Palabras clave

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Palabras clave

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1. Cuestiones prejudiciales ° Sometimiento al Tribunal de Justicia ° Conformidad de la resolución de remisión con las normas procesales y de organización judicial del Derecho nacional ° Comprobación que no incumbe al Tribunal de Justicia

(Tratado CE, art. 177)

2. Ayudas otorgadas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Concesión de una ayuda infringiendo la prohibición establecida por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado ° Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales en caso de que paralelamente se haya presentado una denuncia ante la Comisión ° Salvaguarda íntegra de los derechos de los justiciables ° Posibilidad de consultar a la Comisión o de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia

(Tratado CE, arts. 5, 92, 93, aps. 2 y 3, y 177)

3. Ayudas otorgadas por los Estados ° Concepto ° Apoyo logístico y comercial prestado por una empresa pública a sus filiales de Derecho privado que ejercen una actividad abierta a la libre competencia ° Inclusión ° Requisito ° Retribución inferior a la exigida en condiciones normales de mercado

(Tratado CE, art. 92)

4. Ayudas otorgadas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Concesión de una ayuda infringiendo la prohibición establecida por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado ° Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de una solicitud de devolución

(Tratado CE, art. 93, ap. 3)

5. Ayudas otorgadas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Concesión de una ayuda infringiendo la prohibición establecida por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado ° Responsabilidad del beneficiario ° Falta de base con arreglo al Derecho comunitario ° Posible aplicación del Derecho nacional

(Tratado CE, art. 93, ap. 3)

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1. En el marco del procedimiento establecido en el artículo 177 del Tratado, al Tribunal de Justicia no le corresponde verificar si la resolución de remisión ha sido adoptada de acuerdo con las normas procesales y de organización del Derecho nacional. El Tribunal de Justicia debe atenerse a la resolución de remisión dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, siempre que no haya sido anulada en el marco de un recurso previsto, en su caso, por el Derecho nacional.

2. Un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una acción destinada a que deduzca las consecuencias derivadas de la infracción de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, cuando paralelamente se ha presentado una denuncia ante la Comisión y ésta no se ha pronunciado aún sobre la cuestión de si las medidas estatales controvertidas constituyen ayudas de Estado, no está obligado a declararse incompetente ni a suspender el procedimiento hasta que la Comisión defina su postura sobre la calificación de las medidas controvertidas.

En efecto, el hecho de que la Comisión inicie un procedimiento de examen preliminar con arreglo al apartado 3 del artículo 93, o el procedimiento de examen contradictorio previsto en el apartado 2 del artículo 93, no puede dispensar a los órganos jurisdiccionales nacionales de su obligación de salvaguardar los derechos de los justiciables en caso de incumplimiento de la obligación de notificación previa. Cualquier otra interpretación llevaría a favorecer la inobservancia por parte de los Estados miembros de la prohibición de que se trata, dado que la Comisión sólo puede ordenar la suspensión de los pagos adicionales mientras no haya adoptado su Decisión definitiva sobre el fondo, y el efecto útil del apartado 3 del artículo 93 del Tratado quedaría menoscabado si el sometimiento de asunto a la Comisión impidiera a los órganos jurisdiccionales nacionales sacar todas las consecuencias de la infracción de esta disposición.

En este contexto, con el fin de poder determinar si una medida de carácter estatal instaurada sin tener en cuenta el procedimiento de examen preliminar establecido por el apartado 3 del artículo 93 debía o no estar sujeta a él, un órgano jurisdiccional nacional puede verse obligado a interpretar y aplicar el concepto de ayuda. Si alberga dudas, puede solicitar aclaraciones a la Comisión, y ésta, en virtud de la obligación de cooperación leal derivada del artículo 5 del Tratado, deberá responder a la mayor brevedad posible. Además, el órgano jurisdiccional nacional puede o debe, con arreglo a los párrafos segundo y tercero del artículo 177 del Tratado, plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 92. En caso de consulta a la Comisión o de remisión prejudicial al Tribunal de Justicia, debe apreciar la necesidad de acordar medidas cautelares como la suspensión de las medidas controvertidas a fin de salvaguardar los intereses de las partes hasta que dicte una resolución definitiva.

3. El concepto de ayuda, en el sentido del artículo 92 del Tratado, comprende no sólo prestaciones positivas como las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos.

De ello se deduce que el hecho de que una empresa pública preste un apoyo logístico y comercial a sus filiales de Derecho privado que ejercen una actividad abierta a la libre competencia puede constituir una ayuda de Estado si la retribución percibida como contrapartida es inferior a la que se habría exigido en condiciones normales de mercado. En cuanto a este último requisito, incumbe al órgano jurisdiccional determinar la retribución normal por las prestaciones controvertidas, suponiendo tal apreciación un análisis económico que tenga en cuenta todos los factores que una empresa, actuando en condiciones normales de mercado, habría tenido que tomar en consideración en el momento de fijar la retribución por los servicios prestados.

4. Habida cuenta de la importancia que para el buen funcionamiento del mercado común reviste el respeto del procedimiento de control previo de los proyectos de ayudas de Estado previsto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, un órgano jurisdiccional nacional al que se le solicita que ordene la devolución de ayudas debe estimar esta pretensión si comprueba que dichas ayudas no han sido notificadas a la Comisión, a menos que, debido a circunstancias excepcionales, su devolución resulte inadecuada. Cualquier otra interpretación llevaría a favorecer la inobservancia por parte de los Estados miembros de la prohibición de ejecución de los proyectos de ayuda, ya que, en el supuesto de que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pudieran ordenar la suspensión de cualquier nuevo pago, las ayudas ya concedidas subsistirían hasta que recayera la Decisión definitiva de la Comisión por la que se declarase la incompatibilidad de la ayuda con el mercado común y se ordenase su devolución.

5. El hecho de que el beneficiario de una ayuda no compruebe si ésta ha sido notificada a la Comisión conforme al apartado 3 del artículo 93 del Tratado no puede generar su responsabilidad únicamente con arreglo al Derecho comunitario. En efecto, el mecanismo de control y de examen de las ayudas de Estado establecido por el artículo 93 del Tratado no impone ninguna obligación específica al beneficiario de la ayuda.

No obstante, si, con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad extracontractual, la aceptación por parte de un operador económico de un apoyo ilícito que pueda causar un perjuicio a otros operadores económicos puede generar, en determinadas circunstancias, su responsabilidad, el principio de no discriminación puede llevar al Juez nacional a estimar que el beneficiario de una ayuda de Estado abonada infringiendo la citada disposición comunitaria ha incurrido en dicha responsabilidad.