Asunto T‑318/00

Freistaat Thüringen

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas estatales — Aplicación abusiva de las ayudas — Riesgo de elusión de la orden de recuperación — Recuperación de las ayudas frente a sociedades que adquirieron activos de explotación del beneficiario inicial»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 19 de octubre de 2005

Sumario de la sentencia

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Posibilidad de que la Comisión base su decisión en la información disponible — Requisito — Ejercicio previo de la facultad de formular requerimientos al Estado miembro de que se trate — Control jurisdiccional de la constatación de los hechos — Alcance

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 5, ap. 2, 6, ap. 1, 10, ap. 3, y 13, ap. 1]

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas autorizadas por la Comisión — Utilización abusiva por parte del beneficiario — Criterios de apreciación

[Arts. 87 CE y 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 1, letra g)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ejecución de una garantía pública — Calificación de ayuda distinta de la prestación de la garantía — Requisito — Renuncia a sus derechos por parte del garante que reduce la deuda del beneficiario

(Art. 87 CE)

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado

(Arts. 87 CE y 253 CE)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Alcance de la excepción — Interpretación estricta — Actividades de la Treuhandanstalt — Concepto de privatización

[Art. 87 CE, aps. 1 y 2, letra c)]

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión que declara incompatible con el mercado común una ayuda individual otorgada en virtud de un régimen de ayudas previamente aprobado por ella — Obligación de motivación — Alcance

(Art. 88 CE, ap. 3)

7. Actos de las instituciones — Motivación — Error de hecho que figura en la motivación, por lo demás suficiente, de una decisión — Irrelevancia para la legalidad de la decisión

(Art. 253 CE)

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Ayuda financiera utilizada para reembolsar un crédito avalado por una autoridad pública — Calificación de ayuda nueva

(Art. 88 CE)

9. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Desviación de una ayuda — Desviación conocida por la Comisión — Recuperación de la ayuda frente a su destinatario — Exclusión

(Art. 88 CE, ap. 2)

10. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Ámbito de aplicación — Ayuda concedida a un grupo de empresas en el que se aplican mecanismos internos de transmisión de activos — Recuperación de la ayuda frente a una empresa del grupo que no fue beneficiaria de la ayuda y que no obtuvo beneficio alguno de las transmisiones de activos — Exclusión

(Art. 88 CE, ap. 2)

11. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Recuperación de la ayuda frente a una empresa que no fue beneficiaria de la ayuda pero que compró una parte de los activos del beneficiario y prosiguió la actividad de éste — Requisito — Elusión de la decisión que ordena la recuperación — Apreciación caso por caso

(Art. 88 CE, ap. 2)

1. En el procedimiento administrativo en materia de ayudas de Estado, la Comisión está facultada para adoptar una decisión basándose en la información disponible cuando se encuentre ante un Estado miembro que no cumpla su deber de colaborar y que se abstenga de proporcionarle la información que aquélla le solicitó a fin de examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común. Sin embargo, antes de adoptar una decisión en este sentido, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de procedimiento. En particular, debe requerir al Estado miembro para que le suministre, en el plazo fijado por ella, todos los documentos, informaciones y datos necesarios para examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. Únicamente en el caso de que el Estado miembro no proporcione la información solicitada, pese al requerimiento de la Comisión, tendrá esta última la facultad de dar por terminado el procedimiento y adoptar la decisión en la que declare la ayuda compatible o incompatible con el mercado común basándose en los datos de que disponga. Tales requisitos han sido recogidos y concretados en el artículo 5, apartado 2, en el artículo 10, apartado 3, y en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE.

A este respecto, como el Estado miembro y las demás partes interesadas son informados de los hechos en los que la Comisión proyecta basar su decisión definitiva a través de la decisión de apertura del procedimiento de investigación formal, contemplada en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, y de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea, si estas partes consideran que algunos de los hechos recogidos en la decisión de apertura del procedimiento de investigación formal son erróneos, es a ellas a quienes incumbe informar al respecto a la Comisión en el procedimiento administrativo, so pena de perder el derecho de impugnar tales hechos en el procedimiento contencioso. En cambio, de no existir información en sentido contrario procedente de las partes afectadas, la Comisión está facultada para basarse en los hechos de que dispone al adoptar la decisión definitiva, aunque sean erróneos, en la medida en que la Comisión haya requerido al Estado miembro para que le proporcione la información necesaria sobre los hechos de que se trata. Por el contrario, si la Comisión se abstiene de requerir al Estado miembro para que le remita información sobre los hechos que ella proyecta tomar en consideración, no podrá justificar posteriormente sus eventuales errores de hecho alegando que, al adoptar la decisión de cierre del procedimiento de investigación formal, estaba facultada para tomar en consideración únicamente la información de que disponía en aquel momento.

Ello no significa que la Comisión quede exenta de todo control jurisdiccional en lo que respecta a la constatación de los hechos. En efecto, si el Estado miembro ha cumplido plenamente su obligación de remitir toda la información solicitada por la Comisión, le resultará muy fácil demostrar, con la ayuda de la información remitida por él durante el procedimiento, que los eventuales errores de hecho presentes en la Decisión impugnada no le son imputables. Además, cuando la Comisión basa una decisión en la información de que dispone sobre ciertos hechos sin haber cumplido los requisitos de procedimiento formulados por la jurisprudencia y establecidos en el Reglamento nº 659/1999 precisamente en lo que respecta a tales hechos, el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer su control sobre la cuestión de si la toma en consideración de tales hechos pudo provocar un error de apreciación que vicie de ilegalidad la Decisión impugnada.

(véanse los apartados 73, 88 y 89)

2. Se desprende del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 1, letra g), del Reglamento nº 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE, que, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado ha sido aplicada de manera abusiva, la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido el régimen aprobado por la Comisión, es decir, que ha infringido las normas nacionales que regulan dicho régimen o los requisitos adicionales aceptados por el Estado miembro en el procedimiento de aprobación del régimen por parte de la Comisión.

A este respecto, el incumplimiento de un mero requisito adicional impuesto unilateralmente por la entidad que concedió la ayuda, y que no estaba expresamente previsto en las normas nacionales que regulan dicho régimen aprobadas por la Comisión, no puede considerarse suficiente para afirmar la existencia de una utilización abusiva de la ayuda, a efectos del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero.

(véanse los apartados 113, 114, 144, 145 y 149)

3. Tanto la existencia como la importancia de una ayuda de Estado deben valorarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue concedida. Por lo tanto, la ejecución de una garantía pública en caso de incumplimiento de la empresa beneficiaria no modifica la naturaleza de dicha garantía con arreglo al artículo 87 CE ni genera una nueva ayuda.

Es cierto no obstante que, en determinados casos, puede constituir una ayuda el hecho de que la entidad pública garante renuncie unilateralmente a los derechos de que dispone contra el beneficiario tras la ejecución de la garantía. Así ocurre en particular cuando la entidad pública garante no actúa como un sujeto económico racional, realizando todas las gestiones posibles para obtener la devolución del importe que se vio obligada a abonar al ejecutarse la garantía. Además, si se comprueba que la renuncia al derecho de crédito inicialmente cubierto por un aval, tras la ejecución del aval, es definitiva, provocando así una reducción directa del endeudamiento del beneficiario, dicha renuncia puede constituir, en principio, una ayuda distinta, ya que aporta una ventaja económica adicional con respecto al aval y con respecto a la ejecución del mismo.

(véanse los apartados 125 y 126)

4. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar el razonamiento de la autoridad comunitaria de manera clara e inequívoca en el propio texto del acto, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y el juez comunitario pueda ejercer su control.

Tratándose de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado, la exigencia de motivación debe apreciarse principalmente en función del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto impugnado, en el sentido del artículo 230 CE, puedan tener en recibir explicaciones. Está claro, por tanto, que la exigencia de motivación de una decisión de esta índole no puede determinarse únicamente en función del interés en recibir información del Estado miembro al que vaya dirigida dicha decisión, pues dicho interés puede disminuir por razones particulares en función de que dicho Estado haya impugnado o no determinados argumentos de hecho y de Derecho durante el procedimiento administrativo, sino que abarca todas las consideraciones de hecho y de Derecho en que esté basada la decisión.

(véanse los apartados 127 y 156)

5. El marco normativo que regula las actividades de la Treuhandanstalt, tal como ha sido establecido por la Comisión, comprende una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1. Al establecer dichas excepciones, la Comisión pretendía facilitar la misión de la Treuhandanstalt, organismo único en su género, que consistía en reestructurar las empresas de la antigua República Democrática Alemana y asegurar el paso de éstas de una economía planificada a una economía de mercado.

De ello se deduce que, como requisito de aplicación de un régimen que constituye una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, el concepto de «privatización» en el ámbito de los regímenes de ayudas de la Treuhandanstalt debe interpretarse de manera restrictiva. En el marco de dicha interpretación, sólo puede reconocerse, en principio, la existencia de una privatización, en el sentido de dichos regímenes, si un inversor privado adquiere una participación en el capital de una empresa pública ya existente que le permita obtener el control de dicha empresa.

Así pues, la creación de una nueva empresa que tenga por objeto una nueva actividad comercial y que adopte la forma de una empresa en participación entre una empresa de la antigua República Democrática Alemana y una empresa de la República Federal de Alemania no puede calificarse de privatización a efectos de los regímenes de la Treuhandanstalt antes mencionados. Efectivamente, a diferencia de la privatización contemplada en dichos regímenes, destinada a permitir que las empresas pasen de una economía planificada a una economía de mercado, la creación de una nueva empresa permite desarrollar ex novo un proyecto empresarial con nuevos medios y con una nueva actividad comercial.

(véanse los apartados 176 y 177)

6. En la motivación de una decisión que declara incompatible con el mercado común una ayuda de Estado otorgada en virtud de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión, esta última puede limitarse a mencionar el hecho de que la ayuda no respeta los requisitos establecidos al aprobar dicho régimen de ayudas, si no se han presentado en el procedimiento administrativo precisiones destinadas a demostrar, bien que no se trataba en este caso de una ayuda, bien que, en cualquier caso, tal ayuda era compatible con el mercado común y no había sido aplicada de manera abusiva, alegaciones cuya prueba incumbe al Estado miembro afectado.

(véase el apartado 180)

7. Aun en el caso de que un considerando de un acto controvertido contenga una afirmación de hecho errónea, este vicio de forma no puede, sin embargo, conducir a la anulación de dicho acto si en los demás considerandos de la Decisión impugnada se exponen razones que demuestren la procedencia del mismo.

(véase el apartado 191)

8. El mero hecho de que una ayuda financiera otorgada por una autoridad pública haya servido para reembolsar un crédito avalado por dicha autoridad no permite afirmar que se trate de una intervención en virtud de dicho aval, en vez de una nueva ayuda.

(véanse los apartados 247 y 281)

9. La Comisión no puede exigir legítimamente que se reclame la restitución de una ayuda de Estado ilegal a la empresa destinataria de la misma cuando sabe o no puede ignorar, en el momento en que adopta una decisión en ese sentido, que dicha empresa no ha disfrutado de la ayuda.

Así pues, una decisión por la que se ordena que se reclame la restitución de una ayuda a la empresa destinataria de la misma no respeta los principios aplicables a la recuperación de ayudas de Estado ilegales si dicha decisión ha sido adoptada por la Comisión en un momento en el que disponía de un conjunto de indicios válidos y concordantes de los que se deducía que dicha empresa no había disfrutado efectivamente de una gran parte de la ayuda, ya que ésta había sido desviada de sus objetivos en provecho de terceros, y tales indicios permitían determinar la magnitud de la desviación de la ayuda, al menos aproximadamente. La Comisión no puede justificar su decisión escudándose en el hecho de que las autoridades del Estado miembro de que se trata no le aportaron información precisa sobre la parte de la ayuda que había sido desviada de sus objetivos, dado que no ejercitó las facultades de que disponía para hacer que se le facilitasen dichos datos.

(véanse los apartados 321 a 323)

10. No cabe exigir la devolución de una ayuda de Estado ilegal a una empresa que forma parte de un grupo de empresas vinculadas en el que existen mecanismos internos de transmisión de activos y que no ha sido beneficiaria de la ayuda alegando que, en razón de su pertenencia a dicho grupo, tal empresa disfrutó efectivamente de la ayuda, si se ha acreditado que dichos mecanismos de transmisión de activos fueron utilizados únicamente en detrimento de dicha empresa y no en beneficio suyo.

(véase el apartado 324)

11. El hecho de que una empresa haya comprado una parte de los activos del beneficiario de una ayuda ilegal y proseguido la actividad de éste no permite necesariamente concluir que se trata de una operación destinada a eludir las consecuencias de una decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de dicha ayuda. En efecto, para determinar si hubo efectivamente elusión es preciso tener en cuenta circunstancias tales como las características de dicha compra, y en particular el precio realmente pagado, el mantenimiento de un cierto número de activos en el patrimonio del beneficiario y la lógica económica de la operación.

(véanse los apartados 326 a 343)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera ampliada)

de 19 de octubre de 2005 ( )

«Ayudas estatales – Aplicación abusiva de las ayudas – Riesgo de elusión de la orden de recuperación – Recuperación de las ayudas frente a sociedades que adquirieron activos de explotación del beneficiario inicial»

En el asunto T‑318/00,

Freistaat Thüringen (Alemania), representado por el Sr. M. Schütte, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

apoyado por

República Federal de Alemania, representada por los Sres. W.-D. Plessing y T. Jürgensen, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. R. Bierwagen, abogado,

parte coadyuvante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. K.‑D. Borchardt y V. Kreuschitz, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. C. Koenig, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

apoyada por

ODS Optical Disc Service GmbH, con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por los Sres. I. Brinker y U. Soltész, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2000/796/CE de la Comisión, de 21 de junio 2000, relativa a las ayudas estatales concedidas por Alemania a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (DO L 318, p. 62),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera ampliada),

integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente, y R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de mayo de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El artículo 87 CE dispone:

«1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. [...]»

2 El artículo 88 CE establece lo siguiente:

«1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común.

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine. [...]»

3 El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1), está redactado así:

«1. Cuando la Comisión considere que la información facilitada por el Estado miembro interesado […] es incompleta, solicitará la información adicional que considere necesaria. Cuando un Estado miembro responda a tal solicitud, la Comisión comunicará al Estado miembro la recepción de la respuesta.

2. Cuando el Estado miembro interesado no facilite la información requerida en el plazo establecido por la Comisión o la suministre de forma incompleta, la Comisión le enviará un recordatorio, concediendo un plazo adicional apropiado para la presentación de la información.

[…]»

4 Además, el artículo 6 del Reglamento nº 659/1999 dispone:

«1. La decisión de incoar el procedimiento de investigación formal deberá resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho, incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. En dicha decisión se invitará al Estado miembro interesado y a las demás partes interesadas a presentar sus observaciones en un plazo determinado que por lo general no será superior a un mes. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá prorrogar dicho plazo.

[…]»

5 A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento nº 659/1999:

«1. Cuando obre en poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una presunta ayuda ilegal, deberá proceder a su examen sin demora.

2. En caso necesario, la Comisión solicitará información al Estado miembro interesado. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en […] los apartados 1 y 2 del artículo 5.

3. Si, a pesar de haber recibido el recordatorio a que se refiere el apartado 2 del artículo 5, el Estado miembro interesado no hubiere facilitado la información solicitada en el plazo establecido por la Comisión, o cuando la hubiere suministrado de forma incompleta, la Comisión requerirá mediante decisión dicha información (denominada en lo sucesivo «requerimiento de información»). La decisión indicará la información solicitada y fijará el plazo pertinente para su entrega.»

6 El artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 establece:

«El examen de la presunta ayuda ilegal deberá terminar con una decisión de conformidad con los apartados 2, 3 o 4 del artículo 4. En el caso de las decisiones de iniciar el procedimiento de investigación formal, el procedimiento se terminará mediante una decisión en virtud del artículo 7. Si un Estado miembro incumple un requerimiento de información, esta decisión se adoptará basándose en la información disponible.»

7 El artículo 14 de dicho Reglamento dispone:

«1. Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada en lo sucesivo «decisión de recuperación»). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario.

2. La ayuda recuperable con arreglo a la decisión de recuperación devengará intereses calculados a un tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación.

3. Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueda disponer, de conformidad con el artículo [242 CE], la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho comunitario.»

8 Por otra parte, el artículo 16 del Reglamento nº 659/1999, titulado «Ayuda abusiva», está formulado así:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, en los casos de ayuda abusiva, la Comisión podrá iniciar el procedimiento de investigación formal con arreglo al apartado 4 del artículo 4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9, 10, el apartado 1 del artículo 11, y los artículos 12, 13, 14 y 15.»

9 Por último, en 1994 la Comisión adoptó unas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 368, p. 12), modificadas en 1997 (DO C 283, p. 2) (en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración»).

Hechos que originaron el litigio

10 En su Decisión 2000/796/CE, de 21 de junio de 2000, relativa a las ayudas estatales concedidas por Alemania a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión se pronunció sobre la legalidad de las ayudas financieras concedidas por diversas entidades públicas alemanas en el período 1991 a 1995 a una planta de producción de discos compactos (en lo sucesivo, «CD») y de accesorios de CD, establecida en Albrechts, en el Land de Turingia (en lo sucesivo, «fábrica de CD de Albrechts»).

A. Contexto general

11 En la Decisión impugnada, la Comisión distinguió tres fases: en primer lugar, la fase de creación de la empresa, en segundo lugar, la fase de reestructuración de la empresa y, por último, la compra de ciertos activos de la empresa por parte de la sociedad MediaTec Datenträger GmbH (en lo sucesivo, «MTDA»).

1. Fase de creación de la empresa (de 1990 a 1992)

12 La Decisión impugnada indica que la fábrica de CD de Albrechts fue creada en virtud de un contrato de empresa en participación («joint venture») celebrado el 20 de febrero de 1990 entre, por una parte, VEB Kombinat Robotron (empresa de propiedad pública; en lo sucesivo, «Robotron»), con domicilio social en Dresde, en el Land de Sajonia, y, por otra parte, la sociedad R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG (en lo sucesivo, «PBK»), sociedad que formaba parte del grupo Pilz, domiciliado en Kranzberg, en el Land de Baviera (en lo sucesivo, «grupo Pilz»). Del capital de la empresa en participación, denominada en aquella época «Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG» (en lo sucesivo, «empresa en participación»), dos tercios pertenecían a Robotron y el tercio restante a PBK. La empresa en participación, que tenía por objetivo la fabricación de CD, de estuches de CD y de accesorios, estaba dirigida por el Sr. Reiner Pilz, también gerente del grupo Pilz (considerando 11 de la Decisión impugnada).

13 A fin de realizar su objeto social, el 29 de agosto de 1990 la empresa en participación celebró un contrato de ejecución de obra con la sociedad Pilz GmbH & Co. Construction KG, perteneciente al grupo Pilz (en lo sucesivo, «Pilz Construction»), para la construcción de una nueva planta de producción, llave en mano, por un precio de 235,525 millones de marcos alemanes (DEM). A estos gastos se sumaban los costes de urbanización del terreno, estimados en 7,5 millones de DEM (considerandos 12 y 20 de la Decisión impugnada).

14 Además, mediante un contrato accesorio de 26 de mayo de 1992, los dos socios de la empresa en participación acordaron incrementar la capacidad de producción de CD y de envases de CD. El importe total de las prestaciones y suministros necesarios al efecto ascendía a 39 millones de DEM (considerando 22 de la Decisión impugnada).

15 La empresa en participación, Robotron y PBK recibieron en préstamo de un consorcio de bancos los fondos necesarios para financiar estas inversiones. Dichos créditos bancarios estaban avalados, parcial o totalmente, por la Treuhandanstalt, organismo público encargado de financiar la privatización de las empresas de la antigua República Democrática Alemana (en lo sucesivo, «THA»). La empresa en participación recibió además subvenciones y primas a la inversión del Land de Turingia y del Land de Baviera, en este último caso a través de la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, organismo del Land de Baviera para la financiación de infraestructuras (en lo sucesivo, «LfA»).

16 Por otra parte, durante la construcción de la fábrica de CD de Albrechts, la propiedad de las participaciones sociales representativas del capital de la empresa en participación experimentó varias modificaciones. En primer lugar, a raíz de la liquidación de Robotron decidida por THA en 1992, las participaciones sociales que dicha sociedad poseía en la empresa en participación fueron vendidas a PBK. A continuación, PBK transmitió a su vez la práctica totalidad de sus participaciones sociales en la empresa en participación a la sociedad Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, perteneciente también al grupo Pilz (en lo sucesivo, «Pilz Compact Disc»), de modo que la empresa en participación se convirtió en una filial de esta última. Por último, el 24 de noviembre de 1992, a raíz de dicha transmisión de capital y del traslado de su domicilio social a Albrechts, la empresa en participación modificó su denominación, pasando a llamarse Pilz Albrechts GmbH (en lo sucesivo, «PA»). Inmediatamente después de este traslado, la empresa en participación quedó integrada en el sistema centralizado de gestión de tesorería del grupo Pilz (considerandos 13 y 14 de la Decisión impugnada).

2. Fase de reestructuración (de 1993 a 1998)

17 La planta de producción de CD comenzó a funcionar en 1993. Desde el inicio de sus actividades experimentó graves dificultades y contrajo cuantiosas deudas (considerando 15 de la Decisión impugnada).

18 Para poner remedio a esta situación, el grupo Pilz (incluida PA), los bancos y las entidades públicas [THA, LfA, Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (en lo sucesivo, «TIB») y Thüringer Aufbaubank (en lo sucesivo, «TAB»)] que habían participado en la financiación de la construcción de la fábrica de CD de Albrechts celebraron un convenio de saneamiento el 7 de marzo de 1994. Dicho convenio preveía el reembolso, total o parcial, de una gran parte de los créditos bancarios otorgados para la construcción de la planta de producción de CD. Además, con arreglo al convenio de saneamiento, TIB y TAB adquirieron un 98 % y un 2 %, respectivamente, del capital de PA, con efecto retroactivo a 1 de enero de 1994, de modo que PA dejó de pertenecer al grupo Pilz. Dicha sociedad cambió también de denominación en octubre de 1994, pasando a llamarse CDA Compact Disc Albrechts GmbH (en lo sucesivo, «CD Albrechts») (considerandos 15 y 17 de la Decisión impugnada). Por otra parte, TAB y LfA otorgaron diversos créditos a CD Albrechts en 1994 y 1995.

19 También en 1994, las autoridades alemanas advirtieron que una gran parte de las ayudas financieras concedidas para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts se habían destinado a otros fines, principalmente a través del sistema centralizado de gestión de tesorería del grupo Pilz, en provecho de otras sociedades de dicho grupo. El 25 de julio de 1995 se inició un procedimiento de quiebra que afectaba a los activos de todas las sociedades del grupo Pilz. Finalmente, el Sr. Reiner Pilz fue condenado a una pena de prisión por quiebra fraudulenta y otros delitos (considerando 16 de la Decisión impugnada).

3. Compra de ciertos activos por parte de MTDA

20 Con efectos a 1 de enero de 1998, MTDA, una filial al 100 % de TIB dedicada principalmente a la producción de soportes de almacenamiento de datos de alto rendimiento, en particular CD grabables (CD-ROM) y DVD, compró una parte de los activos de CD Albrechts, en particular elementos del activo fijo y circulante, el know-how técnico y el sistema de distribución (considerando 18 de la Decisión impugnada).

21 Al efectuarse dicha compra, CD Albrechts cambió su denominación por la de LCA Logistik Center Albrechts GmbH (en lo sucesivo, «LCA») y MTDA pasó a llamarse CDA Datenträger Albrechts GmbH (en lo sucesivo, «CDA»). LCA siguió siendo sin embargo propietaria del terreno necesario para la fábrica, de los edificios que se encuentran en él, de la infraestructura técnica y de la logística. Además, LCA y CDA celebraron un contrato de intercambio de prestaciones que establecía, por una parte, un contrato de arrendamiento por un alquiler anual de 800.000 DEM y, por otra, un contrato de prestación de servicios por un importe calculado en función del volumen de ventas, de unos 3 millones de DEM anuales (considerando 19 de la Decisión impugnada).

22 Por último, el 22 de septiembre de 2000 LCA solicitó su liquidación en el marco de un procedimiento de quiebra.

B. Desarrollo del procedimiento administrativo

23 Al saber, a través de la prensa, que las autoridades alemanas había concedido ayudas para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts, la Comisión solicitó a la República Federal de Alemania en octubre de 1994 que le informara sobre dichas ayudas. A partir de ese momento, las autoridades alemanas y la Comisión intercambiaron una nutrida correspondencia y celebraron diversas reuniones (considerandos 1 a 3 de la Decisión impugnada).

24 Mediante escrito de 17 de julio de 1998 (en lo sucesivo, «decisión de apertura del procedimiento»), la Comisión informó a la República Federal de Alemania de su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, con respecto a dichas ayudas. Dicho escrito contenía en anexo una lista de preguntas a las autoridades alemanas. La decisión de apertura del procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 15 de diciembre de 1998 [Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo [88 CE] a los demás Estados miembros y a otros interesados, en relación con la ayuda concedida por el Gobierno alemán para la constitución de CD Albrechts GmbH (Turingia), anteriormente grupo Pilz (Baviera), DO C 390, p. 7].

25 Las autoridades alemanas reaccionaron ante la decisión de apertura del procedimiento remitiendo diferentes escritos que contenían información adicional y celebrando además varias reuniones con representantes de la Comisión.

26 Estimando sin embargo que la información remitida por las autoridades alemanas no constituía una respuesta satisfactoria a sus preguntas, la Comisión exigió, mediante escrito de 22 de julio de 1999, una respuesta a las mismas para el 31 de agosto de 1999. Tras solicitar una prórroga de dicho plazo, mediante escrito de 28 de julio de 1999, y mantener una nueva entrevista con representantes de la Comisión el 23 septiembre de 1999 en Bruselas, las autoridades alemanas presentaron información adicional.

27 Por otra parte, la sociedad CDA y la sociedad Point Group Ltd, competidora de CDA, presentaron sus observaciones a la Comisión en calidad de terceros interesados, tras la expiración del plazo fijado en la decisión de apertura del procedimiento.

28 Por último, el 21 de junio de 2000, la Comisión dio por finalizado el procedimiento con la adopción de la Decisión impugnada.

C. Determinación de los hechos y valoración jurídica

29 La Comisión ha valorado por separado las ayudas financieras concedidas por la República Federal de Alemania en la fase de creación de la empresa, las concedidas en la fase de reestructuración y, por último, las relacionadas con la compra de ciertos activos de CD Albrechts por parte de MTDA.

1. Ayudas financieras concedidas por la República Federal de Alemania en la fase de creación de la empresa

30 En la Decisión impugnada, la Comisión identificó cinco ayudas financieras concedidas en la fase de creación de la empresa, y las ha descrito como sigue en un cuadro sinóptico recogido en el considerando 32 de la Decisión impugnada:

Medida Importe en millones de DEM Beneficiario Concedida por Fecha Fundamento jurídico 1 Garantía subsidiaria del 100 % (inicialmente del 80 %) sobre 52,7 millones de DEM 54,7 PBK LfA 1991 Ley de constitución de avales del Estado y garantías del Estado federado de Baviera 2 Subvenciones y primas a la inversión 19,42 Empresa en participación LfA 1991-1992 Régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales», Ley de primas a la inversión 3 Renuncia 3,0 PBK LfA 1994 Ninguno 4 Garantía del 100 % 190,0 Robotron AG, empresa en participación THA 199[2] Régimen del THA 5 Subvenciones y primas a la inversión 63,45 Empresa en participación, a partir del 24.11.1992, PA Turingia 1991- 1993 Régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales», Ley de primas a la inversión Total 330,57





31 Dicho cuadro muestra, en primer lugar, que en 1992 THA concedió un aval del 100 %, por un importe de 190 millones de DEM, que cubría la mayor parte de los créditos bancarios concedidos a Robotron y a la empresa en participación. Según la Comisión, dicho aval debe considerarse una ayuda estatal incompatible con el mercado común, ya que no fue concedido respetando los requisitos establecidos en los regímenes de ayudas aprobados por la Comisión en sus escritos SG(91) D/17825, de 20 de septiembre de 1991 (en lo sucesivo, «primer régimen de ayudas de THA») y SG(92) D/17613, de 8 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo, «segundo régimen de ayudas de THA»). Estima no obstante que, del importe de 190 millones de DEM inicialmente avalados, sólo procede devolver el importe de 120 millones de DEM efectivamente abonado por THA en virtud del aval.

32 En segundo lugar, la Comisión afirmó que, hasta el 31 de diciembre de 1993, el Land de Turingia había concedido a la empresa en participación, y después a PA, subvenciones y primas a la inversión por un importe total de 63,45 millones de DEM, con arreglo a la «Investitionszulagengesetz» (Ley de primas fiscales a la inversión) y a los vigésimo y vigésimo primer «Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur”» (programas marco aprobados para 1992 y 1993 en virtud de la Ley de 6 de octubre de 1989 sobre la actividad de interés común «Mejora de las estructuras económicas regionales»; en lo sucesivo, «régimen común»). Ahora bien, según la Comisión, no procedía conceder esta ayuda de carácter regional al amparo de la actividad de interés común y de la Ley de primas fiscales a la inversión, por lo que es incompatible con el mercado común y debe ser devuelta. Habida cuenta de que el Land de Turingia decidió ordenar la restitución de una cantidad de 32,5 millones de DEM, la Comisión considera que procede recuperar aún un importe de 30,95 millones de DEM.

33 En tercer lugar, la Comisión afirmó que, en 1991 y 1992, el Land de Baviera había concedido a la empresa en participación, a través de LfA, subvenciones y primas a la inversión por un importe total de 19,42 millones de DEM. Ahora bien, como dichas subvenciones y primas fueron desviadas de sus objetivos en provecho de las sociedades del grupo Pilz, la Comisión estima que no procedía concederlas al amparo del régimen común y de la Ley de primas fiscales a la inversión. Según la Comisión, se trata por tanto de ayudas incompatibles con el Tratado CE.

34 En cuarto lugar, la Comisión afirmó que el Land de Baviera había avalado, inicialmente en un 80 % y posteriormente en un 100 %, los créditos bancarios de un importe total de 54,7 millones de DEM finalmente obtenidos por PBK, con arreglo a las «Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft» (Directrices sobre la constitución de avales del Estado en el sector industrial, publicadas en la comunicación L 6811-1/7 – 43358 de la Consejería de Hacienda bávara, de 7 de agosto de 1973; en lo sucesivo, «normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera»). Según la Comisión, pese a la solicitud de información formulada en la decisión de apertura del procedimiento, las autoridades alemanas no aportaron datos suficientemente detallados que permitieran disipar las dudas sobre la legalidad de las operaciones relacionadas con el aval concedido por el Land de Baviera (LfA). Además, como en realidad esta ayuda no sirvió para financiar la inversión sino que fue desviada hacia otros fines, la Comisión afirma que dicho aval debe considerarse una ayuda incompatible con el mercado común.

35 En quinto lugar, la Comisión consideró que constituía una ayuda estatal la renuncia por parte de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra PBK, nacido como consecuencia del pago de dicha cantidad a los bancos en razón del aval mencionado en el apartado 34. A su juicio, dicha ayuda es incompatible con el mercado común, ya que su concesión carecía de base jurídica.

36 Habida cuenta de estas constataciones, la Comisión llegó la conclusión de que, en la fase de creación de la fábrica de CD de Albrechts, la República Federal de Alemania había concedido, en contra de lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartado 3, ayudas estatales por un importe total de 260,57 millones de DEM. Integran dichas ayudas la aportación del Land de Turingia, por un importe de 63,45 millones de DEM, la de LfA, por un importe de 77,12 millones de DEM (54,7 millones de DEM en forma de aval, 19,42 millones de DEM en forma de primas a la inversión y 3 millones de DEM en forma de renuncia a un derecho de crédito), y la de THA, por un importe de 120 millones de DEM.

37 A juicio de la Comisión, dichas ayudas son incompatibles con el mercado común, en particular porque favorecieron especialmente a las sociedades pertenecientes al grupo Pilz y, por consiguiente, fueron aplicadas de manera abusiva, según los términos del artículo 88 CE, apartado 2.

2. Ayudas financieras concedidas en la fase de reestructuración

38 En la Decisión impugnada, la Comisión ha identificado y calificado doce ayudas financieras concedidas en la fase de reestructuración de la empresa, describiéndolas como sigue en un cuadro sinóptico recogido en el considerando 39 de la Decisión impugnada:

Medida Importe en millones de DEM Beneficiario Concedida por Fecha Fundamento jurídico 1 Crédito 25,0 PA TAB Octubre 1993 Ninguno 2 Crédito 20,0 PA TAB Marzo 1994 Ninguno 3 Precio de compra 3,0 PBK TIB Marzo 1994 Ninguno 4 Subvención 12,0 PA TIB Marzo 1994 Ninguno 5 Participación en la empresa 33,0 PA TIB (98 %) TAB (2 %) Marzo 1994 Ninguno 6 Crédito 2,0 PA LfA Marzo 1994 Ninguno 7 Préstamo participativo 3,5 PA TIB Abril 1994 Ninguno 8 Crédito 15,0 Grupo Pilz LfA Junio 1994 Ninguno 9 Crédito 15,0 CD Albrechts TAB Octubre 1994 Ninguno 10 Crédito 7,0 CD Albrechts LfA Diciembre 1994 Ninguno 11 Crédito 9,5 CD Albrechts TAB Enero 1995 Ninguno 12 Intereses 21,3 Desde finales de 1993 Total 166,3





39 En primer lugar, la Comisión constató que, en octubre de 1993, TAB había concedido a PA un crédito de 25 millones de DEM a fin de resolver las dificultades de tesorería de dicha sociedad, pero fueron las demás sociedades de grupo Pilz quienes percibieron directamente dichos fondos, a través del sistema centralizado de gestión de tesorería del grupo Pilz.

40 En segundo lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, TAB había concedido a PA un crédito de 20 millones de DEM a fin de permitirle devolver los créditos bancarios avalados por THA, pero fueron también las sociedades pertenecientes al grupo Pilz quienes percibieron directamente dichos fondos, a través del sistema centralizado de gestión de tesorería.

41 En tercer lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, TIB había pagado a PBK una cantidad de 3 millones de DEM por la adquisición de las participaciones sociales de PA en poder de dicha sociedad.

42 En cuarto lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, TIB había concedido una subvención en forma de aportación al capital de PA, por un importe total de 12 millones de DEM.

43 En quinto lugar, la Comisión constató que en marzo de 1994, TIB y TAB habían adquirido respectivamente un 98 % y un 2 % del capital social de PA, lo que representaba un importe de 33 millones de DEM.

44 En sexto lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, el Land de Baviera había concedido un crédito de 2 millones de DEM a PA a través de LfA.

45 En séptimo lugar, la Comisión constató que, en abril de 1994, TIB había concedido a PA un préstamo participativo por un importe de 3,5 millones de DEM.

46 En octavo lugar, la Comisión constató que, en junio de 1994, LfA había otorgado un crédito de explotación de 15 millones de DEM al grupo Pilz, concebido como un crédito puente hasta que se encontrara un comprador para la fábrica de CD de Albrechts.

47 En noveno lugar, la Comisión constató que, en octubre de 1994, TAB había concedido un crédito de 15 millones de DEM a CD Albrechts. Según afirma, aunque dichos fondos fueron abonados a CD Albrechts, se utilizaron para prestar servicios a las empresas del grupo Pilz, prestaciones que nunca fueron retribuidas, de modo que estas últimas empresas se vieron especialmente favorecidas.

48 En décimo lugar, la Comisión constató que, en diciembre de 1994, el Land de Baviera había otorgado un nuevo crédito de 7 millones de DEM a CD Albrechts, a través de LfA.

49 En undécimo lugar, la Comisión constató que, en enero de 1995, TAB había concedido un crédito de 9,5 millones de DEM a CD Albrechts.

50 En duodécimo lugar, la Comisión constató que, según la información procedente de las autoridades alemanas, PA y CD Albrechts habían obtenido ventajas en forma de bonificación de intereses por un importe total de 21,3 millones de DEM en el período comprendido entre finales de 1993 y 1998.

51 Según la Comisión, las doce ayudas financieras que se han descrito, por un importe total de 166,3 millones de DEM, deben considerarse ayudas estatales ilegales e incompatibles con el mercado común. En efecto, en la medida en que dichas ayudas beneficiaron a TIB y a TAB después de que dichas sociedades hubieran asumido la responsabilidad económica de la fábrica de CD de Albrechts, la Comisión únicamente podía aprobarlas basándose en el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), y en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración. Ahora bien, la Comisión afirma que es evidente que dichas ayudas no se ajustan a las Directrices, ya que la información de que ella dispone no permite acreditar que fueran concedidas en el marco de un plan de reestructuración viable acompañado de medidas internas concretas que permitiera que la Comisión verificase, tras un plazo razonable, la recuperación de la rentabilidad y la viabilidad a largo plazo de la empresa. Además, no se ha encontró ningún inversor privado dispuesto a comprar las actuales sociedades LCA y CDA, de modo que, en su opinión, al no existir participación privada, no puede determinarse si la ayuda es proporcionada al coste de la reestructuración.

3. Sobre la recuperación de las ayudas

52 En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, la Comisión decidió que la República Federal de Alemania debía exigir la restitución de las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado común concedidas tanto en la fase de creación de la fábrica de CD de Albrechts como en la fase de reestructuración de la misma.

53 La Comisión puso además de relieve que, a fin de garantizar el cumplimiento de su Decisión y la eliminación de cualquier distorsión de la competencia, estaba obligada a exigir que, en caso necesario, el procedimiento de recuperación no afectara sólo al destinatario inicial de la ayuda, sino que se hiciera extensivo a la empresa que hubiera proseguido la actividad de éste con ayuda de los medios de producción transferidos. Indicó así que, a fin de apreciar si otra empresa proseguía realmente la actividad del destinatario inicial de la ayuda, normalmente tenía en cuenta un cierto número de datos, entre ellos los elementos transferidos, el precio de compra, la identidad de los socios y propietarios de la empresa original y de su comprador, la fecha en que se realizó la transferencia y el carácter comercial de la misma. Pues bien, según la Comisión, en el presente caso, LCA y CDA se beneficiaban sin duda alguna de la ayuda concedida anteriormente a PBK, a la empresa en participación y a PA, ya que utilizaban la infraestructura de dichas empresas y elementos de su activo a fin de proseguir la actividad de las mismas. Concluyó por tanto que debían restituir las ayudas LCA, CDA y todas los demás empresas a las que se hubieran transferido o se transfiriesen los activos de la empresa en participación, de PA o de PBK, pues todas ellas debían considerarse «beneficiarias» de dichas ayudas.

4. Parte dispositiva de la Decisión impugnada

54 Habida cuenta de las apreciaciones formuladas por ella, la Comisión decidió lo siguiente:

«Artículo 1

1. Las ayudas estatales concedidas por [la República Federal de] Alemania a [PBK, a la empresa en participación y a PA] para la construcción, explotación y consolidación de la planta de producción de discos compactos en Albrechts (Turingia) fueron utilizadas, por importe de 260,57 millones de marcos alemanes en otros ámbitos del grupo Pilz.

Las ayudas se refieren, en concreto, a las medidas [del Land] de Turingia por un importe de 63,45 millones de marcos alemanes, [de LfA] por un importe total de 77,12 millones de marcos alemanes y [de THA] por un importe de 120 millones de marcos alemanes.

La utilización indebida representa una aplicación abusiva de ayudas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 88 […] CE; por tanto, las ayudas son incompatibles con el mercado común.

2. La ayuda por un importe global de 166,3 millones de marcos alemanes concedida para la reestructuración de [CD Albrechts] es incompatible con las disposiciones del Tratado CE con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 [CE].

Artículo 2

1. [La República Federal de] Alemania adoptará todas las medidas necesarias para reclamar a los beneficiarios las ayudas ilegalmente concedidas que se mencionan en el artículo 1.

2. La recuperación se efectuará con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha de su concesión a los beneficiarios hasta la de su recuperación. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente neto de subvención en el marco de las ayudas regionales.

3. En el sentido del presente artículo, se entenderá por “beneficiarios” a las empresas [CDA] y [LCA], así como a todas aquellas otras empresas a las que se hayan transferido o se vayan a transferir bienes o infraestructura de [PBK], [la empresa en participación] o [PA] en condiciones que permitan eludir las consecuencias de la presente Decisión.

[...]»

Procedimiento y pretensiones de las partes

55 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de octubre de 2000, el Land de Turingia interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión impugnada. Dicho recurso fue registrado con el número T‑318/00.

56 Mediante auto de 28 de mayo de 2001 del Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia se admitió la intervención en el procedimiento de la República Federal de Alemania, en apoyo de las pretensiones del Land de Turingia, y de ODS Optical Disc Service GmbH (en lo sucesivo, «ODS»), empresa competidora de CDA, en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

57 ODS y la República Federal de Alemania presentaron su escrito de formalización de la intervención el 29 de agosto y el 3 de septiembre de 2001, respectivamente. El 24 octubre de 2001, el Land de Turingia y la Comisión presentaron sus observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención de ODS y de la República Federal de Alemania.

58 Mediante auto de 30 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió suspender el procedimiento hasta que se dictase la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C‑328/99, Italia/Comisión, y C‑399/00, SIM 2 Multimedia/Comisión. A la vista de la sentencia dictada el 8 de mayo de 2003 en dichos asuntos, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a que se pronunciasen sobre la continuación del procedimiento en el presente asunto, y éstas presentaron sus observaciones el 23 y 24 de junio de 2003.

59 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a que se pronunciasen sobre la oportunidad de proceder a una eventual acumulación del presente recurso con el recurso interpuesto por CDA y registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia con el número T‑324/00, que tiene el mismo objeto. Una vez recibidas las observaciones de las partes, dicha asuntos fueron acumulados, mediante auto de 8 de marzo de 2004, a efectos de la vista y de la sentencia.

60 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió abrir la fase oral del procedimiento y, en concepto de diligencias de organización del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, instó a las partes a que presentaran determinados documentos y les formuló por escrito ciertas preguntas.

61 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron en la vista de 5 de mayo de 2004.

62 Mediante auto de 23 de julio de 2004 se separaron los asuntos T‑318/00 y T‑324/00 a efectos de la sentencia.

63 El Land de Turingia solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, en la medida en que declara incompatibles con el mercado común las ayudas concedidas a la empresa en participación y a PA, así como el artículo 1, apartado 2, y el artículo 2, apartado 3, de la Decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

64 La República Federal de Alemania, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión impugnada.

65 La Comisión, apoyada por ODS, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas al Land de Turingia.

Fundamentos de Derecho

I. Observaciones preliminares

66 En apoyo de su recurso, el Land de Turingia invoca diversos motivos, en los que alega una violación del principio de respeto del derecho de defensa, una constatación errónea de ciertos hechos, un incumplimiento del deber de motivación, una infracción de los artículos 87 CE y 88 CE y de las normas de desarrollo de los mismos, una violación del principio de proporcionalidad y, por último, una violación del principio de seguridad jurídica y del «principio de certeza».

67 El Tribunal de Primera Instancia considera oportuno examinar en primer lugar los motivos invocados en apoyo de las pretensiones de anulación del artículo 1 de la Decisión impugnada. A continuación, el examen del Tribunal de Primera Instancia se centrará en los motivos relativos a la orden de recuperación formulada en el artículo 2 de la Decisión impugnada.

II. Sobre la legalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada

68 El Land de Turingia alega en esencia que el artículo 1 de la Decisión impugnada es ilegal porque la valoración de las diversas ayudas financieras concedidas al proyecto de creación de la fábrica de CD de Albrechts que ha llevado a cabo la Comisión adolece de varios errores de hecho, infringe el artículo 87 CE, apartado 1, y el artículo 88 CE, apartado 2, e incumple el deber de motivación.

69 Por lo tanto, procede examinar sucesivamente los motivos invocados por el Land de Turingia para cada una de las ayudas financieras identificadas en los cuadros reproducidos en los apartados 30 y 38 supra.

70 No obstante, el Tribunal de Primera Instancia estima necesario examinar con carácter preliminar la alegación del Land de Turingia en el sentido de que la Comisión no estaba facultada para basarse en la información de que disponía en el momento de adoptar la Decisión impugnada.

A. Sobre la facultad de basar la Decisión impugnada en la información disponible

1. Alegaciones de las partes

71 El Land de Turingia considera que, en el presente caso, la Comisión no estaba facultada para basar la Decisión impugnada en la información de que disponía al adoptar dicha decisión. En primer lugar alega que, como se deduce del artículo 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 659/1999 y de una reiterada jurisprudencia, la Comisión sólo puede basar su decisión en la información disponible cuando el Estado miembro haya omitido responder o sólo haya respondido de modo incompleto al requerimiento de información remitido al efecto por la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión, denominada «Boussac», C‑301/87, Rec. p. I‑307, apartados 19 y 22, y de 13 de abril de 1994, Alemania y Pleuger Worthington/Comisión, asuntos acumulados C‑324/90 y C‑342/90, Rec. p. I‑1173, apartado 26). Sostiene igualmente que, aunque las autoridades nacionales están obligadas a facilitar a la Comisión toda la información necesaria para que ésta pueda desempeñar su misión de control de las ayudas estatales, dicha institución se encuentra obligada a proceder a aclarar los hechos tanto como sea posible. A su juicio, ello implica que la Comisión debe informar con claridad y precisión a las autoridades nacionales de todos los datos que necesita para realizar su misión y no debe adoptar una decisión basándose en la información disponible salvo en el caso extremo de que, a pesar de haberlo solicitado, no haya logrado obtener las aclaraciones necesarias. Pues bien, según el Land de Turingia, en el presente caso las autoridades alemanas respondieron a las diversas solicitudes de información de la Comisión y, en particular, a las preguntas formuladas en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento. En efecto, salvo alguna excepción, las preguntas formuladas en el escrito de requerimiento de 22 de julio de 1999 no coincidían con las formuladas en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento, lo que demuestra en su opinión que el procedimiento había avanzado entre tanto. A su juicio, si la Comisión estimaba que las respuestas a las preguntas formuladas en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento eran insuficientes, hubiera debido especificarlo así en su escrito de 22 de julio de 1999. El Land de Turingia considera por tanto que, al no haber solicitado precisiones a las autoridades alemanas, la Comisión no estaba facultada para basar la Decisión impugnada en la información disponible.

72 La Comisión, apoyada por ODS, rechaza las alegaciones del Land de Turingia.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

73 Con arreglo a la jurisprudencia, la Comisión está facultada para adoptar una decisión basándose en la información disponible cuando se encuentre ante un Estado miembro que no cumpla su deber de colaborar y que se abstenga de proporcionarle la información que aquélla le solicitó a fin de examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común (sentencias Boussac, antes citada en el apartado 71 supra, apartado 22, y Alemania y Pleuger Worthington/Comisión, antes citada en el apartado 71 supra, apartado 26). Sin embargo, antes de adoptar una decisión en este sentido, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de procedimiento. En particular, debe requerir al Estado miembro para que le suministre, en el plazo fijado por ella, todos los documentos, informaciones y datos necesarios para examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. Únicamente en el caso de que el Estado miembro no proporcione la información solicitada, pese al requerimiento de la Comisión, tendrá esta última la facultad de dar por terminado el procedimiento y adoptar la decisión en la que declare la ayuda compatible o incompatible con el mercado común basándose en los datos de que disponga (sentencia Boussac, antes citada en el apartado 71 supra, apartados 19 y 22). Tales requisitos han sido recogidos y concretados en el artículo 5, apartado 2, en el artículo 10, apartado 3, y en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.

74 Éstos son los principios de los que debe partirse para analizar si, en el presente caso, la Comisión estaba facultada para adoptar la Decisión impugnada teniendo en cuenta únicamente la información de que disponía en junio de 2000.

75 En primer lugar, procede recordar el desarrollo del procedimiento administrativo en el presente caso.

76 El origen de dicho procedimiento fue el envío de un escrito a las autoridades alemanas en octubre de 1994. En dicho escrito, la Comisión solicitaba a las autoridades alemanas información sobre la ayuda estatal concedida para la construcción de una fábrica de CD de Albrechts. Mediante escrito de 9 de noviembre de 1994, las autoridades alemanas respondieron notificando a la Comisión una ayuda del Land de Turingia y del Land de Baviera en favor de la empresa en participación y del grupo Pilz. Mediante escrito de 15 de noviembre de 1994, la Comisión solicitó una información más específica sobre dicha ayuda. Mediante escrito de 3 de marzo de 1995, las autoridades alemanas respondieron completando la notificación con información sobre nuevas ayudas concedidas por THA, así como por el Land de Turingia y el Land de Baviera. Como dichas ayudas ya habían sido concedidas, la Comisión las registró con la referencia NN 54/95 (considerando 2 de la Decisión impugnada). Mediante escritos de 1 de agosto y 17 octubre de 1995 y de 25 de noviembre de 1996, la Comisión formuló preguntas adicionales, a las que las autoridades alemanas respondieron mediante escritos de 22 de agosto de 1995, 25 de agosto de 1995, 18 de enero de 1996 y 17 de abril de 1997. El 3 de febrero y el 22 y 23 de septiembre de 1997 se celebraron en Bruselas y en Erfurt, respectivamente, unas reuniones entre los representantes de la Comisión y las autoridades alemanas. Mediante escrito de 20 de enero de 1998, estas últimas remitieron un resumen de sus observaciones tras la reunión con los representantes de la Comisión (considerando 3 de la Decisión impugnada).

77 Tras un examen preliminar de la información remitida por las autoridades alemanas, la Comisión estimó que existían serias dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de las medidas controvertidas, por lo que adoptó la decisión de apertura del procedimiento el 17 de julio de 1998.

78 En dicha decisión, la Comisión requirió además a la República Federal de Alemania para que le remitiera «todos los documentos, la información y los datos necesarios para evaluar la compatibilidad de las ayudas con el artículo [87 CE]» en el plazo de un mes a partir de la recepción de la decisión. Esta decisión de apertura del procedimiento iba acompañada de un anexo que contenía siete preguntas.

79 La República Federal de Alemania respondió a la decisión de apertura del procedimiento mediante escrito de 26 de agosto de 1998. El 15 de octubre de 1998 los representantes de la Comisión y las autoridades alemanas mantuvieron una nueva reunión en Bruselas. Mediante escrito de 11 de noviembre de 1998, estas últimas remitieron información adicional.

80 Considerando que la información recibida seguía siendo insuficiente, la Comisión requirió una vez más a las autoridades alemanas, mediante escrito de 4 de marzo de 1999, para que le facilitasen la información necesaria y, en particular, para que respondieran a las preguntas anexas a la decisión de apertura del procedimiento.

81 Las autoridades alemanas respondieron a este nuevo requerimiento aportando información adicional mediante sus escritos de 30 de marzo, 1 de abril y 16 de abril de 1999.

82 La Comisión estimó no obstante que dicha información seguía sin ser una respuesta suficiente a las preguntas formuladas en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento (y en particular a las preguntas 3 a 7 de dicho anexo). Mediante escrito de 22 de julio de 1999, exigió por tanto a la República Federal de Alemania que respondiera a dichas preguntas no más tarde del 31 de agosto de 1999, solicitándole además que le facilitara cierta información y documentación adicional.

83 Tras haber solicitado, mediante escrito de 28 de julio de 1999, la prórroga del plazo establecido por la Comisión y después de haberse entrevistado de nuevo con los representantes de dicha institución el 23 de septiembre de 1999 en Bruselas, las autoridades alemanas remitieron información adicional el 28 de septiembre y el 19 de octubre de 1999.

84 Por último, la Comisión adoptó la Decisión impugnada el 21 de junio de 2000.

85 Por lo que respecta a la alegación del Land de Turingia en el sentido de que las autoridades alemanas remitieron toda la información solicitada, de modo que la Comisión no estaba facultada para basarse en la información disponible, procede hacer constar con carácter preliminar que el desarrollo del procedimiento administrativo muestra claramente que la Comisión respetó los requisitos de procedimiento establecidos por la jurisprudencia y exigidos por el Reglamento nº 659/1999. En efecto, la Comisión requirió formalmente en tres ocasiones a la República Federal de Alemania para que le proporcionase la información necesaria para poder valorar la compatibilidad con el mercado común de las ayudas controvertidas.

86 Además, en contra de lo que alega el Land de Turingia, del escrito de la Comisión de 22 de julio de 1999 no se deduce que las autoridades alemanas hubieran respondido a todas las preguntas excepto a una. Muy al contrario, en dicho escrito la Comisión solicitó con insistencia a las autoridades alemanas que respondieran a las preguntas 3 a 7 del anexo de la decisión de apertura del procedimiento.

87 En segundo lugar, el Land de Turingia no ha demostrado que las autoridades alemanas respondieran exhaustivamente a todas las preguntas formuladas por la Comisión en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento. En particular, no ha demostrado que dichas autoridades hubieran presentado la lista específica de ayudas concedidas desde 1991, que la Comisión les había solicitado sin embargo en reiteradas ocasiones. Tampoco ha aportado pruebas de que dichas autoridades hubieran respondido a la pregunta relativa a la existencia de eventuales planes de reestructuración. Además, los autos muestran que dichas autoridades sólo respondieron con vaguedad a la pregunta relativa a la descripción de las transacciones acordadas con ocasión de la compra de la empresa en participación por parte de TAB y TIB, así como a la pregunta relativa a la descripción de las circunstancias y condiciones en que los bancos privados renunciaron a sus créditos en 1994.

88 A este respecto procede recordar igualmente que, según el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, «la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal deberá resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho, incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común». A través de esta decisión y de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Estado miembro y las demás partes interesadas son informados de los hechos en los que la Comisión proyecta basar su decisión. De ello se deduce que, si estas partes consideran que algunos de los hechos recogidos en la decisión de apertura del procedimiento de investigación formal son erróneos, deben informar de ello a la Comisión en el procedimiento administrativo, so pena de perder el derecho a impugnar tales hechos en el procedimiento contencioso (véase en este sentido, por lo que respecta al Estado miembro, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión, asuntos acumulados C‑278/92 a C‑280/92, Rec. p. I‑4103, apartado 31). En cambio, con arreglo a los principios sentados por la jurisprudencia y por el Reglamento nº 659/1999 a los que se ha hecho referencia en el apartado 73 supra, de no existir información en sentido contrario procedente de las partes afectadas, la Comisión está facultada para basarse en los hechos de que dispone al adoptar la decisión definitiva, aunque sean erróneos, en la medida en que la Comisión haya requerido al Estado miembro para que le proporcione la información necesaria sobre los hechos de que se trata. Por el contrario, si la Comisión se abstiene de requerir al Estado miembro para que le remita información sobre los hechos que ella proyecta tomar en consideración, no podrá justificar posteriormente sus eventuales errores de hecho alegando que, al adoptar la decisión de cierre del procedimiento de investigación formal, estaba facultada para tomar en consideración únicamente la información de que disponía en aquel momento.

89 En contra de lo que sugiere el Land de Turingia, ello no significa que la Comisión quede exenta de todo control jurisdiccional en lo que respecta a la constatación de los hechos. En efecto, si el Estado miembro ha cumplido plenamente su obligación de remitir toda la información solicitada por la Comisión, le resultará muy fácil demostrar, con la ayuda de la información remitida por él durante el procedimiento, que los eventuales errores de hecho presentes en la Decisión impugnada no le son imputables. Además, cuando la Comisión basa una decisión en la información de que dispone sobre ciertos hechos sin haber cumplido los requisitos de procedimiento formulados por la jurisprudencia y establecidos en el Reglamento nº 659/1999 precisamente en lo que respecta a tales hechos, el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer su control sobre la cuestión de si la toma en consideración de tales hechos pudo provocar un error de apreciación que vicie de ilegalidad la Decisión impugnada.

90 Pues bien, a la vista de las circunstancias descritas en los apartados 85 a 88 supra y teniendo en cuenta en particular de los tres requerimientos remitidos por la Comisión al Land de Turingia durante el procedimiento administrativo, este último no ha demostrado que la Comisión haya tomado en consideración en la Decisión impugnada ciertos hechos sin haber respetado los requisitos de procedimiento necesarios al respecto. Por consiguiente, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión estaba facultada para basarse en la información de que disponía en aquel momento.

91 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la presente alegación.

B. Sobre el aval prestado por el Land de Baviera (LfA) a PBK

1. Alegaciones de las partes

92 El Land de Turingia alega en primer lugar que la Comisión incurrió en un error de hecho en lo que respecta a esta aportación. Pone de relieve en efecto que, en contra de lo indicado por la Comisión en el considerando 30 de la Decisión impugnada, el aval del Land de Baviera, que cubría inicialmente el 80 % de los créditos bancarios concedidos a PBK, no se transformó en un aval que cubriera el 100 % de los créditos por un importe total de 54,7 millones de DEM. Señala así, en particular, que el importe de 54,7 millones de DEM al que se refiere la Comisión corresponde al valor en cuenta de los créditos (sin incluir intereses) que se encontraban avalados en un 80 % por el Land de Baviera en el momento en que se celebró el convenio de saneamiento de marzo de 1994. Según sus afirmaciones, en contra de lo indicado por la Comisión en la Decisión impugnada, el Land de Baviera no aceptó avalar en un 100 % dicho importe. Muy al contrario, con arreglo al convenio de saneamiento, el importe total de los créditos avalados por el Land de Baviera quedó reducido, por una parte como consecuencia de la renuncia de los bancos al reembolso de créditos avalados por un importe de 12 millones de DEM, y por otra parte como consecuencia de diversas intervenciones del Land de Baviera. Subraya que fue únicamente el importe residual, es decir, 41,4 millones de DEM, lo que el Land de Baviera aceptó avalar en un 100 % con arreglo al convenio de saneamiento, y que en 1995 LfA se vio obligada a responder de dicho aval abonando a los bancos en su totalidad el importe avalado. Precisa además que el derecho de crédito del Land de Baviera contra la empresa en participación nacido de dicho pago, por un importe de 41,4 millones de DEM, así como otros derechos de crédito contra dicha sociedad del Land de Baviera, por un importe de 9 millones de DEM, fueron cedidos finalmente a TAB el 7 de noviembre de 1995 por un precio de 15 millones de DEM. Según el Land de Turingia, dicha deuda de la empresa en participación frente a TAB fue abonada en su totalidad por CDA después de que adquiriese los activos de LCA.

93 El Land de Turingia pone de relieve que las autoridades alemanas transmitieron toda esta información a la Comisión a lo largo del procedimiento administrativo. Afirma en efecto que los escritos de 18 de enero de 1996 y de 30 de marzo de 1999 muestran claramente que el aval del Land de Baviera, que cubría inicialmente un 80 % de los créditos bancarios concedidos a PBK, no se transformó en un aval que cubriera el 100 % los créditos por un importe total de 54,7 millones de DEM. En efecto, la prestación de este supuesto aval de un 100 % era en realidad una intervención en virtud del aval inicial y sólo cubría, además, un importe residual de 41,4 millones de DEM. Según el Land de Turingia, la Comisión se abstuvo ilícitamente de verificar este punto, pese a que resultaba decisivo, ya que permitía demostrar que la prestación de un aval del 100 % por parte del Land de Baviera con arreglo al convenio de saneamiento no constituía una nueva ayuda, sino en realidad una intervención en virtud de una ayuda existente, concedida en el marco de un régimen de ayudas autorizado.

94 Por otra parte, el Land de Turingia recalca que de dicha información se desprende que, en contra de lo afirmado por la Comisión en el considerando 30 de la Decisión impugnada, LfA no abonó un importe de 54,7 millones de DEM, incrementado en 7 millones de DEM, en el contexto de su intervención en virtud del aval. En efecto, según el Land de Turingia, LfA desembolsó como máximo una cantidad de 48,4 millones de DEM, ya que en marzo de 1994 abonó 3 millones de DEM a los bancos y concedió a PA dos préstamos de 2 millones de DEM cada uno –uno para reembolsar los créditos avalados y otro para garantizar el pago de los intereses futuros de dichos créditos–, y en 1995 abonó 41,4 millones de DEM a los bancos. A su juicio, la diferencia entre este importe de 48,4 millones de DEM y el importe de 54,7 millones de DEM recogido en el considerando 30 de la Decisión impugnada se explica sobre todo por el hecho de que la Comisión contó dos veces ciertos importes, a saber, primero como importe avalado por el Land de Baviera y luego como importe abonado por LfA en virtud de dicho aval.

95 En segundo lugar, el Land de Turingia alega que la Comisión vulneró el artículo 87 CE, apartado 1, al estimar erróneamente en los considerandos 89 a 93 de la Decisión impugnada que, a causa de su transformación en un aval del 100 %, el aval controvertido había dejado de cumplir los requisitos exigidos por la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera.

96 Por último, el Land de Turingia considera que la Comisión violó el deber de motivación al no motivar su conclusión de que el aval del Land de Baviera no respetaba la normativa aplicable.

97 La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la totalidad de la argumentación del Land de Turingia en lo que respecta al aval del Land de Baviera.

98 Por una parte, niega haber cometido error alguno en la constatación de los hechos por lo que respecta a dicho aval. Afirma en primer lugar que, pese al requerimiento enviado a las autoridades alemanas, éstas no aclararon los hechos relativos a dicha aportación. En efecto, en su escrito de 30 de marzo de 1999, las autoridades alemanas se limitaron a considerar «lógico» el incremento del aval, de un 80 % a un 100 %, pero no ofrecieron explicación alguna al respecto. Por lo tanto, a su juicio, ella estaba facultada para adoptar su decisión en función de la información disponible, con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1992, Italia/Comisión, denominada «Italgrani» (C‑47/91, Rec. p. I‑4145). Pues bien, de dicha información se deducía, según la Comisión, que, a causa de la transformación del aval, la concesión efectiva del mismo no respetaba los requisitos iniciales establecidos por la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera. En efecto, como dicho régimen de ayudas, que había sido aprobado previamente por la Comisión, establecía que el aval sólo podía cubrir como máximo un 80 % de los créditos, habría sido preciso reducir el aval del Land de Baviera como consecuencia de la renuncia de los bancos al reembolso de créditos por un importe de 12 millones de DEM. Alega además que ni las autoridades alemanas ni el Land de Turingia han podido explicar el aumento del importe cubierto por el aval, de 52,72 a 54,72 millones de DEM. Por último, la Comisión afirma que, incluso suponiendo que el Land de Turingia tenga razón cuando sostiene que el riesgo cubierto por el aval ya se había materializado en el momento en que el Land de Baviera se comprometió a avalar el importe restante en un 100 %, no es menos cierto que el Land de Baviera sólo hubiera debido avalar el nuevo importe exigible en un 80 %.

99 Por otra parte, la Comisión rechaza la alegación del Land de Turingia en el sentido de que ella infringió el artículo 87 CE, apartado 1, e incumplió el deber de motivación en lo relativo a la apreciación jurídica del aval del Land de Baviera.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

100 El Land de Turingia impugna la legalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida en que califica de ayuda estatal incompatible con el mercado común una ayuda financiera concedida por LfA en forma de aval de un préstamo por un importe de 54,7 millones de DEM, invocando como motivos un error de hecho, la vulneración del artículo 87 CE, apartado 1, y el incumplimiento del deber de motivación.

101 A este respecto, procede examinar en primer lugar si la Comisión incurrió en un error de hecho al afirmar, en el considerando 30 de la Decisión impugnada que, «a raíz de la concesión de ayudas regionales tan elevadas, al final sólo se desembolsaron 54,7 millones de marcos alemanes de los 65,85 millones de marcos alemanes del crédito del consorcio de bancos» y que «LfA concedió una garantía subsidiaria sobre el 100 % de este importe, en lugar del 80 % previsto inicialmente».

102 Como se ha puesto de relieve en el apartado 88 supra, únicamente puede llegarse a esta conclusión si el Land de Turingia logra demostrar que la Comisión obtuvo, en el procedimiento administrativo, la información necesaria para permitirle corregir la eventual inexactitud de los hechos resumidos en la decisión de apertura del procedimiento.

103 A este respecto procede recordar que, en el punto 2.2.1, párrafo tercero, de la decisión de apertura del procedimiento, la Comisión indicó que, «sobre este crédito, el Estado federado de Baviera asumió, con arreglo a un régimen de ayudas autorizado, una garantía subsidiaria del 80 % (52,72 millones de marcos alemanes)». En el párrafo quinto de este mismo punto, la decisión de apertura del procedimiento afirma lo siguiente:

«Como las subvenciones y primas a la inversión concedidas a [PBK] fueron mayores de lo previsto, sólo fueron desembolsados 54,7 millones de marcos alemanes del crédito del consorcio de bancos de 65,85 millones. Como consecuencia de ello, el Estado federado de Baviera transformó en 1994 su garantía subsidiaria sobre el 80 % (52,72 millones de marcos alemanes) en una garantía sobre el 100 % (54,7 millones de marcos alemanes). [...]»

104 Por último, en la parte relativa a la valoración provisional de las ayudas, la decisión de apertura del procedimiento indica que «además, la Comisión tiene serias dudas de que las medidas relacionadas con esta garantía, es decir, su transformación en un garantía subsidiaria al 100 % y el aumento del importe garantizado, que pasa de 52,72 millones de marcos alemanes a 54,7 millones, entraran dentro del ámbito del [régimen de ayudas aprobado]» (punto 3.1.1, párrafo primero, de la decisión de apertura del procedimiento).

105 De estas citas se desprende claramente que, en la fase de apertura del procedimiento, la Comisión había deducido de la información de que disponía, por una parte, que en 1994 el aval del Land de Baviera, que cubría inicialmente un 80 % de los créditos, se había transformado en un aval del 100 % y, por otra parte, que el importe avalado había aumentado, pasando de 52,72 a 54,7 millones de DEM.

106 Pues bien, procede subrayar que, en su escrito de 30 de marzo de 1999, las autoridades alemanas se pronunciaron sobre esta presentación de los hechos en lo que respecta al aval del Land de Baviera. Pusieron en efecto de relieve que, en el convenio de saneamiento, los bancos habían aceptado renunciar a un importe de 12 millones de DEM sobre los créditos cubiertos por dicho aval y que, a causa de esta renuncia, su riesgo propio en dichos créditos quedaba completamente cubierto, de manera que «el importe residual de dichos créditos, en consecuencia, siguió estando cubierto en un 100 % por el aval del Land de Baviera». Dichas autoridades recordaron además la evolución de los créditos cubiertos por dicho aval, y de su descripción se deduce que, antes de la renuncia de los bancos en el convenio de saneamiento, el importe total de los créditos avalados por el Land de Baviera era de 58,4 millones de DEM. Como consecuencia de la renuncia de los bancos a un importe de 12 millones de DEM, de la intervención del Land de Baviera en virtud de su aval por un importe de 3 millones de DEM, y de la concesión a PA de un préstamo de 2 millones de DEM por parte de LfA para que reembolsara sus préstamos, el importe del aval quedó reducido a 41,4 millones de DEM.

107 Habida cuenta de estos datos, no refutados en detalle por la Comisión ni desmentidos por ninguno de los documentos que obran en autos, procede concluir que la Comisión incurrió en un error al afirmar en el considerando 30 de la Decisión impugnada, en esencia, que el importe avalado había aumentado de 52,72 a 54,7 millones de DEM.

108 En cuanto a las consecuencias de este error de hecho, procede subrayar que fue la afirmación recogida en el considerando 30 de la Decisión impugnada lo que llevó a la Comisión a considerar que el importe de la ayuda que procedía recuperar en relación con el aval del Land de Baviera ascendía a 54,7 millones de DEM (considerandos 89 a 93 y 123 de la Decisión impugnada). De ello se deduce que, como consecuencia de este error de hecho, la Comisión determinó erróneamente el importe de la ayuda que procedía recuperar.

109 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera igualmente que no dispone de todos los datos necesarios para controlar la procedencia de la Decisión impugnada, por lo que debe examinar de oficio el motivo relativo a la falta de motivación de la Decisión impugnada sobre este punto (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, apartado 24, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T‑61/89, Rec. p. II‑1931, apartado 129, y de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. I-0000, apartado 210). En efecto, la motivación recogida en los considerandos 30, 32 y 89 de la Decisión impugnada impide que el Tribunal de Primera Instancia ejerza su control, ya que no explica con precisión y coherencia cómo estableció la Comisión una relación entre, en primer lugar, el importe de los créditos bancarios, que se redujo de 65,58 a 54,7 millones de DEM (considerando 30 de la Decisión impugnada), en segundo lugar, el porcentaje de aval concedido por LfA, que pasó de un 80 % de los créditos a un 100 % de los mismos (considerandos 30 y 32 de la Decisión impugnada) y, en tercer lugar, el importe del aval prestado, que aumentó de 52,72 a 54,7 millones de DEM (considerandos 30 y 89 de la Decisión impugnada), a fin de justificar su cálculo sobre el valor respectivo de las ayudas en cuestión y llegar a la conclusión errónea mencionada en el apartado 108 supra. Además, en la Decisión impugnada, la Comisión no respondió a lo alegado por la República Federal de Alemania en los escritos de las autoridades alemanas de 18 de enero de 1996 y de 30 de marzo de 1999, en el sentido de que los derechos de crédito del Land de Baviera habían sido cedidos finalmente a TAB por un precio de 15 millones de DEM, ni motivó su apreciación sobre la eventual repercusión de dicha transacción en el valor de las ayudas de que se trata y en la restitución de las mismas. Por consiguiente, procede hacer constar que, en estos diferentes aspectos, la Comisión incumplió igualmente el deber de motivación establecido en el artículo 253 CE.

110 A continuación procede analizar si la Comisión infringió igualmente el artículo 87 CE, apartados 1 y 2, en su valoración jurídica de esta ayuda financiera. A este respecto procede recordar que el Land de Turingia alega que la Comisión incurrió en un error al afirmar que los requisitos establecidos en la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera no fueron respetados ya que, por una parte, el aval inicial se transformó en un aval del 100 % y, por otra parte, los créditos cubiertos por este aval se desviaron de sus objetivos en provecho del grupo Pilz. A juicio del Land de Turingia, resulta pues infundada la conclusión de la Comisión al deducir de ello que el aval del Land de Baviera era desde el principio incompatible con el mercado común.

111 Procede comenzar por recordar que, en los considerandos 89 a 93 de la Decisión impugnada, la Comisión explicó las razones que la llevaron a exigir la recuperación del importe de la ayuda correspondiente al aval del Land de Baviera. Así, tras poner de relieve en el considerando 89 que la información incompleta de las autoridades alemana no había permitido despejar las dudas en cuanto a la transformación del aval inicial, la Comisión afirmó que, en contra de lo exigido por la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera, «es manifiesto que la medida citada no se destinó en lo esencial a financiar la inversión prevista en la solicitud; además, el inversor no contribuyó en una medida adecuada con sus propios recursos a sufragar los costes de la inversión» (considerandos 90 y 91). Señaló además que las explicaciones de las autoridades alemanas en el sentido de que los créditos avalados sólo beneficiaron, esencialmente, a las sociedades del grupo Pilz permiten concluir que se produjo una utilización abusiva de la ayuda (considerando 92). Así llegó a la conclusión de que «estas ayudas no se destinaron al proyecto de inversión para la creación de una planta de producción de discos compactos, sino que se utilizaron para mantener en funcionamiento el conjunto del grupo Pilz; por tanto, fueron utilizadas de forma abusiva con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE. Por consiguiente, estas ayudas son incompatibles con las disposiciones del Tratado CE y han de ser anuladas y reclamadas por las autoridades alemanas» (considerando 93).

112 En primer lugar, de estos considerandos se deduce claramente que fue la aplicación abusiva de la ayuda concedida en forma de aval del Land de Baviera lo que impulsó a la Comisión a concluir que procedía devolver dicha ayuda. Como la Comisión ha recalcado con acierto, la cuestión de la transformación del aval inicial en un aval del 100 % sólo fue mencionada con carácter subsidiario y no constituye en absoluto el fundamento de la apreciación formulada por la Comisión en este contexto.

113 En segundo lugar, procede subrayar que el concepto de aplicación abusiva procede directamente del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, donde se establece que «si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales [...] se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine». Además, el artículo 1, letra g) del Reglamento nº 659/1999 define la «ayuda aplicada de manera abusiva» como «la ayuda utilizada por el beneficiario contraviniendo una decisión adoptada en virtud del apartado 3 del artículo 4 o de los apartados 3 o 4 del artículo 7 del presente Reglamento».

114 De estas disposiciones se desprende que, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado ha sido aplicada de manera abusiva, la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido el régimen aprobado por la Comisión, es decir, que ha infringido las normas nacionales que regulan dicho régimen o los requisitos adicionales aceptados por el Estado miembro en el procedimiento de aprobación del régimen por parte de la Comisión.

115 Pues bien, es preciso hacer constar que, en el presente caso, la Comisión demostró claramente que la utilización del aval del Land de Baviera había infringido la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera. Recordó así en primer lugar, en el considerando 90 de la Decisión impugnada, que, con arreglo a dicho régimen, el Land de Baviera avala créditos destinados a financiar inversiones (construcción, ampliaciones, etc.) y que, para poder obtener dicho aval, las empresas interesadas deben participar con sus fondos propios en la financiación del proyecto en una medida adecuada y velar por que los plazos de pago de los intereses y de amortización del principal sean razonables, garantizando la financiación total del proyecto. A continuación, la Comisión constató, por una parte, que «es manifiesto que la medida citada no se destinó en lo esencial a financiar la inversión prevista en la solicitud; además, el inversor no contribuyó en una medida adecuada con sus propios recursos a sufragar los costes de la inversión» (considerando 91) y, por otra, que «estos créditos con garantía estatal [...] beneficiaron exclusivamente a las empresas del grupo Pilz» (considerando 92).

116 Vistas las consideraciones anteriores, el hecho de que el aval prestado inicialmente respetase el régimen de ayudas no es pertinente. En efecto, como la Comisión alega acertadamente, lo que constituye una aplicación abusiva de una ayuda no es la concesión inicial de la misma, sino el hecho de utilizarla posteriormente infringiendo las disposiciones de un régimen de ayudas autorizado. Además, se deduce claramente del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, que la aplicación abusiva de una ayuda constituye un criterio distinto e independiente del de la compatibilidad de la misma con el mercado común y justifica en consecuencia, por sí solo, una decisión de la Comisión que ordene suprimir o modificar la ayuda. En contra de lo que alega el Land de Turingia, la Comisión actuó por tanto legítimamente al no incluir en la Decisión impugnada una motivación destinada a demostrar la incompatibilidad con el mercado común del aval del Land de Baviera. De ello se sigue, por otra parte, que la Comisión cumplió a este respecto el deber de motivación que le impone el artículo 253 CE.

117 Por lo tanto, procede desestimar por infundadas las alegaciones del Land de Turingia sobre la supuesta infracción del artículo 87 CE.

118 Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede anular el artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión ha considerado en él que las ayudas estatales otorgadas para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts incluyen un importe de 54,7 millones de DEM correspondiente al aval del Land de Baviera.

C. Sobre la renuncia del Land de Baviera (LfA) a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra PBK

1. Alegaciones de las partes

119 El Land de Turingia sostiene que la Comisión cometió un error al afirmar en el considerando 96 de la Decisión impugnada que PBK recibió una ayuda como consecuencia de la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra dicha empresa. Alega en efecto que, con tal afirmación, la Comisión olvida que ya tuvo en cuenta dicha cantidad en concepto de ayuda en el contexto de su apreciación del aval concedido por el Land de Baviera, a saber, el importe de 54,72 millones de DEM. Ahora bien, tal como las autoridades alemanas comunicaron a la Comisión en el procedimiento administrativo, mediante escritos de 3 de marzo de 1995 y 30 de marzo de 1999, el nacimiento de dicho derecho de crédito en contra de PBK se debe precisamente al pago de una cantidad equivalente a los bancos con objeto de reducir el importe de los créditos cubiertos por el aval inicial.

120 El Land de Turingia alega a continuación que la Comisión incurrió en un error de apreciación al considerar en la Decisión impugnada que la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM constituye una nueva ayuda. Afirma en efecto que, como se ha puesto de relieve en el apartado anterior, esta aportación se destinó a reembolsar los créditos bancarios otorgados para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts y avalados por el Land de Baviera. En cualquier caso, estima que la Comisión incumplió el deber de motivación al no indicar las razones por las que, a su juicio, la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM, en beneficio de PBK, constituía una ayuda incompatible con el mercado común.

121 La Comisión, apoyada por ODS, impugna en su totalidad la argumentación del Land de Turingia sobre la renuncia al derecho de crédito de 3 millones de DEM. Señala en primer lugar que no cometió error de hecho o de Derecho alguno en relación con esta aportación, puesto que lo que ella calificó de ayuda adicional no es la intervención en virtud del aval, sino en realidad la renuncia posterior al derecho de crédito nacido de dicha intervención. Pone de relieve por otra parte que, aunque dicha renuncia ya había sido calificada de ayuda al iniciarse el procedimiento de investigación formal, en particular en el cuadro recogido en la página 9 de la decisión de apertura del procedimiento, las autoridades alemanas no impugnaron dicha calificación. La Comisión estima además haber respetado el deber de motivación en lo relativo a dicha ayuda. Indica en efecto que en el considerando 96 de la Decisión impugnada declaró, basándose en la información incompleta remitida por las autoridades alemanas, que se trataba de una ayuda adoptada sin fundamento jurídico alguno y, por lo tanto, incompatible con el mercado común.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

122 En lo que respecta a la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra PBK, el Land de Turingia alega un error de hecho, un error manifiesto de apreciación y un incumplimiento del deber de motivación.

123 Con carácter preliminar procede recordar que, en el considerando 96 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que «la renuncia al cobro de un crédito de 3 millones de marcos alemanes [...] ha de calificarse, asimismo, de ayuda incompatible y debe ser objeto de una orden de reembolso, pues esta medida fue adoptada sin fundamento jurídico alguno».

124 Según el Land de Turingia, esta afirmación está basada en un error de hecho y en una valoración jurídica errónea, ya que, al tener en cuenta tanto el importe total del aval del Land de Baviera (54,7 millones de DEM) como el importe del derecho de crédito que este último decidió no exigir a PBK (3 millones de DEM), la Comisión contó dos veces la misma ayuda. En cualquier caso, a su juicio, la Comisión incumplió el deber de motivación al no exponer las razones por las que estimaba que la renuncia al derecho de crédito constituía una ayuda incompatible con el mercado común.

125 A este respecto procede recordar que tanto la existencia como la importancia de una ayuda deben valorarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue concedida. Por lo tanto, la ejecución de una garantía pública en caso de incumplimiento de la empresa beneficiaria no modifica la naturaleza de dicha garantía con arreglo al artículo 87 CE ni genera una nueva ayuda.

126 Es cierto que, en determinados casos, puede constituir una ayuda el hecho de que la entidad pública garante renuncie unilateralmente a los derechos de que dispone contra el beneficiario tras la ejecución de la garantía. Así ocurre en particular cuando la entidad pública garante no actúa como un sujeto económico racional, realizando todas las gestiones posibles para obtener la devolución del importe que se vio obligada a abonar al ejecutarse la garantía. Además, si se comprueba que la renuncia al derecho de crédito inicialmente cubierto por un aval, tras la ejecución del aval, es definitiva, provocando así una reducción directa del endeudamiento del beneficiario, dicha renuncia puede constituir, en principio, una ayuda distinta, ya que aporta una ventaja económica adicional con respecto al aval y con respecto a la ejecución del mismo.

127 Pues bien, procede subrayar que, aunque la Comisión ha indicado que lo que ella ha calificado de ayuda adicional no es la intervención en virtud del aval, sino la renuncia posterior al derecho de crédito nacido de dicha intervención, tal afirmación la ha efectuado únicamente en el procedimiento ante este Tribunal. Sin embargo, es preciso hacer constar que los considerandos 31 y 96 de Decisión impugnada no permiten que los justiciables o el Tribunal comprendan suficientemente el razonamiento invocado a este respecto, por lo que tampoco permiten que este Tribunal de Primera Instancia controle las razones por las que la Comisión estimó, al adoptar la Decisión impugnada, que la renuncia al derecho de crédito constituía una nueva ayuda, diferente de la que se tuvo en cuenta como aval del Land de Baviera o como ejecución de dicho aval. Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, en principio, las explicaciones ofrecidas por la Comisión en el procedimiento litigioso ante el Tribunal de Primera Instancia no pueden subsanar la insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996, Alemania y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑329/93, C‑62/95 y C‑63/95, Rec. p. I‑5151, apartados 47 y 48, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 1998, British Airways y otros y British Midland Airways/Comisión, asuntos acumulados T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartados 116 a 119, y de 18 de enero de 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Comisión, T‑93/02, Rec. p. II‑0000, apartados 123 a 126).

128 Por lo tanto, sin necesidad de examinar la cuestión de si la Comisión contó efectivamente dos veces la misma ayuda, este Tribunal de Primera Instancia considera que, en cualquier caso, la Comisión no podía contentarse con afirmar, en el considerando 96 de la Decisión impugnada, que la renuncia al cobro del derecho de crédito constituye una ayuda incompatible con el mercado común por haber sido «adoptada sin fundamento jurídico alguno».

129 En consecuencia, sin necesidad de examinar las demás alegaciones formuladas por el Land de Turingia a este respecto, procede acoger su alegación de que la Comisión incumplió el deber de motivación que le impone el artículo 253 CE al calificar de ayuda la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM, en beneficio de PBK.

130 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede anular el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión ha considerado que las ayudas estatales otorgadas para la construcción, explotación y consolidación de la fábrica de CD de Albrechts incluyen un importe de 3 millones de DEM correspondiente a la renuncia a un derecho de crédito de la que se benefició PBK.

D. Sobre las subvenciones y primas a la inversión de un importe de 63,45 millones de DEM y de 19,42 millones de DEM otorgadas respectivamente por el Land de Turingia y por el Land de Baviera (LfA) a la empresa en participación y a PA

1. Alegaciones de las partes

131 El Land de Turingia sostiene que la Comisión incurrió en diversos errores de hecho y errores de apreciación e incumplió el deber de motivación en lo que respecta a las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Lan