ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.

El recurso interpuesto por el Sr. Pian contra la decisión del Office national fue desestimado mediante resolución del Tribunal du travail de Lieja de 9 de mayo de 1985. El mismo Tribunal estimó el recurso del Sr. Bianchin el 11 de junio de 1986. La cour du travail de Lieja, ante la cual se recurrió en apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia, planteó las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia: «1) Cuando un trabajador migrante ha adquirido en un Estado miembro el derecho a una pensión de invalidez personal, sin aplicación de los Reglamentos comunitarios, y alega en otro Estado miembro derechos a una prestación en virtud de su actividad, sin aplicación de los Reglamentos comunitarios, ¿es compatible con los artículos 48 y 51 del Tratado de Roma que la institución de este segundo Estado, que concede la pensión de jubilación, tome en consideración la pensión de invalidez concedida por el primer Estado, al igual que toma en consideración las prestaciones de invalidez concedidas por su propia legislación, para aplicar las normas de su legislación nacional que prohiben la acumulación? 2) En caso de respuesta afirmativa, cuando la legislación de un Estado miembro regula de distinta forma las acumulaciones de la pensión de jubilación que concede con una prestación de invalidez o con una prestación de vejez, ¿cómo hay que considerar la pensión de invalidez no transformable en pensión de vejez concedida por otro Estado miembro? ¿Debe considerarse como una prestación de invalidez o como una prestación de vejez? Eventualmente, ¿hay que distinguir la situación según que el beneficiario de la pensión de invalidez haya o no alcanzado la edad de la jubilación o perciba una prestación de vejez? ¿Hay que distinguir los supuestos en que la pensión de jubilación se solicita a la edad normal de aquellos en que se solicita anticipadamente (con reducción del importe)? 3) En función de 1 y 2, ¿esta edad de jubilación debe ser a) la prevista por la legislación de la cual procede la disposición relativa a la acumulación o b) la establecida por la legislación en virtud de la cual procede la prestación no transformable cuya acumulación está reglamentada?»
2.

Antes de cualquier otra consideración, haré constar que no me parece que la situación sobre la que se interroga al Tribunal de Justicia en esta ocasión pueda considerarse como «puramente interna» en el sentido que he dado a esta expresión en las conclusiones presentadas en los asuntos Nino, Prandina y Goti, y Pierini. ( 1 ) El hecho de que la actividad de osteópata de que se trata se ejerciera en virtud de un diploma expedido en otro Estado miembro puede, en efecto, llegar a constituir, en determinadas condiciones, un elemento de conexión con el Derecho comunitario de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y, en particular, de la sentencia de 7 de febrero de 1979, Knoors. ( 2 ) Por consiguiente, no propondré, como he hecho en los asuntos antes mencionados, que el Tribunal de Justicia responda al Juez a quo que el Derecho comunitario no se aplica a una situación como la del Sr. Bouchoucha debido a su carácter «puramente interno», nada evidente en el presente caso.
53.

En segundo lugar, no debe olvidarse la posición sistemática del artículo 90, que no por casualidad está incluido en las normas sobre la competencia aplicables a las empresas y no en la parte institucional. El conjunto de las normas sobre la competencia (del artículo 85 al artículo 94) está estructurado de tal modo que la facultad de precisar, en su caso completándolas, las condiciones de aplicación de las normas del Tratado queda reservada al Consejo, recibiendo la Comisión por el contrario una competencia de vigilancia y de ejecución. A este respecto basta señalar que el artículo 87, apartados 1 y 2, atribuye al Consejo entre otras la facultad de precisar, eventualmente respecto de los sectores económicos, el ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86 (véase en particular el Reglamento n° 141 del Consejo sobre la no aplicación del Reglamento n° 17 del Consejo al sector de los transportes, DO 1962, p. 2751; EE 07/01, p. 57). En el mismo sentido, en materia de ayudas otorgadas por los Estados, corresponde al Consejo la facultad de decidir que una ayuda debe ser considerada compatible con el mercado común, como excepción a lo dispuesto por el artículo 92, cuando circunstancias excepcionales justifiquen tal decisión. La única excepción aparente a esta línea seguida por los autores del Tratado está representada por la facultad que la última frase del apartado 2 del artículo 91 atribuye a la Comisión, en materia de prácticas de dumping (dentro del mercado común), de «establecer las regulaciones oportunas para la aplicación del presente apartado». Pero es una excepción sólo aparente, porque en realidad se trata de un simple poder normativo de aplicación (Recomendaciones de la Comisión n° 8 de 11 de marzo de 1960 y n° 21 de 25 de marzo de 1960).
21.

Debe subrayarse aquí que la formulación de esta sentencia del Tribunal de Justicia se remite al concepto de «viajeros auténticos a los efectos de la Directiva 69/169». Pero la distinción operada por Irlanda en el Decreto controvertido no me parece sin embargo compatible con el sentido dado por el Tribunal de Justicia a la expresión de «viajero auténtico». En efecto, el Tribunal de Justicia ha indicado claramente que el elemento que distingue, en el asunto Rewe II, al viajero auténtico que se beneficia de las franquicias previstas por la Directiva residía en el hecho de que la persona considerada pasaba de un Estado miembro a otro «después de haber tenido la posibilidad efectiva de realizar compras en el Estado miembro de salida»(traducción provisional). No parece pues conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considerar, como hace Irlanda, basándose en una duración mínima del viaje, que personas que regresan a Irlanda tras haber realizado efectivamente compras en otro Estado miembro y que reúnen, por otra parte, todos los requisitos formalmente fijados por la Directiva no son viajeros auténticos a los efectos de esta última. Es exacto que no todo viajero es viajero auténtico según la Directiva y que viajes como a los que se refiere la sentencia Rewe II, en los que la escala en el Estado miembro de viaje es puramente simbólica, eran abusivos. Pero esta constatación no permite en modo alguno a Irlanda clasificar en la categoría de viajeros «abusivos», ignorando los términos anteriormente citados de la sentencia del Tribunal de Justicia, a personas que sin ningún género de dudas hayan efectuado una estancia en otro Estado miembro y hayan realizado compras en él. El precedente jurisprudencial que contempla un abuso expresamente caracterizado por la imposibilidad de efectuar compras en un Estado miembro no puede fundamentar una distinción por la que se califique de abuso un viaje que permita efectuar dichas compras.
28.

El transporte de residuos en el sentido del artículo 1 de la Directiva no se contempla en el artículo 8 como una de las operaciones para las que se ha de exigir a las empresas la obtención de licencia previa. El artículo 10 de la Directiva exige someter a vigilancia el transporte de residuos por cuenta ajena, pero no a autorización previa. No hay, me parece, razón para no tomar estos preceptos en su estricto sentido. No obstante, tampoco considero que los Estados miembros tengan prohibido por la Directiva el exigir la obtención de licencias para el transporte de determinados tipos de residuos si lo consideran conveniente. ,
15.

Ciertamente, como ya he indicado, sólo los Estados miembros son competentes, en su caso, para adoptar las normas aplicables en materia de Impuesto sobre la Renta. Pero, como también he señalado, no por ello pueden lesionar las libertades garantizadas por el Derecho comunitario al conjunto de nacionales de los Estados miembros. Ahora bien, la no devolución de lo pagado en exceso a cuenta del Impuesto constituirá un obstáculo, en todo caso injustificado, para aquella persona que abandone Luxemburgo a fin de buscar un empleo en otro Estado miembro en el que, por ejemplo, no consiga encontrarlo. Lo mismo ocurre con aquella persona que, en el curso del año, llegue a Luxemburgo para ocupar un empleo que ha buscado en vano en otro Estado miembro. En estos casos, no es de temer fraude alguno a la progresividad del Impuesto sobre la Renta, y la norma en cuestión, no obstante, priva automáticamente de la devolución del exceso en el pago del Impuesto al trabajador que ejerce su derecho a la libre circulación, cuyo carácter de efecto directo afirmó el Tribunal de Justicia en su sentencia Van Duyn. ( 4 ) Llegado el caso, corresponde pues a los Estados miembros alcanzar los objetivos fiscales que persigue por otros medios que no consistan en la negación del derecho a obtener la devolución de lo pagado en exceso.
61988C0041

Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 11 de octubre de 1989. - MATHILDE BECKER Y JOSYANE STARQUIT CONTRA PARLAMENTO EUROPEO. - FUNCIONARIOS - REINCORPORACION DESPUES DE UNA COMISION DE SERVICIOS. - ASUNTOS ACUMULADOS 41/88 Y 178/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 03807

Pub.RJ página Pub somm
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 19 de octubre de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO - ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO A UNA DIRECTIVA. - ASUNTO 360/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 03803

Pub.RJ página Pub somm



Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. F.G. Jacobs presentó sus conclusiones el 19 de octubre de 1989.(* )Consideró que el Tribunal de Justicia debía declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no adoptar en el plazo señalado todas las medidas necesarias para atenerse a las disposiciones de la Directiva 84/450 del Consejo y que el Reino de Bélgica debía ser condenado al pago de las costas.

(*) Lengua original: inglés.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 28 de junio de 1989. - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO CONTRA SOCIETA POLITI & CO SRL (EN LIQUIDACION). - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - ITALIA. - TASAS DE INSPECCION SANITARIA RESPECTO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE PORCINA PROCEDENTE DE TERCEROS PAISES. - ASUNTO 214/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02785

Pub.RJ página Pub somm



Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. F.G. Jacobs presentó sus conclusiones el 28 de junio de 1989. (* )En ellas proponía que el Tribunal de Justicia declarara:

"El artículo 9 de la Directiva 64/433/CEE del Consejo, en relación con el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento nº 121/67/CEE del Consejo, establece una excepción, en lo relativo a los controles sanitarios y de salubridad efectuados a las carnes de porcino, frescas, refrigeradas o congeladas importadas de terceros países durante el período de 1971 a 1974, respecto a la prohibición de percibir derechos por el control sanitario, en la medida necesaria para asegurar un trato no discriminatorio, por una parte, de los agentes económicos que, al introducir en los intercambios intracomunitarios carnes frescas en el mercado, quedan obligados, por este hecho, al pago de derechos por el control sanitario y, por otra, de los que importan tales mercancías de terceros países, siempre que tales derechos no excedan del coste real de los controles."

(*) Lengua original: inglés.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 12 de julio de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - AGRICULTURA - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS INDESEABLES EN LA ALIMENTACION ANIMAL - BASE JURIDICA. - ASUNTO 11/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 03799

Pub.RJ página Pub somm



Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. Carl Otto Lenz presentó sus conclusiones el 12 de julio de 1989.(* )En ellas proponía:

que el Tribunal de Justicia declarara que la Directiva 87/519 del Consejo, de 19 de octubre de 1987, por la que se modifica la Directiva 74/63, relativa a las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal era nula de pleno derecho,

que condenara en costas al Consejo.

(*) Lengua original: alemán.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 19 de abril de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE LOS PAISES BAJOS. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - OBLIGACION DE AFILIACION A UN ORGANISMO DE CONTROL PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAL DE REPRODUCCION VEGETAL. - ASUNTO 43/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01649

Pub.RJ página Pub somm



Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General, Sr. F.G. Jacobs, presentó sus conclusiones el 19 de abril de 1989.(* )En ellas proponía que el Tribunal de Justicia declarase que, al supeditar a la afiliación obligatoria a un organismo de control nacional la importación y exportación, así como la oferta destinada a la exportación, con carácter profesional, de material de reproducción de plantas agrícolas, hortalizas, especias, árboles frutales y determinadas esencias de hierbas, el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Reglamentos nº 234/68 y nº 2358/71 y, en cuanto concierne a las patatas de siembra, en virtud de los artículos 30 y 34 del Tratado CEE. Procede, por otra parte, condenar en costas a los Países Bajos.

(*) Lengua original: inglés.
18.

Ahora bien, si la candidatura de uno de los funcionarios fue rechazada debido a una valoración manifiestamente errónea de sus méritos, todo el procedimiento se halla viciado por ello y el nombramiento realizado al final de éste debe ser anulado. No cabe objetar a esto que el Sr. Culin no tenía ningún interés en impugnar el nombramiento del Sr. Argyris porque no tenía ninguna seguridad de que fuera a ser nombrado en su lugar. No estamos aquí en un supuesto análogo al asunto Morello, ( 3 ) citado por la Comisión, en el que se pudo demostrar claramente que dicho funcionario, habida cuenta de su experiencia anterior, no tenía ninguna vocación para ejercer las funciones para las cuales había presentado su candidatura. En ningún momento se ha sostenido que el Sr. Culin no reuniera los requisitos de la convocatoria.
Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 28 de febrero de 1989. - SC BELASCO Y OTROS CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - APLICACION DEL ARTICULO 85 DEL TRATADO CEE A UNA PRACTICA COLUSORIA EN MATERIA DE REVESTIMIENTOS. - ASUNTO 246/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02117



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La nueva vista oral celebrada en el asunto 246/86 el 14 de febrero de 1989 no ha puesto de manifiesto nuevos datos que puedan llevarme a modificar las primeras conclusiones que presenté en este asunto el 5 de mayo de 1988. Por consiguiente, confirmo nuevamente el razonamiento y las conclusiones que figuran en ese texto.

2. Quisiera simplemente aportar una mera precisión en lo relativo al perjuicio del comercio entre los Estados miembros. Por las razones que indiqué en mis anteriores conclusiones, estoy convencido de que este requisito se ve cumplido en el caso de autos.

3. Ahora bien, no comparto la opinión, según la cual, en el caso de una práctica colusoria de alcance puramente nacional, cabría concluir afirmando la existencia de una repercusión sobre los intercambios entre los Estados miembros por el mero hecho de que la estructura de la competencia dentro de ese Estado miembro se haya visto modificada de forma que las importaciones tropiezan con condiciones distintas de las que se darían de no existir tal acuerdo. Considero que, si se mantuviera tal principio, la gran mayoría de acuerdos de alcance puramente nacional podrían afectar a los intercambios entre los Estados miembros, cayendo, por consiguiente, dentro del ámbito de aplicación del artículo 85. No considero que ello sea conforme con el objetivo de esta disposición.

*Lengua original: francés.
29.

Al acabar estas observaciones, que nos mueven a proponer que el Tribunal declare que el artículo 52 del Tratado no se opone a la exigencia de que se trata, séanos permitido evocar brevemente algunas consecuencias concretas de la solución contraria, que conduce a una distinción entre los Abogados nacionales, únicos sujetos a la inscripción, y sus colegas comunitarios, liberados de esta obligación al establecerse en otro Estado. No hay que olvidar los peligros de discriminación que conlleva virtualmente la distinción entre «Abogado establecido» y «Abogado inscrito». Más en particular, no dejarían de surgir espinosas dificultades cuando se tratase de sancionar, salvo que nos resignemos a una muy peligrosa ausencia de control, incluso los más elementales incumplimientos en el Estado de establecimiento. En efecto, cómo saber de la existencia del Abogado que permanece totalmente ajeno a la organización profesional del Estado de acogida? El Abogado comunitario, que escapa de la tutela ordinaria gracias a una solución aparentemente «liberadora», ¿debería verse sometido a un control estatal directo, en contra a las tradiciones de independencia de la profesión, tradiciones que quedarían reservadas sólo a los nacionales? Surgen, pues, serios inconvenientes acompañando a una solución que no imponen ni el Tratado ni la jurisprudencia del Tribunal.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 7 de abril de 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - FALTA DE ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO A LA DIRECTIVA 82/76/CEE DEL CONSEJO RELATIVA A LA FORMACION A TIEMPO COMPLETO Y A TIEMPO PARCIAL DE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS. - ASUNTO 49/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 02995



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Podemos ser breves en nuestras conclusiones relativas al recurso por incumplimiento que el Tribunal de Justicia acaba de examinar.

2. La Comisión de las Comunidades Europeas, parte demandante, solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana, parte demandada, al no adoptar en el plazo prescrito las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982,(1 )relativa a la formación a tiempo completo y a tiempo parcial de médicos especialistas, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE y que la condene en costas. La parte demandada no ha negado el incumplimiento que se le imputa y tampoco ha presentado pretensiones expresas. Sostiene simplemente que una parte de las disposiciones de la Directiva, que no son objeto sin embargo del presente procedimiento, son ya aplicables en su ordenamiento jurídico interno.

3. Con arreglo al artículo 16 de la Directiva 82/76/CEE, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir dicha Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1982. No se ha negado que la parte demandada ha incumplido dicha obligación.

4. Por ello, proponemos a este Tribunal que acceda a la solicitud y condene en costas a la parte demandada.

(*) Traducido del alemán.

(1) Directiva del Consejo, de 26 de enero de 1982, por la que se modifica la Directiva 75/362/CEE referente al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, y en la que se establecen medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, así como la Directiva 75/363/CEE referente a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los médicos.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 29 de enero de 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - EJECUCION DE UNA DIRECTIVA - PERMISO DE CONDUCIR COMUNITARIO. - ASUNTO 9/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 01331



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. En mis conclusiones respecto al procedimiento por incumplimiento, del que esta mañana se ha ocupado el Tribunal de Justicia, puedo ser muy breve.

2. La Comisión de las Comunidades Europeas, parte demandante, solicita que se declare judicialmente, con imposición de costas, que el Reino de Bélgica, parte demandada, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no haber promulgado dentro del plazo señalado las disposiciones legales y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 80/1263 del Consejo, de 4 de diciembre de 1980, (1) relativa al establecimiento de un permiso de conducir comunitario.

3. La parte demandada no ha formulado ninguna pretensión expresa.

4. De conformidad con el apartado 1 del artículo 12 de la Directiva, los Estados miembros estaban obligados a promulgar oportunamente, pero todo lo más tarde hasta el 30 de junio de 1982, las disposiciones legales y administrativas necesarias para su aplicación a partir del 1 de enero de 1983. Nadie discute que esto no ha sucedido así.

5. Por ello propongo al Tribunal que estime el recurso y que imponga a la parte demandada las costas del procedimiento.

(*) Traducido del alemán.

(1) DO L 375, de 31.12.1980, p. 1; EE 07/02, p. 259.
1.

Son especialidades farmacéuticas todos los medicamentos previamente elaborados, comercializados bajo una denominación especial y un determinado acondicionamiento (artículo 1, punto 1). No se podrá comercializar una especialidad farmacéutica de uso humano en un Estado miembro a menos que lo haya autorizado la autoridad competente de dicho Estado miembro (artículos 2 y 3), independientemente de si se vende en farmacias o solamente a establecimientos médicos especializados. Esta norma exige a los Estados miembros que adopten disposiciones para garantizar que no se comercialicen especialidades farmacéuticas sin autorización. Una norma de un Estado miembro que tipifique como delito punible la comercialización de especialidades farmacéuticas sin autorización no se opone, evidentemente, a esta regla del Derecho comunitario.
4.

El número de recursos emprendidos por la Comisión en lo relativo a la incorporación al Derecho interno de la Directiva mencionada, y el hecho de que ningún Estado miembro haya podido respetar el plazo fijado, ponen de manifiesto las dificultades de aplicación de un texto referido a una materia muy técnica y que afecta a un sector especialmente importante de la vida económica, cuyos principales agentes son las sociedades mercantiles. Es preciso admitir, no obstante, que en el caso presente la República Italiana —como ella misma lo reconoce— no ha justificado el menor comienzo de ejecución de la obligación que le incumbe en virtud del artículo 189 del Tratado CEE. Se desprende de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, citada por la Comisión y confirmada por una de las sentencias más recientes (de 6 de noviembre de 1985, asunto 131/84, Comisión contra República Italiana, Rec. 1985, p. 3531), que: «Ųn Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones y plazos prescritos por las directivas.» (Considerando 6.)