Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1, párr. 1)

2. Recurso de anulación - Actos recurribles - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Acto adoptado por el Presidente del Parlamento en nombre de este último

(Art. 230 CE; Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, art. 12, ap. 2)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Fumus boni iuris - Perjuicio grave e irreparable - Acto del Parlamento por el que se declara anulado el mandato de uno de sus miembros

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de un acto del Parlamento por el que se declara anulado el mandato de uno de sus miembros - Ponderación de los intereses en conflicto

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1. El problema de la admisibilidad del recurso ante el juez que conoce del fondo del asunto no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el asunto principal. No obstante, cuando se alegue la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal en el que se apoya la demanda de medidas provisionales puede resultar necesario determinar si existen circunstancias que permitan afirmar, prima facie, la admisibilidad de tal recurso

( véase el apartado 58 )

2. Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante modificando, de forma caracterizada, su situación jurídica. En cambio, la forma en que se adopten tales actos o decisiones resulta en principio indiferente en lo que respecta a la posibilidad de impugnarlos mediante un recurso de este tipo. El hecho de que un acto no fuera adoptado por el Parlamento sino por su Presidenta en nombre del mismo no afecta a la posibilidad del demandante de impugnar la validez del acto, en la medida en que produzca consecuencias jurídicas obligatorias.

( véase el apartado 61 )

3. La alegación de que el papel del Parlamento, en un procedimiento de anulación del mandato de uno de sus miembros basado en el artículo 12, apartado 2, del Acta de 1976, no se limita al propio de un caso de competencia meramente vinculada constituye una alegación seria y no es posible descartarla prima facie. La urgencia de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad de adoptar una resolución provisional a fin de evitar que se ocasione un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional. Corresponde a esta última aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza. Dado que la duración del mandato de un miembro del Parlamento es de cinco años y que la anulación del mandato de un miembro del Parlamento resultante de un acto adoptado por dicha Institución impide que aquél continúe desempeñando su función de diputado europeo, resulta claro que, en el caso de que el juez que conoce del fondo del asunto anulara dicho acto, el perjuicio sufrido por el demandante, si no se hubiera suspendido la ejecución del acto, sería irreparable.

( véanse los apartados 63, 85, 95 y 96 )

4. Al ponderar los diversos intereses en juego en una demanda de suspensión de la ejecución de un acto, el juez de medidas provisionales debe determinar si la eventual anulación del acto impugnado por el juez que conoce del fondo del asunto permitiría eliminar la situación creada por la ejecución inmediata del mismo y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicho acto podría entorpecer la plena eficacia de éste en el supuesto de que se desestimara el recurso en el procedimiento principal.

Pese a que el interés general requiere indudablemente que la composición del Parlamento se ajuste al Derecho comunitario, el interés general requiere igualmente que los parlamentarios puedan ejercer las funciones que les encomienden sus electores durante todo el tiempo que duren sus mandatos, a menos que se ponga fin a estos últimos respetando las normas jurídicas aplicables. El interés general del Parlamento en que continúe aplicándose la anulación del mandato de un miembro del Parlamento producida en aplicación del Derecho nacional no puede prevalecer, habida cuenta de todas las consecuencias desfavorables que ello supone para dicho miembro, sobre el interés específico de este último en poder volver a ocupar su escaño en el Parlamento y ejercer de nuevo las funciones públicas que ello implica hasta que se produzca la resolución del juez que conoce del fondo del asunto en el procedimiento principal, a menos que el Parlamento tome nota de dicha anulación respetando las normas establecidas por el Derecho comunitario. Por importante que sea el interés de la República Francesa en que el Parlamento respete la normativa electoral de aquélla, dicho interés sigue siendo un interés de carácter general y no puede prevalecer sobre el interés específico e inmediato del miembro del Parlamento afectado.

( véanse los apartados 100 a 104 )