ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El Reglamento no 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que los procedimientos previstos en sus artículos 16 a 20 no son aplicables cuando resulta que un requerimiento europeo de pago no ha sido notificado de una forma que cumpla los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 de ese Reglamento. Cuando sólo después de la declaración de fuerza ejecutiva de un requerimiento europeo de pago se ponga de manifiesto tal irregularidad, el demandado debe tener la posibilidad de denunciar esa irregularidad, la cual, si se demuestra debidamente, debe entrañar la invalidez de dicha declaración de fuerza ejecutiva.

En efecto, por una parte, si el requerimiento europeo de pago no se notifica de una forma que cumpla estos requisitos mínimos, el demandado no recibe el formulario F, mediante el que puede presentar escrito de oposición a ese requerimiento y que se le remite adjunto al requerimiento europeo de pago, por lo que no se le informa correctamente de la existencia y el funcionamiento del requerimiento europeo de pago expedido en su contra. En tal caso, el demandado no dispone necesariamente de toda la información pertinente para decidir si debe oponerse o no a dicho requerimiento. Una situación de este tipo no puede ser compatible con el derecho de defensa del demandado.

Por otra parte, en caso de dicha falta de notificación, el plazo de oposición fijado en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento no 1896/2006 no comenzará a correr, de modo que ello afectará a la validez de los procedimientos que dependen de la expiración de ese plazo, como la declaración de ejecutividad a que se refiere el artículo 18 del Reglamento o la solicitud de revisión a que se refiere el artículo 20 de éste, aunque tales procedimientos se hayan iniciado ya. En lo que respecta más concretamente al procedimiento de revisión, ésta sólo se produce en casos excepcionales establecidos de manera taxativa en el artículo 20 de dicho Reglamento, entre los que no figura la falta de notificación.

Por último, dado que el Reglamento no 1896/2006 no dice nada sobre las posibles vías de recurso de que dispone el demandado cuando después de la declaración de fuerza ejecutiva de un requerimiento europeo de pago resulta que dicho requerimiento no ha sido notificado de una forma que cumpla dichos requisitos mínimos, tales cuestiones procesales se regirán por el Derecho nacional conforme al artículo 26 del Reglamento no 1896/2006.

(véanse los apartados 40 a 49 y el fallo)
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1810/2004, debe interpretarse en el sentido de que una mercancía, compuesta por disolventes y por una sustancia elaborada con polimetina que, aunque pueda producir un efecto colorante, tenue y no persistente, en los tejidos, no se usa prácticamente por sus propiedades colorantes y se destina exclusivamente a analizar los glóbulos blancos de la sangre, mediante una sedimentación iónica en elementos determinados de tales glóbulos que, al ser expuestos a los rayos láser, pasan a ser fluorescentes durante un tiempo limitado, está comprendida en la partida 3822 de dicha Nomenclatura Combinada, relativa a los reactivos de laboratorio.

En efecto, en relación con un producto que tiene dos usos posibles, uno de cuyos usos estriba únicamente en una posibilidad meramente teórica, por sus características y propiedades objetivas, ese producto está naturalmente destinado al otro uso y, por lo tanto, está incluido en la partida arancelaria relativa a este uso. Asimismo, para ser clasificado en la partida arancelaria relativa a un uso, no es necesario que el producto que deba clasificarse vaya destinado única o exclusivamente a ese uso. Basta con que éste sea su uso esencial.

De las notas explicativas del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías relativas a la partida 3822 se deduce ciertamente que las materias colorantes previstas en la partida 3204 están excluidas de dicha partida 3822, aunque existan en una forma que permita su utilización como reactivos de diagnóstico o de laboratorio. No obstante, igualmente se deriva de las notas explicativas de dicho sistema armonizado relativas a la mencionada partida 3204 que los productos que prácticamente no se usan por sus propiedades colorantes están excluidos de dicha partida. Pues bien, en la práctica, el producto de que se trata no suele usarse como materia colorante.

(véanse los apartados 32, 41 a 43 y 45 y el fallo)
1.

Recursos propios de la Unión Europea — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros — Obligación independiente de la exigencia de tener en cuenta el importe de los derechos pendientes de recaudación — Exención prevista en el artículo 217, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 — Informaciones arancelarias vinculantes erróneas — Protección de la confianza legítima del deudor que se basa en una información arancelaria vinculante válida — Efecto — Exención del Estado miembro de su obligación de constatar el Derecho de la Unión sobre los recursos propios — Inexistencia [Reglamentos del Consejo (CEE) no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2700/2000, art. 217, ap. 1, y (CE, Euratom) no 1150/2000 art. 2, ap. 1] (véanse los apartados 43 a 45)
El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de determinar si las garantías concedidas por una empresa pública son imputables o no a la autoridad pública que la controla, son relevantes, junto con el conjunto de los indicios derivados de las circunstancias del litigio principal y del contexto en el que se produjeron, las circunstancias de que, por una parte, el administrador único de la citada empresa que concedió esas garantías actuó irregularmente, ocultó deliberadamente su concesión e incumplió los estatutos de su empresa y, por otra parte, esa autoridad pública se habría opuesto a la concesión de dichas garantías si hubiese sido informada de ella. No obstante, tales circunstancias por sí solas no excluyen esa imputabilidad.

(véanse el apartado 39 y el fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de marzo de 2014 — Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana e Iberdrola Distribución Eléctrica

(Asunto C‑300/13)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Construcción de determinadas líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica — Ampliación de una subestación eléctrica — No sujeción del proyecto a evaluación de impacto ambiental»

Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 85/337/CEE — Ámbito de aplicación — Ampliación de una subestación eléctrica — Exclusión salvo en el caso de una ampliación que se inscribe en el marco de la construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica — Comprobación por el órgano jurisdiccional nacional [Directiva 85/337/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE, anexos I, punto 20, y II, punto 3, letra b)] (véanse los apartados 21 y 25 a 30 y el fallo)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Interpretación de los anexos I, punto 20, y II, punto 3, letra b), de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73, p. 5) — Construcción de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica con una tensión de 220 kV o más y con una longitud de más de 15 kilómetros — Concepto — Proyecto de ampliación de una subestación eléctrica con independencia de la línea aérea existencia — Normativa nacional que no prevé que dicho proyecto sea objeto de evaluación ambiental.

Fallo

Las disposiciones del anexo I, punto 20, y del anexo II, punto 3, letra b), de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, deben interpretarse en el sentido de que un proyecto como el controvertido en el litigio principal, que se refiere a la mera ampliación de una subestación transformadora de tensión eléctrica, no figura, como tal, entre los proyectos contemplados por las citadas disposiciones, salvo que tal ampliación esté comprendida en el marco de la construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Las disposiciones del artículo 90 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición nacional que no contempla la reducción de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido en caso de impago del precio, si se ha hecho uso de la facultad de acogerse a una excepción reconocida en el apartado 2 de dicho artículo. No obstante, esta disposición debe incluir en tal caso todas las demás situaciones en las que, en virtud del apartado 1 de ese mismo artículo, después de haberse convenido una transacción, una parte o la totalidad de la contrapartida no sea percibida por el sujeto pasivo, extremo éste cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional nacional.

Ciertamente, el citado artículo 90, apartado 1, constituye la expresión de un principio fundamental de la mencionada Directiva, según el cual la base imponible está constituida por la contraprestación realmente recibida y cuyo corolario consiste en que la Administración Tributaria no puede percibir en concepto del impuesto sobre el valor añadido un importe superior al percibido por el sujeto pasivo.

Sin embargo, el apartado 2 de dicho artículo 90 permite a los Estados miembros no aplicar la mencionada regla en los casos de impago total o parcial del precio de la operación. Pues bien, esa citada disposición nacional debe ser considerada como el resultado del ejercicio por parte del Estado miembro de la facultad de acogerse a una excepción que le reconoce el mencionado artículo 90.

En este sentido, si el impago total o parcial del precio de venta se produce sin mediar resolución o anulación del contrato, el comprador sigue estando obligado al pago del precio convenido y el vendedor, aunque ya no es el propietario del bien, sigue disponiendo en principio de su crédito, el cual puede exigir judicialmente. Dado que, no obstante, no cabe excluir que el cobro de tal crédito resulte finalmente imposible, el legislador de la Unión decidió atribuir a cada Estado miembro la facultad de decidir si la situación de impago del precio de venta —la cual, por sí misma y a diferencia de lo que sucede en el caso de resolución o anulación del contrato, no devuelve a las partes a su situación inicial— da derecho a reducir la base imponible en la cuantía correspondiente en las condiciones fijadas por ese Estado miembro, o si no se admite en esa situación tal reducción.

(véanse los apartados 22 a 25 y 28 y el punto 1 del fallo)
16

El órgano jurisdiccional remitente señala que, aunque el mecanismo de tributación a tanto alzado previsto por el artículo 6 de la InvStG se aplica indistintamente a los fondos de inversión residentes y no residentes no transparentes, tal disposición podría generar una discriminación indirecta de los fondos no residentes no transparentes, en la medida en que los fondos residentes generalmente reúnen los requisitos del artículo 5, apartado 1, de la InvStG, mientras que, por lo general, no sucede lo mismo con los fondos no residentes.
34

Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que en varias versiones lingüísticas del artículo 1, apartado 3, segunda frase, del Reglamento no 2252/2004, y en particular en las versiones en inglés («temporary passports and travel documents having a validity of 12 months or less»), alemán («vorläufige Pässe und Reisedokumente mit einer Gültigkeitsdauer von zwölf Monaten oder weniger») y neerlandés («tijdelijke paspoorten en reisdocumenten die een geldigheidsduur van 12 maanden of minder hebben»), los términos «temporales» y «de validez igual o inferior a 12 meses» no se aplican a una de las categorías de documentos mencionados en el apartado anterior, a saber, a los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros.
2

Esta solicitud se presentó en el marco de un litigio entre los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (en lo sucesivo, «Commissioners») y GMAC UK plc (en lo sucesivo, «GMAC») relativo a la base imponible del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») para entregas efectuadas por GMAC en virtud de contratos de venta a plazos de vehículos de motor.
1

En su demanda la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 108 TFUE, apartado 2, y 288 TFUE, del principio de efectividad, del artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), y de los artículos 1 a 3 de la Decisión 2011/471/UE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativa a la ayuda estatal C 38/05 (ex NN 52/04) de Alemania al grupo Biria (DO 2011, L 195, p. 55), al no adoptar todas las medidas necesarias para permitir la ejecución inmediata y efectiva de esa Decisión mediante la recuperación de las ayudas concedidas.
5

Los considerandos segundo y tercero de esta Decisión tienen la siguiente redacción: «(2) Las disposiciones del [Acuerdo marco] que entran en el ámbito de aplicación del título V de la tercera parte del Tratado [FUE] son vinculantes para el Reino Unido e Irlanda como Partes contratantes independientes, y no como parte de la Unión Europea, a menos que la Unión Europea y el Reino Unido o Irlanda, o ambos, hayan notificado conjuntamente a la República de Filipinas que el Reino Unido o Irlanda están vinculados como parte de la Unión Europea, de conformidad el Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado [UE] y al Tratado [FUE]. En caso de que el Reino Unido o Irlanda, o ambos, dejen de estar vinculados como parte de la Unión Europea de conformidad con el artículo 4 bis del Protocolo (no 21), la Unión Europea y el Reino Unido o Irlanda, o ambos, han de informar inmediatamente a la República de Filipinas de cualquier cambio en su posición, en cuyo caso han de seguir vinculados por las disposiciones del [Acuerdo marco] por derecho propio. Idéntica disposición se aplica a Dinamarca de conformidad con el Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo a dichos Tratados. (3) En caso de que el Reino Unido o Irlanda, o ambos, no hayan procedido a la notificación requerida con arreglo al artículo 3 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, no participarán en la adopción por el Consejo de la presente Decisión en la medida en que recoge disposiciones en virtud del título V de la tercera parte del Tratado [FUE]. Idéntica disposición se aplica a Dinamarca en virtud del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado [UE] y al Tratado [FUE].»
40

En cuanto al fondo, el Reino de Bélgica no discute la realidad de la exclusión de determinadas profesiones del ámbito de aplicación de la Ley de 6 de abril de 2010. No obstante, dicho Estado recuerda que la Cour constitutionnelle ha anulado esta exclusión mediante sus sentencias no 55/2011, de 6 de abril de 2011 y no 192/2011, de 15 de diciembre de 2011. Sostiene que la apreciación que realice el Tribunal de Justicia de la transposición controvertida debe tener en cuenta esas sentencias, en la medida en que han tenido el efecto de hacer inaplicables por los jueces y tribunales belgas, antes de la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, las disposiciones de que se trata de la Ley de 6 de abril de 2010, de modo que la exclusión que éstas contenían ha quedado sin efecto desde el pronunciamiento de las referidas sentencias.
42

No obstante, UPC alega que no presta un servicio de comunicaciones electrónicas en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva «marco», puesto que no transmite ninguna señal y no es propietaria de ninguna red de comunicaciones electrónicas, a saber, de una red de satélites. Para ello debe contratar los servicios y los dispositivos de terceros.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 14, apartado 2, letra b), de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345, p. 64; en lo sucesivo, «Directiva “del folleto”»), y de los artículos 22, apartado 2, y 29, apartado 1, del Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71 en cuanto a la información contenida en los folletos así como al formato, la incorporación por referencia, la publicación de dichos folletos y la difusión de publicidad (DO L 149, p. 1, con correcciones de errores en DO L 215, p. 3, y DO 2005, L 186, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento “del folleto”»).
2

El Reglamento (CE) no 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 386, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento no 40/94»), en su artículo 52, rubricado «Causas de nulidad relativa», contiene un apartado 2 del siguiente tenor: «La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de: [...] c) un derecho de autor. [...] con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos.»
31

No obstante, en el presente asunto, el incumplimiento alegado por la Comisión consiste en el hecho de que el Supervisor no pudo cumplir su mandato por el tiempo inicialmente previsto y no resulta controvertido que esa duración del mandato aún no había expirado en la fecha fijada en el dictamen motivado. Así pues, no cabe considerar que el incumplimiento alegado había dejado de producir efectos en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado.
14

Esta resolución desestimatoria fue objeto de un recurso de anulación ante la administratīvā rajona tiesa (Tribunal de distrito de lo contencioso-administrativo), que lo estimó parcialmente mediante sentencia de 29 de junio de 2009, la cual fue confirmada por la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal regional de lo contencioso-administrativo). Este último declaró, mediante sentencia de 8 de diciembre de 2011, que, si bien los derechos de importación, el impuesto sobre el valor añadido y la multa en relación con las mercancías incluidas en las declaraciones aduaneras controvertidas se habían impuesto fundadamente, la resolución de 14 de septiembre de 2007 debía ser anulada en lo demás, debido a que el VID, contraviniendo el artículo 70, apartado 1, del Código aduanero, había aplicado erróneamente los resultados del control de las mercancías incluidas en las declaraciones aduaneras controvertidas a las mercancías incluidas en otras 23 declaraciones efectuadas entre el 4 de junio de 2004 y el 6 de septiembre de 2005 (en lo sucesivo, «declaraciones aduaneras anteriores»), es decir, a mercancías importadas más de un año antes que las mercancías inspeccionadas. Por tanto, el VID no había acreditado la aplicación de códigos incorrectos a las mercancías en cuestión, de modo que GFSL no estaba en absoluto obligada a facilitar pruebas relativas a las propiedades objetivas de estas mercancías, máxime cuando ya no tenía la posibilidad de pedir que se efectuara un control de éstas.
24

En estas circunstancias, el rechtbank van eerste aanleg te Brugge decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Puede modificar el legislador belga la normativa nacional para gravar una prestación exenta –en el caso de autos, los viajes efectuados fuera de la Unión– en un momento (el 1 de diciembre de 1977) que se sitúa justo antes de la entrada en vigor de la Sexta Directiva (el 1 de enero de 1978), y eludir, de esta manera, la cláusula de «standstill» mencionada en el artículo 28, apartado 3, de la Sexta Directiva (artículo 370 de la Directiva [IVA]), que establece que únicamente podrán seguir gravándose los viajes en cuestión si ya lo estaban antes de la entrada en vigor de la Sexta Directiva? 2) ¿Debía abstenerse el legislador belga, a partir del 13 de junio de 1977 (fecha de publicación de la Sexta Directiva), de gravar los viajes efectuados fuera de la Unión? 3) ¿Infringe el legislador belga el artículo 309 de la Directiva [IVA] al no equiparar las agencias de viajes con los intermediarios en cuanto a las operaciones que efectúan fuera de la [Unión] y al seguir gravando, no obstante, estas prestaciones? 4) ¿Violan los artículos 309, 153, 370 y el anexo X, de la Directiva [IVA] los principios generales del Derecho comunitario, los principios de igualdad y de proporcionalidad, y las disposiciones relativas a la libre circulación de personas, mercancías y servicios, en particular los artículos [43 CE y 56 CE], al permitir que los Estados miembros opten entre gravar o no los servicios vinculados a los viajes efectuados fuera de la [Unión]? 5) ¿Ha actuado el Estado belga violando los principios del Derecho comunitario, en particular los principios de igualdad, de proporcionalidad y de neutralidad fiscal del IVA, al someter a gravamen mediante Real Decreto de 28 de noviembre de 1999 únicamente a las agencias de viajes en cuanto a los viajes efectuados fuera de la Unión, y no a los intermediarios?»
21

Fatorie sostiene que procede aplicar, en el litigio principal, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia emanada de la sentencia de 1 de abril de 2004, Bockemühl (C-90/02, Rec. p. I-3303), según la cual, cuando el mecanismo de la autoliquidación es aplicable, el incumplimiento de los requisitos exigidos en la facturación no afecta en modo alguno al derecho a la deducción. Por ello las irregularidades cometidas por el proveedor al extender la factura de 3 de marzo de 2008 y la falta de regularización de ésta por Fatorie no influyen en el derecho de esta última a la deducción del IVA correspondiente a tal factura.