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54

A este respecto, aunque ante la Sala de Recurso la demandante no desarrolló la imputación que ella misma había invocado en el procedimiento de oposición, a saber, la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que no instara a las partes a presentar observaciones adicionales al respecto. Por añadidura, según la jurisprudencia pertinente, el derecho a ser oído no se aplica a la posición final antes de que la adopte la Sala de Recurso competente. En efecto, ésta no está obligada a informar a las partes acerca de sus conclusiones jurídicas antes de adoptar su resolución final ni a darles la posibilidad de formular sus observaciones acerca de esas conclusiones o de presentar pruebas adicionales [véase la sentencia de 14 de junio de 2012, Seven Towns/OAMI (Representación de siete cuadrados de distintos colores), T‑293/10, no publicada, EU:T:2012:302, apartado 46 y jurisprudencia citada].
9

Mediante resolución de 18 de enero de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Anulación. En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que, dado que no se habían cumplido los requisitos mencionados en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, no podía prosperar la solicitud de nulidad basada en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. En efecto, consideró, por una parte, que no existía prueba alguna de la existencia de una relación «agente/mandante» entre las partes, ya que la ahora recurrente no había explicado de qué modo el acuerdo de distribución celebrado en 2009 —antes de su constitución— entre Endeavor Snowboards Inc. y sindustrysurf (en lo sucesivo, «acuerdo de distribución») podía demostrar la existencia de una relación de ese tipo. Por otro lado, dicho acuerdo no contenía referencia alguna a la marca controvertida. Por otra parte, nada probaba que la ahora recurrente no hubiese consentido la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que tampoco podía prosperar la solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, puesto que, cuando se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, nada en la conducta de sindustrysurf daba a entender que hubiese actuado de mala fe. En efecto, en primer término, la Sala de Recurso estimó que la solicitud de registro de la marca controvertida se había presentado con el consentimiento de la ahora recurrente. En segundo término, el hecho de que, en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, sindustrysurf supiese que la ahora recurrente y otros distribuidores la utilizaban ya no bastaba por sí solo para acreditar la existencia de su mala fe. Por último, según la resolución impugnada, nada probaba que sindustrysurf hubiese presentado la solicitud de registro de la marca controvertida a su propio nombre con la intención de utilizarla contra la ahora recurrente.
Dado que el Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tiene por objeto garantizar el acceso de cualquier persona a los documentos, un documento divulgado en virtud de sus disposiciones es de dominio público. A este respecto, si bien es cierto que no puede denegarse la divulgación de datos personales que se se refieren exclusivamente al solicitante del acceso en cuestión basándose en que tal divulgación supondría un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, no sucede lo mismo cuando se trata de una solicitud de acceso que tiene por objeto datos personales que no se refieren exclusivamente al solicitante.

En efecto, si bien la protección del interés a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001 no es necesaria respecto del solicitante de acceso, esta debe no obstante garantizarse respecto de los terceros con a arreglo a lo dispuesto por el Reglamento n.o 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. En este contexto, del artículo 8, letra b), del Reglamento n.o 45/2001 se desprende que corresponde a quien solicita una transmisión de datos personales demostrar su necesidad. Si aporta esa prueba, incumbe entonces a la institución interesada verificar si no hay razones para suponer que esa transmisión podría perjudicar los intereses legítimos de la persona interesada.

A este respecto, en la medida en que los documentos solicitados contengan datos personales que no afecten únicamente al solicitante de acceso y que pasarían a ser de dominio público en caso de comunicarse a dicha persona, no puede reprocharse a la institución de que se trate que, basándose en una ponderación de los intereses en juego, considere que el interés de terceros en que su identidad no pase a ser de dominio público debe prevalecer sobre el interés del solicitante de acceso en que dicha identidad pueda hacerse pública y deniegue a este último el acceso, basándose en la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001.

(véanse los apartados 51 a 54, 67 y 77)
Si bien la notificación dirigida al candidato o candidatos no seleccionados constituye un acto lesivo y debe considerarse que constituye la exclusión formal de una candidatura, que hace que empiece a correr el plazo de reclamación a efectos del artículo 90 del Estatuto, no es menos verdad que el acto que pone fin al procedimiento de selección con la elección de un candidato también genera efectos jurídicos, cuya consecuencia ineluctable es la exclusión formal anteriormente mencionada.

El artículo 6, apartado 3, de la Decisión sobre el servicio de mediación reforzado debe interpretarse en el sentido de que exige que sea el órgano encargado de adoptar la decisión final que pone término al procedimiento de nombramiento del mediador quien consulte al Comité de Personal. Además, aunque esta consulta consiste meramente en el derecho a ser oído y no atribuye al Comité de Personal el derecho a codecidir con el órgano decisorio, debe ser de tal naturaleza que permita ejercer una influencia sobre el contenido del acto adoptado, el cual implica el ejercicio de una amplia facultad discrecional.

En los litigios que tratan de las relaciones entre las instituciones y sus funcionarios se reconoce el derecho a obtener una reparación si se cumplen tres requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio invocado.

El hecho de que se haya elegido a otro candidato para un puesto no entraña, por sí mismo, un perjuicio para los candidatos no seleccionados. En efecto, aun cuando tal elección implica que en esa ocasión se ha considerado más meritorio a otro candidato, ello no supone ningún juicio negativo en lo que concierne a los méritos de los demás candidatos.

(véanse los apartados 51 y 53)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 4 de octubre de 2018 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Asunto T‑345/16)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión DEEP PURPLE — Marca anterior no registrada DEEP PURPLE — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — “Goodwill” — Incumplimiento de los requisitos de forma — Artículo 177, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Inadmisibilidad»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Requisitos—Interpretación a la luz del Derecho de la Unión—Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 16 a 18)

2. Derecho nacional—Remisión a los Derechos nacionales—Derecho del Reino Unido—Régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passing off) (véanse los apartados 20 a 23, 31 y 32)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Marca denominativa DEEP PURPLE y marca no registrada DEEP PURPLE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 41, 42, 47 y 48)

4. Procedimiento judicial—Escrito de interposición del recurso—Requisitos de forma—Exposición sumaria de los motivos invocados—Enunciación abstracta—Inadmisibilidad [Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 177, ap. 1, letra d)] (véanse los apartados 45 y 46)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de marzo de 2016 (asunto R 880/2015‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre los Sres. Paice y Blackmore.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Las normas de procedimiento son aplicables, en principio, a todos los litigios pendientes cuando entran en vigor. Únicamente deja de ser así si la nueva norma va acompañada de disposiciones particulares que determinan especialmente sus condiciones de aplicación en el tiempo o según el grado de avance de los procedimientos de que se trata. No obstante, en el primer supuesto, aplicar una norma de procedimiento nueva a un procedimiento ya iniciado bajo la norma de procedimiento anterior, y con mayor motivo a un procedimiento concluido, puede conducir, si ese procedimiento debe por tanto reiniciarse, a dar un efecto retroactivo a la norma de procedimiento nueva y no simplemente a aplicarla a una situación en curso o a los efectos futuros de una situación nacida bajo la norma anterior. En efecto, en una situación de ese tipo, la aplicación de la norma de procedimiento nueva conduciría a anular a posteriori procedimientos o etapas del procedimiento que eran conformes con la norma vigente cuando se llevaron a cabo.

Por lo que atañe al Reglamento 2015/1929, en virtud del cual se modificó con efectos a partir de 1 de enero de 2016 el Reglamento n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, no contiene ninguna disposición transitoria particular que acompañe la fijación de esa fecha de aplicación general. A este respecto, en el caso de un procedimiento contradictorio anterior a la adopción de una sanción iniciado por la Comisión sobre la base del artículo 131, apartado 5, del Reglamento n.o 966/2012, puesto en relación con el artículo 109, apartado 1, de ese Reglamento en su versión aplicable hasta el 31 de diciembre de 2015 y que concluyó en octubre de 2015, el procedimiento previo a la adopción de la sanción fue tramitado en su totalidad antes del 1 de enero de 2016 y debidamente instruido conforme a las normas que le eran aplicables. No permite poner en entredicho esta apreciación el hecho de que la Decisión sancionadora se adoptara antes de la entrada en vigor de la nueva versión del Reglamento n.o 966/2012, que incluye una nueva instancia encargada de tramitar el procedimiento contradictorio. En efecto, aunque esa inclusión hubiera tenido por objeto reforzar el derecho a la defensa de quienes contratan con la Unión, a los que se puede imponer una sanción con arreglo al citado Reglamento, ninguna disposición expresa ni implícita del Reglamento 2015/1929 o del Reglamento Delegado 2015/2462, por el que se modifica el Reglamento Delegado n.o 1268/2012, puede interpretarse en el sentido de que da alcance retroactivo al artículo 105 bis, apartado 2, y al artículo 106, apartado 2, del Reglamento financiero en su versión aplicable a partir del 1 de enero de 2016, que prevén en determinados casos la intervención de dicha instancia, retroactividad que implicaría reiniciar el procedimiento previo regularmente concluido antes de esa fecha, en particular desde el punto de vista del respeto del principio de contradicción.

(véanse los apartados 36 a 38, 40, 42 y 43)
2.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Apreciación del carácter descriptivo de la marca — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 19)
4.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 45)
2.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 15)
345

En suma, de lo anterior se deduce que la Comisión no ha logrado demostrar, basándose en su comparación con los contratos celebrados con las diez empresas de fabricación no afiliadas, que el canon debería haber sido cero. En efecto, los contratos celebrados con las empresas de fabricación no afiliadas 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 se celebraron después de la adopción del APP. Los contratos celebrados con las empresas de fabricación no afiliadas 5, 6 y 7, por su parte, se refieren a empresas que no tuestan café. Los contratos celebrados con las empresas de fabricación no afiliadas 1, 4, 8, 9 y 10 no son contratos de reventa. Los contratos celebrados con las empresas de fabricación no afiliadas 1, 5, 6, 7, 8 y 9 tienen por objeto productos distintos del café tostado y el contrato celebrado con la empresa de fabricación no afiliada 3 indica la posibilidad del pago de un canon. En lo referente al análisis del contrato celebrado con la empresa de fabricación no afiliada 2, las alegaciones sucintas y especulativas de la Comisión no bastan para demostrar que dicha empresa no pagara ninguna remuneración al grupo Starbucks por la utilización de la propiedad intelectual de tostado.
13

En la exposición de motivos adjunta al correo de 27 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «exposición de motivos relativa a los actos impugnados»), el Consejo se basaba en las siguientes decisiones nacionales: primero, en una Decisión del Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior, Reino Unido; en lo sucesivo, «Home Secretary»), de 29 de marzo de 2001, por la que se modifica la UK Terrorism Act 2000 (Ley Antiterrorista del Reino Unido de 2000) que prohibía Hamas-Izz al-Din al-Qassem, considerada como una organización implicada en actos de terrorismo (en lo sucesivo, «Decisión del Home Secretary»); en segundo lugar, en una Decisión del United States Secretary of State (Secretario de Estado americano, Estados Unidos), de 8 de octubre de 1997, que califica a Hamas, a efectos de la Immigration and Nationality Act (Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos; en lo sucesivo, «INA»), como organización terrorista extranjera (en lo sucesivo, «Decisión americana de 1997»); en tercer lugar, en una Decisión del Secretario de Estado americano, de 31 de octubre de 2001, adoptada en aplicación del Executive Order n.o 13224 (Decreto Presidencial n.o 13224) (en lo sucesivo, «Decisión americana de 2001»), y, en cuarto lugar, en una Decisión de 23 de enero de 1995, adoptada en aplicación del Executive Order n.o 12947 (Decreto Presidencial n.o 12947) (en lo sucesivo, «Decisión americana de 1995»).
27

En la primera parte del primer motivo, la demandante sostiene que el artículo 5 del Reglamento n.o 1049/2001 no es aplicable a los documentos controvertidos, puesto que esta disposición se refiere únicamente a los documentos que tienen su origen en las instituciones de la Unión. Aduce, a este respecto, que el hecho de que estos documentos también estuvieran en poder de la Comisión en el sentido del artículo 2, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001 carece de pertinencia, puesto que ella no había presentado una solicitud de acceso ante dicha institución. Según la demandante, la mera remisión de una solicitud de acceso por un Estado miembro a la Comisión en virtud del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001, no confiere competencia a esta última cuando la solicitud no se refiere a documentos que emanen de ella.
6

El artículo 4 del Reglamento n.o 1972/2003, en su versión modificada, en último lugar, por el Reglamento (CE) n.o 735/2004 de la Comisión, de 20 de abril de 2004 (DO 2004, L 114, p. 13), establece un sistema de gravamen de los excedentes de determinados productos agrícolas despachados a libre práctica, entre los cuales no se encuentra el azúcar (en lo sucesivo, «otros productos agrícolas»), existentes en el territorio de los nuevos Estados miembros en la fecha de la adhesión. El apartado 1 de dicho artículo indica que, no obstante lo dispuesto en el capítulo 4 del anexo IV del Acta de adhesión, y siempre que no exista legislación más estricta aplicable a escala nacional, los nuevos Estados miembros aplicarán gravámenes a los titulares de tales existencias de excedentes. El artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1972/2003, en su versión modificada, establece el importe del gravamen en cuestión y dispone que los ingresos deberán imputarse al presupuesto nacional del nuevo Estado miembro. Por último, el artículo 4, apartado 5, de dicho Reglamento contiene una lista, diferente para cada nuevo Estado miembro, de los otros productos agrícolas a los que se aplica el gravamen. Estos productos se identifican mediante los códigos de la Nomenclatura Combinada (NC), que figuran en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO 1987, L 256, p. 1), que es actualizada anualmente por la Comisión. La actualización aplicable a los hechos del presente asunto se efectuó el 1 de enero de 2004, fecha en que entró en vigor el Reglamento (CE) n.o 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, por el que se modifica el anexo I del Reglamento n.o 2658/87 (DO 2003, L 281, p. 1).
De los artículos 101 y 102 del Reglamento n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y del artículo 134, apartado 1, letra h), del Reglamento n.o 1268/2012, sobre las normas aplicables al Reglamento financiero, resulta que, en el marco de un procedimiento negociado, sin publicación previa de anuncio de contrato, el órgano de contratación interesado dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a los elementos que deben tenerse en cuenta para decidir adjudicar o no el contrato inmobiliario en cuestión y en cuanto a la elección del licitador o licitadores que deben seleccionarse pues, en efecto, tal contratación no deberá basarse necesariamente en la mayor concurrencia posible entre los sujetos interesados. Lo mismo ocurre a fortiori en la fase de prospección del mercado local, previa a la fase de negociación del contrato propiamente dicha, respetando los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Esa amplísima facultad de apreciación también se reconoce al órgano de contratación, incluso en la elección y evaluación de los criterios de selección, cuando los ha definido previamente en los documentos del contrato relativos al procedimiento negociado controvertido.

En estas circunstancias, el control del juez de la Unión, en lo relativo tanto al propio procedimiento negociado de adjudicación del contrato inmobiliario como a la fase de prospección del mercado local que lo precede, debe limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento que el órgano de contratación trató de aplicar y de las normas de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. En su control, el juez también está obligado a comprobar que el órgano de contratación de que se trata respeta los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, en los términos recordados en el artículo 102 del Reglamento n.o 966/2012.

(véanse los apartados 18 y 19)
4.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de un derecho anterior referido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Marca figurativa MORTON’S — Marcas no registradas MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT y M MORTON’S [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 56, 57, 65, 66, 69 a 72 y 78)