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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 71/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 14 de diciembre de 2012 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/GMAC UK PLC

(Asunto C-589/12)

2013/C 71/12

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Recurrida: GMAC UK PLC

Cuestiones prejudiciales

1) En qué medida un sujeto pasivo puede, en relación con dos operaciones sobre los mismos bienes, tanto (i) invocar el efecto directo de una disposición de la Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo (en lo sucesivo, «Sexta Directiva IVA») respecto a una operación como (ii) basarse en las disposiciones del Derecho nacional respecto a la otra operación, cuando de actuar así se produciría un resultado fiscal global respecto a las dos operaciones que ni el Derecho nacional ni la Sexta Directiva IVA aplicados por separado a esas dos operaciones produce o pretende producir?

2) Si la respuesta a la primera cuestión es que hay circunstancias en las que el sujeto pasivo no puede hacerlo (o no tiene derecho a hacerlo en cierta medida), ¿en qué circunstancias sucede así y, en particular, qué relación entre las dos operaciones da lugar a tales circunstancias?

3) La respuesta a las cuestiones 1 y 2 ¿será diferente en función de que el tratamiento de la operación por el Derecho nacional sea conforme con la Sexta Directiva IVA?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 26/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 31 de octubre de 2012 — Sociedad T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Asunto C-485/12)

2013/C 26/44

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sociedad T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Demandada: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 32 del Reglamento (CE) no 796/2004 (1) en el sentido de que debe realizarse siempre una inspección física sobre el terreno antes de decidir, sobre la base de las fotografías aéreas tomadas en orden al examen de una declaración, que la declaración presentada por un agricultor es inexacta?

(1) Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 18).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 343/9

Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2012 — República Federal de Alemania/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-399/12)

2012/C 343/11

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: República Federal de Alemania (representantes: N. Graf Vitzthum y T. Henze, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la Decisión del Consejo de 18 de junio de 2012. (1)

— Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la República Federal de Alemania impugna la Decisión del Consejo, de 18 de junio de 2012, «para establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en lo que se refiere a determinadas resoluciones que deben ser objeto de votación en el ámbito de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV)».

En opinión del Gobierno Federal, esta Decisión se apoya, de forma no conforme a Derecho, en lo dispuesto en el artículo 218 TFUE, apartado 9, como base jurídica procedimental. Por una parte, el artículo 218, apartado 9 afecta únicamente al establecimiento de las posiciones de la Unión en organismos instituidos mediante un convenio internacional y de los que es miembro la Unión. El artículo 218 TFUE, apartado 9, por el contrario, no tiene aplicación alguna en relación con la representación de los Estados miembros en los organismos de las organizaciones internacionales de las que forman parte exclusivamente los propios Estados miembros a través de Tratados de Derecho Internacional. Por otra parte, el artículo 218 TFUE, apartado 9, comprende únicamente «actos que surtan efectos jurídicos», es decir, actos vinculantes con arreglo al Derecho Internacional. Sin embargo, las resoluciones de la OIV no son actos jurídicos de tal naturaleza.

Asimismo, el Gobierno Federal considera que no se aprecia ninguna otra base jurídica procedimental para la Decisión del Consejo.

(1) Documento del Consejo no 11436/12, «para establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en lo que se refiere a determinadas resoluciones que deben ser objeto de votación en el ámbito de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV)».
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones establecidas en los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión C(2009) 8123 de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la ayuda de Estado C 59/2007 (ex N 127/2006 y NN 13/2006), que Italia ejecutó a favor de Ixfin SpA (notificada el 29 de octubre de 2009 y publicada en DO L 167, de 1.7.2010, p. 39), y en el Tratado FUE, al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos, todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda de Estado considerada ilegal e incompatible con el mercado interior en virtud de dicha Decisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 273/5

Recurso interpuesto el 14 de junio de 2012 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

(Asunto C-296/12)

2012/C 273/07

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandantes: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y W. Roels, agentes)

Demandadas: Reino de Bélgica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular los artículos 56 TFUE y 63 TFUE, al adoptar y mantener la deducción fiscal por ahorro mediante plan de pensiones en la medida en que ésta sólo se aplica a pagos a entidades y fondos belgas.

— Que se condene en costas Reino de Bélgica.

Motivos y principales alegaciones

A juicio de la Comisión, la no concesión de una deducción fiscal por contribuciones a entidades establecidas en otro Estado miembro, mientras que se concede una deducción fiscal por contribuciones a entidades establecidas en Bélgica, constituye una restricción de la libre prestación de servicios tanto para los beneficiarios de dichos servicios como para los prestadores de servicios que no estén establecidos en territorio belga.

La Comisión considera asimismo que no conceder una deducción fiscal por depósitos en cuentas individuales o colectivas o pagos de primas de contratos de seguro de vida en o con entidades establecidas en otro Estado miembro, mientras que sí se concede una deducción fiscal por tales depósitos y pagos en y a entidades establecidas en Bélgica, constituye una restricción de la libre circulación de capitales en el sentido de que se disuade a los depositantes y asegurados de mantener un depósito o de contratar un seguro de vida en una entidad que no esté establecida en Bélgica dado que dicho depósito o dicho contrato de seguro de vida no puede obtener una reducción fiscal y, por lo tanto, es menos ventajoso.

Según la Comisión, dichas restricciones no están justificadas por ningún motivo de justificación.
1)

Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión de la Comisión de 23 de febrero de 2011 [C(2011) 1006 final] y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al no haber adoptado dentro del plazo señalado todas las medidas necesarias para devolver la ayuda concedida por Grecia a Ellinikos Xrysos A. E [ayuda estatal C 48/08 (ex NN 61/08)] que se estimaron ilícitas e incompatibles con el mercado interior, con arreglo al artículo 1 de la Decisión, o, en todo caso, al no haber notificado a la Comisión las medidas adoptadas de acuerdo con dicho artículo.
3)

¿Es importante para la respuesta a la primera cuestión: a) que el lote pudiera ser utilizado del mismo modo como combustible en tanto ULSD puro, pero que debido a su punto de inflamación más bajo ya no cumpliera los requisitos (de seguridad); b) que debido a la nueva composición, el comprador ya no pudiera almacenar el lote en virtud de un permiso medioambiental; c) que el comprador no pudiera utilizar el lote para la finalidad para la que lo compró, es decir, para venderlo como combustible diesel; d) que la intención del comprador fuera o no la devolución al vendedor conforme al contrato de compraventa; e) que la intención del vendedor fuera efectivamente la recuperación del lote con la finalidad de tratarlo mediante mezcla y volverlo a comercializar; f) que el lote pueda o no restituirse, ya sea en el estado original perseguido, ya sea como producto negociable a cambio de un precio que reduce el valor de mercado del lote original de ULSD; g) que la acción de recuperación sea un procedimiento de producción habitual; h) que el valor de mercado del lote en el estado en el que se encuentra en el momento en que el vendedor lo recupera, (casi) corresponde al precio de un producto que sí cumple las especificaciones convenidas; i) que el lote devuelto pueda venderse en el mercado en el estado en el que se encuentra en el momento en que se devuelve sin ser manipulado; j) que el comercio de productos como el del lote sea habitual y no se considere comercio de residuos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 133/16

Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2012 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-76/12)

2012/C 133/29

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Roels y C. Soulay, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al mantener en vigor un régimen fiscal que exonera de impuesto los dividendos pagados por una sociedad francesa a los fondos de inversión establecidos en Francia, mientras que los mismos dividendos distribuidos a los fondos de inversión establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo están sujetos a una retención en origen.

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

En su recurso, la Comisión censura la diferencia de trato fiscal de los dividendos pagados por sociedades francesas a organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), según que éstos sean o no residentes en Francia. Uno de los elementos del régimen fiscal de los OICVM residentes en Francia consiste en la falta de gravamen a su cargo de los dividendos distribuidos por las sociedades francesas. En cambio, en virtud del artículo 119 bis, apartado 2, del código general de impuestos se aplica una retención en origen a los dividendos distribuidos por las sociedades francesas a los OICVM no residentes. La Comisión estima que el diferente trato fiscal aplicado a los OICVM residentes y a los OICVM no residentes, pese a que éstos últimos están en una situación objetivamente comparable cualquiera que sea su Estado de residencia, constituye un obstáculo a la libre circulación de capitales, y que ese obstáculo no se justifica por la eficacia de los controles fiscales ni por la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad impositiva.

La Comisión recuerda que en reiterada jurisprudencia expresada en particular en las sentencias Comisión/Italia (sentencia de 19 de noviembre de 2009, C-540/07) y Comisión/Alemania (sentencia de 20 de octubre de 2011, C-284/09), el Tribunal de Justicia ha afirmado que los Estados miembros que someten los dividendos distribuidos a sociedades establecidas en otros Estados miembros a un régimen fiscal menos favorable que el aplicado a los dividendos distribuidos a las sociedades residentes, sin que esa diferencia de trato se justifique por situaciones objetivamente diferentes o por razones imperiosas de interés general, incumplen las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de capitales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 126/7

Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia

(Asunto C-90/12)

2012/C 126/15

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Simonsson y M. Owsiany-Hornung)

Demandada: República de Polonia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) no 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, (1) al no haber adoptado las correspondientes medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en dichos artículos o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

— Que se condene en costas a la República de Polonia.

Motivos y principales alegaciones

El artículo 5 del Reglamento no 847/2004 obligaba a los Estados miembros a garantizar «el reparto de los derechos de tráfico entre las compañías aéreas [de la Unión] que puedan optar a ellos mediante un procedimiento no discriminatorio y transparente». Además, en virtud del artículo 6 de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión sin demora acerca de los procedimientos que apliquen a efectos del artículo 5. La Comisión, a su vez, publicará los correspondientes procedimientos en el Diario Oficial. La ejecución de los procedimientos en el sentido de las citadas disposiciones dependerá de la adopción del correspondiente reglamento de ejecución por el Ministro competente en materia de transporte. En el momento de interponerse el presente recurso, no se había adoptado el correspondiente Reglamento o, en cualquier caso, las autoridades polacas no habían comunicado a la Comisión la información de que se trata. En esta situación, la Comisión considera que es imposible la ejecución de los procedimientos previstos en el artículo 5 del Reglamento no 847/2004 y la correspondiente comunicación a la Comisión con arreglo al artículo 6 de dicho Reglamento, puesto que el ordenamiento jurídico polaco carece de las correspondientes disposiciones.

(1) DO L 157, p. 7; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 3.
3)

¿Sigue existiendo la «oportunidad de que el caso sea juzgado» ante un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», con arreglo al artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco, incluso en el supuesto de que el interesado carezca de la posibilidad de que su caso sea juzgado directamente por un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», pues está obligado a impugnar primero la resolución de la autoridad distinta de un órgano jurisdiccional (una autoridad administrativa), impugnación cuya presentación hace que la resolución quede sin efecto y entraña la apertura de un procedimiento ordinario ante la misma autoridad, y sólo la resolución de dicha autoridad en ese procedimiento ordinario puede ser recurrida ante un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales»? En relación con la existencia o no de la «oportunidad de que el caso sea juzgado», ¿es necesario determinar si el recurso del que conoce el «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales» tiene el carácter de un recurso ordinario (es decir, contra una resolución no definitiva) o de un recurso extraordinario (es decir, contra una resolución definitiva) y si dicho recurso faculta al «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales» para revisar el asunto en su totalidad, es decir, tanto las cuestiones de hecho como de Derecho?
2)

Los motivos tercero, cuarto y quinto se basan en un error de Derecho por cuanto el Tribunal General declara que las autoridades aduaneras de Curaçao, en el momento de la expedición de los certificados EUR.1, no sabían ni habrían debido saber que las mercancías de que se trata no podían gozar de un trato preferencial. Según la recurrente en casación, el Tribunal General no tiene en cuenta en sus fundamentos que el Dienst Economische Zaken de Curaçao, antes de que se expidieran los certificados EUR.1, efectuó por lo menos un control en el establecimiento del exportador. Dicho Tribunal tampoco tiene en cuenta que las autoridades aduaneras de Curaçao, al expedir un certificado EUR.1, controlan el origen del azúcar en cuestión en relación con su transformación al objeto de comprobar el régimen elegido. Además, el Tribunal no toma en consideración que las autoridades aduaneras expiden los certificados EUR.1 basándose en certificados de origen modelo A (en lo sucesivo, «modelo A»), en virtud de los cuales no pueden expedirse certificados EUR.1. Esas mismas autoridades aduaneras reciben el modelo A a la llegada de las materias primas a Curaçao. El hecho de que precisamente dichos modelos A se perdieran como consecuencia de un incendio en los archivos de las autoridades aduaneras de Curaçao, no puede atribuirse a la recurrente en casación. Una vez destruidos los archivos, ya no puede examinarse qué documentos formaban parte del expediente de las autoridades aduaneras. Según la recurrente en casación, la conclusión del Tribunal General de que el administrador habría entregado dichos documentos a la misión de control de la recurrida en casación si éstos se hubieran encontrado en poder de la administración no es fundada. Este único argumento no puede llevar a la conclusión de que no existieron los modelos A, habida cuenta de las consideraciones anteriores.
1)

La parte recurrente considera que la Comisión y el Tribunal General aplicaron erróneamente el artículo 101(1) del TFUE y el artículo 23(2) del Reglamento 1/2003 (1) al considerar a Dimon responsable solidaria por la infracción cometida por Agroexpansión. La parte recurrente alega que el Tribunal General vulneró su derecho de defensa y el artículo 296 del TFUE, al establecer en la sentencia (y por lo tanto, ex post facto) el estándar de prueba aplicado por la Comisión en la Decisión (2). En consecuencia, al tratar a otras empresas de manera más favorable el Tribunal General violó el principio de igualdad de trato previsto en el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales. Asimismo, el Tribunal General no podría haber ignorado el hecho de que la Comisión no ha fundamentado debidamente en la Decisión los argumentos relativos a la refutación de la presunción.
1)

¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 CE en el sentido de que se oponen en principio a una normativa de un Estado miembro, como la italiana contenida en el artículo 88 del T.U.L.P.S., en virtud del cual «la licencia para el ejercicio de las actividades de organización o gestión de apuestas se expide exclusivamente a favor de los titulares de una concesión o de una autorización de un Ministerio o de otra entidad facultada por la Ley para organizar y gestionar apuestas, así como a las personas en que hayan delegado el concesionario o el titular de la autorización en virtud de lo dispuesto en la propia concesión o autorización», y en el artículo 2, apartado 2 ter, del Decreto-Ley no 40, de 25 de marzo de 2010, convalidado mediante la Ley no 73/2010, en virtud del cual «el artículo 88 del texto único de las leyes de seguridad pública, que comprenden el Real Decreto no 773, de 18 de junio de 1931, y sus sucesivas modificaciones, se interpreta en el sentido de que si la licencia prevista en dichos artículos se expide para establecimientos comerciales en los que se desarrolla la gestión y la recogida de apuestas públicas con premios en metálico, ha de entenderse eficaz únicamente en virtud de la expedición a los titulares de los citados establecimientos de la correspondiente concesión para la gestión y la recogida de tales apuestas por el Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»?
1)

¿Pueden sancionarse con una multa las infracciones de una empresa contra el artículo 101 TFUE si la empresa incurrió en error en cuanto al carácter lícito de su comportamiento y no cabe imputarle dicho error? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: 1a) ¿Cabe no imputarle el error sobre el carácter lícito de su comportamiento si la empresa se comportó siguiendo el consejo de un asesor jurídico con experiencia en Derecho de la competencia y el error de asesoramiento no se apreciaba ni de forma manifiesta ni mediante la comprobación exigible a la empresa? 1b) ¿Cabe no imputarle el error sobre el carácter lícito de su comportamiento si la empresa confió en que era correcta la decisión de las autoridades nacionales de la competencia que examinaron la conducta enjuiciada únicamente conforme al Derecho de la competencia nacional y la consideraron admisible?
2)

¿Es compatible con lo dispuesto en el artículo 11, parte A, apartado 3, letra c), de la Directiva 77/388/CEE [actual artículo 79, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006] y, en particular, con el concepto de «sumas que un sujeto pasivo reciba del comprador de los bienes o del destinatario de la prestación en reembolso de los gastos pagados en nombre y por cuenta de estos últimos y que figuren en su contabilidad en cuentas específicas» el artículo 16, apartado 6, letra c), del CIVA, tal como se interpreta en la sentencia recurrida (en el sentido de que la tasa de exhibición de publicidad comercial no constituye un importe pagado en nombre y por cuenta del destinatario de los servicios, aunque se contabilice en cuentas de terceros específicas y se destine a entidades públicas, por lo que no queda excluida de la base imponible a efectos del IVA)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 25 de noviembre de 2011 — Christoph Becker/Société Air France SA

(Asunto C-594/11)

2012/C 32/27

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Christoph Becker

Demandada: Société Air France SA

Cuestión prejudicial

¿Tiene el pasajero aéreo derecho a compensación en el sentido del artículo 7 del Reglamento (CE) no 261/2004, (1) cuando el retraso en la salida no excede de los límites definidos en el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, pero la llegada al último destino tiene lugar como mínimo tres horas después de la hora de llegada prevista?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).