Según el punto 29, tercer guion, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003 el importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, en particular cuando la empresa interesada aporte la prueba de que su participación en la infracción fue sustancialmente limitada y demuestre por tanto que, durante el tiempo en que se adhirió a los acuerdos ilícitos, eludió efectivamente la aplicación de los mismos adoptando un comportamiento competitivo en el mercado. Esos dos factores constituyen condiciones acumulativas. Según el mismo punto, el mero hecho de que una empresa haya participado en una infracción durante un período de tiempo más breve que las demás no se considerará circunstancia atenuante, puesto que esta circunstancia ya se refleja en el importe de base.

Según el punto 3, primer guion, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la «función exclusivamente pasiva o subordinada» de una empresa en la comisión de la infracción podía constituir una circunstancia atenuante. El concepto de «participación sustancialmente limitada» previsto en las Directrices de 2006 debe interpretarse de modo análogo al de «función exclusivamente pasiva» enunciado en las Directrices de 1998.

Así, un papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa interesada de una «actitud reservada», es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia. De esa manera, entre los aspectos que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en un cártel pueden tenerse en cuenta su participación mucho más esporádica en las reuniones en comparación con la de los miembros ordinarios del cártel, al igual que su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en ésta o incluso la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por representantes de otras empresas que hayan participado en la infracción. Además, el hecho de que otras empresas que participen en un único e idéntico cártel hayan podido ser más activas que un participante dado no implica, sin embargo, que éste haya tenido un papel exclusivamente pasivo o subordinado. De hecho, únicamente podría tenerse en cuenta su pasividad total, que debe ser acreditada por la parte que la invoca. Pues bien, esa pasividad total no se puede deducir del hecho de que la propia empresa imputada no haya organizado reuniones secretas anticompetitivas.

Además, el hecho de que una empresa, cuya participación en una concertación sobre precios con sus competidores esté demostrada, no se haya comportado en el mercado de la manera acordada con sus competidores no es necesariamente un factor que deba tenerse en cuenta como circunstancia atenuante al determinar el importe de la multa que debe imponerse. Una empresa que, a pesar de la concertación con sus competidores, siga una política más o menos independiente en el mercado puede estar intentando sólo aprovechar el cártel en beneficio propio. En ese contexto hay que comprobar si esas circunstancias pueden demostrar que durante el período en el que tomó parte en los acuerdos ilícitos la empresa se abstuvo efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado, o cuando menos que incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica ese cártel, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de éste.

(véanse los apartados 189 a 191, 195, 196, 215, 216, 245 y 246)