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Es preciso recordar que, en su sentencia Schindler Holding y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra (EU:C:2013:522), el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: «33. […] contrariamente a lo que alegan las [partes] recurrentes, el hecho de que las decisiones por las que se imponen multas en materia de competencia sean adoptadas por la Comisión no es en sí mismo contrario al artículo 6 del CEDH tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, procede señalar que, en su sentencia A. Menarini Diagnostics c. Italia, antes citada, relativa a una sanción impuesta por la autoridad italiana de regulación de la competencia por prácticas contrarias a la competencia análogas a las reprochadas a las [partes] recurrentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que, habida cuenta de la elevada cuantía de la multa impuesta, la sanción pertenecía, por su severidad, al ámbito penal. 34. No obstante, en el apartado 58 de dicha sentencia, recordó que encomendar a órganos administrativos la tarea de perseguir y reprimir las infracciones de las normas sobre competencia no es incompatible con el CEDH, siempre que el interesado pueda impugnar las resoluciones adoptadas en su contra ante un tribunal que ofrezca las garantías establecidas en el artículo 6 del CEDH. 35. En el apartado 59 de su sentencia A. Menarini Diagnostics c. Italia, antes citada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisó que la observancia del artículo 6 del CEDH no excluye que, en un procedimiento de carácter administrativo, un órgano administrativo imponga inicialmente una “pena”. Sin embargo, implica que la resolución de un órgano administrativo que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, se someta al control posterior de un órgano judicial con competencia jurisdiccional plena. Entre las características de tal órgano figura la competencia para revocar en todos sus extremos, tanto de hecho como de Derecho, la resolución impugnada, dictada por el órgano inferior. El órgano judicial ha de tener señaladamente competencia para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para el litigio del que conoce. 36. Pues bien, al pronunciarse sobre el principio de tutela judicial efectiva, principio general del Derecho de la Unión que encuentra hoy su expresión en el artículo 47 de la Carta y que se corresponde, en el Derecho de la Unión, con el artículo 6, apartado 1, del CEDH, el Tribunal de Justicia ha declarado que, además del control de legalidad previsto por el Tratado FUE, el juez de la Unión dispone de una competencia jurisdiccional plena que le reconoce el artículo 31 del Reglamento no 1/2003, de conformidad con el artículo 261 TFUE, y que le faculta para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya, y en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta (sentencia [de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C‑386/10 P, Rec, EU:C:2011:815], apartado 63). 37. Por lo que respecta al control de legalidad, el Tribunal de Justicia ha recordado que el juez de la Unión debe ejercerlo basándose en las pruebas aportadas por el demandante en apoyo de los motivos invocados, y que no puede apoyarse en el margen de apreciación del que dispone la Comisión, ni respecto a la elección de los elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar los criterios mencionados en las Directrices de 1998, ni respecto a la evaluación de dichos elementos, para renunciar a ejercer un control en profundidad tanto de hecho como de Derecho (sentencia Chalkor/Comisión, antes citada, apartado 62). 38. Como quiera que el control establecido en los Tratados implica que el juez de la Unión ejerza un control tanto de hecho como de Derecho y que tenga la facultad de valorar las pruebas, anular la decisión impugnada y modificar el importe de las multas, el Tribunal de Justicia ha declarado que el control de legalidad contemplado en el artículo 263 TFUE, completado por la competencia jurisdiccional plena en lo que respecta al importe de la multa, contemplada en el artículo 31 del Reglamento no 1/2003, no parece, por lo tanto, oponerse a las exigencias del principio de tutela judicial efectiva que figura en el artículo 47 de la Carta (sentencia Chalkor/Comisión, antes citada, apartado 67).»