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La Comisión, el Palmento y los Gobiernos belga, danés, alemán, helénico, italiano, austriaco, finlandés y sueco sostienen que la adhesión prevista, y en particular el sometimiento de la Comunidad al sistema jurisdiccional del Convenio, no es contraria a los artículos 164 y 219 del Tratado. La Comisión señala que, al contrario de lo que ocurría en el caso del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, las finalidades del Convenio y del Tratado en materia de derechos humanos son coincidentes. El Convenio establece un mecanismo de control clásico en Derecho Internacional, y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno. Es cierto que el recurso individual es una particularidad del Convenio, pero se trata sólo de otra modalidad de control, junto al recurso que pueden interponer las Partes Contratantes; además, supondría una contradicción aceptar dicho mecanismo de control y rehusar el recurso interpuesto por un particular. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronunciaría sobre la cuestión del reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, cuestión regulada exclusivamente por el ordenamiento jurídico comunitario. Así pues, en su opinión, debe excluirse la posibilidad de un recurso entre la Comunidad y los Estados miembros. Tampoco cabe afirmar que, en la medida en que abarca la totalidad de las competencias comunitarias, el mecanismo de control del Convenio pone en entredicho la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario. En efecto, el Convenio sólo impone unos criterios mínimos. El mecanismo de control no tendría efecto directo en el ordenamiento jurídico comunitario. La Comisión afirma, por último, que, habida cuenta de que no se ha considerado que dicho mecanismo fuera contrario a los principios constitucionales de los Estados miembros, difícilmente puede considerarse incompatible con los principios del Derecho comunitario. El Parlamento menciona el Dictamen 1/91, antes citado, en el que el Tribunal de Justicia reconoció que la Comunidad está facultada para someterse a las resoluciones de un órgano jurisdiccional internacional. El sometimiento de la Comunidad a un órgano jurisdiccional competente en materia de derechos humanos resulta coherente con la evolución del sistema comunitario, que no se dirige ya al operador económico sino al ciudadano de la Unión. Un control exterior en materia de derechos humanos no afectaría a la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario en mayor medida de lo que ha afectado a la autonomía de los Estados miembros. El Parlamento se remite a su Resolución de 18 de enero de 1994, antes citada, en la que subrayó la importancia del recurso directo ante un órgano jurisdiccional internacional para que se examine la compatibilidad de un acto comunitario con los derechos humanos, y puso de relieve que la adhesión prevista no puede poner en entredicho la competencia del Tribunal de Justicia en cuestiones de Derecho comunitario. Según el Gobierno belga, el Tribunal de Justicia tendría que decidir si los derechos fundamentales integrados en el ordenamiento jurídico comunitario, en el caso de que provengan del Convenio, se convierten en Derecho comunitario o conservan su naturaleza específica. Según cuál sea la respuesta, la adhesión prevista ejercerá o no una influencia sobre la autonomía del Derecho comunitario. Dicho Gobierno indica en primer lugar que los derechos y libertades del Convenio tienen un estatuto particular en el seno de los principios generales del Derecho comunitario. En efecto, el Convenio sólo establece un nivel mínimo de protección y no afecta al desarrollo de dicha protección a partir de otras fuentes reconocidas por el Tribunal de Justicia, a saber, el ordenamiento jurídico comunitario propiamente dicho y las tradiciones constitucionales comunes. Según el Gobierno belga, cuando el Tribunal de Justicia se remite al Convenio, tiene en cuenta la interpretación dada por los órganos del Convenio, subrayando de este modo la posición específica de los derechos garantizados por el Convenio en el ordenamiento comunitario. En la medida en que así ocurre, la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, en el sentido de los Dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados, es hoy día sólo relativa. El Gobierno belga señala a continuación que el acuerdo previsto respeta la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario. Con arreglo a la posibilidad que ofrece el artículo 62 del Convenio, todo recurso entre la Comunidad y sus Estados miembros quedaría excluido, y así se respetaría el artículo 219 del Tratado. Para evitar toda influencia externa sobre el reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, estos últimos podrían, en caso de recurso individual, adoptar una posición sobre el responsable de la presunta violación; el mecanismo necesario para ello podría inspirarse en el Anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982. En tercer lugar, el Gobierno belga subraya que no es deseable una autonomía absoluta del ordenamiento jurídico comunitario en el ámbito de los derechos y libertades garantizados por el Convenio. No es posible en efecto excluir el riesgo de que los órganos del Convenio se declaren competentes para pronunciarse sobre la compatibilidad con el Convenio, si no de los actos comunitarios, al menos de los actos nacionales de ejecución, en el caso de que la protección de los derechos humanos en el ordenamiento comunitario fuera inferior a la que ofrece el Convenio. Según el Gobierno belga, aunque el Tribunal de Justicia declarase aplicables los criterios deducidos de los Dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados, relativos a la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, la adhesión prevista podría llevarse a cabo. El Gobierno belga pone de relieve a este respecto que no existiría vínculo personal o funcional alguno entre el Tribunal de Justicia y los órganos del Convenio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos únicamente puede obligar a la Parte interesada a conformarse a sus sentencias, pero no puede anular o invalidar el acto nacional impugnado. En lo relativo a los efectos de las sentencias de dicho Tribunal, el Gobierno belga distingue dos supuestos. Si la disposición del Convenio es suficientemente precisa y completa, su cumplimiento se producirá por el mero reconocimiento de su aplicabilidad directa. Si la disposición infringida no es directamente aplicable, corresponderá al Estado adoptar las medidas apropiadas para poner fin a la infracción. En su opinión, la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario no quedaría en entredicho en ningún caso. Según los Gobiernos danés, alemán, helénico, italiano, austríaco y finlandés, el Tribunal de Justicia reconoció, en el Dictamen 1/91, antes citado, que la Comunidad puede someterse a un órgano jurisdiccional creado por un acuerdo internacional en lo relativo a la interpretación y la aplicación de dicho acuerdo, a condición de que la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario no resulte afectada. El Tribunal de Justicia hizo especial hincapié, a este respecto, en la necesidad de respetar la independencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios y el monopolio del Tribunal de Justicia en la interpretación del Derecho comunitario. El Gobierno danés subraya que, en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la dificultad estribaba en la identidad entre este Derecho y el Derecho comunitario. En el presente caso, las Instituciones comunitarias, incluido el Tribunal de Justicia, deberían tener en cuenta la jurisprudencia de los órganos del Convenio únicamente en lo relativo a los derechos humanos. Sin pretender dejar la cuestión definitivamente zanjada, dicho Gobierno pone de relieve que la incidencia de la jurisprudencia del Convenio sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia existe ya en la actualidad, lo que milita en favor de la compatibilidad de la adhesión con el Tratado. El Gobierno alemán precisa igualmente que la cuestión del reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros continúa siendo competencia del Tribunal de Justicia, dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronuncia sobre el Derecho interno de las Partes Contratantes. El Tribunal de Justicia garantiza los derechos fundamentales remitiéndose simultáneamente a la tradición constitucional de los Estados miembros y al Convenio, lo que produce como resultado un nivel de protección superior al del Convenio. No cabe por tanto afirmar que la autonomía del Derecho comunitario queda en entredicho porque existirán divergencias en la interpretación de disposiciones idénticas, debido a que tienen diferentes finalidades. La única obligación que el Convenio impone a la Comunidad, a saber el respeto de un nivel mínimo, no sobrepasa los límites marcados en el Dictamen 1/91, antes citado. El Gobierno alemán invoca además la inexistencia de vínculos personales entre los dos órganos jurisdiccionales. El Gobierno helénico considera que la eventual intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico comunitario se limitará a la interpretación de los derechos garantizados por el Convenio. El respeto de la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario no significa una prohibición de toda intervención externa, pero exige salvaguardar los principios fundamentales y los equilibrios institucionales del Derecho comunitario. Para garantizar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenga en cuenta las particularidades del Derecho comunitario, es necesaria, en su opinión, la participación de un Juez procedente de la Comunidad que no sea al mismo tiempo miembro del Tribunal de Justicia. El Gobierno italiano pone de relieve, en sus observaciones orales, que el acuerdo de adhesión deberá respetar los criterios sentados por el Tribunal de Justicia en los Dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados, en lo relativo al respeto del ordenamiento jurídico comunitario. Dicho Gobierno insiste, a este respecto, en que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tienen efecto directo en los ordenamientos jurídicos internos y no pueden producir el efecto de declarar ilegales actos internos. El Gobierno austriaco hace hincapié en las diferencias con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. La adhesión no crearía un bloque normativo compuesto esencialmente de normas que ya figuran en el ordenamiento jurídico comunitario y que debería ser integrado en dicho ordenamiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tendría competencia para pronunciarse sobre cuestiones de Derecho comunitario, el cual quedaría asimilado, desde este punto de vista, a los Derechos de los Estados Partes en el Convenio. El Gobierno sueco considera que sólo podría darse una incompatibilidad de la adhesión con los artículos 164 y 219 del Tratado si existiera el riesgo de una negativa a reconocer carácter vinculante a las decisiones del Tribunal de Justicia y, en consecuencia, riesgo de menoscabo de la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario. Para evitar dicho riesgo, el Gobierno sueco propone que, mediante un acuerdo especial, se excluyan del mecanismo de solución de litigios del Convenio las controversias entre Estados miembros o entre éstos y la Comunidad. También menciona la idea de crear un mecanismo de remisión prejudicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Tribunal de Justicia sobre cuestiones de Derecho comunitario. El Gobierno finlandés no excluye la posibilidad de que la adhesión prevista y el sometimiento de las Instituciones comunitarias a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos influyan en la interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones del Derecho comunitario, en la medida en que estas últimas afecten a los derechos humanos. En su opinión, si se aplican los principios sentados por el Tribunal de Justicia en su Dictamen 1/91, antes citado, es preciso reconocer no obstante que los derechos humanos, protegidos a través de los principios generales del Derecho comunitario, no forman parte del núcleo económico y comercial de tal Derecho y que la adhesión no menoscaba su autonomía.