ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2)

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, primer y tercer guiones, y de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento no 1049/2001, por la denegación del acceso a documentos concretos del expediente. — En este motivo, la demandante aduce que la Comisión interpretó de forma contraria a Derecho y excesivamente amplia el ámbito de aplicación de la norma de excepción del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001. En opinión de la demandante, ni podían producirse perjuicios para los intereses comerciales, según lo previsto en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento no 1049/2001, ni podía la Comisión invocar la protección del objetivo de las actividades de inspección, de acuerdo con el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento no 1049/2001. — Por otra parte, no se causaba un perjuicio grave al proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento no 1049/2001). — Asimismo, la Comisión niega sin razón que exista un interés público superior en la divulgación de los documentos solicitados.
—

Se alega, en particular, al respecto que no es posible saber cuál es en el caso de autos la razón que condujo a la demandada a considerar que no era admisible el proyecto presentado por la demandante. En realidad, la decisión impugnada motiva la denegación de manera distinta a como lo hace la indicación contenida en el escrito anterior de 7 de agosto de 2013, oponiéndose al hecho de que no se observara un criterio de elegibilidad establecido en las directrices distinto del señalado en las indicaciones impresas contenidas en el citado escrito (distribución cinematográfica de la película no efectuada por la propia demandante). Sin embargo, la decisión impugnada desestima el proyecto invocando el artículo 5.1, párrafo quinto, de las directrices, el cual admite, aunque sólo limitadamente, el recurso a subcontratistas.
—

Anule la decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013, con la cual la Comisión solicitó el pago de la cantidad global de 212 411,89 euros por el proyecto no 224482 denominado MARE (80 352,07 euros), no 216820, denominado SENIOR (53 138,40 euros) y por el proyecto no 225010, denominado ECRN (78 231,42 euros).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/33

Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2013 — BlackRock/OAMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Asunto T-609/13)

2014/C 24/61

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: BlackRock, Inc. (Nueva York, Estados Unidos) (representantes: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert y M. Blair, Solicitors)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 11 de septiembre de 2013 en el asunto R 572/2013-4.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY» para servicios de las clases 35 y 36 — Solicitud de marca comunitaria no 11 144 748

Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria en su totalidad

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento de marca comunitaria
Con el segundo motivo de anulación, relativo a la corrección del régimen de ayuda a la transformación de melocotones y peras, la República Helénica sostiene que la Comisión incurrió en error sobre los hechos y no motivó en absoluto al llegar a la conclusión de que no se efectuaron dos controles básicos y proponer una corrección a tanto alzado que ascendía al 10 % y que la cantidad en cuestión no podría en ningún caso superar el 5 %, que se impone en los supuestos en que se detectan carencias en los controles básicos.
3)

Tercer motivo, en el que se alega que, al adoptar la medida impugnada, la Comisión infringió el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1049/2001, ya que los documentos solicitados no tienen la cualidad de opiniones y, por consiguiente, no les es aplicable la excepción prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de que se trata. Además, i) el acceso a los documentos solicitados no perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones de la Comisión, y ii) la divulgación de los documentos solicitados reviste un interés público superior.
4)

Cuarto motivo, invocado con carácter subsidiario, basado en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad y subsidiariedad y la consiguiente inexistencia de la obligación de recuperación de la ayuda, en la medida en que el artículo 14 del reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), no obliga a dicha recuperación cuando se infringen principios generales del derecho de la Unión.
4)

Cuarto motivo, basado en que la DIGIT ha aceptado la oferta de otro licitador a pesar de que la propuesta de un precio anormalmente bajo debería haber llevado a su eliminación del procedimiento de licitación. Al respecto, la demandante sostiene que esta alegación no puede desvirtuarla la alegación de la DIGIT de que examinó esa oferta a la luz de las normas sobre ofertas anormalmente bajas. Una referencia genérica a la legislación aplicable no puede hacer las veces de una motivación apropiada sobre por qué –a la luz de su análisis– la DIGIT decidió, sin embargo, no eliminar tal oferta del procedimiento de licitación. Con carácter subsidiario en relación con este motivo, la demandante alega que el precio propuesto por el otro licitador en su oferta no es realista y no puede corresponder a una oferta que cumpla los requisitos de la licitación. Al respecto, BT solicita al Tribunal General que nombre un experto independiente para determinar si la oferta de que se trata se ajusta en realidad a algunas condiciones del pliego.
1)

Primer motivo, basado en que la Comisión no ha actuado en relación con la alegada ayuda de Estado ilegal otorgada a DEI. Al no haber adoptado posición –positiva o negativa– en plazo de más de 28 meses (o, en cualquier caso, de más de 26 meses) sobre la queja formulada por la demandante en relación con la supuesta ayuda de Estado ilegal otorgada a DEI, pese a haber presentado una nota formal, la Comisión no puso fin, dentro de un plazo razonable, al proceso de examen previo. En la medida en que el plazo antes mencionado pueda no estar justificado por circunstancias excepcionales, la Comisión no ha actuado, pese a su competencia exclusiva en la materia, infringiendo, por lo tanto, las correspondientes disposiciones del Tratado (en concreto, los artículos 106 TFUE, 107 TFUE y 265 TFUE) y el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
—

Anule en la medida en que afectan al demandante: i) la Posición Común 2008/479/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2008, por la que se modifica la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán; (1) ii) la Decisión 2008/475/CE del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán; (2) iii) la Posición Común 2008/652/PESC del Consejo, de 7 de agosto de 2008, por la que se modifica la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán; (3) iv) la Decisión 2009/840/PESC del Consejo, de 17 de noviembre de 2009, por la que se aplica la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán; (4) v) la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC; (5) vi) la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga el Reglamento (CE) no 423/2007; (6) vii) el Reglamento (CE) no 1100/2009 del Consejo, de 17 de noviembre de 2009, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga la Decisión 2008/475/CE; (7) viii) el Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007; (8) ix) el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010. (9)
1)

Primer motivo, basado en la infracción de lo dispuesto por los artículos 3.2.1 y 5.2.2, último apartado, del «Grant Agreement n. 2007– 0266/001 — 001 for the operational implementation of the Youth in action programme» entre la Comisión Europea y la Agenzia Nazionale per i Giovani. — Al respecto sostiene que si bien se ha superado efectivamente el umbral pro capita por cada persona en prácticas, por motivos de organización y por la falta de tiempo, no parece razonable y conforme con la finalidad perseguida por la Decisión 1719/2006/CE, de desarrollar la cooperación en el ámbito de la juventud en la Unión Europea, solicitar la restitución de los fondos efectivamente empleados para las finalidades comprendidas en el «Grant Agreement n. 2007 — 0266/001 — 001».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/30

Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)

(Asunto T-76/13)

2013/C 108/77

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Suiza) (representante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Staccata Srl (Como, Italia)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución dictada el 26 de noviembre de 2012 (Asunto R 62/2012-5) puesto que se cumple efectivamente el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.

— Condene a la OAMI y a STACCATA S.r.l. al pago de las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene un emblema de alas extendidas y el elemento denominativo «QUARTODIMIGLIO» para productos de las clases 9, 14, 16, 18 y 25 — Solicitud de marca comunitaria no 9.260.597

Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

Marca o signo invocado: Marcas figurativas que contienen un emblema de alas extendidas y algunas de ellas el elemento denominativo «LONGINES» — Registro de marca comunitaria no 225.714, registros internacionales no 401.319, no 529.334, no 610.902 y no 298.063 para productos de las clases 9 y 14

Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento no 207/2009 del Consejo.
1)

Primer motivo, basado en que la Decisión infringe el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. La parte demandante sostiene que el contenido de la Decisión es incorrecto desde un punto de vista jurídico, habida cuenta de que no se cumplen uno o más de los requisitos (acumulativos) establecidos en las referidas Directrices o de que, en cualquier caso, la Comisión no ha determinado de modo suficiente con arreglo a Derecho que todos esos requisitos se cumplen. Las alegaciones formuladas para sustentar este motivo se refieren al incumplimiento i) del deber de evaluar uno o más de los requisitos de las Directrices mencionadas en la fecha de la Decisión; ii) del requisito de «ayuda única»; iii) del requisito de que la ayuda de reestructuración no puede servir para mantener artificialmente en actividad a las empresas; iv) de los requisitos relativos a la evaluación de ayudas ilegítimas anteriores; v) del requisito de que el beneficiario de la ayuda debe ser una empresa en crisis; vi) del requisito de que el beneficiario de la ayuda no debe ser una entidad de nueva creación; vii) del requisito de que el beneficiario de la ayuda ha de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa beneficiaria; viii) del requisito de la imposición de contrapartidas para evitar falseamientos indebidos de la competencia resultantes de la ayuda de reestructuración; y ix) del requisito de que la ayuda debe limitarse al mínimo y de que el correspondiente grupo comercial ha de aportar una contribución real (exenta de ayuda).
—

La nota de la Dirección General de Ejecución del Presupuesto (Presupuesto General y Fondo Europeo de Desarrollo) de la Comisión Europea de 22 de noviembre de 2012, no de protocolo 1387638, que tiene por objeto la compensación del crédito de 220 518,25 euros que la Comisión adeuda a META GROUP en relación con los contratos Take-it-Up (no 245637) y Ecolink+ (no 256224) con la cantidad de 209 108,92 euros que resulta de la nota de adeudo no 32412078833.
1)

Primer motivo, basado en manifiesto error de apreciación o de Derecho: i) el artículo 57, letra f), REACH no contempla los sensibilizantes respiratorios; ii) ECHA no aportó justificación ni prueba suficientemente para demostrar que los MHHPA «suscitasen un grado de preocupación equivalente» a los carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (en lo sucesivo, «CMR»), categoría 1, pues: — Las sustancias CMR provocan efectos irreversibles mientras que, en el caso de los MHHPA, los efectos de sensibilización respiratoria no son irreversibles. — Los consumidores o trabajadores no están expuestos a los MHHPA. — La valoración de los MHHPA se basa en datos anticuados. — La valoración no tuvo en cuenta todos los datos relevantes. — La valoración se basó fundamentalmente en la extrapolación con otra sustancia cuestionable desde el punto de vista científico, lo cual demuestra los datos pobres y limitados empleados para valorar los MHHPA.
3)

Tercer motivo, basado en que no se ha probado la participación de MEI y MT Picture Display Co. Ltd (en lo sucesivo, «MTPD») en la infracción única y continuada del artículo 101 TFUE, según se afirma en la Decisión impugnada, a partir del 10 de febrero de 2003, en la medida en que: — Las actividades en Europa y Asia a partir del 10 de febrero de 2003 no forman parte de un plan de conjunto con un objetivo único. — MEI y MTPD no participaron en ninguna reunión multilateral del cartel CPT en Europa. — Con respecto a los contactos bilaterales mantenidos por MEI y MTPD durante este período, la Comisión no ha probado que MEI y MTPD conocieran, o que debieran haber conocido, la existencia o el contenido de las actividades del cartel multilateral en Europa en relación con otros destinatarios de la Decisión impugnada.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/21

Recurso interpuesto el 26 de diciembre de 2012 — Central Bank of Iran/Consejo

(Asunto T-563/12)

2013/C 55/37

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Central Bank of Iran (Teherán, Irán) (representante: M. Lester, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, (1) y el Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, (2) en lo que afectan a la demandante.

— Condene a la parte demandada a pagar las costas en que haya incurrido la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1) Primer motivo, basado en que no concurre ninguno de los requisitos legales para incluir el nombre de la demandante en la lista, el Consejo incurrió en error manifiesto al considerar que concurría alguno de los criterios para su inclusión y no hay base jurídica válida para que se le designase.

2) Segundo motivo, basado en que el Consejo no ha motivado suficientemente o lo ha hecho de manera inadecuada su decisión de incluir a la demandante entre los afectados por las medidas controvertidas.

3) Tercer motivo, basado en que el Consejo no garantizó el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante.

4) Cuarto motivo, basado en que la decisión del Consejo de incluir a la demandante vulneró, de manera desproporcionada o sin justificación alguna, los derechos fundamentales de la demandante, incluido su derecho a la protección de su propiedad, negocio y reputación.

(1) Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 58).

(2) Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16).
2)

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1367/2006 (2) en relación con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1049/2001 La demandante alega que la desestimación implícita de su solicitud infringe las disposiciones del artículo 3, párrafo primero, del Reglamento no 1367/2006 en relación con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento no 1049/2001, en la medida en que tiene derecho a acceder a la información medioambiental solicitada sobre la base de dichas disposiciones y que no hay motivos de denegación, que deben interpretarse estrictamente. En particular, la demandante considera que no es aplicable el motivo de denegación del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento no 1049/2001. Los documentos solicitados se refieren exclusivamente a datos que la República Federal de Alemania le ha comunicado a la Comisión y no al examen en curso de éstos por la Comisión. Por tanto, no cabe temer un perjuicio grave al proceso de toma de decisiones de la Comisión. Asimismo, la demandante señala que la falta de toma de posición de las autoridades consultadas no constituye un motivo de denegación de su solicitud. Añade que a este respecto la excepción del artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 1049/2001 no puede interpretarse de manera tan extensiva que confiera un derecho de veto al Estado miembro afectado, sobre la base del que se pueda oponer de manera discrecional al acceso a los documentos solicitados. Ello iría contra el objetivo del Convenio de Aarhus dirigido a establecer y promover la transparencia del proceso de toma de decisiones en materia medioambiental.
4)

Cuarto motivo, basado en la no consideración de la aplicación de la normativa sobre cárteles, que es de Derecho privado, como de interés público a efectos del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001. En su cuarto motivo, la demandante manifiesta que la Comisión denegó erróneamente que la divulgación de los documentos solicitados revistiera un interés público superior. En su opinión, la Comisión debería haber tenido en cuenta, en particular en el marco de la ponderación de los intereses, que también la aplicación de la normativa sobre cárteles, que es de Derecho privado, reviste interés público a efectos del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 303/22

Recurso interpuesto el 25 de julio de 2012 — Soltau/Comisión

(Asunto T-333/12)

2012/C 303/43

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Christoff Soltau (Adendorf, Alemania) (representante: T. Rosenkranz, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la Comisión Europea de 14 de mayo de 2012.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante alega que el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1) no se opone a su pretensión de acceder a las observaciones que la Comisión remitió al Oberster Gerichtshof austriaco con arreglo al artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2003 (2) en un asunto de Derecho de la competencia. A juicio del demandante, la referida disposición no se aplica al documento solicitado porque, en principio, el procedimiento ante el órgano jurisdiccional austriaco no está comprendido en el ámbito de protección de la norma. Aunque sí lo estuviera, el precepto no sería extensivo, pese a todo, al documento controvertido, ya que la Comisión no lo aportó en calidad de parte. Además, la decisión de la Comisión no puede fundamentarse tampoco en la protección del procedimiento del asunto C-681/11, Schenker y otros, pendiente ante el Tribunal de Justicia. Si bien el Oberster Gerichtshof austriaco planteó las cuestiones prejudiciales en el marco del asunto de Derecho de la competencia de que se trata, ni el documento controvertido fue elaborado por la Comisión en el contexto del procedimiento prejudicial ni se refiere materialmente a las cuestiones prejudiciales.

(1) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

(2) Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101] [TFUE] y [102] [TFUE] (DO L 1, p. 1).
3)

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por declarar erróneamente que concurren los requisitos de distorsión de la competencia y de obstaculización de los intercambios comerciales entre Estados miembros. En Alemania, la eliminación de subproductos animales de las categorías 1 y 2, en la acepción del Reglamento (CE) no 1069/2009, no está abierta a la competencia del mercado, de manera que, debido al derecho de exclusividad concedido legítimamente al demandante, no existen distorsión de la competencia ni obstaculización de los intercambios comerciales.
—

anule la Decisión (2012) 3025 final de la Comisión Europea, de 8 de mayo de 2012, relativa a la Ayuda Estatal SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concedida por España a «Ciudad de la Luz SA», y, en particular, el artículo 1, apartado 1, de la Decisión en la medida en que declara que la inversión en CDL comporta elementos de ayuda de Estado incompatible, exigiendo la recuperación de la misma;
—

la adopción de una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables con una función general, mientras determinadas declaraciones permanecen sujetas a las medidas transitorias del artículo (27) del Reglamento (CE) no 1924/2006 (por ejemplo, dividir el procedimiento de evaluación y adoptar una lista parcial de declaraciones con arreglo al artículo 13, apartado 1), carece de base jurídica. Además, infringe los principios de buena administración, seguridad jurídica y no discriminación por varias razones, en particular: la división del procedimiento no estaba justificada, le faltó transparencia, no se efectuó ninguna consulta ni se aportaron razones adecuadas para la división; algunas declaraciones se ponen «en suspenso» y siguen gozando de los períodos transitorios existentes en virtud del Reglamento (CE) no 1924/2006 (a pesar de la inseguridad jurídica de dichos períodos transitorios).