En relación con la excepción de copia privada establecida en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, el Derecho de la Unión, en particular, dicha disposición, en relación con el apartado 5 de ese artículo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que no distingue la situación en la que la fuente a partir de la que se realiza una reproducción para uso privado es lícita de aquella en la que dicha fuente es ilícita. El hecho de que no exista ninguna medida técnica, en el sentido del artículo 6 de la mencionada Directiva, aplicable para combatir la realización de copias privadas ilícitas no puede poner en duda esta apreciación.

En efecto, los Estados miembros tienen la facultad de establecer o no las diferentes excepciones previstas en dicho artículo 5 con arreglo a sus tradiciones jurídicas, pero, una vez que han decidido establecer una excepción determinada, ésta debe aplicarse de manera coherente, de modo que no puede menoscabar los objetivos perseguidos por la Directiva 2001/29 que tienen por objeto garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. Ahora bien, si los Estados miembros dispusieran de la facultad de adoptar o no una norma que permitiera que las reproducciones para uso privado se realizaran también a partir de una fuente ilícita, de ello se deduciría, con toda claridad, un menoscabo del buen funcionamiento del mercado interior.

Además, en el momento de su aplicación, tal norma puede infringir determinados requisitos fijados por el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29. En efecto, por un lado, admitir que tales reproducciones pueden realizarse a partir de una fuente ilícita fomentaría la circulación de obras falsificadas o piratas, disminuyendo de este modo necesariamente el volumen de ventas u otras transacciones legales relativas a las obras protegidas, de modo que se menoscabaría la explotación normal de éstas. Por otro, la aplicación de tal norma nacional puede entrañar un perjuicio injustificado a los titulares de los derechos de autor.

Por último, en cuanto a la compensación equitativa abonada a los titulares de los derechos, un sistema de canon por copia privada que no distingue, en relación con el cálculo de la compensación equitativa adeudada a sus beneficiarios, la situación en la que la fuente a partir de la cual se ha realizado una reproducción para uso privado es lícita de aquella en que es ilícita no respeta el justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores, beneficiarios de la compensación equitativa, por un lado, y los de los usuarios de prestaciones protegidas, por otro. En efecto, en tal sistema, el perjuicio causado, y, por tanto, el importe de la compensación equitativa adeudada a los beneficiarios, se calcula sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores tanto por las reproducciones para uso privado realizadas a partir de una fuente lícita como por las reproducciones realizadas a partir de una fuente ilícita. En definitiva, el importe así calculado se repercute seguidamente sobre el precio que los usuarios de las prestaciones protegidas abonan en el momento de la puesta a su disposición de equipos, aparatos y soportes que permitan la realización de copias privadas.

(véanse los apartados 34, 35, 38 a 40, 45, 46, 53 a 55 y 58 y el punto 1 del fallo)