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3)

Si la atribución de la competencia no requiere un vínculo especial con el Estado del foro o si dicho vínculo se presume cuando la información controvertida presenta una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se ha producido o puede producirse en dicho Estado una colisión de los intereses concurrentes, y la presunción de dicha vinculación no exija la constancia de un número mínimo de consultas realizadas desde el Estado del foro al sitio de Internet controvertido, ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva sobre el comercio electrónico») (2) en el sentido de que: debe atribuirse a las disposiciones mencionadas el carácter de normas de conflicto que, prevalecen sobre las normas nacionales de conflicto también en el ámbito del Derecho civil determinan la aplicación exclusiva del Derecho del país de origen, o, dichas disposiciones constituyen un correctivo del derecho material aplicable a través del cual se modifica el contenido del Derecho aplicable designado por las normas nacionales de conflicto y se reduce a las exigencias del Derecho del Estado de origen? Si el artículo 3, apartados 1 y 2 de la Directiva sobre el comercio electrónico tienen el carácter de normas de conflicto: ¿Determinan dichas disposiciones únicamente la aplicación exclusiva de la ley material del Derecho del país de origen o también la aplicación de sus normas nacionales de conflicto por lo que no se excluye un posible un reenvío del Derecho del Estado de origen al Derecho del Estado del foro?
1)

Error de Derecho al apreciar el TPI que, en el caso concreto, no concurren circunstancias excepcionales que justifican una confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impide ordenar la recuperación de las ayudas con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 (1) en conexión con el principio de protección de la confianza legítima. Desnaturalización de los términos del debate en instancia e infracción del principio de contradicción. Vulneración de la jurisprudencia sobre motivación. Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales de valoración de pruebas al prescindir del contenido material de documentos obrantes en autos. Ni la diferencia formal entre la medida fiscal controvertida y la medida objeto de la Decisión 93/337 (2), ni el hecho de que la Comisión hubiera podido motivar el criterio de selectividad en otro elemento del que figura explícitamente en la Decisión 93/337, ni la declaración de incompatibilidad que figura en la Decisión 93/337, constituyen razones suficientes en Derecho para que el TPI no aprecie la existencia de una circunstancia excepcional que, por sí o en combinación con otras circunstancias que concurren en el caso de autos, impide a la Comisión ordenar la recuperación de las ayudas a que se refiere la decisión controvertida. Al considerar que las medidas controvertidas en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02 no son análogas a la medida fiscal controvertida por razones de técnica fiscal y de amplitud de la bonificación, el TPI ha cometido una desnaturalización de los términos del debate entre las partes litigantes, ha ignorado el principio de contradicción, y ha incurrido, además, en una manifiesta infracción de determinada jurisprudencia sobre motivación. El TPI ha incurrido en un error de Derecho al considerar que la actitud de la Comisión respecto a la exención fiscal y/o al crédito fiscal de 1993 -según resulta de la documentación de los autos, la cual no ha sido valorada por el TPI, infringiendo normas procesales- no constituye una circunstancia excepcional que haya podido justificar algún tipo de confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impediría la recuperación de las ayudas en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 por ser contraria al principio de protección de la confianza legítima.
2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: a) ¿Es suficiente, en cualquier caso, para que pueda considerarse un alimento como «producido a partir de OMG», en el sentido del artículo 2, número 10, del Reglamento no 1829/2003, que dicho alimento contenga material procedente de plantas genéticamente modificadas, que en un momento anterior ha poseído una capacidad reproductiva concreta e individual? b) En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión: El concepto «producido a partir de OMG» en el sentido del artículo 2, número 10, y del artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1829/2003 ¿debe interpretarse en el sentido de que, en relación con los OMG, no exige un proceso de producción intencional y finalista, sino que incluye también la incorporación involuntaria y fortuita de (antiguos) OMG a un alimento (en el presente caso, miel o polen como complemento alimenticio)?
7)

Error de Derecho al apreciar el TPI que un plazo de 79 meses, en el caso analizado, no es una duración irrazonable para un procedimiento previo de examen de la medida fiscal controvertida y estimar, así, que no se ha vulnerado el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 en conexión con el principio de seguridad jurídica.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (República de Polonia) el 28 de octubre de 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Spółka Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Asunto C-410/09)

2010/C 24/33

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Polska Telefonia Cyfrowa Spółka Sp. z o.o.

Recurrido en casación: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Cuestión prejudicial

¿Permite el artículo 58 del Acta de adhesión (DO 2003, L 236, p. 33) invocar frente a un particular residente en un Estado miembro las Directrices de la Comisión Europea (DO 2002, C 165, p. [6]), que las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta en la mayor medida posible al analizar los mercados pertinentes, con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33 [omissis]), en caso de que dichas Directrices no estén publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en la lengua de ese Estado miembro y ésta sea una lengua oficial de la Unión Europea?
—

Que se declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89, (1) de los artículos 2, 6 y 9 a 11 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 (2) y 220 del Reglamento no 2913/92, (3) en la medida en que las autoridades finlandesas han observado una práctica administrativa, según la cual, sólo se declaran los recursos propios de la Comunidad después de que se haya concedido al deudor un plazo de catorce días, durante el cual éste puede presentar observaciones. Por lo tanto, en materia de recaudación a posteriori de los derechos de aduana, dichas autoridades no respetan los plazos establecidos para la contabilización de los recursos propios, lo cual da lugar a un retraso en el pago de los recursos propios de la Comunidad.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 233/9

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’Apello di Roma (Italia) el 24 de julio de 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Asunto C-286/09)

2009/C 233/14

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte d’Apello di Roma

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Luigi Ricci

Recurrida: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Cuestión prejudicial

Se solicita al Tribunal de Justicia que, con arreglo al artículo 234 CE, se pronuncie sobre la cuestión prejudicial de si los artículos 17 CE, 39 CE y 42 CE y las normas pertinentes del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), deben interpretarse en el sentido de que el principio de acumulación de todos los períodos de cotización para el inicio, la obtención y el mantenimiento del derecho a las prestaciones –principio establecido mediante la adopción por el Consejo del Reglamento no 1408/71– es aplicable en todos los casos en los que es necesario recurrir al sistema de acumulación y asignación a prorrata para el reconocimiento del derecho a una determinada prestación, de modo que deben tomarse en consideración a esos efectos tanto los períodos de cotización realizados con arreglo a la legislación de cada Estado miembro como los períodos de cotización efectuados conforme al régimen de seguridad social aplicable a los funcionarios de las instituciones comunitarias.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 220/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof el 25 de junio de 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling y Thomas Etling en sociedad civil, con la intervención de: Bundesministerium der Finanzen

(Asunto C-230/09)

2009/C 220/35

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Hauptzollamt Koblenz

Recurridas: Kurt Etling y Thomas Etling en sociedad civil

Con la intervención de: Bundesministerium der Finanzen

Cuestión prejudicial

¿Ha de interpretarse el Derecho comunitario, en particular el artículo 5, letra k), del Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, (1) en el sentido de que la cantidad de referencia de un productor en el período de doce meses en que le ha sido transferida una cantidad de referencia por otro productor no comprende la cantidad a cuenta de la cual ya hubiera hecho entregas de leche este último durante ese período de doce meses?

(1) DO L 270, p. 123.
6)

Cuando, más en particular, la concesión de un permiso medioambiental y/o la adopción de otra medidas contribuyen a sobrepasar o sobrepasar inminentemente los techos nacionales de emisión de SO2 y/o NOx establecidos en la Directiva NEC, a. ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar un derecho general a que el Estado miembro de que se trate adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 y NOx a cantidades que no superen los techos nacionales de emisión establecidos en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades? b. ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar unos derechos concretos a que el Estado miembro de que se trate adopte medidas específicas con respecto a una determinada instalación, por ejemplo denegando un permiso o supeditándolo a requisitos o restricciones adicionales, que contribuyan a que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 y NOx a cantidades que no superen los techos nacionales de emisión establecidos en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte medidas específicas que contribuyan a reducir dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades? c. Para responder a las cuestiones 6.a y 6.b., ¿es relevante en qué medida la instalación contribuye a sobrepasar o sobrepasar inminentemente dichos techos?
1)

Sobre la base del Derecho comunitario, en particular del Acta de adhesión (DO L 2003, L 236) y de los artículos 10 CE y 249 CE, ¿resulta aplicable la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Directiva servicio universal»), en particular su artículo 13, apartado 2, y su anexo IV, a los mecanismos de ayuda y reparto que Hungría, como Estado miembro, estableció para los servicios universales prestados en el año 2003, es decir, antes de su adhesión a fecha 1 de mayo de 2004, pero en relación con los cuales la obligación de financiación y la concesión y el pago de las ayudas se basan en resoluciones dictadas en procedimientos administrativos incoados y terminados tras la adhesión de Hungría a la Unión Europea?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 153/30

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 14 de mayo de 2009 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

(Asunto C-175/09)

2009/C 153/59

Lengua de procedimiento: Inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Demandada: Axa UK plc

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cuáles son las características de un servicio exento que tiene «por efecto transmitir fondos e implicar modificaciones jurídicas y financieras»? En especial, a) ¿Es aplicable la exención a servicios que en otro caso no tendrían que ser ejecutados por ninguna de las instituciones financieras que i) realizan un adeudo en una cuenta, ii) realizan un abono correspondiente en otra cuenta, o iii) realizan cualquier actividad intermedia entre las descritas en los puntos i) o ii)? b) ¿Es aplicable la exención a servicios que no incluyen la ejecución de las actividades de adeudo en una cuenta y de abono correspondiente en otra cuenta pero respecto de los cuales, cuando resulta una transferencia de fondos, se puede considerar que han sido la causa de esa transferencia?

2) A la luz de la sentencia SDC, un operador que no es un banco, ¿realiza un servicio exento conforme al artículo 13, parte B, letra d), número 3, cuando las actividades que ejecuta para su cliente: 1) incluyen el cobro, procesamiento y pago posterior de sumas dinerarias debidas a su cliente por un tercero; en particular, las actividades consistentes en: a) transmitir información al banco del tercero solicitando un pago de la cuenta bancaria del tercero a la cuenta bancaria del propio operador, en virtud de un mandato permanente dirigido por ese tercero al banco (conforme al sistema de «débito directo»); y posteriormente, si el banco realiza ese pago, b) dar orden a su propio banco para transferir fondos de la cuenta del operador a la cuenta bancaria del cliente, pero 2) no incluyen los actos de a) realizar un adeudo en una cuenta bancaria, b) realizar un abono correspondiente en otra cuenta bancaria, o c) ejecutar cualquier actividad intermedia entre las descritas en los puntos a) y b)?
1)

¿Debe interpretarse la expresión «recurrir al sistema de asistencia social» contenida en el artículo 7, apartado 1, inicio y letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo (1), de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, en el sentido de que tal expresión ofrece al Estado miembro un margen para adoptar una normativa en materia de reunificación familiar que dé lugar a que no se permita la reagrupación familiar de un reagrupante que haya acreditado contar con recursos fijos y regulares suficientes para poder hacer frente a los gastos de subsistencia generalmente necesarios, pero que, no obstante, habida cuenta de la cuantía de sus ingresos, podrá recurrir a una prestación especial de asistencia para hacer frente a gastos necesarios de subsistencia especiales y determinados de forma individual, a la condonación de impuestos concedida por autoridades inferiores en función de la cuantía de los ingresos o bien a medidas de apoyo a los ingresos en el marco de la política municipal de mínimos?
—

La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE (1), al no haber adoptado, antes del 19 de julio de 2006, medidas de protección apropiadas, en relación con el objetivo de conservación perseguido por la Directiva, para proteger el interés ecológico pertinente que, a nivel nacional, tiene el lugar de importancia comunitaria (LIC) propuesto ITB032228 «Is Arenas», y, en particular, al no haber prohibido una intervención que puede alterar significativamente las características ecológicas del lugar.
1)

¿Puede interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (1), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — según el cual los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional —, en el sentido de que la no vinculación del consumidor a una cláusula abusiva establecida por el profesional no opera ipso iure, sino únicamente en el supuesto de que el consumidor impugne con éxito dicha cláusula abusiva mediante solicitud cursada al efecto?
1)

El Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente que la capacidad de WWF para participar en el procedimiento de adopción de decisiones en su calidad de miembro del Consejo Consultivo Regional (CCR) y la obligación del Consejo de considerar su punto de vista antes de adoptar medidas al respecto no bastaban para distinguirlo «individualmente» en el sentido del artículo 230 CE. El Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al considerar que WWF no tenía derechos procedimentales, manteniendo que éstos únicamente pertenecían al CCR y no a sus miembros.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004 (1), en el sentido de que, a excepción de lo dispuesto en el artículo 1 C, número 5, segunda frase, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 (Convención de Ginebra sobre los Refugiados), el estatuto de refugiado cesa cuando dejan de existir fundados temores del refugiado a ser perseguido a los que se refiere el artículo 2, letra c), de la Directiva, por los cuales se produjo el reconocimiento, y tampoco tiene que temer ser perseguido por otros motivos con arreglo al artículo 2, letra c), de la Directiva?
5.

Por otro lado, las autoridades encargadas del control del uso de las redes denominadas «spadare» no tienen acceso a la información sobre la localización de las embarcaciones de pesca recogida a través del sistema de control de los buques vía satélite (SCB) previsto en el artículo 3 del Reglamento no 2847/93. Además, de una investigación realizada por la Comisión se deriva que un número bastante elevado de buques aún no está dotado de los mecanismos de localización vía satélite necesarios para el funcionamiento del sistema SCB. Por lo que se refiere a la recogida, la información de los diarios de pesca, de las declaraciones de desembarque y de las notas de venta previstos en el Reglamento no 2847/93 y, a fortiori, los análisis cruzados de estos datos con la información recogida a través del sistema SCB, están bien lejos de ser efectivos.
3)

¿Debe interpretarse la Sexta Directiva en el sentido de que debe considerarse que las mercancías irregularmente importadas decomisadas con motivo de su importación y simultánea o posteriormente destruidas por las autoridades han sido colocadas en un «régimen de depósito aduanero» con el efecto de que no se devenga el IVA o de que se extingue la obligación de pagarlo (véanse los artículos 7, apartado 3, 10, apartado 3, y 16, apartado 1, parte B, letra c), de la Sexta Directiva y el artículo 876 bis de las disposiciones de aplicación)? ¿Afecta a la respuesta el hecho de si se extingue o no la deuda aduanera originada con motivo de dicha importación irregular con arreglo al artículo 233, letra d), del Código aduanero? ¿Afecta a la respuesta el hecho de si se extingue o no la deuda aduanera originada con motivo de dicha importación irregular con arreglo al artículo 233, letra d), del Código aduanero?
—

Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2003/72/CE, del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o al no asegurar que los interlocutores sociales adoptaran las disposiciones necesarias mediante acuerdo o, en todo caso, al no haber notificado tales disposiciones a la Comisión.
—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (1), al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no notificarlas a la Comisión.