Asunto T‑217/06

Arkema France y otros

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los metacrilatos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Imputabilidad del comportamiento infractor — Obligación de motivación — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Multas — Gravedad de la infracción — Repercusiones concretas en el mercado — Efecto disuasorio de la multa — Reincidencia — Principio non bis in idem — Principio de proporcionalidad — Circunstancias atenuantes — Falta de aplicación efectiva de los acuerdos — Atribución de la responsabilidad del pago dentro de un grupo de sociedades — Competencia jurisdiccional plena»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

2. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

3. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia — Decisión que afecta a una pluralidad de destinatarios

(Arts. 81 CE, 82 CE y 253 CE)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Consideración de las repercusiones concretas en el mercado — Alcance

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión

[Arts. 81 CE, ap. 1, y 229 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 31]

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios de la empresa infractora

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

11. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción y que se adopta tras otras decisiones condenatorias que tuvieron en cuenta la reincidencia — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 50; art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Conducta que se aparta de la acordada en el marco de las prácticas colusorias

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, segundo guión]

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Volumen de negocios tomado en consideración — Límite fijado por el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo — Criterios de aplicación

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

1. El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica independiente, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica esencialmente las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. En efecto, esto se debe a que, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, constituyen una única empresa, lo que permite que la Comisión dirija a la sociedad matriz una decisión que imponga multas sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción.

En el caso particular en el que una sociedad matriz participa en el 100 % del capital social de una filial que ha infringido las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, cabe afirmar, por una parte, que esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial, y, por otra, que existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial. En estas circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la sociedad matriz posee la totalidad del capital social de la una filial para presumir que aquélla ejerce una influencia determinante en la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios que demuestren que su filial actúa de manera autónoma en el mercado.

La aplicación de esta presunción no está supeditada a la existencia de indicios complementarios.

Cuando una sociedad matriz es propietaria de la práctica totalidad del capital de su filial, dicha sociedad se halla, en principio, en una situación análoga a la de un propietario único en cuanto a su capacidad de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de su filial, a la vista de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que las unen. Por consiguiente, la Comisión puede aplicar a esta situación el mismo régimen de prueba, es decir, puede presumir que dicha sociedad matriz hace uso efectivo de su facultad de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de su filial.

(véanse los apartados 43 a 46, 50 y 53)

2. Cuando aplica la presunción de ejercicio de una influencia determinante para imputar un comportamiento infractor del Derecho de la competencia de una filial a la sociedad matriz, la Comisión puede considerar a la sociedad matriz responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial.

Para destruir esta presunción, corresponde a la sociedad interesada aportar «suficientes elementos probatorios» que demuestren que la filial actúa de manera autónoma en el mercado. En cuanto a la Comisión, le incumbe examinar estos elementos de prueba y no le corresponde aportar elementos positivos para acreditar el ejercicio de tal influencia. Por otra parte, si la parte interesada pudiera cuestionar dicha presunción realizando simples afirmaciones carentes de elementos de apoyo, la presunción quedaría privada de utilidad.

(véanse los apartados 101 y 110)

3. El hecho de que una sociedad sea un holding no basta para excluir que una sociedad matriz haya ejercido una influencia determinante en sus filiales al coordinar las inversiones financieras dentro del grupo. En efecto, en el contexto de un grupo de sociedades, un holding es una sociedad que tiene la misión de reagrupar participaciones en diversas sociedades y cuya función es garantizar la unidad de dirección.

La división de un grupo de sociedades en ramas, que, además, hace abstracción de los vínculos de capital existentes entre las sociedades del grupo, constituye un fuerte indicio de que la coordinación de las actividades de estas ramas corresponde a la sociedad matriz cabecera del grupo. Esta función de la sociedad matriz permite descartar la autonomía de comportamiento en el mercado de la filial.

El hecho de que una sociedad matriz deba autorizar las grandes inversiones de su filial constituye un indicio de que la filial actúa en el mercado teniendo en cuenta los intereses de la sociedad matriz.

(véanse los apartados 107, 113 y 114)

4. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No es necesario que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de las normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad por tal infracción. De este modo, para estar suficientemente motivada con respecto a las sociedades matrices de las empresas acusadas de las infracciones al Derecho de la competencia, la decisión de la Comisión debe contener concretamente una exposición detallada de los motivos que justifican la imputabilidad de la infracción a dichas sociedades. Por otra parte, dado que dichas empresas se ven afectadas por la imputación, la han rebatido durante el procedimiento administrativo y tienen, por lo tanto, un interés en impugnar la decisión adoptada respecto a ellas, deben tener la posibilidad, al igual que sus sociedades matrices, de conocer la justificación de la posición de la Comisión. De lo anterior resulta que, cuando la Comisión fundamenta la imputación de la infracción en la presunción de ejercicio de una influencia determinante y las sociedades afectadas han expuesto en el procedimiento administrativo elementos dirigidos a destruir dicha presunción, la decisión debe contener una exposición suficiente de los motivos que justifican la posición según la cual dichos elementos no permiten destruir dicha presunción.

No obstante, si bien la Comisión está obligada con arreglo al artículo 253 CE a motivar sus decisiones, mencionando los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la han llevado a tomar su decisión, no se le exige que analice todas las cuestiones fácticas o jurídicas planteadas por cada uno de los interesados durante el procedimiento administrativo. Así, aunque la Comisión deba explicitar en su decisión los motivos por los cuales considera que los elementos alegados son insuficientes para destruir la presunción de ejercicio de una influencia determinante, no por ello está obligada, en todos los casos, a discutir, punto por punto, cada uno de los elementos alegados por las empresas afectadas. Una respuesta global, según las circunstancias del caso, puede bastar para que la empresa pueda defender adecuadamente sus derechos y para que el Tribunal pueda ejercer su control.

(véanse los apartados 133 a 135 y 141)

5. La gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de estas prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión.

De ello resulta que el efecto de una práctica contraria a la competencia no es, en sí mismo, un criterio determinante para apreciar el importe adecuado de la multa. En particular, los elementos que forman parte del aspecto intencional pueden tener más importancia que los relativos a dicho efecto, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves. Las prácticas colusorias merecen, por su propia naturaleza, las multas más severas. Su posible repercusión concreta en el mercado, en particular la cuestión de en qué medida la restricción de la competencia llevó a un precio de venta superior al que se habría impuesto en el supuesto de que no hubiera existido el cártel, no es un criterio determinante para fijar el importe de las multas. En ese supuesto, la repercusión concreta de la infracción sólo constituye un elemento entre otros que, si es determinable, permite a la Comisión aumentar el importe de partida de la multa por encima del importe mínimo previsto.

Además, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, su modo de proceder en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución aprecie este criterio de manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionen expresamente en dichas Directrices.

(véanse los apartados 178 a 182)

6. La disuasión constituye uno de los elementos que han de tenerse en cuenta en el cálculo del importe de la multa. En efecto, según reiterada jurisprudencia, las multas impuestas por infracciones del artículo 81 CE, y previstas en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, tienen por objeto castigar los actos ilícitos de las empresas afectadas y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir en el futuro el Derecho de la Unión en materia de competencia. Por lo tanto, al calcular el importe de la multa, la Comisión puede tomar en consideración, en concreto, el tamaño y la capacidad económica de la empresa de que se trate.

Además, el volumen de negocios global de una empresa constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su capacidad económica. Así, para determinar el importe de la multa en un nivel que garantice suficientemente su efecto disuasorio, la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios total de la empresa de que se trate.

En efecto, para garantizar que la multa tenga un efecto suficientemente disuasorio, cuando no motiva la elevación del nivel general de las multas en el marco de la aplicación de una política en materia de competencia, es necesario graduar el importe de la multa con objeto de tomar en consideración el impacto que se pretende producir en la empresa sancionada, a fin de que dicha multa no resulte insignificante o, por el contrario, excesiva, habida cuenta sobre todo de la capacidad económica de la empresa en cuestión, conforme a las exigencias derivadas, por una parte, de la necesidad de garantizar la eficacia de la multa y, por otra, del respeto del principio de proporcionalidad.

Por consiguiente, la posibilidad de que la empresa afectada obtenga más fácilmente los fondos necesarios para el pago de su multa es lo que precisamente puede justificar la aplicación de un coeficiente corrector para lograr que la multa tenga suficiente efecto disuasorio. De ello se desprende que no puede exigirse a la Comisión que establezca un vínculo adicional entre la utilización de los recursos de la empresa y la infracción cometida por ella para que puedan tenerse en cuenta estos recursos a efectos de determinar un nivel de multa suficientemente disuasorio, dado que lo importante en este contexto es el tamaño y la capacidad económica de la empresa infractora como tal.

(véanse los apartados 210, 211, 213 y 214)

7. La necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las multas impuestas por las infracciones del Derecho de la Unión en materia de competencia constituye una exigencia general que debe guiar a la Comisión durante toda la fase de cálculo de la multa. No requiere una etapa específica destinada a una evaluación global de todas las circunstancias pertinentes a efectos de la consecución de dicha finalidad. El incremento del importe de partida de la multa para garantizar un efecto disuasorio suficiente habida cuenta del tamaño y de la capacidad económica de cada empresa constituye una etapa del cálculo de la multa que se deriva de la necesidad de graduar el importe de partida de modo que la multa tenga un carácter suficientemente disuasorio habida cuenta de los recursos globales de la empresa y de su capacidad para movilizar los fondos necesarios para el pago de la multa.

Por lo que se refiere a la cuestión de si, en una decisión que sanciona a una empresa, la Comisión debe, para lograr el efecto disuasorio, tener en cuenta las multas infligidas anteriormente a la misma empresa por hechos que se han producido al mismo tiempo que la infracción objeto de la decisión —en el sentido de que un incremento complementario, a efectos de dicho efecto disuasorio, de la multa infligida por la nueva infracción es inútil debido al carácter suficientemente disuasorio de las multas anteriores— debe declararse que tal solución es contraria al objetivo de disuasión perseguido por la Comisión en su política en materia de multas. Esta solución llevaría a una situación paradójica en la que una empresa que multiplicara su participación en distintos comportamientos ilícitos vería como el coste marginal de cada sanción se reduce progresivamente.

Además, tal solución se basa en la premisa según la cual la Comisión hubiera debido fijar el importe de la multa en función de la probabilidad de que la empresa afectada cometiera nuevas infracciones en el futuro, probabilidad que tenía que haber apreciado habida cuenta del importe total de las multas impuestas a esta empresa durante cierto período de tiempo. Pues bien, tal premisa es incompatible con el concepto de disuasión en Derecho de la competencia.

A este respecto, la facultad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción de las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1, o del artículo 82 CE constituye uno de los medios de que dispone para poder cumplir la función de vigilancia que le atribuye el Derecho de la Unión. Esta función comprende, ciertamente, la tarea de proceder a la instrucción y sanción de las infracciones individuales, pero incluye igualmente el deber de seguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. Así, las multas impuestas por infracciones del artículo 81 CE, y previstas en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, tienen por objeto castigar los actos ilícitos de las empresas afectadas y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir en el futuro el Derecho de la Unión en materia de competencia. Por lo tanto, el factor de disuasión se valora tomando en consideración numerosos elementos y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate. Asimismo, al apreciar la necesidad de incrementar el importe de las multas para garantizar su efecto disuasorio, la Comisión no tiene obligación alguna de valorar la probabilidad de que las empresas implicadas reincidan. Por consiguiente, esta etapa del cálculo de la multa consiste en elevar el importe de partida de la multa teniendo en cuenta elementos objetivos, tales como el tamaño y la capacidad económica de la empresa afectada, y no elementos subjetivos relativos a la apreciación de la probabilidad de que se cometan nuevas infracciones en el futuro.

(véanse los apartados 224, 225, 228 y 231 a 235)

8. Por lo que se refiere al control ejercido por el juez de la Unión sobre las decisiones de la Comisión en materia de competencia, la competencia jurisdiccional plena, atribuida al Tribunal de Justicia por el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003, sobre la base del artículo 229 CE, le permite modificar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para cambiar, por ejemplo, el importe de la multa impuesta.

El artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no es óbice para que éste tenga en cuenta, en virtud de su competencia jurisdiccional plena, las alegaciones formuladas por una parte demandante durante la vista, con el fin de examinar si el incremento de la multa impuesta a la empresa demandante con fines disuasorios estaba justificado a la vista del elemento fáctico invocado por ésta, máxime cuando la Comisión ha tenido la posibilidad de presentar observaciones sobre esta cuestión.

(véanse los apartados 252 y 253)

9. El objetivo disuasorio que la Comisión puede buscar al fijar el importe de una multa impuesta por la infracción del Derecho de la competencia sólo puede alcanzarse válidamente en consideración a la situación de la empresa sancionada en el momento en que se impone la multa. Por lo tanto, los recursos globales de una empresa, que pueden variar de modo significativo, aumentando o disminuyendo, en un lapso de tiempo relativamente breve, en particular entre el cese de la infracción y la adopción de la decisión en la que se impone la multa, han de valorarse, con el fin de alcanzar correctamente el fin disuasorio, respetando el principio de proporcionalidad en el momento en que se impone la multa.

Es cierto que la Comisión puede tener en cuenta, al determinar el importe de la multa, el hecho de que las grandes empresas disponen casi siempre de conocimientos y mecanismos jurídico-económicos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que se derivan de dicha ilegalidad desde el punto de vista del Derecho de la competencia. En esta hipótesis, el volumen de negocios sobre la base del cual la Comisión aprecia el tamaño de las empresas de que se trate y, por tanto, su capacidad para valorar la naturaleza y las consecuencias de su comportamiento, debe referirse a su situación en el momento de la infracción y no en el de la adopción de la decisión.

No obstante, la toma en consideración del elemento relativo a los mecanismos jurídico-económicos que permiten a una gran empresa ser consciente de la ilegalidad de su comportamiento constituye, en el marco del incremento de una multa, un motivo diferente del que se refiere a la necesidad de garantizar un efecto disuasorio suficiente de la multa y que persigue objetivos diferentes.

Pues bien, en la medida en que, por una parte, la justificación de la aplicación de un coeficiente corrector al determinar el importe de la multa se basa en la repercusión que se desea lograr en la empresa sancionada, y no en consideraciones relativas a los mecanismos jurídico-económicos antes mencionados, y, por otra parte, la unidad económica que vincula a la empresa sancionada con su sociedad matriz se haya roto antes de la fecha de adopción de la decisión por la que se impone la multa, no cabe tener en cuenta los recursos de la sociedad matriz a efectos de establecer el coeficiente corrector aplicable a dicha empresa.

Por tanto, el tamaño y la capacidad económica de tal empresa deben valorarse, a efectos de la aplicación del coeficiente corrector, cuando se adopta la decisión que impone la multa.

(véanse los apartados 260, 263 a 265 y 270 a 272)

10. Aunque un error en la determinación del importe de la multa que debe imponerse a una empresa le sea imputable, esta circunstancia no puede justificar que se mantenga el importe de la multa impuesta, dado que es el resultado de haber tenido en cuenta un elemento fáctico materialmente erróneo.

(véase el apartado 274)

11. El principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho de la Unión, recogido además en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia por el cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable por una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso. La aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido.

Este principio no resulta vulnerado en modo alguno por el hecho de que la decisión de la Comisión por la que se impone una multa a una empresa se base en condenas anteriores que ya habían justificado la aplicación de un incremento de la multa infligida a dicha empresa en concepto de reincidencia en varias decisiones anteriores. En efecto, el hecho de que la Comisión, en varias decisiones, basara la apreciación de la reincidencia en las mismas condenas anteriores no significa en absoluto que la Comisión haya condenado a la empresa afectada varias veces por la misma infracción.

La toma en consideración de la reincidencia, como circunstancia agravante, al analizar la gravedad de cada una de las infracciones cometidas por una empresa, se refiere necesariamente al análisis de la gravedad de cada una de esas infracciones, que constituyen, cada una de ellas por sí sola, y con independencia de las demás, una repetición del comportamiento infractor de las normas en materia de competencia, que refleja una tendencia de dicha empresa a no extraer las consecuencias adecuadas de estas condenas.

Por tanto, la consideración de la reincidencia se justifica en tal caso por la necesidad de disuasión suplementaria acreditada por el hecho de que diversas declaraciones de infracción anteriores no bastaron para impedir la repetición de una nueva infracción.

(véanse los apartados 292, 293, 295, 296 y 299)

12. El hecho de que una empresa reconozca que aplicó parcialmente algunos de los acuerdos contrarios a la competencia no basta, por sí sola, para justificar que no se le aplique la circunstancia atenuante invocada. A estos efectos, lo determinante para aplicar la circunstancia atenuante referida a la falta de aplicación efectiva de acuerdos ilícitos, en virtud del número 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, es comprobar si durante el período en el que la empresa afectada tomó parte en dichos acuerdos se abstuvo efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado, o, cuando menos, incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

(véanse los apartados 308 y 309)

13. El artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 establece que para cada empresa que participe en la infracción la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.

Según la jurisprudencia, sólo cuando resulte que varios destinatarios de la decisión que impone la multa constituyen la empresa, en el sentido de entidad económica responsable de la infracción sancionada, en la fecha de adopción de la decisión, podrá calcularse el límite máximo sobre la base del volumen de negocios global de esa empresa, es decir, de todos sus elementos acumulados. Por el contrario, si esa unidad económica se disolvió antes de dicha fecha, cada destinatario de la decisión tiene derecho a que se le aplique individualmente el límite máximo de que se trate.

(véase el apartado 352)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 7 de junio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de los metacrilatos – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Imputabilidad del comportamiento infractor – Obligación de motivación – Principio de igualdad de trato – Principio de buena administración – Multas – Gravedad de la infracción – Repercusiones concretas en el mercado – Efecto disuasorio de la multa – Reincidencia – Principio non bis in idem – Principio de proporcionalidad – Circunstancias atenuantes – Falta de aplicación efectiva de los acuerdos – Atribución de la responsabilidad del pago dentro de un grupo de sociedades – Competencia jurisdiccional plena»

En el asunto T‑217/06,

Arkema France, con domicilio social en Colombes (Francia),

Altuglas International SA, con domicilio social en Puteaux (Francia),

Altumax Europe SAS, con domicilio social en Puteaux,

representadas inicialmente por los Sres. A. Winckler, S. Sorinas Jimeno y P. Geffriaud, posteriormente por los Sres. Sorinas Jimeno y E. Jégou, abogados,

partes demandantes,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. F. Arbault y V. Bottka, posteriormente por los Sres. Bottka y F. Castillo de la Torre, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso en el que se solicita, con carácter principal, la anulación de la Decisión C(2006) 2098 final de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto nº COMP/F/38.645 – Metacrilatos), en la medida en que afecta a las demandantes, y, con carácter subsidiario, la anulación o la reducción de la multa impuesta a las demandantes por la citada Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. O. Czúcz, Presidente, y la Sra. I. Labucka (Ponente) y el Sr. K. O’Higgins, Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de diciembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

Introducción

1 Mediante Decisión C(2006) 2098 final de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto nº COMP/F/38.645 – Metacrilatos) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión condenó solidariamente a Arkema SA y a sus filiales Altuglas International SA (en lo sucesivo, «Altuglas») y Altumax Europe SAS (en lo sucesivo, «Altumax» y, conjuntamente, «Arkema») a una multa de 219.131.250 euros por haber participado en un cártel en el sector de los metacrilatos desde el 23 de enero de 1997 hasta el 12 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «el cártel de que se trata»). Sus matrices, las sociedades, Total SA y Elf Aquitaine SA, fueron consideradas responsables solidarias del pago de la multa en los importes de 140.400.000 y 181.500.000 euros, respectivamente (artículo 2 de la Decisión impugnada).

2 Arkema (anteriormente Atofina SA) es una sociedad anónima francesa que agrupa tres sectores de actividad: productos vinílicos, química industrial y productos técnicos. Cuando sucedieron los hechos referidos en la Decisión impugnada, Elf Aquitaine era propietaria de Arkema, primero, en un 97,6 %, y luego, a partir de la adquisición del grupo Elf por Total Fina SA, el 17 de abril de 2000, en un 96,48 %. Desde esa fecha y durante el resto del período de la infracción de que se trata, Total (anteriormente Total Fina, y posteriormente TotalFinaElf SA) era propietaria de Elf Aquitaine en un 99,43 % (considerandos 265 y 266 de la Decisión impugnada).

3 El 18 de mayo de 2006 Arkema pasó a denominarse Arkema France, con ocasión de su salida a bolsa.

4 Altuglas (anteriormente Atohaas y Atoglas SA) y Altumax son las principales filiales de Arkema en el sector de los metacrilatos y, en particular, del polimetacrilato de metilo (en lo sucesivo, «PMMA»), que participaron en los comportamientos colusorios descritos en la Decisión impugnada (considerando 259 de la Decisión impugnada). Altumax fue propiedad al 100 % de Arkema durante todo el período de la infracción. Altuglas es propiedad al 100 % de Arkema desde 1998. Antes de esa fecha, Elf Atochem SA tan sólo poseía el 50 % de su capital, pero era responsable de su gestión ordinaria (considerando 263 de la Decisión impugnada).

Procedimiento administrativo

5 La investigación, que concluyó con la adopción de la Decisión impugnada, se inició a raíz de la presentación, el 20 de diciembre de 2002, por parte de Degussa AG, de una solicitud de dispensa al amparo de la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2002, relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO C 45, p. 3) (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

6 Los días 25 y 26 de marzo de 2003, la Comisión realizó inspecciones, en particular, en los locales de Arkema. A raíz de dichas inspecciones, Arkema presentó, el 3 de abril de 2003, una solicitud de dispensa o de reducción del importe de la multa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación (considerando 60 de la Decisión impugnada).

7 El 17 de agosto de 2005, la Comisión emitió un pliego de cargos relativo a una infracción en el sector de los metacrilatos y lo dirigió, concretamente, a Total, Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas y Altumax (considerando 85 de la Decisión impugnada).

8 Los días 15 y 16 de diciembre de 2005 se celebró una audiencia a la que asistieron todos los destinatarios del pliego de cargos (considerando 87 de la Decisión impugnada).

9 El 31 de mayo de 2006 la Comisión adoptó la Decisión impugnada.

Decisión impugnada

10 En la Decisión impugnada existen dos aspectos particularmente relevantes a los efectos del presente litigio: la identificación de sus destinatarios y el cálculo de la multa.

Destinatarios de la Decisión impugnada

11 Tras dejar sentado que procedía determinar cuáles eran las entidades jurídicas a las que era imputable la responsabilidad de la infracción (considerando 245 de la Decisión impugnada), la Comisión consideró que Altuglas, Altumax, Arkema y Elf Aquitaine eran solidariamente responsables de la infracción cometida por Altuglas y Altumax durante el período comprendido entre el 23 de enero de 1997 y el 12 de septiembre de 2002. Se considera a Total solidariamente responsable de la infracción cometida por Altuglas y Altumax desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 12 de septiembre de 2002 (considerando 277 de la Decisión impugnada).

12 Más específicamente, en cuanto a la responsabilidad de Elf Aquitaine, la Comisión, habida cuenta de que los miembros del consejo de administración de Arkema eran nombrados por Elf Aquitaine y de que ésta tenía una participación del 97,6 % en el capital de su filial y, después de abril de 2000, del 96,48 %, presumió que Elf Aquitaine tenía una influencia determinante y un control efectivo sobre el comportamiento de Arkema (considerando 265 de la Decisión impugnada).

13 En cuanto a la responsabilidad de Total, la Comisión señaló que desde abril de 2000 y hasta el final de la infracción, esta sociedad había controlado directa o indirectamente el capital de todas las sociedades de explotación del grupo, incluidas aquellas que habían tenido una intervención directa en el cártel de que se trata. En estas circunstancias, la Comisión presumió que Total ejercía una influencia determinante en el comportamiento de sus filiales Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas y Altumax y dirigió un pliego de cargos a todas estas entidades (considerando 267 de la Decisión impugnada).

14 Arkema, por una parte, y Total y Elf Aquitaine, por otra, hicieron llegar por separado sus respuestas al pliego de cargos, alegando, concretamente, que Arkema debía ser la única destinataria de la Decisión impugnada (considerandos 268 y 269 de esta última). La Comisión desestimó sus alegaciones y confirmó la responsabilidad de las cinco entidades mencionadas en el apartado anterior (considerandos 270 a 277 de la Decisión impugnada). En lo sucesivo, se hará mención al conjunto de estas sociedades como «grupo Total».

Cálculo de la multa

15 En cuanto al cálculo de la multa, la Comisión examinó, en primer lugar, la gravedad de la infracción y declaró, inicialmente, que, a la vista de la naturaleza de la infracción y de que ésta abarcaba el conjunto del territorio del EEE, se trataba de una infracción muy grave en el sentido de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») (considerandos 319 a 331 de la Decisión impugnada). A continuación, la Comisión aplicó un trato diferenciado a las empresas que participaron en la infracción, situando al grupo Total en la primera categoría, habida cuenta del volumen de negocios de Arkema realizado en el EEE con los tres productos de PMMA. Sobre esta base, fijó, respecto de ésta, un importe de partida de 65.000.000 de euros (considerandos 332 a 336 de la Decisión impugnada). Por último, habida cuenta del volumen de negocios mundial de Total, la Comisión aplicó un coeficiente corrector de 3 a la multa impuesta al grupo Total para garantizar el efecto disuasorio de la multa, elevando su importe de partida a 195.000.000 de euros (considerandos 337 a 350 de la Decisión impugnada).

16 En segundo lugar, la Comisión examinó la duración de la infracción y comprobó que, dado que Arkema había participado en la infracción durante cinco años y siete meses, el importe de partida debía incrementarse en un 55 %. Este incremento se aplicó a Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas y Altumax. Por lo que se refiere a Total, que había sido propietaria del capital de sus filiales durante un período más corto, la Comisión incrementó la multa en un 20 % (considerandos 351 a 353 de la Decisión impugnada). De este modo, el importe de base de la multa calculada para Arkema (incluida Elf Aquitaine) se eleva a 302.250.000 euros. De este importe, Total responde solidariamente del pago de 234.000.000 de euros (considerando 354 de la Decisión impugnada).

17 En tercer lugar, la Comisión examinó si concurría alguna circunstancia agravante. Por lo que respecta a Arkema, la Comisión consideró, habida cuenta de que existían tres decisiones anteriores de las que había sido destinataria, que había reincidido al cometer una infracción del mismo tipo y decidió incrementar en un 50 % el importe de base de la multa para Arkema. La Comisión precisó, sin embargo, que Total y Elf Aquitaine no habían reincidido y que, por tanto, dicho incremento sólo se aplicaba a Arkema, Altuglas y Altumax (considerando 369 de la Decisión impugnada y nota a pie de página nº 250, referida a dicho considerando).

18 En cuarto lugar, la Comisión desestimó las circunstancias atenuantes alegadas por el grupo Total.

19 En esa fase, tras la ponderación de si concurrían o no circunstancias agravantes y atenuantes, el importe de la multa fue fijado en 365.218.750 euros para Arkema, Altuglas y Altumax. Con respecto a Total, el importe de la multa siguió fijado en 234.000.000 de euros. Con respecto a Elf Aquitaine, el importe de la multa siguió siendo de 302.250.000 euros (considerando 397 de la Decisión impugnada). En aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1), la Comisión consideró que la multa no sobrepasaba el 10 % del volumen de negocios de la empresa afectada (considerandos 398 y 399 de la Decisión impugnada).

20 En quinto y último lugar, la Comisión procedió a aplicar la Comunicación sobre la cooperación y decidió, con arreglo al apartado 23, letra b), primer guión, de la misma, reducir en un 40 % el importe de la multa que, en caso contrario, se habría impuesto al grupo Total (considerandos 403 a 410 de la Decisión impugnada).

21 Así pues, en el artículo 2, letra b), de la Decisión impugnada la Comisión estableció el importe final de la multa como sigue:

«Arkema [...], Altuglas [...] y Altumax [...], [son] conjunta y solidariamente responsables [del pago de 219.131.250] euros, de los cuales Total [...] responde conjunta y solidariamente de 140,4 millones de euros y Elf Aquitaine SA […] responde conjunta y solidariamente de 181,35 millones de euros».

Procedimiento y pretensiones de las partes

22 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 10 de agosto de 2006, las demandantes, Arkema France, Altuglas y Altumax, interpusieron el presente recurso.

23 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue destinado a la Sala Cuarta, a la que, por consiguiente, se ha atribuido el presente asunto.

24 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó, por un lado, a las partes a que respondieran a determinadas preguntas y, por otro lado, a la Comisión a que presentara un determinado documento. Las partes cumplimentaron estos requerimientos en el plazo conferido al efecto.

25 En la vista, celebrada el 15 de diciembre de 2009, se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. Al término de la vista, se dio por concluida la fase oral.

26 Mediante auto de 26 de noviembre de 2010, el Tribunal ordenó la reapertura de la fase oral, con arreglo al artículo 62 de su Reglamento de Procedimiento, con el fin de instar a las partes, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, a que presentaran ciertos documentos y respondieran a algunas preguntas. Las partes atendieron a dichos requerimientos dentro de los plazos señalados. Posteriormente, el 9 de marzo de 2011, concluyó la fase oral del procedimiento.

27 Las demandantes solicitan al Tribunal que:

– Con carácter principal, anule la Decisión impugnada en lo que a ellas se refiere.

– Con carácter subsidiario, anule la multa impuesta por la Decisión impugnada o reduzca su importe.

– Condene en costas a la Comisión.

28 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

29 En apoyo de su recurso, las demandantes invocan, fundamentalmente, ocho motivos. El primer motivo se basa en la infracción de las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas llevadas a cabo por una filial a su sociedad matriz y en la vulneración del principio de no discriminación. El segundo motivo se basa en errores de hecho cometidos por la Comisión al imputar la infracción cometida por Arkema a Total y Elf Aquitaine. El tercer motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la vulneración del principio de buena administración al aplicar las normas de imputabilidad. El cuarto motivo se basa en la vulneración del criterio de las repercusiones concretas en el mercado al fijarse el importe de partida de la multa en 65.000.000 de euros. El quinto motivo se basa en la existencia de errores de hecho y de Derecho al incrementar el importe de partida de la multa con fines disuasorios. El sexto motivo se basa en errores de Derecho cometidos por la Comisión al incrementar la multa en razón de la reincidencia. El séptimo motivo se basa en un error de hecho consistente en que la Comisión no concedió a las demandantes una reducción de la multa en razón de la falta de aplicación efectiva, por parte de Arkema, de algunas de las prácticas imputadas. El octavo motivo se basa en errores de hecho y de Derecho consistentes en la negativa de la Comisión a concederles una reducción de la multa basada en «otros factores». Además, durante la vista, formularon una alegación adicional contra el incremento de la multa realizado con el fin de garantizar un efecto suficientemente disuasorio.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas llevadas a cabo por una filial a su sociedad matriz y en la vulneración del principio de no discriminación

30 Las demandantes alegan que, al presumir que una sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante en una filial cuando es propietaria de la totalidad o de la práctica totalidad del capital de ésta (en lo sucesivo, «presunción de ejercicio de una influencia determinante»), sin aportar ninguna prueba de un control efectivo, la Comisión incurrió en un error de Derecho (primera parte del presente motivo). Consideran que, al actuar de este modo, conculcó asimismo el principio de no discriminación, dado que aplicó a Arkema un nivel de exigencia probatoria diferente del utilizado respecto de otras filiales que participaron en las prácticas imputadas (segunda parte del presente motivo).

Sobre la primera parte, basada en una infracción de las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas llevadas a cabo por una filial a su sociedad matriz

– Alegaciones de las partes

31 Las demandantes sostienen que, según una jurisprudencia reiterada y la práctica decisoria de la Comisión, cuando la empresa autora de la infracción pertenece a un grupo de sociedades, en principio, únicamente la filial de que se trata es responsable de la infracción cometida. Consideran que sólo en determinadas circunstancias las actuaciones de una filial pueden ser imputadas a la sociedad matriz. Tal es el caso, según ellas, cuando la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante en el comportamiento de su filial, habida cuenta de la falta de autonomía de esta última al establecer su política comercial, o cuando la sociedad matriz ha estado implicada (activa o pasivamente, por el simple conocimiento de los hechos) en la infracción cometida por la filial.

32 Las demandantes alegan que, en virtud de la jurisprudencia aplicable, la posesión del 100 % del capital (y, con mayor motivo, del 99,43 %, 97,6 % o 96,48 %) no permite, por sí sola, concluir automáticamente que la sociedad matriz ejerza efectivamente una influencia determinante en la política comercial de su filial. Según las demandantes, la jurisprudencia siempre ha exigido algún elemento adicional a este respecto, como, por ejemplo, que la sociedad matriz haya actuado en el procedimiento administrativo como interlocutor único de la Comisión con el grupo, que no se haya cuestionado la existencia de un poder de control efectivo sobre la filial y que no exista el más mínimo elemento probatorio de la autonomía de la filial.

33 Pues bien, consideran que, en el caso de autos, con excepción de la afirmación de que la práctica totalidad del capital de Arkema era propiedad directa o indirecta de las que, por entonces, eran sus sociedades matrices, la Comisión no proporcionó en la Decisión impugnada ningún indicio que pudiera demostrar que Total y/o Elf Aquitaine ejercieran efectivamente, a lo largo del período de que se trata, una influencia determinante en la política comercial de Arkema o en la aplicación de las prácticas imputadas. En particular, según las demandantes, el hecho, destacado por la Comisión en la Decisión impugnada, de que los miembros del consejo de administración de Arkema fueran nombrados por Elf Aquitaine cuando sucedieron los hechos no es más que la lógica expresión de la participación mayoritaria en el capital de Arkema y no servía para probar el ejercicio de una influencia determinante en ésta.

34 Las demandantes consideran, por consiguiente, que, al presumir el ejercicio de una influencia determinante basándose exclusivamente en la propiedad, directa o indirecta, de la práctica totalidad del capital de Arkema, para imputar las prácticas a las que se refiere la Decisión impugnada a Total y a Elf Aquitaine, la Comisión incurrió en un error de Derecho que justifica la anulación de la Decisión impugnada.

35 Por último, al ser interrogadas por el Tribunal General sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237), en el presente litigio, las demandantes afirmaron en la vista que los hechos del asunto que dio lugar a dicha sentencia, concretamente el control ejercido por la sociedad matriz en las filiales que participaron en la infracción, eran diferentes de los del caso de autos. Por otra parte, las demandantes señalan que, en aquel asunto, el nivel de participación de la sociedad matriz en el capital de su filial era del 100 %, mientras que, en el presente caso, no se alcanza tal nivel (se trata del 99,43 %, 97,6 % y 96,48 %). En cualquier caso, las demandantes afirman que, si ha de interpretarse que la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada anteriormente, permite imputar una infracción cometida por una filial a su sociedad matriz sin que concurra ningún elemento adicional distinto del vínculo capitalista, tal jurisprudencia debería revisarse, en la medida en que habría instituido un régimen de responsabilidad sin culpa incompatible con el Reglamento nº 1/2003.

36 La Comisión declara compartir la tesis de las demandantes según la cual sólo en determinadas circunstancias puede imputarse a la sociedad matriz la responsabilidad derivada del comportamiento infractor de una filial. Tal posibilidad existe cuando la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante en el comportamiento de su filial. Sin embargo, según la Comisión, resulta de una reiterada jurisprudencia que está autorizada a llegar a la conclusión de que una sociedad propietaria de la totalidad o de la práctica totalidad del capital de su filial ejerce efectivamente una influencia determinante en su filial si la sociedad matriz no ha desvirtuado la presunción de ejercicio de una influencia determinante aportando prueba de la autonomía del comportamiento de su filial.

– Apreciación del Tribunal

37 Procede recordar que, según los considerandos 245 a 252 y 259 a 277 de la Decisión impugnada, la Comisión imputó la infracción controvertida a Total y a Elf Aquitaine por constituir una única empresa con Arkema y sus filiales Altuglas y Altumax, que habían participado en los comportamientos colusorios. Para llegar a esta conclusión, la Comisión se basó en la presunción, mencionada en el pliego de cargos, según la cual Total y Elf Aquitaine ejercieron una influencia determinante en el comportamiento de sus filiales. En cuanto a Elf Aquitaine, la presunción del ejercicio de una influencia determinante se basaba en que los miembros del consejo de administración de Arkema eran nombrados por Elf Aquitaine y en que esta última tenía una participación del 97,6 %, posteriormente del 96,48 %, en el capital de Arkema (considerando 265 de la Decisión impugnada). En cuanto a Total, dicha presunción se basaba en el hecho de que, desde el mes de abril de 2000, Total controlaba directa o indirectamente el capital de todas las sociedades del grupo, incluidas las sociedades que habían tenido una intervención directa en el cártel de que se trata, por su participación del 99,43 % en el capital de Elf Aquitaine (considerandos 266 y 267 de la Decisión impugnada). De esta última se desprende que, en su respuesta al pliego de cargos, las sociedades afectadas formularon alegaciones dirigidas a refutar la presunción de ejercicio de una influencia determinante, pero que la Comisión las consideró insuficientes (véanse, en particular, los considerandos 272 y 274 de la Decisión impugnada).

38 Procede recordar, a continuación, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en esta materia.

39 A este respecto, ha de señalarse que el Derecho de la competencia de la Unión tiene por objeto las actividades de las empresas y que el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 54, y la jurisprudencia citada).

40 El Tribunal de Justicia también ha precisado que, en este mismo contexto, debía entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 55, y la jurisprudencia citada).

41 Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe a ella, conforme al principio de responsabilidad personal, responder de esa infracción (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 56, y la jurisprudencia citada).

42 La infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que podrán imponerse multas y el pliego de cargos debe dirigirse a esta última. Asimismo, es necesario que el pliego de cargos indique en qué condición se recriminan a una persona jurídica los hechos alegados (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 57, y la jurisprudencia citada).

43 Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 58, y la jurisprudencia citada).

44 Es así, en efecto, porque, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa en el sentido antes mencionado. En consecuencia, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite que la Comisión dirija a la sociedad matriz una Decisión que imponga multas, sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 59).

45 El Tribunal de Justicia también ha considerado, en el caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 % del capital de una filial que ha infringido las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, por una parte, que esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial, y, por otra, que existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 60, y la jurisprudencia citada).

46 El Tribunal de Justicia precisó que, en estas circunstancias, bastaba con que la Comisión probara que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia determinante sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde desvirtuar dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios que demuestren que su filial actúa de manera autónoma en el mercado (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 61, y la jurisprudencia citada).

47 A la luz de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede declarar que el método seguido en el caso de autos por la Comisión para imputar la infracción controvertida a las sociedades matrices de las demandantes, mencionado en el apartado 37 supra, es correcto.

48 Por una parte, contrariamente a lo que las demandantes parecen sugerir, esta imputación no se ha basado únicamente en la estructura del accionariado, sino también en el hecho de que la presunción de ejercicio de una influencia determinante no había sido desvirtuada (véanse, en particular, los considerandos 272 y 274 de la Decisión impugnada).

49 Por otra parte, de esta jurisprudencia se desprende con claridad (véanse, en particular, los apartados 45 y 46 supra) que la estructura del accionariado de una filial constituye un criterio suficiente para aplicar dicha presunción, sin que la Comisión tenga que proporcionar indicios adicionales en relación con el ejercicio efectivo de una influencia de la sociedad matriz, como exigen las demandantes.

50 Tal conclusión no queda invalidada por las alegaciones de las demandantes según las cuales los hechos que dieron lugar a la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, y concretamente el control ejercido por la sociedad matriz afectada en ese asunto sobre sus filiales, fueron distintos a los del caso de autos. En particular, sin perjuicio de que en aquel asunto se pudieron aportar indicios adicionales (sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartados 13 y 54), tanto de la sentencia de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada (apartados 61 y 62), como de la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra (apartados 61 y 62), se desprende, sin género de dudas, que la aplicación de dicha presunción no está supeditada a la existencia de tales indicios adicionales.

51 Además, procede señalar que la jurisprudencia antes citada se refiere específicamente al «caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 % del capital de su filial» (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 60). Pues bien, en el caso de autos, Total y Elf Aquitaine no participan en la totalidad del capital de sus filiales respectivas.

52 No obstante, ha de subrayarse que las demandantes, aunque señalaron esta diferencia fáctica durante la vista (véase el apartado 35 supra), no formularon ninguna alegación específica para oponerse a que se aplicara el mismo régimen probatorio a ambas situaciones, a pesar de que la cuestión de la aplicación de la presunción de ejercicio de una influencia determinante a casos distintos del de la participación por la sociedad matriz en la totalidad del capital de su filial fue objeto de una pregunta escrita del Tribunal a la Comisión y, posteriormente, fue debatida durante la vista.

53 En cualquier caso, procede señalar que una sociedad matriz propietaria de la práctica totalidad del capital de su filial se halla, en principio, en una situación análoga a la de un propietario único en cuanto a su capacidad de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de su filial, a la vista de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que las unen. Por consiguiente, la Comisión puede legítimamente aplicar a esta situación el mismo régimen de prueba, es decir, presumir que dicha sociedad matriz hace uso efectivo de su facultad de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de su filial. Ciertamente, no se excluye que, en algunos casos, los socios minoritarios puedan disponer, respecto de la filial, de algunos derechos que pongan en tela de juicio dicha analogía. Sin embargo, además de que tales derechos no suelen ser inherentes a participaciones muy minoritarias, como las del presente caso, las demandantes no han alegado nada en este sentido en el presente asunto. Por lo tanto, la Comisión aplicó fundadamente a las sociedades matrices de las demandantes la presunción de ejercicio de una influencia determinante.

54 Por último, y por lo que se refiere a la alegación según la cual, en lo esencial, la jurisprudencia sentada en la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (apartado 35 supra), debería revisarse, el Tribunal General estima que, en las circunstancias del caso de autos, no le corresponde volver a examinar una cuestión jurídica dirimida con claridad por el Tribunal de Justicia en una sentencia reciente.

55 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del presente motivo.

Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del principio de no discriminación

– Alegaciones de las partes

56 Las demandantes alegan que, mientras que en su caso la Comisión se basó exclusivamente en la presunción de ejercicio de una influencia determinante a los efectos de imputar la infracción a la sociedad matriz, con respecto a la mayor parte de las demás filiales destinatarias de la Decisión impugnada tuvo en cuenta indicios adicionales. Las demandantes invocan, a este respecto, el trato aplicado por la Comisión a Degussa, a ICI plc y a Lucite International Ltd en la Decisión impugnada.

57 Consideran que la Comisión incurrió de este modo en una discriminación injustificada en la práctica de la prueba. Las demandantes subrayan que, si la Comisión hubiese aplicado a Arkema el mismo nivel de exigencia probatoria que el aplicado a las otras empresas, habría llegado necesariamente a la conclusión de que la infracción era únicamente imputable a Arkema.

58 Por otra parte, en cuanto a la alegación de la Comisión de que la Decisión impugnada indica que los miembros del consejo de administración de Atofina fueron nombrados por Elf Aquitaine, las demandantes subrayan que no es más que la lógica expresión de la participación mayoritaria en el capital de Arkema y señalan que este indicio no guarda proporción con los indicios en que se basó la Comisión en relación con Degussa, respecto de la cual la Comisión tuvo en cuenta la participación activa de la sociedad matriz en la infracción. En cualquier caso, las demandantes señalan que este indicio sólo es aplicable a Elf Aquitaine y no a Total.

59 La Comisión refuta estas alegaciones.

– Apreciación del Tribunal

60 Ha de recordarse que la observancia del principio de igualdad de trato o de no discriminación exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas del mismo modo, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007, Lindorfer/Consejo, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, apartado 63, y la jurisprudencia citada).

61 Debe estimarse que las demandantes no acreditan que la Comisión haya conculcado este principio al imputar la infracción controvertida a los destinatarios de la Decisión impugnada.

62 En primer lugar, ha de señalarse que la situación de ICI Acrylics no es comparable a la de las demandantes. En efecto, se desprende claramente de la Decisión impugnada que ICI Acrylics –la entidad que participó directamente en la infracción controvertida– era una mera unidad comercial de ICI, desprovista de personalidad jurídica, y no una filial de ésta, participada al 100 % o casi (véanse, en particular, los considerandos 280, 287 y 288 de la Decisión impugnada). Por consiguiente, por lo que respecta a ICI, la Comisión no aplicó la presunción de ejercicio de una influencia determinante (con o sin el respaldo de otros elementos), sino que simplemente identificó a la persona jurídica de la que la unidad comercial que había cometido la infracción formaba parte en el momento en que sucedieron los hechos (considerandos 288 y 289 de la Decisión impugnada).

63 En segundo lugar, por lo que atañe a Degussa, procede destacar que, en el considerando 255 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló lo siguiente:

«Röhm GmbH & Co. KG (filial al 100 % de Degussa) y Para-Chemie GmbH (filial al 100 % de Röhm) son entidades jurídicas independientes. Dado que estas dos empresas estaban participadas, directa o indirectamente, al 100 % por Degussa […] y que una parte del consejo de vigilancia de Röhm estaba formado por miembros de la dirección de Degussa […], la Comisión considera a Degussa responsable de los comportamientos infractores de Röhm […] y de Para-Chemie […]»

64 En cuanto a Lucite International, la Comisión afirmó, en el considerando 294 de la Decisión impugnada, lo siguiente:

«Lucite International UK Ltd es una de sus filiales al 100 %. Además, cuando se cometió la infracción, los miembros del consejo de administración de Lucite International […] también eran miembros del consejo de administración de Lucite International UK […]»

65 Así pues, es cierto que, para imputar a Degussa y a Lucite International el comportamiento infractor de sus respectivas filiales, la Comisión se basó en la presunción de ejercicio de una influencia determinante como consecuencia de la participación del 100 % en el capital de la filial por la sociedad matriz, si bien mencionando un elemento adicional, a saber, respectivamente, la presencia en el consejo de vigilancia de la filial de miembros de la dirección de la sociedad matriz y la identidad de los miembros del consejo de administración de dos sociedades.

66 Sin embargo, no se infiere de ello que Degussa y Lucite International, así como sus filiales, recibieran un trato distinto del recibido por las demandantes y sus sociedades matrices que constituya una vulneración del principio de igualdad de trato.

67 Procede subrayar, en efecto, que, al igual que las sociedades matrices de las demandantes, Degussa y Lucite International han sido consideradas responsables del comportamiento infractor de sus filiales (considerandos 258 y 296 de la Decisión impugnada). Ahora bien, nada en la Decisión impugnada hace pensar que la Comisión las hubiese eximido de esta responsabilidad si no hubiese podido señalar los elementos adicionales mencionados.

68 A este respecto, debe recordarse que, en los considerandos 245 a 252 de la Decisión impugnada, la Comisión expuso los principios que la guiaron en la identificación de los destinatarios de la Decisión impugnada. De ellos se colige con claridad que, al existir un control de la totalidad o de la práctica totalidad del capital de una filial, la Comisión se consideró legitimada para declarar la falta de autonomía de dicha filial basándose únicamente en la presunción de ejercicio de una influencia determinante, siempre que la misma no hubiese quedado desvirtuada en el procedimiento administrativo, y, por lo tanto, para imputar el comportamiento infractor de dicha filial a la sociedad matriz debido a que esta última formaba parte de la misma empresa (véanse, en particular, los considerandos 247 y 248 de la Decisión impugnada).

69 Procede, por lo tanto, señalar, como sostiene la Comisión, que al indicar la existencia de elementos distintos del vínculo capitalista, cuando estaban disponibles, sólo lo hizo a mayor abundamiento. Por otra parte, por lo que respecta al grupo Total, la Comisión también subrayó el hecho de que los miembros del consejo de administración de Arkema habían sido nombrados por Elf Aquitaine. No obstante, la Comisión no supeditó en absoluto la imputación del comportamiento infractor de una filial participada al 100 %, o casi al 100 %, a su sociedad matriz a la existencia de tales elementos adicionales. Por otro lado, esta interpretación se ve confirmada por el hecho de que, en lo que se refiere a algunas sociedades matrices, la Decisión impugnada menciona exclusivamente el vínculo capitalista. Así ocurre en el caso de Total (considerando 266) y de las sociedades del grupo Barlo, a saber, Barlo Plastics Europe NV, Barlo Plastics NV y Barlo Group plc (considerando 301).

70 Por lo demás, debe recordarse que el método seguido por la Comisión en el caso de autos para imputar la infracción controvertida a las sociedades matrices de las demandantes es correcto, como se desprende de lo que antecede (véase el apartado 47 supra).

71 Por consiguiente, debe desestimarse la segunda parte del presente motivo y, en consecuencia, el primer motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo, basado en errores de hecho cometidos por la Comisión al imputar la infracción cometida por Arkema a Total y a Elf Aquitaine

72 Las demandantes sostienen que, incluso suponiendo que el método que consiste en aplicar la presunción de ejercicio de una influencia determinante sea válido con respecto de ellas, la Comisión no contaba con ningún fundamento fáctico para imputar la infracción a Total y a Elf Aquitaine. Sostienen que han acreditado, en primer lugar, la falta de cualquier implicación de los directivos de Elf Aquitaine y de Total en las prácticas en cuestión y, en segundo lugar, la autonomía de Arkema al fijar su política comercial.

Sobre la primera parte, basada en que no se ha tenido en cuenta la falta de implicación de los directivos de Total y de Elf Aquitaine en las prácticas a que se refiere la Decisión impugnada

– Alegaciones de las partes

73 Las demandantes subrayan que la Comisión no aduce, en la Decisión impugnada, que los directivos de Elf Aquitaine o de Total estuvieran implicados de algún modo en las prácticas en cuestión o que tuvieran conocimiento de las infracciones cometidas. Señalan, por otra parte, que, a lo largo de la investigación, la Comisión no dirigió ninguna solicitud de información a dichas empresas y que ni siquiera procedió a hacer alguna indagación en sus locales.

74 Pues bien, en opinión de las demandantes, según la práctica decisoria de la Comisión, la falta de participación activa o pasiva de la sociedad matriz en la infracción puede llevarla a excluir la imputación a la sociedad matriz de la infracción cometida por la filial, incluso aunque aquella ostente la mayoría o la totalidad del capital de dicha filial.

75 Por otra parte, las demandantes señalan, a este respecto, que el grupo al que pertenecían en la época en que ocurrieron los hechos insistía en el cumplimiento absoluto de la normativa de competencia, lo cual llevó, por cierto, a Arkema a instaurar un programa de cumplimiento del Derecho de la competencia a partir del mes de enero de 2001, esto es, tan sólo unos meses después de que Total Fina adquiriera el grupo Elf el 17 de abril de 2000. Consideran, por lo tanto, que si Total y/o Elf Aquitaine hubieran podido enterarse de las prácticas contrarias a la competencia aplicadas por Arkema, habrían ordenado inmediatamente su cese.

76 Por consiguiente, según las demandantes, la Comisión hubiera podido basarse en este dato para considerar que estas sociedades, aunque eran propietarias de la práctica totalidad del capital de Arkema durante el período al que se refiere la infracción, no eran responsables de su comportamiento infractor en el mercado de PMMA.

77 La Comisión refuta estas alegaciones.

– Apreciación del Tribunal

78 Ha de recordarse que, de acuerdo con los considerandos 245 a 252 y 259 a 277 de la Decisión impugnada, la Comisión imputó la infracción controvertida a Total y a Elf Aquitaine por constituir, cuando se produjeron los hechos, una única entidad económica y, por lo tanto, una empresa en el sentido del Derecho de la competencia con Arkema y sus filiales, Altuglas y Altumax, que habían participado en los comportamientos colusorios. Para llegar a esta conclusión, la Comisión se basó en la presunción de ejercicio de una influencia determinante y constató que no se había refutado dicha presunción durante el procedimiento administrativo. Como se desprende del examen del primer motivo, la utilización de este método fue acertada.

79 Pues bien, como resulta de la jurisprudencia, el hecho de que una sociedad matriz y su filial constituyan una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite a la Comisión dirigir a la sociedad matriz una decisión por la que se imponen multas, sin que sea necesario establecer la implicación personal de esta última en la infracción (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartado 50). Por consiguiente, la Comisión no necesitaba probar la implicación directa de los directivos de la sociedad matriz o incluso su conocimiento de los hechos imputados. De igual modo, el comportamiento de la Comisión en el procedimiento administrativo y, concretamente, el hecho de que no dirigiera ninguna solicitud de información a las sociedades matrices, ni procediera a hacer indagaciones en sus locales, carece de incidencia en la cuestión de si forman con su filial una empresa en el sentido del artículo 81 CE.

80 En cuanto a la práctica decisoria de la Comisión invocada por las demandantes, procede declarar que, incluso admitiendo que la Comisión suela supeditar la imputación de la infracción a la sociedad matriz a la implicación directa de sus directivos en la infracción, esto no tendría ninguna incidencia en la legalidad de la Decisión impugnada en este punto, toda vez que el método utilizado en el caso de autos era correcto. Por otra parte, en su escrito de réplica, las demandantes aclaran que no sostienen que la falta de participación de una sociedad matriz en la infracción cometida por su filial baste por sí sola para excluir la responsabilidad de la sociedad matriz, sino que únicamente constituye un elemento que la Comisión puede tener en cuenta a estos efectos.

81 Por último, como sostiene acertadamente la Comisión, la falta de implicación directa de los directivos de la sociedad matriz o su ignorancia de los hechos imputados, suponiendo que pudieran acreditarse, no podrían bastar para desvirtuar la presunción de ejercicio de una influencia determinante.

82 Por consiguiente, procede desestimar la primera parte del presente motivo.

Sobre la segunda parte, basada en que no se han tenido en cuenta los elementos que prueban la autonomía real de Arkema al establecer su política comercial

– Alegaciones de las partes

83 Las demandantes alegan que Arkema demostró, a lo largo del procedimiento administrativo, que, durante el período contemplado por la Decisión impugnada, su política comercial nunca había sido marcada por Elf Aquitaine ni por Total. En este sentido consideran que el hecho de que, en aquella época, fuera jurídicamente una filial de Elf Aquitaine y que los miembros de su consejo de administración fueran nombrados por esta última no afectó en nada a su autonomía a la hora de establecer su política comercial. Estiman, por tanto, que al imputar la infracción llevada a cabo por Arkema a sus sociedades matrices de entonces, la Comisión cometió un error de hecho.

84 En primer lugar, las demandantes señalan que el hecho de que ni Total ni Elf Aquitaine definan la política comercial de sus filiales obedece a la propia estructura del grupo. En efecto, aducen que se trata de sociedades holding, accionistas de varios grupos de sociedades que actúan de forma autónoma en sus respectivos sectores de actividad.

85 En segundo lugar, las demandantes alegan que Arkema demostró que era completamente autónoma a la hora de fijar su política comercial en relación con el PMMA, y concretamente con respecto a su política de precios y a la elección de sus clientes. Indican que Arkema era la sociedad matriz de la rama química y la que daba, efectivamente, las directrices a sus propias filiales, como Altuglas y Altumax. Alegan que, por encima de Arkema, la relación se limitó a la que suele haber entre un accionista preocupado por preservar sus intereses económicos y un director independiente, encargado de gestionar la actividad química. Así pues, consideran que el papel de Total y de Elf Aquitaine se limitó a autorizar grandes inversiones y a recibir la información contable y financiera en relación con los resultados de su filial, como exige la legislación aplicable. A este respecto, las demandantes se remiten a la nota interna titulada «Facultades internas y compromisos de gasto», adjunta a su escrito de demanda.

86 A este respecto, las demandantes distinguen dos períodos: de 1992 a 2000 y de 2001 a 2004.

87 En cuanto al período que va desde 1992 hasta 2000, señalan que la política comercial, por lo que se refiere a las actividades relativas al PMMA, era fijada de modo autónomo por Elf Atochem a través de la división «Intermedios orgánicos de síntesis» (en lo sucesivo, «división IOS»). Añaden que las orientaciones generales de esta política comercial, en forma de plan de negocios a cinco años, eran aprobadas previamente cada año por el comité de dirección general de Elf Atochem, que asimismo aprobaba el presupuesto de la división IOS.

88 En cuanto al período que va desde 2001 hasta 2004, señalan que la política comercial con respecto a las actividades relativas al PMMA fue definida de forma autónoma por Arkema, a través de Atoglas (actualmente Altuglas). De este modo, las orientaciones generales de esta política comercial, en forma de plan de negocios a cinco años, eran aprobadas previamente cada año por el comité de dirección de química, órgano ejecutivo de la rama química. Añaden que el presupuesto de actividades relativas al PMMA era objeto de una presentación al comité ejecutivo de Total, en el marco de la presentación del presupuesto global de Atoglas. Este comité ejecutivo intervenía en materia de inversiones respecto a las decisiones cuyo importe superaba los 10.000.000 de euros, y valoraba los niveles de riesgo y de rentabilidad de estas inversiones.

89 Las demandantes subrayan, en particular, que ni Total ni Elf Aquitaine determinaban la política comercial de Arkema para actividades como las del caso de autos, que sólo representaban una parte mínima de su volumen de negocios. Recuerdan, a este respecto, que, en 2002 (último año de la infracción), el volumen de negocios mundial realizado por Arkema por la venta de PMMA alcanzó 416.000.000 de euros, lo que representaba el 2,1 % del volumen de negocios global de la rama química y el 0,4 % del volumen de negocios global del grupo Elf Aquitaine/Total.

90 Por otra parte, las demandantes subrayan que, incluso suponiendo que la presunción de ejercicio de una influencia determinante sea válida, para que pueda invertirse tal presunción, la carga de la prueba que recae en la empresa afectada debería referirse a la falta de control efectivo de la sociedad matriz en la política comercial de la filial en el mercado de que se trate y, por lo tanto, en este caso, en el mercado del PMMA. En su opinión, la adopción de un enfoque diferente que consista en exigir la demostración de una autonomía completa respecto de la sociedad matriz, y, por lo tanto, la refutación de una posibilidad en abstracto, para la sociedad matriz, de ejercer una influencia determinante en su filial, en la situación en la que es propietaria del 100 % de su capital, equivaldría a exigir una prueba diabólica y a introducir una presunción iuris et de iure.

91 En tercer lugar, las demandantes hacen notar que el control global ejercido por Total y Elf Aquitaine sobre Arkema contrasta con el control ejercido por Arkema sobre sus filiales Altuglas y Altumax, que estaban integradas en el seno de Arkema, tanto a nivel operativo como a nivel funcional. Las demandantes subrayan también que Arkema intervino a lo largo del procedimiento en su propio nombre y en nombre de sus filiales sin negar en ningún momento de la investigación la existencia de un control efectivo sobre sus filiales.

92 Por una parte, alegan que, a nivel operativo, Arkema, a diferencia de Elf Aquitaine y de Total, que estaban ausentes del proceso de fabricación de metacrilatos, tenía una actividad de fabricación de metacrilato de metilo, materia prima utilizada –en parte– de forma cautiva por sus filiales Altuglas y Altumax para la producción y distribución de PMMA.

93 Por otra parte, señalan que, a nivel funcional, pese a ser ejercida por filiales de Arkema (Altuglas y Altumax), la actividad relacionada con el PMMA siempre estuvo integrada en la organización comercial de Arkema: en un primer momento, en el seno de la división IOS hasta 2000, y posteriormente, a través de una unidad comercial específicamente dedicada al PMMA a partir de 2001. Además, a lo largo del período de referencia, la mayoría de los miembros del consejo de administración de la sociedad Altuglas eran representantes de las direcciones jurídicas y financieras de Arkema. Añaden que estos últimos ejercieron responsabilidades no sólo en el seno de Arkema, sino también en el seno de Altuglas, que no disponía de servicios jurídicos y financieros propios. Por último, todos los miembros del personal de Altuglas implicados en las prácticas a las que se refiere la Decisión impugnada informaban regularmente a un miembro de la dirección de Arkema. Durante el período de la infracción dicho miembro era M.G., que fue director de la división IOS hasta 2000 y miembro del comité de dirección de química a partir de 2001.

94 Las demandantes destacan, por otra parte, que esta integración funcional y operativa entre Arkema y sus filiales Altuglas y Altumax se confirmó en 2004, con ocasión de la reorganización de la rama química del grupo Total y de la creación de Arkema, y más tarde, en mayo 2006, con la salida a bolsa de Arkema.

95 En cuarto lugar, las demandantes subrayan que ninguno de los documentos obtenidos a lo largo del procedimiento demuestra que Arkema recibiera, directa o indirectamente, ninguna instrucción o recomendación de Elf Aquitaine o de Total en relación con la política comercial que debía llevarse en los mercados de los metacrilatos, a pesar de que la Comisión obtuvo, en la sede de Arkema, centenares de documentos.

96 En quinto lugar, las demandantes alegan que la posición adoptada por la Comisión en la Decisión impugnada es contraria a su propia práctica anterior. Según ellas, en la Decisión C(2003) 4570 final de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑2/37.857 – Peróxidos orgánicos, en lo sucesivo, «Decisión peróxidos orgánicos»), la Comisión no imputó la responsabilidad de la infracción cometida por Arkema a Elf Aquitaine, a pesar del vínculo capitalista existente entre ambas empresas. Estiman que, al actuar de este modo, la Comisión admitió que Arkema disfrutaba de una autonomía real al determinar su política comercial. En opinión de las demandantes, desde el momento en que el período al que se refiere la Decisión peróxidos orgánicos coincide en parte con el contemplado en la Decisión impugnada y que las relaciones económicas y financieras que vinculan a Arkema y Elf Aquitaine eran exactamente iguales en ambos asuntos, la Comisión no debió apartarse de la posición adoptada en el asunto que dio lugar a la Decisión peróxidos orgánicos.

97 Añaden que el control limitado y global ejercido por Total y Elf Aquitaine en sus filiales fue confirmado recientemente por el Conseil de la concurrence (Consejo de la Competencia francés), que señaló, en una decisión relativa al mercado de la distribución de carburantes en carretera, que Total Raffinage Distribution SA y Elf Antar France SA disponían de una autonomía suficiente en la determinación de su política comercial.

98 Por último, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en errores de Derecho al apreciar la naturaleza y el reparto de la carga de la prueba. Consideran que, dado que la presunción de ejercicio de una influencia determinante admitida por la Comisión no iba acompañada de ningún elemento adicional que pudiera acreditar el control efectivo por parte de las sociedades matrices de la política comercial de Arkema en relación con el mercado del PMMA, el simple hecho de que Arkema aportara, a lo largo del procedimiento administrativo, elementos idóneos para probar su autonomía real en el mercado era suficiente para invertir la carga de la prueba. Según ellas, correspondía, pues, a la Comisión demostrar que, pese a dichos elementos, Total y Elf Aquitaine ejercían una influencia determinante en sus filiales en relación con el mercado de que se trata.

99 La Comisión alega que los elementos aportados por las demandantes en el procedimiento administrativo, y mencionados de nuevo en el escrito de demanda, no son suficientes, ni siquiera en su conjunto, para acreditar la autonomía de Arkema en su comportamiento en el mercado en relación con Elf Aquitaine y, por lo tanto, para invertir la presunción de ejercicio de una influencia determinante.

– Apreciación del Tribunal

100 Con carácter preliminar, ha de señalarse que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes (véanse los apartados 90 y 98 supra), la Comisión no ha incumplido, en el caso de autos, las normas en materia de carga de la prueba.

101 A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia sentada en la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (apartado 35 supra, apartado 61), para desvirtuar la presunción de ejercicio de una influencia determinante, corresponde a la sociedad interesada aportar «suficientes elementos probatorios» que demuestren que la filial actúa de manera autónoma en el mercado. En cuanto a la Comisión, le incumbe examinar estos elementos de prueba y no aportar elementos positivos para acreditar el ejercicio de tal influencia. Por otra parte, si la parte interesada pudiera cuestionar dicha presunción realizando simples afirmaciones carentes de elementos de apoyo, la presunción quedaría privada de utilidad.

102 Pues bien, procede destacar, de entrada, que, en su respuesta al pliego de cargos, las demandantes aportaron muy pocos elementos concretos en apoyo de sus afirmaciones en cuanto a la autonomía de Arkema en el mercado. En particular, el apartado III.2 de dicha respuesta, titulado «Arkema disfrutó [durante el período de la infracción] de una autonomía real al establecer su política comercial», no se remite a ningún documento en apoyo de las afirmaciones que contiene. Por lo tanto, la apreciación de la Comisión que figura en el considerando 272 de la Decisión impugnada, según la cual los elementos aportados por las demandantes constituían meras afirmaciones no respaldadas con suficientes pruebas, resulta ser exacta. Como se desprende del apartado anterior, la misma permite concluir, fundadamente, que la presunción de ejercicio de una influencia determinante no ha sido desvirtuada.

103 Además, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, el enfoque adoptado en la Decisión impugnada no equivale a exigir una prueba diabólica. En efecto, según la jurisprudencia, para establecer si una filial determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado, procede tener en cuenta el conjunto de elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a dicha filial con la sociedad matriz, los cuales pueden variar según los casos y no pueden, por tanto, ser objeto de una enumeración exhaustiva (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartados 73 y 74). Por consiguiente, correspondía a las demandantes presentar todos los elementos relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a dicha filial con la sociedad matriz y que estimaran idóneos para demostrar que no constituían una entidad económica única (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 50 supra, apartado 65). Suponiendo que las demandantes no hayan podido aportar tales elementos probatorios en el caso de autos, ello no significa que dicha presunción no pueda desvirtuarse en ningún caso.

104 Una vez hechas estas observaciones de carácter general, procede examinar las alegaciones concretas realizadas por las demandantes.

105 En primer lugar, éstas se basan en el hecho de que Total y Elf Aquitaine son sociedades holding y alegan que la autonomía de sus filiales obedece a la propia estructura del grupo.

106 Se impone señalar, por una parte, que las afirmaciones según las cuales Total y Elf Aquitaine son sociedades holding no se fundamentan en ninguna prueba.

107 Por otra parte, aun suponiendo que tales afirmaciones sean ciertas, no permiten descartar que las sociedades matrices en cuestión hayan ejercido una influencia determinante en sus filiales al coordinar, en particular, las inversiones financieras dentro del grupo. En efecto, ya se ha declarado en otras sentencias que, en el contexto de un grupo de sociedades, un holding es una sociedad que tiene la misión de reagrupar participaciones en diversas sociedades y su función es garantizar la unidad de dirección (sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 63). En el caso de autos, las propias demandantes afirman que sus sociedades matrices intervenían en las decisiones más importantes que podían tener una repercusión en todo el grupo. Lejos de invalidar la tesis de la existencia de una entidad económica compuesta por las demandantes y sus sociedades matrices, estas afirmaciones más bien confirman que la función de estas últimas era garantizar una unidad de dirección y una coordinación que pudieran influir en el comportamiento de sus filiales en el mercado.

108 En segundo lugar, las demandantes alegan haber demostrado que Arkema era totalmente autónoma a la hora de establecer su política comercial en relación con el PMMA. Consideran que Arkema era la sociedad matriz de la rama química y que dictó directrices a sus propias filiales, como Altuglas y Altumax. En cuanto a Total y a Elf Aquitaine, su papel se limitó a la autorización de las grandes inversiones y a la recepción de la información contable y financiera relativa a los resultados de su filial de conformidad con la legislación aplicable.

109 A este respecto, procede destacar, por una parte, que las afirmaciones de las demandantes no están respaldadas por ningún elemento probatorio. Pues bien, por lo que respecta a las alegaciones relativas a la organización y a la estructura del grupo Total y a las respectivas facultades de las diferentes sociedades del grupo, pudo haberse aportado, en principio, una prueba concreta.

110 Ciertamente, las demandantes presentaron, junto con el escrito de demanda, una nota interna titulada «Facultades internas y compromisos de gasto», destinada a fundamentar su alegación según la cual la sociedad matriz se limitaba a aprobar las inversiones más importantes realizadas por Arkema. Sin embargo, como afirma la Comisión, sin que las demandantes la contradigan en este punto, dicho documento no figuraba en la respuesta al pliego de cargos. Por otra parte, al ser interrogadas sobre esta cuestión durante la vista, las demandantes confirmaron que dicho documento no había sido aportado durante el procedimiento administrativo. Pues bien, se desprende de la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra (apartado 61), que, al aplicar la presunción de ejercicio de una influencia determinante, la Comisión puede considerar a la sociedad matriz responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si la sociedad afectada, a la que corresponde desvirtuar esta presunción, aporta suficientes elementos probatorios que demuestren que su filial actuaba de manera autónoma en el mercado. De este modo, la Comisión concluyó válidamente en el considerando 272 de la Decisión impugnada que las afirmaciones en cuestión no habían sido respaldadas con pruebas suficientes.

111 Por otra parte, y en cualquier caso, incluso suponiendo que se hubieran probado tales afirmaciones, las mismas no serían suficientes para desvirtuar la presunción de ejercicio de una influencia determinante, en la medida en que se refieren exclusivamente a la fijación de la política comercial relativa al PMMA. En efecto, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, para determinar si una filial establece de manera autónoma su comportamiento en el mercado, procede tomar en consideración no sólo los elementos relativos a la política comercial en el ámbito de los productos objeto de la práctica colusoria, sino también el conjunto de elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esa filial con la sociedad matriz (véanse, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 35 supra, apartados 67, 68, 73 y 74, y las conclusiones de la Abogado General Sra. Kokott en ese asunto, Rec. p. I‑8241).

112 Por otra parte, algunas afirmaciones de las demandantes contienen indicios de que formaban una única entidad económica con sus sociedades matrices.

113 Así, las demandantes reconocen que Total y Elf Aquitaine debían autorizar las grandes inversiones de su filial. Pues bien, el ejercicio de tal facultad no deja de constituir un indicio de que la filial actúa en el mercado teniendo en cuenta los intereses de la sociedad matriz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión, T‑54/03, no publicada en la Recopilación, apartado 547).

114 Del mismo modo, las demandantes mencionan reiteradamente la existencia de una rama química de Total. En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal, las demandantes confirmaron que, desde el mes de mayo de 2000 hasta el final del período de la infracción, la rama química incluía no sólo a Arkema y sus filiales, sino también a otras sociedades del grupo Total. Explicaron que, a raíz de la fusión entre Total Fina y Elf Aquitaine, el conjunto de las actividades químicas de los antiguos grupos fueron situadas, desde un punto de vista funcional, bajo la dirección de Arkema (entonces, Atofina). Sin embargo, este reagrupamiento funcional no se ha visto acompañado sistemáticamente de un reagrupamiento del capital. Pues bien, esta división del grupo en ramas que, además, hace abstracción de los vínculos de capital entre las sociedades del grupo, constituye un fuerte indicio de que la coordinación de las actividades de estas ramas corresponde a la sociedad matriz cabecera del grupo. Esta función de la sociedad matriz permite descartar la autonomía de comportamiento en el mercado de la filial (véanse, en este sentido, las sentencias Lafarge/Comisión, apartado 113 supra, apartado 549, y Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión, apartado 107 supra, apartado 64).

115 En cuanto a las afirmaciones según las cuales la actividad relativa al PMMA no constituía más que una parte muy reducida del volumen de negocios global de Total y de Elf Aquitaine, no pueden demostrar que la sociedad matriz dejara a la filial una autonomía total para definir su comportamiento en el mercado. Por otra parte, como se ha destacado anteriormente, la autonomía de una filial con respecto a su sociedad matriz no ha de valorarse únicamente en relación con su actividad en el ámbito de los productos objeto de la práctica colusoria. Por consiguiente, suponiendo que tal alegación fuera pertinente, procedería valorar la importancia de Arkema en su conjunto en relación con sus sociedades matrices (véase, en este sentido la sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión, apartado 107 supra, apartado 66). Pues bien, las demandantes no han formulado alegaciones en este sentido.

116 En tercer lugar, procede desestimar la alegación según la cual el control global ejercido por Total y Elf Aquitaine en Arkema difiere del control ejercido por Arkema en sus filiales Altuglas y Altumax. Por una parte, se trata, una vez más, de una afirmación no respaldada con suficientes elementos probatorios en cuanto a las relaciones entre las sociedades interesadas. Por otra parte, aun suponiendo que se probara que los vínculos de Total y Elf Aquitaine con Arkema eran menos estrechos que los de ésta con sus propias filiales, esto no bastaría para acreditar la autonomía del comportamiento de Arkema en el mercado.

117 En cuarto lugar, en cuanto a la alegación basada en que la reorganización de la rama química del grupo Total y la creación de Arkema en 2004, y luego su salida a bolsa en 2006, vienen a confirmar la autonomía de esta última sociedad, basta señalar que se trata de datos posteriores al período de la infracción, y que, por tanto, no pueden dar fe de la autonomía de dicha sociedad durante ese período. Además, la expresión «reorganización de la rama química del grupo Total» sugiere que Total asumía una función de coordinación en cuanto a dicha rama química.

118 En quinto lugar, en cuanto a la alegación de que ningún elemento del expediente demuestra que Arkema recibiera instrucciones o recomendaciones por parte de Elf Aquitaine o de Total, en relación con la política comercial en el mercado de metacrilato, es infundada, dado que la autonomía de Arkema no ha de valorarse exclusivamente en relación con dicho mercado. Por otra parte, como ya se ha establecido en otras sentencias, el hecho de que del expediente no se desprenda que la sociedad matriz diera instrucciones a su filial tampoco demuestra que tales instrucciones no hayan existido (véase, en este sentido, la sentencia Lafarge/Comisión, apartado 113 supra, apartado 545).

119 En sexto y último lugar, procede abordar la alegación según la cual la posición adoptada en la Decisión impugnada es contraria a la práctica anterior de la Comisión, tal y como se desprende de la Decisión peróxidos orgánicos en la cual no imputó a Elf Aquitaine la infracción cometida por Arkema.

120 A este respecto, ha de señalarse que de la Decisión peróxidos orgánicos (considerandos 373 a 391), invocada por las demandantes, se desprende que la Comisión no analizó en la misma la problemática de la responsabilidad de la sociedad matriz de Arkema y, en particular, no se pronunció sobre la cuestión de su autonomía en relación con la sociedad matriz. Por lo tanto, incluso suponiendo que los hechos en ese asunto fueran similares a los del caso de autos, no puede sostenerse que esta Decisión suponga en modo alguno una garantía en cuanto a la manera en que la Comisión valoró las relaciones entre Arkema y sus sociedades matrices, ni tampoco en cuanto al criterio de imputabilidad aplicable a este grupo de sociedades.

121 Por otra parte, la Decisión impugnada no es la primera en la que la Comisión atribuye la responsabilidad de la infracción cometida por Arkema a Elf Aquitaine. En efecto, en la Decisión C(2004) 4876 de la Comisión, de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto C 37.773 – AMCA; en lo sucesivo, «Decisión AMCA»), la Comisión ya realizó tal imputación a Elf Aquitaine, y lo hizo también basándose en la presunción no refutada de ejercicio de una influencia determinante en su filial.

122 En cualquier caso, según la jurisprudencia, la Comisión no está obligada a comprobar sistemáticamente si el comportamiento infractor de una filial puede imputarse a su sociedad matriz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartados 330 y 331, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 82). Por lo tanto, incluso suponiendo que las demandantes y Elf Aquitaine también hubiesen formado una única empresa cuando tuvieron lugar los hechos imputados en la Decisión peróxidos orgánicos