11.

En lo que se refiere a la primera cuestión, ante todo plantea el problema de la definición del término «enfermedad». Me parece que queda excluido que pueda existir un concepto comunitario preciso y exhaustivo y, con carácter más general, jurídico, de enfermedad, aunque se trate de un término utilizado en numerosos actos comunitarios y que, en definitiva, tiene seguramente un significado muy similar en todos los Estados miembros. Esencialmente, estimo que no podemos ir más lejos del significado común de la palabra y tener en cuenta los estados patológicos del organismo humano, que por esta razón exigen cuidados médicos y la ayuda de productos que específicamente los remedien. Por el contrario, las condiciones fisiológicas particulares, como, por ejemplo, una simple fatiga (debida a un esfuerzo físico o mental) o una mala digestión (debida a un abuso alimenticio), no pueden ser consideradas —como tales— enfermedades, y aquí me remito a la experiencia común así como al buen sentido. Me parece que la cuestión del Tribunal a quo en este punto es casi retórica. Es muy cierto que la fatiga o una mala digestión también pueden ser síntoma o efecto de una verdadera patología orgánica; sin embargo, en este caso, no serán realmente los productos a base de sustancias naturales, que son meros complementos de la alimentación para favorecer el buen funcionamiento del organismo, los remedios apropiados contra la patología de que se trata: ante todo, habrá que recurrir a los productos —medicinas— que curen la enfermedad y no sólo alivien la fatiga que de ella resulte. Desde esta perspectiva, por ejemplo, no me parece que razonablemente se pueda calificar como medicamento un producto para combatir la fatiga (compuesto de aceite de gérmenes de trigo y de vitamina E), como el que es el objeto del litigio principal, en la medida en que, por sí mismo, no está destinado a tratar ninguna patología, sino que tiene un simple efecto benéfico y paliativo de un estado fisiológico que tenga causas naturales y que es, agrego, perfectamente normal. Dicho esto, me limito aquí a observar que la inexistencia, en la legislación comunitaria, de un concepto codificado del término «enfermedad», concepto que hay que relacionar con la experiencia común y que es un patrimonio común de los Estados miembros, no puede, por sí mismo, justificar el hecho de que un mismo producto sea calificado de forma distinta por los Estados miembros. Por otra parte, como he señalado en las observaciones que anteceden, una interpretación sistemática de las otras disposiciones relativas a los productos alimenticios y a los cosméticos permite que, en este asunto, se llegue a una delimitación suficientemente clara de tales categorías de productos en relación con los medicamentos tal como están definidos en la Directiva 65/65. De ello se deduce que podrá haber eventuales y legítimas calificaciones diferentes de un mismo producto, no tanto en función de una definición diferente del término «enfermedad» en los diversos Estados miembros, sino más bien respecto a productos que, aunque puedan estar comprendidos en la definición de medicamentos por su función en el sentido de la Directiva, tengan una finalidad preponderantemente nutricional. En particular, me refiero a esas sustancias, imprescindibles para la alimentación humana, que se toman para remediar una carencia debida a condiciones fisiológicas, digamos contingentes, y por lo tanto con arreglo a una dosificación que no debe superar determinadas cantidades. En este caso, evidentemente, resulta difícil, sobre todo a falta de una armonización, establecer hasta qué punto una misma sustancia es un simple complemento alimenticio (destinado exclusivamente a formar parte de la alimentación cotidiana) y cuándo, por el contrario, debido a su fuerte concentración y/o a una dosificación que exceda las necesidades normales, es un medicamento. Como lo manifestó acerca de las vitaminas el Tribunal de Justicia en la sentencia Van Bennekom, la clasificación de este tipo de sustancias entre los medicamentos «debe efectuarse en cada caso, según las propiedades farmacológicas de cada una de ellas, tal como hayan sido determinadas con arreglo al estado actual de los conocimientos científicos». ( 12 ) Ahora bien, dada la incertidumbre y la evolución de los conocimientos científicos en muchos sectores de la farmacología y, especialmente, en cuanto aquí interesa, en lo relativo a la determinación del nivel de concentración a partir del cual el consumo de sustancias que tengan una finalidad esencialmente nutricional pueda ser nocivo, resulta que habrá que decidir caso por caso la calificación de los productos de que se trata. Por consiguiente, es muy posible que un Estado miembro considere, con arreglo a su propio Derecho interno, estos productos como medicamentos, dejando a salvo la posibilidad del control judicial del respeto del Derecho comunitario aplicable, sobre todo en cuanto atañe a la compatibilidad con los artículos 30 y siguientes de Tratado. Desde esta perspectiva, una posible consulta al Comité de especialidades farmacéuticas o al Comité permanente de los productos alimenticios o también a otros Comités ad hoc no es idònea para evitar calificaciones diferentes de un mismo producto, porque estos Comités no tienen la misión de clasificar los productos (y, en todo caso, sus dictámenes no son vinculantes para los Estados miembros).