ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3

Al haberse desestimado esta reclamación, la interesada interpuso un recurso ante el Verwaltungsgericht Bremen. Mientras se estaba tramitando este recurso, entró en vigor el Reglamento no 2827/77, cuyo artículo 1 modificó el número 4 del artículo 4 del Reglamento no 543/69. El órgano jurisdiccional que conoce del recurso estimó que, como la resolución impugnada había continuado produciendo sus efectos, su validez debía apreciarse con referencia al texto modificado del número 4 del artículo 4 del Reglamento no 543/69. Decidió asimismo que este texto modificado no eximía a la empresa demandante de la aplicación de las disposiciones del Reglamento no 543/69. Cuando se planteó el litigio ante el Oberverwaltungsgericht Bremen, dicho órgano jurisdiccional consideró que la solución del litigio dependía de la interpretación de la segunda parte del número 4 del artículo 4 del Reglamento no 543/69, tal como había resultado modificado por el Reglamento no 2827/77, y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «a) aa) La expresión “vehículos utilizados por otras autoridades públicas para servicios públicos”, que figura en la disposición citada más arriba, página 4, ¿debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente a aquellos vehículos de los que la autoridad pública sea propietaria o tenga el poder de disposición, bb) o se refiere también a los vehículos propiedad de personas o empresas privadas que éstas utilicen para prestar servicios públicos por cuenta de la autoridad pública en virtud de un contrato de Derecho privado (contrato de arrendamiento de obra)? b) En caso de respuesta afirmativa a la precedente cuestión bb): Los vehículos del único empresario privado al que la autoridad pública haya concedido la ejecución de servicios públicos, ¿“hacen la competencia a transportistas profesionales”, en el sentido de la citada disposición, debido a que la autoridad pública puede resolver el contrato celebrado con el empresario privado concesionario cuando otra empresa ofrezca la utilización de sus propios vehículos en condiciones más ventajosas?»
Corresponde a la Comisión resolver los problemas de orden técnico y económico que plantea el cálculo de la incidencia -en el sentido del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento no 974/71 del montante compensatorio monetario, establecido para un producto de base, sobre los precios de los productos dependientes. De este modo, debe mantener cierta coherencia y un mínimo de transparencia en el sistema de montantes compensatorios que está encargada de establecer en dicho sector. Si bien dispone para ello de una amplia facultad de apreciación, que le permite incluso efectuar evaluaciones globales, dicha facultad, sin embargo, tiene límites. Así pues, cuando el método dé cálculo utilizado da lugar a aplicar sistemáticamente a los productos transformados montantes compensatorios cuyo gravamen -o, en su caso, beneficio- sobrepasa constantemente cuanto es necesario para tomar en consideración la incidencia del montante compensatorio aplicable al producto de base, ya no puede considerarse que las disposiciones que establecen dichos montantes tengan por objeto neutralizailos efectos de las fluctuaciones monetarias entre los Estados miembros. En tal caso, la Comisión ya no actúa dentro del marco de las competencias que le otorga el Reglamento no 974/71.
10

El 31 de julio de 1978, es decir, tres días después de haberse interpuesto el presente recurso, la Comisión adoptó el mencionado Reglamento no 1837/78 que, en su artículo 1 [tal como fue modificado por el Reglamento (CEE) no 1907/78, de 7 de agosto de 1978 (DO L 217, p. 13; EE 03/14, p. 253], dispone que el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento no 1380/75 «se aplicará a las operaciones para las que se hayan cumplido las formalidades aduaneras: a) a partir del 1 de junio de 1978, en lo que se refiere al sector del azúcar; b) a partir del 24 de junio de 1978, en lo que se refiere a los demás sectores; c) antes de las fechas precedentes, en los casos en que su aplicación produzca una ventaja para el interesado». El Reglamento no 1837/78, que completa el Reglamento no 1392/78 y deroga el Reglamento no 1182/78, entró en vigor el 1 de agosto de 1978.
13

Considerando que las cuestiones planteadas por el Pretore di Milano son las siguientes: «1) ¿Debe interpretarse el Reglamento (CEE) no 974/71 del Consejo (y sus sucesivas modificaciones) en el sentido de que permite que las Instituciones comunitarias apliquen los montantes compensatorios monetarios a la importación y a la exportación de los productos contemplados en el Reglamento (CEE) no 800/77 entre Estados miembros y entre éstos y países terceros, sin que se produzcan perturbaciones en el mercado de los productos de base de los que derivan los productos contemplados en éste mismo Reglamento (CEE) no 800/77? 2) A la luz de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 974/71 y en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado de Roma (prohibición de discriminación) ¿está la Comisión autorizada para aplicar mediante un Reglamento [en el presente asunto, el Reglamento (CEE) no 800/77] los montantes compensatorios monetarios a la exportación y a la importación de los artículos de confitería contemplados en el citado Reglamento (CEE) no 800/77, sin introducir montantes compensatorios análogos para todos los demás artículos de confitería que presenten características similares a las de los productos gravados y se encuentren en las mismas condiciones? 3) a) En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera o segunda cuestión que acaban de formularse ¿deben considerarse inválidos los Reglamentos (CEE) nos 800/77 y 2657/77 de la Comisión? b) ¿Debe considerarse también inválido el Reglamento (CEE) no 2657/77 de la Comisión, porque además a) prorroga la aplicación del Reglamento (CEE) no 800/77 más allá del 31 de diciembre de 1977, sin que el Comité de Gestión haya emitido un dictamen, b) se adoptó de acuerdo con una motivación contradictoria, infringiendo el artículo 190 del Tratado? 4) En caso de que, por el contrario, deba considerarse válido el Reglamento (CEE) no 2657/77 [y, por lo tanto, también el Reglamento (CEE) no 800/77] ¿puede dicho Reglamento considerarse aplicable a las exportaciones de los productos contemplados en el Reglamento (CEE) no 800/77, de Italia a los demás Estados miembros y a países terceros, efectuadas a partir del 1 de enero de 1978 en cumplimiento de contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 1977 [fecha en que se adoptó el Reglamento (CEE) no 2657/77], es decir en un período durante el cual, teniendo en cuenta la disposición contenida en el Reglamento (CEE) no 800/77, no era previsible el mantenimiento de los montantes compensatorios para los productos considerados, una vez pasado el 31 de diciembre de 1977?»
9

Considerando además que el Convenio no proporciona base jurídica alguna que permita distinguir, en cuanto a su ámbito de aplicación material, entre medidas provisionales y definitivas; que en dicha apreciación no incide el artículo 24 del Convenio, según el cual: «se podrán solicitar medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de ese Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, fueran competentes para conocer sobre el fondo los tribunales de otro Estado contratante»; que, en efecto, esta disposición se refiere expresamente al caso de medidas provisionales en un Estado contratante, cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante es competente «en virtud del presente Convenio» para conocer del fondo y, por ello, no puede invocarse para introducir en el ámbito de aplicación del Convenio medidas provisionales o cautelares relativas a materias que están excluidas de él.
6

Considerando que el órgano jurisdiccional nacional, ante el que la parte demandante apeló la decisión de la parte demandada por la que rechazaba su solicitud dirigida a que se considerara el 28 de febrero de 1975 como «el día de la importación» en el sentido del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento no 120/67, planteó las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento no 120/67/CEE en el sentido de que el “día de importación”, del que trata el apartado 1 de dicha disposición, no debe en ningún caso ser un día anterior a aquel en el que los productos de que se trata son transportados a un lugar aprobado por el Servicio de Aduanas encargado de recibir las declaraciones y otros productos de importación? 2) En caso de respuesta negativa, ¿debe interpretarse el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento no 120/67 en el sentido de que “el día de la importación” es o puede ser la fecha en la que, para unos productos transportados en barco, la Aduana ha emitido una declaración general indicando que estos productos se consideran mercancías consignadas en aduana, introducidas en el país, y ha recibido las declaraciones de importación, así como los otros documentos, y ello en el caso en que dichos productos no han sido llevados única y exclusivamente al lugar considerado en la cuestión primera, debido a que dicho lugar no estaba disponible al efecto por razones no imputables al importador ni a sus colaboradores?»
23

Considerando, no obstante, que el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva establece que los Estados miembros se ocuparán de que las autoridades competentes retiren la autorización para ejercer la profesión de transportistas de viajeros si comprobaren que no se cumplen las disposiciones de las letras a), b) o c) del apartado 1 del artículo 2, siempre que se prevea, en su caso, un plazo adecuado para la contratación de un sustituto;
35

que, así pues, como el mantenimiento de las agencias retribuidas de colocación no corresponde a una obligación impuesta por el Convenio no 96, el Gobierno belga no puede invocar dicho Convenio para no aplicar las disposiciones del Tratado en materia de libre prestación de servicios;
31

Considerando que, mediante la tercera cuestión, se pregunta si el término orden público (public policy), que utiliza el apartado 3 del artículo 48 debe interpretarse en el sentido de que incluye las razones de Estado (reasons of State), aun cuando no haya que temer un ataque a la paz o al orden público (breach of the public peace and order) o bien en un sentido más restringido, que incluye el concepto de amenaza de algún ataque contra la paz o el orden o la seguridad públicos (threatened breach of the public peace, order or security) o, por el contrario, en un sentido más amplio;
8

Considerando, no obstante, que no podría admitirse una restricción a la importación como la contemplada en la primera fase del artículo 36, si, según la segunda frase de este artículo, constituye un medio de discriminación arbitraria; que, el hecho de someter a control fitosanitario los productos vegetales importados de otro Estado miembro, mientras que los productos nacionales no se hallan sometidos a un control equivalente al ser expedidos dentro del Estado miembro, podría constituir una discriminación arbitraria en el sentido de la norma precitada; que, por tanto, el hecho de someter al control fitosanitario los productos importados, cuando se haya determinado que proceden de una zona distinta de las contempladas en el artículo 3 de la Directiva 69/466 del Consejo, puede constituir una medida complementaria o más rigurosa no justificada por el artículo 11 de esta Directiva y debe considerarse una medida de discriminación arbitraria en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado; que, sin embargo, no podría considerarse discriminación arbitraria el diferente tratamiento de los productos importados y los nacionales, motivado por la necesidad de prevenir la propagación del organismo nocivo, si se toman medidas eficaces para prevenir la puesta en circulación de productos nacionales contaminados y, si hay razones para creer, de acuerdo con la experiencia adquirida, que existe riesgo de propagación del organismo nocivo a falta de controles a la importación.
1

Considerando que, mediante escrito de 26 de marzo de 1971, la parte demandante interpuso un recurso, con arreglo al artículo 175 del Tratado CEE, con el que imputa a la Comisión no haber dirigido a los Estados miembros, incumpliendo las obligaciones que le impone el artículo 155, como complemento de su Decisión de 17 de julio de 1962 relativa a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación de las exacciones reguladoras agrícolas intracomunitarias (DO 1962, p. 2140), un acto que facultara u ordenara percibir la exacción intracomunitaria sobre las importaciones procedentes de Argelia efectuadas en 1963, incluso aunque no se presentara un certificado de circulación del modelo DD4 prescrito por la citada Decisión, cuando consta por otros medios de prueba suficientes que efectivamente la mercancía es de origen argelino; que, dado que la Comisión había solicitado la aplicación del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, este Tribunal de Justicia ha decidido pronunciarse sobre la admisibilidad de este recurso sin entrar en el fondo del mismo.
En virtud de todo lo expuesto; vistos los autos; habiendo considerado el informe del Juez Ponente; oídas las observaciones orales de las partes del litigio principal y de la Comisión de las Comunidades Europeas; oídas las conclusiones del Abogado General; visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 48, 51 y 177; visto el Reglamento no 3 del Consejo CEE, de 25 de septiembre de 1958, en materia de Seguridad Social de los trabajadores migrantes, modificado por el Reglamento no 24/64, de 10 de marzo de 1964 y, en particular, su artículo 12 y la letra a) del artículo 13; visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE; visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión prejudicial planteada por la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale agricole du Bas-Rhin mediante resolución dictada por dicho órgano jurisdiccional el 17 de junio de 1970, declara:
6

que, no obstante, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, «podrán considerarse compatibles con el mercado común […] las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común»;
En virtud de todo lo expuesto; vistos los autos; habiendo considerado el informe del Juez Ponente; oídas las observaciones orales de la Comisión de las Comunidades Europeas; oídas las conclusiones del Abogado General; visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 7, 40 y 177; visto el Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968; vistas las Decisiones de la Comisión de las Comunidades Europeas 69/71, de 12 de febrero de 1969, y 69/244, de 29 de julio de 1969; visto el Protocolo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 20; visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Stuttgart mediante resolución de 18 de junio de 1969, declara:
La Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico, en cuyo beneficio los Estados han limitado, aunque en ámbitos restringidos sus derechos soberanos, y cuyos sujetos son, no solamente los Estados miembros, sino también sus ciudadanos. Por lo tanto el Derecho comunitario, independiente de la legislación de los Estados miembros, del mismo modo que impone obligaciones a los particulares, también está destinado a conferirles derechos que pasan a formar parte de su patrimonio jurídico. Tales derechos no nacen sólo cuando el Tratado hace una atribución explícita, sino también en virtud de las obligaciones que el Tratado impone de manera bien definida tanto a los particulares como a los Estados miembros y a las Instituciones comunitarias. A este respecto es necesario y suficiente que la disposición invocada del Tratado se preste, por su misma naturaleza, a producir efectos directos en las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables.

El párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE produce efectos directos y genera para los justiciables derechos individuales que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. Sin embargo, el artículo 95 no limita la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes de aplicar, entre los diversos procedimientos del ordenamiento jurídico interno, aquellos que sean adecuados para salvaguardar los derechos individuales conferidos por el Derecho comunitario. En particular, cuando un tributo interno no es incompatible con el párrafo primero del artículo 95 sino a partir de una determinada cuantía, corresponde al órgano jurisdiccional nacional resolver, de acuerdo con las normas del Derecho interno, si dicha ilegalidad afecta al tributo en su totalidad o tan sólo en la medida en que supere dicha cuantía.

Véase el asunto 57/65 (↔ Rec. 1966, p. 293), punto 2 del sumario.
3)

En el caso que las respuestas a las letras a) y b) de la segunda cuestión no demuestren la invalidez de la Decisión: a) ¿Hay que incluir en las dificultades a que se refiere el apartado 1 del artículo 226 del Tratado, las que resultan exclusivamente de la aplicación de las normas imperativas del Tratado y, en particular, de la aplicación de las normas relativas a la supresión de los derechos de aduana interiores? y si se da una respuesta negativa a esta cuestión, b) ¿Se puede llegar a la conclusión de que la Decisión no es válida por cuanto atribuye a los Países Bajos la facultad anteriormente mencionada? o ¿hay que deducir por otros motivos, que la Decisión carece de validez por haber infringido el Derecho de las Comunidades Europeas, como sugiere la argumentación de los demandantes, según la cual la Comisión, al adoptar su Decisión recurrió al procedimiento del artículo 226 del Tratado con el fin de eludir el del artículo 235 del mismo?
La obligación de «standstill» prevista por el artículo 31 del Tratado CEE es absoluta; no admite excepción alguna, ni siquiera parcial o temporal.

Los Estados miembros no pueden invocar ni la urgencia ni la gravedad de una situación para eludir el procedimiento del artículo 226. Este procedimiento, por haber sido previsto como de urgencia, excluye toda acción unilateral por parte de los Estados miembros.

A diferencia del artículo 226 del Tratado CEE, el artículo 36 de este Tratado contempla supuestos de naturaleza no económica que no puedan vulnerar los principios establecidos por los artículos 30 a 34. Ese artículo, en especial, no contiene una cláusula de salvaguardia genérica que se añada a la prevista por el artículo 226 y permita a los Estados miembros, mediante una acción unilateral, establecer excepciones sobre el procedimiento y las garantías previstas por esta última disposición.
d)

Considerando que la parte demandada invoca, en último lugar, el artículo 36 del Tratado, que permite en particular las prohibiciones de importación justificadas por razones de orden público; que, según ella, la Comisión, que conocía del problema debía haber comprobado por su propia iniciativa si el artículo 36 era aplicable en este caso. Considerando que el artículo 36, a diferencia del artículo 226, contempla supuestos de naturaleza no económica que no puedan vulnerar los principios establecidos por los artículos 30 a 34, como confirma la última frase del citado artículo; que, en especial, este artículo no establece una cláusula de salvaguardia genérica que se añada a la prevista por el artículo 226 y permita a los Estados miembros, mediante una acción unilateral, establecer excepciones sobre el procedimiento y las garantías previstas por este último artículo; que, finalmente, nada podía hacer suponer a priori a la Comisión que las restricciones temporales a la importación, bruscamente decididas por el Gobierno italiano, pudieran estar justificadas al amparo del artículo 36, al no haberse hecho mención alguna de este argumento en el curso de las conversaciones que precedieron a la fase judicial; que debe desestimarse esta alegación. Considerando que por las razones que han sido expuestas, el recurso debe ser declarado fundado.
Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2014 — Bos y otros/Parlamento y Consejo

(Asunto T-23/14) (1)

(«Recurso de anulación - Reforma del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión - Reducción sustancial del número de días de vacaciones anuales para los funcionarios y agentes destinados en países terceros - Falta de afectación individual - Inadmisibilidad manifiesta»)

(2015/C 016/62)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Mark Bos Ankara (Turquía); Estelle Kadouch (Jerusalén, Israel); Siegfried Krahl (Lago Sul, Brasil); y Eric Lunel (Dakar, Senegal) (representante: F. Krenc, abogado)

Demandadas: Parlamento Europeo (representantes: L. Visaggio y E. Taneva, agentes); y Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bauer y A. Bisch, agentes)

Objeto

Recurso de anulación, interpuesto sobre la base del artículo 263 TFUE, contra el artículo 1, punto 70, del Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO L 287, p. 15), en la medida en que éste modifica el anexo X del Reglamento no 31/CEE, 11/CEEA, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, 45, p. 1385).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) El Sr. Mark Bos, la Sra. Estelle Kadouch, y los Sres. Siegfried Krahl y Eric Lunel cargarán, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

3) No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de la Comisión Europea.

(1) DO C 112, de 14.4.2014.
—

Con carácter subsidiario, si no se estimara su pretensión principal, quod non, que se le abone una cantidad fijada provisionalmente y ex aequo et bono en 50 000 euros.
—

Que se anule la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de no incluir al demandante en la lista de funcionarios promovidos al grado AD 13 en el marco del ejercicio de promoción de 2010, tal como dicha decisión resulta de la comunicación al personal no 80/10 de 26 de abril de 2010 y de la comunicación al personal no 81/10 de 26 de mayo de 2010.