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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989. - EVAGELOS EXARCHOS CONTRA PARLAMENTO EUROPEO. - FUNCIONARIOS - - RECHAZO DE UNA CANDIDATURA A UN CONCURSO-OPOSICION. - ASUNTO 331/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 04185

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Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

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1. Funcionarios - Recursos - Plazo - Comienzo del plazo - Notificación - Concepto - Carga de la prueba de la notificación

(Estatuto de los funcionarios, art. 91, apartado 3)

2. Funcionarios - Selección - Aplicación del apartado 2 del artículo 29 del Estatuto - Obligación de publicación - Inexistencia

(Estatuto de los funcionarios, art. 29, apartado 2)

Índice

1. Si una decisión se considera debidamente notificada cuando se comunica a su destinatario y éste se halla en condiciones de conocer su contenido, incumbe a quien alega el carácter extemporáneo de un recurso, con respecto a los plazos establecidos por el artículo 91 del Estatuto, aportar la prueba de la fecha en la cual fue notificada la citada decisión (véase sentencia de 5 de junio de 1980, Belfiore contra Comisión, 108/79, Rec. 1980, p. 1769).

2. Los procedimientos de selección con arreglo al apartado 2 del artículo 29 del Estatuto, que autoriza a la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos para utilizar un procedimiento de selección distinto del concurso para los funcionarios de los grados A 1 y A 2 así como, en casos excepcionales, para puestos de trabajo que requieran una especial cualificación, no se hallan sujetos a ningún requisito de publicación (véase sentencia de 29 de octubre de 1975, Marenco y otros contra Comisión, asuntos acumulados 81 a 88/74, Rec. 1975, p. 1247).

Partes

En el asunto C-331/87,

Evangelos Adamou Exarchos, con domicilio en Larissa (Grecia), 14 odos 31 Augostou, representado por el Sr. Thrassivoulos I. Kavassidis, Abogado de Larissa, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Catherine Thill, 17, boulevard Royal,

parte demandante,

contra

Parlamento Europeo, representado por el Sr. Francesco Pasetti Bombardella, Jurisconsulto del Parlamento, asistido por el Sr. Manfred Peter, Jefe de División, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede del Parlamento Europeo, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación del procedimiento iniciado al objeto de cubrir un cargo de Director de la Dirección General de Personal, Presupuesto y Finanzas del Parlamento Europeo,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres. Sir Gordon Slynn, Presidente de Sala; R. Joliet y G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

1)Desestimar el recurso.

2)Declarar que cada parte cargará con sus propias costas.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 26 DE OCTUBRE DE 1989. - LESLIE BROWN CONTRA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCION PUBLICA - FUNCIONARIOS - NEGATIVA A CONCEDER UN EMOLUMENTO COMPLEMENTARIO. - ASUNTO 125/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 03489



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Palabras clave

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Funcionarios - Paso a una categoría superior - Clasificación en escalón - Normas aplicables - Normas relativas a la promoción - Concesión de un emolumento complementario destinado a evitar cualquier pérdida económica

(Estatuto de los funcionarios, art. 46)

Índice

La clasificación de escalón de un funcionario que haya accedido a una categoría superior debe establecerse basándose en los principios aplicables a la promoción, enunciados en el artículo 46 del Estatuto.

En el caso de que la clasificación de escalón implique una pérdida económica para el interesado, en el sentido de la citada disposición del Estatuto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos está obligada a conceder al funcionario afectado un complemento que compense la diferencia entre sus sueldos de base antiguo y nuevo.
ELECTROIMPEX Y OTROS / CONSEJO 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 
11 de julio de 1990* 
En el asunto C-157/87, 
Electroimpex, sociedad búlgara, con domicilio social en Sofía (Bulgaria), 
Sofbim, sociedad anónima francesa, con domicilio social en Argenteuil (Francia), 
Elprom-Verkaufs GmbH, sociedad alemana, con domicilio social en Borken 
(República Federal de Alemania), 
Elprom-Parma, sociedad italiana, con domicilio social en Parma (Italia), 
representadas por el Sr. Daniel Rouxel, Abogado de Versalles, que designan como 
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Marc Mackel, de la Fiduciaire Révi­
sion Montbrun, 11, boulevard Prince-Henri, 
partes demandantes, 
contra 
Consejo de las Comunidades Europeas, representado por los Sres. H.-J. Lambers, 
Director de su Servicio Jurídico, y E. Stein, Consejero Jurídico, en calidad de 
Agentes, asistidos por el Sr. Georges Vandersanden, Abogado de Bruselas, que 
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Jörg Käser, Director 
de la Dirección de asuntos jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, bou­
levard Konrad-Adenauer, 
parte demandada, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I - 3025 
SENTENCIA DE 11.7.1990 — ASUNTO C-157/87 
apoyada por 
Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique 
industrielle associée, con domicilio social en París, representado por los Sres Ivo 
Van Bael y Jean-François Bellis, Abogados de Bruselas, que designa como domici­
lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Freddy Brausch, Abogado, 8, rue Zithe, 
parte coadyuvante, 
que tiene por objeto un recurso de anulación del Reglamento (CEE) n° 864/87 
del Consejo, de 23 de marzo de 1987, por el que se establece un derecho antidum­
ping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos nor­
malizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW incluidos, originarios 
de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia 
y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los im­
portes garantizados en concepto de derecho provisional (DO L 83, p. 1), 
ËL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
integrado por Sir Gordon Slynn, Presidente de Sala, y por los Sres. M. Zuleeg, 
R. Joliét, J. C. Moitinho de Almeida y G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que ha sido interpuesto 
por la sociedad Elprom-Parma. 
2) Desestimar el recurso como infundado en todo lo demás. 
3) Condenar a las demandantes solidariamente en costas, incluidas las de la parte 
coadyuvante. 
I - 3026
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Palabras clave

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Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Ayuda para las semillas oleaginosas - Fijación anticipada - Suspensión - Requisito - Situación anormal del mercado - Mera posibilidad de que se produzca una situación anormal como consecuencia de un error material en la fijación de los tipos de conversión de la ayuda - Ilegalidad de la suspensión - Consecuencias

(Reglamento nº 1594/83 del Consejo, art. 8, apartado 1; Reglamentos nº 735/85 y nº 756/85 de la Comisión)

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En virtud de lo previsto en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento nº 1594/83 del Consejo, cuando se adoptó el Reglamento nº 756/85, por el que se suspende la fijación anticipada de la ayuda destinada a las semillas de colza, de nabina y de girasol, la Comisión sólo podía lícitamente suspender la fijación anticipada en el supuesto de que el mercado comunitario de las semillas oleaginosas estuviera, de hecho, en una situación anormal de desequilibrio. Ahora bien, un error material no constituye, por sí mismo, una situación anormal del tipo aludido, ni supone necesariamente el riesgo de que pudiera llegar a producirse. Por consiguiente, la existencia de un error material en la fijación de los tipos de conversión de la ayuda en el Reglamento nº 735/85, por el que se fija el importe de la ayuda para la transformación de semillas de girasol, del que no se derivaría otra cosa que la mera posibilidad de que pudiera llegar a producirse una situación anormal, no puede justificar la suspensión de la fijación anticipada de la ayuda. Así pues, el Reglamento nº 756/85 es inválido, en relación con lo previsto en el apartado 1 del artículo 8 del anteriormente citado Reglamento del Consejo.

Para el agente económico solicitante de la fijación anticipada, de conformidad con el Reglamento nº 735/85, la invalidez del Reglamento nº 756/85 origina el derecho al restablecimiento de la misma situación en que se encontraría si no se hubiera producido la aludida suspensión. Mientras no se declare la invalidez del Reglamento nº 735/85, por el que se fija el importe de la ayuda, la invalidez del Reglamento nº 756/85 origina para las autoridades nacionales la obligación de expedir al agente económico interesado, con efecto retroactivo, los certificados con fijación anticipada solicitados y de abonarle la ayuda de que se trata, con el importe fijado por el Reglamento nº 735/85.
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1. Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Prima por no comercialización de leche - Cesión de la explotación por el productor que había suscrito compromisos de no comercialización - Venta forzosa - Inclusión - No aceptación del compromiso por el adquirente - Caso de fuerza mayor - Inexistencia - Límites

(Reglamento nº 1078/77 del Consejo, art. 6, apartado 1; Reglamento nº 1391/78 de la Comisión, art. 9, apartado 4, y art. 12, modificado por el Reglamento nº 1799/79)

2. Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Prima por no comercialización de leche - Compromisos suscritos por el productor - Incumplimiento parcial - Consecuencia - Devolución íntegra de las primas abonadas

(Reglamento nº 1078/77 del Consejo, art. 6, apartado 1, y art. 11, apartado 1; Reglamento nº 1391/78 de la Comisión, art. 9, apartado 1)

Índice

1. El término "sucesor" que aparece en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento nº 1078/77, por el que se establece un régimen de primas por no comercialización de leche y de productos lácteos y por reconversión de ganado vacuno lechero, y el término "ceder" que aparece en el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 1391/78, aprobado para la aplicación del precedente, deben ser interpretados en el sentido de que contemplan igualmente el cambio de propietario de una explotación agrícola en el marco de una venta forzosa.

El cambio de propietario de una explotación agrícola en el caso de venta forzosa no constituye un caso de fuerza mayor en el sentido del artículo 12 del Reglamento nº 1391/78, modificado por el artículo 1 del Reglamento nº 1799/79, a menos que la venta forzosa de la explotación sea consecuencia de un acontecimiento excepcional e independiente de la voluntad del empresario y por ello constituya para él una circunstancia imprevisible e inevitable.

2. El apartado 1 del artículo 6 y el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento nº 1078/77, así como el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento nº 1391/78 deben interpretarse en el sentido de que en caso de incumplimiento parcial de los compromisos derivados del régimen de primas por no comercialización de leche, el importe de las primas abonadas debe ser enteramente reintegrado.
Asunto 55/86

Asociación provincial de armadores de buques de pesca de Gran Sol de Pontevedra (Arposol)

contra

Consejo de las Comunidades Europeas

«Admisibilidad — Reglamento por el que se sanciona la infracción de las disposiciones del Acta de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas en materia de pesca»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. Jean Mischo presentadas el 28 de octubre de 1987 18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de enero de 1988 22

Sumario de la sentencia

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afecten directa e individualmente — Reglamento por el que se establece un sistema de sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones del Acta de adhesión de España y Portugal en materia de pesca — Sanciones impuestas por las autoridades nacionales con la aprobación de la Comisión — Reglamento que no afecta directamente a los armadores agrupados en una asociación

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 2; Reglamento del Consejo n° 3781/85)

El Reglamento n° 3781/85, por el que se establecen las medidas que deben adoptarse respecto de los operadores que no respeten determinadas disposiciones relativas a las actividades de pesca previstas por el Acta de adhesión de España y Portugal, no afecta directamente a una asociación que agrupa a armadores de buques de pesca, puesto que los miembros de la misma sólo pueden quedar afectados, si el mecanismo sancionador establecido por dicho Reglamento les es aplicado, por una decisión nacional —la denegación de la inscripción en la lista de los buques autorizados a practicar determinadas actividades pesqueras—, que no se adoptará más que en el caso de que se reúnan varias condiciones y en la medida en que esta decisión sea aprobada por la Comisión.
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Palabras clave

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1. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Diferencia de trato en favor de los productos importados - Admisibilidad

(Tratado CEE, artículo 30)

2. Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Aplicación por un Estado miembro únicamente a los productos nacionales de las obligaciones que son consecuencia de una directiva de armonización - Discriminación que no pueden invocar los operadores económicos - Obligación de actuar de la Comisión

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1. El artículo 30 del Tratado tiene la finalidad de eliminar las trabas a la importación de mercancías y no la de asegurar que las mercancías de origen nacional se beneficien, en todos los casos, del mismo trato que las mercancías importadas; una diferencia de trato entre mercancías que no constituye un obstáculo para la importación ni perjudique la comercialización de las mercancías importadas no cae dentro de la prohibición establecida por este artículo.

2. Un trato desfavorable de los productos de fabricación nacional con relación a los productos importados, llevado a cabo por un Estado miembro en un sector no sometido a una normativa comunitaria o a una armonización de las legislaciones nacionales, no cae dentro del campo de aplicación del Derecho comunitario. Por el contrario, cuando una directiva de armonización crea obligaciones aplicables al conjunto de los productos comercializados en la Comunidad, el hecho de que una normativa nacional no haga recaer dichas obligaciones más que sobre los productos nacionales con exclusión de los importados de otros Estados miembros, crea, en perjuicio de determinados operadores económicos, una discriminación contraria al Derecho comunitario. Tal situación no podría, sin embargo, legitimar a estos operadores para solicitar su liberación de tales obligaciones derivadas de la directiva. Es a la Comisión a quien corresponde velar para que las autoridades nacionales pongan fin a esta situación, mediante la extensión del campo de aplicación de la normativa nacional a la totalidad de los productos mencionados por la directiva.
1.

El actor alega como único motivo la violación del artículo 4, apartado 1, letra b), del Anexo VII del Estatuto. En primer lugar, explica los datos sobre su residencia permanente contenidos en el formulario de candidatura en el sentido de que se podía tomar contacto con él en todo momento en el domicilio de su madre en Luxemburgo. Sin embargo, en el momento de presentar su candidatura residía en Germersheim, donde había pagado el alquiler de su apartamento hasta abril de 1984 y donde era beneficiario de un seguro de enfermedad de una mutua estudiantil alemana. Según el actor, escasas veces había vuelto a Luxemburgo desde el principio de sus estudios. Su estancia en Alemania desde octubre de 1977 le había integrado totalmente en dicho país. Por lo tanto, tuvo que cambiar de residencia para presentarse en su lugar de destino. Por lo que respecta a su período de formación en Luxemburgo, el demandante considera que esos seis meses no bastan para interrumpir, a tenor de la norma invocada, su estancia en Alemania. Además, durante sus estudios en Estrasburgo y su vida profesional en Germersheim, no había estado vinculado a Luxemburgo. El certificado de residencia (Aufenthaltsbescheinigung) librado por la administración municipal de Germersheim manifiesta sin lugar a dudas que la estancia del demandante en dicha población había sido ininterrumpida. Dicho certificado es, según el demandante, una prueba suficiente de que su residencia habitual estaba fuera de Luxemburgo. Por el contrario, el certificado de antecedentes penales luxemburgués no tiene valor probatorio sobre su residencia permanente.
25

El Gobierno belga alega que la Comisión no le ha revelado la identidad de las partes que, según la Decisión impugnada, comparten sus preocupaciones, ni el contenido de las reclamaciones que le han sometido dichas partes, por lo que dicho Gobierno no pudo preparar eficazmente su defensa. Considera que dicho comportamiento de la Comisión constituye un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 173 del Tratado. El Gobierno belga niega que la obligación de no divulgar los datos de las empresas en cuestión implique que deba mantenerse secreto todo el contenido del procedimiento administrativo. Sería paradójico que el Estado miembro afectado por un procedimiento del artículo 93 del Tratado, recibiera menos información que un tercer país objeto de un procedimiento antisubvención al amparo del Reglamento n° 2176/84 de la Comisión, de 23 de julio de 1984 (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3).
1

Mediante resolución de 25 de abril de 1985, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo siguiente, el Verwaltungsgericht de Frankfurt am Main planteó, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las carnes de bovino (DO L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157); de los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Reglamento no 1071/68 de la Comisión, de 25 de julio de 1968, por el que se establecen las modalidades de aplicación del otorgamiento de ayudas al almacenamiento privado en el sector de la carne de bovino (DO L 180, p. 19), y del artículo 5 del Reglamento no 2778/74 de la Comisión, de 31 de octubre de 1974, que prevé el otorgamiento de una ayuda al almacenamiento privado, fijada anteriormente a tanto alzado, en el sector de la carne de bovino (DO L 294, p. 73).
9

Por el contrario, los actos jurídicos o comerciales que, por más que no estén directamente ligados al transporte de los productos, mantengan el destino de estos productos y no sean capaces de afectar su origen, no van en contra de la regla del transporte directo establecido por la disposición de que tratamos. En efecto, una transacción comercial, tal como una nueva facturación de la mercancía cuando se encuentra bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito, no puede por sí sola tener consecuencias respecto al destino de los productos o respecto a su origen. Esta conclusión está amparada por el hecho de que conforme al artículo 5, apartado 2, del protocolo n° 2, la prueba de que se reúnen las condiciones contempladas en el apartado 1 la proporcionaron documentos que no tienen ninguna relación con las transacciones comerciales en el curso del transporte.
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Libre circulación de mercancías - Excepciones - Protección de la salud pública - Normativa nacional relativa a la producción y a la comercialización de productos lácteos pasteurizados - Admisibilidad - Prohibición total de importar - Carácter desproporcionado - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, arts. 30 y 36)

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Aunque, habida cuenta de los riesgos que pueden implicar para la salud pública los productos lácteos pasteurizados, cualquier Estado miembro puede imponer legítimamente requisitos estrictos referidos a la totalidad del ciclo de producción y comercialización de dichos productos, el Estado de que se trate deberá cumplir la obligación, que le impone el Derecho comunitario, de limitar las restricciones al comercio intracomunitario a lo que estrictamente resulte necesario para la protección de la salud y vida de las personas.

A este respecto, reviste un carácter desproporcionado en relación con los objetivos perseguidos una normativa que prohíba de manera general y absoluta toda importación de los productos de que se trata, basándose en que, en cualquier caso, éstos no podrían cumplir los requisitos nacionales exigidos en materia de policía sanitaria. En efecto, no existiendo normas comunes en vigor, los referidos objetivos pueden alcanzarse mediante una normativa que someta los productos importados de los restantes Estados miembros al cumplimiento de los requisitos vigentes en el ámbito nacional, de manera que a los productores de dichos Estados no se les disuada anticipadamente de decidir exportar, realizando las adaptaciones necesarias, y que tengan la posibilidad de probar que sus productos se ajustan a los requisitos exigidos.
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1. Agricultura - Organización común de mercados - Certificados de exportación - Régimen de fianzas - Régimen especial por el que se autoriza la devolución anticipada de la fianza - Exportación no efectuada dentro del plazo previsto - Sanción - Nueva prestación de la fianza - Carácter penal - Inexistencia

((Reglamento nº 3183/80 de la Comisión, art. 38, apartado 1, letra c), y art. 42, apartados 1 y 3))

2. Agricultura - Organización común de mercados - Régimen de fianzas - Obligación de prestar, en una operación de exportación, varias fianzas correspondientes a diferentes riesgos - Realización simultánea de los diversos riesgos cubiertos - Pérdida acumulativa de las fianzas - Principio de proporcionalidad - Violación - Inexistencia

((Reglamento nº 565/80 del Consejo, art. 6; Reglamento nº 3183/80 de la Comisión, art. 38, apartado 1, letra c) ))

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1. Cuando una norma comunitaria prescribe, como hace el segundo guión de la letra c) del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento nº 3183/80, que una fianza, destinada a garantizar el cumplimiento, por parte del titular de un certificado de exportación, de su compromiso de exportar dentro de un plazo determinado, que ha sido devuelta, con arreglo a un régimen especial, a petición del exportador, antes de que se realice efectivamente la exportación, debe volver a prestarse cuando dicho plazo no ha sido observado, la nueva prestación deja de ser una garantía para convertirse en una sanción en el momento en que no se cumple el compromiso ni puede ya cumplirse.

No obstante, esa sanción, que tiene la misma finalidad que la propia fianza y cuyo único efecto es volver a colocar al exportador que no ha cumplido su compromiso en la situación en que se habría encontrado si no hubiese optado libremente por una devolución anticipada de la fianza, es parte integrante del sistema de fianzas y no tiene carácter penal.

2. La pérdida definitiva de dos fianzas relativas a una misma operación de exportación, pero que tienen objetivos diferentes, ya que una de ellas garantiza el reembolso de la restitución a la exportación pagada por anticipado en caso de que la exportación tenga lugar, y la otra está destinada a garantizar el compromiso de exportar durante el período de validez del certificado de exportación, aun cuando dicha pérdida se produzca por el mismo motivo, no puede considerarse desproporcionada en caso de que se realicen los diferentes riesgos para los que se prestaron esas fianzas.