SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 13 de julio de 1995

Asunto T-44/93

Monique Saby

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de indemnización — Admisibilidad — Regularidad del procedimiento administrativo previo — Deber de asistencia — Deber de protección — Principio de confianza legítima»

Texto completo en lengua francesa II-541

Objeto:

Declaración de un comportamiento culpable de la Comisión y reparación de los perjuicios material y moral alegados.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La demandante presentó ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) una petición, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, en la que mostraba su disconformidad con los cometidos que desempeñaba. Por otra parte, aludía a unos problemas de salud, que atribuía a sus condiciones de trabajo, y llamaba la atención de la Comisión sobre los esfuerzos que había realizado para perfeccionarse profesionalmente. Refiriéndose a la denegación de una comisión de servicios, señalaba que ésta hubiera podido resolver sus dificultades. Además, indicaba que deseaba ocupar, en el plazo más breve posible, un puesto de trabajo adecuado, en consonancia con su categoría, su capacidad intelectual y sus aptitudes físicas. Para terminar, exponía que, durante los períodos en que faltó a su trabajo por enfermedad, no había recibido su correo personal y presentaba una reclamación, conforme al párrafo primero del artículo 24 del Estatuto.

Dicha petición no fue objeto de decisión expresa alguna por parte de la AFPN. Por el contrario, se denegó su solicitud de autorización para tomar parte en un programa de formación profesional.

La demandante presentó posteriormente tres reclamaciones, en las que reiteraba las observaciones formuladas en su petición antes citada (reclamación no18.648), impugnaba la negativa a autorizar su formación (reclamación no18.649) y formulaba nuevas críticas sobre sus condiciones de trabajo, así como observaciones sobre las disfunciones relativas, en particular, a su correo personal (reclamación no18.650). En esta última reclamación, solicitaba, además, que su correo personal dejara de ser enviado a su dirección administrativa.

Sobre la admisibilidad

Tras señalar que el presente recurso reviste un carácter exclusivamente indemnizatório y que no tiene por objeto la anulación de acto administrativo alguno, el Tribunal de Primera Instancia examina sucesivamente la admisibilidad de las pretensiones de indemnización derivadas de la solicitud de formación profesional y, posteriormente, la admisibilidad de las pretensiones de indemnización, fundadas, en términos más generales, en un conjunto de comportamientos supuestamente culpables de la Comisión (apartados 22 y 23).

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de indemnización derivadas de la solicitud de formación profesional

El Tribunal de Primera Instancia considera que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, en el presente caso, se ha respetado el procedimiento administrativo previo. Efectivamente, procede declarar la admisibilidad de una pretensión indemnizatória, deducida por vez primera ante el Juez, aun cuando la reclamación administrativa sólo se refiera a la anulación de la decisión supuestamente lesiva, pues tal pretensión anulatória puede implicar la de reparación del perjuicio sufrido. Con mayor motivo es así cuando, como ocurre en el presente caso, el funcionario invoca en su reclamación la existencia de un perjuicio, aunque no lo cuantifique (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión (224/87, Rec. p. 99); Tribunal de Justicia, 10 de marzo de 1989, Del Plato/Comisión (126/87, Rec. p. 643)

Sobre la admisibilidad de las demás pretensiones de indemnización findadas en un conjunto de comportamientos supuestamente culpables de la Comisión

El Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que las pretensiones deducidas por un funcionario ante el Juez comunitario deben tener el mismo objeto que las planteadas en su reclamación administrativa previa. Efectivamente, el recurso debe respetar el marco establecido en la reclamación y no puede contener, en principio, otras pretensiones que las deducidas a lo largo del procedimiento administrativo previo. No obstante, si bien el funcionario puede plantear al Juez unas pretensiones distintas de las formuladas durante el procedimiento administrativo previo, su recurso judicial no debe, sin embargo, modificar ni el objeto ni la causa de la reclamación (apartado 30).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303)

El Tribunal de Primera Instancia señala, en segundo lugar, que, para apreciar la admisibilidad de un recurso de indemnización, deben distinguirse dos hipótesis:

— Cuando, como ocurre en el presente caso, el recurso no contiene pretensión alguna dirigida a la anulación de un acto determinado, sino que tiene exclusivamente por objeto la reparación de unos perjuicios supuestamente causados por varias faltas u omisiones que, a falta de todo efecto jurídico, no pueden calificarse de actos lesivos, el procedimiento administrativo debe iniciarse obligatoriamente, so pena de que se declare la inadmisibilidad de un recurso posterior, mediante una petición del interesado a la AFPN para que repare los perjuicios alegados y continuar, en su caso, con una reclamación dirigida contra la denegación de la citada petición.

Referencia: Tribunal de Primwa Instancia, 6 de febrero de 1992, Castelletti y otros/Comisión (T-29/91, Rec. p. II-77); Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión (T-64/91, Rec. p. II-243); Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Camera-Lampitelli y otros/Comisión (T-27/92, Rec. p. II-873); Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1993, Piette de Stachelski/Comisión (T-53/92, Rec. p. II-35)

— Por el contrario, cuando exista una conexión directa entre un recurso de anulación y una pretensión de indemnización, podrá admitirse esta última como accesoria del recurso de anulación, sin que deba ir precedida ni de una petición a la AFPN para que repare los perjuicios presuntamente sufridos ni de una reclamación mediante la que se impugne la fundamentación de la denegación presunta o expresa de dicha petición (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35); Piette de Stachelski/Comisión, antes citada

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia observa que ni la petición ni las dos reclamaciones nos18.648 y 18.650 mencionan el perjuicio supuestamente sufrido ni, a fortiori, contienen solicitud alguna de reparación del citado perjuicio, ni siquiera implícitamente. Dado que las pretensiones expuestas en el presente recurso, distintas de las derivadas de la solicitud de formación profesional, tienen exclusivamente por objeto la reparación de los perjuicios supuestamente causados por una serie de faltas o de omisiones que, a falta de todo efecto jurídico, no pueden calificarse de actos lesivos, no puede sino declararse su inadmisibilidad al no ir precedidas de un procedimiento administrativo regular, es decir, de una petición de la demandante en la que se inste de una forma suficientemente clara a la AFPN a reparar los perjuicios alegados y posteriormente, llegado el caso, de una reclamación dirigida contra la denegación de dicha petición. La mera circunstancia de que la demandante haya seguido, en las condiciones anteriormente indicadas, un procedimiento administrativo previo en dos fases, no puede justificar, por sí sola, la admisibilidad del recurso (apartados 36 y 37).

El Tribunal de Primera Instancia señala, asimismo, que el presente recurso modifica a un tiempo el objeto y la causa expuestos primero en la petición y después en las reclamaciones nos18.648 y 18.650, relativas a la adscripción de la demandante, al destino de su correo personal y a su situación médica (apartado 38).

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia declara la inadmisibilidad de las pretensiones de indemnización fundadas en un conjunto de comportamientos supuestamente culpables de la Comisión, con excepción de las pretensiones derivadas de la denegación de la solicitud de formación profesional (apartado 41).

Sobre el fondo

A. Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en principio, sólo le corresponde ya pronunciarse sobre los motivos invocados por la demandante en apoyo de sus pretensiones de indemnización, únicamente en la medida en que dichas pretensiones se deriven de la denegación de la solicitud de formación profesional (apartado 42).

Sobre el motivo fundado en el incumplimiento del deber de protección y del deber de asistencia

El Tribunal de Primera Instancia desestima este motivo en sus dos partes. Efectivamente, en la medida en que la demandante ha pretendido invocar, fundándose en un incumplimiento del deber de asistencia, la infracción de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 24 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia observa que la obligación que dicha norma impone a la administración de facilitar el perfeccionamiento profesional de sus agentes debe resultar compatible con las exigencias derivadas del buen funcionamiento del servicio y adecuarse a los intereses tanto del servicio como del funcionario. Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia considera que no puede apreciar la existencia de un error manifiesto en la valoración que efectuó la AFPN acerca de la incompatibilidad de dicha petición con el buen funcionamiento del servicio (apartado 46).

En la medida en que, en la segunda parte del motivo, la demandante afirma que la Comisión ha incumplido su deber de protección, al negarse a tener en cuenta su solicitud de formación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el deber de protección refleja el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocas que ha creado el Estatuto en las relaciones entre la administración pública y los agentes del servicio público. Este deber implica, fundamentalmente, que la AFPN debe tomar en consideración el conjunto de factores que puedan determinar su decisión y que, con ello, tiene en cuenta no sólo el interés del servicio sino también el del funcionario considerado; no obstante, la protección de los derechos y de los intereses de los funcionarios debe tener su límite en la observancia de las normas en vigor. Por lo demás, las exigencias del deber de protección no pueden impedir que la AFPN adopte las medidas de adscripción de los funcionarios que considere necesarias en interés del servicio, ya que la provisión de cada puesto de trabajo debe fundarse en el interés del servicio. Habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que disponen las Instituciones para evaluar el interés del servicio, el control del Juez comunitario debe limitarse a la cuestión de si la AFPN se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha usado su facultad de apreciación de una forma manifiestamente errónea (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de junio de 1990, Burban/Parlamento (T-133/89, Rec. p. II-245); Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión (T-14/91, Rec. p. II-235); Tribunal de Primera Instancia, 16 de marzo de 1993, Blackman/Parlamento (asuntos acumulados T-33/89 y T-74/89, Rec. p.II-249); Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Tumer/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465)

El Tribunal de Primera Instancia considera aplicable dicha jurisprudencia a las decisiones adoptadas en materia de perfeccionamiento profesional, ya que la autoridad administrativa dispone de una amplia facultad de apreciación en lo relativo a las exigencias derivadas del buen funcionamiento del servicio. Pues bien, según el Tribunal de Primera Instancia, la demandante se limita a formular meras afirmaciones y no aporta, en apoyo de sus alegaciones, ningún elemento que pueda acreditar que la autoridad administrativa haya incurrido en un error manifiesto de apreciación y, por este motivo, haya incumplido su deber de protección (apartado 48).

Sobre el motivo fundado en la violación del principio de confianza legítima

El Tribunal de Primera Instancia desestima este motivo, por cuanto, si bien el derecho a invocar dicho principio se extiende a cualquier persona que se encuentre en una situación en la que la administración comunitaria le haya hecho albergar esperanzas fundadas, de ninguno de los documentos que acompañan a los autos se desprende que la Comisión suscribiera un compromiso o formulara una promesa que hubiera hecho albergar a la demandante fundadas esperanzas en lo relativo a la autorización de una acción de formación profesional (apartado 52).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de mayo de 1983, Mavridis/Pariamento (289/81, Rec. p. 1731); Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Me Avoy/Parlamento (T-45/91, Rec. p. II-83)

B. El Tribunal de Primera Instancia considera conveniente, en aras de una buena administración de justicia, continuar con el examen del asunto y desestimar en cuanto al fondo las alegaciones formuladas en apoyo de las pretensiones del recurso relativas a un conjunto de comportamientos supuestamente culpables, distintos de la denegación de la solicitud de formación profesional, aun cuando ya se haya declarado la inadmisibilidad de dichas pretensiones (apartado 53).

El Tribunal de Primera Instancia señala, en primer lugar, que la obligación de asistencia está destinada a la defensa de los funcionarios por parte de la Institución contra los actos de terceros, y no contra los actos de las propias Instituciones, cuyo control está contemplado por otras disposiciones del Estatuto (apartado 54).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de junio de 1992, Gómez Gónzales y otros/Consejo (T-24/91, Rec. p. II-1881); Tribunal de Primera Instancia, 30 de junio de 1992, Arto Hijos/Consejo (T-25/91, Rec. p. II-1907);Mc Avoy/Parlamento, antes citada

En segundo lugar, las demás alegaciones relativas a las condiciones de trabajo de la demandante, a su supuesta «sobrecualificación profesional», así como a las disfunciones que alega, no se ven apoyadas por ningún medio de prueba, en tanto que son desmentidas formalmente por la Comisión (apartado 55).

En tercer lugar, en lo referente a los motivos fundados, por una parte, en el incumplimiento del deber de protección y del deber de asistencia y, por otra, en la violación del principio de confianza legítima, el Tribunal de Primera Instancia señala que, por las mismas razones antes expuestas, deben desestimarse, en todo caso, las alegaciones de la demandante (apartado 56).

Finalmente, y en cuarto lugar, el Tribunal de Primera Instancia destaca, por un lado, que las alegaciones relativas al perjuicio moral invocado por la demandante no van acompañadas de elemento alguno que permita apreciar su fundamentación y, por otro que, como ha expuesto acertadamente la Comisión, los daños materiales a los que se refiere la demandante no pueden, por sí solos, ser objeto de indemnización (apartado 57).

La Comisión recuerda, también acertadamente, que los honorarios por consulta a Abogados, así como el resto de los gastos supuestamente efectuados a lo largo del procedimiento administrativo previo son el resultado de una elección deliberada de la interesada y no pueden, en ningún caso, imputarse a la demandada, incluso en el supuesto de que los gastos de esta índole hayan sido efectuados durante el procedimiento administrativo previo (apartado 60).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión (54/77, Rec. p. 585); Tribunal de Primera Instancia, 25 de octubre de 1994, M/Comisión (T-180/94, RecFP p. II-663), apartado 26

No pudiéndose imputar a la Comisión ilegalidad alguna por las acciones u omisiones que alega la demandante, el Tribunal de Primera Instancia considera que ésta no puede afirmar fundadamente que el comportamiento de la Comisión le haya irrogado perjuicio alguno, por lo cual desestima el conjunto de las pretensiones del recurso (apartados 63 y 64).

Fallo:

Se desestima el recurso.