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Asunto C-481/17: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de mayo de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Petición de decisión prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia — Régimen de ayudas autorizado por la Comisión Europea — Ayudas a la inversión en el sector agrario — Exención fiscal — Exención del impuesto sobre sociedades — Condiciones — Denegación de conceder una ayuda individual en virtud de dicho régimen de ayudas)

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de mayo de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Asunto C-481/17) ( 1 )

«(Petición de decisión prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia — Régimen de ayudas autorizado por la Comisión Europea — Ayudas a la inversión en el sector agrario — Exención fiscal — Exención del impuesto sobre sociedades — Condiciones — Denegación de conceder una ayuda individual en virtud de dicho régimen de ayudas)»

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nikolay Yanchev

Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Fallo

La Decisión C(2011) 863 final de la Comisión Europea, de 11 de febrero de 2011, relativa a la concesión de ayudas de Estado con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE, por la que se autorizó la ayuda estatal n.o 546/2010 de la República de Bulgaria a las inversiones en explotaciones agrícolas mediante exenciones fiscales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que dicho Estado miembro deniegue la concesión de una ayuda en virtud de dicho régimen porque el solicitante no reúne un requisito, previsto en Derecho nacional, según el cual no puede acordarse ayuda alguna a un contribuyente que tenga deudas con el Estado y ello aunque la referida Decisión no establezca expresamente tal requisito.

( 1 ) DO C 369 de 30.10.2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/19

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de febrero de 2018 — HB y otros / Comisión Europea

(Asunto C-336/17 P) (1)

([Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Derecho institucional - Iniciativa ciudadana europea «Ethics for Animals and Kids» - Protección de animales callejeros - Efectos psicológicos sobre los adultos y los niños - Denegación del registro de la iniciativa por manifiesta falta de competencia de la Comisión Europea en la materia - Reglamento (UE) n.o 211/2011 - Artículo 4, apartado 2, letra b) - Artículo 4, apartado 3])

(2018/C 142/25)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrentes: HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis, Nathalie Louise Klinge (representante: P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: H. Krämer, agente)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) HB, los Sres. Robert Coates Smith y Hans Joachim Richter, las Sras. Carmen Arsene y Magdalena Anna Kuropatwinska, el Sr. Christos Yiapanis y la Sra. Nathalie Louise Klinge, por una parte, y la Comisión Europea, por otra parte, cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 283 de 28.8.2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/2

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de abril de 2016 — Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Comisión Europea, Reino de Dinamarca, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

(Asunto C-541/14 P) (1)

((Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Recurso de anulación - Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto - Derecho de recurso - Legitimación - Personas físicas o jurídicas - Ayudas de Estado - Decisión por la que se declara la compatibilidad de un régimen de ayudas con el mercado interior - Acto que afecta individualmente a la recurrente - Acto reglamentario que no incluye medidas de ejecución))

(2016/C 279/02)

Lengua de procedimiento: danés

Partes

Recurrente: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (representante: B. Jacobi, advokat)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Grønfeldt y P-J. Loewenthal, agentes), Reino de Dinamarca (representantes: C. Thorning, agente, asistido por R. Holdgaard, advokat), Betfair Group plc, Betfair International Ltd, con domicilio social en Santa Venera (Malta) (representantes: O. Brouwer, A. Pliego Selie y M. Groothuismink, advocaten), European Gaming and Betting Association (EGBA) (representantes: J. Heithecker, C.-D. Ehlermann y J. Ylinen, Rechtsanwälte)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Royal Scandinavian Casino Århus I/S.

3) El Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas.

(1) DO C 34 de 2.2.2015.
2)

Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a disposiciones nacionales que prevén una reducción de los intereses de demora estipulados en un contrato de préstamo hipotecario, siempre que esas disposiciones nacionales: — no prejuzguen la apreciación por parte del juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria referido a dicho contrato del carácter «abusivo» de la cláusula relativa a los intereses de demora, y — no impidan que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/12

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico/Ediltecnica SpA

(Asunto C-592/13) (1)

((Remisión prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Artículo 191 TFUE, apartado 2 - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Normativa nacional que no contempla ni la posibilidad de que la Administración imponga a los propietarios de terrenos contaminados que no hayan contribuido a su contaminación la aplicación de medidas preventivas y reparadoras ni la obligación de reembolsar los gastos originados por las intervenciones de la Administración - Compatibilidad con los principios de «quien contamina paga», de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma))

(2016/C 038/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato (Consejo de Estado)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministerio de Medio Ambiente y de Protección de las Zonas Terrestres y Marítimas), Ministero della Salute (Ministerio de Sanidad), Ministero dello Sviluppo económico (Ministerio de Desarrollo Económico)

Demandada: Ediltecnica SpA

Fallo

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que en los supuestos en que resulte imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno o conseguir que éste adopte medidas reparadoras no permite que la autoridad competente imponga la obligación de adoptar medidas preventivas y reparadoras al propietario del terreno que no sea responsable de su contaminación, quien únicamente estará obligado a reembolsar los gastos relativos a las intervenciones llevadas a cabo por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del terreno, que se determinará una vez concluidas dichas intervenciones.

(1) DO C 52, de 22.2.2014.
C 25/23

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 30 de septiembre de 2011 — Sociedade Quinta do Portal, S.A./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) — Vallegre, Vinhos do Porto

(Asunto C-541/10 P) (1)

(Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 1, letra b) - Marca comunitaria denominativa PORTO ALEGRE - Marca nacional denominativa anterior VISTA ALEGRE - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Declaración de nulidad de la marca)

(2012/C 25/39)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Recurrente: Sociedade Quinta do Portal, S.A. (representante: F. Bolota Belchior, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: P. López Ronda y G. Macías Bonilla, abogados) — Vallegre, Vinhos do Porto, S.A.

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 8 de septiembre de 2010, Quinta do Portal/OAMI — Vallegre (T-369/09), por la que se desestima el recurso formulado contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 18 de junio de 2009 (asunto R 1012/2008-1), relativa a un procedimiento de nulidad entablado por Vallegre, Vinhos do Porto, S.A., contra Sociedade Quinta do Portal, S.A.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Quinta do Portal, S.A.

(1) DO C 38, de 5.2.2011.
2)

Los artículos 7 y 11, apartado 4, de la Directiva 2004/35, en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en relación con el anexo II de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que: — la autoridad competente está facultada para modificar sustancialmente las medidas reparadoras de daños medioambientales que han sido adoptadas tras un procedimiento contradictorio llevado a cabo en colaboración con los operadores interesados y cuya ejecución ha comenzado o acabado. No obstante, para adoptar tal decisión: — dicha autoridad deberá oír a los operadores a los que se impongan tales medidas, salvo cuando la urgencia de la situación medioambiental exija una actuación inmediata por parte de la autoridad competente; — la referida autoridad también habrá de invitar, en particular, a las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse tales medidas a presentar sus observaciones y las tendrá en cuenta, y — dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios previstos en el punto 1.3.1 del anexo II de la Directiva 2004/35 e indicar, en su decisión, los motivos exactos en los que se basa su elección así como, en su caso, los que justifiquen que no era necesario hacer un examen detallado a la vista de los referidos criterios o que éste no pudo efectuarse debido, por ejemplo, a la urgencia de la situación medioambiental. — En circunstancias como las que concurren en los litigios principales, la Directiva 2004/35 no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente supeditar el ejercicio, por parte de los operadores a los que van dirigidas las medidas reparadoras del medio ambiente, del derecho a utilizar sus terrenos a la condición de que ejecuten los trabajos que éstas exijan y ello aunque los referidos terrenos no estén afectados por esas medidas al haber sido objeto de medidas de saneamiento anteriores o no haber sido jamás contaminados. No obstante, tal medida ha de justificarse por el objetivo de impedir la agravación de la situación medioambiental en el lugar en que se ejecutan las referidas medidas o, en aplicación del principio de cautela, por el objetivo de prevenir la aparición o reaparición de otros daños medioambientales en los referidos terrenos de los operadores, adyacentes a todo el litoral objeto de las citadas medidas reparadoras.
4)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate no incluya otras medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, dado que ésta no se aplica ratione temporis a los contratos de trabajo de duración determinada sucesivos que se hayan celebrado o renovado una vez transcurrido el plazo previsto por la Directiva 1999/70 para la adaptación del Derecho interno cuando ya no estaban en vigor en la fecha de entrada en vigor de dicha normativa o en un momento cualquiera durante el período de tres meses anterior a esa fecha.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/17

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de mayo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — República Eslovaca) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V

(Asunto C-456/07) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Sexta Directiva IVA - Sujetos pasivos - Artículo 4, apartado 5, párrafo primero - Organismos de Derecho público - Agentes judiciales - Personas físicas y jurídicas)

(2008/C 209/24)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partes

Recurrente: Karol Mihal

Recurrida: Daňový úrad Košice V

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretación del artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — No sujeción al impuesto de un organismo de Derecho público que realiza actividades u operaciones como autoridad pública — Inclusión de los agentes judiciales en el ejercicio de sus funciones públicas — Efecto directo.

Fallo

Una actividad ejercida por un particular, tal como la de un agente facultado para las ejecuciones judiciales, no queda exenta del impuesto sobre el valor añadido por el mero hecho de que consista en actos cuya ejecución entra dentro de las prerrogativas de la autoridad pública. Aun suponiendo que efectúe actos de esta índole en el ejercicio de sus funciones, el agente facultado para las ejecuciones judiciales, con arreglo a una normativa como la controvertida en el procedimiento principal, no ejerce su actividad en calidad de organismo de Derecho público, puesto que no está integrado en la organización de la Administración Pública, sino en cuanto actividad económica independiente, desarrollada en el marco de una profesión liberal, y, por lo tanto, no puede acogerse a la exención establecida en el artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme.

(1) DO C 315 de 22.12.2007.
3)

La Directiva 2008/115, en relación con los artículos 7, 1 y 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales, debe interpretarse en el sentido de que: — No obliga al Estado miembro en cuyo territorio se encuentra en situación irregular el nacional del tercer país a concederle un permiso de residencia cuando no pueda ser objeto de una decisión de retorno ni de una medida de expulsión por existir razones serias y fundadas para creer que en el país de destino quedaría expuesto al peligro real de un aumento rápido, considerable e irreparable del dolor que provoca la enfermedad grave de que está aquejado. — La autoridad nacional competente debe tener en cuenta, junto con todos los demás datos pertinentes, el estado de salud del referido nacional y la atención que reciba en ese territorio debido a esa enfermedad al examinar si el derecho al respeto de su vida privada se opone a que sea objeto de una decisión de retorno o medida de expulsión. — La adopción de tal decisión o medida no vulnera ese derecho por el mero hecho de que, en caso de retorno al país de destino, fuera a quedar expuesto al riesgo de que su estado de salud se deteriorara, siempre que ese riesgo no alcance el umbral de gravedad exigido en virtud del artículo 4 de la Carta.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 1 de diciembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Alemania) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern

(Asunto C-595/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores - Información alimentaria facilitada al consumidor - Reglamento (UE) n.o 1169/2011 - Artículo 17 y anexo VI, parte A, punto 4 - «Denominación del alimento» - «Denominación del producto» - Menciones obligatorias en el etiquetado de los alimentos - Componente o ingrediente utilizado para la sustitución total o parcial del que los consumidores esperan que haya sido habitualmente utilizado o esté presente en un alimento)

(2023/C 35/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach

Partes en el procedimiento principal

Demandante: LSI — Germany GmbH

Demandada: Freistaat Bayern

Fallo

Las disposiciones del artículo 17, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión, en relación con el anexo VI, parte A, punto 4, del propio Reglamento n.o 1169/2011,

deben interpretarse en el sentido de que

la expresión «denominación del producto», que figura en el citado anexo VI, parte A, punto 4, no tiene una significación autónoma, distinta de la de la expresión «denominación del alimento», en el sentido del artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, de manera que los requisitos especiales en materia de etiquetado establecidos en ese anexo VI, parte A, punto 4, no son de aplicación a la «denominación protegida como propiedad intelectual», a la «marca comercial» o a la «denominación de fantasía», contempladas en el artículo 17, apartado 4, del referido Reglamento.

(1) DO C 502 de 13.12.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 27 de octubre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb eV

(Asunto C-418/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguridad alimentaria - Alimentos - Reglamento (UE) n.o 609/2013 - Artículo 2, apartado 2, letra g) - Reglamento Delegado (UE) 2016/128 - Alimento para usos médicos especiales - Otros nutrientes determinados clínicamente - Alimentos que procuran un beneficio general al paciente - Delimitación en relación con los medicamentos)

(2022/C 472/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Demandada: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Fallo

El artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 41/2009 y (CE) n.o 953/2009 de la Comisión, y, en particular el concepto de «otros nutrientes determinados clínicamente»,

deben interpretarse en el sentido de que

un producto constituye un alimento para usos médicos especiales si la enfermedad conlleva exigencias nutricionales mayores o específicas que el alimento en cuestión debe cubrir, de modo que no basta, a efectos de tal calificación, con que el paciente obtenga un beneficio general de la ingesta de dicho alimento porque las sustancias que contiene contrarresten el trastorno o alivien los síntomas.

(1) DO C 471 de 22.11.2021.
C 303/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de junio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA

(Asunto C-229/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Red Transeuropea de Transporte - Reglamento (UE) n.o 1315/2013 - Artículo 15, apartado 1 - Infraestructura de vías navegables interiores - Puertos interiores - Obligación de un Estado miembro de conectar los puertos interiores con las infraestructuras de transporte por carretera o de transporte ferroviario - Supresión de la conexión a uno de esos dos tipos de infraestructuras de transporte - Requisitos)

(2022/C 303/09)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Demandada: Infrabel SA

con intervención de: FIF-FSI (Fonds d’Infrastructure Ferroviaire) SA, État belge, Région de Bruxelles-Capitale, Port de Bruxelles SA, Lineas SA

Fallo

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.o 661/2010/UE, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un puerto interior que forma parte de la red global con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento dispone de conexiones tanto a infraestructuras de transporte por carretera como a infraestructuras de transporte ferroviario, se opone, salvo en circunstancias excepcionales, a la supresión de uno de esos dos tipos de conexiones. La falta de mantenimiento de la conexión de que se trate, derivada del incumplimiento de dicha disposición, o la valorización económica de los terrenos ocupados por dichas infraestructuras no constituyen tales circunstancias.

(1) DO C 217 de 7.6.2021.