El legislador de la Unión dispone en materia de política agrícola común de una amplia facultad de apreciación, que corresponde a las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos 40 TFUE y 43 TFUE, de modo que tan sólo el carácter manifiestamente inapropiado de una medida adoptada en este sector, en relación con el objetivo que la institución competente persiga conseguir, puede afectar a la legalidad de tal medida.

No obstante, si bien la importancia de los objetivos perseguidos puede justificar restricciones que tengan consecuencias negativas, incluso considerables, para determinados operadores económicos, debe comprobarse que, en lo que atañe al examen de los imperativos relacionados con las distintas posibles medidas, el legislador de la Unión haya tenido plenamente en cuenta los intereses que concurran, además del objetivo principal perseguido.

Así ocurre con las Directivas 2002/55, referente a la comercialización de semillas de plantas hortícolas, y 2009/145, por la que se establecen determinadas excepciones para la aceptación de razas y variedades autóctonas de plantas hortícolas que hayan sido tradicionalmente cultivadas en localidades y regiones concretas y se vean amenazadas por la erosión genética, y de variedades vegetales sin valor intrínseco para la producción de cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas, así como para la comercialización de semillas de dichas razas y variedades autóctonas. En efecto, de los considerandos 2 a 4 de la Directiva 2002/55 resulta que el primer objetivo de las normas relativas a la admisión de semillas de las variedades de plantas hortícolas consiste en mejorar la productividad de los cultivos de plantas hortícolas en la Unión. El establecimiento de un catálogo común de las variedades de las especies de plantas hortícolas sobre la base de catálogos nacionales, tal como prevé dicha Directiva, parece adecuado para garantizar el citado objetivo.

La Directiva 2002/55 pretende establecer también el mercado interior de las semillas de plantas hortícolas garantizando su libre circulación en la Unión. En el presente caso, el régimen de admisión previsto por la citada Directiva puede contribuir a la realización de dicho objetivo, ya que tal régimen garantiza que las semillas comercializadas en los diferentes Estados miembros respondan a las mismas exigencias.

Por último, como resulta del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2002/55, ésta pretende también la conservación de los recursos fitogenéticos de las plantas. A este respecto, en la medida en que los Estados miembros pueden apartarse de los criterios de admisión establecidos por ésta con arreglo al régimen de admisión excepcional establecido por la Directiva 2009/145, que se aplica a determinadas categorías de semillas, tal régimen parece adecuado para garantizar el citado objetivo.

Una medida menos restrictiva, como el etiquetado, no constituye un medio tan eficaz de garantizar dichos objetivos, ya que permitiría la venta y, en consecuencia, la plantación de semillas potencialmente perjudiciales o que no permiten una producción agrícola óptima. De ello se deduce que la citada normativa no puede considerarse manifiestamente inadecuada a la luz de los citados objetivos.

Dado que ésta es adecuada, el obstáculo al libre ejercicio de una actividad económica que representan las medidas establecidas por dicha normativa no puede considerarse, habida cuenta de los fines perseguidos, que lesione de forma desmesurada el derecho al ejercicio de esta libertad.

(véanse los apartados 39, 40, 43, 44, 47 a 49, 60 y 79)