ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
32

En cambio, es importante poner de relieve que la Directiva ISP no contiene ninguna obligación en materia de acceso a los documentos. En efecto, de conformidad con su artículo 1, apartado, en relación con el considerando 9, la mencionada Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales en materia de acceso a los documentos. Además, el artículo 1, apartado 2, letra c), de la misma Directiva dispone que esta no se aplicará a los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros. Así pues, la Directiva ISP no reconoce el derecho de acceso a los datos del sector público, sino que presupone que tal derecho existe en la normativa vigente de los Estados miembros, de manera que las modalidades y procedimientos de acceso a esos datos no están comprendidos en su ámbito de aplicación.
32

A este respecto, debe observarse que no puede considerarse que el hecho de haber elegido criterios de conexión diferentes en función de que el empleo por cuenta ajena se caracterice o no por una gran movilidad a nivel internacional constituya una discriminación o una diferencia de trato prohibida en virtud de la libre circulación de los trabajadores. En efecto, por una parte, tal como se desprende del apartado 22 de la presente sentencia, al no existir medidas de unificación o de armonización para eliminar la doble imposición a escala de la Unión Europea, esa elección corresponde realizarla a los Estados miembros afectados y, además, se ajusta a la práctica tributaria internacional. Por otra parte, un residente que ocupa un empleo por cuenta ajena que se caracteriza por una gran movilidad internacional debido al propio carácter de esa actividad no se encuentra, en cualquier caso, en una situación objetivamente comparable a la de un residente que se encuentre en una situación como la del Sr. Sauvage.
111

A este respecto, en lo que atañe a la cuestión examinada en el marco del primer motivo del presente recurso por incumplimiento, tal como ha observado el Abogado General en el punto 99 de sus conclusiones, al no haberse abordado ese punto en la sentencia de 15 de septiembre de 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), el Conseil d’État (Consejo de Estado) optó por no seguir el criterio de la sentencia de 13 de noviembre de 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑35/11, EU:C:2012:707), basándose en la consideración de que el régimen británico en cuestión era distinto del régimen francés de crédito fiscal y retenciones en la fuente, siendo así que no podía tener certeza de que su razonamiento se impondría con la misma evidencia al Tribunal de Justicia.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, y 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), y del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
14

Conforme al Derecho neerlandés, el recurso en primera instancia ante el rechtbank (Tribunal de Primera Instancia, Países Bajos) contra una decisión del Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Secretario de Estado de Seguridad y Justicia, Países Bajos) en materia de protección internacional tiene efecto suspensivo de pleno Derecho. Aunque cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el rechtbank (Tribunal de Primera Instancia) que confirman una decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional y se impone una obligación de retorno, el procedimiento de apelación no tiene efecto suspensivo de pleno Derecho. No obstante, el recurrente puede solicitar al voorzieningenrechter (Juez de medidas cautelares, Países Bajos) del Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos) que adopte medidas cautelares, para evitar en particular ser expulsado, en espera del resultado del procedimiento de apelación en cuanto al fondo. Esa solicitud de medidas cautelares no tiene en sí misma efecto suspensivo de pleno Derecho.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1), y del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO 2007, L 324, p. 79).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 72, apartado 1, letra a), del artículo 93, apartados 1 y 2, del artículo 94 y del anexo II del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; correcciones de errores en DO 2016, L 130, p. 17, y en DO 2017, L 327, p. 83), y del artículo 4, apartado 1, letras b), c) y e), del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608).
22

En apoyo de su recurso, las demandantes en el litigio principal alegan que este CCP no cumple el requisito establecido en el artículo 3, letra a), del Reglamento n.o 469/2009. Recuerdan que, para cumplir el requisito previsto en esta disposición, el producto de que se trate debe, de conformidad con la sentencia de 24 de noviembre de 2011, Medeva (C‑322/10, EU:C:2011:773), «figurar en el texto de las reivindicaciones». En caso de que el producto esté incluido en el ámbito de una definición funcional en la reivindicación pertinente, esta debe referirse de manera específica, implícita pero necesariamente, al producto en cuestión, de conformidad con los términos utilizados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly and Company (C‑493/12, EU:C:2013:835). Pues bien, las demandantes en el litigio principal estiman que la emtricitabina no figura en el texto de la reivindicación 27 de la patente de base en cuestión y que la expresión «otros ingredientes terapéuticos» que se utiliza en esta no define ningún agente activo ni estructural ni funcionalmente. Por tanto, la combinación DT/emtricitabina, no puede considerarse protegida por una patente de base en vigor, en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento n.o 469/2009.
7

El artículo 7 de este Reglamento, titulado «Productos textiles puros», dispone lo siguiente: «1. Solo podrán etiquetarse o marcarse como “100 %”, “puro” o “todo” los productos que se compongan exclusivamente de una misma fibra. Para el resto de los productos textiles no se utilizarán estos términos ni términos similares. 2. Sin perjuicio del artículo 8, apartado 3, un producto textil que no contenga más de un 2 % de fibras extrañas podrá tratarse también como compuesto exclusivamente de una misma fibra siempre que esta cantidad esté justificada por ser inevitable en las buenas prácticas de fabricación y no se añada de manera sistemática. Un producto textil que haya sido sometido a un proceso de cardado podrá también considerarse compuesto exclusivamente de una misma fibra si las fibras extrañas no constituyen más de un 5 % de su peso, debiendo estar justificadas por ser técnicamente inevitables aun siguiendo las buenas prácticas de fabricación y no sean añadidas de manera sistemática.»
7

El anexo III de la Directiva 2011/92, con la rúbrica «Criterios de selección contemplados en el apartado 3 del artículo 4», tiene la siguiente redacción: «1. Características de los proyectos Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de: a) el tamaño del proyecto; b) la acumulación con otros proyectos; c) la utilización de recursos naturales; d) la generación de residuos; e) contaminación y otros inconvenientes; f) el riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas. 2. Ubicación de los proyectos La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular: a) el uso existente del suelo; b) la relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área; c) la capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes i) humedales; ii) zonas costeras; iii) áreas de montaña y de bosque; iv) reservas naturales y parques; v) áreas clasificadas o protegidas por la legislación de los Estados miembros; áreas de protección especial designadas por los Estados miembros en aplicación de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres [(DO 2010, L 20, p. 7),] y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [(DO 1992, L 206, p. 7)]; vi) áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación de la Unión; vii) áreas de gran densidad demográfica; viii) paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 3. Características del potencial impacto Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los puntos 1 y 2, y teniendo presente en particular: a) la extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada); b) el carácter transfronterizo del impacto; c) la magnitud y complejidad del impacto; d) la probabilidad del impacto; e) la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.»
Dado que, en la hipótesis de levantamiento de la prohibición de comercialización de productos del tabaco de uso oral, los efectos positivos serían inciertos para la salud de los consumidores que pretendieran servirse de estos como método para abandonar el tabaquismo y que, además, existirían riesgos para la salud de otros consumidores, particularmente para los jóvenes, que exigirían la adopción, conforme al principio de cautela, de medidas restrictivas, los artículos 1, letra c), y 17 de la Directiva 2014/40 no pueden considerarse manifiestamente inapropiados para asegurar un elevado nivel de salud pública. Al contrario, medidas menos restrictivas, como las previstas para el resto de productos del tabaco en la Directiva 2014/40, sobre todo el refuerzo de las advertencias sanitarias y la prohibición del tabaco con aroma característico, no parecen igualmente adecuadas para alcanzar el objetivo perseguido.

En efecto, debido tanto al gran potencial de crecimiento del mercado de productos del tabaco de uso oral, confirmado por los propios fabricantes de esos productos, como a la creación de entornos libres de humo, los mencionados productos presentan un riesgo particular de incitar a las personas que hasta el momento no eran consumidoras de productos del tabaco, en particular los jóvenes, a convertirse en consumidores. Por otra parte, los productos del tabaco de uso oral presentan una peligrosidad particular para los menores debido a que su consumo es difícilmente perceptible. En efecto, consiste habitualmente en colocar el producto entre la encía y el labio superior y mantenerlo en ese lugar (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2004, Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, apartado 19). Por lo tanto, la prohibición de comercializar productos del tabaco de uso oral no va manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de asegurar un nivel elevado de protección de la salud pública.

En lo que se refiere al objetivo, consistente en facilitar el buen funcionamiento del mercado interior de los productos del tabaco y productos relacionados, es de señalar que la prohibición de comercialización de los productos del tabaco de uso oral establecida por estas disposiciones es igualmente adecuada para facilitar el buen funcionamiento del mercado interior de los productos del tabaco y productos relacionados. En efecto, el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 37 de la sentencia de 14 de diciembre de 2004Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802) que en el momento en que se adoptó la Directiva 92/41 existían diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que pretendían frenar la expansión del consumo de productos nocivos para la salud, que eran novedosos en el mercado de los Estados miembros y que se suponían particularmente atractivos para los jóvenes. En consecuencia, los artículos 1, letra c), y 17 de la Directiva 2014/40 no conllevan inconvenientes manifiestamente desproporcionados en relación con los objetivos planteados.

(véanse los apartados 49 a 53, 55, 56 y 61)
Por lo que respecta a un recurso de anulación interpuesto por un particular contra un acto del que no es destinatario, cuando el acto impugnado afecta a un grupo de personas identificadas o identificables en el momento de la adopción de dicho acto y en función de criterios que caracterizan a los miembros del grupo, estos pueden sin embargo considerarse individualmente afectados por ese acto en la medida en que formen parte de un círculo restringido de operadores económicos, y tal supuesto puede darse, especialmente, cuando la decisión modifica los derechos que el particular había adquirido antes de que fuese adoptada.

No ocurre así en el caso de un recurso interpuesto contra un reglamento por el que se deroga un derecho antidumping por un importador de productos a los que se aplica dicha medida. En efecto, dado que las medidas antidumping derogadas por el Reglamento controvertido afectan únicamente a los importadores de los productos a los que se aplican específicamente esas medidas, dicho Reglamento solo afecta al recurrente en su condición objetiva de importador de productos objeto de las medidas antidumping de que se trata, sin tener en cuenta su situación individual. En particular, no cabe sostener que el requisito de resultar individualmente afectado se cumple en caso de daño a una situación objetiva. Del mismo modo, no cabe considerar que el hecho de estar sometido a medidas antidumping constituya un derecho adquirido por el recurrente antes de que fuese adoptado el Reglamento controvertido.

(véanse los apartados 36 a 38 y 40)
El criterio del apoyo al Gobierno de Irán que figura en el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2012/635/PESC, y en el artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 267/2012, en la versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1263/2012, debe entenderse en el sentido de que se refiere a las actividades que son propias de la persona o entidad afectada y que, aunque como tales no tengan ningún vínculo directo o indirecto con la proliferación nuclear, pueden no obstante favorecerla, al facilitar al Gobierno de Irán recursos o medios de tipo material, logístico o financiero que le permitan proseguir las actividades de proliferación.

Por otra parte, dicho criterio, interpretado a la luz de los objetivos perseguidos por el Consejo, se refiere a las formas de apoyo al Gobierno de Irán que, por su importancia cuantitativa o cualitativa, contribuyen al desarrollo de las actividades nucleares iraníes.

Por consiguiente, la cuestión relevante es si la actividad que es propia de la persona o entidad afectada puede favorecer la proliferación nuclear, por su importancia cuantitativa o cualitativa, al facilitar al Gobierno de Irán recursos o medios de tipo material, logístico o financiero que le permitan proseguir las actividades de proliferación.

(véanse los apartados 52, 54 y 55)
Asunto C‑625/17

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

contra

Finanzamt Feldkirch

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof)

«Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 63 TFUE — Libre prestación de servicios y libre circulación de capitales — Entidades de crédito — Fijación del impuesto de estabilidad y de la contribución especial de dicho impuesto con arreglo al balance no consolidado de las entidades de crédito con domicilio social en Austria — Inclusión de las operaciones bancarias de carácter trasfronterizo — Exclusión de las operaciones de filiales situadas en otro Estado miembro — Diferencia de trato — Restricción — Justificación»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de noviembre de 2018

Libre prestación de servicios — Restricciones — Legislación tributaria — Tributación de las entidades de crédito — Normativa nacional que fija un impuesto de estabilidad y una contribución especial de dicho impuesto con arreglo al balance no consolidado de las entidades de crédito con domicilio social en el Estado miembro — Inclusión de los servicios prestados por la entidad de crédito a clientes que residen en otros Estados miembros sin utilizar para ello establecimientos permanentes con domicilio social en dichos Estados — Exclusión de los servicios prestados por filiales con domicilio social en otros Estados miembros a clientes que residen en otros Estados miembros — Procedencia

(Art. 56 TFUE)

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no obsta a una normativa nacional que, como sucede con la controvertida en el litigio principal, obliga a entidades de crédito con domicilio social en Austria que, como sucede con la controvertida en el litigio principal, prestan servicios a clientes que residen en otros Estados miembros, sin utilizar para ello establecimientos permanentes con domicilio social en dichos Estados, a abonar un tributo fijado en función de un «balance no consolidado medio» en el que se computan las operaciones bancarias efectuadas por dichas entidades directamente con nacionales de otros Estados miembros, mientras que no se computan las mismas operaciones cuando las realizan filiales de entidades de crédito, estas entidades de crédito tienen su domicilio social en Austria y esas filiales tienen su domicilio social en otros Estados miembros.

(véanse el apartado 44 y el fallo)
Asunto C‑528/17

Milan Božičevič Ježovnik

contra

República de Eslovenia

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče)

«Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 143, apartado 1, letra d) — Exención del IVA a la importación — Importación seguida de una entrega intracomunitaria — Riesgo de fraude fiscal — Buena fe del sujeto pasivo importador y proveedor — Apreciación — Obligación de diligencia del sujeto pasivo importador y proveedor»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 25 de octubre de 2018

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones — Exenciones a la importación — Importación seguida de una entrega intracomunitaria — Control previo de las autoridades competentes — Autorización de exoneración tras el control previo a la vista de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo importador y proveedor — Control ulterior del que resulta que no concurren los requisitos materiales — Obligación de pago a posteriori del sujeto pasivo — Inexistencia — Requisito — Buena fe del sujeto pasivo y cumplimiento de su obligación de diligencia — Comprobación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/69/CE, art. 143, ap. 1, letra d)]

El artículo 143, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/69/CE del Consejo, de 25 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que cuando el sujeto pasivo importador y proveedor se haya beneficiado de una exención del impuesto sobre el valor añadido a la importación en virtud de una autorización expedida tras un control previo por las autoridades aduaneras competentes a la vista de las pruebas aportadas por dicho sujeto pasivo, este no deberá pagar el IVA a posteriori cuando de un control ulterior resulte que no concurrían los requisitos materiales de la exención, salvo que sobre la base de elementos objetivos se establezca que sabía o debería haber sabido que las entregas ulteriores a las importaciones controvertidas estaban implicadas en un fraude cometido por el comprador y que no adoptó todas las medidas razonables a su alcance para evitar el fraude, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(véase el apartado 49 y el fallo)
Asunto C‑601/17

Dirk Harms y otros

contra

Vueling Airlines, S.A.

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg)

«Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 8, apartado 1 — Reembolso del precio del billete en caso de cancelación de los vuelos — Comisión cargada por una persona que actúa como intermediaria entre el pasajero y el transportista aéreo en la compra del billete — Inclusión»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de septiembre de 2018

Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Compensación y asistencia a los pasajeros — Reembolso del precio del billete en caso de cancelación de los vuelos — Cálculo — Toma en consideración de la comisión percibida por una persona que actúe como intermediaria entre el pasajero y el transportista aéreo en la compra del billete — Requisitos

[Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, letra f), y 8, ap. 1, letra a)]

El Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una persona que participó como intermediaria entre ambos, salvo si esa comisión se fijó a espaldas del transportista aéreo, extremo este que corresponde comprobar al tribunal remitente.

En relación con este último particular, con arreglo al artículo 2, letra f), del Reglamento n.o 261/2004 el «billete» es un documento o equivalente no impreso, incluido el electrónico, expedido o autorizado por un transportista aéreo o por un agente autorizado por este. De dicha definición se desprende que en cualquiera de los casos los distintos aspectos del billete (también su precio) deben haber sido autorizados por el transportista aéreo, si es que el billete no ha sido expedido por este, y que por tanto no pueden fijarse a sus espaldas, puesto que no puede considerarse que un elemento del precio del billete que se haya fijado a espaldas del transportista aéreo resulte necesario para disfrutar de los servicios por este ofrecidos.

(véanse los apartados 17, 19 y 20 y el fallo)