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La fase previa de examen de las ayudas, establecida en el artículo 88 CE, apartado 3, y regulada por los artículos 4 y 5 del Reglamento no 659/1999, sólo tiene por objeto permitir a la Comisión formarse una primera opinión sobre la compatibilidad parcial o total de una ayuda o de un régimen de ayudas. La validez de una decisión de la Comisión de no formular objeciones contra una ayuda o un régimen de ayudas no puede apreciarse en función de elementos que no pudo conocer durante la fase previa. De otro modo, ésta se verá inclinada a abrir sistemáticamente el procedimiento de examen previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, y a invitar a los interesados a presentar sus observaciones, para evitar que estos elementos que desconocía entrañen la anulación de su decisión de autorización de dicha ayuda o de dicho régimen.

(véanse los apartados 57 y 60)
En caso de que, en la fecha de expiración del plazo para hacerlo, no se haya adaptado el Derecho interno a la Directiva 2002/74, que modifica la Directiva 80/987 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, el eventual efecto directo del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 80/987 no puede invocarse en relación con un estado de insolvencia producido antes de esa fecha.

Cuando una normativa nacional está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, el juez nacional está obligado, en relación con un estado de insolvencia producido entre la fecha de entrada en vigor de esta última Directiva y la fecha de expiración del plazo para la adaptación a ésta del Derecho interno, a garantizar una aplicación de esta normativa nacional conforme al principio de no discriminación, tal como lo reconoce el ordenamiento jurídico comunitario y según el cual las situaciones comparables no han de recibir un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente.

A este respecto, los trabajadores objeto de un despido improcedente se encuentran en una situación comparable por cuanto tienen derecho a una indemnización en caso de no readmisión. Por tanto, es contraria a dicho principio de igualdad la normativa nacional que excluye que la institución de garantía se haga cargo de los créditos relativos a indemnizaciones por despido improcedente reconocidas en acto de conciliación, sin que se justifique objetivamente una diferencia de trato entre dichos créditos y los correspondientes a indemnizaciones por despido improcedente reconocidas en sentencia o resolución administrativa.

(véanse los apartados 36, 37 y 39 y el punto 2 del fallo)
53

El Consejo y el Gobierno francés subrayan, además, que la Acción Común controvertida se ha aplicado mediante una serie de Decisiones en el ámbito de la PESC, cuya legalidad no ha sido impugnada por la Comisión, a saber, las Decisiones 2002/842/PESC del Consejo, de 21 de octubre de 2002, relativa a la aplicación de la Acción Común 2002/589 con vistas a una contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación y la proliferación desestabilizadoras de armas ligeras y de pequeño calibre en Europa Sudoriental (DO L 289, p. 1); 2003/543/PESC del Consejo, de 21 de julio de 2003, relativa a la aplicación de la Acción Común 2002/589 con vistas una contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación y la proliferación desestabilizadoras de armas ligeras y de pequeño calibre en América Latina y el Caribe (DO L 185, p. 59); 2004/790/PESC del Consejo, de 22 de noviembre de 2004, por la que se prorroga y modifica la Decisión 2003/276/PESC relativa a la aplicación de la Acción Común 2002/589 con vistas a una contribución de la Unión Europea a la destrucción de munición de armas ligeras y de pequeño calibre en Albania (DO L 348, p. 45); 2004/791/PESC del Consejo, de 22 de noviembre de 2004, por la que se prorroga y modifica la Decisión 2002/842 relativa a la aplicación de la Acción Común 2002/589 con vistas a una contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación y la proliferación desestabilizadora de armas ligeras y de pequeño calibre en Europa Sudoriental (DO L 348, p. 46); 2004/792/PESC del Consejo, de 22 de noviembre de 2004, por la que se prorroga y modifica la Decisión 1999/730/PESC por la que se aplica la Acción Común 1999/34 con vistas a la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre en Camboya (DO L 348, p. 47), y 2005/852/PESC del Consejo, de 29 de noviembre de 2005, relativa a la destrucción de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de su munición en Ucrania (DO L 315, p. 27).
80

Sin embargo, por una parte, la Comisión no ha demostrado que la República Federal de Alemania haya incumplido las obligaciones que se derivan del Reglamento no 2081/92 y, por otra, no ha presentado elementos que indiquen que no se adoptaron medidas como las mencionadas en el apartado 63 de la presente sentencia o que tales medidas no podían proteger la DOP «Parmigiano Reggiano».
Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 16, apartados 5 y 6, y 17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, al no haber adoptado las medidas necesarias para definir los requisitos mínimos de cualificación exigidos al personal responsable de garantizar la recuperación, reciclado, regeneración y destrucción de las sustancias que agotan la capa de ozono; al no haber comunicado a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2001, la información relativa a las instalaciones disponibles y a las cantidades de sustancias reguladas utilizadas que han sido recuperadas, recicladas, regeneradas o destruidas, y al no haber adoptado todas las medidas preventivas necesarias para que los equipos fijos con una carga de fluido refrigerante superior a 3 kg sean controlados anualmente para determinar la presencia o no de fugas.
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Palabras clave

Cooperación al desarrollo — Ayuda financiera y técnica y cooperación económica con los países en vías de desarrollo — Reglamento (CEE) nº 443/92

[Art. 202 CE, tercer guión; Reglamento(CEE) nº 443/92 del Consejo, arts. 1, 5, 6, 7, 8 y 15]

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En el marco de las competencias de ejecución otorgadas por el Consejo a la Comisión a tenor del artículo 202 CE, tercer guión, cuyos límites deben apreciarse especialmente en función de los objetivos generales esenciales de la normativa de que se trata, la Comisión puede aprobar todas las normas de desarrollo necesarias o útiles para la ejecución de la normativa de base, siempre que no sean contrarias a ésta.

Con arreglo al tenor del artículo 15 del Reglamento nº 443/92, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia, el Consejo otorgó a la Comisión la facultad de garantizar la gestión de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica con los citados países en vías de desarrollo. En virtud de esta competencia de ejecución, la Comisión adoptó una Decisión por la que se aprueba un proyecto relativo a la seguridad de las fronteras en la República de Filipinas para mejorar la seguridad y la gestión de sus fronteras con arreglo a la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se propone combatir el terrorismo y la criminalidad internacional.

Ahora bien, el Reglamento nº 443/92 no contiene ninguna mención expresa a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad internacional. Además, en cuanto a la cuestión de si tal proyecto se haya comprendido en el ámbito de aplicación del citado Reglamento por el hecho de que contribuye al refuerzo de las capacidades institucionales del país de que se trata, ámbito de actuación que figura explícitamente tanto en los artículos 5 y 6 de ese Reglamento, relativos a la ayuda financiera y técnica, como en los artículos 7 y 8, relativos a la cooperación económica, es preciso señalar que, en el marco de la ayuda financiera y técnica, el apoyo de las instituciones nacionales de los países en vías de desarrollo no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento para reforzar su capacidad de gestión de las políticas y proyectos de desarrollo en los ámbitos enumerados, entre los que no figura el de la lucha contra el terrorismo y la criminalidad internacional, y que el refuerzo institucional en materia de cooperación económica debe presentar un vínculo directo con el objetivo, que le es asignado por el Reglamento, de reforzar la inversión y el desarrollo, extremo que no se desprende de ningún elemento de la Decisión controvertida.

Así, la citada Decisión persigue un objetivo en materia de lucha contra el terrorismo y la criminalidad internacional que excede el marco de la política de cooperación al desarrollo perseguido por el Reglamento nº 443/92, de modo que la Comisión ha excedido las competencias de ejecución que el Consejo le atribuye en el artículo 15 del citado Reglamento.

(véanse los apartados 51 a 53, 59 a 62 y 66 a 68)
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1. Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones especiales de carácter no contributivo

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 4, ap. 2 bis, 10 bis y anexo II bis]

2. Libre circulación de personas — Trabajadores — Igualdad de trato — Ventajas sociales

[Art. 39 CE; Reglamentos (CEE) del Consejo n os 1612/68, art. 7, y 1408/71, arts. 4, ap. 2 bis, 10 bis y anexo II bis]

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1. Una prestación regulada en la Ley neerlandesa de asistencia a la discapacidad en favor de jóvenes minusválidos (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), citada en el anexo II bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97 y modificada por el Reglamento nº 1223/98, debe considerarse una prestación especial de carácter no contributivo en el sentido del artículo 4, apartado 2 bis, del Reglamento nº 1408/71, de manera que sólo resulta de aplicación la regla de coordinación del artículo 10 bis de dicho Reglamento y el abono de la prestación puede reservarse legítimamente a favor de personas que residan en el territorio del Estado miembro que otorga la prestación. La circunstancia de que el interesado percibiera previamente una prestación para jóvenes minusválidos que tenía carácter exportable carece de relevancia a efectos de la aplicación de los citados preceptos.

(véanse el apartado 38 y el punto 1 del fallo)

2. Los artículos 39 CE y 7 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional adoptada en aplicación de los artículos 4, apartado 2 bis, y 10 bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97 y modificada por el Reglamento nº 1223/98, legislación nacional según la cual una prestación especial de carácter no contributivo que figura en el anexo II bis del Reglamento nº 1408/71 sólo puede concederse a personas que residan en el territorio nacional. No obstante, la aplicación de dicha legislación no debe infligir en los derechos de una persona derivados de la libre circulación de los trabajadores un perjuicio que vaya más allá de lo necesario para la consecución del objetivo legítimo de la ley nacional. Corresponde al órgano judicial nacional, que en la medida de lo posible debe interpretar la legislación nacional de modo compatible con el Derecho comunitario, tener en cuenta el hecho de que el trabajador en cuestión mantuvo la totalidad de sus vinculaciones económicas y sociales con el Estado miembro de origen.

(véanse los apartados 56 y 58 y el punto 2 del fallo)
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Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Consejo de Asociación constituido en virtud del Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Decisión nº 1/80 — Reagrupación familiar — Hijo de un trabajador turco que ha adquirido el derecho a acceder libremente a una actividad por cuenta ajena

(Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía, art. 59; Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, arts. 7, párr. 1, y 14, ap. 1)

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Tanto del sistema como de la finalidad de la Decisión nº 1/80, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, resulta que un nacional turco, autorizado a entrar cuando era niño en el territorio de un Estado miembro en el marco de la reagrupación familiar y que ha adquirido el derecho a acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección con arreglo al artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de dicha Decisión, sólo pierde el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, que es el corolario de ese derecho de libre acceso, en dos supuestos, a saber:

– cuando la presencia del citado emigrante en el territorio del Estado miembro de acogida constituye, por su comportamiento personal, un peligro real y grave para el orden público, la seguridad o la salud públicas, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la citada Decisión, o

– cuando abandona el territorio del Estado miembro de que se trate por un período significativo sin motivos legítimos,

aunque sea mayor de 21 años, ya no esté a cargo de sus padres, sino que lleva una existencia autónoma en el Estado miembro de que se trate, y no estuvo a disposición del mercado de trabajo durante varios años debido al cumplimiento de una pena privativa de libertad de tal duración que se dictó contra él y cuya ejecución no fue suspendida.

Esta interpretación no es incompatible con las exigencias del artículo 59 del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación, según el cual Turquía no podrá beneficiarse de un trato más favorable que el aplicable entre Estados miembros.

(véanse los apartados 54, 57 y 75 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Necesidad de una aplicación íntegra y precisa (art. 249 CE, párr. 3) (véase el apartado 10)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (art. 226 CE) (véase el apartado 11)

3. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (art. 226 CE) (véase el apartado 13)

Objeto del litigio

Objeto:

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 7, párrafo cuarto, de la Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331, p. 11; EE 09/01, p. 116) — Retraso en la devolución del IVA a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país

Parte dispositiva

Fallo:

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que el incumben en virtud del artículo 7, párrafo cuarto, de la Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, al no respetar el plazo de seis meses para la devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
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Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001

[Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, art. 6, número 1]

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El artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que tal disposición puede ser invocada en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, esa acción sea considerada inadmisible frente al primer demandado en virtud de una normativa nacional, como una norma por la que se excluyan las acciones individuales de los acreedores frente a un deudor en quiebra. En efecto, por un lado, dicha disposición no contiene ninguna remisión expresa a la aplicación de las normas internas ni ningún requisito por el que se exija la admisibilidad, con arreglo a la normativa nacional, de una demanda contra varias personas, desde el momento de su interposición, frente a todas ellas. Por otro lado, puesto que no forma parte de las disposiciones que prevén expresamente la aplicación de las normas internas, y que, por tanto, sirven de fundamento jurídico a esa aplicación, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de que su aplicación pueda depender de los efectos de las normas internas. No obstante, esa misma disposición no puede interpretarse de tal forma que permita a un demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado miembro donde se encuentra su domicilio.

(véanse los apartados 27 y 30 a 33 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Escrito de interposición del recurso — Indicación de las imputaciones y los motivos — Requisitos de forma [Art. 226 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 38, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 23)

2. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo (Art. 226 CE) (véanse los apartados 24 y 25)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Seguro directo distinto del de vida y seguro directo de vida — Directivas 92/49/CEE y 2002/83/CE (Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 14, ap. 5; Directiva 92/49/CEE del Consejo, art. 12, ap. 6) (véanse los apartados 40 a 42)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No ejecución de las obligaciones que se desprenden del artículo 12, apartado 6, de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), y del artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (DO L 345, p. 1) — Normativa nacional discriminatoria frente a los aseguradores de otros Estados miembros.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte C)

2. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte B, letra b), y parte C, letra a)]

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1. Al conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación, establecido en el artículo 13, parte C, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los Estados miembros pueden efectuar distinciones según la naturaleza de las operaciones o las clases de sujetos pasivos, a condición de que respeten los objetivos y los principios generales de la Sexta Directiva, en particular el principio de neutralidad fiscal y la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme de las exenciones previstas.

(véanse el apartado 35 y el punto 1 del fallo)

2. Compete al órgano jurisdiccional nacional determinar si sobrepasa la facultad de apreciación concedida a los Estados miembros una norma nacional que, al declarar exentas con carácter general las operaciones efectuadas por las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, restringe el derecho de éstas a optar por la tributación de las operaciones de arrendamiento y alquiler, habida cuenta, en especial, del principio de neutralidad fiscal y de la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme de las exenciones previstas.

En efecto, en la medida en que el artículo 13, parte C, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, no precisa con qué requisitos ni de qué modo puede limitarse el alcance del derecho a optar por la tributación de las operaciones de alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles, corresponde a cada Estado miembro precisar el alcance del derecho de opción en su Derecho nacional y dictar las normas en virtud de las cuales determinados sujetos pasivos pueden disfrutar de este derecho. No obstante, el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva no confiere a los Estados miembros la facultad de poner condiciones o de restringir, en modo alguno, las exenciones previstas por la parte B del citado artículo 13, sino que simplemente, les reserva la facultad de ofrecer, en mayor o menor medida, a los beneficiarios de dichas exenciones la posibilidad de optar ellos mismos por la tributación, si consideran que les interesa hacerlo.

(véanse los apartados 42, 43 y 49 y el punto 2 del fallo)