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El artículo 10 de la Ley n.o 146, de 8 de mayo de 1998 (GURI n.o 110, de 14 de mayo de 1998; suplemento ordinario a la GURI n.o 93), establece lo siguiente: «1. Se podrán practicar regularizaciones tributarias basadas en estudios sectoriales, previstas en el artículo 62 sexies del Decreto Legislativo n.o 331, de 30 de agosto de 1993, modificado y convalidado mediante la Ley n.o 427, de 29 de octubre de 1993 a los contribuyentes, con arreglo a los procedimientos establecidos en el presente artículo, cuando los ingresos o las retribuciones declarados sean inferiores a los ingresos o las retribuciones que se hayan determinado sobre la base de dichos estudios. […] 3 bis. En los supuestos a los que hace referencia el apartado 1, con carácter previo a la notificación del acto de liquidación tributaria, la Administración fiscal emplazará al contribuyente a comparecer con arreglo al artículo 5 del Decreto Legislativo n.o 218 de 19 de junio de 1997. 3 ter. En caso de que exista una incongruencia con los ingresos o retribuciones determinados sobre la base de estudios sectoriales, se podrá emitir una certificación detallando los motivos que justifiquen la incongruencia entre los ingresos o retribuciones declarados y los resultantes de la aplicación de esos estudios. También se podrán certificar los motivos de las inconsistencias entre la declaración y los indicadores económicos identificados por los estudios antes mencionados. Esta certificación será expedida, a instancia de los contribuyentes, por las personas indicadas en las letras a) y b) del artículo 3, apartado 3, del Reglamento establecido por el Decreto del Presidente de la República n.o 322, de 22 de julio de 1998, que están facultados para enviar las declaraciones por vía electrónica, por los agentes de asistencia tributaria de los centros constituidos por las personas contempladas en el artículo 32, apartado 1, letras a), b) y c), del Decreto Legislativo n.o 241, de 9 de julio de 1997, y por los empleados y funcionarios de las asociaciones profesionales habilitadas para proporcionar la asistencia técnica prevista en el artículo 12, apartado 2, del Decreto Legislativo n.o 546, de 31 de diciembre de 1992. […] A los efectos del [IVA], a los ingresos o la retribución superiores determinados sobre la base de los mencionados estudios sectoriales se aplicará, habida cuenta de la existencia de operaciones no sujetas al impuesto o de operaciones sujetas a regímenes especiales, el tipo imponible medio resultante del cociente entre el impuesto sobre las operaciones gravadas y el volumen de negocios declarado, deduciendo de este el relativo al impuesto sobre las entregas de bienes amortizables y al volumen de negocios declarado. […] 7) Mediante decreto del Ministerio de Hacienda se establecerá un comité de expertos nombrado por el Ministro, habida cuenta de los informes elaborados por las organizaciones económicas profesionales y los colegios profesionales. Este comité presentará un dictamen sobre la capacidad de dichos estudios para representar la realidad a la que se refieren con carácter previo a la aprobación y publicación de cada uno de tales estudios. No está prevista ninguna contraprestación por la actividad de asesoramiento de los miembros del comité. […]»