4.

Los antecedentes del litigio, tal como resultan de la sentencia recurrida, pueden describirse del siguiente modo: «1 Las medidas objeto del presente asunto consisten en los cambios introducidos en 1996 en el régimen de los costes soportados por la demandante, Orange, entonces denominada France Télécom, en cuanto al pago de las pensiones de jubilación del personal con estatuto de funcionario. 2 Este régimen, que se había establecido en 1990, en el momento de crearse France Télécom como empresa independiente de la Administración del Estado, mediante la Ley no 90‑568, de 2 de julio de 1990, relativa a la organización del servicio público de correos y telecomunicaciones (JORF de 8 de julio de 1990, p. 8069; en lo sucesivo, “Ley de 1990”), fue modificado mediante la Ley no 96‑660, de 26 de julio de 1996, relativa a la empresa nacional France Télécom (JORF de 26 de julio de 1996, p. 11398; en lo sucesivo, “Ley de 1996”). El nuevo régimen se implantó con ocasión, por un lado, de la constitución de France Télécom como sociedad anónima, así como de su cotización en bolsa y la apertura de una parte creciente de su capital, y, por otro, de la apertura total a la competencia de los mercados en los que operaba, en Francia y en los demás Estados miembros de la Unión Europea. 3 En lo que respecta a las responsabilidades relativas a la financiación de las prestaciones sociales del personal con estatuto de funcionario público, la Ley de 1996 modificó la compensación que el artículo 30 de la Ley de 1990 obligaba a France Télécom a pagar al Tesoro Público por la liquidación y pago de las pensiones de sus funcionarios por parte del Estado (en lo sucesivo, “medida controvertida”). 4 La Ley de 1990 establecía que France Télécom estaba obligada a pagar al Tesoro Público, como compensación por la liquidación y pago de las pensiones concedidas a sus funcionarios, el importe de la retención practicada en la retribución del agente, cuyo porcentaje se fijaba en el artículo L. 61 del code des pensions civiles et militaires de retraite (Código francés de Pensiones de Jubilación Civiles y Militares), y una contribución complementaria que permitiera la asunción íntegra de los costes de las pensiones ya concedidas y que debieran concederse en el futuro a sus agentes jubilados. 5 France Télécom participaba también en los regímenes llamados de “compensación” y de “compensación excesiva”, que preveían transferencias destinadas a garantizar el equilibrio entre los regímenes de pensiones de jubilación de los funcionarios de otras entidades públicas. 6 La Ley de 1996 modificó la compensación prevista en el artículo 30 de la Ley de 1990 de la forma que se expone a continuación. Primero, France Télécom estaba obligada a pagar la retención practicada en la retribución del agente, cuyo importe permanecía inalterado en relación con la Ley de 1990. Segundo, estaba obligada a abonar una “contribución patronal liberatoria” que sustituía a la anterior contribución patronal. Esta nueva contribución se basaba en un “tipo de equidad competitiva”, basado a su vez en una igualación del nivel de las cotizaciones sociales y fiscales obligatorias, basadas en los salarios, entre France Télécom y las demás empresas del sector de las telecomunicaciones reguladas por el Derecho común de las prestaciones sociales, para los riesgos comunes a los asalariados de Derecho común y a los funcionarios del Estado, y excluyendo los riesgos no comunes a los asalariados de Derecho común y a los funcionarios del Estado (en particular, el desempleo y los créditos de los asalariados en caso de procedimiento concursal o liquidación de la empresa). Tercero, France Télécom estaba sujeta a una “contribución excepcional a tanto alzado”, fijada por la Ley no 96‑1181, de 31 de diciembre de 1996, de presupuestos generales para 1997 (JORF de 31 de diciembre de 1996, p. 19490), en 37500 millones de francos franceses (equivalente a 5700 millones de euros). Esta última contribución incluía, por una parte, el importe de las provisiones anuales (3600 millones de euros) que France Télécom había constituido hasta 1996 con el fin de hacer frente a los costes de pensiones futuras de los funcionarios que se preveían entonces y, por otra parte, un importe adicional (2100 millones de euros). 7 Además, la Ley de 1996 excluyó a France Télécom del ámbito de aplicación de los regímenes de compensación y de compensación excesiva. [...] 9 Mediante escrito de 20 de mayo de 2008, la Comisión informó a la República Francesa de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, con respecto a la ayuda en cuestión. La República Francesa presentó sus observaciones el 18 de julio de 2008. [...] 12 El 20 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida], por la que se declara la ayuda en cuestión compatible con el mercado interior, en determinadas condiciones. 13 En la Decisión [controvertida], la Comisión declaró que la medida controvertida constituía una ayuda estatal, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. 14 Por lo que se refiere, en particular, a la apreciación de una ventaja económica, la Comisión consideró que la medida controvertida concedía una ventaja económica a France Télécom, por cuanto imponía una carga nueva y gravosa al Estado en relación con la liquidación y pago de las pensiones concedidas a los funcionarios de France Télécom, al reducir la compensación que France Télécom pagaba anteriormente. 15 A este respecto, la Comisión determinó, por una parte, en el considerando 105 de la Decisión [controvertida], el importe de la ayuda en cuestión como la diferencia anual entre la contribución patronal liberatoria abonada por France Télécom conforme a la Ley de 1996 y los costes que habría abonado con arreglo a la Ley de 1990, y estimó, por otra parte, en el considerando 113 de la Decisión [controvertida], que el pago de la contribución excepcional a tanto alzado había supuesto una reducción del importe de la ayuda obtenida por France Télécom. 16 Asimismo, la Comisión consideró que la medida controvertida era selectiva, al afectar únicamente a France Télécom y al falsear o amenazar con falsear la competencia por cuanto permitía a France Télécom disponer de un balance con menos cargas, que le permitía desarrollarse en los mercados de servicios de telecomunicaciones que iban abriéndose gradualmente a la competencia, en Francia y en otros Estados miembros. 17 Seguidamente, la Comisión procedió a una evaluación de la compatibilidad de la medida controvertida con el mercado interior, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y concluyó que aquélla no respetaba el principio de proporcionalidad, al no permitir la igualación de las condiciones de competencia. Según la Comisión, la compensación financiera abonada por France Télécom en favor del Estado no igualaba todas las cargas sociales que gravaban el presupuesto de los competidores de France Télécom. 18 Por consiguiente, la Comisión señaló que, para cumplir el criterio de conformidad con el interés común contemplado en el artículo 107 TFUE, apartado 3, la compatibilidad con el mercado interior de la ayuda en cuestión requería que la contribución patronal liberatoria que France Télécom debía abonar se calculara y percibiera de forma que igualara los niveles de todas las cargas sociales y fiscales obligatorias basadas en los salarios entre France Télécom y las demás empresas del sector de las telecomunicaciones reguladas por el Derecho común de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta también los riesgos no comunes a los asalariados de Derecho privado y a los funcionarios empleados por France Télécom. Dicha contribución debía percibirse de France Télécom a partir del momento en que el importe de la contribución excepcional a tanto alzado, capitalizado al tipo de actualización resultante de la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO 1996, C 232, p. 10; en lo sucesivo, “Comunicación sobre los tipos de referencia”), alcanzara el importe de las contribuciones y cargas que France Télécom habría tenido que pagar con arreglo al artículo 30 de la Ley de 1990. 19 La parte dispositiva de la Decisión [controvertida] es del siguiente tenor: “Artículo 1 La ayuda estatal resultante de la reducción de la contrapartida que debe pagarse al Estado por la liquidación y el pago de las pensiones concedidas, en aplicación del Código de Pensiones de Jubilación Civiles y Militares, a los funcionarios de France Télécom en aplicación de la Ley [de 1996] que modifica la Ley [de 1990] es compatible con el mercado interior, en las condiciones previstas en el artículo 2. Artículo 2 La contribución patronal liberatoria, debida por France Télécom en virtud del artículo 30, letra c), de la Ley [de 1990], se calculará y cobrará de forma que iguale los niveles de todas las cargas sociales y fiscales obligatorias basadas en los salarios entre France Télécom y las demás empresas del sector de las telecomunicaciones reguladas por el Derecho común de las prestaciones sociales. Para cumplir esta condición, a más tardar en un plazo de siete meses a partir de la notificación de la presente Decisión, la República Francesa: a) modificará el artículo 30 de la Ley [de 1990] y los textos reglamentarios u otros adoptados para su aplicación, de forma que la base de cálculo y el cobro de la contribución patronal liberatoria, adeudada por France Télécom, no se limite sólo a los riesgos comunes a los asalariados de Derecho privado y a los funcionarios del Estado sino que incluya también los riesgos no comunes; b) percibirá de France Télécom, a partir del momento en que los importes de la contribución excepcional establecida por la Ley [de 1996] capitalizados al tipo de actualización resultante de la aplicación de la Comunicación [sobre los tipos de referencia] aplicables en este caso sean iguales al importe de las contribuciones y cargas que France Télécom habría seguido pagando con arreglo al artículo 30 de la Ley [de 1990] en su redacción inicial, una contribución patronal liberatoria, calculada según las modalidades especificadas en la letra a), teniendo en cuenta los riesgos comunes y no comunes a los asalariados de Derecho privado y a los funcionarios del Estado. [...]”»