Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T-154/09,

Manuli Rubber Industries SpA (MRI), con domicilio social en Milán (Italia), representada por los Sres. L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo y E. Marasà, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci, S. Noë y L. Prete, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto con carácter principal una pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2009) 428 final de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 – Mangueras marinas), en cuanto ésta afecta a la demandante, y con carácter subsidiario una pretensión de anulación o de reducción sustancial de la multa que le impuso esa Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente, y M. Prek y S. Frimodt Nielsen (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de abril de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que dan origen al litigio

A. Sector de las mangueras marinas destinadas al petróleo y al gas

1. Las mangueras marinas se utilizan para cargar petróleo crudo dulce o procesado y otros productos derivados del petróleo procedentes de instalaciones offshore (por ejemplo, las boyas, normalmente ancladas mar adentro, que sirven como punto de amarre para los buques petroleros, o las plataformas flotantes de extracción, almacenamiento y descarga, que son sistemas de cisternas flotantes utilizadas para extraer el petróleo o el gas de una plataforma cercana, tratarlo y almacenarlo hasta su trasbordo a un buque petrolero), en buques cisterna y descargar seguidamente esos productos de estos buques a instalaciones offshore (por ejemplo, boyas) o en tierra firme.

2. Las mangueras marinas se utilizan offshore, es decir, en el agua o cerca de ella, mientras que las mangueras industriales o terrestres se utilizan en tierra firme.

3. Cada instalación de mangueras marinas comprende, según las necesidades específicas de los clientes, cierto número de mangueras estándar, de mangueras específicas con juntas en los dos extremos y dispositivos complementarios, como válvulas, un engranaje terminal o también un equipamiento flotante. En este asunto la expresión «mangueras marinas» engloba esos dispositivos complementarios.

4. Las mangueras marinas se utilizan por las compañías petroleras, los fabricantes de boyas, las terminales portuarias, la industria petrolera y los gobiernos, y se compran para nuevos proyectos o bien con fines de sustitución.

5. En el caso de los nuevos proyectos las terminales petroleras u otros usuarios finales contratan usualmente a una sociedad de ingeniería (también llamada «constructor de material», «constructor OEM» o «proveedor de equipo») para construir o montar nuevas instalaciones de distribución petrolera, como los sistemas de amarre en un punto único o las plataformas flotantes de extracción, almacenamiento y descarga. Para esos proyectos el proveedor de equipo compra a un productor una instalación completa de mangueras marinas.

6. Una vez instaladas esas mangueras marinas las piezas individuales deben sustituirse en un período que va de uno a siete años. Con frecuencia los usuarios finales compran directamente las mangueras marinas para fines de sustitución (compras también conocidas como «sector de piezas separadas»). No obstante, en algunos casos esos usuarios subcontratan y centralizan sus compras en filiales o en empresas externas. Las ventas para fines de sustitución representan una parte del mercado mundial de las mangueras marinas mucho mayor que las ventas de nuevos productos.

7. La demanda de mangueras marinas depende en alto grado de la evolución del sector petrolero y en particular de la explotación del petróleo en las zonas alejadas del lugar de consumo. La demanda ha crecido con el tiempo. Es cíclica y en cierta medida está ligada a la evolución del precio del petróleo. Comenzó a ser importante a finales de los años sesenta y aumentó a inicios de los años setenta, en particular la procedente de regiones productoras de petróleo en el golfo Pérsico, el mar del Norte y África del Norte. Durante los años ochenta creció la demanda procedente de las empresas petroleras nacionales en desarrollo de América del Sur. A finales de los años noventa la demanda se desplazó hacia África Occidental.

8. Las mangueras marinas se fabrican por empresas conocidas en la fabricación de neumáticos y de cauchos o por una de sus «spin-off». Se producen por encargo, conforme a las necesidades del cliente. Dado que la demanda de mangueras marinas está ampliamente dispersada en el plano geográfico, la mayoría de los productores de mangueras marinas contratan a un número considerable de agentes en mercados específicos que prestan servicios generales de marketing y ofrecen sus productos en las licitaciones publicadas.

9. Las mangueras marinas se comercializan en todo el mundo y los principales productores operan a escala internacional. Las exigencias reglamentarias aplicables a las mangueras marinas no son diferentes en lo fundamental de un país a otro y aunque las exigencias técnicas difieren según el medio ambiente y las condiciones de utilización ello no se percibe como un obstáculo a la venta de mangueras marinas en todo el mundo.

10. Finalmente, en el período considerado por la Decisión impugnada los participantes en el cartel vendieron mangueras marinas producidas en Japón, en el Reino Unido, en Italia y en Francia a usuarios finales y a proveedores de equipo establecidos en diferentes países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). Si bien la mayoría de los sistemas de mangueras marinas tienen como destino final regiones no europeas, en cambio algunos de los principales proveedores de equipo del mundo están situados en los diferentes países de la Unión y del EEE.

B. Presentación de la demandante

11. La demandante, Manuli Rubber Industries SpA (MRI), es una sociedad que opera en la concepción, la fabricación y la distribución en todo el mundo de máquinas y de sistemas y componentes de caucho/metal para el transporte de fluidos destinados a aplicaciones marítimas/petroleras y sistemas hidráulicos de alta presión.

12. La demandante es la sociedad de cabecera del grupo Manuli. Tiene su domicilio en Milán (Italia).

13. El 2 de diciembre de 1984 Manuli constituyó Uniroyal Manuli (USA) Inc., que estaba domiciliada en Delaware (Estados Unidos) y pertenecía íntegramente a MRI. Esa sociedad pasó a denominarse después Uniroyal Manuli Rubber (USA) Inc. en 1986, Manuli Rubber Industries (USA) Inc. en 1990, y por último Manuli Oil & Marine (USA) Inc. (en lo sucesivo, «MOM») en 1997. La sociedad fue liquidada el 31 de diciemb re de 2006.

14. Desde la creación de MOM ésta llevó a cabo las ventas y la comercialización de las mangueras marinas de MRI a escala internacional.

15. [confidencial]. (2)

16. [confidencial].

17. [confidencial].

18. En enero de 2006 el sector de las mangueras marinas fue puesto bajo la autoridad del grupo de empresa Ingénierie, y MOM rendía cuentas al jefe de éste.

19. El 1 de enero de 2007, tras la liquidación de MOM, MRI reanudó la actividad operativa de las mangueras marinas.

C. Procedimiento administrativo

20. Estando en curso una investigación de hechos similares por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades de la competencia de Japón y del Reino Unido, [confidencial], invocando el programa de clemencia previsto por la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2006, C 298, p. 17) (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), presentó a la Comisión el 20 de diciembre de 2006 una solicitud de dispensa de multas, denunciando la existencia de un cartel en el mercado de las mangueras marinas.

21. La Comisión inició entonces una investigación por infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y el 2 de mayo de 2007 practicó varias inspecciones en los locales de Parker ITR, de otros productores interesados y de [confidencial] y en el domicilio del Sr. W.

22. MRI, Parker ITR y Bridgestone presentaron a la Comisión una solicitud de dispensa de multas los días 4 de mayo, 17 de julio y 7 de diciembre de 2007 respectivamente.

23. El 28 de abril de 2008 la Comisión aprobó un pliego de cargos que notificó a las diferentes sociedades interesadas entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2008.

24. Todas las sociedades interesadas respondieron al pliego de cargos en los plazos fijados, y, excepto [confidencial] /DOM, ContiTech AG y Continental AG, solicitaron ser oídas en una audiencia, que tuvo lugar el 23 de julio de 2008.

D. Decisión impugnada

25. El 28 de enero de 2009 la Comisión adoptó la Decisión C(2009) 428 final, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 – Mangueras marinas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). De ésta resulta en sustancia que:

– fue dirigida a once sociedades, entre ellas la demandante;

– Las sociedades a las que se refiere dicha Decisión participaron, según modalidades diferentes, en una infracción única y compleja que tuvo como objeto:

– la adjudicación de licitaciones;

– la fijación de los precios;

– la fijación de cuotas;

– el establecimiento de las condiciones de venta;

– el reparto de los mercados geográficos;

– el intercambio de informaciones sensibles sobre precios, volúmenes de ventas y licitaciones;

– el cartel comenzó cuando menos en abril de 1986 (aunque es verosímil que se remontara a inicios de los años 70) y concluyó el 2 de mayo de 2007;

– del 13 de mayo de 1997 al 11 de junio de 1999, en el caso de algunas sociedades, al 21 de junio de 1999, en el de otras, y al 9 de mayo de 2000 en cuanto a MRI, el cartel tuvo una actividad limitada y surgieron fricciones entre sus miembros; no obstante, según la Comisión ello no causó una interrupción real de la infracción; en efecto, la estructura organizada del cartel se restableció completamente a partir de junio de 1999 según las mismas modalidades y con los mismos participantes, excepto la demandante, que se reincorporó plenamente al cartel el 9 de junio de 2000; se ha de considerar por tanto que los productores cometieron una infracción única y continua que se prolongó del 1 de abril de 1986 al 2 de mayo de 2007 o cuando menos, si a pesar de todo tuviera que considerarse que hubo una interrupción, una infracción única y continuada; sin embargo, no se tiene en cuenta para el cálculo de la multa el período que va del 13 de mayo de 1997 al 9 de junio de 2000, en lo que concierne a la demandante, en razón del número limitado de pruebas de la infracción durante ese período;

– se apreció la participación de la demandante en la infracción durante los períodos que van del 1 de abril de 1986 al 1 de agosto de 1992 y del 3 de septiembre de 1996 al 2 de mayo de 2007;

– en aplicación de los criterios previstos en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices»), el importe de base de la multa a imponer a cada una de las sociedades se determinó como sigue:

– la Comisión se basó en la media de las ventas anuales mundiales de cada una de las sociedades durante el período 2004-2006, excepto Yokohama Rubber, para la que consideró el período 2003-2005; en ese aspecto la Comisión atendió a las ventas facturadas a los compradores establecidos en el EEE;

– determinó las ventas pertinentes de cada una de ellas aplicando su cuota de mercado mundial a las ventas agregadas dentro del EEE, conforme al punto 18 de las Directrices;

– tomó en consideración el 25 % de ese último valor (en lugar del 30 % como máximo previsto por las Directrices) en razón de la gravedad de la infracción;

– multiplicó el valor así obtenido por el número de años de participación de cada sociedad en la infracción;

– conforme al punto 25 de las Directrices, determinó una suma adicional igual al 25 % de las ventas pertinentes con fines disuasorios;

– la Comisión apreció a continuación circunstancias agravantes contra Parker ITR y Bridgestone y excluyó toda circunstancia atenuante para las otras sociedades;

– finalmente, en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión redujo la multa de [confidencial] (100 %) y de MRI (30 %), pero denegó las solicitudes de reducción formuladas por Bridgestone y Parker ITR.

26. [confidencial].

27. No se apreció ninguna circunstancia atenuante a favor de MRI.

28. Se le concedió no obstante una reducción del 30 % en aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, de modo que el importe de la multa que se le impuso se fijó en 4.900.000 euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes

29. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 10 de abril de 2009 la demandante interpuso el presente recurso.

30. A raíz del impedimento de un miembro de la Sala, el Presidente del Tribunal designó a otro juez para completar la Sala, conforme al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

31. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera) decidió abrir la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a que presentaran determinados documentos y les formuló por escrito ciertas preguntas. Las partes atendieron a dicha petición.

32. Por escrito de 25 de abril de 2012 la demandante solicitó que la vista se celebrara a puerta cerrada.

33. En la vista de 26 de abril de 2012 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.

34. La demandante desistió de su solicitud de vista a puerta cerrada en la propia vista.

35. La demandante solicita al Tribunal que:

– Con carácter principal:

– Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada en cuanto declaró que había participado en una infracción única y continua en el mercado de las mangueras marinas del 1 de abril de 1986 al 1 de agosto de 1992 y del 3 de septiembre de 1996 al 2 de mayo de 2007, en particular durante el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 9 de mayo de 2000.

– Anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en cuanto le impone una multa de 4.900.000 euros.

– Desestime cualquier excepción o pretensión contraria.

– Con carácter subsidiario:

– Reduzca conforme al artículo 229 CE la multa de 4.900.000 euros que le impuso el artículo 2 de la Decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

36. La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

A. Sobre las pretensiones de anulación

37. La demandante aduce tres motivos en apoyo de su recurso de anulación.

38. El primer motivo se funda en un error de calificación de la infracción y en la vulneración del artículo 253 CE.

39. El segundo motivo se basa en varios errores de apreciación al determinar la duración de la infracción y en la vulneración de los artículos 81 CE y 253 CE y del artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).

40. Se divide en seis partes, fundadas en errores en la apreciación de las pruebas consideradas por la Comisión (primera parte), en que la Comisión no ha aportado la prueba que le incumbía (segunda parte), en que la demandante ha presentado pruebas contrarias y otra explicación plausible (tercera parte), en la infracción del principio de igualdad de trato y en la falta de motivación, por los errores de apreciación al comparar la conducta de MRI entre septiembre de 1996 y mayo de 1997 y su conducta entre mayo de 1997 y mayo de 2000 (cuarta parte), en que habría debido aplicarse la prescripción a las diferentes infracciones específicas supuestamente cometidas durante el período 1996-2000 (quinta parte) y en que la utilización de los documentos que MRI aportó en el marco del programa de clemencia para acreditar la existencia de una infracción durante el período q ue va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997 es contraria a la Comunicación sobre la cooperación y vulnera su confianza legítima (sexta parte).

41. El tercer motivo se divide en cinco partes, basadas en un error de apreciación de la gravedad de la infracción y en la vulneración del principio de igualdad de trato (primera parte), en un error en el cálculo de la multa en función de la duración de la infracción y en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima (segunda parte), en la aplicación indebida de un incremento con fines disuasorios y en la vulneración de la obligación de motivación y del principio de igualdad de trato (tercera parte), en la desestimación indebida de las circunstancias atenuantes y en la infracción de la obligación de motivación (cuarta parte) y en la reducción insuficiente de la multa en razón de la cooperación en el marco del programa de clemencia (quinta parte).

42. Es oportuno examinar conjuntamente el primer motivo y las seis partes del segundo motivo.

B. Sobre el primer motivo, fundado en un error de calificación de la infracción y en la vulneración del artículo 253 CE y sobre el segundo motivo, basado en errores manifiestos de apreciación al determinar la duración de la infracción y en la vulneración de los artículos 81 CE y 253 CE y del artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003

1. Decisión impugnada

43. En lo que atañe al primer motivo, del considerando 412 de la Decisión impugnada resulta en sustancia que la Comisión consideró que MRI había interrumpido su participación en el cartel entre el 1 de agosto de 1992 y el 3 de septiembre de 1996, que la prescripción podía aplicarse al período de infracción que va del 1 de abril de 1986 al 1 de agosto de 1992, y que por tanto la Comisión decidió no imponerle una multa por ese mismo período. Por otro lado, del artículo 1 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión consideró que se había cometido una infracción continua entre el 1 de abril de 1986 y el 2 de mayo de 2007, en la que participó MRI del 1 de abril de 1986 al 1 de agosto de 1992 y del 3 de septiembre de 1996 al 2 de mayo de 2007, y de los considerandos 187, 201 a 208 y 446 a 448 de la Decisión impugnada se deduce que el período de infracción apreciado por la Comisión para el cálculo de la multa se extiende del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997 y del 9 de mayo de 2000 al 2 de mayo de 2007, estimando en lo que afecta a la demandante que en el período que va del 13 de mayo de 1997 al 9 de mayo de 2000 la actividad del cartel fue reducida y no justificaba la imposición de una multa.

44. En lo que se refiere al segundo motivo, de los considerandos 141 a 147 de la Decisión impugnada se deduce que la Comisión, apoyándose en diversos documentos, entre los cuales varias notas internas comunicadas por MRI en el contexto de su solicitud de clemencia (considerandos 143 a 145 de la Decisión impugnada), estimó que esa empresa se había reincorporado activamente al cartel a partir del 3 de septiembre de 1996.

45. Los considerandos 148 a 187 de la Decisión impugnada exponen por otra parte los medios de prueba, entre los cuales varios documentos comunicados por MRI en el contexto de su solicitud de clemencia, en los que se sustentó la Comisión para estimar que entre el 13 de mayo de 1997 y el mes de mayo de 1999 el cartel había desarrollado una actividad limitada, período durante el que se mantuvieron contactos, en los que intervino la demandante, cuyo objeto era en especial reactivar el cartel y negociar las condiciones de participación de sus diversos miembros. La Comisión estimó no obstante que, por el carácter limitado de la actividad de los miembros del cartel, no se les debía imponer ninguna multa por ese período, prolongado en lo que se refiere a MRI hasta el 9 de mayo de 2000 (considerando 447 de la Decisión impugnada).

46. Los considerandos 289 a 307 de la Decisión impugnada manifiestan a continuación las razones por las que la Comisión estimó que la infracción había sido continua, o subsidiariamente continuada, pese a que consideraba que el cartel había desarrollado una actividad limitada entre el 13 de mayo de 1997 y el mes de mayo de 1999 y que no se debía imponer una multa por ese período.

47. Los considerandos 480 a 488 de la Decisión impugnada exponen finalmente las razones por las que la Comisión concede a MRI una reducción del 30 % de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, pero desestima la argumentación de esa empresa con objeto de que no se utilicen contra ella los medios de prueba sobre el período 1996-1997 que había proporcionado a la Comisión, en virtud del punto 26 de esa Comunicación.

2. Alegaciones de las partes

a) Sobre el primer motivo

48. La demandante mantiene en sustancia que, toda vez que la Comisión reconoció en primer lugar que esa parte se había retirado del cartel entre el 1 de agosto de 1992 y el 3 de septiembre de 1996, en segundo lugar que se trataba de una interrupción real y no de una suspensión de su participación en el cartel, en el sentido en el que la jurisprudencia diferencia ambos conceptos (considerandos 129, 130 y 402 de la Decisión impugnada), y en tercer lugar que debían aplicarse a favor de esa empresa las disposiciones sobre la prescripción por el período anterior a 1992 (considerando 412 de la Decisión impugnada), y por consiguiente éste no debía tomarse en consideración para el cálculo de la multa, la Comisión no podía apreciar al mismo tiempo que esa parte había participado en una infracción compleja y continua desde el 1 de abril de 1986 al 2 de mayo de 2007, lo que es contrario a las disposiciones del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Por tanto, el período posterior a la reanudación de su participación en cartel sólo puede considerarse como una infracción nueva y distinta de la precedente.

49. La demandante refuta además en sustancia que la Comisión haya reconocido a su favor la prescripción «de forma discrecional», según ésta afirma (considerando 412 de la Decisión impugnada).

50. Según esa parte, dicha motivación es además contradictoria e incompleta.

51. La demandante estima también que, en razón de esa interrupción de su participación en el cartel, su situación no puede compararse con la de los otros miembros del cartel.

52. La Comisión rebate esas alegaciones y afirma que no estaba obligada a apreciar que se había consumado la prescripción, y que por tanto se limitó a señalar que podía ser aplicada.

b) Sobre el segundo motivo

Sobre la primera parte

53. La demandante mantiene que para apreciar su participación durante el período 1996-2000 la Comisión se basa en ciertos documentos que supuestamente revelan los contactos mantenidos entre esa parte y sus competidores e indican que, «a finales de 1996, [la demandante] volvió a coordinar algunas licitaciones de mangueras marinas con miembros del cartel» (considerando 141 de la Decisión impugnada) y que en ese período esa parte «se sirvió de las informaciones exhaustivas sobre el mercado intercambiadas para supervisar los acuerdos de adjudicación de los contratos entre los miembros del cartel» (considerando 147 de la Decisión impugnada).

54. Pues bien, en sustancia, según esa parte, los medios de prueba en los que se apoya la Comisión [confidencial] no permiten llegar a esa conclusión, e impugna tanto la comprensión como la interpretación por la Comisión de dichos medios de prueba, suponiendo que ésta pudiera sustentarse válidamente en los medios de prueba que esa misma parte le proporcionó en el contexto del programa de clemencia para apreciar su participación en el cartel durante el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997, tomado en consideración para el cálculo de la multa impuesta a esa parte.

55. La Comisión refuta esa argumentación y puntualiza que la demandante reconoce en sus escritos en varias ocasiones que entre 1997 y 2000 mantuvo numerosos contactos prohibidos con sus competidores, aunque intenta minimizar su alcance y significado.

Sobre la segunda parte

56. La demandante alega en sustancia que las pruebas presentadas por la Comisión no son suficientes para demostrar que esa parte hubiera participado «ex novo» en un plan común durante el período considerado. Ahora bien, según ella incumbía a la Comisión probar que la demandante había participado en una nueva infracción, ya que se había retirado completamente del cartel en 1992 y la infracción durante el período anterior a 1992 había prescrito. Por tanto, la Comisión no podía considerar suficientes los indicios en base a los cuales presumía la continuación de la participación de la demandante. Pues bien, eso hizo la Comisión al apoyarse indebidamente en la tesis de que la infracción era continua desde 1986.

57. La demandante considera además que en cualquier caso los indicios apreciados por la Comisión demuestran su negativa expresa a responder favorablemente a las propuestas de colaboración de los otros participantes en el cartel.

58. La Comisión impugna esa argumentación.

Sobre la tercera parte

59. En primer término la demandante niega en sustancia que no hubiera presentado una explicación verosímil de los medios de prueba invocados por la Comisión, diferente de la participación en el acuerdo colusorio (considerando 142 de la Decisión impugnada), por un lado, y por otro se opone a la tesis de la Comisión de que la infracción puede deducirse de simples presunciones porque se han demostrado intercambios de informaciones y contactos ilícitos con los competidores, de lo que se sigue que incumbe entonces a la empresa presentar otra explicación verosímil (considerando 262 de la Decisión impugnada).

60. En efecto, la demandante afirma haber presentado otra explicación no sólo verosímil sino sustentada por varias pruebas –la primera declaración oral de [confidencial] – que permite estimar que no participó en el cartel entre el 3 de septiembre de 1986 y el 9 de mayo de 2000 y que no se reincorporó a éste hasta esa última fecha.

61. Alega acerca de ello que los documentos mencionados por la Comisión en la Decisión impugnada muestran que los contactos mantenidos eran en realidad el resultado de los esfuerzos de las otras empresas para intentar convencerla de entrar en el cartel y acreditan la estrategia de uno de sus directivos consistente en «simular una vaga disposición a colaborar con los competidores», para no inducirles a llevar a cabo acciones concertadas de boicot que podrían haber resultado peligrosas para esa empresa, como las ejecutadas por Dunlop y Bridgestone, a la vez que seguía operando en el mercado de forma autónoma e incluso a la ofensiva frente a la competencia.

62. En segundo término, la demandante afirma en sustancia que la Comisión no atendió indebidamente a diversos documentos que apoyan esa explicación y negó su valor probatorio.

63. La demandante considera sobre ello que la Comisión, aun reconociendo que los documentos referidos «confirman […] que [esa parte] no formaba parte de la estructura formal del club antes de esa fecha [el 9 de mayo de 2000]», sostiene sin embargo que esos documentos «no contradicen la conclusión […] de que [la demandante] siguió manteniendo ciertos contactos ilícitos con los otros miembros del cartel, que le ponían al corriente de la cooperación en curso» y que esos contactos tenían por objeto «una cooperación en el mercado de las mangueras marinas», lo que le llevó a estimar que la demandante también había formado parte del cartel entre 1997 y el 9 de mayo de 2000 (considerandos 146, 209 y 210 de la Decisión impugnada).

64. La demandante alega que la Comisión parece apoyarse así en la jurisprudencia según la cual el hecho de que cada uno de los miembros del cartel haya jugado un papel específico, con una conducta en la que sólo concurren algunos de los aspectos constitutivos de la infracción, no excluye la responsabilidad de cada una de las empresas por la totalidad de la infracción, incluidos los actos realizados por los otros participantes (considerandos 284 a 288 de la Decisión impugnada).

65. Pues bien, esa parte considera que la jurisprudencia mencionada no puede aplicarse en el presente caso ya que se refiere a la demostración de la participación en un cartel de empresas cuya presencia en reuniones destinadas a concluir acuerdos anticompetitivos se ha acreditado y que no han manifestado un desacuerdo con el referido cartel.

66. En efecto, consta que esa parte salió del cartel en 1992, y por tanto los contactos mantenidos entre 1996 y 2000 deben apreciarse en función de que puedan demostrar la adhesión ex novo a un plan común.

67. La Comisión no puede limitarse así pues a simples presunciones.

68. La demandante alega además que, conforme a la jurisprudencia, para demostrar su adhesión al plan común perseguido por los otros miembros del cartel no basta que la Comisión pruebe que esa parte tenía conocimiento de la existencia del cartel o que perseguía el objetivo general de restringir la competencia en el mercado de las mangueras marinas, lo que refuta en cualquier caso, sino que tiene que acreditar también que su conducta estaba «estrechamente ligada» a la realización de «todos los efectos anticompetitivos pretendidos por sus autores en el contexto de un plan global con un objetivo único». Pues bien, según la demandante los documentos en los que se basa la Comisión demuestran en realidad que la demandante no sólo no tenía intención alguna de adherirse al plan común perseguido por los otros productores sino que prefería incluso obrar en sentido opuesto, a la vez que de manera comprensible intentaba evitar represalias de sus competidores, ya que éstos podían actuar de manera concertada para excluirla del mercado o causarle graves perjuicios.

69. Además, la demandante afirma en sustancia que, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión no tuvo en cuenta que para apreciar la participación efectiva de una empresa en el cartel es determinante la conciencia que tienen los miembros del cartel de la pertenencia, o de la falta de pertenencia, a éste de la empresa considerada. Pues bien, esa parte estima haber demostrado que en sus contactos con los competidores, mantenidos a iniciativa de éstos, siempre rehusó expresamente toda propuesta de colaboración, excepto en términos hipotéticos y de cara al futuro, y que los competidores mismos tenían la clara impresión de que la demandante era ajena en realidad a su plan conjunto.

70. Esa parte refuta finalmente que las pruebas que aporta tengan valor probatorio inferior al de las pruebas de la Comisión y considera que la distinción que hace ésta entre la estructura formal del club y una participación desde fuera de esa estructura es errónea porque esa distinción no existía para los miembros del club, que sólo conocían la estructura formal. Precisamente por esa razón los otros miembros del club pensaban que esa empresa estaba fuera de éste.

71. La Comisión rebate estas alegaciones.

Sobre la cuarta parte

72. La demandante afirma que la Comisión consideró que no debía sancionarla por el período que va del 13 de mayo de 1997 al 9 de mayo de 2000 toda vez que la gravedad y la intensidad del cartel fue menor. Por tanto, sólo la sancionó por el período 1996-1997. Ahora bien, según la demandante su conducta no varió de 1996 a 2000, lo que a su juicio resulta de los documentos que ha mencionado antes dentro del segundo motivo, sin que las pruebas sobre el período que va de septiembre de 1996 a mayo de 1997 sean más concluyentes que las referidas al período que va de mayo de 1997 a junio de 1999. En consecuencia, no se le debió imponer sanción alguna por el período que va de septiembre de 1996 a mayo de 1997.

73. Esa parte estima además que la incoherencia del razonamiento y de las conclusiones de la Comisión se demuestra por el hecho de que, a diferencia de las otras empresas, no fue sancionada por el período que va de junio de 1999 a mayo de 2000, ya que su participación en el cartel no fue considerada grave, mientras que sí lo fue la de las otras empresas en ese período.

74. La Comisión refuta estas alegaciones.

Sobre la quinta parte

75. La demandante mantiene en primer término que, con independencia de la calificación del cartel como acuerdo o como práctica concertada, los contactos e intercambios de información limitados mantenidos entre ella y sus competidores durante el período que va de 1996 a 2000 tuvieron lugar al margen del mecanismo del cartel en el que participaban las otras empresas.

76. Según esa parte, aun si esos comportamientos pudieran constituir una infracción del artículo 81 CE, serían de una naturaleza y gravedad diferentes de la participación en el cartel, porque no están ligados al objetivo único de éste, sin que por lo demás la Comisión haya demostrado lo contrario.

77. Así pues, esos comportamientos deben considerarse a lo sumo como episodios separados y distintos de infracciones del artículo 81 CE, y apreciarse de forma diferenciada tanto de la infracción cometida por la demandante de 1986 a 1992 como de su nueva adhesión al cartel a partir de 2000.

78. De ello se sigue según esa parte que, suponiéndolas demostradas, esas infracciones se consumaron al tiempo mismo de su comisión, ya que no forman parte de una infracción única y continua o continuada. Al haber transcurrido más de cinco años entre el momento en que cada una de ellas se cometió y el momento en que la Comisión emprendió actuaciones respecto a ella, en cualquier caso todas han prescrito en aplicación del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1/2003.

79. En segundo término la demandante alega que, puesto que la interrupción entre los hechos cometidos hasta 1992 y los cometidos a partir de 2000 duró ocho años, esos hechos no se pueden considerar lo bastante próximos en el tiempo para demostrar que el cartel fue ininterrumpido.

80. Así sería también si la duración de la interrupción sólo fuera de cuatro años (1992?1996).

81. En tercer lugar la demandante afirma que su participación en el cartel cesó en 1992 en cualquier caso y que se trata por tanto de una interrupción y no de una suspensión de su participación, lo que además reconoce la Comisión, que estimó que los hechos anteriores a 1992 habían prescrito.

82. En cuarto lugar, también se deduce de ello que, al haber reconocido que la interrupción de 1992 podía dar lugar a la prescripción, la Comisión no podía dejar abierta esa cuestión y afirmar que la falta de sanción por el período precedente sólo era fruto del ejercicio de su facultad discrecional. De ello resulta una falta de motivación, de la que depende la calificación de la infracción.

83. Por último, en quinto término la demandante mantiene que la Comisión no ha presentado la menor prueba acreditativa de que esa parte realizara alguna de las conductas que según la Decisión impugnada (considerando 300) demuestran la continuidad del cartel entre 1996-1997 y 2000.

84. Esa parte alega que no participó en ninguna reunión con los otros miembros del cartel, que no facilitó ninguna información al coordinador acerca de futuras adjudicaciones, que no participó en discusiones sobre propuestas de designación de campeones en aplicación de supuestos acuerdos globales y que no se le impuso ninguna penalización por no haber respetado supuestos acuerdos previos.

85. La Comisión no ha demostrado así pues que la demandante se hubiera reincorporado al cartel, ni siquiera de forma limitada, durante el período que va de 1996 a 2000.

86. La Comisión rebate estas alegaciones.

Sobre la sexta parte

87. La demandante afirma que todos los medios de prueba, salvo uno, a saber [confidencial], utilizados por la Comisión para probar su responsabilidad durante el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997, y para calcular después la multa que le impuso, fueron aportados por esa parte en el contexto del programa de clemencia.

88. La demandante puntualiza que la Comisión alargó así significativamente la duración de la infracción, lo que originó un aumento considerable de la multa (considerandos 243 y 448 de la Decisión impugnada).

89. La demandante añade que colaboró en la instrucción administrativa creyendo fundadamente que ello no le podría causar perjuicios. Ahora bien, según esa parte el fruto de esa cooperación fue utilizado por la Comisión para sancionarla, siendo así que ésta no disponía de ninguna prueba sobre el período discutido antes de su aportación por la demandante. La Comisión vulneró así su confianza legítima.

90. Esa parte impugna además la interpretación de la Comisión según la cual la reducción de la multa y la dispensa parcial de ésta no son acumulables en el contexto de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.

91. Según la Comisión los argumentos de la demandante se refieren en realidad al cálculo de la multa y no a la constatación de la infracción.

92. Alega además que siempre puede utilizar los documentos aportados en el contexto de la Comunicación sobre la cooperación para constatar una infracción.

93. La Comisión afirma que la demandante fue recompensada por su cooperación con una reducción de la multa del 30 %, lo que en términos absolutos es muy superior a la reducción que resultaría de una posible dispensa parcial. Ahora bien, en el sistema de la Comunicación sobre la cooperación no son acumulables ambas ventajas.

94. Además, según la Comisión el punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación únicamente dispone que, en relación con la primera empresa que pueda beneficiarse de una reducción de la multa, las «pruebas concluyentes» (en el sentido del punto 25 de esa Comunicación, es decir, que no exigen corroboración en caso de ser contradichas), que sirvan para «establecer hechos adicionales que redunden en un incremento de la gravedad o de la duración de la infracción», no se utilizarán para determinar el importe de las multas que deben imponerse a esa empresa.

95. Aunque las pruebas aportadas por la demandante eran ciertamente importantes para corroborar las pruebas obtenidas gracias a la solicitud de dispensa de multas presentada por [confidencial] y los controles in situ practicados el 2 de mayo de 2007, a juicio de la Comisión ello no basta sin embargo para cumplir las condiciones enunciadas en el punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación, que exige que los medios de prueba permitan «establecer hechos adicionales que redunden en un incremento de la gravedad o de la duración de la infracción», y ello respecto a la infracción en su conjunto, según destaca la Comisión, y no sólo en relación con una o varias empresas participantes consideradas por separado.

96. La Comisión estima que la finalidad de esa disposición es en efecto reservarle la posibilidad de conceder una dispensa parcial a la empresa que aporte datos nuevos que permitan sustentar la superior gravedad o duración de una infracción de la que ya tenía conocimiento y respecto a la que ya había concedido una dispensa total a otra empresa participante. En cambio, una empresa que sólo ha ampliado el conocimiento que la Comisión ya tenía de cierto período o de un aspecto específico de la infracción no puede beneficiarse de su aplicación, aun si su cooperación permite acreditar mejor su propia participación en el cartel.

97. Pues bien, según la Comisión los medios de prueba aportados por la demandante no permitieron comprobar la superior gravedad ni la mayor duración de la infracción de la que la Comisión tenía conocimiento.

98. Por último, la Comisión estima que la demandante no le informó también de hechos nuevos relacionados con su participación en el cartel durante el período que va de 1996 a 1997. En efecto, [confidencial], que confirma que las dos empresas están de acuerdo para que se adjudique a la demandante un lote de licitaciones y que prueba inequívocamente la colaboración de MRI en la actividad ilícita desde ese momento, se descubrió en los controles de 2 de mayo de 2007 y por tanto estaba ya en poder de la Comisión cuando MRI presentó la solicitud de clemencia de 4 de mayo de 2007.

99. La Comisión solicita así pues que se desestime la sexta parte del segundo motivo.

3. Apreciación del Tribunal

a) Recordatorio de los principios sobre la carga de la prueba

100. Según reiterada jurisprudencia en materia de carga de la prueba, por un lado, incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción de las normas sobre competencia aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción, y, por otro lado, incumbe a la empresa que invoque un medio de defensa frente a la constatación de una infracción probar que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa, de modo que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba (sentencia del Tribunal General de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T-120/04, Rec. p. II-4441, apartado 50; véanse también en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, apartado 58, y de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 78). La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe, con carácter principal, a la Comisión (sentencias del Tribunal General de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T-43/92, Rec. p. II-441, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, antes citada, apartado 51).

101. Este reparto de la carga de la prueba puede variar, no obstante, en la medida en que los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha aportado la prueba (véanse en ese sentido las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 53).

102. En cuanto a los medios de prueba en los que se puede apoyar la Comisión, el principio que prevalece en el Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C-407/04 P, Rec. p. I-829, apartado 63, y sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T-67/00, T-68/00, T-71/00 y T-78/00, Rec. p. II-2501, apartado 273). Al ser notorias tanto la prohibición de participar en estos acuerdos y prácticas contrarios a la competencia como las sanciones a las que pueden exponerse los infractores, es habitual que dichos acuerdos y prácticas se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, a menudo en un país tercero, y que la documentación al respecto se reduzca a lo mínimo. Aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, como las actas de una reunión, dichos documentos sólo tendrán por lo general carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartados 55 a 57). Tales indicios y coincidencias no sólo pueden arrojar luz sobre la existencia de prácticas o acuerdos contrarios a la competencia, sino también sobre la duración de un comportamiento anticompetitivo continuado y sobre el período de aplicación de un acuerdo que vulnera las normas en materia de competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, apartado 166).

103. Es necesario que la Comisión invoque pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que la infracción fue cometida (véanse las sentencias del Tribunal de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T-62/98, Rec. p. II-2707, apartados 43 y 72, y la jurisprudencia citada, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T-38/02, Rec. p. II-4407, apartado 217). Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución (véase el apartado 102 anterior), apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (sentencias JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartado 180, y Groupe Danone/Comisión, antes citada, apartado 218; véanse también en ese sentido las sentencias del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, «PVC II», T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931, apartados 768 a 778, y en especial el apartado 777). Respecto a la duración, la jurisprudencia establece que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas (sentencias Technische Unie/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartado 169; Dunlop Slazenger/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 51).

104. En cuanto al valor probatorio que debe reconocerse a los diferentes medios de prueba, hay que destacar que el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartado 63; véanse las sentencias del Tribunal de 5 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T-44/00, Rec. p. II-2223, apartado 84, y la jurisprudencia citada; y JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartado 273). Según las reglas generalmente aplicables en materia de prueba, la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario, y de su contenido (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T-25/95, T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-42/95 a T-46/95, T-48/95, T-50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 y T-104/95, Rec. p. II-491, apartado 1053; conclusiones del Juez Sr. Vesterdorf en funciones de Abogado General presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T-1/89, Rec. pp. II-867, II-869 y II-956). Debe concederse gran importancia en especial al hecho de que un documento se haya elaborado en relación inmediata con los hechos (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión, T-157/94, Rec. p. II-707, apartado 312) o por un testigo directo de esos hechos (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartado 207). Los documentos de los que se desprende que hubo contactos entre varias empresas y que éstas persiguieron precisamente la finalidad de eliminar de antemano la incertidumbre referente al comportamiento futuro de sus competidores demuestran de forma suficiente en Derecho la existencia de una práctica concertada (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 175 y 179). Además, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartados 207, 211 y 212).

105. Por otro lado, se ha juzgado reiteradamente que el hecho de comunicar información a los competidores con el fin de preparar un acuerdo anticompetitivo basta para probar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE (sentencias del Tribunal de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T-148/89, Rec. p. II-1063, apartado 82, y de 8 de julio de 2008, BPB/Comisión, T-53/03, Rec. p. II-1333, apartado 178).

106. Por último, hay que recordar que en un recurso de anulación interpuesto en virtud del artículo 230 CE (actualmente artículo 263 TFUE) contra una decisión de la Comisión que constata la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a sus destinatarios, el papel del juez que conoce del asunto consiste en valorar si las pruebas y demás circunstancias invocadas por la Comisión en su decisión bastan para acreditar la existencia de la infracción (sentencia JFE Engineering/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartados 174 y 175; véase también en ese sentido la sentencia «PVC II», citada en el apartado 103 supra, apartado 891). Las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a la empresa destinataria de la decisión, por lo que el juez no puede concluir que la Comisión ha acreditado con arreglo a Derecho la existencia de la infracción de que se trate si aún alberga dudas sobre esta cuestión (sentencias JFE Engineering/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartado 177, y Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 103 supra, apartado 215). En efecto, en esta última situación es preciso tener en cuenta la presunción de inocencia, tal y como se halla recogida en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6 TUE, apartado 2, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1). Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones contempladas, así como la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica en particular a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia susceptibles de conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, apartados 149 y 150, y Montecatini/Comisión, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, apartados 175 y 176; sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 103 supra, apartado 216).

107. La existencia de una infracción debe apreciarse únicamente en función de los elementos de prueba reunidos por la Comisión en la decisión que declara dicha infracción y la única cuestión pertinente es la de saber en el fondo si se aportó o no la prueba de la infracción a la vista de esos elementos (sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada en el apartado 104 supra, apartado 726).

108. Por último, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, apartado 63; de 30 de septiembre de 2003, Alemania/Comisión, C-301/96, Rec. p. I-9919, apartado 87, y de 22 de junio de 2004, Portugal/Comisión, C-42/01, Rec. p. I-6079, apartado 66).

109. La jurisprudencia antes mencionada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE y a las decisiones de la Comisión adoptadas en aplicación de ese artículo.

110. En relación con las reglas expuestas en los apartados 100 a 109 anteriores hay que verificar si la Comisión puso de manifiesto en la Decisión impugnada elementos suficientemente creíbles, precisos y concordantes para sustentar, en el contexto de una apreciación global y tras el examen de las explicaciones o justificaciones alternativas presentadas por la demandante, la firme convicción de que ésta se reincorporó al cartel a partir del 3 de septiembre de 1996, y en qué medida participó en la infracción entre esa fecha y el 9 de mayo de 2000, dado que esa parte no niega su participación en la infracción durante el período anterior que va de 1986 a 1992, ni en el período posterior que va del 9 de mayo de 2000 al 2 de mayo de 2007.

b) Sobre la participación de la demandante en la infracción entre el 3 de septiembre de 1996 y el 9 de mayo de 2000

111. La argumentación de la demandante supone diferenciar dos períodos: por un lado, el que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997, por el que se le impuso una multa y respecto al que esa parte impugna en sustancia que la Comisión se haya servido en relación con ella de los medios de prueba que la propia parte había aportado y que permitieron a la Comisión considerar que la infracción había continuado hasta el 13 de mayo de 1997, y por otro lado el período que va del 13 de mayo de 1997 al 9 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «período intermedio»), por el que la Comisión no le impuso ninguna multa y acerca del cual la demandante alega en sustancia que los medios de prueba apreciados por la Comisión en relación con ella sólo demuestran su intención de hacer creer a los otros miembros del cartel en cierta disposición de esa empresa para discutir, pero con ánimo de engañarles y evitar sus represalias, y no su implicación en el cartel, incluso en ese período de actividad reducida.

Sobre el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997

112. Conviene apreciar ante todo la sexta parte del segundo motivo.

113. En efecto, hay que examinar si es fundada la alegación por la demandante de que, atendiendo al texto del párrafo último del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación, en relación con el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997 la Comisión no podía apreciar contra ella los medios de prueba que esa misma parte le había facilitado en el marco de su solicitud de clemencia.

– Sobre el alcance del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación

114. El artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 dispone que, a fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.

115. De reiterada jurisprudencia resulta que la Comisión dispone dentro de los límites previstos por el Reglamento nº 1/2003 de una amplia facultad de apreciación en el ejercicio de su potestad de imponer esas multas (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartado 172, y de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P y C-137/07 P, Rec. p. I-8681, apartado 123). No obstante, esa potestad es limitada: en efecto, cuando la Comisión adopta unas Directrices a fin de precisar los criterios que piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación, respetando lo dispuesto en el Tratado, ello supone una autolimitación de dicha facultad, ya que queda obligada a cumplir las normas indicativas que ella misma se ha impuesto (véanse en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2010, Lafarge/Comisión, C-413/08 P, Rec. p. I-5361, apartado 95, y la sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 2008, Carbone-Lorraine/Comisión, T-73/04, Rec. p. II-2661, apartado 192, y la jurisprudencia citada). La Comisión no puede apartarse de ellas, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato o de protección de la confianza legítima (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes citada, apartado 209).

116. Dentro de ese marco se han de considerar los puntos 23 a 26 de la Comunicación sobre la cooperación, que establecen:

«(23) Una empresa que revele su participación en un presunto cartel que afecte a la Comunidad y no cumpla los requisitos establecidas en la sección II podrá beneficiarse de una reducción del importe de la multa que de otro modo le habría sido impuesta.

(24) Para ello, la empresa deberá facilitar a la Comisión elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión y deberá cumplir las condiciones cumulativas establecidas en el punto (12), letras a) a c).

(25) El concepto de “valor añadido” alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan la capacidad de la Comisión de probar los hechos de que se trata, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle o por ambos conceptos. En esta evaluación, la Comisión […] concederá generalmente más valor a las pruebas escritas que daten del periodo en que se produjeron los hechos que a las pruebas establecidas posteriormente. Del mismo modo, los elementos de prueba incriminatorios directamente relacionados con los hechos en cuestión se considerarán, en general, de mayor valor que los que sólo guarden relación indirecta con los mismos. Asimismo, el grado de corroboración de otras fuentes necesario para poder utilizar las pruebas presentadas contra otras empresas involucradas en el caso repercutirá en el valor conferido a dichas pruebas, de tal modo que se atribuirá un mayor valor a las pruebas concluyentes que a pruebas tales como las declaraciones que exigen corroboración en caso de ser contradichas.

(26) En toda decisión adoptada al término del procedimiento administrativo, la Comisión determinará el nivel de reducción de que se beneficiará una empresa con respecto al importe de la multa que de otro modo le habría sido impuesta, que quedará establecido como se indica a continuación:

– la primera empresa que aporte valor añadido significativo: una reducción del 30 % al 50 %

[…]

Para fijar el porcentaje de reducción dentro de esos márgenes, la Comisión tendrá en cuenta la fecha en que fueron comunicados los elementos de prueba que hayan satisfecho la condición establecida en el punto (24), así como el grado de valor añadido que hayan comportado.

Si el solicitante de una reducción de la multa es el primero en facilitar pruebas concluyentes en el sentido del punto (25) que la Comisión utilice para establecer hechos adicionales que redunden en un incremento de la gravedad o de la duración de la infracción, la Comisión no tomará en cuenta estos hechos adicionales cuando fije el importe de la multa a la empresa que haya facilitado dichas pruebas.»

117. Con otras palabras, para poder beneficiarse de lo dispuesto en el párrafo último del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación, deben concurrir varias condiciones: la empresa debe aportar pruebas concluyentes en el sentido del punto 25 de la Comunicación sobre la cooperación, lo que significa que deben tener un valor añadido significativo y no necesitan corroboración; esas pruebas deben permitir acreditar hechos diferentes de los que la Comisión ya puede demostrar, que eleven la gravedad o la duración de la infracción.

118. Cuando concurran dichas condiciones la Comisión no tendrá en cuenta esos hechos para fijar el importe de la multa, en función de la gravedad y de la duración de la infracción, conforme al artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, que se impondrá a la empresa que haya permitido acreditar esos hechos con las pruebas que haya aportado a la Comisión, como precisa el párrafo último del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación.

119. Por tanto, de la última frase del párrafo último del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación se sigue que la Comisión no se apoyará en esos medios de prueba para determinar la gravedad o la duración de la infracción del solicitante de clemencia, siempre que éste reúna las condiciones previstas en el punto 26 de esa Comunicación, a la vez que permite que ese solicitante se beneficie, además, de la reducción prevista por dicha Comunicación respecto al resto del período de infracción apreciado en su contra.

120. Hay que destacar que el hecho de que el mecanismo de protección del solicitante de clemencia haya sido previsto en el punto 26 dedicado a la reducción de la multa confirma que la Comisión puede aplicar simultáneamente ambas medidas, en contra de lo que ésta mantiene.

121. La reducción porcentual de la multa debe ser por tanto proporcional al valor añadido de las pruebas aportadas por el solicitante de clemencia, y el párrafo último del punto 26 tiene además como objeto evitar que se sancione a una empresa únicamente en virtud de los medios de prueba que ella misma haya proporcionado a la Comisión.

122. Se ha de desestimar, por tanto, la tesis de la Comisión sobre esta cuestión.

– Sobre la acreditación en el presente caso de hechos adicionales que aumentan la gravedad o la duración de la infracción

123. Hay que examinar a continuación la objeción expuesta por la Comisión según la cual los medios de prueba aportados por la demandante no le permitieron demostrar hechos nuevos, siendo así que esa es una de las condiciones de aplicación del párrafo último del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación.

124. Es preciso observar que la Comunicación sobre la cooperación menciona «hechos adicionales» que permiten elevar la gravedad o la duración de la infracción.

125. En el presente caso, para demostrar la actividad del cartel entre septiembre de 1996 y mayo de 1997 la Comisión se basó en esencia en:

– [confidencial] (considerando 142 de la Decisión impugnada);

– [confidencial] (considerandos 143 a 145 de la Decisión impugnada);

– «cuatro ejemplos de comunicación con otros miembros del cartel entre mayo de 1995 y marzo de 1996 y entre septiembre de 1996 y enero de 1997, grabados en disquetes descubiertos en los locales del Sr. W. […]» (considerando 139 de la Decisión impugnada); puntualiza sin embargo en la nota 216 de la Decisión impugnada que «aunque los repertorios de esos disquetes ponen de manifiesto otros numerosos expedientes de ese período con nombres similares, lo que sugiere que consisten en otros faxes intercambiados por los miembros del cartel, la Comisión no utilizará el contenido de esos expedientes como medios de prueba en la medida en que no formaban parte del expediente accesible de la Comisión»;

– la respuesta de Bridgestone al pliego de cargos (« Bridgestone ha mantenido que el cartel establecido en 1986 había dejado de existir en la primavera de 1997») (considerando 291 de la Decisión impugnada);

– las respuestas de DOM al mismo pliego de cargos («DOM ha mantenido que [estaba] claramente demostrado que el cartel dejó de operar durante el período que va de marzo de 1997 hasta 1999») (considerando 292 de la Decisión impugnada);

– el historial de la actividad elaborado por el Sr. W. («3/97: cese de toda cooperación») (considerando 157 de la Decisión impugnada);

– las declaraciones de [confidencial] («el club de las mangueras marinas casi había desparecido en 1998») (considerando 151 de la Decisión impugnada);

– respuestas a la solicitud de información de P., de 29 de junio de 2007, y de Trelleborg, de 15 de junio de 2007, y documentos descubiertos en los locales de Trelleborg y de Dunlop (punto 163 del escrito de contestación);

– y finalmente los cuadros del Sr. W. sobre el período que va de noviembre de 1996 a diciembre de 1997 y sobre los años 1998 y 1999 (considerando 165 de la Decisión impugnada).

126. La Comisión disponía así pues de un haz de indicios pero sólo tenía en su poder una sola prueba documental contemporánea, a saber [confidencial], así como los cuadros del Sr. W., de los que reconoce que no puede determinar la fecha con precisión, y las declaraciones de los diferentes miembros del cartel, si se exceptúan los medios de prueba aportados por MRI en el contexto de su solicitud de clemencia.

127. Por consiguiente, se ha de examinar si los componentes del haz de indicios apreciados por la Comisión en la Decisión impugnada para concluir que el cartel había continuado entre el 3 de septiembre de 1996 y el 13 de mayo de 1997, distintos de los medios de prueba facilitados por MRI en el contexto de su solicitud de clemencia, bastan por sí solos para alcanzar esa conclusión.

128. Conviene ante todo considerar [confidencial] dirigida a DOM (considerando 142 de la Decisión impugnada).

129. El texto de [confidencial] en cuestión está así redactado:

«Pienso que tenemos una oportunidad única de restablecer un mejor nivel de precios este año; según he comprendido, Sumed debería estar dispuesta actualmente a un aumento de precios significativo.

Estoy de acuerdo con su sugestión de dejar que C tenga una parte sustancial de ese contrato y propongo las cifras siguientes, en las que el segundo después del campeón se sitúa en PL x 0,65; tenemos que intentar eso.

Le agradeceré que confirme si todos los miembros están de acuerdo; si no es así, le ruego que envíe sugerencias lo antes posible.»

130. A ese texto sigue un cuadro en el que se reparten los diversos lotes (o partes) del contrato «Sumed» entre diferentes «campeones» designados entre las seis empresas miembros del cartel:

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131. Las referencias A 1, A 2, B 1, B 2, B 3 y C son los códigos usuales de los diferentes miembros del cartel (considerando 114 de la Decisión impugnada). Según esos códigos, Bridgestone es A 1, Yokohama Rubber A 2, DOM B1, Trelleborg B2, Parker ITR B 3 y MRI C.

132. Ese cuadro no sólo muestra que para cada lote o para cada parte del contrato se había designado un «campeón» sino que también se habían previsto el precio ofertado por el «segundo», que figura en el cuadro, en negrita, cursiva y subrayado, y los precios ofertados por los otros participantes.

133. La importancia del papel jugado por el «segundo» en la manipulación de la oferta puede deducirse también del texto del fax, que precisa en efecto que «Propongo las siguientes cifras, en las que el segundo después del campeón está en PL x 0.65».

134. Se puede constatar además que el precio del segundo designado para cada lote responde siempre a este cálculo: precio PL x 0,65. Sólo hay una excepción, para el «elemento 5», en el que según ese cálculo el precio del segundo debería ser de 29.360 (columna C, es decir, MRI) y no de 29.860. Sin embargo, con toda probabilidad se trata de un error material, porque sin duda el autor del cuadro señaló por error 29.860 en negrita y subrayado.

135. La demandante confirmó también la importancia del papel del «segundo» en sus respuestas a las preguntas escritas del Tribunal. Manifiesta en efecto que «la regla conocida del cartel consistía precisamente en decidir el precio del “segundo licitador cuyo precio ofertado era más bajo”, mientras que los detalles de la oferta del campeón [...] quedaban a su libre discreción».

136. Así pues, del cuadro resulta que la demandante es el campeón designado para una oferta, montaje que no habría sido posible sin que ella participara en las discusiones ni estuviera siquiera al corriente, como sostiene, y también que fue designada para terminar en segunda posición en dos ocasiones, incluso tres si se tiene en cuenta el error sobre el «elemento 5».

137. Para que funcionara la manipulación de la oferta prevista en ese cuadro era necesario que cada sociedad asumiera el papel que se le asignaba, y en particular el segundo, pues en caso contrario el campeón nunca habría tenido la seguridad de obtener la adjudicación.

138. De ello se deduce que no es verosímil que la minuciosa y detallada orquestación de la licitación «Sumed» que figura en ese cuadro hubiera podido funcionar sin la participación activa y voluntaria de la demandante ni que los otros miembros del cartel le asignaran el papel de «segundo» previsto para ella sin que estuviera plenamente asociada a las actividades del cartel desde septiembre de 1996.

139. De ello resulta que, aunque ese documento emane de un tercero, acredita de modo suficiente en Derecho la participación de MRI en las discusiones sobre el contrato «Sumed».

140. Por consiguiente, la argumentación de la demandante según la que, en sustancia, ignoraba totalmente ese documento y la discusión que relata debe ser desestimada.

141. Por otro lado, del cuadro elaborado por el Sr. W. (anexo 10 de la demanda, línea 87), que tiene por objeto los contratos efectivamente repartidos entre los miembros del cartel, se deduce que tres empresas se repartieron una licitación «Sumed» adjudicada en noviembre de 1996, esto es, algo más de dos meses después de la propuesta del coordinador dirigida a [confidencial]. Se trata en ese caso de Yokohama Rubber (designada como Japan C0.2), de Trelleborg (designada como European C0.2) y de MRI (designada como European C0.4).

142. Pues bien, esas son las tres empresas entre las que se repartían los lotes de la licitación «Sumed» en el cuadro que figura como anexo del fax de Trelleborg.

143. Hay que constatar ciertamente, como alega la demandante, que el cuadro del Sr. W. contiene la mención «estimaciones» (estimates) en relación con el contrato «Sumed», pero no deja de ser cierto que los tres adjudicatarios de los lotes corresponden al reparto tal como se proponía en el fax de Trelleborg y que los importes de dos de los adjudicatarios corresponden al valor de los lotes multiplicado por el precio unitario del ganador, según resultan del mismo fax.

144. El Tribunal estima que dadas esas circunstancias no es posible que se trate de meras coincidencias o conjeturas en relación con MRI, según alega esta parte.

145. Además, el Tribunal considera que, dado que el cuadro del Sr. W. refleja así los resultados de la coordinación de la licitación «Sumed» tal como se deduce del fax de Trelleborg, la fuerza probatoria de ese medio de prueba queda reforzada.

146. Pues bien, los cuadros del Sr. W. exponen en varias páginas los resultados de diversas coordinaciones de licitaciones realizadas entre los diferentes miembros del cartel entre 1996 y finales de 1997.

147. De ello se sigue que la Comisión se sustentó fundadamente en ese cuadro no sólo para apreciar la reincorporación de MRI al cartel desde el 3 de septiembre de 1996 y su participación plena y completa hasta el 13 de mayo de 1997, sino también para corroborar de forma más general los medios de los que disponía, y en particular las diversas declaraciones que había obtenido (véase el apartado 125 anterior), en relación con la continuación del cartel entre los otros miembros de éste hasta dicha fecha.

148. Por tanto, la Comisión no necesitaba los documentos aportados por MRI para llegar a esa conclusión.

149. De ello se deduce que los medios de prueba facilitados por MRI a la Comisión sobre el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997 no permitieron que la Comisión comprobara una duración mayor o una gravedad superior de la infracción.

150. Carece por tanto de fundamento la pretensión de la demandante de beneficiarse de lo dispuesto en el párrafo último del punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación.

151. También resulta de ello que la Comisión puede utilizar esos medios de prueba contra esa parte.

152. En consecuencia, se debe desestimar la sexta parte del segundo motivo.

153. Además, algunos de esos medios de prueba confirman indudablemente la implicación de MRI en la coordinación de varias ofertas.

154. De esa manera, en [confidencial], el Sr. F. manifestaba:

«He rechazado esa oferta dado que modificaba el arreglo inicial que Dunlop me había ofrecido y también porque en la primera licitación sólo habíamos recibido 18 longitudes en lugar de las 36 previstas a causa de restricciones presupuestarias de Sumed. Estamos seguros de que Kléber tiene problemas con las 24” en Sumed y por esa razón sólo han recibido 4 longitudes en lugar de las 12 indicadas en una licitación precedente.»

155. Ahora bien, en el cuadro que figura como anexo del fax de Trelleborg (véase el apartado 130 anterior), se designa a MRI como campeón para un lote de 36 longitudes de FF 20’’ y «Kléber» –es decir Trelleborg– para cinco lotes, uno de los cuales de 12 longitudes de FF 24’’.

156. Las referencias del Sr. F. a un precedente contrato «Sumed» corresponden perfectamente por tanto al cuadro que figura como anexo de [confidencial] (véase el apartado 130 anterior), lo que no puede ser tan sólo una coincidencia.

157. Además, las precisiones que figuran en esa comunicación permiten comprender la mención «estimaciones» aportada por el Sr. W. en su cuadro acerca de la licitación «Sumed» que es objeto de [confidencial] indicando que MRI obtuvo finalmente un lote menos importante que el inicialmente previsto.

158. Así pues, debe desestimarse por lo demás la argumentación de la demandante según la cual, en sustancia, ya no le es posible actualmente determinar si la oferta «Sumed» a la que se hace referencia en esa [confidencial] corresponde a la mencionada en [confidencial].

159. En cuanto fuere necesario (véase el apartado 147 anterior), queda confirmada así la participación de la demandante en la infracción desde el 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997.

Sobre el período intermedio

160. Según reiterada jurisprudencia, el concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, apartado 115, y Hüls/Comisión, citada en el apartado 106 supra, apartado 158).

161. En este sentido, el artículo 81 CE, apartado 1, se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos que pueda influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, o desvelar a dicho competidor el comportamiento que el operador económico en cuestión ha decidido mantener en el mercado o que pretende seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto restringir la competencia (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 160 supra, apartados 116 y 117).

162. El hecho de comunicar información a los competidores con el fin de preparar un acuerdo anticompetitivo basta para probar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE (sentencias Tréfilunion/Comisión, citada en el apartado 105 supra, apartado 82, y BPB/Comisión, citada en el apartado 105 supra, apartado 178).

163. Según jurisprudencia consolidada, los conceptos de acuerdo y de práctica concertada, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 160 supra, apartados 131 y 132, y sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T-9/99, Rec. p. II-1487, apartado 190).

164. En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 81 CE (véase en ese sentido la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 160 supra, apartados 111 a 114, y la sentencia PVC II, citada en el apartado 103 supra, apartado 696).

165. Ha de entenderse que la doble calificación de la infracción de acuerdo «y/o» de práctica concertada designa un todo complejo que incluye una serie de elementos de hecho, algunos de los cuales se han calificado de acuerdo y otros de práctica concertada a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, el cual no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja (sentencias del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartado 264, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 163 supra, apartado 187).

166. Es preciso observar que en el presente caso la Comisión decidió sancionar a la demandante y sus competidores por haber participado «en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en el sector de las mangueras marinas» durante el período considerado.

167. En los considerandos 263 a 272 de la Decisión impugnada expuso cómo se proponía calificar los hechos ilícitos de los que tenía conocimiento y precisó en particular en los considerandos 271 y 272 de la Decisión impugnada que los intercambios de información constituían prácticas concertadas.

168. Reprochó a la demandante haber intercambiado informaciones con algunos miembros del cartel durante el período intermedio con vistas en especial a reactivar el cartel.

169. Pues bien, el hecho de comunicar informaciones a sus competidores con vistas a preparar un acuerdo anticompetitivo basta para probar la existencia de una práctica concertada a efectos del artículo 81 CE (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009, T-Mobile Netherlands y otros, C-8/08, Rec. p. I-4529, apartados 51 y 52, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en ese asunto, Rec. p. I-4523, puntos 90 y 91, y la jurisprudencia citada).

170. La cuestión de si ese comportamiento se ha producido dentro de la «estructura del club» o fuera de ella es por tanto irrelevante y la argumentación expuesta por la demandante sobre ello en la tercera parte del segundo motivo debe ser desestimada.

171. De la Decisión impugnada resulta por otro lado que la demandante se retiró del cartel en 1992.

172. Por otra parte, también está acreditado que la demandante se reincorporó al cartel en 1996 con ocasión de la manipulación de la licitación «Sumed», lo que significó una atribución de cuotas y una fijación de los precios en el mercado de las mangueras marinas a raíz de una concertación a ese efecto en la que debe estimarse que la demandante tomó parte (véase los apartados 128 a 159 anteriores).

173. En cuanto al período intermedio que iba de mayo de 1997 a mayo de 2000, en lo que atañe a la demandante, conviene ante todo precisar que ésta confirmó en la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal que su motivo de recurso se limitaba únicamente a los medios de prueba relacionados con el período que va del 3 de septiembre de 1996 al 13 de mayo de 1997.

174. Por tanto, la Comisión podía utilizar esos medios de prueba para demostrar que la demandante había tomado parte en ciertos contactos y discusiones durante el período intermedio.

175. La demandante rebate sin embargo el alcance de esos contactos y la interpretación que la Comisión hace de los documentos que los relatan.

176. En consecuencia, es preciso examinar esos documentos para determinar si la Comisión concluyó válidamente que la demandante había participado en una infracción continua durante el período intermedio, pese a no haberse impuesto multa alguna a esa parte y a los otros miembros del cartel por dicho período.

177. A la luz de los documentos de la demandante [confidencial] (considerandos 174 y 176 de la Decisión impugnada), hay que observar que ésos permiten acreditar cuando menos que el Sr. W. se puso en contacto con el Sr. F., de MRI, acerca de tres licitaciones (CPC Taiwan, Ancap Uruguay y Petrobras Brazil), tentativa de coordinación ésa en la que también intervinieron Bridgestone, DOM, Yokohama Rubber y Parker ITR, por un lado, y por otro lado que, aunque el Sr. F. rechazó la oferta que se le hacía, el cartel intentaba cuando menos funcionar en esa época. No cabe así pues duda alguna de que las diferentes empresas estaban en contacto entre ellas y con la demandante para coordinar ciertas licitaciones. El hecho de que esos documentos puedan hacer pensar que no todo funcionaba bien en el cartel y que existían discordancias se ajusta por lo demás al análisis de ese período por la Comisión en la Decisión impugnada. Respecto al documento del Sr. F. fechado el 4 de febrero de 1999, en el que traza un historial del cartel pero presenta también la situación existente en esa época, documento destinado a uno de los agentes comerciales de la demandante, es necesario constatar que, aun si el Sr. F. afirma en él que la demandante no forma parte del cartel, ese documento acredita cuando menos contactos con otros miembros del cartel en los que participó el Sr. F. Por tanto, esos documentos demuestran claramente que hubo contactos entre las diferentes empresas interesadas con vistas al menos a intentar coordinar ofertas.

178. [confidencial] (considerando 177 de la Decisión impugnada) demuestra la existencia de contactos entre diversos protagonistas del cartel (el Sr. W., el Sr. F. y el Sr. P.), en cuya ocasión intercambiaron datos comerciales. El hecho de que el cartel pasaba entonces por un momento de crisis, como también demuestra ese documento, no exime a esos contactos de su carácter ilícito. Además, el cartel se reanudó poco después de esos contactos, lo que tiende a corroborar la idea de que contribuyeron a reactivarlo, y ello aunque la demandante misma no volvió a ser parte en él hasta un año después que los otros protagonistas.

179. La [confidencial] (considerando 201 de la Decisión impugnada) acredita un contacto entre el Sr. C. y el Sr. F. en un momento en el que el cartel aún no se había reanudado plenamente, al menos en lo que se refiere a la demandante. Demuestra sin embargo que el Sr. C. y el Sr. F intercambiaron informaciones comerciales sensibles, y también que el Sr. F. buscaba un nuevo modo de operar del cartel ya en ese momento, en especial en lo que atañe a la coordinación del cartel, a la vez que intentaba fijar ya la cuota de mercado de la demandante en el 12 %. Como indica además la Comisión, ese medio de prueba debe entenderse con la perspectiva de las reuniones que volvieron a tener lugar desde junio de 1999. Si bien es cierto que la implicación plena y completa de la demandante no comenzó hasta más tarde, no deja de serlo también que ya en ese momento esa parte preparaba su regreso al cartel y colaboraba al menos con algunos de sus competidores desde fuera de él.

180. Finalmente, el documento titulado [confidencial] (considerando 190 de la Decisión impugnada) demuestra claramente el marco de la cooperación renovada. La demandante afirma que no participó en la reunión, lo que no rebate la Comisión, y que el hecho de que la cuota de mercado que se le atribuía figurase en ese documento no significa que formara parte del cartel. Es cierto que la Comisión consideró que esa parte no se había reincorporado al cartel sino a partir del 9 de mayo de 2000 (véase el considerando 202 de la Decisión impugnada, en el que la Comisión manifiesta que dispone de pruebas de que desde ese momento se atribuyeron de nuevo cuotas a MRI). No obstante, existen en primer lugar una prueba directa de que la demandante mantuvo contactos reprochables con vistas a reincorporarse al cartel en junio de 1999 (la comunicación interna de la demandante de 30 de junio de 1999), en segundo lugar un documento distribuido en diciembre de 1999, en el contexto de una reunión que tuvo lugar después de la reanudación del cartel por los otros miembros de éste, en el que se fija la cuota de mercado que corresponderá a la demandante, y en tercer lugar pruebas de que esa empresa se reincorporó efectivamente al cartel en mayo de 2000, lo que ésta no refuta por lo demás. Por consiguiente, hay que considerar que, toda vez que los otros miembros del cartel habían reanudado sus actividades ilícitas, la cuota de mercado que se proponían reservar para la demandante sólo podía derivar de una coordinación avanzada con ella. Pues bien, está acreditado que MRI negociaba las condiciones de su retorno al cartel en junio de 1999, esto es, seis meses antes de la elaboración de los cuadros distribuidos en diciembre de 1999. Esos cuadros constituyen por tanto un indicio especialmente serio de la participación de la demandante en diciembre de 1999 en las discusiones sobre el reparto y la coordinación de las cuotas de mercado de los miembros del cartel.

181. Como conclusión, se ha de estimar que la Comisión ha aportado pruebas suficientes acreditativas de una conducta infractora de la demandante en el período intermedio, reducida ciertamente en relación con los períodos anteriores y posteriores, lo que por lo demás condujo a la Comisión a no imponerle multa por ese período.

182. Se tienen que desestimar en lo demás las alegaciones de la demandante según las cuales al actuar así se proponía dar a los otros miembros del cartel la impresión de cierto interés en su reactivación, a la vez que se protegía de posibles represalias comerciales mediante esa simulación.

183. En efecto, no sólo son irrelevantes las supuestas intenciones de la demandante al respecto, sino que hay que constatar además que esa parte reconoce así que, al mantener contactos con los otros miembros del cartel, intentó protegerse de la competencia que ellos le pudieran hacer, lo que basta para demostrar la existencia de una infracción.

184. Además, los documentos antes referidos prueban que esos contactos tuvieron como objeto esencial la reactivación del cartel y que la demandante tomó parte en ellos especialmente para negociar la posición que le correspondía dentro de él.

185. Hay que desestimar por tanto su argumentación según la cual sólo tomó parte en esas discusiones para engañar a sus antiguos, y futuros, asociados en el cartel, y afirma aportar una explicación alternativa verosímil de los diversos documentos apreciados por la Comisión para acreditar su participación en la infracción durante el período intermedio.

186. Por lo demás, los diversos medios de prueba – [confidencial] – que la demandante invoca en apoyo de su tesis no desvirtúan en nada esa conclusión.

187. En efecto, esos diferentes documentos demuestran sin lugar a dudas que MRI se reincorporó plenamente al cartel en mayo de 2000, pero no desmienten la realidad de sus maniobras con vistas a esa reincorporación durante los años precedentes.

188. Debe desestimarse por tanto la argumentación de la demandante en lo demás.

c) Sobre la existencia de una infracción continua

189. La demandante refuta en sustancia por una parte que la infracción fuera continua entre el 3 de septiembre de 1996 y el 13 de mayo de 1997 y estima que, en caso de que hubieran de apreciarse contra ella infracciones durante ese período, se trataría de infracciones aisladas, no ligadas con los períodos anteriores y posteriores, y por otra parte que la infracción fuera continua entre el 13 de mayo de 1997 y el 9 de mayo de 2000, ya que no tomó parte en las discusiones con fines anticompetitivos, sino por el contrario para protegerse de potenciales represalias de los otros miembros del cartel, y afirma que de cualquier modo la Comisión no puede apreciar simultáneamente la existencia de una infracción continua a la vez que constata la existencia de una actividad reducida a causa de una situación de crisis entre los miembros del cartel, que le lleva por otro lado a no imponer multa por ese período.

Sobre el concepto de infracción continua y de infracción continuada

190. A tenor del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, el plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto de las infracciones continuas o continuadas, la prescripción sólo empezará a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción.

191. La jurisprudencia ha precisado sobre ello que en la mayoría de los casos la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia. Tales indicios y coincidencias, cuando se valoran en conjunto, no sólo pueden revelar la existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la duración de un comportamiento anticompetitivo continuado y el período de aplicación de acuerdos celebrados en contra de las reglas en materia de competencia (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 57, y de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartados 94 a 96, y la jurisprudencia citada).

192. Por otra parte, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Cuando las distintas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 258, y Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, citada en el apartado 191 supra, apartado 110).

193. Acerca de la falta de prueba de la existencia de un acuerdo durante algunos períodos determinados, o cuando menos de su ejecución por una empresa durante un período específico, conviene recordar que el hecho de que no se haya aportado la prueba de la infracción para algunos períodos determinados no impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que dura varios años, el hecho de que las manifestaciones del cartel se produzcan en períodos diferentes, pudiendo separarse por intervalos de tiempo más o menos largos, no influye en la existencia de dicho cartel, siempre que las diferentes acciones que formen parte de esta infracción persigan una única finalidad y se inscriban en el marco de una infracción única y continua (sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, citada en el apartado 191 supra, apartados 97 y 98; véase también en ese sentido la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 100 supra, apartado 260).

194. La jurisprudencia ha identificado en ese sentido varios criterios pertinentes para apreciar el carácter único de una infracción, a saber la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas (véanse en ese sentido la sentencia Technische Unie/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartados 170 y 171, y las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, Dansk Rørindustri/Comisión, T-21/99, Rec. p. II-1681, apartado 67, y de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T-43/02, Rec. p. II-3435, apartado 312), la identidad de los productos y de los servicios afectados (véanse en ese sentido las sentencias de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T-71/03, T-74/03, T-87/03 y T-91/03, no publicada en la Recopilación, apartados 118, 119 y 124, y Jungbunzlauer/Comisión, antes citada, apartado 312), la identidad de las empresas que han participado en ella (sentencia Jungbunzlauer/Comisión, antes citada, apartado 312) y la identidad de las formas de su puesta en práctica (sentencia Dansk Rørindustri/Comisión, antes citada, apartado 68). Además, la identidad de las personas físicas que intervienen por cuenta de las empresas y la identidad del ámbito geográfico de aplicación de las prácticas de que se trata pueden tomarse en consideración a los efectos del examen.

195. La jurisprudencia permite así pues que la Comisión presuma que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aun si no dispone de pruebas de la infracción en algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de la infracción persigan una finalidad única y puedan inscribirse en el marco de una infracción de carácter único y continuo, constatación ésa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes demostrativos de la existencia de un plan conjunto.

196. Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción tomado en consideración y determine la fecha en la que comienza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua haya finalizado.

197. Sin embargo, las empresas a las que se imputa la colusión pueden desvirtuar esa presunción, invocando indicios o medios de prueba acreditativos de que, por el contrario, la infracción, o su participación en ella, no continuó durante esos mismos períodos.

198. Por otro lado, es preciso distinguir el concepto de infracción continuada del de infracción continua (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 19 de mayo de 2010, IMI y otros/Comisión, T-18/05, Rec. p. II-1769, apartados 96 y 97), distinción que por lo demás confirma el uso de la conjunción «o» en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

199. Cuando se puede demostrar que la participación de una empresa en la infracción se ha interrumpido y que la infracción cometida por la empresa antes y después de ese período presenta las mismas características, que se han apreciar atendiendo en especial a la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han tomado parte en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas implicadas por cuenta de las empresas y por último del ámbito geográfico de aplicación de esas prácticas, la infracción considerada debe calificarse como única y continuada.

200. En ese supuesto la Comisión no puede imponer una multa por el período durante el que se interrumpió la infracción.

201. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1/2003, la duración de la interrupción no puede exceder de cinco años, en cuyo caso habría prescrito la facultad de imponer una multa por el período de infracción anterior a esa interrupción.

Sobre la existencia de una infracción continua en el presente asunto

202. Por tanto, es preciso determinar si en esas circunstancias la Comisión podía apreciar válidamente en contra de la demandante la existencia de una infracción continua entre el 1 de abril de 1986 y el 1 de agosto de 1992 y entre el 3 de septiembre de 1996 y el 2 de mayo de 2007.

203. Hay que recordar que de la Decisión impugnada resulta que las empresas a las que ésta se refiere participaron, de forma a veces diferente, en una infracción materializada en la adjudicación de licitaciones, la fijación de los precios, la fijación de cuotas, el establecimiento de condiciones de venta, el reparto de los mercados geográficos y el intercambio de informaciones sensibles sobre los precios, los volúmenes de ventas y las licitaciones en el mercado mundial de las mangueras marinas.

204. Se debe observar al respecto que la existencia de un plan conjunto se pone de manifiesto con claridad en la Decisión impugnada. Ese plan nace de la identidad antes y después del período intermedio de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas participantes en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y por último del ámbito geográfico de aplicación de esas prácticas.

205. Además, las conductas que tenían como objetivo allanar las divergencias entre los miembros del cartel y reactivar éste durante el período intermedio, según resultan de los documentos aportados por la demandante que se analizan en los apartados 177 a 180 anteriores, deben considerarse en consecuencia como parte integrante del plan conjunto perseguido por los miembros del cartel.

206. Por otro lado, oída la demandante en la vista sobre ese aspecto, esa parte no niega haber tomado parte en la infracción entre el 1 de abril de 1986 y el 1 de agosto de 1992 y más tarde entre el 9 de mayo de 2000 y el 2 de mayo de 2007.

207. La demandante afirma ciertamente que se trata de infracciones diferentes y que no pueden calificarse como infracción continua o continuada, lo que confirmó en la vista, pero se tiene que considerar que la existencia de un plan conjunto se deduce claramente de la Decisión impugnada, atendiendo a la identidad entre 1986 y 2007 de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas participantes en la colusión, de las principales formas de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y por último del ámbito geográfico de aplicación de esas prácticas.

208. Se ha acreditado además que la demandante se reincorporó al cartel el 3 de septiembre de 1996 y participó en la infracción hasta el 13 de mayo de 1997 (véanse los anteriores apartados 147 y siguientes) y que tomó parte activa en las discusiones mantenidas durante el período intermedio con vistas a reactivar el cartel y reincorporarse a éste (véanse los anteriores apartados 181 y siguientes).

209. El Tribunal ha desestimado por otra parte las explicaciones alternativas que la demandante ha expuesto acerca de su conducta durante