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4)

Además, en opinión de la Comisión la justificación invocada, relativa a las posibles disfunciones del mecanismo estatal y la consiguiente previsión de medidas transitorias, no es convincente, dado que, por una parte, las consecuencias económicas que podrían derivarse para un Estado miembro no justifican en sí mismas la limitación en el tiempo de la aplicación de la normativa comunitaria y que, por otra parte, la República Helénica no demostró satisfactoriamente ni la existencia ni el contenido de las disfunciones invocadas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 8/9

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Scotland), Edinburgh (Reino Unido) el 5 de noviembre de 2007 — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Asunto C-488/07)

(2008/C 8/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Royal Bank of Scotland plc

Demandada: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Exige el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 77/388/CEE (1), Sexta Directiva sobre el IVA, que la cifra de prorrata deducible por un sujeto pasivo con arreglo al artículo 17, apartado 5, válida para el año natural, se determine en un porcentaje que será redondeado en la unidad superior cuando: a) dicha prorrata sea una prorrata determinada para un sector de la actividad del sujeto pasivo de conformidad con cualquiera de los supuestos de las letras a) o b) del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero; o b) dicha prorrata sea una prorrata determinada en función del uso de todos o parte de los bienes y servicios por el sujeto pasivo de conformidad con el supuesto de la letra c) del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero; o c) dicha prorrata sea una prorrata determinada con respecto a todos los bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo para todas las operaciones indicadas en el artículo 17, apartado 5, párrafo primero, de conformidad con el supuesto de la letra d) de su párrafo tercero?

2) ¿Permite dicho artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, a los Estados miembros que exijan que la prorrata deducible por un sujeto pasivo con arreglo al artículo 17, apartado 5, sea redondeada al alza hasta una cifra distinta del siguiente número entero?

(1) DO L 145, p. 1.
2) El reexamen se referirá a la cuestión de si, habida cuenta en particular del principio general de seguridad jurídica, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de julio de 2018, Simpson/Consejo (T‑646/16 P, no publicada, EU:T:2018:493), vulnera la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión en la medida en que dicho Tribunal, en cuanto órgano jurisdiccional de casación, resolvió que la formación de los Jueces que dictó el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 24 de junio de 2016, Simpson/Consejo (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), había sido compuesta de forma irregular como consecuencia de una irregularidad que afectaba al procedimiento de nombramiento de uno de los miembros de esta formación y que suponía una vulneración del principio del juez predeterminado por la ley consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El reexamen tendrá en particular por objeto dilucidar si, a semejanza de lo que ocurre con los actos contemplados en el artículo 277 TFUE, el nombramiento de un Juez puede someterse a un control incidental de legalidad o si tal control incidental de legalidad queda —por principio o una vez transcurrido un cierto período de tiempo— excluido o limitado a determinados tipos de irregularidades con el fin de garantizar la estabilidad jurídica y la fuerza de cosa juzgada.
22

Aun admitiendo que el control de seguridad, tal como se establece en concreto en el Capítulo VII del Tratado, no va más allá de un control sobre el destino de los materiales nucleares, no es menos cierto que actualmente existe una zona de interferencia entre las disposiciones del Tratado y determinadas normas del Convenio, en particular el artículo 3, relativo a las medidas de prevención. En efecto, la Comunidad debe poder ejercer, de acuerdo con las normas que ella misma ha fijado —y que figuran, en particular, en el Reglamento (CEE) no 3227/76 de la Comisión, de 19 de octubre de 1976, relativo a la aplicación de las disposiciones sobre el control de seguridad de la Euratom (DO L 363, p. 1; EE 12/02, p. 172)—, un control central sobre el empleo que se hace de los materiales nucleares sobre los que tiene responsabilidad; más aún, a tenor de la letra b) del artículo 77, debe poder dar a los terceros garantías totales derivadas de las obligaciones que haya asumido la Comunidad en acuerdos celebrados con otros Estados o con organizaciones internacionales. El ejercicio de estas competencias quedaría obstaculizado y esta obligación sería vulnerada si los Estados miembros, sin participación de la Comunidad, se obligaran a adoptar, en el marco del Convenio, un conjunto indeterminado y extenso de medidas de prevención, que podrían incluir también medidas de control sobre los usuarios de materiales fisionables sujetos a la autoridad de la Comunidad.
39

El Consejo, después de haber recordado que no se discute aquí el carácter exclusivo de la competencia comunitaria en materia de política comercial y que no descarta la idea de una evolución gradual en este terreno, subraya que no es menos cierto que la política comercial común cumple una función propia en el marco del sistema del Tratado, en el sentido de que designa «toda medida cuyo objeto sea influir en el volumen o en la corriente de los intercambios». Por consiguiente, el artículo 113 debe interpretarse en un sentido que no vacíe de efectos a otras disposiciones del Tratado, y en particular a las que se refieren a la política económica general, incluyendo la política de abastecimiento en materias primas, que continúa siendo competencia de los Estados miembros y respecto a la cual el Consejo afirma que no dispone más que de una facultad de «coordinación», en virtud del artículo 145. Según el Consejo, se da en este caso una estrecha yuxtaposición entre competencias comunitarias y competencias de los Estados miembros, ya que las relaciones económicas internacionales difícilmente pueden separarse de las relaciones políticas generales. En este sentido, el Consejo vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que el caucho es un «producto estratégico», de manera que el Acuerdo de que se trata afecta también a la política de defensa de los Estados miembros. En estas circunstancias, el Consejo estima que la negociación del Acuerdo previsto forma parte del ámbito de aplicación no sólo del artículo 113 del Tratado sino también del artículo 116, relativo a la coordinación de los Estados miembros en el seno de las organizaciones internacionales de carácter económico de las que forman parte.
65.

Es cierto que, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 97 de la sentencia Notificación roja de Interpol, el Acuerdo UE-EE. UU. no establece expresamente que la aplicabilidad del principio non bis in idem permita a las autoridades de los Estados miembros denegar una extradición solicitada por los Estados Unidos de América. De manera más general, a excepción de su artículo 13, relativo a la pena capital, no establece motivos específicos de denegación de la extradición. ( 42 ) Como destaca el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en el asunto Notificación roja de Interpol, ( 43 ) a falta de normativa de la Unión en la materia, la regulación de la extradición es competencia de los Estados miembros, que, a este respecto, pueden celebrar acuerdos bilaterales con terceros Estados. No obstante, los Estados miembros deben ejercer esa competencia respetando el Derecho de la Unión y, más concretamente, los derechos fundamentales garantizados por la Carta, entre ellos el principio non bis in idem enunciado en su artículo 50, y no pueden por tanto asumir obligaciones incompatibles con las que se derivan del Derecho de la Unión.
26.

En este caso, el órgano jurisdiccional remitente ha observado que la imagen C no ha sido copiada fielmente. A este respecto, le corresponde examinar las características creativas de una obra. Según dicho órgano jurisdiccional, cuando los hechos del asunto resulten complejos y la experiencia del juez no sea suficiente, es preciso recurrir a un dictamen pericial. Por otro lado, TB no ha propuesto medios de prueba para demostrar la existencia de un derecho de propiedad intelectual que estuviesen referidos a conocimientos especiales que precisen de un dictamen pericial. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente desea que se determine si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual que únicamente es aplicable si se demuestra la infracción del derecho de propiedad del titular en caso de que, por falta de conocimientos especiales, el órgano jurisdiccional nacional en cuestión no esté en condiciones de realizar una apreciación independiente sin el apoyo de un perito. En ese caso, la solicitud de información presentada por TB debería desestimarse si no se lleva a cabo ningún otro trámite probatorio en el que la parte demandante desempeñe un papel activo a la hora de aportar pruebas.
26.

De no ser así, un sujeto pasivo que facture correctamente el IVA de una prestación gravada sería deudor del IVA en dos ocasiones: una vez en virtud del artículo 203 y otra vez en virtud del artículo 193 de la Directiva del IVA. La intención del legislador de la Unión no puede haber sido esa. El artículo 203 de la Directiva del IVA solo tiene un significado independiente si establece una deuda tributaria que vaya más allá del artículo 193 de la Directiva. Dado que la finalidad del artículo 203 de la Directiva es evitar un riesgo de pérdida de ingresos fiscales ( 3 ) (véanse los posteriores puntos 30 y siguientes), no puede abarcar el «supuesto normal» en el que un sujeto pasivo emite una factura correcta. Por consiguiente, el artículo 203 de la Directiva del IVA cubre «únicamente» el IVA facturado indebidamente, es decir, el IVA que no se debe legalmente pero que aun así es mencionado en la factura.
136.

Si bien es cierto que la expresión «[un comportamiento] que tiene como objeto mantener a los competidores apartados del mercado» (en la versión en lengua inglesa, a saber, la lengua de procedimiento, «conduct […] seeking to keep competitors away from the market») está impregnada de ambigüedad y podría efectivamente, sacada de contexto, entenderse en el sentido de que hace alusión a la existencia de una intención contraria a la competencia, esta debe, no obstante, apreciarse en su contexto específico. ( 63 )
6.

El artículo 6 («Licitud del tratamiento») reza: «1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; […] c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; […] e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. […] 3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por: a) el derecho de la Unión, o b) el derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento […]. El derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido. 4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas: a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto; b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento; c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 10; d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto; e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización».
85.

En efecto, es cierto que, como se desprende de la jurisprudencia citada en los puntos 57 a 61 anteriores, en materia de ayudas la Comisión se basa en gran medida en la información facilitada por el Estado miembro. No obstante, por una parte, de la jurisprudencia mencionada en el punto 60 también se desprende que incumbe a la Comisión solicitar al Estado miembro interesado que aporte toda la información pertinente que le permita comprobar si concurren las condiciones de aplicación del principio del inversor privado. Una simple petición de formular observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento no me parece equiparable a dicha solicitud de información. Por otra parte, de la jurisprudencia citada en el apartado 62 se infiere asimismo que, aunque el Estado miembro en cuestión no colabore, la Comisión está obligada en cualquier caso a fundar sus decisiones en datos de una cierta fiabilidad y coherencia que constituyan una base suficiente para sus conclusiones. En consecuencia, dicha institución no puede basarse simplemente en un razonamiento deductivo, lógicamente plausible.
80.

Propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln (Tribunal de lo Tributario de Colonia, Alemania) del modo siguiente: «El artículo 63 TFUE se opone a una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, que, para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital, exige a una sociedad no residente que percibe dividendos de participaciones que no alcanzan la participación mínima prevista en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2003/123/CE, probar, mediante un certificado de la Administración tributaria extranjera, que el impuesto no puede ser imputado por los socios directos o indirectos de dicha sociedad ni puede ser deducido por ella ni por sus socios directos o indirectos como coste de explotación o como gasto necesario en el Estado de residencia, mientras que a una sociedad establecida en territorio nacional, con una participación de igual cuantía, no se le exige dicha prueba para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital. Para ser compatible con el artículo 63 TFUE, tal disposición nacional ha de prever la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital a la sociedad no residente que perciba los rendimientos en la medida en que el impuesto no pueda imputarse en el Estado de residencia con arreglo al convenio aplicable para evitar la doble imposición. Cuando solo sea posible la imputación parcial en el Estado de residencia, el Estado de origen debe devolver la diferencia.»
50.

Es cierto que, en el caso de autos, a diferencia de lo que sucedía en los asuntos citados en el punto anterior, la sustitución de las cláusulas no es un efecto directo de la Ley de 2015, ya que la sustitución está supeditada al consentimiento del consumidor. A este respecto, la Ley brinda a las partes las opciones de celebrar un contrato de préstamo nuevo o un anexo al contrato de préstamo existente. Ahora bien, el mero requisito de que el consumidor consienta no implica que las cláusulas ya no reflejen disposiciones legales imperativas. En el caso de autos, la Ley de 2015 obliga a los bancos a que, en un plazo establecido, presenten una oferta al consumidor. Para el consumidor, la única alternativa al consentimiento es mantener el contrato originario, incluidas aquellas cláusulas que, según el legislador, son abusivas y desfavorables al consumidor. Además, el contenido del posible anexo del contrato viene determinado íntegramente por la Ley y no se negocia libremente entre las partes contratantes.
41.

Al igual que todas las partes, con excepción de EUROAPTIEKA, considero que la difusión de información relativa a los medicamentos no sujetos a receta médica puede influir, en principio, en la decisión de compra del consumidor. Lo que importa no es el medicamento que compra el consumidor, sino el hecho de que la difusión de información incita al consumidor a efectuar una compra de un producto incluido en la amplia categoría de los medicamentos que no están sujetos a receta médica. Además, considerar que la difusión de información relativa a los medicamentos en general no constituye una publicidad llevaría a excluir también del ámbito de aplicación de los títulos VIII y VIII bis de la Directiva 2001/83 la difusión de información relativa a una determinada categoría de medicamentos destinados a tratar una enfermedad concreta. Lo que es más, no puede descartarse que los consumidores asocien automáticamente dicha categoría de medicamentos con un medicamento específico, aun cuando su nombre no se mencione en esa información.
49.

En efecto, en su versión en lengua francesa, el artículo 16, apartado 2, letra b), de la Directiva 2009/28 señala que «les États membres prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables». En su versión en lengua inglesa, esa misma disposición establece que «Member States shall also provide for either priority access or guaranteed access to the grid-system of electricity produced from renewable energy sources». Por último, la versión en lengua estonia de esta disposición establece que los Estados miembros «sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kas eelistatud või tagatud juurdepääsu võrgusüsteemile».
22.

Sin embargo, a las demandantes en el asunto C‑213/20 no se les proporcionó ninguna información en relación con las condiciones de adquisición de las obligaciones de renta variable de la tercera sociedad. Así pues, no obtuvieron información relativa a los factores de riesgo asociados a la inversión en dichos productos estructurados. La única información sobre riesgos que se deducía de las reglas del fondo consistía, en particular, en la relativa a los riesgos asociados a la devaluación del índice en que se invertían las primas del seguro, como consecuencia de la evolución de los mercados financieros, y la posible pérdida de parte de las primas invertidas en caso de resolución del contrato de seguro con anterioridad a la expiración del período de seguro.
11.

El artículo 8 («Contratos individuales de trabajo») preceptúa: «1. El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. 2. En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente. No se considerará que cambia el país de realización habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro país. 3. Cuando no pueda determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador. 4. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se aplicará la ley de ese otro país».
168.

En primer lugar, la Comisión rebate la apreciación, que figura en el apartado 73 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 71 de la segunda sentencia recurrida, de que el estado federado de Baviera no pudo manifestarse sobre la cuestión de si las pruebas de calidad de la leche financiadas mediante ingresos fiscales generales constituían pruebas que iban más allá de la obligación legal. La Comisión aduce que las alegaciones de dicho estado federado formuladas durante la investigación formal no repercutieron en el resultado de dicho procedimiento, puesto que la financiación de las pruebas adicionales no estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la Decisión controvertida. A continuación, la Comisión afirma que el Tribunal General no examinó sus alegaciones, en particular la alegación de que, aun en caso de que las alegaciones formuladas por el estado federado de Baviera relativas a las pruebas adicionales fueran fundadas, había quedado acreditado, en cualquier caso, que dichas pruebas se realizaron con arreglo a la MFG. Pues bien, la decisión de incoación cubría todas las pruebas establecidas en dicha Ley y, en consecuencia, también esas pruebas.
106.

También es cuestionable si una imposición análoga pero restringida del capital social de los OICVM no residentes —limitada al valor neto de las participaciones portuguesas y de los dividendos acumulados procedentes de ellas— es un medio menos restrictivo. De hecho, esto exigiría que un OICVM no residente tuviera que redactar sus balances conforme a la legislación portuguesa para determinar el correspondiente valor contable neto total. En cualquier caso, este medio no sería igualmente eficaz, ya que el registro fiscal y el control de los OICVM no residentes resultan mucho más difíciles que la retención del impuesto en la fuente en el momento del pago de los dividendos a un OICVM no residente.