31.

Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunale di Bolzano decidió suspender el procedimiento y pedir al Tribunal de Justicia que tuviera a bien pronunciarse sobre las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Obliga el principio de primacía (principio de primauté) del Derecho de la Unión al juez nacional a aplicar de modo pleno e inmediato las normas de la Unión provistas de eficacia directa, y a no aplicar normas de Derecho interno contrarias al Derecho de la Unión pese a que éstas se adoptaran en aplicación de principios fundamentales del sistema constitucional del Estado miembro? 2) En caso de conflicto entre una norma interna y el CEDH, ¿la referencia a dicho Convenio que hace el artículo 6 TUE obliga al juez nacional a aplicar directamente el artículo 14 CEDH y el artículo 1 del Protocolo adicional no 12 al CEDH, y a no aplicar la fuente interna incompatible, sin deber plantear previamente una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional nacional? 3) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular, los artículos 2 [TUE] y 6 TUE, 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43 […] y 2003/109 […]—, a una normativa nacional (rectius, provincial) como la contenida en el artículo 15, párrafo tercero [rectius: segundo], del Decreto […] 670/1972, en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley provincial […] y con la Decisión 18[8]5 […], en la parte en que para las prestaciones que regula y en particular para la denominada “ayuda de vivienda” atribuye relevancia a la nacionalidad, dispensando a los trabajadores residentes de larga duración que no pertenecen a la Unión o a los apátridas un trato desfavorable respecto al concedido a los ciudadanos de la Unión residentes (italianos y no italianos)? 4) En caso de respuesta afirmativa a las tres primeras cuestiones, en el supuesto de violación de los principios generales de la Unión, como los principios de no discriminación y de seguridad jurídica, ante normas nacionales de ejecución que permiten al juez nacional “ordenar el cese de la conducta lesiva y adoptar las medidas idóneas, según las circunstancias [para poner fin a] los efectos de la discriminación”, e impone “que se ordene el cese de la conducta, del comportamiento o del acto discriminatorios, si éstos continúan, así como la eliminación de sus efectos” y permite que se ordene “con el fin de impedir su repetición, dentro del plazo establecido en la medida, un plan para la eliminación de las discriminaciones detectadas”, ¿debe entenderse el artículo 15 de la Directiva 2000/43 […], en la parte en que prevé que las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, en el sentido de que también incluye entre las discriminaciones detectadas y los efectos que se propone eliminar, con el fin de evitar discriminaciones injustificadas a la inversa, cualquier violación sufrida por quienes sean objeto de discriminación, aunque no sean parte en el litigio? 5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿se opone el Derecho de la Unión —en particular los artículos 2 [TUE] y 6 TUE, 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43 […] y 2003/109 […]— a una normativa nacional (rectius: provincial) que sólo exige a los ciudadanos que no son nacionales de la Unión, y no a los ciudadanos de la Unión (italianos y no italianos), —que únicamente se hallan equiparados en relación con la obligación de residir en la provincia durante más de 5 años—, cumplir el requisito adicional de haber trabajado durante 3 años para poder acceder al beneficio de la ayuda de vivienda? 6) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular los artículos 2 [TUE] y 6 TUE, 18 [TFUE], 45 [TFUE] y 49 TFUE, en relación con los artículos 1, 21 y 34 de la Carta— a una normativa nacional (rectius: provincial) que obliga a los ciudadanos de la Unión (italianos y no italianos) a declarar la pertenencia o agregación étnica a uno de los tres grupos lingüísticos existentes en el Alto Adige/Südtirol para acceder al beneficio de la ayuda de vivienda? 7) ¿Se opone el Derecho de la Unión —en particular, los artículos 2 [TUE] y 6 TUE, 18 [TFUE], 45 [TFUE] y 49 TFUE, en relación con los artículos 21 y 34 de la Carta— a una normativa nacional (rectius: provincial) que obliga a los ciudadanos de la Unión (italianos y no italianos) a haber residido o trabajado durante al menos 5 años en el territorio provincial para acceder al beneficio de la ayuda de vivienda?»