De este modo, el respeto del principio de neutralidad fiscal queda asegurado, ya que la consideración o no consideración como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido se aplicaría a la totalidad de los organismos de Derecho público, de forma que sólo se quebraría el mencionado principio en lo que respecta a las relaciones entre esos organismos y los operadores privados, y ello en la medida en que las distorsiones de la competencia fuesen de escasa entidad. La apreciación de la existencia de distorsiones de la competencia con respecto a cada uno de los mercados locales en los que las entidades locales realizan sus actividades presupondría una revaluación sistemática, sobre la base de análisis económicos a menudo complejos, de las condiciones de competencia en un gran número de mercados locales, cuya determinación puede resultar particularmente difícil, en la medida en que la delimitación de éstos no coincide necesariamente con la competencia territorial de las entidades locales. En ese caso, ni las entidades locales ni los operadores privados podrían prever con la certidumbre necesaria para llevar a cabo sus actuaciones si, en un mercado local determinado, la actividad llevada a cabo por parte de las entidades locales se encuentra o no sujeta al impuesto sobre el valor añadido, lo cual podría poner en peligro los principios de neutralidad fiscal y de seguridad jurídica.

Por consiguiente, los párrafos segundo y tercero del referido artículo 4, apartado 5, están estrechamente vinculados, en la medida en que persiguen el mismo objetivo, a saber, la consideración como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido de los organismos de Derecho público, aun cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones públicas. Por tanto, los párrafos antedichos se encuentran sujetos a la misma lógica, mediante la cual el legislador comunitario ha querido limitar el ámbito de aplicación de la no consideración como sujetos pasivos de los organismos de Derecho público, con el fin de dar cumplimiento a la regla general, formulada en los artículos 2, punto 1, y 4, apartados 1 y 2, de la referida Directiva, según la cual toda actividad de naturaleza económica se encuentra, en principio, sujeta al impuesto sobre el valor añadido. En consecuencia, los párrafos segundo y tercero del artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva deben interpretarse conjuntamente. De lo antedicho se desprende que la consideración de los organismos de Derechos público como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido, ya sea sobre la base del párrafo segundo del artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva, o sobre la base del párrafo tercero de dicha disposición, resulta de la realización de una actividad determinada en sí misma considerada, con independencia de que los referidos organismos tengan que hacer frente o no a algún tipo de competencia al nivel del mercado local en el que desarrollan esa actividad.

Asimismo, a nivel nacional, pueden existir otras actividades de naturaleza esencialmente económica, no enumeradas en el anexo D de la Sexta Directiva y cuya lista puede variar de un Estado miembro a otro o de un sector económico a otro, que sean llevadas a cabo de forma paralela tanto por organismos de Derecho público en el ejercicio de sus funciones públicas como por operadores privados. Son precisamente esas las actividades a las que se aplica el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, que establece que los organismos de Derecho público, aun cuando actúen en el ejercicio de sus funciones públicas, deberán ser considerados como sujetos pasivos, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia.

La finalidad del artículo 4, apartado 5, párrafo tercero, de la Sexta Directiva es evitar ese resultado indeseable estableciendo que las actividades enumeradas de forma precisa en el anexo D de la mencionada Directiva estarán, «en cualquier caso», salvo cuando su volumen sea insignificante, sujetas al impuesto sobre el valor añadido, y ello aun cuando los organismos de Derecho público lleven a cabo dichas actividades en el ejercicio de sus funciones públicas. En otras palabras, se presume que la no consideración de los organismos de Derecho público como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido con respecto a las referidas actividades lleva a distorsiones de la competencia, excepto cuando el volumen de esas actividades sea insignificante. En consecuencia, del artículo 4, apartado 5, párrafo tercero, de la Sexta Directiva se desprende que la consideración como sujetos pasivos del impuesto de los antedichos organismos resulta de la realización de las actividades enumeradas en el anexo D de esa misma Directiva en sí mismas consideradas, con independencia de que un organismo de Derecho público determinado tenga que hacer frente o no a algún tipo de competencia al nivel del mercado local en el que lleva a cabo esas actividades.

Los términos «lleve a», en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, deben interpretarse en el sentido de que toman en consideración no sólo la competencia actual, sino también la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética.

En efecto, la no consideración como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido de los organismos de Derecho público en virtud del artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva constituye una excepción a la regla general de la sujeción al impuesto de toda actividad de naturaleza económica y, por tanto, procede interpretar dicha disposición de forma estricta. Pues bien, el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la referida Directiva restaura la mencionada regla general para evitar que la no consideración como sujetos pasivos de esos organismos lleve a distorsiones graves de la competencia. En consecuencia, esta última disposición no puede ser objeto de interpretación restrictiva.

No obstante, la posibilidad meramente teórica de que un operador privado entre en el mercado de referencia, que no venga apoyada por ningún elemento de hecho, ningún indicio objetivo ni ningún análisis del mercado, no puede asimilarse a la existencia de una competencia potencial. Para poder realizar esa asimilación, dicha posibilidad debe ser real y no meramente hipotética.

(véanse los apartados 60, 64 y 65 y el punto 2 del fallo)