Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Necesidad de una crítica precisa de un extremo del razonamiento del Tribunal General

[Art. 225 CE, Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Compatibilidad de una ayuda con el mercado común — Incompatibilidad de una ayuda que vulnera los principios generales del Derecho comunitario

(Art. 88 CE)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión de no formular objeciones respecto de un régimen de ayudas — Protección de la confianza legítima

(Arts. 87 CE, aps. 1 y 3, y 88 CE, ap. 3)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión de no formular objeciones respecto de un régimen de ayudas — Limitación de la eficacia temporal de la decisión

(Arts. 87 CE, aps. 1 y 3, y 88 CE, ap. 3)

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1. Un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate.

Procede admitir un recurso en el que la argumentación desarrollada por la recurrente resulta en su conjunto suficientemente clara para poder identificar con la necesaria precisión los elementos impugnados de la sentencia recurrida y los fundamentos jurídicos invocados en apoyo de tal impugnación y, en consecuencia, permite al Tribunal de Justicia efectuar su control de legalidad, aunque determinados pasajes de dicha argumentación adolezcan de falta de rigor.

(véanse los apartados 48 y 49)

2. La Comisión no puede declarar compatible con el mercado común una ayuda de Estado que, debido a alguna de sus modalidades, vulnera los principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato.

(véase el apartado 65)

3. El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo justiciable al que una institución de la Unión hizo concebir esperanzas fundadas. Por lo que se refiere a la supresión de una normativa, a falta de interés público imperativo, la Comisión infringe una norma jurídica superior si no acompaña dicha supresión con medidas transitorias que protejan la confianza que un operador económico prudente y diligente podía legítimamente tener en la normativa de la Unión. No obstante, nadie puede invocar una violación del principio de protección de la confianza legítima si dicha institución no le dio garantías concretas. Además, cuando un operador económico prudente y diligente está en condiciones de prever la adopción de una medida que pueda afectar a sus intereses, no puede invocar el beneficio de tal principio si dicha medida se adopta.

En el ámbito de las ayudas de Estado, por lo que respecta a una decisión de la Comisión de no formular objeciones respecto de un régimen de ayudas de Estado hasta el término de un período preciso, un operador económico prudente y diligente, que se supone que conoce dicha decisión, puede deducir de la indicación «duración» de la decisión que la posibilidad de poder participar en un procedimiento de concesión de subvenciones está limitada por la duración de la autorización concedida a dicho régimen.

En efecto, habida cuenta de que la Comisión, al autorizar un régimen de ayudas, admite una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, contemplado en el artículo 87 CE, apartado 1, un operador prudente y diligente no puede esperar razonablemente, contrariamente al principio de que tales excepciones deben interpretarse en sentido estricto, que esa decisión autorice la concesión de ayudas incluso después de la fecha indicada en ella.

(véanse los apartados 69 y 71 a 74)

4. El principio de igualdad de trato se opone, en particular, a que se traten de manera diferente situaciones que son comparables, salvo que este trato esté justificado objetivamente.

Una decisión de la Comisión de no formular objeciones respecto de un régimen de ayudas de Estado en aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, constituye una excepción al principio general de incompatibilidad de estas ayudas con el mercado común. Por consiguiente, su período de validez debe limitarse en el tiempo. Ahora bien, cualquier autorización de duración limitada implica por definición una desigualdad de trato en función de que una situación dada entre o no en el ámbito de aplicación temporal de la decisión de autorización.

A este respecto, la desigualdad de trato entre las empresas que tienen oportunidad de participar en un procedimiento de concesión de subvenciones antes del vencimiento de la autorización concedida mediante la decisión y aquellas que ya no tienen esta oportunidad está justificada objetivamente.

(véanse los apartados 78 a 80)