SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 11 de junio de 1998

Asunto T-167/97

Kyiïakos Skrikas

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Decisión de no promover — Recurso de anulación — Admisibilidad — Acto lesivo — Examen comparativo de méritos — Transferencia interinstitucional — Apartado 1 del artículo 45 del Estatuto»

Texto completo en lengua francesa II-857

Objeto:

Anulación de la decisión del Parlamento Europeo de no promover al demandante al grado C 3 en el ejercicio de promoción de 1996.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

El 1 de enero de 1996, el demandante, funcionario de grado C 4 fue transferido de la Comisión al Parlamento Europeo.

El comité consultivo de promoción C inscribió al demandante en la lista de funcionarios susceptibles de promoción al grado C 3 en el ejercicio de 1996 y, basándose en su informe de calificación, edad, antigüedad en el grado y antigüedad en la categoría, le atribuyó 66,50 puntos.

A continuación, aunque decidió proponer la promoción de los funcionarios de grado C 4 que hubieran obtenido 66,25 puntos o más, este comité no propuso la promoción del demandante en el ejercicio de 1996.

El 12 de julio de 1996, el Secretario General del Parlamento, Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), competente para los ascensos al grado C 3, no promovió al demandante.

Tras instar el procedimiento administrativo previo, el demandante interpuso este recurso.

Sobre la admisibilidad

Procede admitir el recurso interpuesto por un funcionario destinado a que se anule la decisión de no inscribirlo en la lista de funcionarios promovidos en un ejercicio de promoción concreto. Así, en el apartado 29 de su sentencia de 21 de noviembre de 1996, Michael/Comisión, relativo a un recurso interpuesto contra una decisión de la AFPN por la que se elaboraba una lista de funcionarios de la Comisión promovidos al grado A 4, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en primer lugar, que, en el momento de apreciar la admisibilidad del recurso, este último sólo tiene por objeto la anulación de la lista de que se trata en la medida en que el demandante no figura en ella y, por lo tanto, no ha sido promovido. A continuación, señaló que los motivos invocados por el demandante sólo ponen en tela de juicio supuestas irregularidades del procedimiento de promoción relacionadas con el examen de sus méritos y no la apreciación de los méritos de los funcionarios promovidos. De ello deduce que el recurso de anulación de este demandante no afectaba al conjunto de la lista controvertida, sino solamente a la decisión de no haberlo incluido en ella (apartado 22).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de noviembre de 1996, Michael/Comisión (T-144/95, Rec FP p. II-1429), apartado 29

Cuando, como sucede en el presente asunto, el demandante no pone en tela de juicio la apreciación de los méritos de los funcionarios promovidos en un ejercicio de promoción determinado, la decisión de promover a determinados funcionarios inscritos en la lista de los susceptibles de promoción y la de no promover a los demás funcionarios que figuren en esta lista, entre los que se encuentra el demandante, constituyen dos aspectos de un mismo acto que, como tal, lesiona sus derechos puesto que sus efectos afectan directa e inmediatamente a su situación jurídica, de forma definitiva. Por ese motivo, ni el hecho de que el demandante no haya impugnado la decisión de promover a una parte de los funcionarios inscritos en la lista de funcionarios susceptibles de promoción, ni el hecho de que no haya impugnado conjuntamente la decisión de promover a algunos de los funcionarios inscritos en dicha lista y la de no promover a los demás funcionarios inscritos en la misma puede implicar la inadmisibilidad de este recurso (apartado 23).

Al solicitar que se anule la decisión de no promoción, el demandante pone debidamente en tela de juicio el aspecto del acto lesivo que le afecta directamente. Ningún elemento del recurso permite afirmar que, al obrar así, desea en realidad obtener una decisión de promoción a su favor. Por el contrario, de los términos utilizados por el propio demandante en sus escritos se deduce que el objeto perseguido no es una decisión de promoción a su favor, sino simplemente la anulación de una decisión de la AFPN. Por consiguiente, debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad (apartados 24 a 26).

Sobre el fondo

El demandante censura, en particular, la violación del artículo 45 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) (apartado 34).

Del apartado 1 del artículo 45 del Estatuto se deduce que todo funcionario que aspire a la promoción tiene derecho a que la AFPN realice un examen comparativo de sus méritos y de los informes que les conciernan. Esta disposición no distingue la situación de los funcionarios que hayan sido objeto de transferencia institucional y la de los demás funcionarios, y no formula ningún requisito suplementario al del mínimo de antigüedad en el grado para que los funcionarios que hayan sido objeto de una transferencia interinstitucional puedan aspirar a la promoción en el sentido de esta disposición (apartados 37 y 38).

En el presente asunto, el demandante, que cumplía el requisito de antigüedad mínima, tenía derecho a que la AFPN procediera a un examen comparativo de sus méritos y de los informes que le concernían, en el marco del procedimiento de promoción controvertido (apartados 39 y 40).

Pues bien, de la decisión expresa de desestimación de la reclamación que la AFPN, teniendo en cuenta la circunstancia de que la fecha de transferencia del demandante coincidía con la del efecto de las decisiones de promoción para el ejercicio de 1996, consideró que «procedía, en interés del servicio y observando el principio de igualdad de trato de los funcionarios, comprobar [sus] méritos en el próximo ejercicio de promoción» (apartado 41).

Por tanto, la AFPN se negó a realizar el examen comparativo de los méritos del demandante y de los informes que le concernían, aunque éste aspiraba a una promoción al grado C 3 el 1 de enero de 1996, violando de esta forma un derecho indiscutible del demandante en el marco del procedimiento de promoción (apartado 42).

A este respecto, para justificar su decisión, el Parlamento no puede invocar ni la transferencia institucional de que había sido objeto el demandante, ni de las particularidades de esta transferencia interinstitucional. Las eventuales características que pueden distinguir los procedimientos de promoción en el seno de las distintas Instituciones de las Comunidades no pueden producir la consecuencia de añadir un requisito adicional al de la antigüedad mínima, única prevista en el apartado 1 del artículo 45 del Estatuto, esto es, el ejercicio de sus funciones, por parte del funcionario, durante el período de referencia. Aunque es innegable que la comparación de méritos y de los informes de un funcionario que acaba de ser objeto de una transferencia interinstitucional no es tan fácil como una comparación realizada únicamente entre los funcionarios de la institución de destino, no es, como tal, ni imposible ni discriminatoria (apartado 43).

De todo lo anterior se deduce que el procedimiento de promoción controvertido adolece de una irregularidad constitutiva de un vicio sustancial y que, por consiguiente, procede anular la decisión impugnada. En virtud del artículo 176 del Tratado CE, corresponde al Parlamento garantizar que el comité consultivo de promoción C y la AFPN realicen un nuevo examen de los méritos del demandante en relación con los de los funcionarios promovidos en el ejercicio de promoción de 1996 y adoptar las medidas necesarias (puntos 47 a 49).

Referencia a: Michäel/Comisión, antes citada, apartado 62.

Fallo:

Se anula la decisión del Parlamento de no promover al demandante al grado C 3 en el ejercicio de promoción de 1996.