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La obligación de motivación que se impone a las instituciones de la Unión en virtud del artículo 296 TFUE únicamente concierne a las formas de actuación unilaterales. Por lo tanto, no se impone en virtud de un contrato que vincula a la institución interesada con la demandante.

Un escrito que lleva el encabezamiento de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), y lo firma su jefe de unidad, enviado por ella en el ámbito de sus competencias, no puede considerarse enviado por la Comisión, ni imputable a ésta.

En efecto, el Reglamento no 58/2003, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios, confiere a la Comisión la potestad de crear agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas relacionadas con la gestión de uno o varios programas comunitarios. Si bien la Comisión sigue ejerciendo las funciones que impliquen un margen de valoración que pueda plasmarse en opciones políticas, se puede encargar a la agencia la administración de las fases del proyecto, la adopción de los actos de ejecución presupuestaria y la ejecución, basada en la delegación de la Comisión, de todas las operaciones necesarias para la aplicación del programa comunitario y, en particular, las relacionadas con la adjudicación de los contratos y la atribución de las subvenciones. Además, el artículo 4, apartado 2, del citado Reglamento prevé que la agencia ejecutiva tendrá personalidad jurídica. Del artículo 21 del mismo Reglamento resulta que la responsabilidad contractual de la agencia ejecutiva estará regulada por la legislación aplicable al contrato en cuestión y que, en materia de responsabilidad no contractual, la agencia ejecutiva deberá reparar, con arreglo a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, los daños causados por sí misma o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

En aplicación de ese Reglamento la Comisión creó la REA mediante la Decisión 2008/46. El artículo 1 de ésta establece que el estatuto de la REA se rige por el Reglamento no 58/2003. De ello resulta que la REA tiene personalidad jurídica. De igual forma, de la Decisión 2008/46 puesta en relación con el artículo 21 del Reglamento no 58/2003 se deduce que, en materia de responsabilidad no contractual, la REA deberá reparar los daños causados por sí misma o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

(véanse los apartados 292 a 296, 299 y 300)
Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizaban la relación entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate.

Los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma. Así pues, para apreciar el carácter complementario de productos y servicios es preciso, a fin de cuentas, tomar en consideración la percepción del público pertinente respecto de la importancia que para el uso de un producto o servicio tiene otro producto o servicio.

Por consiguiente, la complementariedad entre productos y servicios en relación con la existencia de un riesgo de confusión no se aprecia en función de que para el público pertinente haya una conexión entre los productos y servicios de que se trate desde el punto de vista de su naturaleza, su utilización y sus canales de distribución, sino en función de la existencia de una estrecha conexión entre dichos productos y servicios, esto es, del carácter indispensable o importante de uno de ellos para el uso del otro, de manera que tal público pueda pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma.

El hecho de que el uso de un producto o servicio no guarde relación con el uso de otro producto o servicio no implica siempre que el uso de uno no sea importante o indispensable para el uso de otro.

(véanse los apartados 21, 22, 36 y 38)
Se desprende del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, que las cuestiones ligadas a la prueba aportada para fundamentar los motivos de oposición a una solicitud de registro de marca comunitaria y las cuestiones ligadas al aspecto territorial del uso de las marcas se regulan por los preceptos pertinentes del Reglamento no 207/2009, sin que sea necesario referirse a cualquier otro precepto de Derecho interno de los Estados miembros.

El hecho de que las marcas nacionales o internacionales anteriores puedan ser invocadas para fundamentar una oposición formulada contra el registro de marcas comunitarias no implica que el Derecho nacional aplicable a la marca anterior invocada para fundamentar la oposición sea el Derecho aplicable a un procedimiento de oposición comunitario.

Ciertamente, a falta de preceptos pertinentes en el Reglamento no 207/2009 o, en caso necesario, en la Directiva 2008/95 sobre las marcas, el Derecho nacional sirve como punto de referencia.

Tal es el caso en lo referido a la fecha de registro de una marca anterior invocada en un procedimiento de oposición comunitario.

No obstante, no es éste el caso en lo referente a la determinación del territorio respecto al cual debe demostrarse el uso de la marca anterior. Tal cuestión se rige por lo dispuesto en el Reglamento no 207/2009 de forma exhaustiva, sin que sea necesario remitirse al Derecho nacional.

Con arreglo a las disposiciones mencionadas más arriba, el uso efectivo de una marca anterior, comunitaria, nacional o internacional, debe probarse en relación con la Unión o con el Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 26 a 31)
(1009)

Del mismo modo, la no impugnación de los hechos no basta en sí misma para beneficiarse de una reducción de la multa con [arreglo] al punto 29 de las Directrices sobre multas de 2006, especialmente cuando los hechos están demostrados mediante pruebas abundantes. Como observación general, la Comisión manifiesta a este respecto que no está vinculada por su práctica anterior y que la recompensa por no impugnar los hechos, que se contemplaba en la Comunicación sobre clemencia de 1996, se ha abandonado posteriormente. El mero hecho de no impugnar, salvo en algunas situaciones excepcionales, no facilita el trabajo de la Comisión, pues el Tribunal de Justicia ha manifestado que, incluso en esa situación, la Comisión se ve obligada a acreditar los hechos y la empresa disfruta de la libertad de desarrollar, en su momento y fundamentalmente en el marco del procedimiento contencioso, todos los motivos de defensa que considere útiles. Lo contrario solamente es cierto cuando la empresa de que se trate haya reconocido los hechos. En la medida en que la Comunicación sobre clemencia aplicable, es decir, la de 2002, no contempla ninguna reducción por el mero reconocimiento de los hechos (ni, con mayor motivo, por no impugnar estos hechos) no se ha suscitado ninguna confianza legítima en cuanto a la concesión de una reducción por esa razón. En caso de que algunas partes reconozcan ciertos hechos, esto no ha facilitado la tarea de la Comisión, ya que la Comisión tenía un conjunto de pruebas suficiente para probar los hechos en cuestión. Por lo tanto, no puede concederse ninguna reducción de la multa por no impugnar los hechos.»
109

El pasaje de dicha respuesta referido al régimen controvertido está redactado así: «En el presente asunto, la Comisión no se ha pronunciado aún sobre la compatibilidad, desde el punto de vista de las ayudas estatales, de las disposiciones españolas sobre la amortización del fondo de comercio, que, sin embargo, no parecen ser contrarias a las disposiciones de la Cuarta Directiva sobre las cuentas anuales. […] En cualquier caso, la Comisión desea subrayar que resulta imposible predecir el resultado de cualquier investigación ulterior sobre las eventuales medidas de ayuda a las que se refiere el honorable parlamentario. A este respecto, la Comisión reitera que, en virtud de sus facultades en materia de control de ayudas estatales, puede ordenar la recuperación de cualquier ayuda incompatible o concedida ilegalmente, así como privar al beneficiario de cualquier ventaja de la que pueda haber disfrutado con respecto a sus competidores, restableciendo así la situación de mercado anterior a la concesión de la ayuda.» (In this case, the Commission has yet to give its opinion on the compatibility, from a state aid point of view, of the Spanish goodwill write-off provisions; they do not, however, appear to be contrary to the Fourth Accounting Directive. […] In any case, the Commission would apartado out that it is impossible to predict the outcome of any subsequent investigation of the possible aid measures referred to by the Honourable Member. In this regard, the Commission would reiterate that it may, by virtue of its state aid control powers, order the recovery of any incompatible or illegally granted aid so as to deprive the recipient of any advantage it may have enjoyed over its competitors, thereby restoring the pre-aid competitive market situation).
282

Así pues, los transportistas comunitarios no austriacos no pueden entrar en las rutas entre Austria y Rusia para competir con la oferta de Austrian. En efecto, a causa del mantenimiento de la cláusula de «national ownership and control» en el acuerdo entre la República de Austria y la Federación de Rusia, no pueden obtener derechos de tráfico para ofrecer vuelos directos en esas rutas. Además, como se ha constatado antes, los vuelos indirectos que podrían ofrecer en esas rutas utilizando su plataforma situada en un Estado miembro que les hubiera atribuido derechos de tráfico hacia Rusia, no ejercerían una presión competitiva suficiente en las rutas de corta distancia, como Viena‑Moscú.
106

Esos distintos elementos, tanto si se aprecian por separado como en su totalidad, no pueden constituir una vulneración del principio de buena administración. En efecto, en primer lugar, se ha recordado que la Decisión Alumix no permitía a la demandante considerar que su ámbito de aplicación excedería los diez años previstos por el Decreto de 1995 para la concesión de la tarifa preferencial a la que tenía derecho. En segundo lugar, no puede reprocharse a la Comisión el no haber respetado el principio de buena administración si esa institución, debido a un comportamiento exclusivamente imputable a un tercero, no ha estado en condiciones de administrar correctamente. Pues bien, en el presente asunto ha quedado acreditado que, como la República Italiana no notificó el Decreto de 2004 ni el artículo 11, apartado 11, de la Ley de 2005, comportamiento que constituye una ilegalidad, la Comisión no pudo tomar posición como habría debido hacerlo si se hubiera cumplido el procedimiento de notificación de las ayudas de Estado. Por añadidura, como se ha señalado en los apartados 65 a 67 anteriores, la Comisión no estuvo inerte después de que las autoridades italianas adoptaran nuevas disposiciones, sino que solicitó a éstas la información que consideraba necesaria. En tercer lugar, tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia consideraron legal la Decisión de 19 de julio de 2006, incluida la parte en la que se escinde la situación de la demandante de la de los nuevos beneficiarios de una tarifa preferencial designados por el Decreto de 2004. En cuarto lugar, en el apartado 104 anterior se acaba de recordar que, por lo que respecta al retraso causado por el inicio de debates sobre el programa VPP, y posteriormente el abandono de dicha hipótesis, la Comisión creyó que debía tenerlo en cuenta renunciando a recuperar el importe de la ayuda concerniente, extremo que decididamente no puede constituir un acto de mala administración.
80

Correlativamente, si bien la Comisión mencionó que efectivamente había otros convenios de ampliación en el sector de los minerales sólidos, consideró que no procedía tenerlos en cuenta, ya que se referían a otros tipos de minerales sujetos a otros cánones mineros y que, para dichos minerales, no hubo cambios en los cánones por la Ley de Minas modificada (considerando 68 de la Decisión impugnada). Ahora bien, debe recordarse que, según el considerando 70 de la Decisión impugnada, el carácter selectivo de la medida impugnada se deriva de la selectividad del convenio de 2005 (véase el apartado 46 anterior) y no de la naturaleza de los minerales extraídos, de los tipos de cánones aplicables a dichas categorías de minerales o del hecho de que estos tipos no hayan sido modificados posteriormente. Así, las afirmaciones realizadas por la Comisión en el considerando 68 de la Decisión impugnada no son pertinentes para desestimar la alegación basada en la existencia de otros convenios de ampliación celebrados en virtud del artículo 26/A, apartado 5, de la Ley de Minas y en términos similares al convenio de 2005. Por el enfoque que ha seguido, la Comisión ha rechazado tener en cuenta todos los elementos mediante los cuales debería haber podido apreciar si el convenio de 2005 era selectivo respecto de la demandante dada la situación creada por otros convenios de ampliación, celebrados también sobre la base del artículo 26/A, apartado 5, de la Ley de Minas y de cuya existencia le informó ésta. Además, la Comisión tampoco ha intentado obtener de las autoridades húngaras información más precisa sobre los convenios de ampliación celebrados por empresas mineras del sector de los minerales sólidos.
26

Conforme al artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, al examinar si concurren los motivos de denegación absolutos, los examinadores de la OAMI y, en caso de recurso, las Salas de Recurso de la OAMI deben realizar el examen de oficio de los hechos para determinar si la marca cuyo registro se solicita adolece o no de alguno de los motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7 del mismo Reglamento. De ello resulta que los órganos competentes de la OAMI pueden verse abocados a fundar sus resoluciones en hechos que no fueron invocados por el solicitante. La OAMI tiene la obligación de proceder de oficio al examen de los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de algún motivo de denegación absoluto [sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 50; sentencias del Tribunal General de 15 de marzo de 2006, Develey/OAMI (Forma de una botella de plástico), T-129/04, Rec. p. II-811, apartado 16, y de 12 de abril de 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OAMI (BEHAVIOURAL INDEXING y BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 y T‑383/09, no publicada en la Recopilación, apartado 29].
150

En segundo lugar, en lo que atañe a la pretensión de la demandante de que el Tribunal le conceda una reducción de multa porque sólo tuvo un papel menor en las reuniones en las que participó en comparación con el papel jugado por las otras empresas multinacionales, el Tribunal recuerda que, según ha apreciado en el apartado 62 supra, la demandante no ha presentado ningún argumento ni prueba apto para desvirtuar las apreciaciones realizadas por la Comisión en los considerandos 467 y 492 de la Decisión impugnada, según las que la demandante participó activamente en la ejecución de las prácticas ilícitas en cuestión, por lo que su papel no puede considerarse menor. Por ello, el Tribunal estima que el argumento de la demandante no justifica que la multa de 3.996.000 euros que la Comisión le impuso se rebaje por esa razón.
103

En tercer lugar, la demandante no formuló con detalle alegación alguna ante el Tribunal que demuestre que la EFSA incurrió en error al considerar que no existía interés público superior que justificara la divulgación del documento en cuestión en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001. En cualquier caso, la EFSA señaló correctamente, en su decisión de 15 de septiembre de 2010, que el interés de la demandante en la publicidad y la transparencia había sido plenamente satisfecho, en el presente caso, mediante la remisión de los documentos mencionados en los anteriores apartados 5 y 7. Por lo que respecta a la violación del principio de igualdad de trato, invocada por la demandante ante la EFSA, basta con señalar que tal alegación no puede prosperar, toda vez que la oferta del licitador seleccionado no fue comunicada a los demás licitadores no seleccionados.
55

Más en concreto, la Cour de cassation ha declarado que la personalidad jurídica de una sociedad francesa subsiste en tanto no se hayan liquidado los derechos y obligaciones societarios (Cass. com., 12 de abril de 1983, no 81-14055, Bull. com., no 113, Cass. 3a civ., 31 de mayo de 2000, no 98-19435, Bull. 2000, III, no 120, p. 80). De este modo, la personalidad de una sociedad disuelta subsiste, mientras sea parte en un proceso en curso (Cass. Com., 26 de enero de 1993, no 91-11285, Bull. civ. 1193, IV, no 33) o cuando un tercero reclama un crédito a la sociedad que tenga origen en la actividad social (Cass. Com., 2 de mayo de 1985, no 83-17409, Bull. civ. 1985, IV, no 139). Corresponde al acreedor que se considera perjudicado y pretende que se reabra la liquidación solicitar judicialmente el nombramiento de un mandatario ad hoc para representar a la sociedad en relación con la acción ejercitada contra ella.
3.

Contratación pública de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Adjudicación de los contratos — Oferta más ventajosa económicamente — Criterios de adjudicación — Selección realizada por la entidad adjudicadora — Límites — Respeto de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación [Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, arts. 89 y 97; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 138] (véanse los apartados 78, 110 a 112 y 115 a 117)
5.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 59 y 60)
218

En primer lugar, procede rechazar la alegación de la demandante de que su participación en una práctica colusoria para la fijación de un «precio de base con origen en Brescia» no tenía ninguna utilidad para ella. Procede señalar que el precio de base constituye un precio de referencia (considerandos 153, 289, 425, 445 y 516 de la primera Decisión), al que no es preciso añadir sistemáticamente el coste del transporte desde Brescia hasta el lugar de destino. A este respecto, si bien es cierto que, en el considerando 129 de la primera Decisión, relativo al acuerdo de abril‑mayo de 1992, la Comisión citó, refiriéndose a las modalidades de venta, «base con origen en Brescia, cargando al cliente los gastos de transporte desde Brescia en caso de entrega con medios proporcionados por el productor», debe entenderse que esta referencia al precio de base con origen en Brescia se explica por el hecho de que la mayoría de las empresas que participaron en los acuerdos tenían su sede en esa localidad (considerandos 79, 85, 89, 91 y 105 de la primera Decisión). Por otra parte, la demandante no niega que Federacciai envió sus comunicados relativos al precio de base a todos los productores italianos de redondos para hormigón, incluida la demandante, haciendo referencia al precio de base con origen en Brescia (considerandos 135 y 140 de la primera Decisión). La demandante no puede alegar, por tanto, que la fijación de un precio de base con origen en Brescia no tenía ninguna utilidad para ella o que difícilmente se podía constatar una concordancia de los precios de base de los redondos para hormigón armado entre productores que operaban en regiones muy diferentes. Por otra parte, la demandante no puede basarse en el considerando 587 de la primera Decisión, en el que, según ella, la Comisión indicó que «las ventas correspondientes a la Italia meridional no fueron objeto de decisiones en las reuniones salvo en muy contadas ocasiones», para demostrar que la Comisión hubiera debido tratarla de modo diferente, ya que no se trata de una constatación de la Comisión, sino de un argumento utilizado por algunas de las empresas que participaron en la práctica colusoria (nota a pie de página no 654 de la primera Decisión).
2)

Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd y Shanghai Prime Machinery Co. Ltd cargarán, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido el Consejo de la Unión Europea y el European Industrial Fasteners Institute AISBL.
79

En cuarto lugar, no se desprende de ningún documento obrante en autos que el coadyuvante no tuviera intención alguna de utilizar la marca al solicitarla y que la presentación de la solicitud de marca comunitaria se debiera a su intención de impedir a la demandante comercializar sus productos. En efecto, no se ha demostrado válidamente en Derecho que el coadyuvante no utilizara en España la marca de la que es titular y que no hubiera llevado a cabo medidas para desarrollar su marca en territorio de la Unión.
El control jurisdiccional del examen relativo a la existencia de una amenaza de perjuicio, tal como lo efectúan las instituciones de la Unión en el marco de un procedimiento antidumping, debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de errores manifiestos en la apreciación de los hechos o de la inexistencia de desviación de poder, puesto que dicho examen supone la evaluación de cuestiones económicas complejas. Este control jurisdiccional limitado no implica que el juez de la Unión se abstenga de controlar la interpretación de los datos de naturaleza económica por parte de las instituciones. En particular, corresponde al Tribunal verificar no sólo la exactitud material de los medios probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales medios constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos.

Así, el Consejo comete un error manifiesto de apreciación al estimar que la industria comunitaria se halla en una situación vulnerable cuando, excepto por la evolución de la cuota de mercado de la industria comunitaria, los factores económicos pertinentes en el caso concreto son todos positivos y, en su conjunto, configuran el perfil de una industria en situación de fuerza, no de fragilidad o de vulnerabilidad.

(véanse los apartados 53, 61 y 66)