Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Excepciones — Actividades relacionadas con el ejercicio del poder público

(Arts. 43 CE, 45 CE, 49 CE y 55 CE)

2. Libre prestación de servicios — Restricciones — Empresas de seguridad privada

(Art. 49 CE)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Restricciones — Empresas de seguridad privada

(Arts. 43 CE y 49 CE)

4. Libre prestación de servicios — Restricciones — Empresas de seguridad privada

(Art. 49 CE)

5. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Restricciones — Empresas de seguridad privada

(Arts. 43 CE y 49 CE)

6. Libre prestación de servicios — Restricciones — Control de precios — Empresas de seguridad privada

(Art. 49 CE)

Índice

1. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE un Estado miembro cuya normativa dispone que la actividad de guarda privado únicamente puede ejercerse previa prestación de un juramento de fidelidad a dicho Estado miembro y a su Jefe de Estado. En efecto, en el estado actual de la legislación aplicable, las empresas de seguridad privada no participan directa y específicamente, en dicho Estado miembro, en el ejercicio del poder público, al no poder asimilarse las actividades de seguridad privada que llevan a cabo a las misiones que competen a los servicios de seguridad pública, de modo que no son de aplicación en este caso las excepciones previstas en los artículos 45 CE y 55 CE. Por otra parte, dicha promesa solemne de fidelidad a un Estado miembro y a su Jefe de Estado, debido a su alcance simbólico, puede contar más fácilmente con el beneplácito de nacionales de dicho Estado miembro o de personas que ya estén instaladas en él. En consecuencia, se coloca a los operadores extranjeros en una situación de desventaja con relación a los operadores nacionales de dicho Estado miembro que estén implantados en él. Finalmente, por lo que se refiere a la eventual justificación de este obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios por razones de protección del orden público, dicho concepto presupone una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Ahora bien, no puede considerarse que las empresas de seguridad privada establecidas en Estados miembros distintos del Estado en que se exige la prestación de un juramento puedan crear, mediante el ejercicio de su derecho a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios y utilizando personal que no haya prestado juramento de fidelidad a dicho Estado miembro y a su Jefe de Estado, una amenaza real y grave a un interés fundamental de la sociedad.

(véanse los apartados 43 a 44, 47 a 50 y 130 y el fallo)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE un Estado miembro cuya normativa dispone que la actividad de seguridad privada únicamente puede ser ejercida por los prestadores de servicios domiciliados en otro Estado miembro previa concesión de una autorización de la autoridad competente de alcance territorial, sin que se tengan en cuenta las obligaciones a las que dichos prestadores están ya sujetos en el Estado miembro de origen. En efecto, una medida establecida por un Estado miembro que, básicamente, consiste en repetir los controles ya realizados en el Estado miembro en que está establecido el prestador no puede considerarse necesaria para alcanzar el objetivo de garantizar un estricto control de las actividades de que se trata.

(véanse los apartados 63, 64, 67 y 130 y el fallo)

3. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE un Estado miembro cuya normativa dispone que la actividad de seguridad privada únicamente puede ser ejercida por una empresa domiciliada en otro Estado miembro previa concesión de una autorización administrativa de la autoridad competente con una validez territorial limitada, y que la concesión de dicha autorización está supeditada a que se tengan en cuenta el número y la importancia de las empresas de seguridad privada que operan ya en el territorio de que se trate.

(véanse los apartados 68, 79, 80 y 130 y el fallo)

4. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE un Estado miembro cuya normativa dispone que:

– las empresas de seguridad privada deben tener un establecimiento de explotación en cada provincia en la que ejerzan su actividad;

– el personal de las empresas debe ser autorizado individualmente para ejercer la actividad de seguridad privada, sin que se tengan en cuenta los controles y las verificaciones ya realizados en el Estado miembro de origen.

(véanse los apartados 88, 93, 94 y 130 y el fallo)

5. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE un Estado miembro cuya normativa dispone que:

– las empresas de seguridad privada deben disponer de una plantilla mínima y/o máxima para ser autorizadas a ejercer su actividad;

– las mismas empresas deben depositar una fianza en un organismo nacional.

(véanse los apartados 105, 115 y 130 y el fallo)

6. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE un Estado miembro cuya normativa dispone que los precios de los servicios de seguridad privada se fijan en la autorización otorgada por la autoridad competente con relación a un margen de variación previamente establecido. Esta limitación de la libertad de fijación de las tarifas restringe el acceso al mercado de dicho Estado miembro de los servicios de seguridad privada de operadores domiciliados en otros Estados miembros que desean ofrecer sus servicios en aquel Estado miembro. En efecto, la referida limitación, por un lado, priva a dichos operadores de la posibilidad de competir más eficazmente, aplicando tarifas inferiores a las fijadas por el baremo impuesto, con los operadores económicos instalados de forma estable en el Estado miembro en cuestión y que disponen por tanto de mayores facilidades que los operadores económicos establecidos en el extranjero para captar clientela. Por otro lado, esa misma limitación impide que los operadores domiciliados en otros Estados miembros incluyan en el baremo de sus prestaciones determinados costes que no tienen que soportar los operadores domiciliados en el Estado miembro en que se presta el servicio. Por último, el margen de fluctuación concedido a los operadores no compensa los efectos de la limitación así establecida a la libertad de fijación de las tarifas.

(véanse los apartados 125, 126, 129 y 130 y el fallo)