El artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que no concede un derecho de residencia derivado, con arreglo al Derecho de la Unión, al nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que es nacional de ese Estado miembro y regresa al mismo después de haber residido en otro Estado miembro en virtud y con observancia del Derecho de la Unión, cuando ese miembro de la familia de dicho ciudadano de la Unión no haya entrado en el territorio del Estado miembro de origen del ciudadano de la Unión o no haya presentado en él una solicitud de permiso de residencia «como extensión natural» del regreso del ciudadano de la Unión a ese Estado miembro, siempre que tal normativa exija tener igualmente en cuenta, en una apreciación global, otros datos pertinentes, en particular los que puedan demostrar que, pese al tiempo transcurrido entre el regreso del ciudadano de la Unión a dicho Estado miembro y la entrada del miembro de su familia, nacional de un tercer Estado, en el mismo Estado miembro, la convivencia familiar desarrollada y consolidada en el Estado miembro de acogida no cesó, de modo que la concesión de un derecho de residencia derivado a ese miembro de la familia resulte justificada, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Como el objetivo de la concesión de un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, es permitir que continúe, en el Estado miembro del que es nacional ese ciudadano de la Unión, la convivencia familiar con un miembro de su familia, nacional de un tercer Estado, que se desarrolló o se consolidó en el Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión tienen derecho a comprobar, antes de conceder tal derecho de residencia, que esa convivencia familiar entre el ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer Estado, miembro de su familia, no había quedado interrumpida antes de la entrada del nacional de un tercer Estado en el Estado miembro del que es nacional dicho ciudadano de la Unión.

A efectos de esa verificación, el Estado miembro de que se trate puede tomar en consideración, como un mero indicio, el hecho de que el nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de uno de sus propios nacionales, haya entrado en su territorio bastante después de que su nacional regresara a ese territorio.

Sin embargo, no cabe excluir que la convivencia familiar desarrollada o consolidada entre un ciudadano de la Unión y un miembro de su familia, nacional de un tercer Estado, cuando residían en el Estado miembro de acogida en virtud y con observancia del Derecho de la Unión, continúe aunque dicho ciudadano regrese al Estado miembro del que es nacional sin ir acompañado por ese miembro de su familia, que se ve obligado a posponer su llegada al Estado miembro de origen del ciudadano de la Unión por razones relacionadas con su situación personal, con su profesión o con su educación.

Por tanto, el hecho de que no se haya solicitado un permiso de residencia «como extensión natural» del regreso del ciudadano de la Unión es un dato pertinente que, sin ser determinante por sí solo, puede llevar al Estado de origen del ciudadano de la Unión de que se trate a concluir, tras una apreciación global, que no existe relación entre esa solicitud y el ejercicio previo de su libertad de circulación por parte de dicho ciudadano y, en consecuencia, a negarse a expedir ese permiso de residencia.

(véanse los apartados 31 a 35 y el fallo)