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El hecho de que la resolución de remisión sobre la interpretación del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio que está incluido en el ámbito del título VI del Tratado UE, en su versión anterior al Tratado de Lisboa, no mencione el artículo 35 UE, sino que se refiera al artículo 267 TFUE, no puede por sí solo determinar la incompetencia del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones planteadas.

Para que una persona pueda considerarse juzgada en sentencia firme por los hechos que se le imputan, en el sentido del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS), es preciso, en primer lugar, que la acción pública se haya extinguido definitivamente. La apreciación de este requisito debe efectuarse con arreglo al Derecho del Estado contratante que haya dictado la resolución penal de que se trata. En efecto, una resolución que, de acuerdo con el Derecho del primer Estado contratante que ha incoado diligencias penales contra una persona, no extingue definitivamente la acción pública en el ámbito nacional no puede, en principio, constituirse en un impedimento procesal para que en otro Estado contratante se inicien o prosigan diligencias penales por los mismos hechos respecto a dicha persona. En efecto, una resolución que, de acuerdo con el Derecho del Estado contratante que ha incoado diligencias penales contra una persona, no extingue definitivamente la acción pública en el ámbito nacional no puede, en principio, constituirse en un impedimento procesal para que en otro Estado contratante se inicien o prosigan diligencias penales por los mismos hechos respecto a dicha persona.

Por otra parte, las circunstancias de que, de un lado, la resolución analizada en el procedimiento principal fuera adoptada por la fiscalía y, de otro, no se ejecutara sanción alguna, no son determinantes para apreciar si esa resolución extingue definitivamente la acción pública. En efecto, por una parte, el artículo 54 del CAAS también es aplicable a las resoluciones procedentes de una autoridad competente para participar en la administración de la justicia penal en el ordenamiento jurídico nacional de que se trate, como la fiscalía, por las que se ordene el archivo definitivo de las diligencias penales en un Estado miembro, aun cuando tales resoluciones se adopten sin la intervención de un órgano jurisdiccional y no revistan la forma de una sentencia. Por otra parte, en lo relativo a la inexistencia de sanciones, en el artículo 54 del CAAS, el requisito de que se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya, según la legislación del Estado contratante de origen, sólo se exige en caso de condena. Por lo tanto, excepto en el supuesto de condena, la referencia a la sanción no puede interpretarse en el sentido de que supedite a un requisito adicional la aplicabilidad del artículo 54 del CAAS.

(véanse los apartados 34, 35 y 38 a 41)
Del propio tenor del artículo 215 TFUE se deriva que éste no se opone a que un reglamento adoptado tomando por base esa misma disposición confiera competencias de ejecución a la Comisión o al Consejo en las condiciones definidas en el artículo 291 TFUE, apartado 2, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de ciertas medidas restrictivas previstas por dicho reglamento. En particular, del artículo 215 TFUE, apartado 2, no se deduce que las medidas restrictivas individuales adoptadas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales deban ser adoptadas necesariamente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 215 TFUE, apartado 1, y no puedan serlo sobre la base del artículo 291 TFUE, apartado 2.

Por otro lado, ninguna disposición del Tratado FUE establece que su sexta parte, relativa a las disposiciones institucionales y financieras, no sea aplicable en materia de medidas restrictivas. Por tanto, no cabe excluir el recurso al artículo 291 TFUE, apartado 2, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicha disposición.

(véanse los apartados 34 y 35)
Los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un poder adjudicador pueda, mediante el pliego de condiciones de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, imponer a un licitador que se basa en las capacidades de otros empresarios la obligación de suscribir con éstos un convenio de colaboración o bien de constituir con ellos una sociedad colectiva con carácter previo a la adjudicación del contrato.

En efecto, en el marco del control, por parte del poder adjudicador, de la aptitud del licitador para ejecutar un contrato determinado, los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 no permiten ni presumir que ese licitador dispone o no de los medios necesarios para la ejecución del contrato ni, menos aún, excluir a priori determinados medios de prueba. Por consiguiente, el licitador que se basa en las capacidades de otros empresarios para la ejecución de un contrato determinado es libre de escoger, por un lado, qué tipo de relación jurídica va a establecer con ellos, y, por otro, qué medio de prueba va a aportar para demostrar la existencia de esa relación jurídica. Por otro lado, al establecer de modo expreso que la presentación del compromiso de otros empresarios de poner a disposición del licitador los medios necesarios para la ejecución del contrato es sólo un ejemplo de prueba aceptable de que efectivamente va a disponer de esos medios, los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 no se oponen en absoluto a que el licitador que se basa en las capacidades de otros empresarios para la correcta ejecución del contrato que ha ofertado se sirva de otras pruebas para demostrar la relación jurídica que le une a ellos.

(véanse los apartados 26 a 29 y 34 y el fallo)
Son necesarios dos requisitos para considerar que un derecho indirecto como las contribuciones sobre el suministro de electricidad y de gas constituye la simple remuneración de servicios de utilidad pública, en el sentido del artículo 3, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. Según el primero de estos requisitos, dichos servicios deben prestarse o, al menos, deben poder prestarse a aquellos que deban pagar tal derecho indirecto. Conforme al segundo requisito, es necesaria la existencia de una relación directa y proporcional entre el coste real de este servicio y el derecho pagado por el beneficiario. Estos dos requisitos son acumulativos.

A este respecto, si las contribuciones litigiosas pagadas por las instituciones de la Unión sirven también para la financiación de misiones de servicio público de las que estas instituciones no pueden ser beneficiaras, de este solo hecho se desprende que no se cumple el primer requisito e, igualmente, en lo que se refiere al segundo requisito, que no existe relación directa y proporcional entre el importe de las contribuciones litigiosas y los costes reales de los servicios públicos previstos por la normativa nacional aplicable. Además, tampoco existe una relación de este tipo en lo que respecta a las misiones de servicio público de las que pueden ser beneficiarias las instituciones de la Unión, por cuanto la normativa nacional aplicable no permite establecer en qué medida éstas pueden ser beneficiarias de los servicios de utilidad pública en cuestión.

(véanse los apartados 66, 70, 71 y 73)
El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un inmueble perteneciente al citado bufete.

En efecto, según el décimo considerando de la Directiva 93/13, las normas uniformes sobre las cláusulas abusivas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre «un consumidor» y «un profesional», conceptos estos definidos en el artículo 2, letras b), y c), de dicha Directiva. Por tanto, la citada Directiva define los contratos a los que se aplica por referencia a la condición de los contratantes, según actúen o no en el marco de su actividad profesional.

Por lo que respecta al concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, éste tiene un carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la información de que dicha persona realmente disponga. El juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del ámbito de aplicación de la citada Directiva tiene la obligación, teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas y, en particular, los términos de dicho contrato, de comprobar si el prestatario puede tener la condición de «consumidor» en el sentido de dicha Directiva. A tal efecto, el juez nacional debe tomar en consideración todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio.

A este respecto, un abogado que celebra, con una persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad profesional, un contrato que, por no estar referido, en particular, a la actividad de su bufete, no está vinculado al ejercicio de la abogacía, se encuentra, con respecto a dicha persona, en la situación de inferioridad. Por otra parte, el hecho de que un abogado disponga de un alto nivel de competencias técnicas no permite presumir que, en relación con un profesional, no es una parte débil.

(véanse los apartados 15, 17, 21 a 23, 26, 27 y 30 y el fallo)
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los organismos de Derecho público no pueden ser calificados como sujetos pasivos del IVA dado que no se ajustan al criterio de independencia previsto en esa disposición.

Las entidades integradas en el presupuesto municipal que realizan las actividades económicas que se les han asignado en nombre y por cuenta del municipio, que no responden de los daños causados por esas actividades, cuya exclusiva responsabilidad asume ese municipio, y no soportan el riesgo económico ligado al ejercicio de esas actividades puesto que no disponen de patrimonio propio, no generan ingresos propios y no soportan los costes inherentes a esas actividades, toda vez que los ingresos percibidos se transfieren al presupuesto del municipio y los gastos se imputan directamente a ese presupuesto, no se ajustan al criterio de independencia previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva IVA, y por tanto no pueden ser calificadas como sujetos pasivos del IVA.

(véanse los apartados 37, 38 y 42 y el fallo)
debe considerarse que los gastos relacionados con la adquisición de participaciones en sus filiales soportados por una sociedad de cartera que únicamente participa en la gestión de algunas de éstas y que, respecto de las demás, no ejerce, por el contrario, ninguna actividad económica forman parte sólo parcialmente de sus gastos generales, de modo que el impuesto sobre el valor añadido abonado por esos gastos sólo puede deducirse en proporción a los que son inherentes a la actividad económica, según los criterios de reparto definidos por los Estados miembros, quienes, en el ejercicio de esa facultad, deben tener en cuenta —extremo que corresponde verificar a los órganos jurisdiccionales nacionales— la finalidad y la estructura de la Sexta Directiva y, en virtud de ello, establecer un método de cálculo que refleje con objetividad la parte de imputación real de los gastos soportados a la actividad económica y a la actividad no económica.

No puede considerarse que el artículo 4, apartado 4, de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 2006/69, tenga efecto directo que permita a los sujetos pasivos invocarlo frente a su Estado miembro en el supuesto en que la normativa de éste no sea compatible con la citada disposición y no pueda ser interpretada de manera conforme a ésta. En efecto, dicho artículo presenta de ese modo un carácter condicional al implicar la intervención de disposiciones nacionales que determinen el alcance concreto de tales vínculos.

(véanse los apartados 50 y 52 y el punto 3 del fallo)
La Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), modificada por la Directiva 2009/136, debe interpretarse en el sentido de que las tarifas especiales y el mecanismo de financiación establecidos, respectivamente, en el artículo 9 y en el artículo 13, apartado 1, letra b), de dicha Directiva se aplican a los servicios de abono a Internet que precisen de una conexión a Internet desde una ubicación fija, pero no a los servicios de comunicación móvil, incluidos los servicios de abono a Internet proporcionados mediante los referidos servicios de comunicación móvil.

Efectivamente, tanto el título como el enunciado del artículo 4 de esta Directiva establecen de modo explícito la obligación para los Estados miembros de garantizar la conexión desde una ubicación fija a una red pública de comunicaciones. Esta obligación resulta igualmente del considerando 8 de la misma Directiva, que dispone que una exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios finales que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y a un precio asequible.

Ahora bien, la expresión «desde una ubicación fija» se opone al adjetivo «móvil».

Por ello, los servicios de comunicación móvil quedan excluidos, por definición, del conjunto mínimo de servicios universales definido en el capítulo II de la Directiva 2002/22, modificada por la Directiva 2009/136, porque su prestación no supone un acceso y una conexión desde una ubicación fija a una red pública de comunicaciones. De igual modo, los servicios de abono a Internet proporcionados por medio de servicios de comunicación móvil no caben tampoco en este conjunto mínimo. En cambio, los servicios de abono a Internet quedarán incluidos en dicho conjunto si su prestación implica una conexión a Internet desde una ubicación fija.

Si los servicios de comunicación móvil, incluidos los servicios de abono a Internet proporcionados mediante los referidos servicios de comunicación móvil, se ponen a disposición pública en el territorio nacional como «servicios obligatorios adicionales», en el sentido del artículo 32 de la Directiva, su financiación no podrá llevarse a cabo, en el ordenamiento jurídico nacional, mediante un mecanismo dirigido a empresas concretas.

Y es que, como expone el considerando 25 de esta Directiva, los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Es decir, si bien los Estados miembros son libres de financiar medidas especiales de conformidad con el Derecho de la Unión, no les está permitido hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.

(véanse los apartados 34 a 37, 42 y 43 y el fallo)
En el ámbito de la protección sanitaria de la población, garantizada por las disposiciones del capítulo 3 del título II del Tratado CEEA, no existe contradicción alguna en la articulación entre la Directiva 2013/51, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano, y la Directiva 98/83, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. En efecto, por una parte, las dos Directivas establecen los mismos valores paramétricos. Por otra parte, comparada con la Directiva 98/83, que se refiere de forma general a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, la Directiva 2013/51 constituye una ley especial, relativa a la protección sanitaria de la población contra los peligros que resulten de las sustancias radiactivas presentes en dichas aguas. A este respecto, el principio lex specialis derogat legi generali es aplicable aunque la ley general y la ley especial emanen de la misma institución. De ello se deduce que, en caso de incompatibilidad entre los regímenes establecidos por esas dos Directivas, las disposiciones de la Directiva 2013/51 sustituirán a las de la Directiva 98/83, como lo confirma expresamente el quinto considerando de la Directiva 2013/51, de forma que no podrá darse violación alguna del principio de seguridad jurídica.

La cooperación leal que deben mantener entre sí las instituciones en virtud del artículo 13 TUE, apartado 2, debe ejercerse respetando los límites de las facultades que los Tratados confieren a cada institución. La obligación dimanante del artículo 13 TUE, apartado 2, no tiene, pues, entidad suficiente para modificar esas facultades.

A este respecto, habida cuenta de que para adoptar la Directiva 2013/51, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano, el Consejo se fundó en una base jurídica adecuada, a saber, el artículo 31 EA, no puede afirmarse que este último violase el principio de cooperación leal. En concreto, el procedimiento seguido para adoptar un acto obedece únicamente a la opción elegida por los autores de los Tratados y no al principio de cooperación leal, por lo que las facultades que los artículos 30 EA y 31 EA otorgan al Parlamento y al Consejo no pueden limitarse ni ampliarse en virtud de ese principio en lo que respecta a su función en el procedimiento legislativo.

(véanse los apartados 57 a 60 y 62)
30

La recurrente observa que, al contrario que las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n.o 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»), las Directrices de 2006 tienen como consecuencia, por regla general, que se rebase el límite del 10 %, en particular, en el caso de empresas «monoproducto» no diversificadas. Afirma que la aplicación del método de cálculo de las multas descrito en las Directrices de 2006 conduce a que los criterios de duración y de gravedad de las infracciones cometidas por dichas empresas, a los que se remite el artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003, no se tengan en cuenta de manera adecuada. A su parecer, el hecho de que se impongan de manera prácticamente sistemática sanciones que ascienden al 10 % del volumen de negocios vulnera igualmente el principio de igualdad de trato.
51

Roca sostiene, fundamentalmente, en primer lugar, que los apartados 116 a 145 de la sentencia recurrida adolecen de un error de Derecho. A su juicio, el Tribunal General no extrajo las consecuencias que imponía su apreciación en el sentido de que la gravedad de la participación en la infracción imputada a Roca era menor que la de los demás participantes en el cártel, en particular a través de la modulación de los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» y la reducción del importe de base de la multa. A este respecto, Roca considera que la sentencia recurrida no distingue, exceptuando las precisiones referentes al alcance geográfico de las participaciones en la infracción, entre la gravedad del comportamiento de Roca, quien no contribuyó ni a la génesis del presente cártel ni a su mantenimiento, y la gravedad de los comportamientos de las empresas que formaban el «núcleo duro» de las empresas participantes según la naturaleza de sus respectivos comportamientos. Con arreglo al principio de no discriminación, el Tribunal General hubiera debido, aplicando en el caso de Roca coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» menos elevados que los aplicados a dichas empresas, disminuir el importe de base de la multa impuesta, tanto más cuanto que el propio Tribunal General reconoció, según la recurrente, en los apartados 139, 247 y 248 de la sentencia recurrida, que la menor gravedad del comportamiento de Roca hubiera debido traducirse en una aplicación de tales coeficientes. Ahora bien, a juicio de la recurrente, el Tribunal General no tomó en consideración la menor gravedad de la participación de Roca en la infracción comparada con la de la participación de los demás participantes ni mediante la modificación de dichos coeficientes ni en concepto de circunstancia atenuante.
26

Pues bien, éste no es el caso aquí. En efecto, parece que la interpretación solicitada se refiere al Derecho de la Unión y que, en la medida en que la compensación equitativa controvertida en el litigio principal se aplica en particular a las personas físicas que efectúan reproducciones para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, no es evidente que la interpretación solicitada del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no tenga ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio principal ni que sea de naturaleza hipotética.
3)

El artículo 6, punto 1, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de dos recursos interpuestos contra varios demandados, con objeto y fundamento distintos, no vinculados entre sí por una relación de subsidiariedad o de incompatibilidad, para que exista riesgo de resoluciones inconciliables en el sentido de dicha disposición no basta con que la eventual estimación de cualquiera de ellos pueda potencialmente reflejarse en la magnitud del derecho cuya protección se solicita en el caso del otro.
9

El artículo 44 de la Ley de la República de Lituania no IX 751 relativa al impuesto sobre el valor añadido (Žin, 2002, no 35 1271), en su versión modificada por la Ley no X‑261, de 21 de junio de 2005 (Žin, 2005, no 81‑2944; en lo sucesivo, «Ley del IVA»), está redactado así: «1. Se aplicará el tipo cero del IVA a las entregas de bienes destinados al avituallamiento de buques a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, de la presente Ley [a saber, los “buques destinados al transporte marítimo de pasajeros o mercancías en rutas internacionales o a la prestación de otros servicios remunerados”] [...] [...] 3. A efectos de la presente Ley, se considerarán vituallas […] los combustibles y lubricantes. [...]»
14

Deutsche Bahn reprocha, en primer lugar, al Tribunal General que vulnerase la sentencia del TEDH, Colas Est y otros c. Francia (no 3797/97, TEDH 2002-III) y que no examinase las sentencias dictadas por dicho Tribunal en los asuntos Société Métallurgique Liotard Frères c. Francia (no 29598/08, de 5 de mayo de 2011) y Canal Plus y otros c. Francia (no 29408/08, de 21 de diciembre de 2010), en la medida en que declaró, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que la falta de mandamiento judicial previo no es más que una de las circunstancias tenidas en cuenta por el TEDH para declarar la infracción del artículo 8 del CEDH.