Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho de la Unión — Principios — Derecho de defensa — Derecho a una tutela judicial efectiva — Medidas restrictivas contra Irán

[Art. 254 CE, aps. 1 y 2; Reglamento (CE) nº 423/2007 del Consejo, arts. 7, ap. 2, y 15, ap. 3]

2. Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Reglamento sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán

[Arts. 60 CE, 301 CE y 308 CE; Posición Común 2007/140/PESC del Consejo; Reglamento (CE) nº 423/2007 del Consejo]

3. Derecho internacional público — Carta de las Naciones Unidas — Resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas — Obligación de la Unión de ejercer sus competencias con observancia de aquéllas — Límites

[Reglamento (CE) nº 423/2007 del Consejo, art. 7, ap. 2]

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1. El principio de tutela judicial efectiva exige que la autoridad de la Unión que adopta un acto que impone medidas restrictivas frente a una persona o una entidad comunique los motivos en que se basa dicho acto, con el máximo detalle posible, ya sea en el momento en que se adopta dicho acto o, al menos, con la máxima brevedad posible una vez adoptado, a fin de permitir a estas personas o entidades ejercer su derecho de recurso.

Para respetar este principio, el artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, obliga al Consejo a motivar de manera individual y específica las decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 7, apartado 2 de dicho Reglamento y a dar a conocer la motivación a las personas, entidades y organismos de que se trate. La congelación de los fondos tiene, efectivamente, consecuencias considerables para las entidades afectadas, ya que puede restringir el ejercicio de sus derechos fundamentales. Aunque el Reglamento nº 423/2007 no establece cómo se «da a conocer» esta motivación a las personas, entidades y organismos de que se trate, no basta una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. En efecto, aunque la comunicación de la motivación individual y específica se puede considerar realizada mediante la publicación de la decisión en el Diario Oficial, no se aprecia el interés de establecer expresamente esta comunicación, como hace dicho artículo 15, apartado 3, puesto que, en todo caso, la decisión de congelación de los fondos debe ser publicada, de conformidad con el artículo 254 CE, apartados 1 y 2, habida cuenta de su carácter reglamentario. De ello se deduce que el Consejo debe cumplir la obligación que le corresponde, establecida en esta disposición, mediante una comunicación individual.

No obstante, aunque una comunicación individual es, en principio, necesaria, el artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 423/2007, que sólo menciona la obligación de «dar a conocer», no exige ninguna forma concreta. Es importante que se dé un efecto útil a esta disposición, a saber, una tutela judicial efectiva de las personas y entidades afectadas por las medidas restrictivas adoptadas con arreglo al artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento. Así ocurre cuando el Consejo no realizó la comunicación, sino que una autoridad bancaria nacional transmitió al destinatario una información suficiente y éste pudo interponer recurso, sin que la falta de comunicación por el Consejo tuviera como consecuencia privar a este destinatario de la posibilidad de conocer en el momento oportuno la motivación de la Decisión [controvertida] y de apreciar la fundamentación de la medida de congelación adoptada frente a él.

(véanse los apartados 47 a 52, 55 y 56)

2. Según su título, el Reglamento nº 423/2007 tiene por objeto la adopción de medidas restrictivas contra la República Islámica de Irán. De los considerandos y de todas las disposiciones de este Reglamento se desprende que pretende impedir o frenar la política adoptada por dicho Estado en materia nuclear, habida cuenta del riesgo que representa, mediante medidas restrictivas en materia económica. Por consiguiente, se combaten los riesgos propios del programa iraní de proliferación nuclear y no la actividad general de proliferación nuclear.

Puesto que la finalidad y el contenido del acto en cuestión son claramente la adopción de medidas económicas frente a la República Islámica de Irán, el recurso al artículo 308 CE no era necesario, por constituir el artículo 301 CE una base jurídica suficiente ya que permite una acción de la Comunidad destinada a interrumpir o a reducir, total o parcialmente, las relaciones económicas con uno o varios países terceros, dado que esta acción puede englobar medidas de congelación de fondos de entidades que, como un banco, colaboran con el régimen del país tercero de que se trata.

En cuanto a la necesidad de incluir la Posición Común 2007/140 en la base jurídica, está en contradicción con el propio tenor del artículo 301 CE, que establece la posibilidad de adoptar medidas comunitarias cuando una posición común o una acción común, adoptadas con arreglo a las disposiciones del Tratado UE, en su versión anterior al Tratado de Lisboa, relativas a la política exterior y de seguridad común (PESC), impliquen una acción de la Comunidad. Este texto indica que para que se puedan adoptar medidas comunitarias la posición común o la acción común deben existir, pero no que esas medidas deban basarse en dicha posición común o en dicha acción común.

En cualquier caso, una posición común no puede constituir la base jurídica de un acto comunitario. En efecto, las posiciones comunes del Consejo en materia de PESC, como las Posiciones Comunes 2007/140 y 2008/479, se adoptan en el marco de dicho Tratado UE, de conformidad con el artículo 15 del mismo, mientras que los reglamentos del Consejo, como el Reglamento nº 423/2007, se adoptan en el marco del Tratado CE. Así pues, el Consejo sólo podía adoptar un acto comunitario basándose en las competencias que le había conferido el Tratado CE, esto es, en el caso de autos, los artículos 60 CE y 301 CE.

(véanse los apartados 68 a 72)

3. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, por una parte, y las posiciones comunes y los reglamentos del Consejo, por otra, pertenecen a ordenamientos jurídicos distintos. Del mismo modo, los actos adoptados en el marco, por una parte, de las Naciones Unidas, y por otra parte, de la Unión lo son por órganos que cuentan con competencias autónomas, que les son atribuidas por sus cartas básicas, que son los tratados que los crearon.

La Comunidad debe tener en cuenta al elaborar medidas comunitarias que tengan por objeto aplicar una resolución del Consejo de Seguridad prevista en una posición común los términos y objetivos de la resolución de que se trate. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta el texto y el objeto de una resolución del Consejo de Seguridad para la interpretación del reglamento que pretende aplicarla. No obstante, sin que ello obste a la primacía de una resolución del Consejo de Seguridad en el plano internacional, el respeto que se impone a las instituciones comunitarias en relación con las instituciones de las Naciones Unidas no puede conllevar la falta de control de la legalidad del acto comunitario desde el punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario.

Por tanto, la competencia conferida al Consejo por el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, es una competencia autónoma. A este respecto, una obligación de «tener en cuenta» los términos y objetivos de la resolución de que se trate no se opone en absoluto a la afirmación de que el Consejo resuelve autónomamente, con respeto de las normas de su propio ordenamiento jurídico.

(véanse los apartados 100 y 102 a 106)