ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países sin economía de mercado, como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) no 384/96 — Aplicación de las normas relativas a los países de economía de mercado — Aplicación limitada a los productores que cumplan los requisitos acumulativos mencionados en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 384/96 — Grupos de sociedades [Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7] (véanse los apartados 84 y 85)
1

El artículo 2, apartados 8 y 9, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en la versión modificada principalmente por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo, de (DO L 77, p. 12) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), dispone: «8. El precio de exportación será el precio realmente pagado o por pagar por el producto cuando sea exportado por el país de exportación a la Comunidad. 9. En los casos en que no exista un precio de exportación o en los que se considere que no es fiable, debido a la existencia de una asociación o de un acuerdo de compensación entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá ser calculado basándose en el precio al que el producto importado se venda por primera vez a un comprador independiente o, si no se revendiese a un comprador independiente o no se revendiese en el mismo estado en que fue importado, basándose en cualquier criterio razonable. […]»
23

La demandante señala que sus medios económicos son limitados, lo que explica que no presentara alegaciones ante la División de Oposición y la Sala de Recurso. Declara, en apoyo de su recurso, que nunca retiró su solicitud de marca y formula –en sustancia– los siguientes motivos y alegaciones: en primer lugar, la infracción del artículo 73 del Reglamento no 40/94 y de la regla 54 del Reglamento no 2868/95; en segundo lugar, la infracción del artículo 44, apartado 1, del Reglamento no 40/94 y la interpretación errónea de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691); en tercer lugar, la infracción de la regla 20, apartado 3, y de la regla 50, apartado 1, del Reglamento no 2868/95; y en cuarto lugar, la infracción del artículo 63, apartado 2, y del artículo 74, apartado 1, del Reglamento no 40/94.
Si bien es cierto que el juez comunitario reconoce a la administración cierto margen de apreciación en materia económica o técnica, ello no implica que deba abstenerse de controlar la interpretación de los datos de esa naturaleza. En efecto, el juez comunitario no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. No obstante, en el marco de este control, no le corresponde sustituir la apreciación económica o técnica de la administración por la suya propia.

La apreciación del carácter distintivo de una variedad vegetal, a la luz de los criterios enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, presenta una complejidad científica y técnica que justifica la limitación del alcance del control jurisdiccional. En efecto, tal apreciación exige pericia y conocimientos técnicos especiales, en particular, en el ámbito de la botánica y de la genética. En cambio, la apreciación de la existencia de otra variedad notoriamente conocida, a la luz de los criterios enunciados en el artículo 7, apartado 2, del citado Reglamento, no exige pericia o conocimientos técnicos especiales y no presenta ninguna complejidad que justifique una limitación del alcance del control jurisdiccional.

(véanse los apartados 61, 63 y 65)
95

No obstante, es preciso señalar que la demandante, en su respuesta al pliego de cargos, declaró expresamente que no negaba los hechos expuestos en él. El hecho de que la demandante no pudiera comentar otros hechos distintos de los que se le reprochaban en el pliego de cargos ni aportar otras pruebas de la infracción no puede cuestionar el hecho de que la demandante no negaba la veracidad de los hechos que figuran en el pliego de cargos. En cuanto a la afirmación de la demandante de que los hechos expuestos por la Comisión no bastaban para fundamentar algunas de sus conclusiones jurídicas, procede señalar que, en sustancia, no pretendía negar la veracidad de los hechos reprochados, sino rebatir la interpretación que la Comisión hacía de ellos y las conclusiones jurídicas que dedujo en cuanto a su papel de líder en la práctica concertada, al alto nivel jerárquico de los participantes en ella o incluso a la condición de reincidente por lo que respecta al comportamiento infractor de Hoechst. En efecto, procede señalar que la impugnación de la apreciación jurídica de algunos hechos realizada por la Comisión no puede asimilarse a la negación de la propia veracidad de dichos hechos. Por otra parte, procede señalar que, en contra de lo que sostiene la Comisión, la demandante no negó su participación en la práctica concertada en el mercado del AMCA en su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.
193

Señalan, en particular, que, a juzgar por la versión no confidencial de la información ofrecida por Toshiba Indonesia, dicha información presenta varios defectos. Según ellas, el cuadro relativo a la rentabilidad no contiene ningún dato sobre los costes de producción, las compras de productos acabados o las variaciones de las existencias y los ajustes. El cuadro relativo a las existencias no indica ningún movimiento de éstas, lo cual resulta poco realista. El cuadro relativo a las ventas en el mercado interior no contiene la información solicitada. El cuadro correspondiente a los costes de producción contiene, por una parte, datos relativos a los costes directos, a las operaciones en curso, y a los gastos generales que aparecen como «no [aplicables]» o iguales a «0»; y, por otra parte, cifras relativas a los gastos de transporte y de mantenimiento y a los gastos de VGA que no varían. Por último, las demandantes añaden que el total de los gastos de VGA indicado en el cuadro correspondiente a éstos aumentó entre el último ejercicio y el procedimiento de investigación, mientras que en otro cuadro disminuyó. Por lo tanto, según ellas, incumbe al Consejo demostrar que las versiones confidenciales de las respuestas al cuestionario de dicho productor son suficientemente coherentes.
4

El Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1, y corrección de errores en el DO L 271, p. 47), prevé en particular: «Artículo 11 1. Se establece un régimen de reestructuración y reconversión de los viñedos. 2. El objetivo del régimen será la adaptación de la producción a la demanda del mercado. 3. Dicho régimen abarcará una o más de las acciones siguientes: a) la reconversión varietal, incluida la efectuada mediante sobreinjertos, b) la reimplantación de viñedos, c) las mejoras de las técnicas de gestión de viñedos relacionadas con el objetivo del régimen. En este régimen no se incluirá la renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su vida natural. […] Artículo 13 1. La ayuda a la reestructuración y a la reconversión se concederá únicamente si se ajusta a un plan establecido y, en su caso, aprobado por el Estado miembro. La ayuda adoptará las siguientes formas: a) una compensación a los productores por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del plan, y b) una participación en los costes de reestructuración y reconversión. 2. La compensación a los productores por la pérdida de ingresos podrá adoptar una de las siguientes formas: a) una autorización para que coexistan las vides viejas y nuevas durante un período determinado que no podrá exceder de tres años, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I del presente título, o b) una compensación financiada por la Comunidad. 3. La participación comunitaria en la financiación de los costes de reestructuración y reconversión no superará el 50 % de dichos costes. No obstante, en las regiones correspondientes al objetivo no 1 en virtud del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las disposiciones generales de los Fondos Estructurales, la participación comunitaria no superará el 75 %. Sin prejuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 14, los Estados miembros no podrán participar en la financiación en ningún caso. […] Artículo 15 Las normas de desarrollo del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. Dichas normas podrán incluir, en particular, lo siguiente: a) el tamaño de los viñedos en cuestión, b) disposiciones que regulen la utilización de los derechos de replantación en general y los de nueva plantación concedidos en el contexto de planes de mejora material y a jóvenes agricultores, en la aplicación de los planes, c) disposiciones concebidas para impedir un incremento del potencial de producción derivado de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo, d) importes máximos de la ayuda por hectárea.»
Recurso basado en una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 238 CE, por el que se solicita que se condene a Impetus Symvouloi Michanikoi — Kainotomia kai Technologia EPE a reembolsar una parte de las cantidades abonadas por la Comunidad Europea en virtud de los contratos Invite (Inland Navigation Telematics), con referencia COP 493, y Ausias (Att in Urban Sites with Integration and Standarisation), con referencia TR 1006, celebrados al amparo de la Decisión nº 1110/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de 1994, relativa al cuarto programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológicos y demostración (1994-1998) (DO L 126, p. 1), así como una parte de las cantidades abonadas en virtud del contrato Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain), con referencia V 2043, celebrado al amparo de la Decisión 90/221/Euratom, CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa al programa-marco de acciones comunitarias de investigación y de desarrollo tecnológico (1990‑1994) (DO L 117, p. 28).
1)

Interpretar el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consejo (T-348/05), en el sentido de que se anula el Reglamento (CE) no 945/2005 del Consejo, de , que modifica el Reglamento (CE) no 658/2002, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia, y el Reglamento (CE) no 132/2001, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Ucrania, entre otros países, tras una reconsideración provisional parcial llevada a cabo en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96, en la medida en que afecta a JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.
65

Por otro lado, sin que resulte necesario examinar su admisibilidad, procede desestimar la alegación formulada por la demandante por primera vez en la vista según la cual la Sala de Recurso, en el apartado 22 de la resolución impugnada, incurrió en error al remitirse al apartado 36 de la sentencia SAT.2, anulada por el Tribunal de Justicia (véase el apartado 25 supra). En efecto, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la marca solicitada carecía de carácter distintivo porque dicha marca no podría, por el mero hecho de su forma, grabarse en la memoria del público pertinente y ser identificada, no como una forma cualquiera de cabeza de micrófono, sino como el producto de una empresa determinada (apartado 25 de la resolución impugnada). Así pues, la Sala de Recurso no se basó en las consideraciones enunciadas en el apartado 36 de la sentencia SAT.2, sino que se esforzó en dilucidar si la marca solicitada permitiría al público pertinente distinguir los productos de la demandante de los productos con otro origen. Por lo tanto, no obstante las consideraciones que figuran en los apartados 22 y 27 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso fundamentó su resolución mediante una exacta aplicación de los criterios pertinentes, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 32 supra.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Obligación del oponente de identificar la marca anterior de forma inequívoca — Alcance — Obligación de representar la marca anterior — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 15, ap. 2, letra b), inciso vi), y 18, ap. 1]

Índice

Según la regla 18, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, «si [...] el escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se dirige la oposición o la marca o el derecho anteriores en virtud de los cuales se presenta oposición, la Oficina no admitirá la oposición, a no ser que se subsanen las irregularidades antes de la expiración del plazo de oposición».

Procede interpretar dicha regla en el sentido de que exige que, antes de expirar el plazo de oposición, la marca anterior sobre la que se basa la oposición sea indicada de forma suficientemente clara para permitir su identificación. A este respecto, la indicación del número de registro de la marca en cuestión y del Estado miembro en el que está registrada constituyen una identificación inequívoca en el sentido de la citada disposición.

En cambio, no puede deducirse de la regla 15, apartado 2, letra b), inciso vi), del Reglamento de ejecución, relativa al contenido del acto de oposición, que exista una obligación de representación de la marca anterior aplicable en el marco de la regla 18, apartado 1, de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 42, 46, 47 y 49)
105

En sus escritos, la demandante alega que la Comisión, al negarse a aceptar e incluso a examinar los compromisos que ella había propuesto durante el procedimiento administrativo, infringió el artículo 2 y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento no 4064/89, el principio de proporcionalidad, el principio de buena administración, la obligación de diligencia, así como la obligación de aplicar correctamente sus propios procedimientos para el examen de los compromisos. Estas infracciones constituyen una violación suficientemente caracterizada en el sentido de la jurisprudencia. En particular, la demandante aduce que, si la Comisión hubiese aceptado y no hubiese rechazado erróneamente los compromisos que ella le había propuesto, la operación habría sido autorizada con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento no 4064/89, y que ello habría sido así incluso si tales compromisos no eran necesarios, en la medida en que la operación no causaba problemas de competencia. La demandante sostiene igualmente que la Comisión debió tener en cuenta la segunda serie de compromisos pese al hecho de que habían sido propuestos fuera del plazo previsto por el Reglamento no 4064/89.
278

Además, debe tenerse en cuenta que el motivo subsidiario, alegado por la demandante, según el cual las ayudas nuevas alegadas debían en cualquier caso haber sido declaradas compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c) (véanse los apartados 272 y 273 supra), no vuelve a plantearse en la segunda parte del recurso. Además, dicho motivo era en cualquier caso infundado puesto que en el presente asunto las autoridades helénicas no solicitaron a la Comisión que aprobase la concesión de las ayudas nuevas, en particular a la vista del impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 sobre el sector del transporte aéreo. Al no haberse presentado tal solicitud, acompañada por un plan revisado, la Comisión ni estaba obligada ni podía examinar si estas ayudas adicionales concedidas durante el período de reestructuración podían ser declaradas compatibles con el mercado común, con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c). La Comisión, por tanto, podía legítimamente declarar en la Decisión impugnada (considerandos 223 y 224), que, en cualquier caso, las ayudas nuevas alegadas no reunían los requisitos de la excepción recogida en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.
A tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

De ello se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta su presentación con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento, y que no se prohíbe en modo alguno a la Oficina que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente. Sin embargo, tal alegación o presentación extemporánea de hechos y pruebas no puede conferir a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que esos hechos o pruebas sean tomados en consideración por la Oficina. Al precisar que esta última «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichos hechos y pruebas, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento otorga en efecto a la Oficina una amplia facultad de apreciación para decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tenerlos en cuenta.

La toma en consideración por parte de la Oficina de los hechos y pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración.

No procede, en principio, limitar la aplicación de los principios enunciados en función de la naturaleza de los hechos y pruebas de que se trate, puesto que tal limitación no está prevista en el artículo 74, apartado 2, del citado Reglamento. La naturaleza de los hechos y pruebas de que se trate es, no obstante, un elemento que la Oficina puede tener en cuenta al ejercer la facultad discrecional que le confiere dicha disposición.

(véanse los apartados 40 a 43)
105

En tales circunstancias, no puede reprocharse a los órganos de la OAMI y, en particular, a la Sala de Recurso, que fundamentara su decisión en motivos sobre los que la demandante no había podido pronunciarse. Por lo tanto, debe desestimarse, este motivo.
En los asuntos T‑230/01 y T‑267/01, un recurso de anulación de la Decisión 2002/892/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación de Álava (DO 2002, L 314, p. 1); en los asuntos T‑231/01 y T‑268/01, un recurso de anulación de la Decisión 2002/806/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España en favor de algunas empresas de reciente creación en Vizcaya (DO 2002, L 279, p. 35), y, en los asuntos T‑232/01 y T‑269/01, un recurso de anulación de la Decisión 2002/540/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación en Guipúzcoa (DO 2002, L 174, p. 31).
Una decisión de una institución comunitaria que se comunica al conjunto de su personal y que trata de garantizar a los funcionarios interesados un trato idéntico en lo relativo a la calificación, aun cuando no constituya una disposición general de aplicación en el sentido del artículo 110 del Estatuto, constituye una directriz interna y, como tal, debe considerarse como una norma de conducta indicativa que la administración se impone a sí misma y de la cual no puede separarse sin precisar las razones que le llevaron a ello, so pena de violar el principio de la igualdad de trato.

(véase el apartado 44)

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de enero de 1974, Louwage/Comisión (148/73, Rec. p. 81); Tribunal de Justicia, 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión (190/82, Rec. p. 3981)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilegalidad del comportamiento imputado - Perjuicio - Relación de causalidad

(Art. 288 CE, párr. 2)

Índice

1. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, es preciso que la parte demandante pruebe la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución de que se trate, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el citado comportamiento y el perjuicio invocado. En el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la citada responsabilidad.

( véase el apartado 23 )

2. El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima, que constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad, se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Por el contrario, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas.

Constituyen seguridades de esa índole, cualquiera que sea la forma en que le hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables. Por consiguiente, no pueden considerarse seguridades concretas por parte de la Administración comunitaria que hubiesen hecho concebir esperanzas fundadas a un operador económico, ni un acuse de recibo de la solicitud de financiación de un proyecto particular que menciona expresamente, de manera clara y sin ambigüedades que no se trataba de una autorización y que el examen del proyecto se realizaría posteriormente, ni una comunicación provisional del resultado del examen de una solicitud de financiación transmitida explícitamente sin perjuicio de la decisión final de la institución de que se trata.

( véanse los apartados 26, 28, 29 y 32 )