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57

En virtud del artículo 4, apartado 1, de la Reglamentación relativa a las reuniones de los grupos políticos, «en el marco de su actividad parlamentaria, los diputados no inscritos podrán disponer» también de las salas del Parlamento. A la vista de esta disposición y de la posibilidad de que los diputados no inscritos se reúnan aun cuando no constituyen un grupo parlamentario, dicha Reglamentación regula también el modo en el que la Secretaría General del Parlamento contribuye a la organización de las reuniones de estos diputados. Según el artículo 4, apartado 2, de la citada Reglamentación, las solicitudes de los diputados no inscritos dirigidas a poder disponer de una sala de reunión «deberán ser presentadas por la coordinación de los diputados no inscritos», que es un dispositivo administrativo mediante el cual dichos diputados pueden acceder a determinadas instalaciones o servicios reservados, en principio, a los grupos.
3.

Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Compensación por las obligaciones de servicio público en materia de transporte regional — Exención de la obligación de notificación prevista por el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 — Medida que no respeta los criterios materiales de dicho Reglamento — Calificación de ayuda nueva — Obligación de notificación previa [Art. 108 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1191/69 del Consejo, art. 17, ap. 2] (véanse los apartados 92, 106 a 115 y 120)
1)

Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1119 de la Comisión, de 22 de junio de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en la medida en que llevó a cabo una corrección financiera basada en la no conformidad relativa a las exigencias tanto del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, como del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, y de los controles efectuados por Hungría para garantizar el cumplimiento, por parte de las explotaciones agrícolas, de las obligaciones derivadas de los artículos 4 y 5 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 28 de junio de 2017 —

Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real)

(Asunto T‑287/15)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión real — Uso efectivo — Forma que se diferencia por elementos que no modifican el carácter distintivo — Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Uso de la marca por un tercero — Artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 — Prueba del uso efectivo — Artículo 15, apartado 1, y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 — Obligación de motivación»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que se diferencia por elementos que no modifican el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 — Examen de la modificación del carácter distintivo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 23 a 25 y 29)

2. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76] (véase el apartado 65)

3. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Motivos — Desviación de poder — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 2] (véase el apartado 79)

4. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Plazos — Prórroga de un plazo fijado por la Oficina — Requisitos [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 71, ap. 1, segunda frase] (véase el apartado 80)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de marzo de 2015 (asunto R 2285/2013‑4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Tayto Group y MIP Metro Group Intellectual Property.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
7.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Apreciación del carácter registrable de un signo — Consideración exclusiva de la normativa de la Unión — Resoluciones dictadas por las autoridades nacionales que no vinculan a las instancias de la Unión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 44, 48 y 49)
La supervisión prudencial de las entidades de crédito «significativas» está encomendada exclusivamente al Banco Central Europeo, en virtud de los artículos 4 y 6 del Reglamento n.o 1024/2013, que encomienda al Banco tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. Del artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, de dicho Reglamento resulta que puede decidirse no clasificar a una entidad como «significativa» en «circunstancias particulares» que el Banco debía precisar. Los artículos 70 y 71 del Reglamento n.o 468/2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas proporcionan las precisiones acerca de esas «circunstancias particulares».

A este respecto, el tenor del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 468/2014 hace exclusivamente referencia a la apreciación de si la clasificación de una entidad como significativa, y su consiguiente sujeción a la supervisión directa y exclusiva del Banco, es adecuada o inadecuada, teniendo en cuenta los objetivos del Reglamento n.o 1024/2013. No se menciona ningún examen de la necesidad de que una entidad significativa se someta a la supervisión directa del Banco. Así como el análisis del carácter adecuado de un acto de la Unión se refiere normalmente a su idoneidad para conseguir los objetivos legítimos que se persiguen con la normativa de que se trate, la apreciación de su necesidad exige verificar si sobrepasa o no los límites de lo que es necesario para alcanzar tales objetivos.

Por lo tanto, en la medida en que el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 468/2014 alude a circunstancias específicas de hecho que hagan inadecuada la clasificación de una entidad supervisada como significativa teniendo en cuenta los objetivos y principios del Reglamento n.o 1024/2013, es necesario concluir que dicho artículo está contemplando exclusivamente el supuesto en el que una supervisión prudencial directa del Banco, consecuencia de la clasificación de una entidad como «significativa», resulte menos idónea para conseguir los objetivos de dicho Reglamento que la supervisión prudencial de esa entidad ejercida directamente por las autoridades nacionales. En cambio, una interpretación literal del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 468/2014 no contempla la hipótesis en la que una entidad «significativa» pasa a ser clasificada como «menos significativa» por el hecho de que los objetivos del Reglamento n.o 1024/2013 puedan lograrse mediante la supervisión directa de las autoridades nacionales en el marco del Mecanismo de Supervisión Única con la misma eficacia que mediante la supervisión ejercida exclusivamente por el Banco Central Europeo.

(véanse los apartados 22, 28, 29 y 44 a 46)
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 13 de diciembre de 2016 —

Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Asunto T‑548/15)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión Café del Sol — Marca nacional figurativa anterior Café del Sol — No presentación de pruebas en la lengua de procedimiento de la oposición — Artículos 75 y 76 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Reglas 19 y 20 del Reglamento (CE) n.o 2868/95 — Derecho de defensa»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Falta de alegación de hechos y de presentación de pruebas en apoyo de la oposición dentro del plazo concedido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 63, ap. 1, 64, ap. 1, y 76; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 20, ap. 1, y 50, ap. 1, párr. 3] (véanse los apartados 21 a 24, 35, 36 y 38)

2. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de oposición — Examen limitado a los motivos invocados — Examen de oficio de una cuestión de Derecho — Requisito [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 1] (véase el apartado 25)

3. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a); Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, segunda frase; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 19 y 20, ap. 1] (véanse los apartados 30 a 32, 42, 43 y 45)

4. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3] (véase el apartado 47)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de julio de 2015 (asunto R 2755/2014‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Guiral Broto y Gastro & Soul.

Fallo

1) Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de julio de 2015 (asunto R 2755/2014‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Guiral Broto y Gastro & Soul.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
La Comisión adopta sus decisiones en materia de liquidación de conformidad basándose en un informe de síntesis y en la correspondencia intercambiada entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate. En este contexto concreto de la elaboración de las decisiones relativas a la conformidad, la motivación de una decisión debe considerarse suficiente cuando el Estado destinatario haya estado estrechamente asociado al proceso de elaboración de la decisión y conozca las razones por las que la Comisión consideraba que la cantidad discutida no debía correr a cargo de los fondos. De ello se deduce que la obligación de la Comisión de motivar su negativa a aceptar la evaluación, propuesta por el Estado miembro de que se trata, de la incidencia financiera de las carencias que se hayan constatado deberá abordarse en relación con los razonamientos y la evolución de las alegaciones de las partes en el procedimiento contradictorio que ha de preceder a la decisión definitiva de la Comisión y cuyo objeto será alcanzar, basándose en la información facilitada por dicho Estado miembro, un acuerdo sobre el tipo de corrección financiera o, de no existir dicho acuerdo, conciliar las posiciones respectivas de esas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.o 1306/2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.

Por otra parte, la Comisión sólo está obligada a motivar la negativa a aceptar los elementos de evaluación suficientemente precisos propuestos por las autoridades nacionales competentes durante el procedimiento administrativo: si bien incumbe a la Comisión probar la existencia de una infracción de las normas de la organización común de los mercados agrícolas, una vez probada, es el Estado miembro quien debe demostrar, en su caso, que la Comisión cometió un error en cuanto a las repercusiones financieras que deben deducirse de dicha infracción. Le incumbe entonces probar de la manera más detallada y completa posible la realidad de sus cifras y, en su caso, la inexactitud de los cálculos de la Comisión. Este reparto de la carga de la prueba sobre las repercusiones financieras de las carencias que se hayan constatado se explica porque la gestión de la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) descansa principalmente en las administraciones nacionales encargadas de velar por el estricto cumplimiento de las normas de la Unión y se basa en la confianza que ha de existir entre las autoridades nacionales y las de la Unión. Tan sólo el Estado miembro está en condiciones de conocer y determinar con precisión los datos necesarios para la elaboración de las cuentas del FEOGA y el Feader, ya que la Comisión no goza de la inmediatez necesaria para obtener de los agentes económicos las informaciones que necesita.

(véanse los apartados 45 a 48)
2.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa Roméo has a Gun by Romano Ricci y marcas denominativas NINA RICCI y RICCI [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 33, 34, 50, 51, 64 a 66, 74 y 78)
2.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Regla 22, ap. 3] (véase el apartado 23)
4.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Objetivo — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 42 y 63)
2)

La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Fruit of the Loom, Inc.
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, aps. 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Regla 22, ap. 3] (véase el apartado 20)
7

El 30 de junio de 2011, la Comisión inició un procedimiento y adoptó un pliego de cargos dirigido a las siguientes entidades: Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J‑Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, S.A., Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd y la demandante.
165

Por el contrario, a la luz del considerando 14 de la Decisión SIEG de 2011, la obligación de referirse expresamente a dicha Decisión en las atribuciones de servicio público, prevista en el artículo 4, letra f), de la antedicha Decisión responde a un objetivo de transparencia que tiene una importancia particular al no estar obligados los Estados miembros a notificar las compensaciones por servicio público que cumplen los requisitos de la Decisión en cuestión (véase, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:174, apartado 58). Asimismo, carece de pertinencia el hecho, invocado en el escrito de réplica, de que el incumplimiento de ese requisito no impide autorizar la medida de compensación controvertida en virtud del artículo 106 TFUE, apartado 2. En efecto, como pone de manifiesto el considerando 260 de la Decisión impugnada, la Comisión infirió únicamente de su examen de la medida de compensación controvertida a la luz de la Decisión SIEG de 2011 que dicha compensación no podía considerarse conforme con el artículo 106 TFUE, apartado 2, porque no cumplía los requisitos de la referida Decisión y que, por consiguiente, no podía considerarse exenta de la obligación de notificación. Por tanto, esta conclusión no dispensaba a la Comisión de examinar la compatibilidad de la antedicha medida con respecto a la mencionada disposición del Tratado FUE, en particular, a la luz del marco SIEG de 2011, examen que, por lo demás, ya fue efectuado en los apartados 282 a 296 de la Decisión impugnada.
86

Esta interpretación viene corroborada por el Reglamento 2015/2424, por el que las remisiones al territorio de la Unión fueron sustituidas por remisiones al territorio del EEE en lo que respecta, en particular, a los requisitos para la inscripción en la lista de representantes autorizados del artículo 93 del Reglamento n.o 207/2009. Si bien se trata de una modificación con un impacto práctico considerable, no parece en modo alguno que se derive de una voluntad de cambio de política respecto de los Estados de la AELC pertenecientes al EEE. En efecto, por una parte, dicha modificación no figura en la proposición de ley COM(2013) 161 final de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, y tan sólo ha sido introducida posteriormente en el proceso legislativo. Por otra parte, el legislador no ha esclarecido en modo alguno su actuación en el preámbulo del Reglamento 2015/2424. De este modo, dicha modificación debe considerarse una adaptación de orden técnico, que únicamente tiene por objeto alinear el Derecho derivado de la Unión sobre las obligaciones que se derivan del Acuerdo EEE.
47

Por último, en el asunto T‑385/06, la demandante invocaba cinco motivos. El primero de ellos se basaba en la ilegalidad de la imputación a la demandante de la responsabilidad de la infracción en su calidad de sociedad matriz. El segundo motivo estaba basado en la inexistencia de infracción del artículo 101 TFUE. El tercer motivo, en la falta de participación en una infracción única, compleja y continuada. El cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1) y de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n.o 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3). El quinto motivo se basaba en una violación del principio de buena administración y en una infracción del artículo 2 del Reglamento n.o 1/2003, por haber vulnerado la Comisión el principio de igualdad de armas.
149

Además, de la jurisprudencia resulta que la apariencia de los productos o la de un elemento de ellos en un sector específico sirve para indicar su fabricante únicamente si la apariencia de un número suficiente de esos productos o de elementos de ellos difiere de forma significativa de las normas y usos de ese sector. Ello no significa en absoluto que la apariencia de un producto o de un elemento de un producto del mismo sector que no difiera de forma significativa de esa norma sea apta para indicar el origen de ese producto al público pertinente (auto de 13 de septiembre de 2011, Wilfer/OAMI, C‑546/10 P, no publicado, EU:C:2011:574, apartado 56).
1

El 29 de septiembre de 2003, el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1).
149

En cuanto a la afirmación de las partes demandantes según la cual los artículos 9, apartado 3, 10 bis, 24 ter y 55 del Estatuto y el artículo 1 del anexo II del Estatuto se infringieron en el procedimiento que dio lugar a la adopción de los Reglamentos impugnados, procede recordar que, en virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General conforme al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, aplicable en el momento de presentarse el escrito de interposición del recurso, éste debe contener, en particular, una exposición sumaria de los motivos invocados. Por ello, debe concretar en qué consiste el motivo en el que se basa el recurso, de tal manera que su simple mención abstracta no cumple las exigencias del Estatuto del Tribunal de Justicia y del Reglamento de Procedimiento. Además, dicha exposición, incluso sumaria, debe ser lo suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. La seguridad jurídica y una buena administración de justicia exigen, para que sea admisible un recurso o, más concretamente, un motivo de recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se base resulten de manera coherente y comprensible del propio texto del escrito de interposición del recurso. Dado que las partes demandantes no han explicitado en modo alguno su imputación basada en la infracción de los artículos 9, apartado 3, 10 bis, 24 ter y 55 del Estatuto y del artículo 1 del anexo II del Estatuto, tal imputación debe desestimarse por inadmisible.
78

En efecto, aun considerando que esa alegación sea fundada, sólo puede formularse de manera pertinente con respecto a la importancia de las distorsiones de los costes de producción y de la situación financiera de la demandante, en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion, del Reglamento de base, pero no para considerar que dichas distorsiones sean heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado, en este caso el de China, en el sentido de esa misma disposición.