No obstante, el alcance preciso de una declaración de invalidez del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, de las obligaciones derivadas de ella debe determinarse, en cada caso concreto, teniendo en cuenta no solo el fallo de dicha sentencia, sino también los motivos que constituyen su sustento necesario (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2016, CM Eurologistik y GLS, C‑283/14 y C‑284/14 , EU:C:2016:57 , apartado 49 y jurisprudencia citada).

A este respecto, en lo que se refiere, en primer lugar, a la posibilidad de reanudar el procedimiento que condujo a la adopción de los Reglamentos definitivo y de prórroga al objeto de restablecer los derechos antidumping impuestos por estos últimos durante su período de aplicación inicial, procede señalar que, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia anula un reglamento que establece derechos antidumping o declara inválido tal reglamento, la institución que debe adoptar las medidas necesarias para la ejecución de dicha sentencia tiene la facultad de reanudar el procedimiento que dio lugar al referido reglamento, aunque la normativa aplicable no haya previsto expresamente esta facultad (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2016, CM Eurologistik y GLS, C‑283/14 y C‑284/14, EU:C:2016:57, apartados 51 y 52). Además, de reiterada jurisprudencia se desprende que, salvo que la irregularidad constatada conlleve la nulidad de todo el procedimiento, la institución de que se trate tiene la facultad de reanudar este, con el fin de adoptar un acto que sustituya al acto anulado o declarado inválido, en la fase en la que se cometió la infracción (sentencia de 28 de enero de 2016, CM Eurologistik y GLS, C‑283/14 y C‑284/14, EU:C:2016:57, apartado 51).

En lo que respecta, a continuación, a la cuestión de si tal reanudación del procedimiento está autorizada en el supuesto de que los derechos antidumping controvertidos hayan expirado, habida cuenta de las normas aplicables en materia de irretroactividad, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, cuando una institución de la Unión hace uso de la facultad de reanudación del procedimiento mencionado en los apartados 73 y 74 de la presente sentencia, debe, de conformidad con los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, aplicar las normas sustantivas vigentes en la fecha de los hechos a los que se refiere el reglamento anulado o declarado inválido (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Comisión/McBride y otros, C‑361/14 P, EU:C:2016:434, apartado 40).

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 384/96, la reanudación del procedimiento efectuada, en el presente asunto, por el Reglamento controvertido no puede llevar a que el reglamento que se adopte al término de dicho procedimiento, en sustitución de los Reglamentos definitivo y de prórroga, restablezca derechos antidumping que se apliquen a productos despachados a libre práctica antes de la fecha de entrada en vigor de dichos Reglamentos. Sin embargo, el tenor del artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 384/96 no excluye tal reanudación del procedimiento en el supuesto de que los derechos antidumping de que se trate hayan expirado desde esa fecha, siempre que esos derechos se restablezcan durante su período de aplicación inicial y, por lo tanto, en el presente asunto, para productos despachados a libre práctica después de la entrada en vigor de los Reglamentos definitivo y de prórroga.

Por último, en lo que respecta a la regla enunciada en el artículo 221, apartado 3, del código aduanero, ha de recordarse que es cierto que tiene el efecto no solo de impedir que el importe de los derechos de aduana pueda comunicarse al deudor después de la expiración de un plazo de tres años a contar desde la fecha de nacimiento de su deuda aduanera, sino también de causar la prescripción de la propia deuda aduanera a la expiración de dicho plazo (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de febrero de 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, apartados 39 y 41).

No obstante, y como ya señaló el Tribunal de Justicia, dicha regla únicamente se aplica, según los propios términos del artículo 221, apartado 3, del código aduanero, a la comunicación al deudor del importe de los derechos de aduana y su puesta en práctica incumbe, por lo tanto, únicamente a las autoridades aduaneras nacionales competentes para llevar a cabo tal comunicación (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2003, Países Bajos/ComisiónC‑156/00, EU:C:2003:149, apartados 63 y 64)

(véanse los apartados 73, 74, 76 a 78, 80 y 81)