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19

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en la sentencia de 27 de junio de 2018, Diallo (C‑246/17, EU:C:2018:499), en lo que atañe a la interpretación de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), el Tribunal de Justicia declaró que las autoridades nacionales competentes no pueden expedir de oficio una tarjeta de residencia a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea cuando haya transcurrido el plazo de seis meses establecido en dicha Directiva para la expedición de tal tarjeta.
6

A tenor del artículo 21 de la citada Directiva: «1. Además de las disposiciones generales que definen el hecho imponible y las disposiciones relativas al pago contenidas en la Directiva 92/12/CEE, el impuesto sobre productos energéticos también se devengará cuando se dé alguno de los hechos imponibles mencionados en el apartado 3 del artículo 2 de la presente Directiva. […] 3. El consumo de productos energéticos en las dependencias de un establecimiento fabricante de productos energéticos no se considerará hecho imponible si se trata del consumo de productos energéticos producidos en las dependencias del establecimiento. Los Estados miembros podrán considerar también que no es hecho imponible el consumo de electricidad y otros productos energéticos no producidos en las dependencias de un establecimiento de este tipo, así como el consumo de productos energéticos y de electricidad en las dependencias de un establecimiento productor de combustibles utilizados para generar electricidad. Cuando dicho consumo se realice para fines que no guarden relación con la producción de productos energéticos y, en particular, para la propulsión de vehículos, ese consumo deberá considerarse como un hecho imponible que da lugar a imposición. […] 5. A efectos de aplicación de los artículos 5 y 6 de la Directiva 92/12/CEE, la electricidad y el gas natural serán objeto de imposición y se convertirán en imponibles en el momento de efectuarse el suministro por parte del distribuidor o del redistribuidor. […] […] Una entidad que produzca electricidad para su propio uso será considerada como distribuidor. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 14, los Estados miembros podrán establecer una excepción para estos pequeños productores de electricidad siempre que sometan a imposición los productos energéticos utilizados para la producción de dicha electricidad. […]»
13

Según el órgano jurisdiccional remitente, el Derecho austriaco, más concretamente el artículo 109, apartado 2, de la UG, establece que se autoriza una sucesión de contratos consecutivos de duración determinada para los trabajadores empleados por la MUW, en particular con motivo de proyectos financiados por terceros o proyectos de investigación y para el personal asignado exclusivamente a la docencia. La duración total de esos contratos de trabajo consecutivos de duración determinada no puede exceder de 6 años, o de 8 años en caso de actividad a tiempo parcial. Además, se permite una prórroga única de hasta 10 años para los empleados a tiempo completo, o 12 años en caso de actividad a tiempo parcial si existe una justificación objetiva, en particular, en relación con la continuación o la finalización de proyectos de investigación y de publicaciones en curso.
20

El Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunal de lo Tributario de Baden-Württemberg) desestimó el recurso interpuesto ante él por DIREKTexpress Holding, al considerar que las notificaciones formales de documentos no podían beneficiarse de la exención solicitada. En particular, dicho órgano jurisdiccional consideró, por una parte, que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 11b, de la UStG, ya que solo estaban exentas del IVA las operaciones directamente relacionadas con el servicio postal prestado por Deutsche Post y, por otra, que no era posible invocar directamente el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, dado que las operaciones de notificación formal de documentos no están comprendidas en el ámbito del servicio universal, en el sentido de dicha disposición.
14

Dicha solicitud fue denegada mediante decisión de 28 de enero de 2014 del Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior) por dos motivos, a saber, en primer lugar, que la Sra. Bajratari no tenía la condición de «miembro de la familia» en el sentido de la Directiva 2004/38 y, en segundo lugar, que su hijo no cumplía el requisito de autonomía económica establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva. El requisito relativo al «seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos», sin embargo, no se cuestionó.
3

Los considerandos 5 y 12 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1, y corrección de errores en DO 2013, L 82, p. 63) son del siguiente tenor: «(5) Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento se aplica a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial. […] (12) Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad. Esto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del menor o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental.»
15

El citado órgano jurisdiccional estima que este enfoque podría conciliarse con el apartado 55 del auto de 26 de abril de 2012, Deichmann/OAMI (C‑307/11 P, no publicado, EU:C:2012:254), según el cual el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), no podía interpretarse en el sentido de que obligaba a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) a hacer que el examen concreto del carácter distintivo que le correspondía efectuar recayera sobre los usos de la marca solicitada distintos del que dicho examen identifica, gracias a los conocimientos técnicos de la OAMI en este ámbito, como el más probable.
123

En cualquier caso, la República de Austria no ha formulado ninguna alegación concreta para demostrar que otras medidas menos restrictivas, como la adopción de normas de organización interna de una sociedad multidisciplinar, prevista por la Comisión en sus alegaciones, no son aptas para garantizar la imparcialidad, la independencia y la integridad de un ingeniero civil que ejerce su actividad en el marco de tal sociedad. Por consiguiente, no puede admitirse que la prohibición de constituir tales sociedades, que resulta del artículo 21 de la ZTG, sea «necesaria» para ello, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 2006/123.
22

En cuanto al certificado previsto en el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012, el tribunal remitente observa que, tal como el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), en lo que atañe al certificado previsto en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15), la certificación de una resolución judicial es un acto de naturaleza jurisdiccional. En relación con la regulación del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), el Tribunal de Justicia había declarado asimismo que la función asignada al certificado previsto en el artículo 54 del citado Reglamento consiste en facilitar la adopción de la declaración de la fuerza ejecutiva de la resolución judicial adoptada en el Estado miembro de origen (sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, apartado 41). En este contexto, el tribunal remitente pone de relieve que la importancia de tales certificados se ha acrecentado en la regulación contenida en el Reglamento n.o 1215/2012.
2

Dicha petición se presentó en el contexto de un litigio entre los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración tributaria y de aduanas, Reino Unido; en lo sucesivo, «Administración tributaria»), y The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (en lo sucesivo, «Universidad de Cambridge»), en relación con la negativa de dicha administración a conceder a la Universidad de Cambridge la deducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) correspondiente a los gastos efectuados en el marco de actividades de inversión que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA, pero cuyos ingresos así generados han sido utilizados para cubrir los costes del conjunto de actividades de dicha Universidad.
28

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente menciona el apartado 65 de la sentencia de 2 de junio de 2016, Eurogate Distribution y DHL Hub Leipzig (C‑226/14 y C‑228/14, EU:C:2016:405), que se refiere al concepto de «riesgo» de entrada en el circuito económico de la Unión Europea. Dicho órgano jurisdiccional señala que, si este concepto debe aplicarse en casos en que los bienes introducidos en el territorio de la Unión no están amparados por ningún régimen aduanero o lo han abandonado, tan solo habría que comprobar si existe riesgo de que entren en el circuito económico de la Unión en el territorio fiscal del Estado miembro en cuestión. A su juicio, en el caso de autos, debe suponerse que existía tal riesgo, por cuanto los bienes controvertidos, debido a su introducción irregular o a su sustracción a la vigilancia aduanera, no estaban o dejaron de estar bajo dicha vigilancia. En particular, los bienes introducidos irregularmente en el territorio aduanero de la Unión podrían haberse retirado de manera subrepticia y haber sido destinados al consumo sin ser gravados.
3

El artículo 33, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991 (DO 1991, L 376, p. 1) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), dispone lo siguiente: «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias y, en particular, en las disposiciones comunitarias vigentes relativas al régimen general de la tenencia, circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que dichos impuestos, derechos o gravámenes no den lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.»
8

El artículo 23 de la Ordonanța Guvernului n.o 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare (Decreto del Gobierno n.o 42/1997 sobre el transporte marítimo y por aguas navegables interiores), dispone: «Constituirán buques, en el sentido del presente Decreto: a) los buques marítimos y de navegación interior de cualquier tipo, propulsados o no propulsados, que navegan por la superficie o en inmersión y destinados al transporte de mercancías y/o de personas y a la pesca y remolcadores y remolcadores de empuje; b) las instalaciones flotantes, como dragas, elevadores flotantes, grúas flotantes, pinzas flotantes y otros similares, propulsados o no; c) las construcciones flotantes que, normalmente, no están destinadas al desplazamiento, como muelles flotantes, embarcaderos flotantes, pontones, hangares flotantes para buques, plataformas de perforación y otras similares y faros flotantes; d) las embarcaciones de recreo.»
11

En apoyo de esta alegación, PF esgrimió un dictamen jurídico elaborado por un abogado lituano del que se desprende, en particular, que, según lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución de la República de Lituania, la administración de la justicia corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales. El Fiscal General de Lituania es el fiscal de mayor rango en este Estado miembro. Tiene la condición de fiscal y es independiente tanto del poder ejecutivo como del poder judicial. En relación con los fiscales, el artículo 118 de la referida Constitución establece que estos tienen encomendada la función de organizar y dirigir la instrucción penal y de ejercer la acción penal. No obstante, según la jurisprudencia del Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Tribunal Constitucional de la República de Lituania), el fiscal no tiene encomendada la función de administrar justicia y tampoco asume tareas relacionadas con la administración de la justicia durante la fase de instrucción de la que es responsable.
40

Como el hecho de no presentar observaciones no puede constituir una comparecencia en el sentido del artículo 26 del Reglamento n.o 1215/2012 y, por tanto, no puede considerarse una aceptación tácita, por parte del demandado, de la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, en circunstancias como las del litigio principal no es posible aplicar tal disposición, relativa a la prórroga tácita de la competencia.
40

Por otra parte, y también contrariamente a lo que alega el Gobierno francés en sus observaciones escritas, la APA y la PCD no pueden calificarse de «prestaciones especiales en metálico no contributivas» en el sentido del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 883/2004. En efecto, habida cuenta de que se desprende a la vez de las consideraciones anteriores y de las constataciones del tribunal remitente recordadas en el apartado 26 de la presente sentencia que se reúnen los dos requisitos acumulativos mencionados en el anterior apartado 32, por lo que la APA y la PCD deben calificarse de «prestaciones de seguridad social», no procede analizar si esas dos prestaciones pueden considerarse también «prestaciones especiales en metálico no contributivas», pues el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esas dos cualidades se excluyen mutuamente (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de febrero de 2006, Hosse, C‑286/03, EU:C:2006:125, apartado 36, y de 16 de septiembre de 2015, Comisión/Eslovaquia, C‑433/13, EU:C:2015:602, apartado 45).
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El artículo 186 bis de la Ley Concursal, cuyo epígrafe es «Convenio que comprende la continuación de la actividad empresarial», establece lo siguiente: «1. Cuando el plan establecido en el artículo 161, apartado 2, letra e), prevea la continuación de la actividad empresarial por el deudor, la trasmisión de la empresa en activo o su cesión a una o varias sociedades, incluso de nueva constitución, se aplicarán las disposiciones del presente artículo. El plan también podrá prever la liquidación de los bienes que no sean necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial. […] 4. Una vez presentada la solicitud, la participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos deberá ser autorizada por el tribunal, previo dictamen del comisario judicial, en caso de que se hubiera procedido a su nombramiento; de no ser así, corresponderá decidir al tribunal. 5. La admisión de la propuesta anticipada de convenio no impedirá la participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos, siempre que la empresa presente a efectos de la licitación: a) el informe de un profesional que reúna los requisitos establecidos en el artículo 67, apartado 3, letra d), que certifique la conformidad con el plan y una capacidad razonable de cumplimiento del contrato; b) la declaración de otro operador que reúna los requisitos de carácter general, de capacidad financiera, técnica, económica y de certificación exigidos para la adjudicación del contrato, que se haya comprometido con el licitador y la entidad adjudicadora a poner a disposición, durante la vigencia del contrato, los recursos necesarios para su ejecución y a subrogarse en la posición de la empresa auxiliada en el caso de que incurra en situación de concurso durante la celebración del procedimiento de licitación o tras la celebración del contrato o de que, por cualquier otro motivo, ya no reúna las condiciones necesarias para ejecutar adecuadamente el contrato. Se aplicará el artículo 49 del Decreto Legislativo n.o 163 de 12 de abril de 2006. 6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la empresa que se encuentre en fase de convenio podrá participar en un procedimiento de licitación como parte de una unión temporal de empresas, siempre que no tenga la condición de mandataria y que las demás empresas integrantes de la unión temporal de empresas no estén sometidas a un procedimiento concursal. En tal supuesto, la declaración contemplada en la letra b) del apartado anterior podrá ser efectuada por un operador que forme pare de la unión temporal de empresas. […]»
68

De estas consideraciones se desprende que el interés superior del menor no requiere que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 se interprete del modo propuesto por la madre, por el Gobierno del Reino Unido y por el Gobierno checo, ni siquiera en circunstancias como las que caracterizan a la situación controvertida en el litigio principal, puesto que tal interpretación va más allá de los límites del concepto de «residencia habitual» establecido en el Reglamento n.o 2201/2003 y del papel atribuido a dicha disposición en el marco de las disposiciones de ese Reglamento que rigen la competencia en materia de responsabilidad parental.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 1, letra p), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 (DO 2014, L 60, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 561/2006»).
1)

Rumanía, por una parte, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, interpretado en relación con el anexo XI de dicha Directiva, al no haber respetado, de manera sistemática y persistente, desde el año 2007 y, al menos, hasta el año 2016, los valores límite diarios para las concentraciones de PM10, y, al no haber respetado, de forma sistemática y persistente, desde el año 2007 hasta el año 2014 inclusive, salvo en el año 2013, los valores límite anuales para las concentraciones de PM10 en la zona RO32101 (Bucarest, Rumanía), y, por otra parte, Rumanía ha incumplido, por lo que respecta a esa misma zona, desde el 11 de junio de 2010, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, de la citada Directiva, en relación con el anexo XV de la misma, en particular la obligación, establecida en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de esa Directiva, de asegurarse de que el período de superación sea lo más breve posible.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado CE (posteriormente artículo 10 CE y, después, artículo 4 TUE, apartado 3), al no haber compensado la pérdida de los recursos propios que deberían haberse constatado y puesto a disposición del presupuesto de la Unión con arreglo a los artículos 2, 6, 10, 11 y 17 del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO 1989, L 155, p. 1) [posteriormente artículos 2, 6, 10, 11 y 17 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO 2000, L 130, p. 1)], si no se hubieran expedido certificados de circulación de mercancías EUR. 1 infringiendo, por una parte, el artículo 101, apartado 1, de la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (DO 1991, L 263, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión PTU de 1991»), y el artículo 12, apartado 6, del anexo II de dicha Decisión, para la importación de leche en polvo y de arroz procedentes de Curazao durante el período 1997/2000 y, por otra parte, el artículo 35, apartado 1, de la Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de Asociación Ultramar») (DO 2001, L 314, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión PTU de 2001»), y el artículo 15, apartado 4, del anexo III de dicha Decisión, para la importación de grañones y de sémola procedentes de Aruba durante el período 2002/2003.
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En el caso de autos, de las consideraciones que figuran en el apartado 22 de la presente sentencia parece desprenderse que el tribunal remitente parte de la premisa de que las cláusulas que no han sido impugnadas por la Sra. Lintner no están vinculadas al objeto del litigio principal, en la medida en que lo que se resuelva sobre sus pretensiones, referidas específicamente a las cláusulas que permiten a UniCredit Bank modificar unilateralmente el contrato, no depende en modo alguno de la apreciación relativa a esas cláusulas. Pues bien, en tal caso, la obligación de examen de oficio que resulta de la Directiva 93/13 no se extiende a tales cláusulas, sin perjuicio de las comprobaciones que el tribunal remitente deberá, en su caso, efectuar en lo que atañe al objeto concreto del litigio, a la vista de las pretensiones formuladas y los motivos invocados por la Sra. Lintner. Sin embargo, ello no obsta para la posibilidad de la que podría, en su caso, prevalerse la Sra. Lintner, en virtud del Derecho nacional aplicable, de impugnar mediante una nueva demanda las cláusulas del contrato que no fueron objeto de su demanda inicial o de ampliar, motu proprio o a instancias del tribunal remitente, el objeto del litigio del que este último conoce.