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C 161/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-423/07) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 93/37/CEE - Artículos 3 y 11 - Concesiones de obras públicas - Obligaciones de publicidad - Alcance de las obligaciones - Anuncio de licitación - Descripción del objeto de la concesión y de la localización de las obras - Obras complementarias no previstas explícitamente en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones - Principio de igualdad de trato)

(2010/C 161/04)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Kukovec, M. Konstantinidis, S. Pardo Quintillán, agentes, y M. Canal Fontcuberta, abogada)

Demandada: Reino de España (representante: F. Díez Moreno, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 3 y 11, apartados 3, 6, 7 y 12, de la Directiva 93/97/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199. p. 54) — Infracción de los principios de igualdad de trato y no discriminación — Obras que no fueron objeto de concesión — Adjudicación posterior al momento de la adjudicación de la concesión.

Fallo

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 1, y 11, apartados 3 y 6, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en relación con el anexo V de ésta, debido a la adjudicación a Ibérica de Autopistas, S.A., el 5 de noviembre de 1999, de — la construcción de un tercer carril de circulación por sentido en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre la localidad de Villalba y la conexión del Valle de los Caídos, — la construcción de un tercer carril reversible en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre el enlace del Valle de los Caídos y la ciudad de San Rafael, incluida la construcción de un nuevo túnel, y — la construcción de un cuarto carril de circulación por sentido en el tramo gratuito de la autopista A-6 situado entre las ciudades de Madrid y Villalba, sin que estas obras se mencionaran en el objeto del contrato de concesión de obras públicas, tal como se describía en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el pliego de condiciones.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) Condenar en costas al Reino de España.

(1) DO C 297, de 8.12.2007.
1)

Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres: — al no haber clasificado correctamente, sobre la base de criterios ornitológicos, como zona de protección especial el lugar de Hanság, en el Land de Burgenland, y al no haber delimitado correctamente la zona de protección especial de Niedere Tauern, en el Land de Estiria, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/409, y — al no haber proporcionado a las zonas de protección especial de Maltsch, de Wiesengebiete im Freinwald, de Pfeifer Anger, de Oberes Donautal y de Untere Traun, en el Land de Alta Austria, y a la zona de protección especial de Verwall, en el Land de Vorarlberg, una protección jurídica que cumpla las exigencias impuestas en los artículos 4 de la Directiva 79/409, y 6, apartado 2, en relación con el 7 de la Directiva 92/43.
1)

Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 9 y 13 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido: Al no establecer, en la normativa nacional, ninguna disposición general con arreglo a la cual queden sujetas al impuesto sobre el valor añadido las actividades económicas ejercidas por organismos de Derecho público fuera del marco de la autoridad pública. Al no establecer, en la normativa nacional, ninguna disposición general con arreglo a la cual queden sujetos al impuesto sobre el valor añadido los organismos de Derecho público que actúen en calidad de autoridad pública cuando su no sujeción pueda originar distorsiones significativas de la competencia, ni ningún criterio que permita regular a ese respecto la facultad discrecional del Ministro de Hacienda. Al no contemplar, en la normativa nacional, ninguna disposición general con arreglo a la cual queden sujetos al impuesto sobre el valor añadido los organismos de Derecho público que ejerzan actividades de las enumeradas en el anexo I de la citada Directiva, cuando el volumen de éstas no sea insignificante.
1)

Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE, al exigir que, con vistas a su primera matriculación en Austria, automóviles matriculados anteriormente en otros Estados miembros que no hayan sido objeto de homologación comunitaria debido a su antigüedad, respeten unos valores límite en materia de emisiones contaminantes y de ruido más estrictos que los que debían cumplir inicialmente, en particular los valores establecidos por las Directivas 93/59/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1993, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor, y 92/97/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Directiva 70/157/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor, siendo así que los vehículos que tienen las mismas características y que están autorizados ya a circular en Austria no están sujetos a dicho requisito en caso de nueva matriculación en el referido Estado miembro.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 313/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Asunto C-253/07) (1)

(«Sexta Directiva IVA - Exenciones - Prestaciones de servicios relacionadas con la práctica del deporte - Prestaciones de servicios a personas que practican un deporte - Prestaciones de servicios a asociaciones sin personalidad jurídica y a personas jurídicas - Inclusión - Requisitos»)

(2008/C 313/10)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club

Demandada: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) — Interpretación del artículo 13, parte A, apartado 1, letra m) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Exención de determinadas prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física — Concepto de «personas que practican el deporte o la educación física» — Ámbito de aplicación ratione personae.

Fallo

1) El artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que, al referirse a las personas que practican un deporte, incluye también las prestaciones de servicios a personas jurídicas y a asociaciones sin personalidad jurídica, en la medida en que dichas prestaciones estén directamente relacionadas con la práctica del deporte y sean indispensables para su realización, sean suministradas por organismos sin ánimo de lucro y los beneficiarios efectivos de dichas prestaciones sean personas que practiquen un deporte, circunstancias que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

2) La expresión «determinadas prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte», empleada en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Directiva 77/388, no autoriza a los Estados miembros a limitar la exención establecida en esta disposición en lo que respecta a los destinatarios de las prestaciones de servicios de que se trata.

(1) DO C 183 de 4.8.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 301/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de septiembre de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

(Asunto C-288/07) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículo 4, apartado 5 - Actividades desarrolladas por un organismo de Derecho público - Explotación de aparcamientos de pago - Distorsiones de la competencia - Significado de los términos «lleve a» y «grave»)

(2008/C 301/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Demandadas: Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) — Interpretación del artículo 4, apartado 5, de la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Actividades u operaciones desarrolladas por un organismo de Derecho público en el ejercicio de sus funciones públicas — Aparcamientos de pago situados fuera de la vía pública — No sujeción que lleva a distorsiones de la competencia — Concepto de «distorsiones de la competencia» — Criterios de apreciación.

Fallo

1) El artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que las distorsiones graves de la competencia a las cuales podría llevar la no consideración como sujetos pasivos de los organismos de Derecho público que actúen en el ejercicio de sus funciones deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en si misma considerada, sin que dicha evaluación recaiga sobre un mercado local específico.

2) Los términos «lleve a», en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, deben interpretarse en el sentido de que toman en consideración no sólo la competencia actual, sino también la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética.

3) El término «grave», en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, debe entenderse en el sentido de que las distorsiones de la competencia actuales o potenciales deben ser algo más que insignificantes.

(1) DO C 199 de 25.8.2007.
—

si el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos no asume los costes relativos a la eliminación de los residuos generados por un vertido accidental de hidrocarburos en el mar o no puede asumirlos por haberse alcanzado el límite máximo de indemnización previsto para ese siniestro y si, con arreglo a las limitaciones y/o exenciones de responsabilidad establecidas, el Derecho nacional de un Estado miembro, incluido el derivado de convenios internacionales, impide que tales costes recaigan sobre el propietario del buque y/o el fletador de éste, aun cuando éstos deban calificarse de «poseedores» en el sentido del artículo 1, letra c), de la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Decisión 96/350, tal Derecho nacional deberá permitir, para garantizar la correcta adaptación del ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de dicha Directiva, que los costes recaigan sobre el productor del producto generador de los residuos así esparcidos. No obstante, de conformidad con el principio «quien contamina paga», sólo puede obligarse a tal productor a hacer frente a los referidos costes si, mediante su actividad, contribuyó al riesgo de que se produjera la contaminación ocasionada por el naufragio del buque.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 223/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de julio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Alemania) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel

(Asunto C-173/07) (1)

(Transporte aéreo - Reglamento (CE) no 261/2004 - Compensación de los pasajeros en caso de cancelación de vuelos - Ámbito de aplicación - Artículo 3, apartado 1, letra a) - Concepto de «vuelo»)

(2008/C 223/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Emirates Airlines Direktion für Deutschland

Demandada: Diether Schenkel

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretación del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1) — Concepto de «partida» — Billete de ida y vuelta de un Estado miembro a un Estado tercero — Cancelación de la vuelta

Fallo

El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el caso de un viaje de ida y vuelta en el que los pasajeros que hayan partido inicialmente de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado CE regresan a dicho aeropuerto mediante un vuelo con salida desde un aeropuerto situado en un país tercero. La circunstancia de que el vuelo de ida y el vuelo de vuelta sean objeto de una única reserva carece de incidencia en la interpretación de esta disposición.

(1) DO C 155 de 7.7.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 24 de abril de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg, Alemania) — AOB Reuter & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Asunto C-143/07) (1)

(Agricultura - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Artículo 11 - Régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas - Requisito para la concesión de la restitución - Restitución pagada al exportador tras la presentación de documentos falsificados por su cocontratante - Mercancía no exportada - Requisitos para la imposición de sanciones)

(2008/C 142/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: AOB Reuter & Co.

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Hamburg — Interpretación del artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2945/94 de la Comisión, de 2 de diciembre de 1994 (DO L 310, p. 57), y del artículo 51 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (DO L 102, p. 11) — Restitución abonada al exportador tras la presentación de documentos falsificados por un tercero — Requisitos para la aplicación de sanciones

Fallo

El artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2945/94 de la Comisión, de 2 de diciembre de 1994, debe interpretarse en el sentido de que la sanción prevista en él es aplicable a un exportador que ha solicitado una restitución a la exportación por una mercancía cuando dicha mercancía no haya sido exportada como consecuencia del comportamiento fraudulento de su cocontratante.

(1) DO C 117 de 26.5.2007.
1)

Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión (T-59/02), en la medida en que desestima el motivo de Archer Daniels Midland Co. relativo a la violación de su derecho de defensa durante el procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión 2002/742/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/36.604 — Ácido cítrico), en la medida en que la Comisión de las Comunidades Europeas no le dio la posibilidad de hacer valer sus derechos por lo que respecta a los hechos en los que se basó para calificar a Archer Daniels Midland Co. como líder del cártel.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 69/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de enero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

(Asunto C-311/06) (1)

(Reconocimiento de títulos - Directiva 89/48/CEE - Homologación de un título académico - Ingeniero)

(2009/C 69/03)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Demandadas: Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Stato — Interpretación de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16) — Aplicabilidad en el caso de un nacional italiano inscrito en el colegio profesional español tras haber obtenido la homologación de su título de ingeniero, pero que no ha ejercido nunca su profesión en España y que solicita ser inscrito en el colegio profesional italiano basándose en un título de reconocimiento del ejercicio de su profesión expedido en España.

Fallo

La Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, no puede ser invocada, para acceder a una profesión regulada en un Estado miembro de acogida, por el poseedor de un título expedido por una autoridad de otro Estado miembro que no acredita ninguna formación que forme parte del sistema educativo de ese Estado miembro y que no se basa ni en un examen ni en una experiencia profesional adquirida en dicho Estado miembro.

(1) DO C 249 de 14.10.2006.
1)

Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como las de los litigios principales, un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, hasta que su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen. En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.
1)

Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 3 de mayo de 2006, Eurohypo/OAMI (EUROHYPO) (T-439/04), en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas declaró que la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, al denegar, mediante su resolución de 6 de agosto de 2004 (asunto R 829/2002-4), el registro como marca comunitaria del sintagma EUROHYPO para los servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, clase a la que corresponde la siguiente descripción: «negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, servicios financieros, financiación […]».