Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Art. 226 CE)

2. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Zonas especiales de conservación — Obligaciones de los Estados miembros

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3)

3. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Zonas especiales de conservación — Obligaciones de los Estados miembros

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, arts. 6, ap. 3 y 4)

4. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Protección de las especies

[Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 12, ap. 1, letra d)]

5. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Protección de las especies

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 16)

6. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Protección de las especies

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, arts. 12, 13 y 16)

7. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento

(Art. 249 CE, párr. 3)

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1. El objeto de un recurso por incumplimiento interpuesto al amparo del artículo 226 CE está circunscrito por el procedimiento administrativo previo previsto en esta disposición, de modo que la demanda no puede basarse en disposiciones distintas de las indicadas durante dicho procedimiento. No obstante, esta exigencia no puede conducir a imponer en todos los casos una coincidencia perfecta entre las disposiciones nacionales mencionadas en el dictamen motivado y las que aparecen en el recurso. Cuando, entre estas dos fases del procedimiento, se produce un cambio legislativo, basta efectivamente que el sistema establecido por la legislación aludida en el curso del procedimiento administrativo previo haya sido mantenido en su totalidad por las nuevas medidas adoptadas por el Estado miembro con posterioridad al dictamen motivado y contra las que se dirige el recurso.

(véase el apartado 27)

2. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, supedita la exigencia de una adecuada evaluación del impacto medioambiental de un plan o de un proyecto, sin tener relación directa con la gestión de un lugar en una zona especial de conservación, a la condición de que haya una probabilidad o un riesgo de que afecte de forma significativa al lugar de que se trate. Ahora bien, teniendo en cuenta especialmente el principio de cautela, tal riesgo existe desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable.

Por consiguiente, la condición a la que está supeditada la evaluación del impacto de un plan o proyecto sobre un lugar determinado no permite que se sustraigan a ésta determinadas categorías de proyectos sobre la base de criterios inadecuados para garantizar que éstos no puedan afectar de forma significativa a los lugares protegidos.

(véanse los apartados 40 y 41)

3. No parece que el sistema implantado por una normativa nacional, que excluye la autorización de las instalaciones que provoquen emisiones únicamente cuando parezca que éstas puedan afectar en particular a un lugar protegido situado en la zona de influencia de las mismas, definida en función, especialmente, de criterios generales relacionados con las instalaciones, pueda garantizar que se respeta el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en la medida en que dicho sistema no garantiza que los proyectos o los planes relativos a dichas instalaciones causantes de emisiones no afectarán a lugares protegidos situados fuera de la zona de influencia de tales instalaciones.

(véanse los apartados 50 y 51)

4. El artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que prevé la prohibición del deterioro o la destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso, se refiere no sólo a los actos intencionados, sino también a los que no lo son. Al no limitar la prohibición prevista en dicha disposición a los actos intencionados, al contrario de lo que ha hecho respecto de los actos contemplados en las letras a) a c) de dicho artículo, el legislador comunitario ha demostrado su voluntad de conferir a los lugares de reproducción o a las zonas de descanso una mayor protección contra los actos que puedan causar su deterioro o su destrucción. Habida cuenta de la importancia de los objetivos de protección de la biodiversidad que la Directiva pretende alcanzar, no resulta en absoluto desproporcionado que la prohibición prevista en el artículo 12, apartado 1, letra d), no se limite a los actos intencionados.

(véase el apartado 55)

5. No prevé un marco legal conforme con el régimen de excepciones previsto por el artículo 16 de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, una disposición nacional que no condiciona la concesión de las excepciones al conjunto de los requisitos previstos en dicho artículo 16, sino que prevé como único requisito para la autorización de dichas excepciones que los animales, incluidos sus lugares de nidificación, incubación, hábitat o refugio, y las especies vegetales especialmente protegidas no sufran por ello una agresión intencionada.

Así, aunque las excepciones a las prohibiciones previstas en la Directiva deban ser objeto de decisiones administrativas en cuya adopción las autoridades competentes respeten los requisitos a los que dicho artículo 16 subordina la autorización de excepciones, el marco legal no deja de ser contrario al previsto por la Directiva.

(véase el apartado 61)

6. Los artículos 12, 13 y 16 de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, forman un conjunto coherente de normas cuyo objeto es establecer un sistema de protección riguroso de las especies animales y vegetales.

No establece tal sistema una disposición nacional que, al enumerar los casos en que está prohibida la utilización de productos fitosanitarios, no recoge de modo claro, preciso y estricto las prohibiciones de ocasionar daños a las especies protegidas previstas en los artículos 12 y 13 de la Directiva.

(véanse los apartados 66 y 67)

7. A efectos de la correcta ejecución de una directiva, el marco normativo en vigor en un Estado miembro, en el que conviven disposiciones regionales contrarias al Derecho comunitario y una norma federal conforme con el mismo, no resulta adecuado para garantizar de forma efectiva, clara y precisa la plena aplicación de la directiva.

(véase el apartado 78)