Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2001. - X contra Banco Central Europeo. - Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Competencia del Tribunal de Primera Instancia - Legalidad de las condiciones de empleo - Derechos de defensa - Despido - Acoso - Utilización abusiva de Internet. - Asunto T-333/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página II-03021

página IA-00199

página II-00921



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Recurso - Competencia del Tribunal de Primera Instancia

(Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, art. 36.2)

2. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Recurso - Objeto - Orden conminatoria dirigida a la Administración - Inadmisibilidad - Litigio de carácter pecuniario - Competencia jurisdiccional plena

(Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 42)

3. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Naturaleza de la relación laboral - Contractual y no estatutaria

4. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Competencia del Consejo de Gobierno para establecer un régimen disciplinario

(Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, art. 36.1)

5. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Obligación de comportamiento establecida en el artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación - Obligación exigible incluso a falta de estipulación expresa en el contrato de trabajo

[Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 4, letra a)]

6. Derecho comunitario - Ejercicio de sus facultades de ejecución por parte de las instituciones - Delegación - Límites

7. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Condiciones de contratación - Determinación de las normas de ejecución - Delegación de facultades del Consejo de Gobierno al Comité Ejecutivo del Banco - Procedencia

(Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, art. 12.3; Reglamento interno del Banco Central Europeo, art. 21.3)

8. Funcionarios - Recursos - Reclamación administrativa previa - Autoridad competente para conocer de las reclamaciones contra las decisiones de la junta de miembros de una institución o de un organismo - Miembro de la junta que decide individualmente - Exclusión

9. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Procedimiento administrativo previo - Decisiones del Comité Ejecutivo - Exclusión

(Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 43)

10. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Régimen disciplinario - Principio non bis in idem - Necesidad de respetar dicho principio aunque no exista una norma escrita - Suspensión de un empleado con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación - Medida provisional y por tanto irrelevante para la aplicación de dicho principio

(Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 44)

11. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Régimen disciplinario - Respeto del derecho de defensa - Obligación de informar al empleado de las imputaciones formuladas contra él - Necesidad de respetar dicha obligación aunque no exista una norma escrita

(Estatuto de los Funcionarios, art. 87; condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 43)

12. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Régimen disciplinario - Respeto del derecho de defensa - Obligación de oír al interesado antes de imponerle la suspensión prevista en el artículo 44 de las condiciones de contratación - Límites

(Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 44)

13. Funcionarios - Empleados del Banco Central Europeo - Régimen disciplinario - Sanción - Principio de proporcionalidad - Concepto - Facultad de apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos - Control jurisdiccional - Límites

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 86 a 89; condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo)

Índice

1. El Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de los litigios entre el Banco Central Europeo y sus empleados, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.2 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

En efecto, debe interpretarse que la expresión «Tribunal de Justicia» que figura en dicha disposición designa al órgano jurisdiccional comunitario como conjunto en el sentido del artículo 7 CE y que por consiguiente incluye al Tribunal de Primera Instancia. Si bien es cierto que el artículo 36.2 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo forma parte de un Protocolo que se adoptó en el ámbito del Tratado de Maastricht y que constituye por tanto una disposición de Derecho primario, el significado de los términos jurídicos empleados en dicha disposición ha de interpretarse, en caso de duda, a la luz de todas las normas jurídicas pertinentes que estaban en vigor en el momento en que se adoptó, en la medida en que ello permita evitar una contradicción con un principio fundamental del Derecho comunitario, como es el principio de igualdad de trato. Pues bien, si se quisiera interpretar dicha disposición de manera que los recursos interpuestos por determinados agentes de determinadas instituciones u órganos -en el presente asunto, por agentes del Banco Central Europeo contra el Banco Central Europeo- quedaran excluidos del sistema de protección jurisdiccional reforzada establecido por la Decisión 88/591, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, para el mismo tipo de contenciosos, esta ruptura del sistema general de protección jurisdiccional, que no está justificada objetivamente, violaría el principio de igualdad de trato y por tanto un principio fundamental del Derecho comunitario.

( véanse los apartados 38, 40 y 41 )

2. Se deduce del artículo 42 de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo que la competencia de Tribunal de Primera Instancia para conocer de un litigio entre el Banco y alguno de sus empleados o antiguos empleados está limitada al examen de la legalidad de la medida o decisión, salvo que el litigio sea de carácter pecuniario, en cuyo caso el Tribunal de Primera Instancia tiene competencia jurisdiccional plena.

Así pues, debe declararse inadmisible la pretensión del demandante de que el Tribunal de Primera Instancia condene al Banco a seguir empleándolo. Por tener manifiestamente carácter pecuniario, debe declararse admisible la pretensión del demandante de que el Tribunal de Primera Instancia condene al Banco a abonarle las cantidades deducidas de su sueldo con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación.

( véanse los apartados 47, 48 y 51 )

3. La relación laboral entre el Banco Central Europeo y sus empleados no es de carácter estatutario sino contractual.

( véase el apartado 61 )

4. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo podía establecer, con arreglo al artículo 36.1 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, un régimen disciplinario en las condiciones de contratación del personal que le permitiera, en particular, en caso de incumplimiento por uno de sus empleados de las obligaciones que le incumben en virtud de su contrato de trabajo, adoptar las medidas necesarias a la luz de las responsabilidades y de los objetivos que se le han asignado.

( véase el apartados 63 )

5. Una obligación de comportamiento, tal como la que se establece en el artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, constituye una aplicación elemental del principio común a los Derechos de la gran mayoría de los Estados miembros, con arreglo al cual los contratos, y en particular los contratos de trabajo, deben cumplirse de buena fe. Debido a su alcance fundamental, su existencia es tan evidente que se aplica de manera manifiesta, incluso a falta de estipulación expresa en el contrato de trabajo.

( véase el apartado 83 )

6. En Derecho comunitario, las delegaciones de las facultades de ejecución son lícitas, a condición de que no las prohíba formalmente ningún texto.

( véase el apartado 102 )

7. La delegación al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo de la facultad de determinar las normas de ejecución de las condiciones de contratación del personal del Banco, efectuada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en el artículo 21.3 del Reglamento interno del Banco, es lícita.

En efecto, por una parte, no hay ningún texto que prohíba formalmente la delegación de que se trata, y en Derecho comunitario las delegaciones de las facultades de ejecución son lícitas a condición de que no las prohíba formalmente ningún texto. Por otra parte, el artículo 12.3 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo -texto de Derecho primario- atribuye competencia al Consejo de Gobierno para adoptar un Reglamento interno que determine la organización interna del Banco Central Europeo, lo que implica la facultad de delegar a tal fin el establecimiento de las condiciones de contratación del personal.

( véanse los apartado 102 a 104 )

8. Aunque se admita que el miembro de una institución que haya adoptado, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, una decisión que perjudique a un empleado no está obligado a abstenerse de participar en la deliberación de la junta de miembros de dicha institución sobre la reclamación presentada por el empleado contra la decisión de que se trate, no cabe admitir que un miembro de una institución o de un organismo como el Banco Central Europeo sea el único que pueda pronunciarse sobre una reclamación dirigida contra una decisión que haya adoptado la junta de miembros de dicha institución o de dicho organismo, por tanto, que él solo pueda apreciar las imputaciones presentadas contra una decisión colegiada en la que haya participado.

( véase el apartado 138 )

9. Según la lógica del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, no existe ninguna autoridad con competencia para conocer del procedimiento administrativo previo en dos etapas que establece el artículo 41 de las condiciones de contratación dirigido contra las decisiones del Comité Ejecutivo del Banco. Por tanto, dichas decisiones no pueden ser objeto del procedimiento que define dicho artículo, aunque éste no contiene ninguna indicación al respecto. Esta falta de procedimiento administrativo previo se compensa por el hecho de que, con arreglo al artículo 43 de las condiciones de contratación, las decisiones de que se trata se adoptan al término de un procedimiento contradictorio, de manera que los empleados afectados han tenido ocasión de manifestar su posición sobre las imputaciones que se formulan contra ellos.

( véanse los apartados 143 a 145 )

10. El principio non bis in idem constituye un principio general de Derecho comunitario que se aplica independientemente de todo texto. Resulta aplicable, por tanto, a los procedimientos disciplinarios abiertos en el Banco Central Europeo, aunque las condiciones de contratación del Banco no incluyan ninguna disposición que exija respetar dicho principio, en contraposición al Estatuto de los Funcionarios, que establece en su artículo 86, apartado 3, que «no podrá imponerse más de una sanción disciplinaria por una misma falta».

La medida de suspensión prevista en el artículo 44, párrafo tercero, de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, que se inspira en el artículo 88, párrafo cuarto, del Estatuto de los Funcionarios, tiene carácter provisional y no se ha de tener en cuenta para aplicar dicho principio.

( véanse los apartados 149 y 151 )

11. La exigencia de que el funcionario sea informado previamente de las imputaciones que se formulan en su contra y disponga de un plazo razonable para preparar su defensa se aplica también, mutatis mutandis, incluso a falta de normas en este sentido en el Reglamento del personal, al empleado del Banco Central Europeo que sea objeto de un procedimiento disciplinario, y máxime cuando el artículo 43 de las condiciones de contratación del personal del Banco establece, de forma análoga al artículo 87 del Estatuto de los Funcionarios, que «dicho procedimiento debe garantizar que no se imponga a ningún empleado medida disciplinaria alguna sin brindarle la oportunidad de responder a las imputaciones formuladas previamente contra él».

( véanse los apartados 176 y 177 )

12. El respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna norma expresa que así lo disponga.

Una decisión de suspensión de un empleado del Banco Central Europeo adoptada en virtud del artículo 44 de las condiciones de contratación del personal del Banco constituye un acto lesivo y debe adoptarse respetando los derechos de defensa. Salvo en circunstancias especiales debidamente acreditadas, una decisión de suspensión tan sólo puede adoptarse después de haber ofrecido al empleado la posibilidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los cargos que se le imputan, cargos en los que la autoridad competente tiene la intención de fundamentar dicha decisión. Sólo en circunstancias especiales podrá resultar imposible en la práctica, o incompatible con el interés del servicio, proceder a una audiencia previa antes de adoptar la decisión de suspensión. En tales circunstancias, las exigencias derivadas del principio de respeto de los derechos de defensa pueden satisfacerse dando audiencia al empleado interesado a la mayor brevedad posible con posterioridad a la decisión de suspensión.

( véase el apartado 183 )

13. La aplicación en materia disciplinaria del principio de proporcionalidad entraña dos aspectos. Por una parte, la elección de la sanción adecuada corresponde a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, cuando se demuestre la realidad de los hechos imputados al agente, y el juez comunitario no puede censurar esta elección, a menos que la sanción impuesta sea desproporcionada con respecto a los hechos reprochados al funcionario. Por otra parte, la determinación de la sanción se basa en una evaluación global por parte de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de todos los hechos concretos y circunstancias propias del caso específico, al no preverse en los artículos 86 a 89 del Estatuto de los Funcionarios -ni, en lo que a sus empleados se refiere, en las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo- relaciones fijas entre las sanciones disciplinarias establecidas y las diferentes clases de incumplimientos cometidos por los funcionarios, y al no precisarse en qué medida la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes debe tenerse en cuenta en la elección de la sanción. Por tanto, el examen del juez comunitario se limita a dilucidar si la ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes realizada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se efectuó de modo proporcionado, sin que dicho juez pueda sustituir a esta autoridad en cuanto a los juicios de valor que la misma haya efectuado al respecto.

( véase el apartado 221 )

Partes

En el asunto T-333/99,

X, con domicilio en Frankfurt am Main (Alemania), representado por el Sr. N. Pflüger y las Sras. R. Steiner y S. Mittländer, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Banco Central Europeo, representado por las Sras. C. Zilioli y V. Saintot, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. B. Wägenbaur, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo de 9 de noviembre de 1999 de mantener la suspensión del demandante y de deducir la mitad de su sueldo base y de la decisión de 18 de noviembre de 1999 de despedir al demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente de Sala, K. Lenaerts y M. Jaeger, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de febrero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

1 El Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que figura como anexo al Tratado CE (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC»), incluye, entre otras, las disposiciones siguientes:

«Artículo 12

[...]

12.3. El Consejo de Gobierno adoptará el reglamento interno que determinará la organización interna del BCE y de sus órganos rectores.

[...]

Artículo 36

Personal

36.1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité Ejecutivo, establecerá las condiciones de contratación del personal del BCE.

36.2. El Tribunal de Justicia tendrá jurisdicción en cualquier litigio entre el BCE y sus empleados, dentro de los límites y con arreglo a las condiciones que establezcan las condiciones de empleo.»

2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, el Consejo de Gobierno adoptó las Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank (condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo; en lo sucesivo, «las condiciones de contratación»), que establecen en la versión aplicable a los hechos litigiosos en particular:

«4. a) Los empleados del BCE han de cumplir sus obligaciones en conciencia y sin tener en cuenta sus intereses personales. Deberán guardar una actitud conforme con sus funciones y con la condición de Institución comunitaria del BCE.

[...]

9. a) Las relaciones laborales entre el BCE y sus empleados se rigen por los contratos de trabajo de conformidad con las presentes condiciones de contratación. Las Staff Rules (normas aplicables al personal; en lo sucesivo, "Reglamento del personal") que adopte el Comité Ejecutivo precisarán las presentes condiciones de contratación.

[...]

c) Las condiciones de contratación no se rigen por ningún Derecho nacional específico. El BCE ha de aplicar i) los principios generales del Derecho comunes a los Estados miembros, ii) los principios generales del Derecho comunitario (CE) y iii) las normas que contienen los Reglamentos y Directivas (CE) sobre política social dirigidos a los Estados miembros. El BCE ha de aplicar dichos actos jurídicos siempre que sea necesario. Tendrá en cuenta las recomendaciones (CE) en materia de política social. Al interpretar los derechos y obligaciones que establecen las presentes condiciones de contratación, se tendrán en cuenta los principios obligatorios que consagran los Reglamentos, normas y jurisprudencia aplicables al personal de las Instituciones comunitarias.

10. a) Los contratos de trabajo entre el BCE y sus empleados tomarán la forma de cartas de contratación visadas por éstos. Las cartas de contratación han de incluir los elementos del contrato que precisa la Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991 [...]

[...]

11. a) El BCE puede poner fin a los contratos de trabajo celebrados con sus empleados mediante una decisión motivada del Comité Ejecutivo con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento del personal y por los motivos siguientes:

i) En caso de rendimiento insatisfactorio continuado. El BCE podrá obtener por este motivo la resolución del contrato mediante un período de preaviso de tres meses y el pago de una indemnización por despido de un mes de sueldo por año de servicio completo, hasta un máximo de doce meses. El Comité Ejecutivo podrá dispensar de servicio al empleado durante su período de preaviso.

ii) En caso de reducción de la plantilla [...]

iii) Por motivos disciplinarios.

[...]

41. Con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento del personal, los empleados podrán presentar a la administración quejas y reclamaciones para que sean examinadas con carácter precontencioso, y esta última las examinará analizando la coherencia de las decisiones adoptadas en cada caso concreto con la política de personal y las condiciones de empleo del BCE. Los empleados que no estuvieran conformes con el resultado del procedimiento de examen precontencioso podrán recurrir al procedimiento de reclamación previsto en el Reglamento del personal.

Los procedimientos que se acaban de mencionar no podrán utilizarse para impugnar:

i) las decisiones del Consejo de Gobierno o las directrices internas del BCE, incluidas las directrices formuladas en las condiciones de contratación o en el Reglamento del personal;

ii) las decisiones para las que existan procedimientos de recurso específicos, o

iii) las decisiones de no confirmar el nombramiento definitivo de empleados en período de prácticas.

42. Una vez agotados los procedimientos internos disponibles, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para resolver los litigios que se susciten entre el BCE y sus empleados, o antiguos empleados a quienes se apliquen las presentes condiciones de contratación.

La competencia mencionada quedará limitada al examen de la legalidad de la medida o decisión, salvo que el litigio sea de carácter pecuniario, en cuyo caso el Tribunal de Justicia tendrá competencia jurisdiccional plena.

43. Se podrán adoptar, según los casos, las siguientes medidas disciplinarias contra los empleados que incumplan sus obligaciones con el BCE:

i) el Comité Ejecutivo podrá dirigir una amonestación por escrito;

ii) el Comité Ejecutivo puede imponer:

- una reducción temporal de sueldo;

- un descenso de grado o un cambio de destino del empleado dentro del BCE;

- una reducción definitiva de sueldo;

- el despido.

Las medidas disciplinarias han de ser proporcionadas a la gravedad de las faltas de disciplina y los motivos en los que se basen han de especificarse. Deben adoptarse con arreglo al procedimiento que establece el Reglamento del personal. Dicho procedimiento debe garantizar que no se imponga a ningún empleado medida disciplinaria alguna sin brindarle la oportunidad de responder a las imputaciones formuladas previamente contra él.

44. En caso de que la dirección del BCE considere que un empleado ha incurrido en falta grave, tanto contra sus obligaciones profesionales como en el caso de una presunta infracción penal, el Comité Ejecutivo podrá acordar inmediatamente la suspensión de funciones del interesado.

La decisión deberá precisar si el interesado conserva la totalidad de su sueldo base durante el período de suspensión o si se deducirá una parte del mismo. En este último supuesto, la parte deducida no podrá exceder de la mitad del sueldo base del empleado.

Si en el plazo de cuatro meses a partir de la suspensión no se hubiere llegado a una resolución definitiva o a una medida que no sea una amonestación por escrito, el empleado tendrá derecho a la devolución de las cantidades deducidas de su sueldo.

Sin embargo, cuando el empleado fuere objeto de un proceso penal por los mismos hechos sólo se adoptará una decisión definitiva cuando se haya pronunciado resolución firme por el tribunal competente.

45. Un Comité de personal, cuyo miembros se elegirán mediante votación secreta, representará los intereses generales de todos los empleados en lo que se refiere a los contratos de trabajo; normas y retribución aplicables al personal; condiciones de empleo, de trabajo y de seguridad e higiene en el BCE; cobertura social y regímenes de pensiones.

46. Se consultará al Comité de personal antes de llevar a cabo modificación alguna en las condiciones de contratación, en el Reglamento del personal y en todas las cuestiones relacionadas con ellos, tal como se han determinado anteriormente en el artículo 45.

47. En caso de litigio de carácter individual, el empleado tendrá derecho a que le asista un representante del personal en los procedimientos internos.»

3 Conforme a lo previsto en el artículo 12.3 de los Estatutos del SEBC, el Consejo de Gobierno adoptó el Reglamento interno del BCE (DO 1999, L 125, p. 34), que establece en particular:

«Artículo 11

Personal del BCE

[...]

11.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 47 de los Estatutos, el Comité Ejecutivo promulgará normas organizativas (en lo sucesivo denominadas "circulares administrativas"), que serán de obligado cumplimiento para el personal del BCE.

[...]

Artículo 21

Condiciones de contratación

21.1. La relación laboral entre el BCE y su personal estará regulada por las condiciones de contratación y el Reglamento del personal.

21.2. Las condiciones de contratación serán aprobadas y modificadas por el Consejo de gobierno a propuesta del Comité Ejecutivo. Se consultará al Consejo general con arreglo al procedimiento establecido en el presente Reglamento interno.

21.3. Las condiciones de contratación se aplicarán mediante el Reglamento del personal, cuya aprobación y modificación corresponderá al Comité Ejecutivo.

21.4. Antes de aprobar unas nuevas condiciones de contratación o un nuevo Reglamento del personal, se consultará al Comité de personal, cuya opinión se someterá al Consejo de gobierno o al Comité Ejecutivo.»

4 Con arreglo al artículo 21.3 del Reglamento interno del BCE y del artículo 9, letra a), de las condiciones de contratación, el Comité Ejecutivo del BCE promulgó las European Central Bank Staff Rules (en lo sucesivo, «Reglamento del personal»), que establecen en particular:

«8.3.2. Cuando el Comité Ejecutivo decida despedir a un empleado, dicho despido surtirá efectos el día de la suspensión. El empleado afectado conservará las cantidades que se le hayan abonado durante el período de suspensión.»

5 El BCE adoptó el 12 de noviembre de 1998 la circular administrativa nº 11/98, titulada «ECB Internet Usage Policy» (en lo sucesivo, «circular nº 11/98») por la que se determinan las normas sobre la utilización por el personal de los ordenadores que permiten conectarse a Internet, así como recibir y enviar correo electrónico, que establece en particular:

«3.1. El BCE pone a disposición de sus empleados accesos a Internet en interés del servicio.»

Hechos que originaron el litigio

6 El demandante, que había estado empleado en el Instituto Monetario Europeo (IME), se incorporó al servicio del BCE el 1 de julio de 1998. Fue destinado a los archivos del BCE, donde ocupó un puesto de documentalista. Su puesto de trabajo estaba dotado de un ordenador que, como todos los demás ordenadores del BCE, estaba conectado con un servidor central. En noviembre de 1998, se equipó el ordenador del demandante de forma que pudiera conectarse a Internet, así como recibir y enviar correo electrónico.

7 En agosto de 1999, a raíz de una protesta formulada por uno de los colegas de trabajo del demandante, la dirección de personal inició una investigación interna.

8 El 18 de octubre de 1999, la administración de la BCE informó al demandante de que se había incoado un procedimiento disciplinario contra él y de que el Comité Ejecutivo había decidido, el mismo día, suspenderle de sus funciones, con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación, manteniendo la totalidad de su sueldo base. Comunicó también al demandante que pesaba sobre él la sospecha, en primer lugar, de que había obtenido en repetidas ocasiones, a través de Internet, documentos de carácter pornográfico y político y de que los había enviado a terceras personas por correo electrónico. En segundo lugar, se sospechaba que había importunado al colega de trabajo, autor de la protesta, en particular, al enviarle numerosos mensajes electrónicos con contenido pornográfico y/o de ideología extremista, pese a que dicho colega había manifestado claramente su desaprobación.

9 Más tarde, la dirección de personal, en colaboración con la dirección competente y con el servicio jurídico del BCE, oyó a una serie de testigos. Además, se efectuaron determinadas comprobaciones en lo que se refiere a los sitios que consultó el demandante en Internet y los mensajes electrónicos que éste envió. El ordenador del demandante fue desconectado de la red del BCE y precintado.

10 El 28 de octubre de 1999, la dirección de personal del BCE transmitió al abogado del demandante tres clasificadores con 900 páginas de documentos considerados como pruebas por el demandado y un CD-ROM con las imágenes pornográficas y los montajes de imágenes que provenían de Internet, que el demandante difundió por correo electrónico dentro y fuera del BCE durante el período que fue objeto del control informático.

11 El 3 de noviembre de 1999, el demandante, asistido por su abogado, por un miembro del Comité de personal y, a petición suya, por un interprete, fue oído por los miembros de la dirección de personal, de la división a la que pertenece y del servicio jurídico del BCE. Se levantó acta de dicha audiencia. El abogado del demandante afirmó que la suspensión de 18 de octubre de 1999 era incorrecta y planteó la ilegalidad, respectivamente, de la circular nº 11/98 y de las condiciones en las que se obtuvieron los elementos de prueba presentados en contra de su cliente.

12 El 8 de noviembre de 1999, la administración emitió un dictamen motivado sobre el procedimiento disciplinario incoado contra el demandante, para informar al Comité Ejecutivo del BCE sobre los hechos, las pruebas y la calificación jurídica propuesta a raíz de dicho procedimiento.

13 En el mismo se llegaba a la conclusión de que el demandante había, en primer lugar, acosado a un colega de trabajo enviándole por correo electrónico, pese a las protestas de este último, mensajes con contenido pornográfico y/o de ideología extremista, negándose a respetar el entorno laboral de éste, provocándolo con gestos de carácter sexual, insinuando que dicho colega era homosexual y amenazándolo con agredirlo. En segundo lugar, el demandante emponzoñó, mediante tales hechos, el ambiente de trabajo del despacho que compartía con otros empleados del BCE. En tercer lugar, el demandante abusó de los instrumentos de trabajo, concretamente, al hacer un uso desmedido e intolerable de Internet y del correo electrónico con fines no profesionales. En cuarto lugar, el demandante ignoró su obligación de comportarse con dignidad en el cumplimiento de su contrato de trabajo, al consultar sitios en Internet y al enviar mensajes electrónicos de carácter pornográfico o referentes a comportamientos de tipo probablemente criminal. Dichos mensajes son inaceptables según el sentido común y a fortiori para un miembro de la función pública comunitaria. En quinto lugar, el demandante desvirtuó la imagen y la credibilidad del BCE, por una parte, al enviar al exterior, con el remite de este último, mensajes electrónicos con documentos de carácter pornográfico o referentes a comportamientos de tipo probablemente criminal y, por otra parte, al consultar bajo el nombre del BCE sitios de uso no profesional.

14 En su dictamen motivado, la administración calificó estos hechos de violación de los principios fundamentales que protegen la dignidad de las personas en su trabajo y de infracción de los artículos 4, letra a), de las condiciones de contratación y 3.1 de la circular nº 11/98. Por considerar que los hechos acreditados en contra del demandante eran graves, propuso al Comité Ejecutivo que lo despidiera.

15 El 9 de noviembre de 1999, el BCE transmitió al abogado una copia del dictamen motivado junto con sus cuatro anexos.

16 El abogado del demandante formuló sus observaciones sobre el dictamen motivado mediante escritos de 9 y 10 de noviembre de 1999, redactados en alemán. En su escrito de 9 de noviembre de 1999, expuso que el régimen disciplinario que establecen las condiciones de contratación carece de base legal y quebranta determinados principios generales comunitarios y principios comunes a los Estados miembros, así como el principio nulla poena sine lege. En su escrito de 10 de noviembre de 1999, destacó, esencialmente, en primer lugar, que los reproches formulados contra el demandante no estaban suficientemente circunstanciados para permitir a éste adoptar una postura; en segundo lugar, que el demandante negaba los hechos, salvo la existencia de un clima de tensiones entre el colega y él que originó la protesta; que, en particular, no se aportaba la prueba de que el demandante fuera la única persona con acceso al ordenador que se le había atribuido; en tercer lugar, que, suponiendo que los hechos fueran ciertos, el BCE había violado el principio de proporcionalidad, al no advertir al demandante antes de incoar el procedimiento disciplinario para ofrecerle la posibilidad de corregir su comportamiento.

17 El 9 de noviembre de 1999, el Comité Ejecutivo del BCE decidió, a la luz del procedimiento disciplinario en curso, mantener la suspensión del demandante y deducir, a partir del 10 de noviembre de 1999, la mitad de su sueldo base, con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación (en lo sucesivo, «decisión de 9 de noviembre de 1999»).

18 El 10 de noviembre de 1999, el abogado del demandante solicitó un examen precontencioso («administrative review») de dicha decisión por considerar ilegal el régimen disciplinario que se establece en las condiciones de contratación.

19 El 12 de noviembre de 1999, la administración del BCE informó al abogado del demandante de que, al redactar sus escritos de 9 y 10 de noviembre de 1999 en alemán, no tuvo en cuenta que la lengua que ha de utilizarse en los informes y en las comunicaciones entre los empleados y el BCE es la inglesa. Sin embargo, para no retrasar el procedimiento, el BCE declaró que aceptaba dichos escritos, sin que ello pudiera servir de precedente.

20 El 15 de noviembre de 1999, el abogado del demandante dirigió al Presidente del BCE un escrito redactado en inglés, en respuesta al antes mencionado, en el que exponía que el hecho de imponer el uso de dicha lengua en el presente asunto constituye una tentativa de obstrucción de la defensa del demandante y que, salvo aviso contrario del BCE comunicado en un plazo de tres días, redactaría en adelante sus escritos en lengua alemana.

21 El 17 de noviembre de 1999, la administración del BCE informó al abogado del demandante de que la decisión de 19 de noviembre de 1999 no podía ser objeto de un examen precontencioso con arreglo al artículo 41 de las condiciones de contratación, puesto que el Comité Ejecutivo del BCE, que adoptó la referida decisión, es la autoridad administrativa más alta de dicho organismo. Añadió que los recursos contra la decisión de 19 de noviembre de 1999 debían interponerse ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

22 Mediante escrito de 18 de noviembre de 1999, la administración del BCE, en respuesta al escrito del abogado del demandante de 15 de noviembre, negó haber intentado, al recordar el principio de la utilización del inglés, obstruir la defensa del demandante. Indicó que, por el contrario, al tolerar el empleo de la lengua alemana en el presente asunto, el BCE se había mostrado más favorable al demandante de lo que exige la normativa.

23 Mediante decisión del mismo día, el Comité Ejecutivo del BCE despidió al demandante con arreglo a los artículos 11, letras a) y b), de las condiciones de contratación y 8.3.2 del Reglamento del personal. En la motivación de dicha decisión, rechazó las críticas formuladas por el abogado del demandante en sus escritos de 9 y 10 de noviembre de 1999 contra el dictamen motivado. Destacó, en particular, que la impugnación global del demandante no pone seriamente en entredicho la pertinencia de los elementos de prueba reunidos durante el procedimiento disciplinario. En lo que se refiere a la prueba de la utilización exclusiva del ordenador del demandante por éste, señaló que en el BCE el uso de los ordenadores se controla mediante el empleo de claves personales y confidenciales. Indicó también que, habida cuenta de la gran cantidad de mensajes electrónicos enviados, durante un período de dieciocho meses, durante las horas de servicio, desde el ordenador del demandante, que está en un despacho no compartimentado ocupado por seis personas, resulta poco verosímil que una tercera persona pudiera, sin llamar la atención, utilizar dicho ordenador. En lo que se refiere al supuesto retraso con el que intervino la administración del BCE, expuso que dicha circunstancia no podía justificar el comportamiento del demandante, del cual era el único responsable. Sobre la base de los hechos comprobados, el Comité Ejecutivo del BCE hizo suya la calificación que propuso la administración en el dictamen motivado. Por último, rechazó las críticas del abogado del demandante sobre la legalidad del procedimiento disciplinario. Añadió que ninguna organización puede sobrevivir sin un procedimiento de sanción de los incumplimientos de las obligaciones contractuales, que el régimen disciplinario tiene una base legal suficiente con el artículo 36 de los Estatutos del SEBC, que el demandante lo aceptó cuando firmó su contrato de trabajo y que la aplicación de dicho régimen se ajustó a los principios generales del Derecho.

Procedimiento y pretensiones de las partes

24 En estas circunstancias, el demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 1999.

25 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral.

26 Los informes orales y las respuestas de las partes a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia fueron oídos en la vista de 20 de febrero de 2001.

27 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Declare que el procedimiento disciplinario incoado contra él es ilegal.

- Declare que la decisión de 9 de noviembre de 1999 es ilegal.

- Condene al BCE a abonar las cantidades deducidas de su sueldo con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación.

- Declare que su despido es ilegal y que no se ha producido la resolución del contrato de trabajo que celebró con el BCE, sino que todavía el contrato sigue en vigor.

- Condene al BCE a seguir empleándolo.

- Condene en costas al BCE.

28 El BCE solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene al demandante a soportar la totalidad de las costas.

Sobre la competencia del Tribunal de Primera Instancia

Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

29 El BCE observa que el demandante basa su recurso en el artículo 236 CE. Pues bien, dicho artículo sólo cubre los litigios entre la Comunidad y sus agentes, y no los que surjan entre el BCE y sus empleados, que se rigen por el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC.

30 Destaca que el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC atribuye competencia al Tribunal de Justicia y que la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), varias veces modificada, no contiene ninguna disposición que atribuya expresamente competencia al Tribunal de Primera Instancia para conocer los litigios que se contemplan en el artículo antes mencionado. El BCE duda, por tanto, de que el Tribunal de Primera Instancia sea competente para resolver el presente recurso.

31 Admite que la intención de los autores del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, por el que se creó el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el BCE, era claramente atribuir al Tribunal de Primera Instancia competencia para conocer de los litigios que se contemplan en el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC. Se refiere, al respecto, a la Declaración nº 27, que figura como anexo al acta final del Tratado de la Unión Europea, relativa a los litigios entre el BCE y el IME, por una parte, y sus empleados, por otra.

32 Sin embargo, la propia existencia de dicha declaración demuestra que, a falta de disposiciones pertinentes adoptadas por las instituciones, el Tribunal de Primera Instancia carece de competencia en los litigios de que se trata.

33 El BCE considera que no es posible colmar esta laguna refiriéndose sólo a la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1976, Mills/BEI (110/75, Rec. p. 955), apartados 11 a 13. Se refiere también a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 1999, Hautem/BEI (T-140/97, RecFP pp. I-A-171 y II-897), apartado 77. En efecto, el caso del BCE se diferencia del supuesto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en que el Tratado estableció expresamente la competencia del Tribunal de Justicia para conocer de los litigios entre el BCE y su personal, y ello con una base jurídica específica.

34 El demandante considera que la competencia del Tribunal de Primera Instancia resulta del artículo 3, letra a), de la Decisión 88/591, en relación con el artículo 236 CE. Pese a haberse modificado varias veces el Tratado CE tras la adopción de la Decisión 88/591, el artículo 236 CE establece todavía que el «Tribunal de Justicia» es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes. Por tanto, el término «Tribunal de Justicia» en el sentido del artículo 236 CE no designa al Tribunal de Justicia en sentido estricto, en contraposición al Tribunal de Primera Instancia. Desde que se adoptó la Decisión 88/591, designa en realidad al Tribunal de Primera Instancia, que es competente desde un punto de vista funcional para pronunciarse sobre dichos litigios como juez que conoce del fondo de los mismos.

35 El artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC se refiere al término «Tribunal de Justicia» en el sentido que le es propio en el artículo 236 CE y no atribuye al Tribunal de Justicia una competencia exclusiva en sentido estricto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

36 Con arreglo al artículo 3, letra a), de la Decisión 88/591, en la versión modificada, el Tribunal de Primera Instancia ejerce, en primera instancia, las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia por los Tratados constitutivos de las Comunidades y por los actos adoptados para su ejecución respecto de los litigios contemplados en el artículo 236 CE y en el artículo 152 CEEA. Se trata de los litigios que surjan entre las Comunidades y sus agentes.

37 La Decisión 88/591 se refiere así expresamente a los artículos antes citados para designar el tipo de litigio que determinan dichos artículos y para precisar por tanto que el Tribunal de Primera Instancia ejerce, en primera instancia, las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia respecto de todos los litigios entre las Comunidades y sus agentes. Así, la Decisión 88/591 creó, como disposición de Derecho derivado que aplica las normas jurídicas pertinentes del Derecho primario, en particular el artículo 225 CE, un sistema con dos niveles de jurisdicción que regula de manera uniforme, coherente y completa las vías de impugnación y los procedimientos en lo que se refiere a los litigios entre las Comunidades y sus agentes.

38 Es cierto que el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC forma parte de un Protocolo que se adoptó en el ámbito del Tratado de Maastricht y que constituye por tanto una disposición de Derecho primario. Sin embargo, el significado de los términos jurídicos empleados en dicha disposición ha de interpretarse, en caso de duda, a la luz de todas las normas jurídicas pertinentes que estaban en vigor en el momento en que se adoptó, en la medida en que ello permita evitar una contradicción con un principio fundamental del Derecho comunitario, como es el principio de igualdad de trato.

39 Por consiguiente, consideradas las distintas interpretaciones posibles que se han propuesto, el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC debe interpretarse de manera que éste no incurra en contradicción con el sistema general y uniforme de protección jurisdiccional de los agentes de la Comunidad que resulta de la Decisión 88/591 y que se basa en el artículo 225 CE.

40 En efecto, si se quisiera interpretar el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC de manera que los recursos interpuestos por determinados agentes de determinadas instituciones u órganos -en el presente asunto, por agentes del BCE contra el BCE- quedaran excluidos del sistema de protección jurisdiccional reforzada establecido por la Decisión 88/591 para el mismo tipo de contenciosos, esta ruptura del sistema general de protección jurisdiccional que no está justificada objetivamente violaría el principio de igualdad de trato y por tanto un principio fundamental del Derecho comunitario.

41 Así, debe interpretarse que la expresión «Tribunal de Justicia» que figura en el artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC designa al órgano jurisdiccional comunitario como conjunto en el sentido del artículo 7 CE y que por consiguiente incluye al Tribunal de Primera Instancia. De lo antedicho se deduce que el Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de los litigios en el sentido del artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC.

42 Tal fue, por cierto, el deseo expreso de la Conferencia Intergubernamental a raíz de la adopción de los Estatutos del SEBC. En efecto, con arreglo a la Declaración nº 27 que figura como anexo al acta final del Tratado de la Unión Europea «la Conferencia considera que el Tribunal de Primera Instancia debería conocer de esta categoría de recursos con arreglo al artículo 168 A del presente Tratado».

43 Habida cuenta del contexto jurídico antes descrito, el Consejo no estaba obligado a responder al requerimiento de la Conferencia de «adaptar de forma consecuente las disposiciones pertinentes», por tanto de completar la enumeración que figura en el artículo de que se trata mediante una referencia expresa al artículo 36.2 de los Estatutos del SEBC.

44 De lo ante dicho se deduce que el Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer del presente litigio.

Sobre la admisibilidad de determinadas pretensiones

A. Pretensión del demandante de que se condene al BCE a seguir empleándolo

Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

45 El BCE considera que debe declararse inadmisible la pretensión del demandante de que el Tribunal de Primera Instancia le condene a seguir empleándolo. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia carece de competencia para formular declaraciones de principio o para dictar órdenes conminatorias a los órganos comunitarios en el marco del artículo 236 CE.

46 El demandante admite que, en un recurso de funcionarios, en principio, el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular la decisión impugnada, sin poder dictar órdenes conminatorias contra la parte demandada. Sin embargo, éste es el caso únicamente si el recurso versa sobre un acto adoptado por el demandado en el ejercicio de su facultad de apreciación. No obstante, a falta de facultad de apreciación del demandado, o en los litigios de carácter pecuniario, el Tribunal de Primera Instancia puede condenar a éste a adoptar medidas precisas (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 1981, Garganese/Comisión, 185/80, Rec. p. 1785, y de 18 de marzo de 1982, Chaumont-Barthel/Parlamento, 103/81, Rec. p. 1003). Si en el presente asunto el despido resulta ser improcedente, los derechos personales del demandante exigen que se restablezca la situación en la que éste se encontraba antes del despido. Se trata del efecto jurídico de la actio negatoria del Derecho romano y dicha fórmula jurídica constituye un principio general de Derecho comunitario.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

47 La demanda de que se trata tiene un objeto diferente de la anulación de la decisión por la que se despidió al demandante. Además, no tiene un carácter exclusivamente pecuniario. Por tanto, no está comprendido en el ámbito de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal de Primera Instancia en el marco de los litigios entre el BCE y sus empleados basada en el artículo 42, párrafo segundo, de las condiciones de contratación, que establece que la competencia de la jurisdicción comunitaria «quedará limitada al examen de la legalidad de la medida o decisión, salvo que el litigio sea de carácter pecuniario, en cuyo caso el Tribunal de Justicia tendrá competencia jurisdiccional plena».

48 Su objeto entra en el ámbito de la prohibición impuesta al juez comunitario de dictar órdenes conminatorias a la administración (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 1999, Varas Carrión/Consejo, T-168/97, RecFP pp. I-A-143 y p. II-761, apartado 26). Debe, por consiguiente, declararse inadmisible.

B. Pretensión del demandante de que se condene al BCE a abonarle las cantidades deducidas de su sueldo base con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación

Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

49 El BCE considera que la pretensión del demandante de que el Tribunal de Primera Instancia le condene a abonarle las cantidades deducidas de su sueldo con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación ha de declararse inadmisible por las mismas razones expuestas en el apartado 45 de la presente sentencia.

50 El demandante esgrime contra esta alegación la que él expone en el apartado 46 de la presente sentencia.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

51 La pretensión en cuestión tiene manifiestamente carácter pecuniario. Así, por razón de su objeto, entra en el ámbito de la competencia jurisdiccional plena del juez comunitario, de conformidad con el artículo 42, párrafo segundo, de las condiciones de contratación. Debe, por consiguiente, declararse admisible (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de marzo de 2000, Rudolph/Comisión, T-197/98, RecFP pp. I-A-55 y II-241, apartados 32 y 33, y la jurisprudencia citada).

Sobre el fondo

A. Sobre las excepciones de ilegalidad

1. Sobre las excepciones de ilegalidad propuestas contra las condiciones de contratación

Sobre la falta de competencia del BCE para adoptar un régimen disciplinario

- Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

52 El demandante alega que el BCE no era competente para adoptar un régimen disciplinario. Se remite también, a tal efecto, a su escrito de 9 de noviembre de 1999, antes citado, que se reproduce en el anexo 21 del escrito de demanda.

53 En efecto, aunque el artículo 24 del Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Tratado de fusión») atribuye competencia al Consejo para establecer el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto de los Funcionarios»), el artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC sólo otorgó al Consejo de Gobierno la facultad de establecer, a propuesta del Comité Ejecutivo, las condiciones de contratación del personal del BCE. Pues bien, la relación entre un funcionario y su institución no es de carácter contractual, sino un vínculo de Derecho público basado en los conceptos de servicio y de lealtad. El Consejo, facultado por el artículo 24 del Tratado de fusión, pudo por tanto establecer en el Estatuto de los Funcionarios un régimen disciplinario, derivado del vínculo de subordinación específico que existe entre el funcionario y la Comunidad. Por el contrario, la relación entre el BCE y sus empleados es una mera relación contractual fundada en la autonomía de la voluntad, que resulta de los derechos personales y de la libertad profesional y cuya protección constituye un principio general de Derecho comunitario. Por tanto, no se basa en un vínculo de subordinación. Por consiguiente, el BCE no está facultado para establecer las condiciones de contratación y para aplicar un régimen disciplinario, que le permite modificar de forma unilateral las condiciones de ejecución del contrato violando el principio de autonomía de la voluntad. El BCE hubiera podido protegerse contra el incumplimiento por parte de sus empleados de sus obligaciones contractuales sin crear tal régimen, atribuyéndose en el contrato un derecho de despido excepcional.

54 El hecho de establecer, en el ámbito del cumplimiento de los contratos de trabajo, un régimen disciplinario también es contrario al Derecho alemán.

55 Alega, por último, que el BCE quebranta los principios jurídicos europeos, en particular el principio de buena fe.

56 El BCE subraya, en primer lugar, que la remisión que efectúa el demandante al anexo 21 de la demanda no se ajusta a las normas de procedimiento y que, por tanto, la imputación debe declararse inadmisible con arreglo al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

57 En lo que se refiere al fondo, el BCE considera además que su Consejo de Gobierno era competente para establecer un régimen disciplinario en las condiciones de contratación.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

58 En lo referente, en primer lugar, a la inadmisibilidad que plantea el demandado, hay que señalar que, pese a la existencia de una remisión a un anexo, la exposición del motivo basado en la falta de competencia del BCE para adoptar un régimen disciplinario, como se desprende del propio cuerpo de la demanda, es suficientemente clara y completa para permitir que el demandado y el Tribunal de Primera Instancia comprendan su alcance. Por consiguiente, ha de declararse la admisibilidad el motivo.

59 En lo que se refiere al fondo, procede destacar que las condiciones de contratación, adoptadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité Ejecutivo del BCE, con arreglo al artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, determinan la relación laboral entre el BCE y sus empleados. Las condiciones de contratación disponen, en el artículo 9, letra a), que «las relaciones laborales entre el BCE y sus empleados se rigen por contratos de trabajo de conformidad con las presentes condiciones de contratación». El artículo 10, letra a), de las mismas condiciones establece que «los contratos de trabajo entre el BCE y sus empleados tomarán la forma de cartas de contratación visadas por éstos».

60 Dichas disposiciones son análogas a otras del Reglamento del Personal del BEI, de las que el Tribunal de Justicia dedujo que «el régimen adoptado para las relaciones entre el Banco y sus agentes es [...] de carácter contractual y se basa en el principio de que los contratos individuales celebrados entre el Banco y cada uno de sus empleados son el resultado de un acuerdo de voluntad» (sentencia Mills/BEI, antes citada, apartado 22).

61 Procede, pues, afirmar que la relación laboral entre el BCE y sus empleados no es de carácter estatutario sino contractual.

62 Además, hay que destacar que el contrato de que se trata fue celebrado con un organismo comunitario, encargado de una misión de interés comunitario y facultado para establecer, mediante un Reglamento, las disposiciones aplicables a su personal.

63 Considerados estos extremos y en contra de las alegaciones del demandante, el Consejo de Gobierno podía establecer, con arreglo al artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, un régimen disciplinario en las condiciones de contratación que le permitiera, en particular, en caso de incumplimiento por uno de sus empleados de las obligaciones que le incumben en virtud de su contrato de trabajo, adoptar las medidas necesarias a la luz de las responsabilidades y de los objetivos que le han asignado.

64 El demandante formula, en esencia, dos alegaciones en contrario.

65 En primer lugar, en contraposición al artículo 24 del Tratado de fusión, el tenor literal del artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC sólo permite establecer condiciones de contratación que respeten completamente la autonomía de la voluntad. El artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC menciona, en efecto, las «condiciones de contratación del personal» («régime applicable au personnel», «Beschäftigungsbedingungen», «Employment Conditions»), en contraposición al «Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas» al que se refiere el artículo 24 del Tratado de fusión.

66 Sin embargo, este argumento gramatical no está fundado. En efecto, el artículo 24 del Tratado de fusión evoca, tras la expresión antes citada, el «régimen aplicable a los otros agentes de dichas comunidades» previsto por el artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC. Pues bien, el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «RAA») establece, con acierto, un régimen disciplinario para las principales categorías de dichos agentes.

67 En segundo lugar, la imposición de sanciones disciplinarias permite que el BCE modifique de manera unilateral las condiciones de ejecución del contrato de trabajo, lo cual es contrario a los principios que rigen el Derecho laboral alemán y a los principios jurídicos europeos, en particular, el de buena fe.

68 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que la relación laboral entre las instituciones o los organismos comunitarios, incluido el BCE, y sus agentes que no son funcionarios, aunque es, ciertamente, de carácter contractual, se inscribe en el ámbito del cumplimiento por estos últimos de sus funciones de interés público y guarda, por tanto, gran semejanza con el vínculo estatutario entre el funcionario y su institución de manera que puede incluir, por esta razón, un régimen disciplinario. Así, el agente temporal sometido al RAA goza de los derechos y ha de cumplir las obligaciones que se establecen en los artículos 11 a 26 del Estatuto de los Funcionarios (artículo 11 del RAA), y se expone a sanciones disciplinarias en las condiciones previstas en el Título VI de dicho Estatuto (artículo 50 bis del RAA). El régimen del personal del BEI, que es muy similar a las condiciones de contratación del BCE, establece también un régimen disciplinario (véanse, como ejemplos de aplicación de dicho régimen, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia Hautem/BEI, antes citada, y de 28 de septiembre de 1999, Yasse/BEI, T-141/97, RecFP pp. I-A-177 y II-929).

69 Además, el régimen disciplinario objeto de controversia forma parte de las condiciones que el demandante conocía y aceptó en el momento en que firmó libremente su contrato de trabajo con el BCE, que se remite a las condiciones de contratación.

70 Por último, en lo que se refiere a la imputación del demandante de que el régimen disciplinario en cuestión permite que el BCE modifique de manera unilateral las condiciones de ejecución de los contratos de trabajo de sus empleados, cuya situación se diferencia así de la de un asalariado sometido al Derecho laboral privado, procede observar que, en cualquier caso, sólo es pertinente en cuanto a determinadas sanciones disciplinarias previstas en las condiciones de contratación, que no existen en el ámbito de los contratos de trabajo de Derecho privado, es decir, en particular, el traslado forzoso a otro puesto de trabajo y la reducción temporal o definitiva de sueldo. Sin embargo, en el presente asunto no se aplicaron tales sanciones, sino que se despidió al demandante por falta grave. No obstante, el Derecho laboral privado de la mayor parte de los Estados miembros, incluido el Derecho alemán, atribuye al empleador la facultad de resolver unilateralmente el contrato de trabajo en caso de falta grave cometida por el empleado. Además, en la mayoría de los referidos Derechos, tal facultad va acompañada de menos garantías en favor del asalariado que en el ámbito de la relación laboral entre el BCE y sus empleados.

71 De lo antedicho se deduce que el motivo no está fundado.

Sobre la ilegalidad de las obligaciones de comportamiento invocadas por el BCE

- Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

72 El demandante reprocha al BCE que haya basado la decisión de despido en el incumplimiento de las normas de conducta que incumben a los empleados, determinadas en el artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación.

73 En primer lugar, dichas normas no se pusieron en conocimiento del demandante como tales. Ahora bien, con arreglo al artículo 2 de la Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288, p. 32), el empresario está obligado a poner en conocimiento del trabajador por cuenta ajena todos los elementos importantes del contrato de trabajo. Si bien cabe exigir, en su caso, que un funcionario se informe acerca de las obligaciones propias de su condición, el trabajador por cuenta ajena, y por extensión, el empleado del BCE sólo ha de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del contrato de trabajo negociado entre las partes.

74 En segundo lugar, dichas normas no fueron objeto de consulta al Comité de personal.

75 El BCE niega la procedencia de esta excepción de ilegalidad. Las normas de conducta de que se trata se pusieron en conocimiento del demandante y fueron objeto de una consulta al Comité de personal del IME, precursor del BCE.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

76 El artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación establece:

«Los empleados del BCE han de cumplir sus obligaciones en conciencia y sin tener en cuenta sus intereses personales. Deberán guardar una actitud conforme con sus funciones y con la condición de Institución comunitaria del BCE.»

77 El demandante alega, en primer lugar, que no se puso en su conocimiento dicha obligación, infringiendo el artículo 2 de la Directiva 91/533.

78 A este respecto, procede observar que el BCE afirma, sin que el demandante niegue dicha afirmación de manera seria y circunstanciada, que éste recibió, cuando se le contrató, una copia de las condiciones de contratación. En cualquier caso, según el contrato de trabajo del demandante «las condiciones de contratación del personal del BCE, en la versión vigente en el momento considerado, forman parte del presente contrato». El demandante firmó dicho contrato el 9 de julio de 1998, habiendo antepuesto a su firma la mención «Acepto, por la presente, la mencionada oferta de empleo en los términos y con arreglo a las condiciones antes descritos.» Además, dicho contrato establece: «Sírvase dirigirse a la dirección de personal si necesita información específica sobre los términos y condiciones del presente contrato.» Sobre la base de estos elementos, es preciso admitir que el demandante sabía, o, en cualquier caso, no podía legítimamente ignorar, que las condiciones de contratación, incluido su artículo 4, letra a), formaban parte de sus obligaciones contractuales. Por tanto, el BCE podía invocarlas justificadamente, en contra del demandante.

79 En lo que se refiere a la Directiva 91/533, las condiciones de contratación disponen, en el artículo 9, letra c), segunda frase, que «el BCE ha de aplicar [...] las normas que contienen los Reglamentos y Directivas comunitarios sobre política social dirigidos a los Estados miembros» y en el artículo 10, letra a), segunda frase, que «las cartas de contratación han de incluir los elementos del contrato que precisa la Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991». Por tanto, el BCE se comprometió de forma voluntaria a acatar dicha Directiva, incluido su artículo 2, cuya infracción alega el demandante.

80 El artículo 2 de dicha Directiva establece:

«Obligación de información

1. El empresario estará obligado a poner en conocimiento del trabajador por cuenta ajena a quien se aplica la presente Directiva, denominado en lo sucesivo el "trabajador", los elementos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral.

2. La información contemplada en el apartado 1 se referirá, al menos, a los siguientes elementos:

a) la identidad de las partes;

b) el lugar de trabajo; a falta de lugar fijo o predominante de trabajo, el principio de que el trabajador efectúe su trabajo en diferentes lugares, así como la sede o, en su caso, el domicilio del empresario;

c) i) la denominación, el grado, la calidad o la categoría del puesto de trabajo que desempeña el trabajador, o ii) la caracterización o la descripción resumidas del trabajo;

d) la fecha de comienzo del contrato o de la relación laboral;

e) en caso de que se trate de un contrato o de una relación laboral temporal: la duración previsible del contrato o de la relación laboral;

f) la duración de las vacaciones pagadas a las que el trabajador tenga derecho, o si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de atribución y de determinación de dichas vacaciones;

g) la duración de los plazos de preaviso que deban respetar el empresario y el trabajador en caso de terminación del contrato o de la relación laboral, o si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso;

h) la retribución de base inicial, los demás elementos constitutivos, así como la periodicidad de pago, a que tenga derecho el trabajador;

i) la duración de la jornada o semana laboral normal del trabajador;

j) en su caso: i) la mención de los convenios colectivos y/o acuerdos colectivos que regulen las condiciones laborales del trabajador, o ii) si se trata de convenios colectivos celebrados fuera de la empresa por órganos o instituciones paritarias particulares, la mención del órgano competente o de la institución paritaria competente en cuyo seno se hayan celebrado dichos convenios.

3. La información sobre los elementos a que se alude en las letras f), g), h) e i) del apartado 2 podrá derivarse, en su caso de una referencia a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o estatutarias o a los convenios colectivos que regulen las correspondientes materias.»

81 En el presente asunto, el demandante firmó, el 9 de julio de 1998, un contrato de trabajo que indica, de conformidad con las exigencias del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 91/533, la identidad de las partes, el lugar de trabajo, la categoría del puesto de trabajo, la fecha de comienzo del contrato, la duración previsible de éste y la retribución de base inicial. Con arreglo al artículo 2, apartado 3, de la Directiva 91/533, la información relativa a la duración de las vacaciones pagadas, la duración de los plazos de preaviso que deban respetarse en caso de terminación del contrato, la periodicidad de pago de la retribución, la duración de la jornada o semana laboral normal, que en principio también debe ponerse en conocimiento del empleado, podrá provenir, en su caso de una «referencia a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o estatutarias o a los convenios colectivos» que regulen dichas materias. Ahora bien, el contrato de que se trata se remite a las condiciones de contratación del BCE, que detallan dichos elementos. El contrato de trabajo del demandante incluye por tanto todos los «elementos esenciales del contrato» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 91/533.

82 Además, ni el artículo 2 de la Directiva 91/533 ni ninguna otra disposición de ésta obliga al empleador a poner específicamente en conocimiento del trabajador la obligación de comportamiento objeto de controversia.

83 En cualquier caso, dicha obligación de comportamiento constituye una aplicación elemental del principio común a los Derechos de la gran mayoría de los Estados miembros, con arreglo al cual los contratos, y en particular los contratos de trabajo, deben cumplirse de buena fe. Debido a su alcance fundamental, su existencia es tan evidente que se aplica de manera manifiesta, incluso a falta de estipulación expresa.

84 El demandante alega, en segundo lugar, que la referida obligación de comportamiento no fue objeto de una consulta al Comité de personal. Como complemento a lo que se acaba de exponer sobre el carácter fundamental de la obligación de que se trata, procede observar que su origen lo constituyen las condiciones de contratación, establecidas sobre la base del artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, que dispone que «el Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité Ejecutivo, establecerá las condiciones de contratación del personal del BCE». Dicha obligación se estableció por tanto con arreglo a un procedimiento que no incluye la consulta al Comité de personal. Éste fue creado por las condiciones de contratación, cuyo artículo 46 establece que se le debe consultar sobre cualquier modificación de éstas. Ahora bien, la referida disposición no procede de una modificación de las condiciones de contratación, sino de su versión inicial. Por consiguiente, en el asunto de autos no había obligación de consultar al Comité de personal. Debe, por tanto, desestimarse la alegación.

Sobre la falta de determinación de los hechos que pueden dar lugar a sanciones disciplinarias

- Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

85 El demandante expone que las condiciones de contratación no determinan los hechos que pueden dar lugar a sanciones disciplinarias. Así, las disposiciones del punto 8 de las condiciones de contratación, en particular el artículo 43, sólo describen las consecuencias legales de las infracciones disciplinarias sin determinar dicha infracciones.

86 El BCE considera que el demandante ignora la diferencia que existe entre una infracción del Derecho y una sanción impuesta a raíz de una infracción del Derecho.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

87 A este respecto, procede destacar que el artículo 43 de las condiciones de contratación establece que pueden adoptarse medidas disciplinarias contra los empleados que incumplan sus obligaciones con el BCE. Pues bien, diferentes artículos de las condiciones de contratación, y en particular los artículos 4 y 5, determinan dichas obligaciones («duties»). Por consiguiente, debe desestimarse esta alegación.

88 De lo antedicho se infiere que las excepciones de ilegalidad propuestas contra las condiciones de contratación no están fundadas.

2. Sobre la excepción de ilegalidad propuesta contra el Reglamento del personal

- Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

89 El demandante expone que la aplicación del procedimiento disciplinario establecido en el artículo 43 de las condiciones de contratación implica necesariamente recurrir a las disposiciones del punto 8 del Reglamento del personal, de manera que la ilegalidad de éste trae consigo la irregularidad de dicho procedimiento. Pues bien, alega que el Reglamento del personal es ilegal por dos razones.

90 En primer lugar, carece de base legal. En efecto, se refiere a las condiciones de contratación del personal del BCE. Por consiguiente, debería haber sido adoptado, con arreglo al artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, por el Consejo de Gobierno a propuesta del Comité Ejecutivo y no por el Comité Ejecutivo, que no tiene competencia para ello.

91 En segundo lugar, aún no ha entrado en vigor, pues no ha concluido el procedimiento de consulta al Comité de personal que establece el artículo 46 de las condiciones de contratación.

92 El BCE alega, con carácter principal, que la excepción de ilegalidad dirigida contra el Reglamento del personal es manifiestamente inadmisible, puesto que el demandante denuncia de manera abstracta y en bloque la ilegalidad de éste sin indicar expresamente las disposiciones que impugna específicamente (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 1993, Reinarz/Comisión, asuntos acumulados T-6/92 y T-52/92, Rec. p. II-1047, apartado 57).

93 Con carácter subsidiario, el BCE niega la procedencia de las dos alegaciones que formula el demandante.

94 Por una parte, el artículo 21.3 del Reglamento interno del BCE constituye una base legal suficiente del Reglamento del personal.

95 Por otra parte, el Reglamento del personal fue objeto de una consulta al Comité de personal del IME, antes de entrar en vigor el 1 de julio de 1998.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

96 En apoyo de su alegación de que la excepción de ilegalidad que formula el demandante es inadmisible, el BCE invoca la sentencia Reinarz/Comisión, antes citada. En ella, este Tribunal afirmó que, para que se declare la admisibilidad de una excepción de ilegalidad, el acto general cuya ilegalidad se plantea debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso objeto de recurso y que debe existir un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general cuya ilegalidad se plantea (sentencia Reinarz/Comisión, antes citada, apartado 57, y la jurisprudencia que en ella se cita).

97 En el presente asunto, el demandante precisa con acierto que la aplicación del procedimiento disciplinario establecido en el artículo 43 de las condiciones de contratación implicaba necesariamente recurrir a las disposiciones del punto 8 del Reglamento del personal. Por consiguiente, la ilegalidad del Reglamento del personal lleva consigo la irregularidad del procedimiento disciplinario. Existe por tanto un vínculo jurídico directo entre las decisiones impugnadas y el acto general cuya ilegalidad se plantea. Por tanto, debe declararse la admisibilidad de la excepción de ilegalidad, al menos por cuanto que se refiere a las disposiciones que contiene el punto 8 del Reglamento del personal.

98 En cuanto al fondo de la excepción de ilegalidad, en primer lugar, en lo que se refiere a la base legal del Reglamento del personal, el demandante alega que éste fue adoptado por el Comité Ejecutivo del BCE, pese a que, con arreglo al artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, corresponde al Consejo de Gobierno establecer, a propuesta del Comité Ejecutivo, las condiciones de contratación del personal del BCE.

99 Procede observar que el Reglamento del personal, cuyo objeto es determinar las normas de ejecución de las condiciones de contratación, fue adoptado por el Comité Ejecutivo con arreglo al artículo 21.3 del Reglamento interno del BCE, que dispone que «las condiciones de contratación se aplicarán mediante el Reglamento del personal, cuya aprobación y modificación corresponderá al Comité Ejecutivo». El Reglamento interno se basa, por su parte, en el artículo 12.3 de los Estatutos del SEBC, que establece que «el Consejo de Gobierno adoptará el Reglamento interno que determinará la organización interna del BCE y de sus órganos rectores».

100 Mediante el artículo 21.3 del Reglamento interno del BCE, el Consejo de Gobierno delegó por tanto en el Comité Ejecutivo la facultad de determinar las normas de ejecución de las condiciones de contratación.

101 La alegación del demandante plantea la cuestión de si dicha delegación de facultades era lícita habida cuenta de que con arreglo a los Estatutos del SEBC, que tienen, en la jerarquía normativa, un valor superior al Reglamento interno, corresponde al Consejo de Gobierno establecer «las condiciones de contratación del personal del BCE».

102 Con arreglo a la jurisprudencia, en Derecho comunitario tales delegaciones de las facultades de ejecución son lícitas, a condición de que no las prohíba formalmente ningún texto (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad, 9/56, Rec. pp. 9 y ss., especialmente p. 42).

103 Pues bien, en el asunto de autos no hay ningún texto que prohíba formalmente la delegación de que se trata.

104 Por otra parte, la delegación sólo se refiere a la aplicación de una legislación elaborada por la autoridad competente y establecida sobre la base de un texto de Derecho primario, en este caso, el artículo 12.3 de los Estatutos del SEBC. Éste atribuye, en efecto, competencia al Consejo de Gobierno para adoptar un Reglamento interno que determine la organización interna del BCE, lo que implica la facultad de delegar a tal fin el establecimiento de las condiciones de contratación del personal.

105 Es preciso comparar la presente delegación con la que se refiere al artículo 24 del Tratado de fusión, que es un texto de Derecho primario, según el cual el Consejo establece el Estatuto de los Funcionarios y el RAA. Dicho artículo no prevé formalmente que el Consejo pueda delegar dicha facultad. Sin embargo, el Estatuto de los Funcionarios, que adoptó el Consejo sobre dicha base, establece, en su artículo 110, que las «disposiciones generales para la aplicación del presente Estatuto serán adoptadas por cada institución». La jurisprudencia comunitaria ha reconocido implícitamente la legalidad de dicha delegación, que no está prevista formalmente por ningún texto de Derecho primario (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 1990, Brems/Consejo, T-75/89, Rec. p. II-899, apartado 29).

106 No cabe acoger, por tanto, la alegación del demandante sobre la adopción del Reglamento del personal por el Comité Ejecutivo del BCE.

107 En lo que se refiere, en segundo lugar, al argumento de que el Reglamento del personal aún no ha entrado en vigor porque no ha terminado la consulta al Comité de personal, procede subrayar que con arreglo a los artículos 46 de las condiciones de contratación y 21.4 del Reglamento interno del BCE sólo se exige dicha consulta en caso de que se lleve a cabo una modificación del referido Reglamento o que se elabore un nuevo Reglamento del personal.

108 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación.

109 De lo antedicho se infiere que la excepción de ilegalidad propuesta contra el Reglamento del personal es infundada.

3. Sobre la excepción de ilegalidad propuesta contra la circular nº 11/98

- Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

110 El demandante considera que la circular nº 11/98 carece de efectos.

111 En su escrito de réplica, explica al respecto, en primer lugar, que su relación con el BCE no tiene carácter estatutario sino contractual, que por tanto el BCE no puede modificar de manera unilateral las condiciones de ejecución de su contrato de trabajo y que no consta que la circular nº 11/98 haya sido objeto de un acuerdo de voluntad de las partes. De ello deduce que no cabe esgrimir contra él la circular nº 11/98, ni siquiera en el caso de que se le hubiera comunicado antes de que ocurrieran los hechos imputados.

112 En segundo lugar, la circular nº 11/98 no está legalmente en vigor pues el Comité de personal no ha sido consultado al respecto.

113 El BCE alega, principalmente, que la excepción de ilegalidad es inadmisible, puesto que el demandante se limitó, en su demanda, a remitirse a las observaciones que formuló en el procedimiento disciplinario y, con carácter subsidiario, afirma que es infundada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

114 Según lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta referencia debe ser lo suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de julio de 2000, Samper/Parlamento, T-111/99, RecFP pp. I-A-135 y II-611, apartado 27).

115 Procede recordar que, aunque el cuerpo de la demanda pueda apoyarse y completarse, en aspectos específicos, mediante remisiones a partes de los documentos que se le adjuntan, una remisión global a otros escritos, incluso adjuntos a la demanda, no puede paliar la falta de elementos esenciales de la argumentación jurídica que, con arreglo a la disposición citada anteriormente, deben figurar en la demanda (auto del Tribunal de Primera Instancia de 21 de mayo de 1999, Asia Motor France y otros/Comisión, T-154/98, Rec. p. II-1703, apartado 49). Por último, la enunciación del motivo en el escrito de réplica no puede poner remedio a la disconformidad de la demanda con dicha disposición. En efecto, aunque se admite que un demandante desarrolle sus motivos en el escrito de réplica, este derecho está condicionado a que por lo menos se hayan enunciado en la demanda los motivos de que se trate (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, De Persio/Comisión, T-23/96, RecFP pp. I-A-483 y II-1413, apartado 49).

116 En el presente asunto, el demandante se limitó a indicar en su demanda:

«La circular nº 11/98 carece de efectos. Para evitar repeticiones, me remito en este contexto a mis observaciones de 21 de octubre de 1999 y a las observaciones orales que formulé durante la comparecencia de 3 de noviembre de 1999.»

117 Es preciso señalar que en la demanda no se expusieron, ni siquiera sumariamente, las razones de hecho y de Derecho en que se basa el motivo de que se trata. Por tanto, la mera remisión del demandante a sus observaciones de 21 de octubre de 1999 y las indicaciones que figuran en su escrito de réplica no pueden paliar tal carencia. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del motivo examinado.

118 En cualquier caso, el motivo de que se trata carece de pertinencia. Hay que recordar, a este respecto, que una excepción de ilegalidad supone, para que se declare su admisibilidad, que el acto general cuya ilegalidad se plantea sea aplicable, directa o indirectamente, al caso objeto de recurso y que exista un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general cuya ilegalidad se plantea (sentencia Reinarz/Comisión, antes citada, apartado 57, y la jurisprudencia que en ella se cita).

119 En el presente asunto, se ha incoado un procedimiento disciplinario contra el demandante porque se le reprocha, por una parte, haber acosado a uno de sus colegas y emponzoñado el ambiente de trabajo y, por otra parte, haber abusado de la posibilidad de conectarse con Internet en su lugar de trabajo. Dicho abuso revistió dos formas diferentes, en primer lugar, la consulta de sitios y el envío de mensajes electrónicos de carácter pornográfico o políticamente extremista y, en segundo lugar, la utilización abusiva de Internet con fines privados.

120 La circular nº 11/98 sólo se invocó en relación con este último tipo de abuso, a través de la disposición muy general de su artículo 3.1, con arreglo al cual «el BCE pone a disposición de sus empleados accesos a Internet en interés del servicio». En la decisión de despido se precisó, a este respecto, que «de este modo, la circular aplica un principio general de Derecho laboral según el cual los instrumentos de trabajo que el empleador pone a disposición de sus empleados en el lugar de trabajo, han de utilizarse con fines laborales». El BCE aplica dicho principio al demandante y señala además, en la misma decisión, que: «la duración, la cantidad y la frecuencia de las conexiones registradas en la cuenta Internet del Sr. X y en su correo electrónico -dos tercios de las cuales no guardan relación con el ejercicio de las funciones del interesado- denotan una utilización manifiestamente inadecuada de un instrumento de trabajo y constituyen una violación del referido principio y de la obligación del Sr. X de ejercer sus funciones concienzudamente respecto del BCE». Sin embargo, esta última obligación no la impone la circular nº 11/98 sino el artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación, que establece que «los empleados del BCE han de cumplir sus obligaciones en conciencia y sin tener en cuenta sus intereses personales».

121 Además, la regla que se formula en el artículo 3.1 de la circular nº 11/98 sólo constituye, como señala acertadamente el BCE, la expresión del principio de que el material de trabajo que el empleador entrega al empleado debe utilizarse, en general y sin perjuicio de excepciones específicas, para la ejecución de las tareas profesionales del asalariado. Pues bien, este principio sólo constituye, por su parte, una aplicación de aquél, plasmado en el artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación, según el cual los empleados deben cumplir sus obligaciones de manera concienzuda y desinteresada, que constituye, a su vez, la mera expresión del principio de que los contratos de trabajo deben cumplirse de buena fe.

122 Por tanto, el artículo 3.1 de la circular nº 11/98 sólo pretende expresar un principio elemental y fundamental, que subyace en cualquier contrato de trabajo y que se aplica de forma evidente, incluso a falta de estipulación expresa. Además, constituye una mera aplicación del artículo 4, letra a), de las condiciones de contratación. Con independencia de la cuestión de la legalidad de la circular nº 11/98, la norma que expresa se aplica por tanto, en cualquier caso, sobre la base tanto del referido principio como de la mencionada disposición de las condiciones de contratación.

123 De lo antedicho se deduce que la obligación del empleado del BCE de utilizar los instrumentos de trabajo de los que dispone, en principio, sólo con fines profesionales existe independientemente de la legalidad del artículo 3.1 de la circular nº 11/98. Por tanto, la excepción de ilegalidad carece de pertinencia. Por consiguiente, debe declararse su inadmisibilidad.

B. Sobre la legalidad de las Decisiones impugnadas

1. Sobre el motivo basado en la falta de procedimiento administrativo previo

Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

124 El demandante expone, en su escrito de réplica, que la decisión de 9 de noviembre de 1999 es ilegal. A este respecto, observa que, mediante escrito de 10 de noviembre de 1999, su abogado solicitó un examen precontencioso de dicha decisión con arreglo al artículo 41 de las condiciones de contratación y que la respuesta que dio el BCE, mediante escrito de 17 de noviembre de 1999, a saber, que la referida decisión no podía ser objeto de dicho procedimiento, adolece de un error de Derecho y es contraria al artículo 41 de las condiciones de contratación. En efecto, dicho artículo sólo excluye tal examen respecto de las decisiones del Consejo de Gobierno. Sin embargo, en el presente asunto, la decisión de que se trata la adoptó el Comité Ejecutivo.

125 Observa que el examen precontencioso que establece el artículo 41 de las condiciones de contratación tiene por objeto que el empleado que presente una reclamación pueda obligar al BCE a examinar de nuevo sus alegaciones, antes de que se adopte la decisión definitiva. Antes de aplicar dicho procedimiento, los efectos de la decisión inicial quedan en suspenso. Sin embargo, cuando se deniega el examen precontencioso, violando el artículo 41 de las condiciones de contratación, la decisión a la que se refiere la reclamación queda definitivamente desprovista de efectos jurídicos.

126 En el mismo escrito, el demandante reproduce esta argumentación en lo que se refiere a la decisión de despido. A este respecto, señala, en concepto de hecho nuevo, que mediante escrito de 22 de noviembre de 1999, su abogado solicitó al BCE que efectuase un examen precontencioso de la mencionada decisión y que, mediante escrito de 9 de diciembre de 1999, por tanto después de la presentación de la demanda, la administración del BCE le informó de que, por idénticos motivos a los invocados respecto de la decisión de 9 de noviembre de 1999, dicha decisión no podía ser objeto de tal examen.

127 El BCE alega, con carácter principal, que debe declararse la inadmisibilidad de este motivo por tardío y, con carácter subsidiario, que es infundado, puesto que las Decisiones impugnadas, al haber sido adoptadas por el Comité Ejecutivo del BCE, no pueden ser objeto de examen precontencioso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

128 El artículo 41 de las condiciones de contratación establece:

«Con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento del personal, los empleados podrán presentar a la administración quejas y reclamaciones para que sean examinadas con carácter precontencioso ["administrative review"], y esta última las examinará analizando la coherencia de las decisiones adoptadas en cada caso concreto con la política de personal y las condiciones de empleo del BCE. Los empleados que no estuvieran conformes con el resultado del procedimiento de examen precontencioso podrán recurrir al procedimiento de reclamación ["grievance procedure"] previsto en el Reglamento del personal.

Los procedimientos que se acaban de mencionar no podrán utilizarse para impugnar:

i) las decisiones del Consejo de Gobierno o las directrices internas del BCE, incluidas las directrices formuladas en las condiciones de contratación o en el Reglamento del personal,

ii) las decisiones para las que existan procedimientos de recurso específicos, o

iii) las decisiones de no confirmar el nombramiento definitivo de empleados en período de prácticas.»

129 El Reglamento del personal describe, en su artículo 8.1, por una parte, el procedimiento de examen precontencioso y, por otra parte, el procedimiento de reclamación. Estos dos procedimientos son complementarios.

130 En el primer procedimiento, si la cuestión corresponde, en esencia, al ámbito de facultades de la división en la que está destinado el empleado, debe plantearla a su jefe de división. Si forma parte de la responsabilidad de la dirección de personal, ha de someterla al director de personal. Si la cuestión no se resuelve de manera satisfactoria en el plazo de un mes, o si el empleado no desea someterla a las autoridades antes mencionadas, puede plantearla, en el primer supuesto, al director o al director general y, en segundo, al director general de administración y personal. Éstos deben de adoptar, en el plazo de un mes a partir de la comunicación de la cuestión, una decisión motivada que ha de notificarse al demandante.

131 El empleado que no esté de acuerdo con la decisión adoptada de ese modo o que no reciba ninguna respuesta en el plazo de un mes puede acudir al procedimiento de reclamación (artículos 8.1.4 y 8.1.5 del Reglamento del personal). A tal efecto, el empleado debe enviar al Presidente del BCE un escrito precisando los motivos que le llevan a impugnar la decisión y el remedio que solicita. El Presidente ha de responder por escrito en el plazo de un mes (artículo 8.1.5 del Reglamento del personal). La aplicación del procedimiento de reclamación no suspende la decisión impugnada (artículo 8.1.6 del Reglamento del personal).

132 En el presente asunto, el demandante solicitó que se efectuara un examen precontencioso de la decisión de 9 de noviembre de 1999 y también de la de 18 de noviembre de 1999, por la que fue despedido.

133 El BCE le respondió, en lo que se refiere a la primera solicitud, el 17 de noviembre de 1999 y, en cuanto a la segunda, el 9 de diciembre de 1999 (es decir, después de la interposición del recurso, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1999).

134 En lo referente a la admisibilidad del motivo, procede recordar que el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento establece que en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

135 En el presente asunto, la denegación de la solicitud de examen precontencioso de la decisión de 9 de noviembre de 1999 fue puesta en conocimiento del demandante antes de la presentación de la demanda. Por el contrario, la misma denegación referida a la decisión de despido sólo lo fue posteriormente.

136 De lo antedicho se deduce que la impugnación de la primera denegación, efectuada por primera vez en la fase de réplica, debe declararse inadmisible, puesto que se refiere a un elemento que se conocía antes de la presentación de la demanda. Por el contrario, ha de declararse admisible la impugnación de la segunda denegación, puesto que atañe a un elemento que apareció durante el procedimiento.

137 En cuanto al fondo de dicha impugnación, resulta de las condiciones de contratación que las decisiones de despido las tiene que adoptar el Comité Ejecutivo del BCE [artículos 11, letra a), y 43, inciso ii)]. Pues bien, en el Reglamento del personal, la autoridad competente para efectuar un examen precontencioso es el jefe de división, el director o el director general de la división del empleado, si la cuestión atañe principalmente a dicha división, o el director general de administración y personal, si la cuestión corresponde principalmente a la dirección de personal. Por consiguiente, el Reglamento del personal no prevé la posibilidad de efectuar un examen precontencioso de una cuestión que corresponda, como en el presente asunto, al ámbito de competencias del Comité Ejecutivo del BCE.

138 Además, en el presente asunto, el procedimiento de reclamación, que constituye la continuación necesaria del examen precontencioso no se podía aplicar, con arreglo a las disposiciones del Reglamento del personal. En efecto, la autoridad designada por el Reglamento del personal en el ámbito del procedimiento de reclamación es el Presidente del BCE o, si está ausente, el Vice-Presidente o, en caso de que estén ausentes los dos, otro miembro del Comité Ejecutivo. Pues bien, aunque se admita que el miembro de una institución que haya adoptado, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), una decisión que perjudique a un empleado no está obligado a abstenerse de participar en la deliberación de la junta de miembros de dicha institución sobre la reclamación presentada por el empleado contra la decisión de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 1980, Vecchioli/Comisión, 101/79, Rec. p. 3069, apartado 31), no cabe admitir que un miembro de una institución o de un organismo como el BCE sea el único que pueda pronunciarse sobre una reclamación dirigida contra una decisión que haya adoptado la junta de miembros de dicha institución o de dicho organismo, por tanto que él solo pueda apreciar las imputaciones presentadas contra una decisión colegiada en la que haya participado.

139 De lo antedicho se deduce que el procedimiento de examen precontencioso y el procedimiento de reclamación no podían aplicarse, en el presente asunto, con arreglo a las disposiciones del Reglamento del personal.

140 A este respecto, el demandante alega, en esencia, que, en el Reglamento del personal, se aplicó erróneamente el artículo 41 de las condiciones de contratación, que no excluye la posibilidad de establecer un procedimiento administrativo previo contra decisiones como la Decisión impugnada. Se basa para ello en el tenor literal del artículo 41 de las condiciones de contratación, que establece que sólo se puede aplicar el procedimiento administrativo previo a las tres categorías de decisiones enumeradas, es decir, las decisiones del Consejo de Gobierno del BCE o cualquier directriz interna del BCE, incluida cualquier directriz formulada en las condiciones de contratación o en el Reglamento del personal, cualquier decisión para la que existan procedimientos de recurso específicos o cualquier decisión de no confirmar el nombramiento definitivo de un empleado en período de prácticas. Por tanto, la categoría a la que pertenece la Decisión impugnada, es decir, la de las decisiones disciplinarias que, con arreglo al artículo 43, inciso ii), de las condiciones de contratación, son competencia del Comité Ejecutivo del BCE, no forma parte de dichas excepciones.

141 Por consiguiente, se plantea la cuestión de si la enumeración de los supuestos de exclusión del procedimiento administrativo previo, que figura en el artículo 41 de las condiciones de contratación, es limitativa.

142 Procede señalar a este respecto, por una parte, que las condiciones de contratación otorgan al Comité Ejecutivo la facultad de imponer las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 43, inciso ii), incluido el despido. Por otra parte, el único órgano de decisión del BCE que es superior, desde el punto de vista jerárquico, al Comité Ejecutivo es el Consejo de Gobierno. Pues bien, éste carece de competencia para examinar las decisiones disciplinarias del Comité Ejecutivo. En efecto, resulta del artículo 11.6 de los Estatutos del SEBC que el Comité Ejecutivo es el único responsable de la gestión diaria del BCE.

143 Según la lógica de los Estatutos del SEBC y de las condiciones de contratación, no existe por tanto ninguna autoridad con competencia para conocer del procedimiento administrativo previo en dos etapas que establece el artículo 41 de las condiciones de contratación dirigido contra las decisiones del Comité Ejecutivo.

144 Por tanto, dichas decisiones no pueden ser objeto del procedimiento que define dicho artículo, aunque éste no contiene ninguna indicación al respecto.

145 Esta falta de procedimiento administrativo previo se compensa por el hecho de que, con arreglo al artículo 43 de las condiciones de contratación, las decisiones de que se trata se adoptan al término de un procedimiento contradictorio, de manera que los empleados afectados han tenido ocasión de manifestar su posición sobre las imputaciones que se formulan contra ellos.

146 Por tanto, debe desestimarse este motivo.

2. Sobre el motivo basado en la violación del principio ne bis in idem

Exposición sumaria de las alegaciones de las partes

147 El demandante considera que el hecho de que el Comité Ejecutivo del BCE, por una parte, decidiera el 9 de noviembre de 1999, sobre la base del resultado del procedimiento disciplinario, mantener su suspensión, impuesta el 18 de octubre de 1999, y deducir, a partir del 10 de noviembre de 1999, la mitad de su sueldo base, con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación y, por otra parte, decidiera el 18 de noviembre de 1999 despedirlo por idénticos motivos, su despido supone sancionarlo dos veces por los mismos hechos y viola, por tanto, el principio ne bis in idem.

148 El BCE admite que el principio ne bis in idem prohíbe imponer varias sanciones disciplinarias por una única infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1966, Gutmann/Comisión, asuntos acumulados 18/65 y 35/65, Rec. p. 149). Alega que sin embargo, en el presente asunto, no se ha quebrantado dicho principio. Es preciso distinguir la suspensión, que sólo es una medida provisional, del despido, que constituye por su parte la única sanción impuesta en el presente asunto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

149 Procede observar que, en contraposición al Estatuto de los Funcionarios, que establece en su artículo 86, apartado 3, que «no podrá imponerse más de una sanción disciplinaria por una misma falta», las condiciones de contratación y el Reglamento del personal no incluyen ninguna disposición que exija respetar dicho principio. Constituye, sin embargo, un principio general de Derecho comunitario que se aplica independientemente de todo texto (véase, en este sentido, la sentencia Gutmann/Comisión, antes citada, p. 172).

150 En el presente asunto, el demandante fue objeto sucesivamente, de parte del Comité Ejecutivo del BCE, el 18 de octubre de 1999, de una medida de suspensión sin reducción de sueldo, con arreglo al artículo 44 de las condiciones de contratación, además, el 9 de noviembre de 1999, de la confirmación de dicha suspensión acompañada, con efectos de 10 de noviembre de 1999, de