III.

1) Del artículo 33 del Reglamento no 3330/74 se deduce que, para evitar que el mercado del azúcar se vea perturbado como consecuencia de una modificación del nivel de los precios en el momento de pasar de una campaña a otra -ya se deba esta modificación a un ajuste del precio en unidades de cuenta o del tipo de la moneda verde-, el funcionamiento de la organización común de mercados y, en particular, la formación de los precios al productor deben, en principio, regirse por las disposiciones generales comunitarias tal como fueron establecidas por la normativa general y adaptadas anualmente, de forma que toda intervención particular en este funcionamiento quede estrictamente limitada a los casos expresamente previstos. El Tribunal de Justicia así lo declaró en su citada sentencia Cucchi (apartado 31), añadiendo (apartado 34) que «esta disposición tiene como objeto tanto las consecuencias de una modificación de los tipos de cambio como las de una modificación de los precios de intervención, modificaciones ambas que, en el marco de la Política Agrícola Común, son de exclusiva competencia comunitaria». Por otra parte, con arreglo a las sentencias de 26 de febrero de 1976, Tasca (65/75, Rec. pp. 291 y ss., especialmente pp. 310 y 311) y Sadam (asuntos acumulados 88/75, 89/75 y 90/75,↔ Rec. pp. 323 y ss., especialmente p. 342), constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, prohibida por el artículo 30, «un precio máximo, en todo caso en la medida en que se aplica a productos importados, […] cuando se fija a un nivel tan bajo que -teniendo en cuenta la situación general de los productos importados en comparación con la de los productos nacionales— los operadores que deseen importar el producto de que se trata en el Estado miembro interesado sólo podrán hacerlo con pérdidas». Corresponderá al Juez nacional declarar si el Decreto italiano no 15/1978 tiene una incidencia sobre la formación de los precios del azúcar comercializado en Italia, teniendo en cuenta al mismo tiempo la relación directa existente entre la intervención de dicha medida y la adaptación comunitaria del precio del azúcar resultante del Reglamento (CEE) no 1399/78 del Consejo, de 20 de junio de 1978, por el que se fijan los precios aplicables en el sector del azúcar para la campaña 1978/1979 (DO L 170, p. 6), y de la devaluación del 7,2 % del tipo verde representativo de la lira italiana, decidida a partir de la campaña 1978/1979 por el Reglamento (CEE) no 976/78 del Consejo, de 12 de mayo de 1978 (DO L 125, p. 32). También le corresponderá declarar si la tasa de 21 LIT cuya percepción atribuye el CIP a la Cassa conguaglio resulta del aumento decidido en el ámbito comunitario y constituye un importe cuya confiscación o afectación particular sólo podía ser decidida por la normativa comunitaria. 2) Una medida como la que acaba de mencionarse implica una violación del principio de no discriminación, dictado por el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, en la medida en que constituye una contribución especial diferenciada según la condición del operador sobre el que recaiga. El azúcar cristalizado importado de los Estados miembros, almacenado a 5 de julio de 1978 en los locales de los fabricantes italianos, estaba exento de la contribución —y sabemos, por los asuntos Suiker Unie y otros que los refinadores italianos importan cantidades de azúcar nada despreciables-, mientras que ese mismo azúcar de origen comunitario, almacenado en la misma fecha en los locales de los mayoristas, importadores y minoristas italianos, estaba sujeto a la misma. La contribución priva a estos últimos de una ventaja que se concede a otros operadores a través de una disposición comunitaria directamente aplicable. En la medida en que su percepción depende de la calidad de los sujetos pasivos, una contribución de este tipo constituye una exacción de efecto equivalente, cuya percepción está prohibida por el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento no 3330/74. 3) Por último, puede preguntarse si, en definitiva, una medida de este tipo no tiene por objeto y efecto hacer que una tasa recaudada sobre las importaciones de azúcar, es decir, a fin de cuentas, los vendedores extranjeros a quienes se intenta precisamente eliminar, financien en parte, la ayuda a la adaptación autorizada por el apartado 2 bis del artículo 38 del Reglamento no 3330/74 [en la versión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1396/78 del Consejo, de 20 de junio de 1978; DO L 170, p. 1] en beneficio de los plantadores de remolacha y de los refinadores italianos. Esta consecuencia sería contraria al artículo 41 del Reglamento no 3330/74, así como a las sentencias de este Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1973, Capolongo (77/72,↔ Rec. p. 611), y de 18 de junio de 1975, Igav (94/74,↔ Rec. p. 699). Pero, en mi opinión, esta declaración corresponde antes a la Comisión, actuando con arreglo a los artículos 93 o 169 del Tratado, que al Juez nacional, a quien no puede encargarse la tarea de efectuar investigaciones laboriosas, acompañadas de comparaciones a veces inciertas.