4.

En relación con el motivo sobre la inobservancia manifiesta del apartado 2 del artículo 60 del Tratado, la demandante formula una segunda alegación: su lista de precios había quedado ampliamente superada por la situación excepcional del mercado, de modo que no se le debería reprochar una venta realizada a precio distinto del que figuraba en la lista, sino, como mucho, un incumplimiento de la obligación de publicar una nueva lista. Dicho incumplimiento no sería, sin embargo, sancionable ya que fue provocado por razones de fuerza mayor: en efecto, la situación de crisis del sector no permitía, en la época en que se celebraron los contratos de que se trata, mantener un determinado precio durante más de dos días, de forma que las negociaciones de contratos abiertas con arreglo a un precio determinado concluían estipulándose un precio distinto, debido a las variaciones del mercado que habían tenido lugar mientras tanto. Esta alegación, que ya había sido formulada por Rumi durante el procedimiento administrativo, fue rechazada por la Comisión en la motivación de la Decisión impugnada, motivación que, entre otras cosas, señala que según el artículo 4 de la Decisión no 31/53, las listas de precios y las condiciones de venta serán aplicables, como muy pronto, dos días naturales después de haber sido enviados a la Comisión y que esta regla se aplicará asimismo a las modificaciones de las listas de precios. Por tanto, la empresa Rumi tenía la obligación y la posibilidad de publicar una nueva lista que respondiera a la situación del mercado. El único inconveniente que esto habría representado sería la suspensión de la firma del contrato durante dos días. Ciertamente, la modificación de la lista no puede presumirse deduciéndola de los precios practicados en las distintas operaciones de venta. La lista sólo puede desempeñar su función de hacer transparente la situación de mercado en relación con la oferta si se formula explícitamente y se hace pública. Esto explica la obligación de notificar a la Comisión las listas de precios y cualquier modificación de éstas. Como estableció el Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de diciembre de 1959, Macchiorlatti Dalmas e Figli/Alta Autoridad (1/59, Rec. p. 413), «cualquier desviación en relación con los precios de lista constituye una infracción de las reglas de publicidad, aunque dicha desviación se aplique en la misma medida a todas las transacciones comparables y no constituya, por ello, una infracción de las reglas de no discriminación». La demandante se refiere, sin embargo, a la fuerza mayor, como principio fundamental de todo ordenamiento jurídico que, en situaciones excepcionales, exime a los destinatarios del cumplimiento de las normas aplicables en situaciones normales. La Decisión de la Comisión no es válida por no haber tenido en cuenta este principio y, en concreto, por haber ignorado la imposibilidad específica de seguir día a día, en una situación de crisis grave, las fluctuaciones del mercado y de reflejarlas en las listas de precios destinadas a la publicación. Según la demandante, cuando el mercado no presenta una estabilidad mínima no es razonable aspirar a publicar las continuas modificaciones de las listas de precios. En mi opinión hay que distinguir entre la referencia a la supuesta fuerza mayor, que excusa el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de notificación, de la otra alegación que parece implicar no tanto la imposibilidad objetiva como la menor o nula utilidad de cumplir dicha obligación en una situación caracterizada por variaciones continuas y rápidas de los precios. Por lo que se refiere al primer punto, me parece superfluo volver sobre la delicada cuestión de la existencia y del posible contenido de un principio general de Derecho comunitario relativo a la fuerza mayor, cuestión que ya he tenido la ocasión de tratar en mis conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia de 14 de febrero de 1978, IFG/Comisión (68/77, Rec. pp. 353 y ss., especialmente pp. 372 y ss.). A efectos del presente asunto baste subrayar que la demandante, lejos de haber demostrado la imposibilidad de notificar a la Comisión la modificación de su lista de precios, tal y como hubiera debido hacer, por lo menos dos días antes de celebrar el contrato de que se trata, admitió que habría podido cumplir dicha obligación aplazando dos días la celebración del citado contrato, si se hubiera dado cuenta que ello era necesario para no infringir el Derecho comunitario. Por lo que se refiere al segundo punto, hay que reconocer que en una situación alterada que obligue a realizar repetidos cambios de precios, la comunicación a la Comisión de cualquier modificación de las listas no podrá cumplir su función de asegurar la transparencia del mercado con la misma eficacia que en un período de relativa estabilidad. Sin embargo, esta consideración sólo sirve para hacer que el perjuicio que se deriva para el mercado del comportamiento de Rumi, parezca menos grave, pero no permite justificar la falta de notificación, dado que la obligación de informar a la Comisión de cualquier modificación de la lista viene claramente impuesta por el Tratado y por las Decisiones de aplicación. La supuesta buena fe de la empresa tampoco basta para eximirla de la citada obligación, aun en el caso de que, tal y como sostiene la demandante, la Comisión haya adoptado realmente una actitud tolerante y que ello haya creado la expectativa de que en el presente caso se adoptaría idéntica actitud. Este tipo de elementos sólo puede revestir alguna importancia a efectos de determinación de la cuantía de la multa.