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Auto del Tribunal General (Sala Quinta) de 19 de octubre de 2016 — E‑Control/ACER

(Asunto T‑671/15)

«Recurso de anulación — Energía — Reglamento (CE) n.o 713/2009 — Reglamento (CE) n.o 714/2009 — Dictamen de la ACER — Decisiones de las autoridades reguladoras nacionales aprobando los métodos de atribución de capacidad de transporte transfronteriza de electricidad — Región de Europa central y oriental — Compatibilidad — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Apreciación en función de criterios objetivos — Dictamen de la Agencia para la cooperación de los reguladores de la energía (ACER) que declara la no conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aprueban los métodos de asignación de capacidad de transporte transfronteriza de electricidad — Acto sin efectos jurídicos vinculantes para dichas autoridades nacionales — Inadmisibilidad — Dictamen que incluye una apreciación jurídica definitiva de la ACER — Irrelevancia [Arts. 263 TFUE y 288 TFUE, párr. 5; Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, aps. 1, 4 y 5; Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 39, aps. 1 a 8] (véanse los apartados 23 a 25, 29, 43, 44, 46, 48, 59, 60 y 64)

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos de trámite — Exclusión (Art. 263 TFUE) (véanse los apartados 26 a 28)

3. Recurso de anulación — Requisitos de admisibilidad — Acto recurrible — Inexistencia — Inadmisibilidad — Violación del derecho a una tutela judicial efectiva — Inexistencia (Art. 263 TFUE, párr. 4; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47) (véanse los apartados 90 y 91)

Objeto

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE y dirigido a la anulación del dictamen n.o 09/2015 de la ACER, de 23 de septiembre de 2015, sobre la conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aprueban los métodos de asignación de capacidad de transporte transfronteriza en Europa central y oriental con el Reglamento (CE) n.o 714/2009, incluidas las directrices sobre la gestión y la asignación de la capacidad de transmisión disponible en las interconexiones entre redes nacionales que figuran en el anexo I de este Reglamento.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por la República de Austria, la República de Polonia, Wirtschaftskammer Österreich, Verbund AG y Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

3) Energie‑Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts‑ und Erdgaswirtschaft (E‑Control) cargará con sus propias costas y con las de la Agencia para la cooperación de los reguladores de la energía (ACER), incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 11 de marzo de 2016 — Binca Seafoods/Comisión

(Asunto T‑94/15)

«Recurso de anulación — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 — Falta de prórroga de la medida transitoria en relación con los animales de acuicultura, establecida en el artículo 95, apartado 11, del Reglamento (CE) n.o 889/2008 — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Necesidad de un interés existente y efectivo — Apreciación en el momento de interponer el recurso — Recurso que puede reportar un beneficio al demandante — Inexistencia — Inadmisibilidad (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 71 a 73)

2. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Limitación por el Tribunal de Justicia — Mantenimiento de los efectos del acto impugnado hasta la sustitución de éste dentro de un plazo razonable — Justificación basada en consideraciones de seguridad jurídica (Art. 264 TFUE, párr. 2) (véase el apartado 78)

Objeto

Recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a la procedencia de los animales de la acuicultura ecológica, las prácticas zootécnicas acuícolas, los piensos para los animales de la acuicultura ecológica y los productos y sustancias autorizados para su uso en la acuicultura ecológica (DO L 365, p. 97).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
3

Mediante decisión de 5 de abril de 2012 (en lo sucesivo, «decisión de 5 de abril de 2012»), sobre el control de la conformidad de las solicitudes de registro en virtud del artículo 41, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1), la ECHA solicitó a Lanxess, en particular, que efectuara un estudio de toxicidad de la sustancia química trifenilfosfato en la fase de desarrollo prenatal en una segunda especie, a saber, en el conejo, concediéndole un plazo de 24 meses para aportar información adicional.
13

En primer lugar, la demandante, al tiempo que admite que no se encuentra registrada en ningún Estado miembro de la Unión Europea, considera que, al tener su domicilio principal en Irlanda, debe reconocérsele que está dotada de personalidad jurídica con arreglo al Derecho irlandés, ya que éste no prevé obligación alguna de registro ante las autoridades nacionales. A este respecto, se refiere a lo dispuesto en la sección 37, apartado 4, letras c) a e), del Planning and Development Act 2000 (Ley de planeamiento y desarrollo urbanístico del año 2000), en su versión modificada por el Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act 2006 [Ley de 2006 de planeamiento y desarrollo urbanístico (infraestructura estratégica)] (en lo sucesivo, «Planning and Development Act 2000, en su versión modificada»). Además, la demandante precisa que, pese a la dirección que consta en la demanda, su domicilio se encuentra de hecho en Irlanda. Según ella, la indicación en la demanda de una dirección en Francia es incorrecta, pues esta dirección corresponde a la de su presidente y al domicilio de una organización no gubernamental, registrada en Francia, que se encuentra entre sus miembros.
El punto X del baremo europeo para la evaluación de los daños causados a la integridad física y psíquica (AIPP) previsto en el anexo A de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios se aplica a las quemaduras profundas o a las cicatrizaciones patológicas, ya que el uso de la conjunción disyuntiva «o» únicamente precisa que la afectación en cuestión no puede ser al mismo tiempo una quemadura profunda y una cicatrización patológica a efectos de obtener un reconocimiento con arreglo a la AIPP. Por otra parte, las quemaduras no profundas no pueden ser objeto de indemnización, al igual que las cicatrizaciones que no sean patológicas.

(véase el apartado 61)
Auto del Presidente del Tribunal General de 29 de agosto de 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consejo

(Asunto T‑5/13 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán — Congelación de fondos y de recursos económicos — Prohibición de ejecutar los contratos comerciales en curso — Demanda de suspensión de la ejecución — Inadmisibilidad manifiestade la excepción de ilegalidad en la que se basa la demanda — Inadmisibilidad de la demanda»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Carácter provisional de la medida (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 24 y 25)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad prima facie del recurso principal — Examen sumario del recurso principal por el juez de medidas provisionales — Examen de una excepción de ilegalidad presentada en el procedimiento principal (Art. 278 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 26, 27 y 29)

3. Excepción de ilegalidad — Excepción propuesta en la réplica — Inadmisibilidad (Art. 277 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48, ap. 2) (véase el apartado 31)

4. Excepción de ilegalidad — Alcance — Actos cuya ilegalidad puede ser alegada — Acto de carácter general en el que se basa la decisión impugnada — Necesidad de un vínculo jurídico entre el acto impugnado y el acto general controvertido — Excepción de ilegalidad dirigida contra disposiciones irrelevantes para la solución del litigio principal y que no presentan ningún vínculo jurídico directo con éste — Posibilidad de impugnar el acto general mediante un recurso de anulación — Inadmisibilidad manifiesta (Arts. 263 TFUE y 277 TFUE) (véanse los apartados 32 a 36)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de, por una parte, la Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 58), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16), en la medida en que dichos actos incluyeron el nombre de la demandante en la lista de personas y entidades a las que se refieren las medidas restrictivas, y, por otra parte, del artículo 1, punto 5, del Reglamento (UE) no 1263/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 267/2012 (DO L 356, p. 34), en la medida en que dicho acto imposibilita la ejecución de los contratos celebrados por la demandante con operadores con los que mantiene relaciones comerciales establecidos en la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
8

La Comisión finalizó el procedimiento, en lo que respecta a las adquisiciones de participaciones realizadas dentro de la Unión Europea, con su Decisión 2011/5/CE, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48). Esta Decisión declara incompatible con el mercado común el régimen controvertido, consistente en una ventaja fiscal que permite a las empresas españolas amortizar el fondo de comercio resultante de la adquisición de participaciones en empresas extranjeras, cuando se aplica a adquisiciones de participaciones en empresas establecidas en la Unión. La Comisión mantuvo abierto el procedimiento en lo que respecta a las adquisiciones fuera de la Unión, habida cuenta de que las autoridades españolas se comprometieron a aportar nuevos datos relativos a los obstáculos a las fusiones transfronterizas fuera de la Unión.
Un acto de la índole de una decisión de la Comisión por la que se prohíbe un régimen de ayudas sectorial, que incluye medidas de ejecución, no puede calificarse de acto reglamentario que no incluya medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

En efecto, en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, tal decisión es obligatoria en todos sus elementos únicamente para los destinatarios que ella designe. Por lo tanto, la obligación de denegar la concesión de las ventajas del régimen fiscal controvertido, de anular las ventajas fiscales ya concedidas y de recuperar las ayudas abonadas con arreglo a este régimen son las consecuencias jurídicas obligatorias de esa decisión para el Estado miembro destinatario de la misma.

En cambio, la decisión no produce tales efectos jurídicos para los beneficiarios del régimen controvertido, pues la declaración de incompatibilidad no implica en sí misma ninguna prohibición u orden para tales beneficiarios. Como la repercusión de esa incompatibilidad no es necesariamente la misma para cada beneficiario del régimen controvertido, las consecuencias de la incompatibilidad deben individualizarse mediante un acto jurídico que emane de las autoridades nacionales competentes, tal como una liquidación fiscal, que constituiría una medida de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

A este respecto resulta indiferente que el Estado miembro destinatario del acto impugnado no disponga de margen de apreciación alguno en la puesta en práctica de la Decisión impugnada. Ciertamente, la inexistencia de facultad de apreciación es un criterio que debe examinarse para determinar si concurre el requisito de afectación directa de una parte demandante. Sin embargo, la exigencia de que el acto no incluya medidas de ejecución, contemplada en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, es un requisito diferente del relativo a la afectación directa.

(véanse los apartados 45 a 48)
3

A raíz de una misión de cooperación administrativa, llevada a cabo en Turquía del 29 de abril al 2 de mayo de 2003 por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por agentes de algunos Estados miembros, se averiguó que el proveedor turco de la demandante había incorporado a los televisores que ésta había importado tubos catódicos originarios de China o de Corea del Sur. Tales importaciones estaban sujetas a derechos antidumping, establecidos entonces por el Reglamento (CE) no 710/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de receptores de televisión en color originarios de Malasia, la República Popular de China, la República de Corea, Singapur y Tailandia y por el que se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto (DO L 73, p. 3), modificado por el Reglamento (CE) no 2584/98 del Consejo, de 27 de noviembre de 1998 (DO L 324, p. 1).
Una asociación profesional que tiene encomendada la defensa de los intereses colectivos de sus miembros sólo está, en principio, legitimada para interponer un recurso de anulación contra una decisión definitiva de la Comisión en materia de ayudas de Estado en dos supuestos: en primer lugar, si las empresas que representa o algunas de ellas están legitimadas individualmente y, en segundo lugar, si puede alegar un interés propio, en particular porque su posición de negociadora se ha visto afectada por el acto cuya anulación se solicita. Debe señalarse a este respecto que la primera hipótesis de admisibilidad de un recurso interpuesto por una asociación, basada en la representación de sus miembros, es aquélla en que la asociación, al interponer su recurso, sustituya a uno o varios de los miembros a los que representa, a condición de que éstos a su vez hubieran podido interponer válidamente un recurso por sí mismos.

En efecto, el recurso interpuesto por una asociación presenta ventajas de orden procesal ya que permite evitar la presentación de un elevado número de recursos distintos contra las mismas decisiones. Esta primera hipótesis de admisibilidad del recurso interpuesto por una asociación supone, pues, que la asociación actúe en lugar de sus miembros. De lo anterior se deriva que una asociación, que actúa como representante de sus miembros, está legitimada para interponer un recurso de anulación cuando éstos no han interpuesto por su parte un recurso a pesar de estar legitimados para ello.

Tal solución ni priva de efecto útil al artículo 263 TFUE, ni vulnera el principio de seguridad jurídica o el derecho de defensa de la asociación. Ciertamente, dicha solución condiciona la admisibilidad del recurso de las asociaciones al hecho de que otras partes, en este caso sus miembros, no hayan recurrido. No obstante, no cabe considerar que ello genere incertidumbre o inseguridad, ya que puede esperarse legítimamente que una asociación que tiene encomendada la defensa de los intereses de sus miembros conozca si éstos han interpuesto recurso y viceversa. Asimismo, la inadmisibilidad del recurso de la asociación demandante a causa de los recursos interpuestos por sus miembros no menoscaba el efecto útil del artículo 263 TFUE ni lesiona su derecho de defensa, concretamente su derecho a obtener una tutela judicial efectiva. Así pues, la disyuntiva queda planteada en estos términos: bien la asociación demandante interpone un recurso para defender los intereses de sus miembros con legitimación activa y el recurso que será declarado admisible será el interpuesto por el miembro de la asociación o el interpuesto por la asociación, dependiendo de si uno de sus miembros ha interpuesto o no un recurso propio, bien la asociación interpone un recurso para defender sus propios intereses y su recurso podrá declararse admisible, a pesar de que sus miembros interpongan recurso, si se demuestra la existencia de tal interés.

(véanse los apartados 19, 23, 24 y 29)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) de 16 de diciembre de 2008 — Italia/CESE y Comisión

(Asunto T-117/08)

«Incidente procesal — Excepción de inadmisibilidad — Inadmisibilidad parcial del recurso — No imputabilidad de los actos a la Comisión»

1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 14 y 15)

2. Recurso de anulación — Recurso interpuesto contra una convocatoria para proveer plaza de vacante procedente del Comité Económico y Social y no de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) — Acto imputable exclusivamente a dicho Comité — Recurso dirigido contra el Comité y la Comisión — Inadmisibilidad parcial (Art. 230 CE) (véanse los apartados 17 a 21)

Objeto

Anulación de la convocatoria para proveer plaza vacante no 73/07, relativa a un puesto de Secretario General (grado A*16) en el CESE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de diciembre de 2007 (DO C 316 A, p. 1), y del anuncio de corrección de errores de dicha convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de (DO C 25 A, p. 21).

Fallo

1) Declarar el recurso inadmisible en la medida en que se dirige contra la Comisión.

2) Condenar a la República Italiana a cargar, además de con las costas en las que haya incurrido en el marco del presente recurso, en la medida en que éste se dirige contra la Comisión, con las costas en las que haya incurrido dicha institución.

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) de 16 de diciembre de 2008 — Italia/CESE y Comisión

(Asunto T-117/08)

«Incidente procesal — Excepción de inadmisibilidad — Inadmisibilidad parcial del recurso — No imputabilidad de los actos a la Comisión»

1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 14 y 15)

2. Recurso de anulación — Recurso interpuesto contra una convocatoria para proveer plaza de vacante procedente del Comité Económico y Social y no de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) — Acto imputable exclusivamente a dicho Comité — Recurso dirigido contra el Comité y la Comisión — Inadmisibilidad parcial (Art. 230 CE) (véanse los apartados 17 a 21)

Objeto

Anulación de la convocatoria para proveer plaza vacante no 73/07, relativa a un puesto de Secretario General (grado A*16) en el CESE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de diciembre de 2007 (DO C 316 A, p. 1), y del anuncio de corrección de errores de dicha convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de (DO C 25 A, p. 21).

Fallo

1) Declarar el recurso inadmisible en la medida en que se dirige contra la Comisión.
52

Este Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante, que se expresa, por lo demás, en términos equívocos en cuanto a los efectos de la «exposición ampliada» que evoca, no da explicación alguna sobre lo que habría que entender por semejante expresión. Por lo tanto, habida cuenta del hecho, a primera vista evidente, de que un telespectador determinado no ve más que una sola cadena al mismo tiempo, la expresión «exposición ampliada» utilizada por la demandante y, por lo tanto, el posible razonamiento que pueda subyacer en la misma son especialmente oscuros, al no figurar explicación alguna en el escrito de interposición del recurso. Pretender reformularla con el fin de tratar de comprender la citada expresión, en el sentido de que se refiere al potencial del SIEG de la radiodifusión francesa, por el hecho de hallarse ésta estructurada en dos cadenas, a fin de incrementar la exposición de sus programas, lo cual no pueden hacer los radiodifusores privados, no aporta aclaración alguna, habida cuenta del hecho, una vez más, de que un telespectador determinado no mira más que un solo programa al mismo tiempo. En cualquier caso, la referencia que hace el demandante a la expresión oscura de «exposición ampliada» no está provista de razonamiento alguno que cuestione, de una forma precisa y circunstanciada, las apreciaciones concretas efectuadas por la Comisión en la Decisión impugnada. En estas circunstancias, procede declarar asimismo la inadmisibilidad de la tercera imputación, expuesta en el punto 40 del escrito de interposición del recurso.