Con su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide al Tribunal de Justicia que precise si la oferta a la intervención puede reputarse hecha a partir del momento en que el oferente la ha enviado, o si es necesario que la misma llegue al organismo de intervención para poder ser considerada válida. La Einfuhr- und Vorratsstelle y la Comisión se manifiestan a favor de la segunda solución, mientras que la demandante no 2 sostiene que es el envío de la oferta lo que hay que tomar en consideración (y esto, esencialmente, por cuanto sus solicitudes no llegaron a la Einfuhr- und Vorratsstelle hasta el 9 de mayo a las 8.45).

Si, para responder a esta cuestión, partimos del concepto genérico de oferta, es indudable que una serie de indicios apoyan la tesis de la Einfuhr- und Vorratsstelle, según la cual la oferta debe llegar al organismo de intervención. En este sentido, observemos, en primer lugar, que los Reglamentos nos 132/67 y 1028/68 señalan que toda oferta a la intervención debe hacerse a un organismo de intervención (en alemán: bei der Interventionsstelle). Si acudimos al Derecho interno, ya que la normativa citada no ofrece más aclaraciones, no podemos más que repetir, a propósito del concepto de «oferta» (que constituye una declaración de voluntad emitida con la intención de producir efectos jurídicos), lo que el Tribunal de Justicia señaló ya al comienzo de su existencia (Alma/Alta Autoridad, 8/56, Rec. 1957, pp. 157 y ss., especialmente p. 190), cuando afirmó que, según «un principio general de derecho generalmente admitido en todos los países de la Comunidad, […] una declaración de voluntad escrita produce todos sus efectos desde el momento en que entre de forma efectiva en la esfera de conocimiento del destinatario». Y, como último elemento en orden que no en importancia, podemos todavía referirnos al problema análogo planteado a propósito del momento en que producen efectos las solicitudes presentadas en otras materias (expedición de certificados de importación y exportación y fijación anticipada de las exacciones). En este ámbito, la tesis según la cual la solicitud produce efectos a partir del momento de su presentación (Einreichung) encuentra un apoyo, no sólo en el texto francés de los artículos 12,15 y 16 del Reglamento no 120/67 y en el del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 1373/70 (DO L 158, p. 1) («jour du dépót»), sino también en el hecho de que la normativa establecida en esta materia se basa manifiestamente en la fecha en la que las solicitudes llegan al organismo destinatario. Me permito en este punto remitirme a las consideraciones que la Comisión ha desarrollado en la página 10 de su escrito de alegaciones en el asunto 50/71, así como a sus observaciones a propósito del Reglamento (CEE) no 2591/69 (DO L 324, p. 1) (relativo a la aplicación de la cláusula de salvaguardia establecida en el artículo 20 del Reglamento no 120/67).

Así pues, el momento determinante es normalmente aquel en que las ofertas llegan a sus destinatarios, y, dado que la Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 1969 habla simplemente de ofertas, podemos inferir de ello que es este principio el que debe aplicarse aquí. Considerar que la oferta puede producir efectos desde el instante en que es enviada constituiría verdaderamente un cambio, una excepción, y se puede pensar que, si tal hubiera sido la intención del legislador, lo hubiera manifestado con claridad. Además, esta interpretación se corresponde también con los intereses en juego. La reserva que, en la Decisión de autorización de la Comisión, tiende a proteger las operaciones de intervención ya comprometidas se explica por la intención de no atentar contra los derechos adquiridos. Pero se puede afirmar con la Comisión que la obligación de aceptar los cereales a la intervención sólo crea un interés legítimo en el momento en que la oferta ha sido válidamente presentada, esto es, cuando el órgano competente se entera de la intención de la empresa de ofrecer las mercancías y, por consiguiente, tiene motivos para tomar las medidas de intervención. No encuentro razón alguna que justifique una protección superior a la mencionada. A este respecto, es necesario observar, en primer lugar, que, incluso tras la adopción de las medidas nacionales de salvaguardia autorizadas por la Decisión de la Comisión, subsistía la posibilidad de poner en marcha medidas de intervención en el Estado miembro en el que los cereales de que se trataba hubieran sido recolectados. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, en circunstancias normales, cuando el mecanismo de intervención cuyo objetivo es el de garantizar unos precios mínimos a los productores, funciona normalmente, los intercambios internacionales de mercancías constituyen no ya la regla sino la excepción. Por consiguiente, las transacciones del tipo de aquellas a las que nos referimos en el presente asunto, esto es, operaciones provocadas por la evolución de una moneda nacional y en las circunstancias especiales que las caracterizan, se puede afirmar que se trata de ofertas a la intervención que salen de lo normal. Se puede, pues, estimar que los interesados se percataban del carácter particular de las operaciones en que se habían embarcado, así como de los riesgos que implicaban las mismas y que no podían esperar que se considerara su posición jurídica como especialmente digna de protección.

En resumidas cuentas, procede declarar que, no sólo a título general, sino también respecto a la Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 1969, el momento de referencia para la «oferta» es el de llegada a su destinatario.