Palabras clave

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Palabras clave

1. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario

(Art. 288 CE, párr. 2)

2. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Adjudicación de los contratos - Criterios de adjudicación - Elección por la entidad adjudicadora - Límite - Aplicación de criterios que permitan identificar la oferta económicamente más ventajosa - Procedencia de criterios no exclusivamente cuantitativos

[Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 30, aps. 1, letra b), y 2]

3. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Adjudicación de los contratos - Ofertas anormalmente bajas - Obligación de la entidad adjudicadora de examinar la fiabilidad de las ofertas - Alcance

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 30, ap. 4)

4. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión, en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras, de descartar una oferta

(Art. 253 CE; Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 8, ap. 1)

5. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión, en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras, de descartar una oferta - Apreciación de los elementos de información de que disponía la demandante en el momento de interposición del recurso

(Art. 253 CE; Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 8, ap. 1)

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1. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, en virtud del artículo 288 CE, párrafo segundo, es preciso que se cumplan una serie de requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento que se imputa a las instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento imputado y el perjuicio invocado. En cuanto al primer requisito, la jurisprudencia exige que se acredite una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. Cuando una institución dispone de un margen de apreciación, el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho comunitario está suficientemente caracterizada es el de la inobservancia manifiesta y grave, por parte de una institución, de los límites impuestos a su facultad de apreciación.

( véanse los apartados 60 y 63 )

2. El artículo 30, apartado 2, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, deja a la entidad adjudicadora la elección de los criterios de adjudicación del contrato que pretende aplicar siempre que los criterios escogidos tengan por objeto identificar la oferta económicamente más ventajosa. En efecto, la entidad adjudicadora debe poder adoptar una decisión discrecional sobre la base de criterios cualitativos y cuantitativos que varían en función del contrato con el fin de determinar la oferta económicamente más ventajosa. No obstante, el artículo 30, apartado 1, letra b), de la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los criterios de atribución aplicados por la entidad adjudicadora con el objeto de identificar la oferta económicamente más ventajosa deba ser necesariamente de naturaleza cuantitativa o estar exclusivamente relacionado con los precios o las tarifas del presupuesto recapitulativo. En efecto, diversos factores que no son meramente cuantitativos pueden influir en la ejecución de las obras y, por consiguiente, en el valor económico de una oferta.

( véanse los apartados 66 y 68 )

3. Si bien la entidad adjudicadora no está obligada, con arreglo al artículo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, a comprobar cada precio indicado en cada una de las ofertas, debe, no obstante, examinar la fiabilidad y la seriedad de las ofertas que le parezcan sospechosas en términos generales, lo que implica necesariamente que solicite, en su caso, las precisiones respecto de los precios individuales que le parezcan sospechosos, a fortiori cuando son muchos. Además, el hecho de que se considere que la oferta de la demandante se ajustaba al pliego de cláusulas administrativas particulares no libera a la entidad adjudicadora de su obligación de comprobar los precios de una oferta si en el transcurso del examen de las ofertas y después de la evaluación inicial de su conformidad surgen dudas sobre su fiabilidad. Así, la entidad adjudicadora cumple con las exigencias del procedimiento establecido en el artículo 30, apartado 4, antes citado, al permitir en varias ocasiones que una empresa licitadora demuestre la seriedad de su oferta.

( véanse los apartados 76 y 77 )

4. Se desprende del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, aplicable, en virtud del artículo 56 del Reglamento financiero, a los contratos adjudicados por las instituciones comunitarias cuando el valor del contrato sobrepase el umbral previsto en dicha Directiva, que una institución cumple su obligación de motivación si se limita a informar inmediatamente a los licitadores descartados del rechazo de su oferta mediante una mera comunicación no motivada y, a continuación, transmite a los licitadores que lo soliciten expresamente las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario, en un plazo de quince días contados desde la recepción de una solicitud escrita.

Este proceder cumple la finalidad de la obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE, según la cual debe mostrarse de forma clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto por un lado, para permitir a los interesados conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otro lado, permitir al juez ejercer su control. El carácter suficiente de la motivación no queda desvirtuado por el hecho de que la institución facilite posteriormente una explicación más detallada.

( véanse los apartados 92, 93 y 96 )

5. El cumplimiento de la obligación de motivación prevista en el artículo 253 CE debe apreciarse en función de la información de que disponga el demandante en el momento de interponer un recurso. Si, en el marco de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, el licitador no seleccionado pide a la institución afectada explicaciones complementarias en relación con una decisión por la que se rechaza su oferta antes de formular un recurso, pero después de la fecha prevista en el artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva, y recibe estas explicaciones, no puede solicitar al Tribunal de Primera Instancia que no las tenga en cuenta en el momento de examinar la suficiencia de la motivación entendiéndose, sin embargo, que la institución no puede sustituir la motivación inicial por una completamente nueva.

( véase el apartado 96 )