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Funcionarios - Promoción - Examen comparativo de los méritos - Examen previo de los expedientes dentro de cada Dirección General - Procedencia - Exámenes posteriores que incumben al comité de promoción y después a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1)

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$$La facultad discrecional reconocida a la administración en materia de promoción está limitada por la necesidad de proceder al examen comparativo de las candidaturas de todos los funcionarios promovibles con cuidado e imparcialidad, en el interés del servicio y de conformidad con el principio de igualdad de trato. En la práctica, este examen debe realizarse de un modo igualitario y a partir de fuentes de información y de datos comparables. En este contexto, aunque un examen previo de los expedientes de los funcionarios promovibles, dentro de cada Dirección General, no puede impedir un examen comparativo bien entendido de los méritos de los candidatos, sino que, por el contrario, forma parte del principio de buena administración, dicho examen previo en el seno de las Direcciones Generales no puede tener por efecto sustituir al examen comparativo que debe efectuar a continuación, si así se ha previsto, el comité de promoción. En consecuencia, cada funcionario que opte a la promoción puede legítimamente esperar que sus méritos sean comparados con los de los demás funcionarios promovibles al grado de que se trate por el comité de promoción. A menos que se prive de objeto al examen comparativo de los méritos de todos los funcionarios promovibles, no puede admitirse que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se limite a examinar los méritos de los funcionarios que estén mejor situados en las listas elaboradas por las diferentes Direcciones Generales.

( véanse los apartados 32 a 34 )
El objetivo de la obligación de motivar una decisión lesiva consiste, por una parte, en facilitar al interesado las indicaciones necesarias para dilucidar si la decisión es fundada o no y, por otra, permitir el control judicial. Tal obligación debe, en particular, permitir que el interesado conozca los motivos de una decisión adoptada con respecto a su persona, con el fin de que, en su caso, pueda interponer los recursos necesarios para la defensa de sus derechos e intereses. En relación con la decisión de un tribunal de concurso de no admitir a un candidato, corresponde al tribunal indicar concretamente los requisitos de la convocatoria de concurso que haya considerado que no concurren en el candidato.

(véanse los apartados 172 y 173)

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Burban/Parlamento, antes citada, apartado 43; González Holguera/Parlamento, antes citada, apartados 42 y 43, y la jurisprudenciacitada; Almeida Antunes/Parlamento, antes citada, apartado 32
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1. CECA - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Examen por la Comisión - Examen de oficio de un acuerdo no notificado - Procedencia - Elementos que han de tomarse en consideración

(Tratado CECA, art. 65)

2. CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Sistema de intercambio de información - Carácter sensible y concreto de los datos recientes intercambiados - Apreciación errónea de la Comisión - Relevancia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

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1. En el marco del artículo 65 del Tratado CECA, la falta de notificación de un acuerdo no puede impedir que la Comisión examine su legalidad, dado que la Comisión puede actuar de oficio para garantizar el respeto de las normas sobre competencia. No obstante, en ese examen de la legalidad de un acuerdo la Comisión está obligada a tener en cuenta el contexto jurídico y fáctico existente y, en particular, a basarse en las estipulaciones concretas de dicho acuerdo.

( véanse los apartados 32 y 33 )

2. Los acuerdos de intercambio de información no están prohibidos de manera automática en virtud del artículo 65 del Tratado CECA, sino solamente en el caso de que tengan determinadas características relativas, en particular, al carácter sensible y concreto de datos recientes frecuentemente intercambiados.

Cuando la Comisión basó su apreciación de un acuerdo en el efecto combinado del intercambio de los tres cuestionarios CECA 2-71, 2-73 y 2-74, por lo que la circunstancia de que el acuerdo notificado no prevea el intercambio del cuestionario CECA 2-73, el cual contiene precisamente los datos más concretos y detallados y, de este modo, puede desvelar la estrategia de los diferentes productores, tiene el efecto de viciar completamente el análisis efectuado por la Comisión en la Decisión impugnada. Si la Comisión hubiera tenido en cuenta el alcance real del acuerdo notificado, que se limita al intercambio de algunos datos sobre las ventas únicamente de las empresas participantes, sin distinguir los diferentes círculos de los consumidores, y sólo de una manera bastante aproximada permite calcular las cuotas de mercado, no se descartaría que su valoración hubiera sido distinta y que hubiera considerado que el acuerdo no infringía el artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA.

( véanse los apartados 44 y 45 )
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

(Órgano unipersonal)

de 13 de abril de 2000

Asunto T-18/98

Peter Reichert

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Artículo 4 del Anexo VII del Estatuto — Indemnización por expatriación — Lugar de ejercicio de la actividad profesional principal»

Texto completo en lengua alemana II-309

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 1997, relativa a la concesión de la indemnización por expatriación que prevé el artículo 4 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Resultado:

Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Retribuciones — Indemnización por expatriación — Objeto — Requisitos para su concesión — Requisitos acumulativos

[Estatuto de los Funcionarios, Anexo VII, art. 4, ap. 1, letra a)]

Con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del Anexo VII del Estatuto, para que se conceda la indemnización por expatriación se requiere que el funcionario no haya residido, ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el país de su lugar de destino, en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a la entrada al servicio de las Comunidades. En el caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, no podrá concederse la indemnización por expatriación. En efecto, esta indemnización tiene por objeto compensar los gastos y molestias especiales que supone la entrada al servicio de las Comunidades para los funcionarios, obligados por tal motivo a trasladar su residencia del país de su domicilio al país de destino, así como a integrarse en un nuevo medio. Si dicha disposición se basa, para definir los supuestos de expatriación, en los conceptos de residencia habitual y actividad profesional principal del funcionario en el territorio del Estado de su lugar de destino durante un determinado período de referencia, es con el fin de establecer criterios simples y objetivos.

(véanse los apartados 18, 19 y 25)

Referencia:Tribunalde Justicia, 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento(188/83, Rec. p. 3465), apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 8 de abril de 1992, Costacurta Gelabert/Comisión (T-18/91, Rec. p. II-1655), apartado 42
El hecho de que, en virtud del artículo 11, apartado 2, del Anexo VIII del Estatuto, relativo a la transferencia al régimen comunitario de los derechos a pensión adquiridos antes de la incorporación al servicio de las Comunidades, la Institución determine el número de anualidades que tomará en cuenta «basándose en la cuantía del equivalente actuarial o del rescate» no implica que sea el importe transferido el que determine exclusivamente el número de anualidades que deben considerarse. En efecto, el importe del equivalente actuarial o del rescate que se tome en consideración no es más que una base, en el sentido de que la Institución puede, con arreglo a las normas de su propio régimen y «en virtud del período de servicio anterior» prestado por el funcionario de que se trate, limitar, en su caso, el número de anualidades derivadas de la aplicación automática de las normas comunitarias al número máximo de años prestados en el servicio anterior.

De ello se sigue que el límite máximo previsto en el artículo 10, apartado 3, párrafo tercero, de las disposiciones generales de aplicación adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 1992, en virtud del cual «el número de anualidades que deben considerarse no puede sobrepasar en ningún caso el número de años en que el interesado haya estado afiliado a regímenes no complementarios antes de su incorporación a las Comunidades», es conforme al artículo 11, apartado 2, del Anexo VIII del Estatuto, por lo que no incurre en ilegalidad.

(véanse los apartados 33 y 36)
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Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Procedimiento de reconsideración - Período de aplicación del derecho antidumping - Facultad de apreciación del Consejo

[Reglamentos (CEE) nº 2423/88, art. 15, aps. 1, 2, 3 y 4, y nº 535/87 y (CE) nº 3283/94 del Consejo]

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Habida cuenta de su tenor literal y de su génesis, así como de su sentido y finalidad, el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 debe interpretarse en el sentido de que el Consejo dispone de una facultad de apreciación que le permite fijar en menos de cinco años el período de aplicación de los derechos antidumping definitivos adoptados tras un procedimiento de reconsideración de medidas adoptadas inicialmente si, debido a circunstancias particulares, tal limitación constituye la mejor forma de tener en cuenta los intereses divergentes de la partes del procedimiento y de mantener el equilibrio entre estos intereses que el Reglamento de base pretende establecer.

A este respecto, dado que afectó a la situación jurídica de las partes del procedimiento en perjuicio de las empresas sometidas a las medidas antidumping, la duración excepcionalmente larga del procedimiento de reconsideración constituye un elemento que puede justificar una limitación del período de aplicación de las medidas antidumping definitivas adoptadas tras dicho procedimiento.

En estas circunstancias, el Consejo no excedió los límites de su margen de apreciación al considerar que, habida cuenta de la duración del procedimiento de reconsideración, era razonable un período de aplicación de dos años del Reglamento nº 2380/95, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón.

Por otra parte, la limitación a dos años del período de aplicación del Reglamento nº 2380/95 no menoscabó los derechos de que dispone la industria comunitaria para combatir las prácticas de absorción o de elusión del derecho antidumping.

En efecto, el Reglamento nº 3283/94, sobre defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea, no permite adoptar medidas antidumping definitivas aplicables durante un período superior a cinco años y, por tanto, es inevitable que, tras un período de tres años como máximo, las medidas antidumping definitivas caduquen en un plazo de dos años o menos, si no se presenta ninguna solicitud de reconsideración. De ello se deduce que, aun suponiendo que, en la práctica, a la industria comunitaria le resulte difícil hacer uso de los procedimientos destinados a protegerla contra las eventuales prácticas de absorción o de elusión del derecho antidumping cuando las medidas antidumping expiran en un plazo de dos años, tal situación es inherente al sistema jurídico establecido por el Reglamento de base.
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1. Funcionarios ° Decisión lesiva ° Obligación de motivación ° Objeto

(Estatuto de los Funcionarios, art. 25)

2. Funcionarios ° Retribución ° Asignaciones familiares ° Asignaciones nacionales ° Norma que prohíbe la acumulación ° Interrupción de las deducciones practicadas por causa de acumulación ° Requisitos ° Deducciones indebidas ° Derecho a la devolución ° Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 67, ap. 2; Anexo VII, art. 2)

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1. La finalidad de la obligación de motivar una decisión es permitir que el Juez comunitario ejerza su control sobre la legalidad de la decisión impugnada y facilitar al interesado los datos suficientes para saber si la decisión se halla correctamente fundada o si adolece de un vicio que permita cuestionar su legalidad.

Cumple dichas exigencias una decisión dirigida por la administración a un funcionario por medio de un escrito que señala "un cambio de práctica administrativa", sin efecto retroactivo, para limitar la devolución de las asignaciones familiares deducidas de su retribución en virtud del apartado 2 del artículo 67 del Estatuto a la fecha a partir de la cual "se instauró la nueva práctica".

2. Corresponde a las Instituciones, con miras a una posible aplicación de la norma que prohíbe la acumulación contenida en el apartado 2 del artículo 67 del Estatuto, determinar en breve plazo si los complementos familiares nacionales declarados por los funcionarios o agentes en virtud de la obligación establecida por dicha disposición constituyen o no complementos de la misma naturaleza que aquellos percibidos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 del Anexo VII del Estatuto.

Las Instituciones sólo pueden dejar de proceder a las deducciones efectuadas con arreglo a la norma que prohíbe la acumulación, establecida en el apartado 2 del artículo 67, en dos supuestos: el primero, es el de un cambio objetivo de la naturaleza de los complementos familiares percibidos de otras fuentes, como consecuencia, en particular, de un cambio de la legislación nacional en virtud de la cual son percibidos; el segundo, es cuando la Institución, en el ejercicio del deber que le incumbe de examinar si dichos complementos constituyen o no complementos de la misma naturaleza, comprueba que no ha calificado de forma correcta, según criterios objetivos de aplicación uniforme, los complementos nacionales declarados por el interesado y, por ello, ha procedido indebidamente a su deducción. En este segundo supuesto, la decisión obligatoria de cesar en la aplicación del apartado 2 del artículo 67 del Estatuto surte efectos en el momento en que se efectúa la primera deducción indebida.
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Además, el Tribunal de Primera Instancia estima que la demandante no puede alegar que la inexistencia de dicha acta no le permitió presentar a la Comisión los datos necesarios para demostrar que su solicitud de reajustes era fundada. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia observa que, en el presente asunto, la Comisión comunicó a la demandante las informaciones a las que hacen referencia las letras b) y c) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base, en su escrito de 6 de mayo de 1993 (Anexo IV.2 de la demanda), en el que puede leerse lo siguiente: «Hereunder follows, pursuant to article 7(4)(b) and (c) of Council Regulation (EEC) N° 2423/88 of 11 July 1988, the essential facts and considerations concerning dumping and injury calculations [...]» [«A continuación se exponen, con arreglo a las letras b) y c) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento [CEE] n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, los principales hechos y consideraciones relativos a los cálculos referentes al dumping y al perjuicio»], y el escrito señalaba lo siguiente: «Costs for salesmen salaries include expenses for training, promotion and other, not directly sales related expenditures. Also the salesmen, as proved during inspection, are selling other products not linked to REWS and performing other activities like collecting cheques or installing equipments [...] A claim of 10,29 % respectively and 8,11 % for salesmen salaries can therefore not be accepted as a reliable indication of expenses directly linked to REWS sales. In these circumstances, a 2 % allowance for salesmen charges is estimated reasonable.» [«Los costes relativos a los salarios pagados a los vendedores incluyen gastos de formación, de promoción y otros, no relacionados directamente con las ventas. Además, como se demostró durante la inspección, los vendedores venden también otros artículos que no están relacionados con los productos (REWS) y ejercen otras actividades como el cobro de cheques o la instalación de equipos [...] Por tanto, una solicitud relativa, respectivamente, al 10,29 % y al 8,11 % de los salarios de los vendedores no puede aceptarse como una indicación fiable de los gastos directamente relacionados con las ventas de los productos (REWS). En tales circunstancias, se considera razonable un reajuste del 2 % por los costes salariales.»]
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Por otra parte, la Comisión sostiene que la discriminación que alega el demandante en el marco de su segundo motivo no es tal. En efecto, según ella, el demandante que percibe una asignación nacional no se encuentra en situación idéntica o comparable a la de los funcionarios que no perciben asignación nacional, lo que le permitiría reivindicar un trato idéntico. La Comisión añade que además esta diferencia en la situación de hecho de estos dos tipos de funcionarios no le es imputable a ella, sino o bien a los funcionarios que no solicitan los complementos nacionales a los que tienen derecho o bien a los Estados miembros que no han establecido este tipo de complementos. En la vista, la Comisión precisó que el método aplicado al demandante no era de naturaleza tal que produjera discriminación entre los funcionarios que se benefician de un complemento nacional y los que no, en la medida en que estos últimos, que perciben unos complementos comunitarios íntegros, pueden beneficiarse del «tipo de transferencia» previsto en el apartado 3 del artículo 17 del Anexo VII del Estatuto, que les permite adaptar el importe de sus complementos comunitarios al coste de la vida en el lugar en el que sus hijos los gasten.
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La Comisión mantiene que el hecho de no figurar estos documentos en el expediente personal del demandante no puede haber invalidado el procedimiento seguido en el presente caso, tanto en lo que respecta a los trabajos de la comisión médica como a la decisión impugnada que fue su consecuencia. Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión alega que el artículo 26 del Estatuto tiene como propósito «garantizar el derecho de defensa del funcionario, evitando que las decisiones adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que afecten a su situación administrativa y a su carrera se basen sobre hechos relacionados con su comportamiento que no hayan sido incorporados a su expediente personal» (sentencias de 28 de junio de 1972, Brasseur contra Parlamento, 88/71, Rec. 1972, p. 499, apartado 11; y de 7 de octubre de 1987, Strack contra Comisión, 140/86, Rec. 1987, p. 3939, apartado 7). Ahora bien, la Comisión cree que, en el presente caso, es evidente que el demandante no tenía que ejercer un «derecho de defensa» frente a los documentos de los que era autor o que se le habían dirigido.
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Por otro lado, el demandante señala que la distinción que la parte demandada hace entre la asignación por hijo a cargo y la asignación por escolaridad es errónea en el caso de autos. Sostiene que su hija Nadia no recibió educación profesional en el sentido del artículo 2 del anexo VII, pues el período de prácticas en la Comisión no era una «educación profesional» sino que formaba parte de una educación «escolar» en el sentido de ese mismo artículo. Las disposiciones relativas a los períodos de prácticas en la Comisión confirman este análisis. También se aplica al caso de Nadia Costacurta la conclusión 166/1987, adoptada por la asamblea de Jefes de Administración. El 16 de marzo de 1987, añade el demandante, Nadia Costacurta dejó de asistir al referido curso con el consentimiento y el apoyo de la Universidad, a fin de realizar el período de prácticas en Bruselas. Pero eso no quiere decir que interrumpiese sus estudios.
Si bien es cierto que la protección del objeto específico de los derechos de autor confiere, en principio, a su titular, el derecho, que el Tratado no cuestiona, de reservarse la exclusiva de la reproducción de la obra protegida y si el ejercicio de este derecho exclusivo no es abusivo en sí mismo, esta afirmación no puede mantenerse cuando a la vista de las circunstancias propias de cada caso concreto resulta que las condiciones y modalidades de ejercicio de este derecho exclusivo persiguen, en realidad, una finalidad manifiestamente contraria a los objetivos del artículo 86 del Tratado. En efecto, en tal supuesto, el ejercicio de los derechos de autor no responde ya a la función esencial de estos derechos, en el sentido del artículo 36 del Tratado, que es la protección moral de la obra y la retribución del esfuerzo creador, dentro del respeto de los objetivos perseguidos por el artículo 86 en particular.

Tal es el caso cuando una sociedad de radiodifusión explota los derechos de autor sobre sus listas con el avance de los programas semanales, que el Derecho nacional le reconoce, para reservarse la exclusiva de su publicación, obstaculizando con ello la introducción en el mercado anexo de las revistas de televisión, en el que ocupa una posición de monopolio, de un nuevo producto, que reúna los programas del conjunto de los canales que pueden ser captados por los telespectadores y para el que existe una demanda potencial de los consumidores.
Asunto T-l55/89 
(Publicación sumaria) 
Rita Buccareilo y otros 
contra 
Parlamento Europeo 
«Funcionario — Concurso oposición — 
Desarrollo de la prueba de mecanografía» 
Sumario de la sentencia 
Funcionarios — Selección — Concurso — Concurso oposición — Prueba práctica — Puesta a 
disposición de los candidatos de máquinas de escribir de distintos tipos — Igualdad de trato — 
VioUción — Inexistencia 
(Estatuto de los funcionarios, anexo III) 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
(Sala Cuarta) 
8 de noviembre de 1990* 
En el asunto T-155/89, 
Rita Buccareilo, Paula Ravacchioli, Roberto Tiseni, Roberto Galtieri, Gina Fortino 
y Luisa Parlavecchio, representados por el Sr. Cario Revoldini, Abogado de Lu­
xemburgo, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de éste, 21, 
rue Aldringen, 
partes demandantes, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
II - 635 
SENTENCIA DE 8.11.1990 — ASUNTO T-155/89 
contra 
Parlamento Europeo, representado por el Sr. Jorge Campinos, Jurisconsulto, y por 
el Sr. Manfred Peter, Jefe de División, en calidad de Agentes, que designa como 
domicilio en Luxemburgo la sede de la Secretaría General del Parlamento Euro­
peo, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación del concurso oposición PE/104/C convocado 
por el Parlamento Europeo con vistas a constituir una lista de reserva de mecanó­
grafos de lengua italiana, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta), 
integrado por los Sres. R. Schintgen, Presidente de Sala; D. A. O. Edward y 
R. García-Valdecasas, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las del procedimiento sobre 
medidas provisionales. 
II - 636