I.

Para atenerse a las alegaciones expuestas por las partes demandadas, es necesario examinar, en primer lugar, la cuestión de la admisibilidad de los recursos. Sobre esta cuestión puedo ser relativamente conciso por razones que resultan obvias a la luz de mis comentarios en los asuntos prejudiciales 103/77, 125/77 y 145/77. 1. En primer lugar, la admisibilidad se cuestiona en relación con los requisitos del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento. En sus objeciones acerca de este punto, el Consejo y la Comisión consideran -y ello hace referencia a la cuestión del daño directo— que no quedó suficientemente demostrado que fuera precisamente la cotización sobre la producción lo que provocó el cierre de las empresas y que otra serie de factores no tuvieran ninguna influencia a este respecto. Sin embargo, el artículo 38 del Reglamento de Procedimiento se limita a exigir una exposición sumaria de los motivos indicados, es decir, una presentación sucinta de los fundamentos susceptibles de ser desarrollados y analizados en profundidad a lo largo del procedimiento. En mi opinión, y sin pretender en este momento probarlo detalladamente, en los presentes asuntos se ha cumplido el citado requisito. En cualquier caso, no aprecio deficiencias suficientemente graves como para justificar -por el mero hecho de que las partes demandadas no pudieron presentar una defensa adecuada— la obligación de declarar la inadmisión del recurso. 2. Las objeciones de las partes demandadas se refieren también al hecho de que las demandantes alegaron el perjuicio sufrido por toda una categoría de empresas y que, consiguientemente, no invocaron la existencia de un perjuicio específico. Por lo que se refiere a esta cuestión, considero que basta con indicar que semejante requisito puede aplicarse en los casos de responsabilidad no derivada de incumplimiento, pero no cuando se trata de acciones para solicitar la responsabilidad por actos lesivos. Por lo tanto es procedente la referencia hecha por las demandantes a toda una serie de casos anteriores en los que tampoco se trataba de un perjuicio causado a una empresa determinada y en los que, sin embargo, no se declaró la inadmisibilidad de las demandas de daños y perjuicios. 3. En la medida en que el recurso se basa en la afirmación de que la cotización sobre la producción impone a los fabricantes de isoglucosa una carga tan pesada que la fabricación deja de ser rentable y debe suspenderse, se plantea otra objeción: a saber, que de las alegaciones de algunos demandantes (las de los asuntos 124/77 y 143/77), así como del escrito de demanda del asunto 153/77, se puede deducir que la fabricación de isoglucosa deja de estar justificada, desde el punto de vista económico a partir de la supresión de la restitución a la producción. Ahora bien, en tal caso, hay que admitir que la cotización sobre la producción no puede considerarse como la causa de suspensión de la producción. Tampoco puedo estar de acuerdo con dicha afirmación. En mi opinión, no corresponde estudiar en detalle el problema de la causalidad —que es una cuestión de fondo— en el momento en que se examina la admisibilidad. Por el contrario, lo único que importa es la pertinencia de las argumentaciones a ella referidas. Ahora bien, no puede negarse dicha pertinencia. De esta forma, la falta de rentabilidad de la producción, que apareció tras la supresión de la restitución a la producción, no implica necesariamente que fuera necesario cerrar las fábricas. En cualquier caso, la cuestión de la rentabilidad puede plantearse de otra manera en caso de modificación de las relaciones económicas. Por ello considero que, a priori, no es insostenible la conclusión de que fue solamente la cotización sobre la producción de isoglucosa la que dio, por decirlo así, el golpe de gracia, lo cual es suficiente en este contexto. 4. A continuación, las Instituciones comunitarias critican, en esencia, el hecho de que en los presentes recursos se pide la reparación de un perjuicio que todavía no se había producido en el momento de presentación de las demandas y que no se precisa suficientemente. Según los motivos invocados en apoyo de los recursos, la cotización sobre la producción obligó a una futura cesación de la producción, lo cual suponía la obligación de despedir personal a cambio del pago de indemnizaciones, de amortizar ciertas inversiones y de transformar instalaciones industriales o, incluso, de modificar la orientación del conjunto del grupo. Además había que prever que se produciría un lucro cesante. Sobre este punto, me gustaría señalar, en primer lugar, que a lo largo de los escritos de demanda queda de manifiesto que no se trata solamente de daños futuros. Así, en el asunto 143/77 la demandante también hace referencia a la suspensión inmediata de las obras de construcción en Tilburg y reclama una indemnización por las cantidades gastadas en el desarrollo de la isoglucosa y que se pueden considerar perdidas. Me gustaría subrayar, además, que la distinción que hace la Comisión entre el daño (Schadigung), que debe haberse producido antes de presentarse el recurso, y el perjuicio (Schadensfolgen), que puede tener lugar a continuación, no tiene fundamento alguno en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Al contrario, según la jurisprudencia (sentencias de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer/Comisión y Consejo, asuntos acumulados 56/74 a 60/74,↔ Rec. p. 711, y de 2 de marzo de 1977, Eier-Kontor/Consejo y Comisión, 44/76, Rec. p. 393), las demandas de indemnización por un daño determinable en el futuro son perfectamente admisibles debido, en concreto, a la consideración de que, de esta forma, el daño puede mantenerse dentro de unos límites restringidos. El único requisito es que la causa del perjuicio sea ya cierta y que éste sea inminente, es decir, que pueda ser previsto con una certeza suficiente. Por lo que se refiere a dichos requisitos, no hay ninguna duda en cuanto a la existencia del citado en primer lugar. En efecto, la causa del perjuicio consiste en la disposición legal que obliga al pago de una cotización que asciende a 5 unidades de cuenta por cada 100 kg, cotización prevista en un principio para un año, pero que ahora es aplicable hasta 1980. Sin embargo, tampoco se puede excluir completamente la existencia del otro requisito, en la medida en que no se exige una certeza absoluta que permita cuantificar el daño, sino solamente una certeza suficiente. A estos efectos, la admisibilidad debería depender únicamente de la existencia de argumentaciones suficientemente pertinentes y no de una prueba. Ahora bien, dichas argumentaciones -que incluyen cifras sobre los costes de producción de la isoglucosa y sobre las cargas que dicho producto puede soportar— existen en la práctica y pueden, perfectamente, dar la impresión de que la cotización sobre la producción puede provocar, antes o después, la suspensión de la producción de isoglucosa. Esto me parece suficiente en el contexto presente. Por el contrario, puede dejarse pendiente la cuestión de si ello es aplicable a todos los perjuicios alegados, incluso al lucro cesante. 5. Por último, se pone en duda que la cotización sobre la producción deba considerarse como la causa directa del perjuicio que se alega. En este contexto, todo lleva a suponer, por el contrario, que los demandantes, al realizar sus inversiones, cometieron una cierta imprudencia, en la medida en que, ante semejante evolución de la situación económica, deberían, sin duda, haber tenido en cuenta la normativa en materia de cotizaciones. Sobre este tema, en mi opinión, basta con señalar que la objeción presentada se refiere claramente a la cuestión de quién adoptó las medidas que provocaron, de forma determinante, las consecuencias perjudiciales cuya indemnización se solicita. En otras palabras, se está haciendo referencia a una posible corresponsabilidad. Pero semejantes consideraciones, sin duda, están desprovistas de pertinencia por lo que se refiere al análisis de la admisibilidad, ya que corresponden, de forma manifiesta, al fondo del asunto.