Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Motivos — Falta de motivación o motivación insuficiente — Motivo distinto del que impugna la legalidad en cuanto al fondo

(Arts. 230 CE y 253 CE)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Medidas fiscales de exención, de reducción impositiva o de aplazamiento del pago en relación con determinadas operaciones de reestructuración bancaria — Inclusión

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen global de un régimen de ayudas — Procedencia — Consecuencia

(Art. 87 CE, ap. 1)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida — Medida fiscal que beneficia únicamente a las empresas del sector bancario que realizan determinadas operaciones — Inclusión

(Art. 87 CE, ap. 1)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación

(Art. 87 CE, ap. 1)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que contribuyen a la realización de un proyecto importante de interés común — Ayudas destinadas al desarrollo de un sector de actividad económica — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites

[Art. 87 CE, ap. 3, letras b) y c)]

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1. En el marco de un recurso de anulación, la cuestión del fundamento de la motivación de un acto pertenece al ámbito de la legalidad de éste. Por lo tanto, no cabe examinar la impugnación del fundamento de dicha motivación en la fase del control del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 253 CE.

(véanse los apartados 26 y 55)

2. El concepto de ayuda es más general que el de subvención, ya que comprende no sólo las prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos. De ello se deduce que una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Igualmente, una medida que otorgue a determinadas empresas una reducción impositiva o un aplazamiento del pago del impuesto normalmente debido puede constituir una ayuda de Estado.

Tal es el caso, en el marco de una normativa fiscal referente a operaciones de reestructuración bancaria, de las medidas que comprenden bien una reducción impositiva vinculada a la aplicación de un tipo menor o a la sustitución de los impuestos normalmente debidos por un impuesto fijo, bien una exención impositiva en caso de plusvalía efectiva en una retrocesión de bienes no indispensables para la consecución del objeto social de un banco a la fundación bancaria que le transfirió anteriormente dichos bienes, o en caso de transferencia por un banco cesionario de sus participaciones en el Banco Central del Estado miembro a la fundación bancaria que le cedió anteriormente dichas participaciones, en particular, si éstas se obtuvieron inicialmente a título gratuito y se transfieren posteriormente a la fundación a título oneroso o sometiéndolas a una reevaluación.

Esta conclusión no queda desvirtuada, en lo referente a las medidas que establecen la neutralidad fiscal de operaciones de retrocesión, por la alegación de que el pago del impuesto normalmente debido únicamente se aplaza a la fecha de una eventual realización ulterior del mismo bien. En efecto, no sólo el aplazamiento del pago de una deuda tributaria puede constituir una ayuda estatal, sino que, sobre todo, una retrocesión como la contemplada en el presente caso lleva a cabo un traspaso de la propiedad del bien de un sujeto de Derecho a otro, de modo que la exención es definitiva para la sociedad bancaria que realiza la retrocesión en beneficio de una fundación bancaria, sujeto de Derecho diferente.

(véanse los apartados 77 a 82)

3. Ante un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales del régimen de que se trate, para comprobar si contiene elementos de ayuda, sin estar obligada a examinar cada caso concreto en que se aplique. Por consiguiente, cuando se demuestra que un régimen de ayudas beneficia a determinadas empresas, la circunstancia de que, en su caso, se acojan también a ella beneficiarios que no son empresas no desvirtúa tal observación, suficiente para aplicar el artículo 87 CE, apartado 1.

(véanse los apartados 91 y 92)

4. El artículo 87 CE, apartado 1, prohíbe las ayudas «[que favorezcan] a determinadas empresas o producciones», es decir, las ayudas selectivas. Una ayuda puede tener carácter selectivo con arreglo a esta disposición incluso cuando afecte a todo un sector económico.

Así sucede en el caso de las medidas fiscales que comprenden bien una reducción o una exención impositiva, bien un aplazamiento del pago, que sólo se aplican al sector bancario y, dentro de ese sector, benefician únicamente a las empresas que realizan determinadas operaciones. Al no aplicarse a todos los operadores económicos y suponer, en realidad, una excepción al régimen fiscal ordinario, no cabe considerarlas como medidas generales de política fiscal o económica.

Tales medidas fiscales deben, por tanto, considerarse prohibidas con arreglo al artículo 87 CE, apartado 1, dado que no constituyen una adaptación del régimen general a las características específicas de las empresas bancarias, sino que fueron concebidas como un medio para mejorar la competitividad de determinadas empresas en un determinado momento de la evolución del sector.

(véanse los apartados 94 a 101)

5. El artículo 87 CE, apartado 1, prohíbe las ayudas que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falseen o amenacen falsear la competencia. En el marco de su apreciación de ambos requisitos, la Comisión no está obligada a acreditar la incidencia real de las ayudas sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente a examinar si tales ayudas pueden afectar a dichos intercambios y falsear la competencia.

En definitiva, la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común debe afirmarse desde el momento en que dicha ayuda tenga o pueda tener una incidencia sobre los intercambios comerciales intracomunitarios y un efecto de distorsión de la competencia existente en éstos. En particular, cuando una ayuda otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. A este respecto, el hecho de que un sector económico haya sido objeto de liberalización a escala comunitaria puede caracterizar una repercusión real o potencial de las ayudas sobre la competencia, así como su efecto sobre los intercambios entre Estados miembros. Por otra parte, no es necesario que la empresa beneficiaria participe en los intercambios intracomunitarios. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión. Además, el fortalecimiento de una empresa que, hasta entonces, no participaba en los intercambios intracomunitarios puede colocarla en una situación que le permita penetrar en el mercado de otro Estado miembro.

Por consiguiente, deben considerarse prohibidas las desgravaciones fiscales que refuercen la posición de las empresas beneficiarias frente a las empresas que operan en los intercambios intracomunitarios, en especial en el contexto de un importante proceso de liberalización a escala comunitaria en el sector de los servicios financieros que intensificó la competencia que podía resultar ya de la libre circulación de capitales prevista en el Tratado.

(véanse los apartados 110, 111 y 114 a 119)

6. Para la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio implica valoraciones de tipo económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario. El órgano jurisdiccional comunitario, al controlar la legalidad del ejercicio de dicha libertad, no puede sustituir la apreciación de la autoridad competente en la materia por la suya propia, sino que debe limitarse a examinar si esta última apreciación incurre en un error manifiesto o en desviación de poder.

La Comisión no incurre en error manifiesto de apreciación al excluir la calificación de «proyecto de interés común europeo» a efectos del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), en relación con determinadas medidas fiscales que se dirigen esencialmente a mejorar la competitividad de los operadores establecidos en un Estado miembro, con el único objetivo de reforzar su posición competitiva en el mercado interior. No cabe objetar frente a dicha institución que dichas medidas suponen la culminación de un proceso de privatización, puesto que no puede considerarse que un proceso de este tipo emprendido por un Estado miembro constituya, por sí mismo, un proyecto de interés común europeo.

La Comisión tampoco incurre en error manifiesto de apreciación al considerar que unas medidas, cuyo efecto principal es mejorar la competitividad de los beneficiarios de la ayuda en un sector caracterizado por una competencia internacional intensa y que están destinadas, en realidad, a reforzar la posición de dichos beneficiarios con respecto a los competidores que no lo son, no cumplen el requisito de no alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, que deben cumplir las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c).

(véanse los apartados 135, 138 a 140, 142, 144 y 147 a 149)