Palabras clave

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Palabras clave

1. Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exención de las importaciones de bienes destinados a ser colocados en un régimen de depósito distinto del aduanero — Normativa nacional por la que se exige la introducción física de las mercancías en el depósito — Procedencia

(Directiva 77/388/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2006/18/CE, art. 16, ap. 1)

2. Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Principio de neutralidad fiscal — Incumplimiento de la obligación de introducir físicamente las mercancías en el depósito — Normativa nacional por la que se exige el pago del impuesto sobre el valor añadido pese al hecho de que éste ya se ha satisfecho mediante liquidación — Improcedencia

(Directiva 77/388/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2006/18/CE)

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1. El artículo 16, apartado 1, de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, modificada por la Directiva 2006/18, en la redacción resultante del artículo 28 quater de la Sexta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que supedita el otorgamiento de la exención del pago del impuesto sobre el valor añadido a la importación establecida en esa normativa a la condición de que las mercancías importadas y destinadas a un depósito fiscal a efectos de este impuesto sean introducidas físicamente en dicho depósito.

En efecto, debe reconocerse que una obligación como esa, pese a su naturaleza formal, permite lograr eficazmente los objetivos perseguidos, esto es, garantizar la correcta recaudación del impuesto sobre el valor añadido y evitar la defraudación de este impuesto, y que no excede, como tal, de lo necesario para lograr dichos objetivos.

(véanse los apartados 29 y 30 y el punto 1 del fallo)

2. La Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, modificada por la Directiva 2006/18, debe interpretarse en el sentido de que, de conformidad con el principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido, se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual un Estado miembro exige el pago del impuesto sobre el valor añadido a la importación aun cuando éste ya ha sido regularizado mediante una autoliquidación, por medio de una autofacturación y de una anotación en el registro de ventas y adquisiciones del sujeto pasivo.

Ciertamente, es legítimo que un Estado miembro, con objeto de garantizar la correcta recaudación del impuesto sobre el valor añadido por importación y de evitar la defraudación, establezca, en su legislación nacional, sanciones apropiadas para penalizar la inobservancia de la obligación de introducir físicamente una mercancía importada en el depósito fiscal, si bien tales sanciones no deben ir más allá de lo necesario para lograr los objetivos mencionados.

A este respecto, puesto que la mercancía importada no fue introducida físicamente en el depósito fiscal, el impuesto sobre el valor añadido se devengó en el momento de la importación y, por lo tanto, el pago mediante autoliquidación es un pago de este impuesto verificado con retraso.

Ahora bien, el pago con retraso del impuesto sobre el valor añadido no es, si no existe intento de defraudar ni perjuicios a la Hacienda pública del Estado, más que un incumplimiento formal que no puede desvirtuar el derecho a deducir del sujeto pasivo. En todo caso, un pago con retraso como ese no puede, per se , equipararse a un fraude, el cual implica, por una parte, que la operación de que se trate, a pesar de la observancia formal de los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables de la Sexta Directiva y en la legislación nacional por la que se adapte el Derecho interno a esa Directiva, tenga como resultado la obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sea contraria al objetivo perseguido por tales disposiciones y, por otra parte, que resulte de un conjunto de elementos objetivos que la finalidad esencial de la operación de que se trate consiste en obtener una ventaja fiscal.

Por lo tanto, habida cuenta del lugar preponderante que ocupa el derecho a deducir en el sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que pretende garantizar la perfecta neutralidad de este impuesto respecto a la carga tributaria de todas las actividades económicas, lo que implica la posibilidad de que el sujeto pasivo deduzca el IVA devengado o pagado en todas sus actividades económicas, una sanción consistente en la denegación del derecho a deducir no es conforme con la Sexta Directiva en caso de que no se hayan demostrado fraude alguno ni perjuicios a la Hacienda pública del Estado.

(véanse los apartados 33, 34, 38, 39, 41 y 49 y el punto 2 del fallo)