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Recurso de anulación - Plazos - Inicio del cómputo - Notificación - Decisión de celebrar un contrato de investigación - Existencia de una controversia entre los órganos de dirección del organismo destinatario y uno de sus empleados - Irrelevancia

(Art. 230 CE, párr. 5)

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$$El mero hecho de que haya una controversia entre los órganos de dirección de un organismo destinatario de una decisión de la Comisión de celebrar un contrato de investigación y uno de sus empleados, en cuanto a la amplitud de los poderes de este último y, en particular, su capacidad de obligar a este organismo frente a terceros, no puede permitir al organismo distanciarse del contrato alegando que como el empleado no estaba facultado para representarlo, la notificación del contrato a dicho empleado no podía determinar el momento a partir del cual comenzaba a correr el plazo para interponer recurso de anulación.

( véanse los apartados 27 y 28 )
La cuestión de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, sino que debe reservarse para el análisis del recurso principal, salvo en el supuesto de que éste sea, a primera vista, manifiestamente inadmisible. En efecto, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

En cambio, la adopción de normas operativas, encaminadas únicamente a regular las relaciones colectivas laborales entre la administración de una institución, por un lado, y las organizaciones sindicales y profesionales, por otro lado, y que no prevén derechos específicos para los funcionarios que representan a estas organizaciones en los órganos de concertación, no puede, como tal, perjudicar a dichos funcionarios.

Aun cuando un acuerdo-marco referente a las relaciones entre una institución y las organizaciones sindicales y profesionales no contenga ninguna disposición respecto a las modalidades de resolución o de denuncia y, en particular, a la duración del preaviso que debe respetarse, tal ausencia no puede significar que no quepa denunciar el acuerdo-marco.

En efecto, un acuerdo celebrado entre la administración y las organizaciones sindicales y profesionales por una duración indeterminada debe poder llevarse a término, a falta de disposiciones específicas, mediante una denuncia, ya sea de la administración o de la totalidad de las organizaciones sindicales y profesionales signatarias, con un plazo razonable de preaviso.

(véanselos apartados 81 a 83)
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Actos que les afectan directamente - Criterios - Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro por la que se desestima la prórroga del plazo de presentación de una solicitud de pago definitivo relativo a una ayuda financiera comunitaria - Sociedad titular de un contrato de concesión por el que se le confía la realización de un proyecto al que se ha concedido la ayuda y que ha obtenido de las autoridades nacionales el importe íntegro previsto para dicha ayuda - Acto que le afecta directamente - Inexistencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

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$$Para que pueda afectar directamente a un demandante privado que no sea el destinatario del acto comunitario impugnado, como requisito de admisibilidad de un recurso de anulación, dicho acto debe producir efectos directamente en la situación jurídica del interesado y su aplicación debe tener un carácter puramente automático y derivar únicamente de la normativa comunitaria, sin aplicación de otras normas intermedias. Cuando el acto es ejecutado por las autoridades nacionales que son sus destinatarias, así sucede si la medida no deja facultad alguna de apreciación a dichas autoridades. Lo mismo sucede cuando la posibilidad que los destinatarios tienen de no aplicar el acto comunitario es meramente teórica, por no existir duda alguna de su voluntad de que se realicen las consecuencias de dicho acto.

No queda directamente afectada por una decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro, por la que se desestima la prórroga del plazo de presentación de una solicitud de pago definitivo relativo a una ayuda concedida en concepto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), una sociedad titular de un contrato de concesión celebrado con la autoridad concedente por el que se le confía la realización de un proyecto al que se ha concedido una ayuda del FEDER, en la medida en que las autoridades nacionales hayan pagado a dicha sociedad la totalidad de la ayuda comunitaria prevista y de la propia decisión impugnada, así como de las disposiciones de Derecho comunitario que puedan regir el efecto esa decisión, no resulte ninguna obligación de devolver la diferencia entre tal cantidad y la cantidad pagada por la Comisión al Estado miembro.

( véanse los apartados 45, 46, 50, 51, 54 y 55 )
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1. Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Actos que les afectan directa e individualmente Reglamento relativo a los biocidas Recurso de un productor Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión, art. 6, ap. 2; Directiva 98/8/CE del Parlamento y del Consejo, art. 16, ap. 2]

2. Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Posible inexistencia de vías de recurso Falta de incidencia en el sistema de vías de recurso y en los requisitos de admisibilidad de los recursos de anulación

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1. No es admisible el recurso de anulación formulado por un productor de biocidas contra el Reglamento nº 1896/2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE sobre biocidas.

En efecto, el Reglamento está dirigido a todos los que tienen un interés en identificar y notificar sustancias activas existentes y biocidas que contengan dichas sustancias y no únicamente a los operadores que han comercializado, antes del 14 de mayo de 2000, un biocida que contiene sustancias activas existentes. Más concretamente, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento autoriza a todos los productores y a todos los formuladores a seguir comercializando o a comenzar la comercialización de sustancias activas existentes y de biocidas que contengan dichas sustancias para el tipo o tipos de productos respecto de los que la Comisión haya aceptado al menos una notificación. El acceso a los procedimientos de identificación y/o de notificación no está reservado al único operador que abastece a una parte específica del mercado. No puede considerarse que el Reglamento afecte individualmente a la demandante.

( véanse los apartados 48, 50 y 55 )

2. La posible inexistencia de vías jurisdiccionales no puede justificar, a través de una interpretación judicial, una modificación del sistema de vías de recurso y de procedimientos establecido por el Tratado. No permite, en ningún caso, que se declare la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

( véase el apartado 54 )
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1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Decisión relativa a la retirada de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso humano que contengan la sustancia «anfepramona»

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, aps. 1 y 2)

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Ponderación de todos los intereses contrapuestos - Preponderancia de la protección de la salud pública sobre consideraciones económicas - Límites - Decisión relativa a la retirada de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso humano que contengan la sustancia «anfepramona»

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1 El carácter urgente de una demanda de suspensión de la ejecución de una Decisión debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver con carácter provisional a fin de evitar que se le irrogue un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la suspensión. A este respecto, basta en especial cuando la materialización del perjuicio depende de la concurrencia de un conjunto de factores, con que sea previsible con un grado de probabilidad suficiente.

Por lo que se refiere a una Decisión de la Comisión relativa a la retirada de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso humano que contengan la sustancia anfepramona, el daño que podría ocasionar la ejecución inmediata de la Decisión impugnada, a saber, la pérdida definitiva para la demandante de su posición en el mercado, es grave e irreparable.

(véanse los apartados 44 y 47)

2 Cuando en el marco de una demanda de suspensión de la ejecución de un acto el Juez de medidas provisionales pondera los distintos intereses contrapuestos debe determinar si la eventual anulación del acto controvertido por el Juez que conozca del fondo del asunto permitiría remover la situación que crearía su ejecución inmediata y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicho acto podría entorpecer su plena eficacia en el supuesto de que se desestimara el recurso en el procedimiento principal.

A este respecto, aunque debe atribuirse un carácter preponderante a las exigencias ligadas a la protección de la salud pública frente a las consideraciones económicas, la referencia a la protección de la salud pública no puede, por sí sola, excluir un examen de las circunstancias del caso concreto y, en especial, de los hechos correspondientes. Por tanto, debe admitirse la suspensión de la ejecución de la Decisión de la Comisión, de 9 de marzo de 2000, relativa a la retirada de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso humano que contengan la sustancia anfepramona, puesto que la Comisión no ha demostrado que las medidas de protección adoptadas por la Decisión impugnada no son manifiestamente desmesuradas. (véanse los apartados 49, 52 a 54, y el fallo)
A diferencia de las disposiciones del Anexo IX del Estatuto relativas al procedimiento disciplinario, las disposiciones del artículo 88 del Estatuto no prevén que el funcionario deba ser oído antes de adoptar la decisión de suspenderle, con o sin retención de sus retribuciones. Además, esta decisión, que acuerda la suspensión, es una medida provisional supeditada a la existencia de alegaciones de faltas graves y no a que exista una falta debidamente acreditada. Por consiguiente, del hecho de que no se haya oído al demandante antes de adoptar la decisión de suspenderle no cabe deducir que se hayan violado sus derechos de defensa.

(véase el apartado 34)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 16 de noviembre de 1998. - Antillean Rice Mills NV contra Consejo de la Unión Europea. - Declinación de competencia. - Asunto T-41/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04117



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Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso interpuesto por una persona física o jurídica con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado y relativo al establecimiento por parte del Consejo de medidas de salvaguardia a la importación, que se encuentra pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia - Recurso que tiene por objeto la anulación del mismo acto, pero interpuesto por un Estado miembro, pendiente ante el Tribunal de Justicia - Interés, para una buena administración de la justicia, de que el Tribunal de Justicia tome en consideración las alegaciones de la persona física o jurídica - Declinación de la competencia del Tribunal de Primera Instancia

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, parr. 3]
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 13 de febrero de 1998. - Guérin automobiles contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Inadmisibilidad manifiesta del recurso. - Asunto T-276/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00261



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Recurso de anulación - Plazos - Carácter de orden público - Punto de partida - Notificación - Irrelevancia de los errores puramente formales

(Tratado CE, art. 173)

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El plazo de recurso de dos meses previsto por el artículo 173 del Tratado es de orden público y fue establecido para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas y evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia, pudiendo el Tribunal de Primera Instancia verificar de oficio si dicho plazo se ha respetado.

A este respecto, un error en la designación del destinatario de una decisión que es objeto de un recurso de anulación constituye un error puramente formal que no puede, en ningún caso, impedir la aplicación de los plazos previstos por el Tratado, puesto que el acto de que se trata llegó a su destinatario y éste pudo percatarse de que iba dirigido a él.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 29 de septiembre de 1997. - Roberto D'Orazio y Pierre Hublau contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Ayuda en el sector de la siderurgia - Recurso de anulación - Artículo 33 del Tratado CECA - Inadmisibilidad. - Asunto T-4/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01505



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Recurso de anulación - Recurso contra una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA - Recurso formulado por un Presidente de delegación sindical de una empresa - Inadmisibilidad

(Tratado CECA, art. 33; Tratado CE, art. 173)

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Un recurso que tiene por objeto la anulación de una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA no puede ser formulado válidamente por un Presidente de delegación sindical de la empresa afectada por dicha Decisión, dado que el artículo 33 del Tratado CECA, que enumera de modo limitativo los sujetos de Derecho habilitados para formular recurso de anulación, no lo menciona y el artículo 173 del Tratado CE no puede aplicarse a tal recurso.
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1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de los servicios de la Comisión por el que se deniega acceso a una organización de defensa de los consumidores a los documentos no confidenciales de un procedimiento antidumping

(Tratado CE, art. 173)

2 Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una decisión confirmatoria de una decisión no impugnada dentro de plazo - Inadmisibilidad - Concepto de decisión confirmatoria

(Tratado CE, art. 173)

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1 Sólo pueden ser objeto de recurso de anulación los actos o decisiones que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

Un escrito por el cual los servicios de la Comisión informan a una organización de defensa de los consumidores que no puede ser considerada como parte interesada en un procedimiento antidumping y que se le deniega el acceso al expediente no confidencial afecta desfavorablemente de manera directa e inmediata a los intereses de esta organización.

A este respecto, la forma en la que se adoptan los actos o decisiones es, en principio, indiferente por lo que se refiere a la posibilidad de impugnarlos mediante un recurso de anulación. En efecto, a la hora de determinar si constituyen actos con arreglo al artículo 173 del Tratado debe tenerse en cuenta su contenido. Cuando una decisión contiene una apreciación clara y definitiva de una solicitud presentada a la Comisión, la naturaleza de dicha decisión no puede ponerse de nuevo en tela de juicio por el mero hecho de que dicha apreciación proceda únicamente de los servicios de la Comisión.

2 Un recurso de anulación contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión anterior no impugnada dentro del plazo establecido al efecto es inadmisible. Una decisión es meramente confirmatoria de una decisión anterior si no introduce ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicho acto anterior.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 3 de julio de 1997. - Smanor SA, Hubert Ségaud y Monique Ségaud contra Comisión de las Comunidades Europeas. - No iniciación de un procedimiento por incumplimiento - Recurso por omisión - Recurso de responsabilidad - Inadmisibilidad. - Asunto T-201/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01081



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1 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones susceptibles de recurso - Omisión de iniciar un procedimiento por incumplimiento - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 169, 173, párrs. 4 y 175)

2 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilegalidad - Hecho de no iniciar la Comisión un procedimiento por incumplimiento - Hecho que no constituye una ilegalidad - Pretensiones de indemnización - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 169 y 215, párrs. 2)

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3 No procede admitir el recurso por omisión interpuesto por una persona física o jurídica y que tiene por objeto que se declare que, al no iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro, la Comisión se ha abstenido de pronunciarse, en violación del Tratado, y ello cualquiera que sea la índole de la infracción del Derecho comunitario que se imputa al Estado miembro interesado

Efectivamente, del sistema del artículo 169 del Tratado se desprende, por una parte, que la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento con arreglo a esta disposición, sino que, por el contrario, dispone, a este respecto, de una amplia facultad de apreciación que excluye el derecho de los particulares a exigir de esta Institución que defina su postura en un sentido determinado. Por otra parte, la persona física o jurídica que solicita a la Comisión que inicie un procedimiento con arreglo al artículo 169, solicita en realidad la adopción de actos que no la afectan directa e individualmente, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 y que, en cualquier caso, no podría impugnar mediante un recurso de anulación.

4 En la medida en que la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado, su decisión de no iniciar un procedimiento de esta índole no constituye una ilegalidad, de forma que no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y el único comportamiento que podría considerarse causa de perjuicio es el del Estado miembro afectado. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones de indemnización encaminadas en realidad a denunciar la omisión por parte de la Comisión de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro.
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Por otro lado, el demandante afirma que las convocatorias de concursos-oposición constituyen decisiones que, aunque dirigidas a personas distintas del demandante, le afectan directa e individualmente, en razón de una situación de hecho que le caracteriza en relación con otras personas y le individualiza de una forma análoga a la de un destinatario, habida cuenta de que su título universitario no corresponde al nivel requerido para participar en un concurso-oposición y de que no puede, por tanto, presentar su candidatura (sentencia del Tribunal del Justicia de 18 de noviembre de 1975, CAM/Comisión, 100/74, Rec. p. 1393, y sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1977, Metro/Comisión, 26/76, Rec. p. 1875). En efecto, en la medida en que los destinatarios vienen definidos en la convocatoria del concurso-oposición en función de su titulación, son perfectamente conocidos e individualizados los no destinatarios. A este respecto, el demandante alega que se ve afectado individualmente porque el acto reúne dos tipos de elementos: uno de naturaleza objetiva, a saber, la limitación del número de personas afectadas y la posibilidad de individualizarlas; y otro de naturaleza subjetiva, a saber, el conocimiento de los interesados por la autoridad comunitaria y la toma en consideración de esta circunstancia a la hora de adoptar la decisión. El demandante subraya asimismo que las convocatorias de los concursos-oposición le afectan directamente porque tienen como efecto inmediato influir en su situación jurídica. En efecto, al no reunir las condiciones objetivas exigidas, no podía presentar su candidatura. Es decir, que existe una relación causal directa entre el acto y el individuo. En definitiva, el demandante precisa que se le ha denegado un derecho subjetivo.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 14 de marzo de 1997. - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen y Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Decisión objeto de litigio revocada durante la sustanciación del proceso - Sobreseimiento. - Asunto T-25/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00363



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Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una decisión - Revocación durante la sustanciación del proceso de la decisión impugnada a causa de errores materiales y adopción de una nueva decisión de contenido idéntico - Recurso que queda sin objeto - Sobreseimiento por falta de interés del demandante en que se dicte la sentencia de anulación

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Cuando una Institución comunitaria revoca, durante la sustanciación del proceso, la Decisión objeto de un recurso de anulación por adolecer de errores materiales para sustituirla por una nueva Decisión cuyo contenido es sustancialmente idéntico al de la primera, dicha revocación deja al recurso sin objeto y justifica una decisión de sobreseimiento en la medida en que el demandante no puede justificar su interés en obtener una sentencia de anulación.