Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Agricultura - Política Agrícola Común - Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias - Ayudas ligadas a la superficie dedicada a cultivos herbáceos o a la retirada de tierras - Superficie declarada de buena fe pero que sobrepasa en más de un 20 % la efectivamente determinada - Sanción establecida por el Reglamento (CEE) nº 3887/92 - Supresión de todo pago - Aplicación retroactiva de la sanción establecida por el Reglamento (CE) nº 1648/95 - Cálculo de los pagos compensatorios con arreglo a la superficie retirada efectivamente determinada

[Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, arts. 1, ap. 2, y 2, ap. 2; Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 3887/92, art. 9, aps. 2 a 4, y (CE) nº 1648/95]

2 Agricultura - Política Agrícola Común - Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias - Ayudas ligadas a la superficie dedicada a la alimentación de bovinos o a un cultivo herbáceo determinado - Superficie declarada de buena fe pero que sobrepasa en más de un 20 % la efectivamente determinada - Sanción - Supresión de todo pago - Violación de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica o de no discriminación - Inexistencia

[Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 3887/92, art. 9, aps. 2 a 4, y (CE) nº 1648/95]

Índice

3 Los apartados 2 a 4 del artículo 9 del Reglamento nº 3887/92, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, antes de la entrada en vigor del Reglamento modificativo nº 1648/95 debe interpretarse en el sentido de que, a falta de intencionalidad o negligencia grave, obligan a suprimir todos los pagos ligados a las superficies dedicadas a cultivos herbáceos cuando la diferencia entre la superficie de tierra retirada de la producción declarada y la determinada con ocasión de un control por las autoridades competentes sea superior al 20 %. Sin embargo, a la luz del apartado 2 del artículo 1 y del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento nº 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, que dispone que las modificaciones posteriores de disposiciones comunitarias que establecen sanciones menos severas deben aplicarse con carácter retroactivo, las modificaciones introducidas en el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 3887/92 por el Reglamento nº 1648/95 se aplican a los hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Por consiguiente, con arreglo al apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 3887/92, modificado por el Reglamento nº 1648/95, el cálculo de la superficie máxima que puede acogerse a los pagos compensatorios destinados a los productores de cultivos herbáceos debe efectuarse sobre la base de la superficie de tierra retirada de la producción efectivamente determinada y proporcionalmente a los distintos cultivos.

4 Los apartados 2 a 4 del artículo 9 del Reglamento nº 3887/92, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, aun después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo nº 1648/95, deben interpretarse en el sentido de que, a falta de intencionalidad o negligencia grave, obligan a suprimir el abono de cualquier prima para los bovinos a los productores cuya superficie forrajera efectivamente determinada resulte inferior en más de un 20 % a la declarada en la solicitud de ayuda «superficies».

Esta normativa no viola los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica o de no discriminación. En efecto, por lo que respecta al primero de estos principios, en atención a la existencia de una amplia facultad de apreciación de las Instituciones comunitarias en la materia, no puede considerarse injustificado o desproporcionado imponer a semejante error, que tiene un alcance considerable, una sanción disuasoria y eficaz, máxime toda vez que el régimen establecido por los apartados 2 a 4 del artículo 9 prevé sanciones escalonadas según la gravedad de la irregularidad cometida, de manera que responde a los objetivos perseguidos y es necesario para alcanzarlos. Por lo que respecta al principio de seguridad jurídica, aunque el Reglamento nº 3887/92 presenta dificultades de interpretación, éstas obedecen a la complejidad de la materia de que se trata, y una atenta lectura del Reglamento permite llegar a conocer el sentido y las consecuencias de la aplicación de sus disposiciones destinadas a profesionales de la materia. Por último, en relación con el principio de no discriminación, las sanciones impuestas respectivamente, por un lado, a los agricultores que hayan cometido dicho error y, por otro, a los productores que hayan hecho una falsa declaración deliberadamente o por negligencia grave, son distintas, de manera que no se trata de la misma forma situaciones diferentes.

Además, por las mismas razones, la normativa de que se trata no viola dichos principios por el hecho de imponer, a falta de intencionalidad o negligencia grave, la pérdida de todos los pagos ligados a una superficie específica, es decir, una superficie dedicada a un determinado cultivo herbáceo, a un agricultor cuya superficie efectivamente determinada resulte inferior en más del 20 % a la declarada en la solicitud de ayuda.