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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 44/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État — Francia) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Asunto C-127/07) (1)

(Medio ambiente - Prevención y control integrados de la contaminación - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Directiva 2003/87/CE - Ámbito de aplicación - Inclusión de las instalaciones del sector siderúrgico - Exclusión de las instalaciones de los sectores químico y de los metales no férreos - Principio de igualdad de trato)

(2009/C 44/13)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d'État

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA

Demandadas: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Conseil d'État (Francia) — Validez, en relación con el principio comunitario de igualdad de trato, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32) — Diferencia de trato entre las instalaciones del sector siderúrgico, sometidas al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, y las industrias del aluminio y del plástico, que emiten gases de efecto invernadero y no están sometidas a dicho régimen — Justificación objetiva de la diferencia de trato

Fallo

El examen de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, en relación con el principio de igualdad de trato, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a su validez en la medida en que dispone la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero al sector siderúrgico, sin incluir en su ámbito de aplicación los sectores químico y de los metales no férreos.

(1) DO C 117 de 26.5.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 313/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG

(Asunto C-298/07) (1)

(Directiva 2000/31/CE - Artículo 5, apartado 1, letra c) - Comercio electrónico - Prestador de servicios a través de Internet - Correo electrónico)

(2008/C 313/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Demandada: deutsche internet versicherung AG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación del artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178, p. 1) — Prestador de servicios que ofrece sus servicios exclusivamente a través de Intenet y que en su página web sólo indica su dirección de correo electrónico y pone a disposición de los destinatarios un formulario para que puedan realizar preguntas por escrito — Necesidad de que este prestador de servicios facilite también un número de teléfono.

Fallo

El artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que el prestador de servicios está obligado a facilitar a los destinatarios del servicio, antes de la celebración de un contrato con ellos, además de su dirección de correo electrónico, otras informaciones que les permitan una toma de contacto rápida y una comunicación directa y efectiva. Estas informaciones no tienen que incluir necesariamente un número de teléfono. Pueden consistir en un formulario de contacto electrónico mediante el cual los destinatarios del servicio puedan dirigirse por Internet al prestador de servicios y al que éste responda por correo electrónico, salvo en las situaciones en las que un destinatario del servicio que, tras la toma de contacto por vía electrónica con el prestador de servicios, se encuentre privado de acceso a la red electrónica solicite a éste el acceso a un medio de comunicación no electrónico.

(1) DO C 223 de 22.9.2007.
1)

El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29 de la Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, Segunda Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo [48] del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital: — al otorgar un derecho de suscripción preferente de acciones en el supuesto de un aumento del capital con aportaciones dinerarias no sólo a los accionistas, sino también a los titulares de obligaciones convertibles en acciones; — al otorgar un derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles en acciones no sólo a los accionistas, sino también a los titulares de obligaciones convertibles pertenecientes a emisiones anteriores, y — al no prever que la junta general pueda acordar la supresión del derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles en acciones.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de febrero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/República Federal de Alemania

(Asunto C-228/06) (1)

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Libre prestación de servicios - Necesidad de disponer de un visado para ser admitido en el territorio de un Estado miembro)

2009/C 90/02

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Demandada: República Federal de Alemania

En el que participa: Bundesagentur für Arbeit

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretación del artículo 41, apartado 1, del Protocolo adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970, anejo al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía (DO L 293, p. 4) — Validez del artículo 1 del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81, p. 1) — Nuevas restricciones a la libre prestación de servicios — Obligación, a cargo de un nacional turco empleado como conductor de camiones por una empresa de transportes turca, de estar en posesión de un visado para entrar en el territorio de un Estado miembro, a pesar de que no existía tal obligación en el momento de la entrada en vigor del Protocolo adicional.

Fallo

El artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, firmado en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud del Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la introducción, a partir de la entrada en vigor de dicho Protocolo, de la exigencia de un visado que permita a los nacionales turcos, como los demandantes en el litigio principal, entrar en el territorio de un Estado miembro para efectuar en él prestaciones de servicios por cuenta de una empresa con domicilio en Turquía, ya que en dicho momento no se exigía tal visado.

(1) DO C 190, de 12.8.2006.
1)

La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), y, en particular, la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas establecida en el artículo 10, punto 1, de esta Directiva deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una trabajadora sometida a una fecundación in vitro cuando, en el momento en que se le notifica el despido, ya ha tenido lugar la fecundación de los óvulos de esta trabajadora con los espermatozoides de su pareja, de modo que existen óvulos fecundados in vitro, pero éstos no han sido aún transferidos al útero de la mujer.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas/Z.F. Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, L.da

(Asunto C-62/06) (1)

(Reglamento (CEE) no 1697/79 - Artículo 3 - Recaudación a posteriori de derechos de importación - Acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo - Autoridad competente para proceder a la calificación del acto)

(2008/C 51/19)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas

Demandada: Z.F. Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, L.da

En el que participa: Ministério Público

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) — Interpretación del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54) — «Acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» — Concepto y calificación.

Fallo

La calificación de un acto como «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo», en el sentido del artículo 3, párrafo primero, del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, es competencia de las autoridades aduaneras a las que corresponda determinar la cuantía exacta de los derechos de importación o exportación controvertidos.

(1) DO C 86 de 8.4.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/24

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 13 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV

(Asunto C-526/06) (1)

(Código aduanero comunitario y Reglamento de aplicación - Tránsito comunitario - Infracción - Prueba de la regularidad de la operación de tránsito o del lugar de la infracción - No concesión del plazo de tres meses para presentar la citada prueba - Devolución de los derechos de aduana - Concepto de «legalmente debido»)

(2008/C 51/39)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Financiën

Demandada: Road Air Logistics Customs BV

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación del artículo 236 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), y del artículo 379 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1) — Devolución o condonación de los derechos de aduana — Importe no debido legalmente — Determinación del lugar de nacimiento de la deuda aduanera

Fallo

El artículo 236, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que las autoridades aduaneras nacionales no hayan determinado, conforme al artículo 379 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, el lugar en el que se haya originado la deuda aduanera no tiene como consecuencia que el importe de los derechos de aduana no sea debido legalmente.

No obstante, el Estado miembro del que dependa la oficina de partida sólo podrá proceder a la recaudación de los derechos de importación en el supuesto de que, conforme al artículo 379, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, haya indicado al obligado principal que éste disponía de un plazo de tres meses para presentar la prueba del lugar en el que se hubiesen cometido efectivamente la infracción o la irregularidad y de que no se haya presentado la prueba citada dentro del referido plazo.

(1) DO C 42 de 24.2.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 79/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 31 de enero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato) — Centro Europa 7 Srl/Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni

(Asunto C-380/05) (1)

(Libre prestación de servicios - Comunicaciones electrónicas - Actividades de radiodifusión televisiva - Nuevo marco normativo común - Atribución de radiofrecuencias de emisión)

(2008/C 79/02)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Centro Europa 7 Srl

Demandadas: Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Stato — Interpretación de las Directivas 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21) y 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33) — Interpretación del artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos — Obligación de los Estados miembros, en el sector de las actividades de radiodifusión televisiva, de garantizar el acceso a las redes y el mantenimiento de una pluralidad de empresas en el mercado — Normativa nacional que permite la concesión de derechos individuales a empresas no autorizadas por el plan nacional que determina los concesionarios de servicios de emisión televisiva y que no permite a una empresa autorizada por el plan nacional ejercer su actividad.

Fallo

El artículo 49 CE y, a partir de su aplicabilidad, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE de Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), los artículos 5, apartados 1 y 2, párrafo segundo y 7, apartado 3, de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), así como el artículo 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, deben interpretarse en el sentido de que, en materia de radiodifusión televisiva, se oponen a una normativa nacional cuya aplicación aboca a que al operador titular de una concesión le sea imposible emitir por falta de radiofrecuencias de emisión otorgadas sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

(1) DO C 10 de 14.1.2006.
C 24/28

Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Timişoara (Rumanía) el 11 de octubre de 2022 — SC Assofrutti Rom S.R.L / Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

(Asunto C-635/22)

(2023/C 24/36)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Timişoara

Partes en el procedimiento principal

Demandante recurrente: SC Assofrutti Rom S.R.L

Demandada recurrida: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale y Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Puede interpretarse el artículo 17 de la Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola, (1) en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros imponer el requisito de recurrir al procedimiento de contratación pública con anterioridad a la comercialización del material [Conformitas Agraria Communitatis (CAC)]?

2) En unas circunstancias como las del presente asunto, ¿puede interpretarse el artículo 4, [apartado] 10, del Reglamento [n.o] 1303/2013, (2) en relación con lo dispuesto en el artículo 39, [apartado] 1, letras a) y b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que se opone al requisito de recurrir al procedimiento de contratación pública establecido por el PNDR [Plan Nacional de Desarrollo Rural] 2014-2020 (quinta versión)?

(1) DO 2008, L 267, p. 8.

(2) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320).
1)

¿Cuándo concurre un caso excepcional, en el sentido del punto 2.2.2.2, letra c), del anexo del Reglamento (UE) n.o 200/2010 (1) de la Comisión, de 10 de marzo de 2010, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 2160/2003 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al objetivo de la Unión de reducción de la prevalencia de los serotipos de salmonela en manadas reproductoras adultas de Gallus gallus (Reglamento n.o 200/2010), en el que la autoridad competente tenga motivos para cuestionar el resultado positivo en salmonela de un muestreo ordinario a iniciativa del explotador de una empresa alimentaria, de modo que la autoridad competente pueda decidir que se repitan las pruebas?
C 432/14

Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2022 por RT France contra la sentencia del Tribunal General (Gran Sala) dictada el 27 de julio de 2022 en el asunto T-125/22, RT France / Consejo

(Asunto C-620/22 P)

(2022/C 432/16)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: RT France (representante: E. Piwnica, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Reino de Bélgica, República de Estonia, República Francesa, República de Letonia, República de Lituania, República de Polonia, Comisión Europea, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General de 27 de julio de 2022 en el asunto T-125/22, RT France/Consejo.

— Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Con todas las consecuencias que procedan en Derecho.

Motivos y principales alegaciones

Según la parte recurrente, el Tribunal General no se atuvo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al apreciar, para concluir que no se había vulnerado el derecho de la sociedad RT France a ser oída, que, en atención tanto al contexto absolutamente excepcional en el que se adoptaron los actos impugnados como al objetivo perseguido por el Consejo, las autoridades de la Unión no estaban obligadas a oír a la recurrente antes de la inclusión inicial de su nombre en las listas en cuestión.

La parte recurrente alega que el Tribunal General no se atuvo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y desnaturalizó las pruebas aportadas al afirmar que ninguno de los argumentos invocados por la recurrente permitía demostrar que el procedimiento hubiera podido tener un resultado diferente si la parte recurrente hubiera sido oída antes de la adopción de las medidas en cuestión o si los motivos relativos a la aplicación de estas le hubieran sido comunicados anteriormente.

Asimismo, la parte recurrente alega una infracción del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales e invoca que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas que le fueron aportadas al considerar, para admitir las limitaciones a la libertad de expresión de la recurrente, que la medida restrictiva en cuestión es necesaria, apropiada y proporcionada a los objetivos que persigue.

La parte recurrente alega, asimismo, que el Tribunal General también infringió lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales al basarse en el carácter transitorio de las restricciones impuestas a la recurrente y en la falta de prueba de su viabilidad económica para apreciar que la medida restrictiva impugnada no era desproporcionada.

Finalmente, la parte recurrente invoca la infracción del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales y la desnaturalización de los elementos de prueba aportados al estimar que la recurrente no había sido objeto de ningún tipo de discriminación.