ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
30

Mediante resolución de 20 de diciembre de 2012, el Regierungspräsidium Tübingen (Consejo de Gobierno de Tubinga, Alemania) desestimó la reclamación formulada por la Sra. Aykul contra la resolución del Landratsamt Ravensburg de 17 de septiembre de 2012. En particular, señaló que la no intervención de las autoridades alemanas en los casos de conducción bajo la influencia de estupefacientes era incompatible con el objetivo perseguido por la Directiva 91/439, consistente en garantizar la seguridad vial. El Regierungspräsidium Tübingen añadió que, contrariamente a lo que sostenía la Sra. Aykul, el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva no impedía que se retirase el permiso de conducción de la interesada y precisó que tal medida figuraba entre aquellas que puede adoptar un Estado miembro sobre la base del artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de la citada Directiva.
31

Al utilizar los términos «entidad diferenciada» y «en el marco de una empresa», el Tribunal de Justicia precisó que los conceptos de «empresa» y de «centro de trabajo» son distintos y que el centro de trabajo es, por regla general, una parte de una empresa. No obstante, ello no excluye que el centro de trabajo y la empresa puedan coincidir en aquellos casos en los que la empresa no disponga de varias unidades distintas.
19

De reiterada jurisprudencia resulta que, en aplicación del artículo 258 TFUE, el dictamen motivado de la Comisión delimita el objeto de un recurso por incumplimiento, de manera que el recurso debe basarse en los mismos motivos y alegaciones que dicho dictamen motivado. No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre los cargos enunciados en la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones de la demanda cuando el objeto del litigio, tal como se define en el dictamen motivado, no se ha ampliado ni modificado. La Comisión puede, en particular, precisar sus cargos iniciales en la demanda, siempre que no modifique el objeto del litigio (véase la sentencia Comisión/Polonia, C‑281/11, EU:C:2013:855, apartados 87 y 88 y jurisprudencia citada).
8

El 17 de diciembre de 2009, el Tallinna Linnavolikogu [Ayuntamiento de Tallin] adoptó la Ordenanza no 45, relativa al impuesto sobre las ventas en el municipio de Tallin (müügimaks Tallinnas). Dicha Ordenanza fue modificada por la Ordenanza no 22 del Tallinna Linnavolikogu, de 8 de abril de 2010 (en lo sucesivo, «Ordenanza no 45»).
15

El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que ni el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 1008/2008 ni ninguna otra disposición de dicho Reglamento regula en detalle la cuestión de en qué momento debe precisarse el precio final. No obstante, la cuarta frase del artículo 23, apartado 1, del citado Reglamento dispone que los suplementos opcionales de precio deben comunicarse «al comienzo de cualquier proceso de reserva». Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente considera que la voluntad del legislador de la Unión de garantizar una comparación real de los precios induce a interpretar la expresión «en todo momento», que figura en la segunda frase del artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 1008/2008 en relación con el término «siempre» utilizado en el considerando 16 de ese Reglamento [término que no aparece en la versión española pero sí en otras versiones lingüísticas]. En esta perspectiva, el precio final al que se refiere la citada disposición debería precisarse en un momento anterior al exigido para los suplementos opcionales de precio mencionados en la cuarta frase del artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento. Según esta interpretación, la obligación de indicar el precio final de los servicios aéreos en un momento temprano del proceso de reserva puede implicar que el precio deba precisarse tan pronto como aparezca en pantalla el servicio aéreo con los parámetros de destino y fecha elegidos por el cliente.
57

Por otra parte, la definición del concepto de «discapacidad» en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2000/78 precede a la determinación y a la apreciación de las medidas de ajuste adecuadas a que se refiere el artículo 5 de ésta. Efectivamente, conforme al decimosexto considerando de dicha Directiva, estas medidas tienen por objeto la adaptación a las necesidades de las personas con discapacidades y, por lo tanto, son la consecuencia y no el elemento constitutivo del concepto de «discapacidad» (véase, en este sentido, la sentencia HK Danmark, EU:C:2013:222, apartados 45 y 46). Por consiguiente, el mero hecho de que no se adoptaran medidas de ajuste en su beneficio no basta para considerar que a efectos de dicha Directiva el Sr. Kaltoft no esté discapacitado.
36

Refiriéndose especialmente al artículo 16, apartado 1, del Reglamento no 404/93, en su versión modificada por el Reglamento no 2587/2001, el órgano jurisdiccional remitente subraya que las negociaciones al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994 aún no se habían cerrado en el transcurso del período controvertido, de forma que, a su entender, el tipo arancelario de 75 euros por tonelada aplicable al contingente A de 2,2 millones de toneladas abierto para la importación de plátanos de terceros países por el Reglamento no 404/93, en su versión modificada por el Reglamento no 2587/2001, seguía vigente durante ese período y no podía haberse sustituido aún por el contemplado en el Reglamento no 1964/2005. La Unión, por una parte, y, entre otras, la República de Costa Rica y la República del Ecuador, por otra parte, no alcanzaron un acuerdo hasta el 15 de diciembre de 2009. Por lo tanto, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, sólo a partir de esa fecha dejó de aplicarse el tipo arancelario de 75 euros por tonelada.
92

Por último, en lo que atañe a los dos vertederos considerados no conformes al artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31, basta señalar que la República Italiana no ha puesto de manifiesto, en relación con tales vertederos, que se hayan presentado o aprobado planes de acondicionamiento o se haya adoptado una decisión definitiva de cierre.
7

Conviene señalar que, por una parte, el Reglamento no 1408/71 ha sido remplazado por el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), y que, por otra parte, el Reglamento no 574/72 ha sido sustituido por el Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004 (DO L 284, p. 1); los nuevos Reglamentos entraron en vigor el 1 de mayo de 2010, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento no 883/2004 y con el artículo 97 del Reglamento no 987/2009. Sin embargo, habida cuenta de la época en que se produjeron los hechos controvertidos en el litigio principal, éstos siguen rigiéndose por los Reglamentos no 1408/71 y no 574/72.
43

Sobre este particular, debe recordarse que el considerando 18 de la Directiva 2000/78 precisa que ésta no puede tener el efecto de obligar a los servicios de policía a contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas que no tengan las capacidades necesarias para desempeñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter operativo de dichos servicios.
1)

El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2299/2001 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2001, en relación con el artículo 24 del Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la concesión de una restitución por importación en circunstancias como las del litigio principal, en las que la exportación tuvo lugar sin que se hubiera presentado un certificado de exportación, cuya existencia, no obstante, se había demostrado en el momento de la declaración de exportación y el cual fue presentado por el exportador dentro del plazo suplementario de una semana concedido a tal efecto por la aduana competente.
38

Así pues, sin perjuicio de la normativa relativa a la protección de la propiedad industrial y comercial, el titular de la autorización de comercialización de un medicamento tiene derecho a exigir que, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, párrafos primero, segundo y quinto, de la antedicha Directiva, ese medicamento no sea utilizado como medicamento de referencia con vistas a hacer que se autorice la comercialización de un medicamento de otro fabricante antes del transcurso de una plazo de ocho años a partir de la concesión de la referida autorización de comercialización o que un medicamento cuya comercialización haya sido autorizada sobre la base de dicho artículo no se comercialice antes del término del período de diez años, eventualmente ampliado a once años, a contar a partir de la concesión de la antedicha autorización de comercialización. Asimismo, el referido titular puede reclamar que su medicamento no sea utilizado con vistas a la obtención, en aplicación del antedicho artículo 10, de una autorización de comercialización para un medicamento con respecto al cual su propio medicamento no pueda ser considerado medicamento de referencia en el sentido del mencionado artículo 10, apartado 2, letra a), como alega Olainfarm ante el órgano jurisdiccional remitente, o que no cumpla el requisito de similitud con este último por lo que atañe a la composición en sustancias activas y a la forma farmacéutica, tal como dicho requisito se deriva del artículo 10, apartado 2, letra b), de la antedicha Directiva.
—

en favor de los sujetos pasivos que no estén establecidos en el interior del país pero sí en otro Estado miembro, según las normas de desarrollo determinadas por la Directiva 79/1072/CEE [del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331, p. 11; EE 09/01, p. 116; en lo sucesivo, «Octava Directiva»)],
18

Con carácter subsidiario, el Kammaråklagaren (Ministerio Fiscal) basó la acción penal en el artículo 40 de la Ley de la pesca, el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1281/2005 de la Comisión, de 3 de agosto de 2005, sobre la gestión de las licencias de pesca y la información mínima que deben contener (DO L 203, p. 3), y el artículo 22, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59), en relación con el artículo 6 del Acuerdo de pesca.
37

Además, esta Directiva no se aplica tampoco al sistema que incluye el propio contador de agua y el dispositivo de transmisión de datos a distancia (de telemedida). En efecto, a diferencia del anexo MI‑005 de dicha Directiva relativo a los sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua, que define el concepto de «sistema de medida» como el «sistema que incluye el propio contador y todos los dispositivos necesarios para garantizar una medición correcta o destinados a facilitar las operaciones de medición», el anexo MI‑001 de la misma Directiva no hace referencia alguna a este concepto. Esta falta de mención se explica por el hecho de que los contadores de agua comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/22 se conciben como instrumentos de medida completos, que no necesitan de otros dispositivos para, en su condición de sistemas, poder garantizar una medición correcta o facilitar las operaciones de medición.
17

Por otra parte, el Gerechtshof ’s-Gravenhage desestimó la alegación de Commerz Nederland según la cual las garantías en cuestión no conferían ventaja alguna ni a RDM Vehicles ni a RDM Finance I ni tampoco a RDM Finance II, puesto que habían sido otorgadas en virtud de un contrato celebrado entre RDM Holding NV y GHR el 28 de diciembre de 2002, por el que RDM Holding NV se había obligado a no proporcionar tecnología en materia de submarinos a Taiwán, a cambio de que GHR otorgase garantías a los acreedores de las empresas del grupo RDM por un importe mínimo de 100 millones de euros (en lo sucesivo, «contrato relativo a los submarinos»). En efecto, según dicho órgano jurisdiccional, ese compromiso anterior no afecta al carácter de «ventajas», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, de tales garantías.
17

El artículo 1 de este Reglamento preceptúa lo siguiente: «1. El derecho antidumping definitivo aplicable a “todas las demás empresas” impuesto por el Reglamento (CE) no 1174/2005 sobre las importaciones de transpaletas manuales y sus partes esenciales, es decir, los bastidores y el sistema hidráulico de elevación, según lo definido en el artículo 1 del Reglamento [no 1174/2005], originarias de [...] China, se amplía por la presente a las transpaletas manuales y sus partes esenciales, es decir, los bastidores y el sistema hidráulico de elevación, según lo definido en el artículo 1 del Reglamento [no 1174/2005], clasificadas en los códigos NC ex 8427 90 00 y ex 8431 20 00 (códigos TARIC 8427 90 00 11 y 8431 20 00 11), procedentes de Tailandia, hayan sido o no declaradas originarias de Tailandia o no. 2. El derecho ampliado por el apartado 1 del presente artículo se percibirá sobre las importaciones registradas de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 923/2008 y los artículos 13, apartado 3, y 14, apartado 5, del Reglamento [de base]. [...]»
26

En lo que atañe al procedimiento abierto de licitación internacional relativo a la mencionada transmisión de acciones, la Comisión subraya que las empresas que prestan servicios de asistencia en tierra no podían obtener la autorización si no adquirían las acciones de Groundforce. De ello se deduce, según dicha institución, que el mencionado procedimiento de licitación no era un procedimiento de selección de agentes que presten servicios de asistencia en tierra, sino un procedimiento de selección de inversores. En cualquier caso, el procedimiento en cuestión no resultaba conforme a los principios enunciados en el artículo 11 de la Directiva 96/67. En particular, las autorizaciones concedidas no estaban limitadas a un período máximo de siete años. Del mismo modo, no habían sido consultados los comités de usuarios de los aeropuertos de que se trata.
27

En lo que atañe a la obligación del Estado de pagar los salarios de tramitación devengados después del 60o día hábil siguiente a la presentación de la demanda por despido, el Juez remitente expone que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acreedor principal de esa obligación es el empresario, que no está obligado a soportar las consecuencias de ciertas dilaciones judiciales. Sólo por subrogación en ese derecho del empresario en el supuesto de insolvencia de éste, cuando esos salarios no se han pagado, los trabajadores pueden reclamar directamente su pago al Estado, en virtud del artículo 116, apartado 2, de la LPL. Toda vez que el empresario no puede reclamar al Estado el pago de los salarios abonados en caso de despido nulo, los trabajadores afectados por ese despido no pueden, por subrogación en los derechos de su empresario insolvente, hacer valer frente al Estado un crédito en virtud de los salarios que no se les hayan pagado.
13

La administración tributaria consideró, no obstante, que esta declaración no estaba justificada por un importe de 48043000 HUF, importe al que aplicó un recargo sancionador del 10 %. Indicó que, a pesar de no haberse producido el pago de la contraprestación, había tenido lugar una entrega de bienes en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Ley del IVA. Según esta administración, no había motivo para corregir las facturas y el acuerdo de las partes celebrado tras la entrega debía ser considerado como una nueva operación. Asimismo, apreció que tampoco había tenido lugar la restitución de la situación inicial, ya que no se produjo la devolución de los granos de colza y el precio convenido no fue pagado. Según la administración tributaria, las disposiciones del artículo 77, apartados 1 y 2, de la Ley del IVA contemplan la reducción a posteriori de la base imponible en el supuesto de invalidez de la operación, supuesto que debe distinguirse del de la resolución del contrato, que fue el que se produjo en el caso de autos. Considera, asimismo, que la Ley del IVA no contiene ninguna disposición que permita la reducción a posteriori de la base imponible por la mera falta de pago de los bienes en cuestión o su pago parcial.
16

Sin embargo, a juicio de dicho tribunal, resulta inadecuado y no compatible con el principio de proporcionalidad que todos los demás Länder no puedan ejercer la facultad que les reconoce el Derecho de la Unión de apreciar por sí mismos si es preciso prohibir total o parcialmente determinadas actividades de juegos de azar o si basta con limitarlas y establecer a tal efecto modalidades de control más o menos estrictas (véase la sentencia Carmen Media Group, EU:C:2010:505, apartado 58), por el mero hecho de que un único Land quiera introducir una normativa divergente. A este respecto, el tribunal remitente señala que, con una constitución federal, un Estado federado no puede ser obligado por la Federación ni por los otros Estados federados a adoptar una cierta normativa en una materia que es competencia de los Estados federados.
5

Como excepción a lo dispuesto en aquella norma, en la provincia de Bolzano se puede utilizar la lengua alemana ante los tribunales en los asuntos penales, civiles y contencioso-administrativos. El uso de la lengua alemana ante los mencionados tribunales se basa en los artículos 99 y 100 del Decreto del Presidente de la República no 670, de 31 de agosto de 1972, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes constitucionales relativas al Estatuto de régimen especial para Trentino-Alto Adigio (en lo sucesivo, «DPR no 670/1972»), y en el Decreto del Presidente de la República no 574, de 15 de julio de 1988, por el que se establecen las disposiciones de desarrollo del Estatuto de régimen especial para la región de Trentino-Alto Adigio respecto al uso de las lenguas alemana y ladina en las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública y en los procedimientos judiciales (en lo sucesivo, «DPR no 574/1988»).
119

La Comisión alega que no puede prosperar el argumento basado en la expresión «de manera precisa» que figura en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento no 726/2004. En efecto, dado que el artículo 296 TFUE ya exige una motivación precisa, este deber de motivación no queda reforzado por lo dispuesto en el citado artículo 81, apartado 1. En consecuencia, la Comisión estima que el Tribunal General actuó conforme a Derecho al examinar la motivación de las Decisiones controvertidas a la luz del artículo 296 TFUE y al considerarlas suficientemente motivadas.
2

Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Mediaset SpA (en lo sucesivo, «Mediaset») y el Ministero dello Sviluppo economico en relación con la recuperación de la ayuda de Estado que la República Italiana concedió a Mediaset en el marco de un régimen de ayudas en favor de las emisoras digitales terrestres que ofrecen servicios de televisión de pago y de los operadores por cable de televisión de pago, declarado incompatible con el mercado interior por la Decisión 2007/374/CE de la Comisión, de 24 de enero de 2007, relativa a la ayuda estatal C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) ejecutada por la República Italiana para la adquisición de descodificadores digitales (DO L 147, p. 1).
27

Esta interpretación se confirma mediante un análisis de la evolución de la normativa de la Unión en el ámbito de la publicidad engañosa y de la publicidad comparativa. En su versión inicial, la Directiva 84/450 sólo trataba de la publicidad engañosa. La regulación de la publicidad comparativa fue incorporada a dicha Directiva mediante la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa (DO L 290, p. 18). El objetivo de la Directiva 97/55, a tenor de su decimoctavo considerando, era establecer las condiciones con arreglo a las cuales la publicidad comparativa está permitida. En cambio, esta Directiva no modificó en modo alguno las disposiciones de la Directiva 84/450 relativas a la publicidad engañosa. Posteriormente, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149, p. 22), limitó el ámbito de aplicación de la Directiva 84/450 a la protección de los comerciantes. Finalmente, la Directiva 2006/114 procedió a la codificación de la Directiva 84/450. De todo ello se deduce que el legislador de la Unión, cuando adoptó las Directivas 97/55 y 2006/114, no tenía la intención de modificar la normativa en materia de publicidad engañosa, tal y como estaba recogida en la Directiva 84/450, más allá de una limitación de su ámbito de aplicación.
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Requisitos mínimos

[Art. 296 TFUE; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC, 2010/644/PESC y 2011/783/PESC; Reglamentos del Consejo (CE) n.o 423/2007, de Ejecución (UE) n.o 668/2010, (UE) n.o 961/2010, de Ejecución (UE) n.o 1245/2011 y (UE) n.o 267/2012]