En cuanto a los términos «que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», para garantizar el efecto útil de la Decisión marco, ha de recurrirse a una interpretación en la que la calificación de las infracciones por los Estados miembros no sea determinante. Para ello, es preciso que el órgano jurisdiccional competente en el sentido del artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco aplique un procedimiento que reúna las características esenciales de un procedimiento penal, sin que resulte necesario que dicho órgano disponga de una competencia exclusivamente penal. Este procedimiento de carácter penal está sometido a la observancia de las garantías procesales apropiadas en materia penal, entre las que figuran en particular el principio nulla poena sine lege, el principio de inculpación únicamente en caso de imputabilidad o de responsabilidad penal y el principio de la proporcionalidad de la sanción a la responsabilidad y a los hechos.

El concepto de «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», a que se refiere el artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco 2005/214, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299, constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión y debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en él todo órgano jurisdiccional que aplique un procedimiento en el que concurran las características esenciales de un procedimiento penal. El Unabhängiger Verwaltungssenat in der Ländern (Austria) cumple tales criterios y, por consiguiente, debe considerarse comprendido en el ámbito de dicho concepto.

El artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco 2005/214, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una persona ha tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales cuando, antes de interponer su recurso, ha debido agotar un procedimiento administrativo previo. Este órgano jurisdiccional debe tener plena competencia para examinar el asunto en lo que atañe tanto a la apreciación jurídica como a las circunstancias de hecho.

En efecto, la Decisión marco 2005/214 se aplica igualmente a las sanciones pecuniarias impuestas por autoridades administrativas. Por tanto, es posible que se requiera, según las particularidades de los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros, una fase administrativa previa. No obstante, el acceso a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, en el sentido de dicha Decisión marco, no debe estar sometido a requisitos que lo hagan imposible o excesivamente difícil. A este respecto, el hecho de que el interesado no haya interpuesto un recurso y, por tanto, la sanción pecuniaria de que se trata haya adquirido firmeza es irrelevante para la aplicación del artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco, dado que, según esta disposición, basta con que el interesado «haya tenido la oportunidad» de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales.

(véanse los apartados 46, 48 y 49 y el punto 2 del fallo)