Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Plazos - Comienzo - Fecha en que se tuvo conocimiento del acto - Carácter subsidiario - Fecha de publicación

(Tratado CE, arts. 93, ap. 2, y 173, párr. 5)

2 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda con el mercado común - Empresa competidora que no participó en el procedimiento ante la Comisión - Legitimación activa

(Tratado CE, arts. 93, ap. 2, y 173, párr. 4)

3 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión por la que se califica una medida estatal de ayuda de Estado o se declara la compatibilidad de una ayuda con el mercado común - No iniciación del procedimiento contradictorio - Empresa competidora - Legitimación activa

(Tratado CE, arts. 93, aps. 2 y 3, y 173, párr. 4)

4 Ayudas concedidas por los Estados - Examen por la Comisión de una aportación de capital - Fase preliminar y fase contradictoria - Calificación de una medida estatal de ayuda de Estado - Dificultades de apreciación - Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio

(Tratado CE, art. 93, ap. 2 y 3)

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1 Del tenor literal del párrafo quinto del artículo 173 del Tratado, relativo al plazo de interposición del recurso de anulación, resulta que el criterio de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto como inicio del plazo de interposición del recurso presenta carácter subsidiario respecto de los de publicación o notificación del acto.

Cuando la decisión impugnada se ha publicado, el plazo de interposición del recurso comienza a correr a partir de la fecha de publicación. Por otra parte, puesto que es práctica reiterada que las decisiones de la Comisión de dar por concluido un procedimiento de examen de las ayudas con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado se publiquen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un particular que interpone un recurso de anulación de una decisión por la que se da por concluido dicho procedimiento y que ha tenido conocimiento de dicha decisión antes de su publicación puede legítimamente esperar que la decisión sea objeto de publicación en el Diario Oficial.

2 Aunque su destinatario sea el Estado miembro afectado, una decisión de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda nacional con el mercado común afecta directa e individualmente, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, a las empresas que presentaron la denuncia que dio lugar al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado y cuyas observaciones fueron oídas, siendo tales observaciones las que determinaron el curso de dicho procedimiento, si, en todo caso, su posición en el mercado queda sustancialmente afectada por la medida de ayuda objeto de la decisión.

Por el contrario, cuando una empresa no ha invocado su derecho a presentar observaciones en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, le corresponde, en el marco de un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión por la que se da por concluido dicho procedimiento, demostrar que queda individualmente afectada, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173, por el acto impugnado. A este respecto, la mera circunstancia de que un acto pueda influir en las relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate no puede bastar para que todo operador económico que se encuentre en una relación de competencia cualquiera con el destinatario del acto deba considerarse directa e individualmente afectado por dicho acto. Corresponde en ese caso a la empresa demandante demostrar la existencia de una situación de competencia particular que la caracteriza, por lo que se refiere al acto de que se trata, con respecto a cualquier otro operador económico.

3 Cuando, sin iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, la Comisión declara, sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda de Estado es compatible con el mercado común o que debe excluirse la propia calificación de ayuda, debe considerarse que los interesados, en el sentido del apartado 2 de dicho artículo, beneficiarios de las garantías del citado procedimiento en caso de que se aplique, quedan individualmente afectados en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado por la decisión en la que se contiene dicha declaración.

4 El procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado reviste un carácter indispensable cuando la Comisión encuentra serias dificultades a la hora de apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común. Esta Institución sólo puede limitarse a la fase preliminar del apartado 3 del artículo 93 para tomar una decisión favorable respecto de una ayuda si, tras realizar un primer examen, está en condiciones de concluir que dicha ayuda es compatible con el Tratado. Por el contrario, si este primer examen lleva a la Comisión a la convicción opuesta, o incluso no permite resolver todas las dificultades planteadas por la apreciación de la compatibilidad de esta ayuda con el mercado común, la Comisión tiene la obligación de recabar todas las opiniones necesarias y de iniciar, a tal efecto, el procedimiento del apartado 2 del artículo 93.

Igualmente, la Comisión puede tener la obligación de iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado si un primer examen no le ha permitido resolver todas las dificultades planteadas por la cuestión de si una medida constituye una ayuda de Estado, al menos cuando no puede convencerse de que dicha medida, suponiendo que constituya una ayuda, es en cualquier caso compatible con el mercado común.

El mero hecho de que una empresa estatal haya realizado ya aportaciones de capital calificadas como «ayudas» a su filial no excluye, a priori, la posibilidad de que una aportación de capital posterior pueda calificarse como inversión que se ajusta al criterio del inversor privado en una economía de mercado. No obstante, cuando se trata de tres aportaciones de capital efectuadas por el mismo inversor durante un período de dos años, de las que las dos primeras no producían rentabilidad alguna, corresponde a la Comisión comprobar si la tercera puede razonablemente disociarse de las dos primeras y ser considerada, a los efectos del criterio del inversor privado, una inversión autónoma. Entre los elementos pertinentes a este respecto figuran la cronología de las aportaciones de que se trata, su finalidad y la situación de la empresa filial en el momento en que se tomaron las decisiones de efectuar cada una de las aportaciones de que se trata.

El hecho de que la Comisión presentara, durante el proceso, cálculos contradictorios, sin poder demostrar qué cálculos había efectuado en su momento a los efectos de su conclusión respecto a la rentabilidad de la aportación de que se trata, es, en el caso de autos, prueba de la existencia de serias dificultades respecto a la cuestión de si esta aportación no constituía una ayuda de Estado.