4.

Si de esta forma resulta que ninguno de los datos citados en la resolución de remisión es suficiente para justificar la percepción de exacciones, nos queda todavía por examinar -como he anunciado- si las consideraciones discutidas con carácter complementario en el litigio principal, y que ha vuelto a plantear el Gobierno neerlandés en el presente procedimiento, conducen a un resultado diferente. a) Al respecto, hay que considerar la idea de que las tasas no serían otra cosa que la contrapartida de un servicio prestado por la Administración. El Gobierno neerlandés alega al respecto que se podría hablar de un servicio individual y efectivamente prestado, cuando el Estado ayuda a sus exportadores a superar los obstáculos que existen según el Derecho comunitario o que otros Estados mantienen de manera lícita en el ámbito de los controles sanitarios. El producto a exportar adquiere así un incremento de valor, del que se deriva una ventaja bien determinada, cuya evaluación cuantificada presupone ciertamente un conocimiento de las condiciones del mercado y de las condiciones del contrato; de esta forma se pueda determinar el lucro cesante en caso de que no se lleve a cabo la exportación. En mi opinión, este argumento tampoco es admisible. Por una parte, el hecho de que aparezcan dificultades en lo concerniente a la evaluación cuantificada de la presunta ventaja, que no tiene la misma importancia para cada exportador, puede ya suscitar ciertos escrúpulos. Recuerdo en este sentido las declaraciones realizadas en la sentencia Comisión/Italia, antes citada, según las cuales una tasa no puede ser considerada como el contravalor de determinados servicios particulares prestados por la Administración cuando se trata de una ventaja general y, sobre todo, difícil de evaluar. De otra parte, se ha alegado con razón que se trataría en realidad de medidas destinadas a luchar contra las epidemias y que esta lucha se practica en interés general. En este sentido, me remito a la sentencia Bresciani, antes citada, que contiene esta afirmación. En consecuencia, la tesis según la cual los controles de policía sanitaria constituirían prestaciones efectuadas en favor del importador ha sido igualmente rechazada y, lógicamente, se ha considerado conveniente que los gastos así ocasionados sean soportados por la colectividad. Por último, la sentencia Cadsky SpA, antes citada, podría ser igualmente interesante. En esta sentencia ha señalado igualmente este Tribunal de Justicia que los controles a la exportación no constituyen prestaciones concedidas al exportador. Dado que el interés personal de los exportadores parece tan difícil de apreciar, habría que admitir más bien que estas medidas de fomento de las exportaciones se aplican en interés general. b) Según el criterio del Gobierno neerlandés, el principio general de política económica, según el cual los gastos ocasionados en beneficio de un producto deben ser soportados por éste y por sus consumidores, debe también ser examinado como consideración justificativa. Sobre este punto, esto es, sobre el problema de los «costes sociales», de los efectos externos negativos y de la «internationalization of external costs», hemos oído —a lo largo de la fase oral-análisis largos e impresionantes con una serie de citas extraídas de la literatura cientifica económica que no siempre es fácil de comprender. Además se ha intentado mostrar cómo se aplica esta regla en la práctica, bien reconociendo el principio de «el que contamina paga» respecto a la protección del medio ambiente -en este sentido existe incluso una recomendación de 1975 del Consejo- bien repercutiendo sobre los usuarios los gastos de infraestructura en materia de tráfico. En este punto puede ya preguntarse si es justo y equitativo que los gastos derivados de medidas que sirven para prevenir las epidemias entre los animales y que, por lo tanto, son adoptadas en interés de los agricultores, propietarios de animales, sean precisamente impuestos sobre el comercio, que es el origen de estos peligros, y finalmente a cargo del consumidor, aun cuando éste no sea directamente el beneficiario. Otro elemento importante, como señaló la Comisión, es si cabe hablar de un principio general con este contenido; se trata a lo sumo de un principio de política económica, ya que no está probado que esta regla exista también como principio jurídico. En realidad, los ejemplos mencionados por el Gobierno neerlandés que se refieren a hechos parcialmente diferentes no pueden proporcionar esta prueba y tampoco son muy numerosos. Por el contrario, del Derecho comunitario se pueden sacar indicios que apuntan en contra de la validez del principio en este ámbito. Aquí presentan interés sobre todo las sentencias relativas a la cuestión de cuándo pueden ser considerados los impuestos como contraprestación de servicios individuales. Según estas sentencias, hay que investigar si existe una ventaja real y mensurable para el producto y, en este sentido, se excluyen las medidas que, como la protección sanitaria, son adoptadas en interés general. Cabe también referirse, como el demandante ha hecho, a la sentencia Marimex, antes citada, y deducir que los principios citados por el Gobierno neerlandés, según el cual el producto soporta los gastos, no se aplican en este ámbito dado que, de acuerdo con esta sentencia, se han declarado lícitos los controles pero no las exacciones percibidas en relación con ellos. Por último, me parece igualmente convincente una observación de la Comisión, según la cual, aunque se reconozca la exactitud del principio mencionado, cuando se plantea la cuestión de la apreciación de su importancia en relación con el principio de libre circulación de las mercancías, la respuesta difícilmente podría ser que este último -cuya importancia el Tribunal de Justicia siempre ha señalado en su jurisprudencia— tuviera que ser sacrificado. c) Así pues sólo queda por examinar qué conviene pensar del argumento según el cual la prohibición de la percepción de exacciones supondría que los gastos de los controles sanitarios a la exportación debieran ser pagados con fondos del Estado. En efecto, el hacerse cargo el Estado de los costes de comercialización no constituiría sino una ayuda encubierta a la exportación que podría conducir a distorsiones de la competencia y que por tanto no es compatible con el artículo 92 del Tratado. La Comisión objeta a esto —y su objeción me convence— que el razonamiento del Gobierno neerlandés es incompatible con la exigencia de una interpretación coherente del Tratado. En realidad, no puede admitirse que, en lo concerniente a los gastos de una actividad que está permitida según el Tratado, por una parte el artículo 16 contenga la prohibición de imputarlos al exportador, mientras que por, otra parte, el artículo 92 prohíbe la financiación mediante fondos públicos. La supresión de una exacción contraria al Derecho comunitario no puede ser prohibida con arreglo al artículo 92. Además, es interesante que la parte demandante haya alegado que la financiación del control mediante fondos públicos no supondría una distorsión de la competencia, dado que similares exacciones no se aplican a los intercambios comerciales puramente internos de los Estados miembros. En consecuencia, el Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage no consideró probado que la supresión de la exacción tuviera un efecto discriminatorio, sino que por el contrario admitió que su percepción podría tener un efecto discriminatorio sobre los mercados del país importador. Por lo demás, habría que destacar con la Comisión -a propósito de esta última cuestión- que el procedimiento prejudicial no se presta a tales exámenes, esto es, a la comprobación de distorsiones de la competencia. En el caso en que se pudiera propiamente hablar de ello, es decir, cuando en un Estado importador estos gastos de control gravaran el producto controlado, esto no podría evitarse, en todo caso, estableciendo una excepción a la prohibición del artículo 16, sino únicamente mediante esfuerzos por la armonización del Derecho. Puede que esto conduciría a que también los Estados importadores de que se trata financiaran los controles con fondos públicos; pero también pueden imaginarse medidas comunitarias de armonización en lo referente a la cobertura de los costes.