ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
12

Las disposiciones de la Directiva 1999/32 sobre el contenido máximo de azufre autorizado en los combustibles para uso marítimo fueron transpuestas al Derecho italiano por los artículos 295 y 296 del Decreto Legislativo no 152, de 3 de abril de 2006 (suplemento ordinario de la GURI no 88, de 14 de abril de 2006), modificado en particular por el Decreto Legislativo no 205, de 6 de noviembre de 2007, de aplicación de la Directiva 2005/33, que modificó la Directiva 1999/32 en lo referido al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo (suplemento ordinario de la GURI no 261, de 9 de noviembre de 2007, en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 152/2006»).
—

Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Decisiones de la Comisión 2002/820/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empresas de Álava en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2002, L 296, p. 1); 2002/892/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación de Álava (DO 2002, L 314, p. 1); 2003/27/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empresas de Vizcaya en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2003, L 17, p. 1); 2002/806/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España en favor de algunas empresas de reciente creación en Vizcaya (DO 2002, L 279, p. 35); 2002/894/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empresas de Guipúzcoa en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (DO 2002, L 314, p. 26), y 2002/540/CE, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación en Guipúzcoa (DO 2002, L 174, p. 31) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisiones controvertidas»), así como del artículo 260 TFUE, al no haber adoptado todas las medidas que implica la ejecución de la sentencia Comisión/España, C‑485/03 a C‑490/03, EU:C:2006:777, relativa al incumplimiento de las obligaciones que incumben al Reino de España en virtud de las citadas Decisiones.
51

Esta disposición confiere sobre el particular al Tribunal de Justicia una amplia facultad de apreciación para decidir si procede o no imponer tal sanción y determinar, en su caso, su importe. En particular, la condena de un Estado miembro a una suma a tanto alzado no puede revestir un carácter automático (véase la sentencia Comisión/República Checa, antes citada, apartado 42 y jurisprudencia citada).
2)

¿Es compatible con lo dispuesto en el artículo 11, parte A, apartado 3, letra c), de la [Sexta Directiva] [actual artículo 79, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2006/112] y, en particular, con el concepto de “sumas que un sujeto pasivo reciba del comprador de los bienes o del destinatario de la prestación en reembolso de los gastos pagados en nombre y por cuenta de estos últimos y que figuren en su contabilidad en cuentas específicas”, el artículo 16, apartado 6, letra c), del CIVA, tal como se interpreta en la sentencia recurrida (en el sentido de que la tasa de exhibición de publicidad comercial no constituye un importe pagado en nombre y por cuenta del destinatario de los servicios, aunque se contabilice en cuentas […] específicas y se destine a entidades públicas, por lo que no queda excluida de la base imponible a efectos del IVA)?»
38

Por lo que atañe a las versiones del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78 redactadas en las demás lenguas de la Unión, procede señalar que éstas mencionan de modo explícito, al igual que la versión francesa reproducida en el apartado 35 de la presente sentencia, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez de optar a las mismas. Con carácter indicativo, la versión española de dicha disposición se refiere a «la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas», la versión alemana utiliza los términos «bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität», la versión inglesa menciona «the fixing for occupational social security schemes of ages for admission or entitlement to retirement or invalidity benefits», y la versión polaca emplea los términos «ustalanie, dla systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, wieku przyznania lub nabycia praw do świadczeń emerytalnych lub inwalidzkich».
16

Observó que, a falta de una decisión de rechazo de la Comisión, el PNA notificado se convertía en definitivo y gozaba de una presunción de legalidad que permitía al Estado miembro ejecutarlo. Añadió que de su jurisprudencia no se desprendía que la aceptación por la Comisión de las enmiendas aportadas al PNA debiera ser objeto de una decisión formal por parte de ésta. Al contrario, tal interpretación, por un lado, iría en contra del principio según el cual la Comisión no tiene una facultad general de autorización del PNA y, por otro, no sería conforme con la lógica interna del artículo 9, apartado 3, tercera frase, de la Directiva 2003/87, que no se refiere a una decisión de autorización, sino a una decisión de rechazo.
20

La NÖ-LLWK estima que, en el litigio principal, la mera llegada del contrato a su término es suficiente para extinguir la relación laboral. Pues bien, la relación laboral de la Sra. Kuso no se extinguió en virtud de despido, sino porque el contrato de trabajo de duración determinada llegó a su término. Teniendo en cuenta que la letra c) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se refiere únicamente a los despidos, no puede invocarse esa disposición. Por otra parte, dado que la reglamentación laboral por la que se rige el contrato de trabajo controvertido en el litigio principal es anterior a la adhesión de la República de Austria a la Unión Europea, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no puede ser constitutiva de una discriminación en el sentido de la citada Directiva. Así pues, la NÖ-LLWK considera que la cuestión planteada debe considerarse únicamente desde el punto de vista de una «condición de contratación», lo que implica que dicha cuestión tenga que examinarse a la luz de la letra a) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 76/207.
13

En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Wien decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone el Derecho de la Unión, considerando especialmente la sentencia [Pfleiderer, antes citada], a una disposición nacional del Derecho de la competencia, conforme a la cual, la concesión del acceso a expedientes del Kartellgericht a terceros que no son parte en el procedimiento, con el fin de preparar una demanda por daños y perjuicios contra partícipes en una práctica colusoria, se supedita (también), en procedimientos en los que se haya aplicado el artículo 101 [TFUE] o el artículo 102 [TFUE], en relación con el Reglamento [(CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1)], al consentimiento de todas las partes del procedimiento, sin excepción, y que no permite al órgano jurisdiccional ponderar, caso por caso, los intereses protegidos por el Derecho de la Unión para determinar las condiciones en que se autoriza o deniega el acceso a los expedientes? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: 2) ¿Se opone el Derecho de la Unión a una disposición nacional de este tipo cuando dicha disposición se aplica igualmente a un procedimiento puramente nacional en materia de conductas colusorias sin establecer tampoco ninguna regla específica para los documentos puestos a disposición por los candidatos a la clemencia, pese a que las disposiciones nacionales similares permiten, en otras clases de procedimientos, en particular, los procedimientos civiles de jurisdicción contenciosa y voluntaria y el proceso penal, el acceso a los expedientes de un tribunal sin el consentimiento de las partes, siempre que el tercero que no es parte en el procedimiento acredite un interés jurídico en acceder a los expedientes y que no se opongan a dicho acceso intereses superiores de otras personas o intereses públicos superiores?»
12

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27 de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento no 1260/2001 del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del sector del azúcar utilizados en la industria química (DO L 178, p. 63), dispone: «1. A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por “productos de base”: a) los productos mencionados en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento […] no 1260/2001 y b) los jarabes de azúcar mencionados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento […] no 1260/2001 de los códigos NC ex 1702 60 95 y ex 1702 90 99, con una pureza mínima de un 85 %, que se utilicen para la fabricación de los productos de la industria química enumerados en el anexo I del presente Reglamento. [...]»
48

En cambio, no cabe excluir que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/83 pueda ser invocado por la República Federal de Alemania en relación con la puesta a disposición de un medicamento autorizado, como Avastin, para indicaciones terapéuticas no incluidas en la autorización de comercialización, cuando tal elaboración se realiza de acuerdo con la prescripción de un facultativo reconocido y que la destina a un paciente individual, bajo su responsabilidad personal directa. En efecto, sobre este particular, ya que los principios activos de Avastin y Lucentis son distintos, un médico puede, frente a una patología determinada y basándose únicamente en consideraciones terapéuticas propias de sus pacientes, incluso por lo que respecta a las modalidades de administración del medicamento, considerar que un tratamiento no incluido en la autorización de comercialización, según la forma galénica y la posología que considere apropiadas y mediante Avastin, que dispone de una autorización de comercialización comunitaria, es preferible a un tratamiento mediante Lucentis.
23

El 24 de noviembre de 1999, basándose en los documentos remitidos por el Arbeidsrechtbank te Tongeren, la SV neerlandesa consideró que durante el período controvertido el Sr. Mulders no estuvo asegurado con arreglo a la AOW neerlandesa. A juicio de la SV neerlandesa, dado que el Sr. Mulders había dejado de trabajar en los Países Bajos de modo definitivo el 10 de febrero de 1982, su situación, por lo que respecta al seguro de vejez, debía ser apreciada desde esa fecha basándose exclusivamente en la normativa neerlandesa, pues ya no estaba sometido a las normas para determinar la legislación aplicable previstas por el Reglamento no 1408/71. La SV neerlandesa alegó asimismo que, por lo que respecta al período comprendido entre el 10 de febrero de 1982 y el 25 de octubre de 1997, el Sr. Mulders no cumplía ni con el artículo 6, apartado 1, letra b), de la AOW neerlandesa –que establece que, para estar asegurado con arreglo a dicha Ley, quien no resida en los Países Bajos debe haber tenido en dicho Estado miembro un trabajo sometido al impuesto sobre la renta–, ni con la normativa neerlandesa, que impide la acumulación de la prestación WAO y de prestaciones percibidas de conformidad con una normativa extranjera.
32

Por último, el hecho de que el gestor externo no haya actuado en virtud de un mandato en el sentido del artículo 5 octies de la Directiva 85/611, en su versión modificada por la Directiva 2001/107, no puede influir en la inclusión de los servicios de asesoramiento e información prestados por el citado gestor externo en la categoría de servicios específicos comprendidos en las actividades de «gestión» de un fondo común de inversión en el sentido del artículo 13, parte B, letra d), número 6, de la Sexta Directiva. Es cierto que, en el asunto principal, los servicios de asesoramiento se prestaron por GfBk, pese a que la versión en vigor de la Directiva 85/611 no autorizaba a las sociedades de gestión a otorgar delegaciones a terceros con objeto de realizar sus actividades de manera más eficaz. No obstante, conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de neutralidad fiscal se opone en materia de percepción del IVA a una diferenciación entre operaciones lícitas e ilícitas (véanse, en particular, la sentencia de 11 de junio de 1998, Fischer, C-283/95, Rec. p. I-3369, apartado 21, y el auto de 7 de julio de 2010, Curia, C-381/09, apartados 18, 21 y 23).
3

Los considerandos 5, 21 y 22 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1009/2008 del Consejo, de 9 de octubre de 2008 (DO L 276, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1782/2003»), indicaban lo siguiente: «(5) Con objeto de lograr un mayor equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, procede introducir un sistema de reducción progresiva de los pagos directos, que tenga carácter obligatorio a escala comunitaria, de cara al período 2005-2012. A partir de ciertos importes, todos los pagos directos deben reducirse cada año en un determinado porcentaje. El ahorro realizado ha de servir para financiar medidas de desarrollo rural y distribuirse entre los Estados miembros con arreglo a criterios objetivos aún por definir. No obstante, resulta oportuno establecer que los Estados miembros que hayan generado dicho ahorro conserven un determinado porcentaje del mismo. Hasta 2005, los Estados miembros pueden seguir aplicando el actual sistema de modulación de carácter facultativo previsto en el Reglamento (CE) no 1259/1999, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común […]. [...] (21) Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la política agrícola común prevén ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, conviene no abonar ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos. (22) Los regímenes comunes de ayuda deben adaptarse a la evolución de la situación, si es necesario en un breve plazo. En consecuencia, los beneficiarios no pueden dar por sentado que las condiciones de la ayuda permanecerán invariables y deben estar preparados para una posible revisión de los regímenes a la luz de la evolución de los mercados.»
19

En la vista celebrada el 22 de febrero de 2011 en la Curtea de Apel de Constanța, el Sr. Radu se opuso a la ejecución de las órdenes de detención europeas dictadas en su contra. En este sentido alegó, en primer término, que en la fecha de adopción de la Decisión marco 2002/584, ni los derechos fundamentales consagrados por el CEDH ni los que reconoce la Carta habían sido expresamente incorporados en los Tratados constitutivos de la Unión. Ahora bien, según el Sr. Radu, en virtud del artículo 6 TUE, las disposiciones tanto de la Carta como del CEDH han adquirido la condición de disposiciones de Derecho primario de la Unión y, en consecuencia, la Decisión marco 2002/584 debe actualmente interpretarse y aplicarse de conformidad con la Carta y el CEDH. A continuación, el Sr. Radu destacó que esta Decisión marco no había sido aplicada de forma coherente por los Estados miembros. En particular, afirmó que la normativa alemana de transposición de la Decisión marco había sido declarada inconstitucional y nula por el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional federal) (Alemania) en su sentencia de 18 de julio de 2005, antes de que se aprobara una nueva ley. Pues bien, a su juicio, la ejecución de una orden de detención europea se encuentra supeditada al requisito de reciprocidad. Por último, el Sr. Radu sostuvo que las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución debían comprobar si se respetaba en el Estado miembro emisor los derechos fundamentales reconocidos por la Carta y el CEDH. A su entender, en caso contrario, estas autoridades están facultadas para denegar la ejecución de la correspondiente orden de detención europea, aunque este motivo de no ejecución no esté expresamente contemplado en la Decisión marco 2002/584.
2

Esa petición de ha presentado en el marco de un litigio entre la Grande Área Metropolitana do Porto (en lo sucesivo, «GAMP»), una asociación de municipios, y varias autoridades nacionales, representadas por la Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano (Comisión directiva del programa operativo Potencial Humano), el Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, actualmente Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, actualmente Ministerio de Agricultura, del Mar y de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio) y el Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministerio de Trabajo y de Solidaridad Social), acerca de la utilización de fondos de la Unión Europea.
38

Los Gobiernos y la institución mencionados alegan en esencia que los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, guardan relación con situaciones totalmente excepcionales en las que la aplicación de una medida nacional llevaría a la privación del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión. En el presente caso, no obstante, los hechos que originaron los litigios principales difieren sustancialmente, según ellos, de los que dieron lugar a dicha sentencia. En efecto, los Sres. O. y M. no son los padres biológicos de los niños de corta edad que son ciudadanos de la Unión y de los que pretenden hacer derivar su derecho al permiso de residencia. Aquéllos no tienen la guarda y custodia de estos menores. Además, las madres de los niños disfrutan ellas mismas de un derecho de residencia permanente en Finlandia, por lo que sus hijos, ciudadanos de la Unión, no están obligados a abandonar el territorio de la Unión, a diferencia de los menores de que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada. Si las madres de dichos ciudadanos de la Unión decidiesen abandonar el territorio de la Unión a fin de preservar la unidad familiar, no se trataría de una consecuencia ineludible de la denegación del derecho de residencia a sus cónyuges.
72

Procede señalar que, en los apartados 191 a 193 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, tras haber expuesto las razones por los que consideraba que la aportación de capital controvertida se había concedido en un momento en el que la Comisión ya había indicado que con tal financiación podía constituir una ayuda de Estado, expuso lo siguiente: «191 Por lo que se refiere a las alegaciones de las demandantes de que, por lo que respecta a aeropuertos como el de Leipzig-Halle, no existía mercado en el momento en que se adoptó la decisión de habilitar la pista sur, ya que estos aeropuertos no ejercen una actividad económica y no compiten entre sí, basta, en primer lugar, recordar que, en relación con el primer motivo, se declaró que FLH ejerce una actividad económica y compite con otros aeropuertos […], y, en segundo lugar, señalar que ningún elemento permite considerar que no fuera ésta la situación en el momento en que se concedió la aportación de capital. Por su parte, la evolución mencionada por la Comisión en las Directrices de 2005 es anterior a la decisión, adoptada en 2004, de financiar la pista sur. En efecto, la Comisión se refiere, en el apartado 5 de estas Directrices, a una evolución producida “en los últimos años”. Por otro lado, la Comisión ya hizo referencia a esta evolución en 2001 en su Decisión [de 13 de marzo de 2001], en particular en el considerando 11. 192 En estas circunstancias, no cabe considerar que la aportación de capital no constituía una ayuda en el momento en que se concedió y que posteriormente pasó a serlo debido a la evolución del mercado común. 193 De las anteriores consideraciones se desprende que la aportación de capital no era una ayuda existente en el sentido del artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento no 659/1999.»
En primer lugar, la Sra. Bamba alega que el Reglamento controvertido no precisa la forma en la que el Consejo mantendrá o modificará su decisión de incluir a una persona en la lista de las sujetas a medidas restrictivas. A este respecto, señala, por una parte, que la revisión prevista en el artículo 11 bis, apartado 4, del Reglamento no 560/2005, incluido en éste por el Reglamento controvertido, no se acompaña de ninguna exigencia de motivación y no está sometida a ningún plazo, de modo que el Consejo puede limitarse a responder lacónicamente a una petición de retirada, o incluso no responder a ésta. Subraya, por otra parte, que la revisión periódica prevista en el artículo 11 bis, apartado 6, del Reglamento no 560/2005 no lleva aneja una obligación del Consejo de comunicar su nueva Decisión a los interesados y de instarlos, en consecuencia, a presentar nuevas observaciones.
24

Dichas modalidades no pueden lesionar el principio de neutralidad fiscal haciendo recaer sobre el sujeto pasivo, total o parcialmente, el peso del IVA. En particular, deben permitir al sujeto pasivo recuperar, en condiciones adecuadas, la totalidad del crédito que resulte de ese excedente del IVA, lo que implica que la devolución se efectúe en un plazo razonable, mediante un pago en metálico o de manera equivalente, y que en todo caso el modo de devolución que se adopte no debe suponer ningún riesgo financiero para el sujeto pasivo (véanse, en particular, las sentencias de 25 de octubre de 2001, Comisión/Italia, C-78/00, Rec. p. I-8195, apartados 33 y 34; de 10 de julio de 2008, Sosnowska, C-25/07, Rec. p. I-5129, apartado 17; de 12 de mayo de 2011, Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10, Rec. p. I-3873, apartado 33, y Comisión/Hungría, antes citada, apartado 45).