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El Reglamento no 2078/92, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, debe interpretarse en el sentido de que únicamente podían acogerse al programa de retirada de la producción de las tierras de labor a largo plazo establecido en el artículo 2, apartado 1, letra f) de dicho Reglamento las personas que dispusieran previamente de una producción agraria.

En efecto, como se deduce de sus considerandos segundo, décimo y duodécimo, el Reglamento no 2078/92 había instaurado un régimen comunitario de ayudas cuyo objetivo principal era orientar la producción agraria, de modo que sólo las personas que gozasen de la condición de agricultor podían aspirar a acogerse a un programa de retirada de la producción de las tierras de labor a largo plazo. Por lo tanto, la consecución de los objetivos agroambientales que persigue dicho Reglamento no es suficiente por sí sola para justificar que la ayuda establecida en este Reglamento se otorgue a personas que no sean agricultores.

(véanse los apartados 37, 38, 44 y 45 y el fallo)
El artículo 126, apartado 1, del Reglamento no 73/2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos no 1290/2005, no 247/2006 y no 378/2007 y se deroga el Reglamento no 1782/2003, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «criterios fijados por el Estado miembro en 2006 y 2007» incluye la campaña de comercialización que ese Estado miembro debía elegir, antes del 30 de abril de 2006, como período representativo para la concesión del pago aparte por azúcar, con arreglo al artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos no 2019/93, no 1452/2001, no 1453/2001, no 1454/2001, no 1868/94, no 1251/1999, no 1254/1999, no 1673/2000, no 2358/71 y no 2529/2001, en su versión modificada por los Reglamentos no 319/2006, no 2011/2006 y no 2012/2006.

En efecto, puesto que la finalidad del pago aparte por azúcar es compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar, debe considerarse que los artículos 143 ter bis del Reglamento no 1782/2003 y 126 del Reglamento no 73/2009 tienen como objetivo ayudar a los agricultores que hayan disfrutado de las medidas de apoyo al mercado del azúcar antes de la reforma realizada en el año 2006. A estos efectos, el artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003 se refiere expresamente a las campañas de comercialización 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 como los períodos entre los cuales los Estados miembros podían elegir para determinar el período de referencia para la concesión del pago aparte por azúcar. Además, este período representativo debía determinarse de modo definitivo por el Estado miembro afectado antes del 30 de abril de 2006. A este respecto, debe señalarse que dichas campañas de comercialización son representativas de un período durante el cual los agricultores disfrutaban del precio de sostenimiento institucional del azúcar comunitario. En estas circunstancias, para la concesión del pago aparte por azúcar, no puede interpretarse que el artículo 126, apartado 1, del Reglamento no 73/2009 se refiere a un período representativo que no sea una de las campañas de comercialización enumeradas en dicho artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003, período que, con arreglo a dicha disposición, debía ser elegido de modo definitivo por el Estado miembro afectado antes del 30 de abril de 2006.

(véanse los apartados 32, 34, 35, 37 y 38 y el fallo)
[Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, anexo II, art. H, ap. 2, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) no 1264/1999 y no 1265/1999]

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Supresión o reducción de una ayuda financiera debido a la existencia de irregularidades — Plazo de prescripción para la adopción de la decisión de la Comisión — Inicio del cómputo

[Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, anexo II, art. H, ap. 2, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) no 1264/1999 y no 1265/1999; Reglamento (CE) no 1386/2002 de la Comisión, art. 18, ap. 3; Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, art. 100, ap. 5; Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 145, ap. 6]
El principio del respeto por la administración del derecho de defensa y el derecho que de él se deriva, para toda persona, de ser oída antes de la adopción de cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses, tal como se aplican en el marco de la aplicación del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 2700/2000, pueden ser directamente invocados por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

El principio de respeto del derecho de defensa y, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de la adopción de una medida individual desfavorable, deben interpretarse en el sentido de que cuando el destinatario de una liquidación girada en el contexto de un procedimiento de recaudación a posteriori de derechos de aduana de importación, en aplicación del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 2700/2000, no haya sido oído por la administración previamente a la adopción de esa decisión, su derecho de defensa resulta vulnerado aun cuando tenga la posibilidad de hacer valer sus argumentos en una fase de reclamación administrativa posterior, si la normativa nacional no permite al destinatario de tal liquidación, a falta de audiencia previa, obtener la suspensión de su ejecución hasta su eventual revocación. Así sucede, en cualquier caso, si el procedimiento administrativo nacional por el que se aplique el artículo 244, párrafo segundo, del Reglamento no 2913/92, restringe la concesión de esa suspensión cuando existan motivos para dudar de la conformidad de la decisión impugnada con la normativa aduanera o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado.

(véanse el apartado 73 y el punto 2 del fallo)
El artículo 6 del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, para poder considerar que un dibujo o modelo posee carácter singular, la impresión general que produce en los usuarios informados debe diferir de la producida en tales usuarios no por una combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos o modelos anteriores, sino por dibujos o modelos anteriores, individualmente considerados.

El artículo 85, apartado 2, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, para que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios consideren válido un dibujo o modelo comunitario no registrado, su titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 de ese Reglamento, sino que debe indicar únicamente en qué posee tal carácter dicho dibujo o modelo, es decir, debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter.

Como indica el propio título del artículo 85 del Reglamento no 6/2002, dicho artículo establece, en su apartado 1, una presunción de validez de los dibujos o modelos comunitarios registrados y, en su apartado 2, una presunción de validez de los dibujos o modelos comunitarios no registrados.

Pues bien, la aplicación de esta presunción de validez es, por naturaleza, incompatible con la interpretación del artículo 85, apartado 2, del Reglamento no 6/2002, según la cual la prueba que debe presentar el titular de un dibujo o modelo en virtud de esa disposición, a saber, la de que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 de este Reglamento, incluye la prueba de que el dibujo o modelo de que se trata cumple también todos los requisitos establecidos en la sección 1 del título II de dicho Reglamento, es decir, en los artículos 3 a 9 de ese mismo Reglamento.

(véanse los apartados 39, 40 y 47 y el punto 2 del fallo)
Los artículos 50 y 203 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento no 648/2005, deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una mercancía que se encuentra en depósito temporal ha sido sustraída a la vigilancia aduanera cuando ha sido declarada en régimen de tránsito comunitario externo y, a pesar de haberse presentado los documentos de tránsito en la aduana de destino, dicha mercancía no ha abandonado el depósito y no ha sido presentada ante dicha aduana.

El hecho de que el documento de tránsito se retire temporalmente de las mercancías que se refieren a él debe calificarse de sustracción de dichas mercancías a la vigilancia aduanera. Esta retirada constituye efectivamente un acto que impide a la autoridad aduanera competente, aun cuando sólo sea momentáneamente, acceder a una mercancía bajo vigilancia aduanera y efectuar los controles previstos por la normativa aduanera de la Unión.

Del mismo modo, la sustracción de una mercancía a la vigilancia aduanera presupone tan sólo la reunión de una serie de requisitos de índole objetiva, como la ausencia física de la mercancía del lugar de depósito autorizado en el momento en que la autoridad aduanera quiera realizar la inspección de la citada mercancía. Por tanto, para que se produzca una sustracción a la vigilancia aduanera, basta con que se sustraiga objetivamente la mercancía a los posibles controles, con independencia de que la autoridad competente los practique efectivamente.

(véanse los apartados 30 a 33 y el punto 1 del fallo)
El artículo 13, apartado 5, de la Directiva 2003/9, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha optado por conceder las condiciones materiales de acogida en forma de asignaciones financieras o de vales, estas asignaciones deben ser proporcionadas a partir del momento de la presentación de la solicitud de asilo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva, y ajustarse a las normas mínimas consagradas en el artículo 13, apartado 2, de dicha Directiva.

El citado Estado miembro debe velar por que el importe total de las asignaciones financieras en que se materializan las condiciones de acogida sea suficiente para garantizar la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado, así como para asegurar la subsistencia de los solicitantes de asilo, permitiéndoles, en particular, disponer de un alojamiento, y teniendo en cuenta, en caso necesario, el respeto al interés de las personas con necesidades particulares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la misma Directiva. Las condiciones materiales de acogida previstas en el artículo 14, apartados 1, 3, 5 y 8, de la Directiva 2003/9 no se imponen a los Estados miembros cuando han optado por conceder esas condiciones únicamente en forma de asignaciones financieras. No obstante, el importe de esas asignaciones debe ser suficiente para permitir que los hijos menores se alojen con sus padres, de forma que pueda mantenerse la unidad familiar de los solicitantes de asilo.

(véanse el apartado 46 y el punto 1 del fallo)
14

De ello se desprende que este complemento no puede calificarse de «prestación de seguridad social», en el sentido del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), aunque dicho complemento persiga objetivos análogos a los de determinadas prestaciones establecidas por dicho Reglamento.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010 (DO L 85, p. 1) (en lo sucesivo, «Código de fronteras Schengen»), y del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 93, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y del artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
12

Se realizó un primer «Análisis de espacios naturales A» para evaluar los efectos perjudiciales para el medio ambiente del proyecto de trazado de la autopista A2 en el lugar Natura 2000 considerado. Dicho análisis concluyó que no podían excluirse repercusiones negativas significativas para los tipos de hábitats y las especies protegidas de ese lugar, derivadas de la deposición de nitrógeno, y que era necesario realizar una evaluación adecuada sobre este extremo. De un segundo «Análisis de espacios naturales B» resulta que el proyecto de trazado de la autopista A2 tiene efectos negativos en el área actual del tipo de hábitat «prados de molinias». En efecto, en la zona denominada «Moerputten», 6,7 hectáreas de prados de molinias se verán afectadas, debido a la desecación y a la acidificación de los suelos. Además, este análisis señala que no cabe excluir que los prados de molinias sufran efectos adversos en la zona denominada «Bossche Broek» a consecuencia del aumento de la deposición de nitrógeno provocado por la ampliación de la carretera de que se trata. El proyecto de trazado de la autopista provocaría también un aumento temporal de la deposición de nitrógeno en la zona denominada «Vlijmens Ven» que, no obstante, no obstaculizaría la extensión de los prados de molinias dentro de esta zona. De este análisis resulta que la conservación y el desarrollo sostenible de los prados de molinias requiere que se restablezca el sistema hidrológico.
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156, p. 1; EE 08/01, p. 131), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, de 20 de junio de 1991 (DO L 169, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1191/69»).
2

El Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), que sucedió al Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), dispone en su artículo 23, apartado 2, que sustituyó al artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17: «Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia: a) infrinjan las disposiciones del artículo 81 [CE] o del artículo 82 [CE]; […] Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. […]»
19

El artículo 49, apartado 4, de la PBefG está redactado del siguiente modo: «El transporte en vehículos de alquiler es el transporte de personas en vehículos que sólo se alquilan completos y con los que la empresa realiza transportes cuyo fin, destino y desarrollo determina el arrendatario y que no constituyen transporte en taxi con arreglo al artículo 47. Con los vehículos de alquiler sólo se pueden realizar servicios de transporte solicitados en la sede de la empresa o en el domicilio del empresario. Tras la realización del servicio de transporte, el vehículo de alquiler debe regresar inmediatamente a la sede de la empresa, salvo que antes del viaje reciba por teléfono desde aquélla o desde el domicilio del empresario o durante el trayecto una nueva solicitud de transporte. El empresario deberá registrar documentalmente la recepción de la solicitud de transporte en la sede de la empresa o en el domicilio del empresario y dicho registro deberá conservarse durante un año. La aceptación, intermediación y cumplimiento de las solicitudes de transporte, la disponibilidad del vehículo de alquiler y la publicidad del transporte en vehículos de alquiler no pueden inducir a confusión, ni por separado ni en conjunto, con respecto al transporte en taxi. Los signos y características reservados a los taxis no pueden utilizarse en los vehículos de alquiler. Los artículos 21 y 22 no se aplicarán.»
23

Sin embargo, otras disposiciones del Reglamento, como los artículos 6 y 14 de éste, no contienen tales restricciones expresas. Asimismo, el artículo 44, apartado 3, letra a), del Reglamento dispone que éste no será aplicable en cualquier Estado miembro, cuando lo dispuesto en él sea incompatible con las obligaciones en materia de quiebra resultantes de un Convenio celebrado antes de su entrada en vigor por dicho Estado miembro y uno o varios Estados terceros. Pues bien, esta disposición sería en principio superflua si el Reglamento en cuestión no se aplicase a las relaciones entre un Estado miembro y un Estado tercero.
44

Por todos los motivos expuestos, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3, letra a), del Reglamento no 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para poder considerar que un principio activo está «protegido por una patente de base en vigor» en el sentido de esta disposición, no es necesario que el principio activo esté mencionado en las reivindicaciones de esta patente a través de una fórmula estructural. Cuando este principio activo esté cubierto por una fórmula funcional que figure en las reivindicaciones de una patente concedida por la OEP, este artículo 3, letra a), no se opone, en principio, a la concesión de un CCP para este principio activo, siempre que, no obstante, sobre la base de tales reivindicaciones, interpretadas en particular de acuerdo con la descripción de la invención, según lo prescrito en el artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea y en el Protocolo interpretativo de éste, se pueda concluir que estas reivindicaciones se referían de manera específica, implícita pero necesariamente, al principio activo de que se trate, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.
38

No se observa que la normativa nacional discutida en el litigio principal, según se expone en los apartados 11 y 12 de esta sentencia, se separe de la naturaleza, de los principios y de las reglas del sistema de pensiones nacional. No obstante, incumbe al tribunal remitente comprobar si ello es así, en particular en el supuesto de que un demandante presentara indicios serios en sentido contrario, así como verificar, en el caso de que las disposiciones nacionales permitan la transferencia de los derechos a pensión a otro régimen nacional o al régimen de una organización internacional, si el cálculo de la cantidad a transferir al régimen de pensión de la Unión no se realiza de manera desfavorable en relación con el cálculo de la cantidad a transferir a esos otros regímenes. El solo hecho de que el método de cálculo aplicado lleve a una suma a transferir de importe inferior a la mitad de las cotizaciones pagadas por el funcionario y por su antiguo empresario al régimen de pensión nacional no constituye por sí mismo un indicio de esa clase. Además, de los autos presentados al Tribunal de Justicia no se deduce que las disposiciones nacionales permitan la transferencia de derechos a pensión a otro régimen nacional o internacional.
Ahora bien, se desprende del considerando 82 de esta última Directiva, en particular de las versiones en lengua alemana («Abgesehen von den Praktiken, die unter die vorliegende Richtlinie fallen»), inglesa («Apart from the practices that are covered by this Directive»), francesa («Outre les pratiques couvertes par la présente directive»), italiana («In aggiunta alle pratiche oggetto della presente direttiva») y rumana («Pe lângă practicile aflate sub incidența prezentei directive») de éste, que la Directiva 2010/13 regula prácticas diferentes de las que son objeto de la Directiva 2005/29. Tal interpretación también sería contraria a lo dispuesto en el artículo 3 septies de la Directiva 89/552, en su versión modificada por la Directiva 2007/65.
35

En estas circunstancias, el Administrativen sad Varna decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Puede interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva [IVA], en el sentido de que la adquisición de un activo fijo inmaterial en contrapartida de los gastos en que se incurrido para mejorar un bien arrendado o cedido en uso constituye un pago por el servicio de mejora, aunque, en virtud del contrato, el propietario del bien patrimonial no esté obligado a pagar retribución alguna? 2) ¿Es contraria al artículo 2, apartado 1, letra c), y al artículo 26 de la Directiva [IVA] una disposición nacional según la cual un servicio prestado a título gratuito consistente en la mejora de un bien arrendado o cedido en uso está sometido al impuesto en todo caso? ¿Es relevante para responder a esta cuestión en las circunstancias del litigio principal el hecho de que: — el prestador del servicio gratuito haya ejercido el derecho a deducir el IVA por los bienes y servicios empleados para realizar la mejora, derecho que aún no le había sido denegado mediante una liquidación complementaria en vigor, y de que, — en el momento de la inspección fiscal, la sociedad aún no hubiera comenzado a utilizar los inmuebles para prestaciones sometidas al impuesto, pero los contratos no hubieran expirado aún? 3) ¿Es contraria a los artículos 62 y 63 de la Directiva [IVA] una disposición nacional según la cual el devengo no se produce en el momento de prestarse el servicio (en el caso de autos, la realización de mejoras), sino en el momento de la devolución efectiva del bien patrimonial que ha sido mejorado, producida al término del contrato o cuando cese el uso? 4) En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, ¿cuál es la disposición del título VII de la Directiva [IVA] en virtud de la cual ha de determinarse la base imponible a efectos del impuesto sobre el valor añadido, cuando la operación gratuita no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 26 de dicha Directiva?»
4o

servicios financieros y objetos con leyendas publicitarias indelebles y claramente visibles, que no se encuentren como tales en el mercado, siempre que el precio pagado por la empresa no supere 10 euros, IVA [impuesto sobre el valor añadido] no incluido, o el 5 % del precio de venta, IVA no incluido, del servicio financiero con el que se ofrecen. El porcentaje de 5 % se aplicará si la cantidad correspondiente a este porcentaje es superior a 10 euros;