo concluyente el comportamiento colusorio. Concluye que por este motivo decidió no tomarlas en consideración para ampliar la duración de la participación de la demandante en el cártel. Añade, sin embargo, que aunque estas otras referencias a la demandante no resultan concluyentes por sí mismas, al menos forman parte de un conjunto de coincidencias y de indicios en los que la Comisión podía fundamentar jurídicamente su análisis acerca de la participación de la demandante en el cártel.

68 En la dúplica, y de nuevo en relación con el considerando 352 de la Decisión impugnada, la Comisión sostiene que la demandante deja de lado los considerandos 305 y 319 de la Decisión impugnada, que mencionan expresamente los otros extractos de las notas del Sr. S. (FC) como elementos de prueba contra ella. Manifiesta que la demandante tampoco tiene en cuenta los considerandos 357 y 358 de la Decisión impugnada, que demuestran que la Comisión basa sus imputaciones contra la demandante en las notas del Sr. S. (FC), consideradas en su conjunto, sin limitarse a las tres referencias mencionadas en el considerando 349 de dicha Decisión. A juicio de la Comisión, de la jurisprudencia se desprende que el hecho de que se presente información indirecta o de que ésta tuviese un alcance secundario carece de incidencia en que pueda ser utilizada como elemento de prueba. Alega que las pruebas coetáneas a la infracción constituidas por las notas del Sr. S. (FC) son coherentes en relación con los demás elementos de prueba del expediente que inculpan a la demandante y que fueron ampliamente reconocidas por las partes, incluida la demandante.

69 Por último, la Comisión afirma que el considerando 352 de la Decisión impugnada no incluye ningún compromiso de modificar la duración de la participación de la demandante en la infracción controvertida, en relación con la apreciada en el pliego de cargos. Por otra parte, añade que, al contrario de lo que alega la demandante, los elementos de prueba utilizados en la Decisión impugnada son los mismos que los que figuran en el pliego de cargos.

70 En cuarto lugar, la Comisión aduce, en primer término, que la Decisión impugnada descansa en pruebas generales facilitadas por EKA, Arkema France y FC, que demuestran de modo categórico la participación de la demandante en el cártel y las características del mismo.

71 En segundo término, la Comisión enumera varias pruebas concretas que demuestran los contactos entre la demandante y los demás miembros del cártel.

72 En primer lugar, la Comisión sostiene que de las notas del Sr. S. (FC) relativas a su conversación telefónica del 16 de diciembre de 1996 con el Sr. S. (EKA) se desprende que el primero mantuvo con anterioridad una conversación con la demandante. La Comisión señala que la demandante no había impugnado esta prueba en su respuesta al pliego de cargos. Además, refuta las alegaciones ahora formuladas por la demandante frente a dicha prueba.

73 En segundo lugar, por lo que respecta a las pruebas relativas al año natural de 1997, la Comisión estima que los extractos de las notas coetáneas del Sr. S. (FC), fechadas el 10 y el 14 de enero de 1997, ilustran la irritación de la demandante por los intentos de FC de atribuirse una cuota de mercado mayor en España y Portugal. Del mismo modo, alega que de una nota del Sr. S. (FC) de 14 de octubre de 1997, relativa a una reunión bilateral del mismo día entre EKA y FC, que se celebró en Turku (Finlandia) (en lo sucesivo, «reunión de Turku del 14 de octubre de 1997»), se infiere que FC y EKA tuvieron dificultades para hacer entender, en particular a la demandante, que un incremento de precios del 1,5 % era necesario para compensar la inflación. En relación con esta misma reunión de Turku del 14 de octubre de 1997, manifiesta que de una declaración de EKA resulta que, ante el aumento de ventas de FC en España, existía el riesgo de represalias por parte de los productores españoles y que EKA y FC acordaron no incrementar sus precios en el supuesto de que, en concreto, la demandante no les siguiera.

74 En tercer lugar, por lo que respecta a la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, la Comisión recuerda que la demandante reconoció haber asistido a la misma. A su juicio, las notas del Sr. S. (FC) demuestran que las partes trataron de los mercados de clorato de sodio en varios países, de las cuotas de mercado y de los precios. En un primer momento, la Comisión sostuvo, en sus escritos, que ningún elemento del expediente permitía pensar que la participación de la demandante en esta reunión fuera un elemento nuevo o excepcional. No obstante, en un segundo momento, la Comisión, en sus observaciones al informe para la vista, reconoció expresamente que esta participación de la demandante constituía un elemento nuevo. Sin embargo, la Comisión considera que la demandante no demostró que hubiese participado en esta reunión con una perspectiva distinta a la de los demás miembros del cártel ni que se hubiese distanciado públicamente de la misma. Añade que la alegación de la demandante relativa al carácter informal de la reunión se contradice, por un lado, con el hecho de que hubiese sido planeada varias semanas antes, y por otro, con las notas detalladas del Sr. S. (FC). En contra de lo que erróneamente entendió la demandante, opina que del considerando 183 de la Decisión impugnada se desprende que las partes trataron con exhaustividad (y no con exclusividad) de Bélgica, España, Francia y Portugal. Alega que de las notas del Sr. S. (FC) no resulta que los dirigentes del cártel hubiesen pedido a la demandante que marchara. Por el contrario, la Comisión señala que las notas del Sr. S. (FC) demuestran que el análisis de los mercados español, francés y portugués se unió a conversaciones sobre los demás mercados durante la mayor parte de la reunión, aunque es probable que la demandante hubiese estado presente durante toda la reunión. Por último, la Comisión afirma que el anexo I de la Decisión impugnada se limita necesariamente a los contactos de los que conoce la fecha real, de modo que hubo otros contactos, acreditados por elementos de prueba, pero sin mención de una fecha precisa, que implicaban a la demandante.

75 En cuarto lugar, la Comisión añade que en octubre y noviembre de 1998, los Sres. L. (Arkema France) y S. (FC) hablaron varias veces por teléfono de la cuota de mercado de la demandante en Portugal.

76 En quinto lugar, por lo que respecta al contacto telefónico del 4 de diciembre de 1998 entre los Sres. S. (FC) y S. (EKA), la Comisión considera que la demandante no explica cómo pudieron desarrollarse tales contactos en el marco comercial normal, y que, por lo demás, esa parte reconoce que se le pidió que no bajara sus precios, lo que es una petición contraria a la competencia, a la que accedió la demandante. Contrariamente a lo que ésta afirma, la Comisión sostiene que de la declaración del Sr. L (Arkema France) no se infiere que la demandante hubiese abandonado el cártel al finalizar el primer período comprendido entre el mes de octubre de 1994 y mediados de 1998, a diferencia de un supuesto segundo período comprendido entre mediados de 1998 y el mes de mayo de 2000, tanto más cuando abundantes pruebas desvirtúan esta interpretación.

77 En sexto lugar, la Comisión subraya que la demandante se limitó a mencionar las bajas de precios en Portugal en 1999 y 2000, sin precisar que sus precios habían subido de 1993 a 1997 y que se habían mantenido en 1998. Añade que la baja de precios en 1999 puede explicarse por la guerra de precios que había estallado en Portugal a raíz del conflicto en relación con un cliente. Sostiene, de nuevo, que pese a su debilitamiento en 1999, el cártel siguió activo y, como resulta de las notas del Sr. S. (FC) correspondientes a sus conversaciones telefónicas del 16 de junio y del 6, 9 y 22 de diciembre de 1999 con el Sr. L. (Arkema France), la demandante siguió participando en él. Alega que estas tres notas informan de la existencia de un contacto directo con la demandante sin que, contrariamente a lo que ésta afirma, nada indique que no cooperase, de modo que los demás miembros supuestamente hubieran tratado de que se ajustara a ellos.

78 En séptimo lugar, la Comisión añade que de las notas del Sr. S. (FC), correspondientes a su conversación telefónica del 22 de diciembre de 1999 con el Sr. L. (Arkema France), se desprende que la demandante seguía participando en contactos ilícitos con sus competidores a finales del mes de diciembre de 1999. Del mismo modo, estas notas relativas a las conversaciones telefónicas mantenidas durante el mes de enero de 2000, en los términos que se resumen en la Decisión impugnada, demuestran, a su juicio, que los miembros del cártel seguían coordinando sus posiciones.

79 En octavo y último lugar, la Comisión precisa que el hecho de que no se cite a la demandante, en el anexo I de la Decisión impugnada, entre los participantes en la reunión ilícita del 9 de febrero de 2000 resulta de un error de transcripción, puesto que, en los considerandos 283 y 488 de la Decisión impugnada, concluyó que la demandante estuvo presente en esta reunión. Afirma que poco importa que la demandante no hubiese oído la declaración de EKA, al margen de la reunión oficial del CEFIC, negándose a participar en cualquier nueva conversación con los competidores, porque el cártel finalizó en esa fecha. Por lo demás, la Comisión alega que el hecho de que indique no haber oído esta declaración es un indicio serio de su participación en la reunión ilícita del 9 de febrero de 2000.

80 En tercer término, la Comisión rebate la fundamentación de las alegaciones formuladas por la demandante en relación con las declaraciones orales de EKA.

81 En primer lugar, la Comisión afirma que, en el considerando 319 de la Decisión impugnada, se refirió, de modo genérico, a las declaraciones de EKA de 2003 y no a los tres pasajes considerados por la demandante en su demanda, en función de sus intereses.

82 En cuanto al primer pasaje considerado por la demandante, referido al mercado español, alega que el comportamiento en él descrito que habría podido adoptar la demandante en el mercado francés, en caso de pérdida de cuotas de mercado en España, no se correspondería con un comportamiento normal en el mercado, sino que constituiría una amenaza dentro de los acuerdos colusorios, lo que presupone manifiestamente un acuerdo general sobre las cuotas de mercado. Además, la Comisión recuerda que, según la jurisprudencia, por una parte, el hecho de que una empresa no respete plenamente lo acordado en un cártel no puede exonerarla de su responsabilidad si no se distancia públicamente de los acuerdos, y por otra parte, el hecho de que hubiese podido engañar conscientemente a los demás miembros del cártel no la eximirá, no obstante, por la comisión de la infracción.

83 En cuanto al segundo pasaje considerado por la demandante, referido al mercado francés, la Comisión aduce que la demandante sostiene erróneamente que la declaración de EKA se basa en un rumor difundido por ésta. En efecto, afirma que dicho pasaje, considerado en su conjunto, demuestra que EKA conocía la existencia de un acuerdo bilateral separado sobre el mercado francés.

84 En cuanto al tercer pasaje al que se refiere la demandante, relativo al mercado portugués, señala que no se menciona en la Decisión impugnada y que ni inculpa ni exime a la demandante.

85 En segundo lugar, la Comisión afirma que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, las declaraciones de EKA de 2006 no rectifican las de 2003. En su opinión, el objeto de las primeras fue confirmar detalladamente ciertas declaraciones anteriores. Añade que todas ellas concuerdan con las de 2003, que daban más información. La Comisión señala que de las declaraciones de EKA de 2006 resulta que ésta mencionó de nuevo a la demandante entre las partes del cártel, describió detalladamente cómo estas partes fijaron objetivos de precios y dividieron el mercado, dio a entender que la demandante participó en él mucho antes de la fecha que se considera como la de inicio de su participación en la Decisión impugnada y confirmó que la demandante tomó represalias en el mercado francés en respuesta al comportamiento de FC. La Comisión concluye, por tanto, que las declaraciones de EKA de 2006 no incluyen elementos de descargo que puedan beneficiar a la demandante.

86 En un cuarto momento, la Comisión refuta haber vulnerado el principio de igualdad de trato sancionando a la demandante. En efecto, sostiene que la demandante no se encontraba en una situación comparable a la de los demás pequeños productores de clorato de sodio: en concreto, por un lado, reconoció su participación en una reunión del cártel; por otro, al contrario que los demás pequeños productores, los demás miembros del cártel la identificaron como miembro del cártel; y por último, las notas coetáneas a la infracción del Sr. S. (FC) permiten relacionarla con hechos, lo que no ocurre con las demás pequeñas empresas. En cualquier caso, afirma que de la jurisprudencia resulta que el hecho de que un operador se encuentre en una situación similar a la de un demandante, sin que la Comisión haya apreciado una infracción por su parte, no permite desvirtuar la afirmación de la participación de este demandante en la infracción apreciada contra él, siempre que la misma se haya acreditado debidamente.

87 Por tanto, la Comisión cree que el conjunto de indicios invocado permite demostrar que la demandante participó en la infracción controvertida y que, en consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo.

Apreciación del Tribunal

88 De los escritos de las partes resulta que discrepan, por un lado, sobre la identificación de los elementos de prueba considerados por la Comisión en la Decisión impugnada para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida, y por otro lado, sobre el valor probatorio de dichos elementos de prueba para llegar a la conclusión de dicha participación.

89 En primer término, proceden algunas consideraciones generales acerca de la prueba; en segundo término, han de identificarse los elementos de prueba apreciados en la Decisión imputada sobre la participación de la demandante en la infracción controvertida; en tercer término, debe apreciarse su valor probatorio; y en cuarto, basándose en esta última apreciación, procede pronunciarse sobre el carácter preciso y concordante del conjunto de indicios invocado por la Comisión para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida.

Consideraciones generales relativas a la prueba

90 En lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, ha de recordarse que incumbe a la Comisión probar las infracciones que descubra y aportar las pruebas que acrediten de modo jurídicamente suficiente la existencia de los hechos constitutivos de la infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58, y de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 86).

91 Además, en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, al juez de la Unión sólo le incumbe verificar la legalidad del acto impugnado (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 174).

92 Así pues, en un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión que constata la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a sus destinatarios, el papel del juez que conoce del asunto consiste en valorar si las pruebas y demás circunstancias invocadas por la Comisión en su decisión bastan para acreditar la existencia de la infracción (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 891).

93 Además, las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a la empresa destinataria de la decisión en la que se declara la existencia de una infracción (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión, 27/76, Rec. p. 207, apartado 265). El juez no puede por tanto concluir que la Comisión ha acreditado con arreglo a Derecho la existencia de la infracción de que se trate si aún alberga dudas sobre esta cuestión, principalmente en el marco de un recurso en el que se solicita la anulación de una decisión por la que se impone una multa (sentencia del Tribunal JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 91 supra, apartado 177).

94 En efecto, en esta última situación es preciso tener en cuenta la presunción de inocencia, tal y como se halla recogida en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1). Habida cuenta de la naturaleza de las infracciones contempladas, así como de la naturaleza y [del] grado de severidad de las sanciones correspondientes, la presunción de inocencia se aplica también en los procedimientos relativos a violaciones de las normas sobre competencia aplicables a las empresas que puedan dar lugar a la imposición de multas o multas coercitivas (véanse, en este sentido, las sentencias del TEDH Öztürk, de 21 de febrero de 1984, Serie A nº 73, y Lutz, de 25 de agosto de 1987, Serie A nº 123-A; y las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 149 y 150, y Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartados 175 y 176).

95 Por tanto, es preciso que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1984, Compagnie royale asturienne des mines y Rheinzink/Comisión, 29/83 y 30/83, Rec. p. 1679, apartado 20, y de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, Rec. p. I‑1307, apartado 127; y las sentencias del Tribunal General de 10 de marzo de 1992, SIV y otros/Comisión, T‑68/89, T‑77/89 y T‑78/89, Rec. p. II‑1403, apartados 193 a 195, 198 a 202, 205 a 210, 220 a 232, 249, 250 y 322 a 328, y de 6 de julio de 2000 Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartados 43 y 72).

96 Sin embargo, conviene subrayar que no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción. Basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente (véase, en este sentido, la sentencia PVC II, apartado 92 supra, apartados 768 a 778, y en particular el apartado 777, confirmada en casación en este punto por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 513 a 523).

97 Además, habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. En cualquier caso, los elementos fragmentarios y dispersos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por tanto, se puede inferir la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre la competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57, y sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2006, Dresdner Bank y otros/Comisión, T‑44/02 OP, T‑54/02 P, T‑56/02 OP, T‑60/02 P y T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, apartados 64 y 65).

98 En cuanto a los medios de prueba que se pueden invocar para acreditar la infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, el principio que prevalece en Derecho de la Unión es el de la libre aportación de la prueba (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 72).

99 En consecuencia, la eventual falta de pruebas documentales sólo es pertinente para valorar globalmente el valor probatorio del conjunto de pruebas aportado por la Comisión. En cambio, por sí sola, sólo supone que la empresa interesada pueda cuestionar válidamente las alegaciones de la Comisión presentando una explicación distinta de los hechos del caso de autos. Sólo ocurre así cuando las pruebas aportadas por la Comisión no permiten acreditar la existencia de la infracción sin equívocos y sin que se precise una interpretación (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Coats Holdings y Coats/Comisión, T‑36/05, no publicada en la Recopilación, apartado 74).

100 Por otra parte, ninguna disposición ni principio general del Derecho de la Unión prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas implicadas. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios al artículo 81 CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones (véase, por analogía, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 91 supra, apartado 192).

101 No obstante, la declaración de una empresa acusada de haber participado en un [cártel], cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas, no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otros elementos probatorios, bien entendido que, dada la fiabilidad de las declaraciones controvertidas, el grado de corroboración necesario puede ser menor (véase la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 91 supra, apartados 219 y 220).

102 En cuanto al valor probatorio de los distintos elementos de prueba, el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, apartado 98 supra, apartado 72).

103 Según la normativa general en materia de prueba, la credibilidad y por tanto, el valor probatorio de un documento depende de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y del carácter razonable y fiable de su contenido (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartados 1053 y 1838).

104 En cuanto a las declaraciones, se puede reconocer, por otra parte, un valor probatorio particularmente alto a las que, primero, son dignas de confianza; segundo, se efectúan en nombre de la propia empresa; tercero, proceden de una persona obligada a actuar en interés de dicha sociedad; cuarto, son contrarias a los intereses del declarante; quinto, proceden de un testigo directo de los hechos de los que informan; y sexto, fueron facilitadas por escrito, deliberadamente y tras una profunda reflexión (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 91 supra, apartados 205 a 210).

105 Además, aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel [...], dada la posibilidad, en el caso de autos, de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que el hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener una inmunidad o una reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a la participación de los demás miembros del cártel investigado. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70).

106 Al respecto, procede observar asimismo que las potenciales consecuencias de la comunicación a la Comisión de elementos deformados son tanto más graves cuanto la declaración rebatida de una empresa debe estar respaldada por otros elementos de prueba, como se desprende del apartado 101 anterior. En efecto, esta circunstancia incrementa el riesgo de que tanto la Comisión como las demás empresas acusadas de haber participado en la infracción identifiquen declaraciones inexactas.

107 La jurisprudencia antes citada es aplicable, por analogía, al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

Elementos de prueba considerados en la Decisión impugnada relativos a la participación de la demandante en la infracción controvertida

– Observaciones preliminares

108 A la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 92 anterior, procede considerar que, al corresponderle al Tribunal valorar si las pruebas y los demás elementos invocados por la Comisión en la Decisión impugnada bastan para acreditar la existencia de una infracción imputable a la demandante, le incumbe, por tanto, tras un análisis detallado de la fundamentación de la Decisión impugnada, identificar los elementos de prueba tomados en consideración por la Comisión para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida.

109 A este respecto, hay que recordar que el procedimiento administrativo previsto por el Reglamento nº 1/2003, que tramita la Comisión, se subdivide en dos fases distintas y sucesivas, cada una de las cuales tiene una lógica interna propia, a saber, una fase de investigación preliminar, por un lado, y una fase contradictoria, por otro. La fase de investigación preliminar, durante la que la Comisión ejerce las facultades de investigación previstas por el Reglamento nº 1/2003 y que se extiende hasta el pliego de cargos, está destinada a permitir que la Comisión reúna todos los elementos pertinentes que confirmen o no la existencia de una infracción de las reglas sobre la competencia y adopte una primera postura sobre la orientación y la continuación que proceda dar al procedimiento. En cambio, la fase contradictoria, que se extiende desde la notificación del pliego de cargos hasta la adopción de la decisión final, debe permitir que la Comisión se pronuncie definitivamente sobre la infracción imputada (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, apartado 96 supra, apartado 183, y de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, apartado 38).

110 De la jurisprudencia recordada en el apartado 109 anterior se desprende que la búsqueda por el Tribunal de dichos elementos de prueba sólo puede versar sobre la parte de la motivación de la Decisión impugnada en la que la Comisión describe la fase contradictoria del procedimiento administrativo. En efecto, sólo tras haber recabado, en esta última fase, las observaciones de la demandante sobre la primera posición mantenida por la Comisión al finalizar la fase de investigación preliminar, como se expone en el pliego de cargos, puede decidir la Comisión mantener o no dicha primera postura y pronunciarse de este modo de manera definitiva sobre la infracción imputada.

111 A este respecto, en el caso de autos, procede señalar que el punto 5.4.1.1 de la Decisión impugnada, titulado «Apreciación y conclusión de la Comisión» (considerandos 347 a 360 de la Decisión impugnada), figura bajo el título «5. Aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE», a cuya subdivisión 5.3.2, relativa a la naturaleza de la infracción, le sigue una parte 5.4 dedicada a las «alegaciones formuladas por las partes en respuesta a los hechos y a la apreciación de la Comisión expuestos en el pliego de cargos». La parte 5.4 incluye una subdivisión 5.4.1 que expone sumariamente las «alegaciones formuladas por [la demandante]». Esta misma última subdivisión incluye un primer y único punto, a saber, el punto 5.4.1.1, titulado «Apreciación y conclusión de la Comisión». A este punto no le sigue ningún punto 5.4.1.2, sino directamente una subdivisión 5.4.2, que se titula «Alegaciones formuladas por Uralita».

112 En consecuencia, las apreciaciones de la Comisión que figuran en el punto 5.4.1.1 se refieren exclusivamente a las observaciones de la demandante en respuesta al pliego de cargos. Además, procede considerar que las conclusiones deducidas en este punto 5.4.1.1 son, al finalizar la fase contradictoria del procedimiento administrativo, las conclusiones finales de la Comisión acerca de la participación de la demandante en la infracción controvertida.

113 De las consideraciones precedentes y de la jurisprudencia recordada en el apartado 109 anterior resulta que cualquier remisión directa, o en su caso indirecta, en el punto 5.4.1.1, a los considerandos de la Decisión anteriores a los que figuran en este punto, a saber, los considerandos 347 a 360, puede permitir a la Comisión retomar, en esta fase de la motivación en la Decisión impugnada, a saber, la de la fase contradictoria, elementos de prueba expuestos con anterioridad en dicha Decisión. En cambio, a falta de una remisión directa o indirecta, en el punto 5.4.1.1, a elementos de prueba referidos en considerandos distintos a los que ese punto incluye, será preciso estimar que la Comisión, al finalizar el procedimiento contradictorio que tramitó en relación con los hechos imputables a la demandante, decidió finalmente no tomarlos en consideración para demostrar su participación en la infracción controvertida. Por último, cuando la propia Comisión, una vez recabadas las observaciones de una empresa al pliego de cargos, en su apreciación de los elementos de prueba de los que disponía, al concluir la fase de investigación preliminar, para pronunciarse sobre la participación de dicha empresa en una infracción, no reconoce el valor probatorio de dichos elementos de prueba, el Tribunal debe tener en cuenta esta apreciación de la Comisión.

114 Procede identificar a la luz de estas observaciones preliminares los elementos que la Comisión decidió tomar en consideración, en el caso de autos, al finalizar el procedimiento contradictorio, para demostrar que la demandante había participado en la infracción controvertida y que, por tanto, se incluyen en el conjunto de indicios invocado por la Comisión.

115 A este respecto, ha de ponerse de manifiesto que las partes están de acuerdo en que, en la Decisión impugnada, el conjunto de indicios invocado por la Comisión para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida descansa en tres tipos de pruebas; a saber:

– la confesión de la demandante acerca de su participación en la reunión ilícita del 28 de enero de 1998;

– las notas del Sr. S. (FC); y

– las declaraciones de otros miembros del cártel.

116 En cambio, las partes discrepan, en particular, a la vista de los términos del considerando 352 de la Decisión impugnada, acerca del valor probatorio de dichas pruebas para apreciar si la demandante participó en la infracción controvertida.

– Elementos de prueba inicialmente tomados en consideración por la Comisión, en la Decisión impugnada, en la fase preliminar del procedimiento administrativo

117 De un análisis detallado de la motivación de la Decisión impugnada que figura en la parte 4.3, dedicada a la historia del cártel, resulta que, en la medida en que se refiere al período de la presunta participación de la demandante en la infracción controvertida, a saber, del 16 de diciembre de 1996 al 9 de febrero de 2000, el nombre de la demandante, o el de uno de sus trabajadores, está identificado directa o indirectamente en relación con veintiún hechos expuestos por la Comisión (en lo sucesivo, «21 hechos»).

118 A la luz de las observaciones formuladas en el apartado 110 anterior, procede analizar cuáles de estos 21 hechos decidió tomar en consideración la Comisión, en el punto 5.4.1.1, al finalizar la fase contradictoria del procedimiento administrativo, para demostrar, mediante un conjunto de indicios, la participación de la demandante en la infracción controvertida.

119 A este respecto, una vez identificados los elementos de prueba expresamente tomados en consideración en el punto 5.4.1.1, habrá que interpretar los términos del considerando 352 de la Decisión impugnada, para determinar si la Comisión apreció implícitamente otros elementos de prueba en apoyo de sus conclusiones sobre la participación de la demandante en la infracción controvertida.

– Elementos de prueba expresamente apreciados por la Comisión, en la Decisión impugnada, al finalizar la fase contradictoria del procedimiento administrativo

120 De la motivación expuesta en el punto 5.4.1.1 de la Decisión impugnada, en el que la Comisión informa de las apreciaciones y de las conclusiones que dedujo al finalizar la fase contradictoria del procedimiento administrativo, a saber, los considerandos 347 a 360 de dicha Decisión, resulta que la Comisión apreció expresamente, directa o indirectamente, cinco hechos entre los 21 inicialmente considerados en la fase preliminar del procedimiento administrativo, como acreditativos de la participación de la demandante en la infracción controvertida; a saber,

– en concreto, en el considerando 349 de la Decisión impugnada, citando las notas del Sr. S. (FC), la conversación telefónica del 16 de diciembre de 1996 entre los Sres. S. (FC) y S. (EKA), inicialmente mencionada en el considerando 130 de la Decisión impugnada;

– en los considerandos 350 y 356 de la Decisión impugnada, remitiendo a las declaraciones orales recabadas, la reunión de Turku del 14 de octubre de 1997, inicialmente referida en los considerandos 162 a 164 de la Decisión impugnada;

– en los considerandos 350 y 356 de la Decisión impugnada, mencionando, por una parte, la confesión de la demandante, y por otra, mediante una remisión a los considerandos 182 y 184 de la Decisión impugnada, las notas del Sr. S. (FC), la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, inicialmente aludida en los considerandos 182 a 186 de la Decisión impugnada;

– en concreto, en el considerando 349, citando las notas del Sr. S. (FC), la conversación telefónica del 4 de diciembre de 1998, inicialmente mencionada en el considerando 219 de la Decisión impugnada;

– y por último, en los considerandos 347 y 349, citando las notas del Sr. S. (FC), la conversación telefónica del 9 de diciembre de 1999, inicialmente referida en el considerando 258 de la Decisión impugnada.

121 Procede determinar si la Comisión apreció implícitamente, en el punto 5.4.1.1 de la Decisión impugnada, otros hechos que puedan demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida, para lo que hay que interpretar los términos del considerando 352 de la Decisión impugnada.

– Interpretación del considerando 352 de la Decisión impugnada

122 Como resulta de los escritos de las partes, la interpretación del considerando 352 de la Decisión impugnada es determinante para identificar otros elementos de prueba distintos a los expresamente expuestos por la Comisión en el punto 5.4.1.1 de la Decisión impugnada, que la Comisión hubiera tomado en consideración para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida.

123 En efecto, a juicio de la demandante, en el considerando 352 de la Decisión impugnada, la Comisión descartó cualquier referencia a las notas del Sr. S. (FC) distinta de las tres referencias que figuran en el considerando 349 de dicha Decisión. La Comisión niega esta interpretación.

124 En la vista, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal en relación con la interpretación que había de hacerse de los términos del considerando 352 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó, en particular, lo siguiente.

125 En primer término, en dicho considerando, la Comisión afirma haber distinguido entre, por una parte, las tres referencias a las notas del Sr. S. (FC) expresamente mencionadas en el considerando 349 de la Decisión impugnada, y por otra parte, los demás elementos de prueba tomados en consideración contra la demandante.

126 En cuanto a las tres referencias a las notas del Sr. S. (FC) expresamente mencionadas en el considerando 349 de la Decisión impugnada, que remiten a los tres hechos descritos en los considerandos 130, 219 y 258 de dicha Decisión, la Comisión insistió en que eran elementos de prueba especialmente acreditativos, puesto que permitían constatar contactos directos entre los miembros del cártel y la demandante.

127 En cuanto a los demás elementos de prueba tomados en consideración contra la demandante, es cierto que, a juicio de la Comisión, no proceden directamente de la demandante. Sostiene, sin embargo, que habida cuenta de la jurisprudencia, no se pueden excluir del conjunto de indicios apreciado por la Comisión para demostrar que la demandante había participado en la infracción controvertida.

128 En segundo término, la Comisión indicó que la fórmula «En los demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada]», al inicio del considerando 352 de ésta, debía ser interpretada en el sentido de que remite a las referencias hechas a la demandante que figuran en los considerandos 220, 256, 305 y 319 y a los demás considerandos referidos en los considerandos 305 y 319.

129 En tercer término, en cuanto al alcance de las frases segunda y tercera del considerando 352 de la Decisión impugnada, en las que se señalan insuficiencias en el expediente de la Comisión y se manifiesta que se tendrán en cuenta en relación con la duración de la infracción, la Comisión indicó que, contrariamente a lo que afirma la demandante, disponía de suficientes pruebas para probar la duración de la participación de la demandante en la infracción controvertida, a saber, entre el mes de diciembre de 1996 y el mes de febrero de 2000. A este respecto, precisó que, aunque dispusiera de otros elementos de prueba que podían acreditar tal participación en 1994, 1995 y a principios del año 1996, había decidido tomar en consideración sólo las mejores pruebas de las que disponía, a saber, las «tres referencias» o incluso «estos tres pasajes», el primero de los cuales era «la llamada del 16 de diciembre de 1996».

130 Habida cuenta de las alegaciones de las partes expuestas en sus escritos y en la vista, procede señalar, ante todo, que de los 21 hechos mencionados en el apartado 117 anterior, las notas del Sr. S. (FC) informan de 19.

131 Además, de estos 19 hechos basados en las notas del Sr. S. (FC), se mencionan expresamente tres en el considerando 349 de la Decisión impugnada, como se indicó en el apartado 120 anterior y según manifestó la Comisión en la vista. Por lo que a ellos se refiere, las partes están de acuerdo en considerar que estas tres referencias no forman parte de los «demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la Decisión [impugnada]», con arreglo al considerando 352 de dicha Decisión.

132 Por último, como resulta del apartado 120 anterior, las notas del Sr. S. (FC), al referirse a la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, están expresamente mencionadas, en el punto 5.4.1.1, en los considerandos 350 y 356 de la Decisión impugnada por remisión a los considerandos 182 y 184 de dicha Decisión. Por tanto, esta cuarta referencia basada en las notas del Sr. S. (FC) tampoco puede formar parte de los «demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada]», con arreglo al considerando 352 de ésta.

133 En cambio, procede observar que los otros quince hechos basados en las notas del Sr. S. (FC) [en lo sucesivo, «las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC)»] no se mencionan expresamente en el punto 5.4.1.1 de la Decisión impugnada.

134 En efecto, en primer lugar, por lo que respecta a la explicación dada por la Comisión de que la fórmula «En los demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada]», que da inicio al considerando 352 de dicha Decisión, remite a los considerandos 220, 256, 305 y 319 de la Decisión impugnada y a los demás considerandos referidos en dichos considerandos 305 y 319 (a saber, los considerandos 130, 150, 184, 219, 229, 256 y 258), debe reconocerse ciertamente que esta interpretación es plausible pues los considerandos 305 y 319 de la Decisión impugnada aluden, en particular, a otros cuatro considerandos de dicha Decisión que exponen el contenido de las notas del Sr. S. (FC) correspondientes a cuatro hechos, a saber, los señalados en los considerandos 150, 220, 229 y 256 de la Decisión impugnada. No obstante, para interpretar la fórmula «En los demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada]», tal explicación o es incompleta, al referirse sólo a cuatro de las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC), o carece de pertinencia, en la medida en que en dichos considerandos 305 y 319 se remite también a los considerandos 130, 184, 219 y 258 de la Decisión impugnada, tres de los cuales constituyen las tres referencias expresas a la demandante basadas en las notas del Sr. S. (FC), mencionadas en el considerando 349, o que, por lo que respecta al considerando 184 de la Decisión impugnada, exponen el contenido de las notas del Sr. S. (FC) correspondientes a la reunión ilícita de 28 de enero de 1998, en la que la demandante reconoció expresamente haber participado, al menos parcialmente. Por tanto, el Tribunal no puede acoger la explicación dada por la Comisión, según la cual la fórmula antes mencionada remite únicamente a los considerandos 130, 150, 184, 219, 220, 229, 256, 258, 305 y 319 de la Decisión impugnada, al ser en parte incompleta y en parte carente de pertinencia.

135 En consecuencia, ha de considerarse que la única interpretación que procede tener en cuenta de la fórmula «En los demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada]», que da inicio al considerando 352 de ésta, es la de que dicha fórmula remite a las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC).

136 En segundo lugar, debe observarse que de los propios términos de la segunda parte de esta primera frase del considerando 352 de la Decisión impugnada se infiere que la Comisión también concuerda con la demandante en el origen probablemente indirecto, en relación con ésta, de la información incluida en las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC). En efecto, de conformidad con los propios términos de esta segunda parte, «la Comisión acepta la alegación de la empresa de que la información puede proceder de terceros en lugar de la propia interesada». Por tanto, procede apreciar que la Comisión acoge expresamente la alegación de la demandante, como se expone en el considerando 345 de la Decisión impugnada (en la subdivisión 5.4.1, titulada «Alegaciones formuladas por la demandante»), inicialmente expuesta en el apartado 44 de su respuesta al pliego de cargos.

137 Sobre este último punto, los términos expresos de esta segunda parte de la primera frase del considerando 352 de la Decisión impugnada resultan determinantes en el caso de autos, puesto que forman parte de la fase contradictoria del procedimiento administrativo, fase que, como se recuerda en el apartado 109 anterior, permite a la Comisión pronunciarse definitivamente sobre la infracción imputada y que finaliza dicho procedimiento, en el presente asunto, acogiendo una alegación de la demandante expuesta en su respuesta al pliego de cargos.

138 En tercer lugar, ha de observarse que la segunda frase del considerando 352 de la Decisión impugnada viene a confirmar esta última apreciación relativa al alcance de la primera frase. En efecto, en ella la Comisión indica también expresamente que su expediente no incluía «suficientes elementos de prueba que permitan acreditar con certeza que la información controvertida», a saber, pues, las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC), «procedía directamente de la demandante». Por tanto, procede considerar que, con esta afirmación, la Comisión indica que los elementos de prueba que figuran en su expediente no le permitían sustentar de forma suficiente en Derecho las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC).

139 Por lo demás, esta apreciación resulta confirmada en parte por la descripción que hace la Comisión de su criterio, referido en el apartado 129 anterior, acerca de los elementos de prueba de que disponía. En efecto, la Comisión indica expresamente en él haber decidido finalmente limitar el período de la infracción imputada a la demandante en función de dichos elementos, ciñéndose a las mejores pruebas de que disponía, a saber, las tres referencias, de las cuales la primera alude a la conversación telefónica del 16 de diciembre de 1996, es decir, con mayor precisión y claridad, las tres referencias mencionadas expresamente en el considerado 349 de la Decisión impugnada.

140 Así pues, la Comisión reconoce que no podía tomar en consideración, a diferencia de estas tres últimas referencias y de las notas del Sr. S. (FC) correspondientes a la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, estas otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC) para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida.

141 Por tanto, procede señalar que, en el considerando 352 de la Decisión impugnada, la propia Comisión duda de la credibilidad de las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC) a efectos de imputar a la demandante la participación en la infracción controvertida.

142 En cuarto lugar, ha de observarse que esta última consideración se ve confirmada a la vista de los términos de la tercera frase del considerando 352 de la Decisión impugnada, en la que la propia Comisión deduce, con total claridad, las consecuencias de sus propias apreciaciones acerca de la falta de credibilidad de las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC) a efectos de demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida. De esa forma, la Comisión manifiesta que «se tendrá en cuenta en relación con la duración de la infracción de la que la demandante debe responder». Tal conclusión pone de manifiesto que la Comisión consideró que, a la vista de los elementos de prueba que figuran en su expediente, las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC) no eran elementos suficientemente creíbles para demostrar que la demandante hubiese participado en la infracción controvertida.

143 No se puede modificar esta apreciación a la vista de las explicaciones facilitadas por la Comisión en la vista, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal sobre el significado que, según ella, debía darse a la tercera frase del considerando 352 de la Decisión impugnada. En la vista, la Comisión sugirió considerar que la última frase del considerando 352 de la Decisión impugnada, esto es, «se tendrá en cuenta en relación con la duración de la infracción de la que la demandante debe responder», produjo sus efectos pues no tomó en consideración las pruebas de las que disponía correspondientes al período anterior al 16 de diciembre de 1996 para precisar la participación de la demandante en la infracción entre 1994 y principios del año 1996.

144 Tal interpretación, que implica que los elementos de prueba descartados con arreglo al considerando 352 de la Decisión impugnada guardaban relación con un período anterior al 16 de diciembre de 1996, no puede acogerse por las dos razones siguientes.

145 En primer término, procede señalar que ninguno de los considerandos referidos en los considerandos 305 y 319 de la Decisión impugnada a los que remite la Comisión para interpretar la fórmula «En los demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en la [...] Decisión [impugnada]» se relaciona con un hecho que tuviera lugar antes de la fecha en la que, según la Comisión, se inició la participación de la demandante en la infracción controvertida, esto es, el 16 de diciembre de 1996. Pues bien, de todas las consideraciones expuestas por la Comisión en el considerando 352 de la Decisión impugnada resulta que las carencias del expediente de la Comisión relativas a los «demás supuestos en los que se hace referencia a [la demandante] en [dicha Decisión]» la llevaron a indicar que las mismas se tendrían «en cuenta en relación con la duración de la infracción de la que la [demandante deb[ía]] responder».

146 En segundo término, esta interpretación viene a contradecir el criterio que la Comisión describió en último término en la vista y que se recuerda, en concreto, en el apartado 139 anterior.

147 Por consiguiente, de la claridad de los términos utilizados por la Comisión en el considerando 352 de la Decisión impugnada se infiere que, en esta fase de la motivación referida, según el propio título del punto 5.4.1.1, a la apreciación y a las conclusiones de la Comisión acerca de las observaciones de la demandante, motivación que viene a concluir la fase contradictoria del procedimiento administrativo, la Comisión había decidido excluir estas otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC) de los elementos de prueba que podían ser tomados en consideración contra la demandante.

148 En quinto lugar, ha de añadirse que, al contrario de lo que afirma la Comisión, en ningún momento, ni en este considerando 352 de la Decisión impugnada, ni siquiera en los demás considerandos del punto 5.4.1.1, la Comisión indica que estimara, pese a esta falta de credibilidad de las otras 15 referencias a la demandante en las notas del Sr. S. (FC), que formasen parte del conjunto de indicios que había invocado para demostrar la participación de la demandante en la infracción controvertida.

149 Muy al contrario, del contexto general de la motivación del punto 5.4.1.1 se deduce que, en un primer momento, en los considerandos 349 a 351 de la Decisión impugnada, como se ha expuesto en el apartado 131 anterior, la Comisión distinguió, por una parte, las tres referencias mencionadas en el considerando 349 de la Decisión impugnada y las relacionadas con la reunión ilícita del 28 de enero de 1998, y por otra parte, las otras 15 referenci