Para determinar una «ventaja» en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, en caso de aportación de capital, se ha de apreciar si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables a las de una autoridad pública habría podido llegar a realizar aportaciones de capital de la misma cuantía, habida cuenta, en especial, de las informaciones disponibles y de la evolución previsible en la fecha en que se realizaron tales aportaciones. Para determinar si el Estado adoptó o no el comportamiento de un inversor prudente en una economía de mercado, es preciso volver a situarse en el contexto de la época en que se adoptaron las medidas de apoyo financiero, absteniéndose, pues, de toda apreciación basada en una situación posterior.

Esos principios son aplicables en el supuesto de que el Estado, tras haber decidido suscribir una aportación de capital emitido por una empresa, sometida a ciertas condiciones de amortización, acepta modificarlas. En esas circunstancias puede haberse concedido una ayuda de Estado tanto mediante la aportación de capital como mediante la modificación de esas condiciones de amortización.

En lo referente al análisis por la Comisión de la racionalidad económica del comportamiento del Estado, no cabe que la Comisión eluda su obligación de examinar la racionalidad económica de la modificación de las condiciones de amortización a la luz del criterio del inversor privado por el solo motivo de que la aportación de capital que es objeto de amortización ya constituye por sí misma una ayuda de Estado. En efecto, únicamente al término de ese examen, que presupone, en particular, comparar las condiciones de amortización iniciales con las modificadas, podrá la Comisión concluir si existe o no una ventaja adicional a efectos del artículo 87 CE, apartado 1.

A efectos de ese examen, la Comisión estaba obligada a considerar todos los aspectos pertinentes y, en especial, los derivados de las condiciones iniciales de amortización y de las condiciones modificadas. En ese contexto, el criterio que se limita a apreciar que la modificación de las condiciones de amortización de la aportación de capital constituía una ayuda de Estado, sin examinar previamente la cuestión de si la modificación realizada confería una ventaja que un inversor privado situado en la misma posición que el Estado no habría aceptado, no puede bastar para calificar una ayuda en relación con el artículo 87 CE, apartado 1. Ese criterio no puede hacer total abstracción tanto de la opción, y no el derecho, del Estado a la amortización según las condiciones iniciales como de la racionalidad económica que puede explicar la modificación realizada.

Por consiguiente, la Comisión vulnera el concepto de ayuda al dejar de apreciar si, al aceptar la modificación de las condiciones de amortización, el Estado había actuado como lo habría hecho un inversor privado situado en una posición similar, en especial debido al hecho de que el Estado podía obtener la amortización anticipada y disponía con esa ocasión de mayor certeza de percibir una remuneración satisfactoria teniendo en cuenta las condiciones de mercado existentes en ese momento.

(véanse los apartados 97 a 99, 110, 111, 118 y 125)