1.

La Comisión considera que la Directiva 89/428 hubiera debido basarse en el artículo 100 A del Tratado CEE en lugar del artículo 130 S del mismo Tratado. En este sentido recuerda que el artículo 100 A establece que el Consejo decidirá por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y en cooperación con el Parlamento Europeo y previa consulta al Comité Económico y Social, mientras que el artículo 130 S establece que el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social. En opinión de la Comisión, la controversia sobre la base jurídica no tiene un alcance puramente formal, ya que los artículos 100 A y 130 S implican normas diferentes para la formación de la voluntad del Consejo y para la participación del Parlamento en el proceso de decisión. La Comisión señala que el artículo 100 A fue introducido por el Acta Unica Europea con el fin de crear un instrumento jurídico apropiado para el establecimiento progresivo del mercado interior durante un período que finaliza el 31 de diciembre de 1992. Considera que las medidas recogidas por esta disposición también pueden afectar al medio ambiente, por las siguientes razones: — En un gran número de casos, las medidas destinadas a proteger el medio ambiente y a luchar contra la contaminación tienen como efecto, a causa de sus divergencias, provocar un obstáculo a la libre circulación de mercancías y falsear las condiciones de competencia entre operadores económicos. — Este punto de vista viene confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a tenor de la cual «las disposiciones necesarias en virtud de consideraciones de salud y de medio ambiente pueden ser una carga para las empresas a las que se aplican y, a falta de aproximación de las correspondientes disposiciones nacionales, la competencia podría resultar sensiblemente falseada» (sentencia de 18 de marzo de 1980, Comisión/Italia, 91/79, Rec. p. 1099, apartado 8). — El texto del artículo 100 A contiene en los apartados 3 y 4 una referencia expresa a la protección del medio ambiente y subraya así la importancia muy particular que los autores del Acta Unica Europea pretendieron conceder a esta materia en el marco del establecimiento y del funcionamiento del mercado interior. Por el contrario, según la Comisión, los artículos 130 R a 130 T no tienden a establecer una política común del medio ambiente que englobe la realización del mercado interior. En efecto, la acción de la Comunidad en virtud de estas disposiciones sólo se refiere a medidas de protección mínimas (artículo 130 T), sólo puede ser subsidiaria en relación a la de los Estados miembros y, en principio, reserva a estos últimos la financiación y la ejecución de dichas medidas (apartado 4 del artículo 130 R). Por último, las exigencias en materia de protección del medio ambiente son un componente de las demás políticas de la Comunidad (apartado 2 del artículo 130 R). Por lo que respecta a la delimitación del ámbito de aplicación de los artículos 100 A y 130 S, la Comisión recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual «la elección del fundamento jurídico de un acto no puede depender únicamente de la convicción de una institución respecto al fin perseguido, sino que debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional» (sentencia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, 45/86, Rec. p. 1493, apartado 11). Según la Comisión, las medidas relativas al mercado interior pueden tener, en efecto, una dimensión medio ambiental, y las medidas relativas al medio ambiente pueden tener una incidencia en el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, es preciso, en opinión de la Comisión, localizar el objeto principal o el «centro de gravedad» del acto proyectado. Así, si éste se refiere principalmente a la libre circulación de un producto o a la reducción de las distorsiones de la competencia entre operadores de un determinado sector económico, debe tomarse como base jurídica el artículo 100 A. La circunstancia de que consideraciones derivadas de la protección del medio ambiente orienten e influyan de modo sensible el contenido de este acto no basta para justificar que se recurra al artículo 130 S. En contra del artículo 100 o del artículo 235, el artículo 100 A pretende realizar un objetivo claramente definido, a saber, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Presenta, así, las características de una disposición específica, aunque su «especialidad» parezca menos marcada que la de otras disposiciones del Tratado. Por este motivo, el artículo 100 A puede verse llamado a servir de base a medidas relativas al medio ambiente. Por el contrario, el artículo 130 S, si bien presenta también las características de una disposición específica, aparece, al mismo tiempo, más limitado y subsidiario: — Limitado respecto a su ámbito de aplicación, ya que sólo afecta a la protección del medio ambiente y no puede, en particular, servir de base para actos relativos al mercado interior. — Limitado en cuanto a su carácter, ya que sólo se refiere a normas mínimas, pudiendo los Estados miembros adoptar medidas de mayor protección compatibles con el Tratado (artículo 130 T). — Subsidiario, ya que la Comunidad sólo puede actuar en la medida en que los objetivos mencionados por el apartado 1 del artículo 130 R pueden conseguirse en mejores condiciones en el plano comunitario que en el de los Estados miembros considerados aisladamente (apartado 4 del artículo 130 R), puesto que la protección del medio ambiente es un componente de las demás políticas de la Comunidad. En opinión de la Comisión, resulta, pues, que el artículo 100 A debe constituir la base jurídica cuando el acto proyectado tiene por objeto el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior y cuando no existe una disposición más específica para el mismo objeto. La circunstancia de que, en este caso, consideraciones derivadas de las exigencias de la protección del medio ambiente sean debidamente tenidas en cuenta y tengan una notable incidencia en el contenido de las normas adoptadas, no puede justificar el abandono del artículo 100 A y el recurso al artículo 130 S. En relación con la Directiva 89/428, la Comisión señala que, según su segundo considerando y su artículo 1, pretende mejorar las condiciones de competencia en el sector de la producción de dióxido de titanio. Ahora bien, la mejora de las condiciones de competencia es una condición que puede permitir una mejor libre circulación del producto y contribuye, por ello, al establecimiento del mercado interior. Por último, la Comisión se pregunta si las prerrogativas reconocidas al Parlamento Europeo por el Tratado han sido respetadas en el presente caso, dado que el artículo 100 A prevé el procedimiento de cooperación con el Parlamento, mientras que el artículo 130 S, base jurídica elegida por el Consejo, sólo prevé la simple consulta al Parlamento.