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Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2019 por Banco Santander, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 15 de noviembre de 2018 en el asunto T-227/10, Banco Santander, S.A. / Comisión Europea

(Asunto C-52/19 P)

(2019/C 112/37)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Banco Santander, S.A. (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— Que se case la sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018;

— Que se acoja el recurso de anulación y se anule definitivamente la decisión recurrida; y

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El 15 de noviembre de 2018 el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-227/10, Banco Santander, S.A. c. Comisión Europea (1), contra la que se dirige este recurso de casación. La sentencia desestima el recurso de la recurrente contra la decisión de la Comisión Europea, de 28 de octubre de 2009 (2), sobre el «fondo de comercio financiero» regulado en el artículo 12.5 de la Ley española de Impuesto sobre Sociedades.

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca un motivo único de casación, relativo a los errores de Derecho en los que incurrió la sentencia recurrida en la interpretación del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la noción de «selectividad».

En particular, el recurso alega que la sentencia recurrida erró:

— en la determinación del sistema de referencia en la primera fase del análisis de selectividad;

— en la determinación del objetivo a partir del cual comparar las distintas situaciones de hecho y de derecho en la segunda fase del análisis de selectividad;

— en consecuencia, erró también en la atribución de la carga de la prueba y en la aplicación del principio de proporcionalidad;

— subsidiariamente, en su análisis en relación con la supuesta ausencia de prueba de la causalidad entre la imposibilidad de la empresas de fusionarse en el extranjero y la adquisición de participaciones en el extranjero; y

— subsidiariamente, al descartar la separabilidad de la medida en función del porcentaje de control.

— Además de mantener un razonamiento jurídicamente incorrecto, la sentencia sustituye en varios de dichos puntos el razonamiento de la decisión por uno distinto y propio, incurriendo así en errores de Derecho adicionales.

(1) Sentencia de 15 de noviembre de 2018, Banco Santander/Comisión (T-227/10, no publicada, EU:T:2018:785).

(2) Decisión de la Comisión 2011/5/CE, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48).
1)

¿Es conforme con los artículos 36 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 3 de la Directiva 2009/73/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, una medida nacional como la controvertida en el presente litigio, prevista en el artículo 35 de la Zakon za energetikata (Ley del sector energético) y desarrollada en el artículo 11 del Reglamento n.o 2 sobre el régimen de los precios del gas natural, de la Comisión Estatal Reguladora de la Energía y del Agua (en lo sucesivo, «KEVR»), de 19 de marzo de 2013, conforme a la cual la totalidad de la carga financiera ligada a las obligaciones de servicio público impuestas a las empresas energéticas debe ser soportada por los clientes, teniendo en cuenta que: a) la carga económica resultante de las obligaciones de servicio público no afecta a todas las empresas energéticas; b) los costes de las obligaciones de servicio público son soportados principalmente por los clientes finales, que no pueden impugnarlos, pese a que adquieren el gas natural de los suministradores finales a precios formados libremente; c) no existe una diferenciación de la carga económica ligada al cumplimiento de las obligaciones de servicio público que es asumida por distintas clases de clientes; d) no se ha establecido un límite temporal para la aplicación de esta medida; e) el cálculo del valor de las obligaciones de servicio público se efectúa con arreglo a un método de liquidación de costes basado en un modelo de previsiones?
C 93/31

Recurso de casación interpuesto el 21 de diciembre de 2018 por Deza a.s. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 24 de octubre de 2018 en el asunto T-400/17 Deza / Comisión

(Asunto C-813/18 P)

(2019/C 93/41)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Recurrente: Deza a.s. (representante: P. Dejl, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República de Finlandia, Reino de Suecia, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2018 dictada en el asunto T-400/17.

— Que se anule parcialmente el Reglamento (UE) 2017/776 (1) de la Comisión, de 4 de mayo de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, en la medida en que se refiere a la clasificación y etiquetado de la antraquinona.

— Que se condene a la Comisión Europea a cargar con las costas de la recurrente en el procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia y en el procedimiento anterior ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo del presente recurso de casación, la recurrente invoca cuatro motivos:

1. El Tribunal General interpretó y aplicó incorrectamente el Reglamento CEE (2), en particular los siguientes principios básicos: i) la sustancia evaluada y clasificada debe comercializarse en el mercado de la UE; ii) el vínculo de causalidad entre la sustancia y los efectos carcinógenos en animales sometidos a ensayo debe demostrarse con pruebas suficientes; iii) se deben obtener datos suficientes de estudios científicos fundados y aceptados, y iv) la clasificación de la sustancia debe tener en cuenta los nuevos conocimientos y avances científicos y técnicos.

2. El Tribunal General revisó la clasificación de la antraquinona, es decir, parte del Reglamento de la Comisión Europea, de manera contraria a los requisitos para el control judicial de las decisiones de las instituciones y órganos de la Unión y desnaturalizó los hechos y las pruebas.

3. El Tribunal General interpretó y aplicó de forma incorrecta el principio de seguridad jurídica.

4. Como consecuencia de las irregularidades anteriores, el Tribunal General violó los derechos de la recurrente en casación establecidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a ser oído, el derecho al respeto de sus bienes y el principio de seguridad jurídica.

(1) DO 2017, L 116, p. 1.

(2) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO 2008, L 353, p. 1).
C 82/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Erding (Alemania) el 10 de diciembre de 2018 — U.B. y T.V. / Eurowings GmbH

(Asunto C-776/18)

(2019/C 82/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Erding

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: U.B., T.V.

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestión prejudicial

¿En el caso de cancelación en el sentido del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) procede considerar que existe también una oferta de transporte alternativo que permite a los pasajeros llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, cuando el transporte alternativo se realiza a un aeropuerto distinto del indicado en la confirmación de reserva, si dicho aeropuerto se encuentra en la misma región?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91; (DO 2004, L 46, p. 1).
A.

Por lo que se refiere a la parte de la sentencia dedicada a los motivos primero, segundo y tercero, y relativa a la corrección impuesta en el sector de las ayudas directas disociadas, se invocan tres motivos de casación. El primer motivo de casación se basa en una errónea interpretación y aplicación del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 796/2004 (2) de la Comisión, de 21 de abril de 2004, relativo a la definición de pasto, y en una motivación de la sentencia recurrida insuficiente e inadecuada. El segundo motivo de casación se basa en una errónea interpretación de las directrices VI/5330/97 en cuanto a la subsistencia de los presupuestos para la imposición de una corrección del 25 %, en una interpretación y aplicación erróneas de los artículos 43, 44 y 137 del Reglamento n.o 73/2009, (3) en una motivación inadecuada y contradictoria y en la desnaturalización del informe de síntesis del órgano de conciliación. Además, mediante el tercer motivo de casación se alegan la interpretación y aplicación erróneas del artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.o 1290/2005 (4) y de las directrices pertinentes, del principio de non bis in idem y del principio de proporcionalidad, así como una motivación insuficiente y contradictoria.
1)

En caso de que se interprete que, con posterioridad a la fusión inversa de que se trata, los intereses y demás gastos financieros derivados de los préstamos contraídos con terceros o con sociedades vinculadas (gastos que la sociedad absorbida podría deducir de no haber habido fusión), destinados a la adquisición del capital de la sociedad filial-absorbente, transmitidos por efecto de la fusión, dejan de ser fiscalmente deducibles de la base imponible de la sociedad absorbente, ¿resulta el artículo 23, apartado 1, letra c), del Código del impuesto sobre sociedades, en la redacción vigente en 2013, compatible con el Derecho europeo, concretamente en el sentido de que esta no deducibilidad de los gastos financieros pudiera constituir un obstáculo o restricción para las operaciones de concentración contempladas en la Directiva 2009/133/CE del Consejo, (1) violando los principios y objetivos de esta última, así como infringiendo lo dispuesto en su artículo 4?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 8 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el artículo 7, letra f) de la Directiva (CE) n.o 46/95 (1) relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en el sentido de que se oponen a una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal, esto es, el artículo 5, apartado 2, de la Ley n.o 677/2001 y el artículo 6 de la Decisión ANSPDCP (Autoridad nacional de supervisión del tratamiento de datos personales) n.o 52/2012, que establece la posibilidad de videovigilancia para garantizar la guarda y la protección de las personas, bienes y valores y para perseguir intereses legítimos, sin el consentimiento del interesado?
1)

¿Debe entenderse la disposición del Derecho de la Unión contenida en el artículo 4, apartado 2, letra a), en relación con el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, (1) en el sentido de que esta disposición no impide interpretar en cada caso el concepto «cantidades considerables de drogas» con una valoración individual por parte de un órgano jurisdiccional nacional, sin que esta valoración requiera la aplicación de ningún criterio objetivo ni, en particular, exija determinar que el autor posee drogas para cometer las conductas englobadas por la disposición del artículo 4, apartado 2, letra a), de esta Decisión marco, es decir, la producción, la oferta, la comercialización, la distribución, la mediación, la entrega en cualesquiera condiciones?
1)

¿Se oponen el artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 575/2013[, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión], (1) el artículo 10 del Reglamento delegado n.o 241/2014, (2) y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, (3) a una normativa nacional, como la establecida por el artículo 1 del Decreto Legislativo n.o 3/2015, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.o 33/2015 [y actualmente asimismo artículo 1, apartado 15, del Decreto Legislativo n.o 72/2015, que sustituyó al artículo 28, apartado 2 ter, [Texto único bancario], reproduciendo, en lo esencial, el texto del artículo 1, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo n.o 3/2015, convalidado, con modificaciones que aquí no resultan pertinentes], que establece un umbral de activo por encima del cual un banco cooperativo está obligado a transformarse en una sociedad anónima, fijando dicho umbral en 8 000 millones de euros? Por otra parte, ¿se oponen estas disposiciones del Derecho de la Unión a una normativa nacional que, en caso de transformación del banco cooperativo en sociedad anónima, permite a la entidad diferir o limitar, incluso por tiempo indefinido, el reembolso de las acciones del socio que ha ejercido su derecho de separación?
2)

¿Deben interpretarse estas mismas disposiciones en particular en el sentido de que se oponen a que las reducciones de la base imponible que tienen por objeto tomar en consideración la duración de la posesión de los títulos no se apliquen a la plusvalía sujeta a tributación diferida, habida cuenta de que esta norma relativa a la determinación de la base imponible no era aplicable en la fecha en que se obtuvo dicha plusvalía, y sí se apliquen, en cambio, a la plusvalía derivada de la transmisión de los títulos recibidos en el canje teniendo en cuenta la fecha en que este tuvo lugar y no la fecha de adquisición de los títulos entregados en el canje?
2)

En el caso de que, en circunstancias como las de los litigios principales, tenga la consideración de empresario la empresa mencionada en la cuestión 1A, letra b), y en la cuestión 1B, letra b): ¿Han de observarse por analogía, total o parcialmente, en los litigios principales los requisitos específicos conforme a los cuales empresarios como agencias de trabajo temporal y otros intermediarios pueden invocar las excepciones al principio del Estado de empleo establecidas en el artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71, y en el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 a efectos de la aplicación del artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71, y del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 883/2004?
—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 67, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), al no haber adoptado, a más tardar el 26 de junio de 2017, todas las disposiciones necesarias para la transposición de esta Directiva o, en cualquier caso, al no haber notificado tales medidas a la Comisión.
e)

al estimar que no se produjo ninguna violación grave del derecho de propiedad, tal y como lo protege el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos; del principio de protección de la confianza legítima, y del principio de no discriminación.
—

Que se anule la Decisión (PESC) 2016/850 por la que se modifica la Decisión 2013/255, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/840 por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 (DO 2016, L 141, p. 30), la Decisión (PESC) 2017/917 por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2017, L 139, p. 62), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/907 por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 (DO 2017, L 139, p. 15), en la medida en que se refieren al recurrente.
1)

¿Deben interpretarse las expresiones «personal encargado de los controles oficiales» del anexo VI, punto 1, del Reglamento n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 (1) sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (Reglamento n.o 882/2004) y «personal que participe en los controles oficiales» del anexo VI, punto 2, del Reglamento n.o 882/2004, en el sentido de que, al calcular las tasas correspondientes a los controles oficiales, los costes (salariales) que pueden tenerse en cuenta son exclusivamente los costes (salariales) de veterinarios y asistentes oficiales que llevan a cabo los controles, o pueden incluirse en ellas los costes (salariales) de otro personal de la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autoridad neerlandesa de seguridad de los alimentos y los productos, NVWA) o de la Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Sociedad de responsabilidad limitada para el control de la calidad en el sector animal, KDS)?
1a)

¿Se opone el artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento n.o 508/2014), ( 1 ) el cual dispone que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca «concederá» ayuda destinada a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización mencionados en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (Reglamento n.o 1379/2013), ( 2 ) a que un Estado miembro objete a una organización de productores que han presentado una solicitud de concesión de tal ayuda que dicho Estado miembro no había previsto la posibilidad de formular tal solicitud cuando se presentó la solicitud para una determinada categoría de gastos (en el caso de autos: gastos de preparación y aplicación de programas de producción y comercialización) o para un período determinado (en el caso de autos: el año 2014) ni en su programa operativo aprobado por la Comisión Europea ni en las disposiciones nacionales dirigidas a la determinación de la subvencionabilidad de los gastos?
Asunto C-364/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 4 de junio de 2018 — Eni SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 4 de junio de 2018 — Eni SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Asunto C-364/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Eni SpA

Recurrida: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Cuestión prejudicial

¿Son contrarias las disposiciones del artículo 6, apartado 1, y el considerando 6 de la Directiva 94/22/CEE ( 1 ) a una normativa nacional, en particular, al artículo 19, apartado 5 bis, del Decreto Legislativo n.o 625 de 1996, que, en virtud de la interpretación realizada por el Consiglio di Stato en su sentencia n.o 290/2018, a efectos de la determinación de los cánones que deban abonarse permite imponer el índice QE, basado en las cotizaciones del petróleo y de otros combustibles, en lugar del índice Pfor, vinculado al precio del gas en el mercado a corto plazo?

( 1 ) Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos (DO 1994, L 164, p. 3).
Asunto C-251/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland (Países Bajos) el 12 de abril de 2018 — Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland (Países Bajos) el 12 de abril de 2018 — Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Asunto C-251/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Noord-Holland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Trace Sport

Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es válido el Reglamento de Ejecución n.o 501/2013 ( 1 ) en cuanto hace referencia al productor/exportador Kelani Cycles?

2) ¿Es válido el Reglamento de Ejecución n.o 501/2013 en cuanto hace referencia al productor/exportador Creative Cycles?

( 1 ) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO 2013, L 153, p. 1).
1)

¿Qué condiciones mínimas pueden exigirse en caso de prisión, en virtud del artículo 4 de la Carta, a la hora de aplicar la Decisión 2002/584? ( 1 ) a) En particular, ¿existen, con arreglo al Derecho de la Unión, unos requisitos mínimos «absolutos» en cuanto a las dimensiones de la celda, cuyo incumplimiento constituya en todo caso una infracción del artículo 4 de la Carta? i) ¿Es relevante, a la hora de determinar el espacio por persona de una celda, si se trata de una celda individual o de una celda compartida? ii) Al calcular las dimensiones de la celda, ¿debe excluirse el espacio ocupado por el mobiliario (cama, armario, etc.)? iii) ¿Qué requisitos en materia de construcción son relevantes, en su caso, en cuanto a las condiciones de prisión conforme al Derecho de la Unión? ¿Qué relevancia tiene, en su caso, que exista acceso directo (o solo indirecto) desde la celda a, por ejemplo, las instalaciones sanitarias o de otro tipo, así como un suministro de agua fría y caliente, calefacción, iluminación, etc.? b) ¿Qué relevancia tienen para esta apreciación los diferentes «regímenes de cumplimiento», es decir, los distintos horarios de celda abierta y grados de libertad de movimiento dentro del centro penitenciario? c) ¿Pueden tenerse en cuenta también (como hizo la Sala en sus resoluciones por los que se acuerda la entrega) las mejoras jurídicas y organizativas introducidas en el Estado miembro emisor (institución de un Defensor del pueblo, creación de juzgados de vigilancia penitenciaria, etc.)?