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17

El recurso de apelación interpuesto ante la cour d’appel de Bruxelles por el Estado belga contra la sentencia dictada en primera instancia fue desestimado. Dicho tribunal aceptó la validez de la apreciación de los hechos que efectuó el Estado belga, según la cual el precio de adquisición de las acciones de que se trata en el litigio principal era manifiestamente inferior a su valor real, que se correspondía con el precio de venta obtenido 38 días más tarde. La cour d’appel de Bruxelles consideró, no obstante, que esta apreciación carecía de pertinencia, por cuanto, en virtud de los artículos 3, párrafo primero, 4 y 16, párrafo primero, del Real Decreto, GIMLE tenía la obligación de contabilizar estas acciones no en función de su valor real sino en función del coste histórico de adquisición. En particular, el mismo tribunal constató que el artículo 16 del Real Decreto sólo exige descartar el coste histórico de adquisición en favor del valor real en casos «excepcionales», y que el artículo 4, párrafo segundo, de dicho Real Decreto permite a una empresa dar una imagen fiel de su patrimonio incorporando en la memoria de sus cuentas anuales «información complementaria», sin hacer una excepción a la regla uniforme de valoración en función del coste histórico. En consecuencia, la cour d’appel de Bruxelles confirmó la sentencia dictada en primera instancia, declarando que el Estado belga cometió un error al tomar en consideración la plusvalía de 74.776.696 BEF para el cálculo del impuesto que debía pagar GIMLE.
22

El tribunal remitente indica también que la Orden no 712 de 15 de junio de 2011, que sustituyó a la Orden no 937/2004 a partir del 1 de julio de 2011, contiene un artículo 12 que permite, en principio, a la entidad adjudicadora que haya recibido ofertas o candidaturas no conformes con las exigencias formales establecidas en los documentos de licitación –por ejemplo, porque falten documentos o información– no rechazarlas, siempre que respete el principio de igualdad de trato.
13

La cuestión debatida ante este órgano jurisdiccional era si los Commissioners podían reclamar a no residentes, como Sunico, en el marco de una acción de indemnización («claim for damages»), unos daños y perjuicios correspondientes al importe del IVA no abonado por un sujeto pasivo de este impuesto en el Reino Unido, dado que, según los Commissioners, dichos no residentes habían intervenido en una conspiración para defraudar («tortious conspiracy to defraud»), en el sentido del Derecho inglés. Más concretamente, los Commissioners alegaban que esos no residentes eran responsables de un fraude del IVA de tipo «carrusel» en el territorio del Reino Unido. Los Commissioners alegaban igualmente que los referidos no residentes, que no eran sujetos pasivos del IVA en el Reino Unido, habían sido los auténticos beneficiarios de las cantidades obtenidas por este mecanismo de evasión fiscal.
4

El Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), que sustituyó al Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 392, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), recoge las disposiciones relativas a la coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea.
6

Las disposiciones relativas a la limitación del tiempo de emisión de publicidad televisiva se contienen en el artículo 38 del Decreto Legislativo no 177, que recoge el Texto único de los servicios de comunicación audiovisual y radiofónica (decreto legislativo n. 177 – Testo unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici), de 31 de julio 2005 (suplemento ordinario de la GURI no 208, de 7 de septiembre de 2005), en su versión modificada y sustituida por el artículo 12 del Decreto Legislativo no 44, de 15 de marzo de 2010, por el que se adapta el Derecho nacional a la Directiva 2007/65/CE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (GURI no 73, de 29 de marzo de 2010, p. 33; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 177/2005»), en virtud del cual: «1. La emisión de mensajes publicitarios por la concesionaria del servicio público general de radiodifusión televisiva no podrá exceder del 4 % del tiempo semanal de programación ni del 12 % de cada hora; cualquier eventual exceso, que no podrá superar en ningún caso el 2 % en una hora, deberá ser compensado en la hora anterior o posterior. 2. La emisión de anuncios publicitarios por organismos de radiodifusión en abierto, incluida la analógica, en el ámbito nacional, distintos de la concesionaria del servicio público general de radiodifusión televisiva, no podrá exceder del 15 % del tiempo diario de programación ni del 18 % de cada hora de reloj determinada; cualquier eventual exceso, que no podrá superar en ningún caso el 2 % en una hora, deberá ser compensado en la hora anterior o posterior. […] […] 5. La emisión de anuncios publicitarios por organismos de radiodifusión televisiva de pago, incluida la analógica, no podrá superar en 2010 el 16 %, en 2011 el 14 % y a partir de 2012 el 12 % de cada hora de reloj determinada; cualquier eventual exceso, que no podrá superar en ningún caso el 2 % en una hora, deberá ser compensado en la hora anterior o posterior. […]»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Estatuto de la Empresa Común Galileo, anejo al Reglamento (CE) no 876/2002 del Consejo, de 21 de mayo de 2002, por el que se crea la Empresa Común Galileo (DO L 138, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1943/2006 del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, (DO L 367, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento no 876/2002»), y del artículo 2 del citado Reglamento.
2)

La aprobación a la que se refiere el artículo 56, apartado 2, del Reglamento no 2201/2003 debe darla, antes de que se dicte la resolución sobre el acogimiento de un menor, una autoridad competente de Derecho Público. No basta con que dé su aprobación el establecimiento en el que el menor ha de ser acogido. En circunstancias como las del asunto principal, en las que el órgano jurisdiccional del Estado miembro que dispuso el acogimiento tiene dudas acerca de si la aprobación se concedió válidamente en el Estado miembro requerido, ya que no se ha podido determinar con certeza cuál era la autoridad competente en ese último Estado, es posible proceder a una regularización con el fin de asegurarse de que el requisito de la aprobación que establece el artículo 56 del Reglamento no 2201/2003 se ha cumplido íntegramente.
Con arreglo al artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia, una parte admitida a intervenir no puede modificar el objeto del litigio tal como se haya circunscrito en las pretensiones y los motivos de las partes principales. Por lo tanto, únicamente son admisibles las alegaciones de un interviniente que se inscriben dentro del marco definido por dichas pretensiones y motivos.

La Unión, pese a no ser parte del Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino, celebrado el 3 de abril de 2001 (en lo sucesivo, «Acuerdo OIV»), está facultada para determinar una posición que ha de adoptarse en su nombre en lo referente a las recomendaciones de la OIV, sometidas al voto de la Asamblea General de dicha organización, que se refieran a nuevas prácticas enológicas, a métodos de análisis que permiten determinar la composición de los productos del sector vitivinícola o a las especificaciones de pureza e identidad de las sustancias utilizadas para tales prácticas, influyen de manera determinante el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión en el ámbito de la organización común de los mercados vitivinícolas.

En efecto, ante todo, el tenor del artículo 218 TFUE, apartado 9, no se opone a que la Unión adopte una decisión por la que se determina una posición que haya de adoptarse en su nombre en un organismo creado por un acuerdo internacional del que no es parte.

Por otro lado, la OIV se refiere al ámbito de la política agrícola común y, más concretamente, a la organización común de los mercados vitivinícolas, un ámbito muy reglamentado por el legislador de la Unión de conformidad con su competencia basada en el artículo 43 TFUE. Ahora bien, Cuando el ámbito afectado esté comprendido en una competencia de la Unión, el hecho de que la Unión no sea parte en el acuerdo internacional de que se trata no impide ejercer dicha competencia determinando, en el marco de sus instituciones, una posición que ha de adoptarse en su nombre en el organismo creado por dicho acuerdo, en particular, a través de los Estados miembros parte en dicho acuerdo que actúan solidariamente en su interés.

Por último, las referidas recomendaciones constituyen «actos que surten efectos jurídicos» en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 9.

(véanse los apartados 50 a 52, 63 y 64)
En virtud del artículo 300 CE, apartado 7 (actualmente artículo 216 TFUE, apartado 2), los acuerdos internacionales celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de ésta y, por consiguiente, gozan de primacía frente a los actos que de ellas emanan. No obstante, las disposiciones de un acuerdo internacional del que sea Parte la Unión sólo pueden invocarse en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra un acto de Derecho derivado de la Unión o de una excepción basada en la ilegalidad de tal acto si, por un lado, la naturaleza y el sistema de dicho acuerdo no se oponen a ello y, por otro lado, si esas disposiciones son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas.

Por su parte, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, no contiene ninguna obligación incondicional y suficientemente precisa que determine directamente la situación jurídica de los particulares y, por ello, no responde a esos requisitos. De ello resulta que esta disposición no puede ser invocada ante el juez de la Unión a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus.

Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha declarado que, cuando la Unión haya pretendido cumplir una obligación concreta asumida con ocasión de los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio o cuando el acto del Derecho de la Unión de que se trate se remita expresamente a disposiciones precisas de esos acuerdos, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto de que se trate y de los actos adoptados para su aplicación a la luz de las normas de tales acuerdos. No obstante, estas dos excepciones únicamente estaban justificadas por las particularidades de los acuerdos que dieron lugar a su aplicación y, a falta de tales peculiaridades, no pueden considerarse pertinentes para determinar si el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus puede ser invocado ante el juez de la Unión a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006.

(véanse los apartados 52, 54 a 58 y 68)
Cuando una institución aplica una de las excepciones previstas en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, le corresponde ponderar el interés específico que debe protegerse no divulgando el documento de que se trate y, en particular, el interés general en que dicho documento sea accesible, habida cuenta de las ventajas que se derivan, como señala el segundo considerando del Reglamento no 1049/2001, de una mayor apertura, a saber, una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático, estas consideraciones son especialmente pertinentes en los casos en los que el Consejo actúa en su condición de legislador.

La actividad no legislativa de las instituciones no está excluida del ámbito de aplicación del Reglamento no 1049/2001, el artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento indica que éste es de aplicación a todos los documentos que obren en poder de una institución, es decir, los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión.

(véanse los apartados 53, 106 y 107)
El artículo 13, parte B, letra d), número 6, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «gestión de fondos comunes de inversión», a efectos de dicha disposición, engloba los servicios por los que un organismo materializa los derechos de los afiliados a fondos de pensiones mediante la creación de cuentas y la anotación de las cotizaciones ingresadas en sus cuentas dentro del sistema de regímenes de pensiones. Este concepto incluye igualmente los servicios de contabilidad y de información relativos a las cuentas, como los previstos en el anexo II de la Directiva 85/611, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en su versión modificada por las Directivas 2001/107 y 2001/108.

En efecto, los términos del artículo 13, parte B, letra d), número 6, de la Sexta Directiva no excluyen, en principio, que la gestión de fondos comunes de inversión se divida en diversos servicios diferentes que puedan estar comprendidos en el concepto de «gestión de fondos comunes de inversión», a efectos de dicha disposición, y que puedan disfrutar de la exención prevista en ella, aunque sean prestados por un gestor tercero.

En relación, en particular, con los servicios de gestión prestados por un gestor tercero, tales operaciones deben formar un conjunto diferenciado, considerado globalmente, y constituir elementos específicos y esenciales para la gestión de fondos comunes de inversión. Además de las funciones de gestión de cartera, constituyen funciones específicas de los organismos de inversión colectiva las funciones de administración de los propios organismos de inversión colectiva, como las indicadas en el anexo II de la Directiva 85/611, con la rúbrica «Administración».

No obstante, el hecho de que algunos servicios no se citen en el anexo II de la Directiva 85/611 no es óbice para su inclusión en la categoría de servicios específicos comprendidos en las actividades de gestión de fondos comunes de inversión, puesto que el propio artículo 5, apartado 2, de la Directiva 85/611 subraya que la lista del citado anexo los menciona de manera no exhaustiva.

Además, el hecho de que los servicios prestados por un tercero no conlleven modificación alguna de la situación jurídica y financiera del fondo tampoco impide que estén comprendidos en el concepto de «gestión» de un fondo común de inversión. La sujeción al impuesto sobre el valor añadido de dichos servicios cuando los presta un tercero favorecería a los fondos de pensiones que hubieran elegido anotar ellos mismos las cotizaciones aportadas por los afiliados en relación con aquellos que hubieran elegido recurrir a un tercero, aun cuando el subcontrato de tales servicios podría tener ventajas en cuanto a eficacia en favor de los fondos de pensiones y, por lo tanto, de sus afiliados.

(véanse los apartados 63 a 67, 69, 72 y 76 y el punto 2 del fallo)
Los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, mediante un requerimiento emitido por un juez, se prohíba a un proveedor de acceso a Internet conceder a sus clientes acceso a un sitio de Internet que ofrece en línea prestaciones protegidas sin el consentimiento de los titulares de los derechos, cuando dicho requerimiento no especifica qué medidas debe adoptar ese proveedor de acceso y éste puede eludir las sanciones derivadas del incumplimiento del citado requerimiento demostrando que adoptó todas las medidas razonables, con la condición, no obstante, de que, por una parte, las medidas adoptadas no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible, y, por otra parte, dichas medidas tengan como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de ese mismo requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposición en violación del derecho de propiedad intelectual, extremo que corresponde verificar a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales.

(véanse el apartado 64 y el punto 2 del fallo)
Cuando el recurrente cuestiona la legalidad de una decisión que le deniega el acceso a un documento con arreglo a una de las excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, alegando que la excepción invocada por la institución de que se trata no era aplicable al documento solicitado, el órgano jurisdiccional de la Unión está obligado a ordenar la presentación de ese documento y a examinarlo, con lo que se respeta la tutela judicial de dicho recurrente. En efecto, si no consultara él mismo dicho documento, el órgano jurisdiccional de la Unión no podría apreciar in concreto si dicha institución podía denegar válidamente el acceso a ese documento basándose en la excepción invocada y, por lo tanto, no podría apreciar la legalidad de una decisión por la que se deniegue el acceso a dicho documento.

Ahora bien, no cabe sostener que, para apreciar la legalidad de los motivos de denegación de acceso a un documento, invocados por una institución que se basa en una excepción cuya aplicabilidad no se discute, el Tribunal General esté obligado a ordenar sistemáticamente la presentación de la totalidad del documento al que se solicita acceso. En efecto, la decisión del Tribunal General sobre si, en un caso concreto, es necesario que le sea presentado ese documento, a fin de examinar la fundamentación de los motivos en que se basó una institución para denegar el acceso a dicho documento, forma parte del margen de apreciación de que éste disfruta en materia de valoración de las pruebas.

(véanse los apartados 27, 29 y 30)
Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa al cálculo del impuesto sobre sucesiones que establece, en caso de adquisición mortis causa de un inmueble situado en el territorio de dicho Estado, que la reducción de la base imponible en el supuesto de que el causante y el causahabiente residan, en el momento del fallecimiento, en un tercer país como la Confederación Suiza, es inferior a la reducción que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, en ese mismo momento, en dicho Estado miembro.

En efecto, por una parte, dicha normativa nacional constituye una restricción a la libre circulación de capitales a efectos del artículo 56 CE, apartado 1.

Por otra parte, cuando, a efectos de la tributación de un bien inmueble adquirido mortis causa y situado en el Estado miembro de que se trate, una normativa nacional pone en el mismo plano por un lado, a los herederos no residentes que adquirieron dicho bien de un causante no residente y, por otro lado, a los herederos no residentes o residentes que adquirieron tal bien de un causante residente y a los herederos residentes que adquirieron ese mismo bien de un causante no residente, dicha normativa no puede, sin infringir las exigencias del Derecho de la Unión, tratar a estos herederos de manera diferente, dentro del marco de esa misma tributación, por lo que respecta a la aplicación de una reducción sobre la base imponible del referido bien inmueble. Al tratar de manera idéntica, salvo en cuanto atañe al importe de la reducción que puede practicar el heredero, las sucesiones realizadas en beneficio de esas dos categorías de personas, el legislador nacional admitió, en efecto, que entre estas últimas no existía, a efectos de las modalidades y condiciones de la percepción del impuesto sobre sucesiones, disparidad alguna objetiva que pudiera justificar un tratamiento diferente.

Pues bien, del mismo modo que esta condición de sujeto pasivo no depende en absoluto del lugar de residencia —dado que dicha normativa nacional sujeta al impuesto sobre sucesiones cualquier adquisición de un bien inmueble situado en el referido Estado miembro con independencia de que el causante o el heredero sean o no residentes—, el objetivo de exención parcial del patrimonio familiar afecta por igual a todos los sujetos pasivos del impuesto sobre sucesiones en el Estado miembro, ya sean residentes o no residentes, desde el momento en que dicha exención tiene por objeto reducir el importe total de lo heredado.

A este respecto, al no estar el importe de la reducción en función del importe de la base imponible, sino que se concede al heredero por su condición de sujeto pasivo, la sujeción por obligación real del heredero no residente de un causante no residente no constituye una circunstancia que convierta en objetivamente diferente, desde el punto de vista de la reducción, la situación de dicho heredero respecto de la del heredero no residente de un causante residente o de la del heredero residente de un causante residente o no residente.

(véanse los apartados 26, 51, 53, 55 y 68 y el fallo)
La Directiva 2005/36, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la creación por un Estado miembro de un ciclo de formación especializada, tanto en el ámbito de la medicina como en el de la odontología, cuya denominación no corresponda a las enumeradas en el anexo V de dicha Directiva en relación con ese Estado miembro. Podrá permitirse el acceso a tal formación especializada tanto a quienes sólo hayan concluido una formación básica de médico como a quienes únicamente hayan concluido y convalidado sus estudios en el marco de la formación básica de odontólogo. En efecto, si un Estado miembro crea una formación especializada cuya denominación no corresponda a una especialización enumerada en el anexo V de la Directiva 2005/36 y que no dé lugar a la entrega de uno de los títulos mencionados en dicho anexo, la referida especialización no será una formación en el sentido de los artículos 25 y 35 de esta Directiva, de manera que esta última no regirá las condiciones de admisión ni el contenido de la formación que se haya creado.

No obstante, con arreglo a la Directiva 2005/36, en la medida en que tal formación especializada no mencionada en dicho anexo V no cumple los requisitos establecidos en los artículos 24 o 34 de esta Directiva en lo que atañe a las formaciones básicas de médico o de odontólogo, dicha formación no podrá dar lugar a la expedición de un título de formación de médico con formación básica ni a un título de odontólogo con formación básica. En efecto, la Directiva 2005/36 se opone a que una persona que no posea un título de formación básica de médico ejerza la profesión de médico y, respectivamente, a que una persona que no posea un título de formación básica de odontólogo ejerza la profesión de odontólogo.

(véanse los apartados 38 a 41, 44 y 45 y el punto 1 del fallo)