Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales ° Competencia del Tribunal de Justicia ° Límites ° Cuestión manifiestamente carente de pertinencia

(Tratado CE, art. 177)

2. Libre prestación de servicios ° Actividades de radiodifusión televisiva ° Directiva 89/552/CEE ° Facultad de que disponen los Estados miembros de aumentar el tiempo de emisión dedicado a la publicidad ° Requisitos para su ejercicio ° Difusión de ofertas al público realizadas directamente o de otras formas de publicidad caracterizadas por mensajes de duración superior a la que habitualmente tienen los anuncios publicitarios

[Directiva 89/552/CEE del Consejo, arts. 1, letra b), y 18]

3. Libre prestación de servicios ° Actividades de radiodifusión televisiva ° Directiva 89/552/CEE ° Programas patrocinados ° Inserción del nombre o del logotipo del patrocinador en momentos distintos del principio o el final del programa ° Procedencia

[Directiva 89/552/CEE del Consejo, art. 17, ap. 1, letra b)]

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1. En el marco del procedimiento de colaboración entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, el órgano jurisdiccional nacional, que es el único que conoce directamente los hechos del asunto, es el que está en mejor situación para apreciar, teniendo en cuenta sus características específicas, la necesidad de una decisión prejudicial para pronunciarse.

En consecuencia, en la medida en que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional se refieran a la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. Por el contrario, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial, en particular, cuando la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de una norma comunitaria solicitados por el órgano jurisdiccional nacional no guarden ninguna relación con la realidad o con el objeto del procedimiento principal.

2. La Directiva 89/552, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y, en particular, la letra b) del artículo 1 y el artículo 18, deben interpretarse en el sentido de que la expresión "formas de publicidad como las ofertas al público realizadas directamente" que figura en el artículo 18 reviste, en la normativa comunitaria, carácter de ejemplo por lo que respecta a la posibilidad de aumentar el porcentaje máximo de tiempo de emisión diario dedicado a la publicidad y elevarlo al 20 %, de manera que puede extenderse también a otras formas de promoción como las "promociones televisivas" que, al igual que las "ofertas al público realizadas directamente", requieren, debido a sus modalidades de presentación, más tiempo que los anuncios publicitarios.

En efecto, el legislador comunitario ha previsto un aumento de los límites máximos de emisión para las ofertas al público realizadas directamente debido a que esta forma de promoción de las ventas exige más tiempo de difusión que el que caracteriza a los simples anuncios publicitarios, y no debido a que estas ofertas sean programas en los que se presentan productos que pueden encargarse directamente por teléfono, por correo o por videotexto y que se destinan a su entrega en el domicilio de los telespectadores, ya que el encargo de los productos por parte del telespectador es una operación totalmente distinta de la presentación televisiva que la Directiva tiene por objeto regular. Por esta razón, es natural que otras formas de publicidad que exigen también más tiempo que el que es habitual en los anuncios, puedan acogerse al aumento previsto de forma expresa, pero no exclusiva, para las ofertas al público realizadas directamente. Sin embargo, corresponde a cada Estado miembro, suponiendo que quiera hacer uso de la facultad que le reconoce el artículo 18, por lo que respecta a los organismos de radiodifusión televisiva incluidos en su ámbito competencial, de elevar al 20 % el límite máximo de difusión, decidir, respetando el Tratado, si este aumento puede extenderse a formas de publicidad que se distinguen de los anuncios sin por ello constituir ofertas al público realizadas directamente.

3. La Directiva 89/552, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y, en particular, la letra b) del apartado 1 del artículo 17, debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe, por lo que respecta a los programas que son objeto de patrocinio, la inserción del nombre y/o del logotipo del patrocinador en momentos distintos del principio y/o el final del programa. No obstante, por lo que se refiere a los organismos de radiodifusión televisiva incluidos en su ámbito competencial, los Estados miembros están facultados, con arreglo al apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, para adoptar normativas más estrictas en la materia, siempre que éstas no supongan un menoscabo de las libertades garantizadas por el Tratado y, en particular, de la libre prestación de servicios y de la libre circulación de mercancías. Esta interpretación no afecta al hecho de que los programas televisivos patrocinados no deben, en ningún caso, incitar a la compra o a la contratación de los productos o servicios del patrocinador o de un tercero, en particular mediante referencias de promoción concretas a tales productos o servicios.