Asunto C-169/07

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

contra

Wiener Landesregierung y Oberösterreichische Landesregierung

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof)

«Libertad de establecimiento — Seguridad social — Sistema nacional de salud financiado por el Estado — Régimen de prestaciones en especie — Régimen de reembolso de las cantidades anticipadas por el asegurado — Autorización para la creación de una policlínica privada en la que se presten servicios odontológicos ambulatorios — Criterio de valoración de las necesidades que justifican la creación de un centro sanitario — Objetivo de mantenimiento de un servicio médico u hospitalario de calidad, equilibrado y accesible a todos — Objetivo de prevención de un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social — Congruencia — Proporcionalidad»

Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 9 de septiembre de 2008 I ‐ 1723

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de marzo de 2009 I ‐ 1751

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Restricciones — Normativa nacional que exige una autorización administrativa previa, expedida en función de las necesidades del mercado, para la apertura de policlínicas dentales autónomas — Improcedencia — Justificación por razones de interés general — Inexistencia

(Arts. 43 CE y 48 CE)

Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a disposiciones nacionales en virtud de las cuales es necesaria una autorización para abrir un centro sanitario privado consistente en una policlínica dental autónoma y según las cuales debe denegarse dicha autorización cuando, a la luz de la asistencia ya ofrecida por los médicos concertados, no exista necesidad alguna que justifique la apertura de tal centro, siempre que dichas disposiciones no sometan igualmente al mismo régimen a los consultorios colectivos y no se basen en un requisito que pueda limitar suficientemente el ejercicio, por las autoridades nacionales, de su facultad de apreciación.

Tal normativa no es adecuada para garantizar la consecución de los objetivos de mantenimiento de un servicio médico de calidad, equilibrado y accesible a todos ni para evitar un riesgo de grave menoscabo para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social. Por una parte, dicha normativa no persigue de manera congruente y sistemática los objetivos alegados, puesto que, a diferencia de lo que ocurre con las nuevas policlínicas dentales, no somete el establecimiento de los consultorios de grupo a un régimen de autorización previa, pese a que, en general, los consultorios colectivos ofrecen los mismos servicios médicos que las policlínicas dentales, están sujetos a las mismas condiciones del mercado y, en numerosas ocasiones, el paciente no observa diferencia alguna entre tales estructuras. Por otra parte, para que un régimen de autorización administrativa previa esté justificado aun cuando introduzca una excepción a tal libertad fundamental, debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que garanticen su adecuación para establecer suficientemente los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales. No sucede así cuando la expedición de la autorización para abrir una nueva policlínica dental se supedita al criterio del número de pacientes por médico, que ni se fija ni se pone previamente en conocimiento de los interesados en modo alguno, ni cuando el régimen de autorización administrativa previa se basa en un método que puede ir en detrimento de la objetividad y de la imparcialidad de la tramitación de la solicitud de autorización de que se trata.

(véanse los apartados 57, 58, 63 a 66, 68 a 72 y el fallo)