ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/12

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Asunto C-156/14) (1)

((Remisión prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Artículo 191 TFUE, apartado 2 - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Normativa nacional que no contempla ni la posibilidad de que la Administración imponga a los propietarios de terrenos contaminados que no hayan contribuido a su contaminación la aplicación de medidas preventivas y reparadoras ni la obligación de reembolsar los gastos originados por las intervenciones de la Administración - Compatibilidad con los principios de «quien contamina paga», de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma))

(2016/C 038/16)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato (Consejo de Estado)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Tamoil Italia SpA

Demandada: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministerio de Medio Ambiente y de Protección de las Zonas Terrestres y Marítimas)

En presencia de: Provincia di Venezia (Provincia de Venecia), Comune di Venezia (Ayuntamiento de Venecia), Regione Veneto (Región de Véneto)

Fallo

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que en los supuestos en que resulte imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno o conseguir que éste adopte medidas reparadoras no permite que la autoridad competente imponga la obligación de adoptar medidas preventivas y reparadoras al propietario del terreno que no sea responsable de su contaminación, quien únicamente estará obligado a reembolsar los gastos relativos a las intervenciones llevadas a cabo por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del terreno, que se determinará una vez concluidas dichas intervenciones.

(1) DO C 194, de 24.6.2014.
1)

Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a normas nacionales que prevean la facultad de moderar los intereses moratorios en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, siempre que la aplicación de tales normas nacionales: — no prejuzgue la apreciación del carácter «abusivo» de la cláusula sobre intereses moratorios por parte del juez nacional que conozca de un procedimiento de ejecución hipotecaria relacionado con dicho contrato, y — no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que llegue a la conclusión de que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 184/2

Auto del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014 — Nothern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión Europea

(Asunto C-248/12 P) (1)

((Recurso de casación - FOEGA, FEAGA y FEADER - Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea - Admisibilidad del recurso de anulación - Situación del demandante que no está directamente afectado por la Decisión controvertida))

2014/C 184/02

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Nothern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (representante: K. Brown, Solicitor)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: N. Donnelly y P. Rossi, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) de 6 de marzo de 2012, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión Europea, T-453/10, mediante el que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de un recurso que tiene por objeto la anulación parcial de la Decisión 2010/399/UE de la Comisión, de 15 de julio de 2010 [notificada con el número C(2010) 4894], por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 184, p. 6), en la medida en que excluye determinados gastos efectuados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar al Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development al pago de las costas relativas al presente recurso de casación.

(1) DO C 200, de 7.7.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/10

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 21 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles — Bélgica) — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot y Mathieu Vrancken/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

(Asunto C-154/12) (1)

(Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento - Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Reglamento (CE) no 318/2006 - Artículo 16 - Reglamento (CE) no 1234/2007 - Artículo 51 - Imposición de un canon de producción - Validez - Inexistencia de base legal - Falta de motivación clara y unívoca - Violación del principio de no discriminación - Violación del principio de proporcionalidad)

2013/C 108/19

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot y Mathieu Vrancken

Demandada: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Otras partes en el procedimiento: Joseph Cockx y otros

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal de première instance de Bruxelles — Validez del artículo 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 58, p. 1) — Interpretación de los artículos 37 CE, apartado 2, y 253 CE — Imposición de un canon de producción en el sector de la remolacha azucarera — Inexistencia de base legal — Falta de motivación clara y unívoca — Discriminación con respecto a los demás sectores agrícolas y no agrícolas — Violación del principio de proporcionalidad.

Fallo

El examen de la cuestión prejudicial no ha revelado aspecto alguno que pueda afectar a la validez de los artículos 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, y 51 del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

(1) DO C 174, de 16.6.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 49/14

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bari — Italia) — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Asunto C-519/10) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículos 92, apartado 1, 103, apartado 1, y 104, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento - Sector vitivinícola - Reglamento (CEE) no 822/87 y Reglamento (CE) no 343/94 - Cuestión cuya respuesta no suscita ninguna duda razonable - Inadmisibilidad manifiesta)

2012/C 49/22

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Bari

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Giovanni Colapietro

Demandada: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Bari — Sector vitivinícola — Régimen de destilación obligatoria — Campaña 1993/94 — Ámbito de aplicación temporal del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 84, p. 1) — Derogación de dicho Reglamento por el Reglamento (CEE) no 343/94 de la Comisión, de 15 de febrero de 1994, por el que se decide iniciar la destilación obligatoria contemplada en el artículo 39 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo y se establecen casos de excepción a algunas de las normas de aplicación correspondientes durante la campaña 1993/94 (DO L 44, p. 9) — Sanción administrativa establecida por el Derecho nacional para la violación del Reglamento no 822/87 — Aplicabilidad en caso de violación del Reglamento no 343/94 — Proporcionalidad de la sanción administrativa impuesta.

Fallo

El Reglamento (CEE) no 343/94 de la Comisión, de 15 de febrero de 1994, por el que se decide iniciar la destilación obligatoria contemplada en el artículo 39 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo y se establecen casos de excepción a algunas de las normas de aplicación correspondientes durante la campaña 1993/94, aplica el Reglamento no 822/87 sin derogarlo ni sustituirlo.

(1) DO C 13, de 15.1.2011.
3)

En circunstancias como las del litigio principal, el hecho de que no se indique la TAE en un contrato de crédito al consumo, dato que reviste una importancia esencial en el contexto de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, en su versión modificada por la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998, puede ser un elemento decisivo cuando un juez nacional trate de determinar si una cláusula de un contrato de préstamo relativa al coste de este en la que no consta dicha indicación está redactada de manera clara y comprensible en el sentido del artículo 4 de la Directiva 93/13. Si no es así, este órgano jurisdiccional tiene la facultad de apreciar, incluso de oficio, si, habida cuenta de todas las circunstancias que concurrieron en la celebración de dicho contrato, el hecho de que no conste la indicación de la TAE en la cláusula de éste relativa al coste de ese crédito puede conferir a la citada cláusula carácter abusivo en el sentido de los artículos 3 y 4 de la Directiva 93/13. No obstante, a pesar de que sea posible examinar el citado contrato a la luz de la Directiva 93/13, la mencionada Directiva 87/102 debe interpretarse en el sentido de que permite al juez nacional aplicar de oficio las disposiciones que adaptan su Derecho interno al artículo 4 de esta última Directiva y establecen que en caso de que no se indique la TAE en un contrato de crédito al consumo se considerará que el crédito concedido está exento de intereses y gastos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/37

Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division — Reino Unido) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Asunto C-182/09) (1)

()

2010/C 346/66

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 193, de 15.8.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 234/17

Auto del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, S.A./Comisión Europea, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Reino de España

(Asunto C-517/08 P) (1)

(Recurso de casación - Directiva 91/414/CEE - No inclusión del endosulfán en el anexo I de la citada Directiva - Retirada de las autorizaciones de comercialización - Recurso de casación manifiestamente infundado)

2010/C 234/24

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, S.A. (representantes: C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Parpala y N.B. Rasmussen, agentes), Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA) (representante: D. Waelbroeck, abogado), Reino de España

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de septiembre de 2008, Bayer CropScience y otros/Comisión (T-75/06), que desestimó un recurso de anulación de la Decisión 2005/864 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2005, relativa a la no inclusión del endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa [notificada con el no C(2005) 4611] (DO L 317, p. 25).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA y Aragonesas Agro, S.A.

3) European Crop Protection Association (ECPA) cargará con sus propias costas.

(1) DO C 19, de 24.1.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/15

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de mayo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Prud'homie de pêche — Francia) — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault

(Asunto C-109/07) (1)

(«Concepto de órgano jurisdiccional nacional - Incompetencia del Tribunal de Justicia»)

(2008/C 209/20)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Prud'homie de pêche

Partes

Demandante: Jonathan Pilato

Demandada: Jean-Claude Bourgault

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Prud'homie de pêche de Martigues — Interpretación del artículo 11 bis del Reglamento (CE) no 894/97 del Consejo, de 29 de abril de 1997, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (DO L 132, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1239/98 del Consejo, de 8 de junio de 1998 (DO L 171, p. 1) — Definición del concepto de «red de enmalle de deriva» — Posible inclusión de la «thonaille» — Finalidad medioambiental de la medida de prohibición establecida en el artículo antes citado — Validez de esta disposición habida cuenta, en particular, de la base jurídica empleada para su adopción.

Fallo

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la prud'homie de pêche de Martigues mediante resolución de 17 de diciembre de 2006.

(1) DO C 95 de 28.4.2007.
1)

El artículo 2, punto 83, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE], debe interpretarse en el sentido de que una entidad de Derecho privado que realiza varias actividades, entre ellas la investigación, pero cuyos ingresos proceden en su mayor parte de actividades económicas, como la prestación de servicios de enseñanza a título oneroso, puede considerarse un «organismo de investigación y difusión de conocimientos», en el sentido de esa disposición, siempre que pueda establecerse, a la luz de la totalidad de las circunstancias pertinentes del caso concreto, que su principal objetivo consiste en realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, y, en su caso, en difundir los resultados de estas actividades de investigación mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos. En ese contexto, no puede exigirse que una proporción determinada de los ingresos de esa entidad proceda de actividades no económicas de investigación y difusión de conocimientos.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de septiembre de 2022 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) — Irlanda] — FS / Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection

(Asunto C-3/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguridad social de los trabajadores migrantes - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Coordinación de los sistemas de seguridad social - Prestaciones familiares - Pago retroactivo - Traslado del beneficiario a otro Estado miembro - Artículo 81 - Concepto de «petición» - Artículo 76, apartado 4 - Obligación recíproca de información y cooperación - Incumplimiento - Plazo de prescripción de doce meses - Principio de efectividad)

(2022/C 432/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: FS

Recurridas: Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection

Fallo

1) El artículo 81 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social debe interpretarse en el sentido de que: el concepto de «petición», a que se refiere dicha disposición, incluye únicamente la petición presentada por una persona que haya hecho uso de su derecho a la libre circulación ante las autoridades de un Estado miembro que no es competente en virtud de las normas de conflicto establecidas en dicho Reglamento. Por consiguiente, este concepto no incluye ni la petición inicial presentada con arreglo a la legislación de un Estado miembro por una persona que aún no haya hecho uso de su derecho a la libre circulación, ni el pago periódico, por parte de las autoridades de dicho Estado miembro, de una prestación que, en el momento de dicho pago, normalmente se adeuda por otro Estado miembro.

2) El Derecho de la Unión, y más concretamente el principio de efectividad, no se opone a la aplicación de una normativa nacional que somete el efecto retroactivo de una petición de prestaciones familiares a un plazo de prescripción de doce meses, ya que dicho plazo no hace prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio, por parte de los trabajadores migrantes interesados, de los derechos que les confiere el Reglamento n.o 883/2004.

(1) DO C 138 de 19.4.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Asunto C-33/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Trabajadores migrantes - Seguridad social - Legislación aplicable - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 14, punto 2, letra a), incisos i) y ii) - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 11, apartado 5 - Artículo 13, apartado 1, letras a) y b) - Concepto de «base» - Personal de vuelo - Trabajadores que ejercen su actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros - Criterios de conexión)

(2022/C 266/08)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Demandada: Ryanair DAC

Fallo

El artículo 14, punto 2, letra a), inciso i), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, y con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) n.o 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, los artículos 13, apartado 1, letra a), y el 87, apartado 8, del Reglamento (CEE) 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, y posteriormente por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, y el artículo 11, apartado 5, del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012, deben interpretarse en el sentido de que la legislación de seguridad social aplicable al personal de vuelo de una compañía aérea, establecida en un Estado miembro, que no está cubierto por certificados E101 y que trabaja durante 45 minutos al día en un local destinado a acoger a la tripulación, denominado «crew room», del que dicha compañía aérea dispone en el territorio de otro Estado miembro en el que ese personal de vuelo reside, mientras que el resto de la jornada de trabajo se encuentra a bordo de las aeronaves de dicha compañía aérea es la legislación de este último Estado miembro.

(1) DO C 110 de 29.3.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 3 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main — Alemania) — JW, HD, XS / LOT Polish Airlines

(Asunto C-20/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion - Competencia especial en materia contractual - Concepto de «lugar de cumplimiento de la obligación que sirva de base a la demanda» - Contrato de prestación de servicios - Transporte aéreo - Vuelo caracterizado por una única reserva confirmada y realizado en varios trayectos por dos transportistas aéreos distintos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos - Artículo 7 - Derecho a compensación - Retraso en el primer trayecto - Demanda de compensación dirigida contra el transportista aéreo encargado del primer trayecto ante el órgano jurisdiccional del lugar de llegada de este)

(2022/C 128/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: JW, HD, XS

Demandada: LOT Polish Airlines

Fallo

El artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un vuelo caracterizado por una única reserva, confirmada para el conjunto del itinerario, y dividido en dos o más trayectos en los que el transporte se efectúa por transportistas aéreos distintos, el lugar de llegada del primer trayecto no puede considerarse lugar de cumplimiento, en el sentido de dicha disposición, cuando una demanda de compensación, presentada con base en el Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, tiene su único origen en el retraso del primer trayecto como consecuencia de una demora en el despegue y está dirigida contra el transportista aéreo encargado de realizar ese primer trayecto.

(1) DO C 98 de 22.3.2021.