Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Procedimiento prejudicial de urgencia — Requisitos — Examen de oficio por el Tribunal de Justicia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 104 ter, párr. 1)

2. Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) nº 2201/2003 — Resolución certificada dictada en el Estado miembro de origen que ordena la restitución de un menor ilícitamente retenido

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 24; Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, art. 42, ap. 2, párr. 1, letra a)]

3. Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) nº 2201/2003 — Decisión certificada dictada en el Estado miembro de origen y que ordena la restitución de un menor ilícitamente retenido

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 24; Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, art. 42]

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1. El Tribunal de Justicia reconoce la urgencia de pronunciarse en situaciones de traslado de un menor, en particular cuando la separación de un menor respecto del progenitor al que se le había atribuido la custodia previamente, aunque sólo fuera con carácter provisional, supondría un riesgo de deterioro o menoscabo de las relaciones entre ambos y podría provocar un daño psíquico.

Así, cuando un menor lleva más de dos años separado de su padre y, debido a la distancia y las tensas relaciones entre los progenitores del menor, existe un riesgo serio y concreto de ausencia total de contacto entre el menor y su padre mientras dure el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia puede decidir que la remisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento de urgencia, si entiende que la tramitación de la petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento ordinario podría menoscabar gravemente, incluso de manera irreparable, las relaciones entre el progenitor y su hijo, así como poner en mayor peligro la integración de éste en su entorno familiar y social en el caso de un eventual regreso al lugar en el que residía antes de su sustracción.

(véanse los apartados 39 a 41)

2. Como prevén el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 42, apartado 2, párrafo primero, letra a), del Reglamento nº 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento nº 1347/2000, el derecho del menor a ser oído no requiere que se lleve a cabo necesariamente una audiencia ante el juez del Estado miembro de origen, sino que exige poner a disposición de ese menor los procedimientos y condiciones legales que le permitan expresar libremente su opinión y que ésta sea considerada por el juez. En otros términos, si bien es verdad que el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 42, apartado 2, párrafo primero, letra a), del Reglamento nº 2201/2003 no obligan al juez del Estado miembro de origen a oír en todos los casos al menor en el marco de una audiencia, dejando así cierto margen de apreciación a dicho juez, no es menos cierto que, cuando éste decide oír al menor, estas disposiciones exigen que adopte, en función del interés superior del menor y habida cuenta de las circunstancias de cada caso concreto, todas las medidas apropiadas con vistas a tal audiencia, para respetar la eficacia de dichas disposiciones, ofreciendo al menor una posibilidad real y efectiva de expresarse. Con esa misma finalidad, el juez del Estado miembro de origen debe poder recurrir, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor, a todos los medios que pone a su disposición el Derecho nacional, así como a los instrumentos propios de la cooperación judicial transfronteriza, incluidos, en su caso, los previstos por el Reglamento nº 1206/2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

(véanse los apartados 65 a 67)

3. Cuando se dicta una resolución que ordena la restitución de un menor ilícitamente retenido sin haber oído a dicho menor, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución no puede oponerse a la ejecución de esta resolución certificada por considerar que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen del que emana esta resolución ha vulnerado el artículo 42 del Reglamento nº 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento nº 1347/2000, interpretado conforme al artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto la apreciación de la existencia de tal vulneración compete exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen.

En efecto, los sistemas de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro establecidos por el Reglamento nº 2201/2003 se basan en el principio de la confianza recíproca entre los Estados miembros en cuanto al hecho de que sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales están en condiciones de proporcionar una protección equivalente y efectiva de los derechos fundamentales, reconocidos en el ámbito de la Unión, en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales. Las partes interesadas deberán, por tanto, acudir al ordenamiento jurídico del Estado miembro de origen para hacer uso de las vías de recurso que les permitan impugnar la legalidad de una resolución certificada en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 2201/2003.

(véanse los apartados 70, 71 y 75 y el fallo)