Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 14 de mayo de 1998. - Moritz J. Weig GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE - Concepto de acuerdo - Orden conminatoria - Multa - Determinación de la cuantía - Motivación - Circunstancias atenuantes. - Asunto T-317/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-01235



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Competencia - Prácticas colusorias - Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia - Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

2 Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Incompatibilidad de la coordinación y cooperación con el deber de cada empresa de determinar de manera autónoma su conducta en el mercado - Declaración unilateral de sus precios futuros en el mercado efectuada por una empresa - Falta de un valor probatorio suficiente

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

3 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

5 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

6 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8 Competencia - Multas - Principio de igualdad de trato - Reducción de la cuantía de las multas - Diferencias en función de la actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Volumen de negocios global de la empresa - Volumen de negocios procedente de las mercancías que son objeto de la infracción - Consideración respectiva - Límites - Aplicación del porcentaje de multa considerado a un volumen de negocios de referencia idéntico para las empresas implicadas en una misma infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1 El hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia y en las que dicha empresa ha participado no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones. Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Los criterios de coordinación y cooperación que permiten definir este concepto deben interpretarse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia según la cual todo operador económico debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado. Por consiguiente, el hecho de que una empresa declare unilateralmente cuáles serán sus futuros precios en el mercado no constituye una prueba suficiente de la existencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, a menos que se demuestre que esta declaración se inscribe en el contexto de una cooperación entre empresas.

3 Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado.

Así ocurre cuando las empresas expresaron su voluntad común de aplicar incrementos de precio uniformes y simultáneos.

Por consiguiente, no es preciso examinar si se tomaron medidas de sanción con el fin de obligar a las empresas a adoptar el comportamiento convenido.

4 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

5 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

6 En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al apreciar la gravedad de la infracción, la Comisión puede tener en cuenta las medidas adoptadas por las empresas afectadas con el fin de ocultar la existencia de colusión.

Por último, cuando fija el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

7 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa investigada permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

A este respecto, una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones de hecho en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia. En sus decisiones declarativas de una infracción de estas normas, la Comisión puede considerar que tal comportamiento constituye un reconocimiento de las alegaciones de hecho y, por consiguiente, un elemento de prueba del fundamento de las correspondientes alegaciones. Por lo tanto, tal comportamiento puede justificar una reducción de la multa.

En este contexto, una colaboración con la investigación que no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que incumben a las empresas en virtud de los apartados 4 y 5 del artículo 11 del Reglamento nº 17 no justifica una reducción de la multa.

8 El principio general de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado. La Comisión no vulnera este principio al conceder una mayor o menor reducción de la cuantía de las multas en función de la colaboración de cada empresa con la Comisión durante el procedimiento administrativo.

9 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, entre los elementos de apreciación de la gravedad de la infracción pueden figurar, según los casos, el volumen y el valor de las mercancías objeto de la infracción, así como la talla y la potencia económica de la empresa y, por tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado. De ello se sigue que, para determinar la multa, la Comisión puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximativa e imperfecta, de la talla de la empresa y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen de negocios que proceda de las mercancías objeto de la infracción y que permite, pues, dar una indicación de la amplitud de ésta.

Puesto que ha de utilizarse un único método de cálculo al determinar las multas que deben imponerse a las empresas implicadas en una misma infracción, no puede reprocharse a la Comisión que, para determinar dichas multas, se funde en un volumen de negocios de referencia idéntico para las citadas empresas.

Partes

En el asunto T-317/94,

Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, sociedad alemana, con domicilio social en Mayen (Alemania), representada por los Sres. Thomas Jestaedt, Karsten Metzlaff y Hanns-Christian Salger, Abogados de Düsseldorf, y posteriormente asimismo por la Sra. Verena von Bomhard, Abogada de Hamburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Philippe Dupont, 8-10, Rue Mathias Hardt,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Dirk Schroeder, Abogado de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente; C.P. Briët, P. Lindh, A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 25 de junio de 1997 al 8 de julio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del litigio

1 El presente asunto se refiere a la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1), rectificada, antes de su publicación, por la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1994 [C(94) 2135 final] (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión impuso multas a diecinueve fabricantes proveedores de cartoncillo de la Comunidad por haber infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El producto que constituye el objeto de la Decisión es el cartoncillo. La Decisión menciona tres tipos de cartoncillo, correspondientes a las calidades «GC», «GD» y «SBS».

3 El cartoncillo de calidad GD (en lo sucesivo, «cartoncillo GD») es un cartoncillo de tercera (a base de papel reciclado) que normalmente se utiliza para el embalaje de productos no alimentarios.

4 El cartoncillo de calidad GC (en lo sucesivo, «cartoncillo GC») es un cartoncillo que lleva una capa exterior blanca y se suele utilizar para el embalaje de productos alimentarios. El cartoncillo GC es de calidad superior a la del cartoncillo GD. Durante el período contemplado por la Decisión existió generalmente entre estos dos productos una diferencia de precio próxima al 30 %. El cartoncillo GC se utiliza también, en menor medida, para las artes gráficas.

5 SBS es la sigla utilizada para designar el cartoncillo blanco homogéneo (en lo sucesivo, «cartoncillo SBS»). Se trata de un cartoncillo cuyo precio es superior al del cartoncillo GC en, aproximadamente, un 20 %. Se utiliza para el embalaje de productos alimentarios, cosméticos, medicamentos y cigarrillos, pero se destina principalmente a las artes gráficas.

6 Mediante escrito de 22 de noviembre de 1990, la British Printing Industries Federation, organización profesional que representa a la mayoría de los impresores de cartoncillo del Reino Unido (en lo sucesivo, «BPIF»), presentó una denuncia informal ante la Comisión. En ella afirmaba que los productores de cartoncillo proveedores del Reino Unido habían llevado a cabo una serie de aumentos de precios uniformes y simultáneos, por lo que pedía a la Comisión que investigara si se había producido una infracción de las normas comunitarias sobre competencia. Para asegurarse de que su iniciativa recibiera una publicidad suficiente, la BPIF publicó un comunicado de prensa. En diciembre de 1990, la prensa profesional especializada difundió el contenido de dicho comunicado.

7 El 12 de diciembre de 1990, la Fédération française du cartonnage presentó también una denuncia informal ante la Comisión, en la que formulaba observaciones relativas al mercado francés del cartoncillo en términos parecidos a los de la denuncia de la BPIF.

8 Los días 23 y 24 de abril de 1991, agentes de la Comisión llevaron a cabo, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), unas inspecciones efectuadas simultáneamente y sin previo aviso en los locales de una serie de empresas y asociaciones comerciales del sector del cartoncillo.

9 Una vez realizadas dichas investigaciones, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión dirigió varias solicitudes de información y de documentos a todos los destinatarios de la Decisión.

10 Los elementos obtenidos en dichas verificaciones y solicitudes de información y de documentos llevaron a la Comisión a la conclusión de que las empresas de que se trataba habían participado, al menos entre mediados de 1986 y abril de 1991 (la mayoría de ellas), en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

11 Por ello, la Comisión decidió iniciar un procedimiento con arreglo a dicha disposición. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1992, dirigió un pliego de cargos a cada una de las empresas afectadas. Todas las empresas destinatarias presentaron observaciones escritas. Nueve empresas solicitaron ser oídas. Entre el 7 y el 9 de junio de 1993 tuvo lugar la audiencia.

12 Al finalizar dicho procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión, que contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard-the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek "De Eendracht" NV (cuyo nombre comercial es BPB De Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (antes Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [antes Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (antes Tampella Española SA) y Moritz J. Weig GmbH & Co KG han infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE al participar:

- en el caso de Buchmann y Rena, desde aproximadamente marzo de 1988 hasta, como mínimo, finales de 1990;

- en el caso de Enso Española desde, como mínimo, marzo de 1988 hasta, por lo menos, abril de 1991;

- en el caso de Gruber & Weber desde, como mínimo, 1988 hasta finales de 1990;

- en la mayor parte de los casos, desde mediados de 1986 hasta finales de abril de 1991,

en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad:

- se reunían periódicamente con carácter secreto e institucionalizado con objeto de discutir y adoptar un plan industrial común para restringir la competencia;

- acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional;

- planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad;

- llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica);

- aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios;

- intercambiaban información comercial (sobre entregas, precios, interrupciones de la producción, carteras de pedidos y porcentajes de utilización de la maquinaria) para reforzar las medidas antes citadas.

[...]

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que se citan a continuación en relación con la infracción descrita en el artículo 1:

[..]

xv) Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, una multa de 3.000.000 ECU;

[...]»

13 Según la Decisión, la infracción se produjo en el seno de un organismo denominado «Product Group (o PG) Paperboard» («Grupo de estudio del producto Cartoncillo»; en lo sucesivo, «GEP Cartoncillo»), compuesto por varios grupos o comités.

14 Este organismo fue provisto, a mediados de 1986, de un «Presidents Working Group» (en lo sucesivo, «PWG») compuesto por altos representantes de los principales fabricantes de cartoncillo de la Comunidad (ocho, aproximadamente).

15 Las actividades del PWG consistían, en particular, en los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios y la capacidad de producción. En especial, el PWG tomaba decisiones de carácter general relativas al momento y la magnitud de los incrementos de precio que debían aplicar los productores de cartoncillo.

16 El PWG informaba a la «President Conference» (en lo sucesivo, «PC»), en la que participaba (con mayor o menor regularidad) la práctica totalidad de los directores generales de las empresas. La PC se reunió, durante el período de que se trata, dos veces al año.

17 A finales de 1987 se creó el «Joint Marketing Committee» (en lo sucesivo, «JMC»). El cometido principal del JMC consistía, por una parte, en determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se deberían efectuar y, por otra parte, en determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país y para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente de precios en Europa.

18 Por último, el «Economic Committee» (en lo sucesivo, «EC») debatía, entre otras materias, sobre las fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y la cartera de pedidos, y comunicaba sus conclusiones al JMC o, hasta finales de 1987, al «Marketing Committee», predecesor del JMC. El EC estaba compuesto por los directores comerciales de la mayor parte de las empresas de que se trata y se reunía varias veces al año.

19 Se desprende asimismo de la Decisión que la Comisión consideró que las actividades del GEP Cartoncillo se apoyaban en un intercambio de información a través de la compañía fiduciaria FIDES, con domicilio social en Zúrich (Suiza). Según la Decisión, la mayor parte de los miembros del GEP Cartoncillo facilitaban a FIDES periódicamente informes sobre los pedidos, la producción, las ventas y la utilización de la capacidad. En el marco del sistema FIDES se cotejaban los informes y se enviaban a los participantes los datos considerados conformes.

20 Respecto a Moritz J. Weig GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Weig»), la Comisión consideró que había participado en reuniones de la PC durante el período cubierto por la Decisión, y en reuniones del JMC y del PWG a partir de 1988.

Procedimiento

21 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de octubre de 1994, la demandante interpuso el presente recurso.

22 Dieciséis de las restantes dieciocho empresas consideradas responsables de la infracción interpusieron asimismo recursos contra la Decisión (asuntos T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94).

23 La demandante en el asunto T-301/94, Laakmann Karton GmbH, desistió de su recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 1996 y, mediante auto de 18 de junio de 1996, Laakmann Karton GmbH/Comisión (T-301/94, no publicado en la Recopilación), el asunto fue archivado, haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

24 Cuatro empresas finlandesas, miembros de la agrupación comercial Finnboard y consideradas, como tales, solidariamente responsables del pago de la multa impuesta a ésta, interpusieron igualmente recursos contra la Decisión (asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y T-342/94).

25 Por último, interpuso un recurso la asociación CEPI-Cartonboard, que no era destinataria de la Decisión. Sin embargo, desistió de él mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 1997, y el asunto fue archivado mediante auto de 6 de marzo de 1997, CEPI-Cartonboard/Comisión (T-312/94, no publicado en la Recopilación), haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

26 Mediante escrito de 5 de febrero de 1997, el Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a una reunión informal para que presentaran sus observaciones sobre la posible acumulación de los asuntos T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94 a efectos de la fase oral del procedimiento. En dicha reunión, que se celebró el 29 de abril de 1997, las partes aceptaron tal acumulación.

27 Mediante auto de 4 de junio de 1997, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los asuntos mencionados a efectos de la fase oral por razón de su conexión, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, y acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-334/94.

28 Mediante auto de 20 de junio de 1997, acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-337/94 con respecto a un documento aportado en respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia.

29 Visto el Informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral y acordó la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo a las partes que respondieran a determinadas preguntas escritas y que aportaran ciertos documentos. Las partes así lo hicieron.

30 En la vista celebrada entre el 25 de junio y el 8 de julio de 1997 se oyeron los informes de las partes de los asuntos mencionados en el apartado 26 y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

31 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión total o parcialmente.

- Condene a la Comisión en costas, incluidos los gastos ocasionados por la constitución de un aval bancario.

Con carácter subsidiario,

- Reduzca la cuantía de la multa impuesta a la demandante.

- Condene a la Comisión en costas, incluidos los gastos ocasionados a la demandante por la constitución de un aval bancario por la cantidad en la que se reduzca la multa.

32 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de anulación total o parcial del artículo 1 de la Decisión

Sobre el motivo relativo a la no participación de la demandante en medidas destinadas a controlar los volúmenes

Alegaciones de las partes

33 Este motivo se compone de dos partes.

34 En una primera parte, la demandante recuerda que, según el artículo 1 de la Decisión, las empresas citadas en esta disposición «llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica)» y «aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad [...]».

35 La demandante afirma que, puesto que sólo participó ocasionalmente en las reuniones del GEP Cartoncillo, no tuvo conocimiento de carteles o concertaciones globales de esa naturaleza. Durante las reuniones de la PC, el PWG y el JMC a las que asistieron sus representantes, el mantenimiento de los volúmenes de ciertos grupos nacionales de fabricantes y los períodos de interrupción de la producción sólo fueron debatidos de manera general.

36 En las reuniones del PWG en las que participaron sus representantes, se discutió sobre el volumen de ventas de las empresas de cada país de origen en el mercado europeo. Así, las estadísticas sobre el volumen de ventas de los diferentes grupos de países se compararon con las de reuniones anteriores. Estas indicaciones se proporcionaron con el fin de que los diferentes grupos nacionales no aumentaran sus cuotas en el mercado europeo.

37 Durante las reuniones del JMC a las que asistieron los representantes de la demandante se trataron, en ocasiones, los períodos de parada de las máquinas. Sin embargo, a partir de 1990, el representante de la demandante declaró sistemáticamente que carecía de mandato para pronunciarse sobre la política en materia de volúmenes seguida por su empresa. Por lo demás, afirma que la situación del mercado no justificaba las paradas de las máquinas de la demandante durante el período considerado por la Decisión.

38 La demandante recuerda que las afirmaciones de la Comisión relativas a la supuesta regulación de los volúmenes descansan en tres elementos probatorios, a saber, la respuesta de Stora de 14 de febrero de 1992 a una solicitud de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 (anexo 43 al pliego de cargos), la nota confidencial del director de ventas de FS-Karton (grupo Mayr-Melnhof) de 28 de diciembre de 1988 (anexo 73 al pliego de cargos) y la nota del director general de Rena relativa a una reunión especial del Nordic Paper Institute (en lo sucesivo, «NPI») de 3 de octubre de 1988 (anexo 102 del pliego de cargos).

39 Según la demandante, la Comisión no debería haber utilizado el testimonio de Stora como principal medio de prueba.

40 Por lo que respecta a los anexos 73 y 102 del pliego de cargos, afirma que en absoluto se refieren al concepto de «política de prioridad del precio sobre el tonelaje» utilizado por Stora en la respuesta dirigida a la Comisión. Sólo contienen aspiraciones o ideas de orden general, y no puede considerarse que demuestren que se habían acordado medidas de regulación de la producción y, ni siquiera, que se hubieran aplicado.

41 En la segunda parte de su motivo, la demandante sostiene que los datos relativos a su propia producción demuestran su no participación en cualquier regulación de los volúmenes. Expone detalladamente la evolución de sus propias ventas y precisa que éstas aumentaron más del doble en todo el mercado comunitario entre 1986 y 1991, siendo así que las ventas de cartoncillo se incrementaron en, apenas, el 20 %. En el mercado geográfico más importante para ella, el mercado alemán, el crecimiento desde el punto de vista de los volúmenes comercializados fue incluso mayor.

42 Por último, la demandante afirma no haber declarado en ningún momento a las demás participantes en las reuniones del JMC su intención de parar las máquinas para reducir las cantidades. A este respecto, considera que las paradas de la producción de finales de 1990 y principios de 1991 registradas en una nota manuscrita del director de ventas de FS-Karton (anexo 115 del pliego de cargos) se explican por los permisos de Navidad.

43 La Comisión subraya que no existe contradicción entre sus propias comprobaciones y las declaraciones de la demandante según las cuales las discusiones en el seno del PWG y del JMC relativas al mantenimiento de los volúmenes y de la suspensión de la producción sólo tenían un alcance general, a pesar de que se había mencionado la cuestión del mantenimiento de los volúmenes de determinados grupos nacionales de fabricantes y de las interrupciones de la producción (apartados 36 y 37 supra). En efecto, las mencionadas discusiones se refirieron manifiestamente a la limitación de los volúmenes de ventas de los diferentes fabricantes, es decir, a problemas precisos.

44 Según la Comisión, si tales indicaciones confirman ya que los temas del mantenimiento de los volúmenes y de las interrupciones de la producción se abordaron durante las reuniones del GEP Cartoncillo, los elementos probatorios descubiertos por ella demuestran, además, que las discusiones no se limitaron a un intercambio de ideas de carácter general, sino que los participantes celebraron acuerdos firmes relativos al mantenimiento de determinados volúmenes de producción y cuotas de mercado.

45 Considera que, en su segunda declaración (anexo 39 del pliego de cargos), Stora describió detalladamente la política destinada a mantener un cuasiequilibrio entre la oferta y la demanda, política que designó como política de «prioridad del precio sobre el tonelaje». Según la Comisión, la descripción de esta política muestra que constituía un elemento esencial de la cooperación contraria a la competencia en el seno del GEP Cartoncillo y que existía un consenso sobre la idea de que el mantenimiento de un equilibrio entre la oferta y la demanda era esencial para garantizar la estabilidad de los precios. Además, los productores aceptaron, debido a la caída de la demanda en 1990, aplicar interrupciones de la producción calculadas según informes anuales sobre las capacidades (apartados 24 y 25 de la declaración).

46 Las declaraciones de Stora relativas a la política de «prioridad del precio sobre el tonelaje», que comprendía una regulación de los volúmenes y la limitación de las cuotas de mercado, se ven sustentadas por numerosas otras pruebas, en particular, por la nota confidencial del director de ventas de FS Karton [anexo 73 del pliego de cargos, p. 3, ap. 1), y p. 5, ap. 5)].

47 La Comisión se refiere igualmente a la nota manuscrita del mismo director (anexo 115 del pliego de cargos), en la que figuran, expresados en días o en semanas, las carteras de pedidos de numerosos productores individuales, en ocasiones incluso en relación con determinadas máquinas de cartoncillo. Afirma que esta información sirvió, junto con los datos relativos a las capacidades, para determinar la utilización de éstas y para prever, en su caso, interrupciones de la producción.

48 Las indicaciones contenidas en la declaración de Stora se ven, además, corroboradas por una nota titulada «Highlights», relativa a la reunión del EC de 3 de octubre de 1989 (anexo 70 del pliego de cargos).

49 Apoyándose en estas consideraciones, la Comisión concluye que debe considerarse que la demandante participó en reuniones del GEP Cartoncillo en las que se discutió sobre la limitación de los volúmenes de producción, el mantenimiento de las cuotas de mercado y la aplicación de interrupciones de la producción.

50 Por consiguiente, estima que las alegaciones de la demandante expuestas en la segunda parte del motivo en relación con su comportamiento carecen de relevancia.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- Sobre la existencia de una concertación destinada a congelar las cuotas de mercado y de una concertación destinada a controlar la oferta

51 Por lo que se refiere a la primera parte del motivo, debe recordarse que, a tenor del artículo 1 de la Decisión, las empresas enumeradas en dicha disposición infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, durante el período de referencia, en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales los proveedores de cartoncillo de la Comunidad «llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica)» y «aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios».

52 Según la Comisión, estas dos clases de colusión, agrupadas en su Decisión bajo el título «Control del volumen de producción», fueron iniciadas durante el período de referencia por los participantes en las reuniones del PWG. En efecto, según el párrafo tercero del punto 37 de la exposición de motivos de la Decisión, el verdadero cometido del PWG, según lo describía Stora, «abarcaba los "debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios, los incrementos de precios y la capacidad de producción"».

53 En cuanto al papel que representaba el PWG en lo relativo a la colusión sobre las cuotas de mercado, la Decisión (párrafo quinto del punto 37 de la exposición de motivos), señala lo siguiente: «En relación con la estrategia de incremento de precios, el PWG hacía detallados análisis de las cuotas de mercado en Europa occidental de las distintas agrupaciones nacionales o grupos individuales de productores. Como consecuencia, se llegaba a un "entendimiento" entre los participantes en cuanto a sus respectivas cuotas de mercado, entendimiento cuyo objeto era que los aumentos de precio concertados no peligraran por culpa de un exceso de oferta sobre la demanda. Los grandes grupos de productores se comprometían a mantener sus cuotas de mercado en el nivel indicado en el informe anual de producción y ventas de cuya versión definitiva se podía disponer a través de FIDES en marzo del año siguiente. La evolución de las cuotas de mercado se analizaba en cada reunión del PWG a partir de la información mensual de FIDES y, si aparecían fluctuaciones notables, se pedían explicaciones a la empresa presuntamente responsable.»

54 Según el punto 52 de la exposición de motivos, «el acuerdo alcanzado en el PWG durante 1987 incluía la "congelación" de las cuotas de mercado en Europa occidental de los principales fabricantes en el nivel del momento, sin que se efectuasen intentos por captar nuevos clientes o por ampliar los mercados a través de una política de precios agresiva».

55 El párrafo primero del punto 56 de la exposición de motivos destaca lo siguiente: «El acuerdo básico entre los principales fabricantes de mantener sus respectivas cuotas de mercado se prolongó durante todo el período al que se refiere la presente Decisión.» Según el punto 57, «"la organización de las cuotas de mercado" se estudiaba en cada una de las reuniones del PWG, partiendo de las estadísticas provisionales». Por último, el último párrafo del punto 56 subraya lo siguiente: «Las empresas que participaban en las discusiones sobre cuotas de mercado eran las que estaban representadas en el PWG, a saber: Cascades, Finnboard, KNP (hasta 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, los dos fabricantes del grupo CBS y Feldmühle, y, desde 1988, Weig.»

56 Debe considerarse que la Comisión ha acreditado correctamente la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre los participantes en las reuniones del PWG.

57 En efecto, el análisis de la Comisión se basa esencialmente en las declaraciones de Stora (anexos 39 y 43 del pliego de cargos) y resulta respaldado por el anexo 73 del pliego de cargos.

58 En el anexo 39 del pliego de cargos, Stora explica lo siguiente: «El PWG se reunió a partir de 1986 con el fin de cooperar en la implantación de una disciplina de mercado. [...] Entre otras actividades (legítimas), se ocupaba de los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios, los incrementos de precios, la demanda y la capacidad de producción. Su cometido consistía, en particular, en apreciar la situación exacta de la oferta y la demanda en el mercado, así como las medidas que debían adoptarse para regularlo, y en elevar esa apreciación a la President Conference.»

59 Por lo que se refiere, más específicamente, a la colusión sobre las cuotas de mercado, Stora indica que «las cuotas adquiridas por los grupos nacionales de la Comunidad europea, de la AELC y de otros países abastecidos por los miembros del GEP Cartoncillo eran examinadas en el seno del PWG» y que éste «discutía la posibilidad de mantener las cuotas de mercado en su nivel del año anterior» (punto 19 del anexo 39 del pliego de cargos). Por otra parte, señala (punto 6 del mismo documento) que, «dentro de este período, también tuvieron lugar debates acerca de las cuotas de mercado de los fabricantes en Europa, y el primer período de referencia abarcó los niveles de 1987».

60 El 14 de febrero de 1992, al responder a una petición de la Comisión de 23 de diciembre de 1991 (anexo 43 del pliego de cargos), Stora precisa además: «Los acuerdos sobre los niveles de cuota de mercado celebrados por los miembros del PWG afectaban a toda Europa. Dichos acuerdos se basaban en las cifras totales anuales del año anterior, que usualmente estaban disponibles en su versión definitiva a partir del mes de marzo del año siguiente» (punto 1.1).

61 Esta afirmación se confirma en el mismo documento en los términos siguientes: «[...] los debates culminaban en acuerdos, celebrados por regla general en marzo de cada año, entre los miembros del PWG, que tenían por objetivo el mantenimiento de sus cuotas de mercado en el nivel del año anterior» (punto 1.4). Stora revela que «no se adoptaba medida alguna para garantizar el respeto de los acuerdos» y que los participantes en las reuniones de PWG «eran conscientes de que, si adquirían posiciones excepcionales en determinados mercados abastecidos por otros, éstos harían lo propio en otros mercados» (mismo punto).

62 Por último, declara que Weig participó en los debates relativos a las cuotas de mercado (punto 1.2).

63 Las afirmaciones de Stora acerca de la colusión sobre las cuotas de mercado encuentran respaldo en el anexo 73 del pliego de cargos. Este documento, hallado en FS-Karton, es una nota confidencial de 28 de diciembre de 1988 enviada por el director comercial responsable de las ventas del grupo Mayr-Melnhof en Alemania (Sr. Katzner) al gerente de Mayr-Melnhof en Austria (Sr. Gröller) y que trataba la situación del mercado.

64 Según el referido documento, citado en los puntos 53 a 55 de la exposición de motivos de la Decisión, la cooperación más estrecha dentro del «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis»), decidida en 1987, había dado «ganadores» y «perdedores». El autor de la nota clasifica a Mayr-Melnhof dentro de la categoría de perdedores, por varias razones y, entre ellas, las siguientes:

«2) Sólo pudo alcanzarse un acuerdo imponiéndosenos una "sanción" -se nos exigió hacer "sacrificios".

3) Las cuotas de mercado de 1987 debían ser "congeladas", había que mantener los contactos existentes y no debía adquirirse ninguna actividad o calidad nuevas practicando precios de promoción (el resultado será patente en enero de 1989 -si todos son leales)».

65 Estas frases deben leerse dentro del contexto más general de la nota.

66 A este respecto, como introducción, el autor de la nota evoca la estrecha cooperación a escala europea en el seno del «círculo de presidentes». Esta expresión fue interpretada por Mayr-Melnhof como referida a la vez al PWG y a la PC en un contexto general, esto es, sin relación con un acontecimiento o con una reunión concreta (punto 2.a del anexo 75 del pliego de cargos), interpretación que no procede discutir en el presente contexto.

67 El autor indica, a continuación, que gracias a esta cooperación se había conseguido la «disciplina de los precios», que había dado «ganadores» y «perdedores».

68 Así pues, esta disciplina decidida por el «círculo de presidentes» es el contexto en el que debe entenderse la expresión relativa a las cuotas de mercado que debían congelarse en los niveles de 1987.

69 Por otra parte, la remisión a 1987 como año de referencia concuerda con la segunda declaración de Stora (anexo 39 del pliego de cargos; véase el apartado 58 supra).

70 Por último, es preciso declarar que la argumentación de la demandante no puede desvirtuar la fuerza probatoria de los documentos antes mencionados, puesto que simplemente contiene la afirmación de que las discusiones celebradas entre las empresas reunidas en el seno del PWG sólo tenían un alcance general. A la luz de anterior apreciación, este reconocimiento incluso permite apoyar las afirmaciones de la Comisión contenidas en la Decisión.

71 En cuanto al papel representado por el PWG en la colusión relativa al control de suministros, caracterizado por el examen de las interrupciones de la producción, la Decisión declara que el PWG desempeñó un papel determinante en la implantación de períodos de interrupción cuando, a partir de 1990, se incrementó la capacidad de producción y cayó la demanda: «A partir de comienzos de 1990 [...], los principales fabricantes [...] consideraron que era necesario llegar a un acuerdo en el PWG en cuanto a la necesidad de interrumpir la producción. Los principales fabricantes admitieron que no podían incrementar la demanda mediante una reducción de precios, y que si se continuaba produciendo al 100 % esto no haría sino provocar un descenso de los precios. En teoría, se podía calcular el tiempo de paro necesario para reinstaurar un equilibrio entre la oferta y la demanda a partir de los informes de capacidad [...]» (punto 70 de la exposición de motivos de la Decisión).

72 La Decisión señala, además, lo siguiente: «No obstante, el PWG no asignaba formalmente períodos de interrupción a cada productor. Según Stora existían dificultades de orden práctico a la hora de establecer un plan coordinado de interrupciones que abarcase a todos los fabricantes. Stora afirma que, por estos motivos, sólo "existía un sistema informal de persuasión"» (punto 71 de la exposición de motivos de la Decisión).

73 Procede considerar que la Comisión ha acreditado de modo suficiente la existencia de una colusión sobre las interrupciones de la producción entre los participantes de las reuniones del PWG.

74 Los documentos por ella aportados respaldan su análisis.

75 En su segunda declaración (punto 24 del anexo 39 del pliego de cargos), Stora explica lo siguiente: «Con la adopción por parte del PWG de la política de prioridad del precio sobre el tonelaje y con la aplicación progresiva de un sistema de precios equivalentes a partir de 1988, los miembros del PWG reconocieron que era necesario interrumpir la producción para mantener dichos precios frente a un menor crecimiento de la demanda. Si los fabricantes no hubieran interrumpido la producción, les habría sido imposible mantener los niveles de precios concertados ante la creciente capacidad excedentaria.»

76 En el siguiente punto de su declaración, Stora añade lo siguiente: «En 1988 y 1989, el sector podía funcionar prácticamente a su capacidad máxima. Las interrupciones por causas distintas del cierre normal por reparaciones y vacaciones empezaron a ser necesarias a partir de 1990. [...] Luego, se comprobó la necesidad de interrumpir la producción cuando el flujo de pedidos se detenía, a fin de mantener la política de prioridad del precio sobre el tonelaje. Las interrupciones que los productores tenían que respetar (para mantener el equilibrio entre la producción y el consumo) podían calcularse tomando como base los informes relativos a la capacidad de producción. El PWG no asignaba formalmente períodos de interrupción, aunque existía un sistema informal de persuasión [...]»

77 En cuanto al documento contenido en el anexo 73 del pliego de cargos, las razones expuestas por el autor para explicar que considera a Mayr-Melnhof «perdedora» en el momento de su redacción constituyen importantes elementos probatorios de la existencia de una colusión sobre las interrupciones de la producción entre los participantes en las reuniones del PWG.

78 En efecto, el autor hace la siguiente apreciación:

«4) Y sobre este punto empieza a ser divergente la opinión de las partes interesadas acerca del objetivo perseguido.

[...]

c) Todos los agentes de comercio y representantes europeos fueron liberados de sus compromisos cuantitativos y se propugnó una política de precios rígida, casi sin fisuras (a menudo, nuestros colaboradores no entendían el cambio de nuestra actitud hacia el mercado -antes sólo se exigía tonelaje, y ahora, únicamente disciplina de precios, a riesgo de parar las máquinas).»

79 Mayr-Melnhof mantiene (anexo 75 del pliego de cargos) que el pasaje que acaba de citarse se refiere a una situación interna de la empresa. Sin embargo, analizado a la luz del contexto más general de la nota, este extracto refleja la aplicación, por parte de los equipos comerciales, de una política rigurosa definida dentro del «círculo de presidentes». Debe, pues, interpretarse que el documento significa que los participantes en el acuerdo de 1987, esto es, por lo menos los participantes en las reuniones del PWG, midieron indiscutiblemente las consecuencias de la política adoptada si se aplicase con rigor.

80 En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la Comisión ha probado de modo suficiente en Derecho la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre los participantes en las reuniones del PWG, así como de una colusión entre esas mismas empresas sobre las interrupciones de la producción. En la medida en que no se discute que la demandante participó en las reuniones del PWG y puesto que dicha empresa se menciona expresamente en las declaraciones de Stora, la Comisión obró correctamente al imputar a la demandante la responsabilidad de haber participado en ambas colusiones, al menos a partir del momento en el que comenzó a participar en las reuniones del PWG, es decir, a partir de 1988.

81 Las críticas que la demandante formula contra las declaraciones de Stora, y con las que pretende tachar el valor probatorio de dichos documentos, no pueden desvirtuar esta apreciación.

82 En efecto, consta que estas declaraciones proceden de una de las empresas a las que se imputa haber participado en la infracción alegada y que contienen una descripción detallada de la naturaleza de las discusiones que se desarrollaron dentro de los órganos del GEP Cartoncillo, del objetivo perseguido por las empresas agrupadas en éste, y de la participación de dichas empresas en las reuniones de sus diferentes órganos. Pues bien, en la medida en que se ve corroborado por otros documentos obrantes en autos, este elemento probatorio central constituye el apoyo pertinente de las afirmaciones de la Comisión.

83 Dado que la Comisión ha acreditado la existencia de las dos colusiones de que se trata, no es necesario examinar las críticas que formula la demandante contra los anexos 102 y 115 del pliego de cargos.

- Sobre la conducta efectiva de la demandante

84 La segunda parte del motivo, según la cual el comportamiento efectivo de la demandante es inconciliable con las afirmaciones de la Comisión relativas a la existencia de las dos colusiones impugnadas, tampoco puede ser acogida.

85 En primer lugar, la existencia de colusiones entre los miembros del PWG sobre los dos aspectos de la «política de prioridad del precio sobre el tonelaje» no debe confundirse con la aplicación de aquéllas. En efecto, las pruebas aportadas por la Comisión tienen tal fuerza probatoria que unos datos relativos al comportamiento efectivo de la demandante en el mercado no pueden desvirtuar las conclusiones de la Comisión sobre la existencia misma de colusiones sobre los dos aspectos de la política objeto del litigio. Como mucho, la demandante podría pretender demostrar con sus alegaciones que su comportamiento no se ajustó al convenido entre las empresas reunidas en el PWG.

86 En segundo lugar, los datos aportados por la demandante no contradicen a las conclusiones de la Comisión. Debe subrayarse que la Comisión admite expresamente que la colusión sobre las cuotas de mercado no entrañaba «un mecanismo formal que impusiese una penalización o compensación que reforzasen el acuerdo sobre cuotas de mercado» y que existió un modesto incremento anual de las cuotas de mercado de algunos de los principales fabricantes (véanse, en especial, los puntos 59 y 60 de la exposición de motivos de la Decisión). Además, la Comisión reconoce que, dado que el sector funcionó a su capacidad máxima hasta comienzos de 1990, prácticamente no fue necesario interrumpir la producción hasta dicha fecha (punto 70 de la exposición de motivos de la Decisión).

87 En tercer lugar, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T-141/89, Rec. p. II-791, apartado 85). Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

88 De ello se deduce que procede desestimar el motivo en su totalidad.

Sobre el motivo relativo a un error cometido por la Comisión en cuanto a la duración de la infracción

Alegaciones de las partes

89 En primer lugar, la demandante niega la fecha de comienzo de la infracción que se consideró en su caso, es decir, mediados de 1986. Alega que, de hecho, no habría cometido ninguna infracción antes de febrero/marzo de 1988.

90 Recuerda que la Comisión estimó que la creación del PWG y la «intensificación de la colusión» entre los fabricantes son los hechos que marcan el comienzo de la infracción (punto 161 de la exposición de motivos de la Decisión). Sin embargo, la demandante desconoce si el PWG ya se creó en 1986. Suponiendo, incluso, que así fuera, la creación de este órgano se ocultó a los miembros del GEP Cartoncillo no representados en él. Por lo demás, la alegación de la Comisión relativa a la «intensificación de la colusión» a partir de mediados de 1986 no se ve sustentada por ninguna prueba documental.

91 La demandante asegura que su participación en las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo se limitó, hasta febrero/marzo de 1988, a la asistencia a las reuniones de la PC. Esta participación no puede, sin embargo, justificar la tesis de la Comisión según la cual la demandante participó en la supuesta infracción desde junio de 1986. En efecto, la práctica según la cual el presidente del PWG informaba a la PC de las principales conclusiones no se instauró hasta finales de 1988 o principios de 1989. Por lo demás, la declaración supuestamente hecha (véase el punto 41 de la exposición de motivos de la Decisión) por un representante de la demandante en una reunión de FIDES de 1986, según la cual un aumento del 9 % era «excesivo para el Reino Unido», de manera que se fijaba en el 7 %, no pudo haberse pronunciado en una reunión de la PC. En efecto, el representante de la demandante en la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986 no recuerda haber realizado tales afirmaciones. En todo caso, dicha declaración se habría efectuado al margen de una reunión.

92 La demandante afirma no haber participado en una supuesta concertación sobre los precios antes de la concertación sobre los incrementos de precios de la primavera de 1988. En particular, y sin ser rebatida al respecto por la Comisión, asegura que no participó en el incremento de precios aplicado en el Reino Unido en enero de 1987, incremento valorado por la Comisión como el resultado de una concertación entre los productores.

93 En segundo lugar, la demandante alega que el apartado 164 de la exposición de motivos de la Decisión muestra que la Comisión se fundó en la apreciación errónea de que la infracción se mantuvo hasta junio de 1991. Sin embargo, después de las inspecciones efectuadas por la Comisión en abril de 1991, no se produjeron reuniones con un objeto contrario a la competencia.

94 La Comisión alega que consideró correctamente que, por lo que respecta a la demandante, la infracción se extendió, como mínimo, desde mediados de 1986 hasta abril de 1991.

95 Subraya que, desde febrero de 1986, la demandante formó parte del GEP Cartoncillo y participó regularmente en las reuniones de la PC. Por consiguiente, la demandante tuvo conocimiento de los acuerdos ilegales entre los productores de cartoncillo relativos a los incrementos de precio comunes y uniformes, ya que la PC tuvo como función, entre otras, la de informar a los directores generales sobre las decisiones adoptadas por el PWG y sobre las instrucciones que debían transmitir a sus departamentos de ventas con el fin de poner en práctica las iniciativas en materia de precios. Por regla general, quien comunicaba esta información era el presidente de la PC, que asimismo presidía el PWG.

96 La supuesta no participación de la demandante en la iniciativa de incremento de precios aplicada en el Reino Unido en 1987 carece de relevancia, ya que el hecho de que la demandante continuara participando en las reuniones de la PC basta para clasificarla entre los miembros del cartel y para imputarle la infracción, ya que, para planificar su propio comportamiento en el mercado, tuvo necesariamente en cuenta los inminentes incrementos de precio de sus competidores de los que era informada.

97 Por lo que respecta al final de la infracción, la Comisión niega haber afirmado que la demandante hubiera continuado participando en una infracción después de abril de 1991.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

98 Según el artículo 1 de la Decisión, la demandante infringió el apartado 1 del artículo 85 del Tratado durante el período comprendido entre mediados de 1986 y finales de abril de 1991, por lo menos.

99 Por lo que se refiere al comienzo de la infracción, el punto 161 de la exposición de motivos de la Decisión indica que la mayoría de las empresas destinatarias de la Decisión participó en la infracción a partir de junio de 1986, momento en el que «se creó el PWG y se intensificó la colusión entre los fabricantes, comenzando a ser más efectiva». Por lo demás, el párrafo primero del punto 74 de la exposición de motivos precisa que la primera iniciativa concertada en materia de precios tuvo lugar en el Reino Unido a finales de 1986, «mientras el nuevo mecanismo del PG Paperboard estaba todavía en su fase de puesta en práctica». La Comisión considera que «se demuestra así claramente que, a mediados de 1986, los fabricantes de cartoncillo participaban ya, como mínimo, en un tipo de colusión que se puede caracterizar como una práctica concertada [...]» (párrafo tercero del punto 132 de la exposición de motivos).

100 Puesto que la demandante admite haber participado en una concertación respecto al incremento de precios de marzo/abril de 1988, procede declarar que participó en una colusión sobre los precios al menos a partir de dicha fecha.

101 Por lo que se refiere al período comprendido entre mediados de 1986 y marzo de 1988, la creación del PWG a mediados de 1986 no prueba, en sí, que la demandante participara a partir de esta fecha en una infracción de las normas comunitarias en materia de competencia. Por lo demás, la Comisión no invoca ningún elemento probatorio que demuestre que, a mediados de 1986, la demandante conocía la creación de este órgano ni, a fortiori, el objeto contrario a la competencia de las reuniones de éste.

102 Procede, pues, examinar si el hecho de que la demandante asistiera a ciertas reuniones de la PC, es decir, las de 29 de mayo de 1986, 10 de noviembre de 1986 y 4 de diciembre de 1987 (cuadro 3 anexo a la Decisión), demuestra su participación en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado antes del mes de marzo de 1988.

103 La demandante niega el valor probatorio del anexo 61 del pliego de cargos y la afirmación de la Comisión según la cual los participantes en las reuniones de la PC fueron informados, antes de finales de 1988, de las decisiones adoptadas por el PWG.

104 Respecto al anexo 61 del pliego de cargos, nota hallada en poder del agente de ventas de Mayr-Melnhof en el Reino Unido, la Comisión afirma que «el reconocimiento por parte de Stora de que la "President Conference" discutía de hecho la fijación colusoria de precios, se ve corroborado por una nota interna [...] referente a una "President Conference"» (párrafo tercero del punto 41 y párrafo segundo del punto 75 de la exposición de motivos de la Decisión).

105 Dicho documento, que se refiere a una reunión mantenida en Viena los días 12 y 13 de diciembre de 1986, contiene la siguiente información:

«Precios en el Reino Unido

En una reciente reunión de FIDES estaba presente el representante de Weig, quien declaró que, a su juicio, un 9 % era un aumento excesivo para el Reino Unido, por lo que ellos lo iban a fijar en un 7 %. Gran decepción, puesto que dicha cifra pasaría a constituir una "base de negociación" para todos los demás. La política de precios en el Reino Unido será confiada a RHU con el apoyo de [Mayr-Melnhof] aun cuando ello entrañe una disminución temporal del tonelaje, mientras que nosotros nos esforzamos (como se verá) en mantener el objetivo del 9 %. [Mayr-Melnhof/FS] siguen una política de crecimiento en el Reino Unido pero la disminución de los beneficios es seria y tendremos que luchar por recuperar el control sobre los precios. [Mayr-Melnhof] no niega que el hecho de que se conozca que ellos han incrementado en 6.000 toneladas su producción en Alemania no remedia nada.»

106 La reunión de FIDES a la que se hace referencia al inicio del pasaje citado es probablemente, según Mayr-Melnhof (respuesta a una petición de información, anexo 62 del pliego de cargos), la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986.

107 Ha de estimarse que el documento analizado da testimonio de que el representante de la demandante reaccionó dando indicaciones sobre su futura política de precios en el Reino Unido con referencia a un nivel inicial de incremento de los precios.

108 Sin embargo, el referido documento no puede considerarse prueba de que la demandante reaccionara con referencia a un determinado nivel de incremento de precios concertado entre las empresas reunidas en el seno del GEP Cartoncillo en una fecha anterior al 10 de noviembre de 1986.

109 En efecto, la Comisión no alega ningún otro elemento probatorio en este sentido. Además, la referencia hecha por la demandante a un incremento de precios del «9 %» puede explicarse por el anuncio de un incremento de precios en el Reino Unido aplicado por Thames Board Ltd el 5 de noviembre de 1986 (anexo A-12-1). Dicho anuncio se hizo público poco después, según resulta de un recorte de prensa (anexo A-12-3). Por último, la Comisión no ha aportado ningún otro documento que pueda constituir una prueba directa de que, en las reuniones de la PC, hubieran tenido lugar los debates sobre los incrementos de precios. Por consiguiente, no puede excluirse que las manifestaciones de la demandante, según se relatan en el anexo 61 del pliego de cargos, tuvieran lugar al margen de la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986, como mantuvo reiteradamente la demandante durante la vista.

110 Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Los criterios de coordinación y cooperación que permiten definir este concepto deben interpretarse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia según la cual todo operador económico debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado (sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307). Por consiguiente, el hecho de que una empresa declare unilateralmente cuáles serán sus futuros precios en el mercado no constituye una prueba suficiente de la existencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, a menos que se demuestre que esta declaración se inscribe en el contexto de una cooperación entre empresas.

111 Respecto a si la declaración del representante de la demandante, mencionada en el anexo 61 del pliego de cargos, se inscribió en el marco de una cooperación entre empresas, procede examinar los demás elementos probatorios invocados por la Comisión en apoyo de sus afirmaciones relativas a la existencia de una concertación sobre los precios en Reino Unido en enero de 1987.

112 A este respecto, las actas de una reunión de la dirección de Feldmühle (UK) Ltd celebrada el 7 de noviembre de 1986 (anexo A-17-2), invocadas por la Comisión en su Decisión (párrafo tercero del punto 74 de la exposición de motivos), no hacen sino confirmar que el anuncio por parte de Thames Board Ltd de un incremento de precios próximo al 9 % era conocido por esta filial alemana de Feldmühle en una fecha anterior al 10 de noviembre de 1986: «TBM and the Fins have announced price increases of approximately 9 % to be effective from February 1987 and it would appear that most other mills will be looking for the same sort of increase» (TBM y los finlandeses han anunciado unos incrementos de precios cercanos al 9 % aplicables a partir de febrero de 1987; parece que la mayor parte de los demás fabricantes prevén un incremento similar) (anexo A-17-2, citado por la Comisión en el punto 74 de la exposición de motivos de la Decisión).

113 Por lo que se refiere al anexo 44 del pliego de cargos, nota manuscrita hallada en la agenda de mesa de un trabajador de Feldmühle en las páginas correspondientes a los días 15 a 17 de enero de 1987, la Comisión considera que es «prueba también de la concertación» (párrafo tercero del punto 75 de la exposición de motivos de la Decisión).

114 Sin embargo, esta nota no tiene el carácter probatorio que le atribuye la demandada. No se ha identificado la reunión de la que da cuenta, de modo que no cabe excluir que se tratara de una reunión interna de la empresa Feldmühle. Además, dado que la nota data probablemente de mediados de enero de 1987, no prueba que la aplicación del incremento de precios, «incluido TBM», fuera el resultado de una concertación, ya que esta indicación puede no ser sino una simple constatación.

115 Algunas de las indicaciones contenidas en la nota contradicen incluso la afirmación de la Comisión según la cual dicha nota confirma la existencia de una colusión en la decisión de incrementar los precios en el Reino Unido. En particular, no puede considerarse que sustenten la tesis de la Comisión las observaciones de que el director de Feldmühle se había declarado «escéptico» ante Kopparfors y había tildado a Mayr-Melnhof de «irresponsable» («ohne Verantwortung»). Otro tanto ocurre con la mención: «Finnboard: Preisautonomie auch f. Tako» (Finnboard: autonomía de precios también para Tako).

116 Por otra parte, los datos expuestos en el cuadro A anexo a la Decisión - cuadro que contiene los datos relativos a la supuesta iniciativa concertada de incremento precios en el Reino Unido en enero de 1987 - no muestran ni importes ni fechas de anuncio y de ejecución de los incrementos de precios tan uniformes que tales datos puedan considerarse un indicio de la existencia de una colusión sobre los precios. Por lo demás, la Comisión admitió, durante la vista, que no posee la prueba directa de que la demandante aumentara sus precios en el mercado del Reino Unido a principios de 1987.

117 Resulta de lo expuesto que la Comisión no ha demostrado que las empresas se pusieran de acuerdo para incrementar los precios en el Reino Unido en enero de 1987, ni, a fortiori, que la demandante estuviera implicada en conversaciones dirigidas a ese fin.

118 Por último, procede desestimar la alegación de la Comisión según la cual la demandante necesariamente tuvo conocimiento de los acuerdos ilegales entre los productores de cartoncillo, ya que la PC tenía como función, entre otras, la de informar a los directores generales sobre las decisiones adoptadas por el PWG y sobre las instrucciones que debían transmitir a sus departamentos de ventas con el fin de poner en práctica las iniciativas en materia de precios. En efecto, sin que sea necesario examinar si ha quedado acreditado que los participantes en las reuniones de la PC fueron informados de las decisiones adoptadas por el PWG a partir de principios de 1988, procede declarar que la Comisión no ha invocado la existencia de ningún dato preciso comunicado a los participantes de las reuniones de la PC antes de comienzos de 1988, aparte del relativo al incremento de precios aplicado en el Reino Unido en enero de 1987. Por consiguiente, debe considerarse que la colusión sobre los precios en la que la demandante admite haber participado comenzó en marzo de 1988.

119 Por lo que se refiere al comienzo de la colusión sobre las cuotas de mercado y de la colusión sobre las interrupciones de la producción, la demandada mantiene que «la documentación hallada por la Comisión en FS-Karton (integrante del grupo M-M) confirma que, a finales de 1987, se había llegado a un acuerdo en los dos PWG en cuanto a los aspectos, relacionados entre sí, del control del volumen de producción y de la disciplina de precios» (párrafo primero del punto 53 de la exposición de motivos). A este respecto, se remite al anexo 73 del pliego de cargos (véase el apartado 63 supra). El autor de la nota evoca, a modo de introducción, la cooperación más estrecha a escala europea en el seno del «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis»). Esta expresión fue interpretada por Mayr-Melnhof como referida a la vez al PWG y a la PC en un contexto general, esto es, sin relación con un acontecimiento o con una reunión concreta (punto 2.a del anexo 75 del pliego de cargos).

120 Es cierto que el anexo 73 del pliego de cargos constituye una prueba que corrobora las declaraciones de Stora sobre la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre las empresas integradas en el «círculo de presidentes», por una parte, y de una colusión sobre las interrupciones de la producción en esas mismas empresas, por otra (véanse los apartados 51 y siguientes supra). Sin embargo, ningún otro elemento probatorio confirma la afirmación de la Comisión según la cual la PC tuvo por objeto, en particular, discutir la colusión sobre las cuotas de mercado y el control de los volúmenes de producción. Por consiguiente, pese a las explicaciones ofrecidas por Mayr-Melnhof, no puede interpretarse que la expresión «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis») utilizada en el anexo 73 del pliego de cargos contenga una referencia a órganos distintos del PWG.

121 Por consiguiente, la participación de la demandante en una colusión sobre las cuotas de mercado y en una colusión sobre las interrupciones de la producción tampoco puede considerarse probada antes de marzo de 1988, fecha de su primera participación en una reunión del PWG (véase el apartado 261 infra).

122 Por lo que se refiere al final de la infracción, el artículo 1 de la Decisión muestra que la Comisión consideró que la infracción en la que participó la demandante finalizó en abril de 1991. En contra de lo que afirma la demandante, del punto 164 de la exposición de motivos de la Decisión no se deduce que la Comisión estimara que la infracción persistió hasta junio de 1991.

123 En vista de las anteriores consideraciones, el artículo 1 de la Decisión debe ser anulado en la medida en que declara que la demandante participó en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado antes de marzo de 1988. Por lo demás, procede desestimar el motivo.

Sobre el motivo relativo a la inexistencia de acuerdos sobre los incrementos de precio

Alegaciones de las partes

124 La demandante reconoce que en el seno del GEP Cartoncillo se dieron concertaciones sobre los incrementos de precio de los diferentes productores, pero niega que se celebraran acuerdos al respecto.

125 Afirma que los participantes en las reuniones del PWG se informaban mutuamente sobre la fecha prevista para el incremento de sus precios y sobre el importe de este incremento. En general, las empresas representadas en el PWG intercambiaban información sobre los incrementos de precios por ellas previstos, pero no debatían los propios precios en cifras absolutas.

126 Los participantes en las reuniones del JMC se consultaban sobre los detalles de la fecha de ejecución de determinado incremento de precios y sobre su amplitud, y fijaban el orden de anuncio de los incrementos de precios.

127 Sin embargo, aunque las empresas se comunicaban mutuamente los incrementos de precio previstos, éstos no se calculaban de manera arbitraria ni se fijaban uniformemente según un plan común. En efecto, los incrementos eran decididos individualmente, por cada una de las empresas, en función de los costes y del mercado, de modo que la posible similitud entre las cuantías de los incrementos se debía únicamente a los datos del mercado y al hecho de que las empresas resultaban afectadas de la misma manera por el aumento de los costes.

128 Por lo demás, no se previó ninguna medida para obligar a las empresas a aplicar acuerdos.

129 Por último, la demandante sostiene que las afirmaciones de la Comisión se fundan sólo en las declaraciones de Stora. Ahora bien, considera que estas declaraciones no tienen ningún valor probatorio, ya que esta empresa exageró el alcance de las infracciones con el fin de sustentar su testimonio y obtener posteriormente una reducción de la multa.

130 La Comisión alega que debe considerarse acreditado el hecho de que las empresas representadas en el seno del PWG celebraron acuerdos sobre proyectos de incrementos de precio, adoptando decisiones obligatorias relativas al calendario, al orden del anuncio por cada una de las empresas y a la cuantía de los incrementos (véanse los puntos 72 y 73 de la exposición de motivos de la Decisión). Así, los participantes en el cartel celebraron acuerdos sobre el comportamiento que deseaban adoptar en el mercado. Por consiguiente, debe concluirse que existió un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, ICI/Comisión, T-13/89, Rec. p. II-1021, apartado 253). Esta conclusión se ve confirmada, en particular, por la segunda declaración de Stora (anexo 39 del pliego de cargos), declaración que, sin embargo, no es el único elemento probatorio invocado por la Comisión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

131 La demandante admite su participación en una concertación sobre los incrementos de precio proyectados. Por lo demás, se ha considerado que esta participación comenzó en marzo de 1988 (véanse, supra, los apartados 98 y siguientes, en particular el apartado 118).

132 Según la Decisión, las empresas mencionadas en su artículo 1 habían determinado, «por acuerdo [...] los incrementos periódicos de precios que se debían aplicar en cada mercado nacional» (tercer guión del párrafo segundo del punto 130 de la exposición de motivos). La Comisión precisa que «el desarrollo de dicho plan a través de las iniciativas de precios bianuales no debe considerarse como constitutivo de una serie de distintos acuerdos o prácticas concertadas sino como parte integrante de un único e idéntico acuerdo permanente» (párrafo segundo del punto 131 de la exposición de motivos).

133 En el presente caso, procede, pues, verificar si la Comisión calificó correctamente de acuerdo la concertación sobre los precios en la que la demandante participó a partir de marzo de 1988.

134 Según jurisprudencia reiterada, para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 112, y Van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 86, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartado 256). Por consiguiente, en contra de lo que parece afirmar la demandante, no es preciso examinar si se tomaron medidas de sanción con el fin de obligar a las empresas a adoptar el comportamiento convenido.

135 Procede, pues, verificar si la Comisión ha probado que las empresas destinatarias de la Decisión habían expresado su voluntad común de adoptar, en materia de precios, determinado comportamiento en el mercado.

136 Por lo que se refiere a las iniciativas en materia de precios, Stora declaró, en particular, lo siguiente (puntos 27, 28 y 30 del anexo 39 del pliego de cargos):

«[...] en 1987, prácticamente se consiguió un equilibrio entre la capacidad y el consumo. Aquel año, la capacidad fue un 5 % superior al consumo. Esta discrepancia (que era, con diferencia, inferior a lo que la propia industria había conseguido hasta entonces) proporcionó al PWG la oportunidad de lograr un acuerdo sobre los incrementos de precios a partir de 1987 en la certeza de que estos incrementos se aplicarían con éxito. Cuando se presentó esta oportunidad, la preocupación de los fabricantes era recuperar las pérdidas sufridas durante los años precedentes.

El PWG consideró que debía aplicarse un primer incremento del 10 % en 1988. Ello representaba, por ejemplo, en el mercado francés, un aumento de 50 FF por cada 100 kilogramos, para las calidades GC, y de 35 FF por cada 100 kilogramos, para las calidades GD. Incrementos similares se aplicaron en otros países. Posteriormente se aceptaron aumentos en cantidades absolutas similares, reduciéndose, así, los porcentajes de incremento.

[...]

El PWG discutía y se ponía de acuerdo sobre la identidad del fabricante que sería el primero en anunciar cada incremento de precios y sobre las fechas en las que el resto de los principales fabricantes anunciarían sus incrementos. El esquema no era el mismo cada vez.»

137 Stora añade (puntos 13 y 14 del anexo 39 del pliego de cargos):

«[...] el JMC tenía como objetivo, entre otros, la elaboración de tarifas comparadas para algunos de los principales clientes y el desarrollo de los detalles de la ejecución, país por país, de las decisiones en materia de precios adoptadas por el PWG, tanto para las calidades GC como para las calidades GD.

El JMC discutía, mercado por mercado, la detallada ejecución de las decisiones en materia de precios adoptadas por el PWG, al que mantenía informado.»

138 Por consiguiente, según Stora, las empresas reunidas en el seno del PWG y del JMC expresaban su voluntad común de aplicar incrementos de precio idénticos y simultáneos en los diferentes mercados nacionales.

139 Las declaraciones de Stora sobre el particular se ven corroboradas por varias pruebas documentales invocadas por la Comisión en los puntos 74 y siguientes de la exposición de motivos de la Decisión.

140 A este respecto, basta con referirse a las tres listas de precios mencionadas en los apartados 79, 80 y 83 de la exposición de motivos de la Decisión. Las listas, obtenidas por la Comisión en Rena (anexos 110 y 111 del pliego de cargos) y en Finnboard (UK) Ltd, contienen indicaciones, para diferentes tipos de cartoncillo y para varios países comunitarios, sobre las fechas y las cuantías precisas de los incrementos de precio aplicados por las correspondientes empresas en abril de 1989, en septiembre/octubre de 1989 y en abril de 1990. Las indicaciones contenidas en las tres listas de precios coinciden, por lo que se refiere a las cuantías de los incrementos de precios y a las fechas de su aplicación, con los comportamientos efectivos en el mercado que se apreciaron en las empresas de que se trata (véanse los cuadros D, E y F del Anexo de la Decisión).

141 Además, la Comisión obtuvo en Rena unas notas manuscritas relativas a una reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990 (anexo 118 del pliego de cargos), que contienen, entre otros datos, los siguientes:

«Se anunciará el incremento de precios la próxima semana de septiembre

Francia 40 FF Países Bajos 14 HFL Alemania 12 DM Italia 80 LIT Bélgica 2,50 BFR Suiza 9 SFR Reino Unido 40 UKL Irlanda 45 IRL

Todas las calidades deberán incrementarse en una cuantía igual GD, UD, GT, GC, etc.

Sólo un incremento de precios cada año. Para entregas después del 7 de enero. No más tarde del 31 de enero. 14 de septiembre carta con incremento precios (Mayr-Melnhof). 19 de septiembre Feldmühle envía su carta. Cascades antes de finales de septiembre. Todos deben haber enviado sus cartas antes del 8 de octubre.»

142 La demandante no niega que las tres listas de precios mencionadas aluden a una concertación en materia de precios, ni que el anexo 118 del pliego de cargos se refiere a la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990.

143 Por consiguiente, sin que sea necesario examinar los demás elementos de prueba, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión ha probado que las empresas que participaron en las reuniones del PWG y del JMC habían expresado su voluntad común de aplicar incrementos de precio uniformes y simultáneos. La Comisión podía, pues, calificar de acuerdo los concursos de voluntades producidos entre la demandante y los demás productores de cartoncillo sobre las iniciativas en materia de precios.

144 Procede, pues, desestimar el presente motivo. Sobre la pretensión de anulación del artículo 2 de la Decisión

Alegaciones de las partes

145 Este motivo se compone de dos partes.

146 En una primera parte, la demandante sostiene que el artículo 2 de la Decisión está formulado de una manera demasiado vaga e imprecisa. Cualquier intercambio de información podría, en efecto, considerarse incluido en la prohibición que dicho artículo enuncia. En particular, siempre existe un riesgo de que las informaciones intercambiadas puedan utilizarse para una cooperación entre empresas. Asimismo, la prohibición relativa a los futuros intercambios de información es demasiado vaga en la medida en que prohíbe el intercambio de información que sea significativo desde el punto de vista de la competencia, ya que todo intercambio de información lo es.

147 En una segunda parte del motivo, la demandante sostiene que la Decisión constituye el primer ejemplo de una prohibición dirigida contra el intercambio de información, de forma global, sobre la recepción y cartera de pedidos y sobre el porcentaje previsto de utilización de la capacidad de producción, sin que pueda deducirse el comportamiento de cada empresa. Por ello, afirma que tal prohibición es contraria a la práctica anterior de la Comisión.

148 Además, asegura que un sistema de intercambio de información lo más preciso posible es indispensable en el sector del cartoncillo, habida cuenta de su utilidad para permitir a las empresas tomar decisiones empresariales de carácter individual, especialmente en relación con las inversiones.

149 Considera que la Comisión justifica la amplia prohibición del intercambio de información por el hecho de que las estadísticas son utilizadas de una forma que es contraria al artículo 85 del Tratado, por lo que debe deducirse que, según la propia Comisión, no son las estadísticas, en sí, sino el uso que se hace de ellas, lo que vulnera el Tratado.

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0317.1

150 La Comisión niega, por lo que se refiere a la primera parte del motivo, que la prohibición del intercambio de información en el futuro sea demasiado imprecisa. En efecto, basta con que la parte dispositiva y los motivos de la Decisión indiquen el comportamiento contrario a la competencia que debe ser suprimido (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 122 a 124). En el presente caso, las letras a), b) y c) del párrafo primero del artículo 2 de la Decisión ya contienen una descripción detallada de la naturaleza del intercambio de informaciones inadmisible. Además, las comprobaciones de hecho relativas a la información intercambiada se exponen detalladamente en los puntos 61 a 68, 105 y 106 de la exposición de motivos de la Decisión. A mayor abundamiento, la Decisión contiene una descripción precisa de los efectos restrictivos que el intercambio de información provocó en las condiciones de competencia (puntos 134 y 166 de la exposición de motivos). Por consiguiente, el alcance de la prohibición resulta claramente de una lectura conjunta del artículo 2 de la Decisión y de los motivos de ésta.

151 Señala que los párrafos segundo y tercero del artículo 2 de la Decisión sólo contienen explicaciones relativas a la forma que puede revestir un intercambio de información admisible.

152 Por lo que se refiere a la segunda parte del motivo, la Comisión sostiene haber actuado correctamente al considerar que el intercambio de datos globales relativos a la situación de recepción y cartera de pedidos y a la utilización prevista de la capacidad de producción era ilegal.

153 Subraya que la prohibición enunciada en el artículo 2 de la Decisión debe entenderse en el contexto de las afirmaciones efectuadas en los puntos 68 a 70 de la exposición de motivos. Así, la prohibición de intercambiar información global sólo se refiere a la información sobre la recepción y cartera de pedidos y la utilización de la capacidad. La apreciación del intercambio de este tipo de información debe tener en cuenta la estructura del mercado examinado, que se caracteriza por un elevado grado de concentración y una gran homogeneidad de los productos. Debido a la antigua colaboración en el seno del GEP Cartoncillo, los productores tienen un excelente conocimiento de la estructura y de la política de las diferentes empresas.

154 En mercados concentrados, la reserva de competencia reside principalmente en la incertidumbre y el secreto entre los principales operadores. Pues bien, el intercambio, con gran periodicidad, de información sobre los pedidos en cartera y sobre la utilización de la capacidad hace el mercado tan transparente que la reserva de competencia que subsiste ya no puede, a fin de cuentas, movilizarse. En efecto, gracias a esta información, los productores pueden programar las interrupciones de la producción a nivel sectorial, con el fin de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que les permite evitar las bajadas de precios en caso de retroceso de la demanda y, en caso de fuerte demanda, imponer incrementos de precios.

155 Afirma que el intercambio de tal información suprime la incertidumbre y el secreto entre operadores, lo cual fomenta un comportamiento común en todo el sector, tanto más cuanto que tales estadísticas fueron efectivamente utilizadas para coordinar el comportamiento comercial a nivel sectorial. La restricción de la competencia resulta del mismo intercambio, con gran periodicidad, de información global sobre los pedidos en cartera y sobre la utilización de la capacidad. Por consiguiente, la Comisión asegura haber actuado correctamente al considerar que el intercambio de tales informaciones, incluso globales, era contrario al apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

156 Debe recordarse que el artículo 2 de la Decisión dispone lo siguiente:

«Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán término a la infracción de forma inmediata, si todavía no lo hubieren hecho. Asimismo, y por lo que a sus actividades relacionadas con el cartoncillo se refiere, se abstendrán en lo sucesivo de cualquier acuerdo o práctica concertada cuyo objeto o efecto pudiera ser similar, así como de efectuar cualquier intercambio de información comercial:

a) mediante el cual se informe directa o indirectamente a los participantes sobre la producción, ventas, cartera de pedidos, porcentaje de utilización de las máquinas, costes de los precios de venta o planes de mercadotecnia de los demás fabricantes; o

b) mediante la cual, aun cuando no se revele información concreta alguna, se promueva, facilite o fomente una respuesta común del sector frente a las condiciones económicas por lo que al precio o al control de la producción se refiere; o

c) mediante la cual pudieran controlar la adhesión o el cumplimiento de cualquier acuerdo formal o tácito referente a los precios o al reparto de las cuotas de mercado en la Comunidad.

Cualquier sistema de intercambio de información general al que se adhieran (tal como el sistema FIDES, o su sucesor) será elaborado de tal forma que excluya no sólo cualquier información a partir de la cual se pueda determinar la conducta de cada fabricante, sino también todos los datos relativos a la situación actual de recepción y cartera de pedidos, el porcentaje previsto de utilización de capacidad de producción (en ambos casos, aun con datos globales) o la capacidad de producción de cada máquina.

Dicho sistema de intercambio se limitará a recopilar y difundir datos globales correspondientes a las estadísticas de producción y ventas que no puedan ser utilizados para promover o facilitar un comportamiento común del sector.

Se exige también a las empresas que se abstengan de realizar cualquier intercambio de información significativa desde el punto de vista de la competencia, distinto del autorizado, y de celebrar cualquier reunión o contacto de otro tipo con objeto de discutir el significado de la información intercambiada, así como la posible o probable reacción del sector o de los fabricantes frente a tal información.

Se concederá un período de tres meses a partir de la fecha en que se comunique la presente Decisión con objeto de efectuar las modificaciones necesarias en los sistemas de intercambio de información.»

157 Según el punto 165 de la exposición de motivos, la Decisión fue adoptada en virtud del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17. Con arreglo a dicha disposición, si la Comisión comprobare una infracción, en este caso, del artículo 85 del Tratado, puede obligar, mediante Decisión, a las empresas interesadas a poner fin a la infracción comprobada.

158 Según reiterada jurisprudencia, la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales (sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión, asuntos acumulados 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado 45, y de 6 de abril de 1995, RTE e ITP/Comisión, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, Rec. p. I-743, apartado 90), pero también la de emprender en el futuro una conducta similar (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T-83/91, Rec. p. II-755, apartado 220).

159 Además, en la medida en que la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido (sentencia RTE e ITP/Comisión, antes citada, apartado 93; véanse, en el mismo sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 1995, Langnese-Iglo/Comisión, T-7/93, Rec. p. II-1533, apartado 209, y Schöller/Comisión, T-9/93, Rec. p. II-1611, apartado 163).

160 En el caso de autos, para comprobar si, como afirma la demandante, la orden conminatoria contenida en el artículo 2 de la Decisión tiene un alcance demasiado vasto, procede examinar la extensión de las diferentes prohibiciones que impone a las empresas.

161 En cuanto a la prohibición formulada en la segunda frase del párrafo primero del artículo 2, que obliga a las empresas a abstenerse en lo sucesivo de cualquier acuerdo o práctica concertada cuyo objeto o efecto pueda ser idéntico o similar al de las infracciones apreciadas en el artículo 1 de la Decisión, tal prohibición tiene como único objetivo impedir que las empresas repitan las conductas cuya ilegalidad se ha declarado. Por consiguiente, al imponer tal prohibición, la Comisión no rebasó los límites de las facultades que le confiere el artículo 3 del Reglamento nº 17.

162 En cuanto a las letras a), b) y c) del párrafo primero del artículo 2, las disposiciones allí contenidas contemplan más específicamente prohibiciones de futuros intercambios de información comercial.

163 La orden conminatoria contenida en la letra a) del párrafo primero del artículo 2, que prohíbe en el futuro cualquier intercambio de información comercial que permita a los participantes obtener directa o indirectamente datos individuales sobre empresas competidoras, supone que la Comisión apreciara en su Decisión la ilegalidad de un intercambio de información de tal naturaleza a la luz del apartado 1 del artículo 85.

164 A este respecto, debe señalarse que el artículo 1 de la Decisión no dice que el intercambio de información comercial individual constituya, en sí mismo, una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

165 Establece, en términos más generales, que las empresas infringieron dicho artículo del Tratado al participar en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales, entre otras imputaciones, las empresas «intercambiaban información comercial (sobre entregas, precios, interrupciones de la producción, carteras de pedidos y porcentajes de utilización de la maquinaria) para reforzar las medidas antes citadas».

166 No obstante, dado que la parte dispositiva de la Decisión debe interpretarse a la luz de sus motivos (sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, antes citada, apartado 122), debe observarse que el párrafo segundo del punto 134 de la exposición de motivos de la Decisión indica lo siguiente:

«El intercambio de información comercial individual, que, por lo general, era confidencial y sensible, durante las reuniones del PG Paperboard (principalmente el JMC) sobre cartera de pedidos, interrupciones de la producción e índices de producción, era evidentemente contrario a la competencia y tenía como fin garantizar que las condiciones para aplicar las iniciativas de precios concertadas fuesen lo más propicias posible. [...]»

167 Por consiguiente, dado que, en su Decisión, la Comisión consideró correctamente que el intercambio de información comercial individual constituía, en sí, una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, la prohibición futura de semejante intercambio de información cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17.

168 En cuanto a las prohibiciones relativas a los intercambios de información comercial contenidas en las letras b) y c) del párrafo primero del artículo 2 de la Decisión, tales prohibiciones deben examinarse a la luz de los párrafos segundo, tercero y cuarto de ese mismo artículo, que refuerzan su contenido. En efecto, éste es el contexto que procede considerar para determinar si, y en caso afirmativo, en qué medida, la Comisión consideró ilegales los intercambios de que se trata, ya que el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas debe limitarse a lo necesario para restablecer la legalidad de sus conductas con respecto al apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

169 La Decisión debe interpretarse en el sentido de que la Comisión consideró que el sistema FIDES era contrario al apartado 1 del artículo 85 por cuanto servía de sostén a la práctica colusoria apreciada (párrafo tercero del punto 134 de la exposición de motivos de la Decisión). Tal interpretación resulta corroborada por el tenor del artículo 1 de la Decisión, según el cual las empresas intercambiaron la información comercial «para reforzar las medidas» consideradas contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

170 El alcance de las prohibiciones para el futuro contenidas en las letras b) y c) del párrafo primero del artículo 2 de la Decisión debe apreciarse a la luz de esta interpretación de la compatibilidad, en el presente caso, del sistema FIDES con el artículo 85 del Tratado realizada por la Comisión.

171 A este respecto, algunas de las prohibiciones no se limitan a los intercambios de información comercial individual, sino que se refieren también a los de determinados datos estadísticos globales [letra b) del párrafo primero y párrafo segundo del artículo 2 de la Decisión]. Por otra parte, las letras b) y c) del párrafo primero del artículo 2 de la Decisión prohíben el intercambio de determinados datos estadísticos, con el fin de prevenir el establecimiento de un posible cimiento de potenciales conductas contrarias a la competencia.

172 Semejante prohibición, por cuanto destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable, debido a que la información intercambiada podría utilizarse con fines contrarios a la competencia, excede de lo necesario para restablecer la legalidad de las conductas comprobadas. En efecto, por una parte, no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que el intercambio de datos estadísticos constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Por otra parte, el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

173 En virtud de lo expuesto, procede anular los párrafos primero a cuarto del artículo 2 de la Decisión, con excepción de los siguientes pasajes:

«Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán término a la infracción de forma inmediata, si todavía no lo hubieren hecho. Asimismo, y por lo que a sus actividades relacionadas con el cartoncillo se refiere, se abstendrán en lo sucesivo de cualquier acuerdo o práctica concertada cuyo objeto o efecto pudiera ser similar, así como de efectuar cualquier intercambio de información comercial:

a) mediante el cual se informe directa o indirectamente a los participantes sobre la producción, ventas, cartera de pedidos, porcentaje de utilización de las máquinas, costes de los precios de venta o planes de mercadotecnia de los demás fabricantes.

Cualquier sistema de intercambio de información general al que se adhieran (tal como el sistema FIDES, o su sucesor) será elaborado de tal forma que excluya cualquier información a partir de la cual se pueda determinar la conducta de cada fabricante.»

Sobre la pretensión de anulación de la multa o de reducción de su cuantía

Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 190 del Tratado respecto al cálculo de las multas

Alegaciones de las partes

174 La demandante alega que la Decisión contiene una motivación insuficiente, ya que las empresas destinatarias no pudieron verificar, por una parte, si el importe de la multa que se les imponía estaba justificado y, por otra parte, si la multa era proporcionada en comparación con las multas impuestas a las demás empresas. En efecto, las Decisiones de la Comisión deben contener una motivación sufici