1.

El Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de interpretar el párrafo primero del artículo 95 del Tratado de Roma, que, como saben, prohibe a los Estados miembros gravar «directa o indirectamente» los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que gravan directa o indirectamente los productos nacionales similares. En el asunto presente, se trata, en el fondo, de establecer si esta prohibición se refiere igualmente a un tributo que grava los transportes de mercancías por carretera y que, en circunstancias determinadas, grava en mayor medida los productos procedentes de otros Estados miembros que los productos similares que son transportados a la misma distancia, sólo en el interior del Estado de imposición. En 1968, el Gobierno de la República Federal de Alemania adoptó un programa de política de transportes para el período 1968-1972, con la intención de remediar ciertas dificultades en ese sector. El Gobierno estimó que debía fomentar el empleo del ferrocarril disminuyendo el transporte por carretera y decidió someter este último a medidas tributarias temporales. De esta forma, se promulgó el 28 de diciembre de 1968 la Ley sobre el régimen tributario de los transportes de mercancías por carretera (Gesetz über die Besteuerung des Straßengüterverkehrs), que pretendía, sobre todo, imponer importantes tributos a los transportes por carretera a larga distancia en el interior del territorio alemán. En virtud de esta Ley, precisamente, sólo se encuentran exentos del impuesto los transportes internos de mercancías que se efectúen en los límites de un círculo de 50 kilómetros de radio, trazado a vista de pájaro desde un centro constituido por la localidad donde la empresa de transporte tiene su domicilio o establecimiento [tal círculo, llamado zona inmediata (Nahzone), estaba ya previsto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley sobre el transporte de mercancías por carretera, de 17 de octubre de 1952]. Se aplica un impuesto de 1 pfennig por kilómetro por cada tonelada de carga: pero, cuando el transportista efectúa el transporte de sus propias mercancías, como es el caso del demandante en el asunto principal, el tipo impositivo aumenta si la carga admitida es superior a cuatro toneladas, y alcanza los 5 pfennigs al kilómetro por tonelada efectivamente transportada, cuando la capacidad de carga del medio de transporte sobrepasa las 6 toneladas. La normativa introducida por la citada Ley para los casos en que el transporte por carretera se efectúa a través de la frontera alemana en uno u otro sentido es diferente. En efecto, los transportes procedentes de otro Estado o con destino a otro Estado sólo están exentos del impuesto cuando la localidad alemana de descarga -para unos- o de carga -para otros-se encuentra a una distancia no superior a 50 kilómetros del punto donde se efectúa el cruce de la frontera (apartado 5 del artículo 3). En este caso, no se considera el lugar donde la empresa de transporte se encuentra establecida y el problema tributario se regula como si el domicilio de esta empresa, sea nacional o extranjera, se encontrase en el lugar donde el convoy cruza la frontera alemana. Por consiguiente, la distancia que puede recorrerse con exención de impuesto no puede alcanzar el kilometraje máximo, correspondiente al diámetro de una zona inmediata, sino que se limita a los 50 kilómetros que separan la frontera del lugar de carga o de descarga de la mercancía. Así, el tráfico internacional, incluso en los casos en que, tomando en cuenta la instalación efectiva de la empresa de transporte y la distancia recorrida del lugar de carga o de descarga, pudiera entrar en el concepto de «tráfico local» exento de gravamen, por el contrario, es tratado como tráfico a larga distancia —por el sólo hecho del cruce de la fronteracada vez que no puede beneficiarse de la exención limitada admitida en el mencionado apartado 5 del artículo 3 de la Ley de 1968. En el asunto actualmente planteado, la acción judicial interna fue ejercitada por la empresa Schöttle, con domicilio en Oberkollwangen, que se ocupa, bien del transporte de personas o de mercancías a corta distancia, bien del comercio de grava y de arena al por mayor. En el marco de esta actividad, la mencionada empresa transportaba grava obtenida directamente de la cantera de Lauterbourg, en Alsacia, distribuyéndola seguidamente en la región de Stuttgart. De haberse encontrado la localidad de Lauterbourg situada en Alemania, hubiera entrado -respecto a un transporte a esta distancia- en la zona de tráfico local que se obtendría al tomar como centro la localidad de Oberkollwangen, y la empresa Schottle no estaría obligada a pagar el impuesto previsto por la Ley de 28 de septiembre de 1968. Por otro lado, al estar Stuttgart situada a más de 50 kilómetros del punto de cruce de la frontera franco-alemana, la exención prevista para el tráfico internacional por el apartado 5 del artículo 3 de la mencionada Ley no es suficiente para sustraer los mencionados transportes a la tributación. Ante esta situación, el Finanzgericht Baden-Würtemberg, ante el cual la empresa Schöttle interpuso un recurso contra la liquidación del impuesto realizada por la autoridad nacional, se dirigió al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, formulando cuatro cuestiones que voy a mencionar y examinar de forma sucesiva. Por último, he de recordar que, después de la resolución de remisión, la Administración fiscal alemana renunció a su crédito tributario contra la empresa Schottle, reconociendo que, en la concreta situación en litigio, el impuesto habría conducido a resultados discriminatorios, no deseados por el legislador. La Administración solicitó entonces al Finanzgericht que anulara la resolución de remisión al Tribunal de Justicia, afirmando que desde ese momento el recurso carecía de objeto. La empresa demandante se opuso a esta solicitud y el Finanzgericht estimó que la renuncia al crédito por razones de equidad no había dejado al recurso de anulación sin objeto, teniendo en cuenta principalmente los daños que la medida tributaria puede haber provocado a la demandante (que asegura que tuvo que abandonar a sus proveedores franceses de grava y reorganizar sus actividades con arreglo a ello, con considerables pérdidas comerciales).