SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2002

Asuntos acumulados T-338/00 y T-376/00

Carmelo Morello

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Procedimiento de provisión de plazas vacantes — Motivación — Examen comparativo de las candidaturas e igualdad de trato de los funcionarios — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-1457

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de no nombrar al demandante para el puesto de Jefe de la Unidad 2 «Automóviles, otros medios de transporte y construcción mecánica conexa» en la Dirección F «Industrias de bienes de equipo y de consumo» de la Dirección General «Competencia» (COM/113/99), así como de la decisión de nombrar a otro candidato para dicho empleo y, por otra parte, una reclamación de daños y perjuicios.

Resultado:

Se acumulan los asuntos T-338/00 y T-376/00 a efectos de la sentencia. Se declara la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-376/00. En el asunto T-338/00, se condena a la Comisión a abonar al demandante la cantidad de 2.500 euros. En el asunto T-338/00 se desestima el recurso en todo lo demás. En el asunto T-376/00, cada parte cargará con sus propias costas. En el asunto T-338/00, se condena en costas a la Comisión.

Sumario

La desestimación expresa de una reclamación, una vez expirado el plazo para la interposición de recurso contra la desestimación presunta, que no contenga ningún elemento nuevo respecto a la situación jurídica o fáctica que existía en el momento de la desestimación presunta, constituye un acto puramente confirmatorio, que no puede ser lesivo. El hecho de que la decisión de desestimación explícita contenga una motivación que faltaba tanto en la propia decisión desestimatoria original como, por definición, en la decisión implícita de desestimación no la convierte en un acto lesivo. Solamente podría obtenerse un resultado diferente, y la decisión desestimatoria explícita sólo podría ser un acto lesivo susceptible de recurso, en el supuesto de que la decisión desestimatoria explícita contuviera una revisión de la situación del demandante en función de elementos, jurídicos o fácticos, nuevos. (véanse los apartados 34 y 35) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión (T-14/91, Rec. p. II-235, apartado 42

La función esencial de la convocatoria para proveer plaza vacante es informar a los interesados, tan exactamente como sea posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate, con el fin de que puedan apreciar si procede presentar su candidatura. Dicha convocatoria tiene igualmente la función de fijar el marco legal en el que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos realizará el examen comparativo de los méritos de los candidatos, previsto en el artículo 45, apartado 1, del Estatuto. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no respeta dicho marco legal si no examina los requisitos especialmente exigidos para ocupar el puesto declarado vacante hasta después de la publicación de la convocatoria referente al mismo, una vez vistos los candidatos presentados, y si toma en consideración, al examinar las candidaturas, otros requisitos distintos de los que figuran en la convocatoria para proveer plaza vacante, puesto que tal forma de proceder privaría a la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante de la función esencial que debe desempeñar en el procedimiento de selección. (véanse los apartados 85, 87 y 90) Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Müllers/CES (C-81/88, Rec. p. I-249), apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1991, Frederiksen/Parlamento (T-169/89, Rec. p. II-1403), apartado 67; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión, antes citada, apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 12 de mayo de 1998, Wenk/Comisión (T-159/96, RecFP pp. I-A-193 y II-593), apartado 25

La circunstancia de que, a partir de la reforma relativa a las medidas de promoción y de nombramiento que tuvo lugar en la Comisión, los directores generales actúen en calidad de autoridad facultada para proceder a los nombramientos no suprime la obligación, y menos aún la posibilidad, de que el comité consultivo para los nombramientos oiga al director general afectado. La audiencia del director general afectado tiene por objeto informar al comité consultivo para los nombramientos acerca de las cualificaciones necesarias para el empleo que debe proveerse y acerca de la apreciación de los méritos de los candidatos, lo cual no menoscaba la independencia de dicho comité para adoptar su dictamen ni la del mencionado director general, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, para adoptar ulteriormente la decisión definitiva. La circunstancia de que, a raíz de la reforma, el director general afectado esté habilitado para adoptar en lo sucesivo las decisiones de nombramiento, previa consulta al Presidente de la Comisión y a otros dos miembros de ésta, no ha alterado la naturaleza ni la razón de ser de su audiencia por parte del comité consultivo para los nombramientos. (véase el apartado 101)

El informe de calificación constituye un elemento de juicio indispensable cuando se toma en consideración la carrera de un funcionario con el fin de adoptar una decisión relativa a la promoción del mismo. No se puede exigir del comité de promoción ni de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que aplacen una decisión de promoción simplemente porque falte el último informe de calificación de uno de los candidatos. En tal caso la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a basarse únicamente en los informes de calificación del candidato, sino que también puede basar su apreciación en otros elementos como son los informes sobre su situación administrativa y personal. (véanse los apartados 106 y 111) Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1992, Moritz/Comisión (C-68/91 P, Rec. p. I-6849), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 25 de noviembre de 1993, X/Comisión (asuntos acumulados T-89/91, T-21/92 y T-89/92), Rec. p. II-1235, apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Moat/Comisión (T-58/92, Rec. p. II-1443), apartado 59; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 2000, Jacobs/Comisión (T-82/98, RecFP pp. I-A-39 y II-169, apartado 34

Para evaluar el interés del servicio así como los méritos que deben tomarse en consideración en una decisión de promoción prevista en el artículo 45 del Estatuto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación y, en este aspecto, el juez comunitario debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de los criterios y motivos que hayan podido inducir a la administración a adoptar su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de una forma manifiestamente errónea. El Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de las cualificaciones del candidato nombrado efectuada por la autoridad facultad para proceder a los nombramientos por la suya propia. A este respecto, el hecho de que un funcionario posea méritos evidentes y reconocidos no excluye, en el ámbito del examen comparativo de los méritos de los candidatos, que otros funcionarios reúnan mayores méritos. El hecho de que un candidato haya asumido interinamente el puesto controvertido o el largo período de servicio en el grado inferior no constituyen elementos de valoración decisivos que puedan prevalecer sobre el interés del servicio, que constituye el criterio determinante para la designación entre los candidatos a una promoción. (véanse los apartados 119 y 122) Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión (282/81, Rec. p. 1245), apartado 9; Tribunal de Justicia, 13 de diciembre de 2001, Cubero Vermurie/Comisión (C-446/00P, Rec. p. I-10315), apartado 21; Tribunal de Justicia, 13 de diciembre de 2001, Consejo/McAuley (C-309/01P, no publicado en la Recopilación, apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1999, Séché/Comisión (asuntos acumulados T-112/96 y T-115/96, RecFP pp. I-A-115 y II-623), apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 19 de septiembre de 2001, E/Comisión (T-152/00, RecFP pp. I-A-179 y II-813, apartado 29

El concepto de desviación de poder se refiere al uso de sus facultades por parte de una autoridad administrativa con un fin distinto de aquel para el que le fueron conferidas. Una decisión adolece de desviación de poder únicamente cuando resulte, con arreglo a indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada para alcanzar fines distintos de los alegados. (véase el apartado 134) Referencia: Séché/Comisión, antes citada, apartado 139; Tribunal de Primera Instancia, 5 de julio de 2000, Samper/Parlamento (T-111/99, RecFP pp. I-A-135 y II-611), apartado 64

Cuando existe una relación directa entre el recurso de anulación y una pretensión de indemnización, podrá admitirse esta última como accesoria al recurso de anulación, sin que sea necesario formular previamente una petición a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para que repare los perjuicios presuntamente sufridos ni una reclamación en la que se cuestione el fundamento de la denegación de esta petición. (véase el apartado 148) Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cqmara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841), apartado 46; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP pp. I-A-161 y II-497), apartado 115