SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 29 de febrero de 1996

Asunto T-280/94

Orlando Lopes

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Desestimación de candidaturas para la promoción — Horario flexible — Demandas de anulación y de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-239

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de dos decisiones en las que se desestima la candidatura del demandante para la promoción y de una decisión por la que se le deniega la autorización para disfrutar de un horario de trabajo flexible, así como la reparación de los perjuicios material y moral que considera que le han irrogado el comportamiento de sus superiores jerárquicos y las decisiones impugnadas.

Resultado:

Anulación de la decisión comunicada al demandante el 11 de febrero de 1994, por la que se desestima su candidatura a los puestos declarados vacantes mediante la convocatoria no CJ 68/92, y de la decisión por la que se deniega la reclamación Cont. 12/94-R presentada contra dicha decisión. Desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El demandante presentó su candidatura a uno de los dos puestos de jurista lingüista principal en la División de Traducción portuguesa, declarados vacantes mediante la convocatoria no CJ 68/92, publicada el 2 de diciembre de 1992.

Después de efectuar un examen comparativo de las candidaturas presentadas y de comprobar que ninguna de ellas cumplía las exigencias establecidas en la convocatoria para proveer vacante no CJ 68/92, el Comité administrativo del Tribunal de Justicia decidió, en su reunión de 15 de marzo de 1993, «excluir las candidaturas presentadas [...] y suspender la provisión de los dos puestos». A cada uno de los candidatos se comunicó la desestimación de su candidatura (dicha decisión desestimatoria fue objeto, en particular, del recurso T-547/93, interpuesto por el demandante).

Posteriormente, el demandante presentó su candidatura para uno de los dos puestos de jurista lingüista principal en la División de Traducción portuguesa, declarados vacantes mediante la convocatoria no CJ 82/93, publicada el 20 de diciembre de 1993.

Paralelamente al desarrollo del procedimiento de provisión de los puestos contemplados en la convocatoria para proveer vacante no C J 82/93, el Comité administrativo del Tribunal de Justicia reanudó el procedimiento de provisión de los puestos a que se refería la convocatoria no CJ 68/92, sin publicar una nueva convocatoria para proveer vacante, si bien examinando de nuevo las candidaturas que se habían presentado en un primer momento. Al término de este examen, el Comité administrativo nombró a dos de los candidatos para los puestos declarados vacantes mediante la convocatoria no CJ 68/92, y a otros dos candidatos para los puestos declarados vacantes mediante la convocatoria no CJ 82/93, como jurista lingüista principal. Mediante dos comunicaciones escritas de 11 de febrero de 1994, se informó al demandante de la desestimación de su candidatura para dichos puestos. El demandante interpuso una reclamación contra las dos decisiones antes citadas, que se registró con el número Cont. 12/94-R, y que fue denegada mediante resolución de la demandada de 27 de junio de 1994.

Por otro lado, ei Secretario dei Tribunal de Justicia denegó al demandante la autorización para disfrutar de un horario de trabajo flexible con el fin de poder asistir a unos cursos en la Universidad de Tréveris. La reclamación que presentó contra dicha denegación, registrada con el número Cont. 2/94-R, fue desestimada mediante decisión de la demandada de 29 de abril de 1994.

Sobre la petición formulada por la parte demandada, por la que se solicita que se excluya de los autos una comunicación escrita de 24 de junio de 1987

El demandante presentó, como anexo a su escrito de réplica, un documento procedente del expediente de otro asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia. La parte demandada solicita que se retire dicho documento de los autos por inobservancia de la norma según la cual los expedientes de los asuntos de que está conociendo el Tribunal revisten un carácter confidencial.

Este Tribunal considera que un funcionario que trabaja en una Institución no puede consultar los expedientes de los asuntos pendientes, salvo en aquellos casos en que dicha consulta resulte necesaria para los cometidos específicos que le están confiados — lo que no es el caso. En efecto, cualquier otra interpretación podría privar de todo su sentido al apartado 3 del artículo 5 de las Instrucciones al Secretario de 3 de marzo de 1994, conforme al cual sólo tendrán acceso al expediente de un asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia los Abogados, los Agentes de las partes que intervengan en dicho asunto o las personas a las que éstas hayan autorizado en debida forma.

Sin embargo, dadas las circunstancias concretas del presente caso, este Tribunal de Primera Instancia considera que no procede retirar de los autos el documento controvertido. En efecto, éste contenía un informe sobre la competencia, el rendimiento o el comportamiento del demandante, de los previstos en el artículo 26 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), el cual, por lo tanto, le hubiera debido ser comunicado y ser incorporado a su expediente personal. Por lo demás, el demandante ha invocado dicho documento como indicio que estima puede servir para acreditar haberse incurrido en una desviación de poder en perjuicio suyo.

Sobre las pretensiones de anulación

En cuanto al motivo, fundado en la falta de base jurídica, referente en concreto a la anulación de la decisión desestimatoria de la candidatura del demandante a los puestos contemplados en la convocatoria para proveer vacante no CJ 68/92, comunicada el 11 de febrero de 1994

Este motivo plantea la cuestión de si la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), después de desestimar todas las candidaturas para un puesto declarado vacante, puede examinarlas de nuevo al objeto de adoptar una nueva decisión en lo relativo a las exigencias establecidas en el primera convocatoria para proveer vacante, si bien teniendo en cuenta los cambios sobrevenidos entre tanto en la capacitación o en las aptitudes de los candidatos.

Al actuar de esta forma, la AFPN se coloca en condiciones de proveer un puesto vacante mediante el nombramiento de aquellos candidatos que, tanto en la fecha límite para la presentación de las candidaturas como al efectuar el examen comparativo de sus méritos, no reunían los requisitos exigidos por la primera convocatoria para proveer vacante, razón por la cual les había excluido, con toda razón. Por consiguiente, la AFPN debe efectuar su elección con arreglo a dicha convocatoria original, mantenida en sus propios términos, por lo cual utilizar el citado procedimiento equivale a una suavización retroactiva de los requisitos que exige, a favor únicamente de dichos candidatos. Este Tribunal de Primera Instancia considera que, al actuar de esta forma, la AFPN ha incumplido la obligación que le incumbe de observar escrupulosamente las exigencias establecidas en la convocatoria para proveer vacante, que constituye el marco normativo que se ha impuesto a sí misma.

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991); Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Me Avoy/Parlamento (T-45/91, Rec. p. II-83)

Este Tribunal de Primera Instancia señala además que, si bien la AFPN, ante la falta de candidatos que, en la fecha de publicación de la convocatoria para proveer vacante, cumplieran los requisitos establecidos en ella, podía limitarse a esperar que sus aptitudes mejoraran para reanudar después el examen únicamente de sus candidaturas, con ello excluiría de su campo de selección a los funcionarios que, en la citada fecha, con arreglo a una adecuada valoración de sus capacidades, aún no hubieran presentado su candidatura. Pues bien, dicha conclusión podría perjudicar a las personas cuyas aptitudes entre tanto hubieran pasado a ser comparables, si no superiores, a las de los candidatos que hubieran presentado prematuramente sus candidaturas. Dicho resultado sería manifiestamente contrario a la finalidad perseguida por el párrafo primero del artículo 27 y por el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, a saber, seleccionar aquellos funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia y la provisión de los puestos vacantes con arreglo a dicho criterio. Además, la AFPN ignora el papel esencial desempeñado por la convocatoria para proveer vacante, que es el de informar a los interesados de la forma más exacta posible acerca de la índole de los requisitos exigidos para desempeñar el puesto de que se trata, con el fin de colocarles en situación de apreciar si procede que presenten su candidatura.

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, Rec. p. 1099); Tribunal de Primera Instancia, 8 de noviembre de 1990, Bataille y otros/Parlamento (T-56/89, Rec. p. II-597), apartado 48; Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunal de Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartado 62

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, en estas circunstancias, la AFPN de la demandada no podía volver a examinar las candidaturas que había excluido en un primer momento.

Sobre los motivos relativos a la anulación de la decisión desestimatoria de la candidatura del demandante a los puestos que fueron objeto de la convocatoria para proveer vacante no CJ 82/93

Este Tribunal de Primera Instancia considera que los cinco motivos del demandante, fundados respectivamente en la inobservancia de las reglas que requieren competencia, en la infracción de los artículos 26 y 43 del Estatuto, en la vulneración del párrafo primero del apartado 1 del artículo 45 del Estatuto, en la violación del principio de la igualdad de trato y en la violación del principio de las posibilidades de carrera, se fundamentan sensiblemente en los mismos argumentos de hecho y de derecho, documentos y escritos que los invocados por el demandante en apoyo de su recurso inteipuesto en el asunto T-547/93, en particular en el marco de los motivos primero, segundo y quinto, por lo cual deben desestimarse por los mismos motivos ya expuestos en la sentencia dictada en el citado asunto con la misma fecha.

Sobre el motivo referente a la anulación de la decisión denegatoria de la autorización para disfrutar de un horario de trabajo flexible, fundado en la falta de motivación

La obligación establecida en el párrafo primero del artículo 25 del Estatuto tiene como finalidad, por una parte, facilitar al interesado una indicación suficiente para apreciar la fundamentación del acto que le resulta lesivo, dándole la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra parte, permitir a éste ejercer su control.

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861); Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121); Tribunal de Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión (asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171); Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/Comisión(T-586/93, RecFP p. II-203)

Su alcance debe apreciarse, en cada caso, en función de las circunstancias concretas, en especial del contenido del acto, de la índole de los motivos invocados así como del interés que puede tener el destinatario en recibir explicaciones. De esta forma una decisión está suficientemente motivada cuando se dicta en un contexto conocido por el demandante que le permita comprender su alcance.

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de marzo de 1988, Hecq/Comisión (19/87, Rec. p. 1681); Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497)

En el presente caso, la demandada ha justificado legalmente su negativa alegando que ninguna disposición del Estatuto ni ninguna decisión de alcance general adoptada por la AFPN competente del Tribunal de Justicia prevén la posibilidad de disfrutar de un horario flexible. Dado que no se consideraba facultada legalmente para conceder una autorización como la solicitada por el demandante, la demandada no disponía de ningún margen de apreciación y, por consiguiente, no estaba obligada a motivar la oportunidad de su decisión. Este Tribunal de Primera Instancia recuerda que la exigencia de motivación no debe confundirse con el control de la legalidad interna de la decisión, sobre el cual versa, en el presente caso, el segundo motivo invocado por el demandante.

Sobre el motivo referente a la anulación de la decisión denegatoria de la autorización para disfiutar de un horario de trabajo flexible, fundado en la infracción del apartado 3 del artículo 24 del Estatuto y de sus disposiciones generales de ejecución

A tenor de la primera frase del párrafo segundo del artículo 55 del Estatuto, la duración normal del trabajo de los funcionarios no podrá exceder de cuarenta y dos horas semanales, según un horario general establecido por la AFPN. Del cuarto guión del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión del Tribunal de Justicia sobre la AFPN se deduce que el Tribunal de Justicia es competente para la fijación de dicho horario general.

El párrafo tercero del artículo 24 del Estatuto, conforme al cual las Comunidades facilitarán el perfeccionamiento profesional del funcionario en la medida en que sea compatible con las exigencias del buen funcionamiento de los servicios y conforme a sus propios intereses, no permite introducir excepciones en el horario de trabajo así fijado. En esta materia, el Estatuto se limita a precisar, en su artículo 57 en relación con el párrafo segundo del artículo 6 de su Anexo V, que la Institución puede conceder una licencia especial, dentro del límite previsto en el programa de perfeccionamiento profesional aprobado por ella, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero de su artículo 24.

Por lo demás, consta que la expresión «horario flexible» alude a una forma de organización y de gestión del tiempo de trabajo de los funcionarios la cual, en la época en que sucedieron los hechos, no se hallaba prevista ni en el Estatuto ni en el horario general de trabajo aprobado por el Tribunal de Justicia ni en ninguna otra decisión de ejecución adoptada por la AFPN. En la medida en que la demandada considera difícilmente compatible con las exigencias del buen funcionamiento de sus servicios la introducción de un horario flexible, este Tribunal de Primera Instancia recuerda que las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para organizar sus servicios en función de las misiones que les están encomendadas.

Referencia: Hecq/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465)

El párrafo primero del artículo 56 del Estatuto en relación con el octavo guión del apartado 1 del artículo 5 de la Decisión del Tribunal de Justicia sobre la AFPN, conforme a la cual el trabajo nocturno así como en domingo o en días festivos sólo podrá ser autorizado mediante un procedimiento aprobado por el Secretario, tiene por objeto proteger los intereses de los funcionarios en situaciones muy especiales, de urgencia o de acumulación extraordinaria de trabajo en las cuales el interés de la Institución exige el citado horario de trabajo. Dichas disposiciones se desviarían completamente de su finalidad si pudieran servir para autorizar el tipo de horario flexible de que pretende disfrutar el demandante.

Sobre las pretensiones de indemnización

En las circunstancias del presente caso, este Tribunal de Primera Instancia considera que la anulación del acto impugnado reparará adecuadamente el perjuicio irrogado al demandante por la segunda decisión por la que se desestimaba su candidatura a los puestos contemplados en la convocatoria para proveer vacante no CJ 68/92, notificada el 11 de febrero de 1994.

Por lo demás, este Tribunal de Primera Instancia señala que la demanda de indemnización pretende reparar el perjuicio supuestamente causado por los actos lesivos cuya anulación también se solicita así como, en su caso, por las medidas preparatorias de dichos actos. Dichas demandas se hallan estrechamente relacionadas entre sí, de forma que la desestimación de las pretensiones de anulación debe provocar la desestimación de las pretensiones de indemnización.

Fallo:

Se desestima la petición formulada por la parte demandada el 10 de enero de 1995, por la que se solicita que se retire de los autos un documento anejo a la réplica presentada en el asunto T-280/94 y determinados pasajes de ésta.

Se anula la decisión de la parte demandada comunicada al demandante el 11 de febrero de 1994, por la que se desestima su candidatura a los puestos declarados vacantes mediante la convocatoria no CJ 68/92, así como la decisión de la parte demandada de 27 de junio de 1994, en la medida en que deniega la parte de la reclamación Cont. 12/94-R interpuesta contra dicha decisión.

Se desestima el recurso en todo lo demás.