Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre la renta — Normativa nacional que exige a los contribuyentes no residentes la designación de un representante fiscal

(Art. 56 CE; Directiva 77/799/CEE del Consejo)

2. Acuerdos internacionales — Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo — Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre la renta — Normativa nacional que exige a los contribuyentes no residentes la designación de un representante fiscal

(Acuerdo EEE, art. 40; Directivas del Consejo 77/799/CEE y 2008/55/CE)

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1. Si bien la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasión fiscal pueden constituir una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, sólo cabe admitir tal justificación cuando tenga por objeto montajes puramente artificiales destinados a eludir la norma fiscal, lo que excluye toda presunción general de fraude. Una presunción general de evasión o fraude fiscal no puede bastar para justificar una medida fiscal que vaya en detrimento de los objetivos del Tratado. La obligación de designar un representante fiscal, al imponerse a todos los contribuyentes no residentes que perciben rentas sujetas a la presentación de una declaración fiscal, hace recaer en toda una categoría de contribuyentes, por el mero hecho de no ser residentes, una presunción de evasión o fraude fiscal que no puede por sí sola justificar el menoscabo de los objetivos del Tratado.

Esta obligación constituye una restricción a la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 56 CE que no puede considerarse justificada, habida cuenta de que excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo y de que no se ha acreditado que los instrumentos de asistencia mutua, de los que dispone cada Estado miembro en virtud de la Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos, sean insuficientes para alcanzar el mismo objetivo.

Por consiguiente, incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE el Estado miembro que mantenga en vigor una normativa fiscal que exige a los contribuyentes no residentes la designación de un representante fiscal en dicho Estado miembro cuando perciben rentas que requieren la presentación de declaración.

(véanse los apartados 38, 42, 43, 53 y 61 y el punto 1 del fallo)

2. Si bien las restricciones a la libre circulación de capitales entre nacionales de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) deben apreciarse a la luz del artículo 40 y del anexo XII de dicho Acuerdo, estas estipulaciones revisten el mismo alcance jurídico que las disposiciones del artículo 56 CE, que son fundamentalmente idénticas. Sin embargo, la jurisprudencia relativa a las restricciones al ejercicio de las libertades de circulación en el seno de la Unión no puede aplicarse íntegramente a los movimientos de capital entre los Estados miembros y los Estados terceros, puesto que tales movimientos se inscriben en un contexto jurídico distinto.

En consecuencia, la circunstancia de que la obligación de designar un representante fiscal, impuesta por la legislación de un Estado miembro a los no residentes, constituya una restricción no justificada con arreglo al artículo 56 CE no excluye que dicha restricción pueda estar justificada a la luz del artículo 40 del Acuerdo EEE.

En efecto, en la medida en que, por un lado, el marco de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros que se establece en la Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos, y en la Directiva 2008/55, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas, no está presente en las relaciones entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las autoridades competentes de un Estado tercero que no haya contraído ningún compromiso de asistencia mutua, y en que, por otro lado, los convenios celebrados por el Estado miembro de que se trate con Estados que pertenecen al EEE pero no son miembros de la Unión no incluyan efectivamente instrumentos de intercambio de información suficientes para verificar y controlar las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos residentes en dichos Estados, la obligación de designar un representante fiscal, en la medida en que atañe a los contribuyentes residentes en Estados parte del Acuerdo EEE que no son miembros de la Unión, no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasión fiscal.

(véanse los apartados 51, 52 y 54 a 57)