Palabras clave

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Palabras clave

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1. Pesca - Conservación de recursos marinos - Régimen de cuotas pesqueras - Reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponibles - Exigencia de estabilidad relativa - Aplicación - Carácter fijo de la clave de reparto - Obligación del Consejo de proceder a un nuevo reparto en caso de variación de existencias al alza - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 43, ap. 2, párr. 3; Reglamento nº 170/83 del Consejo, arts. 4 y 11)

2. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades - España - Pesca - Respeto del acervo comunitario - Principio de estabilidad relativa del reparto de recursos - Aplicación a los recursos externos

(Acta de Adhesión de 1985, arts. 2 y 167; Reglamento nº 170/83 del Consejo)

3. Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Prohibición - Exclusión de España del reparto de cuotas de captura de la Comunidad en aguas de Suecia durante los años 1989 y 1990 - Procedencia

(Tratado CEE, art. 7; Reglamentos del Consejo nº 4051/89 y nº 4057/89)

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1. La exigencia de estabilidad relativa del reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponibles para la Comunidad en caso de limitación de las actividades pesqueras, recogida en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 170/83, debe entenderse que significa el mantenimiento de un porcentaje fijo para cada Estado miembro en dicho reparto. La clave de reparto establecida inicialmente en virtud de dicha disposición y según el procedimiento previsto en el artículo 11 del mismo Reglamento continuará aplicándose hasta que se haya adoptado un Reglamento modificativo de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 43 del Tratado.

El principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras no puede interpretarse en el sentido de que implica la obligación de que el Consejo proceda a un nuevo reparto cada vez que se acredite una variación al alza de unas existencias determinadas, y cuando dichas existencias hayan sido ya objeto del reparto inicial.

2. El artículo 2 del Acta de Adhesión de España y Portugal establece que, desde el momento de la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados por las Instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a los nuevos Estados miembros y serán aplicables, en dichos Estados, en las condiciones previstas en estos Tratados y en la propia Acta de Adhesión. En relación con la pesca y, en particular, con los recursos externos, dicha Acta (artículo 167 por lo que se refiere a España) establece un régimen de integración que se limita a la asunción por la Comunidad de la gestión de los Acuerdos de pesca celebrados anteriormente con países terceros por los nuevos Estados miembros, así como al mantenimiento provisional, respecto a ellos, de los derechos y obligaciones derivados de los mismos, a la espera de que el Consejo tome las decisiones apropiadas para la preservación de las actividades de pesca que se deriven de dichos Acuerdos. Ante estas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la referida Acta de Adhesión, procede aplicar el acervo comunitario y, en particular, el principio de estabilidad relativa, tal como lo establece el Reglamento nº 170/83 y lo interpreta el Tribunal de Justicia.

Sin embargo, si bien el Acta de Adhesión no ha modificado la situación existente en materia de reparto de los recursos externos de pesca, no es menos cierto que desde la adhesión España se encuentra en la misma situación que los Estados miembros que no se beneficiaron del reparto inicial. Dicho Estado miembro tiene pues derecho a participar en el reparto de las nuevas posibilidades de pesca disponibles con arreglo a Acuerdos con países terceros celebrados después de la adhesión y puede formular sus pretensiones del mismo modo que todos los demás Estados miembros, al efectuarse una posible revisión del sistema.

3. La exclusión, por los Reglamentos nº 4051/89 y nº 4057/89, de España del reparto, para los años 1989 y 1990, de determinadas cuotas de capturas de la Comunidad en aguas de Suecia, no constituye una discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por el artículo 7 del Tratado, pues, habida cuenta de que las modalidades de integración de los nuevos Estados miembros en la política pesquera común establecidas por el Acta de Adhesión de 1985 implican, en virtud del acervo comunitario, el respeto del principio de estabilidad relativa del reparto de recursos, España se encuentra en una situación que no es comparable a la de los Estados miembros beneficiarios del reparto establecido en 1983.

Cosa distinta sería si los Reglamentos citados hubieran repartido nuevas posibilidades de pesca respecto a existencias aún no accesibles, obtenidas por la Comunidad, conforme a Acuerdos celebrados con países terceros después de la adhesión y que por lo tanto no han sido objeto de reparto en el momento de la adhesión.