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El 24 de marzo de 2006, el Director de la Dirección «Ayudas de Estado 1: Cohesión y competencia» de la Dirección General de Competencia de la Comisión encargado del expediente (en lo sucesivo, «Director del servicio de la Comisión encargado del expediente») envió a la demandante un escrito redactado como sigue: «COMISIÓN EUROPEA DG Competencia Ayudas de Estado 1: Cohesión y competencia El Director […] Objeto: CP 178/2004 — Denuncia de ayuda de Estado a favor de SVB AB […] La presente carta hace referencia a sus escritos de 23 de septiembre de 2004, , , y , relativos a la denuncia mencionada en el objeto. Quisiera informarle sobre la conclusión a la que han llegado los servicios competentes de la Dirección General de Competencia de que la información que poseen no es suficiente para seguir examinando su denuncia. Como sabe, hemos recibido del Estado miembro afectado una cantidad bastante importante de información facilitada por correo y en las reuniones celebradas. El conjunto de hechos y de circunstancias han sido objeto de atento examen y análisis. La denuncia de su cliente ha sido considerada con rigor y hemos hecho todo lo posible para detectar cualquier infracción del artículo 87 CE, apartado 1. Resulta de nuestro análisis que las actividades relacionadas con la “Stockholm Card” y las reservas de habitaciones de hotel (con excepción de las plazas de aparcamiento comprendidas en la “Stockholm Card”) se ofrecen en condiciones de mercado. Estas actividades no están por lo tanto financiadas por una ayuda de Estado en el sentido del apartado 1 del artículo 87 CE. En cuanto a la utilización con carácter gratuito de determinadas plazas de aparcamiento, puede sostenerse que no el comercio no resulta afectado y, aunque tal fuera el caso, esa ayuda se incluyó en la “Stockholm Card” mucho antes de que Suecia se adhiriera a la Unión Europea en 1995 y constituye, por tanto, una ayuda existente. Además, desde el 1 de enero de 2006, este servicio ya no está comprendido en la “Stockholm Card”. Por lo que se refiere a las otras actividades (suministro de información turística, etc.), parecen estar sujetas a las disposiciones que rigen los servicios de interés económico general (SIEG). No parece que haya subvenciones cruzadas en favor de actividades económicas. En el supuesto de que la compensación por los SIEG se calificara de ayuda de Estado, tal ayuda se ha venido concediendo en las mismas condiciones desde mucho antes de 1995 y constituye, por tanto, una ayuda existente. En resumen, los exámenes en profundidad que hemos efectuado en relación con esta denuncia muestran que estamos en presencia de una ayuda existente, no de una ayuda ilegal, que, en cualquier caso, es compatible con el mercado común. Habida cuenta de que no procede entablar el procedimiento para la proposición de las medidas apropiadas previstas en el artículo 88 CE, apartado 1, no tenemos la intención de adoptar ninguna otra medida en este asunto. Sin embargo, deseo hacerle notar que si, en disconformidad con mis servicios, tuviera el convencimiento de que se ha concedido una ayuda ilegal, el artículo 87 CE, apartado 1, tiene efecto directo y crea derechos a favor de los particulares que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. Puede usted por tanto plantear este asunto ante ellos. […]»