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C 119/24

Recurso de casación interpuesto el 16 de diciembre de 2021 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena ampliada) dictada el 29 de septiembre de 2021 en el asunto T-279/19, Frente Polisario/Consejo

(Asunto C-799/21 P)

(2022/C 119/32)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: F. Naert y V. Piessevaux, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), República Francesa, Comisión Europea, Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se resuelva definitivamente sobre las cuestiones que son objeto del recurso de casación y se desestime el recurso interpuesto por el Frente Polisario.

— Que se condene al Frente Polisario a cargar con las costas del recurso de casación y del asunto T-279/19.

— Con carácter subsidiario: que se mantengan los efectos de la Decisión 2019/217 (1) durante un período de doce meses contados desde la fecha en que recaiga la sentencia del Tribunal de Justicia.

Motivos y principales alegaciones

El primer motivo de casación está basado en la vulneración del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y se dirige contra la sentencia recurrida en la medida en que decide que el Frente Polisario está legitimado para actuar ante el juez de la Unión.

El segundo motivo de casación se basa en la vulneración del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y del principio de intangibilidad de los actos, y va dirigido contra la sentencia recurrida en la medida en que decide que la Decisión controvertida afecta directa e individualmente al Frente Polisario.

El tercer motivo de casación se basa en un error de Derecho en cuanto a la invocabilidad de normas de Derecho internacional y se dirige contra la sentencia recurrida en la medida en que decide que el Frente Polisario puede invocar el principio de autodeterminación y el principio del efecto relativo de los tratados.

El cuarto motivo de casación se basa en la interpretación y la aplicación erróneas del principio general del efecto relativo de los tratados y del derecho a la autodeterminación, en la intangibilidad de los actos, en la desnaturalización de la argumentación del Consejo y en la infracción del artículo 36, en relación con el artículo 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia. Se dirige contra la sentencia recurrida en la medida en que decide que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento al acuerdo sobre el que trata la Decisión 2019/217.

(1) Decisión (UE) 2019/217 del Consejo, de 28 de enero de 2019, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.o 1 y n.o 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO 2019, L 34, p. 1).
1.

El Tribunal General no apreció de oficio el incumplimiento del deber de motivación. El Tribunal General incurrió en error de Derecho al no cumplir su deber de apreciar de oficio una alegación sobre la adecuada motivación de los actos impugnados y, por lo tanto, de valorar esta objeción jurídica. El Tribunal General concluyó que «el efecto teratógeno y no la toxicidad subaguda por inhalación es lo que constituye el factor determinante para la apreciación de los riesgos inaceptables que presenta el PHMB de Pareva para la salud humana» (apartado 133) pese al hecho de que no hay referencia a dicho factor en la motivación de los actos impugnados. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el Tribunal General tenía el deber de considerar y concluir si los actos impugnados estaban viciados por el incumplimiento de la parte demandada de proporcionar una adecuada motivación en relación con el supuesto factor teratógeno como exige el artículo 296 TFUE.
B.

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial (es decir, si no se oponen), el órgano jurisdiccional remitente formula las siguientes cuestiones prejudiciales: – B.1 ¿Se oponen el artículo 47 de la Carta, en relación con sus artículos 7 y 38, la Directiva 93/13 sobre las cláusulas contractuales abusivas, la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales y el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea a una jurisprudencia que, en esencia, no suspende la ejecución de un derecho de garantía mediante subasta privada de bienes inmuebles utilizados como vivienda por los consumidores u otras personas y que, al mismo tiempo, no tiene en cuenta la gravedad del incumplimiento de la obligación del consumidor en relación con el importe del préstamo y la duración de este, cuando existe también otro medio para satisfacer el crédito del acreedor, mediante un procedimiento de ejecución judicial, en el que la venta de la vivienda objeto del derecho de garantía no es la solución que goza de prioridad? – B.2 ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales en el sentido de que la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales en materia de crédito al consumo se extiende a todas las modalidades de reembolso de los créditos del prestamista, incluida la suscripción de un nuevo préstamo acordado para cubrir las obligaciones derivadas del préstamo anterior? – B.3 ¿Debe interpretarse la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales en el sentido de que también debe considerarse práctica comercial desleal el comportamiento de un prestamista que concede repetidamente préstamos a un consumidor que no puede reembolsarlos, de modo que se crea una cadena de préstamos que el prestamista no desembolsa realmente al consumidor, sino que retiene, en cambio, para cubrir los préstamos anteriores y el coste total de los mismos? – B.4 ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva 2008/48 en materia de crédito al consumo»), (3) en relación con el décimo considerando de dicha Directiva, en el sentido de que no se opone a la aplicación de esta, incluso en el caso de un préstamo que presenta todas las características de un crédito al consumo, cuando no se haya acordado la finalidad del préstamo y el prestamista haya utilizado la totalidad del préstamo para cubrir las deudas derivadas de créditos al consumo anteriores, salvo una parte insignificante, y se haya acordado un derecho de garantía sobre un bien inmueble? – B.5 ¿Debe interpretarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, en el sentido de que se aplica también a un contrato de crédito al consumo cuando, en virtud de dicho contrato, una parte del préstamo concedido se destina a cubrir los gastos del prestamista?
2)

¿Resulta adecuado aplicar el criterio establecido en la sentencia Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), y confirmado en la sentencia Openbaar Ministerie (Independencia de la autoridad judicial de emisión), cuando una persona reclamada que pretende oponerse a su entrega no puede cumplir tal criterio debido a que no resulta posible determinar en ese momento la composición de los tribunales que le juzgarán en razón del modo arbitrario en que se asignan los asuntos?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Pfälzisches Oberlandesgericht (Alemania) el 24 de agosto de 2021 — MS / Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH

(Asunto C-522/21)

(2021/C 513/25)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Pfälzisches Oberlandesgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandada y recurrente en apelación: MS

Demandante y recurrida en apelación: Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales («Reglamento de base»), (1) en particular con su artículo 94, apartado 2, primera frase, el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, (2) en la medida en que dispone que, en las condiciones que señala, se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios mínima equivalente al cuádruple del importe cobrado por la licencia?

(1) DO 1994, L 227, p. 1.

(2) DO 1995, L 173, p. 14.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 16 de julio de 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

(Asunto C-434/21)

(2021/C 422/06)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Agenzia delle Entrate

Recurrida: Contship Italia SpA

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 18 TFUE (anteriormente artículo 12 TCE) y 49 TFUE (anteriormente artículo 43 TCE) a una normativa nacional que, como el artículo 30, apartado 1, punto 5, de la Ley n.o 724, de 23 de diciembre de 1994, en su versión, aplicable ratione temporis, anterior a las modificaciones introducidas por la Ley n.o 296, de 27 de diciembre de 2006, excluya del régimen dirigido a combatir las prácticas de elusión fiscal de las sociedades pantalla —basado en la fijación de estándares mínimos de ingresos y beneficios, en función del valor de determinados activos empresariales, cuyo incumplimiento constituye un indicio sintomático del carácter no operativo de la sociedad y conlleva la determinación de las rentas imponibles por vía de presunción— únicamente a las sociedades y entidades cuyos valores se negocian en mercados regulados italianos y no excluya de dicho régimen a las sociedades y entidades cuyos valores se negocian en mercados regulados extranjeros ni a las sociedades que, aun cuando sea indirectamente, controlan tales sociedades y entidades cotizadas o son controladas por estas?
—

¿Deben interpretarse las normas sobre el control de las operaciones de concentración establecidas en los Reglamentos n.os 4064/89 (1) y 139/2004 (2) en el sentido de que una operación de concentración realizada incumpliendo las obligaciones de notificación previa y de suspensión debe calificarse de concentración no notificada y, en caso afirmativo, cuáles son las consecuencias jurídicas de la falta de notificación en los actos jurídicos posteriores que se basan en esa primera concentración? En particular, ¿debe considerarse la concentración no notificada «incompatible» en el sentido de los Reglamentos n.os 4064/89 y 139/2004?
1.

¿Deben interpretarse los artículos 24 y 32 del Reglamento (UE) 2016/679 (1) en el sentido de que, cuando se ha producido una divulgación no autorizada o un acceso no autorizado a datos personales a efectos del artículo 4, punto 12, del Reglamento (UE) 2016/679 por personas que no son funcionarios de la administración del responsable del tratamiento y no están sometidas al control de este, basta considerar que las medidas técnicas y organizativas adoptadas no eran apropiadas?
10.

¿Debe interpretarse el mandato de un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos y se opone a la aplicación de disposiciones nacionales que establezcan que incumbe al solicitante de las medidas provisionales, que busca tutela judicial, pagar unas tasas a tanto alzado cuyo importe no puede conocer de antemano, pues, en el caso de un procedimiento de contratación no transparente para él, sin publicidad previa, por regla general el solicitante no puede saber si el poder adjudicador ha llevado a cabo procedimientos de contratación no transparentes ni cuántos ni el valor estimado de la contratación, ni cuántas decisiones de contratación impugnables por separado se han adoptado ya en los procedimientos de contratación no transparentes?
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el principio de primacía y el requisito de efectividad, en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición de Derecho nacional como el artículo 34, párrafo segundo, de la SFL, que establece un plazo de prescripción, si tal aplicación tiene como consecuencia que una parte de un procedimiento de apelación no pueda formular una objeción según la cual no existe un convenio arbitral válido dado que la cláusula compromisoria del artículo 26 del TCE o la propuesta de arbitraje conforme a este artículo son contrarias al Derecho de la Unión y, por consiguiente, resultan nulas o inaplicables?
C 182/27

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München (Alemania) el 28 de enero de 2021 — Phoenix Contact GmbH & Co. KG / HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y Harting Electric GmbH & Co. KG

(Asunto C-44/21)

(2021/C 182/40)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht München

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Demandadas: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE (1) que en el procedimiento de medidas provisionales los Oberlandesgerichte (Tribunales Superiores Regionales de lo Civil y Penal) que resuelven en última instancia denieguen, en principio, la adopción de medidas provisionales por violación de patentes cuando la patente controvertida aún no ha sido objeto de un procedimiento de oposición o nulidad en primera instancia en el que se haya confirmado su validez?

(1) Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45).
1.

En unas circunstancias como las del procedimiento principal, ¿debe interpretarse el artículo 168, letra a), en relación con el artículo 167 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que una sociedad holding de dirección que realiza operaciones por las que se repercute el IVA sujetas al impuesto para sus filiales tiene derecho a deducir el impuesto soportado también por las prestaciones obtenidas de terceros y cedidas a sus filiales a cambio de una participación en sus beneficios generales, aunque las prestaciones por las que se soporta el IVA obtenidas no guarden una relación directa e inmediata con las propias operaciones de la sociedad holding, sino con las actividades (en gran medida) exentas de sus filiales, no tengan incidencia en el precio de las operaciones sujetas al impuesto (y realizadas para las filiales) y no pertenezcan a los elementos de coste generales de la actividad económica propia de la sociedad holding?
C 110/24

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 18 de enero de 2021 — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Asunto C-33/21)

(2021/C 110/26)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Demandada: Ryanair DAC

Cuestión prejudicial

¿Puede interpretarse el concepto de «persona ocupada de forma preponderante en el territorio del Estado miembro en que resida», recogido en el artículo 14, punto 2, letra a), inciso ii), [del Reglamento n.o 1408/71, (1) en su versión modificada] de modo análogo al que —en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, jurisdiccional y de contratos individuales de trabajo [Reglamento (CE) n.o 44/2001 (2)]— el artículo 19, punto 2, letra a), [de este último Reglamento] define como el «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo», en el sector de la aviación y del personal de vuelo [Reglamento (CEE) n.o 3922/91 (3)], de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que figura en la motivación de la presente resolución?

(1) Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).

(2) Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

(3) Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (DO 1991, L 373, p. 4).
6)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, o de que el escrito de 27 de noviembre de 2019 ya no pueda ser impugnado en el marco del presente litigio, ¿debe considerarse la medida provisional adoptada sobre la base del artículo 27 del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 contraria a dicho Reglamento desde su origen o solo a partir de la notificación del referido escrito a la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios, o bien transcurrido un período razonable a partir de dicha notificación, destinado a permitir su derogación, habida cuenta asimismo de la incertidumbre en lo que se refiere al alcance de este escrito y de que la Comisión no respondió a la Agencia que manifestó su intención de «mantener, con carácter cautelar, la eficacia de su decisión de 13 de marzo de 2019, a la espera de que la Comisión adopte una decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) n.o 1223/2009»?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Polonia) el 21 de diciembre de 2020 — Municipio de Wieliszew / Administrador concursal del Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa con sede en Wołomin, en concurso de acreedores en fase de liquidación

(Asunto C-698/20)

(2021/C 182/36)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Municipio de Wieliszew

Demandada: Administrador concursal del Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa con sede en Wołomin, en concurso de acreedores en fase de liquidación

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999, (1) en particular, el artículo 2, punto 5, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 57, apartado 1, el artículo 70 y el artículo 80, y actualmente el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, (2) en particular, el artículo 2, punto 15, el artículo 37, apartado 1, el artículo 66, el artículo 67, apartado 1, el artículo 74, apartado 1, y el artículo 89, apartado 1, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que impide a una entidad que haya recibido fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea reclamar eficazmente en vía judicial la separación de esos fondos de la masa activa concursal cuando hayan sido desembolsados en una cuenta bancaria abierta en un banco ulteriormente declarado en concurso de acreedores, o a una normativa nacional que no contemple la separación de esos fondos de la masa activa de un banco en concurso de acreedores?

(1) DO 2006, L 210, p. 25.

(2) DO 2013, L 347, p. 320.
C 72/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 23 de noviembre de 2020 — Deutsche Lufthansa AG / PR, TV

(Asunto C-631/20)

(2021/C 72/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Deutsche Lufthansa AG

Recurridas: PR, TV

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1)?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 28/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) el 4 de noviembre de 2020 — NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Asunto C-578/20)

(2021/C 28/42)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: NM, NR, BA, XN, FA

Demandada: Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Cuestión prejudicial

¿Debe considerarse que una huelga de empleados de mantenimiento de aeronaves de una compañía aérea constituye una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) cuando la compañía aérea haya celebrado reuniones y negociaciones para intentar desconvocarla, sin haberlo logrado?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 — Declaración de la Comisión — DO 2004, L 46, p. 1.
C 28/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 19 de octubre de 2020 — CT / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-528/20)

(2021/C 28/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CT

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).