4.

Los demandantes en él presente asunto se dirigieron a la administración competente para informarse del derecho aplicable y de los procedimientos a seguir. Aun después de la deposición de los testigos, seguimos ignorando el contenido exacto de las conversaciones mantenidas en aquella ocasión en el Ministerio de Agricultura. Lo cierto es que el mandatario de los demandantes tuvo que rellenar un formulario de solicitud. Dicho formulario está redactado en los términos siguientes: «Certificado de importación o de fijación anticipada» Asimismo contiene en la casilla no 15 el siguiente texto: «Fijación anticipada solicitada: Sí  NO » Los demandantes declararon que la diferencia entre los certificados con fijación anticipada y los certificados de importación no estaba clara en el texto oscuro y mal traducido de la solicitud. La expresión «fijación anticipada solicitada» se tradujo al griego por «προκαθορισμός ζητηθείς» cuando, según los demandantes, se habría debido decir «προκαθορισμός αιτούμενος». Según opinión de los lingüistas que he consultado, la utilización del término «αιτούμενος» habría sido preferible, aunque «ζητηθείς» no sea en modo alguno incorrecta. Pero el término más importante, el de «fijación anticipada», se ha traducido correctamente por «προκαθορισμός», sin duda. Ahora bien, me parece que el verdadero problema es el de saber si el término «fijación anticipada», en griego o en cualquier otra lengua de la Comunidad, permite al que se encuentra con él por primera vez hacerse una idea lo suficientemente clara de su significado. En mi opinión no es éste el caso. Desde luego, al leer el texto del certificado, el particular se da cuenta perfectamente de que se encuentra ante una opción, es posible que importante, pero, ¿qué opción? ¿Se refiere la fijación anticipada a la cantidad de producto que uno se propone importar o a la exacción? Si se trata de la exacción, ¿será la del día de la solicitud o la que esté en vigor en fecha posterior y habrá que elegir entre ambas una vez por todas? Si se trata de la exacción reguladora del día de la solicitud, ¿durante cuánto tiempo sigue en vigor? Al enfrentarse con este formulario, es posible que los demandantes se hayan dicho: «lo que queremos no es fijar anticipadamente, sino importar» y que no se hayan parado más a considerar la pregunta. También es posible que le hayan pedido al funcionario aclaraciones sobre el alcance del término «fijación anticipada». A partir de aquí, hay dos posibilidades. O bien el funcionario les ha explicado la diferencia entre los dos sistemas, señalándoles también que en caso de fijación anticipada la fianza se elevaba al quíntuplo de la que se debe de depositar en caso de importación simple. Es posible que, en estas condiciones, los demandantes hayan decidido no inmovilizar esta cantidad y hacer en cierto modo una apuesta sobre el mantenimiento del derecho regulador al mismo nivel hasta la llegada de la mercancía. Si esta hipótesis fuera exacta, habrían asumido un riesgo comercial y deberían soportar las consecuencias. Esta hipótesis parece, sin embargo, poco probable teniendo en cuenta el hecho de que el importe de la fianza, incluso en ese caso, no se elevaba más que a 223000 dracmas y que debía serles devuelto una vez realizada la importación. O bien, y ésta es la tesis de los demandantes y de la Administración griega, el funcionario de servicio era incapaz de responder a su pregunta. En este caso, estaríamos ante una deficiencia por parte de la Administración. En el memorándum dirigido por el Ministerio helénico de Hacienda a la Comisión, el 30 de noviembre de 1983, leemos que «los agentes del servicio correspondiente no se dieron cuenta evidentemente de la diferencia entre certificado simple y certificado con fijación anticipada» y que «el servicio competente del Ministerio de Agricultura no informó a las empresas interesadas de la diferencia entre los certificados de importación simple y con fijación anticipada». De la declaración jurada del Sr. Blanas, que era en aquel momento Jefe del servicio de certificados de la Dirección del Mercado Exterior del Ministerio de Agricultura, resulta además que el funcionario que trató con los demandantes era nuevo y sin experiencia. El propio Jefe del Servicio estaba ausente. El mismo testimonio, igual que el de la Sra. Georgopoulou, demuestra que no se había distribuido a los funcionarios del Ministerio de Agricultura ninguna circular ni otro documento para explicar el significado del término «fijación anticipada». Hay, por fin, constancia de que el servicio competente del Ministerio de Agricultura aún no había extendido ningún certificado de importación con fijación anticipada, por más que se hubieran realizado ya exportaciones con fijación anticipada de la restitución. Por ello parece evidente que, cuando los representantes de las dos firmas se presentaron en el servicio competente, no se encontraron ante un funcionario capaz de informarles sobre la diferencia que existe entre un certificado simple y un certificado con fijación anticipada. Ahora bien, los propios demandantes hacían su primera importación después de la adhesión de Grecia a la Comunidad. Según sus propias afirmaciones, los representantes de las dos firmas no marcaron en el apartado «fijación anticipada solicitada» ni la casilla «sí» ni la casilla «no». A fin de cuentas, sería el propio funcionario el que marcó la casilla «no». Las deposiciones de los testigos no permitieron aclararlo. Por lo tanto, hay que prescindir de este aspecto y preguntarnos si los demandantes no cometieron una negligencia al no renunciar a su proyecto de importación hasta que hubieran podido, por uno u otro medio, conseguir aclarar el concepto de «fijación anticipada». Pero, ¿era razonable exigir tanto a operadores económicos que se habían tenido que desplazar de Kavala a Atenas únicamente para cumplir con estas formalidades? (Sólo posteriormente la Administración helénica ha permitido que se presenten las solicitudes de certificado también en Kavala.). En su comentario del Reglamente no 1430/79, el Sr. Manfred Müller expresa la opinión de que «para llegar a resultados practicables, se podría tal vez considerai “negligencia” en el sentido del artículo 13 sólo el comportamiento gravemente negligente (das grob fahrlässige Verhalten) del responsable». ( 2 ) En este caso me parece que el hecho de que las empresas demandantes sólo se dirigieran a la Administración competente y no realizaran, ante la falta de respuesta a su pregunta, esfuerzos sistemáticos para informarse en otras fuentes no constituyó, a la luz de todas las circunstancias descritas, una negligencia en el sentido del artículo 13 del Reglamento no 1430/79, según yo lo interpreto. En suma, los demandantes hubieran debido normalmente encontrar en la Administración una respuesta inmediata a la pregunta que plantearon. La cuestión no estriba en la ignorancia de los demandantes sino en la ignorancia de la Administración que se acumuló a la primera. Si la información sobre la incapacidad del funcionario para dar una respuesta válida no tuviera más apoyo que las declaraciones de los demandantes, no podría evidentemente tomarse en consideración. Pero en este caso nos encontramos ante una declaración escrita de un Ministerio del Estado miembro implicado, así como ante declaraciones realizadas bajo juramento por funcionarios. Si aceptase la solución que propongo, ¿crearía el Tribunal de Justicia un precedente peligroso? Creo que no. Sería, desde luego, absolutamente inaceptable permitir de forma general que los Estados miembros evitaran a sus nacionales el pago de derechos reguladores reconociendo no haberles informado correctamente. Esto llevaría a una aplicación no uniforme de las reglas comunitarias en esta materia y, por consiguiente, a una discriminación entre las empresas. Pero las administraciones, en general, son extraordinariamente reticentes a la hora de reconocer y, aún más, de certificar la ignorancia de sus funcionarios. Tanto más cuanto que se arriesgan en estos casos a enfrentarse con reclamaciones de daños y perjuicios. (Las dos empresas de Kavala han iniciado ya un procedimiento de ese tipo ante el órgano jurisdiccional griego competente.) Me parece que, tan pronto se hayan fijado en el presente asunto, las Administraciones de los Estados de reciente adhesión se sentirán inclinadas a dar instrucciones claras y detalladas a sus funcionarios, mejor que reservarse la posibilidad de apoyarse en la mala preparación de éstos. Nos queda por saber si no se habrá de imputar a los demandantes no haber puesto el arroz en libre práctica cuando llegó y pedir a continuación la devolución de una parte de la exacción. De esta forma habrían podido vender un arroz todavía de buena calidad, pagar una exacción reguladora tres veces inferior a la satisfecha a fin de cuentas en 1983, en el momento de la salida del arroz del almacén y, a mi modo de ver, no sufrir pérdidas. Las empresas afectadas afirman que no escogieron esta vía porque tenían la convicción de poder llegar rápidamente a un acuerdo con la Administración para no pagar más que las exacciones urgentes el día en que solicitaron el certificado. Hay que reconocer que no podían tratar de ganar tiempo: la tendencia de los derechos reguladores estaba claramente al alza, se acumulaban los intereses del crédito obtenido para la compra de la mercancía (480000 USD) y se deterioraba la calidad del arroz. ¿Hay que mostrar comprensión por su inexperiencia ante los mecanismos comunitarios o considerar, por el contrario, que no actuaron como comerciantes expertos? Por su parte, el Tribunal de Justicia es más bien exigente en lo relativo a la diligencia que deberían mostrar los operadores profesionales. Así, en su sentencia del 13 de noviembre de 1984 en los asuntos acumulados 98/83 y 230/83 (Van Gend en Loos, en uno, y Bosman, en otro, contra Comisión, Rec. 1984, p. 3763) el Tribunal ha sentado como derecho que si un comisionista reconocido en aduana se deja engañar por certificados de origen inválidos, incluso expedidos por las autoridades aduaneras de los países indicados en los mismos, ello no constituye una «circunstancia especial» en el sentido del artículo 13 del Reglamento no 1430/79, porque entra dentro de los riesgos profesionales a los que se expone dicho operador. Si el Tribunal de Justicia resolviera anular la decisión de la Comisión, correspondería normalmente a esta última decidir si procedía imputar a los demandantes algún defecto de diligencia y no devolverles más que la diferencia entre la exacción de 381 dracmas por tonelada, válida en la fecha de la solicitud del certificado, y la de 3811 dracmas por tonelada, válida el día de llegada de la mercancía. Aquí, sin embargo, esto no me parece equitativo, puesto que la Comisión podrá comprobar en la Oficina de Publicaciones Oficiales, dependiente de ella, que, cuando los demandantes renunciaron a poner el arroz en libre práctica (el 27 de septiembre de 1981), no se había publicado en el Diario Oficial en lengua griega el conjunto de los reglamentos aplicables al caso. Queda finalmente por examinar si nos encontramos en este caso ante «circunstancias especiales».