3.

Al comentar la primera cuestión, el Juez a quo se pregunta si, a la vista de la regla de los seis kilogramos, la expresión «número máximo» del artículo 4 no está haciendo más bien referencia al número medio de terneros existentes en una explotación durante el trimestre considerado. Esta lectura del precepto dejaría, en efecto, de penalizar a aquellos ganaderos que mantengan durante un cierto período un número de terneros superior a su capacidad normal y garantizaría a todas las explotaciones una verdadera igualdad de trato. Observo, sin embargo, que la interpretación que se propone, además de contrastar con el tenor literal de la norma, no responde al objetivo de acrecentar el consumo de leche destinada a la alimentación animal y perturba la eficacia del control que la industria láctea debe llevar a cabo. A la luz de este objetivo, sólo puede entenderse por «número máximo» el número más elevado de terneros conseguido por el ganadero en un momento cualquiera del trimestre. Este dato permite a la industria láctea, en efecto, conocer con anticipación el complejo patrimonio zootécnico de una explotación mixta para el cálculo de las cantidades de leche a suministrar al amparo del régimen especial, y sirve también como base para determinar los suministros que no se benefician de este régimen y que el ganadero debe tomar en el sentido del tercer guión de la letra c) del apartado 1 del artículo 4. Por el contrario, las declaraciones basadas en el número medio de terneros permitirían a las explotaciones adquirir menos cantidad de leche en el marco del régimen menos ventajoso de la ayuda normal y, después, compensar el número máximo de terneros con el mínimo registrado durante el trimestre; se tornaría, así, vano cualquier control por parte de la industria láctea que (no lo olvidemos) es quien se responsabiliza personalmente de la ejecución puntual del sistema de ayudas. Estas consideraciones valen también in apicibus para las cuestiones segunda y tercera. Según el Verwaltungsgericht resulta dudoso, desde un doble punto de vista, que el apartado 3 del artículo 4 respete el principio de proporcionalidad. En primer lugar, la obligación impuesta al ganadero de comunicar dentro de un determinado plazo los datos relativos a la especie y al número de los animales en crianza reviste un carácter accesorio: parece, por ello, excesivo castigar su inobservancia con una sanción grave cual es la pérdida total del derecho a la ayuda. No menos desproporcionada es la sanción prevista para las hipótesis de informaciones erróneas: en tal caso (observa el Juez) «sería más justo revocar la ayuda [...] únicamente en lo que se refiere a la parte concedida sobre la base de los datos que han resultado falsos». ¿Qué decir al respecto? Como todos sabemos, una norma comunitaria se adecúa al principio de proporcionalidad si los medios que permite utilizar corren parejos a la importancia de su objetivo y son necesarios para su consecución (sentencia de 23 de febrero de 1983, asunto 66/82, Fromançais, Rec. 1983, p. 395). Ahora bien, he dicho al principio que la ayuda especial se ha creado para aumentar el consumo de leche desnatada, extendiéndolo a animales distintos de los terneros, y que nuestro Reglamento se promulgó para evitar los fraudes a que podía dar lugar semejante régimen. De acuerdo con esta perspectiva, y teniendo en cuenta la responsabilidad que incumbe a la industria láctea en la aplicación correcta del sistema, la obligación que recae sobre las explotaciones mixtas, a tenor de lo previsto en el apartado 3 del artículo 4, no tiene en absoluto una naturaleza accesoria. Desempeña, por el contrario, una función esencial: permite a la industria láctea suministrar la leche de acuerdo con las necesidades reales de cada ganadero. Pues bien, aun siendo consciente de la importancia que para el buen funcionamiento del sistema reviste la comunicación dentro de plazo de los datos a que se refiere la mencionada obligación, el legislador ha reconocido que siempre son posibles retrasos leves, y los ha sancionado, cuando no superen los diez días, con la reducción de la ayuda en un 10 °/o. Pero, si esto es así, no puede decirse, ciertamente, que la pérdida total de la ayuda en caso de ausencia de comunicación o de comunicación muy tardía de los datos suponga una sanción exorbitante en relación con los objetivos del Reglamento que nos ocupa. Hay que añadir que esta medida no posee, propiamente, un verdadero carácter sancionador, por lo que no es asimilable a decisiones como la confiscación de una fianza. Se limita a retirar el beneficio de la ayuda para la compra de la leche durante el trimestre. Lo dicho puede también hacerse extensivo, aunque de una manera todavía más incisiva, a las falsas declaraciones de datos. Establecer, en honor al principio de proporcionalidad, que la cuantía de la ayuda se reduzca en la medida en que los datos suministrados por la explotación sean erróneos privaría al sistema de todo efecto disuasorio e induciría a los ganaderos a tentativas sistemáticas de fraude: en efecto, una vez descubiertos, aquéllos tan sólo verían reducida la ayuda hasta el importe que les hubiera correspondido de haber proporcionado datos correctos. Se dice que a lo largo del trimestre pueden tener lugar acontecimientos imprevisibles que, por lo tanto, pueden modificar los datos anteriormente proporcionados, como puede ser el caso del nacimiento prematuro de un ternero. A este respecto, basta con observar que, según el artículo 6 de nuestro Reglamento, «los ganaderos interesados (en la ayuda especial) remitirán al organismo competente de su Estado miembro [...] el compromiso de señalar de inmediato las modificaciones de tales datos que puedan ocasionar un cambio en el nivel de la ayuda». Aunque este precepto se dirige prioritariamente a aquellas explotaciones que producen leche para la alimentación animal, sin duda alguna es de alcance general (como lo prueba lo dispuesto en su letra b): afecta, por lo tanto, a todos los ganaderos. Dos palabras, para concluir, sobre las cuestiones sub d) y e). A mi parecer, el artículo 5 no deja a las autoridades nacionales ninguna facultad discrecional para decidir cuándo y por qué procede el reembolso total o parcial de la ayuda. En efecto, como ha observado la Comisión, la fórmula que utiliza el precepto se limita a indicar que la obligación de reintegro sólo subsiste por lo que respecta a aquellos compromisos asumidos por las explotaciones cuya disconformidad con los requisitos exigidos por el artículo 3 haya sido comprobada por el órgano de control. Por lo que respecta a los otros compromisos de los ganaderos, la solicitud de subvenciones sigue siendo válida.