4.

En opinión de la Comisión, la cuestión que se plantea en el presente asunto es saber si el Derecho comunitario prevé que se tengan en cuenta los períodos de seguro cumplidos en Dinamarca y las cotizaciones pagadas en este país para la concesión anticipada de la pensión de jubilación alemana. A este respecto, la Comisión señala, en primer lugar, que si bien las partes en litigio reconocen que se deben tomar en consideración los períodos cumplidos en Dinamarca para la adquisición o el mantenimiento de los derechos a pensión del demandante, se enfrentan, no obstante, sobre la cuestión de si estos períodos cumplidos en Dinamarca deben tenerse en cuenta también en Alemania para un aumento de la pensión de jubilación, es decir, para el cálculo del importe de esta pensión. La Comisión recuerda, a continuación, los artículos 16 y 17 del Convenio germano-danés en materia de Seguridad Social, que preveía que los alemanes que hubieran pasado un tiempo en Dinamarca y cumplido períodos de seguro en la República Federal de Alemania disfrutarían, al efectuar el cálculo de la pensión de jubilación alemana, del cómputo de los períodos de estancia cumplidos en Dinamarca. Además, recuerda las normas del artículo 45 del Reglamento n° 1408/71 sobre el cómputo de los períodos de seguro o de residencia cumplidos por los trabajadores en otros Estados miembros. La Comisión precisa que estas disposiciones garantizan a los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 del Tratado, la totalización de los períodos de seguro cumplidos en los diferentes Estados miembros para la adquisición y conservación de los derechos a prestación. Según la Comisión, los períodos de carencia —tal como prevé el artículo 25 de la AVG— pueden cumplirse en forma de períodos de seguro transcurridos fuera del país de origen. En cambio, según ella, los períodos de seguro o de residencia no inciden en los elementos constitutivos de la pensión que no sean requisitos para la adquisición de los derechos a la misma, como, en particular, el importe de la pensión. Para resolver este último problema, según la Comisión, procede atender a la letra a) del artículo 6 del Reglamento n° 1408/71, que prevé que éste, en el marco del campo de aplicación personal y material, sustituye a cualquier Convenio de seguridad social en vigor entre los Estados miembros. La Comisión considera que las disposiciones de este artículo son claras y obligatorias, en la medida en que no son objeto de reservas: en el presente asunto, no sucede así con el artículo 17 del Convenio germano-danés en materia de Seguridad Social. La Comisión precisa que esta disposición fue sustituida por normas comunitarias, aun en los supuestos en que implique ventajas para el demandante superiores a las que se derivan del Reglamento n° 1408/71. La Comisión observa que en este contexto el Sozialgericht solicita al Tribunal de Justicia que declare si el Reglamento n° 1408/71 es conforme con el Derecho comunitario primario de rango más elevado. La Comisión señala a este respecto que, con arreglo al artículo 51 del Tratado, las disposiciones comunitarias de Seguridad Social —Reglamentos n° 1408/71 y n° 574/72— tienen por objeto precisamente «hacer realidad» la primacía que corresponde al Derecho comunitario en la coordinación de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros en el ámbito social, con respecto a estos mismos Estados miembros, y sustituir los distintos Convenios celebrados entre estos por una normativa comunitaria. Por consiguiente, añade la Comisión, la inaplicabilidad de los Convenios celebrados entre Estados miembros que resulta de la entrada en vigor de los Reglamentos comunitarios es conforme con la letra y el espíritu de los artículos 48 a 51 del Tratado CEE. La Comisión expone a continuación que en su sentencia de 13 de octubre de 1976, Saieva (32/76, Rec. p. 1523), el Tribunal de Justicia observó que las disposiciones transitorias del Reglamento n° 1408/71, de las que forma parte el apartado 5 del artículo 94, están inspiradas en, el principio de «que las prestaciones concedidas con arreglo al Reglamento n° 3 y que sean más ventajosas que las prestaciones resultantes del nuevo Reglamento, no serán reducidas; [...] el objeto de la disposición es otorgar al interesado el derecho a solicitar la revisión, en su favor, de las prestaciones liquidadas conforme al régimen del antiguo Reglamento»(traducción no oficial). Teniendo en cuenta esta decisión y a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la reducción de las prestaciones adquiridas al amparo del Derecho nacional, la Comisión se pregunta si el objetivo de los artículos 48 a 51 del Tratado se lleva efectivamente a cabo si, al entrar en vigor el Reglamento n° 1408/71, el demandante pierde las ventajas que le conceden las disposiciones nacionales. A este respecto la Comisión recuerda la sentencia de 21 de octubre de 1975, Petroni (24/75, Rec. p. 1149), en la que el Tribunal de Justicia había considerado que no se alcanzaría el objetivo de los artículos 48 a 51 si, a consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores tuvieran que perder las ventajas de Seguridad Social que les garantiza, en cualquier caso, la propia legislación de un Estado miembro. La Comisión alega a este respecto que, aun suponiendo que el artículo 51 del Tratado sólo deba asegurar de un modo limitado la coordinación de los regímenes nacionales, para evitar toda desventaja en el ámbito del Derecho social a las personas que se desplazan dentro de la Comunidad para ejercer su actividad profesional, sin reducir por ello las ventajas derivadas de la libertad de circulación, este principio no podría aplicarse, sin embargo, al presente asunto, ya que no se priva al demandante de ningún derecho a prestación adquirido por él al amparo de una legislación nacional. Según la Comisión, la normativa comunitaria no afecta al importe de los derechos adquiridos por el demandante en Dinamarca al amparo de la legislación danesa ni de los derechos adquiridos por el mismo en Alemania al amparo de la legislación alemana. A su parecer, el cómputo de los períodos cumplidos en Dinamarca que reivindica el demandante es tan sólo una ventaja que no se deriva sólo del Derecho danés o del Derecho alemán, es decir, únicamente del Derecho de un Estado miembro, sino que resulta de una pretensión que no depende del Derecho comunitario sino solamente de la aplicabilidad del Convenio germano-danés en materia de Seguridad Social. Por otra parte, la Comisión cosidera que no corresponde al Tribunal de Justicia examinar la cuestión de si dicha pretensión goza de la protección del derecho de propiedad en el marco del Derecho nacional. Considera que compete a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la posición que ocupan, respecto al Derecho comunitario, las situaciones jurídicas nacionales garantizadas por el Derecho constitucional, habida cuenta del principio de la primacía del Derecho comunitario. Por consiguiente, la Comisión subraya que el Derecho comunitario no garantiza ninguna situación jurídica resultante de los Convenios de Seguridad Social celebrados entre Estados y aplicables antes de entrar en vigor la normativa comunitaria adoptada en la materia. Así pues, la Comisión propone al Tribunal de Justicia que responda al órgano jurisdiccional remitente en los siguientes términos: «Con arreglo a los artículos 6 y 7 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, éste sustituye a los Convenios de Seguridad Social celebrados entre Estados miembros. Este principio es imperativo y no permite excepción alguna, aun en los supuestos en que la aplicación de un Convenio implicara para una persona a la que se aplique el Reglamento (CEE) n° 1408/71 ventajas superiores a las que se derivan de este Reglamento.»