Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación - Personas físicas y jurídicas - Actos que les afecten directa e individualmente - Reglamento que establece derechos antidumping - Productores y exportadores de terceros países

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 2; Reglamento nº 3017/79 del Consejo)

2. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del valor normal y del precio de exportación - Elección del método de cálculo - Facultad de apreciación de la Comisión - Control judicial - Límites - Cambio de método de cálculo - Imposibilidad de invocar la protección de la confianza legítima

(Reglamento nº 3017/79 del Consejo, art. 2)

3. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del valor normal y del precio de exportación - Reajustes para poder hacer una comparación válida - Requisitos de aplicación

(Reglamento nº 3017/79 del Consejo, art. 2, apartados 8, 9, 10)

4. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Propuestas de compromisos en materia de precios - Aceptación - Facultad de apreciación de las instituciones

(Reglamento nº 3017/79 del Consejo, art. 10)

5. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Desarrollo de la investigación - Aumentos espontáneos, pero posteriores, de los precios - Falta de influencia sobre la determinación de los derechos antidumping definitivos - Motivo de reconsideración o de devolución de los derechos percibidos

(Reglamento nº 3017/79 del Consejo, arts. 14 y 15)

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1. Los actos que establecen derechos antidumping en aplicación del Reglamento nº 3017/79 pueden afectar directa e individualmente, en el sentido del artículo 173, párrafo 2, del Tratado a las empresas productoras y exportadoras que puedan demostrar que quedan identificadas en los actos de la Comisión o del Consejo o que han sido afectadas por las investigaciones preparatorias.

No obstante, cuando el Reglamento impugnado impone derechos antidumping diferentes a una serie de sociedades fabricantes o exportadoras establecidas en determinados terceros Estados, que son designadas por su nombre, así como a otras sociedades, no designadas, que se dedican a las mismas actividades en los mismos Estados, una sociedad es individualmente afectada únicamente por las disposiciones que le imponen un derecho antidumping particular y determinan su importe, y no por aquéllas que imponen derechos antidumping a otras sociedades.

2. El artículo 2 del Reglamento nº 3017/79 no obliga a que, en el marco del procedimiento para establecer derechos antidumping, el valor normal y el precio de exportación, cuya comparación permite establecer el margen de dumping, se calculen según métodos idénticos.

La elección entre los diferentes métodos de cálculo del margen de dumping indicados en el apartado 13, letra b, del artículo 2 del Reglamento nº 3017/79, supone la apreciación de situaciones económicas complejas sobre las que el juez debe limitar su control a comprobar que se han observado las normas de procedimiento, que los hechos tenidos en cuenta son materialmente exactos, que no se ha incurrido en error manifiesto en la apreciación de esos hechos, o que no hay desviación de poder.

A diferencia de lo que sucede con el método de la media ponderada, para el cálculo del precio de exportación, el método transacción por transacción permite obstaculizar determinadas maniobras que consisten en disimular el dumping mediante la aplicación de precios diferentes, unas veces superiores y otras inferiores al valor normal. La aplicación, en semejante contexto, del método transacción por transacción no puede, teniendo en cuenta el objetivo que persigue el establecimiento de derechos antidumping, constituir un error manifiesto en la apreciación de los hechos.

Cuando las instituciones disponen de un margen de apreciación para la elección de los métodos necesarios para la realización de su política, no está justificado que los agentes económicos pongan su confianza legítima en el mantenimiento del medio inicialmente elegido, que puede ser modificado por dichas instituciones en el ejercicio de su competencia; además, la sustitución por dicho método del método anteriormente aplicado no tenía por qué ir acompañada de una notificación previa que permitiera a los agentes económicos afectados modificar sus prácticas comerciales.

3. Los reajustes efectuados con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra c, del Reglamento nº 3017/79 difieren, tanto por su objetivo como por sus condiciones de aplicación, de los reajustes realizados en el marco del establecimiento del precio de exportación según el apartado 8, letra b, del mismo artículo; en virtud de esta última disposición, el precio de exportación será reajustado cuando, por causa de la relación entre el exportador y el importador, no pueda tenerse en cuenta el precio convenido para la venta a la exportación, de forma que debe tomarse como base el precio al que se revenda por primera vez el producto importado a un comprador independiente. Los reajustes efectuados con arreglo al apartado 10, letra c, tienden a subir el precio de exportación o el valor normal, tal como han sido calculados en aplicación de los apartados 3 a 8 del mismo artículo, con arreglo a datos objetivos que, correspondiendo a las características particulares de cada mercado, repercuten de manera desigual en las condiciones de venta y afectan, en consecuencia, al carácter comparable de los precios. En contra de lo que sucede con los reajustes previstos por el apartado 8, los contemplados en el apartado 10 no se efectúan de oficio y la parte que solicita que se lleven a cabo debe probar que son necesarios para que los precios tengan un carácter comparable.

4. Ninguna disposición del Reglamento nº 3017/79 obliga a las instituciones a aceptar propuestas de compromisos en materia de precios formuladas por los agentes económicos afectados por una investigación previa al establecimiento de derechos antidumping. Por el contrario, del artículo 10 de dicho Reglamento resulta que el carácter aceptable de tales compromisos es definido por las instituciones en el marco de su poder de apreciación.

La denegación de una propuesta de compromisos, que tenga lugar tras un examen individual y que vaya acompañada de una motivación que satisfaga los requisitos del artículo 10 del Tratado, no puede ser censurada por el juez siempre y cuando los motivos en que se base dicha denegación no rebasen el margen de apreciación reconocido a las instituciones.

5. No es admisible que el procedimiento antidumping no pueda llevarse a término o que no pueda producirse una decisión de establecer un derecho antidumping definitivo por la sencilla razón de que los agentes económicos afectados por el derecho antidumping provisional hayan efectuado unos aumentos de precio espontáneos después de terminado el período, de una duración bien determinada y necesariamente limitada en el tiempo, cubierto por la investigación.

Tales aumentos pueden dar lugar, llegado el caso, a una reconsideración de la situación, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 3017/79, o llevar a la devolución de los derechos percibidos, de acuerdo con el artículo 15 del mismo Reglamento.