Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de indemnización — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo — Fecha que debe considerarse

(Art. 288 CE, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 46)

2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Incumplimiento de uno de los requisitos — Desestimación de la totalidad del recurso de indemnización

(Art. 288 CE, párr. 2)

3. Responsabilidad extracontractual — Perjuicio — Perjuicio indemnizable — Gastos efectuados con motivo del procedimiento judicial — Exclusión

(Art. 288 CE, párr. 2)

4. Defensor del Pueblo Europeo — Vía alternativa al recurso ante el juez comunitario — Imposibilidad de utilizar las dos vías de forma paralela — Facultad de apreciación del ciudadano sobre la conveniencia de recurrir al Defensor del Pueblo

(Art. 195 CE, ap. 1; Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, art. 2, ap. 6 y 7)

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1. Resulta del artículo 288 CE, párrafo segundo, que la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y la ejecución del derecho a la reparación del perjuicio sufrido implican la concurrencia de varios requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio alegado. Así, el plazo quinquenal de prescripción de la acción en materia de responsabilidad de la Comunidad, previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, no puede comenzar a computarse antes de que concurran todos los requisitos de los que depende la obligación de reparación y, en particular, antes de que se concrete el daño a reparar.

En el supuesto en que, en el marco de un anuncio de licitación para la prestación de servicios relacionados con la Directiva 80/778, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, un licitador tuvo conocimiento del motivo principal del rechazo de su oferta por la Comisión, a saber, su falta de experiencia en el diseño de equipos de tratamiento del agua, motivo que siempre discutió por no figurar dicho motivo en el anuncio de la licitación, la circunstancia de que no hubiera tenido conocimiento de que dicho requisito se había aplicado de forma supuestamente discriminatoria hasta más tarde no puede aplazar el inicio del plazo de prescripción de la acción de indemnización. En efecto, la función de la prescripción consiste en conciliar la protección de los derechos de la persona perjudicada con el principio de seguridad jurídica. Se estableció la duración del plazo de prescripción teniendo en cuenta, en particular, el tiempo necesario para que la parte supuestamente perjudicada obtenga la información adecuada con miras a un posible recurso y verifique los hechos que pueden ser alegados en apoyo de ese recurso. El conocimiento de los hechos no figura entre los distintos elementos que deben concurrir para que corra el plazo de prescripción.

De la misma forma, el hecho de que dicho licitador afirme no haber tenido conocimiento de un elemento adicional en apoyo de su recurso hasta después de la denegación motivada de su oferta por parte de la Comisión, cuando desde el principio había discutido el motivo esencial de tal desestimación, que constituye además el hecho generador del perjuicio en el sentido del artículo 46 del citado Estatuto, no puede conducir a situar el inicio del plazo de prescripción en el día en que tuvo dicho conocimiento. Esta consideración se impone tanto más que el día en que este licitador afirma haber conseguido el documento de licitación de uno de los licitadores seleccionados al término de la fase de selección, e incluso el día en que él mismo estima que disponía de elementos suficientes para interponer un recurso de indemnización, a saber, cuando el Defensor del Pueblo adoptó su Decisión crítica respecto de la Comisión, el plazo de prescripción todavía no había expirado.

De lo anterior resulta que, al contrario de la hipótesis en que un demandante no puede interponer su demanda en un plazo razonable por haber tenido conocimiento del hecho que la originó en una fecha tardía, no procede fijar la fecha de expiración del plazo de prescripción en una fecha posterior a la fecha normal de expiración de dicho plazo.

Además, la prescripción sólo se aplica al período anterior en más de cinco años a la fecha del acto que interrumpe la prescripción y no afecta a los derechos nacidos durante los períodos posteriores en el supuesto excepcional de que se haya demostrado que el perjuicio en cuestión se ha renovado día a día después de ocurrir el hecho que lo causó. No sucede así cuando los daños de que se trata, suponiendo que estén demostrados, aunque eventualmente no se pudiera entrever su magnitud hasta después de la desestimación de la oferta de dicho licitador para el contrato en cuestión, fueron sin embargo provocados instantáneamente por dicha desestimación.

(véanse los apartados 39, 55 a 61 y 67)

2. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad es necesario que concurra un conjunto de requisitos, a saber, la ilicitud del comportamiento imputado a las instituciones comunitarias, la presencia de un perjuicio real y cierto, así como la existencia de una relación de causalidad directa entre el comportamiento de la institución de que se trate y el perjuicio invocado. En el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de dicha responsabilidad.

Pues bien, la pérdida de posibilidades de conseguir un contrato público posterior sólo puede considerarse como un perjuicio real y cierto en el supuesto de que no hubiera duda de que, de no haberse producido el comportamiento supuestamente culposo de la Comisión, la demandante habría conseguido adjudicarse el primer contrato.

(véanse los apartados 75 y 77)

3. En lo que se refiere al perjuicio derivado de los gastos supuestamente efectuados para obtener determinadas pruebas, los gastos efectuados por las partes con motivo del procedimiento judicial en ningún caso pueden considerarse constitutivos de un perjuicio que no esté comprendido en la imposición de costas. Además, si bien durante el procedimiento anterior a la fase jurisdiccional se realiza en general un trabajo jurídico fundamental, es necesario recordar que el artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia considera «procedimiento» únicamente el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, con exclusión de la fase administrativa previa. Esto se desprende, en particular, del artículo 90 de dicho Reglamento, que hace referencia al «procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia». Por consiguiente, reconocer a tales gastos la condición de perjuicio indemnizable en el marco de una demanda de indemnización contradice el carácter no recuperable de los gastos realizados durante la fase administrativa previa.

(véase el apartado 79)

4. Al establecer la figura del Defensor del Pueblo, el Tratado ha abierto a los ciudadanos de la Unión una vía alternativa a la del recurso ante el juez comunitario para defender sus intereses. Esta vía alternativa, extrajudicial, responde a criterios específicos y no persigue necesariamente los mismos objetivos que la vía judicial. Además, tal y como se desprende del artículo 195 CE, apartado 1, y del artículo 2, apartados 6 y 7, de la Decisión 94/262, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, estas dos vías no pueden utilizarse de forma paralela. En efecto, aunque las reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo no interrumpen los plazos de recurso fijados en los procedimientos judiciales, el Defensor del Pueblo debe declarar inadmisible una reclamación y dar por terminado su estudio si el ciudadano afectado ha planteado simultáneamente un recurso ante el juez comunitario sobre los mismos hechos. Por tanto, corresponde al ciudadano decidir cuál de las dos vías disponibles es más indicada para lograr sus intereses.

(véanse los apartados 83 y 84)