Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Arts. 81 CE y 253 CE)

2. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Declaraciones de empleados de una empresa realizadas únicamente en interés de ésta

(Art. 81 CE)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Falta de comunicación de una prueba invocada por la Comisión para confirmar la responsabilidad de la empresa — Incidencia sobre la legalidad de la declaración de responsabilidad — Inexistencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

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1. Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir tal infracción. Así pues, respecto de una sociedad matriz considerada responsable de la infracción, dicha decisión debe contener una exposición detallada de los fundamentos que pudieran justificar la imputabilidad de la infracción a esta sociedad.

No obstante, la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, sino que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión.

(véanse los apartados 45 y 59)

2. El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. En efecto, en esta situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa en el sentido del artículo 81 CE.

En el caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 % del capital de su filial, autora de una infracción de las normas de Derecho de la Unión en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial.

En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia determinante sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable de la infracción de que se trata, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado. A este respecto, un mero inicio de prueba no puede ser suficiente para destruir esta presunción.

Así pues, cuando la sociedad matriz aporta un conjunto de pruebas que pueden demostrar la autonomía de su filial, si demuestra que esta última no aplica, en lo sustancial, las instrucciones que la primera adopta y se comporta, por lo tanto, de forma autónoma en el mercado, la Comisión no podrá imputarle el comportamiento de la filial, salvo que destruya esta prueba en contrario.

Para determinar si una filial decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esa filial con la sociedad matriz, los cuales pueden variar según el caso y, por lo tanto, no pueden ser objeto de una enumeración exhaustiva. En particular, no cabe limitar esa apreciación exclusivamente a los elementos relativos a la política comercial stricto sensu de la filial, como la estrategia de distribución o los precios. Concretamente, la presunción del ejercicio de una influencia determinante no puede destruirse demostrando únicamente que es la filial la que gestiona esos aspectos concretos de su política comercial sin recibir instrucciones al respecto. De ello resulta que la autonomía de la filial no queda probada por la mera demostración de que gestiona de manera autónoma aspectos específicos de su política de comercialización de los productos objeto de la infracción. Del mismo modo, dado que la autonomía de la filial no se aprecia únicamente en relación con los aspectos de la gestión operativa de la empresa, el hecho de que la filial no hubiera seguido, en beneficio de la sociedad matriz, una política de información específica sobre el mercado de que se trata no basta para demostrar su autonomía.

Por otra parte, el hecho de que el objeto social de la sociedad matriz permita concluir que ésta constituía un holding cuya función era, según sus estatutos, gestionar sus participaciones en el capital de otras sociedades no basta por sí mismo para destruir la citada presunción.

La inexistencia de un solapamiento del personal implicado en la gestión operativa de la empresa no demuestra la autonomía de su filial, ya que dicha apreciación no tiene en cuenta solamente la política comercial stricto sensu de la empresa.

En cambio, la identidad de las personas que formaban parte del consejo de administración de las sociedades afectadas constituye un indicio pertinente de la falta de autonomía de la filial. Lo mismo ocurre con la participación directa de una de las personas afectadas en los contactos ilícitos. En efecto, la participación de un miembro del personal de la sociedad matriz en las reuniones colusorias puede constituir una prueba capaz de demostrar que conocía la participación de su filial en la infracción y que, por tanto, estaba implicada activamente en las actividades contrarias a la competencia, de modo que puede considerarse, a fortiori, que dicha prueba es un indicio de su influencia determinante sobre la filial.

(véanse los apartados 96 a 100, 104 a 106, 108, 109, 117, 118, 130, 143 y 145)

3. En materia de competencia, el hecho de conceder, caso por caso, un valor probatorio significativo a las declaraciones realizadas al presentar una solicitud de clemencia resulta de la consideración según la cual se trata de una confesión de infracción y, por consiguiente, en principio, de declaraciones contrarias a los intereses del declarante. Por tanto, cuando las declaraciones de los empleados de una empresa se realizan exclusivamente en interés de ésta, no puede reconocérseles un valor probatorio especialmente elevado, comparable al concedido a algunas declaraciones realizadas por las empresas que presentaron una solicitud de clemencia, ya que dichas declaraciones no se inscriben en el mismo contexto que esa solicitud de clemencia.

(véanse los apartados 156 y 157)

4. En la medida en que la parte demandante no haya tenido oportunidad, durante el procedimiento administrativo por infracción de las normas sobre la competencia, de presentar observaciones sobre las pruebas invocadas por la Comisión para confirmar su responsabilidad solidaria, los mencionados elementos deben desecharse como medios de prueba. No obstante, por lo que respecta a la vulneración del derecho de defensa, también incumbe a la demandante demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba esos elementos no comunicados.

Al tratarse de elementos invocados por la Comisión únicamente con carácter confirmatorio, el hecho de que deban desecharse como medios de prueba no puede incidir en la legalidad de la declaración de la responsabilidad de la demandante, que se deduce, de modo jurídicamente suficiente, de otras consideraciones formuladas en la decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 162 a 166)