ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Cuando se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en virtud del artículo 68 CE, no corresponde al Tribunal de Justicia resolver una controversia acerca de la posibilidad o no de interponer recursos contra la resolución que ha de dictar el juez remitente en el procedimiento principal, habida cuenta de que el juez remitente señala en su petición de decisión prejudicial que la resolución que dictará en el litigio principal tendrá el carácter de última instancia.

Aun cuando pueda considerarse que el secretario de un órgano judicial de un Estado miembro que tramita una solicitud de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales con arreglo al Reglamento no 1348/2000 actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio, no sucede lo mismo en el caso del juez encargado de pronunciarse acerca del recurso interpuesto contra la negativa de dicho secretario judicial a proceder a la notificación o traslado solicitados. En efecto, el objeto de dicho recurso es la anulación de la denegación, la cual, según se alega, menoscaba un derecho del demandante, a saber, su derecho a que se notifiquen o trasladen determinados documentos por los canales previstos en el Reglamento no 1348/2000. Por consiguiente, el juez remitente conoce de un litigio y, por lo tanto, ejerce una función jurisdiccional.

El hecho de que el secretario judicial forme parte de la estructura organizativa del órgano judicial remitente no desvirtúa la anterior conclusión. Dicha circunstancia no influye en la naturaleza judicial de la función que ejerce el juez remitente en el procedimiento principal, habida cuenta de que dicho procedimiento tiene por objeto la anulación de un acto que supuestamente menoscaba un derecho del demandante.

(véanse los apartados 37 a 40)
El artículo 17, apartados 2 y 6, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, en caso de adquisición de bienes subvencionada con fondos públicos, sólo permite deducir el IVA soportado por la parte no subvencionada de esta adquisición.

En efecto, tal normativa introduce, por lo que respecta a la compra de bienes o de servicios financiados mediante una subvención, una limitación que el artículo 17, apartado 2, de la Sexta Directiva no autoriza. Ciertamente, el principio del derecho a deducción está sujeto, no obstante, a la excepción que figura en el artículo 17, apartado 6, párrafo segundo, de dicha Directiva. Sin embargo, el artículo 17, apartado 6, párrafo segundo, de la Sexta Directiva debe leerse a la luz del párrafo primero de esta disposición, que confiere al Consejo la competencia para determinar, a propuesta de la Comisión, los gastos que no conlleven el derecho a la deducción de las cuotas del IVA, si bien precisa que, en todo caso, quedarán excluidos de tal derecho los gastos que no tengan un carácter estrictamente profesional, tales como los de lujo, recreo o representación. Por consiguiente, habida cuenta de que el artículo 17, apartado 6, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, como excepción, debe ser objeto de una interpretación estricta, no puede considerarse que esta disposición autorice a un Estado miembro a mantener una restricción del derecho a la deducción del IVA que pueda aplicarse de manera general a cualquier gasto relacionado con la adquisición de bienes, con independencia de su naturaleza o de su objeto. Tal interpretación se impone también si se tiene en cuenta la trayectoria histórica de esta disposición, que traduce una voluntad continua del legislador comunitario de autorizar únicamente la exclusión de determinados bienes o servicios del régimen de deducción, y no exclusiones generales de dicho régimen.

(véanse los apartados 20, 21 y 27 a 30 y el punto 1 del fallo)
31

En efecto, la Comisión señala que el mero hecho de que las empresas que deseen celebrar un contrato de obra con un empresario polaco no estén establecidas en Alemania no impide que se supervise adecuadamente la ejecución del convenio germano-polaco. En relación con la necesidad de garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación de la empresa en caso de impago de las cotizaciones a la seguridad social, la Comisión observa que las consideraciones de naturaleza puramente administrativa no constituyen una exigencia imperativa de interés general y, por lo tanto, no pueden justificar restricciones a una libertad fundamental garantizada por el Tratado. Por otra parte, en contra de cuanto alega la República Federal de Alemania, la Comisión niega que exista razón alguna para temer que la ampliación del Convenio germano-polaco a las empresas de otros Estados miembros lleve aparejada o favorezca una aplicación inapropiada o la elusión de las disposiciones transitorias del Tratado de adhesión, y añade que ese temor no constituye en ningún caso un riesgo suficientemente grave y actual para el orden público o la seguridad pública para justificar una restricción discriminatoria a la libre prestación de servicios.
12

Al no convencerle las citadas respuestas, la Comisión requirió a las autoridades alemanas, mediante escrito de 19 de septiembre de 2001, para que le facilitaran las informaciones necesarias para apreciar la compatibilidad con el mercado común de las ayudas concedidas a SKL-M, con arreglo al artículo 10 del Reglamento. En dicho escrito, la Comisión señalaba que las informaciones que obraban en su poder no le permitían determinar si una parte de las ayudas concedidas a SKL-M se había utilizado en interés de MTU, más que en el de SKL-M, ni dilucidar si MTU había hecho uso de la opción que preveía el WLKV, que le permitió adquirir los conocimientos técnicos obtenidos por SKL-M, por un precio que no reflejaba su valor comercial actual ni previsto. El 9 de noviembre de 2001, la Comisión hizo saber además que, de no recibir tales informaciones, adoptaría una decisión final sobre la base de los datos que obraban en su poder, conforme al artículo 13, apartado 1, del Reglamento.
54

Se desprende, por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la existencia de un CDI no excluye que la renta obtenida por un sujeto pasivo en un Estado sin residir en él y que únicamente está sometida a gravamen en dicho Estado sea computada, no obstante, por el Estado de residencia para calcular la cuota del impuesto sobre el resto de la renta de dicho sujeto pasivo con el fin de aplicar la regla de progresividad del impuesto. Por lo tanto, no puede alegarse válidamente que el hecho de ser no residente permita eludir la aplicación de dicha regla. De ello se desprende que, en tal supuesto, los dos grupos de sujetos pasivos están en una situación comparable respecto a dicha regla (véase, en este sentido, la sentencia Asscher, antes citada, apartados 47 y 48).
16

En virtud de lo dispuesto en el artículo 176 de la Public Act no 30/2000, Planning and Development Act, 2000 [Ley sobre la ordenación del territorio y el desarrollo de 2000], en su versión modificada por la Public Act no 27/2006, Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act, 2006, Order 2006, S. I. no 525/2006 [Ley no 27/2006, sobre el desarrollo y la ordenación del territorio (infraestructura estratégica)] (en lo sucesivo, «PDA»), en relación con el anexo 5 del Planning and Development Regulations 2001 (S. I. no 600/2001) (Reglamento de ordenación del territorio y desarrollo), es obligatorio realizar una evaluación de impacto ambiental y una evaluación de efectos significativos sobre el medio ambiente de ciertos proyectos cuando se superan determinados umbrales; entre estos proyectos no figura la categoría específica de proyectos de carreteras privadas.
89

Por otra parte, la Comisión estima que la motivación de la sentencia recurrida no es en absoluto contradictoria ni insuficiente. En el apartado 279 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no afirmó que la celebración de acuerdos colusorios sobre los precios a partir de enero de 1992 en el marco de las reuniones de la AEMCP «no estaba acreditada», sino que se limitó a explicar que, por sí solas, las declaraciones de Sappi no bastaban para determinar el momento exacto a partir del cual dichas reuniones podían considerarse reuniones del cártel. El apartado 308 de la sentencia recurrida se basa en un conjunto de pruebas que, en su mayoría, no son impugnadas por Koehler, sin que el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no indique cuáles son las reuniones que sirvieron de marco para acuerdos colusorios sobre los precios a nivel europeo permita calificar la motivación de insuficiente. Además, como dicha empresa había participado en todas las reuniones de la AEMCP celebradas en el período de que se trata, resultaba irrelevante en lo que a ella respecta determinar en qué reuniones concretas se había manifestado el carácter colusorio del sistema.
2)

En caso de respuesta negativa, en el supuesto de que una factura a efectos del artículo 21, apartado 1, letra c), de la Sexta Directiva sea entregada a un destinatario que no tiene derecho a deducir el IVA (por lo que no existe ningún riesgo de pérdida de ingresos fiscales), ¿pueden los Estados miembros supeditar la rectificación del IVA facturado por error y, por tanto, adeudado en virtud de dicha disposición al requisito de que el sujeto pasivo extienda a su cliente una factura rectificada en la que no se mencione ningún importe en concepto de IVA?»
5

El artículo 11, apartados 1 y 2, de la mencionada Directiva dispone: «1. Los Estados miembros garantizarán que la existencia de un contrato de crédito no afecte en modo alguno los derechos del consumidor frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante dichos contratos, cuando los bienes o servicios no se suministren o no sean conformes al contrato de suministro. 2. Siempre que: a) para comprar bienes y obtener servicios, el consumidor concierte un contrato de crédito con una persona distinta del proveedor de dichos bienes y servicios; y b) entre el prestamista y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista podrá conceder crédito a los clientes de dicho proveedor para la adquisición de bienes o servicios suministrados por este último; y c) el consumidor a que se refiere la letra a) obtenga el crédito en aplicación del acuerdo previo mencionado; y d) los bienes o servicios objeto del contrato de crédito no sean suministrados o lo sean parcialmente, o no sean conformes al contrato de suministro; y e) el consumidor haya reclamado contra el proveedor pero no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho, el consumidor tendrá derecho a dirigirse contra el prestamista. Los Estados miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer dicho derecho.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).
46

Además, ha de observarse que la exigencia de imparcialidad encierra en realidad dos aspectos. En primer lugar, es preciso que el tribunal sea subjetivamente imparcial, es decir, que ninguno de sus miembros tome partido en ningún sentido o tenga prejuicios personales, presumiéndose la imparcialidad personal salvo prueba en contrario. En segundo lugar, el tribunal debe ser objetivamente imparcial, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima a este respecto (sentencia Chronopost y La Poste/UFEX y otros, antes citada, apartado 54, y, en ese sentido, TEDH, sentencias Fey c. Austria de 24 de febrero de 1993, serie A no 255-A, p. 12, § 28; Findlay c. Reino Unido de , Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73, y Forum Maritime SA c. Rumanía de , aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 116).
10

El Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles (BOE no 174, de 20 de julio de 2004, p. 26264), desarrolla de modo parcial la legislación española en materia de televisión y cinematografía. Esta legislación se encuentra en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva (BOE no 166, de , p. 22342), que ha sido modificada por la Ley 22/1999, de (BOE no 136, de ), y por la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual (BOE no 164, de , p. 24904).
5

La Directiva 2006/116 codificó la Directiva 93/98. El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2006/116 dispone: «Los derechos de los productores de fonogramas expirarán cincuenta años después de que se haya hecho la grabación. […] No obstante, el presente apartado no surtirá el efecto de proteger nuevamente los derechos de los productores de fonogramas que, debido a la expiración del plazo de protección concedido en virtud del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 93/98/CEE en su versión anterior a la modificación por la Directiva 2001/29/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 (DO L 167, p. 10)], ya no estaban protegidos el 22 de diciembre de 2002.»
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, apartado 1, y 31, apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (DO L 261, p. 1) — Infracción de los Reglamentos (CE) n

os

2406/96 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros (DO L 334, p. 1), y 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (DO L 125, p. 1) — Controles no satisfactorios — No adopción de medidas apropiadas para sancionar las infracciones.
45

A la vista de estas consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que el principio non bis in idem consagrado en el artículo 54 del CAAS no es de aplicación a una resolución por la cual una autoridad de un Estado contratante, después de examinar el fondo del asunto de que conoce, ordena, en una fase previa a la inculpación de una persona sospechosa de un delito, el archivo de las diligencias penales, cuando esta decisión de archivo, de acuerdo con el Derecho nacional de ese Estado, no extingue definitivamente la acción pública y no impide por tanto que se emprendan nuevas diligencias penales, por los mismos hechos, en ese Estado.
72

En cuanto a la circunstancia efectivamente acreditada en los documentos presentados al Tribunal de Justicia de que los cultivos de OMG en pleno campo suscitaron, y siguen suscitando, en Francia manifestaciones violentas, y en particular destrozos en los cultivos, y en cuanto al hecho de que el retraso en ejecutar la sentencia de 15 de julio de 2004, Comisión/Francia, antes citada, se explicaría especialmente por el deseo de instruir el trabajo parlamentario y de llevar a cabo una reforma más ambiciosa que la que requiere la Directiva 2001/18, procede en primer lugar recordar que, según jurisprudencia reiterada, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario (véase, en particular, la sentencia Comisión/Italia, antes citada, apartado 25). En particular, aun suponiendo que los problemas invocados por la República Francesa se deban efectivamente en parte a la aplicación de normas de origen comunitario, un Estado miembro no puede alegar las dificultades de aplicación surgidas en la fase de ejecución de un acto comunitario, tampoco si guardan relación con la resistencia de los particulares, para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos que le incumben en virtud de las normas del Derecho comunitario (véase la sentencia Comisión/Grecia, antes citada, apartados 69 y 70).
2

Dicha petición se presentó en el marco de un recurso interpuesto por MI.VER Srl y el Sr. Antonelli contra una orden conminatoria adoptada por la Provincia di Macerata a raíz de un acta levantada el 18 de noviembre de 2005, por la que se señalaba una infracción al artículo 15 del Decreto legislativo no 22, por el que se adapta el Derecho interno a las Directivas 91/156/CEE, relativa a los residuos, 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos, y 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases (decreto legislativo no 22 attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), de 5 de febrero de 1997 (suplemento ordinario a la GURI no 38, de 15 de febrero de 1997), en su versión modificada por el decreto legislativo no 389, de 8 de noviembre de 1997 (GURI no 261, de 8 de noviembre de 1997) (en los sucesivo, «Decreto legislativo no 22/97»).
19

En cambio, la BIDS sostiene que dichos acuerdos no están comprendidos en la categoría de infracciones por objeto sino que, por el contrario, deberían analizarse a la luz de sus efectos concretos en el mercado. Alega que los acuerdos BIDS, por una parte, no persiguen un objeto contrario a la competencia y, por otra parte, no tendrán consecuencias nefastas para los consumidores y, más en general, para la competencia. Precisa que el objeto de estos acuerdos no es menoscabar la competencia y el bienestar de los consumidores, sino racionalizar el sector bovino para hacerlo más competitivo, reduciendo los excesos de capacidad de producción, pero sin eliminarlos.
48

En tercer lugar, la precedente interpretación del artículo 13 del Reglamento no 1501/95 se ve confirmada por los otros Reglamentos adoptados en aplicación del artículo 18, apartado 4, del Reglamento no 3665/87 —como el Reglamento (CEE) no 2669/89 de la Comisión, de 1 de septiembre de 1989, relativo a la apertura de una licitación para el suministro gratuito de aceite de oliva a Polonia (DO L 257, p. 20)—, o del artículo 16, apartado 4, del Reglamento no 800/1999 —como el Reglamento (CE) no 40/2004 de la Comisión, de 9 de enero de 2004, relativo a la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación de azúcar en un tercer país, prevista en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 (DO L 6, p. 17), y los Reglamentos que le sucedieron, o el Reglamento (CE) no 450/2005 de la Comisión, de 18 de marzo de 2005, relativo a la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación de leche y productos lácteos en terceros países, prevista en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 (DO L 74, p. 30).
33

Dicho objetivo es, como se desprende en particular de los considerandos séptimo, trigésimo octavo a cuadragésimo segundo y cuadragésimo octavo de la Directiva 96/9, garantizar a la persona que tomó la iniciativa y asumió el riesgo de dedicar una inversión considerable, en términos de recursos humanos, técnicos y económicos, a la obtención, la verificación o la presentación del contenido de una base de datos, la remuneración de su inversión protegiéndola frente a la apropiación no autorizada de los resultados de ésta mediante actos que consistan en particular, en el caso de un usuario o de un competidor, en reconstituir dicha base o una parte sustancial de ésta a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente [véanse también, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Rec. p. I-10365, apartado 35; The British Horseracing Board y otros, antes citada, apartados 32, 45, 46 y 51; Fixtures Marketing, (C-338/02), antes citada, apartado 25, así como de , Fixtures Marketing, C-444/02, Rec. p. I-10549, apartado 41].
3

El artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva disponía: «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias y, en particular, en las disposiciones comunitarias vigentes relativas al régimen general de la tenencia, circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que dichos impuestos, derechos o gravámenes no den lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.»
26

Por otra parte, el Gobierno belga estima que, en la fase en la que se encuentra el procedimiento principal, la cuestión planteada es meramente hipotética. A su entender, en esta fase, el órgano jurisdiccional remitente aún no ha dado ninguna respuesta a una serie de cuestiones decisivas para la resolución del litigio principal relativas, en particular, al hecho de si entre la deuda y el bien inmueble de que se trata había un vínculo que permitiese demostrar la existencia de una carga que gravase dicho bien. A este respecto, en la vista, el Gobierno belga subrayó que, en el caso de autos, no existe una hipoteca que grave el referido bien inmueble sito en Bélgica, sino únicamente un poder para constituir una hipoteca otorgado por la Sra. Eckelkamp a su hermano antes de su fallecimiento. Según este Gobierno, como un poder para constituir una hipoteca es tan sólo un derecho otorgado a un tercero a efectos de la eventual inscripción de una hipoteca sobre un bien inmueble determinado y dicha inscripción no se ha llevado a cabo, no existe ninguna carga que grave el referido bien inmueble, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por tanto, a su juicio, la cuestión planteada tiene un carácter hipotético.
23

Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia ha señalado siempre que, si bien, esencialmente, los Estados miembros gozan de libertad para definir, con arreglo a sus necesidades nacionales, que pueden variar de un Estado miembro a otro y de una época a otra, las exigencias de orden público y de seguridad pública, no obstante, en el contexto comunitario, en particular como justificación de una excepción al principio fundamental de la libre circulación de las personas, tales exigencias deben interpretarse en sentido estricto, de manera que su alcance no puede ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro sin control de las instituciones de la Comunidad Europea (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de octubre de 1975, Rutili, 36/75, Rec. p. 1219, apartados 26 y 27; de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, apartados 33 y 34; de 14 de marzo de 2000, Église de scientologie, C-54/99, Rec. p. I-1335, apartado 17, y de 14 de octubre de 2004, Omega, C-36/02, Rec. p. I-9609, apartados 30 y 31). De esta forma, la jurisprudencia ha aclarado que el concepto de orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación del orden social que constituye cualquier infracción de la ley, que exista una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Rutili, apartado 28, y Bouchereau, apartado 35, así como la sentencia de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C-482/01 y C-493/01, Rec. p. I-5257, apartado 66).