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RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2010 :158 1SENTENCIA D EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA (Sala Segunda)
de 9 de diciembre de 2010
Asunto F-83/05
Kristine E z erniece Liljeberg y otros
contra
Comisión Europea
«Función p ública — Funcionarios — Nombramiento — Juristas lingüistas inscritos en una lista de 
reserva antes de la entrada e n vigor del nuevo Es tatuto — Discriminación e n relación c on los juristas 
lingüistas que prestan servicios en otras instituciones y ó rganos de la Unión»
Objeto: Recurso, interpuesto con arr eglo a l os artículos 236 CE y 152 EA, me diante el cual la 
Sra. Ezerniece Liljeberg y o tros nueve f uncionarios, todos juristas lingüistas de la 
Comisión, solicitan, con c arácter p rincipal, la a nulación d e sus d ecisiones d e 
nombramiento de 6 de octubre de 2004 , en la me dida e n que fijan su clasificación e n el 
grado A*6 , mientras que deberían haber sido clasificados en el grado A*7.
Resultado:Se desestima el recurso. La Comisión c argará c on s us propias costas y c on la mitad d e las 
costas causadas por los demandantes. Las demandantes cargarán con l a m itad d e las 
costas en las que hayan incurrido.
Sumario
1. Funcionarios — Selección — Nombramiento en grado — Introducción de u na nueva estructura de 
carreras m ediante el Reglamento (CE, Eu ratom) no 723/2004 — Disposiciones t ransitorias de 
clasificación en grado
[Estatuto de l os Funcionarios, anexo XIII, art. 13, ap. 2; Reglamento (CE, Eu ratom) no 723/2004 de l 
Consejo]
2. Funcionarios — Selección — Nombramiento en grado — Nombramiento en el grado superior de l a 
carrera — Facultad de a preciación de l a autoridad facultada para proceder a l os nombramientos — 
Control jurisdiccional — Límites
[Estatuto de l os Funcionarios, anexo XIII, art. 13, ap. 2; Reglamento (CE, Eu ratom) no 723/2004 de l 
Consejo]
3. Funcionarios — Destino — Correspondencia entre el grado y e l puesto de t rabajo — Destino en un 
puesto de g rado superior — Derecho a l a reclasificación — Inexistencia
(Estatuto de l os Funcionarios, art. 7, ap. 1)
4. Funcionarios — Igualdad de t rato — Trato diferenciado de l as diferentes categorías de e mpleados 
públicos en materia de g arantías estatutarias — Inexistencia de d iscriminación
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5. Funcionarios — Principios — Protección de l a confianza legítima — Requisitos
6. Funcionarios — Deber de a sistencia y p rotección que incumbe a l a administración — Alcance — 
Limites
(Estatuto de l os Funcionarios, anexo XIII, art. 13, ap. 2)
1. Las decisiones de clasificación e n grado ad optadas por instituciones distintas de la Comisión s obre 
la base del artículo 13, apartado 2, del anexo XIII d el Estatuto constituyen me dida s que no s e pueden 
invocar en apoyo del motivo basado en la vulneración, por parte de la Comisión, del principio de 
igualdad d e trato.
En relación c on l a alegación s egún la cual los juristas lingüistas clasificados en el grado A*6 p or la 
Comisión e stán discriminados en relación c on q uienes han superado una misma oposición y h an sido 
clasificados en el grado A*7 p or el resto de instituciones, se desprende del artículo 13, apartado 2, del 
anexo XIII d el Estatuto que cada i nstitución e stá facultada p ara d eterminar si procede clasificar a u n 
jurista lingüista en el grado A*7 . De ello se deduce que debe considerarse que los funcionarios 
seleccionados por una institución y c lasificados en este grado en virtud de esta disposición s e hallan 
en una situación di ferente de la de los funcionarios seleccionados por otra institución q ue ha decidido 
no a plicar di cha disposición.
En efecto, el hecho de estar incluidos en la misma lista de reserva no e s pertinente a e fectos de aplicar 
el artículo 13, apartado 2, del anexo XIII d el Estatuto, dad o que, como se ha recordad o, corresponde a 
cada i nstitución d ecidir s i procede aplicar esta disposición p ara c lasificar a u n jurista lingüista en el 
grado A*7 . Además, la jurisprudencia con arr eglo a l a cual todos los candida tos que han aprobado la 
misma oposición s e encuentran en una misma situación a fecta a l a selección d e funcionarios por la 
misma institución, y no p or instituciones diferentes. Por último, si bien, conforme a l principio de 
unicidad d e la función p ública, tal como se formula en el artículo 9, apartado 3, del Tratado de 
Ámsterdam, todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión e stán sometidos a u n 
Estatuto único, tal principio no i mplica que las instituciones deban hacer uso de forma idéntica de la 
facultad d e apreciación q ue les ha conferido el Estatuto, dad o que, al contrario, en la gestión d e su 
personal, estas últimas gozan de un principio de autonomía.
(véanse los apartados 55, 58 y 59)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 16 de septiembre de 1997 , Gimenez/Comité de las Regiones (T-220/95, RecFP 
pp. I-A-275 y II-775), apartado 72
2. Cuando la ad ministración di spone de una amplia facultad d e apreciación p ara d ecidir s i procede 
hacer uso de una di sposición, a f in de no p rivar a di cha di sposición d e todo alcance útil, la 
administración d ebe, a l a luz de las circunstancias particulares a l as que se enfrenta, proceder a l a 
apreciación c oncreta de la posible aplicación d e la disposición d e que se trate.
No es me nos cierto que, según el tenor del artículo 13, apartado 2, del anexo XIII d el Estatuto, las 
instituciones pueden seleccionar f uncionarios responsables de desempe ñar f unciones de juristas 
lingüistas en el grado A*7 o A D 7, lo que implica que la autoridad f acultada p ara p roceder a l os 
nombramientos no e stá obligada a a plicar esta disposición y q ue los nuevos funcionarios no t ienen un 
derecho subjetivo a t al clasificación.
Toda ve z que la autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos dispone de una amplia 
facultad d e apreciación p ara d ecidir h acer uso o no d el artículo 13, apartado 2, del anexo XIII d el 
Estatuto, el control jurisdiccional de una decisión r elativa a l a clasificación e n grado no p uede 
sustituir a l a apreciación d e la autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos. En
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 consecuencia, el juez de la Unión d ebe limitarse a c omprobar si no h an existido vicios esenciales de 
forma, si la autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos no h a basado su decisión e n 
hechos materiales inexactos o i ncompletos, si la decisión no ad olece de desviación d e poder, de error 
de Derecho o d e m otivación i nsuficiente, o i ncluso si la autoridad f acultada p ara p roceder a l os 
nombramientos no h a hecho uso de su poder de apreciación d e manera m anifiestamente errónea.
(véanse los apartados 75 a 77)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 5 de octubre de 1995 , Alexopoulou/Comisión ( T-17/95, RecFP pp . I-A-227 y II-683), 
apartado 21; 26 de octubre de 2004 , Brendel/Comisión ( T-55/03, RecFP pp . I-A-311 y II-1437 ), apartado 60, y 
15 de noviembre de 2005 , Righini/Comisión (T-145/04, RecFP pp . I-A-349 y II-1547 ), apartado 53
Tribunal de la Función P ública: 26 de abril de 2006 , Falcione/Comisión ( F-16/05, RecFP pp . I-A-1-3 y II-A-1-7), 
apartado 49, y 20 de septiembre de 2007 , Giannopoulos/Consejo (F-111/06, RecFP pp . I-A-1-253 y II-A-1-1415 ), 
apartado 52
3. Aunque un funcionario acepte ejercer un puesto correspondiente a u n grado superior al suyo, el 
principio de correspondencia entre grado y p uesto no c onfiere al funcionario ningún derecho a l a 
reclasificación d e su emp leo en un grado superior.
En todo caso, ninguna disposición d el Estatuto o d el Régimen aplicable a l os otros agentes impone a l a 
administración tener en cuenta la situación a nterior de los candida tos que han superado una oposición 
para d eterminar su clasificación e n grado.
(véanse los apartados 89 y 90)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 12 de julio de 1973 , Tontodonati/Comisión (28/72, Rec. p. 779), apartado 8
Tribunal de Primera Instancia: 7 de mayo de 1991 , Jon gen/Comisión ( T-18/90, Rec. p. II-187), apartado 27, y 
6 de julio de 1999 , Séché/Comisión (T-112/96 y T -115/96, RecFP pp . I-A-115 y II-623), apartado 182
Tribunal de la Función P ública: 12 de marzo de 2009 , Arpaillange y o tros/Comisión ( F-104/06, RecFP pp . I-A-1-57 
y II-A-1-273), apartado 106
4. No es posible poner en tela de juicio las diferencias de régimen existentes entre las diversas 
categorías de pe rsonas que prestan servicios para l a U nión, sea en condición d e funcionarios 
propiamente dichos, sea en función d e las diferentes categorías de agentes incluidas en el régimen 
aplicable a l os otros agentes, ya que la definición d e cada u na de estas categorías corresponde a 
necesidad es legítimas de la administración d e la Unión y a l a naturaleza de las funciones, permanentes 
o temp orales, que tiene por misión c umplir.
(véase el apartado 93)
Referencia:
Tribunal de la Función P ública: 17 de noviembre de 2009 , Palazzo/Comisión ( F-57/08, RecFP pp . I-A-1-437 
y II-A-1-2371 ), apartado 38, y la jurisprudencia citada
5. El derecho a i nvocar la protección d e la confianza legítima se extiende a t odo particular q ue se 
encuentre en una situación d e la que resulte que la Administración c omunitaria, al dar le garantías 
precisas y c oncordantes, le hizo concebir esperanzas fundada s.
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El derecho a i nvocar la protección d e la confianza legítima implica que concurran tres requisitos. En 
primer lugar, la ad ministración d ebe haber dad o al interesado garantías precisas, incondicionales y 
congruentes que em anen de fuentes autorizadas y f iables. En segundo lugar, estas garantías deben 
poder infundir u na esperanza legítima en el ánimo de aquel a q uien se diri gen. En tercer lugar, las 
garantías deben ser acordes con las disposiciones del Estatuto y c on las no rmas aplicables en general 
o, al me nos, su posible irr egularidad d ebe poder pasar inadvertida a u n funcionario ra zonable y 
diligente, habida c uenta de los elementos a s u di sposición y d e su capacidad d e realizar las 
comprobaciones necesarias.
En relación c on las decisiones de clasificación e n grado, la posible intención d e un jefe de unidad no s e 
puede considerar u na información q ue em ane de fuentes autorizadas y f iables, dad o que estas 
decisiones dependen c on c arácter exclusivo d e la autoridad f acultada p ara p roceder a l os 
nombramientos.
(véanse los apartados 98, 99 y 101)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 6 de julio de 1999 , Forvass/Comisión ( T-203/97, RecFP pp . I-A-129 y II-705), 
apartado 70; 11 de julio de 2002 , W asmeier/Comisión ( T-381/00, RecFP pp . I-A-125 y II-677), apartado 106; 
Righini/Comisión, antes citada, apartados 130 y 131, y 8 de diciembre de 2005 , Reynolds/Parlamento (T-237/00, 
RecFP pp . I-A-385 y II-1731 ), apartado 146
Tribunal de la Función P ública: 11 de septiembre de 2008 , Bui Van/Comisión ( F-51/07, RecFP pp . I-A-1-289 
y II-A-1-1533 ), apartado 55, y 11 de mayo de 2010 , Maxwell/Comisión (F-55/09), apartado 87
6. El deber de asistencia y p rotección r efleja el equilibrio de los derechos y o bligaciones recíprocos que 
el Estatuto ha creado en las relaciones entre la autoridad p ública y l os emp leados públicos. Este deber 
supone, en particular, que, al resolver acerca de la situación d e un funcionario, la autoridad t ome e n 
consideración l a totalidad d e los elementos que puedan determinar su decisión, y q ue, al hacerlo, 
tenga en cuenta no s ólo el interés del servicio, sino t ambién el del funcionario interesado. La 
protección d e los derechos de los funcionarios debe siemp re estar limitada p or el respeto de las 
normas en vigor.
El deber de asistencia y p rotección no p uede tener por efecto transformar la facultad q ue se ofrece en 
virtud del artículo 13, apartado 2, del anexo XIII d el Estatuto en una obligación d e la ad ministración. 
Por tanto, el que la autoridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos no h aya aplicado dicho 
artículo 13, apartado 2, no p uede constituir como tal una infracción d el deber de asistencia y 
protección.
(véanse los apartados 110 y 111)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: Forvass/Comisión, antes citada, apartados 53 y 54, y la jurisprudencia citada
Tribunal de la Función P ública: 28 de junio d e 2006 , Grünheid/Comisión ( F-101/05, RecFP pp . I-A-1-55 
y II-A-1-199), apartado 149