Asunto C‑314/01

Siemens AG Österreich y ARGE Telekom & Partner

contra

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesvergabeamt (Austria)]

«Contratos públicos – Directiva 89/665/CEE – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos – Efectos de una resolución del organismo responsable de los procedimientos de recurso por la que se anula la decisión de la entidad adjudicadora de no revocar un procedimiento de adjudicación de contrato público – Restricción del recurso a la subcontratación»

Sumario de la sentencia

1. Cuestiones prejudiciales – Competencia del Tribunal de Justicia – Límites – Cuestiones generales o hipotéticas – Comprobación por el Tribunal de Justicia de su propia competencia

(Art. 234 CE)

2. Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras – Directiva 89/665/CEE – Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso – Cláusula de una licitación incompatible con la normativa comunitaria – Obligación de prever la posibilidad de invocar esta incompatibilidad en un procedimiento de recurso

(Directiva 89/665/CEE del Consejo, arts. 1, ap. 1, y 2, ap. 7)

1. El procedimiento previsto en el artículo 234 CE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales. En el marco de esta cooperación, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio, el único que posee un conocimiento directo de los hechos del asunto principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, es, en realidad, el mejor situado para apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.

No obstante, en caso de necesidad, corresponde al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia y, en particular, de determinar si la interpretación del Derecho comunitario que se solicita tiene relación con la realidad y el objeto del litigio principal, de forma que el Tribunal de Justicia no se vea obligado a formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. Si resulta que la cuestión planteada manifiestamente no es pertinente para resolver dicho litigio, el Tribunal de Justicia deberá acordar el sobreseimiento.

(véanse los apartados 33 a 35)

2. La Directiva 89/665 relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, y, en particular, sus artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 7, deben interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que una cláusula de la licitación sea incompatible con la normativa comunitaria en materia de contratos públicos, el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros debe prever la posibilidad de invocar esa incompatibilidad por el cauce de los recursos a que se refiere la Directiva 89/665.

(véanse el apartado 50 y el fallo)