Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Actos que les afectan directa e individualmente Actos que les afectan directamente Criterios Examen de las ayudas otorgadas por los Estados Decisión de la Comisión que declara incompatible con el mercado común la ampliación del plazo de inversión que da derecho a la utilización de una prima fiscal Acto que afecta directamente a las empresas beneficiarias de la prima

[Tratado CE, arts. 93, ap. 2 (actualmente art. 88 CE, ap. 2), y 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

2. Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Actos que les afectan directa e individualmente Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro y que declara la incompatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común Decisión que presenta alcance general respecto a los beneficiarios potenciales de la ayuda Empresa beneficiaria en una situación de hecho que la caracteriza frente a cualquier otro operador Admisibilidad

[Tratado CE, arts. 93, ap. 2 (actualmente art. 88 CE, ap. 2), y 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados Prohibición Excepciones Facultad de apreciación de la Comisión Distinción efectuada entre los beneficiarios de un régimen de ayudas notificado

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

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1. Para que pueda afectar directamente a un demandante privado, con arreglo al artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), el acto comunitario impugnado debe producir efectos directamente en la situación jurídica del interesado y su aplicación debe tener un carácter puramente automático y derivar únicamente de la normativa comunitaria, sin aplicación de otras normas intermedias. Lo mismo sucede cuando la posibilidad que los destinatarios tienen de no aplicar el acto comunitario es meramente teórica, por no existir duda alguna de su voluntad de que se realicen las consecuencias de dicho acto.

A este respecto, afecta directamente a la posición jurídica de una empresa beneficiaria de una prima fiscal a la inversión, la Decisión de la Comisión que declara incompatible con el mercado común una disposición de la Ley tributaria anual de un Estado miembro ampliando el período durante el cual el proyecto de inversión debe haber sido realizado para beneficiarse de dicha prima, en la medida en que la obligación de derogación que contiene esta Decisión tiene por consecuencia necesaria obligar a las autoridades nacionales a recuperar las cantidades abonadas de la empresa beneficiaria.

( véanse los apartados 47, 48, 50 y 52 )

2. Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden afirmar que quedan individualmente afectados, en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), si esta decisión les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualquier otra persona y, en consecuencia, los individualiza de manera análoga a la del destinatario.

Una Decisión de la Comisión que prohíbe, de manera general, la aplicación de una disposición fiscal nacional que prevé una prima fiscal a la inversión, y que tiene alcance general, aunque se dirija al Estado miembro afectado, se presenta frente a beneficiarios potenciales de dicha disposición como una medida de alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente y que produce efectos jurídicos en relación con una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta. Sin embargo, no se puede considerar que dicha Decisión atañe a una empresa debido solamente a su cualidad objetiva como beneficiaria potencial de dicha prima, por el mismo concepto que cualquier otro operador que se encontrara, real o potencialmente, en una situación idéntica, cuando concurren una serie de circunstancias que sitúan a a esta empresa en una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otro operador.

( véanse los apartados 75 a 78 )

3. El hecho de que, formalmente, se haya presentado ante la Comisión una notificación que tenga por objeto un régimen de ayudas no se opone en absoluto a que, junto con el examen general y abstracto de este régimen, dicha Institución examine su aplicación en un caso particular. Además, en la Decisión que adopta al término de su examen, la Comisión tiene la posibilidad de considerar que determinados casos de aplicación del régimen de ayudas notificado constituyen una ayuda y otros no, o de declarar sólo determinados casos incompatibles con el mercado común. Al ejercer su amplia facultad de apreciación, puede, sobre todo, efectuar distinciones entre los beneficiarios del régimen de ayudas notificado, habida cuenta de determinadas características que presenten o de requisitos que cumplan. El examen del caso específico de una de las empresas beneficiarias del régimen de ayudas notificado puede ser obligatorio no sólo en vista de las particularidades del asunto, sino también en atención al hecho de que, a lo largo del procedimiento administrativo, el Gobierno del Estado miembro afectado lo ha solicitado expresamente.

( véanse los apartados 116 y 117 )