A este respecto, no constituye una vulneración del derecho de defensa el hecho de considerar admisible un documento presentado por una de las partes cuando, por un lado, la otra parte dispuso de un plazo de tres días para examinar su contenido antes de la vista y tal plazo, debido a la naturaleza y al contenido de ese documento, y ello con independencia del cumplimiento del artículo 11, apartado 3, de las Instrucciones al Secretario, no puede considerarse extremadamente corto y, por otro lado, esa otra parte no solicitó poder comentar este documento ni pidió un aplazamiento de la vista.

El principio del respeto del derecho de defensa es un principio fundamental del Derecho de la Unión. Basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes o una de ellas no han podido tener conocimiento y sobre los cuales no han podido, por tanto, presentar sus observaciones violaría este principio. El principio de igualdad de armas, que es un corolario del concepto mismo de proceso equitativo y que tiene como finalidad asegurar el equilibrio entre las partes del proceso, garantizando que todo documento aportado al órgano jurisdiccional pueda ser valorado e impugnado por cualquier parte en el proceso, implica la obligación de ofrecer a cada parte una oportunidad razonable de presentar su causa, incluidas sus pruebas, en condiciones que no la coloquen en una situación de clara desventaja con respecto a la parte contraria.

En materia de Derecho de la competencia, si bien la Comisión dispone de una facultad de apreciación respecto al cálculo del importe de la multa, el ejercicio de esta facultad está limitado, entre otros, por las normas de conducta que la propia Comisión se ha impuesto a sí misma, en particular las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003.

En virtud del punto 13 de esas Directrices, con el fin de determinar el importe de base de la multa que deba imponerse, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo. Este punto 13 tiene como finalidad que se tome como base para el cálculo de la multa que vaya a imponerse a una empresa un importe que refleje la importancia económica de la infracción y el peso relativo de esa empresa en dicha infracción. A este respecto, si bien el concepto de valor de las ventas a que se refiere ese punto 13 no puede extenderse hasta englobar las ventas realizadas por la empresa de que se trate que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del cartel imputado, sería contrario al objetivo perseguido por dicha disposición entender que este concepto sólo se refiere al volumen de negocios realizado con las ventas respecto a las cuales se haya probado que han quedado realmente afectadas por dicho cartel. Tal limitación tendría, además, como consecuencia minimizar artificialmente la importancia económica de la infracción cometida por una empresa dada, puesto que el mero hecho de que sólo pudiera lograrse un número limitado de pruebas directas de las ventas afectadas realmente por el cartel tendría como consecuencia que se impusiera finalmente una multa sin relación real con el ámbito de aplicación del cartel de que se trate. Tal gratificación al secreto vulneraría también el objetivo de persecución y sanción efectiva de las infracciones contra el artículo 81 CE y, por tanto, no es admisible. Además, la parte del volumen de negocios global procedente de la venta de los productos que son objeto de la infracción es la que mejor refleja la importancia económica de dicha infracción.

Por tanto, no procede realizar una distinción entre esas ventas según que se hayan realizado a terceros no vinculados o a entidades pertenecientes a una misma empresa. No tener en cuenta el valor de las ventas de esta última categoría equivaldría necesariamente a otorgar una ventaja, sin justificación, a las sociedades integradas verticalmente al permitirles eludir una sanción proporcionada a su importancia en el mercado de los productos que son objeto de la infracción. En efecto, además de la ventaja que cabe esperar de un acuerdo horizontal de fijación de precios aplicado a las ventas a terceros no vinculados, las empresas integradas verticalmente pueden beneficiarse también de tal acuerdo en el mercado posterior de los productos transformados en cuya fabricación se utilizan los productos que son objeto de la infracción, y ello de dos modos distintos.

Habida cuenta de que la aplicación de métodos de cálculo diferentes no debe dar lugar a una discriminación entre las empresas que han participado en una misma infracción contraria al artículo 81 CE, para la determinación de ese volumen de negocios las empresas integradas verticalmente se encuentran en una situación comparable a la de los productores no integrados verticalmente. Puesto que el principio de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente, estos dos tipos de empresas deben recibir el mismo trato. Excluir las ventas internas del volumen de negocios pertinente supondría favorecer a las primeras reduciendo su peso relativo en la infracción en detrimento de las demás.

(véanse los apartados 51, 55 a 60, 62 y 63)