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Auto del Presidente del Tribunal General de 27 de febrero de 2012 — Dagher/Consejo

(Asunto T-218/11 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Costa de Marfil — Retirada de la lista de las personas afectadas — Demanda de medidas provisionales — Sobreseimiento»

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Demanda que queda sin objeto — Sobreseimiento (Art. 278 TFUE) (véanse los apartados 7, 8 y 10)

Objeto

En primer lugar, pretensión de que se ordene al Consejo y a la República Italiana que expidan al demandante un visado; en segundo lugar, pretensión de suspensión de la ejecución del Reglamento de Ejecución (UE) no 85/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 560/2005 por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (DO L 28, p. 32), y de la Decisión 2011/71/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, que modifica la Decisión 2010/656/PESC, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 28, p. 60), y, en tercer lugar, pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por el demandante.

Fallo

1) Sobreseer la demanda de medidas provisionales.

2) Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

Auto del Presidente del Tribunal General de 27 de febrero de 2012 — Dagher/Consejo

(Asunto T-218/11 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Costa de Marfil — Retirada de la lista de las personas afectadas — Demanda de medidas provisionales — Sobreseimiento»

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Demanda que queda sin objeto — Sobreseimiento (Art. 278 TFUE) (véanse los apartados 7, 8 y 10)

Objeto

En primer lugar, pretensión de que se ordene al Consejo y a la República Italiana que expidan al demandante un visado; en segundo lugar, pretensión de suspensión de la ejecución del Reglamento de Ejecución (UE) no 85/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 560/2005 por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (DO L 28, p. 32), y de la Decisión 2011/71/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, que modifica la Decisión 2010/656/PESC, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 28, p. 60), y, en tercer lugar, pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por el demandante.

Fallo

1) Sobreseer la demanda de medidas provisionales.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales (Arts. 256 TFUE, ap. 1, 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 60, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 14 a 18)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Relación de causalidad entre el perjuicio alegado y el acto recurrido — Carga de la prueba (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE) (véanse los apartados 27, 28 y 36 a 38)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Requisitos acumulativos (Art. 278 TFUE y 279 TFUE) (véanse los apartados 40 y 41)

Objeto del litigio

Objeto

En esencia, demanda de medidas provisionales y de suspensión de la ejecución de la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 228, p. 16), del Reglamento (UE) nº 878/2011 del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 228, p. 1), de la Decisión 2011/628/PESC del Consejo, de 23 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 247, p. 17), y del Reglamento (UE) nº 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento nº 442/2011 (DO L 269, p. 18), en la medida en que estos textos se refieren al demandante.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.
1.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Acto reglamentario que no incluye medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Concepto — Reglamento del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del Arancel Aduanero Común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca — Exclusión [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamentos del Consejo (CEE) no 2913/92, art. 59, ap. 1, y (UE) no 566/2010] (véanse los apartados 37 a 41 y 52 a 54)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Orden en que deben examinarse y modo de verificación — Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales (Arts. 256 TFUE, ap. 1, 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 21 a 23)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Perjuicio económico — Perjuicio que puede repararse posteriormente — Perjuicio que no puede considerarse irreparable (Art. 278 TFUE) (véanse los apartados 26, 27, 29 y 30)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante — Apreciación en relación con la situación del grupo al que pertenece (Art. 278 TFUE) (véase el apartado 35)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Demanda — Requisitos de forma — Exposición de los motivos que justifiquen a primera vista la concesión de las medidas solicitadas (Art. 278 TFUE) (véase el apartado 40)

5. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión (Art. 278 TFUE) (véase el apartado 55)

Objeto del litigio

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2011/1/UE de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa al régimen de ayudas C 38/09 (ex NN 58/09) que España tiene previsto ejecutar en favor de RTVE (DO 2011, L 1, p. 9).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:T:2010 :495 1AUTO D EL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)
de 2 de diciembre de 2010
Asunto T-73/10 P
Svetoslav Apostolov
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Función p ública — Selección — Concurso — Desestimación d e 
candida tura — Plazo de recurso — Extemp oraneidad — Recurso de casación e n parte manifiestamente 
inadmisible y e n parte manifiestamente infundado»
Objeto: Recurso de casación c ontra e l auto del Tribunal de la Función P ública de la Unión 
Europea (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2009 , Apostolov/Comisión ( F-8/09, RecFP 
pp. I-A-1-509 y II-A-1-2763 ), en el que se solicita la anulación d e dicho auto.
Resultado:Se desestima el recurso de casación. El Sr. Svetoslav Apostolov cargará c on s us propias 
costas y c on l as costas en que haya incurrido la Comisión E uropea en el presente 
procedimiento.
Sumario
1. Recurso de c asación — Motivos — Apreciación errónea de l os hechos — Inadmisibilidad — 
Control por el Tribunal General de l a apreciación de l as pruebas — Exclusión salvo en caso de 
desnaturalización
(Estatuto del Tribunal de J usticia, anexo I, art. 11)
2. Procedimiento — Plazo p ara recurrir — Caducidad de l a acción — Auto anterior por el que se 
concede a l demandante la justicia gratuita — Irrelevancia
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 96, ap. 1)
1. El juez de primera instancia es el único compe tente, por una parte, para c onstatar los hechos, salvo 
en el caso de que la inexactitud m aterial de sus constataciones se desprenda d e los documentos 
obrantes en autos que le fueron s ometidos, y, por otra parte, para a preciar di chos hechos. Salvo en el 
supuesto de desnaturalización d e las pruebas presentadas ante el juez de primera instancia, la 
apreciación d e los hechos efectuada p or éste no c onstituye, pues, una cuestión d e Derecho sujeta, 
como tal, al control del Tribunal General.
(véase el apartado 24)
Referencia:
Tribunal General, 8 de septiembre de 2009 , ETF/Landgren (T-404/06 P, Rec. p. II-2841 ), apartados 191 y 192 y 
jurisprudencia citada allí
2 ECLI:EU:T:2010 :495SUMARIO—ASUNTO T -73/10P
APOSTOLOV/COMISIÓN
2. Entre la solicitud de justicia gratuita y e l recurso principal no e xiste un vínculo de tal naturaleza que 
el auto que resuelva sobre dicha solicitud pueda p rejuzgar la ad misibilidad d el recurso, ya que esta 
solicitud no t iene el mismo objeto que el recurso y p uede incluso ser presentada a ntes que el recurso, 
según el artículo 96, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función P ública. 
Por consiguiente, el demandante no p uede deducir del auto que le concede la justicia gratuita la 
admisibilidad d e su recurso principal, que ni siquiera había interpuesto aún.
(véase el apartado 26)
Referencia:
Tribunal General, 16 de mayo de 1994 , Stagakis/Parlamento (T-37/93, RecFP pp . I-A-137 y II-451), apartado 23
70

Además, la demandante no ha proporcionado ningún indicio de que las vías de recurso contempladas por el Derecho italiano no permitan salvaguardar sus derechos de manera satisfactoria. Al contrario, se desprende del expediente que la Asociación, por una parte, apoyó a la Juventus en el recurso interpuesto ante el TAR contra la Decisión del tribunal federal de la FIGC de 25 de julio de 2006, y, por otra parte, interpuso, ella misma, un recurso ante el TAR contra la resolución de la cámara de conciliación y arbitraje del CONI de 27 de octubre de 2006. El hecho de que el TAR declarara que su intervención como coadyuvante dejó de tener objeto tras el desistimiento por parte de la Juventus de su recurso, y la circunstancia de que el recurso de la Asociación haya sido declarado inadmisible con arreglo al Derecho nacional, no significan que la demandante no pudiera acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, en este sentido, la sentencia Au Lys de France/Comisión, citada en el apartado 67 supra, apartado 86). Además, la Asociación pudo haber recurrido a la autoridad italiana en materia de competencia, aunque no hizo uso de esta posibilidad en el caso de autos.
2.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Reglamento (CE) no 1010/2006 — Medidas de apoyo económico — Exclusión de los productores de codornices — Reglamento (CEE) no 2777/75 — Ámbito de aplicación — No inclusión de las codornices — Extensión autónoma de las medidas a otras especies de aves de corral — Exclusión — Extensión de la definición de «aves de corral» a la luz de la Directiva 2005/94/CE — Exclusión — Inexistencia de ilegalidad [Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo; Reglamento (CE) no 1010/2006 de la Comisión; Directiva 2005/94/CE del Consejo] (véanse los apartados 15, 18, 20, 21 y 27)
Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 26 de enero de 2012 — Mojo Concerts y Amsterdam Music Dome Exploitatie/Comisión

(Asunto T-90/09)

«Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Inversiones de la Gemeente Rotterdam en el complejo Ahoy’ — Decisión por la que se declara la inexistencia de ayuda de Estado — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión que concluye un procedimiento en materia de ayudas — Empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda — Legitimación activa — Requisitos (Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4) (véanse los apartados 30 a 34)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión C(2008) 6018 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a las inversiones efectuadas por la Gemeente Rotterdam en el complejo Ahoy’ [ayuda de Estado C 4/2008 (ex N 97/2007, ex CP 91/2007)].

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Mojo Concerts BV y Amsterdam Music Dome Exploitatie BV cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, la Gemeente Rotterdam y Ahoy’ Rotterdam NV.

3) El Reino de los Países Bajos cargará con sus propias costas.

Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 26 de enero de 2012 — Mojo Concerts y Amsterdam Music Dome Exploitatie/Comisión

(Asunto T-90/09)

«Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Inversiones de la Gemeente Rotterdam en el complejo Ahoy’ — Decisión por la que se declara la inexistencia de ayuda de Estado — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión que concluye un procedimiento en materia de ayudas — Empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda — Legitimación activa — Requisitos (Arts. 88 CE, ap. 2, y 230 CE, párr. 4) (véanse los apartados 30 a 34)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión C(2008) 6018 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a las inversiones efectuadas por la Gemeente Rotterdam en el complejo Ahoy’ [ayuda de Estado C 4/2008 (ex N 97/2007, ex CP 91/2007)].

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Mojo Concerts BV y Amsterdam Music Dome Exploitatie BV cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, la Gemeente Rotterdam y Ahoy’ Rotterdam NV.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Procedimiento — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción — Fuerza mayor — Concepto

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 45)

Los conceptos de «caso fortuito» o de «fuerza mayor», en el sentido del artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia requieren la concurrencia de dificultades anormales, independientes de la voluntad del demandante y que resulten inevitables, a pesar de haber actuado con toda diligencia. Ambos conceptos constan de un elemento objetivo, relativo a las circunstancias anormales y ajenas al interesado, y de un elemento subjetivo, relativo a la obligación, por parte del interesado, de tomar precauciones contra las consecuencias del acontecimiento anormal, adoptando medidas adecuadas, sin aceptar sacrificios excesivos. En particular, el interesado debe vigilar cuidadosamente el desarrollo del procedimiento iniciado y actuar con diligencia a fin de respetar los plazos previstos. Así pues, el concepto de fuerza mayor no se aplica a una situación en la que una persona diligente y perspicaz habría estado objetivamente en condiciones de evitar la expiración del plazo para la interposición de un recurso. Tal es el caso cuando la causa principal de la presentación fuera de plazo de un recurso de casación radica en la circunstancia de que el abogado del interesado utilizó un «envío certificado no conforme para el extranjero» y, por tanto, no respetó algunos de los criterios que permiten al operador del servicio postal garantizar el adecuado despacho de dicho envío.

(véanse los apartados 19 y 20)

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de julio de 1984, Ferriera Valsabbia/Comisión (209/83, Rec. p. 3089), apartado 22; Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión (C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619), apartados 31 y 32; Tribunal de Justicia, 18 de enero de 2005, Zuazaga Meabe/OAMI (C‑325/03 P, Rec. p. I‑403), apartado 25; Tribunal de Justicia, 8 de noviembre de 2007, Bélgica/Comisión (C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757), apartado 17
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala de Casación)

de 22 de junio de 2009

Asunto T‑376/08 P

Bart Nijs

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Recurso de casación — Función Pública — Funcionarios — Informe de calificación del período 2005/2006 — Decisión de no promover al recurrente en el ejercicio 2007 — Decisión del Tribunal de Cuentas de renovar el mandato de su secretario general — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

Objeto: Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 26 de junio de 2008, Nijs/Tribunal de Cuentas (F‑1/08, aún no publicado en la Recopilación), por el que se solicita la anulación de dicho auto.

Resultado: Se desestima el recurso de casación. El Sr. Bart Nijs cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas en el presente procedimiento.

Sumario

Recurso de casación — Formulación en el recurso de los motivos y alegaciones jurídicas — Motivo insuficientemente precisado — Remisión a los anexos — Inadmisibilidad

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 138, ap. 1, letra c)]

En el marco de un recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia contra una resolución del Tribunal de la Función Pública, una remisión global a escritos distintos del recurso de casación no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica, que, en virtud del artículo 138, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, deben figurar en el recurso de casación. Además, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental.

(véase el apartado 24)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de mayo de 1999, Asia Motor France y otros/Comisión (T‑154/98, Rec. p. II‑1703), apartado 49; Tribunal de Primera Instancia, 14 de diciembre de 2005, Honeywell/Comisión (T‑209/01, Rec. p. II‑5527), apartado 57
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Gastos de enfermedad — Enfermedad grave — Reembolso al 100 % — Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 72, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad, art. 28 y anexo I, punto IV)

La asunción de los gastos médicos al 100 %, con arreglo al artículo 72, apartado 1, del Estatuto presupone que se considere que la enfermedad de que se trate forma parte de las enfermedades mencionadas expresamente en dicha disposición o que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reconozca que esa enfermedad es de gravedad comparable a la de las enfermedades mencionadas en la referida disposición. A tal efecto, corresponde manifiestamente al interesado indicar de qué enfermedad se trata y aportar los documentos justificativos. A este respecto, por un lado, conforme al artículo 28 de la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, las solicitudes de reembolso de los gastos deberán ir acompañadas de documentos justificativos originales y, por otro lado, según el punto IV del anexo I de dicha reglamentación, las solicitudes dirigidas a que se reconozca que una enfermedad es de gravedad comparable a la de las cuatro enfermedades mencionadas en el artículo 72, apartado 1, del Estatuto deberán ir acompañadas del informe del médico de cabecera del interesado.

En la medida en que una solicitud no contenga ningún elemento nuevo que justifique la asunción al 100 % de los gastos médicos del funcionario de que se trate, el silencio de la administración ante dicha solicitud no modifica en modo alguno su situación jurídica, resultante de la decisión denegatoria implícita de una solicitud anterior mediante la cual ya puso en conocimiento de la administración dicha pretensión, y no constituye, por tanto, una acto lesivo en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto.

(véanse los apartados 37, 39 y 41)
En el marco de una demanda de medidas provisionales, el examen de la admisibilidad del recurso principal es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento de medidas provisionales. La admisibilidad del recurso principal sólo puede apreciarse a primera vista, ya que la finalidad es examinar si el demandante aduce elementos suficientes que justifiquen a priori la conclusión de que no puede excluirse la admisibilidad del recurso principal. El juez de medidas provisionales sólo declarará la inadmisibilidad de la demanda cuando pueda excluirse totalmente la admisibilidad del recurso principal. En efecto, pronunciarse sobre la admisibilidad en la fase del procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no esté, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

Por lo que se refiere a una demanda de medidas provisionales inserta en un recurso de anulación dirigido contra la Decisión 2007/389/CE, relativa a la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva 91/414 y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia, no puede excluirse, a primera vista, que un demandante, en su calidad de autor de la notificación del malatión, que ha participado efectivamente en el procedimiento de evaluación de una sustancia activa prevista en la Directiva y que ha disfrutado de las garantías procedimentales previstas por la normativa pertinente, esté directa e individualmente afectado por dicha Decisión en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y que el recurso principal interpuesto por él sea admisible.

Los demás demandantes no pueden considerarse, a primera vista, individualmente afectados por la Decisión 2007/389, cuyos únicos destinatarios son los Estados miembros, porque, lejos de estar individualizados por cualidades que les sean propias, están afectados de la misma manera que el resto de vendedores y usuarios de malatión que se encuentran en la misma situación, dado que esta Decisión no incluye ningún elemento concreto que permita concluir que ha sido adoptada teniendo en cuenta su situación particular. Parece pues que estos demandantes sólo podrían alegar que están afectados por la citada Decisión debido a su condición objetiva de operadores económicos contemplados en dicha Decisión. Ahora bien, un efecto de este tipo no es suficiente para estar individualmente afectado en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Además, existen numerosas empresas distintas de los demandantes que también venden y utilizan el malatión y que disponen pues de derechos de comercialización al igual que los demandantes. De aquí se deriva que los demandantes distintos del autor de la notificación no pueden alegar su propia situación individual para establecer la urgencia en el marco de un procedimiento de medidas provisionales, de modo que no están legitimados para presentar tal demanda de medidas provisionales.

(véanse los apartados 44, 45, 47, 58, 59 y 64)