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3)

¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular el artículo 9 de la Directiva 2000/78/CE, (1) a una regulación que deja sin efecto a los dos meses el derecho a una indemnización por retribución discriminatoria por razón de la edad si — el plazo comienza con el pronunciamiento de la sentencia de 8 de septiembre de 2011, Hennigs y Mai (asuntos acumulados C-297/10 y C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560), aunque el afectado no esté comprendido en el ámbito de aplicación del Bundesangestelltentarifvertrag (convenio colectivo federal de los empleados de la Administración Pública), pues su situación personal se corresponde con la de la sentencia de 19 de junio de 2014, Specht y otros (asuntos acumulados C-501/12 a C-506/12, C-540/12 y C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005), — los funcionarios y jueces afectados (trabajadores) solamente pueden encontrar la sentencia mencionada en fuentes públicas generales, — los empleadores públicos, tras ser dictada la sentencia mencionada, han negado que sea trasladable a los funcionarios, poniendo a la vez en tela de juicio que hubiera una discriminación por razón de la edad y comunicando esta opinión jurídica, al menos en parte, también frente a terceros, — la jurisprudencia en primera instancia de los tribunales de lo contencioso-administrativo, durante el mencionado plazo y también después hasta el pronunciamiento de la sentencia Specht y otros, mayoritariamente ha negado la existencia de una discriminación por razón de la edad, — durante dicho plazo no existía jurisprudencia de tribunales de instancias superiores y la primera resolución de la más alta jurisprudencia no se dictó sino después de la sentencia Specht y otros, — en la relación de servicio de funcionarios o jueces (relación laboral) los plazos extintivos solamente se aplican al rembolso de gastos especiales y dichos plazos nunca son inferiores a seis meses, — los derechos a la retribución (salario) están sometidos a un plazo de prescripción de tres años que comienza al término del año en que el derecho devino exigible y el beneficiario supo o debió haber sabido de dicho derecho, aplicándose en caso contrario un plazo de prescripción de diez años, — los derechos nacionales a la retribución (salario) que no estén establecidos por ley deben ser ejercitados con prontitud, concretamente durante el ejercicio presupuestario para el que son reclamados?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Alemania) el 27 de abril de 2018 — Petra Breyer, Heiko Breyer / Sundair GmbH

(Asunto C-292/18)

(2019/C 93/25)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Petra Breyer, Heiko Breyer

Demandada: Sundair GmbH

Mediante auto de 6 de diciembre de 2018, el Tribunal de Justicia declaró que:

El artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, en relación con el artículo 2, letra a) del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que a una empresa como la del asunto principal, que, habiendo solicitado una licencia de explotación, aún no disponía de ella en las fechas previstas para la realización de los vuelos programados, no puede aplicársele dicho Reglamento, de modo que los pasajeros afectados no tienen derecho a una compensación sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento.
C 93/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 3 de diciembre de 2018 — A y B / C

(Asunto C-750/18)

(2019/C 93/38)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: A y B

Demandada: C

Cuestión prejudicial

¿Cómo debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE, (1) y en particular el principio de efecto acumulativo establecido en la misma, a la hora de apreciar si la indemnización impuesta al consumidor que no cumple sus obligaciones (en lo sucesivo, «cláusula penal») es desproporcionadamente alta en el sentido del punto 1, letra e), del anexo de la Directiva, en un caso que versa sobre cláusulas penales vinculadas a diversos incumplimientos de diferente carácter que, habida cuenta de su naturaleza, no tienen que producirse necesariamente de forma conjunta, y que en el caso concreto, de hecho, tampoco se han producido así?

(1) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
C 82/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de commerce de Paris (Francia) el 24 de diciembre de 2018 — Trendsetteuse SARL / DCA SARL

(Asunto C-828/18)

(2019/C 82/19)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de commerce de Paris

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Trendsetteuse SARL

Demandada: DCA SARL

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE, de 18 de diciembre de 1986, (1) sobre el estatuto de los agentes comerciales, en el sentido de que un intermediario independiente, que actúa como mandatario en nombre y por cuenta del poderdante (empresario) y que no está facultado para modificar los precios y las condiciones de los contratos de compraventa fijados por este último, no tiene el cometido de negociar tales contratos en el sentido de dicho artículo y, por consiguiente, no puede considerarse agente comercial y gozar del estatuto establecido por la citada Directiva?

(1) Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17).
Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2018 por Mellifera e. V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 12 de diciembre de 2018 en el asunto T-12/17, Mellifera e. V./Comisión

(Asunto C-784/18 P)

(2019/C 54/20)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Mellifera e. V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung. (representante: A. Willand, Rechtsanwalt)

Recurrida: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018, Mellifera e. V./Comisión Europea, T-12/17, en la medida en que el Tribunal desestimó la pretensión del demandante número 1) (apartado 18, primer guion, de la sentencia recurrida) de que se anulase la Decisión de la demandada de 8 de noviembre de 2016, Ares(2016)6306335, y condenó en costas al demandante.

— Anule la Decisión de la demandada indicada en el primer guion.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente alega, esencialmente, dos motivos de casación.

Primer motivo de casación: Infracción del artículo 10, apartado 1, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.o 1367/2006, (1) y con el Convenio de Aarhus.

Contrariamente a las consideraciones del Tribunal, la prórroga de la autorización para la sustancia activa glifosato es un acto administrativo, que puede revisarse en un procedimiento con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1367/2006. En particular, según su tenor y finalidad, el supuesto de hecho del caso particular del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 se refiere al ámbito de aplicación material y no al número de personas afectadas por la disposición o a su carácter determinable.

Segundo motivo de casación: Vulneración del principio de interpretar el Derecho derivado de la Unión Europea a la luz de los Convenios de Derecho internacional público.

El demandante alega que el Tribunal ha vulnerado el principio de interpretación lo más conforme posible con el Derecho internacional público, al no haber interpretado el artículo 10, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 1367/2006, de manera conforme con el Convenio de Aarhus, pese a que esto sería compatible sin más en virtud del tenor y la finalidad de las disposiciones de Derecho de la Unión recogidas en el Reglamento (CE) n.o 1367/2006.

(1) Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia (Italia) el 31 de octubre de 2018 — JH / KG

(Asunto C-681/18)

(2019/C 35/12)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale ordinario di Brescia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: JH

Demandada: KG

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, (1) en el sentido de que se opone a la aplicación del Decreto Legislativo 276/2003, en su versión modificada por el Decreto-ley 34/2014, que: a) no establece límites a las misiones sucesivas de un mismo trabajador en una misma empresa usuaria; b) no supedita la legalidad del recurso a contratos de puesta a disposición de duración determinada a la indicación de razones de orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución; c) no contempla la temporalidad de las necesidades de producción de la empresa usuaria como requisito de legalidad de la utilización de este tipo de contrato de trabajo?

(1) DO 2008, L 327, p. 9.
1)

¿Queda comprendido el juez de paz, en cuanto órgano jurisdiccional remitente, en el concepto de órgano jurisdiccional común europeo competente para plantear una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, aun cuando el ordenamiento jurídico interno no le reconoce, habida cuenta de su precariedad laboral, condiciones de trabajo equivalentes a las de los jueces de carrera pese a que desempeña las mismas funciones jurisdiccionales en el seno del poder judicial nacional, lo que constituye una vulneración de las garantías de independencia y de imparcialidad del órgano jurisdiccional ordinario europeo, establecidas por el Tribunal de Justicia en las sentencias Wilson (EU:C:2006:587 apartados 47 a 53), Associação Sindical dos Juízes Portugueses (EU:C:2018:117, apartado 32 y apartados 41 a 45), y Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586, apartados 50 a 54)?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 7 de noviembre de 2018 — SY / Associated Newspapers Ltd

(Asunto C-687/18)

(2019/C 25/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SY

Demandada: Associated Newspapers Ltd

Cuestión prejudicial

¿Son compatibles con los artículos 9, 22 y 23 de la Directiva 95/46/CE (1) y con los artículos 7, 8 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales unas disposiciones nacionales como las del artículo 32, apartados 4 y 5, de la Data Protection Act 1998 (Ley de protección de datos de 1998; «DPA»), conforme a las cuales, cuando un responsable del tratamiento alega que los datos personales objeto de un procedimiento contra él están siendo tratados i) con fines exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria y ii) con vistas a la publicación de material periodístico, literario o artístico que no ha sido publicado previamente por el responsable del tratamiento, debe suspenderse el procedimiento en lo relativo a los datos personales no publicados, hasta que a) el Information Commissioner decida que no se cumple alguno de los requisitos i) o ii), b) el responsable del tratamiento retire su alegación, o c) se publiquen los datos personales?

(1) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
—

Que se declare, de conformidad con el artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, — que al no haber adoptado planes de gestión de residuos con arreglo a los requisitos de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (1) o al no haber revisado dichos planes conforme establece la Directiva 2008/98/CE por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas de Aragón, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Madrid, y la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 28 y del apartado 1 del artículo 30 de la Directiva 2008/98/CE y — que al no haber informado oficialmente a la Comisión de la adopción o revisión de los planes de gestión de residuos por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas de Aragón, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Madrid, y la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 33 de la Directiva 2008/98/CE.
ii)

¿Deben interpretarse el valor del «Estado de Derecho», consagrado en el artículo 2 TUE, y sus principios fundamentales (legalidad, seguridad jurídica y control judicial independiente y efectivo, también por lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales y a la igualdad ante la ley) en el sentido de que se oponen a la adopción de una norma nacional como la del artículo 5 de las Disposiciones transitorias y finales de la Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za bankovata nesastoyatelnost (Ley de modificación y ampliación de la Ley sobre insolvencias bancarias; en lo sucesivo, «ZIDZBN»), que, de forma extraordinaria, regula ex nuovo las relaciones sociales vinculadas a la inscripción de derechos de garantía en los registros públicos en favor de un sujeto concreto de Derecho privado? En este caso particular, la disposición nacional declara retroactivamente la nulidad de las cancelaciones de los derechos de garantía constituidos en favor del insolvente KTB AD inscritas en los registros, generando con ello inseguridad jurídica, pues dispone que el insolvente KTB AD puede oponer ex lege a terceros los derechos de garantía que se consideran cancelados, a pesar de que las obligaciones para las que se constituyeron tales derechos de garantía han quedado satisfechas.
C 436/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de septiembre de 2018 — Caseificio Cirigliana Srl y otros / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali y otros

(Asunto C-569/18)

(2018/C 436/34)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes en primera instancia y recurrentes en el presente procedimiento: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl y Sorì Italia Srl

Demandadas en primera instancia y recurridas en el presente procedimiento: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri y Ministero della Salute

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 3 TFUE, 26 TFUE, 32 TFUE, 40 TFUE y 41 TFUE y 1, 3, 4, 5 y 7 del Reglamento 1151/2012/UE, (1) sobre la normativa relativa a las denominaciones de origen protegidas, que obligan a los Estados miembros a garantizar tanto la libre competencia entre productos en la Unión Europea, como la protección de los regímenes de calidad para apoyar a las zonas agrarias desfavorecidas, en el sentido de que se oponen a que, con arreglo al Derecho nacional (artículo 4 del Decreto-ley n.o 91, de 24 de junio de 2014, convalidado mediante la Ley n.o 116, de 11 de agosto de 2014), se restrinja la producción de la Mozzarella di Bufala Campana DOP imponiendo que esta se lleve a cabo en establecimientos dedicados exclusivamente a dicha producción y en los que estén prohibidos la tenencia y el almacenamiento de leche procedente de explotaciones no integradas en el sistema de control de la DOP Mozzarella di Bufala Campana?

(1) Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1).
C 427/19

Recurso de casación interpuesto el 19 de septiembre de 2018 por Viscas Corp. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 12 de julio de 2018 en el asunto T-422/14, Viscas/Comisión

(Asunto C-582/18 P)

(2018/C 427/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Viscas Corp. (representante: J.-F. Bellis, lawyer)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Furukawa Electric Co. Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-422/14, Viscas/Comisión, en la medida en que en ella se desestima el motivo basado en la vulneración del principio de igualdad de trato en relación con el cálculo del importe de la multa impuesta a Viscas y se condena a Viscas a cargar con las costas.

— Que se anule el artículo 2 de la Decisión C(2014) 2139 final (1) de la Comisión en la medida en que en él se impone a Viscas una multa de 34 992 000 euros.

— Que se fije en 19 595 520 euros la multa que cabe imponer a Viscas por razón de la infracción mencionada en el artículo 1 de dicha Decisión.

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, Viscas alega un único motivo, según el cual la sentencia del Tribunal General vulnera el principio de igualdad de trato al validar la metodología para determinar el valor pertinente de las ventas, basada en el punto 18 de las Directrices para el cálculo de las multas, (2) aplicada por la Comisión en la Decisión impugnada. Esta metodología proporciona una ventaja comparativa sustancial a los fabricantes implicados tanto en la configuración europea del cartel como en la configuración internacional de este en comparación con los implicados únicamente en la configuración internacional. La determinación de la participación respectiva de los fabricantes en la infracción no tiene en cuenta la configuración europea del cartel y, por lo tanto, infravalora considerablemente la participación en la infracción de los fabricantes implicados en ambas configuraciones del cartel, recompensándolos en el fondo por haber participado en dos carteles en lugar de en uno solo al imponerles multas que son, en promedio, un 44 % inferiores a las que se hubieran impuesto si la infracción se hubiera limitado a la configuración europea del cartel.

(1) Decisión de la Comisión, de 2 de abril de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y [d]el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39610 — Cables de energía) [notificada con el número C(2014) 2139 final] (DO 2014, C 319, p. 10).

(2) Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).
1.

El Tribunal General ha incurrido en un error al considerar que el artículo 20 del Reglamento n.o 1/2003 (1) no impide a la Comisión realizar copias imágenes mediante tecnologías forenses de discos duros enteros de los empleados de las recurrentes sin haber examinado el contenido de tales discos y continuar la inspección en los locales de la Comisión en Bruselas. La correcta interpretación de esta disposición es que las inspecciones solo pueden realizarse en los locales de la empresa y la Comisión únicamente puede realizar copias de datos cuya pertinencia ya haya examinado. Dada su interferencia con derechos fundamentales de las sociedades y de sus empleados, una práctica como la de realizar copias imágenes mediante tecnologías forenses de discos duros enteros no puede relegarse a una nota explicativa que concede plena discrecionalidad a la Comisión, sino que debe regirse por la ley, con arreglo al principio de legalidad.
4.

Cuarto motivo, basado en un error de Derecho en relación con la falta de efectos de la infracción, ya que el Tribunal General no ha ejercido su competencia jurisdiccional plena, con arreglo al artículo 261 TFUE y al artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003, y no ha reducido él mismo el factor de gravedad para tener en cuenta que, en realidad, la mayoría de las ventas cubiertas por la Decisión impugnada no se veían afectadas por la infracción.
2.

Segundo motivo de casación, basado en que el Tribunal General no tuvo en cuenta que, antes de adoptar la Decisión impugada, la Comisión descartó numerosas pruebas de que České dráhy no estaba actuado de manera ilegal. České dráhy alega que, antes de adoptar la Decisión impugnada, la Comisión no tomó en consideración los hechos que mostraban que la conducta de České dráhy no era ilegal y adoptó la Decisión impugnada (de manera contraria al principio de proporcionalidad) únicamente sobre la base de determinadas pruebas aisladas tomadas fuera de contexto. El Tribunal General, sin embargo, incurrió en un error al no anular —íntegramente— la Decisión de la Comisión impugnada.
3)

En caso de que se responda en sentido negativo a la segunda cuestión, ¿redunda en el interés superior del menor que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro competente en virtud del artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 4/2009 se pronuncie sobre la pretensión relativa a la obligación de alimentos del progenitor respecto al hijo menor de edad fruto del matrimonio cuya disolución se solicita, teniendo en cuenta que ese órgano jurisdiccional se ha declarado incompetente en lo que se refiere al ejercicio de la autoridad parental, estimando mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000? (2)
1)

Si los acreedores de la sociedad escindida cuyo crédito hubiera nacido antes de la escisión y que no hayan formulado la oposición contemplada en el artículo 2503 del Codice civile (y, por consiguiente, no hayan recurrido al mecanismo de protección establecido en aplicación del artículo 12 de la Directiva [82/891/CEE] (1)) pueden ejercitar la acción revocatoria prevista en el artículo 2901 del Codice civile una vez ejecutada la escisión, con objeto de que se declare que esta no surte efectos frente a ellos y de ocupar, pues, una posición preferente en vía ejecutiva con respecto a los acreedores de la sociedad o sociedades beneficiarias y a los propios socios de estas últimas.
3)

¿Es posible aplicar por analogía al artículo 49, apartado 6, del Reglamento n.o 2419/2001 también su artículo 52 bis, que regula el efecto retroactivo de la norma de prescripción del artículo 49, apartado 5, del mismo Reglamento? En caso de que sea aplicable el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, primera frase, del Reglamento n.o 2988/95 (primera cuestión), las restantes cuestiones no precisarán una respuesta; en caso contrario, no será preciso responder a la tercera cuestión si se responde afirmativamente a la segunda.