ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
111

En cualquier caso, carece de fundamento de hecho la afirmación de que esas valoraciones sólo reflejan los criterios de la Comisión. La República Francesa no ha demostrado en particular que la apreciación de una garantía de Estado por las agencias de calificación tuviera como origen la Decisión 2005/145/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (DO 2005, L 49, p. 9). La sola circunstancia de que los documentos emanantes de las agencias de calificación a los que se refirió la Comisión fueran posteriores a esa Decisión no basta para demostrar que la apreciación de las garantías del Estado por esas agencias tuviera necesariamente como origen la adopción de dicha Decisión. No puede reprocharse al respecto a la Comisión haberse referido a documentos coetáneos de la Decisión impugnada, en lugar de informes muy anteriores a la fecha de su adopción.
31

El 21 de octubre de 2009 ING envió un escrito a la Comisión para manifestar que ING aceptaba, a instancias de la Comisión, retirar las observaciones antes citadas para permitirle adoptar, a más tardar el 18 de noviembre de 2009, una decisión definitiva sobre las medidas de ayuda referidas en el anterior apartado 3. En ese escrito ING señalaba, no obstante, que seguía manteniendo que el coste de la medida relativa a los activos depreciados había sido correctamente evaluado. En respuesta, la Comisión indicó por correo electrónico que no podía aceptar un escrito de ING que manifestaba que era la Comisión quien había solicitado la retirada de las observaciones. La Comisión precisó que necesitaba un escrito que indicara únicamente que ING retiraba sus observaciones, ya que éstas ya no eran pertinentes en relación con el acuerdo y la decisión esperada («We need a letter that simply states that ING is withdrawing its observations because they are [no] longer valid in view of the settlement and the expected decision»). Para terminar, la Comisión indicó que no se iniciaría el proceso decisorio hasta que recibiera tal escrito («Once again, I will not start the decision process before I have not received such a letter»). A raíz de ese correo electrónico ING envió un nuevo escrito de fecha 21 de octubre de 2009 para responder a lo que esperaba la Comisión.
En materia de ayudas de Estado, el examen de una denuncia conlleva necesariamente la apertura de la fase previa de examen a la que la Comisión está obligada a poner fin mediante la adopción de una decisión en el sentido del artículo 4 del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE. En el supuesto en el que, a raíz del examen de una denuncia, la Comisión declare que el examen no permite llegar a la conclusión de que existe una ayuda de Estado, dicha institución se niega implícitamente a iniciar el procedimiento de investigación formal, medida que es imposible calificar de mero acto de trámite. Por lo tanto, una vez que el denunciante ha presentado sus observaciones complementarias tras un primer escrito de la Comisión informándolo, con arreglo al artículo 20, apartado 2, segunda frase, del Reglamento no 659/1999, de que considera que no existen motivos suficientes para pronunciarse sobre el asunto, la Comisión está obligada, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, a poner término a la fase previa de examen mediante la adopción de una decisión con arreglo al artículo 4, apartados 2, 3 o 4, del mismo Reglamento, a saber, una decisión en la que declare la inexistencia de la ayuda, una decisión de no formular objeciones o una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. Por lo demás, para determinar si un acto de la Comisión constituye tal decisión, ha de tenerse en cuenta únicamente la esencia de éste y no el hecho de si satisface o no determinados requisitos formales. Si no fuera así, la Comisión podría sustraerse al control del juez comunitario por el mero incumplimiento de esos requisitos formales.

La obligación de la Comisión de adoptar una decisión tras la fase previa de examen o la calificación jurídica de su reacción a una denuncia, no está supeditada a una condición relativa a la calidad de la información facilitada por el denunciante, a saber, su pertinencia o su carácter detallado. Por lo tanto, la escasa calidad de la información facilitada en apoyo de una denuncia no puede dispensar a la Comisión de su obligación de iniciar la fase previa de examen ni de poner fin al examen mediante una decisión con arreglo al artículo 4 del Reglamento no 659/1999. Tal interpretación no le impone una obligación de examen desmesurada en el supuesto de que la información facilitada por el denunciante sea vaga o se refiera a un ámbito muy amplio.

Por lo tanto, en un supuesto de hecho en el que la Comisión ha adoptado claramente una postura en el sentido de que, en su opinión, las medidas denunciadas por la demandante no eran constitutivas de una ayuda de Estado esa decisión ha de calificarse de decisión adoptada con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 659/1999, a cuyo tenor «cuando, tras un examen previo, la Comisión compruebe que la medida notificada no constituye una ayuda, lo declarará mediante decisión». Una decisión como ésta es un acto susceptible de recurso.

(véanse los apartados 27 a 31 y 33)
5

El 2 de mayo de 2005, la demandante, Formula One Licensing BV, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento no 207/2009), al registro de la marca solicitada, alegando un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento no 207/2009].
383

En cuarto lugar, para demostrar sus alegaciones, Intel se refirió a un acta de NEC, de fecha 8 de mayo de 2002, relativa a la reunión con Intel de los días 6 y 7 de mayo de 2002. Como alega la Comisión, de la segunda página de este documento se desprende que, a cambio de la aceptación del plan de reajuste, NEC deseaba obtener no solo MDF, sino también ECAP, y un nuevo marco contractual. Esto se corresponde, además, con los documentos examinados en el anterior apartado 365. No obstante, de la tercera página de dicha acta resulta que la condición para alcanzar el nivel de MSS discutido el segundo día de las negociaciones consistiría en la asignación de una determinada cantidad en concepto de MDF. Por otra parte, si bien Intel parece haber aceptado durante el segundo día de las conversaciones una parte de la solicitud de NEC relativa a los «MDF/ECAP», puesto que en la tercera página de dicha acta se menciona la expresión «Intel responded with 50 % aception for total 12 items of Nec’s ECAP/MDF request» (Intel respondió favorablemente a un 50 % del total de los doce epígrafes que constituyen las pretensiones de NEC en lo que respecta a las ECAP y a los MDF), tal mención no permite determinar qué parte de la solicitud fue aceptada, si la relativa a los MDF o la relativa a las ECAP. Ello es tanto más cierto cuanto que, en la cuarta página de esa misma acta, en el punto titulado «Etapa siguiente» se menciona la expresión «Intel reviews with [M and P] for MDF request/ECAP request» (Intel reexamina con [M y P] las pretensiones relativas a los MDF y a las ECAP), de modo que no es posible identificar si una parte de la solicitud de NEC fue finalmente aceptada y, en caso afirmativo, qué parte. Por lo tanto, es preciso señalar que esa acta está redactada de forma sucinta y que existe incertidumbre sobre su correcta comprensión.
34

Además, el Estado miembro de que se trate que, al término de ese diálogo, se opone, en su caso, a la divulgación del documento en cuestión está obligado a motivar tal oposición a la luz de dichas excepciones. La institución no puede admitir la oposición manifestada por un Estado miembro a divulgar un documento procedente de él si esa oposición carece de toda motivación o si la motivación esgrimida no se articula sobre las excepciones enumeradas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento no 1049/2001. Cuando, a pesar de que la institución haya instado expresamente en tal sentido al Estado miembro de que se trate, éste no facilita tal motivación, esa institución debe, si, por su parte, considera que no se aplica ninguna de las excepciones indicadas, permitir el acceso al documento solicitado (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 6 supra, apartados 87 y 88).
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 12 de mayo de 2011 — Jager & Polacek/OAMI (REDTUBE)

(Asunto T‑488/09)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa REDTUBE — Marca nacional anterior no registrada Redtube — Falta de pago de las tasas de oposición dentro de plazo — Resolución mediante la que se considera no formulada la oposición — Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2869/95 — Protección de la confianza legítima — Regla 17 del Reglamento (CE) nº 2868/95 — Procedimiento ex parte — Artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 216/96 — Regla 18 del Reglamento nº 2868/95 — Naturaleza jurídica de una comunicación de la OAMI mediante la que se informa que se ha considerado admisible una oposición — Regla del paralelismo de formas y del actus contrarius — Artículo 80 del Reglamento (CE) nº 207/2009»

Marca comunitaria — Procedimiento de registro — Observaciones de terceros y oposición — Falta de pago de las tasas de oposición [Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, art. 8, aps. 3 y 4] (véanse los apartados 38 a 41 y 44 a 49)

Objeto

Recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 29 de septiembre de 2009 (asunto R 442/2009-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Jager & Polacek GmbH y RT Mediasolutions s.r.o.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: RT Mediasolutions s.r.o. Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «REDTUBE» para productos y servicios de las clases 9, 38 y 41 — Solicitud nº 6.096.309 Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Jager & Polacek GmbH Marca o signo invocados en oposición: Marca no registrada Redtube Resolución de la División de Oposición: Se considera no formulada la oposición Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso





Fallo

1) Desestimar el recurso.
3.

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de adjudicación de contratos públicos — Obligación de respetar el principio de igualdad de trato y de no discriminación de los licitadores — Alcance [Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión] (véanse los apartados 65 a 68)
A este respecto, cuando se trata de un mercado nacional caracterizado por la existencia de monopolios territoriales de hecho, carece de pertinencia la circunstancia de que no exista un monopolio legal en ese mercado. En efecto, para determinar si existe competencia potencial en un mercado, la Comisión debe examinar las posibilidades reales y concretas de que las empresas de que se trate compitan entre ellas o de que un nuevo competidor pueda entrar en ese mercado y competir con las empresas en él establecidas. Este examen de la Comisión debe llevarse a cabo sobre una base objetiva de esas posibilidades, de modo que no tiene relevancia alguna el hecho de que dichas posibilidades estén excluidas como consecuencia de un monopolio que deriva directamente de la normativa nacional o, indirectamente, de la situación fáctica originada por la aplicación de ésta.

El artículo 81 CE, apartado 1, sólo se aplica a los acuerdos que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros.

La incidencia sobre el comercio intracomunitario es, en general, el resultado de una combinación de diversos factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos. Para verificar si una práctica colusoria afecta sensiblemente al comercio entre los Estados miembros, es preciso examinarla dentro de su contexto económico y jurídico. A este respecto tiene poca importancia que la influencia de una práctica colusoria sobre los intercambios sea perjudicial, neutra o favorable. En efecto, una limitación de la competencia puede afectar el comercio entre Estados miembros cuando puede desviar los flujos comerciales del curso que habrían seguido en ausencia de la misma.

Asimismo, la capacidad de una práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros, es decir, su efecto potencial, es suficiente para que esté comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE y no es necesario demostrar un perjuicio efectivo a los intercambios. No obstante, es necesario que el efecto potencial de la práctica colusoria sobre el comercio interestatal sea sensible, o, en otros términos, que no sea insignificante.

Además, por su propia naturaleza, una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio de un Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones de carácter nacional, y obstaculiza de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado.

Cuando se trate de mercados nacionales caracterizados por la existencia de un monopolio legal o de hecho, en la medida en que la Comisión no haya demostrado que hubiera una competencia potencial en esos mercados, no puede considerar que el acuerdo o las prácticas relativos a dichos mercados pueden tener un efecto sensible sobre los intercambios entre Estados miembros.

(véanse los apartados 151 a 155)
152

Ante el Tribunal, la Comisión ha sostenido que la SGC local no podía abandonar su papel de supervisión, ya que tenía una obligación fiduciaria frente a los titulares, a pesar de competir con otras SGC. A este respecto debe destacarse que la obligación fiduciaria en cuestión sólo rige en la relación entre una SGC y los titulares afiliados a ésta. Por lo tanto, no es seguro que esta obligación exija a la SGC local que desarrolle sus actividades en beneficio de los titulares afiliados a sus homólogas, cuando ya no es la única SGC que puede conceder licencias en el territorio en el que se halla establecida. Asimismo, no se discute que la SGC A no tendría ninguna obligación frente a la SGC B si la SGC B confiriera la gestión del repertorio B sobre el territorio A a la SGC C, no establecida en el territorio A.
44

La Comisión, mediante escritos de 23 de octubre de 2008, de 19 de febrero y de 16 de marzo de 2009, y la demandante, mediante escritos de 7 y 10 de noviembre de 2008, de 8 de enero y de 23 de junio de 2009 y de 28 de enero de 2010, solicitaron que determinados datos confidenciales contenidos en los escritos de demanda, de contestación a la demanda, de réplica y de dúplica, en las observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención de la República Helénica y en las observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención de las empresas coadyuvantes no fueran trasladados a estas últimas. El traslado de los referidos escritos procesales a las empresas coadyuvantes se limitó a la versión no confidencial, extremo respecto del cual dichas empresas no formularon objeciones.
3.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA — Concesión de ayudas y de primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno — Obligación implícita — Alcance [Reglamentos del Consejo (CEE) no 2392/86, art. 4, ap. 4, y (CE) no 1493/1999, art. 2, ap. 1; Reglamento (CE) no 2729/2000 de la Comisión, art. 5, ap. 2] (véanse los apartados 77 y 78)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento (CE) nº 40/94 [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letras b) a d), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 32 a 35, 59 a 65, 78 y 79)

2. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 89 y 93)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 23 de julio de 2008 (asunto R 1012/2007-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Psytech International Ltd y el Institute for Personality & Ability Testing, Inc.

Datos relativos al asunto

>lt>2

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Psytech Internacional Ltd.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria

—

Definición y adquisición de la marca comunitaria

—

Motivos de denegación relativos

—

Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares

—

Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 24 y 43)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 16 de junio de 2008 (asunto R 1590/2007-2) relativa a un procedimiento de oposición entre 2nine Ltd y Pacific Sunwear of California, Inc.

Datos relativos al asunto

>lt>8

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a 2nine Ltd a cargar con sus propias costas, y con las costas en que haya incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
Asunto T-137/08

BCS SpA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria consistente en una combinación de los colores verde y amarillo — Motivo de denegación absoluto — Carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 3, y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 3, y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009] — Motivo de denegación relativo — Marca nacional anterior no registrada consistente en una combinación de los colores verde y amarillo — Artículo 8, apartado 4, y artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009] — Obligación de motivación — Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento no 207/2009)»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 28 de octubre de 2009 II ‐ 4050

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3] Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3] Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3, y art. 51, aps. 1, letra a), y 2] Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Objetivo [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 73]
Marca o signo invocados en oposición:

Marca registrada denominativa de Benelux no 545.551 «G-STAR» para productos de la clase 25; marca registrada comunitaria figurativa no 3.445.401 «G-STAR» para productos de las clases 9 y 25; marca registrada comunitaria denominativa no 3.444.262 «G-Star» para productos de las clases 9 y 25; marca registrada anterior notoriamente conocida «G-Star» protegida en varios países para productos de la clase 25; marca registrada comunitaria no 3.444.171 «G-STAR RAW DENIM» para productos de las clases 9 y 35; nombre comercial neerlandés G-Star International BV
El principio de la fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial y, por otra parte, las disposiciones pertinentes del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, a saber, el artículo 52, apartado 4, y el artículo 96, apartado 2 no establecen regla alguna en este sentido.

Además, las declaraciones hechas en la resolución final en materia de oposición no pueden ignorarse totalmente a la hora de de resolver la solicitud de nulidad que enfrenta a las mismas partes, tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria de la Oficina constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado.

En cambio, en un procedimiento de nulidad, las instancias de la Oficina no están vinculadas por las declaraciones efectuadas en la resolución final dictada en el procedimiento de oposición, en virtud de la regla nemo potest venire contra factum proprium, de la protección de los derechos adquiridos, así como de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. En efecto, por una parte, en la medida en que la resolución dictada en un procedimiento de oposición, aun cuando sea firme, no tiene fuerza de cosa juzgada, no puede crear derechos adquiridos ni confianza legítima en cuanto al resultado de un procedimiento de nulidad posterior. Por otra parte, en caso contrario, se privaría de todo efecto útil a la impugnación del registro de una marca comunitaria que hubiera sido objeto de una resolución en un procedimiento de oposición mediante una solicitud de nulidad que enfrentara a las mismas partes, tuviera el mismo objeto y se basara en los mismos motivos, pese a que ésta puede formularse en virtud del Reglamento no 40/94.

(véanse los apartados 34 a 36)
1

El 21 de septiembre de 2000, la parte interviniente, easyGroup IP Licensing Ltd., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
Al adoptar el Reglamento no 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común, el Consejo de la Unión se fijó como objetivo, en particular, establecer un procedimiento que permitiera a la Comisión salvaguardar los intereses del presupuesto comunitario e imputar a la cuenta del Estado miembro correspondiente una parte de los importes perdidos por las irregularidades y no recuperados en un plazo razonable. El artículo 32, apartado 5, de este Reglamento permite a la Comisión imputar al Estado miembro la mitad de los importes perdidos por irregularidades o no recuperados en plazos razonables, sin tener que demostrar caso por caso que la falta de recuperación o el retraso en la recuperación de los importes de que se trata se deben al comportamiento negligente de las autoridades nacionales. La imputación al presupuesto nacional de un 50 % de la carga financiera que se deriva de la falta de recuperación o de un retraso en la recuperación es una consecuencia automática del mero transcurso del tiempo.

(véanse los apartados 107 y 108)