2.

Si, no obstante, fuera necesario examinar el fundamento de esta excepción, habría que recordar que se basa en el artículo 51 del Tratado, el único artículo de éste que se refiere a la Seguridad Social. Ahora bien, la potestad legislativa que atribuye al Consejo está estrechamente limitada: su único objeto es asegurar la libre circulación de los trabajadores, en los términos en que la define el artículo 48, esto es, contemplada desde la perspectiva del empleo, en sus relaciones con éste; sólo se refiere, como se dice en el título del Reglamento no 3, a los trabajadores migrantes, es decir, a aquellos a quienes su empleo obliga a desplazarse; no permite, por último, al Consejo adoptar otras medidas que las necesarias para los objetivos que acabo de indicar. Efectivamente, el Reglamento no 3, según esta excepción, está viciado de incongruencia interna y de ilegalidad en la medida en que alguno de sus preceptos establecen normas que exceden su marco, según lo hemos definido; en particular así es, se aduce, en relación con el apartado 1 del artículo 4 y con los artículos 19 y 52. Estas cuestiones, que el Abogado de Singer expuso brillante y profundamente en la vista oral, no son nuevas para este Tribunal de Justicia, que ha tenido ocasión de tratarlas desde que se ha visto en la obligación de interpretar el Reglamento no 3. En su sentencia de 19 de marzo de 1964, Unger (75/63,↔ Rec. pp. 347 y ss., especialmente p. 351), este Tribunal tuvo que ocuparse del fundamento de este Reglamento y del alcance de su ámbito de aplicación, en concreto del artículo 19, uno de aquellos cuya legalidad discute Singer. Destacó en dicha sentencia el Tribunal de Justicia que el artículo 51 está incluido en el Capítulo designado «Trabajadores» y situado en el Título III («Libre circulación de personas, servicios y capitales») de la Segunda Parte del Tratado («Fundamentos de la Comunidad»). Añadió este Tribunal de Justicia que el establecimiento de una libertad tan completa como sea posible de circulación de los trabajadores, inscrita por tanto en los «fundamentos» de la Comunidad, constituía así la finalidad principal de este artículo y que, por tal razón, condicionaba la interpretación de los Reglamentos adoptados en aplicación de éste. El Abogado General, Sr. Lagrange, había subrayado, por otra parte, que el ámbito establecido por el artículo 51 del Tratado no estaba limitado a las disposiciones contenidas bajo las letras a) y b) de este artículo (acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales y pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros). Tales disposiciones no podían tener un carácter limitativo, ya que están precedidas de la locución «en especial» como destacó uno de los fundamentos de la sentencia. Por consiguiente, estoy dispuesto a admitir que la interpretación del Reglamento no 3 por parte de este Tribunal es amplia, incluso extensiva, pero pienso que tal interpretación es perfectamente compatible con el artículo 51 del Tratado. La competencia del Consejo está determinada por la finalidad a la que atiende: la libre circulación de los trabajadores (y el artículo 51 no dice «de los trabajadores migrantes»). Ello justifica que determinadas medidas incluidas en el Reglamento no 3 afecten evidentemente a personas que no tienen la calidad de trabajadores migrantes. A las disposiciones citadas por Singer, podríamos añadir las del artículo 10, que establece que las pensiones adquiridas en virtud de las legislaciones de uno o de varios Estados miembros no podrán sufrir reducción alguna por el hecho de que su beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra la institución deudora. O las del artículo 40 relativas al alcance del derecho a los subsidios familiares del trabajador por cuenta ajena cuyos hijos residan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en el que él mismo está empleado. Una vez admitido que el Reglamento no 3 no se refiere únicamente a los trabajadores migrantes, sino de una manera más general a la circulación de los trabajadores, se encuentra, ciertamente, una nueva objeción. El referido Reglamento no puede, según dicha objeción, contemplar más que la circulación de los trabajadores en cuanto tales, es decir, en tanto en cuanto esté vinculada al ejercicio de su empleo y, a tal fin, se conecta el artículo 51 con el párrafo primero del artículo 49, así como con el artículo 48 que enumera las medidas que implica dicha libre circulación con respecto al empleo. La corrección de esta asimilación no resulta evidente, dado que los artículos 51 y 48 no tienen necesariamente el mismo ámbito. El primero de tales artículos se refiere a la Seguridad Social; las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de trabajadores han de apreciarse en el marco de la Seguridad Social y en relación con ésta. Toda disposición que, por ejemplo, asimile el territorio de los diferentes Estados miembros al territorio del Estado de origen a efectos de acceder a las distintas prestaciones es, pues, conforme con el objeto del artículo 51; es perfectamente compatible con éste la limitación de la territorialidad de las leyes nacionales en materia de Seguridad Social, leyes éstas que no se limitan al ámbito estricto del empleo. A pesar de la brillante exposición que se hizo de la tesis de la ilegalidad del Reglamento no 3 en aquellos preceptos que contiene que superan la circulación de trabajadores migrantes strictu sensu, la referida tesis no me parece convincente.