CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER

presentadas el 28 de noviembre de 1972 ( *1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

En el procedimiento nacional que condujo a la petición de decisión prejudicial que debemos tratar hoy, el demandante es un nacional neerlandés domiciliado en este Estado. Estaba empleado como obrero metalúrgico a unos 20 km de su domicilio por la empresa M. Rosskamp, demandada en el procedimiento principal, que ejerce su actividad en la República Federal de Alemania. Por tanto debe ser considerado como trabajador fronterizo en el sentido de la legislación comunitaria en materia social. El 26 de febrero de 1971 sufrió un accidente de trabajo que redujo su capacidad de trabajo en un 60 %. Desde el 25 de octubre de 1971 percibe por esta razón una pensión de accidente de trabajo con cargo al seguro legal alemán de accidentes de trabajo. Mediante escrito de 19 de noviembre de 1971, la empresa Rosskamp puso fin a la relación laboral a partir del 3 de diciembre de 1971 alegando que, a causa de trabajos importantes que debía realizar en un plazo determinado, se veía obligada a sustituir al Sr. Marsman.

El Sr. Marsman interpuso un recurso contra esta medida ante el Tribunal laboral alemán competente, alegando que, según el correspondiente informe de la mutualidad laboral, tiene derecho a la protección especial contra la resolución del contrato concedida por la Ley alemana sobre grandes inválidos de 16 de junio de 1953 («Schwerbeschädigtengesetz»), cuyo artículo 14 supedita la licitud de un despido a la aprobación de la Oficina principal de asistencia social (Hauptfürsorgestelle). A falta de ésta el despido se considera nulo. La demandante invoca por el contrario, ateniéndose a un escrito del Arbeitsamt (oficina de empleo) de Coesfeld de 10 de septiembre de 1972, el artículo 1 de la mencionada Schwerbeschädigtengesetz, a tenor del cual las disposiciones relativas a la protección especial concedida en caso de despido no se aplican a los extranjeros aunque tengan la calidad de grandes inválidos como consecuencia de un accidente y hayan adquirido derecho a la prestación frente al seguro legal de accidente si, como sucede en el caso del demandante, su domicilio no está situado en el territorio de la República Federal de Alemania o en Berlín-Oeste.

Como quiera que el Arbeitsgericht que debía decidir sobre el caso tenía serias dudas sobre si la disposición citada de la Schwerbeschädigtengesetz es o no compatible con el artículo 48 del Tratado CEE y con el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68, de 15 de octubre de 1968 (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), adoptado con arreglo al artículo 49 del Tratado CEE y relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, acordó, mediante resolución de 15 de mayo de 1972, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse el artículo 48 del Tratado CEE y el artículo 7 del Reglamento no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad [DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77], en el sentido de que estas disposiciones tienen también por objeto la protección especial contra el despido de determinadas categorías de personas -en este caso, la protección contra el despido de grandes inválidos (Schwerbeschädigtengesetz) de 16 de junio de 1953 (BGBl. 1, p. 389)— de forma que en la República Federal de Alemania esta protección se establece también a favor de los nacionales de Estados miembros de la CEE que hayan sufrido una disminución en su capacidad de rendimiento superior al 50 % como consecuencia de un accidente de trabajo y hayan adquirido un derecho a la pensión que corresponda con cargo al seguro legal alemán de accidentes de trabajo, aunque no vivan en el territorio federal ni en Berlín-Oeste (apartado 3 del artículo 1 de la Schwerbeschädigtengesetz)?»

Veamos a continuación la respuesta que procede dar a esta cuestión.

Para ello nos encontramos con la agradable situación, que ciertamente no se produce con frecuencia, de que todas las partes (el demandante en el procedimiento, el Gobierno de la República Federal Alemana, el Gobierno de la República Italiana y la Comisión de las Comunidades Europeas), proponen la misma respuesta, a saber, que la protección especial concedida por la Schwerbeschädigtengesetz en caso de despido es también objeto de las disposiciones del artículo 48 del Tratado CEE y del artículo 7 del Reglamento no 1612/68 y que, por tanto, es ilícita cualquier discriminación de los trabajadores de otros Estados miembros en este campo.

En mi opinión, se puede demostrar fácilmente que esta tesis merece la aprobación sin reservas.

Como sabemos el artículo 48 del Tratado CEE dispone «La libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad quedará asegurada, a más tardar, al final del período transitorio.

La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo […]»

Atendiendo solamente al tenor literal de dicho precepto ya podemos suponer que la expresión «con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo […]» comprenda también la protección concedida en caso de despido, cualquiera que sea la forma que revista. Esto aparece aún más claro si se acepta la opinión del Gobierno italiano, según la cual el artículo 48 del Tratado debe interpretarse en sentido lato. De hecho, dicha interpretación está justificada por lo menos desde la sentencia recaída en el asunto 15/69 (↔ Rec. 1969, p. 363). Esta sentencia declara, efectivamente, que la mencionada disposición (artículo 48 del Tratado) «no tiene más reservas que las taxativamente previstas en su apartado 3, relativas al orden público, a la seguridad y a la salud pública». Por otra parte subraya que «la normativa comunitaria en materia social se basa en el principio de que el Derecho de cada Estado miembro debe asegurar a los nacionales de otros Estados miembros que ocupen un empleo en su territorio el conjunto de prestaciones que reconoce a sus propios nacionales».

Si, a pesar de ello, hubieran podido subsistir dudas sobre la exactitud de la interpretación que acabo de exponer, quedarían definitivamente descartadas por la disposición, más concreta, del artículo 7 del Reglamento no 1612/68. Efectivamente, a tenor de dicho artículo, «en el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrán ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo. Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales». Por tanto hay una referencia expresa al derecho de despido. Por otra parte, esta referencia tiene un carácter general, de forma que no existe ningún motivo para considerar solamente las disposiciones de Derecho común relativas al despido y mantener que el artículo citado no comprende la protección especial en caso de despido.

Como, por otra parte, ha quedado probado que el trabajador alemán, cuando es un gran inválido, se beneficia de la protección especial prevista en caso de despido, y ello independientemente de su domicilio, la exigencia que la Ley relativa a los grandes inválidos impone a los trabajadores de otros Estados miembros en materia de domicilio constituye realmente una discriminación en el sentido de las disposiciones comunitarias mencionadas. De ello se deduce que la disposición de la Schwerbeschädigtengesetz mencionada por el órgano jurisdiccional nacional (que, por otra parte, se remonta a 1953 y que, por tanto, no podía tener en cuenta las exigencias de la normativa comunitaria en materia social) ya no es aplicable, teniendo en cuenta la primacía del Derecho comunitario inmediatamente aplicable tal y como el propio Gobierno alemán lo ha reconocido. Por otra parte, al haber decidido el Gobierno alemán una modificación correspondiente de la Schwerbeschädigtengesetz, como hemos sabido a lo largo del procedimiento, la situación jurídica en Alemania será regulada formalmente en fechas próximas, lo cual asegurará que, en el futuro, los principios del Derecho comunitario regirán sin dificultad a la hora de aplicar la Schwerbeschädigtengesetz.

Resumiendo, considero que en el presente asunto procede responder del siguiente modo a la cuestión planteada:

El principio de igualdad de trato de los nacionales de Estados miembros que establecen el artículo 48 del Tratado CEE y el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, se refiere también a las disposiciones del Derecho interno que, por motivos sociales, supeditan el despido de un trabajador cuya capacidad de trabajo se encuentra disminuida a consecuencia de un accidente de trabajo, a requisitos especiales más estrictos.

( *1 ) Lengua original: alemán.