Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Actos que les afectan directa e individualmente Decisión de la Comisión que concede una exención individual a un acuerdo Recurso de una parte del acuerdo que interpuso ante los órganos jurisdiccionales nacionales un recurso de indemnización Admisibilidad

(Art. 30 CE, párr. 4)

2. Recurso de anulación Legitimación Derecho de recurso de una persona física o jurídica contra una decisión de exención que afectaba a muchas personas Violación del principio de seguridad jurídica Inexistencia

(Art. 230 CE)

3. Competencia Prácticas colusorias Prohibición Exención Requisitos Control jurisdiccional Límites

(Art. 81 CE, ap. 3)

4. Procedimiento Escrito de demanda Requisitos de forma Exposición sumaria de los motivos invocados Exigencia de requisitos análogos para las imputaciones formuladas en apoyo de un motivo Imputaciones no expuestas en el escrito Remisión global a los anexos Inadmisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, párr. 1)

5. Procedimiento Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso Requisitos Motivo nuevo Concepto Solución análoga para las imputaciones formuladas en apoyo de un motivo

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2)

6. Actos de las instituciones Motivación Obligación Alcance Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Art. 253 CE)

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1. Los sujetos que no sean destinatarios de una Decisión sólo pueden afirmar que ésta les afecta individualmente, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, cuando la Decisión impugnada les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que los caracterice en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de una manera análoga a la del destinatario.

Estará individualmente afectada por una Decisión de exención de un acuerdo una persona que sea parte de dicho acuerdo, en relación con el cual sostiene que le impuso precios discriminatorios y le impidió así hacer frente a la competencia en igualdad de condiciones y que promovió ante los órganos jurisdiccionales nacionales un recurso de indemnización contra la otra parte del acuerdo debido a que ésta le impuso obligaciones contrarias al artículo 81 CE.

( véanse los apartados 28 a 30 )

2. El Derecho comunitario confiere a los justiciables un derecho a la tutela judicial completa y efectiva, y, en el marco del Tratado, se previó erigir un sistema completo de tutela judicial en relación con los actos de las instituciones comunitarias que puedan producir efectos jurídicos.

Pues bien, este derecho del justiciable quedaría vacío de contenido si no pudiera impugnar la validez de un acto contra el que, sin embargo, según los requisitos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, está legitimado para interponer un recurso de anulación, debido a que, al afectar también ese acto a muchas otras personas, el principio de seguridad jurídica impide su impugnación.

Además, si se admitiera que el principio de seguridad jurídica puede frustrar el derecho de un cocontratante a interponer un recurso de anulación contra la decisión de exención de un acuerdo del que es parte junto con otros muchos operadores económicos, este principio debería también impedir que un órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un asunto en el que ese cocontratante haya impugnado la validez de dicha decisión, de conformidad con el artículo 234 CE, plantee ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial para la apreciación de su validez. Los efectos de una declaración de invalidez del acto por el Tribunal de Justicia al término de tal procedimiento son parecidos a los de una decisión de anulación del Tribunal de Primera Instancia al conocer de un recurso de anulación basado en el artículo 230 CE.

( véanse los apartados 32 a 34 )

3. El control ejercido por el juez comunitario sobre las apreciaciones económicas complejas efectuadas por la Comisión, en el ejercicio de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 81 CE, apartado 3, respecto a cada uno de los cuatro requisitos que establece, debe limitarse a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

( véase el apartado 36 )

4. En virtud del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener la exposición sumaria de los motivos invocados. En relación con un motivo de orden público, puede ser examinado de oficio por el Tribunal de Primera Instancia. Esta indicación relativa a una exposición sumaria de los motivos invocados debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia resolver el recurso sin necesidad de solicitar, en su caso, más información. Los mismos requisitos se imponen cuando se formula una imputación en apoyo de un motivo. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, para que un recurso sea admisible, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de forma sumaria, pero coherente y comprensible, del texto de la propia demanda. Si bien en lo que atañe a puntos específicos, cabe apoyar y completar el cuerpo de la demanda mediante remisiones a extractos de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, incluso acompañados a la demanda, no puede paliar la falta de elementos esenciales de la argumentación en Derecho que, en virtud de las disposiciones anteriormente recordadas, deben figurar en la demanda. Además, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos que éste podría considerar que constituyen el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental.

( véase el apartado 154 )

5. Del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que está prohibido invocar motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que dichos motivos se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante, debe declararse la admisión de un motivo que constituye la ampliación de otro enunciado anteriormente, directa o implícitamente, en la demanda y que tiene una relación estrecha con éste. Debe optarse por una solución análoga respecto a una imputación formulada en apoyo de un motivo.

( véase el apartado 156 )

6. La motivación que exige el artículo 253 CE debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria autora del acto impugnado, de modo que los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada a fin de defender sus derechos y el juez comunitario ejercer su control.

La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho o de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

En particular, no puede exigirse que la Comisión examine la totalidad de los elementos de hecho y de Derecho abordados durante la fase administrativa previa. La Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su petición, sino que basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión.

( véanse los apartados 164 a 166 )