29.

En su sentencia de 27 de enero de 1989, el Tribunale civile de Roma declaró: «En definitiva, el Reglamento […] no 2499/82 confiere el derecho a las ayudas a condición de que los plazos y los requisitos rigurosamente fijados sean respetados; el incumplimiento de esos plazos y requisitos conlleva la recuperación parcial o total de la ayuda abonada como anticipo. Los destiladores son —según el procedimiento adoptado por [la República Italiana] [el procedimiento previsto por el artículo 9 del Reglamento no 2499/82]— los destinatarios de la ayuda mientras que los productores de vino y de uva son los destinatarios en última instancia. De lo anterior resulta que el Reglamento de que se trata puede interpretarse fácilmente y no es necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. […] Con respecto a las relaciones entre Assedile y la AIMA, [la póliza de fianza emitida por Assedile] prevé, en el artículo 2 de las condiciones generales del seguro, que Assedile garantiza a la AIMA, hasta el importe asegurado (es decir, 1.169.040.262 ITL [603.759 euros]), el reembolso de las sumas que eventualmente le adeude la parte contratante [DAI] en restitución total o parcial del anticipo pagado por la AIMA, en el caso de que se declare la inexistencia del derecho a la ayuda excepcional a la destilación para la totalidad o una parte de las cantidades que figuran en la solicitud de pago anticipado o en el contrato de destilación. Por su parte, el artículo 3 prevé que la AIMA debe dirigir la solicitud de devolución de la suma indebidamente percibida a la DAI, que está obligada a abonar la suma reclamada en un plazo de quince días. Si, al término de ese plazo, no se ha cumplimentado lo solicitado, la AIMA puede solicitar el pago de la citada suma a la compañía [Assedile], que estará obligada a efectuarlo en un plazo de quince días tras la recepción de la solicitud, sin poder oponer ninguna excepción. A tenor del artículo 4, la compañía [Assedile] se subroga, dentro de los límites del importe pagado, en todos los derechos y acciones de la AIMA frente a la parte contratante y sus derechohabientes. Las cláusulas contractuales antes citadas parecen claras y de interpretación simple: es evidente, en particular, que la garantía se concede a favor de la AIMA y no a favor de otras personas como los productores y que, por ello, éstos no disfrutan de ningún derecho frente a Assedile sobre la suma garantizada. Igualmente, la imposibilidad de que la aseguradora oponga excepciones al beneficiario resulta claramente de la redacción del artículo 3, que confirma la obligación de la compañía [Assedile] de pagar en un plazo de quince días tras la recepción de la solicitud de pago del beneficiario, cuando su crédito haya resultado impagado. Aun suponiendo que se considere que la comprobación de la inexistencia (total o parcial) del derecho a la ayuda a la destilación es previa a todo reembolso, no cabe ninguna duda de que ese derecho se extinguió debido al incumplimiento por la apelante DAI de los plazos y requisitos previstos por el Reglamento comunitario. En efecto, ha quedado acreditado que la destilería demandante ha incumplido sus obligaciones en tres aspectos diferentes: 1) no haber pagado (como resulta de la falta de prueba del pago en los autos) el precio mínimo a los productores, con la excepción de 110.795.870 ITL [57.221 euros]; 2) no haber pagado las ayudas a los productores en un plazo de noventa días tras la entrada del vino en la destilería (plazo que expiraba en junio de 1983) y, en cualquier caso, 3) no haber aportado la prueba antes del 1 de junio de 1984 de que había efectuado los pagos. La sanción de tales incumplimientos consiste en la pérdida de la fianza en su totalidad. Además, el Tribunal no puede aceptar las justificaciones alegadas por la destilería para disculparse de los pagos no efectuados (imposibilidad de efectuarlos por hallarse incursa en un procedimiento de suspensión de pagos y respeto del principio de igualdad de los acreedores), ya que la expiración de los plazos para efectuar los citados pagos (junio de 1983) y para devolver la ayuda (julio de 1983) es anterior a la fecha en la que se decidió instar el procedimiento de suspensión de pagos (octubre de 1983). […] Por consiguiente, la AIMA tiene derecho a que se le devuelva, en virtud de las disposiciones comunitarias antes citadas, el importe, hasta un 110 %, de la ayuda pagada en concepto de anticipo, con excepción de la ayuda cuyo pago fue acreditado efectivamente, es decir, 1.047.084.185 ITL [540.774 euros] (el importe total de los contratos de los que no se ha aportado prueba del pago, incrementado en un 10 % —es decir, 1.046.277.980 ITL [540.357 euros]—, al que se añade la diferencia entre la ayuda de la que se ha aportado la prueba del pago y la ayuda pagada en concepto de anticipo, es decir, 806.205 ITL [416 euros]). Procede observar que la DAI no ha discutido jamás esos importes: aunque afirmó haber devuelto a los productores cerca de la mitad de las ayudas obtenidas, jamás ha invocado ni, a fortiori, ha demostrado que hubiera pagado esas ayudas en los plazos previstos por el Reglamento no 2499/82. […] No resulta inoportuno precisar que la destilería demandante no está en posición de quejarse de que las bodegas cooperativas que entregaron su producción se encuentren con dificultades para realizar sus créditos, puesto que ella misma es responsable de su incumplimiento, al haber recurrido al procedimiento de quiebra inmediatamente después de haber obtenido las ayudas comunitarias que debía abonar a los productores. Las bodegas cooperativas podrán —al igual que el asegurador, si decide actuar por subrogación— obtener satisfacción de sus créditos en el marco del procedimiento de quiebra, junto con el conjunto de los demás acreedores y con arreglo al principio de igualdad de los acreedores.»