1)

a) ¿Constituye una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 28 CE el hecho de que una empresa que opera una central nuclear en un Estado miembro de conformidad con el ordenamiento jurídico de dicho Estado y con las correspondientes disposiciones de Derecho comunitario, produciendo con ella energía eléctrica que distribuye en diversos Estados miembros, sea obligada, por la posibilidad de inmisiones de la central nuclear, por medio de sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro limítrofe —sentencia que, con arreglo al Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 («Reglamento Bruselas I»), es ejecutable en todos los Estados miembros— a adaptar las instalaciones de acuerdo con las disposiciones técnicas de otro Estado miembro o bien, en caso de que fuera imposible aplicar medidas de adaptación por la complejidad del conjunto de las instalaciones, a cesar en la explotación de las instalaciones, además del hecho de que dicho órgano jurisdiccional, basándose en una interpretación de las normas nacionales realizada por el tribunal supremo de ese país, no deba tener en cuenta la autorización de explotación de que dispone la central nuclear en el Estado miembro de establecimiento, a pesar de que, si se tratase de una autorización nacional de instalación, sí debería tenerla en cuenta con motivo de una correspondiente demanda de cesación, lo que a la postre impediría que se dictase una sentencia de cesación contra las instalaciones autorizadas en el propio país? b) ¿Deben interpretarse los motivos de justificación establecidos en el Tratado CE en el sentido de que la diferenciación realizada con arreglo al Derecho de un Estado miembro entre las autorizaciones de instalación nacionales y extranjeras es inadmisible en todo caso, a la vista del razonamiento de que sólo debe ser protegida la economía nacional y no la extranjera, ya que esto constituye un objetivo de carácter meramente económico que no puede entenderse digno de protección, en consideración a las libertades fundamentales? c) ¿Deben interpretarse los motivos de justificación establecidos en el Tratado CE y el correspondiente principio de proporcionalidad en el sentido de que la distinción absoluta realizada por el Derecho de un Estado miembro entre autorizaciones de instalación nacionales y extranjeras es inadmisible en todo caso, porque la explotación de unas instalaciones autorizadas en el Estado miembro de establecimiento debe ser juzgada por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro considerando los riesgos efectivos que en el caso concreto representa dicha explotación para el orden público, la seguridad o la salud públicas, o bien otras razones imperiosas reconocidas de interés general? d) En atención al principio de proporcionalidad que se ha de examinar en relación con los motivos de justificación, ¿deben tratar los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro la autorización de explotación de unas instalaciones situadas en otro Estado miembro igual que una autorización de instalación nacional en todo caso, si la autorización de instalación en el Estado miembro de establecimiento es jurídicamente equivalente a una autorización de instalación nacional? e) ¿Es relevante para la respuesta a las anteriores cuestiones el hecho de que las instalaciones autorizadas en el Estado miembro de establecimiento sean para una central nuclear, cuando en otro Estado miembro en que hay pendiente una acción de cesación contra la posibilidad de inmisiones de una central nuclear esté prohibida la explotación, per se, de este tipo de instalaciones, aunque sí esté permitida la explotación de otras instalaciones de tecnología nuclear? f) ¿Están obligados los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que deban resolver sobre una demanda de cesación análoga, en caso de infracción del artículo 28 CE por parte del Derecho nacional en el sentido de la primera cuestión, letra a), a interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho comunitario en el sentido de que en la expresión «instalaciones que posean autorización administrativa» se hallan subsumidas tanto las autorizaciones de instalación nacionales como las extranjeras emitidas por las autoridades de otros Estados miembros?