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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 215/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim (Alemania) el 14 de mayo de 2013 — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH

(Asunto C-262/13)

2013/C 215/09

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Rüsselsheim

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ekkehard Aleweld

Demandada: Condor Flugdienst GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cabe reclamar una compensación en virtud del artículo 7 del Reglamento (1) cuando la salida del vuelo reservado se retrasa más de tres horas y el pasajero hace una reserva con otra compañía aérea, reduciendo de este modo sensiblemente el retraso en la llegada del vuelo inicial, si se da la circunstancia de que tanto el vuelo inicial como el vuelo alternativo llegan al destino inicial con un retraso muy superior a tres horas?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es decisivo a este respecto que haya transcurrido el período de cinco horas indicado en el artículo 6, apartado 1, inciso iii), del Reglamento para que resulte de aplicación el artículo 8, apartado 1, del Reglamento?

3) ¿Es relevante que el pasajero haya realizado la nueva reserva por sí mismo o con la ayuda de la demandada?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
—

Que se anule la Decisión de la Comisión C(2010)6154, de 13 de septiembre de 2010, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de proyectos: «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-A» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.005); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.008); Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma) Subtratos XI-A y XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida) (CCI no 2001.ES.16.C.PT.009) y «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-C» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.010);
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 15 de enero de 2013 — Simon, Evers & Co. GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Asunto C-21/13)

2013/C 114/37

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Simon, Evers & Co. GmbH

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Cuestión prejudicial

¿Es nulo el Reglamento (CE) no 499/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) no 1174/2005 sobre las importaciones de transpaletas manuales y sus partes esenciales originarias de la República Popular China a las importaciones del mismo producto procedente de Tailandia, (1) haya sido declarado originario de Tailandia o no (DO L 151, p. 1), por el hecho de que la Comisión, sin tener en cuenta los requisitos que del artículo 13 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones (2) que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1), establece para determinar la existencia de una elusión de medidas antidumping, ha considerado que existe una elusión por el simple hecho de haberse incrementado significativamente el volumen de las exportaciones procedentes de Tailandia desde la introducción de las medidas, aunque la Comisión, alegando la falta de cooperación de los exportadores tailandeses, no ha detallado sus conclusiones?

(1) DO L 151. p. 1.

(2) DO L 56, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 147/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen (Bélgica) el 11 de marzo de 2013 — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen

(Asunto C-114/13)

2013/C 147/22

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidshof te Antwerpen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Theodora Hendrika Bouman

Demandada: Rijksdienst voor Pensioenen

Cuestión prejudicial

La parte de la prestación AOW que es abonada a una residente neerlandesa y que está basada en un período de seguro en el que la residente neerlandesa puede renunciar, con una simple solicitud, a la afiliación al régimen neerlandés liberándose por tanto de la obligación de pagar la correspondiente cotización, y que efectivamente lo ha solicitado para un período determinado, ¿debe asimilarse a la prestación concedida sobre la base de un seguro facultativo continuado en el sentido del artículo 46 bis, apartado 3, letra c), del Reglamento no 1408/71, (1) de manera que no puede ser tenida en cuenta en la aplicación de la disposición que impide la acumulación y que figura en el artículo 52, apartado 1, número 1, del Belgisch Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust — en overlevingspensioen voor werknemers (Real Decreto belga de 21 de diciembre de 1967, relativo a la determinación de la normativa general aplicable a las pensiones de jubilación y de supervivencia para trabajadores)

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).
—

Violación del principio de buena administración de justicia, que constituye una expresión particular del principio fundamental de seguridad jurídica, dado que, para la recurrente, el Tribunal General clasificó de manera errónea el procedimiento de notificación aplicado por la Comisión a la Decisión impugnada, y no estableció ninguna exigencia en relación con las formalidades que, para ser eficaz, debe cumplir la notificación con acuse de recibo de una Decisión adoptada con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (1)
2)

El artículo 3, apartado 2 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y, en particular la condición de respetar las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA para determinación del devengo a) ¿Se opone a un impuesto indirecto no armonizado, como el IVMDH, que se devenga en momento de una venta minorista del carburante al consumidor final, a diferencia del impuesto armonizado, Impuesto sobre Hidrocarburos, que se devenga cuando los productos salgan del último depósito fiscal, o de que, aun devengándose también al momento de la venta minorista final, es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución en el Impuesto sobre el Valor Añadido, por entender que no respeta en expresión de la sentencia EKW y Wein & Co (2) (apartado 47) el «sistema general» de una u otra de las citadas técnicas impositivas, tal como las regula la normativa comunitaria? b) Para el caso que se diera una respuesta negativa al anterior interrogante ¿Debe interpretarse que dicha condición de respeto se cumple sin necesidad de que existan coincidencias a los efectos del devengo por la simple circunstancia de que el impuesto indirecto no armonizado, en este caso, el IVMDH, no interfiera en el sentido de que no impida ni dificulte el funcionamiento normal del devengo de los impuestos especiales o del IVA?
4)

En cuarto lugar: en el supuesto planteado en la letra c), aun admitiendo en abstracto que el artículo 14, apartado 2, sea aplicable al mencionado supuesto, ¿debe interpretarse, no obstante, dicha disposición, en relación con el principio de proporcionalidad, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone que la trabajadora ausente debido al permiso de maternidad cause baja del curso en lugar de garantizar la organización de cursos paralelos de recuperación que permitan superar el déficit formativo, conciliando los derechos de la madre trabajadora con el interés público, aunque ello entrañe gastos organizativos y financieros?
2)

En el segundo considerando del Reglamento no 1383/2003 se menciona como uno de los objetivos del Reglamento la protección de los consumidores y, de conformidad con el tercer considerando, conviene establecer un procedimiento para que las autoridades aduaneras puedan intervenir para garantizar en las mejores condiciones el respeto de la prohibición de introducir en el territorio aduanero de la Comunidad mercancías que vulneren un derecho de propiedad intelectual, sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo, mencionado en el segundo considerando del citado Reglamento y en el primer considerando del Reglamento no 1891/2004. (2) ¿Es compatible con estos objetivos que las medidas establecidas en el artículo 17 del Reglamento no 1383/2003 sólo puedan aplicarse si el titular del derecho inicia el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, o bien con miras a la consecución en las mejores condiciones de estos objetivos, la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento?
En primer lugar, alega que el Tribunal General infringió el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 4253/88, (1) en relación con el artículo 1 del Reglamento (CE, EURATOM) no 2988/95 (2) y con el principio de atribución (artículo 5 TUE, apartado 2, y artículo 7 TFUE; anteriormente artículo 5 CE), en la medida en que consideró, incurriendo en error de Derecho, que los errores de la administración nacional pueden constituir «irregularidades» que autorizan a la Comisión a realizar correcciones financieras (primera parte del primer motivo de casación). Aunque generalmente sea posible realizar una corrección financiera debido a errores cometidos por la administración, procedería anular la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal General entiende, incurriendo en error de Derecho, que también las infracciones de las normas nacionales y los errores que no producen efectos sobre el presupuesto de la Unión pueden constituir «irregularidades» que justifiquen las correcciones financieras (segunda parte del primer motivo de casación).
a)

Un reglamento interno de un Comité de seguimiento instituido conjuntamente por dos Estados miembros –como la Guía del Programa adoptada por el Comité de seguimiento del Programa estonio-letón para el período 2007-2013– que establece que las decisiones del Comité de seguimiento no podrán ser objeto de recurso ante ningún órgano jurisdiccional (punto 6.6, apartado 4, de la Guía del Programa: «The decisions of the Monitoring Comittee are not appealable at any place of jurisdiction»), ¿es compatible con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento no 1083/2006 del Consejo (1) en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
—

Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, del artículo 108 TFUE, apartado 2, del principio de efectividad, del artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) así como de los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 2011/471/UE relativa a la ayuda estatal C 38/05 (ex NN 52/04) (2) de Alemania al grupo Biria, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para hacer posible la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión de la Comisión mediante la recuperación de las ayudas abonadas.
1)

Cuando: i) el salario anual de un trabajador consta del salario base más las comisiones pagadas en virtud de un derecho contractual a comisión; ii) la comisión se paga en función de las ventas realizadas y los contratos celebrados por el empresario gracias al trabajo del trabajador; iii) la comisión se paga a posteriori, y el importe recibido en concepto de comisiones en un período de referencia determinado oscila en función del valor de las ventas obtenidas y los contratos celebrados, así como de la fecha de tales ventas; iv) durante los períodos de vacaciones, el trabajador no realiza ningún trabajo que le dé derecho a que se le paguen comisiones, por lo que no genera comisiones con respecto a dichos períodos; v) durante los períodos de retribución que incluyen períodos de vacaciones, el trabajador tiene derecho al salario base y sigue recibiendo el pago de las comisiones devengadas con anterioridad, y vi) sus ingresos medios por comisiones a lo largo del año son inferiores a los que percibiría si el trabajador no hubiese tomado vacaciones, ya que durante el período de vacaciones no realiza ningún trabajo que le dé derecho al pago de comisiones, ¿obliga el artículo 7 de la Directiva 93/104/CE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2003/88/CE, (2) a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar que un trabajador sea retribuido por los períodos de vacaciones anuales en función de las comisiones que habría ganado durante esos períodos si no hubiese tomado vacaciones, además de su salario base?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 26/34

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 15 de noviembre de 2012 — CTP/Regione Campania

(Asunto C-517/12)

2013/C 26/64

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA.

Recurrida: Regione Campania

Cuestión prejudicial

¿A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1191/69, (1) el derecho a la compensación únicamente nace si, tras haber sido presentada la correspondiente solicitud, las autoridades competentes no suprimen la obligación de servicio que provoca una desventaja económica a la empresa de transporte solicitante, o bien dicha norma sólo se aplica a las obligaciones de servicio respecto de las cuales el Reglamento prevé la supresión y no permite el mantenimiento?

(1) Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156; p. 1; EE 08/01, p. 131).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 258/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Suecia) el 2 de julio de 2012 — Proceso penal contra Daniel Lundberg

(Asunto C-317/12)

2012/C 258/21

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Svea hovrätt.

Parte en el proceso principal

Daniel Lundberg.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el concepto de «transporte no comercial de mercancías» establecido en el artículo 3, letra h), del Reglamento (CE) no 561/2006 (1) en el sentido de que incluye un transporte de mercancías realizado por un particular en el marco de una actividad de hobby que se financia parcialmente mediante ayudas económicas («patrocinio») de terceras personas o empresas?

2) Para determinar qué debe entenderse por «transporte no comercial», ¿es pertinente: a) que el transportista sólo realice transportes por cuenta propia, b) que no se reciba ninguna contraprestación como tal por el propio transporte, c) el importe de las ayudas económicas y/o el importe de las ayudas económicas en relación con el coste total derivado de la actividad de hobby?

(1) Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo (DO L 102, p. 1).
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, y el Reglamento (CE) no 2006/2004, sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado las mencionadas disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 273/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 18 de junio de 2012 — Confédération paysanne/Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(Asunto C-298/12)

2012/C 273/08

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Confédération paysanne

Recurrida: Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Autoriza el artículo 40, apartados 1 y 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, (1) a la luz tanto de su tenor como de su finalidad, a los Estados miembros a basar el derecho a la revalorización del importe de referencia de los agricultores cuya producción se haya visto gravemente afectada por compromisos medioambientales a los que hayan estado sujetos durante la totalidad o parte del período de referencia, en la comparación entre los importes de los pagos directos percibidos durante los años cubiertos por dichos compromisos y los percibidos en años no cubiertos?

2) ¿Autoriza el artículo 40, apartados 2 y 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, a los Estados miembros a basar el derecho a la revalorización del importe de referencia de los agricultores cuya producción se haya visto gravemente afectada por compromisos medioambientales a los que hayan estado sujetos durante todo el período de referencia, en la comparación entre el importe de los pagos directos percibido el último año no cubierto por un compromiso medioambiental, incluso cuando dicho año sea anterior en ocho años al período de referencia, y el importe medio anual de pagos directos percibido durante el período de referencia?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
1)

¿Es conforme con los artículos 168, letra a), y 176 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) una norma como la del artículo 70, apartado 1, número 2, de la Ley (búlgara) del IVA, en virtud de la cual no se puede reconocer a un sujeto pasivo un derecho de deducción por los servicios de transporte, la vestimenta de trabajo y el equipamiento de protección recibidos, así como por los gastos realizados por viajes de trabajo, al ser dichos bienes y servicios puestos de forma gratuita a disposición de personas físicas, en particular de asalariados que trabajan para el sujeto pasivo, si se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: — el sujeto pasivo no ha celebrado contratos de trabajo con los trabajadores, sino que los emplea en virtud de una relación contractual de «cesión de trabajadores» con otro sujeto pasivo, que es el empresario de los trabajadores; — los servicios de transporte recibidos se utilizan para el transporte de los trabajadores desde diferentes puntos de distintas localidades hasta el lugar de trabajo y para el transporte de vuelta, sin que los trabajadores dispongan de un servicio de transporte público que enlace con el centro de trabajo; — la puesta a disposición de vestimenta de trabajo y de equipamiento de protección viene exigida por el Código de Trabajo y por la Ley de salud y seguridad laboral; — en lo concerniente a los servicios de transporte, la vestimenta de trabajo, el equipamiento de protección y los gastos por viajes de trabajo, la deducción del impuesto sobre el valor añadido sería indiscutible si el empresario de los trabajadores facilitase dichos bienes y prestase tales servicios. Sin embargo, en el presente asunto, las respectivas adquisiciones las efectúa un sujeto pasivo que, si bien no es el empresario, en virtud de un contrato de cesión de trabajadores se lucra con el trabajo de los asalariados y soporta los gastos relacionados?
2)

El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo [o artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europea y del Consejo], ¿se opone a que las autoridades de la República Checa, en las circunstancias del presente asunto, den un trato preferente [un complemento de prestación de vejez cuando el importe de ésta, otorgada con arreglo al artículo 20 del Acuerdo sobre seguridad social firmado el 29 de octubre de 1992 entre la República Checa y la República Eslovaca y con arreglo al Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo (Reglamento no 883/2004) sea inferior al que se habría percibido si la pensión de jubilación se hubiera calculado aplicando las normas jurídicas de la República Checa], sólo a los nacionales de la República Checa, cuando el derecho fundamental a la seguridad durante la vejez, interpretado por su Tribunal Constitucional específicamente en relación con los períodos cotizados en la antigua RFCE, y que se considera parte de su identidad nacional, lleva a ese trato, y cuando dicho trato no puede interferir en el derecho a la libre circulación de los trabajadores como derecho básico de la Unión, en un supuesto en el que el reconocimiento de un trato similar al resto de nacionales de los Estados miembros de la UE que cubrieron períodos similares en la antigua RFCE comprometería seriamente la estabilidad financiera del sistema de pensiones de la República Checa? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión planteada:
—

Desestime las pretensiones de que se anule parcialmente la Decisión de la Comisión Europea, (1) de 18 de noviembre de 2009, relativa a la ayuda estatal C 10/09 (ex N 138/09) ejecutada por los Países Bajos para el mecanismo de suscripción de reserva de activos no líquidos y el Plan de reestructuración de ING.