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1. Agricultura ° Organización común de mercados ° Vino ° Vinos de calidad producidos en regiones determinadas ° Lista provisional comunitaria que se remite a las calificaciones atribuidas por el Estado miembro productor ° Vinos italianos ° Reglamento nº 1311/73 ° Admisión solamente de los vinos con denominazione di origine controllata (DOC) y con denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

(Reglamento nº 1311/73 de la Comisión, art. 1)

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas ° Recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación ° Montantes compensatorios monetarios ° Inexistencia de normativa comunitaria ° Aplicación del Derecho nacional ° Requisitos

3. Derecho comunitario ° Principios ° Protección de la confianza legítima ° Ambito de aplicación ° Autoridades nacionales encargadas de aplicar el Derecho comunitario ° Autoridades incompetentes y que actúan conforme a una interpretación indebida de la normativa comunitaria ° Inexistencia de confianza legítima

(Reglamentos nº 1769/72 y nº 1311/73 de la Comisión)

1. El artículo 1 del Reglamento nº 1311/73, relativo a la lista provisional de vinos de calidad producidos en regiones determinadas y a la identificación de estos vinos en el documento adjunto en el sector vitivinícola, debe interpretarse en el sentido de que solamente los vinos con denominazione di origine controllata (DOC) y con denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) podían aspirar a la calificación de vinos de calidad producidos en regiones determinadas, en Italia, durante el período de validez de dicha disposición, a saber, entre el 22 de mayo y el 31 de agosto de 1973.

2. A falta de normas comunitarias aplicables a la recaudación a posteriori de montantes compensatorios monetarios por parte de la administración nacional, en la fecha de los hechos del litigio de que conoce, corresponde al Juez nacional aplicar las normas de la legislación interna relativa a la prescripción de los derechos de exportación no exigidos indebidamente al deudor, a causa de un error cometido por la Administración nacional, siempre que estas normas se apliquen de forma no discriminatoria a los créditos nacionales y a los créditos comunitarios y no afecten al alcance ni a la eficacia del Derecho comunitario.

3. La autoridad nacional encargada de emitir los documentos adjuntos VA2 para los vinos con derecho a la mención "vinos de calidad producidos en regiones determinadas" en el marco de la organización común del sector del vino está obligada a observar el principio de confianza legítima. No obstante, en el supuesto de que un documento de dicha naturaleza hubiera sido emitido por una autoridad nacional no facultada al efecto y que, según una interpretación indebida de la normativa comunitaria aplicable, no hubiera exigido el pago de montantes compensatorios monetarios previsto por ésta, no puede existir confianza legítima alguna en las partes interesadas, a pesar de su buena fe.
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Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales ° Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores ° Concepto de "consumidor" ° Demandante que actúa en el ejercicio de su actividad profesional, como cesionario de los derechos de un particular ° Exclusión

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, arts. 13, párr. primero, y 14, modificados por el Convenio de Adhesión de 1978)

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El régimen particular establecido por los artículos 13 y siguientes del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, está inspirado en el interés por proteger al consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, de manera que esta parte no debe verse forzada a desistir de hacer valer sus derechos judicialmente por estar obligada a ejercitar su acción ante los Tribunales del Estado en el que su cocontratante tiene su domicilio. Estas disposiciones sólo se refieren al consumidor final privado que no participe en actividades comerciales o profesionales, que esté vinculado por uno de los contratos enumerados en el artículo 13 y que sea parte en una acción entablada ante los Tribunales, conforme al artículo 14. El artículo 13 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que el demandante que actúa en ejercicio de su actividad profesional y que, por tanto, no es, él mismo, el consumidor que es parte en uno de los contratos enumerados por el párrafo primero de este artículo no puede beneficiarse de las reglas de determinación de la competencia especiales previstas por dicho Convenio en materia de contratos celebrados por los consumidores.
Las normas generales para la aplicación de la tasa suplementaria fueron establecidas por el Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64). Este Reglamento determina, concretamente, la cantidad de referencia a que se refiere el Reglamento de base no 856/84, es decir, la cantidad de referencia exenta de la tasa suplementaria. En principio, ésta es igual a la cantidad de leche o de equivalente de leche suministrada por el productor durante el año civil de 1981 (fórmula A) o a la cantidad de leche o de equivalente de leche comprada por un comprador durante el año civil de 1981 (fórmula B), aumentadas en un 1 % (apartado 1 del artículo 2). No obstante, los Estados miembros podrán prever que, en su territorio, la cantidad de referencia contemplada en el apartado 1 sea igual a la cantidad de leche o de equivalente de leche suministrada o comprada durante el año civil de 1982 o el año civil de 1983 afectada por un porcentaje establecido de manera que no sobrepase la cantidad garantizada (apartado 2 del artículo 2). Además, con arreglo a los artículos 3, 3 bis, 4 y 4 bis del citado Reglamento, modificado, los Estados miembros podrán tener en cuenta determinadas situaciones particulares o conceder cantidades de referencia específicas o suplementarias, en orden a la determinación de las cantidades de referencia.

Los apartados 1 y 4 del artículo 7 del Reglamento no 857/84, en la redacción que les dio el Reglamento (CEE) no 590/85 del Consejo, de 26 de febrero de 1985 (DO L 68, p. 1; EE 03/33, p. 247), establecen:

«1. En caso de venta, arrendamiento o transmisión por herencia de una explotación la cantidad de referencia correspondiente se transferirá total o parcialmente al comprador, al arrendatario o al heredero, de acuerdo con las modalidades que se determinen. [...]
4.

Cuando se produjeron los hechos de autos, el baremo de bonificaciones y depreciaciones aplicable al precio de intervención era el previsto en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3472/85 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1985, relativo a las modalidades de compra y de almacenamiento del aceite de oliva por los organismos de intervención (DO L 333, p. 5; EE 03/39, p. 124), modificado por el Reglamento (CEE) n° 3236/87 (DO L 308, p. 12); a este respecto, el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento n° 3472/85 establece que «el ajuste del precio de compra se efectuará aplicando al precio de intervención las bonificaciones y refacciones que figuran en el Anexo. Los ajustes previstos para los aceites vírgenes, que no fueren los lampantes, sólo podrán admitirse para los aceites en los que se haya comprobado que sus características concuerdan con las definidas en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1058/77 y en el Anexo del Reglamento n° 136/66/CEE. En lo que se refiere al aceite de oliva virgen comestible, el examen de las características organolépticas se efectuará según un procedimiento comunitario. Mientras dicho procedimiento no sea adoptado, los Estados miembros efectuarán el examen contemplado anteriormente según los procedimientos nacionales».
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1. Medio ambiente ° Conservación de las aves silvestres ° Directiva 79/409 ° Preservación, mantenimiento y restablecimiento de los hábitats ° Obligaciones de los Estados miembros ° Alcance

(Directiva 79/409 del Consejo, arts. 3 y 4)

2. Medio ambiente ° Conservación de las aves silvestres ° Directiva 79/409 ° Medidas de conservación especiales ° Obligaciones de los Estados miembros ° Excepciones ° Necesidad de un interés general superior a los objetivos ecológicos ° Exclusión de exigencias económicas y recreativas

(Directiva 79/409 del Consejo, art. 4)

3. Medio ambiente ° Conservación de las aves silvestres ° Directiva 79/409 ° Delimitación y modificación de zonas de protección especial ° Facultad de apreciación de los Estados miembros ° Límites

(Directiva 79/409 del Consejo, art. 4, aps. 1 y 4)

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1. Los artículos 3 y 4 de la Directiva obligan a los Estados miembros a preservar, mantener y restablecer los hábitats de dichas aves en tanto que tales, debido a su valor ecológico. Las obligaciones a cargo de los Estados miembros, derivadas de estos artículos, existen desde antes de que se haya comprobado una disminución del número de aves o de que se haya concretado un riesgo de extinción de una especie protegida.

2. Los Estados miembros, al aplicar la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, no están facultados para invocar a su albedrío razones para establecer excepciones basadas en la consideración de otros intereses. Por lo que se refiere, más en particular, a la obligación de tomar medidas de conservación especiales para determinadas especies, enunciada en el artículo 4 de la Directiva, para ser admisibles, estas razones deben obedecer a un interés general superior a aquel al que responde el objetivo ecológico previsto por la Directiva. En particular, no se pueden tomar en consideración los intereses enunciados en el artículo 2 de la Directiva, a saber, las exigencias económicas y recreativas, ya que esta disposición no constituye una excepción autónoma al régimen de protección establecido por la Directiva.

3. Para escoger los territorios más apropiados para clasificarlos como zonas de protección especial, de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación que está limitado por el hecho de que la clasificación de dichas zonas obedece a ciertos criterios ornitológicos, determinados por la Directiva, tales como, por una parte, la presencia de aves enumeradas en el Anexo I y, por otra, la calificación de un hábitat como zona húmeda.

Por el contrario, los Estados miembros no pueden disponer del mismo margen de apreciación, en el ámbito del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva, para modificar o reducir la superficie de dichas zonas.
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1. Recurso por incumplimiento - Escrito de interposición del recurso - Exposición de los cargos y motivos - Mera referencia al escrito de requerimiento y al dictamen motivado - Insuficiencia

[Tratado CEE, art. 169; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 19; Reglamento de Procedimiento, art. 38, ap. 1, letras c) y d)]

2. Aproximación de las legislaciones - Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas - Directiva 79/831 - Cláusula de salvaguardia - Requisitos para su utilización

(Directiva 79/831 del Consejo, art. 23, ap. 1)

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1. Un recurso que se presenta con arreglo al artículo 169 del Tratado no cumple el requisito establecido por el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y por las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, de contener el objeto del litigio, las pretensiones de las partes y una exposición sumaria de los motivos invocados si no recoge de un modo preciso las imputaciones de la Comisión, y éstas figuran en el mismo sólo mediante remisión a los motivos indicados en el escrito de requerimiento y en el dictamen motivado.

2. La cláusula de salvaguardia del apartado 1 del artículo 23 de la Directiva 79/831, que autoriza a los Estados miembros, con carácter provisional, a prohibir o someter a condiciones especiales la comercialización de las sustancias peligrosas que, en relación con su clasificación, envasado o etiquetado, puedan presentar un peligro para el hombre o el entorno, no incluye ninguna exigencia formal particular, en lo que atañe a la información de la Comisión y de los demás Estados miembros acerca de las medidas adoptadas, ni obliga al Estado miembro que se acoge a dicha cláusula a hacer constar expresamente su carácter provisional en las medidas adoptadas.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 19 de marzo de 1991 ( *1 )

En el asunto C-310/89,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. René Barents, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Guido Berardis, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Reino de los Países Bajos, representado por el Sr. J. W. de Zwaan, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de los Países Bajos, 5, rue C. M. Spoo,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar en el plazo señalado todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a lo dispuesto en la Directiva 84/539/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos eléctricos utilizados en medicina humana y veterinaria (DO L 300, p. 179; EE 13/18, p. 133), o por lo menos al no informar a la Comisión de la adopción de dichas medidas, el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias y M. Diez de Velasco, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliét, F. A. Schockweiler y P. J. G. Kapteyn, Jueces;

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide :

1) Declarar que, al no adoptar en el plazo señalado, todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a lo dispuesto en la Directiva 84/539/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos eléctricos utilizados en medicina humana y veterinaria, o por lo menos al no informar a la Comisión de la adopción de dichas medidas, el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2) Condenar en costas al Reino de los Países Bajos.

( *1 ) Lengua de procedimiento: neerlandés.
—

El incremento del patrimonio social resulta del ahorro de los intereses que obtiene la sociedad. En contra de la opinión mantenida por determinados autores alemanes, el incremento del patrimonio social no presupone un incremento del patrimonio activo neto de la sociedad. Es más, el hecho de que el incremento del patrimonio social no se produzca hasta el momento de la utilización del préstamo y no ya desde el momento de la transmisión del bien patrimonial, como ocurre en el caso de una aportación, no constituye obstáculo alguno para la aplicación de la Directiva, que no establece ninguna distinción al respecto.
7.

El Finanzgericht Hamburg duda de la validez de la Decisión de la Comisión. En particular se pregunta si la Comisión no ha exagerado su deber de vigilancia sobre el deudor debido a que no puede esperarse que éste esté mejor informado sobre los tipos arancelarios aplicables en la Comunidad que lo que pueda estarlo el Hauptzollamt, y menos aún en un asunto en el que los tipos no son fáciles de determinar a partir del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, ni siquiera para un especialista. En caso de que la Decisión de la Comisión sea válida, el Finanzgericht formula la cuestión de si, en virtud del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54), no está excluida la recaudación a posteriori para el período anterior a la modificación del mencionado Manual arancelario, debido a que éste reviste el carácter de una instrucción administrativa general emanada de una autoridad administrativa superior. Según esta disposición: «a) Las Autoridades competentes no podrán iniciar ninguna acción de recaudación cuando la cuantía de los derechos de importación o de los derechos de exportación, comprobada a posteriori como inferior a la cantidad legalmente devengada, haya sido calculada: — a partir de informaciones aportadas por las mismas Autoridades competentes y que les sean vinculantes. — [...]»
31.

Según la Comisión, el apartado 1 del artículo 10 del Tratado establece tres exigencias acumuladas que deben respetarse para que una mercancía originaria de un tercer país se encuentre en libre práctica en un Estado miembro. Si no se cumple una de estas condiciones, a saber el pago de los derechos de aduana exigibles, la mercancía de que se trata no se encuentra en libre práctica. Ya no se trata de una mercancía comunitaria y esta mercancía sólo puede circular en el interior de la Comunidad mediante la aplicación del procedimiento de tránsito comunitario externo. Cuando aquélla entre en un Estado miembro deberá pues presentarse un formulario Ti o TI bis.
Asunto C-338/89

Organisationen Danske Slagterier

contra

Landbrugsministeriet

Petición de decisión prejudicial presentada por el Østre Landsret

«Fuerza mayor — Interrupción de los suministros a causa de una huelga»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mischo, presentadas el 22 de enero de 1991 2334

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991 2347

Sumario de la sentencia

Agricultura — Organización común de mercados — Certificados de exportación con fijación por anticipado — Exportador que no puede respetar sus compromisos a causa de una huelga ajena a su empresa, pero que afecta al suministro de materias primas — Solicitud de prórroga — Dificultad para apreciar los riesgos derivados de un preaviso de huelga notificado con anterioridad a la presentación de la solicitud del certificado — Caso de fuerza mayor — Inexistencia

(Reglamento n° 3183/80 de la Comisión, arts. 36 y 37)

Los artículos 36 y 37 del Reglamento n° 3183/80 de la Comisión, por el que se establecen modalidades comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, deben interpretarse en el sentido de que no constituye un caso de fuerza mayor el hecho de que el suministro de materias primas a una empresa, que ha obtenido un certificado de fijación anticipada, se suspenda a causa de una huelga legal que afecta a otras empresas, si el preaviso de huelga, ya presentado en el momento en que la empresa solicitó el certificado, indicaba que la huelga comenzaría durante el período de validez del certificado, pero que existían posibilidades de que la huelga no tuviera lugar o de que no afectara a dicha empresa.

En efecto, en el contexto concreto de estos artículos, el concepto de fuerza mayor, si bien no se limita al de imposibilidad absoluta, implica, no obstante, que la no realización del hecho de que se trate se deba a circunstancias ajenas a aquél que lo invoque, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no hubieran podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada.
SENTENCIA DE 23. 5. 1990 — ASUNTO C-31/89 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
23 de mayo de 1990 * 
En el asunto C-31/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Daniel Calleja, 
miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domici­
lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio 
Jurídico de la Comisión, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de España, representado por el Sr. Javier Conde de Saro, Director General 
de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por el Sr. Rafael García-
Valdecasas y Fernández, Abogado del Estado, Jefe del Servicio Jurídico del Estado 
ante el Tribunal de Justicia, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en 
Luxemburgo la sede de la embajada de España, 4-6, boulevard Emmanuel-Servais, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no conceder la franquicia total del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación definitiva por un particular de 
vehículos automóviles de uso privado, remolques, motocicletas, embarcaciones de 
recreo y aviones de turismo procedentes de otro Estado miembro, en contra de lo 
dispuesto en la Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, rela­
tiva a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes 
personales de los particulares, procedentes de un Estado miembro (DO L 105, 
p. 64; EE 09/01, p. 161), el Reino de España ha incumplido las obligaciones que 
le incumben en virtud del Tratado CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; C. N. Kakouris y M. Zuleeg, Presiden­
tes de Sala; R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias y M. 
Diez de Velasco, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: español. 
I-2140 
COMISIÓN / ESPAÑA 
decide: 
1) Declarar que, al no conceder la franquicia total del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a la importación definitiva por un particular de vehículos automóviles 
de uso privado, remolques, motocicletas, embarcaciones de recreo y aviones de 
turismo procedentes de otro Estado miembro, en contra de lo dispuesto en la 
Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las fran­
quicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de 
los particulares, procedentes de un Estado miembro, el Reino de España ha in­
cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE. 
2) Condenar en costas al Reino de España. 
I-2141
En el marco del régimen de ayuda a la mantequilla y a la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados y otros productos alimenticios, el hecho de que, como consecuencia del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento n° 1932/81, una empresa declarada adjudicataria de mantequilla de mercado para su transformación en mantequilla concentrada y que no cumpla con su obligación por motivos económicos pierda la fianza de licitación, incluso en el caso en que haya comprado mantequilla de intervención, para sustituir con ella el producto del que había sido declarada adjudicatária, y la haya transformado legalmente, aunque dicha sustitución haya sido autorizada más tarde por el Reglamento n° 2661/85, no puede considerarse desproporcionado.

Efectivamente, esta pérdida de la fianza forma parte integrante de un régimen por el que el operador económico optó voluntariamente y en su propio interés y se produce precisamente cuando se hace realidad el riesgo para el que se constituyó.

La pérdida de la fianza en estas circunstancias tampoco puede considerarse discriminatoria, puesto que el Reglamento n° 1932/81 trata por igual a todos los licitadores que se encuentran en una situación comparable, en particular por lo que respecta a la pérdida de la fianza en uno de los supuestos que se especifican en el apartado 1 de su artículo 12.

La aplicación de dicho artículo no puede suspenderse en un caso particular por motivos de equidad para evitar la pérdida de la fianza, pues, por un lado, en Derecho comunitario no existe un principio general de falta de equidad objetiva y, por otro, al participar voluntariamente y por propio interés en las licitaciones, los operadores deben soportar los riesgos inherentes a la operación de que se trata, mientras la Comisión no modifique de modo imprevisible y arbitrario la situación económica o la normativa en vigor.