Asunto T‑132/07

Fuji Electric Co. Ltd

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Reparto del mercado — Prueba de la infracción — Imputabilidad del comportamiento infractor — Duración de la infracción — Multas — Circunstancias atenuantes — Cooperación»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Prácticas colusorias — Empresa — Concepto — Unidad económica — Imputación de las infracciones

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

2. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Alcance de la carga de la prueba

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Utilización de un conjunto de indicios

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Apreciación del valor probatorio de un documento — Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

6. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia — Aplicabilidad

(Acta Única Europea, preámbulo; art. 6 UE, ap. 2; art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Participación en reuniones cuyo objeto es contrario a la competencia

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

8. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Obligación de responder a éste — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 18]

9. Recurso de anulación — Admisibilidad — Personas físicas o jurídicas — Reconocimiento durante el procedimiento administrativo por la empresa destinataria de un pliego de cargos de los elementos fácticos o jurídicos que justifican que se impute la infracción — Limitación del ejercicio del derecho de recurso — Violación de los principios fundamentales de legalidad y de respeto del derecho de defensa

(Arts. 81 CE y 230 CE, párr. 4; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47 y 52, ap. 1)

10. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

11. Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Examen de oficio por el juez

(Arts. 81 CE y 230 CE; Acuerdo EEE, art. 53)

12. Competencia — Normas comunitarias — Infracción cometida por una filial — Imputación a la sociedad matriz — Carga de la prueba que incumbe a la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

13. Competencia — Multas — Importe — Facultad de apreciación de la Comisión — Competencia jurisdiccional plena del Tribunal General — Posibilidad de tomar en consideración informaciones complementarias no mencionadas en la Decisión que impone la multa

[Arts. 263 TFUE y 264 TFUE; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 4, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 2, letra a)]

14. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Presentación de pruebas adicionales tras el envío del pliego de cargos — Procedencia — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Necesidad de un comportamiento que haya facilitado a la Comisión la comprobación de la infracción

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión, punto 26]

1. Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, el apartado 1 del artículo 81 del Tratado se dirige a unas entidades económicas cada una de las cuales consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma.

A efectos de la aplicación y de la ejecución de las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 81 CE es necesario sin embargo dirigirlas a una entidad dotada de personalidad jurídica. Así pues, cuando la Comisión adopta una decisión en aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe identificar a la o las personas físicas o jurídicas que puedan ser consideradas responsables del comportamiento de la empresa de que se trate y que puedan ser sancionadas en ese concepto, a las que se dirigirá la decisión.

(véanse los apartados 56 y 57)

2. Cuando varias personas pueden ser consideradas personalmente responsables por la participación en una infracción de una misma y única empresa, en el sentido del Derecho de la competencia, deben ser consideradas solidariamente responsables de dicha infracción.

Además, se puede considerar personal y solidariamente responsables por la participación de una misma y única empresa en una infracción a la persona bajo cuya responsabilidad o dirección directa estaba la empresa en el momento en que se cometió la infracción y a la persona que, por ejercer efectivamente un poder de control sobre la primera y determinar su comportamiento en el mercado, dirigía indirectamente esa misma empresa en el momento en que se cometió la infracción.

De ello se deduce que el principio de la responsabilidad personal según el cual no puede considerarse responsable a cada sociedad más que de sus propios actos debe entenderse en el sentido de que abarca tanto la responsabilidad personal de la persona que dirigía directamente la empresa cuando se cometió la infracción como la responsabilidad personal de la persona que en ese mismo tiempo dirigía indirectamente esa empresa.

(véanse los apartados 58, 59 y 153)

3. En materia de carga de la prueba incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción de las normas sobre competencia probar su existencia e incumbe a la empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de una excepción frente a la constatación de una infracción probar que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa, de modo que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba.

La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe, con carácter principal, a la Comisión.

Este reparto de la carga de la prueba puede variar, no obstante, en la medida en que los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha aportado la prueba.

(véanse los apartados 84 y 85)

4. En cuanto a los medios de prueba en los que se puede apoyar la Comisión, el principio que prevalece en el Derecho de la competencia es el de la libre aportación de las pruebas.

En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia. Esos indicios y coincidencias no sólo pueden aclarar la mera existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la duración de prácticas colusorias continuadas y el período de aplicación de acuerdos contrarios a la competencia.

En cualquier caso es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción. Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia.

Respecto a la duración de la infracción, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

(véanse los apartados 86 y 87)

5. En cuanto al valor probatorio que debe reconocerse a los diferentes medios de prueba reunidos en relación con una infracción de las reglas de la competencia, hay que destacar que el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad. Según las reglas generalmente aplicables en materia de prueba, la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario, y de su contenido. Debe concederse gran importancia en especial al hecho de que un documento se haya elaborado en relación inmediata con los hechos. Los documentos de los que se desprende que hubo contactos entre varias empresas y que éstas persiguieron precisamente la finalidad de eliminar de antemano la incertidumbre referente al comportamiento futuro de sus competidores demuestran de forma suficiente en Derecho la existencia de una práctica concertada. Además, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables.

(véase el apartado 88)

6. En un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión que constata la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a sus destinatarios, las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a los destinatarios de la decisión, por lo que el juez no puede concluir que la Comisión ha acreditado con arreglo a Derecho la existencia de la infracción de que se trate si aún alberga dudas sobre esta cuestión. En efecto, en esta última situación es preciso tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal y como se halla recogido en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones contempladas, así como la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

(véase el apartado 89)

7. Una empresa que no se distancia de los resultados de una reunión a la que ha asistido o de un acuerdo en el que ha sido parte sigue siendo en principio plenamente responsable de su participación en el cartel. Sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una cuantiosa multa si pudiesen beneficiarse de una concertación ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia. De ello resulta que, suponiendo incluso que la primera empresa afectada no hubiera respetado el conjunto de los acuerdos concluidos en el contexto del cartel, esa circunstancia no bastaría, a falta de prueba de un distanciamiento público por su parte frente a los demás miembros del cartel, para exonerarle de la responsabilidad en la que incurre a causa de su participación en esos acuerdos, y a través de ellos en la infracción declarada.

(véase el apartado 100)

8. El Derecho de la competencia no puede interpretarse en el sentido de que obliga a la persona interesada en el procedimiento administrativo a responder al pliego de cargos que le envíe la Comisión. En efecto, ni las reglas que enuncian los derechos y los deberes de las empresas en el procedimiento administrativo previsto por el Derecho de la competencia ni ningún principio general del Derecho obliga a las empresas interesadas a otra cosa que a facilitar a la Comisión la información que ésta les solicite en virtud del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003. Además, en defecto de base jurídica sería difícil conciliar tal obligación con el principio de respeto del derecho de defensa, ya que dificultaría la presentación de un recurso ante el juez por parte de una persona que no hubiera respondido a un pliego de cargos por la razón que fuere.

Aunque la legalidad de una decisión de la Comisión que declara que una persona ha infringido el Derecho de la competencia y que le impone por ello una multa sólo debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en la que se adoptó, de ello no se sigue que la persona interesada esté obligada a presentar a la Comisión ya durante el procedimiento administrativo todos los datos que esa persona desearía poder alegar en apoyo de un recurso de anulación interpuesto ante el juez contra la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo.

(véanse los apartados 124 y 158)

9. En un procedimiento por la infracción de la reglas de la competencia, cuando la persona afectada decide voluntariamente cooperar y en el curso del procedimiento administrativo reconoce expresa o implícitamente los elementos fácticos o jurídicos que justifican que se le impute la infracción, ello no limita el ejercicio mismo del derecho a recurrir del que dispone al amparo del artículo 230 CE, párrafo cuarto.

A falta de base legal expresamente prevista a tal efecto, esta limitación es contraria a los principios fundamentales de legalidad y de respeto del derecho de defensa. Además, el derecho a un recurso efectivo y el acceso a un tribunal imparcial está garantizado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y según el artículo 52, apartado 1, de dicha Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce debe estar previsto en la ley.

(véase el apartado 159)

10. La motivación de una Decisión que contiene una imputación debe permitir el ejercicio efectivo del control de su legalidad y proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la Decisión está fundada o no lo está, y la suficiencia de esa motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios puedan tener en recibir explicaciones.

Para cumplir las funciones mencionadas, una motivación suficiente debe mostrar, de modo claro e inequívoco, el razonamiento de la autoridad de la Unión de quien procede el acto impugnado.

Además, cuando una decisión de aplicación de los artículos 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, especialmente a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad de tal infracción.

(véase el apartado 162)

11. En un recurso de anulación contra una decisión de aplicación de los artículos 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el hecho de que la demandante haya aducido un motivo de fondo basado en un error manifiesto de apreciación, y no una falta o insuficiencia de motivación, es decir un motivo referido a un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 230 CE, no priva al juez de la facultad de apreciar de oficio tal motivo ya que éste constituye un motivo de orden público que puede o incluso debe suscitarse de oficio, siempre que se respete el principio de contradicción.

(véase el apartado 163)

12. Para la aplicación de las reglas de la competencia, la circunstancia de que una filial tenga personalidad jurídica no basta para excluir la posibilidad de imputar su comportamiento a la sociedad matriz, en particular cuando la filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz.

En ese contexto, incumbe, en principio, a la Comisión demostrar que la sociedad o las sociedades matrices han ejercido efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento en el mercado de su filial, sobre la base de un conjunto de elementos de hecho, entre ellos, en particular, el poder de dirección ejercido por la sociedad o las sociedades matrices sobre su filial. En general, la tenencia de una mayoría del capital social de la filial puede permitir que la sociedad matriz ejerza efectivamente una influencia decisiva en su filial, y en particular en el comportamiento de ésta en el mercado.

No obstante, una participación minoritaria puede permitir que una sociedad matriz ejerza efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de su filial en el mercado, si va acompañada de derechos que exceden de los que normalmente se atribuyen a los accionistas minoritarios para proteger sus intereses financieros y que, examinados según el método del conjunto de indicios convergentes, de naturaleza jurídica o económica, son aptos para demostrar que se ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de la filial en el mercado. La prueba del ejercicio efectivo de una influencia decisiva puede ser aportada así por la Comisión gracias a un conjunto de indicios, aun si cada uno de ellos apreciado de forma aislada no tiene una fuerza probatoria suficiente.

El ejercicio efectivo de un poder de dirección por la sociedad o las sociedades matrices sobre su filial puede derivar directamente de la aplicación de las disposiciones legales vigentes, o de un acuerdo entre las sociedades matrices sobre la gestión de su filial común, concluido conforme a esas mismas disposiciones legales. La importancia de la intervención de la sociedad matriz en la gestión de su filial puede también acreditarse por la presencia, a la cabeza de la filial, de numerosas personas que ocupan funciones de dirección en la sociedad matriz. Esa acumulación de funciones ofrece necesariamente a la sociedad matriz la posibilidad de influir de forma decisiva en el comportamiento de su filial en el mercado dado que permite que los miembros de la dirección de la sociedad matriz, en el ejercicio de sus funciones directivas en la filial, procuren que la línea de acción de ésta en el mercado se ajuste a las orientaciones definidas por los órganos directivos de la sociedad matriz. Ese objetivo puede lograrse incluso sin que el o los miembros de la sociedad matriz que asumen las funciones de dirección en la filial tengan la condición de representante de la sociedad matriz. Por último, la intervención de la sociedad o las sociedades matrices en la gestión de su filial puede derivar de las relaciones comerciales que las primeras mantienen con la segunda. De esa forma, cuando una sociedad matriz es también proveedor o cliente de su filial, tiene un interés muy especial en dirigir las actividades de producción o de distribución de esta última, para beneficiarse plenamente de la plusvalías generadas por la integración vertical así realizada.

(véanse los apartados 179 a184 y 196)

13. Más allá del mero control de legalidad en el marco de un recurso de anulación conforme al artículo 263 TFUE, que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, según prevé el artículo 264 TFUE, la competencia jurisdiccional plena de la que dispone permite al juez de la Unión reformar el acto impugnado, incluso sin su anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para modificar, por ejemplo, el importe de la multa impuesta por la infracción de las reglas de la competencia.

De ello se deduce que en las materias en las que la Comisión conserva un margen de apreciación, como la fijación del porcentaje de incremento de la multa en virtud de la duración de la infracción o de la necesidad de atribuirle un alcance disuasorio, o como la valoración de la calidad y la utilidad de la cooperación prestada por una empresa en el procedimiento administrativo, en especial en relación con la contribución de otras empresas, el hecho de que el control de legalidad ejercido en el marco del recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE se limita a comprobar la ausencia de error manifiesto de apreciación no prejuzga, en principio, el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión.

En el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena el juez de la Unión está facultado para apreciar el carácter apropiado del importe de las multas en relación con los criterios enunciados, según el caso, en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 o en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003. Esa última apreciación puede justificar que se aporten y se tomen en consideración elementos complementarios de información no mencionados en la Decisión de la Comisión que impone la multa.

(véanse los apartados 208 y 209)

14. El pliego de cargos debe permitir a los interesados conocer efectivamente qué comportamientos les reprocha la Comisión, requisito que se cumple cuando la decisión final no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta hechos sobre los que los interesados han tenido la posibilidad de manifestarse.

Aunque las infracciones imputadas a una empresa en una decisión no pueden ser diferentes de las enunciadas en el pliego de cargos, no es así respecto a los hechos imputados, pues en relación con éstos basta que las empresas afectadas hayan tenido la posibilidad de manifestarse sobre todos los hechos que se les reprochan. En efecto, ninguna disposición prohíbe que la Comisión comunique a las partes interesadas, después de enviar el pliego de cargos, nuevos documentos que considere que apoyan su tesis, sin perjuicio de dar a las empresas el tiempo necesario para expresar su opinión al respecto.

(véase el apartado 238)

15. Si bien es verdad que la fecha en la que esos medios de prueba se presentan a la Comisión influye en la calificación de su valor añadido significativo, dado que ésta depende de los medios de prueba que ya obren en el expediente de la Comisión en la fecha de su presentación, el mero hecho de que se hayan presentado después de la notificación del pliego de cargos no excluye que aún puedan presentar un valor añadido significativo no obstante la fase avanzada del procedimiento administrativo. En especial, en una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación presentada después del envío del pliego de cargos, una empresa puede centrase en los hechos que a su parecer no se han acreditado de manera suficiente en Derecho, a fin de aportar un valor añadido significativo en relación con los medios de prueba de los que ya dispone la Comisión.

Además, el apartado 26 de la Comunicación sobre la cooperación sólo enuncia una obligación procedimental a cargo de la Comisión. No prevé que toda cooperación de una empresa en la constitución de la prueba de una infracción carezca necesariamente de valor alguno si se ha producido después de la notificación del pliego de cargos. Además, tal cooperación puede ser muy útil cuando los medios aportados eran anteriormente desconocidos por la Comisión y tienen una incidencia directa en la gravedad o la duración del presunto cartel.

(véanse los apartados 239 y 240)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 12 de julio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Reparto del mercado – Prueba de la infracción – Imputabilidad del comportamiento infractor – Duración de la infracción – Multas – Circunstancias atenuantes – Cooperación»

En el asunto T‑132/07,

Fuji Electric Co. Ltd, anteriormente denominada Fuji Electric Holdings Co. Ltd, y sucesora en Derecho de Fuji Electric Systems Co. Ltd, con domicilio social en Kawasaki (Japón), representada por los Sres. P. Chappatte y P. Walter, Solicitors,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. F. Arbault, posteriormente por los Sres. X. Lewis, J. Bourke y F. Ronkes Agerbeek, y por último por los Sres. N. Khan y Ronkes Agerbeek, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Holmes, Barrister,

parte demandada,

que tiene por objeto una pretensión de anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas), y una pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a Fuji Electric Holdings y a Fuji Electric Systems,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de febrero de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Los antecedentes del litigio, que resultan en esencia de las apreciaciones realizadas por la Comisión en la Decisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), son los siguientes.

1. Producto afectado

2 Los conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS») sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas. Se trata de material eléctrico pesado, utilizado como componente principal en las subestaciones eléctricas llave en mano.

3 Las subestaciones son centrales eléctricas auxiliares que convierten la corriente eléctrica. Además del transformador, los elementos integrantes de las subestaciones son los sistemas de control, los relés, las baterías, los cargadores y el instrumental de conmutación. La función de un instrumental de conmutación es proteger al transformador de una sobrecarga y/o aislar el circuito y un transformador defectuoso.

4 Los conmutadores pueden ser de aislamiento de gas, de aislamiento de aire o de aislamiento híbrido, cuando combinan las dos técnicas precedentes. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones eléctricas llave en mano o como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones. Representan entre el 30 % y el 60 % del precio total de éstas.

5 La Decisión impugnada se refiere a los proyectos de GIS de tensión superior o igual a 72,5 kV (en lo sucesivo, «proyectos de GIS»), lo que comprende los GIS como productos específicos, incluidos todos los servicios inherentes (transporte, instalación, ensayos, aislamiento, etc.), y las subestaciones eléctricas llave en mano en las que se integran los GIS y los demás componentes de la subestación, como los transformadores y todos los servicios inherentes (transporte, cableado, instalación, aislamiento, etc.).

2. Empresas interesadas

6 Fuji Electric Holdings Co. Ltd (en lo sucesivo, «FEH»), es la sociedad matriz del grupo Fuji, que dirige cuatro filiales operativas, entre ellas en particular Fuji Electric Systems Co. Ltd (en lo sucesivo, «FES»). El grupo Fuji fabrica y comercializa una amplia gama de productos, incluidos proyectos de GIS. Las actividades del grupo Fuji en materia de GIS se desarrollaban en especial por FEH y FES.

7 El 1 de octubre de 2002 el grupo Fuji transfirió sus actividades en materia de GIS a Japan AE Power Systems Corp. (en lo sucesivo, «JAEPS»), una sociedad conjunta en la que ese grupo tiene el 30 % del capital social, perteneciendo el resto, a saber el 50 % y el 20 % a Hitachi Ltd y Meidensha Corp. respectivamente.

3. Procedimiento administrativo

8 El 3 de marzo de 2004, ABB Ltd informó a la Comisión de la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de los GIS y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

9 Las prácticas denunciadas por ABB consistían en la coordinación a escala mundial de la venta de proyectos de GIS, que comprendía el reparto de mercados, la atribución de cuotas y el mantenimiento de las cuotas de mercado, la atribución de proyectos de GIS a productores designados al efecto y la manipulación del procedimiento de licitación (ofertas trucadas) para que los contratos se adjudicaran a esos productores, la fijación de precios mediante pactos complejos sobre los precios de los proyectos de GIS que no se atribuían, la resolución de los contratos de licencia con sociedades no pertenecientes al cartel y el intercambio de información sensible sobre el mercado.

10 La solicitud oral de dispensa de las multas presentada por ABB se completó, en particular el 7 de mayo de 2004, con observaciones orales y pruebas documentales. El 25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.

11 Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones en los locales de varias sociedades activas en el sector de los GIS.

12 Entre el 14 y el 25 de mayo de 2004 el grupo Areva cooperó con la Comisión, y le proporcionó, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, diversas pruebas documentales e informaciones.

13 El 30 de julio de 2004 el grupo cuya sociedad matriz era VA Technologie AG (en lo sucesivo, «grupo VA Tech») cooperó con la Comisión, y le proporcionó, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, diversas pruebas documentales e informaciones.

14 A partir del 9 de septiembre de 2004 los representantes del grupo Hitachi o de JAEPS también cooperaron con la Comisión y le proporcionaron diversas pruebas documentales e informaciones con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación.

15 El 4 de octubre de 2004 FEH y FES respondieron a una solicitud de información que les había dirigido la Comisión en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 1, p. 1) (en lo sucesivo, «respuesta de 4 de octubre de 2004 a la solicitud de información»). El mismo día ABB respondió también a una solicitud de información de la Comisión.

16 El 4 de noviembre de 2004 Mitsubishi Electric System Corp. (en lo sucesivo, «Melco») presentó a la Comisión una solicitud con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, relacionada con su «informe sobre su participación en ciertos pactos relativos al mercado de los [proyectos] de GIS».

17 El 5 de noviembre de 2004 el grupo Areva respondió a la solicitud de información de la Comisión.

18 El 20 de abril de 2006, la Comisión emitió un pliego de cargos que dirigió, además de a FEH y FES, a ABB, a Alstom, société anonyme, a Areva, société anonyme, a Areva T & D AG, a Areva T & D Holding SA y a Areva T & D SA (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «sociedades del grupo Areva»), a Hitachi y a Hitachi Europe Ltd (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «sociedades del grupo Hitachi»), a JAEPS, a Melco, a Nuova Magrini Galileo SpA, a Schneider Electric SA (en lo sucesivo, «Schneider»), a Siemens AG, a Toshiba Corp. y a cinco sociedades del grupo VA Tech, entre ellas VA Technologie.

19 El 30 de junio de 2006 FEH y FES enviaron a la Comisión sus observaciones en respuesta al pliego de cargos, dentro de los plazos prescritos. Como anexo a su respuesta al pliego de cargos, presentaron diversas declaraciones o documentos para los que se pedía un tratamiento confidencial. De igual modo, ABB, Alstom, las sociedades del grupo Areva, las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS, Melco, Schneider, Siemens AG Österreich, Siemens y Toshiba respondieron por escrito al pliego de cargos dentro de los plazos prescritos.

20 Mediante escrito de 12 de julio de 2006 FEH y FES cooperaron con la Comisión y le proporcionaron diversas pruebas documentales e informaciones conforme a la Comunicación sobre la cooperación.

21 El 14 de julio de 2006 ABB envió a la Comisión un «complemento de respuesta al pliego de cargos».

22 Los días 18 y 19 de julio de 2006 la Comisión procedió a la audiencia de las sociedades a las que había enviado el pliego de cargos.

23 El 25 de agosto de 2006 la Comisión puso a disposición de las partes en el procedimiento, para que formularan sus comentarios, extractos de la versión no confidencial de la respuesta de FEH y de FES al pliego de cargos, la solicitud de FEH y de FES de 12 de julio de 2006 con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, el complemento de respuesta de ABB al pliego de cargos y documentos complementarios.

24 El 11 de septiembre de 2006 FEH y FES presentaron sus observaciones sobre el complemento de respuesta de ABB al pliego de cargos.

25 Mediante escrito de 29 de septiembre de 2006 FEH y FES aportaron a la Comisión un nuevo testimonio emanante de uno de sus antiguos empleados, el Sr. M.H.

26 Mediante escrito de 10 de noviembre de 2006 FEH y FES comunicaron a la Comisión sus observaciones sobre los comentarios acerca del poder de dirección en el seno de JAEPS que las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS habían expuesto a la Comisión en un escrito de 29 de septiembre de 2006.

27 Mediante escrito de 14 de noviembre de 2006 la Comisión solicitó a FEH y FES comentarios adicionales sobre varios medios de prueba que éstas consideraban pertinentes para la decisión final. FEH y FES respondieron con un escrito de 21 de noviembre de 2006.

4. Decisión impugnada

28 El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión impugnada, de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de 10 de enero de 2008 (DO C 5, p. 7). Ésta fue notificada a FEH y FES el 9 de febrero de 2007.

29 Además de FEH y FES, la Decisión impugnada se dirigió a ABB, a Alstom, a las sociedades del grupo Areva, a las sociedades del grupo Hitachi, a JAEPS, a Melco, a Nuova Magrini Galileo, a Schneider, a Siemens, a Siemens AG Österreich, a Siemens Transmission & Distribution Ltd (en lo sucesivo, «Reyrolle»), a Siemens Transmission & Distribution SA, a Toshiba y a VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

30 En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas, para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea» que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente. Por otra parte, en los considerandos 124 a 132 de la Decisión impugnada la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas cuotas.

31 El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre los dos grupos de productores, que estaba a cargo en particular de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá, Japón y 17 países de Europa occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores» también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas para los proyectos de GIS en Europa.

32 Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement» (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.

33 En el considerando 142 de la Decisión impugnada, la Comisión constató que en el acuerdo GQ y en el acuerdo EQ, así como a efectos de la organización y el funcionamiento del cartel, los diferentes miembros de éste se identificaban con un código, compuesto de cifras para los miembros europeos del cartel y de letras para los miembros japoneses. Los códigos iniciales se sustituyeron por números a partir de julio de 2002.

34 En el artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada la Comisión declaró que FEH había infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al participar en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector de los proyectos de GIS en el EEE durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de mayo de 2004, y en el artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada declaró que FES había participado en la infracción durante el mismo período. Por otra parte, en el artículo 1, letra k), de la Decisión impugnada la Comisión declaró que JAEPS había participado en la misma infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.

35 Por las infracciones declaradas en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a FEH y a FES en el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada una multa de 2.400.000 euros, que debían pagar solidariamente, y en el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada una multa de 1.350.000 euros que debían pagar solidariamente con JAEPS e Hitachi.

Procedimiento y pretensiones de las partes

36 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de abril de 2007, FEH y FES interpusieron el presente recurso. En ella indicaron en especial que la propia demanda, sus anexos y los documentos presentados en la Secretaría contenían informaciones confidenciales a las que debía atribuirse un tratamiento confidencial frente a terceros.

37 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, formuló diversas preguntas a las partes y les pidió que aportaran determinados documentos. Éstas respondieron en los plazos señalados.

38 Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal el 26 de enero de 2010 FEH y FES expusieron varias observaciones sobre el informe para la vista que se les había comunicado el 11 de enero de 2010, acerca del momento en el que habían transferido sus actividades en materia de GIS a JAEPS y del momento en el que habían adquirido una participación en JAEPS.

39 En la vista de 9 de febrero de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. FEH y FES puntualizaron en especial que con sus observaciones sobre el informe para la vista no pretendían plantear al Tribunal de forma incidental un motivo fundado en errores de hecho en los que incurría la Decisión impugnada al imputar a FES, en su calidad de sociedad matriz de JAEPS, la participación de esta última en la infracción, a través de las actividades en materia de GIS, durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 30 de septiembre de 2003. En la vista el Tribunal acordó una nueva diligencia de ordenación del procedimiento, instando a FEH y FES a precisar el objeto de la solicitud de confidencialidad formulada en la demanda (véase el anterior apartado 36). Se hicieron constar en el acta de la vista las observaciones de FEH y FES y la diligencia de ordenación del procedimiento, antes referidas. FEH y FES precisaron el objeto de su solicitud de confidencialidad en un escrito de 23 de febrero de 2010, dentro del plazo fijado.

40 La fase oral del procedimiento concluyó el 3 de marzo de 2010.

41 Mediante auto de 25 de noviembre de 2010 el Tribunal acordó reabrir la fase oral y formuló nuevas preguntas a las partes en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Se instó en particular a las partes a indicar las consecuencias para el presente asunto que deducían de los apartados 87 a 92 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión (C‑407/08 P, Rec. p. I‑0000). Las partes respondieron a las preguntas del Tribunal en el plazo prescrito.

42 La fase oral del procedimiento concluyó el 10 de enero de 2011.

43 Mediante escrito de 22 de junio de 2011 el representante de FEH y FES informó al Tribunal, aportando documentos acreditativos, de que FES había dejado de existir desde el 1 de abril de 2011, a raíz de su absorción por FEH, la cual había cambiado su denominación social, que pasaba a ser Fuji Electric Co. Ltd (en lo sucesivo, «demandante»). Por decisión del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de 29 de junio de 2011 ese escrito se unió a los autos, de lo que se informó a la Comisión

44 La demandante, anteriormente denominada FEH y sucesora en Derecho de FES, solicita al Tribunal que:

– Anule el artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada, en cuanto indica que la infracción imputada a FEH prosiguió después del 1 de septiembre de 2000.

– Anule el artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada.

– Anule el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto considera a FES solidariamente responsable del pago de la multa impuesta.

– Anule el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada, en cuanto considera a FEH y a FES solidariamente responsables del pago de la multa impuesta.

– Reduzca la cuantía de la multa impuesta a FEH y a FES.

– Condene en costas a la Comisión.

45 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso por infundado.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

46 Aunque FEH y FES habían interpuesto conjuntamente el presente recurso, sus intereses en el marco de éste no eran idénticos y sólo coincidían en parte, como resulta de los puntos de la demanda que resumen el objeto del presente litigio. No obstante, desde el 1 de abril de 2001 los intereses de FEH y FES se unen en la persona de la demandante.

47 En el presente asunto la demandante solicita en sustancia la anulación del artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión considera a FEH personalmente responsable de la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, y del artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión impone a FEH por esa razón una multa de 2.400.000 euros, que debe pagar solidariamente con FES. En apoyo de esa pretensión aduce tres primeros motivos, fundados respectivamente en errores manifiestos de apreciación y en la vulneración del derecho a un proceso justo y del principio de presunción de inocencia, en la infracción de las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba y en la vulneración del principio de igualdad de trato.

48 Por otro lado, la demandante solicita la anulación del artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión considera a FES personalmente responsable de la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004, y del artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión impone a FES por esa razón una multa de 1.350.000 euros, que debe pagar solidariamente con FEH, JAEPS e Hitachi. En apoyo de esa pretensión la demandante alega un error manifiesto de apreciación mediante un cuarto motivo.

49 La demandante solicita, además, la anulación del artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión se basó en la apreciación de que FEH y FES podían ser consideradas personalmente responsables por la participación de JAEPS en la infracción durante el período que va del 1 de de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004, y en cuanto la Comisión les impuso por esa razón una multa de 1.350.000 euros que deben pagar solidariamente con JAEPS e Hitachi. En apoyo de esa pretensión la demandante alega errores manifiestos de apreciación mediante un cuarto y un quinto motivo.

50 La demandante solicita finalmente la reducción del importe de las multas que se impusieron a FEH y FES en el artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada. En apoyo de esa pretensión la demandante expone su argumentación mediante un sexto motivo.

1. Sobre las pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada

51 En apoyo de sus pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada, la demandante aduce cinco motivos.

52 En sus tres primeros motivos la demandante alega en sustancia que el artículo 1, letra g), y el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada deben anularse ya que la Comisión ha constatado o se ha basado en la constatación de que FES infringió el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, fecha en la que el grupo Fuji transfirió sus actividades en materia de GIS a JAEPS. El primer motivo se funda en que la Comisión cometió errores manifiestos de apreciación y vulneró el derecho a un proceso justo, el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, al estimar en la Decisión impugnada que FEH había seguido participando en el cartel resultante del acuerdo GQ tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. El segundo motivo se basa en que la Comisión infringió las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba. El tercer motivo se basa en que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato.

53 En su cuarto motivo la demandante sostiene que el artículo 1, letra h), y el artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada deben anularse, en cuanto la Comisión considera a FES solidariamente responsable del pago de las multas impuestas, ya que se fundan en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos del presente asunto, según la cual FES puede ser considerada personalmente responsable de la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004.

54 En su quinto motivo la demandante afirma que el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada debe anularse en cuando descansa en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos del presente asunto, según la cual FEH y FES, en su condición de sociedades matrices de JAEPS, pueden ser consideradas personal y solidariamente responsables, junto con Hitachi y JAEPS, de la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.

Observaciones previas sobre las empresas relacionadas con la infracción constatada en el artículo 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada y sobre la responsabilidad incurrida por FEH y FES por esa causa

55 Antes de examinar los cinco primeros motivos de la demandante es necesario precisar cuáles son las empresas cuya participación en la infracción se ha imputado a FEH y FES en el artículo 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada.

56 Sobre esa cuestión, hay que recordar que el Derecho de la competencia se dirige a las «empresas», y que en ese contexto debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto de la infracción de que se trate (véanse en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11; las sentencias del Tribunal General de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, apartado 124, y de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, apartado 85). Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior, el apartado 1 del artículo 81 CE se dirige a unas entidades económicas cada una de las cuales consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma (véanse las sentencias del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión, T‑6/89, Rec. p. II‑1623, apartado 235, y de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 311).

57 A efectos de la aplicación y de la ejecución de las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 81 CE es necesario sin embargo dirigirlas a una entidad dotada de personalidad jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 978, y de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartado 59). Así pues, cuando la Comisión adopta una decisión en aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe identificar a la o las personas físicas o jurídicas que puedan ser consideradas responsables del comportamiento de la empresa de que se trate y que puedan ser sancionadas en ese concepto, a las que se dirigirá la decisión (véase en ese sentido la sentencia Hydrotherm Gerätebau, apartado 56 supra, apartado 11).

58 Conforme al principio de la responsabilidad personal (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartados 131 a 141; de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 78, y de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C‑280/06, Rec. p. I‑10893, apartado 39; véanse también las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto en el que recayó la sentencia ETI y otros, antes citada, puntos 71 y siguientes), según el cual no puede considerarse responsable a cada sociedad más que de sus propios actos (conclusiones del Abogado General Cosmas en el asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, Rec. p. I‑4130, punto 74), en principio incumbe a la persona que dirigía a la empresa en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad o la dirección de otra persona (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, apartado 27; Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, apartado 37, y Cascades/Comisión, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, apartado 79).

59 Según la jurisprudencia, cuando varias personas pueden ser consideradas personalmente responsables por la participación en una infracción de una misma y única empresa, en el sentido del Derecho de la competencia, deben ser consideradas solidariamente responsables de dicha infracción (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión, 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado 41, y de 16 de noviembre de 2000, Metsä-Serla y otros/Comisión, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, apartados 33 y 34; las sentencias del Tribunal General de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartados 54, 524 y 525; de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación, apartado 62, y Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 57 supra, apartados 57 a 62). De esas sentencias resulta además que puede considerarse personal y solidariamente responsables por la participación de una única y misma empresa en una infracción a la persona bajo cuya responsabilidad o dirección se hallaba directamente la empresa cuando se cometió la infracción así como a la persona que dirigía indirectamente esa misma empresa al tiempo de la comisión de la infracción dado que ejercía efectivamente un poder de control sobre la primera persona referida (véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, apartados 40, 43 y 44). De ello se deduce que la jurisprudencia citada en el anterior apartado 58 debe entenderse en el sentido de que se refiere a la responsabilidad personal tanto de la persona que dirigía directamente la empresa al tiempo de la infracción como de quien dirigía indirectamente esa empresa durante el mismo tiempo.

60 La jurisprudencia expuesta en los anteriores apartados 56 a 59 es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE y a las decisiones de la Comisión adoptadas en aplicación de éste.

61 De la Decisión impugnada, y en especial de la descripción del «sector objeto del procedimiento» en los considerandos 5 a 87, y de las «empresas afectadas por el procedimiento» o del «trato diferenciado» atribuido a estas últimas en los considerandos 28 a 44 y 482, resulta que la Comisión identificó, entre las empresas que habían participado en la infracción constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, a la organización unitaria de los elementos personales, materiales e inmateriales que explotaba las actividades en materia de GIS del grupo Fuji durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «primera empresa afectada»), por una parte, y por otra a la organización unitaria de los elementos personales, materiales e inmateriales que explotaba las actividades en materia de GIS del grupo Fuji, de Hitachi y de Meidensha que se habían transferido a JAEPS durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, «segunda empresa afectada»).

62 Además, resulta del considerando 379 de la Decisión impugnada que FEH y FES fueron consideradas personal y solidariamente responsables por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002. Se deduce de los considerandos 32, 33 y 373 de la Decisión impugnada que la responsabilidad en que incurrieron por esa razón por FEH y FES nace de que éstas «conducían» o dirigían, «entre otras», a la primera empresa afectada durante ese mismo período y que por consiguiente estaban directamente implicadas en la participación de esa empresa en la infracción.

63 Por otra parte, se deduce del considerando 380 de la Decisión impugnada que FEH y FES fueron consideradas personal y solidariamente responsables, junto con Hitachi y JAEPS, por la participación de la segunda empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. Además, resulta de los considerandos 380, 385 y 402 de la Decisión impugnada que la responsabilidad en que incurrieron FEH y FES, por esa causa, nace únicamente de que, junto con Hitachi, habían determinado el comportamiento en el mercado de JAEPS, su filial común bajo cuya responsabilidad se hallaba directamente la segunda empresa afectada, y que por tanto estaban indirectamente implicadas en la participación de esa empresa en la infracción, en su calidad de sociedades matrices de JAEPS.

64 Atendiendo a las apreciaciones anteriores deben examinarse los cinco primeros motivos de la demandante. Por razones de oportunidad y de economía procesal es conveniente abordar a la vez los dos primeros motivos, basados en errores manifiestos de apreciación y en la vulneración del derecho a un proceso justo, del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo y en la infracción de las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba.

Sur los motivos primero y segundo, basados en errores manifiestos de apreciación y en la vulneración del derecho a un proceso justo, del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo y en la infracción de las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba

Alegaciones de las partes

65 En sus motivos primero y segundo la demandante reprocha en sustancia a la Comisión haber cometido varios errores manifiestos de apreciación y haber vulnerado las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba, porque en el artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada consideró a FEH personalmente responsable por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va desde la reunión de los miembros japoneses del cartel que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, fecha en la que el grupo Fuji transfirió sus actividades en materia de GIS a JAEPS, y porque en el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada impuso por esa razón a FEH una multa de 2.400.000 euros, que debe pagar solidariamente con FES. La Comisión no ha aportado de forma suficiente en Derecho la prueba que le incumbe de que la primera empresa afectada continuara participando en el «cartel derivado del acuerdo GQ», que prosiguió tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. Además, el razonamiento de la Comisión sobre ese aspecto incurre en varios errores manifiestos de apreciación de los medios de prueba.

66 La Comisión refuta las alegaciones de la demandante y solicita la desestimación de los motivos primero y segundo.

Apreciación del Tribunal

67 Antes de analizar el fondo de los motivos primero y segundo es importante identificar el objeto exacto de la impugnación que sustenta esos dos motivos y los considerandos de la Decisión impugnada objeto de esa impugnación, así como recordar las reglas aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y a la prueba de la participación de una empresa en tal infracción.

– Sobre el objeto exacto de la impugnación que sustenta los motivos primero y segundo

68 En el presente asunto la demandante no rebate la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al mes de septiembre de 2000, ni la responsabilidad en la que incurre personalmente FEH por dicha participación. Por otro lado, no refuta que FEH dirigió junto con otras sociedades la primera empresa afectada durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.

69 Además, aunque la demandante se esfuerza en diferenciar el «cartel derivado del acuerdo GQ», que afirma finalizó a raíz de la salida de Siemens y de Hitachi, y el «cartel derivado del nuevo plan», que según alega comenzó a mediados del año 2002, no expone sin embargo motivos ni alegaciones específicos contra las apreciaciones de la Comisión, que figuran en los considerandos 2, 3, 248 y 270 a 299 de la Decisión impugnada, según las cuales los diferentes acuerdos y prácticas concertadas que se sucedieron del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004, no eran otra cosa que diferentes manifestaciones de un plan único y común. En consecuencia, no puede estimarse que haya impugnado válidamente dichas apreciaciones y por tanto el carácter único y continuado de la infracción mediante sus motivos primero y segundo.

70 Por último, la demandante no niega que la segunda empresa afectada participó en la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. Únicamente refuta que FEH haya podido incurrir en responsabilidad alguna, e impugna en consecuencia la imposición de una multa por esa razón, dado que FEH no había determinado el comportamiento de JAEPS en el mercado y por tanto no estaba implicada en su calidad de sociedad matriz de JAEPS en la participación de la segunda empresa afectada en la infracción (véanse los apartados 173 y siguientes supra).

71 En cambio, la demandante reprocha a la Comisión haber apreciado de forma errónea los medios de prueba que se le presentaron y haber vulnerado el derecho a un proceso justo, el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, así como haber infringido la reglas en materia de reparto de la carga de la prueba, al estimar que la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada prosiguió durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002 y que la primera empresa afectada continuó participando en ella, de lo que podía considerarse personalmente responsable a FEH en virtud de la dirección que ejercía sobre esa empresa cuando se cometió la infracción. Según la demandante, la Comisión no aportó en la Decisión impugnada, de forma suficiente en Derecho y sin errores manifiestos de apreciación de los medios de prueba, la demostración de que la primera empresa afectada hubiera seguido participando, bajo la dirección de FEH, en la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, que prosiguió durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.

72 La Comisión afirma que en las circunstancias del presente asunto correspondía a las sociedades del grupo Fuji acreditar que la primera empresa afectada había dejado de participar en la infracción durante el período referido.

73 Atendiendo a las alegaciones de las partes es necesario apreciar si en la Decisión impugnada la Comisión demostró de forma suficiente en Derecho que la infracción había continuado, con la participación de la primera empresa afectada, durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.

– Sobre los considerandos de la Decisión impugnada objeto de la impugnación que sustenta los motivos primero y segundo

74 Las apreciaciones de la Comisión referidas a la continuación de la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada durante el período que va de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, por una parte, y por otra a la participación de la primera empresa afectada en dicha infracción durante el mismo período, son las siguientes.

75 En el considerando 323 de la Decisión impugnada la Comisión concluyó que los acuerdos y/o prácticas concertadas entre los productores de proyectos de GIS se prolongaron desde el 15 de abril de 1988, al menos, hasta el 11 de mayo de 2004. En efecto, en el contexto de la Decisión impugnada la mención en ese considerando del año «1998», en lugar del año «1988», resulta manifiestamente de un error puramente material que conviene rectificar.

76 En los considerandos 324, 326 y 373 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que FEH y FES habían participado en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988, fecha de adopción y de entrada en vigor de los acuerdos GQ y EQ, al 11 de mayo de 2004, fecha de la última reunión de trabajo de los miembros del cartel, que fue bruscamente interrumpida por las inspecciones de la Comisión. En efecto, en el considerando 324 de la Decisión impugnada la mención del año «1998», en lugar del año «1988», resulta manifiestamente de un error puramente material que se debe rectificar.

77 En los considerandos 177 a 216 de la Decisión impugnada la Comisión presentó «una perspectiva cronológica global de la evolución del cartel». En ese contexto constató en los considerandos 178 y 179 de la Decisión impugnada lo siguiente:

«(178) Siemens puso fin a su participación en las reuniones del cartel en septiembre de 1999, y le siguieron Hitachi y Schneider/VA Tech en 2000. La ausencia de Siemens era especialmente desestabilizadora desde el punto de vista europeo, ya que esa sociedad había sido el secretario del grupo «Europa» desde 1988 y era un operador principal del mercado tanto fuera como dentro de Europa. No obstante, las actividades del cartel continuaron y Alstom se encargó de la función de secretario del grupo Europa. Con un número de miembros reducido respecto a 1988, la logística se simplificó dado que ya no se justificaba una estructura compleja.

(179) En 2002 Siemens, Hitachi y VA Tech se reincorporaron al cartel […]»

78 En los considerandos 270 a 299 de la Decisión impugnada la Comisión indicó las razones por las que estimaba que «el conjunto de los pactos en el presente caso present[aba] las características de una infracción única y continuada». En el considerando 279 de la Decisión impugnada señaló en especial que «algunos miembros del cartel afirmaron que, por su evolución, el cartel cambió de naturaleza a partir de 2002, y que por tanto ha[bía] que diferenciar dos infracciones distintas, en lugar de una infracción única y continuada». No obstante, en los considerandos 279 a 299 de la Decisión impugnada la Comisión expuso los datos que a su parecer acreditaban que los diferentes acuerdos y prácticas concertadas que se habían sucedido del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004 no eran sino diferentes manifestaciones de un plan único y común y precisó que habría sido artificial escindir un comportamiento tan continuo, caracterizado por un objetivo único, en varias infracciones distintas.

79 En el considerando 284 de la Decisión impugnada la Comisión indicó lo que sigue:

«ABB presentó una explicación de las prácticas descritas que es coherente con los hechos y los documentos del expediente, incluidos los acuerdos escritos. Las declaraciones de esas empresas según las cuales hubo dos infracciones sucesivas divergen de forma considerable sobre la fecha de terminación de la primera [véase el siguiente considerando 290]. Esas declaraciones contradictorias difieren también de las pruebas documentales obtenidas en las inspecciones. Un análisis más riguroso revela que esas declaraciones contradictorias corresponden en realidad a meras afirmaciones (de las que ninguna es coetánea de los hechos), que no se sustentan en ninguna prueba coetánea de los hechos, o que sea determinante, que demuestre que el cartel sobre los [proyectos de] GIS finalizó en alguna de las fechas indicadas. No constituyen pruebas de hechos sino apreciaciones de los hechos propugnadas por las partes o deducciones de testigos que figuran en documentos elaborados a instancia de los abogados para la defensa de las sociedades afectadas por el presente procedimiento. Las partes tienden a presentar las fechas en las que consideran que el cartel funcionó con menos eficacia como las fechas en las que presuntamente el cartel finalizó de facto.»

80 El considerando 290 de la Decisión impugnada precisa además lo siguiente:

«La Comisión no puede basarse en las declaraciones [de las sociedades del grupo] Areva, [de] Melco, [de las sociedades del grupo] Hitachi [o de] JAEPS y [de] Toshiba en lo que atañe a sus respectivas afirmaciones de que el cartel finalizó por vez primera, bien durante 1997 ([sociedades del grupo] Areva [en su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, véase el siguiente punto 12], bien en septiembre de 1999 (Melco [en su respuesta al pliego de cargos] y Toshiba [en su respuesta al pliego de cargos]) o durante 1999 tras la salida de Siemens ([sociedades del grupo] Hitachi [o] JAEPS [en su respuesta al pliego de cargos]), bien incluso alrededor de septiembre de 2000 ([FEH y FES en su respuesta al pliego de cargos]). Las declaraciones sobre ese aspecto no son fiables ya que se contradicen mutuamente, y como ya se ha indicado están en contradicción con las pruebas obrantes en el expediente. Melco, Toshiba, Fuji, ABB, Alstom, Reyrolle/VA Tech y Magrini/Schneider (que pasaron a ser después VAS y por tanto VA Tech), siguieron participando en reuniones multilaterales en 2000 y/o 2001 [véanse los anteriores considerandos 191 a 198]. Además, son ambiguas y poco concluyentes.»

81 En los considerandos 191 a 198 de la Decisión impugnada la Comisión expuso los medios de prueba, aportados por ABB o las sociedades del grupo Fuji, que demostraban, según ella, que el cartel había continuado tras la marcha de Siemens en septiembre de 1999, a la que siguieron Hitachi y «Schneider/VA Tech», en 2000, y antes de su retorno progresivo a partir de marzo de 2002. Ante todo, en los considerandos 191 a 196 de la Decisión impugnada la Comisión se refirió a documentos comunicados por ABB en su solicitud de dispensa de multas (véase el anterior apartado 8), que corresponden a una serie de faxes intercambiados entre el 18 de diciembre de 2000 y el 22 de enero de 2001 entre ABB, Melco y Alstom acerca de reuniones y de atribuciones de proyectos de GIS. A continuación, en el considerando 197 de la Decisión impugnada la Comisión se refirió a un documento comunicado por ABB en su solicitud de dispensa de multas que contenía una lista de «reuniones de comité» que abarcaban una parte del período 2000-2001 y llevaba la fecha de 12 de mayo de 2000. Señaló que se deducía de esa lista que los participantes en dichas reuniones eran Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco y Toshiba, pero no Siemens y «JAEPS (Hitachi)», lo que concordaba con la declaración de ABB en su respuesta el 4 de octubre de 2004 a una solicitud de información de la Comisión (véase el anterior apartado 15) «según la cual esas dos últimas sociedades no formaban parte del cartel en ese momento».Por último, en el considerando 198 de la Decisión impugnada la Comisión invocó un conjunto de documentos aportados por FEH y FES en su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, y por ABB en un complemento de 7 de mayo de 2004 de su solicitud de dispensa de multas (véase el anterior apartado 10), que se referían a acuerdos concluidos entre los miembros del cartel sobre ocho proyectos de GIS que llevaban dentro del cartel los números de referencia [confidencial], ( ) y que demostraban que el cartel había sido activo durante ese período.

82 La Comisión también estimó en los considerandos 372 y siguientes de la Decisión impugnada que la primera empresa afectada había seguido participando en el cartel tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» de septiembre de 2000. La Decisión impugnada manifiesta lo siguiente al respecto:

«(372) Para imputar la responsabilidad a las entidades jurídicas apropiadas dentro [del grupo] Fuji, conviene distinguir dos períodos: antes y después de la transferencia de las actividades [en materia de] GIS [del grupo] Fuji a JAEPS el 1 de octubre de 2002.

(373) [FEH] y [FES] participaron en el comportamiento colusorio descrito en la presente Decisión a partir del 15 de abril de 1988, cuando menos (fecha en la que Fuji se adhirió al acuerdo GQ) hasta el 30 de septiembre de 2002 (las actividades [en materia de] GIS [del grupo] Fuji se transfirieron a JAEPS el 1 de octubre de 2002). [FEH] posee el 100 % del capital de [FES].

Alegaciones presentadas por Fuji

(374) Fuji reconoce haber participado en el cartel descrito en el pliego de cargos entre 1988 y septiembre de 2000, pero no después. La participación de Fuji en el cartel finalizó según alega “a más tardar en o alrededor de septiembre de 2000. Fuji nunca tomó parte en el nuevo plan” ya que Fuji no participó posteriormente en las reuniones conjuntas con los proveedores europeos y tampoco siguió intercambiando informaciones.

(375) Fuji sostiene que, aunque algunos proyectos de acuerdos que [ella misma] ha presentado (véase el considerando 198) “según su redacción son válidos más allá de esa fecha (septiembre de 2000), Fuji no era capaz de actuar basándose en ellos después de septiembre de 2000, ya que todas las ‘fechas de terminación de la convocatoria de licitación habían vencido varios meses antes’. Además, Fuji entendió que los acuerdos precedentes relacionados con el acuerdo GQ ya no tenían fuerza obligatoria entre los miembros del cartel; Fuji no obtuvo ninguna de las licitaciones enumeradas y por tanto no se benefició de ninguno de los pactos”.

Apreciación de la Comisión

(376) Dado que Fuji no era miembro del comité “Europa/Japón”, no cabía suponer que se reuniera con los fabricantes europeos al nivel directivo ni al nivel de los grupos de trabajo, sino sólo en las reuniones anuales. Por otra parte, éstas no jugaban un papel esencial en la puesta en práctica del cartel, como ha confirmado expresamente Fuji al reconocer que también había participado en el cartel en 2000 (año en el que no tuvo lugar ninguna reunión anual).

(377) La declaración de Fuji de que abandonó el cartel alrededor de septiembre de 2000 no ha sido confirmada por ninguna de las otras partes afectadas por el procedimiento, pese a que esa información les fue comunicada para que la pudieran comentar. Por otro lado, la declaración de Fuji es poco clara dado que en ocasiones alega que su salida del cartel tuvo lugar “en o alrededor de septiembre de 2000”, y en otro lugar en el mismo documento, “a más tardar en septiembre de 2000”. Fuji también declara que “la última ficha de arreglo recibida por [el Sr. Oz.] databa de 28 de septiembre de 2000” y que “Fuji no siguió en comunicación con el cartel del acuerdo GQ después de esa fecha”. Ello significa que se presumía que Fuji presentaría una oferta “amañada” a un cliente para crear la impresión de cierta competencia sobre el proyecto, pero no aporta ninguna prueba de que hubiera desistido del proyecto o bien de que hubiera ofertado en condiciones competitivas. Además, según afirma [el Sr. I.H.] Fuji abandonó el cartel “poco después de Siemens” pero se ha acreditado por otro lado que Siemens se retiró en septiembre de 1999. Esa declaración tampoco se confirma por indicación o prueba alguna en el expediente que permita afirmar que tomó distancias públicamente con el cartel en septiembre de 2000.

(378) Finalmente, incluso si la Comisión tuviera que reconocer la falta de todo nuevo intercambio del cartel con Fuji hasta la creación de JAEPS, también debe tener en cuenta que en sus actividades comerciales Fuji no podía desconocer las informaciones ya intercambiadas, y que los pactos ya concluidos seguían en vigor. Según las pruebas obrantes en el expediente, y en especial las informaciones aportadas por Fuji, ésta era parte en ciertos pactos indicados en el considerando 198, cuya validez se extendía más allá de septiembre de 2000 y cuyo incumplimiento era sancionable. Aunque la Comisión ha concedido a Fuji la posibilidad de formular alegaciones y de presentar pruebas adicionales para rebatir esas conclusiones, Fuji no ha aportado prueba alguna que demuestre que se había retirado de los pactos, que se había opuesto efectivamente a ellos o que no los había respetado. Por el contrario, el hecho de que todas las “fechas de terminación de las licitaciones habían vencido varios meses antes”, como alega Fuji, no hace más que reforzar la conclusión de que los pactos ya se habían adoptado y estaban en vigor. Además, el hecho de que Fuji no obtuviera finalmente los contratos licitados (dato también alegado sin prueba que lo sustente), no afecta a las conclusiones antes referidas. En primer término, porque Fuji participó en todos los pactos enumerados, pero no era el organizador de ellos ni necesariamente su beneficiario. Su mención en la lista significaba que tenía que presentar ofertas pero no necesariamente ser el candidato seleccionado. En segundo término, ya que, incluso si hubiera sido el candidato seleccionado por los miembros del cartel (lo que Fuji no ha afirmado ni probado), no habría sido seguro aún así que obtuviera finalmente el contrato, dado que otros licitadores que no formaban parte del cartel habrían podido lograrlo en lugar de Fuji.

(379) Por las razones expuestas en los considerandos 334 y 373, [FEH] y [FES] deben ser consideradas solidariamente responsables por la participación de Fuji en la infracción entre el 15 de abril de 1988 y el 30 de septiembre de 2002.»

– Sobre las reglas aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE y a la prueba de la participación de una empresa en tal infracción

83 Como quiera que las partes discrepan acerca del reparto de la carga de la prueba, y más en general sobre la observancia o no en el presente caso de las reglas aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE y a la prueba de la participación de una empresa en tal infracción, hay que recordar con carácter previo el Derecho aplicable en la materia.

84 Según reiterada jurisprudencia en materia de carga de la prueba, por un lado, incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción de las normas sobre competencia aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción, y, por otro lado, incumbe a la empresa que invoque el amparo de una excepción frente a la constatación de una infracción probar que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa, de modo que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba (sentencia del Tribunal General de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 50; véanse también en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58, y de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 78). La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe, con carácter principal, a la Comisión. (sentencias del Tribunal de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, antes citada, apartado 51).

85 Este reparto de la carga de la prueba puede variar, no obstante, en la medida en que los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha aportado la prueba (véanse en ese sentido las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 84 supra, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, apartado 84 supra, apartado 53).

86 En cuanto a los medios de prueba en los que se puede apoyar la Comisión, el principio que prevalece en el Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 63; sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 273). Al ser notorias tanto la prohibición de participar en estos acuerdos y prácticas contrarios a la competencia como las sanciones a las que pueden exponerse los infractores, es habitual que dichos acuerdos y prácticas se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, a menudo en un país tercero y que la documentación al respecto se reduzca a lo mínimo. Aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, como las actas de una reunión, usualmente dichos documentos sólo tendrán carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 84 supra, apartados 55 a 57). Tales indicios y coincidencias no sólo pueden arrojar luz sobre la existencia de prácticas o acuerdos contrarios a la competencia, sino también sobre la duración de un comportamiento anticompetitivo continuado y sobre el período de aplicación de un acuerdo que vulnera las normas en materia de competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, apartado 166).

87 En cualquier caso, es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción (véanse las sentencias del Tribunal de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartados 43 y 72, y la jurisprudencia citada, JFE Engineering/Comisión, apartado 86 supra, apartado 179, y la jurisprudencia citada, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 217). Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (sentencias JFE Engineering/Comisión, apartado 86 supra, apartado 180, y Groupe Danone/Comisión, antes citada, apartado 218; véase también en ese sentido la sentencia «PVC II», apartado 57 supra, apartados 768 a 778 y en especial el apartado 777). Respecto a la duración, la jurisprudencia establece que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas (sentencias Technische Unie/Comisión, apartado 86 supra, apartado 169; Dunlop Slazenger/Comisión, apartado 84 supra, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, apartado 84 supra, apartado 51).

88 En cuanto al valor probatorio que debe reconocerse a los diferentes medios de prueba, hay que destacar que el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, apartado 86 supra, apartado 63; véanse las sentencias del Tribunal de 5 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartado 84, y la jurisprudencia citada; y JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 86 supra, apartado 273). Según las reglas generalmente aplicables en materia de prueba, la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario, y de su contenido (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 1053; conclusiones del Juez Sr. Vesterdorf en funciones de Abogado General en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T‑1/89, Rec. pp. II‑867, II‑869 y II‑956). Debe concederse gran importancia en especial al hecho de que un documento se haya elaborado en relación inmediata con los hechos (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión, T‑157/94, Rec. p. II‑707, apartado 312,) o por un testigo directo de esos hechos (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 86 supra, apartado 207). Los documentos de los que se desprende que hubo contactos entre varias empresas y que éstas persiguieron precisamente la finalidad de eliminar de antemano la incertidumbre referente al comportamiento futuro de sus competidores demuestran de forma suficiente en Derecho la existencia de una práctica concertada (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 175 y 179). Además, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 86 supra, apartados 207, 211 y 212).

89 Por último, hay que recordar que en un recurso de anulación interpuesto en virtud del artículo 230 CE (actualmente artículo 263 TFUE) contra una decisión de la Comisión que constata la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a sus destinatarios, el papel del juez que conoce del asunto consiste en valorar si las pruebas y demás circunstancias invocadas por la Comisión en su decisión bastan para acreditar la existencia de la infracción (sentencia JFE Engineering/Comisión, apartado 86 supra, apartados 174 y 175; véase también en ese sentido la sentencia «PVC II», apartado 57 supra, apartado 891). Las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a la empresa destinataria de la decisión, por lo que el juez no puede concluir que la Comisión ha acreditado con arreglo a Derecho la existencia de la infracción de que se trate si aún alberga dudas sobre esta cuestión (sentencias JFE Engineering/Comisión, apartado 86 supra, apartado 177, y Groupe Danone/Comisión, apartado 87 supra, apartado 215). En efecto, en esta última situación es preciso tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal y como se halla recogido en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), que forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1). Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones contempladas, así como la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 149 y 150, y Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartados 175 y 176; sentencia Groupe Danone/Comisión, apartado 87 supra, apartado 216).

90 La existencia de una infracción debe apreciarse únicamente en función de los elementos de prueba reunidos por la Comisión en la decisión que declara dicha infracción y la única cuestión pertinente es la de saber en el fondo si se aportó o no la prueba de la infracción a la vista de esos elementos (sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, apartado 88 supra, apartado 726).

91 La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE y a las decisiones de la Comisión adoptadas en aplicación de ese artículo.

92 Atendiendo a las reglas expuestas en los anteriores apartados 84 a 91 se debe comprobar si en la Decisión impugnada la Comisión ha puesto de manifiesto medios suficientemente creíbles, precisos y concordantes para sustentar, en el contexto de una apreciación global y tras examinar las explicaciones o justificaciones alternativas presentadas por la demandante, la firme convicción de que la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada continuó, con la participación de la primera empresa afectada, durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, de lo que FEH podía ser considerada personalmente responsable a causa de la dirección que ejercía sobre esa empresa al tiempo de la comisión de la infracción.

– Sobre el análisis de los medios de prueba en los que se funda la Decisión impugnada

93 Con carácter previo es preciso recordar los aspectos de hecho esenciales sobre los que la Comisión fundó en la Decisión impugnada su apreciación de que la infracción declarada en el artículo 1 de ésta continuó, con la participación de la primera empresa afectada, durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.

94 En el considerando 290 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que no tomaba en consideración las declaraciones emanantes de FEH y de FES, de las sociedades del grupo Areva, de Melco, de las sociedades del grupo Hitachi o de JAEPS y de Toshiba, según las cuales el cartel finalizó por primera vez bien durante 1997, bien en septiembre de 1999 o durante 1999, tras la salida de Siemens, bien incluso alrededor de septiembre de 2000, debido a que esas declaraciones no eran fiables, o bien porque eran ambiguas y poco concluyentes, ya que se contradecían mutuamente y estaban en contradicción con las pruebas obrantes en el expediente (véase el anterior apartado 80). La Comisión puso de manifiesto en ese mismo considerando 290 de la Decisión impugnada, puesto en relación con los considerandos 191 a 198, que la primera empresa afectada y otras empresas habían seguido participando en reuniones multilaterales en 2000 y/o en 2001. Los medios en los que se apoya la Comisión para mostrar que el cartel siguió funcionando, con la participación de la primera empresa afectada, tras la salida de «Schneider/VA Tech» el 13 de diciembre de 2000, son los mencionados en el apartado 81 supra.

95 Ante todo, en lo que atañe a los faxes intercambiados por algunos miembros del cartel entre el 18 de diciembre de 2000 y el 22 de enero de 2001, acerca de reuniones y de atribución de proyectos de GIS, se ha de señalar que, como reconoce la Comisión, las empresas que intervienen en esos intercambios son únicamente Alstom (posteriormente Areva), Melco y ABB. Así pues, como alega fundadamente la demandante, si bien ese intercambio, que se remonta a la época de los hechos, acredita de forma creíble y precisa actividades del cartel alrededor del mes de diciembre de 2000 y de enero de 2001, en cambio no aporta ningún indicio de que la primera empresa afectada hubiera participado en ellas.

96 A continuación, en lo que se refiere a la lista de 12 de mayo de 2000, en ella figuran efectivamente trece «reuniones de comité» programadas entre el 18 de mayo de 2000 y el 17 de mayo de 2001. El objeto anticompetitivo de esas «reuniones de comité» puede deducirse de que la lista designa a cada una de las empresas interesadas con referencia al código que le correspondía dentro del cartel, según se reproduce en los considerandos 142 y 197 de la Decisión impugnada, y de que, como confirmaron varios miembros del cartel, algunas reuniones de los órganos –el comité conjunto Europa/Japón y el comité Europa– que participaban en el funcionamiento operativo del cartel estaban planificadas, como también resulta de los considerandos 150 y 151 de la Decisión impugnada. Además, dado que la celebración efectiva de seis de esas reuniones de comité ha sido confirmada por algunos participantes en el cartel o bien está corroborada por otros datos del expediente, como notas de gastos de viaje o anotaciones en agendas personales, las actividades del cartel durante el período que va del 18 de mayo de 2000 al 18 de enero de 2001 pueden considerarse acreditadas. No obstante, como reconoce la Comisión, las empresas que participaron en esas reuniones son únicamente Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco y Toshiba. De ello se deduce que, como alega fundadamente la demandante, aunque esa lista acredita de forma creíble y precisa actividades del cartel entre el 18 de mayo de 2000 y el 17 de mayo de 2001, en cambio no aporta ningún indicio de que la primera empresa afectada hubiera participado en ellas.

97 Por último, en cuanto a los documentos relacionados con hechos que eran coetáneos de su elaboración, acerca de ocho proyectos de GIS que llevaban los números de referencia [confidencial], ésos ponen de manifiesto acuerdos concluidos entre los miembros del cartel para la atribución de los proyectos de GIS antes citados, y cuyo período de validez era variable. Así pues, esos documentos indican que la primera empresa afectada participó junto con otros miembros del cartel en pactos con vistas a la atribución de ocho proyectos de GIS, que organizaron otros miembros participantes en el cartel, que se concluyeron o entraron en vigor entre el [confidencial] y el [confidencial], y que eran válidos durante cerca de [confidencial] a partir de la fecha de su conclusión, o bien, en el caso del último proyecto, que llevaba el número de referencia [confidencial], hasta el [confidencial].

98 Acerca de ello, es necesario recordar que, para que exista acuerdo, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (sentencias del Tribunal General de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T‑2/89, Rec. p. II‑1087, apartado 211, y de 10 de marzo de 1992, ICI/Comisión, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, apartado 253; véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 112). Además, el artículo 81 CE es aplicable cuando los efectos de un cartel han perdurado sin que formalmente se haya puesto fin a éste (véanse en ese sentido la sentencia ICI/Comisión, antes citada, apartado 254, y la sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2001, Acerinox/Comisión, T‑48/98, Rec. p. II‑3859, apartado 63). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.

99 En el presente caso la demandante no ha rebatido que, en aplicación de las reglas del cartel, FEH había concluido acuerdos para la atribución dentro de éste de los ocho proyectos de GIS que llevaban los números de referencia [confidencial]. Además, no ha refutado que, vistas sus estipulaciones, esos acuerdos estaban destinados a producir sus efectos entre el [confidencial], fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre el proyecto que llevaba el número de referencia [confidencial], y el [confidencial], fecha de terminación de la validez del acuerdo sobre el proyecto que llevaba el número de referencia [confidencial].

100 Por otro lado, ningún dato obrante en el expediente permite constatar que la primera empresa afectada se hubiera distanciado públicamente del cartel y de los acuerdos concluidos en su contexto. Ahora bien, una empresa que no se distancia de los resultados de una reunión a la que ha asistido o de un acuerdo en el que ha sido parte sigue siendo en principio plenamente responsable de su participación en el cartel. Sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una cuantiosa multa si pudiesen beneficiarse de una concertación ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la ejecución de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia (véase en ese sentido la sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión, apartado 88 supra, apartado 278). De ello resulta que, suponiendo incluso que la primera empresa afectada no hubiera respetado el conjunto de los acuerdos concluidos en el contexto del cartel, esa circunstancia no bastaría, a falta de prueba de un distanciamiento público por su parte frente a los demás miembros del cartel, para exonerarle de la responsabilidad en la que incurre a causa de su participación en esos acuerdos, y a través de ellos en la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada.

101 En consecuencia, debe considerarse que los faxes intercambiados entre algunos miembros del cartel entre el 18 de diciembre de 2000 y el 22 de enero de 2001, la lista de las «reuniones de comité» de 12 de mayo de 2000 y los documentos referidos a ocho proyectos de GIS, mencionados en los considerandos 191 a 198 de la Decisión impugnada, a los que remite el considerando 290, acreditan de forma creíble, precisa y concordante que la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada prosiguió durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. Además, habida cuenta de la muy larga duración de la infracción constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, cuya existencia durante el período que va del 15 de abril de 1988 al mes de septiembre de 2000 no niega la demandante, y de las complejas medidas de precaución tomadas por los miembros del cartel para disimular u ocultar su existencia, como las mencionadas en el considerando 170 de la Decisión impugnada, puede considerarse que esos medios de prueba guardan relación con hechos suficientemente próximos en el tiempo, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 87, para que pueda razonablemente apreciarse que esa infracción continuó de forma ininterrumpida durante el mencionado período.

102 Además, los medios de prueba en los que se apoya en ese aspecto la Decisión impugnada son suficientemente creíbles, precisos y concordantes. No pueden desvirtuarlos las declaraciones de FEH y FES en su escrito a la Comisión de 21 de noviembre de 2006 y en su respuesta al pliego de cargos (véanse los a