Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Admisibilidad - Apreciación en relación con el litigio que es objeto de la instancia - Institución que ha intervenido como coadyuvante en primera instancia habiéndose desestimado parcial o totalmente sus pretensiones - Requisito suficiente

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 49)

2. Funcionarios - Cese definitivo - Jubilación anticipada - Medida que necesita una base jurídica específica - Reglamento (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 del Consejo, por el que se autoriza al Parlamento Europeo a tomar medidas de cese definitivo en favor de su personal - Recursos de funcionarios del Tribunal de Justicia que invocan, por vía de excepción, la ilegalidad del Reglamento (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 - Inadmisibilidad

[Reglamento (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 del Consejo]

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$$1. Los requisitos para la admisibilidad de los recursos de casación fijados en el artículo 49 del Estatuto CE y en las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia se aprecian única y exclusivamente en relación con el litigio que es objeto de la instancia. El hecho de que los fundamentos de Derecho de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ha adquirido firmeza acojan una excepción de ilegalidad propuesta contra un acto normativo no impide que quien ha interpuesto un recurso de casación admisible niegue, en otro litigio, la ilegalidad del mismo Reglamento.

Además, del artículo 49, párrafo segundo, del Estatuto CE y de las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia resulta que basta con que se hayan desestimado parcial o totalmente las pretensiones de una Institución que ha intervenido como coadyuvante en primera instancia para que ésta esté legitimada para interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 22 y 23 )

2. Las medidas de cese definitivo, como las que se permitieron mediante el Reglamento nº 2688/95, no tienen origen legal en el Estatuto y, por lo tanto, no constituyen un elemento ordinario de la carrera de las personas afectadas. Al contrario, tales medidas, denominadas «cese definitivo de funcionarios de categoría superior», deben analizarse como una práctica que la Comunidad ha utilizado de forma puntual en interés del buen funcionamiento de sus Instituciones.

De ello resulta, por un lado, que la petición de inclusión en una lista de personas que han manifestado su interés por una medida de este tipo requiere la existencia de una disposición normativa específica y legal que le dé base jurídica y, por otro, que, aun cuando exista dicha disposición, la Institución afectada no está obligada a acoger las peticiones que se le presenten ni a utilizar, aunque sea parcialmente, la facultad de que dispone de decidir sobre el cese definitivo en sus funciones de una parte de sus funcionarios.

Puesto que el Reglamento nº 2688/95 autorizaba únicamente al Parlamento Europeo a adoptar medidas de cese y, por lo tanto no podía proporcionar base jurídica a las peticiones de funcionarios de otras instituciones, el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar la admisibilidad de una excepción de ilegalidad de dicho Reglamento propuesta por funcionarios del Tribunal de Justicia en el marco de un litigio que tenía por objeto la anulación de una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la que se denegaba su petición de inscripción en la lista de los funcionarios afectados por las medidas de cese. En efecto, la legalidad de las respuestas dadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede verse afectada por los vicios de que adolezca un Reglamento que no se aplica al Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 28 al 34 )