Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre prestación de servicios — Servicios — Concepto

(Art. 50 CE)

2. Libre prestación de servicios — Restricciones — Legislación tributaria

(Art. 49 CE)

3. Libre circulación de personas — Trabajadores — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria

(Arts. 39 CE et 43 CE)

4. Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Legislación tributaria

(Art. 18 CE)

Índice

1. Los cursos impartidos por centros que forman parte de un sistema de educación nacional y que se financian, total o parcialmente, con cargo a fondos públicos están excluidos del concepto de servicios en el sentido del artículo 50 CE. En efecto, al establecer y mantener tal sistema de enseñanza pública, financiado por lo general con cargo a fondos públicos y no por los alumnos o por sus padres, el Estado no se propone realizar actividades remuneradas, sino que cumple su misión para con la población en los ámbitos social, cultural y educativo.

En cambio, los cursos que imparten centros de enseñanza financiados esencialmente con fondos privados, en particular, por los estudiantes o sus padres, constituyen servicios a efectos del artículo 50 CE, puesto que el objetivo perseguido por dichos centros consiste, en efecto, en ofrecer un servicio a cambio de una remuneración. En este contexto, no es necesario que el servicio sea pagado fundamentalmente por los alumnos o por sus padres. En efecto, el artículo 50 CE no exige que el servicio sea pagado por sus beneficiarios.

(véanse los apartados 68 a 70)

2. Cuando los contribuyentes de un Estado miembro escolarizan a sus hijos en un colegio privado situado en otro Estado miembro y cuya financiación se realiza esencialmente con cargo a fondos privados, el primer Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE al excluir de manera general los gastos de escolaridad ocasionados por la asistencia a tales colegios, de la posibilidad de deducirlos como gastos extraordinarios del impuesto sobre la renta.

Tal normativa constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios garantizada por el artículo 49 CE, en la medida en que tiene por efecto disuadir a los contribuyentes que residen en el Estado miembro de que se trate de escolarizar a sus hijos en colegios establecidos en otro Estado miembro. Además, también obstaculiza la oferta formativa que emana de centros de enseñanza privados establecidos en otros Estados miembros, destinada a los hijos de contribuyentes que residen en el primer Estado miembro.

La negativa a conceder la exención fiscal controvertida por razón de los gastos de escolaridad abonados a colegios establecidos en otro Estado miembro no puede estar justificada por el objetivo de garantizar que se cubran los gastos de funcionamiento de los colegios privados, sin que resulte de ello una carga excesiva para el Estado, puesto que este objetivo puede alcanzarse con medios menos restrictivos. En efecto, para evitar una sobrecarga económica, el Estado miembro puede limitar la cantidad deducible en concepto de gastos de escolaridad a una cantidad determinada, correspondiente a la rebaja fiscal concedida por este Estado, habida cuenta de determinados valores que le son propios, por asistir a colegios situados en su territorio, lo que constituiría un medio menos restrictivo que la negativa a conceder la rebaja fiscal controvertida. En cualquier caso, resulta desproporcionado excluir totalmente de esta rebaja fiscal los gastos de escolaridad abonados a colegios establecidos en un otro Estado miembro independientemente de que estos colegios cumplan los criterios objetivos fijados sobre la base de principios propios de cada Estado miembro y que permiten determinar qué tipo de gastos de escolaridad da derecho a dicha rebaja fiscal.

(véanse los apartados 80, 81, 97 a 100 y 139 y el punto 1 del fallo)

3. Un Estado miembro que excluye de manera general los gastos de escolaridad ocasionados por la asistencia a tales colegios, de la posibilidad de deducirlos como gastos extraordinarios en el impuesto sobre la renta incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE y 43 CE.

En efecto, tal normativa discrimina especialmente a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que se han trasladado al Estado miembro de que se trate o desempeñan allí una actividad laboral y cuyos hijos siguen asistiendo a un colegio no gratuito situado en otro Estado miembro. También puede colocar a sus propios nacionales en peor situación cuando transfieren su domicilio a otro Estado miembro, en el que sus hijos asisten a un colegio no gratuito.

(véanse los apartados 116, 118, 121 y 139 y el punto 1 del fallo)

4. Cuando los contribuyentes de un Estado miembro envían a sus hijos a cursar estudios en un colegio establecido en otro Estado miembro cuyas prestaciones no pueden ampararse en el artículo 49 CE, el primer Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 CE, al excluir de manera general los gastos de escolaridad ocasionados por la asistencia a un colegio establecido en otro Estado miembro de la deducción fiscal en el impuesto sobre la renta en concepto de gastos extraordinarios.

Tal normativa produce el efecto de discriminar de manera injustificada a estos hijos, por seguir sus estudios en un colegio establecido en otro Estado miembro, en relación con los que no han hecho uso de su derecho a la libre circulación y menoscaba los derechos que les confiere el artículo 18 CE, apartado 1.

(véanse los apartados 137 y 139 y el punto 1 del fallo)