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50

De las declaraciones de los testigos se deduce que el tribunal del concurso no procedió por sí mismo a la verificación del exceso de 800 palabras. El control fue realizado por la Secretaría de la División de Selección de Personal, en concreto con ocasión del procedimiento sobre medidas provisionales. Según la declaración del Sr. Kalbe, este control no se efectuó sobre todos los ejercicios de las 172 personas admitidas en la prueba oral, sino que se limitó únicamente a los ejercicios en los que los candidatos habían indicado en los cuadros ad hoc un número de palabras cercano a 800, el resto de los ejercicios sólo fue controlado mediante sondeos. Por lo tanto, no se excluye que, de entre los ejercicios no controlados, algunos hayan sobrepasado el límite exigido. Por consiguiente, el resultado de este control no puede ser considerado fiable. Por añadidura, no existe testimonio alguno sobre el nombre de los cinco candidatos que, según la Administración, sobrepasaron el límite pero que no fueron incluidos en la lista de los aprobados. Sólo la identificación de dichas personas hubiera permitido que los demandantes aportaran una prueba contraria.
33

Por otra parte, del examen de las dos notas impugnadas se desprende que no puede admitirse la tesis del CES. En efecto, el tenor de estas notas es claro y de él no se sigue que la intención de adoptar actos generadores de efectos jurídicos obligatorios haya estado ausente en el momento de su redacción. En su primera nota, el Secretario General afirmaba que las elecciones «deberán celebrarse con arreglo al sistema [...] “SUPAR”». En la segunda, el Secretario General confirmó que, «en opinión de la institución, las citadas elecciones deberán celebrarse con arreglo al sistema denominado “SUPAR”». El Secretario General dictó, pues, instrucciones de carácter obligatorio para garantizar que las elecciones se desarrollaran con arreglo al sistema «SUPAR»; no dejó margen de apreciación a la Oficina electoral. El hecho de que la palabra «opinión» figure en la segunda nota no invalida esta afirmación, puesto que esta palabra no fue utilizada para determinar la calificación jurídica de la comunicación, cuya naturaleza obligatoria queda confirmada por el hecho de que constituye la respuesta de la Administración a una petición de la Oficina electoral cuyo objeto era obtener «instrucciones precisas en cuanto al reglamento electoral que debe aplicarse».
Incumbe a la AFPN apreciar si un candidato cumple las condiciones exigidas en la convocatoria para proveer plaza vacante y esta apreciación sólo puede impugnarse en caso de error manifiesto. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no puede suplantar a la AFPN y controlar las apreciaciones de esta última sobre las aptitudes profesionales de los candidatos, salvo para declarar la existencia de un error manifiesto de apreciación.

La norma impuesta por el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, según la cual las decisiones lesivas serán motivadas, se aplica a una decisión por la que no se acepta una candidatura adoptada en el marco de un procedimiento de selección basado en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto. No obstante su carácter excepcional, esta última disposición no puede prevalecer sobre una norma del Estatuto formulada de forma general e incondicional.
SENTENCIA DE 20.3.1991 — ASUNTO T-109/89 
2. Una decisión de una Institución comuni­
taria, comunicada al conjunto de su per­
sonal, relativa a la determinación del 
grado y a la clasificación en escalón que 
tiene lugar en el momento de la selec­
ción, constituye una directriz interna 
que, como tal, debe considerarse como 
una norma de conducta indicativa que la Administración se impone a sí misma y 
de la cual no puede desviarse sin precisar 
las razones que le llevan a ello, so pena 
de conculcar el principio de igualdad de 
trato (véase la sentencia de 1 de diciem­
bre de 1983, Blomefield/Comisión, 
190/82, Rec. p. 3981). 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta) 
de 20 de marzo de 1991 * 
En el asunto T-109/89, 
Georges-Marc André, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, 
con domicilio en Jambes (Bélgica), representado por el Sr. Manuel Campolini, 
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del 
Sr. Victor Gillen, 13, rue Aldringen, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Joseph Griesmar, 
Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxem­
burgo el despacho del Sr. Guido Berardis, miembro de su Servicio Jurídico, Cen­
tre Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
II- 140 
ANDRÉ / COMISIÓN 
que tiene por objeto el reconocimiento del derecho del demandante a ser clasifi­
cado en el grado B 4, escalón 3, desde su entrada en funciones en la Comisión, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta), 
integrado por los Sres.: C. P. Briët, Presidente; D. Barrington y J. Biancarelli, Jue­
ces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas. 
II-141
SENTENCIA DE 26.9.1990 — ASUNTO T-139/89 
Como no se discute que la iniciativa de la 
reclamación proviene del funcionario, 
quien también define su alcance, exigir al 
funcionario que firme el escrito de recla­
mación redactado por su Abogado sería 
la expresión de un formalismo totalmente 
excesivo, carente de base legal y contra­
rio al sentido de la jurisprudencia. 
2. El Abogado que asiste o que representa a 
una de las partes no está obligado a pre­
sentar un poder otorgado en debida 
forma, salvo que deba justificar este po­
der en caso de impugnación (véase sen­
tencia de 16 de febrero de 1965, Barge 
contra Alta Autoridad, 14/64, Ree. XI-4, 
p. 2). 3. Debido a que las disposiciones aplicables 
a la acumulación de los días de vacacio­
nes anuales del año natural al período de 
vacaciones del año siguiente no precisan 
en ninguna parte de qué manera y en qué 
momento debe aportarse la prueba de 
«razones imputables a las necesidades del 
servicio» que justifiquen una acumulación 
superior a doce días de vacaciones, la im­
pugnación de dicha acumulación sólo 
puede tener por objeto la existencia de 
razones de esta índole. 
4. La Administración no puede prevalerse 
de las ausencias no impugnadas por 
causa de enfermedad de un funcionario 
para privarle del pleno disfrute de sus va­
caciones anuales. 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
(Sala Tercera) 
26 de septiembre de 1990* 
En el asunto T-139/89, 
Gabriella Virgili-Schettini, antigua agente temporal del Parlamento Europeo, con 
domicilio en Mamer (Gran Ducado de Luxemburgo), representada por el Sr. Vie 
Elvinger, Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo 
el despacho de este último, 4, rue Tony Neuman, 
parte demandante, 
contra 
Parlamento Europeo, representado por los Sres. Jorge Campinos, Jurisconsulto, y 
Manfred Peter, Jefe de División, en calidad de Agentes, que designa como domici­
lio en Luxemburgo la Secretaría General del Parlamento Europeo, Kirchberg, 
parte demandada, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
II - 536 
VIRGILI-SCHETTINI / PARLAMENTO 
que tiene por objeto la anulación de la decisión de la parte demandada de 1 de 
febrero de 1989 por la que se deniega a la demandante la compensación de setenta 
y cinco días de vacaciones no disfrutados en el momento de cesar en el servicio, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. A. Saggio, Presidente; B. Vesterdorf y K. Lenaerts, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Anular la decisión del Parlamento Europeo de 1 de febrero de 1989 en la me­
dida en que se refiera a la acumulación de los días de vacaciones en virtud del 
párrafo 1 del artículo 4 del anexo V del Estatuto. 
2) El Parlamento Europeo pagará a la Sra. Gabriella Virgili-Schettini una indemni­
zación compensatoria correspondiente a veintisiete días de vacaciones no disfru­
tados, cuyo importe se determinará de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 2 del artículo 4 del anexo V del Estatuto. 
3) Desestimar el recurso en todo lo demás. 
4) Condenar en costas al Parlamento Europeo. 
II - 537
La devolución por el funcionario de una parte de la indemnización por gastos de instalación, calculada a prorrata de la parte del plazo de dos años que aún queda en el momento en que el funcionario abandona voluntariamente el servicio de las Comunidades, no tiene como finalidad tener en cuenta la duración de la instalación al ser el mismo el coste de la instalación para un período corto que para un período más dilatado.

Su finalidad es no hacer gravitar sobre las Comunidades la totalidad de la in demnización por gastos de instalación pagada con motivo del destino del funcionario a un lugar de servicio más que en el supuesto en que la relación de servicio entre las Comunidades y el funcionario se haya consolidado suficientemente en los dos años que el funcionario haya pasado al servicio de las Comunidades. Por el contrario, se halla prevista la asunción, parcial únicamente, por las Comunidades de la indemnización por gastos de instalación en el supuesto en que el funcionario abandone el servicio de las Comunidades antes de dos años, después de su ingreso en éstas. Efectivamente, una buena gestión de los fondos públicos no permite que las Comunidades asuman enteramente los gastos de la indemnización de instalación de un funcionario con el cual no se ha podido consolidar la relación de servicio por un motivo imputable a este último.
La cuestión de admisibilidad relativa a la concordancia entre la reclamación administrativa previa y el recurso es una cuestión de orden público en la medida en que se refiere a la regularidad del procedimiento administrativo, que constituye una formalidad sustancial. El examen de oficio responde, en particular, a la propia finalidad del procedimiento administrativo que consiste en permitir una solución pactada de las diferencias que se susciten entre los funcionarios o agentes y la Administración.

Debe declararse la inadmisión de un motivo que no fue invocado en la reclamación y al que se hace referencia, por primera vez, en la fase escrita ante el Tribunal de Primera Instancia por cuanto la reclamación administrativa no sólo no se refiere a dicho motivo, sino que tampoco contiene ningún elemento del que la institución demandada hubiera podido deducir que el demandante tuviera intención de invocar el motivo objeto de controversia.
C 64/5

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Bélgica) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent

(Asunto C-316/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Directiva 2014/24/UE - Desarrollo del procedimiento - Selección de los participantes y adjudicación de los contratos - Artículo 63 - Licitador que recurre a las capacidades de otra entidad para cumplir las exigencias del poder adjudicador - Incumplimiento de los requisitos relativos a las capacidades técnicas y profesionales del licitador por la entidad a cuyas capacidades pretende recurrir el licitador - Obligación de permitir a dicho licitador sustituir esa entidad - Principio de proporcionalidad)

(2022/C 64/06)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Monument Vandekerckhove NV

Demandada: Stad Gent

con intervención de: Denys NV, Aelterman BVBA

Fallo

El artículo 63, apartado 1, párrafo 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en relación con los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de proporcionalidad, enunciados en el artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, cuando constate que una entidad a cuyas capacidades pretende recurrir un operador económico no reúne los requisitos de selección, el poder adjudicador está obligado a pedir a dicho operador que sustituya esa entidad, si no quiere que se le excluya del procedimiento de contratación pública de que se trate.

(1) DO C 320 de 9.8.2021.
C 287/20

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 4 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Kehl — Alemania) — Proceso penal contra FU

(Asunto C-554/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Reglamento (UE) 2016/399 - Código de fronteras Schengen - Artículos 22 y 23 - Supresión de los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen - Inspecciones dentro del territorio de un Estado miembro - Medidas que tienen un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas - Controles de identidad en las proximidades de una frontera interior del espacio Schengen - Posibilidades de control con independencia del comportamiento de la persona de que se trate o de la existencia de circunstancias particulares - Regulación nacional de la intensidad, la frecuencia y la selectividad de los controles)

(2020/C 287/29)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Kehl

Parte en el proceso penal principal

FU

con intervención de: Staatsanwaltschaft Offenburg

Fallo

El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 22 y 23 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que confiere a las autoridades policiales del Estado miembro de que se trata competencia para controlar la identidad de cualquier persona, en una zona de 30 kilómetros a partir de la frontera terrestre de ese Estado miembro con otros Estados del espacio Schengen, con el fin de prevenir o poner fin a la entrada o residencia ilegales en el territorio de dicho Estado miembro o de prevenir determinadas infracciones contra la seguridad de las fronteras, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate y de la existencia de circunstancias particulares, a condición de que esa competencia esté delimitada por especificaciones y limitaciones lo suficientemente detalladas sobre la intensidad, la frecuencia y la selectividad de los controles efectuados, garantizando así que el ejercicio práctico de dicha competencia no pueda tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 357 de 21.10.2019.
2)

Los artículos 4 y 6 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, en relación con el considerando 16 de esta, deben interpretarse en el sentido de que los requisitos derivados de la presunción de inocencia no se oponen a que, cuando el órgano jurisdiccional competente examine los indicios racionales que permitan suponer que la persona sospechosa o encausada ha cometido la infracción que se le imputa con el fin de pronunciarse sobre la legalidad de una resolución relativa a la prisión preventiva, dicho órgano jurisdiccional sopese las pruebas de cargo y de descargo que se le presenten y motive su resolución no solo indicando las pruebas en que se ha basado, sino también pronunciándose sobre las objeciones de la defensa de la persona de que se trate, siempre que la resolución que se adopte al respecto no se refiera a la persona privada de libertad como culpable.
C 320/16

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Via Lattea Scrl y otros / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Asunto C-337/18) (1)

(2020/C 320/24)

Lengua de procedimiento: italiano

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 285 de 13.8.2018.
C 287/15

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de mayo de 2020 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Špecializovaný trestný súd — Eslovaquia) — Proceso penal contra UL, VM

(Asunto C-709/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 53, apartado 2, y artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Directiva (UE) 2016/343 - Artículos 3 y 4 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 47 y 48 - Referencias públicas a la culpabilidad - Jurisdicción nacional - Aceptación por vía de auto de la declaración de culpabilidad de uno de los dos coacusados por las infracciones indicadas en el escrito de acusación - Examen de la culpabilidad del segundo coacusado que se declaró no culpable - Condena por el mismo órgano jurisdiccional que aceptó la declaración de culpabilidad)

(2020/C 287/22)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Špecializovaný trestný súd

Partes en el procedimiento penal principal

UL, VM

con intervención de: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Fallo

El artículo 3 y el artículo 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, en relación con el considerando 16 de esta Directiva y con el artículo 47, párrafo segundo, y el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en el marco de un procedimiento penal incoado contra dos personas, un órgano jurisdiccional nacional, en primer lugar, acepte por vía de auto la declaración de culpabilidad de la primera persona por las infracciones mencionadas en el escrito de acusación, supuestamente cometidas junto con la segunda persona, que no se ha declarado culpable, y, posteriormente, tras haberse practicado la prueba en relación con los hechos que se imputan a esta segunda persona, resuelva sobre su culpabilidad, con la condición, por una parte, de que la mención de la segunda persona como coautor de las presuntas infracciones sea necesaria para la calificación de la responsabilidad jurídica de la persona que se ha declarado culpable y, por otra parte, que ese mismo auto y/o el escrito de acusación al que este haga referencia indiquen claramente que la culpabilidad de esa segunda persona no ha sido declarada legalmente y será objeto de una práctica de prueba y de una resolución distintas.

(1) DO C 44 de 4.2.2019.
C 68/22

Auto del Tribunal de Justicia (Séptima Sala) de 19 de diciembre de 2019 — Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Comisión Europea

(Asunto C-747/18 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Ayudas de Estado - Ayuda aplicada por Hungría a favor de empresas que emplean a trabajadores discapacitados - Recurso de anulación - Supuestas decisiones de no formular objeciones - Falta de legitimación activa - Persona no afectada individualmente - Recurso que no se ha presentado con el fin de salvaguardar los derechos procesales - Inadmisibilidad del recurso en primera instancia - Recurso de casación manifiestamente infundado)

(2020/C 68/22)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Recurrente: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (representante: L. Szabó, ügyvéd)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Bottka y C. Georgieva-Kecsmar, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.

2) Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

(1) DO C 112 de 25.3.2019.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de junio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina

(Asunto C-322/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Reglamento (CE) n.o 1370/2007 - Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera - Artículo 5 - Adjudicación de contratos de servicio público - Artículo 5, apartado 2 - Adjudicación directa - Concepto de «operador interno» - Artículo 8, apartado 2 - Régimen transitorio)

(2020/C 10/23)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Schiaffini Travel SpA

Demandada: Comune di Latina

con intervención de: Cilia Italia Srl, ATI costituita da Rossi Bus SpA e da Nuova Tesei Bus Srl, Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Fallo

Los artículos 5 y 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que el artículo 5, apartado 2, de este Reglamento no es aplicable a un procedimiento de adjudicación de servicio público de transporte local desarrollado antes del 3 de diciembre de 2019.

(1) DO C 285 de 13.8.2018.
C 103/21

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) — Irlanda) — Minister for Justice and Equality / ND

(Asunto C-685/18) (1)

(2019/C 103/26)

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 16 de 14.1.2019.
2)

El artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que un programa operacional, a efectos del artículo 9, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, como el programa operacional «Agricultura y desarrollo rural», aprobado mediante la Decisión C(2000) 2878 de la Comisión, de 30 de octubre de 2000, no está incluido en el concepto de «programa plurianual», a efectos de la primera de dichas disposiciones, salvo si en dicho programa se hacen ya constar acciones concretas que han de ejecutarse, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.