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2.

De conformidad con el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo de la misma disposición, interponer recurso contra un acto del que no sea destinataria en dos supuestos alternativos: por una parte, si el acto en cuestión la afecta directa e individualmente y, por otra, si se trata de un acto reglamentario que la afecte directamente y que no incluya medidas de ejecución. Ambos supuestos presuponen que el acto impugnado afecte directamente a la parte demandante. A este respecto, el concepto de afectación directa del segundo de los supuestos no puede interpretarse más restrictivamente que el concepto de afectación directa del primero de ellos. Además, nada permite considerar que en el presente asunto el requisito de la afectación directa debiera interpretarse menos restrictivamente en el caso de que el acto impugnado fuera un acto reglamentario que no incluyera medidas de ejecución. En este contexto, el requisito de que el acto de la Unión afecte directamente a una persona física o jurídica implica que el acto impugnado deba producir directamente efectos en la situación jurídica del particular y no dejar ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin intervención de otras normas intermedias. Lo mismo sucede cuando la posibilidad que los destinatarios tienen de no aplicar al acto de la Unión es meramente teórica, por no existir duda alguna de su voluntad de que se realicen las consecuencias de dicho acto. (véanse los apartados 16 a 18, 20 y 21)
16

El 25 de marzo de 2013, el Gobernador del BCC sometió al BoC y al Laïki a un procedimiento de saneamiento. Sobre la base de la Ley de 22 de marzo de 2013, el 29 de marzo de 2013 se publicaron dos decretos al efecto, a saber: — el to peri diasosis me idia mesa tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias Ltd Diatagma tou 2013, Kanonistiki Dioikitiki Praxi No. 103 [Decreto de 2013 sobre el saneamiento del BoC mediante recursos propios, acto administrativo reglamentario no 103; EE, anexo III(I), no 4645, 29.3.2013, pp. 769 a 780; en lo sucesivo, «Decreto no 103»], y — el to Peri tis Polisis Orismenon Ergasion tis Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Diatagma tou 2013, Kanonistiki Dioikitiki Praxi No. 104 [Decreto de 2013 sobre la venta de determinadas actividades del Laïki, acto administrativo reglamentario no 104; EE, anexo III(I), no 4645, 29.3.2013, pp. 781 a 788; en lo sucesivo, «Decreto no 104»].
8

El demandante también impugnó ante el Parlamento Europeo la proclamación de la elección del Sr. Occhetto como diputado europeo sustituyendo al Sr. Di Pietro. Esa impugnación fue examinada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento en su reunión de 21 de junio de 2006. Tras haber apreciado que, conforme al artículo 12 del Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la Decisión 76/787, en su versión modificada y renumerada, esa impugnación no era admisible debido a que se basaba en la legge n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (Ley no 18 relativa a la elección de los representantes italianos al Parlamento Europeo), de 24 de enero de 1979 (GURI no 29, de 30 de enero de 1979, p. 947), la citada Comisión de Asuntos Jurídicos propuso por unanimidad declarar la validez del mandato del Sr. Occhetto. El 3 de julio de 2006, el Parlamento Europeo ratificó el mandato del Sr. Occhetto.
Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 15 de febrero de 2016 — Ezz y otros/Consejo

(Asunto T‑279/13)

«Recurso de anulación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Egipto — Medidas adoptadas contra personas responsables de apropiación indebida de capitales y personas y entidades asociadas a ellas — Congelación de fondos — Inclusión de los demandantes en la lista de las personas afectadas — Base jurídica — Inobservancia de los criterios de inclusión — Error de Derecho — Error de hecho — Derecho de propiedad — Ataque a la reputación — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de motivación — Adaptación de las pretensiones y de los motivos — Litispendencia — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de todo fundamente jurídico»

1. Procedimiento judicial — Excepción de litispendencia — Identidad de partes, objeto y motivos de dos recursos — Inadmisibilidad del recurso interpuesto en segundo lugar (véanse los apartados 22, 28 y 30)

2. Procedimiento judicial — Pretensiones de la demanda — Adaptación durante el procedimiento — Asimilación a la interposición de un recurso mediante demanda (véase el apartado 23)

3. Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Concepto — Recurso que puede reportar un beneficio al demandante — Interés que debe perdurar hasta que se pronuncie la resolución jurisdiccional (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véase el apartado 32)

4. Recurso de anulación — Admisibilidad — Desestimación de un recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse sobre la admisibilidad — Facultad de apreciación del juez de la Unión (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 38)

5. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Motivos jurídicos no expuestos en el escrito de interposición del recurso — Remisión a los anexos — Inadmisibilidad [Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véase el apartado 74)

Objeto

Anulación, por una parte, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 76, p. 63), en su versión modificada por la Decisión 2013/144/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2013 (DO L 82, p. 54), y, por otra, del Reglamento (UE) no 270/2011, «prorrogado mediante una resolución del Consejo notificada a los demandantes mediante escrito de 22 de marzo de 2013», del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 76, p. 4), en la medida en que estos actos se apliquen a los demandantes.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 20 de enero de 2015 — NICO/Consejo

(Asunto T‑6/13)

«Recurso de anulación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán — Congelación de fondos — Plazo para recurrir — Inicio del cómputo — Inadmisibilidad manifiesta»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Acto que implica medidas restrictivas respecto a una persona o entidad — Acto publicado y notificado a los destinatarios — Fecha de notificación del acto — Notificación al interesado por medio de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea — Procedencia [Arts. 263 TFUE, párrs. 4 y 6, y 275 TFUE, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 102; Decisión 2012/635/PESC del Consejo, art. 2; Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, art. 1] (véanse los apartados 14, 15, 24 a 34 y 42)

2. Procedimiento judicial — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción — Caso fortuito o de fuerza mayor (Art. 263 TFUE, párr. 6; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 45, párr. 2) (véase el apartado 35)

Objeto

Recurso de anulación parcial de la Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 58), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16), en la medida en que el nombre de la demandante se incluyó en la lista de personas y entidades a las que se aplican dichas medidas restrictivas.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
10

A este respecto, en primer lugar, el Órgano de Vigilancia de la AELC señala que el litigio versa principalmente sobre la interpretación del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1), y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). En segundo lugar, apunta que el control de las prácticas contrarias a la competencia está comprendido en uno de los ámbitos de aplicación del Acuerdo EEE, pues los términos de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE se corresponden, en esencia, con los de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, y el artículo 55 del Acuerdo EEE encomienda al Órgano de Vigilancia de la AELC la tarea de examinar las prácticas contrarias a la competencia de un modo idéntico al examen realizado por la Comisión en la Unión. Asimismo, el capítulo II, del Protocolo 4 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia se corresponde, en esencia, con el Reglamento no 1/2003. Añade que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las estipulaciones del Acuerdo EEE deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales, para los cuales el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son fuentes de interpretación importantes.
Esencialmente, demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 228, p. 16), del Reglamento (UE) nº 878/2011, del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 228, p. 1), de la Decisión 2011/684/PESC del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 269, p. 33), así como del Reglamento (UE) nº 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 269, p. 18), en la medida en que dichos textos se refieren al demandante.
Una asociación sólo está legitimada, en principio, para interponer un recurso de anulación si puede invocar determinadas circunstancias especiales, en particular de carácter procesal, o si los miembros que ésta representa o alguno de ellos hubieran podido interponer válidamente un recurso por sí mismos. Pues bien, el recurso debe poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. Asimismo, el requisito establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, implica, en particular, que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular.

Eso no es lo que ocurre en el caso de un recurso de una agrupación profesional de fabricantes y de distribuidores de gouda contra el Reglamento no 1122/2010, por el que se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Gouda Holland (IGP)]. En efecto, puesto que dicho Reglamento establece claramente que la denominación «gouda» puede seguir utilizándose, una posible anulación no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la agrupación a este respecto. Además, dado que el Reglamento no 1122/2010 prevé que el término «gouda» pueda seguir utilizándose para la comercialización de quesos, este Reglamento no afecta directamente a la situación jurídica de los miembros de la referida agrupación.

Asimismo, por lo que respecta a la circunstancia de que el antedicho Reglamento generaría el riesgo de que determinados embalajes que contienen el término «gouda», utilizados con ilustraciones que hacen alusión al Reino de los Países Bajos, puedan considerarse contrarios al Reglamento no 510/2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, la anulación del Reglamento no 1122/2010 no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la agrupación, pues dicha anulación no eliminaría la obligación que impone el Derecho de la Unión de no inducir a error al consumidor en lo que se refiere al origen o a la procedencia de los alimentos.

Finalmente, no puede deducirse la existencia de ningún efecto adverso del Reglamento no 1122/2010 sobre la situación jurídica de los miembros de la agrupación de la circunstancia de que los productores que tienen derecho a utilizar la etiqueta de calidad relativa a la indicación geográfica protegida «Gouda Holland» tengan una ventaja competitiva. En efecto, el antedicho Reglamento no pretende eliminar un derecho propio de los miembros de la agrupación, sino conceder un derecho nuevo a todos los operadores, incluidos los mencionados miembros si así lo desean, cuyos productos sean conformes a lo dispuesto en el pliego de condiciones recogido en el referido Reglamento.

(véanse los apartados 18, 22, 24, 29 a 31, 38, 43 y 45)
Recurso de anulación del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48).
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Decisión que sustituye durante el procedimiento a la decisión impugnada — Negativa del demandante a adaptar en consecuencia las pretensiones del recurso — Recurso que queda sin objeto — Sobreseimiento

(Art. 230 CE)

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Si, en el marco de un recurso de anulación, el objeto del recurso desaparece durante el procedimiento, el Tribunal no puede pronunciarse sobre el fondo por cuanto tal resolución no podrá procurar beneficio alguno al demandante. La desaparición del objeto del litigio puede deberse en particular a la revocación o a la sustitución del acto impugnado durante el procedimiento.

Aunque los efectos jurídicos de un acto derogado cesan, salvo disposición en contrario, en la fecha de su derogación, un acto que es revocado y sustituido por otro desaparece totalmente del ordenamiento jurídico de la Unión. La revocación de un acto suele tener efecto ex tunc.

Un recurso de anulación puede, con carácter excepcional, no quedar sin objeto, pese a la revocación del acto cuya anulación se solicita, cuando el demandante conserve, no obstante, un interés bastante en obtener una sentencia que anule el acto de modo formal. No es éste el caso cuando, pese a la adopción por parte de la Comisión de una decisión que sustituye a la decisión impugnada durante el procedimiento, el demandante indica expresamente que no desea adaptar sus pretensiones, como le es posible hacer, y no aporta ningún elemento que justifique un interés en obtener una sentencia en la que se declare la ilegalidad formal de dicha decisión.

(véanse los apartados 14 a 18 y 20)
Pretensión de anulación de la Decisión 2008/708/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 34/06 (ex N 29/05 y ex CP 13/04), que la República Federal de Alemania tiene intención de conceder para la introducción de la televisión digital terrestre [(TDT)] en Renania del Norte-Westfalia (DO 2008, L 236, p. 10).
3)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, AboveNet Communications UK Ltd, Gamma Telecom Ltd, VTL (UK) Ltd y British Telecommunications plc cargarán con sus propias costas.
24

EI 3 de febrero de 2004 se dictó un auto por el que se desestimó la primera demanda de medidas provisionales (Envirotech y otros/Comisión, T-422/03 R, Rec. p. II-469; en lo sucesivo, «auto de 3 de febrero de 2004»). En este auto el juez de medidas provisionales estimó, esencialmente, que, sin que procediera pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso principal, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados no era de utilidad alguna para las demandantes, en la medida en que no podía tener como efecto impedir que la Comisión propusiera la nueva clasificación del nPB. En relación con las demás pretensiones de las demandantes, el juez de medidas provisionales estimó que no era necesario examinar los perjuicios supuestamente graves e irreparables alegados, ya que las premisas sobre las que se basaban eran, en todo caso, demasiado hipotéticas para justificar la concesión de medidas provisionales.
A este respecto no pueden considerarse, en principio, necesarios con motivo del procedimiento ni los gastos de desplazamiento efectuados por un abogado para reunirse personalmente con su cliente en el lugar de residencia de éste, ni los efectuados por un demandante para asistir en persona a la vista en Luxemburgo, sin que su presencia haya sido solicitada por el Tribunal de Primera Instancia o impuesta por las circunstancias, ni los efectuados por el abogado de una parte con posterioridad a la conclusión de la fase oral, especialmente para asistir en persona a la lectura de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en Luxemburgo.

El juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados sino para determinar la parte de tales retribuciones que puede recuperarse de la parte condenada en costas. Al resolver sobre la solicitud de tasación de costas, el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a tener en cuenta las normas nacionales que fijan los honorarios de los abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o abogados.

Al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir a los agentes o abogados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes.

(véanse los apartados 31 y 32)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Concentraciones — Remisión del examen de una operación de concentración a las autoridades competentes de un Estado miembro — Efectos — Competencia exclusiva de las autoridades nacionales para resolver sobre la operación — Imposibilidad de que la Comisión ejerza un control directo — Posibilidad de control mediante la incoación de un procedimiento por incumplimiento

[Art. 226 CE; Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 9, ap. 8]

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento — Exclusión

(Arts. 226 CE y 230 CE, párr. 4)

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1. El Reglamento nº 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, no establece un régimen particular de reparto de las competencias después de la decisión de remisión de una operación de concentración a las autoridades nacionales de un Estado miembro, que constituya una excepción al sistema previsto por los Tratados. Es cierto que el artículo 9, apartado 8, del Reglamento nº 4064/89 no excluye de manera expresa que la Comisión sea competente para controlar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las obligaciones previstas en las normas comunitarias sobre la competencia, de las cuales no los exime la remisión. Sin embargo, si bien este artículo impone una obligación al Estado miembro afectado, ni los Tratados ni el Derecho derivado establecen un medio especial de control que deba ejercer la Comisión.

En consecuencia, ésta sólo puede velar por el cumplimiento de la citada obligación a través del medio que ofrecen los Tratados por lo que respecta a una operación que corresponda a la competencia de este Estado miembro. En relación con la operación de concentración, sobre la cual la Comisión no ejerce un control directo después de su remisión a las autoridades nacionales, ésta sólo puede actuar en el marco del artículo 226 CE interponiendo, en su caso, un recurso por incumplimiento contra dicho Estado miembro.

(véanse los apartados 40, 42 y 43)

2. Los particulares no están legitimados para recurrir contra la negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro. En efecto, la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento por incumplimiento, sino que dispone de una facultad de apreciación discrecional, que excluye el derecho de los particulares a exigir que adopte una postura en un sentido determinado y a interponer un recurso contra su negativa a actuar.

(véase el apartado 44)
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión de la Comisión que no califica de ayuda de Estado una medida nacional – Legitimación activa de una empresa competidora – Requisito – Afectación sustancial de su posición en el mercado – Carácter no imperativo de la participación como denunciante en el procedimiento ante la Comisión

(Arts. 87 CE, ap. 1, 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4)

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Una decisión de la Comisión que considera que una medida nacional no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, adoptada al término del procedimiento formal de examen previsto por el artículo 88 CE, apartado 2, afecta individualmente a las empresas que presentaron la denuncia que dio lugar a dicho procedimiento y cuyas observaciones fueron oídas, siendo tales observaciones las que determinaron el curso de dicho procedimiento, si, en todo caso, su posición en el mercado queda sustancialmente afectada por la medida de ayuda objeto de la decisión.

En cuanto a una empresa que no haya desempeñado un papel activo en el procedimiento administrativo ante la Comisión, puede demostrar que también resulta individualmente afectada, si bien en cualesquiera circunstancias ha de demostrar que la medida autorizada por la decisión impugnada podía afectar, de modo sustancial, a su posición en el mercado de referencia. No constituye tal afectación sustancial la mera circunstancia de que la citada decisión pudiera influir en las relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate y la empresa interesada se encontrara en una relación de competencia cualquiera con el beneficiario de esa decisión. Así pues, una empresa no puede limitarse a invocar su condición de competidora de la empresa beneficiaria de la medida de que se trate, sino que además debe demostrar la importancia de la afectación de su posición en el mercado.

(véanse los apartados 34, 36 y 37)
5

Mediante escrito de 13 de diciembre de 1999, el presidente del tribunal de la oposición comunicó al demandante las calificaciones que había obtenido (resultado total: 54/100 puntos), pero le informó, al mismo tiempo, de que no podía ser admitido a la prueba oral porque no figuraba entre los candidatos que habían obtenido las 160 mejores calificaciones en la especialidad «Administración Pública europea» y no satisfacía, portanto, el criterio previsto en el punto VIII.2 de la convocatoria de oposición. Para ser admitido debería haber obtenido por lo menos 57 puntos.