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En estas circunstancias, el Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consejo del Contencioso de Autorizaciones) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Implican los artículos 2, letra a), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva [2001/42] que el artículo 99 de la Orden del Gobierno flamenco por la que se modifica la Orden del Gobierno flamenco, de 6 de febrero de 1991, por la que se adopta el Reglamento flamenco sobre autorizaciones medioambientales, y se modifica [la Vlarem II], por lo que respecta a la actualización de las Órdenes anteriormente citadas en lo relativo a la evolución de la técnica, que introduce en la Vlarem II la sección 5.20.6, relativa a las instalaciones para la generación de electricidad mediante energía eólica, y la [Circular de 2006], los cuales establecen diversas disposiciones sobre la instalación de aerogeneradores, en particular medidas en materia de seguridad y de sombras estroboscópicas definidas en función de las zonas de ordenación territorial, así como normas sobre ruidos, deben calificarse de “plan o programa” en el sentido de las disposiciones de dicha Directiva? 2) Si se pone de manifiesto que debió realizarse una evaluación medioambiental antes de la adopción [de la Orden y de la Circular de 2006], ¿podrá modular en el tiempo el Raad voor Vergunningsbetwistingen [Consejo del Contencioso de Autorizaciones] las consecuencias jurídicas del carácter ilegal [de la Orden y de la Circular de 2006]? A este respecto, procede plantear una serie de subcuestiones: a) Un instrumento de actuación política como la citada Circular, respecto a la cual la competencia de elaboración se basa en el margen de apreciación y la libertad de actuación política de la autoridad en cuestión, por lo que no se trata de una indicación en sentido propio de la autoridad competente para la elaboración del “plan o programa”, y para la cual tampoco se prevé un procedimiento formal de elaboración, ¿puede tener la consideración de “plan o programa” en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva [2001/42]? b) ¿Basta con que un instrumento de actuación política o una norma de carácter general, como [la Orden y la Circular de 2006], prevean parcialmente una limitación del margen de apreciación de la autoridad que concede las autorizaciones para tener la consideración de “plan o programa” en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva [2001/42], aun cuando no valgan como exigencia o como requisito necesario para la concesión de una autorización o no tengan como finalidad establecer un marco para la futura concesión de autorizaciones, pese a que el legislador de la Unión haya indicado que este objetivo constituye un elemento de la definición de “planes y programas”? c) ¿Puede definirse como un “plan o programa” en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva [2001/42] un instrumento de actuación política, como la [Circular de 2006], cuya elaboración viene dictada por motivos de seguridad jurídica y que, por tanto, constituye una decisión completamente libre, y no resulta tal interpretación contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual una interpretación teleológica de una directiva no puede divergir esencialmente de la voluntad claramente expresada por el legislador de la Unión? d) ¿Puede definirse como un “plan o programa”, en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva [2001/42], la sección 5.20.6 de la Vlarem II, que contiene normas cuya adopción no era obligatoria, y no resulta tal interpretación contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual una interpretación teleológica de una directiva no puede divergir esencialmente de la voluntad claramente expresada por el legislador de la Unión? e) ¿Pueden tener la consideración de “plan o programa” que “establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos”, en el sentido de los artículos 2, letra a), y 3, apartado 2, [letra a),] de la Directiva [2001/42], un instrumento de actuación política y una orden gubernamental de carácter normativo, como [la Orden y la Circular de 2006], que revisten un valor indicativo limitado o, cuando menos, no establecen un marco del que quepa inferir un derecho a la ejecución de un proyecto, y que no confieren un derecho a un marco o a una medida dentro de los cuales puedan autorizarse proyectos, y no resulta tal interpretación contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual una interpretación teleológica de una directiva no puede divergir esencialmente de la voluntad claramente expresada por el legislador de la Unión? f) Un instrumento de actuación política como la Circular [de 2006], que reviste un valor meramente indicativo, y/o una orden gubernamental de carácter normativo, como la sección 5.20.6 de la Vlarem II, que establece meramente límites mínimos para la concesión de autorizaciones y, por lo demás, tiene una eficacia completamente autónoma en cuanto norma general, – siendo así que ambas comprenden únicamente un número limitado de criterios y de modalidades – y que ninguna de ellas es decisiva respecto a alguno de los criterios o modalidades, y habida cuenta de que, en consecuencia, cabría alegar que, en virtud de datos objetivos puede excluirse que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, ¿pueden tener la consideración de “plan o programa” en el sentido del artículo 2, letra a), en relación con el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva [2001/42] y, por tanto, pueden tener la consideración de actos que, en virtud de la adopción de las normas y procedimientos de control aplicables en el sector en cuestión, establecen un conjunto significativo de criterios y condiciones para la aprobación y ejecución de uno o varios proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente? g) En caso de respuesta negativa a la [segunda cuestión prejudicial, letra f)], ¿podrá un órgano jurisdiccional constatar tal circunstancia por sí mismo, una vez que se ha adoptado la orden o la pseudolegislación ([como la Orden y la Circular de 2006])? h) Si un órgano jurisdiccional solo es competente de forma indirecta por vía de excepción y su decisión se aplica entre las partes, y si de la respuesta a las cuestiones prejudiciales se desprende que [la Orden y la Circular de 2006] son ilegales, ¿podrá decidir el mantenimiento de los efectos de la Orden y/o de la Circular ilegales si tales instrumentos contribuyen a un objetivo de protección del medio ambiente, como el perseguido por una directiva en el sentido del artículo 288 TFUE, y se cumplen los requisitos que el Derecho de la Unión (tal como se dispone en la sentencia [de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603]) establece para tal mantenimiento? i) En caso de respuesta negativa a la [segunda cuestión prejudicial, letra h)], ¿puede un órgano jurisdiccional acordar el mantenimiento de los efectos del proyecto impugnado para, de este modo, cumplir indirectamente los requisitos que el Derecho de la Unión (tal como se dispone en la sentencia [de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603]) establece para el mantenimiento de las consecuencias jurídicas del plan o programa que no se ajusta a la Directiva [2001/42]?»