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68.

En cuarto y último lugar, considero que debe desestimarse la alegación formulada por United Airlines según la cual la aplicabilidad del Reglamento n.o 261/2004 vulnera el principio de igualdad de trato en la medida en que solo los pasajeros del vuelo con conexión directa (Bruselas-San José) pueden solicitar una compensación, cuando todos los pasajeros del vuelo entre Newark y San José han sufrido un perjuicio por el retraso. Esta alegación no solo confirma, a mi juicio, que el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento no se aplica si no existe una conexión estrecha entre un vuelo y el territorio de la Unión, sino que, además, se basa en una premisa incorrecta al pasar por alto que los dos grupos de pasajeros a los que alude esa compañía no se hallan en una situación idéntica.
18.

Los demandantes en el litigio principal interpusieron entonces un recurso de revisión contra el citado decreto. En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.o 49 de Barcelona, al albergar dudas sobre la compatibilidad con la Directiva 93/13 de los artículos 251, 394, apartado 3, y 411 de la LEC, según los interpretan los órganos jurisdiccionales españoles, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Se precisa determinar si la interpretación jurisprudencial de los artículos 251, 394.3, y 411 de la LEC que efectúa el Decreto de 1 de octubre de 2019, según la cual se asimila cuantía procesal a interés económico del pleito y, consiguientemente, propicia una reducción de los honorarios que ha pagado el consumidor a su abogado, tomando como base una suma fija (18000 €), determinada legalmente únicamente para la cuantía inestimable y no para la cuantía indeterminada, se opone a los artículos 6.1, y 7.1, de la Directiva [93/13], al no poder restablecer al consumidor en la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría de no haber existido dicha cláusula, pese a existir a su favor la declaración judicial del carácter abusivo de la cláusula, y al no remover un requisito procesal no razonable relacionado con una limitación de los gastos, remoción que garantizaría al consumidor los medios más adecuados y eficaces para el legítimo ejercicio de sus derechos. 2) Si el artículo 394.3, de la LEC, por sí mismo, se opone a los artículos 6.1, y 7.1, de la Directiva [93/13] y hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio judicial de los derechos que dicha Directiva concede a los consumidores, al suponer la limitación que impone dicho artículo al consumidor, en términos de tener que asumir parte de sus propias costas procesales, que no se pueda restablecer al consumidor en la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría de no haber existido dicha cláusula, pese a existir a su favor la declaración judicial del carácter abusivo de la misma, y al no remover un requisito procesal no razonable relacionado con una limitación de los gastos, remoción que garantizaría al consumidor los medios más adecuados y eficaces para el legítimo ejercicio de sus derechos.»
60.

El Tribunal de Justicia ha declarado incluso que una normativa que establece que únicamente puede efectuarse una evaluación de las repercusiones de un proyecto sobre el medio ambiente en la etapa inicial y no en la etapa ulterior de la aprobación de los aspectos aún no tratados no es compatible con la Directiva EIA. ( 25 ) Ello responde al objetivo de una evaluación de impacto ambiental exhaustiva, objetivo que se incumpliría si la evaluación tuviera que realizarse imperativamente en un momento en el que aún no se pueden identificar todos los efectos del proyecto.
48.

Estas consideraciones no son cuestionadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada por el órgano jurisdiccional remitente y por la sociedad X en sus observaciones, en particular las sentencias Asparuhovo Lake Investment Company ( 14 ) y baumgarten sports & more. ( 15 ) La razón para aplicar en esos asuntos el artículo 64, apartado 1, de la Directiva 2006/112 fue la naturaleza continua y consecutiva de la relación jurídica entre las partes de la operación, por la que las obligaciones de naturaleza continua no solo recaían en el destinatario de la prestación, sino también en el proveedor de servicios, dependiendo el pago de la remuneración del cumplimiento de dichas obligaciones. ( 16 ) Según la apreciación de los hechos del órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, este no es el caso en el litigio principal, que se refiere a la tributación de un servicio prestado una única vez, completado en su totalidad en un momento determinado y por el que el proveedor debe recibir obligatoriamente el importe completo de la remuneración.
45.

Esta interpretación del principio non bis in idem establecido en el artículo 50 de la Carta es acorde con su función de garantizar la seguridad jurídica en el espacio de libertad, seguridad y justicia. ( 19 ) En consecuencia, en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, los Estados miembros no son libres de determinar sin restricciones la extinción definitiva de la acción pública y, por lo tanto, de procesar de nuevo por esta vía a quienes han sido condenados o absueltos mediante sentencia firme. Más bien, al examinar si se ha extinguido definitivamente la acción pública, deben tener en cuenta si se han agotado los recursos ordinarios de su propio ordenamiento jurídico. De no ser así, no rige el principio non bis in ídem, al faltar una condena firme.
26.

Al exponer esta postura, no paso por alto que el Tribunal de Justicia también ha precisado que de dicha interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88 no puede deducirse que, sean cuales fueren las circunstancias que dieron lugar a que el trabajador no tomara vacaciones anuales retribuidas, este deba seguir disfrutando del derecho a vacaciones anuales establecido en el apartado 1 de dicho artículo y, en caso de extinción de la relación laboral, del derecho a la compensación que pueda sustituirlo, con arreglo al apartado 2 del mismo artículo. ( 13 ) Asimismo, el Tribunal de Justicia ha señalado, en un sentido similar, que es preciso que el trabajador no haya estado en condiciones de ejercitar el derecho a vacaciones anuales retribuidas por razones ajenas a su voluntad antes de que finalizara la relación laboral. ( 14 )
70.

En dicha sentencia, ( 46 ) el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no resultan de aplicación en un procedimiento iniciado por quien obtuvo la adjudicación de un bien inmueble en un proceso de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria constituida sobre ese bien por un consumidor en beneficio de un acreedor, cuando dicho procedimiento persigue la protección de los derechos reales legalmente adquiridos por dicho adjudicatario, en la medida en que, por una parte, ese procedimiento es independiente de la relación jurídica que une al acreedor y al consumidor y, por otra parte, la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, el bien inmueble ha sido vendido y los derechos reales sobre él han sido transmitidos sin que el consumidor haya hecho uso de los recursos legales previstos en este contexto. En particular, el Tribunal de Justicia señaló que el procedimiento en cuestión no se refería a la ejecución de la garantía hipotecaria y no se basaba en el contrato de préstamo hipotecario. Más bien se refería a la protección de los derechos reales asociados a la propiedad legalmente adquirida por el adjudicatario. Además, según el Tribunal de Justicia, el consumidor tenía la posibilidad de formular oposición o solicitar la suspensión del procedimiento basándose en que el contrato contenía cláusulas abusivas, y era en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria donde el juez que conocía del asunto podía proceder de oficio al examen del posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
26.

Con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2014/24, esta se aplica a las contrataciones cuyo valor estimado sea igual o superior a determinados umbrales que en él se establecen. ( 8 ) Las contrataciones que no alcancen dichos umbrales no están sujetas a las disposiciones de la Directiva, aunque no por ello están exentas de cumplir los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, las normas sobre libre circulación y los principios que de ellas se derivan, incluidos los de igualdad de trato, reconocimiento mutuo, no discriminación y proporcionalidad. ( 9 )
100.

En segundo lugar, estos dos instrumentos también confirman que, para que se produzca el efecto de bloqueo del principio non bis in idem, debe existir una apreciación firme en cuanto a la aplicabilidad de dicho principio en un caso concreto. En efecto, una postura similar siguió el legislador de la Unión en relación con la ejecución de las OEI. A tenor del considerando 17 de la Directiva 2014/41, las autoridades de los Estados miembros pueden denegar la ejecución de una OEI si esta es contraria al principio non bis in idem. Sin embargo, «dado el carácter preliminar de los procedimientos subyacentes a la OEI, su ejecución no debe ser objeto de rechazo cuando vaya dirigida a establecer la existencia de un posible conflicto con el principio ne bis in idem». ( 51 ) Evidentemente, la OEI es menos gravosa que una medida que limita la libertad de circulación de un ciudadano, pero también cabe afirmar que el principio subyacente parece trasladable a las situaciones sujetas a los artículos 54 y 57 del CAAS. De igual manera, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, el principio non bis in idem constituye uno de los motivos de inejecución obligatoria de la ODE. Sin embargo, mientras la autoridad judicial de ejecución no haya tomado una decisión sobre la ejecución de la ODE, incluida la posible aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Decisión Marco, el individuo contra el que se haya dictado puede ser detenido y mantenido en situación de privación de libertad de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Decisión Marco. ( 52 )
109.

Por último, contrariamente a lo que sostienen la demandante y la Comisión, la anterior conclusión no imposibilita el acceso a la información medioambiental, siempre que efectivamente esté contenida en un expediente judicial. Simplemente muestra que el instrumento normativo individual invocado por la parte recurrente no es la puerta correcta para ese acceso. Este instrumento normativo no regula el tipo de acceso que pretende obtener la demandante. No obstante, ello no excluye, lógicamente, que las vías normales disponibles para tal acceso ya no sean posibles.
63.

No obstante, no está claro en modo alguno que esta jurisprudencia pueda transponerse a la exención específica prevista en el artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA. Esta presupone una finalidad terapéutica de la prestación, finalidad que resulta dudosa cuando se trata de un asesoramiento nutricional pagado, pero no efectivamente recibido. Sin embargo, en el presente asunto no es necesario resolver esta cuestión. Esta se plantearía solamente si el órgano jurisdiccional remitente concluyese motivadamente que el asesoramiento nutricional de que aquí se trata constituye realmente una prestación de asistencia a personas físicas. Sin embargo, no ha sido así.
1)

El artículo 3, apartado 3, de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, en relación con su considerando 14, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere, con motivo de un nuevo proceso penal que consista en un procedimiento de emisión de una resolución de refundición como el controvertido en el litigio principal, una condena anterior pronunciada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y que se haya transmitido para su ejecución al Estado miembro en el que se desarrolla dicho procedimiento, con arreglo a las normas establecidas en la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional ante el cual se desarrolle un procedimiento de emisión de una resolución de refundición comprobar, tras un examen individual del caso que tenga en cuenta la situación concreta, que dicho procedimiento no tenga por efecto ni que haya una interferencia en dichas condenas anteriores o en cualquier resolución relativa a su ejecución en el Estado miembro en el que se desarrolle dicho procedimiento, ni una revocación o revisión de estas. En particular, la aplicación de un procedimiento de emisión de una resolución de refundición no debe dar lugar ni a que se imponga una pena refundida inferior a la pena inicial resultante de la resolución condenatoria dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, ni a que se anulen los efectos de dicha resolución.
35.

A este respecto, debo señalar que el empleo de la expresión «relación jurídica» en la jurisprudencia no me parece afortunada. Puede haber operaciones sometidas a una «relación jurídica» que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Directiva del IVA. Por ejemplo, el asunto Apple and Pear Development Council se refería, sin lugar a dudas, a una «relación jurídica» entre los productores profesionales de manzanas y peras en Inglaterra y en el País de Gales, y el organismo público legamente responsable de la defensa de sus intereses (y al que dichos productores estaban obligados a afiliarse), pese a que el Tribunal de Justicia resolvió que la exacción anual que abonaba cada productor de manzanas y de peras no era suficientemente proporcional a los «beneficios» individuales que se derivaban de las actividades de ese organismo público. ( 10 ) De ello se desprende que el concepto de «relación jurídica» es más complejo de lo que parece a simple vista.
37.

En primer lugar, la tesis de la continuidad entre instrumentos consecutivos no es absoluta ni automática. ( 24 ) El seguimiento de la jurisprudencia previa es razonable si no hay cambios legislativos. En el Reglamento n.o 4/2009 los hay, aunque no se aprecien con la simple lectura del precepto aplicable, es decir, del artículo 3, letra b).
19.

Para el año natural 2018, la Ley de 2018 de actualización de las pensiones (Pensionsanpassungsgesetz 2018; en lo sucesivo, «PAG 2018») ( 10 ) modifica el mecanismo de actualización. En concreto, la PAG 2018 introdujo un artículo 711 en la LGSS austriaca, que establece el siguiente incremento escalonado de las pensiones: «1. No obstante lo dispuesto en el artículo 108h, apartados 1, primera frase, y 2, el incremento de las pensiones para el año natural 2018 no se calculará aplicando el factor de actualización, sino del siguiente modo: Los ingresos acumulados por pensiones (apartado 2) deberán incrementarse: 1.o si no superan los 1500 euros al mes, en un 2,2 %; 2.o si superan los 1500 euros al mes, pero no son superiores a 2000 euros al mes, en 33 euros; 3.o si superan los 2000 euros al mes, pero no son superiores a 3355 euros al mes, en un 1,6 %; 4.o si superan los 3355 euros al mes, pero no son superiores a 4980 euros al mes, en un porcentaje que disminuye de modo lineal del 1,6 % al 0 %. Si los ingresos acumulados por pensiones superan los 4980 euros mensuales, no se aplicará ningún incremento. 2. Los ingresos acumulados por pensiones de una persona son la suma de todas sus pensiones procedentes del sistema público de pensiones a las que tenía derecho en virtud de la normativa vigente el 31 de diciembre de 2017 […]. También se consideran parte de los ingresos acumulados por pensiones todas las prestaciones mencionadas en la [Ley de pensión especial máxima], si la persona beneficiaria de la pensión tiene derecho a la misma el 31 de diciembre de 2017. […] 6. […] (Disposición de rango constitucional) La actualización para el año natural 2018 de las prestaciones mencionadas en la [Ley de pensión especial máxima] no podrá superar el incremento previsto en el apartado 1 teniendo en cuenta los ingresos acumulados por pensiones (apartado 2).»
54.

Por último, en aras de la exhaustividad, ha de señalarse que el artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva 2003/88 prevé que podrán establecerse excepciones, en particular, al artículo 4 de esta Directiva en cuanto atañe, entre otros, a los servicios de bomberos o de protección civil. No obstante, dado que el litigio principal se centra en la calificación de los períodos de pausa disfrutados por XR como «tiempo de trabajo» o «período de descanso», en el sentido de dicha Directiva, no parece necesario tener en cuenta esta disposición, que, recuérdese, no es mencionada en la resolución de remisión. En cualquier caso, ha de observarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva 2003/88 no permite a los Estados miembros establecer excepciones, con respecto a determinadas categorías de trabajadores, al artículo 2 de la misma, que define, en particular, los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso». ( 33 )
21.

GEA sostiene, en primer lugar, que, dado que la facultad de la Comisión para imponer una multa había prescrito en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, la eventual estimación del recurso de casación no proporcionaría beneficio alguno a la Comisión. ( 13 ) A este respecto ha de señalarse que, aun admitiendo que, como sostiene GEA, la Decisión impugnada se hubiese adoptado una vez extinguido el plazo de 10 años establecido en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento n.o 1/2003, tal circunstancia no permite por sí misma concluir que se ha producido la prescripción. En efecto, a tenor de esta disposición, la prescripción en materia de imposición de multas se reputará alcanzada a más tardar el día en que se cumpla un plazo de diez años contados a partir de la fecha en que haya finalizado la infracción, «sin que la Comisión haya impuesto ninguna multa sancionadora […]». Pues bien, en el caso de autos no se discute que GEA fue sancionada por la infracción cometida en el mercado ESBO/ésteres mediante la Decisión de 2009, adoptada dentro del plazo de 10 años previsto en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento n.o 1/2003. El hecho de que el importe máximo de la sanción impuesta se determinase erróneamente respecto a una de las entidades que componían la empresa responsable de la infracción, al rebasar el límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003, y de que, por tal motivo, la Comisión decidiera modificar la parte dispositiva de dicha Decisión con el fin de corregir el error, no incide en modo alguno en el momento en que la Comisión ejercitó su potestad sancionadora a efectos de la aplicación de los plazos de prescripción. ( 14 ) En efecto, la Decisión de 2010, así como la Decisión impugnada, no han modificado la decisión de la Comisión, contenida en la Decisión de 2009 y adoptada de conformidad con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, de imponer una multa a la empresa constituida por ACW, CPA y GEA, ( 15 ) ni tampoco han modificado el importe de la multa impuesta a GEA, sino que únicamente han reducido el importe del que podía considerarse responsable a ACW, redefiniendo las relaciones de responsabilidad solidaria y exclusiva entre las tres entidades en cuestión. Así pues, dado que la Decisión impugnada no puede considerarse una nueva decisión de imposición de una multa, procede desestimar la alegación de GEA según la cual la anulación de la sentencia recurrida y, por tanto, el restablecimiento de la Decisión impugnada no proporciona ningún beneficio a la Comisión como consecuencia de la prescripción, en la medida en que se basa en un presupuesto erróneo.
29.

La respuesta debería ser afirmativa si la deducción del impuesto soportado no pudiera reconocerse en parte sino solo globalmente (en su conjunto) (sección B) o si en tal caso no pudiera existir un exceso incontrovertido de impuesto soportado, como sostienen en particular los Gobiernos checo y español (sección C). Sin embargo, de no ser así, el principio de neutralidad en materia del IVA podría hasta imponer la liquidación y la devolución parcial y con prontitud del exceso incontrovertido del IVA soportado, aunque con las restricciones que podrían resultar de consideraciones de prevención eficaz del fraude (sección D).
41.

A la vista de lo anteriormente expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas: «1) El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «biocida» también comprende productos que se componen de una o varias clases de bacterias, enzimas u otros componentes cuando, como consecuencia de su modo de acción específico, no tienen un efecto directo en el organismo nocivo contra el que están dirigidos, sino en la generación o el mantenimiento del posible entorno de dicho organismo nocivo, si dicha acción no es meramente de naturaleza física o mecánica. 2) A efectos de la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 528/2012 no es pertinente ni el hecho de que en las circunstancias en las que se aplique tal producto no esté presente el organismo nocivo, ni el período dentro del cual se produce la acción.»
11.

El artículo 75 de la Directiva 2007/64, que también figura en el título IV de la misma, contiene las disposiciones que regulan los supuestos de no ejecución o ejecución defectuosa de una operación de pago. Dicho artículo tiene el siguiente tenor: «1. En el caso de las órdenes de pago iniciadas por el ordenante […] el proveedor de servicios de pago del ordenante será responsable frente al ordenante de la correcta ejecución de la operación de pago, a menos que pueda demostrar al ordenante y, en su caso, al proveedor de servicios de pago del beneficiario, que el proveedor de servicios de pago del beneficiario recibió la cuantía de la operación de pago […], en cuyo caso el proveedor de servicios de pago del beneficiario será responsable frente [al] beneficiario de la correcta ejecución de la operación de pago. Cuando sea responsable el proveedor de servicios de pago del ordenante con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, devolverá sin demora injustificada al ordenante la cantidad correspondiente a la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa y, en su caso, restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación en que hubiera estado si no hubiera tenido lugar la operación de pago defectuosa. Cuando sea responsable el proveedor de servicios de pago del beneficiario con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, devolverá inmediatamente a disposición del beneficiario la cantidad correspondiente a la operación de pago y, en su caso, abonará la cantidad correspondiente en la cuenta de pago del beneficiario. […] 2. […] En caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa con respecto a la cual el proveedor de servicios de pago del beneficiario no sea responsable, según lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, el proveedor de servicios de pago del ordenante será responsable frente al ordenante. Cuando sea responsable el proveedor de servicios de pago del ordenante, devolverá, según proceda y sin demora injustificada, al ordenante la cantidad correspondiente a la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa y restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación en que hubiera estado si no hubiera tenido lugar la operación de pago defectuosa.»