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1)

a) ¿Se opone el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) […], en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a un sistema en el que el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo de primera instancia competente en materia de asilo no puede examinar en principio, en el marco de la apreciación de un recurso, un motivo de concesión del asilo invocado por vez primera en dicho recurso? b) ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que se formule un motivo de concesión del asilo realmente nuevo, es decir, un motivo para solicitar protección internacional basado en hechos y circunstancias posteriores a la decisión de la autoridad decisoria sobre la solicitud de protección internacional, o bien un motivo de asilo ocultado, es decir, un motivo para solicitar protección internacional basado en hechos y circunstancias anteriores a la decisión de la autoridad decisoria sobre la solicitud de protección internacional conocido por el extranjero, quien indebidamente no lo dio a conocer en la fase del procedimiento administrativo? c) ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que el motivo de concesión del asilo se formule en un recurso interpuesto ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo de primera instancia competente en materia de asilo contra una decisión de la autoridad decisoria sobre una primera solicitud o una solicitud posterior de protección internacional?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 357/2

Recurso de casación interpuesto el 17 de enero de 2017 por QuaMa Quality Management GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 20 de marzo de 2017 en el asunto T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(Asunto C-139/17 P)

(2017/C 357/02)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: QuaMa Quality Management GmbH (representante: C. Russ, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Microchip Technology, Inc.

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero 2017.

— Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de febrero de 2015 (asuntos acumulados R 1809/2014-4 y R 1680/2014-4).

Motivos y principales alegaciones

La recurrente apoya su recurso contra la sentencia del Tribunal General en las siguientes consideraciones:

Mediante el presente recurso se invoca la infracción del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009. (1) Según la recurrente, el Tribunal de Justicia consideró erróneamente que la parte coadyuvante había presentado, el 9 de abril de 2013, la solicitud de registro del cambio de titular correcta pero el formulario que empleó para ello no era el adecuado. De hecho, la solicitud de «cambio del nombre y de la dirección del titular» hacía referencia a todas las marcas (14) de SMSC Europe GmbH y, según el escrito de 14 de abril de 2013, así lo interpretó también la EUIPO. Así pues, es pacífico que la Oficina desestimó totalmente la solicitud de 9 de abril de 2013 y únicamente estimó la solicitud formulada el 14 de junio de 2013 después de la expiración del plazo de oposición.

Además, en el recurso se alega que se ha infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. La recurrente sostiene que la División de Oposición y la Sala de Recurso únicamente examinaron la determinación del público pertinente de forma aproximada e insuficiente. La apreciación del riesgo de confusión no puede efectuarse sin llevar a cabo la determinación del público pertinente y del carácter distintivo individual para cada uno de los productos y servicios. Esta afirmación es tanto más válida si se parte de la premisa del Tribunal de Justicia según la cual la similitud entre las marcas en conflicto para un público especializado —al que no pertenece el Tribunal de Justicia— es «escasa».

(1) Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).
1)

¿La cláusula de «standstill» establecida en el artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 ha reemplazado totalmente a la cláusula de «standstill» establecida en el artículo 7 de la Decisión n.o 2/76, o debe seguir juzgándose con arreglo al artículo 7 de la Decisión n.o 2/76 la legalidad de las nuevas restricciones a la libre circulación de los trabajadores que fueron introducidas entre la entrada en vigor de la Decisión n.o 2/76 y la aplicabilidad del artículo 13 de la Decisión n.o 1/80?
3)

¿Cumple la disposición penal aplicable a los centros docentes no homologados por las autoridades flamencas que expiden los títulos de «master» el criterio de proporcionalidad establecido en los artículos 9, apartado 1, letra c), y 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/123/CE […]?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/3

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 17 de mayo de 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

(Asunto C-267/17)

(2017/C 269/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Recurrida: Kreis Heinsberg

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es aplicable el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 (1) a los contratos de servicio público en el sentido del artículo 2, letra i), del Reglamento que se adjudiquen directamente y no adopten la forma de contratos de concesión de servicios en la acepción de las Directivas 2004/17/CE o 2004/18/CE en el sentido del artículo 5, apartado 1, segunda frase, del Reglamento? En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:

2) ¿Presuponen los artículos 2, letra b), y 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, debido al uso de conjunción «o», una competencia exclusiva bien de una autoridad individual o de una agrupación de autoridades, o es posible, con arreglo a dichas disposiciones, que una autoridad individual forme parte también de una agrupación de autoridades y ceda a esa agrupación funciones concretas, conservando, no obstante, la facultad de intervención conforme al artículo 2, letra b), y la condición de autoridad local competente con arreglo al artículo 5, apartado 2?

3) ¿Al obligar al operador interno a prestar por sí mismo la mayor parte del servicio público de transporte de viajeros, excluye el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra e), del Reglamento n.o 1370/2007, que dicho operador encomiende la prestación de esa mayor parte de los servicios a una filial en la cual posea el 100 % de las participaciones?

4) ¿En qué momento deben cumplirse los requisitos para la adjudicación directa con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007: desde la publicación de la intención de proceder a una adjudicación directa conforme al artículo 7 del mismo Reglamento o sólo en el momento de la propia adjudicación directa?

(1) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1).
1)

¿Es relevante, a efectos de la respuesta que ha de darse a las cuestiones planteadas en el procedimiento de remisión prejudicial incoado en el asunto [C-3/17] por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, que la sanción administrativa no consista en una multa, sino en la inaccesibilidad temporal a los datos electrónicos por un período de 90 días, sanción que reviste características fundamentalmente diferentes (por ejemplo, se suspende temporalmente la prestación del servicio, no se notifica la resolución sancionadora y no es posible interponer recurso efectivo contra la misma) y que la autoridad nacional puede imponer también por la misma actuación, de manera acumulativa, además de la sanción de multa?
2)

¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, en el sentido de que, cuando el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales establecidos en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 805/2004, la subsanación del incumplimiento requiere que hayan sido debidamente comunicados al deudor, en la resolución o junto con ella, todos los datos mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra b)? En particular, ¿se excluye la expedición de un título ejecutivo europeo cuando no se ha comunicado al deudor la dirección de la institución ante la cual se puede presentar un recurso, aunque sí se le hayan comunicado todos los demás datos mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra b)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 95/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 12 de enero de 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Asunto C-13/17)

(2017/C 095/12)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fédération des entreprises de la beauté

Demandada: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se refiere el reconocimiento de la equivalencia de los estudios que los Estados miembros pueden llevar a cabo de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, (1) únicamente a los estudios impartidos en Estados no pertenecientes a la Unión Europea?

2) ¿Autorizan las disposiciones del artículo 10, apartado 2, del Reglamento a un Estado miembro a determinar las disciplinas que pueden considerarse «similares» a la Medicina, a la Farmacia o a la Toxicología y los niveles de cualificación necesarios para cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿con arreglo a qué criterios puede considerarse que una disciplina es «similar» a la Medicina, a la Farmacia o a la Toxicología?

(1) DO L 342, p. 59.
2.

El presente recurso pretende mostrar que el Tribunal General cometió un error al concluir que los motivos de denegación del registro previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 (1) del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, antes de ser modificado (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria»), no son aplicables a la marca controvertida. En particular, el Tribunal General desnaturalizó claramente los hechos y las pruebas aportados ante él al evaluar la similitud entre las marcas en conflicto y, como consecuencia de ello, aplicó erróneamente el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria e incumplió la obligación de motivar la sentencia recurrida.
3)

En caso de que, en determinadas circunstancias, los documentos a que se refiere el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 tengan un efecto vinculante limitado: ¿Es contrario a la prohibición de sustitución establecida en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 que las sustituciones no se produzcan mediante el envío por el mismo empleador, sino por un empleador diferente? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto: a) si este empleador está domiciliado en el mismo Estado miembro que el primero, o b) si entre el primer y el segundo empleador existen vínculos personales y/u organizativos?
2.

La recurrente alega en primer lugar la violación del derecho a un juicio equitativo, reconocido en el artículo 6 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales. El Tribunal General no tuvo en cuenta documentos que se aportaron en el marco del recurso en primera instancia. Estos documentos no hacían más que complementar los elementos de hecho y de Derecho anteriores. El Tribunal General tampoco motivó esa falta de toma en consideración, sino que se limitó a reproducir la formulación de otra sentencia, que no es válida en este caso.
5.

En el cuarto motivo de casación la recurrente alega que el Tribunal General erró en Derecho al conceder una indemnización al primer demandante en primera instancia, dado que no se había demostrado una de las condiciones acumulativas para que las instituciones de la Unión incurran en responsabilidad extracontractual (la concurrencia de una conducta ilícita). Subsidiariamente, la recurrente aduce que, incluso si sólo se estimara primer motivo del recurso de casación de la EUIPO, debería anularse la sentencia recurrida en cuanto impone la obligación de indemnizar, ya que en este caso no se ha demostrado un nexo causal entre la parte restante de la conducta ilícita (error manifiesto de apreciación y falta de motivación) y el perjuicio alegado. Subsidiariamente la recurrente manifiesta que el Tribunal General erró en Derecho al conceder una indemnización fundada en la pérdida de una oportunidad ya que ese fundamento no puede considerarse un principio general común de los ordenamientos de los Estados miembros y por tanto vulnera la disposición expresa del artículo 340 TFUE.
1)

¿Debe interpretarse la Directiva 2014/59/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, en particular sus artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, puntos 2 y 23, en relación con el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en el sentido de que está incluida en su ámbito de aplicación una unidad en resolución (sociedad en resolución) que, en el momento de la entrada en vigor de la Directiva 2014/59/UE el 2 de julio de 2014, aún era una entidad de crédito en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (entidad CRR), pero perdió dicha condición antes de la expiración del período de transposición de la Directiva 2014/59/UE en el Derecho nacional el 31 de diciembre de 2014 y ya no dispone de licencia para la realización de actividades bancarias, sino que, en virtud de una autorización legal, ya sólo puede realizar actividades (bancarias) dirigidas exclusivamente a la realización de la cartera?
4)

Si se considera que ambas prestaciones son de la misma naturaleza y considerando que para la determinación del importe de la pensión de incapacidad española, ni de su complemento, se han tomado en consideración periodos de cotización en otro Estado distinto, ¿debe entenderse que el complemento del 20 % de la base reguladora de la pensión española por incapacidad permanente total es una prestación a la que les sean de aplicación las normas antiacumulación, por cuanto su importe haya de considerarse independiente de la duración de los períodos de seguro o residencia, en el sentido de los artículos 46 ter, tercer inciso, del Reglamento no 1408/71 y 5, 4, 2, a), del Reglamento no 883/2004? ¿Se puede aplicar la norma antiacumulación aunque dicha prestación no esté enumerada en la parte D del Anexo IV del Reglamento no 1408/71 ni tampoco en el anexo IX del Reglamento no 883/2004?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 326/16

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 22 de junio de 2016 — MP/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-353/16)

(2016/C 326/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: MP

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Cuestión prejudicial

¿Comprende el artículo 2, letra e), en relación con el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83/CE (1) del Consejo, el riesgo real de sufrir un daño grave para el estado de salud física o psicológica del solicitante si regresa a su país de origen, habida cuenta de las torturas o tratos inhumanos o degradantes sufridos con anterioridad e imputables a su país de origen?

(1) Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 335/35

Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Bélgica) el 24 de junio de 2016 — T.KUP SAS/Belgische Staat

(Asunto C-349/16)

(2016/C 335/47)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandante: T.KUP SAS

Demandada: Belgische Staat

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es inválido el Reglamento n.o 1294/2009 (1) en relación con un importador como el del caso de autos, por vulneración del artículo 17, apartado 1, del Reglamento de base. (2), puesto que la Comisión, en su reconsideración, utilizó una muestra, y además únicamente de 8 importadores, pese a que debía investigarse un número razonable de 21 importadores?

2) ¿Es inválido el Reglamento n.o 1294/2009 en relación con un importador como el del caso de autos, por vulneración del artículo 11, apartado 2, número 3, del Reglamento de base, puesto que la Comisión, en su reconsideración, no tuvo suficientemente en cuenta los elementos de prueba aportados al incluir en la muestra a 5 grandes importadores frente a sólo 3 importadores de menor tamaño, y además tuvo en cuenta principalmente los datos aportados por los 5 mayores importadores?

3) ¿Es inválido el Reglamento n.o 1294/2009 en relación con un importador como el del caso de autos, por vulneración de los artículos 2 y 3 del Reglamento de base y/o de los artículos 11, apartados 2, 5 y 9 del Reglamento de base, puesto que la Comisión, en su reconsideración, dispuso de datos insuficientes para determinar la continuidad del dumping y del perjuicio?

4) ¿Es inválido el Reglamento n.o 1294/2009 en relación con un importador como el del caso de autos, por vulneración del artículo 21 del Reglamento de base, puesto que la Comisión, en su reconsideración, exige que existan indicios específicos de que se imponga a un importador de forma desproporcionada una prórroga?

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009 , por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 384/96 (DO 2009, L 352, p. 1)

(2) Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 326/13

Recurso de casación interpuesto el 16 de junio de 2016 por la República Portuguesa contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) dictado el 19 de abril de 2016 en el asunto T-556/15, Portugal/Comisión

(Asunto C-339/16 P)

(2016/C 326/23)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Recurrente: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão y J. Saraiva de Almeida, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule el auto recurrido, en la medida en que, mediante dicho auto, el Tribunal General estimó la excepción de inadmisibilidad alegada por la Comisión en los presentes autos.

— Que se declare el recurso contra la Decisión controvertida válidamente interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE.

— Que se condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

La República Portuguesa considera que la Decisión es inválida por los siguientes motivos:

A — Primer motivo — Cómputo del plazo para recurrir la Decisión de 20 de julio de 2015

Primera alegación

Infracción del artículo 263 TFUE

Segunda alegación

Cómputo del plazo para recurrir la Decisión impugnada a partir de la notificación de la Decisión definitiva, el 20 de julio de 2015.

B — Segundo motivo — Cómputo del plazo para recurrir a partir de la publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial

Primera alegación

Redacción del artículo 263 TFUE, apartado 6.

Segunda alegación

Existencia de práctica reiterada de publicación de decisiones de esta naturaleza y antecedentes judiciales idénticos.

C — Tercer motivo — El Tribunal General incurrió en error de Derecho al no haber dado preferencia a la interpretación que no implica la caducidad.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 243/27

Recurso de casación interpuesto el 13 de mayo de 2016 por Panalpina World Transport (Holding), Panalpina Management y Panalpina China contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 29 de febrero de 2016 en el asunto T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) y otros/Comisión

(Asunto C-271/16 P)

(2016/C 243/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd (representantes: S. Mobley, A. Stratakis, A. Gamble, Solicitors)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia impugnada en la medida en que en ésta se desestima el primer motivo de las recurrentes en relación con las infracciones.

— Modifique el artículo 2, apartados 2 y 3, de la Decisión de 28 de marzo de 2012 en el asunto COMP/39462 — Servicios de transitarios en lo que respecta a las recurrentes y, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, reduzca las multas impuestas a las recurrentes.

— Condene en todo caso a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las costas expuestas por las recurrentes en el presente procedimiento y en el procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Al convenir en que la Comisión no se apartó de su práctica decisoria, no cometió un error de Derecho y no vulneró los principios de proporcionalidad e igualdad de trato, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, ya que sobrepasó manifiestamente los límites de una evaluación razonable de las pruebas que le fueron presentadas e inobservó la jurisprudencia pertinente. Los motivos específicos de las recurrentes son los siguientes:

1. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al sobrepasar los límites de una evaluación razonable de la prueba de las infracciones controvertidas, en particular, de las infracciones AMS y CAF, relativa al conjunto de los servicios de transitarios considerados como un «lote de servicios».