La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional en el marco del procedimiento regulado por el artículo 234 CE sólo es posible cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas.

El artículo 18 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro en virtud de la cual dicho Estado deniega el pago de determinadas prestaciones otorgadas a los cónyuges supérstites de víctimas de la guerra, por el mero hecho de estar domiciliados en el territorio de determinados Estados miembros.

Es cierto que tanto la voluntad de proporcionar una prestación adecuada a los beneficiarios domiciliados fuera del Estado de que se trate, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el coste de la vida, el nivel de renta y la cuantía media de las prestaciones de seguridad social en el citado Estado miembro y los que imperan en el Estado miembro en el que reside el beneficiario, como la necesidad de permitir un control suficiente de la situación profesional y social de los beneficiarios, especialmente de la renta de estos últimos, constituyen consideraciones de interés general que podrían justificar que las condiciones o modalidades de pago de unas prestaciones del tipo de las controvertidas en el litigio principal afectaran a la libertad de circulación

Sin embargo, no cabe considerar que sea proporcionado a los objetivos perseguidos un requisito de residencia como el controvertido en el litigio principal, en la medida en que dicho requisito circunscribe expresamente la aplicación de la suspensión de las referidas prestaciones a los beneficiarios con domicilio o residencia en el territorio de determinados Estados miembros, sin tener en cuenta la existencia de Estados no mencionados en la normativa nacional en los que el coste de la vida es inferior al existente en algunos de los Estados miembros indicados en aquélla. Del mismo modo, la necesidad de permitir un control suficiente de la situación profesional y social de los beneficiarios debería aplicarse de idéntica manera en todos los Estados miembros, aparezcan o no mencionados en la normativa nacional.

Además, en la medida en que una normativa de este tipo se limita a suspender el pago de las prestaciones que establece, no cabe sostener válidamente que la normativa en cuestión sea idónea para modular tales prestaciones teniendo en cuenta las diferencias actualmente existentes entre el Estado de que se trate y el Estado de residencia del beneficiario en lo que atañe a coste de la vida, nivel de renta y cuantía media de las prestaciones de seguridad social.

Por último, si bien es verdad que, en lo que atañe a las prestaciones que se conceden en función del nivel de renta, puede resultar necesario un control de la situación profesional y social de los beneficiarios, no lo es menos que la suspensión de tales prestaciones constituye una medida que excede de lo necesario para llevar a cabo tal control.

(véanse los apartados 38, 39, 41 a 44 y 46 a 48 y el fallo)