Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE — Prohibición de comercializar complementos alimenticios que contengan determinadas vitaminas o determinados minerales — Medida destinada a mejorar el funcionamiento del mercado interior — Base jurídica — Artículo 95 CE — Necesidad de respetar un nivel de protección elevado de la salud humana

[Art. 95 CE; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, 4, ap. 1, y 15, párr. 2, letra b), y anexos I y II]

2. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Prohibición, que resulta de una medida comunitaria, de comercializar complementos alimenticios que contengan determinadas vitaminas o determinados minerales — Improcedencia — Justificación — Protección de la salud pública — Requisitos

[Arts. 28 CE y 30 CE; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, 4, aps. 1 y 5,, y 15, párr. 2, letra b), y anexos I y II]

3. Política comercial común — Regulación por las instituciones comunitarias — Reglamento (CE) nº 3285/94 — Finalidad — Liberalización de las importaciones de productos procedentes de Estados terceros — Incidencia en los requisitos para la comercialización de dichos productos — Inexistencia — Consecuencia

[Reglamento (CE) nº 3285/94 del Consejo]

4. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE — Medidas de armonización — Prohibición de comercializar complementos alimenticios que contengan determinadas vitaminas o determinados minerales — Violación del principio de subsidiariedad — Inexistencia

[Arts. 5 CE, párr. 2, y 95 CE, ap. 3; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, 4, ap. 1, y 15, párr. 2, letras a) y b)]

5. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE — Medidas de armonización — Prohibición de comercializar complementos alimenticios que contengan determinadas vitaminas o determinados minerales — Violación del principio de igualdad de trato — Inexistencia

[Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, undécimo considerando, arts. 3, 4, ap. 1, y 15, párr. 2, letra b), y anexo II]

6. Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE — Medidas de armonización — Prohibición de comercializar complementos alimenticios que contengan determinadas vitaminas o determinados minerales — Menoscabo del respeto de la vida privada y familiar del consumidor — Inexistencia

[Art. 6 UE, ap. 2; Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, 4, ap. 1, y 15, párr. 2, letra b)]

7. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Derecho de propiedad — Libre ejercicio de las actividades profesionales — Restricciones — Prohibición, que resulta de una medida comunitaria, de comercializar complementos alimenticios que contengan determinadas vitaminas o determinados minerales — Vulneración del derecho de propiedad — Inexistencia — Menoscabo del libre ejercicio de la actividad profesional de los fabricantes de tales productos — Procedencia — Restricción justificada por el interés general — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia

[Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, 4, ap. 1, y 15, párr. 2, letra b)]

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1. Cuando existan obstáculos a los intercambios o sea probable la aparición de futuros obstáculos, derivados del hecho de que los Estados miembros hayan adoptado o estén en trámite de adoptar, en relación con un producto o con una categoría de productos, medidas divergentes que puedan garantizar niveles de protección distintos e impedir, por ello, que el producto o los productos de que se trate circulen libremente en la Comunidad, el artículo 95 CE faculta al legislador comunitario para que intervenga adoptando las medidas adecuadas.

De este modo, el artículo 95 CE constituye la única base jurídica adecuada para adoptar los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, relativa a los complementos alimenticios, habida cuenta de la diversidad de las normas nacionales a las que dichos complementos estaban sujetos antes de que se adoptara la citada Directiva y del riesgo inherente de obstaculizar su libre circulación y, por tanto, del efecto directo de dichas normas sobre el funcionamiento del mercado interior en este ámbito.

No obstante, tales disposiciones han de respetar tanto el artículo 95 CE, apartado 3, que exige de forma expresa que, en la armonización realizada, se garantice un nivel de protección elevado de la salud humana, como los principios jurídicos consagrados en el Tratado o reconocidos por la jurisprudencia, entre otros, el principio de proporcionalidad. Asimismo, el hecho de que se hayan tenido en cuenta consideraciones de salud humana para establecer la prohibición, que resulta de lo dispuesto conjuntamente en los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, de comercializar los complementos alimenticios que contengan vitaminas, minerales o sustancias vitamínicas o minerales que no figuren en las listas de los anexos de dicha Directiva, no basta para desvirtuar el análisis anterior.

(véanse los apartados 31, 32, 35, 40 y 42)

2. Los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, relativa a los complementos alimenticios, interpretados conjuntamente, constituyen una restricción a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros contemplada en el artículo 28 CE. En efecto, al prohibir la comercialización en la Comunidad de los complementos alimenticios que contengan vitaminas, minerales o sustancias vitamínicas o minerales que no figuren en las listas de los anexos de la citada Directiva, dichas disposiciones restringen la libre circulación de los complementos alimenticios en el interior de la Comunidad. Sin embargo, esta medida, motivada por razones relacionadas con la protección de la salud humana, puede estar justificada, en virtud del artículo 30 CE, siempre que sea necesaria y proporcionada a la luz del objetivo perseguido.

Para cumplir con la exigencia de proporcionalidad, una prohibición de comercializar productos que contengan sustancias no incluidas en las listas positivas de la legislación aplicable debe ir acompañada de un procedimiento para añadir una determinada sustancia a dichas listas que se ajuste a los principios generales del Derecho comunitario, en concreto a los principios de buena administración y de seguridad jurídica. Un procedimiento de esta índole debe ser accesible, en el sentido de que debe mencionarse expresamente en un acto de alcance general que vincule a las autoridades de que se trate. Debe poderse concluir dentro de un plazo razonable. Las autoridades nacionales competentes únicamente pueden denegar una solicitud de inclusión de una sustancia en la lista de sustancias autorizadas sobre la base de una evaluación detallada del riesgo que represente para la salud pública la utilización de la sustancia, evaluación efectuada a partir de los datos científicos disponibles más fiables y de los resultados más recientes de la investigación internacional. Si el procedimiento desemboca en una decisión denegatoria, ésta debe ser recurrible judicialmente.

Reúne estos requisitos el procedimiento previsto en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2002/46, que permite añadir una vitamina, un mineral o una sustancia vitamínica o mineral a las listas mencionadas.

(véanse los apartados 48 a 51, 72 a 74 y 89)

3. El Reglamento nº 3285/94, sobre el régimen común aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento nº 518/94, tiene como objetivo la liberalización de las importaciones de productos procedentes de Estados terceros. En cambio, su finalidad no es liberalizar la comercialización de dichos productos, que constituye una fase posterior a la importación. De lo anterior resulta que dicho Reglamento carece de relevancia para apreciar la legalidad de medidas comunitarias que prohíban comercializar en la Comunidad productos importados de Estados terceros que no cumplan los requisitos exigidos para dicha comercialización por razones de protección de la salud humana.

(véanse los apartados 95 y 96)

4. No vulneran el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 CE, párrafo segundo, las disposiciones de los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, relativa a los complementos alimenticios.

En efecto, la prohibición, que se deriva de tales disposiciones, de comercializar complementos alimenticios que no cumplan la Directiva 2002/46, que se completa con la obligación de los Estados miembros, en virtud del artículo 15, párrafo segundo, letra a), de dicha Directiva, de autorizar el comercio de los complementos alimenticios que se ajustan a ella, es eliminar los obstáculos que resultan de las divergencias entre las normas nacionales en materia de vitaminas, minerales y sustancias vitamínicas o minerales autorizadas o prohibidas en la elaboración de complementos alimenticios, garantizando al mismo tiempo, con arreglo al artículo 95 CE, apartado 3, un nivel elevado de protección de la salud de las personas. Dejar a los Estados miembros la tarea de regular el comercio de los complementos alimenticios que no cumplen la Directiva 2002/46 significaría perpetuar la evolución divergente de las normativas nacionales y, por tanto, los obstáculos a los intercambios comerciales entre Estados miembros y las distorsiones de la competencia en relación con dichos productos. El objetivo al que contribuyen los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la citada Directiva tampoco podía haberse logrado de manera satisfactoria mediante una acción emprendida únicamente por los Estados miembros y requería una acción en el ámbito comunitario.

(véanse los apartados 105 a 108)

5. No vulneran el principio de igualdad de trato las disposiciones de los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, relativa a los complementos alimenticios.

En efecto, la prohibición que se desprende de dichas disposiciones, de comercializar complementos alimenticios que contengan sustancias vitamínicas o minerales que no figuran en la lista positiva del anexo II de la Directiva 2002/46 se basa en que, cuando se adoptó la citada Directiva, dichas sustancias, a diferencia de las sustancias que figuraban en la mencionada lista, no habían sido objeto, por parte de las autoridades competentes, de una evaluación científica que pudiera garantizar que cumplían los criterios de inocuidad y de biodisponibilidad enunciados en el undécimo considerando de tal Directiva. Esta diferencia de situaciones autoriza, por tanto, un trato diferente sin que pueda invocarse eficazmente una vulneración del principio de igualdad de trato.

(véanse los apartados 116, 118 y 119)

6. El hecho de que los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, relativa a los complementos alimenticios, puedan privar a las personas del derecho a consumir complementos alimenticios que no cumplan la citada Directiva no puede considerarse constitutivo de un menoscabo del respeto de la vida privada y familiar de éstas, en el sentido del artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

(véanse los apartados 123 y 124)

7. El derecho de propiedad, al igual que el derecho al libre ejercicio de una actividad profesional, forma parte de los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, estos principios no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, así como al libre ejercicio de una actividad profesional, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados.

A este respecto, la prohibición que se deriva de lo dispuesto conjuntamente en los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46, relativa a los complementos alimenticios, de comercializar en el mercado comunitario complementos alimenticios que no cumplan dicha Directiva no pone en absoluto en peligro el derecho de propiedad. En efecto, ningún operador económico puede reivindicar un derecho de propiedad sobre una cuota de mercado, aunque dispusiera de ella en un momento anterior a la adopción de la medida que afecta a dicho mercado, ya que dicha cuota de mercado únicamente representa una posición económica momentánea expuesta a los imprevistos de un cambio de circunstancias.

Por el contrario, dicha prohibición puede restringir el libre ejercicio de la actividad profesional de los fabricantes de complementos alimenticios. No obstante, no cabe considerar, a la luz del objetivo de interés general que constituye la protección de la salud de las personas contemplada en la medida de prohibición, que una restricción de este tipo menoscabe de manera desmesurada el libre ejercicio de la actividad profesional de dichos fabricantes.

(véanse los apartados 126 a 129)