Asunto T-12/03

Itochu Corp.

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de consolas de videojuegos y de cartuchos de juegos compatibles con las consolas Nintendo — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Limitación de las exportaciones paralelas — Imputabilidad del comportamiento infractor — Multas — Trato diferenciado — Efecto disuasorio — Duración de la infracción — Circunstancias atenuantes — Cooperación durante el procedimiento administrativo»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 30 de abril de 2009 II ‐ 890

Sumario de la sentencia

(Reglamento no 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento no 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4)

El Derecho comunitario de la competencia reconoce que diferentes sociedades pertenecientes a un mismo grupo constituyen una única entidad económica y, por ende, una empresa en el sentido de los artículos 81 CE y 82 CE si tales sociedades no determinan de manera autónoma su comportamiento en el mercado. En el supuesto específico de que una sociedad matriz posea el 100% del capital de su filial autora de la infracción, existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial. Por lo tanto, corresponde a la sociedad matriz que impugna ante el juez comunitario la decisión de la Comisión de imponerle una multa por el comportamiento de su filial desvirtuar esta presunción, aportando pruebas que acrediten la autonomía de esta última. En otras palabras, basta con que la Comisión demuestre que la totalidad del capital de una filial pertenece, directa o indirectamente, a su sociedad matriz para concluir que esta última ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de aquélla. A continuación, la Comisión podrá declarar a la sociedad matriz responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, salvo si la sociedad matriz prueba que su filial no aplica, en lo sustancial, las directivas que ella adopta y se comporta, por lo tanto, de forma autónoma en el mercado. El hecho de que una sociedad matriz no se presentara como único interlocutor de la Comisión en el procedimiento administrativo e impugnase continuamente la decisión de la Comisión de remitirle los documentos de que se trata no basta para desvirtuar la presunción antes mencionada. El hecho de que un grupo se caracterice por la organización descentralizada y autónoma de la actividad de sus diferentes filiales tampoco constituye un argumento válido cuando no se presenta ningún dato concreto en apoyo de esta alegación, salvo el hecho, no pertinente a este respecto, de que dichas filiales emplean a un gran número de trabajadores locales. Por lo demás, para imputar a una sociedad matriz los actos cometidos por su filial no es en absoluto necesario probar que la matriz participó directamente en los comportamientos imputados a su filial o tuvo conocimiento de ellos. (véanse los apartados 47, 49, 51, 52 y 56 a 58)

El método consistente en repartir en categorías a los miembros de un cártel para aplicarles un trato diferenciado en la fase de determinación de los importes de partida de las multas –método cuyo principio ha sido aceptado por la jurisprudencia, pese a que equivale a ignorar las diferencias de tamaño entre empresas de una misma categoría– lleva aparejada la fijación de un importe de partida idéntico para las empresas que pertenecen a la misma categoría. Esta distribución por categorías debe respetar el principio de igualdad de trato y, por otra parte, el importe de las multas debe al menos guardar una proporción con los factores tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción. Para comprobar si la distribución en categorías de los miembros de un cártel respeta los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el juez comunitario, en el marco de su control de legalidad sobre el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la materia, debe limitarse, no obstante, a verificar que dicho reparto sea coherente y objetivamente justificado, sin sustituir de entrada la apreciación de la Comisión por la suya propia. A este respecto, la decisión de la Comisión de repartir a las empresas en varias categorías en función de sus cuotas de mercado en la distribución de los productos de que se trata y agrupar en una misma categoría a las que tienen una cuota de mercado inferior a cierto nivel no puede calificarse de arbitraria, ni sobrepasa los límites de la facultad de apreciación de que dispone en esta materia. No cabe censurar el hecho de que los importes de partida correspondientes a cada categoría no sean estrictamente proporcionales a las respectivas cuotas de mercado de las empresas implicadas, ya que es simplemente un resultado del reparto en categorías y de la fijación de importes de partida idénticos para cada categoría que dicho reparto conlleva. En efecto, aunque a ciertas empresas se les aplique un importe de base idéntico a pesar de tener diferentes tamaños, debido a la distribución en grupos, dicha diferencia de trato debe considerarse objetivamente justificada por la preeminencia que se otorga a la naturaleza de la infracción, comparada con el tamaño de las empresas, al determinar la gravedad de la infracción. La facultad de la Comisión de proceder a una clasificación en categorías perdería gran parte de su utilidad si cualquier diferencia entre cuotas de mercado, considerable en términos relativos pero muy poco relevante en puntos porcentuales, impidiera clasificar a diferentes empresas en una misma categoría. (véanse los apartados 73, 74, 76, 77 y 81)

La Comisión tiene la facultad de fijar el importe de las multas de modo que se refuerce su efecto disuasorio cuando las infracciones de un determinado tipo sean todavía relativamente frecuentes, aunque se haya determinado su ilegalidad desde los inicios de la política comunitaria de la competencia, en razón del beneficio que ciertas empresas interesadas pueden obtener de ellas. Como el objetivo disuasorio guarda relación con la conducta de las empresas en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo (EEE), el coeficiente disuasorio se calcula tomando en consideración una multitud de factores, y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate. La Comisión puede aplicar el mismo coeficiente de incremento de las multas con fines disuasorios a dos empresas miembros de un cártel tomando en consideración sus tamaños y sus recursos globales. Una empresa no puede basarse en las diferencias existentes entre los papeles respectivos de las empresas implicadas en la infracción para impugnar el carácter igualitario y proporcionado del incremento del importe de las multas decidido con fines disuasorios. (véanse los apartados 93, 94 y 98)

El artículo 15, apartado 2, último párrafo, del Reglamento no 17 dispone que, para determinar la cuantía de la multa se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta. Cuando un acuerdo que tenga un objeto contrario a la competencia no se aplique, es preciso, no obstante, tener en cuenta el período de existencia de dicho acuerdo, es decir, el período transcurrido entre la fecha de su celebración y la fecha en que se le puso fin. El hecho de que las disposiciones de un acuerdo no se hayan aplicado durante largos períodos no tiene la menor importancia para la determinación de la duración de la infracción. (véanse los apartados 109 y 112)

Una empresa que participe con otras en actividades contrarias a la competencia no puede alegar haber participado en ellas presionada por otros participantes, ya que habría podido denunciar esas presiones ante las autoridades competentes y presentar una denuncia a la Comisión en virtud del artículo 3 del Reglamento no 17, en vez de participar en tales actividades. (véanse los apartados 114 y 140)

Con arreglo al punto 1 B de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo [65 CA], en el caso de infracciones de larga duración, la Comisión tiene la posibilidad de incrementar el importe determinado en función de la gravedad de la infracción en un porcentaje que puede llegar hasta el 10% por cada año de duración de la infracción. El mero hecho de que la Comisión se haya reservado la posibilidad de incrementar el importe de la multa hasta un 10% por cada año de duración de la infracción no le obliga en absoluto a determinar dicho porcentaje de incremento en función de la intensidad de la infracción, o incluso de los diferentes grados de implicación de cada infractor. El punto 1 B de las Directrices no exige como requisito para incrementar la multa en razón de la duración de la infracción una prueba de que la infracción tuvo repercusiones negativas y de larga duración sobre los consumidores. No cabe acoger la alegación de que, en el caso de que la intensidad de una infracción haya variado mucho, la Comisión está obligada a aplicar un porcentaje de incremento de la multa mucho menor, al menos en una parte del periodo examinado. En efecto, el incremento del importe de la multa en función de la duración de la infracción no se limita únicamente a los casos en que exista una relación directa entre dicha duración y la intensidad del perjuicio causado a los objetivos comunitarios que persiguen las normas sobre competencia. (véanse los apartados 116, 118, 120 y 123)

Cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas en la infracción, a fin de determinar si existen circunstancias agravantes o atenuantes en lo que a ellas respecta. En particular, puede constituir una circunstancia atenuante, si resulta acreditada, la «función exclusivamente pasiva o subordinada» de una empresa en la comisión de la infracción, conforme a lo dispuesto en el punto 3, primer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo [65 CA], teniendo en cuenta que este papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa que se trate de una actitud reservada, es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia. A este respecto, una empresa que participa en un acuerdo de distribución destinado a limitar el comercio paralelo y expresa así su conformidad con el principio de limitación de dicho comercio no desempeña un papel pasivo en la comisión de la infracción. Por otra parte, un comportamiento de una empresa que acredite un escaso celo en la aplicación del acuerdo, sin poner no obstante en entredicho su plena implicación en el mismo, no constituye una prueba de la participación «exclusivamente» pasiva de dicha empresa. No basta, por tanto, con que la empresa de que se trate haya adoptado una actitud reservada durante ciertos períodos o en relación con ciertas disposiciones del acuerdo. (véanse los apartados 134, 135, 137 y 138)

A tenor de lo dispuesto en el punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo [65 CA], la «no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos» puede constituir una circunstancia atenuante. La Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por falta de aplicación efectiva de una concertación si la empresa que alega dicha circunstancia puede demostrar que se opuso clara y considerablemente a la aplicación de dicha concertación, hasta el punto de haber perturbado el propio funcionamiento de ésta, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo ni incitó así a otras empresas a aplicar dicho acuerdo. En efecto, sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una cuantiosa multa si pudieran beneficiarse de una concertación ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación de la concertación constitutiva de la infracción, a pesar de que su actitud haya incitado a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia. (véanse los apartados 144 y 145)