3.

Paso a examinar a continuación las cuestiones planteadas por el Østre Landsret. El órgano jurisdiccional nacional pregunta en primer lugar si la citada Sexta Directiva citada y, en particular, sus artículos 10,22 y 23 deben interpretarse «en el sentido de que prohibe a un Estado miembro fijar períodos de declaración y plazos de pago del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava las importaciones de mercancías procedentes de otro Estado miembro (IVA a la importación) respetando los períodos que figuran en el apartado 4 del artículo 22 de la Directiva, pero que por término medio dan lugar a plazos de crédito más breves para que ingresen dicho impuesto las empresas importadoras inscritas, que el plazo de crédito medio generalmente concedido a las empresas inscritas del mismo Estado miembro, entre ellas las empresas importadoras, para ingresar el importe neto del Impuesto al Valor Añadido correspondiente al volumen de negocios global (deuda tributaria neta)». Examinemos el contenido de las normas recordadas por el Tribunal danés. Tras definir los conceptos de devengo y de exigibilidad del impuesto, el artículo 10 distingue según que las operaciones sean de régimen interior o de importación. En este último caso, el devengo se produce y el impuesto se hace exigible en el momento en que los bienes se introducen en el país. En el primer caso los mismos fenómenos tienen lugar en el momento en que se realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios. Si estas operaciones dan lugar a entregas a cuenta o a pagos parciales, se considera que las operaciones se efectúan en el momento de la expiración de los períodos a los que tales descuentos o pagos se refieran. Los artículos 22 a 24 se refieren a las obligaciones de los sujetos pasivos del Impuesto y ellos también distinguen entre el IVA en régimen interior y el IVA a la importación. Para el régimen jurídico interior, el apartado 4 del artículo 22 dispone que los sujetos pasivos deberán presentar una declaración dentro del plazo que fijen los Estados miembros, que no podrá exceder en más de dos meses el vencimiento del período fiscal. A su vez, los Estados miembros pueden fijar este período en uno, dos o tres meses o en períodos diferentes que no excedan de un año. El apartado 5 determina «que los sujetos pasivos vendrán obligados a pagar la cuota neta del Impuestos sobre el Valor Añadido» en el momento de la presentación de la declaración periódica; no obstante los Estados miembros podrán «fijar un vencimiento distinto para el pago de esta cantidad o podrán percibir cantidades provisionales a cuenta». En lo que se refiere al IVA a la importación, el artículo 23 establece que los Estados miembros dictarán «las disposiciones pertinentes sobre las modalidades de la declaración y pago»; posteriormente autoriza a estos últimos a «establecer en especial que en las importaciones de bienes efectuadas por los sujetos pasivos o por los deudores, [...] la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido devengada en razón de la importación no sea pagada en el momento mismo de la importación, a condición de que dicha cuota sea mencionada como tal en una declaración establecida de conformidad con elapartado 4 del artículo 22». Estas disposiciones me parecen clarísimas. En lo que se refiere al régimen interior la Directiva determina tres tiempos para el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre los sujetos pasivos del Impuesto. El primero es el período fiscal y, en lo que a él respecta, la obligación impuesta a los Estados miembros se refiere a su duración máxima: no puede exceder de un año. El segundo es el plazo para la declaración y, aquí los Estados tampoco pueden sobrepasar de un determinado límite: la declaración debe efectuarse dentro de los dos meses que siguen al vencimiento del período fiscal. La tercera es el plazo para el pago de la deuda tributaria neta o para la percepción de las cantidades provisionales a cuenta y la norma determina que debe coincidir con la presentación de la declaración. No obstante, los Estados conservan la facultad de diferir su vencimiento y, en dicho caso, la Directiva tampoco fija el tiempo máximo que pueden retrasarlo. Por el contrario, en lo que se refiere al régimen del impuesto a la importación, el principio básico es que el IVA debe pagarse en el momento de la importación del bien. Pero si los Estados miembros ejercen su facultad de establecer un vencimiento diferente, el IVA debe indicarse «en una declaración establecida de conformidad con el apartado 4 del artículo 22», es decir, según las normas fijadas para el régimen interior. Por consiguiente la Directiva deja a los Estados un amplio margen discrecional en lo que respecta a los períodos en que deben cumplirse las obligaciones que pesan sobre los sujetos pasivos del impuesto. En particular, ninguna de sus disposiciones exige plazos uniformes para la declaración y el pago del impuesto o de las cantidades provisionales entregadas a cuenta en las operaciones de régimen interno y de la importación. Tampoco es posible invocar contra esta apreciación la remisión que efectúa el artículo 23 al apartado 4 del artículo 22. En efecto, me parece evidente que se refiere no a dichos plazos (regulados, por lo demás, en el apartado 5 del artículo 22), sino únicamente a \a forma de redactar las declaraciones periódicas. El párrafo segundo del apartado 4 precisamente se ocupa de este extremo.