Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Art. 226 CE)

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros

[Reglamentos (CEE) del Consejo n os 2913/92, art. 243, aps. 1 y 2, y 1150/2000, arts. 6, ap. 3, letras a) y b), 9, 10 y 11]

3. Estados miembros — Obligaciones — Misión de control atribuida a la Comisión — Deberes de los Estados miembros — Cooperación en las investigaciones en materia de incumplimiento de Estado

[Arts. 10 CE y 226 CE; Reglamento (CEE, Euratom) nº 1552/89 del Consejo, art. 18]

Índice

1. En el marco de un recurso por incumplimiento, aunque las pretensiones contenidas en el escrito de interposición del recurso no pueden, en principio, ampliarse más allá de los incumplimientos alegados en la parte dispositiva del dictamen motivado y en el escrito de requerimiento, no es menos cierto que la Comisión está legitimada para instar la declaración de un incumplimiento de las obligaciones cuyo origen se encuentra en la versión inicial de un acto comunitario, posteriormente modificado o derogado, que hayan sido mantenidas por las nuevas disposiciones. Por el contrario, el objeto del litigio no puede ampliarse a las obligaciones derivadas de las nuevas disposiciones que no tengan su equivalente en la versión inicial del acto de que se trata, so pena de constituir un vicio sustancial de forma en cuanto a la regularidad del procedimiento por el que se declare el incumplimiento.

(véase el apartado 35)

2. Los Estados miembros están obligados a constatar un derecho de las Comunidades sobre los recursos propios tan pronto como sus autoridades aduaneras estén en condiciones de calcular el importe de los derechos resultante de la deuda aduanera y determinar el deudor y, por tanto, están obligados también a anotar dichos derechos en la contabilidad conforme al artículo 6 del Reglamento nº 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades.

En lo que atañe a la facultad de los Estados miembros de anotar los derechos constatados en la contabilidad separada a la que se refiere el artículo 6, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento (contabilidad B), el mero impago de los importes no puede considerarse equivalente a una impugnación de los derechos a los efectos de esta disposición. En efecto, según el artículo 243, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, tal impugnación debe ser objeto de un recurso que debe presentarse en el Estado miembro en que se haya adoptado o solicitado la decisión, ante las autoridades aduaneras y, posteriormente, ante una autoridad independiente. El requisito de un recurso formal, así formulado, se impone por motivos de seguridad jurídica y permite garantizar la aplicación diligente y uniforme de las disposiciones en materia de recaudación de la deuda aduanera, con el fin de que los recursos propios de las Comunidades se pongan a su disposición de forma rápida y eficaz.

La anotación errónea de los derechos en la contabilidad B puede tener como consecuencia la consignación fuera de plazo de los recursos propios correspondientes en la cuenta de la Comisión, que, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento nº 1150/2000, debe realizarse en el mismo plazo que el previsto para anotar tales derechos en la contabilidad A, conforme al artículo 6, apartado 3, letra a), de este Reglamento. En virtud del artículo 11 del mismo Reglamento, todo retraso en las consignaciones en la cuenta mencionada en el artículo 9, apartado 1, da lugar al pago por el Estado miembro correspondiente de intereses de demora aplicables a todo el período de retraso. Estos intereses son exigibles con independencia de la razón del retraso con el que estos recursos se han inscrito en la cuenta de la Comisión.

(véanse los apartados 63, 68, 73 y 74)

3. Resulta del artículo 10 CE que los Estados miembros están obligados a cooperar de buena fe en cualquier investigación efectuada por la Comisión al amparo del artículo 226 CE y a facilitar a ésta toda la información solicitada al respecto.

De la obligación que tienen los Estados miembros de adoptar, cooperando lealmente con la Comisión, las medidas que permitan garantizar la aplicación de las disposiciones comunitarias referentes a la constatación de eventuales recursos propios, consagrada específicamente en materia de verificación en el artículo 18 del Reglamento nº 1552/89, por el que se aplica la Decisión 88/376, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, se desprende en particular que, cuando la Comisión depende principalmente de los datos facilitados por el Estado miembro de que se trata, dicho Estado miembro está obligado a poner los documentos justificativos y demás documentos pertinentes a disposición de la Comisión en condiciones razonables, con el fin de que ésta pueda comprobar si los importes de que se trata constituyen recursos propios de las Comunidades y, en su caso, en qué medida.

(véanse los apartados 82 y 83)