En efecto, este concepto no debe determinarse en función de criterios formales, sino del objetivo perseguido por el artículo 7, apartado 1,letra b), de la Directiva 2004/38, que consiste en permitir al Estado miembro de acogida que imponga a los ciudadanos de la Unión, cuando éstos ya no tengan la condición de trabajador, restricciones legítimas por lo que respecta a la concesión de prestaciones sociales a fin de que éstos no se conviertan en una carga excesiva para el sistema de asistencia social de dicho Estado miembro.

El concepto de «asistencia social» que figura en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no puede reducirse a las prestaciones de asistencia social que, con arreglo al artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, no están incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

El Derecho de la Unión, como resulta, en particular, de los artículos 7, apartado 1, letra b), 8, apartado 4, y 24, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, que, incluso para el período posterior a los tres primeros meses de residencia, excluye en cualesquiera circunstancias y de manera automática la concesión de una prestación, como el suplemento compensatorio destinado a completar la pensión de vejez a un nacional de otro Estado miembro que no ejerce una actividad económica, porque éste, pese a que se le haya expedido un certificado de registro, no cumple los requisitos para disfrutar del derecho de residencia legal por más de tres meses en el territorio del primer Estado, dado que la existencia de tal derecho de residencia está supeditada a la exigencia de que dicho nacional disponga de recursos suficientes para no solicitar la citada prestación.

Es cierto que, el hecho de que un nacional de otro Estado miembro que no ejerza una actividad económica pueda disfrutar de tal prestación podría ser un indicio demostrativo de que éste no dispone de recursos suficientes para evitar convertirse en una carga excesiva para la asistencia social de dicho Estado, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38. No obstante, las autoridades nacionales competentes no pueden deducir tal conclusión sin haber procedido a una apreciación global de la carga que supondría concretamente la concesión de esta prestación sobre todo el sistema nacional de asistencia social en función de las circunstancias individuales que caracterizan la situación del interesado.

En efecto, al supeditar el derecho de residencia por más de tres meses a que el interesado no se convierta en una carga «excesiva» para la asistencia social del Estado miembro de acogida, el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, implica que las autoridades nacionales competentes disponen de la potestad de apreciar, teniendo en cuenta un conjunto de factores y a la vista del principio de proporcionalidad, si la concesión de una prestación social puede representar una carga para el conjunto de los regímenes de asistencia social de dicho Estado miembro.

La exclusión automática por el Estado miembro de acogida de los nacionales de otros Estados miembros que no ejerzan una actividad económica del disfrute de una determinada prestación social, incluso en el período posterior a los tres meses de residencia a que se refiere el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, no permite a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, proceder a la apreciación global de la citada carga de conformidad con las exigencias que se derivan, en particular, de los artículos 7, apartado 1, letra b), y 8, apartado 4, de esta Directiva, así como del principio de proporcionalidad. En particular, es necesario que las autoridades competentes puedan tener en cuenta, en particular, la importancia y la regularidad de los ingresos del interesado, el hecho de que éstos hayan llevado a las citadas autoridades a expedirle un certificado de registro, así como el período durante el que la prestación solicitada puede abonársele. Por otro lado, para apreciar la dimensión de la carga que representaría tal abono para el sistema nacional de asistencia social, puede ser pertinente determinar la proporción de beneficiarios de dicha prestación que tienen la condición de ciudadanos de la Unión titulares de una pensión de vejez en otro Estado miembro.

(véanse los apartados 63, 64, 72, 77, 78 y 80 y el fallo)