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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin (Alemania) el 18 de enero de 2017 — Vincent Pierre Oberle

(Asunto C-20/17)

(2017/C 112/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Kammergericht Berlin

Partes en el procedimiento principal

Demandante y recurrente: Vincent Pierre Oberle

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, (1) en el sentido de que en él se determina también la competencia internacional exclusiva para la expedición, en los Estados miembros, del certificado sucesorio nacional no sustituido por el certificado sucesorio europeo (véase el artículo 62, apartado 3, del Reglamento n.o 650/2012), con la consecuencia de que son nulas, por infringir el Derecho de la Unión, de rango superior, las disposiciones contrarias del legislador nacional relativas a la competencia internacional para la expedición de los certificados sucesorios nacionales, como sucede en Alemania con el artículo 105 de la Familiengesetzbuch (Ley del procedimiento en asuntos de familia y de jurisdicción voluntaria; «FamFG»)?

(1) DO 2012, L 201, p. 107.
a)

¿Deben interpretarse las Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea, elaboradas por la Comisión Europea, relativas a la subpartida 6212 2000 (DO 2015, C 76, p. 1, concretamente p. 255) en el sentido de que la limitación de la elasticidad horizontal en las fajas braga no se define mediante una comparación entre la elasticidad horizontal y la vertical, sino que se refiere a una limitación absoluta de la elasticidad horizontal?
2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿deben interpretarse, no obstante, los artículos 68, letra l), y 67, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que en el certificado sucesorio europeo puede constar plenamente la parte alícuota correspondiente al cónyuge supérstite en la herencia, aunque consista en una fracción de un incremento derivado de una disposición relativa al régimen económico matrimonial como el artículo 1371, apartado 1, del BGB? En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿puede responderse afirmativamente, con carácter excepcional, en situaciones en que: a) el certificado sucesorio tiene como única finalidad permitir el ejercicio de los derechos del heredero en otro Estado miembro específico sobre los bienes del causante que allí se encuentren, y b) la cuestión sucesoria (artículos 4 y 21 del Reglamento n.o 650/2012) y (con independencia de las normas de conflicto de leyes que se apliquen) las cuestiones del régimen económico matrimonial se han de resolver con arreglo al mismo ordenamiento jurídico nacional?
(a)

en el caso de que un licitador (demandante) haya adquirido conocimiento de la desestimación de la oferta económicamente más ventajosa presentada por uno de los dos licitadores vinculados en un procedimiento de licitación pública (licitador A) y del hecho de que el otro licitador (licitador B) ha sido declarado adjudicatario de la licitación, y también teniendo en cuenta otras circunstancias relacionadas con dichos licitadores y su participación en la licitación —el hecho de que los licitadores A y B tienen el mismo consejo de administración; que tienen la misma sociedad matriz, la cual no participó en la licitación; que los licitadores A y B no informaron acerca de sus vínculos al poder adjudicador ni aportaron individualmente aclaraciones adicionales a este respecto, entre otras razones porque no se les solicitó; que el licitador A aportó, en su oferta, información incongruente sobre el cumplimiento por parte de los medios de transporte propuestos (camiones de recogida de basuras) de la condición EURO V de la licitación; que dicho licitador, que presentó la oferta económicamente más ventajosa, la cual fue desestimada por las deficiencias que se detectaron en la misma, en un principio no impugnó la decisión del poder adjudicador y, posteriormente, interpuso un recurso contra la resolución del tribunal de primera instancia, mediante el cual, en particular, (cuestionó) la legalidad de la desestimación de su oferta; etc.—, sin que el poder adjudicador haya adoptado ninguna medida en relación con estas circunstancias, es suficiente esa información por sí sola para sustentar la alegación de que el órgano de recurso debe declarar ilegales las actuaciones del poder adjudicador por no haber garantizado la transparencia y objetividad del procedimiento y por no haber exigido al demandante que aportara pruebas concretas de que los licitadores A y B actuaron de forma desleal?
2.

¿Se opone el artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE (1) a una disposición tributaria nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que niega a una sociedad matriz no residente cuyo socio único reside en el interior del país la exención del impuesto sobre los rendimientos del capital correspondiente a un reparto de dividendos, cuando poseen participaciones de dicha sociedad personas que, si percibiesen directamente los ingresos, no tendrían derecho a la devolución o a la exención y 1) no existen razones sólidas, ya sean económicas o de otro tipo, para la interposición de la sociedad matriz no residente, o 2) la sociedad matriz no residente no obtiene de su propia actividad económica más del 10 % de sus ingresos brutos totales en el ejercicio correspondiente (actividad que no existe, en particular, cuando la sociedad extranjera obtiene sus ingresos brutos de la administración de activos), o 3) la sociedad matriz no residente no participa en el tráfico económico general con un establecimiento adecuado para su propio objeto social, mientras que sí se concede la exención del impuesto sobre los rendimientos del capital a las sociedades matrices residentes, sin necesidad de cumplir los mencionados requisitos?
I.

Primer motivo de casación: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 (1) — Aplicación de criterios erróneos 1. El Tribunal General exige erróneamente para que una marca sea distintiva que «difiera de manera significativa de la norma o usos del sector». Aplica la prueba para marcas tridimensionales que consiste en la apariencia de los propios productos sin elementos denominativos o gráficos, que es más estricta que la prueba para las marcas normales. No debería haberse aplicado esa prueba más estricta porque la marca solicitada es una marca de dos dimensiones que contiene un elemento gráfico. La aplicación de la prueba más estricta es contraria a una asentada jurisprudencia. 2. El Tribunal General comete un error al basar su conclusión en la sentencia Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422. El asunto que dio lugar a dicha sentencia no es en modo alguno comparable con el presente asunto ya que se refería a un producto (envasado) sin ningún elemento gráfico y/o denominativo. 3. La aplicación de reglas más estrictas que las aplicables a las marcas denominativas y figurativas no está justificada además porque el alcance de la marca solicitada es inferior incluso al alcance del registro que ampararía únicamente el elemento gráfico. Al aplicar las reglas más estrictas, el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento n.o 207/2009, que establece que (únicamente) se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
11.

El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la valoración de los elementos de prueba, y en todo caso, ha vulnerado su deber de revisión de plena jurisdicción, al considerar que la recurrente no remitió a la Comisión la información necesaria para apreciar la importancia del patrimonio de sus accionistas. Además, el Tribunal General ha incurrido en un defecto de motivación en la medida en que no ha explicado las razones por las que los informes de Deloitte invocados por esta parte no presentan ningún principio de prueba.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 392/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos (Grecia) el 4 de agosto de 2016 — Georgios Leventis, Nikolaos Vafias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

(Asunto C-436/16)

(2016/C 392/14)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Areios Pagos (Grecia)

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes en casación: Georgios Leventis y Nikolaos Vafias

Recurridas en casación: Malcon Navigation Co. Ltd y Brave Bulk Transport Ltd

Cuestión prejudicial

Si la cláusula de prórroga de la competencia pactada entre unas sociedades con arreglo al artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001, (1) que en el presente asunto figura en el documento privado de 14 de noviembre de 2007 firmado por la primera y la segunda recurridas en casación, cuyo artículo 10 dispone que «el presente acuerdo se regirá por el Derecho inglés y estará sometido a la competencia judicial de los tribunales ingleses y todo litigio que se derive del mismo o que se relacione con él será de la competencia exclusiva de la High Court of Justice of England and Wales», se aplica igualmente, por las acciones y omisiones de los órganos de la segunda recurrida en casación, que la representan y hacen nacer la responsabilidad de la misma con arreglo al artículo 71 del Código Civil helénico, a las personas responsables que actuaron en ejercicio de sus propias funciones y que, según lo dispuesto en este mismo artículo en relación con el artículo 926 del Código Civil helénico, responden solidariamente junto con la sociedad como persona jurídica.

(1) Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
2)

En el supuesto de que la entrega de menores de edad esté prohibida en virtud del artículo 3, número 3, de la Decisión Marco, ¿debe interpretarse el artículo 3, número 3, de la Decisión Marco: a) en el sentido de que la posibilidad (teórica) de imponer una sanción penal, conforme al Derecho nacional, a un menor a partir de una determinada edad basta como criterio para permitir la entrega (dicho con otras palabras, mediante una apreciación in abstracto sobre la base del criterio de la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable, sin tener en cuenta eventuales requisitos adicionales), o b) en el sentido de que ni el principio de reconocimiento mutuo, establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión Marco, ni el tenor del artículo 3, número 3, de la Decisión Marco se oponen a que el Estado miembro de ejecución realice una apreciación in concreto caso por caso en virtud de la cual pueda exigirse que, en cuanto atañe a la persona buscada en el marco de la entrega, se cumplan requisitos relativos a la responsabilidad penal iguales a los aplicables a los nacionales del Estado miembro de ejecución, a la vista de su edad en el momento de los hechos, de la naturaleza del delito imputado y, en su caso, de actuaciones judiciales anteriores en el Estado miembro emisor que hayan dado lugar a una medida de carácter educativo, aun cuando no se cumplieran los requisitos en el Estado miembro emisor?
2)

Si la ayuda no está completamente excluida, ¿procede interpretar el artículo 46 del Reglamento en el sentido de que, en relación con el terreno de que se trata —que es en parte de propiedad estatal—, la ayuda corresponde al silvicultor particular o propietario particular en proporción a su cuota de propiedad?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Köln (Alemania) el 9 de mayo de 2016 — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

(Asunto C-257/16)

(2016/C 279/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Elke Roch, Jürgen Roch

Demandada: Germanwings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Constituye una circunstancia extraordinaria a efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento [n.o 261/2004] (1) un defecto técnico en la aeronave causado por la colisión de ésta con aves durante el vuelo?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento [n.o 261/2004] en el sentido de que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo puede invocar también aquellas circunstancias extraordinarias que no hayan afectado al vuelo reservado por el pasajero sino a otro vuelo inmediatamente anterior realizado con la misma aeronave prevista, en el marco de un procedimiento de rotación de vuelos, para el vuelo reservado?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91(DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 175/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 23 de febrero de 2016 — Lg Construzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa — Distretto di Carbonia, Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

(Asunto C-110/16)

(2016/C 175/10)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en apelación: Lg Construzioni Srl

Recurridas en apelación: Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa — Distretto di Carbonia y Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, (1) una norma como la establecida en el ya analizado artículo 53, apartado 3, del Decreto Legislativo n.o 163, de 16 de abril de 2006, que admite la participación de una empresa con un autor de proyecto «indicado», el cual, según la jurisprudencia nacional, al no ser competidor, no podría recurrir a terceros capacitados para satisfacer los criterios de selección?

(1) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).
3)

Si, conforme a los criterios aplicados por el Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones primera y segunda, la remisión acordada en el contrato individual, por la que determinadas disposiciones de un convenio colectivo se incorporan de modo dinámico y en virtud de la autonomía privada al contrato de trabajo, no se transmite en los mismos términos al cesionario: a) ¿Sucede lo mismo cuando ni el cedente ni el cesionario son partes del convenio colectivo ni pertenecen a una de tales partes, es decir, cuando las disposiciones del convenio colectivo, antes de la transmisión de la empresa o del centro de actividad, no se habrían aplicado a la relación laboral con el cedente si no se hubiese acordado en virtud de la autonomía privada la cláusula contractual de remisión? b) En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 98/21

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 28 de diciembre de 2015 — Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(Asunto C-698/15)

(2016/C 098/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Secretary of State for the Home Department

Recurridas: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Establece la sentencia del Tribunal de Justicia Digital Rights Ireland y otros (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238; en lo sucesivo, «Digital Rights Ireland») (en particular, en sus apartados 60 a 62), requisitos imperativos de Derecho de la Unión que resulten aplicables al régimen nacional de un Estado miembro que regule el acceso a datos conservados de conformidad con la legislación nacional, al objeto de dar cumplimiento a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta de la Unión»)?
2)

A efectos de determinar si los servicios de restauración y los de entretenimiento están comprendidos en la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra i), como servicios «directamente relacionados» con la enseñanza a. ¿resulta pertinente que los estudiantes se beneficien de participar en la realización de las prestaciones de que se trata en lugar de beneficiarse del objeto de dichas prestaciones? b. ¿resulta pertinente que dichas prestaciones no las reciban o consuman directa o indirectamente los estudiantes, sino particulares que pagan a cambio de ellas y que no son destinatarios de la prestación principal consistente en la enseñanza? c. ¿resulta pertinente que, desde el punto de vista de los destinatarios medios de los servicios de que se trata (es decir, los particulares que pagan a cambio de ellos), las prestaciones no constituyan un medio de disfrutar en las mejores condiciones de otra prestación sino que sean un fin en sí mismo? d. ¿resulta pertinente que, desde el punto de vista de los estudiantes, las prestaciones de que se trata no sean un fin en sí mismo sino que participar en su realización constituya un medio de disfrutar en las mejores condiciones de la prestación principal consistente en los servicios de enseñanza? e. ¿en qué medida debe tomarse en consideración el principio de neutralidad fiscal?
—

Infracción del Derecho de la Unión: la recurrente en casación sostiene que el Tribunal ha negado de forma infundada que se cumplan los requisitos del artículo 265 TFUE, puesto que la omisión de la Comisión no ha finalizado. Además, según afirma, el Tribunal ha interpretado incorrectamente el Reglamento (CE) no 1924/2006 (1), en particular los artículos 17 y 28. No se pueden equiparar las declaraciones de propiedades saludables autorizadas y las que se hallan en suspenso. Las consecuencias jurídicas que se desprenden de las disposiciones transitorias no son, a su juicio, suficientemente previsibles. Finalmente, frente a lo declarado por el Tribunal, la recurrente en casación afirma haberse visto directa y negativamente afectada por la inacción persistente de la Comisión.
1)

¿Es compatible con las disposiciones del Derecho primario y/o derivado de la Unión Europea [en particular, el artículo 45 TFUE, anteriormente artículo 39 CE, y el artículo 7 del Reglamento (UE) no 492/2011] (1) que, en el caso de un trabajador inicialmente empleado en Alemania, que reside en otro Estado miembro, que no es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Alemania y que, conforme a las disposiciones que le son aplicables, no debe tributar por la indemnización por insolvencia, al incurrir su empresario en insolvencia, se deduzca de modo ficticio, del salario pertinente para el cálculo de la indemnización por insolvencia que le corresponde, el impuesto que habría sido recaudado sobre el salario si el trabajador hubiera sido sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Alemania, cuando ya no pueda invocar frente al empresario el crédito correspondiente al salario bruto restante?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 363/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 10 de julio de 2015 — Stadt Wiener Neustadt

(Asunto C-348/15)

(2015/C 363/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Stadt Wiener Neustadt

Coadyuvante: A.S.A. Abfall Service AG

Autoridad demandada: Niederösterreichische Landesregierung

Cuestión prejudicial

¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2011/92/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en particular su artículo 1, apartado 4, o la Directiva 85/337/CEE (2) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en particular su artículo 1, apartado 5, a una disposición nacional con arreglo a la cual los proyectos que estaban sujetos a un procedimiento de evaluación del impacto ambiental pero que no disponían de una autorización con arreglo a la Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (Ley nacional sobre la evaluación del impacto ambiental; en lo sucesivo, «UPV-G 2000»), sino únicamente de autorizaciones en virtud de leyes específicas (por ejemplo, la Ley de gestión de residuos), que desde el 19 de agosto de 2009 (fecha de entrada en vigor de la reforma de la UPV-G 2000) ya no pueden ser anuladas por haber expirado el plazo de tres años establecido en el Derecho nacional (artículo 3, apartado 6, de la UVP-G 2000), se consideran autorizados con arreglo a la UPV-G 2000, o dicha normativa es conforme con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, consagrados por el Derecho de la Unión?

(1) DO L 26, de 28.1.2012, p. 1.

(2) DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/33

Recurso de casación interpuesto el 7 de julio de 2015 por Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) y Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 28 de abril de 2015 en el asunto T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) y Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-345/15 P)

(2015/C 311/38)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (representantes: B. Evtimov, abogado, D. O’Keeffe, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Euroalliages

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General.

— Resuelva él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

— Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo.

— Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

— Condene a las coadyuvantes a cargar con sus propias costas.

Motivos y principales alegaciones

Las recurrentes alegan que el Tribunal General infringió en su sentencia el Derecho de la Unión Europea al apreciar los motivos que le habían sido formulados:

— Mediante su primer motivo de casación, las recurrentes afirman que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 11, apartado 3, del Reglamento no 1225/2009 («Reglamento antidumping de base») (1) y cometió un error de apreciación al desestimar el motivo, formulado en primera instancia, conforme al cual el artículo 11, apartado 9, del Reglamento antidumping de base, con su remisión al artículo 2 del mismo Reglamento, exige que las instituciones calculen el margen de dumping en todas las reconsideraciones provisionales de dumping, de tal modo que se han vulnerado también los principios de buena administración, transparencia y seguridad jurídica.

— Mediante su segundo motivo de casación, las recurrentes alegan que el Tribunal General interpretó erróneamente el razonamiento seguido por el mismo Tribunal en su sentencia sobre el asunto MTZ Polyfilms/Consejo (T-143/06).

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).