4.

Llegamos, pues, al texto del artículo 119. Su primer párrafo establece que: «Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y mantendrá después, la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo.» El principio que acaba de ser referido debía, por tanto, ser puesto en práctica antes del final de la primera etapa, es decir, hasta el 1 de enero de 1962. El Tratado constituye un todo: no es posible poner de relieve algunos de sus preceptos e infravalorar otros, sin poner en peligro el equilibrio del conjunto. Así pues, para evitar cualquier retraso en el ámbito social, en previsión del paso a la segunda etapa, la Comisión dirigió a los Estados miembros, y a través de los mismos, a todas las autoridades competentes en materia de fijación de salarios, una recomendación, de fecha 20 de julio de 1960, con la que recordaba la necesidad de cumplir la obligación establecida en el artículo 119 e indicaba los medios adecuados para tal cumplimiento. Pero, por cuanto posteriormente los Estados miembros consideraron que no estaban en condiciones de respetar el plazo previsto, la «conferencia de los Estados miembros» adoptó, el 30 de diciembre de 1961, una Resolución en relación con el artículo 119, por la que se establecía un nuevo calendario para reducir las diferencias de retribución y señalaba el 31 de diciembre de 1964 como fecha con anterioridad a la cual debería haberse suprimido cualquier discriminación. Debe observarse que tanto la recomendación como la Resolución insisten en la necesidad de que los Estados miembros establezcan en sus ordenamientos jurídicos internos algún tipo de acción que las mujeres puedan entablar en caso de que se infrinja el artículo 119. Ello, al parecer, era indicativo de que en opinión de la Comisión y de los Estados miembros, el artículo 119 no era «self-executing». Llegando de este modo al meollo de la materia, debemos examinar si el artículo 119 constituye una norma dotada de eficacia directa. Con arreglo a los criterios definidos en la jurisprudencia de este Tribunal, las normas comunitarias producen efectos directos, en el sentido de que confieren a los particulares el derecho a invocarlas en los procedimientos judiciales, cuando se hallen clara y suficientemente determinadas en cuanto a su contenido, no contengan ninguna reserva, y sean por sí mismas, completas, o sea que para su aplicación por el Juez nacional no sea preciso adoptar ulteriores medidas de ejecución, estatales o comunitarias. Se trata de ver si, dada su naturaleza y contenido, y considerado también en el contexto y en el espíritu del Tratado, el artículo 119 reúne dichos requisitos. La norma objeto de examen obliga incondicionalmente a cada Estado miembro a garantizar durante la primera etapa, y a mantener, posteriormente, la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. Aunque la fórmula empleada «principio de igualdad de retribución» pueda parecer demasiado general y el propio término «principio» poco concreto en cuanto a su alcance, el objetivo de la norma, no obstante, es claro: prohibir cualquier discriminación, en materia de retribución, en perjuicio de la mujer. Se podría objetar que, si bien el artículo 119 define el concepto de retribución a fin de obtener la igualdad, la definición que se da no es tan comprensiva como para excluir cualquier incertidumbre en lo que al alcance preciso de la norma se refiere. No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no constituye ningún obstáculo al reconocimiento del efecto directo de la norma de que se trate el hecho de que los conceptos contenidos en una norma exijan una interpretación por parte del Juez nacional, el cual podrá, en particular, entablar el procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado (sentencias Fink-Frucht, 27/67, Rec. 1968, p. 327, y Van Duyn, 41/74,↔ Rec. 1974, p. 1337). Por lo que respecta a la definición del concepto «mismo trabajo», por lo demás, ya parcialmente precisada en el tercer párrafo del artículo 119 (el cual, además de referirse a la expresión «mismo trabajo» como trabajo remunerado por unidad de obra realizada se refiere al «mismo puesto de trabajo» para un trabajo remunerado por unidad de tiempo), no es necesario que se exagere su importancia para la aplicación del artículo de referencia. Se ha observado justamente, que el artículo 119 «no pretende establecer cuándo los hombres y las mujeres realizan un mismo trabajo, sino tan sólo evitar que en la determinación del salario se tenga en cuenta el sexo del trabajador. El hecho de que el trabajo sea igual o diferente es una cuestión fáctica que debe ser apreciada en cada caso concreto, según las funciones atribuidas a uno y otro sujeto, y no puede ser objeto de una determinación a priori; del mismo modo que no se determina a priori la identidad del trabajo de dos hombres a los que corresponde la misma retribución» (Levi Sandri, en Commentario CEE, vol. II, p. 956). Por lo tanto, es posible considerar que, por cuanto supone la eliminación de cualesquiera discriminaciones basadas en el sexo a fines retributivos, el artículo 119 impone una obligación clara y precisa, sin ningún tipo de reserva. No obstante, debe hacerse resaltar el hecho de que el artículo 119 no abarca, o más bien, no abarca siempre necesariamente, todas las posibles implicaciones del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres, afirmado en toda su amplitud. La aplicación del principio a supuestos distintos de los referidos en dicho artículo (casos de realización del «mismo trabajo», es decir, de un trabajo idéntico) se sitúa sin duda alguna fuera de la esfera en relación con la que puede plantearse la cuestión de la aplicabilidad directa de la norma y pertenece más exactamente al ámbito de la política social cuyas delimitación y aplicación dependen ante todo de las acciones de iniciativa y de coordinación del ejecutivo comunitario y de los Estados miembros.