A este respecto, ni un requerimiento del Tribunal para regularizar la demanda ni la aceptación por el Tribunal de tal regularización pueden afectar al transcurso del plazo de recurso. En efecto, la admisibilidad de un recurso debía apreciarse en relación con la situación existente en el momento en que se hubiera presentado la demanda, de modo que, si en ese momento no se cumplen los requisitos para interponer el recurso, no procederá la admisión de éste. Únicamente es posible una subsanación cuando tiene lugar dentro del plazo para recurrir.

En el marco de una infracción contraria a la competencia compleja del artículo 81 CE, apartado 1, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción de acuerdo o de práctica concertada, puesto que ambas formas de infracción están previstas en el artículo 81 CE. Así, como en el caso de autos, la doble calificación de la infracción de acuerdo y/o de práctica concertada debe entenderse en el sentido de que designa un todo complejo que incluye unos elementos de hecho de entre los cuales algunos se han calificado de acuerdos y otros de prácticas concertadas a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

El objeto y el efecto contrarios a la competencia de un acuerdo son requisitos no acumulativos, sino alternativos, para apreciar si tal acuerdo está comprendido dentro de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1. Pues bien, el carácter alternativo de este requisito —como indica la conjunción «o»— lleva a la necesidad de considerar, en primer lugar, el objeto mismo del acuerdo, teniendo en cuenta el contexto económico en el que debe aplicarse. No es necesario examinar los efectos de un acuerdo cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia.

En el marco del procedimiento administrativo de aplicación de las normas de competencia, se vulnera el derecho de defensa cuando existe la posibilidad de que, a causa de una irregularidad cometida por la Comisión, el procedimiento administrativo tramitado por ella habría podido llegar a un resultado distinto. Una empresa demandante demuestra que se ha producido tal vulneración si aporta prueba bastante no de que la decisión de la Comisión habría tenido un contenido distinto, sino que habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad del procedimiento, por ejemplo, porque habría podido utilizar para su defensa documentos cuyo acceso le fue negado en el procedimiento administrativo.

En relación más concretamente con el derecho de acceso al expediente, basta que la empresa demuestre que habría podido utilizar ese documento para su defensa. No corresponde a esa empresa demostrar que tal irregularidad influyó, en detrimento suyo, en el desarrollo del procedimiento y el contenido de la decisión de la Comisión, sino únicamente que pudo influir en el desarrollo del procedimiento y el contenido de la decisión de la Comisión. Por lo tanto, en caso de no divulgación de documentos, la empresa interesada no debe demostrar que el procedimiento administrativo habría llegado a un resultado distinto de haberse divulgado tales documentos, sino que basta con que demuestre alguna posibilidad, aunque sea reducida, de que los documentos no divulgados en el procedimiento administrativo habrían podido ser útiles para su defensa.

Cuando en un caso determinado las demandantes, en primer lugar, hayan tenido acceso a documentos relativos a algunos contactos conjuntamente con el pliego de cargos, sin extraer de ellos el menor elemento de descargo, ya en el procedimiento administrativo, ya en fase de recurso; en segundo lugar, hayan renunciado en el procedimiento administrativo a definirse sobre contactos posteriores, y, en tercer lugar, no hayan explicado ni demostrado en fase de recurso que el hecho de no mencionar explícitamente dichos documentos en el pliego de cargos pudiera ir en detrimento de la eficacia de su defensa durante el procedimiento administrativo, ni cómo podrían haberse defendido más eficazmente si se las hubiera informado explícitamente de que la Comisión pretendía utilizar dichos documentos como pruebas inculpatorias, las demandantes no han podido probar que el hecho de que no se las informara, en el pliego de cargos, de la intención de la Comisión de utilizar los documentos de que se trata como pruebas inculpatorias podía afectar a la eficacia de su defensa y, por lo tanto, al resultado al que hubiera llegado la Comisión en su decisión.

(véanse los apartados 110, 111 y 125)