Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Fumus boni iuris – Perjuicio grave e irreparable – Carácter acumulativo

(Art. 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de verificación de la Comisión – Decisión por la que se ordena una verificación o se deniega la protección del secreto profesional a documentos copiados con motivo de una verificación – Anulación por el juez comunitario – Efectos – Prohibición de que la Comisión utilice información y documentos obtenidos ilegalmente

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14, ap. 3)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e irreparable – Perjuicio derivado de una decisión de la Comisión por la que se deniega una solicitud de protección del carácter confidencial de documentos copiados con ocasión de una verificación basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17 – Inexistencia

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1. El juez de medidas provisionales sólo puede conceder las medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada, a primera vista, desde el punto de vista fáctico y jurídico (fumus boni iuris), y que son urgentes, es decir, que resulta necesario que se adopten y surtan efectos antes de que recaiga resolución en el procedimiento principal a fin de evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses del demandante. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales deben ser denegadas cuando no se dé alguno de ellos.

(véase el apartado 28)

2. En caso de que una decisión mediante la que la Comisión haya ordenado una verificación fuera anulada por el órgano jurisdiccional comunitario, la Comisión se vería impedida, por este hecho, para utilizar, a los efectos del procedimiento de infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, todos los documentos probatorios que hubiera reunido en el ámbito de esa verificación, so pena de exponerse al riesgo de que el órgano jurisdiccional comunitario anulase la decisión relativa a la infracción en la medida en que se basara en semejantes medios de prueba.

Los mismos principios son aplicables cuando la controversia verse sobre una decisión de la Comisión por la que no se concede la protección del secreto profesional respecto a uno o varios documentos y dicha decisión sea anulada por el juez comunitario.

(véanse los apartados 37 y 38)

3. La finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva, con objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que ofrece el Tribunal de Justicia. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que los intereses de la parte que solicita la protección provisional sufran un perjuicio grave e irreparable.

No cumple el requisito de urgencia una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión de tomar conocimiento de los documentos que han sido copiados con ocasión de una verificación basada en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 e introducidos en un sobre lacrado, y con respecto a los cuales una empresa sostiene que están protegidos por el secreto profesional. En efecto, habida cuenta de que, si dicha decisión fuera declarada ilegal posteriormente, la Comisión estaría obligada a excluir del expediente los documentos afectados por esa ilegalidad y le sería por tanto imposible utilizarlos como elementos de prueba, la posibilidad de su utilización ilegal en un procedimiento por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia tramitado por la Comisión es sólo de carácter teórico, y en cualquier caso poco probable.

Además, aun cuando la mera toma de conocimiento por la Comisión de las informaciones contenidas en dichos documentos, sin que se utilicen en un procedimiento por infracción de la normas comunitarias sobre la competencia, puede afectar al secreto profesional, esa circunstancia, habida cuenta de un compromiso asumido por la Comisión de no permitir a terceros el acceso a los mencionados documentos, no basta por sí sola para justificar que se cumple el requisito de la urgencia. En efecto, el perjuicio que podría resultar, en su caso, de un conocimiento más profundo de esos documentos, que los funcionarios de la Comisión ya han examinado, aunque sea sumariamente, no basta para demostrar la realidad de un perjuicio grave e irreparable, puesto que a la Comisión le está vedado utilizar las informaciones así obtenidas.

(véanse los apartados 36, 39 y 44)