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Competencia ° Prácticas colusorias ° Prohibición ° Exención por categorías ° Reglamento (CEE) nº 123/85 ° Objeto ° Exención en favor de determinadas restricciones de competencia pactadas en las relaciones entre fabricantes y concesionarios en el sector de los vehículos automóviles ° Prohibición de la actividad de reventa independiente de vehículos nuevos de una marca de automóviles ejercida por un operador económico ajeno a su red oficial de distribución y que no tiene la condición de intermediario con mandato ° Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 123/85 de la Comisión]

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El Reglamento nº 123/85, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles, se limita a dar a los operadores económicos del sector de los vehículos automóviles ciertas posibilidades que les permitan, a pesar de la presencia de determinados tipos de cláusulas de exclusividad y de no competencia en sus acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa, que éstos queden eximidos de la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Dicho Reglamento sólo se refiere a las relaciones contractuales entre los abastecedores y sus distribuidores autorizados y, por el contrario, si bien establece lo que las partes de dichos acuerdos pueden o no pueden comprometerse a hacer en sus relaciones con terceros, no tiene por función regular la actividad de terceros que pueden intervenir en el mercado fuera del circuito de los acuerdos de distribución.

En consecuencia, el Reglamento nº 123/85 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un operador económico, que no es revendedor autorizado de la red de distribución del constructor de una determinada marca de vehículos automóviles ni intermediario con mandato en el sentido del punto 11 de su artículo 3, ejerza una actividad de reventa independiente de vehículos nuevos de dicha marca.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Vino ° Designación y presentación de los vinos ° "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vinos de calidad con mención) ° Repetición en la etiqueta de las menciones "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese" como componentes de un nombre de marca ° Procedencia ° "Qualitaetsweine b.A." (vinos alemanes de calidad producidos en regiones determinadas) ° Repetición en la etiqueta de la mención "Weissherbst" como componente de un nombre de marca ° Procedencia

[Reglamento nº 2392/89 del Consejo, art 40; Reglamento nº 3201/90 de la Comisión, art. 3, aps. 2 y 3, párr. 1, letra a), y párr. 2]

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El apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 3201/90, sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que en la etiqueta de los "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vinos de calidad con mención) se reproduzcan las menciones "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese", además de su indicación reglamentaria (con caracteres del mismo tipo y altura que el nombre de la región determinada o de una unidad geográfica de ámbito menor que la región determinada), una vez más con caracteres de tipo distinto y de mayores dimensiones, de forma que capten especialmente la atención como componentes de un nombre de marca.

El primer guión de la letra a) del párrafo primero y el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 de dicho Reglamento deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en los "Qualitaetsweine b.A." (vinos alemanes de calidad producidos en regiones determinadas) la mención "Weissherbst" se reproduzca en la etiqueta, además de haberla indicado con los caracteres utilizados para la designación de la región determinada, una vez más con caracteres de mayores dimensiones y de forma que capte especialmente la atención como parte integrante de una marca.

En efecto, la normativa comunitaria, en sus disposiciones específicas relativas a la utilización de marcas en las etiquetas, que figura, en particular, en el artículo 40 del Reglamento nº 2392/89, antes citado, no prevé ninguna restricción en lo relativo a la tipografía de los caracteres y las dimensiones de una marca en relación con la indicación del nombre de la región determinada o de la unidad geográfica de ámbito menor que la región determinada en la etiqueta. Por consiguiente, no cabe considerar que una marca, que por lo demás no puede, como tal, inducir a error al consumidor de una u otra manera, pueda inducir a confusión o provocar error en las personas a las que va dirigida por estar presentada de una manera que llama la atención y ello aun cuando contenga una palabra designada por la normativa de que se trata como una indicación que puede ser utilizada en la denominación de un vino de calidad producido en una región determinada.
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1. Libre circulación de mercancías ° Restricciones cuantitativas ° Medidas de efecto equivalente ° Prohibición ° Alcance

(Tratado CEE, art. 30)

2. Aproximación de las legislaciones ° Vidrio cristal ° Directiva 69/493 ° Obligación de utilizar para determinadas categorías inferiores únicamente su denominación en el idioma del país de comercialización final ° Exigencia que respeta los límites de la facultad de apreciación del legislador comunitario y que es compatible con el artículo 30 del Tratado

[Tratado CEE, art. 30; Directiva 69/493 del Consejo, Anexo I, columna c)]

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1. La prohibición de restricciones cuantitativas así como de medidas de efecto equivalente es válida no sólo para las medidas nacionales, sino igualmente para las medidas que emanan de las Instituciones comunitarias.

2. Al imponer, en la Nota explicativa que figura en la columna c) del Anexo I de la Directiva 69/493, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre vidrio cristal, para los productos de las categorías 3 y 4 (vidrio sonoro superior y vidrio sonoro) la utilización exclusiva de las denominaciones en el idioma o en los idiomas del país en el que se comercializa la mercancía, el Consejo no sobrepasó los límites de la facultad de apreciación que le corresponde en el marco de sus competencias de armonización.

Por una parte, efectivamente, si tal exigencia constituye un obstáculo al comercio intracomunitario en la medida en que los productos procedentes de otros Estados miembros deben ir provistos de etiquetas diferentes, lo cual ocasiona gastos adicionales de envasado, está justificada por consideraciones de protección de los consumidores, dado que para las dos categorías de que se trata, inferiores al cristal superior y al cristal al plomo, al consumidor medio no le resulta fácilmente perceptible la diferencia de calidad del vidrio utilizado, por lo que es necesario que pueda estar informado con la mayor claridad posible sobre lo que él compra, de forma que no confunda un producto de las categorías 3 y 4 con un producto de las categorías superiores y, por tanto, no pague un precio injustificado. Por otra parte, no se puede considerarla desproporcionada en relación con la finalidad perseguida, en la medida en que no es evidente que pueda conseguirse una protección adecuada del consumidor con procedimientos diferentes y menos coercitivos.

Por otra parte, y habida cuenta de su justificación, la observancia de la exigencia lingueística de que se trata debe apreciarse necesariamente en relación con el consumidor final, independientemente del primer lugar de comercialización, de modo que le expresión "país en el que se comercializa la mercancía" designa al Estado miembro en el que tiene lugar la comercialización final del producto.
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Libre circulación de mercancías ° Restricciones cuantitativas ° Medidas de efecto equivalente ° Normativa nacional que prohíbe la comercialización de terminales de telecomunicaciones no homologados, aunque se presenten como destinados a la reexportación ° Procedencia ° Corolario de las facultades reconocidas a los Estados miembros por la Directiva 88/301

(Tratado CEE, art. 30; Directiva 88/301 de la Comisión, art. 3)

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Ni el artículo 30 del Tratado ni la Directiva 88/301, relativa a la competencia en los mercados de terminales de telecomunicaciones, que mediante algunas de sus disposiciones garantiza su aplicación, se oponen a una legislación nacional que, bajo pena de sanciones, prohíba a los agentes económicos importar para su comercialización, poseer con vistas a la venta, vender o distribuir aparatos terminales no homologados, así como hacer publicidad de los mismos, aunque el importador, el poseedor o el vendedor especifiquen claramente que tales aparatos están destinados exclusivamente a la reexportación, cuando no se garantice que sean reexportados efectivamente ni, por consiguiente, que no sean destinados a ser conectados a la red pública, sino que, antes al contrario, las comprobaciones efectuadas por el Juez nacional pongan de manifiesto que la mayor parte de tales aparatos no fueron reexportados.

En efecto, si bien el artículo 3 de la Directiva reconoce a los operadores económicos el derecho a importar y a comercializar aparatos terminales, dicho precepto permite que los Estados miembros sometan tales aparatos a un control de conformidad destinado a verificar si se atienen a ciertos requisitos esenciales, a saber, en particular, la seguridad de los usuarios, la seguridad de los empleados de las empresas que explotan la red pública de telecomunicaciones, la protección de las redes públicas de telecomunicaciones contra todo daño y la interoperabilidad de los equipos terminales, cuando esté justificada. Ahora bien, las facultades de ese modo reconocidas a los Estados miembros quedarían privadas de eficacia si fuese posible llevar a cabo las mencionadas actividades sin que la reexportación de los aparatos estuviera garantizada efectivamente.
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Agricultura ° FEOGA ° Liquidación de cuentas ° Cantidades que debe pagar al Fondo un Estado miembro en concepto de tasa de corresponsabilidad en el sector de los cereales ° Facultad de control de la Comisión sobre la aplicación correcta de la normativa agrícola ° Recurso a la comparación de las cuentas presentadas con los datos estadísticos ° Procedencia ° Aparición de una duda razonable ° Carga de la prueba que incumbe al Estado miembro ° Sustitución de las cuentas presentadas por los datos estadísticos ° Improcedencia

(Reglamento nº 729/70 del Consejo, arts. 5 y 9)

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Si, en el marco de la liquidación de cuentas del FEOGA, en relación con la cual ni los considerandos ni las normas del Reglamento nº 729/70 revelan que difiere según se trate de gastos que han de financiarse o de ingresos que el Fondo debe percibir, la Comisión considera que no debe aceptar las cifras comunicadas por un Estado miembro, porque las autoridades nacionales no han aplicado correctamente la normativa comunitaria relativa a los ingresos y gastos, como la tasa de corresponsabilidad en el sector de los cereales, normativa vigente en los distintos sectores de la política agrícola común, no tiene la obligación de demostrar exhaustivamente la irregularidad de los datos que le han sido transmitidos; le basta con aportar un elemento de prueba de la duda seria y razonable que alberga con respecto a las cifras comunicadas por las administraciones nacionales. Esta atenuación de la carga de la prueba en favor de la Comisión se explica por el hecho de que el Estado miembro se encuentra en mejor situación para recoger y comprobar los datos necesarios para la liquidación de cuentas, de forma que le incumbe probar detallada y completamente la realidad de sus cifras y, en su caso, la inexactitud de los cálculos de la Comisión.

Si la Comisión comprueba una discrepancia entre las cuentas y los datos estadísticos que, por su naturaleza y su finalidad, son inevitablemente aproximativos y sólo pueden reflejar con un grado de precisión limitado, las situaciones reales que presenta un Estado miembro, no puede prescindir pura y simplemente de dichas cuentas y proceder a la liquidación basándose en dichos datos estadísticos. Estos datos sólo tienen validez como medio indirecto de verificación, conforme al apartado 1 del artículo 9 del Reglamento nº 729/70, sobre cuya base la Comisión está facultada para hacer constar la duda razonable que obliga al Estado miembro a aportar los elementos de prueba del cumplimiento de la normativa comunitaria y de la existencia de un sistema de control fiable capaz de disipar dicha duda.
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1. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Normativa nacional que reserva ciertas actividades incluidas en el sector de los negocios inmobiliarios a las personas que ejercen la profesión regulada de Agente de la Propiedad Inmobiliaria - Procedencia

(Directiva 67/43 del Consejo)

2. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Disposiciones del Tratado - Ambito de aplicación personal

(Tratado CEE, art. 52)

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1. La Directiva 67/43 relativa a la realización de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas incluidas en: 1) el sector de los "Negocios inmobiliarios (salvo 6401)" (grupo ex 640 CITI); 2) el sector de determinados "Servicios prestados a las empresas no clasificados en otro lugar" (grupo 839 CITI), no se opone a una normativa nacional que reserva ciertas actividades incluidas en el sector de los negocios inmobiliarios a las personas que ejercen la profesión regulada de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

2. Las normas del Tratado CEE sobre libertad de establecimiento sólo son de aplicación a los nacionales de un Estado miembro de la Comunidad.
12.

El Gobierno español destaca que, de acuerdo con la sentencia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Países Bajos, antes citada, el supuesto de no sujeción de los organismos públicos debe contemplarse dentro del contexto del Sistema común del IVA, caracterizado por la generalidad de su campo de aplicación y por el hecho de que todas sus exenciones tienen que ser expresas y precisas. De ahí que la no sujeción de los organismos públicos requiera que se reúnan cumulativamente dos circunstancias: el ejercicio directo de las actividades por parte de un organismo público y su ejercicio en su condición de autoridades públicas. No ocurre, sin embargo, esto con los Recaudadores, cuya actividad no es imputable únicamente al Ayuntamiento, por lo que no se hallan plenamente integrados en su organización administrativa. A este efecto, se apoya en la sentencia de 11 de julio de 1985, Comisión/Alemania (107/84, Rec. p. 2663), que retiene únicamente el criterio orgánico en la interpretación del apartado 5 del artículo 4 de la Sexta Directiva, excluyendo el funcional. El Gobierno español recuerda que la sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros (asuntos acumulados 213/87 y 129/88, Rec. p. 3233), confirmada por la sentencia de 15 de mayo de 1990, Comune di Carpaneto Piacentino (C-4/89 Rec. p. I-1869), declara que el objetivo principal de la Sexta Directiva de asegurar la perfecta neutralidad del Impuesto obliga a limitar la regla de no sujeción, excluyendo de ella los casos en que los organismos públicos ejerzan actividades, en el marco del régimen jurídico que les es propio, que puedan ser igualmente realizadas, en concurrencia con ellos, por los particulares, incluso a partir de la existencia de concesiones administrativas. De esta doctrina deduce el Gobierno español que las actividades desarrolladas por los particulares en régimen de concesión, aunque participen del ejercicio de las funciones públicas, deben quedar sujetas al Impuesto. Aunque los Recaudadores no sean concesionarios, a efectos fiscales, sí puede considerarse que participan de las notas que los definen, al prestar sus servicios en forma independiente, sin subordinación a la Corporación municipal.
3.

La Comisión subraya que los Reglamentos relativos a la fijación anual de las ayudas fueron adoptados a partir de datos comunicados por los Estados miembros que nada permite considerar como inexactos. Los datos comunicados por las autoridades nacionales eran fiables y estas últimas asumieron sus responsabilidades en materia de control. El riesgo de un desequilibrio entre la oferta y las posibilidades de salida, como consecuencia del aumento considerable, hasta la campaña 1984/1985, de la producción cosechada y de las fabricaciones fue contenido, en un primer momento, mediante el establecimiento de umbrales de garantía y de la reducción de las ayudas, y más tarde, en una segunda etapa, mediante la introducción de un sistema de cupos de producción. Se deduce de las estadísticas que describen la evolución, por campaña, de la producción cosechada, de las fabricaciones, del saldo de los intercambios y de las cantidades disponibles, correspondientes a Italia y Grecia, que las medidas introducidas fueron eficaces. En particular, la disminución de las existencias no vendidas desde la campaña 1985/1986 evidencian, no una sobrestimación generalizada y manifiesta de los datos de transformación, sino la acumulación de una oferta real resultado de un aumento de las cantidades cosechadas y transformadas, que fue reabsorbida a partir de 1985/1986 como consecuencia de las medidas adoptadas por la Comisión. Los umbrales de garantía y las reducciones de ayuda que se producen si se sobrepasan dichos umbrales se aplican a todos los operadores de la Comunidad. Cualquier otra solución habría ocasionado distorsiones de la competencia incompatibles tanto con los objetivos del artículo 39 del Tratado como con los principios de libre circulación de los productos agrícolas y de no discriminación entre productores. Los fraudes, suponiendo que se demuestren, sólo son, en cualquier caso, imputables a determinados transformadores. Por consiguiente, las correcciones que habrían podido ocasionar no habrían podido beneficiar únicamente a los transformadores franceses. En consecuencia, la Comisión afirma la validez tanto del Reglamento n° 989/84 como de los Reglamentos de aplicación núms. 1925/84, 2222/85, 2077/86 y 2160/87.
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1. Funcionarios - Selección - Concurso - Tribunal del concurso - Independencia - Límites - Adopción de decisiones ilegales - Lista de aptitud en la que figuran candidatos indebidamente admitidos a concursar - Irregularidad que justifica la anulación de las actuaciones del concurso por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos

2. Recurso de casación - Recurso de casación declarado fundado - Resolución del litigio en cuanto al fondo por el Tribunal de Justicia - Afirmación por el Tribunal de Justicia de la legalidad de la decisión impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia

(Estatuto CEE del Tribunal de Justicia, art. 54, párr. 1)

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1. Aunque, debido a la independencia de los tribunales de concurso, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no puede anular o modificar una decisión adoptada por un tribunal de concurso, no obstante, en el ejercicio de sus propias competencias, tiene la obligación de adoptar decisiones exentas de ilegalidades y no puede quedar vinculada por decisiones de un tribunal de concurso cuya ilegalidad pueda viciar, de rechazo, sus propias decisiones.

Ante una lista de aptitud que, por incluir candidatos ilegalmente admitidos a concursar y no aptos para ser nombrados, por un lado, priva de la posibilidad de figurar en ella a un candidato que había obtenido el mínimo de puntos exigido y, por otro, al reducir sus posibilidades de elección, limita su facultad de apreciación, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos está autorizada para anular las actuaciones del concurso-oposición, contrariamente a lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia.

2. La aplicación del párrafo primero del artículo 54 del Estatuto CEE del Tribunal de Justicia conduce a este último a resolver el fondo del litigio, cuando la solución a la que llegue al concluir el examen del recurso de casación haga de todo punto inoperantes los motivos aducidos por el demandante ante el Tribunal de Primera Instancia.

Este es el caso cuando el Tribunal de Justicia reconoce que, contrariamente a lo que sostenía el demandante y a lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia, se ha adoptado legalmente una decisión.
Las operaciones portuarias no tienen, en principio, un interés económico general que posea características específicas respecto al de otras actividades económicas y que pueda incluirlas en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 90 del Tratado. En cualquier caso, el hecho de que los poderes públicos hayan confiado a una empresa la gestión de un servicio económico de interés general no puede, en virtud de la disposición mencionada, eximir a dicha empresa de la observancia de las normas del Tratado a no ser que la aplicación de estas normas pueda obstaculizar el cumplimiento de la misión específica que le ha sido confiada y que el interés de la Comunidad no resulte afectado.
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De las actuaciones se deduce que el Gobierno francés ya no niega la incompatibilidad de la normativa de que se trata con el Derecho comunitario. Sin embargo, alega que, en virtud de la Circular ministerial n° 1370 de 5 de noviembre de 1987 y a raíz de una Instrucción ministerial cursada a los órganos de gestión, en la práctica ya no se aplica el artículo L 815-5 del CSS a los nacionales comunitarios y que, en realidad, el artículo L 815-2 del CSS no se aplica al no haberse adoptado Decretos de aplicación.
b)

Dado que el procedimiento de visado de la DFE establecido por la Orden ministerial E4/10110 de 4 de diciembre de 1980 ya se encontraba vigente durante el período que es objeto del litigio, cabe preguntarse cuáles podrían ser las razones que indujeron al Banco de Grecia a enviar el télex de 2 de septiembre de 1985 a los bancos comerciales. La razón no puede residir en un control de las obligaciones en materia de cambios, puesto que ya se exigía que la DFE fuera visada por los bancos comerciales para estos fines. Tampoco podría tratarse de una razón de orden estadístico, ya que el procedimiento de la DFE funcionó sin ningún problema aparente desde 1981 a 1985. Además, el télex del Banco de Grecia no precisa en ninguna parte que el visado previo se exija para fines estadísticos, dato que podría explicarse fácilmente. Finalmente, no se comprenden las razones por las cuales cada exportación de maíz debe recibir el visado previo de la central del Banco de Grecia. Si se hubiese tratado de razones meramente estadísticas, habría sido suficiente la comunicación de las informaciones a posteriori por parte de las agencias regionales de los bancos comerciales. El télex de 2 de septiembre de 1985 no se refiere explícitamente al procedimiento DFE, sino al «visado previo del servicio de control de las exportaciones» del Banco de Grecia para cada exportación de maíz. El tenor literal induce a considerar que este télex no se refiere al visado de las DFE, sino que establece un sistema de autorización previa adicional del servicio «exportaciones» (y no del servicio «cambio») de la central (y no de las agencias regionales) del Banco de Grecia, independientemente del procedimiento DFE. Según se deduce de los autos, un primer visado es extendido en la DFE por el banco comercial que intervenga, que seguidamente la transmite, acompañada de la solicitud de exportación, a la central del Banco de Grecia. Corresponde a este último aprobar no sólo la DFE, sino también la exportación como tal. El visado se envía posteriormente al banco que intervenga y, luego, desde este banco al exportador, para permitirle proceder a la exportación. Las autoridades aduaneras sólo autorizan las exportaciones de maíz acompañadas de una DFE debidamente visada y de la autorización del Banco de Grecia.