Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto T-588/08,

Dole Food Company, Inc., con domicilio social en Westlake Village, California (Estados Unidos),

Dole Germany OHG, con domicilio social en Hamburgo (Alemania),

representadas por M e J.-F. Bellis, abogado,

partes demandantes,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. X. Lewis y M. Kellerbauer, y posteriormente por los Sres. Kellerbauer y P. Van Nuffel, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2008) 5955 final de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE (Asunto COMP/39.188 – Plátanos),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. L. Truchot, Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente) y el Sr. H. Kanninen, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de enero de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el litigio

1. Dole Food Company, Inc (en lo sucesivo, «Dole»), es una sociedad americana productora de frutas y hortalizas frescas, así como de frutas preenvasadas y congeladas. Dole Germany OHG es una filial de Dole (en los sucesivo, conjuntamente, «demandantes»), con domicilio social en Hamburgo (Alemania), anteriormente denominada Dole Fresh Fruit Europe OHG (en lo sucesivo, «DFFE»).

2. El 8 de abril de 2005, Chiquita Brands International, Inc. (en lo sucesivo, «Chiquita») presentó una solicitud de dispensa al amparo de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

3. El 3 de mayo de 2005, tras la aportación por parte de Chiquita de nuevas declaraciones y documentos suplementarios, la Comisión de las Comunidades Europeas le concedió una dispensa condicional del pago de las multas en aplicación del apartado 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación.

4. Tras haber procedido, los días 2 y 3 de junio de 2005, en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículo 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), a inspecciones en los locales de diferentes empresas y, en particular, de DFFE y enviado, entre febrero de 2006 y mayo de 2007, varias solicitudes de información con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión remitió, el 20 de julio de 2007, un pliego de cargos a Chiquita, Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group NV, Chiquita Banana Company BV, Dole, DFFE, Fresh Del Monte Produce, Inc. (en lo sucesivo, « Del Monte »), Del Monte Fresh Produce International, Inc., Del Monte (Germany) GmbH, Del Monte (Holland) BV, Fyffes plc (en lo sucesivo, «Fyffes»), Fyffes International, Fyffes Group Ltd, Fyffes BV, FSL Holdings NV, Firma Leon Van Parys NV (en lo sucesivo, «Van Parys») e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (en lo sucesivo, «Weichert»).

5. Las empresas mencionadas en el apartado 4 supra tuvieron acceso al expediente de investigación de la Comisión mediante una copia en DVD, con excepción de las grabaciones y de las transcripciones de las declaraciones de empresa realizadas oralmente por el solicitante de dispensa y de los documentos relacionados con éstas, que estuvieron accesibles en los locales de la Comisión (considerando 49 de la Decisión impugnada).

6. Tras la audiencia de las empresas implicadas que tuvo lugar entre el 4 y el 6 de febrero de 2008, Weichert remitió a la Comisión, el 28 de febrero de 2008, un escrito con comentarios y anexos.

7. El 15 de octubre de 2008, la Comisión adoptó la Decisión C(2008) 5955 final relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/39.188 – Plátanos) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), que fue notificada a DFFE y a Dole el 21 y 22 de octubre de 2008.

Decisión impugnada

8. La Comisión indica que las empresas destinatarias de la Decisión impugnada participaron en una práctica concertada consistente en coordinar su precios de referencia de los plátanos comercializados en Europa del Norte, a saber, en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002 (1 de diciembre de 2002 por lo que respecta a Chiquita) (considerandos 1 a 3 de la Decisión impugnada).

9. En la época de los hechos, la importación de plátanos en la Comunidad Europea estaba regulada por el Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (DO L 47, p. 1), el cual preveía un régimen basado en contingentes de importación y en aranceles. La Comisión señala que, si bien los contingentes de importación de plátanos se fijaban anualmente y se asignaban sobre una base trimestral con una cierta flexibilidad limitada entre los trimestres de un año civil, los envíos de plátanos a los puertos de Europa del Norte y las cantidades comercializadas en esta región venían determinados, cada semana, por las decisiones de producción, de envío y de comercialización tomadas por los productores, los importadores y los operadores comerciales (considerandos 36, 131, 135 y 137 de la Decisión impugnada).

10. La actividad platanera distinguía tres niveles de marca de plátano denominados «tercios»: los plátanos de marca Chiquita de primer nivel, los plátanos de segundo nivel (de marcas Dole y Del Monte) y los plátanos de tercer nivel (también llamados «terceros»), que incluían otras marcas de plátanos. Esta división en función de las marcas se reflejaba en la fijación del precio del plátano (considerando 32 de la Decisión impugnada).

11. Durante el período de que se trata, el sector del plátano en Europa del Norte estaba organizado conforme a ciclos semanales. El transporte por barco de plátanos desde los puertos de América Latina hacia Europa duraba aproximadamente dos semanas. Las llegadas de plátanos a los puertos noreuropeos eran generalmente semanales y se efectuaban con arreglo a un calendario de envíos regulares (considerando 33 de la Decisión impugnada).

12. Los plátanos se enviaban verdes y llegaban verdes a los puertos, siendo posteriormente o bien entregados directamente a los compradores (plátanos verdes), o bien puestos a madurar para ser entregados aproximadamente una semana después (plátanos amarillos). La maduración podía ser llevada a cabo por el importador o en su nombre, o ser organizada por el comprador. Los clientes de los importadores eran generalmente maduradores o cadenas minoristas (considerando 34 de la Decisión impugnada).

13. Chiquita, Dole y Weichert establecían su precio de referencia para su marca cada semana, en concreto, los jueves por la mañana, y lo anunciaban a sus clientes. La expresión «precio de referencia» correspondía generalmente a los precios de referencia para los plátanos verdes, dado que los precios de referencia para los plátanos amarillos estaban compuestos normalmente por la oferta verde incrementada con un canon de maduración (considerandos 104 y 107 de la Decisión impugnada).

14. Los precios pagados por los minoristas y los distribuidores por los plátanos (denominados «precios reales» o «precios de transacción») podían resultar bien de negociaciones celebradas semanalmente, en concreto, los jueves por la tarde y los viernes (o más tarde durante la misma semana o al principio de la semana siguiente), bien de la aplicación de contratos de suministro con fórmulas de fijación de precios preestablecidas que mencionaban un precio fijo o vinculaban el precio a un precio de referencia del vendedor o de un competidor, o a otro precio de referencia como, por ejemplo, el «precio Aldi». La Comisión precisa que la cadena minorista Aldi recibía cada jueves, entre las 11 y las 11.30 horas, ofertas de sus proveedores y formulaba a continuación una contrapropuesta, fijándose el «precio Aldi», que era el que se pagaba a los proveedores, generalmente hacia las 14 horas. A partir del segundo semestre de 2002, el «precio Aldi» comenzó a ser cada vez más utilizado como indicador de cálculo del precio del plátano para algunas otras transacciones y, en particular, las relativas a los plátanos de marca (considerandos 34 y 104 de la Decisión impugnada).

15. La Comisión explica que las empresas destinatarias de la Decisión impugnada mantuvieron comunicaciones bilaterales anteriores a la fijación de precios en las que discutieron los factores en función de los que se fija el precio de los plátanos, es decir, los factores relevantes para fijar los precios de referencia de la semana siguiente, o discutieron o revelaron tendencias en los precios o indicaciones de precios de referencia para la semana siguiente. Estas comunicaciones tuvieron lugar antes de que las partes fijaran sus precios de referencia, generalmente los miércoles, y todas se referían a los futuros precios de referencia (considerandos 51 y siguientes de la Decisión impugnada).

16. De este modo, Dole se comunicó de manera bilateral tanto con Chiquita como con Weichert. Chiquita tenía conocimiento de las comunicaciones previas a la fijación de precios entre Dole y Weichert o al menos suponía su existencia (considerando 57 de la Decisión impugnada).

17. Estas comunicaciones bilaterales previas a la fijación de precios tenían por objeto reducir la incertidumbre sobre la conducta de las empresas por lo que respecta a los precios de referencia que fijarían los jueves por la mañana (considerando 54 de la Decisión impugnada).

18. La Comisión indica que, tras la fijación de sus precios de referencia los jueves por la mañana, las empresas implicadas intercambiaban sus precios de referencia de manera bilateral. Dicho intercambio posterior les permitía controlar las decisiones de fijación de precios individuales a la luz de las comunicaciones previas a la fijación de precios que habían tenido lugar anteriormente y reforzar su cooperación (considerandos 198 a 208, 227, 247, 273 y siguientes de la Decisión impugnada).

19. Según la Comisión, los precios de referencia servían, al menos, como señales, tendencias y/o indicaciones para el mercado por lo que respecta a la evolución prevista del precio de los plátanos y eran importantes para el comercio del plátano y los precios obtenidos. Además, en determinadas transacciones, el precio estaba directamente vinculado a los precios de referencia en aplicación de fórmulas basadas en los precios de referencia (considerando 115 de la Decisión impugnada).

20. La Comisión considera que las empresas implicadas, que participaron en la concertación y siguieron estando activas en el comercio de plátanos, debieron necesariamente tener en cuenta la información recibida de los competidores a la hora de definir su comportamiento en el mercado, aspecto que Chiquita y Dole han incluso admitido expresamente (considerandos 228 y 229 de la Decisión impugnada).

21. La Comisión concluye que las comunicaciones previas a la fijación de precios, que tuvieron lugar entre Dole y Chiquita y entre Dole y Weichert, podían influir en los precios aplicados por los operadores y se referían a la fijación de los precios y dieron lugar a una práctica concertada que tenía por objeto restringir la competencia en el sentido del artículo 81 CE (considerandos 54 y 271 de la Decisión impugnada).

22. La Comisión estima que todos los acuerdos colusorios descritos en la Decisión impugnada constituyen una infracción única y continuada cuyo objeto era restringir la competencia en la Comunidad en el sentido del artículo 81 CE. Chiquita y Dole fueron considerados responsables de la infracción única y continuada, en su totalidad, mientras que Weichert sólo fue considerada responsable de la parte de la infracción en la que participó, es decir, de la parte de la infracción que atañe a los acuerdos colusorios con Dole (considerando 258 de la Decisión impugnada).

23. Habida cuenta de que el mercado del plátano en Europa del Norte se caracterizaba por un importante volumen comercial entre los Estados miembros y de que las prácticas colusorias abarcaban una parte importante de la Comunidad, la Comisión considera que los antedichos acuerdos tuvieron una repercusión apreciable en el comercio entre los Estados miembros (considerandos 333 y siguientes de la Decisión impugnada).

24. La Comisión indica que no podía concederse ninguna exención en virtud del artículo 81 CE, apartado 3, ya que no había habido ninguna notificación de acuerdos o de práctica por parte de las empresas, requisito previo para la aplicación del artículo antes citado con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204), ni tampoco elementos que permitiesen considerar que en el caso de autos se cumplían los requisitos para poder acogerse a una exención (considerandos 339 y siguientes de la Decisión impugnada).

25. La Comisión precisa que el Reglamento nº 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (DO 1962, 30, p. 993), en vigor en el momento de los hechos y que disponía que el artículo 81 CE se aplicaba a todos los acuerdos, decisiones y prácticas vinculados a la producción o al comercio de diferentes productos, incluidas las frutas, preveía, en su artículo 2, excepciones a la aplicación del artículo 81 CE. Al no concurrir en el caso de autos los requisitos de aplicación de dichas excepciones, la Comisión concluye que la práctica concertada descrita en la Decisión impugnada no podía eximirse en virtud del artículo 2 del Reglamento nº 26 (considerandos 344 y siguientes de la Decisión impugnada).

26. Para el cálculo del importe de las multas, la Comisión aplicó en la Decisión impugnada las disposiciones de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices») y de la Comunicación sobre la cooperación.

27. La Comisión determinó un importe de base de la multa que debía imponerse, que corresponde a un importe comprendido entre el 0 y el 30 % del valor de las ventas pertinentes de la empresa en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicado por el número de años de participación de la empresa en la infracción, y a un importe adicional comprendido entre el 15 y el 25 % del valor de las ventas con el fin de disuadir a las empresas de iniciar conductas ilícitas (considerando 448 de la Decisión impugnada).

28. Estos cálculos dieron lugar a un importe de base de la multa que debía imponerse de:

– 208.000.000 de euros para Chiquita;

– 114.000.000 de euros para Dole;

– 49.000.000 de euros para Del Monte y Weichert.

29. Habida cuenta del régimen regulador específico del sector del plátano y como consecuencia de que la coordinación atañía a los precios de referencia, el importe de base de la multa que debía imponerse se redujo en un 60 % por lo que respecta a todos los destinatarios de la Decisión impugnada (considerando 467 de la Decisión impugnada). Se concedió una reducción del 10 % a Weichert, que no estaba informada de las comunicaciones previas a la fijación de precios entre Dole y Chiquita (considerando 476 de la Decisión impugnada).

30. Una vez realizados los ajustes, los importes de base de las multas que debían imponerse quedaron establecidos del siguiente modo:

– 83.200.000 euros para Chiquita;

– 45.600.000 euros para Dole;

– 14.700.000 euros para Del Monte y Weichert.

31. Chiquita obtuvo la dispensa del pago de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación (considerandos 483 a 488 de la Decisión impugnada). Al no realizarse ningún otro ajuste por lo que respecta a Dole y a Del Monte y Weichert, el importe final de sus multas coincidió con los importes de base de las multas que debían imponerse contemplados en el apartado 30 supra.

32. La Decisión impugnada comprende, en particular, las siguientes disposiciones:

« Artículo 1

Las siguientes empresas infringieron el artículo 81 [CE] al participar en una práctica concertada mediante la que coordinaron los precios de referencia de los plátanos:

– [Chiquita], desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 de diciembre de 2002;

– Chiquita International Ltd, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 de diciembre de 2002;

– Chiquita International Services Group NV, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 de diciembre de 2002;

– Chiquita Banana Company BV, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 de diciembre de 2002;

– [Dole], desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002;

– [DFFE], desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002;

– [Weichert], desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002;

– [Del Monte], desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002.

La infracción afectaba a los siguientes Estados miembros: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia.

Artículo 2

Por las infracciones descritas en el artículo 1, se imponen las siguientes multas:

– [Chiquita], Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group NV y Chiquita Banana Company BV, solidariamente una multa de 0 euros;

– [Dole] y [DFFE], solidariamente una multa de 45.600.000 euros;

– [Weichert] y [Del Monte], solidariamente una multa de 14.700.000 euros;

[…]»

Procedimiento y pretensiones de las partes

33. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 24 de diciembre de 2008, las demandantes interpusieron el presente recurso.

34. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Octava) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, instó a la Comisión a que presentara determinados documentos.

35. El 10 de noviembre de 2011, la Comisión presentó los documentos solicitados, que fueron notificados a las demandantes el 18 de noviembre del mismo año. Estas últimas no formularon ninguna observación ni por escrito ni oralmente.

36. En la vista de 25 de enero de 2012 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

37. En la vista, las demandantes presentaron un documento y solicitaron que se incorporase a los autos del procedimiento, a lo que se opuso la Comisión.

38. Las demandantes solicitan al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada.

– Anule o reduzca el importe de la multa impuesta.

– Condene en costas a la Comisión.

39. La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

I. Sobre la admisibilidad del documento aportado por las demandantes en la vista

40. Debe recordarse que, según el artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en la réplica y en la dúplica las partes también podrán proponer prueba en apoyo de sus alegaciones, precisándose en dicha disposición que, no obstante, las partes deberán motivar el retraso producido en proponerla.

41. De la jurisprudencia se desprende que la proposición de pruebas con posterioridad al escrito de dúplica sigue siendo posible en el caso de que la parte que las propone no podía disponer de ellas antes de la conclusión de la fase escrita o si la presentación tardía de pruebas por parte de su adversario justifica que se completen los autos para garantizar el respeto del principio de contradicción (sentencias del Tribunal General de 21 de abril de 2004, M/Tribunal de Justicia, T-172/01, Rec. p. II-1075, apartado 44, confirmada en casación mediante la sentencia de 14 de abril de 2005, Gaki-Kakouri/Tribunal de Justicia, C-243/04 P, no publicada en la Recopilación, y de 8 de octubre de 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Comisión, T-51/07, Rec. p. II-2825, apartado 57).

42. Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, por tratarse de una excepción a las normas que rigen la presentación de proposiciones de prueba, el artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento obliga a las partes a motivar el retraso en la presentación de sus proposiciones de prueba. Tal obligación implica que se reconozca al juez el poder de controlar el fundamento de la motivación del retraso en la presentación de esas proposiciones de prueba y, según el caso, el contenido de éstas, así como, si la demanda no está suficientemente fundada en Derecho, el poder de denegarlas. Lo mismo ocurre, a fortiori, con las proposiciones de prueba presentadas después de presentarse la dúplica (sentencia Gaki-Kakouri/Tribunal de Justicia, citada en el apartado 41 supra, apartado 33).

43. En el caso de autos, las demandantes solicitaron en la vista que se incorporase a los autos del procedimiento un documento correspondiente a las declaraciones de Chiquita sobre los suministros que Atlanta, madurador-distribuidor, hacia a Aldi, y las condiciones, incluidas las temporales, en las que este minorista presentaba su oferta en el mercado del plátano.

44. Por una parte, ha quedado acreditado que esas declaraciones de Chiquita fueron recabadas durante el procedimiento administrativo y forman parte del expediente de investigación de la Comisión.

45. Por otra parte, las demandantes se limitaron a afirmar que la presentación del documento en cuestión se explicaba por la necesidad de responder al apartado 49 de la dúplica de la Comisión relativo a la discusión sobre la distinción entre plátanos verdes y plátanos amarillos.

46. A este respecto, basta señalar que, en ese apartado de la dúplica, la Comisión se limita a reproducir el tenor de la Decisión impugnada según el cual la referencia del importador a un precio amarillo o verde depende del modo en que organiza las ventas de plátanos y a poner de relieve las propias afirmaciones de las demandantes, contenidas en el escrito de demanda, por lo que atañe al hecho de que el «precio Aldi», referente a la adquisición de plátanos amarillos, constituía un factor muy importante para las ventas de plátanos verdes.

47. Por tanto, la proposición de prueba realizada por las demandantes no se refiere a ningún nuevo aspecto, sino que atañe a una cuestión planteada por la demandantes desde el momento en que se originó el litigio acerca de la supuesta distinción que debe hacerse entre plátanos verdes y plátanos amarillos y de la influencia de la «oferta Aldi» sobre los precios de transacción.

48. En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad del documento presentado tardíamente por las demandantes en la vista.

II. Sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la Decisión impugnada

49. Las demandantes han invocado un único motivo, basado en el carácter erróneo de la conclusión a la que llegó la Comisión por lo que respecta a la existencia de una práctica concertada con un objeto contrario a la competencia.

50. De los escritos de las demandantes se desprende que, en el marco del antedicho motivo, estas últimas invocan, por una parte, una infracción de los artículos 81 CE y 253 CE y, por otra parte, una vulneración del derecho de defensa y una infracción del artículo 253 CE.

A. Sobre la infracción de los artículos 81 CE y 253 CE

1. Sobre la posibilidad de calificar un intercambio de información como práctica concertada con un objeto contrario a la competencia

51. En primer lugar, las demandantes afirman que el comportamiento de que se trata consistía en un mero intercambio de información que no formaba parte de una práctica colusoria más amplia y, por tanto, no constituía una restricción de la competencia por el objeto. Las demandantes sostienen que, según la jurisprudencia, el mero hecho de que un intercambio de información pueda potencialmente reducir la incertidumbre sobre futuras políticas de fijación de precios no constituye un fundamento suficiente para calificarlo como una restricción de la competencia por el objeto

52. Las demandantes indican que la Comisión se apoya erróneamente en varios asuntos que implicaban intercambios de información que formaban parte de acuerdos colusorios más amplios, aun cuando, tal como queda reflejado en diferentes pasajes de la Decisión impugnada, la Comisión no sostiene que las empresas implicadas en el presente asunto hayan participado en un acuerdo o en una práctica concertada dirigida a fijar los precios reales, ni en un acuerdo relativo a los precios de referencia, ni tampoco en un acuerdo o en una práctica concertada dirigidos a fijar aumentos o disminuciones específicos de dichos precios.

53. Para empezar, por lo que atañe a la infracción objeto de la Decisión impugnada, cabe decir que del tenor de esta última se desprende de manera inequívoca, que la Comisión reprocha a las demandantes una coordinación de los precios de referencia de los plátanos por medio de comunicaciones bilaterales previas a la fijación de precios, situación característica de una práctica concertada en relación con la fijación de precios y que, por tanto, tenía por objeto restringir la competencia en el sentido del artículo 81 CE (véanse, en particular, los considerandos 1, 54, 261, 263 y 271 de la Decisión impugnada), lo cual no es incompatible con el hecho de que, en el caso de autos, la Comisión no haya concluido que existía un acuerdo o una práctica concertada dirigida a fijar los precios reales, ni un acuerdo relativo a los precios de referencia, ni tampoco un acuerdo o una práctica concertada dirigidos a fijar aumentos o disminuciones específicos de dichos precios.

54. Por tanto, resulta evidente que el intercambio de información de que se trata constituye, según la Comisión, una práctica colusoria, que es objeto de la calificación jurídica específica de práctica concertada.

55. A este respecto, es preciso recordar que los conceptos de «acuerdo», «decisiones de asociaciones de empresas» y «práctica concertada», desde un punto de vista subjetivo, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, apartado 131).

56. Por lo que respecta a la definición de práctica concertada, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta última era una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituía conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 26; de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307, apartado 63, y de 4 de junio de 2009, T-Mobile Netherlands y otros, C-8/08, Rec. p. I-4529, apartado 26).

57. El concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa a efecto entre ambos elementos. A este respecto, puede presumirse, salvo prueba en contrario que corresponde aportar a los operadores interesados, que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado. Máxime cuando la concertación se produzca regularmente a lo largo de un período dilatado (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, apartados 161 a 163, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 51).

58. En el caso de autos, las demandantes no pueden invocar determinados pasajes de la Decisión impugnada en los que se hace una distinción entre los conceptos de prácticas concertadas y de acuerdos para fundamentar sus alegaciones relativas a la inexistencia de imputación, en la antedicha Decisión, por lo que atañe a la fijación de los precios.

59. A continuación, debe señalarse que la alegación según la cual un intercambio de información sólo puede constituir una restricción de la competencia por el objeto si forma «parte de acuerdos colusorios más amplios, como, por ejemplo, las prácticas colusorias relativas a la fijación de los precios reales o de las cuotas de mercado» carece de fundamento jurídico alguno.

60. Por lo que respecta al intercambio de información entre competidores, ha de recordarse que los criterios de coordinación y cooperación constitutivos de una práctica concertada deben interpretarse a luz de la lógica inherente a las disposiciones sobre competencia del Tratado, según la cual todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende seguir en el mercado común (sentencias del Tribunal de Justicia Suiker Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 173; de 14 de julio de 1981, Züchner, 172/80, Rec. p. 2021, apartado 13; Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 63; de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, apartado 86, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 32).

61. Si bien es cierto que esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores, sí se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores por la que se pretenda influir en el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, o desvelar a tal competidor el comportamiento que uno mismo va a adoptar en el mercado o que se pretende adoptar en él, si dichos contactos tienen por objeto o efecto abocar a condiciones de competencia que no correspondan a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o de los servicios prestados, el tamaño y número de las empresas y el volumen de dicho mercado (véanse, en este sentido, las sentencias Suiker Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 174, Züchner, citada en el apartado 60 supra, apartado 14; Deere/Comisión, citada en el apartado 60 supra, apartado 87, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 33).

62. De ello resulta que el intercambio de información entre competidores puede ser contrario a las normas sobre competencia en la medida en que debilita o suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trata, con la consecuencia de que restringe la competencia entre las empresas (sentencias del Tribunal de Justicia Deere/Comisión, citada en el apartado 60 supra, apartado 90; de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, apartado 81, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 35).

63. La Comisión considera que las comunicaciones bilaterales previas a la fijación de precios redujeron la incertidumbre que rodeaba a las decisiones futuras de las empresas implicadas por lo que respecta a los precios de referencia, los cuales constituyen precios anunciados, y añade, acertadamente, que una concertación sobre esos precios también puede constituir una infracción por su objeto (considerando 284 de la Decisión impugnada).

64. En efecto, por lo que respecta a la posibilidad de considerar que una práctica concertada tiene un objeto contrario a la competencia aunque ésta no presente relación directa con los precios al consumo, procede señalar que el tenor del artículo 81 CE, apartado 1, no permite considerar que únicamente se prohíban las prácticas concertadas que tengan un efecto directo sobre el precio que han de pagar los consumidores finales. Al contrario, del artículo 81 CE, apartado 1, letra a), se desprende que una práctica concertada puede tener un objeto contrario a la competencia si consiste en «fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción» (sentencia T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartados 36 y 37).

65. En cualquier caso, el artículo 81 CE, al igual que las demás normas de competencia del Tratado, está dirigido a proteger no sólo los intereses directos de los competidores o consumidores, sino la estructura del mercado y, de este modo, la competencia en cuanto tal. Por lo tanto, la comprobación de que una práctica concertada tiene un objeto contrario a la competencia no puede estar supeditada a que se compruebe la existencia de una relación directa de dicha práctica con los precios al consumo (sentencia T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartados 38 y 39).

66. Con independencia de la pertinencia de la referencia que en la Decisión impugnada se hace a determinadas decisiones jurisprudenciales, corresponde al Tribunal verificar si, en las circunstancias del caso de autos, la Comisión pudo, obrando conforme a Derecho, concluir que los intercambios de información que se produjeron entre, por una parte, Dole y Chiquita y, por otra parte Dole y Weichert constituían una práctica concertada que tenía por objeto restringir la competencia.

67. En segundo lugar, las demandantes sostienen que la Comisión concluyó, erróneamente, que los intercambios de información de que se trata constituían una restricción de la competencia por el objeto y que, al obrar así, incumplió la obligación de examinar si dichos intercambios tenían algún efecto contrario a la competencia.

68. En lo relativo a la delimitación de las prácticas concertadas que tengan un objeto contrario a la competencia y de aquéllas que tengan un efecto contrario a la competencia, ha de recordarse que el objeto y el efecto contrarios a la competencia no son condiciones acumulativas sino alternativas para apreciar si una práctica está comprendida dentro de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1. Es jurisprudencia reiterada, desde la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, Rec. pp. 337 y ss., especialmente p. 359), que el carácter alternativo de este requisito, como indica la conjunción «o», lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo de la práctica concertada, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar. Sin embargo, en el supuesto de que el análisis del contenido de la práctica concertada no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos de la práctica concertada y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2008, Beef Industry Development Society y Barry Brothers, C-209/07, Rec. p. I-8637, apartado 15, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 28).

69. Para apreciar si una práctica concertada está prohibida por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que ésta tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 496; de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartado 125, y Beef Industry Development Society y Barry Brothers, citada en el apartado 68 supra, apartado 16). La distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia (sentencias Beef Industry Development Society y Barry Brothers, citada en el apartado 68 supra, apartado 17, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 29).

70. Para tener un objeto contrario a la competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos de indemnización por daños y perjuicios (sentencia T-Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 31).

71. En el caso de autos, al haber concluido la Comisión que las comunicaciones previas a la fijación de precios entre las empresas implicadas habían dado lugar a una práctica concertada con un objeto contrario a la competencia, no estaba obligada, conforme a la jurisprudencia antes mencionada, a examinar los efectos del comportamiento reprochado para poder concluir que existía una infracción del artículo 81 CE.

72. En tercer lugar, las demandantes alegan que, para apartarse de la jurisprudencia según la cual, a su entender, los intercambios de información no son generalmente «suficientemente nocivos» para que puedan ser calificados como restricciones de la competencia por el objeto, incluso en los casos en que la información intercambiada se destine a influenciar efectivamente la fijación de los precios, la Comisión, en el considerando 315 de la Decisión impugnada, estableció una distinción artificial entre las comunicaciones «previas a la fijación de precios» y los intercambios de información «ex post» y sostuvo que el presente asunto se refería a las primeras, que se considera que son más graves. Según las demandantes, esa distinción no se apoya en ninguna decisión jurisprudencial y contradice, incluso, la jurisprudencia que exige que se tenga en cuenta la estructura del mercado y las características de las comunicaciones.

73. Tal como acertadamente indica la Comisión, esa alegación procede de una lectura parcial de la Decisión impugnada, ya que el considerando 315 debe interpretarse a la luz del conjunto del análisis efectuado por la Comisión en la antedicha Decisión.

74. A este respecto, es preciso subrayar que la Comisión utiliza la expresión genérica «comunicaciones previas a la fijación de precios» para designar la práctica concertada relativa a la coordinación de los precios de referencia que tiene por objeto una restricción de la competencia en el sentido del artículo 81 CE una vez finalizado el análisis efectuado en los considerandos 259 a 272 de la Decisión impugnada. Las comunicaciones previas a la fijación de precios se definen en los considerandos 51, 148 y 182 de la Decisión impugnada como intercambios durante los cuales las empresas implicadas discutían acerca de los factores en función de los que se fija el precio de los plátanos, es decir, acerca de los factores relevantes para fijar los precios de referencia de la semana siguiente, discutían o revelaban tendencias en los precios o daban indicaciones de precios de referencia para la semana siguiente. Estas comunicaciones tenían lugar antes de que las partes fijaran sus precios de referencia y todas ellas eran relativas a los precios de referencia futuros.

75. La Comisión menciona asimismo la existencia de «intercambios de precios de referencia», cuyo tenor se precisa en el mismo considerando 51 de la Decisión impugnada del modo siguiente:

«[…] Una vez que habían fijado los precios de referencia los jueves por la mañana, las partes intercambiaban bilateralmente dichos precios de referencia o, al menos, utilizaban un mecanismo que les permitía intercambiar bilateralmente información sobre los precios de referencia fijados […]»

76. De los considerandos 51, 198, 227, 248, 250 y 257 de la Decisión impugnada se desprende que, para la Comisión, estos intercambios de precios de referencia constituían un elemento de los acuerdos colusorios de las empresas, ya que servían para controlar las decisiones individuales en materia de fijación de los precios adoptadas basándose en la información intercambiada en el marco de las comunicaciones previas a la fijación de precios, y, por tanto, no constituía una infracción distinta, sino un mecanismo de control del resultado que contribuía al mismo objetivo.

77. Por lo que respecta al considerando 315 de la Decisión impugnada, debe señalarse que únicamente tenía por objeto responder a una alegación de las empresas destinatarias del pliego de cargos según la cual las comunicaciones previas a la fijación de precios sólo son meros intercambios de información, que únicamente pueden infringir el artículo 81 CE si se demuestra la existencia de efectos contrarios a la competencia. En el referido considerando, la Comisión establece una distinción entre el presente asunto y el asunto, invocado por las antedichas empresas, que dio lugar a la Decisión 92/157/CEE de la Comisión, de 17 de febrero de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (IV/31.370 y 31.446 – UK Agricultural Tractor Registration Exchange) (DO L 68, p. 19), y que atañía a un sistema de intercambio de información que originó una infracción del artículo 81 CE debido a los efectos contrarios a la competencia que producía en el mercado.

78. La Comisión se limita a subrayar que las comunicaciones previas a la fijación de precios no eran intercambios de información ex post, es decir, relativos a transacciones ya realizadas como en el asunto UK Agricultural Tractor Registration Exchange, sino que dieron lugar a la divulgación de la línea de conducta que los competidores tenían previsto seguir en el mercado por lo que respecta a la fijación futura de sus precios de referencia.

79. Contrariamente a lo que afirman las demandantes, la Comisión no efectúa, en esta ocasión, ninguna comparación ni ninguna clasificación de los tipos de intercambios de información basada en su nocividad para la competencia dependiendo de que se hayan llevado a cabo antes o después de la fijación de los precios de transacción, ni tampoco afirma que los primeros sean los más graves y permitan caracterizar, sin más apreciaciones, una restricción de la competencia por el objeto.

80. La única distinción en la que se apoya la Comisión en el considerando 315 de la Decisión impugnada es la existente entre las prácticas colusorias con un objeto contrario a la competencia y las prácticas colusorias con un efecto contrario a la competencia, distinción que es admitida por la jurisprudencia.

81. Refiriéndose a los considerandos 263 a 271 de la Decisión impugnada, la Comisión precisa que la práctica concertada en la que Dole estaba implicada tenía por objeto una restricción de la competencia en el sentido del artículo 81 CE y que, «por consiguiente, no es necesario que [la Comisión] analice la estructura del mercado» o «las características de las comunicaciones o de la información comunicada a la luz de los criterios definidos en el asunto UK Agricultural Tractor Registration Exchange».

82. Esta última mención no puede interpretarse, como hacen las demandantes, como la prueba de un incumplimiento por la Comisión, en el caso de autos, de las exigencias jurisprudenciales en materia de apreciación de la conformidad de los intercambios de información entre competidores con las normas sobre la competencia. En realidad, la antedicha mención no tiene otro alcance que la mera diferenciación que debe hacerse con respecto a una situación en la que la constatación de la infracción del artículo 81 CE se derivaba de la toma en consideración de los efectos restrictivos de la competencia de un sistema de intercambio de información.

83. La referencia expresa a los considerandos 263 a 271 de la Decisión impugnada, en los que la Comisión recuerda determinadas características del sistema de intercambio de información entre las empresas implicadas y su toma en consideración del contexto en el que dicho sistema se enmarcaba, basta para contradecir la interpretación de las demandantes.

84. En cualquier caso, tal como se expondrá más adelante, la Comisión llevó a cabo una evaluación de la práctica en cuestión que tuvo en cuenta el contenido, la frecuencia y la duración de las comunicaciones bilaterales, así como el contexto jurídico y económico que enmarcaba dichas discusiones.

85. De lo anterior se desprende que la alegación de las demandantes mencionada en el apartado 72 supra debe rechazarse.

2. Sobre la existencia de una práctica concertada con un objeto contrario a la competencia

a) Sobre la falta de credibilidad de Chiquita

86. Las demandantes afirman que la conclusión de la Comisión según la cual el intercambio de información de que se trata constituye una práctica concertada relativa a la fijación de los precios, y, por consiguiente, una restricción de la competencia por el objeto, se basa prácticamente exclusivamente en el modo como Chiquita describió ese comportamiento en el procedimiento administrativo, aun cuando la antedicha empresa adolece de una falta total de credibilidad.

87. A este respecto, las demandantes invocan el interés personal que tenía Chiquita en calificar el comportamiento de que se trata de infracción, el desarrollo, muy significativo, del procedimiento administrativo y la existencia de contradicciones manifiestas.

88. Con carácter preliminar, es preciso subrayar que la argumentación de las demandantes, que va dirigida a descalificar de manera general el testimonio de Chiquita, se basa en una premisa errónea, en la medida en que las declaraciones de Chiquita sólo son uno de los elementos tenidos en cuenta por la Comisión para fundar sus conclusiones, en combinación con las propias declaraciones de Dole y de Weichert y pruebas documentales, como, por ejemplo, extractos telefónicos y mensajes electrónicos, habiendo sido todos esos elementos examinados y confrontados de tal forma que se ponen de manifiesto tanto los elementos contradictorios como los elementos concordantes tendentes a demostrar la existencia de una práctica concertada.

89. La especificidad de la práctica en cuestión, a saber, el hecho de que las comunicaciones bilaterales de que se trata tuvieron lugar oralmente y de que la partes informaron a la Comisión de que no había ni notas ni actas de dichas comunicaciones, explica, sin embargo, la importancia de las declaraciones realizadas por las empresas durante el procedimiento administrativo.

90. En primer lugar, por lo que atañe al interés personal que Chiquita tenía en calificar el comportamiento en cuestión de infracción, las demandantes indican que la presentación por esta empresa, el 8 de abril de 2005, de una solicitud de dispensa basada en la Comunicación sobre la cooperación estaba ligada a la adquisición, anunciada seis semanas antes, del sector «Fresh Express» de Performance Food Group. Según las demandantes, Chiquita no podía finalizar su adquisición del sector «Fresh Express», que tenía para ella una importancia estratégica considerable, sin calmar las inquietudes manifestadas por los bancos que financiaban la operación a raíz de un control previo de sus actividades, y, en consecuencia, Chiquita no anunció la consecución de la operación de adquisición hasta el 28 de junio de 2005, tras la obtención de la dispensa condicional el 3 de mayo de 2005.

91. Debe señalarse que la alegación de las demandantes no responde a la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación. En efecto, el hecho de solicitar la aplicación de ésta para obtener una reducción del importe de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T-120/04, Rec. p. II-4441, apartado 70).

92. Aun suponiendo que las alegaciones de las demandantes sobre la motivación de la solicitud de dispensa presentada por Chiquita fuesen exactas, tales alegaciones no podrían privar totalmente de credibilidad a las declaraciones de dicha empresa. La existencia de un interés personal en la denuncia no implica necesariamente la falta de fiabilidad de su autor.

93. Las inquietudes de los operadores que debían financiar la adquisición de Chiquita y su preocupación, a este respecto, por limitar lo más posible el riesgo ligado a la situación del prestatario pueden, igualmente, considerarse un indicio concreto que refuerza el valor probatorio de las declaraciones de Chiquita por lo que atañe a la realidad de una práctica colusoria.

94. Asimismo y sobre todo, presentar la actuación emprendida por Chiquita el 8 de abril de 2005 como algo que únicamente le reportaba ventajas es engañoso, en la media en que hace abstracción de una consecuencia cierta y potencialmente negativa ligada a su reconocimiento de su participación en una práctica colusoria. En efecto, si bien la solicitud de dispensa permitía a Chiquita tener la esperanza de evitar cualquier tipo de sanción de la Comisión, el reconocimiento antedicho y la subs iguiente Decisión de la Comisión que declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE expone a esta empresa a una acción de indemnización de daños y perjuicios por parte de terceros para reparar el daño sufrido como consecuencia del comportamiento contrario a la competencia en cuestión, lo cual puede tener consecuencias muy serias desde el punto de vista financiero.

95. Esta conclusión también puede relativizar la alegación de las demandantes relativa a la supuesta expectativa de Chiquita de que las empresas competidores tuviesen que soportar una desventaja financiera al final del procedimiento administrativo.

96. En segundo lugar, las demandantes hacen referencia al desarrollo del procedimiento administrativo, alegando que la propia Comisión constató que Chiquita carecía de credibilidad, ya que rechazó prácticamente todas las alegaciones efectuadas por dicha sociedad aduciendo que no tenían fundamento, incluida la relativa a la participación de Fyffes y de Van Parys en la supuesta práctica colusoria., y se vio obligada a celebrar una reunión sobre el «estado del expediente» con Chiquita. Según las demandantes, esta última sólo identificó las comunicaciones bilaterales en cuestión e invocó su objeto contrario a la competencia después de la referida reunión.

97. Las demandantes recuerdan que en la solicitud de clemencia de Chiquita de 8 de abril de 2005 se indicaba lo siguiente:

«Esta solicitud se refiere a la actividad de distribución y de comercialización de plátanos, así como de piñas y otras frutas frescas, importados. Los mayores proveedores de plátanos en Europa, incluidas Suiza y Noruega, son [Chiquita], [Dole], Del Monte, [Fyffes], Ireland y Grupo Noboa SA Ecuador, en lo sucesivo denominada Noboa.

Las acciones concertadas entre los importadores de plátanos que infringían el artículo 81 [CE] tuvieron aproximadamente lugar desde principios de los años noventa (o anteriormente) hasta abril de 2005. Durante los cuatro o cinco últimos años, Chiquita, Dole, Del Monte, Fyffes y Noboa participaron en dichas acciones concertadas, y es posible que aún hoy participen o hayan participado anteriormente en ellas otros proveedores de plátanos más pequeños, como Durbeck. Las sociedades antes mencionadas llevaron a cabo en el sector del plátano un intercambio regular de información sobre los volúmenes y los precios de las futuras entregas en Europa, así como de las futuras entregas a sus clientes europeos individuales.

Las sociedades también llevaron a cabo acciones concertadas directamente relacionadas con los precios, a saber, con los precios de referencia generales para Europa aplicados a determinados clientes europeos.»

98. Por lo tanto, resulta que la solicitud de clemencia se refería más concretamente a los «importadores de plátanos» y a su participación en acciones concertadas «durante los cinco últimos años».

99. El tenor de la Decisión impugnada demuestra que, contrariamente a lo que afirman las demandantes, las declaraciones de Chiquita fueron ampliamente tenidas en cuenta por la Comisión. Para empezar, ha quedado acreditado que, de los cinco importadores mencionados, tres fueron destinatarios de la Decisión impugnada. Además, en dicha Decisión se constató efectivamente la existencia de un intercambio de información sobre los volúmenes, si bien finalmente no se consideró que fuese un elemento constitutivo de la infracción (véanse los considerandos 136 y 272 de la Decisión impugnada). Asimismo, en la Decisión impugnada se tuvo en cuenta un intercambio de información, en forma de comunicaciones previas a la fijación de precios, relativo a los precios de referencia de los importadores y proveedores, para caracterizar una práctica concertada con un objeto contrario a la competencia de una duración de tres años, comprendida en el período restringido al que más específicamente se refería la solicitud de clemencia.

100. En cualquier caso, el hecho de que la infracción cuya existencia fue finalmente declarada en la Decisión impugnada no se corresponda en todos los aspectos con las indicaciones contenidas en la solicitud de clemencia por lo que respecta al objeto del comportamiento infractor, su duración y el número de empresas implicadas y sancionadas no permite demostrar que el autor de la antedicha solicitud y sus declaraciones, en las que se basaron parcialmente las conclusiones de la Comisión acerca de la existencia de una infracción del artículo 81 CE, carezcan de credibilidad.

101. El resultado del procedimiento administrativo tramitado por la Comisión, puesto de relieve por las demandantes, contradice incluso la afirmación de estos últimos según la cual «la Comisión admitió con demasiada facilidad la afirmación de Chiquita según la cual existía una forma de colusión entre los importadores de plátanos de Europa del Norte» y no llevó a cabo «un examen crítico» de las declaraciones de dicha sociedad.

102. La voluntad de las demandantes de desacreditar el testimonio de Chiquita les llevó a desarrollar un razonamiento contradictorio dirigido, a la vez, a reprochar a la Comisión haberse basado casi exclusivamente en las declaraciones de Chiquita, sin ninguna precaución ni análisis crítico, y a subrayar las diferencia entre dichas declaraciones y el contenido de la Decisión impugnada.

103. Por otra parte, no puede deducirse de un escrito de la Comisión en el que se instaba a Chiquita a presentar sus observaciones sobre «posibles» discordancias entre la solicitud de clemencia inicial y las declaraciones ulteriores, ni de la celebración de una reunión, el 20 de octubre de 2006, durante la cual la Comisión y Chiquita intercambiaron sus puntos de vista sobre la confrontación de los elementos contenidos en la solicitud de clemencia con los resultantes de las inspecciones y de las solicitudes de información, una descalificación global del testimonio de Chiquita.

104. Es preciso señalar que las demandantes, que tuvieron acceso al expediente de investigación, se limitan a afirmar que Chiquita informó de la existencia de las comunicaciones previas a la fijación de precios tras la reunión de análisis de la situación del 20 de octubre de 2006 y no aportan ningún elemento que permita contradecir la observación de la Comisión según la cual Chiquita se refirió a dichas comunicaciones previas a la fijación de precios por primera vez en julio o agosto de 2005 (declaraciones nº 11 y 12), es decir, más de un año antes de la celebración de la mencionada reunión.

105. El considerando 149 de la Decisión impugnada, en el que se indica que, «cuando Chiquita informó a la Comisión de las comunicaciones previas a la fijación de precios que mantenía con Dole, invocó que los temas de dichas comunicaciones habían sido las condiciones de venta y de mercado y los factores en función de los que se fijaba el precio, así como las ofertas de precios oficiales relativas a los plátanos», hace referencia a las páginas 9.227 y siguientes del expediente de la Comisión correspondientes a la declaración de empresa de Chiquita nº 12, de 25 de agosto de 2005. Además, el anexo A 6 del escrito de demanda corresponde a la declaración nº 28 de Chiquita, en la que aporta clarificaciones sobre el comportamiento de su antiguo empleado, el Sr. B., que participó en las comunicaciones con las empresas competidoras, y recuerda que había descrito lo que sabía de esas comunicaciones en las declaraciones precedentes nº 11, de 4 de julio de 2005, nº 12, de 25 de agosto de 2005 y nº 13, de 20 de enero de 2006.

106. En tercer lugar, Dole señala que el testimonio del empleado de Chiquita, el Sr. B., sobre las comunicaciones bilaterales mantenidas con uno de sus empleados, el Sr. H., presenta varias contradicciones internas, que plantean serias dudas por lo que respecta a su exactitud y fiabilidad, y, además, se ve contradicho por el testimonio de su empleado.

107. Para empezar, las demandantes hacen referencia a las variaciones de las declaraciones de Chiquita por lo que respecta al calendario de las comunicaciones, que primero alega que los intercambios tenían lugar los lunes y los martes y luego alega que tenían lugar los miércoles y los jueves.

108. Esta situación queda claramente explicada en los considerandos 71 a 74, y 156 de la Decisión impugnada, de los que se desprende que, tras haber mantenido encuentros de manera complementaria con antiguos empleados y con sus empleados actuales y tras haber revisado los extractos telefónicos de su antiguo empleado, el Sr. B., Chiquita precisó su declaración inicial indicando que las llamadas tenían generalmente lugar los miércoles al final de la tarde y eran seguidas por una segunda llamada los jueves al principio de la mañana, antes, e incluso a veces inmediatamente antes, de la llamada por conferencia interna que precedía su decisión en materia de fijación de precios.

109. Ha de subrayarse que Dole admitió, de forma coherente, en sus respuestas a las solicitudes de información, que las llamadas telefónicas tenían lugar los miércoles por la tarde y, si bien en pocas ocasiones según ella, los jueves por la mañana (considerando 73 de la Decisión impugnada), y que las declaraciones de las empresas se ven corroboradas por los extractos telefónicos disponibles del Sr. B. que muestran las llamadas telefónicas realizas por este último al Sr. H., extractos con respecto a los cuales las demandantes no han formulado ninguna observación.

110. A continuación, por lo que respecta al origen de las llamadas, las demandantes llaman la atención sobre una primera declaración de Chiquita según la cual «a veces era el Sr. H., de Dole, el que llamaba al Sr. B., y a veces era Chiquita la que llamaba a Dole», y luego, una segunda declaración según la cual «la mayoría de las veces era el Sr. H el que llamaba al Sr. B.», siendo esta última alegación, por lo demás, cuestionada por el Sr. H.

111. Las declaraciones antes mencionadas de Chiquita no revelan que exista una contradicción real, sino una precisión sobre el origen de la mayoría de las llamadas, y el cuestionamiento de Dole por lo que atañe a este aspecto no permiten alegar válidamente una falta total de fiabilidad del testimonio de Chiquita, cuando este último se ve incluso corroborado por Dole que declaró que sus empleados, los Sres. H. y G., se comunicaban con el Sr. B, empleado de Chiquita y que, «en muy contadas ocasiones, podía ocurrir que el Sr. H se pusiese en contacto con el Sr. B. el miércoles por la tarde si Dole no había recibido noticias suyas el miércoles por la tarde y, en particular, si ocurría alguna circunstancia inhabitual en la evolución del mercado» (considerandos 60 y 61 de la Decisión impugnada).

112. Basándose en estos elementos, la Comisión pudo acertadamente concluir, sin que las demandantes cuestionasen dicha conclusión, que, ciertamente, había habido comunicaciones entre Chiquita y Dole, aunque las partes tuvieran un recuerdo diferente por lo que atañe a la persona que «la mayor parte de las veces» originaba los contactos y que, además, las dos partes admiten que sus propios empleados también se pusieron en contacto con la otra parte en determinadas ocasiones (considerando 62 de la Decisión impugnada).

113. Seguidamente, las demandantes señalan que el Sr. B sostuvo que Dole comunicaba «su intención probable […] por lo que respecta al modo como fijaría los precios la semana siguiente» y, luego, aún en la misma declaración, que las llamadas tenían como finalidad obtener «una indicación final por parte de Dole sobre su intención con respecto a la fijación prevista del precio».

114. Dole expuso esta misma alegación en su respuesta al pliego de cargos, lo cual dio lugar a la siguiente respuesta de la Comisión en el considerando 169 de la Decisión impugnada:

«La Comisión señala, de forma general, que, como esas comunicaciones eran comunicaciones previas a la fijación de precios, resulta evidente que las indicaciones o intenciones de precios comunicadas a los competidores no podían haber sido un precio de referencia final, dado que éste no se fijaba hasta el día siguiente. Además, Chiquita indica en su declaración de empresa que, a su entender, las comunicaciones tenían por objeto obtener de Dole una “indicación final” por lo que atañe a “su intención en relación con el precio previsto”. Esto muestra claramente que Chiquita no afirmaba que lo que Dole comunicaba fuese un precio final. Asimismo, Chiquita indica que la recomendación de fijación de precios del Sr. B se basaba en “la intención probable de Dole” de la que había tenido conocimiento a través de las comunicaciones previas a la fijación de precios con Dole. La Comisión considera que estas declaraciones no son incoherentes y que muestran claramente la finalidad que dichas comunicaciones tenían para Chiquita.»

115. La mera indicación, en el escrito de demanda, de que el Sr. H únicamente recordó discusiones relativas a las «tendencias indicativas de los precios de referencia» no permite contradecir la conclusión antes mencionada de la Comisión ni justificar las alegaciones de incoherencia y de falta de fiabilidad subsiguiente del testimonio de Chiquita.

116. Después, por lo que respecta a la discordancia entre Chiquita y Dole sobre la determinación de la frecuencia exacta de los intercambios, cabe decir que tal discordancia no implica necesariamente, como sostienen las demandantes, que el testimonio de Chiquita carezca de fiabilidad.

117. La cuestión de la frecuencia de las comunicaciones bilaterales entre Dole y Chiquita se examinó en los considerandos 76 a 86 de la Decisión impugnada y la Comisión tuvo en cuenta las respuestas de Dole, que admitió que dichas comunicaciones bilaterales tenían lugar aproximadamente 20 veces por año (considerando 83 de la Decisión impugnada).

118. Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que la argumentación de las demandantes dirigida a descalificar de manera general el testimonio Chiquita en razón de una supuesta falta de credibilidad de ésta debe rechazarse.

b) Sobre la incompatibilidad de los modos de explotación de Dole y de Chiquita con la colusión reprochada

119. Las demandantes sostienen que la tesis de la Comisión según la cual las comunicaciones bilaterales intercambiadas entre las partes tenían como objetivo coordinar sus precios de referencia es incompatible con el hecho de que Chiquita y Dole fijaban precios de referencia para productos diferentes, clientes diferentes y semanas diferentes del ciclo de tres semanas del mercado del plátano. Por tanto, a su entender, ni siquiera sería teóricamente posible coordinar los precios de referencia basándose en la información intercambiada, en la medida en que los productos vendidos por Chiquita y por Dole son dos productos totalmente diferentes que no compiten en el mismo mercado.

120. Según las demandantes, el precio de referencia fijado por Chiquita atañe a los plátanos maduros que se entregan a los minoristas, mientras que el precio de referencia fijado por Dole atañe a los plátanos inmaduros que se entregan a los maduradores-distribuidores. Según las demandantes, Chiquita fijaba su precio de referencia amarillo para los plátanos que habían llegado a Europa del Norte la semana precedente y se entregaban a los minoristas la semana siguiente, mientras que Dole fijaba su precio de referencia verde para los plátanos que llegaban a Europa del Norte la semana siguiente y no se entregaban a los minoristas hasta dos semanas después.

121. Las demandantes afirman que esta situación se daba sólo en Alemania, donde Chiquita comunicaba únicamente a sus clientes con fines externos un precio de referencia amarillo, debido al ejercicio por parte de su filial Atlanta de actividades de madurador-distribuidor. En efecto, según las demandantes, Chiquita indicó a la Comisión que las decisiones de fijación de precios tomadas los jueves con respecto a los países nórdicos también afectaban a los plátanos que ya estaban en proceso de maduración.

122. Finalmente, las demandantes reprochan a la Comisión no haber explicado de forma clara e inequívoca su posición, infringiendo, de este modo, el artículo 253 CE, en particular, al no haber explicado «válidamente como el intercambio de información sobre elementos supuestamente relevantes a la hora de establecer el precio de referencia de los plátanos verdes puede tener alguna relevancia por lo que atañe a la fijación del precio de los plátanos amarillos».

Sobre la supuesta infracción del artículo 253 CE

123. De la formulación de la alegación recordada en el apartado precedente y, más concretamente, de la utilización del adverbio «válidamente», así como del tenor de la argumentación desarrollada por las demandantes, se desprende que dicha alegación no tiene por objeto, propiamente hablando, vicios sustanciales de forma en el sentido del artículo 230 CE. La alegación en cuestión se confunde, en realidad, con la crítica del fundamento de la Decisión impugnada y, por tanto, de la legalidad en cuanto al fondo de dicho acto, el cual supuestamente sería ilegal porque la Comisión no demostró la existencia o incluso la mera posibilidad de la existencia de una coordinación ilícita entre Dole y Chiquita.

124. Por lo demás, aun suponiendo que la alegación de una infracción del artículo 253 CE pueda admitirse, carecería de fundamento.

125. Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, apartado 63, y la jurisprudencia citada).

126. Asimismo, aunque en la motivación de las decisiones que debe tomar para garantizar la aplicación de las normas sobre la competencia, la Comisión no está obligada a discutir todos los elementos de hecho y de Derecho y consideraciones que la llevaron a adoptar tal Decisión, no es menos cierto que el artículo 253 CE la obliga a mencionar, al menos, los hechos y las consideraciones que revisten una importancia esencial en la estructura de su Decisión, permitiendo así al órgano jurisdiccional de la Unión y a las partes interesadas conocer las condiciones en las que ha aplicado el Tratado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 15 de septiembre de 1998, European Night Service y otros/Comisión, T-374/94, T-375/94, T-384/94 y T-388/94, Rec. p. II-3141, apartado 95, y la jurisprudencia citada).

127. En el caso de autos, la Comisión, en los considerandos 4, 5, 32, 34, 104, 141 a 143, 182, 196 y 287 de la Decisión impugnada, explicó con suficiente precisión y claridad su posición por lo que respecta a la naturaleza única del producto de que se trata, a saber, el plátano fresco, la especificidad de dicho producto, dado que es una fruta que se importa cuando esta verde y se ofrece al consumo del público una vez que se ha vuelto amarilla, tras su maduración, los modos de organización de la maduración y, subsiguientemente, de comercialización de los plátanos, los procesos de negociación comercial con los precios de referencia y el vínculo existente entre los precios de referencia de los plátanos verdes y amarillos.

128. Asimismo, es preciso subrayar que la argumentación de las demandantes dirigida, en esencia, a que se constate una compartimentación y una desincronización de las actividades de Dole y de Chiquita que hace imposible una colusión por lo que atañe a los precios de referencia por medio de comunicaciones bilaterales no fue expuesta durante el procedimiento administrativo.

129. Pues bien, ha quedado acreditado que el pliego de cargos indicaba explícitamente que el producto en cuestión era el plátano (fruta fresca) y hacía referencia a tres prácticas colusorias, a saber:

– el intercambio de información relativo a los volúmenes de las partidas de plátanos que llegaban a Europa del Norte (intercambio de información sobre los volúmenes);

– las comunicaciones bilaterales relativas a las condiciones del mercado del plátano, las tendencias de los precios o la indicación de los precios de referencia antes de la fijación de dichos precios;

– el intercambio de información sobre los precios de referencia de los plátanos (intercambio de precios de referencia).

130. En el apartado 429 del pliego de cargos, la Comisión concluyó de manera inequívoca que «cada serie de acuerdos bilaterales» y el conjunto de dichos acuerdos constituían una infracción que tenía por objeto restringir la competencia en la Comunidad y en el Espacio Económico Europeo (EEE) en el sentido del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.

131. En su respuesta al pliego de cargos, Dole cuestionó la existencia de cualquier tipo de infracción, pero no alegó, a dicho efecto, ninguna diferencia sustancial de su modo de comercializar los plátanos con respecto a Chiquita. Si bien se indicaba que, al contrario de lo que sucedía con Dole y el resto del sector, los precios de referencia fueron objeto de determinados usos muy limitados y discretos por parte de Chiquita debido a la especificidad de su actividad, esta observación se refiere únicamente a los contratos «Dole plus» en los que el precio de transacción de los plátanos de marca Chiquita, en realidad, dependía del precio de referencia semanal fijado por Dole.

132. En la respuesta al pliego de cargos antes mencionada, incluso se subraya con claridad la constante rivalidad existente entre los importadores de plátanos y, «en particular, entre Dole y Chiquita», calificándose a este último operador como «el mayor rival» de Dole.

133. En este momento, es preciso recordar que pueden darse explicaciones o precisiones dirigidas a aclarar los términos del acto impugnado durante el procedimiento judicial (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1960, Präsident y otros/Alta Autoridad, 36/59 a 38/59 y 40/59, Rec. pp. 857 y ss., especialmente p. 892; de 6 de abril de 1995, BPP Industries y British Gypsum/Comisión, C-310/93 P, Rec. p. I-865, apartado 11, y las conclusiones del Abogado General Léger en dicho asunto, Rec. p. I-867, punto 24). El Tribunal de Justicia ha declarado que las precisiones efectuadas por el autor de una decisión impugnada, mediante las cuales se completa una motivación que ya es en sí suficiente, no contribuyen en sentido estricto al cumplimiento de la obligación de motivación, aun cuando puedan ser de utilidad para el control interno de la exposición de motivos de la decisión ejercido por los órganos jurisdiccionales de la Unión, por cuanto permiten a la institución explicar las razones en las que se basa su decisión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, C-286/98 P, Rec. p. I-9925, apartado 61).

134. En el caso de autos, las precisiones efectuadas durante el procedimiento judicial por la Comisión, en respuesta a la alegación específica formulada por las demandantes por primera vez durante el procedimiento contencioso, tan sólo han servido para explicar la motivación ya contenida en la Decisión impugnada, la cual engloba los diferentes modos de distribución de los plátanos importados en Europa del Norte, en particular, por Dole y Chiquita.

135. De lo anterior se desprende que, en cualquier caso, a la Comisión no puede reprochársele ninguna infracción del artículo 253 CE.

Sobre el fondo

136. Procede señalar que la alegación formulada por las demandantes no puede acogerse, en la medida en que se basa en una premisa no fundamentada y errónea, según la cual los plátanos verdes y amarillos son productos totalmente diferentes pertenecientes a dos mercados distintos en los que operaban, de manera exclusiva, Dole, por una parte, y Chiquita, por otra.

137. La tesis de las demandantes no se corresponde con la realidad del mercado de que se trata, tal como se desprende de las constataciones realizadas por la Comisión en la Decisión impugnada, de las declaraciones de Dole y de Chiquita formuladas durante el procedimiento administrativo y de los propios escritos de las demandantes.

138. Tal como se desprende de la motivación que sigue a continuación, dichas constataciones y declaraciones, corroboradas por pruebas documentales, ponen de manifiesto la existencia de un mercado del plátano (fruta fresca) caracterizado por una coexistencia y una concomitancia de las actividades de Dole y de Chiquita de ventas de plátanos verdes y amarillos, una comunicación entre esas dos empresas, con una perfecta comprensión mutua, por lo que respecta al precio de los plátanos verdes para Europa del Norte y el hecho de que el precio de los plátanos verdes era el precio a partir del cual se fijaba el precio de los plátanos amarillos.

139. En primer lugar, es preciso subrayar que la Comisión definió claramente en la Decisión impugnada el sector en cuestión y, en particular, el producto en cuestión, indicando que se trataba de los plátanos frescos, así como el funcionamiento del mercado afectado.

140. La Comisión precisa que tanto los plátanos inmaduros (verdes) como los plátanos maduros (amarillos) se encuentran comprendidos dentro del ámbito de la Decisión impugnada y que las ventas de plátanos frescos se definen como las ventas de plátanos con excepción de los plátanos deshidratados y los plátanos hortaliza (considerando 4 de la Decisión impugnada).

141. De la Decisión impugnada se desprende que los plátanos importados en Europa del Norte generalmente se cultivaban en el Caribe, América Central y determinados países de África (considerando 5 de la Decisión impugnada). Durante el período de que se trata, el sector del plátano en Europa del Norte estaba organizado conforme a ciclos semanales. El transporte por barco de plátanos desde los puertos de América Latina hacia Europa duraba aproximadamente dos semanas. Las llegadas de plátanos a los puertos noreuropeos eran generalmente semanales y se efectuaban con arreglo a un calendario de envíos regulares (considerando 33 de la Decisión impugnada). Los plátanos se enviaban verdes y llegaban verdes a los puertos, siendo puestos a madurar para poder ser consumidos (considerando 34 de la Decisión impugnada).

142. La Comisión indica que los plátanos o bien se entregaban directamente a los compradores (plátanos verdes), o bien se ponían a madurar para ser entregados aproximadamente una semana después (plátanos amarillos), situación que reflejaba el hecho de que la maduración podía ser organizada por el comprador, o ser llevada a cabo por el importador o en su nombre (considerando 34 de la Decisión impugnada).

143. Según la Comisión, Chiquita, Dole y Weichert establecían su precio de referencia para sus plátanos de marca cada semana, en concreto, los jueves por la mañana, y lo comunicaban a sus clientes (considerandos 34 y 104 de la Decisión impugnada). La expresión «precio de referencia» hacía generalmente referencia a los precios de referencia para los plátanos verdes («oferta verde»). Los precios de referencia para los plátanos amarillos («oferta amarilla») estaban compuestos normalmente por la oferta verde incrementada con un canon de maduración (considerando 104 de la Decisión impugnada), determinando los precios de referencia de los plátanos verdes los precios de referencia de los plátanos amarillos (considerando 287 de la Decisión impugnada).

144. Los precios de referencia establecidos cada semana por las partes eran válidos para Europa del Norte. Según la Comisión, Chiquita declaró que «los precios de referencia ligados a “Europa del Norte” estaban ligados a Alemania (incluidas Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca) y a los países del Benelux» y que, cuando hablaba con Dole del «precio verde» alemán, «ello comprendía los precios relativos a los otros países [de] Europa del Norte» (considerandos 104 y 141 de la Decisión impugnada).

145. A juicio de la Comisión, los documentos descubiertos en los locales de Dole durante la inspección muestran que esta empresa tenía un precio de referencia denominado precio «Europa del Norte de la UE 15» y precios diferentes para Noruega, los países de «Europa del Norte de la UE 10», Francia, Italia y el Reino Unido. Según la Comisión, Dole, en su respuesta al pliego de cargos, indicó que ese precio era un precio alemán. La Comisión señala que Dole también explicó claramente que sus «ventas verdes generalmente se basa[ban] en un precio semanal» y que, «en cualquier caso, todos los competidores sabían que los precios de referencia [discutidos durante las comunicaciones previas a la fijación de precios] se referían a los mercados [información no divulgada] de la UE 15» (considerandos 104, 142 y 143 de la Decisión impugnada).

146. La Comisión precisa que los jueves por la tarde y los viernes (o más tarde durante la misma semana o al principio de la semana siguiente), los importadores de plátanos negociaban los precios del plátano con los clientes cuando las transacciones se basaban en precios negociados semanalmente. Los clientes de los importadores eran generalmente maduradores o cadenas minoristas. El precio amarillo era el precio de los plátanos maduros, mientras que el precio verde era el precio de los plátanos inmaduros (considerando 34 de la Decisión impugnada).

147. La Comisión también explica que existía un cierto grado de diferenciación por preferencia de marca. La actividad platanera distinguía tres niveles de marca de plátano denominados «tercios»: los plátanos de primer nivel de marca Chiquita, los plátanos de segundo nivel de marca Dole y Del Monte y los plátanos de tercer nivel (también llamados «terceros» y que incluían otras marcas de plátanos). Esta división en función de las marcas se reflejaba en la fijación del precio del plátano, teniendo los plátanos Chiquita el precio más elevado, seguidos por los plátanos de las marcas Dole y del Monte, mientras que los plátanos terceros se encontraban en la parte baja de la escala (considerando 32 de la Decisión impugnada).

148. Según la Comisión, las diversas comunicaciones previas a la fijación de precios entre Dole y Chiquita, durante las cuales estas dos empresas discutían acerca de las condiciones de la oferta y de la demanda o, en otras palabras, acerca de los factores en función de los que se fija el precio, es decir, de los factores relevantes a la hora de establecer los precios de referencia de la semana siguiente, y discutían o revelaban tendencias de precios e indicaciones de precios de referencia para la semana siguiente antes de la fijación de dichos precios de referencia, se produjeron en el marco del funcionamiento del mercado del plátano de ese modo descrito (considerandos 148, 182 y 196 de la Decisión impugnada).

149. En segundo lugar, procede señalar que, en apoyo de la alegación relativa a la imposibilidad misma de que hubiese una colusión entre Dole y Chiquita por lo que atañe a los precios de referencia y en respuesta a dicha alegación, las partes aportaron, respectivamente, precisiones sobre los modos de explotación de esas dos empresas.

150. Para empezar, por lo que respecta a Dole, la Comisión indica que su filial alemana, DFFE, vendía «principalmente» plátanos verdes a minoristas alemanes que disponían de medios propios con los que llevar a cabo la maduración y a maduradores europeos (considerando 12 de la Decisión impugnada).

151. Del expediente y de los escritos de las demandantes se desprende que la actividad de Dole también tenía por objeto la venta de plátanos amarillos.

152. Así, durante el procedimiento administrativo, Dole hizo referencia a la situación de minoristas que solicitaban a DFFE la transmisión de una oferta amarilla (anexo B 9).

153. Las demandantes también han explicado que Dole poseía varias filiales que operaban en calidad de madurador-distribuidor en Europa del Norte, a saber, las sociedades Kempowski, Saba y VBH. Estas empresas vendían plátanos amarillos de la marca Dole que habían sido comprados cuando eran verdes, en particular, a esta última, por lo que atañe a las sociedades Saba y VBH. Asimismo, una pequeña parte de las ventas de plátanos amarillos realizadas por Dole en 2002 en Bélgica y Luxemburgo se hizo por medio de su filial francesa.

154. De los datos transmitidos por las demandantes se desprende que las filiales de Dole vendieron en 2002 plátanos amarillos por un valor de 98.177.616 euros, mientras que el importe total de las ventas de Dole de plátanos frescos en 2002 ascendía a 198.331.150 euros, importe que quedaba reducido a 190.581.150 euros una vez sustraído el importe correspondiente a los plátanos comprados a los otros destinatarios de la Decisión impugnada (considerandos 451 a 453 de la Decisión impugnada).

155. Saba y VBH vendieron en Europa del Norte en 2002 plátanos por valor de 64,4 y 13,9 millones de euros, respectivamente, de los cuales 29,4 y 8,3 millones de euros correspondían a plátanos de marca Dole. La filial alemana Kempowski, que compraba sus plátanos a Cobana en vez de a Dole, vendió en Europa del norte en 2002 plátanos por un importe de 16,8 millones de euros, de los cuales aproximadamente 2,9 millones de euros correspondían a plátanos de marca Dole. El importe total de las ventas de plátanos de marca Dole, realizadas por filiales de ésta que actuaban en calidad de madurador, en Europa del Norte en 2002 ascendió a 40,6 millones de euros, es decir, algo menos de la mitad del valor de las ventas de plátanos verdes realizadas por DFFE, que durante el procedimiento administrativo se estimó en 99.451.555 euros y, posteriormente, en el marco del presente recurso, en 98.997.663 euros.

156. Por lo demás, es preciso señalar que, entre las alegaciones formuladas por las demandantes con respecto a la determinación por parte de la Comisión del valor de las ventas a efectos del cálculo del importe de la multa, figura precisamente la importancia del volumen de las ventas de plátanos amarillos realizadas por Dole.

157. De las observaciones anteriores se desprende que, según el propio razonamiento de las demandantes desarrollado en relación con el control de Atlanta por Chiquita, Dole desarrollaba una actividad de ventas de plátanos amarillos dirigida a minoristas que no disponían de medios propios con los que llevar a cabo la maduración y tenía un interés real por lo que atañe a dicha actividad. Si los documentos presentados en la vista por las demandantes muestran la existencia de una forma de filiación concreta de Atlanta con respecto a Chiquita antes de 2003, año en el cual esta última aumentó su participación inicial en sólo un 5 % para tomar oficialmente el control del madurador en cuestión, la condición de filiales de Kemposwki, Saba, VBH y Dole France durante todo el período de la infracción es inequívoca, pues es admitida plenamente por las demandantes.

158. A continuación, cabe decir que por lo que respecta a Chiquita, de los autos se desprende que, según la propia fórmula utilizada por las demandantes en el apartado 31 del escrito de demanda, la expresión «precios de referencia» puede significar «precios de referencia verdes o amarillos».

159. La Comisión aportó a los autos los informes internos sobre los precios de Chiquita titulados «actualización del precio europeo».

160. Estos informes contienen, con respecto a cada semana de un año civil, cuadros en los que se mencionan, por una parte, los volúmenes de partidas de plátanos de Chiquita y los acumulados por sus competidores y por las empresas plataneras y, por otra parte, los precios de Chiquita y los de sus competidores. Dichos cuadros también permiten realizar comparaciones con datos relativos a la semana anterior y a la misma semana del año precedente.

161. Por lo que respecta a los precios de Chiquita, los informes incluyen sistemáticamente la mención «Alemania (Euro) Amarillo» seguida de un precio y luego, en la misma línea, la indicación de otro precio, dos euros inferior, correspondiente a la «cotización europea», formulación que sucede a una presentación que hace referencia al marco alemán y menciona un diferencial de 4 marcos alemanes (DEM) entre los dos precios.

162. A estos informes a menudo se adjuntan correos internos que recogen la parte esencial de la información y, en particular, con respecto a una semana determinada, el «precio verde» y el «precio amarillo» de Chiquita anteriormente mencionados, siendo el segundo precio sistemáticamente dos euros superior al primero.

163. Estos documentos ilustran la declaración de Chiquita según la cual «básicamente, el precio de referencia verde es el precio de referencia amarillo menos 2 euros» y, por eso mismo, el carácter convertible de dichos precios.

164. En la declaración de empresa nº 1, Chiquita indica lo siguiente:

«Todos los jueves por la mañana, Chiquita fijaba internamente su precio de referencia verde para la semana siguiente. Rara vez el precio de catálogo es el precio real solicitado a los clientes de Chiquita. Los precios de referencia son precios mayoristas anteriores a descuentos y rebajas. Basándose en esa decisión interna, los responsables nacionales informaban a sus clientes de la oferta para la semana siguiente.»

165. Es preciso señalar que, durante el procedimiento administrativo, Chiquita declaró que, «en Europa, la fruta se distribuye bien a mayoristas-maduradores» como Atlanta (Alemania), bien directamente a minoristas (que llevan a cabo su propia maduración)». Por lo que respecta específicamente a su actividad en Alemania, Chiquita indicó que vendía plátanos a Atlanta, a mayoristas y directamente a minoristas, precisando que había comenzado a realizar contratos con los minoristas de forma continuada esos últimos años.

166. De este modo, se pone de manifiesto que Atlanta, madurador-distribuidor con el que Chiquita estaba estrechamente vinculada, no era el único receptor de las ventas verdes y que Dole y Chiquita compartían una clientela común.

167. Un correo electrónico que el Sr. B. envió al Sr. P. (se trata de dos directores de Chiquita) el 30 de abril de 2001, al que se hace referencia en el considerando 107 de la Decisión impugnada, corrobora la existencia de ventas de plátanos verdes por parte de Chiquita. Dicho correo electrónico tiene el siguiente tenor:

«Está acreditado que, una vez que [Dole/Del Monte/Tuca] alcancen un precio de 36,00 DEM, sus clientes (minoristas) resistirán, ya que con este nivel de oferta, el precio para el consumidor debe superar la barrera de los 3,00 DEM/Kg. Es indudable que este “fenómeno” nos afectará durante un tiempo. Esto significaría que nuestra oferta tope será de 40,00 DEM (oferta verde).»

168. El tenor expreso del antedicho correo electrónico demuestra que, contrariamente a lo que afirman las demandantes, el precio verde de Chiquita no era un mero concepto teórico destinado a facilitar, a nivel interno, la comparación con las ofertas de los competidores.

169. Las propias declaraciones de Dole confirman el hecho de que Chiquita tenía una oferta verde para sus plátanos.

170. De este modo, en el escrito de demanda se precisa que la sociedad Saba, la filial sueca de Dole que opera como madurador-distribuidor, se abastecía de plátanos verdes a través de diferentes importadores, entre los que se encontraba Chiquita.

171. En su respuesta al pliego de cargos, Dole criticó la definición de su cuota de mercado realizada por la Comisión porque tenía en cuenta la venta de plátanos amarillos cuando la investigación tenía por objeto la importación de plátanos verdes. Dole añadió que el problema del doble cómputo no afectaba sólo a su situación y subrayó que «Chiquita realizaba tanto ventas verdes a sus clientes minoristas y mayoristas como ventas de plátanos amarillos distribuidos por medio de sus redes de maduradores en el Benelux, Alemania y Austria».

172. Esta declaración, en la que la actividad de Chiquita de venta de plátanos verdes se pone en el mismo plano que la de venta de plátanos amarillos, muestra también que la distribución de los plátanos amarillos de Chiquita no puede reducirse únicamente a la intervención de Atlanta.

173. A este respecto, debe señalarse que Chiquita era el mayor proveedor de plátanos en Europa (considerando 8 de la Decisión impugnada) y que el importe total de sus ventas de plátanos frescos ascendió en 2001 a 347.631.700 euros (considerandos 451 a 453 de la Decisión impugnada).

174. De las consideraciones anteriores se desprende que cualquier enfoque del mercado que vaya dirigido a reducir a Dole y a Chiquita a una monoactividad de comercialización, en el primer caso, de plátanos verdes, y en el segundo caso, de plátanos amarillos, con una relación exclusiva entre Chiquita y Atlanta, carece de fundamento.

175. Tanto Dole como Chiquita vendían, por una parte, plátanos verdes a maduradores y a minoristas que efectuaban por sí mismos la maduración de las frutas y, por otra parte, plátanos amarillos a través de filiales y de una sociedad vinculada o, en el caso de Chiquita, organizando la maduración y recurriendo, a tal efecto, a maduradores externos.

176. Un extracto del estudio económico de 10 de abril de 2007, presentado por Dole, confirma la variabilidad de los acuerdos contractuales celebrados entre los diferentes actores del mercado del «plátano» indicando que, «a veces, los plátanos verdes son vendidos por los importadores directamente a los supermercados que después pagan un canon a un madurador por el servicio prestado», que, «en otros casos, los maduradores compran los plátanos verdes a los importadores de plátanos y negocian con los distribuidores por su propia cuenta» y que, «si bien algunos importadores poseen sus propios maduradores, otros acuden a terceros para hacer madurar su producto». Asimismo, Chiquita ha precisado que, a veces, los importadores maduraban ellos mismos las frutas y «vendían amarillo» y que algunos minoristas tenían sus propios centros de maduración y «compraban verde».

177. Por tanto, se pone manifiesto que, tal como acertadamente alega la Comisión, la referencia del importador a un precio amarillo o verde depende simplemente de la manera como organice las ventas de plátanos: si los vende verdes a los maduradores o a minoristas que se encargan ellos mismos de la maduración de las frutas, comunicará un precio de referencia verde, si organiza él mismo la maduración recurriendo a un madurador externo o lo hace en las instalaciones de sus filiales o asimiladas y luego los vende maduros a los minoristas, utilizará un precio de referencia amarillo.

178. Seguidamente, es preciso subrayar que todas las actividades anteriormente mencionadas se enmarcaban dentro de un «esquema» temporal único descrito casi en los mismos términos por Dole y Chiquita durante el procedimiento administrativo.

179. Dole y Chiquita describen una cronología de la comercialización de los plátanos que corresponde a un ciclo de tres semanas que se descompone del siguiente modo:

– jueves por la mañana de la primera semana: los importadores fijan los precios de referencia de sus plátanos y los anuncian a sus clientes;

– desde el jueves por la tarde de la primera semana hasta el final de esa semana, o incluso hasta el lunes de la segunda semana: los importadores negocian los precios de transacción con los compradores;

– lunes de la segunda semana (a veces final de la primera semana): los barcos llegan a los puertos europeos y los plátanos son descargados y transportados a los centros de maduración;

– principio de la tercera semana (a veces final de la segunda semana): los plátanos maduros se comercializan para su consumo.

180. Este calendario coincide con la observación realizada por la Comisión en el considerando 34 de la Decisión impugnada, según la cual los plátanos o bien se entregaban directamente a los compradores (plátanos verdes), o bien se ponían a madurar para ser entregados aproximadamente una semana después (plátanos amarillos), formulación que sintetiza el proceso de distribución y pone de relieve una duración relativamente irreducible de maduración para todos los plátanos.

181. Cuando en el apartado 34 del escrito de demanda, las demandantes reprodujeron el «esquema» temporal antes mencionado, indicaron que el «mercado del plátano» seguía tradicionalmente un calendario semanal preestablecido muy estricto por lo que respecta al modo y al momento en el que tenían lugar las negociaciones entre los «importadores y sus clientes respectivos». Además de esta indicación de carácter general por lo que respecta al funcionamiento de un mercado único y que incluye a todos los importadores, las demandantes precisaron la razón imperiosa y objetiva de tal calendario, a saber, el hecho de que los plátanos eran un producto muy perecedero, lo cual implicaba un fijación rápida del precio de transacción para lograr una salida eficaz de los almacenes de las partidas de plátanos cada semana.

182. Es preciso subrayar que era en el marco de ese ciclo de tres semanas de este modo descrito donde se producía la comercialización de los plátanos amarillos de marca Dole y Chiquita a través de filiales o de una sociedad vinculada, que operaban como maduradores-distribuidores, por medio de un precio de referencia amarillo que se anunciaba a los minoristas la mañana del jueves de la segunda semana.

183. Tal como se desprende de una declaración de Chiquita que figura en el anexo C 5 de la réplica, relativa a las transacciones realizadas en determinados países nórdicos, y del tenor de un correo electrónico enviado, el 2 de enero de 2003, por un empleado de Atlanta a un empleado de Chiquita, la fijación de dicho precio de referencia amarillo se realizaba cuando los plátanos estaban en proceso de maduración, a saber, durante la segunda semana, y estos últimos se entregaban amarillos a los minoristas a partir de la semana siguiente, es decir, al principio de la tercera semana.

184. Según las propias declaraciones de Dole, el «esquema» temporal de distribución de los plátanos amarillos por parte de Saba y VBH coincidía con el de Atlanta, comunicándose a los clientes un precio amarillo el jueves de la segunda semana para las frutas en proceso de maduración, que se habían comprado verdes la semana precedente, y entregándose los plátanos amarillos a los minoristas al principio de la semana siguiente.

185. En tercer lugar, debe observarse que una configuración del mercado caracterizada por una coexistencia y una concomitancia de las actividades de venta de plátanos verdes y amarillos ejercidas por Dole y por Chiquita es compatible con la conclusión a que llegó la Comisión por lo que respecta a la existencia de una colusión ilícita de esas dos empresas.

186. A este respecto, es preciso apreciar las declaraciones de Dole y de Chiquita y las pruebas documentales relativas a la actividad de dichas empresas a la luz de dos elementos.

187. Para empezar, de los autos se desprende que Dole y Chiquita discutían, durante sus diversas comunicaciones previas a la fijación de precios, acerca de las condiciones de la oferta y de la demanda o, en otras palabras, acerca de los factores en función de los que se fija el precio, es decir, de los factores relevantes a la hora de establecer los precios de referencia para la semana siguiente, y discutían o revelaban tendencias de precios e indicaciones de precios de referencia para la semana siguiente antes de la fijación de dichos precios de referencia (considerandos 148, 182 y 196 de la Decisión impugnada).

188. En su declaración oral nº 28, en la que describe sus comunicaciones con Dole, Chiquita indicó que «Chiquita y Dole hacían referencia a las cotizaciones europeas, es decir, al “precio oficial” alemán para los plátanos verdes». Es preciso recordar que los informes internos sobre los precios de Chiquita incluyen sistemáticamente la mención «Alemania (Euro) Amarillo» seguida de un precio y luego, en la misma línea, la indicación de otro precio, dos euros inferior, correspondiente a la cotización europea, es decir, al precio verde de Chiquita.

189. Chiquita añadió que cuando hablaba con Dole del «precio verde» alemán, «ello comprendía los precios relativos a los otros países [de] Europa del Norte».

190. La Comisión subraya que los documentos descubiertos en los locales de Dole durante la inspección muestran que esta empresa tenía un precio «Europa del Norte de la UE 15», descrito por dicha empresa como un precio alemán, lo cual no contradice la explicación dada por Chiquita (considerando 143 de la Decisión impugnada). Dole indica, en respuesta a una solicitud de información que, «en cualquier caso, todos los competidores sabían que los precios de referencia [discutidos durante las comunicaciones previas a la fijación de precios] se referían a los mercados [información no divulgada] de la UE 15» (considerando 143 de la Decisión im