Palabras clave

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Palabras clave

1 Política social - Fondo Social Europeo - Ayuda para financiar acciones de formación profesional - Decisión de reducir una ayuda inicialmente concedida - Derecho de defensa de las empresas afectadas

2 Política social - Fondo Social Europeo - Ayuda para financiar acciones de formación profesional - Decisión de reducir una ayuda inicialmente concedida - Obligación de la Comisión - Observancia de un plazo razonable

3 Política social - Fondo Social Europeo - Ayuda para financiar acciones de formación profesional - Decisión de reducir una ayuda inicialmente concedida - Obligación de la Comisión de dar a las autoridades nacionales la oportunidad de formular sus observaciones - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2950/83 del Consejo, art. 6, ap. 1]

4 Política social - Fondo Social Europeo - Ayuda para financiar acciones de formación profesional - Certificación por los Estados miembros de la exactitud fáctica y contable de las solicitudes de pago del saldo - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2950/83 del Consejo, art. 5, ap. 4, arts. 6 y 7; Decisión 83/516/CEE del Consejo, art. 2, ap. 2; Decisión 83/673/CEE de la Comisión, art. 7]

5 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que, a propuesta de un Estado miembro, se reduce la ayuda del Fondo Social Europeo para una acción de formación profesional

(Tratado CE, art. 190)

6 Política social - Fondo Social Europeo - Ayuda para financiar acciones de formación profesional - Decisión de la Comisión basada en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 2950/83 - Valoración de situaciones fácticas y contables complejas - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CEE) nº 2950/83 del Consejo, art. 6, ap. 1]

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1 Dado que el derecho de defensa del beneficiario de una ayuda del Fondo Social Europeo debe respetarse cuando la Comisión reduce dicha ayuda, esa Institución, que asume sola, ante el beneficiario de la ayuda, la responsabilidad jurídica de las decisiones de reducir dicha ayuda, no puede adoptar una decisión de este tipo sin haber dado previamente al beneficiario la posibilidad, o haberse asegurado de que éste disponía de ella, de expresar adecuadamente su punto de vista sobre la reducción prevista.

2 El carácter razonable del plazo transcurrido entre la presentación de una solicitud de pago del saldo por el beneficiario de una ayuda financiera del Fondo Social Europeo y la adopción por la Comisión de una decisión sobre dicha solicitud se aprecia en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto en que se inscribe, de las diferentes fases del procedimiento seguido, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas.

3 La Comisión cumple su obligación de consultar al Estado miembro antes de adoptar una decisión de reducir la ayuda financiera del Fondo Social Europeo concedida inicialmente cuando la decisión de reducir la ayuda ha sido precedida de un intercambio de cartas entre la Comisión y las autoridades nacionales, que presentaron sus observaciones antes de que se adoptase una decisión definitiva.

4 La certificación de determinados gastos contenidos en las solicitudes de pago del saldo de una ayuda financiera, efectuada por un Estado miembro, no le exime de las restantes obligaciones que le impone la legislación comunitaria aplicable. En efecto, el Estado miembro está sujeto a las obligaciones de garantizar el buen fin de las acciones financiadas por el Fondo Social Europeo y de denunciar toda sospecha de irregularidad, obligaciones derivadas, respectivamente, del apartado 2 del artículo 2 de la Decisión 83/516, sobre las funciones del Fondo Social Europeo, y del artículo 7 de la Decisión 83/673, relativa a la gestión del Fondo. Dado que el cumplimiento de las mencionadas obligaciones no está sujeto a la observancia de plazo alguno, dichas obligaciones se imponen a las autoridades nacionales en tanto la Comisión no haya adoptado una decisión definitiva sobre el saldo de la ayuda. Por otra parte, de los artículos 6 y 7 del Reglamento nº 2950/83, sobre aplicación de la Decisión 83/516, se desprende que debe considerarse al Estado miembro como el interlocutor privilegiado de la Comisión en el marco de la gestión del Fondo Social Europeo.

Por otro lado, el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comisión de reducir una ayuda comunitaria en el marco del Fondo Social Europeo no puede estar condicionado por la certificación a que se refiere el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento nº 2950/83. Por consiguiente, la certificación a que se refiere el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento nº 2950/83 es, por naturaleza, una operación que las autoridades nacionales efectúan con todas las reservas. En defecto de tal interpretación, resultaría afectada la eficacia de la obligación que tienen las autoridades nacionales de denunciar las irregularidades que comprueben en la gestión del Fondo Social Europeo.

5 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado ha de reflejar clara e inequívocamente el razonamiento de la Institución de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control. El alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Cuando la Comisión confirma pura y simplemente la propuesta de un Estado miembro de reducir una ayuda financiera del Fondo Social Europeo concedida inicialmente, una decisión de la primera puede considerarse debidamente motivada, bien porque en ella se ponen de manifiesto con claridad los motivos que justifican la reducción de la ayuda, o bien, a falta de lo anterior, cuando la decisión se remite con suficiente claridad a un acto de las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de que se trate en el que éstas expongan claramente los motivos de dicha reducción.

6 El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento nº 2950/83, sobre aplicación de la Decisión 83/516 relativa a las funciones del Fondo Social Europeo, dispone que cuando una ayuda del Fondo Social Europeo no sea utilizada con arreglo a las condiciones fijadas en la decisión de aprobación, la Comisión podrá suspender, reducir o suprimir la ayuda, y la aplicación de esa norma puede implicar la necesidad de que la Comisión valore situaciones fácticas y contables complejas. Así pues, en el contexto de una valoración de este tipo, la Comisión debe poder disponer de una amplia facultad de apreciación. Por consiguiente, en el marco del examen de la legalidad del ejercicio de tal competencia, el Juez comunitario debe circunscribir su control a comprobar que la Comisión no haya incurrido en error manifiesto de apreciación de los datos de que se trata.