Palabras clave

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Palabras clave

1 Cultura - Programas comunitarios - Programa MEDIA - Solicitudes de financiación para la distribución de películas - Requisitos que deben reunirse - Facultad de apreciación de la Comisión - Exigencia de que se pongan de acuerdo tres distribuidores diferentes para difundir una película en salas de proyección - Concepto de «distribuidores diferentes» - Interpretación - Consideración del contexto y del sentido habitual de los términos - Distribuidores que no hayan cooperado con anterioridad de una manera sustancial y permanente

(Decisión 90/685/CEE del Consejo)

2 Cultura - Programas comunitarios - Programa MEDIA - Concesión de una ayuda - Requisito - Compatibilidad de la ayuda con el artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE)

[Tratado CE, arts. 85, 86 y 93 (actualmente arts. 81 CE, 82 CE y 88 CE)]

3 Recurso de anulación - Competencia del Juez comunitario - Interpretación de la motivación de un acto administrativo - Límites

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación) y art. 174 (actualmente art. 231 CE)]

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1 En el marco de la aplicación del programa de fomento de la industria audiovisual europea (MEDIA), regulado por la Decisión 90/685 del Consejo, las directrices del organismo que asiste a la Comisión en la aplicación financiera de dicho programa -la European Film Distribution Office (EFD0)-, establecen los requisitos para obtener una ayuda financiera comunitaria.

La circunstancia de que los requisitos para obtener financiación a cargo de la EFDO existan y hayan sido aprobados por la Comisión no es suficiente por sí misma para excluir toda facultad de apreciación por parte de esta Institución para apreciar el carácter subvencionable de las solicitudes de financiación.

En cuanto a las solicitudes de financiación para la distribución de películas, el punto III.1, letra a), de las directrices exigía que debían ponerse de acuerdo para difundir una película en salas de proyección por lo menos tres distribuidores diferentes que representaran al menos a tres Estados diferentes de la Unión Europea, o a Estados con los cuales se hubieran celebrado contratos de cooperación, y que debían presentar sus solicitudes antes de que hubiera transcurrido una determinada fecha límite.

Al no definir las directrices el concepto de «distribuidores diferentes», la determinación de la significación y el alcance de estos términos debe efectuarse considerando el contexto general en el que se utilizan y de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente.

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia consideró legítimamente que la Comisión podía interpretar y aplicar el requisito relativo a la exigencia de tres distribuidores diferentes remitiéndose a los objetivos perseguidos por el programa MEDIA, tal como se desprenden de la Comunicación de la Comisión sobre política audiovisual y de la Decisión 90/685, y, por lo tanto, exigir que, para dar curso favorable a las solicitudes de financiación para la distribución de películas, dichas solicitudes fueran presentadas por al menos tres distribuidores que no cooperasen con anterioridad de una manera sustancial y permanente.

(véanse los apartados 22 a 27)

2 Las mismas razones de coherencia que exigen que la Comisión no puede autorizar una ayuda estatal al término del procedimiento del artículo 93 del Tratado (actualmente artículo 88 CE), sin haber verificado que el beneficiario de dicha ayuda no se encuentra en situación de infringir los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE), exigen, en el marco de la aplicación del programa MEDIA, regulado por la Decisión del Consejo 90/685, que no se conceda una ayuda comunitaria a una empresa común sin haber examinado la compatibilidad de dicha ayuda con el artículo 85 del Tratado.

(véanse los apartados 29 y 30)

3 En el marco del control de la legalidad a que se refiere el artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia son competentes para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder. El artículo 174 del Tratado (actualmente artículo 231 CE) prevé que, si el recurso fuere fundado, el acto impugnado será declarado nulo y sin valor ni efecto alguno. Por consiguiente, en ningún caso puede el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia.

Aunque en el marco de un recurso de anulación el Tribunal de Primera Instancia puede verse en la necesidad de interpretar la motivación del acto impugnado de manera diferente a su autor, o incluso, en determinadas circunstancias, de tener que rechazar la motivación formal en que se basó este último, no puede hacerlo cuando ningún elemento material así lo justifique.

Por consiguiente, debe anularse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la que, al haber desvirtuado el contenido de la Decisión impugnada, el Tribunal de Primera Instancia sustituyó la motivación del autor del acto por la suya propia.

(véanse los apartados 38, 42, 48 y 49)