Conclusiones del Abogado General Van Gerven presentadas el 29 de junio de 1993. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA BASF AG, LIMBURGSE VINYL MAATSCHAPPIJ NV, DSM NV, DSM KUNSTSTOFFEN BV, HUELS AG, ELF ATOCHEM SA, SOCIETE ARTESIENNE DE VINYLE SA, WACKER CHEMIE GMBH, ENICHEM SPA, HOECHST AG, IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, SHELL INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY LTD Y MONTEDISON SPA. - RECURSO DE CASACION - COMPETENCIA - DECISION DE LA COMISION - INEXISTENCIA. - ASUNTO C-137/92 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1994 página I-02555

Edición especial sueca página I-00201

Edición especial finesa página I-00239



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. El presente asunto se refiere a un recurso de casación interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE del Tribunal de Justicia contra la sentencia que el Tribunal de Primera Instancia pronunció el 27 de febrero de 1992 en los asuntos PVC (en lo sucesivo, "sentencia PVC"). (1) En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró inexistente la Decisión 89/190/CEE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV-31.865, PVC) (en lo sucesivo, "Decisión") (2) que había sido notificada a las partes recurridas en casación. La Comisión pide al Tribunal de Justicia que anule la sentencia PVC y que deduzca de esta anulación todas las consecuencias jurídicas necesarias y entre ellas, en particular, la de devolver los asuntos al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre otros motivos invocados por las partes demandantes en el procedimiento seguido ante este órgano jurisdiccional y que no habían sido examinados en la sentencia PVC.

El plan de mi exposición será el siguiente. En primer lugar, abordaré la excepción de inadmisibilidad por rebasamiento de plazos propuesta por las partes recurridas en casación, así como, de forma general, la cuestión de la inadmisibilidad del recurso por haber alegado la Comisión hechos nuevos. Seguidamente examinaré las imputaciones formuladas por la Comisión contra la sentencia PVC, así como los argumentos expuestos por las partes recurridas en casación como respuesta a cada una de las imputaciones, a saber, i) la apreciación que el Tribunal de Primera Instancia hace de las modificaciones introducidas en la Decisión; ii) las exigencias del Tratado sobre los requisitos con que deben ser adoptados los actos de la Comisión y, en particular, los requisitos de adopción de las versiones lingueísticas auténticas; iii) el alcance y la interpretación del artículo 12 del Reglamento interno de la Comisión, y iv) la aplicación de la teoría de la inexistencia de los actos administrativos. Antes recordaré sucintamente los antecedentes del litigio.

I. Contexto del litigio

2. Como consecuencia de las verificaciones efectuadas en el mes de octubre de 1983 en las empresas del sector del polipropileno, conforme al artículo 14 del Reglamento nº 17, (3) la Comisión inició una investigación acerca del policloruro de vinilo (PVC). Con tal motivo efectuó diversas comprobaciones en las empresas afectadas y les dirigió solicitudes de información en varias ocasiones. Basándose en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, la Comisión decidió, el 25 de marzo de 1988, entablar un procedimiento contra 14 productores de PVC. (4) Después de que las partes estuvieron en condiciones de presentar su punto de vista sobre las imputaciones que les hacía (5) la Comisión en el pliego de cargos de 5 de abril de 1988 y después de que el Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes hubiera emitido su dictamen sobre un anteproyecto de Decisión el 1 de diciembre de 1988, la Comisión adoptó la Decisión que lleva oficialmente la fecha de 21 de diciembre de 1988 y que fue notificada a las empresas afectadas en el mes de febrero de 1989. El texto de la Decisión es auténtico en alemán, inglés, francés, italiano y neerlandés.

En la Decisión, los 14 productores de PVC fueron declarados culpables de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE cometida °durante los períodos que se especifican en la Decisión° al participar en un acuerdo y/o en una práctica concertada, que se inició aproximadamente en 1980, en virtud de la cual los productores que suministraban PVC en la Comunidad asistieron a reuniones periódicas cuya finalidad era fijar precios "objetivo" y cuotas "objetivo", planificar iniciativas concertadas para elevar el nivel de precios y supervisar la aplicación de dichos acuerdos colusorios (artículo 1). Además de un requerimiento para que pusieran fin de inmediato a las infracciones observadas y para que se abstuvieran en lo sucesivo de las prácticas imputadas (artículo 2), se imponía a cada uno de los 14 productores una multa individual (artículo 3).

3. Prácticamente todas las empresas afectadas (6) interpusieron un recurso contra esta Decisión ante el Tribunal de Justicia, el cual, el 15 de noviembre de 1989, atribuyó estos asuntos al Tribunal de Primera Instancia. (7) Todas las partes demandantes solicitaban, con carácter principal, la anulación de la Decisión y, con carácter subsidiario, la anulación o, cuando menos, la reducción de las multas que se imponen en el artículo 3 de la Decisión. (8)

Por lo que respecta al razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia PVC, me remito al informe para la vista. Baste con indicar aquí que el Tribunal de Primera Instancia decidió declarar la Decisión de la Comisión jurídicamente inexistente porque había comprobado: i) "[que se había quebrantado] de forma particularmente grave y manifiesta el principio de intangibilidad del acto adoptado"; (9) ii) que el Comisario encargado de los asuntos de la competencia que firmó el acto era incompetente ratione materiae y ratione temporis, (10) y iii) que el acto de que se trata no había sido autenticado.

II. Excepción de inadmisibilidad por rebasamiento de plazos

4. Todas las partes recurridas en casación, con excepción de Shell, ICC y Montedison, han propuesto una excepción de inadmisibilidad por rebasamiento de plazos. Afirman a este respecto que, puesto que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue notificada a la Comisión el 28 de febrero de 1992, el recurso de casación hubiera debido interponerse en el plazo de dos meses, de conformidad con el párrafo primero del artículo 49 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, es decir, en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 80 del Reglamento de Procedimiento, (11) a más tardar el 28 de abril de 1992. Sin embargo la Comisión no presentó su recurso de casación en la Secretaría del Tribunal de Justicia hasta el 29 de abril de 1992.

Según las partes recurridas en casación, la Comisión no puede ampararse en las disposiciones de la Decisión relativa a la ampliación de los plazos procesales en razón de la distancia. (12) En efecto, el artículo 1 de dicha Decisión dispone que los plazos procesales no podrán ampliarse por razón de la distancia para aquellas de las partes que tuvieran su residencia habitual en el Gran Ducado de Luxemburgo. Mientras no se adopte una decisión definitiva acerca de la sede de las Instituciones de las Comunidades, sus lugares de trabajo provisionales deben ser considerados como su residencia habitual. De ello se deduce, según las partes recurridas, que la Comisión tiene también su residencia habitual en Luxemburgo, puesto que allí ejerce una buena parte de sus funciones habituales y dispone de un cierto número de servicios que comprenden un número considerable de funcionarios.

5. No puedo compartir este punto de vista. Bien es verdad que, según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, "la estricta aplicación de las normas comunitarias relativas a los plazos judiciales responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia". (13) Se sabe también que la cuestión de cuál es °a efectos de la aplicación de los plazos procesales en razón de la distancia° la residencia habitual de una de las partes en un procedimiento ha sido considerada por el Tribunal de Justicia como una cuestión de hecho: en las sentencias Fonzi ya ha declarado que "el plazo por razón de la distancia depende únicamente de la situación de hecho, es decir, de la residencia habitual del demandante" (14) En lo que atañe a las personas jurídicas y a las instituciones, existe la costumbre de adoptar como criterio para determinar el lugar de residencia habitual el del lugar en que esté establecido su domicilio social. En efecto, por lo que atañe al plazo de recurso de una sociedad destinataria de una Decisión, el Tribunal de Justicia ha manifestado expresamente que el punto de arranque de este plazo se sitúa en el día de la notificación en el domicilio de dicha sociedad. (15) Por esta razón, el elemento determinante para el cálculo de los plazos procesales a que tiene derecho una Institución como la Comisión es el lugar a partir del cual esta Institución es efectivamente dirigida, es decir, el lugar donde se toman las decisiones relativas a la actividad de la Institución y desde el cual ésta recibe su impulso. (16)

6. Nadie puede negar que, en el caso de la Comisión, este centro nervioso se sitúa en Bruselas. Es cierto que cuando la Comisión interpuso el recurso de casación, la sede de las Instituciones comunitarias no se había fijado aún de forma definitiva (17) y que la Decisión de 8 de abril de 1965 de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros relativa a la instalación provisional de determinadas Instituciones y determinados servicios de las Comunidades (18) aún estaba en vigor. No obstante, a mi juicio, no hay nada en dicha Decisión que autorice a concluir que la Comisión tenga su "residencia habitual" en Luxemburgo. Los artículos 7, 8 y 9 de esta Decisión sólo enumeran un determinado número de servicios de la Comisión que se establecerán en Luxemburgo. A mayor abundamiento, la Decisión no afecta, como declara su artículo 12, "a los lugares provisionales de trabajo de las Instituciones y servicios de las Comunidades Europeas", y estos lugares provisionales de trabajo son Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo, como dispone el artículo 1 de la Decisión. Aunque esto no se diga explícitamente en la Decisión, todo el mundo sabe que la sede de la Comisión en cuanto órgano de decisión ya había quedado fijada en Bruselas bajo el régimen provisional (19) y que el establecimiento de algunos de sus servicios en Luxemburgo constituía para el Gran Ducado una compensación por la pérdida de la Alta Autoridad de la CECA cuya sede, que antes estaba en Luxemburgo, había sido trasladada a Bruselas (20) con arreglo al Tratado de fusión. (21) Este régimen fue ratificado de manera definitiva mediante la Decisión adoptada de común acuerdo, el 12 de diciembre de 1992, por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, relativa a la fijación de las sedes de las Instituciones y de determinados organismos y servicios de las Comunidades. (22) A tenor de la letra c) del artículo 1 de esta Decisión, la Comisión tendrá su sede en Bruselas y los servicios enumerados en los artículos antes citados de la Decisión de 1965 se establecerán en Luxemburgo.

7. Deduzco de cuanto precede que, para la aplicación de los plazos procesales ante el Tribunal de Justicia, la Comisión tiene su residencia habitual en Bruselas y que así sucedía ya bajo el régimen provisional. Concluyo, por lo tanto, que con arreglo al artículo 1 de la Decisión sobre los plazos por razón de la distancia, la Comisión tiene derecho a una prórroga de dos días de los plazos procesales. Su recurso ha sido presentado, por consiguiente, dentro del plazo señalado, de forma que la excepción de inadmisibilidad por rebasamiento de plazos debe ser desestimada.

III. Excepción de inadmisibilidad deducida de los hechos nuevos invocados por la Comisión

8. La mayoría de las partes recurridas en casación proponen igualmente la excepción de que dicho recurso no debe admitirse, puesto que la Comisión formula en él un nuevo relato de los hechos sobre el cual no se ha pronunciado el Tribunal de Primera Instancia. Dado que el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia únicamente puede versar sobre cuestiones de Derecho, la Comisión hubiera debido limitarse a recordar todos los hechos esenciales tal y como se recogen en la sentencia dictada en primera instancia. Sin embargo, la Comisión omite algunas determinaciones esenciales del Tribunal de Primera Instancia e indica algunos hechos nuevos y tampoco toma en consideración la mayor parte de los resultados que quedaron de manifiesto como consecuencia de las diligencias de prueba practicadas en primera instancia. Además, la Comisión no refiere con exactitud algunas partes esenciales del procedimiento que tuvo lugar ante del Tribunal de Primera Instancia.

9. Basta con indicar a este respecto que, en lo que atañe a la determinación de los hechos, el Tribunal de Primera Instancia es soberano. (23) Dado que el control que el Tribunal de Justicia puede efectuar en el marco de un recurso de casación interpuesto contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia se limita a las cuestiones de Derecho [apartado 1 del artículo 168 A del Tratado CEE y artículo 51 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia], el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre los nuevos hechos alegados. Para ello sería preciso, en efecto, realizar una nueva apreciación de los mismos, lo cual está excluido en virtud de una reiterada jurisprudencia:

"El recurso de casación sólo puede fundarse en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de los hechos, y, por consiguiente, no cabe admitirlo más que en la medida en que su escrito de interposición impute al Tribunal de Primera Instancia haberse pronunciado infringiendo normas jurídicas cuya observancia tenía que garantizar". (24)

Por esta razón considero que, para apreciar las imputaciones enunciadas por la Comisión en su escrito de recurso °pero también los argumentos expuestos por las partes recurridas en casación°, (25) únicamente pueden tomarse en consideración los hechos que el Tribunal de Primera Instancia haya declarado probados. La descripción que la Comisión hace en su recurso de casación de los hechos que constituyen los antecedentes del asunto PVC carece de cualquier valor probatorio en Derecho y únicamente puede considerarse como una declaración unilateral. Por consiguiente, no es necesario examinarla.

Por el contrario, deseo subrayar en primer término que cuando la Comisión, en la parte de los "Fundamentos de Derecho" de su escrito de recurso, impugna los motivos de la sentencia PVC en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia deduce consecuencias jurídicas de hechos que no ha declarado probados como procede en Derecho, invoca una violación del Derecho que, como motivo, procede, en principio, admitir. En efecto, el motivo derivado de una "violación del Derecho comunitario" en que puede basarse, a tenor del artículo 51 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, un recurso de casación debe interpretarse en sentido amplio: (26) como se desprende de la sentencia que el Tribunal de Justicia ha pronunciado en el asunto Vidrányi, este concepto no abarca solamente las normas escritas del Derecho comunitario, sino también los principios generales (no escritos) que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. En la citada sentencia, el Tribunal de Justicia ha admitido como motivos de casación el derivado de una violación del principio general de respeto del derecho de defensa, así como el motivo basado en la violación de la obligación que corresponde a un órgano jurisdiccional de motivar sus decisiones. (27) Ahora bien, deducir consecuencias jurídicas de hechos que no han sido declarados probados, o que no lo hayan sido de manera suficiente, constituye indiscutiblemente un incumplimiento de esta obligación de motivación, de modo que un motivo deducido de dicho comportamiento es un motivo basado en una violación del Derecho comunitario y debe, por lo tanto, ser admitido en principio por el Tribunal de Justicia. (28) La cuestión de si los motivos de la Comisión contra los que se dirige la excepción de inadmisibilidad satisfacen este criterio la abordaré al examinar ese punto en concreto (en el punto 24, infra).

IV. Apreciación por parte del Tribunal de Primera Instancia de las modificaciones introducidas en la Decisión

10. El primer motivo de anulación de la sentencia PVC invocado por la Comisión es el de una violación del Derecho y una motivación incorrecta, en particular en cuanto concierne a la apreciación que el Tribunal de Primera Instancia hace de las modificaciones que han sido efectuadas en la Decisión entre el momento en que la Junta de Comisarios la adoptó y el momento en que fue notificada a sus destinatarios. Las imputaciones de la comisión se refieren a: i) las modificaciones realizadas en el texto alemán de la Decisión, y ii) las modificaciones realizadas en todas las versiones lingueísticas, en particular el párrafo añadido al apartado 27 de la Decisión y la modificación introducida en la parte dispositiva de la Decisión.

Para comprender bien el contenido del motivo y el comentario que voy a hacer del mismo, procede recordar previamente el apartado 35 de la sentencia PVC. Este apartado indica, en efecto, los elementos en los que se ha basado el Tribunal de Primera Instancia para analizar las modificaciones introducidas en la Decisión. Tomando como punto de partida la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia el 23 de febrero de 1988 en el asunto 131/86, Reino Unido/Consejo (en lo sucesivo, "sentencia Reino Unido/Consejo") (29) °a la cual me referiré en los puntos 13 y 14, infra°, el Tribunal de Justicia llega a la siguiente reflexión:

"En efecto, el principio de intangibilidad del acto, una vez adoptado por la autoridad competente, constituye un factor esencial de seguridad jurídica y de estabilidad de las situaciones jurídicas en el ordenamiento comunitario, tanto para las Instituciones comunitarias como para los sujetos de Derecho cuya situación jurídica y material se ve afectada por una Decisión de dichas Instituciones. El respeto riguroso y absoluto de dicho principio permite, por sí solo, adquirir la certeza de que, tras su adopción, el acto solamente podrá ser modificado respetando las normas de competencia y de procedimiento y, consecuentemente, el acto notificado o publicado será una copia exacta del acto adoptado, reflejando así de manera fiel la voluntad de la autoridad competente."

A. Las modificaciones efectuadas en el texto alemán de la Decisión

11. La resolución del Tribunal de Primera Instancia y el punto de vista de las partes. La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia ha violado el Derecho al estimar: i) que no era necesario examinar la cuestión de si las modificaciones detectadas en la versión alemana de la Decisión revestían o no carácter sustancial, y ii) que estas modificaciones viciaban la legalidad de la Decisión en su integridad y con respecto a todas las partes demandantes en primera instancia. Abordaré seguidamente la primera cuestión; recordaré no obstante brevemente el pasaje de que se trata en la sentencia PVC.

El Tribunal de Primera Instancia declaró que la Decisión adoptada por la Junta de Comisarios en su reunión de 21 de diciembre de 1988 contenía, en su versión alemana "sensibles discordancias, que no eran de naturaleza gramatical o sintáctica" en relación con la versión inglesa y la versión francesa de dicha Decisión °se trata de las tres versiones lingueísticas que fueron aprobadas durante la reunión° y en relación con la versión alemana tal como fue notificada y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 17 de marzo de 1989. (30) Tras haber enumerado todas las modificaciones de que se trata (véase el punto 14, infra), el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente en el apartado 42:

"Dado que, por una parte, las modificaciones así introducidas son posteriores a la adopción del acto de 21 de diciembre de 1988 y, por otra, no presentan un carácter meramente ortográfico o sintáctico, fueron necesariamente añadidas por una persona incompetente para hacerlo, y, en consecuencia, afectan al carácter intangible del acto adoptado por la Junta de Comisarios y no procede examinar el alcance, la importancia o el carácter sustancial de dichas modificaciones, tal como se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1988, antes citada."

12. La Comisión afirma que al leer la sentencia Reino Unido/Consejo como lo ha hecho, el Tribunal de Primera Instancia ha dado una interpretación incorrecta al artículo 190 del Tratado CEE, que es la disposición en que se basa dicha sentencia. A tenor de este artículo, "Los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones del Consejo y la Comisión deberán ser motivados y se referirán a las propuestas o dictámenes preceptivamente recabados en aplicación del [...] Tratado". Para poder declarar una infracción de este artículo habría que demostrar que las modificaciones introducidas en el acto después de su adopción tienen un carácter sustancial. En el caso que nos ocupa hoy, únicamente se trata, sin embargo, de correcciones de naturaleza lingueística que, desde ningún punto de vista, inciden en las prerrogativas de los miembros de la Comisión ni, a fortiori, en los derechos de los destinatarios de la Decisión. La Comisión alega finalmente que le debería resultar posible corregir una versión lingueística de una Decisión, aun cuando esta versión sea una versión auténtica, con el fin de lograr una perfecta concordancia con la versión lingueística en la cual ha sido redactado el acto.

Las partes recurridas en casación replican que las diferencias observadas entre el texto sometido a la Junta de los Comisarios y el texto notificado en la versión alemana van mucho más allá de las simples correcciones de naturaleza sintáctica u ortográfica, únicas correcciones que, a su juicio, podrían introducirse en el acto después de haber sido adoptado éste, tal como se desprende de la sentencia Reino Unido/Consejo. La distinción que la Comisión hace entre las modificaciones sustanciales y las que no tienen este carácter no encuentra ningún apoyo en la jurisprudencia y no puede basarse en ningún criterio objetivo.

13. La sentencia Reino Unido/Consejo en el asunto 131/86. Esto nos lleva a analizar de más cerca la sentencia Reino Unido/Consejo. En este asunto, el Reino Unido había solicitado al Tribunal de Justicia que anulara la Directiva 86/113/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1986, por la que se establecen las normas mínimas relativas a la protección de las gallinas ponedoras en batería. (31) El segundo motivo de anulación se había deducido del hecho de que el texto del preámbulo de la Directiva difería en tres puntos del proyecto que había sido sometido a la aprobación del Consejo. El Tribunal declaró que este motivo carecía de fundamento, basando su razonamiento en el Reglamento interno del Consejo y en el artículo 190 del Tratado CEE. Tras haber recapitulado las disposiciones aplicables del Reglamento interno antes citado, el Tribunal declaró °y lo cito in extenso°:

"Sin embargo, el Reglamento interno del Consejo no autoriza ni al Secretario General ni al personal de la Secretaría General a introducir modificaciones o correcciones en los textos adoptados por el Consejo. Pese a ser cierto que es inherente a las funciones de la Secretaría General del Consejo proceder a rectificaciones de índole ortográfica o gramatical, esta facultad no puede extenderse al contenido mismo del acto de que se trate.

[...] las modificaciones introducidas por la Secretaría General del Consejo sólo se refieren a la motivación de la Directiva en cuestión, sin afectar al propio cuerpo del acto. Sin embargo, esta motivación fue elaborada en función del artículo 190 del Tratado, que exige que los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones del Consejo y la Comisión contengan un resumen de las razones que llevaron a la Institución a dictarlas, de forma que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control y que tanto los Estados miembros como los nacionales interesados conozcan las circunstancias en las que las Instituciones comunitarias aplicaron el Tratado (véase la sentencia de 7 de julio de 1981, Rewe contra Hauptzollamt Kiel, 158/80, Rec. 1981, p. 1805).

Esta consideración pone de manifiesto que la motivación de un acto constituye un elemento esencial del mismo. Por consiguiente, ni el Secretario General del Consejo ni el personal de su Secretaría General están facultados para modificar la motivación de los actos aprobados por el Consejo". (32)

Puesto que había quedado probado que las modificaciones introducidas en la Directiva iban mucho más allá de meras rectificaciones ortográficas o gramaticales, el Tribunal de Justicia anuló la Directiva impugnada. (33)

14. Diferencias entre el presente asunto y el asunto 131/86. Me parece que el Tribunal de Primera Instancia ha ignorado con demasiada facilidad algunas diferencias importantes entre la situación de que se trataba en el asunto Reino Unido/Consejo y la situación que nos interesa en el presente litigio (véase infra), así como la cuestión de cuál es (véanse los puntos 15 a 17, infra), a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 190 del Tratado CEE, el criterio exacto que permite apreciar si algunas modificaciones introducidas a una Decisión individual adoptada en materia de competencia tras su aprobación oficial son o no ilegales.

En cuanto atañe al primer punto, a saber, las diferencias considerables de las circunstancias, ambos asuntos se distinguen, en primer lugar, por la naturaleza de las modificaciones. De ello resulta que nada autoriza, en mi opinión, a deducir de la sentencia Reino Unido/Consejo que se podría silenciar "el alcance, la importancia o el carácter sustancial o no" de las modificaciones. En efecto, el Tribunal de Justicia ha establecido en esta sentencia una distinción entre las modificaciones de contenido de un acto, lo cual incluye asimismo su exposición de motivos, y las rectificaciones de naturaleza meramente lingueística. (34) Las divergencias entre el texto de la exposición de motivos a las que el Tribunal de Justicia se enfrentó en este asunto correspondían indudablemente a la primera categoría: se referían sobre todo a la base jurídica de la Directiva en cuestión (en la exposición de motivos se había añadido una referencia adicional a un artículo del Tratado) y a la supresión de un considerando entero en dicha exposición de motivos. (35) Si bien es forzoso admitir, en el asunto que nos ocupa, que las divergencias indicadas por el Tribunal de Primera Instancia que aparece en la versión alemana de la Decisión no constituyen simples rectificaciones "ortográficas o gramaticales" en el sentido de la sentencia Reino Unido/Consejo, estimo, no obstante, que, al examinarlas más detenidamente, estas divergencias tampoco llegan a modificar el contenido, es decir, el alcance de la motivación de la Decisión. Es manifiesto que las modificaciones únicamente han sido introducidas para lograr la concordancia entre la versión alemana de la Decisión y las versiones inglesa y francesa (se trata de las modificaciones citadas en el primer y el segundo guiones del apartado 41 de la sentencia) (36) o para eliminar una falta de ortografía que tuviera su origen en el texto inglés (se trata esta vez de la tercera modificación citada en el tercer guión). (37) De todos modos, estas modificaciones son tan concisas y puntuales que no podían tener el menor impacto en la apreciación jurídica acerca de la infracción del artículo 85 del Tratado CEE ni sobre el derecho de los destinatarios de la Decisión a una protección jurídica tan completa como fuera posible (véase el punto 17, infra).

Una segunda diferencia importante entre el asunto Reino Unido/Consejo y el presente asunto consiste, al menos en cuanto atañe a este aspecto del primer motivo, en que aquí se trata únicamente de divergencias en una sola versión lingueística, a saber, la versión alemana, mientras que en el primer asunto, las modificaciones que habían sido detectadas aparecían en todas las versiones lingueísticas. Esto parece confirmar que, como sostiene la Comisión, las modificaciones introducidas en la versión alemana de la Decisión tenían esencialmente la finalidad de lograr que esta versión fuera idéntica a las versiones redactadas en las demás lenguas.

Señalemos finalmente una última diferencia, esencial a mi juicio, entre la situación a que se refiere la sentencia Reino Unido/Consejo y la situación que nos ocupa en el presente asunto. En el primer asunto, un Estado miembro que está representado en calidad de miembro en la Institución comunitaria de que se trata, el Consejo (véase el artículo 2 del Tratado de fusión), consideraba °con razón° que habían sido vulnerados sus derechos porque, tras la aprobación de la Directiva controvertida por parte del Consejo, se habían efectuado algunas modificaciones sin seguir el procedimiento previsto para la adopción de decisiones, lo que había impedido que dicho Estado miembro participara en este proceso. Es indiscutible que, sobre la base del Reglamento interno de la Institución de la que forma parte, este Estado miembro podía invocar la falta de competencia de la Secretaría General para introducir modificaciones en un texto que ya había sido adoptado. (38) Es igualmente indiscutible que la cuestión de si esta infracción había causado un perjuicio al Reino Unido en el caso de autos era irrelevante a efectos de la apreciación que debía efectuar el Tribunal de Justicia: en efecto, como el Tribunal de Justicia ha señalado también en esta misma sentencia, (39) el artículo 173 del Tratado CEE concede a todo Estado miembro el derecho a impugnar la legalidad de cualquier Directiva del Consejo sin que el ejercicio de este derecho esté supeditado a la justificación de un interés para ejercitar la acción. Completamente distinta es la situación que nos ocupa en el caso de autos, donde se trata de una Decisión en la que la Comisión, actuando sobre la base del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, ha declarado una infracción del artículo 85 del Tratado CEE: a tenor del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, los particulares °que evidentemente no pueden ostentar la condición de miembro de la Institución comunitaria de que se trate y hacer valer como tales el derecho a un proceso correcto de decisión° (40) únicamente pueden impugnar la legalidad de tal Decisión si ésta les ha sido dirigida o si les afecta directa e individualmente. (41)

15. La obligación impuesta por el artículo 190 del Tratado CEE de motivar las Decisiones individuales en los asuntos de competencia. Esto me lleva a mi segunda crítica. La sentencia Reino Unido/Consejo que, como ya he dicho, se refiere a una Directiva no es el único asunto determinante para saber si se ha cumplido el requisito enunciado en el artículo 190 del Tratado CEE. Sobre todo no lo es en un caso como el que nos ocupa hoy, en el que se trata de una Decisión individual en un asunto de competencia. En este campo, el Tribunal de Justicia ha dedicado a este requisito una jurisprudencia abundante de la que la sentencia PVC hace culpablemente abstracción. Esta crítica rebasa, por lo demás, el motivo que examino aquí, puesto que en otros lugares igualmente el Tribunal de Primera Instancia basa su sentencia en la interpretación antes citada del artículo 190 del Tratado CEE y de la sentencia Reino Unido/Consejo. (42)

16. Según una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, la obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad

"de permitir al Tribunal de Justicia el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta, y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez". (43)

Por esta razón la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado. (44) El alcance exacto de la obligación de motivación depende sin embargo de la naturaleza del acto de que se trate y de las circunstancias en que haya sido adoptado. (45) Principalmente, hay que tener en cuenta para ello el contexto en que la Decisión ha sido adoptada, las posibilidades y las condiciones técnicas, así como el plazo en que debía llevarse a cabo. (46) Hay que tener cuenta asimismo del eventual interés que pueda presentar la Decisión para sus destinatarios o para otras personas directa e individualmente afectadas por ella en el sentido del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE. (47)

En lo que se refiere más específicamente a los asuntos de competencia, el Tribunal de Justicia estima que la Comisión ha cumplido la obligación de motivación que le impone el artículo 190 cuando indica en su Decisión los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de ésta. (48) La Comisión no está obligada a abordar en esta ocasión todos los puntos de hecho y de Derecho que han sido suscitados por los interesados durante el procedimiento administrativo. (49) Basta por el contrario que haya expuesto de manera suficiente todas las consideraciones de hecho y de Derecho sobre las cuales se hayan basado para llegar a la parte dispositiva de su Decisión, lo que significa, en otros términos, que debe proporcionar a los interesados las indicaciones necesarias para saber si la Decisión está o no fundada. (50) En cuanto se refiere especialmente a las decisiones por las que se impone una multa, el Tribunal de Justicia ha declarado que

"se debe considerar suficiente la motivación cuando muestre de manera clara y coherente los fundamentos de hecho y de Derecho en los que se basa la condena de los interesados de modo que permita tanto a éstos como al Tribunal de Justicia conocer los elementos esenciales del razonamiento de la Comisión" (51) (traducción provisional).

Por esta razón, el Tribunal de Justicia estima que no hay incumplimiento de la obligación de motivación impuesta por el artículo 190 cuando "la Decisión, considerada en su integridad, indica claramente y de manera coherente los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se apoya". (52) (traducción provisional). Tampoco existe dicha infracción cuando la Comisión no incluye entre los motivos de su Decisión elementos que consideraba, con razón o sin ella, ajenos al asunto. (53) Aun cuando determinados pasajes no hayan sido redactados con toda la precisión deseable, no existe ningún vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 173 cuando esta circunstancia no impida a los demandantes o al Tribunal de Justicia comprender el alcance de la imputación formulada por la Comisión y apreciar si ésta carece o no de fundamento. (54) Sin embargo, existen dichos vicios sustanciales de forma cuando la motivación resulta ser demasiado escueta, sobre todo porque la Comisión vaya mucho más lejos de lo que había llegado en sus Decisiones precedentes. (55)

17. A mi entender, hay que deducir de esta jurisprudencia los principios rectores siguientes en cuanto atañe a la significación del artículo 190 del Tratado CEE en los asuntos de competencia. La obligación de motivación impuesta por esta disposición no tiene un carácter absoluto, sino más bien un carácter relativo por cuanto su propósito es el de permitir a los destinatarios de una Decisión conocer y defender sus derechos de la mejor manera posible. (56) Esta es la razón por la cual deben comunicárseles de manera suficientemente clara y coherente los principales elementos del razonamiento seguido por la Comisión, es decir, que deben ser informados de las consideraciones fácticas y jurídicas que resulten necesarias para conocer el fundamento de la Decisión adoptada respecto a ellos.

La motivación debe permitir además al Tribunal de Justicia ejercer, en el marco de los recursos interpuestos por los destinatarios de una Decisión en los asuntos de competencia, el control de la legalidad que el artículo 173 del Tratado CEE le encomienda. Este último principio procede también de la necesidad de otorgar una protección jurídica tan completa como sea posible a los destinatarios del acto de que se trate.

No existe sin embargo ninguna infracción del artículo 190 del Tratado CEE cuando las lagunas señaladas por las partes no puedan influenciar la situación jurídica de las empresas afectadas, es decir, cuando no puedan menoscabar su derecho a una protección jurídica tan completa como sea posible. (57)

18. Aplicación de la jurisprudencia antes citada a las modificaciones controvertidas. En cuanto concierne específicamente al problema que aquí nos ocupa, a saber, la forma en que procede considerar, a la luz del artículo 190 del Tratado CEE, las modificaciones (limitadas) que han sido introducidas en el texto de una Decisión en materia de competencia entre el momento de la aprobación de aquél y el momento de su notificación y de su publicación, las sentencias Suiker Unie/Comisión y Hasselblad/Comisión me parecen particularmente pertinentes. (58)

En la sentencia Suiker Unie/Comisión, una de las partes había basado una imputación en una falta que únicamente aparecía en la versión francesa de la Decisión que había sido notificada a las partes, a saber, que esta versión indicaba como año durante el cual había comenzado una práctica contraria a las reglas de la competencia, la campaña 1969/1970 en lugar de la campaña 1968/1969. El Tribunal de Justicia desestimó la objeción de esta parte, que deseaba atenerse al texto francés que le había sido notificado: en efecto, el pliego de cargos indicaba con suficiente claridad a partir de qué campaña pretendía la Comisión imputar la mencionada práctica concertada a la infractora y, además, de los documentos obrantes en autos se desprendía que dicha parte había comprendido claramente la Decisión en este sentido. En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia declaró que la Decisión debía leerse en el sentido de que la infracción a las normas de la competencia había sido detectada a partir de la campaña 1968/1969. (59)

En la sentencia Hasselblad/Comisión, se trataba de una omisión que afectaba a todas las versiones lingueísticas del texto de una Decisión tal como había sido notificado y publicado. Esta omisión afectaba a la designación de las cláusulas de un contrato tipo de concesionario de la marca Hasselblad que habían sido consideradas incompatibles con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. Una de las cláusulas criticadas únicamente aparecía en una versión ulterior, corregida, del contrato tipo de concesionario, mientras que dos de las demás cláusulas que figuraban en la versión original de este contrato tipo llevaban otro número. El Tribunal de Justicia consideró no obstante que esta laguna no era insuperable y declaró que la Decisión debía ser comprendida como referida a las cláusulas contra las que la Comisión pretendía efectivamente dirigirse (pero que había designado de forma errónea):

"Si a este respecto se ha deslizado en la Decisión un lapsus calami, este error no ha podido afectar materialmente a la comprensión por parte de la demandante de las críticas que se le dirigen" (60) (traducción provisional).

19. Las sentencias Suiker Unie/Comisión y Hasselblad/Comisión me confirman en la conclusión, a la cual había llegado anteriormente (en el punto 17), de que para apreciar si se ha cumplido la exigencia de motivación enunciada en el artículo 190 del Tratado CEE, el Tribunal de Justicia se deja guiar en primer término por la cuestión de si los destinatarios de la Decisión han sido suficientemente informados de las imputaciones que se les hacen, es decir, de una manera suficientemente clara y coherente. Este requisito se cumplía tanto en uno como en otro asunto. Si el Tribunal de Justicia ha podido concluir que las divergencias puntuales entre las diferentes versiones lingueísticas del texto notificado de una Decisión o los lapsus calami en todas las versiones lingueísticas del texto notificado no pueden menoscabar la validez de la Decisión de que se trata, siempre que éstas discrepancias no tengan una importancia esencial para la comprensión de la crítica formulada por la Comisión, no veo cómo, sobre la base del artículo 190 del Tratado CEE, podría declararse la ilegalidad de una Decisión en la cual se han introducido correcciones lingueísticas menores o modificaciones de fondo de escasa importancia en la versión en lengua alemana aun antes de que la Decisión sea notificada a las partes, es decir, antes de que las partes hayan podido tomar conocimiento oficialmente de las imputaciones que les formulaba la Comisión. (61) En la medida en que este elemento plantea un problema, éste se sitúa exclusivamente en función de la competencia de quién haya realizado las modificaciones de que se trata (véase el punto 44, infra).

20. Los elementos que acabo de exponer me permiten adoptar la siguiente postura sobre el primer motivo de la Comisión. Al negarse a prestar atención al "alcance, la importancia o el carácter sustancial o no" de las modificaciones introducidas en la Decisión después de su aprobación, el Tribunal de Primera Instancia ha realizado, a mi parecer, una lectura excesivamente rígida de la sentencia Reino Unido/Consejo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la obligación impuesta por el artículo 190 del Tratado CEE de motivar las decisiones en materia de competencia pone de manifiesto que el criterio que debe tomarse en consideración para examinar la cuestión de si se ha cumplido dicha exigencia no es tanto la cuestión de si tales modificaciones van más allá de simples rectificaciones "ortográficas y gramaticales", sino la de si han influenciado de manera esencial la comprensión que las partes recurridas en casación han tenido de las imputaciones que les formulaba la Comisión y si, debido a esta influencia, ha quedado afectado su derecho a una protección jurídica tan completa como sea posible. Contrariamente a lo que alegan las partes recurridas, este criterio me parece perfectamente objetivo y suficientemente aplicable como para permitir un control jurisdiccional eficaz. Puesto que el Tribunal de Primera Instancia ha desdeñado este criterio, nos hallamos en presencia de una violación del Derecho comunitario.

21. Con carácter subsidiario: la legalidad de la Decisión en su integridad, ¿ha resultado afectada respecto a todos los destinatarios? Habida cuenta de la conclusión precedente, no es necesario, en rigor, abordar la segunda violación del Derecho alegada por la Comisión, a saber, si las modificaciones introducidas en la versión alemana de la Decisión podían afectar la legalidad de la Decisión en su integridad y con respecto a todas las partes demandantes. No obstante, con carácter subsidiario, por si el Tribunal de Justicia decidiera, en contra del punto de vista que acabo de defender, considerar que las modificaciones controvertidas constituyen una infracción del artículo 190 del Tratado CEE, voy a examinar este argumento.

A este respecto haré una primera observación: es exacto que, como han señalado las partes recurridas, el Tribunal de Primera Instancia no ha dicho expresamente que la legalidad de una Decisión esté viciada en su totalidad por el hecho de que, tras ser aprobada por la Junta de Comisarios, se hayan introducido modificaciones en una versión lingueística. Considero, sin embargo, que esto es lo que se desprende necesariamente del apartado 42 de la sentencia y, concretamente, del pasaje en que el Tribunal de Primera Instancia declara "en consecuencia [las modificaciones], afectan al carácter intangible del acto adoptado por la Junta de Comisarios". Esto es aún más patente cuando este pasaje se lee en relación con el apartado 49 de la sentencia PVC, en el cual el Tribunal de Primera Instancia declara que "las modificaciones que afectan a la motivación de una Decisión presentan, tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, el carácter de un vicio que puede afectar a la conformidad a Derecho de toda la Decisión modificada, debido a que [...] tienden a eliminar la eficacia del artículo 190 del Tratado". (62) Hay pues que aceptar de entrada que el Tribunal de Primera Instancia ha deducido efectivamente de las modificaciones que habían sido introducidas en el texto alemán de la Decisión la invalidez de la totalidad de la Decisión, es decir, la invalidez de todas las versiones lingueísticas, y esto respecto a todos los destinatarios.

Estimo que esta conclusión es manifiestamente desproporcionada. A mi entender, la infracción del artículo 190 del Tratado CEE, si dicha infracción ha sido cometida, únicamente puede tener consecuencias sobre la validez de la Decisión en la versión alemana auténtica. Una de las características esenciales de una Decisión es, en efecto, como se desprende del párrafo cuarto del artículo 189 del Tratado CEE, que es un acto jurídico individual. (63) Una Decisión tiene el objeto de aplicar una regla general (en el caso que nos ocupa, el artículo 85 del Tratado CEE) en un caso concreto: por esta razón únicamente es obligatoria para aquéllos a quienes está expresamente dirigida y eso conforme al artículo 3 del Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingueístico de la Comunidad Económica Europea, (64) únicamente en la lengua del Estado miembro a cuya jurisdicción está sometido el destinatario. Las faltas de motivación que únicamente aparecen en una versión lingueística de la Decisión no influyen por lo tanto más que sobre la situación jurídica de aquellos destinatarios para quienes esta lengua es auténtica.

Contrariamente a lo que afirman Huels AG, la Société artésienne de vinyle (en lo sucesivo, "SAV") y Shell ICC, el hecho de que la Comisión únicamente haya adoptado en este asunto una sola Decisión, para la cual existen ciertamente diferentes versiones auténticas, no cambia nada en dicha situación. En la sentencia Suiker Unie/Comisión, el Tribunal de Justicia decidió en efecto que

"nada impide que la Comisión disponga mediante una sola Decisión sobre varias infracciones, incluso si determinados destinatarios son ajenos a algunas de estas infracciones, siempre que la Decisión permita a cualquiera de sus destinatarios saber con precisión las imputaciones que a él se le achacan" (65) (traducción provisional).

Las modificaciones introducidas en la versión alemana de una Decisión no afectan en modo alguno a la capacidad de los destinatarios a quienes la Decisión haya sido comunicada en una lengua auténtica diferente, que sea la suya, de leer con precisión las imputaciones que en ella se les hacen. Las modificaciones introducidas en una versión de una Decisión redactada en una lengua auténtica no tienen por consiguiente ninguna consecuencia sobre la legalidad de la Decisión en las otras lenguas auténticas.

Estimo en consecuencia que también sobre este punto nos hallamos en presencia de una violación del Derecho comunitario, puesto que la sanción infligida es desproporcionada.

B. Las modificaciones efectuadas en todas las versiones lingueísticas de la Decisión

22. La decisión del Tribunal de Primera Instancia y el punto de vista de las partes. Además de las modificaciones introducidas en el texto alemán de la Decisión, el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado, en el marco de las diligencias de prueba practicadas, la existencia de dos modificaciones que habían sido introducidas en la Decisión entre el momento de su aprobación por la Junta de Comisarios y el momento de su notificación en todas las versiones lingueísticas. Se trata: i) de la inserción, en el punto 27 de la Decisión, de un cuarto párrafo completamente nuevo (cuyo texto se reproduce en el punto 27, infra), y ii) de la omisión, en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión, de la mención "(EMC-Group)" detrás del nombre de la empresa SAV.

La Comisión discrepa de la apreciación que el Tribunal de Primera Instancia ha dado a estas dos modificaciones, basándose, para cada una de ellas, en dos motivos que podemos resumir de la manera siguiente. En lo que concierne a la primera modificación, la Comisión afirma: i) que al estimar, por una parte, que el párrafo que ha sido añadido en el punto 27 de la Decisión en todas las versiones lingueísticas no ha sido aprobado por la Junta de Comisarios y al juzgar, por otra, que el carácter sustancial de este párrafo es indiscutible, el Tribunal de Primera Instancia ha incumplido su obligación de motivación; ii) que al no juzgar necesario examinar el carácter sustancial de este párrafo ha incurrido en una violación del Derecho; y iii) que al afirmar que la adición de éste vicia la legalidad de la Decisión en su integridad, ha incurrido en una violación del Derecho. En cuanto a la segunda modificación, la Comisión alega: i) que al juzgar que la omisión de la mención "(EMG-Group)" es de tal naturaleza que el alcance de la Decisión resulta modificado, el Tribunal no ha cumplido su obligación de motivación, y ii) que al estimar que esta omisión vicia la legalidad de la Decisión en su integridad, y esto respecto a todas las partes demandantes, ha incurrido en una violación del Derecho.

23. ¿Excepción de inadmisibilidad basada en la alegación de hechos nuevos? Antes de analizar todas estas imputaciones, voy a examinar en primer lugar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la mayoría de las partes recurridas en casación, debido a que la Comisión alega en su recurso de casación elementos fácticos nuevos sobre los cuales el Tribunal de Primera Instancia no se ha pronunciado. En los puntos 5 y 38 de este recurso, la Comisión ha revelado hechos nuevos, relacionados en particular con lo que había sido acordado durante la reunión especial de Jefes de Gabinete celebrada durante la mañana del 19 de diciembre de 1988, con lo que estos mismos Jefes de Gabinete decidieron recomendar a la Comisión durante su reunión semanal habitual celebrada ese mismo día y con lo que la Junta de Comisarios había debatido durante su reunión de 21 de diciembre de 1988.

24. Como he indicado anteriormente en el punto 9, supra, el Tribunal de Justicia está en principio vinculado por los hechos reconocidos como probados por el Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón no puede tomar en consideración hechos nuevos presentados por las partes. En los puntos 5 y 38 de su recurso de casación la Comisión invoca, en efecto, tres elementos fácticos que no han sido declarados como probados en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y que, por lo tanto, no puede invocar ante el Tribunal de Justicia:

° En el punto 5, la Comisión cita en extracto la conclusión del acta de la reunión especial de los Jefes de Gabinete celebrada durante la mañana del 19 de diciembre de 1988. De esta conclusión se desprende que, a propuesta del gabinete del Comisario encargado de los asuntos de la competencia, se acordó añadir en el punto 27 del proyecto de Decisión un párrafo cuyo texto se reproduce en inglés y en francés en el Anexo III del acta de esta reunión. Esta conclusión no figura sin embargo en la parte de dicha acta [se trata de un documento que lleva el número SEC (88) 2033] que la Comisión presentó ante el Tribunal de Primera Instancia el 21 de noviembre de 1991 en el marco del procedimiento oral. (66)

° En el punto 5 de su recurso de casación, la Comisión afirma además que durante su reunión semanal ordinaria de 19 de diciembre de 1988 a mediodía, los Jefes de Gabinete recomendaron a la Comisión aprobar las propuestas del Comisario encargado de los asuntos de la competencia en las condiciones enunciadas en el acta de la reunión especial celebrada esa misma mañana. Sin embargo, este hecho no ha sido recogido por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia.

° En el punto 38 de su recurso, la Comisión señala finalmente que durante la reunión 945 de la Junta de Comisarios celebrada el 21 de diciembre de 1988, los miembros de la Comisión "tras haber intercambiado puntos de vista sobre cuestiones de alcance general, como por ejemplo el importe de las multas [...], se adhirieron plenamente a las recomendaciones de los Jefes de Gabinete". Este elemento tampoco figura en ninguna parte entre los hechos reconocidos como probados por el Tribunal de Primera Instancia. Este, por el contrario, basándose en el texto del acta de dicha reunión de la Junta de Comisarios celebrada el 21 de diciembre de 1988, manifiesta únicamente que la Junta había sido informado del examen del asunto realizado por los Jefes de Gabinete de los Comisarios durante la reunión especial semanal de 19 de diciembre de 1988 (pero véase el punto 25, infra). (67)

Debe pues declararse la inadmisibilidad de la argumentación de la Comisión en la medida en que se basa sobre estos elementos fácticos. Concretamente esta inadmisibilidad significa sólo, a mi modo de ver, que para valorar la imputación que la Comisión formula en el punto 38 de su recurso °y que reproduzco en el punto 22, a propósito de la primera modificación, inciso i)°, el Tribunal de Justicia debe hacer abstracción de estos nuevos hechos alegados. Esto no implica, sin embargo, que la totalidad de esta imputación deba inadmitirse: el alcance de (la totalidad de) esta imputación es en efecto, en lo esencial, que al decidir, sobre la base de elementos fácticos insuficientemente probados, que el párrafo de que se trata no había sido aprobado por la Junta de Comisarios, el Tribunal de Primera Instancia ha incumplido su obligación de motivación. En esta medida, la imputación debe admitirse y debe ser sometida a examen (véase el punto 9, supra).

25. Examen de las imputaciones en cuanto se refiere a la adición de un nuevo párrafo. Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia ha incumplido su obligación de motivación al decidir, sobre la base de elementos fácticos insuficientemente probados, que el párrafo recién añadido (véase el texto del punto 27, infra) no había sido aprobado por la Junta de Comisarios. Si se interpreta de esta manera, un análisis más detenido demuestra, a mi entender, que la imputación de la Comisión debe considerarse fundada. La lectura que hace el Tribunal de Primera Instancia del acta de la reunión de la Comisión de que se trata es esencial en el razonamiento que le ha permitido llegar a la conclusión de que el párrafo aludido no había sido aprobado por la Junta de Comisarios. Basándose en este texto, el Tribunal de Primera Instancia ha considerado, en el apartado 46 de la sentencia, que había quedado probado que la Comisión había tenido conocimiento del examen del asunto por los Jefes de Gabinete con ocasión de una reunión especial celebrada el 19 de diciembre de 1988. (68) En el apartado 47 de la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declara que "del propio tenor literal del acta de la reunión, anteriormente analizada (véase el apartado 37 precedente), se deduce que, al adoptar los proyectos de 14 de diciembre de 1988 que no contienen dicho párrafo, la Junta de Comisarios pretendió, implícitamente, no adoptar la modificación". Sin embargo, si se examina sobre este punto el propio tenor literal del acta °y no el resumen que de ella da el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 37 de la sentencia PVC° se puede leer claramente en el punto 2:

"La Comisión toma conocimiento del resultado del examen de esta cuestión por los Jefes de Gabinete durante su reunión especial [véase doc. SEC (88) 2033, punto 11] y durante su reunión semanal [véase doc. SEC (88) 1958, punto 16]."

Podemos observar que la manera en que el Tribunal reproduce este pasaje en el apartado 37 de su sentencia no es del todo precisa: i) por una parte, el Tribunal de Primera Instancia no menciona que el punto de que se trata se refiere expresamente al acta de la reunión especial de los Jefes de Gabinete [que lleva la referencia SEC (88) 2033 y que tal como ha quedado de manifiesto en la declaración realizada y en los documentos presentados por la Comisión el 21 de noviembre de 1991 llevaba en Anexo el Apéndice III en el cual figura el párrafo añadido], (69) y ii) por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia indica solamente que la Junta de Comisarios ha tomado conocimiento del examen del asunto por parte de los Jefes de Gabinete, mientras que el punto en cuestión del acta indica que la Comisión ha tomado conocimiento del resultado de las discusiones que los Jefes de Gabinete han desarrollado durante su reunión especial así como °al contrario de lo que el Tribunal de Primera Instancia declara en el apartado 46° durante su reunión ordinaria.

Esto indica, a mi entender, que la conclusión a que llega el Tribunal de Primera Instancia, a saber, que la Junta de Comisarios había manifestado implícitamente que no pretendía adoptar la adición propuesta, se basa en una relación inexacta de los hechos. Sobre la base de los hechos antes citados, me parece por el contrario que, si la Junta no deseaba hacer suya la adición propuesta °adición de la que manifiestamente tenía conocimiento, tal como queda de manifiesto en el punto 2 del acta antes citada°, hubiera quedado recogido con toda probabilidad en el acta. En otros términos, de los elementos fácticos se desprende que la Junta de Comisarios había aceptado implícitamente la adición sugerida por los Jefes de Gabinete y no que la hubiera rechazado implícitamente. Este punto constituye ya de por sí un incumplimiento por parte del Tribunal de Primera Instancia de su obligación de motivación, puesto que ha deducido consecuencias jurídicas de hechos insuficientemente probados.

26. A cuanto precede hay que añadir además que considero que la segunda imputación que la Comisión ha formulado a propósito del párrafo añadido °véase el punto 22, supra, primera modificación, inciso ii)° es también fundada, como demostraré a continuación. Esta imputación consiste en que el Tribunal de Primera Instancia ha incumplido su obligación de motivación al declarar que no procedía analizar la naturaleza sustancial del párrafo controvertido que, por lo demás, era innegable. Según la Comisión, es manifiesto, por el contrario, que este párrafo no tiene ningún carácter sustancial: forma parte de los apartados de la Decisión relativos a una cuestión de procedimiento que había sido propuesta durante el procedimiento administrativo entablado en aplicación del Reglamento nº 17 y no formaba parte del razonamiento que constituye el apoyo necesario de la parte dispositiva de la Decisión.

Antes de examinar esta segunda imputación, citaré el pasaje controvertido de la sentencia PVC:

"Este añadido a la motivación de la Decisión, que no es de orden sintáctico ni de orden gramatical, afecta, por lo tanto, a la validez del conjunto de los actos notificados, así como a la del acto publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 23 de febrero de 1988, antes citada, y no es necesario analizar su carácter sustancial que, por lo demás, no puede negarse." (70)

27. El texto del párrafo añadido en el punto 27 de la Decisión es el siguiente:

"Convendría precisar que cualquier renuncia por parte de las empresas al carácter confidencial de sus documentos comerciales internos está subordinada al interés público, que exige que los competidores no sean recíprocamente informados de sus actividades y de sus políticas comerciales de forma que la competencia entre los mismos quede restringida."

A mi modo de ver ha quedado probado que los principios que antes he definido (en los puntos 17, 19 y 20) deben aplicarse también a esta imputación: el criterio que permite determinar si las modificaciones introducidas en una Decisión constituyen un incumplimiento de la obligación de motivación enunciada en el artículo 190 del Tratado CEE es el de si las modificaciones han influido de manera determinante en la posibilidad de que las partes recurridas en casación comprendan las imputaciones que les hacía la Comisión y, por consiguiente, si ha quedado menoscabado su derecho a una protección jurídica tan completa como sea posible.

Admitiendo que no era "necesario analizar [el] carácter sustancial que, por lo demás, no puede negarse" del párrafo añadido, el Tribunal de Primera Instancia no ha examinado, equivocadamente a mi entender, si la adición controvertida había tenido un influencia determinante sobre la posibilidad de que las partes recurridas comprendieran la imputación que se les hacía de haber violado el artículo 85 del Tratado CEE y, por lo tanto, sobre su derecho a una protección jurídica completa. Ahora bien, no ha habido, en mi opinión, ninguna influencia determinante. La adición controvertida se refiere al problema °calificado como delicado y controvertido por el Tribunal de Primera Instancia° de si, en el caso de que un procedimiento entablado de conformidad con el artículo 85 del Tratado CEE afectara a varias empresas, la Comisión puede aceptar, respecto a las demás empresas interesadas en el mismo procedimiento, la renuncia a la confidencialidad que se atribuye a las informaciones que la atañen, formulada por una de ellas, o si, por el contrario, consideraciones de orden público °como la salvaguardia de las reglas comunitarias de la competencia° impiden que la Comisión acceda a dicha petición. (71) En otros términos, este párrafo no afecta a la motivación de la Decisión en el sentido de que debe permitir a las empresas comprender bien las imputaciones que les hace la Comisión de haber incurrido en comportamientos concertados incompatibles con el artículo 85 del Tratado CEE, sino que se refiere únicamente a un punto del procedimiento (lo que se desprende por otra parte también del lugar que ocupa este párrafo en la Decisión, a saber bajo el epígrafe "D. Cuestiones de procedimiento"), en el caso presente, la cuestión de si la Comisión ha respetado el derecho de defensa durante el procedimiento administrativo.

Al examinar más detenidamente el conjunto del punto 27 de la Decisión °que se refiere a la cuestión de si al negarles un acceso sin restricciones a los expedientes administrativos, la Comisión ha violado el derecho de defensa de las diferentes partes recurridas°, queda además claramente de manifiesto que el párrafo recién insertado es de escasa importancia: se limita a precisar la razón por la cual la Comisión ha decidido no acceder a la petición de la mayoría de las empresas que, basándose en renuncias recíprocas a la confidencialidad de las informaciones que les afectaban, habían pedido que la Comisión autorizara a cada una de ellas a examinar todos los documentos obtenidos por la Comisión en las otras empresas. En realidad, este nuevo párrafo ni siquiera era necesario para ello ya que, por una parte, la Comisión había indicado en el párrafo precedente que no se había opuesto de facto a que las empresas organizaran entre ellas un intercambio de los documentos cuyas copias obraban en su poder y que, por otra parte, en el párrafo siguiente (que figuraba de todos modos en el proyecto de Decisión), la Comisión invocaba de jure, para justificar su negativa de comunicación de los documentos, una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en particular, la sentencia VBVB y VBBB en la cual, en efecto, el Tribunal de Justicia declaró que

"el respeto del derecho de defensa exige que la empresa interesada pueda dar a conocer adecuadamente su punto de vista sobre los documentos que la Comisión ha tomado en consideración para fundamentar su Decisión, pero no existen disposiciones que obliguen a la Comisión a comunicar sus expedientes a las partes interesadas". (72)

28. Cuanto antecede me lleva a la siguiente conclusión. Aunque se pudiera admitir que la Junta de Comisarios no hubiera aprobado el párrafo añadido al punto 27 de la Decisión (véase el punto 25 de las presentes conclusiones), la apreciación que el Tribunal de Primera Instancia hace de esta adición basándose en la sentencia Reino Unido/Consejo se basa en gran parte sobre las mismas objeciones que he tratado al valorar las modificaciones de la versión alemana: si se examina la cuestión desde el punto de vista del artículo 190 del Tratado CEE, el criterio de apreciación no es el carácter "sintáctico o gramatical" o no de las diferencias entre el texto de una Decisión adoptado por la Comisión y el que ha sido notificado a los destinatarios de ésta, sino más bien la cuestión de si las modificaciones han influido de manera fundamental sobre la posibilidad de que las partes recurridas puedan comprender las imputaciones que la Comisión les hace y, por consiguiente, si han influido en su situación jurídica. Al no haber aplicado este criterio °y, por lo tanto, al no haber examinado de manera suficiente la importancia que tenía la adición controvertida a luz de este criterio°, el Tribunal de Primera Instancia ha cometido una violación del Derecho comunitario y ha incumplido su obligación de motivación.

Habida cuenta de las observaciones que preceden, no creo necesario abordar la tercera imputación formulada por la Comisión °que he indicado en el punto 22, supra, primera modificación, inciso iii)°, a saber, que la sanción aplicada por el Tribunal de Primera Instancia es exorbitante.

29. Examen de las imputaciones deducidas de la omisión de la mención "(EMC-Group)" en la parte dispositiva de la Decisión. La Comisión objeta que la mención aludida tenía un carácter exclusivamente descriptivo y no implicaba ninguna consecuencia jurídica. Esta mención, que apenas ha sido utilizada a lo largo de las diferentes fases del procedimiento, fue suprimida durante la revisión lingueística de la Decisión a fin de eliminar cualquier posible ambigueedad. La Comisión sostiene además que el Tribunal de Primera Instancia no ha dado ninguna motivación que apoye la afirmación según la cual la supresión de la mención "(EMC-Group)" pudiera afectar a la imputabilidad de la infracción alegada, o incluso desplazar la carga económica que supone la multa impuesta.

SAV afirma, por su parte, que la omisión de la mención "(EMC-Group)" en la parte dispositiva de la Decisión °una omisión que le afecta de manera muy particular° puede modificar la imputabilidad de la infracción reprochada y puede desplazar la carga económica que supone la multa impuesta.

30. Recapitulemos brevemente lo que el Tribunal de Primera Instancia decidió sobre este punto. Tras haber señalado que la mención controvertida aparecía en los proyectos de Decisión sometidos a la Junta de Comisarios, pero que no figuraba ya en el texto notificado a todas las partes recurridas y publicado en el Diario Oficial, el Tribunal de Primera Instancia consideró que dicha modificación es incompatible con el artículo 190 del Tratado CEE:

"Las modificaciones que llega a sufrir la parte dispositiva de una Decisión afectan directamente al alcance de las obligaciones que el acto modificado puede imponer a los sujetos de Derecho o, por el contrario, al alcance de los derechos que les reconoce dicho acto. En el caso de autos, tal modificación puede afectar a la imputabilidad de la presunta infracción, es decir desplazar la carga económica de la multa impuesta". (73)

Seguidamente el Tribunal de Primera Instancia estima que la solución que deduce de la sentencia Reino Unido/Consejo debía imponerse, con más razón cuando

"como ocurre en el caso de autos, el acto modificado impone multas y crea obligaciones para sus destinatarios y cuando la modificación introducida puede afectar a la designación de la persona jurídica a la que se imponen dichas obligaciones. En efecto, la modificación del artículo 1 de la parte dispositiva de las decisiones, antes mencionado, mediante el cual la Comisión efectúa, por deducción basada en el razonamiento expuesto en la motivación, la calificación jurídica de los hechos controvertidos en relación con el artículo 85 del Tratado CEE y la designación de las empresas que cometieron la infracción, deben llevar necesariamente a esta consecuencia. Por lo tanto, dicha modificación se refleja directa y necesariamente en los demás artículos de la parte dispositiva que, al imponer a las demandantes obligaciones y sanciones pecuniarias y determinar las modalidades según las cuales los destinatarios de los actos podrán librarse de sus obligaciones, no hacen sino extraer las consecuencias necesarias del artículo 1 de la parte dispositiva, el cual fue precisamente objeto de una modificación en el caso de autos". (74)

31. La modificación de que trata la presente discusión, ¿podía afectar a la imputabilidad de la infracción reprochada a SAV y, por consiguiente, podía influir de manera sustancial la posibilidad que tenían las partes recurridas de comprender la Decisión e influir en su derecho a una protección jurídica, lo cual constituye el criterio determinante que he establecido anteriormente (en el punto 17)? De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende sin ningún género de dudas que, cuando una empresa está integrada en un grupo hasta el punto de perder toda su autonomía, la sociedad matriz debe eventualmente soportar la (co)responsabilidad de las actuaciones de la filial que sean incompatibles con las normas de la competencia. A partir de las sentencias "colorantes" ha habido, en efecto, una reiterada jurisprudencia que declara que "el hecho de que la filial tenga personalidad jurídica distinta no basta para descartar la posibilidad de imputar su comportamiento a la sociedad matriz" y que "tal puede ser el caso principalmente cuando la filial, aun teniendo personalidad jurídica distinta, no determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica en lo esencial las instrucciones que le transmite la sociedad matriz". (75)

Sin embargo, no estoy convencido en el caso de autos de que la mención "(EMC-Group)" o su omisión en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión (76) haya afectado o haya podido afectar a la imputabilidad de la infracción declarada en la Decisión. En primer lugar, ha quedado probado que ni el proyecto de Decisión ni el texto de la Decisión notificado a los destinatarios y publicado en el Diario Oficial incluían, en los artículos 3 y 4 de la parte dispositiva, la menor referencia a la pertenencia de SAV al "EMC-Group". Contrariamente a lo que ha declarado el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 50 de la sentencia, estimo además que la Decisión no implica la menor ambigueedad cuando impone una multa específica a SAV, y solamente a ella (artículo 3), y regula las modalidades de pago de esta multa (artículo 4). Finalmente, en los considerandos de la Decisión se menciona, de manera consecuente, únicamente a SAV como tal, sin designarla en su condición de filial de ninguna sociedad matriz. (77)

32. De todo esto se deduce que, habida cuenta de la totalidad del texto de la Decisión, (78) la modificación controvertida no ha afectado o no ha podido afectar a la imputabilidad de la infracción achacada a SAV y, por lo tanto, tampoco a la posibilidad que haya tenido esta empresa de comprender la Decisión y que no ha podido afectar tampoco a su derecho a una protección jurídica. Al haber desdeñado este criterio y al no haberlo aplicado a la modificación controvertida, el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en una violación del Derecho comunitario y ha incumplido su obligación de motivación.

33. Esto nos lleva a la última imputación suscitada por la Comisión, a saber, que el Tribunal de Primera Instancia ha considerado equivocadamente que el haber omitido la mención antes aludida ha viciado la legalidad de la Decisión en su integridad y esto respecto a todas las partes recurridas. Puedo remitirme acerca de este punto a lo dicho anteriormente (en el punto 21) a propósito de las modificaciones introducidas en la versión alemana de la Decisión: la omisión de la mención "(EMC-Group)" detrás del nombre de SAV no podía tener la menor influencia sobre la posibilidad de que las otras empresas a las cuales se dirigía la Decisión leyeran con precisión en ésta cuáles eran las imputaciones que se les hacían y tampoco podía influir en modo alguno sobre la cuestión de la imputabilidad de la infracción del artículo 85 del Tratado CEE que se les reprochaba.

V. Las exigencias del Tratado CEE sobre la adopción de los actos de la Comisión, en particular de las versiones lingueísticas auténticas de una Decisión

34. Según la Comisión, la sentencia PVC se basa en una concepción de un formalismo manifiestamente excesivo en relación con las exigencias que el Tratado CEE impone respecto a la intervención de la Comisión, en cuanto órgano colegiado, para la adopción de sus actos. Al exigir que la Junta de Comisarios intervenga para la adopción de todas las versiones lingueísticas auténticas de los actos, la sentencia se basa, a juicio de la Comisión, en un concepto jurídico erróneo. Las exigencias que el Tratado CEE y el Reglamento interno de la Comisión plantean, por lo que se refiere a la intervención de la Comisión en cuanto órgano colegiado, han sido, por el contrario, perfectamente respetadas en el proceso de aprobación de la Decisión.

35. La decisión del Tribunal de Primera Instancia y el punto de vista de las partes. Volveré inmediatamente a tratar acerca de la argumentación específica de las partes. En primer lugar, recordaré lo que se ha decidido en primera instancia acerca del extremo que ahora nos ocupa. Los puntos impugnados de la sentencia PVC se sitúan en la parte de ésta en que el Tribunal de Primera de Instancia examina la facultad del autor de la Decisión y, en particular, la cuestión de si el Comisario encargado de los asuntos de la competencia era competente ratione materiae para adoptar las versiones italiana y neerlandesa de la Decisión notificadas a los destinatarios y publicadas en el Diario Oficial. Algunas de las partes demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia habían propuesto la incompetencia del autor de la Decisión debido a que el acta de la reunión 945 de la Junta de Comisarios ponía de manifiesto que la Junta no había aprobado la Decisión sino en sus versiones alemana, inglesa y francesa, y que había encomendado al Comisario encargado de las cuestiones de la competencia, que a la sazón era el Sr. P. Sutherland, que adoptara la Decisión en las otras lenguas oficiales, a saber, el italiano y el neerlandés. Además quedó de manifiesto que estas dos últimas versiones lingueísticas no habían sido presentadas al Secretariado General de la Comisión hasta el 16 de enero de 1989, mientras que el mandato de Comisario del Sr. P. Sutherland había expirado el 5 de enero de 1989.

He aquí lo que el Tribunal de Primera Instancia deduce, en el apartado 55 de su sentencia, en primer lugar, de una lectura de las disposiciones del artículo 3 del Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958 por el que se fija el régimen lingueístico de la Comunidad Económica Europea, (79) en relación con las disposiciones del párrafo primero del artículo 12 del Reglamento interno de la Comisión: (80)

"De la relación entre estas disposiciones se deduce que, en el supuesto de que, como ocurre en el caso autos, la Comisión pretenda adoptar, mediante un acto único desde el punto de vista material, una Decisión auténtica respecto a varias personas jurídicas sometidas a regímenes lingueísticos diferentes, la Decisión debe ser adoptada en todas las lenguas en que es auténtica, so pena de hacer que sea imposible toda autenticación."

El Tribunal de Primera Instancia rechaza seguidamente el argumento de la Comisión según el cual el mandato que la Junta de Comisarios había dado al miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de la competencia para que adoptara el texto italiano y el texto neerlandés de la Decisión era conforme con el artículo 27 del Reglamento interno. (81) Afirma que la adopción de una Decisión de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE no presenta el carácter de una medida de gestión o de administración en el sentido del artículo 27 antes citado. (82) Según el Tribunal de Primera Instancia, "del examen de las disposiciones [...] del párrafo primero del artículo 27 [...] en relación con las del párrafo segundo de dicho artículo" se desprende que la Junta de Comisarios podría, llegado el caso, delegar en uno de sus miembros la competencia para adoptar la Decisión en las lenguas oficiales de la Comunidad distintas de las lenguas auténticas, debido a que las Decisiones adoptadas en estas lenguas no producen efecto jurídico alguno y no sirven de título ejecutivo respecto a una o varias empresas citadas en la parte dispositiva de la Decisión. (83) El Tribunal de Primera Instancia concluye finalmente que el Comisario encargado de las cuestiones de la competencia no era competente ratione materiae para adoptar la Decisión en las versiones italiana y neerlandesa, basándose en el siguiente considerando:

"El alcance de la adopción de la Decisión auténtica es completamente distinto. En efecto, una Decisión por la que se comprueba una infracción al artículo 85 del Tratado establece obligaciones respecto a varias empresas, les impone sanciones pecuniarias importantes y sirve de título ejecutivo a tal efecto, afecta de forma característica a los derechos y obligaciones de las mismas, así como a su patrimonio. No puede ser considerada como una simple medida de administración o de gestión y, en consecuencia, ser adoptada de manera competente por un solo Comisario sin violar directamente el principio de colegialidad expresamente recogido en el artículo 27, antes mencionado." (84)

36. La Comisión concede que en cuanto atañe a las Decisiones de aplicación de los artículos 85 y siguientes del Tratado CEE adoptadas contra empresas, debe celebrarse siempre una deliberación de la Junta de Comisarios. No obstante, cuando dicha Junta ha aprobado una Decisión cuyo texto haya sido redactado en una, dos o tres lenguas oficiales de la Comunidad, como sucede con la Decisión de que se trata, la Junta ha cumplido perfectamente su cometido. En efecto, cuando se trata de adoptar una Decisión habría que distinguir siempre entre el elemento intelectual y el elemento formal de dicha operación. El elemento intelectual se sitúa, a juicio de la Comisión, en una fase interna de la adopción de la Decisión, en la formación de la voluntad colectiva, tras haber estudiado y discutido el expediente; el elemento formal, por el contrario, consta de todas las medidas de ejecución mediante las cuales el acto se incorpora definitivamente al tráfico jurídico (redacción, traducción, fijación de la forma definitiva, notificación y publicación). Tan sólo el primer elemento implica el ejercicio de una facultad de apreciación, de modo que la intervención de la Junta únicamente tiene sentido respecto a él. La traducción de una Decisión, incluida la elaboración de las versiones lingueísticas auténticas, al ser una medida de ejecución puramente administrativa, debe ser también posible bajo la dirección de un miembro competente de la Comisión sin una delegación específica expresa de la Junta de Comisarios. La Comisión señala además a este respecto que la habilitación otorgada al miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de la competencia, tal como se desprende del acta de la reunión 945 de la Junta de Comisarios, no era delegación en el sentido estricto del artículo 27 del Reglamento interno. En efecto, no se trata ni siquiera de una medida de gestión o de administración, sino más bien de una tarea que no deja ningún margen de maniobra a quien la ejerce y que no le ofrece ningún margen de maniobra. Si el Tribunal de Justicia debiera estimar sin embargo que nos encontramos ante una delegación en el sentido de la disposición antes citada, esta delegación sería a fortiori conforme con dicho artículo.

Por el contrario, las partes recurridas en casación afirman principalmente que la distinción hecha por la Comisión entre el elemento intelectual y el elemento formal de una Decisión es perfectamente artificial y no encuentra ningún apoyo en el Tratado CEE ni en el Reglamento interno de la Comisión ni tampoco en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Añadieron durante la vista que si la tesis de la Comisión prevaleciera, excluiría, para las versiones lingueísticas que no han sido sometidas a la aprobación de la Junta de Comisarios, la autenticación prescrita por el artículo 12 del Reglamento interno. El artículo 12 perdería así su carácter imperativo.

37. En los párrafos que siguen a continuación voy a centrarme en la cuestión esencial a la que nos enfrentamos, es decir, la cuestión de si la Comisión, tras haber aprobado una Decisión de aplicación de las disposiciones sobre competencia dirigida a empresas en una o varias versiones lingueísticas, puede, basándose en el artículo 27 de su Reglamento interno, delegar en el Comisario encargado de las cuestiones de la competencia para que adopte las (demás) versiones lingueísticas auténticas de esta Decisión y, en caso afirmativo, en qué medida. No abordaré ahora la cuestión de si, en el apartado 55 de su sentencia, citado en el punto 35, supra, el Tribunal de Primera Instancia ha efectuado una interpretación correcta del artículo 12 del Reglamento interno: esto queda pendiente del análisis que efectuaré en la parte siguiente de estas conclusiones.

38. El principio de colegialidad y los criterios de concesión de delegaciones en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Me parece necesario esbozar brevemente el marco jurídico. El proceso de formación de decisiones en el seno de la Comisión se basa, como es sabido, en el principio de la colegialidad. (85) En los Tratados este principio se expresa en el párrafo primero del artículo 17 del Tratado de fusión que dispone que "los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría del número de miembros previsto en el artículo 10". (86) Ha sido desarrollado en el Reglamento interno de la Comisión que dispone, en particular, que la Comisión actuará colectivamente, de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento (artículo 1) y que, por regla general, la Comisión decidirá en las sesiones (artículo 2). El Tribunal de Justicia ha expuesto la razón de este principio de colegialidad de manera pertinente en su sentencia AKZO/Comisión de 23 de septiembre de 1986:

"El principio de colegialidad así establecido [por el artículo 17 del Tratado de fusión] se basa en la igualdad de los miembros de la Comisión, en cuanto a la participación en la adopción de decisiones, e implica en particular, por una parte, que se delibere colectivamente sobre las decisiones y, por otra parte, que todos sus miembros sean responsables en forma colectiva, en el plano político, del conjunto de las decisiones adoptadas." (87)

El Reglamento interno de la Comisión contiene, sin embargo, un cierto número de excepciones a esta forma colegiada de deliberación, en particular lo que se ha dado en llamar el procedimiento escrito basado en el artículo 11 (procedimiento en el cual el acuerdo de los miembros de la Comisión se obtiene de forma escrita) y, sobre todo, la delegación de competencia que se ha hecho posible mediante el párrafo primero del artículo 27. Tras la modificación de que fue objeto en 1975, (88) el texto de esta disposición es el siguiente:

"La Comisión podrá, siempre que se observe plenamente el principio de su responsabilidad colegial, facultar a sus miembros para que adopten en su nombre y bajo su control medidas de gestión o de administración claramente definidas." (89)

39. ¿Puede la Comisión delegar en el Comisario encargado de las cuestiones de la competencia adoptar una Decisión en una o varias lenguas auténticas distintas de aquéllas en las cuales el proyecto de Decisión haya sido sometido a la Comisión y aprobado colegialmente por ella, en el marco que acabamos de definir, y especialmente sobre la base del párrafo primero del artículo 27, antes citado, de su Reglamento interno?

Para responder a esta cuestión, he recurrido a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En ésta hay que otorgar una importancia decisiva, a mi juicio, a la sentencia AKZO antes citada, de 23 de septiembre de 1986. Recordemos que tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia, la Comisión ha invocado esta jurisprudencia en apoyo de su afirmación de que el procedimiento seguido en el asunto presente ha sido conforme al principio de colegialidad. (90) Manifiestamente no ha podido convencer al Tribunal de Primera Instancia puesto que éste no ha reconocido a la sentencia AKZO el carácter de precedente en cuanto atañe a la posibilidad de adoptar, sobre la base del artículo 27 del Reglamento interno, diligencias de instrucción y de procedimiento que pueden dictarse durante la fase administrativa preparatoria de la Decisión de la Comisión, en particular, las diligencias practicadas en el marco de las facultades generales de investigación concedidas a la Comisión por el Reglamento nº 17. (91)

40. La sentencia AKZO tenía por objeto un recurso de anulación interpuesto por dos empresas del grupo AKZO contra una Decisión dictada por el Comisario encargado de las cuestiones de la competencia mediante la cual éste había sometido a estas empresas a una verificación basada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17. Las empresas alegaban en particular que la delegación de competencia en la que se apoyaba la Decisión impugnada había sido adoptada con infracción del principio de colegialidad tal como se enuncia en el artículo 17 del Tratado de fusión.

El Tribunal de Justicia desestimó enérgicamente este motivo. Para apreciar la compatibilidad del procedimiento de delegación tal como ha sido establecido, en particular, por el artículo 27 del Reglamento interno, con el principio de colegialidad, recordó, en primer lugar, su jurisprudencia reiterada a tenor de la cual

"la Comisión, dentro ciertos límites y cumpliendo ciertos requisitos puede facultar a sus miembros para que adopten ciertas decisiones en su nombre, sin que por ello se infrinja el principio de colegialidad que rige su funcionamiento". (92)

El Tribunal de Justicia explica seguidamente que esta jurisprudencia reiterada se basa en dos consideraciones:

"Por una parte, tal sistema de delegación de facultades no tiene por efecto privar a la Comisión de competencias transfiriendo un poder propio al miembro facultado por ella. Las decisiones adoptadas por delegación se toman en nombre de la Comisión, la cual asume la plena responsabilidad de las mismas; estas decisiones pueden ser objeto de recurso de anulación en las mismas condiciones que si se hubieran deliberado colegiadamente. La Comisión ha establecido, además, ciertos mecanismos que permiten reservar al órgano colegiado algunas medidas que hubieran podido adoptarse por delegación. Por último, se reserva la facultad de revisar las decisiones que otorgan delegaciones de facultades.

Por otra parte, aun limitando a categorías determinadas de actos de administración y de gestión, lo que excluye por hipótesis las decisiones de principio, tal sistema de delegación de facultades resulta necesario, teniendo en cuenta el aumento considerable en el número de actos de carácter decisorio que la Comisión debe adoptar a fin de cumplir sus funciones. La necesidad de asegurar la capacidad de funcionamiento del órgano decisorio corresponde a un principio inherente a todo sistema institucional que encuentra su expresión más específica en el artículo 16 del Tratado de fusión, según el cual 'la Comisión establecerá su Reglamento interno con objeto de asegurar su funcionamiento y el de sus servicios' ." (93)

41. La conclusión que deduzco de este pasaje es la siguiente. En primer lugar, las consideraciones jurídicas antes citadas tienen, a mi entender, un alcance que rebasa con mucho el litigio de que se trataba en el asunto AKZO, principalmente porque sobre este extremo el Tribunal de Justicia se expresó en términos de principios °sin limitarse a las medidas de procedimiento adoptadas en aplicación del Reglamento nº 17 que precedieron a la Decisión de fondo° y porque sólo en los considerandos siguientes aplicó estos principios a la situación del asunto AKZO. (94)

Seguidamente, la argumentación desarrollada por el Tribunal de Justicia para justificar el procedimiento de delegación o de habilitación seguido por la Comisión reposa, a mi entender, en la idea de que el principio de colegialidad debe conciliarse con el principio, que por lo tanto lo limita, del buen funcionamiento del órgano que posee la potestad de decisión que es un principio institucional al cual el Tribunal de Justicia subordina °y esto también es importante (véase el punto 55, infra)° el Reglamento de régimen interno de la Comisión. Habida cuenta del aumento del número de decisiones que debe adoptar la Comisión, el Tribunal de Justicia estima, a la luz de este principio, que el procedimiento de habilitación es incluso necesario para que la Comisión pueda cumplir correctamente su misión, al menos en lo que se refiere a determinadas categorías de medidas de gestión y de administración.

El Tribunal de Justicia expone finalmente dos criterios que debe satisfacer el procedimiento de delegación para ser compatible con el principio de colegialidad. La delegación debe, en primer lugar, respetar determinados límites de competencia, lo que significa: i) que la Comisión no puede renunciar a su competencia °en otros términos, la competencia delegada no puede ser convertida en una competencia transferida en propiedad a un miembro de la Comisión° de manera que no pueda caber ninguna duda en cuanto a la "identidad y facultades del órgano que adopta la Decisión, a saber, la Comisión"; (95) ii) que la Comisión debe continuar asumiendo la plena responsabilidad de las Decisiones adoptadas en virtud de la delegación (lo que constituye un elemento esencial del principio de colegialidad), y iii) que debe tener la facultad de reservarse para sí misma, en cuanto órgano colegiado, una materia que hubiera sido delegada, así como la facultad de revocar una decisión de delegación. En segundo lugar, las decisiones adoptadas por delegación deben ser susceptibles de recurso en las mismas condiciones que si hubieran sido adoptadas por la Comisión constituida en colegio. En otros términos, no puede menoscabarse la protección jurídica de los destinatarios de las decisiones de que se trate: no pueden ser privados de la posibilidad de impugnar la legalidad de la decisión de delegación o la validez de la Decisión adoptada en virtud de la delegación conferida. (96)

42. Los diferentes niveles de la potestad de decisión. Los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia en la sentencia AKZO son perfectamente compatibles, a mi juicio, con las otras sentencias en las cuales el Tribunal de Justicia ha examinado la cuestión de la delegación de facultades en el caso de las Instituciones comunitarias. Si realizamos una síntesis de estas sentencias, podemos definir grosso modo, en cuanto atañe al ejercicio por parte de la Comisión de sus competencias en materia de política de la competencia, una distinción entre tres niveles.

Hay que distinguir, en primer lugar, el ejercicio de una competencia a nivel político. Se trata aquí del núcleo mismo del poder político que el Tratado CEE confiere a la Comisión en materia de competencia, conforme al cual la Comisión puede configurar su política en materia de competencia bien por medio de medidas reglamentarias generales bien por medio de Decisiones individuales. (97) Para retomar los términos de los criterios que el Tribunal de Justicia ha sentado en la sentencia AKZO, se trata aquí de "Decisiones de principio" que deben continuar reservadas a la Junta de Comisarios. Está claro que, como ha destacado el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia PVC (98) y como ha recordado la Comisión en el marco del presente recurso de casación, las Decisiones de aplicación de los artículos 85 y siguientes del Tratado CEE adoptadas respecto a empresas forman parte de esta categoría: tales Decisiones implican en efecto una amplia potestad de valoración política y de apreciación e implican que la Comisión tome postura sobre situaciones económicas y jurídicas complejas. El principio de colegialidad debe ser estrictamente respetado, lo cual excluye cualquier delegación para la adopción de dichas Decisiones. (99)

Las medidas de gestión y de administración en el sentido estricto del término se sitúan en un segundo nivel. En los asuntos de competencia, forman parte de esta categoría sobre todo las diligencias de instrucción, es decir, las medidas que la Comisión adopta durante la fase preparatoria anterior a la Decisión para comprobar determinadas prácticas incompatibles con las normas de la competencia. Para adoptar dichas medidas dispone de un cierto margen de apreciación, aunque éste sea limitado (siquiera sea por el carácter preparatorio del acto). Así por ejemplo, deben clasificarse en esta categoría las Decisiones que la Comisión adopta con base en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 para someter a las empresas a verificaciones. En la sentencia AKZO, la Comisión declara que en la medida en que se cumplan los criterios que he enunciado anteriormente (en el punto 41), el ejercicio de esta facultad por parte de la Comisión puede ser delegado al miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de la competencia:

"[...] una Decisión que ordene a una empresa someterse a una verificación debe ser considerada, dado su carácter de diligencia de instrucción, como una simple Decisión de gestión. Ello es así aunque las empresas se opongan a la verificación". (100)

Finalmente está el nivel de la realización material, que comprende los actos de mera organización interna. No se trata, hablando con rigor, de una delegación de facultades: se trata de actos realizados en ejecución de Decisiones ya adoptadas, como la comunicación o la transmisión de Decisiones a los destinatarios de éstas, así como otras medidas materiales de ejecución. (101) Dichas medidas materiales de ejecución no implican el más mínimo margen de apreciación. La facultad que se confiere al Director General de la Competencia para firmar la comunicación de los cargos a que se refiere el artículo 2 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión es un ejemplo bien conocido. El Tribunal de Justicia ha aceptado en repetidas ocasiones la legalidad de esta práctica basándose en el artículo 27 del Reglamento interno: el funcionario de que se trata no actuó en efecto "en el marco de una delegación de facultades, sino de una mera delegación de firma que había recibido del miembro de la Comisión". (102) Según el Tribunal de Justicia, esta delegación de la firma constituye "una medida relativa a la organización interna de los servicios de la Comisión". (103) Constituye pues "el medio normal por el cual la Comisión ejerce su competencia". (104)

43. Aplicación de la diferencia del nivel de decisión al problema del caso de autos. Antes de aplicar la distinción que acabo de efectuar a la problemática del caso de autos, querría formular ante todo la siguiente observación a propósito del empleo de las lenguas en el funcionamiento interno de una Institución comunitaria como la Comisión. Al igual que todas las Instituciones comunitarias, la Comisión trabaja oficialmente en todas las lenguas oficiales de la Comunidad. (105) Esto no impide, sin embargo, que pueda utilizar una o varias lenguas comunitarias como lenguas de trabajo interno siempre que en sus intervenciones exteriores respete perfectamente el principio de igualdad de derechos de todas las lenguas oficiales de la Comunidad, como está previsto en el Reglamento nº 1. (106) La elección de una o varias lenguas de trabajo puede en efecto, a tenor de la sentencia AKZO (véase el punto 41), parecer necesaria para el buen funcionamiento de la Comisión en cuanto órgano de decisión, es decir, para permitir una mayor eficacia en las deliberaciones y en la adopción de decisiones. A este respecto opino que la Junta de Comisarios puede, también en los asuntos de competencia, adoptar una Decisión sobre la base de un proyecto redactado en una o varias lenguas de trabajo de la Comisión: lo que importa en efecto es que, de acuerdo con el principio de colegialidad, todos los miembros de la Comisión tengan la posibilidad de participar en la discusión y en la adopción de la Decisión en una lengua que dominen (véase el punto 38, supra). (107)

No se puede tomar en serio la argumentación de las partes recurridas cuando afirman que someter a la Junta de Comisarios los proyectos de decisiones en todas las versiones lingueísticas auténticas constituye una garantía para el control de estas versiones (porque entonces al menos un Comisario cuya lengua materna sea una de las lenguas de que se trate podría verificar la versión lingueística correspondiente): la intervención de los miembros de la Comisión se sitúa en el plano de la deliberación y de la toma de decisiones °que pueden, como ya he dicho anteriormente, desarrollarse por razones prácticas en una o varias de las lenguas de trabajo de la Comisión° y no se sitúa en modo alguno en el plano de la revisión lingueística de un texto.

44. Esto me lleva a adoptar la postura siguiente. Se respeta el principio de colegialidad cuando la Junta de Comisarios, sobre la base de un texto redactado en una o varias lenguas (de trabajo), ha deliberado efectivamente y decidido adoptar una Decisión por la cual declare una infracción al artículo 85 del Tratado CEE e imponga las sanciones correspondientes. Ninguna de las partes niega que esto es lo que ha sucedido en el caso de autos. Por otra parte, esto es lo que se desprende de los hechos que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado probados. (108)

Contrariamente al Tribunal de Primera Instancia, pienso que una delegación conferida al Comisario encargado de las cuestiones de la competencia para que adopte el texto en las otras versiones lingueísticas auténticas (o no) de una Decisión adoptada por la Junta (en una o varias lenguas de trabajo) debe ser considerada como una medida de ejecución material o de organización interna: en efecto, fundamentalmente lo que se concede no es sino la facultad de realizar actos materiales de ejecución, a saber, la facultad de efectuar la traducción de una Decisión ya adoptada y, en su caso, la coordinación con las otras traducciones.

Sea como fuere, aun cuando, habida cuenta del carácter auténtico (de algunas) de las versiones lingueísticas que debían adoptarse, se considere que la habilitación que la Junta de Comisarios confirió al Comisario encargado de las cuestiones de la competencia, tal como se desprende del acta de la reunión 945, es una medida de gestión y de administración en el sentido estricto del término, estimo que la Comisión tenía el derecho de otorgarla. En efecto, mirándolo con más detenimiento, se cumplen las exigencias formuladas al respecto por la sentencia AKZO. Así, en primer lugar está claro, en cuanto atañe a los límites de la competencia que deben respetarse, que al conceder la delegación de que se trata, la Comisión no cede en modo alguno su facultad de adoptar una Decisión de principio o que se haya despojado de su responsabilidad colegial respecto a esta Decisión: una lectura atenta del acta nos muestra que la Comisión discutió en primer término y adoptó por sí misma esta Decisión en una de las lenguas de trabajo (se trataba en el caso de autos de varias lenguas de trabajo, a saber, el