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3)

En el supuesto de que se dé una respuesta negativa a la primera cuestión y el asunto litigioso esté comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001, el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas solicita al Tribunal de Justicia que determine si, en el presente asunto, en la medida en que no existe un conflicto entre las disposiciones del artículo 31, apartado 1, del Convenio CMR y las del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001, debe considerarse que, al subsumir las relaciones controvertidas en el ámbito de aplicación del Convenio CMR (convenio especial), se aplican las normas del artículo 31 del Convenio CMR para determinar los órganos jurisdiccionales de qué Estado son competentes sobre la controversia, si lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, del Convenio CMR no es contrario a los objetivos fundamentales del Reglamento (CE) no 44/2001, no conduce a resultados menos favorables para la realización del buen funcionamiento del mercado interior y es suficientemente claro y preciso.
—

Que se condene a la Unión a abonarles las siguientes cantidades: — Para el Sr. Gérard Buono (recurrente no l) y el Sr. Jean Luc Buono (recurrente no 2), que actúan conjuntamente por sus buques GERARD LUC III y IV, se solicita la cantidad de 1 523 588,94 euros. — Para el Sr. Roger Del Ponte (recurrente no 3), que actúa por el buque ROGER CHRISTIAN IV, se solicita la cantidad de 1 068 600 euros. — Para el Sr. Serge Antoine Di Rocco (recurrente no 4), que actúa por el buque ANNE ANTOINE II, se solicita la cantidad de 1 094 800 euros. — Para el Sr. Jean Gérald Lubrano (recurrente no 5), que actúa por el buque VILLE D’ARZEW II, se solicita la cantidad de 855 628,20 euros. — Para el Sr. Jean Lubrano (recurrente no 6) y el Sr. Jean Lucien Lubrano (recurrente no7), que actúan conjuntamente por sus buques GERALD JEAN III y IV, se solicita la cantidad de 1 523 588,94 euros. — Para el Sr. Fabrice Marin (recurrente no 8) y el Sr. Robert Marin (recurrente no 9), que actúan conjuntamente por su buque ERIC MARIN, se solicita la cantidad de 865 784,59 euros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 101/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 27 de diciembre de 2012 — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(Asunto C-609/12)

2013/C 101/16

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandada y recurrente en casación: Ehrmann AG

Demandante y recurrida en casación: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Cuestión prejudicial

¿Debían cumplirse ya en el año 2010 las obligaciones de información que impone el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1924/2006? (1)

(1) Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9), en su última versión modificada por el Reglamento (UE) no 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16).
3)

Si se responde a la segunda cuestión que es válido el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO L 385, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2252/2004 (DO L 142, p. 1), ¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento, a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 8, apartado 2, del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del artículo 7, inicio y letra f), de la Directiva sobre la privacidad, (1) en relación con el artículo 6, apartado 1, inicio y letra b), de dicha Directiva, en el sentido de que para la aplicación de dicho Reglamento por los Estados miembros debe garantizarse legalmente que los datos biométricos recogidos y conservados en virtud de dicho Reglamento no puedan tratarse y utilizarse para fines distintos de la expedición del documento?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 355/12

Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2012 — Comisión Europea/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-427/12)

2012/C 355/20

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Smulders, C. Zadra y E. Manhaeve, agentes)

Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule el artículo 80, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, (1) por cuanto prevé la adopción de medidas para fijar las tasas adeudadas a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) mediante un acto de ejecución en virtud del artículo 291 TFUE, y no mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 290 TFUE.

— Que se mantengan los efectos de la disposición anulada, así como de cualquier acto que pueda ser adoptado con base en la misma, hasta la entrada en vigor, dentro de un plazo razonable, de una nueva disposición que la sustituya.

— Que se condene a las demandadas al pago de las costas.

Con carácter subsidiario, y para el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que esta pretensión de anulación parcial no es admisible:

— Que se anule en su totalidad el mencionado Reglamento.

— Que se mantengan sus efectos, así como los de todo acto que pueda haber sido adoptado con base en el mismo, hasta la entrada en vigor, dentro de un plazo razonable, de una nueva disposición reglamentaria que lo sustituya.

— Que se condene a las demandadas al pago de las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso la Comisión alega un único motivo, basado en la violación del Tratado y, en particular, del sistema de atribución de la potestad reglamentaria que el legislador de la Unión Europea puede atribuir a la Comisión en virtud de los artículos 290 y 291 TFUE.

La Comisión mantiene que es contraria a Derecho la decisión del Consejo y el Parlamento de conferir a la Comisión competencias de ejecución sobre la base del artículo 291 TFUE para fijar las tasas adeudadas a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Según la Comisión, el acto que ella misma debe adoptar sobre la base del artículo 80, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012 es en realidad un acto delegado en el sentido del artículo 290 TFUE, por cuanto tiene como finalidad completar o modificar determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Debido a la naturaleza de la potestad atribuida a la Comisión y a la finalidad del acto que debe ser adoptado en virtud de esta potestad, dicho acto debe ser adoptado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 290 TFUE y no según el procedimiento del artículo 291 TFUE.

(1) DO L 167, p. 1.
—

Que se declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 de la Directiva 2009/136/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE (2) relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE (3) relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para transponer dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado a la Comisión la adopción de tales disposiciones.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 343/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Rostock (Alemania) el 13 de agosto de 2012 — Proceso penal contra Per Harald Lökkevik

(Asunto C-384/12)

2012/C 343/05

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Rostock

Partes en el procedimiento principal

Per Harald Lökkevik

Otra parte: Staatsanwaltschaft Rostock

Cuestión prejudicial

¿El concepto de «ventaja» del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, (1) relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que comprende también el hecho de forzar en apariencia la falta de competencia de la Comisión Europea por la vía de facilitar, en el procedimiento de subvención, datos dirigidos a eludir la obligación de notificar los proyectos de concesión de ayuda regional a la inversión con un coste mínimo total de 50 millones de euros que se establece en el número 2, apartado 1, inciso i), de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, de 7 de abril de 1998 (DO C 107, p. 7)?

(1) DO L 312, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 6 de agosto de 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

(Asunto C-376/12)

2012/C 311/08

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sky Italia Srl

Demandadas: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse las normas comunitarias sectoriales, en particular las disposiciones de la Directiva 2002/20/CE, (1) en el sentido de que se oponen a la normativa nacional citada en la presente resolución, especialmente a la Ley no 266 de 2005, en particular por la forma como se aplica concretamente en virtud de las normas reglamentarias?

(1) Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 287/26

Recurso de casación interpuesto el 19 de julio de 2012 por DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anteriormente Nordmilch AG) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 22 de mayo de 2012 en el asunto T-546/10, Nordmilch AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-346/12 P)

2012/C 287/51

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anteriormente Nordmilch AG) (representante: W. Berlit, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Lactimilk SA

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anulen los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 22 de mayo de 2012 (asunto T-546/10).

— Que se mantengan íntegramente las pretensiones formuladas en primera instancia.

— Que se condene a Lactimilk SA a cargar con todas las costas de la recurrente en todo el procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

Procede anular la resolución del Tribunal General, habida cuenta de que éste incurrió en error al declarar que existe similitud entre la marca solicitada por la recurrente y las marcas de Lactimilk SA, por lo que, debido a su conclusión de que existe riesgo de confusión, aplicó erróneamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94. Incurriendo en error, el Tribunal General no comparó las marcas efectivamente controvertidas en la forma solicitada o registrada (a saber, en mayúsculas), sino que examinó el riesgo de confusión de las dos marcas con una escritura distinta. De este modo, el Tribunal General desnaturalizó los hechos. Además, alega que el Tribunal General consideró erróneamente que la marca solicitada se acentuaba en la segunda sílaba, pese a que la marca solicitada está escrita en mayúsculas, de modo que incluso según el entendimiento lingüístico español la marca solicitada no puede acentuarse únicamente en la segunda sílaba.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 287/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Liège (Bélgica) el 21 de junio de 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

(Asunto C-303/12)

2012/C 287/33

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Liège

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Guido Imfeld, Nathalie Garcet

Recurrida: État belge

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea a la normativa fiscal belga, en particular al artículo 155 del CIR/92 y al artículo 134, apartado 1, párrafo segundo, del CIR/92, al margen de que se aplique o no la circular de 12 de marzo de 2008, no Ci.RH.331/575.420, que tiene por consecuencia que los rendimientos profesionales alemanes del recurrente, exentos conforme al artículo 17 del Convenio para evitar la doble imposición entre Alemania y Bélgica, se incluyan en el cálculo de la cuota del impuesto belga, sirvan de base para la concesión de las ventajas fiscales previstas en el CIR/92 y que las ventajas atribuidas, como la fracción exenta por la situación familiar del recurrente, se reduzcan o reconozcan en menor medida que si ambos recurrentes hubieran obtenido rendimientos de origen belga y la recurrente, y no el recurrido, hubiera obtenido rendimientos más elevados, cuando en Alemania el recurrente tributa en régimen individual por sus rendimientos profesionales y no puede obtener todos los beneficios fiscales derivados de su situación personal y familiar, que las autoridades tributarias alemanas sólo tienen en cuentan en parte?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 295/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 29 de junio de 2012 — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Lihnas Aéreas S.A.

(Asunto C-316/12)

2012/C 295/30

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: J. Sebastian Guevara Kamm

Recurrida: TAM Airlines S.A./TAM Lihnas Aéreas S.A.

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la expresión «motivos razonables» que figura en el artículo 2, letra j), del Reglamento no 261/2004 (1) en el sentido de que únicamente comprende los motivos directamente relacionados con la persona del pasajero que pongan en riesgo la seguridad del tráfico aéreo o de los demás pasajeros o que afecten a otros intereses, públicos o contractuales, o pueden ser asimismo «motivos razonables» otros motivos ajenos a la persona del pasajero como, por ejemplo, casos de fuerza mayor?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
b)

Para fundamentar la pretensión subsidiaria, la recurrente invoca tres motivos i) Al examinar el no cuestionamiento de los hechos por la recurrente presentados de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas de 1996, el Tribunal General incurrió en un error al no poner fin a las violaciones de la Comisión Europea de los principios de confianza legítima e igualdad de trato, así como al no cumplir con su propia obligación de motivación. ii) El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no aplicar el principio de proporcionalidad y legalidad al revisar el importe del que la recurrente fue considerada responsable solidaria en la Decisión recurrida y, por tanto, al no reducir este importe. iii) El Tribunal General infringió el artículo 6, apartado 1. del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al no dictar una resolución en un plazo razonable.
2)

El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y, en particular, la condición de respetar las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA para la determinación del devengo — ¿Se opone a un impuesto indirecto no armonizado (como el IVMDH) que se devenga en el momento de la venta minorista del carburante al consumidor final, a diferencia del impuesto armonizado (Impuesto sobre Hidrocarburos, que se devenga cuando los productos salgan del último depósito fiscal) o del IVA (que, aun devengándose también al momento de la venta minorista final, es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución), por entender que no respeta –en expresión de la sentencia EKW y Wein & Co (2) (apartado 47)– el sistema general de una u otra de las citadas técnicas impositivas, tal como las regula la normativa comunitaria? — Para el caso que se diera una respuesta negativa al annterior interrogante ¿Debe interpretarse que dicha condición de respeto se cumple sin necesidad de que existan coincidencias a los efectos del devengo, por la simple circunstancia de que el impuesto indirecto no armonizado (en este caso, el IVMDH) no interfiera –en el sentido de que no impida ni dificulte– el funcionamiento normal del devengo de los impuestos especiales o del IVA?
6)

De conformidad con el artículo 185, apartado 1, de la Directiva 2006/112, ¿es lícito regularizar la deducción del IVA sobre la base de una disposición nacional como la del litigio principal, por concluir que el derecho de propiedad de la suministradora sobre los bienes objeto de la entrega no ha quedado acreditado, si la entrega no ha sido revocada por ninguna de las partes, el destinatario ha efectuado la entrega posterior de los mismos bienes, no existe prueba de que un tercero hubiera hecho valer derechos sobre los referidos bienes (animales sujetos a identificación), no se alega mala fe del destinatario de la entrega y, según el ordenamiento jurídico nacional, el dominio sobre tales bienes identificados únicamente por su género se transmite por su entrega?
3)

La mera tipificación penal y la amenaza de una pena privativa de libertad por las actividades homosexuales, tal como se recoge en la Offences against the Person Act de 1861 de Sierra Leona, ¿constituyen un acto de persecución en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra a), en relación con el apartado 2, inicio y letra c), de la Directiva? En caso de respuesta negativa, ¿en qué circunstancias se cumple tal requisito?
2)

En particular, ¿debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento (CE) no 968/2006 de la Comisión, de 27 de junio de 2006, en el sentido de que las instalaciones, como los silos, utilizadas por las empresas azucareras para almacenar, embalar o envasar el azúcar exclusivamente para su comercialización, por ser actividades independientes del ciclo productivo, están comprendidas en el ámbito de las instalaciones mencionadas en la letra c) del citado artículo, y no así en las letras a) y b) de ese mismo artículo, de conformidad con la letra y a la finalidad del Reglamento (CE) no 320/2006 y del Reglamento (CE) no 968/2006, en particular de su cuarto considerando?
2)

En segundo lugar, la recurrente invoca la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009. Alega que el Tribunal General clasificó la marca RESTORE como indicación meramente descriptiva incurriendo en error de derecho. La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009 exige que el signo solicitado pueda servir en el comercio «para designar» el tipo etc. de productos. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la afirmación descriptiva tiene que resultar «manifiestamente» del signo solicitado y el propio término tiene que tener carácter descriptivo. Alega que por sí mismo, el verbo «restore» no contiene indicio alguno sobre el tipo, la composición o la destinación de los productos solicitados. El verbo «restore» únicamente adquiere una función descriptiva en combinación con uno o varios sustantivos (por ejemplo, «restore one’s health»). En la medida en que se considera que de las circunstancias resulta una relación con la medicina, este hecho no es suficiente, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que para ello es necesario un acto de transferencia del comercio en el sentido de un esfuerzo interpretativo. Un sentido relacionado con la medicina únicamente puede resultar añadiendo términos como «health», términos que precisamente no están presentes en el presente asunto. Tanto la Sala de Recurso como el Tribunal General examinaron una marca RESTORE SOMEONE’S HEALTH en lugar de la marca solicitada RESTORE.
1)

Si un consumidor, tras no obtener la puesta en conformidad del bien –porque, pese a pedirla de forma reiterada, la reparación no ha sido llevada a cabo-, reclama judicialmente con carácter exclusivo la resolución del contrato y tal resolución no es procedente por estarse ante una falta de conformidad de escasa importancia, ¿puede el Tribunal reconocer de oficio al consumidor una reducción adecuada del precio?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 184/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 15 de febrero de 2012 — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ldt, AS Watson card Services (UK) Ldt, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ldt, Superdrug Stores plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-80/12)

2012/C 184/02

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ldt, AS Watson card Services (UK) Ldt, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ldt, Superdrug Stores plc

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) En un supuesto en el que: 1) las disposiciones de un Estado miembro (como el Reino Unido) permiten que una sociedad (en lo sucesivo, «la sociedad solicitante») solicite una deducción por pérdidas de empresas del grupo por las pérdidas de una sociedad propiedad de un consorcio empresarial (en lo sucesivo, «la sociedad del consorcio») a condición de que una sociedad miembro del mismo grupo de empresas que la sociedad solicitante sea también miembro de dicho consorcio empresarial (en lo sucesivo, «la sociedad de enlace»), y 2) la sociedad matriz del grupo de empresas (que no es ni la sociedad solicitante, ni la sociedad del consorcio, ni la sociedad de enlace) no tiene la nacionalidad del Reino Unido ni de ningún otro Estado miembro, ¿se oponen los artículos 49 y 54 TFUE al requisito de que la «sociedad de enlace» sea una sociedad residente en el Reino Unido o desarrolle una actividad mercantil en el Reino Unido a través de un establecimiento permanente en dicho país?