153.

A la luz de las consideraciones que preceden, propongo que el Tribunal de Justicia responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por la Court of Session: «1) El Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija un precio mínimo de venta al por menor del vino en función de la cantidad de alcohol presente en el producto vendido, siempre que esta normativa esté justificada por los objetivos de proteger la salud humana y, en particular, por el de luchar contra el consumo excesivo de alcohol, y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 2) Para apreciar si una medida respeta el principio de proporcionalidad, corresponde al juez nacional: — verificar si los elementos de prueba que el Estado miembro debe presentarle permiten considerar razonablemente que los medios elegidos son adecuados para realizar el objetivo que persiguen y que, al efectuar esta elección, el Estado miembro no ha rebasado su margen de apreciación, y — tener en cuenta el grado en que esta medida atenta contra la libre circulación de mercancías cuando se realiza la comparación con las medidas alternativas que permitirían alcanzar el mismo objetivo y cuando se efectúa la ponderación de todos los intereses en juego. 3) Cuando, como en las circunstancias del litigio principal, el juez nacional conoce de un recurso contencioso-administrativo contra una normativa nacional que todavía no ha entrado en vigor y que sigue siendo, en parte, un mero proyecto, éste debe, con objeto de apreciar la proporcionalidad de esta normativa respecto del objetivo perseguido, examinar no sólo los elementos de los que disponían las autoridades nacionales y que éstas examinaron durante la elaboración de dicha normativa, sino también el conjunto de elementos de hecho existentes en la fecha en la que resuelve. No existen restricciones específicas a la facultad del juez nacional de examinar estos documentos distintas de las que se derivan de la aplicación del principio de contradicción y, sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, de las disposiciones procesales nacionales que regulan la presentación de pruebas ante los tribunales. 4) Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, a efectos de la consecución del objetivo de lucha contra el consumo excesivo de alcohol, que se inscribe en el de protección de la salud pública, opte por una normativa que fija un precio mínimo de venta al por menor de bebidas alcohólicas, antes que por una mayor tributación de estos productos, que restringe en menor medida los intercambios dentro de la Unión, a menos que este Estado miembro demuestre que la medida adoptada presenta mayores beneficios o menores inconvenientes que la medida alternativa. El hecho de que la medida alternativa de una mayor imposición pueda producir beneficios adicionales, contribuyendo a la consecución del objetivo general de la lucha contra el abuso del alcohol, no justifica que se descarte esa medida en beneficio de la medida de fijación de un precio mínimo.»