Además, debe distinguirse entre la existencia de una competencia externa de la Unión y la naturaleza exclusiva o compartida de esta eventual competencia. Tal distinción se recoge en el Tratado FUE. A este respecto, del propio texto del artículo 216 TFUE, apartado 1, en el que no se realiza ninguna distinción según la naturaleza exclusiva o compartida de la competencia de la Unión, se desprende que ésta tiene tal competencia en cuatro casos. El supuesto en el que la celebración de un acuerdo pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas, supuesto en el que la competencia de la Unión es, en virtud del artículo 3 TFUE, apartado 2, exclusiva, constituye tan sólo uno de los cuatro casos. Asimismo, de la comparación entre el texto del artículo 216 TFUE, apartado 1, y el texto del artículo 3 TFUE, apartado 2, se desprende que los casos en los que la Unión dispone de competencia externa, de conformidad con la primera de estas disposiciones, no se limitan a los diferentes supuestos previstos en la segunda de estas disposiciones, en las que la Unión dispone de competencia externa exclusiva.

Puede existir una competencia externa de la Unión al margen de los supuestos contemplados en el artículo 3 TFUE, apartado 2. En efecto, la competencia de la Unión para celebrar acuerdos internacionales puede resultar no solamente de una atribución explícita de los Tratados, sino que también puede derivarse implícitamente de otras disposiciones de los mismos y de actos adoptados por las instituciones de la Unión en virtud de dichas disposiciones. En particular, cada vez que el Derecho de la Unión atribuye a tales instituciones competencias en la esfera interna para alcanzar un objetivo determinado, la Unión queda investida de competencia para contraer las obligaciones internacionales necesarias para alcanzarlo, incluso si no existe una disposición expresa a este respecto. El artículo 216 TFUE, apartado 1, contempla en la actualidad este último supuesto.

Están comprendidos en la competencia externa de la Unión los puntos incluidos en el orden del día de la 25a sesión del Comité de Revisión de la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, relativos a las propuestas de modificación del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril de 9 de mayo de 1980, respecto de los cuales el Consejo estableció las posiciones que debían adoptarse en nombre de la Unión. Por tanto, el Consejo no vulneró el principio de atribución establecido en el artículo 5 TUE, apartado 2, primera frase.

En efecto, las modificaciones en cuestión se refieren al Derecho privado de los contratos de transporte internacional por ferrocarril, materia que está comprendida en una política de la Unión, a saber, la política común de transportes, contemplada en el título VI («Transportes») de la tercera parte («Políticas y acciones internas de la Unión») del Tratado FUE, y que por lo tanto debe considerarse que corresponde a uno de los objetivos del Tratado FUE. A este respecto, dado que las disposiciones del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril y de sus apéndices a las que se refieren las modificaciones controvertidas tienen por objeto establecer normas armonizadas a escala internacional, incluido en el ámbito de los transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros, debe considerarse que el hecho de que la Unión, respecto de las partes del trayecto efectuadas fuera del territorio de la Unión y, en principio, también respecto de las partes de dicho trayecto efectuadas en el territorio de la Unión, adopte una posición sobre dichas modificaciones contribuye a alcanzar los objetivos de la política común de transportes, en el marco de la competencia atribuida a la Unión por el artículo 91 TFUE, apartado 1, que conlleva asimismo un aspecto externo. Por consiguiente, tal toma de posición es necesaria para alcanzar, en el contexto de las políticas de la Unión, uno de los objetivos perseguidos por los Tratados, en el sentido del artículo 216 TFUE, apartado 1.

Además, no puede aducirse válidamente que, habida cuenta de que, en virtud del artículo 4 TFUE, apartado 2, letra g), el ámbito de los transportes es una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, la primera no puede actuar en la esfera externa hasta que lo haya hecho en la esfera interna mediante la adopción de normas comunes, en las materias en las que se han contraído obligaciones internacionales. En efecto, la existencia de una competencia externa de la Unión no depende en ningún caso de que ésta haya ejercido previamente su competencia normativa interna en el ámbito en cuestión. De esta forma, el artículo 2 TFUE, apartado 2, primera frase, relativo a las competencias compartidas, no supedita el que la Unión disponga de una competencia externa compartida con los Estados miembros a que exista en los Tratados una disposición que confiera expresamente tal competencia externa a la Unión.

(véanse los apartados 56, 60, 62, 66, 67 y 72)