Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de referencia - Delimitación - Criterios - Transporte combinado - Submercado de servicios de transporte por tierra de contenedores marítimos y mercado de servicios de transporte marítimo en general

[Art. 85 del Tratado CE (actualmente art. 81 CE)]

2. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio para la competencia - Carácter sensible - Criterios - Cuota de mercado

[Art. 85 del Tratado CE (actualmente art. 81 CE)]

3. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio para el comercio entre Estados miembros - Criterios

[Art. 85, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

4. Competencia - Transportes - Prácticas colusorias - Perjuicio para el comercio entre Estados miembros - Acuerdo entre compañías marítimas relativo a las condiciones de venta de servicios de transporte por tierra a cargadores establecidos en distintos Estados miembros - Transporte combinado

[Art. 85, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

5. Competencia - Transportes marítimos - Reglamento (CEE) nº 4056/86 - Ámbito de aplicación - Transportes marítimos internacionales

[Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, párr. 2]

6. Competencia - Transportes marítimos - Reglamento (CEE) nº 4056/86 - Exención por categoría - Interpretación restrictiva - Inaplicabilidad de un acuerdo entre compañías marítimas por el que se fijan los precios del transporte por tierra en el ámbito del transporte combinado

[Art. 85, aps. 1 y 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, aps. 1 y 3); Reglamento (CEE) 4056/86, art. 3]

7. Competencia - Transportes - Prácticas colusorias - Determinación del reglamento aplicable - Criterios - Acuerdo entre compañías marítimas por el que se fijan los precios del transporte por tierra en el ámbito del transporte combinado - Aplicación del Reglamento (CEE) nº 1017/68

[Reglamentos (CEE) nos 1017/68 y 4056/86 del Consejo]

8. Recurso de anulación - Decisión de la Comisión por la que se deniega la concesión de una exención individual - Apreciación económica compleja - Control jurisdiccional - Límites - Acuerdo puesto en práctica durante un largo período

[Arts. 85, ap. 3 (actualmente art. 81 CE, ap. 3), y 173 del Tratado CE (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

9. Competencia - Normas comunitarias - Aplicación en función de prácticas nacionales de los Estados miembros o de determinados países terceros - Improcedencia

[Art. 85 del Tratado CE (actualmente art. 81 CE)]

10. Competencia - Transportes - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Ventajas económicas derivadas del acuerdo - Criterios de apreciación - Acuerdo entre compañías marítimas por el que se fijan los precios del transporte por tierra en el ámbito del transporte combinado

[Art. 85, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 3); Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, art. 5]

11. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Carácter acumulativo

[Art. 85, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 3)]

12. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Reserva de una parte equitativa de las ventajas a los usuarios

[Art. 85, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 3); Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, art. 5]

13. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Obligación de la empresa de demostrar la procedencia de su solicitud

[Art. 85, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 3)]

14. Competencia - Transportes marítimos - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Carácter indispensable de las restricciones a la competencia - Inexistencia - Acuerdo entre compañías marítimas por el que se fijan los precios del transporte por tierra en el ámbito del transporte combinado - Justificación basada en el objetivo de estabilidad de los precios del transporte marítimo - Improcedencia

[Art. 85, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 3); Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 3, letra e)]

15. Competencia - Procedimiento administrativo - Pliego de cargos - Contenido necesario - Respeto del derecho de defensa

[Reglamento (CEE) nº 1630/69 de la Comisión, art. 4]

16. Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto del derecho de defensa - Derecho de los interesados a dar a conocer su punto de vista sobre cómo se han considerado sus propias alegaciones - Inexistencia

17. Competencia - Procedimiento administrativo - Audiencias - Ausencia del abogado de una de las empresas afectadas - Violación del derecho de defensa - Inexistencia

18. Competencia - Procedimiento administrativo - Audiencias - Audiencia de determinadas personas - Personas que no son denunciantes - Facultad de apreciación de la Comisión

[Reglamento (CEE) nº 1630/69 de la Comisión, arts. 7, ap. 2, y 9, ap. 3]

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1. Es preciso, en su caso, definir el mercado de que se trata para determinar si un acuerdo puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

Para que se considere un mercado suficientemente distinto, el servicio o el bien de que se trate debe poder individualizarse mediante características particulares que lo diferencien de otros servicios o bienes hasta el punto de que sea poco intercambiable con ellos y sólo padezca su competencia de una manera poco sensible. El grado de posibilidad de intercambio entre productos debe evaluarse en función de las características objetivas de éstos, así como de la estructura de la demanda, de la oferta en el mercado y de las condiciones de la competencia.

A este respecto, los servicios de transporte por tierra relativos al transporte previo y posterior de contenedores en el marco de un transporte combinado constituyen un mercado conexo pero distinto de los servicios de transporte marítimo prestados en ese marco por las compañías marítimas miembros de una conferencia marítima.

Dado que existe una oferta y una demanda específicas para los servicios de transporte por tierra de contenedores marítimos y que, en particular, empresas independientes de las compañías marítimas proponen dichos servicios, es consecuencia necesaria de ello que exista un mercado distinto.

Ahora bien, un submercado que posee características específicas desde el punto de vista de la oferta y la demanda y que ofrece productos que ocupan un lugar indispensable y no intercambiable en el mercado más general del que forma parte, constituye un mercado de producto distinto.

( véanse los apartados 116, 122, 128 y 129 )

2. La circunstancia de que la cuota de algunas empresas sea de casi el 40 % del mercado controvertido puede, en efecto, por sí sola, demostrar que el acuerdo objeto de una Decisión que verse sobre una infracción de las normas sobre la competencia puede restringir la competencia de manera sensible en dicho mercado. Una cuota de mercado de dicha extensión no puede razonablemente considerarse insignificante.

( véase el apartado 138 )

3. Para que un acuerdo entre empresas pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que puede ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre Estados. En particular, no es necesario que el comportamiento denunciado haya afectado efectivamente al comercio entre Estados miembros de manera sensible; basta con demostrar que dicho comportamiento puede tener dicho efecto.

( véase el apartado 145 )

4. Un acuerdo celebrado entre compañías marítimas, varias de las cuales tienen su domicilio en distintos Estados miembros, que tiene por objeto las condiciones de venta de servicios de transporte por tierra a cargadores establecidos también en distintos Estados miembros, puede afectar, manifiestamente, al comercio entre Estados miembros en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1).

La fijación del precio de venta de servicios de transporte por tierra puede incidir, sobre todo, en la decisión de los cargadores de confiar el traslado por tierra de sus contenedores a los miembros de una conferencia marítima o a un transportista por tierra, falseando de esta manera la competencia en el mercado de los servicios de transporte por tierra entre las compañías marítimas miembros de la conferencia y los transportistas por tierra presentes en los distintos Estados miembros.

Asimismo, la fijación del precio del transporte por tierra puede influir también en la competencia que existe en los puertos de distintos Estados miembros. En efecto, la fijación de dichos precios en función de un transporte ficticio, en el marco de un sistema de «compensación portuaria», entre un punto terrestre interior y el puerto más cercano en el que actúe cualquiera de los miembros de la conferencia marítima, tiene incluso por objeto neutralizar la ventaja económica que puede constituir una distancia más corta en relación con un puerto determinado.

Por último, aunque de manera más indirecta, el acuerdo controvertido puede tener, al menos, un efecto sobre el comercio de mercancías entre Estados miembros, en la medida en que los precios de los servicios de transporte por tierra fijados por los miembros de la conferencia marítima representan una fracción del precio de venta final de las mercancías transportadas.

( véanse los apartados 146 a 148 )

5. El ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) a los transportes marítimos, se limita únicamente al transporte marítimo propiamente dicho, es decir, al transporte por mar, «de uno o de varios puertos de la Comunidad» o en dicha dirección, y no cubre los servicios de transporte previo o posterior por tierra de las mercancías prestados en combinación con otros servicios en el marco de una operación de transporte multimodal.

( véase el apartado 241 )

6. Habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a las normas sobre la competencia establecido en el artículo 85, apartado 1, del Tratado, las disposiciones en que se prevén excepciones, incluidas en un reglamento de exención deben, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente. Este criterio debe aplicarse también a las disposiciones del Reglamento nº 4056/86 que exceptúan a algunos acuerdos de la prohibición establecida en el artículo 85, apartado 1, del Tratado, ya que el artículo 3 del Reglamento constituye una exención por categoría a efectos del artículo 85, apartado 3, del Tratado.

Habida cuenta del carácter absolutamente excepcional de la exención por categoría prevista en el artículo 3 del Reglamento nº 4056/86, por cuanto en él se concede, por tiempo indefinido, una exención para acuerdos horizontales de fijación de los precios del transporte marítimo, es aún menos aceptable extender el beneficio de dicha exención por categoría a los acuerdos de fijación del precio del transporte por tierra celebrados entre los miembros de una conferencia marítima.

Por consiguiente, teniendo en cuenta también los trabajos preparatorios del Reglamento nº 4056/86 y de la Declaración del Consejo de 17 de diciembre de 1991, la exención por categoría prevista en el artículo 3 de dicho Reglamento no puede aplicarse a un acuerdo de fijación de precios de los servicios de transporte por tierra que consista en el transporte previo o posterior de las mercancías, efectuado con otros servicios en el marco de una operación de transporte multimodal, celebrado entre los miembros de una conferencia marítima.

( véanse los apartados 252, 254 y 257 )

7. Para determinar qué reglamento aplicar a un acuerdo concreto, es preciso examinar este último a la luz de las disposiciones que precisan el ámbito de aplicación de los distintos reglamentos de que se trate y no fundarse únicamente en el sector al que pertenece la empresa que presta el servicio o entrega el producto objeto del acuerdo.

Un acuerdo que fije los precios de los servicios de transporte terrestre, aunque lo celebraran y ejecutaran compañías marítimas en el marco de servicios de transporte multimodal, está manifiestamente excluido del ámbito de aplicación del Reglamento nº 4056/86, relativo a los transportes marítimos.

Tal acuerdo debe ser examinado en el marco de las disposiciones del Reglamento nº 1017/68, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

( véanse los apartados 260 y 276 )

8. En el marco de un recurso de anulación interpuesto al amparo del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), el control que ejerce el juez comunitario sobre las apreciaciones económicas complejas efectuadas por la Comisión en el ejercicio de la facultad de apreciación que le otorga el artículo 85, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 3), en lo relativo a cada uno de los cuatro requisitos que establece, debe limitarse a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

El hecho de que los miembros de un acuerdo lo pusieran en práctica abiertamente durante un largo período de tiempo, no puede modificar la capacidad de control del juez comunitario, ni es pertinente, por sí mismo, para determinar si el acuerdo cumple o no los requisitos exigidos para conceder una exención individual. A lo sumo, dicho elemento podría, en su caso, tomarse en cuenta en el momento de examinar el carácter justificado y proporcionado de la sanción impuesta.

( véanse los apartado 339 y 340 )

9. Las prácticas nacionales, aun suponiendo que sean comunes a todos los Estados miembros, no pueden ser determinantes para la aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado. A fortiori, las prácticas de determinados Estados terceros no pueden ser determinantes para la aplicación del Derecho comunitario.

( véase el apartado 341 )

10. Para examinar el fundamento de las comprobaciones efectuadas por la Comisión en el marco del examen de los distintos requisitos exigidos por el artículo 85, apartado 3, del Tratado, y el artículo 5 del Reglamento nº 1017/68, es preciso tener en cuenta, ciertamente, las ventajas que se derivan del acuerdo en cuestión, no sólo para el mercado de que se trata, es decir, el mercado de los servicios de transporte terrestre prestados en el marco de un transporte multimodal, sino también, en su caso, para cualquier otro mercado en el que el acuerdo controvertido pueda producir efectos benéficos o incluso, de manera más general, para todo servicio cuya calidad o eficacia pudiese mejorarse por existir dicho acuerdo. En efecto, tanto el artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 como el artículo 85, apartado 3, del Tratado tienen por objeto la posibilidad de una exención en favor, en particular, de los acuerdos que contribuyan a promover el progreso técnico o económico, sin exigir un vínculo particular con el mercado de que se trate.

( véase el apartado 343 )

11. Los cuatro requisitos para la concesión de una exención con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Tratado, son acumulativos y, por tanto, basta con que uno sólo de estos requisitos no se cumpla para que deba denegarse la exención.

( véanse los apartados 349 y 367 )

12. Del número elevado de denuncias de los usuarios, la Comisión dedujo, con arreglo a Derecho, que el acuerdo controvertido no tomaba en consideración, equitativamente, los intereses de aquéllos y que no reserva una parte equitativa del beneficio a los usuarios, tal como lo exigen los artículos 85, apartado 3, del Tratado, y 5 del Reglamento nº 1017/68.

( véanse los apartados 371 y 374 )

13. En caso de que se desee obtener una exención con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Tratado, las empresas interesadas presentan los elementos acreditativos para probar la justificación económica de una exención. En particular, corresponde a dichas empresas demostrar que las restricciones a la competencia que se derivan del acuerdo controvertido cumplen los objetivos que persigue dicho precepto y que estos últimos no pueden alcanzarse sin dichas restricciones.

( véanse los apartados 381 y 384 )

14. Un acuerdo entre los miembros de una conferencia marítima, por el que se fijan los precios de transporte por tierra en el ámbito del transporte combinado, implica restricciones a la competencia que, no sólo son extremadamente graves, sino sobre todo no son indispensables para alcanzar el objetivo de estabilidad de precios del transporte marítimo, alegado por las compañías que forman parte del acuerdo.

En efecto, el Reglamento nº 4056/86 prevé medidas, cubiertas por la exención por categoría, que podrían tomarse para asegurar la estabilidad de los precios de los servicios de transporte marítimo. En consecuencia, incumbe a las compañías interesadas recurrir, prioritariamente, a dichas posibilidades ofrecidas por la normativa comunitaria, en particular, a la prevista en el artículo 3, letra e), del Reglamento nº 4056/86. Los argumentos que tengan por objeto demostrar que dichas medidas serían más restrictivas que el acuerdo controvertido no pueden prosperar. En efecto, dado que una medida está exenta por un Reglamento del Consejo, poco importa cuestionarse su naturaleza más o menos restrictiva a efectos del artículo 85, apartado 3, del Tratado. Así pues, la Comisión estima correctamente que las restricciones a la competencia controvertidas no son indispensables en vista de la existencia de medidas, previstas en el artículo 3 del Reglamento nº 4056/86.

( véanse los apartados 396 y 397 )

15. El pliego de cargos debe contener una exposición de los motivos en términos suficientemente claros, aunque sean concisos, para permitir a los interesados conocer efectivamente qué conductas les reprocha la Comisión. Solamente si cumple este requisito puede el pliego de cargos cumplir la función que le atribuyen los Reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas y asociaciones de empresas todos los datos necesarios para que puedan defenderse efectivamente antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Dicha exigencia se respeta cuando la decisión final no imputa a las empresas afectadas nuevos cargos distintos de los ya expuestos en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse. La decisión final de la Comisión no tiene que ser necesariamente, sin embargo, una copia del pliego de cargos.

( véase el apartado 442 )

16. El hecho de tener en cuenta un argumento alegado por las empresas en el procedimiento de infracción de las normas de competencia, sin darles la oportunidad de pronunciarse al respecto antes de la adopción de la decisión final, no puede constituir, en cuanto tal, una violación del derecho de defensa cuando el tener en cuenta dicho argumento no modifique la naturaleza de los cargos que se le imputan. Las empresas afectadas tuvieron, en efecto, la oportunidad de desarrollar su punto de vista sobre la opinión defendida por la Comisión en el pliego de cargos y podían confiar, por consiguiente, en que sus propias explicaciones llevarían a la Comisión a modificar su opinión.

( véase el apartado 447 )

17. Aunque la Comisión no puede prohibir a una empresa que la asista un abogado o algún otro asesor externo a su elección, sin embargo, no se le puede criticar, en el marco de un procedimiento de infracción que implica a catorce empresas distintas, el no haber tomado en cuenta, para organizar la audiencia, las exigencias prácticas de cada una de dichas empresas. En efecto, en primer lugar, corresponde a éstas tomar las medidas adecuadas para asegurarse la mejor defensa de sus intereses. Por tanto, la mera circunstancia de que el asesor de una de las empresas afectadas no pudiera asistir a alguna de las audiencias organizadas por la Comisión no puede constituir una violación del derecho de defensa de la empresa afectada, ni de todas las empresas.

( véase el apartado 466 )

18. Se ha de destacar que según lo dispuesto en los artículos 7, apartado 2, y 9, apartado 3, del Reglamento nº 1630/69, la Comisión dispone de un margen de apreciación razonable para decidir qué interés puede presentar la audiencia de personas cuyo testimonio puede tener importancia para la instrucción del expediente, de manera que la Comisión tiene derecho a oír en las audiencias a terceros que no hayan presentado reclamación alguna previamente u observaciones escritas en el procedimiento administrativo.

( véase el apartado 468 )

19. Para que una infracción a las normas de competencia del Tratado pueda ser considerada deliberada, no es necesario que la empresa fuese consciente de que infringía una prohibición impuesta por dichas normas, sino que es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era restringir la competencia.

( véase el apartado 479 )

20. La circunstancia de que la Comisión no impusiera multas al autor de una infracción de las normas de competencia no puede, por sí sola, impedir que se multe al autor de una infracción de idéntica naturaleza. En efecto, no se puede invocar el principio de igualdad de trato en la ilegalidad.

No obstante, en ejercicio de su competencia de plena jurisdicción, el Tribunal de Primera Instancia puede considerar justificado no imponer multas a las compañías marítimas que toman parte en un acuerdo de fijación de precios de transporte por tierra en el ámbito del transporte combinado, habida cuenta de que, en otra decisión, dictada poco antes de la Decisión impugnada, la Comisión no impuso multas a las compañías que participaban en otro acuerdo, que no solamente preveía también la fijación de precios para el segmento terrestre del transporte multimodal, sino que, además, incurría en otras infracciones graves a las normas de competencia.

( véanse los apartados 487 y 488 )