SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 26 de octubre de 1994

Asunto T-18/93

Antonio Marcato

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Admisibilidad — Informe de calificación definitivo — Retraso en la redacción — Promoción — Negativa a incluir en la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos — Recurso de responsabilidad — Perjuicio material — Perjuicio moral»

Texto completo en lengua francesa II-681

Objeto:

Recurso por el que se solicita: — La anulación del informe de calificación del demandante, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1985 y el 30 de junio de 1987, en la forma en que quedó redactado definitivamente el 24 de abril de 1992 por el calificador de alzada. — La reparación de los perjuicios material y moral que alega el demandante.

Resultado:

Condena de la Comisión a reparar el perjuicio moral irrogado al demandante y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de grado B 3, actualmente jubilado, impugnó su informe de calificación correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1985 y el 30 de junio de 1987 y solicitó la intervención del calificador de alzada y, después, el dictamen del Comité Paritario de Calificación (CPN). Aun cuando no compartía el criterio negativo manifestado por el demandante acerca de su informe de calificación, el CPN instó al calificador de alzada a revisar dicho informe, y el informe «definitivo» fue aprobado el 10 de junio de 1991.

El 31 de julio de 1991, el demandante presentó una primera reclamación contra el informe definitivo, que fue objeto de un nuevo dictamen favorable del CPN, el 9 de diciembre de 1991. Esta reclamación fue estimada por el Director General de Personal y Administración, y el nuevo informe de calificación definitivo, que sustituyó al anterior, fue aprobado el 24 de abril de 1992.

El 13 de julio de 1992, el demandante presentó una segunda reclamación contra esta última decisión por la que se aprobaba la calificación de alzada y el informe de calificación definitivo considerado como insuficientemente motivado y que no se ajustaba a las recomendaciones del CPN.

El 8 de octubre de 1992, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, sin haberse pronunciado sobre la reclamación presentada el 13 de julio de 1992, decidió que el nombre del demandante no debía figurar en la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos para lograr una promoción al grado B 2, durante el ejercicio de 1988. Dicha decisión fue objeto de una reclamación formulada por el demandante el 3 de febrero de 1993, que fue denegada.

Entretanto, el demandante había recibido, el 6 de noviembre de 1992, copia de una nota del Presidente del CPN en la cual se le informaba de que el Comité entendía que la calificación de alzada no había tenido enteramente en cuenta sus dictámenes, por lo cual su reclamación estaba fundada. Esta reclamación fue denegada mediante decisión de 18 de diciembre de 1992, que fue notificada al demandante el 2 de febrero de 1993.

El 3 de febrero de 1993, el demandante presentó una tercera reclamación contra la decisión de 8 de octubre de 1992, antes citada, que había sido adoptada de acuerdo con un expediente incompleto, ya que el informe de calificación correspondiente al período comprendido entre 1985 y 1987 seguía siendo objeto de un procedimiento de impugnación. El demandante no interpuso recurso alguno contra la decisión denegatoria de esta tercera reclamación.

I. Sobre las pretensiones de anulación del informe de calificación de 24 de abril de 1992

1. Sobre la admisibilidad

Este Tribunal de Primera Instancia considera, en primer lugar, que debe declararse la admisibilidad de las pretensiones de anulación, ya que un informe de calificación constituye un acto que puede resultar lesivo. En segundo lugar, la Comisión no puede alegar fundadamente que el demandante no tiene interés para ejercitar la acción, dado que, en cualquier caso, no habría sido incluido en la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos para lograr una promoción aun cuando el Comité de Promoción se hubiera hallado en posesión de un informe de calificación diferente, que tuviera en cuenta los dictámenes emitidos por el CPN, o incluso faltando todo informe de calificación. Efectivamente, ninguna circunstancia autoriza a la Comisión para prejuzgar de esta forma el dictamen que habría emitido el Comité de Promoción, si hubiera dispuesto de un informe de calificación distinto. Por otra parte, de ninguno de los documentos que acompañan a los autos se desprende que el demandante, de cualquier forma, no debiera figurar en la lista de los funcionarios considerados con mayores méritos. En tercer lugar, la circunstancia de que el demandante no interpusiera un recurso con objeto de anular la decisión de la Comisión, por la que se deniega su reclamación de 3 de febrero de 1993, no priva necesariamente al interesado de su interés para ejercitar la acción de anulación de la decisión por la que se aprueba su informe de calificación. Efectivamente, con independencia incluso del interés moral de todo funcionario en que se redacten correctamente sus informes de calificación, el demandante justifica un interés suficiente para impugnar la decisión controvertida, dado que una posible anulación de dicho informe de calificación, por un motivo especialmente grave, podría provocar la revocación de la decisión de 8 de octubre de 1992, que no reconoció derechos ni al demandante ni a terceros, por cuanto el nuevo informe de calificación, redactado en cumplimiento de la sentencia, pondría de manifiesto que dicha decisión fue dictada con arreglo a unos elementos y a unas informaciones manifiestamente inexactos (apartados 26 a 29).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de marzo de 1971, Marcato/Comisión(29/70, Rec. p. 243); Tribunal de Justicia, 28 de octubre de 1982, Oberthür/Comisión (105/81, Rec. p. 3781)

2. Sobre el fondo

a) Sobre el motivo fundado en una infracción del procedimiento de calificación

Este Tribunal de Primera Instancia considera que la gran duración del procedimiento de calificación así como los retrasos acumulados a lo largo del procedimiento no pueden, por sí mismos, afectar a la legalidad del informe de calificación (apartado 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1983, Seton/Comisión(asuntos acumulados 36/81, 37/81 y 218/81, Rec. p. 1789)

b) Sobre el motivo fundado en la violación de los principios de buena fe, de buena gestión y de correcta administración

Con arreglo a reiterada jurisprudencia, el control jurisdiccional ejercido por el Juez comunitario sobre el contenido de los informes de calificación se limita al control de la regularidad del procedimiento, de la exactitud material de los hechos, así como de la inexistencia de un error manifiesto de apreciación o de desviación de poder. Este Tribunal de Primera Instancia recuerda asimismo que la misión del calificador de alzada es verificar, con plena independencia, las valoraciones efectuadas por el primer calificador. Por consiguiente, el calificador de alzada puede perfectamente confirmar la valoración del primer calificador, si lo considera indicado (apartados 45 y 46).

Referencia: Seton/Comisión, antes citada

Este Tribunal de Primera Instancia entiende que las valoraciones generales, que figuran en el informe de calificación impugnado, son bastante similares a las que se hallan en el informe inicial y, en todo caso, no ponen de manifiesto un deterioro significativo, ni siquiera sensible, de las valoraciones que se efectuaron acerca del demandante, que pueda afectar, a la vista de los principios alegados por este último, a la legalidad de dicho informe. Por consiguiente, este Tribunal de Primera Instancia considera que no debe resolverse la cuestión controvertida entre las partes de si el procedimiento de la calificación de alzada y los distintos procedimientos administrativos ofrecidos al funcionario pueden representar, para este último, un empeoramiento de la calificación de alzada en relación con la atribuida por el calificador inicial (apartado 49).

Este Tribunal de Primera Instancia entiende, a continuación, que las alegaciones del demandante, conforme a las cuales, por una parte, en el seno del Comité de Promoción fue víctima de difamaciones proferidas a sus espaldas y, por otra parte, sufrió las consecuencias de una tensa relación entre el Tribunal de Cuentas y el Servicio de la Comisión, en cuyo seno desempeñaba sus funciones, no se basan en ningún elemento que permita apreciar su fundamentación y deducir que el calificador de alzada había violado los principios de buena fe y de buena administración (apartado 50).

De todo lo anterior se desprende que debe rechazarse el segundo motivo (apartado 51).

c) Sobre el motivo fundado en la desviación de poder

Este Tribunal de Primera Instancia considera que debe rechazarse este motivo dado que las alegaciones del demandante no están apoyadas por elemento alguno que permita apreciar su fundamentación y que, especialmente, las declaraciones de sus superiores jerárquicos de ninguna manera pueden demostrar, de acuerdo con un conjunto de indicios objetivos, precisos y concordantes, que, en la redacción del informe de calificación que se impugna, el calificador de alzada usara de sus atribuciones con fines distintos de aquéllos para los cuales le fueron conferidas (apartados 54 y 55).

II. Sobre las pretensiones de reparación de los perjuicios que alega el demandante

1. Sobre la admisibilidad

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que tan sólo cuando existe una relación directa entre un recurso de anulación y una acción de indemnización puede admitirse esta última como accesoria del recurso de anulación, sin tener que ir precedida de una petición del interesado en la que se requiera a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos para que repare los perjuicios que alega haber sufrido, ni de una reclamación en la que el demandante impugne la fundamentación de la denegación expresa o presunta de su petición (apartado 58).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35); Tribunal de Primera Instancia, 6 de febrero de 1992, Castellettiy otros/Comisión (T-29/91, Rec. p. II-77), apartado 29

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, los perjuicios invocados por el demandante presentan una relación suficientemente estrecha con el propio contenido o con los requisitos de elaboración del informe de calificación, objeto del recurso de anulación, así como con las consecuencias de dicho informe sobre el procedimiento de promoción. Efectivamente, las faltas que alega la Comisión y los retrasos observados se refieren únicamente al informe de calificación controvertido. Puesto que debe declararse la admisibilidad de las pretensiones de anulación, deducidas en el marco del presente recurso, debe declararse asimismo la admisibilidad de las pretensiones de indemnización que se examinan (apartado 59).

2. Sobre el fondo

a) Sobre las pretensiones de reparación del perjuicio material alegado

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que la existencia de un expediente irregular o incompleto, debido, especialmente, a la inexistencia de un informe de calificación, al procederse al examen comparativo de los méritos de los candidatos, no basta para provocar la anulación de una decisión de promoción, salvo si se pone de manifiesto que esta circunstancia puede tener una influencia decisiva sobre el procedimiento de promoción. Además, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, en caso de inexistencia de informe de calificación, puede buscar otros elementos susceptibles de paliar dicha inexistencia (apartado 73).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de mayo de 1978, De Roubaix/Comisión (25/77, Rec. p 1081) Tribunalde Justicia, 18 de diciembrede 1980, Gratreau/Comisión(asuntosacumulados 156/79 y'51/80 Rec. p. 3943); Tribunal de Justicia, 10 de junio de 1987, Vincent/Parlamento (7/86 Rec p 2473); Tribunal de Justicia, 15 de mayo de 1989, Bevan/Comisión(140/87, Rec. p. 701);Tribunalde Primera Instancia, 16 de diciembrede 1993, Moat/Comisióna- 58/92, Rec. p. II-1443)

Este Tribunal de Primera Instancia considera, en segundo lugar, que de los documentos que constan en autos se desprende que el Comité de Promoción se pronunció con todo conocimiento de causa, a la vista de un expediente completo y hallándose en posesión de un informe de calificación definitivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Guía de calificación, en vigor en la Comisión (apartado 74).

En tercer lugar, este Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante no puede alegar válidamente, en apoyo de una pretensión de reparación de un pretendido perjuicio material que se le ha irrogado, unos motivos que ya alego contra la propia legalidad del informe de calificación objeto de controversia, que han sido desestimados, todos ellos, mediante la presente sentencia (apartado 75).

Por lo tanto, este Tribunal de Primera Instancia desestima las pretensiones de reparación del perjuicio material alegado (apartado 77).

b) Sobre las pretensiones de reparación del perjuicio moral alegado

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que un informe de calificación «debe redactarse obligatoriamente en aras de la buena administración y de la racionalización de los servicios de la Comunidad así como para garantizar los intereses de los funcionarios, [...] constituye un elemento indispensable de valoración en todas aquellas ocasiones en que la Autoridad jerárquica toma en consideración la carrera del funcionario; [...] Por lo tanto, uno de los deberes imperiosos de la administración es velar por la redacción periódica de dicho informe en las fechas ordenadas por el Estatuto y por su redacción válida»; Por otra parte, la ausencia del informe de calificación puede provocar en el interesado un estado de incertidumbre y de inquietud acerca de su porvenir profesional, generador de un perjuicio moral que puede dar lugar a indemnización (apartado 78).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1977, Geist/Comisión (61/76, Rec. p. 1419); Bevan/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 8 de noviembre de 1990, Barbi/Comisión(T-73/89, Rec. p. II-619)

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, el retraso producido en la redacción del informe de calificación definitivo del demandante es ciertamente atribuible, en parte, al demandante, que, por otra parte, hizo uso legalmente de todos los cauces que le ofrecía la guía de calificación, y también, en una parte esencial, a la propia administración. En estas circunstancias, este Tribunal de Primera Instancia considera justificado conceder, dentro de los límites de las pretensiones deducidas ante él, 1 ECU en concepto de reparación del perjuicio moral que se le ha irrogado al demandante (apartados 79 y 80).

Fallo:

1) Se condena a la Comisión a pagar al demandante 1 ECU, por el perjuicio moral que se le ha irrogado.