2.

En el artículo 18 del Convenio de Bruselas se dispone lo siguiente: «Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Convenio, será competente el tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto oponerse a la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16.» En los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión, la Cour d'appel de Versailles hizo hincapié en la diferencia existente entre la versión francesa y las versiones italiana, neerlandesa y alemana de la norma antes citada. En efecto, el texto francés de la segunda frase del artículo 18 tiene el siguiente tenor: «Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence [...]», mientras que, según la redacción de los textos en las otras tres lenguas, la disposición que figura en la primera frase no se aplica «si la comparecencia tuviere por objeto solamente oponerse a la competencia [...]» Esta divergencia entre las cuatro versiones lingüísticas del artículo 18 ya llevó a la Cour de cassation belga a someter a este Tribunal, mediante resolución de 9 de junio de 1980, la siguiente cuestión: «El régimen de competencia del artículo 18, ¿es aplicable en los casos en que el demandado no sólo impugner la competencia, sino que exponga asimismo sus pretensiones sobre el fondo del asunto?». Ello dio lugar, como recordé al inicio, al procedimiento prejudicial 150/80, Elefanten Schuh, así como a la sentencia de 24 de junio de 1981, antes mencionada, en la que se declaró, entre otras cosas, que dicho artículo «debe interpretarse en el sentido de que la norma de competencia establecida en dicha disposición no es aplicable en los casos en que el demandado no sólo impugne la competencia, sino que exponga asimismo sus pretensiones sobre el fondo del litigio, a condición de que la excepción de incompetencia, de no haberse planteado con anterioridad a la presentación de cualquier motivo de oposición sobre el fondo, no sea posterior a la definición de postura que el Derecho procesal nacional considere el primer medio de defensa esgrimido ante el Juez que conozca de la acción». Merece la pena recordar, a este respecto, la precisión efectuada por el Tribunal en el cuadragésimo considerando de la sentencia, a saber, que la solución consistente en admitir la impugnación simultánea de la competencia del Juez que conoce de la acción y de la fundamentación de la demanda «responde mejor a los fines y al espíritu del Convenio. En efecto, con arreglo al Derecho procesal civil de algunos Estados contratantes, el demandado que se limite a plantear la cuestión de la competencia puede perder el derecho a invocar sus motivos sobre el fondo en caso de que el Juez desestime el motivo de incompetencia. Una interpretación del artículo 18 que hiciera posible dicho resultado sería contraria a la protección del derecho de defensa en el procedimiento de origen, que es uno de los objetivos del Convenio». A continuación, el Tribunal agregó una sola limitación, afirmando lo siguiente: «No obstante, la impugnación de la competencia sólo puede surtir el efecto que le confiere el artículo 18 si la parte demandante y el Juez que conoce de la acción tienen ocasión de comprender, desde el primer medio de defensa qite esgrima el demandado, que éste va encaminado a oponerse a la competencia.» En mi opinión, el criterio adoptado en aquella sentencia merece ser ratificado sin reservas. El artículo 18, como se sabe, pretende regular la «prórroga tácita» de la competencia (véase el informe sobre el Convenio conocido como Informe Jenard, p. 65) y, para ello, colige de la comparecencia del demandado su aceptación de la competencia del Juez que conoce de la acción, que se supone elegido por el demandante con total independencia de los supuestos contemplados en otras normas del Convenio. Para evitar, en la práctica, que la comparecencia se equipare a una manifestación tácita de la voluntad de aceptar la competencia, basta con expresar de manera inequívoca la voluntad en sentido contrario: esto es, con proponer una excepción de incompetencia. Pero una vez propuesta la excepción, no se entiende por qué motivo debe prohibirse al demandado abordar, con carácter subsidiario, el problema de fondo, en previsión del supuesto en que el Juez decida declararse competente. Evidentemente, el fin primordial de la comparecencia sigue siendo oponerse a la competencia (por lo que el texto francés del artículo 18 está formulado con propiedad, a diferencia de las demás versiones); ahora bien, ¿qué sentido tendría prohibir al demandado adoptar una línea de conducta prudente, exponiendo argumentos destinados a surtir efecto únicamente en caso de que la excepción sea desestimada?