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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 78/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 6 de enero de 2017 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/DPAS Limited

(Asunto C-5/17)

(2017/C 078/20)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Recurrida: DPAS Limited

Cuestiones prejudiciales

A la luz del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Directiva principal del IVA) (1) y de la interpretación dada a ese precepto por el Tribunal de Justicia en las sentencias AXA, Bookit II y NEC, el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) plantea respetuosamente las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

1) Un servicio, como el prestado por el sujeto pasivo en el caso de autos, consistente en ordenar, en virtud de un mandato de débito directo, que se cargue por débito directo en la cuenta bancaria del paciente de un dentista un importe que el sujeto pasivo traspasa, tras deducirse su propia remuneración, al dentista y a la aseguradora del paciente, ¿constituye una prestación exenta de servicios de pagos o giros en el sentido del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva principal del IVA? En particular, ¿abocan las sentencias Bookit II y NEC a la conclusión de que la exención del IVA prevista en el citado artículo 135, apartado 1, letra d), no es aplicable a un servicio, como el prestado por el sujeto pasivo en el caso de autos, que no supone que el propio sujeto pasivo practique adeudos o abonos en cuentas que controla, si bien, cuando da lugar a una transferencia de fondos, dicho servicio resulta esencial para la transferencia? ¿O la sentencia AXA implica la conclusión contraria?

2) ¿Cuáles son los principios pertinentes que han de aplicarse para determinar si un servicio como el prestado por el sujeto pasivo en el presente asunto está comprendido en el concepto de «cobro de créditos» a efectos del referido artículo 135, apartado l, letra d)? En particular, si, como consideró el Tribunal de Justicia en la sentencia AXA en relación con un servicio idéntico o muy similar, dicho servicio constituyera un cobro de créditos cuando se presta a la persona a la que se adeuda el pago (es decir, a los dentistas en el caso de autos y en el asunto AXA), ¿constituiría también un cobro de créditos si se presta a la persona deudora del pago (es decir, a los pacientes en el presente asunto)?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 53/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg (Alemania) el 4 de noviembre de 2016 — Birgit Bossen y otros/Brussels Airlines

(Asunto C-559/16)

(2017/C 053/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Demandada: Brussels Airlines

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que el concepto de «distancia» sólo se refiere a la distancia directa entre el lugar de salida y el último destino, calculada según el método de la ruta ortodrómica, con independencia del trayecto de vuelo efectivamente recorrido?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 29 de noviembre de 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

(Asunto C-618/16)

(2017/C 038/18)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Rafal Prefeta

Recurrida: Secretary of State for Work and Pensions

Cuestiones prejudiciales

1) ¿El anexo XII del Tratado de adhesión permitía a los Estados miembros excluir a los nacionales polacos de los beneficios previstos en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 (1) y en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38 (2) cuando el trabajador, aunque hubiese satisfecho con retraso el requisito nacional que exigía que su trabajo fuese declarado, no hubiese desempeñado todavía un trabajo declarado durante un período ininterrumpido de doce meses?

2) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa, ¿puede un trabajador polaco, en las circunstancias previstas en la primera cuestión, invocar el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38, que se refiere al mantenimiento de la condición de trabajador?

(1) Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2011, L 141, p. 1).

(2) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2004, L 158, p. 77).
1.

El primer motivo se divide en cuatro partes. En la primera parte, la Comisión alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la interpretación de la naturaleza jurídica de las «Normas generales» aplicables a las oposiciones generales (DO 2014 C 60 A/1), puesto que, a su juicio, dichas normas establecían obligaciones nuevas y específicas para el desarrollo de la oposición, obligaciones que las convocatorias de oposición impugnadas no modificaban. En la segunda parte del primer motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 7, apartado 1, del anexo III del Estatuto en el sentido de que EPSO no tiene competencia normativa para dictar normas generales y abstractas sobre el régimen lingüístico de las oposiciones que organiza. Según la Comisión, EPSO dispone de tal competencia. A este respecto, la Comisión alega también que se incumplió la obligación de motivación, en la medida en que, en el apartado 57 de la sentencia recurrida en casación, in fine, el Tribunal General se contradice, al considerar que EPSO es competente para apreciar las necesidades, comprendidas las lingüísticas, de las instituciones cuando organiza las diversas oposiciones. En la tercera parte del primer motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal General estimó erróneamente que las normas generales citadas eran meros actos dirigidos a anunciar los criterios de elección de la segunda lengua en las oposiciones organizadas por EPSO, ya que tales normas establecían, con carácter vinculante, los criterios que justificaban tal elección. En último lugar, en la cuarta parte del primer motivo, la Comisión aduce que el Tribunal General interpretó erróneamente la naturaleza y el contenido de las convocatorias impugnadas, al considerar que, en cuanto se refiere al régimen lingüístico, las convocatorias eran fuente de obligaciones nuevas y específicas, e incumpliendo, en consecuencia, la obligación de motivación relativa a la desestimación de la excepción de inadmisibilidad presentada por la Comisión; a este respecto, la Comisión sostiene que las convocatorias impugnadas eran actos de contenido meramente confirmatorio de las disposiciones de las normas generales.
4.

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General parece considerar que una individualización según el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, segunda parte, con arreglo a la jurisprudencia del asunto Plaumann, debe rechazarse si pueden existir otras empresas que se vean afectadas de un modo similar a la recurrente por los efectos de la concesión de la ayuda en la competencia. No obstante, en atención a la jurisprudencia, en particular del asunto Codorniu, C-309/89, parece que se trata de una interpretación jurídicamente errónea, además de restrictiva. Asimismo, la recurrente se remite a la exposición de los hechos que hace en su escrito de interposición del recurso, donde claramente se lleva a cabo una individualización suficiente, que, sin embargo, el Tribunal General evidentemente no apreció o no lo hizo en su justa medida.
1.

¿Debe interpretarse el artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, (1) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que la expresión «materia contractual» comprende también el derecho a compensación, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (2) ejercitado contra el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo y con el cual el pasajero interesado no mantiene ninguna relación contractual?
2)

Si el juez nacional puede aplicar directamente los principios de Derecho de la Unión relativos al principio non bis in idem, basándose en el artículo 50 de la Carta, interpretado a la luz del artículo 4 del Protocolo n.o 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la correspondiente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la normativa nacional.
4)

¿Se oponen los principios del Derecho de la Unión Europea, fundamentalmente los principios de igualdad, de no discriminación, de competencia (incluida la prohibición de discriminación inversa) y de libertad de empresa, a una disposición nacional que: a) únicamente impone la obligación de pago de la tasa a las grandes empresas de comercio minorista de alimentación? b) excluye del ámbito de aplicación de la tasa los establecimientos o microempresas con una superficie de venta inferior a 2 000 m2 que no estén integrados en un grupo o no pertenezcan a una empresa que utilice una o más enseñas y que disponga, a nivel nacional, de una superficie de venta acumulada igual o superior a 6 000 m2?
2)

¿Debe interpretarse el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 en el sentido de que un consumidor también puede ejercitar en un Estado miembro, en el fuero del demandante, junto con sus propias acciones derivadas de un contrato celebrado con consumidores, pretensiones en idéntico sentido de otros consumidores con residencia en: a) el mismo Estado miembro, b) en otro Estado miembro, o c) en un tercer país, que, derivadas de contratos celebrados por consumidores con la misma parte demandada y en el mismo contexto jurídico, le hayan sido cedidas por dichos consumidores, siempre que el contrato de cesión no se inserte en una actividad empresarial o profesional del demandante, sino que persiga el ejercicio colectivo de las pretensiones?
3)

Si, al objeto de resolver la cuestión formulada en el punto anterior, es necesario interpretar las normas en materia de competencia exclusiva del Reglamento n.o 44/2001, en particular su artículo 22, que establece los supuestos de dicha competencia exclusiva, entre los cuales se incluye la competencia en materia de inscripción o nulidad de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, pero no la referente a los litigios en materia de acción declarativa negativa, así como su artículo 24, que contempla la posibilidad de que, con independencia de los casos en los que la competencia del tribunal resulte de otras disposiciones del Reglamento, el demandado acepte un foro distinto, con la consiguiente atribución de la competencia al tribunal ante el que el demandante interpuso la demanda.
9.

El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la valoración de los elementos de prueba, y en todo caso, ha vulnerado su deber de revisión de plena jurisdicción, al considerar que la recurrente no remitió a la Comisión la información necesaria para apreciar la importancia del patrimonio de sus accionistas. Además, el Tribunal General ha incurrido en un defecto de motivación en la medida en que no ha explicado las razones por las que los informes de Deloitte invocados por Tycsa PSC no presentan valor probatorio.
1)

¿Se oponen a) los principios de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior; b) el principio de efectividad de las normas de la Unión en materia de competencia y de liberalización del mercado interior; c) los principios del efecto útil y de la aplicación uniforme del Derecho europeo en la Unión Europea; d) las disposiciones de Derecho derivado de la Unión Europea, como la Directiva 98/71 (1) y, en particular, su artículo 14, el artículo 1 del Reglamento n.o 461/2010 (2) y el Reglamento n.o 124 UN/ECE, a una interpretación del artículo 110 del Reglamento n.o 6/2002, (3) en el que figura la cláusula de reparación, por la que se excluya una llanta copiada, estéticamente idéntica a la llanta original de fábrica, homologada conforme al citado Reglamento UN/ECE n.o 124, del concepto de pieza de un producto complejo (automóvil) con el fin de permitir su reparación y restituir la apariencia inicial?
2)

Si la responsabilidad no queda determinada definitivamente con el traslado: ¿cuáles de las disposiciones que se citan a continuación deben aplicarse en el presente caso a una persona a la que se refiere artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d) del Reglamento Dublín III que ha interpuesto un recurso que está aún pendiente contra la resolución de traslado ya ejecutada? a) ¿El artículo 23 del Reglamento Dublín III (por analogía) con la consecuencia de que si se presenta una nueva petición de readmisión fuera de plazo puede tener lugar un traspaso de responsabilidad conforme al artículo 23, apartados 2 y 3 del Reglamento Dublín III, o b) el artículo 24 del Reglamento Dublín III (por analogía) o c) ninguna de las disposiciones indicadas en los puntos a) y b)?
3)

¿Debe interpretarse el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, en el sentido de que el tribunal del Estado miembro «ante el que se presentó la segunda demanda» —en ejercicio de una «acción por violación» de una marca de la Unión Europea cometida mediante el mantenimiento de una página web, en un mismo dominio, idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión Europea— y ante el cual se formulan, con arreglo a los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, pretensiones relativas a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, debe declararse incompetente, en la medida de la doble identidad, con arreglo al artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, sólo por lo que respecta al territorio del Estado miembro en el que se presentó la «primera demanda» por la violación de una marca nacional idéntica a la marca de la Unión Europea invocada ante el «tribunal ante el que se presentó la segunda demanda», y válida para productos idénticos, cometida mediante el mantenimiento y uso de la misma página web idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión Europea, en el mismo dominio, o en ese caso el «tribunal ante el que se presentó la segunda demanda» debe declararse incompetente, en la medida de la doble identidad, respecto a todas las pretensiones formuladas ante él, en virtud de los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, en relación con los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, y, por tanto, referidas a toda la Unión Europea?
1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que declara gravar el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes, siempre que la superficie de venta al público sea superior a 500 m2, pero que resulta exigible con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta: (i) que no grava efectivamente a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, sea cual sea la superficie de venta al público que totalicen, si ninguno de ellos cuenta con una superficie de venta al público superior a 500 m2 e incluso si alguno o algunos de ellos superan ese umbral, pero la base imponible no supera a 2 000 m2, mientras que sí grava efectivamente a los comerciantes con un único establecimiento comercial cuya superficie de venta al público supere esos umbrales, y (ii) que además no somete a gravamen a los establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados; de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y carburantes de automoción, sea cual sea su superficie de venta al público con la que cuenten?
1)

¿Es compatible con la garantía de un recurso judicial efectivo con arreglo a los artículos 1, apartado 3, y 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665/CEE, (1) en su versión resultante de la Directiva 2007/66/CE, (2) que a una persona que solicita que se declare la ineficacia de un contrato celebrado sin anuncio de licitación previo en el Diario Oficial de la Unión Europea se le deniegue el procedimiento de recurso por no existir riesgo de perjuicio, debido a que el poder adjudicador que no publicó anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y no instruyó ningún procedimiento de adjudicación formal, mediante declaración formulada en el procedimiento de recurso, ha especificado la prestación contratada de tal manera que el operador económico recurrente no esté en condiciones de realizarla?
4.

El Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al concluir que la Comisión no infringió el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no vulneró el principio de buena administración y no incumplió el deber de motivación que le impone el artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) cuando decidió no responsabilizar a Brink’s Company solidariamente junto con la recurrente [como sucesor económico de BAX Global Ltd (UK)] por el comportamiento relacionado con el «UK New Export System».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 200/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 6 de abril de 2016 — Peter Fisher, Stephen Fisher, Anne Fisher/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-192/16)

(2016/C 200/19)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Peter Fisher, Stephen Fisher, Anne Fisher

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Parte coadyuvante: Her Majesty’s Government of Gibraltar

Cuestiones prejudiciales

1) A efectos del artículo 49 TFUE (libertad de establecimiento) y habida cuenta de la relación constitucional existente entre Gibraltar y el Reino Unido: 1.1) ¿debe considerarse que Gibraltar y el Reino Unido forman parte de un mismo Estado miembro (a) a los efectos del Derecho de la Unión, y, en tal caso, entraña esa consideración que el artículo 49 TFUE no se aplica entre el Reino Unido y Gibraltar salvo en la medida en que sea aplicable a un medida puramente interna, o, con carácter alternativo, (b) a los efectos del artículo 49 TFUE individualmente considerado, de modo que dicho artículo no se aplica salvo en la medida en que sea aplicable a una medida interna? Con carácter subsidiario, 1.2) a la luz del artículo 355 TFUE, apartado 3, ¿tiene Gibraltar el estatuto jurídico de un territorio separado del Reino Unido en la Unión de modo que (a) el ejercicio de la libertad de establecimiento entre Gibraltar y el Reino Unido debe considerarse comercio entre Estados miembros a los efectos del artículo 49 TFUE, o de que (b) el artículo 49 TFUE prohíbe imponer restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento por los nacionales del Reino Unido en Gibraltar (como entidad independiente)? Con carácter subsidiario, 1.3) ¿debe considerarse que Gibraltar es un tercer país o territorio de modo que el Derecho de la Unión únicamente se aplica cuando ese Derecho surte efectos entre Estados miembros y Estados no miembros? Con carácter subsidiario, 1.4) ¿debe tratarse la relación constitucional entre Gibraltar y el Reino Unido de algún otro modo a efectos del artículo 49 TFUE?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 145/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 15 de febrero de 2016 — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-90/16)

(2016/C 145/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The English Bridge Union Limited

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Qué características esenciales debe tener una actividad para ser un «deporte» en el sentido del artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Directiva principal del IVA»)? En particular, ¿debe tener la actividad un componente físico significativo (o no insignificante) esencial para su resultado, o basta con que tenga un componente mental significativo esencial para su resultado?

2) ¿Es el bridge de contrato duplicado un «deporte» en el sentido del artículo 132, apartado l, letra m), de la de la Directiva principal del IVA?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).