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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de junio de 2018 — flightright

(Asunto C‑130/18) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 5, apartado 1, letra c) — Derecho a una indemnización en caso de cancelación de un vuelo — Transporte alternativo que no permite a un pasajero llegar a su destino con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista del vuelo cancelado — Retraso de entre dos y tres horas»

Transportes—Transportes aéreos—Reglamento (CE) n.o 261/2004—Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos—Derecho a una indemnización en caso de cancelación de un vuelo—Transporte alternativo ofrecido al pasajero, quien llega a su destino final con más de dos horas de retraso, pero menos de tres, con respecto a la hora de llegada prevista del vuelo cancelado—Inclusión

[Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1, letra c), inciso iii)]

(véanse el apartado 23 y el fallo)

Fallo

El artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un pasajero que haya sido informado de la cancelación de su vuelo con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista tiene derecho a la indemnización prevista por dicha disposición en caso de que el transporte alternativo ofrecido por el transportista le permita llegar a su destino final con más de dos horas de retraso, pero menos de tres, con respecto a la hora de llegada prevista del vuelo cancelado.

( 1 ) DO C 182 de 28.5.2018.
3

El artículo 2, apartado 1, del Código do Imposto Único de Circulação (Código del Impuesto Único de Circulación; en lo sucesivo, «CIUC») dispone: «El impuesto único de circulación grava los vehículos de las siguientes categorías, matriculados o registrados en Portugal: a) Categoría A: automóviles ligeros de pasajeros y automóviles ligeros de uso mixto con un peso bruto no superior a 2500 kg matriculados desde 1981 hasta la entrada en vigor del presente Código. b) Categoría B: automóviles de pasajeros a los que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras a) y d), del Código del Impuesto sobre Vehículos y automóviles ligeros de uso mixto con un peso bruto no superior a 2500 kg, matriculados en fecha posterior a la entrada en vigor del presente Código. […]».
1)

El artículo 161, apartado 5, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con el artículo 788 del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 430/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, debe interpretarse en el sentido de que el vendedor establecido en el territorio aduanero de la Unión Europea es considerado como exportador, en el sentido de esta primera disposición, en el caso de que a raíz de la celebración de un contrato de venta de las mercancías de que se trate, la propiedad de éstas sea transferida a un comprador establecido fuera de dicho territorio aduanero.
Los artículos 2, 9, 26, 167, 168 y 173 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que, dado que la intervención de una sociedad holding, como la controvertida en el litigio principal, en la gestión de sus filiales, sin haberles facturado ni el precio de los servicios que adquirió en interés de todo el grupo de sociedades o de alguna de sus filiales, ni el impuesto sobre el valor añadido correspondiente, no es una «actividad económica» en el sentido de esta Directiva, dicha sociedad holding no tiene derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por esos servicios adquiridos, en la medida en que éstos se refieren a operaciones no comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

(véanse el apartado 48 y el fallo)
35

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 23 y 30, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a unas disposiciones nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, que imponen al prestamista, so pena de sanciones penales, el cumplimiento de obligaciones en materia de tipo de interés variable por lo que respecta a los contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de esas disposiciones, ya que esos contratos de crédito no están comprendidos en el ámbito de aplicación material de esta Directiva y, además, tales obligaciones no constituyen una aplicación de dicha Directiva.
5

Del apartado 2 de la sentencia recurrida resulta que, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007‑2013) (DO L 391, p. 1), en el marco definido por la Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (DO L 412, p. 1), y, en particular el programa específico «Cooperación», la Comisión celebró, actuando por cuenta de la Comunidad, los días 19 de diciembre de 2007 y 21 de enero de 2008, con Siemens SA y FIMI Srl, respectivamente, en su calidad de coordinadores de los dos consorcios diferentes de los que formaba parte ANKO, el convenio de subvención no 215754 para la financiación del proyecto titulado «Arquitectura abierta para la integración y estandarización de servicios accesibles» (en lo sucesivo, «proyecto Oasis») y el convenio de subvención no 215952 para la financiación del proyecto titulado «Sistema multiparamétrico complejo para la evaluación y el seguimiento efectivos y continuos de la capacidad motriz en casos de enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas» (en lo sucesivo, «proyecto Perform»).
32

Por lo que respecta a si dicha Directiva y, en particular, su artículo 4, apartado 2, párrafo primero, letra c), autoriza a los Estados miembros a no cumplir la referida obligación resultante del Derecho originario de la Unión, debe recordarse que una disposición de Derecho secundario de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, en el sentido de su conformidad con las disposiciones de los Tratados y los principios generales del Derecho de la Unión (véase, en particular, la sentencia Lietuvos geležinkeliai, C‑250/11, EU:C:2012:496, apartado 40 y jurisprudencia citada).
4.

Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos de compra en exclusiva — Acuerdo celebrado estando en vigor el Reglamento (CEE) no 1984/83 y que produce sus efectos tras la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 2790/1999 — Acuerdo que cumple los requisitos de exención establecidos en el Reglamento (CEE) no 1984/83 pero no los establecidos en el Reglamento (CE) no 2790/1999 — Límite temporal de la exención [Art. 81 CE; Reglamentos de la Comisión (CEE) no 1984/83, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1582/97, y (CE) no 2790/1999, art. 12, ap. 2] (véanse los apartados 44 a 48 y el punto 2 del fallo)
3

El considerando 25 del Reglamento no 1896/2006 está redactado así: «Tras la expiración del plazo de presentación del escrito de oposición, el demandado debe tener derecho, en casos excepcionales, a solicitar una revisión del requerimiento europeo de pago. La revisión en casos excepcionales no debe significar que el demandado tenga una segunda posibilidad de oponerse a la petición. Durante el proceso de revisión no deben evaluarse los fundamentos de la petición considerando otros motivos que no sean los resultantes de las circunstancias excepcionales invocadas por el demandado. Las demás circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 20, apartado 2, podrían incluir el hecho de que el requerimiento europeo de pago se hubiera basado en información falsa contenida en el formulario de petición.»
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En concreto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca, sino que tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ciertamente, en determinadas circunstancias, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede estar dominada por uno o varios de sus componentes, de modo que, en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes, la apreciación de la similitud podrá basarse exclusivamente en el componente dominante. Sin embargo, de esta jurisprudencia relativa a situaciones excepcionales no se puede deducir que sólo el elemento distintivo de una marca compuesta de un elemento descriptivo y de un elemento distintivo sea determinante para la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión.

(véanse los apartados 42 a 44)
Conforme al tenor del artículo 20, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, para que el demandado tenga derecho a solicitar la revisión del requerimiento europeo en virtud de esta disposición deben concurrir, si no existe un caso de fuerza mayor, tres requisitos acumulativos: en primer lugar, la existencia de circunstancias extraordinarias que hayan impedido que el demandado impugnara la deuda en el plazo fijado al efecto; en segundo lugar, la ausencia de negligencia del demandado y, en tercer lugar, la pronta actuación de este último. La falta de uno de estos requisitos impide que el demandado alegue que concurren en su caso los requisitos exigidos por dicha disposición.

El incumplimiento del plazo de presentación del escrito de oposición a un requerimiento europeo de pago como consecuencia de una actuación negligente del representante del demandado no justifica la revisión de ese requerimiento de pago, pues tal incumplimiento de plazo no puede calificarse ni de circunstancia extraordinaria, en el sentido del artículo 20, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, ni de circunstancia de carácter excepcional, en el sentido del apartado 2 del mismo artículo.

(véanse el apartado 25 y el fallo)
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 3 de febrero de 2011, Cantiere navale De Poli/Comisión (T‑584/08), mediante la cual dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación contra la Decisión 2010/38/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a la ayuda estatal C 20/08 (ex N 62/08) que Italia tiene previsto ejecutar mediante una modificación del régimen de ayudas N 59/04 relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval (DO 2010, L 17, p. 50).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de enero de 2012 — Purple Parking y Airparks Services/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C‑117/11)

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Fiscalidad — IVA — Sexta Directiva — Artículo 28, apartado 2, letra a) — Artículo 28, apartado 3, letra b) — Exención de ciertos servicios de transporte — Operación que combina servicios de aparcamiento de un automóvil y de transporte de viajeros entre el aparcamiento y un aeropuerto — Existencia de dos prestaciones de servicios distintas o de una prestación única — Principio de neutralidad fiscal»

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Prestaciones de servicios — Operaciones compuestas por varios elementos — Servicios, por un lado, de aparcamiento de automóviles en un aparcamiento situado fuera del aeropuerto y, por otro lado, de transporte de viajeros entre ese aparcamiento y el aeropuerto — Operación que debe calificarse de prestación compleja única (Directivas del Consejo 77/388/CEE y 92/111/CEE) (véanse el apartado 41 y el punto 1 del fallo)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretación de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Facultad de los Estados miembros de mantener exenciones con devolución del impuesto pagado en la fase anterior — Normativa nacional que mantiene una exención con devolución del impuesto pagado por ciertas prestaciones de servicios de transporte — Operador que presta a las personas que viajan en avión un servicio de aparcamiento de automóvil combinado con un servicio de transporte entre el lugar de aparcamiento y el aeropuerto — Consideración de la operación, a efectos del IVA, como una prestación única o como varias prestaciones distintas.

Fallo

La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 92/111/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar el tipo del impuesto sobre el valor añadido aplicable, debe considerarse que los servicios de aparcamiento de un vehículo en un aparcamiento «fuera del aeropuerto» y de transporte de los pasajeros de dicho vehículo entre ese aparcamiento y la terminal del aeropuerto de que se trate, en circunstancias como las del litigio principal, constituyen una prestación compleja única en la que predomina el servicio de aparcamiento.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de diciembre de 2012 — GS/Parlamento y Consejo

(Asunto C-682/11 P)

«Recurso de casación — Reglamento (UE) no 1210/2010 — Autentificación de las monedas de euros — Tratamiento de las monedas de euros no aptas para la circulación — Artículo 8, apartado 2 — Facultad de los Estados miembros de rechazar el reembolso de las monedas de euros no aptas para la circulación — Recurso de anulación — Admisibilidad — Persona directamente afectada»

Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad manifiesta [Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)] (véanse los apartados 25 y 26)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de octubre de 2011, GS/Parlamento y Consejo (T-149/11), por el que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso de la recurrente dirigido a la anulación del artículo 8, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (UE) no 1210/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, relativo a la autentificación de las monedas de euros y el tratamiento de las monedas de euros no aptas para la circulación (DO L 339, p. 1) — Actos que afectan directa e individualmente a las personas físicas o jurídicas — Requisito de la afectación directa.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.
23

En segundo lugar, según el hof van beroep te Brussel, en la medida en que no es Brandtraders quien vierte en el sitio de Internet las menciones que allí figuran y que, además, dicha sociedad no dispone de ningún control sobre las ofertas que se incluyen en dicho sitio, no puede atribuirse a dicha sociedad la oferta de las mercancías de la marca Smirnoff Ice controvertida en el asunto principal. Dicho órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que, en el caso de autos, no se da uso alguno en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento no 40/94.
1)

El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que tiene como efecto prohibir el cultivo y la posesión de cáñamo destinado a la producción de fibras a que se refiere el citado Reglamento.
A estos efectos, es preciso recordar, por una parte, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la medida en que los Estados miembros están facultados para aplicar determinadas disposiciones restrictivas de los movimientos de capitales no puede determinarse sin que se tenga en cuenta el hecho de que los movimientos de capitales con destino a países terceros o procedentes de ellos se realizan en un contexto jurídico distinto de aquel en que se inscriben los producidos dentro de la Comunidad Europea. Por tanto, debido al grado de integración jurídica que existe entre los Estados miembros de la Comunidad, y en particular a la existencia de medidas legislativas comunitarias dirigidas a la cooperación entre autoridades fiscales nacionales, como la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos (DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94), el gravamen por un Estado miembro de actividades económicas con aspectos transfronterizos que se sitúan en el seno de la Comunidad no siempre es comparable al de actividades económicas referidas a relaciones entre los Estados miembros y los países terceros (sentencia Test Claimants in the FII Group Litigation, anteriormente citada, apartado 170, y auto Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, anteriormente citada, apartado 92).
5)

El artículo 50 del Reglamento no 1493/1999 debe interpretarse en el sentido de que, al aplicar las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986 1994), y en particular, lo previsto en el artículo 24, apartado 6, de dicho Acuerdo, esas disposiciones no se oponen a la adopción de medidas, como las previstas por el Reglamento no 753/2002, recogidas en el Reglamento no 1429/2004, cuyo efecto es prohibir la utilización del término «Tocai» para la designación y la presentación de ciertos vinos italianos de calidad producidos en una región determinada al término del período transitorio que finalizó el 31 de marzo de 2007.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación Plazos Inicio del cómputo Fecha de publicación del acto controvertido Cálculo

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 80, ap. 1, letra a)]

Índice

1. En virtud del artículo 80, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se excluye del cómputo de los plazos procesales el día en que se efectúa el acto que constituye el momento de inicio del plazo. Tal norma tiende a garantizar a las partes la plena utilización de los plazos. Cuando se trata de un acto que debe ser objeto de notificación, el plazo sólo comienza a contar al final del día de la notificación, con independencia de la hora en que tuvo lugar dicha notificación. Cuando el plazo de recurso está expresado en meses, el plazo expira, pues, al final del día que, en el mes indicado por el plazo, lleve la misma cifra que el día a partir del cual comienza a computarse el plazo, es decir, el día de la notificación.

Este razonamiento puede aplicarse también al caso, previsto en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, relativo al plazo de recurso que comienza a correr a partir de la publicación del acto controvertido. En esta disposición se ha pretendido precisar que este plazo de recurso debe computarse, a efectos del artículo 80, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, «a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación». Por tanto, el artículo 81, apartado 1, de dicho Reglamento concede al demandante catorce días completos más con respecto al plazo de recurso normal de dos meses, y el dies a quo de este último plazo se traslada, en consecuencia, al decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación del acto controvertido.

( véanse los apartados 14 y 15 )

2. El derecho a la tutela judicial efectiva no se ve afectado en absoluto por la aplicación estricta de las normas comunitarias relativas a los plazos de procedimiento, que responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia. La normativa relativa a los plazos, aplicable en virtud de los artículos 80, apartado 1, letras a) y b), y 81, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, no presenta ninguna especial dificultad de interpretación, de modo que no cabe admitir la existencia de un error excusable por parte de la demandante, que justifique una excepción a la aplicación de dicha normativa.

( véanse los apartados 20 y 21 )