1.

El Reglamento impugnado se adoptó tomando como base el artículo 43 del Tratado, que establece —desde el punto de vista del procedimiento— los requisitos de elaboración de la Política Agrícola Común. Desde el punto de vista del Derecho material, son los apartados 2 y 3 del artículo 40 los que fijan las facultades de la Comunidad. En particular, el apartado 3 establece que una organización común de los mercados agrícolas puede comprender «todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39», pero debe limitarse a perseguir la consecución de dichos objetivos y excluir cualquier discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad. Entre estos objetivos de la letra c) del apartado 1 del artículo 39 figura la «estabilización de los mercados». Indudablemente, las Instituciones comunitarias deben conciliar los distintos objetivos de la Política Agrícola Común que, considerados por separado, pueden parecer contradictorios y, llegado el caso, deben conceder a uno de ellos la preferencia temporal que imponga la situación económica en cuya perspectiva las Instituciones adoptan sus decisiones. A este respecto, disponen de un margen de discrecionalidad particularmente amplio y pueden adoptar, independientemente de las medidas clásicas de intervención previstas en el apartado 3 del artículo 40, decisiones de carácter excepcional y, en particular, crear un gravamen a cargo de los productores del sector excedentario mismo, que es, precisamente, el caso del Reglamento no 1079/77, sin imponer cargas a los productores de otros sectores agrícolas, tal como hizo el Reglamento no 563/76, relativo a la compra obligatoria de leche desnatada en polvo, que tenía por objeto limitar los considerables excedentes almacenados de dicho producto. De esta forma, la tasa de corresponsabilidad está dirigida a estabilizar, con carácter preventivo, el mercado de los productos lácteos. Por su parte, tanto el Consejo como la Comisión consideran que la tasa constituye un medio eficaz para alcanzar este objetivo, ya que está destinada, fundamentalmente, a frenar la producción, y que, a este respecto, debe considerarse un «elemento de precio negativo», que, por lo tanto corresponde en realidad a una reducción del precio de intervención. En estas circunstancias, se trata de determinar si no hubiera sido preferible una reducción pura y simple del precio de la leche, puesto que, al repercutir directamente sobre el consumo, habría permitido conciliar el objetivo de estabilización del mercado y el señalado en la letra d) del apartado 1 del artículo 39, es decir, «asegurar al consumidor precios razonables». El Consejo no ha respondido expresamente a esta cuestión; en cuanto a la Comisión, le ha dado una respuesta escrita ambigua desde el punto de vista técnico, pero clara en su conclusión: la reducción de los ingresos de los productores de leche, consecuencia de la tasa -al contrario que una disminución del precio de intervención- no beneficia al consumidor, que seguirá pagando los mismos precios. Esta respuesta confirma una opción de política económica que me parece deplorable en ciertos aspectos. Pero mi reflexión sólo puede referirse al ámbito de la oportunidad y no creo que por ella pueda verse afectada la validez jurídica del Reglamento controvertido. Cuando menos, debe coincidirse con la Comisión en que la reducción del precio garantizado de la leche a un nivel inferior sólo tendría, en la mayoría de los casos, una influencia indirecta y, sin duda, poco influyente sobre el precio del productor, e indiscutiblemente menor sobre los productos derivados. Ahora bien, es cierto que, por el contrario, la tasa afecta directamente al conjunto de la producción láctea. En cuanto a la ventaja que supone la flexibilidad de la intervención, a primera vista apenas me parece evidente. El sistema establecido permite, sin duda, prever determinadas excepciones y distinciones en mejores condiciones que las que permitiría una política de reducción del precio de intervención. Pero no debe excluirse que tal reducción pueda quedar compensada mediante medidas específicas de ayuda a los productores de las regiones de montaña y de las zonas denominadas desfavorecidas. No obstante, es cierto que el sistema de la tasa es un instrumento más flexible que una acción directa sobre el precio de la leche, por cuanto puede posibilitar una adaptación mejor escalonada en el tiempo o establecer una progresividad que permita tener en cuenta excedentes particularmente importantes durante ciertas épocas del año, sobre todo en los meses de verano. Para ello, sería necesario no sólo que el tipo de la tasa quedara fijado en un nivel lo bastante alto, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, sino también que se adaptara en el tiempo a la evolución de las circunstancias económicas propias del sector agrícola de que se trata; cosa que el Consejo no ha creído posible hacer. No obstante, cualesquiera que sean las indiscutibles imperfecciones del régimen establecido por el Reglamento no 1079/77, es difícil negarle el carácter de mecanismo regulador del mercado. A este respecto, lo que me parece decisivo es el hecho de que sean los propios productores quienes soportan la carga y, de esta forma, contribuyen a atenuar —no digo resolver— el problema de los excedentes. Por esta razón, el fundamento legal de la tasa de corresponsabilidad se encuentra ciertamente en el artículo 43 del Tratado y no hay ninguna necesidad de recurrir a otras disposiciones como el artículo 201 o el artículo 235. Esta última disposición debe descartarse de entrada, por cuanto únicamente entra en juego en caso de que se esté fuera de una habilitación ya prevista. Ahora bien, acabo de decir que el artículo 43 supone por sí mismo, en el caso de autos, tal habilitación del Consejo.