ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El hecho de que la extemporaneidad del recurso contra la resolución anterior no se haya declarado hasta después de la interposición del presente recurso tampoco permite considerar que la resolución anterior no había adquirido firmeza en la fecha de dicha interposición. En efecto, si la interposición de un recurso fuera del plazo señalado contra una resolución retrasara la adquisición de su carácter firme, quedaría sin efecto el objetivo perseguido por la jurisprudencia relativa a la inadmisibilidad de los recursos interpuestos contra actos confirmatorios, a saber, impedir la presentación de recursos que tengan como consecuencia reabrir plazos de recurso expirados.

Una resolución meramente confirmatoria de una resolución anterior que ha adquirido carácter definitivo no es un acto susceptible de recurso. En efecto, con el fin de que no vuelva a abrirse el plazo de recurso contra la resolución confirmada, debe declararse inadmisible un recurso dirigido contra dicha resolución confirmatoria.

La existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar la presentación de una solicitud de reconsideración de una resolución anterior que ha adquirido carácter definitivo. Por el contrario, si la solicitud de reconsideración no se basa en tales hechos, deberá declararse la inadmisibilidad del recurso contra la resolución por la que se deniega la reconsideración solicitada.

A este respecto, la Sala de Recurso no está obligada a reconsiderar la solicitud de registro con arreglo a la práctica decisoria de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Aunque esos registros puedan calificarse de hechos nuevos, porque no fueron tomados en consideración al adoptarse la primera resolución a pesar de que ya existían, no pueden ser calificados de hechos sustanciales. En efecto, un hecho es sustancial cuando puede modificar sustancialmente la situación jurídica tal como la tuvieron en cuenta los autores del acto anterior, es decir, en particular modificando sustancialmente las condiciones en que se adaptó el acto anterior. Así sucede en el caso de un elemento que suscite dudas en cuanto al carácter fundado de la solución adoptada mediante dicho acto.

Ahora, bien, la apreciación relativa a la existencia de un motivo de denegación de registro no puede ser desvirtuada por la mera razón de que la Sala de Recurso no haya seguido en un caso concreto la práctica decisoria de la Oficina. En efecto, el examen de una solicitud de registro debe efectuarse en cada caso concreto, toda vez que el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables a las circunstancias fácticas del caso, y que tienen por objeto verificar si el signo controvertido está comprendido en uno de los motivos de denegación enunciado por el Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria.

(véanse los apartados 17 y 21 a 24)
3

Mediante la Decisión C(2013) 1152 final, de 6 de marzo de 2013, relativa a las ayudas concedidas a los clubes de fútbol profesionales neerlandeses Vitesse, NEC, Willem II, MVV, PSV y FC Den Bosch entre 2008 y 2011 [Ayuda de Estado SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), en relación, en particular, con la operación de compra.
A efectos de determinar el perjuicio moral sufrido por un funcionario debido a la falta de los informes de evolución de carrera en cuestión, el Tribunal de la Función Pública ha podido, sin incurrir en error de Derecho, considerar que el estado de incertidumbre e inquietud de ese funcionario en cuanto a su futuro profesional no permitía constatar la existencia de un perjuicio moral, real y cierto, tras su jubilación por invalidez, dado que, a partir de este hecho, dicho futuro ya sólo era hipotético. En efecto, tras su jubilación, los informes de evolución de carrera han dejado de desempeñar un papel en el desarrollo de la carrera del interesado, y el perjuicio del que reclama el resarcimiento debe ser real y cierto.

En virtud del artículo 45, apartado 1, del Estatuto, la promoción de un funcionario se efectúa únicamente mediante libre designación entre los funcionarios que justifiquen una antigüedad mínima en su grado de dos años y previo examen comparativo de los méritos de los candidatos. A efectos del examen comparativo de los méritos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tomará en consideración, en particular, los informes relativos a los funcionarios, la utilización en el desempeño de sus funciones de lenguas distintas de aquella de la que hayan justificado tener un conocimiento en profundidad, de conformidad con el artículo 28, letra f), del Estatuto, y, cuando proceda, las responsabilidades por ellos desempeñadas. A falta de informes de evolución de carrera, nada impide al funcionario aportar ante el Tribunal de la Función Pública elementos de hecho o de Derecho concretos que puedan acreditar sus posibilidades de promoción. Además, del artículo 45, apartado 1, del Estatuto, se desprende que el examen comparativo de los méritos no se efectúa solamente teniendo en cuenta los informes relativos a los funcionarios, sino también, en particular, otros dos criterios.

(véase el apartado 50)
Auto del Tribunal General (Juez de medidas provisionales) de 13 de junio de 2012 — Morison Menon Chartered Accountants y otros/Consejo

(Asunto T-656/11 R II)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Sobreseimiento»

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Demanda que tiene por objeto una decisión modificada durante el procedimiento — Demanda que queda sin objeto — Sobreseimiento (Art. 278 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 7 y 8)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución, por un lado, del Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11) y, por otro, de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71), en la medida en que el nombre de «Morison Menon Chartered Accountants» ha sido inscrito en la lista de las personas y entidades cuyos fondos y recursos económicos se congelan.

Fallo

1) Sobreseer la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.

Auto del Tribunal General (Juez de medidas provisionales) de 13 de junio de 2012 — Morison Menon Chartered Accountants y otros/Consejo

(Asunto T-656/11 R II)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Sobreseimiento»

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Demanda que tiene por objeto una decisión modificada durante el procedimiento — Demanda que queda sin objeto — Sobreseimiento (Art. 278 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 7 y 8)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución, por un lado, del Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11) y, por otro, de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71), en la medida en que el nombre de «Morison Menon Chartered Accountants» ha sido inscrito en la lista de las personas y entidades cuyos fondos y recursos económicos se congelan.

Fallo

1) Sobreseer la demanda de medidas provisionales.
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 2 de diciembre de 2010

Asunto T-73/10 P

Svetoslav Apostolov

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Selección — Concurso — Desestimación de candidatura — Plazo de recurso — Extemporaneidad — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

Objeto: Recurso de casación contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2009, Apostolov/Comisión (F-8/09, RecFP pp. I-A-1-509 y II-A-1-2763), en el que se solicita la anulación de dicho auto.

Resultado: Se desestima el recurso de casación. El Sr. Svetoslav Apostolov cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea en el presente procedimiento.

Sumario

1. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal General de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Estatuto del Tribunal de Justicia, anexo I, art. 11)

2. Procedimiento — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción — Auto anterior por el que se concede al demandante la justicia gratuita — Irrelevancia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 96, ap. 1)

1. El juez de primera instancia es el único competente, por una parte, para constatar los hechos, salvo en el caso de que la inexactitud material de sus constataciones se desprenda de los documentos obrantes en autos que le fueron sometidos, y, por otra parte, para apreciar dichos hechos. Salvo en el supuesto de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el juez de primera instancia, la apreciación de los hechos efectuada por éste no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal General.

(véase el apartado 24)

Referencia: Tribunal General, 8 de septiembre de 2009, ETF/Landgren (T-404/06 P, Rec. p. II-2841), apartados 191 y 192 y jurisprudencia citada allí

2. Entre la solicitud de justicia gratuita y el recurso principal no existe un vínculo de tal naturaleza que el auto que resuelva sobre dicha solicitud pueda prejuzgar la admisibilidad del recurso, ya que esta solicitud no tiene el mismo objeto que el recurso y puede incluso ser presentada antes que el recurso, según el artículo 96, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública. Por consiguiente, el demandante no puede deducir del auto que le concede la justicia gratuita la admisibilidad de su recurso principal, que ni siquiera había interpuesto aún.

(véase el apartado 26)

Referencia: Tribunal General, 16 de mayo de 1994, Stagakis/Parlamento (T-37/93, RecFP pp. I-A-137 y II-451), apartado 23
2)

Dicha suspensión está sujeta a la condición de que United Phosphorus Ltd y la Comisión presenten en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, a más tardar el 15 de marzo de 2010, observaciones sobre la evolución del procedimiento acelerado iniciado, respecto de la napropamida, con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de , por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I.
1

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de diciembre de 2007, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (en lo sucesivo, «Hangzhou» o «demandante»), interpuso el presente recurso, que tiene por objeto la anulación del Reglamento (CE) no 1205/2007 del Consejo, de , por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas (CFL-i) originarias de la República Popular China tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 y por el que se amplían las importaciones de los mismos productos procedentes de la República Socialista de Vietnam, de la República Islámica de Pakistán y de la República de Filipinas (DO L 272, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento — Intervención — Alcance de los derechos procesales del coadyuvante que depende de la fecha de presentación de la demanda de intervención (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 116, ap. 6) (véase el apartado 51)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión que concluye un procedimiento en materia de ayudas — Empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda — Legitimación activa — Requisitos (Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4) (véanse los apartados 88 a 90, 92, 93, 95 y 98)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación parcial de la Decisión 2006/951/CE de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, sobre la aplicación por parte del Reino Unido del impuesto sobre bienes inmuebles comerciales a las infraestructuras de telecomunicaciones en el Reino Unido [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] (DO L 383, p. 70).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Vtesse Networks Ltd cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, AboveNet Communications UK Ltd, Gamma Telecom Ltd, VTL (UK) Ltd y British Telecommunications plc cargarán con sus propias costas.
2)

Condenar en costas a Scientific and Technological Committee of AGH University of Science and Technology, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych Chemkop-Geowiert sp. z o.o., Stowarzyszenie Obrony Środowiska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Niezależne Forum Ochrony Biosfery Ziemi y los Sres. Jan Adamczyk y Emanuel Lipartowski.
Anulación del Reglamento (CE) nº 2102/2004 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2004, sobre determinadas medidas excepcionales de apoyo al mercado en el sector de los huevos en Italia (DO L 365, p. 10), en la medida en que no establece medidas excepcionales de apoyo al mercado en el sector de la carne de aves de corral en el sentido del artículo 14 del Reglamento (CEE) nº 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (DO L 282, p. 77; EE 03/09, p. 151).
En virtud de los artículos 7 CE y 220 CE, el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer únicamente las competencias que le atribuye el Derecho comunitario. A falta de dicha atribución de competencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede pronunciarse sobre un recurso sin extender su competencia jurisdiccional a los litigios en que la Comunidad es parte y cuya competencia está atribuida, según el artículo 240 CE, a los órganos jurisdiccionales nacionales.

En el supuesto de una acción por violación de derechos de patente dirigida a que se declare que el Banco Central Europeo ha vulnerado los derechos conferidos por una patente europea relativa, en particular, a elementos de protección contra la falsificación de billetes de banco, la competencia para declarar si existe tal violación corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y no al Tribunal de Primera Instancia.

En efecto, ninguna disposición de Derecho comunitario confiere al Tribunal de Primera Instancia competencia alguna para pronunciarse en materia de violación de patentes. La acción por violación de patentes no figura entre los recursos cuya competencia atribuyan a los órganos jurisdiccionales comunitarios los artículos 220 CE a 241 CE. A mayor abundamiento, el Derecho nacional de patentes, a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, como ocurre con el Derecho nacional de marcas, no ha sido objeto de armonización comunitaria. Respecto de los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros, la protección de determinados derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario.

(véanse los apartados 50, 51, 56, 57 y 71)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 4)

Índice

Del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal del Primera Instancia en virtud del artículo 53 del mismo Estatuto, se desprende claramente que, para que una persona pueda representar válidamente a una parte distinta de los Estados miembros y las instituciones de las Comunidades ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, debe cumplir dos requisitos acumulativos: debe ser abogado y debe estar facultada para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Estos requisitos constituyen normas esenciales de forma cuyo incumplimiento implica la inadmisibilidad del recurso.

Por consiguiente, no procede admitir el recurso interpuesto por una parte no privilegiada representada por un agente que, al no estar inscrito en el Colegio de Abogados, no es abogado a efectos del artículo 19 del Estatuto, aunque según la normativa nacional pueda representar a esta parte ante cualquier órgano jurisdiccional.

(véanse los apartados 7, 10 y 12)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de un jefe de unidad de la Comisión que interpreta unas disposiciones reglamentarias - Jefe de unidad que no actúa en ejercicio de una facultad decisoria conferida por una disposición legal - Exclusión

(Art. 230 CE, Reglamento (CEE) nº 1101/89 del Consejo)

Índice

$$Es inadmisible el recurso de anulación interpuesto por unos propietarios de un buque autopropulsado, a los que se les ha exigido el abono de la contribución especial fijada en el Reglamento nº 1101/89, relativo al saneamiento estructural de la navegación interior, contra un escrito del jefe de unidad del servicio competente de la Comisión en el que se les facilita una interpretación de dicho Reglamento a la luz de un caso concreto que le han sometido.

En efecto, únicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación, a efectos del artículo 230 CE, las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica. No sucede así con el mencionado escrito, ya que el jefe de unidad no actuó en ejercicio de una facultad decisoria que le hubiera sido conferida por una disposición legal, sino que se limitó a emitir un dictamen no vinculante al respecto. A este respecto, no basta con que una institución comunitaria haya enviado un escrito a su destinatario, en respuesta a una petición formulada por éste, para que dicho escrito pueda calificarse de decisión a efectos del artículo 230 CE, haciendo así posible la interposición de un recurso de anulación.

( véanse los apartados 23 y 26 a 27 )
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 13 de noviembre de 2001

Asunto T-138/01 R

F

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Rectificación del auto de 21 de septiembre de 2001 — Artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia — Plazo — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II-987

Objeto:

Petición de rectificación de un auto.

Resultado:

Se declara la inadmisibilidad de la petición de rectificación.

Sumario

Procedimiento — Rectificación de un auto — Requisitos de admisibilidad de la petición — Plazo — Petición presentada por fax — Plazo para presentar el original firmado — Firma del escrito recibido en la Secretaría del Tribunal distinta de la del fax — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 43, ap. 6, y 84, ap. 1)

A tenor del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el plazo para formular una petición de rectificación es de dos semanas. Asimismo, dicho plazo debe ampliarse, por razón de la distancia, en un plazo único, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

Por lo que respecta a los plazos procesales que se aplican en la fase escrita del procedimiento, el artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, la fecha en la que la copia del original firmado de un escrito procesal, incluida la relación de escritos y documentos mencionada en el apartado 4, se reciba en la Secretaría por fax será tomada en consideración a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, siempre y cuando el original firmado del escrito, acompañado de los anexos y copias mencionados en el párrafo segundo del apartado 1, sea presentado en la Secretaría dentro de los diez días siguientes, a más tardar.

Cuando un escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que contiene una petición de rectificación no es idéntico al fax recibido anteriormente, porque la firma que figura al final del documento es diferente y, en consecuencia, no es el original del fax recibido, no puede aplicarse el artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento. En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de la petición de rectificación.

(véanse los apartados 4, 5, 8, 9 y 11 y el fallo)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 11 de julio de 2000. - Anthony Goldstein contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-35/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02917



Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos - Recurso dirigido contra una decisión confirmatoria de una decisión no impugnada dentro de plazo - Concepto de decisión confirmatoria - Decisión idéntica adoptada tras un nuevo examen de la situación - Inadmisibilidad

(Art. 230 CE)

2 Procedimiento - Costas - Gastos abusivos o temerarios

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 3, párr. 2)

Índice

1 Únicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación en el sentido del artículo 230 CE las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de modo caracterizado su situación jurídica. Por consiguiente, no procede admitir un recurso de anulación interpuesto contra una decisión puramente confirmatoria de otra decisión no impugnada dentro de plazo. Una decisión es puramente confirmatoria si no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto anterior y si no ha ido precedida de un nuevo examen de la situación del destinatario de ese acto anterior.

(véase el apartado 8)

2 Procede aplicar el artículo 87, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que dicho Tribunal considere abusivos o temerarios. Deben considerarse como tales los gastos inherentes a un procedimiento que, a su vez, es abusivo o temerario.

(véase el apartado 14)