ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 389/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu — Rumanía) — Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor

(Asunto C-69/14) (1)

((Procedimiento prejudicial - Principios de equivalencia y de efectividad - Fuerza de cosa juzgada - Devolución de cantidades indebidamente pagadas - Devolución de las cuotas percibidas por un Estado miembro en infracción del Derecho de la Unión - Resolución judicial firme por la que se impone el pago de un impuesto incompatible con el Derecho de la Unión - Recurso de revisión de tal resolución judicial - Normativa nacional que permite la revisión, habida cuenta de la existencia de sentencias posteriores del Tribunal de Justicia dictadas en procedimientos prejudiciales, únicamente de las resoluciones judiciales firmes dictadas en materia contencioso-administrativa))

(2015/C 389/06)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Sibiu

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dragoș Constantin Târșia

Demandadas: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular, los principios de equivalencia y efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que un juez nacional no tenga la posibilidad de revisar una resolución judicial firme dictada en un procedimiento civil, cuando esta resolución resulta incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia con posterioridad a la fecha en la que dicha resolución ha devenido firme, mientras que tal posibilidad existe en lo que atañe a las resoluciones judiciales firmes incompatibles con el Derecho de la Unión dictadas en procedimientos administrativos.

(1) DO C 142, de 12.5.2014.
3)

El artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que un acto tiene que delimitar con la suficiente precisión las operaciones sobre las que recaen las sospechas de irregularidad para poder ser calificado de «acto de instrucción o de ejecución de la acción», en el sentido de dicha disposición. Esta exigencia de precisión no requiere, sin embargo, que el acto mencione la posibilidad de imponer una sanción o una medida administrativa particular. Corresponde al tribunal remitente verificar si el informe controvertido en el asunto principal cumple este requisito.
C 73/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — RG (*1)/ SF (*1)

(Asunto C-498/14 PPU) (1)

(Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Sustracción de un menor - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Artículo 11, apartados 7 y 8)

(2015/C 073/11)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: RG (*1)

Demandada: SF (*1)

Fallo

El artículo 11, apartados 7 y 8, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a que un Estado miembro atribuya a un tribunal especializado la competencia para examinar las cuestiones de restitución o de custodia del menor en el marco del procedimiento previsto por esas disposiciones incluso cuando un órgano jurisdiccional ya conozca por otra parte de un procedimiento sobre el fondo acerca de la responsabilidad parental en relación con el menor.

(*1) Datos suprimidos o sustituidos en el marco de la protección de datos personales y/o confidenciales.

(1) DO C 16, de 19.1.2015.
2)

El artículo 9, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, no parece que las medidas a las que se expone un militar por negarse a cumplir su servicio, como la condena a una pena de prisión o la expulsión del ejército, puedan considerarse, habida cuenta del ejercicio legítimo por parte del Estado de que se trate de su derecho a mantener unas fuerzas armadas, desproporcionadas o discriminatorias hasta el punto de estar incluidas en los actos de persecución a los que se refiere dicho artículo. No obstante, incumbe a las autoridades nacionales comprobar este extremo.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de febrero de 2015 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Procedimientos penales contra Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

(Asuntos acumulados C-627/13 y C-2/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Precursores de drogas - Vigilancia del comercio entre los Estados miembros - Reglamento (CE) no 273/2004 - Vigilancia del comercio entre la Unión Europea y terceros países - Reglamento (CE) no 111/2005 - Comercio de medicamentos que contienen efedrina o pseudoefedrina - Concepto de «sustancia catalogada» - Composición - Exclusión de los medicamentos en cuanto tales o sólo de los que contienen sustancias catalogadas cuya composición es tal que estas sustancias no pueden ser fácilmente extraídas - Directiva 2001/83/CE - Concepto de «medicamento»])

(2015/C 107/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento penal principal

Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

Fallo

Los respectivos artículos 2, letra a), del Reglamento (CE) no 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, y del Reglamento (CE) no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, deben interpretarse en el sentido de que un medicamento, según se define en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, no puede, en cuanto tal, calificarse de «sustancia catalogada», y ello aun suponiendo que contuviera una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento no 273/2004 y en el anexo del Reglamento no 111/2005 que pueda ser utilizada fácilmente o extraída con medios de fácil aplicación o económicamente viables.

(1) DO C 39, de 8.2.2014.

DO C 71, de 8.3.2014.
2)

El Derecho de la Unión, en particular, el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y el Reglamento no 2073/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 1086/2011, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que sanciona a los explotadores de empresas alimentarias cuyas actividades tienen lugar únicamente en la fase de distribución para la comercialización de un alimento por el incumplimiento del criterio microbiológico indicado en el anexo I, capítulo 1, entrada 1.28, del Reglamento no 2073/2005. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar si la sanción controvertida en el litigio principal es conforme con el principio de proporcionalidad del artículo 17, apartado 2, del Reglamento no 178/2002.
1)

Las disposiciones del Reglamento (CE) no 612/2009 de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, y de los Reglamentos (CE) no 376/2008 de la Comisión, de 23 de abril de 2008, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, y (CE) no 382/2008 de la Comisión, de 21 de abril de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importación y exportación en el sector de la carne de vacuno, deben interpretarse en el sentido de que se oponen, en principio, al pago de una restitución por exportación y a la devolución de la garantía constituida a este respecto cuando el exportador de que se trate no dispusiera de un certificado de exportación válido en el momento de la aceptación de la declaración de exportación aunque la exportación efectiva de las mercancías en cuestión haya tenido lugar durante el período de validez de un certificado de exportación expedido a dicho exportador.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 7/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Asunto C-311/13) (1)

((Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Trabajador asalariado, nacional de un país tercero, que no es titular de un permiso de residencia válido - Denegación del derecho a una prestación por insolvencia))

(2015/C 007/09)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: O. Tümer

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Fallo

Las disposiciones de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, como la controvertida en el litigio principal, conforme a la cual un nacional de un país tercero que no reside legalmente en el Estado miembro de que se trate no tiene la consideración de trabajador asalariado con derecho a una prestación por insolvencia, en particular, con respecto a créditos salariales impagados en caso de insolvencia del empresario, a pesar de que este nacional de un país tercero, según las disposiciones del Derecho civil de este Estado miembro, tiene la condición de «trabajador asalariado» con derecho a una remuneración que puede ser objeto de una reclamación frente el empresario ante los tribunales nacionales.

(1) DO C 250, de 31.8.2013.
1)

El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, según su modificación por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, y en particular su artículo 13, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro sea considerado el Estado competente para conceder una prestación familiar a una persona por el solo hecho de que ésta tenga un domicilio registrado en el territorio de ese Estado miembro, sin que esa persona ni los miembros de su familia trabajen o residan habitualmente en dicho Estado miembro. El artículo 13 de ese Reglamento debe interpretarse en el sentido de que se opone también a que el Estado miembro que no es el Estado competente en relación con una persona considerada conceda prestaciones familiares a ésta, a menos que exista una conexión precisa y especialmente estrecha entre la situación en cuestión y el territorio de ese primer Estado miembro.
C 73/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015 — Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea/Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe

(Asuntos acumulados C-404/12 P y C-405/12 P) (1)

(Recurso de casación - Reglamento (CE) no 149/2008 - Reglamento que estipula límites máximos de residuos para los plaguicidas - Solicitud de revisión interna de este Reglamento, presentada con arreglo al Reglamento (CE) no 1367/2006 - Decisión de la Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de las solicitudes - Medida de alcance individual - Convenio de Aarhus - Validez del Reglamento (CE) no 1367/2006 en relación con este Convenio)

(2015/C 073/03)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Recurrentes: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Moore y K. Michoel, agentes), Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne, P. Oliver y S. Boelaert, agentes

Otras partes en el procedimiento: Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe (representante: A. van den Biesen, advocaat)

Parte coadyuvante en apoyo de las partes recurrentes: República Checa (representante: D. Hadrousek, agente)

Fallo

1) Desestimar la adhesión a la casación.

2) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe/Comisión (T-338/08, EU:T:2012:300).

3) Desestimar el recurso de anulación interpuesto por Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe ante el Tribunal General de la Unión Europea.

4) Condenar solidariamente a Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe a cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tanto en el procedimiento en primera instancia como en los procedimientos de casación.

5) La República Checa cargará con sus propias costas.

(1) DO C 9, de 12.1.2013.
1)

El concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una venta y de una entrega de un producto que viola el derecho de marca llevadas a cabo en territorio de un Estado miembro, seguidas de una reventa por parte del adquirente en territorio de otro Estado miembro, esta disposición no permite determinar una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de violación de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 175/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(Asunto C-609/12) (1)

([Procedimiento prejudicial - Información y protección de los consumidores - Reglamento (CE) no 1924/2006 - Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos - Etiquetado y presentación de esos alimentos - Artículo 10, apartado 2 - Ámbito de aplicación temporal - Artículo 28, apartados 5 y 6 - Medidas transitorias])

2014/C 175/11

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ehrmann AG

Demandada: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación de los artículos 10, apartados 1 y 2, 28, apartado 5, y 29 del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16) — Declaraciones de propiedades saludables — Requisitos específicos — Ámbito de aplicación temporal.

Fallo

El Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, debe interpretarse en el sentido de que las obligaciones de información previstas en el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento ya estaban en vigor durante el año 2010 por lo que respecta a las declaraciones de propiedades saludables que no estaban prohibidas en virtud del artículo 10, apartado 1, del antedicho Reglamento, en relación con el artículo 28, apartados 5 y 6, del mismo Reglamento.

(1) DO C 101, de 6.4.2013.
1)

El artículo 2, número 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede exigir, en circunstancias como las del asunto principal, que un descendiente directo mayor de 21 años haya intentado conseguir un empleo, una ayuda de subsistencia de las autoridades de su país de origen y/o alguna otra forma de subsistencia, sin lograrlo, antes de considerar que ese descendiente está a cargo y, por tanto, incluido en la definición de «miembro de la familia» prevista en dicha disposición.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/21

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — BDV Hungary Trading Kft (en liquidación)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Asunto C-563/12) (1)

(IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículo 146 - Exenciones relativas a las exportaciones - Artículo 131 - Condiciones establecidas por los Estados miembros - Normativa nacional que exige que el bien destinado a la exportación abandone el territorio aduanero de la Unión Europea en un plazo fijo de 90 días desde la entrega)

2014/C 52/35

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Kúria

Partes en el procedimiento principal

Demandante: BDV Hungary Trading Kft (en liquidación)

Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Kúria — Interpretación del artículo 15 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), y de los artículos 131, 146 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones relativas a las exportaciones — Sociedad que ejerce una actividad de producción y de comercialización de conservas y vende productos destinados a ser comercializados por el comprador en países terceros — Normativa nacional que supedita el derecho a la exención del IVA para las ventas de productos destinados a la exportación fuera de la Unión al requisito de que el plazo transcurrido entre la venta y la fecha de salida de los productos del territorio nacional no sea superior a 90 días.

Fallo

Los artículos 146, apartado 1, y 131 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige que, en el marco de una entrega de bienes para la exportación, los bienes destinados a la exportación fuera de la Unión Europea abandonen el territorio de la Unión Europea dentro de un plazo fijo de tres meses o de 90 días a partir de la fecha de entrega, cuando la simple superación del plazo tenga por consecuencia privar definitivamente al sujeto pasivo de la exención de dicha entrega.

(1) DO C 114, de 20.4.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank ’s Gravenhage — Países Bajos) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, que actúa bajo la denominación NL Octrooicentrum

(Asunto C-484/12) (1)

(Medicamentos para uso humano - Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) no 469/2009 - Artículo 3 - Condiciones de obtención del certificado - Posibilidad de obtener diversos certificados complementarios de protección basados en una misma patente)

2014/C 52/33

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank ’s Gravenhage

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Georgetown University

Demandada: Octrooicentrum Nederland, que actúa bajo la denominación NL Octrooicentrum

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank ’s-Gravenhage Países Bajos — Interpretación de los artículos 3, letra c), y 14, letra b), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1) — Condiciones de obtención del certificado — Patente de base en vigor relativa a varios productos — Derecho o no al certificado para cada producto.

Fallo

En circunstancias como las del procedimiento principal, en que, amparándose en una patente de base y en la autorización de comercialización de un medicamento consistente en una composición de varios principios activos, el titular de dicha patente ha obtenido ya un certificado complementario de protección para esa composición de principios activos, protegida por la citada patente en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, el artículo 3, letra c), de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que ese titular obtenga asimismo un certificado complementario de protección para alguno de esos principios activos que, individualmente considerado, esté también protegido como tal por la referida patente.

(1) DO C 26, de 26.1.2013.