Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión que confirma el rebasamiento por un Estado miembro de los objetivos de valorización y de reciclado previstos en el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 94/62/CE — Recurso de una empresa de tratamiento de residuos de envases domésticos — Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4, Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

2. Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Actos de alcance general — Obligación de los Estados miembros de establecer un sistema completo de recursos que permita garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva — Posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el juez comunitario en caso de que las normas procesales nacionales contengan obstáculos insuperables — Exclusión

(Art. 230 CE, párr. 4)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Interpretación contra legem del requisito relativo a la necesidad de resultar individualmente afectadas — Improcedencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. No resulta individualmente afectada por una decisión de la Comisión que confirma el rebasamiento por un Estado miembro de los objetivos de valorización y de reciclado previstos en el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 94/62, relativa a los envases y residuos de envases, que son de aplicación a todos los materiales de envasado y residuos de envases, una empresa de tratamiento de residuos de envases domésticos que haya obtenido una autorización previa de las autoridades nacionales.

En primer lugar, en efecto, la decisión de que se trata únicamente afecta a la demandante en su calidad objetiva de agente económico que opera en el sector del envasado, en las mismas condiciones que a cualquier otro operador económico que se encuentre, actual o potencialmente, en idéntica situación.

En segundo lugar, que la demandante posea una cuota de mercado importante en el mercado de los envases domésticos, el hecho de que su actividad principal sea la recogida y la valorización de residuos de envases domésticos y la circunstancia de que, por tanto, la cuantía y la probabilidad de una eventual multa sean más elevadas que respecto a los demás operadores, no demuestran que resulte individualmente afectada por la decisión impugnada. En efecto, las consecuencias económicas que un demandante afirma sufrir como resultado de una disposición controvertida, aun cuando el autor del acto las conociera, no son suficientes por sí mismas para individualizarle en relación con una norma de carácter general.

En tercer lugar, el hecho de que la Comisión haya basado su decisión en la existencia de obligaciones específicas de la demandante y en datos relativos a esta última sólo bastaría para individualizarla si la consideración de su situación se derivase de la normativa pertinente. Así sucedería, por una parte, si la Comisión estuviera obligada, en virtud de disposiciones específicas, a tener en cuenta las consecuencias del acto que proyectaba adoptar sobre la situación de determinados particulares, de modo que dicha circunstancia pudiera individualizar a estos últimos y, por otra parte, si las disposiciones pertinentes previeran la facultad del interesado de participar en el procedimiento administrativo previo.

En cuarto lugar, salvo disposición expresa en la materia, ni el proceso de elaboración de los actos de alcance general ni éstos en sí mismos, en cuanto medidas de alcance general, exigen, en virtud de los principios generales de Derecho comunitario, la participación de las personas afectadas, ya que se supone que los intereses de éstas los representan los órganos políticos a los que corresponde adoptar dichos actos. Por tanto, la demandante no puede deducir del principio de buena administración un derecho procesal que pueda darle legitimación para el recurso de anulación.

(véanse los apartados 51, 52, 55, 61, 70 y 71)

2. Aunque corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede admitirse una interpretación de las reglas de admisibilidad enunciadas en el artículo 230 CE, según la cual el recurso de anulación debería declararse admisible cuando se demostrara, tras un examen concreto por el juez comunitario de las normas procesales nacionales, que éstas no autorizan al particular a interponer un recurso que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. No cabría interponer un recurso directo de anulación ante el juez comunitario aunque pudiese demostrarse, tras un examen concreto de las normas procesales nacionales por parte de éste, que tales normas no autorizan al particular a interponer un recurso que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada caso concreto, el juez comunitario examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia en el marco del control de la legalidad de los actos comunitarios.

(véase el apartado 76)

3. Si bien es cierto que el requisito del interés individual exigido por el artículo 230 CE, párrafo cuarto, debe interpretarse a la luz del principio de tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las distintas circunstancias que pueden individualizar a un demandante, tal interpretación no puede conducir a ignorar dicho requisito, expresamente previsto en el Tratado, sin sobrepasar las competencias que éste atribuye al juez comunitario.

(véase el apartado 77)