El ejercicio de la facultad de apreciación que ostenta la administración en materia de nombramientos o de contratación supone el examen por su parte, de manera detenida e imparcial, de todos los elementos pertinentes de cada candidatura y que observe concienzudamente las exigencias previstas en la convocatoria para proveer plaza vacante, de forma que está obligada a excluir a todo candidato que no cumpla tales exigencias. En efecto, la convocatoria para proveer plaza vacante constituye un marco legal que la administración se impone a sí misma y que está obligada a respetar escrupulosamente.

En relación con la apreciación de un posible error en la elección del candidato seleccionado, tal error debe ser manifiesto y traspasar la amplia facultad de apreciación que, en el marco legal establecido en la convocatoria para proveer plaza vacante, ostenta la administración en relación con la comparación de los méritos de los candidatos y la valoración del interés del servicio. El control del juez de la Unión debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de los elementos sobre los que se haya basado dicha administración para elaborar su apreciación, dicha administración se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido su facultad de manera manifiestamente errónea o para fines que no son aquellos para los que le había sido conferida. Por tanto, el juez de la Unión no puede sustituir la apreciación de la administración sobre los méritos y las calificaciones de los candidatos por la suya propia cuando ningún elemento del expediente permita afirmar que, al apreciar tales méritos y tales calificaciones, la administración cometiera un error manifiesto.

Pues bien, a este respecto, el mero hecho de que un candidato posea méritos evidentes y reconocidos no excluye, en el ámbito del examen comparativo de los méritos de los candidatos, que se reconozca a otros candidatos mayores méritos. Asimismo, el hecho de que un candidato cumpliera todos los criterios de admisibilidad contenidos en la convocatoria para proveer plaza vacante no basta en sí para probar que la administración haya incurrido en error manifiesto de apreciación.

Las consideraciones anteriores son válidas, máxime habida cuenta de la amplia facultad de apreciación en la comparación de los méritos de los candidatos a un puesto de agente temporal que ostenta la autoridad facultada para proceder a la contratación. Así pues, en el marco de su potestad organizativa y mediante normas internas, puede decidir que, con carácter general, se pueda invitar únicamente a una entrevista con el comité de selección a los candidatos que hayan obtenido un número de puntos superior a un determinado umbral.

A este respecto, el hecho de que no se haya seleccionado a un candidato para participar en la fase siguiente del procedimiento de selección no puede, por sí solo, permitir concluir que las resoluciones sobre el particular sean discriminatorias o arbitrarias. Por el contrario, la resolución desestimatoria de su candidatura se presenta como el resultado de una apreciación comparativa del comité de selección de los méritos de los distintos candidatos. Por otra parte, la circunstancia de que la experiencia profesional de ese candidato hubiese podido ser cuantitativamente superior a la del candidato escogido no es pertinente en sí misma.

(véanse los apartados 29 a 31, 33, 34 y 37)

Tribunal de Justicia: sentencias de 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo, 188/73, EU:C:1974:112, apartados 26, 38 y 41, y de 4 de febrero de 1987, Bouteiller/Comisión, 324/85, EU:C:1987:59, apartado 6

Tribunal de Primera Instancia: sentencias de 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión, T‑20/89, EU:T:1990:80, apartado 29; de 19 de febrero de 1998, Campogrande/Comisión, T‑3/97, EU:T:1998:43, apartado 124; de 16 de diciembre de 1999, Cendrowicz/Comisión, T‑143/98, EU:T:1999:340, apartado 67; de 9 de julio de 2002, Tilgenkamp/Comisión, T‑158/01, EU:T:2002:180, apartados 50 y 59, y la jurisprudencia citada, y de 18 de septiembre de 2003, Pappas/Comité de las Regiones, T‑73/01, EU:T:2003:237, apartado 54

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 6 de mayo de 2009, Campos Valls/Consejo, F‑39/07, EU:F:2009:45, apartado 43, y de 11 de diciembre de 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, apartados 101, 102 y 104