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Palabras clave

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Palabras clave

1. Acuerdos internacionales — Primer Convenio de Yaundé — Régimen general de intercambios

(Art. 90 CE; Primer Convenio de Yaundé de 20 de julio de 1963, art. 14)

2. Acuerdos internacionales — Cuarto Convenio ACP CEE de Lomé — Régimen general de intercambios

(Cuarto Convenio ACP CEE de Lomé de 15 de diciembre de 1989, Protocolo nº 5, art. 1)

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1. El artículo 14 del Convenio de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache asociados a dicha Comunidad, firmado en Yaundé el 20 de julio de 1963, no se oponía a que un tributo gravase los plátanos procedentes de Somalia. En efecto, según su redacción, la citada disposición se limita a establecer la prohibición de un tributo discriminatorio sobre productos similares en términos semejantes a los del artículo 90 CE, párrafo primero, y por lo tanto no se refiere a los productos no similares, pero en situación de competencia.

Si la Comunidad y los Estados africanos y malgache asociados hubieran querido regular el problema de las imposiciones internas relativas a productos no similares, pero en situación de competencia, en lugar de una disposición semejante únicamente al párrafo primero del artículo 90 CE, habrían adoptado una disposición también calcada del artículo 90 CE, párrafo segundo.

(véanse los apartados 24, 25, 37 y 38 y el punto 1 del fallo)

2. Un órgano jurisdiccional nacional no está obligado a examinar los efectos concretos de los aumentos de un tributo sobre las importaciones de plátanos procedentes de Somalia en relación con la situación anterior al 1 de abril de 1976, fecha de entrada en vigor del Primer Convenio ACP CEE de Lomé, para apreciar la compatibilidad de dichos aumentos con la cláusula de mantenimiento del «statu quo» que figura en el artículo 1 del Protocolo nº 5, relativo a los plátanos, anexo al Cuarto Convenio ACP CEE de Lomé.

Efectivamente, esos aumentos implican incrementos de precio de los plátanos de que se trate y, por consiguiente, dificultan su venta en el mercado de referencia. En consecuencia, el examen de ese aumento desde el punto de vista de la cláusula de mantenimiento del «statu quo» normalmente no requiere que se examinen los efectos concretos de dicho aumento sobre las importaciones.

Sin embargo, los aumentos de un tributo de este tipo que se limiten a adaptar éste de modo acorde con la inflación no son contrarios al artículo 1 del Protocolo nº 5.

(véanse los apartados 43, 45, 47 y 48 y el punto 2 del fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de septiembre de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-8/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/17/CE — Requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a ciertos requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos (DO L 38, p. 40).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de septiembre de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-8/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/17/CE — Requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a ciertos requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos (DO L 38, p. 40).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.
El artículo 15, apartados 4 y 6, de la Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que no permite, cuando haya terminado el período máximo de internamiento previsto por esa Directiva, que el interesado no sea inmediatamente puesto en libertad, debido a que no esté en posesión de documentos válidos, dé muestras de comportamiento agresivo y no disponga de medios de subsistencia propios ni de una vivienda, o de medios facilitados con ese objeto por el Estado miembro.

(véanse el apartado 71 y el punto 6 del fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de junio de 2010 — Comisión/Italia

(Asunto C‑491/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales — Fauna y flora silvestres — Lugar de importancia comunitaria — Régimen de protección — Complejo turístico “Is Arenas”»

1. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE (Directiva 92/43/CEE del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 4, ap. 1) (véanse los apartados 30 y 31)

2. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE (Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 2) (véanse los apartados 38 a 40, 42 y 43)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Lugares de importancia comunitaria — Lugar «Is Arenas» — Planificación de un campo de golf.

Fallo

1) En relación con el proyecto de complejo turístico e inmobiliario «Is Arenas» que afecta al lugar «Is Arenas», declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y, más concretamente, por lo que se refiere a la segunda imputación, del artículo 6, apartado 2, de la misma:

— al no haber adoptado, antes del 19 de julio de 2006, fecha de inclusión del lugar «Is Arenas» en la lista de lugares de importancia comunitaria, medidas de protección apropiadas, en relación con el objetivo de conservación perseguido por la Directiva 92/43, para proteger el interés ecológico pertinente que, a nivel nacional, tiene el lugar propuesto como lugar de importancia comunitaria, y, en particular, al no haber prohibido una intervención que puede alterar significativamente las características ecológicas del lugar, y

— al no haber adoptado, después del 19 de julio de 2006, medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales que han motivado la designación del mencionado lugar de importancia comunitaria.
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Según la OAMI, Lancôme interpreta equivocadamente la jurisprudencia relativa al interés general que sustenta el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. En efecto, ese interés no es sólo el de los operadores profesionales en poder utilizar signos descriptivos, sino el interés de toda persona, profesional o no, en que los signos descriptivos no se posean de manera exclusiva por una sola empresa. Este punto es confirmado, además, por el hecho de que el carácter descriptivo de un signo se aprecia con respecto a la percepción que el público pertinente tiene de él, que no puede limitarse a los profesionales del sector afectado, ya que comprende ante todo a los consumidores y a los usuarios finales.
56

La primera excepción se refiere a los dentistas concertados habilitados para ejercer a partir del 1 de enero de 1993, pero que al cumplir los 68 años no han acumulado 20 años de ejercicio en el régimen de concierto. De las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que esta excepción tiene por objeto no perjudicar a los dentistas que, en el momento de entrada en vigor de la normativa de que se trata en el litigio principal y pese a una edad ya avanzada, no habían ejercido durante un período suficientemente largo como para constituir una pensión de jubilación. Esta excepción afecta en particular a los dentistas concertados originarios de la antigua República Democrática Alemana. Sin embargo, según el Gobierno alemán, que no ha sido contradicho en este extremo, los dentistas a los que está dirigida la referida excepción sólo representan un grupo preciso y, además, la referida excepción es transitoria puesto que debía finalizar al término de un período máximo de 20 años.
19

Si bien, en este auto, el Tribunal de Justicia se pronunció en relación con el artículo 6 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), esta conclusión es plenamente aplicable al artículo 6 del Reglamento no 1150/2000, cuyo texto es en esencia idéntico al del artículo 6 del Reglamento no 1552/89.
11

El proceso de selección de profesores de Universidad está regulado en la legge n. 230 – Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Ley no 230 de nuevas medidas aplicables a profesores e investigadores en el ámbito universitario y de delegación al Gobierno de la competencia para reformar el procedimiento de contratación de profesores universitarios), de 4 de noviembre de 2005 (GURI no 258, de 5 de noviembre de 2005; en lo sucesivo «Ley no 230/2005»), y en el decreto legislativo n. 164 – Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, no 230 (Decreto Legislativo no 164 de reforma de la normativa de contratación de profesores de Universidad, de conformidad con el artículo 5 de la Ley no 230/2005), de 6 de abril de 2006 (GURI no 101, de 3 de mayo de 2006; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 164/2006»).
31

A este respecto, procede recordar que la interpretación de la citada disposición no puede basarse sobre la propuesta inicial o sobre la propuesta modificada de la Sexta Directiva presentadas por la Comisión. Dichas propuestas incluían, por lo que respecta a las entregas de bienes inmuebles, una normativa exhaustiva y, en particular, una definición común del concepto de terrenos edificables. Por añadidura, la exención de IVA no se limitaba a las entregas de terrenos no edificados. No obstante, el Consejo de la Unión Europea no aprobó estas propuestas y optó por un enfoque diferente. En particular, en lo que se refiere al concepto de «terreno edificable», se remitió finalmente a las definiciones de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 1996, Gemeente Emmen, C-468/93, Rec. p. I-1721, apartado 21).
1)

El artículo 42, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición deja a los Estados miembros un margen de apreciación que les permite fijar en cero euros el importe de referencia y no atribuir ningún derecho de ayuda de la reserva nacional a un agricultor que se halle en una situación especial como la prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de , que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento no 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1974/2004 de la Comisión, de , siempre que dicho importe se base en criterios objetivos, no atente contra la igualdad de trato entre los agricultores ni provoque distorsiones del mercado o de la competencia.
1)

Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 29 de enero de 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo (T-206/07), en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró que el derecho de defensa de Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd no se vio afectado por la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de , relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.
28

Sobre este particular, debe recordarse que, a falta de normas comunitarias que regulen el concepto de prueba, en principio, son admisibles todos los medios de prueba que, en procedimientos similares, admitan los Derechos procesales de los Estados miembros. En consecuencia, por tanto, en una situación como la del asunto principal, corresponde a las autoridades nacionales determinar, según los principios de su Derecho nacional aplicables en materia de prueba, si, en el caso concreto de que conozcan y habida cuenta de todas las circunstancias, se ha probado que concurren los requisitos exigidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 338/97 (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2000, Met-Trans et Sagpol, C-310/98 et C-406/98, Rec. p. I-1797, apartados 29 y 30).
16

Según el artículo 8 de esta Ley, si el empresario y los representantes del personal no hubieran acordado otro procedimiento, se entenderá que el empresario ha cumplido su obligación de llevar a cabo consultas cuando la medida prevista se haya discutido de la forma establecida en el artículo 7 de la citada Ley. No obstante, si es probable que dicha medida provoque el despido, el trabajo a tiempo parcial o la suspensión temporal del contrato de trabajo durante más de 90 días de al menos 10 trabajadores, la obligación del empresario de llevar a cabo consultas no se considerará cumplida hasta que hayan transcurrido al menos un plazo de 6 semanas desde el inicio de las consultas. Además, salvo que se haya acordado otra cosa, la discusión de alternativas a la medida prevista no podrá comenzar hasta que hayan transcurrido al menos 7 días desde el examen de los motivos y las repercusiones.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7), y 146 del Reglamento (CE) no 40/90 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2003 del Consejo, de (DO L 296, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 40/94»).
1

La petición de decisión prejudicial versa, por una parte, sobre la validez del punto 2 del cuadro del anexo del Reglamento (CE) no 384/2004 de la Comisión, de 1 de marzo de 2004, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada (DO L 64, p. 21), y, por otra parte, sobre la interpretación, de declararse la invalidez de este Reglamento, de las subpartidas pertinentes para la clasificación de un sistema de refrigeración para ordenadores en la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC»), que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de , relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de (DO L 281, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2658/87»).
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1. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión de no formular objeciones respecto de un régimen de ayudas — Alcance — Circunstancias que deben considerarse

(Arts. 87 CE y 88 CE)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión — Régimen que excluye las empresas en dificultades y las empresas privadas — Inexistencia de restricciones explícitas relativas a dichas empresas en la propia decisión de autorización — Confianza legítima de las empresas que se han beneficiado ilegalmente de las ayudas — Inexistencia

(Arts. 87 CE y 88 CE)

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1. El alcance de una decisión de la Comisión de no formular objeciones respecto de un régimen de ayudas notificado por un Estado miembro debe determinarse no sólo haciendo referencia al propio texto de la mencionada decisión, de la que únicamente se publica un resumen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, sino también tomando en consideración el régimen de ayudas notificado por el Estado miembro de que se trata.

Debe considerarse que una solicitud de información complementaria, mediante la que la Comisión pretende que se le aclare el ámbito de aplicación de un régimen de ayudas notificado por un Estado miembro, y la respuesta de las autoridades nacionales a dicha solicitud forman parte indisociable del régimen de ayudas notificado. Máxime cuando, como en el presente asunto, la Comisión se basó en dicha información para no formular objeciones respecto del régimen de ayudas de que se trata.

(véanse los apartados 44 y 45)

2. El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo justiciable que se encuentre en una situación de la que se desprenda que una institución comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas basadas en las garantías concretas que le dio. Constituyen seguridades de esa índole, cualquiera que sea la forma en que le hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes.

Pues bien, en el marco de un régimen de ayudas autorizado, la circunstancia de que, en una decisión de la Comisión de no formular objeciones contra dicho régimen, éste no contenga restricciones explícitas respecto de la empresas en dificultades y las empresas privadas no puede, por definición, asimilarse a información concreta, incondicional y concordante facilitada por la Comisión al interesado relativa al hecho de que dicho régimen permite la concesión de ayudas en favor de dichas empresas y, por tanto, no puede servir de fundamento a la confianza legítima de éste en la legalidad de las subvenciones que se le concedieron. Por el contrario, como la posibilidad de conceder ayudas a empresas que se hallan en esa situación es cuando menos incierta, el hecho de que no existan restricciones explícitas no puede dar lugar a seguridades concretas que puedan generar confianza legítima en el interesado.

(véanse los apartados 63 a 66)
El artículo 10 de la Directiva 1999/31, relativa al vertido de residuos, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece a la entidad explotadora de un vertedero como sujeto pasivo de un impuesto especial sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos que le debe reembolsar la colectividad local que ha depositado los residuos y que establece sanciones pecuniarias contra aquélla en caso de pago tardío de dicho impuesto, a condición no obstante de que dicha normativa vaya acompañada de medidas cuyo objeto sea garantizar que el reembolso de dicho impuesto se lleve a cabo efectivamente y en un breve plazo y que todos los costes relacionados con el cobro y, en concreto, los costes resultantes de la demora en el pago de cantidades adeudadas por este concepto por dicha colectividad local a la mencionada entidad explotadora, incluidas las sanciones pecuniarias eventualmente impuestas a esta última como consecuencia de dicha demora, se repercutan en el precio que dicha colectividad debe abonar a la mencionada entidad explotadora. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales verificar el cumplimiento de dichos requisitos.

En efecto, hacer recaer dichas cargas sobre la entidad explotadora, llevaría a imputar a la mencionada entidad explotadora costes relacionados con la eliminación de residuos que no ha generado y que sólo le corresponde eliminar en el marco de sus actividades de prestador de servicios.

(véanse los apartados 38 y 41 y el punto 1 del fallo)
El mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente per se para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria. La connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo.

(véanse los apartados 44 y 45)