5.

Dicho esto, obsérvese que esta discusión tiene en cierto modo un sonido falso. La alusión que hacen los británicos a las consecuencias de una eventual rotura de las redes (se perdería el pescado, luego no puede considerársele capturado hasta que las redes hayan sido izadas sin incidentes) demuestra a mi parecer que la oposición de las partes es solamente superficial acerca del significado de la palabra «extraídos». En el fondo la situación es diferente. La demandante y la demandada identifican ambas extracción con captura y lo que las separa es el momento en que esta última tiene lugar, al estimar una que coincide con la entrada del pescado en la red y apreciar la otra que lo decisivo es el momento en que las redes se izan a bordo. Pero si es así, es la parte demandada quien tiene razón. En efecto, aunque carente de los adecuados soportes técnico-jurídicos, su posición es conforme al sentido común, para el cual capturar significa coger en la red, pese al riesgo de rotura que corra ésta. Trataré ahora de conciliar el sentido común con el Derecho. En primer lugar, la tesis de la Comisión recibe un cierto tinte de verdad de la doctrina civilistica de todos los países miembros, según la cual, como es bien sabido, los peces se consideran capturados, y por ello propiedad del pescador, cuando, al entrar en la red, pierden su libertad natural. Por lo demás, la muy escasa jurisprudencia recaída sobre este punto y en particular una sentencia inglesa antigua pero significativa se pronuncia en el mismo sentido: la propiedad sobre el pescado prisionero en una red todavía entreabierta —se lee en ella- no tiene el carácter de plenitud que permita a su titular el ejercicio de una acción de «trespass» contra quien intente apoderarse de ella; es sin embargo suficiente para justificar el ejercicio de otras acciones menos virulentas {Young contra Hichens, 1843, 6 QB 606). ¿Puede deducirse de ello que, cuando la red no esté entreabierta sino cerrada, como ciertamente sucede en nuestro caso, los Jueces ingleses reforzarán la posición del poseedor? En estricta lógica, la respuesta debiera ser positiva. De todos modos, el argumento que me parece determinante es otro. Si se examina con atención la norma que define el origen del pescado, se advertirá que su centro de gravedad, el dato del que se hace depender el origen, es la nacionalidad del barco empleado en la pesca. En efecto, la importancia concedida por el legislador a datos como la matrícula o el pabellón que se enarbola no deja lugar a dudas. Pero, y ésta es la cuestión, ¿qué debe entenderse por barco? Al respecto el Derecho marítimo es muy claro. El «buque» no es solamente el casco que flota, sino el casco con todos sus accesorios y pertenencias, es decir, en el caso del pesquero, con el motor, los mástiles, los cabos, las artes de pesca y, entre éstas, las redes. Se habla del buque en cuanto res composita, pues, y naturalmente (es una norma de Derecho internacional umversalmente aceptada la que lo ha establecido) buque en alta mar como territorio flotante del Estado al que pertenece. Unamos estos conceptos para aplicarlos a continuación a nuestro problema. El resultado al que nos permitirán llegar es evidente: el pescado cogido en la red entra por ello mismo en la esfera aduanera del Estado cuyo pabellón enarbola el pesquero que hace uso de la red. No se objeta que en este caso las redes eran de propiedad británica. Es cierto que lo eran, pero también es verdad que, mientras los polacos las remolcaban eran sus poseedores legítimos en virtud del contrato que habían celebrado con los armadores de los pesqueros. En todo caso no creo que la norma según la cual el origen del pescado está definido por la nacionalidad del barco, pueda entenderse en el sentido de que conceda importancia a la propiedad de las redes. En efecto, si ello fuera posible, sería un juego de niños imaginar sistemas de división de trabajo que influirían en dicho origen, haciendo con ello un regate a los derechos de aduanas y reduciendo a la nada la función del Arancel Aduanero Común. Por otra parte, me parece que el verdadero objetivo de la norma es precisamente prevenir los fraudes aduaneros y su repercusión en los recursos propios de la Comunidad. En efecto, la relación que establece entre origen de los productos y nacionalidad del barco sólo tiene sentido en que es la pesca directamente practicada por empresas de los países comunitarios la que disfruta de la exención de los derechos de aduanas. En suma, dicha exención fue establecida para la protección de estas empresas: es pues evidente que desaparece cuando hay empresas de países terceros asociadas al ejercicio de la pesca (tanto más si lo están según las especiales modalidades de nuestro caso). La tesis que propongo, por consiguiente, no es sólo correcta por sí misma, sino que también lo es más conforme con la interpretación teleológica que se debe dar al Reglamento (CEE) n° 802/68 y, en particular a su artículo 4.