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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 69/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 19 de diciembre de 2008 — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg

(Asunto C-562/08)

(2009/C 69/36)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Müller Fleisch GmbH

Recurrida: Land Baden-Württemberg

Otra parte: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Cuestión prejudicial

El artículo 6, apartado 1, en relación con el anexo III, capítulo A, parte I, del Reglamento (CE) no 999/2001 (1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1248/2001 de la Comisión, de 22 de junio de 2001 (2), ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a una ampliación de la obligación de realizar pruebas a todos los animales bovinos de más de 24 meses de edad, como se estableció en el BSE-Untersuchungsverordnung de 1 de diciembre de 2000 (BGBl I, p. 1659), modificado por el Reglamento de 25 de enero de 2001 (BGBl I, p. 164)?

(1) Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 147, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1248/2001 de la Comisión, de 22 de junio de 2001, por el que se modifican los anexos III, X y XI del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la vigilancia epidemiológica y los controles de las encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 173, p. 12).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 236/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Multisevice S.r.l./Telecom Italia S.p.A.

(Asunto C-320/08)

(2008/C 236/18)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Giudice di Pace di Ischia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Multisevice S.r.l.

Demandada: Telecom Italia S.p.A.

Cuestión prejudicial

¿Las normas comunitarias del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Directiva 2002/22/CE (1), la Directiva 1999/44/CE (2), la Recomendación 2001/310/CE (3) de la Comisión y la Directiva 1998/257/CE (4) tienen una eficacia directamente vinculante y deben interpretarse en el sentido de que los litigios «en materia de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y operadores, relativos a la infracción de las disposiciones relativas al servicio universal y a los derechos de los usuarios finales establecidas por las normas legislativas, por las decisiones de la Autoridad, por las condiciones contractuales y por la carta de servicios» (litigios contemplados en el artículo 2 de la Decisión del garante no 173/07/CONS) no deben someterse al intento de conciliación obligatorio previsto so pena de inadmisibilidad del recurso judicial, de modo que prevalecen sobre la norma derivada del artículo 3, párrafo primero, de la mencionada Decisión del garante de las comunicaciones?

(1) DO L 108, p. 51.

(2) DO L 171, p. 12.

(3) DO L 109, p. 56.

(4) DO L 115, p. 31 (Recomendación de la Comisión).
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 de la Directiva 79/1072/CEE, del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (1) y del artículo 1 de la Directiva 86/560/CEE, del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (2), en relación con la devolución del IVA a un sujeto pasivo residente en otro Estado miembro o en un Estado tercero aunque tenga un centro de actividad estable, ya que obliga a un sujeto pasivo cuyo lugar de establecimiento se encuentra en un Estado miembro o en un país tercero, pero que tiene un centro de actividad estable que, en el período considerado ha efectuado cesiones de bienes o prestaciones de servicios en Italia, a obtener la devolución del IVA acreedor mediante los mecanismos previstos en las mencionadas Directivas, en vez de mediante detracción, cuando la adquisición de los bienes y de los servicios no se efectúa a través del centro de actividad estable en Italia, sino directamente por el establecimiento principal.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/31

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) el 16 de junio de 2008 — Futura Immobiliare srl Hotel Futura y otros/Comune di Casoria

(Asunto C-254/08)

(2008/C 209/46)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Futura Immobiliare srl Hotel Futura y otros

Demandada: Comune di Casoria

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el artículo 15 de la Directiva comunitaria 75/442/CEE (1), en su versión modificada por el artículo 1 de la Directiva 91/156/CEE (2), y con el principio «quien contamina paga» la normativa nacional establecida en los artículos 58 y siguientes del Decreto Legislativo no 507 de 1993 y en las disposiciones transitorias que han prolongado su vigencia, con arreglo al artículo 11 del Decreto del Presidente Della Repubblica no [158] de 1999, con sus sucesivas modificaciones, y al artículo 1, apartado 184, de la Ley no 296 de 2006, dando lugar así al mantenimiento de un régimen de carácter fiscal para la cobertura de los costes del servicio de eliminación de residuos y demorando la introducción de un régimen tarifario en el que el coste del servicio sea soportado por quienes producen y entregan los residuos?

(1) DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129.

(2) DO L 78, p. 32.
1)

¿Es de aplicación el artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 510/06 (1) cuando la indicación protegida ha sido inscrita eficazmente con arreglo al procedimiento simplificado del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1) (2)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 128/18

Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

(Asunto C-47/08)

(2008/C 128/30)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J.-P. Keppenne y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, en particular de los artículos 43 CE y 45 CE, y de la Directiva 89/48/CEE (1), relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, al exigir el requisito de la nacionalidad para el acceso a la profesión de notario y al no haber adaptado su Derecho interno a la citada Directiva por lo que atañe a la profesión de notario.

— Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la Comisión reprocha en primer lugar a la parte demandada haber conculcado de modo desproporcionado la libertad de establecimiento a la que se refiere el artículo 43 CE, al exigir el requisito de la nacionalidad para el acceso a la profesión de notario y para su ejercicio. Ciertamente, el artículo 45 CE exime de la aplicación de lo dispuesto en el capítulo relativo a la libertad de establecimiento a aquellas actividades relacionadas, de forma directa y específica, con el ejercicio del poder público. No obstante, según la Comisión, los cometidos que el Derecho belga encomienda a los notarios tienen una relación tan reducida en el citado ejercicio que no pueden hallarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación del citado artículo ni justificar un obstáculo semejante a la libertad de establecimiento. Efectivamente, dichos cometidos no confieren a los notarios facultades de coerción y el legislador nacional puede adoptar medidas menos restrictivas que el requisito de la nacionalidad, como por ejemplo, la sujeción de los operadores de que se trata a requisitos estrictos de acceso a la profesión, deberes profesionales especiales y/o un control específico.

Por otra parte, mediante su segunda imputación, la Comisión reprocha a la parte demandada haber incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva 89/48/CEE por lo que atañe a la profesión de notario. Efectivamente, al tratarse de una profesión reglamentada, la Directiva es plenamente aplicable a dicha profesión y el alto nivel de cualificación exigible a los notarios puede garantizarse fácilmente mediante un examen de aptitud o un período de adaptación.

(1) Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 107/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgerichts Düsseldorf (Alemania) el 18 de febrero de 2008 — Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Asunto C-65/08)

(2008/C 107/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Europol Frost-Food GmbH

Demandada: Hauptzollamt Krefeld

Cuestión prejudicial

¿Debe considerarse en vigor la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada en la versión de los Reglamentos (CE) nos 2388/2000 (1) y 2031/2001 (2)?

(1) Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 264, p. 1 y DO L 276, p. 92).

(2) Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 279. p. 1).
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2003/72/CE, del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o al no asegurar que los interlocutores sociales adoptaran las disposiciones necesarias mediante acuerdo o, en todo caso, al no haber notificado tales disposiciones a la Comisión.
D)

En el presente asunto no concurren estos requisitos. Para poder controlar la correcta aplicación del Convenio, no es necesario que se limite su aplicación a las empresas que tengan su domicilio social en Alemania, porque, en todo caso, todos los contratos deben presentarse ante las autoridades alemanas. Por lo que se refiere al cumplimiento de la obligación del empresario de abonar las cotizaciones de seguridad social y a la sanción de las infracciones jurídicas, estas cuestiones no están relacionadas específicamente con el Convenio relativo a los contratos de obra, sino que se plantean en general en relación con la prestación de servicios en Alemania por empresas de otros Estados miembros. Tampoco existen motivos que hagan pensar que la extensión del Convenio bilateral a empresas de otros Estados miembros podría tener como consecuencia una aplicación incorrecta o una elusión de las disposiciones transitorias previstas en el Tratado de adhesión. En todo caso, el temor a un uso indebido de las disposiciones transitorias no implica una amenaza suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública que pueda justificar una restricción de la libre prestación de servicios.
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE (1) del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, a) al no haber equipado con sistemas colectores, en los términos previstos en el artículo 3 de dicha Directiva, a las aglomeraciones de Angra do Heroísmo, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade y Vila Real, y b) al no haber sometido a un tratamiento secundario o proceso equivalente, en los términos previstos en el artículo 4 de la misma Directiva, a las aguas residuales urbanas procedentes de las aglomeraciones de Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Fundão/Alcaria, Lisboa, Matosinhos, Milfontes, Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicão, Pedrógão Grande, Ponta delgada, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de Gaia/Douro Nordeste, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Franca de Xira y Vila Real.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/34

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 22 de noviembre de 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Asunto C-517/07)

(2008/C 22/61)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Afton Chemical Limited

Demandada: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Están sujetos a tributación con arreglo al artículo 2, apartado 3, de la Directiva 92/81/CEE los aditivos para carburantes como los controvertidos en el presente asunto, que no están destinados al consumo como carburantes, ni se ponen a la venta ni se utilizan con este fin, sino que se añaden al carburante con un propósito diferente a la propulsión del vehículo en el que se usa dicho carburante?

2) En el caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa, ¿están comprendidos dentro del ámbito de la exención prevista en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 92/81/CEE (1) los aditivos de estas características?

3) ¿Están sujetos a tributación con arreglo al párrafo segundo, del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2003/96/CE (2) los aditivos para carburantes como los controvertidos en el presente asunto, que no están destinados al consumo como carburantes, ni se ponen a la venta ni se utilizan con este fin, sino que se añaden al carburante con un propósito diferente a la propulsión del vehículo en el que se usa dicho carburante?

4) En el caso de que la respuesta a la tercera cuestión sea afirmativa, ¿quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96/CE en virtud del primer guión del artículo 2, apartado 4, letra b), de dicha Directiva los aditivos de estas características?

5) ¿Es contrario al Derecho comunitario y, en particular, al artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE (3) el impuesto especial con el que el Reino Unido grava los antedichos aditivos para carburantes?

(1) DO L 316, p. 12.

(2) DO L 283, p. 51.

(3) DO L 76, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/18

Recurso de casación interpuesto el 30 de noviembre de 2007 por Imagination Technologies Ltd contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2007 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) en el asunto T-461/04: Imagination Technologies Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto C-542/07 P)

(2008/C 37/25)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente en casación: Imagination Technologies Ltd (representante: M. Edenborough, Barrister)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente en casación

La parte recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

— Resuelva sobre las costas ocasionadas tanto por el presente recurso de casación ante el Tribunal de Justicia como por el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente en casación afirma que la solicitud de marca comunitaria no 2.396.075 para la marca denominativa PURE DIGITAL (en lo sucesivo, «solicitud») no infringe ni el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, ni tampoco el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicha norma, ya que ha adquirido un carácter distintivo desde que se formuló la solicitud. Se afirma que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al analizar la norma aplicable; en particular, incurrió en error cuando no afirmó que el uso posterior a la fecha de la solicitud era relevante para considerar si se había adquirido carácter distintivo.

En consecuencia el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error cuando desestimó el recurso interpuesto ante él; por lo tanto, se afirma que procede admitir el presente recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y anular la sentencia recurrida. La parte recurrente en casación también solicita que se condene a la parte adversa al pago de las costas, tanto de las ocasionadas por el presente recurso de casación como de las causadas en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
49.

El hecho de que las pretensiones formuladas en el presente litigio sólo se refieran a las prestaciones complementarias no modifica en absoluto el razonamiento. En efecto, el órgano jurisdiccional competente no puede variar en función de que el recurso sólo contenga una pretensión de indemnización global (que yo he calificado de prioritaria) o por el contrario una única solicitud complementaria, o ambas. Por otra parte, el Tribunal General lo reconoce implícitamente, ya que admite que la pretensión formulada en nombre del funcionario fallecido, que se limita por otra parte a su daño moral personal al que no se aplica el Estatuto de los Funcionarios y regulado por tanto por el Derecho de la responsabilidad extracontractual, entra dentro de la competencia del Tribunal de la Función Pública. ( 27 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas ° Petición de autorización para practicar una retención de bienes en poder de una Institución ° No objeción por parte de la Institución tercera que debe practicar la retención ° Petición sin objeto

(Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 1)

Índice

En virtud del artículo 1 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, los bienes y activos de las Comunidades no podrán ser objeto de ninguna medida de apremio administrativo o judicial sin autorización del Tribunal de Justicia. El objeto de esta disposición es evitar que se obstaculice el funcionamiento y la independencia de las Comunidades.

No obstante, si después de que un acreedor haya solicitado al Tribunal de Justicia que levante la inmunidad otorgada por el artículo 1 de dicho Protocolo, la Institución comunitaria afectada declara no tener nada que objetar a la medida de apremio, la petición de autorización queda sin objeto y no necesita ser examinada por el Tribunal de Justicia.
61.

La Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas exige a los operadores de telecomunicaciones transmitir los datos de contacto de los abonados a los suministradores de guías. ( 11 ) No obstante, deben «mantener separados» los datos de contacto de los abonados que hayan indicado que no desean figurar en una guía de modo que puedan recibir una copia de esa guía. ( 12 ) Como se ha explicado en el punto 4 de las presentes conclusiones, la retirada del consentimiento se lleva a cabo ajustando los códigos en el registro de un abonado. Proximus actualiza su base de datos al recibir una retirada de consentimiento. Sin embargo, esa actualización se sobrescribe cuando Proximus recibe del operador de telecomunicaciones otra serie de datos de abonados con el fin de incluirlos en las guías y el operador de telecomunicaciones no ha sido informado de la solicitud del abonado de que sus datos no figuren en la guía pública. Así pues, Proximus no solo debe actualizar su propia base de datos para reflejar la retirada del consentimiento del abonado, sino que también ha de comunicar dicha retirada al operador de telecomunicaciones.
58.

En efecto, de la petición de decisión prejudicial no se desprende ningún elemento fáctico que apunte a que la madre abusó del procedimiento de solicitud de asilo para eludir las normas de competencia judicial establecidas en el Reglamento n.o 2201/2003. ( 40 ) Es importante destacar que, después de haber solicitado ya el 4 de diciembre de 2019 un permiso de residencia para el menor en Suecia, el 7 de agosto de 2020, la madre solicitó a ese mismo país protección internacional para sí y para su hijo. La circunstancia de que la madre no informara al padre del menor de la solicitud de protección internacional presentada ante las autoridades suecas y de sus consecuencias no constituye, en sí, una prueba de su intención fraudulenta, teniendo en cuenta, además, que ese comportamiento se enmarca en un contexto de temor vinculado a anteriores episodios de violencia doméstica. Como subraya el órgano jurisdiccional remitente, el 2 de septiembre de 2020, la madre volvió a acudir ante un órgano jurisdiccional sueco para solicitar que se le atribuyese la custodia exclusiva, fecha en la que la autoridad competente en materia de inmigración ya le había anunciado que Finlandia era el Estado responsable del examen de su solicitud de protección internacional y de la de su hijo. Asimismo, aunque la madre aceptó trasladarse a Finlandia, no es menos cierto que ese traslado se efectuó en ejecución de una resolución obligatoria de traslado contra la que no cabe considerar que podía interponer un recurso ( 41 ) y aún menos que pudiera eludirla.
62.

Con arreglo al artículo 127, apartado 1, en relación con el artículo 190 del Reglamento de Procedimiento, en el procedimiento de casación no pueden invocarse motivos nuevos. En efecto, permitir que una parte invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. En el recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, en principio, limitada al examen de la apreciación efectuada por el Tribunal General de los motivos que se debatieron ante él. No obstante, una alegación que no ha sido formulada en primera instancia no constituye un motivo nuevo y, por tanto, inadmisible en la fase del recurso de casación si se limita a ampliar la argumentación ya expuesta en el marco de un motivo presentado en la demanda ante el Tribunal General. ( 38 )