Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se ordena su devolución

[Tratado CE, art. 93 (actualmente art. 88 CE) y art. 173, párr. 5 (actualmente art. 230 CE, párr. 5, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión

[Tratado CE, arts. 38 y 92 (actualmente arts. 32 CE y 87 CE, tras su modificación), y arts. 42 y 93 (actualmente arts. 36 CE y 88 CE); Reglamentos nº 26 y (CEE) nº 797/85 del Consejo]

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión

[Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo]

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal

[Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común

[Tratado CE, arts. 93, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)]

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Alcance — Interpretación estricta

[Tratado CE, art. 92, ap. 2, letra b) (actualmente art. 87 CE, ap. 2, letra b), tras su modificación)]

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas destinadas a favorecer o a facilitar el desarrollo económico de determinadas regiones o de determinadas actividades

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letras a) y c) (actualmente art. 87 CE, ap. 3, letras a) y c), tras su modificación)]

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1. Las exigencias de seguridad jurídica, y más concretamente las que se derivan del principio relativo a la fuerza de cosa juzgada, llevan a excluir la posibilidad de que el beneficiario de una ayuda, objeto de una decisión de la Comisión adoptada con base en el artículo 93 del Tratado (actualmente artículo 88 CE), que podría haber impugnado dicha decisión y que haya dejado transcurrir el plazo imperativo establecido al respecto por el artículo 173, párrafo quinto, del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo quinto, tras su modificación), cuestione la legalidad de dicha decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de un recurso interpuesto contra las medidas de ejecución de tal decisión, adoptadas por las autoridades nacionales. Admitir que, en tales circunstancias, el interesado pueda oponerse ante el órgano jurisdiccional nacional a la ejecución de la decisión basándose en la ilegalidad de ésta sería tanto como reconocerle la facultad de obviar el carácter definitivo que frente a él tiene la decisión una vez expirados los plazos para recurrir.

Así ocurre, en particular, cuando la decisión de la Comisión dirigida al Estado miembro afectado menciona expresamente al beneficiario de la ayuda individual en cuestión y dicho Estado ha comunicado a éste la referida decisión indicándole que podía interponer un recurso de anulación contra ella.

En cambio, la situación es distinta cuando la decisión impugnada, dirigida al Estado miembro, se refiere a regímenes de ayudas destinadas a categorías de personas definidas de manera general y no a beneficiarios expresamente identificados, y esta decisión no ha sido notificada por dicho Estado miembro a ningún beneficiario de las ayudas de que se trata. En este caso, en efecto, no es manifiesto que un recurso de anulación contra la decisión impugnada interpuesto por los beneficiarios de tales ayudas habría sido admisible y, por tanto, procede considerar que son admisibles las peticiones de decisión prejudicial procedentes de un órgano jurisdiccional nacional ante el cual dichos beneficiarios impugnan la validez de la decisión y que se refieren a dicha validez.

(véanse los apartados 31 a 34)

2. De las disposiciones del artículo 42 del Tratado (actualmente artículo 36 CE) resulta que las normas sobre la competencia son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas, tal como se definen en el artículo 38 del Tratado (actualmente artículo 32 CE, tras su modificación) sólo en la medida determinada por el Consejo. Este último ha adoptado diferentes Reglamentos, entre los que se encuentran el Reglamento nº 26, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas; los Reglamentos por los que establecen organizaciones comunes de mercados, que se refieren al régimen de ayudas, y otros Reglamentos, como el Reglamento nº 797/85, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, que también se refiere a las ayudas. Por consiguiente, para apreciar si, al pronunciarse sobre las medidas de ayuda en relación con el artículo 92 del Tratado (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) y con el artículo 93 del Tratado (actualmente artículo 88 CE) la Comisión utilizó para su decisión una base jurídica correcta y era competente para adoptarla, es preciso determinar si los productos afectados por dichas medidas de ayuda son productos agrícolas en el sentido del artículo 38 del Tratado y, si es así, en qué medida están sujetos a las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado a la luz de los Reglamentos eventualmente aplicables. De hecho, únicamente los productos agrícolas no incluidos en una organización común de mercados están sometidos a las disposiciones del Tratado sobre las ayudas de Estado cuya aplicación limita el Reglamento nº 26.

(véanse los apartados 37 a 42 y 48)

3. Deben considerarse ayudas nuevas las medidas adoptadas después de la entrada en vigor del Tratado tendentes a la concesión o a la modificación de las ayudas, debiendo precisarse que las modificaciones pueden referirse bien a ayudas existentes, o bien a proyectos iniciales notificados a la Comisión. Por consiguiente, la simple mención en una Ley posterior a la entrada en vigor del Tratado de una Ley anterior a esta fecha no basta en modo alguno para acreditar que las medidas de ayuda establecidas por la primera se basan en la segunda y constituyen ayudas existentes, por cuanto la Ley a la que se hace referencia ha sido modificada y completada posteriormente.

(véanse los apartados 51 y 52)

4. Si bien hasta la adopción del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado (actualmente artículo 88 CE), la Comisión no estaba sometida a plazos específicos para el examen de las medidas de ayuda, debía, no obstante, a falta de disposiciones legales al respecto, procurar no retrasar indefinidamente el ejercicio de sus competencias con objeto de respetar la exigencia fundamental de seguridad jurídica.

(véase el apartado 61)

5. Habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que con arreglo al artículo 93 del Tratado (actualmente artículo 88 CE) efectúa la Comisión, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se conceda con observancia del procedimiento que prevé dicho artículo. En efecto, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento. Cuando se ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, de modo que es ilegal en virtud del artículo 93, apartado 3, del Tratado, el beneficiario de la ayuda no puede, en ese momento, depositar una confianza legítima en la legalidad de la concesión de dicha ayuda.

(véanse los apartados 64 y 65)

6. En el caso de ayudas que no han sido notificadas a la Comisión en fase de proyecto, ésta está obligada a invocar, en los considerandos de su decisión, al menos las circunstancias en las que se ha concedido una ayuda cuando éstas permiten demostrar que la ayuda puede afectar a los intercambios entre Estados miembros, pero no está obligada a demostrar el efecto real de las ayudas ya otorgadas. En efecto, si éste fuera el caso, dicha exigencia favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas infringiendo el deber de notificación previsto en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto.

(véase el apartado 74)

7. El artículo 92, apartado 2, letra b), del Tratado [actualmente artículo 87 CE, apartado 2, letra b), tras su modificación] dispone que las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional son compatibles con el mercado común. Al tratarse de una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, esta disposición debe ser objeto de una interpretación estricta. Únicamente pueden compensarse, en virtud de esta disposición, las desventajas causadas directamente por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. Por consiguiente, debe existir una relación directa entre los daños causados por el acontecimiento de carácter excepcional y la ayuda de Estado y es necesaria una evaluación lo más precisa posible de los daños sufridos por los productores afectados.

(véase el apartado 79)

8. Por lo que respecta a la apreciación de la validez de las ayudas en relación con las disposiciones del artículo 92, apartado 3, letras a) y c), del Tratado [actualmente artículo 87 CE, apartado 3, letras a) y c), tras su modificación], relativas a las ayudas destinadas a favorecer o a facilitar el desarrollo económico de determinadas regiones o de determinadas actividades, la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio implica valoraciones de tipo económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario. El juez comunitario, al controlar la legalidad del ejercicio de dicha libertad, no puede sustituir la apreciación de la autoridad competente en la materia por la suya propia, sino que debe limitarse a examinar si esta última apreciación incurre en un error manifiesto o en desviación de poder.

(véase el apartado 84)