Palabras clave

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Palabras clave

1. Salud pública - Aproximación de las legislaciones - Base jurídica

[Tratado CE, arts. 100 A y 129 (actualmente arts. 95 CE y 152 CE, tras su modificación)]

2. Aproximación de las legislaciones - Medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior - Protección de la salud pública - Base jurídica

[Tratado CE, arts. 57, ap. 2, y 100 A (actualmente arts. 47 CE, ap. 2, y 95 CE, tras su modificación) y art. 66 (actualmente art. 55 CE)]

3. Aproximación de las legislaciones - Directiva por la que se prohíbe la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco - Base jurídica - Artículo 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación) - Límites - Medidas no justificadas por la eliminación de los obstáculos a las libertades fundamentales - Anulación de la Directiva

[Tratado CE, arts. 57, ap. 2, y 100 A (actualmente arts. 47 CE, ap. 2, y 95 CE, tras su modificación) y art. 66 (actualmente art. 55 CE); Directiva 98/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo]

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$$1. Aunque el artículo 129, apartado 4, primer guión, del Tratado (actualmente artículo 152 CE, apartado 4, primer guión, tras su modificación) excluye toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros destinadas a proteger y mejorar la salud humana, esta disposición no implica, sin embargo, que medidas de armonización adoptadas sobre la base de otras disposiciones del Tratado no puedan tener una incidencia sobre la protección de la salud humana. Por otra parte, el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, prevé que las exigencias en materia de protección de la salud constituirán un componente de las demás políticas de la Comunidad. No obstante, el recurso a otros artículos del Tratado como base jurídica no puede ser utilizado para eludir la exclusión expresa de toda armonización enunciada en el artículo 129, apartado 4, primer guión, del Tratado.

( véanse los apartados 77 a 79 )

2. Las medidas contempladas en el artículo 100 A, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, apartado 1, tras su modificación) están destinadas a mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Interpretar este artículo en el sentido de que atribuye al legislador comunitario una competencia general para regular el mercado interior sería no sólo contrario al propio tenor literal de los artículos 3, letra c), y 7 A del Tratado CE [actualmente artículos 3 CE, apartado 1, letra c), y 14 CE, tras su modificación], sino también incompatible con el principio establecido en el artículo 3 B del Tratado (actualmente artículo 5 CE), según el cual las competencias de la Comunidad son competencias de atribución.

Además, un acto adoptado sobre la base del artículo 100 A del Tratado debe tener efectivamente por objeto la mejora de las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Si bien es cierto que es posible recurrir al artículo 100 A como base jurídica para evitar la aparición de futuros obstáculos a los intercambios comerciales derivados de la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales, la aparición de tales obstáculos debe ser probable y la medida de que se trate debe tener por objeto su prevención.

Estas consideraciones también se aplican a la interpretación del artículo 57, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 47 CE, apartado 2, tras su modificación) en relación con el artículo 66 del Tratado (actualmente artículo 55 CE), disposiciones que también tienen por objeto atribuir al legislador comunitario una competencia específica para adoptar medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Además, si se cumplen los requisitos para recurrir a los artículos 100 A, 57, apartado 2, y 66 como base jurídica, no puede impedirse al legislador comunitario que se funde en esta base jurídica por el hecho de que la protección de la salud pública sea determinante en las decisiones que deben tomarse. Por el contrario, el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado (actualmente artículo 152 CE, apartado 1, párrafo tercero, tras su modificación) prevé que las exigencias en materia de protección de la salud son un componente de las demás políticas de la Comunidad, y el artículo 100 A, apartado 3, del Tratado exige expresamente que se garantice un elevado nivel de protección de la salud de las personas en la armonización que se realice.

( véanse los apartados 83, 84 y 86 a 88 )

3. La Directiva 98/43/CE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco, adoptada sobre la base de los artículos 57, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 47 CE, apartado 2, tras su modificación), 66 del Tratado (actualmente artículo 55 CE) y 100 A del Tratado (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación), queda anulada, ya que dichos artículos no constituyen una base jurídica adecuada para la Directiva.

En efecto, por una parte, aunque el artículo 100 A habría permitido la adopción de una Directiva que prohibiera la publicidad de los productos del tabaco en las revistas y periódicos, con el fin de garantizar la libre circulación de estos productos de prensa, respecto de gran parte de las clases de publicidad de los productos del tabaco, su prohibición, que resulta del artículo 3, apartado 1, de la Directiva, no puede justificarse por la necesidad de eliminar obstáculos a la libre circulación de los soportes publicitarios o a la libre prestación de servicios en el ámbito de la publicidad. Tal es el caso, en particular, de la prohibición de la publicidad en carteles, parasoles, ceniceros y otros objetos utilizados en hoteles, restaurantes y cafés, así como la prohibición de anuncios publicitarios en el cine, prohibiciones que no contribuyen en absoluto a facilitar los intercambios comerciales de estos productos. Además, la Directiva no garantiza la libre circulación de los productos que se ajusten a sus disposiciones. Por otra parte, si bien las distorsiones sensibles de la competencia podrían fundamentar el recurso al artículo 100 A para prohibir determinadas clases de patrocinio, dichas distorsiones no permiten utilizar esta base jurídica para establecer una prohibición general de la publicidad como la que contiene la Directiva.

Así pues, el legislador comunitario no puede basarse en la necesidad de eliminar obstáculos a la libre circulación de los soportes publicitarios y a la libre prestación de servicios ni en la necesidad de suprimir distorsiones de la competencia, bien en el sector de la publicidad, bien en el sector de los productos del tabaco, para adoptar la Directiva sobre la base de los artículos antes citados.

( véanse los apartados 98, 99, 101, 105, 111, 114 y 116 )