Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias

(Art. 228 CE, ap. 2)

2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE

(Arts. 226 CE y 228 CE; Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 3)

3. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE

(Arts. 226 CE y 228 CE; Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 2, ap. 6, párr. 2)

4. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE

(Art. 226 CE; Directiva 92/50/CEE del Consejo)

5. Estados miembros — Obligaciones — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia

(Art. 226 CE)

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1. En el marco del procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, no debe declararse la inadmisibilidad del recurso por cuanto la Comisión ya no solicita que se imponga una multa coercitiva. Efectivamente, dado que el Tribunal de Justicia es competente para imponer una sanción pecuniaria no propuesta por la Comisión, no debe declararse la inadmisibilidad del recurso por el mero hecho de que la Comisión estime, en una determinada fase del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, que ya no procede imponer una multa coercitiva.

(véanse los apartados 21 y 22)

2. El procedimiento específico previsto en el artículo 3 de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en virtud del cual la Comisión puede intervenir ante un Estado miembro cuando considere que se ha cometido una infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos, constituye una medida preventiva que no puede hacer excepciones ni tampoco sustituir a las competencias de la Comisión en virtud de los artículos 226 CE y 228 CE.

(véase el apartado 23)

3. Si bien es cierto que el artículo 2, apartado 6, párrafo segundo, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, autoriza a los Estados miembros a mantener los efectos de contratos celebrados con infracción de las Directivas en materia de adjudicación de contratos públicos y protege, de este modo, la confianza legítima de las partes contratantes, no puede, sin reducir el alcance de las disposiciones del Tratado por las que se establece el mercado interior, tener como consecuencia que el comportamiento de la entidad adjudicadora con respecto a los terceros deba considerarse ajustado al Derecho comunitario con posterioridad a la celebración de tales contratos.

Pues bien, si es cierto que la mencionada disposición no afecta a la aplicación del artículo 226 CE, tampoco puede afectar a la aplicación del artículo 228 CE, so pena de reducir el alcance de las disposiciones del Tratado por las que se estableció el mercado interior. Por otra parte, dicha disposición pretende regular, según se desprende de su tenor, la reparación que una persona perjudicada por una infracción cometida por una entidad adjudicadora pueda obtener de esta última. Ahora bien, en razón de su especificidad, no puede considerarse que esta disposición regule también la relación entre un Estado miembro y la Comunidad, relación de que se trata en el contexto de los artículos 226 CE y 228 CE.

(véanse los apartados 33 a 35)

4. Aun suponiendo que el contratista pueda oponer los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, el principio pacta sunt servanda y el derecho de propiedad a la entidad adjudicadora en caso de resolución del contrato celebrado con infracción de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, un Estado miembro no podrá, en ningún caso, invocar tales principios o dicho derecho para justificar la inejecución de una sentencia en la que se declare un incumplimiento en virtud del artículo 226 CE y eludir así su propia responsabilidad en Derecho comunitario.

(véase el apartado 36)

5. Un Estado miembro no puede invocar disposiciones, prácticas ni situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.

(véase el apartado 38)