Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios ° Recurso ° Contencioso de las elecciones al Comité de personal ° Interés para ejercitar la acción ° Calidad de elector

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios ° Representación ° Comité de personal ° Procedimiento para las elecciones al Comité de personal de la Comisión en Bruselas aplicable a la votación de 1994 ° Prohibición a una organización sindical o profesional de presentar más de una lista ° Alcance ° Legalidad ° Aplicación por la Junta Electoral

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 9, aps. 2 y 3, y 24 bis; Anexo II, art. 1, párr. 4)

3. Funcionarios ° Recurso ° Recurso de indemnización ° Anulación del acto ilegal impugnado ° Reparación adecuada del perjuicio moral

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

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1. Todo elector tiene un interés en que se elijan sus representantes en el Comité de personal en unas condiciones y en virtud de un sistema electoral que respete las disposiciones estatutarias reguladoras del procedimiento electoral correspondiente y dicho interés, que le legitima para interponer un recurso contra una decisión adoptada por la Junta electoral en el marco de su misión de organización de la votación, no desaparece en el caso de una persona, miembro de una organización sindical o profesional que, después de haber encabezado una lista, haya sido proclamada elegida a resultas de la votación.

2. No puede calificarse de ilegal la prohibición, establecida por el Reglamento electoral aplicable a las elecciones al Comité de personal de la Comisión de Bruselas de 1994, de que una organización sindical o profesional presente más de una lista de candidatos, en la medida en que se interprete en el sentido de que no se opone a que cualquier funcionario o agente elegible, incluso si es miembro, miembro de los órganos directivos o presidente de una organización sindical o profesional, se presente como candidato a las elecciones en una lista autónoma, ni a que el candidato de dicha lista haga pública su pertenencia a una organización sindical o profesional y las funciones que desempeña en la misma, ni a que una lista autónoma y sus candidatos proclamen su simpatía o manifiesten su apoyo a las ideas y programas defendidos por una organización sindical o profesional, verbalmente o por escrito, ni incluso a que las listas autónomas hagan alusión, en su denominación, al nombre de una organización sindical o profesional, siempre y cuando ésta no se oponga a ello, y a condición de que la denominación elegida no se limite a reproducir pura y simplemente el nombre con el que la organización de que se trate participe en las elecciones y, en su caso, se le añada una cifra que permita diferenciarla de la "lista oficial" de la organización.

En efecto, así interpretada, dicha prohibición no viola el principio de libertad y democracia o de igualdad de trato, puesto que no perjudica en modo alguno a los derechos de un funcionario a ser elegido, ser elector y votar a una lista de candidatos, ni a la libertad de una organización sindical o profesional para presentar una lista de candidatos, y no introduce ninguna desigualdad de trato entre las listas de candidatos o los candidatos, ni el principio de representatividad, tal como se formula en el apartado 3 del artículo 9 del Estatuto, en el párrafo cuarto del artículo 1 del Anexo II del Estatuto y en la normativa de aplicación adoptada por la Comisión, ni la libertad sindical, reconocida en el artículo 24 bis del Estatuto, ni el principio según el cual todos los funcionarios son elegibles.

Habida cuenta de la legalidad de dicha prohibición y de las facultades que le confería el Reglamento electoral, la Junta electoral tenía derecho, después de haber aceptado en un primer momento la presentación de dos listas por una misma organización sindical o profesional, a retirar su decisión y solicitar a dicha organización que retirara una de sus listas. No tenía derecho, en cambio, a negar a los candidatos de la lista retirada por la organización sindical o profesional el derecho a presentarse en una lista que podía considerarse como autónoma con arreglo a las exigencias del Reglamento electoral correctamente interpretado.

3. La anulación de un acto de la Administración impugnado por un funcionario constituye en sí misma una reparación adecuada y, en principio, suficiente de cualquier perjuicio moral que éste pueda haber sufrido.