Palabras clave

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Palabras clave

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1. Procedimiento ° Intervención ° Excepción de inadmisibilidad no propuesta por la parte demandante ° Inadmisibilidad

[Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 3; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 93, ap. 4]

2. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que les afectan directa e individualmente ° Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro por la que se declara la compatibilidad de una ayuda estatal con el mercado común ° Recurso de los interesados con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado ° Admisibilidad

(Tratado CEE, arts. 93, aps. 2 y 3, y 173, párr. 2)

3. Ayudas otorgadas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Iniciación del procedimiento de examen ° Facultad de apreciación de la Comisión ° Referencia al contexto comunitario ° Control jurisdiccional ° Límites

(Tratado CEE, arts. 93, ap. 3, y 173)

4. Ayudas otorgadas por los Estados ° Proyectos de ayudas ° Examen por la Comisión ° Fase previa y fase contradictoria ° Compatibilidad de una ayuda con el mercado común ° Dificultades de apreciación ° Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio ° Magnitud de la inversión o de la ayuda ° Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 92, aps. 2 y 3)

5. Ayudas otorgadas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Facultad de apreciación de la Comisión y del Consejo ° Límites ° Decisión por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de una ayuda cuyas consecuencias son contrarias a disposiciones específicas del Tratado, en particular, en materia de competencia ° Improcedencia ° Obligación de esperar el resultado de un procedimiento en materia de competencia antes de pronunciarse sobre la compatibilidad de una ayuda ° Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 85 y ss., 92 y ss.; Reglamento nº 17 del Consejo)

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1. Con arreglo al párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia y al apartado 4 del artículo 93 del Reglamento de Procedimiento, el coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes litigantes. Por ello, carece de legitimación para proponer una excepción de inadmisibilidad no formulada en las pretensiones de la parte demandada.

2. Quienes no sean destinatarios de una Decisión sólo pueden alegar que ésta les afecta con arreglo al segundo párrafo del artículo 173 del Tratado cuando dicha Decisión les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza de una manera análoga a la del destinatario.

Cuando, sin iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, la Comisión declara, en base al apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, debe reconocerse que están legitimadas para interponer recurso de anulación contra la Decisión que así lo declara las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, en particular las empresas competidoras y las organizaciones profesionales, quienes, en su condición de interesados disponen de garantías de procedimiento cuando se inicia el procedimiento del apartado 2 del artículo 93.

3. En la aplicación del apartado 3 del artículo 93 del Tratado la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación cuyo ejercicio implica valoraciones de orden económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario.

En el marco del control de legalidad establecido en el artículo 173 del Tratado, el Tribunal de Justicia debe por tanto limitarse a examinar si la Comisión sobrepasó los límites inherentes a su facultad de apreciación, mediante una desnaturalización de los hechos o un error manifiesto en su apreciación o a causa de una desviación de poder o de procedimiento.

4. El procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado tiene carácter necesario cuando la Comisión encuentra serias dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común. La Comisión únicamente puede limitarse a la fase previa del apartado 3 del artículo 93, para adoptar una decisión favorable a una ayuda, si, después de un primer examen, le es posible llegar a la convicción de que dicha ayuda es compatible con el Tratado. Por el contrario, si este primer examen lleva a la Comisión a la convicción opuesta, o bien no le ha permitido superar todas las dificultades planteadas por la apreciación de la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, la Comisión tiene el deber de recabar todas las opiniones necesarias y de iniciar, para ello, el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. A este respecto, la magnitud considerable de una inversión o de una ayuda no puede por sí sola constituir una seria dificultad, pues de ser así se obligaría a la Comisión a iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 en todos los supuestos en los que la inversión o la ayuda excedan de determinadas cuantías, que además deberían ser precisadas, máxime cuando el factor determinante no es tanto el importe de la ayuda, sino su incidencia sobre los intercambios comunitarios.

5. Si bien el procedimiento previsto en los artículos 92 y 93 confiere un amplio margen de apreciación a la Comisión, y en ciertas circunstancias al Consejo, para determinar la compatibilidad de un régimen de ayudas de Estado con las exigencias del mercado común, del sistema general del Tratado se deduce que dicho procedimiento no debe nunca conducir a un resultado contrario a las disposiciones específicas de Tratado, en particular a las demás disposiciones que persiguen asimismo el objetivo de una competencia no falseada en el mercado común.

No es menos cierto que el procedimiento basado en los artículos 85 y siguientes y el previsto por los artículos 92 y siguientes del Tratado constituyen procedimientos autónomos, que se rigen por normas específicas y que, en consecuencia, al adoptar una Decisión sobre la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, la Comisión no está obligada a esperar el resultado de un procedimiento paralelo tramitado con arreglo al Reglamento nº 17, antes citado, cuando haya llegado a la convicción, basada en un análisis económico de la situación no viciado por error manifiesto de apreciación, de que el beneficiario de la ayuda no se encuentra en una situación que pueda llevarle a infringir los artículos 85 y 86 del Tratado.