ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que procedía interpretar la excepción al derecho de acceso a los documentos basada en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001 a la luz del artículo 99, apartado 6, del Reglamento financiero. En cualquier caso, procede señalar que el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), que, conforme a su artículo 281, apartado 1, derogó el Reglamento financiero con efecto a partir del 2 de agosto de 2018, contiene, en su artículo 118, apartado 9, una disposición que reproduce en esencia el artículo 99, apartado 6, del Reglamento financiero.
55

Por último, se deduce de las consideraciones expuestas que tampoco puede prosperar la alegación formulada por la EUIPO con carácter subsidiario, según la cual la resolución impugnada no adolece de un defecto de motivación por ser evidente que la postura de la Cuarta Sala de Recurso sobre los puntos que se discuten es idéntica a la postura de la Quinta Sala de Recurso sobre esos mismos puntos en la resolución anterior. En efecto, no se desprende de la resolución impugnada (véanse los apartados 29 a 33 anteriores) que la postura de la Cuarta Sala de Recurso sobre los puntos que se discuten sea idéntica a la postura de la Quinta Sala de Recurso sobre esos mismos puntos en la resolución anterior. En la resolución impugnada, la Cuarta Sala de Recurso hizo constar erróneamente que el Tribunal había ratificado determinadas conclusiones de la Quinta Sala de Recurso y, por consiguiente, estimó que se hallaba vinculada por esas conclusiones, sin haber examinado no obstante las alegaciones pertinentes de las partes ni haberse pronunciado sobre ellas. Además, como ya se ha indicado en el apartado 52 anterior, la Cuarta Sala de Recurso no podía considerarse vinculada por las conclusiones de la Quinta Sala de Recurso y no podía darlas por válidas sin ulterior examen en la resolución impugnada.
65

En segundo lugar, es preciso señalar que la comunicación de noviembre de 2017, sobre la aplicación del artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, fue enviada por la PMO a Europol para que esta la transmitiese a las personas afectadas. Europol envió entonces esta comunicación a sus agentes en servicio. Ha de destacarse que la Comisión no estaba obligada a transmitir dicha comunicación a los antiguos agentes que hubiesen cesado definitivamente en sus funciones, ya que la citada comunicación no habría cambiado en nada su situación. Además, por las mismas razones, la Comisión tampoco estaba obligada a indicar al demandante la razón por la que la referida comunicación no se había dirigido a los antiguos agentes de Europol. En cualquier caso, es importante subrayar que esta práctica administrativa no puede menoscabar la legalidad de la decisión impugnada, que se adoptó antes de dicha comunicación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, como se desprende del examen del primer motivo. Por consiguiente, el demandante no puede invocar a este respecto la posible vulneración del principio de buena administración y el incumplimiento del deber de asistencia y protección.
110

Dicho esto, los demandantes no pueden reprochar a la AFPN no haber tramitado con la celeridad suficiente el procedimiento disciplinario incoado contra el jefe de la unidad. En efecto, dicho procedimiento obedece a normas que le son propias y, en particular, a los plazos estrictamente establecidos en el anexo IX del Estatuto en cada una de las etapas de que consta dicho procedimiento disciplinario y que, en cualquier caso, no parecen haber sido incumplidos. En efecto, en el caso de autos, este procedimiento, iniciado el 6 de enero de 2016 mediante la consulta al Consejo de Disciplina, se prolongó durante algo más de un año hasta la adopción, el 27 de febrero de 2017, de la resolución final de la AFPN a que se refiere el artículo 22 del anexo IX del Estatuto, lo que no parece una duración irrazonable habida cuenta de la complejidad del asunto en cuestión.
15

El 5 de marzo de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/364, por la que se modifica la Decisión 2014/119 (DO 2015, L 62, p. 25), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357, por el que se aplica el Reglamento n.o 208/2014 (DO 2015, L 62, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de marzo de 2015»). La Decisión 2015/364 sustituyó el artículo 5 de la Decisión 2014/119, ampliando la aplicación de las medidas restrictivas, en lo que concernía al demandante, hasta el 6 de marzo de 2016, por una parte, y modificó el anexo de esa última Decisión, por otra parte. El Reglamento de Ejecución 2015/357 modificó en consecuencia el anexo I del Reglamento n.o 208/2014.
63

En el caso de autos, la recurrente no solo espera de la EUIPO que combine distintas representaciones del producto al que se ha incorporado el dibujo o modelo anterior, sino también que sustituya un elemento que aparece en la mayoría de las representaciones —esto es, un parachoques de un color distinto del color del vehículo— por un elemento que tan solo aparece en una representación —a saber, un parachoques del mismo color que el vehículo—. En consecuencia, la recurrente no ha facilitado a la EUIPO la identificación y la reproducción concretas y completas del dibujo o modelo cuya anterioridad se alega en el marco del presente motivo. De ello se sigue que la Sala de Recurso no incurrió en error al no tomar en consideración el hecho de que el producto en el que se ha incorporado el dibujo o modelo anterior que figura en la oferta de un vehículo de segunda mano tenga un parachoques del mismo color que el mismo vehículo.
54

A este respecto, en contra de lo que la Comisión afirmó durante la vista, la remisión del caso al panel a que se refiere el artículo 108 del Reglamento financiero, sobre la base del artículo 106, apartado 2, párrafo primero, del mismo Reglamento, no presupone la existencia previa de una sentencia o de una decisión administrativa. Con arreglo al artículo 105 bis, apartado 2, del Reglamento financiero, en relación con el artículo 106, apartado 2, párrafo primero, del mismo Reglamento, de no existir dicha sentencia o decisión, el órgano de contratación remitirá el caso a este panel cuando constate que una posible irregularidad financiera, prevista, en particular, en el artículo 106, apartado 1, letra c), del Reglamento financiero, puede provocar «riesgos que supongan una amenaza para los intereses financieros de la Unión» en el sentido del artículo 105 bis, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho Reglamento. Ese es el objetivo del sistema de exclusión y de detección precoz. No obstante, el órgano de contratación debe evaluar, antes de remitir el caso al panel a que se refiere el artículo 108 del Reglamento financiero, si dicho riesgo existe y, en su caso, si supone una amenaza para los intereses financieros de la Unión.
10.

Ayudas otorgadas por Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden acogerse a la excepción prevista en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Requisitos — Efecto incentivador y necesidad de las ayudas — Contratos de servicios aeroportuarios y de comercialización que dan lugar a una ventaja en favor de una compañía aérea — Contratos que producen mejora en la situación económica de la empresa beneficiaria sin ser ello necesario para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Exclusión [Art. 107 TFUE, ap. 3, letra c)] (véanse los apartados 186 a 196)
4.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios — Actos que no incluyen medidas de ejecución y afectan directamente al demandante — Concepto de medidas de ejecución — Criterios — Decisión de la Comisión por la que se declara la inexistencia de una ayuda de Estado — Acto que no incluye medidas de ejecución respecto de los competidores de los beneficiarios de la medida nacional que ha sido considerada no constitutiva de ayuda de Estado (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 78 a 88)
2.

Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y de la evaluación efectuados por el Banco Central Europeo — Obligación de proceder a un examen prudencial individual [Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 92, ap. 3; Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f) y 16, aps. 1, letra c) y 2, letra d)] (véanse los apartados 51 y 65 a 72)
3.

Actos de las instituciones — Acto por el que se modifica una disposición anterior — Principios generales del Derecho — Regla del paralelismo de formas — Incumplimiento — Inexistencia [Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento; Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo; Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2013 de la Comisión] (véanse los apartados 74 a 77)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect)

(Asunto T‑487/18)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión ViruProtect — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Obligación de motivación»

1. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 15)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 16)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 23)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto — Neologismo compuesto por elementos descriptivos de características de los productos o servicios de que se trata — Inclusión a falta de carácter inusual de la combinación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 25)

5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa ViruProtect [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 39, 43 y 47)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de junio de 2018 (asunto R 1886/2017‑5), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo ViruProtect como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 2017/1001 [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 57 y 58)
En el caso de una investigación administrativa iniciada por la administración tras la presentación de una solicitud de asistencia que contiene una alegación de acoso psicológico, el objeto mismo de la investigación administrativa es confirmar o desmentir la existencia de acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto, de modo que la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo no puede prejuzgar el resultado de la investigación, y precisamente se espera que no adopte posición alguna, siquiera implícita, sobre la realidad del supuesto acoso antes de haber obtenido los resultados de la investigación administrativa. En otras palabras, el hecho de que la administración no adopte una posición prematuramente, especialmente sobre la base de la descripción unilateral de los hechos aportada en la solicitud de asistencia, es inherente a la apertura de una investigación administrativa, ya que, por el contrario, la administración debe reservarse su posición hasta que finalice la mencionada investigación, que debe instruirse contradictoriamente, con participación del supuesto acosador.

Por lo tanto, cuando la administración decide recabar el dictamen de un comité consultivo al que ha encomendado la tarea de instruir una investigación administrativa y en la decisión que resuelve la solicitud de asistencia, tiene en cuenta el dictamen emitido por dicho comité consultivo, en principio, el mencionado dictamen, de carácter consultivo y que puede adoptar una forma no confidencial respetuosa con el anonimato de que gozan los testigos, en virtud del derecho a ser oído del autor de la solicitud de asistencia, debe comunicársele, aun cuando las normas internas en materia de acoso no lo prevean.

Dado que ni el Tratado FUE, ni el Estatuto del Tribunal de Justicia, ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General prevén la posibilidad de imponer una sanción en caso de incumplimiento de un auto, dictado al amparo del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por el que se acuerda una diligencia de prueba, la única reacción posible para el Tribunal ante la negativa de la parte demandada a presentar documentos, que incumple además la obligación de cooperación leal establecida en el artículo 13 TUE, apartado 2, es la de extraer de ello todas las consecuencias en la decisión que ponga fin a la instancia.

A este respecto, corresponde al Tribunal General y no a las partes del litigio apreciar el carácter confidencial de los documentos cuya presentación se ordena en virtud del artículo 92, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento y, en su caso, apreciar si, en virtud del carácter confidencial eventualmente reconocido por el juez de la Unión a dichos documentos, resultaría apropiado, con vistas a proteger la identidad de los testigos, no transmitirlos tal cual a la parte demandante, sino, al contrario, exigir a la parte demandada que presente o bien una versión no confidencial de estos documentos que omita el nombre de los testigos y los datos que permitan determinar sin duda razonable su identidad, o bien un resumen no confidencial de tales documentos.

(véanse los apartados 100 y 104)
508

Mediante una segunda alegación, los demandantes sostienen que la privación de su propiedad sin indemnización vulnera el contenido esencial de su derecho de propiedad. Afirman que no se realizó la valoración independiente ni la valoración definitiva a posteriori prevista en el artículo 20, apartado 11, del Reglamento n.o 806/2014, que constituyen las dos «salvaguardias» específicas establecidas en el Reglamento n.o 806/2014 para asegurar la protección del artículo 17 de la Carta, que permiten garantizarles el pago de una compensación equitativa. Aducen que no se realizó una valoración ex ante independiente y completa, que permitiera determinar el valor del activo y del pasivo de la entidad y que dicha valoración no podía basarse en el hecho de que ya se había elegido un instrumento de resolución. Consideran que, en la medida en no se efectuará la valoración definitiva a posteriori prevista en el artículo 20, apartado 11, del Reglamento n.o 806/2014, no se respetaron las «salvaguardias» destinadas a proteger el derecho de los accionistas a una compensación. La valoración 3 prevista en el artículo 20, apartado 16, del Reglamento n.o 806/2014 responde a objetivos diferentes y la JUR no puede sostener que es suficiente.
211

A este respecto, procede señalar que la Comisión fijó la línea de conducta que iba a seguir para la presentación de pruebas y la recogida de datos económicos publicando un documento SEC(2011) 1216 final, de 17 de octubre de 2011, titulado «Best practices for the submisssion of economic evidence and data de collection in cases concerning the application of article 101 TFEU and in merger cases» (Mejores prácticas por lo que respecta a la presentación de pruebas económicas y a la recogida de datos en los asuntos relativos a la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE) (en lo sucesivo, «mejores prácticas), que acompañaba a la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 del TFUE (DO 2011, C 308, p. 6). Ya se ha declarado que, mediante tales comunicaciones, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408, apartado 211, y de 13 de diciembre de 2012, Expedia, C‑226/11, EU:C:2012:795, apartado 28).
78

La Comisión replica, en esencia, que, a raíz de un contrato de cesión del 100 % de las acciones de la empresa beneficiaria, celebrado entre las sociedades P. y N., el 31 de diciembre de 2012, e inscrito en el Registro Mercantil eslovaco el 7 de agosto de 2013, en el momento de la concesión de la ayuda controvertida, a saber, el 7 de noviembre de 2013, la empresa beneficiaria era una pyme cuyo propietario único era la sociedad N. La alegación basada en el control de la sociedad P. por determinadas personas físicas es, por tanto, inoperante, ya que esta última sociedad y dicha empresa solo fueron empresas vinculadas, en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO 2003, L 124, p. 36; en lo sucesivo «Recomendación pyme»), antes de la recompra de las acciones por la sociedad N. La Comisión añade que, en cualquier caso, no existe ninguna razón para dudar de la información proporcionada por las autoridades eslovacas conforme a la cual la sociedad P. y las empresas vinculadas a ella no tenían más de 120 empleados en 2010 y en 2011 y no se sobrepasaban el volumen de negocios de 50 millones de euros o el balance anual total de 43 millones de euros. Además, las participaciones de dicha empresa en otras empresas a partir del 9 de julio de 2011 no cumplían los criterios establecidos en el artículo 3, apartados 2 y 3, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014. Considera que la alegación de que una familia seguía ejerciendo una influencia decisiva sobre la sociedad P. es inoperante, ya que en el momento de la concesión de la ayuda controvertida esta sociedad ya no tenía acciones en dicha empresa. A juicio de la Comisión, la alegación basada en el plazo de dos años previsto en el artículo 4, apartado 2, de dicho anexo es igualmente inoperante, ya que la sociedad P. no podía calificarse de gran empresa durante el período de que se trata.
131

Pues bien, no puede soslayarse que del documento «Comments on the rationale for a non-divergent position between EFSA conclusions on 4-chloroaniline (PCA) and EMA’s CHMP/ICH conclusions» [Comentarios para justificar la posición no discrepante de las conclusiones de la EFSA sobre el 4-cloroanilina (PCA) con las de la EMA sobre el CHMP/ICH], adjunto al expediente, se desprende que las dos agencias confirmaron, por un lado, que básicamente no existía dictamen alguno que reflejara divergencias desde el punto de vista científico entre ellas, pues ambas agencias consideraban que, basándose en los datos actuales disponibles, el PCA debía considerarse genotóxico y carcinógeno y, por otro lado, que los diferentes criterios empleados por las dos agencias se explicaban por los contextos diferentes en los que debía examinarse el PCA.
121

Del mismo modo, en el ejercicio de su facultad de apreciación con arreglo al punto 37 de las Directrices, solicitado por las propias demandantes, la Comisión podía, en principio, adoptar válidamente, con ese fundamento, un método de adaptación no lineal de los importes de base para tener en cuenta la necesidad de que dichos importes siguieran reflejando la participación comparable de las empresas afectadas en el cártel y el peso relativo de los importes de base no adaptados que se les hubieran asignado. En efecto, tal como se expone, en esencia, en los considerandos 17 a 19 de la Decisión impugnada, habida cuenta de los criterios esenciales para determinar el importe de las multas, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, a que se refiere el artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003, era imperativo mantener un vínculo suficientemente estrecho entre, por una parte, los importes de base adaptados y, por otra, los importes de base no adaptados, que se habían determinado a la luz de esos criterios y, en particular, de la dimensión y la potencia económica de las empresas afectadas, para garantizar que las sanciones tuvieran un efecto disuasorio suficiente (véase el apartado 119 de la presente sentencia). En cambio, una reducción lineal y esquemática de los importes de base, basada únicamente en las ratios producto/volumen de negocios, no habría garantizado tal resultado, sino que habría dado lugar, en particular en el caso de Bong y Mayer-Kuvert, a fijar importes de base adaptados considerablemente más elevados que el de las demandantes, a pesar de que los importes de base no adaptados de estas empresas eran inferiores al de las demandantes.
1

El Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») se adoptó por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO 1968, L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada, en particular, por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (DO 2013, L 287, p. 15).
23

En tercer lugar, los demandantes alegan que la Decisión impugnada no contiene motivación suficiente para justificar que existe un perjuicio al interés protegido por la excepción relativa a los documentos para uso interno. Por una parte, según los demandantes, la argumentación hipotética que figura en la Decisión impugnada no es conforme con las exigencias de la jurisprudencia, ya que la Decisión impugnada no explica cómo la divulgación del documento controvertido podría reducir el espacio de reflexión del BCE. Por otra parte, según los demandantes, los argumentos relativos a la importancia futura del documento controvertido son inoperantes, ya que la redacción del artículo 14.4 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo (BCE) (en lo sucesivo, «Protocolo sobre el SEBC y el BCE») no ha cambiado.