Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, un Estado miembro que no reconoce los títulos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro al término de formaciones impartidas en el marco de un acuerdo en virtud del cual dichas autoridades homologan una formación impartida por un organismo privado en dicho Estado miembro. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 de dicha Directiva, su artículo 3, párrafo primero, letra a), reconoce a todo solicitante en posesión de un «título», en el sentido de esta Directiva, que le permite ejercer una profesión regulada en un Estado miembro, el derecho a ejercer la misma profesión en cualquier otro Estado miembro.

Si bien es cierto que la definición de «título» que figura en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 contiene ciertas reservas sobre la aplicabilidad de esta Directiva a las cualificaciones adquiridas en terceros Estados, ni el artículo 1, letra a), de dicha Directiva ni ningún otro de sus artículos contiene limitación alguna en cuanto al Estado miembro en que un solicitante debe haber adquirido sus cualificaciones profesionales. En efecto, dicho artículo 1, letra a), párrafo primero, establece expresamente que basta con que la formación se haya adquirido, «principalmente, en la Comunidad». Según la jurisprudencia, esta expresión comprende tanto la formación adquirida íntegramente en el Estado miembro que haya expedido el título académico de que se trate como la adquirida íntegra o parcialmente en otro Estado miembro.

No existe ningún motivo que pueda justificar tal limitación, pues la cuestión principal, a efectos de pronunciarse sobre la aplicabilidad de la Directiva 89/48, es si el solicitante está o no habilitado para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro. Según el sistema establecido por esta Directiva, un título no se reconoce por el valor intrínseco de la formación que acredita, sino porque permite acceder a una profesión regulada en el Estado miembro en que se ha expedido o reconocido. La existencia de diferencias en la duración o en el contenido de la formación adquirida en otro Estado miembro respecto a la impartida en el Estado miembro de acogida no basta para justificar la denegación del reconocimiento de la cualificación profesional de que se trate. A lo sumo, si estas diferencias tienen un carácter sustancial, pueden justificar que, conforme al artículo 4 de dicha Directiva, el Estado miembro de acogida exija que el solicitante se someta a alguna de las medidas de compensación previstas en esta disposición.

Debe señalarse además que, según el propio tenor de la Directiva 89/48, no es necesario que la formación se haya adquirido en una universidad o en un centro de enseñanza superior. En efecto, según el artículo 1, letra a), segundo guión, de esta Directiva, basta con que sea un «centro de un nivel de formación equivalente». En consecuencia, la exigencia impuesta por esta disposición no pretende garantizar que el centro de enseñanza cumpla unos requisitos formales en cuanto a su estatuto, sino que se refiere esencialmente al nivel de la formación impartida. Este requisito está estrechamente vinculado a las características del título expedido. En consecuencia, la autoridad competente que expide el título debe realizar la apreciación correspondiente y garantizar que éste sólo se concede a quienes están suficientemente cualificados para ejercer la profesión regulada a que da acceso.

En efecto, el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior establecido por la Directiva 89/48 está basado en la confianza recíproca que los Estados miembros tienen en las cualificaciones profesionales que otorgan. Este sistema establece, en sustancia, la presunción de que la cualificación de un solicitante habilitado para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro es suficiente para el ejercicio de esta misma profesión en los demás Estados miembros. Es inherente a este sistema, que no procede a armonización alguna de las formaciones que dan acceso a las profesiones reguladas, que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes que expiden los títulos que dan tal acceso verificar, a la luz de las normas aplicables a su sistema de formación profesional, si se cumplen las condiciones exigidas para su expedición. El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48 obliga expresamente al Estado miembro de acogida a aceptar, en todo caso, como prueba del cumplimiento de las condiciones de reconocimiento de un título, los certificados y documentos expedidos por las autoridades competentes de los demás Estados miembros. El Estado miembro de acogida, al no reconocer los títulos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro al término de formaciones impartidas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una formación impartida por un organismo privado en el Estado miembro de acogida es homologada por dichas autoridades, incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 3 de la Directiva 89/48.

(véanse los apartados 26 a 31, 34, 35 y 76 y el punto 1 del fallo)