Asunto T-442/03

SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Medidas adoptadas por la República Portuguesa en favor de la empresa pública de radiodifusión RTP para financiar su misión de servicio público — Decisión por la que se declara que algunas medidas no constituyen ayudas de Estado y las demás son compatibles con el mercado común — Calificación de ayuda de Estado — Compatibilidad con el mercado común — Obligación de examen diligente e imparcial»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 26 de junio de 2008 II - 1165

Sumario de la sentencia

No cumple el requisito de selectividad una medida estatal que, aunque conceda una ventaja a una categoría específica de operadores económicos, no establece una excepción a la aplicación normal de un sistema, sino que, por el contrario, se inserta en él, constituyendo de este modo una medida inherente al mismo, ni tampoco se cumple tal requisito cuando las diferencias de trato que origina dicha medida pueden justificarse por la naturaleza o el sistema. Por lo que respecta a una normativa nacional que dispensa a las empresas públicas de la escritura pública normalmente exigida cuando se transforman en sociedades anónimas, la Comisión está obligada a verificar que, pese a su especificidad, la exención de los gastos de notario derivada de esta dispensa no constituye una ayuda de Estado ya que el recurso a la ley que conllevaba tal exención no se eligió con el fin de que las empresas públicas eludieran gravámenes, sino que simplemente se inscribía en la lógica del sistema jurídico portugués. (véanse los apartados 64 a 67)

Para que unas ventajas puedan ser calificadas de ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, es necesario, por una parte, que sean otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra parte, que sean imputables al Estado. La imputabilidad de una medida al Estado no puede deducirse del mero hecho de que la medida de que se trate haya sido adoptada por una empresa pública. En efecto, aunque el Estado pueda controlar a una empresa pública y ejercer una influencia dominante sobre sus operaciones, no es posible dar por supuesto automáticamente el ejercicio efectivo de dicho control en un caso concreto. De este modo, resulta necesario analizar si resulta procedente la conclusión de que las autoridades públicas intervinieron de algún modo en la adopción de dichas medidas. A este respecto, la imputabilidad al Estado de una medida de ayuda adoptada por una empresa pública puede deducirse de un conjunto de indicios, como por ejemplo la integración de la empresa en la estructura de la Administración Pública, la naturaleza de sus actividades y el hecho de desarrollarlas en el mercado compitiendo normalmente con empresas privadas, el estatuto jurídico de la empresa, regida por el Derecho público o por el Derecho de sociedades común, la intensidad de la tutela que ejercen las autoridades públicas sobre la gestión de la empresa, o cualquier otro indicio de la intervención de las autoridades públicas en el caso concreto de que se trate o de lo improbable de su falta de intervención en la adopción de la medida, habida cuenta igualmente del alcance de ésta, de su contenido o de las condiciones que establezca. (véanse los apartados 93 a 95, 98 y 99)

No se desprende del tenor literal del artículo 86 CE, apartado 2, ni de la jurisprudencia relativa a este precepto que un servicio de interés económico general sólo pueda encomendarse a un operador a través de un procedimiento de concurso público. Si bien es cierto que el servicio público de radiodifusión se considera un servicio de interés económico general y no un servicio de interés general no económico, debe señalarse sin embargo que esta calificación se explica mejor por el impacto que el servicio público de radiodifusión produce, de facto, sobre el sector de la radiodifusión, por otra parte competitivo y comercial, que por una supuesta dimensión comercial del servicio público de radiodifusión. Según se desprende claramente del Protocolo de Ámsterdam sobre el sistema de radiodifusión pública en los Estados miembros, el servicio público de radiodifusión está «directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad». Por otra parte, esta especificidad del servicio público de radiodifusión constituye el fundamento de la libertad reconocida por el Protocolo de Ámsterdam a los Estados miembros en la adjudicación del servicio de interés económico general de radiodifusión. Explica y justifica el hecho de que no se pueda exigir a un Estado miembro que convoque una licitación para adjudicar dicho servicio, al menos cuando, tal como sucede en el caso de autos, decide prestar él mismo este servicio público mediante una sociedad pública. (véanse los apartados 145, 153 y 154)

Los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de definir lo que consideran servicios de interés económico general. En consecuencia, la definición de estos servicios por parte de un Estado miembro sólo puede ser cuestionada por la Comisión en caso de error manifiesto. Por otra parte, el Derecho comunitario no se opone en modo alguno a que un Estado miembro defina el servicio de interés económico general de radiodifusión en términos amplios, que incluyan la difusión de una programación generalista. Esta facultad no puede cuestionarse por el hecho de que el radiodifusor de servicio público ejerza, además, actividades comerciales, en concreto la venta de espacios publicitarios. Tal cuestionamiento, en efecto, supondría hacer depender la propia definición del servicio de interés económico general de radiodifusión de su forma de financiación. Pues bien, un servicio de interés económico general se define, por principio, atendiendo al interés general que pretende satisfacer y no en consideración a los medios que garantizaran su prestación. (véanse los apartados 195 y 201 a 203)

Sólo el Estado miembro puede apreciar el respeto por el radiodifusor de servicio público de las normas de calidad definidas en el mandato de servicio público. La Comisión debe, en principio, limitarse a comprobar la existencia de un mecanismo de control, por un órgano independiente, del cumplimiento de su mandato por dicho radiodifusor. Sólo si en las informaciones transmitidas a la Comisión durante la investigación hay indicios fundados de que el mecanismo de control, aunque existía, no se aplicó, puede requerirse a la Comisión que examine si en realidad se aplicó, procurando, no obstante, no excederse de este examen y, en particular, no suplantar al Estado miembro en la apreciación concreta del cumplimiento de los criterios cualitativos. (véanse los apartados 212 a 214)