Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, al mantener en vigor una disposición que establece que el recurso contra una decisión de adjudicar o contra la adjudicación de un contrato público deberá interponerse lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de tres meses contados a partir de la producción de los motivos para la interposición de tal recurso, a menos que el tribunal considere justificada una prórroga de tal plazo, en la medida en que dicha disposición provoca incertidumbre en cuanto a la decisión contra la que deba interponerse el recurso y en cuanto a la determinación de los plazos para recurrir.

Sin embargo, los plazos de caducidad nacionales, y sus condiciones de aplicación, no deben, por su propia naturaleza, imposibilitar ni dificultar excesivamente en la práctica el ejercicio de los derechos que el Derecho comunitario confiere, en su caso, al interesado.

Pues bien, en la medida en que tal disposición permite a los órganos jurisdiccionales nacionales aplicar por analogía el plazo de caducidad, que prevé para los recursos interpuestos contra las decisiones de adjudicación de los contratos públicos, a los recursos contra las decisiones intermedias adoptadas por las entidades adjudicadoras en el marco de la adjudicación de tales contratos para los cuales el legislador no haya previsto expresamente dicha caducidad, la situación jurídica que resulta de ello no es suficientemente clara y precisa para excluir el riesgo de que los candidatos y los licitadores de que se trata no puedan interponer sus recursos contra las decisiones en materia de contratos públicos adoptadas por un órgano jurisdiccional nacional sobre la base de una interpretación que haya hecho de la citada disposición.

La ampliación del plazo de caducidad a las decisiones intermedias adoptadas por las entidades adjudicadoras en el marco de la adjudicación de un contrato público, según unas modalidades que conduzcan a privar a los interesados de su derecho a recurrir, no se ajusta ni a las exigencias de la seguridad jurídica ni tampoco al objetivo de eficacia del recurso. Se les debe informar a los interesados de que el régimen de plazos se aplica a dichas decisiones intermedias con suficiente claridad para poder interponer debidamente recursos dentro de los plazos señalados. La inexistencia de una información de esta índole no puede estar justificada por la finalidad de celeridad del procedimiento.

Sin embargo, la formulación según la cual el recurso en cuestión «deberá interponerse lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de tres meses» entraña incertidumbre. No puede excluirse que tal disposición faculte a los órganos jurisdiccionales nacionales para desestimar un recurso por causa de caducidad incluso antes de haber expirado el plazo de tres meses, si consideran que el recurso no se ha interpuesto «lo antes posible» a efectos de esta disposición. La duración de un plazo de caducidad no es previsible para los interesados si se deja a la libre apreciación del juez competente. De la misma forma, una disposición nacional que prevea tal plazo no garantiza una adaptación efectiva del Derecho interno a la Directiva 89/665.

La facultad de prorrogar los plazos de recurso conferida al juez no puede colmar las lagunas que presenta esta disposición, en cuanto a la claridad y la precisión que exige la Directiva 89/665 por lo que atañe al régimen de los plazos de recurso. Aun teniendo en cuenta esta facultad de prorrogar, ni el candidato ni el licitador interesado pueden prever con seguridad el plazo que se les haya concedido para interponer recurso, habida cuenta de la referencia a la obligación de presentar cualquier recurso lo antes posible. Aun teniendo en cuenta esta facultad de prorrogar, ni el candidato ni el licitador interesado pueden prever con seguridad el plazo que se les haya concedido para interponer recurso, habida cuenta de la referencia a la obligación de presentar cualquier recurso lo antes posible.

(véanse los apartados 53, 63, 66, 74, 75, 81 y 83 y el fallo)