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A este respecto, procede comenzar por recordar el contexto en que se dictaron la sentencia del Raad van State de 1995 y la resolución del rechtbank, así como el contenido y alcance exactos de esta sentencia y de esta resolución, tal como se definieron por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 46 a 70 de la sentencia Sison: «46 Se desprende de los autos que el demandante, que es ciudadano filipino, reside en los Países Bajos desde 1987. Después de que el Gobierno filipino le retirara su pasaporte, en septiembre de 1988, presentó una solicitud para que se le reconociera el estatuto de refugiado y para obtener un permiso de residencia en los Países Bajos por motivos humanitarios. Esta solicitud fue denegada por resolución del Secretario de Estado de Justicia (en lo sucesivo, “Secretario de Estado”) de 13 de julio de 1990, con base en lo dispuesto en el artículo 1, parte F, de la Convención de Ginebra […] 47 Puesto que la solicitud del demandante para la revisión de esta resolución fue denegada con carácter presunto por el Secretario de Estado, el demandante interpuso un recurso ante el Raad van State (Consejo de Estado de los Países Bajos) contra dicha resolución denegatoria presunta. 48 Mediante sentencia de 17 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo, “sentencia del Raad van State de 1992”, el Raad van State anuló dicha resolución denegatoria presunta. Este órgano jurisdiccional consideró, en esencia, que el Secretario de Estado no había indicado de modo suficiente con arreglo a Derecho qué supuestos actos del demandante le habían llevado a la conclusión de que éste se encontraba en la situación contemplada en el artículo 1, parte F, de la Convención de Ginebra. En este contexto, el Raad van State destacó que los documentos que se le habían trasladado con carácter confidencial por el Secretario de Estado no aportaban suficiente claridad sobre este extremo. Dado que no podía subsanarse esta falta de claridad a través de una vista contradictoria entre las partes, debido al carácter confidencial de los citados documentos, el Raad van State consideró que las informaciones que éstos contenían, al no ser claras, no podían interpretarse en sentido desfavorable al demandante. 49 Mediante una resolución de 26 de marzo de 1993, el Secretario de Estado desestimó nuevamente la solicitud del demandante para la revisión de su resolución de . Esta resolución de denegación se fundó, con carácter principal, en lo dispuesto en el artículo 1, parte F, de la Convención de Ginebra y, con carácter subsidiario, en lo dispuesto en el artículo 15, párrafo segundo, de la Vreemdelingenwet (Ley neerlandesa de extranjería), en consideración a los intereses superiores del Estado neerlandés, concretamente, la integridad, y credibilidad de los Países Bajos como Estado soberano, en particular respecto a sus obligaciones ante otros Estados. 50 A raíz de un recurso del demandante, el Raad van State, mediante sentencia de 21 de febrero de 1995 (en lo sucesivo, “sentencia del Raad van State de 1995”), anuló dicha resolución del Secretario de Estado de . 51 En esta sentencia, el Raad van State señaló que el Secretario de Estado había justificado su resolución basándose en los siguientes datos: — Un escrito del Binnenlandse Veiligheidsdienst (Servicio de seguridad interior de los Países Bajos; en lo sucesivo, “BVD”) de 3 de marzo de 1993, del que resultaba, por una parte, que el demandante era el presidente titular y jefe del partido comunista filipino (en lo sucesivo, “CPP”) y, por otra parte, que la rama militar del CPP, el NPA, dependía del comité central del CPP y, por tanto, del demandante. — Las comprobaciones del BVD según las cuales, por una parte, el demandante dirigía de hecho el NPA y, por otra parte, el NPA, por lo que el interesado era responsable de numerosos actos de terrorismo en Filipinas. 52 El Raad van State ha señalado los siguientes ejemplos de tales actos de terrorismo, mencionados por el Secretario de Estado en su resolución de 26 de marzo de 1993: — El asesinato de cuarenta habitantes (en su mayoría mujeres y niños indefensos) del pueblo de Digos, en la isla de Mindanao (Filipinas), el 25 de junio de 1989. — El fusilamiento de catorce personas, seis de ellas niños, en el pueblo de Dipalog (Filipinas), en agosto de 1989. — La ejecución de cuatro habitantes del pueblo de Del Monte (Filipinas), el 16 de octubre de 1991. 53 El Raad van State señaló además que el Secretario de Estado se había referido a las purgas efectuadas en 1985 en las filas del CPP y del NPA, en el curso de las cuales se estimaba que ochocientos miembros de estas organizaciones habían sido asesinados sin más. 54 Finalmente, el Raad van State señaló que, según el Secretario de Estado, el BVD había comprobado igualmente que el CPP y el NPA mantenían contactos con organizaciones terroristas en todo el mundo, y que igualmente se habían verificado contactos personales entre el demandante y los representantes de estas organizaciones. 55 El Raad van State tuvo entonces conocimiento, de acuerdo con un procedimiento especial, de ciertos datos confidenciales del expediente del Secretario de Estado y de los “datos operativos” en los que se basaba el escrito dirigido a éste por el BVD el 3 de marzo de 1993 (apartado 51 supra). 56 A continuación, basándose en los datos anteriores, el Raad van State resolvió en Derecho de la siguiente manera: “El [Raad van State], con base en los datos que anteceden, considera suficientemente verosímil que el [demandante] era, en el momento de la resolución [de 26 de marzo de 1993], el presidente y dirigente del CPP. Además, los documentos acreditan la conclusión de que el NPA está subordinado al comité central del CPP y la conclusión de que, en el momento de la resolución ], el [demandante] ha tratado al menos de dirigir de hecho el NPA desde los Países Bajos. El [Raad van State] considera asimismo suficientemente verosímil, basándose únicamente en fuentes accesibles al público como los informes de Amnesty International, que el NPA es responsable de numerosos actos de terrorismo en Filipinas. Los documentos aportan, además, un fundamento de hecho a la conclusión de que el [demandante] ha tratado al menos de dirigir las actividades antes mencionadas, efectuadas bajo la responsabilidad del NPA en Filipinas. Se desprende asimismo de los documentos aportados que existe un fundamento de hecho que justifica la tesis del [Secretario de Estado] de que el CPP [y el] NPA mantienen contactos con organizaciones terroristas en todo el mundo y de que han existido contactos personales entre el [demandante] y los representantes de tales organizaciones. Los documentos en cuestión, sin embargo, no proporcionan un fundamento de hecho suficiente para justificar la conclusión de que el [demandante] haya dirigido las operaciones de que se trata y sea responsable de ellas hasta tal punto que pueda considerarse que existan serias razones para suponer que el [demandante] haya cometido efectivamente los delitos graves mencionados [en el artículo 1, parte F, de la Convención de Ginebra]. A este respecto, el [Raad van State] ha tenido en cuenta expresamente que, como ya declaró en su sentencia de , el artículo 1, parte F, de la Convención de Ginebra debe interpretarse de forma restrictiva. Por tanto, el [Raad van State] considera que el [Secretario de Estado] no podía permitir, con base en los documentos mencionados, que se denegara al [demandante] la protección conferida por la Convención [de Ginebra]”. 57 El Raad van State, por otra parte, declaró que el demandante tenía razones válidas para temer una persecución si era expulsado a Filipinas y que por tanto debía ser considerado un refugiado en el sentido del artículo 1, apartado A, punto 2, de la Convención de Ginebra. 58 El Raad van State examinó a continuación el fundamento de la motivación proporcionada con carácter subsidiario por el Secretario de Estado para denegar la admisión del demandante en los Países Bajos por razones de interés público, de acuerdo con el artículo 15, párrafo segundo, de la Vreemdelingenwet. 59 A este respecto, el Raad van State resolvió, en particular, lo siguiente: “Aun cuando el [Raad van State] reconozca la importancia del interés destacado por el [Secretario de Estado], teniendo especialmente en cuenta los indicios que ha señalado a partir de los contactos entre el [demandante] y los representantes de organizaciones terroristas, ello no puede justificar que se invoque el artículo 15, párrafo segundo, de la Vreemdelingenwet si no está garantizado que el demandante será admitido en un país distinto de las Filipinas. A ello se opone el hecho de que tal negativa a admitir al [demandante] debe considerarse contraria al artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.” 60 Tras esta sentencia, el Secretario de Estado, mediante resolución de 4 de junio de 1996, denegó nuevamente la solicitud del demandante de revisar su resolución de . A la vez que ordenaba al demandado que abandonara los Países Bajos, el Secretario de Estado resolvió que no se le expulsaría a las Filipinas mientras se tuvieran buenas razones para temer una persecución en el sentido de la Convención de Ginebra, o un tratamiento incompatible con el artículo 3 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH). 61 Mediante resolución de 11 de septiembre de 1997 [… el rechtbank] desestimó por infundado el recurso interpuesto por el demandante contra dicha resolución del Secretario de Estado de . 62 En el procedimiento ante el rechtbank, se dio traslado a éste, con carácter confidencial, del conjunto de los documentos relativos a la investigación realizada por el BVD sobre las actividades del demandante en los Países Bajos y, en particular, del escrito de este Servicio dirigido al Secretario de Estado el 3 de marzo de 1993 (véase el apartado 51 supra), así como de los datos operativos en los que se fundó la mencionada investigación. El Presidente del rechtbank tomó conocimiento de ellos de acuerdo con un procedimiento especial. Con base en el informe elaborado por su Presidente, el rechtbank resolvió que era legítimo no dar traslado de esos documentos al demandante. Puesto que éste dio la autorización prevista por la ley a estos efectos, el rechtbank tuvo en cuenta, sin embargo, el contenido de esos documentos para resolver el litigio. 63 El rechtbank apreció entonces si la resolución impugnada ante él podía confirmarse con arreglo a Derecho, dado que denegaba la admisión del demandante como refugiado y la concesión a éste de un permiso de residencia. 64 Respecto a los hechos en que debía basarse su resolución, el rechtbank se remitió a la sentencia del Raad van State de 1995. 65 Con base en esta sentencia, el rechtbank consideró que debía considerarse probado con arreglo a Derecho que el artículo 1, parte F, de la Convención de Ginebra no era invocable ante el demandante, que éste tenía motivos fundados de ser perseguido en el sentido del artículo 1, apartado A, de dicha Convención y del artículo 15 de la Vreemdelingenwet, y que el artículo 3 del CEDH se oponía a que se enviase al demandante, directa o indirectamente, hacia su país de origen. 66 El rechtbank examinó seguidamente la cuestión de si la sentencia del Raad van State de 1995 daba al Secretario de Estado la posibilidad de denegar la admisión del demandante como refugiado, en aplicación del artículo 15, párrafo segundo, de la Vreemdelingenwet, con arreglo al cual “la admisión sólo podrá denegarse por razones graves basadas en el interés general si esta denegación obliga al extranjero a desplazarse inmediatamente a un país contemplado en el primer párrafo”, cuando el Secretario de Estado no había conseguido asegurar la admisión del demandante en un país distinto de las Filipinas. 67 En este sentido, el rechtbank citó in extenso el apartado de la sentencia del Raad van State de 1995 reproducido en el apartado 59 supra. 68 El rechtbank se pronunció entonces sobre el extremo de si el Secretario de Estado había ejercido legítimamente, en este asunto, su facultad de exceptuar la regla de que un extranjero es admitido normalmente en los Países Bajos como refugiado cuando éste acredita un temor fundado de ser perseguido en el sentido del artículo 1, parte A, de la Convención de Ginebra, y no existe otro país dispuesto a admitirlo como solicitante de asilo, circunstancias que se correspondían, a juicio del rechtbank, con las del caso de autos. Al respecto, el rechtbank declaró lo siguiente: “El rechtbank considera que no puede sostenerse que el [Secretario de Estado] no haya utilizado estas facultades de manera razonable respecto al [demandante], teniendo en cuenta ‘el interés esencial del Estado neerlandés, concretamente la integridad y credibilidad de los Países Bajos como Estado soberano, en especial en lo que se refiere a sus responsabilidades ante los otros Estados’, también reconocido por el [Raad van State]. Los hechos en que el [Raad van State] basó esta apreciación también revisten una importancia decisiva para el rechtbank. No se ha acreditado que el [Secretario de Estado] debiera haber dado a estos hechos otro significado en el momento en que se adoptó la resolución [de que se trata en este asunto]. Las observaciones del [demandante] en cuanto al cambio de la situación política en Filipinas y en cuanto a su papel en las negociaciones entre las autoridades filipinas y el [CPP] no cambian nada en ellos, pues los motivos importantes se apoyan en otros hechos, como se desprende de la sentencia del [Raad van State].” 69 Por tanto, el rechtbank desestimó por infundado el recurso interpuesto por el demandante contra la denegación de admitirlo como refugiado en los Países Bajos. 70 De forma similar, el rechtbank desestimó por infundado el recurso interpuesto por el demandante contra la denegación de un permiso de residencia. El rechtbank, que se pronunció más en particular sobre la cuestión de si el Secretario de Estado había adoptado su decisión tras una ponderación razonable de los intereses, remitió a su conclusión citada en el apartado 68 supra y añadió que el Secretario de Estado había resuelto con razón dar menos peso a los intereses alegados, en este sentido, por el demandante.»