Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Derecho de distribución

(Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2)

2. Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Criterios — Acto por el que se armonizan determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información

(Arts. 47 CE, ap. 2, 55 CE y 95 CE; Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

3. Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines —Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Derecho de distribución

(Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2)

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1. El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que normas nacionales establezcan el agotamiento del derecho de distribución respecto del original o de copias de una obra comercializadas fuera de la Comunidad por el titular o con su consentimiento.

Del claro tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29, en relación con el vigésimo octavo considerando de ésta, se desprende que dicha disposición no deja a los Estados miembros la facultad de establecer una regla de agotamiento que no sea la del agotamiento en la Comunidad. Esta conclusión queda confirmada por el artículo 5 de dicha Directiva, que autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción, al derecho de comunicación al público de obras, al derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas y al derecho de distribución. En efecto, de ninguna disposición se desprende que las excepciones o limitaciones autorizadas puedan afectar a la regla de agotamiento establecida en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29 y, por ende, puedan permitir a los Estados miembros establecer excepciones a dicha regla.

(véanse los apartados 24, 25 y 27 y el punto 2 del fallo)

2. En el marco del sistema de competencias de la Comunidad Europea, la elección de la base jurídica de un acto debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre dichos elementos figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto. En este contexto, las disposiciones de los artículo 47 CE, apartado 2, 55 CE y 95 CE, en virtud de los cuales se adoptó la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, permiten adoptar medidas necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior en lo que se refiere a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios mediante una armonización de las legislaciones nacionales relativas al contenido y al ejercicio de los derechos de autor y derechos afines. De los considerandos de dicha Directiva se deduce que ésta persigue de forma manifiesta los objetivos contemplados en las disposiciones del Tratado.

(véanse los apartados 30 a 32)

3. El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que dispone que el derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento, no vulnera ni los acuerdos internaciones celebrados por la Comunidad en materia de derechos de autor y derechos afines, ni las normas del Tratado por las que se establece una política de competencia, ni los principios de proporcionalidad y de igualdad, ni la libertad de expresión, ni los artículos 151 CE y 153 CE.

En primer lugar, en lo que atañe a los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad en materia de derechos de autor y derechos afines, ni el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, ni en los artículos 8, apartado 2, y 12, apartado 2, del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas imponen a la Comunidad, como parte contratante, la obligación de establecer una regla específica sobre el agotamiento de este derecho.

En segundo lugar, por lo que se refiere a las normas del Tratado por las que se establece una política de competencia, del primer considerando de la Directiva 2001/29 se deduce que la armonización efectuada por dicha Directiva tiene por finalidad garantizar, igualmente, una competencia no falseada en el mercado interior, de conformidad con el artículo 3 CE, apartado 1, letra g).

En tercer lugar, habida cuenta de los objetivos perseguidos por las instituciones comunitarias, la elección efectuada por el legislador comunitario en el artículo 4, apartado 2, antes citado, en favor de la regla de agotamiento en la Comunidad no constituye una medida desproporcionada que pueda afectar a la validez de esta disposición.

En cuarto lugar, dado que el titular puede ejercer su control sobre la primera comercialización del objeto cubierto por el derecho de distribución, no cabe invocar la libertad de expresión para invalidar la regla sobre agotamiento. Además, una eventual restricción a la libertad de recibir información encuentra justificación en la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor, que forman parte del derecho de propiedad.

En quinto lugar, y por lo que respecta al principio de igualdad, no cabe duda de que el productor y el licenciatario establecidos en un Estado tercero no se encuentra en una situación idéntica o comparable a la del productor o el licenciatario establecidos en la Comunidad.

Por último, en lo tocante a los artículos 151 CE y 153 CE, de varios considerandos de dicha Directiva y del régimen de excepciones y limitaciones previsto en su artículo 5 se desprende que los aspectos culturales propios de los Estados miembros, así como el derecho a la educación, que el legislador tiene que tener en cuenta en el marco de su actuación, han sido tomados plenamente en cuenta por las instituciones de la Comunidad en la elaboración y adopción de la Directiva 2001/29.

(véanse los apartados 40, 49, 58, 63, 65, 69 y 80)