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La Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Ley relativa a la estancia, el trabajo y la integración de los extranjeros en territorio federal), en su versión publicada el 25 de febrero de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162; en lo sucesivo, «Aufenthaltsgesetz»), modificada por la Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union und zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an den EU‑Visakodex (Ley de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de Derecho de permanencia y adaptación de disposiciones nacionales al Código de visados de la Unión), de 22 de noviembre de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2258; en lo sucesivo, «Ley de 22 de noviembre de 2011»), incluye un artículo 11 cuyo apartado 1 es del siguiente tenor: «El extranjero objeto de expulsión, devolución o retorno no podrá volver a entrar en territorio federal ni permanecer en él. Tampoco se le concederá un permiso de residencia, aun cuando cumpla los requisitos para tener derecho a él con arreglo a la presente Ley. Los efectos citados en las dos primeras frases estarán limitados en el tiempo si así lo solicita el interesado. El plazo deberá fijarse teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y no podrá superar los cinco años salvo que la expulsión del nacional extranjero sea consecuencia de una condena penal o éste represente una amenaza grave para el orden o la seguridad públicos. Al determinar el plazo, se tomará en consideración el carácter voluntario o no del retorno del nacional extranjero y, en su caso, si se ha cumplido el plazo señalado a tal efecto. El plazo empieza a contar desde la salida del territorio. No se impondrá ningún tipo de limitación temporal cuando se dicte una orden de expulsión contra el nacional extranjero en razón de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad o sobre la base de una orden de expulsión adoptada con arreglo al artículo 58a. La autoridad superior del Land podrá autorizar, caso por caso, excepciones a la séptima frase.»
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El Inspecteur sostiene que PPG no puede considerarse ella misma destinataria de las prestaciones que ha transferido a los fondos de pensiones sin facturar contraprestación, de modo que no tiene derecho a deducir el IVA que se le ha facturado en dicho marco. Por lo que respecta a la cuestión subsidiaria relativa a la exención del IVA, el Inspecteur concluye que los fondos de pensiones no pueden calificarse de «fondos comunes de inversión».
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Según reiterada jurisprudencia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición; tampoco se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. En efecto, este enfoque sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión. En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas, la norma de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véanse las sentencias de 12 de noviembre de 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Rec. p. I-7053, apartado 16, y de 25 de marzo de 2010, Helmut Müller, C-451/08, Rec. p. I-2673, apartado 38).
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Es preciso señalar igualmente que, tal como observa acertadamente el Gobierno húngaro, la redacción actual del artículo 561, apartado 2, del Reglamento de aplicación proviene del Reglamento no 993/2001, el cual, como se desprende de su noveno considerando, se limita a simplificar y racionalizar las disposiciones incluidas en el título III de la parte II del Reglamento no 2454/93, que trataban, en particular, de la importación temporal. En efecto, el artículo 1, apartado 28, del Reglamento no 993/2001 sustituyó el título III del Reglamento no 2454/93, titulado «Regímenes aduaneros económicos», que comprendía los artículos 496 a 787 de este Reglamento, por un nuevo título III, titulado igualmente «Regímenes aduaneros económicos», y que comprende, desde la entrada en vigor del Reglamento no 993/2001, los artículos 496 a 592 del Reglamento de aplicación.
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La norma 7 del Reglamento (CE) no 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) no 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1145/2003 (DO L 72, p. 66), es del siguiente tenor: «Norma 7: IVA y otros impuestos y gravámenes 1. El IVA sólo será subvencionable si es real y definitivamente soportado por el beneficiario final o por el destinatario último, dentro de los regímenes de ayuda basados en lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado y cuando se trate de ayuda concedida por organismos designados por los Estados miembros. El IVA que sea recuperable por algún medio no será subvencionable, aun cuando el beneficiario final o el destinatario último no lleguen a recuperarlo en la práctica. A efectos de esta norma, el carácter público o privado del beneficiario final o del destinatario último no influirá en la decisión sobre la subvencionalidad del IVA. 2. Si, en aplicación de disposiciones nacionales específicas, el beneficiario final o el destinatario último no pudieran recuperar el IVA, éste sólo podrá ser subvencionable cuando las citadas disposiciones guarden plena conformidad con lo establecido en la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo[, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54; en lo sucesivo, “Sexta Directiva”]».
Sin perjuicio de la obligación de asumir la carga de la prueba que recae sobre ella en el marco del procedimiento previsto en el artículo 258 TFUE, nada se opone a que la Comisión, debido a una discrepancia de interpretación, someta al Tribunal de Justicia un supuesto incumplimiento del Estado miembro de que se trate invocando las múltiples situaciones que, a su juicio, son contrarias al Derecho de la Unión, aun cuando no determine de manera exhaustiva todas esas situaciones.

Así, la interpretación que da el Estado miembro interesado de una disposición del Derecho de la Unión en un sentido que no es el considerado por la Comisión se refleja, en el territorio de ese Estado miembro, en una práctica administrativa cuya existencia no se niega, aun cuando no sea generalizada. Por lo tanto, la circunstancia de que la Comisión haya invocado únicamente en apoyo de su argumentación algunos ejemplos de esta práctica no produce el efecto de privar a su recurso de la precisión necesaria para la apreciación del objeto de ese recurso.

A este respecto, aunque en las pretensiones de su demanda la Comisión cite, como ejemplos, algunas situaciones que, a su juicio, ilustran el incumplimiento reprochado al Estado miembro de que se trate, a pesar de que tales ejemplos no figuraran en la parte dispositiva del dictamen motivado remitido a dicho Estado miembro, no puede considerarse que tal inclusión sea una ampliación del objeto de dicho recurso, el cual sigue limitándose a la declaración del incumplimiento de las obligaciones.

(véanse los apartados 25 a 27)
La Directiva 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en particular sus artículos 4 y 14, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una discriminación basada en el sexo el hecho de denegar la concesión de un permiso retribuido equivalente al permiso de maternidad a una trabajadora, en su calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución.

En lo que atañe a las discriminaciones directas mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de esa Directiva, en primer lugar, esa denegación no se sustenta en una razón que se aplique exclusivamente a los trabajadores de uno de los dos sexos. En segundo lugar, en relación con el artículo 2, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, una madre subrogante que haya tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución no puede, por definición, ser objeto de un trato menos favorable ligado a su embarazo, ya que ella no ha estado encinta de ese niño. En tercer lugar, toda vez que la Directiva 92/85, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no están obligados en virtud del artículo 8 de esta Directiva a conferir un permiso de maternidad a una trabajadora, en su calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su nacimiento o lo amamanta efectivamente, esa madre subrogante no sufre un trato menos favorable ligado al disfrute de un permiso de maternidad en el sentido de la Directiva 92/85, y por tanto no puede considerarse que haya sido objeto de una discriminación basada en el sexo a efectos del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/54.

(véanse los apartados 51, 52, 57 a 60 y 67 y el punto 1 del fallo)
El concepto de «incumplimiento intencionado», a efecto de los artículos 67, apartado 1, del Reglamento no 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y 23 del Reglamento no 1975/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, debe interpretarse en el sentido de que exige la infracción de las normas en materia de condicionalidad por parte del beneficiario de la ayuda que persigue que se produzca una situación de incumplimiento de dichas normas o que, sin perseguir la producción de esa situación, acepta la eventualidad de que ésta pueda producirse. El Derecho de la Unión no se opone a una disposición nacional que atribuye valor probatorio reforzado al criterio de la existencia de una política constante y prolongada, siempre que el beneficiario de la ayuda tenga la posibilidad, en su caso, de aportar la prueba de que su comportamiento no es intencionado.

(véanse los apartados 37 y 42 y el punto 1 del fallo)
El hecho de que tal proceso pueda producirse en circunstancias naturales no excluye que éste pueda constituir un tratamiento de eliminación de impurezas de los mencionados en dicha nota 1 y no implica que los productos sometidos a tal proceso deban considerarse productos minerales en bruto en el sentido de la referida nota.

El concepto de «eliminación de impurezas» al que se hace referencia en la nota 1 del capítulo 25 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1549/2006, debe interpretarse en el sentido de que abarca la eliminación de componentes químicos que se hallan en un producto mineral en bruto debido a circunstancias naturales si dicha eliminación mejora la capacidad de los productos controvertidos para cumplir la finalidad que les es inherente.

La nota 1 del capítulo 25 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1549/2006, debe interpretarse en el sentido de que los productos minerales sometidos a un tratamiento que implique la utilización de sustancias químicas y que dé lugar a la eliminación de impurezas sólo pueden clasificarse en la partida arancelaria 2508 de la referida Nomenclatura Combinada si dicho tratamiento no ha modificado su estructura superficial, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional. En caso contrario, dichos productos deberán ser considerados productos de las industrias químicas en el sentido del capítulo 38 de la Nomenclatura Combinada.

En efecto, el concepto de lavado incluye la eliminación de impurezas mediante sustancias químicas sin cambiar la estructura del producto.

Pues bien, cuando dicho tratamiento implica la utilización de sustancias químicas, suponiendo que éste dé lugar a la eliminación de las impurezas, el criterio para determinar si, con arreglo a la referida nota 1, los productos controvertidos deben seguir incluidos en la partida arancelaria 2508 de la Nomenclatura Combinada es el posible cambio de su estructura superficial.

(véanse los apartados 45, 46 y 52 y el punto 2 del fallo)
El artículo 49 no puede aplicarse a actividades que no presenten ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión y cuyos elementos pertinentes se circunscriban en su totalidad a un solo Estado miembro. Ciertamente, incluso en una situación puramente interna, puede ser útil para el órgano jurisdiccional remitente que se responda a cuestiones prejudiciales relativas a las libertades fundamentales del Derecho de la Unión, en particular en el supuesto de que el Derecho nacional le obligue a conceder a un nacional los mismos derechos que el Derecho de la Unión reconoce a un nacional de otro Estado miembro que se halle en la misma situación.

Un nacional de otro Estado miembro que se encuentre en la misma situación que un nacional que ya esté establecido en el Estado miembro de que se trate y esté autorizado a ejercer la actividad de alquiler de vehículos con conductor a partir de un determinado municipio y que no tiene la intención de establecerse en otro lugar, sino únicamente excluir la aplicación de algunos de los requisitos que figuran en la autorización de la que ya dispone, está ejerciendo ya, por definición, una actividad económica de manera estable y continuada a partir de un establecimiento situado en el territorio del Estado miembro en cuestión. En estas circunstancias, resulta que la interpretación del artículo 49 TFUE, relativo a la libertad de establecimiento, carece de pertinencia.

(véanse los apartados 43 a 47 y 49 a 51 y el fallo)
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que conlleva la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el Derecho primario de la Unión, no puede considerarse un elemento de Derecho nuevo en el sentido del artículo 42, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, y no puede por lo tanto justificar la presentación de motivos nuevos durante el procedimiento. En efecto, antes incluso de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia ya había declarado en varias ocasiones que el derecho a un proceso equitativo, tal como se desprende, señaladamente, del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye un derecho fundamental que la Unión Europea respeta como principio general en virtud del artículo 6 UE, apartado 2.

Cuando la empresa a la que se imputa una infracción del artículo 81 CE se encuentra a la cabeza de un grupo de sociedades que constituyen una unidad económica, el volumen de negocios que ha tomarse como referencia para calcular el límite máximo del importe de la multa contemplado en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 es el de ese grupo en su conjunto. A efectos de evaluar la capacidad económica de esa sociedad, la Comisión puede tomar como referencia sus cuentas consolidadas, toda vez que éstas pueden considerarse un elemento pertinente de apreciación.

No puede exigirse a la Comisión que, tras haber demostrado que la sociedad matriz debe ser considerada responsable de la infracción cometida por su filial, aporte pruebas de que cada una de las filiales que integran el grupo no determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado. En efecto, la imputación a la sociedad matriz de una infracción cometida por su filial y la prohibición de imponer una multa que exceda del 10 % del volumen de negocios de la empresa de que se trate constituyen dos cuestiones distintas que responden a finalidades diferentes. En su caso, corresponderá a la sociedad que considere que el volumen de negocios consolidado no refleja la realidad económica presentar pruebas para rebatir la existencia de un poder de control de la sociedad matriz.

(véanse los apartados 52, 55 y 57)
El artículo 3, apartado 1, segundo guion, letra c), de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la inclusión en el salario mínimo de conceptos de remuneración que no modifiquen la relación entre la prestación del trabajador, por una parte, y la contraprestación que éste percibe como remuneración de aquella prestación, por otra parte. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar caso a caso los conceptos de remuneración.

La Directiva 96/71 no proporciona por sí misma dato alguno para definir materialmente el salario mínimo, por lo que la tarea de definir cuáles son los elementos que lo constituyen, para aplicar esta Directiva, depende del Derecho del Estado miembro interesado, con la sola condición de que esta definición no tenga el efecto de obstaculizar la libre prestación de servicios entre los Estados miembros. De este modo, los pagos a tanto alzado, estipulados con arreglo a un convenio colectivo, se revelan como la contraprestación de la actividad normal de los trabajadores, habida cuenta de la práctica nacional existente durante la negociación de ese convenio y al dejar de estar vigente el convenio anterior, consistente en anticipar, mediante esos pagos a tanto alzado, la aplicación de la nueva tabla salarial. En cambio, respecto a las aportaciones para la formación de un patrimonio, como es el caso de las aportaciones de la empresa a un plan de ahorro plurianual en beneficio de sus empleados, éstas se diferencian del salario propiamente dicho y no cabe considerar, a efectos de la aplicación de la Directiva 96/71, que se inscriban en la relación habitual entre la prestación laboral y la contraprestación económica exigible al empresario. Sin embargo, esas aportaciones, mediante la formación de un patrimonio que beneficiará al trabajador a medio o largo plazo, tienen por objeto cumplir un objetivo de política social fomentado, en particular, mediante una contribución económica de los poderes públicos.

(véanse los apartados 32, 37, 40 a 42, 44 y 45 y el fallo)
Las instituciones están obligadas a pronunciarse cada año sobre la adaptación de las retribuciones, bien procediendo a la adaptación matemática con arreglo al método previsto en el artículo 3 del anexo XI del Estatuto, bien apartándose de este cálculo matemático conforme al artículo 10 del mismo anexo.

Debido a las diferencias fundamentales que existen entre ambos procedimientos en lo que atañe a su desarrollo, en particular, en cuanto a la determinación del contenido de la decisión que debe tomarse y a las instituciones implicadas, el procedimiento iniciado por una propuesta de la Comisión conforme al artículo 3 del anexo XI del Estatuto no puede ser transformado por el Consejo, sobre la base de esta propuesta, en un procedimiento fundado en el artículo 10 de dicho anexo. Dado que no se someten al Parlamento Europeo las propuestas basadas en el referido artículo 3, a diferencia de lo que sucede con las basadas en el artículo 10 del anexo XI del Estatuto, tal transformación no podría producirse ni aun si el Parlamento Europeo y el Consejo concordaran al respecto.

(véanse los apartados 60 y 61)
En efecto, en el marco de los procedimientos de inspección tributaria, es preciso distinguir entre la fase de investigación, en la que se recaba la información y en la que se inscribe la solicitud de información de una Administración tributaria a otra, y la fase contradictoria, en la que intervienen la Administración tributaria y el contribuyente contra el que se dirige el procedimiento de inspección, fase esta última que comienza con la notificación al contribuyente de una propuesta de liquidación complementaria. Dado que la solicitud de asistencia que la Administración tributaria presenta en aplicación de la Directiva 77/799 se inscribe en el procedimiento de recogida de información, dicha Administración no está obligada a poner en conocimiento del contribuyente tal solicitud ni a requerir sus observaciones al respecto. Lo mismo cabe decir de la respuesta que facilita la Administración tributaria requerida y de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo previamente por dicha Administración, incluido el examen de testigos.

El Derecho de la Unión, tal como resulta de la Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros, y del derecho fundamental a ser oído, debe interpretarse en el sentido de que no atribuye al contribuyente de un Estado miembro ni el derecho a ser informado sobre la solicitud de asistencia dirigida por dicho Estado a otro Estado miembro con el fin de verificar los datos facilitados por el contribuyente en el marco de su declaración del impuesto sobre la renta, ni el derecho a participar en la formulación de la solicitud enviada al Estado miembro requerido, ni tampoco, por último, el derecho a tomar parte en el examen de testigos efectuado por este último Estado.

La Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros, no regula el extremo relativo a determinar en qué condiciones podrá el contribuyente cuestionar la exactitud de la información transmitida por el Estado miembro requerido y no impone ninguna exigencia particular en lo que atañe al contenido de la información transmitida.

En tales circunstancias, incumbe exclusivamente a los Derechos nacionales establecer las correspondientes normas. El contribuyente podrá cuestionar la información que le concierne transmitida a la Administración tributaria del Estado miembro requirente según las normas de procedimiento aplicables en el Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 49 y 50 y el punto 2 del fallo)