Palabras clave

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Palabras clave

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1. Agricultura ° Organización común de mercados ° Plátano ° Régimen de importación ° Contingente arancelario ° Reparto ° Operador de las categorías A y B ° Concepto

[Reglamento nº 404/93 del Consejo; Reglamento nº 1442/93 de la Comisión, art. 3, ap. 1, letra b)]

2. Agricultura ° Organización común de mercados ° Plátano ° Régimen de importación ° Contingente arancelario ° Reparto ° Normas de desarrollo ° Competencia de la Comisión para corregir dobles contabilizaciones de referencias cuantitativas en el momento de la determinación del coeficiente de reducción

(Tratado CE, art. 155; Reglamento nº 404/93 del Consejo, arts. 19, ap. 1, y 20)

3. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance

(Tratado CE, art. 190)

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1. La letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 1442/93, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en la Comunidad establece tres requisitos acumulativos para definir a un operador de las categorías A y/o B a efectos de la función descrita en la letra b), esto es, el despacho a libre práctica de plátanos verdes, la calidad de propietario, o, a falta de ésta, la asunción de los riesgos de deterioro o de pérdida del producto, y, por último, la venta para una posterior comercialización en el mercado comunitario. Del análisis de este texto se deduce que el criterio de la asunción de los riesgos de deterioro o de pérdida del producto sólo constituye un requisito alternativo al que puede recurrirse en el supuesto de que no se cumpla el requisito que exige la calidad de propietario.

2. La redacción del artículo 20 del Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, no prohíbe a la Comisión adoptar las normas de desarrollo que, aunque no estén contempladas expresamente por esta disposición, requiera el buen funcionamiento del régimen de importación establecido en el sector. En efecto, habida cuenta de que la competencia de ejecución que el Consejo puede atribuir a la Comisión en virtud del cuarto guión del artículo 155 del Tratado debe entenderse, en materia agrícola, en el sentido de que abarca todas las normas de desarrollo necesarias o útiles para la ejecución de la normativa de base, siempre que no sean contrarias a ésta o a la normativa de desarrollo del Consejo, la necesidad de respetar la igualdad de trato de todos los operadores económicos en todos los Estados miembros y de garantizar el funcionamiento del régimen de importación sobre la base de datos correctos implica que la Comisión, responsable de la gestión de la organización común, puede adoptar medidas para impedir las dobles contabilizaciones de referencias cuantitativas en el momento de la determinación del coeficiente de reducción.

En la organización común de mercados en el sector del plátano, ni el Consejo ni la Comisión han atribuido a los Estados miembros una facultad de decisión para la gestión del contingente de importación, pero éstos deben asumir ciertas funciones técnicas por cuenta y bajo la supervisión de la Comisión. Así, el último párrafo del apartado 1 del artículo 19 del citado Reglamento prevé que los Estados miembros establecerán la lista de operadores, así como la cantidad media de plátanos que cada operador haya vendido en los últimos tres años de los que se tenga datos. No obstante, el papel que desempeñan los Estados miembros en la recogida y transmisión de datos no puede impedir a la Comisión, encargada de la gestión cotidiana de la organización común de mercados, verificar la exactitud de tales datos y corregirlos si se comprueba que dobles contabilizaciones pueden falsear la base del régimen de importación.

3. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado ha de reflejar clara e inequívocamente el razonamiento de la Institución de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control. Sin embargo, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de una decisión cumple las exigencias del artículo 190 debe apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Máxime cuando los Estados miembros han estado estrechamente asociados al proceso de elaboración del acto objeto de litigio y conocen, pues, las razones que motivan este acto.