Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni juris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo

(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Carácter irreparable del perjuicio — Apreciación en el contencioso relativo a la adjudicación de contratos públicos

(Arts. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE y 340 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 160, ap. 3; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2; Directiva 89/665/CEE del Consejo)

3. Derecho de la Unión Europea — Principios — Reconocimiento — Aplicación por el juez de la Unión de un principio general teniendo en cuenta las disposiciones de una directiva que lo concretizan — Procedencia — Límites

4. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Apreciación en el contencioso relativo a la adjudicación de contratos públicos — Perjuicio grave — Carácter suficiente en caso de un fumus boni juris especialmente sólido constituido por una ilegalidad manifiesta y grave — Requisito — Presentación de la demanda de medidas provisionales en el plazo suspensivo antes de la celebración del contrato con el adjudicatario

[Art. 278 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamento (CE) nº 1268/2012 de la Comisión, art. 171, ap. 1; Directiva 89/665/CEE del Consejo, arts. 1, ap. 5, 2, ap. 3, y 2 bis a 2 septies ]

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1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 22 y 66)

2. En materia de medidas provisionales, un perjuicio de orden pecuniario no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable, pues, por regla general, una indemnización económica es apta para restablecer a la persona perjudicada en la situación anterior a la realización del perjuicio. En particular, tal perjuicio podría repararse en el marco de un recurso de indemnización presentado sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE. No obstante, en el caso de una demanda de medidas provisionales relativas a una decisión de adjudicación de un contrato público de una institución o de otro órgano de la Unión, la aplicación pura y simple de una jurisprudencia, aun reiterada, que haga prácticamente imposible para el licitador descartado obtener una suspensión de la ejecución de dicha decisión, por el motivo de que el perjuicio que puede sufrir no es irreparable por ser de carácter financiero, es inconciliable con los imperativos dimanantes de la protección provisional efectiva que debe garantizarse en materia de contratos públicos, aplicados por las disposiciones de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.

(véanse los apartados 24 y 30)

3. Un principio general del Derecho de la Unión puede concretarse a través de una directiva. A este respecto, al tener en cuenta disposiciones de esta directiva que concretizan tal principio, el juez de la Unión no puede prescindir del contenido de estas disposiciones, a pesar de que no son aplicables como tales al asunto de que se trate. Más concretamente, en la medida en que de las disposiciones de tal directiva se desprenda que el legislador de la Unión quiso conseguir el justo equilibrio entre los distintos intereses en juego, el juez de la Unión debe tener en cuenta este equilibrio en la aplicación que hace del principio general así concretizado.

(véanse los apartados 27 y 31)

4. En el marco de una demanda de medidas provisionales relativa a la suspensión de la ejecución de una decisión de adjudicación de un contrato público, teniendo en cuenta imperativos dimanantes de la protección provisional efectiva que debe garantizarse en materia de contratos públicos, procede considerar que, cuando el licitador descartado logra demostrar la existencia de un fumus boni juris especialmente sólido, no cabe exigirle que acredite que la desestimación de su demanda de medidas provisionales podría causarle un perjuicio irreparable, si no se quiere menoscabar de manera excesiva e injustificada la tutela judicial efectiva de la que goza en virtud del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Sin embargo, esta flexibilización de los requisitos aplicables para apreciar la existencia de la urgencia, justificada por el derecho a la tutela judicial efectiva, únicamente se aplica durante la fase previa a la celebración del contrato, siempre que se respete el plazo suspensivo de diez días, previsto por la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, y en el artículo 171, apartado 1, del Reglamento nº 1268/2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento nº 966/2012. Puesto que el poder adjudicador celebró el contrato con el adjudicatario después de transcurrido este plazo y antes de la presentación de la demanda de medidas provisionales, dicha flexibilización ya no tiene justificación.

Además, no podría considerarse, si no se quiere violar el principio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que el plazo suspensivo de diez días ha sido respetado en circunstancias en las que la posibilidad de presentar una demanda de medidas provisionales antes de la celebración del contrato no ha sido efectiva porque el licitador descartado no ha dispuesto, durante este plazo, de información suficiente que le permitiera presentar tal demanda. Habida cuenta de las exigencias del principio de seguridad jurídica, esta excepción a la aplicación puramente mecánica del plazo suspensivo de diez días debe, sin embargo, estar reservada a casos excepcionales en los que el licitador descartado no tenía ninguna razón para considerar que la decisión de adjudicación del contrato adolecía de una ilegalidad antes de la celebración del contrato con el adjudicatario.

(véanse los apartados 41, 42, 48 y 49)