En virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, la Comisión dispone de la facultad de condenar solidariamente al pago de una multa a distintas personas jurídicas que forman parte de una misma y única empresa responsable de la infracción. En este marco, la determinación del importe de la multa por la Comisión está sometida a varias exigencias que imponen que se tengan debidamente en cuenta las características de la empresa en cuestión, según su composición durante el período en el que se cometió la infracción, puesto que dicha determinación resulta de la aplicación en un caso particular del concepto de empresa, el cual es un concepto del Derecho de la Unión.

Así, al determinar la relación externa de solidaridad de varias personas jurídicas que forman parte de una única empresa, la Comisión tiene la obligación de observar, en particular, el principio de individualización de las penas y de las sanciones, que exige que, con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, el importe de la multa impuesta se determine en función de la gravedad de la infracción individualmente reprochada a la empresa en cuestión y de su duración.

No obstante, las normas de la Unión en materia de competencia, incluidas las relativas a la potestad sancionadora de la Comisión, y los principios del Derecho de la Unión de responsabilidad personal por la infracción y de individualización de las penas y de las sanciones, que deben observarse al ejercer esa potestad, se refieren únicamente a la empresa como tal y no a las personas físicas o jurídicas que forman parte de ella. Además, si bien del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 se desprende que la Comisión puede condenar solidariamente al pago de una multa a varias sociedades en la medida en que formaban parte de una misma empresa, ni la redacción de esta disposición ni el objetivo del mecanismo de solidaridad permiten considerar que esta potestad sancionadora engloba, además de la determinación de la relación externa de solidaridad, la posibilidad de determinar las cuotas de los codeudores solidarios en el marco de su relación interna. En efecto, ni el Reglamento no 1/2003 ni el Derecho de la Unión en general establecen reglas que permitan determinar, en la relación interna existente entre codeudores solidarios, las cuotas de la multa que éstos deben asumir.

Por consiguiente, cuando no se establecen por vía contractual las cuotas de los codeudores de una multa impuesta solidariamente, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar esas cuotas con arreglo al Derecho nacional aplicable al litigio, respetando el Derecho de la Unión.

Asimismo, puesto que la potestad sancionadora de que dispone la Comisión en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 no incluye la facultad de repartir la multa impuesta entre los codeudores solidarios en el marco de su relación interna, una vez que la multa ha sido abonada íntegramente y, en consecuencia, una vez satisfecha la Comisión, el Tribunal General tampoco puede disponer de tal facultad de reparto en el marco de la competencia jurisdiccional plena que le atribuye el artículo 31 de este Reglamento para suprimir, reducir o aumentar dicha multa.

(véanse los apartados 51, 52, 56, 58, 61, 62 y 74)