SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 28 de mayo de 1998

Asuntos acumulados T-78/96 y T-170/96

W

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación y de indemnización — Admisibilidad — Cambio de destino — Interés del servicio — Deber de asistencia y protección — Desviación de poder — Motivación — Responsabilidad — Falta disciplinaria»

Texto completo en lengua francesa II-745

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de una decisión, de 20 de julio de 1995, de cambio de destino de la demandante, de una decisión expresa, de 16 de febrero de 1996, denegatoria de la reclamación presentada por la demandante contra dicha decisión, de una decisión denegatoria presunta de la reclamación de daños y perjuicios presentada por la demandante el 19 de octubre de 1995 y, en la medida necesaria, de una decisión de 26 de junio de 1996 por la que se desestima la totalidad de la reclamación presentada por la demandante contra esta última decisión.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La demandante, funcionaría de grado C 4 de la Comisión, estaba destinada desde el 16 de mayo de 1991 en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE), en la Secretaría de dirección, equipo «Gestión del personal externo y del presupuesto», con el fin ejercer allí las funciones de oficial, bajo la autoridad jerárquica directa de la Sra. C.

El 3 de julio de 1995, el asistente del director de la OPOCE comunicó a la demandante su cambio de destino a un puesto de oficial en el servicio «Ventas», por las malas relaciones de la demandante con la Sra. C. Mediante decisión de 20 de julio de 1995, el director general de la OPOCE cambiò de destino a la demandante, en interes del servicio, con efecto desde el 1 de agosto de 1995, a un puesto en OP/4, grupo A «Publicaciones».

El 11 de septiembre de 1995, la demandante presentó una petición en la que solicita la comunicación de su informe de calificación del ejercicio 1991 a 1993, que no había recibido todavía. Dicho informe se le comunicó el 6 de octubre de 1995.

El 17 de octubre de 1995, la demandante presentó una reclamación contra la decisión de cambio de destino y, a continuación, el 19 de octubre de 1995, una reclamación de daños y perjuicios en la que solicitaba la reparación de los perjuicios materiales y morales sufridos.

El 14 de diciembre de 1995, tuvo lugar, en ausencia de la demandante que se encontraba entonces de permiso, una reunión del grupo interservicios relativa a la reclamación de 17 de octubre de 1995.

El 16 de febrero de 1996, la Comisión desestimó de modo expreso la reclamación de la demandante de 17 de octubre de 1995 relativa a su nuevo destino.

El 11 de marzo de 1996, la demandante presentó una nueva reclamación dirigida, en esta ocasión, contra la decisión denegatoria presunta de su reclamación de daños y perjuicios de 19 de octubre de 1995.

El 26 de junio de 1996, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) acogió parcialmente la reclamación de 11 de marzo de 1996 de la demandante, concediendo a ésta una indemnización de 30.000 BFR por los perjuicios derivados de la demora en la formulación del informe de calificación correspondiente al período de 1991 a 1993. Se desestimó la reclamación en todo lo demás.

Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 1996, registrado con el número T-78/96, la demandante interpuso un recurso contra la decisión de 20 de julio de 1995 y la decisión expresa de 16 de febrero de 1996.

Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 1996, registrado con el número T-170/96, la demandante interpuso un recurso contra la decisión denegatoria presunta de su reclamación de daños y perjuicios de 19 de octubre de 1995 y contra la decisión de 26 de junio de 1996.

Ambos asuntos se acumularon a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre la admisibilidad

Sólo son lesivos los actos que pueden afectar directamente a la situación jurídica de un funcionario y que sobrepasan por ello las simples medidas de organización interna del servicio, que no afectan a la situación estatutaria del funcionario de que se trata (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1969, Grasselli/Comisión (32/68, Rec. p. 505), apartados 4 a 7; Tribunal de Primera Instancia, 4 de julio de 1991, Herremans/Comisión (T-47/90, Rec. p. II-467), apartados 21 y 22; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento(T-50/92, Rec. p. II-555), apartado 29

A este respecto, aun cuando una decisión de asignación de nuevo destino no afecte a los intereses materiales o a la categoría del funcionario puede perjudicar, habida cuenta de la naturaleza de la función de que se trata y de las circunstancias, los intereses morales y las perspectivas de futuro del demandante, dado que algunos puestos pueden, en igualdad de clasificación, conducir mejor que otros a una promoción, debido a la naturaleza de las responsabilidades desempeñadas. Una decisión afecta necesariamente a la situación administrativa del funcionario interesado, en la medida en que modifica el lugar y las condiciones de ejercicio de las funciones, así como su naturaleza. En estas condiciones, no cabe considerar a priori que la referida decisión no puede perjudicar a su destinatario (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de junio de 1973, Kley/Comisión (3/72, Rec. p. 679), apartado 4; Tribunal de Justicia, 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión (asuntos acumulados 33/79 y 75/79, Rec. p. 1677), apartado 13; Tribunal de Justicia, 21 de mayo de 1981, Kindermann/Comisión(60/80, Rec. p. 1329), apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497), apartado 42; Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión (C-294/95 P, Rec. p. I-5863), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 19 de junio de 1997, Forçat Icardo/Comisión(T-73/96, RecFP p. II-485), apartado 16

En el presente asunto la decisión controvertida, al haber modificado las condiciones de ejercicio y la naturaleza de las funciones de la demandante, afecta a su situación jurídica y constituye, por tanto, un acto lesivo a efectos de los artículos 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de marzo de 1988, Hecq/Comisión (19/87, Rec. p. 1681), apartados 9 a 11

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de los artículos 4 y 29 del Estatuto

La norma de la congruencia entre la reclamación administrativa previa y el recurso exige, so pena de inadmisibilidad, que los motivos alegados ante el Juez comunitario hayan sido formulados en el marco del procedimiento administrativo previo, con el fin de que la AFPN esté en condiciones de conocer de modo suficientemente preciso los reproches formulados por el interesado contra la decisión impugnada. Sin embargo, si bien las conclusiones presentadas ante el Juez comunitario sólo pueden contener motivos de impugnación basados en la misma causa que los invocados en la reclamación, dichos motivos de impugnación pueden desarrollarse, ante el Juez comunitario, mediante la presentación de alegaciones y argumentos que no necesariamente figuran en la reclamación, pero que están estrechamente relacionados con ella. Por otra parte, dado que el procedimiento administrativo previo tiene un carácter informal y en esa fase los interesados actúan, en general, sin la asistencia de abogado, la Administración no debe examinar las reclamaciones de modo restrictivo, sino que por el contrario debe examinarlas con un espíritu de apertura (apartado 61).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405), apartados 26 y 27

En el presente asunto, la demandante no discute en su reclamación de 17 de octubre de 1995 la calificación jurídica del cambio de destino y no invoca ninguna vulneración de los artículos 4 y 29 del Estatuto (apartado 63).

Ahora bien, los motivos no invocados, ni siquiera de modo implícito, en el procedimiento administrativo previo no pueden alegarse por vez primera ante el Juez comunitario, con posterioridad a la expiración de los plazos de reclamación y recurso previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto (apartado 64).

En efecto, la aplicación de esos plazos, que son de orden público, sólo puede excluirse, con carácter excepcional, en el caso de que sobrevenga un hecho nuevo sustancial (apartado 65).

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1980, Grasselli/Comisión (23/80, Rec. p. 3709), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 7 de diciembre de 1994, Del Plato/Comisión (T-242/94, RecFP p. II-961), apartado 18

Esta solución, formulada por la jurisprudencia en relación con la admisibilidad de una demanda, debe aplicarse también a la cuestión de la admisibilidad de un motivo. En efecto, los principios en que se basa el régimen de la admisibilidad de una demanda y, en particular, los relativos a la congruencia entre la reclamación administrativa y el recurso, a saber, los principios de seguridad jurídica y de respeto de los derechos de defensa, justifican de igual modo la aplicación de una solución análoga en lo que respecta a la admisibilidad de un motivo invocado por vez primera ante el Juez comunitario en un procedimiento sobre función pública (apartado 66).

Con el fin de examinar si cabe considerar que Ias circunstancias alegadas por la demandante, a saber, la convocatoria para proveer plaza vacante relativa a sus antiguas y nuevas funciones, son hechos nuevos sustanciales que pueden invocarse después del término del plazo previsto para presentar una reclamación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el hecho de que un demandante descubra posteriormente un motivo o un elemento preexistente no puede en principio asimilarse, so pena de menoscabar el principio de seguridad jurídica, a un hecho nuevo que justifique un nuevo inicio de los plazos de recurso (apartado 68).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de febrero de 1995, Moat/Comisión (T-506/93, RecFP p. II-147), apartado 28

Los hechos invocados por la demandante constituyen elementos preexistentes a la fecha de presentación de su reclamación. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del motivo (apartado 69).

En cualquier caso, aun suponiendo que las circunstancias de hecho invocadas por la demandante se consideraran hechos nuevos sustanciales, debe declararse la inadmisibilidad del motivo alegado por la demandante por no haberse presentado una reclamación complementaria basada en el artículo 90 del Estatuto (apartado 73).

En efecto, ante la falta de tal reclamación previa complementaria, no se ha podido alcanzar uno de los fines del procedimiento administrativo previo, a saber la solución amistosa de las diferencias surgidas entre los funcionarios o agentes de las Comunidades y la Administración, puesto que la Administración no ha tenido oportunidad de conocer de modo suficientemente preciso los reproches formulados por el interesado contra la decisión impugnada (apartado 74).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento(133/88, Rec. p. 689), apartados 9 a 12; Tribunal de Primera Instancia, 11 de marzo de 1993, Boessen/CES (87/91, Rec. p. II-235), apartado 28

Sobre el segundo motivo, basado en una vulneración del artículo 7 del Estatuto

Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para la organización de sus servicios en función de las misiones que se les han confiado y para asignar, en vista de dichas funciones, puestos de trabajo al personal que se encuentra a su servicio, bien entendido, no obstante, que dicha asignación de destinos debe efectuarse en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo (apartado 87).

Referencia: 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión, antes citada, apartado 40; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 53; Forçat Icardo/Comisión, antes citada, apartado 26

En particular, las dificultades en las relaciones internas, cuando ocasionan tensiones perjudiciales para el buen funcionamiento del servicio, pueden justificar el traslado de un funcionario en interés del servicio. Tal medida puede adoptarse incluso al margen de la cuestión de la responsabilidad de los incidentes de que se trata. Esta norma se impone con mayor motivo en el sector de las relaciones externas de un servicio (apartado 88).

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1979, List/Comisión (124/78, Rec. p. 2499), apartado 13; 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión, antes citada, apartados 41 y 42

Los eventuales problemas que el traslado de un funcionario puede causar a su antiguo servicio y los beneficios que puede obtener su nuevo servicio como consecuencia del cambio de destino son consideraciones que están comprendidas en la amplia facultad de apreciación de que disponen las Instituciones para organizar sus servicios. En estas condiciones, el control judicial debe limitarse a la cuestión de dilucidar si la AFPN se ha mantenido dentro de unos límites no condenables, sin haber utilizado sus facultades de manera manifiestamente errónea (apartado 92).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1983, Nebe/Comisión (176/82, Rec. p. 2475), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión (T-20/89, Rec. p. II-769), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 18 de abril de 1996, Krypitsis/CES (T-13/95, RecFP p. II-503), apartado 56

En lo que respecta a la alegación según la cual la decisión controvertida es contraria a los artículos 26 y 43 del Estatuto, puesto que el expediente individual de la demandante no incluye el informe de calificación relativo al ejercicio 1991 a 1993, el Tribunal de Primera Instancia señala que aun cuando los informes de calificación pertenecen a la categoría de documentos que, por su propia naturaleza, deben estar archivados en el expediente individual, el fin perseguido por el legislador al establecer dicho expediente es, en particular, salvaguardar el derecho del funcionario a ser oído sobre las cuestiones que pueden incidir en el desarrollo de su carrera. De ello se sigue que cuando una situación conflictiva es ya conocida por todas las personas directamente afectadas y es ajena a cualquier revisión de la apreciación de la cualificación profesional del funcionario, el hecho de que el informe de calificación no esté archivado en el expediente individual no puede afectar a la legalidad de la decisión controvertida (apartado 99).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de julio de 1980, Grassi/Consejo (asuntos acumulados 6/79 y 97/79, Rec. p. 2141), apartados 17 a 20; 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión, antes citada, apartados 57 a 59, 67 y 68

Por lo que respecta al motivo basado en que la AFPN no llevó a cabo una entrevista previa con la demandante, el Tribunal de Primera Instancia subraya que la Administración no está obligada a consultar con carácter previo a los funcionarios interesados en las medidas de reorganización de los servicios que pueden afectar a su situación (apartado 100).

Referencia: Hecq/Comisión, antes citada, apartado 20; 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión, antes citada, apartado 81

En lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual nunca tuvo conocimiento de los reproches que pudo formular contra ella la Sra. C, basta señalar que la decisión controvertida perseguía poner fin a una situación conflictiva considerada de modo objetivo, de la que era plenamente consciente la demandante, y no pretendía sancionar a la demandante por un comportamiento cualquiera (apartado 101).

En lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual las funciones inherentes a su nuevo puesto son inferiores a las ejercidas en el marco de su anterior destino, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que si bien el Estatuto persigue garantizar al funcionario el grado obtenido y un puesto de trabajo correspondiente a dicho grado, no le concede ningún derecho a un puesto de trabajo determinado sino que, por el contrario, confía a la AFPN la competencia de destinar a los funcionarios, en interés del servicio, a los distintos puestos correspondientes a su grado (apartado 102).

A este respecto, la norma de la correspondencia entre el grado y el puesto, enunciada en particular en el artículo 7 del Estatuto no entraña, en caso de modificación de las funciones de un funcionario, una comparación entre sus funciones actuales y sus anteriores funciones, sino entre sus funciones actuales y su grado (apartado 103).

Por otra parte, para que una medida de reorganización de los servicios atente contra los derechos estatutarios de un funcionario y pueda, por ello, ser objeto de recurso, no basta con que provoque un cambio e, incluso, una disminución cualquiera de las atribuciones del funcionario, sino que es preciso que sus nuevas atribuciones, en su conjunto, sean claramente inferiores a las que corresponden a su grado y empleo, a la vista de su naturaleza, su importancia y su amplitud (apartado 104).

Referencia: Hecq/Comisión, antes citada, apartado 7; Tribunal de Primera Instancia, 23 de octubre de 1990, Pitrone/Comisión (T-46/89, Rec. p. II-577), apartados 33 a 35; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Eppe/Comisión (asuntos acumulados 59/91 y 79/91, Rec. p. II-2061), apartados 48, 49 y 51

Por ùltimo, si es cierto que la Administración tiene todo el interés en destinar a los funcionarios en función de sus aptitudes específicas y de sus preferencias personales, no cabe reconocer por tanto el derecho de un funcionario a ejercer o conservar funciones específicas, o a rechazar cualquier otra función correspondiente a su tipo de puesto (apartado 105).

Referencia:Tribunal de Justicia, 22 de octubre de 1981, Kruse/Comisión(218/80. Rec. p. 2417), apañado 7; Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1983, Seton/Comisión(asuntos acumulados 36/81, 37/81 y 218/81, Rec. p. 1789), apartados41 a 44

Sobre el tercer motivo, basado en un incumplimiento del deber de asistencia y protección

El deber de asistencia y protección de la Administración con respecto a sus agentes refleja el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos que el Estatuto estableció en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público, y las exigencias de dicho deber no pueden impedir que la AFPN adopte las medidas que considere necesarias en interés del servicio, ya que la provisión de todos los puestos de trabajo debe basarse en primer lugar en el interés del servicio. Teniendo en cuenta el alcance de la facultad de apreciación de que disponen las Instituciones para valorar el interés del servicio, el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a verificar si la AFPN se ha mantenido dentro de unos límites no condenables, sin haber utilizado su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea (apartado 116).

Referencia: Turner/Comisión, antes citada, apartado 77

A este respecto, un funcionario no puede oponer su interés personal a las medidas adoptadas por la AFPN con el fin de organizar o racionalizar el servicio, siempre que dichas medidas se reconozcan conformes al interés del servicio (apartado 116).

Referencia: Nebe/Comisión, antes citada, apartado 19

Sobre el cuarto motivo, basado en una desviación de poder

En el ámbito del Derecho de la Función Pública, sólo se produce desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que permiten determinar que el acto impugnado persigue un fin distinto del atribuido a la AFPN por las disposiciones aplicables del Estatuto (apartado 129).

Referencia: Turner/Comisión, antes citada, apartado 70; Tribunal de Primera Instancia, 26 de septiembre de 1996, Maurissen/Tribunalde Cuentas (T-192/94, RecFP p. II-1229), apartado 75

La decisión impugnada, lejos de constituir una sanción encubierta contra la demandante, es una medida de reorganización de los servicios adoptada para poner fin a una situación conflictiva y, en cuanto tal, se ajusta al interés del servicio. -Además, dicha decisión no se basa en ninguna imputación de responsabilidad a la demandante. En estas circunstancias, no cabe considerar que la decisión impugnada está viciada de desviación de poder (apartados 131 y 132).

Sobre el quinto motivo, basado en la falta de motivación

El Tribunal de Primera Instancia, después de examinar las alegaciones formuladas por la demandante, desestima el motivo basado en la falta de motivación (apartados 141 a 144).

Sobre el recurso de indemnización (asunto T-170/96)

1. Sobre las pretensiones de indemnización de los perjuicios derivados de la decisión de 20 de julio de 1995

Sobre los cinco actos lesivos alegados en el marco del asunto T-78/96 como motivo de anulación

Sobre la admisibilidad

En el sistema de medios de impugnación establecido por los artículos 90 y 91 del Estatuto, sólo cabe admitir un recurso de indemnización, que constituye un cauce procesal autónomo con respecto al recurso de anulación, si ha sido precedido por un procedimiento administrativo previo con arreglo a las disposiciones estatutarias. Dicho procedimiento varía en función de si el daño cuya reparación se exige deriva de un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, o de un comportamiento de la Administración carente de carácter decisorio. En el primer caso, incumbe al interesado presentar, en los plazos establecidos, una reclamación dirigida contra el acto de que se trata. En el segundo caso, en cambio, el procedimiento administrativo debe iniciarse mediante la presentación de una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto en la que se solicite el resarcimiento, y dicho procedimiento se prosigue, en su caso, mediante una reclamación dirigida contra la decisión denegatoria de la petición (apartado 156).

Referencia: 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión, antes citada, apartado 117; Tribunal de Primera Instancia, 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T-500/93, RecFP p. II-977), apartado 64

Sin embargo, cuando existe una conexión directa entre un recurso de anulación y una pretensión de indemnización podrá admitirse esta última como accesoria del recurso de anulación, sin que obligatoriamente deba ir precedida de una petición a la AFPN para que repare los perjuicios presuntamente sufridos ni de una reclamación en la que se cuestione el fundamento de la denegación expresa o presunta de la petición (apartado 157).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841), apartado 46; Y/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 66

Por último, un funcionario que no ha inteipuesto, en los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de anulación contra un acto lesivo no puede subsanar esta omisión y obtener así nuevos plazos de recurso, a través de una pretensión de indemnización del perjuicio causado por dicho acto (apartado 158).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión(T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 46

De lo que antecede se desprende que cuando existe una conexión directa entre un recurso de anulación y un recurso de indemnización, procede admitir este último, aunque podría haberse interpuesto igualmente como accesorio del recurso de anulación, aun cuando no haya sido precedido por una petición a la AFPN para que repare los perjuicios presuntamente sufridos ni de una reclamación en la que se cuestione el fundamento de la denegación expresa o presunta de la petición (apartado 159).

En efecto, puesto que el funcionario interpuso, en los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de anulación contra el acto supuestamente lesivo, no existe riesgo alguno, al menos en lo que respecta a los motivos de anulación invocados en el marco de este recurso, de que obtenga nuevos plazos de recurso a través de una petición de indemnización independiente (apartado 160).

Sobre el fondo

Cuando un funcionario inteipone un recurso en el que solicita, por una parte, la anulación de un acto de la Administración y, por otra, la indemnización del perjuicio que considera que le fue causado por dicho acto, las pretensiones están estrechamente relacionadas entre sí, de modo que la inadmisibilidad de las pretensiones de anulación entraña la inadmisibilidad de las de indemnización (apartado 166).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de marzo de 1993, Benzler/Comisión (T-72/92, Rec. p. II-347), apartados 21 y 22

Esa jurisprudencia es aplicable, mutatis mutandis, a la admisibilidad de los motivos. Al haberse declarado en el marco del asunto T-78/96 la inadmisibilidad del motivo relativo a la vulneración de los artículos 4 y 29 del Estatuto, debe declararse igualmente su inadmisibilidad en el marco del asunto T-170/96. Los demás motivos, basados en la existencia de cuatro actos lesivos correspondientes a otras infracciones alegadas en el marco del recurso de anulación, que en este último recurso se desestiman en cuanto al fondo, deben rechazarse también en el marco del recurso de indemnización (apartados 167 a 168).

Sobre los tres nuevos actos lesivos alegados

Sobre la admisibilidad

El Tribunal de Primera Instancia no acoge la excepción de inadmisibilidad formulada por la Comisión con respecto a los tres nuevos actos lesivos invocados por la demandante (apartados 178 a 183).

Sobre el fondo

— Sobre la adopción de la decisión de 20 de julio de 1995, basada en un expediente incompleto

El motivo se rechaza puesto que el Tribunal de Primera Instancia considera que la falta del informe de calificación relativo al ejercicio de que se trata no tiene incidencia en la decisión de 20 de julio de 1995 (apartados 187 y 188).

— Sobre la infracción del principio de buena gestión y correcta administración

Este motivo no se acoge. El Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión, al notificar a la demandante la decisión relativa a su nueva función sólo dos días antes de que asumiera sus nuevas funciones, no infringió el principio de buena gestión y correcta administración, puesto que dicha decisión se explica poiła necesidad de poner fin a una situación conflictiva y procede, por tanto, impedir que esa situación se agrave, creando nuevas posibilidades de que surjan discordias entre las dos personas de que se trata (apartados 189 a 192).

— Sobre la falta de examen de la reclamación por el grupo interservicios

Este motivo no se acoge. El Tribunal de Primera Instancia considera que aun suponiendo que el hecho de que no se organizara una reunión interservicios haya podido constituir una vulneración de los derechos de defensa, en el presente asunto no cabe estimar que ello constituye una ilegalidad que origine la responsabilidad de la Comunidad, puesto que no se ha acogido la existencia de siete actos lesivos alegados por la demandante (apartado 211).

2. Sobre las pretensiones de indemnización de los perjuicios derivados de la elaboración tardía del informe de calificación de 1991 a 1993

Sobre la admisibilidad

No se acoge la excepción de inadmisibilidad formulada por la Comisión (apartado 226).

Sobre el fondo

La falta del informe de calificación en el expediente individual de un funcionario puede ocasionarle un daño moral si su carrera puede verse afectada o si tal circunstancia le provoca un estado de incertidumbre e inquietud acerca de su porvenir profesional (apartado 233).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35), apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 17 de marzo de 1993, Moat/Comisión(T-13/92, Rec. p. II-287), apartado 48; Alio/Comisión, antes citada, apartado 89

El Tribunal de Primera Instancia considera que no procede incrementar ex aequo et bono el importe de 30.000 BFR que la Comisión ha concedido a la demandante en concepto de indemnización del daño moral sufrido (apartados 234 a 240).

Fallo:

Se desestiman los recursos.