ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
51.

El Reino Unido considera que la contraprestación puede no ser sólo monetaria. De ello se sigue de modo claro, según el Reino Unido, que la letra a) del apartado 1 del punto A del artículo 11 permite valorar la contraprestación no monetaria. El Reino Unido considera también que, aunque el término «contraprestación» deba recibir una interpretación común y uniforme en el conjunto de la Comunidad y aun cuando esta interpretación no pueda dejarse a la apreciación de cada Estado miembro, la determinación y la valoración de los elementos constitutivos de la contraprestación de una operación corresponde en cualquier caso a la competencia de los Estados miembros, debido a que el modo de valoración de una contraprestación no monetaria no está exactamente definido. La letra a) del apartado 1 del punto A del artículo 11 se limita, en opinión del Reino Unido, a identificar los elementos que dan lugar a la valoración, pero no precisa de qué modo debe valorarse la contraprestación no monetaria. En este sentido el Reino Unido considera que el elemento decisivo de la operación en cuestión es la entrega por parte del comprador del bono a Boots, a cambio de la entrega a precio inferior de artículos de precio reducido. Por ello el Reino Unido sostiene que ha decidido valorar la contraprestación no monetaria refiriéndose al «valor normal» de las entregas o prestaciones en virtud del apartado 3 del artículo 10 de la Value Added Tax Act de 1983. El Reino Unido considera que el valor efectivo atribuido por Boots a la entrega del bono debe calcularse, indirectamente, en virtud del precio normal de venta al por menor del artículo. Así se obtiene de acuerdo con el valor subjetivo concedido por las partes a este elemento de la operación el mismo resultado que basándose en el «valor normal», y este valor corresponderá a la suma de dinero impresa sobre el propio bono. En opinión del Reino Unido, la valoración de los elementos constitutivos de la «contraprestación» por referencia al «valor normal», tal como lo prevé el apartado 3 del artículo 10 de la Value Added Tax Act de 1983, lleva a un resultado idéntico al que se consigue cuando se procede a una valoración de la «base imponible» de acuerdo con lo dispuesto por la letra a) del apartado 1 del punto A del artículo 11 de la Sexta Directiva IVA. El Reino Unido considera así que estas disposiciones nacionales son compatibles con el espíritu y el propósito de las normas comunitarias y que participan de una misma lógica.
28

A este respecto, la República Helénica acusa al Consejo de no haber indicado en el Reglamento impugnado si éste se atenía o no a la propuesta de la Comisión. Esta omisión, afirma, resulta contraria al principio de seguridad jurídica, puesto que impide a los interesados comprobar si el citado acto fue adoptado con arreglo a lo dispuesto en el. apartado 1 del artículo 149 del Tratado CEE. Según esta disposición, cuando un acto del Consejo deba ser adoptado a propuesta de la Comisión, dicho acto no podrá introducir ninguna modificación a dicha propuesta, a menos que sea adoptado por unanimidad. Sin embargo, el Gobierno helénico no afirma que el acto controvertido fuera adoptado en infracción de dicho procedimiento.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL (SALA SEGUNDA) DE 28 DE FEBRERO DE 1989. - WILHELM SCHMITT CONTRA BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE. - PETICION DE DECISION CON CARACTER PREJUDICIAL PRESENTADA POR EL SOZIALGERICHT DE HAMBURGO. - ARTICULO 51 DEL TRATADO CEE - POSIBILIDAD DE PAGAR A POSTERIORI COTIZACIONES A UN REGIMEN DE PENSION. - ASUNTO 29/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00581

Pub.RJ página Pub somm



Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Afiliación a un régimen de Seguridad Social - Condiciones - Aplicación de la legislación nacional

(Tratado CEE, art. 51; Reglamento nº 1408/71 del Consejo)

Índice

El artículo 51 del Tratado CEE y el Reglamento nº 1408/71 prevén únicamente la acumulación de los períodos de seguro cubiertos en diferentes Estados miembros. En cambio, no regulan los requisitos que deben cumplirse para cubrir esos períodos de seguro. En efecto, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos del derecho o de la obligación a afiliarse a un régimen de Seguridad Social (véanse las sentencias de 12 de julio de 1979, Brunori, 266/78, Rec. 1979, p. 2705, y de 24 de abril de 1980, Coonan, 110/79, Rec. 1980, p. 1445). Por lo tanto, no son aplicables a efectos de determinar las condiciones de afiliación a un régimen, obligatorio o voluntario, de Seguridad Social.

Partes

En el asunto 29/88,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Sozialgericht Hamburg (órgano jurisdiccional en materia social de Hamburgo), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Wilhelm Schmitt, empleado jubilado, con domicilio en Hamburgo, por una parte,

y

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (Instituto Federal del Seguro de Pensiones de los Empleados), Berlín, por otra parte,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 51 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por los Sres. T.F. O' Higgins, Presidente de Sala; G.F. Mancini y F.A. Schockweiler, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Sozialgericht Hamburg, mediante resolución de 12 de mayo de 1987, decide:

Parte dispositiva

Declarar que el artículo 51 del Tratado CEE y el Reglamento nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, no son aplicables a efectos de determinar las condiciones de afiliación a un régimen, obligatorio o voluntario, de Seguridad Social.
Asunto C-208/88

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de Dinamarca

«Directiva 69/169/CEE del Consejo — Legislación nacional no conforme»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Darmon, presentadas el 3 de julio de 1990 4452

Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 1990 4459

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Franquicia de los Impuestos sobre el Volumen de Negocios y de los Impuestos sobre Consumos Específicos — Mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros — Competencias residuales de los Estados miembros — Alcance — Adopción de un límite cuantitativo para lacerveza — Improcedencia

(Directiva 69/169 del Consejo, art. 4, apartado 1)

En relación con las franquicias de los impuestos sobre el volumen de negocios y de los impuestos sobre consumos específicos concedidas para las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros, los Estados miembros tan sólo conservan la competencia limitada que a su favor reconoce específicamente la Directiva 69/169, posteriormente completada y modificada. Esta no prevé la facultad de establecer límites cuantitativos para las mercancías que, como la cerveza, no figuran expresamente en la lista contenida en el apartado 1 de su artículo 4. Por lo tanto, ningún Estado miembro puede ampliar esta lista estableciendo un límite de diez litros para la cerveza, de forma que, una vez traspasado, en virtud de una presunción iuris et de iure, cualquier importación se considera que tiene carácter comercial.
Asunto C-120/88

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Italiana

«IVA — Importación — Personas no sujetas al impuesto — Deducción del IVA residual pagado en el Estado miembro de exportación»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Darmon, presentadas el 6 de noviembre de 1990 630

Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1991 635

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Tributos internos — Discriminación — Prohibición — Percepción del Impuesto sobre el Valor Añadido con motivo de h importación por una persona no sujeta al impuesto de productos procedentes de otro Estado miembro — Obligación de los Estados miembros de adoptar medidas que permitan que se tenga en cuenta el impuesto residual incorporado en el valor del producto importado

(Tratado CEE, art. 95)

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado un Estado miembro que no adopta las medidas necesarias para reconocer a las personas no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, que importan en el territorio nacional bienes que ya han sido gravados con dicho Impuesto en otro Estado miembro sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del Impuesto sobre el Valor Añadido devengado en la importación el importe de este Impuesto pagado en el Estado miembro de exportación, que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, en tanto que las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas al IVA en territorio nacional no están sometidas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La aplicación plena y total de la prohibición de discriminación recogida en el artículo 95 no resulta asegurada, en efecto, por el mero hecho de que, al tener efecto directo, dicha disposición pueda ser invocada ante los ór— ganos jurisdiccionales nacionales, pues no se trata más que de una garantía mínima, cuya existencia permite que subsistan las dificultades que crea, respecto a las exigencias de la seguridad jurídica, el mantenimiento en la legislación nacional de disposiciones que no prevean que se tenga en cuenta ese importe residual del impuesto.

Es inoperante para desvirtuar este incumplimiento la objeción opuesta en el escrito de contestación, basada en la inexistencia en la actualidad de un régimen común aplicable a las operaciones de importación controvertidas. En efecto, si bien corresponde al legislador comunitario el establecimiento de tal régimen, el citado artículo 95 se opone, hasta que se establezca el régimen común, a que un Estado miembro pueda aplicar su régimen de Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos importados de forma contraria al principio de no discriminación fiscal.
Asunto C-301/88

The Queen

contra

Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte The Fish Producers y The Grimsby Fish Producers' Organization Ltd

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal

«Politica agraria común — Compensación financiera para determinados productos pesqueros»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. G. Tesauro, presentadas el 6 de marzo de 1990 3822

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de octubre de 1990 3830

Sumario de la sentencia

Pesca — Organización común de mercados — Retirada del mercado de productos pesqueros — Concesión de compensaciones financieras a las organizaciones de productores — Requisitos — Respeto de las normas comunes de comercialización (Reglamentos n° 103/76, n° 3796/81 y n° 2202/82 del Consejo) Pesca — Organización común de mercados — Retirada del mercado de productos pesqueros — Concesión de compensaciones financieras a las organizaciones de productores — Infracción de alcance limitado cometida por una organización de productores — Concepto — Carga de la prueba (Reglamento n° 3137/82 de la Comisión, art. 13, apartado 1)
En el caso de que una disposición de un Reglamento de base suponga, para poder ser aplicada, que se adopten medidas normativas de ejecución y de que no se hayan dictado dichas disposiciones, se puede considerar que, hasta que éstas se promulguen, cumplen una función supletoria las disposiciones de un Reglamento anterior, que habían sido adoptadas, según un procedimiento idéntico al prescrito por el Reglamento de base, para garantizar la aplicación de una disposición idéntica de un Reglamento de base anterior, derogado mientras tanto, dado que dichas disposiciones no están en absoluto en contradicción con la normativa comunitaria posterior en la materia. Por lo tanto, debe considerarse que el Reglamento n° 1698/70 de la Comisión, adoptado sobre la base del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 817/70 del Consejo, es el acto normativo que prevé las modalidades de aplicación del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento n° 823/87 del Consejo, mientras no se adopte un nuevo acto normativo o, dado el caso, del apartado 2 del artículo 6 del anterior Reglamento n° 338/79 del Consejo.
MÜLLERS / CES 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Saia Tercera) 
7 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-81/88, 
Helmut Müllers, funcionario del Comité Económico y Social de las Comunidades 
Europeas, representado y asistido por el Sr. Edmond Lebrun, Abogado de Bruse­
las, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. T. Biever, 
Abogado, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, 
parte demandante, 
contra 
Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, representado por su 
Consejero Jurídico Sr. Brüggemann y por el Sr. D. Lagasse, Abogado de Bruselas, 
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho 
del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centro 
Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de las siguientes decisiones de la Oficina del 
Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, relativas a la provisión 
del puesto vacante de Jefe de División de la Dirección B, División de Transportes 
y Comunicaciones (convocatoria para proveer plaza vacante n° 46/87): 
— La decisión, adoptada el 29 de junio de 1987, de designar a dos candidatos 
para ocupar dos de los tres puestos vacantes de Jefe de División, uno de los 
cuales es el puesto en litigio, mediante promoción interna. 
— La decisión, adoptada el 30 de junio de 1987, de proponer al Consejo de las 
Comunidades Europeas el nombramiento de uno de los dos candidatos para el 
puesto en litigio. 
— La decisión, notificada mediante carta de 13 de julio de 1987, de no admitir la 
candidatura del demandante a dicho puesto, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-251 
SENTENCIA DE 7.2.1990 — ASUNTO C-81/88 
así como la anulación de: 
— La decisión de 3 de diciembre de 1987 del Consejo de las Comunidades Euro­
peas por la que se promueve al candidato propuesto al grado A 3 y se le nom­
bra Jefe de División de la Dirección B, División de Transportes y Comunica­
ciones, de la Secretaría General del CES a partir del 1 de agosto de 1987. 
— La decisión de 15 de diciembre de 1987 del Presidente del CES por la que se 
traslada al demandante a la Dirección C, Servicio especializado de la energía, 
de las cuestiones nucleares y de la investigación. 
— La decisión denegatoria de su reclamación, notificada mediante nota de 18 de 
diciembre de 1987. 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. M. Zuleeg, Presidente de Sala; J. C. Moitinho de Almeida 
y F. Grévisse, Jueces 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas. 
I-252
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Libre circulación de personas - Derecho de entrada y residencia de los nacionales de los Estados miembros - Formalidades administrativas - Procedencia - Requisitos - Inobservancia - Sanciones - Límites

(Tratado CEE, art. 48 y ss.)

Índice

No puede considerarse que, por sí misma, la obligación impuesta por las autoridades competentes de los Estados miembros a los nacionales de los demás Estados miembros que ejerciten su derecho a la libre circulación, de notificar su presencia a las autoridades del Estado de que se trate, infrinja las normas relativas a la libre circulación de las personas. No obstante, una tal infracción puede derivar de las formalidades legales si el objetivo de su establecimiento consistiera en limitar la libertad de circulación a que apunta el Tratado o limitar el derecho, reconocido a los nacionales de los Estados miembros, de entrar y residir en el territorio de cualquier otro Estado miembro con la finalidad que prescribe el Derecho comunitario. Este es el caso especialmente cuando el plazo previsto para la declaración de llegada de los extranjeros no es razonable o en el supuesto de que las sanciones que comporta la inobservancia de dicha obligación sean desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción, por ejemplo, por llevar aparejada una pena de prisión.

Por tal motivo, el hecho de que un Estado miembro imponga la obligación de efectuar una declaración de estancia dentro del plazo de tres días a partir del momento de la entrada en el territorio, sujeta a una sanción penal en caso de inobservancia, no es compatible con las disposiciones del Derecho comunitario relativas a la libre circulación de las personas.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Política social - Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social - Ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7 - Población activa en el sentido del artículo 2 de la Directiva - Personas que no han ejercido actividades o que han ejercido una actividad que no se ha visto interrumpida por una de las contingencias mencionadas por la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, y que no son demandantes de empleo - Exclusión

(Directiva 79/7 del Consejo, arts. 2 y 4)

Índice

El artículo 2 de la Directiva 79/7, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que esa Directiva no se aplica ni a las personas que no han ejercido una actividad, ni a las personas que han ejercido una actividad que no se ha visto interrumpida por una de las contingencias mencionadas en el apartado 1, letra a) del artículo 3 de la Directiva, cuando estas diversas personas no son demandantes de empleo.

En ese sentido carece de influencia el hecho de que la persona afectada haya cesado de trabajar y ya no sea demandante de empleo antes de que haya expirado el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva.

Los que se ven así excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva no pueden alegar su artículo 4, que define el alcance del principio de igualdad de trato.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 2 DE FEBRERO DE 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO - DIRECTIVA IVA - INCORPORACION. - ASUNTO 353/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00263

Pub.RJ página Pub somm



Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Estados miembros - Obligaciones - Ejecución de las Directivas - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 169)

Índice

Un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos que derivan de las Directivas comunitarias.

Partes

En el asunto 353/87,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Giuliano Marenco y el Sr. Daniel Calleja, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

República Italiana, representada por el Profesor Luigi Ferrari Bravo, Jefe del Servicio del contencioso diplomático, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Franco Favara, Avvocato dello Stato, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de su embajada,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar, dentro de plazo, las medidas de ejecución de la Décima Directiva sobre el IVA,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; R. Joliet, T.F. O' Higgins y F. Grévisse, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida y G.C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar, dentro de plazo, las disposiciones necesarias para ejecutar la Décima Directiva 84/386/CEE del Consejo, de 31 de julio de 1984, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE, Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a los arrendamientos de bienes muebles corporales.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el Volumen de Negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Exenciones previstas por la Sexta Directiva - Interpretación estricta - Exención de las prestaciones de servicios efectuadas por agrupaciones autónomas de personas que ejercen una actividad exenta o para la que no tienen carácter de sujeto pasivo, para prestar servicios a sus miembros - Organización y realización por una fundación de prestaciones relacionadas con las actividades de otra fundación beneficiaria de esta exención - Exclusión

((Directiva 77/388 del Consejo, art. 13, parte A, apartado 1, letra f) ))

Índice

Las exenciones que prevé el artículo 13 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios constituyen excepciones al principio general de que el Impuesto sobre el Valor Añadido se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo. Por este motivo, los términos empleados para designarla deben interpretarse restrictivamente. Por consiguiente y habida cuenta de los términos exactos de los requisitos de exención enumerados en la letra f) del apartado 1 de la parte A de dicho artículo, referente a las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo, con objeto de proporcionar servicios a sus miembros, los actos exentos a tenor de esta disposición no comprenden las actividades realizadas por una fundación, consistentes exclusivamente en la organización y realización de prestaciones relacionadas con las actividades de otra fundación, contra reembolso de los gastos realmente efectuados, cuando esta otra fundación, como organización integrada por una serie de instituciones que ejercen una actividad exenta o para la cual no tienen carácter de sujeto pasivo, presta servicios como los descritos en la mencionada disposición de la Sexta Directiva, en beneficio exclusivo de estas instituciones.