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90.

Sobre la base del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) del siguiente modo: «El artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que posee un monopolio de hecho en un Estado miembro no abusa de su posición dominante mediante la imposición de precios no equitativos por el único motivo de adoptar una estructura tarifaria en virtud de la cual las remuneraciones percibidas por la puesta a disposición de obras musicales protegidas pertenecientes a su repertorio a efectos de su comunicación al público en el marco de festivales se calculen aplicando un porcentaje decreciente a los ingresos procedentes de la venta de entradas o al caché, sin que quepa deducir los gastos que no estén directamente vinculados a la prestación realizada por tal entidad, y estableciendo un sistema de reducciones basado en la utilización de tramos a tanto alzado a fin de tener en cuenta el porcentaje de obras musicales efectivamente ejecutadas en el festival. No obstante, no se excluye que la aplicación de tal estructura tarifaria pueda dar lugar a la imposición de remuneraciones no equitativas, en particular cuando exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa las obras musicales realmente ejecutadas y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos de gestión de los contratos y de control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar, a la luz del conjunto de circunstancias que caracterizan el asunto sometido a su examen, si se cumplen tales requisitos y, en el caso de que tal valoración arroje un resultado positivo, si la imposición de remuneraciones no equitativas es corroborada por indicios posteriores deducidos, en particular, de la comparación con las tarifas aplicables en otros Estados miembros, corregidas mediante el índice de paridad del poder adquisitivo de tal entidad de gestión, de la comparación con las remuneraciones aplicadas en el pasado por la misma entidad de gestión o bien de la comparación con las remuneraciones fijadas por esta entidad para prestaciones similares.»
12.

TV 2 se opone a esta pretensión. Considera que no procede el pago de intereses por el período de ilegalidad en un caso como el presente, en que una ayuda no notificada, que fue concedida como compensación por la prestación de servicios de interés económico general, es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 106 TFUE, apartado 2, y, como tal, no debe ser reembolsada. Fundamenta su postura esencialmente en el argumento de que en tales casos el artículo 106 TFUE, apartado 2, se opone a la aplicación de la obligación de notificación y suspensión del artículo 108 TFUE, apartado 3, y alega que, en cualquier caso, la obligación de pagar intereses ha de estar ligada a la existencia de una ventaja injustificada real, algo que no sucede en el caso de autos.
93.

Sin embargo, tal como acertadamente señaló el Tribunal General en el apartado 49 de la sentencia recurrida, esta referencia a la falta de revelación de las pruebas utilizadas contra el recurrente se hizo en la sentencia de anulación en respuesta a un motivo en que se alegaba el incumplimiento de la obligación de motivación y no un error manifiesto de apreciación. ( 60 ) Por lo tanto, en opinión del Tribunal General, esto no constituía un motivo independiente para anular la sentencia recurrida, sino que corroboraba la conclusión de que los motivos de las decisiones impugnadas no habían sido debidamente acreditados, puesto que el Consejo no había podido siquiera mostrar al recurrente, como entidad afectada, las pruebas que obraban en su contra. Sin embargo, esto no significa que el Tribunal General considerase que el Consejo no había reunido pruebas que fundamentasen las medidas restrictivas, o que no pudieran invocarse razones fundadas en relación con la inclusión del recurrente en la lista de las medidas restrictivas.
76.

Por último, el Parlamento alega que la recurrente no puede criticar la apreciación que el Tribunal General hizo del auto por el que fue emplazada a comparecer ante el tribunal correctionnel (Tribunal de lo Penal), en la medida en que se trata de un elemento probatorio. Afirma que la apreciación de los hechos y de las pruebas no constituye una cuestión de Derecho, sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de esos hecho y pruebas, circunstancia que no ha sido alegada por la recurrente y que no se desprende de manera evidente de los elementos que obran en autos.
128.

En primer lugar, en el lenguaje corriente, la palabra «abstención» proviene del latín abstentio, que significa no participar en algo, contenerse o mantenerse a distancia, inhibirse. En una línea similar, el Oxford English Dictionary define el verbo «to abstain» (abstenerse) como «formally decline to vote either for or against a proposal or motion» («renunciar formalmente a votar a favor o en contra de una propuesta o moción»). Por consiguiente, la persona que se abstiene no desea que se la considere a favor ni en contra de una propuesta. Simplemente desea no estar presente (o se comporta como si no estuviera presente). Esa persona se niega a emitir un voto y pide que se considere que no ha votado.
47.

No obstante, el artículo 10, apartado 2, obliga a los prestamistas a especificar el coste total del crédito para el consumidor. Este último concepto se define en el artículo 3, letra g), como «todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría». No obstante, dado que el legislador de la Unión solamente ha exigido que se mencione dicho total (y no los diferentes conceptos que lo comprenden), los Estados miembros no pueden establecer en su legislación nacional ninguna obligación alternativa, independientemente de si esta obligación de informar se refiere o no a un importe que constituya una parte del coste total del crédito en el sentido del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48. ( 6 ) En consecuencia, una medida legislativa nacional no puede ser contraria a dicha Directiva por el hecho de que no establece la obligación de informar a los consumidores de los gastos del crédito no correspondientes a intereses, en el sentido que la legislación nacional otorga a este concepto.
72.

A continuación, el Tribunal de Justicia declaró en los apartados 34 a 37 de dicha sentencia que: «34. […] por lo que se refiere a las ayudas de Estado declaradas incompatibles, la función de las autoridades nacionales […] se limita a dar ejecución a toda decisión que adopte la Comisión. Por lo tanto, dichas autoridades no disponen de ninguna facultad de apreciación en lo que respecta a la anulación de un acto de concesión. Así pues, cuando la Comisión ordena, mediante una decisión que no ha sido objeto de recurso jurisdiccional alguno, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente, la autoridad nacional no tiene derecho a efectuar ninguna otra observación. 35. No obstante, cuando la autoridad nacional deja expirar el plazo de prescripción previsto por el Derecho nacional para la anulación del acto de concesión, esta situación no puede asimilarse a la que concurre cuando un agente económico ignora si la Administración competente va a pronunciarse y el principio de seguridad jurídica exige poner término a dicha incertidumbre en la fecha del vencimiento de un plazo determinado. 36. Dado que no existe facultad discrecional de la autoridad nacional, el destinatario de una ayuda concedida ilegalmente ya no se halla en la incertidumbre a partir del momento en que la Comisión adopta una decisión por la que se declara la incompatibilidad de dicha ayuda y se exige su recuperación. 37. En consecuencia, el principio de seguridad jurídica no puede impedir la devolución de la ayuda porque las autoridades nacionales se hayan atenido con retraso a la decisión que exige dicha recuperación. De lo contrario, la recuperación de cantidades pagadas indebidamente resultaría prácticamente imposible y las disposiciones [del Derecho de la Unión] relativas a las ayudas de Estado quedarían privadas de todo efecto útil.» ( 41 )
63.

Transcurridos más de diez años desde la sentencia Comisión/Irlanda, no solo no se ha realizado ninguna evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de las obras de construcción del parque de Derrybrien y de las actividades conexas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 85/337, a pesar de que Irlanda no se haya opuesto nunca a la posibilidad de llevarla a cabo, sino que ni siquiera se ha adoptado ninguna medida concreta para obtener esa evaluación. Es más, después de haber declarado en su escrito de contestación que estaba a punto de lograr que el operador de ese parque realizara una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente a posteriori no reglamentaria, justo antes de la vista celebrada en el presente asunto, Irlanda anunció que, como en el juego de la oca, «regresaba a la casilla de salida», e informó a la Comisión de que había cambiado nuevamente de idea sobre la posibilidad de recurrir al procedimiento de sustitución. En esas circunstancias y sobre la base de todas las consideraciones anteriores, no cabe sino concluir, en mi opinión, que Irlanda ha incurrido efectivamente en un incumplimiento y que deben desestimarse los motivos de justificación que ha alegado.
34.

Este Reglamento se aplica desde el 3 de diciembre de 2018 ( 24 ) y, por tanto, no es aplicable a los presentes procedimientos, ratione temporis. Tampoco se aplica por razón de la materia puesto que, como consecuencia de su artículo 1, apartado 3, leído en relación con el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123/CE, no cubre los servicios de transporte. Por otra parte, el considerando 9 del Reglamento n.o 2018/302 reconoce que la discriminación también puede producirse en relación con servicios en el ámbito del transporte, en particular por lo que respecta a las ventas de billetes para el transporte de viajeros. Ese considerando se refiere a cuatro reglamentos relativos al sector del transporte, tres de los cuales contienen disposiciones que excluyen expresamente la discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia en lo que se refiere al acceso al transporte: el Reglamento (UE) n.o 1008/2008, ( 25 ) el Reglamento (UE) n.o 1177/2010 ( 26 ) y el Reglamento (UE) n.o 181/2011. ( 27 ) Por lo que se refiere al cuarto Reglamento, el Reglamento (CE) n.o 1371/2007, ( 28 ) que regula los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, en el considerando 9 del Reglamento n.o 2018/302 se afirma que «está previsto que el Reglamento (CE) n.o 1371/2007 […] se modifique a tal efecto en un futuro próximo».
79.

Por las razones expuestas en la presente sección, considero que el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 y el artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil no comparten ni el objeto, ni la causa ni los elementos esenciales. Por lo tanto, no se pueden calificar de recursos similares, de manera que los regímenes procesales distintos que rigen los respectivos recursos, en particular en cuanto a los plazos, no constituyen una infracción del requisito de equivalencia.
2.

En el auto recurrido, ( 2 ) el recurso de anulación interpuesto por RF fue declarado manifiestamente inadmisible debido a que el escrito de interposición del recurso se había presentado fuera de plazo. El Tribunal General consideró que RF no había logrado acreditar la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que justificara por qué no había cumplido el plazo pertinente para la presentación del original firmado del escrito de interposición del recurso ante la Secretaría del Tribunal General. Estimó, en particular, que un retraso significativo debido a problemas técnicos internos del proveedor de servicios postales no constituía un caso fortuito o de fuerza mayor.
34.

En este último caso, una sociedad de cartera vendió participaciones de una filial con respecto a la cual no realizaba operaciones gravadas. BLP Group alegó que la relación con el resto de sus actividades gravadas consistía en emplear el producto de la venta de las participaciones para el pago de deudas y así fortalecer indirectamente el resto de su actividad económica. Sin embargo, este argumento no fue estimado por el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, en definitiva denegó la deducción no porque el producto fuese aplicado al pago de la deuda, sino por no existir una relación directa e inmediata con una actividad gravada. ( 20 )
«1)

El Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, así como el Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que, cuando se notifica o se traslada un requerimiento europeo de pago al demandado residente en el territorio de otro Estado miembro y en el supuesto de que el documento no esté redactado en una lengua que el interesado entienda o bien en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en el que debe procederse a la notificación o al traslado, o no vaya acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas, debe informarse debidamente al destinatario, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007, de su derecho a negarse a aceptar el documento.
2)

El artículo 4, apartados 1 y 5, de la Directiva 2002/47 debe interpretarse en el sentido de que no obliga al beneficiario de la garantía a satisfacer su crédito en primer lugar mediante la garantía constituida en virtud del acuerdo de garantía financiera prendaria. No obstante, tal obligación puede derivarse de las cláusulas del acuerdo de garantía financiera, interpretadas a la luz de las disposiciones de la ley aplicable a dicho acuerdo. En cualquier caso, la facultad de cobrar el crédito a partir de los demás activos del garante una vez producido un supuesto de ejecución de la garantía financiera no puede impedir a dicho garante recuperar efectivamente esa garantía no ejecutada en caso de apertura de un procedimiento de insolvencia contra el beneficiario.»
38.

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha señalado que la Comisión está obligada a precisar en el dictamen motivado emitido en virtud del artículo 228 CE, apartado 2, los aspectos concretos en los que el Estado miembro no ha cumplido la sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento. Por lo tanto, el objeto del litigio no puede ampliarse a obligaciones no contempladas en el dictamen motivado, so pena de constituir un vicio sustancial de forma en cuanto a la regularidad del procedimiento. ( 9 )
42.

El mero hecho de que la actividad de la parte que presta el servicio forme parte del sector financiero no puede dar lugar a excluir los contratos comprendidos en esta actividad del ámbito de aplicación del artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012. A este respecto, considero que la intención del legislador fue claramente incluir este tipo de servicios en el ámbito de aplicación de este Reglamento relativo a la competencia judicial. Como indican el órgano jurisdiccional remitente y la Comisión Europea, el artículo 63, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 preveía una excepción a la aplicación de las reglas de competencia en materia contractual cuando el lugar de la prestación de los servicios se situaba en Luxemburgo. No obstante, en virtud del apartado 3 de dicho artículo, lo dispuesto en él no era aplicable a los contratos relativos a servicios financieros, lo cual significaba que dichos contratos estaban regulados por la regla de competencia especial establecida en el artículo 5, punto 1, de dicho Reglamento, que se corresponde en la actualidad con el artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012.
31.

En el presente caso, el suministro de carburante al constructor del buque fue tratado por el suministrador como suministro sujeto al impuesto. Esto se ajusta al Derecho de la Unión, como se desprende de la comparación del artículo 14, apartado 1, letra c), con el artículo 15, apartado 1, letra j), de la Directiva 2003/96. Atendiendo a dichas disposiciones, el suministro de carburantes utilizados para la fabricación y la realización de pruebas de buques no está comprendido en la utilización como carburante en la navegación comercial en aguas comunitarias prevista en el artículo 14, [apartado 1,] letra c), de la Directiva 2003/96. Por el contrario, el suministro de carburantes utilizados para la fabricación y la realización de pruebas de buques, conforme al artículo 15, apartado 1, letra j), de la Directiva 2003/96 puede ser eximido por los Estados miembros, pero no están obligados a hacerlo. Al parecer, Lituania no ha utilizado esta opción de exención del impuesto.
6.

El artículo 43, apartado 1, punto 21, de la Ley de 11 de marzo de 2004, del impuesto sobre el valor añadido (versión codificada en el Diario Oficial de la República de Polonia de 2011, n.o 177, punto 1054, en su versión modificada; en lo sucesivo, «Ley del IVA») establece: «Estarán exentos del impuesto: los servicios prestados por agrupaciones autónomas de personas a favor de sus miembros, cuya actividad esté exenta del impuesto o para la cual no tengan la condición de sujetos pasivos, con el fin de prestar a sus miembros servicios directamente necesarios para el ejercicio de esa actividad exenta o no sujeta, siempre que tales agrupaciones se limiten a exigir a sus miembros el reembolso de los gastos hasta un importe equivalente a la participación individual de cada uno de ellos en los gastos comunes de la agrupación efectuados en interés común, y siempre y cuando la exención no redunde en perjuicio de las condiciones de competencia.»
20.

Mediante la tercera parte del primer motivo de recurso, la Comisión alega que los escritos impugnados no añadieron nada al contenido de la Decisión Metacrilato. La obligación que incumbía a las demandadas de pagar la multa más los intereses accesorios era, y sólo podrá ser, el resultado de la Decisión Metacrilato, interpretada a la luz de la sentencia de 7 de junio de 2011,Total y Elf Aquitaine/Comisión (T‑206/06, EU:T:2011:250), de la sentencia de 7 de junio de 2011, Arkema France y otros/Comisión (T‑217/06, EU:T:2011:251) y del auto de 7 de febrero de 2012, Total y Elf Aquitaine/Comisión (C‑421/11 P, no publicado, EU:C:2012:60). La Comisión señala que no dispone de ninguna facultad discrecional en la materia, puesto que la fijación de los intereses de demora se deriva de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, ( 5 ) y de su Reglamento de aplicación, el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012. ( 6 ) En otras palabras, los escritos impugnados únicamente reflejan la intención de la Comisión de aplicar la Decisión Metacrilato y no producen ningún otro efecto jurídico distinto de los de dicha Decisión. Estos actos son inseparables de la Decisión cuya aplicación preparan.
15.

En estas circunstancias, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal Tributario, Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) Tres asociaciones formadas por distintos miembros de una misma familia, que, como tales, se presentan de manera autónoma ante sus proveedores y ante las autoridades públicas, y que, a excepción de dos bienes, disponen cada una de sus propios medios de producción, pero que comercializan la mayor parte de sus productos bajo una marca común por medio de una sociedad de capital cuyas participaciones poseen los miembros de las asociaciones y otros miembros de la familia, ¿constituyen tres empresarios independientes (sujetos pasivos)? 2) En el supuesto de que las tres asociaciones no puedan considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿se ha de considerar como empresario independiente: a) la sociedad de capital comercializadora o b) una asociación compuesta por los miembros de las tres asociaciones, que no opera como tal en el mercado por lo que respecta a los clientes ni a los proveedores, o c) una asociación compuesta por las tres asociaciones y la sociedad de capital, que no opera como tal en el mercado por lo que respecta a los clientes ni a los proveedores? 3) En el supuesto de que las tres asociaciones no puedan considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿la revocación de la condición de empresario (sujeto pasivo): a) tiene carácter retroactivo, b) opera sólo hacia el futuro o c) no es posible en absoluto, si las asociaciones ya fueron inicialmente reconocidas por la Administración tributaria como empresarios independientes (sujetos pasivos) tras las correspondientes inspecciones fiscales? 4) En el supuesto de que las tres asociaciones deban considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿deben considerarse —como viticultores y, por tanto, productores agrícolas— agricultores en régimen de tanto alzado si, pese a que cada una de dichas asociaciones que colaboran económicamente está sometida al régimen de tanto alzado para productores agrícolas, la sociedad de capital, una asociación propia constituida por los miembros de las tres asociaciones o una asociación propia constituida por la sociedad de capital y los miembros de las tres asociaciones queda excluida del régimen de tanto alzado por la legislación nacional debido al tamaño de la empresa o a su forma jurídica? 5) En el supuesto de que el régimen de tanto alzado para productores agrícolas quede excluido, en principio, para las tres asociaciones, ¿tal exclusión a) tiene carácter retroactivo, b) opera sólo hacia el futuro o c) no es en absoluto efectiva?»
27.

Contrariamente a lo aducido por el Gobierno italiano, el hecho de que el procedimiento de nulidad que es objeto del litigio principal ataña a un matrimonio ya disuelto por el fallecimiento de uno de los cónyuges no implica que dicho procedimiento quede excluido del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 2201/2003, puesto que, si bien el fallecimiento produce la disolución del matrimonio ex nunc, el procedimiento de nulidad pretende su invalidación ex tunc. Por lo tanto, puede existir un interés en obtener la nulidad de un matrimonio, incluso después de la disolución de éste por el fallecimiento de uno de los cónyuges.
22.

En particular, el Tribunal General consideró que la sentencia del Tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de lo Mercantil de Bruselas) no constituía res judicata con respecto a una resolución posterior de la Sala de Recurso de la EUIPO. El Tribunal General estimó que el objeto y los hechos del procedimiento ante la EUIPO y ante el Tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de lo Mercantil de Bruselas) no eran idénticos. Por tanto, la Sala de Recurso no estaba vinculada por la sentencia del Tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de lo Mercantil de Bruselas).