Palabras clave

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Palabras clave

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1. Actos de las Instituciones - Intangibilidad tras la adopción - Modificación de la motivación o de la parte dispositiva - Violación del principio de seguridad jurídica - Ilegalidad

(Tratado CEE, arts. 189 y 190)

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción - Adopción en una lengua auténtica por delegación - Vulneración del principio de colegialidad - Ilegalidad

(Tratado CEE, art. 85; Reglamento interno de la Comisión, art. 27)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción - Decisión no firmada y adoptada tras la expiración del mandato del Comisario que firmó las cartas de acompañamiento - Ilegalidad

(Tratado CEE, art. 85; Reglamento interno de la Comisión, art. 12, párr. 3)

4. Recurso de anulación - Motivos - Vicios sustanciales de forma - Violación por una Institución de su Reglamento interno - Disposiciones relativas a la elaboración, la adopción y la autentificación de los actos de la Institución - Motivo invocado por una persona física o jurídica - Admisibilidad

(Tratado CEE, art. 173; Reglamento interno de la Comisión, arts. 10 y 12)

5. Actos de las Instituciones - Acto inexistente - Concepto

(Tratado CEE, arts. 189, 190 y 192, párr. 2)

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1. El principio de intangibilidad del acto, una vez adoptado por la autoridad competente, constituye un factor esencial de seguridad jurídica y de estabilidad de las situaciones jurídicas en el ordenamiento comunitario, tanto para las Instituciones comunitarias como para los sujetos de Derecho cuya situación jurídica y material se ve afectada por una Decisión de dichas Instituciones. El respeto riguroso y absoluto de dicho principio permite, por sí solo, adquirir la certeza de que, tras su adopción, el acto solamente podrá ser modificado respetando las normas de competencia y de procedimiento y, consecuentemente, el acto notificado o publicado será una copia exacta del acto adoptado, reflejando así de manera fiel la voluntad de la autoridad competente.

Las modificaciones, distintas de los de orden ortográfico o sintáctico, que afectan a la motivación de una Decisión presentan el carácter de un vicio que puede afectar a la conformidad a Derecho de toda la Decisión modificada, debido a que, por una parte, tienden a eliminar la eficacia del artículo 190 del Tratado y, por otra, en relación con el fondo jurídico, afectan al razonamiento que constituye el soporte necesario de la parte dispositiva de una Decisión. Lo mismo sucede, con más razón, con cualquier modificación que altere la parte dispositiva de dicho acto. En efecto, tal modificación afecta directamente al alcance de las obligaciones que el acto modificado puede imponer a los sujetos de Derecho o, por el contrario, al alcance de los derechos que les reconoce dicho acto.

2. Una Decisión por la que se declara la existencia de una infracción al artículo 85 del Tratado, que establece obligaciones respecto a varias empresas, les impone sanciones pecuniarias importantes y sirve de título ejecutivo a tal efecto afecta de forma característica a los derechos y obligaciones de estas empresas, así como a su patrimonio. En consecuencia, la adopción de dicha Decisión en lengua auténtica no puede ser considerada como una simple medida de administración o de gestión que puede ser adoptada por delegación por un solo Comisario sin violar directamente el principio de colegialidad expresamente recogido por el artículo 27 del Reglamento interno de la Comisión.

3. Un Comisario puede firmar los oficios de la Decisión por la que se declara la existencia de una infracción al artículo 85 del Tratado adoptada por la Comisión, a los efectos de su notificación a los destinatarios y de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, con arreglo a los requisitos previstos por el párrafo tercero del artículo 12 del Reglamento interno de la Comisión. No obstante, dicha firma, estampada el día en que expiraba el mandato del Comisario, no subsana el vicio de incompetencia que afecta al acto, si se demuestra que la fecha de su adopción es posterior a la fecha de expiración del mandato del Comisario. Por consiguiente, un acto en el que ninguna autoridad estampó una firma manuscrita y del que de la fase de instrucción resulta que fue definitivamente adoptado no antes de que hubiera expirado el mandato del Comisario, está viciado de ilegalidad, por incompetencia ratione temporis de su autor.

4. Las personas físicas o jurídicas pueden invocar el incumplimiento del Reglamento interno de una Institución, en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra un acto que emana de dicha Institución, cuando las disposiciones cuyo incumplimiento se alega crean derechos y constituyen un factor de seguridad jurídica para estas personas. Tal es el caso de las disposiciones relativas a la elaboración, la adopción y la autentificación de los actos comunitarios, previstas en los artículos 10 y 12 del Reglamento interno de la Comisión.

5. Un acto respecto al cual no se puede determinar con suficiente certeza la fecha exacta a partir de la cual pudo producir efectos jurídicos y, en consecuencia, quedar incorporado al ordenamiento jurídico comunitario, ni, debido a las modificaciones de las que fue objeto, conocer con seguridad el contenido concreto de la motivación que debe contener conforme al artículo 190 del Tratado, ni definir y controlar sin ambigueedad el alcance de las obligaciones que impone a sus destinatarios o la designación de estos últimos, ni identificar con certeza quién fue el autor de su versión definitiva, y respecto al cual se ha demostrado que se incumplió totalmente el procedimiento de autentificación previsto por la normativa comunitaria y que no podía aplicarse el previsto en el párrafo segundo del artículo 192 del Tratado, no puede ser calificado como Decisión a efectos del artículo 189 del Tratado.

Un acto afectado por tales vicios, particularmente graves y evidentes, pierde la presunción de validez de la que disfruta todo acto administrativo en Derecho comunitario y debe considerarse inexistente. Dicho acto no produce efecto jurídico alguno y puede ser impugnado fuera de los plazos de recurso.