Se desprende de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyen de manera específica esta pretensión. Un recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones que ya se hayan formulado ante el Tribunal de Primera Instancia no cumple los requisitos de motivación establecidos en las referidas disposiciones. Sin embargo, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación.

Para apreciar si existe negligencia manifiesta, en el sentido del artículo 239 del Código aduanero, procede tomar en consideración, en particular, la complejidad de las disposiciones cuyo incumplimiento ha originado la deuda aduanera, así como la experiencia profesional y la diligencia del operador.

A este respecto, en primer lugar, no existe complejidad particular cuando, en el caso de un operador que presenta una solicitud de condonación de derechos por operaciones de importación posteriores a la entrada en vigor del Reglamento no 1196/97, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada, la publicación de dicho Reglamento puso fin a la posible complejidad de la legislación creada por la falta de determinados términos en el texto de la versión neerlandesa de la subpartida 19059020 de la Nomenclatura Combinada, relativa a la clasificación del papel de arroz. En efecto, aunque el texto de la versión neerlandesa del texto de dicha subpartida podía ser menos preciso que el de otras versiones lingüísticas, no es menos cierto que dicho Reglamento de clasificación, directamente aplicable y obligatorio en todos sus elementos, describe de manera explícita e inequívoca los productos que deben clasificarse en dicha subpartida, a los que corresponden los importados por el operador en cuestión.

En segundo lugar, en relación con la experiencia profesional, el operador que recurre a los servicios de un comisionista de aduanas no puede eludir una devolución a posteriori de derechos aduaneros alegando su inexperiencia en materia de formalidades aduaneras. En efecto, en su caso, los operadores podrían eludir el requisito vinculado a la experiencia profesional contratando sistemáticamente los servicios de especialistas en materia aduanera y, de este modo, serían los operadores que realizan ellos mismos las operaciones aduaneras los que resultarían desfavorecidos respecto del procedimiento previsto en el artículo 239 del Código aduanero comunitario. De ello se desprende que, en la medida en que el comisionista actuó en nombre y por cuenta del importador, los elementos relativos a la posible negligencia de dicho comisionista, incluido el grado de su experiencia profesional, deben ser tenidos en cuenta a fines de la apreciación de la negligencia de este importador.

En tercer lugar, por lo que se refiere a la diligencia del operador, procede señalar que un operador diligente, al conocer la existencia de un Reglamento de clasificación publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, no puede limitarse a continuar importando su mercancía bajo un código de la Nomenclatura Combinada sólo porque dicha administración la acepta. En efecto, admitir esta negligencia equivaldría a incitar a los operadores a que se beneficiaran de los errores de sus autoridades aduaneras. Por otro lado, el error de la administración aduanera, que ya había sido tenido en cuenta en el caso de autos al examinar la existencia de una situación especial, no puede, en principio, dispensar al operador de las consecuencias de su propia negligencia.

(véanse los apartados 40, 42, 43, 46, 53, 54, 64 y 65)