2.

La postura del Gobierno belga se basa fundamentalmente en la tesis de que el apartado 2 del artículo 11, antes citado, no impone ninguna obligación a los Estados miembros. Para demostrarlo, la parte demandada no se limita a sostener una interpretación de dicha norma distinta de la que hace la Comisión, sino que invoca tres argumentos de carácter preliminar, según los cuales: a) la potestad del Consejo de aprobar el Estatuto de los Funcionarios no puede ejercerse de tal modo que se imponga a los Estados miembros obligaciones en materia de transferencia de los derechos a pensión; b) el Estatuto de los Funcionarios, pese a ser formalmente un Reglamento, tiene por objeto exclusivamente regular las relaciones entre las Comunidades y su personal; c) en todo caso, no es lícito imponer obligaciones a los Estados miembros de forma indirecta e implícita. La norma que confirió al Consejo la competencia de definir el estatuto de todos los funcionarios comunitarios es el artículo 24 del Tratado de fusión de los ejecutivos, en el que se dispone lo siguiente: «El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta a las demás instituciones interesadas, establecerá, por mayoría cualificada, el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de dichas Comunidades.» No cabe duda de que este artículo confiere al Consejo una potestad ampliamente discrecional para definir las relaciones entre los funcionarios y las Instituciones comunitarias a cuyo servicio trabajan. Obviamente, dicha potestad debe ejercerse en interés comunitario y dentro de los límites del objetivo perseguido por el artículo 24, antes citado, como así ocurrió, desde luego, cuando el Consejo consideró oportuno otorgar a los funcionarios la facultad de utilizar en el ámbito comunitario los derechos a pensión que hubieren causado en un empleo anterior ocupado en un Estado miembro. En efecto, la asignación de dicha facultad pretende facilitar el paso desde empleos nacionales, públicos o privados, a la Administración comunitaria, garantizando de este modo a las Comunidades buenas posibilidades de selección de personal cualificado, dotado ya de una adecuada experiencia profesional. Por lo tanto, se trata de una normativa que, además de favorecer a los particulares, sirve ante todo para satisfacer un interés propio de las Comunidades, promoviendo una mejor organización y un funcionamiento más eficaz de sus servicios. Habida cuenta de ello, opino que era de todo punto admisible que el Consejo impusiera a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer posible la implantación del sistema de que se trata. No cabe confundir estas medidas con las relativas a la armonización de los regímenes nacionales de Seguridad Social -materia sin duda alguna distinta que persigue objetivos distintos-: en este caso, el fin perseguido consiste en establecer una cierta continuidad, a efectos de las pensiones, entre los empleos nacionales y los comunitarios, sin perjuicio de las diferencias existentes entre los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros. Por lo que respecta al ámbito de los destinatarios del Estatuto del personal, considero que no puede excluirse por completo que el mismo atribuya obligaciones o derechos a sujetos distintos de las Comunidades y los funcionarios. Si bien es cierto que la mayoría de las normas del Estatuto están destinadas únicamente a regular la situación de los agentes en relación con las Instituciones comunitarias, nada impide que determinadas normas entrañen obligaciones también para los Estados miembros. En el plano formal, basta considerar que el Reglamento mediante el cual se aprobó el Estatuto de los Funcionarios es un acto de alcance general a efectos del artículo 189 del Tratado CEE; y, si bien la aprobación del Estatuto está expresamente prevista en el artículo 24, antes citado, del Tratado de fusión de los ejecutivos, no hay ninguna razón para pensar que ello supusiera una excepción a los principios del artículo 189. Por el contrario, puede sostenerse que, precisamente por el hecho de que la potestad prevista en el artículo 24 del Tratado de Fusión de los ejecutivos se ejercitó mediante la aprobación de un Reglamento, no cabe poner en duda el alcance general del Estatuto. Así pues, depende de la estructura de cada norma el que regule exclusivamente las relaciones entre las Comunidades y los funcionarios o, en su caso, también las relaciones entre los Estados miembros y las Comunidades. De hecho, en la práctica el apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII no es la única norma del Estatuto cuya aplicación requiere el concurso de los Estados miembros: pueden citarse asimismo, a título de ejemplo, el artículo 11, que obliga a los funcionarios a no solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, prohibiendo así implícitamente a los Gobiernos de los Estados miembros dirigir instrucciones a un ñincionario de las Comunidades; o el apartado 1 del artículo 83, de conformidad con el cual los Estados miembros garantizan colectivamente el pago de las prestaciones previstas en el sistema de pensiones. En todo caso, también para la realización de los objetivos fijados en el Estatuto de los Funcionarios se aplica la obligación general impuesta a los Estados miembros en el artículo 5 del Tratado CEE, con arreglo al cual éstos están obligados a adoptar «todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad», así como a facilitar a esta última el cumplimiento de su misión. Si se considera, en particular, la amplitud de la fórmula «obligaciones resultantes de los actos de la Comunidad» y el deber de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión, también queda descartada, en mi opinión, la objeción según la cual no es admisible que se impongan obligaciones a los Estados miembros de manera implícita o indirecta. Ante una norma estatutaria que obliga indudablemente a la Comunidad (en el presente caso, a hacer efectivo el ejercicio de la facultad de elección reconocida a los funcionarios por el apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII) y que no puede ponerse en práctica sin la cooperación de los Estados miembros, éstos están obligados a adoptar las medidas necesarias: ése es el resultado que produce la referencia al artículo 5 del Tratado CEE, antes citado.