ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
18

A raíz del accidente, HUK-COBURG abonó a NO y a LM la cantidad de 5000 euros en concepto de reparación del perjuicio derivado del fallecimiento de su madre. Al considerar insuficiente dicha cantidad, NO y LM, representadas por CD, demandaron a HUK-COBURG ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), el órgano jurisdiccional remitente, solicitando el pago de una indemnización de 300000 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 153000 euros) para cada una de ellas por el perjuicio inmaterial derivado de dicho fallecimiento. Según afirman, este perjuicio se debe a los daños causados a su salud psíquica, ya que NO y LM padecen insomnio, pesadillas, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, introversión y crisis de angustia.
3

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22); el Reglamento (UE) 2019/472 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establecen un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifican los Reglamentos (UE) 2016/1139 y (UE) 2018/973 y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 del Consejo (DO 2019, L 83, p. 1), y el Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.o 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, 2019/472 y (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 894/97, (CE) n.o 850/98, (CE) n.o 2549/2000, (CE) n.o 254/2002, (CE) n.o 812/2004 y (CE) n.o 2187/2005 del Consejo| (DO 2019, L 198, p. 105) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Reglamentos de base»), fueron adoptados sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 2.
3

El artículo 40 del Reglamento n.o 1698/2005, titulado «Ayudas relativas al bienestar de los animales», establecía: «1. Las ayudas relativas al bienestar de los animales estipuladas en el artículo 36, letra a), inciso v), se concederán a los agricultores que suscriban de forma voluntaria compromisos relativos al bienestar de los animales. 2. Las ayudas relativas al bienestar de los animales solo cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes establecidos en el artículo 4 y en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 [del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1)] y otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos en la legislación nacional, señalados en el programa. Dichos compromisos se suscribirán como norma general por un período de entre cinco y siete años. En casos de necesidad debidamente justificados, se establecerá un período más largo de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el artículo 90, apartado 2, en el caso de determinados tipos de compromiso. 3. Las ayudas se concederán anualmente y cubrirán los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del compromiso suscrito. De ser necesario, podrán cubrir también los costes de transacción. La ayuda se limitará al importe máximo establecido en el anexo I.»
1)

El artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un acto administrativo adoptado en forma de documento electrónico sea declarado nulo si se ha firmado mediante una firma electrónica que no cumple los requisitos de ese Reglamento para ser considerada «firma electrónica cualificada», en el sentido del artículo 3, punto 12, de dicho Reglamento, a condición de que la nulidad de ese acto no se declare por el mero hecho de que su firma se presente en formato electrónico.
25

Habida cuenta de que las partes del contrato de compraventa no habían presentado la declaración tributaria que permite optar por la sujeción al IVA de la operación de que se trata, la autoridad tributaria estimó que no podían acogerse al derecho a la deducción, independientemente de que se hubiera emitido una factura en la que figuraba una cuota del IVA, que no se había devengado.
98

Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 6 de noviembre de 2008, Trespa International, C‑248/07, EU:C:2008:607, apartado 33, y de 22 de febrero de 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd y otros, C‑160/20, EU:C:2022:101, apartado 82).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 30 y 60, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; corrección de errores en DO 2006, L 335, p. 60), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/2057 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018 (DO 2018, L 329, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 2006/112»).
13

SRS y AA interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia ante la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda) alegando, en particular, que la High Court (Tribunal Superior) interpretó de manera restrictiva el concepto de «otro miembro de la familia que viva con el ciudadano de la Unión» y que no tuvo en cuenta las demás versiones lingüísticas de la Directiva 2004/38. El 19 de diciembre de 2019, la Court of Appeal (Tribunal de Apelación) desestimó dicho recurso. Esta declaró que las personas que viven bajo el mismo techo no forman necesariamente parte de la misma unidad familiar y que, para poder ser consideradas miembros de la familia que viven con el ciudadano de la Unión, estas personas deben formar parte integrante de la unidad familiar de dicho ciudadano y continuar de ese modo en un futuro previsible, residiendo bajo el mismo techo en el Estado miembro de acogida no solo por razones de conveniencia, sino también debido a un vínculo afectivo.
18

Según el órgano jurisdiccional remitente, las cuestiones que se plantean son, por un lado, si el principio de perpetuación de la jurisdicción (perpetuatio fori), tal como se desprende del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, se aplica en caso de cambio de la residencia habitual del menor en un tercer Estado que sea parte del Convenio de La Haya de 1996 y, por otro lado, teniendo en cuenta la regla de prevalencia prevista en el artículo 61, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003, cuál es el momento que debe tomarse en consideración para apreciar el lugar de la residencia habitual del menor y si el alcance de ese artículo se limita a las relaciones entre los Estados miembros o si tiene un ámbito de aplicación más amplio. El órgano jurisdiccional remitente añade que, si bien algunos órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros han considerado que, en situaciones similares, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 no es aplicable, la cuestión también divide la doctrina especializada.
47

En primer lugar, por lo que respecta al principio de equivalencia, procede observar que, según el estado del Derecho interno tal como se describe en la petición de decisión prejudicial, el artículo 19, apartado 6, de la ZPK prevé una compensación de oficio cuando una cláusula es nula en virtud del artículo 19, apartado 5, de la ZPK, en relación con los pagos efectuados en virtud de una cláusula que supere el límite máximo del tipo anual de coste del crédito, definido en su artículo 19, apartado 4. En opinión del tribunal remitente, la aplicación por analogía de dicho artículo 19, apartado 6, en relación con el artículo 76 de la ZZD, permitiría, en el marco de un procedimiento de expedición de un requerimiento de pago basado parcialmente en una cláusula abusiva, proceder también a una compensación de oficio, en particular, por lo que respecta a los pagos efectuados sobre la base de dicha cláusula, de modo que el consumidor interesado ya no debería iniciar un procedimiento separado para obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente. No obstante, en la medida en que, al responder a una solicitud de información formulada por el Tribunal de Justicia a este respecto, el tribunal remitente ha señalado, por una parte, que existe una jurisprudencia contradictoria sobre los requisitos con arreglo a los cuales el juez nacional, en el marco de un proceso monitorio, está obligado a efectuar la compensación de oficio en caso de que se compruebe la existencia de una cláusula abusiva como la prevista en el artículo 19, apartado 6, de la ZPK, y, por otra parte, que existe jurisprudencia divergente en lo que respecta a la legalidad de la aplicación por analogía de dicha disposición para realizar una compensación de oficio en supuestos que no den lugar únicamente a la aplicación del artículo 19, apartado 4, de la ZPK, el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes para apreciar el respeto del principio de equivalencia. Por consiguiente, corresponderá al juez nacional, que es el único que puede tener conocimiento directo de la regulación procesal del derecho a la restitución en su ordenamiento jurídico interno, comprobar el respeto de dicho principio, tomando en consideración el objeto, la causa y los elementos esenciales de dicha regulación procesal.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020 (DO 2020, L 249, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 561/2006»).
16

C y CD fueron objeto de procedimientos de ejecución de dichas órdenes de detención europeas en Suecia. Mediante resolución dictada el 8 de abril de 2020, el Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia) ordenó la entrega de C a las autoridades rumanas y, mediante resolución de 30 de julio de 2020, el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia) ordenó la entrega de CD a estas mismas autoridades. Sin embargo, C y CD se trasladaron de Suecia a Finlandia antes de que se ejecutasen estas resoluciones de entrega.
34

Estos dos requisitos son acumulativos. En efecto, una modificación de las características o el funcionamiento, o una ampliación, de una instalación no es «sustancial», en el sentido del artículo 3, punto 9, de la Directiva 2010/75, si no puede tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente. A la inversa, no basta con que una modificación pueda tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente para ser «sustancial», en el sentido de dicha Directiva. De ser así, el legislador de la Unión no habría precisado que una modificación sustancial consiste en una modificación de las características o el funcionamiento, o una ampliación, de una instalación.
5

Los considerandos 43 y 122 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320; corrección de errores en DO 2019, L 66, p. 7), establecen: «(43) Al objeto de garantizar unos regímenes de control proporcionados y salvaguardar la plusvalía de los instrumentos financieros, no conviene desalentar a los beneficiarios finales previstos con un exceso de cargas administrativas. […] […] (122) […] Con objeto de reducir la carga administrativa para los beneficiarios, deben introducirse normas específicas para reducir el riesgo de solapamiento entre auditorías de las mismas operaciones efectuadas por distintas instituciones, a saber, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión y la autoridad de auditoría.»
44

A este respecto, aunque la Sexta Directiva no contenía, hasta la entrada en vigor del párrafo tercero de su artículo 4, apartado 4, a raíz de la Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/388 en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión o el fraude fiscales y por la que se derogan determinadas Decisiones destinadas a la concesión de excepciones (DO 2006, L 221, p. 9), disposiciones explícitas por las que se otorgaba a los Estados miembros la facultad de adoptar medidas necesarias en la lucha contra la evasión o el fraude fiscales, tal circunstancia no privaba a los Estados miembros de la posibilidad de adoptar, antes de la citada entrada en vigor, tales medidas, ya que la lucha, por parte de los Estados miembros, contra la evasión o el fraude fiscales es un objetivo reconocido y promovido por la Sexta Directiva, incluso sin habilitación expresa del legislador de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Larentia + Minerva y Marenave Schiffahrt, C‑108/14 y C‑109/14, EU:C:2015:496, apartado 42 y jurisprudencia citada).
104

Esta apreciación tampoco queda desvirtuada por la alegación de que las AIE ejercían una actividad en el sector naviero, alegación que no se formuló ante el Tribunal General y que, en cualquier caso, no se ha desarrollado en absoluto, de modo que resulta manifiestamente infundada. Tampoco queda desvirtuada por el hecho de que la Comisión haya reconocido en diferentes ocasiones, en otras decisiones, que el fletamiento de buques a casco desnudo constituía una actividad de ese tipo, ya que, en cualquier caso, debe apreciarse a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y no de la práctica anterior o de otras decisiones de la Comisión, si una ayuda cumple o no los requisitos de aplicación que esa disposición prevé (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de mayo de 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, apartado 21, y de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, apartado 25 y jurisprudencia citada).
3

Los considerandos 3, 5, 10, 15 y 18 de la Directiva 2001/86 están redactados en los siguientes términos: «(3) Para fomentar los objetivos sociales de la Comunidad deben fijarse disposiciones especiales, sobre todo en el ámbito de la implicación de los trabajadores, encaminadas a garantizar que el establecimiento de las SE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las empresas que participen en la creación de las SE[.] Ese objetivo debe perseguirse mediante el establecimiento de una serie de normas aplicables en este ámbito, que completen las disposiciones del [Reglamento (CE) n.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO 2001, L 294, p. 1)]. […] (5) La gran diversidad de normas y de prácticas existentes en los Estados miembros respecto de la forma en que los representantes de los trabajadores están implicados en las decisiones de las empresas no aconseja que se establezca un modelo europeo único de implicación de los trabajadores aplicable a las SE. […] (10) Las reglas de voto de la Comisión negociadora que represente a los trabajadores a efectos de la negociación, sobre todo a la hora de celebrar acuerdos que establezcan un nivel de participación más bajo que el existente en una o varias de las empresas participantes, deben estar en relación con el riesgo de desaparición o de reducción de los sistemas y las prácticas de participación existentes. Ese riesgo es mayor cuando se trata de una SE constituida mediante transformación o fusión que cuando se hace mediante la creación de una sociedad holding o de una filial común. […] (15) Lo dispuesto en la presente Directiva no debe afectar a otros derechos de implicación de los trabajadores existentes ni afecta necesariamente a otras estructuras de representación existentes establecidas por legislaciones y prácticas comunitarias y nacionales. […] (18) La protección de los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de implicación en las decisiones de la empresa es un principio fundamental y un objetivo declarado de la presente Directiva. Los derechos de los trabajadores existentes con anterioridad a la constitución de las SE representan también un punto de partida para la configuración de su derecho a la implicación en la SE (principio de antes‑después). Esta consideración es válida en consecuencia no solo para la nueva constitución de una SE sino también para las modificaciones estructurales de una sociedad europea ya constituida y para los procesos estructurales de modificación de las sociedades de que se trate.»
6

El Ejecutivo de la Región Autónoma adoptó varios actos de desarrollo de las medidas previstas en el artículo 3 de la Ley n.o 10/2010, entre ellos, la deliberazione della Giunta regionale n.o 29/36 (Decisión del Consejo Regional n.o 29/36), de 29 de julio de 2010; la deliberazione della Giunta regionale n.o 43/37 (Decisión del Consejo Regional n.o 43/37), de 6 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «Decisión n.o 43/37»), y la deliberazione della Giunta regionale n.o 52/117 (Decisión del Consejo Regional n.o 52/117), de 23 de diciembre de 2011 (en lo sucesivo, «Decisión n.o 52/117») (en lo sucesivo, conjuntamente con el artículo 3 de la Ley n.o 10/2010, «disposiciones controvertidas»).
11

Mediante la Ley por la que se modifica la Ley de Centros de Educación Superior, se añadió a las disposiciones transitorias de esta última Ley un punto 49 que tiene la siguiente redacción: «Las modificaciones introducidas en el artículo 56, apartado 3, de la presente Ley relativas a la lengua en la que han de impartirse los programas de estudios entrarán en vigor el 1 de enero de 2019. Aquellos centros de educación superior y centros de grado medio y de formación técnica en los que los programas de estudios se impartan en una lengua que no sea conforme con lo dispuesto en el artículo 56, apartado 3, de la presente Ley podrán continuar impartiendo tales programas en la lengua de que se trate hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir del 1 de enero de 2019, no estará permitida la admisión de estudiantes en aquellos programas de estudios que se impartan en una lengua que no sea conforme con lo dispuesto en el artículo 56, apartado 3, de la presente Ley.»
5

El artículo 110, apartado 6, del regio decreto n.o 773 –Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Real Decreto n.o 773 por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Seguridad Pública), de 18 de junio de 1931 (GURI n.o 146 de 26 de junio de 1931), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Real Decreto n.o 773 de 18 de junio de 1931»), dispone lo siguiente: «Se considerarán máquinas recreativas autorizadas: a) las que, contando con un certificado expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda […] sobre su conformidad con las disposiciones vigentes y estando conectadas obligatoriamente a la red telemática a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 4, del Decreto n.o 640 del presidente de la República, de 26 de octubre de 1972 […], se activen con la inserción de dinero en metálico o con instrumentos especiales de pago electrónico […], y en las que, además del elemento aleatorio, existan también elementos de habilidad […], cuando el coste del juego no supere 1 euro y la duración mínima del juego sea de cuatro segundos, y en las que se distribuyan premios en metálico expedidos por la propia máquina cuyo valor individual no supere los 100 euros. Los premios serán calculados por la máquina de forma no definida previamente, para un ciclo total máximo de 140000 juegos, y no serán inferiores al 75 % del importe total jugado por los jugadores. Dichas máquinas no podrán en ningún caso reproducir el juego del póquer ni sus reglas esenciales; b) las que formen parte de la red telemática a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 4, del Decreto n.o 640 del presidente de la República, de 26 de octubre de 1972 […], que se activan exclusivamente cuando están conectadas con un sistema de procesamiento de red. Para dichas máquinas, se definirán […] mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda […]: 1) el coste y las modalidades de pago por premio; 2) el porcentaje mínimo de ingresos que se destinarán a premios; 3) el importe máximo y las modalidades de cobro de los premios; 4) las especificaciones de inmutabilidad y seguridad, por referencia asimismo al sistema de procesamiento al que estén vinculadas las máquinas; 5) las medidas para promover el juego responsable que se incorporarán a las máquinas; 6) los tipos y características de los establecimientos públicos y demás puntos autorizados para la recogida de juego en los que puedan instalarse las máquinas a que se refiere la presente letra.»