2.

a) La Comisión empieza por manifestar que las decisiones en el marco de las licitaciones con arreglo al Reglamento n° 570/88 se adoptan cada quince días, de forma que hubiera sido preciso establecer un rápido mecanismo decisorio que respondiera eficazmente a las necesidades del mercado sin sacrificar las formalidades exigidas. Un elemento esencial de este procedimiento consiste en la consulta al Comité de gestión, que permite a los representantes de los Estados miembros participar en el proceso de adopción de la decisión. Además, una decisión adoptada en contra del dictamen del Comité ha de ser comunicada al Consejo. Sigue la Comisión afirmando que, si bien los destinatarios de la decisión son los Estados miembros, el Reglamento n° 570/88 prevé que cada licitador sea inmediatamente informado por el organismo de intervención acerca de los resultados de su participación en la licitación específica. Además, aunque no sea obligatorio desde un punto de vista jurídico, la Comisión publica los resultados de la licitación en el Diario Oficial. Finalmente, los licitadores siempre.pueden obtener de los organismos de intervención informes complementarios acerca de la decisión. b) Por lo que respecta a la falta de referencia al dictamen del Comité de gestión, la Comisión pone de manifiesto que la doctrina jurisprudencial sentada en el asunto 68/86 (antes citado), mediante la cual el Tribunal de Justicia desestimó el argumento según el cual la Directiva impugnada no era válida por cuanto no hacía ninguna referencia a la propuesta de la Comisión, por ser un hecho que la Directiva fue adoptada a propuesta de la Comisión, resulta plenamente aplicable al caso de autos, dado que las demandantes supieron y aceptaron que se había consultado debidamente al Comité de gestión. En su escrito de dúplica, la Comisión precisa que, con arreglo al artículo 191 del Tratado CEE, las decisiones adoptadas de acuerdo con el Reglamento n° 570/88 no se publican en el Diario Oficial, pero se notifican a los Estados miembros con el fin de que sus organismos de intervención extraigan las consecuencias de las proposiciones que les fueron presentadas. Sin embargo, la falta de publicación de tales decisiones no significa que no se haya consultado al Comité de gestión. Por el contrario, el último considerando de la Decisión de la Comisión de 30 de septiembre de 1988, tal como fue notificada a la Representación permanente de la República Francesa ante las Comunidades Europeas, con fecha 3 de octubre de 1988, pone de manifiesto que la Decisión impugnada fue adoptada previo dictamen de dicho Comité. En lo que se refiere al cuadro publicado en el DO C 259, relativo a la Decisión controvertida, garantiza la comunicación a los interesados de los resultados de la licitación n° 8, pero en modo alguno constituye una publicación de la Decisión impugnada, de forma que las sociedades demandantes no pueden referirse a dicho cuadro para comprobar en él la falta de referencia a la consulta hecha al Comité de gestión. Añade la Comisión que la publicación, en la serie C del Diario Oficial, de los resultados de la licitación en forma de cuadro, con exclusión de la publicación in extenso de las decisiones, fue decidida en aras de la simplificación, a la vista del carácter puramente declarativo de las citadas decisiones, que surten efecto mediante la comunicación a los Estados miembros; esta práctica fue objeto de una comunicación de la Comisión que apareció en el DO L 360, p. 43, de fecha 21 de diciembre de 1982. Finalmente, nada impide que los organismos de intervención comuniquen una decisión completa a los licitadores que la soliciten. c) Por lo que se refiere a la pretendida falta de motivación de la Decisión impugnada, la Comisión alega que los Estados miembros, a los que va dirigida la Decisión, están al tanto de la motivación de ésta. En cuanto a la información a los licitadores, está garantizada a un tiempo por los organismos de intervención y por la publicación en el Diario Oficial de los resultados de la licitación. A-demás, en cualquier momento los licitadores pueden recibir de los destinatarios de la Decisión la información que deseen. Respondiendo a las alegaciones expuestas en la réplica de las demandantes, la Comisión pone de manifiesto que el hecho de no haberse publicado la Decisión completa y la comunicación de los meros resultados de la licitación, en modo alguno significan que la Decisión carezca de motivación. Por el contrario, en la forma en que se notificó a los Estados miembros, esta Decisión responde a la obligación de motivación establecida en el artículo 190 del Tratado CEE. En particular, se pone de manifiesto en el primer considerando de la Decisión controvertida, que remite al artículo 18 del Reglamento n° 570/88, que los criterios de apreciación de la Comisión se fundan en el contenido de las proposiciones presentadas, vistas las disponibilidades de existencias. Tales decisiones y, en particular, la que es objeto de impugnación, están suficientemente motivadas habida cuenta de su frecuencia, su carácter repetitivo, la brevedad del plazo en el que han de ser tomadas y los criterios explícitos que resultan tanto de los motivos como de la normativa según la cual fueron adoptadas. Efectivamente, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación de un acto normativo no sólo puede resultar de su tenor literal, sino también del conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia de 23 de febrero de 1978, An Bord Bainne, 92/77, Rec. 1978, p. 497), y el grado de precisión de la motivación de una decisión debe ser proporcionado a las posibilidades materiales y a las circunstancias técnicas o de plazo en las que debe formularse (sentencia de 1 de diciembre de 1965, Schwarze, 16/65, Rec. 1965, p. 1081). Además, las demandantes no pueden afirmar que la Decisión impugnada constituya una modificación de la gestión de la Comisión cuyo sentido no pudieron apreciar con vistas a determinar su posición en la licitación siguiente, dado que la citada Decisión fue adoptada el 30 de septiembre de 1988 y comunicada con la misma fecha a los organismos de intervención, los cuales informaron inmediatamente, dentro de la misma hora generalmente, a los adjudicatarios, y fue notificada a los Estados miembros el 3 de octubre de 1988. Además, comparando las licitaciones n° 8 y n° 9, se comprueba que los agentes extrajeron las consecuencias del importe de la ayuda de la forma en que quedó fijada en la licitación n° 8, al incrementar considerablemente sus proposiciones.