Palabras clave

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Palabras clave

1. Transportes — Transportes marítimos — Libre prestación de servicios — Cabotaje marítimo

[Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, art. 2, ap. 1, letras a) y c)]

2. Transportes — Transportes marítimos — Libre prestación de servicios — Cabotaje marítimo

[Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo]

3. Transportes — Transportes marítimos — Libre prestación de servicios — Cabotaje marítimo

[Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, art. 1]

4. Transportes — Transportes marítimos — Libre prestación de servicios — Cabotaje marítimo — Reglamento (CEE) nº 3577/92

[Tratado CE, art. 62 (derogado por el Tratado de Ámsterdam); art. 49 CE, párr. 1; Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, arts. 6 y 7]

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1. Para interpretar la expresión «transporte por mar […] entre puertos» que figura en las definiciones de cabotaje continental y de cabotaje insular del artículo 2, punto 1, letras a) y c), del Reglamento nº 3577/92, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), es preciso tener en cuenta el objetivo de dicho Reglamento, a saber, la aplicación de la libre prestación de servicios al cabotaje marítimo, con las condiciones y excepciones que en él se establecen.

No cabe admitir una equiparación de los conceptos de mar en el sentido del Reglamento nº 3577/92 y de mar territorial en el sentido del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 (en lo sucesivo, «Convenio de Montego Bay»), ya que dicha equiparación puede poner en peligro la consecución de dicho objetivo. En efecto, aplicar exclusivamente el citado Reglamento al mar territorial, en el sentido de dicho Convenio, implicaría excluir de la liberalización perseguida por el Reglamento una serie de servicios de transporte marítimo potencialmente importantes, en la medida en que éstos se prestan en el interior de la línea de base del mar territorial que los Estados pueden trazar, con arreglo al citado Convenio, cerrando los puntos naturales de entrada a las bahías. Por otra parte, del Reglamento nº 3577/92 no se desprende que el legislador comunitario haya pretendido restringir su ámbito de aplicación al mar territorial en el sentido del Convenio de Montego Bay.

(véanse los apartados 24 a 27)

2. Habida cuenta del contexto del Reglamento nº 3577/92, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), y del objetivo que persigue, a saber, la aplicación de la libre prestación de servicios al cabotaje marítimo, el concepto de puerto contemplado por dicho Reglamento comprende infraestructuras, incluso de poca importancia, cuya función sea permitir el embarque y desembarque de mercancías o de personas que han sido transportadas por mar.

(véase el apartado 33)

3. Una medida nacional que reserva los servicios de transporte marítimo en una ría, un valle fluvial invadido por el mar, a una única empresa por medio de una concesión administrativa de veinte años, prorrogable por un plazo de diez años, puede obstaculizar o incluso impedir la prestación de dichos servicios por empresas establecidas en otros Estados miembros y constituye, por tanto, una restricción a la libre prestación de servicios de cabotaje marítimo en la Comunidad. Lo mismo puede decirse de una medida que considera la experiencia demostrable en el transporte marítimo en dicha ría como criterio de selección de la empresa concesionaria. No obstante, tales restricciones pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general, siempre que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de acogida, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo. Sin embargo, no ocurre así en el presente caso.

En efecto, por lo que se refiere a determinadas islas situadas en el interior de dicha ría, para adaptar el tráfico con destino a estas islas tanto a las exigencias medioambientales como a las limitadas capacidades del muelle, pueden adoptarse medidas menos restrictivas que la citada concesión, como la organización de un sistema de reserva y venta de las entradas disponibles. En segundo lugar, en cuanto a las exigencias relacionadas con la ordenación del tráfico en el área geográfica afectada, el Estado miembro no ha demostrado que los servicios de transporte de pasajeros entre las riberas de esta misma ría deban ser objeto de una concesión adjudicada a un solo operador por un plazo de veinte años, prorrogable hasta treinta, para evitar que dejen de ser rentables y desaparezcan. Por otra parte, dicho Estado tampoco ha demostrado que la intensidad del tráfico marítimo en la mencionada ría ocasione problemas que sólo puedan prevenirse con la adopción de una medida tan restrictiva como la citada concesión ni que, suponiendo que sean necesarias inversiones cuantiosas para mantener las conexiones marítimas de que se trata, éstas sólo puedan amortizarse en un plazo de veinte, o, incluso, treinta años.

Por último, con respecto al criterio de selección relativo a la experiencia demostrable en el transporte en dicha ría, no se han invocado razones imperiosas que justifiquen la restricción que se desprende de dicho criterio. Además, el hecho de que el citado criterio no haya sido decisivo para adjudicar la concesión no es relevante, ya que la declaración del incumplimiento de un Estado miembro no está vinculada al perjuicio que se derive de dicho incumplimiento.

(véanse los apartados 44 a 50)

4. El artículo 7 del Reglamento nº 3577/92, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), debe interpretarse a la luz de la disposición que le precede inmediatamente. Mientras que el artículo 6 del citado Reglamento permite a los Estados miembros, en determinados supuestos específicos, mantener las restricciones existentes con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento y durante un período transitorio, el artículo 7 dispone fundamentalmente que los Estados no pueden introducir nuevas restricciones en relación con la situación existente en la fecha de entrada en vigor del mencionado Reglamento. Por tanto, las dos disposiciones se complementan y constituyen, en realidad, las dos vertientes de un régimen de liberalización gradual. Esta interpretación de los artículos 6 y 7, antes citados, viene respaldada por el hecho de que la derogación por el Tratado de Ámsterdam del artículo 62 del Tratado, al que se refiere el artículo 7, que prohibía a los Estados miembros introducir nuevas restricciones en relación con la prestación de servicios, coincidió con la eliminación, en el texto del artículo 49 CE, párrafo primero, de la referencia a la supresión progresiva, durante el período de transición, de las restricciones a la libre prestación de servicios en el interior de la Comunidad. De lo anterior se desprende que este mismo artículo 7 sólo tiene sentido en el contexto de la liberalización gradual de los servicios que contempla dicho Reglamento.

(véanse los apartados 62 a 64)