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Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 20 de marzo de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. - Incumplimiento de Estado - Directiva 94/15/CE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado. - Asunto C-357/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-02963



Conclusiones del abogado general

1 Mediante la presente demanda, formulada al amparo del artículo 169 del Tratado CE, la Comisión solicita del Tribunal de Justicia la declaración de que el Reino de Bélgica, al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 94/15/CE de la Comisión, de 15 de abril de 1994, por la que se adapta al progreso técnico por primera vez la Directiva 90/220/CEE del Consejo sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, (1) ha incumplido las obligaciones que le impone dicha Directiva.

2 En el curso del procedimiento precontencioso, la Comisión dirigió al Gobierno belga un escrito de requerimiento (9 de agosto de 1994) y el dictamen motivado (4 de marzo de 1996), instándole a que adoptara las medidas necesarias para atenerse a la Directiva. A ninguno de ambos escritos dio respuesta dicho Gobierno, por lo que la Comisión presentó su demanda ante el Tribunal de Justicia el día 30 de octubre de 1996.

3 El Gobierno belga, en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia, no niega el incumplimiento del que es acusado, reconociendo no haber adaptado su derecho interno a la Directiva dentro del plazo fijado por el artículo 2 de ésta, plazo que expiró el 30 de junio de 1994. Afirma, sin embargo, que se propone aprobar cuanto antes las medidas de adaptación necesarias.

4 Siendo manifiesto el incumplimiento que la Comisión imputa al Reino de Bélgica, procede la estimación de la demanda.

5 Corresponde a la parte demandada abonar las costas, de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, al haberlo así solicitado la demandante.

Conclusión

6 Propongo, pues, al Tribunal de Justicia la estimación del recurso de la Comisión, de modo que:

1) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al no adoptar, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 94/15/CE de la Comisión, de 15 de abril de 1994, por la que se adapta al progreso técnico por primera vez la Directiva 90/220/CEE del Consejo sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.

2) Condene en costas al Reino de Bélgica.

(1) - DO L 103, p. 20.
4.

La parte demandada no discute que la adaptación del Derecho interno a las mencionadas Directivas, realizada por medio de circulares administrativas que no tienen carácter obligatorio, no puede ser considerada suficiente. Alega que podrá realizarse una adaptación del Derecho interno por vía legislativa introduciendo en la Ley relativa a la utilización y protección de las aguas la facultad que permita adoptar reglamentos. Añade que puede suponerse que la Ley modificatoria será adoptada en la primavera de 1996.
12.

En sus observaciones escritas y orales, la Comisión, apoyada en este punto por Alemania en la vista, expresó reservas acerca de la autenticidad del elemento comunitario en este caso. En particular, la Comisión se preguntó si la realidad subyacente en el presente caso no era que la Sra. Ramthun, de nacionalidad alemana y con domicilio en Alemania, representaba en verdad a Broede en cuanto uno de sus propios clientes, si bien bajo la apariencia de actuar en nombre de INC. A este respecto, durante la vista el Agente de Alemania señaló que, con arreglo al Derecho alemán, un administrador de una sociedad de responsabilidad limitada posee automáticamente el derecho a representar a dicha sociedad en juicio. Afirmó que, al otorgar un poder a la Sra. Ramthun para actuar en su nombre, INC bien actuó basándose en una interpretación errónea del Derecho alemán, o bien otorgó en realidad un mandato por delegación a la Sra. Ramthun. Ahora bien, en mi opinión, no corresponde a este Tribunal resolver tales dudas. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el reparto de las competencias jurisdiccionales en el marco de las cuestiones sometidas a su consideración con arreglo al artículo 177 del Tratado le obliga a «[limitarse a] deducir el significado de las normas comunitarias a partir del tenor y el espíritu del Tratado, estando reservada al Juez nacional la aplicación a cada caso concreto de las normas así interpretadas». ( 13 ) En consecuencia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional proceder a la correcta apreciación de los hechos con objeto de aplicar la interpretación dada por el Tribunal a las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario. Si el órgano jurisdiccional nacional llegara a la conclusión de que, en el presente caso, la Sra. Ramthun intervino en realidad en su propio nombre y no por cuenta de INC, no existiría ningún elemento intcrestatal que relacionara este caso con el ámbito de aplicación del Tratado, y el órgano jurisdiccional nacional estaría legitimado para resolver el recurso de apelación de que conoce exclusivamente con arreglo al Derecho alemán. Pero no es eso lo que supuso el órgano jurisdiccional nacional al someter el asunto al Tribunal de Justicia. Este Tribunal no debe poner en tela de juicio la buena fe de las partes cuando ésta no ha sido cuestionada por el órgano jurisdiccional nacional, salvo en un caso de claridad meridiana. En mi opinión, el Tribunal debe responder a las cuestiones remitidas por el órgano jurisdiccional nacional partiendo de la base de que se ha planteado una verdadera cuestión de aplicación del Derecho comunitario.
29.

El órgano jurisdiccional nacional no ha facilitado información sobre la cuestión de si se cumplían los requisitos para la concesión de exenciones por parte de las autoridades italianas competentes. A este respecto, hay que destacar que, con arreglo a la Directiva, los Estados miembros disponen de una facultad discrecional para decidir si utilizan o no la posibilidad de aplicar la exención de autorización; el hecho de que un Estado miembro concreto no conceda dicha exención no puede constituir, en ningún caso, un incumplimiento de sus obligaciones. Incluso podría llegar a decirse que si la concesión de exenciones en un Estado miembro concreto menoscabara el nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente que pretende alcanzar el artículo 4 de la Directiva, dicho Estado miembro no estaría autorizado para utilizar la posibilidad ofrecida por el artículo 11; queda claro que esta cuestión no exige en este momento un análisis más detenido. Dado el carácter condicional de la dispensa de autorización y la facultad discrecional de que disponen los Estados miembros a este respecto, no se plantea la posibilidad de que el apartado 1 del artículo 11 tenga efecto directo y, de hecho, el órgano jurisdiccional nacional tampoco se ha referido expresamente a dicha posibilidad.
Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 4 de julio de 1996. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo. - Incumplimiento de Estado - Directivas 90/219/CEE y 90/220/CEE - Organismos modificados genéticamente. - Asunto C-312/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página I-05143



Conclusiones del abogado general

++++

1 Mediante recurso presentado el 4 de octubre de 1995, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al no adoptar, dentro del plazo señalado, las medidas necesarias para atenerse a la Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (1) y a la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. (2)

2 A este respecto es suficiente destacar que el Gobierno luxemburgués no niega el incumplimiento que se le atribuye. En sus observaciones se ha limitado a señalar que está en curso la adaptación del Derecho interno a tales Directivas. Dicha situación, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (3) no constituye, sin embargo, causa eximente de cumplimiento.

Conclusión

3 Por tanto propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso y que condene, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, al Estado demandado al pago de las costas.

(1) - DO L 117, p. 1.

(2) - DO L 117, p. 15.

(3) - Véase, ex multis, la sentencia de 6 de abril de 1995, Comisión/España (C-147/94, Rec. p. I-1015).
60.

A diferencia de lo que opina el Bundesamt, no pienso que pueda concluirse que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional carece de pertinencia en relación con los procedimientos de que conoce el Finanzgericht. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que la declaración de inadmisibilidad de una petición planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible si se observa, de modo manifiesto, que la petición no tiene relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal. ( 15 ) En la resolución de remisión se indica que, con posterioridad a la modificación por el Bundesamt de su resolución durante el procedimiento, Denkavit limitó su acción al período anterior al 15 de julio de 1993, alterando sus pretensiones con objeto de solicitar del Finanzgericht una declaración en el sentido de que la resolución del Bundesamt era contraria a Derecho. El fin declarado que persigue al solicitar ese pronunciamiento es obtener la base para una reclamación de indemnización en un procedimiento separado ante otros órganos jurisdiccionales alemanes. En respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia formulada en la vista, Denkavit explicó que, con arreglo a las disposiciones procesales pertinentes del Derecho alemán, únicamente podría obtener dicha declaración del Finanzgericht si tenía un interés legítimo; asimismo, manifestó que la tercera cuestión del Finanzgericht debía apreciarse en ese contexto. Así pues, si bien Denkavit no solicita una indemnización en el procedimiento ante el Finanzgericht, no puede concluirse que la cuestión planteada por este último carezca de pertinencia en relación con la realidad o el objeto del litigio principal. Añadiría que no corresponde al Tribunal de Justicia verificar si, con arreglo a la normativa alemana reguladora del procedimiento y la organización judicial, Denkavit estaba facultada para modificar sus pretensiones con objeto de solicitar la referida declaración en el procedimiento ante el Finanzgericht. ( 16 )
La recurrente considera que esta solución no es defendible, porque el Tribunal de Justicia la ha rechazado en los supuestos similares a los que se ha visto confrontado, en concreto, los suscitados por los asuntos Hoffmann-La Roche/Comisión y Michelin/Comisión. El análisis realizado por la recurrente de las sentencias recaídas en estos dos asuntos debe ser desestimado.

En el asunto Hoffmann-La Roche/Comisión, el Tribunal de Justicia aceptó la existencia de ocho mercados relevantes, formados por ocho grupos diferentes de vitaminas. Hoffmann-La Roche se encontraba en posición dominante en todos ellos, con excepción del mercado de la vitamina B3, donde su cuota de mercado era más reducida. La empresa fue condenada por sus prácticas comerciales abusivas en los siete mercados dominados y no por las cometidas en el mercado de la vitamina B3. En este caso, la Comisión no invocó la estrecha conexión entre este mercado y los otros siete mercados de vitaminas y, además, el Tribunal de Justicia estableció que Hoffmann-La Roche no disponía de una ventaja en el mercado de la vitamina B3 por el hecho de suministrar las otras siete vitaminas, ya que sus competidores podían suministrar a los compradores de este producto una amplia gama de otros productos. ( 29 ) En el presente litigio, como ha indicado la Comisión en su escrito de contestación, la ventaja de Tetra Pak en los mercados no asépticos, proveniente de su cuasimonopolio en los mercados asépticos, no se neutraliza con la posibilidad de que sus competidores en los mercados no asépticos ofrezcan a los clientes otro tipo de productos.

En lo que respecta a la sentencia Michelin/Comisión, el TPI descartó acertadamente, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, su pertinencia para la resolución del presente litigio. En la sentencia Michelin/Comisión, no se consideró contraria al artículo 86 una bonificación adicional basada en objetivos de venta en el mercado de los neumáticos para coches de turismo, que ofrecía Michelin en los Países Bajos, porque no constituía una prestación asociada al sistema de bonificación aplicado por esta empresa en el mercado de los neumáticos para camiones de carga, dominado por Michelin, y que fue considerado incompatible con la prohibición del artículo 86. Entre el mercado de neumáticos para coches de turismo y el mercado de neumáticos para camiones de carga no existía una conexión estrecha, debido a las significativas diferencias en cuanto a la estructura de la oferta y de la demanda en ambos mercados, que el Tribunal de Justicia puso de relieve para la determinación del mercado relevante. ( 30 ) Por tanto, este asunto no se refiere a un supuesto similar al planteado por la sentencia recurrida.
67.

Por consiguiente, no puede aceptarse el argumento de la Comisión según el cual cualquier carga inferior no habría sido suficiente para alcanzar el objetivo del Reglamento. En cualquier caso, este argumento es desconcertante, ya que las importaciones se habían efectuado algunos años antes de que se adoptara el Reglamento y no se ha precisado en ningún sitio —ni en la exposición de motivos del Reglamento ni en las observaciones de la Comisión— cómo podría el Reglamento alcanzar su objetivo en estas circunstancias. No obstante, no me basaré en esta consideración en cuanto tal como motivo de invalidez del Reglamento. En mi opinión, la Comisión podía considerar fundadamente que, dado que sus Reglamentos anteriores se habían declarado inválidos únicamente «por lo que se refiere a la cuantía» del importe suplementario que fijaban, tenía la posibilidad de fijar un nuevo importe, de cuantía inferior, incluso para importaciones realizadas mucho antes. Tampoco comparto, como he indicado anteriormente, el argumento del demandante según el cual el importe suplementario debería haberse fijado en una cuantía simplemente equivalente a la diferencia entre los costes de producción en la Comunidad y el precio de los champiñones importados. No obstante, considero, por las razones anteriormente expuestas, que el nivel fijado por el Reglamento controvertido era excesivo y contrario al principio de proporcionalidad.
29.

Por otra parte, la República Italiana aduce que, con anterioridad a la fecha de emisión del dictamen motivado referente al decreto n° 257, de 1 de agosto de 1990, y al decreto de 1 de septiembre de 1990, relativos a la producción y a la comercialización de los moluscos, se había adoptado la Directiva 91/492. A su juicio, ambos decretos se habrían convertido en disposiciones de aplicación de la Directiva 91/492 y, por consiguiente, no era necesaria su comunicación a la Comisión en virtud del artículo 10 de la Directiva 83/189. Este argumento no puede admitirse, porque el contenido de los dos decretos italianos pone de relieve su insuficiencia para constituir normas internas de desarrollo de la Directiva 91/492, que contiene disposiciones mucho más precisas y exhaustivas sobre la comercialización de los moluscos. Esta afirmación se ve corroborada con la adopción por parte de Italia del decreto legislativo n° 530, de 30 de diciembre de 1992, para desarrollar la Directiva 91/492 en el ámbito interno italiano, que deroga los anteriores decretos ministeriales relativos a la comercialización de los moluscos. Por tanto, el artículo 10 de la Directiva 83/189 no es aplicable a los dos decretos italianos en cuestión, dado que éstos no son normas de desarrollo de una reglamentación comunitaria.
30.

Las normas procesales nacionales que permiten al solicitante subsanar los defectos de su solicitud durante la sustanciación de un recurso interpuesto conforme al articulo 37 deberán ajustarse también, por analogía, al Convenio, siempre que de ello no resulte ningún menoscabo del derecho de defensa. ( 24 ) No creo que si se autoriza la rectificación de la solicitud en esta fase se pueda favorecer una negligencia por parte del solicitante o una falta de vigilancia por parte del órgano jurisdiccional en nombre del destinatario de la resolución ausente durante el procedimiento no contradictorio. Por lo que respecta al primer argumento, el solicitante deberá asumir con toda probabilidad gastos superiores debido a su negligencia. En cuanto al segundo, la posibilidad de rectificar solicitudes o escritos durante la sustanciación del recurso, conforme a las normas procesales nacionales de un Estado contratante, demuestra, si fuera necesario, que no debe temerse tal falta de vigilancia. No se pueden plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales de interpretación en la fase no contradictoria. ( 25 ) Esto sólo puede hacerse a partir de la fase de recurso, lo que lleva a pensar que un órgano jurisdiccional de un Estado contratante, que conoce de un recurso conforme al artículo 37, puede pedir que se le oriente sobre el procedimiento que debe seguirse ante él. Por supuesto, esto no se aplica a un recurso de casación como el interpuesto ante el Hof van Cassatie en el caso de autos, que está limitado, con arreglo al artículo 41, a cuestiones de Derecho. ( 26 )
29.

La Comisión subraya, en particular, que, durante los cinco primeros meses de 1990, el Gobierno polaco ya no estaba en condiciones de velar por el respeto del precio medio acordado para la importación de fresas congeladas. Las importaciones de los referidos cinco meses, esto es 23.499 toneladas, eran ya superiores al volumen total de las importaciones de 1989, que ascendía a 21.985 toneladas. ( 16 ) Este aumento fue acompañado de una caída de los precios medios de las fresas congeladas polacas desde el nivel pactado de 88 ECU/100 kg hasta 64 ECU/100 kg en mayo de 1990, y hasta 60 ECU/100 kg en junio de 1990. Los precios de las fresas congeladas producidas y vendidas en la Comunidad también descendieron, así como el precio medio de todas las importaciones de los países terceros. En vista de esta situación, la Comisión estableció medidas de salvaguardia con la adopción del primer Reglamento de salvaguardia. La Comisión subraya también que las fresas congeladas importadas de Polonia no pertenecían todas a la especie Senga Sengana. Había que tener en cuenta la situación que reinaba en el mercado de las fresas congeladas en su conjunto, y no solamente una u otra especie, para las que no había estadísticas particulares. Además, la Comisión estima que la industria agroalimentaria de la Comunidad no depende de una especie particular de fresas (Senga Sen-gana según el informe) sino solamente de cierta calidad de fresas. Otras especies, entre ellas las cultivadas en la Comunidad, pueden ser de la misma calidad.
57.

Tampoco me convence el argumento del Gobierno francés según el cual la prohibición se fundamenta en «la protección de la [...] vida de [los] animales», a que se refiere el artículo 36 del Tratado. Con arreglo al artículo L. 211-1 del Código Rural, la conservación de especies de animales no domésticos depende de la existencia de un interés científico particular o de las exigencias de la preservación del patrimonio biológico nacional. Ninguno de estos factores constituye un interés que pueda justificar una excepción al artículo 30 del Tratado, en virtud del artículo 36. Además, en la sentencia de 31 de enero de 1984, Comisión/Reino Unido, el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 36 no podía justificar medidas destinadas a prevenir unos riesgos para la salud de los animales que fueran de escasa entidad o remotos hasta el punto de no ser reales. ( 41 ) El Gobierno francés no ha identificado ni los riesgos para la salud de los animales ni la amplitud de los mismos, así como tampoco ha demostrado de qué manera podría suprimir o reducir tales riesgos la prohibición de vender aves silvestres nacidas y criadas en cautividad.
79.

La Comisión estima que no deberían haberse tenido en cuenta las características en la apreciación de la oferta de EMI. Los elementos cuyo valor técnico no puede determinarse no podían, en su opinión, tomarse en consideración, en la medida en que no se anunciaron entre los elementos considerados para determinar la oferta económicamente más ventajosa. La Comisión reconoce que el pliego de cláusulas administrativas autoriza las variantes. No obstante, estima que los elementos que éste exige no pueden considerarse «sugerencias libres» ( 25 ) y que, por tanto, sólo podían valorarse de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas.
7.

Mientras tanto, el 15 de febrero de 1990, las demandantes en el litigio principal apelaron ante el Hof van beroep te Brussel contra la citada resolución del Rechtbank van koophandel te Leuven. En la apelación, las demandantes impugnaron la remisión de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Como consecuencia de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1991, adujeron que la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial, que había sido reformulada, no permitía afirmar con certeza que la disposición controvertida fuera incompatible con el Derecho comunitario, en particular, porque, al contrario de lo que el Tribunal de Justicia parece estimar en dicha sentencia, el legislador belga no impone el uso exclusivo de la lengua o de las lenguas de la región en que se vende el producto. Seguidamente, las apelantes señalan que, aunque la disposición controvertida fuera considerada contraria a las normas del Derecho comunitario, las indicaciones contenidas en tales productos no están redactadas en una lengua fácilmente inteligible para los compradores y la parte apelada no indica cuáles son los otros medios adoptados para garantizar la información de éstos.
43.

Debe señalarse que no se ha demostrado en absoluto que las empresas de que se trata sean empresas públicas, empresas titulares de derechos especiales o exclusivos, en el sentido del Tratado, o empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Es cierto que corresponde al Juez nacional decidir sobre este punto a partir de los criterios adoptados por el Tribunal de Justicia. No obstante, de los documentos que obran en autos resulta que, en el presente litigio, las empresas de que se trata: — no pueden ser confundidas con empresas públicas ( 23 ) ni con empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, ( 24 ) — no son titulares de derechos especiales o exclusivos en el sentido del Tratado. ( 25 ) Así pues, la situación del transporte por carretera en Italia no es comparable en absoluto a aquella en que el legislador confiere a una empresa el monopolio en una parte sustancial del mercado común. ( 26 ) La acción del legislador en el presente asunto no elimina la competencia en el mercado reservándola a un solo operador, ( 27 ) sino que se limita a regular el acceso al mercado mismo y algunos elementos del comportamiento de las empresas que operan en él. ( 28 )