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Considerando que mediante la segunda, tercera y cuarta cuestiones se solicita al Tribunal de Justicia que interprete la prohibición de gravar los productos extranjeros con tributos superiores a los que gravan la producción nacional, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la posibilidad de diferencia de trato del producto importado no puede, en todo caso, producirse más que si este producto es enviado mas allá de una zona territorial, de aproximadamente, 50 kilómetros de longitud que se extienda paralela a la frontera a una distancia de 50 kilómetros de ésta; 2) el impuesto en cuestión grava de la misma forma no sólo los transportes de productos extranjeros hacia el territorio nacional, sino también el transporte de productos nacionales al extranjero; 3) el objetivo perseguido por este tributo corresponde al ámbito de la política de transportes y el efecto discriminatorio no habría podido ser evitado más que a costa de un importante incremento de los gastos administrativos y, además, sólo se manifestó de 1969 a 1971.
1) El hecho de que el Estado miembro de importación exija que se indique, en el documento de declaración en aduana, el país de origen de los productos en régimen de libre práctica cuyo estatuto comunitario acredita el certificado de circulación comunitario no constituye, en sí, una medida equivalente a una restricción cuantitativa, siempre y cuando se trate de mercancías objeto de medidas de política comercial adoptadas, por dicho Estado, de conformidad con el Tratado. Esta exigencia incurriría, sin embargo, en la prohibición del artículo 30 del Tratado CEE si se pidiera al importador que declarase, respecto del origen, datos que no conoce o que no puede razonablemente conocer, o si la omisión o la inexactitud de esta declaración llevara acarreadas sanciones desproporcionadas en relación con la naturaleza de una infracción de carácter puramente administrativo.
El sistema de coordinación de la legislaciones nacionales establecido por el Reglamento se basa en el principio de que un trabajador no debe verse privado del derecho a prestación por el mero hecho de que la legislación de un Estado miembro haya cambiado de tipo. De ello se deriva que la expresión Reglamentos «existentes o futuros» en el sentido de la letra j) del artículo 1 del Reglamento no 1408/71 no debe interpretarse .de manera que excluya las disposiciones que, tras haber estado anteriormente en vigor, ya habían dejado de estarlo en el momento de la adopción de dichos Reglamentos comunitarios.
El Tratado, al organizar en el artículo 93 el examen permanente y el control de las ayudas por la Comisión, entiende que la declaración de la posible incompatibilidad de una ayuda con el mercado común resulta, bajo el control del Tribunal de Justicia, de un procedimiento apropiado cuya tramitación incumbe a la Comisión. Los particulares, por tanto, invocando tan sólo el artículo 92, no podrían impugnar la compatibilidad de una ayuda con el Derecho comunitario ante los órganos jurisdiccionales nacionales ni solicitar a éstos que se pronuncien con carácter principal o incidental, sobre una posible incompatibilidad. Esta posibilidad se da desde el momento en que las referidas disposiciones del artículo 92 se han concretado en los actos de alcance general previstos por el artículo 94 o en las Decisiones, en casos particulares, que contempla el apartado 2 del artículo 93.

Las disposiciones del artículo 93 no impiden a un órgano jurisdiccional nacional plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del artículo 92 del Tratado, cuando dicho órgano jurisdiccional estime necesaria una decisión sobre este extremo para poder dictar su sentencia, entendiéndose que dicho órgano jurisdiccional no es competente para pronunciarse -a falta de un Reglamento de aplicación en el sentido del artículo 94- sobre una demanda para que se declare la incompatibilidad con el Tratado de una ayuda existente, que no haya sido objeto de una Decisión de la Comisión por la que se obligara al Estado miembro interesado a suprimirla o a modificarla, o de una ayuda nueva introducida con arreglo al apartado 3 del artículo 93 del Tratado.
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Considerando que, mediante resolución de 11 de junio de 1974, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de abril de 1975, la Tariefcommissie planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones relativas a la validez de una nota complementaria introducida en el Capítulo 90 del Arancel Aduanero Común (en lo sucesivo, «AAC») por el Reglamento (CEE) no 1/71 del Consejo, de 17 de diciembre de 1970, por el que se modifica, con efectos de 1 de enero de 1971, el Reglamento (CEE) no 950/68 relativo al Arancel Aduanero Común (DO 1971, L 1, p. 1);
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que las demandantes alegan, en primer lugar, que la obligación controvertida no había sido mencionada ni en el «pliego de cargos» de 27 de julio de 1973 ni en la audiencia de 27 de septiembre de 1973 y que, por otra parte, tampoco figuraba en ninguna carta o escrito de la Comisión anteriores a la Decisión, de modo que en ningún momento tuvieron ocasión de dar a conocer su punto de vista a este respecto; que, de este modo, según las demandantes, mediante la cláusula controvertida la Comisión infringió las normas de procedimiento establecidas en el Reglamento no 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963 (DO 1963, 127; EE 08/01, p. 62), relativo a las audiencias previstas en el artículo 19 del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962 (DO 1962, 13; EE 08/01, p. 22), y, en particular, los artículos 2 y 4 del citado Reglamento n o 99/63;
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Considerando que las restricciones cuya eliminación prevén los artículos 59 y 60 comprenden todos los requisitos impuestos al prestador de un servicio, en particular por razón de su nacionalidad o de la circunstancia de que no tenga residencia permanente en el Estado donde se realiza la prestación, que no sean aplicables a las personas establecidas en el territorio nacional o que puedan prohibir o dificultar de otro modo las actividades de quien presta servicios;
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Considerando que, si bien en el marco del procedimiento del artículo 177, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la interpretación o la validez de disposiciones legislativas nacionales, es, sin embargo, competente para interpretar el artículo 12 del Reglamento no 1612/68 y para declarar si este artículo se refiere o no a la aplicación de medidas de fomento de la formación como la ayuda controvertida.
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Considerando que, invocando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente las sentencias de 14 de julio de 1972 (48/69, «-» Rec. p. 619, y 52/69 53/69, Rec. pp. 787 y 845, respectivamente), las demandantes niegan que CSC ejerciera efectivamente su poder de control sobre Istituto y que constituyeran una unidad económica; que ambas sociedades alegan haber actuado siempre de forma independiente, de modo que CSC no puede hacerse responsable de los actos de Istituto, ni Istituto de los de CSC; que, por tanto, aun en el supuesto de que CSC ostentara una posición dominante en el mercado mundial de materias primas para la fabricación de etambutol, tal sociedad no ha actuado dentro de la Comunidad, no pudiendo ser el autor del comportamiento incriminado sino Istituto, que, sin embargo, no ocupa posición dominante alguna en el mercado de que se trata.
El concepto de «práctica concertada» se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber llegado a la celebración de un contrato propiamente dicho, sustituye a sabiendas los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas, cooperación que conduce a unas condiciones de competencia que no corresponden a las condiciones normales del mercado, habida cuenta de la naturaleza de los productos, la importancia y el número de las empresas así como el volumen y el carácter de dicho mercado. Dicha cooperación práctica es constitutiva de una práctica concertada, en particular, cuando permite a los interesados la cristalización de situaciones adquiridas en perjuicio de la libertad efectiva de circulación de los productos en el mercado común y de la libre elección por los consumidores de sus proveedores.

Al constituir las compras realizadas «al agente comercial», en realidad, compras efectuadas directamente al comitente, el hecho de que este último obligue a los comerciantes al por mayor a dirigirse a sus agentes y no a él mismo no puede constituir ni un acto abusivo ni indicio de tal acto.

No obstante, cuando un intermediario vende en nombre y por cuenta de un productor o de una asociación de productores, puede en principio considerarse como órgano auxiliar integrado en la empresa de estos últimos, obligado a atenerse a las instrucciones del comitente y formando así con dicha empresa, a semejanza del empleado comercial, una unidad económica. En estas circunstancias, la incompatibilidad con los artículos 85 u 86 del Tratado no se deriva del mero hecho de que el comitente imponga a dicho órgano auxiliar la prohibición de dedicarse sin autorización al comercio de productos que puedan hacer la competencia a los suyos.

El hecho de que un contrato de agente comercial que impone una prohibición de competencia sea conforme al Derecho nacional por el que se rige dicho contrato, o que tal Derecho imponga incluso una prohibición como la referida, no es decisivo para determinar si dicho contrato no incurre en la prohibición de los artículos 85 u 86.

Si bien puede estar justificado que un productor, actuando de manera autónoma, trate de evitar que el azúcar por él vendido a un precio relativamente bajo, para su desnaturalización, se venda demasiado barato en el mercado del consumo humano, los objetivos del artículo 39 del Tratado no exigen sin embargo en absoluto que persiga este fin mediante prácticas concertadas. Si no obstante lo hiciera, las prácticas concertadas no podrán, pues, ampararse en la segunda excepción prevista en la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 26.
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Considerando que, del artículo 33 del Reglamento no 120/67 se desprende que el régimen establecido por éste se aplicó a partir del 1 de julio de 1967, y que el Reglamento no 19 quedó derogado en esa misma fecha; que la derogación de un Reglamento no implica, salvo disposición expresa en sentido contrario, la supresión de los derechos individuales conferidos por sus disposiciones; que, por otro lado, la prohibición a los Estados de percibir exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana, enunciada en los artículos 18 y 20 del Reglamento no 19, se reproduce en los artículos 18 y 21 del Reglamento no 120/67; que, en consecuencia, procede concluir que los derechos conferidos a los particulares por los artículos 18 y 20 del Reglamento no 19 siguieron vigentes, sin interrupción, tras la entrada en vigor del Reglamento no 120/67.
El término «régimen» que figura en el apartado 2 del Protocolo no 14 anexo al Acuerdo por el que se constituye una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Grecia, debe interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente al ámbito de los derechos de aduana y las restricciones cuantitativas.

El gravamen compensatorio impuesto sobre los vinos griegos importados a Bélgica y al Gran Ducado de Luxemburgo en virtud del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 816/70, constituye una exacción reguladora en el sentido del Protocolo no 12 anexo al Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Grecia y, a tenor de dicho Protocolo, no puede considerarse como un derecho de aduana ni como una exacción de efecto equivalente en el sentido del apartado 2 del artículo 37 de dicho Acuerdo.
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Considerando que la demandante sostiene que el pliego de cargos al que se refiere el artículo 2 del Reglamento no 99/63 de la Comisión, no se notificó en debida forma, pues no fue firmado por un miembro de la Comisión, sino por el Director General de la Competencia, por delegación.
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Considerando que la diferencia señalada no constituye una discriminación, puesto que es consecuencia del nuevo sistema de organización común del mercado del azúcar, que no reconoce un único precio fijo, sino que contempla un precio superior y uno inferior y establece un marco de precios dentro de cuyos límites se establece el nivel de precios efectivos según el desarrollo del mercado; que, por consiguiente, no puede negarse la justificación de una normativa transitoria que tan sólo impone el pago de exacciones en los casos en que los precios anteriores se encuentren todavía por debajo de la franja de oscilación de los nuevos precios y que únicamente permite una compensación cuando dichos precios se encuentren por encima del límite superior de dicha franja, considerando que deben intervenir los mecanismos del mercado en los casos en que los precios anteriores estaban ya dentro de los límites establecidos.
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Considerando que, mediante resolución de 18 de marzo de 1970, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de marzo de 1970, el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones sobre la validez del régimen de certificados de exportación y del régimen de garantías que acompaña a éstos -en lo sucesivo, «régimen de garantías» — previsto por el Reglamento no 120/67/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1967, sobre organización común de mercados en el sector de los cereales (DO 1967, 117, p. 2269), y por el Reglamento no 473/67/CEE de la Comisión, de 21 de agosto de 1967, relativo a los certificados de importación y de exportación (DO 1967, 204, p. 16).
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Considerando, no obstante, que, si bien en virtud de lo dispuesto en el artículo 189 los Reglamentos son directamente aplicables y por consiguiente pueden, por su propia naturaleza, producir efecto directo, ello no implica que otras categorías de actos mencionados por dicho artículo no puedan producir efectos análogos; que, en particular, la disposición que establece que las Decisiones son obligatorias en todos sus elementos para el destinatario suscita la cuestión de si la obligación que se deriva de la Decisión puede ser invocada únicamente por las Instituciones comunitarias frente a dicho destinatario, o puede serlo por cualquier otro interesado en el cumplimiento de dicha obligación; que sería incompatible con el carácter imperativo que el artículo 189 reconoce a la Decisión negar que, en principio, los particulares afectados puedan invocar la obligación que establece; que particularmente en el caso de que las autoridades comunitarias, mediante Decisión, hayan obligado a uno o a todos los Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de dicho acto se debilitaría si a los nacionales del Estado de que se trate se les privara de la posibilidad de invocarlo ante los órganos jurisdiccionales de dicho Estado y éstos no pudieran tomarlo en consideración como elemento integrante del Derecho comunitario; que si bien los efectos de una Decisión pueden no ser idénticos a los de un Reglamento, esta diferencia no excluye que el resultado final sea el mismo que el de un Reglamento directamente aplicable: la posibilidad de que los justiciables los invoquen ante sus propios órganos jurisdiccionales.
No corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial, valorar las características de la legislación de uno de los Estados miembros de la Comunidad respecto a las disposiciones del Derecho comunitario, ya que dicha función está reservada a los órganos jurisdiccionales nacionales, encargados de aplicar el Derecho comunitario en los litigios que se les someten.

No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales ni sobre la admisibilidad de las acciones que se ejerciten ante los mismos.

Los períodos de cotización cubiertos con dichos requisitos constituyen períodos de seguro a los efectos del Reglamento no 3.

Cuando, por efecto de una legislación nacional, las disposiciones de un régimen de Seguridad Social establecido en beneficio de la generalidad de los trabajadores se amplían a una categoría de personas que no son los trabajadores por cuenta ajena mencionados en el Reglamento no 3, como los artesanos, dichas personas deben ser consideradas para la aplicación del Reglamento, en la medida en que están protegidas contra uno o varios riesgos idénticos, como asimiladas a los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las formas o modalidades utilizadas para dicha ampliación por el legislador nacional.

Como los Anexos 7 y 9 del Reglamento no 4 sólo tienen un carácter declarativo, la mención u omisión de un régimen de Seguridad Social en dichos Anexos no puede modificar una situación jurídica como la derivada de las disposiciones del Reglamento no 3 en relación con las legislaciones nacionales que menciona.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 252/48

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 15 de marzo de 2011 — Strack/Comisión

(Asunto F-120/07) (1)

(Función Pública - Funcionarios - Traslado de días de las vacaciones anuales - Artículo 4 del anexo V del Estatuto - Razones imputables a las necesidades del servicio - Artículo 73 del Estatuto - Directiva 2003/88/CE - Derecho a vacaciones anuales retribuidas - Licencia por enfermedad)

2011/C 252/102

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Guido Strack (Colonia, Alemania) (representante: H. Tettenborn, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y B. Eggers, agentes)

Objeto

Anulación de varias decisiones de la Comisión relativas a la solicitud de trasladar de 2004 a 2005 los días de vacaciones anuales no disfrutados que sobrepasaban el límite de doce días. Condena de la Comisión al pago de una indemnización compensatoria por los 26,5 días de vacaciones anuales no disfrutados y no retribuidos, junto con los correspondientes intereses a un 2 % anual.

Fallo

1) Anular la decisión de 15 de marzo de 2007 de la Comisión Europea por la que se denegó la solicitud del Sr. Strack para que se le permitiera trasladar al año siguiente el número restante de días de vacaciones no disfrutados del año 2004.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las del Sr. Strack.

(1) DO C 315, de 22.12.2007, p. 50.
—

de la suma a la que asciende la devolución reclamada a los demandantes en la resolución impugnada, incrementada en la diferencia entre el importe de las pensiones que se fija en el anuncio de modificación n.o 2 y el importe fijado en el anuncio de modificación n.o 3, desde el momento en que el anuncio n.o 3 empezó a surtir efectos y hasta la fecha en que la familia estará en condiciones de volver a instalarse en su anterior lugar de residencia, plazo que puede calcularse razonablemente en un año a partir de la resolución del presente asunto.
—

la reparación del perjuicio que sufrió como consecuencia del accidente: i) por un total de 10 000 euros en concepto de la falta de asistencia en Jordania y en Bruselas, desde el punto de vista médico, administrativo y pecuniario; ii) por una cantidad igual a todos los salarios, dietas y beneficios no percibidos y perdidos y a los gastos realizados, médicos o de otro tipo, por la demandante debido al accidente, estimada provisionalmente en 50 000 euros, como consecuencia del accidente cuya responsabilidad recae en las Naciones Unidas y en el SEAE; este último deberá asistir y financiar este litigio conjuntamente con las Naciones Unidas y todos los participantes en la organización de esas prácticas; iii) una cantidad provisional de 50 000 euros por el uso abusivo de los contratos de duración determinada, que incluyen cláusulas de prueba cada vez, en particular este último, y su no renovación.
—

las directrices establecidas por la Dirección de «Recursos Humanos» con la «Note to Staff n. 722 PERSONNEL/S&D/D&P/2012-198», de fecha 5 de diciembre de 2012, y las relativas «Guidelines to the 2012 annual staff appraisal exercise», incluso en la parte en que establecen que la valoración final se sintetice de un determinado modo, sin identificar los criterios a los que debe atenerse el calificador.
—

En la medida en que sea necesario, que se declare que la Comisión, también al no adoptar una postura sobre la petición de 4 de enero de 2011, actuó de modo contrario a Derecho al no haber adoptado las medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General de 9 de junio de 2010, en el asunto F-56/09, Marcuccio/Comisión, y en particular en el punto 4 de su fallo.
—

Que se anule la decisión de no promover al demandante en 2008, notificada mediante la comunicación a personal no 32/2008, de 5 de mayo de 2008, y los actos preparatorios de esta decisión, en particular las decisiones de 19 y de 29 de febrero de 2008, que fueron objeto de las comunicaciones al personal no 10-2008 y no 17-2008, mediante las que se aprobaron las listas de funcionarios que podían ser promovidos con efectos de 1 de enero de 2008, en la medida en que afecta al demandante.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 69/31

Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2005 — Angé Serrano/Parlamento

(Asunto F-9/07)

(2007/C 69/62)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Pilar Angé Serrano (Luxemburgo) (representante: E. Boigelot, abogado)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la decisión del Parlamento Europeo de 20 de marzo de 2006 por la que se reclasifica a la demandante en el grado B*6, escalón 8, a partir del 1 de mayo de 2004.

— Que se condone a la parte demandada al pago, en concepto de indemnización por el daño moral y material sufrido y el menoscabo de la carrera de la demandante, de la cantidad de 25.000 euros, sin perjuicio de que ésta pueda ser incrementada y/o disminuida durante la sustanciación del procedimiento.

— Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

La demandante, funcionaria del Parlamento Europeo que aprobó un curso de paso de categoría (de la categoría C a la categoría B) con anterioridad a la entrada en vigor, el uno de mayo de 2004, de la reforma del Estatuto, ya interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas un recurso contra la decisión de reclasificarla en el grado B*5 (1).

En el presente asunto, la demandante impugna la decisión de 20 de marzo de 2006, mediante la cual el Parlamento la reclasificó en el grado B*6, escalón 8. En apoyo de su recurso, la demandante formula motivos muy similares a los invocados en el asunto T-47/05. Además, alega que, a pesar de la nueva clasificación que se le ha asignado, el sistema derivado de la reforma del Estatuto desvirtúa, a su juicio, la eficacia de su paso de la categoría C a la categoría B, ya que la nueva clasificación no implica para la demandante ninguna ventaja con relación a la situación en la que se encuentran sus colegas que no superaron un concurso de paso de categoría.

(1) Asunto T-47/05, Angé Serrano y otros/Parlamento, DO C 93, de 14.4.2005, p. 36.