Por otra parte, el mero hecho de que la normativa nacional establezca que los derechos especiales deben ejercerse únicamente de conformidad con el Derecho comunitario no significa que el ejercicio de esos criterios sea compatible con éste. En efecto, el carácter general y abstracto de los criterios no garantiza con seguridad que el ejercicio de los derechos especiales vaya a efectuarse conforme a las exigencias del Derecho comunitario.

En efecto, los poderes de intervención de un Estado miembro como los derechos de oposición cuyas condiciones de ejercicio determinan los criterios controvertidos, que no se hallan sujetos a ninguna condición, a excepción de una referencia a la protección de los intereses nacionales formulada de manera general y sin que se precisen las circunstancias específicas y objetivas en las que deben ejercerse esos derechos, constituyen una grave vulneración de la libre circulación de capitales. A este respecto, aunque los criterios controvertidos se refieren a diferentes tipos de intereses generales —en particular, al aprovisionamiento mínimo de recursos energéticos y de bienes esenciales para la colectividad, la continuidad del servicio público, la seguridad de las instalaciones utilizadas en el marco de servicios públicos esenciales, la defensa nacional, la protección del orden público y de la seguridad y las urgencias sanitarias—, están formulados de manera general e imprecisa. Además, la ausencia de un vínculo entre esos criterios y los derechos especiales a los que se refieren aumenta la incertidumbre que rodea a las circunstancias en las que pueden ejercerse esos derechos especiales y confiere un carácter discrecional a tales derechos, habida cuenta del margen de apreciación del que disponen las autoridades nacionales para ejercerlos. Dicho margen de apreciación es desproporcionado en relación con los objetivos perseguidos.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE un Estado miembro que adopta una normativa nacional que establece los criterios de aplicación del derecho especial del Estado de imponer un veto a las decisiones de las sociedades nacionales afectadas relativas a su disolución, al traspaso de la empresa, a la fusión, a la escisión, a la transferencia de la sede social al extranjero, a la modificación del objeto social y a las modificaciones de los estatutos que supriman o alteren los derechos especiales cuando las circunstancias en que puede ejercerse ese derecho sean imprecisas y la normativa sea desproporcionada en relación con el objetivo indicado.

A este respecto, aunque ese derecho sólo pueda ejercerse en situaciones de peligro grave y real o de urgencias sanitarias, y siempre que se respeten los requisitos contemplados en la normativa nacional, a saber, concretamente por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública y de defensa, dado que no se precisan las circunstancias concretas que permiten ejercer el derecho en cuestión, los inversores no saben cuándo puede aplicarse ese derecho de veto. Por consiguiente, procede considerar que las situaciones que permiten ejercer el derecho de veto son potencialmente numerosas, indeterminadas e indeterminables, y que dejan un amplio poder de apreciación a las autoridades nacionales. La normativa nacional controvertida no contiene precisiones sobre las circunstancias concretas en las que puede ejercerse el derecho de veto, de modo que los criterios que establece no se apoyan en requisitos objetivos y controlables.

La afirmación de que el derecho de veto sólo puede ejercerse de conformidad con el Derecho comunitario y el hecho de que su ejercicio pueda someterse al control del juez nacional no hacen que la normativa nacional controvertida sea compatible con el Derecho comunitario.

(véanse los apartados 45, 60 a 63, 66 y 72 a 74 y el fallo)