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8.

La presente petición de decisión prejudicial versa principalmente sobre la interpretación de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009 (que se ocupa de los aspectos de ayuda estatal de un régimen fiscal español que prevé la amortización fiscal del fondo de comercio financiero tras la adquisición de participaciones extranjeras), tal como se aplica por el Reino de España. ( 9 ) Asimismo, la remisión trata de la validez de la decisión de la Comisión de incoar un procedimiento conforme al artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con la Ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) — Amortización fiscal del Fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones en entidades no residentes, ( 10 ) y de la Decisión de la Comisión (UE) 2015/314, de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) ejecutada por España Régimen relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras [notificada con el número C(2014) 7280]. ( 11 )
150.

En cuando a las alegaciones formuladas por Telefónica, ninguna de ellas demuestra que el Tribunal General haya desnaturalizado de manera manifiesta los términos de dichos preceptos. El que la hipótesis mencionada por el Tribunal General sea o no secundaria no menoscaba en nada el hecho de que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 17/2006, el remanente, siempre que no rebase el 10 % de los costes anuales presupuestados de RTVE, se ingresa en un fondo de reserva y, en la medida en que supere ese límite, se ingresa en el Tesoro Público, lo cual Telefónica no niega en modo alguno. Además, contrariamente a lo que ésta sostiene, a partir de estos datos, el Tribunal General llegó a la conclusión no de que la cuantía de la ayuda fuera independiente de la cuantía de la recaudación fiscal, sino de que el importe de esta última no podía influir «directamente» en la cuantía de la ayuda pagada a RTVE.
102.

En consideración de todo lo expuesto, se ha de responder a las cuestiones prejudiciales del Tribunal Arbitral Tributário de la forma siguiente: «1) Una factura que, como mención de la naturaleza de los servicios prestados, únicamente contiene la designación «servicios jurídicos prestados» satisface las exigencias del artículo 226, punto 6, de la Directiva 226/112/CE, a no ser que la legislación nacional disponga, de manera conforme con el Derecho de la Unión, un trato diferente a efectos del IVA para determinados servicios jurídicos. 2) Una factura que, como mención del alcance de los servicios prestados, únicamente contiene la designación «servicios jurídicos prestados desde una determinada fecha hasta la presente» o «servicios jurídicos prestados hasta la fecha» no satisface las exigencias del artículo 226, punto 6, de la Directiva 2006/112/CE. 3) Una factura que, como mención de la fecha de la prestación, únicamente contiene la designación «servicios jurídicos prestados hasta la fecha» no satisface las exigencias del artículo 226, punto 7, de la Directiva 2006/112/CE. 4) Con arreglo al artículo 178, letra a), de la Directiva 2006/112/CE, para el ejercicio del derecho a deducir en principio no basta con que el destinatario de la factura, que reclama la deducción, complete las menciones que, en contra del artículo 226, puntos 6 y 7, faltan en la factura mediante otra información, si dicha información no constituye documentos que se consideren parte de la propia factura. Sin una rectificación de la factura, en ese caso es posible ejercer el derecho a deducir si la rectificación, pese a todo, ya no puede cumplir con su función de control respecto del emisor de la factura.»
24.

En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander decidió, mediante auto de 10 de septiembre de 2014 recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el mismo día, mantener la suspensión del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) [a)] Si la Disposición Transitoria 4a […] debe interpretarse en el sentido de que no puede constituirse en obstáculo a la protección del consumidor. [b] Si, de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad[,] al consumidor le está permitido denunciar la presencia de cláusulas abusivas más allá del tiempo previsto en la norma nacional para realizar esa denuncia[,] de manera que el juez nacional tenga que enjuiciar dichas cláusulas. [c] Si, de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad[,] el juez nacional debe apreciar de oficio la existencia de una cláusula abusiva, extrayendo las consecuencias procedentes, aun cuando previamente haya resuelto en sentido contrario o haya declinado esa apreciación en resolución firme conforme a la norma procesal nacional. [2)] ¿Conforme a qué criterios puede influir la relación calidad/precio en el control de abusividad de los términos no esenciales del contrato? A la hora de abordar tal control indirecto de este tipo de elementos ¿es pertinente tomar en consideración las limitaciones legales a los precios impuestas en normas nacionales? ¿Puede ocurrir que unos pactos válidos tomados en abstracto pierdan validez tras considerar que [el] precio de la operación [resulta] muy elevado sobre el normal del mercado? [3)] ¿A los efectos del artículo 4 de la Directiva [93/13] es posible tomar en cuenta las circunstancias posteriores a la celebración del contrato si a ello conduce la inquisición de la norma nacional? [4)] [a)] Si el artículo 693.2 de la LEC, reformado por la Ley 1/2013, debe interpretarse en el sentido de que no puede ser obstáculo a la protección del interés del consumidor. [b)] Si de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad[,] cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva acerca del vencimiento anticipado debe tenerla por no puesta y extraer las consecuencias a ello inherentes[,] incluso aun cuando el profesional haya esperado el tiempo mínimo previsto en la norma nacional.»
19.

Los demandantes en el procedimiento principal alegan que no participaron en prácticas concertadas en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, o del Derecho nacional. Las agencias de viajes en cuestión sostienen que no se había acreditado su propósito de reducir los descuentos y que la restricción técnica fue un acto unilateral de Eturas. Algunos demandantes sostienen no haber leído el aviso del sistema. Debido a la escasa importancia del sistema —pues los ingresos por viajes vendidos a través del sistema E‑TURAS constituyen una fracción muy pequeña de sus ingresos totales (por ejemplo, un 0,12 %, 0,2 % o 0,0025 %)— las agencias de viajes no lo seguían con atención. Explican que utilizaban el sistema por su facilidad de uso para las ventas en línea, la falta de otros sistemas alternativos en el mercado y el coste prohibitivo de desarrollar sus propios sistemas en línea. En principio, los descuentos no estaban restringidos, dado que las agencias de viaje conservaban la posibilidad de aplicar descuentos adicionales por fidelidad a clientes concretos.
46.

Así se deprende, en efecto, de la información facilitada por Fedasil durante su intervención en el acto de la vista, corroborada por el Gobierno belga. Del debate mantenido sobre el particular entre las partes se desprende que el problema no es tanto, en último término, si la retroactividad de la Ley de 2014 alcanza también a las ayudas —respecto de lo cual no se ha dado argumento alguno en el sentido de que no sea así—, cuanto el cálculo del montante de las dejadas de percibir durante el período litigioso y a las que el Sr. Tall tendría ahora derecho en virtud de la nueva normativa. El problema se cifraría, pues, en último término, en la determinación del componente de la ayuda material que, por su propia naturaleza, no podría ser restituida en su momento in natura, sino sólo por equivalencia, requiriendo, por tanto, de un cálculo en el que se atiendan las circunstancias específicas del Sr. Tall, cuestión que habrá de ponderar y resolver el órgano judicial de reenvío.
26.

Aunque los procedimientos no litigiosos sin carácter jurisdiccional (como la actuación de un órgano jurisdiccional nacional en su condición de autoridad administrativa) ( 5 ) en principio no pueden ser objeto de una petición de decisión prejudicial, ésta sí puede admitirse, en materia de jurisdicción voluntaria, cuando en el marco de tal procedimiento de naturaleza no litigiosa no se atienda la solicitud y surja entonces un litigio al respecto. ( 6 )
24.

En apoyo de esta tesis, la Comisión invoca un documento de trabajo de elaboración propia. ( 6 ) Asimismo, la Comisión se basa en la economía del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 92/83, y observa que la letra d) de este precepto debe leerse en el contexto de sus letras c) y e). A este respecto, la Comisión señala, haciendo referencia al artículo 27, apartado 1, letra c), de la citada Directiva, en el que se establece un supuesto de exención para el alcohol utilizado «para la producción de vinagre, del código NC 2209», que el alcohol, incluido el vino, forma parte directa de la producción de vinagre. Además, en lo que se refiere al artículo 27, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, que prevé un supuesto de exoneración para el alcohol utilizado «en la preparación de aromatizantes para la elaboración de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas cuyo grado alcohólico volumétrico adquirido no supere el 1,2 %», la Comisión indica que el alcohol se utiliza, en principio, como disolvente.
48.

Esta interpretación del significado y del alcance del quinto considerando es compatible con la jurisprudencia Nakajima. De la sentencia Nakajima/Consejo no se deduce que toda desviación material respecto del Acuerdo antidumping dé lugar automáticamente a la inaplicación del Reglamento de base, pues dicha sentencia versaba sobre unas disposiciones diferentes, en concreto, el Reglamento no 2423/88 y el Código antidumping de 1979. Tampoco la sentencia Petrotub y Republica, ( 32 ) que ya tenía por objeto el Reglamento de base y el Acuerdo antidumping, permite llegar, sin más, a tan amplia conclusión. Aunque en ella se recalca que el Reglamento de base «tiene por objeto específicamente incorporar a la legislación comunitaria, en la mayor medida posible, [ ( 33 ) ] las nuevas y detalladas normas del Código antidumping de 1994, entre las que se incluyen, en particular, las relativas al cálculo del margen de dumping», y en el apartado siguiente concluye que «queda de manifiesto, por tanto, que la Comunidad adoptó el Reglamento de base para cumplir sus obligaciones internacionales derivadas del Código antidumping de 1994». ( 34 ) No obstante, dicha sentencia se refiere a una normativa específica para calcular el margen de dumping aplicando métodos asimétricos o simétricos, ( 35 ) que no son objeto de debate en el presente procedimiento.
34.

En tercer lugar, la obligación del legislador de la Unión, reiterada en el artículo 82, apartado 2, párrafo primero, última frase, TFUE, de tener en consideración las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros hace que no pueda imponerse un sistema procesal único. No obstante, en su diversidad, los sistemas procesales estatales deberán respetar los principios en cuestión en su aplicación, so pena, en caso de no hacerlo, de ser considerados inválidos. El control sobre este punto es principalmente responsabilidad de los órganos jurisdiccionales nacionales, que tienen a su disposición la posibilidad de preguntar al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento prejudicial, en caso de dificultades. Quiero destacar, a este respecto, que las cuestiones de Derecho penal, en particular en sentido estricto, son competencia de los órganos judiciales y que las tradiciones constitucionales de los Estados miembros los convierten en garantes de las libertades individuales.
43.

Por lo tanto, procede declarar que el criterio del contenido constante del producto en sólidos no tiene por objeto excluir la ampliación del plazo. No tiene relación ninguna con los objetivos de la ampliación del plazo y no justifica que se diferencie frente a otras instalaciones.
43.

La Comisión comienza alegando que procede declarar la inadmisibilidad de este primer motivo de casación, en la medida en que intenta obtener el reexamen de la sentencia dictada en primera instancia. En todo caso lo considera carente de fundamento, pues el Tribunal General juzgó legítimamente y conforme a la cosa juzgada, al término de una jurisprudencia constante, ( 25 ) que la nota de adeudo controvertida era, no un acto de carácter ejecutivo, sino un acto de trámite de carácter meramente informativo, realizado en el contexto de un litigio meramente contractual. La Comisión añade que la nota de débito controvertida no constituye la expresión de prerrogativas de poder público y, por lo tanto, no puede considerarse disociable del contexto contractual en el que se inscribe. ( 26 )
20.

En primer lugar procede señalar que las partes en el litigio principal no cuestionan que, en el momento en que se presentó la solicitud de patente en Reino Unido, es decir, el 10 de octubre de 1991, Polonia no había introducido la protección de patentes para productos farmacéuticos en su legislación. Tampoco es cuestión controvertida que la legislación de Polonia no preveía la existencia de certificados complementarios de protección en el momento en el que éste fue solicitado en Reino Unido, a saber, el 8 de julio de 1998. Así pues, la resolución de remisión versa sobre la interpretación del mecanismo específico y no sobre si resulta aplicable o no.
33.

El Gobierno británico considera que el Tribunal de Justicia ha de ser muy prudente en cuanto a la determinación de las condiciones del agotamiento de ese derecho. A su juicio, no debería llegarse a la conclusión de que no hay agotamiento cuando se reutilizan o reciclan las copias de una obra bajo formas diferentes. En su opinión, la cuestión clave, una vez que ha tenido lugar la primera venta autorizada de un objeto, es saber si la producción de un nuevo artículo supone una reproducción no autorizada de la creación intelectual del autor. De no ser el caso, nada impediría que el comprador utilizara el artículo de la manera que le parezca conveniente.
24.

Por su parte, la versión en lengua inglesa del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166 obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas oportunas «to ensure that civil liability in respect of the use of vehicles normally based in its territory is covered by insurance». ( 8 ) Las versiones búlgara, checa, estonia, letona, maltesa, eslovaca, eslovena y finlandesa también hacen referencia al concepto de utilización de los vehículos.
27.

La circunstancia de que el adjudicatario de la adjudicación directa no persiga ánimo de lucro carece de pertinencia a efectos de la aplicación de la excepción «in house». En efecto, la aplicación de dicha excepción se fundamenta en la relación interna existente entre la entidad adjudicadora y el adjudicatario, que da lugar a que no exista una confrontación entre dos voluntades autónomas que representan intereses jurídicos distintos. ( 16 ) Por tanto, no sólo es independiente de la naturaleza jurídica del adjudicatario, sino también de que éste tenga o no ánimo de lucro. Además, de la jurisprudencia se desprende que el hecho de que la finalidad de una entidad y, en particular, una asociación, no sea la obtención de lucro no excluye en modo alguno que ésta ejerza una actividad económica y, por tanto, no puede excluir por sí misma a dicha entidad de la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos. ( 17 )
120.

La SNCM reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado la Decisión controvertida al considerar que la Comisión había alegado que el hecho de que la medida en cuestión no se derivase de las estrictas obligaciones legales y por convenio no podía, por definición, excluir la naturaleza de ayuda de Estado. La SNCM estima asimismo que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al rebasar el margen de que dispone la Comisión en la apreciación de situaciones económicas complejas. La SNCM y la República Francesa reprochan por último al Tribunal General no haber motivado su sentencia al calificar la medida controvertida de ayuda de Estado sin comprobar, con carácter subsidiario, si dicha medida se ajustaba o no al criterio del inversor privado prudente, como sostenía sin embargo la Comisión en el considerando 378 de la Decisión controvertida.
67.

No se puede negar, desde luego, que el reconocimiento del derecho de residencia para los miembros de la familia contemplados en el artículo 2, número 2, letra c), de la Directiva 2004/38 implica el acceso al mercado de trabajo del Estado miembro de acogida, como ha previsto expresamente el legislador de la Unión. Sin embargo, el círculo de los beneficiarios de los derechos indirectamente conferidos por la Directiva 2004/38 se define de modo más bien restrictivo, y, respecto a dicho artículo 2, número 2, letra c), en particular, los descendientes en línea directa mayores de 21 años deben, en todo caso, ser reconocidos como miembros de la familia a cargo por las autoridades del Estado miembro de acogida. De este modo, el legislador de la Unión, a iniciativa del Consejo, ( 45 ) ha establecido una salvaguardia, a la vez que vela por preservar para los ciudadanos de la Unión de que se trate la propia esencia de la reagrupación familiar. Procede recordar que la apreciación de la condición de miembro de la familia a cargo de un ciudadano de la Unión, si se hace con arreglo a mi propuesta contenida en el punto 61 de las presentes conclusiones, debería garantizar la detección de situaciones creadas artificialmente y tranquilizar a los Estados miembros respecto a los riesgos que creen que corre su mercado de trabajo, máxime cuando el derecho de acceder a dicho mercado se concede únicamente a los componentes de la familia nuclear, según los he descrito supra.
28.

La inclusión de las empresas comerciales en la exención para los servicios de educación no se opone tampoco al objetivo de dicha exención. ( 12 ) En efecto, según declaró el Tribunal de Justicia en relación con la enseñanza universitaria, tal objetivo puede consistir en no hacer inaccesibles los servicios de educación a causa del aumento de los costes que tendrían si estuviesen sujetos al IVA. ( 13 ) Si bien es cierto que de dicho objetivo no se pueden deducir directamente los criterios por los cuales se ha de determinar qué organismos privados quedan exentos del impuesto, su consecución se me antoja independiente, en principio, de la cuestión de si tales servicios de educación se prestan con fines comerciales o no.
28.

En efecto, desde un punto de vista literal, es preciso reconocer que el tenor del artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87 no carece ciertamente de ambigüedades. Dicho esto, en la medida en que todo el sistema se basa en la premisa de que los titulares poseen un permiso de emisión y, como consecuencia de dicho permiso, se les ha asignado un determinado número de derechos de emisión, resulta que un «exceso de emisiones» en el sentido de dicho artículo se refiere necesariamente a una emisión que no está cubierta por un derecho de emisión asignado y poseído. Se desprende también del tenor de dicho artículo que la sanción afecta a «cualquier titular que no entregue suficientes derechos de emisión […] para cubrir sus emisiones del año anterior» ( 45 ) cuando podría haberse limitado a indicar «todo titular que no efectúe la entrega». Hay que deducir de esta precisión que la multa impuesta en virtud del citado artículo no sanciona el incumplimiento de la obligación de entrega per se sino, por el contrario, el incumplimiento de la obligación de entrega que se deriva de que un titular no posea derechos de emisión suficientes para cubrir sus emisiones y de no haberlos adquirido en el mercado, con la consecuencia de que dicho titular cometió un exceso de emisiones consideradas no autorizadas.
40.

Esta argumentación no puede aceptarse. Los solicitantes de visado están sometidos a costes y a cargas administrativas que no tiene que soportar un viajero que entra sin obligación de visado. Asimismo, el visado no garantiza seguridad jurídica alguna, pues su posesión no confiere un derecho de entrada automático. ( 19 ) Puede concebirse una política de visados distinta. En cualquier caso, no se ha alegado que no se derive obstáculo alguno para la entrada de la obligación de visado en el caso de autos.
70.

Opino (al igual que la Comisión) que la Sexta Directiva y, en particular, sus artículos 13, parte C, y 20, apartado 1, no autoriza a los Estados miembros a exigir el importe de una regularización del IVA correspondiente a una primera operación entre un primer sujeto pasivo y un segundo sujeto pasivo en favor de un tercer sujeto pasivo que no guarda relación alguna con dicha operación. Una disposición de este tipo superaría el margen de apreciación concedido a los Estados miembros.
66.

No obstante, no cabe entender que la producción de energía eléctrica se encuentre en una situación de competencia directa con otras ramas de la economía. La puesta a disposición de energía eléctrica por red no puede sustituirse en condiciones económicamente defendibles. Por lo tanto, un trato desigual de las ramas de la economía no puede obstaculizar de manera sensible la competencia o la eficacia del mecanismo de mercado. Conclusión parcial
53.

El mantenimiento de la remuneración en los procedimientos principales se refiere sólo a mujeres que estén disfrutando del permiso de maternidad. Únicamente se concede en virtud de dicho permiso de maternidad. Conforme al Derecho de la Unión, en su estado actual, los hombres trabajadores pueden tomar un permiso para el cuidado de hijos, pero no un permiso de paternidad comparable al permiso de maternidad. ( 32 ) Tampoco el Derecho finlandés prevé un permiso de paternidad semejante. Por lo tanto, los hombres de antemano no pueden disfrutar del controvertido mantenimiento de la remuneración. En consecuencia, no existe entre trabajadores y trabajadoras la situación comparable que se requiere para poder apreciar una discriminación por razón de sexo, de manera que las condiciones que se imponen al mantenimiento de la remuneración no pueden ir en detrimento de las mujeres frente a los hombres.
–

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva no permite que los órganos jurisdiccionales nacionales prohíban definitivamente al titular de una marca registrada la reanudación del uso de la misma, cuando aquél pone fin a su compromiso con un tercero de no usar dicha marca para determinados productos, mediante la aplicación de la normativa relativa a la competencia desleal y tomando como fundamento, por una parte, que el titular se beneficia de la inversión efectuada por dicho tercero en publicidad de la marca, y, por otra, el hecho de que pueda inducirse a confusión a los consumidores. Sin perjuicio de lo anterior, la Directiva no obsta a que el Derecho nacional prevea una solución distinta.»