ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Primer motivo, basado en el hecho de que la Comisión apreció erróneamente que la financiación de Femern A/S constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. El primer motivo se subdivide en cuatro partes. En primer lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada adolece de un error de Derecho, en la medida en que la Comisión declara, en los considerandos 190 a 194 de la misma, que las actividades de Femern A/S no están relacionados con el ejercicio del poder público. A este respecto, la demandante sostiene: — que el método aplicado por la Comisión en los considerandos 190 a 194 para determinar si las actividades de Femern A/S están relacionadas con el ejercicio del poder público es contrario al artículo 107 TFUE, apartado 1; — que a la hora de apreciar la cuestión de si las actividades de Femern A/S están relacionados con el ejercicio del poder público y, por este motivo, quedan al margen de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado y de competencia, la Comisión incurrió en un error de Derecho al atribuir relevancia al hecho de que existieran operadores privados cuyas actividades podrían considerarse alternativas a las de Femern A/S y que se considera que compiten con esta última; — que la Comisión incurrió en un error de Derecho al apreciar concretamente que las actividades de Femern A/S relativas a la planificación, la construcción y la explotación de la conexión entre las dos costas no están relacionadas con el ejercicio del poder público. En segundo lugar, la demandante sostiene que la Decisión impugnada adolece de un error de Derecho en la medida en que la Comisión declara en el considerando 193 de la misma que Femern A/S ofrece servicios de transporte en un mercado en el que compite con terceros. En tercer lugar, la demandante sostiene que la Decisión impugnada adolece de un error de Derecho en la medida en que la Comisión declara en los considerandos 192 a 194 y 196 de la misma que Femern A/S es un «operador económico» sujeto a una «lógica económica» que «explota comercialmente» la conexión fija. En cuarto lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada adolece de un error de Derecho en la medida en que la Comisión declara en el considerando 233 a 240 de la misma que la financiación de Femern A/S puede falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros.
1.

Primer motivo, basado en una infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la infracción del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39) y, en particular, de su artículo 17. Finalmente, la demandante estima que las decisiones impugnadas violan el derecho fundamental de acceso a los datos personales.
—

Declare ilegales: el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011, en la medida en que le atañe; la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en la medida en que le atañe; el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/211 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que le atañe; y la Decisión de Ejecución (PESC) 2020/212 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en la medida en que le atañe.
4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del artículo 39 CDFUE, del artículo 9 in totum del Protocolo sobre Privilegios e inmunidades de la Unión Europea y de los artículos 7 y 9 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo. — Se alega a este respecto que, al no haberse protegido la inmunidad del Sr. Junqueras y no haberse exigido que se tramitara ante el Parlamento Europeo una petición de protección de la inmunidad, se ha vulnerado la totalidad de la protección a la inmunidad que otorga el artículo 9 del Protocolo sobre Privilegios e inmunidades de la Unión Europea.
Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2019 — Moerenhout y otros/Comisión

(Asunto T-789/19)

(2020/C 45/61)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Tom Moerenhout (Humbeek, Bélgica) y otros seis demandantes (representante: G. Devers, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Los demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule la Decisión impugnada.

— Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo del recurso contra la Decisión C(2019) 6390 final de la Comisión, de 4 de septiembre de 2019, por la que se deniega el registro de la propuesta de iniciativa ciudadana europea, titulada «Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law» (DO 2019, L 241, p. 12), los demandantes invocan cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales y del artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana (DO 2011, L 65, p. 1), en tanto la Comisión desvirtuó la propuesta de iniciativa ciudadana.

2. Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 3, segundo párrafo, del Reglamento n.o 211/2011 en la medida en que la Comisión incumplió su obligación de motivar la Decisión impugnada.

3. Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 211/2011 en cuanto la Comisión consideró que la acción prevista por la propuesta de iniciativa ciudadana solo podía adoptarse sobre la base del artículo 215 TFUE, pese a que la referida acción se incluye manifiestamente en el ámbito de la política comercial común.
5.

Quinto motivo, basado en que, aun suponiendo que las medidas SEC en cuestión constituyeran prima facie una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la Decisión impugnada concluyó erróneamente que no existía justificación que pudiera aplicarse para defender la compatibilidad de las medidas controvertidas con el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado. Añaden que la Decisión impugnada no es razonable y es incoherente, en la medida en que la Comisión aceptó correctamente que el capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010] está justificado en supuestos en los que la única razón para aplicar el gravamen en concepto de SEC en el supuesto establecido en el capítulo 5 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 es el criterio del «capital vinculado del Reino Unido», sobre la base de que este criterio pude ser excesivamente difícil de aplicar, pero al mismo tiempo, y sin motivarlo adecuadamente, la Comisión alega que el capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 nunca está justificado en supuestos en los que el criterio de las «funciones que ejercen las personas influyentes» supondría que se aplicara el gravamen en concepto de SEC en virtud del citado capítulo 5 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010. Arguyen que, de hecho, resulta extremadamente difícil aplicar el criterio FPI en la práctica, de modo que la Comisión debió haber declarado que el capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 estaba justificado en el marco de dicho criterio, y, en consecuencia, concluir que no existía ayuda de Estado.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 266 TFUE y de los artículos 14 y 27, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1) y de los artículos 11, 12 y 14 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO 2004, L 123, p. 18). — A este respecto, se alega que la Comisión no ha subsanado el vicio de procedimiento censurado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti y Alfa Acciai/Comisión (asuntos acumulados C-86/15 P y C-87/15 P, EU:C:2017:717), a raíz de la cual la Comisión adoptó la decisión impugnada.
—

La demandante alega que la demandada no justificó que la autorización del acceso pondría en peligro los intereses comerciales de personas físicas o jurídicas. Un hipotético peligro no justificado no puede vaciar de contenido el derecho fundamental de conocimiento y divulgación de datos de interés general del que goza el solicitante de los datos.
1.

Primer motivo, basado en que la demandada no demostró que la exención a la financiación de grupos (EFG) constituyera una ventaja. Las demandantes alegan que la demandada no mostró que existiera una ventaja en cada caso en que se solicitó la EFG. Además, cada una de las demandantes alega que decidió solicitar la EFG sin examinar si sus cuotas tributarias habrían sido menores si hubiera realizado un análisis con arreglo al criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes («criterio FPI») contenido en el artículo 371EB del capítulo 5 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010].
2.

Segundo motivo, basado en que, al basarse en datos incorrectos o inexactos o en datos que no se refieren concretamente al producto similar, la demandada no apreció adecuadamente las «dificultades considerables», en infracción del artículo 23 del Reglamento n.o 978/2012. Señala que esto hizo imposible apreciar adecuadamente si se reunían los requisitos del artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.o 978/2012 en lo que respecta al producto similar tal como se define en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento n.o 978/2012.
—

Declare a la parte demandada responsable del daño sufrido por las demandantes como resultado de la adopción del Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013 de la Comisión de 3 de mayo de 2013, (1) por importe aproximado de: — EUR 176 100 000, incluidos los intereses compensatorios, por la situación contraria a los hechos consistente en la ausencia de etiquetado, a contar desde la entrada en vigor del Reglamento Delegado n.o 665/2013 hasta el 19 de enero de 2019, cuando se anuló la normativa de etiquetado; y/o, con carácter subsidiario — EUR 127 100 000, incluidos los intereses compensatorios, por la situación contraria a los hechos del colector lleno, a contar desde la entrada en vigor del Reglamento Delegado n.o 665/2013 hasta el 19 de enero de 2019, cuando se anuló la normativa de etiquetado; y
1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación de que adolecen, por un lado, la decisión de la Comisión de 7 de septiembre de 2018 por la que se desestima la oferta presentada por la demandante en la licitación HR/R1/PR/2017/059 titulada «Mantenimiento de las instalaciones de seguridad en los edificios ocupados y/o gestionados por la Comisión Europea en Bélgica y Luxemburgo» (DO 2018/S 209-476275) y, por otro lado, la decisión de 17 de septiembre de 2018 por la que se niega a proporcionar a la demandante las precisiones que solicitaba en relación con la licitación anteriormente mencionada. La decisión por la que se desestima la oferta presentada por la demandante se limita, según ésta, a afirmar que la oferta no proponía el precio más bajo, siendo así que el criterio del precio no era el único criterio de adjudicación previsto en el pliego de condiciones. Considera que, como la insuficiencia de motivación equivale a una falta de motivación, debe ser sancionada con la anulación de la decisión.
—

Condene a la demandada a indemnizar a la demandante por el daño sufrido como consecuencia directa a la adopción del Reglamento (UE) n.o 944/2013, de 2 de octubre de 2013, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO 2013, L 261, p. 5), en la medida en que clasifica la sustancia «pitch, coal tar, high-temp.» (brea, alquitrán de hulla, elevada temperatura) como Aquatic Acute 1 (H400) y Aquatic Chronic 1 (H410), evaluada en un importe total de 66 236,74 EUR, o en cualquier otro importe que se determine posteriormente la demandante en el curso de procedimiento o por el Tribunal.
2.

Con arreglo al segundo motivo, la legalidad de la decisión impugnada también se cuestiona dado que el estatus de «nueva sustancia activa» debería haberse vuelto a examinar al presentarse la solicitud de autorización de comercialización genérica de Hexal, lo que no se hizo. Por consiguiente, la EMA presuntamente no cumplió sus obligaciones debidamente, en particular su obligación de llevar a cabo una evaluación efectiva y minuciosa y de motivar, con arreglo al artículo 296 TFUE, lo que, a su vez, hace que la decisión impugnada sea contraria a Derecho.
1.

Primer motivo, basado en que la demandada incurrió en un error de Derecho al estimar que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001/CE, en su segundo guion, referido a los «procedimientos judiciales», no era aplicable al presente asunto, basándose en que la documentación no constituía un documento «preparado a efectos de un procedimiento judicial». Sin embargo, jurídicamente, la demandada debería haber estimado que sí procedía aplicar esta excepción.
2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada y adolece de error de Derecho por lo que respecta a la conclusión de la Comisión de no separarse de lo dispuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003 ( 2 ) y de no conceder a Rubycon una reducción adicional de la multa, violando así los principios del Derecho de la Unión de proporcionalidad e igualdad de trato y el principio de individualización de las penas.
3.

Tercer motivo, basado en un error de Derecho, en un error manifiesto de apreciación o en una motivación insuficiente, en la medida en que se decidió, con carácter retroactivo y basándose solo en el interés del servicio, no volver a contratar a la parte demandante antes que indemnizarla, mientras que, según ella, la sustitución de la decisión revocada era imposible o especialmente difícil. Además, esta decisión no era necesaria para alcanzar los objetivos de la medida, no constituye un reexamen completo de las circunstancias del caso de autos, vulnera la confianza legítima y deja subsistir la obligación de reparar los perjuicios resultantes del resto de las irregularidades de las que adolece la decisión inicial.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 190/35

Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2018 — Vanda Pharmaceuticals/Comisión

(Asunto T-211/18)

(2018/C 190/59)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Vanda Pharmaceuticals Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: M. Meulenbelt, B. Natens, A.-S. Melin, y C. Muttin, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución C(2018) 252 final de la Comisión de 15 de enero de 2018, por la que se deniega la autorización de comercialización conforme al Reglamento (CE) n.o 726/2004 para «Fanaptum — iloperidona», un producto medicinal para uso humano, junto a las conclusiones científicas y los motivos de denegación de 9 de noviembre de 2017 y el informe de evaluación del Comité de Medicamento de Uso Humano de 9 de noviembre de 2017.

— Con carácter subsidiario, anule únicamente la Decisión de Ejecución C(2018) 252 final de la Comisión.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en que evaluación del riesgo que presenta el potencial arritmogénico de la iloperidona adolece de una falta de motivación (y, en cualquier caso, es manifiestamente errónea) y vulnera el principio de igualdad de trato.

2. Segundo motivo, basado en que la evaluación de las medidas de minimización del riesgo propuestas para la iloperidona adolece de una falta de motivación (y, en cualquier caso, es manifiestamente errónea) e infringe los artículos 5 TUE, apartado 1, y 5 TUE, apartado 4, y vulnera el principio de igualdad de trato.

3. Tercer motivo, basado en que la evaluación de las consecuencias del aplazamiento de la comercialización de la iloperidona adolece de una falta de motivación y es contraria a los artículos 5 TUE, apartado 1, y 5 TUE, apartado 4.

4. Cuarto motivo, basado en que el requisito de identificar una población en la que la iloperidona obtendría mejores resultados que otros productos es contrario al artículo 5 TUE, apartados 1, 2 y 3, y a los artículos 12 y 81, apartado 2, del Reglamento 726/2004, (1) y vulnera el principio de igualdad de trato.

5. Quinto motivo, basado en que la evaluación global de los riesgos y beneficios de la iloperidona adolece de una falta de motivación (y, en cualquier caso, es errónea).

(1) Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1).
—

Anule el Reglamento [de Ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2017, L 333, p. 10)] impugnado, manteniendo sus efectos hasta su sustitución dentro de un plazo razonable y, a más tardar, hasta el 16 de diciembre de 2021.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/52

Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2018 — Alfamicro/Comisión

(Asunto T-64/18)

(2018/C 142/70)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, L.da (Cascais, Portugal) (representantes: G. Gentil Anastácio y D. Pirra Xarepe, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare, por un lado, la nulidad absoluta de la Decisión de la Comisión C(2017) 8839 final, de 13 de diciembre de 2017, relativa al cobro de una deuda, en la medida en que se refiere a la nota de débito n.o 3241507078, y, por otro lado, la nulidad relativa de la citada Decisión en la parte restante.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.

1. En lo que respecta a la solicitud de que se declare la nulidad absoluta, la demandante alega que, en contra de lo dispuesto en el artículo 19 TUE y en el artículo 272 TFUE, la Comisión invade la competencia judicial, por cuanto sustituye la resolución del Tribunal General de 14 de noviembre de 2017 (asunto T-831/14), en la que se fija el crédito de la Unión sobre determinada obligación, por una decisión distinta —constitutiva de título ejecutivo— sobre la misma obligación.

2. En lo que respecta a la solicitud de que se declare la nulidad relativa, la demandante invoca: — falta de motivación, dado que la Comisión se limitó a afirmar que se habían constatados errores de carácter sistémico en los controles de auditoría financiera practicada sobre el convenio objeto de la resolución recurrida, sin explicar en qué consistían esos errores; — vulneración de la ley, dado que, al extrapolar automáticamente las conclusiones de una auditoría financiera practicada en el marco de una relación contractual a otras relaciones contractuales, la Comisión vulneró el artículo 135, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento n.o 966/2012, (1) así como un principio fundamental de los contratos administrativos en general y de los contratos administrativos típicos en particular como es el de la intangibilidad de la cláusula de remuneración.

(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 (DO 2012, L 298, p. 1).
II.

Segundo motivo, basado en que, al imponer una corrección por un importe de 546 351,91 euros debido a deficiencias en los controles fundamentales y los subsidiarios, la Comisión infringió el artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, ya que, al pronunciarse sobre la gravedad de la no conformidad, la naturaleza de las infracciones y el perjuicio financiero causado a la Unión Europea: 1. no tuvo en cuenta los cálculos llevados a cabo por las autoridades competentes de la República de Lituania en relación con el perjuicio financiero causado a la Unión Europea que está conectado con las divergencias del sistema de sanciones relacionado con infracciones en la identificación y el registro de los animales y no están incluidos en las medidas relevantes del Derecho de la Unión, respecto del año de solicitud 2014; 2. no tuvo en cuenta los cálculos llevados a cabo por las autoridades competentes de la República de Lituania en relación con el perjuicio financiero causado a la Unión Europea que está conectado con el examen en general poco riguroso del incumplimiento de los requisitos para la identificación y el registro de animales, respecto del año de solicitud 2014; 3. asimismo, al basarse en una interpretación incorrecta del artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1122/2009, declaró infundadamente que el análisis del riesgo en Lituania no cumplía con el Reglamento, ya que no se incluyeron factores de riesgo relacionados con los animales; 4. igualmente, al basarse en una interpretación incorrecta del artículo 84 del Reglamento (CE) n.o 1122/2009, declaró infundadamente que el seguimiento de los resultados de los controles en Lituania no cumplía con el Reglamento, ya que las estadísticas presentadas no cumplían con todo lo previsto en las plantillas de la Comisión.
—

Subsidiariamente, declare que las Decisiones impugnadas no constituyen actos jurídicamente vinculantes para la parte demandante en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios iniciado por esa misma parte contra el Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerio de Recursos Humanos, Hungría), y que está siendo tramitado con el número 23. P. 25.843/2016 ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), y que, por este motivo, la parte demandante no es una parte afectada directa e individualmente, ya que fundamenta su pretensión de indemnización en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y no en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3.
—

Anule la Decisión SRB/EES/2017/08 de la Junta Única de Resolución, de 7 de junio de 2017, concerning the adoption of a resolution scheme un respect of Banco Popular Español, S.A.; y