El artículo 18 TFUE, que consagra el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, resulta aplicable a una situación en la que un primer Estado miembro exige a una compañía aérea titular de una licencia de explotación expedida por un segundo Estado miembro de conformidad con el Reglamento no 1008/2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, que obtenga una autorización de entrada en el espacio aéreo del primer Estado miembro para realizar vuelos privados no regulares procedentes de terceros países con destino a ese primer Estado miembro, siendo así que no se exige tal autorización a las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por el referido primer Estado miembro.

El artículo 18 TFUE, que consagra el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un primer Estado miembro que exige, so pena de multa en caso de incumplimiento, a una compañía aérea titular de una licencia de explotación expedida por un segundo Estado miembro que obtenga una autorización de entrada en el espacio aéreo del primer Estado miembro para realizar vuelos privados no regulares procedentes de terceros países con destino a ese primer Estado miembro, siendo así que no se exige tal autorización a las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por el referido primer Estado miembro, y que supedita la concesión de tal autorización a que se aporte una declaración que certifique que las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por ese primer Estado no están dispuestas o no pueden efectuar tales vuelos.

En efecto, una normativa de ese tipo introduce un criterio de distinción que conduce de hecho al mismo resultado que un criterio basado en la nacionalidad. En la medida en que, con arreglo al artículo 4, letra a), del Reglamento no 1008/2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, la licencia de explotación será expedida por la autoridad competente del Estado miembro en el que la compañía aérea tenga su centro de actividad principal en el sentido del artículo 2, apartado 26, del mismo Reglamento, en la práctica, tal normativa supone una desventaja únicamente para las compañías aéreas que tengan su domicilio social en otro Estado miembro.

Lo mismo sucede, con mayor motivo, en el caso de la normativa de un primer Estado miembro que impone únicamente a las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por un segundo Estado miembro que aporten, con vistas a la obtención de una autorización de entrada en su espacio aéreo para vuelos procedentes de terceros países, una declaración de indisponibilidad que certifique que las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación expedida por el primer Estado no están dispuestas o no pueden efectuar estos vuelos.

Por consiguiente, una normativa de este tipo, que no se justifica por los objetivos de protección de la economía nacional y de seguridad, constituye una discriminación basada en la nacionalidad, acentuada por la multa impuesta en caso de incumplimiento de ésta.

(véanse los apartados 65 a 67 y 70 a 77 y el punto 2 del fallo)