A partir de los principios indicados y de la interpretación que les ha dado el Tribunal, me parece que pueden considerarse no fundadas las tesis que sostienen la validez de la disposición controvertida. He aquí los motivos que me inducen a esta convicción:

Empiezo, como ya he hecho en el no 4, por la desigualdad de trato entre el trabajador empleado en Francia y el que trabaja en uno de los otros Estados.

A los argumentos propuestos a este respecto por las distintas partes intervinientes hay que reconocerles el mérito de haber puesto de relieve, con todo su alcance, el conflicto inherente a la elección entre país de empleo y país de residencia como criterios para el pago de las prestaciones de seguridad social y especialmente de los beneficios por cargas familiares. Como es sabido, el Consejo se ha planteado largo tiempo esta disyuntiva, primero al promulgar el Reglamento (CEE) no 3/58 y luego al reformarlo con el Reglamento (CEE) no 1408/71 y por fin como consecuencia de la propuesta unificadora que le propuso la Comisión en 1976 {supra no 3). Sería interesante reproducir tales debates, pero no es oportuno aquí. Baste por ello recordar que el legislador de 1971 adoptó como regla general el criterio de país de empleo y sólo recurrió al otro criterio en los casos en que, por la naturaleza de la prestación o por el modo de determinarla, esto último podría resultar más práctico. Se trata, en efecto, a) de las prestaciones en especie del seguro de enfermedad de países distintos del país deudor, que son equivalentes en toda el área comunitaria y no son por ello materialmente «exportables»; b) de las prestaciones familiares pagadas a los titulares de pensiones o de rentas por varios Estados, debido a las dificultades que se encontrarían para dividir pro rata incluso los suplementos de familia; c) algunas prestaciones en favor de trabajadores fronterizos.

Dicho esto, rechazo enérgicamente que la discriminación por la que hemos empezado sea inexistente, como afirma el Consejo. De esta tesis —y en particular de las razones aducidas en su apoyo— diré que está en claro o, mejor, en brutal contraste con el principio en cuya virtud el trabajador migrante debe ser tratado según reglas comunitarias uniformes en cualquier lugar en que decida establecerse. Otras críticas, más agudas, serían quizá oportunas; pero entiendo que no son propias de la función del Abogado General.

De mayor entidad es la opinión según la cual la desigualdad que examinamos se debe únicamente a las diferencias que se registran entre las legislaciones de los diez Estados. De mayor entidad, pero también rechazable. Tales diferencias, efectivamente, pueden producir discriminaciones, pero la disposición que examinamos las produce inevitablemente. Examinemos su modo de actuar. Hace depender el pago de los subsidios de un concurso de leyes: la ley francesa regula la titularidad del derecho, mientras que la naturaleza y la cuantía del beneficio se definen mediante una remisión a la ley del Estado de residencia. Así, pues, la remisión sirve para determinar la prestación y, como ha sucedido en el supuesto de hecho que da lugar al presente caso, su efecto consiste en reducir la consistencia del derecho adquirido con base en la ley francesa. Así, pues, esta es la cuestión: no es la eventual diferencia entre las dos leyes la que asegura la desigualdad, sino la manera en que las coordina el artículo 73, apartado 2. Es esta coordinación la que suprime la prestación concedida por la sola ley del Estado de empleo para crear otra artificialmente regida por la ley del Estado de residencia de los miembros de la familia.

Ahora bien, ¿es admisible semejante supresión? Yo creo que no lo es y de ello me convencen las sentencias Rossi, Laterza, Gravina, Beeck y D'Amario. Verdad es que en estos casos se trataba de prestaciones concurrentes, derivadas de diversas leyes nacionales, mientras que en el de autos la prestación es única, por más que regulada por un concurso de leyes. Como es obvio, por otra parte, una diferencia de este género no puede llegar a impedir que el principio establecido por este Tribunal (el trabajador no se debe ver perjudicado a causa del lugar en que residan sus familiares) se aplique igualmente a la situación de qua. Por lo demás —observan el Gobierno griego, el Gobierno italiano y el recurrente en el asunto principal— si no se aplicase nos encontraríamos ante una evidente violación del artículo 51 del Tratado que —se lo recordaré a la Comisión y a la Caisse— menciona también los derechohabientes de los trabajadores migrantes e impone el pago (la exportación, por consiguiente) de las prestaciones cualquiera que sea el Estado miembro en que residan sus beneficiarios.

Y no se diga que también puede ser discriminatorio el criterio del Estado de empleo cuando el migrante se traslada de un país en que las prestaciones son más elevadas a otro que las conceda en cuantía menor. Cabe formular dos objecciones a este argumento. En el caso del artículo 73, apartado 1, que se funda precisamente en el locus laboris, la situación es distinta, porque la reducción del beneficio depende del desplazamiento del trabajador y no, como en el apartado 2, de la residencia de los miembros de su familia. Por otra parte no es correcto calcular las ventajas y las desventajas comparando en ambos casos las «prestaciones»; debe hacerse el cálculo considerando que el trabajador empleado en Francia a quien se aplica el apartado 2 recibe sólo los «subsidios familiares», mientras en los otros nueve Estados miembros el apartado 1 impone el pago de todas las «prestaciones familiares».

Llegamos a la discriminación entre el trabajador comunitario empleado en Francia y su colega de nacionalidad francesa. Es innecesario responder a los argumentos de la Comisión, de la Caisse y del Gobierno francés que no se diferencian de los criticados hasta ahora. Por el contrario, deben hacerse dos observaciones a la tesis del Consejo.

En primer lugar, no siempre es exacto que la norma discutida favorezca al trabajador comunitario. El Derecho francés, en efecto, admite que la estancia en el extranjero se prolongue más de tres meses si lo requieren la salud o los estudios del miembro de la familia (véase el artículo 6 del Decreto de 10 de diciembre de 1946, modificado por el Decreto de 17 de abril de 1972, el Decreto de 14 de mayo de 1968 y, respecto a la jurisprudencia, Cassation [chambre sociale] de 27 de enero de 1972 y 22 de marzo de 1973, en Droit social, 1972, p. 530, y 1973, p. 537). Es falso, pues, que no hay discriminación. La hay, pero está disimulada porque, como observa el Gobierno italiano, el parámetro «residencia» actúa de modo distinto según la nacionalidad del trabajador. En otros términos, el núcleo familiar de quien trabaja en su país de origen está unido por lo general mientras que la familia del migrante está normalmente desmembrada. La residencia de algunos familiares en países distintos del aquél en que se trabaja es en suma un efecto normal del desplazamiento del trabajador dentro del territorio de la Comunidad.

Veamos por fin la discriminación entre los trabajadores no franceses empleados en Francia, según que sus hijos vivan con ellos o residan en el extranjero. Hemos visto que, según el Consejo, no es incompatible esa discriminación con el artículo 48, apartado 2, del Tratado. A mi parecer, lo es. En efecto, al prohibir cualquier discriminación en materia de empleo, dicha norma trata de referirse al conjunto de condiciones que constituyen el status del trabajador por cuenta ajena y en consecuencia también a su situación ante la seguridad social. Ahora bien, si esto es verdad, no se comprende por qué, a igualdad de cotizaciones satisfechas a los organismos de seguridad social y/o de impuestos pagados a la Hacienda del mismo país, algunos trabajadores comunitarios deban, en razón de la residencia de los miembros de su familia, ser tratados de modo menos favorable; o ser incluso equiparados, como ha puesto de relieve el Sr. Pinna, a los ciudadanos extracomunitarios para los que no esté previsto un régimen más favorable mediante un acuerdo bilateral.