SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 8 de noviembre de 2000

Asunto T-175/97

Bernard Bareyt y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Agentes temporales — Retribución — Destino a un país tercero — Adaptación de los coeficientes correctores — Efecto retroactivo — Recuperación de cantidades percibidas en exceso»

Texto completo en lengua francesa II-1053

Objeto:

Recurso que tiene por objeto varias demandas de anulación de las hojas de haberes de los demandantes del mes de mayo de 1996 y de los meses siguientes, y la condena de la Comisión a reembolsar a los demandantes las retenciones operadas sobre sus retribuciones a partir de junio de 1996 en concepto de recuperación de cantidades percibidas en exceso y a abonarles la parte correspondiente a la disminución de sus retribuciones efectuada a partir de mayo de 1996.

Resultado:

Se desestima el recurso. Se condena a cada parte a cargar con sus propias costas.

Sumario

El legislador comunitario está obligado a garantizar la equivalencia del poder adquisitivo de los funcionarios entre Bruselas y los demás lugares de destino en los países terceros adaptando los coeficientes correctores. Esta obligación no se extingue por el hecho de no haberse cumplido en los plazos señalados por el Estatuto. Aun suponiendo que los plazos señalados por el artículo 13 del anexo X del Estatuto para la adaptación de los coeficientes correctores tengan carácter imperativo y que el legislador comunitario haya incumplido su obligación de adaptar dichos coeficientes en la fecha prevista, tal infracción de las normas aplicables no menoscaba la validez de los Reglamentos por los que se fijan los coeficientes correctores. (véase el apartado 48)

En materia de métodos estadísticos aplicables para el cálculo de los coeficientes correctores, la Comisión y Eurostat disponen de la facultad discrecional para elegir los métodos de evaluación de la equivalencia del poder adquisitivo. Para que el Tribunal de Primera Instancia pueda declarar irregular la elección de tal método, es necesario que el demandante demuestre que el método elegido es manifiestamente erróneo. Por otra parte, los coeficientes correctores son la expresión de la diferencia del poder adquisitivo del personal comunitario en Bruselas y en otro lugar de destino, y no sólo reflejan la evolución del coste de la vida en este otro lugar. Por consiguiente, la mera disminución del coeficiente corrector, aunque sea considerable y no se corresponda con una disminución del coste de la vida en el lugar de destino, no es un indicio que permita afirmar la existencia de un error manifiesto en la elección de los métodos de evaluación de la equivalencia del poder adquisitivo. (véanse los apartados 64 y 65) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de diciembre de 1995, Abelio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-544/93 y T-566/93, RecFP pp. I-A-271 y II-815), apartado 56

La motivación de un Reglamento por el que se fijan los coeficientes correctores que deben aplicarse a las retribuciones de los funcionarios puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de conjunto que dio lugar a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que persigue. No tiene por qué referirse a aspectos técnicos de los modos de cálculo. (véase el apartado 75) Referencia: Abello y otros/Comisión, antes citada, apartado 89

En el caso de una decisión mediante la que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos aplica un acto de alcance general a la situación individual de un funcionario, sin disponer de facultad de apreciación a este respecto, la motivación puede limitarse a una referencia al acto normativo y, en la medida en que sea necesario en las circunstancias de cada caso, a la indicación de las razones por las que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos considera que se cumplen los requisitos de aplicación de dicho acto a ese funcionario. Conforme al artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no está obligada a explicar las razones que motivaron la adopción del acto normativo por el legislador comunitario. (véase el apartado 77)

Conforme al artículo 64, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias de ordenación del procedimiento tienen por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada. Las diligencias de prueba a que se refieren los artículos 65 a 67 del mismo Reglamento están destinadas a permitir probar la veracidad de las alegaciones de hecho realizadas por una parte en apoyo de sus alegaciones. No procede ordenar una diligencia de ordenación del procedimiento o la práctica de diligencias de prueba propuesta por un demandante cuando ésta no tiene por objeto precisar los motivos formulados o probar la veracidad de los hechos que alega, sino que, por el contrario, es un intento de obtener nuevos elementos en apoyo de su recurso, puesto que el demandante no formula cargos concretos, que puedan ser comprobados o precisados a través de la solicitud de informaciones o de documentos específicos. (véanse los apartados 89 a 91)