115

Tras recordar el contenido de la medida controvertida en los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó, en los considerandos 126 a 154 de esta, la aplicabilidad del criterio del inversor privado a dicho medida en los siguientes términos: «126. Para determinar la eventual aplicación del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado, debe establecerse, en el marco de una apreciación global, si la exención fiscal fue concedida por la República Francesa en su calidad de accionista o como poder público. El Tribunal de Justicia precisa, en su sentencia de 5 de junio de 2012, varios elementos que deben tenerse en cuenta en esta apreciación global. Estos elementos, que se examinarán posteriormente de forma más detallada en relación con las circunstancias del caso concreto, son los siguientes: – incumbe al Estado miembro, en caso de duda, demostrar inequívocamente y basándose en factores objetivos y verificables que la medida ejecutada corresponde a su cualidad de accionista […]; esos factores deben poner de manifiesto que el Estado miembro interesado adoptó, con anterioridad o al mismo tiempo que la concesión de la ventaja económica, la decisión de realizar una inversión en la empresa pública controlada, mediante la medida efectivamente ejecutada […] – a este respecto, puede ser necesario presentar elementos de prueba que evidencien que la decisión se ha basado en valoraciones económicas análogas a las que, en las mismas circunstancias, un inversor privado prudente en una economía de mercado que se hubiera encontrado en una situación lo más parecida posible a la del Estado miembro en cuestión hubiera mandado realizar antes de proceder a la inversión, para determinar la rentabilidad futura de la misma […]; la Comisión podrá negarse a examinar los elementos de prueba establecidos con posterioridad a la adopción de la decisión de realizar la inversión de que se trate […] – pueden ser relevantes, a este respecto, la naturaleza y el objeto de la medida, el contexto en el que se inscribe, así como el objetivo y las normas a las que está sujeta […] – la aplicación del criterio del inversor privado prudente en una economía de mercado debe permitir determinar si un accionista privado hubiera aportado, en condiciones similares, un importe igual al del impuesto adeudado a una empresa que se encontrase en una situación comparable a la de EDF […] 127. En sus observaciones de 11 de diciembre de 2002, mencionadas en el considerando 42, las autoridades francesas afirmaron que habría sido más eficaz y neutro que EDF asignara directamente los derechos del [concedente] como fondos propios por su importe total, sin pagar el impuesto de sociedades. Sin embargo, ninguno de los documentos previos o contemporáneos de la supuesta decisión de no recaudar el impuesto, transmitidos por [la República Francesa] o por EDF en apoyo de sus observaciones a la Decisión de ampliación del procedimiento, menciona directa o indirectamente la supuesta decisión de inversión, sus consecuencias, ventajas y desventajas o la decisión análoga de aumentar el importe de las dotaciones de capital mediante el impago del impuesto. Los documentos enviados por las autoridades francesas y mencionados en los considerandos 87 a 108 no recogen ni, a fortiori, analizan las ventajas y desventajas para el Estado de la decisión de no recaudar el impuesto de sociedades sobre la parte de las provisiones de derechos del [concedente] reasignada como dotaciones de capital de EDF, en virtud de la Ley n.o 97‑1026 de 10 de noviembre de 1997. 128. Corresponde a [la República Francesa], cuando existan dudas sobre la aplicabilidad del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado como los formulados por la Comisión, acreditar inequívocamente y basándose en factores objetivos y verificables que la medida ejecutada corresponde a su cualidad de accionista. Ahora bien, a la vista de las pruebas presentadas, parece que debe considerarse que la decisión de proceder a una inversión renunciando a recaudar el impuesto adeudado, en principio, por EDF se tomó tácitamente, sin que mediara un acto jurídico motivado que permita conocer o comprobar el contenido exacto de dicha Decisión, las razones y el fundamento jurídico en que se basa ni por qué autoridad competente y en qué fecha fue adoptada. A la luz de los elementos aducidos por el Tribunal de Justicia para comprobar la aplicabilidad del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado, a saber, en particular, la necesidad de disponer de elementos objetivos y verificables, una medida efectivamente ejecutada o evaluaciones económicas previas, la falta de referencias o pruebas materiales, debe considerarse una primera indicación de la inaplicabilidad de este principio. 129. En ausencia de documentos que indiquen cómo se llegó a la decisión alegada, debe describirse la eventual medida de inversión que hubiera aplicado el Estado francés. En este caso, el Tribunal de Justicia estimó que la aplicación del criterio del inversor privado prudente en una economía de mercado debe permitir determinar si un accionista privado hubiera aportado, en condiciones similares, 5880 millones [de] FRF a una empresa que se encontrase en una situación comparable a la de EDF. Una inversión por [la República Francesa] implicaría la renuncia al cobro de dicho importe con vistas a obtener un beneficio que superase los recursos inicialmente empleados. Por tanto, debe efectuarse el análisis con respecto al importe del impuesto de sociedades adeudado. 130. A este respecto, la ausencia de estudios, referencias o análisis específicos de la rentabilidad de la inversión para el importe de la exención fiscal constituye una dificultad para aislar los efectos de la inversión aducida en la información suministrada por [la República Francesa] o por EDF. Esta dificultad no es insalvable si se considera, a efectos del análisis en la mayoría de los factores pertinentes para comprobar la aplicabilidad y aplicación del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado, que la aportación adicional al capital de EDF por un importe equivalente al impuesto no recaudado se beneficiaba de los derechos inherentes a la totalidad de las asignaciones. De este modo, si se hubiesen remunerado las asignaciones con un determinado tipo, este tipo debía aplicarse y, de hecho, se aplicó al importe de impuesto no recaudado. En cambio, en los casos en que se elige el efecto marginal o incremental, la información suministrada por [la República Francesa] o por EDF no permiten ilustrar, a primera vista, el efecto de haber aumentado el importe de las dotaciones a prorrata del importe del impuesto no recaudado. 131. El hecho de no recaudar el impuesto tuvo por efecto aumentar la dotación de capital de EDF y, por consiguiente, los fondos propios de EDF por importe de 5880 millones [de] FRF suplementarios, en el importe total de 14119 millones [de] FRF de las provisiones reasignadas. Estas provisiones, que no correspondían a una aportación de liquidez previa del Estado accionista, fueron reasignadas como dotaciones de capital, pasando a la partida correspondiente del balance de EDF, entre los otros capitales propios (capital, asignaciones etc.; véase el cuadro 2). Sin la exención fiscal, los fondos propios de EDF que debían alcanzar 79800 millones [de] FRF en 1997, habrían alcanzado los 72100 millones [de] FRF, según los documentos examinados en aquel momento (considerando 100, cuadro 2). En lugar de 50700 millones [de] FRF, las asignaciones del Estado al capital de EDF habrían quedado en 44800 millones [de] FRF. Supuesta decisión de inversión: elementos de análisis 132. En primer lugar, tal como señalan las autoridades francesas, ya que la integración del importe del impuesto no pagado aumentaba la base de aportaciones y esta se remuneraba con un tipo de interés fijo (3 %), el valor absoluto de la remuneración del Estado fue incrementada con la exención o la falta de recaudación fiscal (considerando 83). No obstante, el aumento de la dotación de capital correspondiente a la exención fiscal no se tradujo en un aumento relativo de la remuneración del Estado. La remuneración de las dotaciones del Estado en el capital de EDF es práctica constante y está prevista desde el Decreto n.o 56-1360, de 30 de diciembre de 1956 (considerandos 18 y 103). Remuneraciones, por lo demás, diferentes, fueron previstas en los contratos de empresa anteriores y posteriores al que estuvo vigente durante el período 1997-2000, tal como se explica en los considerandos 93 y 102. El principio de una remuneración existía antes de la supuesta decisión y se mantuvo después de esta. 133. Además, el examen de los hechos demuestra que la exención fiscal en cuestión pudo tener por efecto la reducción de la remuneración de la inversión del Estado. El informe elaborado por la Assemblée nationale (Asamblea Nacional) en septiembre de 1997 muestra claramente que el aumento del importe total de la dotación está en el origen de una reducción de la retribución de la misma, con el fin de no “aumentar la exacción de EDF” (considerando 103). El informe del Sénat (Senado) corrobora esta reducción fomentada por los poderes públicos (considerando 108). 134. Entre 1991 y 1996, EDF retribuyó mejor al Estado para una base inferior de aportación de capital con respecto a lo que estaba previsto entre 1997 y 2000 para una base superior. La remuneración media anual en términos absolutos de 3410 millones [de] FRF para el período 1991-1996, en el que el importe de las dotaciones era de 36600 millones [de] FRF fue mucho más importante que la de 2350 millones [de] FRF, prevista para una base imponible ampliada a 50700 millones [de] FRF durante el período 1997-2000 (considerandos 92 y 102-103, cuadro 3). De ello se deduce que el rendimiento marginal corriente del aumento del importe de la aportación de capital por importe de 5880 millones [de] FRF previsto para el período 1997-2000 por el Estado accionista podía analizarse como negativo en relación con el período 1991-1996. 135. En efecto, las autoridades francesas han velado por que la remuneración absoluta y relativa abonada al Estado francés en concepto de aportación de capital fuera tanto más baja, en valor absoluto y relativo, cuanto que la base de la aportación se ampliaba, como demuestran claramente los informes elaborados por la Asamblea Nacional y el Senado. De ello se deduce que, al incrementar el importe de la aportación total peor remunerada que la aportación existente antes de la Ley n.o 97‑1026, la decisión de conceder una exención fiscal no constituye necesariamente una inversión. 136. En segundo lugar, la manera de entender y fijar la remuneración del aumento de las aportaciones de capital no es la que hubiera podido utilizar un inversor privado prudente en una economía de mercado. 137. En efecto, como muestran las referencias recogidas tanto en los escritos de los ministros de tutela como en los informes parlamentarios mencionados en los considerandos 97, 103 y 106, en el examen, en 1997, de la remuneración del Estado francés tras la reestructuración del balance de EDF, las autoridades francesas tuvieron en cuenta tanto la remuneración de las aportaciones de capital que correspondían al Estado accionista stricto sensu como el importe esperado del impuesto que el Estado percibiría a partir de 1997 tras varios años de aplazamientos fiscales negativos para el Estado, actuando como poder público en la recaudación de impuestos. Tal como se explica en el considerando 93, la remuneración de las aportaciones era, a su vez, deducible del impuesto de sociedades, como excepción al Derecho común. 138. El concepto examinado y validado por las autoridades francesas en 1997 era, pues, el de la exacción global sobre EDF, acumulando impuesto y remuneración del accionista. El importe global del impuesto cobrado a EDF, incluso más allá de la exención controvertida, que forma parte de las potestades tributarias, y la remuneración abonada al Estado como accionista se entremezclan en los documentos transmitidos por las autoridades francesas. Sin embargo, a juicio de dichas autoridades, estos documentos demuestran la existencia de una decisión de inversión. Por el contrario, esa consideración constante del pago de los impuestos adeudados por EDF al Estado perceptor, incluso mediante la regularización y liquidación del impuesto no cobrado antes de la Ley n.o 97‑1026 con el fin de examinar y establecer la remuneración del Estado accionista tiende a indicar que fue el Estado, actuando como poder público y no como inversor, quien otorgó la exención fiscal controvertida. 139. Esta indicación se ve reforzada por la naturaleza de los objetivos fijados a EDF por el Estado en 1997 en función de preocupaciones y objetivos del poder público y no del accionista. Estas preocupaciones son evidentes en la fijación de tarifas de EDF, conforme a lo acordado en el contrato de empresa para el período 1997-2000, de las que dependía la remuneración del Estado accionista. En efecto, el Estado pedía a EDF que contribuyera a fortalecer la competitividad de la industria francesa y el poder adquisitivo de las familias francesas. No solo son consideraciones ajenas a un inversor privado prudente en una economía de mercado, sino que, además, son contrarias a los intereses financieros de ese hipotético inversor. Lo mismo sucede con el objetivo fijado a EDF en el contrato de empresa 1997-2000 de aplicar una política ambiciosa para apoyar la actividad económica y el empleo, poniéndose al servicio de los entes locales (considerandos 89 y 95). Evaluaciones económicas para determinar la rentabilidad de la supuesta inversión 140. El contrato de empresa firmado entre el Estado y EDF el 8 de abril de 1997 incluía evaluaciones previas del escenario financiero, que contenían previsiones de rendimiento de la inversión en asignaciones de capital de EDF para el Estado accionista (considerando 92). Estos documentos y los análisis presentados por las autoridades francesas se refieren a los efectos previstos de la reasignación de todas las provisiones constituidas por EDF, hayan sido impuestas o no, hayan resultado de la aplicación de la Ley n.o 97‑1026 o no. La única evaluación sistemática presentada por las autoridades francesas contenida en la nota de EDF de 18 de febrero de 1997 (considerando 92) es general y está limitada a la remuneración reglamentaria aplicada a las aportaciones de capital, incluidas las anteriores a la reestructuración del balance de EDF, sin incluir, por ejemplo, la remuneración del capital sin las dotaciones o la remuneración de los fondos propios. 141. Ningún documento transmitido por [la República Francesa] o por EDF demuestra que la decisión de inversión supuestamente adoptada, a saber, proporcionar una mayor aportación de capital a EDF al no cobrar ningún impuesto sobre la reasignación, haya sido objeto de examen, estudios o análisis específicos. Sin embargo, habida cuenta de los importes en cuestión, un inversor privado prudente en una economía de mercado probablemente habría mandado realizar un análisis financiero y económico de la inversión antes de decidir si, teniendo en cuenta la rentabilidad reglamentaria de las asignaciones de capital, el importe de 5880 millones [de] FRF de la exención fiscal era necesario para que la empresa garantizara la viabilidad a largo plazo de su inversión total y para que el accionista fuera suficientemente remunerado con este fin. Se echa en falta este tipo de estudio económico previo, que el Tribunal de Justicia cita en el apartado 84 de su sentencia entre los elementos que permiten concluir a favor del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado. 142. Es particularmente interesante constatar que, aparte de la remuneración que se concedió al Estado en el período 1997-2000, no se llevó a cabo ningún estudio de remuneración ni de rendimiento a más largo plazo, pese a que [la República Francesa] pretende, precisamente, haber hecho una inversión a largo plazo. Ahora bien, un inversor privado prudente en una economía de mercado no habría dejado de realizar un análisis de rentabilidad de una inversión para el período posterior al año 2000. 143. Si bien es razonable pensar que un inversor privado prudente en una economía de mercado habría tenido en cuenta los efectos de la reducción del ratio de deuda de EDF, cabe señalar que la ventaja, para EDF, de suscribir préstamos baratos debido a un ratio de deuda sobre fondos propios mejorado se menciona en términos generales en determinados documentos presentados por [la República Francesa] (considerandos 101 y 105) y por EDF. No obstante, no consta ninguna mención de las ventajas y la rentabilidad para el Estado accionista de una disminución del coste de empréstito de EDF o de un ratio de endeudamiento inferior. Según las cuantificaciones de entonces expuestas en el considerando 101, el ratio de deuda neta sobre fondos propios de EDF debía alcanzar el 148 % con la nueva aportación de capital en su totalidad, que se fijaba en 50700 millones FRF, incluidos los 5880 millones [de] FRF de la exención controvertida. Sin la exención fiscal, este ratio habría sido de un 163 %, aproximadamente, es decir, unas tres veces menos que el ratio de 480 % antes de la Ley n.o 97‑1026. Considerada separadamente de otros efectos de la reasignación de las distintas provisiones, la contribución de la exención fiscal a la mejora de este ratio es poco significativa y su traducción concreta, en términos de disminución del coste de los empréstitos para EDF, más que dudosa (considerandos 170 a 172). En cualquier caso, los documentos presentados por las autoridades francesas no mencionan ni analizan como inversión ni la remuneración para el accionista resultante de un ratio del 148 % ni, a fortiori, la resultante de un ratio del 163 %. No existe, a este respecto, ninguna evaluación económica previa comparable a las que un inversor privado prudente en una economía de mercado habría mandado realizar, tal como lo menciona el Tribunal de Justicia en el apartado 84 de su sentencia. 144. A este respecto, el estudio económico presentado por EDF en apoyo de sus observaciones (considerandos 69-70) no establece que [la República Francesa] haya actuado como inversor y no como autoridad pública. El estudio fue elaborado con posterioridad a la supuesta decisión de inversión adoptada en 1997 y no fue examinado por las autoridades competentes antes de adoptar tal decisión. Solo por este motivo, el estudio no es admisible como prueba, de conformidad con las indicaciones del Tribunal de Justicia (considerando 126, apartado 104, de la sentencia del 5 de junio). Que el estudio se haya realizado a partir de datos públicos disponibles en aquel momento no invalida esta conclusión. El estudio se encargó para las necesidades del caso a raíz de la ampliación del procedimiento en mayo de 2013 y las conclusiones a las que llegó, al parecer, eran conocidas por EDF en julio de 2013, cuando el estudio es de octubre de 2013. Otras razones invalidan también los resultados cifrados a los que llega el estudio y, por tanto, quitan fundamento a las conclusiones que EDF saca en apoyo de sus observaciones, a saber: – el estudio utiliza datos de base, casi todos de la época, y enfoques metodológicos generalmente reconocidos para la determinación del valor de las empresas, con las importantes reservas recogidas [a continuación]. Sin embargo, no deja de ser una evaluación económica especialmente compleja, tras una búsqueda de datos relativamente detallada, que requirió unos tres meses para su realización y validación. Dicha elaboración incluye elecciones metodológicas sucesivas y múltiples, a veces cuestionables. Sin esta elaboración, es totalmente imposible, a partir de los datos de base, dispersos y de distintas procedencias, tener una idea sumaria o una previsión posible de los resultados cuantificados en cuanto a la rentabilidad que, supuestamente, podía esperar el Estado francés en 1997, que el estudio presenta. Ahora bien, el Tribunal de Justicia exige que la aplicación del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado se base en las evaluaciones previsibles en el momento en que se adoptó la decisión (apartado 105 de la sentencia de 5 de junio de 2012). Contrariamente a las pretensiones de EDF, el mero hecho de que, a partir de los datos disponibles en 1996-1997, los servicios competentes del Estado francés no hayan realizado ni encargado un estudio de esta magnitud y complejidad indica que la rentabilidad para el accionista de la supuesta inversión no era la única consideración pertinente para las autoridades francesas antes de adoptar su decisión, – el estudio analiza el comportamiento del Estado francés a la luz del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado con datos e hipótesis muy diferentes de las presentadas en los considerandos 87 a 108 y que, según las autoridades francesas, han motivado y justificado la decisión supuestamente adoptada. Ahora bien, no fue EDF quien adoptó la decisión de inversión y, según el Tribunal (apartados 82 y 83 de su sentencia de 5 de junio de 2012), corresponde a [la República Francesa] destacar los elementos que demuestren la naturaleza y el contexto de la decisión adoptada. Dado que [la República Francesa] alega que adoptó su decisión a la luz de las informaciones y datos que presentó, el estudio y, por consiguiente, EDF, substituyen de hecho al presunto inversor y pretenden conocer mejor que el Estado francés las consideraciones y la información que hubieran efectivamente motivado la decisión ya adoptada y las hipótesis consideradas. Por esta razón, el estudio se basa en especulaciones y conjeturas sobre los datos, información e hipótesis que las autoridades francesas habrían podido tomar en consideración —entre otros que no pueden excluirse— en 1997 y, por tanto, carece de fuerza probatoria en 2015 (o en octubre de 2013, cuando se efectuó) para explicar y aclarar la decisión efectivamente adoptada por las autoridades francesas en 1997, que dichas autoridades explican con datos e hipótesis diferentes, – este valor probatorio se echa tanto más en falta cuanto que, para llegar a los resultados presentados en el considerando 70, el estudio se basa en hipótesis arbitrarias o poco ortodoxas, no corroboradas por los hechos, contrarias a la información que puede deducirse de los documentos transmitidos por las autoridades francesas y que, según ellas, demuestran la aplicabilidad y la aplicación positiva, en el presente caso, del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado. Así, en primer lugar, el estudio conjetura que, después de 2000, la remuneración abonada al Estado accionista no estará regulada por decreto y fijada por un contrato de empresa entre el Estado y EDF, sino que se determinará con respecto a los dividendos que otras empresas del sector abonaban en 1996-1997 […]. Ahora bien, la remuneración de las asignaciones de capital de EDF estaba regulada por decreto desde 1956 (considerando 102), se fijó de forma reglamentaria y quedó reflejada en los contratos de empresa plurianuales antes y mucho después de 1997, en función de consideraciones sin relación con los dividendos que pagaban las empresas del sector que operaban en otros mercados que [la República Francesa] (considerandos 94 y 95). Del mismo modo, y en segundo lugar, el estudio reintroduce sin justificación en la cuenta de resultados de EDF provisiones procedentes de las cuentas sociales de EDF, por importe de 11600 millones [de] FRF (antes de impuestos) y 7300 millones [de] FRF (después de impuestos) […], aumentando artificialmente en la misma cantidad el valor de EDF, sin tener en cuenta las informaciones disponibles y la evolución previsible en 1997 en cuanto al peso de los compromisos de EDF respecto al régimen de pensiones de su personal (considerandos 168‑169), asimismo, en tercer lugar, el crecimiento del valor de EDF resultante del crecimiento de los rendimientos y resultados se calcula en el estudio a partir de las “expectativas de mercado” en 1997 […]. Ahora bien, las autoridades francesas disponían de las previsiones de ingresos y resultados específicos y cuantificados de EDF para 1997 a 2000, validados en el marco de la preparación del contrato de empresa para el mismo período y pretenden haberse basado en estas previsiones e información para tomar su decisión (considerandos 78-79, 90, 94, 96), ya que tenían, en 1997, un buen conocimiento de la empresa y de sus perspectivas financieras (considerando 77). El recurso a «expectativas de mercado» procedentes de terceros para fijar finalmente una estimación del valor de EDF en estas condiciones no está demostrado ni es coherente respecto a los argumentos avanzados por [la República Francesa] para explicar y apoyar la decisión que sus autoridades adoptaron supuestamente. Máxime cuando las autoridades francesas alegan que la actividad preponderante de EDF se efectuaba en [la República Francesa] con tarifas reguladas en 1997 (considerando 85). Por otra parte, estas tarifas se fijaron en un nivel bajo para reforzar la competitividad de la industria francesa y del poder adquisitivo de las familias francesas (considerandos 89 y 95). El estudio no explica y, menos aún, justifica de forma válida, por qué la remuneración, los dividendos y resultados de empresas constituidas en sociedades anónimas que cotizan en bolsa, que no tenían una presencia significativa en Francia y operaban en mercados con reglas de competencia y reglamentaciones diferentes (por ejemplo, Endesa, Gas Natural y Unión Fenosa en España, RWE, EON y Verbund en Alemania, Fluxys en Bélgica etc.), podían determinar los resultados, la remuneración y los dividendos de EDF, lo que consta entre las hipótesis de las que dependen los resultados presentados en el considerando 70 […], – por último, y, en cuarto lugar el estudio postula, sin ninguna justificación, que un aumento de la aportación al capital de EDF en 1997 equivalía a la adquisición de un activo financiero líquido, al menos potencialmente […]. Sin embargo, EDF era, en 1997, un establecimiento público de tipo industrial y comercial, que no poseía capital social (considerando 19), del que las autoridades francesas y EDF afirmaban, entonces, que conservaría el mismo estatuto en el futuro (considerandos 95 y 105). El carácter arriesgado de este postulado, del que dependen, fundamentalmente, sin embargo, los resultados del estudio, se demuestra de forma más detallada en los considerandos 179 a 181. Naturaleza y objeto de la medida, contexto en el que se inscribe y normas a las que está sometida 145. El Tribunal de Justicia subraya que la naturaleza de la medida adoptada forma parte de los elementos pertinentes que deben tomarse en consideración para concluir favorablemente a la aplicabilidad del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado (apartado 86 de la sentencia). La decisión de aportar una cantidad adicional como aportación de capital a EDF, dejando de cobrar el impuesto sobre la reasignación de las provisiones irregulares correspondientes a la RAG es, al mismo tiempo, una decisión de tipo contable de reasignación entre partidas del balance de EDF (considerandos 100 y 105) y una decisión de tipo fiscal, ya que las autoridades competentes consideran que el impuesto de sociedades debía haberse cobrado antes de la reasignación (considerando 35), cuando el impuesto fue pagado para otras provisiones contables reasignadas. Por tanto, no ha quedado acreditado, en contra de lo que alegan las autoridades francesas, que esos dos capítulos, contable y fiscal, sean absolutamente inseparables en la medida única establecida por la Ley n.o 97‑1026 de 10 de noviembre de 1997. 146. El artículo 4, apartado 2, de dicha Ley establece que el contravalor de los bienes en especie cedidos en régimen de concesión a la RAG, que figuran en el pasivo del balance de EDF debe inscribirse, deducidas las correspondientes diferencias de reevaluación, en la partida “aportaciones de capital” (considerando 28). De ello podría deducirse que la Ley establecía que, aparte de posibles diferencias de evaluación, ningún ajuste contable o fiscal debía reducir el importe del contravalor a consignar como aportación al capital de EDF. No obstante, la decisión de aplicar o no el impuesto a EDF no incumbe a la Ley, con arreglo al artículo 34 de la Constitución [de la República Francesa] y la Ley n.o 97‑1026 no podía pronunciarse válidamente sobre esta cuestión. Este artículo limita las competencias legislativas del Parlamento en materia fiscal a la determinación de la base imponible, así como al tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase. De hecho, EDF abonó el impuesto de sociedades para determinadas provisiones contables pero no para otras a raíz de la misma operación de reasignación llevada a cabo por la ley. 147. Los documentos preparatorios presentados por las autoridades francesas que se mencionan en el considerando 104 muestran, por otra parte, que el Consejo de Estado consideraba, en 1997, que las disposiciones de tipo no legislativo debían retirarse del texto del proyecto de ley; además, también fue retirado un proyecto de enmienda al proyecto de ley del Gobierno destinada a limitar las exacciones que el Estado hubiera podido efectuar sobre EDF en virtud de la ley. Por último, los ministros responsables consideraban, en abril de 1997, que las modalidades detalladas de aplicación de la reestructuración de EDF en el plano contable y en el plano fiscal debían ser objeto de más intercambios entre las autoridades de tutela y la empresa (considerando 98). 148. Dichos elementos, precisados y cuantificados en [el escrito de 22 de diciembre de 1997], después de la adopción de la Ley (considerando 31), indican que los aspectos fiscales de aplicación se pueden disociar de las disposiciones de la Ley n.o 97‑1026, de 10 de noviembre de 1997. Esos ministros, en su [escrito dirigido] a EDF, explican la reestructuración del balance de EDF, con arreglo al artículo 4 de la Ley n.o 97‑1026, de 10 de noviembre de 1997, y parecen decidir tácitamente las consecuencias fiscales de esa reestructuración, sin que se trate de cualquier inversión rentable ni de disposiciones imperativas en la Ley. 149. Por lo que se refiere al contexto de la medida, que el Tribunal de Justicia destaca como elemento pertinente, entre otros, para apreciar la eventual aplicabilidad del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado, las reuniones preparatorias y los documentos de apoyo para el período que desembocaron en el contrato de empresa firmado entre el Estado y EDF el 8 de abril de 1997 muestran que la reasignación de las provisiones se inscribía en el contexto de la perspectiva de la liberalización parcial del mercado de la electricidad en la Unión, fijada ya en 1996. Asimismo, la preocupación por internacionalizar más las actividades de EDF está presente en el contrato de empresa 1997-2000, en los documentos preparatorios y en los documentos parlamentarios. El mismo contrato de empresa presupone que, para ser ejecutada, una medida legislativa de regularización como la establecida por la Ley n.o 97‑1026 es necesaria, creando así una continuidad de hecho entre los objetivos del contrato y los del legislador. No obstante, ni el contrato celebrado en abril de 1997, ni los documentos preparatorios y los intercambios con las autoridades de tutela de EDF se pronuncian sobre el importe exacto del impuesto. 150. No obstante, este contexto, dibujado por los elementos expuestos por [la República Francesa] en sus observaciones, no permite determinar con certeza si la medida caracteriza el comportamiento de un accionista que realiza una inversión. En efecto, la necesidad de subsanar las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en octubre de 1994 también forma parte de este contexto. Mientras que, por un lado, se trataba de poner remedio a una irregularidad contable que había permitido que EDF no pagara el impuesto de sociedades durante años, las autoridades francesas subrayaban que el dispositivo no ponía en tela de juicio el monopolio de EDF (considerando 105) y que el marco estable que la liberalización del mercado permitía debía mantenerse (considerando 95). Es cierto que la liberalización abría perspectivas de expansión en los mercados nacionales de otros Estados miembros y que algunas acciones estaban previstas en el contrato de empresa 1997-2000 para que EDF se internacionalizara más. Pero no es menos cierto que la voluntad de los poderes públicos de favorecer a las empresas nacionales con medidas de apoyo financiero en los albores de la liberalización no se limita a las empresas públicas ni caracteriza el comportamiento de un accionista prudente de una empresa pública. 151. Por último, el Tribunal de Justicia señala que es pertinente examinar la normativa a la que la medida controvertida se debe ajustar para determinar el carácter, bien de inversión por el Estado accionista, bien de prerrogativa de poder público. La clasificación de la medida en una u otra categoría puede, por tanto, tener en cuenta el cumplimiento de las normas aplicables que la rigen. Procede, pues, examinar las normas que regulan la inversión de recursos fiscales en empresas como EDF. Sin la medida en cuestión, el producto del impuesto de sociedades no cobrado se habría abonado en calidad de ingresos generales al presupuesto del Estado francés en 1997. Tal como establecía el artículo 18 de la Orden n.o 59-2, de 2 de enero de 1959, sobre la ley orgánica relativa a las leyes de finanzas, aplicable en el momento de los hechos, la totalidad de los ingresos que permiten pagar todos los gastos, todos los ingresos y gastos del Estado se registran en una cuenta única, titulada presupuesto general. De este modo, los ingresos fiscales se suman al presupuesto y en beneficio del Estado, no en beneficio de las empresas públicas. 152. Este presupuesto está sometido al principio constitucional de universalidad en virtud del cual la totalidad de los ingresos y de los créditos se consignan en dos bloques distintos, sin que exista ninguna relación particular entre, por ejemplo, los ingresos del impuesto de sociedades y un empleo como aportación de capital en beneficio de una empresa pública como EDF. Ciertamente, la asignación previa de un recurso fiscal a una persona jurídica distinta del Estado, como subvención o inversión, es posible en Derecho francés, siempre que tal asignación sea objeto de disposiciones precisas. El artículo 18 de la Orden n.o 59-2 establecía que, excepto en el caso de los préstamos y los anticipos, en particular, la asignación de ingresos del Estado es excepcional y solo puede resultar de una disposición de la Ley de Finanzas, por iniciativa del Gobierno. 153. Ahora bien, la [Ley n.o 97‑1026] no era una Ley de Finanzas y no podía, por lo tanto, aplicarse a un recurso fiscal en beneficio del capital de EDF. Por otra parte, no parece que se hayan adoptado disposiciones específicas, por iniciativa gubernamental, en la Ley de Finanzas aplicable al presupuesto de 1997 para asignar con antelación el producto del impuesto adeudado por EDF a los gastos del Estado francés en virtud de cualquier inversión en el capital de EDF en el marco del mismo presupuesto. Esta norma, que permite que invierta una persona jurídica distinta del Estado, como EDF, un recurso fiscal establecido en beneficio del Estado, no parece haberse aplicado. 154. La inmensa mayoría de los elementos que preceden indica claramente que [la República Francesa] no ha adoptado, con anterioridad o al mismo tiempo que la concesión de la ventaja económica resultante del impago del impuesto de sociedades, la decisión de proceder, mediante la exención de impuesto, a una inversión en EDF. Por tanto, el principio del inversor privado prudente en una economía de mercado no es aplicable a esta medida. Las consideraciones que vienen a continuación, relativas a la aplicación del principio del inversor privado prudente en una economía de mercado tienen, por tanto, carácter subsidiario.»