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23

En lo que atañe a la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, la Comisión examinó las medidas de que se trata a la luz de su Comunicación sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (DO 2009, C 72, p. 1) y de su Comunicación sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera (DO 2011, C 356, p. 7).
23

Procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 14 de junio de 2017, Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16, EU:C:2017:453, apartado 31 y jurisprudencia citada).
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 a 4 de la Decisión 2012/541/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concedida por Grecia a United Textiles SA (DO 2012, L 279, p. 30), y del Tratado FUE al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos, todas las medidas necesarias para la ejecución de dicha Decisión y, en todo caso, al no haber informado suficientemente a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la referida Decisión, de las medidas que había adoptado.
2

Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre, por un lado, el Sr. Peter Valach, la Sra. Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s, SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s. y Byty A s.r.o. y, por otro lado, Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s. y Stadt Banská Bystrica (ciudad de Banská Bystrica), en relación con una acción de responsabilidad delictual a raíz del rechazo de un plan de saneamiento en el marco del procedimiento de insolvencia relativo a VAV invest s.r.o.
38

Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que la referida legislación permita, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva sobre fusiones, la deducción del impuesto que, de no existir las disposiciones de esa Directiva, se hubiera aplicado a tales plusvalías en el Estado miembro en el que esté situado el establecimiento permanente no residente, dado que el carácter desproporcionado de dicha legislación no depende del importe del impuesto adeudado, sino que se debe a que la legislación no prevé la posibilidad de que el contribuyente aplace el momento de la recaudación de ese impuesto (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C‑646/15, EU:C:2017:682, apartado 60).
7

El artículo 19 del citado Reglamento, que se refiere al «Documento de evaluación europeo», establece, en particular: «1. Previa solicitud de una evaluación técnica europea por parte de un fabricante, la organización de los [organismos de evaluación técnica] elaborará y adoptará un documento de evaluación europeo para todo producto de construcción no cubierto o no totalmente cubierto por una norma armonizada, para el cual las prestaciones en relación con sus características esenciales no pueden ser evaluadas en su totalidad de acuerdo con una norma armonizada existente, debido, entre otras razones, a que: a) el producto no entra en el ámbito de aplicación de ninguna norma armonizada existente; b) al menos para una característica esencial de dicho producto, el método de evaluación previsto en la norma armonizada no es adecuado, o c) la norma armonizada no prevé ningún método de evaluación para, como mínimo, una característica esencial de dicho producto. […]»
30

Por otra parte, en sus sentencias de 16 de diciembre de 2015, Air Canada/Comisión (T‑9/11, no publicada, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Comisión (T‑28/11, no publicada, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Comisión (T‑36/11, no publicada, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Comisión (T‑38/11, no publicada, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Comisión (T‑39/11, no publicada, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (T‑40/11, no publicada, EU:T:2015:986), Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo Pte/Comisión (T‑43/11, no publicada, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa y otros/Comisión (T‑46/11, no publicada, EU:T:2015:987), SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑56/11, no publicada, EU:T:2015:990), Air France–KLM/Comisión (T‑62/11, no publicada, EU:T:2015:996), Air France/Comisión (T‑63/11, no publicada, EU:T:2015:993) y Martinair Holland/Comisión (T‑67/11, EU:T:2015:984), el Tribunal General se pronunció sobre los recursos interpuestos por otros transportistas implicados, que tenían también por objeto impugnar la Decisión controvertida.
17

El tribunal remitente indica que, en el caso de autos, que prospere o no la acción por violación de marca sólo depende de la excepción de nulidad. Propone al Tribunal de Justicia que siga la segunda opción, entendiendo que del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 se deduce que sólo cabe desestimar una acción por violación de marca porque existe una causa de nulidad si, al menos simultáneamente, se estima la demanda de reconvención interpuesta por esa misma causa. Considera que el mero hecho de presentar tal demanda de reconvención no debe bastar y que, por el contrario, no debe ser indispensable esperar a que adquiera firmeza la resolución relativa a esa demanda de reconvención. Precisa que la eventual existencia de una obligación de esperar a que haya adquirido firmeza la resolución relativa a la demanda de reconvención, la eventual acumulación de los procedimientos relativos a la acción por violación de marca y a la demanda de reconvención y la regulación del procedimiento de recurso deben apreciarse únicamente de conformidad con el Derecho procesal nacional.
1

Mediante su recurso de casación, el Sr. Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. y Valentino Pesca Sas di Ciaccio Luciano e Camplone Arnaldo & C. solicitan que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 27 de abril de 2016, Pappalardo y otros/Comisión (T‑316/13, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:247), por la que éste desestimó sus demandas dirigidas a obtener la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido a raíz de la adopción del Reglamento (CE) n.o 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturan atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45o O, y en el Mar Mediterráneo (DO 2008, L 155, p. 9).
26

De ello se desprende que el hecho de que un empresario lleve a cabo, de modo unilateral y en perjuicio del trabajador, una modificación no sustancial de un elemento esencial del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona de ese trabajador o a una modificación sustancial de un elemento no esencial del citado contrato por motivos no inherentes a la persona de ese trabajador no puede calificarse de «despido» en el sentido de la mencionada Directiva.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 26 y 27 del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO 2004, L 165, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 191, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (DO 2014, L 189, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 882/2004»), así como de los artículos 107 y 108 del TFUE y de los principios de igualdad de trato, no discriminación, libre competencia y libertad de empresa.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco»).
15

El artículo 6 del Código de fronteras Schengen, titulado «Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países», establece lo siguiente: «1. Para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros de una duración que no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días [[…]], las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países serán las siguientes: a) estar en posesión de un documento de viaje válido […] b) estar en posesión de un visado válido, cuando así [se] exija […] c) estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes […] d) no estar inscrito como no admisible […] e) no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros […] […] 5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: […] c) por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, todo Estado miembro podrá autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1. […]»
El artículo 31, apartado 4, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, debe interpretarse en el sentido de que, en los plazos establecidos en el apartado 2 de dicho artículo, la protesta deberá hacerse por escrito, conforme al apartado 3 del citado artículo, so pena de que se declare la inadmisibilidad de todas las acciones contra el transportista.

A este respecto, en primer lugar, del artículo 31, apartado 2, del Convenio de Montreal resulta, en particular, que, en caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista aéreo una protesta inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de los plazos establecidos por esa disposición, respectivamente para el equipaje o para la carga. Por otra parte, a tenor del artículo 31, apartado 3, de dicho Convenio, toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o remitirse dentro de los plazos establecidos para dicha protesta.

Ahora bien, las disposiciones de los apartados 2 y 3 del artículo 31 del Convenio de Montreal son de carácter complementario. Mientras que el artículo 31, apartado 2, de dicho Convenio de Montreal se limita a fijar plazos en los que distintos tipos de protestas deben presentarse al transportista aéreo, el artículo 31, apartado 3, del citado Convenio precisa, por su parte, por un lado, de qué manera deben presentarse dichas protestas al transportista y, por otro, la forma en que tales protestas deben ser realizadas, entendiéndose que esa precisión no puede afectar a la obligación de respetar los plazos fijados en el citado artículo 31, apartado 2.

De lo anterior resulta que el apartado 2 del artículo 31 del Convenio de Montreal, en relación con el apartado 3 de ese mismo artículo, debe interpretarse en el sentido de que impone que se haga una protesta por escrito y que se presente al transportista aéreo en los plazos previstos en el citado artículo 31, apartado 2. Además, habida cuenta de la articulación particular entre los apartados 2 y 3 del artículo 31 del Convenio de Montreal, como se ha precisado en el apartado 26 de la presente sentencia, no puede considerarse que una protesta se ha presentado válidamente al transportista aéreo en los plazos establecidos, en el sentido del apartado 4 de dicho artículo, si esta no se ha hecho por escrito, como exige el apartado 3 de ese mismo artículo.

(véanse los apartados 24 a 27, 30, 31 y el punto 1 del fallo)
El artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un acuerdo entre un socio de marca combinada o un agente, por una parte, y un régimen de tarjetas de pago tripartito, por otra, no es necesario que ese socio de marca combinada o ese agente actúe como emisor, en el sentido del artículo 2, punto 2, del citado Reglamento, para que se considere que dicho régimen emite instrumentos de pago basados en una tarjeta con marca combinada con un socio o a través de un agente y que, por lo tanto, es un régimen de tarjetas de pago cuatripartito en el sentido de la primera de las referidas disposiciones.

En estas circunstancias, como aduce, en esencia, la Comisión, no cabe excluir que alguna clase de contrapartida o ventaja pueda identificarse como constitutiva de una tasa de intercambio implícita en el sentido del considerando 28 del Reglamento 2015/751, sin que el socio de marca combinada o el agente con el que el régimen de tarjetas de pago tripartito celebró un acuerdo esté necesariamente implicado en la actividad de emisión de tal régimen. En consecuencia, el logro de los objetivos del Reglamento 2015/751, en particular el perseguido por el artículo 1, apartado 5, de este Reglamento, consistente en garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado, podría complicarse si las situaciones en las que el socio de marca combinada o el agente no actúa como emisor en el sentido del artículo 2, punto 2, de dicho Reglamento no estuvieran sujetas, por tal motivo, a las prescripciones de los artículos 3 a 5 y 7 de este mismo Reglamento.

(véanse los apartados 71 y 73 y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑382/16

Hornbach-Baumarkt-AG

contra

Finanzamt Landau

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Rheinland-Pfalz)

«Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Impuesto sobre sociedades — Normativa de un Estado miembro — Determinación de la renta imponible de las sociedades — Ventaja concedida gratuitamente por una sociedad residente a una sociedad no residente a la que está vinculada por vínculos de interdependencia — Rectificación de las rentas imponibles de la sociedad residente — No rectificación de las rentas imponibles en caso de ventaja idéntica concedida por una sociedad residente a otra sociedad residente a la que está vinculada por vínculos de ese tipo — Restricción a la libertad de establecimiento — Justificación»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 31 de mayo de 2018

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Determinación de la renta imponible — Ventajas anormales o gratuitas concedidas entre sociedades que se encuentran en vínculos de interdependencia — Normativa nacional que prevé la imposición a una sociedad residente de únicamente las ventajas concedidas por esta a una sociedad no residente — Procedencia — Requisito — Normativa nacional que permite la presentación de pruebas de las razones comerciales que subyacen a dichas ventajas — Comprobación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional

[Arts. 43 CE y 48 CE (actualmente arts. 49 TFUE y 54 TFUE)]

El artículo 43 CE (actualmente artículo 49 TFUE), en relación con el artículo 48 CE (actualmente artículo 54 TFUE), debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en cuya virtud las rentas de una sociedad residente de un Estado miembro, que ha concedido a una sociedad establecida en otro Estado miembro, a la que está vinculada por una relación de interdependencia, ventajas en condiciones que difieren de las que habrían convenido, en circunstancias idénticas o similares, terceros independientes entre sí, deben calcularse como si hubieran sido aplicables las condiciones convenidas entre dichos terceros y ser objeto de rectificación, si no se ha llevado a cabo tal rectificación de las rentas imponibles, siendo así que no se procede a la rectificación de las rentas imponibles cuando una sociedad residente concede esas mismas ventajas a otra sociedad residente, a la que está vinculada por una relación de interdependencia. Corresponde no obstante al órgano jurisdiccional nacional comprobar si la normativa controvertida en el litigio principal ofrece al contribuyente residente la posibilidad de probar que las condiciones convenidas lo han sido por motivos comerciales derivados de su posición de asociado de la sociedad no residente.

(véanse el apartado 59 y el fallo)
1.

Competencia—Transportes—Normas sobre la competencia—Transporte aéreo—Reglamento n.o 17—Ámbito de aplicación—Actividades que se refieren directamente a la prestación de servicios de transporte aéreo—Exclusión—Actividades de prestación de servicios internacionales de transitarios por aire—Inclusión (Art. 101 TFUE; Reglamentos del Consejo n.o 17 y n.o 141, considerando 3 y art. 1) (véanse los apartados 23 a 27)
El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que subordine la posibilidad de que ejercite la acción judicial quien afirme que ha sido vulnerado el derecho a la protección de los datos personales que le garantiza la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a la condición de que esa persona agote las vías de recurso de que disponga ante las autoridades administrativas nacionales, siempre que la regulación concreta del ejercicio de dichas vías de recurso no afecte de forma desproporcionada al derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el propio artículo 47 de la Carta. En particular, es necesario que el agotamiento previo de esas vías de recurso no implique un retraso sustancial a efectos del ejercicio de la acción judicial, suponga la interrupción de la prescripción de los correspondientes derechos y no ocasione gastos excesivos.

(véanse el apartado 76 y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑75/16

Livio Menini

y

Maria Antonia Rampanelli

contra

Banco Popolare Società Cooperativa

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Verona)

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Procedimientos de resolución alternativa de litigios — Directiva 2008/52/CE — Directiva 2013/11/UE — Artículo 3, apartado 2 — Oposición formulada por los consumidores en el marco de un procedimiento monitorio incoado por una entidad de crédito — Derecho de acceso a la justicia — Legislación nacional que establece el recurso obligatorio a un procedimiento de mediación — Obligación de ser asistido por un abogado — Requisito de admisibilidad del recurso ante los órganos jurisdiccionales»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de junio de 2017

Protección de los consumidores — Derechos de los consumidores — Procedimientos de resolución alternativa de litigios — Directiva 2013/11/UE — Normativa nacional que establece la incoación de un procedimiento de mediación como requisito de admisibilidad de la demanda judicial — Procedencia — Requisito — Normativa nacional que establece que en el marco del procedimiento de mediación los consumidores deben ser asistidos por un abogado y que únicamente pueden retirarse del procedimiento si demuestran que existe una causa justificada que sustente su decisión — Improcedencia

(Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 2, ap. 1)

La Directiva 2013/11 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22 (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, conforme a la cual, en los litigios contemplados en el artículo 2, apartado 1 de esta Directiva, el recurso a un procedimiento de mediación constituye un requisito de admisibilidad de la demanda judicial relativa a dichos litigios, en la medida en que tal exigencia no impide que las partes ejerzan su derecho de acceso al sistema judicial.

En cambio, dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, que establece que en el marco de tal mediación los consumidores deben ser asistidos por un abogado y que únicamente pueden retirarse de un procedimiento de mediación si demuestran que existe una causa justa que sustente su decisión.

(véanse el apartado 71 y el fallo)
88

Pues bien, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no demostró de modo suficiente con arreglo a Derecho la existencia de relación de causalidad. En particular, el Tribunal General no comprobó si, y en qué medida, habida cuenta de los hechos del caso de autos y de no haberse producido las faltas cometidas por la EUIPO, European Dynamics Luxembourg habría sido clasificada en el primer puesto y habría obtenido el contrato de que se trata.