Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T‑59/02,

Archer Daniels Midland Co., con domicilio social en Decatur, Illinois (Estados Unidos), representada por el Sr. C.O. Lenz, abogado, las Sras. L. Martin Alegi y M. Garcia, Solicitors y el Sr. E. Batchelor,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. P. Oliver, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación del artículo 1 de la Decisión 2002/742/CE, de 5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/36.604 — Ácido cítrico) (DO 2002, L 239, p. 18), en la medida en que afirma que la demandante infringió el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en la restricción de las capacidades del mercado de referencia y en la designación del productor que debía encabezar los aumentos de precios en cada segmento nacional de los que integran el mercado de referencia, y una pretensión de anulación del artículo 3 de la Decisión en la medida en que se refiere a la demandante y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción de la multa que se impuso a esta última,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente, y M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de junio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que dieron origen al litigio

1. La sociedad Archer Daniels Midland Co. (en lo sucesivo, «ADM») es la sociedad matriz de un grupo de empresas del sector de transformación de cereales y semillas oleaginosas, implantada en el mercado del ácido cítrico en 1991.

2. El ácido cítrico es el acidulante y conservante más utilizado en el mundo. Existen distintos tipos, que tienen aplicaciones variadas, especialmente en los productos alimenticios y las bebidas, en los detergentes y limpiadores domésticos, en los productos farmacéuticos y cosméticos y en diversos procesos industriales.

3. En 1995, las ventas totales de ácido cítrico a nivel mundial eran de alrededor de 894,72 millones de euros y las realizadas en el Espacio Económico Europeo (EEE) de unos 323,69 millones de euros. En 1996, alrededor del 60 % del mercado mundial del ácido cítrico estaba en manos de los cinco destinatarios de la Decisión objeto del presente recurso, a saber, aparte de ADM, Jungbunzlauer AG (en lo sucesivo, «JBL»), F. Hoffmann-La Roche AG (en lo sucesivo, «HLR»), Haarmann & Reimer Corp. (en lo sucesivo, «H & R»), sociedad perteneciente al grupo Bayer AG (en lo sucesivo, «Bayer»), y Cerestar Bioproducts BV (en lo sucesivo, «Cerestar»), denominadas conjuntamente «partes implicadas».

4. En agosto de 1995, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a la Comisión de que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el mercado del ácido cítrico. Entre octubre de 1996 y junio de 1998, todas las partes implicadas, incluida ADM, reconocieron haber participado en unas prácticas colusorias. Después de que dichas empresas llegaran a unos acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses les impusieron unas multas. Además, se impusieron multas a título personal a algunas personas inculpadas. Por otra parte, también se llevaron a cabo investigaciones en Canadá, donde se impusieron multas a varias de estas empresas, entre ellas ADM.

5. El 6 de agosto de 1997, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión envió solicitudes de información a los cuatro principales productores de ácido cítrico de la Comunidad. Asimismo, en enero de 1998, la Comisión envió solicitudes de información a los principales compradores de ácido cítrico de la Comunidad y, en junio y julio de 1998, remitió nuevas solicitudes de información a los principales productores de ácido cítrico de la Comunidad.

6. Tras recibir la primera solicitud de información que se le había enviado en julio de 1998, Cerestar se puso en contacto con la Comisión y declaró, en una reunión celebrada el 29 de octubre de 1998, que tenía la intención de cooperar con la Comisión de conformidad con la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»). En esta misma reunión, Cerestar proporcionó una descripción oral de las actividades del cártel en el que había participado. El 25 de marzo de 1999, Cerestar envió a la Comisión una declaración escrita confirmando las declaraciones realizadas en la mencionada reunión.

7. Mediante escrito de 28 de julio de 1998, la Comisión dirigió a JBL una nueva solicitud de información, a la que dicha empresa respondió mediante escrito de 28 de septiembre de 1998.

8. En una reunión celebrada el 11 de diciembre de 1998, ADM manifestó su voluntad de cooperar con la Comisión y relató oralmente las actividades contrarias a la competencia en las que había participado. Mediante escrito de 15 de enero de 1999, ADM confirmó sus declaraciones orales.

9. El 3 de marzo de 1999, la Comisión envió solicitudes adicionales de información a HLR, JBL y Cerestar.

10. El 28 de abril, el 21 de mayo y el 28 de julio de 1999, respectivamente, Bayer, en nombre de H & R, JBL y HLR prestaron declaración acogiéndose a la Comunicación sobre la cooperación.

11. El 29 de marzo de 2000, basándose en la información que le había sido proporcionada, la Comisión envió a ADM y a las demás partes implicadas un pliego de cargos por infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»). ADM y las demás partes implicadas formularon observaciones escritas en respuesta a los cargos presentados por la Comisión. Ninguna de las partes solicitó que se celebrase una audiencia ni impugnó en lo sustancial la veracidad de los hechos expuestos en el pliego de cargos.

12. El 27 de julio de 2001, la Comisión envió solicitudes adicionales de información a ADM y a las demás partes implicadas.

13. El 5 de diciembre de 2001, la Comisión adoptó la Decisión 2002/742/CE, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/36.604 — Ácido cítrico) (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión fue notificada a ADM mediante escrito de 17 de diciembre de 2001.

14. La Decisión incluye, en particular, las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

[ADM], [Cerestar], [H & R], [HLR] y [JBL] han infringido el apartado 1 del artículo 81 del Tratado y el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE por participar en un acuerdo continuado y en prácticas concertadas en el sector del ácido cítrico.

La duración de la infracción fue la siguiente:

– en el caso de [ADM], de [H & R], de [HLR] y de [JBL]: desde marzo de 1991 hasta mayo de 1995,

– en el caso de [Cerestar]: desde mayo de 1992 hasta mayo de 1995.

[…]

Artículo 3

Por la infracción mencionada en el artículo 1, se imponen las siguientes multas:

a) [ADM]: 39,69 millones de euros,

b) [Cerestar]: 170.000 euros,

c) [HLR]: 63,5 millones de euros,

d) [H & R]: 14,22 millones de euros,

e) [JBL]: 17,64 millones de euros».

15. En los considerandos 80 a 84 de la Decisión, la Comisión indicó que la práctica colusoria se refería a la asignación de cuotas de venta a cada miembro y al respeto de las mismas, a la fijación de objetivos de precios o de precios mínimos, a la eliminación de descuentos y al intercambio de información específica sobre clientes.

16. Para calcular el importe de las multas, la Comisión empleó en la Decisión el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la Comunicación sobre la cooperación.

17. En primer lugar, la Comisión determinó el importe de base de la multa en función de la gravedad y la duración de la infracción.

18. En este contexto, en lo que atañe a la gravedad de la infracción, la Comisión consideró, en primer lugar, que las partes implicadas habían cometido una infracción muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de su impacto real en el mercado del ácido cítrico en el EEE y de la dimensión del mercado geográfico afectado (considerando 230 de la Decisión).

19. Seguidamente, la Comisión estimó necesario tener en cuenta la capacidad económica efectiva de las empresas para dañar la competencia y fijar la multa a un nivel que garantizara un efecto disuasorio suficiente. Por consiguiente, basándose en el volumen de negocios mundial alcanzado por las partes implicadas con la venta del ácido cítrico durante el año 1995, último año del período en que se produjo la infracción, la Comisión las dividió en tres categorías, a saber, en una primera categoría, H & R, con una cuota de mercado mundial del 22 %; en una segunda categoría, ADM y JBL, con unas cuotas de mercado del [confidencial], (1) y HLR, con una cuota de mercado del 9 %, y, en una tercera categoría, Cerestar, cuya cuota de mercado mundial era del 2,5 %. Sobre esta base, la Comisión fijó unos importes de partida de 35 millones de euros para la empresa perteneciente a la primera categoría, de 21 millones de euros para las incluidas en la segunda categoría, y de 3,5 millones de euros para la clasificada en la tercera categoría (considerando 239 de la Decisión).

20. Asimismo, con el fin de garantizar que la multa tuviera un efecto disuasorio suficiente, la Comisión procedió a ajustar este importe de partida. Por consiguiente, teniendo en cuenta el tamaño y los recursos globales de las partes implicadas, expresados por el importe total de sus volúmenes de negocios mundiales, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 2 a los importes de partida fijados para ADM y HLR y de 2,5 al importe de partida fijado para H & R (considerandos 50 y 246 de la Decisión).

21. En lo que atañe a la duración de la infracción cometida por cada empresa, el importe de partida así determinado se incrementó en un 10 % por año, es decir, un aumento del 40 % para ADM, H & R, HLR y JBL y del 30 % en el caso de Cerestar (considerandos 249 y 250 de la Decisión).

22. De este modo, la Comisión fijó el importe de base de la multa impuesta a ADM en 58,8 millones de euros. Por lo que respecta a Cerestar, HLR, H & R y JBL, los importes de base se fijaron en 4,55, 58,8, 122,5 y 29,4 millones de euros, respectivamente (considerando 254 de la Decisión).

23. En segundo lugar, en consideración a las circunstancias agravantes, los importes de base de las multas impuestas a ADM y a HLR se incrementaron en un 35 % por estimarse que dichas empresas habían desempeñado el papel de líderes en el cártel (considerando 273 de la Decisión).

24. En tercer lugar, la Comisión examinó y rechazó las alegaciones de algunas empresas que pretendían beneficiarse de la aplicación de circunstancias atenuantes (considerandos 274 a 291 de la Decisión).

25. En cuarto lugar, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión adaptó los importes así calculados para Cerestar y H & R, con el fin de que no superaran el límite del 10 % del volumen de negocios total de las partes implicadas (considerando 293 de la Decisión).

26. En quinto lugar, con arreglo a la sección B de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión otorgó a Cerestar una «reducción muy importante» (a saber, de un 90 %) del importe de la multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado. Con arreglo a la sección D de dicha Comunicación, la Comisión otorgó una «reducción significativa» del importe de la multa a ADM (a saber, de un 50 %), a JBL (de un 40 %), a H & R (de un 30 %) y a HLR (de un 20 %) (considerando 326).

Procedimiento y pretensiones de las partes

27. Mediante demanda presentada en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 28 de febrero de 2002, ADM interpuso el presente recurso.

28. Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de febrero de 2002, ADM solicitó que ciertos datos recogidos en sus escritos procesales y en algunos anexos se trataran como información confidencial.

29. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, formuló ciertas preguntas por escrito a las partes, a las que éstas respondieron en los plazos señalados.

30. Los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, se oyeron en la vista celebrada el 9 de junio de 2004.

31. ADM solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule el artículo 1 de la Decisión en la medida en que afirma que dicha empresa infringió el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en la restricción de las capacidades del mercado de referencia y en la designación del productor que debía dirigir los aumentos de precios en cada mercado nacional de los que integran el mercado de referencia.

– Anule el artículo 3 de la Decisión en la medida en que se refiere a dicha empresa.

– Subsidiariamente, reduzca el importe de su multa.

– Condene en costas a la Comisión.

32. La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a ADM.

Fundamentos de Derecho

I. Sobre la aplicabilidad de las Directrices

A. Alegaciones de las partes

33. Por una parte, ADM alega que el método de cálculo del importe de las multas establecido por las Directrices supone un cambio radical de la práctica anterior de la Comisión en esta materia, consistente, como esta última reconoció en la Decisión (considerando 253), en determinar la cuantía de una multa en función de un importe de base equivalente a un determinado porcentaje de las ventas en el mercado comunitario afectado. Por el contrario, las Directrices prevén a partir de ahora multas de cuantía fija, por ejemplo de 20 millones de euros en caso de infracción muy grave, con independencia del volumen de ventas del producto de que se trate.

34. ADM pone de relieve que, en el período al que se refiere el presente asunto (1991 a 1995), la Comisión, siguiendo esta práctica constante, impuso multas cuyo importe oscilaba generalmente entre un 2,5 % y un 9 % del volumen de negocios generado por la venta del producto de que se tratase en el mercado comunitario. En cambio, la aplicación de la nueva política establecida en las Directrices da lugar a multas cuyo importe es entre 10 y 34 veces superior al de las multas que se habrían impuesto con arreglo a la práctica anterior.

35. ADM reconoce que la Comisión dispone de la facultad discrecional de aumentar las multas cuando la política de defensa de la competencia exija que se impongan multas disuasorias más elevadas. No obstante, a su juicio, la Comisión ha sobrepasado manifiestamente su margen de apreciación al imponer una multa de un importe entre 10 y 34 veces superior al que habría establecido con arreglo a la práctica anterior. En contra de lo que sostiene la Comisión, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Lögstör Rör/Comisión (T‑16/99, Rec. p. II‑1633, apartado 237), confirma esta conclusión. En efecto, por una parte, ADM pone de relieve que en dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia admitió la posibilidad de que la Comisión aumentara el importe de las multas dentro de los límites que fija el Reglamento nº 17, pero exigiendo como requisito que dicho aumento fuera necesario para asegurar la aplicación de la política comunitaria de la competencia. Ahora bien, ni en la Decisión ni en sus escritos procesales ha justificado o probado la Comisión que la aplicación de dicha política requiriese imponer multas de un importe entre 10 y 34 veces superior al que resultaba de su práctica anterior. Por otra parte, ADM indica que, en el asunto en que se dictó la citada sentencia, así como en todos los demás asuntos relativos a las prácticas colusorias en el mercado de tubos de calefacción urbana, exceptuando el relativo a la sociedad ABB (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, ABB Asea Brown Boveri/Comisión, T‑31/99, Rec. p. II‑1881), la Comisión impuso multas de un nivel comparable al que predominaba cuando dicha institución aplicaba su práctica anterior. En efecto, según ADM, las empresas acusadas de dichas prácticas colusorias sólo fueron condenadas a unas multas cuyo importe representaba entre un 3 % y un 14 % de las ventas afectadas, e incluso ABB fue sancionada sólo con una multa equivalente al 44 % de su volumen de negocios en el producto afectado.

36. ADM alega que las empresas deben poder trabajar en un contexto previsible. Según las Directrices (párrafo primero), la Comisión está obligada a respetar una línea política coherente y no discriminatoria en la determinación del importe de las multas. A juicio de ADM, existe una contradicción entre la falta de seguridad jurídica en la determinación de los multas y el objetivo de conferir un carácter disuasorio efectivo a las multas. Para que el efecto disuasorio individual de las multas sea efectivo, es indispensable que las empresas conozcan por adelantado las sanciones aplicables. A su juicio, una política eficaz de amnistía o indulgencia en caso de cooperación de las empresas requiere que se determinen claramente de antemano las sanciones aplicables en caso de negativa a cooperar. Del mismo modo, no es razonable mantener una situación de incertidumbre constante sobre el importe de las multas que pueden recaer en caso de infracción de las normas sobre la competencia, principalmente habida cuenta de la larga duración de las investigaciones sobre tales infracciones. Por consiguiente, a su juicio, el principio de seguridad jurídica exige que pueda predecirse con un grado suficiente de certeza el enfoque que adoptará la Comisión para calcular las multas con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

37. ADM añade que, según el Manual de Directrices («Guidelines Manual») de la United States Sentencing Commission [punto 1B 1.11(b)(1); en lo sucesivo, «Directrices estadounidenses»] y la jurisprudencia de una Federal Court of Appeal [sentencia United States v. Kimler, 167 F. 3d 889 (5th Circ. 1999)], la regla «ex post facto» de la Constitución de Estados Unidos prohíbe aplicar con efecto retroactivo nuevas directrices en materia de multas, cuando ello tiene como consecuencia imponer una pena más grave que la establecida en el momento en que se cometió la infracción.

38. Por consiguiente, según ADM, resulta ilegal y constituye una violación del principio de seguridad jurídica la aplicación retroactiva de la nueva política establecida en las Directrices a una infracción cometida antes de que se publicaran, como la que aquí se examina, y la consiguiente imposición a ADM de una multa enormemente superior al nivel de las multas que se imponían con arreglo a la práctica anterior, sin que existiera necesidad alguna de desviarse de dicha práctica para garantizar el respeto de la política de defensa de la competencia.

39. ADM sostiene por otra parte que la aplicación de las Directrices vulnera el principio de igualdad de trato, ya que entraña como consecuencia establecer una diferencia entre las empresas infractoras del Derecho de la competencia, no en función de la fecha de la infracción, sino en función de la fecha en que se adoptó la decisión de la Comisión, fijada arbitrariamente por ésta. Así, a modo de ejemplo, ADM afirma que a las empresas destinatarias de la Decisión 97/624/CE de la Comisión, de 14 de mayo de 1997, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [82] del Tratado CE (IV/34.621, 35.059/F-3; Irish Sugar plc) (DO L 258, p. 1), y de la Decisión 94/210/CE de la Comisión, de 29 de marzo de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado CE (IV/33.941 HOV-SVZ/MCN) (DO L 104, p. 34), se les impusieron unas multas cuyo importe sólo representaba un 6,8 % y un 5 %, respectivamente, del valor de las ventas efectuadas en el mercado pertinente, a pesar de que tales infracciones y el cártel del ácido cítrico fueron simultáneos.

40. La Comisión solicita que se desestimen estos motivos.

B. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

41. En primer lugar, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que el principio de irretroactividad de las normas penales, consagrado como derecho fundamental en el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, constituye un principio general del Derecho comunitario que debe respetarse al imponer multas por infracción de las normas sobre competencia, y que dicho principio exige que las sanciones impuestas sean las vigentes en el momento en que se cometió la infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 202 ; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartados 218 a 221, y de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartado 39).

42. A continuación, este Tribunal considera que, en principio, la adopción de unas Directrices que modifiquen la política general de la competencia de la Comisión en materia de multas puede estar sometida al principio de irretroactividad.

43. En efecto, por una parte, las Directrices pueden desplegar efectos jurídicos. Tales efectos jurídicos se derivan, no del carácter normativo propio de las Directrices, sino de su adopción y publicación por la Comisión. La adopción y la publicación de las Directrices suponen así una autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión, que no puede ya apartarse de las mismas so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de principios generales del Derecho tales como el de igualdad de trato, el de protección de la confianza legítima y el de seguridad jurídica (véase en este sentido la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartados 209 a 212).

44. Por otra parte, el principio de irretroactividad resulta aplicable a las Directrices, en cuanto instrumento de la política en materia de competencia, del mismo modo que a una nueva interpretación jurisprudencial de una norma por la que se establezca una infracción, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 7, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (véanse, en particular, TEDH, sentencias S.W. y C.R. c. Reino Unido de 22 de noviembre de 1995, serie A n os 335-B y 335-C, § 34 a 36 y § 32 a 34; Cantoni c. Francia de 15 de noviembre de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 29 a 32, y Coëme y otros c. Bélgica de 22 de junio de 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII, § 145), en la que se declara que esta última disposición prohíbe aplicar retroactivamente una nueva interpretación de una norma por la que se establezca una infracción. Éste es en especial el caso, según dicha jurisprudencia, cuando se trate de una interpretación jurisprudencial cuyo resultado no era razonablemente previsible en el momento en que se cometió la infracción, en particular habida cuenta de la interpretación que la jurisprudencia daba en aquel momento a la disposición legal examinada. Conviene precisar sin embargo que de esta misma jurisprudencia se deduce que el alcance del concepto de previsibilidad depende en gran medida del contenido del texto de que se trate, del ámbito que cubra y del número y condición de sus destinatarios. Así, la previsibilidad de la ley no es incompatible con el hecho de que la persona afectada se vea obligada a recurrir a un asesoramiento jurídico apropiado para valorar en la medida de lo posible, en las circunstancias del caso, las eventuales consecuencias de un determinado acto. Más concretamente, con arreglo a la sentencia Cantoni c. Francia (antes citada, § 35), ello resulta especialmente cierto en el caso de los profesionales, habituados a la necesidad de mostrar una gran prudencia en el ejercicio de sus actividades. Cabe por tanto esperar de éstos que presten especial atención a la valoración de los riesgos que entraña el ejercicio de sus actividades (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartados 215 a 223).

45. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede verificar, pues, si la modificación que supuso la adopción de las Directrices era razonablemente previsible en la época en que se cometieron las infracciones de que se trata.

46. A este respecto procede hacer constar que la principal innovación de las Directrices consiste en tomar como punto de partida para el cálculo de la multa un importe de base, determinado dentro de los intervalos de valores que establecen las Directrices, intervalos de valores que reflejan los diferentes niveles de gravedad de las infracciones pero que no guardan relación, como tales, con el volumen de negocios pertinente. Dicho método se basa pues esencialmente en una tarificación de las multas, aunque relativa y flexible (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 225).

47. A continuación, es preciso recordar que el hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia, sino que, por el contrario, la aplicación eficaz de las normas comunitarias de la competencia exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de dicha política (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 227, de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 109, y de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, apartado 81; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T‑12/89, Rec. p. II‑907, apartado 309, de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión, T‑304/94, Rec. p. II‑869, apartado 89, y la sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 56).

48. De ello se deduce que las empresas participantes en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa no pueden confiar legítimamente en que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas impuestas anteriormente ni en que seguirá aplicando un determinado método de cálculo de las multas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 228).

49. Por consiguiente, dichas empresas deben tener en cuenta la posibilidad de que la Comisión decida en cualquier momento aumentar el nivel de las multas con respecto al que se aplicaba anteriormente. Esta afirmación no sólo es válida cuando la Comisión aumenta el nivel de las multas al determinar su importe en decisiones individuales, sino también cuando dicho aumento se produce al aplicar en supuestos concretos unas reglas de conducta de alcance general tales como las Directrices (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartados 229 y 230).

50. Así pues, no es válida la alegación de ADM en la que sostiene, esencialmente, que el aumento del nivel de las multas por parte de la Comisión, en lo que se refiere al cártel, resulta manifiestamente desproporcionado con respecto al objetivo de garantizar la aplicación de la política de competencia.

51. Del mismo modo, tampoco puede constituir una violación del principio de irretroactividad la circunstancia alegada por ADM –suponiendo incluso que estuviera acreditada– de que la aplicación de la nueva política da lugar a unas multas cuyos importes son entre 10 y 34 veces superiores a los de las multas que se hubieran impuesto con arreglo a la práctica anterior. En efecto, habida cuenta en particular de la jurisprudencia citada en el apartado 44 supra, debía resultar razonablemente previsible para ADM que la Comisión podía revisar en todo momento el nivel general de sus multas en el contexto de la aplicación de una política de la competencia diferente. En consecuencia, ADM debía poder prever razonablemente dicho aumento –suponiendo incluso que estuviera acreditado– en la época en que se cometieron las infracciones de que se trata.

52. Por último, en cuanto a la alegación de ADM de que, para garantizar el efecto disuasorio de los multas, resulta indispensable que las empresas conozcan por adelantado el nivel de las multas que podrían imponérseles si infringen las normas comunitarias sobre competencia, basta con poner de relieve que el carácter disuasorio de las multas no presupone en absoluto que las empresas conozcan por adelantado el nivel específico de la multa que podría imponérseles por un determinado comportamiento contrario a la competencia.

53. En lo que respecta a la violación del principio de igualdad de trato alegada por ADM, es preciso subrayar que ya se ha declarado que la aplicación del método expuesto en las Directrices para calcular el importe de la multa de ADM no puede considerarse un trato discriminatorio en comparación con el recibido por las empresas que cometieron infracciones de las normas comunitarias sobre competencia en el mismo período pero que, a causa de la fecha en que se descubrió la infracción o del modo específico en que se desarrolló el procedimiento administrativo en su contra, fueron sancionadas en fechas anteriores a la adopción o a la publicación de las Directrices (véanse, en este sentido, la sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartados 69 a 73, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, Tate & Lyle y otros/Comisión, T‑202/98, T‑204/98 y T‑207/98, Rec. p. II‑2035, apartados 118 y 119).

54. Por consiguiente, procede desestimar el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato.

II. Sobre la repercusión de las multas ya impuestas en otros países

A. Alegaciones de las partes

55. ADM alega que, al negarse a deducir de la multa fijada en la Decisión el importe de las multas ya impuestas a ADM en Estados Unidos y en Canadá, la Comisión violó el principio que prohíbe la acumulación de sanciones por una misma infracción. Según se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión (7/72, Rec. p. 1281), la Comisión está obligada a deducir de la multa fijada por ella la multa impuesta por las autoridades de un país tercero, si los hechos de los que acusan a la empresa demandante la Comisión, por una parte, y dichas autoridades, por otra, son idénticos. A su juicio, esto es precisamente lo que ocurre en el presente asunto, ya que, a diferencia del asunto en el que se dictó la sentencia Boehringer/Comisión, antes citada, el cártel sancionado por las autoridades norteamericanas y canadienses era idéntico por su objeto, su localización y su duración al sancionado por la Comisión, que por lo demás se basó en pruebas reunidas por las autoridades norteamericanas.

56. A este respecto, ADM impugna la apreciación formulada en la Decisión, según la cual las multas impuestas en Estados Unidos y en Canadá únicamente tuvieron en cuenta los efectos contrarios a la competencia del cártel en el ámbito de competencia territorial de dichos tribunales (considerando 333 de la Decisión). Según ADM, la sentencia dictada en su contra en Estados Unidos el 15 octubre de 1986 afirma por el contrario que el cártel sancionado era mundial y obstaculizaba el comercio «en Estados Unidos y en otros lugares». Por otra parte, el importe de la multa que se le impuso fue particularmente alto debido al alcance territorial de la infracción. En lo que respecta al procedimiento seguido en Canadá, ADM afirma que también allí se tuvo específicamente en cuenta el hecho de que se trataba de un cártel mundial.

57. En todo caso, incluso en el supuesto de que la afirmación de la Comisión fuera exacta, el hecho de que otras autoridades sólo hayan tenido en cuenta los efectos locales de una infracción carece de pertinencia, según ADM, a efectos de aplicar el principio que prohíbe la acumulación de sanciones. En efecto, según la sentencia Boehringer/Comisión, citada en el apartado 55 supra, el único criterio decisivo en este contexto es la identidad de los comportamientos sancionados. Confirma este planteamiento, a su juicio, la práctica seguida por la propia Comisión, que en una Decisión de 1983 dedujo del importe de la multa impuesta a unas empresas que habían participado en unas prácticas colusorias el importe de la multa impuesta anteriormente por las autoridades alemanas, pese a que ella sólo se pronunciaba sobre los aspectos de dichas prácticas colusorias relativos al exterior de Alemania [véase la Decisión 83/546/CEE de la Comisión, de 17 de octubre de 1983, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (IV/30.064 – Cilindros de fundición y de acero moldeados) (DO L 317, p. 1)].

58. ADM estima que, al determinar el importe de la multa, la Comisión omitió tomar en consideración el hecho de que ella ya había sido condenada en países terceros a multas y a indemnizaciones de daños y perjuicios de un importe suficiente para disuadirla de cometer cualquier nueva infracción del Derecho de la competencia. ADM considera, pues, que ya se le había impuesto una sanción suficiente.

59. Además, según ADM, la Comisión se equivoca al concluir que las indemnizaciones de daños y perjuicios abonadas por ella a raíz de los procedimientos tramitados en Estados Unidos y en Canadá eran meramente compensatorias. En efecto, ADM pone de relieve que dichas indemnizaciones, abonadas en virtud de la transacción a la que había llegado, tuvieron en cuenta las pretensiones de indemnización al triple del perjuicio sufrido («triple damages») formuladas por los compradores afectados. Por esta razón, dichas indemnizaciones sobrepasaban el importe correspondiente a una mera compensación del perjuicio e incluían una penalización. Así pues, a juicio de ADM, la Comisión hubiera debido tener en cuenta dichos importes de carácter penal, con arreglo al principio que prohíbe sancionar dos veces una misma infracción.

60. La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.

B. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

61. Procede recordar que el principio ne bis in idem prohíbe sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo interés jurídico. La aplicación de este principio está supeditada a tres requisitos acumulativos: identidad de hechos, identidad de infractor e identidad de interés jurídico protegido (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 338).

62. La jurisprudencia comunitaria ha admitido así la posibilidad de que una empresa sea objeto de dos procedimientos paralelos por un mismo comportamiento ilícito y, por tanto, se le impongan dos sanciones, una de la autoridad competente del Estado miembro de que se trate y otra comunitaria, en la medida en que dichos procedimientos persigan objetivos distintos y no exista identidad entre las normas infringidas (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1969, Wilhelm y otros, 14/68, Rec. p. 1, apartado 11; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T‑141/89, Rec. p. II‑791, apartado 191, y de 6 de abril de 1995, Sotralentz/Comisión, T‑149/89, Rec. p. II‑1127, apartado 29).

63. De ello se deduce que el principio ne bis in idem no puede aplicarse, con mayor motivo, en un caso como el que aquí se plantea, en el que es evidente que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisión, por un lado, y por las autoridades norteamericanas y canadienses, por otro, no persiguen los mismos objetivos. En efecto, en el primer caso se trata de impedir que se falsee el juego de la competencia en el territorio de la Unión Europea o en el EEE, mientras que en el segundo caso el mercado que se trata de proteger es el mercado norteamericano o el canadiense (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01, T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181, apartado 134, y la jurisprudencia que allí se cita). Así pues, no se cumple el requisito de la identidad de interés jurídico protegido, necesario para que pueda aplicarse el principio ne bis in idem.

64. Por lo tanto, ADM yerra al invocar el principio ne bis in idem en el presente asunto.

65. No altera esta conclusión la sentencia Boehringer/Comisión, citada en el apartado 55 supra e invocada por ADM. En efecto, en dicho asunto, el Tribunal de Justicia no declaró que la Comisión debía deducir la sanción impuesta por las autoridades de un Estado tercero en el supuesto de que los hechos imputados a la empresa por la Comisión y por dichas autoridades fueran idénticos, sino que se limitó a indicar que procedería resolver dicha cuestión en el momento en que se plantease (sentencia Boehringer/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 3).

66. De todos modos, incluso suponiendo que, en ciertas circunstancias específicas, el principio de equidad pudiera obligar a la Comisión a tener en cuenta las sanciones impuestas por las autoridades de Estados terceros cuando éstas sancionen igualmente un comportamiento en el territorio comunitario, es preciso hacer constar que ADM sigue sin demostrar que sea éste el caso en el presente asunto y que las autoridades norteamericanas y canadienses hayan sancionado el cártel en la medida en que afectaba a territorios de la Comunidad o del EEE.

67. En efecto, una mera referencia, en el texto de la transacción entre ADM y las autoridades norteamericanas, al hecho de que el cártel produjo efectos «en Estados Unidos y en otros lugares» no demuestra que, al calcular el importe de la multa, las autoridades norteamericanas tuviesen en cuenta aplicaciones o efectos del cártel distintos de los que afectaban a dicho país, y en particular los producidos en el EEE (véase, en este sentido, la sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 63 supra, apartado 143).

68. Del mismo modo, en cuanto a la afirmación de que el alto importe de la multa se explica por el alcance territorial de la infracción, es preciso señalar que esta mera afirmación no basta para demostrar que se tomase en consideración la repercusión del cártel en el mercado del EEE.

69. En lo que respecta a la transacción alcanzada con las autoridades canadienses, ADM sigue sin aportar la más mínima prueba de que, al determinar el importe de la multa, dichas autoridades tuviesen en cuenta aplicaciones o efectos del cártel distintos de los que afectaban a dicho país, y en particular los observados en el EEE. Las autoridades canadienses se refirieron al alcance mundial del cártel, como ha alegado ADM, pero únicamente a fin de definir su importancia en todo el mercado canadiense.

70. En cuanto al efecto disuasorio de las multas ya impuestas y de las indemnizaciones de daños y perjuicios, entre ellas unas indemnizaciones por el triple del perjuicio y no compensatorias, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la facultad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción de las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1, o del artículo 82 CE constituye uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Esta misión comprende el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 47 supra, apartado 105).

71. De ello se deduce que la Comisión tiene la facultad de decidir la cuantía de las multas con el fin de reforzar su efecto disuasorio cuando infracciones de un determinado tipo sean todavía relativamente frecuentes, a pesar de que su ilegalidad haya sido establecida desde el principio de la política comunitaria de la competencia, en razón del beneficio que determinadas empresas interesadas pueden sacar de ello (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 47 supra, apartado 108).

72. No es válida la alegación de ADM de que no era necesaria disuasión alguna en lo que a ella respecta porque ya había sido condenada por los mismos hechos por tribunales de Estados terceros. En efecto, el objetivo de disuasión perseguido por la Comisión está dirigido al comportamiento de las empresas en la Comunidad o en el EEE. Por consiguiente, el carácter disuasorio de una multa impuesta a ADM por infracción de las normas comunitarias sobre competencia no puede determinarse, ni únicamente en función de la situación particular de dicha empresa, ni en función de la observancia por parte de ésta de las normas sobre competencia establecidas por Estados terceros fuera del EEE (véase, en este sentido, la sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 63 supra, apartados 146 y 147).

73. Por lo tanto, procede desestimar el motivo en el que se alega que la Comisión no tuvo en cuenta las multas impuestas en otros Estados.

III. Sobre la gravedad de la infracción

A. Introducción

74. ADM sostiene que la Comisión no apreció correctamente la gravedad de la infracción al determinar el importe de la multa. Los motivos que invoca a este respecto se refieren, en primer lugar, a la escasa o nula importancia atribuida al volumen de negocios realizado con la venta del producto de que se trata; en segundo lugar, a la aplicación de un coeficiente multiplicador al importe de partida y, en tercer lugar, a las repercusiones concretas del cártel en el mercado.

75. Antes de pronunciarse sobre la fundamentación de los diferentes motivos invocados al respecto, procede resumir el método seguido por la Comisión en el presente asunto para valorar y tomar en consideración la gravedad de la infracción, según lo expuesto en los considerandos de la Decisión.

76. La Decisión muestra que, para valorar la gravedad de la infracción, la Comisión llegó primero a la conclusión de que las partes implicadas habían cometido una infracción muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas en el mercado del ácido cítrico y de la dimensión del mercado geográfico afectado, a saber, la totalidad del EEE (considerandos 204 a 232 de la Decisión).

77. A continuación, la Comisión estimó que debía aplicarse un trato diferenciado a las partes implicadas, con objeto de «tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores para causar un daño significativo a la competencia y fijar la multa a un nivel que asegure un efecto disuasorio suficiente». En este contexto, la Comisión señaló que tomaría en consideración el peso específico de cada empresa y, por lo tanto, el efecto real en la competencia de su comportamiento ilícito (considerandos 233 y 234 de la Decisión).

78. A fin de valorar estos factores, la Comisión optó por basarse en los volúmenes de negocios en ácido cítrico realizados a nivel mundial por las partes implicadas en el último año del periodo de infracción, es decir, en 1995. En este contexto, la Comisión consideró que, como el mercado del ácido cítrico es mundial, «estas cifras ofrecen la visión más apropiada de la capacidad de las empresas participantes para causar un daño significativo a otros operadores en el mercado común y en el EEE» (considerando 236 de la Decisión), añadiendo que, a su juicio, venía a respaldar este planteamiento el hecho de que en este caso se trataba de un cártel mundial, cuyo objeto principal consistía en repartir los mercados a escala mundial. La Comisión estimó, además, que el volumen de negocios mundial de cada participante en el cártel daba también una indicación de su contribución a la eficacia del cártel en su conjunto o, contrariamente, de la inestabilidad que habría afectado al cártel si no hubiera participado en él (considerando 236 de la Decisión).

79. Partiendo de esta base, la Comisión decidió repartir a las empresas en tres categorías. En la primera categoría incluyó a H & R, basándose en que «con una cuota de mercado mundial del 22 %, era la mayor empresa en este mercado». En la segunda categoría figuraban ADM, JBL y HLR, dado que las dos primeras empresas tenían «cuotas similares del [confidencial]» y la última una cuota de mercado de un 9 %. Por último, Cerestar estaba incluida en la tercera categoría, ya que era con diferencia «la empresa más pequeña», con una cuota de mercado de un 2,5 % en 1995. Así, la Comisión fijó un importe de partida de 35 millones de euros para H & R, de 21 millones de euros para ADM, JBL y HLR y de 3,5 millones de euros para Cerestar (considerandos 237 a 239 de la Decisión).

80. Por último, para garantizar que la multa fuera suficientemente disuasoria, la Comisión ajustó dicho importe de partida en función del tamaño y de los recursos globales de las partes implicadas. Así, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 2 (es decir, un incremento del 100 %) al importe de partida establecido para ADM, que pasó por tanto a ser de 42 millones de euros, y un coeficiente multiplicador de 2,5 (es decir, un incremento del 150 %) al importe de partida calculado para HLR, que alcanzó así los 87,5 millones de euros (considerandos 240 a 246 de la Decisión).

B. Sobre la desatención respecto al volumen de negocios realizado con la venta del producto de que se trata

1. Alegaciones de las partes

81. ADM acusa a la Comisión de haber calculado el importe de base de la multa prescindiendo del volumen de negocios realizado por ella con la venta del producto de que se trata, o sin atribuirle suficiente importancia.

82. Por una parte, ADM alega que, según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, el volumen de negocios realizado con la venta del producto de que se trata constituye un dato importante para el cálculo del importe de las multas (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión, T‑77/92, Rec. p. II‑549, apartados 92 a 95 ; de 8 de octubre de 1996, Compagnie maritime belge transports y otros/Comisión, T‑24/93 a T‑26/93 y T‑28/93, Rec. p. II‑1201, apartado 233; de 21 de octubre de 1997, Deutsche Bahn/Comisión, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, apartado 127, y de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, apartado 176).

83. ADM estima que el volumen de negocios realizado con la venta del producto de que se trata en el EEE constituye una base adecuada para valorar los perjuicios para la competencia en el mercado de dicho producto en la Comunidad, así como la importancia relativa de los participantes en el cártel en relación con el mencionado producto. A su juicio, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia corrobora esta conclusión (sentencia Europa Carton/Comisión, citada en el apartado 47 supra, apartado 126, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, KNP BT/Comisión, T‑309/94, Rec. p. II‑1007, apartado 108, confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, KNP BT/Comisión, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641).

84. Además, según ADM, la sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 41 supra, confirma que resulta ilegal atribuir una importancia desproporcionada a la dimensión global de la empresa a la hora de fijar el importe de la multa.

85. ADM alega igualmente que la propia Comisión, en la práctica seguida en sus decisiones de los últimos años en asuntos similares al de autos [Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 – Cartoncillo); Decisión 94/815/CE de la Comisión, de 30 de noviembre de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/33.126 y 33.322 – Cemento); Decisión 86/398/CEE de la Comisión, de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149 – Polipropileno); Decisión 89/515/CEE de la Comisión, de 2 de agosto de 1989, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.553 – Mallas electrosoldadas) y Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas], se ha basado en los volúmenes de ventas del producto de que se tratase en el mercado comunitario, tal como ella misma ha reconocido por lo demás en la Decisión (considerando 253). Ahora bien, al recurrir a este criterio de cálculo en dichas decisiones, la Comisión impuso multas cuyo importe oscilaba entre un 2,5 % y un 9 % del volumen de negocios en el producto de que se trataba realizado por las empresas implicadas. ADM pone de relieve que, si la Comisión hubiera aplicado igualmente este criterio de cálculo en el presente asunto, le habría impuesto una multa de un importe comprendido entre 1,15 y 4,14 millones de euros. Según ADM, como la Comisión no se atuvo a este criterio de cálculo, las multas que le ha impuesto en el presente asunto son de un importe entre 10 y 34 veces superior al que habría correspondido si hubiera aplicado dicho criterio.

86. ADM considera que tampoco es válida la alegación de la Comisión en la que subraya que tuvo en cuenta el volumen de negocios de las partes implicadas al clasificarlas en tres categorías en función de la importancia de sus cuotas de mercado en el mercado mundial del ácido cítrico (considerando 236). Según ADM, la Comisión hubiera debido tener en cuenta igualmente el escaso valor de las ventas de ácido cítrico en el EEE en 1995.

87. En efecto, en primer lugar, ADM afirma que la Comisión está obligada, tal como ella misma lo reconoce, a determinar la gravedad de la infracción y, por lo tanto, el nivel de la multa en función de sus efectos en el EEE. Ahora bien, a este respecto, carece de fundamento el argumento expuesto por la Comisión en el considerando 236 de la Decisión, con arreglo al cual procedía aplicar en este contexto el volumen de negocios mundial, dado que el objeto del cártel había consistido en «retirar reservas competitivas del mercado del EEE». La Decisión no indica que los participantes hubieran acordado reducir el abastecimiento del mercado del EEE. ADM pone de relieve que el cártel había establecido cuotas a nivel mundial (considerandos 97 a 101 de la Decisión), y que no había cuotas separadas para Europa. En un cártel que afecta a los consumidores del EEE, el perjuicio sufrido por éstos es el mismo con independencia de que el cártel produzca o no consecuencias fuera del EEE. Según ADM, no debería existir diferencia alguna a este respecto al valorar la gravedad de la infracción ni al determinar el importe de la multa.

88. En segundo lugar, ADM alega que la práctica seguida por la Comisión en sus decisiones es incoherente. En efecto, en los asuntos de los «tubos de acero sin soldadura» [Decisión 2003/382/CE de la Comisión, de 8 de diciembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (Asunto IV/E‑1/35.860‑B – Tubos de acero sin soldadura) (DO 2003, L 140, p. 1)] y del «gluconato sódico» (Decisión de 2 de octubre de 2001, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, COMP/E-1/36.756 – Gluconato sódico), la Comisión optó por tener en cuenta únicamente las ventas realizadas en el EEE.

89. En tercer lugar, a juicio de ADM, el presente asunto constituye un buen ejemplo de los efectos perversos de tomar en consideración el volumen de negocios mundial, dado que sus ventas en Canadá y en Estados Unidos, que representan aproximadamente un 50 % de sus ventas de ácido cítrico a nivel mundial, ya habían sido tenidas en cuenta por las autoridades de dichos países cuando la sancionaron. Según ADM, al tomar en consideración su volumen de negocios mundial, la Comisión le ha impuesto una multa desproporcionada, en relación con unas ventas por las que ya había sido sancionada.

90. En cuarto lugar, ADM considera que, incluso en el supuesto de que el volumen de negocios mundial en ácido cítrico pueda ser un factor pertinente para fijar la multa, la Comisión no lo tuvo en cuenta adecuadamente. En efecto, el importe de la multa impuesta a ADM (antes de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación) supone un 66 % del volumen de negocios mundial en ácido cítrico. Dicha sanción sobrepasa en mucho cualquier perjuicio que la pa rticipación de ADM en el cártel hubiera podido causar a los consumidores o a la competencia, que de hecho sólo habría sido una fracción del volumen de negocios realizado en el mercado mundial. Más exactamente, la Comisión se basó exclusivamente en el volumen de negocios total y en los recursos totales de la empresa. Ahora bien, en opinión de ADM, atribuir una importancia desproporcionada al volumen de negocios total lleva a imponer una multa ilegal.

91. Por consiguiente, ADM considera que la Comisión no sólo ha hecho caso omiso de los principios sentados por la jurisprudencia, sino que ha violado además el principio de proporcionalidad.

92. Por otra parte, ADM alega que las Directrices indican que es «necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores», y contemplan además la posibilidad, en el caso de los carteles, de una ponderación destinada a reflejar «las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia».

93. Pues bien, según ADM, las repercusiones económicas, ya sea sobre la competencia o sobre las demás empresas, únicamente pueden valorarse en proporción al importe de las ventas del producto de que se trate. Sólo la toma en consideración de dichas ventas permite estimar la amplitud del perjuicio potencial para los consumidores o para la competencia, en términos de beneficios anticompetitivos o de otras ventajas ilegales.

94. Por consiguiente, ADM estima que, al no tomar en consideración el volumen de negocios realizado con la venta del producto de que se trata, la Comisión no aplicó correctamente sus propias Directrices.

95. Por último, ADM sostiene que la Comisión ha violado el deber de motivación al que está sujeta al no exponer específicamente las razones en que se basaba su decisión de no tomar en consideración las ventas del producto de que se trata efectuadas por ADM en el mercado del EEE.

96. La Comisión solicita que se desestimen los motivos invocados.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

97. ADM invoca la violación del principio de proporcionalidad y de las Directrices, por una parte, y el incumplimiento del deber de motivación, por otra.

a) Sobre la violación del principio de proporcionalidad

98. Como ha reconocido una reiterada jurisprudencia, la gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto y su contexto, sin que exista una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse obligatoriamente en cuenta (auto del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, apartado 54; sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, apartado 33; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 443).

99. Del mismo modo, una reiterada jurisprudencia indica que, entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, así como la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado pertinente. Por una parte, de esto se sigue que, para la determinación del importe de la multa, es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la cuota de mercado de las empresas implicadas en el mercado pertinente, que puede dar una indicación de la amplitud de la infracción. Por otra parte, de ello se deduce que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada en relación con los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe apropiado de una multa no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global (véanse, en este sentido, la sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 47 supra, apartados 120 y 121; sentencias Parker Pen/Comisión, citada en el apartado 82 supra, apartado 94; SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 82 supra, apartado 176; Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 188, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 98 supra, apartado 444).

100. De ello se deduce que, aunque no es posible negar que, como ha subrayado ADM, el volumen de negocios del producto de que se trata puede constituir una base apropiada para valorar el perjuicio para la competencia en el mercado comunitario de dicho producto, así como la importancia relativa de los participantes en el cártel en lo que respecta a dicho producto, sigue siendo cierto que dicho factor no constituye, en absoluto, el único criterio con arreglo al cual la Comisión debe apreciar la gravedad de la infracción.

101. Por consiguiente, en contra de lo que alega ADM, valorar la proporcionalidad de la multa limitándose a poner en relación el importe de la multa impuesta y el volumen de negocios del producto en cuestión, como dicha empresa parece proponer, supondría atribuir a este factor una importancia desproporcionada. La proporcionalidad de la multa debe valorarse con respecto a todos los factores que la Comisión debe tomar en consideración al valorar la gravedad de la infracción, a saber, la propia naturaleza de ésta, sus repercusiones concretas en el mercado pertinente y la dimensión del mercado geográfico.

102. La legitimidad de la Decisión con respecto a algunos de estos criterios será analizada al examinar las cuatro alegaciones con las que ADM intenta esencialmente demostrar que, en el presente asunto, la Comisión habría debido aplicar en este contexto el volumen de negocios de las empresas de que se trata a nivel del EEE, y no a nivel mundial.

103. En su primera alegación, ADM critica principalmente el hecho de que la Comisión indicase, en el considerando 236 de la Decisión, que para clasificar a las partes implicadas en tres categorías debía utilizarse el volumen de negocios mundial, dado que el objeto del cártel había consistido en «retirar reservas competitivas del mercado del EEE». Ahora bien, según ADM, la Decisión no ha afirmado que dichas partes hubieran acordado reducir el abastecimiento del mercado del EEE.

104. El Tribunal de Primera Instancia estima necesario hacer constar que ADM cita esa parte de la Decisión fuera de contexto. Leído en su totalidad, el considerando 236 de la Decisión revela claramente que, a juicio de la Comisión, en el caso de un cártel mundial como el que aquí se examina, únicamente el volumen de negocios mundial permite valorar la capacidad efectiva de las partes implicadas para causar un perjuicio al mercado de que se trate. Por consiguiente, esta primera alegación carece de fundamento.

105. Con su segunda alegación, ADM trata de demostrar que, en su práctica administrativa reciente, la propia Comisión ha recurrido a los volúmenes de negocios realizados en el EEE.

106. El Tribunal de Primera Instancia observa sin embargo que las dos decisiones invocadas por la demandante en apoyo de su alegación carecen de pertinencia para el presente asunto. En efecto, en el asunto de los «tubos de acero sin soldadura» (véase el apartado 88 supra), la Comisión no procedió a clasificar a las partes implicadas (véanse los considerandos 159 a 162 de la Decisión en dicho asunto). En cuanto al asunto del «gluconato sódico» (véase el apartado 88 supra), en él, al igual que en el presente asunto, la Comisión recurrió al volumen de negocios mundial para clasificar a las empresas. Por lo tanto, la alegación de ADM no se ajusta a los hechos.

107. En su tercera alegación, ADM sostiene, en esencia, que sus ventas de ácido cítrico en Canadá y Estados Unidos, que representan aproximadamente un 50 % de sus ventas de ácido cítrico a nivel mundial, ya fueron tenidas en cuenta por las autoridades de dichos países cuando la sancionaron. En la medida en que, con la presente alegación, ADM reitera en lo esencial la que ya formuló con respecto a la violación del principio que prohíbe la acumulación de sanciones, dicha alegación ya ha sido desestimada por infundada por este Tribunal (véanse los apartados 61 a 73 supra). En la medida en que, con la presente alegación, ADM sostiene que no corresponde a la Comisión determinar la multa basándose en comportamientos seguidos en mercados exteriores al espacio comunitario, dicha alegación no se ajusta a los hechos. En efecto, la Comisión no ha utilizado el volumen de negocios mundial como base para el cálculo de la multa, sino únicamente como un medio de determinar la capacidad económica real de alteración de la competencia de que disponía cada empresa y a fin de establecer la multa a un nivel que garantizase un efecto disuasorio suficiente para cada empresa, actitud que resulta justificada habida cuenta del ámbito mundial del cártel.

108. Con su cuarta alegación, ADM intenta demostrar, esencialmente, que tomar en consideración el volumen de negocios mundial en ácido cítrico entraña como consecuencia una multa desproporcionada con respecto al perjuicio causado a los consumidores y a la competencia.

109. Ahora bien, procede recordar que, el presente asunto, se trata de un cártel en el que participan unas empresas que operan a nivel mundial y controlan un 60 % de la cuota de mercado del producto pertinente a nivel mundial y, en particular, un cártel que no se manifiesta únicamente en una fijación de los precios, sino también en un reparto del mercado mediante la atribución de cuotas de ventas. En un caso de tales características resulta lícito que, para aplicar un trato diferenciado a las partes implicadas, la Comisión se base, como lo ha hecho en el presente asunto, en los volúmenes de negocios respectivos a nivel mundial de los participantes en el cártel, en el presente asunto los correspondientes a sus ventas de ácido cítrico. En efecto, este trato diferenciado tiene por objeto evaluar la capacidad económica efectiva de los autores de una infracción para alterar la competencia mediante su comportamiento ilícito y tomar en consideración, pues, el peso específico de cada uno en el cártel. Por consiguiente, la Comisión no ha sobrepasado el amplio margen de apreciación de que dispone en esta materia al estimar que las respectivas cuotas de mercado a nivel mundial de los participantes en el cártel resultaban unos valores indicativos apropiados.

110. Por lo tanto, procede desestimar los motivos basados en la violación del principio de proporcionalidad.

b) Sobre la infracción de las Directrices

111. Por lo que respecta a la infracción de las Directrices, este Tribunal de Primera Instancia hace constar que las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios global o del volumen de negocios realizado por las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo, tampoco se oponen a que dichos volúmenes de negocios se tengan en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan (véanse, en este sentido, las sentencias LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 283, confirmada en casación por la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 258, y Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 187).

112. Por consiguiente, las Directrices no disponen que los volúmenes de negocios de las empresas implicadas –ya sea el volumen de negocios global o el realizado con la venta del producto de que se trate– deban constituir el punto de partida para el cálculo de las multas, y menos aún que constituyan los únicos criterios pertinentes para determinar la gravedad de la infracción.

113. En cambio, la Comisión puede tener en cuenta este factor considerándolo un criterio pertinente más entre otros. Así ocurre en particular cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos tercero a sexto del punto 1 A de las Directrices, la Comisión adapta el importe de la multa a fin de garantizar que su nivel sea suficientemente disuasorio. En este contexto, la Comisión toma en consideración la capacidad efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores y la necesidad de dotar a la multa de un carácter suficientemente disuasorio (punto 1 A, párrafo cuarto) y procede a ponderar los importes fijados en función del peso específico y, por tanto, de las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza (punto 1 A, párrafo sexto).

114. En el presente asunto, la Comisión ha sostenido en sus escritos procesales haberse basado en el volumen de negocios en el producto de que se trata a fin de valorar la importancia relativa de cada una de las empresas. Pues bien, según indica el considerando 236 de la Decisión, la Comisión tomó efectivamente en consideración el volumen de negocios mundial en el producto de que se trata a fin de tener en cuenta la importancia relativa de las empresas en el mercado de referencia. En efecto, tal como ya se ha indicado en los apartados 77 y 78 supra, la Comisión estimó que, a fin de aplicar un trato diferenciado que tuviera en cuenta la capacidad económica real de los autores la infracción para alterar gravemente la competencia y fijar la multa a un nivel que resultase suficientemente disuasorio, procedía basarse en los volúmenes de negocios realizados por las partes implicadas con la venta de ácido cítrico a nivel mundial en el último año del período de infracción, es decir, en 1995.

115. En el presente asunto se trata de un cártel mundial en el que participan empresas que disponen de una cuota de mercado muy importante en la venta del producto pertinente a nivel mundial. Además, el cártel se ha manifestado en una fijación de los precios y en un reparto del mercado mediante la atribución de cuotas de ventas. En un caso de tales características resulta lícito que, para aplicar un trato diferenciado a las empresas implicadas, la Comisión se base en los volúmenes de negocios realizados por los participantes en el cártel con sus ventas de ácido cítrico a nivel mundial. En efecto, como este trato diferenciado tiene por objeto evaluar la capacidad económica efectiva de los autores de una infracción para alterar la competencia mediante su comportamiento ilícito y tomar en consideración, pues, el peso específico de cada uno en el cártel, la Comisión no ha sobrepasado su amplio margen de apreciación al estimar que las respectivas cuotas de mercado a nivel mundial de los participantes en el cártel resultaban unos valores indicativos apropiados.

116. Por consiguiente, procede desestimar el motivo relativo a la infracción de las Directrices.

c) Sobre el incumplimiento del deber de motivación

117. Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse considerando no sólo su tenor literal, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63, y de 30 de septiembre de 2003, Alemania/Comisión, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, apartado 87).

118. En el caso de una Decisión que impone multas a varias empresas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, el alcance del deber de motivación debe determinarse prestando especial atención al hecho de que la gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto y su contexto, sin que exista una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse obligatoriamente en cuenta (véase el auto SPO y otros/Comisión, citado en el apartado 98 supra, apartado 54).

119. En el presente asunto, la Comisión calculó el importe de la multa que procedía imponer a cada empresa basándose en el volumen de negocios realizado por ella con el producto de que se trata, aunque sin tomar en cuenta su volumen de negocios de dicho producto en el EEE, sino a nivel mundial (véase el apartado 114 supra). En contra de lo que alega ADM, la Comisión no estaba obligada a tomar en consideración el volumen de negocios del producto de que se trata en el EEE (véase el apartado 111 supra) y, por consiguiente, no cabe reprocharle que no indicara las razones por las que no utilizó este factor para calcular el importe de la multa que procedía imponer a dicha empresa.

120. En consecuencia, procede desestimar igualmente el motivo relativo al incumplimiento del deber de motivación.

C. Sobre la aplicación de un coeficiente multiplicador al importe de partida

1. Alegaciones de las partes

121. ADM estima que la aplicación de un coeficiente multiplicador de 2 al importe de partida (considerando 246 de la Decisión) constituye una medida manifiestamente desproporcionada, que se basa por lo demás en un razonamiento erróneo y viola el principio de igualdad de trato.

122. En primer lugar, ADM recuerda que, en el contexto de los procedimientos incoados en su contra en Estados Unidos y en Canadá por infracción de las normas sobre competencia, ya ha pagado unas multas [30 millones de dólares estadounidenses (USD) en Estados Unidos y 2 millones de dólares canadienses (CAD) en Canadá], ha indemnizado a los consumidores (83 millones de USD), ha abonado unos 34 millones de USD para poner fin al proceso abierto en su contra por los accionistas, ha visto a uno de sus empleados condenado a una pena de prisión en Estados Unidos y ha adoptado, a nivel mundial, una política de adecuación a las normas sobre competencia. A su juicio, todas estas sanciones y medidas hacen inútil y desproporcionada la imposición de una nueva sanción de carácter disuasorio decidida por la Comisión.

123. En segundo lugar, ADM alega que, como las empresas son entidades económicas racionales, para que una multa tenga realmente carácter disuasorio lo único necesario es que se fije a un nivel tal que su importe previsto sobrepase al beneficio obtenido con la infracción. A su juicio, si las empresas saben que la pérdida causada por la sanción anula el beneficio obtenido con la práctica colusoria, la multa tendrá efectos disuasorios. Este planteamiento fue confirmado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 47 supra, apartado 108. Y es también el que han seguido las Directrices, que en su punto 1 A, párrafo cuarto, ordenan valorar el efecto disuasorio en relación con la capacidad de los participantes en la práctica colusoria para causar un perjuicio a los consumidores y, por consiguiente, exigen que al determinar el efecto disuasorio apropiado se tome en consideración todo beneficio obtenido de una práctica colusoria. Por último, según ADM, este planteamiento es compartido por otras normativas comunitarias.

124. ADM no niega que el volumen de negocios global puede tenerse en cuenta para calcular el importe de la multa. Sin embargo, atribuir a este dato una importancia desmesurada entraña como consecuencia una multa desproporcionada. A este respecto, la Comisión se limita a defender el incremento aplicado comparándolo con el volumen de negocios de ADM. Ahora bien, a juicio de dicha empresa, ninguna explicación racional puede justificar que el cálculo del incremento disuasorio se haya centrado en su volumen de negocios global. En su opinión, el enfoque adoptado por la Comisión no explica en absoluto por qué el objetivo de disuadir a los participantes en el cártel del ácido cítrico de proseguir sus actividades obligaba a anular los beneficios obtenidos por ADM de la venta de productos sin relación alguna con la infracción.

125. En tercer lugar, ADM reitera su afirmación de que una sanción disuasoria eficaz debería anular el beneficio previsto de la práctica colusoria (véase el apartado 123 supra). No obstante, según ADM, en el presente asunto era JBL quien había realizado las mayores ventas anuales en el EEE (77 millones de euros) y quien había obtenido mayores beneficios gracias al cártel. Ahora bien, a JBL no se le impuso un incremento disuasorio de la multa en esta fase de cálculo del importe de las multas. En cambio, ADM, con unas ventas anuales en el EEE de 46 millones de euros, vio duplicarse el importe de base de la multa que se le impuso a causa del incremento de 21 millones de euros aplicado con carácter disuasorio. ADM deduce de ello que la Comisión violó el principio de igualdad de trato.

126. En cuarto lugar, ADM considera que la Comisión no puede sostener legítimamente en su escrito de contestación que ella había participado, no sólo en el cártel del ácido cítrico, sino además en otras dos prácticas colusorias simultáneas. En efecto, este dato no aparece mencionado en la Decisión. Por otra parte, según ADM, en todas las decisiones relativas a dichas prácticas colusorias la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador para garantizar el efecto disuasorio de la multa.

127. En quinto lugar, ADM considera que la Decisión adolece de insuficiencia de motivación sobre este extremo. A su juicio, en efecto, la Comisión omitió precisar por qué razón un incremento de tal magnitud podía resultar necesario para que la multa tuviera un efecto disuasorio. La Comisión se limitó a declarar que las multas impuestas a las sociedades de mayor tamaño debían ser más altas, pero sin indicar por qué razón consideraba adecuado multiplicar por dos la multa de ADM en el presente asunto, ni tampoco si había tenido en cuenta factores tales como las sanciones ya impuestas y su efecto disuasorio en lo relativo a los beneficios potenciales del cártel. Ahora bien, en opinión de ADM, la Comisión estaba obligada en el presente asunto a exponer con claridad los motivos que justificaban la adopción de dicha medida. En efecto, según esta empresa, no existe ninguna Decisión publicada en la que la Comisión haya añadido un incremento «suficientemente disuasorio» como medida adicional en la fase de cálculo del importe de las multas. Por otra parte, ADM indica que dicho incremento representa un porcentaje importante de la multa que finalmente se le impuso.

128. La Comisión solicita que se desestimen los motivos invocados.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

a) Sobre la violación del principio de proporcionalidad

129. En la medida en que ADM alega esencialmente que, como las empresas son entes económicos racionales, para que la multa tenga un auténtico carácter disuasorio basta simplemente con fijarla a un nivel tal que su importe previsto sobrepase al beneficio obtenido con la infracción, procede recordar que la disuasión es una de las principales consideraciones que deben servir de guía a la Comisión al determinar el importe de las multas (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 173, y de 14 de julio de 1972, BASF/Comisión, 49/69, Rec. p. 713, apartado 38).

130. Ahora bien, si el importe de la multa se fijase a un nivel tal que se limitara a anular el beneficio de la práctica colusoria, carecería de efecto disuasorio. En efecto, resulta razonable presumir que al realizar sus cálculos económicos y decidir sobre su gestión las empresas actúan racionalmente, teniendo en cuenta, no sólo el nivel de las multas que podrían imponérseles en caso de infracción, sino también el mayor o menor riesgo de que se detecte la práctica colusoria. Además, si se redujera la función de la multa a la mera anulación del beneficio previsto, no se tendría suficientemente en cuenta el carácter de infracción del comportamiento de que se trata, con arreglo al artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, si se redujera la multa a una mera compensación del perjuicio, se estaría ignorando, además del efecto disuasorio, que únicamente puede afectar a comportamientos futuros, el carácter represivo de dicha medida respecto a la infracción concreta realmente cometida.

131. Del mismo modo, en el caso de una empresa que, como ADM, actúa en gran número de mercados y dispone de una capacidad económica particularmente importante, la toma en consideración del volumen de negocios realizado en el mercado de referencia puede no bastar para garantizar el efecto disuasorio de la multa. Efectivamente, cuanto más grande es una empresa y mayores sus recursos globales, que le confieren la capacidad de actuar independientemente en el mercado, más consciente debe ser de la importancia de su papel para el buen funcionamiento de la competencia en el mercado. Por lo tanto, las circunstancias de hecho relativas a la potencia económica de la empresa autora de una infracción deben tomarse en consideración al examinar la gravedad de la infracción. En consecuencia, en el presente asunto, la toma en consideración del volumen de negocios global de ADM a efectos de calcular el importe de la multa no hace que la multa resulte desproporcionada.

132. Por consiguiente, procede desestimar el motivo relativo a la violación del principio de proporcionalidad.

b) Sobre la violación del principio de igualdad de trato

133. Procede recordar que, en virtud del principio de igualdad de trato, la Comisión no puede tratar situaciones comparables de manera diferente o situaciones diferentes de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, apartado 28, y del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 309).

134. ADM alega esencialmente que la Comisión no ha aplicado a JBL un incremento de la multa como el que le ha aplicado a ella, pese a que las ventas de ácido cítrico de JBL (77 millones de euros) son superiores a las suyas (46 millones de euros).

135. A este respecto procede subrayar que la aplicación del coeficiente multiplicador persigue el objetivo de garantizar que la multa produzca efectos disuasorios incluso para las empresas de dimensiones muy grandes. Pues bien, el volumen de negocios realizado por JBL en 2000 ascendía apenas a 314 millones de euros, mientras que el de ADM ascendía a 13.936 millones de euros. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que a las empresas muy grandes, como ADM, les incumbe una especial responsabilidad en el mantenimiento de la libre competencia en los mercados en los que actúan, y disponen por regla general de infraestructuras de asesoramiento jurídico-económico más importantes, que les permiten apreciar la gravedad de su comportamiento en cuanto infracción del Derecho comunitario de la competencia.

136. Por consiguiente, procede desestimar igualmente el motivo relativo a la violación del principio de igualdad de trato.

c) Sobre el incumplimiento del deber de motivación

137. En la medida en que ADM alega esencialmente que la Comisión no indicó por qué razón consideraba adecuado duplicar su multa, ni tampoco si había tenido en cuenta factores tales como las sanciones ya impuestas y su efecto disuasorio en lo relativo a los beneficios potenciales del cártel, procede remitirse en primer lugar a la jurisprudencia citada en los apartados 117 y 118 supra. A continuación, es preciso recordar que la Comisión motivó la aplicación de un coeficiente multiplicador a la multa de ADM, entre otras, por la necesidad de garantizar que dicha multa fuera suficientemente disuasoria. A este respecto, la Comisión se basó en los volúmenes de negocios mundiales de las empresas implicadas (considerandos 50 y 241 de la Decisión). Por último, en el considerando 246 de la Decisión, la Comisión indicó que estimaba apropiado aplicar un coeficiente multiplicador de 2 a fin de garantizar un carácter disuasorio a la multa que debía imponerse a ADM.

138. En particular, por lo que respecta a la importancia del coeficiente multiplicador aplicado a ADM, la Comisión podía limitarse a invocar la dimensión de esta empresa, tal como se deducía aproximadamente de su volumen de negocios global, y recalcar la necesidad de garantizar carácter disuasorio a la multa. El deber de motivación no obligaba a la Comisión a indicar los datos numéricos relativos al método de cálculo utilizado al respecto (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, apartado 80).

139. Por lo tanto, como la Comisión motivó suficientemente la Decisión sobre este extremo, procede desestimar igualmente el motivo relativo al incumplimiento del deber de motivación.

D. Sobre la existencia de errores de apreciación en lo que respecta a las repercusiones concretas del cártel en el mercado

1. Introducción

140. En primer lugar, procede recordar que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto y su contexto, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (véase el auto SPO y otros/Comisión, citado en el apartado 98 supra, apartado 54; sentencias Ferriere Nord/Comisión, citada en el apartado 98 supra, apartado 33, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 98 supra, apartado 443). En este contexto, las repercusiones concretas de la práctica colusoria en el mercado de referencia pueden ser tenidas en cuenta como uno de los criterios pertinentes.

141. En sus Directrices (punto 1 A, párrafo primero), la Comisión indicó que a la hora de evaluar la gravedad de una infracción tomaría en consideración, además de su naturaleza y de la dimensión del mercado geográfico afectado, «sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)».

142. En el presente asunto, de los considerandos 210 a 230 de la Decisión se desprende que la Comisión fijó efectivamente el importe de la multa, determinado en función de la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta estos tres criterios. En particular, en este contexto, dicha institución consideró que el cártel había tenido un «impacto real» en el mercado del ácido cítrico (considerando 230 de la Decisión).

143. Ahora bien, según ADM, la Comisión cometió en este contexto diversos errores de apreciación al evaluar las repercusiones concretas del cártel en el mercado del ácido cítrico. ADM alega que tales errores afectan al cálculo del importe de las multas.

2. Sobre la alegación de que la Comisión adoptó un planteamiento erróneo para demostrar que el cártel había tenido repercusiones concretas en el mercado

a) Alegaciones de las partes

144. ADM alega, en esencia, que la Comisión optó por un planteamiento erróneo para demostrar que la infracción había tenido repercusiones concretas en el mercado.

145. ADM acusa a la Comisión de no haber demostrado las repercusiones concretas del cártel en el mercado del ácido cítrico. Según ella, la propia Comisión declaró, en el considerando 211 de la Decisión, que no era posible medir de manera fiable la diferencia entre los precios realmente aplicados y los que se habrían aplicado si el cártel no hubiera existido. En ese contexto, en vez de presentar al menos una teoría económicamente defendible sobre lo que habría ocurrido de no haber existido el cártel, la Comisión se limitó a afirmar que cabía suponer que la aplicación de los acuerdos del cártel había debido producir efectos en el mercado de referencia.

146. ADM alega que, a pesar de que ella había presentado a la Comisión en el procedimiento administrativo un informe de expertos fechado el 30 de junio 2000, mencionado en los considerandos 222 y 223 de la Decisión, al que se remitió en su respuesta al pliego de cargos y que demostraba que el cártel no había tenido repercusiones en el mercado de referencia (en lo sucesivo, «el informe de los expertos»), la Comisión no procedió a un análisis económico apropiado de los datos recibidos. Según ADM, el informe de los expertos afirmaba lo siguiente:

«Por lo tanto, las limitaciones de capacidad y el exceso de demanda, seguidos por unos suministros de ácido cítrico cada vez más competitivos importados de China, junto con unos aumentos de capacidad muy importantes por parte de diversos fabricantes, proporcionan una explicación convincente del comportamiento de los precios entre 1991 y 1995 [...]. El hecho de que los precios no alcanzaran durante el periodo de infracción los niveles de mediados de los años ochenta, a pesar del exceso de demanda, unido a la circunstancia de que los fabricantes que participaban en el cártel no podían controlar las capacidades o la entrada de nuevos competidores en el mercado, implica que procede rechazar la hipótesis de que los fabricantes controlaban eficazmente los precios del ácido cítrico en dicho periodo.»

147. ADM pone de relieve que, en el considerando 226 de la Decisión, la propia Comisión reconoció que las explicaciones de los incrementos de precios de 1991‑1992 ofrecidas por ADM, entre otros, «pueden tener cierta validez». No obstante, critica ADM, la Comisión se limitó a afirmar que no cabía excluir que el cártel hubiera tenido repercusiones en el mercado.

148. En primer lugar, según ADM, de ello se sigue que la Comisión no ha demostrado que el cártel tuviera repercusiones concretas en el mercado, como exigen las Directrices, sino que por el contrario invirtió ilegalmente la carga de la prueba.

149. En segundo lugar, ADM considera que de ello se deduce que la Comisión cometió un error de Derecho al declarar que las fluctuaciones de precios son necesariamente compatibles con una práctica colusoria eficaz. En efecto, al basarse en tal declaración, puramente abstracta, la Comisión no tuvo en cuenta el contexto de la industria ni los factores que apoyaban la conclusión de que, por las razones expuestas en detalle en el informe de los expertos, los precios no habían aumentado más allá de los niveles fijados por el cártel.

150. En tercer lugar, ADM estima que la Comisión se equivocó al expresar la opinión de que los aumentos de precios a corto plazo se deben necesariamente a una práctica colusoria eficaz. En efecto, existen bastantes sectores de producto competitivos en los que, frente a unos problemas similares de insuficiencia de capacidad y de exceso de demanda, se han producido aumentos de precios de un 40 % o más durante cortos períodos de tiempo.

151. ADM alega además que, para demostrar que el cártel tuvo repercusiones concretas en el mercado de referencia, la Comisión no podía invocar legítimamente como argumentos el hecho de que los miembros del cártel representaban un 60 % del mercado mundial y un 70 % del mercado europeo de ácido cítrico y el hecho de que estaban implicados en un cártel de larga duración y complejo.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

152. A la vista de las imputaciones formuladas por ADM sobre el propio planteamiento adoptado por la Comisión para demostrar que el cártel tuvo repercusiones concretas en el mercado del ácido cítrico, procede resumir el análisis efectuado por la Comisión, tal y como se describe en los considerandos 210 a 228 de la Decisión, antes de pronunciarse sobre la validez de las alegaciones invocadas por ADM.

– Resumen del análisis efectuado por la Comisión

153. En primer lugar, la Comisión observó que «la infracción fue cometida por empresas que durante el período que nos ocupa supusieron por término medio más del 60 % del mercado mundial y alrededor del 70 % del mercado europeo de ácido cítrico» (considerando 210 de la Decisión).

154. Seguidamente, la Comisión afirmó que «dado que estos acuerdos se ejecutaron, tuvieron un impacto real en el mercado» (considerando 210 de la Decisión). En el considerando 212 de la Decisión, remitiéndose a la parte de la Decisión relativa a la descripción de los hechos, la Comisión reiteró el argumento de que los acuerdos del cártel «se aplicaron cuidadosamente» y añadió que «uno de los participantes se declaró «sorprendido del nivel de formalidad y organización al cual los participantes habían llegado con este acuerdo»». Asimismo, en el considerando 216 de la Decisión, la Comisión señaló que, «ha bida cuenta de todo esto y de los esfuerzos dedicados por cada participante a la organización compleja del cártel, la eficacia de la puesta en práctica no puede cuestionarse».

155. Además, la Comisión estimó que no era necesario «cuantificar detalladamente en qué medida los precios difirieron de los que podrían haber sido aplicados si estos acuerdos no hubieran existido» (considerando 211 de la Decisión). En efecto, la Comisión sostuvo que «esto no puede medirse siempre de manera fiable puesto que varios factores exteriores pueden haber afectado simultáneamente a la evolución de los precios del producto, haciendo así sumamente difícil sacar conclusiones sobre la importancia relativa de todos los posibles factores causales» (ibídem). Sin embargo, en el considerando 213 de la Decisión, la Comisión describió la evolución de los precios del ácido cítrico de marzo de 1991 a 1995 destacando esencialmente que, entre marzo de 1991 y mediados del año 1993, los precios del ácido cítrico aumentaron un 40 % y que, después de esa fecha, se mantuvieron sustancialmente a ese nivel. Asimismo, en los considerandos 214 y 215 de la Decisión, la Comisión recordó que los miembros del cártel habían fijado cuotas de ventas y habían concebido y aplicado un sistema de información, de supervisión y de compensación para asegurar la aplicación de las cuotas.

156. Finalmente, en los considerandos 217 a 228 de la Decisión, la Comisión resumió, analizó y rechazó los argumentos invocados por las partes implicadas en el procedimiento administrativo. En particular, resumió allí el informe de los expertos, que afirmaba que la evolución de los precios observada se habría producido de todos modos, aunque no hubiera existido el cártel. En el considerando 226 de la Decisión, la Comisión indicó no obstante que no podían admitirse las alegaciones formuladas por ADM basándose en el informe de los expertos ni las invocadas por otras partes implicadas, afirmando al respecto lo siguiente:

«Las explicaciones de los incrementos de precios de 1991-1992 dadas por ADM, [H & R] y [JBL] pueden tener cierta validez pero no demuestran de ninguna manera convincente que la aplicación del acuerdo del cártel no desempeñó ningún papel en las fluctuaciones de precios. Aunque los fenómenos descritos pueden ocurrir sin cártel, son también perfectamente coherentes con una situación de cártel. El hecho de que los precios del ácido cítrico aumentaran un 40 % en 14 meses no puede explicarse solamente en términos de reacción competitiva sino que debe interpretarse habida cuenta del hecho que los participantes acordaron incrementos de precios y una asignación coordinada de cuotas de mercado, así como un sistema de información y supervisión. Todo esto [contribuyó] al éxito de los incrementos de precios.»

– Apreciación

157. En primer lugar, procede recordar que, según el tenor del punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices, a la hora de calcular la multa en función de la gravedad de la infracción, la Comisión ha de tener en cuenta, en particular, «sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)».

158. A este respecto, debe analizarse el significado exacto de la expresión «siempre y cuando [las repercusiones concretas] se puedan determinar». En particular, se trata de dilucidar si, con arreglo a dicha expresión, la Comisión únicamente podrá tener en cuenta las repercusiones concretas de una infracción al calcular las multas si es capaz de cuantificar dichas repercusiones, y en la medida en que lo logre.

159. Como la Comisión ha alegado acertadamente, el examen de las repercusiones de una práctica colusoria en el mercado implica necesariamente recurrir a la formulación de hipótesis. En este contexto, la Comisión debe examinar, en particular, cuál habría sido el precio del producto en cuestión si no hubiera existido la práctica colusoria. Ahora bien, en el examen de las causas de la evolución real de los precios es delicado especular sobre el papel que cada una desempeña. Ha de tenerse en cuenta el hecho objetivo de que, debido a la existencia de una concertación sobre los precios, las partes renunciaron precisamente a su libertad de competir a través de los precios. Así pues, la evaluación de la influencia resultante de factores distintos de esta abstención voluntaria de los participantes en la práctica colusoria debe basarse forzosamente en probabilidades razonables y que no pueden cuantificarse con precisión.

160. Por tanto, a menos que se acepte privar de efecto al criterio del punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices, no cabe reprochar a la Comisión que se haya basado en las repercusiones concretas en el mercado de una práctica colusoria con objetivos contrarios a la competencia, tal como un acuerdo sobre precios o sobre reparto de cuotas, sin cuantificar dichas repercusiones ni aportar una valoración numérica al respecto.

161. Por consiguiente, procede considerar que las repercusiones concretas de una práctica colusoria en el mercado quedan suficientemente demostradas si la Comisión puede proporcionar indicios concretos y verosímiles que indiquen, con una probabilidad razonable, que dicha práctica colusoria ha tenido repercusiones en el mercado.

162. En el presente asunto, del resumen del análisis efectuado por la Comisión (véanse los apartados 153 a 156 supra) se desprende que ésta se basó en dos indicios para concluir que el cártel había tenido un «efecto real» en el mercado. En efecto, por un lado, dicha institución adujo que los miembros del cártel habían aplicado cuidadosamente los acuerdos de éste (véanse, en particular, los considerandos 210, 212, 214 y 215) y que, durante el período considerado, estos miembros representaban más del 60 % del mercado mundial y el 70 % del mercado europeo del ácido cítrico (considerando 210 de la Decisión). Por otro lado, la Comisión estimó que los datos proporcionados por las partes en el procedimiento administrativo mostraban una cierta concordancia entre los precios fijados por el cártel y los efectivamente aplicados en el mercado por sus miembros (considerando 213 de la Decisión).

163. Si bien es cierto que podría entenderse que, por sí solos, los términos empleados en los considerandos 210 y 216 de la Decisión sugieren que la Comisión se basó en una relación de causa a efecto entre la aplicación de una práctica colusoria y sus repercusiones concretas en el mercado, no lo es menos que una lectura de conjunto del análisis de la Comisión demuestra que, en contra de lo que afirma ADM, la Comisión no se limitó a deducir de la aplicación del cártel que éste había tenido efectos reales en el mercado.

164. Además de en la existencia de una aplicación «cuidadosa» de los acuerdos del cártel, la Comisión se basó en la evolución de los precios del ácido cítrico en el período en que éste actuó. En efecto, en el considerando 213 de la Decisión, la Comisión describió los precios del ácido cítrico entre 1991 y 1995, tal y como habían sido fijados por los miembros del cártel, anunciados a los clientes y, en gran medida, aplicados por las partes. A continuación se examinará si, como sostiene ADM, la Comisión cometió errores en la apreciación de los hechos en que basó sus conclusiones. Dicho esto, no cabe reprochar a la Comisión, como ya se ha hecho constar en el apartado 160 supra, que no haya tratado de cuantificar la importancia de las repercusiones del cártel en el mercado ni de aportar una valoración numérica al respecto.

165. En este contexto, tampoco puede reprocharse a la Comisión que considerase que el hecho de que los miembros del cártel representaran una parte muy importante del mercado del ácido cítrico (el 60 % del mercado mundial y el 70 % del mercado europeo) constituía un factor importante que debía tener en cuenta para examinar las repercusiones concretas del cártel en el mercado. En efecto, no puede negarse que la probabilidad de que una práctica colusoria relativa a la fijación de precios y de cuotas de ventas sea eficaz aumenta