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9.

El artículo 32, apartado 5, de la legge n. 183 — Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Ley n.o 183 relativa a las delegaciones al Gobierno en materia de actividades penosas, reorganización de organismos, licencias, excedencias y permisos, medidas de protección social, servicios de empleo, medidas de fomento del empleo, formación, empleo de las mujeres y medidas contra el empleo sumergido y disposiciones en materia de empleo en el sector público y de conflictos laborales), de 4 de noviembre de 2010 (suplemento ordinario de la GURI n.o 262, de 9 de noviembre de 2010), dispone: «En los casos de conversión del contrato de duración determinada, el juez condenará al empresario a abonar al trabajador una indemnización global de entre 2,5 y 12 mensualidades de la última retribución global, comprensiva de los complementos fijos, según los criterios indicados en el artículo 8 de la Ley n.o 604 de 15 de julio de 1966».
43.

Además, ha de considerarse que dicha normativa nacional no podría tener el efecto —sin vulnerar el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 273 de la Directiva IVA— de limitar el número de sujetos pasivos autorizados a aplicar directamente la exención. Este mecanismo favorece a las empresas de mayor tamaño, pese a que el riesgo de fraude fiscal es necesariamente proporcional al volumen de actividad y, por lo tanto, al volumen de negocios. En efecto, el razonamiento seguido por la República de Polonia en el sentido de que el riesgo de error y de fraude es inversamente proporcional al importe del volumen de negocios no me convence en absoluto. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que una entrega en la que se verifican los requisitos para la exención de la exportación previstos en el artículo 146, apartado 1, letra b), de la Directiva IVA, concretamente la salida de los bienes de que se trate del territorio aduanero de la Unión, no devenga IVA, y ya no existe, en principio, riesgo de fraude fiscal o de pérdidas fiscales que pueda justificar la imposición de la operación. ( 24 )
31.

Para que el sujeto pasivo pueda cumplir con su función de recaudador, deben realizarse operaciones que en principio estén sujetas al impuesto. ( 11 ) Así se deduce, en particular, del artículo 168 de la Directiva del IVA (para las necesidades de sus operaciones gravadas). Por lo tanto, lo determinante es si la operación recibida pasa a integrar un abastecimiento de los consumidores sujeto al impuesto, o no sujeto o exento. Es decir, que la deducción está vinculada a la percepción del impuesto en la fase inmediatamente posterior. ( 12 ) Pero esta vinculación no puede basarse en un concepto difuso de causalidad, sino únicamente en que sea atribuible la prestación recibida a determinados servicios prestados, vinculación que no existe cuando las operaciones recibidas se utilizan para las necesidades de operaciones exentas o no sujetas.
91.

A tenor de las reflexiones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones planteadas por el Tribunal administratif de Melun (Tribunal contencioso-administrativo de Melun, Francia) en los siguientes términos: «1) El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se aplica al cobro de los intereses devengados en virtud de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, y al artículo 5 bis del Reglamento (CEE) n.o 3002/92 de la Comisión, de 16 de octubre de 1992, por el que se establecen las disposiciones comunes de control de la utilización o el destino de los productos procedentes de la intervención. 2) En una situación como la de autos, la acción para reclamar el abono de intereses por cada una de las dos deudas principales: — no procede de una irregularidad continua o reiterada, en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 2988/95; y — se extingue por prescripción, una vez transcurrido el plazo de ocho años previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento n.o 2988/95, plazo que comienza a correr el día en el que se consumó la irregularidad determinante de la obligación de pago de la deuda principal. 3) El derecho de la Unión no se opone a aplicar los plazos recogidos en el artículo 2224 del Código civil francés a la prescripción que aún no había expirado el día de entrada en vigor de la Ley n.o 2008‑561.»
15.

El Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) de Ámsterdam anuló la sentencia del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Ámsterdam), al estimar que, al colocar los hipervínculos, GS Media no había violado los derechos de autor del Sr. Hermès, dado que las fotografías ya habían sido hecho públicas al ponerlas en el sitio Filefactory.com. El Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) no se pronunciaba sobre si la puesta en línea de las fotos en el sitio de Internet Filefactory.com constituía o no una violación de los derechos de autor del Sr. Hermès. En cambio, declaró que, al colocar dichos hipervínculos, GS Media había incurrido en un comportamiento ilícito respecto de Sanoma y otros, al incitar a los visitantes de GeenStijl a ver las fotografías colocadas ilegalmente en Filefactory.com, que, a falta de tales enlaces, no eran fáciles de encontrar. Por el contrario, el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) consideró que, al colgar una vista parcial de una de las fotografías en el sitio GeenStijl, GS Media había atentado contra los derechos de autor del Sr. Hermès.
12.

El derecho italiano cuenta con una serie de actos legales y administrativos, adoptados en cascada, que configuran un sistema articulado de ventajas en favor de las empresas «de elevado consumo energético». Se trata del Decreto Legislativo n.o 26, de 2 de febrero de 2007, de transposición de la Directiva 2003/96 (attuazione della direttiva 2003/96) ( 4 ) y del Decreto-legge n.o 83, de 22 de junio de 2012, de medidas urgentes para el desarrollo del país (misure urgenti per la crescita del Paese; en lo sucesivo, «Decreto‑ley de 2012»). ( 5 ) En particular, su artículo 39 señala: — en el apartado 1, que la definición de «empresas de elevado consumo energético», recogida en el artículo 17 de la Directiva 2003/96, se llevará a cabo antes del 31 de diciembre de 2012 mediante uno o varios Decretos Ministeriales; — en el apartado 2, que dichas empresas se beneficiarán de «un sistema de tipos del impuesto especial» favorable, que ha de asegurar el mantenimiento de los ingresos fiscales y que no debe suponer, en ningún caso, gastos nuevos o adicionales para las finanzas públicas; — en el apartado 3, que los importes que tales empresas tengan que pagar para cubrir las «cargas generales del sistema eléctrico» se modificarán en sentido favorable para ellas.
36.

No es menos cierto que corresponde al Tribunal de Justicia examinar, si es necesario, las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia y, en particular, de comprobar si la interpretación del Derecho de la Unión que se le pide guarda relación con la realidad y el objeto del litigio principal, de manera que no se conduzca a dicho Tribunal a formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. ( 8 ) Si resulta que la cuestión prejudicial planteada no es manifiestamente pertinente para la solución de dicho litigio, de ello se desprenderá que no es necesaria una respuesta del Tribunal de Justicia para resolver el litigio que el órgano jurisdiccional nacional está llamado a dirimir.
71.

Durante la vista se puso de manifiesto que el hecho de que Pārtikas kompānija no haya resultado adjudicataria del contrato no demuestra que no haya participado de una manera u otra en la práctica concertada, en la medida en que podría haberse puesto de acuerdo con las otras empresas para repartirse el mercado a lo largo del tiempo («bid rigging»). Estoy de acuerdo con esta observación, pero no me refiero a ese supuesto si no a aquel en el que la empresa demuestra que, además de no haber obtenido el contrato en cuestión, no participó en modo alguno en otros elementos de negociación que le habrían hecho beneficiarse de una infracción del Derecho de la competencia. Evidentemente, éste sólo es un elemento más que la empresa puede invocar en su argumentación para desvirtuar la presunción.
18.

El Gobierno portugués señala que, si bien el primer contrato de 2005 llegó a su término con la conclusión del contrato de venta, de manera que el contrato de mandato celebrado en 2008 no está directamente ligado a la actividad que fue promocionada en Internet por los demandados, existe, no obstante, una relación directa entre ambos contratos ya que, sin el primer contrato de intermediación, el contrato de mandato que tiene precisamente por objeto la resolución de los problemas acaecidos tras la venta, no existiría. En consecuencia, el demandante merece la protección también en el ámbito del contrato de mandato, a la vista de que este último ha sido concluido en estrecha relación con el primer contrato celebrado con los demandados. Así, señala este gobierno, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Emrek, ( 8 ) que el establecimiento de nuevas condiciones no contempladas por el artículo 15, apartado 1, letra c) del Reglamento —tales como la existencia de un vínculo de causalidad entre el medio empleado para dirigir la actividad comercial o profesional hacia el Estado miembro del domicilio del consumidor y la conclusión del contrato— iría en contra del objetivo perseguido por esta disposición. No obstante, el hecho de que la actividad de los demandados dirigida hacia Alemania esté en el origen del contrato de mandato debe ser considerado como un indicio de la aplicabilidad del artículo 15, apartado 1, letra c), segunda alternativa, del Reglamento no 44/2001. En definitiva, el Gobierno portugués propone responder afirmativamente a la cuestión prejudicial.
41.

Durante la vista, AXA Belgium SA, parte coadyuvante en el procedimiento principal, indicó que, en su opinión, las actividades relativas a la asistencia social deben encontrarse obligatoriamente a cargo de una entidad pública, lo que no ocurre en el caso de autos. No comparto este punto de vista. En especial, en mi opinión, resultaría paradójico considerar que a un organismo que no es de Derecho público, que opera con ánimo de lucro y que no recibe ningún tipo de ayuda financiera, se le pueda reconocer su carácter social, en el sentido del artículo 13, parte A, apartado 1, letra g), de la Sexta Directiva, y estimar que no se puede considerar que su actividad esté comprendida en el ámbito de la asistencia social precisamente por el hecho de no recibir ningún tipo de ayuda financiera pública.
63.

En cuanto atañe a la apreciación concreta de las declaraciones mencionadas en el punto 19 supra, he de señalar que, dado que las recurrentes no han alegado una desnaturalización de los elementos de prueba, no corresponde al Tribunal de Justicia cuestionar la apreciación de estos elementos realizada por el Tribunal General ni el valor que éste les ha atribuido en su análisis. ( 45 ) A este respecto, ha de observarse solamente que el Tribunal General consideró que estas declaraciones no demostraban que las recurrentes ya no ejercieran una influencia decisiva sobre su filial, lo que tenía como consecuencia que no podían destruir la presunción de capital, en la que se basaba la atribución de la responsabilidad a las recurrentes. Así pues, cuando éstas afirman que el razonamiento expuesto en el apartado 106 de la sentencia recurrida, que demostraría a lo sumo una influencia hipotética, no basta para proceder a imputarles la responsabilidad, las recurrentes se sitúan en una perspectiva errónea en la medida en que, como, por lo demás, se expone con más detalle en los puntos 70 y siguientes infra, no tienen en cuenta que la imputación de la infracción a las recurrentes tuvo lugar mediante la aplicación de la presunción de capital.
123.

Pues bien, como señala la Comisión, si bien es cierto que el artículo 24 del Convenio franco-neerlandés establece un crédito fiscal incondicional, en el sentido de que éste no depende de una remisión a eventuales condiciones previstas en el Derecho interno francés, ( 95 ) no obstante, dicha disposición no garantiza que el impuesto sobre los dividendos cobrado en los Países Bajos pueda ser imputado en todos los casos al impuesto adeudado en Francia hasta el límite de la diferencia de trato a que da lugar la legislación neerlandesa, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 96 ) En efecto, cuando el accionista no residente en los Países Bajos soporta en dicho Estado un impuesto sobre los dividendos pero es objeto de una tributación insuficiente en Francia, no puede disfrutar en este último Estado de un crédito fiscal que permitiría corregir dicha diferencia, que por lo tanto no es sistemáticamente neutralizada. Por consiguiente, la aplicación de esta disposición convencional no permite al Reino de los Países Bajos cumplir plenamente con sus obligaciones derivadas del artículo 63 TFUE.
73.

A este respecto resulta dudoso, en primer lugar, si la puesta a disposición del público a efectos del artículo 1, punto 6, de la Directiva 98/34 exige la disponibilidad en la lengua nacional. El criterio de la puesta a disposición del público se menciona no sólo en relación con las normas nacionales, sino también con las europeas e internacionales, y estas dos últimas clases de normas no están disponibles en la lengua nacional de la mayor parte de los Estados miembros. Las lenguas oficiales del CEN/CENELEC son el alemán, el inglés y el francés, ( 26 ) y no es necesario siquiera que una norma esté disponible en esas tres lenguas. Dado que el legislador de la Unión tuvo que ser consciente de esta circunstancia, no se puede considerar que la puesta a disposición del público requiera la disponibilidad en la lengua nacional de que se trate.
52.

Pero detrás de su simplicidad, esta idea oculta una dificultad real. En efecto, se remite al artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 2201/2003, que deja a los padres la opción, en particular, de acudir a un órgano jurisdiccional competente únicamente por razón de su nacionalidad común, que es lo que han hecho en este caso. Pues bien, el Reglamento no 4/2009, en su artículo 3, letras c) y d), excluye expresamente esta competencia en lo que respecta a la demanda relativa a las obligaciones de alimentos, tanto en el marco de una acción relativa al estado de las personas, como en el marco de una acción relativa a la responsabilidad parental.
39.

Ahora bien, el derecho al permiso de maternidad no tendría un efecto útil si no estuviera acompañado del mantenimiento de una remuneración o, cuando menos, del beneficio de una prestación adecuada. ( 23 ) Por consiguiente, si bien el artículo 11, puntos 2 y 3, de la Directiva de maternidad no implica obligación alguna de mantener la retribución íntegra durante el permiso de maternidad, no obstante, el legislador de la Unión ha deseado garantizar que, durante ese permiso, la trabajadora cuente con unos ingresos de un importe al menos equivalente al de la prestación prevista por las legislaciones nacionales en materia de seguridad social en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud. ( 24 ) La observancia de esta protección mínima está sujeta a control jurisdiccional. ( 25 )
20.

Según el órgano jurisdiccional remitente, procede determinar, por un lado, si, en el presente asunto, la obligación de que el servicio se preste exclusivamente en el término municipal de Bilbao puede estar justificada por el objeto del contrato y, por otro lado, si tal obligación constituye una restricción inadmisible a la libre competencia, ya que no parece estar justificada por lo que atañe al objetivo de garantizar el acceso de los pacientes a los servicios de que se trata. En particular, ese órgano jurisdiccional opina que ninguna razón objetiva justifica que se excluya del procedimiento de licitación a un operador que posee un hospital situado en un término municipal limítrofe, toda vez que el tiempo de trayecto entre el domicilio de los pacientes y el hospital es razonable. El órgano jurisdiccional remitente también llama la atención sobre el hecho de que las prestaciones no se realizan sólo a pacientes que residen en el término municipal de Bilbao. Según dicho órgano, no puede excluirse que la obligación controvertida, prevista en las prescripciones técnicas de las licitaciones, infrinja los artículos 2 y 23, apartado 2, de la Directiva 2004/18.
15.

La Comisión alega que, aunque, conforme a la sentencia Marks & Spencer, el Derecho de la Unión no exige, en principio, la consolidación fiscal transfronteriza, existe una excepción para el caso de que las pérdidas de una sociedad filial no residente, en su tributación extranjera, no puedan ser tenidas en cuenta en períodos impositivos anteriores ni posteriores. A pesar de ello, el artículo 119, apartado 4, de la CTA 2010 dispone que debe determinarse en el momento en que concluye el período impositivo en que se produjeron las pérdidas si no va a existir en el futuro ninguna posibilidad de utilizar dichas pérdidas por otra vía. No obstante, en ese momento sólo es posible determinarlo si el Estado de establecimiento de la filial no permite transferir las pérdidas o si en el período impositivo de las pérdidas se inició la liquidación de la filial. Con ello se excluye, en particular, la posibilidad de compensar pérdidas en caso de que la actividad de la filial cese después del año en que se produjeron dichas pérdidas. Por ese motivo, la Comisión entiende que la normativa sólo permite transferir las pérdidas de un único período impositivo. Sin embargo, conforme a la sentencia Marks & Spencer, la posibilidad de tener en cuenta las pérdidas por otra vía en períodos impositivos posteriores no debe apreciarse hasta el momento de solicitar la consolidación fiscal.
27.

Para terminar conviene añadir que, incluso admitiendo que determinados hechos sobre los que se plantea la cuestión prejudicial no son exactos, ello no sería, en este caso concreto, razón suficiente para concluir que la cuestión no aporta los elementos fácticos suficientes para que el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse. El importe exacto de disminución salarial sufrida por los trabajadores del presente litigio no es un elemento de hecho relevante a la hora de dar respuesta a la cuestión que se nos plantea. En este proceso prejudicial se nos pregunta exclusivamente sobre los efectos de un convenio ultra-activo y su ubicación en la Directiva 2001/23, una cuestión de interpretación para la cual el importe exacto de la reducción salarial no condiciona en modo alguno el criterio que vaya a proporcionar el Tribunal de Justicia.
20.

Con arreglo al artículo 1 de esa mencionada Octava Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, ( 4 ) (en lo sucesivo, «Octava Directiva»), «se considera como sujeto pasivo no establecido en el interior del país al sujeto pasivo […] que durante el [período de devolución] no haya tenido en el interior del país de que se trate ni la sede de su actividad económica ni un establecimiento permanente desde el que se efectúen las operaciones […], y que no haya efectuado durante el mismo período ninguna entrega de bienes o prestación de servicios que pueda considerarse efectuada en este país […]».
60.

Pues bien, desde esta perspectiva, de la información obrante en autos se desprende que la función específica que desarrolla HIS, sociedad de capital íntegramente público, es la de prestar asistencia a las instituciones públicas de enseñanza superior para garantizar la ejecución racional y económicamente eficaz de su misión de enseñanza superior. Así, en mi opinión, esta función está en una relación de complementariedad específica con la de enseñanza e investigación desarrollada por las universidades de modo que, con la condición de que todos los demás requisitos se cumplan, pueda existir una cooperación que quede comprendida en la excepción jurisprudencial relativa a la cooperación entre entidades públicas. A este respecto he de añadir que, a mi juicio, no tiene una importancia en modo alguno secundaria en el análisis la circunstancia de que el desarrollo de esta función sea expresión de una voluntad del legislador constitucional alemán, el cual previó en su artículo 91c, apartado 1, formas de cooperación entre la Federación y los Länder en la creación y gestión de los sistemas informáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
44.

Por último, la alegación de la recurrente de que la sentencia Medion no puede transponerse al presente asunto debido a que son distintos los usos comerciales en el sector de los aparatos electrónicos para el ocio y los de la pastelería es, en mi opinión, infundada de hecho. En efecto, a diferencia de lo que parece afirmar la recurrente, no resulta, de la lectura de la sentencia y de las conclusiones, que la frecuencia de vínculos económicos entre las empresas que operan en el mercado de referencia forme parte del contexto fáctico del asunto principal como describe el órgano jurisdiccional remitente. Como ya he subrayado anteriormente, en el punto 40 de las presentes conclusiones, dicho órgano jurisdiccional había señalado por el contrario que, en el sector comercial de que se trata, los usos en materia de denominación daban una mayor relevancia al nombre del productor que, por otro lado, pasa a un segundo plano en la impresión general producida por una marca compuesta, ya que el público tiende a identificar por regla general la designación del producto en un componente distinto del signo. ( 50 ) La recurrente no pudo demostrar ni siquiera mencionó respecto del mercado de los productos de que se trata la existencia de dichos usos comerciales, que, cuando resulten documentados, deben sin más tomarse en consideración como factor pertinente en la apreciación global del riesgo de confusión.