Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T-352/09,

Novácke chemické závody a.s., con domicilio social en Nováky (Eslovaquia), representada inicialmente por la Sra. A. Černejová, y posteriormente por el Sr. M. Bol’oš y la Sra. L. Bányaiová, abogados,

parte demandante,

apoyada por

República Eslovaca, representada por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente,

parte coadyuvante,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. F. Castillo de la Torre, N. von Lingen y A. Tokár, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2009) 5791 final de la Comisión, de 22 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.396 – Reactivos basados en carburo de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas), en cuanto atañe a la demandante, y, con carácter subsidiario, la pretensión de anulación o de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante mediante dicha Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. O. Czúcz, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. D. Gratsias (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de abril de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes del litigio

1. Mediante su Decisión C(2009) 5791 final, de 22 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.396 – Reactivos basados en carburo de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que los principales proveedores de carburo de calcio y de magnesio para las industrias del acero y el gas habían infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) al participar, desde el 7 de abril de 2004 al 16 de enero de 2007 en una infracción única y continua. Esta infracción consistía en el reparto del mercado, la fijación de cuotas, el reparto de clientes, la fijación de los precios y el intercambio de información comercial sensible sobre precios, clientes y volúmenes de venta en el EEE, con excepción de Irlanda, España, Portugal y Reino Unido.

2. El procedimiento se inició a raíz de una solicitud de dispensa en el sentido de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3), presentada por Akzo Nobel NV.

3. La demandante, Novácke chemické závody a.s., produce, en particular, carburo de calcio. En el artículo 1, letra e), de la Decisión impugnada la Comisión declaró que la demandante había participado en la infracción de principio a fin, y, en el artículo 2, párrafo primero, letra e), de la misma Decisión, le impuso una multa de 19,6 millones de euros, conjunta y solidariamente con 1. garantovaná a.s., su sociedad matriz en la época en que se produjo la infracción.

Procedimiento y pretensiones de las partes

4. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 14 de septiembre de 2009, la demandante interpuso el presente recurso.

5. Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el mismo día y registrado con la referencia T-352/09 R, la demandante interpuso igualmente una demanda de medidas provisionales en el sentido de los artículos 242 CE y 243 CE y de los artículos 104 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Dicha demanda de medidas provisionales fue desestimada mediante auto del Presidente del Tribunal de 29 de octubre de 2009, Novácke chemické závody/Comisión (T-352/09 R, no publicado en la Recopilación).

6. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de octubre de 2009, la demandante informó al Tribunal de que había sido declarada en concurso de acreedores. Por medio de otro escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de noviembre de 2009, informó al Tribunal del nombramiento de un nuevo representante por el administrador concursal. Añadió que, con arreglo a las disposiciones de Derecho eslovaco aplicables en caso de concurso de acreedores de una parte de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional, debía suspenderse el procedimiento en el presente asunto. Dado que este escrito contenía, en esencia, una solicitud de suspensión del procedimiento en el presente asunto, el Tribunal solicitó a la Comisión que presentase observaciones a este respecto. En sus observaciones presentadas en la Secretaría del Tribunal el 7 de diciembre de 2009, la Comisión se opuso a la suspensión del procedimiento solicitada.

7. Mediante auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de 21 de enero de 2010, se suspendió el procedimiento en el presente asunto con arreglo al artículo 77, letra d), del Reglamento de Procedimiento, hasta el 31 de octubre de 2010, con el fin de permitir al administrador concursal de la demandante decidir si deseaba continuar el procedimiento en el presente asunto en nombre de la demandante, o si prefería desistir del recurso.

8. Por medio de escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de marzo de 2010, la Comisión solicitó la reanudación del procedimiento en el presente asunto. Dado que la demandante no formuló observaciones sobre esta solicitud dentro del plazo señalado a tal efecto, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal decidió mediante auto de 11 de mayo de 2010 reanudar el procedimiento en el presente asunto.

9. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2009, la República Eslovaca solicitó intervenir en apoyo de las conclusiones de la demandante. Por medio de auto de 24 de junio de 2010, rectificado mediante auto de 26 de julio de 2010, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal admitió esta intervención. La República Eslovaca presentó su escrito de formalización de la intervención el 14 de septiembre de 2010.

10. Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente inicialmente designado fue adscrito a la Sala Tercera, por lo que el presente asunto fue atribuido a dicha Sala. En razón de la renovación parcial del Tribunal, el presente asunto fue atribuido a un nuevo Juez Ponente, perteneciente a la misma Sala.

11. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, instó, en primer lugar, a la demandante y a la Comisión a aportar algunos documentos, en segundo lugar, a la demandante a responder a una pregunta, y, en tercer lugar, a todas las partes a responder a otra pregunta. Las partes se atuvieron a estas peticiones salvo en lo que concierne a un documento solicitado a la Comisión.

12. Mediante auto de 27 de marzo de 2012, el Tribunal ordenó a la Comisión en el marco de una diligencia de prueba prevista en el artículo 65 del Reglamento de Procedimiento, que aportara el documento que no había presentado en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento mencionadas en el apartado anterior. La Comisión dio cumplimiento a esa diligencia de prueba en el plazo señalado.

13. En la vista de 25 de abril de 2012 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal.

14. En la vista, la República Eslovaca solicitó permiso para presentar un nuevo documento. Dado que las otras partes no presentaron objeciones, el Tribunal autorizó la presentación del documento en cuestión y dio a las demás partes un plazo para presentar sus observaciones escritas sobre dicho documento. La fase oral del procedimiento concluyó el 15 de mayo de 2012, tras la presentación de las observaciones de las otras partes sobre el documento presentado por la República Eslovaca.

15. La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada en la medida en que le concierne y, en consecuencia, anule la multa que le impuso.

– Con carácter subsidiario, anule o reduzca de manera significativa el importe de la multa que se le impuso.

– Condene en costas a la Comisión.

16. La República Eslovaca apoya las pretensiones de la demandante de anulación o de reducción sustancial del importe de la multa que se le impuso.

17. La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

18. En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos basados, el primero, en la violación de los principios generales de proporcionalidad e igualdad de trato al determinar el importe de la multa, el segundo, en un vicio sustancial de forma, un error de hecho y un error manifiesto de apreciación, toda vez que la Comisión se negó a tener en cuenta su incapacidad contributiva en el sentido del apartado 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices») y, el tercero, en la infracción del artículo 3 CE, apartado 1, letra g).

Sobre el primer motivo, basado en la violación de los principios generales de proporcionalidad e igualdad de trato al determinar importe de la multa

Directrices

19. Según se desprende del considerando 285 de la Decisión impugnada, el importe de las multas impuestas a la demandante y a los demás participantes en el cártel controvertido se fijó con arreglo a lo dispuesto por las Directrices publicadas por la Comisión.

20. De los apartados 9 a 11 de las Directrices resulta que la fijación del importe de la multa se lleva a cabo siguiendo una metodología que incluye dos etapas.

21. En primer lugar, la Comisión determina un importe de base para cada empresa o asociación de empresas. A tal efecto, la Comisión utiliza el valor de las ventas de bienes o de servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente (apartado 13). El importe de base de la multa se vincula a una proporción del valor de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada por el número de años de infracción (apartado 19). Los períodos de más de seis meses pero de menos de un año se cuentan como un año completo (apartado 24). Por regla general, la proporción del valor de las ventas que se tendrá en cuenta puede alcanzar hasta el 30 % (apartado 21).

22. El apartado 22 de las Directrices dispone que, «con el fin de decidir si la proporción del valor de las ventas considerada en un determinado caso debería situarse en la parte inferior o superior de esta escala, la Comisión tendrá en cuenta una serie de factores, como la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes interesadas, la dimensión geográfica de la infracción, y la aplicación efectiva o no de las prácticas delictivas».

23. El apartado 25 de las Directrices dispone, además, que, «independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas […], con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción».

24. En segundo lugar, la Comisión puede ajustar el importe de base de la multa fijado en la primera etapa, a la alza o a la baja. Así, el apartado 28 de las Directrices contempla el incremento de dicho importe cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias agravantes, como por ejemplo aquellas citadas en el mismo apartado. La reincidencia, a saber, la «persistencia o reincidencia en una infracción idéntica o similar tras haber constatado la Comisión o una autoridad nacional de competencia que la empresa ha vulnerado las disposiciones del artículo 81 [CE] o del artículo 82 [CE]», figura entre las circunstancias agravantes mencionadas en ese párrafo y justifica un incremento de hasta el 100 % del importe de base de la multa (véase el apartado 28, primer guión, de las Directrices). Haber desempeñado una función de responsable o de instigador de la infracción constituye igualmente una circunstancia agravante, a tenor del tercer guión del apartado 28 de las Directrices.

25. Además, se establece un incremento específico del importe de la multa para garantizar su efecto disuasorio, en particular, en el apartado 30 de las Directrices, a cuyo tenor «la Comisión prestará especial atención a la necesidad de garantizar que las multas presenten un efecto suficientemente disuasorio; con este fin, podrá aumentar la multa impuesta a aquellas empresas que tengan un volumen de negocios particularmente importante más allá de las ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción».

26. Por otro lado, el apartado 29 de las Directrices establece que el importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, como por ejemplo las mencionadas en ese mismo apartado. Según el segundo guión de este apartado, la Comisión considerará que existen circunstancias atenuantes cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que la infracción se cometió por negligencia. Además con arreglo al cuarto guión del mismo apartado, la Comisión considerará que existen circunstancia atenuantes «cuando la empresa en cuestión coopere efectivamente con [ella], fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia, y más allá de sus obligaciones jurídicas de cooperar».

27. A este respecto, según se desprende del considerando 339 de la Decisión impugnada, la cooperación de las empresas con la Comisión se rige, desde el 14 de febrero de 2002, por la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la clemencia de 2002») que fue sustituida, a partir del 8 de diciembre de 2006, por una nueva Comunicación de la Comisión (DO 2006, C 298, p. 17; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la clemencia de 2006»). Dado que Akzo Nobel contactó a la Comisión con objeto de solicitar clemencia a partir del 20 de novie mbre de 2006, esto es, antes de la entrada en vigor de la Comunicación sobre la clemencia de 2006, en el caso de autos ha de aplicarse la Comunicación sobre la clemencia de 2002 y, excepcionalmente, en virtud del punto 37 de la Comunicación sobre la clemencia de 2006, los puntos 31 a 35 de esta última Comunicación.

28. Por último, el apartado 35 de las Directrices contempla la posibilidad de tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular con vistas a una eventual reducción del importe de la multa.

Decisión impugnada

29. El valor de las ventas de cada participante en el cártel durante el último año completo de su participación en la infracción que sirvió de base a la Comisión para la fijación del importe de la multa se indica en un cuadro que figura en el considerando 288 de la Decisión impugnada. De dicho cuadro resulta que el valor de las ventas de carburo de calcio en polvo realizadas por la demandante en 2006, se situaba entre 5 y 10 millones de euros. El valor de las ventas de carburo de calcio granulado realizadas por ella se situaba entre 20 y 25 millones de euros.

30. Del considerando 294 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión consideró que la infracción controvertida se hallaba incluida por su propia naturaleza entre los casos más graves de restricción de la competencia.

31. Además, en el considerando 299 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que el cártel controvertido afectaba a clientes del interior del EEE, con excepción de España, Portugal, Reino Unido e Irlanda.

32. En el considerando 301 de la Decisión impugnada la Comisión fijó el porcentaje del valor de las ventas que había de tomarse en consideración para todos los participantes en el cártel en el 17 % a la luz de las «circunstancias particulares del asunto» y teniendo en cuenta los «criterios examinados en los considerandos 294 y 299».

33. Habida cuenta de las consideraciones relativas a la duración de la infracción expuestas en los considerandos 302 y 303 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó en un cuadro que figura en el considerando 304 de la misma Decisión, el multiplicador determinado en función de los años de participación en la infracción de cada empresa afectada por esta Decisión. En el caso de la demandante, la Comisión fijo un multiplicador de 2,5 para el carburo de calcio en polvo y de 3 para el carburo de calcio granulado.

34. Además, en el considerando 306 de la Decisión impugnada la Comisión fijó el porcentaje del valor de las ventas correspondiente a la cantidad adicional que había de incluirse en la multa con arreglo al apartado 25 de las Directrices, en el 17 %, «dadas las circunstancias particulares del presente asunto y habida cuenta de los criterios examinados en los apartados anteriores relativos a la naturaleza de la infracción y a [su] alcance geográfico».

35. El considerando 308 de la Decisión impugnada contiene un cuadro en el que se indica el importe de base de la multa calculado para cada participante. En el caso de la demandante este importe asciende a 19,6 millones de euros.

36. En los considerandos 309 a 312 de la Decisión impugnada la Comisión examinó si procedía ajustar el importe de base de la multa al alza debido a circunstancias agravantes. Consideró que se daban tales circunstancias respecto de dos participantes en el cártel, Akzo Nobel y Degusta AG, la cual había pasado a ser Evonik Degusta GmbH en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, por ser reincidentes. En el caso de la demandante no se consideró que concurriese circunstancia agravante alguna.

37. En los considerandos 313 a 333 de la Decisión impugnada la Comisión examinó si procedía considerar que existían circunstancias atenuantes respecto de uno o varios participantes en el cártel. En particular, examinó sucesivamente las alegaciones basadas en la participación limitada en el cártel formuladas por todos los participantes (considerandos 313 a 316), las alegaciones de algunos participantes basadas en la no aplicación de los acuerdos objeto del cártel o de la no realización de beneficio derivado de su participación en el cártel (considerandos 317 a 320), las alegaciones de algunos participantes, entre los cuales figura la demandante, basadas en su cooperación efectiva con la Comisión fuera el ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia de 2006 (considerandos 321 a 327 de la Decisión impugnada) y las alegaciones formuladas por varios participantes basadas en la difícil situación económica de los proveedores de carburo de calcio y magnesio antes y durante el período que duró el cártel (considerandos 328 a 331). En todos los casos, la Comisión concluyó que no procedía considerar que existían circunstancias atenuantes (considerandos 314, 320, 327 y 331 de la Decisión impugnada).

38. En los considerandos 335 a 360 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si procedía aplicar la Comunicación sobre la clemencia de 2002 respecto de uno o varios participantes en el cártel. Del considerando 358 de la Decisión impugnada resulta que la demandante había presentado una solicitud en este sentido el 6 de febrero de 2008 (en lo sucesivo, «solicitud de clemencia»). La Comisión consideró, en ese mismo considerando, que la solicitud que había presentado más de un año después de las inspecciones y una vez que la demandante había recibido solicitudes de información en virtud del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003. Según la Comisión, la solicitud no presentaba ningún valor añadido significativo puesto que la demandante se limitó a informar de hechos relativos al carburo de calcio en polvo, respecto del cual la Comisión ya disponía por aquel entonces de suficientes pruebas. Así, la Comisión consideró que la información aportada por la demandante no podía reforzar su capacidad para probar los hechos, ni por su naturaleza ni por su nivel de precisión. Por estos motivos, concluyó que la demandante no podía beneficiarse de una reducción del importe de la multa.

39. Sin embargo, la Comisión concedió una dispensa de las multas a Akzo Nobel (considerandos 335 y 336 de la Decisión impugnada), una reducción del importe de la multa del 35 % a Donau CEIME AG (considerando 346 de la Decisión impugnada) y una reducción del importe de la multa del 20 % a Evonik Degussa (considerando 356 de la Decisión impugnada). Desestimó la solicitud de dispensa del pago de las multas o de reducción de su importe presentada por Almamet GmbH (considerando 349) y consideró además que SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie AG y Arques Industries AG no podían beneficiarse de la reducción del importe de la multa concedida a Evonik Degussa, puesto que esta última había presentado su solicitud de clemencia únicamente en su propio nombre (considerando 357 de la Decisión impugnada).

40. Los importes de las multas que habían de imponerse figuran en el considerando 361 de la Decisión impugnada. El importe indicado para la demandante es de 19,6 millones de euros.

41. Por último, en los considerandos 362 a 378 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó las solicitudes de aplicación del apartado 35 de las Directrices de varios participantes en el cártel. La Comisión rechazó la solicitud de la demandante en este sentido (considerando 377 de la Decisión impugnada) así como las presentadas por otros participantes en el cártel, pero concedió una reducción del 20 % del importe de la multa a Almamet (considerando 372 de la Decisión impugnada).

Sobre las alegaciones formuladas por la demandante

42. La demandante sostiene que la fijación del importe de la multa que le impuso la Comisión vulnera los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato. A este respecto, formula cinco alegaciones relativas, en primer lugar, al carácter disuasorio de la multa, en segundo lugar, a las circunstancias agravantes, en tercer lugar, a las circunstancias atenuantes, en cuarto lugar, a la reducción del importe de la multa concedida a Almamet y, en quinto lugar, a la multa, en la medida en que ésta se calculó en proporción a los volúmenes globales de negocios de los destinatarios de la Decisión impugnada. Tras la exposición de unas consideraciones preliminares se examinarán sucesivamente estas alegaciones. En la vista, la demandante formuló una alegación relativa al valor de las ventas que había de tomarse en consideración para el cálculo del importe de base de la multa. Según ella, esta alegación ya figuraba en el escrito de demanda. Por su parte la Comisión sostiene que se trata de una nueva alegación que no se basa en elementos que hayan aparecido durante el procedimiento y, en consecuencia, es inadmisible. Esta alegación será examinada en último lugar.

– Consideraciones preliminares

43. Procede recordar que la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (véase la sentencia del Tribunal de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Rec. p. II-1181, apartado 216, y la jurisprudencia citada).

44. Sin embargo, como sostiene la demandante, cada vez que la Comisión decide imponer multas en virtud del Derecho de la competencia, tiene la obligación de respetar los principios generales del Derecho, entre los que figuran los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, tal y como han sido interpretados por los órganos jurisdiccionales de la Unión (sentencia del Tribunal de 13 de julio de 2011, Schindler Holding y otros/Comisión, T-138/07, Rec. p. II-4819, apartado 105).

45. A tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, a fin de determinar el importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración. Según la jurisprudencia, en este contexto, la Comisión debe, en particular, procurar que su acción tenga carácter disuasivo (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 106, y sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T-279/02, Rec. p. II-897, apartado 272).

46. La necesidad de garantizar que el efecto disuasorio de la multa sea suficiente, cuando no provoca la elevación del nivel general de las multas en el marco de la aplicación de una política en materia de competencia, requiere graduar el importe de la multa con objeto de tomar en consideración el impacto que se pretende producir en la empresa multada, a fin de que dicha multa no resulte insignificante o, por el contrario, excesiva, habida cuenta sobre todo de la capacidad económica de la empresa en cuestión, conforme a las exigencias derivadas, por una parte, de la necesidad de garantizar la eficacia de la multa y, por otra, del respeto del principio de proporcionalidad (sentencias del Tribunal, Degussa/Comisión, citada en el apartado 45 supra, apartado 283, y de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T-410/03, Rec. p. II-881, apartado 379).

47. En cuanto a las Directrices, según reiterada jurisprudencia, al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima (véase la sentencia del Tribunal de Justicia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartado 211; sentencias del Tribunal General de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, T-69/04, Rec. p. II-2567, apartado 44, y de 28 de abril de 2010, Amann & Söhne y Cousin Filterie/Comisión, T-446/05, Rec. p. II-1255, apartado 146).

48. De ello se desprende que, como también reconoce la demandante, al fijar la multa que ha de imponerse a una empresa con arreglo al artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, la toma en consideración de las Directrices no constituye en sí misma una violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato sino que, al contrario, puede resultar necesaria, especialmente para la observancia del segundo de estos principios. Sin embargo, a la inversa, el mero hecho de aplicar la metodología para fijar el importe de las multas establecida en las Directrices no dispensa a la Comisión de la obligación de asegurarse de que la multa impuesta en un caso concreto es conforme a los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato. Además, en el apartado 37 de las Directrices, la Comisión se reservó el derecho de apartarse de la metodología o de los límites fijados en dichas Directrices cuando las particularidades de un asunto o la necesidad de alcanzar un nivel disuasorio de la multa lo justifican.

49. Asimismo, procede destacar que en el caso de los recursos dirigidos contra las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas a determinadas empresas por haber infringido las normas sobre la competencia, el Tribunal es competente desde dos puntos de vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, apartado 53).

50. Por un lado, tiene por misión controlar la legalidad de dichas decisiones, y, en este marco, debe controlar la observancia de la obligación de motivación (sentencia SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 49 supra, apartado 54) y debe, además, ejercer, conforme a las pruebas aportadas por el demandante en apoyo de los motivos que éste haya invocado, un control en profundidad tanto de hecho como de Derecho (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión, C-389/10 P, Rec. p. I-13125, apartado 129).

51. Por otro lado, este control de legalidad se completa con la competencia jurisdiccional plena que el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003 reconoce al juez de la Unión conforme al artículo 261 TFUE (sentencia KME Germany y otros/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 130). Más allá del mero control de legalidad, que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular total o parcialmente el acto impugnado, la competencia jurisdiccional plena de la que dispone permite al juez reformar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Rec. p. I-8375, apartado 692, y de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, apartado 86). Así pues, puede sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta (sentencia KME Germany y otros/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 130).

52. Procede examinar las alegaciones formuladas por la demandante en el marco del presente motivo a la luz de estas consideraciones generales.

– Sobre la primera alegación, relativa al carácter disuasorio de la multa

53. La demandante sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta adecuadamente en la Decisión impugnada el hecho de que la multa impuesta a una empresa que ha participado en un cártel debe presentar un carácter disuasorio específico para la empresa de que se trate. La demandante afirma que ello requiere un enfoque individualizado, puesto que es posible que una multa de un determinado importe produzca un efecto disuasorio en el caso de una empresa pero no en el de otra. Según la demandante, de ello se desprende que el importe a que se hace referencia en el apartado 25 de las Directrices no debe fijarse al mismo nivel para todos los participantes en el cártel. Añade que el Tribunal confirmó en su sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 45 supra la necesidad de utilizar multiplicadores disuasorios distintos para cada participante .

54. Además, la demandante señala que la Comisión no hizo uso en el presente asunto de su facultad, establecida en el apartado 30 de las Directrices, de aumentar el importe de la multa para garantizar un efecto suficientemente disuasorio. Según la demandante, podría haberse aplicado tal incremento respecto de los participantes en el cártel con los volúmenes globales de negocios más altos, a saber, Akzo Nobel, Ecka Granulate GmbH & Co KG (en lo sucesivo, «Ecka») y Evonik Degussa. Por último, sostiene que las reincidentes, Akzo Nobel y Evonik Degusa, deberían haber sido sancionadas con multas más altas que la impuesta a la demandante, quien había desempeñado únicamente un pequeño papel en la infracción. A su juicio, la toma en consideración del carácter reincidente únicamente como circunstancia agravante según lo dispuesto por el apartado 28 de las Directrices no es suficiente.

55. Con carácter preliminar, en lo que atañe al carácter operativo de la alegación que se resume en el apartado anterior, procede señalar que, ciertamente, la competencia jurisdiccional plena atribuida al juez de la Unión incluye expresamente la facultad de incrementar, en su caso, el importe de la multa impuesta. Así, en el supuesto de una desigualdad de trato entre varios participantes en una infracción resultante del hecho de que la gravedad del comportamiento infractor de uno fue infravalorada respecto de la gravedad del comportamiento infractor de los otros, la solución más apropiada para restablecer un justo equilibrio sería aumentar el importe de la multa impuesta a los primeros (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T-67/00, T-68/00, T-71/00 y T-78/00, Rec. p. II-2501, apartado 576).

56. No obstante, tal incremento sólo se puede producir si los participantes en la infracción cuya multa debe incrementarse han impugnado esta multa ante el Tribunal y se les ha dado la posibilidad de presentar sus observaciones relativas a tal incremento (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartados 577 y 578). Si no concurren estos requisitos, el mejor medio de remediar la desigualdad de trato detectada consiste en reducir el importe de la multa impuesta a los demás participantes en la infracción (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 579). En consecuencia, no puede descartarse de entrada como inoperante la alegación resumida en el apartado 54 supra.

57. A continuación, procede señalar que la Comisión es consciente de la necesidad de garantizar el carácter disuasorio de su acción en el ámbito de las infracciones al Derecho de la competencia no solo desde el punto de vista general, sino también, en particular, el efecto disuasorio específico de la multa que impone a una empresa que ha cometido tal infracción. Ello se ve confirmado por el apartado 4 de las Directrices que dispone, en particular, que «procede fijar las multas en un nivel suficientemente disuasorio […] para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico)».

58. No obstante, procede recordar que el importe a que se refiere el apartado 25 de las Directrices forma parte del importe de base de la multa que, según se desprende del apartado 19 de las mismas (véase el apartado 21 anterior), debe reflejar la gravedad de la infracción y no la gravedad relativa de la participación en la infracción de cada una de las empresas de que se trata. Según la jurisprudencia, esta última cuestión deberá examinarse en el contexto de la posible aplicación de circunstancias agravantes o atenuantes (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Carbone-Lorraine/Comisión, T-73/04, Rec. p. II-2661, apartado 100). Por consiguiente y según pone de manifiesto acertadamente la Comisión, ésta está facultada para fijar el porcentaje del valor de las ventas mencionado en el apartado 25 de las Directrices, como también el mencionado en el apartado 21 de las mismas, al mismo nivel para todos los participantes en el cártel. La fijación de un mismo porcentaje para todos los participantes en el cártel no implica, en contra de lo que parece sostener la demandante, la fijación en virtud del apartado 25 de las Directrices de un mismo importe para todos los participantes en el cártel. Dado que esta cantidad consiste en un porcentaje del valor de las ventas realizadas en relación con la infracción por cada participante en el cártel, ésta será distinta para cada uno de ellos en función de las diferencias en cuanto al valor de las ventas realizadas por cada uno de ellos.

59. La sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 45 supra, invocada por la demandante, no puede l levar a otra conclusión. Ciertamente, en el apartado 335 de esta sentencia el Tribunal declaró que la Comisión no podía aumentar el importe de la multa determinado en función de la gravedad de la infracción aplicando el mismo tipo a los dos participantes del cártel que habían realizado volúmenes de negocios sustancialmente diferentes, sin vulnerar el principio de igualdad de trato.

60. Sin embargo, según se desprende de los apartados 20, 21, 326 y 327 de la misma sentencia, el importe de la multa impuesta a los distintos participantes en la práctica colusoria de que se trataba en dicho asunto había sido determinado con arreglo a una metodología distinta de la consagrada en las Directrices y aplicada por la Comisión en el caso de autos. En el asunto que dio lugar a la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 45 supra, la Comisión repartió a los participantes en la práctica colusoria en distintos grupos en función de su volumen de negocios y fijó, para todos los miembros de cada grupo, el mismo importe de base de la multa. La demandante en dicho asunto había sido incluida en el mismo grupo que otra empresa que había realizado un volumen de negocios superior y se había fijado el mismo importe de base para estas dos empresas. A continuación, con el fin de garantizar un efecto disuasorio suficiente, la Comisión incrementó este importe a un mismo tipo, en su caso, el 100 %, para cada una de estas dos empresas. Era este último aspecto el que fue censurado por el Tribunal (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 45 supra, apartados 328 a 335).

61. Pues bien, en el caso de autos, por un lado, tal como se ha señalado anteriormente, el importe de base de la multa es diferente para los distintos participantes en el cártel en función de los distintos volúmenes de negocios realizados. Por otro lado, como sostiene acertadamente la Comisión, ésta no aplicó un incremento específico del importe de base para garantizar un carácter disuasorio suficiente de la multa. De ello se desprende que las circunstancias del presente asunto no son en modo alguno comparables a las del asunto que dio lugar a la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 45 supra.

62. La demandante criticó igualmente el hecho de que la Comisión no hubiese incrementado con arreglo al apartado 30 de las Directrices el importe de la multa impuesta a los participantes en el cártel que habían realizado un volumen global de negocios particularmente importante. A este respecto, procede señalar que, si bien es cierto que de dicho apartado de las Directrices se desprende efectivamente que puede resultar necesario para garantizar que una multa tenga una efecto suficientemente disuasorio aumentar la multa que ha de imponerse a una empresa que tenga un volumen de negocios particularmente importante más allá de las ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción, no se desprende a la inversa que una multa que no represente un porcentaje significativo del volumen global de negocios de la empresa de que trata no producirá un efecto suficientemente disuasorio respecto de esta empresa.

63. En efecto, en principio, una multa fijada con arreglo a la metodología definida en las Directrices representa un porcentaje considerable del valor de las ventas que la empresa sancionada ha realizado en el sector afectado por la infracción. Así, como consecuencia de la multa, la empresa de que se trate verá disminuir significativamente sus beneficios en este sector, o incluso experimentará pérdidas. Aunque el volumen de negocios realizado por dicha empresa en ese sector represente únicamente una pequeña fracción de su volumen global de negocios, no puede excluirse a priori que la disminución de los beneficios realizados en ese sector, o incluso su transformación en pérdidas, tenga un efecto disuasorio, en la medida en que, en principio, una empresa comercial se introduce en un determinado sector para generar beneficios.

64. Por ello, el apartado 30 de las Directrices establece la facultad y no la obligación para la Comisión de aumentar la multa impuesta a una empresa que tenga un volumen de negocios particularmente importante más allá de las ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción. Pues bien, la demandante no ha invocado ningún elemento concreto que permita demostrar que la Comisión debería haber hecho uso de esta facultad en el caso de autos, más allá de una vaga referencia al volumen global de negocios supuestamente importante de algunos participantes en el cártel, referencia que se limita a repetir la alegación formulada en la quinta alegación que se examinará más adelante. Por consiguiente, no puede reprochársele una violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad por este motivo.

65. Por último, en lo que atañe a la toma en consideración de la reincidencia, procede señalar que, como reconoce la propia demandante, la reincidencia se toma en consideración en la fase de ajuste del importe de base de la multa por medio de las circunstancias agravantes, de conformidad con el apartado 28, primer guión, de las Directrices y puede dar lugar a un incremento significativo de este importe que puede llegar incluso a su duplicación. Sin embargo, la determinación del importe de base, en la que se incluye la fijación del porcentaje previsto en el apartado 25 de las Directrices se realiza, tal como ya se ha señalado (véase el apartado 58 anterior), teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. El hecho de no tomar en consideración, en esta fase, una circunstancia agravante que se tendrá en cuenta en una fase posterior no es constitutiva de un error de Derecho (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2008, Coats Holdings y Coats/Comisión, C-468/07 P, no publicada en la Recopilación, apartado 28).

66. De cuantas consideraciones anteceden se desprende que la primera alegación carece de fundamento y debe desestimarse.

– Sobre la segunda alegación, relativa a las circunstancias agravantes

67. La demandante reprocha a la Comisión no haber examinado en la Decisión impugnada la cuestión de qué miembros del cártel desempeñaban una función de responsable de la infracción y precisa que ella era un miembro pasivo de la misma. La demandante reconoce que no es posible en todos los casos de cártel identificar uno o varios responsables. Sin embargo, sostiene que en un cártel complejo como el del caso de autos, difícilmente puede concebirse que el cártel hubiera podido funcionar sin que una o varias empresas hubieran propuesto la idea y llevado a cabo la necesaria preparación. La demandante considera que la Comisión no realizó suficientes esfuerzos para identificar a estas empresas. A este respecto, menciona como ejemplos de lo que la Comisión debería haber examinado, la cuestión de quién había organizado las primeras reuniones e invitado a los miembros pasivos del cártel o la de a qué empresa pertenecían los locales en los que se celebraron dichas reuniones. Según la demandante, de ello se desprende que la Comisión violó los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad en la medida en que trató de igual modo a los miembros pasivos del cártel que a los responsables o instigadores.

68. Por su parte, la Comisión sostiene que esta alegación resulta inoperante. Considera que aunque se constatase que una o varias empresas distintas de la demandante fueron las responsables de la infracción, tal constatación no influirá sobre la multa impuesta a la demandante y en el mejor de los casos sólo podría dar lugar a un incremento de las multas impuestas a esas otras empresas.

69. Por los motivos expuestos en los apartados 55 y 56 supra, la presente alegación no puede desestimarse de entrada como inoperante. Sin embargo, procede en todo caso desestimarla por infundada sin que sea necesario examinar si en el caso de autos concurren los requisitos para un incremento del importe de la multa mencionados en el apartado 56 supra.

70. A este respeto, ha de precisarse, con carácter preliminar, que la afirmación de la demandante de que adoptó un comportamiento pasivo en el cártel carece de pertinencia en el marco de la presente alegación, pero que debe examinarse en el contexto del análisis de la tercera alegación, relativa a las circunstancias atenuantes, y ello tanto más cuanto que, mediante los argumentos que formula en apoyo de esa alegación, la demandante reitera y amplía esta afirmación.

71. A continuación, procede señalar que las cuestiones mencionadas por la demandante en su razonamiento fueron examinadas en lo principal en la Decisión impugnadaAsí, según se desprende del considerando 177 de esta Decisión, la infracción controvertida se refería a tres productos, a saber, el carburo de calcio en polvo, el magnesio granulado y el carburo de calcio granulado, y a dos mercados, el de los dos primeros productos, sustituibles entre sí y destinados a la industria del acero, y el del tercer producto, destinado a la industria del gas. La Comisión se refiere a distintos acuerdos relativos a cada uno de estos productos (véanse respectivamente los considerandos 54 a 91, 113 a 135 y 92 a 112 de la Decisión impugnada), pero concluye, en el considerando 177 de su Decisión, que estos tres acuerdos se incluían en el marco de una infracción única y continua.

72. En lo que atañe, en particular, al carburo de calcio en polvo, la Comisión señaló, en el considerando 56 de la Decisión impugnada que «las dos primeras reuniones se organizaron en los locales de Almamet». En apoyo de esta declaración remitió también en la nota a pie de página nº 106, en particular, a la solicitud de clemencia. El desarrollo de la primera reunión se describe con más detalle en los considerandos 64 a 66 de la Decisión impugnada. De esta descripción puede deducirse que fue Almamet quien invitó a los otros participantes a la reunión, dado que no sólo dicha reunión se celebró en sus locales sino que además fue su representante quien inició los debates (véase el considerando 65 de la Decisión impugnada).

73. Según la Decisión impugnada (véase el considerando 67), la segunda reunión relativa al mismo producto también tuvo lugar en los locales de Almamet. Sin embargo, según se desprende del considerando 69 de la Decisión impugnada, en esa segunda reunión, los participantes, entre los que figuraba la demandante, decidieron organizar periódicamente reuniones similares y asumir por turnos la responsabilidad de su organización. La Decisión impugnada se refiere posteriormente, en los considerandos 70 a 89, a otras nueve reuniones organizadas por diferentes participantes en el cártel, de entre los cuales dos, a saber, las celebradas los días 7 de abril de 2005 y 25 de abril de 2006, tuvieron lugar en Eslovaquia, y fueron organizadas por la demandante (véanse, respectivamente, los considerandos 74 y 83 de la Decisión impugnada).

74. En cuanto al carburo de calcio granulado, la Comisión señaló, en el considerando 98 de la Decisión impugnada, que la primera reunión tuvo lugar el 7 de abril de 2004, en un hotel de Eslovenia y que fue organizada por TDR-Metalurgija d.d. La demandante y Donau Chemie fueron las únicas otras dos empresas que participaron en esa reunión. En el considerando 99 de la Decisión impugnada, la Comisión se refiere a otras dos reuniones que tuvieron lugar en Bratislava entre los tres mismos productores de ese producto. Sin embargo, añade que las cuestiones relativas al carburo de calcio granulado se abordaron igualmente en el marco de las reuniones relativas al carburo de calcio en polvo o de las reuniones especiales que se realizaron como prolongación de las primeras (véanse los considerandos 101 y 108 de la Decisión impugnada).

75. Por último, el acuerdo relativo al magnesio se refería únicamente a Almamet, Donau Chemie y Ecka. Los otros destinatarios de la Decisión impugnada, incluida la demandante, no producían magnesio. Del considerando 125 de la Decisión impugnada resulta que la primera reunión de las tres empresas dedicadas al magnesio tuvo lugar a finales del 2004 o a principios del 2005, pero que no pudo determinarse la fecha exacta. La Decisión impugnada menciona otras cinco reuniones relativas a este producto. A excepción de la reunión de 2 de mayo de 2006, organizada por Ecka, quien también la sufragó (véase el considerando 129 de la Decisión impugnada), no se precisa qué empresa organizó las reuniones. No obstante, el considerando 115 de la Decisión impugnada señala que las tres empresas que participaban en estas reuniones asumían por turnos la responsabilidad de su organización y los gastos correspondientes.

76. Estas consideraciones se oponen a la tesis de la demandante de que, en esencia, la infracción controvertida, por su propia naturaleza, hacía necesaria la existencia de uno o de varios responsables. En efecto, de las consideraciones de la Decisión impugnada mencionadas en los apartados 71 a 73 anteriores resulta que todos los participantes del cártel se hallaban en pie de igualdad. El hecho de que Almamet haya organizado la primera reunión relativa al carburo de calcio en polvo y de que TDR-Metalurgija haya hecho lo propio en cuanto al carburo de calcio granulado no parece tener connotaciones específicas. No existe indicio alguno en la Decisión impugnada que permita pensar que la función en el cártel de estas dos empresas fue más importante que la de las otras.

77. Al contrario, del considerando 54 de la Decisión impugnada se desprende que, según la Comisión, el acuerdo relativo al carburo de calcio en polvo se originó a raíz de la tendencia negativa del precio de este producto desde principios del siglo XXI, combinada con el incremento del coste de la producción y la disminución de la demanda.

78. Según el considerando 104 de la Decisión impugnada, el mercado del carburo de calcio granulado se hallaba bajo la misma sensación. Este considerando cita a un «empleado de Akzo Nobel» según el cual todos los proveedores del producto en cuestión «consideraban necesario el aumento de los precios». En lo que atañe al magnesio, igualmente destinado a la industria siderúrgica y que puede sustituir al carburo de calcio en polvo, la Comisión reconoce, en el considerando 113 de la Decisión impugnada, que la demanda de dicho producto aumentaba, pero añade, sin que la demandante lo niegue, que «los proveedores también eran conscientes del aumento de la influencia de sus clientes sobre el mercado» y se hallaban sometidos además a una presión cada vez más fuerte debido a la llegada al mercado de nuevos competidores chinos.

79. En este contexto, carece de importancia la cuestión de quién tuvo la iniciativa de organizar la primera reunión, en la medida en que dicha iniciativa no hacía sino reflejar los sentimientos comunes de varios productores del producto en cuestión. Por otro lado, la demandante no ha detallado su afirmación de que una infracción como la controvertida en el caso de autos difícilmente podría concebirse sin la participación de uno o varios responsables, ni ha aportado pruebas concretas en apoyo de ésta. Además, independientemente de su pertinencia para la declaración de posibles circunstancias agravantes, las únicas circunstancias concretas invocadas por la demandante en su argumentación ya habían sido en abordadas en esencia en la Decisión impugnada, como se puso de manifiesto en el apartado 71 supra.

80. De cuantas consideraciones anteceden resulta que no puede aceptarse la afirmación de la demandante de que al no examinar la existencia de posibles circunstancias agravantes respecto de algunos de los participantes en el cártel la Comisión violó el principio de igualdad de trato. Por consiguiente, la segunda alegación es infundada y debe desestimarse.

– Sobre la tercera alegación, relativa a las circunstancias atenuantes

81. La demandante reprocha a la Comisión no haber reconocido la existencia de circunstancias atenuantes que justificasen la reducción del importe de la multa que se le impuso conforme al apartado 29 de las Directrices. En este contexto menciona, en primer lugar, el carácter supuestamente negligente de su participación en el cártel, en segundo lugar, el carácter pasivo y limitado de su participación, y, en tercer lugar, su supuesta cooperación con la Comisión fuera del ámbito de aplicación de la «Comunicación sobre la clemencia de 2002/2006» y más allá de su obligación jurídica de cooperar, que, según afirma, no fue tenida en cuenta.

82. En primer lugar, la demandante sostiene que, en el momento en que se produjeron los hechos controvertidos, sus dirigentes eran individuos que habían cursado estudios y realizado su carrera profesional en condiciones de economía estrictamente regulada bajo el régimen comunista anterior a 1989. Así, afirma que al menos en los comienzos del cártel, los dirigentes de la demandante ni siquiera habían sido conscientes del carácter ilícito de su comportamiento contrario a la competencia. Sostiene que consideraron las reuniones del cártel como reuniones de negocios habituales y que fueron objeto de críticas por parte de los demás participantes debido a su falta de discreción. La demandante añade que nunca había sido objeto de una investigación ni de una sanción por parte de una autoridad de la competencia y considera que su participación por negligencia en el cártel debería haberse tenido en cuenta en tanto circunstancia atenuante.

83. La Comisión responde que la supuesta infracción se cometió más de catorce años después del final de régimen comunista checoslovaco y que la República Eslovaca había adoptado una normativa que prohibía acuerdos similares incluso antes de su adhesión a la Unión Europea. La demandante responde en su escrito de réplica que esta argumentación no tiene suficientemente en cuenta las consecuencias para sus dirigentes en el momento de la infracción de haber pasado una parte esencial y formativa de su carrera bajo un sistema diferente del de economía de mercado.

84. Sin que sea necesario entrar en los detalles de este debate entre las partes, procede recordar que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n o 1/2003, autoriza a la Comisión a imponer multas a las empresas que hayan infringido el artículo 81 CE tanto cuando esta infracción se ha cometido de forma deliberada como cuando lo ha sido por negligencia.

85. Según reiterada jurisprudencia, para que una infracción de las normas sobre la competencia pueda considerarse deliberada y no cometida por negligencia, no es necesario que la empresa en cuestión tuviera conciencia de infringir estas normas; es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de su conducta era restringir la competencia en el mercado común (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1989, Belasco y otros/Comisión, 246/86, Rec. p. 2117, apartado 41, y la jurisprudencia citada, y la sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T-259/02 a T-264/02 y T-271/02, Rec. p. II-5169, apartado 205, y la jurisprudencia citada).

86. En el caso de autos la demandante no niega su participación en la infracción, sino más bien al contrario, en su argumentación relativa a la presente alegación «admite y no niega [su responsabilidad por el] comportamiento contrario a la competencia de su dirección anterior». Pues bien, habida cuenta de los hechos que constituyen la infracción controvertida, tal como se resumen en el apartado 1 anterior, resulta evidente que los miembros de la dirección de la demandante que participaron por cuenta de ésta en las distintas reuniones organizadas en el marco del cártel, y aplicaron, a continuación, las decisiones adoptadas en dichas reuniones, no podían ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia en el mercado común. En efecto, se trata de la consecuencia directa e inmediata del reparto de mercados, de la fijación de cuotas, del reparto de clientes y de la fijación de precios entre varios participantes en los mismos mercados, comportamientos todos ellos que se incluyen en el objeto de la infracción sancionada por la Decisión impugnada.

87. Sin embargo, según se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 85 anterior, en este contexto, carece de importancia que los miembros de la dirección de la demandante ignorasen que tal comportamiento vulneraba las normas sobre competencia nacionales o las establecidas por el Derecho de la Unión debido a sus experiencias pasadas bajo el antiguo régimen comunista checoslovaco o por cualquier otro motivo.

88. Como observa acertadamente la Comisión, las afirmaciones de la demandante recogidas en la solicitud de clemencia confirman la conclusión de que los miembros de la dirección de la demandante eran conscientes del objeto contrario a la competencia de su conducta. La demandante explicó en dicha solicitud que los miembros de su dirección que participaron en las reuniones del cártel no habían mencionado las informaciones relativas al mismo en los «informe de misión en el extranjero» que habían redactado y algunos de los cuales fueron obtenidos por la Comisión durante una inspección en los locales de la demandante. Según la demandante, para evitar dejar constancia por escrito, dichos miembros presentaron estas informaciones oralmente el Director General y al Presidente del Consejo de administración de la demandante. Este comportamiento de los miembros de la dirección de la demandante de que se trata sólo puede significar que eran conscientes del carácter contrario a la competencia, e incluso ilícito, de su participación en las reuniones en cuestión, puesto que de otro modo sería difícil comprender los motivos por los que deseaban evitar dejar constancia por escrito.

89. De ello se desprende que no puede reprocharse error alguno a la Comisión por no haber concedido a la demandante una reducción del importe de la multa por haber cometido ésta la i nfracción por negligencia.

90. En segundo lugar, la demandante reprocha a la Comisión que no tuvo en cuenta como circunstancia atenuante el carácter pasivo de su participación en la infracción. A este respecto, sostiene que los miembros de su dirección que le habían representado en las distintas reuniones del cártel no hablaban con fluidez ningún idioma extranjero y debían recurrir a los servicios de un intérprete. Por otro lado, aduce que los demás miembros del cártel habían observado que el representante de la demandante en las distintas reuniones adoptaba un comportamiento pasivo y no se comunicaba con los otros participantes. Afirma que, la propia Comisión reconoció en el pliego de cargos que la demandante era el miembro menos activo del cártel, puesto que nunca había elaborado cuadros ni recopilado datos provenientes de miembros del cártel ausentes en una determinada reunión, ni tampoco transmitía tales datos a los demás miembros. La demandante añade que el cártel revestía mayor importancia para Almamet, el distribuidor de sus productos y que, por ello, ella podría haberse beneficiado del mismo sin ni siquiera participar. Sostiene que fue Almamet quien invitó a la demandante a participar en el cártel. Antes de esta invitación, la demandante no mantenía ningún contacto habitual con los otros miembros del cártel.

91. Habida cuenta de esta argumentación procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede examinar en el marco de la determinación del importe de las multas la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas, lo que implica, en particular, hacer constar sus papeles respectivos desempeñados en la infracción durante el tiempo que duró su participación en la misma. Esta conclusión constituye la consecuencia lógica del principio de individualidad de las penas y de las sanciones en virtud del cual una empresa sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente, principio que es aplicable en cualquier procedimiento administrativo que pueda dar lugar a sanciones en virtud de las normas de la Unión en materia de competencia (véase la sentencia del Tribunal de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T-38/02, Rec. p. II-4407, apartados 277 y 278, y la jurisprudencia citada).

92. De conformidad con estos principios las Directrices establecen, en su apartado 29, una modulación del importe de base de la multa en función de algunas circunstancias atenuantes específicas de cada empresa afectada. Este apartado establece, en particular, una lista no exhaustiva de circunstancias atenuantes que pueden tenerse en cuenta. No obstante, procede señalar que la «función exclusivamente pasiva o subordinada» de una empresa en la comisión de la infracción no figura en esta lista no exhaustiva, siendo así que estaba expresamente prevista como circunstancia atenuante en el apartado 3, primer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3), que fueron sustituidas por las Directrices.

93. A este respecto, procede señalar que si bien, como se ha observado en el apartado 47 anterior, la Comisión no puede apartarse de las normas que ella misma se ha impuesto, puede sin embargo modificarlas o reemplazarlas. En un caso que se inscribe en el ámbito de aplicación de las nuevas normas, como es el caso de la infracción controvertida que se incluye, ratione temporis, en el ámbito de aplicación de las Directrices según resulta del apartado 38 de éstas, no puede reprocharse a la Comisión no haber tenido en cuenta una circunstancia atenuante no contemplada por las nuevas normas por el mero hecho de que se hallaba prevista en las antiguas. En efecto, el hecho de que, en la práctica de sus anteriores Decisiones, la Comisión haya considerado que, para determinar la cuantía de la multa, ciertos elementos constituían circunstancias atenuantes no implica que esté obligada a emitir la misma apreciación en una Decisión posterior (sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T-347/94, Rec. p. II-1751, apartado 368, y de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T-23/99, Rec. p. II-1705, apartado 337).

94. Sin embargo, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 92 anterior, la enumeración de las circunstancias atenuantes que la Comisión puede tener en cuenta recogida en el apartado 29 de las Directrices no es exhaustiva. Por consiguiente, el hecho de que las Directrices no enumeren entre las circunstancias atenuantes la función pasiva de una empresa que participó en una infracción no obsta a la toma en consideración a estos efectos de dicha circunstancia si ésta puede demostrar que la gravedad relativa de la participación de dicha empresa en la infracción es menor.

95. Pues bien, sin que sea necesario determinar si concurre este último requisito en el caso de autos es preciso señalar que, en todo caso, de las pruebas y alegaciones de la demandante no se desprende en modo alguno que su función en la infracción controvertida fuese pasiva o subordinada.

96. A este respecto, procede recordar que, tal como declaró el Tribunal en su sentencia de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión (T-220/00, Rec. p. II-2473, apartados 167 y 168), invocada por la propia demandante en apoyo de sus alegaciones, esta función pasiva implica la adopción por parte de la empresa de que se trate de una actitud reservada, es decir, de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia. Entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en un cártel cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios en el cártel, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción.

97. Pues bien, en el caso de autos, primeramente, como señala acertadamente la Comisión, la demandante participó en diez de las once reuniones relativas al carburo de calcio en polvo (véanse los considerandos 64 a 88 de la Decisión impugnada) e incluso organizó dos de ellas. También participó en todas las reuniones relativas al carburo de calcio granulado mencionadas en la Decisión impugnada (véanse los considerandos 98 y 99 de la Decisión impugnada).

98. A continuación, de la Decisión impugnada resulta que la contribución de la demandante a las reuniones en las que estaba presente era comparable a la de los demás participantes. En efecto, los considerandos mencionados anteriormente de la Decisión impugnada muestran que los participantes en las distintas reuniones comunicaban informaciones sobre sus volúmenes de ventas y que, a continuación, se actualizaba el cuadro de reparto de mercado. Además, se debatía sobre los precios a aplicar y se decidía sobre eventuales aumentos de precio (véanse, por ejemplo, los considerandos 67 y 68 de la Decisión impugnada). Nada en estos indicios permite considerar que el comportamiento de la demandante fuese pasivo o, más generalmente, distinto del adoptado por los demás participantes. Al contrario, del considerando 73 de la Decisión impugnada resulta que, en su informe interno sobre la reunión de 24 de enero de 2005, la demandante había informado de que había logrado compensar un aumento del precio del coque aumentando el precio del carburo de calcio. Por otro lado, según el considerando 110 de la Decisión impugnada, la demandante consintió en conceder compensaciones a Donau Chemie por sus pérdidas de volumen en Austria, dándole volúmenes adicionales en Alemania. Se trata de indicios que muestran una participación de la demandante en las reuniones cuando menos igual de activa que la de los otros miembros del cártel.

99. Seguidamente, la lectura de la Decisión impugnada parece confirmar la afirmación de la demandante de que jamás comunicó en una reunión los datos aportados por otro miembro del cártel ausente en una reunión, pero ello no permite deducir que su participación en el cártel fuese pasiva. En efecto, de la Decisión impugnada resulta que la mayor parte de los miembros del cártel estaban presentes en las reuniones. El hecho de que, ocasionalmente, un miembro no pudiese participar en una determinada reunión y transmitiese sus datos a otro miembro que, a continuación, los presentaba en la reunión en cuestión (véase, por ejemplo, el considerando 83 de la Decisión impugnada, a cuyo tenor Akzo Nobel no pudo participar en la reunión de 25 de abril de 2006 pero comunicó con carácter previo sus datos a Donau Chemie) no parece tener especial importancia y no constituye en sí un indicio de participación más activa del miembro del acuerdo que presta ese servicio a otro miembro ausente.

100. Posteriormente, no se aporta ninguna prueba que demuestre la afirmación de la demandante de que los demás miembros del cártel habían aludido al comportamiento pasivo de su representante en las reuniones.

101. En lo que atañe a la afirmación de la demandante de que en el pliego de cargos se había reconocido que era el miembro menos activo del cártel, el Tribunal le pidió, que aportase el extracto de dicho pliego al que hacía referencia en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento. En respuesta a esta petición, la demandante indicó que muestras de su función pasiva en el cártel eran, en esencia, la referencia en el pliego de cargos al hecho de que Almamet había tomado la iniciativa para organizar las reuniones del cártel, de que las posteriores reuniones habían sido presididas por el representante de SKW Stahl-Metallurgie y de que el representante de Donau Chemie era a menudo el encargado de actualizar y distribuir los cuadros que intercambiaban los participantes, siendo así que normalmente no se mencionaba específicamente a la demandante en la descripción de las distintas reuniones.

102. Es preciso señalar que la demandante no invoca ninguna afirmación expresa contenida en el pliego de cargos de su supuesta función pasiva en el cártel. En efecto, la demandante admite implícitamente que la afirmación mencionada en el apartado anterior no se halla recogida como tal en el pliego de cargos sino que se trata más bien de su propia interpretación de éste. Pues bien, no cabe aceptar esta interpretación. Según se ha manifestado en el apartado 99 anterior, el mero hecho de que algunos participantes en el cártel hubiesen desempeñado algunas funciones administrativas en las distintas reuniones del cártel no basta para considerar que el papel de los demás fuese pasivo. Ello resulta aún más cierto habida cuenta de que la demandante no niega que ella misma organizó dos reuniones de la parte del cártel relativa al carburo de calcio en polvo (véase el apartado 73 supra).

103. Ulteriormente, la cuestión del nivel de conocimientos de idiomas extranjeros de los dos miembros de la dirección de la demandante que le representaron en las reuniones del cártel carece de pertinencia. En efecto, independientemente de los conocimientos que tuviesen, lo relevante es que, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 98 anterior, la demandante participó en dichas reuniones de manera igual de activa que los otros miembros del cártel, es decir, que comunicó los datos relativos a sus ventas, tuvo conocimiento de los datos análogos de los otros miembros del cártel y participó en compromisos relativos al reparto de los mercados pertinentes, a la fijación de cuotas, al reparto de los clientes y a la fijación de precios. Suponiendo que sea cierto, el hecho de que la interacción social de los representantes de la demandante y de los demás miembros del cártel hubiese sido limitada debido a la falta de conocimientos lingüísticos resulta irrelevante a este respecto.

104. Por último, suponiendo que sea cierto, el hecho de que la demandante se habría beneficiado del cártel sin participar en él por la participación de Almamet no justifica su participación en el cártel ni constituye una circunstancia atenuante.

105. En todo caso, como señala acertadamente la Comisión, esta afirmación de la demandante contradice sus propias declaraciones contenidas en la solicitud de clemencia. En efecto, de esta solicitud resulta que la demandante tenía la intención de aumentar el precio de venta de sus productos a Almamet. Según afirma, esta última respondió, en esencia, que tal aumento le obligaría a aumentar el precio de venta a los clientes finales y que estos últimos se opondrían a dicha subida. Según la demandante, Almamet indicó entonces que la única solución posible era organizar una reunión de los productores y de los proveedores afectados para un aumento de los precios. La demandante respondió que, independientemente del modo en que Almamet hubiese decidido solventar el problema, ésta debía aceptar un incremento de sus precios de compra. Estas afirmaciones de la demandante muestran que Almamet tomó la iniciativa de organizar la primera reunión relativa al carburo de calcio en polvo a raíz de la presión ejercida por la demandante y que esta última, que se hallaba al corriente de esta iniciativa, no sólo no presentó objeciones a la misma ni se distanció de ella, sino que, al contrario, mantuvo la presión insistiendo en un incremento de los precios. Estas afirmaciones no confirman la tesis de que la participación de la demandante era pasiva sino que más bien la desvirtúan de manera considerable.

106. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que la Comisión acertó al no tomar en consideración como circunstancia atenuante el carácter supuestamente pasivo de la participación de la demandante en la infracción.

107. En tercer lugar, la demandante considera que la Comisión debería haber tenido en cuenta su cooperación efectiva con ella como circunstancia atenuante. A este respecto, sostiene que aceptó su parte de responsabilidad en la infracción, a la vez que expresó su desacuerdo con el carácter excesivo de la evaluación de la gravedad relativa de su participación en ésta y de la multa que se le impuso. Considera que su confesión relativa a la participación de los miembros de su dirección en las reuniones del cártel y el hecho de haber confirmado la propia existencia de un acuerdo horizontal para la fijación de los precios no son una mera admisión de los hechos probados por la Comisión como parece afirmar el considerando 327 de la Decisión impugnada. Añade que no había intentado rebatir todas y cada una de las conclusiones de la Comisión relativas a la infracción controvertida, sino que su intención había sido más bien intentar ayudar a la Comisión en su investigación. A este respecto, observa que varios considerandos de la Decisión impugnada remiten a sus declaraciones como pruebas. En particular, la demandante menciona como ejemplo las notas a pie de página n os 100, 104, 106, 111, 118, 146 a 150, 158, 161, 174, 180, 182 a 185, 188, 190, 194 y 617 de la Decisión impugnada.

108. En su réplica, la demandante afirma que el escrito de contestación de la Comisión, que, según ella, se remite en numerosas ocasiones a la solicitud de clemencia, también confirma su argumentación. Por otro lado, sostiene que, al sancionar a una empresa por su cooperación en lugar de recompensarla, la Comisión va en contra del objetivo de las disposiciones de cooperación resultantes de la «Comunicación sobre la clemencia 2002/2006» y viola los principios de buena administración de la justicia y de prohibición de la autoinculpación. Considera que, en estas circunstancias, las alegaciones de la Comisión justificadas mediante referencias a la solicitud de clemencia y las pruebas correspondientes deben descartarse por carecer de pertinencia.

109. En cuanto a la alegación de la demandante resumida en el apartado anterior procede señalar que, ciertamente, como sostiene acertadamente la Comisión, la utilización por esta última en sus escritos ante el Tribunal de la solicitud de clemencia de la demandante no puede afectar la validez de la Decisión impugnada, puesto que dicha solicitud fue posterior, ni constituir un indicio útil del valor añadido de esta solicitud respecto de las demás pruebas de que disponía la Comisión. No obstante, también es cierto que el razonamiento de la demandante plantea la cuestión de la licitud de la utilización de la solicitud de clemencia en el procedimiento ante el Tribunal. En consecuencia, procede comenzar analizando esta cuestión, habida cuenta de las numerosas referencias a la declaración de clemencia que figuran en las alegaciones de la Comisión.

110. A este respecto, debe señalarse que la cooperación en virtud de la Comunicación sobre la clemencia de 2002 tiene carácter puramente voluntario para la empresa afectada. En efecto, ésta no está en modo alguno obligada a aportar elementos de prueba relativos a la supuesta práctica colusoria. Por tanto, el grado de cooperación que la empresa quiera ofrecer durante el procedimiento administrativo depende exclusivamente de su libre elección y, en ningún caso, viene impuesto por dicha Comunicación (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión, C-65/02 P y C-73/02 P, Rec. p. I-6773, apartado 52, y las conclusiones del Abogado General Léger en este asunto, Rec. p. I-6777, punto 140).

111. Por otro lado, el punto 31 de la Comunicación sobre la clemencia de 2006, que resulta aplicable en el caso de autos (véase el apartado 27 anterior), dispone, en particular, que «toda declaración dirigida a la Comisión en el marco de la presente Comunicación forma parte del expediente de la Comisión y, por tanto, puede utilizarse como elemento de prueba». De ello se desprende que, desde la publicación de la Comunicación sobre la clemencia de 2006, una empresa que, como la demandante en el caso de autos, decide presentar una declaración para obtener una reducción del importe de la multa, es consciente del hecho de que, si bien la reducción sólo se concederá si a juicio de la Comisión concurren los requisitos para la obtención de una reducción establecidos en la comunicación, la declaración formará en todo caso parte de los autos y podrá invocarse como prueba incluso contra su autor.

112. Por tanto, puesto que la empresa de que se trata decidió libremente y con pleno conocimiento de causa presentar tal declaración, no puede invocar válidamente la jurisprudencia relativa a la prohibición de autoinculpación. De esta jurisprudencia resulta, en particular, que la Comisión no puede imponer a una empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283, apartados 34 y 35; de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartados 61 y 65, y ThyssenKrupp/Comisión, citada en el apartado 110 supra, apartado 49). Pues bien, en el caso de autos, puesto que la demandante presentó la solicitud de clemencia por propia voluntad sin estar obligada a hacerlo, no puede invocar válidamente su derecho a no ser forzada por la Comisión a confesar su participación en una infracción (véase, en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C-407/04 P, Rec. p. I-829, apartado 35).

113. Por consiguiente, la demandante no puede reprochar a la Comisión haberse basado en su solicitud de clemencia en sus escritos ante el Tribunal.

114. A continuación, en lo que atañe a la cuestión de si dicha solicitud constituye una cooperación efectiva que pueda tomarse en consideración como circunstancia atenuante con arreglo al apartado 29, párrafo cuarto, de las Directrices, procede señalar que la aplicación de esta disposición de las Directrices no puede tener como consecuencia privar de su efecto útil a la Comunicación sobre la clemencia de 2002. En efecto es preciso señalar que la Comunicación sobre la clemencia de 2002 establece el sistema por el cual se recompensa la cooperación con la investigación de la Comisión por parte de empresas que han formado o forman parte de cárteles secretos que afectan a la Unión. Se desprende, por lo tanto, del tenor y del sistema de dicha Comunicación que las empresas sólo pueden, en principio, obtener una reducción del importe de la multa por su cooperación cuando cumplen los requisitos estrictos establecidos en ella (sentencias del Tribunal de 17 de mayo de 2011, Arkema France/Comisión, T-343/08, Rec. p. II-2287, apartado 169; de 5 de octubre de 2011, Transcatab/Comisión, T-39/06, Rec. p. II-6831, apartado 329, y de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06, Rec. p. II-7953, apartado 271).

115. Por consiguiente, con el fin de garantizar el efecto útil de la Comunicación sobre la clemencia de 2002, sólo debe concederse a una empresa una reducción del importe de una multa sobre la base del apartado 29, cuarto guión, de las Directrices en situaciones excepcionales. Así ocurre, en particular, cuando la cooperación de una empresa, que va más allá de su obligación jurídica de cooperar sin que ello le dé derecho a una reducción del importe de la multa con arreglo a la Comunicación sobre la clemencia de 2002, tiene una utilidad objetiva para la Comisión. Tal utilidad debe comprobarse cuando la Comisión, en su decisión final, se base en pruebas que una empresa le haya proporcionado en el marco de su cooperación y sin las cuales la Comisión no habría podido sancionar total o parcialmente la infracción de que se trate (sentencias Arkema France/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 170; Transcatab/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 330, y Quinn Barlo y otros/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 270).

116. En el caso de autos, según se desprende del considerando 358 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que las informaciones contenidas en la solicitud de clemencia no aportaban un valor añadido significativo respecto de los otros elementos de que ya disponía y, en consecuencia, decidió no conceder una reducción del importe de la multa a la demandante (véase, igualmente, el apartado 38 supra).

117. Corresponde a la demandante identificar los aspectos a los que se opone de la decisión impugnada y aportar las pruebas, que pueden consistir en serios indicios, para demostrar que los motivos son fundados (véase, en este sentido, la sentencia KME Germany y otros/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 132). Pues bien, según se desprende del resumen de las alegaciones de la demandante que figura en el apartado 107 anterior, el único argumento concreto invocado por ella para desvirtuar la apreciación de la Decisión impugnada resumida en el apartado anterior, hace refere ncia al hecho de que esta Decisión remite en varias ocasiones a sus declaraciones recogidas, en particular, en su solicitud de clemencia.

118. Procede señalar que durante el procedimiento administrativo la demandante y su sociedad matriz invocaron un argumento análogo, basado en la utilización por parte de la Comisión de información aportada por la demandante. Esta alegación fue desestimada por la Comisión en el considerando 359 de la Decisión impugnada. La Comisión explicó que el criterio pertinente no era el uso que hacía de la información aportada por un participante en la práctica colusoria, sino más bien el valor añadido significativo eventual de esta información. El hecho de aportar más información sobre aquello que ya se conoce no aporta ningún valor significativo. La Comisión indicó igualmente, en el mismo considerando, que la demandante no había mencionado en las informaciones que había aportado el hecho de que el comportamiento contrario a la competencia se extendía al carburo de calcio granulado, siendo así que su implicación se hallaba documentada de manera meridiana también respecto de esa parte de la infracción.

119. Es conforme a la jurisprudencia mencionada en el apartado 115 anterior y debe aprobarse la consideración según la cual las informaciones aportadas por un participante en la infracción no presentan utilidad objetiva cuando se refieren a hechos ya conocidos por la Comisión y sobre los cuales ésta ya dispone de pruebas suficientes.

120. Se plantea entonces la cuestión de si así sucedía en el caso de la información aportada por la demandante, en particular, en la solicitud de clemencia. Pues bien, a este respecto, la demandante se limita a invocar las referencias a sus declaraciones, tal como figuran en la Decisión impugnada, sin explicar cuál fue la información o cuales fueron las pruebas concretas que aportó a la Comisión y de las cuales ésta no disponía con anterioridad.

121. Por otro lado, procede señalar que, entre las numerosas notas a pie de página de la Decisión impugnada mencionadas por la demandante en sus alegaciones, tan sólo tres remiten exclusivamente a las declaraciones de la demandante. Las otras notas a pie de página mencionadas aluden igualmente o bien a los documentos obtenidos por la Comisión durante las inspecciones, o bien a declaraciones de Akzo Nobel y de Evonik Degussa que, tal como se menciona en el apartado 39 anterior, se beneficiaron respectivamente de una dispensa de la multa y de una reducción del importe de la multa, precisamente debido a su cooperación. Así pues, estas otras notas a pie de página confirman la tesis de la Comisión de que la información aportada por la demandante se refería a hechos que ya eran conocidos y que se hallaban suficientemente probados.

122. Las tres notas a pie de página que mencionan únicamente las declaraciones de la demandante son aquellas con los números 111, 118 y 617. La nota a pie de página nº 111 se refiere a la solicitud de clemencia para apoyar la afirmación que figura en el considerando 56, última frase, de la Decisión impugnada, de que, por regla general, durante cada reunión del cártel los participantes se ponían de acuerdo sobre el lugar y la fecha de la siguiente reunión. Aun suponiendo que la demandante sea la única que ha transmitido esta información a la Comisión es manifiesto que no se trata de un dato significativo que presente utilidad objetiva, sino más bien de un dato totalmente secundario.

123. La nota a pie de página nº 118 se refiere a una declaración de la demandante de fecha 18 de febrero de 2008 para apoyar la información que figura en el considerando 57, párrafo quinto, de la Decisión impugnada, relativa a las funciones ejercidas por las personas que representaban a la demandante en las reuniones relativas al carburo de calcio en polvo. Dado que estos indicios se referían específicamente a la demandante, es comprensible que, a este respecto, se haga referencia únicamente a un documento aportado por ella. En todo caso, las funciones ejercidas por las personas que representaron a la demandante en las reuniones de que se trata presentaban únicamente una utilidad marginal para la Comisión, y ello tanto más cuanto que la demandante no había negado ni niega haber participado en dichas reuniones o, más generalmente, en esta parte de la infracción.

124. Por último, la nota a pie de página nº 617 completa la afirmación que figura en el considerando 294 de la Decisión impugnada según la cual la infracción controvertida se hallaba entre las restricciones de la competencia más graves, con una referencia a una afirmación análoga contenida en la respuesta de la demandante al pliego de cargos. Así, en este caso, la referencia a los escritos de la demandante durante el procedimiento administrativo ni siquiera se refiere a un elemento fáctico o a una prueba, sino a una mera apreciación de la gravedad de la infracción. Obviamente, en este caso, tampoco se trata de un elemento que presente una utilidad objetiva.

125. De ello resulta que no puede acogerse la afirmación de la demandante de que las distintas referencias a sus declaraciones en la Decisión impugnada son una muestra de su utilidad para la investigación de la Comisión.

126. Procede señalar igualmente que la demandante no negó la afirmación que figura en el considerando 359 de la Decisión impugnada de que había evitado mencionar en la solicitud de clemencia el hecho de que el comportamiento contrario a la competencia controvertido afectaba también al carburo de calcio granulado. En efecto, los considerandos 92 a 112 de la Decisión impugnada, que se refieren a las reuniones relativas al carburo de calcio granulado, remiten únicamente en tres ocasiones a la solicitud de clemencia (notas a pie de página n os 241, 249 y 276) de las cuales ninguna parece tener una utilidad objetiva para la investigación de la Comisión relativa a este aspecto de la infracción. En particular, la referencia en la nota a pie de página nº 249 se refiere a una información insignificante, en concreto, al hecho de que la reunión de 7 de abril de 2004 se vio precedida el día anterior de una cena, mientras que la que figuraba en las notas a pie de página n os 241 y 276 se refería al hecho de que en dos ocasiones algunos participante en el cártel, entre los que figuraba la demandante, se negaron a una propuesta de Donau Chemie de debatir sobre los precios del carburo de calcio granulado (véanse, respectivamente, los considerandos 95 y 108 de la Decisión impugnada).

127. De ello se deriva que la demandante, aun cuando no negaba haber participado en la parte de la infracción relativa al carburo de calcio granulado, se abstuvo de revelar, en la solicitud de clemencia, elementos fácticos y pruebas que habrían podido resultar de utilidad para la investigación de la Comisión relativa a este aspecto de la infracción. Se trata de un elemento adicional que aboga igualmente en contra del reconocimiento del carácter objetivamente útil de la supuesta cooperación de la demandante.

128. De las anteriores consideraciones resulta que no puede admitirse la alegación de la demandante de que debería haberse tenido en cuenta su supuesta cooperación efectiva con la Comisión como circunstancia atenuante.

129. Puesto que no se ha estimado ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante para demostrar que debería haberse considerado que existían circunstancia atenuantes en su caso, procede concluir que la tercera alegación de la demandante carece de fundamento y debe desestimarse.

– Sobre la cuarta alegación relativa a la reducción del importe de la multa concedida a Almamet

130. En su escrito de demanda, la demandante afirma que en la Decisión impugnada la Comisión concedió una reducción del importe de la multa a Almamet (véase el apartado 41 anterior) debido a su supuesta incapacidad contributiva sin el menor motivo, siendo así que desestimó una solicitud similar presentada por la demandante, hecho que también impugna en su segundo motivo. Sostiene que la reducción concedida a Almamet es una violación grave del principio de proporcionalidad y de igualdad de trato, y ello tanto más cuanto que Almamet fue uno de los instigadores de la infracción.

131. La Comisión precisó ante el Tribunal que la reducción del importe de la multa concedida a Almamet se había basado en el apartado 37 de las Directrices y no en el apartado 35. La demandante respondió que esta precisión hacía todavía más convincente su alegación basada en la violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato. Sostiene que de las explicaciones que figuran en los considerandos 369 a 371 de la Decisión impugnada resulta que el riego de que Almamet fuese declarada en concurso no era elevado y que incluso tal eventualidad no supondría la pérdida total del valor de los activos de esta empresa. La demandante considera que había demostrado que su situación económica era peor que la de Almamet. Añade que las características de Almamet enumeradas en el considerando 372 de la Decisión impugnada para motivar la reducción del importe de la multa que se le concedió son comparables a las de la demandante, de manera que, a su juicio, la Comisión tiene la obligación de concederle una reducción similar del importe de la multa para no violar de manera manifiesta el principio de igualdad de trato.

132. Procede comenzar señalando que de la lectura de los considerados 369 a 371 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión concluyó que no podía aceptar la solicitud de Almamet basada en el apartado 35 de las Directrices.

133. No obstante, en el considerando 372 de la Decisión impugnada la Comisión señaló que «sin perjuicio del anterior análisis», era preciso tener en cuenta el hecho de que Almamet era un comerciante independiente de muy pequeño tamaño que no pertenecía a ningún gran grupo de sociedades. Afirmó que Almamet era muy activa en el negocio de los materiales de gran valor con un margen de beneficios más bien pequeño y que tenía una «gama de productos relativamente especializada». La Comisión añadió que «el hecho de que la multa impuesta podría tener un impacto relativamente elevado sobre la situación económica de este tipo de sociedad» también fue tomado en consideración. La Comisión concluyó que, habida cuenta de estas «características particulares» de Almamet, consideraba que una reducción del importe de la multa del 20 % resultaba apropiada, puesto que, en todo caso, el nivel de esa multa resultaría suficientemente disuasorio para Almamet. La Comisión se refirió en la nota a pie de página nº 685, al apartado 37 de las Directrices. Señaló igualmente en la última frase del considerando 372 de la Decisión impugnada, que, habida cuenta de la adaptación de la multa que había de imponer a Almamet, la «conclusión [expuesta] en el considerando 371 [según la cual era] poco probable que la multa impuesta pudiera poner en peligro irremediablemente la viabilidad económica de Almamet sigue siendo válida».

134. De ello se desprende que la demandante no puede invocar una desigualdad de trato respecto de Almamet en lo que atañe al examen de sus solicitudes de reducción del importe de la multa basadas en el apartado 35 de las Directrices, puesto que ambas solicitudes fueron rechazadas. Tal como precisó la Comisión en su escrito de defensa, al conceder una reducción del 20 % a Almamet, hizo uso de la facultad que se reservó en el apartado 37 de las Directrices de apartarse, en todo o en parte, de la metodología para la fijación de las multas establecida en dichas Directrices a fin de tener en cuenta las particularidades de un determinado asunto. La referencia, en la nota a pie de página nº 685, a dicho apartado 37, confirma esta conclusión, que fue igualmente confirmada por el considerando 361 de la Decisión impugnada, en el que se indicó que el importe de la multa impuesta a Almamet era de 3,8 millones de euros «antes de la reducción [con arreglo al apartado] 37» de las Directrices.

135. Pues bien, según se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado 47 anterior, la Comisión no puede apartarse de sus propias Directrices salvo en el supuesto de que la diferencia de trato de varios participantes en una infracción resultante sea compatible con el principio de igualdad de trato. Según reiterada jurisprudencia, este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Novartis Pharmaceuticals, C-106/01, Rec. p. I-4403, apartado 69, y la jurisprudencia citada).

136. En estas circunstancias, la presente alegación de la demandante sólo puede entenderse en el sentido de que sostiene que la Comisión también debería haberse apartado de las Directrices en su caso para concederle la misma reducción de la multa que la concedida a Almamet. Tal alegación sólo puede prosperar en el supuesto de que la desigualdad de trato resultante entre Almamet, que obtuvo una reducción del 20 % de su multa, y la demandante, que no se benefició de tal reducción, no sea compatible con el principio de igualdad de trato. De la jurisprudencia citada en el apartado anterior resulta que, para que así sea, ambas sociedades deberían encontrarse en una situación comparable.

137. Tal como se ha señalado anteriormente (apartado 133), la Decisión impugnada enumeró ciertas «características particulares» de Almamet para justificar la reducción del importe de la multa que se le concedió. Procede señalar que, en efecto, una empresa con tales características se halla, desde el punto de vista de una posible reducción de multa fuera de los casos específicamente previstos por las Directrices, en una situación distinta de la de una empresa que no presenta tales características.

138. Primeramente, procede recordar que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n o 1/2003 impone, en particular, que por cada empresa que participe en una infracción a las disposiciones del artículo 81 CE, la multa no podrá superar el 10 % de su volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. Según la jurisprudencia, el límite relativo al volumen de negocios pretende evitar que las multas impuestas por la Comisión sean desproporcionadas con relación a la importancia de la empresa de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 45 supra, apartado 119, y de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, apartado 24).

139. Pues bien, este límite no es suficiente para evitar el carácter posiblemente desproporcionado de la multa impuesta en el caso de un comerciante activo en el comercio de materiales de gran valor con un margen de beneficios reducido, como es Almamet. En efecto, debido al gran valor de los materiales en cuestión, tal empresa puede presentar un volumen de negocios desproporcionadamente elevado respecto de sus beneficios y sus activos, que serán los únicos destinados al pago de la multa.

140. A continuación, puesto que con arreglo a la metodología de las Directrices, la multa se fija tomando como punto de partida una proporción del valor de las ventas realizadas por la empresa de que se trata en el mercado afectado por la infracción (véase el apartado 21 anterior), el riesgo de una multa desproporcionada que represente una parte muy elevada del volumen global de negocios de dicha empresa es tanto más elevada en el caso de una empresa que, como Almamet, dispone de una «gama de productos relativamente especializada».

141. Seguidamente, el hecho de que Almamet era una empresa de tamaño muy reducido que no pertenecía a ningún gran grupo también resulta pertinente, puesto que ésta debía hacer frente a la multa en soledad, ya que ninguna otra sociedad era solidariamente responsable con ella para el pago de dicha multa, o, más generalmente, ninguna sociedad podía prestarle su apoyo a tal fin.

142. La demandante no niega el hecho de que Almamet presentaba efectivamente las características particulares mencionadas en el considerando 372 de la Decisión impugnada que justificaban la reducción del importe de la multa que se le concedió. Para responder a la presente alegación de la demandante procede, en consecuencia examinar únicamente si esta última presentaba las mismas características.

143. La demandante sostiene que así es, pero formula a este respecto una argumentación vaga y general, sin llevar a cabo una comparación detallada entre su situación y la de Almamet desde el punto de vista de las características de esta última mencionadas en el considerando 372 de la Decisión impugnada. Además, como señala acertadamente la Comisión, la propia demandante admite que su gama de productos no está tan especializada como la de Almamet. Por otro lado, si bien afirma que vende sus productos obteniendo un margen muy pequeño, no detalla esta afirmación ni la justifica aportando prueba alguna. Además, procede señalar que la demandante es un productor y no un comerciante, como Almamet, y que, a diferencia de esta última, pertenecía en el momento en se produjo la infracción a un grupo de sociedades y que la multa se le impuso de manera conjunta y solidaria con su sociedad matriz.

144. Por otro lado, la Comisión también puso de manifiesto acertadamente que el volumen global de negocios de la demandante en el último ejercicio completo antes de la Decisión impugnada ascendía a 205 millones de euros (considerando 24 de la Decisión impugnada), siendo así que el de Almamet se situaba entre 45 y 50 millones de euros (considerando 15 de la Decisión impugnada). Dicho de otro modo, existía una diferencia de tamaño considerable entre estas dos empresas. De estos mismos considerandos de la Decisión impugnada resulta igualmente que, en el caso de Almamet, cerca del 50 % de su volumen global de negocios se realizaba con los productos afectados por la infracción, mientras que en el caso de la demandante esta proporción era del 10 %, es decir, claramente inferior.

145. Contrariamente a lo que alegó la demandante en su respuesta a una pregunta escrita del Tribunal, el volumen global de negocios considerablemente inferior de Almamet no fue el criterio determinante en que se basó la Comisión para conceder a ésta una reducción del importe de la multa. Tal como se puso de manifiesto en el apartado 133 anterior, esta decisión se justificó por algunas características particulares de Almamet, que no se aplican a la demandante. La diferencia en cuanto al volumen global de negocios, y, por ende, al tamaño de estas dos empresas es un elemento adicional, para demostrar que las dos empresas no se hallaban en la misma situación, invocado por la Comisión ante el Tribunal. Procede además añadir que, a diferencia de lo que parece sostener la demandante, de la Decisión impugnada no se desprende que las dificultades económicas a las que debía hacer frente Almamet hubiesen desempeñado un papel determinante en lo que atañe a la decisión de la Comisión de concederle una reducción del importe de la multa en virtud del apartado 37 de las Directrices.

146. La Comisión invocó igualmente en sus escritos los informes anuales de la demandante rel