A tenor del artículo 85 del Estatuto, las cantidades percibidas en exceso darán lugar a su devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuere tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla. La expresión «tan evidente» debe interpretarse en el sentido de que no se trata de determinar si el error era o no evidente para la administración, sino de dilucidar si debía serlo para el interesado. En efecto, éste, lejos de estar dispensado de cualquier esfuerzo de reflexión o de control, está obligado, por el contrario, a proceder a una restitución cuando se trata de un error que no pasa inadvertido para un funcionario normalmente diligente, del que se presume que conoce las normas que regulan su retribución. Los elementos tomados en consideración para apreciar la capacidad del funcionario de que se trata para efectuar las comprobaciones necesarias se refieren a su nivel de responsabilidad, a su grado y antigüedad, al grado de claridad de las disposiciones del Estatuto que establecen los requisitos para conceder la citada prestación, así como a la importancia de las modificaciones producidas en su situación personal o familiar, dado que el pago de la cantidad controvertida está vinculado a la apreciación que la administración haga de tal situación.

A este respecto, no es necesario que el funcionario, en el ejercicio del deber de diligencia que le incumbe, pueda determinar con precisión la magnitud del error cometido por la administración. Por el contrario, basta con que albergue dudas sobre el fundamento de los pagos de que se trate para que esté obligado a manifestarlo a la administración de modo que ésta pueda efectuar las verificaciones necesarias. Un antiguo funcionario, clasificado por última vez en el grado relativamente elevado B 1 y que ha pasado más de veinticinco años al servicio de la función pública comunitaria, debe pensar que su derecho a la asignación familiar de que se beneficiaba en su condición de jubilado casado pasa a ser dudoso una vez fallecida su esposa. En efecto, pudo darse cuenta, actuando con una diligencia normal, del error cometido por la administración a partir del fallecimiento de su esposa.

Además, el hecho de que un funcionario o jubilado haya informado debidamente a la administración del cambio producido en su situación familiar no le exime de su obligación de devolver las cantidades indebidamente pagadas cuando, a pesar de sus declaraciones, la administración ha seguido pagándole asignaciones claramente incompatibles con las disposiciones del Estatuto aplicables. Ello es aún más cierto con respecto a la claridad del artículo 1, apartado 2, del anexo VII del Estatuto y al hecho de que la asignación familiar era el único complemento familiar que el interesado percibía en el momento en que declaró el fallecimiento de su esposa a la administración.

(véanse los apartados 27, 29, 30 y 33 a 36)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Burck/Comisión (T-93/92. RecFP pp. I-A-55 y II-201), apartados 27 y 28; Tribunal de Primera Instancia, 1 de febrero de 1996, Chabert/Comisión (T-122/95, RecFP pp. I-A-19 y II-63), apartados 35, 41 y 42; Tribunal de Primera Instancia, 5 de junio de 1996, Maslias/Parlamento (T-92/94, RecFP pp. I-A-249 y II-713), apartado 61; Tribunal de Primera Instancia. 17 de enero de 2001, Kraus/Comisión(T-14/99, RecFP pp. I-A-7 y II-39), apartado 38 y la jurisprudencia citada, y apartado 41