C 364/2

Recurso de casación interpuesto el 13 de julio de 2018 por Mylène Troszczynski contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 16 de mayo de 2018 en el asunto T-626/16, Troszczynski / Parlamento

(Asunto C-462/18 P)

(2018/C 364/03)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Mylène Troszczynski (representante: F. Wagner, avocat)

Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte recurrente

Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General el 16 de mayo de 2018 en el asunto T-626/16.

En consecuencia:

— Que se anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo de 23 de junio de 2016, adoptada de conformidad con el artículo 68 de la Decisión 2009/C 159/01 de la Mesa del Parlamento Europeo de 19 de mayo y 9 de julio de 2008«por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo» modificada, que declara la existencia de un crédito por importe de 56 554,00 euros.

— Que se anule la nota de adeudo n.o 2016-888 notificada el 30 de junio de 2016 por la que se informa a la recurrente de que, con arreglo a la decisión del Secretario General de 23 de junio de 2016, se ha reconocido la existencia de un crédito frente a ella relativo a la «recuperación de las cantidades indebidamente abonadas en concepto de la asistencia parlamentaria, y se aplica el artículo 68 de las MAS así como los artículos 78, 79 y 80 del Reglamento Financiero».

— Que se resuelva como mejor proceda en Derecho respecto al importe que ha de concederse a la demandante en concepto de indemnización por el daño moral derivado de las acusaciones infundadas formuladas antes de la conclusión de la investigación, del perjuicio causado a su imagen y de los graves problemas que la decisión impugnada ha ocasionado a su vida personal y a sus actividades políticas.

— Que se resuelva como mejor proceda en Derecho respecto al importe que ha de concederse a la demandante en concepto de costas procesales.

— Que se condene en costas al Parlamento.

— Que, con carácter previo a su pronunciamiento sobre el fondo: emplace al Parlamento a aportar el expediente administrativo de J.O. y el expediente OLAF que se refiere a ella.

Motivos y principales alegaciones

El primer motivo está basado en un error de Derecho y vicios sustanciales de forma. Por una parte, las sentencias del Tribunal General en los asuntos Bilde y Montel constituyen un hecho nuevo, ocurrido tras la finalización de la fase escrita del procedimiento, que clarificó la naturaleza y el número de pruebas que deben aportarse. Se cumplían los requisitos del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento. Por otra parte, el Tribunal General cometió un error de Derecho al afirmar que solo podía tener conocimiento de los hechos presentados al Secretario General. El procedimiento de reintegración de las cantidades percibidas indebidamente se asemeja a un recurso de plena jurisdicción, en el que pueden aportarse todas las pruebas que sean de utilidad para un examen adecuado del litigio, incluso durante el procedimiento.

El segundo motivo está basado en la vulneración por el Tribunal General del derecho de defensa y en la existencia de vicios sustanciales de forma. Por una parte, el Tribunal General no permitió un debate leal y contradictorio al no imponer al Parlamento el respeto de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Parlamento dispone del expediente administrativo y del expediente de la OLAF de los que puede sacar ventaja a su antojo, dado que en ambos expedientes pueden encontrarse pruebas del trabajo que permanecen ocultas para la recurrente. Por otra parte, el Tribunal General cometió un error de apreciación al considerar conforme a Derecho que el Secretario General no concediese una audiencia personal a la recurrente.

El tercer motivo está basado en el error de Derecho, en el error de calificación de la naturaleza jurídica de los hechos y de las pruebas, en la discriminación, en el fumus persecutionis, en la violación de los principios de confianza legítima y de legalidad y en la desviación de poder. En primer lugar, la falta de análisis crítico de las pruebas aportadas constituye un defecto de motivación. En segundo lugar, se produce una vulneración de los derechos políticos de los asistentes. En tercer lugar, en materia de reintegración de las cantidades percibidas indebidamente, el riesgo de la prueba lo soporta en primer lugar la administración que debe aportar la motivación que justifica que se cuestione lo que ha sido percibido. En cuarto lugar, se ha producido un trato discriminatorio por parte del Presidente y del Secretario General del Parlamento contra los diputados del Frente Nacional. Por último, la negativa a entregar el expediente administrativo y el expediente OLAF pone en cuestión el principio de confianza legítima, de legalidad y constituye una desviación de poder.