Tratándose de un recurso dirigido contra el Reglamento no 689/2013, por el que se fija en 0 euros el importe de las restituciones a la exportación en el sector de la carne de aves de corral, tal reglamento produce efectos jurídicos directos sobre una sociedad que se dedica a la exportación de pollos congelados, puesto que ésta ya no podrá ser beneficiaria de restituciones a la exportación por un importe positivo. Al haber sido fijado, en el Reglamento impugnado, un importe igual a 0 para tales restituciones, dicha disposición no deja a las autoridades nacionales encargadas de concederlas ninguna facultad de apreciación al respecto. Aunque una autoridad nacional concediera una restitución a la exportación, ésta quedaría fijada de forma automática por un importe igual a 0, pues el Reglamento impugnado no deja a las autoridades nacionales ninguna facultad de apreciación que les permita establecer una restitución por un importe positivo. El Reglamento impugnado, por lo tanto, afecta directamente a la referida sociedad.

No hay ninguna razón para interpretar el concepto de afectación directa, exigida en el caso de los actos reglamentarios a que se refiere el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de forma diferente a como se ha hecho en relación con la segunda de las posibilidades que prevé el citado párrafo cuarto del mismo artículo, es decir, en el caso de los actos que afectan directa e individualmente a una persona física o jurídica. A este respecto, el requisito de la afectación directa exige, por una parte, que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y, por otra, que no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de tal medida encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa en litigio, sin aplicación de otras normas intermedias.

Dado el tenor del tercer supuesto previsto por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, solamente pueden constituir medidas de ejecución en el sentido de la citada norma las que adopten los órganos u organismos de la Unión o las autoridades nacionales en circunstancias normales. Si en circunstancias normales los órganos u organismos de la Unión o las autoridades nacionales no adoptan medida alguna para ejecutar el acto reglamentario y para concretar sus efectos sobre los operadores incluidos en su ámbito de aplicación, dicho acto reglamentario no incluye medidas de ejecución. A este respecto, conforme al tenor del tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no basta con que el acto reglamentario pueda incluir medidas de ejecución, sino que es necesario que, de hecho, las incluya. De este modo, no basta con que un operador tenga la posibilidad de compeler a la Administración, de forma artificiosa, a que adopte una medida susceptible de recurso, pues en tal caso no se trata de una medida incluida en el acto reglamentario.

Cuando se trata de un recurso dirigido contra el Reglamento no 689/2013, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la carne de aves de corral, la cuestión a la que hay que responder para determinar si el citado reglamento incluye medidas de ejecución no es si existe alguna razón que impida a los respectivos operadores solicitar un certificado de exportación en el que conste la fijación por anticipado de la restitución a la exportación, sino si cabe esperar que los operadores, en circunstancias normales, presenten tal solicitud. A este respecto, habida cuenta de que la obtención de un certificado de exportación no es obligatoria y que las restituciones a la exportación que puedan acordarse serán, en cualquier caso, de importe igual a 0, los operadores afectados no solicitarán a las autoridades nacionales, en circunstancias normales, certificados de exportación en los que conste la fijación por anticipado de la restitución a la exportación. En ausencia de tales solicitudes, las autoridades nacionales no adoptarán ninguna medida en orden a la ejecución del Reglamento no 689/2013. Así pues, en circunstancias normales, ninguna medida de esta naturaleza será adoptada por parte de las referidas autoridades, ni existirá, en consecuencia, medida alguna que defina las consecuencias concretas que se derivan del referido Reglamento para los operadores afectados. A este respecto, en circunstancias normales, no se formula una solicitud de certificado de exportación ante una autoridad nacional con la única finalidad de conseguir el acceso a la justicia. Si la autoridad nacional no tiene más opción que fijar el importe de las restituciones en 0 euros, un exportador no puede tener ningún interés en que dicha autoridad le asigne una restitución por tal importe, salvo el de conseguir, de forma artificiosa, que se adopte un acto susceptible de recurso. De las anteriores consideraciones se desprende que el Reglamento no 689/2013 no «incluye medidas de ejecución.

Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de que resultaría paradójico hacer depender la admisibilidad de un recurso del importe de las restituciones y considerar que, cuando el importe fijado para éstas es igual a 0, el Reglamento no incluye medidas de ejecución, mientras que, cuando la cuantía es superior, el acto impugnable será la medida nacional de ejecución. En efecto, la cuestión de si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución debe examinarse teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso objeto de litigio. A este respecto, para determinar si un acto reglamentario incluye tales medidas es preciso considerar la posición de la persona que invoca el derecho de recurso. Es posible, por consiguiente, que un mismo Reglamento pueda ser impugnado ante el juez de la Unión por determinados operadores porque les afecta directamente y no incluye medidas de ejecución destinadas a ellos, y que, al mismo tiempo, incluya medidas de ejecución respecto de otros operadores. Con mayor razón, no puede descartarse que un reglamento que establezca un importe de restituciones igual a 0 no incluya medidas de ejecución, y que, en cambio, un reglamento similar que fije el importe de las restituciones en un importe positivo las incluya.

(véanse los apartados 43 a 45, 53, 54, 58 y 62 a 65)