De ello se deduce que una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas un trato fiscal ventajoso que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En cambio, las ventajas resultantes de una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, que, por tanto, no es selectiva, no constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE.

El hecho de que una medida fiscal sea contraria a disposiciones del Derecho de la Unión diferentes de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE no permite excluir de la calificación de ayuda de Estado la exención de dicha medida de la que se benefician determinados contribuyentes mientras la medida en cuestión produzca efectos frente a los demás contribuyentes y no haya sido derogada ni declarada ilegal y, en consecuencia, inaplicable.

La obligación del Estado miembro afectado de suprimir, mediante su recuperación, una ayuda que la Comisión considera incompatible con el mercado único, tiene por objeto restablecer la situación anterior a la concesión de la ayuda.

Dicho objetivo se logra una vez que las ayudas de que se trata, más, en su caso, los intereses de demora, han sido devueltas por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que las han disfrutado efectivamente. A través de esta devolución, el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior a la concesión de la ayuda.

Por otra parte, la recuperación de una ayuda ilegal a fin del restablecimiento de la situación anterior no implica una reconstrucción distinta del pasado en función de factores hipotéticos tales como las alternativas, a menudo múltiples, por las que podrían haber optado los operadores interesados, habida cuenta de que las decisiones efectivamente ejecutadas para beneficiarse de la ayuda pueden resultar irreversibles.

La recuperación de una ayuda implica la restitución de la ventaja derivada de su concesión para el beneficiario, y no la restitución del eventual beneficio económico obtenido por éste de la utilización de dicha ventaja. La circunstancia de que tal beneficio no sea idéntico a la ventaja constitutiva de la ayuda, o incluso de que no exista, no puede justificar que la ayuda no se recupere o que se recupere un importe distinto del correspondiente a la ventaja concedida por la ayuda ilegal en cuestión.

En particular, en el caso de una ayuda ilegal concedida en forma de ventaja fiscal, la recuperación de la ayuda implica la sumisión de las operaciones efectivamente realizadas por los beneficiarios de la ayuda en cuestión al trato fiscal que se habría aplicado de no haber existido la ayuda ilegal.

En último lugar, la recuperación de un importe igual a la diferencia entre la tarifa que debería haberse aplicado si no hubiera existido una medida de ayuda ilegal y el importe inferior abonado por la aplicación de dicha medida no constituye un nuevo impuesto, exigido con carácter retroactivo. Se trata de la recuperación de la parte del impuesto inicial que no se abonó como consecuencia de la aplicación de una exención ilegal, recuperación que tampoco constituye una sanción.

(véanse los apartados 89 a 92, 93 y 114)