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Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 30 de noviembre de 2017 —

Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

(Asunto T‑895/16)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión SUPERIOR DRUMMER — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Procedimiento de recurso—Recurso ante el juez de la Unión—Competencia del Tribunal General—Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él—Exclusión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 15)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 21 y 24)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Apreciación del carácter descriptivo de un signo—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 22 y 23)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca denominativa SUPERIOR DRUMMER [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 27, 31 a 33, 44 y 50)

5. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Carácter descriptivo de un signo—Circunstancia que implica necesariamente la falta de carácter distintivo del signo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 51)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de octubre de 2016 (asunto R 2438/2015‑5), relativa al registro del signo denominativo SUPERIOR DRUMMER como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera)

de 26 de septiembre de 2017 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

(Asunto T‑755/16)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión Take your time Pay After — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75, primera frase, del Reglamento n.o 207/2009»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 12 a 15)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Apreciación del carácter distintivo—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 16, 19 y 25)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Marcas constituidas por eslóganes publicitarios—Carácter distintivo—Aplicación de criterios de apreciación específicos—Improcedencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 17 y 18)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Marca figurativa Take your time Pay After [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 21, 23 y 26 a 32)

5. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Motivación de las resoluciones—Objetivo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véase el apartado 37)

6. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro—Obligación de motivación de la denegación de registro—Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75, primera frase] (véanse los apartados 39 a 41)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de agosto de 2016 (asunto R 406/2016‑1), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo Take your time Pay After como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
5.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 — Marca denominativa Tafel [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 39 a 44)
El artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, establece que «la marca [de la Unión] no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca».

El artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 requiere, por tanto, que el titular de un derecho anterior haya dado expresamente su consentimiento al registro de una marca de la Unión para que se le deniegue, posteriormente, la posibilidad de presentar una solicitud de nulidad de esa marca.

Así, en un asunto en el que la titular de unas marcas impugnadas alegaba que quienes solicitaban la nulidad de esas marcas, invocando un riesgo de confusión, habían dado su consentimiento al registro de tales marcas a través, en particular, de una coexistencia pacífica y de un acuerdo de coexistencia, el Tribunal recordó que el acuerdo del titular del derecho debe tener carácter expreso para permitir el registro de un signo que puede generar un riesgo de confusión. El Tribunal dedujo de ello, por una parte, que la coexistencia pacífica de las marcas no puede equivaler al consentimiento expreso contemplado en el artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. Por otra parte, en lo tocante al acuerdo de coexistencia, el Tribunal indicó, tras comprobar que no tenía por objeto las marcas impugnadas, sino otra marca, que ese acuerdo no podía interpretarse de modo que sobrepasara su ámbito de aplicación sin un consentimiento expreso de las partes, en el sentido del artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009.

(véanse los apartados 38 a 40)
119

A este respecto, la sociedad demandante se opone al hecho de que en la Decisión impugnada la Comisión descarte las pruebas, alegando que son posteriores a los hechos, sin dar una explicación significativa, más allá de una referencia jurisprudencial aislada en una nota a pie de página, que no fundamenta la alegación de la Comisión relativa a la irrelevancia del análisis ex post. En opinión de la sociedad demandante, la fiabilidad del análisis de marzo de 2014 era particularmente elevada, puesto que los principales costes derivados de la liquidación de NCHZ estaban vinculados a la naturaleza de la actividad de esta empresa, así como a los compromisos de la industria química y no podían verse afectados por la evolución de la situación económica de NCHZ durante el concurso. La Comisión no negó los hechos y las cifras en cuestión. Por otra parte, en este tipo de situación, se permite llevar a cabo un análisis ex post (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2007, Scott/Comisión, T‑366/00, EU:T:2007:99, apartados 136 a 138). Además, al aplicarse la Ley de sociedades estratégicas, el entonces administrador no pudo efectuar un análisis exhaustivo en aquel momento, lo que diferencia la situación de NCHZ de la que dio lugar a la jurisprudencia a la que se refiere la Comisión en la nota al pie de página n.o 13 de la Decisión impugnada. Según la sociedad demandante, es preciso distinguir claramente el criterio establecido por la sentencia de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade (C‑200/97, EU:C:1998:579) del criterio del operador en una economía de mercado. Mientras que, con arreglo al criterio del operador en una economía de mercado, se puede dudar de la relevancia de un análisis ex post en determinadas circunstancias, el análisis exigido por dicha sentencia, consistente en determinar si NCHZ habría continuado su actividad incluso en el supuesto de que se le hubiera aplicado la normativa concursal ordinaria, requiere, por definición, según la sociedad demandante, un análisis hipotético ex post. En virtud del criterio establecido en dicha sentencia, debe apreciarse lo que habría ocurrido, con toda probabilidad, si la Ley de sociedades estratégicas no hubiera existido.
152

Así pues, como se ha considerado que no satisface el criterio de independencia, la demandante no puede sostener que satisface los criterios de efectivos y de límites financieros establecidos en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361. En efecto, con arreglo al artículo 6 del anexo de la Recomendación 2003/361, tales criterios de efectivos y de límites financieros no pueden determinarse basándose en los datos aislados de la demandante, ya que no es una empresa independiente y sus socios son empresas que no son pymes.
250

A este respecto, es cierto que, mediante la presente sentencia, el Tribunal ha anulado la decisión de separación del servicio, por la cual se puso fin al contrato de la demandante. No obstante, conforme al artículo 266 TFUE, incumbe al CSUE adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, de la que es destinatario. Así pues, para no prejuzgar estas medidas de ejecución, el Tribunal no puede concluir que la anulación de la decisión de separación del servicio conlleve necesariamente el derecho de la demandante a que se le abonen los importes que reclama, por lo que, en relación con este particular, deben desestimarse por prematuras las pretensiones de indemnización (véanse, por analogía, las sentencias de 17 de octubre de 2013, BF/Tribunal de Cuentas, F‑69/11, EU:F:2013:151, apartado 75 y jurisprudencia citada, y de 22 de mayo de 2014, CU/CESE, F‑42/13, EU:F:2014:106, apartado 56).
3

La inclusión inicial del nombre de HTTS en las listas de personas, entidades y organismos sometidos a medidas restrictivas del anexo V del Reglamento (CE) n.o 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2007, L 103, p. 1), tuvo lugar el 26 de julio de 2010, a raíz de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2010, L 195, p. 25). Esa inclusión no fue recurrida en anulación. En cambio, la inclusión del nombre de HTTS en las listas de personas, entidades y organismos sometidos a medidas restrictivas del anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.o 423/2007 (DO 2010, L 281, p. 1), llevada a cabo algunos meses después por dicho Reglamento, fue impugnada por HTTS y anulada después por el Tribunal, que declaró que no estaba suficientemente motivada en Derecho (véase el apartado 5 a continuación).
25

Con arreglo a esas disposiciones, el titular de un signo utilizado en el tráfico económico, distinto de una marca no registrada, puede solicitar la nulidad de una marca de la Unión Europea si dicho signo cumple los cuatro requisitos acumulativos siguientes: el signo debe utilizarse en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho a ese signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea; por último, el derecho a ese signo debe permitir a su titular prohibir la utilización de una marca posterior. Así, cuando un signo no cumpla alguno de estos requisitos, la solicitud de nulidad basada en la existencia de un signo distinto de una marca utilizado en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, no podrá prosperar [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartados 32 a 47].
106

A este respecto, procede señalar que, en este caso, la decisión del tribunal calificador y la de la AFPN no tienen el mismo alcance. Mientras que la primera de tales decisiones conduce a admitir o no a la oposición a un candidato, la de la AFPN se limita a la posible selección de un candidato aprobado por una determinada institución. Debe recordarse que, a diferencia de lo que parece deducirse, en particular, de los apartados 62 a 72 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de la Función Pública examinó «la facultad de la AFPN para excluir a [FE] de la lista de reserva de los candidatos aprobados», según jurisprudencia consolidada basada en el principio de independencia de los tribunales calificadores, la AFPN no dispone de la facultad de anular o de modificar una decisión adoptada por un tribunal calificador (sentencias de 20 de febrero de 1992, Parlamento/Hanning, C‑345/90 P, EU:C:1992:79, apartado 22, y de 15 de septiembre de 2005, Luxem/Comisión, T‑306/04, EU:T:2005:326, apartados 22 y 24). Pues bien, dado que FE deseaba ser seleccionada por la Comisión y a falta de un modo interinstitucional generalmente aplicable o de indicaciones sobre un cálculo plausible por parte del tribunal calificador, la AFPN de la Comisión aplicó legítimamente el modo de cálculo utilizado internamente con carácter general en materia de traducción.
142

En el presente asunto, el demandante no ha impugnado ni la Decisión de Ejecución 2014/151 ni el Reglamento de Ejecución n.o 284/2014, mediante los cuales el Consejo procedió a incluir su nombre en las listas por primera vez (véase el apartado 3 anterior). Tal como admitió en su contestación escrita a una pregunta del Tribunal, su primera reacción ante la adopción de dichos actos fue el envío del escrito de 4 de febrero de 2015, aun cuando el Consejo había publicado el 22 de marzo de 2014 un Anuncio a la atención de las personas sujetas a las medidas restrictivas contempladas en la Decisión 2014/145, aplicada por la Decisión de Ejecución 2014/151 y en el Reglamento n.o 269/2014 aplicado por [el] Reglamento de Ejecución n.o 284/2014 (DO 2014, C 84, p. 3).
Los órganos jurisdiccionales de la Unión pueden conocer de un recurso basado en el artículo 263 TFUE si el acto impugnado tiene por objeto producir efectos jurídicos vinculantes ajenos a la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución contratante en su condición de autoridad administrativa. A este respecto, un acto mediante el cual la Comisión realiza una compensación extrajudicial entre las deudas y los créditos resultantes de distintas relaciones jurídicas con la misma persona es un acto impugnable con arreglo a dicha disposición. En el marco de tal recurso de anulación, corresponde al Tribunal examinar la legalidad de una o varias decisiones de compensación con respecto a sus efectos referidos a la falta de pago efectivo de las cantidades adeudadas.

En el marco de la recuperación, tras una auditoría financiera, de importes abonados por la Comisión a la entidad responsable de la ejecución financiera de un programa establecido por el Fondo Europeo de Desarrollo, la formulación de una pretensión de anulación de una decisión de compensación no constituye, en la medida en que el recurso tiene también por objeto que se declare que la Unión no es titular del derecho de crédito controvertido frente a la parte demandante, utilización de un procedimiento inadecuado, dado que la cuestión de la existencia del derecho de crédito controvertido no forma parte ni del contexto contractual vinculado a la celebración del contrato de servicios entre la parte demandante y el ordenador nacional ni a la interpretación de las cláusulas de un contrato ni a ningún convenio de subvención celebrado entre la parte demandante y la Unión, representada por la Comisión.

(véanse los apartados 58, 60, 65 y 66)
Un acto que se limita a confirmar la decisión inicial no modifica la situación del interesado y, en consecuencia, no constituye una decisión que pueda ser objeto de recurso de anulación. Un recurso interpuesto contra un acto que se limita a confirmar otra decisión que ha adquirido firmeza es inadmisible. Se considera que un acto es meramente confirmatorio de una decisión anterior si no contiene ningún elemento nuevo con respecto a aquella y si no viene precedido de una reconsideración de la situación del destinatario de dicha decisión.

Por lo que respecta a un recurso interpuesto por el beneficiario de un proyecto financiado por la Unión contra una decisión de la Comisión que constituye un título ejecutivo en el sentido del artículo 299 TFUE para el cobro de cantidades abonadas indebidamente, no puede sostenerse válidamente que el recurso es inadmisible por constituir la citada decisión una decisión confirmatoria de las anteriores negativas de la Comisión a conceder facilidades de pago a la parte demandante durante la ejecución de un contrato celebrado con dicha institución. En efecto, a diferencia de una decisión que constituya título ejecutivo, esas negativas no suponen el ejercicio de prerrogativas de poder público conferidas a la Comisión en su condición de autoridad administrativa ni producen efectos jurídicos vinculantes ajenos a las relaciones contractuales que vinculan a la Comisión con la demandante. Por otra parte, no puede existir una elusión del plazo del recurso de anulación, ya que las negativas en cuestión forman parte de las relaciones contractuales entre la Comisión y la demandante y las impugnaciones ante el juez de la Unión, en aplicación del artículo 272 TFUE, de los derechos y las obligaciones contractuales no están sujetas al mismo plazo de recurso.

(véanse los apartados 84, 94 y 95)
Del artículo 263 TFUE, párrafo primero, y del artículo 275 TFUE, párrafo segundo, se desprende que, si bien el juez de la Unión es competente para controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y, en particular, la legalidad de las decisiones por las que se establezcan medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas adoptadas por el Consejo, no lo es para controlar el acuerdo internacional en el que se basan dichos actos de la Unión. A este respecto, es preciso subrayar que el control de la legalidad que debe así garantizar el juez de la Unión recae en el acto de la Unión destinado a aplicar el acuerdo internacional de que se trate, y no en este último como tal. Más concretamente, tratándose de un acto de la Unión destinado a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad, no corresponde, pues, al juez de la Unión controlar la legalidad de la resolución aprobada por dicho órgano internacional o la investigación de la que procede.

(véanse los apartados 66 y 67)
Tanto del tenor del artículo 2, párrafo segundo, punto 2, del Reglamento n.o 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento n.o 1782/2003, en su versión aplicable en 2008, como de los objetivos y del contexto de éste se desprende que el concepto de «pastos permanentes» debe interpretarse en el sentido de que los bosques y las parcelas cubiertas de plantas leñosas están excluidos, en principio, de la ayuda.

En efecto, en primer lugar, el sistema creado por el Reglamento n.o 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, en su versión aplicable en 2008, reserva las ayudas vinculadas a la superficie únicamente a las superficies agrícolas, dicho de otro modo, a toda superficie que tenga una cubierta de producción agrícola, para evitar que las superficies que no se dedican efectivamente a una actividad agrícola puedan ser admitidas al pago de la ayuda. En segundo lugar, en lo tocante a las ayudas a los pastos, el criterio seguido por el Reglamento n.o 796/2004 para garantizar que no se abonaran ayudas cuando se tratase de superficies que no estuvieran sujetas a una actividad agrícola es el tipo de vegetación presente en la superficie en cuestión. En efecto, el predominio de plantas distintas de los forrajes herbáceos sirve de indicador de abandono de la actividad agrícola en las superficies de que se trata, en este caso los pastos. De este modo, la limitación de la definición de los «pastos permanentes» a las superficies cubiertas de gramíneas y de forrajes herbáceos, que sirven de forraje natural, trataba de prevenir el riesgo de admisión a las ayudas de superficies afectas a actividades no agrícolas y no utilizadas efectivamente para la cría de animales. Los elementos leñosos (árboles y arbustos) podían a lo sumo ser tolerados si no comprometían el desarrollo de los recursos derivados de los forrajes herbáceos y, por ende, la explotación efectiva de las parcelas como pastos.

A este respecto, un Estado miembro no puede invocar válidamente un supuesto concepto interno de pastos que englobaría a las superficies en las que predomina una cobertura vegetal leñosa como recurso forrajero, toda vez que, según la definición de la Unión, sólo se toleraba una presencia marginal de plantas leñosas. Además, habida cuenta de que incumbe al legislador de la Unión, que dispone de un amplio margen de apreciación en el ejercicio de sus facultades, evaluar la situación y, en su caso, decidir sobre la oportunidad de modificar las disposiciones en vigor, de la única modificación posterior de la definición de «pastos permanentes» no resulta que el artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.o 796/2004 deba interpretarse siguiendo la modificación operada.

(véanse los apartados 29, 35, 36, 51 y 60)
2.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa Roméo has a Gun by Romano Ricci y marcas denominativas NINA RICCI y RICCI [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 36, 37, 53, 54, 67 a 69, 77 y 81)