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En la primera parte del cuarto motivo, AAL alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión vulneró los principios de respeto de la confianza legítima y de seguridad jurídica, en particular, cuando ordenó la recuperación de la ayuda controvertida, por las razones, expuestas en los considerandos 98 y 99 de la Decisión alúmina I, que, por una parte, la publicación de la Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal había puesto fin a su confianza legítima en la legalidad de la ayuda controvertida y que, por otra parte, el principio de seguridad jurídica había dejado de aplicarse en el momento en el que había aclarado una situación que anteriormente era equívoca. AAL estima que existen, en el presente caso, circunstancias excepcionales que le autorizan, de conformidad con la jurisprudencia, a invocar una confianza legítima en que la ayuda controvertida había sido concedida legalmente con arreglo a la Decisión 2001/224 y no se recuperaría y en que la exención controvertida podía aplicarse legalmente hasta el 31 de diciembre de 2006, de conformidad con esta última Decisión, y ello aún después de la publicación de la Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal. La citada publicación no terminó con la situación equívoca en cuanto a la legalidad de la exención controvertida. A este respecto, en primer lugar, AAL invoca la notificación de la exención controvertida a la Comisión en 1983 y la inactividad o el silencio que guardó esta última durante 17 años. En segundo lugar, se refiere a las Decisiones de autorización del Consejo, adoptadas por unanimidad a propuesta de la Comisión, que le llevaron a creer que la ayuda controvertida era legal en la medida en que constataban o se basaban en el postulado de que la exención controvertida no daba lugar a distorsiones de competencia y autorizaban a Irlanda a aplicar la exención controvertida, en último término hasta 2006. En tercer lugar, se apoya en la propuesta de Decisión de autorización del Consejo de noviembre de 1999, de la que se desprendía la intención de la Comisión de obtener, en el futuro, la supresión de la autorización de aplicar la exención controvertida, pero no de recuperar la ayuda concedida con arreglo a la citada exención, durante todo el período en el que ésta estuvo autorizada por el Consejo. En cuarto lugar, invoca su confianza en que Irlanda cumplía con sus obligaciones con arreglo a las normas en materia de ayudas de Estado. En quinto lugar, se remite a la publicación de la Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal, que reflejaba solamente las dudas de la Comisión en cuanto a la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado común y no cuestionaba su confianza legítima, a la luz de la Decisión 2001/224, en que, en cualquier caso, la ayuda concedida hasta 2006 no se recuperaría. En sexto lugar, invoca su confianza en que el procedimiento de investigación formal no llevaría a una decisión negativa en materia de ayudas de Estado. En séptimo lugar, alega la tardanza de la Comisión para adoptar la Decisión alúmina I, que, contrariamente a los principios de buena administración y de seguridad jurídica, se adoptó más de 43 meses después de la recepción por la Comisión, en abril de 2002, de la respuesta de Irlanda a la última solicitud de información adicional remitida por esta institución, lo que reforzó su confianza legítima en que la ayuda controvertida no sería recuperada. En octavo lugar, se refiere al comportamiento de la Comisión con ocasión de la adopción por el Consejo de la Directiva 2003/96, en particular, su comunicado de prensa, de 27 de octubre de 2003, que saludaba dicha adopción, lo que reforzó su confianza legítima en la legalidad de la ayuda controvertida a la luz de las normas en materia de ayudas de Estado. En noveno lugar, menciona la inexistencia de requerimiento de la Comisión a Irlanda de suspender el pago de la ayuda ilegal supuestamente concedida hasta que resolviera sobre su compatibilidad con el mercado común, con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999. En décimo lugar, aduce significativas inversiones a largo plazo que realizó de buena fe, en otoño de 2003, correspondientes, por una parte, a la construcción de una central termoeléctrica, de un coste aproximado de 100 millones de euros, y, por otra parte, a 70 millones de euros de inversión para aumentar su capacidad de producción, sobre la base de la confianza legítima que tenía en que la exención controvertida se aplicaría hasta el 31 de diciembre de 2006 o, como mínimo, que la ayuda concedida hasta esa fecha no se recuperaría.