4.

La Comisión recuerda la sentencia de 23 de noviembre de 1989, en el asunto C-145/88 (Torfaen Borough Council, antes citada), y considera que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente han de valorarse a la vista del principio que establece dicha sentencia. No obstante, a diferencia de la legislación examinada en aquel momento, la normativa nacional que ahora se discute no versa sobre la prohibición de abrir los comercios en domingo, sino sobre la obligación de conceder a los trabajadores por cuenta ajena un día de descanso semanal, el domingo. La Comisión indica que se trata de una disposición de Derecho laboral que no se circunscribe al sector comercial sino que se aplica a todos los sectores de actividad, tales como, por ejemplo, los sectores industriales y asociativos; en cambio, no se aplica a todos los comercios, pues se excluye expresamente a los restaurantes, establecimientos de bebidas y expendedurías de tabaco, tiendas de flores naturales, empresas de periódicos y de información, determinadas tiendas de venta de artículos alimenticios al por menor, que pueden conceder a sus empleados el descanso semanal mediante un sistema de turnos, así como las empresas que disponen de una autorización concedida por la autoridad administrativa. La Comisión estima que una legislación en materia de Derecho social que tenga efectos directos sobre la comercialización de los productos puede afectar a las posibilidades de venta de mercancías importadas y, por tanto, a la importación de mercancías. La prohibición de emplear en domingo a trabajadores por cuenta ajena, en las condiciones descritas, constituye una medida aplicable indistintamente a los productos nacionales y a los importados: así pues, en el supuesto sometido por el órgano jurisdiccional nacional, la prohibición de que los establecimientos de venta de muebles abran en domingo afecta desde luego a la venta ese día de muebles importados, pero en la misma proporción que a los muebles producidos en el territorio del Estado miembro. La Comisión señala que, en la sentencia de 23 de noviembre de 1989 (Torfaen Borough Coincil, antes citada), el Tribunal de Justicia declaró que una medida indistintamente aplicable de este tipo debía valorarse, por una parte, examinando si la normativa en cuestión persigue un objetivo justificado con arreglo al Derecho comunitario y, por otra parte, verificando si los eventuales obstáculos ocasionados a los intercambios comunitarios no van más allá de lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo perseguido. Según la Comisión, el Tribunal de Justicia quiso de este modo sentar un principio aplicable a todas las normativas de esta naturaleza existentes en la Comunidad. De hecho, es fácil comprobar que la normativa en cuestión pretende proteger a los trabajadores por cuenta ajena, garantizándoles, por una parte, un día de descanso semanal, y, por otra parte, que ese día de descanso sea el mismo para todos, con objeto de hacer posible la vida familiar y, como señalaba el Abogado General en los conclusiones que presentó en el asunto C-145/88, de promover las actividades no profesionales y los contactos sociales, habiéndose elegido el domingo como resultado de una tradición histórico-religiosa. Lo anterior constituye obviamente una opción de política económica y social conforme con los objetivos de interés general perseguidos por el Tratado CEE y comparable con medidas de protección social como las constituidas por la prohibición del trabajo nocturno, la limitación de la duración del trabajo diario y semanal o el derecho a vacaciones anuales retribuidas. En lo relativo al examen de la proporcionalidad de los eventuales obstáculos al comercio intercomunitario con respecto a los objetivos legítimos perseguidos, el Tribunal de Justicia consideró, en la ya citada sentencia Torfaen Borough Council, que «la cuestión de comprobar si los efectos de una determinada normativa nacional no rebasan efectivamente ese ámbito forma parte de la apreciación de los hechos, apreciación que corresponde al órgano jurisdiccional nacional». La Comisión estima que semejante apreciación no puede dejarse a los órganos jurisdiccionales nacionales. Según ella, en primer lugar es de temer que, al proceder a dicha apreciación, los órganos jurisdiccionales nacionales lleguen en algunos casos a soluciones contrarias al Derecho comunitario. Por lo demás, es real el riesgo de ver cómo órganos jurisdiccionales diferentes llegan a soluciones divergentes para casos similares o incluso idénticos, a falta de una unificación llevada a cabo en la Comunidad por un único órgano jurisdiccional. La Comisión considera que, si bien la diversidad de las legislaciones nacionales en materia de días y horas de apertura de comercios hace delicada una apreciación uniforme, no es menos cierto que el examen de una normativa particular debe hacer posible averiguar si sus normas son o no contrarias al Derecho comunitario y aportar al Juez nacional una solución al problema de interpretación que le permita resolver el litigio del que esté conociendo. En el caso de autos, la Comisión considera que no parece que los efectos restrictivos que para la libre circulación de mercancías supone la prohibición de emplear trabajadores por cuenta ajena en domingo, prohibición moderada por excepciones referidas principalmente a la venta de bienes de consumo inmediato, sean desproporcionados con respecto al resultado perseguido. En realidad, tales efectos son muy limitados. Sin duda que los consumidores se encuentran en la imposibilidad de adquirir en domingo ciertas mercancías, importadas o no, tales como el mobiliario en el asunto que examina el órgano jurisdiccional nacional. Nó resulta inimaginable que esa imposibilidad haga bajar la demanda total de determinados productos y reduzca, por consiguiente, las importaciones. Sin embargo, la Comisión estima que, desde un punto de vista global, es poco probable que el cierre de determinadas categorías de tiendas los domingos conduzca a que los consumidores renuncien definitivamente a adquirir productos que se venden los otros seis días de la semana. De hecho, el consumidor, que no ignora que ciertas mercancías no pueden adquirirse en domingo, se adapta a esta situación y organiza sus compras consecuentemente. Además, no es evidente que el ligero repliegue que puede afectar al consumo no beneficie a los productos importados. La Comisión considera que el hecho de que no exista en todos los Estados miembros la obligación de conceder a los trabajadores por cuenta ajena su descanso semanal en domingo no tiene como efecto disminuir el comercio intracomunitário. Las diferencias entre los días y horas de apertura de las tiendas pueden, por el contrario, aumentar los intercambios entre dos Estados miembros que tengan una frontera común. Según la Comisión, estos elementos permiten afirmar que la prohibición de emplear a trabajadores por cuenta ajena en domingo no produce efectos desproporcionados para el comercio en relación con el objetivo legítimo de protección social. Del mismo modo, habida cuenta de las excepciones que recoge la ley para las tiendas que venden productos de consumo inmediato, no parece que el objetivo de protección social que persigue la legislación pueda alcanzarse por otro medio que obstaculice menos los intercambios. Por lo que se refiere al régimen de excepciones administrativas previsto por el Código del Trabajo, la Comisión estima que, si la autoridad administrativa competente decidiese autorizar la apertura el domingo de tiendas que venden sobre todo productos de origen nacional, negando tal autorización a los comercios que venden mercancías comparables pero sobre todo de origen comunitario, existiría una práctica discriminatoria con respecto a los productos importados. En ese supuesto, que no parece corresponder al caso sometido al examen del Juez nacional, se trataría de una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, aplicable exclusivamente a los productos importados, sin que pudiese justificarse por una exigencia imperativa, y que, por consiguiente, sería contraria a la prohibición que establece el artículo 30. Por consiguiente, la Comisión propone al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a la cuestión planteada: «El artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que prevé no se aplica a una normativa nacional que prohiba el empleo en domingo de trabajadores por cuenta ajena en los establecimientos comerciales, siempre que las excepciones concedidas no supongan una discriminación de hecho para los productos importados con respecto a los productos nacionales.»