SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de febrero de 1994

Asunto T-3/92

Edward Patrick Latham

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Decisión de traslado — Denegación de promoción»

Texto completo en lengua inglesa II-83

Objeto:

Recurso por el que se solicita: — Que se anule la decisión de la Comisión de 25 de abril de 1991, por la que se traslada al demandante al puesto de Consejero del Director General del Servicio Política de los consumidores, en la medida en que el demandante no fue promovido al grado A 3. — Una petición de indemnización.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Como consecuencia de una convocatoria para cubrir una plaza vacante, el demandante, funcionario de grado A 4 desde 1974, presentó su candidatura al puesto de Consejero del Director General del Servicio Política de los consumidores (SPC). En el formulario tipo utilizado a tal efecto, titulado «Candidatura a un traslado/promoción», el demandante tachó la palabra «traslado».

Mediante decisión de la AFPN de 25 de abril de 1991, el demandante fue trasladado al puesto de Consejero del Director General del SPC, con mantenimiento de su clasificación en el grado A 4.

Mediante reclamación de 20 de junio de 1991, con arreglo al artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios, el demandante alegó que debería habérsele nombrado en el grado A 3. Mediante decisión de 3 de diciembre de 1991, la Comisión desestimó esta reclamación.

I. Sobre la admisibilidad

1. Sobre la petición de anulación de la decisión por la que se fija en el grado A 4/A 5 el nivel del puesto de Consejero y de la decisión de no promover al demandante al grado A 3

a) Sobre la existencia de un acto lesivo

El Tribunal de Primera Instancia recuerda, con carácter preliminar, que los dictámenes emitidos por el Comité Consultivo de Nombramientos, que dispone únicamente de competencia consultiva tanto en lo relativo a la evaluación de las aptitudes de los candidatos como al nivel del puesto que debe cubrirse, no pueden ser objeto de recurso, dado que son decisiones de trámite (apartado 20).

Referenciaa: Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Cornisión, T-27/90, Rec. p. II-35, apartados 26 y 27

El Tribunal de Primera Instancia declara que el único acto que puede afectar a la situación estatutaria del demandante es la decisión por la que se le traslada al puesto de que se trata. Las dos peticiones de anulación deben ser interpretadas en el sentido de que tienen por objeto obtener la anulación de dicha decisión, en la medida en que fijó en el grado A 4/A 5 el nivel del puesto que debía cubrirse y denegó, al mismo tiempo, la solicitud del demandante de ser promovido al grado A3. Por consiguiente, la decisión cuya anulación solicita el demandante constituye un acto lesivo respecto al mismo (apartados 21 y 22).

b) Sobre el interés del demandante para ejercitar la acción

Según el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de haberse jubilado en noviembre de 1991, el demandante conserva su interés para ejercitar la acción, en la medida en que solicita no sólo la anulación de una decisión supuestamente ilegal, sino también la indemnización del perjuicio moral y material que cree la ha causado dicha decisión (apartado 23).

Referencia a: Tribunal de Primera Instancia. 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión, T-82/89, Rec. p. II-735, apartado 54

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia considera que debe admitirse la petición de anulación de la decisión de 25 de abril de 1991.

2. Sobre la petición que tiene por objeto que la promoción del demandante al grado A 3 surta efectos retroactivos a partir del 16 de abril de 1991

El Juez comunitario no es competente para dirigir a la Administración órdenes conminatorias en el marco del control de legalidad basado en el artículo 91 del Estatuto y las obligaciones que se imponen a la Administración sólo pueden ser consecuencia de la anulación de uno de sus actos, con arreglo al artículo 176 del Tratado CE (apartado 27).

Referencia a: Tribunal de Justicia, 13 de diciembre de 1989, Oyowe y Traore/Comisión, C-100/88, Rec. p. 4285, apartado 19; Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1990, Schneemann y otros/Comisión, C-137/88, Rec. p. I-369, apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión, T-20/92, Rec. p. II-799, apartado 36

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia decide que debe declararse la inadmisibilidad de la petición.

3. Sobre la petición destinada a que la Comisión responda a la reclamación del demandante

El Tribunal de Primera Instancia declara que la petición del demandante ha quedado sin objeto, dado que la Comisión desestimó su reclamación mediante decisión de 3 de diciembre de 1991 (apartados 31 y 32).

4. Sobre la petición de indemnización

a) Sobre la petición de reparación del perjuicio supuestamente sufrido por el demandante debido a que no fue promovido al grado A 3

Una acción de indemnización sólo es admisible, como accesoria al recurso de anulación, cuando existe un vínculo estrecho entre dicha acción y el recurso de anulación, sin que deba ir necesariamente precedida por una petición por la que se inste a la AFPN a reparar los perjuicios supuestamente sufridos ni por una reclamación por la que se impugne el fundamento de la desestimación expresa o. presunta de la petición del demandante (apartado 37).

Referencia a: Latham/Comisión, antes citada, apartado 38; Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Marcato/Comisión, T-5/90, Rec. p. II-731, apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1993, Piette de Stachelski/Comisión, T-53/92, Rec. p. II-35, apartado 17

Cuando existe un vínculo estrecho entre un recurso de anulación y una acción de indemnización, la inadmisibilidad del recurso de anulación conlleva la del recurso de indemnización (apartado 37).

Referencia a: Tribunal de Justicia, 12 de diciembre de 1967, Collignon/Comisión, 4/67, Rec. p. 469; Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión, 346/87, Rec. p. 303, apartado 31; Moat/Comisión, antes citada, apartado 46

El Tribunal de Primera Instancia considera que, dado que la petición de indemnización está estrechamente vinculada al recurse de anulación de la decisión de 25 de abril de 1991, considerado admisible, la petición de indemnización debe considerarse también admisible (apartado 38).

b) Sobre las peticiones de reparación de los perjuicios supuestamente causados al demandante por el incumplimiento del procedimiento relativo a su solicitud de promoción y por la falta de rectificación de su informe de calificación

El Tribunal de Primera Instancia considera que estas peticiones son inadmisibles, dado que no están estrechamente vinculadas al recurso de anulación de la decisión de 25 de abril de 1991, y dado que no ha tenido lugar un procedimiento administrativo previo, con arreglo al artículo 90 del Estatuto (apartado 39).

II. Fondo

1. Sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la decisión de 25 de abril de 1991

De los apartados 1 y 4 del artículo 5 del Estatuto de los Funcionarios y de los principios generales que rigen la función pública se deduce que, aunque la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación respecto a la organización de sus servicios y a la evaluación de los puestos de trabajo, el criterio principal conforme al cual procede determinar el nivel de un puesto que debe cubrirse es, no obstante, la importancia de las tareas y responsabilidades correspondientes a un determinado puesto de trabajo (apartado 45).

Referencia a: Tribunal de Justicia, 28 de octubre de 1980, Dautzenberg/Tribunal de Justicia, 2/80, Rec. p. 3107, apartado 9

En el caso de autos, el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a la cuestión de si, teniendo en cuenta las consideraciones que pudieron determinar la apreciación de la Administración, ésta se mantuvo dentro de límites razonables y no ejercitó su facultad de forma manifiestamente errónea (apartado 46).

Referencia a: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987, Bouteiller/Comisión, 324/85, Rec. p. 529, apartado 6; Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1987, Bonino/Comisión, 233/85, Rec. p. 739, apartado 5

a) Sobre el primer motivo, relativo a la existencia de una desviación de poder

El Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante no presentó ningún elemento concreto que permitiera demostrar que la decisión de la AFPN por la que se fija el nivel del puesto de trabajo se adoptó para alcanzar fines distintos de los perseguidos por la normativa de que se trata (apartado 50).

b) Sobre el segundo motivo, relativo a las irregularidades del procedimiento

i) Por lo que respecta a la difusión irregular de la convocatoria para cubrir una plaza vacante

El Tribunal de Primera Instancia considera que aun cuando, como afirma el demandante, la convocatoria para cubrir una plaza vacante no se hubiera difundido de forma regular, dicha irregularidad sólo pudo producir efectos favorables para el mismo. Por consiguiente, la omisión que denuncia el demandante no puede causar perjuicio a sus intereses. Dado que el demandante no está legitimado para interponer un recurso en interés de la Ley, debe declararse la inadmisibilidad de esta alegación (apartado 53).

Referencia a: Tribunal de Justicia, 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo, 85/82, Rec. p. 2105, apartado 14

ii) Por lo que respecta a la falta de rectificación del informe de calificación del demandante para el periodo 1981/1983

El Tribunal de Primera Instancia considera que la falta de rectificación del informe de calificación afectado no puede influir en la decisión relativa al nivel del puesto que debía cubrirse adoptada por la AFPN en 1991, independientemente de la calificación de los candidatos al puesto de que se trata (apartado 55).

c) Sobre el tercer motivo, relativo a la violación del principio de confianza legítima

El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas. Por el contrario, ningún funcionario puede invocar una violación del principio de la confianza legítima si la Administración no le dio unas seguridades concretas (apartado 58).

Referencia a: Tribunal de Justicia. 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento, 289/81, Rec. p. 1731, apañado 21; Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990. Chomel/Comisión, T-123/89. Rec. p. II-131, apartados 25 y 26

El Tribunal de Primera Instancia declara que, dado que los autos no contienen ningún indicio de seguridades concretas, procedentes de la AFPN, respecto a una posible promoción del demandante al grado A 3, no puede tratarse de una violación del principio de protección de la confianza legítima (apartado 59).

2. Sobre las pretensiones que tienen por objeto que se conceda una indemnización

La responsabilidad de la Comunidad exige que se reúna un conjunto de requisitos por lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento imputado a las Instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio invocado (apartado 63).

Referencia a: Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1987, Delauche/Comisión, 111/86, Rec. p. 5345, apartado 30; Tribunal de Primera Instancia, 27 de febrero de 1992, Plug/Comisión, T-165/89, Rec. p. II-367, apañado 115

El Tribunal de Primera Instancia declara que el demandante no presentó ninguna prueba de irregularidades o ilegalidades cometidas por la Comisión cuando fijó el nivel del puesto de Consejero del Director General y que el hecho de que no fuera promovido al grado A 3 es consecuencia directa de la fijación del nivel del puesto de que se trata. Dado que no se demostró la ilegalidad del comportamiento imputado a la Comisión, debe desestimarse la petición de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por el demandante debido a que no fue promovido al grado A 3 (apartados 65 y 66).

Fallo:

Se desestima el recurso.