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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 26 de noviembre de 1996. - Hedwig Kuchlenz-Winter contra Parlamento Europeo. - Recurso por omisión - Antiguos funcionarios - Seguridad Social - Admisibilidad. - Asunto T-164/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01593



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Palabras clave

Recurso por omisión - Finalización de la omisión antes de la interposición del recurso - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 175)

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No se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso por omisión, previstos en el artículo 175 del Tratado, cuando la Institución demandada, a la que se ha requerido para actuar, define su posición, después de haber expirado el plazo de dos meses establecido en el párrafo segundo de dicho artículo, si bien antes de la interposición del recurso.

En este sentido, es indiferente el hecho de que dicha definición de posición de la Institución no satisfaga a la demandante, ya que el artículo 175 se refiere a la omisión que consiste en abtenerse de pronunciarse o no definir su posición y no a la adopción de un acto diferente del que los interesados hubieran deseado o considerado necesario.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 24 de marzo de 1997. - British Coal Corporation contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención - Confidencialidad. - Asunto T-367/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00469



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Palabras clave

Procedimiento - Diligencias de prueba - Petición de presentación de un documento - Desestimación - Documento no pertinente para el objeto del litigio

[Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, art. 23; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64, ap. 3, letra d), y art. 65, letra b)]

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El interés en la solución del litigio que el artículo 34 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia CECA, aplicable al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 46 del mismo, exige a las personas físicas o jurídicas para permitirles intervenir en el procedimiento no puede consistir en un interés indirecto provocado por una similitud de situaciones, sino que debe definirse, por el contrario, en relación con el propio objeto del litigio, tal como quedó delimitado por las pretensiones de las partes.

Por consiguiente, cuando se ha presentado ante la Comisión una denuncia en la que se acusa, por una parte, a un productor de carbón de haber cobrado unos cánones contrarios a la letra d) del artículo 4, el artículo 65 y el apartado 7 del artículo 66 del Tratado CECA y, por otra parte, a un comprador de carbón de haber vulnerado el artículo 63 del Tratado CECA y los artículos 85 y 86 del Tratado CE al aplicar precios discriminatorios, no es posible considerar que las personas jurídicas que han sucedido en sus derechos al comprador de carbón tengan un interés directo y actual en intervenir en el recurso interpuesto por el productor para obtener la anulación de la presunta negativa de la Comisión a desestimar la denuncia, puesto que las prácticas denunciadas no sólo son diferentes, sino que tienen además marcos jurídicos distintos.

El denunciante, en cambio, sí tiene un interés directo y actual en la solución del litigio, y por tanto un derecho a intervenir en el procedimiento, ya que el recurso tiene por objeto la anulación de una decisión que le es favorable.
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquème chambre) du 17 de septiembre de 1998. - Eugénio Branco contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Tasación de costas. - Asunto T-271/94 (92).



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03761



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Palabras clave

Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Elementos que deben tenerse en cuenta - Gastos de desplazamiento y estancia de personas distintas de los Abogados de las partes - Honorarios de un Economista - Requisitos de devolución

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

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El Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un Arancel profesional, el Juez debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como sus dificultades, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes.

Los gastos de desplazamiento y de estancia efectuados por personas distintas del Abogado de la demandante de que se trata sólo son recuperables si la presencia de esas personas es necesaria para el procedimiento. Por su parte, los honorarios de un Economista contratado por la demandante sólo pueden considerarse gastos necesarios si la intervención del Economista fue necesaria.

Dado que, al fijar las costas recuperables, el Juez tiene en cuenta todas las circunstancias del asunto hasta el momento en que dicta su resolución, no procede pronunciarse por separado sobre la solicitud de reembolso de los gastos efectuados por las partes a los fines del procedimiento de tasación de costas.
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1 Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que deben tomarse en consideración

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91)

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Elementos que deben tomarse en consideración

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91)

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1 El Juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios Abogados sino para determinar la cantidad por cuya cuantía se pueden reclamar tales retribuciones a la parte condenada en costas. De lo anterior se deduce que el Juez no está obligado a tener en cuenta normas nacionales que fijen los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular.

Al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Juez debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir al Abogado y los intereses económicos que el litigio haya representado para las partes.

2 La importancia de un litigio desde el punto de vista del Derecho comunitario, en razón de las nuevas e importantes cuestiones de Derecho y complejas cuestiones de hecho que suscite, puede justificar, por una parte, honorarios elevados y, por otra, la circunstancia de que una de las partes sea representada por varios Abogados. Dado que el Tribunal de Primera Instancia, al fijar las costas recuperables, tiene en cuenta todas las circunstancias del caso hasta el momento en que falla, no procede pronunciarse sobre los gastos efectuados con motivo del presente procedimiento de tasación de costas.
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1. Funcionarios ° Recurso ° Derecho de recurso ° Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente no local

(Tratado CEEA, art. 152)

2. Funcionarios ° Recurso ° Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente no local ° Parte demandada ° Institución de destino ° Recurso dirigido contra la Empresa Común JET ° Inadmisibilidad

(Tratado CEEA, art. 152; Estatuto de los Funcionarios, art. 1, párr. 2)

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1. El artículo 152 del Tratado CEEA, que confiere competencia al órgano jurisdiccional comunitario para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca su estatuto o que resulten del régimen que les sea aplicable, debe interpretarse en el sentido de que se aplica no sólo a las personas que tienen la condición de funcionarios o de agentes que no sean agentes locales, sino también a las que reivindican dicha condición.

2. El recurso interpuesto por una persona que reivindique la condición de agente temporal de las Comunidades debe dirigirse contra la Institución de la que dependa el demandante. Dado que la Empresa Común CEEA Joint European Torus (JET) no es una de las Instituciones de la Comunidad que enumera el Tratado CEEA, que no ha sido asimilada a una Institución por el Estatuto de los Funcionarios ni por el Reglamento aplicable a los otros agentes a efectos de su aplicación, que no reúne características que permitan considerar, a semejanza de lo que se hizo con el Banco Europeo de Inversiones, que las disposiciones del Tratado que otorgan competencia al órgano jurisdiccional comunitario para conocer del contencioso de la función pública comunitaria se extienden a los litigios con su personal, procede declarar manifiestamente inadmisible un recurso dirigido contra JET o su Consejo por demandantes que reivindican la condición de agente temporal de las Comunidades.
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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Suspensión total o parcial de la ejecución de una Decisión que autoriza, con condiciones, una concentración de empresas ° Condiciones de concesión ° Perjuicio grave e irreparable ° Ponderación de todos los intereses contrapuestos ° Riesgo de que se cree, sin necesidad, una situación irreversible que justifique la intervención del Juez de medidas provisionales

(Tratado CEE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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En el marco del examen de una demanda que tiene por objeto que se suspenda la ejecución de una Decisión de la Comisión en materia de concentración de empresas, en la medida en que impone a las empresas que son parte en la operación que se separen de una sociedad de comercialización en la que están asociadas con otras empresas del mismo sector, demanda que ha sido presentada por una de estas últimas, procede considerar que la legalidad de la Decisión, en cuanto que afecta claramente a los derechos de terceros que no son parte en la operación de concentración ni en el procedimiento ante la Comisión, plantea problemas de tal complejidad que el Juez de medidas provisionales no puede apreciar la inexistencia de fumus boni juris.

En relación con el riesgo de perjuicio grave e irreparable para el demandante, no puede negarse su existencia, dado que, por una parte, resulta que, a la luz de los elementos aportados al Juez, la separación impuesta por la Decisión implica, en la práctica, la disolución de la sociedad de que se trata, ya que los otros socios no tienen posibilidades reales de evitar tal disolución en caso de separación de los dos socios que son parte en la operación de concentración y que, por otra parte, es innegable que la disolución de una sociedad constituye un perjuicio grave e irreparable tanto para ella misma como para sus socios. Así ocurre, en particular, cuando dichos socios, a través de la referida sociedad, tienen acceso a los mercados internacionales en los que se efectúa la distribución de una parte significativa de sus productos y se encontrarían, tras una eventual anulación de la Decisión, con dificultades, quizás insuperables, para recuperar en dichos mercados el lugar que ocupaban antes de la disolución de la sociedad.

Confrontado, en el contexto de la ponderación de todos los intereses contrapuestos, a dicho riesgo para los intereses del demandante, el interés de la Comisión por el restablecimiento de una competencia efectiva en el mercado no resulta comprometido por una suspensión temporal de la condición controvertida. Tal suspensión, por otra parte, no puede causar un perjuicio a las empresas que son parte en la operación de concentración, al seguir siendo éstas libres de separarse inmediatamente de la sociedad o de esperar la decisión sobre el fondo.
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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Requisitos de concesión ° Perjuicio grave e irreparable ° Fumus boni juris ° Ponderación del conjunto de los intereses en juego ° Prestación de un aval

(Tratado CEE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 104, ap. 2, y 107, ap. 2)

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El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales con arreglo al apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de decidir provisionalmente, con el fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a ésta aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio que implique consecuencias graves e irreparables.

El riesgo de que se produzca dicho perjuicio debe reconocerse en el caso de que la ejecución inmediata de una Decisión de la Comisión mediante la que se ordena el reembolso de ayudas comunitarias pueda provocar la liquidación forzosa del deudor, por el hecho de que sus activos sean inferiores al importe cuyo reembolso se reclama.

En estas circunstancias y si los motivos formulados por las demandantes para demostrar, prima facie, la procedencia del recurso no carecen manifiestamente de todo fundamento, la suspensión de la ejecución está justificada. No obstante, hay que ponderar, por una parte, el interés que las demandantes tienen en no ser objeto de liquidación forzosa y, por otra parte, el interés comunitario vinculado a la recuperación de las ayudas indebidamente abonadas y a la sanción de los fraudes en el sistema de subvenciones comunitarias. En una situación en la que una de las demandantes ya ha sido liquidada, los patrimonios y recursos propios de las otras demandantes son prácticamente inexistentes y ninguna de ellas ha ejercido actividad alguna durante varios años, la ponderación de los intereses en juego exige, con el fin de preservar el interés comunitario, que la concesión de la suspensión de la ejecución se subordine, con arreglo al apartado 2 del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, a que las demandantes presten un aval bancario que pueda garantizar la posible devolución de las ayudas percibidas.
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A este respecto, alega la demandante que, dado que, comò cabe esperar, no podrá resolverse sobre el fondo más que en un plazo más o menos largo, ello le causará un perjuicio grave e irreparable. Afirma que la importante pérdida temporal de ingresos que sufre le causa serios inconvenientes y le irroga un grave perjuicio habida cuenta de las obligaciones por ellas contraídas y los ingresos a que estaba acostumbrada desde hace más de siete años. Subraya la demandante que, si bien en el contexto de otros asuntos (la amenaza de) un perjuicio económico no se ha considerado como un perjuicio grave e irreparable, debe predicarse lo contrario en los asuntos de funcionarios, al menos en el caso de autos: se trata, efectivamente, de los ingresos de un particular directamente afectado por una importante pérdida de los mismos, aunque ésta tenga un carácter temporal. Además, la demandante considera que lo más importante es el riesgo de retroceso de su capacidad profesional durante un mayor período de inactividad. Posteriormente, en su opinión, habría de realizar un esfuerzo desproporcionado para paliar la falta de práctica diaria y de experiencia. Aun suponiendo que la demandante pudiera —lo que no resulta patente— encontrar un empleo fuera de los servicios de la Comisión, a su juicio, ello no constituiría una verdadera solución alternativa, dado que los puestos de trabajo que, en su caso, puedan estar disponibles son de una naturaleza muy distinta. Considera la demandante que la Comisión no sufrirá perjuicio alguno si ella continúa ejerciendo sus funciones mientras se está a la espera de que se resuelva sobre el fondo.
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Aun cuando resultara que es éste el caso en el presente asunto, ello no significaría que los secretos comerciales de las empresas afectadas no estuvieran suficientemente protegidos. En efecto, el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento n° 17 dispone que, «sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones de los artículos 19 y 20, la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros, así como sus funcionarios y otros agentes, estarán obligados a no divulgar las informaciones que hayan recogido en aplicación del presente Reglamento, las cuales, por su propia naturaleza, se hallan amparadas por el secreto profesional». Asimismo, en el apartado 1 de dicho artículo 20 se prevé que «las informaciones recogidas [...] no podrán ser utilizadas más que para el fin para el que hayan sido pedidas».
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En su respuesta de 7 de junio de 1989, la Comisión declaró que, hasta entonces, no se había probado suficientemente que las negativas a efectuar los suministros en que se apoyaba el escrito pudieran deberse a una práctica colusoria en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. No obstante, indicaba la Comisión a la demandante que el contenido de su escrito sería tomado en consideración al analizar el sistema de distribución de Vichy, que había sido objeto de notificaciones recibidas entre tanto, o a punto de llegar a la Comisión, pero que no podría contarse con una decisión en breve plazo.
230

Además, según un estudio presentado por el Parlamento [Singanayagam, A., Hakki, S., Dunning, J., y otros, «Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1 617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study», Lancet Infc. Dis. 2022, 29 de octubre de 2021, p. 183 a 195], la vacuna reduce el riesgo de contagio de la variante Delta del virus, que era la variante dominante en Europa en la fecha en que se adoptó la Decisión impugnada, disminuyendo a la vez la probabilidad de que la persona vacunada se infecte tras un contacto de riesgo y limitando la contagiosidad de una persona vacunada infectada, no solo en intensidad, sino también en duración.
10.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 77)
3)

Condenar a la Comisión Europea a cargar, además de con sus propias costas, en el asunto T‑279/20, con las de CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd y las demás partes coadyuvantes cuyos nombres figuran en anexo, Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung y TIGER Coatings GmbH & Co. KG; en el asunto T‑283/20, con las de Billions Europe y las otras partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo, el Conseil européen de l’industrie chimique — European Chemical Industry Council (Cefic), el Conseil européen de l’industrie des peintures des encres d’imprimerie et des couleurs d’art (CEPE), British Coatings Federation Ltd (BCF), American Coatings Association, Inc. (ACA), Mytilineos SA y Delfi-Distomon Anonymos Metalleftiki Etaireia, y, en el asunto T‑288/20, con las de Brillux GmbH & Co. KG, Daw SE, Billions Europe y las demás partes coadyuvantes cuyos nombres figuran en anexo, Sto SE & Co. KGaA y Rembrandtin Coatings GmbH.
101

En primer término, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento interno estándar se refiere al contenido del «resumen» del trabajo de los comités. Pues bien, tal como se desprende del artículo 10, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 182/2011, el acta resumida es uno de los documentos que forman parte del registro de las deliberaciones de los comités llevado por la Comisión en virtud de esta última disposición, documentos cuyas referencias se hacen públicas en dicho registro, de conformidad con el apartado 5 de la misma disposición. Es cierto que el artículo 10 del Reglamento interno estándar añade en su apartado 2 que, si bien el resumen describe los puntos del orden del día y los resultados de la votación, en él «no se mencionará la posición individual de cada uno de los miembros del Comité en sus deliberaciones». No obstante, esta última disposición no se refiere al acceso público a los documentos de los comités, sino al contenido del registro del trabajo de los comités, en particular al contenido de uno de los documentos que lo componen, el resumen. Pues bien, el hecho de que en el resumen no se mencione la posición individual de los Estados miembros carece de incidencia en materia de acceso a los documentos y, por tanto, no puede prejuzgar el acceso público, previa solicitud, a documentos en los que se reflejen tales posiciones individuales. Además, contrariamente a lo que sostuvo la Comisión en la vista, esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que la posición individual de los Estados miembros no debería registrarse en ningún documento, ya que se refiere únicamente al contenido del resumen.
153

Con carácter preliminar, procede recordar que, en relación con los hechos anteriores al 1 de enero de 2016, la Comisión señaló, en la Decisión impugnada, que el artículo 133 bis, apartado 2, letra b), de su Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002 (DO 2002, L 357, p. 1), en su versión modificada, y el artículo 145, apartado 1, de su Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.o 966/2012 (DO 2012, L 362, p. 1), antes de su modificación por su Reglamento Delegado (UE) 2015/2462, de 30 de octubre de 2015 (DO 2015, L 342, p. 7), establecían un período máximo de exclusión de una entidad de cinco años.
178

Así pues, debe constatarse que la República Checa, pese a haber sido instada por escrito a aclarar la información que figura en los puntos 6.1 y 12 de la Comunicación AM/2007/019, no ha podido presentar pruebas suficientemente precisas y pertinentes que puedan refutar tal información. De este modo, ese Estado miembro no puede sostener que no detectó el número de serie señalado por la OLAF puesto que alertó a las autoridades eslovacas de la existencia de importaciones fraudulentas, declaradas como procedentes de Laos e introducidas previamente en su territorio por la sociedad BAIDE.
56

Por lo que respecta, más concretamente, a la ampliación del acto ilícito de usurpación de denominación, la recurrente se refirió a la sentencia Taittinger, de la que se desprende que puede existir una presentación engañosa incluso en presencia de productos de naturaleza diferente [sentencia Taittinger, páginas 641, 665 y 667; véase, asimismo, la resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, apartados 9 y 15]. En efecto, en la sentencia Taittinger, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil] estimó que era plausible que una parte no insignificante del público pudiera creer que el producto en cuestión, titulado «Elderflower Champagne», no era champán, pero que estaba asociado en cierto modo a dicho producto. La parte del público que se daría cuenta de que se trataba de una bebida no alcohólica podría creer que los productores de champán habían creado un champán no alcohólico del mismo modo que sucede con el vino no alcohólico o la cerveza no alcohólica.