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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 121/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2016 — Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Asunto C-656/16)

(2017/C 121/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Finmeccanica SpA

Demandada: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Cuestión prejudicial

¿El artículo 5, apartado 4, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, (1) en relación con los principios generales previstos por el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y con la correcta aplicación de los principios generales de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad, de racionalidad, de transparencia y de no discriminación, se opone a una normativa nacional, como el artículo 106, apartado 3, letra d), número 2, del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998 (texto refundido de las disposiciones en materia de intermediación financiera con arreglo a los artículos 8 y 21 de la Ley de 6 de febrero de 1996, n.o 52), en su versión modificada, y el artículo 47 octies de la Decisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n.o 11971, de 14 de mayo de 1999 (reglamento de aplicación del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998, relativo a los emisores), en su versión modificada, en cuanto las citadas disposiciones autorizan a la Consob a aumentar el precio de la oferta pública de adquisición contemplada en el artículo 106 antes mencionado, cuando concurra la circunstancia de que «exista una colusión entre el oferente o las personas que actúan concertadamente con él y uno o varios vendedores», sin precisar las conductas específicas en las que consiste este supuesto y, en consecuencia, sin determinar claramente las circunstancias y los criterios con arreglo a los cuales la Consob está autorizada a corregir al alza el precio de la oferta pública de adquisición?

(1) DO 2004, L 142, p. 12.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 107 TFUE, apartado 1, en el sentido de que constituye una ayuda de Estado el mecanismo de obligación de compra de la electricidad generada por las instalaciones que utilicen la energía de la radiación solar a un precio superior a su precio de mercado y cuya financiación recae en los consumidores finales de electricidad, resultante de las Órdenes ministeriales de 10 de julio de 2006 (JORF n.o 171 de 26 de julio de 2006, p. 11133) y de 12 de enero de 2010 (JORF n.o 0011 de 14 de enero de 2010, p. 727), por las que se fijan las condiciones de compra de dicha electricidad, en relación con la Ley n.o 2000-108 de 10 de febrero de 2000 relativa a la modernización y el desarrollo del servicio público de electricidad (loi n.o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité), el Decreto n.o 2000-1196 de 6 de diciembre de 2000 y el Decreto n.o 2001-410 de 10 de mayo de 2001?
1.

El primer motivo de la recurrente se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General, según aquélla, al declarar que los acuerdos de transacción sobre patentes («ATP») celebrados entre Generics (Reino Unido) (en lo sucesivo, «GUK») y Lundbeck constituían restricciones por el objeto en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. i. En primer lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de apreciación en relación con el criterio jurídico aplicable y la interpretación correcta que procedía para determinar si los ATP podían calificarse de restricciones por el objeto, en particular a la luz de los principios sentados en el asunto Cartes Bancaires, C-67/13 P. ii. En segundo lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al no examinar si de los términos de los ATP podía inferirse un grado de nocividad suficiente. iii. En tercer lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al declarar que los ATP revelaban un grado suficiente de nocividad porque equivalían a acuerdos de exclusión del mercado. iv. En cuarto lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al declarar que los ATP revelaban un grado de nocividad suficiente porque evitaban una controversia de resultado incierto. v. En quinto lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al considerar el dato del pago a favor de GUK, con arreglo a los ATP, uno de los principales aspectos de una restricción por el objeto. vi. En sexto lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al basarse en circunstancias fácticas que no se derivan de los términos de los ATP para deducir la existencia de una restricción por el objeto. vii. En séptimo lugar, la recurrente alega que el Tribunal General declaró erróneamente que el ATP relativo al EEE sobrepasaba el ámbito de aplicación de las patentes de Ludbeck.
1)

¿Puede aplicarse la competencia establecida en el artículo 64, apartado 1, inicio y letra c), del Reglamento n.o 883/2004, (1) habida cuenta de los artículos 63 y 7 de dicho Reglamento y del objetivo y del alcance del mismo, así como de la libre circulación de personas y trabajadores, de tal manera que, en principio, se denegará una solicitud de prorrogar la exportación de una prestación de desempleo, a menos que, a juicio del Uwv [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen], en virtud de las circunstancias específicas del caso concreto, por ejemplo en el supuesto de que existan perspectivas concretas y demostrables de conseguir empleo, no se pueda razonablemente denegar la prórroga de la exportación?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 14/24

Recurso interpuesto el 18 de octubre de 2016 — Comisión Europea/República de Polonia

(Asunto C-530/16)

(2017/C 014/30)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Mölls y J. Hottiaux, agentes)

Demandada: República de Polonia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartado 1, y del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad: (1) — al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia de la autoridad de seguridad respecto a las empresas ferroviarias, a los gestores de la infraestructura ferroviaria, a los solicitantes de certificación y a las entidades adjudicatarias, y — al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del organismo de investigación respecto a las empresas ferroviarias y a los gestores de la infraestructura ferroviaria.

— Que se condene en costas a la República de Polonia.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión reprocha a la República de Polonia no haber transpuesto correctamente a la legislación polaca el principio de independencia del organismo de investigación (a saber la Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych; PKBWK), en lo que respecta a su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, como exige el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2004/49/CE. La PKBWK no ha obtenido el estatuto que le garantiza dicha independencia. La Comisión critica el hecho de que la PKBWK forma parte integrante del Ministerio de Transportes sin ninguna garantía de su independencia respecto a éste ni respecto al gestor de la infraestructura. Además, la PKBWK no actúa en su propio nombre, el Ministro de Transportes nombra y revoca al presidente de la PKBWK, a su suplente, así como a su secretario y a los miembros permanentes y no permanentes. Además, el Ministro de Transportes no ha puesto a disposición de la PKBWK, mediante un sistema adecuado, los recursos necesarios que permitan a dicho organismo ejercer sus funciones.

La Comisión reprocha también a la República de Polonia la aplicación incorrecta del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/49/CE, ya que no garantiza la independencia de la autoridad de seguridad (a saber la Przezes Urzędu Transportu Kolejowego) desde el punto de vista de su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria con respecto a las empresas ferroviarias, a los gestores de la infraestructura, a los solicitantes de certificación y a las entidades adjudicatarias.

(1) DO 2004, L 164, p. 44.
—

La Comisión alega que el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1072/2009 regula de manera exhaustiva cómo los transportistas de mercancías pueden realizar transportes de cabotaje en los términos previstos en el antedicho artículo. La disposición no establece ningún número máximo de lugares de carga y/o descarga a lo largo de un mismo transporte de cabotaje. El límite de tres transportes de cabotaje no significa que un transporte de cabotaje deba comprender un número fijo de lugares de carga y/o descarga.
1)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión actualmente vigente, en particular el principio general de igualdad de trato, el principio general de no discriminación por razón de edad a efectos del artículo 6 TUE, apartado 3, y del artículo 21 de la Carta, la prohibición de discriminación en el ámbito de la libre circulación de trabajadores consagrada en el artículo 45 TFUE y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, (1) en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que, con el fin de eliminar una discriminación por razón de edad declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Gotthard Starjakob (2) (en concreto, la exclusión del cómputo de los períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años de edad por los empleados de ÖBB), si bien computa los períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años de edad con respecto a una pequeña parte de los empleados de ÖBB discriminados por la anterior normativa (pero limitándose a los períodos cubiertos objetivamente en ÖBB o en empresas públicas similares de infraestructuras ferroviarias o de transportes ferroviarios dentro de la UE, del EEE o de los países vinculados a la UE mediante acuerdos de asociación y/o de libre circulación), no computa ningún otro período de servicio cubierto antes de los 18 años de edad con respecto a la gran mayoría de los empleados de ÖBB anteriormente discriminados y, en particular, no computa los períodos que capacitan a los empleados de ÖBB afectados para desempeñar mejor su trabajo, como por ejemplo los períodos de servicio anteriores cubiertos en empresas privadas o en otras empresas públicas dedicadas al transporte o a las infraestructuras que fabrican, comercializan o mantienen la infraestructura utilizada por el empleador (material rodante, construcción de raíles, construcción de conducciones, instalaciones eléctricas y electrónicas, enclavamientos, construcción de estaciones de ferrocarril y similares), ni tampoco en otras empresas similares a éstas, y que, de este modo, mantiene de hecho definitivamente una diferencia de trato por razón de edad con respecto a la gran mayoría de los empleados de ÖBB afectados por la anterior normativa discriminatoria?
b.

En segundo lugar, no ha quedado claro cómo el mero hecho de que los productores estadounidenses hayan vendido su bioetanol a operadores comerciales/mezcladores de su país, que posteriormente fue revendido en ese país o exportado por operadores comerciales/mezcladores en cuantidades considerables a la Unión, antes de la imposición de derechos antidumping, pueda afectar sustancialmente su posición en el mercado. Para demostrar una afectación sustancial de su posición en el mercado por la introducción de los derechos antidumping habría sido necesario, como mínimo, que los demandantes establecieran la incidencia de los derechos antidumping en el nivel de las importaciones a la Unión tras la imposición de las medidas antidumping. No obstante, los demandantes no dieron ninguna información al respecto, y la sentencia recurrida no contiene ninguna apreciación al respecto. Dicho extremo constituye tanto un error de Derecho en la aplicación del criterio de la afectación individual como un incumplimiento de la obligación de motivación.
3)

En caso de que no se cumplan los requisitos formales del artículo 226 de la Directiva del IVA, ¿se debe conceder la deducción del impuesto soportado siempre que no exista fraude fiscal o que el sujeto pasivo no conociera ni pudiera conocer su implicación en un fraude, o en ese caso el principio de confianza legítima requiere que el sujeto pasivo haya hecho todo lo que se le pueda razonablemente exigir para comprobar la veracidad de los datos de la factura?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 383/6

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 12 de agosto de 2016 — MB/Secretary of State for Work and Pensions

(Asunto C-451/16)

(2016/C 383/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: MB

Recurrida: Secretary of State for Work and Pensions

Cuestión prejudicial

¿Se opone la Directiva 79/7/CEE (1) a una normativa nacional que, además de exigir el cumplimiento de los criterios de carácter físico, social y psicológico para el reconocimiento de un cambio de sexo, establece el requisito de que una persona que haya cambiado de sexo no esté casada para optar a una pensión pública de jubilación?

(1) Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).
4)

¿Se opone el Derecho de la Unión Europea, en particular, el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 97/67/CE, en su versión ulteriormente completada y modificada por la Directiva 2008/6/CE, a la aplicación de una norma nacional, en particular, los artículos 6 y 10 del Decreto Legislativo n.o 261/1999, así como el artículo 11, apartado 1, letra f) y el artículo 15, apartado 2, del Reglamento en materia de títulos habilitantes para la oferta al público de servicios postales, contenido en el Anexo A de la Decisión AGCOM 129/15/CONS, de 23 de marzo de 2015, y el artículo 9 del correlativo Régimen aplicable a los procedimientos de concesión de títulos habilitantes para la oferta al público de servicios postales, aprobado mediante Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, de 29 de julio de 2015, en la medida en que no contienen ninguna valoración sobre los supuestos en los que procede exigir la contribución al fondo de compensación de los costes del servicio universal y no prevén modalidades de aplicación diferenciadas, en función de la situación subjetiva de los contribuyentes y de los mercados?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 343/35

Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) el 12 de julio de 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/«Nidera B. V» bei Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

(Asunto C-387/16)

(2016/C 343/48)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Recurrida:«Nidera B. V» bei Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 183 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) en relación con el principio de neutralidad fiscal, en el sentido de que impide una reducción de los intereses que normalmente han de abonarse de conformidad con el Derecho nacional por un pago en exceso del IVA (excedente) no devuelto (compensado) dentro de plazo, reducción ésta que tenga en cuenta circunstancias distintas de las resultantes de la actuación del propio sujeto pasivo, como la relación entre los intereses y el importe del pago en exceso no devuelto dentro de plazo, el período durante el que no se ha procedido a la devolución del excedente y las pérdidas efectivamente soportadas por el sujeto pasivo?

(1) DO L 347, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 314/13

Recurso interpuesto el 7 de julio de 2016 — Reino de España/Parlamento Europeo

(Asunto C-377/16)

(2016/C 314/19)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Reino de España (representante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

— Que se anule la Convocatoria de manifestaciones de interés-Agentes contractuales grupo de funciones I-Conductores (H/M)-EP/CAST/S/16/2016 (1).

— Que se condene en costas al Parlamento Europeo.

Motivos y principales alegaciones

1. Primer motivo: infracción de los artículos 1 y 2 de Reglamento 1/58 (2) y 22 CDFUE (3) y 1 quinquies del Estatuto de los Funcionarios al limitar el régimen de comunicación entre EPSO y el candidato que se realiza únicamente en inglés, francés y alemán, lo que incluye el formulario de candidatura.

2. Segundo motivo: infracción del artículo 82 del Régimen aplicable a otros agentes contenido en el Estatuto de los Funcionarios al exigir el conocimiento satisfactorio de una segunda lengua oficial de la Unión sin que sea necesario para el desempeño de las funciones que están llamados a prestar los candidatos seleccionados.

3. Tercer motivo: infracción de los artículos 1 y 6 del Reglamento no 1/58 , del artículo 22 CDFUE, del artículo 1 quinquies, apartados 1 y 6 del Estatuto de los Funcionarios, y del artículo 82 del Régimen aplicable a otros agentes, porque limita indebidamente la elección de la segunda lengua únicamente a tres lenguas, que son el inglés, el francés y el alemán, con exclusión de las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.

4. Cuarto motivo: la elección del inglés, del francés y del alemán, como segunda lengua de la convocatoria, constituye una elección arbitraria que da lugar a una discriminación por razón de la lengua prohibida por el artículo 1 del Reglamento 1/58, el artículo 22 CDFUE y el artículo 1 quinquies, apartados 1 y 6 del Estatuto de los Funcionarios.

(1) DO 2016, C 131 A, p. 1

(2) Reglamento no 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385), últimamente modificado por el Reglamento (UE) no 517/2013 del Consejo ( DO 2013, L 158, p. 1 )

(3) DO 2016, C 202, p. 389
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 305/19

Recurso de casación interpuesto el 6 de julio de 2016 por Aughinish Alumina Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera ampliada) dictada el 22 de abril de 2016 en los asuntos acumulados T-50/06 RENV II y T-69/06 RENV II, Irlanda y Aughinish Alumina Ltd/Comisión Europea

(Asunto C-373/16 P)

(2016/C 305/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Aughinish Alumina Ltd («AAL») (representantes: C. Little, C. Waterson, Solicitors)

Otras partes en el procedimiento: Irlanda, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General de 22 de abril de 2016 en el asunto T-69/06 RENV II.

— Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas en que AAL incurra en el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, AAL invoca dos motivos.

Primer motivo, basado en un error de Derecho al evaluar las circunstancias excepcionales, en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima y en la falta de motivación

AAL aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al evaluar las expectativas legítimas de AAL, en particular, al evaluar la existencia de «circunstancias excepcionales». El presente motivo se divide en cuatro partes:

Primera parte: el Tribunal General incurrió en error al considerar el alcance y el efecto de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-272/12 P.

Segunda parte: el Tribunal General incurrió en error al considerar que la situación de AAL había de distinguirse de la que fue objeto del asunto 223/85 RSV.

Tercera parte: el Tribunal General incurrió en error al interpretar que la jurisprudencia emanada del asunto Demesa (C-183/02 P y C-187/02 P) puso a las expectativas legítimas de AAL de que la ayuda no se recuperaría.

Cuarta parte: el Tribunal General incurrió en error al no realizar la ponderación necesaria de los intereses públicos y privados. Con ello, el Tribunal General vulneró el principio de protección de la confianza legítima y agravó su error sumándole la falta de motivación.

Segundo motivo, basado en un error de Derecho al interpretar el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo (1)

AAL aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al determinar y aplicar los requisitos según los cuales la ayuda se clasifica como ayuda existente. En particular, AAL sostiene que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo.

(1) Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999, L 83, p. 1).
1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que grava el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 4 000 m2 por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del comercio urbano de esa región, pero que opera con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta (i) que no afecta a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4 000 m2, sea cual sea la suma de la superficie útil de la exposición y venta al público de todos sus establecimientos, y (ii) que no somete a gravamen a los grandes establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no exceda de 10 000 m2, cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales?