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Mediante resolución de 9 de junio de 2009, el Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor dohôd obmedzujúcich súťaž (Servicio de acuerdos restrictivos de la competencia de la Autoridad de defensa de la competencia de la República Eslovaca; en lo sucesivo, «Servicio»), órgano administrativo de primera instancia competente en materia de defensa de la competencia, declaró que tres bancos importantes con sede en Bratislava (Eslovaquia), a saber, Slovenská sporiteľňa a.s., Československá obchodná banka a.s. y Všeobecná úverová banka a.s., habían infringido el artículo 81 CE y la disposición correspondiente de la Ley no 136/2001, al concluir un acuerdo para resolver los contratos relativos a las cuentas corrientes de Akcenta CZ a.s. (en lo sucesivo, «Akcenta»), sociedad con sede en Praga (República Checa), así como para no celebrar nuevos contratos con esta sociedad. El Servicio consideró que Akcenta, entidad no bancaria que presta servicios de compraventa de divisas mediante anotaciones en cuenta, necesitaba tener cuentas corrientes abiertas en los bancos para ejercer sus actividades, que comprendían la transferencia de divisas desde y al extranjero, inclusive para sus clientes en Eslovaquia. Según el Servicio, los tres bancos de que se trata, que consideraban a Akcenta un competidor que prestaba servicios a sus clientes y estaban descontentos por la caída de sus beneficios de resultas de la actividad de esta sociedad, vigilaron tal actividad y decidieron, de común acuerdo, resolver de manera coordinada los contratos vigentes con la citada sociedad. Basándose en pruebas de la existencia de contactos entre dichos bancos, como, en particular, la reunión que tuvo lugar el 10 de mayo de 2007 o posteriores comunicaciones por correo electrónico, el Servicio demostró que cada uno de esos tres bancos había aceptado resolver el contrato con Akcenta con la condición de que los demás bancos hicieran lo mismo, al objeto de impedir que una parte de sus clientes se fuera al banco que mantuviera abiertas las cuentas corrientes de Akcenta. El Servicio concluyó de ello que el comportamiento de tales bancos en el mercado de referencia, definido como el mercado eslovaco de servicios consistentes en operaciones de compraventa de divisas mediante anotaciones en cuenta, constituía un acuerdo para restringir el juego de la competencia e impuso multas de 3.197.912 euros a Slovenská sporitel’ňa, 3.183.427 euros a Československá obchodná banka a.s. y 3.810.461 euros a Všeobecná úverová banka a.s.
El artículo 63 TFUE, relativo a la libre circulación de capitales, se aplica en una situación en la que, en virtud de la normativa fiscal nacional, los dividendos pagados por sociedades establecidas en un Estado miembro a un fondo de inversión establecido en un Estado tercero no son objeto de exención fiscal, mientras que los fondos de inversión establecidos en ese Estado miembro gozan de tal exención.

En efecto, en un contexto relativo al tratamiento fiscal de dividendos originarios de un país tercero, el examen del objeto de una normativa nacional basta para apreciar si el tratamiento fiscal de dividendos originarios de un tercer país está comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de capitales. Tal es el caso de una normativa tributaria que no distingue en función del tipo de participación que haya generado los dividendos percibidos por el fondo de inversión establecido en un país tercero.

No obstante, es necesario evitar que la interpretación del artículo 63 TFUE, apartado 1, por lo que se refiere a las relaciones con los terceros países, permita que operadores económicos que excedan de los límites del ámbito de aplicación territorial de la libertad de establecimiento se aprovechen de ésta. Sin embargo, no se da ningún riesgo de que un operador económico que no esté comprendido en el ámbito de aplicación territorial de la libertad de establecimiento se aproveche de ésta, por cuanto la normativa fiscal controvertida en el asunto principal se refiere al tratamiento fiscal de dichos dividendos y su objetivo no es someter a condiciones el acceso al mercado nacional de los operadores procedentes de países terceros.

(véanse los apartados 29, 31, 33 y 35 y el punto 1 del fallo)
El artículo 11, apartado 2, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que se puede considerar que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podía ser razonablemente conocido por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.

El artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.

(véanse el apartado 36 y el punto 2 del fallo)
No obstante, incluso una disposición clara, precisa e incondicional de una directiva que tiene por objeto conferir derechos o imponer obligaciones a los particulares no puede aplicarse como tal en el marco de un litigio entablado exclusivamente entre particulares.

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, reúne las condiciones necesarias para producir efecto directo. En efecto, aunque la referida Directiva reconoce a los Estados miembros cierto margen de apreciación, ya que no prescribe el modo de tomar en consideración a los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación para calcular el número de trabajadores empleados, esa circunstancia no afecta al carácter preciso e incondicional de la obligación prescrita por ese artículo de no excluir de ese cálculo a una determinada categoría de personas que inicialmente están comprendidas entre las personas que se deben tomar en consideración.

El artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por sí solo o en combinación con las disposiciones de la Directiva 2002/14 por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una disposición nacional de transposición de esa Directiva es incompatible con el Derecho de la Unión, ese artículo de la Carta no puede ser invocado en un litigio entre particulares para excluir la aplicación de la disposición nacional contraria al Derecho de la Unión.

En efecto, del texto del artículo 27 de la Carta resulta con claridad que, para que ese artículo produzca plenamente sus efectos, debe ser precisado por disposiciones del Derecho de la Unión o del Derecho nacional. En ese aspecto, la prohibición, enunciada en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14 y dirigida a los Estados miembros, de excluir del cómputo del personal de la empresa a una categoría específica de trabajadores que inicialmente forman parte de las personas que se deben considerar en ese cómputo no puede deducirse, como regla jurídica directamente aplicable, del texto del artículo 27 de la Carta ni de las explicaciones referidas a ese artículo. En consecuencia, el artículo 27 de la Carta no se puede invocar, como tal, en un litigio como el principal para fundamentar la inaplicación de la disposición nacional no conforme con la Directiva 2002/14. La combinación del artículo 27 de la Carta con las disposiciones de la Directiva 2002/14 no puede desvirtuar esa apreciación, puesto que, no siendo ese artículo suficiente por sí mismo para conferir a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal, tampoco lo podría ser en caso de tal combinación.

No obstante, la parte perjudicada por la no conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión podrá invocar la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, para obtener, en su caso, reparación del daño sufrido.

(véanse los apartados 45, 46 y 48 a 50 y el fallo)
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que exige que los centros de enseñanza superior en los que deseen matricularse los estudiantes que solicitan una beca regional financiada, en particular, por el Fondo Social Europeo, acrediten una experiencia de diez años cuando estos centros no sean ni universidades reconocidas por el Derecho nacional ni centros que impartan masters homologados.

En efecto, tal norma, al someter al requisito relativo al decenio de experiencia únicamente a los centros cuyos masters no están homologados, permite, sin resultar excesivo, garantizar que justifican una experiencia suficientemente amplia que permita, a falta de cualquier control por parte de las autoridades públicas y de cualquier homologación, presumir la calidad de su docencia, del mismo modo que la de los centros universitarios reconocidos por el Derecho nacional y la de los centros que cuentan con masters homologados.

(véanse los apartados 28 y 30 y el fallo)
Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer país el derecho a residir en su territorio, cuando dicho nacional asume en solitario el cuidado de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en ese Estado miembro desde su nacimiento, sin que tengan la nacionalidad de dicho Estado miembro ni hayan ejercido su Derecho a la libre circulación, siempre que los referidos ciudadanos de la Unión no cumplan los requisitos establecidos por la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Ciertamente, el artículo 7, apartado 1, letra b), de esta Directiva, que dispone que tales ciudadanos de la Unión deben disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, debe interpretarse en el sentido de que basta con que los referidos ciudadanos de la Unión tengan a su disposición tales recursos, sin que esta disposición implique la más mínima exigencia en cuanto a su procedencia, pudiendo estos últimos provenir especialmente de un ciudadano de un Estado tercero progenitor de los ciudadanos de corta edad de que se trate. Sin embargo, si no concurren estos requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38, el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se deniegue a su progenitor el derecho a residir en el territorio del Estado miembro de residencia.

(véanse los apartados 27, 29 a 31 y 36 y el fallo)
El artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no exige que exista una relación causal entre el medio utilizado para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, una página web, y la celebración del contrato con dicho consumidor. No obstante, la existencia de tal relación causal constituye un indicio de vinculación del contrato a tal actividad.

(véanse el apartado 32 y el fallo)
El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite deducir como gasto, para la determinación del beneficio imponible, los intereses inherentes a la parte de un endeudamiento calificada de excesiva abonados por una sociedad residente a una sociedad prestamista establecida en un país tercero con la que mantiene relaciones especiales, pero permite la deducción de tales intereses pagados a una sociedad prestamista residente con la que la sociedad prestataria mantiene tales relaciones cuando, de no haber participación de la sociedad prestamista establecida en un país tercero en el capital de la sociedad prestataria residente, esa normativa presuma, no obstante, que todo el endeudamiento de esta última forma parte de un montaje cuyo objetivo es eludir el impuesto normalmente adeudado o cuando esa normativa no permita determinar previamente y con suficiente precisión su ámbito de aplicación.

Ciertamente, tal normativa puede estar justificada cuando tenga por objeto específico los montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, con el único objetivo de eludir el impuesto normalmente adeudado sobre los beneficios generados por las actividades llevadas a cabo en el territorio nacional.

Sin embargo, si dicha normativa no permite determinar previamente y con una precisión suficiente su ámbito de aplicación, no cumple los requisitos de seguridad jurídica conforme a los cuales las normas jurídicas deben ser claras, precisas y previsibles en cuanto a sus efectos, en particular cuando puedan entrañar consecuencias desfavorables para los individuos y las sociedades.

En estas circunstancias, esta normativa va más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo.

(véanse los apartados 34, 40, 44 y 45 y el fallo)
El artículo 12 de la Directiva 2002/20, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual las empresas que prestan un servicio o suministran una red de comunicaciones electrónicas han de abonar una tasa destinada a financiar la totalidad de los gastos soportados por la autoridad nacional de reglamentación que no estén cubiertos por el Estado, cuyo importe se determine en función de los ingresos realizados por dichas empresas, siempre que dicha tasa se destine exclusivamente a cubrir los gastos resultantes de las actividades mencionadas en el apartado 1, letra a), de este artículo, que el total de los ingresos obtenidos en virtud de dicha tasa no supere el total de los gastos correspondientes a estas actividades y que la referida tasa se reparta entre las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 43 y el fallo)
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Con arreglo a su artículo 96, apartado 1, el Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004 (DO L 284, p. 1) deroga, a partir del 1 de mayo del 2010, el Reglamento no 574/72. No obstante, este último seguirá en vigor y se mantendrán sus efectos jurídicos en lo relativo, en particular, al Acuerdo CE-Suiza sobre la libre circulación de personas, en tanto que dicho Acuerdo no se modifique en función del Reglamento no 987/2009.
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El artículo 1 de la Decisión 88/498/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1988, por la que se autoriza al Reino de los Países Bajos a aplicar una medida de excepción a la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de la Sexta Directiva (77/388/CEE) (DO L 269, p. 54), adoptada sobre el fundamento del artículo 27, apartado 1, de esta Directiva, establece que, en lo que se refiere a las operaciones contempladas en el artículo 13, parte B, letras g) y h), de dicha Directiva, y no obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, letra a), de la propia Directiva, se autoriza al Reino de los Países Bajos a que aplique, en el marco del régimen de opción por la tributación previsto en el citado artículo 13, parte C, letra b), una disposición destinada a que el comprador sea el obligado al pago del IVA.
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El artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), que sustituyó al artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), dispone en sus apartados 2 a 4: «2. Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia: infrinjan las disposiciones del artículo 81 [CE] o del artículo 82 [CE]; [...] Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. [...] 3. A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración. 4. Cuando se imponga una multa a una asociación de empresas tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros y ésta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa. En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del plazo fijado por la Comisión, la Comisión podrá exigir el pago de la multa directamente a cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos de gobierno de que se trate dentro de la asociación de que se trate. Una vez que la Comisión haya requerido el pago con arreglo a lo dispuesto en el segundo párrafo, podrá exigir el pago del saldo a cualquier miembro de la asociación que operase en el mercado en el que se hubiese producido la infracción cuando ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa. No obstante, la Comisión no exigirá el pago contemplado en los párrafos segundo o tercero a las empresas que demuestren que no han aplicado la decisión de la asociación constitutiva de infracción y que o bien ignoraban su existencia o se distanciaron activamente de ella antes de que la Comisión iniciara la investigación del caso. La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado en el ejercicio social anterior.»
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Por otro lado, el Consejo sostiene que el Presidente del Parlamento, al adoptar el acto impugnado, incumplió el deber de cooperación leal que debe presidir las relaciones entre las instituciones. En particular, reprocha al Presidente del Parlamento no haber participado en sus actuaciones dirigidas a buscar una solución conforme a los Tratados, aceptable para ambas partes y respetuosa al mismo tiempo con las facultades de las instituciones y las prerrogativas del Presidente del Parlamento. Censura asimismo al Presidente del Parlamento por no haber informado al Presidente del Consejo, el día de la votación del presupuesto en el pleno, a saber, el 15 de diciembre de 2010, aun cuando estaba presente en esta votación, del contenido de su escrito de 14 de diciembre de 2010.
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Para fundamentar su pretensión alegan, en primer lugar, que la iniciativa de la prueba pericial transfronteriza emanó de una de las partes del litigio principal, y no de un juez o tribunal, contrariamente a lo que exigen los artículos 1 y 17 del Reglamento no 1206/2001. En segundo lugar, que el artículo 17 de este Reglamento, interpretado a la luz del considerando 7, se aplica únicamente cuando el tribunal nacional conoce de un asunto en cuanto al fondo, lo que no sucede en el litigio principal. En tercer lugar, que no cabe considerar que la práctica de la prueba pericial transfronteriza implique el ejercicio del poder público en el territorio de otro Estado miembro. Por último, que la aplicación del Reglamento no 1206/2001 en el marco del litigio principal habría prolongado la duración del procedimiento, lo cual sería contrario a los objetivos del propio Reglamento, a saber, la simplificación y la aceleración de la obtención de pruebas.
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El artículo L. 632-1 dispone: «I. Las agrupaciones constituidas a iniciativa de las organizaciones profesionales más representativas de la producción agrícola y, en su caso, de la transformación, de la comercialización y de la distribución podrán ser reconocidas como organizaciones interprofesionales por parte de la autoridad administrativa competente previo dictamen del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, a nivel nacional, o a nivel de una zona de producción, por producto o grupo de productos determinados si tienen por objeto, en particular mediante la conclusión de acuerdos interprofesionales, al mismo tiempo: — definir y facilitar los trámites contractuales entre sus miembros; — contribuir a la gestión de los mercados mediante una prospectiva de los mercados, una mejor adaptación de los productos a los planes cuantitativo y cualitativo y su promoción; — reforzar la seguridad alimenticia, en particular mediante la trazabilidad de los productos, en interés de los consumidores y usuarios. Las organizaciones interprofesionales podrán también perseguir otros objetivos, dirigidos en particular a: — favorecer el mantenimiento y el desarrollo del potencial económico del sector; — favorecer el desarrollo de los aprovechamientos no alimenticios de los productos; — participar en acciones internacionales de desarrollo; [...] II. Sólo podrá ser reconocida una organización interprofesional única para un producto o grupo de productos. Cuando se reconozca una organización interprofesional nacional, las organizaciones interprofesionales regionales constituirán comités de dicha organización interprofesional nacional en cuyo seno estarán representadas. […]»
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En estas circunstancias, si bien es cierto que la fijación de la «edad de jubilación normal», en el sentido del artículo 11, apartado 1, segundo guión, del Reglamento no 1257/1999, es competencia de los Estados miembros, al no haber sido armonizada por el Derecho de la Unión, no es menos cierto que, para aplicar este Reglamento, dichos Estados no pueden invocar la diferencia de trato en materia de fijación de la edad de jubilación que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 79/7 les autoriza a mantener en el ámbito de la seguridad social. No cabe considerar que, mediante esta remisión a un concepto no armonizado, el legislador de la Unión haya facultado a dichos Estados para adoptar, al aplicar el citado Reglamento, medidas que vulneren los principios generales del Derecho de la Unión y los derechos fundamentales (véase en este sentido la sentencia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo, C-540/03, Rec. p. I-5769, apartados 22 y 23).
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Por lo que respecta, en tercer lugar, al principio general de no discriminación o de igualdad de trato, Ryanair alega que, en una situación como la del litigio principal, la obligación de asistencia establecida en los artículos 5, apartado 1, letra b), y 9 del Reglamento no 261/2004 haría recaer en los transportistas aéreos obligaciones que, en circunstancias similares, no recaen en los demás medios de transporte regulados por los Reglamentos (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315, p. 14), (UE) no 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 (DO L 334, p. 1), y (UE) no 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 (DO L 55, p. 1), aun cuando los pasajeros bloqueados por una interrupción extensa y prolongada de los transportes se encontraran en idéntica situación, con independencia de cuál fuera su medio de transporte.