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Es evidente que un escrito como el que la Dirección General de la Competencia remitió a la sociedad L'Oréal, que se expidió sin que se hubieran llevado a cabo las medidas de publicidad previstas en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 y que no fue publicada conforme al apartado 1 del artículo 21 de dicho Reglamento, no constituye ni una Decisión de declaración negativa ni una Decisión de aplicación del apartado 3 del artículo 85, en el sentido de los artículos 2 y 6 del Reglamento no 17. Como la propia Comisión subraya, sólo se trata de un escrito administrativo que comunica a la empresa interesada la opinión de la Comisión de que no ha lugar a que esta última intervenga, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, respecto a los contratos objeto de controversia, y que, por tanto, el asunto puede ser sobreseído.
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Es manifiesto que un escrito como el que fue enviado a la parte demandante en el procedimiento principal por la Dirección General de la Competencia, que se remitió sin que se hubieran cumplido las medidas de publicidad previstas en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 y que no fue objeto de medida de publicación alguna con arreglo al apartado 1 del artículo 21 de dicho Reglamento, no constituye una Decisión de declaración negativa ni una Decisión de aplicación del apartado 3 del artículo 85, a efectos de los artículos 2 y 6 del Reglamento no 17. Tal como destaca la propia Comisión, se trata sólo de un escrito administrativo que pone en conocimiento de la empresa interesada la opinión de la Comisión de que no ha lugar, por su parte, a intervenir en relación con los contratos de que se trata con arreglo a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que, en consecuencia, el asunto puede ser archivado.
Al prever que «las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la Administración Pública», el apartado 4 del artículo 48 del Tratado excluye del ámbito de aplicación de los tres primeros apartados de este mismo artículo un conjunto de empleos que implican una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras entidades públicas. En efecto, tales empleos presuponen la existencia en sus titulares de una relación particular de solidaridad respecto al Estado así como la reciprocidad de derechos y obligaciones que son el fundamento del vínculo de nacionalidad. Por el contrario, la excepción prevista en el apartado 4 del artículo 48 no se aplica a empleos que, si bien dependen del Estado o de otros organismos públicos, no implican, sin embargo, ninguna participación en las actividades que competen a la Administración Pública propiamente dicha.
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que, no obstante, esta disposición no debe entenderse en el sentido de que no permita a las autoridades competentes de los Estados miembros considerar que cabe conceder una exención definitiva del requisito de capacidad profesional en el caso de dos socios que, después de adquirir ambos una experiencia práctica de al menos tres años en la gestión diaria de una misma empresa, deciden continuar la actividad de ésta mediante la creación de dos empresas nuevas.
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Considerando que, mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional solicita fundamentalmente a este Tribunal que se pronuncie sobre si, hasta que declararse la invalidez del Reglamento no 563/76, la autoridad administrativa nacional competente estaba obligada a no expedir un «certificado proteína», con arreglo a dicho Reglamento, a quienes no reunieran los requisitos exigidos por éste.
Si bien la facultad atribuida a la República Italiana por el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento no 3331/74 del Consejo, relativo a la atribución y a la modificación de las cuotas de base en el sector del azúcar, de modificar las cuotas de base atribuidas con arreglo al artículo 24 del Reglamento no 3330/74 no está definida por límites cuantitativos precisos, su ejercicio está supeditado, no obstante, a la existencia de proyectos de reestructuración y no puede ir más lejos de lo necesario para la realización de tales proyectos. Por ello, esta facultad no rebasa los límites de la aplicación de los principios establecidos por el Reglamento de base no 3330/74.
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Considerando que, en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 30, quedan prohibidas entre los Estados miembros las medidas restrictivas a la importación y todas las medidas de efecto equivalente; que, no obstante, a tenor del artículo 36, estas disposiciones no se oponen a las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial; que, sin embargo, de este mismo artículo se desprende, especialmente de su segunda frase, así como del contexto, que, si bien el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de dichos derechos puede, no obstante, verse limitado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado; que, dado que supone la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite, en efecto, excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad.
2)

En caso de que la fabricación se efectúe por cuenta de tercero sin estampar en el producto el contraste del fabricante ¿influye en la solución que deba darse a la primera cuestión el hecho de no haberse tenido en cuenta esta utilización de metal precioso en el cálculo del valor imponible cuando la fabricación está destinada al uso de un titular de contraste en Dinamarca, dado que éste incluye dicho metal precioso en el cálculo de su propia base imponible, mientras que, por el contrario, debe tenerse en cuenta dicha utilización cuando la fabricación se efectúa por cuenta de una empresa extranjera no sometida a tributación en este país —dado que, de otra manera, la utilización no sería objeto de ninguna imposición en Dinamarca—, pero siempre sin tomar en consideración la posible exacción percibida además en el extranjero?
1

Considerando que, mediante resolución de 5 de noviembre de 1976, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de enero de 1977, el Finanzgericht Hamburg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 803/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, sobre el valor en aduana de las mercancías (DO L 148, p. 6), y, en particular, de su artículo 3; que dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio que tiene como objeto el valor en aduana de una máquina COS (Cast-on Strap) protegida por una patente de invención, denominada de producto, mientras que, por otra parte, el procedimiento que permite la utilización de la máquina para la fabricación de barras de conexión para baterías de ácidos está igualmente protegido por otra patente de invención denominada de procedimiento; que dicha cuestión se refiere a si al calcular el «precio normal», es decir, el valor en aduana de la máquina, hay que tener en cuenta la patente de procedimiento relativa a su utilización, y más concretamente «si el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento no 803/68 del Consejo (valor en aduana de las mercancías) debe interpretarse en el sentido de que el precio normal comprende, asimismo, el valor de la patente de procedimiento materializada en un dispositivo, de acuerdo con la sentencia del Bundesfinanzhof de 7 de agosto de 1963, nota VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549».
1

Considerando que, mediante resolución de 14 de enero de 1976, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de febrero siguiente, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio») (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del número 1 del artículo 5 del citado Convenio;
La obligación de guardar el secreto profesional, impuesta a la Comisión por el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento no 17, debe conciliarse con el respeto del derecho de defensa. Al dar a las empresas de las que se ha obtenido información la garantía de que sus intereses, relacionados con la observancia del sentido comercial, no se pondrían en peligro, la disposición citada permite a la Comisión recoger del modo más amplio los datos necesarios para el cumplimiento de su misión de control, sin que las empresas puedan negarse a ello; no obstante, la Comisión no puede utilizar, en perjuicio de la empresa que es objeto de un procedimiento en el que se trata de demostrar que se han infringido las normas sobre la competencia, hechos o documentos que, en su opinión, no puede divulgar, si esa negativa de divulgación afecta a la posibilidad de que dicha empresa manifieste eficazmente su punto de vista sobre la realidad o las implicaciones de esos hechos o documentos o también sobre las conclusiones que la Comisión deduzca de ellos.
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Considerando que dicha Resolución, que expresa esencialmente la voluntad política del Consejo y de los Gobiernos francés e italiano de acabar con una situación contraria al apartado 1 del artículo 37, no puede producir efectos oponibles a los justiciables; que, en particular, la fecha de caducidad mencionada en la Resolución no puede prevalecer sobre la establecida en el Tratado;
1

Considerando que, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de marzo de 1974, la demandante interpuso un recurso, con arreglo al artículo 178 y al párrafo segundo del 215 del Tratado, que tiene por objeto que la Comunidad le repare el daño causado por efecto del Reglamento (CEE) no 218/74 de la Comisión, de 25 de enero de 1974 (DO L 24, p. 1), que establecía los montantes compensatorios monetarios para la exportación de productos amiláceos de la República Francesa o, en su caso, para la importación de dichos productos, con incumplimiento de los criterios establecidos por el Reglamento (CEE) no 974/71, de 12 de mayo de 1971, relativo a ciertas medidas de política coyuntural a adoptar en el sector agrícola tras la ampliación temporal del margen de fluctuación de las monedas de ciertos Estados miembros (DO L 106, p. 1), modificado posteriormente, en particular, por el Reglamento (CEE) no 509/73 del Consejo, de 22 de febrero de 1973 (DO L 50, p. 1);
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Considerando que la tercera cuestión plantea, además, el problema de cuál es la importancia que debe atribuirse al hecho de que las actividades de la organización de que se trata, no obstante ser consideradas por el Estado miembro contrarias al interés general, no estén prohibidas por la legislación nacional; que, a este respecto, hay que subrayar que el concepto de orden público en el contexto de la Comunidad y, en particular, cuando se emplea como justificación de una excepción al principio fundamental de libre circulación de trabajadores, debe interpretarse de modo restrictivo, de manera que los Estados miembros no puedan determinar un ilateralmente su alcance sin sujeción al control de las Instituciones de la Comunidad; que, no obstante, las circunstancias particulares que justifican el tener que acudir al concepto de orden público, pueden variar de un país a otro y de una época a otra, por lo que es preciso reconocer a las autoridades nacionales competentes un margen de apreciación dentro de los límites impuestos por el Tratado;
1

Considerando que, mediante resolución de 16 de diciembre de 1971, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de enero de 1972, el tribunal du travail de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, sendas cuestiones relativas a la interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77) y del Reglamento no 3 del Consejo, de 3 de diciembre de 1958, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, p. 561), en relación con la aplicación de la Ley belga de 1 de abril de 1969 por la que se establecen unos ingresos garantizados para las personas de edad avanzada;
3

Considerando, respecto a la primera parte de la demanda, que la sentencia de 14 de julio de 1967, dictada como consecuencia de un recurso interpuesto por la demandante y otras partes, no se pronunció sobre la ilegalidad de la Decisión de la Comisión de 3 de octubre de 1963, sino que se limitó a deducir las consecuencias de la sentencia de 1 de julio de 1965, por la que se anuló dicha Decisión con efectos erga omnes; que, por tanto, la primera parte de la demanda se refiere, sustancialmente, a los efectos de la sentencia de 1 de julio de 1965; que, no obstante, puesto que la demandante no fue parte en el litigio en el que se dictó esta sentencia, conforme al artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia, no está legitimada para solicitar su interpretación.
«1)

¿Qué interpretación hay que dar al apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, así como a los Reglamentos comunitarios adoptados para su aplicación, en relación con todo contrato que, no habiendo sido objeto de notificación alguna y concediendo un “derecho exclusivo de venta”, — no prohíbe al concesionario reexportar las mercancías que ha adquirido del concedente a los demás mercados de la CEE, — no lleva consigo la obligación del concedente de prohibir a sus concesionarios de los demás países del mercado común la venta de sus productos en el territorio reservado al concesionario con quien ha firmado el contrato, — no limita el derecho de los comerciantes y consumidores del país del concesionario a abastecerse por medio de importaciones paralelas de los concesionarios o proveedores de los demás países del mercado común, — somete a autorización previa del concedente la entrega por el concesionario de maquinaria que pueda competir con el material objeto de la concesión?
2)

Considerando que el Centrale Raad pide al Tribunal de Justicia, en la segunda parte de su cuestión, que dilucide, en el supuesto que la expresión controvertida tenga un sentido comunitario, cuál es esa acepción, en tanto en cuanto es preciso conocerla para decidir si el apartado 1 del artículo 19, antes citado, se opone a que se deniegue el pago de gastos de enfermedad a personas que se hallen en situación similar a la del caso presente. Considerando que del Tratado, así como del Reglamento no 3, se desprende que el «trabajador» protegido no es exclusivamente quien ocupa un empleo actual; que el apartado 3 del artículo 48 se refiere también a las personas que pueden «permanecer […] en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo»; que el artículo 4 del Reglamento no 3 menciona a los trabajadores por cuenta ajena o asimilados que estén «o hayan estado» sometidos a la legislación de uno o varios de los Estados miembros; que el Tratado y el Reglamento no 3 no se propusieron, por tanto, proteger restrictivamente tan sólo al trabajador actual, sino que lógicamente tratan de proteger también a quien, habiendo dejado un empleo, puede ocupar otro; que, cuando el Derecho interno ofrece a las personas privadas de su empleo la posibilidad de afiliarse voluntariamente a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena, y esta afiliación ha tenido lugar, dicha medida puede ser considerada, en determinadas condiciones, como destinada a proteger a los interesados en su calidad de «trabajadores» en el sentido del Tratado, y conferir a esa protección las garantías del Reglamento no 3; que así ocurre si el beneficio antes citado se concede a los interesados en razón, por una parte, de que anteriormente tuvieron la calidad de «trabajador» y, por otra parte, de que pueden adquirir de nuevo esa condición; que, por tanto, dichas personas pueden ser consideradas como «trabajadores por cuenta ajena o asimilados» en el sentido del Reglamento no 3, toda vez, por otra parte, que ninguna disposición de ese Reglamento se opone a tal interpretación; que corresponde pues al órgano jurisdiccional nacional, el único competente para interpretar el Derecho interno, apreciar si, en cada caso, la facultad de afiliarse a la Seguridad Social fue concedida al interesado en razón de la calidad de «trabajador» que tuvo anteriormente, y si la afiliación se mantuvo en razón de una eventual reanudación de dicha actividad. Considerando que todo «trabajador por cuenta ajena o asimilado» que esté en la situación descrita en el apartado 1 del artículo 19, antes citado, tiene derecho a las prestaciones que en el mismo se contemplan; que dicha disposición no prevé excepción alguna en detrimento de los interesados, en particular en lo relativo al motivo de la estancia en el extranjero; que este artículo se opone a toda norma de Derecho interno que supedite la concesión de las prestaciones de referencia, en el supuesto de tal estancia, a requisitos más rigurosos que los que se aplicarían si el interesado hubiera caído enfermo cuando se encontraba en el territorio del Estado de la entidad aseguradora.
Las disposiciones del Tratado sobre la legitimación activa de los justiciables no pueden interpretarse restrictivamente; ante el silencio del Tratado, no cabe deducir una limitación a este respecto.

Quienes no sean destinatarios de una Decisión sólo pueden alegar que ésta les afecta individualmente cuando dicha Decisión les concierne debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, les individualiza de una manera análoga a la del destinatario.

Un acto administrativo no anulado no puede ser en sí mismo constitutivo de un acto lesivo para los administrados. Así pues, éstos no pueden deducir pretensión alguna de daños y perjuicios basándose en dicho acto.
2)

No procede ya pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por Flachglas Torgau GmbH y Saint-Gobain Isover G+H AG, por Kronotex GmbH & Co. KG y Kronoply GmbH, por Bayer MaterialScience AG, por Sabic Polyolefine GmbH, por Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH e Ineos Vinyls Deutschland GmbH, así como por Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG y Wacker Chemie AG.
—

Que se conceda al demandante una reparación adecuada del perjuicio moral sufrido a raíz de la decisión, que no puede repararse mediante la anulación de ésta. Este perjuicio moral se estima ex aequo et bono en 50 000,00 euros.
—

Que se anule a) la resolución de 18 de diciembre de 2012, en la parte en que el Comité de Recursos contemplado en el artículo 22 del Reglamento del Personal y en la Note to Staff no 715 HR/P&O/2012-0103 de 29 de marzo de 2012, desestimó el recurso contra su informe de calificación de 2011; b) el informe de calificación de 2011 en la parte de la valoración, en la parte en que los resume con la nota «Exceptional performance» o con la nota «Very good performance» y, por último, en la parte en que no lo propone para la promoción a la función D, así como en la parte en que establece sus objetivos para el ejercicio 2012; c) todos los actos conexos, posteriores y anteriores, entre los cuales las promociones con arreglo a la nota «2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles» del Director de Recursos Humanos de mayo de 2012 dado que, a la luz de la resolución adoptada por sus superiores y que hoy se impugna, el BEI no lo tuvo en consideración en el punto «Promotions from Function E to D».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/50

Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2007 — Strack/Comisión

(Asunto F-120/07)

(2007/C 315/95)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Guido Strack (Colonia, Alemania) (representante: H. Tettenborn, abogado)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anulen las decisiones de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2005, 25 de octubre de 2005, 15 de marzo de 2007 y 20 de julio de 2007 por cuanto limitan a 12 el número de días de vacaciones anuales no disfrutados en 2004 que el demandante puede transferir al año siguiente y, por lo tanto, limitan, en esa medida, la indemnización por días no disfrutados en el momento de cesar en el servicio.

— Que se condene a la Comisión Europea a pagar al demandante una indemnización económica por los 26,5 días de vacaciones anuales no disfrutados con respecto a los cuales todavía no ha recibido compensación alguna, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo segundo, del anexo V del Estatuto de los Funcionarios, más los intereses de demora a contar desde el 1 de abril de 2005, a un tipo anual del 2 % por encima del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación para el período en cuestión.

— Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, el demandante alega la infracción del artículo 4, párrafos primero y segundo, del anexo V del Estatuto de los Funcionarios y de la comunicación no 66-2002 de la demandada. Con arreglo a estas disposiciones, el demandante tenía derecho a transferir completamente al año 2005 la parte de sus vacaciones anuales correspondiente a 2004 que, por necesidades del servicio, no había podido disfrutar antes del fin del año natural 2004, posibilidad que le fue denegada por la Decisión impugnada. El demandante alega que no pudo agotar el tiempo de vacación anual porque contrajo una enfermedad, posteriormente reconocida como enfermedad profesional.

Asimismo, el demandante sostiene que, como puede deducirse de la pretensión accesoria de que se le indemnicen los daños, la demandada se negó ilícitamente a pagar la compensación debida al demandante con arreglo al artículo 4, párrafo segundo, del anexo V del Estatuto de los Funcionarios en el momento en que el demandante cesó en el servicio activo.