AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 24 de marzo de 1998

Asunto T-181/97

Huguette Meyer y otros

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Hojas de haberes — Admisibilidad — Plazos — Hecho nuevo y sustancial — Caducidad»

Texto completo en lengua francesa II-481

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de las decisiones explícitas de desestimación de las peticiones de los demandantes por las que se solicita la devolución de las cantidades deducidas del importe de su asignación familiar, de conformidad con el apartado 2 del artículo 67 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en concepto de la prima familiar percibida por su cónyuge, en virtud del convenio colectivo de los empleados de banca de Luxemburgo, y, en la medida necesaria, la anulación de las decisiones de 17 de marzo de 1997 por las que se desestiman explícitamente sus reclamaciones.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

En el párrafo tercero del artículo 62 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) se prevé que la retribución de los funcionarios de las Comunidades Europeas comprenderá, entre otras cosas, los complementos familiares. En virtud del apartado 1 del artículo 67 del Estatuto, los complementos familiares comprenden, en particular, la asignación familiar. Según el apartado 2 de dicho artículo, «[l]os funcionarios beneficiarios de los complementos familiares [...] estarán obligados a declarar los complementos del mismo tipo que perciban de otras fuentes». Se especifica que estos últimos complementos se deducirán de los que se paguen en virtud del Estatuto.

De conformidad con la norma, antes citada, del apartado 2 del artículo 67 del Estatuto, en la que se prohibe la acumulación, hasta junio de 1996, la Institución demandada dedujo de la asignación familiar a que tenían derecho, con arreglo al Estatuto, cada uno los demandantes, la prima familiar percibida por sus cónyuges, empleados del sector bancario de Luxemburgo, en virtud del convenio colectivo vigente en dicho sector.

Mediante sentencia de 11 de junio de 1996, Pavan/Parlamento (T-147/95, RecFP p. II-861; sentencia Pavan), el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que la prima familiar concedida, en virtud del convenio colectivo laboral, a los empleados de cervecerías de Luxemburgo no es una «asignación de la misma naturaleza» que la asignación familiar a efectos del apartado 2 del artículo 67 del Estatuto. Mediante escritos de 19 de julio de 1996, la parte demandada, actuando de modo concertado con las demás Instituciones comunitarias domiciliadas en Luxemburgo, comunicó a los demandantes de que se trata que, de conformidad con la sentencia Pavan y a la vista de los requisitos para la concesión de la prima familiar prevista en el convenio colectivo de Luxemburgo aplicable a los empleados de banca, había comprobado «que no cabe ya considerar que esta prima tenga la misma naturaleza que la asignación familiar» y que, por tanto, había decidido no volver a deducir, a partir del 1 de julio de 1996, dicha prima del importe de su asignación familiar.

Entre el 5 de agosto y el 22 de noviembre de 1996, los demandantes presentaron, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, peticiones de idéntico tenor, en las que solicitaban la devolución de todas las cantidades deducidas, en concepto de la prima familiar percibida por sus cónyuges, del importe de su asignación familiar, más los intereses de demora. La parte demandada desestimó mediante decisiones explícitas estas peticiones, al igual que las reclamaciones presentadas posteriormente con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, basándose fundamentalmente en que las demandantes no habían impugnado en los plazos estatutarios los actos lesivos, a saber, las hojas de haberes en las que se habían efectuado las deducciones controvertidas, y en que la presentación de una petición de devolución retroactiva con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto no bastaba para iniciar de nuevo el plazo de reclamación.

Sobre la admisibilidad

En el sistema de medios de impugnación establecido en los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de indemnización, que constituye un cauce procesal autónomo en relación con el recurso de anulación, sólo se puede admitir si ha tenido lugar un procedimiento administrativo previo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Este procedimiento varía según que el perjuicio cuya reparación se solicita haya sido ocasionado por un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto o por un comportamiento de la Administración carente de carácter decisorio. En el primer supuesto corresponde al interesado presentar ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), dentro de los plazos señalados, una reclamación contra el acto controvertido. En cambio, en el segundo supuesto el procedimiento administrativo debe comenzar mediante la presentación de una petición destinada a obtener una reparación y continuar, en su caso, mediante una reclamación contra la decisión desestimatoria de la petición (apartados 21 y 22).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión(T-64/91, Rec. p. II-243), apartados 30 a 35; Tribunal de Primera Instancia, 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T-500/93, RecFP p. II-977), apartados 64 a 66; Tribunal de Primera Instancia, 6 de noviembre de 1997, Liao/Consejo(T-15/96, RecFP p. II-897), apartados 57 y 58

El daño cuya reparación se solicita se deriva de que, hasta junio de 1996, la AFPN deducía, en las hojas mensuales de haberes de los demandantes, la prima familiar controvertida del importe de la asignación familiar a que tienen derecho los demandantes. Las hojas de haberes son los actos lesivos y pueden constituir el objeto de una reclamación y, eventualmente, de un recurso. La entrega de la hoja mensual de haberes tiene por efecto hacer correr los plazos del recurso contra una decisión administrativa, cuando de dicha hoja se desprende claramente la existencia y alcance de dicha decisión. Así ocurre con la hoja de haberes en la que se comunica al funcionario de que se trata una deducción efectuada de conformidad con el apartado 2 del artículo 67 del Estatuto, basándose en datos que él mismo facilitó a la AFPN (apartados 23 a 26).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de febrero de 1974, Schots-Kortner y otros/Consejo, Comisión y Parlamento (asuntos acumulados 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 y 135/73 a 137/73, Rec. p. 177), apartado 18; Tribunal de Justicia, 4 de julio de 1985, Alio/Comisión (176/83, Rec. p. 2155), apartado 13; Tribunal de Justicia, 22 de septiembre de 1988, Canters/Comisión (159/86, Rec. p. 4859), apartado 6; Tribunal de Justicia, 27 de junio de 1989, Giordani/Comisión (200/87, Rec. p. 1877), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 1 de octubre de 1992, Schavoir/Consejo(T-7/91, Rec. p. II-2307), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1994, Di Marzio y Lebedef/Comisión (asuntos acumulados T-98/92 y T-99/92, RecFP p. II-541), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 29 de enero de 1997, Adriaenssens y otros/Comisión (T-7/94, RecFP p. II-1), apartado 29

En el presente asunto, ha prescrito la posibilidad de que los demandantes impugnen las hojas de haberes de las que se desprende la realización de las deducciones controvertidas, puesto que no lo hicieron en los plazos estatutarios (apartado 30).

Además, la facultad de presentar una petición a efectos del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto no permite que el funcionario, cuestionando indirectamente, mediante una petición, una decisión anterior que no se había impugnado dentro de plazo, prescinda de los plazos previstos en los artículos 90 y 91 para la interposición de la reclamación y el recurso. Los plazos para interponer recurso son de orden público y no son disponibles por el Juez ni por las partes. Sólo la existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar la presentación de una petición o de una reclamación en la que se solicite revisar una decisión no impugnada dentro de plazo, y se considera que una sentencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia que anula un acto, sólo puede constituir un hecho de ese tipo frente a las personas afectadas directamente por el acto anulado (apartados 31 a 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de junio de 1965, Müller/Consejos CEE, CEEA y CECA (43/64, Rec. pp. 499y ss., especialmente p. 515); conclusionesdel Abogado General Sr. Gând en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1965, Loebisch y otros/Consejos CEE, CEEA y CECA (asuntos acumulados 50/64, 51/64, 53/64, 54/64 y 57/64, Rec. pp. 1015 y ss., especialmente p. 1027); Tribunal de Justicia, 14 de diciembre de 1965, Pfloeschner/Comisión (52/64, Rec. pp. 1211 y ss., especialmente p 1219); Schots-Kormery otros/Consejo, Comisión y Parlamento, antes citada, apartado 38; Tribunal de Justicia, 15 de mayo de 1985, Esly/Comisión (127/84, Rec. p 1437), apartado 10; Tribunal de Justicia, 13 de noviembre de 1986, Becker/Comisión (232/85. Rec. p. 3401), apartado 8; Tribunal de Justicia, 8 de marzo de 1988. Brown/Tribunal de Justicia (125/87, Rec p. 1619), apartado 13; Tribunalde Justicia, 14 de junio de 1988, Muysersy Tülp/Tribunal de Cuentas (161/87, Rec. p. 3037), apartado 11; Tribunalde Primera Instancia, 15 de diciembre de 1995, Progoulis/Comisión (T-131/95, RecFP p. II-907), apartado41; Adriaenssens y otros/Comisión, antes citada, apartados 27 y 28; Tribunal de Justicia, 17 de junio de 1997, National Power y PowerGen/Comisión [asuntos acumulados C-151/97 P(I) y C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491], apartado73; Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1997, Chauvin/Comisión(T-16/97, RecFP p. II-681), apartados 37 y 43

En el presente caso, los demandantes no eran partes en el litigio del asunto Pavan y no alegan haber sido afectados directamente por el acto anulado en dicho asunto. Por tanto, no cabe considerar que la sentencia Pavan es un hecho nuevo y sustancial que pueda iniciar de nuevo en su favor el plazo de reclamación (apartado 37).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.