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1. Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Libre prestación de servicios ° Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro ° Licitación para la concesión del sistema de automatización del juego de la lotería reservada a los organismos controlados por el sector público ° Contrato cuyo objeto no consiste en actividades relacionadas con el ejercicio de la autoridad pública ° Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 52, 55, párr. 1, y 59; Directiva 77/62 del Consejo, arts. 17 a 25)

2. Aproximación de las legislaciones ° Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro ° Directiva 77/62 ° Ambito de aplicación ° Inclusión de ciertos suministros distintos de la venta en su forma tradicional

(Directivas del Consejo 77/62 y 88/295, art. 2)

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1. Un Estado miembro que reserve a los organismos cuyo capital sea mayoritariamente público la participación en una licitación para la concesión del sistema de automatización del juego de la lotería infringe los artículos 52 y 59 del Tratado relativos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, respectivamente, ya que dicha licitación, que comprende los locales, los suministros, la instalación, el mantenimiento, el funcionamiento, la transmisión de datos, así como cualquier otro elemento necesario para explotar el juego, no lleva consigo ninguna transferencia de responsabilidades al concesionario en lo que se refiere a las diferentes operaciones inherentes al juego, de modo que la excepción prevista en el párrafo primero del artículo 55 del Tratado, relativa a las actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público, no es aplicable. Tal práctica también constituye una infracción de los artículos 17 a 25 de la Directiva 77/62, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministros.

2. El hecho de que un contrato público de suministro de un sistema de automatización integrado para el funcionamiento del juego de la lotería, que comprende el suministro de ciertos bienes a la Administración, establezca que ésta última no adquirirá la propiedad del sistema de que se trata hasta el término de las relaciones contractuales con el adjudicatario y que la remuneración de éste esté constituida por una retribución anual proporcional al volumen de los ingresos, no tiene por efecto excluirlo del ámbito de aplicación de la Directiva 77/62, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro. En efecto, la ampliación de la definición del ámbito de aplicación de la Directiva a contratos como el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos, con o sin opción de compra, llevada a cabo por el artículo 2 de la Directiva 88/295, demuestra la voluntad del legislador comunitario de incluir en dicho ámbito de aplicación también el suministro de productos cuya propiedad la Administración pública no adquiere necesariamente y cuya contrapartida está fijada de manera abstracta.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Leche y productos lácteos ° Tasa suplementaria sobre la leche ° Condonación por motivos de equidad ° Aplicación del Derecho nacional ° Requisitos y límites

(Reglamento nº 804/68 del Consejo, art. 5 quater, tal como fue modificado por el Reglamento nº 856/84)

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En su estado actual, el Derecho comunitario no se opone a la aplicación de una disposición nacional que faculta a las autoridades nacionales para no percibir, en determinados casos excepcionales y por motivos de equidad personal, la tasa adeudada con arreglo al artículo 5 quater del Reglamento nº 804/68 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, tal como fue modificado por el Reglamento nº 856/84; no obstante, no debe hacerse una aplicación discriminatoria de dicha disposición con respecto al trato dispensado a las deudas fiscales equivalentes estrictamente nacionales ni una aplicación que menoscabe los objetivos del régimen de cuotas lecheras establecido por dicho Reglamento. No es compatible con los objetivos del régimen de cuotas lecheras exonerar de la obligación de liquidar la tasa suplementaria a un productor en atención a que atraviesa dificultades económicas, aunque se haya basado en el supuesto erróneo de que posteriormente se le concedería una cuota suplementaria. Sin embargo, las autoridades nacionales pueden, en principio, aplicar las disposiciones nacionales que permiten suspender el cobro inmediato de la suma adeudada o autorizar el pago fraccionado en caso de que el titular de una explotación se encuentre realmente en dificultades.
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1. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades - Portugal - Monopolios nacionales de carácter comercial - Apartado 1 del artículo 208 del Acta de adhesión de 1985 - Obligación de adecuación progresiva durante el período transitorio - Efecto directo antes de que finalice el período transitorio - Inexistencia

(Acta de adhesión de 1985, art. 208, ap. 1)

2. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades - Portugal - Monopolios nacionales de carácter comercial - Obligación de adecuación progresiva durante el período transitorio - Modalidades - Facultad de apreciación de las autoridades nacionales - Obligación de abrir contingentes para la libre importación - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 37, ap. 1; Acta de adhesión de 1985, art. 208. ap. 1)

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1. El apartado 1 del artículo 208 del Acta de adhesión, relativo a la adecuación progresiva de los monopolios nacionales portugueses de carácter comercial, no impone a Portugal, durante el período transitorio que prevé, una obligación incondicional y suficientemente precisa que los particulares puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales. En efecto, no es sino al término del período transitorio cuando la exclusión de toda discriminación, prevista para el final de dicho período, ya no está sujeta a ninguna condición, ni puede supeditarse, en cuanto a su ejecución o efectos, a la adopción de ningún acto, ya sea de la Comunidad o de los Estados miembros.

2. El apartado 1 del artículo 37 del Tratado y el apartado 1 del artículo 208 del Acta de adhesión deben interpretarse en el sentido de que la obligación impuesta a Portugal de adecuar progresivamente el monopolio del alcohol etílico no implica necesariamente abrir, durante el período transitorio, contingentes para la libre importación de los productos objeto de ese monopolio procedentes de otros Estados miembros. En efecto, en virtud de dichas disposiciones, Portugal disfruta de amplias facultades discrecionales a la hora de elegir los medios idóneos para proceder a la adecuación prevista, y, a efectos de cumplir sus obligaciones durante el período transitorio, puede aplicar medidas distintas a las que suponen abrir contingentes.
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1. Política social - Aproximación de las legislaciones - Transmisiones de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Directiva 77/187 - Ambito de aplicación - Transmisión a un empresario independiente de la explotación de un servicio proporcionado por una empresa a sus trabajadores - Inclusión

(Directiva 77/187 del Consejo, art. 1, ap. 1)

2. Política social - Aproximación de las legislaciones - Transmisiones de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Directiva 77/187 - Modificación de las condiciones laborales relativas al salario - Exclusión - Excepción - Modificación del contrato de trabajo admitida por el Derecho nacional en supuestos distintos al de transmisión

(Directiva 77/187 del Consejo, art. 3)

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1. El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 77/187, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad debe interpretarse en el sentido de que la Directiva puede aplicarse a una situación en la que un empresario encomienda, contractualmente a otro la responsabilidad de explotar un servicio destinado a los trabajadores, anteriormente gestionado de forma directa, a cambio del pago de una cantidad y de diversas ventajas cuyas particularidades quedan determinadas en el contrato celebrado entre ambos.

2. El artículo 3 de la Directiva 77/187 debe interpretarse en el sentido de que, en el momento de la transmisión, las condiciones del contrato o de la relación laboral relativas al salario, en especial, la fecha de pago y la composición del salario, no pueden modificarse, ni siquiera aun cuando no varíe la cuantía global del mismo. No obstante, la Directiva no se opone a una modificación de la relación laboral con el nuevo empresario, en la medida en que el Derecho nacional aplicable admita dicha modificación en supuestos distintos al de transmisión de empresa. Además, el cesionario está obligado a mantener las condiciones pactadas mediante convenio colectivo, en la misma medida en que éste las previó para el cedente, hasta la fecha de resolución o de expiración del convenio colectivo, de entrada en vigor o de aplicación de otro convenio colectivo.
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1. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Agentes de la Propiedad Inmobiliaria - Acceso a la profesión - Obligación de los Estados miembros de examinar la equivalencia entre los diplomas y aptitudes exigidos por el Derecho nacional y los obtenidos en el Estado miembro de procedencia - Obligación de resolver mediante decisiones motivadas susceptibles de recurso judicial

(Tratado CEE, arts. 52 y 57)

2. Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Ejercicio de una profesión regulada por parte de un nacional de otro Estado miembro que no cumple los requisitos exigidos por el Estado de acogida - Aplicación de sanciones penales - Procedencia - Requisitos

(Tratado CEE, arts. 52 y 57)

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1. Los artículos 52 y 57 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que:

- A falta de Directiva sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados u otros títulos referentes a la profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, las autoridades de un Estado miembro, ante las cuales se solicita autorización para ejercerla por un nacional de otro Estado miembro, que posee un diploma o título relativo al ejercicio de esta misma profesión en su Estado de origen, están obligadas a examinar en qué medida los conocimientos y aptitudes acreditados por los diplomas o títulos profesionales adquiridos por el interesado en su Estado de origen equivalen a los exigidos por la normativa del Estado de acogida.

- En el caso de que la equivalencia entre los diplomas o títulos sólo sea parcial, las autoridades del Estado de acogida están facultadas para exigir al interesado que demuestre haber adquirido los conocimientos y aptitudes que le faltan, sometiéndolo, si es necesario, a un examen.

- La decisión por la que se deniegue a un nacional de otro Estado miembro el reconocimiento o la equivalencia del diploma o del título profesional expedido por el Estado miembro del que es nacional, debe ser susceptible de un recurso judicial que permita verificar su legalidad en relación con el Derecho comunitario y el interesado ha de poder conocer los motivos en que se basa la decisión.

2. Con la salvedad de que las autoridades del Estado de acogida están obligadas, a falta de una Directiva sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados u otros títulos referentes a la profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, a examinar la equivalencia entre el diploma o título profesional, expedido por otro Estado miembro a un nacional comunitario, y el diploma o título exigido por el Derecho del primer Estado, y que el procedimiento de examen debe cumplir determinados requisitos en lo que respecta, en particular, a la motivación de una decisión denegatoria y a los recursos judiciales que pueden interponerse contra ella, los artículos 52 y 57 del Tratado no se oponen a que un Estado miembro sancione penalmente el ejercicio de esta profesión regulada, por parte de un nacional de un Estado miembro que no cumple los requisitos exigidos por el Derecho del Estado miembro de acogida.
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios (DO L 223, p. 15; EE 06/03, p. 9), a la Directiva 85/614/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se modifica la anterior con motivo de la adhesión de España y de Portugal (DO L 376, p. 1; EE 06/03, p. 55), y a la Directiva 86/17/CEE del Consejo, de 27 de enero de 1986, por la que se modifica, con motivo de la adhesión de Portugal, la Directiva 85/384/CEE (DO L 27, p. 71).
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Funcionarios ° Recurso ° Sentencia de anulación ° Efectos ° Anulación de una prueba de un concurso general ° Obligaciones del tribunal calificador y de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos ° Extensión de la anulación a las actuaciones posteriores del concurso ° Error de Derecho ° Recurso de casación fundado

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

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Cuando se anula una prueba de un concurso-general organizado para la constitución de una lista de reserva, los derechos del demandante que no haya superado dicha prueba quedan protegidos adecuadamente si el tribunal del concurso y la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos consideran nuevamente sus decisiones y buscan una solución equitativa a su caso, sin que haya lugar a cuestionar la totalidad del resultado del concurso o a revocar los nombramientos efectuados a raíz del mismo. En efecto, se trata de conciliar los intereses de los candidatos desfavorecidos por una irregularidad cometida en el marco de un concurso y los de los demás candidatos. A este respecto, el Juez está obligado a considerar no sólo la necesidad de restablecer los derechos de los candidatos desfavorecidos, sino también la confianza legítima de los aprobados en el concurso. Por ello, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que anula tanto la prueba irregular como las actuaciones posteriores del concurso adolece de un error de Derecho en la medida en que no limita las consecuencias de la anulación solamente al restablecimiento de los derechos de los demandantes.
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Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Tasa suplementaria sobre la leche - Atribución de cantidades de referencia exentas de la tasa - Productores que hayan suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización o por reconversión - Concesión de una cantidad específica de referencia - Exclusión de los agricultores que hayan arrendado su explotación al término de un compromiso de reconversión - Violación de los principios de protección de la confianza legítima y de no discriminación - Inexistencia

[Reglamentos del Consejo nº 1078/77 y nº 857/84, art. 3 bis, ap. 1, párr. 2, letra b), y art. 12, letras c) y d), en su versión modificada por el Reglamento nº 764/89; Reglamento de la Comisión nº 1546/88, art. 3 bis, en su versión modificada por el Reglamento nº 1033/89]

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De la definición de los conceptos de "productor" y de "explotación", que figura en las letras c) y d) del artículo 12 del Reglamento nº 857/84, se desprende que el artículo 3 bis del Reglamento nº 1546/88, en su versión modificada por el Reglamento nº 1033/89, debe interpretarse en el sentido de que un agricultor que haya arrendado su explotación al término de un compromiso de reconversión contraído al amparo del Reglamento nº 1078/77, no puede ser considerado como un productor que todavía tiene a su cargo la misma explotación que gestionaba en el momento de la aprobación de su solicitud de concesión de la prima de reconversión, de manera que pierde el derecho a la atribución de una cantidad específica de referencia con arreglo al apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento nº 857/84, en su versión modificada por el Reglamento nº 764/89.

La exclusión de estos agricultores no es sino consecuencia de lo dispuesto en la letra b) del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento nº 857/84, modificado, que supedita la concesión de una cantidad de referencia al requisito de que el productor demuestre que está capacitado para producir en su explotación hasta alcanzar la cantidad de referencia solicitada y no atenta contra el principio de protección de la confianza legítima, puesto que los agricultores que, al término de su período de reconversión, hubieran abandonado la actividad de productor de leche arrendando su explotación, no podían legítimamente esperar que una organización común de mercados les concediera una ventaja comercial, como lo es la atribución de una cantidad de referencia, no derivada de su actividad profesional. Por otra parte, la exclusión no puede calificarse de discriminatoria, en la medida en que la diferencia de trato entre los agricultores que arrendaron su explotación antes de modificarse el Reglamento nº 857/84 y los que todavía conservaban su condición de titular de la explotación cuando dicha modificación se produjo, está objetivamente justificada por la necesidad de impedir que la atribución de una cantidad de referencia se solicite con el único propósito de obtener una ventaja meramente económica, sin que el interesado tuviera la intención real de reanudar la comercialización de leche.
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Libre circulación de personas - Trabajadores - Disposiciones del Tratado - Inaplicabilidad en una situación puramente interna de un Estado miembro

(Tratado CEE, arts. 7 y 48)

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Dado que las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de personas no pueden aplicarse a actividades cuyos elementos están situados en el interior de un sólo Estado miembro, un nacional de un Estado miembro que no ha ejercitado nunca el derecho a la libre circulación dentro de la Comunidad no puede invocar los artículos 7 y 48 del Tratado CEE contra el Estado miembro del que es nacional en lo que se refiere a las condiciones de su contratación para un puesto de trabajo situado en el territorio nacional.
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El Gobierno italiano respondió mediante carta de 22 de enero de 1988, en la que comunicaba la convalidación en Ley del Decreto n° 370. Por lo que respecta a las medidas adoptadas, el Gobierno explicaba que éstas pretendían corregir en la Comunidad las distorsiones derivadas de la coexistencia de dos métodos de enriquecimiento del grado alcohólico del vino, mediante la utilización, bien de sacarosa, bien de mosto concentrado y de mosto concentrado rectificado. El enriquecimiento a partir de estos dos últimos productos es, en efecto, más oneroso que el basado en la utilización de la sacarosa. En su opinión, la ayuda prevista por la Comisión en favor de los productores que utilizan mosto concentrado y mosto concentrado rectificado es insuficiente. Mediante comunicación de 12 de septiembre de 1987, el Gobierno italiano solicitó la concesión de una ayuda comunitaria que sustituyera la ya acordada en virtud del Reglamento n° 2287/87. Por otra parte, en dicha comunicación, el Ministro de Agricultura afirmaba que, en la medida en que una ayuda de la naturaleza aludida pudiera representar una carga excesiva para el presupuesto comunitario, el problema podía resolverse mediante la correspondiente asignación de fondos nacionales. No obstante, la Comisión no hizo suya esta propuesta. De esta manera, confrontadas, según ellas, a una situación que requería soluciones urgentes, las autoridades italianas se vieron en la obligación de solucionar el problema a escala nacional. En opinión del Gobierno, la medida de ayuda de que se trata no puede considerarse incompatible con el apartado 1 del artículo 92 del Tratado. Dado que se trata de una ayuda adoptada por razones de carácter esencialmente técnico, no puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Tampoco puede decirse que la referida medida de ayuda favorezca la producción de vino italiano respecto de la de otros países productores de la Comunidad. Por otra parte, el Gobierno afirmaba igualmente que la ayuda de que se trata podría considerarse compatible con el mercado del vino, puesto que se destinaba a favorecer el desarrollo económico del sector vitivinícola en determinadas regiones, gracias a una más amplia utilización del mosto en la fabricación del mosto concentrado rectificado, lo que disminuye el volumen de excedentes de vino, sin alterar las condiciones de los intercambios comerciales de manera contraria al interés común.
Un agente económico no está legitimado para que no se proceda a la recaudación a posteriori de derechos de importación, en virtud del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, en el supuesto de que el error cometido por la Administración de Aduanas, con el que se benefició, se deba al hecho de que ésta, en vez de aplicar las disposiciones arancelarias comunitarias publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, se haya referido a un manual arancelario nacional equivocado en el que se indicaba un porcentaje inferior al establecido por la normativa comunitaria, puesto que se trata de un error que, a efectos del citado Reglamento, el agente económico hubiera podido razonablemente descubrir.

El primer guión del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, según el cual no se puede iniciar ninguna acción de recaudación a posteriori de derechos de importaciónn o de exportación cuando la cantidad equivocada haya sido calculada «a partir de informaciones aportadas por las mismas Autoridades competentes», debe interpretarse en el sentido de que el término «informaciones» no se refiere a las indicaciones proporcionadas en un texto de carácter general y que se dirige a personas indeterminadas, sino exclusivamente a las indicaciones que los servicios competentes proporcionen con motivo de un caso individual a un agente determinado, quien tiene derecho a invocar el principio de seguridad jurídica. Por ello, dicha disposición no se refiere a un manual arancelario nacional que recopile normas de Derecho nacional y de Derecho comunitario y, entre estas últimas, las del arancel aduanero común.