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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 22 de noviembre de 2012 — Devillers

(Asunto C-318/12)

«Procedimiento prejudicial — Ausencia de descripción del marco fáctico y jurídico del litigio principal — Inadmisibilidad manifiesta»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Petición que no proporciona ninguna precisión sobre el contexto fáctico y normativo ni expone las razones que justifican la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad manifiesta [Art. 267 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 53, ap. 2, y 94, letra a)] (véanse los apartados 4 a 9)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (Bélgica) — Interpretación de los artículos 3 y 8 del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO 2005, L 3, p. 1) — Cuestión prejudicial planteada por un colegio profesional — Concepto de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia — Insuficiencia de elementos de hecho y de Derecho — Admisibilidad de la cuestión.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (Bélgica), mediante resolución de 12 de mayo de 2012 (asunto C-318/12), es manifiestamente inadmisible.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 22 de noviembre de 2012 — Devillers

(Asunto C-318/12)

«Procedimiento prejudicial — Ausencia de descripción del marco fáctico y jurídico del litigio principal — Inadmisibilidad manifiesta»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Petición que no proporciona ninguna precisión sobre el contexto fáctico y normativo ni expone las razones que justifican la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad manifiesta [Art. 267 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 53, ap. 2, y 94, letra a)] (véanse los apartados 4 a 9)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (Bélgica) — Interpretación de los artículos 3 y 8 del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO 2005, L 3, p. 1) — Cuestión prejudicial planteada por un colegio profesional — Concepto de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia — Insuficiencia de elementos de hecho y de Derecho — Admisibilidad de la cuestión.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (Bélgica), mediante resolución de 12 de mayo de 2012 (asunto C-318/12), es manifiestamente inadmisible.
«1)

Sobre la base de las obligaciones internacionales de la Bundesrepublik Deutschland (artículos 2 y 5, apartado 2, del Tratado relativo a las deudas alemanas, firmado en Londres el 27 de febrero de 1953, […]), son contrarios al artículo 6 [TUE] y a los artículos 17, 47 y 52 de la Carta […] el supuesto privilegio de inmunidad de jurisdicción civil invocado [por dicho Estado] ante los órganos jurisdiccionales italianos en relación con los hechos del procedimiento […] —privilegio del que ya no puede disfrutar desde el 11 de marzo de 2004 [sentencia Ferrini (de la Corte suprema di cassazione), antes citada]— y el acuerdo [celebrado con el Gobierno italiano el 18 de noviembre de 2008 en Trieste] de iniciar ante el Tribunal Internacional de Justicia un procedimiento [(asunto) no 143/2008 General list], así como la normativa italiana sobre la materia, [derivada de] la Ley no 89/2010, que prohíbe la ejecución de sentencias italianas basadas en graves crímenes contra la humanidad?
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 3 de febrero de 2011, recaída en el asunto T‑3/09 (Italia/Comisión), mediante la cual dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación contra la Decisión 2010/38/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a la ayuda estatal C 20/08 (ex N 62/08) que Italia tiene previsto ejecutar mediante una modificación del régimen de ayudas N 59/04 relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval (DO 2010, L 17, p. 50).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 29 de noviembre de 2011 — Tresplain Investment/OAMI

(Asunto C‑76/11 P)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 40/94 — Artículos 8, apartado 4, y 52, apartado 1, letra c) — Marca comunitaria figurativa Golden Elephant Brand — Solicitud de nulidad basada en una marca nacional figurativa no registrada GOLDEN ELEPHANT — Remisión al Derecho nacional que regula la marca anterior — Régimen de la acción de “common law” por usurpación de denominación (“action for passing off”)»

1. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad (véase el apartado 53)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 73)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 9 de diciembre de 2010, Tresplain Investments/OAMI — Hoo Hing (T‑303/08), mediante la que el Tribunal desestimó un recurso de anulación formulado por el titular de la marca comunitaria denominativa «Golden Elephant Brand», para productos de la clase 30, contra la resolución R 889/2007‑1 de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 7 de mayo de 2008, por la que se anula la resolución de la División de Anulación que deniega la solicitud de nulidad de dicha marca, presentada por el titular de la marca nacional figurativa no registrada «GOLDEN ELEPHANT», para productos de la clase 30 — Interpretación y aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009].

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
7

Los artículos 2 y 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29 fueron objeto de transposición al ordenamiento jurídico danés mediante los artículos 2 y 11 bis, apartado 1, de la Ley no 395, de derechos de autor (lov no 395 om ophavsret), de 14 de junio de 1995 (Lovtidende 1995 A, p. 1796), en su versión modificada y codificada, en particular, por la ley no 1051 (lov no 1051), de 17 de diciembre de 2002 (Lovtidende 2002 A, p. 7881).
1)

El artículo 155 TFUE, apartado 2, y el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como el artículo 11, apartado 2, del Decreto Presidencial 164/2004, de adopción de disposiciones sobre los trabajadores que han accedido al sector público mediante contratos de duración determinada, que establece que la solicitud de un trabajador dirigida a que se convierta en un contrato por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada que pueden considerarse abusivos debe presentarse ante la autoridad competente dentro de un plazo de caducidad de dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor del mencionado Decreto, siempre que dicho plazo, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente, no sea menos favorable que el correspondiente a los recursos similares de Derecho interno en materia de Derecho laboral y no haga imposible ni dificulte excesivamente el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Transportes

—

Transportes por carretera

—

Permiso de conducción

—

Directiva 91/439/CEE

—

Reconocimiento recíproco del permiso de conducción

—

Retirada de un permiso de conducción de la categoría B en un primer Estado miembro

—

Expedición ulterior de un permiso de conducción de la categoría B en un segundo Estado miembro, infringiendo el requisito de residencia, y posteriormente de un permiso de la categoría C

—

Permiso de la categoría C que no refleja el incumplimiento del requisito de residencia

—

Negativa del primer Estado miembro a reconocer la validez de estos nuevos permisos

—

Procedencia (Directiva 91/439/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2000/56/CE, arts. 1, ap. 2, y 8, aps. 2 y 4) (véanse los apartados 32, 33, 47 a 51 y 54 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretación, a la luz de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1) — Permiso de conducción de categoría B expedido por un Estado miembro, infringiendo el requisito de residencia, a un nacional de otro Estado miembro con posterioridad a la retirada de su permiso nacional y tras la expiración del período de prohibición de solicitar de nuevo tal permiso — Expedición posterior, por el mismo Estado miembro, de un permiso de categoría C respetando el requisito de residencia — Posibilidad del Estado miembro de residencia de denegar el reconocimiento de la validez de dichos permisos.

Parte dispositiva

Fallo

Los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por la Directiva 2000/56/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2000, no se oponen a que un Estado miembro se niegue a reconocer las autorizaciones para conducir vehículos de las categorías B y C expedidas por otro Estado miembro a una persona sobre la que el primer Estado miembro ha adoptado con anterioridad medidas en el sentido del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, cuando la autorización para conducir vehículos de la categoría B haya sido expedida en el segundo Estado miembro incumpliendo, como se desprende de las menciones que figuran en el permiso de conducción expedido con arreglo a la citada Directiva, el requisito de residencia normal previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la misma Directiva y cuando la autorización para conducir vehículos de la categoría C haya sido expedida sobre la base de la primera autorización sin que el incumplimiento del requisito de residencia normal resulte del nuevo permiso de conducción expedido con arreglo a dicha autorización para conducir vehículos de la categoría C.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de casación

—

Motivos

—

Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General

—

No determinación del error de Derecho invocado

—

Inadmisibilidad [Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)] (véase el apartado 41)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 8 de septiembre de 2010, Quinta do Portal/OAMI — Vallegre (T‑369/09), por la que se desestima el recurso formulado contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 18 de junio de 2009 (asunto R 1012/2008‑1), relativa a un procedimiento de nulidad entablado por Vallegre, Vinhos do Porto, S.A., contra Sociedade Quinta do Portal, S.A.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Quinta do Portal, S.A.
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 17 de junio de 2009, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consejo (T‑498/04), por la cual dicho Tribunal anuló, por lo que respecta a Zheijiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1683/2004 del Consejo, de 24 de septiembre de 2004, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de glifosato originarias de la República Popular China (DO L 303, p. 1) — Interpretación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1) — Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir la importación o la exportación de productos de la marca — Concepto de «importación»

[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 3, letra c)]

2. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos originales de la marca

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts. 5 y 7, ap. 1)

Índice

1. En los supuestos en que productos originales expedidos a un Estado miembro desde un Estado tercero aún no han sido puestos en libre práctica, sino que se sitúan bajo un régimen de depósito aduanero, no existe «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas.

(véase el apartado 18)

2. La Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros. El efecto de la Directiva es limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente en los supuestos en que los productos hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) y permitir de este modo a dicho titular controlar la primera comercialización en el EEE de los productos que llevan su marca.

De ello deriva que, cuando unos productos que llevan una marca no han sido comercializados anteriormente en el EEE por el titular de dicha marca o con su consentimiento, el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al mencionado titular un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar tales productos, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos.

De ese modo, el artículo 5 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a la primera comercialización en el EEE, sin su consentimiento, de productos originales que lleven dicha marca.

(véanse los apartados 22 a 24 y 26 y el fallo)
11

En Derecho comunitario, el término «feta» está protegido como denominación de origen. Fue incluido por el Reglamento (CE) no 1829/2002 de la Comisión, de 14 de octubre de 2002, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) no 1107/96 en lo que se refiere a la denominación «Feta» (DO L 277, p. 10) en el registro establecido por el artículo 6, apartado 3 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de , relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 37 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213; en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), anejo al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara, el 12 de septiembre de 1963, por la República de Turquía, por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de ésta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
1)

Un contrato, como el controvertido en el litigio principal, por el que se establece la constitución, a favor de un proveedor de productos petrolíferos, de un derecho de superficie por un período de veinticinco años y por el que se autoriza a dicho proveedor a construir una estación de servicio y a arrendarla al propietario del suelo por un período de tiempo equivalente al de la duración de ese derecho, en el caso de que contenga cláusulas de fijación del precio de venta al público de los productos, de imposición de una obligación de compra en exclusiva o de prohibición de competencia con un período de aplicación superior a los límites temporales previstos en el Reglamento (CEE) nº 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1582/97 de la Comisión, de 30 de julio de 1997, y en el Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, no incurre en la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, siempre que no pueda afectar al comercio entre los Estados miembros y que no tenga por objeto o por efecto restringir apreciablemente la competencia, lo que debe determinar el órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta, en particular, el contexto económico y jurídico en el que se inscribe dicho contrato.
Asunto C-180/03 P

Benito Latino

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Recurso de casación – Funcionarios – Enfermedad profesional – Reconocimiento del origen profesional de lesiones artrósicas – Regularidad del dictamen de la comisión médica – Agotamiento de la competencia y condición de imparcialidad de ésta – Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento»

Sumario del auto

1. Funcionarios – Seguridad social – Seguro de accidentes y enfermedades profesionales – Determinación del origen profesional de la enfermedad – Enfermedad que no figura en la lista europea de enfermedades profesionales – Carga de la prueba que incumbe al funcionario – Principio general del Derecho semper in dubiis benigniora praeferenda sunt – Inaplicablidad

(Estatuto de los Funcionarios, art. 73; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, art. 3)

2. Recurso de casación – Motivos – Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación – Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 42, ap. 1, párr. 2, y 118)

1. Cuando una enfermedad no figura en la lista europea de enfermedades profesionales aneja a la Recomendación 90/326 de la Comisión, la prueba de un nexo de causalidad entre el ejercicio de las funciones y dicha enfermedad es un requisito para el reconocimiento del origen profesional de ésta. La autoridad administrativa competente no puede verse obligada a admitir el carácter profesional de tal enfermedad por la única razón de que haya dudas sobre su origen. Corresponde al funcionario afectado aportar la prueba de la existencia de un nexo de causalidad entre el ejercicio de sus funciones y la enfermedad, sin que pueda ampararse en el principio general de Derecho semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.

(véanse los apartados 38 y 39)

2. Procede declarar la inadmisibilidad de un motivo presentado por primera vez en el marco de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. En efecto, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante los primeros jueces.

(véanse los apartados 42 y 44)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Funcionarios – Seguridad social – Seguro de accidentes y enfermedades profesionales – Determinación del origen profesional de la enfermedad – Enfermedad que no figura en la lista europea de enfermedades profesionales – Carga de la prueba que incumbe al funcionario – Principio general del Derecho semper in dubiis benigniora praeferenda sunt – Inaplicablidad

(Estatuto de los Funcionarios, art. 73; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, art. 3)

2. Recurso de casación – Motivos – Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación – Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 42, ap. 1, párr. 2, y 118)

Índice

1. Cuando una enfermedad no figura en la lista europea de enfermedades profesionales aneja a la Recomendación 90/326 de la Comisión, la prueba de un nexo de causalidad entre el ejercicio de las funciones y dicha enfermedad es un requisito para el reconocimiento del origen profesional de ésta. La autoridad administrativa competente no puede verse obligada a admitir el carácter profesional de tal enfermedad por la única razón de que haya dudas sobre su origen. Corresponde al funcionario afectado aportar la prueba de la existencia de un nexo de causalidad entre el ejercicio de sus funciones y la enfermedad, sin que pueda ampararse en el principio general de Derecho semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.

(véanse los apartados 38 y 39)

2. Procede declarar la inadmisibilidad de un motivo presentado por primera vez en el marco de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. En efecto, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante los primeros jueces.

(véanse los apartados 42 y 44)