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C 109/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de enero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli — Italia) — YT y otros / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Asunto C-282/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada - Cláusulas 4 y 5 - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Profesores de religión católica - Concepto de «razones objetivas» que justifican la renovación de tales contratos - Necesidad permanente de sustitución de personal)

(2022/C 109/03)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Napoli

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD y OK

Demandadas: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

con intervención de: Federazione GILDA-UNAMS

Fallo

La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido, por una parte, de que se opone a una normativa nacional que excluye a los profesores de religión católica de los centros de enseñanza pública de la aplicación de las normas que sancionan la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, si no existe ninguna otra medida efectiva en el ordenamiento jurídico interno que sancione dicha utilización abusiva, y, por otra parte, de que la necesidad de una declaración de idoneidad expedida por una autoridad eclesiástica para permitir a estos profesores enseñar la religión católica no constituye una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo Marco, puesto que esa declaración se expide una sola vez y no antes de cada año escolar que da lugar a la celebración de un contrato de trabajo de duración determinada.

(1) DO C 206 de 17.6.2019.
1)

Los artículos 2, apartado 1, y 3, letra e), de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que permite que, dentro de los límites de una instalación sujeta al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el ámbito de la Unión Europea, se incluyan unos dispositivos accesorios que no emiten gases de efecto invernadero, siempre y cuando estos dispositivos cumplan los criterios previstos en el artículo 3, letra e), de la citada Directiva, en su versión modificada, y, en particular, puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación en concepto de los gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II de la propia Directiva, en su versión modificada.
El artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, leído a la luz del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que excluye del derecho a afiliarse al sistema público de seguro de enfermedad del Estado miembro de acogida, para disfrutar de prestaciones de atención médica financiadas por dicho Estado, a los ciudadanos de la Unión que no ejercen una actividad económica, nacionales de otro Estado miembro, sujetos, en virtud del artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, a la legislación del Estado miembro de acogida y que ejercen su derecho de residencia en el territorio de ese Estado miembro de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), de esta Directiva.

Los artículos 4 y 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, y los artículos 7, apartado 1, letra b), y 24 de la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que, en cambio, no se oponen a que la afiliación de tales ciudadanos de la Unión a ese sistema no sea gratuita, para evitar que dichos ciudadanos se conviertan en una carga excesiva para el erario público del Estado miembro de acogida.
C 278/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de mayo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Vereniging van Effectenbezitters / BP plc

(Asunto C-709/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Artículo 7, punto 2 - Competencia en materia delictual o cuasidelictual - Lugar de materialización del daño - Daño que consiste exclusivamente en una pérdida económica)

(2021/C 278/09)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vereniging van Effectenbezitters

Demandada: BP plc

Fallo

El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que la materialización directa en una cuenta de inversión de un daño puramente económico como consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas bajo la influencia de información fácilmente accesible a nivel mundial pero inexacta, incompleta o engañosa de una sociedad internacional cotizada en bolsa no permite atribuir, por razón de la materialización del daño, la competencia internacional a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que estén establecidos el banco o la empresa de inversión en cuyo registro se encuentra inscrita la cuenta cuando dicha sociedad no hubiera estado sometida a obligaciones legales de publicidad en ese Estado miembro.

(1) DO C 19 de 20.1.2020.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 20 de mayo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Asunto C-879/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Determinación de la legislación aplicable - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 13, apartado 2, letra a) - Artículo 14, apartado 2 - Persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros - Contrato de trabajo único - Empresario establecido en el Estado miembro de residencia del trabajador - Actividad por cuenta ajena ejercida exclusivamente en otros Estados miembros - Trabajo efectuado en diferentes Estados miembros durante períodos sucesivos - Requisitos)

(2021/C 278/13)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Demandada: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

con intervención de: UA

Fallo

El artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una persona que, en el marco de un único contrato de trabajo celebrado con un único empresario que prevé el ejercicio de una actividad profesional en varios Estados miembros, trabaja, durante varios meses sucesivos, únicamente en el territorio de cada uno de esos Estados miembros, cuando la duración de los períodos ininterrumpidos de trabajo efectuados por esa persona en cada uno de esos Estados miembros exceda de doce meses, extremo este que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 54 de 17.2.2020.
C 182/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče — Eslovenia) — D. J. / Radiotelevizija Slovenija

(Asunto C-344/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Directiva 2003/88/CE - Artículo 2 - Concepto de «tiempo de trabajo» - Período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial - Trabajo específico relativo al mantenimiento de transmisores de televisión situados lejos de zonas habitadas - Directiva 89/391/CEE - Artículos 5 y 6 - Riesgos psicosociales - Deber de prevención)

(2021/C 182/03)

Lengua de procedimiento: esloveno

Órgano jurisdiccional remitente

Vrhovno sodišče

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: D. J.

Recurrida: Radiotelevizija Slovenija

Fallo

El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial durante el cual un trabajador solo debe estar localizable por teléfono y poder presentarse en su lugar de trabajo, en caso de necesidad, en el plazo de una hora, pudiendo residir en un alojamiento de servicio puesto a su disposición por el empresario en dicho lugar de trabajo, pero sin estar obligado a permanecer en él, solo constituye, en su totalidad, tiempo de trabajo en el sentido de esta disposición si de una apreciación global de todas las circunstancias del caso de autos, en particular de las consecuencias de dicho plazo y, en su caso, de la frecuencia media de intervención en el transcurso de ese período, se desprende que las limitaciones impuestas a dicho trabajador durante ese período son de tal naturaleza que afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad para administrar libremente, en ese mismo período, el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para dedicarlo a sus propios intereses. El hecho de que el entorno inmediato del lugar en cuestión sea poco propicio para el ocio carece de pertinencia a efectos de dicha apreciación.

(1) DO C 263 de 5.8.2019.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2021 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd

(Asunto C-459/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Armonización de las legislaciones fiscales - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 43 y 44 - Lugar de prestación de servicios a un sujeto pasivo que actúe como tal - Lugar de prestación de servicios de gestión de inversiones a una organización benéfica para los fines de una actividad profesional no económica por parte de proveedores establecidos fuera de la Unión Europea)

(2021/C 182/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Recurrida: Wellcome Trust Ltd

Fallo

El artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un sujeto pasivo que desarrolla una actividad no económica con carácter profesional adquiera servicios para los fines de esa actividad no económica, tales servicios han de considerarse prestados a ese sujeto pasivo «que actúe como tal» en el sentido de dicho artículo.

(1) DO C 280 de 19.8.2019.
2)

El principio non bis in idem, consagrado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a infracciones del Derecho de la competencia, como el abuso de posición dominante contemplado en el artículo 102 TFUE, y prohíbe que se condene o se inicie de nuevo un procedimiento sancionador contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso. En cambio, ese principio no es aplicable cuando se inicie un procedimiento sancionador y se sancione a una empresa por separado e independientemente, por una autoridad de competencia de un Estado miembro y por la Comisión, por infracciones del artículo 102 TFUE relativas a mercados de productos o a mercados geográficos distintos o cuando una autoridad de competencia de un Estado miembro quede privada de su competencia en aplicación del artículo 11, apartado 6, primera frase, del Reglamento n.o 1/2003.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — De Ruiter vof / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-361/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Régimen de ayuda a los agricultores - Reglamento (UE) n.o 1306/2013 - Artículos 97, apartado 1, y 99, apartado 1 - Pagos directos - Reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad - Determinación del año que ha de tomarse en consideración para establecer el porcentaje de reducción - Sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 - Artículo 73, apartado 4, párrafo primero, letra a))

(2021/C 88/08)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: De Ruiter vof

Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Fallo

Los artículos 97, apartado 1, párrafo primero, y 99, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, y el artículo 73, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1306/2013 en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, deben interpretarse en el sentido de que las reducciones de los pagos directos debido al incumplimiento de las normas de condicionalidad han de calcularse sobre la base de los pagos concedidos o por conceder en relación con el año en que se haya producido dicho incumplimiento.

(1) DO C 270 de 12.8.2019.
1)

Declarar que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 343 TFUE, del artículo 39 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, de los artículos 2, 18 y 22 del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y del artículo 4 TUE, apartado 3, al proceder unilateralmente a la incautación de documentos relacionados con el desempeño de las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Eurosistema en los locales de la Banka Slovenije (Banco Central de Eslovenia) y, en lo que atañe al período posterior a dicha incautación, al no cooperar lealmente con el Banco Central Europeo a este respecto.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de noviembre de 2020 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Países Bajos) — R. N. N. S. (C-225/19), K. A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken

(Asuntos acumulados C-225/19 y C-226/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Código comunitario sobre visados - Reglamento (CE) n.o 810/2009 - Artículo 32, apartados 1 a 3 - Decisión de denegación de visado - Anexo VI - Impreso normalizado - Motivación - Amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública o para las relaciones internacionales de uno o de varios Estados miembros - Artículo 22 - Procedimiento de consulta previa a las autoridades centrales de otros Estados miembros - Oposición a la expedición de un visado - Recurso contra una decisión de denegación de visado - Alcance del control jurisdiccional - Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho a la tutela judicial efectiva)

(2021/C 35/11)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: R. N. N. S. (asunto C-225/19), K. A. (asunto C-226/19)

Recurrida: Minister van Buitenlandse Zaken

Fallo

El artículo 32, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, obliga al Estado miembro que ha adoptado la decisión final de denegar la expedición de un visado basándose en el artículo 32, apartado 1, letra a), inciso vi), del Reglamento (CE) n.o 810/2009, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 —al haberse opuesto otro Estado miembro a la expedición del visado—, a indicar, en esa decisión, la identidad del Estado miembro que ha formulado tal oposición, el motivo de denegación concreto basado en esa oposición, añadiendo, en su caso, los elementos esenciales de la fundamentación de dicha oposición y la autoridad a la que puede dirigirse el solicitante de visado para conocer las vías de recurso disponibles en ese otro Estado miembro, y, por otra parte, en el sentido de que, cuando se interpone un recurso contra esa misma decisión al amparo del artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.o 810/2009, en su versión modificada por el Reglamento n.o 610/2013, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que ha adoptado tal decisión no pueden examinar la legalidad en cuanto al fondo de la oposición a la expedición del visado formulada por otro Estado miembro.

(1) DO C 187 de 3.6.2019.
C 28/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de noviembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

(Asunto C-775/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Reglamento (CEE) n.o 2913/92 - código aduanero comunitario - Artículo 29, apartados 1 y 3, letra a) - Artículo 32, apartados 1, letra c), y 5, letra b) - Reglamento (CEE) n.o 2454/93 - Artículo 157, apartado 2 - Determinación del valor en aduana - Valor de transacción de las mercancías importadas - Concepto de «condición de la venta» - Pago como contrapartida de la concesión de un derecho de distribución exclusiva)

(2021/C 28/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Baden-Württemberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Demandada: Hauptzollamt Singen

Fallo

El artículo 29, apartados 1 y 3, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que un pago efectuado, durante un período limitado, por el comprador de mercancías importadas al vendedor de estas, como contrapartida de la concesión por este último de un derecho de distribución exclusiva de tales mercancías en un territorio determinado y calculado en función del producto de las ventas en ese territorio, ha de incluirse en el valor en aduana de las mercancías importadas.

(1) DO C 27 de 27.1.2020.
C 433/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 22 de octubre de 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Comisión Europea

(Asunto C-274/19 P) (1)

(Recurso de casación - Cláusula compromisoria - Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 - Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 - Reglamento (CE) n.o 1906/2006 - Convenio de subvención Actibio - Proyecto Actibio - Séptimo programa marco - Costes subvencionables - Conflicto de intereses - Carga de la prueba - Certificados del tiempo de trabajo - Informe de auditoría - Valor probatorio - Principio de proporcionalidad)

(2020/C 433/10)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (representante: V. Christianos, dikigoros)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: O. Verheecke y A. Katsimerou, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA).

(1) DO C 182 de 27.5.2019.
2)

El artículo 325 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones de Derecho nacional, tal como han sido interpretadas en la jurisprudencia nacional, en virtud de las cuales, en el marco de un proceso penal, el Estado no puede ejercitar una acción de indemnización del perjuicio causado por un comportamiento fraudulento del encausado que tenga por efecto sustraer fondos del presupuesto de la Unión, y no dispone, en el marco de dicho proceso, de ninguna otra acción que le permita hacer valer un derecho frente al encausado, siempre que la legislación nacional prevea procedimientos efectivos que permitan recuperar los fondos del presupuesto de la Unión Europea indebidamente percibidos.
2)

El artículo 1, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 135/2012 de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, debe interpretarse en el sentido de que los traslados de subproductos animales comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1069/2009 están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.o 135/2012, salvo en los casos en que el Reglamento n.o 1069/2009 establezca de forma expresa la aplicación del Reglamento n.o 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.o 135/2012.