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Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Comunidades Europeas — Régimen lingüístico — Reglamento nº 1 — Ámbito de aplicación (Reglamento nº 1 del Consejo) (véanse los apartados 52 a 54)

2. Comunidades Europeas — Régimen lingüístico — Existencia de un principio general que consagra el derecho de todo ciudadano a que se redacte en su lengua cualquier acto que pueda afectar a sus intereses — Inexistencia (Reglamento nº 1 del Consejo) (véase el apartado 73)

3. Funcionarios — Concurso — Convocatoria de concurso — Publicación en el Diario Oficial únicamente en algunas lenguas oficiales (véanse los apartados 77 a 85)

4. Funcionarios — Concurso — Convocatoria de concurso — Publicación íntegra en el Diario Oficial únicamente en algunas lenguas oficiales (véanse los apartados 91, 93 y 94)

5. Funcionarios — Principios — Protección de la confianza legítima — Requisitos (véanse los apartados 110 a 112)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación de las convocatorias de los concursos generales EPSO/AD/94/07, para la constitución de una reserva de personal seleccionado como administradores (AD 5) en el sector de la información, de la comunicación y de los medios audiovisuales (DO 2007, C 45 A, p. 3), EPSO/AST/37/07, para la constitución de una reserva de personal seleccionado como asistentes (AST 3) en el sector de la comunicación y de la información (DO 2007, C 45 A, p. 15), y EPSO/AD/95/07 para la constitución de una reserva de personal seleccionado como administradores (AD 5) en el ámbito de las ciencias de la información (biblioteconomía/documentación) (DO 2007, C 103 A, p. 7).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) La República Italiana cargará con sus propias costas y con aquellas en las que haya incurrido la Comisión Europea.

3) La República de Lituania y la República Helénica cargarán con sus propias costas.
A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de forma sumaria pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda. Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los supuestos daños causados por una institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que el demandante reprocha a la institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio. A falta de toda indicación aportada por el demandante no corresponde al Tribunal de Primera Instancia conjeturar y comprobar si existe una relación de causalidad entre el comportamiento reprochado y el perjuicio que se alega. Por tanto, debe declararse inadmisible por tardía toda indicación posterior relativa a ese nexo.

El principio del respeto del derecho de defensa exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresar de manera adecuada su punto de vista. Por otra parte, el derecho de defensa sólo resulta vulnerado a causa de una irregularidad del procedimiento en la medida en que ésta haya tenido repercusiones concretas en las posibilidades de defensa de las empresas imputadas. Por lo tanto, el incumplimiento de las normas vigentes que tienen como finalidad proteger el derecho de defensa sólo puede viciar un procedimiento administrativo si se acredita que éste habría podido desembocar en un resultado diferente de no haberse producido éste.

Habida cuenta de la propia naturaleza de las ayudas financieras que concede la Comunidad, la obligación de respetar los requisitos financieros tal y como se formularon en la Decisión de concesión constituye uno de los compromisos esenciales del beneficiario, lo mismo que la obligación de ejecución material del proyecto de que se trate, y, por esta razón, condiciona la atribución de la ayuda comunitaria. En ese contexto, el artículo 24, apartados 1 y 2, del Reglamento no 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, en su versión modificada por el Reglamento no 2082/93, debe interpretarse en el sentido de que autoriza a la Comisión para suprimir la ayuda económica concedida, en caso de incumplimiento de los requisitos financieros previstos en la Decisión de concesión.

(véanse los apartados 92 y 101)
En efecto, en tal circunstancia, la verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.

De este modo, las diferencias entre los signos relativas a la presencia del término «therapy» en la marca solicitada no pueden compensar la gran similitud entre los signos en conflicto por la presencia de la marca anterior al principio de la marca solicitada y por la posición distintiva y autónoma que ocupa en ella, sin constituir por ello su elemento dominante. Además, dado que los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos, debe concluirse que el público pertinente considerará que éstos proceden, cuando menos, de empresas vinculadas económicamente.

El término «therapy» no es una denominación comercial de renombre, sino un término que no es descriptivo de los productos cosméticos y tampoco dispone de un carácter distintivo particularmente elevado respecto de éstos, en la medida en que podría interpretarse que alude a los beneficios de dichos productos.

Más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante, y que, de este modo, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión. En efecto, en tal circunstancia, la verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.

(véase el apartado 19)
En la medida en que la negativa a modificar la decisión inicial adoptada por el reglamento provisional acerca del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado no se debe a que el artículo 2, apartado 7, letra c), última frase, del Reglamento antidumping de base no 384/96 impida la reconsideración de hechos antiguos, sino a que la contabilidad de la empresa no es conforme con las normas internacionales de contabilidad, sin que se haya aportado prueba suficiente para modificar esta apreciación, dicha negativa está basada en la aplicación de los criterios materiales del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, de este último Reglamento.

(véanse los apartados 44 a 50)
46

El mero hecho de que el Reglamento n.o 659/1999, a excepción de un plazo de prescripción de diez años (a partir de la concesión de la ayuda) al cabo del cual no puede ordenarse su recuperación, no prevea ningún plazo, ni siquiera indicativo, para el examen por la Comisión de una ayuda ilegal, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del citado Reglamento, que dispone que la Comisión no está sujeta al plazo fijado en el artículo 7, apartado 6, de ese mismo Reglamento, no impide que el juez de la Unión compruebe si dicha institución no observó un plazo razonable o si actuó de manera excesivamente tardía (véanse, en este sentido y por analogía, respecto a un plazo indicativo, las sentencias de 15 de junio de 2005, Regione autonoma della Sardegna/Comisión, T‑171/02, EU:T:2005:219, apartado 57, y de 9 de septiembre de 2009, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco/Comisión, T‑230/01 a T‑232/01 y T‑267/01 a T‑269/01, no publicada, EU:T:2009:316, apartados 338 y 339, y Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, T‑30/01 a T‑32/01 y T‑86/02 a T‑88/02, EU:T:2009:314, apartados 259 y 260).
73

Ello es tanto más cierto en este caso en que la Directiva impugnada no deroga la Directiva 2005/53, sino que se limita a modificar el anexo I de la Directiva 91/414 en lo que atañe a la especificación de la sustancia de que se trata. No cuestiona todo el procedimiento de inclusión de dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414. En el marco de este procedimiento de inclusión la demandante ha debido presentar un expediente sumario y un expediente completo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 933/94 de la Comisión, de 27 de abril de 1994, por el que se establecen las sustancias activas de los productos fitosanitarios y se designan los Estados miembros ponentes para la aplicación del Reglamento (CEE) no 3600/92 (DO L 107, p. 8), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2230/95 de la Comisión, de (DO L 225, p. 1), y en el artículo 6 del Reglamento no 3600/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2266/2000 de la Comisión, de (DO L 259, p. 27). Al finalizar este procedimiento, se adoptó la Directiva 2005/53, que incluía la sustancia de que se trata en el anexo I de la Directiva 91/414 y establecía un período transitorio antes de que esta inclusión produjera sus efectos. En este caso, a la inclusión del clorotalonil en el anexo I de la Directiva 91/414 siguió debidamente un período transitorio que permitía el examen por las autoridades nacionales de las autorizaciones nacionales vigentes.
94

En particular, en respuesta a las alegaciones de la demandante según las cuales, en el asunto que dio lugar a la sentencia MYSTERY, citada en el apartado 58 supra, el Tribunal de Primera Instancia reconoció la similitud entre bebidas compuestas por distintos ingredientes y empleando distintos métodos de elaboración, a partir de su naturaleza, destino y forma de comercialización comunes, es preciso señalar que, en dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia estimó que, para los consumidores medios alemanes, las bebidas mixtas a base de cerveza podían sustituir tanto a las cervezas como a las bebidas no alcohólicas (sentencia MYSTERY, citada en el apartado 58 supra, apartados 37 y 40). Sin embargo, no cabe reconocer un mismo grado de sustitución en la comparación efectuada por el consumidor relevante alemán o austriaco entre el vino designado por la marca solicitada MEZZOPANE y las bebidas designadas por las marcas anteriores MEZZO y MEZZOMIX. En efecto, por las razones expuestas en los apartados 66 y siguientes supra, no puede considerarse que el consumidor relevante alemán o austriaco pueda sustituir fácilmente la cerveza por el vino. Por lo demás, por las razones expuestas en los apartados 85 y siguientes supra, no cabe estimar que el consumidor pertinente alemán o austriaco pueda sustituir las demás bebidas no alcohólicas designadas por las marcas anteriores por el vino.
6.

Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Necesidad de un comportamiento que haya facilitado a la Comisión la comprobación de la infracción — Imposibilidad de suministrar información al no conservarse los documentos pertinentes tras la cesión de la filial — Irrelevancia [Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión] (véanse los apartados 115 a 117)
Asunto T-28/06

RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 6 de noviembre de 2007 II - 4415

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

Desde el punto de vista del consumidor medio germanófono, el signo denominativo VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, cuyo registro se solicitó para «cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; mezclas de estas bebidas» y «bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)», comprendidos respectivamente en las clases 32 y 33 del Arreglo de Niza, tiene carácter descriptivo con respecto a los productos señalados en la solicitud de marca comunitaria, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria.

El eslogan se refiere claramente a la pureza y perfección de las sustancias básicas de las bebidas, en particular del agua utilizada. Pues bien, la pureza y la perfección de las sustancias básicas tienen especial importancia para los productos comprendidos en las clases 32 y 33. En el caso del agua mineral, la perfección original del agua de manantial utilizada es un factor decisivo para determinar la calidad de la bebida, tanto desde del punto de vista del sabor como de la salud. En cuanto a los zumos de frutas, cervezas y otras bebidas alcohólicas, el origen de sus sustancias básicas constituye igualmente un factor de gran importancia para determinar la calidad de dichos productos.

Los vocablos, en sí mismos o combinados, se refieren directa y claramente a las características de los productos contemplados. Cabe admitir razonablemente que la pureza y la perfección original de las sustancias básicas de las bebidas son características que el consumidor destinatario tiene en cuenta a la hora de efectuar su elección. Por consiguiente, desde el punto de vista del público destinatario, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el sintagma en cuestión y los productos comprendidos en las clases 32 y 33.

(véanse los apartados 37 a 40)
2

La regla 16, la regla 17, apartado 2, y la regla 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), disponen: «Regla 16 Hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición 1. Los escritos de oposición podrán incluir pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos pertinentes. 2. En el caso de que la oposición se base en una marca anterior que no sea marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o solicitud de dicha marca anterior, tales como un certificado de registro. En el caso de que la oposición se base en una marca notoriamente conocida a efectos de la letra c) del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento, o renombrada a efectos del apartado 5 del artículo 8, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas que acrediten su condición de notoriamente conocida o renombrada. En el caso de que se presente la oposición basándose en cualquier otro derecho anterior, el escrito de oposición irá acompañado de la prueba adecuada que acredite la adquisición y el ámbito de protección de tal derecho. 3. En el caso de que los pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones y los demás documentos acreditativos contemplados en el apartado 1 y la prueba mencionada en el apartado 2 no se remitan junto con el escrito de [oposición] o con posterioridad al mismo, podrán serlo en el plazo que la Oficina fije, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la Regla 20, después de que se hayan iniciado los procedimientos de oposición. Regla 17 Uso de las lenguas en los procedimientos de oposición […] 2. En el caso de que los documentos acreditativos de la oposición, como se establece en los apartados 1 y 2 de la Regla 16, no se presentaren en la lengua de los procedimientos de oposición, la parte que presente la misma deberá presentar una traducción de tales documentos a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición o, cuando proceda, en el plazo fijado por la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 de la Regla 16. […] Regla 20 Examen de la oposición […] 2. En el caso de que el escrito de oposición no incluya pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones contemplados en los apartados 1 y 2 de la Regla 16, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a que remita estos elementos dentro del plazo que establezca la propia Oficina. Se comunicará al solicitante cualquier observación procedente de la parte que presente oposición y se le dará la oportunidad de responder dentro del plazo fijado por la Oficina.»
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 23 de septiembre de 2009 — España/Comisión

(Asunto T-341/05)

«Agricultura — Organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos — Supresión de las restituciones a la exportación para todos los productos lácteos con destino a Ceuta y Melilla — Requisitos — Principio de no discriminación — Proporcionalidad»

Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Restituciones a la exportación [Art. 34 CE, ap. 2, párr. 2; Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, art. 31, aps. 2, letra c), y 3; Reglamento (CE) no 909/2005 de la Comisión] (véanse los apartados 21, 38, 48, 49, 69, 72, 74 y 94 a 96)

Objeto

Recurso de anulación del Reglamento (CE) no 909/2005 de la Comisión, de 16 de junio de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 154, p. 10), en la medida en que menciona a Ceuta y a Melilla entre los destinos agrupados bajo el código de destinos L 01 de su anexo.

Fallo

1) Anular el anexo del Reglamento (CE) no 909/2005 de la Comisión, de 16 de junio de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos, en la medida en que menciona a Ceuta y a Melilla entre los destinos agrupados bajo el código de destinos L 01.

2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 23 de septiembre de 2009 — España/Comisión

(Asunto T-341/05)

«Agricultura — Organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos — Supresión de las restituciones a la exportación para todos los productos lácteos con destino a Ceuta y Melilla — Requisitos — Principio de no discriminación — Proporcionalidad»

Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Restituciones a la exportación [Art. 34 CE, ap. 2, párr. 2; Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, art. 31, aps. 2, letra c), y 3; Reglamento (CE) no 909/2005 de la Comisión] (véanse los apartados 21, 38, 48, 49, 69, 72, 74 y 94 a 96)

Objeto

Recurso de anulación del Reglamento (CE) no 909/2005 de la Comisión, de 16 de junio de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 154, p. 10), en la medida en que menciona a Ceuta y a Melilla entre los destinos agrupados bajo el código de destinos L 01 de su anexo.

Fallo

1) Anular el anexo del Reglamento (CE) no 909/2005 de la Comisión, de 16 de junio de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos, en la medida en que menciona a Ceuta y a Melilla entre los destinos agrupados bajo el código de destinos L 01.
103

Como el examen de conjunto de las medidas controvertidas exigía aplicar el principio del inversor privado en una economía de mercado, no sólo a las medidas adoptadas por BSCA, sino también a las medidas adoptadas por la Región Valona, no procede examinar la última parte del motivo de la demandante relativo a la aplicación errónea del principio del inversor privado en una economía de mercado a BSCA. En efecto, no cabe excluir que la aplicación de dicho principio al conjunto formado por la Región Valona y BSCA hubiera producido unos resultados diferentes.
125

Por otra parte, el hecho de que la demandante optase por no solicitar una audiencia oral no puede interpretarse como una cooperación que le permita obtener una reducción del importe de la multa que se le impuso. En efecto, para que la cooperación de una empresa le dé derecho a una eventual reducción del importe de su multa con arreglo al punto 3 de las Directrices debe tratarse de una «colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento», es decir, de un comportamiento que permita a la Comisión comprobar con menos dificultad la existencia de la infracción y ponerle fin (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, apartado 36, y de , SGL Carbon/Comisión, C-328/05 P, Rec. p. I-3921, apartado 83). La renuncia a una audiencia formal, aún suponiendo que haya permitido que la Comisión no retrasara la adopción de la Decisión, no puede calificarse de colaboración a efectos del punto 3 de las Directrices.
107

En efecto, de la lectura del artículo 43 del Reglamento no 40/94, en relación con la regla 22 del Reglamento no 2868/95, se desprende que, tras la recepción por la OAMI de una oposición contra una solicitud de marca comunitaria, ésta transmitirá dicha oposición al solicitante de esa marca y le señalará un plazo para presentar sus observaciones al respecto. Por constituir la prueba del uso efectivo de la marca, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento no 40/94, una petición que únicamente puede proceder del solicitante de la marca comunitaria, deberá ser formulada expresamente ante la División de Oposición, ya que esta solicitud tiene por efecto modificar la naturaleza del litigio, al hacer que recaiga sobre el oponente una obligación que no le incumbía necesariamente.