ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
15

Hasta el 1 de enero de 2002, el artículo 11, apartado 3, del BRK disponía: «En las condiciones que se precisarán más adelante para garantizar una aplicación equitativa de este artículo tanto en su relación con finalidad como en relación con su espíritu, el tipo impositivo previsto en el apartado 2 no superará el 7,5 % si obtiene los dividendos una sociedad cuyo capital esté dividido íntegra o parcialmente en acciones y que esté establecida en el otro país y que sea titular de acciones representativas de al menos una cuarta parte del capital social desembolsado de la sociedad que debe repartir los dividendos. Con las condiciones que se precisarán más adelante para garantizar que se aplique este artículo equitativamente tanto con respecto a su finalidad como con respecto a su espíritu, el tipo impositivo no superará no obstante el 5 % en el caso a que se refiere la frase anterior si en el país de establecimiento de la sociedad que obtenga los dividendos éstos están sujetos a un impuesto sobre los beneficios al tipo de, como mínimo, el 5,5 %.»
13

La sociedad recurrente alega que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General le imputó la responsabilidad de la infracción constatada basándose en fundamentos que no figuraban en la Decisión controvertida. En primer lugar, argumenta la sociedad recurrente, en los apartados 38 y 39 de la sentencia recurrida el Tribunal General consideró que las pruebas presentadas por la Comisión acreditaban la participación directa de dicha sociedad en el cártel, extremo que no cabe deducir de los considerandos de la Decisión controvertida. En segundo lugar, añade la sociedad recurrente, en el apartado 35 de la misma sentencia el Tribunal General se refirió a la presunción según la cual dicha sociedad, en su condición de sociedad matriz que poseía el 100 % del capital de su filial (a saber, ASPLA), ejercía una influencia decisiva en el comportamiento de esta última, pese a que en la Decisión controvertida la Comisión no se había basado en tal presunción.
28

Asimismo, debe señalarse que, en el primer supuesto, la competencia territorial en materia contractual deberá determinarse con arreglo a los criterios de conexión establecidos en el artículo 5, punto 1, letra b), del Reglamento no 44/2001 siempre que el contrato de que se trate en el asunto principal consista en un contrato de venta de mercancías o de prestación de servicios, en el sentido de dicha disposición. Como establece el artículo 5, punto 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, sólo en el supuesto de que un contrato no esté comprendido en ninguna de las dos categorías citadas debe determinarse la competencia judicial de conformidad con el criterio de conexión previsto en el artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento no 44/2001 (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I-3327, apartado 40, y de 19 de diciembre de 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, apartado 42).
4

De la resolución de remisión se desprende que Navileme y Nautizende interpusieron ante el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto un recurso contencioso-administrativo contra el IPTM, organismo encargado en Portugal de la organización de los exámenes y de la expedición de los títulos náuticos. Estas dos escuelas tienen su sede en Portugal y su objeto social consiste, en particular, en dispensar la formación obligatoria a los candidatos que deseen presentarse al examen para la obtención del título náutico. Según estas escuelas, a partir del mes de diciembre de 2004 el IPTM ha venido denegando la admisión al examen para la obtención del referido título a estudiantes de sus escuelas que no residen en Portugal, debido a que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29, apartado l, del RNR. Consta que antes de la entrada en vigor del RNR los no residentes podían presentarse al examen.
34

En efecto, como se ha puesto de relieve en el apartado 24 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ya ha apreciado que, dado que la Directiva 2002/14 ha definido el marco de las personas que se han de tomar en consideración para dicho cálculo, los Estados miembros no pueden excluir de éste a una determinada categoría de personas que inicialmente están comprendidas en ese marco. De este modo, aunque la referida Directiva no prescribe a los Estados miembros el modo de tomar en consideración a los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación para calcular el número de trabajadores empleados, sí les obliga no obstante a tenerlos en cuenta (véase la sentencia Confédération générale du travail y otros, antes citada, apartado 34).
100

Hay que poner de relieve, no obstante, que la presunción general antes enunciada no excluye la posibilidad de demostrar que un documento determinado, cuya divulgación se solicita, no está cubierto por esa presunción o que existe un interés público superior que justifica la divulgación de dicho documento en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 (sentencias, antes citadas, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, apartado 62; Comisión/Éditions Odile Jacob, apartado 126; Comisión/Agrofert Holding, apartado 68, y LPN y Finlandia/Comisión, apartado 66).
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Conforme al artículo 31 del CMR: «1. Para todos los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual: a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte; o b) Está situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse más que estas jurisdicciones. 2. Cuando en un litigio de los mencionados en el párrafo 1 de este artículo una acción esté incoada ante una jurisdicción competente en los términos de este párrafo, o cuando en dicho litigio se ha pronunciado fallo por tal jurisdicción, no se podrá intentar ninguna nueva acción por la misma causa y entre las mismas partes a menos que la decisión de la jurisdicción ante la que se utilizó la primera acción no sea susceptible de ser ejecutada en el país donde la nueva acción ha sido interpuesta. 3. Cuando en un litigio de los mencionados en el párrafo 1 de este artículo un juicio fallado por una jurisdicción de un país contratante ha llegado a ser ejecutorio en este país, llega a ser igualmente ejecutorio en cada uno de los otros países contratantes, sobre todo después del cumplimiento de las formalidades prescritas a este efecto en el país interesado. Estas formalidades no pueden implicar revisión de la causa. 4. Las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo se aplican a los juicios con oposición de partes, a los juicios por rebeldía y a las transacciones judiciales, pero no se aplicarán a los juicios que no sean ejecutorios, a no ser por provisión [ejecución provisional o precautoria], ni a las condenas por daños y perjuicios que hubieran sido pronunciadas en concepto de costas contra el demandante cuya demanda sea rechazada total o parcialmente. […]»
58

De la misma manera, el artículo 23 del Reglamento no 343/2003 permite que los Estados miembros establezcan entre sí, de manera bilateral, acuerdos administrativos relativos a las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento, que podrán referirse, en particular, a la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos aplicables a la transmisión y al examen de las peticiones de asunción de responsabilidad o de readmisión de solicitantes de asilo. Además, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 1560/2003 (actualmente, artículo 37 del Reglamento no 604/2013) prevé que, en varios supuestos de desacuerdo en relación con la aplicación del Reglamento no 343/203, los Estados miembros puedan recurrir a un procedimiento de conciliación en el que participarán los miembros de un Comité que representarán a tres Estados miembros que no estén implicados en el asunto sin que, sin embargo, se prevea siquiera que el solicitante de asilo sea oído.
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En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per le Marche decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse [el artículo 30, apartado 4, del Reglamento no 1260/1999] en el sentido de que, para poder apreciar si la adjudicación de la concesión no genera ingresos significativos para el concedente ni ventajas indebidas para el concesionario, primero debe comprobarse si la obra ha sufrido una modificación importante? 2) [En caso de respuesta afirmativa a esta primera cuestión, ¿qué se entiende] por “modificación importante”, es decir, si [el artículo 30, apartado 4, del Reglamento no 1260/1999] se refiere únicamente a modificaciones físicas ?en el sentido de que la obra realizada no es conforme con la prevista en el proyecto financiado– o si también se refiere a modificaciones funcionales y, en tal caso, si existe una “modificación importante” cuando la obra se utiliza “también” –pero no con carácter principal– para actividades distintas de las previstas en la convocatoria de proyectos o en la solicitud de participación en ésta[?] 3) [En caso contrario, si la respuesta a la primera cuestión es negativa], cuando la financiación pública se utiliza para construir obras cuya gestión puede presentar interés económico ¿se aplica [el artículo 30, apartado 4, del Reglamento no 1260/1999] sólo a la fase de construcción de la obra o bien […] se mantiene la obligación de respetar la normativa en materia de licitaciones públicas por lo que respecta a la concesión de la gestión[?] 4) Por último, ¿debe interpretarse [...] el artículo 30, apartado 4, del Reglamento no 1260/1999 en el sentido de que la comprobación de que la concesión a terceros de la gestión no genera ingresos netos significativos ni situaciones de ventaja indebida a una empresa o a un organismo público [...] constituye una fase lógica y jurídicamente posterior a la cuestión prejudicial (a saber, la obligación de respetar los procedimientos de licitación pública), o bien [...] la existencia de la obligación de convocar una licitación pública debe verificarse teniendo en cuenta el régimen concreto de la relación de concesión?»
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El artículo 30 de la Directiva 2004/18, titulado «Casos que justifican el recurso al procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación», dispone en sus apartados 1 a 3: «1. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos públicos por procedimiento negociado, previa publicación de un anuncio de licitación, en los casos siguientes: a) cuando se presenten ofertas irregulares o cuando las ofertas presentadas resulten inaceptables en relación con las disposiciones nacionales compatibles con lo dispuesto en los artículos 4, 24, 25 y 27 y en el capítulo VII en respuesta a un procedimiento abierto o restringido o a un diálogo competitivo, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato; [...] b) en casos excepcionales, cuando se trate de contratos de obras, de suministro o de servicios que, por sus características o por los riesgos que entrañen, no permitan fijar previa y globalmente los precios; c) en el ámbito de los servicios, en particular en el sentido de la categoría 6 del anexo II A, y para las prestaciones intelectuales, como la elaboración del proyecto de una obra, en la medida en que las características de la prestación sean tales que no se puedan establecer las condiciones del contrato con la precisión necesaria para su adjudicación seleccionando la mejor oferta con arreglo a las normas que rigen los procedimientos abiertos o restringidos; [...] 2. En los casos previstos en el apartado 1, los poderes adjudicadores negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones y en los posibles documentos complementarios, con vistas a encontrar la mejor oferta de conformidad con el apartado 1 del artículo 53. 3. Durante la negociación, los poderes adjudicadores velarán por que todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.»
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De este modo, la aplicación de tales excepciones no parece depender en modo alguno de la existencia de una vinculación entre el solicitante de la ayuda y la sociedad alemana. Por tanto, dichas excepciones no permiten realizar el objetivo de integración invocado por el Gobierno alemán. En estas circunstancias, el requisito del domicilio permanente controvertido en el litigio principal es demasiado excluyente a la vez que demasiado aleatorio, atribuyendo indebidamente prioridad a un elemento que no es necesariamente representativo del grado de integración en la sociedad del Estado miembro en el momento de solicitar la ayuda. Por tanto, la normativa nacional controvertida en el litigio principal no puede considerarse proporcionada a dicho objetivo de integración.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 (DO L 247, p. 21) (en lo sucesivo, «Directiva 93/42»), y de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (DO L 378, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/83»).
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A raíz del recurso de apelación interpuesto por Schlecker, el Gerechtshof te Arnhem confirmó dicha sentencia, relativa a la determinación del Derecho aplicable al contrato, considerando que el Derecho alemán no habría podido ser elegido tácitamente. En particular consideró que, en virtud del artículo 6, apartado 2, letra a), del Convenio de Roma, el contrato de trabajo estaba regulado por el Derecho neerlandés, por ser la ley del país en que el trabajador realizaba habitualmente sus actividades. De ese modo, el citado órgano jurisdiccional consideró que los distintos elementos evocados por Schlecker, relativos en particular a la afiliación a los distintos regímenes de jubilación, de seguro de enfermedad y de invalidez, no permitían llegar a la conclusión de que el contrato de trabajo presentaba vínculos más estrechos con Alemania, de modo que no podía concluirse que el Derecho aplicable fuera el alemán.
6

A tenor del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1162/95 de la Comisión, de 23 de mayo de 1995, por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de los cereales y del arroz (DO L 117, p. 2), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2333/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002 (DO L 349, p. 24) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1162/95»): «El importe de la garantía relativa a los certificados correspondientes a los productos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 [del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (DO L 181, p. 21)] será de: a) 1 euro por tonelada, si se trata de certificados de importación a los que no se apliquen las disposiciones del cuarto guión del apartado 4 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92 [...] [...]».
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Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2010, el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (tribunal de lo Contencioso-administrativo del voivodato de Łódź) estimó dicho recurso y consideró que los servicios prestados por RR no son prestaciones de servicios relacionados con bienes inmuebles. En particular, en opinión de ese tribunal, no es posible clasificar los servicios de que se trata en la categoría de servicios que comprenden «la concesión de derechos de uso de bienes inmuebles», en la medida en que los contratos celebrados entre RR y sus clientes tienen por objeto la manipulación y la gestión activa de las mercancías depositadas en los almacenes de esta última. No se concede a los clientes ningún derecho de uso de los bienes inmuebles de ningún tipo. El elemento determinante de una prestación de servicios como la controvertida en el litigio principal es, según ese tribunal, la gestión de la mercancía para que los clientes puedan comercializarla con la mayor eficacia. Además, el tribunal declaró que esta prestación de servicios no presenta una «relación lo suficientemente directa con un bien inmueble» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 7 de septiembre de 2006, Heger, C-166/05, Rec. p. I-7749), por lo que no puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 47 de la Directiva IVA. Por consiguiente, consideró que cuando los servicios controvertidos se prestan a destinatarios establecidos fuera del territorio polaco no deben tributar en Polonia.
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El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la TVA (Real Decreto no 3, de 10 de diciembre de 1969, relativo a las deducciones en la aplicación del IVA; Moniteur belge de 12 de diciembre de 1969), establece: «Primero. Para poder ejercitar su derecho a la deducción, el sujeto pasivo deberá: 1) estar en posesión, respecto al impuesto que grava los bienes y servicios que le hayan sido suministrados, de una factura expedida de conformidad con el artículo 5 del arrêté royal no 1 [, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée] [(Real Decreto no 1, de 29 de diciembre de 1992, relativo a las medidas destinadas a garantizar el pago del impuesto sobre el valor añadido; Moniteur belge de 31 de diciembre de 1992, p. 27976; en lo sucesivo, “Real Decreto no 1”)].»
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En efecto, según resulta de los apartados 25 a 34 de dicha sentencia, teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que se desarrollaron las operaciones controvertidas en el asunto que dio lugar a la misma y, en particular, los hechos que se desprendían de los autos que le fueron remitidos, el Tribunal de Justicia declaró, por un lado, que, en lo que respecta a operaciones por las que se repercute el IVA, Investrand BV no había efectuado ninguna operación específica sujeta al IVA que hubiera engendrado los gastos controvertidos en el litigio principal. Por otro lado, el Tribunal de Justicia consideró que, dado que Investrand BV no había demostrado que no habría incurrido en estos gastos si no hubiera ejercido una actividad económica sujeta al IVA, no cabía considerar que hubiera incurrido en dichos gastos para las necesidades del conjunto de sus actividades sujetas a tributación.
En cambio, carecerá de legitimación activa para interponer recurso contra un reglamento que establezca un derecho antidumping un importador independiente que, por un lado, no esté vinculado a la empresa a cuyos productos se apliquen los derechos antidumping y que, por otro lado, no haya participado en el procedimiento administrativo tramitado por la Comisión en el marco de la investigación destinada a determinar los derechos antidumping.

En lo que atañe al Reglamento no 1279/2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados cables de hierro o de acero originarios de la Federación de Rusia y se derogan las medidas antidumping sobre las importaciones de determinados cables de hierro o de acero originarios de Tailandia y Turquía, el examen de las cuestiones prejudiciales planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del mismo.

En efecto, si bien es verdad que el método de cálculo de los márgenes de dumping aplicado con ocasión de una reconsideración debe ser, en principio, el mismo que el método utilizado en la investigación inicial que condujo a la imposición del derecho antidumping, no es menos cierto que el artículo 11, apartado 9, del Reglamento antidumping de base no 384/96 establece una excepción que permite aplicar un método diferente en caso de que las circunstancias hayan cambiado.

Así pues, las instituciones interesadas tienen derecho a aplicar, en los procedimientos de reconsideración, un método diferente del aplicado en la investigación inicial, por un lado, cuando se produzca un cambio de las circunstancias en relación con la investigación inicial, resultante de los compromisos sobre precios de que hayan sido objeto las exportaciones de la empresa de un país tercero a cuyos productos se apliquen derechos antidumping y, por otro lado, cuando el método utilizado en la investigación inicial no resulte fiable para la reconsideración.

En el marco de un procedimiento de reconsideración, el Consejo no hace una elección inapropiada o irrazonable al decidir utilizar los precios de exportación a países terceros practicados por la empresa a cuyos productos se apliquen derechos antidumping como indicador de los precios de exportación a la Comunidad que dicha empresa aplicaría de no existir un compromiso sobre precios.

En efecto, es ciertamente exacto que el artículo 2, apartado 9, del citado Reglamento antidumping de base no menciona expresamente la existencia de un compromiso sobre precios entre las circunstancias que pueden justificar la utilización de un método diferente del previsto en el apartado 8 de ese mismo artículo. No obstante, tales circunstancias no han sido enumeradas con carácter exhaustivo y la constatación de que los precios de exportación no son fiables, debido a dicho compromiso, justifica asimismo la aplicación de aquel artículo, siempre que los precios se calculen basándose en un criterio razonable.

(véanse los apartados 40, 41, 49, 59 a 61 y el fallo)