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En este contexto, el Riigikohus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [sentencias Skoma-Lux, Balbiino y Rakvere Lihakombinaat], ¿debe interpretarse el artículo 288 TFUE, en relación con el artículo 58 del Acta de adhesión [de 2003], en el sentido de que se puede exigir a un particular el cumplimiento de la obligación derivada del Reglamento [no 1972/2003] a) a pesar de que, a 1 de mayo de 2004, dicho Reglamento no había sido publicado en estonio en el Diario Oficial de la Unión Europea, b) y el legislador del Estado miembro en cuestión no reprodujo en un acto de Derecho interno la definición de los productos agrícolas que establece el Reglamento, sino que se limitó a remitirse al artículo 4, apartado 5, del citado Reglamento, no publicado debidamente, c) si el particular entretanto cumplió una obligación derivada [del] Reglamento [no 1972/2003] (declaró las existencias conforme al código de mercancía correcto) y no impugnó dicha obligación d) y la autoridad competente del Estado miembro fijó el gravamen cuando el Reglamento no 1972/2003 ya se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en estonio? 2) ¿Puede deducirse del artículo 58 del Acta de adhesión [de 2003], en relación con el artículo 297 TFUE, apartado 1, así como del tercer considerando y del artículo 4 del Reglamento [no 1972/2003], que un Estado miembro puede exigir a un particular el gravamen sobre los excedentes, si, a 1 de mayo de 2004, el Reglamento no 1972/2003 no había sido publicado en estonio en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero al fijar posteriormente la autoridad competente del Estado miembro el gravamen ese Reglamento ya se había publicado en estonio en el Diario Oficial de la Unión Europea?
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en nombre de Kapitalanlagegesellschaft mbH, en nombre de Alltri Inka, International Values Series of the DFA Investment Trust Co., Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. y Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, en nombre de AMB Generali Aktien Euroland, por el Sr. Y. Robert y la Sra. S. Lauratet, abogados;
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El artículo 23 del Código del IVA dispone lo siguiente: «1. Cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad, efectúe entregas de bienes o prestaciones de servicios, de las que una parte no genere derecho a deducción, el impuesto soportado en las adquisiciones se deducirá sólo con arreglo al porcentaje correspondiente al importe anual de las operaciones que den lugar a deducción. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el sujeto pasivo podrá efectuar la deducción en función de la afectación real de la totalidad o de una parte de los bienes y servicios utilizados, siempre que informe previamente de ello a la Dirección General de Impuestos Directos e Indirectos, sin perjuicio de la facultad que asiste a esta última de imponer condiciones especiales al sujeto pasivo o poner fin a dicho procedimiento en caso de que se produzcan distorsiones importantes en la aplicación del impuesto. 3. La Administración tributaria podrá obligar al contribuyente a proceder con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior: a) cuando el sujeto pasivo realice actividades económicas diferenciadas; b) cuando de la aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 1 se deriven distorsiones importantes en la aplicación del impuesto. 4. El porcentaje de deducción específico a que se refiere el apartado 1 es el resultante de una fracción en la que figuran, en el numerador, el importe anual, impuesto excluido, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción conforme a los artículos 19 y 20, apartado 1, y, en el denominador, el importe anual, impuesto excluido, de todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo, incluidas las exentas y las no sujetas al impuesto, especialmente las subvenciones no gravadas que no estén destinadas a la adquisición de bienes de equipo. [...]»
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Puesto que las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva son idénticas a las causas de denegación contempladas en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a dichos Reglamentos es aplicable a las disposiciones de la Directiva sobre las que versan los litigios principales.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compleja [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 71 y 72)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos presentados ante el Tribunal General — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 79 y 80)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 6 de octubre de 2011, SEVEN/OAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T-176/10), por la que el Tribunal General anuló la Resolución R 1514/2008-2 de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 28 de enero de 2010, por la que se desestima el recurso contra la resolución por la que se anula la resolución de la División de Oposición que deniega parcialmente la oposición formulada por el titular de las marcas figurativas comunitarias e internacional que contienen el elemento denominativo «Seven» para productos de las clases 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 y 28, contra el registro de la marca denominativa «SEVEN FOR ALL MANKIND», para productos de las clases 14 y 18 — Interpretación y aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Factores que han de tenerse en cuenta en el marco del examen de la similitud de los signos.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a Seven for all mankind LLC a cargar con sus propias costas y con las de Seven SpA.

3) La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) cargará con sus propias costas.
1)

Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al no haber concedido permisos con arreglo a los artículos 6 y 8, no haber revisado y, en su caso, actualizado los permisos existentes y no haber velado por que todas las instalaciones existentes fueran explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, 14, letras a) y b), y 15, apartado 2, de dicha Directiva.
El Reglamento no 1931/2006, por el que se establecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros y por el que se modifican las disposiciones del Convenio de Schengen, ha de interpretarse en el sentido de que, dentro de los límites fijados por este Reglamento y por el acuerdo bilateral para su aplicación celebrado entre un país tercero y el Estado miembro vecino, el nacional de ese país tercero titular de un permiso de tráfico fronterizo menor, concedido en virtud del régimen específico que para dicho tráfico establece el Reglamento, debe poder, por una parte, circular libremente por la zona fronteriza durante tres meses si su estancia en esa zona no experimenta interrupciones y, por otra, disponer de un nuevo derecho de estancia de tres meses tras cada interrupción de su estancia.

En efecto, tanto la letra como el espíritu del Reglamento no 1931/2006 inducen a efectuar una interpretación autónoma del mismo, y no a la luz del acervo de Schengen. El artículo 5 de este Reglamento remite a los acuerdos bilaterales para la determinación de la duración máxima autorizada «de cada estancia ininterrumpida», dentro del límite de tres meses. Esta precisión, al igual que los términos en que se formula, disocia claramente la limitación temporal del tráfico fronterizo menor y la «limitación Schengen», que no se refiere en modo alguno a estancias ininterrumpidas. El hecho de que tal limitación sea de tres meses, como en el acervo de Schengen, no permite poner en duda su carácter especial con respecto al Derecho común de los nacionales de terceros países no sujetos a la obligación de visado, puesto que de ninguna disposición del Reglamento no 1931/2006 se deduce que estos tres meses deban inscribirse en el interior de un mismo período de seis meses.

Por otra parte, el legislador de la Unión tuvo la intención de habilitar para el tráfico fronterizo menor normas excepcionales frente al Reglamento no 562/2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras. El objeto de estas normas es permitir que los residentes de las zonas fronterizas de que se trate —y a fin de tener en cuenta las realidades locales, actuales o heredadas del pasado— crucen fácilmente, esto es, sin trabas administrativas excesivas, de manera frecuente, pero también habitual, las fronteras terrestres exteriores de la Unión por razones legítimas de orden económico, social, cultural o familiar.

(véanse los apartados 23, 24 y 26 y el punto 1 del fallo)
El artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador imputado a uno de los presuntos autores de un daño, que no es parte en el litigio, una competencia jurisdiccional frente a otro presunto autor de dicho daño que no actuó en el ámbito competencial del órgano jurisdiccional que conoce.

En efecto, en la medida en que la competencia de los órganos jurisdiccionales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso es una regla de competencia especial, debe interpretarse de modo estricto, sin que quepa una interpretación de la misma que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento no 44/2001.

En unas circunstancias en las que sólo se demanda a uno de los varios presuntos autores de un daño alegado ante un órgano jurisdiccional en cuyo ámbito competencial no actuó, falla por principio el criterio de conexión basado en la actuación del demandado.

Una solución que consistiese en supeditar la identificación del punto de conexión a criterios de apreciación procedentes del Derecho material nacional sería contraria al objetivo de seguridad jurídica dado que, en función del Derecho aplicable, la actuación de una persona en un Estado miembro distinto al del órgano jurisdiccional que conoce podría ser calificada o no como hecho causante para atribuir la competencia en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001. En efecto, esta solución no permitiría al demandado prever razonablemente el órgano jurisdiccional ante el que podría ser demandado. Además, dado que supondría que, basándose en el hecho causante, se pudiera demandar al presunto autor de un daño ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro en cuyo ámbito competencial no actuó, esa misma solución iría más allá de los supuestos explícitamente contemplados en dicho Reglamento y, en consecuencia, infringiría su sistemática y sus objetivos.

(véanse los apartados 24, 30, 35, 36 y 41 y el fallo)
Las operaciones de extracción de medicamentos líquidos contenidos en los viales originales, que han sido comercializados en la Unión y disponen de una autorización de comercialización expedida por la Comunidad, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, como medicamentos de uso humano desarrollados por medio de uno de los procesos biotecnológicos mencionados en el apartado 1 del anexo a dicho Reglamento, y de trasvase de dichas extracciones a jeringuillas listas para su uso que no utilizan ninguno de los procedimientos biotecnológicos enumerados en dicho apartado 1 del mencionado anexo, siempre que no conduzcan a una modificación del medicamento de que se trate y se efectúen únicamente sobre la base de prescripciones individuales que dispongan estas operaciones, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente, no precisan de la obtención de una autorización de comercialización con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, pero, en todo caso, siguen estando reguladas por lo dispuesto en la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2010/84.

En efecto, estas operaciones corresponden en realidad a actos que podrían llevarse a cabo por los médicos prescriptores y bajo su responsabilidad, o por las propias farmacias en sus laboratorios o en los centros hospitalarios, y dichas actividades se hallan al margen de la comercialización de medicamentos que tienen una autorización de comercialización.

Por lo que se refiere a la aplicabilidad de la Directiva 2001/83, por un lado, no puede descartarse que su artículo 5, apartado 1, que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva, a fin de atender necesidades especiales, los medicamentos que se suministren atendiendo a una solicitud de uso compasivo, elaborados de acuerdo con la prescripción de un facultativo reconocido y que los destine a un paciente individual bajo su responsabilidad personal directa, pueda ser invocado en relación con la puesta a disposición de un medicamento autorizado, para indicaciones terapéuticas no incluidas en la autorización de comercialización, cuando tal elaboración se realiza de acuerdo con la prescripción de un facultativo reconocido y que la destina a un paciente individual, bajo su responsabilidad personal directa. Por otro lado, las mencionadas operaciones de extracción de medicamentos líquidos siguen estando reguladas en todo caso por el artículo 40, apartado 2, de la Directiva 2001/83.

(véanse los apartados 40 a 43, 45, 48, 51 y 54 y el fallo)
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aun cuando esos abonados se hallen en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre y puedan recibirla legalmente en un receptor de televisión. En efecto, la puesta a disposición de las obras a través de la retransmisión por Internet de una emisión de televisión terrestre se realiza por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen. Por tanto, debe ser considerada una «comunicación» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29. Por consiguiente, tal retransmisión no puede estar exceptuada de la autorización que deben conceder los autores de las obras retransmitidas cuando éstas se comunican al público. En ese sentido, el concepto de público mencionado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas. Por lo que se refiere, más concretamente, a este último criterio, es preciso tener en cuenta los efectos acumulativos derivados del hecho de poner las obras a disposición de los destinatarios potenciales. Carece de pertinencia en este contexto la cuestión de si los destinatarios potenciales acceden a las obras comunicadas a través de una conexión individualizada. En efecto, esta técnica no impide que un gran número de personas tenga acceso paralelamente a la misma obra. Además, la condición del «público nuevo» no es pertinente en caso de puesta a disposición paralela en Internet de obras incluidas en una emisión de televisión terrestre En efecto, en ese caso cada una de esas dos transmisiones debe ser autorizada individual y separadamente por los autores interesados, ya que cada una de ellas se realiza en condiciones técnicas específicas, utilizando un diferente modo de transmisión de las obras protegidas, y cada una de ellas está destinada a un público. No influye en esa interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 el hecho de que una retransmisión como esa se financie con la publicidad y tenga así carácter lucrativo ni el de que sea realizada por un organismo que se encuentra en competencia directa con el emisor original. En efecto, el carácter lucrativo no es determinante para calificar de «comunicación», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, tal retransmisión.
Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que concede el derecho exclusivo de realización, gestión, organización y explotación de los juegos de azar a un único organismo cuando, por una parte, esta normativa no responda verdaderamente al afán de reducir las oportunidades de juego y de limitar las actividades en este ámbito de forma coherente y sistemática y, por otra parte, las autoridades públicas no ejerzan un control estricto de la expansión del sector de los juegos de azar, sin exceder de la medida en que ello sea necesario para luchar contra la delincuencia asociada a tales juegos, extremos éstos que corresponde al órgano jurisdiccional remitente analizar.

En caso de que una normativa nacional sea incompatible con los artículos 43 CE y 49 CE, la negativa a conceder a la correspondiente administración nacional un período transitorio para no examinar, transitoriamente, solicitudes relativas a la concesión de licencias en el sector de los juegos de azar no conlleva necesariamente la obligación de que el Estado miembro de que se trate liberalice el mercado de los juegos de azar cuando estime que tal liberalización no es compatible con el nivel de protección de los consumidores y del orden social que ese Estado miembro pretende alcanzar. En efecto, en el estado actual del Derecho de la Unión, los Estados miembros tienen abierta la posibilidad de realizar una reforma del monopolio existente para hacerlo compatible con las disposiciones del Tratado a través, en particular, de su control efectivo y estricto por parte de las autoridades públicas.

En cualquier caso, en el supuesto de que el Estado miembro en cuestión llegue a la conclusión de que no resulta posible una reforma del monopolio existente para hacerlo compatible con las disposiciones del Tratado y de que la liberalización del mercado de los juegos de azar se ajusta mejor al nivel de protección de los consumidores y del orden social que pretende alcanzar, ese Estado miembro estará obligado a respetar las normas fundamentales de los Tratados, especialmente los artículos 43 CE y 49 CE, los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, y la obligación de transparencia que de ellos se deriva. En tal caso, la introducción en ese Estado miembro de un régimen de autorización administrativa previa en relación con la oferta de determinados tipos de juegos de azar debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, de modo que establezcan los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales con el fin de que ésta no pueda utilizarse de manera arbitraria.

(véanse los apartados 46 a 48 y el punto 3 del fallo)
En efecto, este mecanismo de reducción consiste en imponer el pago de una sanción cuyo importe se determina en proporción a la cantidad que el exportador habría percibido indebidamente si se hubiera concedido la restitución solicitada. Se trata de una sanción que forma parte del régimen de las restituciones a la exportación y que no es de carácter penal. La responsabilidad en la que se basa esta sanción es de naturaleza esencialmente objetiva. Por consiguiente, la reducción debe aplicarse aun cuando el exportador no haya cometido falta alguna, haya actuado de buena fe y haya descrito de manera exacta, en sus declaraciones de exportación, la naturaleza y la procedencia de las mercancías de que se trate.

El artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 3665/87, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por los Reglamentos nos 2945/94 y 495/97, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las exenciones previstas en el párrafo tercero de dicho apartado 1, procede aplicar la reducción a la que se refiere el párrafo primero, letra a), del citado apartado 1, en particular, cuando resulte que la mercancía para la exportación por la que se ha solicitado la restitución no es de calidad sana, cabal y comercial, y ello pese a que el exportador haya actuado de buena fe y haya descrito correctamente la naturaleza y la procedencia de dicha mercancía.

El concepto de «fuerza mayor» en el ámbito de los reglamentos agrícolas y, en particular, por lo que respecta al artículo 11, apartado 1, párrafo 3, del Reglamento no 3665/87, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por los Reglamentos nos 2945/94 y 495/97, que establece los supuestos en los que no será aplicable la reducción de la restitución a la exportación con motivo de una declaración inexacta del exportador, debe entenderse en el sentido de circunstancias ajenas al operador de que se trate, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse aunque se hubiera empleado la máxima diligencia.

(véase el apartado 32)