Si bien los derechos fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos forman parte del Derecho de la Unión en cuanto principios generales —como confirma el artículo 6 TUE, apartado 3—, y el artículo 52, apartado 3, de la Carta exige dar a los derechos contenidos en ella que correspondan a derechos garantizados por el CEDH el mismo sentido y alcance que les confiere dicho Convenio, éste no constituye, dado que la Unión no se ha adherido a él, un instrumento jurídico integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión.

El hecho de que las decisiones por las que se imponen multas en materia de competencia sean adoptadas por la Comisión no es en sí mismo contrario al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cuanto al principio de tutela judicial efectiva, principio general del Derecho de la Unión que encuentra hoy su expresión en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que se corresponde, en el Derecho de la Unión, con el artículo 6, apartado 1, del citado Convenio, en el marco del control de legalidad previsto por el Tratado FUE, el juez de la Unión dispone de una competencia jurisdiccional plena que le reconoce el artículo 31 del Reglamento no 1/2003, de conformidad con el artículo 261 TFUE, y que le faculta para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya, y en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta. Como quiera que el control establecido en los Tratados implica que el juez de la Unión ejerza un control tanto de hecho como de Derecho y que tenga la facultad de valorar las pruebas, anular la decisión impugnada y modificar el importe de las multas, el control de legalidad contemplado en el artículo 263 TFUE, completado por la competencia jurisdiccional plena en lo que respecta al importe de la multa, contemplada en el artículo 31 del Reglamento no 1/2003, no parece oponerse a las exigencias del principio de tutela judicial efectiva que figura en el artículo 47 de la Carta.

Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en casos de infracción de las normas sobre competencia no constituyen ni una legislación, ni una legislación delegada en el sentido del artículo 290 TFUE, apartado 1, ni la base legal de las multas impuestas en materia de competencia, que se adoptan tomando como único fundamento el artículo 23 del Reglamento no 1/2003. Establecen una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato, y se limitan a describir el método de examen de la infracción adoptado por la Comisión y los criterios que ésta se obliga a tener en cuenta para fijar el importe de la multa. Pues bien, ninguna disposición de los Tratados prohíbe a una institución adoptar tal regla de conducta indicativa. De ello se desprende que la Comisión era competente para adoptar las citadas Directrices.

Si bien el principio de la responsabilidad personal de las personas jurídicas reviste especial importancia desde el punto de vista de la responsabilidad en la esfera del Derecho civil, no es pertinente para definir al autor de una infracción del Derecho de competencia, que trata del comportamiento concreto de las empresas. En efecto, los autores de los Tratados optaron por utilizar el concepto de empresa para designar al autor de una infracción del Derecho de competencia y no el concepto de sociedad o de persona jurídica, utilizado en el artículo 54 TFUE. Este concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. De ello se desprende que cuando una entidad económica infringe las normas sobre competencia, le incumbe responder por dicha infracción.

La presunción de una influencia determinante ejercida por una sociedad matriz sobre la filial que es en su totalidad o casi en su totalidad de su propiedad tiene como principal finalidad establecer un equilibrio entre, por una parte, la importancia del objetivo consistente en reprimir las conductas contrarias a las normas sobre la competencia, en particular al artículo 81 CE, y evitar que éstas se repitan y, por otra parte, las exigencias de determinados principios generales del Derecho de la Unión como son, en particular, los principios de presunción de inocencia, de personalidad de las penas y de seguridad jurídica, así como el derecho de defensa, incluido el principio de igualdad de armas. No obstante, tal presunción admite prueba en contrario. Las entidades que deseen destruirla pueden aportar todo tipo de pruebas para demostrar que no constituyen una única entidad económica, sino que la filial se comporta de manera autónoma en el mercado.

Para determinar si una filial decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado, deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a una filial con su sociedad matriz, los cuales pueden variar según el caso y, por lo tanto, no pueden ser objeto de una enumeración exhaustiva. En este contexto, la política comercial no es sino un elemento entre otros y, además, contrariamente a lo que afirman las recurrentes, no debe interpretarse de forma restrictiva.

Por otra parte, la adopción por la sociedad matriz de un código de conducta destinado a impedir las infracciones por parte de sus filiales del Derecho de la competencia y de las Directrices relativas a éste, en primer lugar, en nada cambia la realidad de la infracción probada en su contra y, en segundo lugar, no permite demostrar que las referidas filiales determinasen de manera autónoma su política comercial. La aplicación de dicho código de conducta sugiere más bien un control efectivo por parte de la sociedad matriz de la política comercial de sus filiales. Además, el hecho de que algunos empleados de sus filiales no respetasen ese mismo código de conducta no basta para demostrar el carácter autónomo de la política comercial de las filiales en cuestión.

(véanse los apartados 108 a 110, 112 y 114)