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En estas circunstancias, al considerar que el procedimiento principal planteaba dificultades de interpretación del Derecho de la Unión, la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Constituye una resolución por la que se prorroga una autorización la aprobación de un proyecto al que le resultaría aplicable el artículo 6, apartado 3, de la [Directiva hábitats]? 2) ¿Afecta alguna de las siguientes consideraciones a la respuesta a la primera cuestión prejudicial? a) La autorización (cuya duración ha de prorrogarse) se concedió con arreglo a una disposición del Derecho nacional que no transponía debidamente la Directiva hábitats, en la medida en que la legislación asimilaba erróneamente una evaluación adecuada a efectos de la Directiva hábitats a una evaluación de impacto ambiental a efectos de la Directiva [85/337]. b) La autorización inicialmente concedida no deja constancia de si la solicitud de autorización se tramitó con arreglo a la [primera frase] o [la segunda frase] del artículo 6, apartado 3, de la Directiva hábitats, y no contiene “constataciones y conclusiones completas, precisas y definitivas que puedan disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos de las obras previstas para [el lugar] de que se trate”, tal y como exige el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de noviembre de 2011, Comisión/España (C‑404/09, EU:C:2011:768). c) El plazo inicial de la autorización ha expirado y, como consecuencia, esta ha dejado de producir efectos con respecto a la totalidad del proyecto urbanístico. Hasta tanto se conceda, en su caso, la prórroga, no puede realizarse obra alguna al amparo de la autorización caducada. d) Nunca se realizaron obras en virtud de la autorización. 3) En caso de que la respuesta [a la primera cuestión prejudicial] sea afirmativa, ¿qué consideraciones debe tener en cuenta la autoridad competente a la hora de llevar a cabo la evaluación previa prevista en la [primera frase] del artículo 6, apartado 3, de la Directiva hábitats? Por ejemplo, ¿debe la autoridad competente tener en cuenta las siguientes consideraciones, o alguna de ellas: i) si hay modificaciones en las obras y el uso proyectados; ii) si ha habido algún cambio en el contexto medioambiental, por ejemplo, en cuanto a la designación de espacios europeos posteriormente a la fecha de la resolución por la que se concedió la autorización; iii) si se han producido cambios importantes en los conocimientos científicos, por ejemplo, estudios más actualizados sobre los intereses característicos de los espacios europeos? Subsidiariamente, ¿debe la autoridad competente evaluar el impacto ambiental de todo el proyecto urbanístico? 4) ¿Ha de diferenciarse entre i) una autorización que fija un plazo para desarrollar una actividad (fase de explotación) y ii) una autorización que solo fija un plazo durante el cual pueden tener lugar las obras de construcción (fase de construcción) pero que, siempre que las obras se completen dentro de ese plazo, no fija otro plazo para la actividad o fase de explotación? 5) ¿Hasta qué punto, en su caso, la obligación de un órgano jurisdiccional nacional de interpretar la legislación, en la medida de lo posible, de conformidad con las disposiciones de la Directiva hábitats y del [Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1; en lo sucesivo, “Convenio de Aarhus”)] está condicionada a que las partes del litigio hayan planteado expresamente estas cuestiones interpretativas? Más concretamente, si el Derecho nacional establece dos procesos de toma de decisiones y solo uno de ellos garantiza el cumplimento de la Directiva hábitats, ¿está obligado el órgano jurisdiccional nacional a interpretar la legislación interna de tal forma que únicamente se pueda invocar ese proceso decisorio, aunque las partes del asunto del que conoce no hayan alegado expresamente esta concreta interpretación? 6) a) En caso de que deba responderse a la [segunda cuestión prejudicial, letra a)] que se ha de considerar la circunstancia de si la autorización (cuya duración debe prorrogarse) se concedió con arreglo a una disposición del Derecho nacional que no transponía adecuadamente la Directiva hábitats, ¿está obligado el órgano jurisdiccional nacional a inaplicar una norma del Derecho procesal nacional que impide a un recurrente cuestionar la validez de una autorización anterior (que ha caducado) en el contexto de una solicitud de autorización posterior? b) ¿Es incompatible tal norma del Derecho procesal nacional con la obligación de subsanación corroborada recientemente por [la sentencia de 17 de noviembre de 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882)]?»