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105

Por otra parte, el TEDH ha declarado que el artículo 10, apartado 2, del CEDH no deja apenas margen para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso político o de cuestiones de interés general. En principio, las declaraciones sobre cuestiones de interés público requieren una protección sólida, a diferencia de aquellas que defiendan o justifiquen la violencia, el odio, la xenofobia u otras formas de intolerancia, que normalmente no quedan protegidas. El discurso político, por naturaleza, es fuente de polémica y a menudo virulento, pero no deja de ser de interés público, salvo que traspase un límite y degenere en una llamada a la violencia, al odio o a la intolerancia [TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2015, Perinçek c. Suiza, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, §§ 197, 230 y 231; véase también, en este sentido, TEDH, sentencia de 8 de julio de 1999, Sürek c. Turquía (n.o 1), CE:ECHR:1999:0708JUD002668295, §§ 61 y 62]. Según el TEDH, para determinar si las declaraciones en su conjunto pueden pasar por una incitación a la violencia, es preciso prestar atención a los términos empleados y al contexto en el que se inscribe su difusión (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 6 de julio de 2010, Gözel y Özer c. Turquía, CE:ECHR:2010:0706JUD004345304, § 52). En particular, si dichas declaraciones se efectuaron en un contexto político o social tenso, dicho tribunal reconoce generalmente que, en virtud del artículo 10, apartado 2, del CEDH, puede estar justificada alguna forma de injerencia en dichas declaraciones (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2015, Perinçek c. Suiza, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 205).
15

El 29 de mayo de 2017, el Consejo adoptó, sobre la base, en particular, del artículo 31 TUE, apartado 2, y del artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2010/788, la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/905, por la que se aplica la Decisión 2010/788 (DO 2017, L 138 I, p. 6). En la misma fecha, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/904, por el que se aplica el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1183/2005 (DO 2017, L 138 I, p. 1).
4

El contrato marco fue modificado mediante un acuerdo adicional de 14 de septiembre de 2017 (en lo sucesivo, «modificación del contrato marco»), que introdujo en el contrato marco el artículo 1.14 de las condiciones particulares, que establece, entre otras cosas, lo siguiente: «2. De conformidad con los artículos 3, 7 y 8 de la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión [, de 13 de marzo de 2015,] sobre la seguridad en la Comisión [DO 2015, L 72, p. 41], es posible llevar a cabo una comprobación de los antecedentes del personal destinado in situ para prevenir y controlar los riesgos para la seguridad del personal, de los bienes y de la información de la Comisión. Además, en virtud de la Ley belga de 11 de diciembre de 1998 relativa a la clasificación y a las habilitaciones, los certificados y dictámenes de seguridad […], los derechos de acceso del personal destinado in situ en los locales de la autoridad contratante pueden supeditarse a la expedición de un dictamen de seguridad positivo por parte de las autoridades belgas. Los derechos de acceso existentes seguirán siendo válidos mientras no se emita un dictamen de seguridad negativo. 3. Para que las autoridades belgas puedan emitir un dictamen de seguridad, el contratista facilitará el formulario adjunto (documento de notificación) al personal destinado in situ. Se devolverán a la Dirección de Seguridad de la Comisión (Comisión Europea, HR.DS — BERL 3/190) los documentos de notificación, debidamente cumplimentados y firmados (con la mención “documento de notificación”) y se enviará una lista electrónica actualizada de los datos personales pertinentes indicados en el formulario adjunto a la dirección “EC-SECURITY-SCREENING@ec.europa.eu” a más tardar 30 días después de la firma de la presente modificación. 4. En caso de que no presente o se niegue a cumplimentar el documento de notificación, podrá denegarse al personal el acceso a los edificios de la Comisión. […] 6. El contratista se compromete a facilitar únicamente personal destinado in situ que haya recibido un dictamen de seguridad positivo para los siguientes edificios de la Comisión: [confidencial] […]».
35

En primer lugar, es preciso recordar que el principio de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución de una División de Oposición y una oposición formulada con posterioridad en un procedimiento diferente, en particular porque los procedimientos ante la EUIPO tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2015, Giand/OAMI — Flamagas (FLAMINAIRE), T‑583/14, no publicada, EU:T:2015:943, apartado 21 y jurisprudencia citada]. A fortiori, la motivación de una resolución dictada por una División de Oposición en el contexto de un procedimiento de oposición diferente no tiene fuerza de cosa juzgada. Dicha motivación no puede generar derechos adquiridos o expectativas legítimas para las partes afectadas.
48

El Parlamento no niega la existencia de este encuentro, previo a la iniciación de la investigación administrativa, entre uno de los denunciantes y un futuro investigador, si bien alega, en primer lugar, que este último no comunicó durante dicho encuentro ninguna información sobre el asunto controvertido y, en segundo lugar, que el miembro de la DG PERS no podía saber que iba a ser nombrado investigador.
67

La Comisión rechaza la postura del demandante. Afirma que el artículo 22 bis del Estatuto no se introdujo en este hasta el 1 de mayo de 2004. Sostiene que el demandante no puede reprochar a la Comisión no haberle reconocido una condición que no existía en la fecha de la nota en que se solicitó la realización de una auditoría. Sobre el supuesto incumplimiento del deber de asistencia y protección, afirma que es jurisprudencia reiterada que este deber no permite otorgar ventajas que el Estatuto no ofrece. En lo que concierne a la supuesta agravación del perjuicio causado debido al ejercicio de las vías de recurso, considera que únicamente ejercía un derecho. En cuanto atañe a la supuesta falta consistente en incoar un procedimiento disciplinario, alega que es pacífico que dicho procedimiento no dio lugar a ningún acto que afectase al demandante, lo que explica por qué no fue informado de él. Añade que la incoación de un procedimiento disciplinario puramente formal, que nunca se hizo público, y que no dio lugar a ningún acto de investigación, no pudo haber causado ningún perjuicio al demandante.
20

Pese a la concordancia de las posturas de las partes en cuanto al fondo del presente asunto, el recurso no ha quedado desprovisto de objeto. En efecto, a pesar del acuerdo entre las partes, en el estado actual de los autos, la Sala de Recurso no ha modificado ni retirado la resolución impugnada, y la EUIPO no dispone de la facultad para hacerlo, ni tampoco para dar instrucciones al respecto a las Salas de Recurso, cuya independencia aparece consagrada en el artículo 166, apartado 7, del Reglamento 2017/1001. Por lo tanto, el Tribunal no queda dispensado de examinar la legalidad de la resolución impugnada a la vista de los motivos formulados en el escrito de recurso y procede pronunciarse sobre el fondo del asunto [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, apartados 28 y 29].
18

Según jurisprudencia reiterada, no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca. Sin embargo, las marcas que, como puede suceder con un eslogan publicitario, satisfacen funciones diferentes de las que cumple la marca en el sentido clásico solo son distintivas en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 si pueden percibirse desde un primer momento como indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refieren, de tal modo que permitan al público de que se trate distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial [sentencias de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, apartado 21, y de 15 de septiembre de 2009, TAME IT, T‑471/07, EU:T:2009:328, apartado 15].
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 12 de febrero de 2020 — Hungría/Comisión

(Asunto T‑505/18)

«FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la financiación — Ayuda al desarrollo rural — Ayuda concedida a agrupaciones de productores — Gastos efectuados por Hungría — Artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 — Reconocimiento cualificado — Requisitos que debe cumplir el beneficiario de la ayuda — Corrección financiera calculada — Artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 — Cooperación leal — Protección de la confianza legítima — Proporcionalidad — Seguridad jurídica — Importes no subvencionables»

1. Agricultura — Financiación por el FEAGA y el Feader — Liquidación de cuentas — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Impugnación por el Estado miembro afectado — Carga de la prueba — Reparto entre la Comisión y el Estado miembro (véanse los apartados 34 a 36)

2. Actos de las instituciones — Reglamentos — Aplicabilidad directa — Competencia de ejecución atribuida a un Estado miembro — Límites [Reglamento (UE) n.o 1698/2005 del Consejo] (véanse los apartados 37 a 39)

3. Agricultura — Financiación por el FEAGA y el Feader — Principios — Conformidad de los gastos con las normas de la Unión — Interpretación estricta — Necesidad de garantizar la igualdad de trato de los operadores económicos [Reglamento (UE) n.o 1698/2005 del Consejo] (véase el apartado 41)

4. Agricultura — Financiación por el Feader — Ayudas al desarrollo rural — Subvencionabilidad de operaciones y gastos — Observancia de los criterios de selección fijados en Derecho nacional — Facultad de apreciación de los Estados miembros en lo relativo a la fijación de criterios — Límites — Aplicación a la concesión de una ayuda a las agrupaciones de productores [Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, arts. 35 y 71, ap. 3] (véanse los apartados 54 a 60)

5. Agricultura — Financiación por el FEAGA — Liquidación de cuentas — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Comprobación de deficiencias en el sistema de concesión de ayudas a las agrupaciones de productores — Aplicación de una corrección financiera calculada — Procedencia — Requisitos — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia — Violación de los principios de cooperación leal, de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, considerando 30 y art. 35, aps. 1 y 2] (véanse los apartados 77 a 80, 83 a 86 y 92 a 109)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2018, L 152, p. 29).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
3.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa MediWell — Marcas denominativa WELL AND WELL y figurativa well & well LES PHARMACIENS [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 23, 24, 32, 40, 44, 45, 50 y 56)
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 12 de junio de 2019 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)

(Asunto T‑346/18)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión VOGUE — Marca denominativa anterior de Unión VOGA — Suspensión del procedimiento administrativo — Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 [actualmente artículo 71, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625] — Regla 50, apartado 1, del Reglamento n.o 2868/95»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Suspensión del procedimiento — Requisitos [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 20, ap. 7, letra c), y 50, ap. 1] (véanse los apartados 20 a 22)

2. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Suspensión del procedimiento — Pretensión de suspensión basada en una acción de nulidad contra la marca anterior — Desestimación de la demanda debido a la presentación de la citada acción durante el procedimiento de oposición — Improcedencia [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 20, ap. 7, letra c), y 50, ap. 1] (véanse los apartados 27 a 29)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de marzo de 2018 (asunto R 259/2017‑4), relativa a un procedimiento de oposición entre Enovation Brands y Advance Magazine Publishers.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 27 de marzo de 2018 (asunto R 259/2017‑4).

2) La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Advance Magazine Publishers, Inc.
611

En primer lugar, por lo que respecta a la entrevista de la presidenta de la JUR en la cadena de televisión Bloomberg el 23 de mayo de 2017, el periodista preguntó: «¿Puedo llevarla a España? Quisiera mostrar a nuestro público algo que está muy presente en nuestra pantalla de radar de Bloomberg, se trata de Banco Popular y de los Cocos (bonos convertibles contingentes), que sufren algo de presión en este momento. Esta institución tiene un CET 1 ligeramente superior al 7 %. ¿Aparece también en su pantalla de radar?» [Can I take you to Spain? I want to show our audience something that is very much on our radar screen here at Bloomberg and that is Banco Popular and the CoCos (Contingent Convertibles) which are under a little bit of pressure right now. This is an institution with a CET 1 just north of 7 per cent. Is it on your radar screen as well?]
5

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Ley n.o 10/2010, el Ejecutivo de la Región Autónoma adoptó varios actos de aplicación de las medidas previstas en dicho artículo 3 (en lo sucesivo, «actos de ejecución»), en particular, la deliberazione della Giunta regionale n.o 29/36 (Decisión del Consejo Regional n.o 29/36), de 29 de julio de 2010 (en lo sucesivo, «Decisión regional n.o 29/36»), la deliberazione della Giunta regionale n.o 43/37 (Decisión del Consejo Regional n.o 43/37), de 6 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «Decisión regional n.o 43/37»), y la deliberazione della Giunta regionale n.o 52/117 (Decisión del Consejo Regional n.o 52/117), de 23 de diciembre de 2011 (en lo sucesivo, «Decisión regional n.o 52/117») (en lo sucesivo, conjuntamente con el artículo 3 de la Ley n.o 10/2010, «medidas controvertidas»).
165

En cualquier caso, en la medida en que las alegaciones de las demandantes se sustentan en la existencia de una incoherencia entre las consideraciones en que se basa el Reglamento impugnado, por un lado, y las consideraciones en las que se fundamenta la Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2018, por la que se autoriza el tricloroetileno para determinados usos, por otro, procede señalar que dicha Decisión fue adoptada con arreglo al artículo 60, apartado 4, del Reglamento n.o 1907/2006. Uno de los requisitos previstos por esta disposición es que no existan sustancias o tecnologías alternativas «adecuadas». Por lo tanto, no puede deducirse de esa Decisión que, si el nPB no hubiera sido incluido en el anexo XIV, técnica o económicamente, no habría existido un riesgo potencial de sustitución del tricloroetileno por el nPB. La razón por la que la Comisión no identificó el nPB como una sustancia sustitutiva adecuada para el tricloroetileno puede deberse también a que consideró que no era una sustitución adecuada, ya que se trataba de una sustancia que, en el momento de la adopción de la Decisión controvertida, estaba incluida en el anexo XIV.
54

Por otra parte, contrariamente a lo que alega la República Federal de Alemania, la distinción que el documento de orientación n.o 5, sobre la comunicación a la Comisión de los cuadros previstos en el anexo II y en el anexo III del Reglamento de Ejecución n.o 908/2014 para el ejercicio presupuestario N, establece entre los casos de irregularidad «antiguos» y los «nuevos» en el modelo de cuadro del artículo 29, letra f), del Reglamento de Ejecución n.o 908/2014 tampoco permite concluir que existe una modificación sustancial de la situación jurídica en materia de declaración de los intereses no recuperados. En efecto, procede señalar, al igual que hace la Comisión, que tal distinción únicamente se efectúa en el marco de la aplicación de la disposición transitoria del artículo 41, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO 2014, L 255, p. 18), dado que la referida disposición distingue, por una parte, los casos en los que se ha establecido un primer acto de comprobación administrativa o judicial antes del 16 de octubre de 2014, a saber, los casos antiguos, y, por otra, aquellos en los que dicho acto se ha establecido después del 16 de octubre de 2014, a saber, los casos nuevos.
191

Antes de nada, habida cuenta de la circunstancia de que, según el Comité de Evaluación del Riesgo, no podía cuantificarse el riesgo para la salud de los trabajadores, ni el Comité de Análisis Socioeconómico ni, en consecuencia, la Comisión hubieran podido disponer de la información requerida para pronunciarse sobre la evaluación socioeconómica. A falta de una cuantificación del riesgo para la salud de los trabajadores, la ponderación subyacente de los riesgos y de las ventajas que prevé el artículo 60, apartado 4, del Reglamento n.o 1907/2006 no habría podido realizarse correctamente. Por ello, la tesis de la Comisión expresada en la Decisión sobre la solicitud de revisión interna, según la cual, por un lado, en esencia, convenía seguir el enfoque del Comité de Análisis Socioeconómico, el cual, por su parte, había «concluido, sobre la base de un análisis cualitativo de la información disponible, que las ventajas de continuar con el uso prevalecían sobre los riesgos», y, por otro lado, la evaluación socioeconómica había sido por tanto satisfactoria, es absurda. Ciertamente, el artículo 60, apartado 4, del Reglamento n.o 1907/2006 no precisa si el riesgo debe cuantificarse. No obstante, según los apartados 6.1 a 6.5 del anexo I del Reglamento n.o 1907/2006, el informe sobre la seguridad química exige una cuantificación del riesgo para la salud humana, salvo que sea imposible determinar un nivel sin efecto derivado (derived no-effect level; en lo sucesivo, «DNEL») y una concentración sin efecto prevista (predicted no effect concentration; en lo sucesivo, «PNEC»). Pues bien, en el caso presente, la solicitud de autorización estima que el DEHP es una «sustancia umbral», es decir, que un DNEL y una PNEC podían ser determinados.
62

A este respecto, es preciso observar que, si bien la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo no es el único modo de notificación posible de las decisiones administrativas, constituye una solución particularmente segura debido a las garantías específicas que presenta tanto para la persona concernida como para la Administración (véase, en este sentido, el auto de 16 de diciembre de 2010, AG/Parlamento,F‑25/10, EU:F:2010:171, apartado 38), y así sucede con mayor razón cuando la persona concernida es externa a las instituciones (véase, en este sentido, el auto de 16 de diciembre de 2010, AG/Parlamento,F‑25/10, EU:F:2010:171, apartado 39). Una de estas garantías es, en particular, la seguridad, al haber firmado el destinatario el acuse de recibo, de que este destinatario sabe que se le ha dirigido un escrito y requiere su atención. Pues bien, de los autos se desprende que, a diferencia del acuse de recibo postal, el informe de lectura no ofrece tal garantía. Contrariamente a la firma de un acuse de recibo por el destinatario de un escrito o a la redacción y el envío de una confirmación de la recepción de un correo electrónico por su destinatario, el informe de lectura en cuestión, debido a su generación y envío automático por el sistema informático del destinatario tal como se ha descrito en el anterior apartado, no permite acreditar indubitadamente que la demandante tuviera conocimiento o estuviera en disposición de tomar conocimiento del escrito controvertido el día del envío de dicho informe.
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Esta conclusión se impone habida cuenta de las diferentes expresiones empleadas por el legislador de la Unión en la primera y en la segunda frase del artículo 82, apartado 7, del ROA, respectivamente. En la primera frase, dicho legislador precisa que los agentes contractuales interesados «pueden ser autorizados» —«podrá autorizarse» en español, «kann […] erteilt werden» en alemán, «may be authorised» en inglés, «possono essere autorizzati» en italiano, «może być Upoważniony» en polaco y «podem ser autorizados» en portugués— a participar en los procesos selectivos internos si justifican una antigüedad en el servicio de al menos tres años. En cambio, en la segunda frase, este artículo no menciona ninguna autorización, sino que, por el contrario, faculta a los agentes contractuales del grupo de funciones IV a participar en los procesos selectivos para los grados AST 1 a AST 4 o AD 5 y AD 6, sin extender este derecho a participar en los procesos selectivos a los otros grados. Sobre este particular, aunque la versión francesa recurre a una formulación negativa —«ne peuvent prendre part qu’aux concours»—, la misma idea se expresa en términos positivos en otras versiones lingüísticas: «solo tendrán acceso» en español, «haben Zugang […] nur für» en alemán, «may have access only» en inglés, «possono partecipare unicamente» en italiano, «może mieć dostęp jedynie» en polaco y «penas podem ter acesso» en portugués.