Palabras clave

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Palabras clave

1. Agricultura – Organización común de mercados – Plátano – Régimen de importaciones – Reglamento (CEE) nº 404/93 – Operadores autorizados a participar en el reparto de los contingentes arancelarios – Inexistencia de definición – Delegación de la competencia de ejecución a la Comisión que otorga a ésta un amplio margen de apreciación – Reglamento (CE) nº 896/2001, en el que se define a dichos operadores

[Art. 211 CE; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, arts. 18 y 19; Reglamento (CE) nº 896/2001 de la Comisión, art. 3]

2. Derecho comunitario – Principios – Protección de la confianza legítima – Límites – Modificación de la normativa relativa a los contingentes arancelarios para las importaciones de plátanos – Facultad de apreciación de las instituciones – Adaptación de la normativa a las variaciones de la situación económica – Imposibilidad de invocar la protección de la confianza legítima

[Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo]

3. Derecho comunitario – Principios – Derechos fundamentales – Libre ejercicio de las actividades profesionales – Restricciones – Reglamento (CE) nº 896/2001, relativo a los contingentes arancelarios para las importaciones de plátanos – Disposición que excluye de la categoría de los «operadores no tradicionales» a las personas vinculadas a un operador tradicional – Restricción justificada por el interés general – Procedencia

[Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CE) nº 896/2001 de la Comisión, art. 6, letra c), y Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 143]

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1. De la estructura del Tratado, en la que debe colocarse el artículo 211 CE, así como de las exigencias de la práctica, resulta que el concepto de ejecución ha de interpretarse en sentido amplio. El Consejo puede verse llevado a conceder a la Comisión amplias facultades en el ámbito de la política agrícola, en particular, por ser esta institución la única capaz de seguir de manera constante y atenta la evolución de los mercados agrarios y de actuar con la urgencia que requiera la situación. Por consiguiente, los límites de estas facultades deben apreciarse especialmente en función de los objetivos generales esenciales de la organización del mercado de que se trate y la Comisión puede aprobar todas las normas de desarrollo necesarias o útiles para la ejecución de la normativa de base, siempre que no sean contrarias a ésta o a la normativa de desarrollo del Consejo.

Por lo que se refiere, en particular, a la gestión de los contingentes arancelarios para las importaciones de plátanos en la Comunidad, el Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, en su versión modificada por el Reglamento nº 216/2001, confiere a la Comisión, en su artículo 20, la facultad de adoptar las disposiciones de aplicación y, en particular, las normas de gestión de los contingentes arancelarios mencionados en el artículo 18 de dicho Reglamento, y no contiene una definición de los operadores admitidos al reparto de los contingentes arancelarios, lo que otorga claramente un amplio margen de apreciación a la Comisión. En consecuencia, una disposición adoptada por la Comisión, que lleva a reservar una parte importante en el reparto de los contingentes arancelarios a los operadores económicos que asumen el riesgo comercial derivado de la producción o de la adquisición a los productores y del transporte de productos frescos, entra en el ámbito de la facultad de apreciación otorgada a esta institución para la ejecución de la normativa de base, puesto que puede contribuir al buen funcionamiento del régimen de importación y no tiende a perturbar el abastecimiento equilibrado del mercado comunitario que la normativa de base pretende garantizar.

(véanse los apartados 54 a 57 y 59)

2. Si bien el principio del respeto de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Comunidad, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente, que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias, y esto ocurre especialmente en un ámbito como el de las organizaciones comunes de mercados, cuyo objeto lleva consigo una adaptación constante en función de las variaciones de la situación económica.

Así, los operadores económicos interesados en las importaciones de plátanos en la Comunidad no pueden abrigar ninguna esperanza de que se mantenga la normativa aplicable, ya que ésta, no sólo ha sido modificada en numerosas ocasiones, en particular como consecuencia de los compromisos internacionales contraídos por la Comunidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sino que además requiere una adaptación constante en función de las variaciones de la situación económica, lo que otorga a las instituciones comunitarias un amplio margen de apreciación.

(véanse los apartados 70 y 71)

3. El libre ejercicio de una actividad profesional, al igual que el derecho de propiedad, forma parte de los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, estos principios no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al libre ejercicio de una actividad profesional, así como al derecho de propiedad, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados.

Tal es el caso del artículo 6, letra c), del Reglamento nº 896/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo que atañe al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, que restringe el libre ejercicio de una actividad profesional al no permitir a las personas vinculadas a un operador tradicional, con arreglo al artículo 143 del Reglamento nº 2454/93, participar en los contingentes arancelarios en calidad de operador no tradicional. En efecto, esta restricción responde a un objetivo de interés general, que es el de luchar contra las prácticas especulativas o artificiales en materia de entrega de certificados de importación, y no constituye, habida cuenta de dicho objetivo, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho al libre ejercicio de una actividad profesional.

(véanse los apartados 82 a 85)