ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Motivos que se refieren a importes excluidos de la financiación por la Unión debido a deficiencias en los controles fundamentales «Calidad suficiente de los controles sobre el terreno» y deficiencias en los controles fundamentales «Verificación adecuada de las solicitudes de pagos», debido a deficiencias en el control fundamental «Evaluación adecuada de la moderación de los costes», gastos relacionados con las compras directas y debido a deficiencias en el control fundamental «Evaluación adecuada de la moderación de los costes», gastos relacionados con el comité de evaluación — Infracción del procedimiento de liquidación de conformidad del artículo 52 del Reglamento n.o 1306/2013 y del artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.o 908/2014 en la medida en que la Comisión añadió motivos para fundamentar sus declaraciones respecto de la calidad de los controles sobre el terreno. — Vulneración del principio de seguridad jurídica en la medida en que faltan criterios claros y directrices en relación con la calidad suficiente de los controles sobre el terreno. — Violación del principio de buena gestión financiera e infracción del procedimiento de liquidación de conformidad del artículo 52 del Reglamento n.o 1306/2013 en la medida en que se adoptaron correcciones financieras que no fueron motivadas. — Infracción del procedimiento de liquidación de conformidad del artículo 52 del Reglamento n.o 1306/2013 y de las directrices para el cálculo de correcciones financieras en relación con la corrección realizada en relación con la medida 311 sobre los presupuestos de 2013, 2014 y 2015. — Infracción de las directrices para el cálculo de correcciones financieras en la medida en que la corrección financiera se llevó a cabo con una magnitud desproporcionada en relación con el riesgo de daño económico real para la Unión. — Infracción del procedimiento de liquidación de conformidad del artículo 52 del Reglamento n.o 1306/2013 y de las directrices para el cálculo de correcciones financieras al realizar correcciones financieras en relación con la calidad suficiente de controles sobre el terreno. — Infracción del artículo 34, apartado 6, del Reglamento de Ejecución n.o 908/2014, del artículo 12, apartado 8, del Reglamento Delegado n.o 907/2014, de las directrices para el cálculo de correcciones financieras y vulneración del principio de proporcionalidad en relación con la realización de correcciones en todos los gastos respecto de los que se solicitó una devolución. — Infracción del procedimiento de liquidación de conformidad del artículo 52 del Reglamento n.o 1306/2013, de las directrices para el cálculo de correcciones financieras y vulneración del principio de proporcionalidad en relación con la determinación de la base para la realización de correcciones respecto de proyectos en fase de monitorización.
2.

Segundo motivo, basado en que la Agencia incurrió en errores manifiestos de apreciación, al no evaluar todos los hechos y circunstancias relevantes, al concluir que el solicitante había realizado más esfuerzos que las demandantes y al no tener en cuenta el artículo 25 del Reglamento REACH. (1) — Las demandantes alegan que la Agencia incurrió en un error manifiesto de apreciación al no tener en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes de la situación que la Decisión impugnada pretende regular, al concluir que el solicitante había realizado más esfuerzos que las demandantes, al no evaluar los hechos específicos de la controversia que se le había planteado y al no tener en cuenta las preocupaciones de las demandantes relativas a la duplicación de los test en animales vertebrados por parte del solicitante, contrariamente al artículo 25 del Reglamento REACH.
2.

Segundo motivo, basado en que, aunque existiera una ayuda, ésta no perjudica el comercio entre los Estados miembros ni desvirtúa la competencia. La demandada no ha motivado suficientemente que la supuesta ayuda tenga repercusiones en el comercio entre los Estados miembros y la competencia. Con carácter subsidiario la demandante alega que existiría una ayuda de minimis en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o (CE) 1998/2006. ( 2 )
—

Adopción intempestiva de las normas de desarrollo del Decreto Legislativo n.o 72 de 2015 y consiguiente aplicación del Decreto Legislativo n.o 385 de 1993, que se consideró pertinente en el concreto supuesto de hecho, al no haber adoptado el Banco de Italia las referidas normas de desarrollo.
—

Anule la Decisión C(2017) 3220 final de la Comisión de 29 de mayo de 2017, relativa a las ayudas de carácter no fiscal SA.43145 (2016/FC) aplicadas por Alemania en favor de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (y otros) (DO 2017, C 193, p. 1).
—

Anule la Decisión (UE) de la Comisión de 29 de marzo de 2017 sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/37

Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2017 — GE.CO.P./Comisión

(Asunto T-280/17)

(2017/C 213/51)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (representante: G. Naticchioni, abogada)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que, tras declarar ilegal la adopción por parte de la Comisión Europea — Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo — de la Decisión de 7 de marzo de 2017, por la que se excluyó a la demandante GE.CO.P S.p.A. por 2 años de los procedimientos de licitación europeos y se publicó la medida, anule dicha Decisión y todos los actos previos y consecuentes a la misma, incluso los no conocidos por GE.CO.P. Asimismo solicita la condena en costas de la demandada y se le abonen los gastos de profesionales en que incurra por el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

La medida impugnada tiene por objeto la rescisión adoptada de oficio por la Comisión el 5 de agosto de 2015 de la licitación 09bis/2012/OIL — Lote 1, relativo a las obras de reestructuración de dos edificios, denominados «Foyer européen» sitos en Luxemburgo, concedidos a GE.CO.P.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca la infracción del artículo 8 del Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2015, L 286, p. 1), y la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A este respecto, se alega que la decisión impugnada no fue precedida por un procedimiento regular contradictorio. La parte demandante sostiene que no se le informó del inicio del procedimiento de exclusión y, por tanto, que no estuvo en condiciones de defenderse dentro del procedimiento y alegar las razones a su favor ante el órgano administrativo.

Si la parte demandante hubiera estado en condiciones de defenderse, habría efectuado alegaciones que verosímilmente habrían llevado a que el órgano administrativo adoptara otra resolución en cuanto al fondo, y a que el procedimiento tuviera un resultado más favorable para GE.CO.P.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Asimismo, la demandante considera que las Decisiones y la Comunicación impugnadas infringen varios preceptos sustantivos del Reglamento n.o 305/2011. — En primer lugar, entiende que las Decisiones y la Comunicación impugnadas infringen lo dispuesto en el artículo 17, apartado 5, párrafos primero y segundo, del Reglamento (UE) n.o 305/2011, pues, contraviniendo lo dispuesto en los citados preceptos, la Comisión no demostró en qué medida las normas armonizadas de que se trata eran conformes con los mandatos correspondientes, de tal modo que no apreció que de hecho no eran conformes. — En segundo lugar, considera que las Decisiones y la Comunicación impugnadas infringen el artículo 18, apartado 2, en relación con el artículo 3, apartados 1 y 2, y el artículo 17, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 305/2011. A su entender, la Comisión pasó por alto que las normas procedimentales concretas carecen de métodos y criterios para valorar los efectos derivados de la emisión de las denominadas sustancias peligrosas de otro tipo, con lo cual resultan incompletas respecto a una característica esencial de los productos de construcción y, en consecuencia, hacen peligrar el cumplimiento de los requisitos básicos de las obras de construcción. — Finalmente, considera que la Comisión ha incurrido asimismo en otro error de valoración al dictar los actos impugnados, ya que ignoró la posibilidad, reconocida en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 305/2011, de dar la referencia de una norma armonizada en el Diario Oficial con la reserva propuesta por la demandante.
2.

Segundo motivo, basado en la primacía de los Tratados Europeos y de la Carta sobre el Reglamento n.o 1049/2001. La demandante considera que el citado Reglamento, que incluye restricciones legales a los principios de transparencia, participación y apertura, debe interpretarse y aplicarse de manera muy restrictiva teniendo en cuenta la secuencia temporal de adopción de los textos legales y de la Carta. Así, considera que la parte demandada, por un lado, no debería haber aplicado la presunción general declarando que hay un perjuicio a la protección de los objetivos de las actividades de investigación en la medida en que, en el presente caso, se trata de una investigación transversal y, por otro, debería haber señalado que los Estados miembros no habían solicitado dicha protección.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y del artículo 27, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. Al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión interfirió supuestamente en los requisitos nacionales checos para la desnaturalización completa del alcohol, a pesar de que la República Checa no remitió a la Comisión ninguna comunicación en el sentido del artículo 27, apartado 3, de la Directiva 92/83 y de que, por otra parte, la Comisión había indicado repetidas veces que no estaba de acuerdo con ese enfoque. Sin embargo, con arreglo al artículo 27, apartado 4, de la Directiva 92/83, no es permisible interferir en los requisitos nacionales de un Estado miembro para la desnaturalización del alcohol sin que haya habido una comunicación de dicho Estado miembro.
—

No aplicación del artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 139/2004, (1) en relación, en su caso, con el punto 147 de la comunicación consolidada de la Comisión en materia de competencia en virtud del Reglamento (CE) n.o 139/2004 (en lo sucesivo, comunicación consolidada sobre competencia). La parte demandante aduce, en el marco del primer motivo, que la Comisión no es competente para examinar la concentración controvertida. Si la demandante no hubiese sido considerada, acertadamente, como una empresa concernida, no se habrían alcanzado los umbrales relativos al volumen de negocios fijados en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 139/2004.
1.

Primer motivo, basado en vicios que afectan a la legalidad formal de los actos impugnados. Este motivo se subdivide en tres partes: — Primera parte, en la que alega que la competencia en materia de resoluciones financieras que afecten a los partidos políticos y, por lo tanto, a los diputados, corresponde a la Mesa del Parlamento Europeo y no al Secretario General ni a los Cuestores. — Segunda parte, en la que alega que la Mesa del Parlamento Europeo no puede modificar la naturaleza y el alcance de sus competencias. Sin embargo, el Secretario General no justifica ninguna delegación conforme a Derecho del Presidente de la Mesa del Parlamento que le confiera la facultad de adoptar y notificar la decisión de 29 de enero de 2016 cuando se trata de resolver las cuestiones financieras que afectan a un diputado. A su entender, los Cuestores tampoco pueden ser competentes para adoptar la decisión de 4 de octubre de 2016, cuando conocen de una «decisión» adoptada por una autoridad administrativa a su vez incompetente, esto es, el Secretario General del Parlamento Europeo. — Tercera parte, en la que alega la falta de motivación de la decisión de los cuestores del Parlamento Europeo.
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada adolece de varios vicios en lo que concierne a la ayuda del Departamento de Bocas del Ródano al aeropuerto «Marsella Provenza» (MP2), en la medida en que afirma, en particular, que: — la medida no responde a objetivos de interés general claramente definidos. Según la demandante, la apreciación de la Comisión contenida en la Decisión impugnada adolece de falta de motivación, de error de Derecho y de error de apreciación, en lo que concierne a: — el objetivo consistente en hacer frente a un incremento esperado del tráfico aéreo; — el objetivo relativo a la promoción del desarrollo económico de la región; — la ayuda no es necesaria.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 475/23

Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2016 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

(Asunto T-755/16)

(2016/C 475/34)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Alessandro La Rocca (Anzio, Italia) (representantes: A. Perani, J. Graffer, abogados)

Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que contiene los elementos denominativos «Take your time Pay After» — Solicitud de Registro n.o 14396031

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de agosto de 2016 en el asunto R 406/2016-1

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que se infringió y aplicó incorrectamente el artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.

— Declare que se infringió el artículo 75, del Reglamento n.o 207/2009 y, por consiguiente,

— anule la resolución adoptada el 4 de agosto de 2016 por la Primera Sala de Recurso de la EUIPO en el asunto R 0406/2016-1 y notificada el 31 de agosto de 2016.

— Condene a la EUIPO al abono de las costas del presente procedimiento.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 392/47

Recurso interpuesto el 31 de agosto de 2016 — República Checa/Comisión

(Asunto T-627/16)

(2016/C 392/61)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Demandante: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución (EU) 2016/1059 de la Comisión, de 20 de junio de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2016) 3753] (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), en la medida en que excluye gastos efectuados por la República Checa en relación con el régimen de pago único por superficie (RPUS) por un importe total de 84 272,83 EUR, en que excluye los gastos efectuados por la República Checa en relación con la inversión en el sector vitivinícola por un importe total de 636 516,20 EUR y en que excluye los gastos efectuados por la República Checa en relación con los requisitos de condicionalidad por un importe total de 29 485 612,55 EUR.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, en cuanto al régimen de pago único por superficie (RPUS), la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, en el que se alega que la Comisión decidió excluir determinados gastos de la financiación de la Unión Europea a pesar de que no se había infringido ni el Derecho de la Unión Europea ni el Derecho nacional.

En relación con la inversión en el sector vitivinícola, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013, en el que se alega que la Comisión decidió excluir determinados gastos de la financiación de la Unión a pesar de que no se había infringido ni el Derecho de la Unión ni el Derecho nacional.

En relación con los requisitos de condicionalidad, la parte demandante invoca dos motivos:

— Primer motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013, en el que se alega que la Comisión decidió excluir determinados gastos de la financiación de la Unión a pesar de que no se había infringido ni el Derecho de la Unión Europea ni el Derecho nacional.
—

La Comisión no acreditó la aplicabilidad de la excepción de relaciones internacionales. En especial, no acreditó cómo la divulgación de documentos meramente jurídicos que contienen reflexiones sobre el Derecho de la Unión puede, en sí misma, revelar objetivos estratégicos perseguidos por la Unión Europea durante las negociaciones o debilita la posición negociadora de la Comisión. La Comisión está sujeta al Estado de Derecho y no puede negociar acuerdos internacionales que vulneren el Derecho de la Unión. Por otra parte, la demandante alega que el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1049/2001 (y otras excepciones) no pueden invocarse de manera perpetua, es decir, mientras la Comisión lleve a cabo en cualquier lugar negociaciones relativas a otros acuerdos internacionales. Además, la Comisión no motivó cómo la divulgación de los documentos solicitados podría suponer un perjuicio concreto y efectivo para el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 10 TUE, apartado 3, del artículo 11 TUE, apartado 2, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, Carta) — Falta de diálogo abierto y transparente — La demandante alega que la Decisión no tiene en consideración la intención de la demandante, que se desprende inequívocamente de la solicitud de acceso a documentos, de conseguir una visión completa del proceso de toma de decisión sobre la reforma de la sala de prensa en el edificio Berlaymont de la Comisión, que implica una limitación a los idiomas inglés y francés. Afirma que sólo se le ha dado acceso a unos pocos documentos, de contenido mayormente formal, que no contienen información acerca de los iniciadores de dicha decisión ni de sus motivos. Según la demandante, la Comisión no hace referencia en la Decisión impugnada a cada una de las fuentes documentales citadas por la demandante ni expone los motivos por los que deniega el acceso, incumpliendo con ello su deber de tomar las decisiones de forma abierta y próxima a los ciudadanos y de exponer los motivos, establecido en el artículo 10 TUE, apartado 3, y en otras disposiciones del Derecho de la Unión. — Por otro lado, la demandante aduce que la Comisión ha incumplido su deber de mantener un diálogo abierto y transparente con las asociaciones representativas, establecido en el artículo 11 TUE, apartado 2, al hacer caso omiso de las intenciones de la asociación demandante, al no poner a su disposición documentos y al proporcionar información insuficiente acerca de los motivos para denegarle el acceso a documentos.
—

Modifique la resolución impugnada en el sentido de que no se añada la limitación a «all the aforementioned for the enterprise mobility management (EMM)» en la lista de productos y servicios de la marca 6715627 DaToMo por lo que respecta a los servicios enumerados en la clasificación en la clase 42 que se mantienen tras la resolución citada.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 335/51

Recurso interpuesto el 22 de julio de 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

(Asunto T-402/16)

(2016/C 335/67)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlín, Alemania) (representante: O. Spieker, abogado)

Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «berlinGas» — Solicitud de registro n.o 14067714

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de mayo de 2016 en el asunto R 291/2016-1

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/603 del Consejo, de 18 de abril de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 104, p. 8) y la Decisión (PESC) 2016/609 del Consejo, de 18 de abril de 2016, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 104, p. 19), en la medida en que afectan al demandante.
—

La demandante alega que la resolución de 6 de abril de 2016 no es conforme a Derecho, habida cuenta de que no se han examinado adecuadamente las pruebas que acreditan el uso insuficiente de las marcas opuestas de contrario y de que, a la luz de los factores relevantes, no se ha valorado diligentemente el riesgo de confusión entre las marcas y entre los productos.
1.

Primer motivo, basado en violaciones suficientemente caracterizadas de normas jurídicas que la Comisión supuestamente cometió, al haber activado, sobre la base de la Decisión 2008/969/CE, Euratom de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, relativa al sistema de alerta rápida para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas (DO 2008, L 344, p. 125), la alerta «W3b» contra la parte demandante en el sistema de alerta rápida (SAP), a raíz de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que identificó el nivel de riesgo asociado a la parte demandante como adjudicataria del contrato público de servicios relativo a un proyecto para intensificar la lucha contra el trabajo no declarado en la antigua República Yugoslava de Macedonia. Este motivo se articula en cinco partes: — Primera parte, basada en que la Decisión de alerta de la parte demandante en el SAP (en lo sucesivo, la «Decisión SAP») es ilegal, en la medida en que carece de base legal e infringe el artículo 5 TUE y el derecho fundamental a la presunción de inocencia. — Segunda parte, basada en la ilegalidad de la Decisión SAP por violar el principio de seguridad jurídica en lo que atañe a los requisitos relativos a la alarma «W3b». — Tercera parte, basada en que la Decisión SAP es ilegal al resultar de violaciones del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del principio de buena administración, del derecho de defensa y del derecho fundamental a ser oído, así como de la obligación de motivación. — Cuarta parte, invocada con carácter subsidiario y basada en que la Comisión violó la Decisión SAP, la obligación de motivación consagrada por el artículo 41 de la Carta, el deber de diligencia y el principio de proporcionalidad. — Quinta parte, basada en la irregularidad del motivo por el que la Comisión denegó su acuerdo, al no haber respetado el pliego de condiciones.