ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En los casos en que una institución de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación, como en materia de promoción, el respeto de ciertas garantías de procedimiento reviste una importancia fundamental, y entre estas garantías figura la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate y de motivar suficientemente las decisiones.

Más concretamente, la motivación tiene como función primordial reducir el riesgo de arbitrariedad, obligando a la administración a estructurar su razonamiento en un conjunto coherente e induciéndola de ese modo a racionalizar su opinión y el alcance de su decisión sobre la base de argumentos pertinentes, inequívocos, exentos de contradicciones y suficientes.

Así pues, la razón primordial de la obligación de motivar que va unida a las obligaciones que pesan sobre la administración en virtud del artículo 266 TFUE cuando uno de sus actos ha sido anulado impone a la institución afectada dos obligaciones sucesivas. En primer lugar, a dicha institución le incumbe reexaminar efectivamente los motivos que, pese a no haberse expresado en la decisión de no promover anulada, podían no obstante subyacer en la misma, y ello a la luz de los motivos que constituyen el soporte necesario del fallo de la sentencia anulatoria. A continuación le incumbe exteriorizar los motivos reexaminados de este modo en la motivación de la decisión que ha de sustituir a la referida decisión de no promover. De lo contrario, la obligación de motivar adecuadamente una decisión, especialmente tras una anulación por falta o insuficiencia de motivación, se asemejaría a un artificio vacío de significado, siendo así que la motivación es una formalidad sustancial. Además, la necesidad de efectuar, tras una anulación por incumplimiento de la obligación de motivación, un reexamen efectivo de los motivos que podían subyacer en una decisión formalmente no motivada y de exteriorizar ese reexamen en una motivación no forma parte del fondo de la decisión sobre la promoción y aún menos obliga a la administración a adoptar una decisión favorable al demandante. En cambio, forma parte de las formalidades de carácter procedimental que son necesarias para la adopción de una decisión regular.

(véanse los apartados 24 a 26)

Tribunal de Justicia: sentencias de 23 de septiembre de 2004, Hectors/Parlamento,C‑150/03 P, EU:C:2004:146, apartado 41, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 69

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 8 de septiembre de 2009, ETF/Landgren,T‑404/06 P, EU:T:2009:313, apartado 163
En consecuencia, si un funcionario justifica que ha debido cambiar de residencia para cumplir las obligaciones del artículo 20 del Estatuto, el que se encontrara en el lugar de su futuro destino en el momento de su selección no afecta a la concesión de la indemnización diaria y de la indemnización por gastos de instalación.

En ese caso, la residencia habitual es el lugar donde el interesado fija el centro permanente o habitual de sus intereses, con la voluntad de conferirle un carácter estable. Aun cuando el concepto de residencia no se fundamenta en el dato puramente cuantitativo del tiempo que la persona pasa en un territorio, sin embargo implica, además del hecho de permanecer físicamente en un determinado lugar, la intención de conferir a este hecho una continuidad resultante de unos hábitos de vida y del desarrollo de relaciones sociales normales.

El juez de la Unión no puede, sin invadir las prerrogativas de la autoridad administrativa, dirigir órdenes conminatorias a una institución de la Unión, ordenándole adoptar las medidas que exija la ejecución de una sentencia que anule una decisión. No obstante, en los litigios de carácter pecuniario, el juez de la Unión tiene, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, segunda frase, del Estatuto, una competencia jurisdiccional plena, que le permite condenar a la institución demandada al pago de cantidades determinadas incrementadas, en su caso, en los intereses de demora.

En el marco de un recurso de anulación contra la negativa a conceder al demandante la indemnización por gastos de instalación y la indemnización diaria, la pretensión de que se condene a la administración al pago de los importes que adeuda en virtud de estas dos indemnizaciones, incrementados en los intereses de demora, es suficientemente precisa y debe declararse admisible aun cuando el demandante no haya presentado el cálculo de los importes reclamados, ya que éstos se pueden determinar de forma directa y objetiva aplicando dos parámetros claros y no cuestionables, a saber, el sueldo base del demandante y el reconocimiento o no de su derecho a la asignación familiar, en ese momento y durante los períodos pertinentes con respecto a cada una de las disposiciones que prevén dichas indemnizaciones.

(véanse los apartados 66 a 68)

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 16 de enero de 2007, Borbély/Comisión, F‑126/05, EU:F:2007:12, apartados71 a 73
El tenor del artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto es claro, explícito y no contempla excepción alguna relacionada con la naturaleza de la afección, como por ejemplo un problema de carácter psicológico o psiquiátrico, a la obligación de obtener una autorización previa cuando un funcionario desee permanecer durante su licencia por enfermedad en un lugar distinto del de su destino.

En consecuencia, aunque la estancia fuera del lugar de destino sea corta y resulte de una recomendación médica, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede considerar que el funcionario que no ha obtenido una autorización previa ha infringido la disposición pertinente del Estatuto relativa a la estancia fuera del lugar de destino durante una licencia por enfermedad, y que, en consecuencia, se trata de una ausencia no autorizada.

Así pues, si bien el informe de calificación ha de evaluar la prestaciones del funcionario durante todo un año, nada se opone a que la referida autoridad haga constar un incidente puntual, en particular, cuando se trata de la infracción de una norma clara y específica directamente establecida en el Estatuto y el funcionario afectado considera que no está obligado a presentar una solicitud de autorización previa. En tales circunstancias, el hecho de incluir un comentario en el informe de calificación no sólo no es contrario a una disposición del Estatuto, en particular, su artículo 43, sino que además puede tener como objetivo legítimo advertir al interesado y evitar que vuelva a repetirse la infracción de la norma estatutaria en cuestión. A este respecto, una observación en la que se recuerdan los objetivos que ha de alcanzar el funcionario en lo que concierne a la observancia de las normas no adolece en modo alguno de error manifiesto de apreciación, puesto que la mejora de la conducta en el servicio del funcionario evaluado es precisamente uno de los objetivos perseguidos por el informe de calificación.

Además, la difícil situación profesional que supuestamente causó la licencia por enfermedad no le exime de la obligación que incumbe a todo funcionario o agente de cumplir lo dispuesto por el artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto.

(véanse los apartados 53 a 56 y 80)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Österholm/Comisión, T‑190/02, EU:T:2004:191, apartado 39

Tribunal de la Función Pública: sentencia Morgan/OAMI, F‑26/13, EU:F:2014:180, apartado 57, y la jurisprudencia citada, objeto de recurso de casación ante el Tribunal General, asunto T‑683/14 P
El candidato aprobado en una oposición que se incorpora como funcionario en prácticas únicamente puede ser nombrado definitivamente funcionario si supera el período de prueba a que se refiere el artículo 34 del Estatuto. A este respecto, corresponde a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos proporcionar al funcionario en prácticas las condiciones materiales adecuadas y un acompañamiento en el ejercicio, con carácter de prueba, de sus funciones.

Cuando, al término de su período de prueba, el funcionario en prácticas, o bien ha mostrado una ineptitud manifiesta en el sentido del artículo 34, apartado 2, del Estatuto, o bien no ha demostrado cualidades profesionales suficientes para ser nombrado con carácter definitivo en el sentido del artículo 34, apartado 3, párrafo tercero, del Estatuto, será separado del servicio. Esta decisión de separación del servicio constituye en realidad una decisión de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo que se distingue, por su naturaleza, de la decisión de separación del servicio de quien ha sido nombrado funcionario con carácter definitivo. Mientras que en este último caso es preciso examinar minuciosamente las causas que justifican la extinción de una relación de servicio consolidada, en las decisiones relativas al nombramiento definitivo de los funcionarios en prácticas, el examen ha de ser global y referirse a la existencia o no de un conjunto de factores positivos y/o negativos exteriorizados durante el período de prueba y que pongan de manifiesto que el nombramiento o el no nombramiento definitivo del funcionario en prácticas redunda en interés del servicio.

(véanse los apartados 26 y 29)

Tribunal de Justicia: sentencia Tréfois/Tribunal de Justicia, 290/82, EU:C:1983:334, apartados 24 y 25

Tribunal de la Función Pública: sentencias BW/Comisión, F-2/11, EU:F:2012:194, apartado 78; De Bruin/Parlamento, F-15/14, EU:F:2014:236, apartados 42 y 45, y DH/Parlamento, F-4/14, EU:F:2014:241, apartados 53, 54 y 57
A este respecto, al demandante no le basta invocar determinados hechos en apoyo de sus pretensiones; debe suministrar además indicios suficientemente precisos, objetivos y concordantes que puedan sostener la veracidad de sus pretensiones o, cuando menos, su verosimilitud, en defecto de lo cual no puede desvirtuarse la exactitud material de las afirmaciones de la parte adversa.

Por lo que respecta a la rescisión de un contrato de agente temporal por tiempo indefinido, la autoridad competente dispondrá, de conformidad con el artículo 47, letra c), inciso i), del Régimen aplicable a los otros agentes y con observancia del preaviso establecido en el contrato, de una amplia facultad de apreciación, debiendo limitarse, por tanto, el control del juez de la Unión a comprobar que no existe error manifiesto o desviación de poder.

A este respecto, la observancia del deber de asistencia y protección no puede justificar una interpretación del artículo 47, letra c), inciso i), de dicho Régimen conforme a la cual la autoridad deba examinar, con carácter previo al despido de un agente contratado sobre la base de un contrato por tiempo indefinido, si dicho agente no puede ser reasignado a otro puesto existente o que deba crearse próximamente.

(véanse los apartados 56 y 57)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: sentencia EFT/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, apartado 162, y la jurisprudencia citada

Tribunal General: sentencias ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, apartado 81, y Comisión/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, apartado 57
En lo que respecta a una prórroga de un contrato de duración determinada de un agente temporal, incumbe a la autoridad facultada para celebrar los contratos examinar, en presencia de una solicitud expresa de prórroga más allá del período de seis años previsto en una decisión interna de alcance general, la existencia de un interés del servicio que justifique la aplicación de una excepción a la regla de los seis años.

No obstante, cuando la solicitud de prórroga se efectúe por una duración determinada que no vaya más allá del período de seis años, no se solicita que la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal se pronuncie sobre la posibilidad de aplicar tal excepción.

Ahora bien, nada impide al agente afectado solicitar, en virtud del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, que se examine la posibilidad de prorrogar su contrato más allá del período de seis años en interés del servicio.

(véanse los apartados 54, 57 y 62)

Tribunal de Primera Instancia: auto Vakalopoulou/Comisión, T‑97/00, EU:T:2001:38, apartado 14

Tribunal General: sentencia Comisión/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Tribunal de la Función Pública: sentencia BR/Comisión, F‑13/12, EU:F:2013:39
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera)

de 15 de enero de 2013

Asunto F‑27/11

BO

contra

Comisión Europea

«Función pública — Seguridad social — Asunción de gastos de transporte vinculados a asistencia médica — Gastos de transporte por razones lingüísticas»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que BO solicita la anulación de las decisiones de la Comisión Europea, de 1 de junio de 2010, por las que se deniega la asunción de los gastos de transporte y de acompañamiento de su hijo.

Resultado: Se anulan las decisiones de la Comisión. La Comisión cargará con sus propias costas y con las costas en las que haya incurrido BO.

Sumario

Funcionarios — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Gastos de transporte en que se ha incurrido por razones lingüísticas — Reembolso — Exclusión — Reembolso de gastos de transporte vinculados a asistencia médica que exige la utilización de una lengua que se domine — Procedencia — Requisitos

En virtud del punto 2.5 del capítulo 12 del título II de las disposiciones generales de aplicación relativas al reembolso de los gastos médicos, algunas categorías de gastos de transporte quedan excluidas del reembolso y, en particular, los gastos en que se haya incurrido por razones lingüísticas. Sin embargo, no puede interpretarse que dicha disposición prohíba el reembolso de los gastos de transporte ocasionados por el seguimiento de una psicoterapia, cuando ha quedado acreditado, de forma objetiva, que la referida terapia exige la utilización de una lengua que el beneficiario pueda comprender, que es la única en la que es capaz de expresarse y que a la psicoterapia en esa lengua no puede accederse en el lugar de destino del beneficiario.

(véanse los apartados 29 y 30)
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2011 :188 1SENTENCIA D EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA (Sala Tercera)
de 29 de noviembre de 2011
Asunto F-119/10
Roberto Di Tullio
contra
Comisión Europea
«Función p ública — Agentes temp orales — Excedencia por servicio nacional — Artículo 18 d el 
Régimen aplicable a l os otros agentes — Militar de carrera — Cumplimiento de un pe ríodo de mando 
territorial — Denegación»
Objeto: Recurso presentado con arr eglo al artículo 279 TFUE aplicable al Tratado CEEA en virtud 
de su artículo 106 bis, me diante el que el Sr. Di Tullio solicita principalmente la anulación 
de la decisión me diante la que la Comisión le denegó la concesión d e una excedencia por 
servicio nacional.
Resultado:Se desestima el recurso del demandante. El demandante cargará c on la totalidad d e las 
costas.
Sumario
Funcionarios — Agentes temporales — Excedencia por servicio nacional — Servicio militar — Concepto
(Régimen aplicable a l os otros agentes, art. 18, párr. 1)
En virtud del artículo 18, párrafo primero, primera frase, del Régimen aplicable a l os otros agentes, el 
agente temp oral que se incorpore a f ilas para c umplir el servicio militar, llamado a r ealizar su servicio 
de reemp lazo, obligado a r ealizar un pe ríodo de instrucción m ilitar o m ovilizado de nuevo quedará e n 
situación d e excedencia por servicio nacional.
Resulta evidente que la situación c ontemp lada p or el artículo 18, párrafo primero, de dicho Régimen 
sólo es aquella en la que un agente temp oral está obligado, en virtud de la no rmativa nacional que 
regula el servicio m ilitar, a c umplir en el Estado m iembro del que tiene la nacionalidad u n pe ríodo 
limitado de instrucción m ilitar, por ejemp lo, como oficial de reserva. Por el contrario, no c abe 
considerar q ue estas disposiciones se refieren a l a situación e n la que un funcionario nacional debe, a 
la finalización d e una comisión d e servicios en las instituciones europeas en virtud de un contrato de 
agente temp oral, reincorporarse a s u ad ministración p ara c umplir las obligaciones vinculadas con e l 
desarrollo de su carrera, aunque ese funcionario pe rtenezca a u n cuerpo cuyos m iembros están 
sometidos al régimen y a l a disciplina militares.
2 ECLI:EU:F:2011 :188SUMARIO—ASUNTO F-119/10
DITULLIO/COMISIÓN
Por otra parte, un agente temp oral sólo puede considerarse «movilizado de nuevo» en el sentido del 
artículo 18, párrafo primero, del Régimen aplicable a l os otros agentes en el supuesto de que una o 
varias quintas sean movilizadas a c ausa, por ejemp lo, de la amenaza de un conflicto armado.
(véanse los apartados 35, 38 y 40)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 24 de septiembre de 2009

Asunto F‑94/07

Jean Rebizant y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de 2006 — Porcentaje de multiplicación — Artículo 6, apartado 2, del Estatuto — Artículo 9 del anexo XIII del Estatuto — Umbral de promoción»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, por el que los Sres. Rebizant, Vlandas y Vocino solicitan que se anule la decisión de la Comisión de no promoverlos al grado AD 13 en el ejercicio de promoción de 2006.

Resultado: Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Recurso de anulación — Motivos — Motivo inoperante

En un recurso de anulación, un motivo debe considerarse inoperante si, en el supuesto de que sea fundado, no es adecuado para dar lugar a la anulación perseguida por el demandante. De este modo, debe considerarse que cuando un funcionario, retribuido con cargo a los créditos de una de las partidas del presupuesto general, interpone un recurso contra una decisión de la Comisión de no promoverlo, aunque no habría podido serlo debido a que el número total de puntos para la promoción que había acumulado era insuficiente, no tiene interés legítimo en obtener la anulación de una decisión que está ya claro que sólo podría volver a dictarse en los mismos términos en lo que a él se refiere.

(véanse los apartados 61 y 62)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 21 de septiembre de 2000, EFMA/Consejo (C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079), apartados 37 y 38; 30 de septiembre de 2003, Eurocoton y otros/Consejo (C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091), apartado 52

Tribunal de Primera Instancia: 6 de junio de 2007, Parlante/Comisión (T‑432/04, RecFP pp. I‑A‑2‑0000 y II‑A‑2‑0000), apartado 38
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Recurso — Reclamación administrativa previa — Plazos

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Sólo podrá un funcionario, al presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos una petición en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, hacer renacer, a su favor, la posibilidad de presentar una reclamación y formular un recurso contra una decisión que se haya convertido en definitiva a la expiración de los plazos previstos en el Estatuto si se ha producido un hecho nuevo y sustancial previamente a la formulación de la petición.

A este respecto, no puede constituir un hecho nuevo y sustancial que permita a un funcionario impugnar una decisión de no promoción que se haya convertido en definitiva, la elaboración del informe de calificación relativo al mismo con posterioridad al ejercicio de promoción controvertido, siempre que haya tenido conocimiento de que no se había elaborado dicho informe y de que, por tal motivo, no podía tenerse en cuenta con ocasión de dicho ejercicio de promoción. En efecto, toda vez que puede impugnarse una decisión de no promoción incluso a falta del informe de calificación, nada impide que el interesado presente una reclamación contra dicha decisión basándose en que ha sido discriminado debido a la no elaboración de su informe de calificación.

(véanse los apartados 52, 57, 58 y 60)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comisión (231/84, Rec. p. 3027), apartado 14

Tribunal de Primera Instancia: 22 de septiembre de 1994, Carrer y otros/Tribunal de Justicia (T‑495/93, RecFP pp. I‑A-201 y II‑651), apartado 20; 26 de octubre de 2000, Verheyden/Comisión (T‑138/99, RecFP pp. I‑A‑219 y II‑1001), apartado 43; 29 de abril de 2002, Hilden/Comisión (T‑70/98, RecFP pp. I‑A-57 y II‑265), apartado 39
C 451/14

Auto del Tribunal General de 13 de septiembre de 2022 — Ben Ali/Consejo

(Asunto T-170/21) (1)

(«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez - Fallecimiento de la parte demandante - No continuación del proceso por parte de los derechohabientes - Sobreseimiento»)

(2022/C 451/16)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint Étienne-du-Rouvray, Francia) (representante: A. de Saint Remy, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representante: L. Vétillard y V. Piessevaux, agentes)

Objeto

Mediante su recurso, el demandante solicita, por una parte, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación de la Decisión (PESC) 2021/55 del Consejo, de 22 de enero de 2021, por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (DO 2021, L 23, p. 22), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/49 del Consejo, de 22 de enero de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 101/2011 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez (DO 2021, L 23, p. 5), en la medida en que dichos actos le afecten, y, por otra parte, sobre la base del artículo 268 TFUE, la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de los referidos actos.

Fallo

1) Sobreseer el recurso.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 217, de 7.6.2021.
C 412/12

Auto del Tribunal General de 29 de julio de 2021 — ClientEarth/Comisión

(Asunto T-52/21) (1)

(«Acceso a los documentos - Reglamento (CE) n.o 1049/2001 - Convenio de Aarhus - Reglamento (CE) n.o 1367/2006 - Documentos en poder de la Comisión relativos al régimen de control establecido para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común - Reglamento (CE) n.o 1224/2009 - Denegación implícita de acceso - Decisión expresa adoptada con posterioridad a la interposición del recurso - Sobreseimiento»)

(2021/C 412/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: ClientEarth AISBL (Bruselas, Bélgica) (representante: O. W. Brouwer, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Spina y C. Ehrbar, agentes)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la decisión implícita de la Comisión de 16 de noviembre de 2020 de denegar la solicitud confirmatoria de acceso a varios documentos relativos al régimen de control establecido para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común.

Fallo

1) Sobreseer el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 128 de 12.4.2021.