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Asuntos acumulados C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 y C‑355/01

AOK Bundesverband y otros

contra

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. y otros

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf y por el Bundesgerichtshof)

«Competencia – Empresas – Cajas del seguro de enfermedad – Prácticas colusorias – Interpretación de los artículos 81 CE, 82 CE y 86 CE – Decisiones de agrupaciones de cajas del seguro de enfermedad por las que se fijan importes máximos de contribución al coste de los medicamentos»

Sumario de la sentencia

Competencia – Normas comunitarias – Empresa – Concepto – Agrupación de cajas del seguro de enfermedad que fija importes máximos de contribución al coste de los medicamentos − Exclusión – Requisitos

(Art. 81 CE)

En el contexto del Derecho comunitario de la competencia, el concepto de empresa no comprende las entidades gestoras del seguro obligatorio de enfermedad y de vejez que persiguen un objetivo exclusivamente social y no ejercen una actividad económica. En este caso se encuentran las cajas del seguro de enfermedad a las que el legislador ha reconocido un cierto margen de libertad para fijar el tipo de las cotizaciones, con el fin de promover una buena administración, pero que se encuentran obligadas por la ley a ofrecer a sus afiliados prestaciones obligatorias, esencialmente idénticas, que son independientes de la cuantía de las cotizaciones. Por tanto, dichas cajas no tienen posibilidad alguna de influir en tales prestaciones y al estar asociadas en una especie de comunidad basada en el principio de solidaridad, que les permite compensar mutuamente los costes y los riesgos, no compiten entre sí ni con los establecimientos privados para la administración de las prestaciones obligatorias en materia de asistencia sanitaria o medicamentos que constituye su función esencial.

Las agrupaciones de cajas del seguro de enfermedad no constituyen empresas ni asociaciones de empresas en el sentido del artículo 81 CE, cuando establecen, en virtud de una obligación impuesta por el legislador, los importes máximos fijos que corresponden al límite máximo del precio de los medicamentos asumido por dichas cajas, en la medida en que no persiguen un interés propio disociable del objetivo exclusivamente social de las cajas sino que cumplen con una obligación totalmente vinculada a la actividad de éstas en el marco del régimen obligatorio del seguro de enfermedad.

(véanse los apartados 47, 52 a 54, 56, 57, 63 a 65 y el fallo)
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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Objeto - Delimitación del objeto del litigio

(Art. 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Dictamen motivado que no tiene en cuenta observaciones comunicadas en respuesta al escrito de requerimiento - Relevancia para la admisibilidad - Límites

(Art. 226 CE)

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1. El objetivo del procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 226 CE es dar al Estado miembro la posibilidad de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario o de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión. Su regularidad constituye una garantía esencial querida por el Tratado no sólo para la protección de los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el eventual procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido.

( véanse los apartados 16 y 17 )

2. En el marco de un recurso por incumplimiento por la no adaptación de una directiva, ninguna disposición sanciona la inobservancia del plazo señalado por la Comisión para responder a su escrito de requerimiento con la inadmisibilidad de las observaciones del Estado miembro. Incumbía por tanto a la Comisión exponer, en el dictamen motivado, sus apreciaciones sobre las observaciones recibidas tras la expiración de dicho plazo, antes de precisar las imputaciones que quisiera formular.

Sin embargo, cuando el Estado miembro se limita, en su respuesta, a anunciar la futura adopción de unas medidas de adaptación, la circunstancia de que la Comisión no haya tenido en cuenta dichas observaciones no ha tenido influencia alguna sobre la delimitación del objeto del litigio y, así, no lo ha colocado en la imposibilidad de poner fin a la infracción ni ha conculcado su derecho de defensa.

En estas circunstancias, no puede considerarse que el dictamen motivado adolezca de un vicio sustancial que provoque la inadmisibilidad del recurso.

( véanse los apartados 19 a 21 )
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Palabras clave

Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Legislación nacional que prohíbe comercializar con la denominación de venta «chocolate» productos de cacao y de chocolate que contienen materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao y que han sido fabricados legalmente en el Estado miembro de producción - Improcedencia - Justificación - Protección de los consumidores - Inexistencia

[Tratado CE, art. 30 (actualmente art. 28 CE, tras su modificación); Directiva 73/241/CEE del Consejo]

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$$Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), un Estado miembro que prohíbe que los productos de cacao y de chocolate que se ajustan a los contenidos mínimos de cacao y manteca de cacao fijados en el anexo I, apartado 1, punto 1.16, de la Directiva 73/241, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana, a los que se han adicionado materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao y que han sido fabricados legalmente en los Estados miembros que autorizan la adición de estas materias, puedan ser comercializados en su territorio con la denominación de venta «chocolate» con la que se comercializan en el Estado miembro de producción.

Una normativa de ese tipo no puede justificarse basándose en que sea necesaria para cumplir exigencias imperativas relativas, en particular, a la protección de los consumidores. En efecto, la adición a los productos de cacao y de chocolate de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao no supone una modificación sustancial de la composición de tales productos o de su naturaleza, de manera que conservan las características con las que cuentan los consumidores cuando compran productos que llevan la denominación «chocolate». Para garantizar la correcta información de los consumidores, es suficiente con incluir en el etiquetado una mención neutra y objetiva que informe a aquéllos de que el producto contiene materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao.

( véanse los apartados 83, 87, 88, 92, 93, 98 y el fallo )
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Aproximación de las legislaciones - Medidas destinadas a la realización del mercado único - Disposiciones nacionales que establecen excepciones - Control por la Comisión - Base jurídica - Ámbito de aplicación temporal del artículo 95 CE - Obligaciones respectivas de la Comisión y de los Estados miembros

[Tratado CE, art. 100 A (actualmente art. 95 CE, tras su modificación); art. 95 CE]

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$$Cuando un Estado miembro inicia un procedimiento destinado a obtener de la Comisión una autorización para introducir disposiciones nacionales que establecen excepciones a una medida de armonización, sobre la base del artículo 100 A, apartado 4, del Tratado (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación) la Comisión obra correctamente al adoptar su Decisión, tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones del Tratado CE, sobre la base del artículo 95 CE, apartado 6.

En efecto, en caso de que no existan disposiciones transitorias, una norma nueva se aplica inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de la antigua norma.

En semejante contexto, ninguna nueva situación jurídica debe considerarse consolidada antes del momento en que se concrete el último elemento de este procedimiento. Sólo entonces, mediante la autorización o la prohibición decidida por la Comisión, surge un acto capaz de producir efectos sobre la situación jurídica anterior. Dado que la decisión de la Comisión fue adoptada con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 95 CE, la aplicación de las disposiciones nacionales notificadas conforme al artículo 100 A, apartado 4, del Tratado, no corresponde a una situación jurídica consolidada antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones del Tratado CE.

Por otra parte, tras su entrada en vigor, el Estado miembro de que se trata debe saber, que la decisión de la Comisión se fundamentará necesariamente en la nueva base jurídica constituida por el artículo 95 CE. La Comisión no está obligada en modo alguno a advertirlo y al no hacerlo no vulnera el derecho de defensa de dicho Estado miembro ni el principio que impone a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias deberes recíprocos de cooperación leal.

( véanse los apartados 43, 45 a 48, 61 y 63 )
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1. Política social - Aproximación de las legislaciones - Transmisiones de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Directiva 77/187/CEE - Ámbito de aplicación - Reanudación por parte de una empresa de las actividades ejercidas por otra empresa, a raíz de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios previsto por la Directiva 92/50/CEE - Inclusión

(Directiva 77/187/CEE del Consejo, art. 1. ap. 1)

2. Política social - Aproximación de las legislaciones - Transmisiones de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Directiva 77/187/CEE - Ámbito de aplicación - Transmisión - Concepto - Inexistencia de relación contractual directa entre dos empresas - Inclusión - Reanudación por parte de una empresa de las actividades ejercidas por otra empresa sin transmisión de elementos materiales significativos entre las dos empresas - Exclusión

(Directiva 77/187/CEE del Consejo, art. 1, ap. 1)

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1. La reanudación, por parte de una empresa, de las actividades de transporte público no marítimo -como es la explotación de líneas locales regulares de autobuses- ejercidas hasta ese momento por otra empresa, a raíz de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios previsto por la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, puede estar comprendida en el ámbito de aplicación material de la Directiva 77/187, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, como lo enuncia su artículo 1, apartado 1.

( véanse el apartado 25 y el punto 1 del fallo )

2. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva puede aplicarse a falta de relación contractual directa entre dos empresas a las que una persona jurídica de Derecho público haya concedido sucesivamente, al término de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios organizado de conformidad con la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, un servicio de transporte público no marítimo -como es la explotación de líneas locales regulares de autobuses. Sin embargo, en dicha situación, la Directiva 77/187 no se aplica cuando no existe transmisión de elementos materiales significativos entre las dos empresas.

( véanse el apartado 44 y el punto 2 del fallo )
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1. Medio ambiente - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - Obligación de los Estados miembros de prohibir la caza durante determinados períodos de especial vulnerabilidad de las aves - Delimitación de los períodos de prohibición - Delimitación que únicamente garantiza la protección de la mayor parte de las aves de una especie - Improcedencia

(Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 7, ap. 4)

2. Medio ambiente - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - Fijación de las fechas de cierre de la caza de aves migratorias y aves acuáticas - Fechas escalonadas de cierre en función de las especies de aves - Requisitos para su procedencia

(Directiva 79/409/CEE del Consejo)

3. Medio ambiente - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - Adaptación del Derecho interno sin actividad normativa - Límites - Gestión de un patrimonio común - Necesidad de una adaptación exacta del Derecho interno por los Estados miembros

(Directiva 79/409/CEE del Consejo)

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1. La finalidad principal del artículo 7, apartado 4, de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres es establecer una prohibición de cazar cualquier especie de ave silvestre durante la época de nidificación y durante los distintos períodos de reproducción y de crianza o, incluso, en lo que respecta a las especies migratorias, durante su migración de retorno hacia su lugar de nidificación. El citado artículo está destinado a asegurar un régimen completo de protección durante los períodos en los que la supervivencia de las aves silvestres está particularmente amenazada. En consecuencia, la protección contra las actividades cinegéticas no puede limitarse a la mayor parte de las aves de una especie dada, definida según la media de los ciclos reproductivos y de los movimientos migratorios.

( véase el apartado 23 )

2. Las autoridades nacionales no están facultadas por la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, para fijar las fechas escalonadas de cierre en función de las especies de aves migratorias o acuáticas, salvo si el Estado miembro interesado puede aportar la prueba, fundada en datos científicos y técnicos apropiados para cada caso particular, de que un escalonamiento de las fechas de cierre de la caza no impide la protección completa de las especies de aves que pueden estar afectadas por dicho escalonamiento.

( véase el apartado 43 )

3. La adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente una adopción formal y textual de sus disposiciones en una norma legal expresa y específica, y puede ser suficiente con un contexto jurídico general, siempre que éste asegure efectivamente la plena aplicación de la Directiva de un modo bastante claro y preciso. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la exactitud de la adaptación tiene una particular importancia en lo que se refiere a la Directiva sobre las aves, en la medida en que la gestión del patrimonio común está confiada, para sus respectivos territorios, a los Estados miembros.

( véase el apartado 53 )
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1 Recurso de anulación - Motivos - Motivo inoperante - Concepto

2 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

[Tratado CE, art. 168 A (actualmente art. 225 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia art. 51, párr. 1]

3 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Facultad de apreciación de las Instituciones - Control jurisdiccional - Límites - Error manifiesto de apreciación de los hechos conocidos por las instituciones en el momento de adopción de un Reglamento antidumping

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 12, ap. 1]

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1 En un recurso de anulación, la falta de eficacia de un motivo invocado tiene que ver con su capacidad, en el caso de que sea fundado, para dar lugar a la anulación perseguida por el demandante y no con el interés que éste pueda tener en interponer tal recurso o incluso en alegar un motivo determinado, cuestiones éstas que dependen, respectivamente, de la admisibilidad del recurso y de la del motivo.

(véase el apartado 38)

2 En virtud de los artículos 168 A del Tratado (actualmente artículo 225 CE) y 51, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación sólo puede fundarse en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos obrantes en autos, y, por otra parte, para apreciar estos hechos. Asimismo, la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia de los elementos de prueba que se le presentan no constituye, sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 42 y 43)

3 En un recurso de anulación basado en el artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), no corresponde al Tribunal de Primera Instancia examinar de nuevo sobre el fondo el Reglamento impugnado, sino verificar si su autor no ha cometido un error manifiesto de apreciación. La apreciación del Consejo tras el procedimiento administrativo en materia antidumping versa, conforme al artículo 12, apartado 1, del Reglamento antidumping de base nº 2423/88, sobre la comprobación definitiva de los hechos. De ello se deriva que el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de su control jurisdiccional, podía limitarse a verificar si el Consejo no había cometido un error manifiesto de apreciación de los hechos de que tenía conocimiento cuando adoptó el Reglamento impugnado, y, en consecuencia, considerar que no procedía tener en cuenta un estudio realizado posteriormente.

(véanse los apartados 60 y 61)
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Libre prestación de servicios - Restricciones - Legislación nacional que reserva a un organismo público la explotación de máquinas tragaperras - Justificación - Protección de los consumidores y del orden social

[Tratado CE, art. 59 (actualmente art. 49 CE, tras su modificación)]

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$$Una legislación nacional que otorga a un único organismo público derechos exclusivos de explotación de máquinas tragaperras en el territorio nacional y que impide a los operadores de otros Estados miembros, directa o indirectamente, poner ellos mismos máquinas tragaperras a disposición del público para su utilización contra remuneración, constituye, incluso si es aplicable indistintamente, un obstáculo a la libre prestación de servicios.

No obstante, dicho obstáculo, en la medida en que la legislación de que se trata no implica ninguna discriminación por razón de la nacionalidad, puede justificarse por motivos relacionados con la protección de los consumidores y del orden social. Si bien es cierto que dicha legislación no prohíbe la utilización de las máquinas tragaperras, sino que reserva su explotación a un organismo público autorizado, la determinación de la amplitud de la protección que un Estado miembro pretende garantizar en su territorio en materia de loterías y otros juegos de azar forma parte de la facultad de apreciación de que disponen las autoridades nacionales. Incumbe a éstas, en efecto, apreciar si en el contexto del objetivo perseguido es necesario prohibir total o parcialmente las actividades de dicha naturaleza o solamente restringirlas y prever a estos efectos formas de control más o menos estrictas. En estas circunstancias, el mero hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no puede tener incidencia en la apreciación de la necesidad y de la proporcionalidad de las decisiones adoptadas en la materia. Éstas deben apreciarse solamente en relación con los objetivos que persiguen las autoridades nacionales del Estado miembro interesado y con el nivel de protección que pretenden garantizar.
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1 Derecho comunitario - Derechos conferidos a los particulares - Tutela por los órganos jurisdiccionales nacionales - Regulación procesal nacional - Solicitud de anulación de un laudo arbitral - Apreciación por el órgano jurisdiccional al que se ha planteado un asunto, de un motivo basado en la infracción del artículo 85 del Tratado (actualmente, artículo 81 CE)

[Tratado CE, arts. 85 y 177 (actualmente, arts. 81 CE y 234 CE)]

2 Derecho comunitario - Derechos conferidos a los particulares - Tutela por los órganos jurisdiccionales nacionales - Regulación procesal nacional - Solicitud de anulación de un laudo arbitral - Examen de la validez, desde el punto de vista del artículo 85 del Tratado (actualmente, artículo 81 CE), de un contrato declarado válido por un laudo arbitral parcial - Normas procesales internas relativas a la fuerza de cosa juzgada que impiden ese examen - Compatibilidad con el Derecho comunitario

[Tratado CE, art. 85 (actualmente, art. 81 CE)]

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1 En la medida en que un órgano jurisdiccional nacional deba, en aplicación de sus normas procesales internas, estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral basado en la inobservancia de normas nacionales de orden público, también debe estimar tal recurso si considera que este laudo es contrario al artículo 85 del Tratado (actualmente, artículo 81 CE). En efecto, por una parte, este artículo constituye una disposición fundamental indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Comunidad, especialmente para el funcionamiento del mercado interior; por otra parte, el Derecho comunitario exige que las cuestiones relativas a la interpretación de la prohibición impuesta en este artículo puedan ser examinadas por los órganos jurisdiccionales nacionales que deban pronunciarse sobre la validez de un laudo arbitral y puedan ser objeto, en su caso, de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

2 El Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales internas, conforme a las cuales un laudo arbitral parcial que tenga carácter de laudo final y que no haya sido objeto de recurso de anulación dentro de plazo, adquiere fuerza de cosa juzgada y no puede ser revocado por un laudo arbitral posterior, aunque un contrato que el laudo arbitral parcial ha declarado jurídicamente válido sea, sin embargo, nulo desde el punto de vista del artículo 85 del Tratado (actualmente, artículo 81 CE), puesto que el plazo señalado para interponer el recurso no hace excesivamente difícil o prácticamente imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.