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14.

El artículo 96 del TRLIS, que lleva por título «Aplicación del régimen fiscal», establece los requisitos para la aplicación del mencionado régimen especial. A tenor de este artículo: «1. La aplicación del régimen establecido en este Capítulo requerirá que se opte por él de acuerdo con las siguientes reglas: a) En las operaciones de fusión o escisión la opción se incluirá en el proyecto y en los acuerdos sociales de fusión o escisión de las entidades transmitentes y adquirentes que tengan su residencia fiscal en España. […] b) En las aportaciones no dinerarias la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el correspondiente acuerdo social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato. […] c) En las operaciones de canje de valores la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el correspondiente acuerdo social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato. En las ofertas públicas de adquisición de acciones la opción se ejercerá por el órgano social competente para promover la operación y deberá constar en el folleto explicativo. […] En cualquier caso, la opción deberá comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen. 2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. […]»
24.

Por eso, TNT ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la High Court of Justice of England and Wales (Administrative Court) sobre la legalidad de la exención del IVA concedida a Royal Mail conforme al anexo 9, grupo 3, de la Ley del IVA de 1994. En el marco de ese procedimiento, la High Court ha planteado al Tribunal de Justicia, mediante resolución de 12 de julio de 2007, las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) a) ¿Cómo debe interpretarse la expresión “servicios públicos postales” del artículo 13, parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva IVA (Directiva 77/388/CEE) [actualmente artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112]? b) ¿Influye en la interpretación de dicha expresión que los servicios postales en un Estado miembro hayan sido liberalizados, que no existan servicios reservados en el sentido de la Directiva 97/67/CE del Consejo, en su versión modificada, y que se haya notificado a la Comisión la designación de un proveedor del servicio universal con arreglo a dicha Directiva (como Royal Mail en el Reino Unido)? c) En las circunstancias del presente asunto [que se exponen en la letra b) supra], ¿incluye dicha expresión i) exclusivamente al proveedor del servicio universal designado (como Royal Mail en el Reino Unido) o ii) también a un operador postal privado (como TNT Post)? 2) En las circunstancias del presente asunto, ¿debe interpretarse el artículo 13, parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva IVA [actualmente artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112] en el sentido de que exige o permite a un Estado miembro eximir del impuesto todos los servicios postales prestados por “los servicios públicos postales”? 3) Si los Estados miembros están obligados o autorizados a eximir del impuesto algunos de los servicios prestados por “los servicios públicos postales”, pero no todos, ¿en virtud de qué criterios deben determinarse dichos servicios?»
83.

Ciertamente, estos Gobiernos intentan distinguir el presente caso del que dio origen a la sentencia Centro di Musicologia Walter Stauffer, antes citada. Con este fin, alegan que, a diferencia de lo que ocurría en dicho asunto, el contribuyente en este caso no es el organismo de utilidad pública reconocida, sino un simple donante, que, por lo general, no dispone de la información necesaria acerca de la gestión del organismo beneficiario de sus donaciones. Consideran también que cuando el donante solicita a este organismo que le proporcione dicha información, tampoco es fácil que éste pueda atender su solicitud, dado que los esfuerzos invertidos en esta tarea no constituirán necesariamente un buen uso de los fondos con que cuenta. Por otro lado, consideran que la Directiva 79/799 no es el instrumento adecuado para solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento del organismo de que se trate que asuma el control completo de la observancia por parte de dicho organismo de todos los requisitos que imponga la normativa de otro Estado miembro, como el relativo a la gestión efectiva de las actividades de este organismo conforme a sus estatutos. Por último, el Gobierno del Reino Unido añade que, a diferencia de lo que sucede en las escasas ocasiones en que un organismo posee bienes inmuebles en otro Estado miembro, como era el caso del asunto Centro di Musicologia Walter Stauffer, antes citado, la deducibilidad fiscal de las donaciones efectuadas en favor de organismos situados en el extranjero podría significar que se obligara a las autoridades fiscales de los Estados miembros a verificar la situación de miles de organismos que, en cada Estado miembro o entidades federadas de Estados miembros, están sujetos a distintos requisitos. Dado que es imposible llevar a cabo un control de esta envergadura, los Estados miembros no disponen de ninguna medida menos restrictiva que denegar la deducción fiscal por las donaciones efectuadas en favor de organismos extranjeros. La solución contraria equivaldría a imponer cargas desproporcionadas a las autoridades fiscales.
84.

En segundo lugar, por lo que respecta a la necesidad de pruebas, en lo que CPM ha insistido mucho, procede recordar que las disposiciones de que se trata responden a dos tipos de situación: el uso existente de una marca registrada u otro signo, y el uso futuro de una marca que no ha sido registrada todavía. Cuando la marca o signo posterior se esté ya en uso, es probable que el titular de la marca anterior pueda obtener pruebas efectivas de la existencia de un vínculo por parte del público y de la presunta violación para respaldar sus argumentos, en particular, procedentes de los sondeos entre consumidores o de las cifras de marketing, pese a que cabe que no todos los elementos puedan cuantificarse con exactitud. Cuando la marca posterior se encuentre tan solo en la fase de solicitud de registro, es poco probable que puedan conseguirse fácilmente tales pruebas. En los supuestos en que puedan presentarse pruebas de ese tipo, es obvio que ello tendrá un peso considerable en la apreciación. Si no pueden obtenerse pruebas o tan sólo pueden obtenerse pruebas limitadas, deberán deducirse necesariamente las consecuencias de lo que pueda acreditarse. Sin embargo, las pruebas del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior siempre deben poder obtenerse y tales características no habrán de determinarse nunca por deducción.
22.

Mientras que tendería a estar de acuerdo con el resultado al que llega el Gobierno neerlandés cuando analiza su ejemplo, no comparto el método que utiliza. En las circunstancias descritas, la consulta en materia de IVA no podría acogerse a la exención porque no es un servicio directamente necesario para permitirle a la escuela ejercer su actividad de enseñanza exenta del impuesto y, probablemente también, porque no es uno de los servicios para los que fue establecido el Consejo. Por otro lado, un servicio que sí entrara en los objetivos del Consejo y que fuera necesario para el ejercicio de la actividad de enseñanza exenta del impuesto debería poder acogerse a la exención independientemente del número efectivo de escuelas beneficiarias.
39.

En consecuencia, las medidas para garantizar que una persona que representa un peligro no pueda circular en la red de carreteras aún no se habían adoptado y, en cualquier caso, estas medidas no habían agotado sus efectos.
15.

La sociedad BG Erhvervsfinans A/S, ( 3 ) a la que pertenecen las sociedades filiales Nordania Finans A/S y BG Factoring A/S, ejerció entre los años 1995 a 1998 una actividad importante de arrendamiento financiero bajo la forma de arrendamiento-venta, principalmente de vehículos. Prestó igualmente servicios financieros.
65.

En cambio, entre los requisitos del mencionado artículo 3 bis no figura la exigencia —de diferente naturaleza— de proteger el carácter distintivo de la marca. Esta exigencia, que aparece contemplada en su doble aspecto de prohibición de causar perjuicio a dicho carácter y de obtener un aprovechamiento indebido de éste tanto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 como en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ( 38 ) en su versión modificada, en relación con las marcas notorias, no se recogió sin embargo en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 —a diferencia del requisito de proteger la reputación de la marca, también protegida por las mencionadas disposiciones, siempre en relación con las marcas notorias— el cual, como se ha expuesto (véase el punto 59 supra), ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. Ahora bien, en este caso no puede tratarse más que de una elección deliberada del legislador comunitario, que estimó evidentemente que debía privilegiar el interés en una publicidad comparativa eficaz que haga las veces de instrumento de información de los consumidores y como estímulo a la competencia entre los proveedores de bienes y servicios (véase, en particular, el segundo «considerando» de la Directiva 97/55) frente al interés en que se proteja el carácter distintivo de las marcas.
25.

La interpretación de esa disposición apuntada por el tribunal a quo me parece no obstante errónea en relación con los contratos de distribución de gas natural. En efecto, ese artículo sólo contempla el suministro, y no la distribución de gas natural. Por tanto, no puede deducirse de esa disposición ninguna obligación de los Estados miembros de poner fin a los contratos de distribución adjudicados sin procedimiento ninguno de licitación. En efecto, como señala fundadamente la Comisión, la fecha límite de 1 de julio de 2007 aplicada al contrato de suministro no puede transferirse a los contratos de distribución, pues de hacerlo se crearía una norma suplantando al legislador comunitario.
12.

Marks & Spencer llevó la causa hasta la Court of Appeal. Junto a la devolución de impuestos por las pastas de té, el procedimiento versó sobre otra pretensión de reembolso en relación con el tratamiento fiscal de los cheques regalo. La Court of Appeal remitió una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de las reglas de prescripción con el Derecho comunitario. Para la Court of Appeal, sólo la cuestión del tratamiento fiscal de los cheques regalo continuaba siendo dudosa, pues, en cuanto a las pastas de té, consideraba, a toda evidencia, que no había que atenerse a lo dispuesto en el Derecho comunitario ya que no existía una armonización del tipo del impuesto en la Sexta Directiva.
30.

Asimismo, el Gobierno alemán aduce que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al principio de protección de la confianza legítima (buena fe) en el marco de la normativa sobre el IVA ( 4 ) no resulta pertinente en el presente asunto, puesto que en los correspondientes asuntos el Tribunal de Justicia pretendía impedir la doble imposición de la misma operación, mientras que en el caso de autos se trata de garantizar que las operaciones controvertidas no dejen de ser gravadas. Antes bien, precisa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada por el órgano jurisdiccional remitente relativa a los requisitos de la condonación de derechos de importación y exportación ( 5 ) apoya la tesis de que una situación como la controvertida en el presente asunto no garantiza una exención a favor del proveedor. Tal riesgo ha de ser soportado, a su juicio, por el operador económico, y no por los fondos públicos.
79.

La OAMI responde que este motivo es manifiestamente infundado. En su escrito de oposición, la solicitante, al marcar las casillas correspondientes, basó su oposición en dos motivos —el riesgo de confusión con una marca anterior y el aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de una marca anterior o el perjuicio que le causaría—, cuando transmitió los elementos en apoyo de su oposición. La recurrente, sin embargo, no invocó este último motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. Pese a la falta de prueba, la División de Oposición de la OAMI mencionó esta disposición, al precisar que no era necesario examinar si la oposición estaba fundada con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 en la medida en que los signos no eran similares. Cuando interpuso un recurso contra esta resolución, la recurrente no solicitó a la Sala de Recurso que aplicara el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 y tampoco mencionó esta disposición en la exposición de sus motivos. Teniendo en cuenta cuanto precede y el hecho de que la recurrente nunca identificó la marca anterior cuyo carácter distintivo o renombre habían sido menoscabados por la solicitud de marca comunitaria, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los documentos aportados en el procedimiento de oposición, perseguían más bien demostrar la notoriedad de la marca no registrada, presentada como uno de los dos derechos anteriores, o eventualmente el carácter distintivo incrementado de la marca registrada, pero no su renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. La Sala de Recurso no se pronunció, en consecuencia, sobre la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94.
«Decisión prejudicial – High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Administrative Court) – Interpretación del artículo 12 CE – Acceso a la enseñanza universitaria – Ayuda a los estudiantes mediante préstamos a un tipo de interés favorable (préstamos para estudiantes) – Disposición que limita la concesión de dichos préstamos a los estudiantes establecidos en territorio nacional»
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 12 de octubre de 2000. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 95/50/CE. - Asunto C-347/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-11647



Conclusiones del abogado general

1 En el presente asunto, la Comisión solicita que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, (1) relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado a la Comisión acerca de dichas medidas.

2 En su contestación, Irlanda no niega el incumplimiento. Se limita a señalar que se encuentra en fase de elaboración el proyecto de disposición destinado a ejecutar la Directiva, y que confía en que las citadas normas de ejecución se aprueben en un futuro próximo.

Conclusión

3 En estas circunstancias, considero que el Tribunal de Justicia debe:

1) Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado a la Comisión acerca de dichas medidas.

2) Condenar en costas a Irlanda.

(1) - DO L 249, p. 35.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 12 de junio de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. - Archivo. - Asunto C-354/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-06007



Conclusiones del abogado general

1 En el presente procedimiento por incumplimiento la Comisión reprocha a la República Italiana haber incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros, (1) y al Tratado CEE, al no haber adoptado las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar dicha Directiva y/o no haberlas comunicado.

2 El apartado 1 del artículo 70 de la citada Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 1 de enero de 1994 y a informar de ello inmediatamente a la Comisión.

3 La parte demandada ha alegado simplemente que, en la Ley nº 146 de 22 de febrero de 1994, (2) se preveía la adaptación del Derecho interno a la Directiva en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley y que, como no se pudo cumplir ese plazo, se fijó de nuevo, en la Ley nº 52 de 6 de febrero de 1996, (3) en un año a partir de la entrada en vigor de la ley de 1996. Afirma que el procedimiento de adaptación del Derecho interno a la Directiva se encuentra en su fase final puesto que ya se ha presentado al Parlamento el correspondiente proyecto.

4 Puesto que, de esa forma, la parte demandada no niega no haber adaptado el Derecho interno a la Directiva de que se trata en el plazo señalado, no es preciso entrar a examinar el motivo formulado por la Comisión relativo al incumplimiento de la obligación de comunicar las medidas adoptadas para adaptar el Derecho interno a la Directiva.

5 Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros, al no adoptar en el plazo señalado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a esta Directiva. También propongo al Tribunal de Justicia que condene en costas a la República Italiana.

(1) - DO L 374, p. 7.

(2) - «Ley Comunitaria de 1993».

(3) - «Ley comunitaria de 1994» (sic).
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 6 de marzo de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. - Incumplimiento de Estado - Directiva 93/38/CEE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado. - Asunto C-311/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-02939



Conclusiones del abogado general

1 En el presente recurso por incumplimiento, la Comisión imputa a la República Francesa haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (1) y, en particular, de su artículo 45, al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a dicha Directiva. Con carácter subsidiario, solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las citadas disposiciones, al no haber informado inmediatamente de ello a la Comisión.

2 A tenor del artículo 45 de la referida Directiva, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la citada Directiva, las aplicarán, a más tardar, el 1 de julio de 1994 (2) e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

3 La parte demandada no niega el hecho de no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado. Se limita a señalar que ya había incluido el correspondiente proyecto de ley en el orden del día del período de sesiones parlamentario 1996/1997.

4 Por consiguiente, al haber quedado así acreditado que el Derecho interno francés no se ha adaptado a la Directiva de que se trata dentro del plazo señalado, no es preciso examinar la pretensión subsidiaria de la Comisión.

5 En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones y, en particular, de su artículo 45, al no haber adoptado dentro del plazo señalado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a dicha Directiva. Propongo, además, al Tribunal de Justicia que condene a la República Francesa al pago de las costas del procedimiento.

(1) - DO L 199, p. 84.

(2) - Sin embargo, el apartado 2 del artículo 45 de la Directiva establece que, para el Reino de España, la República Helénica y la República Portuguesa, rigen unos plazos distintos.
3.

Con el fin de resolver este litigio, el juez nacional considera necesaria una respuesta a la siguiente pregunta: «Los artículos 48, 51, 52 y 59 del Tratado de Roma, ¿deben interpretarse en el sentido de que, antes del 1 de julio de 1982, un Estado miembro (Bélgica en este caso) no podía imponer a los ciudadanos de otro Estado miembro (la ex República Federal de Alemania en este supuesto) que ejercieran una actividad profesional por cuenta propia en el territorio del primero, siendo así que desempeñan la misma actividad profesional por cuenta propia en la ex República Federal de Alemania, donde estaban domiciliados y afiliados obligatoriamente a la seguridad social, una obligación de cotizar al régimen de seguridad social belga de los trabajadores por cuenta propia, tanto más cuanto que esta obligación no podía suponer en beneficio suyo ninguna protección suplementaria?»
5.

Habida cuenta de que ha quedado acreditado que no se han puesto en vigor, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, y que, al actuar de dicho modo, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/5, no es necesario examinar la cuestión de si, por otra parte, ha habido una violación del artículo 5 del Tratado, sobre todo debido a que la Comisión no alegó ninguna infracción específica del artículo 5 del Tratado que vaya más allá de las obligaciones que resultan de la Directiva.
26.

No me resulta convincente la afirmación del Gobierno neerlandés conforme a la cual las tasas calculadas a prorrata no permitirían a los Estados miembros cubrir los costes de las inspecciones efectuadas. En primer lugar, de la naturaleza de las inspecciones tal y como está establecida en el punto 42 del Capítulo IX del Anexo I de la Directiva 71/118 no se deduce que dichas inspecciones no guarden ninguna relación con el nivel de actividad y que la mera presencia de aves de corral en las salas de despiece constituye la base de cálculo apropiada para determinar el nivel de la tasa. Además, algunas de las formalidades administrativas constituirían una repetición de las formalidades cumplimentadas anteriormente en las salas, que ya ha cubierto la tasa recaudada con arreglo al apartado 4 del artículo 2 de la Decisión. Si no se cubren los costes de las inspecciones, los Estados miembros siguen disponiendo de la posibilidad de adaptar el nivel de las tasas conforme al apartado 2 del artículo 2 de la Decisión, que también es aplicable en el marco del artículo 3.