Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/86 excluya expresamente de su ámbito de aplicación las situaciones como las que son objeto del litigio principal.

El Tribunal de Justicia es competente, de acuerdo con el artículo 267 TFUE, para interpretar lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva 2003/86 del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, en situaciones como las examinadas en el litigio principal, en las que el órgano jurisdiccional remitente debe pronunciarse sobre la concesión de un permiso de residencia autónomo a un nacional de un tercer país, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión Europea que no ha ejercido su derecho de libre circulación, cuando el Derecho nacional ha declarado esa disposición aplicable a tales situaciones de manera directa e incondicional.

El artículo 15, apartados 1 y 4, de la Directiva 2003/86, no se opone a una normativa nacional que permite denegar una solicitud de permiso de residencia autónomo, presentada por un nacional de un tercer país que ha residido más de cinco años en el territorio de un Estado miembro por razones de reagrupación familiar, por no justificar haber superado un examen de integración cívica sobre la lengua y la sociedad de dicho Estado miembro, siempre que las disposiciones concretas que regulan la obligación de aprobar ese examen no excedan de lo necesario para lograr el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países.

Se desprende de la interpretación conjunta de estos dos preceptos que, si bien la expedición de un permiso de residencia autónomo es, en principio, un derecho reconocido al cumplirse un período de cinco años en el territorio de un Estado miembro por razones de reagrupación familiar, el legislador de la Unión ha autorizado no obstante a los Estados miembros a supeditar la concesión de ese documento a determinados requisitos que ellos deben establecer.

Sin embargo, dado que la concesión de un permiso autónomo al término del período mencionado en el artículo 15, apartado 1, de esta Directiva, es la regla general, el margen de apreciación reconocido a los Estados miembros por el artículo 15, apartado 4, de la Directiva no puede utilizarse de manera que menoscabe el objetivo de este precepto, que es, como pone de relieve el considerando 15 de la misma Directiva, permitir a los miembros de la familia del reagrupante acceder a un estatuto independiente de este, ni el efecto útil de dicho artículo (véase, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartado 50).

Por lo tanto, los requisitos adicionales a los que un Estado miembro supedita la concesión de un permiso de residencia autónomo no pueden exigirse hasta el punto de que supongan un obstáculo difícilmente superable, que impida en la práctica a los nacionales de terceros países mencionados en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2003/86 obtener normalmente un permiso de este tipo al cumplirse el plazo señalado en dicho precepto (véase, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartado 59).

Ello implica, en particular, que los conocimientos exigidos para aprobar el examen de integración cívica correspondan a un nivel elemental, que el requisito impuesto por la normativa nacional no conduzca a impedir la concesión de un permiso de residencia autónomo a los nacionales de terceros países que hayan probado su voluntad de superar dicho examen y de los esfuerzos realizados para ello, que las circunstancias individuales particulares sean debidamente tomadas en consideración y que las tasas por el citado examen no sean excesivas (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartados 54 a 70).

A este respecto, debe ponerse de relieve, en especial, que circunstancias individuales, como la edad, el nivel educativo, la situación económica o la salud de los miembros concretos de la familia del reagrupante, pueden justificar que las autoridades competentes no supediten la concesión de un permiso de residencia autónomo a que superen un examen de integración cívica cuando, a causa de esas circunstancias, resulte que están incapacitados para realizarlo o para superarlo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartado 58).

(véanse los apartados 48, 51, 52 y 63 a 65 y el punto 2 del fallo)