ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
6.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición — Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca internacional anterior — Publicación en la base de datos CTM-Online (actualmente eSearch plus) — Relevancia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 151, ap. 2, y 152; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra a)] (véanse los apartados 95 y 96)
Únicamente las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación, con arreglo al artículo 263 TFUE. Por otra parte, no puede ser objeto de un recurso de anulación el acto que no puede producir efectos jurídicos y tampoco está destinado a producirlos. Para determinar si un acto impugnado produce tales efectos hay que atenerse a su contenido esencial.

De ello se desprende que la decisión por la cual la Comisión retiró a una sociedad de la lista de sociedades enumeradas con el código TARIC adicional A 950 y la incluyó con el código TARIC adicional C 129, produjo efectos jurídicos definitivos, aplicados por las autoridades aduaneras nacionales a partir del momento de la creación del código TARIC adicional C 129, a fin de que dichas autoridades dejaran de percibir derechos antidumping sobre los productos fabricados por dicha sociedad, como los establecidos por el Reglamento de Ejecución 2015/22272, aun cuando no hubiera sido anulado ni declarado inválido por un órgano jurisdiccional de la Unión. Por lo tanto, los efectos jurídicos de esta Decisión pueden afectar a los intereses de las empresas que impulsaron la investigación antidumping.

(véanse los apartados 22, 23, 32 y 34)
El procedimiento de suspensión de los pagos a un Estado miembro previsto en el artículo 41 de Reglamento n.o 1306/2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, no tiene el mismo objeto que el procedimiento de liquidación de conformidad establecido en el artículo 52 del mismo Reglamento. En efecto, el procedimiento de suspensión permite a la Comisión suspender temporalmente los pagos mensuales a un Estado miembro en aplicación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) o del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en particular, en caso de deficiencias graves de los sistemas de control nacional o de recuperación de pagos irregulares.

En cambio, el procedimiento de liquidación de conformidad permite a la Comisión determinar los montantes que deben excluirse definitivamente de la financiación de la Unión si los gastos en el marco del FEAGA o del Feader no se efectúan de conformidad con el Derecho de la Unión. De la existencia de un procedimiento de liquidación que permite determinar los importes que deben excluirse de la financiación de la Unión no puede deducirse que la Comisión no pueda, por ese motivo utilizar, con anterioridad o simultáneamente, el procedimiento de suspensión en relación con los pagos mensuales de tales importes. En efecto, el artículo 41, apartado 3, del Reglamento n.o 1306/2013 prevé expresamente que las suspensiones previstas por dicho artículo se aplicarán sin perjuicio de la aplicación de los artículos 51 y 52 del citado Reglamento, relativos, respectivamente, a la liquidación de cuentas y a la liquidación de conformidad. Además, al igual que el procedimiento de liquidación de conformidad, el procedimiento de suspensión de los pagos mensuales ofrece garantías procesales al Estado en cuestión al objeto de permitirle formular sus observaciones antes de que se adopte una decisión de suspensión de pagos.

(véanse los apartados 60 y 61)
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 10 de octubre de 2018 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)

(Asunto T‑93/16)

«Marca de la Unión Europea — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca denominativa VANGUARD — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter descriptivo — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 19 a 22)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marcas carentes de carácter distintivo—Marca denominativa VANGUARD [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 41, 45, 49, 51, 60 y 63)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Concepto—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 55)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Marcas constituidas por eslóganes publicitarios—Fórmula promocional de carácter elogioso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 56 y 57)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de noviembre de 2015 (asunto R 69/2015‑2), relativa al registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca denominativa VANGUARD.

Fallo

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 19 de noviembre de 2015 (asunto R 69/2015‑2).
Sin perjuicio de la interpretación de la regla 50 del Reglamento n.o 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 sobre la marca comunitaria y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, la amplia facultad de apreciación de que dispone la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para ejercer sus funciones no la exime de su deber de reunir todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para el ejercicio de su facultad de apreciación en supuestos en los que la negativa a tomar en consideración determinados elementos presentados de manera extemporánea la llevarían a vulnerar el principio de buena administración.

A este respecto, en el marco de un procedimiento de nulidad, cuando la Sala de Recurso se niegue a tomar en consideración una prueba del renombre de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, presentada de manera extemporánea pero que podía modificar el contenido de la resolución impugnada, incurre en una infracción de procedimiento vulnerando el principio de buena administración.

En efecto, a la luz de la exigencia impuesta a la Oficina de tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas y examinar con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, la resolución anterior de la misma Sala de Recurso, en la que se reconoció que la marca anterior había adquirido gran renombre en toda la Unión Europea, constituía manifiestamente un indicio de que esta podía gozar de renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. Al negarse a examinar tal prueba por la razón de que se había presentado de manera extemporánea, la Sala de Recurso se abstuvo de analizar un factor potencialmente pertinente en la aplicación de dicha disposición. Por lo tanto, la Sala de Recurso debía haber admitido las pruebas del renombre de la marca anterior presentadas por primera vez ante ella, aunque hubiera sido para desestimarlas.

(véanse los apartados 65 a 68, 77 y 79)
En el marco de un proceso selectivo, que es una operación administrativa compleja compuesta por una sucesión de decisiones, el candidato a una oposición puede, al interponer un recurso contra una actuación posterior, alegar la irregularidad de las actuaciones anteriores que estén íntimamente relacionadas con aquellas y alegar, en particular, la ilegalidad del anuncio de oposición con arreglo al cual se ha adoptado el acto en cuestión.

El hecho de no haber impugnado el anuncio de oposición en plazo no impide a una parte demandante alegar irregularidades que se hayan producido a lo largo de la oposición, incluso si el origen de tales irregularidades puede hallarse en el texto del anuncio de oposición. En efecto, un demandante tiene derecho a invocar irregularidades relativas a las modalidades de organización de la oposición con ocasión de un recurso interpuesto contra la decisión individual que inadmite su candidatura, sin que pueda reprochársele no haber presentado en plazo una reclamación o recurso contra la decisión que establece las modalidades de organización de la oposición.

Más concretamente, cuando el motivo relativo a la irregularidad de la convocatoria de oposición, no impugnada en plazo, afecta a la motivación de la decisión individual impugnada, el recurso se considera admisible. En efecto, un candidato a una oposición no puede verse privado del derecho a impugnar en todos sus extremos, incluidos los definidos en la convocatoria de la oposición, el fundamento de la decisión individual adoptada respecto a él de conformidad con los requisitos exigidos por dicha convocatoria, en la medida en que solo esta decisión de aplicación individualiza su situación jurídica y le permite saber con certeza cómo y en qué medida resultan afectados sus intereses particulares.

En cambio, cuando no existe un vínculo estrecho entre los propios motivos de la decisión impugnada y el motivo relativo a la ilegalidad del anuncio de oposición no impugnado a su debido tiempo, debe declararse la inadmisibilidad de este último con arreglo a las normas de orden público en materia de plazos de recurso, que no pueden ser soslayadas, en un supuesto de este tipo, sin atentar contra el principio de seguridad jurídica.

(véanse los apartados 26 a 29)
Dada la importancia que la obligación de motivación reviste en relación con el derecho de defensa de un funcionario, el contexto en el que se ha adoptado una decisión de no promoción que se limita a una lista de funcionarios promovidos, confirmada de forma presunta tras una reclamación, solo excepcionalmente puede constituir un principio de motivación de dicha decisión. De este modo, no puede existir un principio de motivación si no consta ninguna indicación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre la situación específica del interesado ni sobre la comparación de sus méritos con los otros funcionarios candidatos a la promoción, con arreglo a los criterios del artículo 45 del Estatuto. No puede confundirse el mero conocimiento que el demandante haya podido tener de los criterios que deben ser tomados en consideración a la hora de ser promovido con el conocimiento de la manera en que se han aplicado tales criterios a su situación.

Admitir que simples apreciaciones negativas sobre un agente en sus informes de evaluación puedan bastar para constituir un principio de motivación podría malograr el objetivo del procedimiento administrativo previo establecido en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, cual es la resolución amistosa de litigios que surgen en el momento de la reclamación.

En efecto, tal razonamiento permitiría a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos apoyarse en cualquier apreciación negativa relativa al candidato no promovido, de la que se hubiera informado a este, para eludir la obligación que le impone el artículo 90, apartado 2, párrafo segundo, del Estatuto de notificarle una decisión motivada desestimatoria de su reclamación, que constituye la expresión particular, por un lado, de la exigencia de motivación de toda decisión lesiva establecida en el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto y, por otro, del derecho a una buena administración que proclama el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Pues bien, esa falta de respuesta a la reclamación, la cual se interpuso además contra una decisión de no promoción que carecía, a su vez, de motivación, puede provocar en el interesado un sentimiento de incomprensión, o incluso de frustración, o una acentuación de tales sentimientos, y propiciar así la interposición de un recurso ante el juez de la Unión que posiblemente habría podido evitarse si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos hubiera actuado con la diligencia debida.

(véanse los apartados 46, 50 y 63 a 65)
185

En su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, que modifica el Reglamento n.o 659/1999 (DO 2013, L 204, p. 15), el artículo 20, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 659/1999 dispone que «si la Comisión considera que la parte interesada no respeta la obligación de recurrir al formulario de denuncia, o que los hechos y las cuestiones de Derecho expuestas por la parte interesada no presentan razones suficientes que muestren, sobre la base de un primer examen, la existencia de ayuda ilegal o ayuda abusiva, informará de ello a la parte interesada y le pedirá que presente sus observaciones al respecto en un plazo determinado que normalmente no será superior a un mes». Añade que «si la parte interesada no da a conocer su opinión en el plazo fijado, se supondrá que se ha retirado la denuncia».
105

En primer término, la ECHA considera que no estaba obligada a iniciar de nuevo el mismo procedimiento de adopción de decisión previsto en los artículos 41 y 51 del Reglamento n.o 1907/2006 para adaptaciones que no solo serían inválidas, sino basadas también en información que ya estaba disponible antes del proceso de control de conformidad inicial. En caso contrario, ello significaría que los solicitantes podrían presentar continuamente elementos para adaptar la información exigida en una decisión sobre un control de conformidad. El solicitante podría retrasar indebidamente la presentación de información que ya debería haber aportado normalmente en el momento del registro inicial, porque, mientras el solicitante aportase una adaptación, no podría realizarse la aplicación. En tales circunstancias, la ECHA se vería obligada a renunciar a instar a los Estados miembros a ejecutar una decisión sobre un control de conformidad y comenzar de nuevo cada vez el procedimiento previsto en los artículos 41, 50 y 51 del Reglamento n.o 1907/2006. Por ello, sería la «puerta abierta» a motivos dilatorios para los solicitantes hasta crear, como teme la ECHA, un «ciclo infinito de nuevas decisiones» o una «espiral sin fin de evaluaciones de adaptaciones» en la fase del seguimiento a que se refiere el artículo 42 del Reglamento n.o 1907/2006. Por su parte, la autoridad de control nacional no podría aplicar una decisión relativa a un control de conformidad, porque cada procedimiento iniciado a ese respecto podría ser suspendido hasta que la ECHA tomase una decisión sobre la nueva información o adaptación presentada por el solicitante. Así, el procedimiento de evaluación permanecería siempre suspendido, nunca se alcanzaría la fase del cierre del procedimiento de evaluación a que se refiere el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.o 1907/2006.
250

Con carácter preliminar, es preciso señalar que el Consejo alega la inadmisibilidad de la proposición de prueba, efectuada por el demandante antes de la celebración de la vista, con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, que consiste en la decisión [confidencial] de 5 de marzo de 2016 de suspender [confidencial], debido a su carácter extemporáneo y a que considera injustificado el retraso en su presentación. En cambio, el Consejo, por una parte, no niega que el demandante le había informado, en el plazo previsto para que presentase observaciones con miras a la revisión anual de las medidas restrictivas, de dicha suspensión y, por otra parte, no alega no haber tenido en cuenta dicha información, al efectuar dicha revisión, dado que consideró que no estaba suficientemente fundada o que no era suficientemente creíble. De lo anterior se desprende que no procede pronunciarse sobre la admisibilidad de dicho documento, al no ser necesario su examen para determinar si el Consejo debería haber solicitado información sobre la suspensión del procedimiento ante las autoridades ucranianas.
99

Por lo demás, como señala el Parlamento en el escrito de contestación, de la descripción de cada uno de los dieciséis lotes de la licitación ITS 08 se desprende que varios de esos lotes se refieren a servicios de naturaleza muy diferente a la de los servicios contemplados en el lote n.o 7. En efecto, el lote n.o 7 se refiere al desarrollo de servicios informáticos, su aplicación y su mantenimiento en ámbitos tales como la gestión de documentos o la gestión de contenido en relación con sitios de Internet. Ahora bien, varios lotes no se refieren en absoluto al desarrollo de tales servicios, sino que tienen por objeto servicios tan variados como, por ejemplo, las telecomunicaciones (lote n.o 2), la asistencia a los usuarios (lote n.o 3) o el estudio, asesoramiento y competencias en el ámbito de las telecomunicaciones y de la seguridad (lote n.o 12). Por lo tanto, de la descripción de dichos lotes resulta claramente que la demandante no podía alegar un interés equivalente por todos ellos, que hubiera justificado la necesidad de obtener todos los documentos solicitados para el 31 de enero de 2015.
32

Según las demandantes, en los considerandos 88 a 92 de la Decisión impugnada, no se precisan de manera suficiente en Derecho los motivos concretos que llevaron a la Comisión a decidir adaptar, con carácter excepcional, en virtud del punto 37 de las Directrices, los importes de base de las multas impuestas a las empresas afectadas y a aplicarles, en ese contexto, tipos de reducción diferentes, del 85 %, 88 %, 90 % y 98 %, respectivamente. En particular, aducen que no pueden comprenderse las razones por las que la Comisión concedió una reducción del [confidencial] % a Hamelin. Esta falta de motivación resulta, a su juicio, tanto más grave y, a la inversa, la obligación de motivación es tanto mayor cuanto que, en el caso de autos, la Comisión se apartó de la metodología general prevista para la determinación de las multas en virtud de dichas Directrices. En su réplica, las demandantes precisan en esencia que la Comisión explicó por primera vez en su escrito de contestación los verdaderos motivos de esta adaptación de los importes de base de las multas. Aducen que esta explicación tardía no puede subsanar el vicio de la falta de motivación de la Decisión impugnada, pero sí viene a poner de manifiesto que la Comisión incluso incurrió en desviación de poder al llevar a cabo esta adaptación. Señalan que, en los apartados 28, 64 y 65 del escrito de contestación, la Comisión expuso que, si bien Hamelin no constituía «una empresa mono-producto, su importe básico debería ajustarse también de conformidad con el punto 37 de las Directrices, aplicando el mismo método por razones de equidad con el fin de reflejar su implicación en la infracción y restablecer el equilibrio entre las multas correspondientes a las diferentes empresas después de los ajustes señalados». Ahora bien, a su juicio, el razonamiento según el cual la multa impuesta a Hamelin fue reducida, en realidad, por motivos de equidad y no por su carácter «mono-producto» no se manifiesta en el considerando 92 de la Decisión impugnada.
64

Ahora bien, el primer motivo se refiere a un procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos, que se distinguen de los motivos de denegación relativos. Es cierto que el procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos se inicia a instancia de parte, a tenor del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009. Sin embargo, el artículo 52, apartado 1, letra a), de este Reglamento remite directamente a los motivos de denegación recogidos en el artículo 7 de dicho Reglamento que, como se ha señalado en los anteriores apartados 31 a 33, persiguen objetivos de interés general. Es preciso añadir que tales consideraciones de interés general subyacentes en el artículo 7 del mismo Reglamento también han de tomarse en consideración en un procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos (véase, en este sentido, el auto de 30 de abril de 2015, Castel Frères/OAMI, C‑622/13 P, no publicado, EU:C:2015:297, apartados 41 y 43 a 45). Por otra parte, procede recordar que el procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos tiene por objeto, en particular, permitir que la EUIPO revise la validez del registro de una marca y adopte una posición que, en su caso, debería haber adoptado de oficio con arreglo al artículo 37 del Reglamento en cuestión (véase, en este sentido, el auto de 30 de abril de 2015, Castel Frères/OAMI, C‑622/13 P, no publicado, EU:C:2015:297, apartado 42). En consecuencia, la aplicación por analogía de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 2868/95 a un procedimiento de nulidad en relación con motivos absolutos iría en contra del interés general perseguido por lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009.
4.

Actos de las instituciones—Motivación—Obligación—Alcance—Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios—Apreciación en función de los datos de que dispone el demandante en el momento de interponer el recurso—Pequeña diferencia de puntuación entre la oferta del demandante y la del licitador seleccionado—Información puesta a disposición del demandante que no muestra con claridad los motivos de la desestimación de la oferta ni aclara suficientemente las características y las ventajas de la oferta seleccionada—Motivación insuficiente [Art. 296 TFUE; Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 113, ap. 2; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 161, ap. 3] (véanse los apartados 37 y 50 a 52)
1.

Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de caducidad—Falta de uso efectivo de la marca—Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca—Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 23 a 25)
4.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Apreciación del carácter descriptivo de la marca — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 23)