III.

Además, este Tribunal de Justicia no se ha dejado engañar por esta «construcción»: aunque ningún Estado miembro—ni siquiera la República Italiana- ni tampoco la Comisión hayan solicitado la atribución del asunto al Tribunal en sesión plenaria, no se ha dictado auto de atribución a una Sala. En apoyo de sus observaciones, la Comisión expone que, después de haber ofrecido a la República Italiana la posibilidad de presentar sus observaciones el 18 de junio ele 1976, emitió el 31 de julio de 1978 un dictamen motivado al respecto con arreglo al artículo 169, instándola a que en el plazo de un mes adoptara las medidas necesarias para eliminar la imposición diferenciada en lo que respecta a la aplicación del impuesto de fabricación y del tributo especial sobre los alcoholes. Al no conseguir ninguna reacción este dictamen motivado, la Comisión indicó en sus observaciones de 12 de noviembre de 1979 que tenía la intención de recurrir al Tribunal de Justicia «en breve». En el día de hoy, y a pesar de la agravación de la discriminación fiscal que constituye —en opinión de la Comisión— el aumento establecido por el artículo 3 de la Ley de 1978, han transcurrido más de seis meses sin que la Comisión haya dado curso a su «intención». Comprendo, por lo demás, su actitud porque puesto que, si un órgano jurisdiccional llegara a zanjar la cuestión por lo menos en un caso concreto, la Comisión no tendría que recurrir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 169. Pero, además de la delicada situación en que podría encontrarse el Abogado General de este Tribunal de Justicia si la Comisión decidiera recurrir al propio Tribunal con arreglo a dicho artículo, una vez presentadas sus conclusiones y a falta de una resolución del Tribunal, esta forma de proceder no corresponde a la función que los autores del Tratado trataron de atribuir a la Comisión encomendándole «velar por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado así como de las disposiciones adoptadas por las Instituciones en virtud de este mismo Tratado» (párrafo segundo del artículo 155). Si bien el procedimiento del artículo 177 puede constituir una vía procesal autónoma mediante la cual los particulares pueden obtener directamente la salvaguardia de los derechos que para ellos derivan de las disposiciones del Tratado, hay una confusión inadmisible entre esta vía procesal y el recurso por incumplimiento cuando el procedimiento del artículo 169 se emprende antes de los hechos que dieron lugar a la petición de resolución prejudicial. Es oportuno recordar aquí las reflexiones que este procedimiento de remisión prejudicial inspiró el 2 de diciembre de 1964 al Abogado General Sr. Gand en sus conclusiones en el asunto Albatros (20/64, Rec. 1965, pp. 41 y ss.). Recordaba, siguiendo al Abogado General Sr. Lagrange, «por una parte, la dificultad de trazar la frontera entre la interpretación y la aplicación del Tratado, que es al mismo tiempo la de la competencia respectiva de la jurisdicción comunitaria y la de la jurisdicción nacional, cuya delimitación no se ha encomendado a ningún Juez en caso de conflicto. ¿Es preciso, por otra parte, se preguntaba, llevar hasta sus últimas consecuencias el principio según el cual el Tribunal de Justicia no tiene que apreciar las consideraciones en las que el Juez nacional ha fundado la remisión para una decisión prejudicial, incluso si la cuestión carece evidentemente de relación con el litigio principal? ¿Deberá en este caso el Tribunal de Justicia dar a pesar de todo una interpretación abstracta, doctrinal, sin vínculo con la solución de un litigio, pero que no por ello dejará de poder alegarse para otros fines y de crear conflictos con los órganos jurisdiccionales o con las autoridades nacionales? Tal vez este Tribunal de Justicia tenga algún día que fijar un límite a lo que resultaría una utilización indebida de procedimiento.» Mediante una resolución muy reciente (sentencia de 11 de marzo de 1980, Foglia, ↔ Rec. p. 745, conforme a las conclusiones del Primer Abogado General Sr. Warner), este Tribunal de Justicia acaba de fijar un primer límite a tales abusos. Si bien es cierto, como señala la resolución del Pretore, que corresponde al Tribunal de Justicia «comprobar la compatibilidad del sistema italiano con la normativa comunitaria», el procedimiento del artículo 177 es inadecuado e inapropiado «para que el Tribunal de Justicia declare en su caso que es contrario a Derecho el impuesto especial aplicado en Italia a los alcoholes que se van a desnaturalizar», por repetir los términos de dicha resolución. Tan sólo la parte demandante en el litigio principal y la Comisión han presentado observaciones escritas. La Sociedad demandada se ha abstenido de tomar posición. El Gobierno italiano presentó el 13 de marzo de 1980 observaciones orales muy detalladas que el informe para la vista no podía recoger, pero el carácter no contradictorio del procedimiento del artículo 177 no permite al Tribunal de Justicia enjuiciar correctamente el conjunto de la cuestión, ni obtener las aclaraciones precisas mediante diligencias de prueba que podrían revelarse indispensables en una materia tan técnica. El Tribunal de Justicia juzgó, en su sentencia Foglia (apartado 11), que «[...] la función confiada al Tribunal de Justicia por el artículo 177 del Tratado consiste en proporcionar a todo órgano jurisdiccional de la Comunidad los elementos de interpretación del Derecho comunitario que le sean necesarios para la solución de los litigios reales que le han sido sometidos. Si mediante componendas como las que se han descrito anteriormente el Tribunal de Justicia estuviera obligado a pronunciarse, ello iría en contra del sistema de conjunto de las vías de recurso jurisdiccionales de que disponen los particulares para defenderse de la aplicación de leyes fiscales que fueran contrarias a las disposiciones del Tratado.»«Se sigue de ahí que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, no se sitúan en el marco de la función jurisdiccional que incumbe al Tribunal de Justicia en aplicación del artículo 177 del Tratado» (apartado 13). Propongo que este Tribunal de Justicia declare que no es competente para pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional. Si este Tribunal no hace suya esta solución, yo pediría presentar mis conclusiones sobre el fondo.