ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
b)

pone a disposición de sus clientes planes que incluyen únicamente servicios de entrenamiento deportivo y planes que, además de los servicios de entrenamiento deportivo, incluyen servicios de nutrición, a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, [letra] c), de la Directiva 2006/112/CE, de 28 [de noviembre de 2006], (1) ¿ha de considerarse que la actividad sanitaria, en particular el servicio de nutrición, es accesoria de la actividad de mantenimiento y bienestar físico, debiendo de este modo recibir la prestación accesoria el mismo tratamiento fiscal que la prestación principal o, por el contrario, ha de considerarse que la actividad sanitaria, en particular el servicio de nutrición, y la actividad de mantenimiento y bienestar físico son distintas e independientes, de forma que les serán aplicables los respectivos tratamientos fiscales previstos para cada una de estas actividades?
1.

En la relación jurídica nacida de un convenio de subvención, ¿están facultados las autoridades y los organismos intermedios de los Estados miembros competentes en materia de tramitación de un procedimiento por irregularidad en primer o segundo grado para examinar directamente en sus procedimientos, en virtud del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 (1) del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (en lo sucesivo: «Reglamento») —en particular en el marco del mecanismo de control regulado en sus artículos 60, 70 y 98—, cualquier infracción de la que se derive o pueda derivarse un perjuicio para los intereses financieros del presupuesto de la Unión Europea, y están obligados, en caso necesario, a aplicar una corrección financiera?
1)

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1), y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la ' protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de ésta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria
1)

A la luz del principio de respeto del derecho de defensa según ha sido configurado hasta el momento por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en las sentencias Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda e Ispas) ¿puede y debe sancionarse con la nulidad expresa un acto administrativo en materia tributaria emitido contra un particular cuando dicho particular no haya tenido la posibilidad de acceder a la información que sirvió de base para emitir ese acto administrativo contra él, a pesar de que su contenido remite a algunos elementos del expediente administrativo?
Recurso de casación interpuesto el 24 de mayo de 2019 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 20 de marzo de 2019 en el asunto T-237/17, España/Comisión

(Asunto C-406/19 P)

(2019/C 280/33)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y J. Aquilina, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Reino de España

Pretensiones

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que anule el punto 1 de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, y que desestime el recurso en primera instancia o, subsidiariamente, que devuelva el asunto al Tribunal General.

Motivo único

El Tribunal General habría cometido un error de Derecho en la administración de la carga de la prueba en el contexto de la aplicación de correcciones a tanto alzado de acuerdo con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (1).

(1) DO 2013, L 347, p. 549
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿deben interpretarse el artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de esa misma Directiva en el sentido de que la observancia de la norma de la pertinencia previsible exige que la autoridad del Estado miembro requirente, a fin de acreditar que no trata de «echar las redes» para obtener información pese a no haber identificado individualmente a los contribuyentes de que se trata, pueda demostrar mediante explicaciones claras y suficientes que está llevando a cabo una investigación específica sobre un grupo limitado de personas y no una mera investigación de supervisión fiscal general y que dicha investigación se justifica por sospechas fundadas de incumplimiento de una obligación legal concreta?
—

En primer lugar, la Comisión considera que el Tribunal yerra al concluir que el examen para determinar si un régimen fiscal particular otorga una ventaja a sus beneficiarios requiere, no solo analizar los criterios inherentes y bien establecidos del régimen examinado, que tienen la capacidad de situar a los beneficiarios en una posición más favorable en comparación con otras empresas sujetas al régimen general, sino que dicha apreciación requiere también el análisis de elementos desfavorables producidos por circunstancias exteriores al régimen y variables en cada ejercicio fiscal, aun cuando estos elementos desfavorables sean aleatorios y no capaces de neutralizar sistemáticamente a la ventaja y que, además, no se puedan prever en un examen ex ante del régimen.
1)

¿Deben interpretarse los artículos 9, apartado 1, y 193 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1), en el sentido de que, en circunstancias como las del presente asunto, no cabe considerar que una persona física como el demandante ha desarrollado con carácter «independiente» la actividad (económica) en cuestión y debe soportar por sí mismo el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a las entregas controvertidas; en otras palabras: a los efectos de los artículos 9, apartado 1, y 193 de la Directiva 2006/112/CE, debe considerarse sujeto pasivo responsable de las obligaciones en cuestión a la actividad/empresa conjunta (los participantes en la actividad conjunta; en el presente asunto, el demandante y su socio, conjuntamente) —que el Derecho nacional no considera sujeto pasivo y que no goza de personalidad jurídica— y no solo a una persona física como el demandante?
1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al afirmar que el acuerdo de transacción en materia de patentes concluido entre Lupin y Servier el 30 de enero de 2007 constituía una restricción por el objeto con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1, en particular por las siguientes razones: a) El Tribunal General incurrió erró sobre los criterios jurídicos aplicables para declarar la existencia de una infracción por el objeto, en particular a la vista de los principios jurídicos consagrados en el asunto C-67/13 P, CB/Comisión. b) El Tribunal General no comprobó que el efecto sobre la competencia de las cláusulas de no comercialización y de no impugnación que figuran en los acuerdos de transacción es el mismo, al margen de la existencia de cualquier incitación. c) El Tribunal General no examinó ni explicó la distinción entre pagos a la inversa justificados y no justificados, en contra del principio de seguridad jurídica. d) El Tribunal General erró al considerar que la existencia de una «incitación» hacia una empresa de genéricos justifica la declaración de que existe una restricción por el objeto. Tampoco la obtención de una «ventaja» por la sociedad de genéricos puede justificar tal declaración. e) El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al apreciar que la redacción ambigua de las restricciones que figuran en el acuerdo debe interpretarse en el sentido de que abarca productos que no están cubiertos por la patente en liza entre las partes. Inexistencia de restricción por el efecto
C 172/22

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 20 de marzo de 2019 — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Asunto C-239/19)

(2019/C 172/26)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eli Lilly and Company

Demandada: Genentech Inc.

Cuestión prejudicial

¿Se opone el Reglamento n.o 469/2009 (1) a que se le expida al titular de una patente de base un certificado complementario de protección respecto de un producto que está cubierto por una autorización de comercialización a favor de un tercero, sin el consentimiento de este tercero?

(1) Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 2009, L 152, p. 1).
C 155/23

Recurso de casación interpuesto el 30 de enero de 2019 por Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 22 de noviembre de 2018 en los asuntos acumulados T-274/16 y T-275/16, Saleh Thabet y otros/Consejo

(Asunto C-72/19 P)

(2019/C 155/30)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (representantes: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la resolución recurrida.

— Se pronuncie con carácter definitivo sobre este asunto y anule los actos controvertidos en la medida en que se refieren a las recurrentes.

— Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que este último resuelva en consonancia con la apreciación jurídica del Tribunal de Justicia.

— Condene al Consejo a cargar con las costas en que hayan incurrido las recurrentes en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al declarar que el Consejo no estaba obligado a verificar si las autoridades egipcias habían respetado los derechos fundamentales de la Unión de las recurrentes.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que el Consejo no estaba obligado a comprobar si los procedimientos judiciales y las investigaciones de las que fueron objeto las recurrentes se referían a actos que socavaban el Estado de Derecho en Egipto.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al declarar que el Consejo no había incurrido en error manifiesto de apreciación al basarse en el asunto n.o 10427 (Alegaciones de Al Watany Bank).

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al estimar que el Consejo no había incurrido en error manifiesto de apreciación al basarse en el asunto n.o 8897 (Asunto relativo a la reforma de una residencia privada).

Quinto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al estimar que el Consejo no había incurrido en error manifiesto de apreciación al basarse en los asuntos n.o 756 (Alegación relativa a los regalos del establecimiento Al-Ahram) y n.o 53 (Alegación relativa a los regalos de Dar El Tahrir).

Sexto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al estimar que el Consejo no había incurrido en error manifiesto de apreciación al basarse en el asunto n.o 144 (Alegación relativa al blanqueo de capitales).
1)

¿Una sustancia que no es un subproducto en el sentido de la Directiva marco sobre residuos (1) no es tampoco, por definición, un subproducto animal en el sentido del Reglamento sobre subproductos animales de 2009, (2) de suerte que dicha sustancia no queda excluida del ámbito de aplicación del RTR en virtud del artículo 1, apartado 3, de dicho Reglamento, o bien no se excluye que una sustancia quede comprendida en la definición de subproductos animales en el sentido del Reglamento sobre subproductos animales de 2009 si tal sustancia no cumple los requisitos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva marco sobre residuos, de suerte que dicha sustancia no quedará comprendida sin más en el ámbito de aplicación de RTR?
C 122/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Köln (Alemania) el 4 de enero de 2019 — QG/Germanwings GmbH

(Asunto C-7/19)

(2019/C 122/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: QG

Demandada: Germanwings GmbH

Cuestión prejudicial

¿Es una huelga comunicada por un sindicato, con arreglo al Derecho nacional, en la que participan los propios empleados de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, una circunstancia extraordinaria a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
—

Declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003, (1) y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005, (2) al no tener en cuenta los costes realmente soportados por los gestores de las redes.
1)

¿Menoscaba el objetivo y el efecto útil del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 y que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada [DO 1999 L 175, p. 43), una interpretación de las disposiciones del Derecho nacional, que trasponen el Acuerdo marco en el ordenamiento jurídico interno, conforme a la cual se excluye del concepto de «sucesión» de contratos de trabajo de duración determinada, en el sentido de las cláusulas 1 y 5, punto 2, del Acuerdo marco, la prórroga automática de los contratos de trabajo de duración determinada de los trabajadores del sector de la limpieza de las entidades locales, en virtud de una disposición legal expresa del Derecho nacional, como la recogida en el artículo 167 de la Ley n.o 4099/2012, por considerar que no constituye una estipulación por escrito de un nuevo contrato de trabajo de duración determinada, sino la prórroga de la duración de un contrato de trabajo ya existente?
1)

Si el vendedor de un inmueble, con arreglo a la normativa nacional establecida sobre la base del artículo 188, apartado 2, de la Directiva del IVA, (1) no ha regularizado la deducción del impuesto soportado debido a que el comprador va a utilizar el inmueble únicamente para operaciones que dan derecho a deducir, ¿existe algún obstáculo para imponer al comprador, en tanto no haya transcurrido el período de regularización, la obligación de regularizar esa deducción en el momento posterior en el que dicho comprador a su vez transmita el inmueble a una persona que no va a utilizarlo para tales operaciones?
e)

Al estimar que no se produjo ninguna violación grave del derecho de propiedad, tal y como lo protege el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos; del principio de protección de la confianza legítima, y del principio de no discriminación.
C 408/43

Recurso de casación interpuesto el 13 de septiembre de 2018 por la República Checa contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 28 de junio de 2018 en el asunto T-147/15, República Checa / Comisión

(Asunto C-575/18 P)

(2018/C 408/56)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Recurrente: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y O. Serdula, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita del Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto recurrido en casación.

— Desestime la excepción de inadmisibilidad invocada por la Comisión Europea.

— Devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva sobre las pretensiones formuladas en su demanda por la República Checa.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca un solo motivo, basado en la infracción del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

La recurrente alega que, en el auto recurrido, el Tribunal General concluyó incorrectamente que el acto impugnado —habida cuenta, en particular, de la falta de competencia de la Comisión para adoptar una decisión en el ámbito de los recursos propios tradicionales— no era un acto recurrible de acuerdo con el artículo 263 TFUE, lo cual, según el Tribunal General, no menoscababa el derecho de la República Checa a la tutela judicial efectiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta, siempre y cuando la República checa pudiera pagar el importe controvertido de forma condicional, formular objeciones a los fundamentos jurídicos expresados por la Comisión y esperar a que la Comisión interpusiera un recurso conforme al artículo 258 TFUE.

Asimismo, considera que las conclusiones del Tribunal General se oponen a lo establecido en el artículo 263 TFUE, en relación con el artículo 47 de la Carta, ya que el pago condicional no garantiza que en el futuro el Tribunal de Justicia resuelva sobre el fondo de la controversia. Esto se desprende de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia acerca de las facultades discrecionales de la Comisión en los procedimientos por incumplimiento de obligaciones, de la inexistencia de cualquier previsión normativa sobre el concepto de pago condicional y, en particular, de la práctica anterior de la Comisión en este ámbito.
4)

Cuarto motivo — Constitución irregular del Tribunal General (Sala Séptima) La Sala Séptima del Tribunal de Justicia fue constituida de manera inadecuada. El Juez Sr. Kornezov fue adscrito al Tribunal General procedente del Tribunal de la Función Pública en 2016. No obstante, mientras tanto se ha revelado que el nombramiento del Juez Sr. Kornezov como miembro del Tribunal de la Función Pública estaba viciado por un error de procedimiento. Si el Juez Sr. Kornezov no hubiera sido miembro del Tribunal de la Función Pública en 2016, no habría sido posible nombrarlo miembro del Tribunal General hasta 2019. Por lo tanto, resulta que su nombramiento como miembro del Tribunal General también está viciado por un error de procedimiento. En consecuencia, procede anular la sentencia recurrida y devolver el asunto a una Sala distinta del Tribunal General.
1.

¿Debe interpretarse la Directiva 2009/72/CE ( 1 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, en el sentido de que es contraria a su objetivo y, en particular, a su artículo 3 una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que instituye una medida especial consistente en una exacción obligatoria a cargo de las entidades reguladas, incluidos los titulares de una autorización al suministro de energía eléctrica concedida por la autoridad de regulación competente del Estado miembro de que se trata («Oficina» y «entidad regulada»), fijada en función del resultado económico que hayan realizado no solo a escala nacional, sino también ejerciendo actividades en el extranjero, exacción que: i) influye en la libertad de las entidades reguladas de determinar un precio plenamente competitivo para el suministro de energía eléctrica en los mercados extranjeros de energía eléctrica y, en consecuencia, también el proceso de competencia en dichos mercados; ii) debilita la competitividad de las entidades reguladas respecto a los proveedores de energía eléctrica extranjeros activos en el mercado eslovaco de energía eléctrica, cuando ambos proveen de energía eléctrica también un mercado extranjero determinado, en la medida en que para el suministro de energía eléctrica en el extranjero el operador extranjero no está sujeto a una exacción obligatoria similar; iii) desincentiva el acceso de nuevos competidores al mercado del suministro de energía eléctrica en la República Eslovaca y en el extranjero, ya que esa exacción obligatoria no se aplica también a las rentas procedentes de sus actividades no reguladas, y ello incluso cuando, a continuación, para un lapso determinado de tiempo, consiguieran una autorización para el suministro de energía eléctrica, pero las rentas obtenidas de dicho suministro fueran iguales a cero; iv) puede inducir a las entidades reguladas eslovacas a solicitar a la Oficina [eslovaca] —o a los proveedores de energía eléctrica extranjeros a solicitar a la autoridad de regulación del respectivo Estado de origen que se la haya concedido— que revoque la autorización al suministro de energía eléctrica, dado que, para un sujeto que no desee que también los ingresos de sus otras actividades estén sujetos a la exacción en cuestión, la revocación de la citada autorización representa el único modo para liberarse del estatuto de entidad regulada previsto por la normativa controvertida?