Palabras clave

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Palabras clave

1. Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Negativa a hacerse cargo de gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria - Impugnación por el Estado miembro interesado - Carga de la prueba - Reparto entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate

[Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo]

2. Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Aceite de oliva - Ayuda a la producción - Aceitunas utilizadas con fines distintos de la producción de aceite de oliva - Exclusión

[Reglamento (CEE) nº 2261/84 del Consejo]

3. Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Negativa a hacerse cargo de gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria - Valoración de las pérdidas sufridas por el Fondo - Impugnación por el Estado miembro interesado - Carga de la prueba

[Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo]

4. Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Aceite de oliva - Ayuda a la producción - Ejecución por medio de organizaciones de productores reconocidas - Retirada obligatoria del reconocimiento en caso de que la capacidad para controlar la producción de sus miembros no sea suficiente

[Reglamentos del Consejo no 136/66/CEE y (CEE) no 2261/84]

5. Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Negativa a hacerse cargo de gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria - Corrección financiera que la Comisión no ha llevado a cabo en un ejercicio determinado a pesar de haber detectado irregularidades - Irrelevancia para el derecho a llevar a cabo una corrección en un ejercicio posterior

[Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo]

6. Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Aceite de oliva - Ayuda a la producción - Registro oleícola - Servicios propios de la administración - Concepto

[Reglamento (CEE) nº 154/75, art. 3, ap. 5]

7. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos - Ámbito de aplicación - Contratos adjudicados por una entidad adjudicadora a una entidad no autónoma - Exclusión

8. Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Aceite de oliva - Ayuda al consumo - Retirada de la autorización a empresas de envasado en caso de ayuda indebidamente solicitada - Respeto del principio de proporcionalidad

[Reglamentos (CEE) de la Comisión nº 2677/85, art. 12, ap. 6, y, nº 643/93]

9. Agricultura - Política agrícola común - Financiación por el FEOGA - Forrajes desecados - Control de los Estados miembros - Fijación de un grado mínimo de humedad - Medio posible pero no exclusivo

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 729/70, art. 8, ap. 1, y nº 1117/78]

10. Recurso de anulación - Motivos - Falta de prueba invocada como motivo específico - Improcedencia

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

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1. En materia de financiación de la política agrícola común por el FEOGA, corresponde a la Comisión, cuando se niega a asumir un gasto declarado por un Estado miembro, probar la existencia de una infracción de las normas de la organización común de los mercados agrícolas. Por consiguiente, la Comisión está obligada a justificar su decisión en la que declara la inexistencia o la insuficiencia de los controles aplicados por el Estado miembro interesado. No obstante, la Comisión no está obligada a demostrar de manera exhaustiva la insuficiencia de los controles efectuados por las administraciones nacionales ni la irregularidad de las cifras que éstas han remitido, sino que debe aportar un elemento de prueba de las dudas serias y razonables que alberga acerca de dichos controles o de dichas cifras. Por su parte, el Estado miembro interesado no puede invalidar las comprobaciones de la Comisión sin apoyar sus propias alegaciones en elementos que demuestren la existencia de un sistema fiable y operativo de control. Si no puede demostrar que las afirmaciones de la Comisión son inexactas, éstas constituyen elementos que pueden hacer surgir dudas fundadas respecto del establecimiento de un conjunto adecuado y eficaz de medidas de vigilancia y de control. Esta atenuación de la exigencia de la prueba a favor de la Comisión se explica por el hecho de que el Estado miembro se encuentra en mejor situación para recoger y comprobar los datos necesarios para la liquidación de las cuentas del FEOGA y, en consecuencia, le incumbe probar detallada y completamente la realidad de sus controles y de sus cifras y, en su caso, la inexactitud de las afirmaciones de la Comisión.

( véanse los apartados 46 a 49 )

2. La ayuda a la producción prevista por el Reglamento nº 2261/84, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores, se concede al aceite de oliva y no puede concederse para la producción de aceitunas utilizadas con otros fines distintos de la producción de aceite de oliva. En el caso de que una parte de las aceitunas se dedique a tales fines, la ayuda debe pagarse a prorrata de las aceitunas destinadas únicamente a la producción de aceite de oliva. En consecuencia, el cálculo de la ayuda a la producción de aceite de oliva sin deducir los árboles destinados a la producción de aceitunas de mesa ha de considerarse una deficiencia grave, que debe sancionarse con la retirada del reconocimiento de una organización de productores reconocida.

( véanse los apartados 70 y 138 )

3. Al desempeñar su cometido de liquidar las cuentas del FEOGA, la Comisión no tiene la obligación de demostrar la existencia de un perjuicio, sino que puede limitarse a presentar indicios serios en este sentido. En los casos difíciles en los que no puede conocerse con exactitud el importe del perjuicio, las pérdidas para los fondos comunitarios deben determinarse mediante la evaluación del riesgo que supone para ellos la deficiencia de los controles. Si bien incumbe a la Comisión probar la existencia de una infracción de las normas de la organización común de los mercados agrícolas, una vez probada, es el Estado miembro el que debe demostrar, en su caso, que la Comisión cometió un error en cuanto a las consecuencias financieras que deben deducirse de dicha infracción. Le incumbe entonces probar de la manera más detallada y completa posible la realidad de sus cifras y, en su caso, la inexactitud de los cálculos de la Comisión.

( véanse los apartados 146 y 147 )

4. Con arreglo al artículo 20 quater del Reglamento nº136/66, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, las organizaciones de productores reconocidas deben estar en condiciones de controlar la producción de aceitunas y de aceite de sus miembros y el reconocimiento de una organización o de una unión se debe retirar según el procedimiento previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 2261/84, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores, cuando no se hayan cumplido o se hayan dejado de cumplir las condiciones de reconocimiento. De estas disposiciones se desprende que, para asegurar un control reforzado de la producción de los oleicultores y, por tanto, garantizar una gestión eficaz del régimen de ayudas, la comprobación de que una organización de productores reconocida no tiene capacidad suficiente para controlar la producción de aceitunas y de aceite de sus miembros basta para justificar la retirada del reconocimiento del que se beneficiaba. El hecho de no retirar el reconocimiento supone un incumplimiento de las normas comunitarias en vigor en este ámbito y excluir la financiación de las organizaciones de productores reconocidas que han incumplido dichas condiciones constituye la medida más adecuada para evitar que las ayudas se utilicen para fines distintos de aquellos a los que está supeditada su atribución, salvo que se demuestre que los oleicultores asociados a las citadas organizaciones no participaron en ninguna irregularidad que pueda poner en entredicho toda la financiación comunitaria o parte de ella.

( véanse los apartados 162 a 165 y 174 )

5. El hecho de que la Comisión no saque consecuencias financieras de la comprobación de la existencia de deficiencias en un determinado ejercicio no puede privarla del derecho a hacerlo en ejercicios posteriores, sobre todo si dichas deficiencias subsisten, y, además, las nuevas deficiencias comprobadas también pueden tenerse en cuenta para determinar la cuantía de la corrección a tanto alzado.

( véase el apartado 177 )

6. Un organismo que, pese a estar constituido en forma de sociedad anónima sujeta a las normas de Derecho privado y pese a su autonomía financiera y contable, está plenamente sujeto al control del Estado debe considerarse uno de los servicios propios de la administración nacional en el sentido del artículo 3, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento nº 154/75, por el que se establece un registro oleícola en los Estados miembros productores de aceite de oliva.

( véanse los apartados 186 y 187 )

7. Para constituir un contrato público en el sentido de las directivas en materia de adjudicación de contratos públicos basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y, a la vez, esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan. Esto es lo que sucede en el caso de una sociedad estatal en cuyo capital social pueden participar las entidades territoriales mediante la adquisición de acciones, que, en tanto que medio propio instrumental y servicio técnico de la administración nacional, está obligada a realizar con carácter exclusivo, por sí misma o sus filiales, los trabajos que le encomienden la Administración General del Estado, las entidades territoriales y los organismos públicos dependientes de ellas.

( véanse los apartados 204 y 205 )

8. Del artículo 12, apartado 6, del Reglamento nº 2677/85, por el que se establecen las modalidades de aplicación del régimen de ayuda al consumo de aceite de oliva, en su versión inicial, resulta que la autoridad competente, que debe tomar en consideración la gravedad de la infracción cometida por una empresa de envasado autorizada, se encuentra obligada por esta misma razón a respetar el principio de proporcionalidad. La versión de dicho artículo 12, apartado 6, que introdujo el Reglamento nº 643/93, se limita a precisar los criterios que, según la Comisión, deben guiar la aplicación del principio de proporcionalidad en caso de imposición de las sanciones previstas. En la nueva versión de dicha norma, la sanción de retirada de la autorización sólo se aplica cuando la cantidad por la que se haya solicitado indebidamente la ayuda sobrepase en, al menos, un 20 % la cantidad controlada por la que se haya reconocido el derecho a la ayuda.

( véase el apartado 226 )

9. Con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 729/70, sobre la financiación de la política agrícola común, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para asegurarse de la realidad y de la regularidad de las operaciones financiadas por el FEOGA, prevenir y perseguir las irregularidades y recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias. El sistema de control establecido por los Estados miembros debe permitir detectar los fraudes consistentes, en el caso de las empresas de transformación, en percibir ayudas a la producción de forrajes desecados de manera artificial cuando los forrajes producidos han sido secados al sol, de modo que la operación de secado artificial ha sido simbólica o inexistente, al igual que los gastos generados por dicha operación. La fijación, que no está prevista en la normativa comunitaria, de un grado mínimo de humedad destinado a facilitar la identificación de estas prácticas fraudulentas mediante la definición de un criterio objetivo, físicamente medible, aunque puede constituir un medio de luchar contra los riesgos de conceder ayudas indebidas a la producción de forrajes desecados, no constituye el único medio posible de evitar el fraude.

( véanse los apartados 257 a 259 )

10. En el marco de un recurso de anulación interpuesto por un Estado miembro contra una decisión de la Comisión en materia de liquidación de cuentas del FEOGA, la falta de prueba no puede plantearse como motivo específico sin ningún vínculo con una situación concreta. En efecto, la cuestión de si se han aportado o no los elementos de prueba forma parte del examen de los motivos invocados por el Estado miembro demandante.

( véase el apartado 266 )