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13

El artículo 35 del decreto legge n. 133 (Decreto-ley n.o 133), de 12 de septiembre de 2014 (GURI n.o 212, de 12 de septiembre de 2014), convalidado, con modificaciones, como Ley n.o 164, de 11 de noviembre de 2014 (GURI n.o 262, de 11 de noviembre de 2014; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 133/2014»), dispone, en su apartado 1, lo siguiente: «En un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación del presente Decreto, el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Ministro de Medio Ambiente y de Protección Territorial y Marítima, Italia), después de haber oído a la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferencia Permanente para las Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, Italia), mediante decreto, determinará a nivel nacional la capacidad total de tratamiento de residuos urbanos y asimilables de las instalaciones de incineración en funcionamiento o autorizadas en el territorio nacional, indicando expresamente la capacidad de cada instalación, así como las instalaciones de incineración con valorización energética de residuos urbanos y asimilables que se han de construir para cubrir las necesidades residuales, determinadas con el fin de lograr un reequilibrio socioeconómico progresivo entre las zonas del territorio nacional y respetando los objetivos de recogida separada y de reciclado de los residuos, teniendo en cuenta la planificación regional. Las instalaciones identificadas constituirán infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente, aplicarán un sistema integrado y moderno de gestión de residuos urbanos y asimilables, garantizarán la seguridad nacional mediante la autosuficiencia, permitirán afrontar y evitar nuevos procedimientos de infracción por inaplicación de las normas europeas en la materia y limitarán el vertido de residuos.»
32

De la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia se desprende que corresponde al Reino de Bélgica, como Estado miembro de residencia de los recurrentes en el litigio principal, conceder a estos la totalidad de las ventajas fiscales vinculadas a su situación personal y familiar. El Gobierno belga afirma a este respecto que, con la excepción de las reducciones de impuesto en concepto de fracciones exentas del impuesto, las demás reducciones de impuesto controvertidas no están vinculadas al concepto de «situación personal y familiar» de los recurrentes en el litigio principal y por ello no deben ser consideradas, como recoge la interpretación que han dado las autoridades belgas de este concepto en la Circular de 2008, como ventajas fiscales personales cuya pérdida no compensada, como resultado de la exención de los rendimientos extranjeros y de la no aplicación de la Circular de 2008, está prohibida por el artículo 45 TFUE.
8

Con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2008/98, titulado «Fin de la condición de residuo»: «1. Determinados residuos específicos dejarán de ser residuos, en el sentido en que se definen en el artículo 3, punto 1, cuando hayan sido sometidos a una operación, incluido el reciclado, de valorización y cumplan los criterios específicos que se elaboren, con arreglo a las condiciones siguientes: a) la sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas; b) existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto; c) la sustancia u objeto satisface los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y cumple la legislación existente y las normas aplicables a los productos; y d) el uso de la sustancia u objeto no generará impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud [humana]. Los criterios incluirán valores límite para las sustancias contaminantes cuando sea necesario y deberán tener en cuenta todo posible efecto medioambiental nocivo de la sustancia u objeto. 2. Las medidas concebidas para modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, complementándola, relativas a la adopción de los criterios contemplados en el apartado 1 y que especifiquen el tipo de residuo al que se aplicarán dichos criterios, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 39, apartado 2. Deberán tenerse en cuenta criterios de fin de la condición de residuo al menos, entre otros, para los áridos, el papel, el vidrio, el metal, los neumáticos y los textiles. […] 4. Cuando no se hayan establecido criterios a escala comunitaria en virtud del procedimiento contemplado en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán decidir caso por caso si un determinado residuo ha dejado de serlo teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable. Notificarán dichas decisiones a la Comisión de conformidad con la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información [(DO 1998, L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48//CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO 1998, L 217, p. 18),] cuando dicha Directiva lo requiera. […]»
55

No cabe cuestionar esta conclusión, en primer lugar, con la alegación formulada por IK, y por el Gobierno neerlandés, según la cual, en esencia, la resolución de la autoridad judicial de ejecución constituye el título en el que se basa la privación de libertad en el Estado miembro emisor, con la consecuencia de que no puede procederse a la ejecución de una pena que no haya sido objeto de la resolución de la autoridad judicial de ejecución y respecto a la cual no se haya autorizado la entrega.
13

Mediante auto de 15 de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y declaró que la disposición controvertida no vulneraba, en particular, el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Dicho Tribunal consideró que los miembros del colectivo judicial español afectados no se encuentran en situaciones objetivas comparables, puesto que se integran en diversas categorías y ocupan distintos puestos de trabajo.
6)

Trasta Komercbanka AS, los Sres. Ivan Fursin e Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV y Rikam Holding SA cargarán con sus propias costas y con aquellas en que hayan incurrido el Banco Central Europeo y la Comisión Europea en el marco, respectivamente, de los recursos de casación en los asuntos C‑663/17 P y C‑665/17 P.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 14, punto 1, letra a), y punto 2, letra a), inciso i), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.o 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO 2004, L 100, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y de los artículos 11, apartado 1, y 12 bis, apartado 1 bis, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n.o 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.o 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO 2005, L 117, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 574/72»).
53

Además, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que, al analizar los requisitos de aplicación de dichas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que este puede, habida cuenta de los derechos fundamentales que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no solo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que tenga por objeto el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate (sentencia de 13 de mayo de 2014, Google Spain y Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, apartado 99).
5

El artículo 1 de la referida Decisión establece lo siguiente: «1. Las ayudas ilegalmente concedidas por Italia a partir del mes de noviembre de 1995 para la contratación de trabajadores mediante contratos de formación y trabajo (CFT) contemplados por [la Ley n.o 863, de 19 de diciembre de 1984, la Ley n.o 407, de 29 de diciembre de 1990, la legge n. 169, — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 de marzo de 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell’occupazione (Ley n.o 169, de convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley n.o 108, de 29 de marzo de 1991, sobre disposiciones urgentes relativas al apoyo al empleo), de 1 de junio de 1991 (GURI n.o 129, de 4 de junio de 1991, p. 4) y la legge n. 451 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (Ley n.o 451, de convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley n.o 299, de 16 de mayo de 1994, sobre disposiciones urgentes relativas al empleo y la fiscalización de las cargas sociales), de 19 de julio de 1994 (GURI n.o 167, de 19 de julio de 1994, p. 3)] son compatibles con el mercado común y con el Acuerdo EEE siempre que se refieran a: – la creación de nuevos puestos de trabajo en la empresa beneficiaria en favor de trabajadores que aún no hayan obtenido un empleo o hayan perdido su empleo anterior, en el sentido definido por las Directrices sobre ayudas al empleo [(DO 1995, C 334, p. 4)], – la contratación de trabajadores con especiales dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado laboral. A efectos de la presente Decisión, por “trabajadores con especiales dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado laboral” se entenderán los jóvenes con menos de 25 años, los licenciados de hasta 29 años de edad y los parados de larga duración, es decir, las personas que se encuentren en paro durante al menos un año. 2. Las ayudas concedidas mediante contratos de formación y trabajo que no cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 son incompatibles con el mercado común.»
27

El tribunal remitente indica a este respecto que el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) se basó en el artículo 9, apartado 1, punto 1, de la AsylG 2005, en virtud del cual procede revocar de oficio el estatuto de protección subsidiaria concedido a un extranjero cuando no concurran o hayan dejado de concurrir los requisitos para la concesión de ese estatuto. Según el tribunal remitente, resulta aplicable al asunto de que conoce el primer supuesto previsto en esta disposición, a saber, el supuesto en que faltaban los requisitos de concesión en la fecha de adopción de la resolución de concesión. Ese tribunal expone que, cuando la autoridad competente pretende revocar de oficio dicho estatuto con arreglo a este primer supuesto, esta disposición no establece distinción alguna en función de que los requisitos no concurran porque el solicitante no es apto para ser protegido o porque no necesita ser protegido. En su opinión, dicha disposición tampoco contiene ninguna limitación en virtud de la cual solo la obtención fraudulenta del estatuto puede privar a la resolución de concesión de cualquier autoridad jurídica. Así pues, un mero error de las autoridades también queda comprendido en el ámbito de aplicación de la misma disposición.
5

El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 659/1999 (DO 2004, L 140, p. 1), dispone lo siguiente: «A efectos de la letra c) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999, se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común. No obstante, un aumento con respecto al presupuesto inicial de un régimen de ayudas de hasta el 20 % no se considerará modificación de ayudas existentes.»
16

Por otra parte, también se afirmó ante el órgano jurisdiccional remitente que, aunque no son de aplicación directa, el artículo 11, apartado 3, letra a), y el artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.o 883/2004 deberían aplicarse por analogía y llevar a designar la ley del Estado miembro en el que el empresario tiene su domicilio, al igual que determinó el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 29 de junio de 1994, Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271), y de 19 de marzo de 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188), en relación con las disposiciones del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO 2005, L 117, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»). No obstante, el citado órgano jurisdiccional considera que el sistema de normas de conflicto establecido por el Reglamento n.o 883/2004 es más completo y no contiene lagunas, de tal modo que, en el presente asunto, no procede inspirarse en esa jurisprudencia.
1

Mediante su recurso de casación, Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd y Csi Solar Power Group Co. Ltd, anteriormente Csi Solar Power (China) Inc. (en lo sucesivo, «Csi Solar Power»), solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de febrero de 2017, Canadian Solar Emea y otros/Consejo (T‑162/14, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:124), por cuanto, mediante dicha resolución, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación que habían interpuesto contra el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en todo lo que afecta a las recurrentes.
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De ello se deduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar que era contrario a las exigencias derivadas del artículo 41 de la Carta el hecho de que no se hubiera comunicado a la recurrente en casación al menos un resumen de las declaraciones de la persona acusada de acoso y de los diferentes testigos y que no hubiera podido ser oída sobre estas, de modo que no había podido formular útilmente observaciones sobre su contenido antes de que el comité de investigación presentara sus recomendaciones al presidente del BEI y, en cualquier caso, antes de que este adoptara la decisión controvertida, que la afectaba desfavorablemente.
3

A tenor de los considerandos 1 a 4 de la Directiva 2010/24: «(1) La asistencia mutua entre Estados miembros en materia de cobro de sus créditos recíprocos y de los créditos de la Unión en relación con determinados impuestos y otras medidas contribuye al buen funcionamiento del mercado interior y garantiza la neutralidad fiscal, y además ha permitido a los Estados miembros suprimir medidas protectoras de carácter discriminatorio en las transacciones transfronterizas, destinadas a prevenir el fraude y las pérdidas presupuestarias. (2) La Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana [DO 1976, L 73, p. 18; EE 02/03, p. 46][,] estableció por primera vez mecanismos de asistencia mutua en materia de cobro. Dicha Directiva y sus actos de modificación se codificaron mediante la Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas [(DO 2008, L 150, p. 28)]. (3) No obstante, los citados mecanismos, aun representando un primer paso hacia el perfeccionamiento de los procedimientos de cobro en la Unión, merced a la aproximación de las normas nacionales aplicables, se han revelado insuficientes para satisfacer las necesidades derivadas de la evolución que el mercado interior ha experimentado a lo largo de los últimos 30 años. (4) A fin de proteger más adecuadamente los intereses financieros de los Estados miembros y la neutralidad del mercado interior, es necesario hacer extensivo el ámbito de aplicación de la asistencia mutua en materia de cobro a los créditos correspondientes a impuestos y derechos que no se benefician aún de dicha asistencia mutua, mientras que para hacer frente al creciente número de peticiones de asistencia y lograr mejores resultados es imprescindible mejorar la eficiencia y la eficacia de la asistencia y facilitarla en la práctica. Para alcanzar los objetivos propuestos se requiere realizar importantes adaptaciones, por lo que una mera modificación de la actual Directiva 2008/55/CE no bastaría. Por tanto, debe derogarse dicha Directiva y sustituirla por un nuevo instrumento jurídico que se apoye en los logros alcanzados por la misma y establezca normas más claras y precisas cuando sea necesario.»
3)

El artículo 63 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los rendimientos obtenidos por una sociedad domiciliada en un tercer país que no procedan de una actividad propia de esta sociedad, como los calificados de «rendimientos intermedios que tengan la naturaleza de inversiones», a efectos de dicha normativa, se integran, a prorrata de la participación poseída, en la base imponible de un sujeto pasivo residente en ese Estado miembro, cuando este posea una participación de al menos el 1 % en dicha sociedad y cuando esos rendimientos estén sometidos, en ese tercer país, a una tributación menor que la existente en el Estado miembro de que se trate, salvo que exista un marco normativo que establezca, en particular, obligaciones convencionales que faculten a las autoridades tributarias de dicho Estado miembro para comprobar, en caso necesario, la realidad de la información sobre esa misma sociedad aportada para demostrar que la participación de dicho sujeto pasivo en esta última no procede de una estructura artificial.
2)

El artículo 1, letra b), inciso iv), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una situación como la controvertida en el litigio principal. Dado que las subvenciones de que se trata en el litigio principal fueron concedidas en incumplimiento de la obligación de notificación previa establecida en el artículo 93 del Tratado CEE, las entidades estatales no pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima. En una situación como la del litigio principal, en la que un competidor de la empresa beneficiaria presenta una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra el Estado miembro, el principio de seguridad jurídica no permite imponer al demandante, mediante aplicación analógica, un plazo de prescripción como el establecido en el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento.
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A este respecto, procede recordar que, basándose fundamentalmente en los trabajos preparatorios del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), convenio sustituido por el Reglamento n.o 44/2001, el Tribunal de Justicia declaró que este último Reglamento y el Reglamento n.o 1346/2000 deben interpretarse de tal manera que se evite todo solapamiento entre las normas jurídicas que ambos textos establecen, así como todo vacío jurídico. De este modo, las acciones que, en virtud del artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 44/2001 están excluidas del ámbito de aplicación de este último Reglamento, por estar relacionadas con «la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos», están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1346/2000. A la inversa, las acciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1346/2000 están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001 (sentencia de 9 de noviembre de 2017, Tünkers France y Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, apartado 17).
66

El Tribunal General constató, en particular, en el apartado 205 de la sentencia recurrida, que las modificaciones introducidas por la Comisión en el modelo econométrico no eran insignificantes. El Tribunal General subrayó, además, en el apartado 207 de la sentencia recurrida, que «la Comisión se [había] bas[ado] en una variable discreta en la fase de la estimación y en una variable continua en la fase de la previsión» y afirmó, en el apartado 208 de dicha sentencia, que «mientras que el uso de una variable discreta [había sido] objeto recurrente de los debates mantenidos durante el procedimiento administrativo, no resulta[ba] del expediente que lo mismo sucediera también con la aplicación de variables diferentes en las distintas fases que componen el análisis econométrico».
27

Con carácter preliminar, es preciso señalar que, si bien no se excluye que la regularización de la base imponible efectuada por Tratave en el mes de julio de 2010 se refiera a importes de IVA debidos antes de la fecha de entrada en vigor de la Directiva IVA, a saber, el 1 de enero de 2007, no es necesario en ningún caso pronunciarse sobre la cuestión de cuál es la norma del Derecho de la Unión aplicable, dado que las disposiciones pertinentes de la Directiva IVA para el presente asunto son idénticas a las de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), que la precedió.