Por último, aún está por demostrar que la Directiva 77/728, de 7 de noviembre de 1977, cuyo artículo 12 -como ya se ha dicho- ordena a los Estados miembros a adoptar las disposiciones legales y administrativas necesarias a lo más tardar en noviembre de 1979, produce efecto directo a este respecto ya desde el momento de su notificación, como dispone en su artículo 9:

«A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros no podrán prohibir, limitar ni obstaculizar la comercialización de los preparados peligrosos por motivos de clasificación, envasado o etiquetado, cuando éstos cumplan las disposiciones de la presente Directiva y de sus Anexos.»

Por tanto, esto es lo que considera correcto el inculpado en el procedimiento principal, pues el mencionado artículo solamente regula una obligación de no hacer por parte de los Estados miembros, que no deja ningún margen de maniobra y que no exige medidas de carácter legislativo. En este contexto —como ya se puede desprender de la formulación de la cuestión- alega, entre otras cosas, la protección de la confianza legítima de las empresas que se hayan ajus tado a la Directiva antes de expirar el plazo citado. Por lo demás, el demandado considera inadmisible otra interpretación porque llevaría a constituir un obstáculo a la libre circulación de mercancías con respecto a la importación de los Estados miembros que ya han ejecutado la Directiva.

Sobre esta problemática se puede señalar, en primer lugar, que la Directiva 77/728 contiene disposiciones que corresponden a las de la Directiva 73/173 y, consiguientemente, reúnen los requisitos necesarios para producir efecto directo por ser claras y completas y no dejar margen de maniobra a los Estados miembros, debido a la configuración de su contenido. Se trata de los artículos 3, 5, 6, 7 y 9. Pero es importante recordar lo que subrayé al principio de mi exposición, a saber, que el efecto directo de las Directivas no es una consecuencia automática, sino sólo un efecto reflejo; se produce cuando un Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones y consiste en que se le priva de la posibilidad de alegar frente a sus nacionales su omisión contraria al Derecho comunitario. Por consiguiente, para que se produzca esta consecuencia jurídica no basta con que la Directiva llegue a ser obligatoria por medio de su notificación, sino que antes bien depende del transcurso del plazo marcado en ella para la adaptación de la situación jurídica nacional. Dada la ausencia de ello en el presente caso, y que no se puede reprochar al Estado italiano el incumplimiento de sus obligaciones, que asimismo justificaría la iniciación de un procedimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado, no se puede admitir en la actualidad el efecto directo de las mencionadas disposiciones.

Hecha esta observación, nos tenemos que preguntar -y ello representa el verdadero problema de la quinta cuestión- si puede ser válida otra solución par la obligación impuesta por el ya citado artículo 9. El inculpado en el asunto principal defiende resueltamente esta postura. Considera, en especial, que una interpretación razonable del artículo 12 de la Directiva demuestra que el plazo en él fijado sólo es válido para la obligación de hacer de los Estados miembros en los casos en que sea precisa una modificación de la situación jurídica nacional, debiendo tener en cuenta que las empresas afectadas por ello necesitan cierto tiempo para adaptarse a la nueva situación jurídica. Pero indudablemente no sucede lo mismo con la obligación de no hacer impuesta por el artículo 9.

Sin embargo, no me resulta evidente que este punto de vista sea correcto, como tampoco les resulta al Consejo y a la Comisión.

Efectivamente, el artículo 12 no puede entenderse de un modo tan restrictivo como pretende el inculpado del asunto principal; no sólo se refiere a las disposiciones relativas al comportamiento de las empresas y otros sujetos de derecho que, evidentemente, exigen un período de adaptación. El artículo 12 abarca el conjunto del comportamiento que la Directiva exige a los Estados y por ello es evidente que debe remitirse al artículo 9. Verdaderamente, a este respecto también se puede hablar de una obligación de hacer de los Estados miembros, pues es preciso que modifiquen su situación jurídica —en el presente caso las disposiciones de la Ley de 15 de marzo de 1963 y, en particular, sus disposiciones penales- y todo ello, sobre todo, en interés de la seguridad y claridad jurídicas.

Además, por consideraciones de principio -el efecto directo no constituye la norma en el caso de las Directivas— se revelan las dificultades del intento de aislar preceptos separados de una Directiva y admitir que tienen efectos directos anticipados. En todo caso, estoy convencido de que el artículo 9 de la Directiva 77/728 no lo permite. A este respecto me remito una vez más a lo que expuse con respecto a la disposición correspondiente de la Directiva 73/173. De modo semejante, tampoco el artículo 9 de la Directiva tiene valor autónomo. En cierto modo no es más que un reflejo de las otras disposiciones de la Directiva que imponen obligaciones de hacer. Lo que en él se determina parece sobreentendido con arreglo al sentido y finalidad de la Directiva; pero esta consecuenciajurídica sólo puede producirse a partir de la consecución del objetivo de la armonización, como se expresa en las distintas disposiciones de la Directiva. Así pues, no se puede reconocer con exactitud aisladamente efecto directo al artículo 9, sino en relación con las otras disposiciones de la Directiva que imponen obligaciones de hacer. Pero, si debe negarse el efecto directo a éstas, por no haber transcurrido aún el plazo del artículo 12, lo mismo debe suceder con el artículo 9.

Por lo demás, esto afecta de modo parecido tanto a la comercialización (en el mercado) interior como a las importaciones de otros Estados miembros.

Con respecto al primer punto, no se puede alegar seguramente la confianza tutelable de los particulares, que han adaptado su comportamiento a su debido tiempo a las disposiciones de la Directiva. De otro modo se desconocería la naturaleza jurídica de la Directiva: no produce ninguna obligación para los particulares, sino sólo para los Estados y, como ya he señalado, los particulares sólo pueden deducir derechos de una Directiva, cuando los Estados miembros no han cumplido sus obligaciones.

Por lo que respecta a las importaciones de otros Estados miembros, verdaderamente parece muy natural que no se pueda deducir del artículo 36 del Tratado una justificación para las medidas nacionales contrarias al artículo 30 del Tratado, cuando entre tanto ya se ha determinado una norma comunitaria que se observa en otros Estados miembros. Con ello se desconocería, sin embargo, el objetivo fundamental de la Directiva de procurar la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías por medio de la armonización, lo que significa que sólo pueden suprimirse los obstáculos a la libre circulación de mercancías a través de la uniformización de la situación jurídica. Así pues, cuando una Directiva prevé un plazo para esta armonización, de ello se desprende que durante este plazo aún pueden mantenerse las disposiciones nacionales y que a través de esta disposición se puede justificar que las mantengan, puesto que los Estados miembros siguen conservando las competencias con arreglo al artículo 36 del Tratado.

Por lo demás, me remito a la jurisprudencia en apoyo de la justeza de esta interpretación. Así, en su citada sentencia Grad se subrayó que los Estados miembros conservaban su libertad de acción hasta el momento en que se alcanzara la armonización, y la citada sentencia Simmenthal declaró que las investigaciones de la policía sanitaria nacional ya no quedan justificadas con arreglo al artículo 36 del Tratado desde la fecha límite que haya fijado la Directiva para la entrada en vigor de las correspondientes disposiciones nacionales.

Sin embargo, a este respecto tienen importancia también las consideraciones sobre seguridad jurídica, la cual exige que ya no se apliquen las disposiciones nacionales cuando hayan sido sustituidas por disposiciones ajustadas a la Directiva o cuando el plazo previsto por ésta ya haya transcurrido. Además, no se puede pasar por alto que en otro caso, es decir, si se reconoce la tesis defendida por el inculpado en el asunto principal, se producirían discriminaciones en favor de las importaciones de otros Estados miembros, pues sólo para éstas entrarían en juego los artículos 30 y 36 del Tratado, mientras que la comercialización interior que se realiza conforme a la Directiva, podría seguir estando prohibida.