Palabras clave

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Palabras clave

1 Derecho comunitario - Interpretación - Métodos - Interpretación con respecto a los Acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad

2 Medio ambiente - Protección de la capa de ozono - Reglamento (CE) nº 3093/94 - Alcance - Prohibición de utilización y de comercialización de los hidroclorofluorocarburos destinados a la lucha contra incendios - Infracción de los artículos 30 y 130 R del Tratado - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 30 y 130 R; Reglamento (CE) nº 3093/94 del Consejo, art. 5]

3 Medio ambiente - Disposiciones del Tratado - Artículo 130 R - Requisitos de aplicación - Control por el órgano jurisdiccional comunitario - Límites

(Tratado CE, art. 130 R)

4 Medio ambiente - Acciones que ha de llevar a cabo la Comunidad - Adopción de medidas destinadas a tratar un problema medioambiental específico - Procedencia - Requisitos

(Tratado CE, arts. 130 R y ss.)

5 Medio ambiente - Política de la Comunidad - Exigencia de un nivel de protección elevado - Alcance

(Tratado CE, art. 130 R, ap. 2)

6 Cuestiones prejudiciales - Admisibilidad - Cuestión planteada sin precisión alguna por lo que al contexto fáctico y al régimen normativo se refiere

(Tratado CE, art. 177)

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1 Los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, en particular cuando dichos textos tienen por objeto precisamente la aplicación de un Acuerdo internacional celebrado por la Comunidad.

2 El artículo 5 del Reglamento nº 3093/94, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, establece una prohibición de principio, aplicable a partir del 1 de junio de 1995, de la utilización de hidroclorofluorocarburos (HCFC). En la medida en que entre las excepciones a dicha prohibición no está prevista la utilización de los HCFC como sustancias destinadas a la lucha contra incendios, la disposición de referencia debe interpretarse en el sentido de que prohíbe totalmente la utilización y, en consecuencia, la comercialización de los HCFC destinados a los citados fines.

Dicha interpretación no es inválida con respecto al artículo 130 R del Tratado, dado que el legislador comunitario no ha incurrido en un error manifiesto de apreciación en relación con los requisitos de aplicación de dicha disposición ni violado el principio de proporcionalidad. Al adoptar una medida más estricta que las impuestas por sus obligaciones internacionales y al prever que la Comisión podrá efectuar añadidos, supresiones o modificaciones en la lista de los usos prohibidos, teniendo en cuenta los adelantos técnicos, el legislador ha respetado, en particular, el principio de protección elevada recogido en el apartado 2 y tenido en cuenta los datos científicos y técnicos disponibles, como exige el apartado 3 de la citada disposición.

La prohibición de que se trata no es inválida tampoco con respecto al artículo 30 del Tratado, dado que la protección del medio ambiente que tiene como objetivo constituye una exigencia imperativa que puede limitar la aplicación de dicha disposición.

3 El artículo 130 R del Tratado, relativo a la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, prevé una serie de objetivos, principios y criterios que el legislador comunitario debe respetar en el marco de la aplicación de dicha política. No obstante, debido a la necesidad de ponderar algunos de los objetivos y principios, así como a la complejidad de la aplicación de los criterios, el control judicial debe limitarse necesariamente al extremo de si el legislador, al adoptar una normativa concreta, incurrió en un error manifiesto de apreciación respecto a los requisitos de aplicación del artículo 130 R del Tratado.

4 De las disposiciones del Título XVI del Tratado, relativo al medio ambiente, no se desprende que el apartado 1 del artículo 130 R imponga al legislador, cada vez que adopte medidas de conservación, protección y mejora del medio ambiente dirigidas a tratar un problema ambiental específico, que adopte al mismo tiempo medidas relativas al medio ambiente en su conjunto. De lo antedicho se deduce que esta última disposición autoriza la adopción de medidas dirigidas únicamente a determinados aspectos definidos del medio ambiente, siempre y cuando dichas medidas contribuyan a la conservación, la protección y la mejora de la calidad de éste.

5 Si bien es sabido que el apartado 2 del artículo 130 R del Tratado exige que la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tenga por objeto un nivel de protección elevado, dicho nivel de protección, para ser compatible con la referida disposición, no es necesario que sea técnicamente el más elevado posible. En efecto, el artículo 130 T del Tratado autoriza a los Estados miembros a mantener o establecer medidas de mayor protección.

6 La necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones. Estas exigencias son pertinentes especialmente en determinados ámbitos, como el de la competencia, que se caracterizan por complejas situaciones de hecho y de Derecho.