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Los artículos 271 bis y 271 ter de la Ordonanța de Urgență a Guvernului n.o 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 34/2006, relativo a la adjudicación de contratos de adquisición pública, de contratos de concesión de obras públicas y de contratos de concesión de servicios), en su versión modificada y completada por la Ordonanța de Urgență a Guvernului n.o 51/2014 [Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 51/2014 (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 34/2006»)], establecen: «Artículo 271 bis (1) Al objeto de proteger al poder adjudicador frente al riesgo de un posible comportamiento inapropiado, el autor de una impugnación deberá constituir una garantía de buena conducta que cubra todo el período comprendido entre la fecha de presentación de la impugnación/demanda/recurso y la fecha en que adquiera firmeza la decisión del Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones o la sentencia del órgano jurisdiccional que los resuelve. (2) La impugnación/demanda/recurso se declarará inadmisible si el autor de la impugnación no aporta la prueba de haber constituido la garantía prevista en el apartado 1. (3) La garantía de buena conducta se constituirá mediante transferencia bancaria o a través de cualquier instrumento de garantía librado por una entidad bancaria o por una compañía de seguros, en las condiciones legalmente establecidas, y se presentará en original en la sede del poder adjudicador y en copia ante el Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones o ante el órgano jurisdiccional simultáneamente a la presentación de la impugnación/demanda/recurso. (4) El importe de la garantía de buena conducta constituirá un porcentaje del valor estimado del contrato por adjudicar, como sigue: a) 1 % del valor estimado, si éste es inferior a los umbrales previstos en el artículo 55, apartado 2, letras a) y b); b) 1 % del valor estimado, si éste es inferior a los umbrales previstos en el artículo 55, apartado 2, letra c), pero no excederá del equivalente en [leu rumano (RON)] a 10000 [euros], al tipo de cambio del Banco Nacional Rumano en la fecha de constitución de la garantía; c) 1 % del valor estimado, si éste es igual o superior a los umbrales previstos por el artículo 55, apartado 2, letras a) y b), pero no excederá del equivalente en RON a 25000 [euros], al tipo de cambio del Banco Nacional Rumano en la fecha de constitución de la garantía; d) 1 % del valor estimado, si éste es igual o superior a los umbrales previstos en el artículo 55, apartado 2, letra c), pero excederá del equivalente en RON a 100000 [euros], al tipo de cambio del Banco Nacional Rumano en la fecha de constitución de la garantía. (5) La garantía de buena conducta deberá ser válida al menos durante noventa días, ser irrevocable y prever el pago incondicional al primer requerimiento del poder adjudicador, en la medida en que la impugnación/demanda/recurso se desestime. (6) El poder adjudicador retendrá la garantía de buena conducta cuando, en el último día de su validez, no haya adquirido firmeza la decisión del Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones o la sentencia del órgano jurisdiccional y el demandante no haya prolongado tal validez en las condiciones establecidas en los apartados 1 a 5. El artículo 271 ter, apartados 3 a 5, se aplicará mutatis mutandis. (7) Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 se aplicará igualmente mutatis mutandis en el caso de que quien interpone el recurso contra la decisión del Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones sea un tercero distinto del poder adjudicador o del autor de la impugnación, conforme al artículo 281. Artículo 271 ter (1) En caso de que el Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones o el órgano jurisdiccional —cuando el autor de la impugnación haya acudido directamente a este último— desestime la impugnación, el poder adjudicador deberá retener la garantía de buena conducta desde el momento en que adquiera firmeza la decisión del Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones o la sentencia del órgano jurisdiccional. La retención se aplicará a los lotes respecto de los que se haya desestimado la impugnación. (2) Lo dispuesto por el apartado 1 también se aplicará en caso de que el autor de la impugnación desista de la impugnación/demanda/recurso. (3) La medida prevista en el apartado 1 no se aplicará cuando el Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones o el órgano jurisdiccional desestime la impugnación por haber quedado ésta sin objeto o en caso de que se desista de la impugnación/demanda/recurso como consecuencia de la adopción, por parte del poder adjudicador, de las medidas correctoras necesarias, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 256 quater, apartado 1. (4) Si el Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones estima la impugnación o el órgano jurisdiccional competente estima el recurso interpuesto contra la decisión del Consejo Nacional de Resolución de Impugnaciones desestimatoria de una impugnación, el poder adjudicador deberá restituir la garantía de buena conducta al autor de la impugnación en un máximo de cinco días desde que la decisión o la sentencia adquiera firmeza. (5) Lo dispuesto en el apartado 4 se aplicará mutatis mutandis cuando se presente directamente una demanda ante el órgano jurisdiccional y ésta sea estimada. (6) Los importes que el poder adjudicador perciba por la ejecución de la garantía de buena conducta constituirán ingresos para él.»