5.

Nolle alega que el Reglamento n° 725/89 es inválido y en consecuencia nulo, por vulnerar las normas comunitarias de rango superior, es decir, el Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1), así como el artículo 190 del Tratado CEE. Esta ilegalidad se deduce de cuatro motivos diferentes. En primer lugar, la parte demandante alega que el valor normal tomado como base para el cálculo del margen de dumping fue calculado incorrectamente, ya que no debería haberse tomado a Sri Lanka como país de referencia. Según el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2423/88, en el caso de importaciones procedentes de países que no tengan economía de mercado el valor normal se determinará de «manera apropiada y no irrazonable», basándose en alguno de los criterios siguientes: a) el precio al que se venda realmente un producto similar de un tercer país de economía de mercado, o b) el valor calculado del producto similar en un tercer país de economía de mercado, o bien c) el precio realmente pagado o por pagar en la Comunidad por el producto similar. Nolle sostiene que, hasta la fecha, la Comisión ha basado su práctica en materia de elección del país de referencia en el sentido de la letra a) del apartado 5 del artículo 2 sobre la existencia en dicho país de un producto similar, de un volumen de producción similar, de precios obtenidos por el juego de las reglas de la economía de mercado, de métodos de producción similares y de condiciones de acceso a las materias primas comparables â las del país de exportación de que se trate [véanse el Reglamento (CEE) n° 407/80 del Consejo, de 18 de febrero de 1980, por ei que se establece un derecho antidumping definitivo sobre un carbonato de sodio determinado originario de la Unión Soviética (ĎO L 48, p. 1); la Decisión 80/410/CEE de la Comisión, de 10 de abril de 1980 (DO L 97, p. 1); y la Decisión 82/398/CEE de la Comisión, de 14 de junio de 1982 (DO L 172, p. 47)]. Según la demandante, no debería haberse elegido Sri Lanka como país de referencia, pues no reúne ninguna de estas condiciones. Así, este país no fabrica productos similares, pues China produce pinceles redondos, planos y de radiador, mientras que Sri Lanka fabrica únicamente pinceles planos (al igual que otros no sujetos al derecho antidumping establecido). Los volúmenes de producción no son comparables, pues Sri Lanka sólo cuenta con dos productores, uno de los cuales tiene una producción mínima de los productos de que se trata, mientras que en China existen al menos 150 pequeñas y medianas empresas cuyo volumen de producción es al menos 200 veces más elevado que en Sri Lanka. Por otro lado, la industria srilankesa se ve obligada a importar tanto las cerdas como la madera para los mangos y las virolas, en tanto que China acapara prácticamente el 85 % del mercado mundial de las cerdas. Por último, el precio nacional no es el resultado del juego de la economía de mercado al no existir una competencia natural, pues los dos productores existentes se reparten alrededor del 90 % del mercado interior, y el único fabricante del producto de que se trata es una filial de un fabricante comunitario que ha tomado parte determinante en el procedimiento antidumping promovido por los fabricantes europeos. Con arreglo al primer guión del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento n° 2423/88, la determinación del perjuicio debe llevarse a cabo sin tener en cuenta a aquellas empresas que tengan vínculos con los exportadores o los importadores. Esta disposición sugiere la idea de que tampoco deben tenerse en consideración informaciones procedentes de fabricantes de un tercer país que tengan «vínculos» especiales con las personas que presentan la denuncia. La conjunción de estos factores se traduce en un nivel de precios muy superior al que se habría obtenido si se hubiera elegido otro país de referencia, como el propuesto por los importadores —Taiwàn— el cual fue rechazado por la Comisión alegando que las características físicas y los costes de producción eran diferentes, y que los productores de Taiwàn consultados se negaron a colaborar (puntos 16 y 17 de los considerandos del Reglamento n° 725/89). Así, el cálculo del valor normal determinó un error en el cálculo del margen de dumping. Este margen, que es superior al 90 %, habría sido mucho menos elevado si la Comisión hubiera elegido como país de referencia un Estado miembro de la Comunidad, aunque dicho Estado presente un nivel de costes de producción muy superior al de China. En segundo lugar, la demandante sostiene que no puede admitirse la existencia de un perjuicio para la industria comunitaria. Los pinceles fabricados en la Comunidad, y más en concreto en Alemania, son de mejor calidad que los importados de China, y, por consiguiente, sólo puede demostrarse una diferencia de precios en relación con los precios de la calidad más baja, que, no obstante, no pueden considerarse similares. El volumen de las importaciones ha disminuido en lugar de aumentar, y la producción alemana de pinceles está en franca progresión desde 1981, sin que las importaciones de pinceles chinos hayan afectado al empleo en la industria mencionada, en la cual la reducción de puestos de trabajo es consecuencia de los progresos de la automatización y de la racionalización. Además, al calcular el perjuicio, la Comisión no debía tener en cuenta Estados miembros como Francia, Italia e Irlanda, ya que en ellos no se había efectuado ninguna comprobación y que Francia e Italia sólo importan un volumen insignificante de pinceles chinos. Por otra parte, la Comisión no estaba facultada para utilizar las informaciones recabadas durante las investigaciones efectuadas a los fabricantes alemanes. Según el primer guión del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento n° 2423/88, la determinación del perjuicio debe efectuarse sin tener en cuenta a las empresas que tengan vínculos particulares con los exportadores o los importadores. En efecto, las cuatro empresas afectadas importan pinceles chinos y una de ellas, la empresa Schabert, ha lanzado una asociación, apoyada por la empresa Roţhlaender, el mayor importador de cerdas para pinceles en Alemania, con vistas a la fabricación de pinceles en China. Hay que decir que los fabricantes alemanes realizan dos tercios de las importaciones de pinceles chinos, y por ello resulta difícil sostener, como hace el Consejo (punto 30 de los considerandos del Reglamento n° 725/89), que hayan llevado a cabo dichas importaciones como medida de legítima defensa contra una competencia desleal y que los pinceles fueron revendidos con beneficios moderados. Si más de dos tercios de las importaciones pudieron venderse con beneficios, cabe preguntarse cómo es posible que la parte restante haya podido provocar un perjuicio de tal magnitud a los productores comunitarios. En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión admitió equivocadamente la existencia de un interés de la Comunidad en el sentido del artículo 12 del Reglamento n° 2423/88. A su juicio, el procedimiento fue promovido a instancias de los industriales europeos para eliminar una práctica colusoria ilícita encaminada a suprimir a los importadores independientes del mercado. Sostiene que los importadores independientes fueron informados de que los fabricantes alemanes y los exportadores chinos incurrieron en práctica colusoria al pactar que los importadores independientes no podrían ya abastecerse directamente, dado que los suministros a los fabricantes comunitarios debían realizarse en lo sucesivo por mediación de los importadores de cerdas, Rothlaender y Berg. Ayudar a la industria comunitaria de la pincelería a efectuar mediante un derecho antidumping un «saneamiento del mercado» contrario al Derecho comunitario de la competencia no puede responder a un interés comunitario. Por último, el cuarto motivo consiste en que el Reglamento n° 725/89 incumple la obligación de motivación que establece el artículo 190 del Tratado CEE. Los considerandos del Reglamento no responden, o lo hacen de modo insuficiente, a las principales objeciones ya alegadas por la parte demandante en el marco del procedimiento antidumping en contra de la imposición de un derecho antidumping.