2.

La Comisión expone que, si el Tribunal de Justicia declara la invalidez del Reglamento n° 1358/89, pero considera que el Reglamento n° 735/85 es plenamente válido, la Produktschap se verá en la obligación, como el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 2 de la sentencia dictada en el asunto 201/87, «de expedir en favor de Cargill, con efecto retroactivo, los certificados de fijación anticipada solicitados el 22 de marzo de 1985, y de abonar a dicha sociedad la ayuda de que se trata, con el importe fijado por el Reglamento n° 735/85 de la Comisión». La Comisión deduce de ello que la Produktschap está también obligada a aplicar el Reglamento n° 735/85 a las solicitudes de fijación anticipada presentadas por Cargill el 22 de marzo de 1985 y a conceder ya sea la ayuda calculada en virtud del Anexo III para las semillas de girasol transformadas al amparo de estos certificados en un Estado miembro distinto del Estado miembro de producción, ya sea la diferencia entre esta ayuda y el importe de la ayuda inferior ya percibido en efectivo para esta cantidad. Considera que, por tanto, no se trata de una indemnización de daños y perjuicios propiamente dicha, sino de una aplicación, aunque tardía, del Reglamento n° 735/85, que es enteramente competencia del órgano jurisdiccional nacional. En efecto, en el marco de la política agraria común, corresponde a las autoridades nacionales pagar esta ayuda a quienes tienen derecho a ello por cuenta de la Comunidad y con arreglo a las disposiciones comunitarias. Según la Comisión, esta solución que confía al órgano jurisdiccional nacional la tarea de pronunciarse tanto sobre el pago de la ayuda como sobre el de los intereses de demora, es asimismo la solución preferible desde el punto de vista de la economía procesal, como señala pertinentemente el College van Beroep. Por el contrario, la solicitud contemplada en la letra c) del apartado 3 de la resolución de remisión no se refiere al pago accesorio de intereses, sino a una indemnización completa, puesto que no parece tender al pago de la ayuda para las semillas de girasol ya transformadas al amparo de los certificados de que se trata, sino al pago del importe suplementario que Cargill habría recibido si hubiera obtenido a partir del 22 de marzo de 1985, gracias a la expedición de un certificado, el derecho a esta ayuda por un importe superior y si, a causa del carácter especialmente beneficioso de esta ayuda, hubiera transformado una cantidad superior en un 7 % como máximo a la indicada en el certificado. Para ser más exactos, esta indemnización no parece referirse a las pérdidas sufridas (damnum emergens), sino a los ingresos no obtenidos (lucrum cesans). A juicio de la Comisión, no puede conocer de esta reclamación de daños y perjuicios el órgano jurisdiccional nacional, sino sólo el Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo a los artículos 178 y 215 del Tratado CEE. Las responsabilidades que se confían, en el marco de la política agraria común, a las autoridades nacionales, ya sean administrativas o judiciales sólo afectan efectivamente a la correcta aplicación de las medidas establecidas por dicha política. Así pues, esta responsabilidad abarca asimismo la rectificación de la aplicación errónea de dichas medidas, como es por ejemplo el pago a posteriori de una ayuda debida pero no entregada, o la devolución de derechos reguladores indebidamente percibidos. Sin embargo, la reparación del daño causado por un acto ilegal de la Comunidad escapa totalmente a la competencia de las autoridades nacionales. La acción de indemnización de daños y perjuicios sólo se puede ejercitar contra la propia Comunidad, según el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado CEE y, con arreglo al artículo 178 del Tratado, corresponde a la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. La Comisión considera, por último, que la pretensión accesoria de intereses de demora, vinculada a la reclamación de daños y perjuicios, sólo puede ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia en el marco de los artículos 178 y 215 del Tratado CEE por la misma razón que la propia reclamación de daños y perjuicios.