Asunto C‑138/02

Brian Francis Collins

contra

Secretary of State for Work and Pensions

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Social Security Commissioner)

«Libre circulación de personas – Artículo 48 del Tratado CE (actualmente artículo 39 CE, tras su modificación) – Concepto de “trabajador” – Prestación de seguridad social abonada a los demandantes de empleo – Requisito de residencia – Ciudadanía de la Unión Europea»

Sumario de la sentencia

1. Libre circulación de personas – Trabajador – Concepto – Nacional de un Estado miembro que busca una ocupación asalariada en el territorio de otro Estado miembro en el que trabajó 17 años antes – Exclusión del concepto de trabajador en el sentido del título II de la primera parte del Reglamento (CEE) nº 1612/68

[Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo]

2. Libre circulación de personas – Derecho de entrada y de residencia de los nacionales de los Estados miembros – Nacional de un Estado miembro que busca una ocupación asalariada en el territorio de otro Estado miembro en el que trabajó 17 años antes – Derecho de residencia en virtud únicamente de la Directiva 68/360/CEE – Exclusión

(Directiva 68/360/CEE del Consejo, arts. 4 y 8)

3. Libre circulación de personas – Trabajadores – Igualdad de trato – Ciudadanía de la Unión – Subsidio para demandantes de empleo – Requisito de residencia – Procedencia – Requisitos

[Tratado CE, arts. 6, 8 y 48, ap. 2 (actualmente, arts. 12 CE, 17 CE y 39 CE, ap. 2, tras su modificación)]

1. Un nacional de un Estado miembro que entra en el territorio de otro Estado miembro en el que trabajó diecisiete años antes con la intención de buscar una ocupación asalariada y que solicita un subsidio para demandantes de empleo no es un trabajador en el sentido del título II de la primera parte del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento nº 2434/92.

En efecto, en este título del reglamento nº 1612/68, el término «trabajador» se refiere únicamente a las personas que ya han accedido al mercado laboral y que pueden por tanto solicitar, sobre la base del artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento, las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.

Pues bien, al no existir un vínculo suficientemente estrecho con el mercado laboral del Estado de acogida, la situación de esta persona puede compararse a la de cualquier nacional de un Estado miembro que busca un primer empleo en otro Estado miembro sin haber entablado todavía una relación laboral, y que sólo se beneficia del principio de igualdad de trato para el acceso al empleo.

No obstante, por lo que respecta a una normativa nacional que supedita la concesión de tal subsidio al hecho de tener la condición de trabajador en el sentido del Reglamento nº 1612/68, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si este concepto de «trabajador» debe entenderse en el sentido del citado título II.

(véanse los apartados 29 a 33 y el punto 1 del fallo)

2. Un nacional de un Estado miembro que entra en el territorio de otro Estado miembro en el que trabajó diecisiete años antes, con la intención de buscar una ocupación asalariada, no tiene derecho a residir en el Estado de acogida en virtud únicamente de la Directiva 68/360 sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad.

En efecto, el reconocimiento del derecho de residencia en un Estado miembro a que se refieren los artículos 4 y 8 de la Directiva 68/360 está reservado a los nacionales de un Estado miembro que ocupen ya un empleo en aquel Estado miembro, con exclusión de los demandantes de empleo, que sólo pueden invocar las disposiciones de esta Directiva que se refieren a su desplazamiento dentro de la Comunidad.

(véanse los apartados 43 y 44 y el punto 2 del fallo)

3. El derecho a la igualdad de trato previsto en el artículo 48, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 39 CE, apartado 2, tras su modificación), en relación con los artículos 6 y 8 del Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 17 CE, tras su modificación), no se opone a una normativa nacional que supedite la concesión de un subsidio para demandantes de empleo a un requisito de residencia, siempre que este requisito se justifique sobre la base de consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las personas interesadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional.

(véanse el apartado 73 y el punto 3 del fallo)