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En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) a) ¿Exigen los artículos 65, 66 y 69 del Reglamento [n.o 1580/2007] y (desde el 2[2] de junio de 2011) los artículos 64, 65 y 68 del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011] que la decisión sobre la aprobación del programa operativo y los importes de los fondos o la modificación de dicha decisión, o bien la decisión sobre el “importe aprobado de la ayuda”, no se adopten como mera comunicación, sino formalmente como decisión vinculante (al menos, provisionalmente) que pueda ser impugnada por el solicitante de forma anticipada, es decir, con independencia de la impugnación de la decisión final (con arreglo al artículo 70 del Reglamento n.o 1580/2007 o al artículo 69 del Reglamento de Ejecución n.o 543/2011) relativa a la solicitud del pago (liquidado definitivamente) de la ayuda? b) ¿Deben interpretarse las disposiciones del Derecho de la Unión citadas en la [primera cuestión prejudicial, letra a),] en el sentido de que, al adoptarse tales decisiones, debe establecerse también de forma vinculante (en la parte dispositiva de la decisión) el valor de la producción comercializada? c) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 69 y 70 del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011], en el sentido de que un tribunal que conoce de un recurso contra una decisión administrativa por la cual se resolvió definitivamente, en relación con un determinado período anual del programa operativo, una solicitud de pago de la ayuda financiera dentro de un programa operativo con arreglo al artículo 103 octies, apartado 5, del Reglamento [n.o 1234/2007], no está facultado para revisar la legalidad del cálculo del valor de la producción comercializada como base para el límite máximo de la ayuda, debido a la existencia de una decisión firme sobre la aprobación del programa operativo y de los importes de los fondos, así como a la resolución sobre el “importe aprobado de la ayuda”? d) En caso de respuesta negativa a [la primera cuestión prejudicial, letras a), b) o c),] ¿debe interpretarse el Reglamento [n.o 1234/2007], en particular su anexo I, partes IX (“Frutas y hortalizas”, especialmente para el “código NC ex 0709 […] Las demás hortalizas, incluso silvestres, frescas o refrigeradas”) y X (“Productos transformados a base de frutas y hortalizas”, para el “código NC ex 0710, Hortalizas, […] congeladas”), en el sentido de que los productos derivados de hortalizas y procedentes del conjunto de procesos que tienen lugar tras la cosecha, a saber, la limpieza, cortado, blanqueado y congelado, no pueden clasificarse en el anexo I, parte IX, sino en el anexo I, parte X? e) En caso de respuesta afirmativa a la [primera cuestión prejudicial, letra d),] ¿debe interpretarse el concepto de “valor de la producción comercializada” que contiene el artículo 103 quinquies, apartado 2, del Reglamento [n.o 1234/2007] en el sentido de que dicho valor se ha de calcular de manera que sólo procede determinar el valor de la producción al que se ha de restar el valor que se pierde en la fase de la transformación, deduciendo el valor del proceso consistente en transformar la hortaliza cosechada, limpiada, cortada y blanqueada en hortaliza ultracongelada? f) ¿Debe interpretarse el artículo 51, apartado 7, del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011], en el sentido de que una organización de productores que presentó un programa operativo para los años 2010 a 2014, que fue aprobado antes del 20 de enero de 2010 pero para el que posteriormente (el 13 de diciembre de 2013) se adoptó una aprobación modificada por la cual se debía aplicar al programa una forma diferente de cálculo del valor de la producción comercializada, puede seguir invocando las «disposiciones vigentes en 2008» en relación con las modalidades de cálculo del valor de la producción comercializada, aun después de dicha modificación del programa operativo (es decir, para la ayuda a abonar en 2014)? g) En caso de respuesta afirmativa a [la primera cuestión prejudicial, letras e) y f),] ¿son inválidos los artículos 52, apartado 6, letra a), y 21, apartado 1, letra i), del Reglamento [n.o 1580/2007], en la medida en que incluyen en el cálculo del valor de la producción comercializada fases de la transformación de las hortalizas cosechadas mediante las cuales éstas se transforman en “otro producto enumerado en el anexo I del Tratado CE”? h) En caso de respuesta negativa a la [primera cuestión prejudicial, letra f)] (y con independencia de la respuesta a las demás cuestiones)[,] ¿es inválido el artículo 50, apartado 3, letra d), del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011]? 2) a) ¿Debe interpretarse el artículo 103 quater del Reglamento [n.o 1234/2007], en el sentido de que en un “programa operativo en el sector de las frutas y hortalizas” sólo se admite la promoción de la producción de productos que se puedan clasificar en el anexo I, parte IX [de dicho Reglamento], pero no la promoción de inversiones en la transformación de dichos productos? b) En caso de respuesta negativa a la [segunda cuestión prejudicial, letra a),] ¿con qué condiciones y en qué medida permite el artículo 103 quater del Reglamento [n.o 1234/2007] tal promoción de las inversiones en la transformación? c) ¿Es inválido el artículo 60, apartado 7, del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011]? 3) a) ¿Debe interpretarse el anexo IX, punto 23, del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011], en el sentido de que la única razón de la exclusión de la promoción es la situación geográfica en suelo ajeno? b) En caso de respuesta afirmativa a la [tercera cuestión prejudicial, letra a),] ¿es inválido el anexo IX, punto 23, del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011]? c) En caso de respuesta afirmativa a la [tercera cuestión prejudicial, letra a),] y negativa a la [tercera cuestión prejudicial, letra b),] ¿Constituye la disposición del anexo IX, punto 23, del Reglamento [de Ejecución n.o 543/2011] una disposición clara o inequívoca en la medida en que no protege la confianza de un operador económico en la promoción de actividades realizadas en suelo ajeno pero pertenecientes a su explotación, a pesar de haber recibido una promesa o autorización de la promoción por parte de las autoridades nacionales con conocimiento de las circunstancias? 4) ¿El hecho de que el Tribunal de Justicia no limite en beneficio del interesado los efectos de una sentencia (a efectos del artículo 264 TFUE, párrafo segundo) que perjudique jurídicamente al interesado al introducir una nueva interpretación del Derecho de la Unión o anular un acto jurídico hasta entonces considerado válido, impide a ese interesado en un caso concreto invocar ante un tribunal nacional el principio de seguridad jurídica, estando acreditada su buena fe?»