Estas condiciones se cumplen en el caso de las modificaciones introducidas por el Reglamento no 302/2012 en el Reglamento no 543/2011, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento no 1234/2007 en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, que limitan la participación de la Unión en la financiación a las ayudas concedidas a las agrupaciones de productores de frutas y hortalizas. De hecho, las razones de la introducción de tales modificaciones se exponen en los considerandos 5 y 6 del citado Reglamento no 302/2012.

Tal es el caso de las disposiciones del Reglamento no 302/2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución no 543/2011, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento no 1234/2007 en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, que determinan los derechos y obligaciones de las entidades jurídicas interesadas de una forma clara y precisa, la cual permite a estas últimas conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones desde la entrada en vigor del Reglamento no 302/2012. Algo similar sucede con las disposiciones transitorias que figuran en el artículo 2, apartados 1 a 3, de este Reglamento, que regulan los derechos de las agrupaciones de productores de frutas y hortalizas en el marco de la aplicación de las nuevas normas relativas al importe de las ayudas. Estas disposiciones transitorias cumplen asimismo el requisito de previsibilidad, en la medida en que permiten que los productores de frutas y hortalizas en cuestión conozcan las normas de financiación que les serán aplicables en el futuro en función de la fase en que se encuentren las inversiones previstas en sus planes de reconocimiento.

Cuando un agente económico prudente y diligente puede prever la adopción de una medida que podría afectar a sus intereses, no puede invocar en su favor el principio de protección de la confianza legítima si tal medida se adopta. Los agentes económicos tampoco pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente, que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias, y esto ocurre especialmente en un ámbito como el de las organizaciones comunes de mercados, cuyo objeto lleva consigo una adaptación constante en función de las variaciones de la situación económica. Lo mismo ocurre respecto de un nuevo Estado miembro.

No constituye una violación del principio de protección de la confianza legítima el hecho de que la Comisión no previera, en el Reglamento no 302/2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución no 543/2011, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento no 1234/2007 en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, disposiciones transitorias aplicables a las entidades jurídicas cuyos planes de reconocimiento, presentados con el fin de ser reconocidas como organizaciones de productores, no habían sido aceptados con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones modificadoras. De hecho, la competencia reconocida a la Comisión por el artículo 103 bis, apartado 2, en relación con el artículo 103 nonies, párrafo primero, letra a), del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, le otorga la facultad de dictar normas que permitan adoptar los umbrales y los límites máximos de las ayudas aplicables y el grado de financiación de la Unión. Habida cuenta de la facultad de apreciación de la Comisión y del hecho de que las entidades jurídicas en cuestión operan en el ámbito de las organizaciones comunes de mercados, éstas no podían confiar legítimamente en que siguieran siendo aplicables las disposiciones anteriores una vez entraran en vigor las disposiciones modificadoras del Reglamento no 302/2012.

(véanse los apartados 55 a 57, 59, 65 y 67)