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Segundo, la recurrente alega que el Tribunal confirma, de manera jurídicamente errónea, la Decisión de la Comisión de exigir responsabilidad a la recurrente como responsable solidaria, tomando como base del volumen de negocios del grupo de la ThyssenKrupp AG. En ese sentido, la sentencia vulnera el artículo 23 del Reglamento no 1/2003, el principio del Estado de Derecho bajo la forma del principio nulla poena sine lege, el principio de la proporcionalidad de las sanciones, el principio in dubio pro reo y el principio de culpabilidad. La sentencia es errónea desde el punto de vista jurídico, en la medida en que se basa en la suposición de que una filial forma con su empresa matriz (y con otras sociedades del grupo) una agrupación de responsabilidad en forma de unidad económica. Por otra parte, y al margen de ello, vulnera el principio de culpabilidad porque se impone a la recurrente junto a su sociedad matriz una sanción como responsables solidarias. Con carácter subsidiario se alega que el Tribunal ha confirmado la responsabilidad solidaria a pesar de no haber ordenado cuotas de responsabilidad en la relación interna.
2)

En caso de que se responda a la cuestión anterior en el sentido de que es contrario al Derecho de la Unión Europea la cesión de créditos frente a los consumidores a una entidad en quiebra a efectos de cobro: a) ¿El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea puede interpretarse en el sentido de que no se opone a que un órgano jurisdiccional, con el fin de proteger a los consumidores, no aplique la exención de la contribución unificada prevista en la ley a favor del síndico de la quiebra y declare eventualmente, sin perjudicar con ello el derecho de tutela judicial del síndico de la quiebra, que no procede sustanciar el litigio por falta de pago de la contribución unificada por la demanda? b) ¿Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (2) se oponen a la aplicación de una disposición de Derecho nacional por la que se exime al síndico de la quiebra del pago de la contribución unificada, en el caso de que, sin la práctica comercial desleal, el demandante no habría estado exento del pago de dicha contribución y, al no proceder el inicio de la sustanciación del litigio, se habría evitado el procedimiento judicial relativo a la prestación derivada de la cláusula abusiva?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 282/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 20 de junio de 2011 — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-310/11)

2011/C 282/03

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Grattan plc

Recurrida: The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestión prejudicial

Con respecto al período anterior al 1 de enero de 1978, ¿tiene el sujeto pasivo, en virtud del artículo 8, letra a), de la Segunda Directiva 67/228/CEE (1) del Consejo, de 11 de abril de 1967, y/o de los principios de neutralidad fiscal y de igualdad de trato, un derecho directamente aplicable a que se reconozca, con efecto retroactivo, una reducción de la base imponible correspondiente a una entrega de bienes, cuando, con posterioridad a dicha entrega de bienes, el adquirente de los mismos obtuvo un crédito del transmitente que optó por percibir en metálico o bien en concepto de crédito deducible de importes debidos al transmitente por entregas de bienes al adquirente que ya se habían efectuado?

(1) Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Segunda Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Estructura y modalidades de aplicación del sistema común de impuesto sobre el valor añadido (DO 71, p. 1303; EE 09/01, p. 6).
1)

Según lo dispuesto en la cláusula 4, apartado 4, del anexo de la Directiva 1999/70/CE (1) –que establece que «los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas»– ¿es aplicable –precisamente por estar justificada por razones objetivas– la disposición nacional (artículo 75, apartado 2, del D. L. no 112/08), que elimina completamente la antigüedad obtenida al servicio de los Organismos Autónomos mediante contratos de trabajo de duración determinada, en caso de estabilización con carácter excepcional –como excepción al principio contenido en el artículo 36, apartado 5, del D. Lgs. no 165/01– de los trabajadores afectados, tras la realización de «pruebas selectivas» que no pueden compararse a los exámenes de un concurso público ordinario (cuyo fin es la óptima atribución a los laureados de las funciones que deben desempeñarse), pero que permitan establecer, de modo excepcional, lo que debería considerarse una nueva relación laboral, con eficacia «ex nunc»?
2)

¿Debe interpretarse el principio de neutralidad fiscal, que constituye un principio fundamental, relevante para el establecimiento y funcionamiento del sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que es lícita una práctica en materia de inspección tributaria como la del asunto principal, que reconoce el cálculo fuera de plazo de la cuota del IVA y establece en tal caso como sanción deudas por intereses y además impone una sanción en forma de la denegación del derecho a deducción, en las circunstancias concretas que concurren en el caso de la recurrente en casación, habida cuenta de que la operación no se ocultó, los libros contables contienen datos sobre la misma, la administración tributaria posee la información necesaria, no se ha producido ningún abuso y no han resultado perjudicados los presupuestos?
a)

en que es aplicable el Reglamento no 1612/68 (1) y la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Baumbast y R contra Secretary of State for the Home Department (C-413/99, Rec. p. I-7091), London Borough of Harrow contra Nimco Hassan Ibrahim (asunto C-310/08) y Maria Teixeira contra London Borough of Lambeth (C-480/08);
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 72/16

Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-624/10)

2011/C 72/28

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: M. Afonso, agente)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva IVA y, en particular, de sus artículos 168, 171, 193, 194, 204 y 214 al establecer a través del título IV de la instrucción administrativa no 105 de 23 de junio de 2006 (3 A-9-06) una tolerancia administrativa que establece una excepción a un régimen de autoliquidación del IVA y que implica, entre otros, la designación de un garante fiscal por el vendedor o el prestador de servicios establecido fuera de Francia.

— Que se condene en costas República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

En su recurso, la Comisión alega que la normativa francesa que establece una excepción al régimen de autoliquidación del IVA es contraria al Derecho de la Unión Europea por varias razones.

En primer lugar, los sujetos pasivos que deseen disfrutar del dispositivo introducido por el título IV de la instrucción administrativa 3 A-9-06 están obligados a designar un representante fiscal, lo que no es conforme con el artículo 204 de la Directiva IVA. Dicho artículo permite a los Estados miembros imponer tal obligación únicamente en los casos en los que no existe, con el país de establecimiento del sujeto pasivo, ningún instrumento que organice una asistencia mutua en materia de impuestos indirectos similar a la prevista en el interior de la Unión.

En segundo lugar, la tolerancia administrativa también está subordinada a la obligación para el vendedor de identificarse a efectos del IVA en Francia, lo que no es conforme con el artículo 214, apartado 1, de la Directiva IVA. De esta disposición resulta que la obligación de identificación a efectos del IVA no afecta a los sujetos pasivos que realizan en el territorio de un Estado miembro en el que no están establecidos entregas de bienes o prestaciones de servicios sometidas a un régimen de autoliquidación por el cliente, en particular, con arreglo al artículo 194 de la Directiva IVA.

En tercer y último lugar, el dispositivo prevé imputar el IVA deducible del vendedor o del prestador del servicio sobre el IVA repercutido por uno o varios de sus clientes. Eso no es conforme con las disposiciones de los artículos 168 y 171 de la Directiva IVA, en virtud de las cuales la compensación entre el IVA deducible y el IVA repercutido debe realizarse a nivel de cada sujeto pasivo. Tal excepción tampoco puede basarse sobre el artículo 11 de la misma Directiva.
3)

Además, el TG cometió un error de Derecho al no considerar en absoluto las diferentes alegaciones formuladas en los puntos 93 a 96 así como 121 a 129 de la demanda en relación con la apreciación de la compatibilidad de la Ley italiana conforme al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c). Respecto a ello el TG no expuso una adecuada motivación. Además, el TG cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al declarar, como resultado, la incompatibilidad de la Ley italiana con el mercado común, y ello debido sólo a la supuesta inobservancia del principio de neutralidad tecnológica, derivada de la supuesta exclusión de sus beneficios de los descodificadores por vía satélite, quod non; y al aceptar la omisión por la demandada de la valoración jurídica de los efectos de distorsión de la medida en el mercado de la televisión de pago, a través de un apropiado test jurídico, económico y ponderado de: a) las distorsiones específicas de la competencia en el mercado de la televisión de pago, y b) la alegada eficiencia de la ventaja económica. Esta última fue sólo presumida, en primer lugar, y se consideró incompatible con el mercado común porque supuestamente no es neutra en términos tecnológicos. Además, el TG incurrió en un error de Derecho y en una motivación incorrecta al desestimar el tercer motivo de la demanda. El TG no sólo expuso e interpretó erróneamente el motivo y las alegaciones relevantes sobre la contradictoria motivación de la Decisión impugnada sino que también dejó de examinar tales alegaciones y por tanto las desestimó indebidamente como infundadas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/32

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 8 de julio de 2010 — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

(Asunto C-347/10)

()

2010/C 246/53

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandante: A. Salemink

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Cuestión prejudicial

Las normas de Derecho comunitario que tienen por objeto establecer la libre circulación de trabajadores, en particular las contenidas en los títulos I y II del Reglamento no 1408/71, (1) y los artículos 39 y 299 del Tratado CE (en la actualidad, artículos 45 TFUE y 52 TUE, respectivamente, en relación con el artículo 355 TFUE), ¿se oponen a que el trabajador que ejerce su actividad para un empresario establecido en los Países Bajos, fuera del territorio neerlandés en una instalación fija en la zona neerlandesa de la plataforma continental, no esté asegurado conforme al sistema nacional de seguro obligatorio de los trabajadores por cuenta ajena, exclusivamente porque no reside en los Países Bajos sino en otro Estado miembro (en este caso, España), aunque esté en posesión de la nacionalidad neerlandesa y aunque se le ofrezca la posibilidad de un seguro voluntario en las mismas condiciones, en esencia, que las que se aplican al seguro obligatorio?

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/21

Recurso de casación interpuesto el 9 de febrero de 2010 por European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictado el 19 de noviembre de 2009 en el asunto T-40/08, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-75/10 P)

2010/C 113/33

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (representante: J. Kuhbier, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia:

— Que se declare nulo de pleno derecho el auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2009 en el asunto T-40/08, EREF contra la Comisión de las Comunidades Europeas.

— Que se devuelva el asunto, para su resolución, a la Sala Sexta del Tribunal General.

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que declare nulo de pleno derecho el auto del TPI de 19 de noviembre de 2009 en el asunto T-40/08 y que lo devuelva al Tribunal General para un nuevo examen.

La recurrente impugna la conclusión del TPI de que su abogado, la Dra. Fouquet, no podía representarla ante dicho TPI, por lo que su demanda era inadmisible.

El TPI considera que, dado que la señora Fouquet fue nombrada directora de EREF el 29 de junio de 2004, ya no podía ser considerada un tercero independiente. La recurrente alega que la Dra. Fouquet no había sido nombrada formalmente directora de EREF, ya que, de acuerdo con la ley belga, tal nombramiento debe ser objeto de registro oficial ante las autoridades belgas competentes. La condición de directora de la Sra. Fouquet en EREF era sólo como titular y no estaba vinculada a poderes de representación, o sólo lo estaba en grado muy limitado.

La recurrente también alega que, aunque se admitiera que la designación como directora de la Sra. Fouquet tenía carácter formal, el TPI aplicó incorrectamente los criterios para valorar si el abogado es un tercero independiente. Se alega al respecto que el TPI no comprendió ni la situación legal del representante de EREF ante el Tribunal ni la verdadera distribución de las funciones y obligaciones entre la Dra. Fouquet y EREF. De conformidad con la legislación alemana, el puesto de la Dra. Fouquet como directora de EREF le permite representar a la recurrente ante el Tribunal.
—

subsidiariamente, no se cumplían los requisitos para recurrir al artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que no se había presentado ninguna propuesta válida, y el Consejo no había adoptado previamente una Decisión con arreglo al título V, capítulo 2 del Tratado de la Unión Europea;
1)

¿Cómo debe interpretarse la relación entre la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, (1) sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, y la Decisión marco (2002/584/JAI) del Consejo, de 13 de junio de 2002, (2) relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, cuando un nacional de un país tercero cuya entrega ha sido solicitada mediante orden de detención europea solicita asilo en el Estado miembro de ejecución, y el procedimiento de asilo y el procedimiento de ejecución de la orden de detención están pendientes al mismo tiempo? a) ¿Debe darse preferencia al derecho establecido por el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2005/85 de permanecer en el Estado miembro durante la tramitación de la solicitud, o debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que la ejecución de la orden de detención prevalece sobre el derecho establecido por el artículo 7, apartado 1? ¿Puede no ejecutarse una entrega al amparo de la Decisión marco 2002/584 por estar en curso un procedimiento de asilo, a pesar de que los artículos 3 y 4 de la Decisión marco no prevén ningún motivo de denegación que haga referencia a este caso? b) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/85 en el sentido de que concede a los Estados miembros un margen de apreciación para decidir cómo regular en el Derecho nacional la cuestión a la que se refiere la letra a) anterior? c) ¿Cómo debe interpretarse el artículo 7 de la Directiva 2005/85 a efectos de las cuestiones antes formuladas, especialmente en el caso de que la persona cuya entrega se ha solicitado por orden de detención solicite asilo esencialmente por las mismas razones por las que se opone a la entrega? d) En caso de concesión de asilo, ¿debe el Estado miembro de ejecución denegar la entrega? A este respecto, este tribunal se remite a la cuarta cuestión prejudicial [letras a) a c)].
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 100/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) el 1 de febrero de 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. («ALTER CHANNEL») y Konstantinos Giannikos/Ypourgos Tipou kai Meson Mazikis Enimerosis y Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

(Asunto C-52/10)

2010/C 100/37

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Eleftheri Tileorasi A.E. («ALTER CHANNEL») y Konstantinos Giannikos

Demandadas: Ypourgos Tipou kai Meson Mazikis Enimerosis y Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 1, letra d), de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298), en su versión modificada por el artículo 1, letra c), de la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202), en el sentido de que, en el ámbito de la «publicidad encubierta», el abono de una remuneración, un pago o una contraprestación de otra naturaleza constituye un elemento conceptual indispensable de la finalidad publicitaria?
1)

¿Es aplicable el Reglamento (CE) no 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo (en lo sucesivo, Reglamento (CE) no 110/2008) a la apreciación de los requisitos del registro de una marca que contiene una indicación geográfica de origen, protegida por dicho Reglamento, solicitado el 19 de diciembre de 2001 y concedido el 31 de enero de 2003?
1)

Por lo que se refiere al artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC (1) Primer motivo: El Tribunal de Primera Instancia, al aplicar el artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, no tuvo en cuenta la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo de este artículo en su sentencia de 9 de marzo de 2006, (2) en particular en lo que atañe a la carga de la prueba de demostrar que la expedición de los certificados incorrectos es imputable a la declaración inexacta de los hechos realizada por el exportador, lo cual, según dicha sentencia, no sólo recae claramente sobre las autoridades aduaneras que pretenden realizar la recaudación a posteriori, sino que debe cumplimentarse mediante documentos justificativos de origen objetivos. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia interpretó inadecuadamente el artículo 220, apartado 2, letra c), del CAC y, por lo tanto, aplicó incorrectamente el Derecho comunitario y, así pues, lo infringió. En consecuencia, también incumbe al Tribunal de Justicia anular esta aplicación incorrecta del Derecho comunitario. Segundo motivo: En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia, al examinar las pruebas que se le presentaron, consideró equivocadamente que las pruebas en cuestión no cumplían los requisitos del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, según expuso y aclaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de marzo de 2006. (3) Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia efectuó una calificación jurídica errónea de las pruebas presentadas y, por lo tanto, infringió el Derecho comunitario. (4) Además, procede observar que el Tribunal de Primera Instancia, al apreciar las pruebas, no resolvió de manera unívoca, sino que lo hizo de forma paradójica, por una parte, considerando el material probatorio suficiente para que la Comisión cumpliera con la carga de la prueba que recae sobre ella de demostrar que la expedición de los certificados incorrectos es imputable a la declaración inexacta de los hechos realizada por el exportador y, por otra parte, rechazando a la vez por insuficiente la prueba exigida a la recurrente de que las autoridades aduaneras tailandesas sabían, o por lo menos deberían haber sabido de manera razonable, que las mercancías no cumplían los requisitos para acogerse al trato preferencial. Corresponde al Tribunal de Justicia calificar de falta de motivación los errores que el Tribunal de Primera Instancia haya cometido al examinar y al apreciar los documentos aportados como prueba. (5)
3)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, eventualmente en relación con el artículo 2, apartado 2, letra c), en el sentido de que obliga al cesionario a mantener una relación laboral con los trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal que estaban destinados a la actividad que ha sido transmitida o de los que procede considerar que seguían estando a disposición del usuario en la fecha de la transmisión? Si la respuesta a esta cuestión fuera afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, en el sentido de que obliga al cesionario a celebrar un contrato de trabajo de duración indefinida en el supuesto de que éste no sea una empresa de trabajo temporal y no pueda celebrar contratos de puesta a disposición de trabajadores?