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Este motivo debe ser desestimado. La notificación no constituye una formalidad impuesta a las empresas, sino un requisito indispensable para conseguir determinadas ventajas. Con arreglo a la letra a) del apartado 5 del artículo 15 del Reglamento n° 17 no se puede imponer ninguna multa por actuaciones posteriores a la notificación, siempre que tales actuaciones se encuentren dentro de los límites de la actividad descrita en la notificación. Ahora bien, esta ventaja en favor de las empresas que hayan notificado un acuerdo o una práctica concertada constituye la contrapartida del riesgo que corre la empresa al denunciar ella misma el acuerdo o la práctica concertada. En efecto, esta empresa se arriesga no sólo a que se declare que el acuerdo o la práctica infringen el apartado 1 del artículo 85, y que se le deniegue la aplicación del apartado 3, sino también a que se le sancione con una multa por sus actuaciones anteriores a la notificación. Con mayor razón, una empresa que no haya querido correr este riesgo no puede alegar, en contra de una multa impuesta por una infracción no notificada, la hipotética posibilidad de que la notificación habría podido dar lugar a una exención.
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En estas circunstancias, las demandantes no se encontraban en una situación que les hubiera permitido presentar ante los órganos jurisdiccionales nacionales una reclamación relativa a las exacciones percibidas sobre las importaciones de trigo duro de las que eran destinatárias. De ello resulta que no puede fundarse una excepción de inadmisibilidad en la circunstancia de que no hicieran uso de una vía jurisdiccional interna que no estaba a su alcance.
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En lo que atañe a la cuestión tal como ha sido planteada por el tribunal du travail, tanto del artículo 155 del Tratado como del sistema jurisdiccional creado por el Tratado y, en particular, por sus artículos 173 y 177, se desprende que un òrgano como la Comisión Administrativa no puede ser habilitado por el Consejo para adoptar actos de carácter normativo. Una decisión de la Comisión Administrativa, aunque pueda suponer una ayuda para las instituciones de Seguridad Social encargadas de aplicar el Derecho comunitario en este ámbito, no puede obligar a dichas instituciones a seguir determinados métodos o a adoptar determinadas interpretaciones cuando apliquen la normativa comunitaria. La Decisión 101 de la Comisión Administrativa no vincula, por tanto, al tribunal du travail.
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El 25 de junio de 1979, el Consejo adoptó, sin haber obtenido el dictamen solicitado, la propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión, que se convirtió, de esta manera, en el Reglamento no 1293/79 por el que se modifica el Reglamento no 1111/77. El tercer visto del Reglamento no 1293/79 menciona la consulta a la Asamblea. No obstante, el Consejo tuvo en cuenta la falta de dictamen del Parlamento, destacando, en el tercer considerando del Reglamento, que «la Asamblea, consultada desde el 16 de marzo de 1979 sobre la propuesta de la Comisión, no emitió su dictamen sobre la misma en su período de sesiones de mayo y remitió la cuestión al dictamen de la nueva Asamblea».
Los montantes compensatorios monetarios no tienen por objeto superponerse a la protección resultante de las exacciones reguladoras y de las restituciones en los intercambios con los países terceros, sino mantener, prescindiendo de todo elemento protector, el sistema de precios agrícolas únicos dentro del mercado común y, por ende, la libre circulación de los productos agrícolas, neutralizando las distorsiones existentes entre los Estados miembros derivadas del hecho de que los precios comunes se calculan a partir de un tipo de conversión de las monedas (tipo «verde») que no corresponde al tipo de cambio real de dichas monedas.

Corresponde a la Comisión resolver los problemas de orden técnico y económico que plantea el cálculo de la incidencia —en ei sentido del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento no 974/71—del montante compensatorio monetario, establecido para un producto de base, sobre los precios de los productos derivados. Al hacerlo, debe mantener cierta coherencia y un mínimo de transparencia en el sistema de montantes compensatorios que está encargada de establecer en dicho sector. Si bien dispone para ello de una amplia facultad de apreciación, que le permite incluso efectuar evaluaciones globales, dicha facultad no es ilimiatada. Así pues, cuando el método de cálculo utilizado da lugar a aplicar sistemáticamente a los productos transformados montantes compensatorios cuyo gravamen —o, en su caso, beneficio— sobrepasa constantemente cuanto es necesario para tomar en consideración la incidencia del montante compensatorio aplicable al producto de base, ya no puede considerarse que las disposiciones que establecen dichos montantes tengan por objeto neutralizar los efectos de las fluctuaciones monetarias entre los Estados miembros. En tal caso, la Comisión ya no actúa dentro del marco de las competencias que le otorga el Reglamento no 974/71.
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Estas diferencias entre ambos productos ponen de manifiesto un aspecto del problema que constituye la cuestión previa de toda apreciación jurídica y que no ha sido considerada. En efecto, según la argumentación expuesta ante este Tribunal por la Comisión, ésta parece admitir implícitamente que, en una relación de competencia normal, el vino y la cerveza deberían soportar la misma carga fiscal. Esta es también la concepción que parece inspirar una propuesta de Directiva relativa a un impuesto armonizado sobre el vino que la Comisión sometió al Consejo en 1972 (DO C 43, p. 32). En la exposición de motivos de dicha propuesta, la Comisión se refería a «perturbaciones de la competencia» debidas a la inexistencia del impuesto sobre el vino en ciertos Estados miembros. Más recientemente, en la respuesta dada el 4 de enero de 1978 (DO C 42, p. 35) a la pregunta parlamentaria n° 756/77 del Sr. Pisoni, la Comisión proporcionó un cuadro comparativo que demuestra que, en los países vinícolas de la Comunidad, la producción de vino está enteramente exenta de impuestos sobre el consumo, o sujeta a un impuesto sobre consumos específicos meramente nominal, mientras que, aparentemente, en dichos Estados, la cerveza se encuentra gravada por un tributo. La Comisión no ha indicado qué relación de tributación sería, en su opinión, la adecuada entre los productos que considera competidores. Ahora bien, resulta imprescindible para resolver el litigio entablado contra el Reino Unido, pronunciarse sobre esta cuestión previa, en términos que permitan medir con certeza suficiente los efectos de una decisión del Tribunal de Justicia sobre el trato fiscal de ambos productos en el conjunto de la Comunidad.
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Respecto a la relación competitiva entre el vino y la cerveza, el Tribunal de Justicia consideró que, al menos en cierta medida, ambas bebidas pueden satisfacer idéntica demanda, de manera que debe admitirse un cierto grado de sustitución entre ellas. Precisó que, para valorar el grado de sustitución posible, no se deben tener en cuenta los hábitos de consumo existentes en un Estado miembro o en una región determinada. En efecto, dichos hábitos, cuya naturaleza es esencialmente variable en el tiempo y en el espacio, no pueden ser considerados como un dato inmutable; por consiguiente, la política fiscal de un Estado miembro no puede servir para cristalizar unos determinados hábitos de consumo con el fin de perpetuar la ventaja adquirida por las industrias nacionales que se dedican a satisfacerlos.
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La disposición no 35/1977 del CIP remite en su tercer «visto» al Reglamento (CEE) no 2453/76 del Consejo, de 5 de octubre de 1976, relativo a la transferencia al organismo de intervención italiano de carnes de vacuno congeladas en poder de los organismos de intervención de otros Estados miembros (DO L 279, p. 3). Con arreglo al segundo considerando de dicho Reglamento, la transferencia estaba motivada por la situación económica que atravesaba Italia en aquella época, en particular la elevada tasa de inflación y estaba destinado a contribuir a una cierta estabilización de los precios de venta al público. La venta de las carnes transferidas al organismo de intervención se efectuaba a precios fijados por anticipado por la Comisión a tanto alzado y únicamente los minoristas o sus comisionistas-mandatarios podían presentar solicitudes de compra [artículos 3 y 8 del Reglamento (CEE) no 2793/76 de la Comisión, de 18 de noviembre de 1976, relativo a las modalidades de aplicación del Reglamento no 2453/76; DO L 319, p. 24].
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El apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 3 (DO 1958, 30, p. 561) y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) establecen que si la legislación de un Estado miembro prevé explícita o implícitamente que los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con anterioridad han de ser tenidos en cuenta al apreciar el grado de incapacidad, la institución competente de dicho Estado tendrá también en cuenta los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con anterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro, como si hubieran sobrevenido o hubieran sido comprobados bajo la legislación aplicada por ella. Los dos referidos preceptos imponen, pues, a la institución competente únicamente la obligación de tener en cuenta los accidentes o enfermedades sobrevenidos con anterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro y no los ocurridos con posterioridad.
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Considerando que el Raad van State planteó las cuestiones siguientes: «1) Las disposiciones del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 74/561/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1974, relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera en el sector de los transportes nacionales e internacionales, ¿permiten a los Estados miembros establecer una normativa según la cual, fuera de los casos en que se cumpla el requisito de capacidad profesional mediante la obtención de un diploma de fin de estudios extendido al final del ciclo de formación profesional adecuado, la autoridad u órgano competente reconocerá la existencia de la capacidad profesional cuando exista una experiencia práctica apropiada, de una duración de seis años por lo menos, adquirida en una función de dirección y de gestión de una empresa de transporte de mercancías por carretera? 2) La autorización concedida a una persona física por las autoridades competentes de un Estado miembro, después del 31 de diciembre de 1974 y antes del 1 de enero de 1978, para ejercer la profesión de transportista de mercancías por carretera sin haber presentado la prueba de su capacidad profesional con arreglo a una regulación nacional, ¿pierde su validez en el caso de que dicha persona no cumpla antes del 1 de enero de 1980, como exige el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, el requisito de capacidad profesional previsto en el apartado 4 del artículo 3, aun tratándose de una autorización concedida por las citadas autoridades por considerar que se trataba de un caso particular en el sentido del apartado 2 del artículo 4? 3) El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 74/561/CEE ¿es aplicable únicamente en el caso, previsto en el apartado 1 del citado artículo, de muerte o de incapacidad física o legal de la persona física que ejerza la actividad de transportista o de la persona física que cumpla las disposiciones de las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 3, o cabe aplicar también esta normativa fuera de este caso? 4) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe entenderse también por “incapacidad física”, en el sentido del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, el hecho de haber alcanzado la edad en la que se considera que no se puede ya participar en la vida profesional?»
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Considerando que para interpretarlo, este Reglamento debe ser examinado en el contexto de la organización común de mercados en el sector del azúcar, tal como fue establecida por primera vez por el Reglamento no 1009/67/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1967, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO 1967, 308, p. 1) y más tarde por el Reglamento (CEE) no 3330/74 del Consejo, de 19 de diciembre de 1974 (DO L 359, p. 1), que lo sustituyó;
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que dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Bundesknappschaft (Caja federal de seguros de los mineros, de Sarrebruck) y un trabajador de pozo nacido en Argelia en 1924, ciudadano francés de nacimiento, que había trabajado en Francia durante 155 meses y, a partir del 26 de mayo de 1961, en Alemania, y que había perdido la nacionalidad francesa el 1 de julio de 1962, con motivo de la independencia de Argelia; que a la edad de 50 años, la parte demandante en el litigio principal solicitó la concesión de una pensión de minero, conforme al no 2 del apartado 1 del artículo 45 de la Ley alemana que instituyó un seguro de jubilación para los obreros mineros (Reichsknappschaftsgesetz), que exige al interesado haber cubierto un período de seguro de 300 meses, ejerciendo de manera continua un trabajo en el interior de la mina u otro trabajo asimilado; que el organismo alemán competente (Bundesknappschaft) denegó esta solicitud, porque, dado que el solicitante ya no poseía la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad, el Reglamento no 1408/71 ya no era aplicable a su caso y, por consiguiente, ya no procedía examinar su derecho a pensión con arreglo al Derecho alemán; que una nueva reclamación del demandante fue denegada igualmente por considerarse que, por una parte, el Reglamento no 109/65/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1965 (DO 1965, 125, p. 2124), hacía inaplicable a Argelia y a sus nacionales, a partir del 19 de enero de 1965, los Reglamentos n os 3 y 4, relativos a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, y, por tanto, el Reglamento no 1408/71, que sustituyó al Reglamento no 3, y que, por otra parte, no había lugar «a tomar en consideración la nacionalidad del solicitante durante el período en que había trabajado en las minas francesas, dado que el criterio decisivo era el de la nacionalidad en el momento en que era examinada la solicitud de pensión».
El párrafo primero del artículo 95, debe interpretarse en sentido amplio, para incluir cualesquiera mecanismos fiscales que menoscaben la igualdad de trato entre productos nacionales y productos importados; procede, pues, interpretar de manera suficientemente flexible el concepto de “productos similares”. Procede considerar como similares a los productos que presentan a los ojos de los consumidores propiedades análogas o responden a las mismas necesidades. Por tanto, procede delimitar el ámbito de aplicación del párrafo primero del artículo 95, no en función de un criterio de rigurosa identidad, sino de analogía y uso comparable.

El párrafo segundo del artículo 95 tiene la función de prevenir cualquier forma de proteccionismo fiscal indirecto en el caso de productos que, sin ser similares en el sentido del párrafo primero, se encuentran sin embargo en relación de competencia, siquiera sea parcial, indirecta o potencial, con determinadas producciones del país de importación. Para la aplicación de esta disposición, basta con que el producto importado compita con la producción nacional protegida, en función de una o varias aplicaciones económicas, aun cuando no cumpla plenamente el requisito de similitud exigido por el párrafo primero del artículo 95.

Si bien, en su estado actual, el Derecho comunitario no prohibe ciertas exoneraciones o ciertas desgravaciones fiscales, en particular cuando tienen por objeto permitir el apoyo a producciones o empresas que, sin tales beneficios fiscales particulares, dejarían de ser rentables a causa de sus elevados costes de producción, la legitimidad de estas prácticas está sujeta a la condición de que los Estados miembros que hagan uso de tales posibilidades, extiendan dicho beneficio, de manera no discriminatoria ni proteccionista, a los productos importados que se encuentren en las mismas condiciones.
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Considerando que la prohibición impuesta por el artículo 13 del Tratado así como la establecida por el artículo 13 del Reglamento no 159/66/CEE, tienen un efecto directo y confieren a los justiciables derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar; que, así, en virtud del principio de cooperación enunciado en el artículo 5 del Tratado, se ha encomendado a los órganos jurisdiccionales nacionales la protección jurídica que deriva, en favor de los justiciables, del efecto directo de las disposiciones del Derecho comunitario; que, por consiguiente, a falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos en vía jurisdiccional que hayan de procurar la salvaguarda de los derechos que en favor de los justiciables genera el efecto directo del Derecho comunitario, quedando claro que estas normas no pueden ser menos favorables que las correspondientes a recursos similares de carácter interno; que los artículos 100 a 102 y 235 del Tratado permiten, llegado el caso, adoptar las medidas necesarias para paliar las disparidades de las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros en la materia, si se comprobase que pueden provocar distorsiones o perjudicar el funcionamiento del mercado común; que, a falta de tales medidas de armonización, los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario deben ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales según las modalidades establecidas por la norma nacional; que sólo podría ser de otro modo si estas modalidades y plazos hicieran imposible en la práctica el ejercicio de derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar; que no es éste el caso cuando se han fijado plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir; que, en efecto, la fijación de tales plazos, en lo que respecta a los recursos de carácter tributario, constituye la aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica que protege tanto al contribuyente como a la Administración afectada;
Si bien el Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia en el ámbito del artículo 177 del Tratado CEE, no posee competencia para aplicar las normas comunitarias a un caso concreto y, por tanto, para calificar una disposición de Derecho nacional con arreglo a estas normas puede, no obstante, suministrar al órgano jurisdiccional nacional los elementos interpretativos derivados del Derecho comunitario, que podrían serle útiles para la apreciación de los efectos de dicha disposición.

Del apartado 1 del artículo 3 en relación con el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1408/71 se desprende que, en el ámbito de aplicación material del Reglamento y a falta de una disposición específica en contrario, un hijo, en tanto que miembro de la familia de un trabajador, ha de poder acogerse a la legislación de su Estado de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de éste.

Si un hijo minusválido, que no puede adquirir por sí mismo, a causa de su minusvalía, la condición de trabajador en el sentido del Reglamento no 1408/71, reúne desde su minoría de edad los requisitos exigidos para tener derecho, en su calidad de miembro de la familia de un trabajador, a los subsidios para minusválidos, la igualdad de trato no puede cesar al finalizar la minoría de edad.
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que, no obstante, de este mismo artículo y, en particular, tanto de su segunda frase como del contexto, resulta que aunque el Tratado no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de estos derechos sí puede verse afectado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado;
Por tener un carácter excepcional la aplicación de los montantes compensatorios en caso de perturbaciones de los intercambios de los productos agrícolas por medidas monetarias, la última frase del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento no 974/71 debe entenderse en el sentido de que enuncia un requisito no sólo para la introducción sino también para el mantenimiento de los montantes compensatorios con respecto a un producto determinado.

No obstante, el hecho de que el régimen de montantes compensatorios no ofrece una garantía para los agentes económicos contra los riesgos de modificación de los tipos de cambio, un operador puede legítimamente confiar en que, con respecto a operaciones en las que se haya comprometido con carácter irrevocable por haber obtenido, previa prestación de fianza, certificados de exportación que implican la fijación anticipada del importe de la restitución, no tendrá lugar ninguna modificación imprevisible que produzca el efecto de causarle pérdidas inevitables, al imponerle de nuevo el riesgo de cambio. Por tanto, la Comunidad incurriría en responsabilidad si, no concurriendo un interés público perentorio en sentido contrario, la Comisión suprimiera, con efecto inmediato y sin previo aviso, la aplicación de los montantes compensatorios en un sector determinado sin adoptar medidas transitorias que, cuando menos, permitan a un agente económico bien evitar la pérdida que se le ocasionaría en la ejecución de contratos de exportación cuya realidad e irrevocabilidad demuestra la fijación anticipada de las restituciones, o bien ser indemnizado por dicha pérdida.

En lo que atañe al alcance del perjuicio que debe ser reparado, la Comunidad está obligada a indemnizar al demandante por la pérdida que sufrió, como consecuencia de la supresión de los montantes compensatorios, en la ejecución de las exportaciones para las que se fijaron las restituciones.
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que, por el contrario, el Ministro de Transportes, estimando que las disposiciones del artículo 28 de la Ley sobre ferrocarriles no fundamentan una «obligación tarifaria» en el sentido del Reglamento no 1191/69, considera que no ha lugar a resolver sobre la solicitud formulada por la demandante en el litigio principal en la medida en que ésta se refiere a una pretendida obligación tarifaria;
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Considerando que, mediante resolución de 19 de enero de 1973, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 1973, el Finanzgericht Berlin pidió al Tribunal de Justicia que se pronunciase con carácter prejudicial sobre la interpretación y la validez de varias disposiciones del Reglamento (CEE) no 974/71 del Consejo, de 12 de mayo de 1971, relativo a determinadas medidas de política de coyuntura que deben adoptarse en el sector agrícola tras la ampliación temporal de los márgenes de fluctuación de las monedas de algunos Estados miembros (DO L 106, p. 1), y, en su caso, de determinadas disposiciones de los Reglamentos (CEE) de la Comisión no 1013/71 y no 1014/71 (DO L 110, pp. 8 y 10, respectivamente) y no 548/72 (DO L 66, p. 1), adoptados en ejecución del citado Reglamento no 974/71.
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Considerando, por último, que la aplicación de los artículos 7 y 12 del Reglamento no 1612/68 a tal legislación no está excluida por el hecho de que ésta se refiera al conjunto de minusválidos y no sólo a los que son trabajadores o hijos de trabajadores.
Aunque el Tribunal de Justicia no puede, en el marco de un procedimiento prejudicial, interpretar una ley interna, es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los elementos interpretativos derivados del Derecho comunitario que puedan guiarle en la apreciación de los efectos de dicha ley.

Una legislación nacional que es próxima a la asistencia social, en particular, por fijar como criterio esencial de aplicación el hecho de estar necesitado y por hacer abstracción de cualesquiera exigencias relativas a períodos de actividad profesional, de afiliación o de cotización, se aproxima, no obstante, a la Seguridad Social, en el sentido del Reglamento no 3, por el hecho de que, abandonando criterios de apreciación individual, característicos de la asistencia, confiere a los beneficiarios una posición legalmente definida que genera el derecho a una prestación análoga a las pensiones de vejez en el sentido del artículo 2 del mencionado Reglamento.