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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad por el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213; en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), así como del artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión no 1/80»). El Consejo de Asociación fue instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros (DO L 378, p. 1; corrección de errores en DO 1987, L 30, p. 87, y DO 1988, L 117, p. 33).
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Por consiguiente, suponiendo que la notificación del proyecto inicial del artículo 9 del Decreto (1988:539) remitida a la Comisión indicaba efectivamente que entraría en vigor durante el 2003, procede señalar que la fecha del 15 de abril de 2003, fijada in fine por las autoridades nacionales para la entrada en vigor de dicha disposición, no constituye modificación alguna en relación con una fecha concreta —que, por lo demás, no exige la Directiva 98/34— que se hubiera comunicado inicialmente a la Comisión y, por lo tanto, no constituye ningún cambio de calendario en el sentido del artículo 8, apartado 1, párrafo tercero, de dicha Directiva.
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La PRCA interpuso un recurso de apelación contra esta resolución ante la Supreme Court of the United Kingdom, sosteniendo, en particular, que sus miembros no requieren autorización de los titulares de derechos cuando se limitan a consultar los informes de seguimiento en el sitio de Internet de Meltwater.
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Las razones de que el titular de la marca no logre aportar la referida prueba resultan irrelevantes a este respecto. De otro modo, podría ocurrir que una marca continuara beneficiándose de la protección que confiere la Directiva 2008/95 a pesar de que, al estar incluida en alguna de las causas de nulidad previstas en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 3 de dicha Directiva, no fuera idónea para cumplir la función esencial de la marca y no pudiera, por ello, gozar de la protección que confiere la Directiva. Por esta misma razón, contrariamente a lo que alega DSGV, la carga de la prueba de que se trata no vulnera el principio de protección de la confianza legítima del titular de la marca.
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Datenlotsen Informationssysteme GmbH interpuso un recurso contra la decisión de adjudicación directa de este contrato ante la Vergabekammer de la Ciudad de Hamburgo, órgano jurisdiccional de primera instancia competente en materia de contratos públicos, la cual estimó el recurso. Dicho órgano jurisdiccional consideró que en el caso de autos no se cumplían los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para una adjudicación «in house». En concreto, a su entender, no se cumplía el requisito de «control análogo», dado que la Universidad, en tanto que entidad adjudicadora, no podía ejercer sobre HIS un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. La Vergabekammer consideró que, aunque la Universidad es una persona jurídica de Derecho público que emana de la Ciudad de Hamburgo y que esta última posee el 4,16 % del capital de HIS, la Universidad y la Ciudad de Hamburgo son personas jurídicas distintas.
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La Comisión Europea examina no obstante los diferentes instrumentos normativos a los que hace referencia el tribunal remitente y expone lo que sigue respecto a cada uno de ellos: — la Decisión 2005/370 se limita a introducir en el ordenamiento jurídico de la Unión el Convenio de Aarhus y constituye un acto de la Unión que no requiere una regla de recepción en los Estados miembros; — el Reglamento no 1367/2006 no se dirige a los Estados miembros sino a las instituciones de la Unión y no tiene nexo alguno con los hechos del litigio principal ni a fortiori con el Decreto legislativo no 42/04; — así sucede también con la Directiva 2003/4, relativa al acceso del público a la información medioambiental; — no se deduce de los autos que la Directiva 2011/92 sea pertinente para el litigio principal ya que las obras realizadas por el Sr. Siragusa no suscitan en apariencia cuestión alguna acerca del cumplimiento de esa Directiva por falta de evaluación del impacto de las obras en el medio ambiente; — los artículos 3 TUE, apartado 3, y 21 TUE, apartado 2, letra f), se dirigen a la Unión y no a los Estados miembros; — el artículo 4 TFUE, apartado 2, letra e), concierne al reparto de competencias entre los Estados miembros y la Unión y figura en la parte dedicada a los principios; — el artículo 11 TFUE se dirige también a la Unión; — el artículo 114 TFUE se dirige a las instituciones previstas en la Unión y no a los Estados miembros, e — incluso suponiendo que la normativa nacional discutida en el litigio principal entrara en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión por la referencia hecha al artículo 191 TFUE, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, dado que el artículo 191 TFUE se dirige a la acción de la Unión, no puede ser invocado en cuanto tal por los particulares a fin de excluir la aplicación de una norma nacional adoptada en un ámbito comprendido dentro de la política medioambiental, cuando no sea aplicable alguna normativa de la Unión adoptada sobre la base del artículo 192 TFUE que abarque específicamente la situación de que se trate (sentencia de 9 de marzo de 2010, ERG y otros, C-378/08, Rec. p. I-1919, apartado 46).
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Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso de Hungría por el motivo de que la inclusión controvertida no producía efectos jurídicos y, en consecuencia, no era un «acto impugnable» en el sentido del artículo 263 TFUE. El Tribunal General se basó, en particular, en el carácter automático de la protección de las denominaciones de vinos ya protegidas con arreglo al Reglamento no 1493/1999, establecida por el artículo 118 vicies, apartado 1, del Reglamento no 1234/2007. A este respecto, el Tribunal General declaró lo siguiente en el apartado 21 de la sentencia recurrida: «Como consecuencia del carácter automático de la protección de las denominaciones de vinos ya protegidas con arreglo al Reglamento no 1493/1999 establecido por el artículo 118 vicies, apartado 1, del Reglamento no 1234/2007 […], por lo que se refiere a dichas denominaciones de vinos, la inclusión en la base de datos E‑Bacchus no constituye un requisito para que estas denominaciones de vinos estén protegidas a nivel de la Unión. En efecto, las denominaciones de vinos en cuestión están protegidas “automáticamente” con arreglo al Reglamento no 1234/2007 […], sin que esta protección esté supeditada a su inclusión en la mencionada base de datos. La inclusión en esa base de datos no es sino una consecuencia de la transición automática de una protección ya existente de un régimen normativo a otro y no un requisito de esta protección. Como consecuencia de ello, en la medida en que la denominación de origen protegida “Vinohradnícka oblasť Tokaj” forma parte de las denominaciones de vinos ya protegidas con arreglo al Reglamento no 1493/1999, su inclusión en la base de datos E‑Bacchus no era necesaria para que esta denominación de origen protegida tuviera protección a nivel de la Unión.»
En materia de defensa contra las prácticas de dumping, ni la redacción del artículo 11, apartado 8, del Reglamento no 384/96 ni la del artículo 236 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, ofrecen el menor apoyo literal que permita estimar que los importadores que no hubieran hecho uso del procedimiento previsto por el artículo 11, apartado 8, del Reglamento no 384/96 en el plazo fijado para ello no tuvieran o ya no tuviesen derecho a instar la aplicación del procedimiento establecido por el artículo 236 del Código aduanero.

El procedimiento establecido en el artículo 11, apartado 8, del Reglamento no 384/96 no persigue el mismo objetivo previsto por el artículo 236 del Código aduanero. En efecto, el procedimiento regulado por el artículo 11, apartado 8, del Reglamento no 384/96 se propone permitir que los importadores que hayan pagado derechos antidumping soliciten a la Comisión la devolución de éstos a través de las autoridades nacionales competentes cuando se demuestre que el margen de dumping sobre cuya base se pagaron los derechos ha sido eliminado o reducido hasta un nivel inferior al nivel del derecho vigente. En ese procedimiento los importadores no impugnan la validez de los derechos antidumping que fueron impuestos sino que alegan una modificación de la situación que tiene efectos directos en el margen de dumping inicialmente determinado. En cambio, el procedimiento previsto por el artículo 236 del Código aduanero permite que esos importadores soliciten la devolución de los derechos de importación o exportación que pagaron siempre que se compruebe que en el momento de su pago no eran legalmente debidos.

Finalmente, la estructura de ambos procedimientos es sustancialmente diferente. En particular, el regulado por el artículo 11, apartado 8, del Reglamento no 384/96 corresponde a la competencia de la Comisión y sólo se puede tramitar en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades competentes determinaron efectivamente el importe de los derechos definitivos que debían aplicarse, mientras que el previsto en el artículo 236 del Código aduanero corresponde a las autoridades aduaneras nacionales y se puede tramitar en un plazo de tres años a partir de la fecha de comunicación de dichos derechos al deudor.

(véanse los apartados 68 a 70)
La competencia jurisdiccional plena que reconoce al juez de la Unión el artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003 se refiere únicamente a la sanción impuesta y no a la totalidad de la decisión impugnada. Además, ni la competencia jurisdiccional plena ni el control de legalidad equivalen al control de oficio, por lo que no exigen que el Tribunal General proceda de oficio a una nueva instrucción completa del expediente, con independencia de las imputaciones formuladas por la demandante.

Por otro lado, la competencia jurisdiccional plena se ejerce en un procedimiento contradictorio. En consecuencia, salvo por lo que respecta a los motivos de orden público, no corresponde al Tribunal General efectuar un examen de oficio, con independencia de los motivos concretos que se le hayan invocado, y tomar una decisión discrecional autónoma sobre la multa fijada por la Comisión, sino pronunciarse sobre los motivos que le hayan sido formulados.

(véanse los apartados 31, 36, 42 y 43)
En efecto, aun cuando el distanciamiento público no es el único medio de que dispone una sociedad implicada en un cártel para probar el cese de su participación en dicho cártel, tal distanciamiento sigue constituyendo no obstante un hecho importante que permite demostrar el cese de una conducta contraria a la competencia. La falta de distanciamiento público constituye una situación fáctica que puede invocar la Comisión para probar que persiste la conducta contraria a la competencia de una sociedad. Sin embargo, en el supuesto de que, durante un período significativo, se hayan celebrado varias reuniones colusorias sin la participación de los representantes de la sociedad de que se trate, la Comisión debe basar también su apreciación en otros elementos de prueba. Este requisito se cumple desde el momento en que, en caso de no existir distanciamiento público de la empresa en cuestión, existan otros elementos fácticos mencionados por la Comisión, elementos que, junto con la falta de distanciamiento público y la percepción de la organizadora de las reuniones colusorias, constituyen indicios concordantes que permiten concluir que dicha empresa continuaba participando en el cártel.

El hecho de que no se haya aportado la prueba directa de la participación de una sociedad durante un determinado período en un cártel no impide que, en el marco de una infracción que se prolongue varios años, se considere que existió dicha participación también durante ese período, siempre que se base en indicios objetivos y concordantes. En consecuencia, el Tribunal General no incurre en error de Derecho al considerar que, junto a la falta de distanciamiento público, existen indicios objetivos y concordantes que no permiten concluir que la participación de la sociedad en el cártel se interrumpió durante el período en cuestión.

(véanse los apartados 26, 27, 42 y 45)
En lo que atañe al concepto de «datos personales» previsto por el artículo 2, letra a), del Reglamento no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, la circunstancia de que una información se integre en el contexto de una actividad profesional no puede privarla de su calificación como conjunto de datos personales. En ese sentido, tratándose de observaciones sobre un proyecto de orientación formuladas por expertos externos a una agencia de la Unión, la comunicación de los nombres de éstos permitiría atribuir a un determinado experto una observación específica y es una información que afecta a personas físicas identificadas, por lo que constituye un conjunto de datos personales, en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento no 45/2001. El hecho de que la identidad de los expertos interesados y las observaciones presentadas sobre el proyecto de orientación se hayan hecho públicas en el sitio Internet de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no significa que la información discutida haya perdido esa calificación.

Los conceptos de «datos personales», en el sentido del referido artículo 2, letra a), y de «datos relativos a la intimidad» no se confunden. Por tanto, es ineficaz el argumento de que la información discutida no forma parte de la intimidad de los expertos interesados. Además, al no ser la oposición de la persona interesada a la divulgación de la información referida un elemento constitutivo del concepto de datos personales, la calificación de una información relativa a una persona como un dato personal no depende de la existencia de tal oposición.

(véanse los apartados 27 a 33)
El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una patente esencial para una norma (PEN) establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND), no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:

— antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND), transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y

— dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

Estos requisitos tienen por objeto garantizar un justo equilibrio de los intereses en juego. Así, si bien el compromiso irrevocable de conceder licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, suscrito ante el organismo de normalización por el titular de la PEN, no puede vaciar de contenido los derechos garantizados a ese titular por los artículos 17, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, justifica no obstante que se obligue al titular de tal PEN a respetar las mencionadas exigencias específicas al ejercitar acciones de cesación o de retirada de productos contra supuestos infractores.

(véanse los apartados 55, 59 y 71 y el punto 1 del fallo)
La Directiva 2005/29, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que la comunicación de una información errónea por parte de un comerciante a un consumidor debe calificarse de «práctica comercial engañosa» en el sentido de dicha Directiva, aun cuando esa comunicación se haya producido una sola vez y no haya afectado más que a un único consumidor. En realidad, ni las definiciones dadas en el artículo 2, letras c) y d), en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29 ni la propia Directiva considerada en su conjunto contienen indicios que apunten a que la acción u omisión por parte del comerciante haya de revestir un carácter repetido o deba afectar a más de un consumidor. Si, además, se tiene en cuenta el interés de protección del consumidor que fundamenta dicha Directiva, no puede interpretarse que esas disposiciones impongan requisitos de esa índole cuando ni siquiera los enuncian de forma explícita.

Por otra parte, carecen igualmente de toda pertinencia el carácter presuntamente no intencional de tal actuación, el hecho de que el gasto adicional impuesto al consumidor debido a la comunicación sea insignificante y el que el consumidor hubiera podido conseguir por sí mismo la información correcta. Y es que, como se desprende del uso de «puede», el artículo 6 de la Directiva 2005/29 es de carácter esencialmente preventivo, de modo que, a efectos de la aplicación de este artículo, basta con que el comerciante haya comunicado una información objetivamente errónea, que pueda influir desfavorablemente en la decisión del consumidor sobre una transacción. Además, el objetivo que persigue la Directiva se basa en la circunstancia de que, frente a un comerciante, el consumidor se encuentra en una posición de inferioridad, particularmente en lo que al nivel de información se refiere, por cuanto debe considerársele económicamente más débil y jurídicamente menos experimentado que la otra parte contratante.

(véanse los apartados 41 a 43, 47, 49, 50, 53, 54 y 60 y el punto 1 del fallo)
El artículo 71, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, tal como fue modificado por el Reglamento no 1606/98, debe interpretarse en el sentido de que tiene la condición de trabajador fronterizo en paro parcial, en el sentido de dicha disposición, un trabajador fronterizo que, inmediatamente después del fin de una relación laboral a tiempo completo con un empresario en un Estado miembro, es contratado a tiempo parcial por otro empresario en ese mismo Estado miembro.

(véanse el apartado 31 y el fallo)
En efecto, del propio tenor de esta disposición resulta que el precio final que deba pagarse se precisará en todo momento, sin que se distinga entre el momento en que el citado precio se indica por primera vez, el momento en que el cliente selecciona un vuelo determinado o el momento de la conclusión definitiva del contrato. Por otra parte, del considerando 16 del Reglamento no 1008/2008 resulta que la obligación impuesta a la compañía aérea de indicar siempre el precio final que debe pagarse es necesaria para permitir a los clientes comparar realmente los precios de los servicios aéreos prestados por las diferentes compañías aéreas, habida cuenta del objetivo de comparabilidad real de los precios de los servicios aéreos que persigue el artículo 23, apartado 1, de ese Reglamento.

El artículo 23, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 1008/2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un sistema de reserva electrónica de servicios aéreos, el precio final que deba pagarse se ha de precisar cada vez que se indiquen los precios de los servicios aéreos, incluida la primera vez que aparezcan en pantalla.

El artículo 23, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 1008/2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un sistema de reserva electrónica de servicios aéreos, el precio final que deba pagarse se ha de precisar no sólo respecto del servicio aéreo seleccionado por el cliente, sino también respecto de cada servicio aéreo cuya tarifa aparezca en pantalla.

En efecto, la obligación de indicar el precio definitivo que se debe pagar respecto de cada vuelo cuya tarifa aparece en pantalla, y no sólo respecto del vuelo seleccionado, permite a los clientes comparar realmente el precio de los servicios aéreos, de conformidad con el objetivo general de transparencia de los precios de los servicios aéreos perseguido por el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 1008/2008. Además, dicha obligación no entraña en modo alguno la prohibición de indicar la tarifa o el flete aéreo respecto de cada uno de esos vuelos en las condiciones fijadas en la tercera frase del citado artículo 23, toda vez que la obligación de precisar por lo menos la tarifa o flete, los impuestos, las tasas de aeropuerto y los demás cánones, recargos o derechos cuando esos componentes se hayan sumado a la tarifa o flete, viene a añadirse la obligación de indicar el precio final que resulta de la segunda frase de ese apartado 1.

(véanse los apartados 41 y 43 a 45 y el punto 2 del fallo)
El artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento no 2220/85, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 3403/93, debe interpretarse en el sentido de que la garantía prestada por un exportador para asegurar el reembolso del anticipo percibido a cuenta de la restitución a la exportación no debe considerarse extinguida aun cuando se demuestre que el exportador ha presentado los documentos relativos a la aceptación de la declaración de exportación, la prueba de que los productos han salido del territorio aduanero de la Unión en un plazo máximo de sesenta días desde dicha aceptación, así como la prueba del despacho en aduana de tales productos en el país tercero importador, si no concurren los demás requisitos para la concesión de la restitución, en particular el requisito de la calidad sana, cabal y comercial de los productos exportados, previsto en el artículo 13 del Reglamento no 3665/87, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 1829/94.

(véanse el apartado 42 y el fallo)