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Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Seguro directo distinto del seguro de vida — Directiva 73/239/CEE — Obligación de que las compañías de seguros obtengan una autorización — Exención de determinadas compañías — Interpretación restrictiva (Directiva 73/239/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4 y 6) (véanse los apartados 42 a 44, 47 y 48)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE) (véase el apartado 57)

3. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas —Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 258 TFUE) (véase el apartado 58)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 6, 8, 9, 13 y 15 a 17 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO L 228, p. 3; EE 06/01, p. 153) — Infracción de los artículos 22 y 23 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239 y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada por la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, y de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239 y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), al no haber aplicado en su integridad la normativa de la Unión Europea en materia de seguros, en particular los artículos 6, 8, 9, 13, 15 y 16 a 17 de la Directiva 73/239 y los artículos 22 y 23 de la Directiva 92/49, a todas las compañías de seguros de manera no discriminatoria.

2) Condenar en costas a Irlanda.
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Índice



Palabras clave

1. Libre prestación de servicios — Servicios postales — Directiva 97/67/CE — Obligación de los proveedores de servicios postales incluidos en el servicio universal de establecer procedimientos externos de tramitación de las reclamaciones de los usuarios

(Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por las Directivas 2002/39/CE y 2008/6/CE, art. 19)

2. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Normativa nacional que obliga a los proveedores de servicios postales no incluidos en el servicio universal a establecer un procedimiento externo de tramitación de las reclamaciones de los usuarios

(Art. 49 TFUE)

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1. La Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, tanto en su versión inicial como en sus versiones modificadas por las Directivas 2002/39 y 2008/6, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que somete obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no incluidos en el servicio universal a un procedimiento externo de tramitación de las reclamaciones de los usuarios de estos servicios.

En efecto, la Directiva 97/67 no lleva a cabo una armonización completa de los procedimientos de tramitación de las reclamaciones contemplados en ella. Tanto en su versión inicial como en sus versiones modificadas, dicha Directiva concibe tales procedimientos como un marco jurídico mínimo que viene a completar los recursos disponibles en el Derecho nacional y en el Derecho de la Unión. Los Estados miembros disponen, pues, de un margen de maniobra para determinar los procedimientos específicos y elegir el régimen que mejor se adapte a su situación particular, siempre y cuando respeten los límites y orientaciones impuestos por esta Directiva.

(véanse los apartados 35, 40, 47 y 52 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que somete obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no incluidos en el servicio universal a un procedimiento externo de tramitación de las reclamaciones de los usuarios de estos servicios.

En efecto, dicha normativa no conlleva ninguna restricción a la libertad de establecimiento. En primer lugar, se aplica sin discriminación por razón de nacionalidad a todo proveedor de servicios postales no incluidos en el servicio universal. Además, los operadores no pueden pretender que un Estado miembro carezca de estructuras de protección jurídica de los intereses de sus clientes que ofrezcan fórmulas de resolución extrajudicial de los litigios. Por último, prácticamente la totalidad de los Estados miembros han extendido igualmente a los proveedores de servicios postales no incluidos en el servicio universal los procedimientos externos de tramitación de las reclamaciones.

(véanse los apartados 61, 62 y 64 y el punto 2 del fallo)
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Palabras clave

Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Conservación de las aves silvestres — Directiva 79/409/CEE — Zonas especiales de conservación pertenecientes a la red Natura 2000 — Normativa nacional que prohíbe la instalación de aerogeneradores, no destinados al autoconsumo, en esos lugares

(Arts. 193 TFUE y 194 TFUE, ap. 1; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2001/77/CE y 2009/28/CE; Directivas del Consejo 79/409/CEE, art. 14, y 92/43/CEE, art. 6, ap. 3)

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La Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, la Directiva 2001/77, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, y la Directiva 2009/28, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77 y 2003/30, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa que prohíbe la instalación de aerogeneradores no destinados al autoconsumo en lugares que formen parte de la red ecológica europea Natura 2000, sin llevar a cabo ninguna evaluación previa de los efectos medioambientales del proyecto sobre el lugar específicamente afectado, siempre y cuando se respeten los principios de no discriminación y de proporcionalidad.

(véanse el apartado 75 y el fallo)
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Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Facultad de los Estados miembros de denegar o reducir la obligación de pago o la obligación de garantía — Alcance

[Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 12, letra c)]

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El artículo 12, letra c), de la Directiva 2008/94, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho nacional que excluye a un trabajador asalariado del derecho a la garantía del pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados porque, solo o junto con parientes próximos, era propietario de una parte esencial de la empresa afectada y ejercía una influencia considerable en sus actividades en los seis meses anteriores a la solicitud de declaración de concurso de dicha empresa. En efecto, en tales circunstancias no puede excluirse que el trabajador, al que se deniega el derecho a la garantía, pueda ser responsable de la insolvencia de la empresa de que se trata.

(véanse los apartados 27 y 28 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE; Directiva 96/82/CE del Consejo, art. 12, ap. 1, párr. 2) (véanse los apartados 10 a 12)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO 1997, L 10, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003 (DO L 345, p. 97).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para adaptar correctamente su Derecho interno al artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.
40

Según la República Portuguesa, ha de considerarse que, en el presente asunto, la garantía global fue constituida en 1993, es decir, en una fecha en la que las disposiciones de aplicación del Código aduanero aún no eran aplicables, como resulta del artículo 915, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación. En aquel momento, el importe de la garantía global debía haberse determinado de conformidad con las normas establecidas en el artículo 34 ter del Reglamento (CEE) no 1214/92 de la Comisión, de 21 de abril de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito comunitario (DO L 132, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3712/92 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992 (DO L 378, p. 15).
85

No obstante, para que una alegación basada en dicha justificación pueda prosperar es preciso que se demuestre la existencia de una relación directa entre la ventaja fiscal de que se trate y la compensación de dicha ventaja mediante un gravamen fiscal determinado (véanse, en particular, las sentencias de 7 de septiembre de 2004, Manninen, C-319/02, Rec. p. I-7477, apartado 42; de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rec. p. I-2107, apartado 68, y Comisión/Hungría, antes citada, apartado 72), debiendo apreciarse el carácter directo de esa relación tomando en consideración el objetivo de la normativa controvertida (véase, en particular, la sentencia Manninen, antes citada, apartado 43).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 20 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157, p. 87).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (DO L 294, p. 32).
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE; Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) (véanse los apartados 9 a 12)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (DO L 266, p. 1).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.
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Unión aduanera — Régimen de tránsito externo

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 204, ap. 1, letra a)]

Índice

El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento nº 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una situación en la que un expedidor autorizado ha generado por error dos regímenes de tránsito externo para una misma mercancía, ya que el régimen duplicado, referido a una mercancía inexistente, no puede hacer nacer una deuda aduanera con arreglo a dicha disposición.

A este respecto, el error consistente en iniciar dos regímenes de tránsito externo referidos a una misma mercancía no puede, por su propia naturaleza, comprometer los objetivos perseguidos por dicho artículo 204 y que justifican así el nacimiento de una deuda aduanera. En primer lugar, por lo que se refiere al objetivo de evitar el riesgo de que se introduzcan en el circuito económico de la Unión mercancías no comunitarias, cabe afirmar que, en el caso de un régimen aduanero de tránsito externo generado respecto de una mercancía que no existe, no hay ningún riesgo de que tales mercancías se integren en dicho circuito sin ser despachadas de aduana, con la consiguiente posibilidad de que se produzca una competencia desleal y se generen pérdidas fiscales. En segundo lugar, el objetivo de garantizar la aplicación diligente de las normas del régimen aduanero de que se trata no puede alcanzarse en el caso de un régimen de tránsito externo que no se corresponde con una mercancía existente. En efecto, no es posible aplicar correctamente tal régimen cuando tiene por objeto una mercancía que no existe; máxime si tenemos en cuenta que la obligación de presentar las mercancías en la aduana de destino, cuando no existen las mercancías a las que se refiere el régimen de tránsito generado por error, supondría imponer al obligado principal, en contra del principio ultra posse nemo obligatur, un deber que no puede cumplir.

(véanse los apartados 32 a 34, 37 y 38 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE; Directiva 85/337/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10 bis) (véanse los apartados 12 a 15)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 10 bis, párrafos primero, segundo y tercero, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo (DO L 73, p. 5) y por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156, p. 17) — Normativa nacional que limita la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir lo establecido en el artículo 10 bis, párrafos primero a tercero, de dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República Checa.
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 16 y 17 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) y de los artículos 16 y 27 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33) — Imposición al operador de la obligación de obtener una autorización para las tarifas al público de los servicios de acceso a Internet de banda ancha cuando no se ha efectuado previamente un análisis de mercado.
71

Procede señalar que una normativa nacional que se basa en un examen de elementos objetivos y verificables para determinar si una transacción presenta el carácter de un montaje artificial con fines fiscales debe considerarse que no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos relativos a la necesidad de mantener el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros y la de prevenir la evasión fiscal cuando, en primer lugar, en cada caso en que exista la sospecha de que una transacción va más allá de lo que las sociedades interesadas habrían convenido en circunstancias de plena competencia, el contribuyente puede presentar, sin estar sujeto a restricciones administrativas excesivas, elementos relativos a los posibles motivos comerciales por los que se celebró dicha transacción (en este sentido, véanse la sentencia Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, antes citada, apartado 82, y el auto de 23 de abril de 2008, Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, C-201/05, Rec. p. I-2875, apartado 84).
72

Finalmente, con arreglo al artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 2496/97, el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable a las importaciones de metal de silicio originario de China, no despachado de aduana, era del 49%. Por lo tanto, es probable que las cuotas de mercado de las importaciones chinas de silicio fueran menos importantes de lo que habrían sido de no haberse impuesto los derechos antidumping. En este contexto, puesto que del septuagésimo cuarto considerando del Reglamento no 398/2004, cuyo contenido no se discute, se desprende que el volumen de las importaciones procedentes de China y objeto de dumping aumentó significativamente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el fin del período de investigación y que es probable que, sin las medidas antidumping vigentes a la sazón, habrían entrado en el mercado de la Comunidad volúmenes francamente superiores del producto en cuestión a precios muy bajos, inferiores a los precios de la industria comunitaria, el Consejo concluyó acertadamente que existía un riesgo elevado para la industria comunitaria en caso de no imponerse derechos antidumping a las importaciones chinas de silicio.
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 2, letras a) y c), 5, apartado 2, letra c), 6, apartado 2, letra b), 10 a 15, 17, 18 y 26 del Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, al no haber aplicado ni impuesto correctamente el citado Reglamento por lo que atañe al enterramiento en los vertederos sin previo tratamiento, a la falta de controles oficiales, a la autorización de las instalaciones de gestión de los subproductos animales y a la incineración de material especificado de riesgo.
56

No obstante, como subrayan fundadamente los Gobiernos checo y alemán así como la Comisión, las traducciones previstas en esa disposición se destinan a la autoridad requerida para el caso de que ésta las necesite y no al deudor. Además, como también observa con razón la Comisión —al comparar el régimen de la Directiva 76/308 con el régimen de la cooperación judicial en materia civil y mercantil establecido en particular por el Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (DO L 324, p. 79), régimen este último que tiene una regulación diferente de la que rige la cooperación judicial en materia administrativa y fiscal— el procedimiento ante la administración fiscal o la notificación posterior de las decisiones se regulan por las disposiciones legislativas de los Estados miembros.
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Por otro lado, debe señalarse que, si bien la Octava Directiva no contempla expresamente la posibilidad de nombrar un mandatario, como sí hace la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (DO L 326, p. 40), tampoco la excluye, de modo que una solicitud de devolución del IVA que se adecue al modelo que figura en la Octava Directiva como anexo A puede llevar la firma de un mandatario.