Para determinar si el capital exento del impuesto sobre la renta debe tenerse en cuenta a efectos de comparar la carga impositiva de los contribuyentes residentes —personas físicas— con la de los contribuyentes no residentes, con vistas a establecer una eventual restricción a la libre circulación de capitales, no constituye una ventaja fiscal individual vinculada a la situación personal del contribuyente una exención de impuesto que constituye una ventaja fiscal que se concede a todos los contribuyentes residentes, con independencia de su situación personal. En la medida en que tal exención modifica la base imponible de los rendimientos percibidos por los contribuyentes residentes, procede tenerla en cuenta a los efectos de comparar la carga impositiva definitiva de los contribuyentes residentes con la de los contribuyentes no residentes.

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación de un Estado miembro que obliga a practicar una retención en la fuente sobre los dividendos que una sociedad residente reparte tanto a los contribuyentes residentes como a los no residentes, estableciendo un mecanismo de deducción o devolución de las cantidades retenidas únicamente en el caso de los contribuyentes residentes, mientras que para los contribuyentes no residentes —personas físicas y sociedades— tal retención constituye un impuesto definitivo, en la medida en que la carga impositiva definitiva que los contribuyentes no residentes soporten en dicho Estado miembro en lo que respecta a los mismos dividendos sea mayor que la que soportan los contribuyentes residentes, extremo que incumbe verificar al tribunal remitente. A efectos de determinar tales cargas impositivas, deberá tenerse en cuenta, en el caso de las personas físicas, la tributación de los residentes relativa a la totalidad de las acciones de sociedades del Estado miembro que obliga a practicar la retención en la fuente que estén en su posesión en el curso del período impositivo anual, así como el capital exento de impuesto en virtud de la legislación nacional, y, en el caso de las sociedades, los gastos directamente relacionados con la propia percepción de los dividendos.

En cambio, una relación de ese tipo no existirá cuando, por un lado, una deducción de los dividendos incluidos en el precio de adquisición de las acciones tenga por objeto determinar el precio real de adquisición de las acciones y no tenga nada que ver con gastos directamente relacionados con la propia percepción de los dividendos procedentes de las acciones y cuando, por otro lado, los costes de financiación se refieran a la posesión de las acciones en cuanto tal, de modo que tampoco estén directamente relacionados con la propia percepción de los dividendos procedentes de las acciones.

A efectos de determinar si resulta conforme con el principio de libre circulación de capitales la tributación de las inversiones que personas físicas o jurídicas establecidas en un Estado miembro realizan en sociedades establecidas en otros Estados miembros, procede considerar que, en lo que atañe a gastos como los gastos profesionales vinculados directamente a la actividad que ha generado rendimientos imponibles en un Estado miembro en donde está establecida la sociedad, los residentes y los no residentes en éste se encuentran en una situación comparable, por lo que una normativa tributaria de dicho Estado que deniega a los no residentes la deducción de tales gastos —deducción que, en cambio, sí se concede a los residentes— puede ir en detrimento principalmente de los nacionales de otros Estados miembros, de modo que constituye una discriminación indirecta basada en la nacionalidad.

El artículo 65 TFUE, apartado 1, en cuanto constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales, debe ser objeto de interpretación estricta. Así pues, no cabe interpretarlo en el sentido de que toda legislación fiscal que distinga entre los contribuyentes en función de su lugar de residencia o del Estado miembro en el que hayan invertido su capital resulte automáticamente compatible con el Tratado FUE. En efecto, la excepción contemplada en el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), resulta limitada, a su vez, por el apartado 3 de ese mismo artículo, el cual prevé que las disposiciones nacionales a que se refiere el mencionado apartado 1 no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define el artículo 63 TFUE.

A partir del momento en que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de convenios, somete al impuesto sobre la renta no sólo a los contribuyentes residentes sino también a los no residentes, por los dividendos que perciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados contribuyentes no residentes se asemeja a la de los contribuyentes residentes.

El mero ejercicio por un Estado miembro de su potestad tributaria, con independencia de cualquier tributación en otro Estado miembro, genera un riesgo de tributación en cadena o de doble imposición económica. En tal caso, para que los contribuyentes beneficiarios no residentes no se vean afectados por una restricción de la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE, el Estado miembro de residencia de la sociedad que distribuye los dividendos debe velar por que, en relación con el mecanismo previsto en su Derecho nacional para evitar o atenuar la tributación en cadena o la doble imposición económica, los contribuyentes no residentes estén sujetos a un trato equivalente al que disfrutan los contribuyentes residentes.

En caso de que un Estado miembro opte por ejercer su potestad tributaria sobre los dividendos distribuidos por sociedades residentes a contribuyentes residentes en otros Estados miembros, los contribuyentes no residentes que perciben tales dividendos se encuentran en una situación comparable a la de los contribuyentes residentes en cuanto al riesgo de tributación en cadena de los dividendos distribuidos por sociedades residentes.

Cuando, por una parte, la restricción alegada no se deriva de una diferencia entre la técnica de recaudación aplicada a los contribuyentes residentes y la que se aplica a los contribuyentes no residentes, sino que resulta de una ventaja fiscal concedida a los contribuyentes residentes que no se hace extensiva a los contribuyentes no residentes, y cuando, por otra parte, la legislación aplicable somete tanto a los contribuyentes residentes como a los no residentes a la misma modalidad de recaudación del impuesto sobre los dividendos, a saber, la retención en la fuente, la diferencia de trato entre los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta o al impuesto sobre sociedades y los contribuyentes no residentes que están sujetos a una retención en la fuente de los dividendos que perciben, no puede justificarse por una diferencia de situación pertinente a efectos de la aplicación del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a).

De lo anterior se deduce que, cuando un impuesto sobre los dividendos es recaudado por un Estado miembro mediante retención en la fuente de los dividendos distribuidos por sociedades con domicilio social en dicho Estado, la comparación entre el tratamiento fiscal de un contribuyente no residente y el de un contribuyente residente debe efectuarse a la luz, por un lado, del impuesto sobre los dividendos adeudado por el contribuyente no residente y, por otro, del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades que grave al contribuyente residente e incluya en su base imponible la renta derivada de las acciones de las que resulten los dividendos.

(véanse los apartados 67 a 69 y 71 a 74)