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2)

En circunstancias como las del litigio principal, precisamente para garantizar el objetivo de recaudación de los importes debidos al Estado y de combatir el fraude ¿es compatible con los principios del Derecho de la Unión en general y con el principio ne bis in idem en particular el comportamiento de los órganos del Estado de no tomar en consideración a efectos fiscales un pago efectuado con anterioridad a que adquieran firmeza las sanciones administrativa y penal, cuando dicho pago cubre una parte del perjuicio fiscal establecido a su cargo?
5)

¿Pueden tener la consideración de «plan o programa [que] establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos», en el sentido del artículo 2, letra a), y del artículo 3, apartado 2, de la Directiva EAE, un instrumento de actuación política y una Orden gubernamental de carácter normativo, como los instrumentos en cuestión, que revisten un valor indicativo limitado o, cuando menos, no establecen un marco del que quepa inferir un derecho a la ejecución de un proyecto, y que no confieren un derecho a un marco o a una medida dentro de los cuales puedan autorizarse proyectos, y no resulta tal interpretación contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual una interpretación teleológica de una Directiva no puede divergir esencialmente de la voluntad claramente expresada por el legislador de la Unión?
2.

Segundo motivo basado en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva: — El Tribunal privó a la recurrente del derecho a la tutela judicial efectiva al no declarar que el Consejo no había demostrado la materialidad de los hechos que figuran en sus preámbulos. — El Tribunal siguió violando el derecho a la tutela judicial efectiva aun a pesar de que una diligencia de ordenación del procedimiento había confirmado que los actos controvertidos no se basaban en una base fáctica suficientemente sólida. — El Tribunal desestimó el motivo basado en un error del Consejo sobre la materialidad de los hechos como resultado de un procedimiento desequilibrado, en perjuicio de la recurrente.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 9 de noviembre de 2018 — Geld-für-Flug GmbH / Ryanair DAC

(Asunto C-701/18)

(2019/C 72/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Geld-für-Flug GmbH

Demandada: Ryanair DAC

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, (1) sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que una cláusula contenida en las condiciones generales de contratación de una compañía aérea comercial que no ha sido negociada individualmente y según la cual a un contrato de transporte celebrado por vía electrónica con un consumidor le es aplicable el Derecho del Estado miembro en el que el trasportista aéreo tenga su domicilio social, que no es idéntico al Derecho aplicable en el lugar de la residencia habitual del consumidor, es abusiva en la medida en que induce a error al consumidor al no indicarle que la elección de otro Derecho, con arreglo al artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I), (2) está limitada y que no cabe elegir cualquier estatuto legal, sino únicamente alguno de los señalados en el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Roma I?

(1) DO 1993, L 95, p. 29.

(2) DO 2008, L 177, p. 6.
2)

¿Se oponen las disposiciones de los artículos 146, apartado 1, letras a) y b), y 131 de la Directiva 2006/112/CE y los principios de imposición del consumo, neutralidad y proporcionalidad a una práctica nacional que consiste en que se considere que no tiene lugar la entrega de un bien que de forma incontrovertida hubiese salido de la Unión Europea cuando, tras la expedición, las autoridades tributarias en el marco de la tramitación de un procedimiento hayan constatado que el destinatario real de los bienes no era la persona a cuyo nombre el sujeto pasivo haya emitido la factura que documentaba la entrega, sino una persona distinta, no identificada por las autoridades, a resultas de lo cual deniegan aplicar a esta operación la exención con derecho a deducción (que en Polonia supone la aplicación del tipo impositivo del 0 %)?
1)

¿Deben interpretarse los principios generales del Derecho de la Unión Europea de primacía del Derecho de la Unión, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, igualdad de armas en el proceso, tutela judicial efectiva, derecho a un juez independiente y, con carácter más general, derecho a un proceso equitativo, consagrados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de responsabilidad del Estado italiano por incumplimiento manifiesto de la normativa de la Unión Europea por el órgano jurisdiccional de última instancia establecida en las sentencias [de 30 de septiembre de 2003, Köbler, (C-224/01, EU:C:2003:513); de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391), y de 24 de noviembre de 2011, Comisión/Italia (C-379/10, EU:C:2011:775)], en el sentido de que dichas disposiciones y la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se oponen a que un Estado miembro, actuando en su beneficio y en el de sus administraciones públicas, como ocurre en el presente asunto, adopte una normativa como la introducida mediante la Ley n.o 18/2015 con la intención declarada de aplicar las citadas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que, no obstante, persigue en sustancia neutralizar sus efectos y condicionar a la jurisdicción interna, que, en el nuevo texto del artículo 2, apartados 3 y 3 bis, de la legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati (Ley n.o 117, de 13 de abril de 1988, sobre la responsabilidad civil de los jueces), introduce un concepto de responsabilidad por dolo o culpa grave «en caso de violación manifiesta de la Ley y del Derecho de la Unión Europea», teniendo además en cuenta que dicha normativa interna coloca al órgano jurisdiccional nacional ante la disyuntiva —al margen de que con independencia de la opción finalmente escogida exista responsabilidad civil y disciplinaria frente al Estado en los asuntos en los que es parte sustancial la propia administración pública—, como ocurre en el presente asunto, de infringir la normativa interna dejándola inaplicada y aplicando el Derecho de la Unión Europea, según ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, o, por el contrario, vulnerar el Derecho de la Unión Europea aplicando las normas internas que obstan al reconocimiento de la tutela judicial efectiva y contravienen los artículos 1, apartado 3, y 7, de la Directiva 2003/88, las cláusulas 2 y 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, recogido en la Directiva 1999/70, y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conforme a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias [de 1 de marzo de 2012, O’Brien (C-393/10, EU:C:2012:110) y de 29 de noviembre de 2017, King (C-214/16, EU:C:2017:914)]?
3)

¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una normativa según la cual, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, la obligación de darse de alta se cumple automáticamente, sin solicitud expresa, con la atribución de un número de identificación fiscal húngaro en el curso de su inscripción en el Registro mercantil, con independencia de que la empresa publique o no anuncios, mientras que, en el caso de las empresas no establecidas en Hungría pero que publican anuncios en ese país, esto no sucede automáticamente, sino que han de cumplir expresamente con la obligación de darse de alta y, en caso de que no lo hagan, puede imponérseles una sanción específica?
1)

Declare que la República Italiana, — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 2, letra c), de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, ( 1 ) al no haber garantizado en la zona de contención la eliminación inmediata de al menos todos los vegetales infectados por Xylella fastidiosa situados en la zona infectada hasta una distancia de 20 km desde el límite de esa zona con el resto del territorio de la Unión; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 7, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, al no haber garantizado, también en la zona de contención, el control de la presencia de Xylella fastidiosa mediante la realización en el momento oportuno de las correspondientes inspecciones anuales; — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartados 2, 7 y 9, y del artículo 7, apartados 2, letra c), y 7, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, las obligaciones básicas impuestas por el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2000/29/CE ( 2 ) y la obligación de cooperación leal consagrada por el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, al haber omitido constantemente intervenir de forma inmediata para impedir la difusión de la Xylella fastidiosa, incumpliendo reiteradamente las obligaciones específicas que establece la Decisión (UE) 2015/789 en relación con la zonas afectadas, lo que permitió la ulterior difusión de la enfermedad.
1)

¿Se oponen los artículos 4 y 13 de la Directiva 2008/98/CE, ( 1 ) puestos en relación con los considerandos 6, 8, 28 y 31 de dicha Directiva, a una normativa primaria interna y a sus normas de desarrollo —como el artículo 35, apartado 1, del Decreto-ley n.o 133/2014, convertido en Ley n.o 164/2014, y el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 10 de agosto de 2016, publicado en la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.o 233, de 5 de octubre de 2016— en la medida en que esta normativa interna únicamente califica de infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente, que aplicarán un sistema integrado y moderno de gestión de residuos urbanos y asimilables y garantizarán la seguridad nacional mediante la autosuficiencia, a las instalaciones de incineración mencionadas en ella, según los anexos y tablas del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, mientras que el legislador interno no aplica una calificación similar a las instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos para su reciclado y reutilización, a pesar de que estas dos modalidades se consideran prioritarias en la jerarquía de residuos establecida en la citada Directiva? Con carácter subsidiario, en caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿se oponen los artículos 4 y 13 de la Directiva 2008/98/CE a una normativa primaria interna y a sus normas de desarrollo —como el artículo 35, apartado 1, del Decreto-ley n.o 133/2014, convertido en Ley n.o 164/2014, y el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 10 de agosto de 2016, publicado en la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.o 233, de 5 de octubre de 2016— en la medida en que esta normativa interna califica de infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente a las instalaciones de incineración de residuos urbanos con el fin de afrontar y prevenir nuevos procedimientos de infracción por inaplicación de las normas europeas en la materia y con el fin de limitar el vertido de residuos?
3)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Decisión n.o 3/80 en el sentido de que a un nacional turco que, en el momento de la repatriación a Turquía, poseía todavía la nacionalidad de un Estado miembro, pero renunció voluntariamente a esta misma en un momento posterior, no se le puede privar, a partir de este último momento, del derecho a una prestación especial de carácter no contributivo dirigida a garantizar unos ingresos mínimos sobre la base del mínimo social del Estado miembro en cuestión, por el único motivo de residir en Turquía, aun cuando, en el momento de salir del Estado miembro en cuestión, no pudiera reclamar esta prestación especial por no cumplir todavía entonces los requisitos para su concesión?
3.

El Tribunal General no proporcionó una motivación suficiente en cuanto a su determinación sobre este punto toda vez que no explicó por qué el error de la Comisión en la apreciación de la cuota de mercado de la industria de la Unión no justificaba la anulación del Reglamento impugnado como solicitaron las recurrentes. Además, el Tribunal General aportó una motivación contradictoria ya que estimó que existía error de apreciación en la evaluación de la Comisión de la cuota de mercado de la industria de la Unión pero finalmente se pronunció a su favor.
—

Declare que, al negarse a consignar recursos propios tradicionales por un importe de 2120309,50 euros relativos a la comunicación de inexigibilidad IT(07)08-917, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de la Decisión 94/728/CE Euratom del Consejo, ( 1 ) del artículo 8 de la Decisión 2000/597/CE Euratom del Consejo, ( 2 ) del artículo 8 de la Decisión 2007/436/CE Euratom del Consejo ( 3 ) y del artículo 8 de la Decisión 2014/335/UE del Consejo, ( 4 ) así como de los artículos 6, 10, 11 y 17 del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1552/1989 del Consejo, ( 5 ) de los artículos 6, 10, 11 y 17 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo ( 6 ) y de los artículos 6, 10, 12 y 13 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo; ( 7 )
2)

En caso de respuesta negativa del Tribunal de Justicia a la primera cuestión prejudicial, ¿se oponen las disposiciones de la Directiva IVA y, en lo que les atañe, el principio fundamental del respeto del derecho de defensa y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales a una práctica nacional que permite un procedimiento como el indicado en la primera cuestión prejudicial, de manera que la otra parte de la relación jurídica (el destinatario de las facturas) no ha dispuesto, en el procedimiento de inspección original, de los derechos inherentes a la condición de parte, por lo que tampoco ha podido ejercer un derecho de recurso en un procedimiento de inspección cuyas apreciaciones tiene en cuenta de oficio la autoridad tributaria en el procedimiento de inspección relativo a su propia obligación tributaria y que puede considerar en su contra, teniendo presente que la autoridad tributaria no pone a disposición del otro sujeto pasivo el expediente pertinente de la inspección efectuada a la primera parte de la relación jurídica (el emisor de las facturas en el litigio principal), en particular las pruebas en que se fundamentan las apreciaciones, las actas y las resoluciones administrativas, sino que solo le comunica una parte, en forma resumida, por lo que la autoridad tributaria solo transmite el expediente a esa otra parte de manera indirecta, haciendo una selección según sus propios criterios, sobre los que ese otro sujeto pasivo no puede ejercer ningún control?
—

Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 14, apartado 1, 15, apartados 1 y 2, letras b) y c), y apartado 3, así como del artículo 25 de la Directiva de servicios (1) y de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, al mantener los requisitos relativos al domicilio de los despachos de abogados en materia de patentes, en virtud del artículo 29a, n.o 7, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra c), de la PatAnwG y de los gabinetes de técnicos civiles (Ziviltechniker), en virtud del artículo 25, apartado 1, de la ZTG, y al mantener los requisitos relativos a la forma jurídica y a la participación en el capital social de gabinetes de técnicos civiles, conforme al artículo 26, apartado 1, y artículo 28, apartado 1, de la ZTG, y de despachos de abogados en materia de patentes, conforme al artículo 29a, n.os 1, 2 y 11, de la PatAnwG, y de consultas de veterinarios, conforme al artículo 15a, apartado 1, de la TÄG, así como como al limitar las actividades multidisciplinarias de los gabinetes de técnicos civiles, con arreglo al artículo 21, apartado 1, de la ZTG y de los despachos de abogados en materia de patentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29a, n.o 6, de la PatAnwG.
1)

¿Deben interpretarse los apartados 2, 4 y 5 del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1484/95, (1) en relación con el artículo 141 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, (2) en el sentido de que con el mecanismo de control descrito en estas disposiciones incluso en el caso de un control a posteriori, ya no se pretende más que garantizar que puedan ponerse en tiempo oportuno en conocimiento de las autoridades competentes hechos o circunstancias relativos a operaciones sucesivas que pueden suscitar dudas sobre la realidad del precio cif de importación indicado y que pueden constituir un motivo para una posterior investigación? ¿O bien es correcta la tesis contraria y debe interpretarse el mecanismo de control descrito en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 3 del Reglamento n.o 1484/95, incluso en el supuesto de un control a posteriori, en el sentido de que las reventas por el importador en el mercado comunitario a un precio inferior al precio cif de importación indicado del envío, aumentado en el importe de los derechos de importación devengados, no cumplen las condiciones (de comercialización) exigidas el mercado comunitario, de forma que ya por tal motivo se devengarán derechos adicionales? ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a esta última cuestión que la reventa o reventas antes mencionadas efectuadas por el importador hayan tenido lugar a un precio inferior al precio representativo aplicable? ¿Tiene alguna relevancia en este contexto que el precio representativo se haya calculado, durante el período anterior al 11 de septiembre de 2009, de un modo distinto al observado durante el período posterior a tal fecha? Asimismo, ¿tiene alguna relevancia en la respuesta a estas cuestiones el hecho de que los compradores en la Unión sean empresas asociadas al importador?
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 51 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO 2014, L 94, p. 1) al no haber puesto en vigor, a más tardar el 18 de abril de 2016, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión.
1)

¿Deben interpretarse los artículos 45 TFUE y 48 TFUE en el sentido de que, en un caso como el de autos, se oponen a una normativa nacional como el artículo 6 bis, inicio y letra b), de la AKW? (1) Esta norma implica que un residente en los Países Bajos no está afiliado a los seguros sociales del Estado de residencia si dicho residente trabaja en otro Estado miembro y está sujeto a la legislación en materia de seguridad social del Estado de empleo en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 1408/71. (2) El presente asunto se caracteriza por el hecho de que la interesada, en virtud de la norma legal del Estado de empleo, no puede disfrutar de pensiones familiares como consecuencia del limitado alcance de sus actividades en dicho Estado.
2.

2.1 Conforme al art. 4.2 de la Directiva 93/13, no transpuesta en nuestro ordenamiento, ¿resulta contrario a la Directiva 93/13/CEE, y a su artículo 8, que un órgano jurisdiccional español invoque y aplique el artículo 4.2 de la misma cuando tal disposición no ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento por voluntad del legislador, que pretendió un nivel de protección completo respecto de todas las cláusulas que el profesional pueda insertar en un contrato suscrito con consumidores, incluso las que afectan al objeto principal del contrato, incluso si estuvieran redactadas de manera clara y comprensible? 2.2 En todo caso, ¿es necesario transmitir información o publicidad sobre los siguientes hechos o datos, o alguno de ellos, para la comprensión de la cláusula esencial, en concreto del IRPH? (i) Explicar cómo se configuraba el tipo de referencia, es decir, informar que este índice incluye las comisiones y demás gastos sobre el interés nominal, que se trata de una media simple no ponderada, que el profesional debía conocer y transmitir que debía aplicar un diferencial negativo y que los datos proporcionados no son públicos, en comparación con el otro habitual, el euríbor. (ii) Explicar cómo evolucionó en el pasado y podría evolucionar en el futuro, informando y publicitando aquellas gráficas que expliquen de manera clara y comprensible al consumidor la evolución de este tipo específico en relación con el euríbor, tipo habitual de los préstamos con garantía hipotecaria. 2.3 Y de concluir el TJUE que incumbe al órgano judicial remitente que examine el carácter abusivo de las cláusulas contractuales y deducir todas las consecuencias conforme a su derecho nacional, se pregunta al Tribunal; si la falta de información de todos ellos, ¿no supondría la falta de comprensión de la cláusula al no ser clara para el consumidor medio, art. 4.2 de la Directiva 93/13 o que su omisión conllevaría un trato desleal por parte del profesional y, que por lo tanto, el consumidor de ser informado conveniente no hubiera aceptado referencia su préstamo al IRPH?
1)

En caso de que se introduzcan «nuevas restricciones» a la reagrupación familiar entre cónyuges que infringen, prima facie, la cláusula de «standstill» del artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 (Decisión n.o 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, nacida del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía y la Comunidad Económica Europea), y dichas restricciones estén justificadas en virtud de consideraciones relativas a la «integración satisfactoria» reconocidas por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 12 de abril de 2016, Genc (C-561/14), (1) y de 10 de julio de 2014, Dogan (C-138/13), (2) ¿una norma como el artículo 9, apartado 7, de la Udlændingeloven (Ley de Extranjería danesa) —en virtud del cual, entre otros, constituye un requisito general para la reagrupación familiar de una persona nacional de un tercer país con permiso de residencia en Dinamarca con su cónyuge que la vinculación de la pareja con Dinamarca sea mayor que con Turquía— puede considerarse «justificada por una razón imperiosa de interés general, […] adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y [que no va] más allá de lo necesario para alcanzarlo»?
7)

En caso de que se haya celebrado un contrato, ya sea formalmente o no, ¿forma parte del objeto del contrato la calefacción de las zonas comunes del edificio (en particular, la escalera), y ha solicitado el consumidor la prestación de servicios en relación con dichas zonas cuando por su parte no ha formulado ninguna petición expresa ni lo ha hecho siquiera la comunidad de vecinos en su conjunto (por ejemplo, si han sido suprimidos los radiadores, lo cual se presume que es así en la mayor parte de los casos, pues los peritos no mencionan radiador alguno en las zonas comunes del edificio)?