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A este respecto, el Presidente del Tribunal General recordó, en los apartados 24 a 31 del citado auto, los principios que emanan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General en la materia. Al hilo de esos principios, en los apartados 32 a 48 del auto recurrido consideró lo siguiente: «32 Procede señalar en el presente asunto, con carácter preliminar, que las demandantes, apoyándose en el apartado 38 del auto [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 10 de septiembre de 2013, Comisión/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], alegan que, dado que se solicita la protección cautelar para información supuestamente confidencial, la apreciación de la existencia de un perjuicio grave e irreparable debe partir necesariamente de la premisa de que la información supuestamente confidencial lo era efectivamente. 33 Ahora bien, debe señalarse que los hechos del asunto en el que se dictó el auto [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 10 de septiembre de 2013, Comisión/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], al igual que los del asunto en el que se dictó el auto [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión (C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142), son radicalmente distintos a los del presente asunto. 34 En efecto, tal como se desprende, en particular, de los apartados 18 y 38 del auto [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 10 de septiembre de 2013, Comisión/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], Pilkington Group Ltd rebatió en su recurso de anulación la apreciación de la Comisión según la cual la información cuya divulgación se pretendía en aplicación del artículo 30, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2003 no era constitutiva de secreto comercial en el sentido, en particular, del artículo 339 TFUE, así como del artículo 28, apartado 1, y del artículo 30, apartado 2, de dicho Reglamento. Por consiguiente, las consideraciones que el juez de medidas provisionales tuvo en cuenta para concluir en ese asunto que se había acreditado el requisito de urgencia partían de la premisa, como señala expresamente el apartado 47 de dicho auto, de que la información en cuestión en aquel asunto estaba amparada por el secreto profesional. 35 Asimismo, del apartado 84 del auto [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión (C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142), se desprende que Evonik Degussa GmbH rebatió la apreciación de que la información en cuestión no era constitutiva de secreto comercial ni estaba amparada por el secreto profesional. 36 Por otro lado, las partes demandantes en los asuntos en los que se dictaron los autos [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 10 de septiembre de 2013, Comisión/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], y de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión (C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142), alegaron, tal como resulta de los apartados 47 y 83 de dichos autos, respectivamente, que la publicación de la información en cuestión podía perjudicarlas por la propia naturaleza de esa información. 37 En cambio, en el presente asunto, procede señalar en primer lugar que las demandantes no alegan que la información de que se trata esté amparada por el secreto comercial. 38 En segundo lugar, aparte de la afirmación de que la información de que se trata es confidencial, la demanda de medidas provisionales contiene pocos elementos específicos sobre la naturaleza y el contenido de los elementos para los que las demandantes reclaman la confidencialidad. 39 En tercer lugar, las demandantes no tratan de demostrar que la información de que se trata revista una sensibilidad comercial intrínseca que pueda ser explotada por sus competidores en el marco del funcionamiento normal de la competencia. 40 En cuarto lugar, en la medida en que las demandantes sostienen que la información de que se trata “comporta pruebas de la infracción [y] revela detalladamente la infracción, en particular los nombres de los clientes y de los proyectos afectados por el comportamiento y determinados datos sobre los precios facturados y los objetivos perseguidos por los participantes, […] así como la relación de causalidad entre dicho perjuicio y la infracción”, se remiten a los considerandos 284, 372, letra g), y 436 de la Decisión cables eléctricos, como “ejemplos claros del tipo de información” al que las demandantes se refieren. 41 Sin embargo, los considerandos 284, 372, letra g), y 436 de la Decisión cables eléctricos no mencionan los “nombres de los clientes y de los proyectos afectados”, ni contienen, en particular, “datos sobre los precios facturados”. 42 En quinto lugar, de la jurisprudencia resulta que los datos que han sido secretos o confidenciales, pero que tienen cinco o más años de antigüedad, debido al transcurso del tiempo, deben tener la consideración, en principio, de históricos, lo que les ha hecho perder su carácter secreto o confidencial, salvo que, de manera excepcional, la parte que alega ese carácter demuestre que, a pesar de su antigüedad, esos datos siguen constituyendo elementos esenciales de su posición comercial o de la de terceros afectados. Estas consideraciones, que conducen a una presunción que admite prueba en contrario, son válidas tanto en el ámbito de las solicitudes de tratamiento confidencial respecto a partes que intervengan como coadyuvantes en recursos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión como en el de las solicitudes de confidencialidad frente a la publicación por parte de la Comisión de una Decisión por la que se declara una infracción del Derecho de competencia (sentencia de 14 de marzo de 2017, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P, EU:C:2017:205, apartado 64). 43 Pues bien, en el caso de autos, la información de que se trata fue recabada en la inspección de 2009. Sin embargo, las demandantes no tratan de fundamentar las razones por las que la información de que se trata, debido a su naturaleza, no había perdido su carácter secreto o confidencial pese al transcurso del tiempo. 44 En sexto lugar, las demandantes no tratan de demostrar la confidencialidad de la información de que se trata en relación con su propia naturaleza, sino argumentando que su derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la presunción de inocencia requieren que tal información no sea divulgada antes de que se declare la legalidad de su obtención en el marco del asunto T‑449/14. 45 En séptimo lugar, procede recordar que, según la jurisprudencia, el examen de si la información está amparada por el secreto profesional se efectúa, de manera general, mediante un análisis en tres etapas, a saber, en primer lugar, que esa información solo se conozca por un número restringido de personas, en segundo lugar, que su divulgación pueda causar un perjuicio grave a la persona que la ha proporcionado o a terceros y, en tercer y último lugar, que los intereses que pueden quedar lesionados por la divulgación de tal información sean objetivamente dignos de protección (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2015, Evonik Degussa/Comisión, T‑341/12, EU:T:2015:51, apartado 94 y jurisprudencia citada). 46 De este modo, el examen del requisito relativo a la urgencia se solapa, en cierta medida, con el examen de si la información de que se trata debe considerarse amparada por el secreto profesional que, en el ámbito de un procedimiento sobre medidas provisionales, está comprendido en el examen del fumus boni iuris. 47 En estas circunstancias, la mera alegación —por lo demás no acreditada en modo alguno— de que la información cuya divulgación resulta controvertida está amparada por el secreto profesional no puede bastar —so pena de falsear el análisis del requisito relativo a la urgencia—para demostrar la premisa de que tal información está amparada por el secreto profesional. 48 Por tanto, a diferencia de los asuntos en los que recayeron los autos [del Vicepresidente del Tribunal de Justicia] de 10 de septiembre de 2013, Comisión/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], y de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión (C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142), el análisis de la urgencia en el presente asunto no puede partir de la premisa de que la información de que se trata está amparada por el secreto profesional.»