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5.

El problema así planteado ante este Tribunal de Justicia debe examinarse a la luz de la prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado CEE, al que se refiere expresamente el Juez a quo. Considero que la Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, ( 1 ) a la que, por otra parte, no hace referencia la resolución de remisión, no proporciona elementos adecuados de respuesta. Dicha Directiva pretende, en efecto, una armonización de las disposiciones destinadas a garantizar la calidad de los productos cárnicos en el plano sanitario, mientras que, como se desprende del escrito del Gobierno neerlandés, éste no invoca en apoyo de la normativa discutida el objetivo de protección de la salud pública, sino el de protección de los consumidores y el de lealtad de las transacciones comerciales. La Directiva sólo contiene disposiciones relativas a la composición de los productos que contempla, en la medida en que ello afecte a la protección de la salud humana propiamente dicha. Por lo tanto, no procede basarse en la citada Directiva para examinar una norma de denominación ligada a la composición de productos cárnicos sin que exista ninguna preocupación relativa a la protección de la salud.
89.

No obstante hay que precisar —precisamente habida cuenta de los antecedentes de hecho en el procedimiento principal— ( 65 ) las consecuencias jurídicas que se producen cuando los servicios de aduana no proceden a una comprobación por sus propios medios —porque se teme que tal comprobación no daría ningún resultado— o cuando sus comprobaciones no llevan a ninguna parte. En semejante caso, subsisten dudas respecto a las declaraciones. Por una parte, no cambia nada, en la medida en que subsisten las dudas sobre la exactitud de las declaraciones. Sin embargo, por otra parte sería incompatible con el valor de presunción que atribuye el apartado 4 del artículo 3 a la mención por separado de los pagos efectuados por el montaje el hecho de que los servicios de aduana rechacen la deducción sin más, alegando que los documentos presentados (a posteriori) no constituyen una justificación convincente.
8.

No obstante, el Tribunal de Justicia entendió que esta prohibición carece de objeto cuando los controles de que se trate vienen impuestos por una directiva comunitaria que, con objeto de facilitar los intercambios entre Estados miembros, establece que los controles se efectúen en el país de origen, antes de la exportación hacia otros Estados miembros. En semejante supuesto, las tasas percibidas por los controles no constituyen exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana, «siempre y cuando su importe no exceda el coste real del control por el que son exigidas» (asunto 46/76, Bauhuis contra Estado neerlandés, Rec. 1977, p. 5, apartado 31). En el asunto 89/76 (Comisión contra Países Bajos, Rec. 1977, p. 1355), el Tribunal de Justicia adoptó la misma actitud por lo que se refiere a las tasas percibidas por controles sanitarios de plantas destinadas a la exportación, efectuadas en el marco de un convenio internacional para la protección de las plantas, del que son parte todos los Estados miembros. El Tribunal de Justicia declaró que estos controles impuestos por el convenio estaban destinados a favorecer la libre circulación de las mercancías y que, por ello, no se puede considerar exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana a las tasas percibidas con ocasión de semejantes controles, «a condición de que su importe no supere el coste real de las operaciones por las que se exigen» (apartado 16 de la sentencia).
Procede precisar que el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2727/75, en su versión modificada por el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1151/77, prevé que se fijará el precio de referencia para el trigo tierno que satisfaga las exigencias requeridas para una calidad panificable inedia. No obstante, considerando que el objetivo propio de las medidas especiales de intervención (sostenimiento del mercado respecto al precio de referencia) puede alcanzarse igualmente mediante medidas de sostenimiento que afecten a un trigo de calidad distinta de la calidad media, el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento no 2727/75, modificado por el artículo 5 del Reglamento no 1151/77, prevé que las medidas especiales pueden destinarse a calidades de trigo distintas de aquella respecto de la cual se haya fijado el precio de referencia y, en particular (véase el tercer considerando del Reglamento no 1151/77), que las referidas medidas pueden ser aplicadas al trigo que responda a las exigencias mínimas requeridas para la panificación, en cuyo caso será preciso, no obstante, aplicar una reducción respecto al precio que se habría fijado para el trigo de calidad media.

A partir de la campaña 1981/1982, el Consejo fijó todos los años el precio de referencia aplicable al trigo de calidad media, indicando al mismo tiempo, en una nota al pie de página, la reducción que procedía aplicar ante medidas especiales destinadas al trigo de calidad mínima [véanse los Reglamentos (CEE) no 1950/81, ( 6 ) no 1452/82 ( 7 ) y no 1564/83, ( 8 ) por los que se fijan los precios agrarios para las campañas 1981/1982, 1982/1983 y 1983/1984, respectivamente].

No obstante, en el Reglamento (CEE) no 1019/84, el Consejo estimó que era preferible que el precio aplicable a la calidad mínima en caso de medidas especiales no se siguiera recogiendo en el Reglamento anual relativo a los precios, siendo aconsejable, por el contrario, que dicho precio se «determinara cuando, eventualmente, se aplicaran dichas medidas».

En opinión de la parte demandante, al obrar de esta manera, el Consejo no quiso confiar a la Comisión la tarea de determinar las reducciones correspondientes al trigo de calidad inferior a la media, sino que, más bien, se reservó la facultad de determinar dichas reducciones, no ya en el momento inicial de la campaña, sino en el de la adopción de las propias medidas.
10.

De todos modos no se puede negar que las obligaciones resultantes del antiguo Reglamento de la Comisión se aplicaban a Irlanda en el período al que se refiere el recurso. Ahora bien, desde el momento en que no se impugnan la validez y la aplicabilidad de las disposiciones invocadas, que es lo que sucede en el caso de autos, lo único que puede hacer el Tribunal de Justicia es examinar su texto y hacer constar que no han sido observadas.
2.

El artículo 41 del Reglamento (CEE) n° 337/79 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 54, p. 1; EE 03/15, p. 160), modificado por el Reglamento (CEE) n° 2144/82 (DO L 227, p. 1; EE 03/26, p. 18) y por el Reglamento (CEE) n° 1208/84 del Consejo (DO L 115, p. 77; EE 03/30, p. 149), dispone que, en determinadas circunstancias, la Comisión debe decidir la destilación obligatoria de los vinos de mesa en caso de que se registren excedentes. Según el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 337/79, los viticultores que no cumplan con la obligación de destilar no pueden beneficiarse de las medidas de intervención previstas en la legislación. El apartado 1 del artículo 64 establece que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones comunitarias en el sector vitivinícola».
16.

Tal como declaró la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el asunto Rewe II, de 14 de febrero de 1984, ( 12 ) la observancia de la Directiva 69/169 implica que las autoridades de los Estados miembros no otorguen el beneficio de la franquicia a operaciones en las que no concurran los requisitos a los que la misma se supedita. Por lo tanto, según mi parecer, dichas autoridades no sólo pueden, sino que deben procurar que la franquicia no favorezca a importaciones de cerveza no carentes de todo carácter comercial. Sin embargo, no les es dado cumplir esta misión estableciendo, mediante una norma de Derecho interno, una cantidad límite por encima de la cual, indistintamente, cualquier importación se considera que no carece de todo carácter comercial. En realidad, semejante forma de proceder equivale a relevarse del control que requiere el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva antes que a cumplirla realmente.
10.

Para un examen detallado de las condiciones mencionadas en el Reglamento n° 1698/70, me permito hacer referencia al informe para la vista. En efecto, de los autos resulta que, por lo que respecta al vino de Frascati, la República Italiana ha hecho un uso muy limitado de la posibilidad de autorizar excepciones a la norma general, ya que sólo lo ha hecho para una parte del municipio de Montecompatri, a la que no afecta el presente asunto. No obstante, en caso de que la normativa italiana previese, de conformidad con el Derecho comunitario, una excepción más amplia en lo que respecta a la elaboración de los vinos espumosos de Frascati, correspondería al Pretore tenerlo en cuenta siempre y cuando el litigio principal se refiriese a dichos vinos, lo que parece muy dudoso. Pero también en este caso el procesado en el litigio principal debería tener una autorización expresa.
4.

Como señalan el Gobierno italiano y la Comisión, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no resulta ningún elemento que permita considerar que las cuestiones planteadas se refieren a situaciones que entran en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario en lo que respecta a la libertad de establecimiento. Por el contrario, parece tratarse de situaciones puramente internas en las que están implicadas ante órganos jurisdiccionales italianos, y por actividades ejercidas en Italia, personas que son nacionales de ese Estado miembro y que residen en él. En los litigios que dieron lugar a estas remisiones prejudiciales no hay ningún elemento de conexión con el Derecho comunitario, admitido por la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, como son la adquisición de la formación profesional de que se trate o el ejercicio de la profesión en cuestión en otro Estado miembro. ( 1 )Considero, por tanto, que las cuestiones de los Jueces remitentes se refieren a situaciones que, de manera evidente, manifiesta, no entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado cuya interpretación se solicita al Tribunal de Justicia.
8.

Para establecer cuál es la acepción en la que dicha expresión se utiliza en la letra a) del apartado 1 del artículo 25 del Reglamento n° 804/68, hay que partir de un cotejo con las otras versiones lingüísticas. En el texto alemán, la expresión «without processing» se plasma con los términos «unverarbeitetem Zustand», que indican bastante claramente que la leche no debe haber sufrido operaciones de transformación, es decir, que no debe haberse convertido en un producto distinto en el comercio, y no que no deba haber sufrido simples tratamientos, como precisamente la pasteurización. En las demás lenguas, se utilizan expresiones más genéricas que podrían, unas más y otras menos, referirse tanto a la leche no transformada cuanto a la leche simplemente no tratada. Es el caso de los términos francés «en l'état», italiano «nello stato in cui si trova», holandés «ongewijzigde staat», danés «uforarbejdet stand», español «en śu estado natural», portugués «em natureza», y griego «os éjei».
4.

A la vista de las circunstancias particulares que concurren en el caso de autos, se impone determinar con carácter previo los ángulos bajo los cuales es preciso examinar el Reglamento n° 864/87 del Consejo, a efectos de poder responder al Tribunal a quo. Es evidente, a nuestro modo de ver, que esta respuesta debe integrar el resultado del examen de los diversos motivos invocados por las partes demandantes en el marco de los recursos directos arriba mencionados y cuyo objeto no es otro que la anulación del mismo Reglamento n° 864/87. ¿Deben tomarse en consideración otros motivos? ¿Deben examinarse, en particular, los motivos invocados en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, distintos de los invocados en los recursos directos? Cabría objetar que las partes no tienen derecho alguno a obtener del Tribunal de Justicia un pronunciamiento sobre motivos de invalidez distintos de los mencionados en la resolución de remisión. ( 7 ) En el caso de autos, la resolución de remisión no menciona motivo de invalidez alguno, limitándose la fundamentación de la resolución a indicar los motivos de la parte apelante en unos términos muy generales. Estimamos que, en semejante situación, la idea de cooperación jurisdiccional que caracteriza el procedimiento prejudicial aboga en favor del examen de los motivos recogidos en las observaciones de la parte apelante en el litigio principal. En efecto, la respuesta sobre la validez del acto comunitario será tanto más útil, al órgano jurisdiccional a quo, cuanto que de los fundamentos de la sentencia se desprenda que estos motivos han sido debidamente examinados. No es menos cierto que el procedimiento prejudicial no puede funcionar satisfactoriamente si no se precisan los motivos de invalidez ni en las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional ni en los fundamentos de la resolución de remisión. Ante una situación semejante, ni las demás partes ni los Estados miembros ni la Comisión ni, en su caso, el Consejo pueden ejercitar útilmente el derecho que les confiere el artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia de poder formular observaciones en un procedimiento prejudicial.
18.

La antes citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 7 ) relativa a los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles mencionados también en el apartado 1 del artículo 16, adopta asimismo un punto de vista más bien restrictivo, pues en esa jurisprudencia el Tribunal de Justicia declaró que no están incluidos en el artículo 16 ni los litigios que versan sobre contratos cuyo principal objeto no sea el arrendamiento de un bien inmueble (por ejemplo, los contratos relativos a la explotación de un comercio desarrollado en un inmueble alquilado por el arrendador de un tercero —asunto Sanders) ni aquellos otros que no se relacionan sino indirectamente con el uso de la propiedad arrendada (tales como, por ejemplo, los relativos a la pérdida del derecho a vacaciones y a los gastos de viaje —asunto Rosier).
4.

Régimen Jurídico. Como consecuencia de los compromisos asumidos por la Comunidad en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo, «GATT»), el Consejo adoptó el 20 de enero de 1981 el Reglamento n° 217/81, relativo a la apertura de un contingente arancelario comunitario de carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, por un volumen total fijado en 21000 toneladas. El citado Reglamento preveía la elaboración de un sistema de utilización del contingente arancelario comunitario, basado en la presentación de un certificado de autenticidad que garantizase la naturaleza, la procedencia y el origen de los productos, con la finalidad de garantizar en particular el acceso igual y continuo a dicho contingente por parte de todos los operadores interesados de la Comunidad y la aplicación ininterrumpida del derecho previsto para este contingente a todas las importaciones de los productos de que se trata, en todos los Estados miembros, hasta agotar el volumen del contingente. ( 4 ) Las modalidades de aplicación del Reglamento n° 217/81 las definió la Comisión en el Reglamento n° 263/81, de 21 de enero de 1981. Este último Reglamento preveía, en particular, que la suspensión total de los derechos reguladores a la importación de tales carnes se efectuara siempre y cuando, en el momento del despacho a libre práctica, se presentara un certificado de autenticidad con el fin de garantizar el origen y la calidad de la carne y que dicho certificado fuera extendido y visado por uno de los organismos emisores enumerados en anexo. En la práctica los certificados son extendidos y distribuidos entre los mataderos por parte de las autoridades nacionales de los correspondientes terceros países, de acuerdo con los procedimientos de atribución establecidos por ellas. Como resulta de los autos, en Argentina se atribuye una cuota a cada matadero, cuya transferencia a otro matadero no está autorizada, al contrario de lo que sucede en otros Estados. No obstante, se efectúan transferencias indirectas, en el sentido de que un matadero que disponga de cabezas de ganado para sacrificar pero que haya agotado su cuota confiará el sacrificio a otro matadero que aún disponga de cuotas. Este último se encargará, al mismo tiempo, de entregar el certificado de autenticidad, exigiendo el pago del correspondiente importe. La Comisión no impugna la licitud de esta práctica en relación con las disposiciones aplicables del Derecho comunitario.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 15 de febrero de 1989. - SPA MAXI DI CONTRA UFFICIO DEL REGISTRO DI BOLZANO. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL PRESENTADA POR LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DE BOLZANO. - IMPUESTO INDIRECTOS QUE GRAVAN LAS CONCENTRACIONES CAPITALES. - ASUNTO 15/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01391

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Carl Otto Lenz presentó sus conclusiones el 15 de febrero de 1989.* En ellas proponía que el Tribunal de Justicia declarase que:

"El artículo 11 de la Directiva 69/335 debe interpretarse en el sentido de que, después del 1 de enero de 1972, a más tardar, los Estados miembros ya no pueden someter a las sociedades de capital, en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva, en lo que respecta a las operaciones contempladas en el artículo 11 de esa misma Directiva, a tributos distintos del impuesto sobre las aportaciones y de las exacciones mencionadas en el artículo 12."

* Lengua original: alem§n.
Conclusiones del Abogado General Van Gerven presentadas el 24 de enero de 1989. - SOCIETE KNOECKEL, SCHMIDT & CIE, PAPIERFABRIKEN AG CONTRA HAUPTZOLLAMT LANDAU. - PETICION DE DECISION CON CARACTER PREJUDICIAL PRESENTADA POR EL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ. - RESTITUCIONES DE LA PRODUCCION EN EL SECTOR DE LOS CEREALES Y DEL ARROZ - ALMIDON OBTENIDO PARCIALMENTE DEL MAIZ Y PARCIALMENTE DE PRODUCTOS A BASE DE AZUCAR. - ASUNTO 13/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00337

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Walter Van Gerven presentó sus conclusiones el 24 de enero de 1989.* Proponía al Tribunal de Justicia que declarase:

El apartado 3 del artículo 4 del Reglamento nº 2169/86 de la Comisión, de 10 de julio de 1986, puede supeditar válidamente la concesión de una restitución al requisito de que se presente una declaración de que el almidón que se va a emplear no ha sido producido a partir de una materia prima distinta del maíz, trigo, arroz o patatas.

* Lengua original: neerlandés.
Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 12 de octubre de 1989. - EVAGELOS EXARCHOS CONTRA PARLAMENTO EUROPEO. - FUNCIONARIOS - - RECHAZO DE UNA CANDIDATURA A UN CONCURSO-OPOSICION. - ASUNTO 331/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 04185

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Jean Mischo presentó sus conclusiones el 12 de octubre de 1989.(*) En ellas proponía que el Tribunal de Justicia desestimara el recurso en cuanto pretendía conseguir la anulación del procedimiento y la del nombramiento del candidato seleccionado. En cuanto a la pretensión de que ordenara al Parlamento Europeo reanudar el procedimiento de selección, es de todo punto inadmisible, dado que no es competencia del Tribunal de Justicia dirigir órdenes a las instituciones. Para terminar, proponía al Tribunal de Justicia que aplicara el artículo 70 del Reglamento de Procedimiento y declarara que el Parlamento Europeo había de cargar con sus propias costas.

(*) Lengua original: francés.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 28 de abril de 1989. - HOOGOVENS GROEP BV Y FEDERACCIAI (FEDERAZIONE IMPRESE SIDERURGICHE ITALIANE) CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - CECA - ADAPTACION DE LAS CUOTAS DE SUMINISTRO. - ASUNTOS ACUMULADOS 218/87, 223/87, 72/88 Y 92/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01711

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Carl Otto Lenz presentó sus conclusiones el 28 de abril de 1989.(* )En ellas proponía al Tribunal de Justicia que decidiera lo siguiente:

1.a) Desestimar el recurso interpuesto en el asunto 218/87.

b) Condenar en costas a la parte demandante en el asunto 218/87.

2. a) Anular la Decisión nº 1433/87/CECA de la Comisión, de 20 de mayo de 1987.

b) Condenar en costas a la parte demandada en el asunto 223/87, incluidas las costas causadas en el procedimiento iniciado para obtener una medida provisional.

3. a) Anular el artículo 5 de la Decisión nº 194/88/CECA de la Comisión, de 6 de enero de 1988.

b) Desestimar en todo lo demás el recurso interpuesto en el asunto 72/88.

c) Cada parte cargará con sus propias costas en el asunto 72/88.

4. a) Anular el artículo 17 de la Decisión nº 194/88/CECA de la Comisión, de 6 de enero de 1988.

b) Condenar en costas a la parte demandada en el asunto 92/88, incluidas las costas causadas en el procedimiento iniciado para obtener una medida provisional.

(*) Lengua original: alemán.
Conclusiones del Abogado General Van Gerven presentadas el 11 de enero de 1989. - REINO DE LOS PAISES BAJOS CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - PESCA MARITIMA - EXCESO SOBRE LAS CUOTAS 1983 - FINANCIACION POR EL FEOGA, DE LOS GASTOS RELATIVOS A LAS RESTITUCIONES A LA EXPORTACION DE CABALLA. - ASUNTO 262/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00225

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Conclusiones del abogado general

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Resumen de las conclusiones

Las conclusiones examinan entre otras la tesis del Gobierno neerlandés según la cual el Reglamento aplicable no prevé limitación alguna en cuanto a las cantidades de pescado por las que se pueden abonar restituciones a la exportación, contrariamente a lo que sucede en el caso de las intervenciones. Esta tesis se rechaza con referencia a la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia y tomando en consideración los imperativos generales de la política de la pesca.

A continuación, las conclusiones examinan si -por analogía con lo admitido por el Tribunal para los años 1981 y 1982 en sus sentencias de 15 de diciembre de 1987 en los asuntos similares 326/85 y 237/86- existen en lo que respecta al año 1983 circunstancias particulares que, en virtud de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, atenúen el régimen general aplicable con arreglo al cual se denegó la financiación. La respuesta es negativa y se funda, entre otras, en la consideración de que el Estado miembro afectado no puede invocar el principio de seguridad jurídica, dado que la fijación de cuotas nacionales ciertamente no era imprevisible, sino que concretaba en el plano comunitario una larga evolución a nivel del Derecho internacional público. Además, el principio de seguridad jurídica no tiene necesariamente la misma función en la relación entre las autoridades de los Estados miembros y la Comunidad que en la relación entre las autoridades y los justiciables. El hecho de recurrir al principio de seguridad jurídica nos parece tanto menos justificado en el caso de autos por cuanto el Estado miembro afectado pudo ampliamente poner término a la inseguridad jurídica adoptando a su debido tiempo medidas preparatorias.

Se propuso desestimar el recurso de anulación y condenar en costas a la parte demandante.

(*) Lengua original: neerlandés.