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En estas circunstancias, el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal de lo contencioso-administrativo regional de Vilna) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Por lo que se refiere a la determinación del nivel de los pagos directos en los nuevos Estados miembros y en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros a efectos del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 73/2009, en relación con sus artículos 7 y 121: a) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 73/2009, en relación con sus artículos 10, apartado 1, y 121, en el sentido de que, en 2012, el nivel de los pagos directos superiores a 5000 euros en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros era del 90 %? b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), ¿significa esto que, por lo que respecta a 2012, el nivel de los pagos directos en los nuevos Estados miembros no alcanzó el nivel de los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros, de conformidad con el contenido y los objetivos de los artículos 10, apartado 1, y 121 del Reglamento no 73/2009? c) Las disposiciones del artículo 10, apartado 1, in fine, del Reglamento no 73/2009 (“teniendo en cuenta cualquier reducción aplicada de conformidad con el artículo 7, apartado 1”) y del documento de trabajo DS/2011/14/REV2, que prevén que se comparen los pagos directos con arreglo a bases distintas —en los nuevos Estados miembros el nivel de los pagos directos se determina sin aplicar modulación alguna (90 %, con arreglo al artículo 121 de dicho Reglamento), mientras que en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros se determina una vez aplicada la modulación [100 % menos un 10 %, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento]—, ¿son contrarias al Acta de adhesión de 2003 y a los principios del Derecho de la Unión, entre ellos, los principios de protección de la confianza legítima, buena administración, competencia leal y no discriminación, así como a los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 TFUE? 2) En relación con la incompatibilidad del Acta de adhesión de 2003 y con algunos principios de la Unión de los artículos 10, apartado 1, y 132, apartado 2, último párrafo in fine, del Reglamento no 73/2009 y de los actos del Derecho de la Unión adoptados basándose en ellos: a) El artículo 10, apartado 1, in fine, del Reglamento no 73/2009 (“teniendo en cuenta cualquier reducción aplicada de conformidad con el artículo 7, apartado 1”), el artículo 132, apartado 2, último párrafo, in fine, de dicho Reglamento (“teniendo en cuenta, a partir de 2012, la aplicación del artículo 7, en conjunción con el artículo 10”), así como el documento de trabajo DS/2011/14/REV2 y la Decisión de Ejecución C(2012) 4391 final, que se adoptaron basándose en ellos, ¿son contrarios al Acta de adhesión de 2003, que no establece modulación alguna de los pagos directos ni reducción de los [PDNC] en los nuevos Estados miembros ni anualidad a partir de la cual se presume la igualación de los pagos directos en los nuevos Estados miembros y en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros? b) Los artículos 10, apartado 1, y 132, apartado 2, último párrafo, del Reglamento no 73/2009, así como el documento de trabajo DS/2011/14/REV2 y la Decisión de Ejecución C(2012) 4391 final, en la medida en que, de conformidad con su tenor y sus objetivos, se aplican en 2012 la modulación de los pagos directos y la reducción de los [PDNC] en los nuevos Estados miembros, que reciben una ayuda directa claramente inferior a la de los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros, ¿son contrarios a los principios del Derecho de la Unión, entre ellos, los principios de protección de la confianza legítima, competencia leal y no discriminación, así como a los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 TFUE y, en particular, al objetivo de incrementar la productividad agrícola? c) La modificación del artículo 132, apartado 2, último párrafo, del Reglamento no 73/2009 (“teniendo en cuenta, a partir de 2012, la aplicación del artículo 7, en conjunción con el artículo 10”), llevada a cabo mediante corrección de errores (mediante la cual no se realizó una corrección de carácter técnico, sino una modificación del contenido de la disposición en cuanto al fondo —se presume la igualación, en 2012, de los pagos directos en los nuevos Estados miembros y en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros—), ¿es contraria a los principios del Derecho de la Unión, entre ellos, los de protección de la confianza legítima, seguridad jurídica, buena administración, competencia leal y no discriminación? d) ¿El término “dydis” empleado en el artículo 1 quater [del Reglamento no 1259/1999] [“cuantía” o “nivel” en la versión española] tiene el mismo significado que el término “lygis” [“nivel”] empleado en el artículo 132, apartado 2, último párrafo, del Reglamento no 73/2009? 3) La Decisión de Ejecución C(2012) 4391 final y el documento de trabajo DS/2011/14/REV2, que ni se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea ni están motivados (se adoptaron basándose únicamente en la presunción de que, en 2012, el nivel de los pagos directos en los nuevos Estados miembros igualaba el de los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros) ¿son contrarios al Acta de adhesión de 2003 y a los principios del Derecho de la Unión, entre ellos, los de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y buena administración? En caso afirmativo, ¿debe anularse el artículo 1, apartado 4, de la Decisión de Ejecución C(2012) 4391 final por ser contrario al Reglamento no 73/2009 y al Acta de adhesión de 2003?»