Palabras clave

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Palabras clave

1. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado - Control jurisdiccional

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE) y art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas a la reestructuración de una empresa en dificultades - Requisitos - Inexistencia de un plan de reestructuración coherente en el momento de la concesión de la ayuda - Consecuencias

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letra c) [actualmente art. 87 CE, ap. 3, letra c), tras su modificación] y art. 93, ap. 2 (actualmente art. 88 CE, ap. 2)]

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1. La obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. Esta exigencia debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Al controlar el cumplimiento de la obligación de motivación de una decisión en materia de ayudas de Estado, no cabe examinar la legalidad en cuanto al fondo de los motivos invocados por la Comisión para justificar la decisión impugnada. Dicho examen está comprendido en el control de la violación del artículo 92 del Tratado (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación).

( véanse los apartados 35, 36 y 38 )

2. Conforme a las Directrices comunitarias para las ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, que, para ser compatibles con el artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado [actualmente atículo 87 CE, apartado 3, letra c), tras su modificación], las ayudas a empresas en crisis deben estar condicionadas a la existencia de un plan de reestructuración dirigido a reducir o a dar una nueva orientación a sus actividades. Este plan, que debe presentarse a la Comisión con todas las precisiones necesarias, debe permitir restablecer la viabilidad a largo plazo y la solvencia de la empresa en un plazo de tiempo razonable y sobre la base de unas perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento, contrarrestando en lo posible los efectos adversos para los competidores y garantizando la proporcionalidad de las ayudas con los costes y beneficios de la reestructuración. La empresa debe aplicar íntegramente el plan de reestructuración tal como fue aprobado por la Comisión, esta aplicación y el correcto desarrollo de dicho plan serán controlados mediante informes anuales detallados que deberán ser presentados a la Comisión.

Por consiguiente, ante la inexistencia de un plan de reestructuración creíble, la Comisión está facultada para denegar la autorización de las ayudas controvertidas con arreglo a dichas Directrices.

( véanse los apartados 45 y 49 )