Palabras clave

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Palabras clave

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1. Disposiciones fiscales - Tributos internos - Sistema diferenciado de tributación - Admisibilidad - Requisitos - Búsqueda de objetivos compatibles con el Derecho comunitario - Inexistencia de carácter discriminatorio o protector

(Tratado CEE, art. 95)

2. Disposiciones fiscales - Tributos internos - Concesión de ventajas fiscales a productos nacionales - Admisibilidad - Requisitos - Extensión a los productos importados de otros Estados miembros

(Tratado CEE, art. 95)

3. Disposiciones fiscales - Tributos internos - Concesión de ventajas fiscales a productos nacionales - Extensión a los productos importados de otros Estados miembros - Obligación de presentar certificados expedidos con base en controles efectuados por las autoridades del Estado miembro de procedencia - Admisibilidad - Requisitos

(Tratado CEE, art. 95)

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1. El Derecho comunitario no restringe, en el estado actual de su evolución, la libertad de cada Estado miembro de establecer un sistema diferenciado de tributación para algunos productos, aunque sean similares en el sentido del párrafo 1 del artículo 95 del Tratado, en función de criterios objetivos, tales como la naturaleza de las materias primas utilizadas o los procedimientos de producción aplicados. Tales diferencias son compatibles con el Derecho comunitario si persiguen objetivos de política económica compatibles, a su vez, con las prescripciones del Tratado y del Derecho derivado, y si su aplicación se caracteriza por evitar toda forma de discriminación, directa o indirecta, respecto a las importaciones procedentes de los demás Estados miembros o de protección en favor de producciones nacionales concurrentes. Debe considerarse compatible con las prescripciones del Derecho comunitario el objetivo de compensar las dificultades de producción más rigurosas que pesan sobre determinados productos para permitir el mantenimiento de producciones de calidad que presentan un interés económico especial para algunas regiones de la Comunidad.

2. En el estado actual del Derecho comunitario, el artículo 95 del Tratado no se opone a que los Estados miembros concedan, con legítimos fines económicos o sociales, ventajas fiscales, bajo la forma de exenciones o de reducciones de derechos, a determinados tipos de alcohol o a determinadas categorías de productores, a condición de que tales regímenes privilegiados se extiendan, sin discriminación, a los productos importados que cumplan los mismos requisitos que las producciones nacionales favorecidas. A este respecto, no puede considerarse contraria al Derecho comunitario una normativa nacional que afecta indistintamente a los productos nacionales y a los productos importados, por la única razón de que podría ser aplicada de forma discriminatoria, mientras no se pruebe que realmente se ha aplicado de tal manera.

3. Si bien un Estado miembro no puede denegar un régimen fiscal más favorable previsto por su legislación a los productos procedentes de otro Estado miembro por el hecho de que no cumplen ciertos requisitos que, debido a su lugar de producción o a la legislación del Estado productor, no pueden cumplir, no está prohibido, sin embargo, que la concesión de tal ventaja a los productos importados se subordine a la prueba de que se reúnen los requisitos para dicha concesión, siempre que las exigencias de la prueba no sean más severas para los productos importados que para los productos nacionales similares y que no sean desproporcionadas en relación al fin perseguido, que es la eliminación del riesgo de fraude.

En concepto de elemento de prueba puede exigirse la presentación de un certificado expedido por las autoridades del Estado miembro de procedencia. Como tal certificado únicamente puede expedirse con base en controles, el requisito de un sistema de control, que ofrezca unas garantías equivalentes a las previstas por la legislación nacional, puede imponerse también para los productos importados de otros Estados miembros.

No obstante, para que se respete el principio de proporcionalidad, es preciso que se deje al Estado miembro de procedencia la elección de los métodos y de la autoridad encargada de los controles, y que el reconocimiento de su equivalencia no esté subordinado al requisito previo de un acuerdo negociado entre las Administraciones nacionales interesadas.