SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 14 de mayo de 1998

Asunto T-21/97

Sofia Goycoolea

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Agentes temporales — Datos falsos en el impreso de candidatura — Apartado 1 del artículo 50 del Régimen aplicable a otros agentes — Párrafo tercero del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto — Requisitos de forma de la reclamación»

Texto completo en lengua francesa II-679

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anule la decisión de la Autoridad Facultada para la Contratación de Personal de la Comisión, de 7 de mayo de 1996, por la que se rescindió el contrato de agente temporal de la demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La demandante, Sra. Sofía Goycoolea, entró al servicio de la Comisión el 16 de septiembre de 1991 como agente auxiliar de categoría C, en calidad de mecanógrafa, para un período de tres meses. Su contrato fue prorrogado en varias ocasiones.

El 7 de febrero de 1994, la demandante participó en un procedimiento de selección de agentes temporales de categoría B, presentando su candidatura a cuatro puestos vacantes (114T/IX/93, 121T/XI/93, 112T/V/93 y 124T/XVI/93).

Entre las aptitudes generales exigidas por el anuncio de selección figuraba, para todos los puestos que debían cubrirse, la de haber realizado estudios secundarios superiores completos sancionados por un título.

Al finalizar el procedimiento de selección, el Comité de selección incluyó a la demandante en la lista de las personas consideradas aptas para ocupar el puesto 114T/IX/93, de nivel B 3/B 2.

Entre las aptitudes particulares exigidas a los candidatos a cubrir el citado puesto -además de las aptitudes generales- figuraba la exigencia de una «experiencia profesional de al menos doce años una vez finalizados los estudios».

En el impreso de candidatura de la demandante al puesto de que se trata, se menciona -en el punto 7 A, «Estudios secundarios, medios o técnicos»- que obtuvo su título de bachiller en el Colegio Sagrado Corazón de Buenos Aires (Argentina) en diciembre de 1966. Igualmente, en el punto 7 B, «Estudios superiores», el impreso precisa que la demandante está en posesión de una diplomatura en políticas y prácticas de formación, expedida por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) en noviembre de 1992.

La demandante firmó la declaración sobre el honor que figura al final del impreso de candidatura, asegurando que los datos contenidos en dicho impreso eran veraces y completos.

Como resultado del procedimiento de selección, la demandante fue contratada formalmente, con efectos de 1 de diciembre de 1994, en calidad de agente temporal de grado B 3 para ejercer funciones de asistente en la Secretaría General de la Comisión, Dirección H, «Fondos de Cohesión». Su contrato tenía una duración de tres años.

Durante la preparación de la reunión del Comité de clasificación de 31 de enero de 1995, la administración comprobó que el título de bachiller de la demandante no figuraba en su expediente personal y le pidió que le hiciera llegar el documento que faltaba.

Tras varias peticiones infructuosas, la demandante terminó reconociendo, mediante nota de 6 de septiembre de 1995 dirigida al Director de la Dirección B «Derechos y Obligaciones» de la Dirección General de Personal y Administración (DG IX), que no había finalizado sus estudios secundarios y, por tanto, no había obtenido ningún título de fin de estudios secundarios. Destacó que no había sido consciente de la importancia de la inexactitud de su declaración para el procedimiento de selección.

En consecuencia, la administración inició un procedimiento disciplinario contra la demandante el 20 de septiembre de 1995.

El 26 de febrero de 1996, el Consejo de disciplina emitió un dictamen motivado en el que recomendaba «por unanimidad a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) que imponga a la Sra. Goycoolea la sanción prevista en el artículo 50 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas» (RAA), «a saber, la rescisión de su contrato sin preaviso, sin que se le retiren o limiten sus derechos conforme al apartado 2 del artículo 49 del RAA».

Mediante decisión de 7 de mayo de 1996 (decisión impugnada), el Director General de la DG IX, en su condición de Autoridad Facultada para la Contratación de Personal (AFCP), rescindió el contrato de agente temporal de la demandante con efectos de 1 de septiembre de 1996.

Mediante nota de 28 de mayo de 1996, el Abogado de la demandante solicitó al Director General de la DG IX que retirara la decisión por la que se rescindía el contrato de agente temporal de aquélla. Dicha nota fue registrada por la Comisión el 17 de junio de 1996, en concepto de reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

El 18 de julio de 1996 se celebró una reunión del grupo interservicios, durante la cual se examinó el expediente de la demandante.

Mediante decisión de 21 de octubre de 1996, la AFCP desestimó la reclamación de la demandante.

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del apartado 1 del artículo 50 del RAA y del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto, así como en la existencia de un error manifiesto de apreciación

Para que una Institución pueda aplicar válidamente el apartado 1 del artículo 50 del RAA deben reunirse dos requisitos cumulativos. La AFCP tiene que haber comprobado que el interesado facilitó de manera intencionada, en el momento de su contratación, datos falsos relativos a sus aptitudes profesionales o a los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 12 y que tales datos falsos fueron determinantes para la contratación del interesado.

Por consiguiente, procede examinar si, en el presente asunto, se reúnen ambos requisitos.

Sobre el requisito relativo al suministro intencionado por la interesada, en el momento de su contratación, de datos falsos sobre sus aptitudes profesionales

El hecho de proporcionar datos falsos sobre dos de las aptitudes exigidas por el anuncio de selección equivale a suministrar «datos falsos relativos a sus aptitudes profesionales» en el sentido del apartado 1 del artículo 50 del RAA (apartado 46).

En la fase del procedimiento de selección de los agentes temporales, una Institución sólo puede conocer las «aptitudes profesionales» de los candidatos a través de los diplomas y títulos que sancionan el nivel de estudios exigido y los certificados que justifican la experiencia profesional exigida. Además, el artículo 50 del RAA no sólo está destinado a permitir que la Institución sancione a los agentes que hayan proporcionado datos falsos en circunstancias determinadas durante el procedimiento de contratación, sino que constituye también un mecanismo que garantiza la regularidad general de los procedimientos de selección. Por consiguiente, para salvaguardar la eficacia de este artículo, el concepto de «propocionar datos falsos relativos a las aptitudes profesionales» debe incluir necesariamente la falsa declaración de estar en posesión del diploma y/o la experiencia profesional exigidos en el anuncio de selección (apartado 47).

Por haber proporcionado datos falsos sobre dos de las aptitudes exigidas en el anuncio de selección, la demandante reúne el primer requisito de aplicación del apartado 1 del artículo 50 del RAA. El otro requisito, expresamente contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 50 del RAA, relativo al carácter intencionado del comportamiento de la interesada, también se cumple en el presente asunto (apartados 51 y 52).

Sobre el requisito relativo a los efectos determinantes de los datos falsos para la contratación de la interesada

La importancia de los requisitos contemplados en el anuncio de selección que la demandante no reúne es tal que los datos falsos suministrados fueron determinantes para admitir su candidatura al procedimiento de selección y, por consiguiente, para su contratación. En efecto, tal como se ha recordado anteriormente, en la fase del procedimiento de selección, la Institución sólo puede conocer las aptitudes profesionales de los candidatos a través de los diplomas y títulos que sancionan el nivel de estudios exigido y los certificados que justifican su experiencia profesional. De ello resulta necesariamente que la demandante fue contratada sobre la base de los datos por ella facilitados (apartado 56).

Así pues, en el caso de autos se cumple también el segundo requisito de aplicación del apartado 1 del artículo 50 del RAA, puesto que los datos falsos que proporcionó la demandante fueron determinantes para su contratación (apartado 61).

De las consideraciones anteriores se deduce que, puesto que se reúnen los dos requisitos exigidos por el apartado 1 del artículo 50 del RAA, la decisión impugnada no se adoptó infringiendo dicho artículo (apartado 62).

Respecto a la supuesta infracción del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto, que precisa que los puestos de categoría B están reservados a las funciones que requieren conocimientos de nivel de enseñanza secundaria o una experiencia profesional de nivel equivalente, procede recordar que las disposiciones de dicho artículo del Estatuto tienen por objeto definir, de manera general, dependiendo de la naturaleza de las funciones a las que correspondan los puestos, el nivel mínimo de los funcionarios en los distintos grados y no afectan a las condiciones de selección de personal, reguladas por lo dispuesto en el artículo 29 y en el Anexo III del Estatuto. Nada se opone a que, para determinados puestos o categorías de puestos, la convocatoria de concurso fije requisitos más severos que los requisitos mínimos que resultan de la clasificación de los puestos, bien sea para cubrir una plaza vacante determinada o para la constitución de una lista de reserva destinada a la provisión de las plazas de una determinada categoría (apartado 64).

Referencia: Tribunal de Justicia, 13 de julio de 1989, JaenickeCendoya/Comisión (108/88, Rec. p. 2711), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Ferreira de Freitas/Comisión (T-2/90, Rec. p. II-103), apartado 54; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1994, Cortés Jiménez y otros/Comisión (T-82/92, RecFP p. II-237), apartado 20

En consecuencia, el hecho de que el anuncio de selección exija a los candidatos una experiencia profesional de doce años una vez finalizados sus estudios no puede constituir una infracción del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto (apartado 65).

Sobre el segundo motivo, basado en la incompetencia de la AFCP para comprobar que se reunían los requisitos de acceso al procedimiento de selección de agentes temporales

El procedimiento administrativo previo tiene por objeto permitir la resolución amistosa de las diferencias surgidas entre los funcionarios o agentes y la administración. Para que dicho procedimiento pueda alcanzar su objetivo, es necesario que la AFPN pueda conocer de forma suficientemente precisa las críticas que los interesados formulan contra la decisión impugnada.

En los recursos de funcionarios, aunque las pretensiones expuestas en la fase del recurso deben tener el mismo objeto que las expuestas en la reclamación y los motivos de impugnación deben basarse en la misma causa que los invocados en la reclamación, tales motivos de impugnación pueden ser desarrollados, ante el órgano jurisdiccional comunitario, mediante la presentación de motivos y alegaciones que no necesariamente figuran en la reclamación, pero que están estrechamente relacionados con ella.

Además, el procedimiento administrativo previo tiene carácter informal y, en general, los interesados actúan en esta fase sin recurrir a los servicios de un Abogado. La administración no debe interpretar las reclamaciones de forma restrictiva, sino que, al contrario, ha de examinarlas con un espíritu abierto (apartados 78 a 82).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1976, Sergy/Comisión (58/75, Rec. p. 1139), apartado 32; Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento (133/88, Rec. p. 689), apartados 10 y 11; Tribunal de Primera Instancia, 7 de mayo de 1991, Jongen/Comisión (T-18/90, Rec. p. II-187), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión (T-1/91, Rec. p. II-2145), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405), apartado 26

No se discute que la nota de 28 de mayo de 1996, presentada por el Abogado de la demandante y que la Comisión considerò una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, no plantea, expresa ni implicitamente, este motivo. Dicha nota no hacía referencia, directa ni indirecta, a una supuesta falta de competencia de la AFCP para comprobar que se reuman los requisitos de acceso al procedimiento de selección. Aunque la demandante planteó la alegación de que se trata durante la reunión interservicios de 18 de julio de 1996, sin embargo no precisó por escrito los términos y el alcance de su argumento, lo que impidió que la Comisión conociera de forma suficientemente precisa las críticas que la demandante pretendía formular contra la decisión impugnada (apartados 80 y 83).

En estas circunstancias, debe declararse la inadmisibilidad de este motivo (apartado 84).

Fallo:

Se desestima el recurso.