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15.

En mi opinión, apenas puede dudarse de que el apartado 1 del artículo 5 se refiere al Derecho nacional con vistas a la determinación del alcance de los derechos de propiedad transferidos y que, en el caso de autos, el Sr. Armbrecht transmitió el poder de disposición sobre la totalidad del hotel en el sentido de dicha disposición. Así es, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia que se han invocado en el presente procedimiento. Es cierto que, en la sentencia De Jong, ( 2 ) el Tribunal de Justicia resolvió que, cuando un empresario de la construcción adquiere con carácter privado un terreno y, a continuación, edifica en él una casa para sus necesidades privadas, el impuesto por autoconsumo se aplica únicamente al valor del edificio, pero no al del terreno; el terreno nunca fue parte de los bienes empresariales del empresario y no puede, por consiguiente, haber sido objeto de autoconsumo con arreglo al apartado 6 del artículo 5. Sin embargo, aquel asunto era muy peculiar. Hay que recordar que la facultad de los Estados miembros de tratar como entrega de bienes (y no como prestación de servicios) la entrega por un empresario de obras realizadas en un terreno del que no es propietario resulta de una disposición específica contenida en la letra b) del apartado 5 del artículo 5. No obstante, dicha disposición no autoriza a los Estados miembros a tratar a un empresario que construya una vivienda sobre el terreno de su cliente como si realizara una entrega de bienes que incluyera no sólo la vivienda sino también el terreno. Esta claro que no puede tratársele como si entregara a su cliente un terreno del que éste ya es propietario. También por esta razón, el Sr. De Jong no podía ser tratado como si se entregara a sí mismo un terreno que ya poseía con carácter privado. El hecho de que fuera necesario insertar una disposición específica en el artículo 5 hace pensar, si acaso es necesario deducir de ello alguna consecuencia, que la regla general es que un edificio se transmite conjuntamente con el terreno sobre el que se encuentra, como bien único a los efectos del apartado 1 del artículo 5.
Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 27 de octubre de 1993. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA IRLANDA. - INCUMPLIMIENTO - DIRECTIVAS RELATIVAS A LOS ANIMALES REPRODUCTORES DE LAS ESPECIES PORCINA, OVINA Y CAPRINA - FALTA DE ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO. - ASUNTO C-384/92.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-07055



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Mediante el presente recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE al no dar cumplimiento a la Directiva 88/661/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, relativa a las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de la especie porcina, (1) a la Directiva 89/361/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1989, sobre los animales reproductores de raza pura de las especies ovina y caprina, (2) a la Directiva 90/118/CEE del Consejo de 5 de marzo de 1990, relativa a la admisión de reproductores porcinos de raza pura para la reproducción, (3) y a la Directiva 90/119/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativa a la admisión de reproductores porcinos híbridos para la reproducción. (4) Estas Directivas obligaban a los Estados miembros a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en las mismas a más tardar, el 1 de enero de 1991.

2. En su escrito de contestación, el Gobierno irlandés admitió que no había adoptado aún las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las citadas Directivas y se limitó a alegar que se cumplía con estas disposiciones en la práctica administrativa.

3. El Gobierno irlandés no niega la obligación que le incumbe de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar las citadas Directivas. Por lo tanto, no ha negado que ha incurrido en una infracción del Derecho comunitario, toda vez que, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada, no pueden ser consideradas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones del Tratado. (5)

Conclusión

4. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso de la Comisión y que condene a Irlanda al pago de las costas del procedimiento.

(*) Lengua original: danés.

(1) ° DO L 382, p. 36.

(2) ° DO L 153, p. 30.

(3) ° DO L 71, p. 34.

(4) ° DO L 71, p. 36.

(5) ° Véanse, por ejemplo, la sentencia de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia (168/85, Rec. p. 2945), apartado 13, citada en la sentencia de 17 de noviembre de 1992, Comisión/Irlanda (C-236/91, Rec. p. I-5933), apartado 6.
18.

En aquel asunto, un importador solicitó la concesión de una franquicia aduanera a un aparato científico invocando el Reglamento (CEE) no 1798/75. ( 19 ) Con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de dicho Reglamento, la franquicia aduanera sólo se concede cuando no se fabriquen «actualmente» en la Comunidad aparatos o instrumentos de un valor científico equivalente. En relación con este requisito, la Comisión, que había intervenido de conformidad con el Reglamento no 2784/79 de aplicación, ( 20 ) decidió que no se podía importar el aparato de que se trataba con franquicia aduanera, por fabricarse en la Comunidad aparatos con un valor científico equivalente, que podrían utilizarse para los mismos fines. Esta Decisión se basó en el dictamen de un grupo de expertos. Sin embargo, el Reglamento no 2784/79 no preveía la posibilidad de que la parte interesada se explicara ante el grupo de expertos ni de que se pronunciara sobre las informaciones que se encontraban a disposición del grupo o adoptara postura sobre el dictamen emitido por éste. ( 21 )
61990C0326

Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 7 de octubre de 1992. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - LIBRE CIRCULACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD SOCIAL - REQUISITO DE RESIDENCIA. - ASUNTO C-326/90.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-05517
15.

Además, está claro a mi parecer que no se trataba de ofrecer al demandante la posibilidad de adoptar una posición por medio de su médico de confianza. Si en este punto la Comisión piensa aquí en el artículo 21 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (que dispone que el funcionario afectado puede solicitar que el informe médico completo redactado por el médico designado por la Institución sea transmitido a un médico de su elección) es preciso advertir que no podría haber dado acceso de esta forma, evidentemente, al informe de investigación completo en el sentido del artículo 17 de la misma Reglamentación (incluidos los dictámenes de los anteriores superiores jerárquicos del demandante). Si, por otra parte, la misma Comisión se plantea el hecho de que el médico del demandante tuvo acceso a todos los documentos en el marco del procedimiento ante la comisión médica, no hay que olvidar que remitirse a este modo de definir una postura hubiera significado que el debate sobre los problemas puramente administrativos (las condiciones de trabajo ofrecidas al demandante) hubiera debido tener lugar ante la comisión médica. Ahora bien, ésta no es ciertamente el foro adecuado para ello y se estaría también en contra del principio establecido en la sentencia del asunto 2/87, ( 3 ) según el cual la comisión médica no es competente para zanjar un debate contradictorio. Su misión no consiste en realidad más que en sacar consecuencias médicas y, cuando sean necesarios a este efecto trabajos preparatorios de naturaleza administrativa, deben ser efectuados por la Comisión, órgano administrativo.
El litigio entre la SPUC y los representantes de las asociaciones estudiantiles debe considerarse en el contexto de la normativa irlandesa sobre aborto. Según el artículo 58 de la Offences Against the Person Act 1861, se castigará a la mujer encinta que de propósito se someta a un aborto ilícito. El artículo 59 de la Ley declara que se castigará igualmente a toda persona que ofrezca asistencia ilícita a tal fin. Basándose principalmente en estas disposiciones penales, los órganos jurisdiccionales irlandeses han reconocido el derecho a la vida del nasciturus («the right to life of the unborn») desde el momento de su concepción.

Tras un referéndum organizado en 1983, el derecho a la vida del nasciturus se incluyó expresamente en la Constitución irlandesa. El nuevo artículo 40.3.3° de esta Constitución es del siguiente tenor literal:

«The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right.» ( *2 )

El 16 de marzo de 1988, la Supreme Court irlandesa dictó en el asunto The Attorney General at the relation of Society for the Protection of Unborn Children (Ireland) Ltd/Open Door Counselling Ltd and Dublin Wellwoman Centre Ltd ( 1 ) una sentencia en la que declaró esencialmente:

«The Court doth declare that the activities of the defendants, their servants or agents in assisting pregnant women within the jurisdiction to travel abroad to obtain abortions by referral to a clinic; by the making of their travel arrangements, or by informing them of the identity and location of and method of communication with a specified clinic or clinics are unlawfun, having regard to the provisions of Article 40.3.3° of the Constitution» (el subrayado es mío). ( *3 )
3.

La Comisión señala, en segundo lugar, que el párrafo quinto del artículo 126-3 del Decreto, en la medida en que impone al prestador de servicios la obligación de actuar de acuerdo con un Abogado de la localidad ante organismos y autoridades que no ejercen funciones jurisdiccionales y en procedimientos para los que el Derecho francés no exige preceptivamente la intervención de un Abogado, es contrario al artículo 5 de la Directiva, que prevé la posibilidad de imponer dicha obligación sólo para el ejercicio de las actividades relativas a la representación y a la defensa de un cliente ante los Tribunales. También este motivo me parece fundado. De la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia resulta, efectivamente, que el artículo 5 de la Directiva no puede producir el efecto de imponer al Abogado prestador de servicios exigencias que no tengan equivalente alguno en las normas profesionales que resultarían aplicables de no haber ninguna prestación de servicios en el sentido del Tratado y, por otra parte, en lo que respecta a las actuaciones procesales para las que no se requiere preceptivamente la intervención de Abogado, no hay ninguna consideración de interés general que pueda justificar la obligación de actuar de acuerdo con un Abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. ( 3 )
e)

Por último, por lo que respecta a la alegación de que fenómenos naturales (erosión) produjeron un desplazamiento hacia adentro de las líneas de base que no puede ser irrelevante, por motivos de Derecho internacional, para la delimitación de zonas con derechos especiales de pesca (por ser inevitable el correspondiente desplazamiento de los límites exteriores de las aguas de pesca), no me parece tampoco que sea un argumento indiscutible para el reconocimiento de las líneas de base variables en el ámbito que ahora nos interesa.
7.

La pretensión principal de la Comisión consiste en que se declare que Italia no ha adoptado las medidas que debían garantizar la aplicación de la Directiva 85/411. La cuestión que se plantea es la de saber si la Comisión puede contentarse, en este sentido, con deducir del hecho de no haber recibido ninguna notificación, la presunción de que Italia no ha adoptado ninguna medida o, al menos, no ha adoptado todas las medidas establecidas por la Directiva. Aunque por lo general una presunción no pueda constituir una prueba concluyeme que permita demostrar el incumplimiento de una obligación establecida por el Derecho comunitario, ( 5 ) es distinto cuando, como sucede en el presente caso, se trata de un incumplimiento manifiesto de Italia a su deber de información. Como ya hemos indicado, la falta total de toda información impedía a la Comisión verificar la aplicación correcta de la Directiva y aportar la prueba de un eventual incumplimiento del Estado miembro. En tales circunstancias y hasta prueba de lo contrarío, la Comisión puede, en nuestra opinión, deducir del silencio del Gobierno italiano que éste no ha adaptado su Derecho interno a la Directiva. El Gobierno italiano no proporcionó elementos que pudieran demostrar lo contrario ni durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia ni antes. Como hemos dicho, no indicó, para ninguna de las especies de aves afectadas, cuáles medidas de protección había adoptado o, en su caso, qué medidas ya existentes había adaptado.
4.

Diré para empezar que la objeción planteada por la Comisión de que el artículo 6 del Reglamento n° 569/86 no se aplica en materia de supresión de un producto de la lista de productos sometidos al MCI me parece completamente pertinente. En efecto, dicho artículo se limita a enunciar, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 85 del Acta de adhesión, los elementos que debe tener en cuenta, en particular, la Comisión para decidir la eventual puesta en práctica de las medidas de salvaguarda contempladas en el artículo 5 anterior. Por lo tanto, se trata de una situación opuesta a la relativa a la supresión de un producto de la lista MCI. La decisión de suprimir un producto del MCI se inspira, efectivamente, en el principio general de libertad de los intercambios y ¡os requisitos para adoptarla se derivan directamente del Acta de adhesión, mientras que los artículos 5 y 6 del citado Reglamento autorizan a la Comisión a limitar las importaciones, permitiendo, de esa manera, una excepción temporal de dicho principio. Por otra parte, de forma más general, puede observarse que el Reglamento n° 569/86 se refiere únicamente a los requisitos materiales para la aplicación del sistema MCI y no trata, por el contrario, de la supresión de este régimen, que está regulado, como ya se ha dicho, directamente por el Acta de adhesión y, en particular, por el apartado 3 del artículo 81. Por consiguiente, el motivo alegado por las partes demandantes aparece desprovisto de fundamento en lo que se refiere a este primer aspecto.
20.

El Juez remitente llama la atención sobre el hecho de que las restricciones inherentes a la normativa neerlandesa pueden tener como consecuencia el que a los productores que suscribieron un plan de desarrollo no se les atribuya ninguna cantidad específica (caso en el que, sin embargo, no se encuentra el Sr. Spronk) o, cuando menos, el que sólo se les atribuya una cantidad (muy) inferior al objetivo de producción previsto en el plan. Sin embargo, una normativa nacional que tenga tales consecuencias no resulta incompatible, por esa sola razón, con las disposiciones comunitarias de que se trata. Como ya indiqué anteriormente (en el apartado 9), en la sentencia Cornee el Tribunal de Justicia precisó que los productores que han suscrito un plan de desarrollo no pueden invocar ni la Directiva 72/159 ni el principio de la confianza legítima para oponerse a una normativa comunitaria que limite la producción y que no les afecte de un modo específico.
2.

Ya se conocen los hechos del presente asunto. Desde enero hasta septiembre de 1983, Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH (en lo sucesivo, «Behn») importó a la República Federal de Alemania, procedente del Reino de España, que aún no se había adherido a la Comunidad, y de otros terceros países, papel kraft para sacos de gran contenido de la partida 48.01 C II a) del arancel aduanero común. Estas mercancías se declararon mensualmente según el régimen de declaración global. El Hauptzollamt (Administración principal de aduanas) de Itzehoe liquidó los derechos de aduana aplicando unos tipos del 3 y del 7,5 % conforme a las declaraciones efectuadas por Behn y a las indicaciones que entonces figuraban en el Manual arancelario alemán. Pues bien, el tipo aplicable a la importación de papeles y cartones kraft procedentes de terceros países para sacos de gran contenido era del 8 % para el año 1983. Por otra parte, era idéntico al del año 1982. Para las importaciones de los mismos productos procedentes del Reino de España, al tipo normal del 8 % se le aplicaba un coeficiente de reducción del 60 %, por lo que quedaba en un 3,2 %, a partir del Reglamento (CEE) no 1524/70 del Consejo, de 20 de julio de 1970, relativo a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y España y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación. ( 2 ) El Hauptzollamt, basándose en el Manual arancelario, había aplicado por error el tipo del 7,5 % y, en consecuencia, el tipo reducido del 3 %, los cuales correspondían a los papeles y cartones kraft no denominados después de la adopción del Reglamento (CEE) no 3000/82 del Consejo, de 19 de octubre de 1982. ( 3 ) El Manual arancelario alemán fue modificado mediante una Orden del Ministro Federal de Hacienda no 151/83, de 17 de agosto de 1983.
8.

El Sr. Berkenheide impugnó esta asignación alegando que no estaba justificada en su caso la reducción adicional del 4,9 % y que tenía derecho a una cantidad de referencia de 116900 kg. Hizo la observación de que en 1981 y 1982 se produjo un brote de mastitis en su granja y que un certificado de 20 de mayo de 1986 expedido por la Landwirtschaftskammer de Westfalen-Lippe reconoció que su producción de leche durante dichos años se había visto afectada por un acontecimiento excepcional en el sentido del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 857/84. El Sr. Berkenheide alegó que, a los efectos de aplicar la reducción adicional establecida por la normativa nacional, tenía derecho a que se tomara en cuenta no su producción efectiva en 1981, sino la cantidad que habría producido si no se hubiera producido el brote de mastitis. Si se tomara como referencia esta cantidad hipotética, alegó el demandante, quedaría claro que no se había producido incremento de producción entre 1981 y 1983, y que no había lugar a la aplicación de una reducción adicional de su cantidad de referencia.
38.

Me refiero en este punto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, la cual, aunque no haya entrado todavía en vigor, refleja el punto de vista de la doctrina internacional sobre la materia, puesto que, como ha declarado el Tribunal Internacional de Justicia, «las normas del Derecho marítimo internacional son fruto de concesiones mutuas, de una actitud razonable y de un espíritu de cooperación» ( 23 )(traducción no oficial). Pues bien, con arreglo al apartado 1 del artículo 61 de la Convención, «El Estado ribereño [...] asegurará, mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotación. El Estado ribereño y las organizaciones internacionales competentes, sean subregionales, regionales ( 24 ) o mundiales, cooperarán, según proceda, con este fin». Por otra parte, el apartado 1 de su artículo 73 establece que «el Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la [...] explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que puedan ser necesarias para garantizar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales». ( 25 ) Con arreglo al artículo 57, «la zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial». ( 26 ) Por regla general, los Estados fijan en doce millas marinas la anchura de sus mares territoriales. España firmó dicha Convención el 4 de diciembre de 1984, y la Comunidad el 7 de diciembre del mismo año. Para completar esta exposición hay que señalar que, por lo que se refiere a la situación en alta mar, del apartado 2 del artículo 63, en relación con la letra b) del artículo 116 de la Convención, se deduce que «cuando tanto en la zona económica exclusiva corno en un área más allá de ésta y adyacente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen en esas poblaciones en el área adyacente procurarán, directamente o por conducto de las organizaciones subregionales o regionales ( 27 ) apropiadas, acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente». ( 28 ) Por otra parte, la Comunidad se ha adherido a dos Convenios sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Norte ( 29 ) que establecen que los Estados ribereños de que se trata, «con arreglo a los principios pertinentes de Derecho internacional, han ampliado su jurisdicción sobre los recursos biológicos de sus aguas adyacentes hasta límites situados, como máximo, a 200 millas marinas de las líneas base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial». El Convenio relativo al Atlántico Noroccidental entró en vigor el 1 de enero de 1979 y el relativo al Atlántico Nororiental el 17 de marzo de 1982.
27.

Admitir una interpretación según la cual, y en virtud del artículo 13, quien haya dejado de residir en los Países Bajos continúa, no obstante, acumulando en dicho país nuevos periodos de cotización, produciría el efecto, no sólo de desincentivar al referido Estado miembro para que fundamente su sistema generalizado de Seguridad Social en un criterio de residencia, sino también de consagrar, por medio de una interpretación amplia del artículo 13, un principio que los redactores del Reglamento no 1408/71 quisieron, precisamente, no inscribir en el artículo 10.