Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión por la que se declara una infracción — Obligación de motivación — Alcance

(Art. 82 CE)

4. Competencia — Multas — Principio de individualización de las sanciones

5. Competencia — Posición dominante — Mercado de referencia — Delimitación

(Art. 82 CE)

6. Competencia — Posición dominante — Caracterización mediante la posesión de una cuota de mercado extremadamente alta

(Art. 82 CE)

7. Competencia — Posición dominante — Abuso — Práctica de precios inferiores a los costes con objeto de eliminar a un competidor

(Art. 82 CE)

8. Competencia — Posición dominante — Abuso — Práctica de precios inferiores a los costes con objeto de eliminar a un competidor

(Art. 82 CE)

9. Competencia — Posición dominante — Obligaciones que incumben a la empresa dominante

(Art. 82 CE)

10. Competencia — Multas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Reducción de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa investigada

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, aps. 4 y 5, y 14, aps. 2 y 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

Índice

1. El pliego de cargos debe contener una exposición de los motivos en términos suficientemente claros, aunque sean concisos, para permitir a los interesados conocer efectivamente qué conductas les reprocha la Comisión. Solamente si cumple este requisito puede el pliego de cargos cumplir la función que le atribuyen los Reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas y asociaciones de empresas todos los datos necesarios para que puedan defenderse efectivamente antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Este requisito se cumple cuando la decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes a las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse. Sin embargo, la decisión final de la Comisión no tiene por qué ser necesariamente una copia del pliego de cargos. Cabe admitir que a la luz del escrito de respuesta de las partes se añadan extremos al pliego de cargos, cuyos argumentos demuestren que pudieron ejercer efectivamente su derecho de defensa. La Comisión puede asimismo, en vista del procedimiento administrativo, revisar o añadir argumentos de hecho o de Derecho en defensa de los cargos que imputa.

De esta forma, se cumple tal requisito cuando la comparación entre el primer pliego de cargos y la decisión revela que la empresa, el mercado y los productos en cuestión son idénticos, así como la infracción que se imputa, a saber, la práctica de precios predatorios contraria al artículo 82 CE, y cuando, si la decisión es mucho más precisa en lo que atañe a la cobertura de los costes, tal precisión se introdujo en un pliego de cargos adicional.

(véanse los apartados 18, 25 a 27 y 36)

2. No corresponde al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar en los anexos a la demanda los elementos que pueden fundamentar el recurso.

Con arreglo al artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones.

Aunque el cuerpo de la demanda pueda confirmarse y completarse, en aspectos específicos, mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aun adjuntos a la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales en ésta, ya que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental. Por lo tanto, los anexos no pueden servir para desarrollar un motivo expuesto de forma sucinta en la demanda mediante la formulación de imputaciones o alegaciones que no figuren en ésta. La demandante debe indicar en su demanda las imputaciones precisas sobre las que se solicita al Tribunal de Primera Instancia que se pronuncie, así como, al menos en forma sumaria, los elementos de hecho y de Derecho en los que se basan dichas imputaciones.

Sería contrario a la función puramente probatoria e instrumental de los anexos que éstos pudieran servir para demostrar de forma detallada una alegación no presentada con la suficiente claridad y precisión en la demanda.

(véanse los apartados 30, 166, 167 y 204)

3. Al adoptar una decisión relativa a la aplicación del artículo 82 CE, la Comisión cumple con su obligación de motivación cuando menciona en su decisión los elementos fácticos de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la llevaron a tomar su decisión.

(véase el apartado 57)

4. En virtud del principio de individualidad de las penas y de las sanciones, una empresa sólo debe ser sancionada por los hechos que se le imputen individualmente, principio aplicable en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de sanciones en virtud de las normas comunitarias sobre competencia.

El hecho de que una decisión por la que se constata una infracción del artículo 82 CE por una empresa y se impone a ésta una sanción haga referencia a la actuación de otra empresa no vulnera este principio cuando esta actuación no se imputa a la empresa sancionada, sino que únicamente se tiene en cuenta para describir el contexto del mercado de que se trata.

(véanse los apartados 66, 68, 70 y 71)

5. Para el examen de la posición eventualmente dominante de una empresa en un mercado sectorial determinado, las posibilidades de competencia deben apreciarse en el marco del mercado que agrupe al conjunto de productos o servicios que, en razón de sus características, sean especialmente aptos para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por otros productos o servicios. Además, dado que la determinación del mercado relevante sirve para evaluar si la empresa de que se trata tiene la posibilidad de impedir el mantenimiento de una competencia efectiva y de obrar, en buena medida, de forma independiente con respecto a sus competidores y, en el presente caso, a sus prestadores de servicios, no es posible, a este respecto, limitarse únicamente al examen de las características objetivas de los servicios relevantes, sino que es preciso, asimismo, tomar en consideración las condiciones de la competencia y la estructura de la oferta y la demanda en el mercado.

Cuando un producto puede ser utilizado para varios fines y cuando esos diferentes usos responden a necesidades económicas, que a su vez también son diferentes, hay que admitir que ese producto puede pertenecer, según el caso, a mercados separados, que pueden tener características diferentes, tanto desde el punto de vista de la estructura como de las condiciones de la competencia. Esta constatación no justifica, sin embargo, la conclusión de que un producto de estas características constituye un único mercado con todos los demás productos que pueden sustituirlo en todos sus diferentes usos posibles, y con los que, según el caso, puede competir.

El concepto de mercado relevante (relevant market) implica, en efecto, que pueda existir una competencia efectiva entre los productos que forman parte del mismo, lo que supone un grado suficiente de intercambiabilidad, a efectos del mismo uso, entre todos los productos que forman parte de un mismo mercado.

De la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia resulta igualmente que «el mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos». Según esta Comunicación, el análisis de la sustituibilidad de la demanda implica la determinación de la serie de productos que el consumidor considera substitutivos.

De esta forma, en lo que atañe al sector del acceso a Internet, puesto que entre la alta y la baja velocidad no existe únicamente una mera diferencia de confort o de calidad, ya que a diferencias de uso, particularidades y prestaciones se añade una gran diferencia de precio entre las dos, y a pesar de que la baja velocidad y la alta velocidad tienen un cierto grado de sustituibilidad, ésta funciona de forma profundamente asimétrica, ya que la migración de clientes de ofertas de alta velocidad a ofertas de baja velocidad parece ínfima respecto de las migraciones en el otro sentido, la Comisión tenía razón al concluir que no existía un grado suficiente de intercambiabilidad entre la alta y la baja velocidad y al definir el mercado de referencia para apreciar la existencia de una posición dominante como el de acceso a Internet de alta velocidad para clientes del acceso residencial.

(véanse los apartados 78 a 82, 85 a 88 y 91)

6. Una posición dominante se demuestra por el hecho de que la empresa de que se trata se encuentra en una situación de poder económico que le da la facultad de oponerse al mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, permitiéndole actuar, en gran medida, de manera independiente respecto a sus competidores, a sus clientes y, finalmente, a los consumidores y no es preciso que la Comisión demuestre que los competidores de una empresa vayan a ser excluidos del mercado, incluso a largo plazo, para acreditar la existencia de una posición dominante.

Por otra parte, aunque la magnitud de las cuotas de mercado puede variar de un mercado a otro, unas cuotas extremadamente elevadas constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante. Así sucede, por ejemplo, con una cuota de mercado del 50 %.

El hecho de que haya competencia, incluso fuerte, en un mercado no excluye la posibilidad de una posición dominante en ese mismo mercado, ya que dicha posición se caracteriza esencialmente por la capacidad de actuar sin necesidad de tener en cuenta, en la estrategia de mercado, esa competencia y sin sufrir, no obstante, efectos perjudiciales por esa actitud. Así pues, la posible existencia de competencia en el mercado constituye, ciertamente, una circunstancia pertinente, en particular, para apreciar la existencia de una posición dominante, si bien no constituye en sí misma una circunstancia determinante a tal efecto.

La disminución de cuotas de mercado durante la época litigiosa tampoco excluye la existencia de una posición dominante, ya que la reducción de cuotas de mercado todavía muy importantes no puede constituir, por sí sola, prueba de la inexistencia de posición dominante.

El hecho de que se trate de un mercado con un crecimiento muy fuerte, tampoco puede excluir la aplicación de las reglas de la competencia y, en especial, las del artículo 82 CE, especialmente cuando la empresa de que se trata ha tenido siempre una cuota de mercado muy superior a la de su competidor principal, lo que constituye un indicio válido de posición dominante, y cuando ella misma considera que la competencia potencial es limitada.

El hecho de que la empresa de que se trata, gracias a su «vinculación» al grupo al que pertenece, había disfrutado de ventajas frente a sus competidores puede, por el contrario, contribuir a su posición dominante.

(véanse los apartados 99 a 101, 103, 104, 107, 109, 111, 112 y 118)

7. En el marco de la caracterización, a través de las tasas de cobertura de los costes de la empresa en cuestión, de un abuso de posición dominante resultante de una práctica de precios predatorios, debe distinguirse entre la aplicación del método de determinación de la tasa de cobertura de los costes y los cálculos propiamente dichos, que se limitan a meras operaciones matemáticas.

En la medida en que la elección del método de cálculo de las tasas de cobertura de los costes, a diferencia de los propios cálculos, implica, por parte de la Comisión, una valoración económica compleja, debe reconocérsele un amplio poder de apreciación. Por lo tanto, el control del juez debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error de apreciación manifiesto y de desviación de poder.

(véanse los apartados 129, 162 y 163)

8. A los efectos de la aplicación del artículo 82 CE, la demostración del objeto y del efecto contrario a la competencia puede, en su caso, confundirse. En efecto, si se demuestra que el objeto perseguido por el comportamiento de una empresa en posición dominante es restringir la competencia, este comportamiento también puede producir ese efecto. Así, en relación con las prácticas en materia de precios, existen dos métodos de análisis diferentes para verificar si una empresa ha practicado precios predatorios. Unos precios inferiores a la media de los costes variables aplicados por una empresa que ocupa una posición dominante deben considerarse en sí mismos abusivos, ya que el único interés que puede tener la empresa en aplicar tales precios consiste en eliminar a sus competidores, y unos precios inferiores a la media de los costes totales pero superiores a la media de los costes variables son abusivos cuando se fijan en el marco de un plan que tiene por objeto eliminar a un competidor. No se exige ninguna demostración de los efectos concretos de las prácticas en cuestión.

En efecto, cuando una empresa en situación de posición dominante aplica efectivamente una práctica que tiene por objeto eliminar a un competidor, la circunstancia de que no se alcance el resultado previsto no basta para descartar la calificación de abuso de posición dominante a efectos del artículo 82 CE.

De lo anterior resulta claramente que, cuando se trata de precios predatorios, el primer elemento de la práctica abusiva aplicada por la empresa dominante consiste en la falta de cobertura de sus costes. En el caso de falta de cobertura de los costes variables, se presume el segundo elemento, es decir, la intención predatoria, mientras que, para los precios inferiores a la media de los costes totales, es necesario demostrar la existencia de un plan de expulsión de la competencia. Esta intención de eliminación debe demostrarse sobre la base de indicios serios y concordantes.

A este respecto, los ingresos y los costes posteriores a la infracción no pueden tenerse en cuenta para evaluar la tasa de cobertura de los costes durante el período considerado. En efecto, el artículo 82 CE se refiere a la posición ocupada en el mercado común por la empresa interesada en el momento en que ésta ha cometido la acción supuestamente abusiva.

Por lo demás, cuando los precios sean inferiores a la media de los costes variables o cuando los precios sean inferiores a la media de los costes totales pero superiores a la media de los costes variables, no es necesario demostrar, como prueba adicional, que la empresa en cuestión tenía una posibilidad real de recuperar sus pérdidas.

Por último, una empresa que practica precios predatorios puede conseguir economías de escala y efectos de aprendizaje derivados de una producción incrementada precisamente gracias a esta práctica. Las economías de escala y los efectos de aprendizaje obtenidos no pueden, por lo tanto, exonerar a la empresa de su responsabilidad conforme al artículo 82 CE.

(véanse los apartados 130, 152, 195 a 197, 217, 224, 227 y 229)

9. No puede afirmarse que el derecho de un empresa dominante a ajustar sus precios a los de la competencia sea absoluto y que haya sido reconocido como tal por la Comisión en su práctica decisoria y por la jurisprudencia, especialmente cuando este derecho suponga justificar el recurso a precios predatorios que, por otra parte, prohíbe el Tratado. Si bien una posición dominante no puede privar a una empresa que se encuentra en tal posición del derecho a proteger sus propios intereses comerciales cuando éstos se ven amenazados, y si bien debe reconocérsele, en una medida razonable, la facultad de adoptar las medidas que considere apropiadas para proteger dichos intereses, no pueden admitirse tales comportamientos cuando su objeto sea precisamente reforzar tal posición dominante y abusar de ella.

Resulta de la naturaleza de las obligaciones impuestas por el artículo 82 CE que, en circunstancias específicas, las empresas que ocupan una posición dominante pueden ser privadas del derecho a adoptar comportamientos, o a realizar actos, que no son en sí mismos abusivos y que ni siquiera serían reprochables si hubieran sido adoptados o realizados por empresas no dominantes.

(véanse los apartados 182, 185 y 186)

10. La decisión de la Comisión de no imponer una multa en un caso concreto debido al carácter relativamente nuevo de las infracciones comprobadas no confiere inmunidad a las empresas que cometen infracciones que no han sido sancionadas previamente por la Comisión. En efecto, en el contexto específico de cada asunto, la Comisión, en el ejercicio de su facultad de apreciación, decide sobre la oportunidad de imponer una multa para sancionar la infracción comprobada y preservar la eficacia del Derecho de la competencia.

(véase el apartado 251)

11. Conforme a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, para evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado y la dimensión del mercado geográfico afectado.

En cuanto a este factor, la empresa de que se trata no puede negar que la infracción que se le reprocha ha tenido un impacto concreto sobre el mercado cuando su cuota en el mercado en cuestión ha aumentado desde el principio de la infracción sin volver a bajar jamás a su nivel inicial, que uno de sus competidores muy marginal que practicaba precios inferiores a sus costes pero ligeramente superiores a los precios practicados por ella ha desaparecido del mercado, que sus competidores se han mantenido en niveles de penetración muy débiles y, por último, que las prácticas de ésta han tenido un efecto disuasorio sobre la entrada o el desarrollo de los competidores.

(véanse los apartados 259 a 264)

12. Una colaboración con la investigación que no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que incumben a las empresas en virtud del artículo 11, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 17 no justifica una reducción de la multa.

El hecho de que la empresa investigada haya ella misma invitado a la Comisión a realizar una visita a sus locales sin esperar a que ésta ordenase verificaciones mediante decisión no basta para demostrar una cooperación tan estrecha como para que se pueda justificar su consideración como circunstancia atenuante. El artículo 14 del Reglamento nº 17 dispone que, en el cumplimiento de las tareas que le son asignadas por el artículo 81 CE, la Comisión puede proceder a cuantas verificaciones considere necesarias en las empresas. Sus agentes acreditados pueden, en particular, acceder a todos los locales y hacer copias de los documentos profesionales. Las verificaciones de la Comisión pueden realizarse en virtud de un simple mandato escrito (artículo 14, apartado 2) o pueden ordenarse mediante decisión (artículo 14, apartado 3). El hecho de que la Comisión no procediera por la vía de una decisión en el caso de autos no implica por sí mismo una «colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento», en el sentido de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA.

(véanse los apartados 277 y 281)