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El artículo 59 del Tratado no sólo exige eliminar toda discriminación en perjuicio de quien presta servicios por razón de su nacionalidad, sino también suprimir cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando puede prohibir u obstaculizar de otro modo las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos. En concreto, un Estado miembro no puede supeditar la prestación de servicios en su territorio a la observancia de todos los requisitos exigidos para el establecimiento, bajo pena de privar de eficacia las disposiciones del Tratado destinadas precisamente a garantizar la libre prestación de servicios. Semejante restricción es tanto menos procedente cuanto, como sucede en el procedimiento principal, el servicio se presta, a diferencia del supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 60 del Tratado, sin que el prestador tenga necesidad de trasladarse al territorio del Estado miembro en que se efectúa la prestación.

Habida cuenta de la naturaleza particular de determinadas prestaciones de servicios, no pueden considerarse incompatibles con el Tratado requisitos específicos impuestos al prestador, motivados por la aplicación de las normas que regulen dichas actividades. Sin embargo, la libre prestación de servicios, en tanto que principio fundamental del Tratado, únicamente podrá restringirse mediante regulaciones justificadas por el interés general y que se apliquen a toda persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado destinatario, en la medida en que dicho interés no se halle salvaguardado ya por las normas a las que el prestador está sujeto en el Estado donde se encuentra establecido. Además, dichas exigencias deberán ser objetivamente necesarias para garantizar la observancia de las normas profesionales y para asegurar la protección del destinatario de los servicios y no deben excederse de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
Sobre la segunda cuestión

En opinión del Department of Health and Social Security (Isla de Man) y del Reino Unido, es evidente que el artículo 4 del Protocolo n° 3 prohibe cualquier discriminación directa o indirecta por razón de nacionalidad. No prohibe una discriminación que obedezca a otros motivos. Por lo tanto, en el Protocolo n° 3 el artículo 4 cumple el mismo cometido que el artículo 7 en el Tratado CEE.

No obstante, el Department of Health and Social Security (Isla de Man) y el Reino Unido señalan que, esencialmente, induciría a error contestar afirmativamente a la segunda cuestión del Deputy High Bailiff sin añadir la reserva de que el artículo 4 del Protocolo n° 3 prohibe cualquier discriminación por razón de nacionalidad en los ámbitos en que se aplica una normativa comunitaria de acuerdo con otros artículos del mismo Protocolo. No puede considerarse que el artículo 4 del Protocolo n° 3 impone a las autoridades de la Isla de Man la obligación de conceder a los nacionales de otros Estados miembros el mismo trato que el que las mismas deparan a los nacionales del Reino Unido, en lo referente a las cuestiones ajenas al ámbito de aplicación del Tratado CEE. Por lo tanto, dicha disposición no consiste en un medio indirecto para aplicar a la Isla de Man las normas comunitarias que son inaplicables en virtud de la letra c) del apartado 5 del artículo 227, tales como las normas relativas a la libre circulación de los trabajadores.

Por consiguiente, el Department of Health and Social Security (Isla de Man) y el Reino Unido proponen que se conteste a la segunda cuestión en el sentido de que el artículo 4 del Protocolo n° 3, tal como debe interpretarse, significa que, con respecto a las personas físicas y jurídicas de la Comunidad, las autoridades de las Islas del Canal y de la Isla de Man no están autorizadas a establecer discriminaciones por razón de nacionalidad en lo relativo a uno de los ámbitos a los que se aplica la normativa comunitaria en virtud de otros artículos de dicho Protocolo.
2.

La República Helénica defiende la exigencia de un certificado veterinario para la importación de mantequilla pasteurizada por razones de protección de la salud pública. Por lo que se refiere a los peligros que supone la mantequilla pasteurizada para la salud pública, la República Helénica se remite a su respuesta al dictamen motivado, en la que puso de manifiesto el riesgo de alteración de la calidad de la mantequilla como consecuencia de fenómenos de enranciamiento, oxidación o desarrollo de microorganismos, especialmente de hongos y gérmenes. Ni la legislación nacional sobre productos lácteos, ni el proyecto de Reglamento comunitario por el que se definen las normas sanitarias aplicables a la producción de productos lácteos, anteriormente citado, establecen una distinción entre la mantequilla y los demás productos lácteos. Existe una serie de argumentos que abogan en favor del mantenimiento de la exigencia del certificado sanitario veterinario: dicho certificado se expide siempre en una fecha reciente; se refiere al concreto lote de mantequilla al que acompaña; se expide tras un control sanitario realizado por la autoridad competente del país expedidor, y constituye una garantía de la calidad e higiene del producto mencionado. El etiquetado o el marcado, aunque se realicen conforme a lo establecido en la Directiva 79/112, anteriormente citada, no ofrecen garantías suficientes: en efecto, dichas indicaciones se insertan por el propio fabricante; pueden imprimirse de una sola vez, en grandes cantidades, sin distinguirse más que por la fecha de consumo del producto; no llevan el sello del servicio veterinario competente del país expedidor, y no presentan la más mínima relación con la higiene y la calidad del lote concreto del producto importado. La alegación de que la mantequilla pasteurizada ha sido objeto de un tratamiento térmico puede dar lugar a equívocos. En efecto, la mayoría de los productos lácteos comercializados han sido sometidos a dicho tratamiento. La esterilización constituye un tratamiento térmico mucho más fuerte que la pasteurización. La Directiva 85/397/CEE del Consejo, de 5 de agosto de 1985, relativa a los problemas sanitarios de la leche sometida a tratamiento térmico (DO L 226, p. 13; EE 03/37, p. 86), exige un certificado sanitario en relación con productos absolutamente estables desde el punto de vista microbiológico y que, debido a su tipo de embalaje, no corren el menor riesgo de alteración durante la conservación. La mantequilla pasteurizada, que haya sido sometida exclusivamente a un tratamiento térmico realizado a una temperatura inferior a la de esterilización, que se comercialice con un empaquetado simple, normalmente no hermético, y que requiera bajas temperaturas para su conservación, constituye un caso diferente.
b)

Las normas generales para la aplicación de la tasa suplementaria se fijaron en el Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) n° 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64). El apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 857/84 determina la cantidad de referencia contemplada en el Reglamento de base n° 856/84, es decir, la cantidad exenta del pago de la tasa suplementaria. En principio, ésta será igual a la cantidad de leche o de equivalente de leche suministrada por el productor durante el año civil de 1981 (fórmula A) o comprada por un comprador durante el año civil de 1981 (fórmula B), aumentadas en un 1 %. Sin embargo, conforme al apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán prever que en su territorio la cantidad de referencia sea igual a la cantidad de leche o de equivalente de leche suministrada o comprada durante el año civil de 1982 o el año civil de 1983 afectada por un porcentaje establecido de manera que no sobrepase la cantidad garantizada. Además, conforme a los artículos 3 bis, 4 y 4 bis de dicho Reglamento, para determinar las cantidades de referencia, los Estados miembros pueden tener en cuenta determinadas situaciones particulares o conceder cantidades de referencia específicas o suplementarias. El apartado 1 del artículo 7 del Reglamento n° 857/84 dispone que: «En caso de venta, arrendamiento o transmisión por herencia de una explotación, la cantidad de referencia correspondiente se transferirá total o parcialmente al comprador, al arrendatario o al heredero según las modalidades que deben determinarse.» El artículo 12 del Reglamento n° 857/84 define diferentes conceptos utilizados en este Reglamento, entre ellos los de «productor» y «explotación» [respectivamente en las letras c) y d)] de la siguiente forma: «c) Productor: el agricultor [léase ganadero], persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídicas cuya explotación esté situada en el territorio geográfico de la Comunidad: — que venda leche u otros productos lácteos directamente al consumidor — y/o que suministre al comprador. d) Explotación: el conjunto de las unidades de producción administradas por el productor y situadas en el territorio geográfico de la Comunidad».
Asunto C-313/89

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de España

«Incumplimiento — Directiva 80/155/CEE — Formación de las matronas»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. CO. Lenz, presentadas el 19 de septiembre de 1991 I-5243

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 1991 I-5247

Sumario de la sentencia

Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las Directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el carácter injusto e inapropiado del plazo de adaptación del Derecho interno previsto por el Acta de adhesión de España y Portugal — Improcedencia

(Tratado CEE, art. 169; Acta de adhesión de España y Portugal, arts. 392 y 39})

Un Estado miembro no puede justificar el incumplimiento que supone la no ejecución de una Directiva en el plazo establecido alegando que, en lo que afecta a dicho Estado, el referido plazo, tal como había sido fijado por los artículos 392 y 395 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa, no era ni justo ni apropiado, en cuanto que su expiración coincidía con la fecha de la adhesión, dado que las Actas de adhesión no constituyen actos de las Instituciones, la validez de cuyas disposiciones pueda ser impugnada ante el Tribunal de Justicia.
La adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente una reproducción formal y textual de sus disposiciones en una disposición legal expresa y específica y, en función de su contenido, puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que este último garantice efectivamente la plena aplicación de la Directiva de manera suficientemente clara y precisa, para que, si la Directiva tiene como fin crear derechos en favor de los particulares, los beneficiarios estén en condiciones de conocer todos sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

La conformidad de una práctica con los imperativos de protección de una Directiva no puede constituir una razón para no adaptar el Derecho interno a dicha Directiva mediante disposiciones que puedan crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir que los particulares conozcan sus derechos y obligaciones. En efecto, para garantizar jurídicamente y no sólo de hecho la aplicación completa de las Directivas, los Estados miembros deben establecer un marco legal preciso en el ámbito de que se trate.
Un contrato de suministro de cerveza no cumple los requisitos a los que el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 1984/83 subordina la exención por categoría de este tipo de contratos cuando las bebidas objeto de la compra en exclusiva no se enumeran en el propio texto del contrato, sino que se estipula que, en cada caso, resultarán de la tarifa en vigor de la fábrica de cerveza o de sus filiales.

El hecho de que un contrato de suministro de cerveza relativo a un establecimiento de bebidas que el proveedor ha arrendado al revendedor, o puesto a su disposición, y que contiene una obligación de compra para bebidas distintas de la cerveza no pueda beneficiarse de la exención por categoría prevista en el Reglamento n° 1984/83, por no cumplir la exigencia impuesta en la letra b) del apartado 2 del artículo 8 de dicho Reglamento sobre la libertad del revendedor de comprar estas bebidas a otros proveedores en determinados casos, no implica, necesariamente, que el conjunto del contrato esté viciado de nulidad, conforme al apartado 2 del artículo 85 del Tratado, puesto que tal contrato puede, llegado el caso, beneficiarse de una exención por otro concepto. Si, efectivamente, existe nulidad, ésta sólo se aplica a los elementos del contrato prohibidos por el apartado 1 del artículo 85. Sólo estará viciado de nulidad el conjunto del contrato cuando tales elementos no puedan ser separados del propio contrato.
COMISIÓN / PAÍSES BAJOS 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 19 de marzo de 1991 * 
En el asunto C-310/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. René Barents, 
miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio 
en Luxemburgo el despacho del Sr. Guido Berardis, miembro del Servicio Jurí­
dico, Centre Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de los Países Bajos, representado por el Sr. J. W. de Zwaan, Consejero Jurí­
dico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de 
la Embajada de los Países Bajos, 5, rue C. M. Spoo, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar en el plazo señalado todas 
las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a lo 
dispuesto en la Directiva 84/539/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre apa­
ratos eléctricos utilizados en medicina humana y veterinaria (DO L 300, p. 179; 
EE 13/18, p. 133), o por lo menos al no informar a la Comisión de la adopción 
de dichas medidas, el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que 
le incumben en virtud del Tratado CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez 
Iglesias y M. Diez de Velasco, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, C. N. Ka­
kouris, R. Joliét, F. A. Schockweiler y P. J. G. Kapteyn, Jueces; 
* Lengua de procedimiento: neerlandés. 
I- 1383 
SENTENCIA DE 19.3.1991 — ASUNTO C-310/89 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Declarar que, al no adoptar en el plazo señalado, todas las medidas legales, re­
glamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a lo dispuesto en la Di­
rectiva 84/539/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos eléc­
tricos utilizados en medicina humana y veterinaria, o por lo menos al no infor­
mar a la Comisión de la adopción de dichas medidas, el Reino de los Países 
Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado 
CEE. 
2) Condenar en costas al Reino de los Países Bajos. 
I- 1384
SENTENCIA DE 19.2.1991 — ASUNTO C-375/89 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 19 de febrero de 1991 * 
En el asunto C-375/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. Abate, Conse­
jero Jurídico Principal, y el Sr. M. Nolin, miembro de su Servicio Jurídico, en 
calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del 
Sr. Guido Berardis, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de Bélgica, representado por el Sr. Robert Hoebaer, Director en el ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Dévelop­
pement, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de 
Bélgica, 4, rue des Girondins, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar las medidas que exige la 
ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de abril de 1987, Comisión/ 
Bélgica (5/86, Rec. p. 1773), el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 171 del Tratado CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini, T.F. O'Higgins y 
G. C. Rodríguez Iglesias, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, R. Joliét y F. A. 
Schockweiler, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-384 
COMISIÓN / BÈLGICA 
decide : 
1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incum­
ben en virtud del artículo 171 del Tratado CEE, al no adoptar las medidas que 
exige la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de abril de 1987. 
2) Condenar en costas al Reino de Bélgica. 
I-385
COMISIÓN / BÉLGICA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
13 de junio de 1990 * 
En el asunto C-162/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. 
T. Van Rijn, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, y luego por el 
Sr. E. Vliebergh, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que de­
signa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miem­
bro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de Bélgica, representado por el Sr. J. Devadder, Consejero Adjunto del Mi­
nisterio de Asuntos Exteriores, de Comercio Exterior y de Cooperación para el 
Desarrollo, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de 
Bélgica, 4, rue des Girondins, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no transmitir a la Comisión dentro de 
los plazos señalados los informes a que se refieren el artículo 18 de la Directiva 
75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites 
usados (DO L 194, p. 23; EE 15/01, p. 91), modificada por la Directiva 
87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 42, p. 43), el 
artículo 12 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, rela­
tiva a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), el artículo 10 de la 
Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de 
los policlorobifenilos y policloroterfenilos (DO L 108, p. 41; EE 15/01, p. 161), y 
el artículo 16 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, 
relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (DO L 84, p. 43; EE 14/02, p. 98), 
respecto a la región flamenca y a Bruselas capital, el Reino de Bélgica ha incum­
plido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, 
* Lengua de procedimiento: neerlandés. 
I - 2393 
SENTENCIA DE 13. 6. 1990 — ASUNTO C-162/89 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn y F. A. Schockwei­
ler, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliét, T. F. O'Higgins, G. C. Rodrí­
guez Iglesias, M. Diez de Velasco y P. J. G. Kapteyn, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Declarar que, al no transmitir a la Comisión, dentro de los plazos señalados, los 
informes necesarios para atenerse a lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 
75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites 
usados, modificada por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciem­
bre de 1986, en el artículo 12 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de 
julio de 1975, relativa a los residuos, en el artículo 10 de la Directiva 
76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gestión de los 
policlorobifenilos y policloroterfenilos, y en el artículo 16 de la Directiva 
78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxi­
cos y peligrosos, por lo que se refiere a Bruselas capital, el Reino de Bélgica ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE. 
2) Condenar en costas al Reino de Bélgica. 
I - 2394
1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de julio de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no comunicar a la Comisión cierta información relativa al mercado de la pesca, Italia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 4 del artículo 9, del apartado 1 del artículo 11, del apartado 2 del artículo 15, del apartado 2 del artículo 17 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3796/81 del Consejo, de 29 de diciembre de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca (DO L 379, p. 1; EE 04/01, p. 185), así como del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3191/82 de la Comisión, de 29 de noviembre de 1982, por el que se fijan las modalidades de aplicación del régimen de los precios de referencia en el sector de los productos de la pesca (DO L 338, p. 13; EE 04/02, p. 31), del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1501/83 de la Comisión, de 9 de junio de 1983, relativo a la comercialización de determinados productos de la pesca que hayan sido sometidos a medidas para estabilizar el mercado (DO L 152, p. 22; EE 04/02, p. 116), de los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento (CEE) n° 3598/83 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1983, relativo a la comunicación de las cotizaciones registradas y a la fijación de la lista de mercados y puertos representativos para los productos del sector de la pesca (DO L 357, p. 17; EE 04/02, p. 244), y del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 3599/83 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1983, relativo a la comunicación de informaciones referentes a los precios de retirada aplicados por las organizaciones de productores en el sector pesquero (DO L 357, p. 22; EE 04/02, p. 249).