Palabras clave

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Palabras clave

1 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto ilegal o legal - Perjuicio - Relación de causalidad - Carga de la prueba

(Tratado CE, art. 215)

2 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Reglamento por el que se establece un embargo comercial contra un Estado tercero - Perjuicio resultante de la aplicación de medidas de represalia por el Gobierno de dicho Estado - Relación de causalidad - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 113 y 215; Reglamento (CEE) del Consejo nº 2340/90]

3 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Reglamento por el que se establece un embargo comercial contra un Estado tercero - Acto legal - Inexistencia de un perjuicio anormal y especial - Responsabilidad de la Comunidad - Exclusión

[Tratado CE, art. 215; Reglamento (CEE) del Consejo nº 2340/90]

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4 Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por un acto ilícito o lícito es preciso probar la realidad del daño supuestamente sufrido y la existencia de una relación de causalidad entre el perjuicio y dicho acto. Corresponde a la parte demandante aportar los elementos de prueba al Juez comunitario, con el fin de demostrar la realidad del perjuicio presuntamente sufrido.

5 La responsabilidad de la Comunidad, como consecuencia de la adopción del Reglamento nº 2340/90 del Consejo por el que se impiden los intercambios de la Comunidad relativos a Irak y Kuwait, por el perjuicio que consiste en la imposibilidad de que una empresa establecida en un Estado miembro cobre sus créditos frente al gobierno de Irak, debido a que este último, como respuesta a las medidas de embargo decretadas contra él, ha adoptado una Ley que prevé la inmovilización de los activos de las empresas establecidas en los Estados responsables del embargo, únicamente puede generarse si existe una relación directa de causalidad entre la adopción de dicho Reglamento y el perjuicio. A este respecto, incumbe a la empresa que solicita la reparación del perjuicio demostrar que la adopción de dicha Ley constituía, en tanto que medida de represalia, una consecuencia objetivamente previsible, en condiciones normales, de la adopción de dicho Reglamento.

En cualquier caso, la existencia de una relación directa de causalidad entre la adopción del Reglamento nº 2340/90 y dicho perjuicio está excluida en la medida en que el embargo comercial contra Irak fue decretado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En efecto, si bien es cierto que, con arreglo al artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, únicamente los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas están obligados a aceptar y cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y, por su condición de tales, deben adoptar todas las medidas necesarias para aplicar un embargo decretado por éste, no es menos cierto que aquellos Estados entre los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que, además, sean miembros de la Comunidad, para cumplir esta obligación sólo pueden actuar en el marco del Tratado, ya que toda medida de política comercial común, como la instauración de un embargo comercial, es competencia exclusiva de la Comunidad con arreglo al artículo 113 del Tratado.

El Reglamento nº 2340/90 fue adoptado sobre la base de estas consideraciones para garantizar la ejecución unificada en la Comunidad de las medidas relativas a los intercambios con Irak y Kuwait decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el perjuicio que presuntamente resulta de las medidas de reacción tomadas por el Gobierno iraquí no puede atribuirse a la adopción del Reglamento nº 2340/90, sino a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se estableció el embargo.

6 En el supuesto de que el principio de responsabilidad de la Comunidad por un acto lícito debiera reconocerse en el Derecho comunitario, tal responsabilidad sólo podría generarse si el perjuicio invocado, que ha de ser «efectivo y actual», afectara a una categoría especial de operadores económicos de forma desproporcionada respecto de los demás operadores (perjuicio especial) y superara los límites de los riesgos económicos inherentes a las actividades del sector de que se trate (perjuicio anormal), sin que el acto normativo causante del daño invocado estuviera justificado por un interés económico general.

No puede considerarse que una empresa comunitaria, cuyos créditos frente al Gobierno de un Estado tercero se hicieron incobrables como consecuencia de que un Reglamento comunitario haya establecido un embargo comercial contra dicho Estado, haya sufrido un perjuicio especial, pues no sólo resultaron afectados sus créditos, sino también los de todas las demás empresas comunitarias aún pendientes de pago cuando se estableció el embargo.

Por otra parte, no se puede considerar como un perjuicio anormal que supera los riesgos previsibles, inherentes a toda actividad de prestación de servicios en un Estado tercero «de alto riesgo», el perjuicio derivado de la interrupción de los pagos por parte de dicho Estado.

En todo caso, si bien una normativa que tiene por objeto, mediante el establecimiento de un embargo comercial contra un país tercero, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, produce, por definición, efectos que atañen al libre ejercicio de actividades económicas, ocasionando así perjuicios a terceros que no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a la situación que condujo a la adopción de las sanciones, no es menos cierto que la importancia de los objetivos perseguidos por tal normativa puede justificar las consecuencias negativas que de ella se deriven para ciertos operadores, aunque sean considerables. Tales perjuicios no pueden, pues, generar la responsabilidad de la Comunidad.