7.

Y llegamos por fin a la calificación jurídica de la Decisión impugnada, examinando en primer lugar la finalidad y el contenido del acto controvertido. ( 11 ) En cuanto a su finalidad, resulta ésta claramente del artículo 1, que define Comett II como un programa de «cooperación intracomunitária entre la universidad y la empresa en materia de formación inicial y continua en el campo de las tecnologías particularmente avanzadas». Se trata, por tanto, de un programa de acción inequívocamente orientado a favorecer la formación profesional. Semejante conclusión se discute por los Gobiernos demandantes, que se remiten a algunas disposiciones contenidas en dicha Decisión, de las que, según las partes demandantes, resulta que ésta se orienta igualmente a promover actividades de investigación. En concreto, se invoca el artículo 3, con arreglo al cual, el programa de que se trata «contribuye, mediante las acciones de formación que apoya, a la utilización y a la explotación de los resultados, los métodos y los instrumentos de la tecnología desarrollados por la política comunitaria de investigación y desarrollo» y «favorece la innovación y la transferencia tecnológica, el desarrollo económico social equilibrado de la Comunidad» (véase, además, el decimotercer considerando). Ahora bien, no me parece que pueda mantenerse, como, por el contrario, pretende el Gobierno del Reino Unido, que un programa que tenga tales efectos contenga necesariamente actividad de investigación. Resulta, en efecto, evidente, en mi opinión, que, tal como está redactada, la disposición referida implica simplemente la utilización de los resultados de la investigación (ya desarrollada), investigación que constituye, pues, la premisa de la acción de formación prevista en el programa Comett II, y no su objetivo. Dicho de otra manera, un programa de formación profesional en el campo de las tecnologías avanzadas necesariamente comprende un desarrollo de los recursos humanos, un fortalecimiento de las bases científicas de la industria y un impulso a la innovación, y ello, por el hecho mismo de poner a disposición de la industria una mano de obra altamente cualificada, que, por lo tanto, esté en condiciones de aplicar y desarrollar los progresos alcanzados en materia tecnológica. Se trata, pues, de consecuencias lógicas y naturales que, ciertamente, evidencian la existencia de un vínculo entre un programa como el que nos ocupa y la política de investigación y desarrollo, pero que, en la misma medida, conducen seguramente a excluir que el programa en sí mismo tenga como objetivo promover la investigación y, por tanto, incidir en semejante objetivo, si no es en la medida inherente a un programa, como éste, de formación profesional en el campo de las tecnologías. No considero, además, que pueda considerarse decisiva la circunstancia de que, en virtud del apartado 10 del artículo 5, la Comisión esté obligada a procurar «que el programa Comett II sea coherente con las demás acciones comunitarias de investigación y desarrollo ya programadas». Una disposición como ésta no puede, en efecto, interpretarse en el sentido de que el propio programa Comett II resulte, con ello, calificado como un programa de investigación; hay que interpretarla, por el contrario, en el sentido de que es necesario garantizar la coherencia con los programas de investigación y, ello, no sólo evitando la duplicidad con aspectos de tales programas que, de alguna manera, afecten a la formación, sino también a fin de conseguir una coordinación óptima entre las dos políticas que, aun cuando distintas, son conexas. Tal interpretación se confirma, por otra parte, por el quinto considerando de la misma Decisión en el que, tras remitirse a las Decisiones por las que se aprueban los programas en materia de investigación y desarrollo, se afirma que la colaboración tecnológica e industrial establecida por dichos programas «debe ser apoyada mediante un esfuerzo paralelo en el campo de la formación profesional».