La primera condición para concebir que un interés individual pueda ser protegido, desde el punto de vista del recurso de indemnización por un daño injusto, consiste en que sea posible admitir la compatibilidad de dicho interés con los fines perseguidos por la medida de la que se deriva directamente el daño.

Una vez comprobado esto, debe asimismo dilucidarse si, al no proteger este interés, la Comisión ha vulnerado una norma o un principio del Derecho hasta el punto de entrañar la responsabilidad de la Comunidad por el eventual perjuicio.

Para responder negativamente al primero de los dos interrogantes enunciados no basta con afirmar que el mantenimiento de los montantes compensatorios a la exportación sería imposible sin su «vivo retrato» necesario que son los montantes a la importación; y que, además, la supresión, una vez decidida, debía efectuarse sin dilación. En efecto, el mantenimiento de situaciones que se vinculan a actos jurídicos concluidos, de manera definitiva, en una época anterior a la adopción de la nueva normativa no es necesariamente incompatible con estas exigencias. Ya antes de la adopción del Reglamento no 837/72, que de forma general tiene por objeto proteger las expectativas de los interesados en caso de modificación, en su perjuicio, de los montantes compensatorios, otorgándoles la posibilidad de obtener la aplicación, a la exportación, del montante compensatorio válido en el Estado miembro considerado el día de la fijación anticipada de la restitución, la Comisión se preocupó de evitar que las modificaciones de la normativa vigente en la época de la celebración de un contrato pudieran implicar consecuencias desfavorables para los agentes económicos, y adoptó una serie de medidas generales o especiales destinadas a salvaguardar los intereses y expectativas de los operadores en caso de modificación, en su perjuicio, de los montantes compensatorios monetarios: ello prueba que las medidas de este género no son, de forma general, incompatibles con las que tienen por objeto modificar o suprimir dichos montantes compensatorios. Recordaré, a este respecto, el Reglamento (CEE) no 1013/71 de la Comisión, de 17 de mayo de 1971 (DO L 110, p. 8), que establecía las modalidades de aplicación del Reglamento no 974/71 relativo al establecimiento de los montantes compensatorios monetarios. Mediante este Reglamento, la Comisión excluyó de la aplicación del montante compensatorio monetario a la importación los contratos celebrados dos días antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento de aplicación, en caso de que el montante compensatorio tuviera consecuencias económicas distintas de las que se habrían producido a falta de las medidas monetarias.

Con posterioridad a los hechos relativos al presente asunto, y a raíz de la adopción, precisamente en el sector de los productos controvertidos, de un sistema especial de montantes diferenciados que debían percibirse o concederse por las semillas de colza y de nabina transformadas o exportadas, con el fin de tener en cuenta la incidencia de los tipos de cambio efectivos de los diversos Estados miembros sobre los precios de las semillas, la Comisión, mediante el Reglamento (CEE) no 2041/73, de 27 de julio de 1973 (DO L 207, p. 33), tomó en consideración la circunstancia de que, a raíz del nuevo régimen general de los montantes compensatorios monetarios, que entró en vigor el 4 de junio de 1973, el montante diferencial de un Estado miembro no expresaba ya la relación de su moneda con el dólar estadounidense y que, si un operador había fijado por anticipado una ayuda o una restitución antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de montantes diferenciales, podría haber sufrido un perjuicio, habida cuenta de la evolución del dólar hasta el momento del paso de un sistema al otro. Por estas razones, a petición de los interesados, la Comisión mantuvo la aplicabilidad del antiguo montante diferencial a todas las operaciones por las que se hubiera solicitado la fijación de la restitución o de la ayuda antes de la entrada en vigor de la nueva normativa establecida por el Reglamento (CEE) no 1356/73 del Consejo, de 15 de mayo de 1973 (DO L 141, p. 28).

El Reglamento (CEE) no 1608/74 de la Comisión, de 26 de junio de 1974 (DO L 170, p. 38), contempló, a continuación, la posibilidad de tener en cuenta a los particulares y las situaciones individuales de los distintos operadores con el fin de remediar el perjuicio que podía sufrir cada uno de ellos, en razón de acontecimientos de carácter monetario, en el cumplimiento de compromisos contractuales precedentes para los cuales el acontecimiento de carácter monetario hubiera entrañado una mayor carga a la importación o a la exportación. El mismo Reglamento establecía la aplicabilidad, con carácter retroactivo a partir del 4 de junio del año anterior, de las nuevas posibilidades que concedía a los agentes económicos.

Los distintos ejemplos que acabo de mencionar muestran que la Comisión no ignoraba el problema que se suscita en el presente asunto y que, en varias ocasiones, trató de resolverlo de forma que satisficiera las exigencias de equidad que ella misma mencionaba expresamente en los Reglamentos que he citado. Pero es evidente que el hecho de que, en el caso que hoy nos ocupa, no tuviera en cuenta motivos de estricta equidad no es suficiente para entrañar su responsabilidad extracontractual, que presupone un acto ilícito y no un comportamiento perjudicial cualquiera: dado que se trata de un acto normativo que implica apreciaciones de política económica, la responsabilidad de la Institución exige una infracción particularmente bien definida.