Asunto T‑66/99

Minoan Lines SA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia – Reglamento (CEE) nº 4056/86 – Inspección de locales de una sociedad distinta de la destinataria de la decisión de inspección – Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) – Normativa estatal sobre el transporte marítimo y práctica de las autoridades públicas – Aplicabilidad del artículo 85 del Tratado – Imputabilidad de la conducta infractora – Multa – Aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2003.

Sumario de la sentencia

1. Derecho comunitario – Principios – Derecho de defensa – Respeto en el marco de los procedimientos administrativos

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 14, y (CEE) nº 4056/86, art. 18]

2. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Límites – Protección frente a las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de los poderes públicos

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 14, y (CEE) nº 4056/86, art. 18]

3. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Alcance – Acceso a los locales de las empresas – Límites – Indicación del objeto y de la finalidad de la inspección – Derecho a interponer recurso ante el juez comunitario

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 14, y (CEE) nº 4056/86, art. 18]

4. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Acceso a los locales de las empresas – Empresa no incluida en la decisión de inspección – Requisitos de acceso

[Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 18]

5. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Cooperación voluntaria de la empresa – Consecuencias en cuanto a la posibilidad de invocar una injerencia excesiva de la autoridad pública

[Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 18]

6. Competencia – Prácticas colusorias – Empresa – Concepto – Unidad económica – Imputación de las infracciones

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

7. Competencia – Prácticas colusorias – Posición dominante – Empresa – Concepto – Unidad económica – Empresas que mantienen una relación vertical – Criterios

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)]

8. Competencia – Normas comunitarias – Ámbito de aplicación material – Comportamiento impuesto por medidas estatales – Exclusión – Requisitos

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)]

9. Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos entre empresas – Concepto – «Gentlemen's agreement» sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

10. Competencia – Prácticas colusorias – Participación en reuniones de empresas que tienen un propósito contrario a la competencia – Actitud que constituye en sí misma una infracción

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

11. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Criterios definidos en las Directrices adoptadas por la Comisión – Aplicabilidad a las infracciones de las normas sobre la competencia en el ámbito de los transportes marítimos

[Tratado CECA, art. 65, ap. 5; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CEE) nº 4056/86, art. 19, ap. 2]

12. Competencia – Multas – Importe – Reducción del importe de la multa en contrapartida de la colaboración prestada – Recurso de anulación – Nueva apreciación de la cuantía de la reducción – Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

1. En todos los procedimientos de aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado, el derecho de defensa debe ser respetado por la Comisión tanto en los procedimientos administrativos que pueden dar lugar a una sanción como durante el desarrollo de los procedimientos de investigación previa, ya que ha de evitarse que el mencionado derecho quede irremediablemente dañado en los procedimientos de investigación previa, especialmente en las inspecciones, que pueden tener un carácter determinante para la constitución de pruebas del carácter ilegal de conductas de las empresas susceptibles de generar la responsabilidad de éstas.

(véanse los apartados 47 y 48)

2. Por lo que respecta a las facultades de inspección que reconoce a la Comisión el artículo 14 del Reglamento nº 17 y a la cuestión de en qué medida el derecho de defensa limita su alcance, la exigencia de una protección contra las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, que sean arbitrarias o desproporcionadas constituye un principio general del Derecho comunitario. En efecto, en todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, han de tener un fundamento legal y estar justificadas por las causas previstas en la Ley y, en consecuencia, dichos sistemas prevén, con diferentes modalidades, una protección frente a las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas.

(véase el apartado 49)

3. Tanto la finalidad del Reglamento nº 17 como la enumeración por su artículo 14 de las facultades de que están investidos los agentes de la Comisión ponen de manifiesto que las inspecciones pueden tener un alcance muy amplio. El ejercicio de estas amplias facultades está, no obstante, sometido a condiciones destinadas a garantizar el respeto de los derechos de las empresas afectadas.

A este respecto, la obligación de la Comisión de indicar el objeto y la finalidad de una inspección constituye una exigencia fundamental, no sólo para poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas, sino también para que éstas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando su derecho de defensa.

Asimismo, incumbe a la Comisión indicar en la decisión que ordene una inspección, con la mayor precisión posible, qué es lo que se busca y los elementos sobre los que debe versar la inspección. Tal exigencia va encaminada a proteger el derecho de defensa de las empresas afectadas, en la medida en que el referido derecho resultaría gravemente perjudicado si la Comisión pudiese invocar frente a las empresas pruebas que, obtenidas durante una inspección, sean ajenas al objeto y a la finalidad de ésta.

Finalmente, la empresa destinataria de la decisión puede interponer un recurso ante el juez comunitario para que se anule tal decisión; en el caso de que dicho recurso sea estimado, a la Comisión le resultará imposible utilizar todos los documentos probatorios reunidos en el ámbito de la inspección de que se trate.

(véanse los apartados 51 y 54 a 56)

4. La Comisión debe respetar en sus actividades de inspección el principio de legalidad de la actuación de las instituciones comunitarias y el principio de protección contra las intervenciones arbitrarias de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona física o jurídica. Sería excesivo y contrario a lo dispuesto en el Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos, y a los principios fundamentales del Derecho reconocer a la Comisión con carácter general un derecho de acceso, sobre la base de una decisión de inspección dirigida a una entidad jurídica determinada, a los locales de una entidad jurídica tercera con el mero pretexto de que dicha entidad está estrechamente vinculada a la destinataria de la decisión de inspección o de que la Comisión piensa que puede encontrar en esos locales documentos de ésta, y el derecho a realizar inspecciones en ellos sobre la base de la citada decisión.

La Comisión no sobrepasa, no obstante, sus facultades de investigación cuando actúa con diligencia y respetando con creces su deber de asegurarse en la medida de lo posible, antes de la inspección, de que los locales que planea inspeccionar son efectivamente locales de la entidad jurídica en relación con la cual deseaba investigar. Permanece en el ámbito de la legalidad cuando, después de saber que los locales objeto de la inspección no son de la empresa mencionada en la decisión, puede considerar que dichos locales son, de todas formas, utilizados por la empresa inicialmente indicada en la decisión para llevar a cabo sus actividades comerciales, habida cuenta de que la sociedad allí instalada, aunque es una entidad distinta de la destinataria de la decisión, es su representante y gestora exclusiva de las actividades objeto de la investigación. En efecto, la facultad de acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas presenta una particular importancia, en cuanto debe permitir a la Comisión obtener las pruebas de las infracciones de las normas sobre la competencia en los lugares donde normalmente se hallan, es decir, en los locales empresariales. De ello se desprende que, en el ejercicio de sus facultades de inspección, la Comisión puede aplicar la lógica según la cual las probabilidades de encontrar pruebas de la infracción presunta son mayores si investiga en los locales desde los cuales la sociedad objeto de la investigación desarrolla habitualmente y de facto su actividad empresarial.

(véanse los apartados 76, 77, 83, 84 y 88)

5. No puede hablarse de injerencia excesiva de la autoridad pública en la esfera de actividad de una empresa cuando se ha efectuado una inspección con la cooperación de la empresa afectada y no se ha invocado ningún elemento para sostener que la Comisión fuera más allá de la colaboración ofrecida por los empleados de la empresa objeto de la inspección.

(véase el apartado 94)

6. El concepto de empresa, en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), debe interpretarse en el sentido de que designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trata aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Tal entidad económica consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha disposición. Por tanto, cuando un grupo de sociedades constituye una misma y única empresa, la Comisión actúa acertadamente al imputar la responsabilidad por una infracción cometida por dicha empresa a la sociedad responsable de la actuación del grupo en el marco de la infracción.

(véanse los apartados 121 y 122)

7. La situación en la que dos sociedades que tienen personalidades jurídicas separadas constituyen o forman parte de una misma y única empresa o entidad económica que presenta un comportamiento único en el mercado no se limita a los supuestos en los que las sociedades mantengan relaciones de matriz a filial, sino que incluye asimismo, en ciertas circunstancias, las relaciones entre una sociedad y su representante comercial o entre un comitente y su comisionista. En efecto, al aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE), la cuestión de si un comitente y su intermediario o representante comercial forman una unidad económica y éste es un órgano auxiliar integrado en la empresa de aquél, es importante para determinar si un comportamiento está comprendido en el ámbito de aplicación de uno de los dos artículos. A este respecto, por lo que se refiere a las sociedades que mantienen una relación vertical, como la existente entre un comitente y su agente o intermediario, se tienen en cuenta dos elementos como parámetros de referencia principales para determinar la existencia de una unidad económica: por una parte, el hecho de que el intermediario asuma o no algún riesgo económico y, por otra, el carácter exclusivo o no de los servicios que presta el intermediario.

Por lo que respecta a la asunción de un riesgo económico, un intermediario no puede ser considerado un órgano auxiliar integrado en la empresa de su comitente cuando el contrato celebrado con éste le atribuye o le deja funciones que económicamente se asemejan a las de un comerciante independiente, por contemplar la asunción por el intermediario de los riesgos financieros vinculados a la venta o a la ejecución de los contratos celebrados con terceros.

En lo que atañe al carácter exclusivo de los servicios prestados por el intermediario, no aboga en favor de la idea de unidad económica el hecho de que, paralelamente a las actividades ejercidas por cuenta del comitente, el intermediario realice, como comerciante independiente, transacciones de considerable magnitud en el mercado del producto o servicio de que se trate.

(véanse los apartados 124 a 128)

8. Los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE) sólo se refieren a los comportamientos contrarios a las normas sobre la competencia que hayan sido adoptados por las empresas por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia, o si crea un marco jurídico que elimina por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 85 y 86. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas.

Por el contrario, cabe aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. Asimismo, la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado un determinado comportamiento contrario a la competencia debido a que ha sido impuesto a las correspondientes empresas por la legislación nacional existente o porque ésta ha eliminado cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte, ha sido utilizada de forma restrictiva por los órganos jurisdiccionales comunitarios.

De ello se desprende que, cuando no existe una disposición reglamentaria obligatoria que imponga un comportamiento contrario a la competencia, la Comisión sólo puede concluir que los operadores imputados carecían de autonomía si se pone de manifiesto, sobre la base de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que este comportamiento les fue impuesto unilateralmente por las autoridades nacionales mediante el ejercicio de presiones irresistibles tales como la amenaza de adopción de medidas estatales que pudieran ocasionarles pérdidas importantes.

(véanse los apartados 176 a 179)

9. Para que exista acuerdo en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Éste es el caso de un «gentlemen’s agreement».

(véase el apartado 207)

10. El hecho de que un acuerdo que tenga por objeto limitar la competencia no se haya aplicado o seguido no basta para considerar que queda fuera de la prohibición prevista en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), puesto que lo que constituye una infracción es la participación en negociaciones destinadas a limitar la competencia y ello es así aunque los términos del acuerdo no se ejecuten.

(véase el apartado 208)

11. El método general de cálculo del importe de las multas expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA es asimismo aplicable a las multas impuestas con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos.

Dado que, siguiendo este método, el cálculo de las multas se realiza en función de los dos criterios mencionados en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento nº 4056/86, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa previsto en dicha disposición, las Directrices no van más allá del marco jurídico de las sanciones tal y como lo establece dicha disposición.

(véanse los apartados 270 y 279)

12. El riesgo de que una empresa cuya multa se ha reducido a cambio de su colaboración interponga posteriormente un recurso de anulación contra la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción de las normas sobre la competencia y se sanciona a la empresa responsable de dicha infracción y logre que sus pretensiones sean estimadas por el Tribunal de Primera Instancia en primera instancia o por el Tribunal de Justicia en casación es una consecuencia normal del ejercicio de los medios de impugnación previstos por el Tratado y por el Estatuto del Tribunal de Justicia. Por tanto, el mero hecho de que se estimen judicialmente las pretensiones de una empresa que colaboró con la Comisión y cuya multa se redujo por ese motivo no justifica que se vuelva a apreciar el importe de la reducción que se le concedió.

(véase el apartado 358)