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37

Sin embargo, en el caso de autos, el artículo 1, en relación con el artículo 2, punto 1, de la WWAG, no incluye ninguna prohibición, de modo que no está comprendido en esta categoría de reglamentos técnicos. El hecho de que conste que el artículo 8, apartado 1, de la WWAG establece sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la obligación de pago del impuesto controvertido no desvirtúa esta conclusión. En efecto, las sanciones que establece esta última disposición no se imponen a los productos de que se trata en el litigio principal ni al servicio que organiza los juegos de apuestas, sino al sujeto pasivo del impuesto controvertido.
29

De ello resulta que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, apartado 27 y jurisprudencia citada).
37

No obstante, el hecho de que el público pueda circular gratuitamente por la carretera municipal de que se trata carece de relevancia. En efecto, se desprende de los autos obrantes en poder del Tribunal de Justicia que las obras de ampliación de dicha carretera no se llevaron a cabo para las necesidades del municipio en cuestión o de la circulación pública, sino a fin de adaptar la carretera municipal de que se trata al tráfico de camiones generado por la explotación de la cantera de piedra caliza por la demandante en el litigio principal. Además, por dicha carretera circulaban después tanto esos camiones como otros vehículos. En cualquier caso, los gastos en que incurrió la demandante en el litigio principal para la ampliación de la carretera municipal de que se trata pueden vincularse, tal como se desprende del apartado 34 de la presente sentencia, con su actividad económica como sujeto pasivo, de manera que, sin perjuicio de la comprobación de este extremo que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, tales gastos no se refieren a actividades exentas o no comprendidas en el ámbito de aplicación del IVA.
17

En el presente asunto, la cuestión planteada se refiere a la conformidad de las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras nacionales competentes con el artículo 78 del código aduanero. En estas circunstancias, no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión que se solicita carezca de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal. Por ello, la presunción de pertinencia de que goza la petición de decisión prejudicial no queda desvirtuada por las objeciones formuladas por el Gobierno italiano, que pretendían, en esencia, poner en entredicho, por un lado, el marco fáctico que el órgano jurisdiccional remitente define bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde comprobar al Tribunal de Justicia y, por otro lado, la legalidad de la resolución de remisión, que tampoco corresponde apreciar al Tribunal de Justicia.
2)

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que no queda excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva una cláusula contractual que establece el coste del crédito no correspondiente a intereses con arreglo al límite máximo contemplado por una normativa nacional relativa al crédito al consumo cuando esa normativa prevé que los costes del crédito no correspondientes a intereses no son adeudados por la parte que excede de ese límite máximo o del importe total del crédito.
a)

a los que se deniegue la entrada con arreglo al artículo 13 del [Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO 2006, L 105, p. 1)], o que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro;
60

A este respecto, la Comisión defiende que la argumentación del recurrente no resiste una simple lectura de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada, ya que tales artículos introducen, en su apartado 2 respectivo, un criterio autónomo de inclusión en la lista de que se trata en lo que atañe a siete categorías de personas, entre las que figura la de los destacados empresarios que operan en Siria, y prevén, en su apartado 3 respectivo, tres supuestos de hecho en los que no tiene lugar o no se mantiene la inclusión de una persona en la lista de las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas, a pesar de su pertenencia a alguna de esas siete categorías. Según la Comisión, la interacción entre los apartados 2 y 3 de cada uno de aquellos artículos demuestra que existe una especie de presunción iuris tantum, que no viola en modo alguno la presunción de inocencia y que tampoco constituye una inversión inaceptable de la carga de la prueba.
5

El artículo 39 de la Zakon o davku na dodano vrednost (Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido; en lo sucesivo, «Ley del IVA») prevé lo siguiente en sus apartados 2 a 4: «(2) En caso de anulación del pedido, de devolución o reducción del precio después de la entrega, la base imponible se reducirá en la cuantía correspondiente. El sujeto pasivo podrá regularizar (reducir) el importe de IVA declarado si informa por escrito al comprador del importe de IVA respecto del que este último no tiene derecho a deducción. (3) El sujeto pasivo también podrá regularizar (reducir) el importe del IVA declarado cuando, con base en una resolución judicial firme dictada en relación con un procedimiento concursal concluido o un procedimiento de convenio aceptado, dicho IVA no haya sido o no vaya a ser pagado en su totalidad. Podrá actuar del mismo modo el sujeto pasivo que obtenga una resolución judicial firme sobre la suspensión del procedimiento de ejecución forzosa u otro documento del que se desprenda que, tras la conclusión de un procedimiento de ejecución forzosa, no cobró su crédito, o lo cobró solo parcialmente, así como el sujeto pasivo cuyo crédito ha resultado total o parcialmente incobrado por haber sido cancelada la inscripción del deudor en el registro de sociedades o en otros registros o documentos pertinentes. Si el sujeto pasivo percibiera posteriormente un pago total o parcial por el suministro de bienes o servicios en relación con los cuales hubiera regularizado la base imponible con arreglo al presente apartado, deberá declarar el IVA sobre el importe percibido. (4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el sujeto pasivo podrá regularizar (reducir) el importe del IVA declarado y no pagado correspondiente a todos los créditos reconocidos que haya comunicado en un procedimiento concursal, tanto en fase de convenio como en fase de liquidación.»
7

La nota explicativa del SA relativa a la partida 7403 dispone, en particular, lo siguiente: «Se clasifican igualmente en esta partida el llantón, barras, lingotes, etc., colados, moldeados o sinterizados, siempre que las operaciones a que hayan podido someterse después de su obtención no sean superiores a un tosco desbarbado, a un decapado por separación de la capa superficial (compuesta en su mayor parte de óxido de cobre), o a un raspado, cincelado, amolado, etc., para eliminar defectos aparecidos como consecuencia de la solidificación o del moldeo, o al trabajo de una cara con fines de inspección (control de calidad). Los productos sinterizados se obtienen a partir de polvo de cobre o aleación de cobre o de polvo de cobre mezclado con polvo de otros metales, por presión (compresión) y sinterizado (calentado a una temperatura adecuada por debajo del punto de fusión de los metales). Sinterizados, los productos son porosos y con pocas calidades mecánicas y generalmente se laminan, estiran, forjan, etc., para conseguir una densidad adecuada. Estos productos laminados, etc., se excluyen (por ejemplo, partidas 74.07, 74.09). Esta partida comprende igualmente las barras para alambrón y los tochos, apuntados o trabajados de otro modo en los extremos con el único fin de permitir la introducción en las máquinas que los transforman, por ejemplo, en alambrón o en tubos. A reserva de las disposiciones anteriores sobre los trabajos que pueden hacerse en ellas después de la obtención, estas barras consisten especialmente en: 1) Artículos comúnmente llamados formatos macizos (“jets”) de sección redonda, cuadrada o hexagonal, de una longitud que por lo general no es superior a un metro, obtenidos por colado de precisión en moldes especiales. 2) Productos de mayor longitud obtenidos por colada continua; en este último procedimiento, el metal fundido pasa en forma continua por un molde refrigerado con agua. Los formatos (“jets”) y las barras obtenidas por colada continua suelen destinarse a los mismos usos que las barras laminadas o estiradas.»
El artículo 11, apartado 1, letra a), y el artículo 12 bis, puntos 2, letra a), y 4, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, así como el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, deben interpretarse en el sentido de que un certificado E 101, expedido por la institución competente de un Estado miembro, con arreglo al artículo 14, punto 1, letra a), o al artículo 14, punto 2, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, a trabajadores que ejercen sus actividades en el territorio de otro Estado miembro, y un certificado A 1, expedido por dicha institución, con arreglo al artículo 12, apartado 1, o al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a tales trabajadores, son vinculantes para los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro únicamente en materia de seguridad social.
15

El artículo 9, apartado 4, del decreto-legge n. 66 — Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Decreto-ley n.o 66 de Medidas Urgentes en favor de la Competitividad y la Justicia Social), de 24 de abril de 2014 (GURI n.o 95, de 24 de abril de 2014), transformado, con modificaciones, en ley por la Ley n.o 89, de 23 de junio de 2014 (GURI n.o 143, de 23 de junio de 2014), modificó dicho artículo 33, apartado 3 bis, del modo siguiente: «Los municipios que no sean capital de provincia realizarán la adquisición de obras, bienes y servicios en el ámbito de las mancomunidades de municipios previstas en el artículo 32 del Decreto Legislativo [n.o 267/2000], cuando existan, o celebrarán el correspondiente consorcio entre municipios sirviéndose de las oficinas competentes, también de las provinciales, o recurriendo a una entidad agregadora o a la provincia, con arreglo a la Ley n.o 56 de 7 de abril de 2014. […]»
24

Eurovia interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta nueva resolución, alegando, en particular, que el derecho a deducir el IVA no nace hasta que se haya emitido una factura. Ese recurso fue desestimado en primera instancia debido a que, en particular, constituía un hecho incontrovertido que el contratista había cumplido ya en el año 1998 con las obligaciones que le incumbían en virtud de los contratos celebrados con Eurovia y que, por consiguiente, la Administración tributaria había considerado acertadamente prescrito el derecho a deducir el IVA.
18

Tal solicitud no fue estimada por el órgano jurisdiccional de primera instancia. Este consideró en particular que el préstamo acordado a RN por Home Credit era un crédito al consumo, cuyo contrato contenía todas las menciones requeridas en el artículo 9, apartado 2, de la Ley n.o 129/2010. Dicho órgano jurisdiccional estimó asimismo que el contrato no debía mencionar expresamente la TAE por referencia a un tipo único y que resultaría desproporcionado penalizar al prestamista declarando que el préstamo se considera sin intereses ni gastos tan solo porque la TAE se expresa mediante un porcentaje que se sitúa en una horquilla de dos valores (mínimo-máximo).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»).
3)

Condenar al pago de las costas relativas al recurso de casación a FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Kněžmost s. r. o., Hutira FVE — Omice a.s., Exit 90 SPV s. r. o., Onyx Energy s. r. o., Onyx Energy projekt II s. r. o., Photon SPV 1 s. r. o., Photon SPV 3 s. r. o., Photon SPV 4 s. r. o., Photon SPV 6 s. r. o., Photon SPV 8 s. r. o., Photon SPV 10 s. r. o., Photon SPV 11 s. r. o., Antaris GmbH, M. Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbHet y WA Investments-Europa Nova Ltd.
1)

La República Federal de Alemania, vulnerando el principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el efecto útil del derecho a la devolución del IVA de los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, así como en virtud del artículo 5 de la Directiva 2008/9, al denegar las solicitudes de devolución del IVA que se hayan presentado antes del 30 de septiembre del año civil siguiente al período de devolución, pero a las que no se hayan adjuntado las copias de las facturas o de los documentos de importación exigidas por la normativa del Estado miembro de devolución en virtud del artículo 10 de la Directiva 2008/9, sin requerir previamente a los solicitantes para que subsanen sus solicitudes mediante la presentación, si es necesario pasada esa fecha, de dichas copias o para que aporten la información oportuna que permita la tramitación de sus solicitudes.
–

por un lado, pese a la interposición, por parte de un candidato a una plaza de juez de un tribunal como el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), de un recurso contra la decisión de un organismo como el CNPJ de no seleccionar su candidatura, sino de presentar la de otros candidatos al presidente de la República, esa decisión adquiere firmeza en la medida en que presenta a esos otros candidatos, de modo que el referido recurso no impide que sean nombrados por el presidente de la República y la eventual anulación de dicha decisión en lo referente a la no presentación del recurrente para el nombramiento no puede dar lugar a que vuelva a apreciarse la situación de este a los efectos de la eventual atribución de la plaza de que se trate, y
31

WABE solicita al tribunal remitente que desestime el recurso. En apoyo de su solicitud, alega, en particular, que la norma interna que prohíbe el uso visible de signos políticos, filosóficos o religiosos es conforme con el artículo 106, primera frase, del Código de las Profesiones Artesanales, Comerciales e Industriales, en relación con el artículo 7, apartados 1 a 3, de la Ley General de Igualdad de Trato, y que dichas disposiciones nacionales deben interpretarse con arreglo al Derecho de la Unión. Pues bien, WABE considera que de la sentencia de 14 de marzo de 2017, G4S Secure Solutions (C‑157/15, EU:C:2017:203), se desprende que un empresario privado puede imponer un régimen de neutralidad en su empresa siempre que lo observe de forma congruente y sistemática y lo limite a los trabajadores que estén en contacto con los clientes, y que no existe una discriminación indirecta cuando la norma de que se trate esté objetivamente justificada por una finalidad legítima, como la voluntad del empresario de mantener un régimen de neutralidad en las relaciones con los clientes, y cuando los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. WABE considera que ese es el caso en el presente asunto. De hecho, IX no puede ser destinada a un puesto que no implique contacto con los niños y sus padres, ya que tal puesto no correspondería a sus capacidades y cualificación. WABE añade que el Tribunal de Justicia, mediante su sentencia de 14 de marzo de 2017, G4S Secure Solutions (C‑157/15, EU:C:2017:203), zanjó definitivamente la cuestión de la ponderación de los derechos fundamentales a la luz de la Carta en el caso de una obligación de neutralidad impuesta por el empresario. Dado que el artículo 3, apartado 2, de la Ley General de Igualdad de Trato tiene por objeto transponer el Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales alemanes no pueden proceder a una valoración diferente de la libertad religiosa, como la adoptada por el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal), sin vulnerar la primacía del Derecho de la Unión y el principio de interpretación conforme con este Derecho. Además, suponiendo que deba demostrarse la existencia de un riesgo o de un perjuicio económico concretos para restringir la libertad religiosa, este extremo también ha quedado acreditado en el presente asunto, puesto que de las publicaciones de la demandante en el litigio principal en su página personal de una red social se desprende que, mediante su comportamiento, esta deseaba influir en terceros de manera específica y deliberada.
34

En segundo lugar, GEA estima que la Comisión no tiene ningún interés en interponer el recurso de casación porque la Decisión controvertida no es válida. En efecto, considera que el plazo de prescripción para la fijación de una multa expiró antes de la adopción de dicha Decisión, ya que transcurrieron más de diez años, en el sentido del artículo 25, apartado 5, del Reglamento n.o 1/2003, con independencia de si dicho plazo se interrumpió o no.
10

El 3 de diciembre de 2018, es decir, antes de la presentación del escrito de contestación a la demanda efectuada el 19 de diciembre de 2018, la República de Eslovenia comunicó a la Comisión unas medidas nacionales, a saber, la Zakon o trgu finančnih instrumentov (Ley relativa al Mercado de Instrumentos Financieros, Uradni list RS, n.o 67/2007; en lo sucesivo, «ZTFI»), la Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih storitev za borznoposredniške družbe (Decisión relativa a las condiciones de prestación de servicios de inversión y otros servicios en relación con las sociedades de valores, Uradni list RS, n.o 85/2016; en lo sucesivo, «Decisión ATVP») y la Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Decisión por la que se modifica la Decisión relativa a las condiciones de prestación de servicios de inversión y otros servicios en relación con las sociedades de valores, Uradni list RS, n.o 62/2017; en lo sucesivo, «Decisión por la que se modifica la Decisión ATVP»), a las que consideraba medidas de transposición parcial de la Directiva Delegada MiFID II. Estas medidas se habían adoptado en el marco de la transposición de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva MiFID I»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 184 a 187 y 189 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; corrección de errores en DO 2007, L 335, p. 60 y DO 2015, L 323, p. 31; en lo sucesivo, «Directiva sobre el IVA»).
Es cierto que el texto del CEDH no hace referencia a la libertad de cátedra. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que esta libertad está vinculada, en particular, al derecho a la libertad de expresión consagrada en el artículo 10 del CEDH (TEDH, sentencia de 15 de abril de 2014, Hasan Yazıcı c. Turquía, CE:ECHR:2014:0415JUD004087707, §§ 55 y 69, y TEDH, sentencia de 27 de mayo de 2014, Mustafa Erdoğan y otros c. Turquía, CE:ECHR:2014:0527JUD000034604, §§ 40 y 46), lo que confirma asimismo el comentario relativo al artículo 13 de la Carta que figura en las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17).
5

El Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436 (DO 2000, L 130, p. 1), es el resultado de dos modificaciones, introducidas, durante el período en que se produjeron los hechos que originan el litigio, por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2028/2004 del Consejo, de 16 de noviembre de 2004 (DO 2004, L 352, p. 1), con efecto a partir del 28 de noviembre de 2004, y por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 105/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009 (DO 2009, L 36, p. 1), con efecto a partir del 1 de enero de 2007 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1150/2000»).