Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Fijación de prioridades por la Comisión - Consideración del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Facultad de apreciación de la Comisión - Obligación de motivar la decisión de archivo - Control jurisdiccional

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Apreciación del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Consideración del cese de las prácticas denunciadas - Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Apreciación del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Criterios - Facultad de apreciación de la Comisión en cuanto a la amplitud de la investigación de una denuncia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

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1. Cuando la Comisión decide conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le son sometidas con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, puede no sólo establecer el orden en que se examinarán las denuncias, sino también desestimar una denuncia por inexistencia de interés comunitario suficiente para proseguir el examen del asunto.

No obstante, la facultad discrecional de que dispone la Comisión a este respecto no está exenta de límites. En efecto, la Comisión está sujeta al deber de motivación cuando se niega a proseguir el examen de una denuncia, y esa motivación debe ser suficientemente precisa y detallada para permitir al Tribunal de Primera Instancia ejercer un control efectivo sobre el ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional de definir prioridades.

Dicho control no debe llevar al Tribunal de Primera Instancia a sustituir la apreciación del interés comunitario efectuada por la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder.

( véanse los apartados 31, 32 y 34 )

2. La Comisión no puede basarse en el mero hecho de que hayan cesado las prácticas supuestamente contrarias al Tratado para decidir archivar sin ulterior trámite, por inexistencia de interés comunitario, una denuncia que impute tales prácticas, sin haber verificado si persisten los efectos contrarios a la competencia ni si, en su caso, la gravedad de las supuestas distorsiones de la competencia o la persistencia de sus efectos pueden conferir interés comunitario a la denuncia.

Sin embargo, dado que no existen indicios concretos proporcionados por el denunciante de una modificación permanente de la estructura del mercado, la Comisión no incurre en error de Derecho en lo relativo a la apreciación del interés comunitario al no haber examinado expresamente si persisten los efectos contrarios a la competencia de la infracción alegada.

( véanse los apartados 33 y 42 )

3. Es legítimo que la Comisión, en una decisión de desestimación de una denuncia, alegue que su función es aplicar una política de la competencia, lo que no significa que tenga por misión resolver litigios individuales.

Del mismo modo, al valorar el interés comunitario en instruir una denuncia, la Comisión puede legítimamente tener en cuenta la necesidad de aclarar la situación jurídica relativa al comportamiento a que se refiere la denuncia y definir los derechos y obligaciones de los distintos operadores económicos afectados por ese comportamiento a la luz del Derecho comunitario de la competencia.

Cuando la Comisión se ve ante una situación en la que numerosos factores permiten sospechar la existencia de actividades contrarias al Derecho de la competencia por parte de varias grandes empresas que pertenecen al mismo sector económico, dicha Institución puede concentrar sus esfuerzos en una de las empresas de que se trate, indicando al mismo tiempo a los operadores económicos eventualmente perjudicados por el comportamiento infractor de las otras empresas que deben someter el asunto a los órganos jurisdiccionales nacionales. De lo contrario, la Comisión se vería obligada a repartir sus medios en diferentes investigaciones de gran envergadura, lo que implicaría el riesgo de que ninguna de ellas prosperase. En tal caso, se perdería el beneficio que puede derivar, para el ordenamiento jurídico comunitario, del valor de ejemplo de una decisión adoptada respecto a una de las empresas infractoras, especialmente por lo que atañe a los operadores económicos perjudicados por el comportamiento de las otras sociedades.

Por último, la Comisión dispone de una facultad de apreciación en cuanto a la amplitud de la investigación de una denuncia. La Comisión debe sopesar la importancia del perjuicio que la supuesta infracción puede ocasionar al funcionamiento del mercado común, la probabilidad de poder acreditar su existencia y el alcance de las medidas de investigación necesarias.

( véanse los apartados 43, 44, 46 y 55 )