Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 29 de mayo de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. - Incumplimiento de Estado - Artículo 5 del Tratado CE y apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas - No adopción de las medidas necesarias para permitir la transferencia de los derechos a pensión de los funcionarios al régimen comunitario. - Asunto C-52/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-04637



Conclusiones del abogado general

1 Mediante el presente recurso, interpuesto conforme al artículo 169 del Tratado CE, la Comisión afirma que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (1) y del artículo 5 del Tratado CE, al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para garantizar a los funcionarios de las Comunidades Europeas la posibilidad de efectuar la transferencia de sus derechos a pensión de jubilación al régimen de pensiones comunitario. Solicita también que se condene en costas al Gobierno español.

2 El apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto (2) dispone:

«El funcionario que entre al servicio de las Comunidades tras haber:

- cesado en el servicio de una Administración o de una organización nacional o internacional, o

- ejercido una actividad por cuenta propia o ajena,

tendrá la facultad, en el momento de su nombramiento definitivo, de hacer transferir a las Comunidades bien el equivalente actuarial bien el total de las cantidades de rescate de sus derechos a pensión de jubilación que hubiera adquirido en virtud de las actividades mencionadas anteriormente.

En tal caso la Institución en la que el funcionario preste servicios determinará, teniendo en cuenta el grado de su nombramiento, el número de anualidades que tomará en cuenta a efectos de su propio sistema de pensiones, en virtud del período de servicio anterior, basándose en la cuantía del equivalente actuarial o del rescate.»

3 El Estatuto «es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro». (3) Así pues, entró en vigor, en España, a partir del 1 de enero de 1986. (4) Debido al carácter técnico de la materia, el cumplimiento de la obligación que figura en el apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto exige que los Estados miembros adopten, conforme al artículo 5 del Tratado, medidas de aplicación particulares. (5)

4 El Reino de España tomó determinadas medidas para adaptar su ordenamiento jurídico interno a la disposición objeto de litigio. Así, se adoptó el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, publicado el 27 de mayo de 1987. (6)

5 Reconociendo que dicha Ley no bastaba para garantizar el funcionamiento del régimen de que se trata, el Gobierno español remitió a la Comisión, ya en 1989, varios proyectos de Real Decreto que incluían medidas detalladas en tal sentido.

6 Al comprobar que tales medidas no habían pasado del mero estado de proyecto, la Comisión dirigió al Reino de España, el 27 de octubre de 1992, un escrito de requerimiento de conformidad con el artículo 169 del Tratado.

7 Dado que no recibió respuesta oficial a dicho escrito, la Comisión envió, el 13 de diciembre de 1993, un dictamen motivado relativo a la falta de medidas nacionales necesarias para la ejecución del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto.

8 Las autoridades españolas no dieron ninguna respuesta oficial al dictamen motivado, pese a que se produjeron varias conversaciones y contactos entre ellas y la Comisión en relación con el contenido de las modificaciones que dichas autoridades debían introducir para garantizar la conformidad de su legislación interna con el Derecho comunitario.

9 El 21 de febrero de 1996, la Comisión interpuso el presente recurso ante el Tribunal de Justicia, al comprobar que no se había adoptado el Real Decreto por el que el ordenamiento jurídico nacional iba a ajustarse al apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto.

10 El Reino de España considera que, dada la complejidad del tema y las dificultades prácticas existentes, las autoridades españolas han llevado a cabo todas las actuaciones pertinentes, en contacto permanente con la Comisión, para resolver, en el plazo más breve posible, los problemas planteados en la materia y dar cumplimiento, en consecuencia, al mandato del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto. No obstante, al mismo tiempo, admite no haber adoptado las medidas generales o particulares adecuadas, conforme al artículo 5 del Tratado, para la ejecución de la disposición objeto de litigio a partir del 1 de enero de 1986. (7)

11 Por consiguiente, procede declarar que el Gobierno español ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto, así como del artículo 5 del Tratado.

12 Además, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones actuales de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones resultantes de un Reglamento comunitario. (8)

13 En consecuencia, procede estimar el recurso de la Comisión.

Conclusión

14 Por consiguiente, propongo que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, así como del artículo 5 del Tratado CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ejecutar lo dispuesto en la primera norma. Además, propongo que se condene en costas al Reino de España, conforme al apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento.

(1) - Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), modificado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 571/92 del Consejo, de 2 de marzo de 1992, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (DO L 62, p. 1; en lo sucesivo, «Estatuto»).

(2) - O «disposición objeto de litigio».

(3) - Véase, en particular, la sentencia de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica (137/80, Rec. p. 2393), apartado 7.

(4) - Como consecuencia de la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas.

(5) - Sentencia Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 9.

(6) - Página 3 de la demanda.

(7) - Escrito de contestación.

(8) - Ibidem, apartado 17.