5.

En opinión de los Gobiernos italiano y francés, la persona que se desplaza de un país comunitario a otro con fines de turismo, estudios, cuidados médicos o negocios, llevando consigo divisas extranjeras, realiza una exportación material de medios de pago; es decir, esa persona realiza una operación que, hasta el presente, no está liberalizada, y que puede pues ser regulada, limitada o prohibida por todo Estado miembro. Las intervenciones de los Estados no están prácticamente limitadas, pues en este ámbito tampoco están vinculados por la regla de «standstill». El párrafo primero del artículo 71 dispone en efecto que «Los Estados miembros procurarán no introducir ninguna nueva restricción [...]»; utiliza pues un término mucho menos imperativo que los de las disposiciones correspondientes en materia de circulación de mercancías, de personas y de servicios. De ello se deduce -como este Tribunal de Justicia observó en la sentencia Casati— que «no impone a los Estados miembros una obligación incondicional» y apta para ser invocada por los particulares (apartado 19 de la sentencia). Por otra parte, observa el Gobierno italiano, los artículos 59 y 60 del Tratado permiten pensar que sólo se puede hablar de «servicios» si existe «un vínculo específico, determinado, [...] en sus elementos esenciales, como son los sujetos, la naturaleza y la duración de la prestación». La prestación, en suma, ha de ser determinada; lo que significa, cuando menos, solicitada y ofrecida por sujetos identificables y claramente establecidos en diferentes Estados. «La prestación que es indistintamente ofrecida en un Estado [...] a la generalidad de los usuarios» y de la que éstos pueden beneficiarse tan sólo si se desplazan al lugar donde se ejecuta, no constituye una prestación de servicios (véase el escrito presentado el 28 de enero de 1983 en el asunto 286/82, pp. 17 y 18). Tampoco lo son por tanto las actividades médicas, docentes y turísticas (pienso en los hoteles y restaurantes), que casi nunca están destinadas a clientes singulares. El Abogado General Sr. Trabucchi se manifestó en términos muy parecidos en sus conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia de 7 de julio de 1976, Watson y Belmann (118/75, Rec. pp. 1185 y ss., especialmente p. 1200). El artículo 59-afirmaba- prevé la libre circulación únicamente para categorías determinadas de operadores económicos. Contempla pues a los prestadores de servicios, y no asimismo a los usuarios. No comparto esta opinión, diferentes argumentos me llevan a pensar que las disposiciones relativas a la libre circulación de servicios se aplican más allá de los límites a los que ese criterio querría reducirlas. Comencemos por el turismo. Al estar calificadas por el desplazamiento de los destinatarios, es decir, de los turistas, es evidente, para el Gobierno italiano y para el Sr. Trabucchi, que las prestaciones en ese sector son ajenas al ámbito de la libre circulación de servicios. Pero ¿se ha reflexionado en el reverso de la cuestión? Un Estado que sea libre para limitar o prohibir a sus residentes la exportación de divisas, será igualmente libre para impedirles el acceso a los servicios turísticos ofrecidos en otros Estados miembros y por ende para intervenir negativamente en la actividad de quien ofrece esos servicios. Me pregunto si tal resultado, cuando fuera perseguido por otros Estados, sería bueno para los intereses italianos; y sobre todo, dudo que resista a una crítica in apicibus. Entre los valores del Tratado -como sabemos- la libre circulación de servicios ocupa un lugar preeminente. Privar de ella a un sector económico tan importante como el turismo equivale a reducir a la mitad su alcance y por tanto a negarle aquél rango, y por ende a negar que reviste la importancia que le reconoce el artículo 3 en el proceso de integración. Así ocurre también con las prestaciones médicas o docentes. No es razonable exigir al médico que posee instrumentos sofisticados o que opera sólo en la clínica en la que dispone de los aparatos necesarios y de colaboradores con experiencia que se desplace de un país a otro, ni exigir que la escuela se desplace allí donde residen los alumnos; pues bien, eso pretende la tesis que rebato con el propósito de que esas actividades se consideren liberalizadas y para que el ámbito de aplicación de los artículos 59 a 66 no sufra nuevas reducciones. Los viajes de negocios, que, como observa la Comisión, constituyen una categoría heterogénea, presentan en cambio menor certeza. A lo sumo, se podrá decir que algunos viajeros -como los periodistas, los abogados- son indudablemente prestadores de servicios y pueden invocar las disposiciones del Tratado.