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2)

¿Debe interpretarse el artículo 17 del Reglamento no 1371/2007 en el sentido de que una empresa ferroviaria puede excluir su deber de abonar una indemnización por el precio del billete en caso de fuerza mayor, aplicando analógicamente las causas de exclusión previstas en [el Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1), el Reglamento (UE) no 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004, y el Reglamento (UE) no 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 (DO L 55, p. 1)], o aplicando las exenciones de la responsabilidad previstas en el artículo 32, apartado 2, de las [Reglas uniformes CIV] incluidos los casos de indemnización por el precio del billete?»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez del artículo 69 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25), en su versión modificada por la Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 (DO L 315, p. 44) (en lo sucesivo, «Directiva 91/440»), y del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización (DO L 75, p. 29), en su versión modificada por la Directiva 2007/58, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que la entidad a la que se encomienda el ejercicio de una función fundamental, contemplada en las citadas disposiciones, sea independiente de la empresa que presta los servicios de transporte ferroviario.
17

En ambos litigios, la administración tributaria competente recurrió en casación alegando, en particular, en primer lugar, que la sentencia Seeling, antes citada, no puede trasladarse a situaciones como las que originaron los presentes litigios. Además, la puesta a disposición de una parte del inmueble para las necesidades privadas de un administrador de una sociedad tiene la consideración, a efectos del impuesto sobre la renta, de gratificación en especie, de modo que no puede entenderse que se trate de una puesta a disposición «gratuita» o de una situación en la que se da una «inexistencia de alquiler». Por último, la relación directa e inmediata que debe existir, en aplicación del artículo 17, apartados 2 y 5, de la Sexta Directiva, entre la operación por la que se soporta el IVA y la operación gravada por la que se repercute el IVA para que se origine el derecho a la deducción no depende del fin perseguido por el sujeto pasivo y en el presente caso no concurre. Además, corresponde al sujeto pasivo demostrar la existencia de su derecho a deducción. Sin embargo, dicha prueba no se aportó.
20

En lo que respecta al examen de las objeciones del Secretary of State, el artículo 38 del Reglamento de procedimiento de la SIAC dispone lo siguiente: «(1) Cuando el Secretary of State formule objeciones en virtud del artículo 36, apartado 5, letra b), o del artículo 37, la [SIAC] deberá acoger o desestimar la objeción de que se trate conforme a lo dispuesto en este artículo. (2) La [SIAC] celebrará una audiencia para permitir al Secretary of State y al letrado especial que formulen sus observaciones orales […]. […] (5) Las audiencias que se celebren de conformidad con este artículo se desarrollarán sin la presencia del recurrente y de su representante. (6) La [SIAC] podrá acoger o desestimar las objeciones del Secretary of State. (7) La [SIAC] deberá acoger las objeciones formuladas por el Secretary of State conforme al artículo 37 cuando considere que la divulgación de los elementos de que se trata es contraria al interés general. (8) Si la [SIAC] acoge las objeciones formuladas por el Secretary of State en virtud del artículo 37: (a) analizará si procede ordenar al Secretary of State que notifique al recurrente un resumen de los elementos confidenciales, y (b) le corresponderá decidir sobre la aprobación de cualquier resumen de este tipo, a fin de garantizar que no contiene ninguna información u otro elemento cuya divulgación resulte contraria al interés general. (9) Si la [SIAC] desestima las objeciones formuladas por el Secretary of State conforme al artículo 37 o le ordena que notifique al recurrente un resumen de los elementos confidenciales, (a) el Secretary of State no estará obligado a notificar tales elementos o resumen, si bien (b) si no lo hace, la [SIAC] podrá, en el marco de una audiencia en la que el Secretary of State y el letrado especial podrán formular observaciones, (i) si considera que los elementos u otros datos resumidos pueden desvirtuar los argumentos del Secretary of State o ser favorables al recurrente, ordenar al Secretary of State que no invoque estos aspectos en sus alegaciones, que haga concesiones o que adopte otras medidas, con arreglo a las instrucciones de la [propia SIAC]; o (ii) en todos los demás supuestos, ordenar al Secretary of State que no invoque los elementos controvertidos o (en su caso) los demás datos resumidos en el marco del procedimiento.»
—

Declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no adoptar las medidas necesarias que supone la ejecución de la sentencia de 4 de febrero de 2010, Comisión/Suecia (C-185/09), relativa a la no adaptación de su Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54), así como al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.
2

Mindo es una sociedad italiana, actualmente en liquidación judicial, cuya actividad principal era la primera transformación de tabaco crudo. Al principio, era una empresa familiar que fue comprada en 1995 por una filial de Dimon Inc. A raíz de esta adquisición, su denominación social devino Dimon Italia Srl. El 30 de septiembre de 2004, sus participaciones sociales fueron vendidas a cuatro particulares que no tenían relación alguna con el grupo Dimon y su denominación social pasó a ser Mindo. En mayo de 2005, Dimon Inc. se fusionó con Standard Commercial Corporation para formar una nueva entidad denominada Alliance One International, Inc. (en lo sucesivo, «AOI»).
52

En tercer y último lugar, la Comisión invoca un incumplimiento de las normas de interpretación de los contratos, ya que considera que el Tribunal General no puede interpretar los contratos de migración –y, en particular, el artículo 13 del primero de ellos– en el sentido de que no le confieren ningún derecho. En este contexto, alega que dicho Tribunal cometió asimismo un error al declarar que, puesto que Systran no había firmado los contratos de migración, estos no le eran oponibles como tales, con arreglo al principio del efecto relativo de los contratos.
2

Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd e ITV Studios Ltd, por una parte, y TVCatchup Ltd (en lo sucesivo, «TVC»), por otra parte, acerca de la difusión por esta última a través de Internet y casi en tiempo real de las emisiones televisivas difundidas por las demandantes en el litigio principal.
31

No obstante, esta afirmación no implica necesariamente que el artículo 3 de la Directiva 85/337 deba interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que, incumpliendo las exigencias de dicha Directiva, no se haya realizado una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, en particular, respecto a los efectos sobre uno o varios de los factores enumerados en dicho artículo aparte de los bienes materiales, no confiera a un particular ningún derecho a obtener la reparación de un perjuicio patrimonial causado por la disminución del valor de sus bienes materiales.
2)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que los artículos 167 y 168, letra a), de la Directiva 2006/112, así como los principios de neutralidad fiscal, de seguridad jurídica y de igualdad de trato, no se oponen a que se deniegue al destinatario de una factura el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por no existir una operación real sujeta al impuesto, aun cuando, en la liquidación corregida remitida al expedidor de esa factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por este último no haya sido rectificado. No obstante, cuando, habida cuenta de los fraudes o irregularidades que haya cometido dicho expedidor o que precedan a la operación invocada para justificar el derecho a la deducción, se considere que esa operación no se ha realizado efectivamente, debe acreditarse, mediante datos objetivos y sin exigir al destinatario de la factura comprobaciones que no le incumben, que ese destinatario sabía o debería haber sabido que dicha operación formaba parte de un fraude del IVA, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
6

El artículo 27 de la Ley no 2843/2000 (FEK A’ 219), en su versión modificada por la Ley no 2912/2001 (FEK A’ 94; en lo sucesivo, «Ley no 2843/2000»), establece lo siguiente: «Artículo 27 1. El Estado podrá ofrecer a los inversores, por medio de la Bolsa de Atenas, hasta un cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social [del OPAP]. a) Mediante contrato celebrado entre el Estado griego, representado por los Ministros de Economía y de Cultura, competente en materia de deporte [...] y el OPAP, se atribuirá al OPAP por un período de veinte (20) años un derecho exclusivo de realización, gestión, organización y explotación de los juegos organizados actualmente por éste, conforme a las disposiciones en vigor, así como de los juegos “Bingo Lotto”, “Kino” [...]. b) Mediante decisión del consejo de administración del OPAP, aprobada por los Ministros de Economía y de Cultura, competente en materia de deporte, se adoptará un Reglamento de ejecución para cada juego del OPAP, en el cual se regularán cuestiones relacionadas con el objeto de los juegos, su organización y su funcionamiento en general y sus condiciones económicas de desarrollo, en particular los porcentajes que se abonarán como ganancia a los jugadores, los porcentajes de ganancias para cada categoría de ganadores, el precio por columna y el porcentaje destinado a la comisión de los corredores de apuestas. [...] c) En el contrato mencionado en el apartado 2, letra a), se determinarán las condiciones de ejercicio por el OPAP del derecho establecido en dicho apartado y de su posible renovación, la contraprestación por la concesión de ese derecho, su modo de pago, las obligaciones específicas del OPAP y, concretamente, las relacionadas con los principios de transparencia de los procedimientos seguidos para la organización de los juegos y de protección del orden social y de los jugadores [...] a) En caso de que la Ley permita la organización de cualquier juego nuevo, aparte de los citados en el apartado 2 a), se constituirá […] una Comisión especial cuya labor será definir los términos y condiciones y determinar la contraprestación por la concesión de la organización de dicho juego al OPAP. […] Si el OPAP rehúsa hacerse cargo de la organización del juego, el propio Estado podrá ocuparse de su organización. Si se permite que un tercero se encargue de la organización del juego en cuestión, la contraprestación no podrá ser inferior a la que se propuso al OPAP. Por lo que se refiere en particular a cualquier futuro juego relacionado con acontecimientos deportivos, tales juegos podrán ser organizados única y exclusivamente por el OPAP.»
7

En cambio, BioSemi y otros sostienen que, habida cuenta de que ActiveTwo no está destinado a una finalidad médica, no puede calificarse como «producto sanitario» en el sentido de la Directiva 93/42. Además, el hecho de que ese sistema pueda ser transformado en aparato de diagnóstico no supone que deba ser clasificado como producto sanitario. BioSemi y otros sostienen que una restricción a la comercialización de ActiveTwo sería contraria al principio de libre circulación de las mercancías, máxime cuando las autoridades sanitarias neerlandesas competentes consideran que no procede certificar ese sistema.
17

El órgano jurisdiccional remitente observa que, en el caso de autos, el Ayuntamiento de Varese ejerce un pleno control sobre ASPEM, lo que no sucede en el caso de los Ayuntamientos de Cagno y de Solbiate. En efecto, la adquisición de una sola acción y la celebración de un pacto de accionistas de muy limitado alcance no suponen ningún control conjunto efectivo sobre la sociedad de que se trata, en la medida en que esos dos últimos ayuntamientos no pueden influir en las decisiones de ASPEM y no se atienen entonces al criterio del «control análogo». No obstante, concluye el órgano jurisdiccional remitente, a la luz de la sentencia Coditel Brabant, antes citada, es irrelevante la situación de cada una de las entidades públicas participantes, consideradas individualmente, en lo que atañe al ejercicio del control.
11

El artículo 3 de la Wet op de Omzetbelasting 1968 (Ley del impuesto sobre el volumen de negocios de 1968), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Wet OB»), está formulado en los siguientes términos: «1. Constituyen entregas de bienes: […] c) la entrega de inmuebles por quien los ha producido, con excepción de los terrenos no edificados distintos de los terrenos edificables […] […] h) el hecho de disponer, para necesidades empresariales, de bienes fabricados en la propia empresa en los casos en los que, si dichos bienes se hubieran adquirido por un empresario, el impuesto que grava a dichos bienes no podría deducirse, o no en su totalidad; se equipararán los bienes fabricados en la propia empresa a los bienes fabricados por encargo a terceros mediante la puesta a disposición de materiales, incluido el suelo; quedan excluidos de la aplicación de esta letra los terrenos no edificados distintos de los terrenos edificables […] […]».
23

De la resolución de remisión se deduce que la embarcación habitable, que no dispone de sistema de propulsión, está inmovilizada en esa parte del río desde hace muchos años. Está sujeta a la parte delimitada de la dársena del río mediante anclas y está amarrada a la orilla mediante cadenas y maromas. Estos dispositivos de sujeción de la embarcación habitable no pueden quitarse fácilmente, es decir, sin esfuerzo y sin incurrir en gastos que no son desdeñables. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no se requiere que una construcción se halle indisociablemente incorporada al suelo para ser considerada un inmueble a efectos de la aplicación de las normas en materia de IVA (sentencia Maierhofer, antes citada, apartado 33).
30

Puesto que las legislaciones de los Estados miembros en lo que atañe a las cuentas anuales de las sociedades no han sido objeto de una armonización completa, no puede excluirse que existan divergencias entre ellas sobre algún elemento particular del balance que haya servido de base al nivel mínimo de capacidad establecido por una entidad adjudicadora. Sin embargo, debe subrayarse que, como se desprende de los apartados 1, letras b) y c), y 5 de su artículo 47, la Directiva 2004/18 integra la idea de que, para la justificación de la capacidad económica y financiera de los candidatos o licitadores, la entidad adjudicadora puede exigir legítimamente la presentación de alguna referencia, aun cuando, objetivamente, no todos los candidatos o licitadores potenciales sean capaces de aportarla, lo que puede deberse, como en el caso del mencionado apartado 1, letra b), a una divergencia de legislación. Por lo tanto, esta exigencia no puede considerarse en sí misma discriminatoria.
29

En este contexto particular de la supuesta existencia de una «familia» o «serie» de marcas debe entenderse la afirmación del Tribunal de Justicia, en el apartado 86 de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, de que el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento no 40/94 –y, por tanto, el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104– no permite ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada cuyo uso no se ha demostrado, debido a que ésta no es más que una ligera variante de la primera. En efecto, no puede invocarse el uso de una marca para justificar el uso de otra marca, dado que el objetivo es demostrar el uso de un número suficiente de marcas de una misma «familia».
38

El Gobierno luxemburgués sostuvo en un principio que la pérdida del beneficio previsto en el artículo 8a de la LIF y, en particular, la pérdida con carácter retroactivo de la reducción del impuesto sobre el patrimonio sufrida por DIVI, no es consecuencia del traslado del domicilio social de DADV fuera del territorio luxemburgués, sino de la inobservancia de los dos requisitos establecidos en los apartados primero y tercero del artículo 8a de la LIF, que exigen que la reserva permanezca en el balance de la sociedad durante los cinco años posteriores a su constitución y que no se utilice para otros fines.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 58, p.42), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1261/2007 del Consejo, de 9 de octubre de 2007 (DO L 283, p. 8) (en lo sucesivo, «Reglamento no 320/2006»).
14

Toda vez que su recurso administrativo no prosperó, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Finanzgericht Bremen, que no lo estimó por considerar que las ventajas fiscales que confiere el artículo 13a, apartado 4,número 3, de la ErbStG no debían examinarse a la luz de la libre circulación de capitales, sino sólo a la luz de la libertad de establecimiento, puesto que la participación mínima del de cujus de más de una cuarta parte en el capital nominal de una sociedad de capital, como la prevista por esta disposición, le permite ejercer una influencia sobre esta sociedad. Pues bien, continúa dicho tribunal, la libertad de establecimiento no es aplicable a una participación en una sociedad establecida en un tercer Estado, como sucede en el procedimiento principal.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), y del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y corrección de errores DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
18

A tenor de los considerandos 1 a 3 y 14 de la Directiva 2009/145: «(1) En los últimos años han ganado importancia las cuestiones de la biodiversidad y de la conservación de los recursos fitogenéticos, como ponen de manifiesto diversas actuaciones a nivel internacional y comunitario. Cabe citar como ejemplos la Decisión 93/626/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del Convenio sobre la diversidad biológica [DO L 309, p. 1], la Decisión [2004/869], el Reglamento (CE) no 870/2004 del Consejo, de 24 de abril de 2004, por el que se establece un programa comunitario relativo a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1467/94 [DO L 162, p. 18], y el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [DO L 277, p. 1]. Han de establecerse condiciones específicas con arreglo a la Directiva [2002/55] con objeto de tener en cuenta estas cuestiones a la hora de comercializar las semillas de plantas hortícolas. (2) Para velar por la conservación in situ y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, las razas y variedades autóctonas que se hayan cultivado de forma tradicional en determinadas localidades y regiones y están amenazadas por la erosión genética (“variedades de conservación”) deben cultivarse y comercializarse incluso cuando no cumplan los requisitos generales por lo que respecta a la aceptación de variedades y a la comercialización de semillas. Además del objetivo general de proteger los recursos fitogenéticos, el interés concreto de preservar estas variedades se halla en el hecho de que están especialmente bien adaptadas a condiciones locales concretas. (3) Con objeto de velar por el empleo sostenible de los recursos fitogenéticos, las variedades sin valor intrínseco para la producción de cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas (“variedades desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas”) deben cultivarse y comercializarse, incluso aunque no cumplan los requisitos generales en materia de aceptación de variedades y comercialización de semillas. Además del objetivo general de proteger los recursos fitogenéticos, el interés concreto de preservar estas variedades se halla en el hecho de que son especialmente aptas para ser cultivadas en condiciones climatológicas, edafológicas o agrotécnicas particulares (tales como cuidado manual o cosechas repetidas). […] (14) Al cabo de tres años, la Comisión debe evaluar si son eficaces las medidas establecidas en la presente Directiva, en particular las disposiciones relativas a las restricciones cuantitativas en la comercialización de semillas de variedades de conservación y de variedades desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas.»