ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
11

Considerando que, si bien es cierto que el artículo 38 y sus disposiciones conexas permiten determinar en algunos aspectos el ámbito de aplicación de las disposiciones agrícolas del Tratado, no es menos cierto que en otros aspectos y, en particular, por lo que se refiere al tipo de explotaciones sujetas a dichas disposiciones, el concepto de agricultura no está delimitado con precisión por el Tratado; que, en consecuencia, corresponde a las autoridades competentes precisar en su caso, a efectos de la normativa agrícola derivada del Tratado, el ámbito de aplicación personal y material de la misma; que procede, pues, determinar el ámbito de aplicación del Reglamento no 2464/69 a partir del tenor literal y de las finalidades del mismo.
2

Considerando que procede recordar que en una fase anterior del litigio, el Pretore había sometido al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales que le permitiesen apreciar la compatibilidad, con el Tratado y con algún Reglamento —en particular, el Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (DO L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157)—, de determinados derechos de inspección sanitaria, percibidos por la importación de carne de bovino en virtud del «texto único» de las leyes sanitarias italianas, cuyo importe había sido fijado, por última vez, mediante el baremo anexo a la Ley no 1239, de 30 de diciembre de 1970 (Gazzeta ufficiale no 26, de 1 de febrero de 1971);
6

que, mediante resolución de 9 de agosto de 1973, le fue denegada al interesado la autorización solicitada, porque, con arreglo a la Ley de 31 de diciembre de 1940, dicha autorización tiene siempre carácter excepcional cuando no existe convenio de reciprocidad entre Francia y el país del que sea originario el solicitante y porque, a falta de convenio específico al respecto entre Estados miembros de la CEE y, en particular, entre Francia y el Reino Unido, el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea no puede hacer sus veces, ya que los artículos 52 a 58, que se refieren a la libertad de establecimiento, se remiten, para la realización de esta libertad, a Directivas del Consejo que todavía no han sido adoptadas;
Agricultura — Organización común de mercados — Azúcar — Certificados de exportación — Fijación anticipada de la restitución — Modificación de los tipos de cambio — Consecuencias para los interesados — Facultad de anular los certificados — Derecho a compensación por el perjuicio sufrido

(Reglamento no 878/77 del Consejo, art. 4, ap. 2; Reglamentos de la Comisión no 937/77, art. 2, y no 1583/77)
50

Considerando que de cuanto precede se deduce que los mayoristas en régimen de autoservicio, en gran medida, pueden cumplir sin inconveniente alguno los requisitos establecidos por SABA para la autorización como mayorista; que, aunque, por el contrario, los planes de compras que los mayoristas están obligados a suscribir en el contrato de cooperación constituyen, con toda probabilidad, un elemento extraño a los métodos propios de este canal de distribución, no parece que la Comisión haya sobrepasado el margen de apreciación que le corresponde en la materia al sopesar, por un lado, para el sector concreto de la electrónica de entretenimiento, la necesidad de los contratos de cooperación para asegurar a la red de distribución SABA, en particular respecto a los mayoristas especializados, una coherencia suficiente y, por otro, las dificultades no insuperables que de ello derivan para los mayoristas en régimen de autoservicio, y dar preferencia a la primera; que podría no ser así si, en particular, como consecuencia de una multiplicación de redes de distribución selectiva de contenido similar al de SABA, los mayoristas en régimen de autoservicio quedaran eliminados efectivamente como distribuidores en el sector de la electrónica de entretenimiento; que, no obstante, de las consideraciones anteriores se desprende que no sucedía así en el momento en que se adoptó la Decisión controvertida; que, por tanto, esta Decisión no se basa manifiestamente en una apreciación errónea de las condiciones económicas en las que se desarrolla la competencia en el sector de que se trata;
51

que, como el mercado de referencia tiene las características de un mercado oligopolístico estricto, en el que el grado de competencia ya se halla debilitado de por sí, la cuota de mercado de Roche, que es igual a la suma de las de sus dos inmediatos competidores, demuestra que dispone de una total libertad de acción para decidir qué actitud adoptar frente a la competencia; que el hecho de que exista un adelanto tecnológico de Roche respecto a sus competidores, debido a que es el inventor y el titular de muchas patentes relativas a la vitamina A, incluso después de caducadas esas patentes, constituye un indicio complementario de que ocupa una posición dominante; que, como se ha señalado anteriormente, lo mismo puede decirse en cuanto a la inexistencia de competencia potencial por parte de empresas nuevas, mientras que la derivada del exceso de capacidad de producción en las empresas ya existentes favorecía más bien a Roche, según se desprende de un extracto de la Management Information de mediados de agosto de 1971, que dice «Although BASF will continue to intensify its activities, we expect to achieve a further steady increase of our turnover. However, the present overcapacity of production is such, that a firming of prices cannot be expected for the next few years. Such a development would, of course, be accelerated if one of our smaller competitors ceased production»;
11

que el Juez nacional precisa también que dicha medida forma parte de un régimen de ayudas para las que existen disposiciones comunitarias, en particular, el artículo 34 del Reglamento no 1009/67, el artículo 38 del Reglamento no 3330/74 y el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1487/76 del Consejo, de 22 de junio de 1976 (DO L 167, p. 9), pero que nunca ha sido autorizada por una Institución comunitaria ni aplicada de acuerdo con el procedimiento del artículo 41 del Reglamento no 1009/67 o del artículo 36 del Reglamento no 3330/74.
5

Considerando, a tenor de este texto, que la segunda cuestión planteada a este Tribunal de Justicia debe ser resuelta en primer lugar, dado que si no se pudiera considerar que el demandante —al que no se le discuten sus cualidades de trabajador y de nacional de un Estado miembro— está o ha estado «sometido a la legislación de un Estado miembro», su caso no estaría regulado por la normativa comunitaria y ello supondría que la primera cuestión quedaría sin objeto;
1

Considerando que, mediante resolución de 9 de diciembre de 1975, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de febrero de 1976, la cour d'appel de Mons planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio») (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los números 1 y 5 del artículo 5 de dicho Convenio;
La calidad de trabajador en el sentido del Reglamento no 1408/71 debe ser considerada como adquirida cuando el trabajador satisfaga los requisitos materiales objetivamente fijados por el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable, aunque no se hayan cumplido los trámites necesarios para la afiliación a dicho régimen.

Un trabajador que se halle en desempleo total, quien, durante su último empleo, haya sido empleado en un Estado miembro que no sea el de su residencia, por una empresa establecida en este último Estado y que, por esta actividad, estaba sometido a la legislación del Estado de empleo, puede, en virtud del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 del Reglamento no 1408/71, reclamar el disfrute de las prestaciones de desempleo según lo dispuesto por la legislación nacional del Estado donde resida y donde se encuentren los servicios de empleo a cuya disposición se ponga.

Las prestaciones de desempleo contempladas en la letra g) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71, están esencialmente destinadas a que se asegure al trabajador que se halle en situación de desempleo el pago de cantidades que no corresponden a prestaciones de servicios de ese trabajador durante su empleo. Las prestaciones como las del Capítulo III A de la Ley neerlandesa sobre desempleo, tienen como finalidad permitir que el trabajador que sea acreedor de salarios tras la quiebra del empresario, pueda cobrar su crédito dentro de los límites establecidos por esta Ley y, por consiguiente, no constituyen «prestaciones de desempleo» en el sentido de la letra g) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71.
20

que, en efecto, si ello no fuera así, el trabajador, preocupado por garantizar a su hijo el derecho duradero a los subsidios que necesita por su condición de minusválido, se vería incitado a no permanecer en el Estado miembro en el que se estableció y encontró empleo, lo que iría en contra de la finalidad perseguida por el principio de la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, habida cuenta, entre otros, del derecho reconocido al trabajador y a los miembros de su familia, en virtud de este principio, a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones fijadas por el Reglamento (CEE) no 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970 (DO L 142, p. 24; EE 05/01, p. 93).
Un trabajador residente en un Estado miembro y que ejerza ocasionalmente su actividad en el territorio de otro Estado miembro, en condiciones tales que impliquen su sujeción al régimen de Seguridad Social establecido por este último Estado para los trabajadores por cuenta ajena o asimilados, estará sometido, en virtud del párrafo primero de la letra c) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento no 3, a la legislación del Estado en el que resida, siempre que se halle afiliado, como trabajador por cuenta ajena, o asimilado, al régimen de Seguridad Social de dicho Estado. A falta de tal afiliación, estará sometido, en virtud del artículo 12 del citado Reglamento, a la legislación social del Estado miembro en el que ocasionalmente ejerza su actividad.

En caso de accidente de trabajo, incluido el accidente in itinere, sobrevenido a un trabajador por cuenta ajena o asimilado, que se halle sometido a la legislación de su Estado de residencia y que esté ocasionalmente empleado en el territorio de otro Estado miembro, la Entidad Gestora de la Seguridad Social de este último Estado, en tanto en cuanto institución del lugar donde se encuentra el trabajador, no deberá abonar, llegado el caso y en virtud del apartado 1 del artículo 29 del Reglamento no 3, más prestaciones en especie que las previstas por su propia legislación, con cargo a la institución del Estado competente.
6

Considerando que el artículo 215 del Tratado no impide someter un asunto al Tribunal de Justicia con objeto de que declare la responsabilidad de la Comunidad por daños inminentes y previsibles con suficiente certeza, ni siquiera en el caso de que el perjuicio no pueda cuantificarse aún con precisión; que, en efecto, puede resultar necesario, para prevenir daños más considerables, recurrir al Juez desde el momento en que exista certeza sobre la causa del perjuicio; que esta apreciación se ve confirmada por las normas vigentes en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, la mayoría de los cuales, si no todos, admiten las acciones de responsabilidad fundadas en un daño futuro, pero que va a producirse con suficiente certeza.
6

Considerando que no se excluye que, en ciertos casos, un servicio determinado, efectivamente prestado, pueda ser objeto de una posible contrapartida proporcional a dicho servicio, no puede tratarse más que de casos específicos que no pueden llevar a eludir lo dispuesto por los artículos 9 y 16 del Tratado;
1

Considerando que, mediante resolución de 26 de abril de 1974, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de mayo, el Pretore de Roma, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, diversas cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 2, 3, párrafo segundo del artículo 30, apartado 1 del artículo 39 y apartado 3 del artículo 40, así como de los preceptos del Reglamento no 120/67/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1967, relativo a la organización común de mercados en el sector de los cereales (DO 1967, 117, p. 2269) y del Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (DO 1966, 172, p. 3025; EE 03/01, p. 214);
16

que, por el contrario, el espíritu y el sistema del artículo 93 implican que, cuando haya comprobado que una ayuda se ha establecido o modificado vulnerando lo previsto en el apartado 3, la Comisión, en particular cuando considere que dicha ayuda no es compatible con el mercado común a tenor del artículo 92, debe estar facultada para decidir que el Estado de que se trate debe suprimirla o modificarla, sin que esté obligada a señalar un plazo y sin perjuicio de acudir al Tribunal de Justicia si el Estado de que se trate no actúa con toda la diligencia que el caso requiere;
260

que habiendo solicitado a Export un comerciante alemán, por cuenta de un cliente establecido en Aquisgrán y mediante télex de 11 de septiembre de 1970 (anexo I 106 de los escritos de contestación), que le presentara una oferta de 15.000 toneladas al precio de 1.095,93 BFR, Export, mediante télex de 14 de septiembre de 1970 (anexo I 107 de los escritos de contestación), después de haber afirmado que «after having taken close contacts with the German Pfeifer & Langen refiners of Köln, Tirlemont told us they would not, properly speaking, decline any bid or refuse any offer for the German market. Their target being by no way to disturb the Pfeifer & Langen home market, they asked the Köln refiners to inform them about their internal prices, delivered points of destination in the Ruhr area, as well as close the Belgian border (Aachen for instance)» [«después de haber mantenido estrechos contactos con la refinería alemana Pfeifer & Langen de Colonia, Tirlemont nos declaró que, en realidad, no declinaría ni rehusaría ninguna oferta para el mercado alemán. Dado que su finalidad era no perturbar de ningún modo el mercado interior de Pfeifer & Langen, pidió a la refinería de Colonia que le comunicara sus precios interiores, puntos de entrega o de destino en la región del Ruhr, así como en las cercanías de la frontera belga (Aquisgrán, por ejemplo)»], presenta cálculos de precios efectuados en función de los precios alemanes y añade que «the Tirlemont group says […] that they might be possibly sellers of Belgian […] sugar for the German consumption market […] if they could get such price, even if it is in line (and specially for that reason) with the German internal price, Pfeifer & Langen German clients will have practically no interest at all to change of suppliers» [«el grupo Tirlemont declara […] que es posible que venda azúcar belga […] con destino al mercado alemán para el consumo […] si pudiera conseguir […] dicho precio, incluso si éste correspondiera al precio interior alemán (y especialmente por esta razón), los clientes alemanes de Pfeifer & Langen prácticamente no tendrán el menor interés en cambiar de proveedor»];
3

Considerando que el artículo 48 del Tratado garantiza la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y, a este fin, prevé en su apartado 2 «la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo»; que, a este respecto, el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68 prescribe que «el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución […]»; que, a tenor del apartado 4 del mismo artículo, «toda cláusula de convenio colectivo o individual o de otra reglamentación colectiva referente al acceso al empleo, a la retribución y a las demás condiciones de trabajo y despido, será nula de pleno derecho en la medida en que prevea o autorice condiciones discriminatorias para los trabajadores nacionales de otros Estados miembros»; que en virtud del apartado 4 del artículo 48 del Tratado, no obstante, los preceptos citados no son aplicables «a los empleos en la Administración pública»; que, consecuentemente, se trata de determinar el alcance de dicha excepción.
1

Considerando que, mediante resolución de 17 de octubre de 1973, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de noviembre de 1973, el tribunal de premiére instance de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 816/70 del Consejo, de 28 de abril de 1970 (DO L 99, p. 1), así como de determinadas disposiciones del Acuerdo por el que se constituye una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Grecia, celebrado en virtud de la Decisión 63/106/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1961, y publicado en el Diario Oficial el 18 de febrero de 1963 (DO 1963, 26, p. 293) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Atenas»).
16

que los derechos de que se trata se derivan a menudo no solamente de la legislación nacional sino de ésta en relación con el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad que establece el artículo 8 del Reglamento no 3 y del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento no 1408/71;
7

que la circunstancia de que los Convenios de Seguridad Social celebrados entre Estados miembros impliquen prestaciones superiores a las que resultan de dicho Reglamento para las personas a las que se aplica el Reglamento no 3 no bastan, pues, para justificar una excepción a dicho principio, aunque esos Convenios no hayan sido expresamente mantenidos por el Reglamento;
5

Considerando que la segunda cuestión se refiere a si los conceptos de «restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente» y de «contingentes», que se mencionan en los artículos 30 a 32 y 34 del Tratado, así como en los Reglamentos no 159/66/CEE (DO 1966, 192, p. 3286) y (CEE) no 2513/69 (DO 1969, L 138, p. 6) se aplican igualmente a disposiciones legales nacionales que prohíben la importación y la exportación sin licencia, pero que no se aplican en realidad debido a que se conceden exenciones a la prohibición y, en la medida en que no sea éste el caso, porque la licencia se concede siempre que se formula la solicitud correspondiente.
7

que las medidas objeto del Reglamento de aplicación no 102/64 de la Comisión no sobrepasan el marco de la ejecución de los principios del Reglamento de base no 19; que la Comisión pudo, pues, estar válidamente habilitada por el Reglamento no 19 para adoptar las medidas de aplicación controvertidas, cuya validez no puede ser cuestionada en relación con los requisitos del apartado 2 del artículo 43 del Tratado.
4

que, para aplicar dicho artículo 24, la Comisión determinó mediante el Reglamento no 27, de 3 de mayo de 1962 (DO 1962, 30, p. 1118; EE 08/01, p. 31), modificado por los Reglamentos no 153, de 21 de diciembre de 1962 (DO 1962, 139, p. 2918), y (CEE) no 1133/68, de 26 de julio de 1968 (DO 1968, L 189, p. 1; EE 08/01, p. 121), los datos que deben obligatoriamente contener los formularios de notificación; que el formulario B, que acompaña como Anexo al Reglamento no 27 y el formulario A/B que lo sustituyó -en 1968, disponen en la rúbrica: «Informaciones relativas al contenido del acuerdo, de la decisión o de la práctica concertada» que si se trata de un contrato tipo: «es decir, de un contrato que el declarante concluyó regularmente con personas o grupos de personas determinadas (por ejemplo un contrato restrictivo de la libertad de acción de un cocontratante en materia de precios o de condiciones comerciales en la reventa de productos suministrados por el otro contratante)» basta adjuntar en anexo el texto de este contrato tipo; que bajo la rúbrica: «Informaciones relativas a los participantes», estos mismos formularios precisan que la indicación de la razón social y de la dirección de las empresas que participan en el acuerdo no es necesaria para los contratos tipos; que, por lo demás, las particularidades de la notificación de los contratos tipos son válidas igualmente, según dichos formularios, para las peticiones de declaraciones negativas a los efectos del artículo 2 del Reglamento no 17;
2)

Considerando que el Centrale Raad van Beroep ha planteado igualmente la cuestión de si el artículo 28 es aplicable a las legislaciones que no hacen depender el importe de la pensión de la duración del seguro. Considerando que, con posterioridad a la resolución del Centrale Raad van Beroep, se adoptó el Reglamento no 130/63/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1963, por el que se modifican determinados anexos del Reglamento no 3 y del Reglamento no 4 (DO 1963, 188, pp. 2996 y ss.); que este último Reglamento tiene por objeto completar omisiones del Reglamento no 3; que su artículo 7 modifica el Anexo G de dicho Reglamento, relativo a la legislación neerlandesa; que dispone que, al aplicar los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, las Instituciones «tendrán en cuenta» las nuevas disposiciones dictadas para el futuro; que el Reglamento no 130 ha de aplicarse a partir de su publicación; que, no obstante, el apartado 2 del artículo 7 dispone que las modificaciones introducidas por dicho artículo en el Anexo G del Reglamento no 3 únicamente producirán efectos a partir del 1 de enero de 1959; que, sin embargo, semejante efecto retroactivo no puede perjudicar a las personas cuyo derecho a prestaciones haya nacido antes de la publicación del Reglamento no 130. Considerando que conforme a lo antes expuesto el principio y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 se aplican también a las legislaciones que no supeditan el importe de las prestaciones de la duración del seguro;
c)

Considerando que, por todo ello, es importante saber si en este caso las circunstancias pueden justificar que las medidas de salvaguardia se circunscriban únicamente a las importaciones italianas. Considerando que la demandada ha visto en el «aumento masivo de las importaciones procedentes de la República Italiana» el origen de las dificultades francesas, y ha circunscrito por consiguiente la medida de salvaguardia a los productos italianos; que, para justificar su apreciación y la elección de esta medida, la Comisión se ha basado fundamentalmente en el hecho de que, por una parte, el volumen de las importaciones procedentes de países terceros «no ha experimentado un crecimiento anormal» y por tanto «no puede impedir la reestructuración del sector francés de que se trata» y, por otra, que el precio de los productos importados de otros países miembros «no difiere sensiblemente del precio de los productos franceses similares y que el aumento del volumen de importación, siendo elevado, no se considera anormal»; que de los datos sometidos al conocimiento del Tribunal de Justicia no se desprende que esta valoración de la Comisión sea manifiestamente errónea; que no se discute que las importaciones de países terceros sean de poca importancia; que no se ha demostrado que la Comisión se haya equivocado al afirmar que el precio de los productos originarios de otros Estados miembros no difería sensiblemente del precio de los productos franceses similares; que por lo tanto, en comparación con el volumen — que ella no considera anormal- de las importaciones procedentes de otros Estados miembros, podía considerar que el aumento masivo de las importaciones italianas era un hecho que justificaba la medida específica objeto de la Decisión.