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Tales medidas dificultan o hacen incluso imposible el ejercicio de la libertad de establecimiento con objeto de desarrollar actividades de distribución de semen y de inseminación de ganado bovino en el territorio del Estado miembro de que se trata, o en cualquier caso restan interés al ejercicio de dicha libertad. No desvirtúa la conclusión anterior el hecho de que estas medidas se apliquen indistintamente a los operadores nacionales y a los de otros Estados miembros, dado que tales medidas nacionales, aunque sean aplicables sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueden obstaculizar o restar interés al ejercicio por parte de los nacionales comunitarios, incluidos los del Estado miembro autor de la medida, de una libertad fundamental garantizada por el Tratado, como lo es la libertad de establecimiento.

Al no ser posible adquirir derechos sobre una zona geográfica dada, un operador que persiga el objetivo de desarrollar sus actividades en el campo de la inseminación artificial tiene la obligación de celebrar un convenio con el centro de inseminación territorialmente competente a fin de obtener una licencia de inseminador. Ahora bien, como la celebración de dicho convenio depende de los presidentes de los centros reconocidos, tal obligación puede impedir alcanzar ese objetivo.

La exclusividad territorial otorgada por un Estado miembro a los centros de inseminación artificial de ganado bovino reconocidos a efectos de prestar el servicio de inseminación artificial en un territorio dado, que limita el número total de operadores habilitados para abrir y gestionar tales centros en el territorio de dicho Estado, y la duración indefinida de dicha exclusividad suponen un obstáculo para el acceso al mercado de la inseminación de otros operadores, incluidos los procedentes de otros Estados miembros. El hecho de que las zonas geográficas exclusivas así creadas puedan modificarse o dividirse no basta para alterar esta apreciación.

La Directiva 77/504, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción, la Directiva 87/328, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores de raza selecta, y la Directiva 91/174, relativa a las normas zootécnicas y genealógicas que regulan la comercialización de animales de raza y por la que se modifican las Directivas 77/504 y 90/425, han llevado a cabo una armonización completa a nivel comunitario de los requisitos genealógicos en lo que respecta al comercio intracomunitario de semen de bovinos de raza selecta.

Pues bien, no cabe invocar una razón imperiosa de interés general si existe una armonización comunitaria que establece las medidas necesarias para garantizar la protección de ese mismo interés. Por lo tanto, el objetivo de protección del patrimonio genético de los bovinos de raza selecta mediante exigencias genealógicas nacionales no puede justificar unos obstáculos al comercio intracomunitario de semen de dichos bovinos que no figuren en la normativa comunitaria de armonización de este sector.

(véanse los apartados 73 a 75)
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1. Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE

(Directiva 2001/83/CE del Parlamento y del Consejo)

2. Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE

[Directiva 2001/83/CE del Parlamento y del Consejo, art. 90, letras c) y j)]

3. Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE

(Directiva 2001/83/CE del Parlamento y del Consejo, arts. 87, ap. 3, 88, ap. 6, y 96, ap. 1)

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1. La Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, modificada por la Directiva 2004/27, ha llevado a cabo una armonización completa en el ámbito de la publicidad de medicamentos, al enumerar expresamente los casos en los que los Estados miembros están autorizados para adoptar disposiciones que se aparten de las normas fijadas por la Directiva. Procede, pues, interpretar esta Directiva en el sentido de que un Estado miembro no puede imponer, en su normativa nacional, una prohibición absoluta e incondicional de utilizar, en la publicidad de medicamentos destinada al público, declaraciones procedentes de terceros, mientras que, conforme a esta misma Directiva, su uso sólo puede limitarse debido a su contenido específico o a la calidad de su autor.

(véase el apartado 39 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, modificada por la Directiva 2004/27, impone a los Estados miembros la obligación de establecer, en su normativa nacional, una prohibición de utilizar, en la publicidad de medicamentos destinada al público, declaraciones de terceros, cuando éstas se refieren, de forma abusiva, alarmante o engañosa, a testimonios de curación en el sentido del artículo 90, letra j), de dicha Directiva, a cuyo efecto, debe interpretarse este concepto de «testimonios de curación» en el sentido de que no incluye las referencias al refuerzo del bienestar general de la persona cuando no se evoca la eficacia terapéutica del medicamento en términos de eliminación de una enfermedad particular. El artículo 90, letra c), de dicha Directiva también obliga a los Estados miembros a imponer, en su normativa nacional, la prohibición de utilizar, en la publicidad de medicamentos destinada al público, declaraciones de terceros cuando éstas dan a entender que el uso del medicamento contribuye a reforzar la sensación de bienestar general.

[véase el apartado 52 y el punto 2, letra a), del fallo]

3. Los artículos 87, apartado 3, 88, apartado 6, y 96, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, modificada por la Directiva 2004/27, prohíben la publicidad de medicamentos en forma de sorteo anunciado en Internet en la medida en que favorece el uso irracional de este medicamento y da lugar a su distribución directa al público y a la entrega de muestras gratuitas.

[véase el apartado 59 y el punto 2, letra b), del fallo]
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Base imponible

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 6, ap. 1)

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Los artículos 2, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, deben interpretarse en el sentido de que las cantidades abonadas en concepto de arras en el marco de contratos relativos a prestaciones de servicio hotelero sujetas al impuesto sobre el valor añadido deben considerarse, cuando el cliente hace uso de la facultad de desistimiento de que dispone y esas cantidades quedan en poder del empresario de un establecimiento hotelero, indemnizaciones a tanto alzado por resolución de contrato abonadas en concepto de reparación por el perjuicio sufrido a causa del incumplimiento del cliente, sin relación directa con ningún servicio prestado a título oneroso y, como tales, no sujetas a este impuesto.

En efecto, el pago de arras por parte del cliente y la obligación del empresario del establecimiento hotelero de no contratar con un tercero, en la medida en que esto le impida respetar el compromiso adquirido con respecto a su cliente, no pueden considerarse prestaciones recíprocas, ya que, en este caso, dicha obligación emana directamente del contrato de alojamiento y no del pago de las arras. Así, cuando tras la formalización de una reserva, el empresario de un establecimiento hotelero ejecuta la prestación convenida, no hace sino cumplir con el contrato concluido con su cliente, conforme al principio según el cual los contratos deben ser ejecutados. Por lo tanto, el respeto de esta obligación no puede ser calificado como una contraprestación de las arras pagadas.

(véanse los apartados 23, 25 y 36 y el fallo)
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Seguridad social de los trabajadores migrantes — Igualdad de trato — Prestaciones de enfermedad

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 3, ap. 1]

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El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71 se opone a la aplicación de un régimen de prestaciones diarias por enfermedad establecido por un Estado miembro, en virtud del cual el trabajador migrante cuyo cónyuge resida en otro Estado miembro es incluido de oficio en un grupo de tributación menos favorable —a saber, el aplicable a los trabajadores casados pero separados de su cónyuge de modo duradero— que aquél del que disfruta un trabajador nacional casado cuyo cónyuge resida en el Estado miembro de que se trate sin que ejerza ninguna actividad remunerada, y que no permite tener en cuenta, de manera retroactiva, por lo que atañe al importe de dichas prestaciones, que se calcula en función de la renta neta, determinada ella misma por el grupo de tributación, una rectificación a posteriori de éste, a solicitud expresa del trabajador migrante fundada en su verdadera situación familiar.

En efecto, el principio de igualdad de trato, tal como se halla enunciado en dicho artículo 3, apartado 1, prohíbe no sólo las discriminaciones ostensibles, basadas en la nacionalidad de los beneficiarios de los regímenes de seguridad social, sino también toda forma encubierta de discriminación que, por aplicación de otros criterios de distinción, conduzca de hecho al mismo resultado.

A este respecto, aunque tal régimen no establece, en orden al cálculo de la cuantía de las prestaciones diarias por enfermedad, ninguna diferencia formal de trato entre los trabajadores nacionales y los originarios de otro Estado miembro, su aplicación puede colocar al trabajador migrante, cuyo cónyuge frecuentemente continúa residiendo en el Estado miembro de origen, en una situación jurídica o fáctica menos favorable en relación con la del trabajador nacional que se encuentre en las mismas circunstancias.

Esta diferencia de trato no puede hallarse justificada por consideraciones relativas a la simplificación administrativa de los procedimientos de adjudicación de las prestaciones diarias, a la función de éstas de garantizar a los trabajadores afectados una renta que les permita cubrir sus necesidades vitales, o a la complejidad de los cálculos que deben efectuarse para el pago de las prestaciones diarias. En efecto, unos objetivos semejantes no impiden que se conceda a posteriori una corrección de los importes de las prestaciones, en particular mediante el establecimiento de un mecanismo según el cual se adapte retroactivamente el importe de tales prestaciones con el fin de tener en cuenta la verdadera situación del trabajador migrante de que se trate.

(véanse los apartados 23, 29, 31, 34, 36 a 38 y 40 y el fallo)
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Agricultura — Organización común de mercados — Restituciones a la exportación — Productos transformados no comprendidos en el anexo II del Tratado — Requisitos para su concesión

[Reglamento (CEE) nº 1222/94 de la Comisión, art. 7, ap. 1]

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El artículo 7, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento nº 1222/94, por el que se establecen, para determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo II del Tratado, las disposiciones comunes de aplicación del régimen de concesión de las restituciones a la exportación y los criterios para la fijación de su importe, en su versión modificada por el Reglamento nº 229/96, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que cuando un exportador no pueda, aunque sea por causas de fuerza mayor, facilitar la prueba documental relativa a las cantidades de productos efectivamente utilizadas para la fabricación de una mercancía exportada, en apoyo de su declaración de exportación, aporte la prueba por otros medios. Las autoridades nacionales apreciarán ese otro medio de prueba según las modalidades definidas en el Derecho nacional, siempre que, no obstante, dichas normas no afecten al alcance ni a la eficacia del Derecho comunitario y que, por lo tanto, las exigencias en materia de prueba del artículo 7, apartado 1, no se vean disminuidas. A este respecto, incumbe a las autoridades nacionales tomar en consideración, asimismo, los documentos intercambiados anteriormente con el exportador cuando la solicitud se realiza en el marco del procedimiento simplificado previsto en el artículo 3, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 29 y 30 y el fallo)
Incumplimiento de Estado — Infracción del Reglamento (CE) nº 1255/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 160, p. 48), y del Reglamento (CE) nº 2799/1999 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1255/1999 en relación con la concesión de una ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal y con la venta de dicha leche desnatada en polvo (DO L 340, p. 3) — Establecimiento de un sistema de trazabilidad de la leche en polvo no previsto por la normativa comunitaria.
Asunto C‑128/04

Proceso penal

contra

Annic Andréa Raemdonck

y

Raemdonck-Janssens BVBA

(Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde)

«Transportes por carretera — Disposiciones sociales — Reglamento (CEE) nº 3821/85 — Obligación de instalar y utilizar un tacógrafo — Reglamento (CEE) nº 3820/85 — Excepción para los vehículos que transporten material y equipos»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de marzo de 2005.

Sumario de la sentencia

Transportes — Transportes por carretera — Disposiciones sociales — Excepciones — Obligación de instalar y utilizar un tacógrafo — Excepciones para los vehículos que transporten material o equipos — Concepto — Objetos que sean necesarios para los trabajos que constituyan la actividad principal del conductor — Actividad principal distinta de la de conducción del vehículo — Inclusión

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 3820/85, art. 13, ap. 1, letra g), y nº 3821/85, art. 3, ap. 2]

Los conceptos de «material o equipos» incluidos en el artículo 13, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 3820/85, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, deben interpretarse, a efectos de la aplicación a determinados vehículos del régimen de dispensa de la obligación de estar provistos de un tacógrafo, previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 3821/85, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, en el sentido de que no comprenden exclusivamente «aparatos y herramientas», sino que también incluyen los objetos que sean necesarios para los trabajos que constituyan la actividad principal del conductor del vehículo de que se trate, como por ejemplo, materiales de construcción o cables. Dicha actividad no puede consistir, con arreglo al citado artículo 13, apartado 1, letra g), en la conducción del vehículo y debe ser la actividad principal del propio conductor y no de la empresa afectada.

(véanse los apartados 16 y 24 y el fallo)
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Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad

(Arts. 43 CE y 49 CE)

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Las autoridades públicas que celebren contratos de concesión de servicios públicos están obligadas a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado CE, entre ellas los artículos 43 CE y 49 CE, y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, que constituyen una expresión particular del principio de igualdad de trato. Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de nacionalidad implican, en particular, una obligación de transparencia que consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.

Por consiguiente, incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE y, en particular, viola el principio general de transparencia así como la obligación de garantizar un grado de publicidad adecuado, el Estado miembro que renueva concesiones para la gestión de apuestas hípicas al margen de cualquier procedimiento de licitación.

El hecho de renovar dichas concesiones sin licitación no puede justificarse por la necesidad de desincentivar el desarrollo de actividades clandestinas de recogida y atribución de las apuestas, puesto que no es adecuado para garantizar la consecución de este objetivo y va más allá de lo que resulta necesario para evitar que los operadores que actúan en el sector de las apuestas hípicas participen en actividades delictivas o fraudulentas.

Además, los motivos de naturaleza económica, como la necesidad de garantizar a los concesionarios la continuidad, la estabilidad financiera y un rendimiento adecuado de la inversión efectuada en el pasado, no pueden admitirse como razones imperiosas de interés general capaces de justificar una restricción a una libertad fundamental garantizada por el Tratado.

(véanse los apartados 22 a 24, 31, 34, 35 y 38 y el fallo)
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Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones

(Arts. 43 CE y 48 CE; Directiva 89/666/CEE del Consejo)

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Los artículos 43 CE y 48 CE no se oponen a una normativa de un Estado miembro que supedita la inscripción en el Registro Mercantil de una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en otro Estado miembro al pago de un anticipo sobre los gastos previsibles en concepto de publicación del objeto social descrito en la escritura de constitución de dicha sociedad.

La exigencia de un anticipo que no refleja sino los costes administrativos reales de una publicación de conformidad con la Undécima Directiva 89/666, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado, no puede constituir una restricción a la libertad de establecimiento en la medida en que no prohíbe, obstaculiza o hace menos interesante el ejercicio de esta libertad. Además, tal normativa no puede colocar a las sociedades de otros Estados miembros en una situación de hecho o de Derecho desventajosa respecto de las de las sociedades del Estado miembro de establecimiento.

(véanse los apartados 38, 39 y 43 y el fallo)
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Transportes — Transportes por carretera — Disposiciones sociales — Excepciones — Obligación de instalar y utilizar un tacógrafo — Excepciones para los vehículos que transporten material o equipos — Concepto — Objetos que sean necesarios para los trabajos que constituyan la actividad principal del conductor — Actividad principal distinta de la de conducción del vehículo — Inclusión

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 3820/85, art. 13, ap. 1, letra g), y nº 3821/85, art. 3, ap. 2]

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Los conceptos de «material o equipos» incluidos en el artículo 13, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 3820/85, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, deben interpretarse, a efectos de la aplicación a determinados vehículos del régimen de dispensa de la obligación de estar provistos de un tacógrafo, previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 3821/85, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, en el sentido de que no comprenden exclusivamente «aparatos y herramientas», sino que también incluyen los objetos que sean necesarios para los trabajos que constituyan la actividad principal del conductor del vehículo de que se trate, como por ejemplo, materiales de construcción o cables. Dicha actividad no puede consistir, con arreglo al citado artículo 13, apartado 1, letra g), en la conducción del vehículo y debe ser la actividad principal del propio conductor y no de la empresa afectada.

(véanse los apartados 16 y 24 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Prohibición de recaudar otros impuestos nacionales que tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 33, ap. 1)

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El artículo 33 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 91/680, no se opone al mantenimiento de una exacción fiscal con las características del impuesto regional italiano sobre las actividades productivas. En efecto, tal impuesto se distingue del impuesto sobre el valor añadido de tal manera que no puede ser calificado de impuesto que tenga el carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, en el sentido del artículo 33, apartado 1, de la Directiva, en la medida en que no puede considerarse proporcional al precio de los bienes o servicios ofrecidos y no se ha creado para ser repercutido sobre el consumidor final de una manera característica del impuesto sobre el valor añadido.

(véanse los apartados 30, 35, 38 y 39 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Entregas de bienes efectuadas por un sujeto pasivo que actúa como tal

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 2, ap. 1, 4 y 5, ap. 1)

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Las operaciones por las que un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro compra bienes a sociedades establecidas en ese Estado miembro y los revende a compradores establecidos en otro Estado miembro, operaciones que no son constitutivas en sí mismas de fraude al impuesto sobre el valor añadido, son entregas de bienes efectuadas por un sujeto pasivo que actúa como tal y una actividad económica en el sentido de los artículos 2, apartado 1, 4 y 5, apartado 1, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, puesto que cumplen los criterios objetivos en que se basan dichos conceptos, con independencia de cuál sea la intención de un operador diferente del sujeto pasivo afectado que interviene en la misma cadena de entregas y/o del posible carácter fraudulento, del que dicho sujeto pasivo no tenía conocimiento ni podía tenerlo, de otra operación que forma parte de esa cadena, anterior o posterior a la operación realizada por el referido sujeto pasivo. El derecho de un sujeto pasivo que efectúa tales operaciones a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado no puede verse afectado por el hecho de que en la cadena de entregas de la que forman parte dichas operaciones, sin que ese mismo sujeto pasivo tenga conocimiento de ello o pueda tenerlo, otra operación, anterior o posterior a la realizada por este último, sea constitutiva de fraude al impuesto sobre el valor añadido.

(véanse los apartados 51, 52 y 55 y el fallo)