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Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 14 de julio de 2020 — Sasol Germany y otros/ECHA

(Asunto T‑640/19)

«Recurso de anulación — REACH — Sustancias extremadamente preocupantes — Establecimiento de una lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 — Decisión relativa a la identificación del 4-terc-butilfenol como sustancia que reúne los criterios de inclusión en la lista — Excepción de inadmisibilidad — Acto no recurrible — Acto de mera ejecución — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Acto de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) por el que se incluye una sustancia como extremadamente preocupante en la lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 — Exclusión [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 59] (véanse los apartados 28 a 30, 33, 34, 36 y 41 a 43)

2. Recurso de anulación — Recurso contra una decisión confirmatoria de otra decisión anterior no impugnada dentro de plazo — Inadmisibilidad — Concepto de decisión confirmatoria — Acto de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) por el que se incluye una sustancia como extremadamente preocupante en la lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 — Exclusión [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 59] (véanse los apartados 44 a 47)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación parcial de la decisión ED/71/2019 de la ECHA, en la medida en que incluye el 4-terc-butilfenol como sustancia extremadamente preocupante en la lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1; corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Sobreseer las demandas de intervención de la República Federal de Alemania, del Reino de Suecia y de la Comisión Europea.

3) Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune y BASF SE cargarán con sus propias costas y con las de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), con excepción de las correspondientes a las demandas de intervención.
3.

Recursos de funcionarios — Reclamación administrativa previa — Decisión de clasificación de un funcionario en un tipo de puesto de trabajo introducido por el Reglamento n.o 1023/2013 — Reclamación presentada contra la no inclusión del interesado en la lista de los funcionarios que pueden ser promovidos al grado superior en la que figura por primera vez su clasificación en el tipo de puesto de trabajo de administrador — Admisibilidad [Art. 336 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 1, y anexo XIII, art. 30, ap. 2; Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo] (véanse los apartados 28 a 30, 74 y 75)
6

Las normas de participación en las convocatorias de propuestas organizadas, en particular, por la ERCEA se definen en el Reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014‑2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1906/2006 (DO 2013, L 347, p. 81). El Reglamento n.o 1290/2013 dispone, en particular, en su artículo 16, un procedimiento de revisión de la evaluación en el caso de los solicitantes que consideren que la evaluación de su propuesta no se ha llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en ese Reglamento, el programa de trabajo o el plan de trabajo correspondiente y la convocatoria de propuestas. Conforme al apartado 2 de ese artículo, la solicitud de revisión será presentada por el candidato afectado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la Comisión o el organismo de financiación correspondiente haya informado al coordinador de los resultados de la evaluación. Según el apartado 3 de dicho artículo, la Comisión o el organismo de financiación correspondiente se encargará de examinar la solicitud de revisión. Dicho examen solo abarcará los aspectos de la evaluación relativos al procedimiento y no al fondo de la propuesta. El artículo en cuestión no establece un plazo concreto en el que la Comisión o el organismo de financiación competente deba pronunciarse sobre la solicitud de revisión de la evaluación y se limita a indicar, en su apartado 5, que estos adoptarán su decisión sin dilaciones indebidas. Por último, conforme al apartado 7 del mismo artículo, el procedimiento de revisión no excluirá que el participante lleve a cabo otras acciones de acuerdo con el Derecho de la Unión.
Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 18 de septiembre de 2018 — eSlovensko/Comisión

(Asunto T‑664/17)

«Recurso de anulación — Subvenciones — Constatación de irregularidades — Decisión de la Comisión por la que se impone una sanción administrativa — Exclusión de los procedimientos de adjudicación de los contratos y de concesión de subvenciones financiadas por el presupuesto general de la Unión por una duración de dos años — Inscripción en la base de datos del sistema de detección rápida y de exclusión — Impugnación — Artículo 76, letra d), del Reglamento de procedimiento — Incumplimiento de los requisitos de forma — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Competencia del juez de la Unión — Pretensiones que tienen por objeto obtener una orden conminatoria dirigida a una institución — Inadmisibilidad (Art. 266 TFUE) (véase el apartado 25)

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados [Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véase el apartado 29)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión de la Comisión de 21 de junio de 2017, por la que se impone a la demandante la sanción administrativa de exclusión de los procedimientos de adjudicación de contratos y subvenciones financiadas por el presupuesto general de la Unión Europea por un período de 24 meses y se la inscribe en consecuencia en la base de datos del sistema de detección rápida y de exclusión previsto en el artículo 108, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
12

El demandante explica que aceptó, no sin cierta reticencia, que se le tomaran las huellas digitales en Moria (Grecia), lo cual era necesario para presentar su solicitud de asilo en Grecia. Esta solicitud fue denegada por las autoridades griegas, en particular, según el demandante, porque les había explicado su intención de proseguir su viaje hacia Alemania. No obstante, el demandante nunca tuvo la intención ni el deseo de presentar tal solicitud en Grecia debido a las malas condiciones de acogida de ese Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las infraestructuras, a la lentitud de la tramitación de las solicitudes de asilo y a las deficiencias sistemáticas en la aplicación del sistema de asilo europeo existentes tanto a escala de la administración de dicho Estado miembro como de su sistema judicial. Según el demandante, los órganos jurisdiccionales europeos han dejado constancia de estas deficiencias, en particular, en la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865) y en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609).
Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 27 de noviembre de 2017 — Schwenk Zement/Comisión

(Asunto T‑907/16)

«Recurso de anulación — Competencia — Concentraciones — Mercado del cemento gris en Croacia — Decisión de inicio de la fase de examen detallado en aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 139/2004 — Acto no recurrible — Acto de trámite — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación—Actos recurribles—Concepto—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Actos de trámite—Exclusión—Decisión de la Comisión de iniciar el examen detallado de una operación de concentración [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, art. 6, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 14 a 22 y 25)

2. Recurso de anulación—Actos recurribles—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Apreciación de dichos efectos de acuerdo con la naturaleza del acto—Decisión de la Comisión por la que se declara una operación de concentración notificada compatible con el mercado interior—Decisión que no es lesiva en principio—Obligación del Tribunal General de examinar los posibles efectos jurídicos obligatorios [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, art. 8, ap. 1] (véanse los apartados 23 y 24)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión C(2016) 6591 final de la Comisión, de 10 de octubre de 2016, de inicio de la fase de examen detallado en aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, con el fin de verificar la compatibilidad con el mercado interior de la adquisición del control de Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. y Cemex Hrvatska d.d. por HeidelbergCement AG y Schwenk Zement por mediación de Duna-Dráva Cement Kft.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
El Consejo Europeo fue elevado al rango de institución de la Unión por el Tratado de Lisboa. Así, en contra de lo que había declarado anteriormente el juez de la Unión, los actos adoptados por esta institución, que, a tenor del artículo 15 TUE, no ejercerá función legislativa alguna y está compuesta por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión, ya no pueden sustraerse del control de legalidad establecido en el artículo 263 TFUE.

Dicho esto, los actos adoptados por los representantes de los Estados miembros, reunidos físicamente en el recinto de una de las instituciones de la Unión, y que no actúan en calidad de miembros del Consejo o de miembros del Consejo Europeo, sino en calidad de jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión, no están sometidos al control de legalidad ejercido por el juez de la Unión. A este respecto, del artículo 263 TFUE se desprende que, por regla general, el juez de la Unión no es competente para pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de un acto adoptado por una autoridad nacional ni de un acto adoptado por los representantes de autoridades nacionales de varios Estados miembros en el marco de un comité establecido en un reglamento de la Unión. No obstante, no basta, a este respecto, con que una institución contra la que se ha interpuesto un recurso califique un acto —en el presente asunto, actos del Consejo Europeo— de «decisión de los Estados miembros» de la Unión, para sustraerlo al control establecido en el artículo 263 TFUE. Para ello es preciso además comprobar que, habida cuenta de su contenido y del conjunto de las circunstancias en las que se adoptó, dicho acto no constituye en realidad una decisión del Consejo Europeo.

(véanse los apartados 42 a 44)
25

Sin embargo, en lo que a ellas respecta, las demandantes no han formulado ninguna alegación que indique que su propio interés haya resultado afectado. En particular, de los autos no se desprende que hayan intervenido en el procedimiento que llevó a la adopción de la Decisión impugnada. De manera general, el Tribunal no dispone de ningún dato que permita concluir que dicha Decisión haya afectado a la posición de las demandantes en una posible negociación.
33

Pues bien, el TAR constató expresamente, en su sentencia de 15 de mayo de 2014, que la demandante, a diferencia de otros operadores, no había participado en el procedimiento nacional de oposición y que tal omisión imposibilitaba por completo la concesión de un período de adaptación, toda vez que no había alegado sus exigencias particulares en el marco del procedimiento previsto a dicho efecto. En consecuencia, la demandante que, tras alegar haber producido desde hace varios decenios todo tipo de piadine romagnole, cumplía manifiestamente los requisitos del citado artículo 5, apartados 5 y 6, dejó escapar la posibilidad de evitar, por sus propios medios, que se produjera el perjuicio que teme sufrir. En efecto, tras haberse hecho cargo la Comisión del expediente en cuestión, el procedimiento llevado por ésta estaba regulado, ratione temporis, por el Reglamento no 1151/2012, que entró en vigor el 3 de enero de 2013. En el marco de sus contactos con la Comisión, la demandante habría podido solicitarle, en virtud de las disposiciones combinadas del artículo 15, apartados 1 y 2, y del artículo 49, apartado 3, del citado Reglamento, la concesión de un período transitorio, que podía ser de hasta 15 años, para acogerse a una prolongación de facto del período de adaptación acordado por las autoridades italianas al finalizar el procedimiento nacional de oposición mencionado. Pues bien, al no haber participado en ese procedimiento nacional, la demandante perdió la oportunidad de poder continuar comercializando sus piadine con la denominación «romagnole». Por otro lado, aunque participar en el procedimiento nacional no constituye un requisito previo necesario para que la Comisión conceda una protección transitoria, debe señalarse que, en cualquier caso, del expediente no se constata que la demandante haya presentado una solicitud en ese sentido o que tal solicitud haya sido desestimada.
1)

Suspender la ejecución de la decisión EMA/785809/2015 de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de 25 de noviembre de 2015, de conceder a un tercero, conforme al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, acceso a los informes de ensayos toxicológicos C 45151/ensayo de toxicidad cutánea de 28 días (aplicación semioclusiva durante 6 horas) en ratas Wistar, C 45162/ensayo de toxicidad por vía oral (sonda) de 28 días en ratas Wistar y C 88913/ensayo de toxicidad cutánea de 28 días (aplicación semioclusiva durante 6 horas) en ratas Wistar.
3.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa WORLD OF BINGO [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 18 y 19)
4

El 31 de diciembre de 2007, se publicó la Lei n.o 67/2007 Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas (Ley n.o 67/2007, por la que se aprueba el régimen de responsabilidad civil extracontractual del Estado y de las demás entidades públicas) (Diário da República, 1.a serie, n.o 251, de 31 de diciembre de 2007) (en lo sucesivo, «Ley n.o 67/2007»). El artículo 5 de dicha Ley derogó, en particular, el Decreto-ley n.o 48051, de 21 de noviembre de 1967, al que hacía referencia el fallo de la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 48051»). En virtud del artículo 6 de esa Ley, ésta debía entrar en vigor 30 días después de su publicación, es decir, el 30 de enero de 2008.
Según reiterada jurisprudencia, en el supuesto de que se declare la nulidad de la marca anterior en la que se base la oposición, el procedimiento de oposición carece de objeto. Por consiguiente, en tal supuesto, el recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal contra la resolución de la Sala de Recurso queda también sin objeto. En efecto, con arreglo al artículo 55, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, la declaración de nulidad implica que la marca de la Unión no tuvo, desde el principio, los efectos previstos en el mencionado Reglamento. De ello se desprende que debe considerarse que la marca anterior no produjo sus efectos y, por ello, no pudo servir de base a una oposición contra la marca solicitada.

Si bien el recurrente alega que una resolución del Tribunal sobre el fondo en el recurso de anulación le procuraría un beneficio, procede señalar que, con arreglo a una reiterada jurisprudencia, el interés en ejercitar la acción debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial so pena de sobreseimiento, lo que implica que el recurso ha de procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto.

(véanse los apartados 20 a 22 y 25)
Un acto del que no sea destinatario sólo afecta individualmente a una persona física o jurídica cuando le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinatario de una decisión.

Por lo que respecta a un recurso de anulación dirigido contra el Reglamento no 537/2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, ni dicho Reglamento en general, ni el artículo 21 del citado Reglamento afectan individualmente a un demandante que desempeña esta actividad en su condición de auditor legal y, por consiguiente, no dispone de legitimación activa en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. En efecto, en primer lugar, el hecho de que el Reglamento no 537/2014 se aplique a situaciones determinadas objetivamente por sus propias disposiciones y produzca efectos jurídicos frente a categorías de personas consideradas de forma general y abstracta demuestra la inexistencia de afectación individual. Pues bien, el citado Reglamento afecta al demandante únicamente en su condición de auditor legal que ejerce la actividad de examen de las cuentas de las entidades de interés público, una situación contemplada objetivamente por dicho Reglamento, sin que el legislador haya tenido en cuenta la situación individual de los miembros de esa profesión en modo alguno. Asimismo, los requisitos sobre la composición de los organismos responsables de la supervisión de los auditores legales que ejercen tal actividad se formulan de manera general y se aplican indistintamente a cualquier operador económico y a cualquier autoridad que entren en el ámbito de aplicación del citado Reglamento.

En segundo lugar, las personas afectadas por los requisitos descritos en el artículo 21 del Reglamento no 537/2014 no estaban identificadas, ni eran identificables en el momento de su adopción. Pues bien, cuando un número desconocido de operadores económicos puede añadirse a la categoría de las personas a la que el demandante pertenecía en el momento de la adopción del citado Reglamento, dicha categoría no puede calificarse de círculo restringido. Por el contrario, se trata así de un conjunto indeterminado e indeterminable de operadores económicos, cuyo círculo puede aumentar después de la adopción de ese Reglamento. Los operadores económicos que pertenecen a una categoría de este tipo abierta no están individualmente afectados por el acto de que se trata. En tercer lugar, un supuesto derecho a ser supervisado por un organismo profesional que incluya miembros que ejerzan la profesión de auditor, aun si estuviera acreditado, no individualiza en modo alguno al demandante frente al conjunto indeterminado e indeterminable de los operadores que ejercen la mencionada profesión que examinan las cuentas de las entidades de interés público.

(véanse los apartados 31, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49 y 51)
4)

La Comisión Europea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. y China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products cargarán con sus propias costas.
En una demanda de suspensión de una decisión de la Comisión en materia de contratos públicos, procede concluir que existe fumus boni iuris en el caso de que la incertidumbre sobre la interpretación que deba darse a la presencia de un término que figura en las especificaciones técnicas del anuncio de licitación y su incidencia en la regularidad del procedimiento de adjudicación controvertido lleve al juez de medidas provisionales a concluir que existe una controversia jurídica importante, cuya solución no se evidencia de manera inmediata, de modo que, a primera vista, el recurso no carece de un fundamento sólido.

En el contencioso especialmente particular de la adjudicación de contratos públicos, debe considerarse que cuando un licitador descartado logra demostrar la existencia de un fumus boni iuris especialmente sólido, no cabe exigirle que acredite que la desestimación de su demanda de medidas provisionales podría causarle un perjuicio irreparable, si no se quiere menoscabar de manera excesiva e injustificada la tutela judicial efectiva de la que goza en virtud del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Existe tal fumus boni iuris cuando el mismo revela la existencia de una ilegalidad suficientemente manifiesta y grave, con respecto a la cual debe evitarse lo antes posible la producción o prolongación de sus efectos, a menos que la ponderación de los intereses en juego no se oponga a ello. En estas circunstancias excepcionales, la sola prueba de la gravedad del perjuicio que se podría causar de no ordenarse la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada es suficiente para cumplir el requisito relativo a la urgencia, habida cuenta de la necesidad de privar de efectos a una ilegalidad de esta naturaleza.

(véase el apartado 61)
2.

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Examen prima facie de los motivos invocados en apoyo del recurso principal — Recurso contra la decisión de la Comisión de desestimar la oferta presentada por un licitador para un contrato público — Desestimación basada en que la oferta no correspondía al pliego de condiciones — Violación del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 y del Reglamento (UE) no 1268/2012 — Inexistencia a primera vista [Arts. 256 TFUE, ap. 1, 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2; Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión] (véanse los apartados 17 a 32)