Asuntos T‑233/11 y T‑262/11

República Helénica

y

Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Sector minero — Subvención otorgada por las autoridades griegas a la empresa minera Ellinikos Chrysos — Contrato de cesión de una explotación minera a un precio inferior al valor de mercado y exención de los impuestos que gravan esa operación — Decisión por la que se declara la ilegalidad de las medidas de ayuda y se ordena la recuperación de las cantidades correspondientes — Concepto de ventaja — Criterio del inversor privado»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 9 de diciembre de 2015

Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión imputable al Estado de una ventaja mediante recursos del Estado — Contratos adosados de adquisición de una explotación minera entre un particular y el Estado y de cesión entre dicho Estado y otro particular — Inclusión

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 52 a 57)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 77)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 78 y 79)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 79 a 84)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 88)

Cuando la Comisión examina informes periciales elaborados con posterioridad a una operación de compraventa, con el fin de determinar si el adquirente no habría podido conseguir el precio de venta en condiciones normales de mercado, debe comparar el precio de venta efectivamente pagado con los precios indicados en los diferentes informes y determinar si no difiere de éstos hasta tal punto que debería llegarse a la conclusión de que existe una ventaja. Este método permite tener en cuenta el carácter aleatorio que puede tener la determinación, de forma retrospectiva, de tales precios de mercado. Por otra parte, aunque recurrir a la ayuda de peritos externos sea una mera facultad y no una obligación de la Comisión, no por ello está exenta de valorar su trabajo. En efecto, la responsabilidad fundamental y exclusiva de garantizar, bajo el control del juez de la Unión, la observancia del artículo 107 TFUE y la aplicación del artículo 108 TFUE incumbe a la Comisión y no a dichos peritos. La Comisión no está obligada a ceñirse ciegamente a los resultados presentados en el marco de un informe pericial, sino que debe contrastarlos y apreciar el trabajo de esos peritos. (véanse los apartados 90, 91 y 105)

En materia de ayudas de Estado, el hecho de que la operación sea razonable para los poderes públicos o la empresa pública que otorga la ayuda no exime de comprobar si las medidas en cuestión confieren a la empresa beneficiaria una ventaja económica que ésta no habría obtenido en condiciones normales de mercado y, por tanto, no basta, para que se considere que la medida de que se trata es conforme al criterio del inversor privado. (véase el apartado 118)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 130 y 131)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 137)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 146 a 156)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 154, 155 y 158)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 160)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 166 a 170)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 176)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 190 a 193)

En materia de control de ayudas de Estado, a falta de un pronunciamiento expreso de la Comisión sobre una medida que se le ha notificado, el silencio guardado por la institución no puede oponerse a la recuperación de la ayuda de Estado al amparo del principio de protección de la confianza legítima de la empresa beneficiaria de la misma. Ciertamente, no puede excluirse la posibilidad, para el beneficiario de una ayuda ilegítima, de invocar circunstancias excepcionales en que ha podido fundar su legítima confianza en la naturaleza regular de la ayuda, y de oponerse, por lo tanto, a la recuperación de la misma. En cambio, un Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda contraria a las normas de procedimiento establecidas en el artículo 108 del TFUE no podrá basarse en la confianza legítima de los beneficiarios de la ayuda para justificar un incumplimiento de la obligación de tomar todas las medidas necesarias para ejecutar una decisión por la que la Comisión ordena recuperar la ayuda. (véanse los apartados 196 a 198)

Un Estado miembro no puede invocar el principio de cooperación leal para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias para ejecutar una decisión de la Comisión que le ordena la recuperación de la ayuda. En efecto, la supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad, ya que el objeto de la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas es permitir que se restablezca la situación anterior. Por otra parte, en el marco de la obligación de cooperación leal, que vincula mutuamente a la Comisión y a los Estados miembros en la aplicación de las normas del Tratado en materia de ayudas de Estado, el Estado miembro afectado tiene incluso la obligación de calcular el importe preciso de las ayudas que deben recuperarse. (véanse los apartados 190 y 201 a 203)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 213, 214 y 223 a 225)

Ninguna disposición del procedimiento de control de ayudas de Estado reserva un papel particular, entre los interesados, al beneficiario de la ayuda. Además, el procedimiento de control de las ayudas de Estado no es un procedimiento iniciado «contra» el beneficiario de las ayudas, lo que implicaría que éste podría prevalerse, como tal, de derechos tan amplios como el derecho de defensa. Sin embargo, aun cuando no se confiera al beneficiario de la ayuda la condición de parte en el procedimiento, se le reconocen determinados derechos procesales dirigidos a permitirle proporcionar información a la Comisión y presentar sus alegaciones. Además, no existe ninguna disposición que le obligue a revelar la identidad del denunciante o de cualquier fuente de información a las partes interesadas. (véanse los apartados 231 y 234)