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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 27/60

Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2015 — GABO:mi/Comisión

(Asunto T-588/15)

(2016/C 027/77)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Múnich, Alemania) (representantes: M. Ahlhaus y C. Mayer, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión impugnada.

— Condene a la demandada al pago de todas las costas, incluidas las de la parte demandante.

Motivos y principales alegaciones

La demandante impugna las decisiones de la Comisión contenidas, respectivamente, en el correo electrónico de 29 de julio de 2015 y en los escritos de 19 de agosto de 2015 [Ref. Ares(2015)3466903] y de 28 de agosto de 2015 [Ref. Ares(2015)3557576] por las que se suspenden todos los pagos a la demandante relacionados con las subvenciones del 7PM gestionadas, dos de ellas, es decir, el Acuerdo de subvención 7PM no 602299 relativo al Proyecto EU-CERT-ICD y el Acuerdo de subvención 7PM no 260777 relativo al Proyecto HIP-Trial, por la Dirección E de la Comisión, y la tercera, es decir, el Acuerdo de subvención no 312117 relativo al Proyecto BIOFECTOR, por la Dirección F de la Comisión.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en que las decisiones impugnadas no se ajustan a lo dispuesto en el artículo II.5, apartado 3, letra d) del Anexo II del Acuerdo de subvención 7PM.

2. Segundo motivo, basado en que las decisiones impugnadas incumplen los requisitos formales y de procedimiento aplicables, y en que vulneran principios de buena gobernanza.

3. Tercer motivo, basado en que el fin que persigue la demandada realmente no es imponer medidas cautelares, sino aplicar una compensación ilegal.

4. Cuarto motivo, basado en que la demandada incurrió, mediante las decisiones impugnadas, en un ejercicio ilegal de facultades discrecionales.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 62, 63 y 95 del Reglamento (UE) no 528/2012, en la medida en que contrariamente a lo requerido en dicho Reglamento, la ECHA no garantizó la igualdad de condiciones entre aquellas sociedades que participaron en el programa de revisión de la sustancia determinada y aquellas que fueron free-riders [no participan en el programa pero se benefician de él].
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, dado que se aplicó incorrectamente la prueba del operador económico en una economía de mercado. — La Comisión no motivó suficientemente por qué aplicó la prueba de la rentabilidad en lugar de llevar a cabo una comparación con el precio de mercado. — La Comisión aplicó incorrectamente la prueba de la rentabilidad al no considerar la motivación del aeropuerto de Pau para llegar a un acuerdo con la parte demandada, emplear un horizonte temporal demasiado corto y no aclarar qué ingresos y ventajas para el aeropuerto de Pau sopesó.
1.

Primer motivo, basado en la infracción y/o la errónea aplicación del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001. — Se alega que en el caso de autos no se ha apreciado adecuadamente el límite de la excepción opuesta por la Comisión al acceso a los documentos relativos al procedimiento de infracción no 2009/4426, constituido por el hecho de que «su divulgación revista un interés público superior», con arreglo a la última parte del citado artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001. — El proyecto de saneamiento autorizado y ya concluido, mediante la ejecución directa por parte de Syndial (propietaria del terreno), en el emplazamiento de Cengio, se ajusta plenamente a los principios del Derecho de la Unión relativos a la recalificación y al saneamiento de las áreas afectadas por contaminación histórica. — La postura preconizada por la República Italiana en el procedimiento no 2009/4426 parece sacrificar inopinadamente el interés público perseguido en el ámbito nacional mediante una adhesión acrítica a la imputación formulada por la Comisión, olvidando que el procedimiento que desembocó en la autorización del proyecto de saneamiento del área obtuvo todos los permisos previstos por la normativa nacional del mismo ministerio que ahora cuestiona su validez. Por consiguiente, de conformidad con el citado artículo 4, apartado 2, permitir que Syndial verifique que se esté persiguiendo efectivamente la adecuación a los principios del Derecho de la Unión constituye un interés público relevante y superior. — El interés que dio origen a la solicitud de Syndial no es de carácter privado, lo cual sería legítimo, sino que es parte integrante de un interés de mayor relevancia, de carácter público, dirigido a proteger eficazmente el correcto desarrollo del procedimiento en curso en el ámbito de la Unión Europea y de la actuación administrativa en el ámbito interno (objeto de protección expresa en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el primero, y en el artículo 97 de la Constitución de la República Italiana, la segunda), que está vinculado no sólo al derecho de defensa (cuando exista un interés directo en los efectos de las decisiones adoptadas en el procedimiento de infracción), sino especialmente al derecho fundamental a la información medioambiental, confirmado por los principios del Derecho de la Unión (art. 191 TFUE, apartado 2 y apartado 3, párrafo primero, en relación con el principio del artículo 11 TFUE, y también aplicado mediante la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Aarhus de 27 de junio de 1998).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 381/47

Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2015 — Hungría/Comisión

(Asunto T-505/15)

(2015/C 381/57)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Hungría (representantes: M.Z. Fehér, G. Koós y A. Pálfy, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule parcialmente la Decisión de Ejecución (UE) C(2015) 4076 de la Comisión, de 22 de junio de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la medida en que establece, por lo que respecta a Hungría, que se excluya de la financiación de la Unión un importe de 6 3 24 349,33 euros en relación con la auditoría de condicionalidad.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante se opone a las constataciones de la Comisión.

La parte demandante expone al respecto que la Comisión señaló que, con arreglo a los principios básicos que rigen el control de la admisibilidad, deben considerarse deficiencias de control fundamentales tanto las sanciones no impuestas debido a que los controles sobre el terreno relativos a la condicionalidad (los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y ecológicas) o no se llevaron a cabo, o se llevaron a cabo de manera incorrecta, como las sanciones previstas en la normativa pero privadas de su fuerza disuasoria por no haberse aplicado o por haberse aplicado incorrectamente. La Comisión añadió que, en el caso de los denominados «incumplimientos leves» del artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CE) no 73/2009, las autoridades húngaras aplicaron márgenes de tolerancia a raíz de los cuales no hubo imposición de sanciones ni se tuvieron en cuenta, en contra de lo dispuesto por la normativa de la Unión, los aspectos relativos a la salud pública y a la sanidad animal.
—

Anule la Decisión (UE) 2015/658 de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, relativa a la medida de ayuda SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que el Reino Unido tiene previsto ejecutar en favor de la central nuclear de Hinkley Point C [notificada con el número C(2014) 7142] (DO 2015, L 109, p. 44).
3.

No recuperación de cantidad alguna en perjuicio de la demandante La demandante observa que la demandada no ha realizado su propio examen de la imputación de los costes de infraestructura de que se trata. Además, la imputación por la Comisión de estos costes al contrato celebrado por la demandante en 2006 es ilegal en la medida en que es contraria a la práctica decisoria anterior de la Comisión y en que ésta no tuvo en cuenta hechos que están a disposición del público. En este contexto, se invoca subsidiariamente que la imputación de estos costes debería haber sido considerablemente inferior.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 328/19

Recurso interpuesto el 29 de julio de 2015 — Kolachi Raj Industrial/Comisión

(Asunto T-435/15)

(2015/C 328/20)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistán) (representante: P. Bentley, QC)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/776 (1) de la Comisión en la medida en que en él: — (i) se rechaza la solicitud de la demandante de quedar exenta de la ampliación de las medidas antidumping a las importaciones de bicicletas procedentes de Pakistán; — (ii) se amplía el derecho antidumping definitivo establecido mediante el Reglamento (UE) no 502/2013 del Consejo (2) a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas consignadas por la demandante desde Pakistán; y — (iii) se decreta la recaudación del referido derecho sobre las importaciones procedentes de Pakistán y registradas en virtud del artículo 2 del Reglamento (UE) no 938/2014 (3).

— Condene a la parte demandada a cargar con las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en que la demandada infringió el artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51). En concreto, la demandada incurrió en errores procesales y jurídicos en la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra b), y presentó un razonamiento incoherente.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) no 2015/776 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido mediante el Reglamento (UE) no 502/2013 del Consejo a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Camboya, Pakistán y Filipinas, hayan sido o no declaradas originarias de Camboya, Pakistán o Filipinas (DO L 122, p. 4).

(2) Reglamento (UE) no 502/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 990/2011 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China, tras una reconsideración provisional en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1225/2009 (DO L 153, p. 17).

(3) Reglamento de Ejecución (UE) no 938/2014 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2014, por el que se abre una investigación sobre la posible elusión de las medidas antidumping establecidas por el Reglamento (UE) no 502/2013 del Consejo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China mediante importaciones de bicicletas procedentes de Camboya, Pakistán y Filipinas, hayan sido o no declaradas originarias de estos países, y por el que se someten dichas importaciones a registro (DO L 263, p. 5).
—

En consecuencia, que, en caso de que se estime el presente recurso: — Anule la resolución impugnada de 24 de febrero de 2012. — Condene a ECDC al pago de una indemnización, estimada ex aequo et bono en 80 000 Euros, por el perjuicio moral sufrido por la recurrente, tal como alegó en el primer motivo de recurso en el asunto F-161/12. — Condene a ECDC al pago de una indemnización, estimada ex aequo et bono en 56 800 Euros, por el perjuicio moral sufrido por la recurrente, tal como alegó en las pretensiones incidentales formuladas en la primera instancia.
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión de la Comisión Europea es contraria a Derecho en la medida en que infringe los derechos de exclusividad comercial de un medicamento huérfano de Novartis Europharm Ltd respecto a su producto TOBI Podhaler, con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 141/2000 (1), pues dicho período de exclusividad comercial no expira mientras no se cumplan los requisitos para conceder una excepción de la exclusividad comercial con arreglo al artículo 8, apartado 3, del citado Reglamento.
Asunto T-234/15: Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2015 — Systema Teknolotzis kai Pliroforikis/Comisión

Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2015 — Systema Teknolotzis kai Pliroforikis/Comisión

(Asunto T-234/15)

Partes

Demandante: Systema Teknolotzis AE Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Atenas, Grecia) (representante: E. Georgilas, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Estime el recurso.

— Anule la decisión de la Comisión de 10 de marzo de 2015 [SG-Greffe(2015) D/3003/11.3.2015] de recuperar de la demandante la cantidad global de setecientos dieciséis mil trescientos treinta y cuatro euros y cinco céntimos (716334,05 euros), junto con los intereses.

— Condene a la demandada a la totalidad de las costas judiciales de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 89 del Reglamento (UE) no 1268/2012 ( 1 ) y en el incumplimiento de la obligación de motivación (artículo 296 TFUE). La demandante sostiene que la demandada no justificó de modo suficiente, detallado y concreto la desestimación de la solicitud de la demandada de la devolución de la deuda en el marco de un plan durante de siete años, por lo que respecta a las obras PlayMancer y MOBISERV. Análogamente, en relación con la obra PowerUp desestima tácitamente la solicitud de reembolso de la cantidad adeudada en tres años.

2. Segundo motivo, basado en el uso incorrecto o la extralimitación de la facultad discrecional y en la violación del principio de la buena administración. La demandante sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta factores determinantes al adoptar la decisión impugnada, ignoró datos que se le habían presentado y adoptó soluciones que conducen irremediablemente a la eliminación económica de la demandante.

3. Tercer motivo, basado en la violación del principio de la proporcionalidad. La demandante sostiene que la decisión impugnada no constituye una medida necesaria para lograr el objetivo perseguido de ahorro. Carga de modo excesivo los intereses vitales de la demandante y amenaza su propia existencia económica y la continuación de su funcionamiento como unidad económica y empresarial.

( 1 ) Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362, p. 1).
2.

Segundo motivo, basado en que el Consejo incumplió el criterio pertinente para la inclusión en la lista, a saber, que la demandante facilita apoyo financiero o logístico al Gobierno de Irán. En la sentencia National Iranian Tanker Company/Consejo, el Tribunal General desestimó la alegación relativa al apoyo financiero. La demandante no beneficia al Gobierno de Irán y el Gobierno de Irán no percibe beneficios de la demandante, a través de sus accionistas o de otro modo. Como se establece en la sentencia National Iranian Tanker Company/Consejo, para cumplir este criterio no basta un apoyo financiero indirecto. La alegación de apoyo logístico no es sino una recalificación de las alegaciones ya formuladas en el asunto National Iranian Tanker Company/Consejo. En todo caso, no existe la necesaria relación causal entre las actividades de la demandante y la proliferación nuclear y cualquier apoyo prestado por la parte demandante es, a lo sumo, apoyo logístico indirecto.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/37

Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2015 — República Checa/Comisión

(Asunto T-141/15)

(2015/C 213/62)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Demandante: República Checa (representantes: M. Smolek y J. Očková, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [notificada con el número C (2015) 53], en la medida en que excluye el gasto por un importe total de 2 1 23 199,04 euros efectuado por la República Checa.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo del recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en infracción del artículo 5 del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo (1) y violación del principio de seguridad jurídica y, por lo tanto, de protección de la confianza legítima. — La parte demandante plantea en relación con ello que en la Decisión impugnada la Comisión Europea impuso una corrección financiera basada en un gasto no subvencionable para medidas que habían sido aprobadas por el procedimiento establecido en el artículo 5 del Reglamento no 479/2008 del Consejo, produciéndose, en consecuencia, un incumplimiento de esa disposición y una violación del principio de seguridad jurídica y, por lo tanto, de protección de la confianza legítima.

2. Segundo motivo, basado en infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con los artículos 11 y 16 del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión (2) y el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo. — La parte demandante plantea en este punto que hubo una infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con los artículos 11 y 16 del Reglamento no 885/2006 de la Comisión y el artículo 31 del Reglamento no 1290/2005 del Consejo (3), puesto que la Comisión Europea incluyó adicionalmente los ejercicios contables 2010 a 2012 en las investigaciones VT/VI/2009/004/CZ y VT/VI/2009/101/CZ.

(1) Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999 (DO L 148, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER (DO L 171, p. 90).

(3) Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209, p. 1).
—

Las demandantes alegan que las actividades de TenderNed son de carácter económico y no pertenecen a las potestades estatales, dado que tales servicios no proceden de obligaciones establecidas por las Directivas de contratación de la UE, TenderNed no actúa como autoridad pública, las actividades de TenderNed no son necesarias para garantizar el cumplimiento de las Directivas de contratación de la UE, el cumplimiento de las obligaciones de las Directivas de contratación de la UE puede garantizarse por otros medios y la Ley de contratación neerlandesa autoriza iniciativas comerciales en el mercado de la contratación pública.
—

Declare, con arreglo a los artículos 263 TFUE y 264 TFUE, que la Decisión de la Comisión Europea de 19 de enero de 2015, en el procedimiento relativo a la ayuda de Estado SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (por un importe de 4 9 51 838 euros), es nula y sin efectos, en la medida en que establece que los importes recibidos a título de compensación por las obligaciones de servicio público con arreglo al Reglamento (CEE) no 1191/69, concedidos conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de dicho Reglamento en concepto de obligación tarifaria en el sector del Transporte Público Local, deben ser considerados una medida no notificada constitutiva de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que es incompatible con el mercado interior.
—

Anule la Decisión Ejecutiva de la Comisión de 16 de diciembre de 2014, por la que se desestima por infundada la petición de revisión de la demandante de 23 de octubre de 2014 y se estima la resolución de 23 de septiembre de 2014 de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, en lo relativo a la no subvencionabilidad de la retribución abonada a los socios/accionistas de la demandante como gastos de personal en dos proyectos debidamente ejecutados por la demandante, a saber, el proyecto «Go Green — Green Business is smart Business» (Acuerdo no 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) y el proyecto «LadybizIT» (Acuerdo no 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM), y determine que son subvencionables como gastos de personal en el proyecto de que se trata los costes relevantes correspondientes a los servicios «adicionales» prestados por la Sra. Olga Stavropoulou, el Sr. Pavlos Aravantinos y el Sr. Karamanlis, o, subsidiariamente, determine que son subvencionables únicamente los costes correspondientes a los servicios «adicionales» prestados por la Sra. Olga Stavropoulou y el Sr. Pavlos Aravantinos en ambos proyectos en cuestión, con arreglo al artículo II.14 del Acuerdo de concesión y a su anexo III, y pagaderos a la demandante.
C 73/40

Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2014 — SolarWorld/Comisión

(Asunto T-783/14)

(2015/C 073/51)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: SolarWorld AG (Bonn, Alemania) (representantes: L. Ruessmann, abogado, y J. Beck, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare el recurso admisible y fundado.

— Anule el acto impugnado.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la parte demandante solicita la anulación de la decisión de la Comisión de ajustar el precio mínimo de importación aplicable a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios o procedentes de la República Popular China.

En apoyo de su recurso, el demandante invoca un motivo único, basado en que la Comisión infringió el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 1225/2009 (1) y el artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 597/2009 del Consejo (2), al ajustar el precio mínimo de importación sin analizar si el precio mínimo de importación ajustado era apropiado para eliminar los efectos perjudiciales del dumping y la concesión de subvenciones.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).

(2) Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188, p. 93).