Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Legitimación activa del Parlamento ° Requisitos de admisibilidad ° Defensa de sus prerrogativas ° Participación en el procedimiento legislativo ° Recurso basado en la insuficiencia de motivación del acto impugnado ° Inadmisibilidad ° Violación causada por la modificación de Directivas adoptadas sobre la base de disposiciones del Tratado que prevén la obligación de consultar al Parlamento ° Admisibilidad

(Tratado CE, arts. 173 y 190)

2. Agricultura ° Política Agrícola Común ° Directivas ° Procedimiento de elaboración ° Directivas de base y Directivas de ejecución ° Directiva de ejecución adoptada sin consultar al Parlamento y apartándose de los principios establecidos por la Directiva de base ° Directiva 94/43/CEE del Consejo ° Modificación del alcance de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva 91/414/CEE ° Ilegalidad

(Directivas del Consejo 91/414/CEE, art. 4, y 94/43/CEE)

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1. El Parlamento está legitimado para interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación contra un acto de otra Institución, siempre que dicho recurso tenga por objeto salvaguardar sus prerrogativas. Este requisito se cumple cuando el Parlamento indica de manera pertinente el objeto de la prerrogativa que debe protegerse y la supuesta violación de dicha prerrogativa.

De conformidad con estos criterios, un recurso no puede admitirse en la medida en que se basa en la infracción del artículo 190 del Tratado cuando el Parlamento, al alegar que las disposiciones impugnadas están insuficiente o incorrectamente motivadas en relación con las disposiciones de dicho artículo, no indica de modo pertinente por qué tal infracción, suponiendo que fuera cierta, habría de violar sus propias prerrogativas. Por el contrario, dado que el derecho a ser consultado en virtud de una disposición del Tratado constituye una prerrogativa del Parlamento, el recurso que este último interpone contra una Directiva debe admitirse cuando el motivo de impugnación que alega consiste en que dicha Directiva, sobre la que no ha sido consultado, modificaría las obligaciones impuestas a los Estados miembros por otras Directivas basadas en disposiciones del Tratado que prevén la obligación de consultarlo.

2. No se puede exigir que todos los detalles de Reglamentos o de Directivas relativos a la Política Agrícola Común sean adoptados por el Consejo según el procedimiento del artículo 43 del Tratado. Se cumple esta disposición cuando los elementos esenciales de la materia regulada se han establecido de acuerdo con el procedimiento previsto por aquél y las disposiciones de ejecución de los Reglamentos o de las Directivas de base pueden adoptarse según un procedimiento diferente, previsto por tales Reglamentos o Directivas. No obstante, una Directiva de ejecución adoptada sin consultar al Parlamento debe respetar las disposiciones adoptadas en la Directiva de base después de tal consulta.

Esto no sucede en el caso de la Directiva 94/43 del Consejo, por la que se establece el Anexo VI de la Directiva de base 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios.

En efecto, la Directiva de base 91/414, que persigue un objetivo de mejora de la producción agrícola mediante la utilización de productos fitosanitarios, está destinada también, debido a los riesgos que la utilización de tales productos puede suponer para el hombre, los animales y el medio ambiente, a establecer normas uniformes por lo que respecta a los requisitos y los procedimientos de autorización de dichos productos. Así, el apartado 1 del artículo 4 de esta Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que los productos fitosanitarios se autoricen únicamente si se cumplen determinados requisitos, remitiéndose, a este respecto, a los "principios uniformes" establecidos en el Anexo VI, cuyo contenido debe ser determinado por el Consejo. La letra b) del apartado 1 del artículo 4 establece que los Estados miembros sólo autorizarán un producto fitosanitario si, de conformidad con los principios uniformes antes mencionados, se demuestra que dicho producto no tiene efectos nocivos, ni directa ni indirectamente, sobre la salud humana o animal ni sobre las aguas subterráneas y que no tiene ningún efecto inaceptable sobre el medio ambiente, en particular en lo que respecta a la contaminación de las aguas en general, sin distinguir, a este respecto, las aguas destinadas al consumo humano de las demás.

Pues bien, por una parte, al contemplar únicamente la protección de las aguas que se destinan a la producción de agua potable y al no tomar en consideración, en consecuencia, los efectos que pueden producir los productos fitosanitarios en todas las aguas subterráneas y, por otra parte, al permitir la expedición de una autorización condicional, cuya duración puede alcanzar hasta diez años, para un producto fitosanitario cuya concentración previsible exceda de la concentración máxima admisible fijada en un texto de referencia, circunstancia que afecta al alcance de los principios definidos por la Directiva de base, la Directiva 94/43 modifica, sin utilizar el procedimiento legislativo exigido por el Tratado, que implica la consulta al Parlamento, el alcance de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva de base.

En consecuencia, debe ser anulada puesto que el hecho de que sólo sea incompleta respecto a uno de los puntos relativos a los principios definidos por la Directiva de base, sin exceder, no obstante, el marco de ejecución de tales principios, no basta para eliminar el motivo de impugnación basado en su ilegalidad respecto a esta última Directiva.