AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 8 DE JULIO DE 1987. - S. A. SERMES CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - INADMISIBILIDAD. - ASUNTO 279/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 03109



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se establecen derechos antidumping - Importador exclusivo

(Tratado CEE, párrafo 2 del art. 173; Reglamento nº 2176/84 del Consejo, párrafo 8 del art. 2; Reglamento nº 3019/86 de la Comisión)

Índice

El importador exclusivo en un Estado miembro de los productos afectados por un derecho antidumping, que no esté asociado al exportador y cuyos precios de reventa no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del margen del dumping, no pertenece a la categoría de operadores económicos con derecho a impugnar directamente ante el Tribunal de Justicia, mediante un recurso de anulación, el Reglamento por el que se establezcan dichos derechos antidumping, aún cuando el mismo haya participado en las sucesivas fases de la investigación que haya precedido a la adopción de aquél.

Partes

En el asunto 279/86,

SA Sermes, con domicilio social en Estrasburgo, representada por Me Jean-Pierre Spitzer, Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Aloyse May, Abogada, 31, Grand-Rue,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sra. Marie-José Jonczy, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación del Reglamento (CEE) nº 3019/86 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1986, por el que se establece un derecho antidumping provisional respecto a las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia entre 0,75 kW y 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumanía, Checoslovaquia y la Unión Soviética,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O' Higgins y F. Schockweiler, Presidentes de Sala; G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida y G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

Abogado General: Sr. G.F. Mancini

Secretario: Sr. P. Heim

oído el Abogado General,

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 1986, la Sociedad Sermes SA interpuso, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, un recurso con el fin de obtener la anulación del Reglamento nº 3019/86 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1986, por el que se establece un derecho antidumping provisional respecto a las importaciones de motores polifásicos normalizados con una potencia entre 0,75 kW y 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumanía, Checoslovaquia y la Unión Soviética (DO L 280, p. 68). En apoyo de su recurso, la demandante alega la infracción del Reglamento (CEE) nº 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3) así como de varios principios generales del Derecho comunitario.

2 La investigación antidumping que llevó al establecimiento del derecho antidumping de que se trata fue nuevamente abierta por la Comisión en noviembre de 1985 tras una solicitud de reexamen de los compromisos de precio, aceptados por el Consejo y por la Comisión, respectivamente, entre 1982 y 1984, relativos a las importaciones de motores eléctricos procedentes de los países mencionados (DO 1985, C 305, p. 2).

3 Del sexto considerando del Reglamento impugnado se desprende que la Comisión, en el curso de la investigación prevista por el artículo 7 del Reglamento nº 2176/84, procedió a realizar una investigación en los locales de determinados productores comunitarios, así como de importadores de motores eléctricos en la Comunidad, entre los cuales se encuentra la demandante.

4 Tal como se desprende del decimotercer considerando de dicho Reglamento, la Comisión examinó la existencia del dumping en función de los precios de exportación efectivamente pagados o por pagar para las transacciones de que se trata, y en ningún caso en función del cálculo de los precios de exportación previsto en la letra b del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento nº 2176/84, sobre la base de los precios de reventa practicados por los importadores en la Comunidad.

5 No obstante, la Comisión, en la letra b del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento impugnado, enumera seis importadores en relación con los cuales su investigación había demostrado la existencia de una asociación o de un acuerdo de compensación con un exportador en el sentido de la letra b del apartado 8 del artículo 2 antes mencionado. La demandante no aparece entre los mismos.

6 Además, el apartado 4 del artículo 2 de dicho Reglamento subordina el despacho a libre práctica de los motores eléctricos del tipo mencionado al depósito de una fianza equivalente al importe del derecho provisional.

7 Se desprende del expediente que la demandante es una sociedad francesa que desarrolla, entre otras, la actividad de importadora exclusiva en Francia de motores eléctricos procedentes de la República Democrática Alemana exportados por la Sociedad AHB Elektrotechnik, sin que esté asociada, sin embargo, a esta última o a uno de los otros exportadores afectados, en el sentido de la letra b del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento 2176/84.

8 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 1986, la Comisión ha propuesto una excepción de inadmisibilidad con arreglo al apartado 1 del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento. En apoyo de la excepción propuesta, afirma que el Reglamento de que se trata no afecta a la demandante directa e individualmente, sino que constituye por el contrario, por lo que a aquella se refiere, un acto de alcance general. Este carácter no se vería afectado por el hecho de que sea posible determinar el número o incluso la identidad de los operadores económicos a los que se aplica el Reglamento.

9 La Comisión añade, a este respecto, que el mero hecho de que la demandante se haya visto afectada por la investigación antidumping o identificado en el acto impugnado no tiene ninguna incidencia en la calificación de dicho acto. En efecto, la posición de la demandante no fue tomada específicamente en consideración, dado que en el presente caso se estableció la existencia del dumping en función de los precios de exportación y no en función del precio de reventa practicado por ella. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en estas circunstancias, el recurso directo contra un reglamento que establece un derecho antidumping es inadmisible. La Comisión subraya que la demandante tiene la posibilidad de impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales los actos individuales que adopten las autoridades nacionales en aplicación de dicho Reglamento.

10 Por el contrario, el demandante afirma que en realidad el acto impugnado constituye para él una Decisión, adoptada bajo la forma de un Reglamento, que le afecta directa e individualmente. A este respecto, subraya que se vio involucrada en las investigaciones preparatorias, efectuadas por la Comisión en el curso del procedimiento antidumping, así como que ha participado en todas las fases de este procedimiento. Por otra parte, destaca que la Comisión ha tenido en cuenta el margen de los importadores, incluido el margen de la demandante, para determinar el derecho antidumping.

11 Además, la demandante señala que, como importadora exclusiva de motores eléctricos procedentes de la República Democrática Alemana, es la única en tener esta condición en su Estado miembro. Más aún, se le identifica en los considerandos de dicho Reglamento y se le trata, por tanto, de distinta manera que a los importadores no mencionados. Además, del artículo 7 del Reglamento nº 2176/84 se deduce que los importadores son tratados igual que los exportadores en tanto que "partes interesadas que pueden verse afectadas por el resultado del procedimiento". Por último, al tratarse de un derecho antidumping provisional, no es exacto que cuente con la posibilidad de interponer un recurso interno eficaz.

12 La cuestión de admisibilidad propuesta por la Comisión debe resolverse a la luz del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, que subordina la admisibilidad de un recurso de anulación formulado por un particular a la condición de que el acto impugnado, aunque revista la forma de un reglamento, constituya en realidad una decisión que le afecte directa e individualmente.

13 No obstante, no ha lugar a admitir el recurso formulado por un particular en la medida en que se dirige contra un Reglamento de alcance general en el sentido del párrafo 2 del artículo 189 del Tratado, debiendo buscarse el criterio de distinción entre el reglamento y la decisión, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, en si el acto en cuestión tiene o no un alcance general.

14 A este respecto, hay que señalar, en primer lugar, que los reglamentos por los que se establece un derecho antidumping tienen efectivamente, por su propia naturaleza y por su alcance, un carácter normativo, ya que se aplican a la totalidad de los operadores económicos interesados (véase la sentencia de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I, 239 y 275/82, Rec. 1984, p. 1005).

15 No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que existe la posibilidad de que determinadas disposiciones de estos reglamentos afecten directa e individualmente a aquellos productores y exportadores del producto de que se trate a los que se les imputen las prácticas de dumping utilizando datos que emanen de su actividad comercial. Éste es el caso, en general, de las empresas productoras y exportadoras que pueden demostrar que han sido identificadas en los actos de la Comisión o del Consejo o que se hayan visto involucradas en las investigaciones preparatorias (véanse las sentencias de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I, antes citada, y de 23 de mayo de 1985, Allied Corporation II, 53/83, Rec. 1985, p. 1621).

16 Sucede lo mismo para aquellos importadores afectados directamente por las comprobaciones relativas a la existencia de una práctica de dumping por el hecho de que los precios de exportación han sido establecidos en función de sus precios de reventa, y no en función de los precios de exportación practicados por los productores o por los exportadores de que se trate (véanse las sentencias de 29 de marzo de 1979, ISO, 118/77, Rec. 1979, p. 1277, y de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I, antes citada). Tal como se desprende de la letra b del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento nº 2176/84, este procedimiento de cálculo de los precios de exportación puede efectuarse sobre todo en el caso de que exista una asociación entre el exportador y el importador.

17 La demandante no pertenece a ninguna de estas dos categorías de operadores económicos, caracterizados más arriba, respecto a los cuales el Tribunal de Justicia ha reconocido el derecho al recurso directo contra los reglamentos por los que se establece un derecho antidumping. En efecto, la propia demandante reconoce en su demanda que no está asociada al exportador del producto en cuestión. Por otro lado, del Reglamento impugnado se deduce que no se ha determinado la existencia del dumping en función de sus precios de reventa, sino en función de los precios efectivamente pagados o por pagar por la exportación.

18 El hecho, alegado por la demandante, de que sea la importadora exclusiva en su Estado miembro de los motores eléctricos procedentes de la República Democrática Alemana no puede dar lugar a una apreciación diferente. En efecto, el Reglamento impugnado afecta a la demandante no en razón de ciertas cualidades que le sean particulares o de una situación de hecho que le caracterice respecto a cualquier otro sujeto, sino en razón tan sólo de su condición objetiva de importadora de los productos contemplados, del mismo modo que a cualquier otro operador que se encuentre, o que pueda encontrarse, en una situación idéntica (véase la sentencia de 14 de julio de 1983, Spijker, 231/82, Rec. 1983, p. 2559).

19 No puede tampoco acogerse la alegación de la demandante de que su participación en las fases sucesivas de la investigación efectuada por la Comisión debería entrañar la admisibilidad de su recurso, ya que la distinción entre el reglamento y la decisión no puede basarse más que en la naturaleza del propio acto y en los efectos jurídicos que produzca, y no en las modalidades de su adopción (véase la sentencia de 6 de octubre de 1982, Alusuisse, 307/81, Rec. 1982, p. 3463).

20 Esta solución se corresponde, por lo demás, con el sistema de recursos instituido por el Derecho comunitario, que legitima a los importadores, según las normas del Derecho nacional, a impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales los actos individuales adoptados por las autoridades nacionales para la aplicación de los Reglamentos comunitarios.

21 De todo lo anterior se desprende que el acto impugnado constituye para la demandante un reglamento de alcance general y no una decisión a los efectos del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado.

22 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso, mediante auto, sin entrar en el debate sobre el fondo, conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento.

Decisión sobre las costas

Costas

23 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos de la demandante, procede condenarle en costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Condenar a la demandante al pago de las costas.

Luxemburgo, a 8 de julio de 1987.