No obstante, cuando el contenido de la demanda permita identificar el acto o los actos impugnados, es posible reformular las pretensiones en las que se designe de forma imprecisa o errónea ese acto o actos. Así sucede en caso de error mecanográfico, cuando un demandante menciona en la demanda el número de un acto, pero se refiere a las disposiciones y al título completo de otro acto, del que adjunta copia en la demanda.

La legalidad de la designación inicial o de la prórroga de la designación de un demandante en una lista de personas a las que afectan medidas restrictivas, ya cuestionada en recursos anteriores, no puede impugnarse planteando al Tribunal General cuestiones que ya han sido dirimidas en resoluciones del juez de la Unión Europea, dado que esa impugnación entra en conflicto con la fuerza de cosa juzgada, que no solo se extiende al fallo de dichas resoluciones sino también a los fundamentos de Derecho que constituyen su sustento necesario.

El respeto de los principios del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la dignidad humana se impone a cualquier acción de la Unión, incluso en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 21 TUE, apartado 1, párrafo primero, apartado 2, letra b), y apartado 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 TUE.

Por lo que se refiere más concretamente al derecho a un juicio justo y al respeto de la presunción de inocencia, ocupa, especialmente en materia penal, un sitio eminente en una sociedad democrática. De igual modo, los principios de independencia y de imparcialidad de la justicia, así como el derecho al control jurisdiccional efectivo, constituyen normas fundamentales para el respeto del Estado de Derecho, que es, a su vez, uno de los valores primordiales en los que se fundamenta la Unión, como resulta del artículo 2 TUE, de los preámbulos del Tratado UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los requisitos que se derivan del derecho a un juicio justo y del respeto de la presunción de inocencia van dirigidos, especialmente en materia penal, a garantizar que la resolución en la que se resolverá de manera definitiva acerca de la procedencia de las acusaciones dirigidas contra la persona encausada será fiable y a evitar que incurra en una denegación de justicia, o incluso en arbitrariedad, lo cual constituiría la negación misma del Estado de Derecho.

Las características del régimen de la Decisión 2011/172, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto, no justifican una excepción a la obligación general del Consejo, cuando adopta medidas restrictivas, de respetar los derechos fundamentales que forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión, excepción que tendría como consecuencia eximirlo de cualquier verificación de la protección de los derechos fundamentales garantizada en Egipto.

En consecuencia, por una parte, en la medida en que la Decisión 2011/172 se inscribe en el marco de una política de apoyo a las autoridades egipcias basada, en particular, en los objetivos de consolidación y de apoyo a la democracia, al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a los principios de Derecho internacional, no puede excluirse del todo la hipótesis de que dicha Decisión sea manifiestamente inadecuada a la luz de tales objetivos debido a la existencia de vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos fundamentales.

Por otra parte, si la existencia de procedimiento judiciales en trámite en Egipto constituye, en principio, una base fáctica suficientemente sólida para incluir los nombres de unas personas en la lista anexa a la Decisión 2011/172 y prorrogar tal inclusión, no ocurre así cuando el Consejo puede presumir razonablemente que la resolución que se adoptará al término de dichos procedimientos no va a ser fiable, con mayor motivo en la medida en que, en principio, no corresponde al Consejo apreciar la exactitud y pertinencia de las pruebas en que se sustentan dichos procedimientos.

En consecuencia, en el marco de un régimen de medidas restrictivas como el de la Decisión 2011/172, no puede excluirse que el Consejo deba comprobar que los procedimientos judiciales en los que se basa puedan considerarse fiables a la vista de las pruebas presentadas por las personas encausadas en relación con vulneraciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, en particular, del derecho a un juicio justo, siempre que se trate de elementos objetivos, fiables, precisos y concordantes que puedan suscitar legítimas dudas en relación con el cumplimiento de ese derecho.

Conforme a estos principios, incumbe al Tribunal ejercer un control, en principio, completo de si el Consejo ha cumplido su obligación de llevar a cabo un examen minucioso e imparcial, asegurándose de que podía considera fiables los procedimientos penales seguidos contra el demandante en cuestión. En particular, este control implica comprobar si el Consejo consideró que disponía de suficientes elementos para estimar que así era en el asunto, a pesar de las alegaciones del demandantes en sentido contrario, y si tenía razón al hacerlo.

Por otra parte, sin perjuicio de su carácter cautelar, la inmovilización de capitales ordenada en el marco del régimen establecido por la Decisión 2011/172 afecta de una forma significativamente negativa a los derechos y libertades de las personas a las que se aplica, de manera que, para garantizar un justo equilibrio entre los objetivos de una inmovilización de activos y la protección de estos derechos y libertades, es indispensable que el Consejo pueda, en su caso, evaluar adecuadamente, bajo el control del juez de la Unión, el riesgo de que se produzcan tales infracciones.

(véanse los apartados 58 a 63, 66 a 71, 213 y 214)