SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 26 de enero de 1995

Asunto T-60/94

Myriam Pierrat

contra

Tribunal de Justícia de las Comunidades Europeas

«Agentes temporales — Selección de lectores de sentencias — Procedimiento de selección — Desestimación de una candidatura — Obligación de motivación»

Texto completo en lengua francesa II-77

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de las decisiones del Tribunal de Justicia de, por una parte, conferir en favor de la Sra. B. nombramiento como lectora de sentencias y, por otra, desestimar la candidatura de la demandante para un puesto de lector de sentencias, así como el reconocimiento simbólico en favor de la demandante de 1 ECU como resarcimiento del perjuicio moral que alega haber sufrido.

Resultado:

Anulación, con desestimación del recurso en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El 15 de junio de 1992, el Comité administrativo del Tribunal de Justicia (Comité administrativo), decidió, con vistas a la provisión de dos puestos de lector de sentencias, convocar dos procedimientos de selección paralelos: un procedimiento«restringido» de publicación de una convocatoria para proveer plaza vacante y un procedimiento «abierto».

La convocatoria para proveer plaza vacante suscitó la candidatura de cuatro funcionarios y de tres agentes temporales, entre ellos, la Sra. B. En cuanto al procedimiento paralelo, se registraron veintiocho solicitudes externas de participación, entre ellas la de la demandante y la del Sr. W.

El 28 de septiembre de 1992, el Comité administrativo nombró un Comité de selección que había de examinar las solicitudes y «llevar a cabo la selección con arreglo a los expedientes, y luego mediante pruebas y/o entrevistas». El 25 de enero de 1993, el Comité de selección presentó su informe. Según éste, se autorizaba a dieciocho aspirantes, entre ellos la Sra. B., la demandante y el Sr. W., a participar en la fase siguiente del procedimiento. De los dieciocho candidatos, diez culminaron las pruebas escritas. En el primer ejercicio escrito, el Comité de selección no concedió a ninguno de los aspirantes una nota igual o superior al 50 % de los puntos correspondientes a dicho ejercicio. Sin embargo, mediante compensación con las notas obtenidas en el segundo ejercicio escrito, el Comité de selección dio paso a la prueba oral a cinco aspirantes, entre ellos, la demandante y el Sr. W., eliminando a los cinco restantes, entre ellos, la Sra. B. Finalizada la prueba oral, se aceptaron cinco candidaturas y se clasificaron por orden de méritos: el Sr. W. y la demandante aparecían respectivamente en primer y quinto lugar.

Mediante nota de 25 de enero de 1993, la División de Personal trasladó el informe del Comité de selección al Comité administrativo. El 15 de febrero de 1993, dicho Comité remitió el expediente a la reunión administrativa de Jueces y Abogados Generales. Tras encargar que se distribuyeran a todos los miembros de la Institución los expedientes personales de todos los aspirantes, con copia de las pruebas escritas y descripción de los criterios aplicados en las pruebas orales organizadas por el Comité de selección, el Tribunal de Justicia, en reunión administrativa de 26 de abril de 1993, decidió, mediante votación secreta, proponer la contratación como agentes temporales de la Sra. B. y del Sr. W., cuyo nombramiento se produjo por decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de mayo de 1993.

Mediante escrito de 8 de junio de 1993, el Jefe de la División de Personal de la Institución demandada comunicó a la demandante que el procedimiento de selección en el que había participado había concluido y que la Sra. B. había sido contratada como lector de sentencias. Mediante escrito de 7 de julio de 1993, la demandante interpuso reclamación contra la decisión de nombramiento de la Sra. B. para el puesto de lector de sentencias. Dicha reclamación fue desestimada.

I. En cuanto a las pretensiones de anulación

El Tribunal de Primera Instancia examina, en primer lugar, la cuestión de si la motivación es suficiente, ya que el Juez comunitario está obligado a comprobar de oficio si se cumplió la obligación de motivar las decisiones lesivas para el interesado, como las dos decisiones impugnadas en el presente asunto (apartado 25).

Referencia: Tribunal de Justicia, 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad (18/57, Rec. pp. 89 y ss., especialmente p. 115); Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunalde Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartado 128

En cuanto al motivo basado en insuficiencia de motivación

En el caso de decisiones que, como en el presente asunto, impliquen una opción entre varios aspirantes, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) está sujeta a una obligación de motivación, al menos en la fase de desestimación de la reclamación interpuesta por un aspirante eliminado contra la decisión por la que se desestime su candidatura y/o contra aquella por la que se otorgue nombramiento a otro aspirante. Esta obligación de motivar tiene al mismo tiempo la finalidad de permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de las decisiones impugnadas y proporcionar al interesado una indicación suficiente para saber si dichas decisiones son conformes a Derecho o si adolecen de un vicio que permita impugnar su legalidad. Por último, el alcance de la obligación de motivar debe apreciarse, en cada caso, en función de las circunstancias concretas (apartados 30 a 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión (asuntos acumulados 33/79 y 75/79, Rec. p. 1677), apartado 15; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1983, Nebe/Comisión (176/82, Rec. p. 2475), apartado 21; Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Tribunal de Justicia, 13 de diciembrede 1989, Prelle/Comisión(C-169/88, Rec. p. 4335), apartado 9; Tribunal de Justicia, 9 de diciembrede 1993, Parlamento/Volger(C-115/92P, Rec. p. I-6549), apartados22 y 23; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. II-201), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Mancini/Comisión(T-508/93, RecFP p. II-761), apartado 36

El Comité administrativo confió al Comité de selección una función meramente consultiva. Por lo tanto, los resultados de sus deliberaciones no podían vincular a la AFPN, quien tenía, por consiguiente, la facultad de no seguirlos. Por otra parte, las disposiciones del Estatuto relativas a los tribunales calificadores de los concursos no se aplican a un Comité de selección, no previsto por el Estatuto, cuyas funciones consultivas no son similares a las de un tribunal calificador. Sin embargo, en materia de promoción, en el marco del artículo 45 del Estatuto, desde el momento en que una Institución crea en su seno un Comité consultivo no establecido por el Estatuto, con objeto de disponer, con vistas al nombramiento para determinados puestos, de un dictamen relativo a las capacidades y a las aptitudes de los candidatos, en relación con las cualificaciones exigidas, esta medida tiene como finalidad garantizar a dicha Institución, en su condición de AFPN, una base más adecuada para proceder al examen comparativo de los méritos de los candidatos y, aunque dicho Comité tenga carácter meramente consultivo, su dictamen forma parte, por consiguiente, de los elementos en los que la Institución funda su propia apreciación de los candidatos. La AFPN está obligada a tener en cuenta la lista de candidatos considerados aptos por un Comité consultivo y es especialmente necesaria una motivación en el caso en el que la AFPN considere que debe separarse totalmente de las propuestas que figuran en el dictamen del Comité consultivo (apartados 34 y 35).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión(282/81, Rec. p. 1245), apartado 20; Tribunal de Justicia, 9 de julio de 1987, Hochbaum y Rawes/Comisión (asuntos acumulados 44/85, 77/85, 294/85 y 295/85, Rec. p. 3259), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992, Schönherr/CES (T-25/90, Rec. p. II-63), apartados 27 a 29

Esta jurisprudencia es también aplicable a la selección de agentes temporales, dado que se trata también en este caso de una opción comparativa entre varios aspirantes y que la creación del Comité de selección también tuvo por finalidad proporcionar a la AFPN una base de apreciación tan amplia como fuera posible para efectuar dicha opción (apartado 36).

En el presente caso la AFPN, al conferir nombramiento a la Sra. B., lo hizo a una aspirante que no se encontraba en la lista de las cinco personas consideradas aptas que había elaborado el Comité de selección al término de sus trabajos. Al separarse así, totalmente, de las propuestas de dicho Comité, la AFPN tenía, por consiguiente, la obligación de motivar su decisión de manera específica y no podía limitarse a una motivación general o a invocar la regularidad del procedimiento seguido (apartado 38).

El Tribunal de Primera Instancia hace constar que la AFPN no ha efectuado una motivación específica de este tipo ni en la fase administrativa del procedimiento ni en el marco del proceso jurisdiccional, y declaró en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia que era «difícil, para la parte demandada, desvelar el secreto de la deliberación del Tribunal de Justicia y de la reunión administrativa» debido al «carácter secreto y confidencial de los debates internos». Según ella, esta es «la única explicación» que puede darse (apartado 54).

En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia señala que la insuficiencia de motivación no le permite ejercer, en el presente caso, su control jurisdiccional de la legalidad de las decisiones impugnadas, y ello desde la doble perspectiva de una violación del principio general de igualdad de trato y de una infracción del artículo 12 del Régimen Aplicable a los Otros Agentes. Al carecer de datos suficientes sobre la valoración concreta que la AFPN hizo sobre el valor de los trabajos del Comité de selección, en particular sobre las razones específicas por las que dicha autoridad se apartó de ellos, el Tribunal de Primera Instancia no puede comprobar si la diferencia de trato dispensada por la AFPN a la demandante — cuya candidatura no fue aceptada, a pesar de haber superado las pruebas selectivas — por una parte, y a la Sra. B. — cuya candidatura fue aceptada, a pesar de haber fracasado en dichas pruebas-, por otra parte, está objetivamente justificada (apartados 58 y 59).

II. En cuanto a las pretcnsiones de indemnización

La anulación de un acto impugnado puede constituir por sí sola una reparación adecuada y, en principio, suficiente de cualquier perjuicio moral que la parte demandante pueda haber sufrido. En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia señala que las decisiones impugnadas no implicaron ninguna apreciación explícitamente negativa de las aptitudes de la demandante que pudiera infringirle un daño. Por consiguiente, la anulación de las decisiones impugnadas constituye por sí sola una reparación adecuada del perjuicio moral sufrido por la demandante; sus pretensiones relativas a la condena de la parte demandada a abonarle 1 ECU simbólico carecen, por lo tanto, de objeto (apartado 62).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartados 25 a 29; Tribunal de Primera Instancia, 20 de septiembre de 1990, Hanning/Parlamento(T-37/89, Rec. p. II-463), apartado 83

Fallo:

1) Se anulan la decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de mayo de 1993, por la que se confiere nombramiento como lector de sentencias a la Sra. B., y la decisión, comunicada a la demandante mediante escrito de 8 de junio de 1993, de no aceptar su candidatura a un puesto de lector de sentencias.