30.

Me limitaré, por lo tanto, a transcribir los apartados 69 a 75 y 77 a 79 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General explica por qué rechaza este motivo de anulación. Lo lleva a cabo en los siguientes términos: «69 A este respecto, para empezar, procede subrayar que, por lo que atañe a la aplicación del artículo 11, apartado 10, del Reglamento de base, está justificado que en caso de evolución significativa de los costes de producción de los productos de que se trate entre el período de investigación anteriormente tomado en consideración y el nuevo período de investigación la Comisión tenga en cuenta, a la hora de determinar si los derechos antidumping se reflejan convenientemente en los precios de reventa de dichos productos en la Unión durante ese último período, no los precios de reventa utilizados durante el primero de esos períodos, sino los costes observados durante el nuevo período de investigación. Esas consideraciones son válidas aun cuando pueda considerarse que hubo un cambio de método con respecto a lo que se hizo en el marco de una investigación precedente, como ocurre en el caso de autos, contrariamente a lo que alega con carácter principal la Comisión en las Decisiones impugnadas, tal como se expone en el apartado 22 anterior. 70 Esa práctica tiene por objeto garantizar la solidez del análisis en la comparación de situaciones complejas desde el punto de vista económico, no solo para justificar la fundamentación de las medidas adoptadas al amparo de la normativa antidumping, sino también para garantizar, entre los operadores que pueden ser objeto de tales medidas, el respeto del principio general del derecho de la Unión de la igualdad de trato. Ahora bien, si bien garantizar la solidez, en el análisis económico, de la comparación de la situación entre dos períodos justifica, en principio, la aplicación del mismo método, eso no es lo que ocurre cuando los parámetros pertinentes han cambiado suficientemente para hacer que la aplicación del método anteriormente utilizado resulte inadecuada para alcanzar un resultado fiable, en el caso concreto para apreciar si los derechos antidumping se han reflejado o no convenientemente en los precios de reventa y en los consiguientes precios de venta dentro de la Unión (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 18 de septiembre de 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, apartados 50 y 59). Como alega la Comisión, si bien los costes de producción han aumentado significativamente entre los dos períodos comparados, un aumento de los precios de reventa en la Unión, aun considerable, no garantiza necesariamente que los derechos antidumping se hayan reflejado convenientemente, es decir, reflejado íntegramente, en el establecimiento de esos precios. Los costes de producción pueden haber aumentado más que los precios. En ese caso, aun cuando los nuevos precios sean superiores al nivel de los antiguos precios junto con los derechos antidumping, los interesados no reflejan convenientemente los derechos antidumping a la vista de la evolución de sus costes de producción. 71 Las alegaciones formuladas por la demandante en el presente asunto no ponen en entredicho ese análisis. Para empezar, contrariamente a lo que, en esencia, sostiene la demandante, el artículo 11, apartado 10, del Reglamento de base no implica en absoluto, en la medida en que versa sobre la cuestión de si “el derecho se refleja convenientemente en los precios de reventa”, que únicamente el equivalente del derecho antidumping deba ser incluido en el nuevo precio de reventa además del precio de reventa anteriormente aplicado para poder obtener una respuesta positiva. En efecto, un derecho adicional respecto a los costes normalmente soportados solo “se refleja convenientemente” si se añade a esos otros costes. Ahora bien, si esos otros costes aumentan, pero el precio de reventa aumenta en menor medida, en realidad el derecho solo se añade parcialmente o no se añade en absoluto a esos otros costes, aun cuando el equivalente del derecho se haya añadido al precio de reventa anteriormente aplicado. El pasaje de la Comunicación de la Comisión relativa al reembolso de derechos antidumping, invocado por la demandante y citado en el apartado 58 anterior, no contradice en modo alguno a este análisis. Otro tanto cabe decir de la sentencia de 18 de noviembre de 2015, Einhell Germany y otros/Comisión (T‑73/12, EU:T:2015:865), invocada por la demandante. En particular, el apartado 155 de dicha sentencia, en relación con su contexto, indica que un método distinto a la comparación de los precios de reventa aplicados en la Unión antes y después de la imposición de los derechos antidumping puede ser adecuado para determinar si tales derechos se reflejan o no en los nuevos precios de reventa en la Unión. 72 Por lo que respecta a los elementos concretos del caso de autos, en lo que atañe al cuarto período de la investigación de devolución, que corresponde al año 2012, procede señalar que, en las Decisiones impugnadas, por ejemplo, en el considerando 85 de la Decisión C(2014) 9805 final, la Comisión declaró que había tenido lugar un aumento significativo de los costes de producción con respecto al período de investigación original, del 109 %, sin que la demandante haya negado este extremo en cuanto al fondo, en particular en el presente recurso. En estas circunstancias, para determinar si los derechos antidumping se habían reflejado convenientemente en los precios de reventa en la Unión aplicados por la demandante por cuenta de CHEMK y de KF durante el cuarto período de la investigación de devolución, estaba justificado que la Comisión tuviese en cuenta los costes de producción observados en 2012 en vez de los precios de reventa utilizados durante la investigación original. 73 Pues bien, en una situación en la que, como señaló la Comisión en las Decisiones impugnadas, por ejemplo, en el considerando 84 de la Decisión C(2014) 9805 final, los precios de reventa solo cubren en el 1 % de los casos el coste de los productos, incluido el derecho antidumping, está lejos de quedar demostrado que, en efecto, esos derechos se reflejan convenientemente. 74 Incluso el aumento de más del 100 % de los precios de reventa entre el período de investigación original y el cuarto período de la investigación de devolución, al que se refiere la demandante, es insuficiente en ese contexto para demostrar que los derechos antidumping se han reflejado íntegramente durante el segundo de esos períodos. En efecto, es suficiente, como se ha indicado en esencia en el apartado 70 anterior, que los costes de producción hayan aumentado más que los precios aplicados para que estos no reflejen convenientemente los derechos antidumping, habida cuenta de la evolución de los costes de producción. Pues bien, ello queda a priori demostrado por la circunstancia apuntada por la Comisión de que en el 99 % de los casos el coste de los productos, incluido el derecho antidumping, no estaba cubierto por los precios de reventa en la Unión en 2012. 75 Por consiguiente, la Comisión dedujo acertadamente el derecho antidumping del precio de reventa al primer comprador independiente en la Unión para determinar el precio de exportación calculado por lo que atañe al cuarto período de la investigación de devolución, toda vez que no había quedado acreditado que el derecho antidumping se hubiera reflejado convenientemente en el primero de esos precios. [...] 77 Sin embargo, la Comisión acierta al alegar, como expone en las Decisiones impugnadas, por ejemplo, en el considerando 78 de la Decisión C(2014) 9805 final, que el análisis de los precios de reventa en la Unión para determinar en qué medida reflejan los derechos antidumping debe realizarse en la fase de comercialización posterior al pago de dichos derechos, es decir, por definición, en una fase de comercialización en la que el precio tenga en cuenta costes adicionales con respecto a los considerados en la fase de los precios “franco fábrica” o CIF [Precio CIF (Cost, Insurance and Freight. Coste, seguro y flete)]. A este respecto, es preciso subrayar que, cuando en el Reglamento de base se prevé que ciertos precios se ajusten en una fase comercial diferente de aquella en la que se aplican, ello se hace para garantizar una comparación ecuánime de precios que no reflejan necesariamente las mismas prestaciones. Así, el artículo 2, apartado 10, letra d), del Reglamento de base [actualmente artículo 2, apartado 10, letra d), del Reglamento (UE) 2016/1036 [ ( 17 )]] prevé que la comparación ecuánime del precio de exportación y del valor normal pueda requerir ajustes que tengan en cuenta las diferentes fases comerciales en las que dichos precios se aplicaron. Pero eso no es lo que ocurre cuando se trata de apreciar únicamente los precios de reventa en la Unión en el contexto del artículo 11, apartado 10, del Reglamento de base, que no prevé tales ajustes. Por otra parte, en la medida en que esté justificado que, a efectos de la aplicación de dicha disposición, en determinadas situaciones como la del caso de autos, la Comisión analice los precios de reventa teniendo en cuenta todos los costes soportados antes de dicha reventa, como se recuerda en el apartado 69 anterior, un análisis de los precios fijados en la fase de los precios “franco fábrica” o CIF, aun cuando se añadiese artificialmente a esos precios los derechos antidumping como la demandante sostiene que se ha hecho, es decir, sin tener en cuenta un cierto número de costes soportados antes de dicha reventa, no sería coherente. Además, en esas situaciones, no es necesario realizar una comparación de los precios de reventa en la Unión entre dos períodos sucesivos, comparación que, como en el presente asunto, puede verse afectada por la falta de homogeneidad en el tiempo de las fases comerciales en las que los importadores de los productos de que se trate facturaron a los primeros compradores independientes en la Unión. En cambio, es indispensable comprobar si los elementos aportados por el importador de que se trate demuestran que el precio efectivamente pagado por esos compradores durante el período objeto de examen refleja convenientemente los derechos antidumping. A este respecto, en las Decisiones impugnadas se ha señalado, sin que ello fuera cuestionado por la demandante, que durante el referido período esta vendía mayoritariamente los productos sobre la base del precio “franco despachado en aduana”, es decir, comprendiendo todos los costes que se producen con anterioridad a la entrega, lo cual podía facilitar la comprobación antes mencionada. 78 Por consiguiente, la demandante no podía apoyarse en la evolución de los precios aplicados en la fase de los precios “franco fábrica” o CIF, incluso incrementados por los derechos antidumping, para justificar que, durante el tercer período de la investigación de devolución, reflejaba los derechos antidumping en sus precios de reventa en la Unión. La demandante debería haber aportado elementos que demostrasen que los precios “franco despachado en aduana” que aplicó durante el referido período cubrían todos los costes en los que se había incurrido en esa fase por lo que atañe a los productos en cuestión, incluidos los derechos antidumping, cosa que no hizo. Por tanto, la Comisión acertó al deducir el derecho antidumping del precio de reventa al primer comprador independiente en la Unión para determinar el precio de exportación calculado por lo que respecta al tercer período de la investigación de devolución, ya que no se había demostrado que el derecho antidumping estuviese convenientemente reflejado en el primero de esos precios. Por consiguiente, no es necesario examinar las alegaciones formuladas por las partes sobre la fiabilidad o el modo de cálculo de esos precios “franco fábrica” o CIF. Por lo que atañe a la afirmación de la demandante, hecha en el escrito de réplica, según la cual incluso la comparación de los precios de reventa en la fase “franco despachado en aduana” produciría un resultado que debía dar lugar a una devolución parcial de derechos, debe señalarse que, de todas formas, no está suficientemente fundamentada para poder tomarse en consideración en el marco del control de la legalidad de las Decisiones impugnadas (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2015, RFA International/Comisión, T‑466/12, EU:T:2015:151, apartado 44 y jurisprudencia citada). 79 De lo anterior se desprende que el segundo motivo de la demandante, basado en una infracción del artículo 11, apartados 9 y 10, del Reglamento de base en el cálculo del precio de exportación, carece también de fundamento».