Palabras clave

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Palabras clave

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1. Funcionarios ° Plaza vacante ° Provisión mediante promoción o traslado ° Examen comparativo de los méritos de los candidatos ° Procedimiento ° Facultad de apreciación de la administración ° Falta de audiencia de la totalidad de los candidatos en todas las fases del procedimiento de examen ° Procedencia ° Límites ° Igualdad de trato

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1)

2. Funcionarios ° Decisión que afecta a la situación administrativa de un funcionario ° Toma en consideración de datos que no figuran en su expediente personal ° Improcedencia ° Límites ° Toma en consideración, para conceder una promoción, y entre otros datos, de una evaluación comparativa de las aptitudes de los candidatos realizada por su superior jerárquico

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 26 y 43)

3. Funcionarios ° Plaza vacante ° Provisión mediante promoción o traslado ° Examen comparativo de los méritos de los candidatos ° Facultad de apreciación de la administración ° Control jurisdiccional ° Límites

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1)

4. Funcionarios ° Promoción ° Reclamación de un candidato no promovido ° Decisión desestimatoria ° Motivación ° Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1, y art. 90, ap. 2)

5. Funcionarios ° Recurso ° Recurso que consta de una petición de anulación y de una petición de indemnización ° Peticiones basadas en causas diferentes ° Requisitos de admisibilidad de la petición de indemnización

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

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1. En el marco de un procedimiento de promoción y, por analogía, de traslado, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos está obligada, según el apartado 1 del artículo 45 del Estatuto, a adoptar su decisión basándose en un examen comparativo de los informes de calificación y de los méritos respectivos de los candidatos a la promoción. A tal efecto, tiene la facultad estatutaria de efectuar dicho examen siguiendo el procedimiento o el método que considere más apropiado.

A este respecto, corresponde a dicha Autoridad, así como a los diversos responsables jerárquicos consultados, apreciar en cada fase del examen de las candidaturas si resulta oportuno recoger, en dicha fase, informaciones o elementos de evaluación adicionales mediante una entrevista con todos los candidatos o únicamente con algunos de ellos, a fin de pronunciarse con pleno conocimiento de causa. Tal facultad de apreciación resulta tanto más justificada cuanto que los servicios de la Institución conocen a los candidatos, que trabajan ya para ésta. En principio, pues, los candidatos no pueden invocar el derecho a ser convocados a una entrevista. Unicamente en el supuesto, específico, de que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos haya decidido hacer su elección tras, entre otras cosas, una entrevista de la totalidad de los candidatos con un responsable del servicio al que pertenezca el puesto vacante, corresponderá a dicha Autoridad velar por que cada uno de los candidatos sea convocado a una entrevista en el transcurso del procedimiento de que se trate.

Sin embargo, la facultad discrecional que así se reconoce a la administración resulta limitada por la necesidad de proceder al examen comparativo de las candidaturas de modo cuidadoso e imparcial, en interés del servicio y con arreglo al principio de igualdad de trato. En la práctica, el examen comparativo de los méritos de los candidatos debe desarrollarse de un modo igualitario y a partir de fuentes de información y de datos comparables.

2. La finalidad de los artículos 26 y 43 del Estatuto es garantizar el derecho de defensa del funcionario, evitando que las decisiones adoptadas por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos y que afecten a su situación administrativa y a su carrera se fundamenten en hechos relativos a su comportamiento que no se mencionan en su expediente personal. Una decisión que se funde en datos de tales características es contraria a las garantías estatutarias y debe ser anulada por haberse dictado al término de un procedimiento contrario a Derecho.

Interpretadas así a la luz de su finalidad, las disposiciones citadas no se aplican, en principio, a los informes elaborados por los superiores jerárquicos consultados en el marco de un procedimiento de promoción o de traslado. En efecto, no existe obligación de dar a conocer dichos informes a los candidatos, en la medida en que contienen únicamente una evaluación comparativa de sus aptitudes y méritos, basada en elementos de hecho mencionados en sus expedientes personales o comunicados a los interesados, que por esta razón han tenido ya la posibilidad de formular sus observaciones. Por presentar un alcance limitado al procedimiento de nombramiento de que se trate, a dichos informes no les son aplicables las disposiciones del artículo 26 del Estatuto, que tienden a garantizar el derecho de defensa del funcionario y a permitir así a la administración pronunciarse con pleno conocimiento de causa.

No es este, sin embargo, el caso cuando dichos informes contienen también, además de las apreciaciones derivadas del examen comparativo de las candidaturas, datos relativos a la competencia, al rendimiento o al comportamiento de un candidato que no habían sido incluidos previamente en su expediente personal. Sin embargo, el hecho de no comunicar tales datos al interesado para permitirle formular sus observaciones, aunque constituya una infracción del artículo 26 del Estatuto, sólo puede viciar las decisiones por las que se desestima su candidatura y se nombra a otro candidato si dichos datos han ejercido una influencia decisiva en la decisión adoptada por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos.

3. La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación en lo que respecta al examen comparativo de los méritos respectivos de los candidatos a la promoción o al traslado, y el control del Tribunal debe limitarse a la cuestión de si dicha Autoridad no ha hecho uso de su facultad de manera manifiestamente errónea o con una finalidad distinta de aquélla para la que le fue conferida.

4. Aunque la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos está obligada a motivar toda decisión desestimatoria de la candidatura para un puesto vacante presentada por un funcionario promovible, al menos al desestimar la reclamación presentada contra dicha decisión, dicha Autoridad puede limitarse a una motivación sucinta que se refiera a la existencia de los requisitos legales a los que el Estatuto supedita la regularidad de la promoción.

5. Cuando un funcionario presenta, en el marco de un recurso de anulación, una petición de indemnización sin relación alguna con dicho recurso, la admisibilidad de dicha petición debe examinarse independientemente de la admisibilidad de las pretensiones de anulación. Sólo podrá declararse la admisibilidad de una petición de este tipo si ha sido precedida del procedimiento administrativo previo al que se refieren los artículos 90 y 91 del Estatuto.