CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. EVGENI TANCHEV

presentadas el 17 de diciembre de 2020 ( 1 )

Asunto C‑824/18

A.B.,

C.D.,

E.F.,

G.H.,

I.J.

contra

Krajowa Rada Sądownictwa,

con intervención de: Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokurator Generalny

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)]

«Petición de decisión prejudicial — Artículos 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, y 19 TUE, apartado 1 — Artículo 267 TFUE — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva — Principio de la independencia judicial — Procedimiento para el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo de Polonia — Nombramiento por el Presidente de la República de Polonia a propuesta del Consejo Nacional del Poder Judicial — Falta de independencia del Consejo Nacional del Poder Judicial — Recurso judicial no efectivo — Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se deroga la disposición en la que se fundamenta la competencia del órgano jurisdiccional remitente — Limitación en virtud del Derecho nacional de las funciones jurisdiccionales del órgano jurisdiccional remitente — Primacía del Derecho de la Unión — Diferencia de trato en relación con el acceso a una vía de recurso»

1. Como acertadamente afirmó Lord Neuberger, antiguo presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, «cuando se priva a los ciudadanos del derecho a acudir a un juez para impugnar los actos del Gobierno, se vive en una dictadura». ( 2 ) La eliminación en Polonia del control judicial en el marco del ámbito constitucional fundamental de la independencia judicial ( 3 ) constituye la esencia del litigio que se ha de resolver. ( 4 )

2. El presente asunto suscita cuestiones importantes y permitirá al Tribunal de Justicia realizar precisiones esenciales, tanto desde el punto de vista del procedimiento como del contenido, en particular, con respecto al artículo 19 TUE, apartado 1. Al abordar la primacía del Derecho de la Unión, daré mi opinión sobre la reciente sentencia del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania; en lo sucesivo, «BVerfG») en el asunto Weiss (2 BvR 859/15), en la que se consideró, en particular, que la sentencia del Tribunal de Justicia de que se trataba se había dictado ultra vires, así como sobre una resolución reciente de la Sala Disciplinaria del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) que, con posterioridad a dicha sentencia del BVerfG, declaró que una sentencia del Tribunal de Justicia no era vinculante en el ordenamiento jurídico polaco.

3. En la presente petición de decisión prejudicial —presentada el 21 de noviembre de 2018 y complementada posteriormente con una nueva cuestión prejudicial planteada mediante resolución de 26 de junio de 2019—, el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia) solicita la interpretación de los artículos 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, 6 TUE, apartado 1, y 19 TUE, apartado 1, del artículo 267 TFUE, de los artículos 15, apartado 1, 20, 21, apartado 1, 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), 3, apartado 1, letra a), y 9, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE. ( 5 )

4. La petición de decisión prejudicial tiene su origen en los recursos interpuestos por los candidatos judiciales A.B., C.D., E.F., G.H. e I.J. contra las resoluciones de la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «KRS»), mediante las cuales: i) la KRS decidió no proponer al Presidente de la República de Polonia (en lo sucesivo, «Presidente de la República») su nombramiento para desempeñar el cargo de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia); en lo sucesivo, «Tribunal Supremo») y, al mismo tiempo, ii) la KRS propuso al Presidente de la República el nombramiento de otros candidatos.

I. Marco jurídico

5. La KRS se rige por la Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, de 12 de mayo de 2011). En particular, el artículo 44 de la Ley de la KRS dispone: «1. Todo participante en el procedimiento podrá interponer recurso ante el [Tribunal Supremo] invocando la ilicitud de la resolución [de la KRS], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones. […] 1 bis. En casos individuales relativos al nombramiento a juez [del Tribunal Supremo], se podrá interponer recurso ante el [Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo]. En estos casos no cabrá interponer un recurso ante el [Tribunal Supremo]. El recurso ante el [Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo] no podrá fundarse en un motivo basado en la incorrecta valoración del cumplimiento por parte del candidato de los criterios tomados en consideración al decidir sobre la presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Tribunal Supremo]. 1 ter. Cuando la resolución […] no haya sido impugnada por todos los participantes en el procedimiento, en casos individuales de nombramiento a juez del [Tribunal Supremo], la resolución adquirirá firmeza en la parte relativa a la decisión de presentar la propuesta de nombramiento a juez del [Tribunal Supremo], así como en la parte relativa a la decisión de no presentar dicha propuesta, con respecto a los participantes en el procedimiento que no hayan impugnado dicha resolución. […] 4. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Tribunal Supremo], la anulación por el [Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo] de la resolución de la [KRS] relativa a la no presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Tribunal Supremo] equivaldrá a la admisión en el procedimiento de la candidatura del participante que haya interpuesto recurso, para cubrir el cargo vacante de juez del [Tribunal Supremo], con respecto al cual, en la fecha en la que se dicta la sentencia [del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo], el procedimiento ante la [KRS] no haya finalizado, o en caso de ausencia de dicho procedimiento, para cubrir el próximo cargo vacante de juez del [Tribunal Supremo] que sea publique.»

II. Litigios principales y cuestiones prejudiciales

6. La KRS, mediante resolución n.o 318/2018, de 24 de agosto de 2018, acordó no presentar al Presidente de la República la propuesta de nombramiento de, entre otros, A.B. y C.D. para desempeñar el cargo de juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Mediante resolución n.o 330/2018, de 28 de agosto de 2018, la KRS acordó no presentar al Presidente de la República la propuesta de nombramiento de, entre otros, E.F., G.H. e I.J. para desempeñar el cargo de juez de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Dichas resoluciones contenían también propuestas de nombramiento de otros candidatos para desempeñar dichos cargos.

7. Los candidatos mencionados interpusieron recursos contra dichas resoluciones ante el órgano jurisdiccional remitente y le solicitaron que suspendiera su ejecución, solicitud que este estimó.

8. Por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que, al contrario de las disposiciones aplicables con anterioridad, el artículo 44, apartado 1 ter, de la Ley de la KRS recientemente introducido establece que, en casos individuales de nombramiento a juez del Tribunal Supremo, la resolución de la KRS adquirirá firmeza no solo en la parte relativa a la decisión de no presentar la propuesta de nombramiento de candidatos en caso de que los no elegidos no hayan interpuesto recurso, sino también en la parte relativa a la decisión de presentar dicha propuesta, en caso de que no haya sido impugnada por todos los participantes del proceso de selección. Pues bien, también existen participantes cuyo nombramiento se ha propuesto y que, por tanto, no tienen ningún interés en interponer un recurso contra tal resolución, de modo que el órgano jurisdiccional remitente considera que será siempre, de facto, de carácter firme.

9. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo al artículo 44, apartado 1 bis, de la Ley de la KRS, la función que debe desempeñar (control del desarrollo del proceso de selección controvertido) se basa en requisitos demasiado generales, dado que no se han establecido criterios unívocos de valoración.

10. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que del artículo 44, apartado 4, de la Ley de la KRS se deduce que la consecuencia de esta solución es el hecho de que la anulación por parte del órgano jurisdiccional remitente de la resolución de la KRS sobre la falta de presentación de la propuesta de nombramiento a juez del Tribunal Supremo supone exclusivamente la aceptación de la candidatura del participante en el procedimiento que haya interpuesto un recurso al cargo vacante de juez en el Tribunal Supremo, respecto del cual el procedimiento ante la KRS no ha finalizado y, en caso de ausencia de tal procedimiento, para el siguiente cargo vacante de juez del Tribunal Supremo.

11. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita asimismo orientación al Tribunal de Justicia con el fin de poder valorar si en el caso de autos se ha respetado el nivel de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (que responde a los fines del interés general). A su juicio, la efectividad del recurso es claramente diferente si se comparan los procedimientos relativos a los cargos judiciales vacantes en otros órganos jurisdiccionales con el procedimiento relativo a tales cargos en el Tribunal Supremo.

12. En estas circunstancias, el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 TUE en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, párrafo tercero, 6 TUE, apartado 1, 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 47 de la Carta y con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, así como el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que – se infringe el principio del Estado de Derecho, así como el derecho al recurso efectivo y a la tutela judicial efectiva cuando el legislador nacional, al reconocer el derecho a recurrir ante los tribunales en asuntos individuales relativos al desempeño del cargo de juez del órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], vincula el carácter firme y la eficacia de la resolución adoptada en el proceso de selección previo a la propuesta de nombramiento para el desempeño de la función de juez del citado órgano jurisdiccional a que no se impugne, por parte de todos los participantes del proceso de selección, la decisión tomada en materia de reconocimiento y valoración conjunta de todos los candidatos para el Sąd Najwyższy, entre los cuales también se encuentra un candidato que no está interesado en impugnar la citada decisión, a saber, el candidato al que se refiere la propuesta de nombramiento para el desempeño del cargo lo que, en consecuencia: – desvirtúa la eficacia del recurso y la posibilidad de que el órgano jurisdiccional competente lleve a cabo un control real del desarrollo del citado proceso de selección? – y si el alcance de ese procedimiento incluye también los cargos de los jueces del Sąd Najwyższy, respecto de los cuales se ha aplicado una nueva edad de jubilación, inferior a la de los jueces que los ocupaban hasta la fecha, sin confiar la decisión sobre el disfrute de la nueva edad inferior de jubilación exclusivamente a la voluntad del juez afectado, en el contexto del principio de inamovilidad de los jueces —cuando se estime que este ha sufrido detrimento— también afecta a la extensión y al resultado del control judicial del citado proceso de selección? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 2 TUE, en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, párrafo tercero, y 6 TUE, apartado 1, en relación con los artículos 15, apartado 1, y 20 de la Carta, en relación con los artículos 21, apartado 1, y 52, apartado 1, de la Carta, en relación con los artículos 2, apartado 1, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, así como el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que – se infringe el principio del Estado de Derecho, el principio de igualdad de trato y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas —mediante el desempeño de la función de juez del Sąd Najwyższy— cuando, en los asuntos individuales relativos al desempeño del cargo de juez del citado órgano jurisdiccional, al reconocerse el derecho a recurrir al órgano jurisdiccional competente, a resultas de la declaración de firmeza descrita en la cuestión prejudicial primera, el nombramiento para un cargo vacante del Sąd Najwyższy puede tener lugar sin que se lleve a cabo por el órgano jurisdiccional competente el control del desarrollo del citado proceso de selección —siempre que se haya llegado a su iniciación— y la omisión de esta medida, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, infringe el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas, de modo que no responde a los fines del interés general; y no menoscaba el principio del equilibrio institucional la situación en la que la composición de la autoridad del Estado miembro que debe velar por la independencia de los tribunales y la imparcialidad de los jueces ([la KRS]), ante la cual se desarrolla el procedimiento relativo al desempeño del cargo de juez del Sąd Najwyższy se crea de forma que los representantes del poder judicial en el citado órgano son elegidos por el poder ejecutivo?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y complemento a la petición de decisión prejudicial

13. En la primera parte de la fase escrita del procedimiento, A.B., C.D., E.F. e I.J., la KRS, el Prokurator Generalny (Fiscal General, Polonia), el Rzecznik Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo, Polonia), el Gobierno polaco y la Comisión presentaron observaciones al Tribunal de Justicia.

14. La fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia concluyó el 31 de mayo de 2019. El 26 de junio de 2019, el órgano jurisdiccional remitente dictó una resolución por la que desestimaba la solicitud del Fiscal General de archivo de los litigios principales, todo ello de acuerdo con la siguiente secuencia de hechos.

15. En primer lugar, mediante sentencia de 25 de marzo de 2019, dictada en el asunto K 12/18 a instancia de la KRS y de un grupo de senadores, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) declaró la incompatibilidad del artículo 44, apartado 1 bis, de la Ley de la KRS con el artículo 184 de la Constitución de Polonia. El Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) también se pronunció sobre la necesidad de concluir todos los procedimientos tramitados con arreglo a esta disposición, debido a la expiración de la misma.

16. En segundo lugar, mediante la Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Ley de 26 de abril de 2019, por la que se modifica la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; en lo sucesivo, «Ley de 26 de abril de 2019»), ( 6 ) que entró en vigor el 23 de mayo de 2019, se modificó el artículo 44, apartado 1, frase segunda, de la Ley de la KRS, quedando redactado el tenor de esta disposición como sigue: «No cabe recurso en los litigios individuales relativos al nombramiento para desempeñar el cargo de juez del Sąd Najwyższy.» Dicha Ley también dispone en su artículo 3 que «se archivarán por mandato legal los procedimientos sobre los recursos contra las resoluciones de la [KRS] en los litigios individuales relativos al nombramiento para desempeñar el cargo de juez del Sąd Najwyższy, tramitados y no concluidos antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente ley».

17. En estas circunstancias, el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió plantear al Tribunal de Justicia una (tercera) cuestión prejudicial complementaria en el presente asunto: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 TUE en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo tercero, artículo 6 TUE, apartado 1, artículo 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 47 de la Carta y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, así como el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que: – se infringe el principio del Estado de Derecho y se vulnera el derecho a un juez y el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el legislador nacional suprime del ordenamiento jurídico las disposiciones pertinentes sobre la competencia del Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo) y el derecho a presentar recursos contra las resoluciones de la [KRS] e introduce la medida según la cual los procedimientos relativos a los recursos citados, tramitados y no concluidos antes de la fecha de la adopción de los cambios (derogaciones), se sobreseerán por mandato legal, lo que en consecuencia: – desvirtúa el derecho a un juez en lo relativo al control de las citadas resoluciones de la [KRS] y al control de la corrección del desarrollo de los procesos de selección en los que aquellas fueron adoptadas? – y en la situación en la que el órgano jurisdiccional nacional inicialmente competente para los litigios citados, habiendo iniciado eficazmente el procedimiento de control de las citadas resoluciones de la [KRS], hubiese planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desvirtúa el derecho a un juez también en la medida en la que en un litigio individual pendiente ante el órgano jurisdiccional (originariamente) competente para conocer del mismo, priva a continuación a ese órgano jurisdiccional de iniciar eficazmente el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del derecho a esperar su resolución, lo que contradice el principio de la Unión de la cooperación leal?»

18. En la segunda parte de la fase escrita del procedimiento, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Gobierno polaco y la Comisión presentaron observaciones al Tribunal de Justicia.

19. Todas las partes que presentaron observaciones en la primera parte de la fase escrita del procedimiento también tuvieron la oportunidad de formular observaciones en la vista oral celebrada ante el Tribunal de Justicia.

IV. Apreciación

A. Sobre la competencia del Tribunal de Justicia

20. El Fiscal General sostiene que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales porque versan sobre el derecho a un recurso judicial en un ámbito no cubierto por el Derecho de la Unión. Cualquier otra decisión supondría la coexistencia de competencias análogas y erga omnes sobre cuestiones jurídicas idénticas planteadas al mismo tiempo ante el Tribunal de Justicia y el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

21. No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, no es menos cierto que, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión. ( 7 ) Además, por lo que se refiere al ámbito de aplicación, en particular, del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, procede recordar que esta disposición tiene por objeto garantizar la tutela judicial efectiva en los «ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de la situación en la que los Estados miembros aplican este Derecho, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. ( 8 )

22. De ello se deduce que el Tribunal de Justicia es competente para interpretar, en particular, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en el presente asunto (véanse los puntos 31 y ss. de las presentes conclusiones).

B. Sobre si procede (aún) pronunciarse

23. La KRS, el Fiscal General y el Gobierno polaco alegan, en esencia, que las cuestiones prejudiciales han quedado sin objeto, por lo que no ha lugar a pronunciarse sobre ellas para resolver los litigios principales. El artículo 44, apartado 1 bis, de la Ley de la KRS, en el que se basaba la competencia del órgano jurisdiccional remitente, fue derogado con efectos erga omnes por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) mediante su sentencia de 25 de marzo de 2019, con la confirmación del legislador.

24. No considero que, tras la promulgación de la Ley de 26 de abril de 2019, las cuestiones prejudiciales hayan quedado sin objeto. Por una parte, esta Ley modifica el artículo 44 de la Ley de la KRS y suprime el derecho a recurrir en asuntos individuales exclusivamente en lo que respecta al nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. Y, por otra parte, dicha Ley también establece que los procedimientos pendientes relativos a los recursos interpuestos contra las resoluciones de la KRS en asuntos individuales se archivarán por mandato legal.

25. Teniendo en cuenta este último elemento, las cuestiones prejudiciales no pueden quedar sin objeto. En efecto, ha de subrayarse que el Tribunal de Justicia ya desestimó una argumentación similar por parte del Gobierno polaco en la sentencia A. K. y otros, apartado 102.

26. Ha de señalarse que la Ley de 26 de abril de 2019 no ha puesto fin a los litigios principales ni ha dado lugar a la retirada de la petición de decisión prejudicial en la medida en que, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, la citada Ley «requiere de una actuación concreta adecuada del órgano jurisdiccional ante el cual se tramita el procedimiento en el litigio del que ya conoce (ello también se refiere a las consecuencias que deban resultar de la sentencia del [25 de marzo de 2019]), lo que por su esencia requiere revestirla de forma de resolución —ya que solo de esta forma puede tener lugar el cumplimiento de las competencias jurisdiccionales del tribunal, que ciertamente no anula la citada disposición legal» (el subrayado es mío). El órgano jurisdiccional remitente no ha dictado ninguna resolución de sobreseimiento y, por el contrario, ha decido mantener su petición de decisión prejudicial (véase, asimismo, la sentencia A. K. y otros, apartado 103).

27. Así pues, unas disposiciones nacionales como la Ley de 26 de abril de 2019 no pueden impedir a un órgano jurisdiccional de última instancia que mantenga las cuestiones prejudiciales que ha planteado al Tribunal de Justicia (véase la sentencia A. K. y otros, apartado 104).

28. Procede recordar que, además de la sentencia A. K. y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia ya ha rehusado en varios asuntos dictaminar la procedencia del sobreseimiento debido a la presunta desaparición del objeto del litigio, tal como habían solicitado las autoridades polacas. Es preciso señalar que el legislador polaco no ha dudado en modificar, con carácter urgente y reiterado, el marco jurídico nacional examinado en esos asuntos por el Tribunal de Justicia, únicamente para sostener que los recursos por incumplimiento o las peticiones de decisión prejudicial han quedado sin objeto. ( 9 )

29. De ello se deduce que la Ley de 26 de abril de 2019 o la sentencia de 25 de marzo de 2019 no pueden justificar que el Tribunal de Justicia no se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales.

C. Sobre la admisibilidad

30. El Fiscal General y el Gobierno polaco afirman, en esencia, que las cuestiones prejudiciales planteadas son inadmisibles basándose en argumentos similares a los expuestos en el punto 20 de las presentes conclusiones.

31. En primer lugar, es preciso recordar que de la jurisprudencia se desprende que «el artículo [267 TFUE] es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho [de la Unión] que precisan para la solución del litigio que deban dirimir». ( 10 )

32. El órgano jurisdiccional remitente desea saber si el recurso judicial previsto por el Derecho nacional es conforme con la exigencia de tutela judicial efectiva establecida en el artículo 47 de la Carta. No obstante, este artículo solo es aplicable cuando se trata de una vulneración de un derecho subjetivo garantizado por el Derecho de la Unión.

33. El órgano jurisdiccional remitente también hace referencia a la Directiva 2000/78. A tenor de su artículo 1, la Directiva tiene por objeto «establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato» (el subrayado es mío).

34. El órgano jurisdiccional remitente no explica el vínculo existente entre los recurrentes en los litigios principales y el derecho a no ser discriminado en virtud de la Directiva 2000/78, cuyo ámbito de aplicación se limita a los motivos específicos antes enumerados. Por consiguiente, basta con señalar que, en la medida en que de las peticiones de decisión prejudicial planteadas en el presente asunto no se desprende que los recurrentes en los litigios principales pretendan invocar derechos garantizados por el Derecho de la Unión, como los previstos por la Directiva 2000/78, ni el artículo 47 de la Carta ni la Directiva 2000/78 son aplicables en el caso de autos.

35. El órgano jurisdiccional remitente también invoca el artículo 2 TUE como disposición autónoma. No obstante, este artículo no figura como tal entre las disposiciones con arreglo a las cuales se ha de apreciar la conformidad de una normativa nacional con el Derecho de la Unión y que, por tanto, podría llevar per se al órgano jurisdiccional remitente a abstenerse de aplicar una disposición nacional, siguiendo la interpretación dada por el Tribunal de Justicia. En cualquier caso, este hecho carece de importancia, puesto que el artículo 2 TUE y el valor del Estado de Derecho que en él se enuncia se concretan en el artículo 19 TUE (véase el punto 87 de las presentes conclusiones).

36. Considero que las cuestiones prejudiciales primera y tercera, en particular, son pertinentes para los litigios principales, dado que se refieren al alcance de la competencia del órgano jurisdiccional remitente en el supuesto de que declare la ilegalidad de las resoluciones de la KRS controvertidas. Como consecuencia, las únicas disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales serían el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 267 TFUE.

D. Sobre el fondo

37. Considero que se ha de abordar en primer lugar el fondo de la tercera cuestión prejudicial (complementaria), ya que la respuesta a esta cuestión llevará al Tribunal de Justicia o bien a declarar que no procede pronunciarse sobre las dos primeras cuestiones, o bien, por el contrario, a examinarlas.

1. Tercera cuestión prejudicial

38. Esta cuestión prejudicial debe entenderse en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si debe interpretarse que el artículo 267 TFUE y el artículo 19 TUE, apartado 1, se oponen a una normativa que da lugar al sobreseimiento por mandato legal del procedimiento nacional sin posibilidad de proseguirlo o de incoarlo de nuevo ante otro órgano jurisdiccional (primera parte de la tercera cuestión prejudicial), y si esas disposiciones del Derecho de la Unión se oponen a la consecuencia que puede derivarse de esta normativa nacional en cuanto a la inhibición del Tribunal de Justicia en asuntos en los que ya se ha planteado una petición de decisión prejudicial, que todavía no se ha resuelto (segunda parte de la tercera cuestión prejudicial).

a) Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

39. El Fiscal General sostiene, en esencia, que la Constitución polaca autoriza la exclusión de todos los recursos jurídicos contra las propuestas de nombramiento controvertidas. Se permiten las restricciones de libertades y derechos constitucionales si están previstas por la ley y son necesarias, en particular en aras del orden público. El Gobierno polaco alega, en esencia, que el artículo 3 de la Ley de 26 de abril de 2019 no limita la posibilidad de que el órgano jurisdiccional remitente plantee una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, sino que únicamente pretende establecer la terminación de asuntos del mismo tipo que los litigios principales.

40. La Comisión sostiene que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no se opone a disposiciones nacionales como las controvertidas en los litigios principales, salvo por la ruptura estructural del procedimiento de nombramiento, que puede poner en duda la independencia de ese candidato tras su nombramiento. Por consiguiente, el artículo 19 TUE, apartado 1, no opone a la aprobación de una normativa nacional que dé lugar al sobreseimiento por mandato legal de los recursos por los que se solicita el control judicial de tales resoluciones (artículo 3 de la Ley de 26 de abril de 2019). En cuanto al artículo 267 TFUE, la Comisión considera que esta disposición tampoco se opone al artículo 3 de la Ley de 26 de abril de 2019.

41. A diferencia de las partes mencionadas, A.B., C.D., E.F., I.J. y el Defensor del Pueblo sostienen, en esencia, que procede responder afirmativamente a la tercera cuestión.

b) Apreciación

42. En primer lugar, se ha de examinar la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial, en la medida en que se refiere al artículo 267 TFUE.

1) Sobre la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial (artículo 267 TFUE)

43. Ciertamente, en el caso de autos, es la acción común del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) y del legislador polaco la que, según las cuestiones prejudiciales, podría dar lugar al sobreseimiento con arreglo al Derecho nacional, lo que podría suponer la inhibición del Tribunal de Justicia en relación con la presente petición de decisión prejudicial. En efecto, en primer lugar, la sentencia de 25 de marzo de 2019 derogó con efecto inmediato la normativa nacional en la que se basaba la competencia del órgano jurisdiccional remitente, precisando al mismo tiempo que esa declaración de inconstitucionalidad implicaba la conclusión de ese tipo de procedimientos aún pendientes ante el órgano jurisdiccional remitente.

44. También es cierto que, en los últimos años, la Comisión ha expresado serias dudas, en particular, en cuanto a la capacidad actual del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) para ejercer su función con total independencia y, por tanto, adoptó la decisión de incoar formalmente el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE, apartado 1, en lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia. ( 11 )

45. Como se pone de manifiesto en el presente asunto, el artículo 19 TUE atribuye el cometido de garantizar el control judicial en el ordenamiento jurídico de la Unión no solo al Tribunal de Justicia, sino también a los tribunales nacionales, que desempeñan, en colaboración con el Tribunal de Justicia, una función que se les atribuye en común con el objeto de garantizar el cumplimiento del Derecho en la interpretación y en la aplicación de los Tratados. ( 12 )

46. En particular, por lo que se refiere al artículo 267 TFUE, es preciso recordar que «la piedra angular del sistema jurisdiccional [de la Unión] es el procedimiento de remisión prejudicial contemplado en [esa disposición], que, al establecer un diálogo de juez a juez precisamente entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, tiene como finalidad garantizar la unidad de interpretación del Derecho de la Unión […], permitiendo de ese modo garantizar su coherencia, su plena eficacia y su autonomía, así como, en última instancia, el carácter propio del Derecho instituido por los Tratados». ( 13 )

47. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que, con arreglo al artículo 267 TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales deben seguir teniendo la facultad de decidir si plantean o no cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. ( 14 )

48. Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, «el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales una amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación o la apreciación de la validez de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen». ( 15 )

49. El Tribunal de Justicia también ha especificado que la facultad y la competencia no pueden cuestionarse por la aplicación de normas del Derecho nacional. ( 16 )

50. En efecto, «no cabe admitir disposiciones nacionales de las que se desprenda que los jueces nacionales pueden verse expuestos a procedimientos disciplinarios por haber planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial […], la mera perspectiva de poder ser sometido, en su caso, a un procedimiento disciplinario por haber efectuado tal remisión o haber decidido mantenerla después de haberla realizado puede suponer que los jueces nacionales no puedan ejercer de manera efectiva la facultad y las funciones [de juez encargado de la aplicación del Derecho de la Unión]. […] [La independencia judicial mencionada] es, en particular, esencial para el buen funcionamiento del sistema de cooperación judicial ínsito en el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE». ( 17 )

51. Lo relevante en el caso de autos es el hecho de que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, el Derecho nacional contenga la obligación constitucional, en virtud del Estado de Derecho, de disponer de un recurso judicial contra las resoluciones de la KRS como las controvertidas en los litigios principales.

52. De ello se deduce que, por una parte, en lo que respecta a la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial (relativa al artículo 267 TFUE), considero que, sobre todo en vista del contexto —en el cual, en los últimos años, el Tribunal de Justicia ha decido sobre numerosas presuntas violaciones del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial en Polonia (véase el punto 28 de las presentes conclusiones y, en relación con el caso de autos, cabe señalar que, a pesar del hecho de que el órgano jurisdiccional remitente había suspendido la ejecución de las resoluciones de la KRS controvertidas, el Presidente de la República procedió de todos modos al nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Tribunal Supremo con respecto a ocho nuevos jueces propuestos por dichas resoluciones ( 18 ))—, el Tribunal de Justicia debería dictaminar que el artículo 267 TFUE se opone a una normativa nacional como la Ley de 26 de abril de 2019, habida cuenta de que establece el sobreseimiento por mandato legal de procedimientos como los de los que conoce el órgano jurisdiccional remitente, al tiempo que excluye que se remita su control a otro tribunal nacional o que se vuelva a incoar ante otro tribunal nacional. Por otra parte, al actuar de este modo, el legislador polaco ignoró las sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que indican que debería garantizarse el control judicial de resoluciones de la KRS como las controvertidas en los litigios principales.

53. Esto es así máxime si se tiene en cuenta que la fase siguiente del procedimiento de nombramiento, es decir, el nombramiento por el Presidente de un candidato como juez del Tribunal Supremo, constituye una prerrogativa presidencial y, como tal, no puede ser objeto de control judicial con arreglo al Derecho polaco.

54. A continuación, me ocuparé de la primera parte de la tercera cuestión prejudicial, que versa esencialmente sobre si el principio de primacía del Derecho de la Unión y el artículo 19 TUE, apartado 1, permiten al órgano jurisdiccional remitente declararse competente —pese a la Ley de 26 de abril de 2019— para conocer de los litigios principales y continuar con su apreciación.

2) Sobre la primera parte de la tercera cuestión prejudicial (artículo 19 TUE, apartado 1, y primacía del Derecho de la Unión)

i) Sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 25 de marzo de 2019

55. En primer lugar, examinaré la sentencia de 25 de marzo de 2019, que el legislador polaco supuestamente intentó aplicar mediante la Ley impugnada de 26 de abril de 2019 y que, como veremos más adelante, es importante para la resolución del presente asunto.

56. La derogación del artículo 44, apartado 1 bis, de la Ley de la KRS, anulado mediante la sentencia de 25 de marzo de 2019, supuso el cuestionamiento de la competencia del órgano jurisdiccional remitente [el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] como órgano jurisdiccional (originariamente) competente para conocer de los recursos contra las resoluciones de la KRS dictadas en relación con la presentación (o la falta de presentación) de las propuestas con vistas al nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Tribunal Supremo y ello debido —según resulta de la motivación de este fallo— al tipo de litigio y a las características institucionales de un tribunal contencioso-administrativo respecto de un tribunal ordinario, lo que debería dar lugar en consecuencia a que el órgano jurisdiccional remitente no sea un órgano jurisdiccional «predestinado a conocer de los litigios relativos a las resoluciones de la [KRS]».

57. Ciertamente, como principio general, podría sostenerse que, con independencia de la sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden quedar vinculados por las valoraciones efectuadas por un órgano jurisdiccional superior que les impidan aplicar el Derecho de la Unión. ( 19 )

58. Efectivamente, «una norma de Derecho nacional, en virtud de la cual las valoraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional superior vinculan a otro órgano jurisdiccional, no puede privar a este de la facultad de someter al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión al que se refieran tales valoraciones jurídicas. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional debe tener la libertad de someter al Tribunal de Justicia las cuestiones que le preocupan, si considera que la valoración jurídica efectuada por el órgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentencia contraria al Derecho de la Unión». ( 20 )

59. El Tribunal de Justicia señaló en la misma sentencia ( 21 ) que «según reiterada jurisprudencia, no puede admitirse que normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión […]. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dichos principios se aplican a las relaciones entre un órgano jurisdiccional constitucional y cualquier otro órgano jurisdiccional nacional».

60. Sin embargo, considero que, pese a lo que podría parecer, en realidad, en el presente asunto no existe un verdadero conflicto entre la sentencia del Tribunal Constitucional de un Estado miembro y el Derecho de la Unión.

61. En primer lugar, es preciso subrayar que, según el órgano jurisdiccional remitente, la sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 25 de marzo de 2019 tiene carácter de resolución con efectos prospectivos, lo que daría lugar a que la disposición considerada como inconstitucional debería seguir siendo aplicada para valorar jurídicamente las situaciones de hechos existentes antes de la fecha de su expiración. Esta apreciación se ve confirmada por la doctrina. ( 22 )

62. Así pues, tal disposición debe seguir aplicándose para valorar jurídicamente las circunstancias con arreglo a las cuales —a la luz de la configuración originaria de la competencia material del órgano jurisdiccional remitente, como órgano jurisdiccional competente para conocer de los recursos contra las resoluciones de la KRS controvertidas— las personas legitimadas han ejercido eficazmente los derechos constitucionales que les asisten.

63. En segundo lugar, y en este punto coincido con el órgano jurisdiccional remitente, la sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no solo no llegó a cuestionar de manera categórica la institución del control judicial de las citadas resoluciones de la KRS, sino que de dicha sentencia se desprende claramente que tal control debe ejercerse efectivamente en Polonia.

64. Quiero llamar la atención sobre el argumento expuesto en la motivación de la sentencia de 25 de marzo de 2019: «[…] La propia institución del recurso contra las resoluciones de la [KRS] en un litigio individual es […] un efecto de la ejecución de la sentencia [dictada en el] asunto SK 57/06 [sentencia de 27 de mayo de 2008], si bien no debería llevarse a cabo mediante un procedimiento que dependa de órganos jurisdiccionales completamente distintos.»

65. Esto es relevante puesto que el precedente constitucional en cuestión (asunto SK 57/06) versa expresamente sobre la posible interposición por parte de los candidatos judiciales de un recurso contra resoluciones de la KRS, como las controvertidas en los litigios principales (en ese asunto, la KRS tampoco había presentado la candidatura de la parte recurrente al Presidente de la República).

66. Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 3 de la Ley de 26 de abril de 2019 (junto con la modificación del artículo 44, apartado 1, frase segunda, de la Ley de la KRS adoptada mediante la citada ley modificadora) debería considerarse como equivalente a la norma jurídica incluida en la frase segunda del artículo 13, apartado 2, de la Ley de la KRS, de 27 de julio de 2001, que mediante la sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) dictada en el asunto SK 57/06 fue declarada como incompatible con el artículo 45, apartado 1, en relación con el artículo 77, apartado 2, y el artículo 60 de la Constitución de la República de Polonia.

67. El órgano jurisdiccional remitente explica esta conclusión en su petición de decisión prejudicial planteada el 26 de junio de 2019: «[La necesidad de tutela judicial efectiva] también encuentra su confirmación en el posicionamiento del tribunal constitucional nacional. A saber, en la motivación de la sentencia dictada en el asunto SK 57/06 —cuya importancia y consecuencias no cuestiona, ni tampoco niega la resolución dictada en el asunto K 12/18, sino que antes bien las confirma— el [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] declaró que del artículo 45, apartado 1, de la Constitución resulta con claridad la voluntad del legislador constitucional de extender el derecho a un juez al mayor ámbito posible de asuntos, y del principio del Estado democrático de Derecho la directriz interpretativa que prohíbe una interpretación restrictiva del derecho a un juez, dado que la Constitución introduce una peculiar presunción de la vía judicial, […] la conclusión de que el proceso en el marco del cual la KRS examina al candidato para desempeñar la función de juez en un determinado cargo judicial y decide elevar al Presidente de la República […] la propuesta de nombramiento para dicho cargo, se refiere al derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas, consagrado en el artículo 60 de la Constitución y, por tanto, a un derecho que pertenece al catálogo de los derechos y libertades constitucionales, a los que se refiere la prohibición absoluta de restringir la vía judicial establecida en el artículo 77, apartado 2, de la ley fundamental» (el subrayado es mío; apartado III. 5 de la motivación de la sentencia dictada en el asunto SK 57/06).

68. Asimismo, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) entiende que la cuestión no es que el procedimiento de recurso contra las resoluciones de la KRS en un litigio individual sea inconstitucional per se, sino que, en su opinión, el órgano jurisdiccional remitente [el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] no es competente para conocer de ese tipo de litigios (apartado 6.2 de la motivación de la sentencia dictada en el asunto K 12/18).

69. Debe subrayarse que resulta llamativo que la eliminación de la competencia del órgano jurisdiccional remitente para conocer de los recursos contra las resoluciones de la KRS adoptadas sobre el nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Tribunal Supremo no estuviera acompañada de ninguna acción constructiva del legislador nacional dirigida a erigir para los litigios citados un órgano jurisdiccional diferente. Y ello cuando el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en la sentencia mencionada dictada en el asunto K 12/18, no cuestionó la institución del control judicial de las citadas resoluciones de la KRS, remitiéndose a este respecto a la resolución precursora dictada en el asunto SK 57/06 (véanse los apartados 8 y 12), que exige dicho control.

70. Por consiguiente, coincido con el órgano jurisdiccional remitente en que «fue intención del legislador excluir la vía judicial de los citados litigios, lo que […] se opone al planteamiento mantenido en los fallos señalados del tribunal constitucional nacional y aquella postura de la jurisprudencia de la que se desprende que en un Estado democrático de Derecho no puede aceptarse una situación en la que no existe la posibilidad de someter a control judicial las resoluciones u otras decisiones dictadas en cualquier procedimiento». ( 23 )

71. Por otra parte, considero (al igual que el Defensor del Pueblo) que esta exclusión es totalmente arbitraria, ya que solo se aplica al nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Tribunal Supremo. Además, la selectividad no está justificada por un razonamiento objetivo o convincente.

72. En mi opinión, la supresión del (derecho a un) recurso judicial conferido hasta entonces en litigios como el caso de autos y, en particular la aplicación de tal supresión a justiciables que —como los recurrentes en los litigios principales— ya han interpuesto tal recurso, constituye (habida cuenta del contexto de las demás circunstancias señaladas por el órgano jurisdiccional remitente que subyacen a esta supresión) una medida que puede contribuir a la falta de apariencia de independencia e imparcialidad por parte de los jueces efectivamente nombrados en el seno del tribunal de que se trate, así como por parte del propio tribunal —o incluso reforzarla—. Tal falta de apariencia de independencia e imparcialidad infringe el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

73. Examinaré si, como consecuencia de ello, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a abstenerse de aplicar la normativa nacional de que se trata.

ii) La primacía del Derecho de la Unión y el artículo 19 TUE, apartado 1

74. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «procede subrayar al respecto que cualquier juez nacional que conozca de un asunto, en el marco de su competencia, estará obligado, como órgano de un Estado miembro, a abstenerse de aplicar cualquier disposición nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión con efecto directo en el litigio de que conoce». ( 24 )

75. Este es el objeto de la primera parte de la tercera cuestión prejudicial, que se refiere a si la primacía atribuida a disposiciones del Derecho de la Unión como el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, permite, a su vez, que el órgano jurisdiccional remitente someta a control la Ley de 26 de abril de 2019, declarándose —no obstante lo dispuesto en dicha ley— competente para conocer de los litigios principales y para proseguir su apreciación.

76. Antes de proceder al examen de la primacía del Derecho de la Unión en el marco del presente asunto, debo abordar brevemente dos resoluciones recientes del Tribunal Supremo polaco y del Bundesverfassungsgericht alemán (BVerfG).

77. La primera de ellas es un auto de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2020 (II DO 52/20) en el que se afirma que la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto A. K. y otros «no se puede considerar vinculante en el ordenamiento jurídico polaco, habida cuenta de que en todos los procedimientos pendientes ante la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social del Tribunal Supremo, en los que se plantearon cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia ([…] una petición de decisión prejudicial registrada en el Tribunal de Justicia [en los asuntos] C‑585/18, […] C‑624/18, […] [y] C‑625/18), las actividades se llevaron a cabo a través de formaciones jurisdiccionales que contravenían las disposiciones de la ley». El tribunal polaco motivó su afirmación en el hecho de que en esos asuntos las cuestiones prejudiciales fueron planteadas por salas de tres jueces, si bien, a su juicio, dichos asuntos deben ser examinados en primera instancia por el Tribunal Supremo compuesto por un juez de la Sala Disciplinaria.

78. Procede señalar que esta afirmación ha tenido lugar aunque el Tribunal de Justicia declaró, en abril de 2020, mediante un auto sobre medidas provisionales ( 25 ) que deben suspenderse las actividades de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento en el asunto Comisión/Polonia (C‑791/19).

79. Esta cuestión deberá abordarse en el marco de dicho asunto. Sin embargo, la sentencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo va en la misma línea que la otra sentencia reciente de Alemania, que he de examinar aunque sea de modo sucinto (dado que el alcance de las presentes conclusiones se limita a la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas en el caso de autos y considero que la sentencia del BVerfG no tiene incidencia alguna en él ni en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la primacía del Derecho de la Unión en particular).

– La sentencia del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania) en el asunto Weiss

80. En la reciente sentencia del BVerfG en el asunto Weiss (citada en el punto 2 de las presentes conclusiones), en esencia, la Senat (Sala) Segunda del BVerfG declaró que la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia (en el asunto Weiss y otros ( 26 )) y varias decisiones del Banco Central Europeo relativas al programa de compras de valores del sector público de 2015 fueron adoptadas ultra vires y no son aplicables en Alemania.

81. En lugar de poner en peligro todo el sistema de la comunidad de la Unión basado en el Estado de Derecho y aplicar un enfoque inédito, el BVerfG podría haber explicado lo que, a su juicio, era criticable en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, a continuación, podría haber planteado una nueva petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia (de hecho, esa es la solución que debería haber adoptado si hubiera seguido su propia línea de jurisprudencia sobre este extremo ( 27 )). Después de todo, el diálogo judicial es un elemento de gran valor e inherente al funcionamiento del ordenamiento jurídico de la Unión.

82. En cualquier caso, no nos hallamos ante una situación en la que resulta aplicable legislación nacional e internacional y una de las dos tiene primacía en un sistema judicial nacional determinado: ( 28 )«El Derecho de la Unión no es un “Derecho extranjero”, sino que, por sí mismo y su propia naturaleza, es el “Derecho nacional” de cada Estado miembro y su primacía es consustancial al principio de igualdad de los Estados miembros ante la ley, habida cuenta de que imposibilita la “elección a la carta”, que podría servir a los intereses individuales nacionales». ( 29 )

83. El enfoque ultra vires del BVerfG vulnera el Estado de Derecho de la Unión, que es una conditio sine qua non de la integración. La Unión no dispone de una superestructura para resolver los conflictos de jurisdicción, pero el Estado de Derecho contribuye a ello.

84. De conformidad con los Tratados, que son el «contrato» del Estado miembro, el Tribunal de Justicia será competente para conocer en última instancia de los recursos contemplados en el Derecho de la Unión. Así se desprende claramente del artículo 19 TUE y del artículo 267 TFUE. Además, de conformidad con lo expresamente establecido en el artículo 344 TFUE: «Los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos.» ( 30 ) Por tanto, en virtud del principio pacta sunt servanda, sencillamente no es función o competencia del BVerfG pronunciarse de la forma en que lo hizo en el asunto Weiss. ( 31 ) Con arreglo a los Tratados, ningún órgano jurisdiccional nacional puede revocar una sentencia del Tribunal de Justicia, puesto que entonces el Derecho de la Unión no se aplicaría en condiciones de igualad ni de manera efectiva en los 27 Estados miembros y se pondría en duda toda la base jurídica de la Unión. Si un tribunal constitucional nacional considera que un acto de la Unión o que un fallo del Tribunal de Justicia es contrario a su Constitución, no puede simplemente declarar que no es aplicable en su jurisdicción. Lo que puede hacer es intentar solucionar la situación obligando a su Gobierno a reformar la Constitución, tratar de cambiar la normativa de la Unión de que se trate a través del proceso político de la Unión o, en caso necesario, retirarse de la Unión. ( 32 ) Esta es la única manera de garantizar la igualdad de los Estados miembros en la Unión que ellos mismos crearon.

– El efecto directo del artículo 19 TUE, apartado 1

85. Según el artículo 2 TUE, la Unión se fundamenta en valores, tales como el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada, entre otras cosas, por la justicia. A este respecto, cabe observar que la confianza mutua entre los Estados miembros ( 33 ) —y, en particular, entre sus juzgados y tribunales respectivos— se basa en la premisa fundamental de que los Estados miembros comparten una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión, como se precisa en el propio artículo 2 TUE. ( 34 )

86. La Unión Europea es una Unión de Derecho en la que los justiciables tienen derecho a impugnar judicialmente la legalidad de cualquier resolución o de cualquier otro acto nacional por los que se les aplique un acto de la propia Unión. ( 35 )

87. El artículo 19 TUE, que se refiere con mayor concreción al valor de Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, atribuye el cometido de garantizar el control judicial en el ordenamiento jurídico de la Unión no solo al Tribunal de Justicia, sino también a los tribunales nacionales. ( 36 )

88. Así pues, incumbe a los Estados miembros, en particular en virtud del principio de cooperación leal, formulado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, garantizar en su territorio respectivo la aplicación y el respeto del Derecho de la Unión. A tal efecto, y como prevé el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar a los justiciables la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. De este modo, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que garantice un control judicial efectivo en los referidos ámbitos. ( 37 )

89. De la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es aplicable a priori —con independencia de que se imponga algún requisito en relación con la situación concreta de la aplicación efectiva del Derecho de la Unión— al tribunal nacional cuando sea competente para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión y que, por lo tanto, estén comprendidas en los ámbitos cubiertos por este Derecho. ( 38 )

90. A la luz de dicha jurisprudencia, ya no defiendo la opinión que expresé en el asunto Comisión/Polonia (Independencia de los tribunales ordinarios) ( 39 ) según la cual el ámbito de aplicación material del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se limita, en el contexto de la inamovilidad y la independencia, a corregir los problemas relativos a las deficiencias estructurales existentes en un determinado Estado miembro (sistémicas o generalizadas, que menoscaban «el contenido esencial» de la inamovilidad e independencia de los jueces).

91. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que el artículo 47 de la Carta tiene efecto directo (sentencia A. K. y otros, apartado 162). Tal es, de cualquier manera, el caso de la exigencia de independencia judicial.

92. El concepto de tutela judicial efectiva, al que se hace referencia en el artículo 19 TUE, apartado 1, debe interpretarse teniendo en cuenta el contenido del artículo 47 de la Carta y, en particular, las garantías inherentes (al derecho) a la tutela judicial efectiva reconocidas por esta última disposición.

93. En efecto, según la jurisprudencia, «el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva, especialmente en el sentido del artículo 47 de la Carta, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión». ( 40 ) Por consiguiente, el artículo 19 TUE, apartado 1, incluye la necesidad de preservar la independencia del órgano jurisdiccional que tiene encomendada la función de interpretar y aplicar el Derecho de la Unión.

94. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha admitido implícitamente el efecto directo del artículo 19 TUE, apartado 1. En el litigio principal del asunto Juízes Portugueses, ( 41 ) el artículo 19 TUE, apartado 1, fue invocado directamente ante un órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia no planteó objeciones en relación con esa posibilidad. Asimismo, en el asunto Miasto Łowicz, ( 42 ) el Tribunal de Justicia consideró que la cuestión prejudicial no era pertinente para la resolución del litigio principal, pero no planteó ningún problema con respecto a la posibilidad de invocar el artículo 19 TUE, apartado 1.

95. Así pues, el Tribunal de Justicia ya ha confirmado que esta disposición tiene efecto directo y que puede ser invocada por los justiciables ante los órganos jurisdiccionales nacionales como base jurídica autónoma (además del artículo 47 de la Carta) para apreciar la conformidad de las acciones de un Estado miembro con el Derecho de la Unión.

– La aplicación del artículo 19 TUE, apartado 1, en el presente asunto

96. Pues bien, ahora que el órgano jurisdiccional remitente puede aplicar directamente el artículo 19 TUE, apartado 1, en el presente asunto, procede examinar si puede invocar esta disposición para declarar que se opone a las disposiciones nacionales pertinentes.

97. En el asunto A. K. y otros (apartado 167), el Tribunal de Justicia estimó que «el artículo 19 TUE, que se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables».

98. Por otra parte, «el principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión que en la actualidad se reconoce en el artículo 47 de la Carta, de modo que el primero de estos preceptos obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, la tutela judicial efectiva, especialmente en el sentido del segundo de estos preceptos» (asunto A. K. y otros, apartado 168).

99. El Tribunal de Justicia añadió que «un examen separado de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que no podría sino corroborar la conclusión que ya se ha expuesto en los apartados 153 y 154 [de esa sentencia], no resulta necesario para responder a las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente y para la resolución de los litigios de que conoce» (asunto A. K. y otros, apartado 169).

100. A la luz de dicha jurisprudencia, la tutela judicial efectiva que tales órganos jurisdiccionales deben poder ofrecer con arreglo a la citada disposición exige, en particular, que cumplan estructuralmente la exigencia de independencia e imparcialidad, tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos 267 TFUE, 47 de la Carta y 19 TUE. Por otra parte, el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación de esas disposiciones garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6 del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») (asunto A. K. y otros, apartado 118).

101. En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que «el mero hecho de que [ciertos jueces] sean nombrados por el presidente de la República no es susceptible de crear una situación de dependencia entre aquellos y este ni de suscitar dudas en cuanto a su imparcialidad si, una vez nombrados, no están sometidos a presión alguna y no reciben instrucciones en el ejercicio de sus funciones […]. No obstante, sigue siendo necesario asegurarse de que las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de las decisiones de nombramiento impiden que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, una vez nombrados los interesados» (el subrayado es mío; asunto A. K. y otros, apartados 133 y 134).

102. En segundo lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que las normas que regulan el nombramiento de los jueces, junto con otros tipos de normas relativas a otros aspectos de su cargo (como, por ejemplo, el régimen disciplinario aplicable a los jueces y su inamovilidad) deben contribuir a garantizar esa independencia, especialmente a fin de disipar las dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la impermeabilidad de dicho órgano jurisdiccional frente a elementos externos, en particular frente a influencias directas o indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo, y en cuanto a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, y, no puede permitirse ninguna falta de apariencia de independencia o de imparcialidad de ese órgano jurisdiccional, susceptible de menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática. ( 43 )

103. Por consiguiente, en una situación en la que las normas nacionales relativas al nombramiento de los jueces estén comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, incumbe al Estado miembro velar por que el procedimiento de nombramiento se desarrolle de modo que se garantice la independencia y la imparcialidad de los jueces así nombrados.

104. Ciertamente, en su estado actual, el Derecho de la Unión: i) no contiene ninguna norma ni principio que confiera a los candidatos para desempeñar el cargo de juez, como los recurrentes en los litigios principales, el derecho a la tutela judicial o que establezca los requisitos de efectividad que debe cumplir tal derecho, y ii) no reconoce, por lo que respecta a dicha tutela, el derecho de estos candidatos a no ser discriminados, en función de los tipos de cargos judiciales vacantes de que se trate.

105. No obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia (asunto A. K. y otros, apartado 153), si bien determinados aspectos del Derecho nacional no pueden, por sí solos y considerados aisladamente, llevar a que se ponga en duda la independencia de un órgano jurisdiccional o de sus miembros, algo distinto podría decirse, en cambio, si se consideran conjuntamente, como unaacumulación de factores de hecho y de Derecho cuya combinación puede suscitar dudas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la impermeabilidad del órgano jurisdiccional o de sus miembros frente a elementos externos, en particular frente a influencias directas o indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo, y en cuanto a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, y por lo tanto puede dar lugar a una falta de apariencia de independencia o de imparcialidad de dicho órgano jurisdiccional o de sus miembros susceptible de menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática.

106. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha precisado (asunto A. K. y otros, apartados 131 a 153), con respecto al contexto de las circunstancias normativas y fácticas que convergen con las del litigio principal, que la circunstancia siguiente, en relación con esas otras, y sin perjuicio de la apreciación y la verificación definitivas que debe efectuar el órgano jurisdiccional nacional, puede suscitar tales dudas.

107. El Tribunal de Justicia ha subrayado ( 44 ) que «por otra parte, y habida cuenta de que, como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, las decisiones de nombramiento de jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) adoptadas por el presidente de la República no pueden ser objeto de control judicial, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la manera en que se define, en el artículo 44, apartados 1 y 1 bis, de la Ley [de la KRS], el alcance del recurso que puede interponerse contra una resolución [de la KRS] que comprende sus decisiones sobre la presentación de una propuesta de nombramiento a un puesto de juez de ese tribunal permite garantizar un control judicial efectivo de tales resoluciones referido, cuando menos, a la comprobación de que no se ha incurrido en abuso o desviación de poder, error de Derecho o error manifiesto de apreciación (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 18 de octubre de 2018, Thiam c. Francia, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, §§ 25 y 81)» (el subrayado es mío).

108. En el contexto polaco, el incumplimiento de los requisitos mínimos del control judicial establecidos por el Tribunal de Justicia en el apartado anterior tiene un efecto directo en la apreciación de la independencia de los jueces nombrados.

109. A mi juicio, es importante que el Tribunal de Justicia tenga en cuenta que, si bien determinados tipos de procedimientos y de normas relativos al nombramiento de los jueces en los Estados miembros (y, por tanto, también la falta de vías de recurso en el marco de tales procedimientos como ocurre en los litigios principales) no pueden ser cuestionables como tales con arreglo al Derecho de la Unión, pueden resultar censurables cuando se basan en una recomendación de un órgano que de manera manifiesta no es independiente.

110. En primer lugar, las resoluciones de la KRS controvertidas son, en esencia, decisiones administrativas, que producen efectos jurídicos respecto de los candidatos judiciales en cuestión. ( 45 ) Como cualquier otra intervención del Estado, el procedimiento de nombramiento de los jueces debe regirse por normas jurídicas, cuyo cumplimiento debe someterse al control de un órgano jurisdiccional independiente.

111. En efecto, en particular, la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces ( 46 ) consagra el «derecho de recurso» de aquellos jueces que consideren amenazados o ignorados de cualquier forma sus derechos estatutarios o, más en general su independencia o la de la justicia, ante un organismo independiente como el analizado anteriormente. Esto significa que no se coloca a los jueces en situación de indefensión frente a la vulneración de su independencia. El derecho de recurso es una salvaguardia necesaria porque, a menos que se acompañen sistemáticamente de mecanismos adecuados para garantizar su aplicación efectiva, establecer principios destinados a proteger el poder judicial es una mera ilusión.

112. El TEDH ya ha tenido ocasión de confirmar en la sentencia Denisov c. Ucrania, que los Consejos del Poder Judicial deben cumplir las normas establecidas en el artículo 6 del CEDH o su decisión debe poder someterse al control de un órgano que se atenga a ellas. La cuestión del cumplimiento de las garantías fundamentales de la independencia y la imparcialidad puede plantearse si la estructura y el funcionamiento de un Consejo del Poder Judicial como la KRS (en el caso de autos, actuando como órgano disciplinario) plantean a su vez serios problemas a este respecto. ( 47 ) Según la doctrina, ( 48 ) la anterior conclusión solo debe aplicarse cuando el Consejo del Poder Judicial actúa como órgano disciplinario y no cuando «simplemente» desempeña una función de carácter consultivo, como en el contexto de los nombramientos de los jueces. No comparto este punto de vista en la medida en que de la jurisprudencia del TEDH no se desprende tal diferenciación y considero que, en cualquier caso, no puede sostenerse en una situación como en la que se encuentra actualmente Polonia.

113. En segundo lugar, las consideraciones expuestas en el punto 109 de las presentes conclusiones se ven corroboradas por el principio según el cual la decisión de una autoridad administrativa que no cumpla en sí misma los requisitos de independencia e imparcialidad estará sujeta al control ulterior de un órgano jurisdiccional. ( 49 )

114. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de confirmar recientemente que la independencia de los jueces, en particular respecto del poder ejecutivo, está integrada en la tutela judicial efectiva. ( 50 ) Tal tutela debe concederse, en principio, a todos los ciudadanos de la Unión, incluidos los candidatos judiciales al Tribunal Supremo.

115. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Simpson y HG, ( 51 )«del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, garantizado por el artículo 47 de la Carta, se desprende que, en principio, todo justiciable debe tener la posibilidad de denunciar la violación de este derecho. De ello resulta que el juez de la Unión debe poder verificar si una irregularidad que vicia el procedimiento de nombramiento en cuestión ha podido entrañar la violación de ese derecho fundamental». A mi juicio, lo mismo ocurre con respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales (que también son órganos jurisdiccionales de la Unión). Cabe reiterar que si bien esta jurisprudencia trata específicamente del artículo 47 de la Carta, el Tribunal de Justicia explica en la sentencia A. K. y otros que si se examinaran los artículos 2 TUE y 19 TUE, las conclusiones que se extraerían serían las mismas que las del examen del artículo 47 de la Carta (véanse los apartados 167 a 169 de dicha sentencia).

116. En efecto, el Tribunal Supremo ya ha declarado, en términos inequívocos, que la KRS no es independiente. ( 52 )

117. En particular, habida cuenta de la existencia de múltiples defectos jurídicos graves, llegó a la conclusión de que la KRS toma sus decisiones con arreglo a intereses políticos, lo que afecta al cumplimiento de los criterios objetivos de imparcialidad y de independencia por parte de las personas nombradas para el desempeño del cargo de juez a propuesta de la KRS (véase el apartado 36 de la resolución de 23 de enero de 2020). Además, el Tribunal Supremo declaró que, debido a la politización de la KRS, es sumamente probable que los concursos para la provisión de cargos judiciales no se decidan en función de criterios materiales, sino dependiendo de lealtades políticas o del apoyo a la reforma del poder judicial que trata de conseguir la mayoría parlamentaria y que contraviene la Constitución polaca. Desde el punto de vista de la administración de justicia en su conjunto, esta politización menoscaba la confianza en la imparcialidad de las personas así nombradas. La falta de independencia consiste esencialmente en que las decisiones de dicho órgano están subordinadas a autoridades políticas, en particular al poder ejecutivo (véase el apartado 38 de la resolución de 23 de enero de 2020).

118. En primer lugar, en mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:551), llegué a la conclusión de que la KRS no es un órgano independiente: los mandatos de los miembros de la KRS cesaron anticipadamente; la forma de nombramiento de 23 de los 25 miembros implica una influencia del poder legislativo y ejecutivo, y pone de manifiesto que existen deficiencias que parecen poder comprometer la independencia de la KRS frente a los poderes legislativo y ejecutivo (véanse, en particular, los puntos 132 y 135).

119. En efecto, como se señala en la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces (véase el punto 111 de las presentes conclusiones), «2.1. [de la exposición de motivos de la Carta] La selección de los jueces debe derivarse de una elección efectuada entre los candidatos por un organismo o un tribunal independientes» y «1.3. [de dicha Carta] En las resoluciones relativas a la selección, el nombramiento, el desarrollo profesional o el cese del cargo de un/a juez, el Estatuto prevé la intervención de un organismo independiente respecto al poder ejecutivo y al legislativo integrado, al menos en la mitad, por jueces elegidos por ellos mismos, siguiendo un procedimiento que garantice su más amplia representación». Esto es así porque «la independencia que debe otorgarse al organismo en cuestión excluye que los jueces integrantes sean elegidos o designados por una autoridad política dependiente del poder ejecutivo o del legislativo. En efecto, esta fórmula conferiría un carácter partidario a la designación y a la función de los jueces. Ciertamente, se espera que los jueces que compongan el organismo independiente no traten de conseguir el favor de partidos políticos u órganos, a los que deban su designación o elección» (véase el punto 1.3 de la exposición de motivos de la Carta).

120. A continuación, cabe referirse a la sentencia del Tribunal de Justicia en ese asunto (A. K. y otros) y a la sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową (Régimen disciplinario de los jueces) (asuntos acumuladosC‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234).

121. El 5 de diciembre de 2019, el órgano jurisdiccional remitente en el asunto A. K. y otros —el Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social), Polonia]— declaró, fundamentándose en la citada sentencia del Tribunal de Justicia, que la KRS, en su formación actual, no es un órgano imparcial e independiente respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. Asimismo, precisó que no podía considerarse que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo constituyera un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 47 de la Carta y del artículo 45, apartado 1, de la Constitución polaca.

122. Según la citada sentencia: i) la KRS no era un órgano independiente respecto de las autoridades políticas desde su creación en 2018; ii) la nueva KRS se creó en contravención de las disposiciones constitucionales, ( 53 ) y iii) la sentencia consideró otros factores que vulneraban la independencia de la KRS (la elección de los actuales miembros de la KRS no fue transparente; organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados y los jueces de los tribunales ordinarios cuestionaron públicamente la independencia de la KRS en numerosas ocasiones; los miembros de la KRS fueron promovidos por el Ministro de Justicia a los cargos de presidentes o vicepresidentes de tribunales, o a otras funciones jurisdiccionales superiores, y los miembros de la KRS también apoyaron públicamente las reformas judiciales del Gobierno). ( 54 ) La sentencia de 5 de diciembre de 2019 (apartados 67 y 68) concluyó que la Sala Disciplinaria no podía considerarse un órgano jurisdiccional en el sentido del Derecho de la Unión, fundamentándose también en el hecho de que las candidaturas propuestas por la KRS para desempeñar cargos en dicha Sala no se sometieron a control judicial.

123. Esta sentencia fue confirmada por otra sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social) el 15 de enero de 2020 (en los otros asuntos que dieron lugar a la sentencia A. K. y otros) y, en particular, el 23 de enero de 2020, cuando la Gran Sala de todos los jueces de las tres salas del Tribunal Supremo adoptó una resolución, ( 55 ) equiparable a un principio jurídico, confirmó la citada sentencia de 5 de diciembre de 2019 y declaró que la KRS no es un órgano independiente del poder ejecutivo.

124. En segundo lugar, la gravedad de la situación relativa a la KRS se confirmó cuando el 27 de mayo de 2020, el Comité Ejecutivo de la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) aprobó un documento sobre la postura de la RECJ en relación con la membresía de la KRS. En este documento, el Comité Ejecutivo expone los motivos por los que propone a la Asamblea General expulsar a la KRS de la RECJ (véase https://www.encj.eu/node/556). Estos motivos son, en esencia, los siguientes: i) la KRS no respeta la norma estatuaria de la RECJ, que establece el requisito de la independencia respecto del poder ejecutivo de los consejos miembros; ii) la KRS infringe de manera flagrante la norma de la RECJ de garantizar la independencia de los tribunales y de proteger a los jueces y los tribunales, de conformidad con su función de garante, frente a cualquier medida que pueda comprometer los valores esenciales de independencia y autonomía, y iii) la KRS pone en peligro la aplicación del Derecho de la Unión en cuanto a la independencia de los jueces y tribunales y, por tanto, su eficacia. De este modo, actúa en contra de los intereses del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, así como de los valores que le son propios. El Comité Ejecutivo llegó a la conclusión de que la KRS había incumplido gravemente el propósito y los objetivos de la RECJ enunciados en los artículos 3 y 4 de los Estatutos y no estaba dispuesta a corregir su proceder. Ha de recordarse que ya desde el 17 de septiembre de 2018, la RECJ había suspendido la membresía de la KRS por no cumplir los requisitos de la Red: ser independiente respecto de los poderes ejecutivo y legislativo de manera que se garantice la independencia del poder judicial polaco.

125. Por otra parte, la RECJ basó su propuesta de expulsar a la KRS en los siguientes elementos y posturas de diferentes organizaciones: i) la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa [GRECO, Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (en lo sucesivo, «Comisión de Venecia») y Asamblea Parlamentaria], las instituciones de la Unión y las redes de jueces y abogados de Europa criticaron las reformas del poder judicial de Polonia y la función de la KRS; ii) en su informe de 6 de enero de 2020, la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró que «tras la reforma de la [KRS], esta institución había quedado sometida al control del poder ejecutivo, lo que es incompatible con el principio de independencia»; iii) el Dictamen conjunto urgente de la Comisión de Venecia y la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, de 16 de enero de 2020, ( 56 ) en el que se recomendó, en particular, «restablecer las competencias de la comunidad judicial en cuanto a los nombramientos, las promociones y los ceses de los jueces», lo que implica que la KRS estaba sometida al control del poder ejecutivo; iv) la resolución de la Gran Sala del Tribunal Supremo polaco, mencionada en el punto 123 de las presentes conclusiones; v) el auto del Tribunal de Justicia, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), de medidas provisionales, en un asunto en el que la Comisión argumenta, en particular, que la independencia de la nueva Sala Disciplinaria de Polonia no está garantizada porque sus jueces son elegidos por la KRS y los miembros de este órgano son elegidos por la cámara baja del Parlamento polaco; vi) inicio por parte de la Comisión de otro procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento solicitando más información a Polonia en relación con la nueva ley del poder judicial, de 20 de diciembre de 2019, que entró en vigor el 14 de febrero de 2020; ( 57 ) el 13 de mayo de 2020, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo publicó un informe provisional en el procedimiento del artículo 7 TUE contra Polonia. En cuanto a las consecuencias de la Ley polaca de 20 de diciembre de 2019 sobre la independencia de la KRS, según dicho informe «23. […] esta medida ha dado lugar a una politización sustancial de la [KRS]; […] 26. Insta a la Comisión a que inicie un procedimiento de infracción contra la [Ley de la KRS] y a que solicite al [Tribunal de Justicia] la suspensión, en concepto de medida cautelar, de las actividades de la nueva [KRS]». ( 58 )

126. Según el Dictamen conjunto urgente, de 16 de enero de 2020, ( 59 ) mencionado en el punto anterior de las presentes conclusiones, «la comunidad judicial polaca ha perdido la facultad de estar representada en el seno de la [KRS] y, por tanto, su influencia en la selección y la promoción de los jueces. Antes de la reforma de 2017, 15 (de los 25) miembros de la [KRS] eran jueces elegidos por sus homólogos. A partir de la reforma de 2017, estos miembros son elegidos por el Parlamento. Junto con la sustitución repentina, a principios de 2018, de todos los miembros nombrados con arreglo a la antigua normativa, esta medida ha dado lugar a una politización sustancial de la [KRS]». Por otra parte, «en 2017 se crearon dos nuevas salas del Tribunal Supremo: la Sala Disciplinaria y la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos […]. Estas nuevas salas se dotaron con jueces recién nombrados, que fueron seleccionados por la nueva [KRS] y a los que se les confirió facultades especiales —como la facultad de la Sala Extraordinaria de anular resoluciones definitivas dictadas por tribunales inferiores o por el propio Tribunal Supremo a través de un cauce extraordinario de control, o la facultad de la Sala Disciplinaria de sancionar a otros jueces—. Como consecuencia, se colocó a estas nuevas Salas por encima de las demás y se creó de facto un “Tribunal Supremo en el seno de un Tribunal Supremo”». Por lo que respecta a la KRS, el Dictamen conjunto urgente concluye que, «en opinión de la Comisión de Venecia, procede volver a la cuestión de la composición de la [KRS], con el fin de que el método de nombramiento de sus miembros judiciales se ajuste a las normas europeas y a las mejores prácticas. Gracias a ello desaparecería el riesgo de caos jurídico, aunque las autoridades polacas deberían abordar la cuestión de la validez de los nombramientos judiciales efectuados entre tanto».

127. La jurisprudencia del TEDH precisa que es importante la composición del órgano que nombra a los jueces desde el punto de vista de la exigencia de «independencia». ( 60 )

128. La jurisprudencia de Estrasburgo confirma también que la independencia de la justicia se refiere no solo al ejercicio del cargo de juez en asuntos concretos, sino también a la organización judicial (es decir, a la independencia estructural, como la manera de nombrar a los miembros del tribunal y su mandato) y a la cuestión de si el órgano jurisdiccional de que se trate presenta o no una «apariencia de independencia», lo que constituye un elemento esencial para preservar la confianza que los órganos jurisdiccionales deben inspirar en una sociedad democrática. Para proteger esta apariencia de independencia es necesario ofrecer garantías suficientes. ( 61 )

129. A la vista de las consideraciones anteriores, entiendo (al igual que la doctrina ( 62 )) que, debido a las circunstancias concretas acaecidas en Polonia, es indispensable que, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, un órgano jurisdiccional cuya independencia no deje lugar a dudas lleve a cabo el control judicial de los procedimientos de nombramiento para preservar la apariencia de independencia de los jueces nombrados en ellos. Esta afirmación se basa, principalmente, en las rápidas modificaciones de las disposiciones legislativas polacas que regulan el control judicial de los procedimientos de selección y las resoluciones de la KRS (es decir, en particular, la Ley de 26 de abril de 2019), disposiciones que parecen ir en contra de la jurisprudencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) (aunque corresponde a los órganos jurisdiccionales polacos considerar esta cuestión). Estas modificaciones suscitan dudas razonables en cuanto a si el procedimiento de nombramiento para desempeñar el cargo de juez de una institución tan importante y sistémica como el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional de última instancia, está orientado en la actualidad a la selección de candidatos independientes en el plano interno y no de candidatos políticamente convenientes. Por otra parte, la misma doctrina también señala ( 63 ) que, según jurisprudencia reiterada del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) anterior a 2015, los procedimientos de nombramiento y las resoluciones de la KRS deben poder ser objeto de control judicial. En el contexto específico polaco, el control judicial de las resoluciones de la KRS constituía una garantía importante de la objetividad e imparcialidad de los procedimientos de nombramiento y del derecho constitucional de acceso en pie de igualdad a cargos públicos.

130. Esta conclusión se ve corroborada en los instrumentos de Derecho internacional no vinculantes relativos a los consejos nacionales del poder judicial. El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) emitió un informe, ( 64 ) en el que se señalaba que «algunas decisiones del Consejo de la Justicia en materia de gestión y de administración de los servicios de justicia, así como las decisiones de nombramiento, de movilidad, de promoción, de disciplina y de revocación de los jueces […] deberían ser motivad[a]s, tener un valor ejecutivo sin perjuicio de la posibilidad de un recurso contencioso; efectivamente, la independencia del Consejo de la Justicia no significa sustraerse al derecho y ausencia del control jurisdiccional» (el subrayado es mío).

131. Como ha recordado recientemente el Tribunal de Justicia en el asunto Simpson y HG, ( 65 )«el [TEDH] ya ha tenido ocasión de declarar que el derecho a ser juzgado por un tribunal “establecido por ley”, en el sentido del artículo 6, apartado 1, del CEDH, engloba, por su propia naturaleza, el proceso de nombramiento de los jueces (TEDH, sentencia de 12 de marzo de 2019, Ástráðsson c. Islandia, CE:ECHR:2019:0312JUD002637418, no firme, § 98)». ( 66 )

132. Por consiguiente, «de la [jurisprudencia] se desprende que una irregularidad cometida con ocasión del nombramiento de los jueces en el seno del sistema judicial de que se trate supone la infracción del artículo 47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta, en especial cuando esta irregularidad es de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y originando así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o de los jueces afectados, lo que sucede cuando se cuestionan normas fundamentales que forman parte integrante del establecimiento y del funcionamiento de ese sistema judicial» (el subrayado es mío). ( 67 )

133. De todas las consideraciones anteriores resulta que el órgano jurisdiccional remitente puede preservar su competencia para conocer de los litigios principales.

134. Sin embargo, considero (al igual que el Defensor del Pueblo) que no es posible admitir la competencia del órgano jurisdiccional nacional normalmente llamado a conocer de este tipo de litigio principal, es decir, la Sala Disciplinaria del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), habida cuenta de que, en cualquier caso, las condiciones y las circunstancias del nombramiento de los jueces de esa Sala suscitan dudas en cuanto a su independencia y de que ya se ha considerado que no constituye un órgano jurisdiccional independiente con arreglo al Derecho de la Unión. ( 68 ) Por lo que respecta a otras Salas de este órgano jurisdiccional, para las que se nombraron jueces sobre la base de las resoluciones de la KRS de que se trata en los litigios principales, tampoco constituyen foros apropiados para el presente asunto debido al principio nemo judex in causa sua (nadie debe ser juez de su propia causa).

135. De ello se deduce que el recurso interpuesto ante el órgano jurisdiccional remitente es el único procedimiento judicial que permite a los recurrentes en los litigios principales, como candidatos para desempeñar la función de juez, conseguir un control objetivo del procedimiento de nombramiento para el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional de última instancia, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, que lleva aparejadas las garantías derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

136. Dado que procede responder a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente puede hacer caso omiso de los efectos de la Ley de 26 de abril de 2019 y declararse competente para conocer de los litigios principales en el marco jurídico aplicable antes de la aprobación de dicha Ley, ahora se han de examinar las dos primeras cuestiones prejudiciales, que se centran en las posibles condiciones impuestas por el Derecho de la Unión a recursos como los de los litigios principales previstos en el Derecho nacional en relación con el principio de eficacia (primera cuestión prejudicial) y el principio de igualdad de trato (segunda cuestión prejudicial).

2. Primera cuestión prejudicial

137. Esta cuestión debe entenderse en el sentido de que tiene por objeto determinar si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se opone —en el marco general normativo y fáctico de Polonia a nivel nacional— a un recurso que presenta defectos en cuanto a la eficacia como el inicialmente aplicable a los litigios principales. ( 69 )

a) Exposición sucinta de las alegaciones de las partes

138. En esencia, la KRS alega que las disposiciones nacionales controvertidas, en su versión modificada por la Ley de 26 de abril de 2019, están comprendidas en el ámbito de la autonomía procesal de los Estados miembros, habida cuenta de que el artículo 44, apartado 4, de la Ley de la KRS garantiza el control judicial efectivo. El carácter definitivo de la parte de la resolución de la KRS que propone el nombramiento está justificado por la necesidad de cubrir sin demora varios puestos en el Tribunal Supremo. En cuanto a la manera en que se eligen los 15 miembros de la KRS, constituye una opción que es competencia exclusiva de los Estados miembros, que no puede ser controlada por el Tribunal de Justicia.

139. El Fiscal General sostiene, en esencia, en primer lugar, que la suspensión de las resoluciones de la KRS por el órgano jurisdiccional remitente fue ilegal, y, en segundo lugar, que no existe una norma vinculante común derivada del Derecho de la Unión en lo que se refiere a: i) el nombramiento de jueces y la eventual función, en este contexto, de otras autoridades nacionales, o ii) la posibilidad de interponer un recurso contra una resolución adoptada en este ámbito, procedimiento que, por otra parte, no existe en numerosos Estados miembros.

140. El Gobierno polaco alega, en esencia, que las disposiciones del Derecho de la Unión invocadas en las cuestiones prejudiciales no constituyen un criterio para controlar la normativa nacional relativa a los procedimientos de nombramiento de los jueces, puesto que de lo contrario se vulneraría el principio de respeto de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. La KRS es un órgano constitucional del Estado que goza de independencia respecto de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y cuya función consiste en armonizar las relaciones entre estos tres poderes, garantizando al mismo tiempo la independencia de los jueces. El control judicial de las resoluciones de la KRS, que no solo se limita al cumplimiento de las normas de procedimiento, sino que también se refiere al fondo de las resoluciones y a la selección efectuada, menoscaba la competencia exclusiva reconocida a la KRS y el equilibrio constitucional perseguido.

141. El Defensor del Pueblo sostiene, en esencia, que la manera en que se nombran los jueces constituye uno de los elementos, que puede evaluarse para comprobar que su independencia está garantizada y, habida cuenta del papel clave que desempeña la KRS en el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, también debe aplicarse al procedimiento ante dicho órgano y a las posibilidades de interponer un recurso contra sus resoluciones.

142. A.B., C.D., E.F. e I.J alegan que el artículo 44, apartados 1 ter y 4, de la Ley de la KRS solo prevé un control ficticio y un acceso puramente formal a un recurso judicial y, por lo tanto, no garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en cuestión, en contravención de lo dispuesto en los artículos 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, párrafo tercero, 6 TUE, apartado 1, y 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 47 de la Carta.

143. La Comisión sostiene que el artículo 19 TUE, apartado 1, no establece ninguna exigencia general según la cual las resoluciones relativas al nombramiento de los jueces deban ser objeto de control judicial o que tal exigencia deba aplicarse a las opiniones expresadas en el marco de su selección, ni que tal control deba tener efecto suspensivo. Solo se infringiría el artículo 19 TUE, apartado 1, en circunstancias concretas, a saber, cuando la modificación de las normas jurídicas relativas al nombramiento de los jueces de un órgano jurisdiccional, paralelamente a la modificación de otras disposiciones jurídicas aplicables a ese órgano jurisdiccional, constituyan una distorsión estructural que pueda afectar a la percepción de su independencia desde el punto de vista de los justiciables. La Comisión estima que en el caso de autos no concurren tales circunstancias.

b) Apreciación

144. Me remito a las explicaciones y al análisis del órgano jurisdiccional remitente que figuran en los puntos 8 a 10 de las presentes conclusiones.

145. Asimismo, las consideraciones expuestas en la apreciación de la tercera cuestión perjudicial son aplicables mutatis mutandis en el contexto de la primera cuestión prejudicial, con el fin de demostrar que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se opone —en el actual marco jurídico y fáctico de Polonia— a un recurso judicial que adolece de defectos en cuanto a la eficacia, como el inicialmente aplicable en los litigios principales (artículo 44, apartados 1 bis, 1 ter y 4, de la Ley de la KRS).

146. Entiendo (al igual que el órgano jurisdiccional remitente) que el recurso de que disponen los participantes en el procedimiento que no han sido propuestos con vistas a su nombramiento no es efectivo en absoluto, puesto que no altera la situación jurídica del candidato recurrente en el procedimiento concluido mediante la resolución de la KRS revocada y no permite llevar a cabo una nueva evaluación de la candidatura a un cargo vacante de juez del Tribunal Supremo, si dicha candidatura fue presentada en relación con el anuncio del concurso para un cargo judicial concreto.

147. A mi juicio, para que el procedimiento de recurso sea efectivo sería necesario que: 1) la interposición del recurso por cualesquiera de los candidatos no elegidos que se postulan para el Tribunal Supremo suspenda todo el procedimiento de nombramiento hasta la resolución de este recurso por el órgano jurisdiccional remitente; 2) la estimación del recurso contra la resolución de la KRS sobre la falta de presentación de la propuesta de nombramiento a juez del Tribunal Supremo suponga que la autoridad competente del Estado miembro (la KRS) esté obligada a examinar nuevamente el litigio relativo al nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Tribunal Supremo; 3) la citada resolución devenga firme si el órgano jurisdiccional remitente desestima los recursos interpuestos contra ella con el efecto de que solamente entonces podría presentarse la resolución al Presidente de la República y ser nombrado al cargo de juez del Tribunal Supremo el candidato incluido en la propuesta.

148. Por tanto, a mi juicio, existe una duda fundada sobre la eficacia del recurso que corresponde contra las resoluciones de la KRS adoptadas en los litigios individuales relativos al nombramiento a juez del Tribunal Supremo, y por ello en litigios relativos a derechos garantizados por el Derecho de la Unión, dado que se trata del cargo de juez de un órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro. Ello es así sobre todo porque la configuración del recurso contra las resoluciones en tales litigios difiere de la que rige respecto de los procesos de selección relativos a cargos judiciales vacantes en órganos jurisdiccionales distintos del Tribunal Supremo (que, sorprendentemente, no se ha modificado y no prevé las «novedades» restrictivas establecidas recientemente). Esta diferencia no puede justificarse de manera exclusiva por el criterio del órgano jurisdiccional respecto del cual se tramita el nombramiento para el cargo vacante.

149. El órgano jurisdiccional remitente estima que ello equivale a crear, entre dos categorías de candidatos al nombramiento para el desempeño del cargo de juez, un acceso diferenciado al órgano jurisdiccional competente, lo que podría vulnerar el principio de igualdad de acceso a la justicia.

150. Cabe destacar, en particular, que no se ha formulado ningún argumento convincente que justifique esta diferencia de efectividad del recurso y el «trato especial» del procedimiento de nombramiento a juez del Tribunal Supremo.

151. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el órgano jurisdiccional remitente está en lo cierto al considerar que estas normas nacionales no son conformes con el Derecho de la Unión.

152. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que incumbe a los Estados miembros, en particular en virtud del principio de cooperación leal, formulado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, garantizar en su territorio respectivo la aplicación y el respeto del Derecho de la Unión. A tal efecto, y como prevé el artículo