SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 18 de junio de 1996

Asunto T-150/94

Juana de la Cruz Vela Palacios

contra

Comité Econòmico y Social de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación y de indemnización — Admisibilidad — Presentación de una reclamación mediante telefax — Informe de calificación — Retraso — Motivación de una regresión de la calificación — Perjuicio moral»

Texto completo en lengua francesa II-877

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación, por una parte, de la decisión del Comité Económico y Social de 18 de junio de 1993 por la que se establecen los informes de calificación de la demandante para los períodos comprendidos entre el 1 de diciembre de 1986 y el 31 de agosto de 1988 y entre el 1 de septiembre de 1988 y el 31 de agosto de 1990 y, por otra, de la decisión de 13 de enero de 1994 por la que se desestima la reclamación contra dichos informes, así como la reparación del daño supuestamente irrogado a la demandante como consecuencia de los actos lesivos cometidos por la administración de la demandada.

Resultado:

Condena de la demandada a la reparación del perjuicio moral y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

Contratada por el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (CES) en 1986, la demandante fue nombrada secretaria estenodactilógrafa en 1987. Desde aquel momento, se acumularon los problemas de relación y administrativos entre la demandante y la Institución demandada. En particular, la demandante fue objeto de numerosos traslados a diversos servicios.

El 4 de marzo de 1992, la demandada redactó los informes de calificación de la demandante para los períodos comprendidos entre el 1 de diciembre de 1986 y el 31 de agosto de 1988, y entre el 1 de septiembre de 1988 y el 31 de agosto de 1990. Dichos informes tienen fecha de 1 de septiembre de 1988 y de 14 de septiembre de 1990, respectivamente, y fueron comunicados a la demandante el 6 de marzo de 1992. Esta acusó recibo de los mismos el 7 de abril de 1992.

Con arreglo al párrafo primero del artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), la capacidad, el rendimiento y la conducta en el servicio de cada funcionario serán objeto de un informe periódico, al menos cada dos años, en las condiciones fijadas conforme al artículo 110. A tenor del párrafo segundo de dicha disposición, este informe será comunicado al funcionario, quien podrá añadir las observaciones que considere oportunas.

Conforme al párrafo primero del artículo 110 del Estatuto, las disposiciones generales para la aplicación del Estatuto serán adoptadas por cada Institución. La Decisión no 1001/81 A del CES, por la que se adoptan dichas disposiciones generales para los funcionarios del CES, exige, entre otros extremos, que se redacte un informe de calificación para cada funcionario cada dos años, que cada calificación se refiera estrictamente al período de referencia, que se justifique cualquier modificación desfavorable de las apreciaciones analíticas en relación con la calificación precedente y que el informe de calificación se comunique al interesado en el plazo de un mes a partir del fin del período de referencia.

Los días 7 de abril y 7 de mayo de 1992, la demandante recurrió las dos calificaciones antes mencionadas, alegando que se habían adoptado de modo irregular. El 19 de febrero de 1993, el comité paritario de calificación emitió un dictamen, en el cual sugirió algunas modificaciones. Finalmente, mediante decisión notificada a la demandante el 18 de junio de 1993, el Director General del CES adoptó definitivamente los dos informes, incluyendo las modificaciones sugeridas por el comité paritario de calificación.

El 17 de septiembre de 1993, de 19.07 a 19.10, la demandante envió a la demandada por telefax una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto contra la decisión de 18 de junio de 1993. El 13 de enero de 1994, la demandada desestimó la reclamación, alegando que había sido presentada fuera de plazo y que, en todo caso, no estaba fundada.

Admisibilidad

Sobre la admisibilidad de la pretensión de anulación

La admisibilidad del recurso no puede cuestionarse alegando que la reclamación fue presentada mediante telefax. En efecto, la presentación de reclamaciones administrativas por parte de los funcionarios no esta sujeta a ningún requisito formal (apartado 23).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de septiembre de 1990, Virgili-Schettini/Parlamento (T-139/89. Rec. p. II-535), apartado 19

Seguidamente, sólo puede tenerse en consideración la fecha en la que la administración está en situación de tener conocimiento de la reclamación. Además, incumbe a la parte que alega haber transcurrido el plazo aportar la prueba de ello (apartados 24 y 25).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1991, Von Hoessle/Tribunal de Cuentas (T-19/90, Rec. p. II-615), apartado 25; Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Lacroix/Comisión (T-54/90, Rec. p. II-749), apartado 29

En el caso de autos, no se discute que la demandante envió su reclamación por telefax el 17 de septiembre de 1993, fecha que precede al día de expiración del plazo, de modo que la demandada estaba en situación de tener conocimiento de la reclamación desde el 17 de septiembre de 1993. La parte demandada no ha presentado prueba alguna en contra de dicha conclusión (apartados 26 y 27).

Sobre la admisibilidad de la pretensión indemnizatória

Debe existir una estrecha relación entre el recurso de anulación y las pretensiones de indemnización para que puedan admitirse estas últimas sin haber sido precedidas por un procedimiento administrativo previo (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Marcato/Comisión (T-5/90, Rec. p. II-731), apartado 49

En el caso de autos, la demandante basa sus pretensiones de indemnización en el carácter extemporáneo, incompleto y erróneo de los informes de calificación impugnados y en el perjuicio que le ha irrogado dicho comportamiento de la administración. En apoyo de sus pretensiones de indemnización, la demandante invoca, pues, el mismo comportamiento irregular que le había conducido a solicitar la anulación de sus informes de calificación. De ello se deduce que existe un vínculo estrecho entre las pretensiones de indemnización y el recurso de anulación, de modo que la demandante no estaba obligada a plantear un procedimiento administrativo previo a sus pretensiones de indemnización (apartados 32 y 33).

Sobre el fondo

Sobre las pretensiones de indemnización

El retraso sufrido en el desarrollo de un procedimiento de calificación no puede afectar, por si sólo, a la validez del informe al que da lugar. No obstante, debe examinarse si la validez de los informes no fue viciada por errores manifiestos de apreciación o por defectos de motivación. A este respecto, la existencia del error del que se queja la demandante, esto es, que los informes objeto de litigio no reflejaron su situación administrativa y sus funciones reales, no ha sido apoyada por ninguna prueba (apartados 44 a 46).

Referencia: Tribunal de Justicia. 1 de junio de 1983. Seton/Comisión (asuntos acumulados 36/81. 37/81 y 218/81. Rec. p. 1789), apartado 14

Por lo que respecta a la apreciación «podría mejorarse» que figura en el apartado «adaptación a las exigencias del servicio» del último informe de calificación, que es desfavorable en comparación con la apreciación correspondiente que figura en el informe anterior (pasable), ni el tenor del informe, ni la redacción del dictamen del comité paritario de calificación, ni el escrito de 18 de junio de 1993 por el que se adopta definitivamente el informe contienen una motivación de la regresión de la citada apreciación. Tampoco se encuentra dicha motivación en el escrito de la demandada de 13 de enero de 1994 por el que se desestima la reclamación de la demandante. Ahora bien, la obligación que incumbe a una Institución de motivar las decisiones que adopta respecto de sus funcionarios puede aún cumplirse en la fase de desestimación de la reclamación contra dichas decisiones (apartados 47 y 48).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento(T-52/90, Rec. p. II-121), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión(T-16/94, RecFP p. II-335), apartado 31

Sobre las pretensiones de indemnización

Aunque determinadas alegaciones de la demandante se refieren principalmente a la existencia de un perjuicio material, ésta se ha limitado, en sus pretensiones formales, a solicitar la reparación del perjuicio moral que ha sufrido (apartado 50).

Deben desestimarse las pretensiones que tienen por objeto la reparación de un perjuicio en la medida en que tienen un vínculo estrecho con las pretensiones de anulación que, a su vez, han sido desestimadas. No obstante, resulta obligado realizar una excepción a este principio en los casos, como el de autos, en el que la desestimación de las pretensiones de anulación no se basa en la inexistencia de una ilegalidad, sino que se explica únicamente por el hecho de que el acto impugnado, si se anulase, no podría ser sustituido por un acto más acorde al Derecho comunitario. En tal caso, el retraso sufrido en la elaboración de un informe de calificación no pone en tela de juicio su validez pero puede, no obstante, constituir un acto lesivo que puede dar derecho a una reparación en beneficio del agente afectado. Un funcionario que sólo posee un expediente individual irregular e incompleto sufre, por este hecho, un daño moral consistente en el estado de incertidumbre y de inquietud en el que se encuentra en cuanto a su futuro profesional (apartados 51 y 52).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de febrero de 1988, Picciolo/Comisión(l/87, Rec. p. 711), apartado 32; Tribunal de Primera Instancia, 8 de noviembre de 1990, Barbi/Comisión(T-73/89, Rec. p. II-619), apartado 41; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35), apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737), apartado 88

En el caso de autos, hubo que esperar tres años y medio y un año y medio, respectivamente, para que se redactaran los proyectos de los informes objeto de litigio, lo que no es compatible con los principios de buena administración. Por lo tanto, la demandante se halló, durante más de tres años, en un estado de incertidumbre y de inquietud. De ello se deduce que el acto lesivo cometido por la parte demandada le causó efectivamente un daño moral, que da derecho a una reparación (apartado 53).

Fallo:

Se condena al Comité Económico y Social a pagar a la demandante la cantidad de 50.000 BFR, como reparación del perjuicio moral que ha sufrido.

Se desestima el recurso en todo lo demás.