ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
28

Sin embargo, estas divergencias interpretativas forman parte del fondo de dichas cuestiones, por lo que no pueden llevar a que se declare su inadmisibilidad. El hecho de que las citadas divergencias interpretativas tengan parcialmente por objeto la aplicabilidad de esas Directivas no puede desvirtuar esta apreciación puesto que, cuando no resulta evidente que la interpretación de una disposición de la Unión no guarda ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio principal, la objeción basada en que dicha disposición no es aplicable al asunto principal no afecta a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, sino que se refiere al fondo de las cuestiones prejudiciales planteadas (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 30).
49

En efecto, la autoridad competente, tras indicar en el formulario que la corresponde rellenar que ha «examinado [la] solicitud de visado» o «examinado [el] visado», debe precisar la razón o las razones que justifican la denegación, anulación o retirada del visado de entre las once que figuran en dicho formulario, a saber: haber presentado un documento de viaje falso; no haber justificado el propósito y las condiciones de la estancia prevista; no haber aportado el solicitante pruebas de que dispone de medios de subsistencia suficientes para la totalidad de la estancia prevista; haber permanecido ya el solicitante en el territorio de los Estados miembros 90 días durante un período de 180 días en curso con un visado uniforme o un visado de validez territorial limitada; haber sido introducida una descripción del solicitante en el Sistema de Información de Schengen (SIS) a efectos de denegación de entrada; considerar uno o varios Estados miembros que el solicitante supone un peligro para el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las relaciones internacionales de uno o varios Estados miembros; no haber presentado el solicitante prueba de que posee un seguro médico de viaje válido y adecuado; no resultar fiable la información presentada por el solicitante para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista; no haber podido establecerse la intención del solicitante de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que expire el visado; no haber aportado el solicitante pruebas suficientes de que no pudo solicitar un visado con antelación y de que la solicitud de un visado en la frontera está, por tanto, justificada y, por último, haber solicitado el titular del visado la retirada de este.
107

En lo que atañe al segundo aspecto, debe recordarse que la normativa impugnada prevé la extinción sistemática de los derechos de usufructo sobre terrenos agrícolas de los que sean titulares personas que no puedan acreditar un vínculo de parentesco cercano con el propietario de la finca en cuestión. Pues bien, este criterio de parentesco carece de relación con la normativa nacional en materia de control de cambios. Consta además, tal como se desprende, en particular, del apartado 42 de la presente sentencia, que la supresión de los derechos de usufructo dispuesta por la normativa impugnada no solo resulta de aplicación a los no residentes, sino también a residentes en Hungría y a personas jurídicas establecidas en ese Estado miembro que, sin embargo, no están sujetas a la normativa nacional en materia de control de cambios invocada.
38

El Tribunal de Justicia ha destacado que la parte recurrente debe vigilar cuidadosamente el desarrollo del procedimiento iniciado y, en particular, acreditar haber actuado con diligencia a fin de respetar los plazos previstos (sentencia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, apartado 32; y autos de 8 de noviembre de 2007, Bélgica/Comisión, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, apartado 17, y de 30 de septiembre de 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Comisión, C‑138/14 P, no publicado, EU:C:2014:2256, apartado 19), y que los conceptos de «caso fortuito» o de «fuerza mayor» no se aplican a una situación en la que una persona diligente y perspicaz habría estado objetivamente en condiciones de evitar la expiración de un plazo para la interposición del recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 1984, Ferriera Valsabbia/Comisión, 209/83, EU:C:1984:274, apartado 22, y el auto de 30 de septiembre de 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Comisión, C‑138/14 P, no publicado, EU:C:2014:2256, apartado 20).
3

A tenor de los considerandos 35 a 37 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento PPC»): «(35) Teniendo en cuenta la precaria situación económica del sector pesquero y la dependencia de determinadas comunidades costeras respecto de la pesca, es necesario garantizar la estabilidad relativa de las actividades pesqueras, distribuyendo las posibilidades de pesca entre los Estados miembros con base en una estimación de la parte de las poblaciones que corresponda a cada Estado miembro. (36) Dada la situación biológica temporal de las poblaciones de peces, dicha estabilidad relativa debe salvaguardar y tener plenamente en cuenta las especiales necesidades de las regiones cuyas poblaciones locales dependen en gran medida de la pesca y de las actividades conexas, tal como decidió el Consejo en su Resolución[,] de 3 de noviembre de 1976[, relativa a determinados aspectos externos de la creación en la Comunidad, a partir de 1 de enero de 1977, de una zona de pesca con una extensión de doscientas millas (DO 1981, C 105, p. 1; EE 04/01, p. 163)], y en particular en su anexo VII. (37) Por consiguiente, el concepto de estabilidad relativa debe entenderse en tal sentido.»
21

Mediante la decisión controvertida, el BCE derogó y sustituyó, el 5 de enero de 2015, dicha decisión, aunque manteniendo la clasificación del Landeskreditbank como «entidad significativa». El BCE resaltó en la decisión controvertida, esencialmente, que: – La clasificación del Landeskreditbank como «entidad significativa» no era contraria a los objetivos del Reglamento n.o 1024/2013. – El perfil de riesgo de una entidad no era una cuestión pertinente a la hora de su clasificación, y no era admisible interpretar el artículo 70 del Reglamento n.o 468/2014 en el sentido de que también contempla criterios no previstos por el Reglamento (CE) n.o 1024/2013. – Aun suponiendo que existieran circunstancias particulares en el caso del Landeskreditbank, era necesario verificar igualmente si tales circunstancias justificaban que se clasificase a este como entidad «menos significativa». – De acuerdo con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 468/2014, el concepto de «circunstancias particulares» debía ser interpretado de manera estricta, de forma que una entidad «significativa» solo podría ser clasificada como «menos significativa» en caso de que la supervisión directa del BCE resultase inadecuada. – La consideración del principio de proporcionalidad a efectos de interpretación no puede implicar la obligación de verificar si era proporcionado aplicar a una entidad los criterios del artículo 6, apartado 4, del Reglamento n.o 1024/2013, y el examen del carácter «inadecuado» de la clasificación de una entidad como «significativa» no equivalía a tal análisis de proporcionalidad. – Del hecho de que los sistemas de supervisión nacionales fuesen adecuados y capaces de aplicar normas de supervisión estrictas no se podía deducir que una supervisión prudencial directa por el BCE resultase inadecuada, toda vez que el Reglamento n.o 1024/2013 no supedita dicha supervisión directa a que se demuestre el carácter inadecuado de los sistemas de supervisión nacionales o de las normas nacionales de supervisión.
El principio non bis in idem reconocido en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad nacional de competencia imponga a una empresa, en una misma resolución, una multa por infracción del Derecho nacional de la competencia y una multa por infracción del artículo 82 CE. No obstante, en esa situación, la autoridad nacional de competencia debe cerciorarse de que las multas, consideradas conjuntamente, son proporcionadas a la naturaleza de la infracción.
15

El Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 343/2003 (DO 2003, L 222, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), recoge las disposiciones de aplicación del Reglamento Dublín II y, actualmente, del Reglamento Dublín III.
27

A este respecto, procede señalar que, al no existir una armonización de los mecanismos nacionales de reparto de las costas procesales, las normas procesales por las que se determina tal reparto corresponden, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento n.o 861/2007, al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos. No obstante, esas normas no deben ser menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) ni deben estar concebidas de tal manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, por analogía, la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Szyrocka, C‑215/11, EU:C:2012:794, apartado 34 y jurisprudencia citada).
43

En efecto, tal como señala la Comisión Europea, el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO 1990, L 297, p. 1), que reproduce, en esencia, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2004/17, se introdujo con el fin de someter la adjudicación de contratos en el sector de los servicios de transporte en autobús a las disposiciones de la Directiva 90/531 y permitió precisar que una red de transporte no solo existe si está constituida por una infraestructura física, como las vías férreas, sino también por un sistema coordinado de líneas en determinadas condiciones, como en el ámbito del transporte en autobús. En cambio, el legislador de la Unión no tuvo la intención de limitar, mediante esta disposición, el ámbito de aplicación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en el ámbito de los transportes realizados en una red física.
17

El órgano jurisdiccional remitente estima que el artículo 45 TFUE podría interpretarse en el sentido de que no se opone a una reducción de las cotizaciones sociales proporcional a la duración de la afiliación del obligado, pero se pregunta no obstante si un trabajador, que ha percibido la totalidad de sus rentas anuales en un Estado miembro en el que no reside o ya no reside, no debería tener derecho a la totalidad de la reducción correspondiente a las cotizaciones a la seguridad social, aunque no haya estado afiliado a la seguridad social de ese Estado miembro durante el año entero.
81

Según el recurrente, la motivación adoptada por el Tribunal General es, además, insuficiente, dado que no expone las razones por las que la naturaleza concreta del uso de la marca controvertida no respeta los requisitos establecidos en el artículo 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento n.o 207/2009. En efecto, dado que dicha marca ha sido registrada, entre otros productos, para «complementos alimenticios que no sean para uso médico», comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza, habría que suponer que es distintiva y no descriptiva para dichos productos.
19

El tribunal remitente se pregunta si la norma especial relativa a la determinación de la base imponible a los servicios prestados por las agencias de viajes, prevista en el artículo 308 de la Directiva del IVA, afecta a la determinación del momento en que el IVA por dichos servicios resulta exigible. Dado que los costes efectivamente soportados por la agencia de viajes no se conocen hasta que ha prestado el servicio turístico a su cliente, el tribunal remitente considera que el artículo 65 de esta Directiva no puede aplicarse en un supuesto incluido en el artículo 308 de la citada Directiva. No obstante, ese tribunal admite que la Directiva del IVA no establece esto y que ese enfoque solo puede deducirse del marco general de la mencionada Directiva.
58

Más en concreto, los datos personales, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 95/46 o del artículo 5, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2016/679, serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, así como adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con dichos fines, su tratamiento será lícito, según el artículo 7, letra c), de dicha Directiva o el artículo 6, apartado 1, letra c), de ese Reglamento, si es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento.
20

El órgano jurisdiccional remitente formula también, en relación con la interpretación solicitada del artículo 63 de la Directiva IVA, una cuestión de interpretación del artículo 90 de la misma Directiva referida al derecho de reducción de la base imponible del impuesto en determinadas circunstancias, en particular en caso de impago de la contrapartida de la prestación. A este respecto, solicita que se precise si, en el supuesto de que la Directiva IVA no se opusiera a que el sujeto pasivo adelantara, en relación con diferentes años, el impuesto, los Estados miembros pueden permitir esta reducción desde el periodo impositivo en curso y no, como parece resultar del tenor de este artículo, después de la realización de la prestación.
20

ASPLA y Armando Álvarez afirman que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en los apartados 110 a 119 de la sentencia recurrida y alegan que la causa determinante del pago de los gastos de garantía bancaria no reside en su «propia elección», como parece sostener la Unión Europea, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que resulta de la aplicación del artículo 85 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 357, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las partidas 4421 y 7326 y de las subpartidas 73181590, 73181900 y 94039010 de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) n.o 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007 (DO 2007, L 286, p. 1), y del Reglamento (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008 (DO 2008, L 291, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), y la validez del Reglamento (CE) n.o 91/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (DO 2009, L 29, p. 1, en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
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En su recurso, Swedish Match cuestiona la validez, a la luz del principio de no discriminación, de los artículos 1, letra c), y 17 de la Directiva 2014/40, en razón del trato diferenciado que se establece entre, por un lado, los productos del tabaco de uso oral, cuya comercialización está prohibida, y, por el otro, los productos del tabaco sin combustión, los productos del tabaco novedosos, los cigarrillos y los demás productos del tabaco, así como los cigarrillos electrónicos, cuyo consumo no está prohibido. Además, la prohibición de los productos del tabaco de uso oral no puede justificarse por motivos de salud pública, ya que los datos científicos actuales, no disponibles cuando se adoptó la Directiva 92/41/CEE del Consejo de 15 de mayo de 1992 por la que se modifica la Directiva 89/622 (DO 1992, L 158, p. 30), demuestran que estos productos se sitúan en la parte más baja de la escala de riesgo en lo que se refiere a los efectos nocivos para la salud en relación con los demás productos del tabaco sin combustión. Por otra parte, ningún dato corrobora la idea de que el consumo de tabaco de uso oral sea un «puente» que conduce a fumar tabaco. La prohibición tampoco está justificada por la novedad del snus, toda vez que la Directiva 2014/40 no prohíbe los productos del tabaco novedosos, conforme al artículo 2, punto 14, a pesar de la ausencia de datos científicos al respecto y del hecho de que pueden producir efectos nocivos en la salud. Según Swedish Match, tampoco es una justificación la discriminación de que son objeto los productos del tabaco de uso oral por el hecho de estar destinados a la venta al público en general, ya que los demás productos contemplados en la Directiva, sobre todo los otros productos del tabaco sin combustión, los cigarrillos electrónicos y los productos del tabaco novedosos, se destinan igualmente a la venta al público en general.
21

Pues bien, en este caso, según la Comisión, las partes recurrentes no indican qué hechos o elementos de prueba pudieron ser desnaturalizados por el Tribunal General ni demuestran la existencia de errores cometidos por el Tribunal que hubieran podido llevarle a desnaturalizar los hechos o las pruebas. Aduce dicha institución que, contrariamente a lo que sostienen las partes recurrentes, el Tribunal General no concluyó por propia iniciativa que los argumentos expuestos por el abogado portugués de aquellas en su escrito eran infundados. Entiende la Comisión que el citado Tribunal consideró en efecto que, como el objeto del procedimiento instado ante él era diferente del objeto del procedimiento instado ante los tribunales portugueses, extremo no rebatido por las partes recurrentes, según afirma, la anulación de la Decisión controvertida no puede tener incidencia en la interpretación del Derecho portugués efectuada por el tribunal nacional. En consecuencia, en opinión de la Comisión, el recurso de casación de las partes recurrentes es manifiestamente inadmisible, puesto que se refiere a una cuestión de hecho.
36

No obstante, si bien el principio non bis in idem, como lo garantiza el Derecho nacional, puede constituir un impedimento para que un Estado miembro procese a aquellas personas cuya extradición se ha solicitado con fines de ejecución de una pena, no es menos cierto que, para evitar el riesgo de que dichas personas queden impunes, existen mecanismos en el Derecho nacional y en el Derecho internacional que permiten que cumplan sus penas, en particular, en el Estado del que son nacionales, aumentando así sus posibilidades de reinserción social tras el cumplimiento de las mismas.
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El artículo 20 de la Zakon o mednarodni zaščiti (Ley relativa a la Protección Internacional; en lo sucesivo, «ZMZ-1») (Uradni list RS, n.o 16/17) dispone lo siguiente: «(1) En Eslovenia se entenderá por “protección internacional” el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria. (2) Se concederá el estatuto de refugiado al nacional de un tercer país que, ante el temor fundado a ser perseguido por pertenecer a una determinada raza, grupo étnico o religión, o por su nacionalidad, grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y, por ese temor, no puede o no quiere acogerse a la protección de dicho país, o al apátrida que se encuentra fuera del país de su residencia habitual y que, por temores fundados, no puede o no quiere regresar a él, cuando no concurran los motivos de exclusión establecidos en el artículo 31, apartado 1, de la presente Ley. (3) Se concederá el estatuto de protección subsidiaria al nacional de un tercer país o al apátrida que no cumpla los requisitos para obtener el estatuto de refugiado siempre que existan motivos fundados para considerar que si el interesado regresase a su país de origen o, tratándose de un apátrida, al país de su última residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves, según dispone el artículo 28 de la presente Ley, y cuando no concurran los motivos de exclusión establecidos en el artículo 31, apartado 2, de la presente Ley.»
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del anexo II, punto 41, del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo (DO 2008, L 39, p. 16, y correcciones de errores en DO 2009, L 228, p. 47), en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO 2008, L 354, p. 34) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 110/2008»).
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Es cierto que de jurisprudencia reiterada resulta que, en determinadas situaciones concretas en las que el trabajador no puede cumplir sus cometidos, debido, en particular, a una ausencia por enfermedad debidamente justificada, los Estados miembros no pueden supeditar el derecho a vacaciones anuales retribuidas al requisito de haber trabajado efectivamente (véase, en particular, la sentencia de 24 de enero de 2012, Domínguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, apartado 20 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, por lo que respecta al derecho a vacaciones anuales retribuidas, los trabajadores que durante el período de referencia se ausentan del trabajo como consecuencia de una baja por enfermedad se asimilan a los que durante dicho período trabajan efectivamente (véase, en particular, la sentencia de 20 de enero de 2009, Schultz-Hoff y otros, C‑350/06 y C‑520/06, EU:C:2009:18, apartado 40).
57

Aunque el Tribunal de Justicia ya ha enmarcado, en distintas circunstancias y teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que otorga esta Directiva a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, y que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela judicial efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, apartados 58 y 59 y jurisprudencia citada, y de 31 de mayo de 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, apartado 35 y jurisprudencia citada).