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En estas circunstancias, el Symvoulio tis Epikrateias decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Constituye el plan director de una aglomeración urbana metropolitana, que establece objetivos generales, orientaciones y programas para la planificación urbanística y la ordenación del territorio del aérea metropolitana de dicha aglomeración, y que establece, en particular, como objetivos generales, entre otros, la protección de las masas montañosas que la rodean, así como la contención de la expansión de la superficie urbana edificada, un acto que dispensa a la autoridad administrativa competente de la obligación de someter al procedimiento de evaluación medioambiental [...] en el sentido del artículo 3 de la [Directiva 2001/42], en el modo en que fue interpretado [en el apartado 42] de la sentencia Inter-Environnement Bruxelles, C‑567/10; EU:C:2012:159 [...], un plan adoptado posteriormente mediante Decreto por delegación de la Ley en la que se incluye el citado plan director, que establece zonas de protección en una de las masas montañosas mencionadas y regula los usos y actividades permitidos, con el fin de precisar y cumplir los objetivos de la protección de las masas montañosas y la contención de la expansión de la ciudad? 2) En el supuesto de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, si, [debido a su fecha de] adopción [...] [el referido plan director], no fue sometido a [una] evaluación medioambiental [en el sentido de] la Directiva 2001/42 [...], ¿debe llevarse a cabo la citada evaluación [...] con ocasión de [la adopción] del acto [en el que se aportan precisiones al citado plan] [acaecida con posterioridad a la entrada en vigor] de la referida Directiva? 3) En el supuesto de respuesta negativa a la anterior cuestión prejudicial, ¿constituye un plan de gestión, en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43 [...], cuya adopción no requiere obligatoriamente una evaluación medioambiental [...] previa en virtud de [dicho artículo en relación con] el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42 [...], un Decreto que contiene disposiciones sobre las medidas de protección y los usos y actividades permitidos en una zona incluida como LIC, zona especial de conservación y ZPE en la parte nacional de la Red [Natura 2000], disposiciones que establecen un régimen de protección absoluta de la naturaleza, permitiendo únicamente instalaciones de lucha contra incendios, de gestión forestal y rutas para senderismo, sin que se desprenda, no obstante, de los actos preparatorios de dichas disposiciones que se hayan tomado en consideración los objetivos de conservación de dichas zonas —a saber, las características medioambientales particulares que justificaron su inclusión en la Red [Natura 2000]—, mientras que, por otro lado, dichas disposiciones mantienen igualmente en la zona controvertida actividades que ya no están permitidas por el mero hecho de que tales actividades eran compatibles con el régimen de protección anterior? 4) En el supuesto de repuesta afirmativa a la anterior cuestión prejudicial, si se ha adoptado un acto de ordenación del territorio de una gran extensión geográfica unitaria, que requería, en principio, en virtud del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42, en relación con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, la realización de una evaluación medioambiental [...], la cual no se realizó, y si se demuestra que la realización de la evaluación medioambiental [...] sólo era necesaria para algunas partes de dicha extensión —debido a las disposiciones finalmente aplicadas relativas a los usos y actividades permitidos en dichas partes, disposiciones que no constituyen meros planes de gestión— pero no para la mayoría de las partes de la extensión geográfica puesto que, de hecho, la disposición adoptada constituye, en lo que concierne a esas últimas partes, un plan de gestión que no requiere la realización de una evaluación medioambiental [...] con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42 en relación con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43 ¿es posible a la luz de la Directiva 2001/42 declarar la nulidad parcial de este acto global y, en consecuencia, anularlo únicamente en lo que concierne a las partes de la extensión geográfica respecto de las cuales las disposiciones finalmente aplicadas exigían la realización de una evaluación medioambiental [...], siendo otra consecuencia de la anulación parcial de dicho acto que la evaluación [medioambiental] únicamente se realice para la parte de que se trata y no para el conjunto?»