El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que supedita la realización de actividades transfronterizas en materia de vivienda por organismos autorizados a la obtención de una autorización administrativa previa, en la medida en que dicha normativa no esté fundada en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que establezcan suficientemente los límites de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

En efecto, el requisito por el cual dichos organismos se ven obligados a obtener del ministro competente una autorización previa para la realización de inversiones inmobiliarias en Estados miembros distintos de aquel en el que se halla su sede constituye una restricción de la libre circulación de capitales.

Es cierto que las exigencias de la política de vivienda de protección oficial y su régimen de financiación en un Estado miembro pueden constituir razones imperiosas de interés general y, por ende, justificar la restricción controvertida. Estas consideraciones se ven reforzadas por determinadas características que definen la situación del mercado nacional, como la escasez estructural de viviendas y una densidad de población especialmente alta.

En este sentido, un régimen de autorización previa puede, en ocasiones, ser necesario y proporcionado a los fines que persigue si éstos no pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas, en particular, mediante un sistema de declaración apropiado. Pues bien, un control previo por parte de la administración competente parece el más indicado para garantizar que los recursos de los organismos autorizados se destinan principalmente a satisfacer las necesidades de determinados sectores de la población en el Estado miembro en cuestión, mientras que un sistema de comprobación a posteriori corre el riesgo de intervenir demasiado tarde, cuando ya se han realizado importantes inversiones y difícilmente se pueden recuperar.

No obstante, para que un régimen de autorización administrativa previa esté justificado aun cuando introduzca una excepción a una libertad fundamental, debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que garanticen su adecuación para establecer suficientemente los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales. Ello no sucede cuando las disposiciones nacionales controvertidas supeditan la autorización previa del ministro competente a un solo requisito, a saber que el proyecto de que se trata se realice en beneficio de la vivienda de protección oficial en el Estado miembro en cuestión, y cuando, para saber si se cumple con dicho requisito, se procede a un examen de cada caso, carente de un marco reglamentario que lo defina y desprovisto de cualquier otro criterio específico y objetivo que permita tanto a los organismos afectados conocer de antemano en qué circunstancias les será concedida su solicitud, como a los órganos jurisdiccionales, ante un recurso contra una hipotética denegación de dicha autorización, el ejercicio pleno del control jurisdiccional.

(véanse los apartados 24, 30, 33 a 35, 37 y 39 y el fallo)