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En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse los artículos [63 TFUE y 65 TFUE] en el sentido de que la desventaja de tesorería resultante de la aplicación de una retención en origen a los dividendos abonados a las sociedades no residentes con pérdidas, mientras que las sociedades residentes con pérdidas únicamente tributan por el importe de los dividendos que perciben en el ejercicio en que sus resultados recuperan, en su caso, una situación de superávit, constituye, por sí misma, una diferencia de trato constitutiva de una restricción a la libre circulación de capitales? 2) ¿Puede considerarse justificada la posible restricción a la libre circulación de capitales mencionada en la cuestión prejudicial anterior, habida cuenta de las obligaciones derivadas de los artículos [63 TFUE y 65 TFUE], por la necesidad de garantizar la recaudación eficaz de los impuestos, puesto que las sociedades no residentes no están sometidas al control de la Administración tributaria francesa, o por la necesidad de mantener el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros? 3) En el supuesto de que la aplicación de la retención en origen impugnada pueda, en principio, admitirse por lo que respecta a la libre circulación de capitales: – ¿se oponen estas disposiciones a la percepción de una retención en origen sobre los dividendos abonados por una sociedad residente a una sociedad con pérdidas no residente de otro Estado miembro cuando esta última pone fin a su actividad sin recuperar una situación de superávit, mientras que una sociedad residente que se encuentre en esta misma situación no está sujeta a tributación efectiva sobre estos dividendos? – ¿deben interpretarse estas disposiciones en el sentido de que, de existir normas tributarias que concedan un tratamiento diferente a los dividendos según se abonen a los residentes o a los no residentes, es preciso comparar la carga impositiva efectiva que soporta cada uno de ellos por dichos dividendos, por lo que una restricción a la libre circulación de capitales, que se desprende del hecho de que estas normas excluyen, tan solo para las sociedades no residentes, la deducción de los gastos directamente vinculados a la percepción en sí de los dividendos, podría considerarse justificada por la diferencia de tipos entre la imposición según el régimen general que grava, con cargo a un ejercicio posterior, a los residentes y la retención en origen practicada sobre los dividendos abonados a los no residentes, cuando esta diferencia compensa, con respecto al importe de la cuota tributaria abonada, la diferencia de base imponible?»
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Más concretamente, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats establece un procedimiento de evaluación destinado a garantizar, con la ayuda de un control previo, que un plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a ese lugar solo se autorice en la medida en que no cause perjuicio a la integridad del lugar. Así pues, esta disposición prevé dos fases. La primera fase, mencionada en la primera frase de esta disposición, impone a los Estados miembros la obligación de realizar una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto en un lugar protegido cuando exista la probabilidad de que tal plan o proyecto afecte de manera apreciable a ese lugar. La segunda fase, prevista en la segunda frase de la misma disposición, que tiene lugar tras la evaluación adecuada, supedita la autorización del plan o proyecto al requisito de que el mismo no cause perjuicio a la integridad del lugar de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, Orleans y otros, C‑387/15 y C‑388/15, EU:C:2016:583, apartados 43 a 46 y jurisprudencia citada).
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El Reglamento n.o 44/2001 y el Reglamento n.o 1346/2000 deben interpretarse de tal manera que se evite todo solapamiento entre las normas jurídicas que ambos textos establecen, así como todo vacío jurídico. De este modo, las demandas que, en virtud de la letra b) del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 44/2001, estén excluidas del ámbito de aplicación de este último Reglamento estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1346/2000. De modo simétrico, las demandas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1346/2000 estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001 (véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2017, Tünkers France y Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, apartado 17 y jurisprudencia citada).
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Tras una reconsideración por expiración de las medidas efectuada conforme al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51), la Comisión Europea decidió mantener por un período adicional de cinco años el derecho antidumping impuesto y modificado, respectivamente, por el Reglamento n.o 91/2009 y por el Reglamento de Ejecución n.o 924/2012, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/519, de 26 de marzo de 2015, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, ampliado a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia, tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.o 1225/2009 (DO 2015, L 82, p. 78).
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A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya, en particular, que el criterio establecido en el artículo 8, apartado 1, letra c), del TV SozSich se basa en la adquisición del derecho a una pensión de jubilación anticipada. Señala que, en la medida en que no es el disfrute efectivo de la pensión de jubilación lo que importa, sino únicamente el derecho del trabajador a percibir esa pensión, el TV SozSich siempre da lugar a una reducción en la duración de la ayuda económica transitoria para los trabajadores discapacitados con respecto a los no discapacitados. Ahora bien, la situación inicial es la misma para ambas categorías de trabajadores, puesto que han sido despedidos por su empresario y, debido a su avanzada edad y a la larga duración de su relación de trabajo, deben disfrutar de una ayuda para el mantenimiento del nivel de vida adecuado que les proporcionaban su empleo y los ingresos derivados de este, hasta que tengan derecho a una pensión de jubilación con arreglo al sistema legal de pensiones.
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En tercer lugar, la Comisión estimó que la medida controvertida no podía considerarse una ayuda estatal compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), a pesar de que tal medida estuviera destinada a lograr un objetivo bien definido de interés común y de que existiera una deficiencia en el mercado de que se trataba. Según aquella, como esa medida no respetaba el principio de neutralidad tecnológica, no era proporcionada y no constituía un instrumento apropiado para garantizar la cobertura de canales en abierto a los residentes de la zona II de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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En particular, la identificación a efectos del IVA prevista en el artículo 214 de la Directiva 2006/112, al igual que la obligación del sujeto pasivo de declarar el comienzo, la modificación y el cese de sus actividades, prevista en el artículo 213 de dicha Directiva, no son más que requisitos formales con fines de control, que no pueden poner en tela de juicio, en particular, el derecho a deducción del IVA cuando se cumplan los requisitos materiales que dan lugar a esos derechos (sentencias de 9 de julio de 2015, Salomie y Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, apartado 60, y de 7 de marzo de 2018, Dobre, C‑159/17, EU:C:2018:161, apartado 32).
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El Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Regional de lo Laboral de Berlín-Brandemburgo, Alemania) considera que la solución de los litigios de que conoce depende, en particular, de la interpretación del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala que el artículo 17 de la KSchG, que transpone casi literalmente el artículo 2 de la referida Directiva, da lugar, a escala nacional, a divergencias en la interpretación, particularmente, del concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario». De este modo, una interpretación amplia de dicho concepto, que incluya también a las empresas no vinculadas según el Derecho de los grupos de sociedades, que se ven sometidas únicamente a un control de hecho o de Derecho, puede entrañar de nulidad los despidos controvertidos en los litigios principales, mientras que, según una interpretación estricta del referido concepto, no sería así.
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Para determinar si concurre efectivamente este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación en cuestión, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Estos elementos deben apreciarse en el marco de una evaluación de conjunto de las circunstancias del caso y, por lo tanto, no pueden apreciarse aisladamente (sentencia de 19 de octubre de 2017, Securitas, C‑200/16, EU:C:2017:780, apartado 26 y jurisprudencia citada).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004 L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
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Los antecedentes del litigio se resumen en los apartados 1 a 6 del auto recurrido de la siguiente manera: «1 El demandante, Sr. Liam Jenkinson, de nacionalidad irlandesa, estuvo empleado inicialmente del 20 de agosto de 1994 al 5 de junio de 2002, en virtud de sucesivos contratos de duración determinada (CDD), en la Misión de Observación de la Unión Europea creada mediante la Acción común 2000/811/PESC del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la Misión de Observación de la Unión Europea (DO 2000, L 328, p. 53). 2 Posteriormente, del 17 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2009, estuvo empleado, en virtud de sucesivos CDD, en la Misión de Policía de la Unión Europea creada mediante la Acción común 2002/210/PESC del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la Misión de Policía de la Unión Europea (DO 2002, L 70, p. 1). 3 Finalmente, del 5 de abril de 2010 al 14 de noviembre de 2014, el demandante estuvo empleado, en virtud de once CDD sucesivos, en la Misión Eulex Kosovo. Esta fue creada mediante la Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2008, sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, Eulex Kosovo (DO 2008, L 42, p. 92), que ha sido varias veces prorrogada. Mediante la Decisión 2014/349/PESC del Consejo, de 12 de junio de 2014, que modifica la Acción común 2008/124 (DO 2014, L 174, p. 42), aplicable a los hechos del presente asunto, se prorrogó hasta el 14 de junio de 2016. 4 Mediante la Decisión 2016/947/PESC del Consejo, de 14 de junio de 2016, por la que se modifica la Acción común 2008/124 (DO 2016, L 157, p. 26), se prorrogó, por última vez, hasta el 14 de junio de 2018. 5 Durante la vigencia de su contrato de trabajo suscrito para el período comprendido entre el 15 de junio de 2014 y el 14 de octubre del mismo año, se comunicó al demandante, mediante escrito del Jefe de la Misión Eulex Kosovo de 26 de junio de 2014, que no se renovaría su contrato de trabajo después del 14 de noviembre de 2014, al darse por finalizadas sus funciones. 6 [La Misión] Eulex Kosovo y el demandante celebraron un último contrato de trabajo para el período comprendido entre el 15 de octubre de 2014 y el 14 de noviembre del mismo año (en lo sucesivo, “último CDD”), que no fue renovado. En el artículo 21 de este último CDD se otorgaba expresamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la base del artículo 272 TFUE, la competencia para cualquier litigio relativo al contrato.»
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004 L 46, p. 1).
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De ello deriva que, en una situación como la del litigio principal, en la que la ley del foro, en el presente asunto la ley austriaca, no coincide con la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, en el período respecto del cual el acreedor reclama alimentos, en el presente asunto la ley alemana, el artículo 4, apartado 2, del Protocolo de La Haya puede tener un efecto útil. La circunstancia de que el acreedor haya acudido ante un órgano jurisdiccional del Estado de su residencia habitual, de modo que el Estado del foro se corresponde con el Estado de su residencia habitual, no empece la aplicación de esa disposición cuando la ley designada por la norma subsidiaria de conexión prevista en esa disposición no coincide con la ley designada por la norma principal de conexión prevista en el artículo 3 del citado Protocolo.
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Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Fédération des entreprises de la beauté (en lo sucesivo, «FEBEA»), por una parte, y el ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes (Ministro de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer, Francia), el ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación, Francia) y el ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (Ministro de Economía, Industria y Agenda Digital, Francia), en la actualidad ministre de l’Économie et des Finances (Ministro de Economía y Hacienda, Francia), por otra, en relación con un recurso de anulación del arrêté du 25 février 2015, relatif à la qualification professionnelle des évaluateurs de la sécurité des produits cosmétiques pour la santé humaine (Orden de 25 de febrero de 2015 relativa a las cualificaciones profesionales de los evaluadores de la seguridad de los productos cosméticos para la salud humana) (JORF n.o 4, de 17 de marzo de 2015, p. 4941; en lo sucesivo, «Orden interministerial de 25 de febrero de 2015»).
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Basándose en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001, en relación con el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento, LVM cuestionó, no obstante, la competencia de ese órgano jurisdiccional polaco. LVM afirmó que el concepto de «persona perjudicada», a efectos del artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento, debía interpretarse literalmente, de tal modo que, a su entender, el Sr. Hofsoe no puede actuar como tal ante un tribunal polaco, en su condición de cesionario del crédito de la persona perjudicada.
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En esa sentencia, la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) consideró, sobre la base de un análisis contable, que, si bien había calculado e ingresado el gravamen de que se trata, Lukoil no había añadido la cantidad a tanto alzado de 0,01 USD por litro al precio de venta de los productos petrolíferos que vendió entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2010, sino que había imputado dicha cantidad a sus recursos propios. No obstante, el órgano jurisdiccional declaró, que Lukoil no había probado que el pago del mencionado impuesto le hubiese causado un perjuicio. En efecto, según ese órgano jurisdiccional, Lukoil aplicó, por su propia iniciativa, una modalidad de pago que ni es imputable a la autoridad demandada, ni se basa en las disposiciones de la OUG n.o 249/2000. Así, dicho órgano jurisdiccional declaró que Lukoil no tenía derecho a la devolución solicitada, dado que la exacción controvertida había sido pagada sobre la base, no de disposiciones declaradas ilegales de forma definitiva, por ser contrarias al Derecho de la Unión, sino de un mecanismo que Lukoil había aplicado por sí misma y que no estaba previsto en la normativa nacional.
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No cabe duda de que el procedimiento de restitución establecido por el Convenio de La Haya de 1980 y el Reglamento n.o 2201/2003 tiene igualmente la finalidad de que ninguno de los padres pueda reforzar su posición en cuanto a la custodia del menor evitando, por vía de hecho, la competencia de los órganos jurisdiccionales designados en principio, con arreglo a las normas establecidas en particular en ese Reglamento, para pronunciarse sobre la responsabilidad parental sobre el menor (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de diciembre de 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, apartado 49, y de 9 de octubre de 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, apartado 67).
Libertad de establecimiento — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre la renta — Deducibilidad de las cotizaciones abonadas a un organismo profesional de previsión y a un seguro privado de jubilación — Exclusión para los contribuyentes no residentes — Comparabilidad de las situaciones de un contribuyente residente y de un contribuyente no residente — Criterios — Posibilidad o no de tomar en consideración de la situación personal y familiar — Gastos directamente relacionados con la actividad que ha generado los ingresos imponibles — Concepto — Gastos ocasionados por la actividad de que se trata y necesarios para su ejercicio — Inclusión — Gastos derivados de la actividad que generó los ingresos, pero no necesarias para su ejercicio — Exclusión

(Art. 49 TFUE)
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, debe interpretarse en el sentido de que la decisión de un poder adjudicador de celebrar contratos de trabajo con personas físicas para la prestación de determinados servicios sin tramitar un procedimiento de contratación pública con arreglo a la Directiva 2014/24, en su versión modificada por el Reglamento Delegado 2015/2170, ya que, a su juicio, tales contratos no están incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, puede ser recurrida, en virtud de la referida disposición, por un operador económico que esté interesado en participar en una contratación pública sobre el mismo objeto que los citados contratos y que considere que estos se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

En efecto, un planteamiento según el cual la Directiva 89/665 no exige tutela judicial cuando no existe un procedimiento formal de contratación pública, de manera que no serían recurribles ni la decisión del poder adjudicador de no incoar dicho procedimiento ni la decisión por la que se determina si un contrato público está o no comprendido dentro del ámbito de aplicación de las normas de la Unión pertinentes, tendría como consecuencia convertir en facultativa la aplicación de las normas de la Unión pertinentes, según la voluntad de cada poder adjudicador, cuando, por el contrario, dicha aplicación es obligatoria si se cumplen los requisitos previstos en estas normas (véase en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C‑26/03, EU:C:2005:5, apartados 36 y 37).

(véanse los apartados 46 y 47 y el punto 3 del fallo)
El artículo 1, apartado 2, letra c), tercer guion, de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, y el artículo 432, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a un banco que ha estado bajo la influencia dominante de una entidad de Derecho público la obligación de revelar información relativa a determinados contratos para la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, derechos de autor y otros servicios de carácter intelectual, celebrados por dicho banco durante el período durante el que estuvo bajo la referida influencia dominante, sin admitir ninguna excepción a tal obligación en aras de la preservación del secreto comercial del banco en cuestión, y, por lo tanto, en el sentido de que no se oponen a tal normativa nacional.

(véanse el apartado 46 y el fallo)
Cualquier perjuicio cuya reparación se solicite en un recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión, en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, ha de ser real y cierto, extremo que incumbe demostrar a la parte demandante. Corresponde a esta última aportar pruebas concluyentes tanto de la existencia como de la magnitud del perjuicio que invoca.

Por lo que respecta a un supuesto perjuicio material consistente en gastos y honorarios de abogados abonados en un procedimiento de oposición contra la decisión de las autoridades nacionales de prohibir la comercialización de un producto sanitario, debido a que la Comisión no adoptó una postura sobre la base del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/42, relativa a los productos sanitarios, si bien es cierto que la determinación de dicho perjuicio puede presentar algunas particularidades, debidas en particular al hecho de que el procedimiento contra la decisión de prohibición no había concluido en la fecha en que se presentó el escrito de interposición del recurso, el demandante no puede sin embargo quedar dispensado de toda obligación de prueba del perjuicio que afirma haber sufrido. En efecto, para ese tipo de daño material, le corresponde probar tanto la existencia del perjuicio como los datos en los que basa su evaluación, la cual no puede realizarse simplemente aplicando criterios de equidad. Por lo tanto, no basta que el demandante invoque únicamente gastos procesales y honorarios de abogados abonados en el procedimiento de oposición, sin determinar su magnitud, ya sea cuantificándolos o, al menos, estimándolos.

(véanse los apartados 147 y 151 a 153)