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El artículo 22 de la Directiva 92/12 es del tenor siguiente: «1. Cuando proceda, y a instancias de cualquier operador en el ejercicio de su profesión, los productos objeto de impuestos especiales puestos a consumo podrán ser objeto de una devolución del impuesto por parte de las autoridades fiscales del Estado miembro en que tenga lugar la puesta a consumo, cuando no estén destinados a ser consumidos en dicho Estado miembro. No obstante, los Estados miembros podrán no dar curso a la solicitud de devolución cuando no se cumplan los requisitos de regularidad que hayan establecido. 2. Para la aplicación del apartado 1, serán de aplicación las siguientes disposiciones: a) el expedidor deberá presentar una solicitud de devolución ante las autoridades competentes de su Estado miembro antes del envío de las mercancías y justificar que el impuesto ha sido pagado. No obstante, las autoridades competentes no podrán rechazar la devolución si la única razón es que no se les ha presentado el documento expedido por ellas mismas que certifique el pago inicial; b) la circulación de las mercancías a que se refiere la letra a) se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el título III; c) el expedidor presentará a las autoridades competentes de su Estado miembro el ejemplar de reenvío del documento a que se refiere la letra b) debidamente cumplimentado por el destinatario, junto con un documento que acredite el cargo de los impuestos especiales en el Estado miembro de consumo o con una diligencia acreditativa de los siguientes datos: — la dirección de la oficina competente de las autoridades fiscales del Estado miembro de destino; — la fecha en que dicha oficina aceptó la declaración y el número de referencia o de registro de esta declaración; d) los productos objeto de impuestos especiales y puestos a consumo en un Estado miembro y por este concepto provistos de una marca fiscal o de una marca de reconocimiento de dicho Estado, podrán ser objeto de devolución del impuesto por parte de las autoridades fiscales del Estado miembro que haya expedido dichas marcas fiscales o de reconocimiento, siempre que la destrucción de estas marcas sea comprobada por dichas autoridades. 3. En los casos contemplados en el artículo 7, el Estado miembro de salida procederá a la devolución del impuesto ya pagado con la única condición de que dicho impuesto ya haya sido pagado en el Estado miembro de destino con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 7. No obstante, los Estados miembros podrán no cursar la solicitud de devolución cuando ésta no cumpla con los criterios de regularidad que ellos mismos establezcan. [...] 5. Las autoridades fiscales de los Estados miembros determinarán los procedimientos y normas de control aplicables a las devoluciones efectuadas en sus respectivos territorios. Los Estados miembros velarán por que la devolución del impuesto especial no exceda de la cantidad realmente pagada.»
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En estas circunstancias, el Sø- og Handelsretten decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, que se formulan en términos idénticos en los asuntos C-335/11 y C-337/11: «1) a) ¿Está comprendida en el concepto de discapacidad en el sentido de la Directiva [2000/78] la situación de una persona que, a causa de dolencias físicas, mentales o psíquicas, no puede llevar cabo su trabajo, o sólo puede hacerlo en medida limitada, durante un período de tiempo que se ajusta al requisito de duración especificado en el apartado 45 [de la sentencia Chacón Navas, antes citada]? b) ¿Puede estar comprendida en el concepto de discapacidad en el sentido de la Directiva una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como incurable? c) ¿Puede estar comprendida en el concepto de discapacidad en el sentido de la Directiva una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable? 2) ¿Puede considerarse como una discapacidad, en el sentido en que se utiliza ese término en la Directiva [2000/78], una reducción permanente de la capacidad funcional que no origina la necesidad de medios auxiliares especiales o similares sino que consiste, sólo o esencialmente, en que la persona afectada no es capaz de trabajar a tiempo completo? 3) ¿Se incluye entre las medidas a las que se refiere el artículo 5 de la Directiva [2000/78] una reducción de la jornada laboral? 4) ¿Se opone la Directiva [2000/78] a la aplicación de una norma legal nacional conforme a la que un empresario está facultado para despedir a un trabajador con un preaviso abreviado si el trabajador ha percibido su salario durante períodos de baja por enfermedad de un total de 120 días a lo largo de un período de doce meses consecutivos, en el caso de un trabajador al que se deba considerar discapacitado en el sentido de la Directiva, cuando a) la baja laboral fue causada por la discapacidad, o b) la baja laboral fue causada por el hecho de que el empresario no aplicó las medidas apropiadas en la situación concreta para permitir que la persona discapacitada llevara a cabo su trabajo?»
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En el ordenamiento jurídico rumano, en el momento de los hechos que dieron origen al litigio principal, el impuesto sobre la contaminación de los automóviles estaba regulado por la Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Decreto-ley no 50/2008, por el que se establece el impuesto de contaminación de los automóviles), de 21 de abril de 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, no 327, de 25 de abril de 2008; en lo sucesivo, «OUG no 50/2008»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 46 bis del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO L 28, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) no 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001 (DO L 187, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), así como del artículo 4 TUE, apartado 3, y de los artículos 45 TFUE a 48 TFUE.
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La Comisión, apoyada en la vista en relación con este extremo por Generali y el Gobierno húngaro, invoca el especial vínculo que existe entre los artículos 101 TFUE y 11 de la Tpvt, que no sólo deriva del empleo de conceptos idénticos, sino también del sistema de aplicación descentralizada del Derecho de la competencia puesto en marcha por el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1). Por otra parte, de la resolución de remisión se desprende que el Legfelsőbb Bíróság seguirá la orientación dada por el Tribunal de Justicia y que la aplicará de manera uniforme tanto a situaciones puramente internas como a situaciones en las que simultáneamente se aplica el artículo 101 TFUE. Allianz alega en particular que existe un interés de la Unión en que una disposición procedente del Derecho de la Unión como el artículo 11 de la Tpvt reciba una interpretación uniforme.
La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional ordene el cese de una práctica comercial no comprendida en el anexo I de dicha Directiva por el único motivo de que la citada práctica no ha sido objeto de una autorización previa de la administración competente, sin haber procedido no obstante él mismo a una apreciación del carácter desleal de la práctica de que se trata a la luz de los criterios establecidos en los artículos 5 a 9 de dicha Directiva.
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Remitiéndose, en particular, al artículo 52, apartado 1, de la Carta, el Bundeskommunikationssenat se pregunta si una disposición de una directiva que impide que las autoridades de un Estado miembro establezcan una indemnización destinada a compensar la referida injerencia en el derecho de propiedad respeta el principio de proporcionalidad. El órgano remitente considera que el artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2010/13, que obliga a los Estados miembros a determinar las modalidades y las condiciones relativas al derecho a emitir breves resúmenes informativos, no compensa dicha injerencia. También estima que, habida cuenta en particular del principio de proporcionalidad, sería necesario adoptar una norma que permitiera tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, y en particular, el objeto de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva y la cantidad abonada por el titular de los derechos para adquirirlos, a fin de calcular una contraprestación adecuada.
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 84, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2253/88 del Consejo, de 19 de julio de 1988 (DO L 198, p. 35) (en lo sucesivo, «Reglamento no 822/87»), del Reglamento (CEE) no 1059/83 de la Comisión, de 29 de abril de 1983, relativo a los contratos de almacenamiento para el vino de mesa, el mosto de uva, el mosto de uva concentrado y el mosto de uva concentrado rectificado (DO L 116, p. 77; EE 03/27, p. 163), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2646/1999 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999 (DO L 324, p. 10) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1059/83»), y del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).
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Además, la Comisión no indica el período exacto en el que se ha producido el incumplimiento reprochado y, por otra parte, no aporta ninguna prueba pertinente, señalando lacónicamente que no tiene ningún interés en ejercitar la acción, en el presente asunto, para recabar del Tribunal de Justicia un pronunciamiento sobre hechos pasados por cuanto no se deriva para ella ninguna ventaja de una sentencia que declare sobre una situación pretérita. Por lo tanto, dicha institución no sólo incumple manifiestamente las obligaciones que, tanto para el Tribunal de Justicia como para ella misma, se desprenden de la jurisprudencia citada en los apartados 50 y 51 de la presente sentencia, sino que tampoco permite que el Tribunal de Justicia ejerza su control sobre el presente recurso por incumplimiento.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 2, en relación con el anexo II, parte II, del Reglamento (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315, p. 14), y del artículo 5, en relación con el anexo II, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización (DO L 75, p. 29), según su modificación por la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO L 164, p. 44; corrección de errores en DO 2007, L 204, p. 29 y DO 2004, L 220, p. 16; en lo sucesivo, «Directiva 2001/14»).
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A este respecto, ha de recordarse, de inmediato, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual las cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, Rec. p. I-5667, apartado 27; de 29 de marzo de 2012, SAG ELV Slovensko y otros, C-599/10, apartado 15, y de 12 de julio de 2012, VALE Épitési, C-378/10, apartado 18).
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Según esta misma jurisprudencia, de ello resulta que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Para el cálculo de dicha compensación económica, resulta asimismo determinante la retribución ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas (sentencia Schultz-Hoff y otros, antes citada, apartado 62).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, y en DO 2007, L 204, p. 27), del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «ADPIC»), que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), y del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, no 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»).
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El Reglamento (CE) no 445/2007 de la Comisión, de 23 de abril de 2007, que establece determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2991/94 y del Reglamento (CEE) no 1898/87 del Consejo relativo a la protección de la denominación de la leche y de los productos lácteos en el momento de su comercialización (DO L 106, p. 24), sustituyó al Reglamento (CE) no 577/97 de la Comisión, de 1 de abril de 1997, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2991/94 y del Reglamento no 1898/87 (DO L 87, p. 3), e incluye, en su anexo I, la lista de los productos a los que se aplica la excepción prevista en el punto I, apartado 2, párrafo tercero, letra a), del anexo XV del Reglamento no 1234/2007.
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Por ello, la circunstancia aducida por el órgano jurisdiccional remitente de que las prestaciones de transporte proporcionadas con sus propios medios son indispensables para el servicio turístico global prestado por la agencia de viajes al viajero no cambia en nada las consideraciones anteriores. Sean indispensables o no tales prestaciones en relación con ese servicio turístico global, de ello no resulta que deban ser consideradas constitutivas, junto con dicho servicio, de una «prestación única» en el sentido de los artículos 307 y 308 de la Directiva IVA ni, en consecuencia, que deban tener el mismo tratamiento fiscal que el citado servicio.
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En virtud del artículo 1, sección A, número 2, párrafo primero, de la Convención de Ginebra, el término «refugiado» se aplicará a toda persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».
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Mediante resolución de 20 de julio de 2010, se desestimó esta solicitud por no cumplirse los requisitos jurídicos establecidos en el artículo 99 del APK para la revocación de un «acto administrativo firme». En efecto, según tal resolución, no había quedado demostrada la concurrencia de ninguno de los motivos de revocación previstos en el artículo 99, apartados 2 a 7, del APK y que constituyen los supuestos en los que un particular está facultado para presentar una solicitud de reapertura del procedimiento. En particular, la sentencia del Varhoven administrativen sad mencionada en el apartado 22 supra no constituye una nueva prueba escrita en el sentido del artículo 99, apartado 2, del APK, ya que se refiere a una persona diferente del Sr. Byankov. Por otra parte, el motivo de revocación previsto en el artículo 99, apartado 1, del APK no quedó acreditado, ya que no se formuló ninguna solicitud en el plazo fijado por una persona legitimada para ello.
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A es titular de 4.093 de las 20.743 acciones que integran el capital de C Oy (en lo sucesivo, «C»), sociedad de Derecho finlandés, es decir, una participación de alrededor del 19,7 %. La otra propietaria de C, que posee una participación de alrededor del 80,3 % en el capital social de esta sociedad, es B AS (en lo sucesivo, «B»), sociedad noruega. El objetivo de la operación objeto del litigio principal era llevar a cabo un canje de acciones a efectos del artículo 52f de la Ley del impuesto sobre sociedades mediante el cual A, por una parte, cedía a B sus acciones en el capital de C y, por otra, recibía como contraprestación acciones nuevamente emitidas por B, que equivalían a alrededor del 6 % de su capital. Como consecuencia de esta operación, B sería titular del 100 % del capital de C.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 2, y 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y en DO 2007, L 204, p. 28).
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Con arreglo a lo previsto en el artículo 73a del ZDDS, vigente desde el 1 de enero de 2009: «1. En caso de entregas respecto a las que se haya hecho exigible el impuesto frente al destinatario, existirá también un derecho a deducción cuando el proveedor del bien no haya expedido un documento que se ajuste a las exigencias del artículo 114 y/o el destinatario no posea ningún documento a efectos del artículo 71, números 2, 4 o 5 y/o el destinatario no haya observado las exigencias del artículo 72, siempre que la entrega no se haya ocultado y los libros contables del destinatario contengan datos sobre la misma. 2. En los casos del apartado 1, el derecho a deducción deberá ejercitarse en el período impositivo en el que se haya hecho exigible el impuesto […]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por una parte, de los artículos 3 y 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1; en lo sucesivo «Reglamento CCP»), y, por otra, del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67).
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El artículo 4 de la Directiva aves, que sustituye reproduciendo literalmente el artículo 4 de la Directiva 79/409, dispone: «1. Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. En este sentido se tendrán en cuenta: a) las especies amenazadas de extinción; b) las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats; c) las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su distribución local es limitada; d) otras especies que requieran una atención particular debido al carácter específico de su hábitat. Para proceder a las evaluaciones se tendrán en cuenta las tendencias y las variaciones en los niveles de población. Los Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial de los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación en estas últimas dentro de la zona geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la presente Directiva. 2. Los Estados miembros tomarán medidas semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I cuya llegada sea regular, teniendo en cuenta las necesidades de protección en la zona geográfica marítima y terrestre en que se aplica la presente Directiva en lo relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de migración. A tal fin los Estados miembros asignarán una particular importancia a la protección de las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional. [...] 4. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar, dentro de las zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2, la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo. [...]»