ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de abril de 2000. - Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Urgencia - Inexistencia. - Asunto T-144/99 R.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02067



Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba

(Art. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

$$El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que los intereses de la parte que solicita la medida provisional sufran un perjuicio grave e irreparable. A ésta corresponde demostrar que no puede esperar la conclusión del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza.

Para poder apreciar si el perjuicio que teme el demandante de la medida provisional presenta carácter grave e irreparable y justifica, por consiguiente, la suspensión excepcional de la ejecución de una Decisión, el Juez de medidas provisionales debe disponer de indicios concretos que permitan apreciar las consecuencias precisas que se derivarían, probablemente, de la no adopción de las medidas solicitadas. (véanse los apartados 42 y 43)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilegalidad - No iniciación por parte de la Comisión o del Banco Europeo de Inversiones de un procedimiento por incumplimiento - Hecho que no constituye una ilegalidad - Pretensiones de indemnización - Inadmisibilidad manifiesta

[Arts. 226 CE, 237 CE, letra a), y 288 CE]

Índice

$$El hecho de que la Comisión y, por analogía, el Banco Europeo de Inversiones no inicien un procedimiento por incumplimiento no constituye una ilegalidad, por lo que no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comisión ni la del Banco. De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de las pretensiones de indemnización dirigidas, en realidad, a denunciar la abstención de la Comisión y del Banco de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro. (véase el apartado 13)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de indemnización - Plazo de prescripción - Inicio del cómputo - Demandante que, al presentar su reclamación, estima no disponer de la totalidad de los elementos que permitirían demostrar la responsabilidad de la Comunidad - Irrelevancia

(Estatuto CEEA del Tribunal de Justicia, art. 44)

2. Recurso de indemnización - Plazo de prescripción - Interrupción - Requisitos

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación) y art. 175 (actualmente art. 232 CE); Tratado CEEA, arts. 146 y 148; Estatuto CEEA del Tribunal de Justicia, art. 44]

Índice

1. La jurisprudencia en virtud de la cual el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad no puede comenzar a correr antes de que concurran todos los requisitos a los que se subordina la obligación de reparación, pretende establecer el criterio según el cual, en el supuesto de que la responsabilidad de la Comunidad tenga su origen en un acto normativo, el daño objeto de una demanda de reparación debe haberse realizado. En este supuesto, por tanto, el plazo de prescripción no puede tampoco comenzar a correr antes de que los efectos lesivos de ese acto se hayan producido. Lejos de excluir el criterio decisivo del acaecimiento del hecho que origina el daño, previsto por el artículo 44 del Estatuto CEEA del Tribunal, esa jurisprudencia se limita pues, en esencia, a precisar sus rasgos, en el supuesto en el cual se interpone un recurso de indemnización en razón del daño sufrido a causa de la aplicación de un acto normativo adoptado en el ámbito comunitario. En todo caso, el hecho de que un demandante haya estimado, cuando presentó su reclamación de indemnización, que no disponía aún del conjunto de elementos que le permitirían demostrar de modo suficiente en Derecho la responsabilidad de la Comunidad en un procedimiento judicial no puede, sin embargo, impedir que el plazo de prescripción comience. En efecto, si así fuera, se crearía una confusión entre el criterio procesal relativo al inicio del plazo de prescripción y la comprobación de la existencia de los requisitos de la responsabilidad, comprobación que, en definitiva, sólo puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, para la apreciación definitiva del fondo del litigio.

( véanse los apartados 23 y 24 )

2. El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de la Comunidad se interrumpe, en virtud del artículo 44 del Estatuto CEEA del Tribunal de Justicia, ya sea por la demanda interpuesta ante el órgano jurisdiccional comunitario, o por una reclamación previa dirigida a la institución competente, bien entendido no obstante que, en este último supuesto, la interrupción sólo se produce si tras la reclamación se interpone el recurso en los plazos previstos mediante referencia al artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE) y al artículo 175 del Tratado CE (actualmente artículo 232 CE), que corresponden a los artículos 146 y 148 del Tratado CEEA.

( véase el apartado 25 )
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 24 de febrero de 2000. - Foreign Trade Association (FTA) y otros contra Consejo de la Unión Europea. - Recurso de anulación - Demanda firmada por un Abogado no facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - Inadmisibilidad. - Asunto T-37/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-00373



Índice



Palabras clave

Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Demanda firmada por un Abogado no facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - Inadmisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 17, párrs. 3 y 4, y 19, párrs. 1 y 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 43, ap. 1)

Índice

$$Para que se declare la admisibilidad de un recurso, la demanda debe llevar la firma manuscrita de una persona habilitada para representar al demandante con arreglo al artículo 17 del Estatuto del Tribunal de Justicia. En efecto, en el estado actual del Estatuto del Tribunal de Justicia y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la firma manuscrita en el original de todo acto procesal es el único medio que permite garantizar que una persona facultada para representar a una parte ante un órgano jurisdiccional comunitario asume la responsabilidad del acto.

Con independencia de las normas que puedan aplicarse dentro de un bufete de Abogados en materia de firmas por orden de otra persona, la firma de una persona que, por sí misma, no está facultada para realizar actos procesales ante el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir válidamente a la del Abogado facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y designado por la parte. (véanse los apartados 22, 26, 29 y 30)
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de agosto de 1998. - Emesa Sugar (Free Zone) NV contra Consejo de la Unión Europea. - Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Decisiones 91/482/CEE y 97/803/CE - Procedimiento sobre medidas provisionales - Intervención - Urgencia - Inexistencia. - Asunto T-43/98 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03055



Índice



Palabras clave

Procedimiento de medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Apreciación en caso de facultad discrecional de la Institución comunitaria - Perjuicio económico

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de decidir provisionalmente, con el fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a la parte que solicita la suspensión de la ejecución de una Decisión impugnada aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio que implique consecuencias graves e irreparables

En el caso del establecimiento de contingentes arancelarios a la importación de determinados productos agrícolas con exención de derechos de aduana en el marco del régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar, salvo en una situación de urgencia evidente, el Juez de medidas provisionales no puede sustituir por su propia apreciación, sin riesgo de menoscabar la potestad discrecional del Consejo, la que formuló esta Institución al elegir la medida más apropiada para evitar perturbaciones en el mercado comunitario de los productos de que se trate. De ello se sigue que únicamente se puede estimar la demanda si la urgencia de las medidas solicitadas resulta incuestionable.

Un perjuicio de orden meramente económico no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable, toda vez que puede repararse mediante una compensación económica posterior. Puede apreciarse que existen circunstancias excepcionales cuando, de no adoptarse tal medida, el interesado se vería expuesto a una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar de modo irremediable su cuota de mercado.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Litigio relativo a la anulación de un Reglamento por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros - Operadores económicos - Entidades territoriales - Admisibilidad - Requisitos

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 37, párr. 2, y 46, párr. 1)

Índice

$$El concepto de interés en la solución del litigio, en el sentido del artículo 37, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones. El órgano jurisdiccional comunitario comprueba, en particular, si el coadyuvante resulta directamente afectado por el acto impugnado y si su interés en la solución del litigio es real.

Acreditan tener tal interés, en el marco de un recurso de anulación dirigido contra un Reglamento que prohíbe la utilización, por buques que navegan bajo pabellón de un Estado miembro, de redes de enmalle de deriva para la captura de ciertas especies, determinados operadores económicos establecidos en un Estado miembro que desarrollan sus actividades pesqueras utilizando la técnica a que se refiere el citado Reglamento, en la medida en que éste pudiera impedirles proseguir una parte de su actividad y perjudicar sus ingresos.

Acredita también tener dicho interés una entidad territorial, cuando se haya demostrado con certitud que su estructura económica y social depende fundamentalmente de la actividad regulada por el Reglamento impugnado y que el mantenimiento del citado Reglamento podría requerir un plan de reconversión global.

En cambio, procede declarar la inadmisibilidad de la demanda de intervención de una entidad territorial cuyo interés se funda en el riesgo de una reducción de los puestos de trabajo y de las actividades de los operadores establecidos en una localidad situada en su territorio, representada por otra parte coadyuvante, cuando no se ha demostrado que su estructura económica y social dependa fundamentalmente de dichas actividades. En efecto, el interés general que pueda tener tal entidad en obtener un resultado favorable para la prosperidad económica de dichas empresas y, en consecuencia, para el nivel de empleo en la zona geográfica en la que éstas ejercen sus actividades no puede, por sí solo, justificar una intervención en el litigio, al ser dicho interés de carácter indirecto y lejano. Además, no constituye un interés directo en la solución del litigio el supuesto interés de otra parte coadyuvante.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento que prevé la supresión de la ayuda de adaptación a los productores de remolacha azucarera - Recurso de los productores y de una asociación de productores - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173, pár. 4; Reglamento nº 2613/97 del Consejo, art. 2)

Índice

No procede admitir el recurso de anulación interpuesto por varios productores de remolacha contra el artículo 2 del Reglamento nº 2613/97, que suprime todas las ayudas nacionales de adaptación a los productores de remolacha azucarera a partir de la campaña 2001/2002.

En efecto, esta disposición establece una medida de alcance general que se aplica a una situación determinada objetivamente y que produce efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta, a saber, los Estados miembros y los productores de remolacha azucarera y, aunque pueda afectar a la situación de las demandantes, sólo lo hace debido a su condición objetiva de operador económico que actúa en el sector de la remolacha azucarera, en el mismo concepto que todo operador económico que ejerce la misma actividad en la Comunidad.

A este respecto, es irrelevante que los efectos de dicha disposición puedan acusarse de forma más aguda en la región donde operan las demandantes, ya que la circunstancia de que la disposición impugnada pueda tener efectos concretos diferentes para los diversos sujetos de Derecho a los que se aplica no puede privarla de su carácter de Reglamento y que, en cualquier caso, las demandantes se encuentran en la misma situación que los demás productores de remolacha que operan en la misma región.

También debe acordarse la inadmisibilidad de un recurso de anulación dirigido contra la misma disposición por una asociación nacional que defiende los intereses de los productores de remolacha puesto que ésta no resulta individualizada por ninguno de los criterios pertinentes a este respecto. En efecto, en primer lugar, la normativa en materia de organización común de mercados en el sector del azúcar no reconoce a las asociaciones ningún derecho de naturaleza procesal. En segundo lugar, los productores de remolacha cuyos intereses están representados por la asociación de que se trata se encuentran en una situación comparable a la de cualquier otro operador que pueda actuar en el mismo mercado. En tercer lugar, por una parte el Reglamento nº 2613/97, de la misma forma que no afecta individualmente a los miembros de la asociación, no afecta a los intereses propios de ésta, y, por otra parte, la asociación no ha desempeñado un papel negociador en el marco del procedimiento que dio lugar a la adopción de dicho Reglamento.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 16 de noviembre de 1998. - Nederlandse Antillen contra Consejo de la Unión Europea. - Suspensión. - Asunto T-310/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04131



Palabras clave

Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso interpuesto por una persona física o jurídica con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado y relativo a la aplicación de la asociación de los países y territorios de Ultramar que se encuentra pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia - Remisión prejudicial al Tribunal de Justicia para apreciación de la validez del mismo acto - Suspensión del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en aras de una buena administración de la justicia

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 3]
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 26 de noviembre de 1997. - T. Port GmbH & Co. contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Agricultura - Organización común de mercados - Plátanos - Solicitud de concesión de certificados de importación suplementarios - Recurso por omisión - Procedimiento en rebeldía - Sobreseimiento. - Asunto T-39/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-02125



Índice



Palabras clave

Recurso por omisión - Finalización de la omisión después de la interposición del recurso - Desaparición del objeto del recurso - Sobreseimiento

(Tratado CE, arts. 175 y 176)

Índice

El recurso previsto en el artículo 175 del Tratado está basado en la idea de que la inacción ilegal de la Institución demandada permite recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia para que éste declare que la abstención de actuar es contraria al Tratado, en tanto en cuanto la Institución de que se trate no haya subsanado dicha abstención. Esta declaración produce el efecto, a tenor del artículo 176, de que la Institución demandada esté obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. En el caso en que el acto cuya omisión constituye el objeto del litigio fue adoptado después de la interposición del recurso, pero antes de pronunciarse la sentencia, una declaración por el Tribunal de Primera Instancia de la ilegalidad de la abstención inicial ya no puede producir las consecuencias previstas por el artículo 176. De ello se deriva que, en tal caso, el objeto del recurso ha desaparecido, de forma que procede sobreseer el recurso.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de marzo de 1998. - Georges Berthu contra Consejo de la Unión Europea. - Política económica y monetaria - Reglamento del Consejo sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro - Sustitución de la denominación "ecu" prevista en el artículo 109 G del Tratato CE por la denominación "euro" - Recurso de anulación - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-207/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00509



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afecten directa e individualmente - Reglamento del Consejo sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro - Recurso interpuesto por el propietario de un valor mobiliario expresado en ECU - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento nº 1103/97 del Consejo)

Índice

Procede declarar la inadmisibilidad de un recurso de anulación dirigido por un particular contra el Reglamento 1103/97, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, que establece, entre otras medidas, que toda referencia al ecu, tal como se menciona en el artículo 109 G del Tratado, se entenderá hecha al euro.

A este respecto, el hecho de que el demandante sea titular de una obligation assimilable du Trésor emitida por el Tesoro francés expresada en ECU no basta para atribuirle legitimación para recurrir con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado. En efecto, si el cambio de la denominación de la moneda única afecta al demandante, ello obedece a su condición objetiva de ciudadano de un Estado miembro y usuario de la moneda única, y por el mismo motivo que afecta a cualquier otro ciudadano o empresa de un Estado miembro, de modo que no puede sostener que está afectado individualmente por el acto impugnado.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre de 1997. - Comité européen des fabricants de sucre contra Consejo de la Unión Europea. - Azúcar - Organización común de mercados - Fijación del precio de intervención - Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución. - Asunto T-229/97 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01649



Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Inexistencia en el caso de una asociación de fabricantes de azúcar que solicita que se suspenda la decisión por la que se fija un precio de intervención desfavorable

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver con carácter provisional, a fin de evitar que a la parte que solicita la medida provisional se le irrogue un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte probar que no puede esperar a que se resuelva el recurso principal sin sufrir un perjuicio que tendría consecuencias graves e irreparables.

Procede desestimar la demanda de medidas provisionales presentada por una asociación de fabricantes de azúcar y en la que se solicita que se suspenda la ejecución de una disposición reglamentaria por la que se fija, para la campaña de comercialización 1997/1998, el precio de intervención derivado del azúcar blanco, puesto que el perjuicio alegado consiste, por una parte, en la reducción continua de las cuotas de producción garantizadas a los productores comunitarios, pero el riesgo real de reducción de dichas cuotas sólo puede surgir en un momento en el que, con toda probabilidad, se habrá dictado ya sentencia en el asunto principal, y, por otra parte, en la pérdida de una importante cuota de mercado en el mercado azucarero europeo en beneficio de los importadores de azúcar no comunitario, pero no se ha demostrado que dicho perjuicio tenga carácter grave e irreparable y, en todo caso, no parece que el mismo constituya un fenómeno irreversible, habida cuenta de los efectos que tendría la eventual anulación de la disposición impugnada.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Inexistencia en el caso de una asociación de fabricantes de azúcar que solicita que se suspenda la decisión por la que se fija un precio de intervención desfavorable

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver con carácter provisional, a fin de evitar que a la parte que solicita la medida provisional se le irrogue un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte probar que no puede esperar a que se resuelva el recurso principal sin sufrir un perjuicio que tendría consecuencias graves e irreparables.

Procede desestimar la demanda de medidas provisionales presentada por una asociación de fabricantes de azúcar y en la que se solicita que se suspenda la ejecución de una disposición reglamentaria por la que se fija, para la campaña de comercialización 1997/1998, el precio de intervención derivado del azúcar blanco, puesto que el perjuicio alegado consiste, por una parte, en la reducción continua de las cuotas de producción garantizadas a los productores comunitarios, pero el riesgo real de reducción de dichas cuotas sólo puede surgir en un momento en el que, con toda probabilidad, se habrá dictado ya sentencia en el asunto principal, y, por otra parte, en la pérdida de una importante cuota de mercado en el mercado azucarero europeo en beneficio de los importadores de azúcar no comunitario, pero no se ha demostrado que dicho perjuicio tenga carácter grave e irreparable y, en todo caso, no parece que el mismo constituya un fenómeno irreversible, habida cuenta de los efectos que tendría la eventual anulación de la disposición impugnada.