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2)

El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, con el fin de financiar la compensación equitativa debida por razón de la excepción de reprografía en virtud de esa disposición, establezca: — el cobro a los fabricantes, importadores o adquirentes de equipos y aparatos de reprografía de una remuneración a tanto alzado por la comercialización de dichos bienes, siempre que, primero, esa remuneración se recaude de manera coherente y no discriminatoria; segundo, los obligados al pago puedan repercutir el importe debido a los usuarios de esos equipos y aparatos, y, tercero, el importe de la remuneración guarde proporción con la magnitud del perjuicio potencial que la referida comercialización puede causar a los titulares de derechos, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente; o bien — el cobro a las personas físicas o jurídicas que utilicen los equipos y aparatos de reprografía para reproducir obras protegidas o, liberando a las primeras, a quienes pongan esos equipos y aparatos a disposición de terceros, de una remuneración proporcional determinada multiplicando el número de reproducciones realizadas por una o varias tarifas siempre que, primero, esa remuneración se recaude de manera coherente y no discriminatoria, y que, segundo, la diferenciación de tarifas que se aplique se base en criterios objetivos, razonables y proporcionados, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En cambio, el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, con el fin de financiar la compensación equitativa debida por razón de la excepción de reprografía en virtud de esa disposición, imponga el cobro, sucesivo y cumulativo, a una misma persona, de una remuneración a tanto alzado, por la adquisición de un equipo o aparato de reprografía, y de una remuneración proporcional, por la utilización de dichos bienes para reproducir obras protegidas, sin tener en cuenta en la práctica, para el pago de la remuneración proporcional, el importe ya abonado en concepto de la remuneración a tanto alzado o sin prever la posibilidad de que la persona en cuestión pueda obtener el reembolso o la deducción de la remuneración a tanto alzado ya satisfecha.
62.

En lo que respecta a la interrupción de la cobertura de asistencia sanitaria de la Sra. Fischer‑Lintjens entre noviembre de 2007 y el 1 de julio de 2010, tampoco me convencen las explicaciones de la Comisión que, tras recordar las obligaciones de información que se desprenden del artículo 84 bis, apartado 1, del Reglamento no 1408/71 para las personas comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, considera que la Sra. Fischer‑Lintjens no las ha cumplido y debe, por consiguiente, soportar todas las consecuencias de ese incumplimiento.
46.

En mi opinión, este enfoque no sólo es coherente con las disposiciones de la Directiva del IVA, tal como las ha interpretado la jurisprudencia (se atiene asimismo a la definición de «transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario» establecida en las decisiones que siguen la línea de la sentencia Safe y, habida cuenta de las diferentes circunstancias, no contradice la jurisprudencia Velker), sino que también favorece la «aplicación correcta y simple» de la exención, que (aunque formalmente se remite a las condiciones que establezcan los Estados miembros y no a las previstas en la propia Directiva) es uno de los objetivos del artículo 131 de la Directiva del IVA. Como FBK ha señalado, el proceso de exigir el IVA, y posteriormente devolverlo, a sujetos pasivos establecidos en otros Estados miembros es laborioso y no tiene utilidad alguna en los casos en que el combustible ha sido suministrado a los depósitos de buques dedicados a la navegación en alta mar y no puede, en la práctica, utilizarse para fines distintos de aquél para el que la exención está prevista. Asimismo, estas consideraciones son coherentes con las indicadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia A; y la sentencia Auto Lease Holland, pese a que las circunstancias de ese asunto no son idénticas, apunta en la misma dirección.
44.

Por último, aun asumiendo que en materia tributaria sea posible una restricción no discriminatoria de una libertad fundamental, en el presente asunto no puede concluirse en ningún caso que exista una restricción a la libertad de establecimiento, pues el Tribunal de Justicia no considera que en esos casos el Estado miembro de acogida esté restringiendo la libertad de establecimiento cuando una normativa es aplicable a todos los operadores económicos, su objeto no es regular las condiciones de establecimiento, y los posibles efectos restrictivos sobre la libertad de establecimiento son demasiado aleatorios e indirectos para poder constituir una traba a esta libertad. ( 20 ) Por último, a este respecto resulta decisivo si una normativa no discriminatoria puede influir seriamente en las decisiones de inversión de un operador económico. ( 21 ) Si se aplica esta jurisprudencia también a una obstaculización del ejercicio de la libertad de establecimiento por el Estado miembro de origen, se concluye que en el presente caso la no consideración fiscal de una pérdida derivada del tipo de cambio no constituye ninguna restricción de dicha libertad. En efecto, en el momento de la decisión de inversión existe tanto la perspectiva de una eventual pérdida derivada del tipo de cambio, que no podrá ser deducida fiscalmente, como la de una posible ganancia, que no deberá tributar. En consecuencia, los efectos restrictivos de la imposibilidad de deducir la eventual pérdida en relación con la participación son demasiado aleatorios e indirectos para poder obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento.
92.

A este respecto, basta señalar que EIH, al contribuir a que determinados bancos iraníes designados pudieran llevar a cabo operaciones que las medidas de inmovilización habían obstaculizado, cuando esa misma entidad opera en el mercado financiero y está especializada en servicios o actividades relativos a Irán o realizados en Irán y cuando además está participada parcialmente por una entidad designada, no puede aducir que no sabía o que no podía sospechar razonablemente que estaba infringiendo la prohibición de eludir las medidas restrictivas recogida en el artículo 16, apartado 4, del Reglamento no 961/2010. En este punto, carece de pertinencia invocar eventuales autorizaciones o aprobaciones concedidas por el Bundesbank, ( 86 ) así como el escrito procedente del banco nacional austríaco. ( 87 ) Del mismo modo que dichas autorizaciones o aprobaciones no pueden generar una confianza legítima —como he señalado en mi análisis del motivo anterior—, tampoco resultan pertinentes para evaluar si EIH podía beneficiarse de la exención de responsabilidad prevista en el artículo 32 del Reglamento no 961/2010, habida cuenta, en todo caso, de que tales autorizaciones y aprobaciones no se concedieron de conformidad con el Reglamento. Por último, como ha observado acertadamente el Consejo, aunque EIH hubiera podido acogerse al artículo 32, apartado 2, del Reglamento no 961/2010, ello no habría impedido su inclusión, dado que cumplía los requisitos previstos en el artículo 16 del citado Reglamento, pues una medida restrictiva, por su naturaleza cautelar, ( 88 ) no debe interpretarse necesariamente como una sanción a EIH por su responsabilidad en el incumplimiento del Reglamento. Según reiterada jurisprudencia, la importancia de los objetivos perseguidos por los actos de la Unión que establecen medidas restrictivas puede justificar sus consecuencias negativas, por considerables que sean para ciertos operadores, incluidos aquellos que no tienen ninguna responsabilidad en la situación que condujo a la adopción de las sanciones pero resultan afectados, en particular en sus derechos de propiedad. ( 89 )
28.

Pero de este objetivo limitado al territorio nacional no se deduce que las situaciones de que aquí se trata no sean objetivamente comparables, pues, como ya he explicado con detalle en otra ocasión, el objetivo de un sistema nacional de incentivos fiscales no debe definirse únicamente desde el punto de vista nacional. ( 10 )
Tampoco queda en entredicho, en principio, la obligación de sanear por el artículo 2, apartado 1, letra b), de la nueva Directiva sobre residuos. Esta disposición ha complementado la legislación en materia de residuos de tal manera que la Directiva sobre residuos no se aplica ya a la tierra (in situ), incluido el suelo no excavado contaminado. Sin embargo, los residuos ilegalmente vertidos no son tierra ni se encuentran in situ, es decir, en su ubicación original. ( 55 ) En caso contrario, se daría luz verde a la posibilidad de eludir la legislación en materia de residuos realizando vertidos ilegales. Por eso, la legislación en esta materia puede seguir imponiendo la retirada de dichos residuos.
42.

Esta solución me parece la más coherente con los objetivos que persigue el Reglamento no 44/2001, entre los cuales destaca la buena administración de la justicia. ( 24 ) Un criterio que obliga a un demandante a circunscribir el alcance de su demanda con arreglo a criterios territoriales de difícil, por no decir imposible, determinación, no es un criterio coherente con el espíritu del Reglamento no 44/2001. Como ha reconocido la Comisión, el demandante en un caso como el de autos no podrá aportar elementos comprobables que delimiten con precisión los daños sufridos únicamente en el Estado donde se ha demandado. Esta circunstancia llevaría al tribunal de dicho Estado a exigir una reparación inferior a la que realmente se ha producido, o superior, sobrepasando así el criterio territorial que el Tribunal de Justicia viene exigiendo en supuestos así. La Comisión tiene razón cuando alega que la aplicación de la doctrina Pinckney al caso de autos trae consigo un riesgo serio de que el tribunal competente se extralimite en el ejercicio de su competencia.
91.

Ciertamente, el artículo 6, apartado 5, de la Decisión impugnada dispone que los socios de EURES que no ofrezcan un servicio complementario deben asegurarse de que las solicitudes que reciba para obtener dicho servicio se remitan a otros socios que sí lo ofrezcan. El Parlamento Europeo entiende que con ello se confiere eficacia jurídica a los servicios complementarios, por más que la Decisión impugnada los califique como no obligatorios. Al respecto debe decirse, por un lado, que el artículo 6, apartado 5, confirma, justamente, que la Decisión impugnada no impone la creación de servicios complementarios, pues sólo prevé que el socio que no disponga de ellos ha de remitir a otros socios que sí los ofrezcan las solicitudes que reciba al respecto. Por otro lado, la eficacia jurídica a la que se refiere el Parlamento Europeo se reduce exactamente a esa obligación de remisión de las solicitudes que no pueden ser atendidas por el socio que no ofrece servicios complementarios. Se trata, a mi juicio, de una eficacia jurídica mínima que, en cualquier caso, puede encontrar fundamento en el deber general de remisión de información que se desprende del conjunto del capítulo II del Reglamento no 492/2011.
164.

El Sr. Strack sostiene, asimismo, que la Comisión y el Tribunal General debieron haber tenido en cuenta si los interesados ya habían dado su consentimiento de antemano a la transmisión de sus datos personales en relación con sus solicitudes confirmatorias. Afirma que, al menos en un caso, se desprende de los mismos documentos que le fueron facilitados. En él, el solicitante se expresó de la siguiente manera: «In view of the public interest, I cannot treat this as confidential. My question was not confidential. The public interest in this issue must prevail.» ( 55 )
62.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por la Cour de cassation: «El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en relación con el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que una persona admitida en un centro especial de empleo en principio puede ser considerada “trabajador” en el sentido de dicha disposición. Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta el Derecho interno en su conjunto y aplicando los métodos de interpretación reconocidos en él, si para garantizar la plena eficacia del artículo 7 de la Directiva 2003/88, puede llegar a una interpretación conforme a dicho artículo de las disposiciones nacionales pertinentes para la resolución del litigio de que conoce. Si el órgano jurisdiccional remitente no pudiera realizar una interpretación en este sentido que no fuera contra legem, la parte perjudicada por la no conformidad del Derecho nacional podría exigir en todo caso responsabilidades al Estado miembro ante los órganos jurisdiccionales nacionales por infringir el Derecho de la Unión.»
30.

La pregunta no es, sin embargo, irrelevante y se explica, en realidad, porque el Derecho italiano no excluye del tráfico fluvial a los armadores no comunitarios. Si el crucero en cuestión no pudiera ser calificado como «cabotaje marítimo» –en el sentido del Reglamento no 3577/92, aunque ésta no es ahora la cuestión–, cabría en consecuencia calificarlo de tráfico fluvial, con las consecuencias que de ello se deriven en el Derecho interno para la resolución del litigio en el proceso a quo.
51.

Por otra parte, considero que no puede negarse una vía de recurso al demandado basándose únicamente en que es probable que se le haya efectuado la notificación, aunque en su oposición ponga de manifiesto que no tuvo conocimiento del requerimiento europeo de pago. Así pues, ha de ofrecérsele la posibilidad de utilizar de manera efectiva ese recurso para que pueda probar ante el órgano jurisdiccional de origen que no recibió el requerimiento. En el supuesto de que dicho órgano jurisdiccional concluya que no se efectuó notificación en absoluto, la única consecuencia jurídica que puede derivarse de ello es, a mi juicio, la declaración de nulidad del requerimiento.
38.

No obstante, procede señalar que las disposiciones aplicables en el presente asunto, es decir, las normas del Reglamento no 1610/96, no establecen una auténtica definición del concepto de «protector». ( 21 ) La circunstancia de que la norma que ha sustituido a la Directiva 91/414, a saber, el Reglamento no 1107/2009, haya añadido la definición de protector, introduciendo así la necesidad de llevar a cabo una distinción en el marco del examen y concesión de la AC, puede ofrecer algunos elementos de reflexión, si bien dicha distinción no es aplicable rationae temporis ni ofrece directamente una respuesta a la cuestión prejudicial que versa sobre la interpretación del Reglamento no 1610/96.
42.

No obstante, el Tribunal de Justicia ha constatado repetidamente, en especial respecto de la libre circulación de trabajadores del artículo 39 CE, que no se garantiza que el traslado de actividades a un Estado miembro diferente deba ser neutro en materia de tributación. Una eventual desventaja en relación con la situación anterior a dicho traslado no es en principio contraria al artículo 39 CE, a condición, no obstante, de que no se aprecie una discriminación en relación con quienes ya se encontraban sujetos a dicha tributación. ( 30 ) En consecuencia, tan sólo deberá apreciarse una restricción a causa de la tributación en el Estado miembro de acogida cuando exista una discriminación frente a una situación comparable meramente nacional. Como los artículos 39 CE y 43 CE garantizan la misma protección jurídica, ( 31 ) lo que antecede se aplica también a la libertad de establecimiento aquí pertinente.
95.

Precisado lo anterior, parece ser que la normativa danesa comporta algunos elementos de respuesta a este respecto. Así, el artículo 12, apartado 1, del Texto Refundido no 202 sólo autoriza las copias «individuales» de obras con fines de uso privado, que no pueden utilizarse con otros fines. De este modo, al referirse exclusivamente a las copias individuales, la normativa danesa parece distinguir las reproducciones puntuales de obras limitadas, que pertenecerían al ámbito de la copia privada, de las reproducciones masivas de obras múltiples, que no pertenecerían a ese ámbito. Por otra parte, el artículo 12, apartado 3, del Texto Refundido no 202 dispone expresamente que «la reproducción en formato digital a partir de un ejemplar que se haya tomado prestado o se haya alquilado no quedará autorizada sin el consentimiento del autor». La normativa danesa parece así excluir las reproducciones realizadas a partir de ejemplares pertenecientes a terceros, pero sin precisar no obstante si se trata de terceros que actúan a título profesional y comercial o de todos los terceros, incluidos los familiares, amigos y conocidos cuando actúan en la esfera privada.
77.

Por otra parte, debe señalarse que cuando el Minister for Justice, Equality and Law Reform inicia el examen de una solicitud de protección subsidiaria, aún no ha adoptado una resolución de expulsión contra el interesado. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley de 1999 sobre inmigración, el Minister for Justice, Equality and Law Reform únicamente comunicó su intención de adoptar dicha decisión. En esta notificación debe poder explicarse al interesado que, tras la denegación de su solicitud de concesión del estatuto de refugiado, ya no dispone de un permiso legítimo que le autorice a permanecer en el territorio, lo cual es una consecuencia que se produce en todos los Estados miembros. También ha de informarle de los derechos de que dispone en esa fase del procedimiento. En particular, según el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de 2006, mediante dicha notificación se informa al interesado de que puede solicitar el beneficio del estatuto conferido por la protección subsidiaria y una autorización para permanecer temporalmente en el territorio. La citada notificación debe ir acompañada de un folleto informativo sobre la protección subsidiaria y del formulario para presentar la solicitud. Se invita al solicitante a facilitar, además de sus datos personales, cualquier otro documento adicional, y especificar los motivos expresamente relacionados con las circunstancias invocadas en apoyo de su solicitud de protección subsidiaria y, en particular, el daño grave que sufriría si regresase a su país de origen. A la luz de lo anterior, en mi opinión difícilmente puede imputarse al Minister for Justice, Equality and Law Reform una «disposición favorable a la expulsión», pues la concesión de la protección subsidiaria permite al interesado obtener un permiso de residencia legal en el territorio.
123.

En segundo lugar, procede señalar que, en su sentencia Santander Asset Management SGIIC y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró, basándose en una jurisprudencia actualmente consolidada, que en la medida en que un Estado miembro haya decidido no someter al impuesto a los OICVM residentes que perciben dividendos de origen nacional, no puede invocar la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de los OICVM no residentes que perciben esos rendimientos ( 47 ). En efecto, cuando un Estado miembro decide unilateralmente, en particular a efectos de prevenir la doble imposición económica, renunciar al ejercicio de su competencia fiscal respecto de los rendimientos percibidos por sus residentes en relación con las actividades realizadas en su territorio, no es coherente que éste invoque la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria para justificar, en circunstancias similares, el ejercicio de esta misma competencia únicamente con respecto a los rendimientos percibidos por los no residentes.
78.

El Gobierno de los Países Bajos se pregunta cómo pudo el Tribunal General anular el artículo 2, párrafo tercero, cuando no se había solicitado tal anulación. El tercer párrafo no quedó sin objeto con la anulación de los dos primeros. Para saber si la anulación de éstos debió haber implicado la del tercer párrafo es precisa una valoración del fondo que el Tribunal General no podía hacer si no le había sido solicitada y que tampoco puede hacer el Tribunal de Justicia en casación. Además, el motivo de recurso ha quedado sin objeto. El 11 de mayo de 2012, la Comisión adoptó una nueva decisión en que volvía a declarar que la modificación de las condiciones de reembolso constituía una ayuda estatal (sin cuantificarla), y la autorizó con las mismas condiciones. ING plantea argumentos similares: el motivo es manifiestamente inadmisible porque la Comisión no formuló tal solicitud en primera instancia, y carece de objeto tras la Decisión de 11 de mayo de 2012.
57.

En vista de los documentos que obran en autos, no cabe ninguna duda de que los Estados miembros de que se trata y los terceros interesados no alegaron en ningún momento en sus recursos en el procedimiento seguido tras la devolución al Tribunal General que las exenciones litigiosas no constituían ayudas de Estado porque no eran imputables a los Estados miembros afectados.
36.

Según el órgano jurisdiccional remitente, cuando la prestación está sujeta al régimen del margen, ya no es posible realizar el cálculo de la base imponible previsto en el artículo 11, parte A, apartado 1, letra a) de la Sexta Directiva, puesto que la base imponible no es igual a la contraprestación pagada por el consumidor, sino a la diferencia entre la cantidad total pagada por el viajero, sin IVA, y el coste efectivo soportado por la agencia de viajes por las entregas y las prestaciones de servicios de otros sujetos pasivos, en la medida en que dichas operaciones redunden en beneficio directo del viajero. El órgano jurisdiccional remitente y el Gobierno alemán señalan que se debe tener en cuenta también la posibilidad de que el margen sea cero si el precio de mercado no es superior a los costes soportados por el viaje.
30.

En consecuencia, una disposición nacional como el artículo 49, apartado 6, del Decreto Legislativo no 163/2006 que no establece una prohibición absoluta de invocar las capacidades de empresas auxiliares para cumplir los requisitos de selección, pero que no obstante restringe cuantitativamente dicha opción en un modo no previsto por el Derecho de la Unión, no puede ser compatible con la Directiva 2004/18.
23.

Respecto de las razones por las que un operador histórico, como CFL, que es una empresa ferroviaria, un departamento de dicha empresa que no sea independiente o un administrador de infraestructuras que no sea independiente de dichas empresas no pueden participar en el ejercicio de funciones fundamentales, como la adjudicación de franjas horarias, me limito a remitirme a mis conclusiones en los asuntos, antes citados, Comisión/Francia (C-625/10, puntos 31 a 47) y Comisión/Eslovenia (puntos 30 a 46).
76.

A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Symvoulio tis Epikratias del siguiente modo: El examen de la cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto nada que pueda afectar a la validez del artículo 69 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001.