Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Derecho comunitario ° Principios ° Derechos fundamentales ° Respeto de la vida privada

2. Derecho comunitario ° Principios ° Derechos fundamentales ° Restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales justificadas por el interés general

3. Funcionarios ° Selección ° Examen médico ° Objeto ° Consecuencias de la negativa del interesado a aceptar determinados exámenes

(Régimen aplicable a otros agentes, arts. 12 y 13)

4. Funcionarios ° Selección ° Examen médico ° Prueba de detección de anticuerpos VIH ° Negativa del interesado ° Recurso a otras pruebas que permiten obtener las mismas informaciones ° Vulneración del derecho al respeto de la vida privada

(Régimen aplicable a otros agentes, arts. 12 y 13)

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1. El derecho al respeto de la vida privada, consagrado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. Este derecho comprende en particular el derecho a mantener secreto su estado de salud.

2. Los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario pueden ser sometidos a restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general y no constituyan, en lo que respecta al fin perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos garantizados.

3. El reconocimiento médico previo a la contratación, previsto en el artículo 13 del Régimen aplicable a otros agentes, tiene por objeto permitir a la Institución de que se trate determinar si el agente temporal reúne las condiciones de aptitud física que el letra d) del apartado 2 del artículo 12 exige para proceder a la contratación. Ahora bien, aunque el reconocimiento previo a la contratación sirve a un interés legítimo de la Institución, dicho interés no justifica que se proceda a una prueba médica contra la voluntad del interesado. No obstante, si este último, tras haber sido debidamente informado, se niega a dar su consentimiento a una prueba que el médico asesor de la Institución considera necesaria para evaluar su aptitud para desempeñar las funciones para las cuales presentó su candidatura, la Institución no puede ser obligada a soportar el riesgo de contratarlo.

4. Una interpretación de las disposiciones relativas al reconocimiento médico previo a la contratación de un agente temporal que considere que las mismas sólo llevan implícita la obligación de respetar la negativa del interesado en lo relativo a la prueba específica de detección del SIDA, pero permiten practicar todas las demás pruebas que sólo pueden infundir sospechas sobre la presencia del virus del SIDA, no respeta el alcance que ha de atribuirse al derecho al respeto de la vida privada. En efecto, el respeto de dicho derecho exige respetar la negativa del interesado en toda su extensión. Cuando este último se ha negado expresamente a someterse a una prueba de detección del SIDA, el mencionado derecho se opone a que la Institución de que se trate realice cualquier tipo de prueba que permita sospechar o comprobar la existencia de dicha enfermedad.