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Asunto C-231/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg (Alemania) el 3 de abril de 2018 — Procedimiento relativo a sanciones pecuniarias contra NK

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg (Alemania) el 3 de abril de 2018 — Procedimiento relativo a sanciones pecuniarias contra NK

(Asunto C-231/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Oldenburg

Partes en el procedimiento principal

NK

Otras partes: Staatsanwaltschaft Oldenburg y Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Puede un comerciante de ganado al por mayor que adquiere animales vivos a un ganadero y los transporta hasta un matadero situado a una distancia de hasta 100 kilómetros, al que vende dichos animales, invocar la excepción prevista en el artículo 13, apartado 1, letra p), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 ( 1 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, referida a «vehículos utilizados para el transporte de animales vivos desde las granjas hasta los mercados locales y viceversa, o desde los mercados hasta los mataderos locales[,] en un radio de hasta 100 kilómetros», sea porque la adquisición al ganadero constituya un «mercado» en el sentido de dicha disposición o porque la propia empresa de comercio de ganado deba ser considerada un «mercado»? En el caso de que no se trate de un «mercado» en el sentido de dicha disposición:

2) ¿Puede un comerciante de ganado al por mayor que adquiere animales vivos a un ganadero y los transporta hasta un matadero situado en un radio de hasta 100 kilómetros, al que vende dichos animales, invocar dicha excepción, en aplicación analógica de la citada disposición?

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: a) En caso de una resolución que recoja una obligación ejecutiva y contra la que se haya presentado un recurso ordinario en el Estado miembro de origen o aún no haya expirado el plazo para interponerlo, ¿cómo debe proceder el órgano jurisdiccional de origen con respecto del formulario que contiene el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando la ejecución de la resolución en el Estado miembro de origen, de conformidad con los pronunciamientos de la sentencia o con una normativa legal, sólo pueda realizarse tras la prestación de una caución? b) ¿Debe expedir en ese caso el órgano jurisdiccional de origen el certificado utilizando el formulario que contiene el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, pero sin indicar en dicho formulario los datos mencionados en los puntos 4.4.1 a 4.4.4? c) ¿Está facultado en ese caso el órgano jurisdiccional de origen para expedir el certificado utilizando el formulario que contiene el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de manera que consten en dicho formulario datos adicionales sobre la caución obligatoria, por ejemplo en los puntos 4.4.1 o 4.4.3 del mismo, y se le adjunte el texto de dicha normativa legal?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 182/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidsrechtbank Gent (Bélgica) el 7 de marzo de 2018 — Ronny Rohart / Federale Pensioendienst

(Asunto C-179/18)

(2018/C 182/13)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidsrechtbank Gent

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ronny Rohart

Demandada: Federale Pensioendienst

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el principio de cooperación leal, en los términos del artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en los términos del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, (1) en el sentido de que se opone a que el régimen legal de un Estado miembro no permita que, en el cálculo de la pensión de jubilación de un trabajador por cuenta ajena, sobre la base de sus prestaciones en dicho Estado miembro, se tenga en cuenta el servicio militar que el interesado haya cumplido en dicho Estado miembro, porque, en el momento de su servicio militar y también con posterioridad al mismo, el interesado trabajó de forma ininterrumpida como funcionario de la Unión Europea, por lo que no cumple los requisitos para proceder a la equiparación prevista en el régimen legal de dicho Estado miembro?

(1) Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios») (DO 1968, L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 182/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 19 de febrero de 2018 — flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Asunto C-130/18)

(2018/C 182/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (1) en el sentido de que el derecho a compensación en caso de cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista también desaparece en caso de que el pasajero, mediante el transporte alternativo, sufra un retraso total de menos de tres horas, pero superior a dos, debido a que la llegada efectiva se retrasa más de dos horas, pero menos de tres, con respecto a la hora de llegada prevista?

(1) DO 2004, L 46, p. 1.
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65) al no haber puesto en vigor, a más tardar el 18 de abril de 2016, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión.
5.

En tercer lugar, al cesar al demandante de su cargo de Gobernador del Banco de Letonia, la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción aplicó una interpretación errónea del Derecho de la Unión, al afirmar que el demandante no actuaba en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de manera independiente y en interés del Banco Central Europeo, sino que ejercía las competencias del Gobernador del Banco de Letonia y actuaba en interés de este último Banco. Sin embargo, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que el Banco Central Europeo es una institución de la Unión Europea. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de las instituciones de la Unión Europea únicamente pueden ejercer las competencias previstas en la normativa de la Unión y sólo pueden actuar en interés de dichas instituciones. No incumbe a la normativa nacional establecer las actividades que corresponden a los funcionarios de las instituciones de la Unión Europea y, por ello, al desempeñar las funciones de un funcionario de las instituciones de la Unión Europea, no es posible ejercer competencias conferidas mediante actos jurídicos nacionales. El artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza la independencia del Banco Central Europeo, excluye que, al ejercer sus funciones de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el Gobernador del Banco de Letonia pueda actuar como representante del Banco de Letonia y proceder (estrictamente) en interés de este o de la República de Letonia.
3)

¿Se oponen el artículo 9 del Reglamento n.o 1392/2001 (2) y el concepto del Derecho de la Unión de «categoría prioritaria», en una situación como la descrita y que constituye el objeto del litigio principal, a una disposición de un Estado miembro, como el artículo 2, apartado 3, del Decreto-ley n.o 157/2004 aprobado por la República Italiana, que establece distintas modalidades de devolución de la tasa suplementaria imputada en exceso, distinguiendo, respecto a los plazos y a las formas de devolución, entre los productores que han cumplido confiadamente la obligación impuesta por una disposición nacional que ha resultado ser contraria al Derecho de la Unión y los productores que no han respetado esa disposición?
2.

Mediante el primer motivo de casación se alega que la sentencia es errónea porque el Tribunal General incurrió en error al estimar que la solicitud de registro de la marca de la Unión n.o 13945423 EZMIX era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento y no tenía el necesario carácter distintivo al que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2), del Reglamento. Puesto que EZMIX es globalmente un signo distintivo, el Tribunal General incurrió en error al declarar que existía un motivo de denegación del registro con arreglo al Reglamento. El Tribunal General no tomó en consideración todas las circunstancias relevantes del asunto en relación con el significado, el uso y las asociaciones de ideas que genera el signo solicitado en el público pertinente. El Tribunal General incurrió, por tanto, en un error de Derecho (error in law).
1)

¿Puede interpretarse el artículo 148, apartado 4, del Reglamento n.o 1308/2013 (1) en el sentido de que, a efectos de fortalecer el poder de negociación de los productores de leche cruda y de impedir prácticas comerciales desleales, y teniendo en cuenta las peculiares características estructurales del sector de la leche y los productos lácteos del Estado miembro y los cambios en el mercado de la leche, no se opone a que se establezca un marco regulador nacional que limita la libertad de las partes contratantes para negociar el precio de compra de la leche cruda al prohibir a los compradores de leche cruda pagar distintos precios de compra, a vendedores de dicho producto que pertenezcan a la misma categoría, definida en función del volumen de leche vendida, y que no forman parte de una organización de productores reconocida, por leche cruda de la misma calidad y composición que la que se entregue al mismo comprador conforme al mismo método, de modo que las partes no pueden convenir un precio de compra de leche cruda distinto teniendo en cuenta otros factores?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 3 de noviembre de 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Asunto C-625/17)

(2018/C 112/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Recurrida en casación: Finanzamt Feldkirch

Cuestión prejudicial

¿Es contraria a la libre prestación de servicios consagrada en los artículos 56 TFUE y siguientes y/o a la libre circulación de capitales y pagos consagrada en el artículo 63 TFUE una normativa que establece un tributo sobre el balance de las entidades de crédito, cuando una entidad de crédito con sede en Austria debe pagar el tributo por sus operaciones bancarias con los clientes del resto de la Unión Europea, cosa que no sucede con una entidad de crédito con sede en Austria que efectúe tales operaciones como sociedad matriz de un grupo bancario por medio de una entidad de crédito del grupo con sede en otro Estado miembro de la Unión Europea y cuyo balance, debido a su pertenencia al grupo, se consolida con el balance de la entidad de crédito que actúa como sociedad matriz del grupo, debido a que el tributo grava el balance no consolidado (no incluido en los estados financieros consolidados)?
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 288 TFUE, de los artículos 3 y 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 800/2008 y vulneración de la prohibición de discriminación La recurrente indica que la sentencia es contraria al artículo 288 TFUE y a los artículos 3 y 13, apartado 1, del Reglamento n.o 800/2008 (Reglamento general de exención por categorías), puesto que el Tribunal, de haber realizado una apreciación libre de errores de Derecho, no podía haber atribuido nuevamente a la recurrida competencia para examinar ayudas ni haber acordado la incompatibilidad mediante resolución, en la medida en que dichas ayudas —hasta el importe del umbral del artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 800/2008— ya se habían declarado materialmente compatibles con el mercado interior sobre la base de disposiciones de Derecho derivado de la Unión de rango superior. Además, señala que la sentencia recurrida tiene la consecuencia de que la recurrente sufre discriminación con respecto a sus competidores por la prohibición de recibir una ayuda de más de 17 millones de euros hasta el umbral del Reglamento n.o 800/2008. Pues cualquier competidor, incluso uno con posición dominante en el mercado, habría podido obtener, para una inversión de magnitud similar, en una situación comparable una ayuda en virtud de la Investitionszulagengesetz (Ley de subvenciones a la inversión) por importe igual al umbral.
1)

¿Pueden interpretarse los artículos 9, apartado 1, y 10, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 2014/104/UE, (1) de 26 de diciembre de 2014, y sus restantes disposiciones o principios generales del Derecho de la Unión Europea aplicables, en el sentido de que crean derechos para un particular (en el presente caso, una sociedad anónima mercantil sujeta a la ley canadiense) que éste puede invocar judicialmente frente a otro particular (en el presente caso, una sociedad anónima mercantil sujeta a la ley portuguesa) en el contexto de una acción ejercitada para obtener la indemnización de unos supuestos perjuicios sufridos como consecuencia de una infracción del Derecho de la competencia, en particular considerando que en la fecha de interposición de la acción judicial en cuestión (27 de febrero de 2015) ni siquiera había finalizado todavía el plazo conferido a los Estados miembros para que efectuaran la transposición al Derecho nacional de la Directiva, conforme al artículo 21, apartado 1, de la misma?
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe tener en cuenta, en su caso por analogía, el juez del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia: a) lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 […], en el sentido de que la parte en cuestión puede defenderse contra una acción ejercitada por el síndico por cuenta del conjunto de los acreedores demostrando que su actuación no daría lugar a responsabilidad si se apreciara conforme al Derecho que sería aplicable si su responsabilidad no fuera reclamada por el síndico, sino por un acreedor individual por acto ilícito; b) lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 ( 3 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), en relación con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 […], es decir, las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el lugar del hecho supuestamente ilícito, como las normas de comportamiento financiero aplicables a los bancos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 424/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 11 de septiembre de 2017 — Anja Oehlke y Wolfgang Oehlke / TUIfly GmbH

(Asunto C-533/17)

(2017/C 424/29)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Anja Oehlke y Wolfgang Oehlke

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, (1) a la luz de su decimoquinto considerando, en el sentido de que un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo sólo puede verse liberado de su obligación de compensación invocando unas circunstancias extraordinarias que se hayan producido precisamente el día del vuelo, o las circunstancias extraordinarias aparecidas el día anterior también pueden justificar la cancelación o el gran retraso de un vuelo al día siguiente?

2) En caso de que también las circunstancias extraordinarias ocurridas el día anterior puedan justificar la cancelación o el gran retraso de un vuelo al día siguiente, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 en el sentido de que un transportista aéreo, dentro de las medidas razonables que debe tomar para evitar las circunstancias extraordinarias, está obligado a realizar de antemano preparativos adecuados para esas eventualidades y, en cualquier caso, a disponer en su aeropuerto de origen de un número suficiente de aviones de reserva?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2)

En caso de respuesta afirmativa a las letras a) o b) de la primera cuestión: ¿Procede la misma respuesta si: a) a los beneficiarios del estatuto de refugiado en el Estado miembro de reconocimiento (en este caso, Bulgaria) no se les conceden prestaciones de subsistencia, o las que reciben son de mucho menor alcance que en otros Estados miembros, aunque dichas personas no sean tratadas al respecto de manera diferente a los nacionales de ese Estado miembro, b) los beneficiarios del estatuto de refugiado son equiparados formalmente a los propios nacionales en cuanto a las condiciones de subsistencia, pero en la práctica se dificulta su acceso a las prestaciones asociadas a la misma y no existe un programa de integración con la dotación adecuada y que atienda a las necesidades especiales del grupo de afectados para garantizar una efectiva igualdad de trato con los nacionales?
—

Que se declare que el Reino de España, al no haber adoptado, antes del 21 de marzo de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 (1), o, en todo caso, al no haber notificado dichas disposiciones a la Comisión, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 42, apartado 1, de dicha Directiva;
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 357/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 8 de agosto de 2017 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin y otros

(Asunto C-477/17)

(2017/C 357/05)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Demandada: D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento n.o 1231/2010 (1) en el sentido de que pueden invocar el (título II del) Reglamento n.o 883/2004 (2) y del Reglamento n.o 987/2009 (3) los trabajadores con nacionalidad de un tercer país que residen fuera de la Unión pero trabajan temporalmente en diversos Estados miembros para un empresario establecido en los Países Bajos?

(1) Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos (DO 2010, L 344, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1).

(3) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1).
1)

¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE (1) a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015? ¿Se aplica en todo caso cuando la solicitud de asilo aún está íntegramente comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003, en virtud del artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 604/2013?