Asunto C‑194/01

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República de Austria

«Incumplimiento de Estado – Directiva 75/442/CEE – Concepto de residuo – Catálogo europeo de residuos – Directiva 91/689/CEE – Lista de residuos peligrosos»

Sumario de la sentencia

1. Recurso por incumplimiento – Prueba del incumplimiento – Carga que incumbe a la Comisión – Presunciones – Improcedencia

(Art. 226 CE)

2. Actos de las instituciones – Directivas – Ejecución por los Estados miembros – Necesidad de una adaptación completa al Derecho interno – Existencia de normas nacionales que hacen superflua la adaptación del Derecho interno mediante medidas legales o reglamentarias específicas – Procedencia – Requisitos

3. Recurso por incumplimiento – Incumplimiento de las obligaciones derivadas de una directiva – Motivos de defensa – Impugnación de la legalidad de la decisión o de la directiva – Inadmisibilidad

(Art. 230 CE)

1. En el marco de un recurso por incumplimiento, corresponde a la Comisión demostrar la existencia del incumplimiento alegado. Es asimismo la Comisión quien debe aportar al Tribunal de Justicia los elementos necesarios para que éste verifique la existencia de tal incumplimiento, sin que pueda basarse en ninguna presunción.

La Comisión no cumple esta obligación cuando, en relación con un sistema nacional de clasificación de residuos compatible con el previsto por la legislación comunitaria, se limita a invocar diferencias entre los dos sistemas para reprochar al Estado miembro una ejecución incorrecta de dicha legislación, sin demostrar que las diferencias apreciadas puedan llegar a irrogar un perjuicio a los intereses de los operadores interesados e infringir el principio de seguridad jurídica.

(véanse los apartados 34, 47 y 48)

2. Cada uno de los Estados miembros destinatarios de una directiva tiene la obligación de adoptar en su ordenamiento jurídico nacional, todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la Directiva, conforme al objetivo por ella perseguido

La obligación de garantizar la plena eficacia de la Directiva, conforme a su objetivo, no puede interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están exentos de la obligación de adoptar medidas de adaptación del Derecho interno cuando consideren que sus disposiciones nacionales son de mejor calidad que las referidas disposiciones comunitarias y que, por esta razón, las normas nacionales son más adecuadas para garantizar la consecución del objetivo perseguido por la Directiva. La existencia de normas nacionales no puede hacer superflua la adaptación del Derecho interno mediante medidas legales o reglamentarias específicas, siempre que, no obstante, dichas normas garanticen efectivamente la plena aplicación de la Directiva por la administración nacional y que, en el caso de que la disposición controvertida de la directiva tenga por objeto crear derechos para los particulares, la situación jurídica que se desprende de dichos principios sea suficientemente precisa y clara y los beneficiarios estén en condiciones de conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

(véanse los apartados 38 y 39)

3. Un Estado miembro no puede invocar válidamente la ilegalidad de una directiva o de una decisión de las que sea destinatario como motivo de oposición frente a un recurso por incumplimiento basado en la inejecución o inobservancia de dicha directiva.

(véase el apartado 41)