Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente

(Arts. 88 CE, aps. 2 y 3, y 230 CE, párr. 4)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Art. 253 CE)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión

(Art. 88 CE, ap. 3)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Fase preliminar y fase contradictoria

[Arts. 87 CE, ap. 1, y 88 CE, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 4, ap. 4]

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1. Cuando, sin iniciar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión declara, sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, los beneficiarios de las garantías de procedimiento previstas en el apartado 2 de dicho artículo, únicamente pueden obtener su respeto si tienen la posibilidad de impugnar la decisión basada en el apartado 3 ante el juez comunitario.

Por ello, el juez comunitario declarará la admisibilidad de un recurso de anulación de una decisión basada en el artículo 88 CE, apartado 3, interpuesto por un interesado, en virtud del artículo 88 CE, apartado 2, cuando el actor del recurso, mediante su interposición, pretenda que se salvaguarden los derechos de procedimiento que le confiere la disposición mencionada en último lugar.

En cambio, si el demandante cuestiona el fundamento de la decisión de apreciación de la ayuda en sí misma, el mero hecho de que pueda ser considerado interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, no basta para reconocer la admisibilidad del recurso. En tal caso, debe demostrar que goza de una situación particular a efectos de la jurisprudencia Plaumann/Comisión, 25/62. Ello sucedería, en particular, si la posición del demandante en el mercado se viese afectada sustancialmente por la ayuda objeto de la decisión de que se trate.

(véanse los apartados 45, 46 y 48)

2. Una normativa nacional que tiene la finalidad de facilitar la entrada de los hipermercados en el mercado de la distribución de productos petrolíferos suprimiendo determinadas limitaciones de carácter urbanístico y simplificando los procedimientos administrativos relacionados con la instalación de una estación de servicio, sin exonerar por ello, no obstante, a los propietarios de hipermercados de obligación alguna de cesión en beneficio del Estado, prevista por la legislación aplicable o derivada de una práctica administrativa generalizada de las autoridades locales, no supone ninguna transferencia directa o indirecta de recursos públicos y, por tanto, no puede ser considerada ayuda de Estado.

En efecto, una medida estatal que no implica una transferencia directa o indirecta de recursos del Estado no puede ser calificada de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, aunque cumpla los demás requisitos previstos por dicha disposición.

(véanse los apartados 87, 91 y 104)

3. La obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo.

La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. Esta exigencia debe apreciarse en función de las circunstancias del caso. La cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Por lo que se refiere, más concretamente, a una decisión de la Comisión que declara la inexistencia de una ayuda de Estado denunciada, la Comisión está obligada a exponer al denunciante de manera suficiente las razones por las que los elementos de hecho y de Derecho invocados en la denuncia no han sido suficientes para demostrar la existencia de una ayuda de Estado. Sin embargo, la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre elementos que estén manifiestamente fuera de contexto, carentes de significado o claramente secundarios.

(véanse los apartados 107 y 108)

4. En el supuesto de que las medidas estatales controvertidas en relación con la prohibición de ayudas de Estado no hayan sido notificadas por el Estado miembro afectado, la Comisión no se encuentra obligada a efectuar un examen preliminar de estas medidas en un plazo determinado. No obstante, cuando terceros interesados han presentado a la Comisión denuncias relativas a medidas estatales que no han sido objeto de la notificación, dicha institución está obligada, en el marco de la fase previa prevista en el artículo 88 CE, apartado 3, a proceder a un examen diligente e imparcial de las denuncias, en interés de una correcta aplicación de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas de Estado. De ello se deduce, en particular, que la Comisión no puede prolongar indefinidamente el examen preliminar de unas medidas estatales contra las que se ha presentado una denuncia, pues dicho examen tiene por único objeto permitir a la Comisión esbozar una primera opinión sobre la calificación de las medidas sujetas a su apreciación y sobre su compatibilidad con el mercado común.

Para apreciar si la duración de un procedimiento de examen preliminar resulta razonable será preciso tener en cuenta las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión, la complejidad del asunto y su trascendencia para las diferentes partes interesadas.

No obstante, si bien la observancia de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos constituye un principio general de Derecho comunitario, aplicable en el contexto de un procedimiento de investigación de una ayuda estatal, cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional comunitario, el mero hecho de haber adoptado una decisión en un plazo que va más allá de lo razonable no basta para hacer ilegal una decisión adoptada por la Comisión como consecuencia de un procedimiento de investigación formal incoado con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3.

(véanse los apartados 121, 122 y 130)

5. Del artículo 4, apartado 4, del Reglamento nº 659/1999 y de la jurisprudencia se desprende que la Comisión debe iniciar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, si un primer examen no le ha permitido resolver todas las dificultades planteadas por la cuestión de si una medida estatal sometida a su control constituye una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, al menos cuando, al realizar este primer examen, no ha podido convencerse de que la medida de que conoce, suponiendo que constituya una ayuda, es en cualquier caso compatible con el mercado común.

El transcurso de un período que excede en gran medida de lo normalmente necesario para un primer examen efectuado en el marco de las disposiciones del artículo 88 CE, apartado 3, puede, junto con otros elementos, conducir a reconocer que la Comisión tuvo serias dificultades de apreciación que exigieron que se iniciase el procedimiento establecido en el artículo 88 CE, apartado 2.

No obstante, la circunstancia de que la Comisión expresase, sobre la base de los elementos de que disponía, dudas sobre el carácter de ayuda de Estado de una medida estatal, y ya no expresara tales reservas después de que los denunciantes le comunicaran elementos adicionales, no permite estimar que la Comisión se enfrentó a serias dificultades. En efecto, si bien no dispone de ninguna facultad discrecional en cuanto a la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, cuando aprecia la existencia de tales dudas, la Comisión disfruta de cierto margen de apreciación en la investigación y el examen de las circunstancias para determinar si éstas suscitan dificultades serias. Conforme a la finalidad del artículo 88 CE, apartado 3, y al deber de buena administración que le incumbe, la Comisión puede, en particular, iniciar un diálogo con los denunciantes con objeto de superar, en el transcurso del procedimiento previo, las dificultades que en su caso hayan surgido. Pues bien, esta facultad presupone que la Comisión pueda adaptar su postura en función de los resultados del diálogo entablado, sin que esta adaptación deba interpretarse a priori como la acreditación de la existencia de serias dificultades.

Además, en la medida en que la Comisión no tiene la obligación de entablar un debate contradictorio con los denunciantes y que, por ello, no está obligada a indicarles la base, según el Derecho nacional, sobre la que pretende fundamentar su decisión, la mera ausencia de tal indicación no implica tampoco que la Comisión tuviese este tipo de dificultades.

(véanse los apartados 134, 135, 139 y 140)