Responder a la cuestión esencial del Verwaltungsgericht que acabo de mencionar, exige, en primer lugar, definir claramente el carácter y la naturaleza jurídica de la fianza así como del crédito que ella garantiza. A este aspecto se refiere especialmente la cuarta cuestión del órgano jurisdiccional remitente. Comparto el punto de vista de la Comisión, según el cual, es indiscutible que del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base y de los apartados 1 y 3 del artículo 3 del Reglamento de la Comisión el régimen de garantías tiene un doble carácter. Está destinado a crear una seguridad para la ejecución de una obligación económica accesoria o «sanción» en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. A este respecto, me remito a mi anterior análisis de ambos Reglamentos. A diferencia de lo que opina la Comisión, estimo que, basándose en dicho análisis, la «sanción» accesoria, para la que se constituyó la garantía, no tiene necesariamente el carácter de una pena convencional. La aplicación del régimen de garantías podrá igualmente efectuarse, en particular, conforme al tenor literal del Reglamento, mediante resoluciones administrativas. Entre otras, una resolución de dicha naturaleza podrá fijar el importe de la fianza que deba prestarse en virtud de las disposiciones correspondientes. Según el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento, solamente el resultado de dicha fijación debe mencionarse, por tanto, como «elemento» en el contrato. Debido a que la manera de aplicar dichas disposiciones incumbe a la apreciación de los Estados miembros, estas disposiciones, en lo que se refiere a la prestación de la fianza, pueden ser calificadas de obligaciones de resultado. En mi opinión, lo mismo sucede para el régimen de pérdida de la fianza. Si bien el régimen de garantías, incluso cuando contiene una cláusula penal, es recogido y precisado en un Estado miembro en los contratos de almacenamiento, o bien (si la fianza aún no ha sido liberada de responsabilidad) puede producirse la pérdida de la fianza, o bien (si la fianza ya ha sido liberada de responsabilidad) puede solicitarse al Juez competente que ordene el pago de la pena. Si el régimen de garantías se aplica a través de una resolución administrativa, en el supuesto de comprobar posteriormente un incumplimiento de las obligaciones contractuales, la Administración puede optar -según el contenido de dicha resolución de ejecución nacional y según que la fianza ya haya sido o no liberada de responsabilidadpor una de las soluciones siguientes. Si la fianza aún no ha sido liberada de responsabilidad, en regla general, se considerará nuevamente perdida. Si, por el contrario, la fianza ya ha sido liberada de responsabilidad, según las modalidades del régimen de garantías previstas en la resolución de aplicación, se podrá imponer la sanción garantizada por la fianza, o anular la resolución por la que se acuerda liberarla de responsabilidad. En este último caso, podrá producirse simultáneamente la pérdida total o parcial de la fianza. En mi opinión, ello resulta del carácter evidente de obligación de resultado que debe reconocerse al régimen de garantías, incluso al régimen de pérdida de la misma. El hecho de que el régimen de garantías también sea considerado por los Estados miembros como una obligación de resultado, cuyas modalidades de aplicación incumben a su apreciación queda confirmado, a mi juicio, claramente por las informaciones proporcionadas por escrito y en la vista por la Comisión, como respuesta a una cuestión formulada en este sentido por el Tribunal de Justicia, acerca de las prácticas muy divergentes entre los Estados miembros.

Para que la exposición sea completa, afiado no obstante, a estas primeras conclusiones que la posibilidad de una pena convencional, cubierta por una fianza, no se presenta en modo alguno en ninguna de las decenas de casos de aplicación del mecanismo de la «fianza» que hemos encontrado. En muchos de dichos casos (por ejemplo, para las fianzas que garantizan el cumplimiento de requisitos fijados en los certificados de importación o de exportación o para el pago anticipado de restituciones a la exportación y de montantes compensatorios monetarios positivos como aquellos a que se refiere el Reglamento n° 798/80, antes citado), no existe simultáneamente una relación contractual, y se trata exclusivamente de una «obligación que deriva de la Ley» que, como muchas de las obligaciones tributarias establecidas en un texto legal, debe ser precisada y aplicada por la Administración por medio de resoluciones administrativas. Como ejemplo, me remito a los artículos 7 a 10 del citado Reglamento n° 798/80. Otro ejemplo (prestación de una garantía que asegure la ejecución de transacciones cubiertas por certificados de importación o de exportación) fue objeto de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70,↔ Rec. p. 1125).