3.

Mediante la primera cuestión, el Juez a quo pregunta si el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE tiene eficacia directa a partir de la expiración del plazo concedido a los Estados miembros para adecuarse a la misma. La FNV, la Comisión y el Reino Unido sugieren que se responda afirmativamente, mientras que los Países Bajos se pronuncian en sentido contrario. Adelanto ya que mi opinión coincide con la de los tres primeros. El argumento del Gobierno neerlandés, basado en la discrecionalidad que se concede a los Estados miembros en relación con los medios de poner en práctica el principio de igualdad de trato, carece absolutamente de fundamento. La eficacia de las Directivas en general y, en particular, la posibilidad de que desplieguen efectos directos son temas demasiado conocidos como para que merezca la pena referirse aquí a ellos funditus. Me limitaré, por lo tanto, a recordar que, según constante jurisprudencia del Tribunal, sería incompatible con la fuerza obligatoria que les confiere el artículo 189 la exclusión en principio de la posibilidad de invocar los derechos correspondientes a las obligaciones que aquéllas imponen. Especialmente en los casos en los que el Consejo o la Comisión hubieran ordenado a los Estados que adoptasen un determinado comportamiento, la eficacia práctica de la Directiva quedaría reducida si los administrados tuvieran que alegarla en juicio y los jueces nacionales que tomarla en consideración como «elemento del Derecho comunitario». En consecuencia, el Estado miembro que no haya adoptado, en el plazo concedido, los medios de exención pretendidos por la Directiva, no puede oponer a los particulares el incumplimiento de las correspondientes obligaciones. Los particulares podrán, por lo tanto, invocar aquellas disposiciones que, desde el punto de vista sustancial, aparecen incondicionales y lo suficientemente claras, para cuestionar la aplicabilidad de las normas internas incompatibles con la Directiva o para reivindicar los derechos que ésta les , concede de cara al Estado (sentencias de 6 de octubre de 1970, asunto 9/70, Grad, Rec. 1970, p. 839; de 4 de diciembre de 1974, asunto 41/74, Van Duyn, Rec. 1974, p. 1349; de 1 de febrero de 1977, asunto 51/76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Rec. 1977, p. 128; de 5 de abril de 1979, asunto 148/78, Ratti, Rec. 1979, p. 1629; de 19 de enero de 1982, asunto 8/81, Becker, Rec. 1982, p. 53, y, por último, de 26 de febrero de 1986, asunto 152/84, Marshall, Ree. 1986, p. 723). Dicho esto, conviene comprobar si, en sí y por sí mismo considerado, el apartado 1 del artículo 4 reúne los requisitos de los que se ha hablado: es decir, estar incondicionado y ser lo suficientemente preciso. Como es sabido, la norma dispone que «el principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de aplicación de los regímenes (de seguridad social) y las condiciones de acceso a los mismos, [...] el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones [...]». Pues bien —observa la Comisión— de entenderse la prohibición así definida a la luz de la obligación de resultado impuesta por el artículo 1 y por el apartado 1 del artículo 8 de la misma fuente: será imposible no considerarla clara, completa y precisa. Si posteriormente se la pone en relación —prosigue diciendo la FNV— con la norma del artículo 5 que obliga a los Estados a «suprimir» las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato: resultará igualmente evidente su carácter incondicional y, en consecuencia, la inexistencia de una facultad discrecional de los Estados en lo tocante a las actuaciones de resultado que la Directiva persigue. Ya he dicho que únicamente el Gobierno neerlandés disiente de esta línea de argumentación. En su opinión, el artículo 4 no tiene eficacia directa porque no señala a los Estados los medios con que poner en práctica el principio de igualdad de trato: por ejemplo, la norma controvertida —cuya naturaleza seguramente discriminatoria se admite— puede modificarse por lo menos de cuatro maneras distintas, pero idóneas todas ellas para hacer efectiva la igualdad hombre-mujer pretendida por la Directiva. Semejante abanico de soluciones demuestra cuan amplio es el margen de apreciación concedido a los Estados. La tesis así resumida confunde, sin embargo, el problema del efecto jurídico con el de la facultad discrecional de que dispone el Estado respecto de la actuación misma de incorporación de la Directiva. Como he dicho, los preceptos claros e incondicionales que aparecen en esta última pueden oponerse a las normas nacionales contrarias y excluir o limitar su aplicabilidad. Lo que no implica, desde luego, que esta solución sea obligatoria. Así, el Estado que la juzgue demasiado onerosa podrá modificar su propio ordenamiento previendo modalidades diversas, si bien conformes al resultado querido por la fuente comunitaria. Al legislar de este modo, no hará otra cosa que dar cumplimiento a la obligación que le ha sido impuesta. Hay que descartar, en particular, que las «dificultades financieras» a las que, según el Gobierno neerlandés, daría lugar la derogación de la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la WWV, puedan incidir sobre el efecto directo del artículo 4. Colocado ante un argumento análogo, el Tribunal resaltó que tales «dificultades [...] (son) debidas a la falta de respeto, por parte de los Estados miembros, del plazo establecido para la aplicación de la Directiva [...] Las consecuencias de semejante actuación han de ser asumidas [...] (por la) Administración y no pueden (ser) transferidas (a cargo de los sujetos que) alegan una obligación determinada que incumbe (al) Estado, conforme al Derecho comunitario [...]» (sentencia Becker, citada, apartado 47). La conclusión que se deriva de estos argumentos es obvia. A partir del 23 de diciembre de 1984, las mujeres discriminadas por el régimen nacional tienen derecho a oponerse a su ulterior aplicación; esto es, pueden aspirar a los subsidios de paro en las mismas condiciones previstas para el hombre casado y, en todo caso, sin que se haga referencia al status de cabeza de familia.