Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios - Directiva 92/50/CEE - Entidades adjudicadoras - Organismo de Derecho público - Necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil - Concepto - Existencia de empresas privadas capaces de satisfacer las necesidades consideradas - Irrelevancia

[Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 1, letra b), párr. 2]

2 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios - Directiva 92/50/CEE - Excepción prevista en el artículo 6 de la Directiva - Requisito - Cumplimiento de las disposiciones del Tratado

(Tratado CE, art. 85 y ss.; Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 6)

3 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios - Directiva 92/50/CEE - Entidades adjudicadoras - Organismo de Derecho público - Calificación independiente de la importancia relativa y del modo de ejercicio de las actividades dedicadas a la satisfacción de necesidades de interés general

[Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 1, letra b), párr. 2]

4 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios - Directiva 92/50/CEE - Entidades adjudicadoras - Organismo de Derecho público - Necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil - Forma jurídica de las disposiciones que especifiquen dichas necesidades - Irrelevancia

[Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 1, letra b), párr. 2]

Índice

1 El párrafo segundo de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, a cuyo tenor «se entenderá por organismo de Derecho público todo organismo creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil», debe interpretarse en el sentido de que el legislador distingue entre, por una parte, necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil y, por otra, necesidades de interés general que tienen carácter industrial o mercantil.

El concepto de necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil no excluye las necesidades que también son o podrían ser satisfechas por empresas privadas. En efecto, el hecho de que haya competencia no basta para excluir la posibilidad de que un organismo financiado o controlado por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público se guíe por consideraciones que no tengan carácter económico.

No obstante, la existencia de competencia no carece totalmente de pertinencia a la hora de responder a la cuestión de si una necesidad de interés general no tiene carácter industrial o mercantil. Estas últimas necesidades no se satisfacen, por regla general, mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado. En general, tienen dicho carácter las necesidades que, por razones de interés general, el Estado decide satisfacerlas por sí mismo o respecto de las cuales quiere conservar una influencia determinante.

La recogida y el tratamiento de basuras domésticas pueden considerarse como una necesidad de interés general. Dado que el grado de satisfacción de esta necesidad que se estime necesario por razones de salud pública y protección del medio ambiente quizás no se consiga si los operadores económicos privados ofrecen, total o parcialmente, a los particulares servicios de recogida, esta actividad pertenece a aquellas respecto de la cuales un Estado puede decidir que deben ser realizadas por autoridades públicas o sobre las que dicho Estado quiere conservar una influencia determinante.

2 La aplicación del artículo 6 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, a cuyo tenor «la presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de servicios adjudicados a una entidad que sea, a su vez, una entidad adjudicadora con arreglo a la letra b) del artículo 1», está supeditada al requisito de que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en las que se base el derecho exclusivo concedido a un organismo de Derecho público sean compatibles con el Tratado. La protección de los competidores de los organismos de Derecho público está garantizada de este modo por los artículos 85 y siguientes del Tratado.

3 La condición de organismo de Derecho público contemplado en la letra b) del artículo 1 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, no depende de la importancia relativa, en la actividad del organismo de que se trate, de la satisfacción de necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. También es indiferente que una persona jurídica distinta, que forma parte del mismo grupo o konzern que dicho organismo, ejerza actividades mercantiles.

4 El párrafo segundo de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que la existencia o inexistencia de necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil ha de apreciarse objetivamente, siendo indiferente para ello la forma jurídica de las disposiciones en las que se especifiquen dichas necesidades.