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Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales

—

Competencia del Tribunal de Justicia

—

Límites

—

Interpretación de una directiva comunitaria en un litigio anterior a la adhesión de un Estado a la Unión Europea

—

Exclusión (Art. 267 TFUE) (véanse los apartados 25 a 27)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Varhoven kasatsionen sad — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 4, apartado 1, letra b), inciso iv), y 5, apartado 2, párrafos tercero y cuarto, de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59) — Concepto de «otros servicios turísticos» no accesorios al transporte o al alojamiento a cargo del organizador — Obligación para el organizador de suscribir un contrato de seguro individual para cada consumidor y de entregarle el original antes del inicio del viaje — Obligación del organizador de suscribir un contrato individual de seguro que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente — Concepto de «daños» al consumidor debidos a la no ejecución o mala ejecución del contrato — Inclusión de los daños morales.

Parte dispositiva

Fallo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria).
Asunto C-112/09 P

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inadmisibilidad por extemporaneidad — Concepto de “error excusable” — Recurso de casación manifiestamente infundado»

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de enero de 2010 I ‐ 353

Sumario del auto

Procedimiento — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción — Error excusable — Concepto — Alcance

En relación con la normativa comunitaria relativa a los plazos para recurrir, el concepto de error excusable, que permite no aplicarla, únicamente se refiere a circunstancias excepcionales en las cuales, particularmente, la institución interesada haya adoptado un comportamiento que pueda provocar, por sí solo o de modo determinante, una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso. La institución afectada es la que ha adoptado el acto impugnado. Un error excusable puede resultar también de un comportamiento del propio órgano jurisdiccional que haya provocado una confusión en el ánimo del justiciable.

Por otra parte, en lo que respecta a los plazos para recurrir ante el Tribunal General, al ser el tenor del artículo 101, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General claro y nítido y no presentar ninguna dificultad especial de interpretación, para aplicar esta disposición un operador medio cuidadoso no necesita recurrir a una interpretación hecha por otra institución de una disposición similar, como la del artículo 3 del Reglamento no 1182/71, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos.

Además, habida cuenta de que no entra dentro de las atribuciones ni de las competencias de los funcionarios de la Secretaría del Tribunal General pronunciarse sobre el cómputo del plazo para interponer recurso, un recurrente no puede sostener que ha acreditado haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso al solicitar de la Secretaría del Tribunal General confirmación de la exactitud de su cálculo de los plazos.

(véanse los apartados 20, 22, 24, 27 y 29)
1)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre el Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro adopte una normativa nacional, como el Decreto Presidencial 164/2004, que contenga disposiciones relativas a los trabajadores contratados mediante contratos de duración determinada en el sector público y que, con el fin de adaptar específicamente el Derecho interno a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones al sector público, prevea la aplicación de medidas preventivas frente a la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada sucesivos, enumeradas en el apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula, cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya exista —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente— una «medida legal equivalente» en el sentido de la citada cláusula —como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, relativa a la resolución obligatoria del contrato de trabajo de los empleados del sector privado—, siempre que, no obstante, esta normativa, por una parte, no afecte a la eficacia de la prevención de la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada, como se desprende de dicha medida legal equivalente, y, por otra parte, respete el Derecho comunitario, concretamente la cláusula 8, apartado 3, del mencionado Acuerdo.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28; en lo sucesivo, «Directiva»), de los artículos 18 CE y 39 CE, así como del derecho fundamental al respeto de la vida familiar.
18

En estas circunstancias la prud’homie de pêche de Martigues decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 11 bis del [Reglamento no 894/97] en el sentido de que también prohíbe la utilización de redes de enmalle que no derivan o que apenas lo hacen por estar amarradas a un ancla flotante? 2) ¿Es válido el artículo 11 bis, apartados 1 y 2, del [Reglamento no 894/97] en la medida en que: a) parece perseguir un objetivo estrictamente medioambiental, aun cuando su base jurídica es el artículo [43 CE (actualmente artículo 37 CE)]; b) no ofrece una definición de red de enmalle de deriva y por ello no delimita claramente su ámbito de aplicación; c) carece de motivación clara; d) no tiene en cuenta los datos científicos y técnicos disponibles, las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad, ni las ventajas y las cargas que resultan de la prohibición que establece; e) carece de proporcionalidad en relación con la finalidad que persigue; f) es discriminatorio, dado que trata de la misma manera situaciones geográficas, económicas y sociales distintas; g) no establece ninguna excepción en favor de quienes practican la pesca a pequeña escala mediante el arte denominado “thonaille”, que, aparte de ser tradicional en el Mediterráneo y de ser el medio de vida de la población que la emplea, es muy selectiva?»
Una persona física o jurídica sólo puede alegar que está afectada individualmente cuando la disposición controvertida le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas, y, por ello, la individualiza de una manera análoga a la del destinatario. Cuando el acto impugnado afecte a un grupo de personas identificadas o identificables en el momento de la adopción de dicho acto y en función de criterios que caracterizan a los miembros de dicho grupo, éstos pueden considerarse individualmente afectados por dicho acto, en la medida en que forman parte de un círculo restringido de operadores económicos. A este respecto, el número y la identidad de las personas potencialmente afectadas por una decisión de la Comisión que reserva un nombre de dominio de Internet para su utilización por las instituciones y organismos de la Comunidad no pueden conocerse de forma definitiva ni tampoco ser determinados. En efecto, en virtud del procedimiento previsto por el Reglamento no 874/2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como a los principios en materia de registro, cada nombre de dominio inscrito en la lista está reservado no sólo frente a los titulares de derechos anteriores, sino igualmente frente al público en general.

De igual modo, la cuestión de si las personas afectadas por esta Decisión están identificadas o son identificables se aprecia en la fecha de aprobación de la Decisión controvertida.

El hecho de que una persona intervenga en el proceso de adopción de un acto comunitario sólo la individualiza respecto al acto en cuestión en el caso de que la legislación comunitaria haya previsto garantías de procedimiento en favor de esta persona. Por tanto, cuando una disposición de Derecho comunitario impone, para adoptar una decisión, que se siga un procedimiento en el que una persona física o jurídica pueda invocar posibles derechos, entre ellos el de ser oída, la posición jurídica especial en favor de esta persona tiene el efecto de individualizarla en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Si bien es cierto que el Reglamento no 874/2004 prevé un período de registro anticipado y reservado de los nombres de dominio en favor de los titulares de derechos anteriores, no establece sin embargo ninguna garantía de procedimiento que pueda considerarse como un derecho concedido. Un recurrente, por tanto, no puede ampararse en las disposiciones de dicho Reglamento para afirmar que las mismas tienen como efecto «individualizarlo» en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 41 a 43, 50, 53 y 54)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

(Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 2, 24 y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 6, y 64)

2. Actos de las instituciones — Obligación general de informar a los destinatarios sobre los recursos y los plazos para su interposición — Inexistencia

Índice

1. Ni el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia ni el artículo 24 del Estatuto del Tribunal de Justicia, asimismo aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53, párrafo primero, del citado Estatuto, ni ninguna otra disposición del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y del Estatuto del Tribunal de Justicia imponen al Tribunal de Primera Instancia la obligación de advertir al autor de un recurso que su escrito de interposición es inadmisible por no haber sido firmado por un abogado habilitado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales comunitarios.

Si bien el Estatuto del Tribunal de Justicia y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia permiten subsanar un escrito de interposición de un recurso que no respete determinados requisitos de forma, no es menos cierto que, en cualquier caso, el incumplimiento de la obligación de representación por un abogado habilitado para ejercer ante los tribunales de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo no figura entre los requisitos que pueden ser objeto de subsanación una vez que haya expirado el plazo de recurso, con arreglo a los artículos 21, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 44, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

(véanse los apartados 25 y 26)

2. No existe a cargo de las instituciones comunitarias ni una obligación general de informar a los destinatarios de los actos sobre las posibilidades de interponer recursos jurisdiccionales ni una obligación de indicar los plazos en que éstos pueden ejercitarse.

(véase el apartado 41)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse a su utilización ilícita — Uso del signo en el tráfico económico — Concepto [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra b); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 32 y 33)

2. Recurso de casación — Motivos — Necesidad de una crítica precisa de un extremo del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia [Art. 225 CE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 36 a 39)

3. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 225 CE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 60, 70 y 71)

4. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Acto legal — Perjuicio real, relación de causalidad y perjuicio anormal y especial — Carácter acumulativo (Art. 288 CE, párr. 2) (véanse los apartados 77 y 78)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 10 de mayo de 2006, Galileo International Technology y otros/Comisión (T‑279/03), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de indemnización para que, por una parte, la Comisión dejase de utilizar el término «Galileo» en referencia al proyecto comunitario de sistema global de radionavegación por satélite y dejase de inducir a terceros a utilizarlo y, por otra parte, para obtener reparación del perjuicio que presuntamente sufrieron los recurrentes como consecuencia de la utilización y promoción de dicho término por la Comisión, supuestamente idéntico a los nombres comerciales y a las marcas registradas por los recurrentes.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, S.A., Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Co. y Timas Ltd.
61999O0514

Auto del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2000. - República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto C-514/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-04705
Auto del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1999. - Colonia Versicherung AG Zweigniederlassung München e.a. contra Estado belga. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal de première instance de Bruxelles - Bélgica. - Remisión prejudicial - Inadmisibilidad. - Asunto C-422/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-01279



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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Admisibilidad - Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el régimen normativo - Cuestiones planteadas en un contexto que excluye una respuesta útil

[Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 20]

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La necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones. A este respecto, la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia. Además, dado que, en virtud de esta disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión, el hecho de que el Juez nacional haga referencia a las observaciones de las partes del procedimiento principal, que, por otra parte, pueden contener presentaciones divergentes del litigio pendiente ante este último, no permite garantizar dicha posibilidad.

En consecuencia, incurre en inadmisibilidad manifiesta, en la medida en que hace imposible que el Tribunal de Justicia dé una interpretación útil del Derecho comunitario, la petición de un Juez nacional que no describe el contexto fáctico del litigio ni los supuestos de hecho sobre los que se basa, ni el marco normativo nacional, ni las razones concretas que le llevan a albergar dudas sobre la interpretación del Derecho comunitario y a considerar necesario plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
Palabras clave

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Palabras clave

Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Tribunal de Justicia - Consideración del Convenio Europeo de Derechos Humanos - Derecho de toda persona a un proceso equitativo - Desestimación por el Tribunal de Justicia de una solicitud para presentar observaciones en respuesta a las conclusiones del Abogado General - Violación - Inexistencia

(Art. 222 CE; Art. 6 UE, ap. 2; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 6, ap. 1; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 18; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 59 y 61)

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$$Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. Para ello, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. A este respecto, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al que, además, se refiere el artículo 6 UE, apartado 2, reviste particular relevancia.

El artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio, relativo al derecho de toda persona a que su causa sea oída equitativamente en un procedimiento contradictorio, no se opone a que el Tribunal de Justicia desestime la solicitud de una parte para presentar observaciones escritas en respuesta a las conclusiones del Abogado General.

Por una parte, en efecto, en el sistema de organización judicial establecido por el Tratado y por el Estatuto del Tribunal de Justicia y precisado por su Reglamento de Procedimiento, las conclusiones del Abogado General, a diferencia de una opinión destinada a los Jueces o a las partes que emana de una autoridad ajena al Tribunal de Justicia o que toma su autoridad de la de un Ministerio Público, constituyen la opinión individual, motivada y expresada públicamente, de un miembro de la propia Institución que participa pública y personalmente en el proceso de elaboración de la decisión del Tribunal de Justicia y, por tanto, en el cumplimiento de la función jurisdiccional encomendada a este Tribunal.

Por otra parte, en aras de la propia finalidad del procedimiento contradictorio, que consiste en evitar que el Tribunal de Justicia pueda verse influido por alegaciones que las partes no hayan podido discutir, el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o incluso a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral del procedimiento, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes.

(véanse los apartados 8 a 10, 14 a 15, 18 y 20)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de diciembre de 1997. - Consejo de la Unión Europea contra Ana Maria Fernandes Leite Mateus. - Recurso de casación manifiestamente inadmisible. - Asunto C-218/97 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-06945



Palabras clave

1 Recurso de casación - Motivos - Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación - Inadmisibilidad

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 119]

2 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 119]
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de julio de 1998. - Glasoltherm SARL, sociedad en liquidación, contra Commission des Communautés européennes, Electricité de France y HLM "Colomiers Habitat SA". - Inadmisibilidad del recurso. - Asunto C-399/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04521



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Palabras clave

Procedimiento - Recurso de una persona física o jurídica contra otras personas físicas o jurídicas, o que pretende obtener la anulación de resoluciones puramente nacionales - Incompetencia del órgano jurisdiccional comunitario - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 3 B y 4)

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Conforme a los artículos 3 B y 4 del Tratado, el Tribunal de Justicia, al igual que las demás Instituciones de la Comunidad, sólo es competente para actuar dentro de los límites de las competencias atribuidas por el Tratado. No forman parte de las mismas la competencia para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas contra otras personas físicas o jurídicas, ni la competencia para conocer de los recursos que pretenden obtener la anulación de resoluciones puramente nacionales. Los recursos de este tipo son, por consiguiente, manifiestamente inadmisibles.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de octubre de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. - Archivo. - Asunto C-354/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-06007



Palabras clave

Procedimiento - Costas - Desestimiento justificado por la actitud de la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. art. 69, ap. 5)
Palabras clave

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Palabras clave

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Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Negativa del Parlamento a verificar, tras la unificación alemana, las credenciales de los representantes alemanes elegidos anteriormente - Exclusión

(Tratado CEE, art. 173; Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo)

Índice

Si bien la duración del mandato de los representantes al Parlamento puede reducirse por haberse producido un hecho que da lugar a una vacante conforme al artículo 12 del Acta, relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, y especialmente en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 6 del Acta, referido a que sobrevenga una incompatibilidad con la calidad de representante en el Parlamento, no hay, en cambio, ninguna norma que establezca la posibilidad de que el Parlamento declare que han perdido su validez los mandatos de sus miembros porque haya sobrevenido un hecho, posterior a la elección e independiente de ésta, que no origina ninguna incompatibilidad, por parte de estos miembros, con la calidad de representante en el Parlamento. Por lo tanto, el Parlamento no podía dar curso a la solicitud de que se verificasen, tras la unificación alemana realizada en octubre de 1990, la validez de los cargos de los representantes alemanes en el Parlamento elegidos en junio de 1989.

En estas circunstancias, una carta del Presidente del Parlamento por la que se informa a un particular que se desestima su impugnación de las elecciones no puede ser considerada como un acto susceptible de recurso de anulación.