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Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 4 mayo 2018 —

Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)

(Asunto T‑188/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Coil Liner — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Obligación de motivación — Artículo 75, primera frase, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Motivación de las resoluciones—Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véase el apartado 21)

2. Recurso de anulación—Motivos—Vicios sustanciales de forma—Motivación insuficiente—Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional—Obligación de respetar el principio de contradicción (Arts. 263 TFUE y 296 TFUE) (véase el apartado 22)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de enero de 2017 (asunto R 443/2016‑1), relativa a una solicitud de registro de la marca denominativa Coil Liner como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Anular el punto 2 del fallo de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 9 de enero de 2017 (asunto R 443/2016‑1).
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En la Decisión impugnada, la Comisión estimó, en primer lugar, que la medida controvertida, concedida por el IVF, utilizaba fondos estatales y era imputable al Reino de España. En segundo lugar, indicó que el beneficiario de la ayuda era el demandante y no la Fundación Elche, que había actuado como vehículo financiero, teniendo en cuenta en particular el objetivo de la medida, que consistía en facilitar la financiación de la ampliación de capital del demandante. Ahora bien, a su juicio, la situación financiera del demandante en el momento en que se concedió esta medida era la de una empresa en crisis, en el sentido del punto 10, letra a), y del punto 11 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 2004, C 244, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración»). Con arreglo a los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO 2008, C 155, p. 10; en lo sucesivo, «Comunicación sobre las garantías»), y habida cuenta de la situación financiera del demandante y de las condiciones del aval público del que se benefició, la Comisión concluyó que existía una ventaja indebida que había podido falsear o amenazar con falsear la competencia y afectar al comercio entre los Estados miembros. Por otra parte, en la Decisión impugnada, la Comisión determinó el componente de ayuda del que a su juicio se había beneficiado el demandante utilizando el tipo de referencia aplicable con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO 2008, C 14, p. 6; en lo sucesivo, «Comunicación sobre los tipos de referencia»), pues no le era posible realizar una comparación significativa a partir de operaciones similares en el mercado. Al calcular el importe de la ayuda controvertida, la Comisión estimó que el valor de las acciones del demandante entregadas en prenda al IVF, en concepto de contragarantía, era prácticamente nulo. Por último, la Comisión consideró en la Decisión impugnada que la ayuda controvertida no era compatible con el mercado interior, en particular con arreglo a los principios y las condiciones establecidos en las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración.
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Por último, el demandante sostiene que su clasificación en el grado 5, escalón 1, del GF II, establecida en el contrato de 16 de mayo de 2014, implicó que se tuvo en cuenta una parte de la experiencia adquirida en el GF I, lo cual demuestra, a su juicio, que dicha experiencia era del nivel del GF II. Sin embargo, ha de señalarse que, suponiendo que la clasificación establecida en el contrato de 16 de mayo de 2014 implicara que se tuvo en cuenta una parte de la experiencia del demandante en el GF I, esta circunstancia no entraña el reconocimiento, con efectos ex tunc, del hecho de que las funciones ejercidas por el demandante como agente contractual perteneciente al GF I, al amparo de un contrato diferente, quedaban comprendidas en realidad en el GF II. Así, cuando se propone un nuevo contrato, la institución en cuestión tiene en cuenta la experiencia profesional a los solos efectos de la clasificación, con efectos ex nunc. Además, ha de hacerse constar que el hecho de que pueda haberse tenido en cuenta una parte de la experiencia del demandante durante su empleo en el GF I como perteneciente en realidad al GF II no prueba que ejerciera, desde el 1 de julio de 2008 hasta la firma del contrato de 16 de mayo de 2014, y por tanto sin solución de continuidad, únicamente funciones pertenecientes al GF II. En efecto, el demandante no aporta elemento de prueba alguno que acredite esta continuidad.
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En efecto, la decisión de 16 de junio de 2015 se limita a supeditar el término de la dispensa de servicio del demandante a la conclusión de la «investigación formal» de la OLAF. El concepto de investigación formal no figura en el Reglamento n.o 883/2013, ni tampoco figuraba en el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF (DO 1999, L 136, p. 1), que el Reglamento n.o 883/2013 derogó. No obstante, del acta de la reunión de 15 de junio de 2015 se desprende que, contrariamente a lo que dejan entrever los escritos procesales del demandante, aquel concepto no remite al concepto de «investigación administrativa» definido en el artículo 2, punto 4, del Reglamento n.o 883/2013, sino, de forma genérica, al procedimiento ante la OLAF, que finaliza mediante la elaboración de un informe de investigación. En efecto, en aquella reunión el Director de la Dirección de Relaciones Sociales y de Servicios Administrativos del BEI indicó al demandante que estaba previsto ampliar su dispensa del servicio hasta que se dispusiera del informe de la OLAF.
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Por otra parte, aunque la exposición de motivos del acuerdo transaccional de 2011 contiene efectivamente cierta información factual sobre la normativa aplicable a la parcela B-32 y la obligación de transferir esa parcela que recaía en el Ayuntamiento de Madrid, no cabe considerar esa exposición de motivos un auténtico análisis jurídico de las causas que llevaron a reconocer la responsabilidad del Ayuntamiento por la falta de entrega de dicha parcela. En particular, no se expone detalladamente la evolución de la normativa aplicable a esa parcela desde el convenio de 1991 hasta el acuerdo transaccional de 2011. Tampoco se analiza a quién debe considerarse responsable, y por qué razones, de que no se entregara la parcela en cuestión. En cambio, como señala la Comisión, únicamente se hace constar que la cesión de la parcela de que se trata no era posible, al tiempo que se recalca la buena voluntad de las partes para alcanzar un acuerdo, en un contexto en el que las responsabilidades de cada una de ellas no estaban claras.
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En primer lugar, la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 15 de diciembre de 2005, Unicredito Italiano (C‑148/04, EU:C:2005:774), según la cual la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales y abstractas del régimen de que se trate, sin estar obligada a examinar cada caso concreto en que se aplique, no la exime, en un caso como el presente, de examinar la totalidad de las consecuencias, a la vez favorables y desfavorables, que se derivan de las propias características del régimen controvertido (véase el anterior apartado 46), siendo oportuno recordar a este respecto que la carga de la prueba de la existencia de una ventaja recae en la Comisión. Además, esta jurisprudencia debe interpretarse en conexión con la obligación de la Comisión de tramitar el procedimiento de examen de las medidas controvertidas de manera diligente e imparcial, para así disponer, cuando adopte la decisión final, de los datos más completos y más fiables posibles (véase la jurisprudencia citada en el apartado 49 supra; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2008, Hotel Cipriani y otros/Comisión, T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00, EU:T:2008:537, apartado 210). De ello se sigue que la jurisprudencia invocada no es de tal naturaleza que ponga en entredicho la constatación de que, en el presente caso, la Comisión incurrió en un error en la apreciación de la existencia de una ventaja. De todos modos, la invocación de la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 15 de diciembre de 2005, Unicredito Italiano (C‑148/04, EU:C:2005:774), resulta inoperante, ya que el error constatado no es consecuencia de no haber examinado cada una de las situaciones de los beneficiarios, sino de no haber tenido en cuenta la especificidad del sector afectado por la medida controvertida, en lo que respecta a la importancia de las deducciones fiscales. Por lo demás, conviene señalar que la Decisión impugnada no solo califica el régimen que se discute de régimen de ayudas, sino que se pronuncia, tanto en sus fundamentos (considerando 90) como en su parte dispositiva (artículo 1), sobre las ayudas individualmente concedidas a los cuatro clubes beneficiarios, designados nominalmente, afirmando que «deben considerarse por tanto ayudas ilegales e incompatibles». De ello se deduce que, en contra de lo que sostiene la Comisión, la Decisión impugnada debe interpretarse como una decisión que se refiere a la vez a un régimen de ayudas y a unas ayudas individuales.
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No desvirtúa esta conclusión la alegación de la parte coadyuvante según la cual debe tenerse en cuenta la utilización del término «plombir» o «Пломбир» para designar otros productos. En efecto, según reiterada jurisprudencia, la circunstancia de que una expresión pueda poseer varios significados no excluye la existencia de un carácter descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009. A este respecto, basta que, en al menos uno de sus significados, la marca pueda ser utilizada con fines descriptivos de los productos en cuestión (véase la sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, apartado 97 y jurisprudencia citada).
75

Por lo demás, cabe señalar que las instituciones de la Unión ya han decidido, en otros procedimientos, modificar o derogar un reglamento de reconsideración que mantenía en vigor medidas antidumping, como consecuencia de la anulación del reglamento anterior a este. Tal fue el caso, en particular, del Reglamento (CE) n.o 989/2009 del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.o 661/2008 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia (DO 2009, L 278, p. 1), mencionado por la Comisión en la vista. La adopción de este Reglamento se produjo a raíz de la sentencia de 10 de septiembre de 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consejo (T‑348/05, no publicada, EU:T:2008:327). En esa sentencia, el Tribunal había anulado el reglamento anterior al reglamento de reconsideración, esto es, el Reglamento (CE) n.o 945/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, que modifica el Reglamento (CE) n.o 658/2002, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originarias de Rusia y el Reglamento (CE) n.o 132/2001, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originarias de Ucrania, entre otros países, tras una reconsideración provisional parcial llevada a cabo en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 384/96 (DO 2005, L 160, p. 1), que había ampliado el ámbito de aplicación de los productos afectados por las medidas antidumping. En cumplimiento de esta sentencia, el Consejo decidió, a propuesta de la Comisión y después de un informe del comité consultivo, aprobar el Reglamento n.o 989/2009, que modifica con efectos retroactivos el Reglamento (CE) n.o 661/2008 del Consejo, de 8 de julio de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, y una reconsideración provisional parcial, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 384/96 (DO 2008, L 185, p. 1), respecto a la empresa demandante ante el Tribunal para los productos afectados por la anulación. El Consejo también dispuso, en este contexto, la creación de un código TARIC adicional específico para la empresa demandante ante el Tribunal. En la exposición de motivos que acompaña a la proposición de reglamento del Consejo [COM(2009) 493 final], la Comisión ponía de relieve que esta proposición formaba parte de «las actuaciones para la ejecución de una sentencia del Tribunal».
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Por lo demás, el correo electrónico de 20 de marzo de 2015, enviado por la evaluadora 2 a la Sra. O. con copia al evaluador 1, relativo a un proyecto en materia de [confidencial] (documento XVII del anexo A.12), recoge observaciones de la evaluadora 2 con un tono un tanto irónico, a saber: «desgraciadamente, [la evaluadora 3] sabe más sobre [la demandante] que nosotros, pues ha trabajado en el asunto no solamente cuando estaba en la DG-[confidencial], sino también cuando estaba en la DG-[confidencial]» ([appraiser 3] unfortunately knows more about [the applicant] than we do because she has been involved in the case not only when she was in DG-[confidential] but also in DG-[confidential]); «de hecho, [la evaluadora 3] no desea realmente contar con [la demandante] en su equipo (sorpresa, sorpresa)» [de facto, [appraiser 3] does not really want to have [the applicant] in her team (surprise, surprise)].
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En el presente asunto, resulta oportuno observar que, con arreglo a los compromisos definitivos, Telefónica Deutschland se comprometió, de una manera que jurídicamente es vinculante, a remitir «proactivamente» un escrito de compromiso voluntario a todos los ORVM o proveedores de servicio existentes que hubieran firmado contratos de acceso a la red 2G, 3G o 4G con ella o con E‑Plus, renunciando hasta finales del año 2025 a su derecho a la resolución contractual convencional incluido en el contrato mayorista en cuestión (apartado 78 de los compromisos definitivos). En tales circunstancias, los compromisos definitivos surtieron indirectamente efectos jurídicos en favor de los terceros a que se referían las disposiciones del elemento no ORM, y su cumplimiento, sin perjuicio de las prerrogativas reconocidas en la materia a la Comisión por el Derecho de la Unión, está sometido al control de los tribunales nacionales competentes. Por consiguiente, y sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión constate la existencia de incumplimientos de los compromisos definitivos y tome las medidas que juzgue apropiadas a través de una decisión adoptada con arreglo al artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento n.o 139/2004, es perfectamente legítimo que los terceros a que se refieren las disposiciones del elemento no ORM, entre los que puede estar la demandante, hagan uso de dicha posibilidad ante los tribunales nacionales competentes. Corresponderá entonces a estos resolver tales litigios referidos a la aplicación de los compromisos definitivos. En ese contexto, cualquier opinión que exprese la Comisión en relación con la interpretación que se haya de dar a los compromisos definitivos es simplemente una de las interpretaciones posibles y, a diferencia de las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 288 TFUE, cuenta únicamente con un valor persuasivo y no vincula a los tribunales nacionales competentes. Por otra parte, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 267 TFUE, dichos tribunales pueden o deben plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales sobre la validez o la interpretación de los compromisos definitivos o de la Decisión C(2014) 4443 final.
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Lo mismo cabe afirmar respecto de la mención de que la garantía del Estado asociada a las exposiciones frente a la CDC no las priva de pertinencia para el cálculo del ratio de apalancamiento de la demandante, toda vez que el objetivo de este es ofrecer una apreciación no basada en el nivel de riesgo de cada una de las exposiciones de la demandante y que, además, los Estados pueden estar expuestos a riesgos de insolvencia. En efecto, habida cuenta de que el legislador determinó que las exposiciones frente a entes del sector público que cumplan los requisitos previstos en el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 pueden eventualmente no ser tenidas en cuenta a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento, correspondía al BCE conciliar, al ejercer su facultad discrecional, los objetivos que presidieron la introducción del ratio de apalancamiento y los del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. Pues bien, por las razones expuestas en los apartados 88 a 90 de la presente sentencia, no se llevó a cabo tal conciliación, pues el BCE no se basó en una apreciación de la probabilidad de un impago del Estado francés, sino que adoptó un razonamiento que excluía, en la práctica, toda posibilidad de estimar una solicitud formulada al amparo del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
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Lo mismo cabe afirmar respecto de la mención de que la garantía del Estado asociada a las exposiciones frente a la CDC no las priva de pertinencia para el cálculo del ratio de apalancamiento de la demandante, toda vez que el objetivo de este es ofrecer una apreciación no basada en el nivel de riesgo de cada una de las exposiciones de la demandante y que, además, los Estados pueden estar expuestos a riesgos de insolvencia. En efecto, habida cuenta de que el legislador determinó que las exposiciones frente a entes del sector público que cumplan los requisitos previstos en el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 pueden eventualmente no ser tenidas en cuenta a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento, correspondía al BCE conciliar, al ejercitar su facultad discrecional, los objetivos que presidieron la introducción del ratio de apalancamiento y los del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. Pues bien, por las razones expuestas en los apartados 85 a 87 de la presente sentencia, no se llevó a cabo tal conciliación, pues el BCE no se basó en una apreciación de la probabilidad de un impago del Estado francés, sino que adoptó un razonamiento que excluía, en la práctica, toda posibilidad de estimar una solicitud formulada al amparo del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
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Esta exigencia debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, apartado 76).
Resulta de las disposiciones de la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, las cuales son aplicables a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, que la parte oponente deberá aportar la prueba del depósito o registro de la marca anterior cuando la oposición se fundamente en una marca que no sea una marca de la Unión. Así pues, la necesidad de aportar tal prueba concierne igualmente a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, los cuales no constituyen marcas de la Unión.

La circunstancia de que el artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 disponga que el registro internacional de una marca en el que se designa a la Unión Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1 de dicho artículo, el mismo efecto que el registro de una marca como marca de la Unión Europea no tiene incidencia sobre la necesidad de que la parte oponente aporte la prueba del registro internacional anterior en el que se designa a la Unión Europea, en aplicación de lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95. En efecto, la exigencia de la prueba de la marca anterior prevista por la regla 19 del Reglamento n.o 2868/95 es una disposición que se refiere a la posibilidad del titular de una marca anterior —incluido un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea— de oponerse al registro de una marca de la Unión, y no una disposición relativa a los efectos de la marca de la Unión, los cuales se definen en los artículos 9 a 14 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículos 9 a 17 del Reglamento 2017/1001), que figuran en la sección 2 —«Efectos de la marca comunitaria»— del título II del Reglamento n.o 207/2009.

De esta forma, la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95, en tanto que prevé que la parte oponente debe aportar las pruebas de la protección de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, no es contraria a las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, las cuales, por su parte, no conciernen a las reglas del procedimiento de oposición a un registro de una marca de la Unión.

(véanse los apartados 34 a 36)