Palabras clave

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Palabras clave

1. Tratado CE - Artículo 293 CE, tercer guión - Objetivo - Adopción de tratados destinados a facilitar la realización de la libertad de establecimiento de las sociedades - Adopción que no condiciona el ejercicio de dicha libertad

(Arts. 44 CE y 293 CE, tercer guión)

2. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro que tiene en él su domicilio social estatutario - Sociedad que, según el Derecho de otro Estado miembro, ha trasladado su domicilio social efectivo a dicho Estado - No reconocimiento de la capacidad jurídica por el Estado miembro de acogida - Restricción de la libertad de establecimiento - Justificación - Inexistencia

(Arts. 43 CE y 48 CE)

3. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro que tiene en él su domicilio social estatutario - Sociedad que ejerce su libertad de establecimiento en otro Estado miembro - Obligación del Estado miembro de acogida de respetar la capacidad jurídica de la sociedad

(Arts. 43 CE y 48 CE)

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1. El artículo 293 CE no constituye una reserva de legislación en favor de los Estados miembros. Aunque dicha disposición invita a los Estados miembros a entablar negociaciones para facilitar, en particular, la solución de los problemas resultantes de la disparidad de legislaciones relativas al reconocimiento recíproco de las sociedades y al mantenimiento de su personalidad jurídica en caso de traslado transfronterizo de su domicilio social, sólo lo hace «en tanto sea necesario», es decir, en la hipótesis en que las disposiciones del Tratado no permitan realizar los objetivos del Tratado. En particular, aunque los tratados cuya celebración promueve el artículo 293 CE pueden facilitar, como las directivas de armonización previstas en el artículo 44 CE, la realización de la libertad de establecimiento, el ejercicio de dicha libertad no puede estar condicionado por la adopción de tales tratados.

( véanse los apartados 54 y 55 )

2. La negativa de un Estado miembro a reconocer la capacidad jurídica de una sociedad constituida con arreglo al Derecho de otro Estado miembro en el que tiene su domicilio social estatutario porque, en particular, la sociedad trasladó su domicilio social efectivo al territorio del primer Estado a raíz de la adquisición de todas las participaciones sociales por nacionales de dicho Estado miembro residentes en él, con la consecuencia de que la sociedad no puede, en el Estado miembro de acogida, acudir ante los tribunales para defender sus derechos derivados de un contrato, salvo si se constituye de nuevo con arreglo al Derecho de dicho Estado de acogida, supone una restricción a la libertad de establecimiento incompatible, en principio, con los artículos 43 CE y 48 CE.

Aunque no cabe excluir, a este respecto, que existen razones imperiosas de interés general, como la protección de los intereses de los acreedores, los socios minoritarios, los trabajadores e incluso la Hacienda Pública, que puedan justificar, en determinadas circunstancias y con ciertos requisitos, restricciones a la libertad de establecimiento, tales objetivos no pueden justificar que se niegue la capacidad jurídica y, por tanto, la capacidad procesal a una sociedad válidamente constituida en otro Estado miembro en el que tiene su domicilio social estatutario. En efecto, una medida de este tipo equivale a la negación misma de la libertad de establecimiento reconocida a las sociedades por los artículos 43 CE y 48 CE, de forma que dichas disposiciones se oponen a tal medida.

( véanse los apartados 82, 92 a 94 y el punto 1 del fallo )

3. Cuando una sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro en cuyo territorio se encuentra su domicilio social estatutario ejerce su libertad de establecimiento en otro Estado miembro, los artículos 43 CE y 48 CE obligan a este último a reconocer la capacidad jurídica y, por tanto, la capacidad procesal que dicha sociedad tiene de conformidad con el Derecho de su Estado de constitución.

( véanse el apartado 95 y el punto 2 del fallo )