Con arreglo a la ya citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el trabajador migrante que, prescindiendo de su nacionalidad, se halle en la situación prevista por la Ley de que se trata para los ciudadanos belgas, se beneficia de ella en condiciones de igualdad con éstos.

Dicho Reglamento, con arreglo a su artículo 2, se aplica también a los miembros de la familia del trabajador y a sus supervivientes. Con arreglo al apartado 1 del artículo 3 las personas residentes en el territorio del Estado y a las cuales sean aplicables las disposiciones de este Reglamento, podrán acogerse a la legislación nacional en las mismas condiciones que los nacionales.

En las observaciones presentadas en el citado asunto 3 9/74 la Comisión, no obstan te, negó que los familiares del trabajador, en cuanto tales, estuvieran asegurados, en el ámbito de un régimen general de Seguridad Social como el analizado en este caso por el Juez belga. Llegó a esta conclusión basando su argumentación, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia relativa al «ingreso garantizado» (Frilli, 1/72,- Rec. 1972, pp. 457 y ss., especialmente p. 464).

Según la Comisión, el Derecho comunitario en materia de Seguridad Social se aplica a los miembros de la familia del trabajador migrante, en la medida en que la legislación social nacional confiera derechos a los nacionales en su calidad de familiares de un trabajador, y por tanto, en la medida en que estos derechos puedan derivarse del seguro del trabajador. En prueba de ello, recordó las normas especiales que hubo que adoptar para aplicar a los miembros de la familia del trabajador migrante los sistemas de protección social vigentes en los nuevos Estados miembros. Según la Comisión, la legislación de aquellos Estados que atribuyen, no ya a los miembros de la familia del trabajador como tal, sino a todos los nacionales residentes, un derecho personal a la mayoría de las prestaciones sociales, no habría podido aplicarse, de otro modo, a los familiares del trabajador migrante, ni siquiera en el caso de prestaciones elementales, como son por ejemplo las relativas al seguro de enfermedad o a las pensiones de viudedad.

El hecho de que se hayan adoptado a este respecto normas especiales [véase el Reglamento (CEE) no 2864/72 del Consejo, DO L 306, p. 1] que modifican el Anexo V del Reglamento no 1408/71, es ciertamente conforme a las exigencias de claridad y de seguridad jurídica, pero no me parece que pueda constituir un argumento de peso para mantener una interpretación restrictiva del alcance del Reglamento no 1408/71. El argumento a contrario que se podría extraer de ello, basado exclusivamente en una presunta voluntad del legislador, no posee en modo alguno, como en general los argumentos de este tipo, un carácter probatorio.

En lo que respecta a la referencia hecha a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto 1/72, hay que señalar que las consideraciones de orden práctico que pueden alegarse para fundamentar la limitación, únicamente al trabajador migrante, de las ventajas de una legislación relativa al ingreso mínimo garantizado, no pueden aplicarse a una legislación que, como la relativa a la integración de los ingresos de los minusválidos necesitados, está destinada a aplicarse, no ya potencialmente a toda la población, sino sólo a una categoría muy especial y, afortunadamente, bien delimitada de personas.

No obstante, en el presente caso, la Comisión ha intentado llegar a una solución favorable al minusválido, hijo de trabajador migrante, proponiendo la subsunción de las asignaciones del tipo a que hace referencia el Juez belga, en la categoría de las prestaciones familiares contempladas en la letra u) del artículo 1 del Reglamento no 1408/71. Sin embargo, la demandada en el litigio principal precisó que la legislación belga establece expresamente prestaciones familiares independientes de las asignaciones ordinarias, en favor de los hijos minusválidos de un trabajador. El pago de dichas asignaciones está subordinado al requisito de que los hijos minusválidos estén afectados por una incapacidad laboral de, al menos, el 66 % y, además, generalmente sólo se pagan hasta la edad de 14 años, o, como máximo, hasta la edad de 25 años, cuando los beneficiarios puedan seguir cursos de capacitación profesional. Por consiguiente, la existencia de una prestación específica de carácter familiar en favor de los hijos minusválidos, adoptada en el marco de una legislación que entra en la categoría de la letra h) del apartado 1 del artículo 4, lleva a descartar que, propiamente, puedan clasificarse en la misma categoría otras prestaciones establecidas en favor de los minusválidos. Se trata aquí de una legislación cuyas ventajas únicamente se conceden, en principio, a partir del decimocuarto año, es decir, a partir del momento en que las asignaciones familiares pueden dejar de percibirse, y que no tiene por objeto especialmente compensar las cargas familiares, sino que, más bien, se establece en favor de los minusválidos directamente considerados, quienes podrán continuar disfrutando de ella sin límite de tiempo.

A pesar de que una prestación de este tipo deba inscribirse en la categoría de las prestaciones de invalidez, subsiste, no obstante, el hecho de que el minusválido que no es nacional del Estado de residencia no podría disfrutar de ella en virtud de la normativa comunitaria, más que como consecuencia de su vínculo familiar con el trabajador, en la medida en que sea necesario para evitar que el trabajador migrante sea discriminado respecto al nacional que se halle en una situación económica y familiar equivalente.