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Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa - Requisitos para su concesión - Circunstancias excepcionales

(Art. 242 CE)

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Consideración de la situación financiera del grupo al que pertenece la empresa

(Art. 242 CE)

3 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Carácter acumulativo

(Art. 242 CE)

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1 Una solicitud de medidas provisionales mediante la que se pide la dispensa de la obligación de constituir una garantía bancaria como condición para que no se proceda de forma inmediata al cobro de una multa sólo puede acogerse si concurren circunstancias excepcionales.

La posibilidad de exigir la constitución de una garantía está expresamente prevista en los procedimientos de medidas provisionales, por los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, y se corresponde con una línea de actuación general y razonable de la Comisión.

2 A fin de determinar si una empresa puede constituir una garantía bancaria, el Juez de medidas provisionales debe tener en cuenta el grupo de empresas al que ésta pertenece y, en particular, los recursos de que dispone, en su conjunto, dicho grupo.

Este enfoque se basa en la idea de que los intereses objetivos de la empresa afectada no presentan un interés autónomo respecto de los de las personas, físicas o jurídicas, que la controlan y de que el carácter grave e irreparable del daño alegado debe, por tanto, apreciarse en relación con el grupo que dichas personas integran. Esta confusión de intereses justifica, en particular, que no se valore el interés de la empresa afectada en sobrevivir independientemente del interés de quienes la controlan en su supervivencia.

A este respecto, no basta que el accionista principal de la empresa afectada se niegue simplemente de forma unilateral a ayudarla, para que no se tome en consideración la situación financiera del grupo. En efecto, la importancia del daño alegado no puede depender de la voluntad unilateral del accionista principal de la empresa.

3 En un procedimiento sobre medidas provisionales los requisitos a los que se condiciona la concesión de la suspensión de la ejecución son acumulativos, de manera que la demanda de suspensión debe ser desestimada cuando no se dé alguno de ellos.

Por ello, si el Juez que conoce del procedimiento sobre medidas provisionales considera que no se ha demostrado que exista o que vaya a producirse inmediatamente un perjuicio grave e irreparable, dicho Juez ya no está obligado a ponderar los distintos intereses concurrentes.
61998O0295

Auto del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2000. - República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas. - FEOGA - Liquidación de cuentas - Extemporaneidad del recurso - Inadmisibilidad. - Asunto C-295/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-00111
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de marzo de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. - Archivo. - Asunto C-23/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-01221



Palabras clave

Procedimiento - Costas - Desistimiento justificado por la actitud de la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 69, ap. 5, párr. 1)
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No es éste el caso de la carta impugnada, según se deduce tanto de su contenido como de su contexto. En efecto, ésta no puede producir efectos jurídicos, puesto que la aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales compete únicamente a los organismos nadónales designados al efecto, y ninguno de los preceptos de la Directiva 77/93 atribuye competencia a la Comisión para adoptar decisiones sobre su interpretación al no tener ésta más posibilidad, que siempre se le reconoce, que la de manifestar su opinión, la cual no vincula en ningún caso a las autoridades nacionales (sentencias de 10 de marzo de 1978, Société pour l'exportation des sucres SA/Comisión, 132/77, Rec. p. 1061; de 17 de marzo de 1980, Sucrimex SA y Westzucker GmbH/Comisión, 133/79, Rec. p. 1299; de 10 de junio de 1982, Compagnie Interagra SA/Comisión, 217/81, Rec. p. 2233; auto de 17 de mayo de 1989, Italia/Comisión, 151/88, Rec. p. 1255).
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El Consejo no acepta la alegación de discriminación. En su opinión, el Reglamento no 3781/85 no solamente se aplica a los pesqueros españoles en las aguas de los Estados miembros originarios, sino también a los pesqueros de los otros Estados miembros en aguas españolas. Esto resulta del Acta de adhesión, que, en su artículo 164, apartado 2, prevé que las actividades de pesca especializada de los barcos que naveguen con pabellón de un Estado miembro actual en las aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de España se ejercerán con arreglo a las mismas modalidades de acceso y de control que los establecidos para los barcos españoles autorizados para faenar en la zona de pesca de los Estados miembros actuales. Para las demás actividades de pesca ejercidas en virtud del artículo 164, apartado 1, del Acta de adhesión, el régimen de los barcos de que se trate es comparable al que se aplica a las actividades de pesca no especializada de los buques que enarbolen pabellón de España en las aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros actuales, como se señala en el segundo considerando del Reglamento no 3781/85.
2

De las observaciones presentadas por el Gobierno italiano y por la Comisión, así como de las disposiciones reglamentarias italianas a las que se refieren dichas observaciones, resulta que la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie es un órgano del Ministerio italiano del Tesoro encargado de emitir dictámenes motivados sobre las sanciones que está facultado a imponer el Ministro del Tesoro a las personas que hayan violado la normativa italiana aplicable en materia de control de cambio; que dicha Commissione se halla integrada por un magistrado, que la preside, y por varios altos funcionarios; que la normativa aplicable no obliga a la Commissione a organizar un debate contradictorio en el que el interesado, o su asesor, pudiese hacer valer su punto de vista; que el interesado no puede por sí mismo someter el asunto a la Commissione, puesto que ésta se reúne únicamente a solicitud de los órganos estatales que hubiesen constatado infracciones; que el dictamen emitido por la Commissione no vincula al Ministro, que se halla libre de seguirlo o no.
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Ello implica, en particular por lo que se refiere a un acto como la DIR, que una persona que se encuentre en la posición de TL se ve privada, de facto, de la posibilidad de invocar su nulidad. En efecto, cuando esa persona, que no conoce la lengua del procedimiento penal, no está en condiciones de comprender el significado del acto procesal y sus implicaciones, no dispone de información suficiente para apreciar la necesidad de recibir la asistencia de intérprete en el momento en que se produce o de obtener una traducción escrita del mismo, el cual puede parecer una mera formalidad. Además, la posibilidad de invocar la nulidad de dicho acto queda ulteriormente eliminada, por una parte, por la falta de información sobre el derecho a contar con tal traducción y con la asistencia de un intérprete, y, por otra parte, por el hecho de que el plazo para invocar esa nulidad expira, en esencia, de manera instantánea, por el mero hecho de la realización del acto en cuestión.
–

no se oponen a una normativa nacional que prohíbe determinadas prácticas comerciales, tales como descuentos, rebajas y reducciones de precios, la diferenciación de las condiciones generales y particulares de venta, la entrega de muestras gratuitas y cualesquiera prácticas similares, relativas a los biocidas de los tipos de producto 14 y 18, incluidos en el grupo principal 3 de estos tipos de producto, que figura en el anexo V del Reglamento n.o 528/2012, en su versión modificada por el Reglamento n.o 334/2014, siempre que dicha normativa esté justificada por objetivos de protección de la salud y la vida de las personas y del medio ambiente, sea adecuada para garantizar la consecución de tales objetivos y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlos, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente;
59

Por consiguiente, cuando un Estado miembro ha adoptado una decisión de traslado que aún no se ha ejecutado y cuyo plazo de ejecución no ha expirado, no cabe transferirle la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional por el mero hecho de que, habiéndose presentado una nueva solicitud de protección internacional en su territorio, dicho Estado miembro no haya formulado una nueva petición de readmisión dentro de los plazos señalados en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento Dublín III.
15

La demandante en el litigio principal interpuso un recurso contra la anterior resolución, y el litigio fue sometido al órgano jurisdiccional remitente, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal Tributario, Austria), el cual alberga dudas, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sobre si el artículo 203 de la Directiva sobre el IVA puede o no aplicarse en el asunto del que conoce teniendo en cuenta que no existe riesgo alguno de pérdida de ingresos fiscales. En caso afirmativo, dicho órgano jurisdiccional se plantea la cuestión de si, dada la imposibilidad material de que la demandante en el litigio principal rectifique las facturas emitidas para los consumidores finales, debe tenerse en cuenta que no existe riesgo alguno de pérdida de ingresos fiscales con el fin de permitirle rectificar convenientemente su declaración de IVA. El órgano jurisdiccional remitente también alberga dudas sobre si la Directiva sobre el IVA debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que los consumidores finales soportaron íntegramente el IVA y que, por tanto, la demandante en el litigio principal se enriquecería en caso de regularización de dicho impuesto se opone a que pueda procederse a tal regularización.
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Si tal prohibición supone también que el Estado miembro de que se trate no está en condiciones de disponer la expulsión propiamente dicha del nacional de tercer país de que se trate de modo que quede garantizado, en particular, que no vaya a quedar expuesto al peligro de una agravación o un aumento considerables e irreparables de su enfermedad o su dolor durante dicha expulsión, no cabrá concluir que basta, para poder adoptar una decisión de retorno contra ese nacional o proceder a su expulsión, con que ese Estado miembro garantice que durante su expulsión recibirá la atención adecuada. En efecto, el Estado miembro de que se trate deberá garantizar que, cuando el estado de salud de la persona de que se trate lo exija, esta reciba atención sanitaria no solo durante la expulsión propiamente dicha, sino también posteriormente en el país de destino (véase, por analogía, la sentencia de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros, C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, apartados 76 a 82).
«(42)

Cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, el responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su consentimiento a la operación de tratamiento. En particular en el contexto de una declaración por escrito efectuada sobre otro asunto, debe haber garantías de que el interesado es consciente del hecho de que da su consentimiento y de la medida en que lo hace. […] debe proporcionarse un modelo de declaración de consentimiento elaborado previamente por el responsable del tratamiento con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo, y que no contenga cláusulas abusivas. Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe conocer como mínimo la identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están destinados los datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.
37

De ello resulta que el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), del RGPD se inscribe parcialmente en la continuidad del artículo 3, apartado 2, primer guion, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31). De ello se deduce que el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), del RGPD no puede interpretarse en el sentido de que tiene un alcance más amplio que el de la excepción que se derivaba del artículo 3, apartado 2, primer guion, de la Directiva 95/46, que ya excluía del ámbito de aplicación de esta Directiva, en particular, el tratamiento de datos personales que tuviera lugar en el marco de «actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado [UE, en su versión anterior al Tratado de Lisboa,] y, en cualquier caso, [el] tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado […]» [sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C‑439/19, EU:C:2021:504, apartado 64].
33

A este respecto, ha de recordarse que el procedimiento acelerado constituye un instrumento procesal destinado a dar respuesta a una situación de una extraordinaria urgencia [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos), C‑247/20, EU:C:2022:177, apartado 41 y jurisprudencia citada].
47

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que los artículos 2, apartado 1, y 9, apartado 2, letra b), de la Sexta Directiva deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro debe someter a tributación los servicios de navegación turística prestados por un proveedor establecido en dicho Estado miembro en el interior de un territorio que, en virtud de un tratado internacional celebrado entre ese Estado miembro y otro Estado miembro, constituye un territorio común sujeto a la soberanía compartida de esos dos Estados miembros y que no está incluido en ninguna excepción establecida por el Derecho de la Unión, siempre que dichos servicios no hayan sido ya gravados por ese otro Estado miembro. El gravamen de esos servicios por parte de uno de los Estados miembros impide al otro Estado miembro gravarlos a su vez, sin perjuicio de la posibilidad de que ambos Estados miembros regulen de otro modo la tributación de los servicios prestados en el interior de ese territorio, en particular mediante un convenio, siempre que se eviten la no tributación de ingresos y la doble imposición.
50

Procede señalar aquí, como indica la Comisión Europea, que, en un caso como el del litigio principal, no puede considerarse que dos operadores económicos cuyas decisiones son adoptadas esencialmente por la misma persona física puedan celebrar «acuerdos» entre ellos, puesto que no parece que existan dos voluntades distintas que puedan converger. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta de la relación existente entre J y K. Reisen, es posible que puedan celebrar tales acuerdos destinados a falsear la competencia. De no ser así, el motivo de exclusión facultativo previsto en el artículo 57, apartado 4, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2014/24 no puede aplicarse a su situación.
a)

que se instalen por primera vez en una explotación agraria como jefe de explotación, o que ya se hayan instalado en dicha explotación en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie a que se hace referencia en el artículo 72, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549)], y
1)

El artículo 160, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, y el artículo 102, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a los procedimientos de celebración de contratos públicos organizados por los órganos de contratación de los Estados miembros aun cuando dichos contratos se financien con recursos procedentes de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y del artículo 20 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9), así como de la Decisión C(2012) 5048 final de la Comisión, de 25 de julio de 2012, referida a la ayuda de Estado SA.32113 (2010/N) — Italia: Régimen de ayudas relativo al ahorro de energía, a los sistemas de calefacción por distrito y a la electrificación de regiones alejadas en el Alto Adigio/Tirol del Sur (DO 2013, C 1, p. 7) (en lo sucesivo, «Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2012»).
–

en nombre de absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG, por el Sr. C. Rohnke, Rechtsanwalt;
5

Según una práctica denominada de «tolerancia administrativa», mencionada, en particular, en el n.o 57/62 de los Comentarios administrativos del CIR 1992 y en la Circular n.o Ci.RH.243/581 810 (AFER N.o 7/2009), de 19 de febrero de 2009, los contribuyentes están exentos de la obligación de presentar tales fichas individuales y tales declaraciones recapitulativas cuando se cumplen dos requisitos. Por una parte, durante el período considerado en los litigios principales, los destinatarios de los pagos controvertidos deben ser personas sujetas a la «loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises» (Ley de 17 de julio de 1975 relativa a la Contabilidad y a las Cuentas Anuales de las Empresas), remisión esta que debe entenderse hecha actualmente, tras la derogación de la citada Ley en 2014, a las obligaciones contables de las empresas contempladas en el libro III, título 3, capítulo 2, del Código de Derecho Económico belga. Por otra parte, los pagos controvertidos deben haber sido abonados en concepto de retribución por operaciones que no están exentas de la obligación de facturar con arreglo a la normativa relativa al impuesto sobre el valor añadido (IVA).
3

De conformidad con el artículo 1, letras b) y c), del Reglamento 2015/1589: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] b) “ayuda existente”: i) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 144 y 172 del Acta [relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1)], en el punto 3 y el apéndice del anexo IV del Acta [relativa a las condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33)], en el punto 2 y el punto 3, letra b), y el apéndice del anexo V del Acta [relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 2005, L 157, p. 203)], y en el punto 2 y el punto 3, letra b), y el apéndice del anexo IV del Acta [relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2012, L 112, p. 21)], toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del [Tratado FUE] en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda y las ayudas individuales que se hubieran llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del [Tratado FUE] en el Estado miembro respectivo y sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma, ii) la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión [Europea] o por el Consejo [de la Unión Europea], iii) la ayuda que deba considerarse que ha sido autorizada con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 659/1999 [del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE (DO 1999, L 83, p. 1), o al artículo 4, apartado 6, del presente Reglamento] o con anterioridad al Reglamento [n.o 659/1999] pero de conformidad con este procedimiento, […] c) “nueva ayuda”: toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes; […]».
Los artículos 2, punto 5, 3, 4, 57, 70 y 80 del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, los artículos 11, 54, 56 y 58 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, y los artículos 2, letra i), 3, 4, y 72, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,