Pienso, asimismo, que la prohibición de quo no puede considerarse como «necesaria» para garantizar las exigencias imperativas reconocidas por el Derecho comunitario. Es cierto, en efecto, que, desde un punto de vista abstracto, puede considerarse que esta prohibición, en la medida en que resulta de la aplicación del artículo 3 de la UWG, tiene como objetivo, a un tiempo, la protección del consumidor (en el amplio sentido del término, es decir, englobando la protección de la confianza de los terceros en general contra informaciones o presentaciones engañosas) y la protección de la lealtad de las transacciones comerciales (en la medida en que la presentación engañosa de un producto puede aventajar indebidamente a un competidor en detrimento de otro).

Pero asimismo es cierto que, si se procede a un análisis más minucioso, no parece qué la libre circulación de productos como el que es objeto del presente litigio, realmente pueda engañar a terceros, provocando, por consiguiente, distorsiones en la competencia.

Al respecto, observo en primer lugar que es indiscutible que la (R) se colocó al producto litigioso conforme a la práctica comercial internacional que, aunque está muy extendida, nunca ha dado lugar a dificultades. En efecto, en el marco de los intercambios internacionales, la (R) se utiliza normalmente para indicar de manera general que la marca a la que acompaña ha sido registrada, sin connotaciones de carácter territorial. Por lo demás, ello parece estar en armonía con el hecho de que, a diferencia de otras indicaciones expresadas en una lengua determinada, el signo en cuestión se caracteriza precisamente por ser un símbolo utilizado en el plano internacional y figurar normalmente, por consiguiente, sobre los productos cuyas marcas han sido registradas en los más diversos países.

Ello significa en primer lugar, hay que señalarlo, que en el presente caso no parece que exista riesgo alguno para los consumidores en sentido estricto, es decir, para los compradores de los productos que llevan el signo (R). En efecto, como ha indicado la Comisión, la (R), por su propia función, constituye un mensaje que no va destinado a los consumidores, sino, básicamente, a los demás operadores económicos y en particular a los competidores de la empresa que lo utiliza. Esto puede confirmarse, a nivel empírico, por el hecho de que la (R) u otras indicaciones análogas ocupan a menudo un lugar demasiado marginal en la presentación de un producto, no siendo apenas evidentes a los ojos del comprador.

En realidad, no parece que sea tan importante para el comprador saber si una marca determinada ha sido registrada: llegado el caso, lo que le interesa es la certeza de que una marca (acompañada o no del signo de registro) no ha sido objeto de imitación o no ha dado lugar a una confusión con marcas semejantes. Por otra parte, aun cuando el consumidor concediera algún valor al hecho de que la marca esté registrada, el lugar en que se ha efectuado el registro le sería completamente indiferente. Es cierto, en efecto, que el registro no se realiza en todos los países conforme a las mismas modalidades (que continúan estando reguladas por las diferentes normativas nacionales, todavía no armonizadas a nivel comunitario), pero asimismo es cierto que estas divergencias tienen un carácter procedimental y que, en todo caso, como se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la vista, no tienen ninguna incidencia, ni siquiera indirecta, sobre las garantías de calidad del producto ofrecido.

En fin, debe observarse que, aun en el caso —que me parece, no obstante, puramente teórico— de que el consumidor relacionara determinada calidad al registro de una marca en un país concreto, nada impide que, por iniciativa propia, los productores proporcionen al consumidor tal información, con el fin de satisfacer tal expectativa. Es, pues, evidente que, también en relación con tal supuesto teórico, una prohibición como la que es objeto de este litigio parece manifiestamente desproporcionada.

En segundo lugar, tampoco existe un riesgo efectivo de engaño respecto a los sujetos —los operadores económicos— a los que normalmente se dirige la información de que la marca ha sido registrada. A este respecto, el tribunal a quo considera que una utilización de la (R) que se separase del uso nacional tradicional comprometería la confianza de estos sujetos. En efecto, se induciría siempre a éstos a creer que la marca acompañada de la (R) ha sido registrada en la República Federal de Alemania y, por consiguiente, se beneficia de un status jurídico preciso; por lo tanto, si se pusieran en circulación productos acompañados de la (R), cuya marca no ha sido registrada en Alemania, se induciría a error a los terceros, en la medida en que se les haría atribuir a la propia marca una protección jurídica de la que, sin embargo, carece.

Ahora bien, la experiencia común nos demuestra que un empresario diligente, que actúe con una diligencia normal, cuando pretende comercializar un producto y tiene, pues, interés en saber si determinada marca está, o no, registrada y disfruta, por consiguiente, de la correspondiente protección jurídica, verifica, antes de cualquier otra actuación, en los Registros públicos cuál es exactamente la situación jurídica de la marca de que se trate, independientemente de que un producto similar lleve, o no, la (R). Así pues, la protección jurídica de estos operadores que actúan con una diligencia normal no está condicionada realmente —y mucho menos, comprometida— por el hecho de que productos que llevan la (R) y cuya marca no está registrada en el país en que el propio producto se comercializa, circulen libremente: incluso aunque no exista la prohibición de quo, estos operadores no corren el riesgo de ser engañados sobre la existencia de la protección jurídica de una marca determinada y, por consiguiente, sobre el alcance de sus propios derechos de propiedad comercial. Por las mismas razones, debe considerarse asimismo que, aunque no exista la prohibición litigiosa, no hay riesgos de que se distorsione la competencia.

No obstante, aun suponiendo que en un Estado miembro los terceros consideren que la (R) no puede indicar otra cosa que no sea el registro efectuado en el mismo país y deduzcan automáticamente consecuencias en relación al alcance de sus derechos de propiedad comercial (circunstancia que —es oportuno precisarlo— el propio Gobierno alemán pone en duda), debe señalarse, sin embargo, que, de cualquier forma, tal interpretación no podría ampararse de manera absoluta, hasta el punto de poner en juego de manera tan grave la libre circulación de mercancías.

En realidad, en un mercado único, que tiene por corolario la más amplia liberalizáción de los intercambios intracomunitários, no es posible modelar la protección de los terceros sobre la base de consideraciones puramente nacionales. Es normal, incluso, que las opiniones y las representaciones de los terceros —así como su protección— se modifiquen de forma progresiva en razón de_ la creciente integración de los mercados.

En esta perspectiva se sitúa, por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha declarado que:

«las ideas de los consumidores pueden variar de un Estado miembro a otro y también evolucionar a lo largo del tiempo dentro de~ un mismo Estado miembro. Además, la institución del mercado común es un factor esencial que puede contribuir a esta evolución». ( 5 )

Estos son principios que, en mi opinión, pueden aplicarse plenamente en el presente caso.