Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados - Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros - Perjuicio para la competencia - Ayudas de cuantía reducida

(Art. 87 CE)

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Examen por la Comisión - Inexistencia de observaciones de los interesados - Irrelevancia para la validez de la decisión de la Comisión

(Art. 88 CE, ap. 2)

3. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

(Art. 253 CE)

4. Ayudas otorgadas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común - Obligación de motivación - Alcance

(Arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)

5. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas destinadas al desarrollo regional - Distinción entre las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 CE - Facultad de apreciación de la Comisión - Referencia al contexto comunitario

[Art. 87 CE, ap. 3, letras a) y c)]

6. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden acogerse a las excepciones previstas en el artículo 87 CE, apartados 2 y 3 - Ayudas de funcionamiento - Exclusión - Facultad de apreciación de la Comisión

(Art. 87 CE, aps. 2 y 3)

7. Agricultura - Organización común de mercados - Ayudas de Estado relativas a productos sujetos a una organización común de mercados - Infracción de la normativa comunitaria - Improcedencia

(Art. 34 CE)

8. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Concepto - Régimen de ayudas estatal que favorece la adquisición de la producción local para su transformación

(Art. 28 CE)

9. Ayudas otorgadas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se exige la recuperación de una ayuda ilegal - Apreciación de la legalidad en función de la información disponible en el momento de adoptar la decisión

(Art. 88 CE, ap. 2)

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1. La cuantía relativamente reducida de una ayuda estatal o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios comerciales entre Estados miembros. Otros elementos pueden desempeñar un papel determinante en la apreciación del efecto de una ayuda en los intercambios comerciales, en particular el carácter acumulativo de la ayuda, así como la circunstancia de que las empresas beneficiarias operen en un sector especialmente expuesto a la competencia.

( véase el apartado 46 )

2. La validez de una decisión de la Comisión por la que se declaran incompatibles con el mercado común determinadas ayudas de Estado no se ve afectada por la inexistencia de observaciones de terceros relativas a dichas ayudas.

Si bien el artículo 88 CE, apartado 2, exige que la Comisión, antes de adoptar su decisión, reciba las observaciones de las partes interesadas, no prohíbe a esta institución llegar a la conclusión de que una ayuda es incompatible con el mercado común a falta de tales observaciones. En efecto, dicha circunstancia no excluye, por sí misma, que los intercambios entre Estados miembros puedan verse afectados por esta ayuda.

( véanse los apartados 54 y 55 )

3. La obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Desde esta perspectiva, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

Además, esta exigencia debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

( véanse los apartados 62 y 63 )

4. Cuando un Estado miembro concede una ayuda que no ha sido notificada en fase de proyecto a la Comisión, no es necesario, para motivar la decisión por la que se declara la incompatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, demostrar su efecto real sobre la competencia o los intercambios entre Estados miembros. Si se observara otro comportamiento, se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas infringiendo el deber de notificación previsto en el artículo 88 CE, apartado 3, en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto.

( véase el apartado 68 )

5. Un programa de ayudas con incidencia regional puede, en determinadas circunstancias, acogerse a una de las excepciones previstas en el artículo 87 CE, apartado 3, letras a) y c).

La utilización de los términos «anormalmente» y «grave» en la excepción recogida en la letra a) indica que ésta sólo es aplicable a las regiones en las que la situación económica sea extremadamente desfavorable en relación con el conjunto de la Comunidad. Por el contrario, la excepción recogida en la letra c) tiene un alcance más amplio en la medida en que permite el desarrollo de determinadas regiones de un Estado miembro desfavorecidas en relación con la media nacional, sin estar limitada por las circunstancias económicas previstas en la letra a), siempre que las ayudas a ellas destinadas «no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».

En cambio, la ausencia de este último requisito en la excepción prevista en la letra a) implica una mayor libertad para la concesión de las ayudas a empresas situadas en las regiones que efectivamente respondan a los criterios fijados por esta excepción.

No obstante, la diferencia de redacción entre las letras a) y c) del artículo 87 CE, apartado 3, no puede llevar a considerar que la Comisión no deba tener en absoluto en cuenta el interés comunitario cuando aplica la primera de estas dos disposiciones, y que deba limitarse a comprobar el carácter regional de las medidas de que se trate, sin evaluar su incidencia sobre el mercado o mercados correspondientes en el conjunto de la Comunidad. En efecto, en tal supuesto, la Comisión debe no sólo comprobar que estas medidas pueden contribuir efectivamente al desarrollo económico de las regiones de que se trata, sino también evaluar el impacto de tales ayudas en los intercambios entre los Estados miembros y, en particular, apreciar las repercusiones sectoriales que pueden provocar a escala comunitaria. El artículo 87 CE, apartado 3, confiere a la Comisión una facultad discrecional cuyo ejercicio requiere apreciaciones de carácter económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario.

( véanse los apartados 78 a 81 )

6. Las ayudas estatales concedidas en función de las cantidades de productos agrarios adquiridos a los agricultores de una región de un Estado miembro por industrias de dicha región con miras a su transformación in situ, que suponen una reducción de los costes de producción soportados tanto por los agricultores como por las industrias de transformación de la región y que les permiten, de este modo, evitar gastos que de otro modo deberían afrontar en el marco de su gestión corriente, se deben considerar ayudas de funcionamiento para las empresas de que se trata en el sector agrario.

La Comisión no excede los límites de su facultad discrecional al declarar, cuando las autoridades nacionales no han probado en modo alguno que estas ayudas pueden, por su naturaleza, contribuir de manera efectiva y duradera al desarrollo económico de esa región, que dichas ayudas no pueden acogerse a ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 87 CE, apartados 2 y 3, y que son, por tanto, incompatibles con el mercado común.

( véanse los apartados 82 a 84 )

7. Desde el momento en que la Comunidad ha adoptado, en virtud del artículo 34 CE, una normativa sobre el establecimiento de una organización común de mercados en un sector determinado, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualesquiera medidas que puedan ser contrarias a ella o establecer excepciones a su respecto.

Toda vez que dicha normativa establece un marco integrado en el que ya se prevén medidas de apoyo financiero en favor del sector de que se trata, un Estado miembro no puede otorgar unilateralmente ayudas a dicho sector, aunque éstas se limiten a determinados productos destinados a la transformación industrial y aunque su cuantía tenga un límite máximo. Es la Comunidad la que ha de buscar una solución a los problemas que puedan plantearse en el ámbito de la política agrícola común cuando ha establecido una organización común de mercados en un sector determinado.

( véanse los apartados 89 y 90 )

8. Debe considerarse que un régimen de ayudas estatal constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, prohibida por el Tratado, cuando concede un incentivo financiero a las industrias de transformación establecidas en una región determinada de un Estado miembro para comprar materias primas a los productores de la misma región.

( véase el apartado 103 )

9. La legalidad de una decisión adoptada por la Comisión en materia de ayudas de Estado debe examinarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó.

Cuando del expediente de examen de una ayuda no se desprenda en absoluto que, en el momento en que adoptó la decisión por la que se exige la devolución de la ayuda, la Comisión disponía de información según la cual no se había abonado ninguna ayuda, no se puede imputar a dicha institución haber cometido un error manifiesto de apreciación al exigir tal devolución, puesto que no podía excluirse que se hubiera concedido la ayuda y la Comisión no podía saber con seguridad si se había concedido o no.

( véanse los apartados 108 a 111 )