Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Requisitos de admisibilidad — Interés en ejercitar la acción — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

(Art. 230 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 113)

2. Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Necesidad de un interés existente y efectivo — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se ordena su devolución — Beneficiarios de la ayuda que no han sido objeto de medidas nacionales de recuperación — Interés fundado en una decisión de la Comisión futura e incierta — Inexistencia de interés existente y efectivo

(Art. 230 CE)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de regímenes de ayudas con el mercado común y se ordena la devolución de las ayudas abonadas — Decisión que los beneficiarios de tales regímenes de ayudas no han impugnado al amparo del artículo 230 CE — Requisito para impugnar ante el juez nacional la validez de la Decisión en el marco de recursos interpuestos contra las medidas nacionales adoptadas para su ejecución — Inexistencia de interés manifiesto en ejercitar la acción ante el juez comunitario

(Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4)

4. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva — Beneficiarios de un régimen de ayudas declarado ilegal que no han sido objeto de decisiones nacionales de recuperación y que, en consecuencia, no pueden, al carecer de interés, ejercitar ante el juez comunitario una acción para anular la Decisión de la Comisión — Derecho propio a impugnar ante el juez nacional la validez de la Decisión de la Comisión en caso de que sean objeto de eventuales medidas de recuperación, a pesar del examen por el juez comunitario de los recursos de anulación interpuestos por otros beneficiarios que tengan interés en ejercitar la acción

(Art. 234 CE)

5. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de un régimen de ayudas con el mercado común — Recurso de empresas que actúan únicamente en su condición de beneficiarias potenciales de dicho régimen de ayudas — Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. Puesto que los requisitos de admisibilidad de un recurso, en particular la inexistencia de interés en ejercitar la acción, son causas de inadmisión por motivos de orden público, corresponde al Tribunal de Primera Instancia verificar de oficio si la parte demandante tiene interés en obtener la anulación de la decisión que impugna.

(véase el apartado 22)

2. La admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica está supeditada al requisito de que dicha persona justifique un interés existente y efectivo en la anulación del acto impugnado. Dicho interés debe apreciarse en la fecha en la que se interpone el recurso. El referido interés no debe evaluarse en función de un acontecimiento futuro e hipotético. En particular, si el interés que alega una parte demandante se refiere a una situación jurídica futura, la parte demandante debe demostrar que el perjuicio respecto a dicha situación se presenta, desde ese mismo momento, como cierto.

No justifican un interés existente y efectivo en que se anule una decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de regímenes de ayudas ilegales con el mercado común y se ordena la recuperación de las ayudas incompatibles, aquellas empresas en relación con las cuales el Estado miembro interesado decidió no proceder a la recuperación de las ayudas denunciadas, basándose en la parte dispositiva de la Decisión impugnada y en las indicaciones sobre su ejecución facilitadas por la Comisión. En efecto, tan solo una futura e incierta decisión de la Comisión que cuestionara la decisión de ejecución del referido Estado miembro podría influir en la situación jurídica de dichas empresas.

(véanse los apartados 23, 25, 26 y 29)

3. El carácter definitivo de una decisión de la Comisión por la que se declare la incompatibilidad con el mercado común de un régimen de ayudas de Estado y se exija la recuperación de las ayudas abonadas tan sólo debe oponerlo el juez nacional, en virtud del principio de seguridad jurídica, a los beneficiarios de tales ayudas que invoquen por vía de excepción la ilegalidad de tal decisión si, indiscutiblemente, tales beneficiarios estuvieran legitimados y se les hubiere informado de que estaban legitimados para impugnar la decisión de la Comisión con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, y si no hubieran invocado tal legitimación dentro del plazo señalado en dicho artículo. Sobre este particular, conforme al principio de buena administración de la justicia, a los beneficiarios de un régimen de ayudas que no hayan impugnado directamente la decisión de la Comisión dentro del plazo señalado no se les puede oponer que haya prescrito su derecho a invocar por vía de excepción la ilegalidad de dicha decisión ante el juez nacional, cuando, habida cuenta de las especiales circunstancias del caso de autos o de la complejidad de los criterios a los cuales la decisión de la Comisión supeditaba la obligación de recuperación, la cuestión de si tales beneficiarios se hallaban o no obligados a devolver las citadas ayudas, en cumplimiento de la decisión de la Comisión, hubiera podido razonablemente suscitar algunas dudas en un primer momento, de forma que no resultara manifiesto su interés en ejercitar la acción contra la mencionada decisión.

(véase el apartado 31)

4. La circunstancia de que una decisión de la Comisión por la que se declare la incompatibilidad de un régimen de ayudas y se ordene, con sujeción a determinados requisitos, la recuperación de las ayudas concedidas haya sido objeto de recursos de anulación interpuestos por beneficiarios que tengan interés en ejercitar la acción contra la misma no tiene entidad suficiente para menoscabar la tutela judicial efectiva de otros beneficiarios del citado régimen que no justifiquen, por su parte, tal interés debido a la decisión de las autoridades nacionales de excluirlos del procedimiento de recuperación, basándose en la parte dispositiva de la Decisión impugnada y en las indicaciones sobre su ejecución facilitadas por la Comisión. En efecto, aunque estos últimos llegaran a ser objeto de una decisión de las autoridades nacionales que les obligara a devolver la ayuda recibida a raíz de un control de la Comisión, podrían, llegado el caso, interponer ante el juez nacional un recurso de anulación contra esa posible decisión nacional, así como invocar, por vía de excepción, la ilegalidad de la referida Decisión de la Comisión.

En ese caso, el juez nacional podría suspender el procedimiento, bien con el fin de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE sobre la validez de la referida Decisión de la Comisión, bien, en aras de una recta administración de la justicia, a la espera de que se resolviera el fondo del asunto pendiente ante el juez comunitario. Aunque el juez nacional llegara a comprobar que determinados motivos serios invocados por las partes demandantes en apoyo de su excepción de ilegalidad no se habían expuesto ante el Tribunal de Primera Instancia para fundamentar los referidos recursos de anulación, tendría en todo momento la posibilidad de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial de apreciación de validez en relación con dichos motivos, de forma que las partes demandantes disfrutarían en cualquier caso de una tutela judicial plena y completa.

(véanse los apartados 32 y 33)

5. Los posibles beneficiarios de un régimen de ayudas no pueden considerarse individualmente afectados, únicamente debido a este motivo, por la decisión de la Comisión en la que se declare la incompatibilidad del citado régimen con el mercado común.

(véase el apartado 34)