ES Diario Oficial de la Unión Europea C 273/3

Recurso interpuesto el 1 de junio de 2012 — Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo

(Asunto C-270/12)

2012/C 273/03

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: A. Robinson, agente, J. Stratford, QC, y A. Henshaw, Barrister)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule el artículo 28 del Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago. (1)

— Que se condene en costas a las partes demandadas.

Motivos y principales alegaciones

El artículo 28, titulado «Poderes de intervención de la AEVM en circunstancias excepcionales», obliga a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, «AEVM») a prohibir o sujetar a condiciones la realización de ventas en corto u operaciones similares por parte de personas físicas o jurídicas, o a exigir a esas personas que notifiquen o publiquen tales posiciones.

La AEVM adoptará tales medidas si: a) están encaminadas a hacer frente a una amenaza para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o para la estabilidad del conjunto o de una parte del sistema financiero de la Unión; b) existen implicaciones transfronterizas, y c) las autoridades competentes no han tomado medidas para hacer frente a la amenaza o las medidas adoptadas no constituyen una respuesta adecuada frente a la misma. Las medidas tendrán una validez de hasta tres meses, pero la AEVM está facultada para prorrogarlas indefinidamente. Las medidas prevalecerán sobre cualquier medida adoptada previamente por una autoridad competente con arreglo al Reglamento sobre las ventas en corto.

El Reino Unido impugna la legalidad del artículo 28 por los motivos que se exponen a continuación.

En primer lugar, por ser contrario al segundo principio sentado por el Tribunal de Justicia en el asunto Meroni/Alta Autoridad (sentencia de 13 de junio de 1958, 9/56, Rec. p. 11), ya que:

1) Los criterios que determinan cuándo está obligada a intervenir la AEVM con arreglo al artículo 28 implican un amplio margen de discrecionalidad.

2) Se confiere a la AEVM un amplio abanico de opciones en cuanto a qué medida o medidas imponer y qué excepciones establecer, opciones que tienen implicaciones de política económica muy significativas.

3) Los factores que la AEVM debe tomar en consideración incluyen análisis que son muy subjetivos.

4) La AEVM está facultada para prorrogar sus medidas sin límite alguno en cuanto a su duración total.

5) Aun cuando (contrariamente a lo que alega el Reino Unido) el artículo 28 no implicase la adopción por parte de la AEVM de decisiones de política macroeconómica, ésta goza, no obstante, de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a la aplicación de esa política a cada caso concreto, como en el propio asunto Meroni.

En segundo lugar, el Reino Unido señala que el artículo 28 pretende habilitar a la AEVM para imponer medidas de alcance general con fuerza normativa, contrariamente a la resolución del Tribunal del Justicia en el asunto Giuseppe Romano/Institut national d’assurance maladie-invalidité (sentencia de 14 de mayo de 1981, 98/80, Rec. p. 1241).

En tercer lugar, sostiene que el artículo 28 pretende conferir a la AEVM competencia para adoptar actos no legislativos de alcance general, pese a que, a la luz de los artículos 290 TFUE y 291 TFUE, el Consejo no está autorizado con arreglo a los Tratados para delegar tal competencia a una mera agencia al margen de estas disposiciones.

En cuarto lugar, si y en la medida en que el artículo 28 se interpretase en el sentido de que otorga competencia a la AEVM para adoptar medidas individuales dirigidas a personas físicas o jurídicas, sería ultra vires con arreglo al artículo 114 TFUE.

El Reino Unido alega que el artículo 28 podría separarse del resto del Reglamento sobre las ventas en corto. Su supresión dejaría intacto, en lo fundamental, el resto del Reglamento.

(1) DO L 86, p. 1.