3.

Los argumentos formulados por las partes, aun cuando tanto unos como otros contengan una parte de verdad, son a mi juicio bastante endebles. No es necesario evocar la obra maestra de la tipografía del Renacimiento -la famosa Biblia de Maguncia- ni recordar el pleito del que fue víctima su creador, Johann Gutenberg, para reconocer que la imprenta no constituye solamente una prestación de servicios, sino un arte difícil y refinado, aun cuando se trate de elaborar una revista periódica. Por otro lado, no puede negarse que la publicación es un bien o una mercancía, si, como es patente, figura en la partida 49.02 del Arancel Aduanero Común. Sin embargo, el problema no consiste en establecer cómo califica el Derecho comunitario las publicaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de presupuestos francesa. La cuestión radica en saber si esta norma, al limitar corno hemos visto la concesión de determinados beneficios fiscales a los editores franceses, constituye una medida que puede obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitário de los periódicos que aquéllos producen. A este respecto, procede observar en primer lugar que el Gobierno demandado no niega el efecto restrictivo de la disposición citada; en la fase oral, ha llegado incluso a admitirlo expresamente, definiéndolo como un «efecto derivado de un obstáculo a la [libre] prestación de servicios». Por lo tanto, de lo que se trata ahora es de verificar si la restricción prevista en el artículo 80 afecta concretamente al comercio intracomunitário o si constituye, como afirma el Gobierno fiancés, un obstáculo a la circulación de los servicios; para ello, basta con examinar detenidamente el contenido de la norma impugnada preguntándose cuál es el efecto práctico de la restricción que la misma provoca. Corno he afirmado en el punto 1, los beneficios previstos en el artículo 80 pueden consistir bien en la constitución de una provisión integrada por una parte de los beneficios de la empresa, bien en la deducción practicada sobre estos últimos de los gastos efectuados con motivo de la explotación comercial del periódico o de la revista. Por consiguiente, en ambos casos el beneficio que se ofrece a las empresas implica que una parte de las ganancias que éstas obtienen como consecuencia de la venta de sus publicaciones quede exenta del impuesto. Ahora bien, las consecuencias que se derivan de esta afirmación son evidentes: al disponer que los editores «no podrán acogerse [a este beneficio] en relación con la parte de las publicaciones que impriman en el extranjero», el legislador francés pretende en realidad denegar la exención respecto a la parte de los beneficios obtenidos con motivo de la venta de las publicaciones impresas en el territorio de otros países. Sin embargo, si sucede así, queda claro que el «efecto práctico» de la norma no es obstaculizar la libertad de prestación de servicios tipográficos, puesto que ésta no proporciona beneficios al editor, sino que consiste, por el contrario, en impedir que el beneficio fiscal pueda ser concedido también respecto a las ganancias obtenidas, en todo o en parte, mediante la venta de los periódicos franceses impresos en el extranjero e importados a Francia desde el extranjero para su comercialización. Desde este punto de vista, el efecto equivalente —y en consecuencia restrictivo— de la medida es directo y real. Puede decirse aún más: la medida es discriminatoria. En efecto, aunque haya precisado en la vista que las publicaciones de quibus son en su mayor parte comercializadas en Francia, el Gobierno demandado no ha excluido que se vendan también en otros mercados de la Comunidad. Ahora bien, si la revista ha sido impresa en Francia, su venta en el extranjero proporcionará en todo caso a la empresa beneficios exentos; no los proporcionará, por el contrario, si los ejemplares de la misma revista, impresos en el extranjero, se importan y se venden en Francia o si de allí son reexportados a otros mercados comunitarios.