El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que produce el efecto de que un funcionario nacional en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión que opta por seguir afiliado al régimen nacional de pensiones mientras se encuentra en situación de servicios especiales pierde, total o parcialmente, las ventajas que se derivan de su afiliación a ese último régimen si cubre el período de diez años de servicios a favor de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión.

De este modo, en el supuesto de que el funcionario que se encuentra en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión mantenga su afiliación en su régimen nacional de pensiones durante el tiempo que dura esa situación, tal normativa nacional somete a la pensión derivada de esa afiliación a una regla de tope máximo y a una regla de nivelación. En virtud de estas reglas, el importe de la pensión que reciba el funcionario con arreglo al régimen nacional de pensiones sólo puede completar la pensión adquirida en el régimen de pensiones de la Unión hasta el límite de la pensión nacional que habría causado de no haber estado en situación de servicios especiales y la pensión nacional sufre una disminución hasta el límite del importe de la pensión causada en el régimen de pensiones de la Unión, de forma que el importe acumulado de ambas pensiones no supere el tope máximo así fijado.

En estas circunstancias, el funcionario que sigue afiliado al régimen nacional de pensiones abona cotizaciones sociales a fondo perdido. Estas reglas de tope máximo y de nivelación pueden, de este modo, obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de tal funcionario, de su libertad garantizada por el artículo 45 TFUE.

El carácter facultativo del mantenimiento de la afiliación al régimen nacional de pensiones no altera en absoluto el hecho de que las reglas del tope máximo y de nivelación que se aplican en caso de que se ejercite esta facultad tienen por efecto que el funcionario que hace uso de esa facultad abone cotizaciones sociales a fondo perdido si cumple el período de diez años al servicio de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión. Pues bien, cuando un régimen nacional de pensiones permite que sigan afiliados los funcionarios en situación de servicios especiales, tal facultad debe organizarse de modo que no produzca tal efecto, so pena de ser considerada un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores.

En efecto, tal normativa representa para un funcionario en situación de servicios especiales afiliado tanto al régimen de pensiones de la Unión como al régimen nacional de pensiones un tratamiento más desfavorable que el que recibe un funcionario que se queda en el Estado miembro de origen que sólo está afiliado a ese último régimen, en la medida en que sólo el primero experimenta, a pesar de haber cotizado simultáneamente a ambos regímenes, una pérdida total o parcial de las ventajas que se derivan de su afiliación al régimen nacional de pensiones, en caso de que cause derecho a pensión en el régimen de pensiones de la Unión.

(véanse los apartados 29, 30, 32, 34 y 38 y el fallo)