Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Directiva 2002/10/CE, por la que se modifican las Directivas 92/79/CEE, 92/80/CEE y 95/59/CE en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco - Modificación de la definición de los cigarros puros y cigarritos - Recurso de una sociedad que fabrica y comercializa productos afectados por dicha modificación - Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 2002/10/CE del Consejo, arts. 3, punto 1, y 4, ap. 2, primer guión)

2. Comunidades Europeas - Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones - Actos de alcance general - Necesidad para las personas físicas o jurídicas de utilizar el procedimiento de excepción de ilegalidad o de remisión prejudicial de apreciación de validez - Posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el juez comunitario en caso de remisión prejudicial ineficaz - Exclusión

(Arts. 230 CE, párr. 4, 234 CE y 241 CE)

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1. Para que pueda considerarse que las personas físicas o jurídicas resultan individualmente afectadas, es necesario que su posición jurídica se vea afectada en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a la de un destinatario.

No resulta individualmente afectada, por una parte, por el artículo 3, número 1, de la Directiva 2002/10, por la que se modifican las Directivas 92/79, 92/80 y 95/59 en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco, que modifica la definición de los cigarros puros y cigarritos recogida en el artículo 3 de la Directiva 95/59, ni, por otra parte, por el artículo 4, apartado 2, primer guión, de la Directiva 2002/10, que tiene por objeto establecer una excepción en favor de Alemania en cuanto al plazo para la adaptación a la normativa interna de dicho artículo 3, número 1, una sociedad que fabrica y comercializa en los Estados miembros, en particular en Alemania, y en países terceros, productos que, a efectos de la determinación del tipo de gravamen del impuesto especial aplicable, eran antes considerados cigarros puros o cigarritos, con arreglo a la definición de dichos términos contenida en el artículo 3 de la Directiva 95/59, y que, en lo sucesivo, por aplicación de la nueva Directiva de modificación 2002/10, deberán considerarse cigarrillos, cuya venta está sujeta a un tipo mínimo de gravamen del impuesto especial que es claramente superior al aplicable a los cigarros puros y cigarritos.

En efecto, dichas disposiciones de la Directiva 2002/10 únicamente afectan a la mencionada sociedad demandante en su condición objetiva de operador económico que actúa en el sector de la fabricación de los productos de que se trata, de igual manera que a cualquier otro operador económico que se encuentre en una situación idéntica. La modificación de la definición de los puros y cigarritos resultante del artículo 3, número 1, de la Directiva 2002/10 no repercutirá únicamente sobre los fabricantes de los productos de que se trata, sino también sobre el conjunto de los operadores económicos que intervienen en la comercialización de los mismos y sobre sus consumidores. El mero hecho de que, en el marco de la elaboración de un acto de alcance general, el legislador comunitario tenga en cuenta que dicho acto puede tener repercusiones económicas más importantes para determinadas categorías de operadores económicos no basta para caracterizar a estos últimos con respecto a los demás operadores, si ha quedado probado que dicho acto les afecta por su condición objetiva de operadores económicos activos en el mercado de que se trate.

( véanse los apartados 43 a 47, 51 y 54 )

2. La circunstancia de que una remisión prejudicial para apreciar la validez de un acto comunitario de alcance general con arreglo al artículo 234 CE no fuese efectiva, no puede justificar una modificación, por vía jurisdiccional, del sistema de recursos y de procedimientos previsto por los artículos 230 CE, 234 CE y 241 CE, y destinado a confiar al juez comunitario el control de la legalidad de los actos de las instituciones. En ningún caso una circunstancia semejante permite declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

( véase el apartado 61 )