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34

Al consagrar el criterio de una asistencia legal prestada «con toda independencia» para definir el ámbito de aplicación personal de la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes (sentencia de 18 de mayo de 1982, AM & S Europe/Comisión, 155/79, EU:C:1982:157, apartado 24), el Tribunal de Justicia ha identificado esa asistencia con la prestada por un abogado que, desde el punto de vista orgánico, jerárquico y funcional, tenga la condición de tercero en relación con la persona que se beneficia de dicha asistencia (sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 168), identificación que es igualmente pertinente en el marco de la representación ante los tribunales de la Unión [véase, en este sentido, el auto de 9 de noviembre de 2011, Glaxo Group/OAMI — Farmodiética (ADVANCE), T‑243/11, no publicado, EU:T:2011:649, apartado 16]. Además, se ha declarado que el abogado de una parte en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o parte no privilegiada, no debe mantener una relación personal con el asunto en cuestión o de dependencia con su cliente que comprometa su capacidad para cumplir su función esencial de auxiliar de la justicia de la manera más adecuada (véase, en este sentido, el auto de 30 de octubre de 2008, Ortega Serrano/Comisión, F‑48/08, EU:F:2008:131, apartado 35). En particular, el Tribunal ha considerado que las relaciones económicas u orgánicas que el representante mantenga con su cliente no deben crear una confusión entre los intereses propios del cliente y los intereses personales de su representante (auto de 6 de septiembre de 2011, ClientEarth/Consejo, T‑452/10, no publicado, EU:T:2011:420, apartado 20).
La disposición de que se trata no puede interpretarse por tanto en el sentido de que proteja a ese solicitante de autorización frente a referencias al señalado informe realizadas por la EFSA en el contexto de la aprobación por la Comisión de una sustancia básica. En efecto, del considerando 18 del Reglamento n.o 1107/2009 resulta que «algunas sustancias que no se utilizan predominantemente como productos fitosanitarios pueden resultar útiles para fines fitosanitarios, [aun si] solicitar su autorización puede ser económicamente poco interesante». Así pues, la aprobación de una sustancia como sustancia básica no se produce en interés de solicitantes singulares sino en interés del conjunto de los usuarios y por tanto no entra en el ámbito de aplicación de la protección prevista en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009. Por otro lado, también hay que observar que, según resulta del artículo 28, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento, la aprobación de una sustancia como sustancia básica sólo permite la «utilización» de ésta para fines fitosanitarios, y no para la comercialización de esa sustancia como producto fitosanitario, lo que confirma la falta de interés económico de esa aprobación para un solicitante singular.
Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 28 de junio de 2018 — República Checa/Comisión

(Asunto T‑147/15)

«Recurso de anulación — Recursos propios de la Unión Europea — Responsabilidad financiera de los Estados miembros — Solicitud de dispensa de la puesta a disposición de recursos propios — Escrito de la Comisión — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación—Actos recurribles—Concepto—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Escrito de la Comisión en el que se invita de un modo informal a un Estado miembro a poner recursos propios tradicionales a disposición del presupuesto de la Unión—Exclusión [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo; Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo] (véanse los apartados 31, 36, 48 a 50, 53, 62 y 64)

2. Recurso de anulación—Actos recurribles—Concepto—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Acto de carácter meramente informativo—Exclusión (Art. 263 TFUE) (véanse los apartados 32, 33, 60 y 61)

3. Recursos propios de la Unión Europea—Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros—Responsabilidad de los Estados miembros—Alcance [Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo, arts. 2, ap. 1, 9, ap. 1, y 17, aps. 1 y 2; Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, arts. 2, ap. 1, letra a), y 8, ap. 1] (véanse los apartados 37, 38 y 41 a 44)

4. Recurso de anulación—Actos recurribles—Concepto—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Posibilidad de excluir este requisito invocando el derecho a la tutela judicial efectiva—Inexistencia (Art. 6 TUE, ap. 1, párr. 3; art. 263 TFUE, párr. 4; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47 y 52, ap. 7) (véase el apartado 81)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la supuesta decisión del director de la Dirección «Recursos Propios y Programación Financiera» de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión que, según la demandante, se recoge en el escrito con la referencia Ares (2015)217973, de 20 de enero de 2015, mediante la que dicha institución, según afirma la demandante, desestimó la solicitud de dispensa de la obligación de puesta a disposición de recursos propios por un importe de 53976340 CZK presentada con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO 2000, L 130, p. 1), e instó a las autoridades checas a adoptar las medidas necesarias para ingresar en la cuenta de la Comisión el importe de 53976340 CZK, como muy tarde el primer día laborable después del decimonoveno día del segundo mes siguiente al mes durante el cual se haya enviado el escrito en cuestión, so pena de tener que pagar intereses de demora en virtud del artículo 11 del citado Reglamento.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de la República Eslovaca.

3) La República Checa cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
Una asociación de apicultores y varias organizaciones de defensa del medio ambiente carecen de afectación directa, en el sentido del artículo 263 TFUE, cuarto párrafo, y, por tanto, no están legitimadas para interponer un recurso de anulación del Reglamento de Ejecución 2015/1295 por el que se aprueba la sustancia activa sulfoxaflor, con arreglo al Reglamento n.o 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución n.o 540/2011.

En efecto, el Reglamento de Ejecución 2015/1295, que tiene por objeto la aprobación, sujeta a ciertas condiciones, de dicha sustancia activa en cuanto ingrediente de los productos fitosanitarios en virtud del Reglamento n.o 1107/2009, y la inscripción de esa sustancia en el anexo del Reglamento de Ejecución n.o 540/2011 en lo que respecta a la lista de sustancias activas autorizadas, produce directamente efectos en la situación jurídica de los Estados miembros, que están facultados para autorizar la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sulfoxaflor, si se les presenta una solicitud en ese sentido, así como en la situación jurídica de los potenciales solicitantes de autorizaciones de comercialización de tales productos, pero no en la de dicha asociación y de tales organizaciones.

En lo que atañe a los efectos jurídicos de dicho Reglamento en el derecho de propiedad y en el derecho a ejercer un actividad empresarial de los que son titulares los miembros de la citada asociación de apicultores, por una parte, suponiendo que el empleo de productos fitosanitarios que contengan sulfoxaflor pudiera realmente poner en peligro las actividades empresariales de los miembros de la referida asociación, esas consecuencias económicas no afectarían a su situación jurídica, sino únicamente a su situación fáctica. Por otra parte, esa supuesta amenaza presupone además la autorización, por un Estado miembro, de un producto fitosanitario que contenga sulfoxaflor. Ahora bien, la concesión de esa autorización no es la consecuencia automática de la aprobación del sulfoxaflor, sino que está supeditada al ejercicio, por los Estados miembros, de una facultad de apreciación y de un margen de maniobra considerables.

Asimismo, por lo que respecta a los objetivos de la campaña perseguidos por organizaciones de defensa del medio ambiente, suponiendo que el acto impugnado tuviera una incidencia en los mismos, se trataría en todo caso únicamente de una incidencia fáctica y no jurídica.

(véanse los apartados 24 a 26, 31 a 33 y 40 a 42 y el punto 1 del fallo)
La posibilidad de exigir la constitución de un aval bancario como requisito para no proceder al cobro inmediato de las multas impuestas por infracción de las normas de la competencia corresponde a una línea de actuación general y razonable de la Comisión, por lo que sólo en caso de que concurran circunstancias excepcionales puede dispensarse a una empresa sancionada de la obligación de constituir tal aval. Con el fin de demostrar la existencia de esas circunstancias excepcionales, la referida empresa debe, en principio, aportar la prueba de la imposibilidad objetiva de constituir el aval bancario o de que su constitución pondría en peligro su existencia. Estas dos circunstancias excepcionales, son alternativas y no acumulativas. Por consiguiente, en el caso de un demanda de medidas provisionales presentada por la empresa sancionada mediante la que pretende obtener una dispensa de la obligación de constituir el referido aval, si dicha empresa puede demostrar, de manera suficiente en Derecho, que es objetivamente imposible para ella constituir un aval bancario que cubra las multas impuestas, procederá reconocer la urgencia de la suspensión de la ejecución solicitada.

En materia de medidas provisionales, la toma en consideración de la capacidad del grupo al que pertenece la parte que solicita la concesión de medias provisionales se basa en la idea de que los intereses objetivos de esta parte no tienen carácter autónomo respecto de los de las personas que la controlan o que son miembros del mismo grupo, habiendo de precisarse que este enfoque se aplica, dada la estructura de los accionistas del grupo, incluso a accionistas minoritarios titulares del 50, 40, o incluso del 30 % del capital de la sociedad de que se trate . No obstante, no procede aplicar en un contexto cooperativo el concepto de grupo cuando no existe una convergencia lo suficientemente estrecha de intereses entre las cooperativas, por un lado, y la sociedad de cabecera y cooperativas emparentadas, por otro lado.

(véanse los apartados 69 y 70)
Auto del Presidente del Tribunal General

de 20 de mayo de 2015 — Hamcho y Hamcho International/Consejo

(Asunto T‑153/15 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y restricción de entrada en el territorio de la Unión y de tránsito por él — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de los requisitos de forma — Inadmisibilidad»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 7 a 9)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de forma — Presentación de las demandas — Exposición sumaria de los motivos invocados — Falta de explicación suficiente de los motivos que constituyen un fumus boni iuris — Remisión global a otros escritos — Inadmisibilidad [Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 44, ap. 1, letra c), y 104, ap. 3] (véanse los apartados 10 y 11)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y restricción de entrada en el territorio de la Unión y de tránsito por él — Necesidad de proporcionar una imagen fiel y global de la situación de la persona sometida a las medidas restrictivas (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 14 a 16)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de las medidas impuestas a las demandantes en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/108 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 20, p. 2), y de la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/117 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 20, p. 85).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
En un procedimiento de medidas provisionales instado con carácter accesorio de un recurso contra actos que vuelven a incluir a una empresa en la lista de las personas y entidades sujetas a medidas restrictivas contra Irán para impedir la proliferación nuclear el recurso no aparece a primera vista carente de fundamento serio cuando se haya de concluir que existe una controversia jurídica importante cuya solución no se evidencia de manera inmediata y requiere, por tanto, un examen más exhaustivo, que debe ser objeto del procedimiento sobre el fondo. En efecto, así sucede cuando se trata de determinar si, atendiendo al derecho a la tutela judicial efectiva, el Consejo puede invocar la jurisprudencia según la que, cuando un acto adoptado por una institución de la Unión ha sido anulado por vicios de forma o de procedimiento, la institución afectada tiene derecho a adoptar de nuevo un acto idéntico, respetando esta vez las normas de forma y de procedimiento y velando por que este nuevo acto no adolezca del mismo vicio de fondo, para subsanar las ilegalidades apreciadas que fundamentaron la anulación de una medida restrictiva, adoptando una nueva medida con el mismo efecto práctico que la anterior, en un contexto fáctico sustancialmente inalterado, o si el respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige introducir un elemento de preclusión en la sucesión de procedimientos judiciales que puede promover una misma empresa, lo que obligaría al Consejo a presentar en su primer expediente de medidas restrictivas todos los motivos de la inclusión y todas las pruebas de cargo que pudiera conseguir fácilmente en la fecha de apertura del expediente, y le impediría, en caso de que el Tribunal General desestimara dichos motivos y pruebas, invocarlos para justificar una nueva inclusión del nombre de la empresa en la lista. Ello tendría como consecuencia que sólo podría llegarse a una nueva inclusión en caso de que surgieran hechos o elementos de prueba nuevos y pertinentes, mientras que el Consejo no podría aportar, a efectos de futuras inclusiones, elementos de prueba ciertamente no invocados aún, pero que ya estaban a su disposición en la fecha de la primera inclusión.

Además, una vez dictada una sentencia que anuló la inclusión inicial de la empresa interesada, que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, cabe considerar que, dado que la actividad de esa empresa permaneció inalterada y que la diferencia de los períodos de actividad considerados se debe a la nueva inclusión de la demandante en la lista, efectuada por el Consejo sobre una base fáctica también sustancialmente inalterada, la aplicación del concepto de fuerza de cosa juzgada sólo queda excluida por la actuación del Consejo consistente en prolongar artificialmente las medidas restrictivas impuestas a la empresa interesada, alegando elementos que podrían haberse invocado en el momento de la inclusión inicial de ésta. Pues bien, esta actuación, aunque no se estimara incompatible con el concepto de fuerza de cosa juzgada, podría, en cualquier caso, contribuir a vulnerar el derecho de la empresa interesada a la tutela judicial efectiva.

(véanse los apartados 39, 43, 45, 47 y 50)
5

La Decisión 2014/119 y el Reglamento n.o 208/2014 fueron modificados, en particular, respectivamente, por la Decisión (PESC) 2015/143 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119 (DO 2015, L 24, p. 16), y por el Reglamento (UE) 2015/138 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por el que se modifica el Reglamento n.o 208/2014 (DO 2015, L 24, p. 1). Mediante estos actos, el Consejo precisó, a partir del 1 de febrero de 2015, los criterios de designación de las personas sometidas a la congelación de fondos.
12

En el presente caso, el Parlamento y el Consejo alegan que el Reglamento impugnado es un acto legislativo y que, por ello, no constituye un acto reglamentario en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Asimismo, consideran que el Reglamento impugnado no afecta ni directa, ni individualmente al demandante. Por ello, no puede declararse la admisibilidad del recurso en virtud del artículo 263 TFUE.
La Comisión Europea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. y China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products cargarán con sus propias costas.
En el marco de los recursos de anulación interpuestos por Estados miembros o instituciones, se consideran actos impugnables en el sentido del artículo 263 TFUE todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios.

Ahora bien, no es el caso de un escrito de la Comisión en el que se invita de un modo informal a un Estado miembro a poner recursos propios tradicionales a disposición del presupuesto de la Unión. En efecto, la aplicación de las disposiciones de la Unión en materia de puesta a disposición de recursos propios compete a los Estados miembros. Ninguna de las disposiciones de la Decisión 2007/436, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, y del Reglamento no 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436, adoptadas en esta materia, confiere a la Comisión competencias para adoptar decisiones sobre su interpretación. Por otra parte, la Comisión no puede vulnerar la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre la conformidad del comportamiento de un Estado miembro con el Reglamento no 1150/2000. En consecuencia, la Comisión únicamente tiene la posibilidad, que siempre se le reconoce, de manifestar su opinión, la cual no vincula en ningún caso a las autoridades nacionales.

Asimismo, dado que la única finalidad de la fase administrativa previa del procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 258 TFUE es permitir que el Estado miembro cumpla voluntariamente las exigencias del Tratado o, en su caso, darle la oportunidad de justificar su posición, ninguno de los actos que adopte la Comisión en dicha fase, incluido un escrito en el que invite de un modo informal a un Estado miembro a poner recursos propios tradicionales a disposición del presupuesto de la Unión, tiene fuerza vinculante.

(véanse los apartados 25, 34, 38, 40, 43, 46 y 48)
La obligación de motivación constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión. De ese modo, la exigencia planteada por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, recogida igualmente en el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, tiene como objetivo permitir al Tribunal ejercer su control sobre la legalidad de las decisiones lesivas y proporcionar a los interesados una indicación suficiente para saber si dichas decisiones están bien fundadas o si adolecen de un vicio que permita cuestionar su legalidad. Resulta de ello que la motivación debe, en principio, comunicarse al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva.

No obstante, como la medida fue adoptada en un contexto conocido del interesado, no puede considerarse que adolezca de una falta total de motivación, sino únicamente de una motivación insuficiente. Una mera insuficiencia de la motivación formulada en el procedimiento administrativo previo no puede justificar la anulación de la decisión impugnada cuando la administración aporta precisiones complementarias durante la instancia.

(véanse los apartados 34 y 35)

Tribunal de Justicia: sentencia de 19 de noviembre de 1998, Parlamento/Gaspari, C‑316/97 P, Rec, EU:C:1998:558, apartado 29

Tribunal General: sentencias de 12 de diciembre de 2002, Morello/Comisión, T‑164/00, RecFP, EU:T:2002:312, apartado 36; de 3 de febrero de 2005, Heurtaux/Comisión, T‑172/03, RecFP, EU:T:2005:34, apartado 44, y de 10 de octubre de 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, RecFP, EU:T:2014:865, apartado 37
El artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, aplicable a los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 138, apartado 1, último párrafo, del mismo Reglamento, dispone que la fecha en la que la copia del original firmado de un escrito procesal se reciba en la Secretaría por fax será tomada en consideración a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, siempre y cuando el original firmado del escrito sea presentado en la Secretaría dentro de los diez días siguientes a la recepción del fax, a más tardar.

No puede acogerse una alegación según la cual el plazo de diez días establecido en el artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento comienza a correr a partir del día de expiración del plazo de dos meses y diez días que resulta de los artículos 9, párrafo primero, del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, 101, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento del Procedimiento del Tribunal General, aplicables a los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 144 del mismo Reglamento, y 102, apartado 2, de dicho Reglamento de procedimiento, sea cual sea la fecha de recepción del fax. En particular, cuando el fax se recibe más de diez días antes de que expire el plazo fijado para la interposición de un recurso ante el Tribunal, las disposiciones del artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento no tienen como efecto ampliar dicho plazo.

(véanse los apartados 13 y 17)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 18 de enero de 2005, Zuazaga Meabe/OAMI (C‑325/03 P, Rec. p. I‑403), apartado 18
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de mayo de 2012, el Sr. DD, como demandante, presentó una solicitud de asistencia jurídica gratuita con arreglo a los artículos 94 y 95 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, al objeto de interponer, contra el Consejo de la Unión Europea, un recurso de anulación de la Decisión de Ejecución 2012/171/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por la que se aplica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 87, p. 95) y del Reglamento de Ejecución (UE) no 265/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 87, p. 37), en la medida en que dicha Decisión y dicho Reglamento le afectan.