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El decreto-legge n. 223 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (Decreto-ley n.o 223, por el que se establecen disposiciones urgentes para la reactivación económica y social, para la contención y la racionalización del gasto público, así como actuaciones en materia de ingresos fiscales y de lucha contra el fraude fiscal), de 4 de julio de 2006 (GURI n.o 153, de 4 de julio de 2006, p. 4), convalidado como ley, con modificaciones, por la Ley n.o 248, de 4 de agosto de 2006 (suplemento ordinario de la GURI n.o 186, de 11 de agosto de 2006) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 223»), contiene disposiciones dirigidas a reducir los gastos de funcionamiento de las administraciones y de los organismos públicos no territoriales. Su artículo 22, apartado 1, dispone: «Los importes asignados para el año 2006 a gastos por consumos intermedios de los presupuestos de entidades y organismos públicos no territoriales [...], determinados con arreglo al artículo 1, apartados 5 y 6, de la [Ley n.o 311], [con algunas excepciones] se reducirán en un diez por ciento [...]»
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Con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Código del Impuesto sobre Sociedades), aprobado mediante el Decreto-Lei n.o 442‑B/88 (Decreto-ley n.o 442‑B/88), de 30 de noviembre de 1988 (Diário da República I, serie I‑A, n.o 277, de 30 de noviembre de 1988), en su versión resultante del Decreto-Lei n.o 211/2005 (Decreto-ley n.o 211/2005), de 7 de diciembre de 2005 (Diário da República I, serie I‑A, n.o 234, de 7 de diciembre de 2005) (en lo sucesivo, «CIRC»), las personas jurídicas y las demás entidades que no tengan su domicilio social ni su dirección efectiva en el territorio portugués estarán sujetas al IRC únicamente en lo que se refiere a los rendimientos obtenidos en este territorio. Entre tales rendimientos figuran, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, letra c), del CIRC, los intereses abonados por los deudores que residan, tengan su domicilio social o su dirección efectiva en territorio portugués, así como aquellos cuyo pago sea imputable a un establecimiento permanente situado en este Estado.
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Este último tribunal observa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la sentencia de 18 de julio de 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490), no proporciona indicaciones claras que le permitan pronunciarse sobre si los tribunales húngaros disponen o no de una competencia especial, en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, para conocer de un asunto como el litigio principal. Considera que el crédito que la autoridad de competencia cree ostentar sobre Siemens no es un crédito contractual. En cambio, estima que no puede excluirse la aplicación de la regla de la competencia especial que enuncia esta disposición.
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En efecto, por lo que respecta al primer fundamento jurídico, dicho órgano jurisdiccional considera que no es aplicable, ya que incluso los formadores como el Sr. Muladi debían someterse a un examen y, por lo tanto, no podían autoexaminarse. En cuanto al segundo fundamento jurídico, estima que el Sr. Muladi no aportó ninguna prueba de haber superado el examen de aptitud profesional durante los seis meses anteriores a su demanda. Por último, en cuanto al tercer fundamento jurídico, observa que el Sr. Muladi no ha acreditado su participación en un curso de formación de 35 horas de duración.
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Por otra parte, se ha estimado también que el proceso principal, que ha concluido con una sentencia condenatoria del inculpado, es distinto del procedimiento especial, que tiene carácter incidental y cuyo objeto es el reconocimiento de los efectos de esa sentencia en Hungría. Por consiguiente, si bien el inculpado debe obtener asistencia lingüística gratuita en el proceso principal cuando no domina la lengua en la que éste se desarrolla, no sucede lo mismo en un procedimiento accesorio en lo que respecta a la traducción a la lengua de ese procedimiento, que el interesado domina, de una sentencia dictada por un tribunal extranjero, ya que esta traducción es necesaria a efectos de dicho procedimiento y no para proteger los derechos de la persona condenada.
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una mezcla de aceites vegetales como la controvertida en el litigio principal debe ser clasificada, en cuanto mezcla de aceites vegetales alimenticia, en la subpartida 1517 90 91 de dicha Nomenclatura o, en cuanto mezcla de aceites vegetales no alimenticia, en la subpartida 1518 00 31 de ésta, procede tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de autos relativos a las características y propiedades objetivas inherentes a ese producto. Entre los elementos pertinentes que pueden justificar que tal mezcla se califique de «no alimenticia», procede apreciar la información suministrada por el fabricante de la mezcla en el marco de la declaración aduanera, según la cual, debido a las características del proceso de su fabricación, no cabe descartar la presencia de sustancias nocivas en dicha mezcla. A este respecto, el hecho de que un análisis de muestras extraídas de tal mezcla de aceites vegetales no haya revelado la presencia en ella de ninguna sustancia nociva no es suficiente, por sí solo, para cuestionar la calificación de «no alimenticia» de la mezcla examinada. Para ello se precisa la existencia de otros elementos probatorios pertinentes que puedan poner en entredicho la exactitud de la información relativa al proceso de fabricación de la mezcla en cuestión suministrada por su fabricante y contenida en la mencionada declaración, conforme a lo dispuesto en los artículos 62, 68 y 71 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión resultante del Reglamento (UE) no 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011 (DO L 282, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
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En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se plantea si el Reglamento n.o 44/2001 es aplicable al litigio de que conoce, toda vez que las partes han elegido, para la solución de sus litigios, una jurisdicción de un Estado tercero que no es miembro de la Unión Europea y no una jurisdicción de un Estado miembro, como prevé el artículo 23, apartado 1, del citado Reglamento. Considera que esa cláusula atributiva de competencia en favor de un Estado tercero podría, por esa mera razón, constituir un obstáculo a la prórroga tácita de competencia prevista en el artículo 24 de ese mismo Reglamento.
El procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, tiene carácter necesario siempre que la Comisión encuentre serias dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado interior. Por lo tanto, la Comisión únicamente puede limitarse a la fase previa de examen del artículo 108 TFUE, apartado 3, para adoptar una decisión favorable a una ayuda, si, después de un primer examen, le es posible llegar a la convicción de que dicha ayuda es compatible con el mercado interior. Por el contrario, si este primer examen lleva a la Comisión a la convicción opuesta, o no le ha permitido superar todas las dificultades planteadas por la apreciación de la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado interior, la Comisión tiene el deber de recabar todas las opiniones necesarias y de iniciar, para ello, el procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 2.

A este respecto, conforme a la finalidad del artículo 108 TFUE, apartado 3, y al deber de buena administración que le incumbe, la Comisión puede, en particular, iniciar un diálogo con el Estado notificante o con terceros con objeto de superar en el transcurso del procedimiento previo las dificultades que en su caso hayan surgido. Pues bien, esta facultad presupone que la Comisión puede adaptar su postura en función de los resultados del diálogo entablado, sin que esta adaptación deba interpretarse a priori como la acreditación de la existencia de serias dificultades. Por consiguiente, la Comisión puede adoptar legalmente, a final de la fase previa, sobre la base del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], una decisión mediante la cual, al mismo tiempo que constata la inexistencia de una ayuda de Estado, toma nota de los compromisos adoptados por el Estado miembro. En consecuencia, el que la Comisión haya estimado, durante el examen previo y antes de la negociación de estos compromisos, que la medida de que se trata confería una ventaja al beneficiario, no es asimilable a la existencia de serias dificultades que exijan la incoación del procedimiento de investigación formal.

(véanse los apartados 30 y 35 a 37)
Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación a la luz de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión — Interpretación del Reglamento n.o 2658/87 a la luz del Acuerdo sobre el comercio de productos de tecnología de la información

(Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) n.o 1549/2006 y n.o 1214/2007, anexo I)
Los artículos 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 y 273 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, que permite a la administración tributaria denegar a un sujeto pasivo el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando se ha acreditado que éste incumplió fraudulentamente la mayoría de las obligaciones formales que le incumbían para poder disfrutar de ese derecho.

En particular, la falta de presentación de declaración de IVA, al igual que la falta de llevanza de una contabilidad, que permitan la aplicación del IVA y su control por la administración tributaria, y la falta de registro de las facturas emitidas y pagadas pueden impedir la correcta recaudación del impuesto y, en consecuencia, comprometer el buen funcionamiento del sistema común del IVA. Por lo tanto, el Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros consideren tales incumplimientos constitutivos de fraude fiscal y denieguen, en tal supuesto, el disfrute del derecho a deducir. A este respecto, una denegación del derecho a deducir en circunstancias que demuestran la existencia de un fraude fiscal por parte del sujeto pasivo que pretende disfrutar de este derecho no puede considerarse contraria al principio de neutralidad fiscal, ya que éste no puede ser válidamente invocado por un sujeto pasivo que ha participado deliberadamente en tal fraude y ha puesto en peligro el funcionamiento del sistema común del IVA.

(véanse los apartados 56, 58 y 59 y el punto 2 del fallo)
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que la difusión de emisiones de televisión mediante aparatos de televisión que el explotador de un centro de rehabilitación ha instalado en sus dependencias constituye un acto de comunicación al público.

En efecto, en primer lugar, tal explotador realiza un acto de comunicación al transmitir deliberadamente a sus pacientes obras protegidas mediante aparatos de televisión instalados en diferentes lugares de ese establecimiento.

En segundo lugar, el conjunto de pacientes de semejante centro de rehabilitación constituye un público en el sentido de las citadas disposiciones, puesto que el círculo de personas constituido por estos pacientes no es demasiado pequeño ni insignificante, en el bien entendido, en particular, de que dichos pacientes pueden disfrutar de las obras difundidas de manera simultánea en diferentes lugares del establecimiento y que no podrían hacerlo, en principio, sin la intervención en ese sentido del explotador del centro. Además, en la medida en que se trata del pago del canon por los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor correspondiente a la puesta a disposición de obras protegidas en las dependencias de dicho centro, no cabe duda de que estos pacientes no fueron tomados en consideración al concederse la autorización para la puesta a disposición de origen de la obra protegida, de manera que constituyen un público nuevo.

En tercer lugar, la difusión de emisiones de televisión mediante aparatos de televisión, al tener por objeto ofrecer una distracción a los pacientes de un centro de rehabilitación durante sus tratamientos o el tiempo de espera que precede a éstos, constituye una prestación de servicios adicional que, si bien carece de todo interés médico, tiene un impacto favorable en la categoría y el atractivo del establecimiento, proporcionándole así una ventaja competitiva. De ello se deduce que la difusión de emisiones de televisión por el explotador de tal centro de rehabilitación puede revestir un carácter lucrativo, de modo que deba tenerse en cuenta a efectos de determinar la cuantía de la remuneración debida eventualmente por esa difusión.

(véanse los apartados 54 a 65 y el fallo)
En virtud del artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de casación que tenga por objeto únicamente obtener una sustitución de la motivación adoptada por el Tribunal General en apoyo de esta resolución, sin tener por objeto su anulación total o parcial.

Aunque las pretensiones del recurso de casación no se refieran explícitamente a un elemento del fallo de la sentencia impugnada, sino más bien a determinados aspectos de la motivación adoptada por el Tribunal General para justificar dicho fallo, no obstante, el recurso de casación es admisible desde el momento en que tiene por objeto la anulación parcial de la resolución del Tribunal General tal como figura en el fallo de la sentencia recurrida y que los defectos de forma de que adolece la redacción de las pretensiones del recurso de casación no impiden al Tribunal de Justicia llevar a cabo su control de legalidad.

(véanse los apartados 32, 33 y 35)
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Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 21 TFUE, 45 TFUE y 49 TFUE y de los artículos 28 y 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al adoptar y mantener en vigor las disposiciones de los artículos 10 y 38 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Código del impuesto sobre la renta de las personas físicas; en lo sucesivo, «CIRS») conforme a las cuales un sujeto pasivo que canjee participaciones en el capital social y traslade su residencia a un Estado distinto de la República Portuguesa o que ceda elementos del activo y del pasivo vinculados a una actividad ejercida a título individual a cambio de participaciones de una sociedad no residente debe, en el primer caso, incluir, en relación con las operaciones en cuestión, todo rendimiento no atribuido en la base imponible del último ejercicio fiscal respecto al cual siga siendo considerado sujeto pasivo residente y no puede, en el segundo caso, obtener un aplazamiento de la tributación correspondiente a esa operación.
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Por lo que se refiere a la duración de las prácticas criticadas, Intel sostiene que unos acuerdos de corta duración no producen ningún efecto perjudicial real o potencial. Añade que, al declarar en el apartado 113 de la sentencia recurrida que la duración de los acuerdos no fue breve, el Tribunal General se basó, no en la duración de cada acuerdo tomado individualmente, sino en la acumulación de múltiples acuerdos, de modo que no pudo tener en cuenta el hecho de que los clientes de Intel podían desvincularse fácilmente de sus acuerdos. A este respecto, Intel impugna la afirmación de la Comisión según la cual sus clientes OEM no podían renunciar a los acuerdos celebrados con ella a pesar de su escasa duración. A su juicio, el hecho, no discutido, de que Dell cambiara de proveedor, optando por AMD, en un momento en que los descuentos de Intel estaban a su máximo nivel constituye una prueba de que la posibilidad de cambio era real.
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Davitas interpuso un recurso de anulación contra dicha resolución ante el Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Würzburg, Alemania). En el marco de dicho recurso, Davitas reconoció que la clinoptilolita no había sido utilizada «en una medida importante» para el consumo humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997. No obstante, afirmó que, en cualquier caso, el ingrediente no podía calificarse de «nuevo», por no cumplir el segundo requisito previsto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 258/97 ya que no estaba comprendida en ninguna de las categorías definidas en ese apartado 2, letras c) a f).
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El artículo 31 de la misma Directiva es del siguiente tenor: «Los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos públicos por procedimiento negociado, sin publicación previa de un anuncio de licitación, en los casos siguientes: 1) respecto de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios: [...] c) en la medida en que sea absolutamente necesario, cuando la urgencia imperiosa, consecuencia de hechos imprevisibles para los poderes adjudicadores en cuestión, no es compatible con los plazos exigidos para los procedimientos abiertos, restringidos o negociados con publicación de un anuncio de licitación contemplados en el artículo 30. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia imperiosa no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes adjudicadores; [...] 4) respecto de los contratos públicos de obras y contratos públicos de servicios: a) con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no figuren en el proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la obra o de los servicios tal y como estaban descritos, siempre que la adjudicación recaiga en el operador económico que ejecute dicha obra o dicho servicio: — cuando esas obras o servicios complementarios no puedan separarse del contrato inicial técnica o económicamente sin ocasionar grandes inconvenientes a los poderes adjudicadores, o bien — cuando dichas obras o servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento. No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50 % del importe del contrato inicial; [...]»
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El artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (DO 1999, L 337, p. 10), tenía la siguiente redacción: «1. La renovación de la flota y la modernización de los buques pesqueros se organizarán con arreglo al presente título. Cada Estado miembro presentará a la Comisión, para su aprobación de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE) n.o 3760/92, un régimen permanente de control de la renovación y modernización de la flota. En el marco de este régimen, los Estados miembros demostrarán que las entradas y salidas de la flota se gestionarán de tal modo que la capacidad no supere los objetivos anuales fijados en el programa de orientación plurianual, globalmente y para los segmentos correspondientes o, cuando corresponda, que la capacidad de pesca se reduzca gradualmente para lograr estos objetivos. Este régimen tendrá en cuenta, en particular, que la capacidad distinta de la de los buques de menos de 12 metros de eslora con exclusión de los arrastreros que se haya retirado con ayuda pública no podrá sustituirse. 2. Los Estados miembros podrán presentar solicitudes para aumentar de manera claramente determinada y cuantificada los objetivos de capacidad mediante medidas destinadas a mejorar la seguridad, la navegación marítima, la higiene, la calidad de la producción y las condiciones de trabajo, siempre que esas medidas no tengan como resultado el aumento del índice de explotación de los recursos de que se trate. Las solicitudes serán estudiadas por la Comisión y aprobadas de conformidad con el procedimiento que establece el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE) n.o 3760/92. Todos los aumentos de capacidad serán gestionados por los Estados miembros con arreglo a los regímenes permanentes mencionados en el apartado 1.»
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A tenor del artículo 2 de dichas condiciones de emisión: «Estatuto. Las obligaciones derivadas de los bonos constituyen obligaciones no garantizadas y subordinadas de la sociedad emisora, con idéntico rango de prelación entre sí y frente a todas las demás obligaciones subordinadas de la sociedad emisora. En caso de disolución, liquidación o concurso de acreedores de dicha sociedad, las obligaciones derivadas de los bonos sólo podrán ser satisfechas después de los créditos no subordinados. Por tanto, no podrá abonarse ninguna cantidad por los bonos hasta que hayan sido satisfechos íntegramente los créditos de todos los acreedores no subordinados de la sociedad emisora o se hayan dotado provisiones suficientes para tales importes. Además, un bonista no podrá compensar sus créditos derivados de los bonos con créditos de la sociedad emisora. Ni la sociedad ni ningún tercero aportarán en ningún momento futuro una garantía contractual de los derechos del bonista. Ningún pacto posterior podrá limitar el carácter subordinado previsto en el presente artículo, ni podrá anticipar la fecha de vencimiento de los bonos ni reducir el plazo de preaviso aplicable.»
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De la jurisprudencia relativa al considerando 2 del Reglamento n.o 918/83, cuyo contenido es idéntico al del considerando 3 del Reglamento n.o 1186/2009, se desprende que los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión al adoptar ese primer Reglamento consistían en facilitar, por una parte, el establecimiento de la nueva residencia de una persona física en el Estado miembro de que se tratara y, por otra, el trabajo de las autoridades aduaneras de los Estados miembros (sentencia Treimanis, C‑487/11, EU:C:2012:556, apartado 24). Estas consideraciones son aplicables al Reglamento n.o 1186/2009, ya que, a través de éste, el legislador de la Unión codificó las diferentes disposiciones del régimen de franquicias aduaneras, incluidas las disposiciones del Reglamento n.o 918/83.
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Los Reglamentos no 883/2004 y no 987/2009 se aplican a Liechtenstein en virtud de la Decisión del Comité Mixto del [Espacio Económico Europeo] no 76/2011, de 1 de julio de 2011, por la que se modifica el anexo VI (Seguridad Social) y el Protocolo 37 del Acuerdo EEE (DO L 262, p. 33).