Palabras clave

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Palabras clave

1 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Procedimiento contradictorio - Derechos de participación y de información de los interesados - Carácter limitado - Inexistencia de contradicción con la obligación de la Comisión de motivar su Decisión pronunciándose sobre las alegaciones fundamentales formuladas por los interesados

(Tratado CE, arts. 93, ap. 2, 190 y 214)

2 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Obligación de respetar un plazo fijo - Inexistencia - Obligación de recurrir a expertos independientes - Inexistencia

(Tratado CE, art. 93, ap. 2)

3 Procedimiento - Intervención - Motivo no formulado por la parte demandante - Inadmisibilidad

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 4; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 3]

4 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Obligación de transmitir a los demás Estados miembros las observaciones recibidas del Gobierno del Estado que haya solicitado la autorización para conceder una ayuda - Inexistencia

(Tratado CE, art. 93)

5 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites - Apreciación de la legalidad en función de los elementos de información disponibles en el momento de adoptarse la Decisión

(Tratado CE, arts. 92, ap. 3, y 173)

6 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que se autoriza una ayuda de Estado

(Tratado CE, arts. 93, ap. 2, 173 y 190)

7 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión

(Tratado CE, art. 92, ap. 3)

8 Comisión - Principio de colegialidad - Alcance - Motivación de las Decisiones - Modificación posterior a la adopción - Ilegalidad

(Tratado CE, art. 190; Tratado de fusión, art. 17)

9 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Examen de las medidas de reestructuración previstas por la empresa beneficiaria de la ayuda - Comparación con las medidas adoptadas por otras empresas del mismo sector - Falta de pertinencia

(Tratado CE, art. 92, ap. 3)

10 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas destinadas al desarrollo de un sector de actividad económica - Reestructuración de una de las tres mayores compañías aéreas de Europa

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letra c)]

11 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión relativa a la compatibilidad de una ayuda con el mercado común

(Tratado CE, arts. 92, aps. 1 y 3, y 190)

12 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Referencia al contexto comunitario - Competencia para supeditar a condiciones la Decisión de autorización de la ayuda - Utilidad jurídica y práctica de dichas condiciones - Inobservancia de las condiciones - Inexistencia de repercusión sobre la legalidad de la Decisión

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letra c)]

13 Recurso de anulación - Motivos - Motivo basado en una infracción del artículo 155 del Tratado - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 155 y 173)

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14 Los interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, lejos de poder ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia un procedimiento, sólo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto.

Pues bien, el alcance de los derechos de participación y de información de que disponen puede verse limitado de dos maneras. Por un lado, cuando un Estado miembro notifica a la Comisión un proyecto de ayuda acompañado de documentos justificativos y los servicios competentes de ésta tienen luego una serie de entrevistas con los funcionarios de aquél, el nivel de información de la Comisión puede haber llegado ya a un grado relativamente elevado que no permita que queden sino un número reducido de dudas que pueden eliminarse mediante informaciones facilitadas por los interesados. En efecto, en la medida en que se refiere a los detalles del proyecto de ayuda, a la situación económica, financiera y competitiva de la empresa beneficiaria y al funcionamiento interno de ésta, el debate entre el Estado miembro y la Comisión se lleva a cabo, necesariamente, más a fondo que el celebrado con las partes interesadas. Por consiguiente, sin dejar de facilitar a los interesados informaciones generales sobre los elementos básicos del proyecto de ayuda, la Comisión puede limitarse a centrar su Comunicación en el Diario Oficial en los puntos del proyecto sobre los cuales aún tenga algunas dudas. Por otro lado, con arreglo al artículo 214 del Tratado, la Comisión está obligada a no divulgar a los interesados informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional, tales como los datos relativos al funcionamiento interno de la empresa beneficiaria.

El carácter limitado de los derechos de participación y de información de los interesados, en la medida en que afectan únicamente al desarrollo del procedimiento administrativo, no se contradice con el deber que incumbe a la Comisión, en virtud del artículo 190 del Tratado, de proveer a su Decisión final por la que se autorice el proyecto de ayuda de una motivación suficiente que debe pronunciarse sobre todas las alegaciones fundamentales que los interesados, afectados directa e individualmente por esa Decisión, hayan formulado, ya sea espontáneamente o a consecuencia de las informaciones comunicadas por la Comisión. Así pues, aun suponiendo que la Comisión pueda válidamente preferir utilizar otras fuentes de información y reducir de ese modo la importancia de la participación de los interesados, ello no la dispensa de motivar debidamente su Decisión.

15 Ningún texto del Tratado ni de la legislación comunitaria prevé que las Decisiones en materia de ayudas de Estado, adoptadas al término del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, deben respetar un plazo fijo. Incluso suponiendo que la Comisión actúe con demasiada precipitación y no se conceda tiempo suficiente para examinar el proyecto objeto de litigio, tal comportamiento no puede justificar, por sí solo, la anulación de la Decisión por la que se autoriza esa ayuda. Una anulación requeriría más bien que dicho comportamiento constituyese una violación de normas específicas de procedimiento, del deber de motivación o de la legalidad interna de la Decisión impugnada.

Por otra parte, ninguna disposición del Tratado ni de la legislación comunitaria impone a la Comisión la obligación de recurrir a expertos independientes para elaborar una Decisión en materia de ayudas de Estado.

16 Dado que, en virtud del apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las partes coadyuvantes deben aceptar el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención, y que, en virtud del párrafo cuarto del artículo 37 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, las pretensiones de su demanda de intervención no pueden tener otro objeto que apoyar las pretensiones de una de las partes principales, una parte coadyuvante, no está legitimada para formular un motivo no invocado por la parte demandante.

17 El texto del artículo 93 del Tratado no obliga a la Comisión a transmitir a los demás Estados miembros las observaciones que haya recibido del Gobierno del Estado que solicite la autorización para conceder una ayuda. Por el contrario, del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado se desprende que los otros Estados miembros sólo están implicados en un expediente de ayuda específica en caso de que ese expediente, a petición del Estado interesado, sea presentado ante el Consejo.

18 La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación en la aplicación del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Dado que dicha facultad discrecional implica apreciaciones complejas de orden económico y social, el control jurisdiccional de una Decisión adoptada en ese marco debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de esos hechos o la inexistencia de desviación de poder.

A este respecto, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado y no puede depender de consideraciones retrospectivas sobre su grado de eficacia. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones.

19 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y que el Juez comunitario pueda ejercer su control. La cuestión de si la motivación de una Decisión cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Si bien la Comisión no está obligada a responder, en la motivación de una Decisión, a todos los puntos de hecho y de Derecho invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo, debe tener en cuenta todas las circunstancias y todos los elementos pertinentes del caso.

En lo que respecta a una Decisión por la que se autoriza una ayuda de Estado, pueden considerarse interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, y procede estimar que, como tal, resultan directa e individualmente afectadas por la Decisión, las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, es decir, en particular, las empresas competidoras y las organizaciones profesionales.

Dado que la exigencia de motivación debe apreciarse en función, principalmente, del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por la Decisión, en el sentido del artículo 173 del Tratado, puedan tener en recibir explicaciones, no puede determinarse en función del interés, por parte únicamente del Estado miembro al que vaya dirigida dicha Decisión, en recibir información. En efecto, en el supuesto de que un Estado miembro haya obtenido de la Comisión lo que solicitaba, a saber, la autorización de su proyecto de ayuda, su interés en que se le dirija una Decisión motivada, a diferencia del de los competidores del beneficiario de la ayuda, tiene que verse necesariamente muy reducido, en particular cuando ha recibido suficiente información durante las negociaciones con la Comisión y especialmente a través de la correspondencia intercambiada con ésta antes de la adopción de la Decisión de autorización.

20 Teniendo en cuenta que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y según una práctica administrativa asimismo reiterada de la Comisión, por un lado, una inversión dedicada a una modernización normal destinada a mantener la competitividad de una empresa debe financiarse con los recursos propios de la empresa, y no mediante una ayuda estatal y, por otro lado, una inversión cuyo objetivo sea la renovación y la modernización tecnológica de una línea de producción, que debe tener lugar periódicamente, no puede considerarse que esté destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, la Comisión debe, en respuesta a las observaciones hechas durante el procedimiento administrativo por las partes interesadas con respecto a un proyecto de ayuda específico y relativas a la jurisprudencia y práctica administrativa referidas, facilitar indicaciones precisas sobre la cuestión de si se considera que se cumplen los criterios establecidos por dichas jurisprudencia y práctica o si, por motivos específicos, procede no aplicarlos.

21 La parte dispositiva y la motivación de una Decisión, que debe ser obligatoriamente motivada en virtud del artículo 190 del Tratado, constituyen un todo indivisible, y corresponde únicamente a la Junta de Comisarios, según el principio de colegialidad, adoptar tanto una como otra, por lo que cualquier modificación de los motivos que exceda de una adaptación puramente ortográfica o gramatical es competencia exclusiva de dicha Junta.

22 En materia de ayudas de Estado, si bien no es posible excluir que la Comisión pueda comparar las medidas de reestructuración previstas por la empresa beneficiaria con las adoptadas por otras empresas del mismo sector económico, no es menos cierto que la reestructuración de una empresa debe enfocarse en sus problemas intrínsecos y que las experiencias que hayan tenido otras empresas en otros períodos, en contextos económicos y políticos distintos, pueden no ser pertinentes.

23 La Comisión puede legítimamente considerar que una verdadera reestructuración de una de las tres mayores compañías aéreas de Europa, que disfruta de una ayuda de Estado, produce el efecto de favorecer el desarrollo económico del sector de la aviación civil europea.

24 Las indicaciones sobre la situación de los mercados de que se trata, especialmente la posición de la empresa beneficiaria de una ayuda y la de las empresas competidoras, constituyen un elemento esencial de la motivación de una Decisión relativa a la compatibilidad de un proyecto de ayuda con el mercado común, en el sentido del artículo 92 del Tratado, tanto cuando la Decisión haya sido adoptada con arreglo al apartado 1 de dicho artículo como cuando lo haya sido en el marco de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo en lo que respecta a la cuestión de si la ayuda altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

25 Las apreciaciones económicas en la aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, con respecto a las cuales la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, deben efectuarse en un contexto comunitario, lo que significa que la Comisión tiene la obligación de examinar el impacto de una ayuda en la competencia y el comercio intracomunitario.

Para apreciar si una ayuda altera las condiciones de los intercambios de una forma contraria al interés común, es necesario examinar, especialmente, si no existe un desequilibrio entre, por un lado, las cargas que van a sufrir las empresas interesadas y, por otro lado, los beneficios resultantes de la concesión de la ayuda de que se trate. Incumbe a la Comisión, en el marco de su examen del impacto de una ayuda de Estado, ponderar los efectos beneficiosos de la ayuda con sus efectos negativos sobre las condiciones de los intercambios y sobre el mantenimiento de una competencia no falseada.

La Comisión es competente en principio para supeditar una Decisión por la que se autoriza una ayuda en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado a condiciones destinadas a garantizar que la ayuda autorizada no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

La utilidad jurídica y práctica de tales condiciones de autorización reside en que, si la empresa beneficiaria no las respetase, correspondería al Estado miembro en cuestión velar por el cumplimiento de la Decisión de autorización y a la Comisión apreciar si procedía reclamar la devolución de la ayuda. Si el Estado no respeta las condiciones a las que la obligación supedita una Decisión de aprobación de una ayuda, la Comisión puede, en virtud del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, recurrir inmediatamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Tratado.

Teniendo en cuenta este sistema de funcionamiento de las condiciones en las que se basa una Decisión por la que se autoriza una ayuda, la mera afirmación de que no se cumplirá alguna de esas condiciones no puede cuestionar la legalidad misma de dicha Decisión. En efecto, en general, la legalidad de un acto comunitario no puede depender de eventuales posibilidades de soslayarlo, ni de consideraciones retrospectivas sobre su nivel de eficacia.

26 Dado que el artículo 155 del Tratado tiene por objeto fijar, de manera general, las competencias de la Comisión, no se puede pretender que, cada vez que la Comisión infrinja una disposición específica del Tratado, esa infracción acarree la de la disposición general del artículo 155 del Tratado.