Palabras clave

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Palabras clave

1 Política social - Trabajadores masculinos y trabajadores femeninos - Igualdad de retribución - Artículo 119 del Tratado - Directiva 75/117/CEE - Alcance - Discriminación basada en la orientación sexual - Exclusión

(Tratado CE, art. 119; Directiva 75/117/CEE del Consejo)

2 Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Base del control de la legalidad de los actos comunitarios - Efectos de los derechos fundamentales sobre el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado - Inexistencia

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3 La denegación, por parte de un empresario, de una reducción en el precio de los transportes en favor de la persona, del mismo sexo, con la que un trabajador mantiene una relación estable, cuando tal reducción se concede en favor del cónyuge del trabajador o de la persona, de distinto sexo, con la que éste mantiene una relación estable sin vínculo matrimonial, no constituye una discriminación prohibida por el artículo 119 del Tratado o por la Directiva 75/117, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos.

Por un lado, en efecto, no puede considerarse que el requisito previsto para la concesión de dicha reducción constituya una discriminación basada en el sexo, dado que se aplica de igual modo a las trabajadoras que a los trabajadores, ya que las reducciones son denegadas a un trabajador de sexo masculino que viva con otro hombre, del mismo modo que se le deniegan a una trabajadora que viva con otra mujer. Por otro lado, en el estado actual del Derecho en el seno de la Comunidad, las relaciones estables entre dos personas del mismo sexo no se equiparan a las relaciones entre personas casadas o a las relaciones estables sin vínculo matrimonial entre personas de distinto sexo, y, por consiguiente, el Derecho comunitario no obliga a un empresario a equiparar la situación de una persona que tiene una relación estable con un compañero del mismo sexo a la de una persona casada o que tiene una relación estable sin vínculo matrimonial con un compañero del otro sexo. Sólo al legislador puede corresponder adoptar, en su caso, medidas que puedan afectar a esa situación.

4 Si bien el respeto de los derechos fundamentales que forman parte de dichos principios generales constituye un requisito para la legalidad de los actos comunitarios, estos derechos no pueden, en sí mismos, producir el efecto de ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado, más allá de las competencias de la Comunidad.

En lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que figura entre los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos que el Tribunal de Justicia tiene en cuenta para la aplicación de principios generales del Derecho comunitario, una observación, que carece de valor jurídico vinculante y de motivación específica, del Comité de Derechos Humanos establecido de conformidad con su artículo 28, según la cual la referencia al «sexo» hecha en el apartado 1 de su artículo 2 y en su artículo 26 debe considerarse en el sentido de que abarca las preferencias sexuales, no puede, en cualquier caso, llevar al Tribunal de Justicia a ampliar el alcance del artículo 119 del Tratado. El alcance de este artículo, como el de toda disposición de Derecho comunitario, sólo puede determinarse teniendo en cuenta su tenor literal y su objetivo, así como el lugar que ocupa en el sistema del Tratado y en el contexto jurídico en que se integra dicha disposición.