Pues bien, el concepto de pareja que puede contraer legalmente matrimonio es propio del Estatuto y sólo puede interpretarse de manera autónoma. Además, responde al objetivo perseguido por el legislador enunciado en el octavo considerando del Reglamento no 723/2004, que estableció esa versión del Estatuto, según el cual a los funcionarios que mantienen una relación no matrimonial reconocida como estable por un Estado miembro y que no pueden contraer matrimonio legalmente se les deben conceder las mismas ventajas que a las parejas casadas.

Este artículo exige, concretamente, por un lado, que la pareja presente a la administración interesada un documento oficial reconocido como tal por un Estado miembro, o por cualquier autoridad competente de un Estado miembro, en el que se dé constancia de su situación de pareja no casada y establece, por otro, como requisito suplementario, que la pareja no pueda contraer legalmente matrimonio en un Estado miembro. En lo que atañe al contenido y al alcance de este último requisito, la misma disposición precisa que se considerará que una pareja puede contraer legalmente matrimonio únicamente cuando sus miembros reúnan todas las condiciones que imponga la legislación de un Estado miembro para autorizar el matrimonio de dicha pareja.

El concepto de pareja no casada que figura en el artículo 1 quinquies del Estatuto tiene carácter autónomo, ya que el artículo del Estatuto en cuestión no remite a los requisitos establecidos por el Derecho nacional aplicable a cada caso concreto, sino que instaura un régimen jurídico distinto mediante los requisitos recogidos a tal fin en el artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII.

En relación con una discriminación alegada resultante del trato diferenciado en lo que atañe a la concesión de la asignación familiar entre, por un lado, los funcionarios que tienen una relación de pareja estable registrada con una persona del mismo sexo y a los que la normativa nacional no les permite contraer matrimonio, y, por otro, los funcionarios que siendo de distinto sexo y pudiendo contraer legalmente matrimonio han preferido ser una pareja estable registrada, es preciso observar que la comparación es errónea, por cuanto el artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto ni establece ni puede establecer una norma autónoma que se oponga o vaya más allá de las normas que regulan, en cada Estado miembro de la Unión, los derechos y obligaciones de las posibles categorías de relaciones matrimoniales o paramatrimoniales previstas por dichas normas. En cambio, este artículo, precisamente debido a estas diversas normas nacionales, se limita a establecer, para todo funcionario que forme parte de una pareja estable legalmente reconocida en un Estado miembro y que solicite la asignación familiar, un requisito específico, a saber, que la pareja, y no el funcionario como tal, no pueda contraer matrimonio. Pues bien este requisito depende, en lo que respecta al sexo o a la orientación sexual del funcionario que forma parte de la pareja, exclusivamente del régimen jurídico que la normativa de cada Estado miembro reconozca a dichas parejas estables no matrimoniales, de modo que este requisito es, por ello, en el plano estatutario, neutro en todos los sentidos.

Por otro lado, habida cuenta de las diferentes normas nacionales en la materia y que son competencia exclusiva de los Estados miembros, el requisito de que la pareja no pueda contraer legalmente matrimonio no supone una discriminación indirecta, desde el momento en que, entra las posibles relaciones interpersonales reconocidas jurídicamente, el matrimonio es en este momento la única forma de relación civil común a todos los Estados miembros de la Unión, lo que por el contrario no es el caso de la pareja estable.

Ciertamente, el artículo 1, apartado 2, letra c), inciso iv), del anexo VII del Estatuto instaura una diferencia de trato objetiva entre dos categorías de funcionarios. No obstante, aun suponiendo que ambas categorías se hallen en una situación comparable en relación con el objetivo perseguido por la asignación familiar, tal diferencia de trato debe considerarse objetivamente justificada, ya que, en efecto, el legislador de la Unión deseó que los funcionarios que forman parte de una relación de pareja no matrimonial reconocida por un Estado miembro como una pareja estable y que no pueden contraer legalmente matrimonio tengan las mismas ventajas que las parejas casadas.

(véanse los apartados 27 a 29, 31 y 32)