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1 Actos de las Instituciones - Directivas - Efecto directo - Requisitos - Base jurídica de la Directiva - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 100 A (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación)]

2 Actos de las Instituciones - Directivas - Efecto directo - Requisitos - Notificación de un Estado miembro con arreglo al artículo 100 A, apartado 4, del Tratado (actualmente artículo 95 CE, apartados 4 a 9, tras su modificación) - Irrelevancia - Inexistencia de confirmación por la Comisión - Irrelevancia

[Tratado CE, artículo 100 A, apartado 4 (actualmente artículo 95 CE, apartados 4 a 9, tras su modificación)]

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1 Una Directiva puede tener un efecto directo aunque tenga como base jurídica el artículo 100 A del Tratado (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación) y aunque el apartado 4 de esta disposición faculte a los Estados miembros para pedir una excepción a la aplicación de tal Directiva. En efecto, la aptitud general de una Directiva de producir un efecto directo no está, en modo alguno, en función de su base jurídica, sino tan sólo de sus características intrínsecas.

2 El efecto directo de una Directiva, una vez expirado el plazo de adaptación del Derecho interno a la misma, no se ve afectado por la notificación de un Estado miembro, efectuada con arreglo al artículo 100 A, apartado 4, del Tratado (actualmente artículo 95 CE, apartados 4 a 9, tras su modificación), tendente a la confirmación de disposiciones nacionales que establezcan excepciones a lo previsto en dicha Directiva, y ello aun cuando la Comisión se haya abstenido de responder a tal notificación.

El procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 100 A del Tratado tiene por objeto garantizar que ningún Estado miembro pueda aplicar una normativa nacional que se aparte de las reglas armonizadas sin haber obtenido la confirmación de la Comisión. Dicho artículo no fija plazo alguno a la Comisión para pronunciarse acerca de las disposiciones nacionales que le hayan sido notificadas. Sin embargo, la inexistencia de un plazo en esta materia no puede dispensar a la Comisión de su obligación de actuar, en el marco de sus responsabilidades, con toda la diligencia debida. Por consiguiente, si bien una falta de diligencia por parte de la Comisión a raíz de una notificación efectuada por un Estado miembro en el marco del apartado 4 del artículo 100 A puede constituir un incumplimiento de las obligaciones que le incumben, no obstante el citado incumplimiento no puede afectar a la plena aplicación de una Directiva.
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1 Agricultura - Organización común de mercados - Carne de vacuno - Prima especial en favor de los productores - Compromiso del solicitante de mantener las cabezas de bovino en su explotación - Incumplimiento como consecuencia de la cesión de la explotación agrícola durante el período de vigencia del compromiso - Caso de fuerza mayor que justifica la conservación del derecho a la prima - Inexistencia

[Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 1244/82, art. 5, y nº 714/89, arts. 2 y 9, ap. 3]

2 Agricultura - Organización común de mercados - Carne de vacuno - Prima especial en favor de los productores - Cesión de la explotación agrícola durante el período de vigencia de los compromisos suscritos por el cedente - Derecho a la concesión de la prima - Transmisión al cesionario que haya cumplido, él mismo, los requisitos exigidos - Inexistencia

[Reglamentos del Consejo (CEE) nº 805/68, art. 4 bis, ap. 1, en su versión modificada por el Reglamento nº 571/89; Reglamento (CEE) nº 468/87 del Consejo, y Reglamento (CEE) nº 714/89 de la Comisión]

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1 La cesión de la explotación durante el período de vigencia del compromiso del productor, de mantener las cabezas de bovino en su explotación, previsto en el artículo 2 del Reglamento nº 714/89, relativo a las modalidades de aplicación del régimen de prima especial en favor de los productores de carne de vacuno, no puede asimilarse a un caso de fuerza mayor ni, en particular, al incumplimiento del referido compromiso por fallecimiento o incapacidad profesional de larga duración del beneficiario, que figuran entre los casos de fuerza mayor que justifican la conservación del derecho a la prima, contemplados en el artículo 5 del Reglamento nº 1244/82, por el que se establecen modalidades de aplicación del régimen de prima para el mantenimiento del censo de vacas que amamanten a sus crías, a los que remite el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento nº 714/89. Efectivamente, tal cesión no constituye una circunstancia ajena a quien la invoca, anormal e imprevisible, cuyas consecuencias no se hubieran podido evitar pese a toda la diligencia desplegada.

2 El apartado 1 del artículo 4 bis del Reglamento nº 805/68, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino, en su versión modificada por el Reglamento nº 571/89, en relación con lo dispuesto en los Reglamentos nº 468/87, por el que se establecen las normas generales del régimen de prima especial en favor de los productores de carne de vacuno, y nº 714/89, relativo a las disposiciones de aplicación de dicho régimen, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de cesión de la explotación agrícola a través de una «vorweggenommene Erbfolge» (sucesión anticipada entre vivos) durante la vigencia de los compromisos suscritos por el solicitante de dicha prima, el derecho a la concesión de ésta no se transmite al nuevo propietario que haya cumplido los requisitos exigidos en cuanto al mantenimiento y al engorde de la cabaña ganadera.
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Industria - Acciones necesarias para garantizar la competitividad de la industria - Decisión del Consejo relativa a la adopción de un programa plurianual para promover la diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la información - Base jurídica - Artículo 130 del Tratado - Efectos accesorios o secundarios sobre la cultura - Falta de incidencia

(Tratado CE, arts. 128 y 130; Decisión 96/664/CE del Consejo)

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El Consejo pudo legalmente adoptar la Decisión 96/664, relativa a la adopción de un programa plurianual para promover la diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la información, basándose únicamente en el artículo 130 del Tratado, disposición que permite a la Comunidad decidir medidas específicas destinadas a apoyar las acciones que se lleven a cabo en los Estados miembros para garantizar la competitividad de la industria comunitaria.

A este respecto, el tenor del título de un acto no puede determinar por sí solo la base jurídica y, en el presente asunto, que la expresión «para promover la diversidad lingüística» que figura en el título de la Decisión controvertida no puede aislarse del acto considerado en su conjunto e interpretarse de forma autónoma. Pues bien, de la finalidad y del contenido de la Decisión controvertida no se deduce que se refiera al mismo tiempo, de modo indisociable, a la industria y a la cultura. Aunque no se discute que el programa tendrá efectos beneficiosos sobre la difusión de las obras culturales, especialmente al mejorar los instrumentos disponibles para los trabajos de traducción, dichos efectos son únicamente indirectos y accesorios en relación con los efectos directos perseguidos, que son de naturaleza económica y no justifican que la Decisión se base también en el artículo 128 del Tratado.

Esta interpretación es conforme con el tenor del apartado 4 del artículo 128 del Tratado, según el cual la Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado.Efectivamente, de esta disposición se deduce que la descripción de los aspectos culturales de una acción comunitaria no implica necesariamente recurrir al artículo 128 como base jurídica, cuando la cultura no constituye un componente esencial e indisociable del otro componente, sobre el que se basa la acción de que se trata, sino que solamente es accesorio o secundario respecto a éste.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Importación de bienes - Entrada en el interior de la Comunidad - Concepto - Entrada en un Estado miembro de un bien procedente de las Antillas neerlandesas - Inclusión

(Tratado CE, art. 227; Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 7, ap. 1; Decisión 91/482/CEE del Consejo)

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De las disposiciones del artículo 3 en relación con el artículo 7 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios se desprende que el concepto de «interior de la Comunidad» se corresponde con el ámbito de aplicación del Tratado, tal como está definido, para cada Estado miembro, en el artículo 227 del Tratado. Ahora bien, conforme al apartado 3 de este artículo los países y territorios de Ultramar (PTU), incluidas las Antillas Neerlandesas, son objeto de un régimen especial de asociación definido en la Cuarta Parte del Tratado. Según dicho régimen, las disposiciones generales del Tratado no son aplicables a los PTU si no es mediante referencia expresa. De ello se desprende que la entrada en un Estado miembro de un bien procedente de las Antillas Neerlandesas no puede ser calificada de operación intracomunitaria a efectos de la Sexta Directiva, a menos que una disposición especial lo prescriba. Dado que no existe ninguna disposición en este sentido en la Sexta Directiva, ni en la Cuarta Parte del Tratado, ni en la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar, la entrada en un Estado miembro de un bien procedente de las Antillas Neerlandesas debe ser calificada de entrada en el interior de la Comunidad a efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 7 de la Sexta Directiva.
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1. Medio ambiente ° Conservación de las aves silvestres ° Directiva 79/409/CEE ° Ejecución por los Estados miembros ° Excepciones a la prohibición de matar o capturar las especies protegidas ° Requisito ° Inexistencia de otra solución satisfactoria ° Posibilidad de cría y reproducción en cautividad ° Improcedencia

[Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, letra c)]

2. Medio ambiente ° Conservación de las aves silvestres ° Directiva 79/409/CEE ° Ejecución por los Estados miembros ° Excepciones a la prohibición de matar o capturar las especies protegidas ° Requisito ° Inexistencia de otra solución satisfactoria ° Captura de especies protegidas para prevenir los inconvenientes de la consanguinidad ° Procedencia ° Límites

[Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 9, ap. 1, letra c)]

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1. La letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres, que prevé la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan excepciones a la prohibición de matar o de capturar las especies protegidas, a condición de que no haya otra solución satisfactoria, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede autorizar la captura de determinadas especies protegidas, de modo decreciente y limitado en el tiempo, con la finalidad de que los aficionados abastezcan sus pajareras, cuando la cría y reproducción en cautividad de dichas especies son posibles, pero no pueden practicarse aún a gran escala porque muchos aficionados se verían obligados a modificar sus instalaciones y hábitos. En efecto, sólo si se demuestra que, a falta de capturas en la naturaleza, la cría y reproducción en cautividad no pueden tener éxito, puede considerarse que dicha posibilidad no constituye una solución satisfactoria en el sentido de dicha disposición.

2. La letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro está autorizado a permitir la captura de especies protegidas con el objeto de prevenir, en la cría de aves con fines recreativos, los inconvenientes derivados de la consanguinidad resultante de cruces endógenos demasiado numerosos; esto puede corresponder a una explotación razonable en el sentido de dicha disposición, a condición de que no hubiere otra solución satisfactoria, quedando entendido que el número de especímenes que pueden capturarse debe ser fijado en la cantidad que resulte objetivamente necesaria para paliar dichos inconvenientes, siempre que se respete el límite máximo mencionado en dicha disposición.
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Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Aparato que se compone de un dispositivo de exploración, de un dispositivo numérico y de un dispositivo que permite imprimir - Clasificación sobre la base de la regla general de interpretación 3 c), en la subpartida 9009 12 00 de la Nomenclatura Combinada

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El Arancel Aduanero Común debe interpretarse en el sentido de que los aparatos que permiten a la vez enviar fax y hacer fotocopias, y que están compuestos de un dispositivo de exploración (escáner), de un dispositivo numérico (memoria) y de un dispositivo que permite imprimir (impresora láser), están comprendidos en la subpartida 9009 12 00 de la Nomenclatura Combinada.

En efecto, tales aparatos multifuncionales, que pueden clasificarse tanto en la partida 8517 como en la partida 9009, se deben clasificar, conforme a la regla general 3 c) para la interpretación de la Nomenclatura Combinada, en la partida situada en último lugar por orden numérico entre aquellas que pueden ser válidamente tomadas en consideración, habida cuenta, por una parte, de que la regla general 3 a), que prevé la prioridad de la posición más específica, está excluida debido a que las partidas arancelarias que cabe tener en cuenta corresponden a distintos capítulos y, por otra parte, de que la regla 3 b) no se aplica, pues dichos aparatos no tienen ninguna función que permita determinar su carácter esencial.
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1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento - Exclusión

(Tratado CE, arts. 169 y 173, párr. 4)

2 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Negativa de la Comisión a dirigir a un Estado miembro una Directiva o una Decisión en materia de respeto de las normas sobre la competencia por parte de las empresas públicas - Exclusión

(Tratado CE, arts. 90, aps. 1 y 3, y 173, párr. 4)

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3 Los particulares no están legitimados para recurrir contra la negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro.

4 Un particular puede, en su caso, tener derecho a interponer un recurso de anulación, con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, contra una Decisión adoptada por la Comisión basándose en el apartado 3 del artículo 90 del Tratado. Además, no cabe excluir a priori que puedan darse situaciones excepcionales en las que un particular o, eventualmente, una asociación creada para defender los intereses colectivos de una categoría de justiciables estén legitimados para impugnar en vía jurisdiccional la negativa de la Comisión a adoptar una Decisión en el marco de la misión de vigilancia que le encomiendan los apartados 1 y 3 del artículo 90. Sin embargo, habida cuenta de que, en el ámbito de estas últimas disposiciones, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación, tanto en lo relativo a la acción que considere necesario llevar a cabo como en lo relativo a los medios apropiados para ello, un particular no puede solicitar la anulación de la negativa de la Comisión a dirigir a un Estado miembro una Decisión que declare que un acto legislativo de alcance general promulgado por él es contrario al Tratado y le indique las medidas que procede adoptar para respetar las obligaciones derivadas del Derecho comunitario. Dicha falta de legitimación se deriva asimismo del hecho de que, mediante un recurso de este tipo, un particular no debe poder obligar indirectamente a un Estado miembro a adoptar un acto legislativo de alcance general.
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Agricultura - Organización común de mercados - Restituciones a la exportación - Restitución diferenciada - Requisitos de concesión - Producto exportado, pero destruido, como consecuencia de un caso de fuerza mayor, antes de su importación en el país de destino - Inexistencia de derecho alguno a restitución al no haberse fijado un tipo de restitución válido para todos los países terceros

[Reglamento (CEE) nº 2730/79 de la Comisión, art. 10, ap. 4 y arts. 20 y 21]

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El apartado 4 del artículo 10 y los artículos 20 y 21 del Reglamento nº 2730/79 sobre modalidades de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas deben interpretarse en el sentido de que no confieren derecho al operador económico a una restitución a la exportación cuando el producto de que se trate, después de haber salido del territorio geográfico de la Comunidad, haya perecido durante el transporte como consecuencia de un caso de fuerza mayor y se haya fijado el mismo tipo de restitución para todos los países terceros, con excepción de un único país para el que no se ha fijado restitución alguna. En efecto, el hecho de que no se haya fijado un tipo de restitución para un país debe asimilarse a una diferenciación según el destino, con la consecuencia de que el pago de la restitución está supeditado a que el producto haya sido importado en el país tercero o en uno de los países terceros para el que se ha previsto la restitución. Si bien a este respecto el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento autoriza el pago de una parte de la restitución después de que el producto ha salido del territorio geográfico de la Comunidad, según el apartado 2 del mismo artículo, dicha disposición sólo será aplicable cuando se haya fijado una restitución para todos los países terceros.
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1 Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestión que tiene por objeto permitir al Juez nacional apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de una disposición nacional que no determina la solución del litigio principal

(Tratado CE, art. 177)

2 Libre circulación de personas - Trabajadores - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Disposiciones del Tratado - Inaplicabilidad en una situación meramente interna de un Estado miembro

(Tratado CE, arts. 48, 52 y 59)

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3 El Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la interpretación de una norma comunitaria, solicitada por dicho órgano jurisdiccional, no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o también cuando el problema es de naturaleza hipotética y el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

Es el caso cuando se solicita al Tribunal de Justicia que facilite al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación relacionados con el Derecho comunitario que permitan a este órgano jurisdiccional apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de una disposición de Derecho nacional, sobre la cual, la información de que dispone el Tribunal de Justicia no indica que deberá ser aplicada por el órgano jurisdiccional remitente para resolver el litigio principal.

4 Los artículos 48, 52 y 59 del Tratado no se aplican a una situación, como aquella en la que una sociedad que tenga su domicilio social en un Estado miembro presta servicios a un organismo público establecido en el mismo Estado miembro, sin emplear a trabajadores nacionales de otros Estados miembros, ni siquiera prever esta posibilidad, en la que todos los elementos están situados en el interior de un sólo Estado miembro.
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Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Actividades económicas en el sentido del artículo 4 de la Sexta Directiva ° Compra y venta de títulos en el marco de la gestión de bienes de un trust benéfico ° Exclusión

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, ap. 2)

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El concepto de actividades económicas en el sentido del apartado 2 del artículo 4 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios debe interpretarse en el sentido de que no incluye una actividad que consiste en la compra y venta de acciones y de otros títulos por parte de un trustee en el marco de la gestión de los bienes de un trust benéfico.

En efecto, aunque la circunstancia de que tal trust no tenga la condición de profesional de la negociación de valores negociables no excluye necesariamente que una actividad como la controvertida en el presente asunto pueda, en su caso, ser calificada de actividad económica, dado que el artículo 4 atribuye al Impuesto sobre el Valor Añadido un ámbito de aplicación muy amplio, no es tal actividad el mero ejercicio del derecho de propiedad que constituye la adquisición y cesión de participaciones económicas en otras empresas por un trust que gestiona el patrimonio de su propiedad como un inversor privado y cuyas actividades de inversión consisten esencialmente en dichas operaciones, destinadas a maximizar los dividendos o las rentas del capital destinados a proporcionar los medios para la consecución de su finalidad no mercantil.
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Aproximación de las legislaciones ° Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras ° Directiva 71/305/CEE ° Excepciones a las normas comunes ° Requisitos ° Negativa de una entidad de un Estado miembro, en el marco del procedimiento previsto por la legislación nacional, a aprobar un proyecto de obras públicas ° Negativa que no constituye un acontecimiento imprevisto en el sentido de la Directiva

[Directiva 71/305/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 89/440/CEE, art. 5, ap. 3, letra c]

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La posibilidad que prevé la Directiva 71/305, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en la letra d) de su artículo 9, en su versión inicial, y después en la letra c) del apartado 3 de su artículo 5, en la versión resultante de la modificación efectuada por la Directiva 89/440, de renunciar al procedimiento de licitación para recurrir a la adjudicación negociada, está supeditada al cumplimiento de varios requisitos acumulativos, entre los que se encuentra la existencia de un acontecimiento imprevisto. Si no se cumple uno de estos requisitos, el recurso al procedimiento negociado no está justificado.

No constituye un acontecimiento imprevisto el hecho de que una entidad de un Estado miembro que, en el marco del procedimiento de aprobación de proyectos de obras públicas establecido por la legislación nacional debe dar su aprobación a un proyecto determinado, formule, antes de la fecha límite prevista a tal fin, objeciones por razones que tiene derecho a alegar.

Por consiguiente, un Estado miembro cuyas autoridades competentes, tras haber renunciado a adjudicar un contrato público de obras según el procedimiento iniciado, debido al retraso sufrido a consecuencia de la negativa de una entidad a dar su aprobación a los planes de trabajos inicialmente proyectados, adjudican un contrato parcial según el procedimiento negociado sin haber publicado previamente un anuncio de licitación, incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva.