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22

Es preciso recodar asimismo que el artículo 267 TFUE no constituye un recurso disponible para las partes en un litigio suscitado ante el juez nacional y, en consecuencia, no basta que una parte alegue que el litigio suscita una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión para que el órgano jurisdiccional de que se trata esté obligado a considerar que se plantea una cuestión en el sentido del artículo 267 TFUE. Resulta de lo anterior que la existencia de una impugnación de la interpretación de un acto de la Unión ante el órgano jurisdiccional nacional no basta para justificar, por sí misma, el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (véanse las sentencias IATA y ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, apartado 28, y Ascafor y Asidac, C‑484/10, EU:C:2012:113, apartado 33, y los autos Adiamix, C‑368/12, EU:C:2013:257, apartado 17, y Mlamali, EU:C:2013:763, apartado 23).
3

En Portugal, la Ley no 64-B/2011, de 30 de diciembre de 2011, de presupuestos generales del Estado para 2012 (Diário da República, 1a serie, no 250, de 30 de diciembre de 2011; en lo sucesivo, «Ley de presupuestos de 2012») establece, en su artículo 20, que las reducciones salariales aplicables a los trabajadores del sector público con arreglo a la Ley no 55-A/2010, de 31 de diciembre de 2010, de presupuestos generales del Estado para 2011 (Diário da República, 1a serie, no 253, de 31 de diciembre de 2010; en lo sucesivo, «Ley de presupuestos de 2011»), seguirán en vigor durante el año 2012.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277, p. 1) y del Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 (DO L 368, p. 15).
11

Por una parte, debe destacarse que, en virtud del artículo 267 TFUE, fundado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, este último sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión a partir de los hechos que le señala el órgano jurisdiccional nacional (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, Rec. p. I-131, apartado 23 y la jurisprudencia citada). En cambio, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente interpretar su legislación nacional (véase, en particular, la sentencia de 15 de enero de 2013, Križan y otros, C‑416/10, apartado 58 y la jurisprudencia citada). Además, en el marco del procedimiento prejudicial, la apreciación de las cuestiones de hecho no compete al Tribunal de Justicia sino al juez nacional (sentencia de 22 de marzo de 1972, Merluzzi, 80/71, Rec. p. 175, apartado 10).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de marzo de 2014 — Polyelectrolyte Producers Group y otros/Comisión

(Asunto C‑199/13 P)

«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de procedimiento — Reglamento (CE) no 1907/2006 (Reglamento REACH) — Restricciones aplicables a la comercialización y al uso de la acrilamida — Reglamento (UE) no 366/2011 que modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) no 1907/2006»

1. Aproximación de las legislaciones — Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas — Reglamento (UE) no 366/2001 que modifica el Reglamento REACH — Establecimiento de restricciones relativas a la acrilamida — Facultad de apreciación de las instituciones de la Unión — Alcance — Control jurisdiccional — Límites [Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, anexo XVII; Reglamento (UE) no 366/2011 de la Comisión, art. 1] (véase el apartado 26)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)(véanse los apartados 34, 35 y 52)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 1 de febrero de 2013, Polyelectrolyte Producers Group y otros/Comisión (T‑368/11), mediante la cual el Tribunal General desestimó un recurso de anulación del Reglamento (UE) no 366/2011 de la Comisión, de 14 de abril de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 101, p. 12) en la medida en que establece restricciones a la comercialización de la acrilamida para lechadas.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS y Travetanche Injection SPRL.
51

De lo anterior se deduce que, al excluir en las sentencias, antes citadas, Hässle, Synthon y Generics (UK) que una autorización expedida por un Estado miembro de la Unión, distinta de una autorización expedida con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2001/83, pudiera conformar una base jurídica para la expedición de un CCP en virtud del Reglamento no 469/2009, en particular porque estas autorizaciones no habían sido expedidas como resultado de una evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos de que se trataba en virtud de los requisitos de la Directiva 2001/83, el Tribunal de Justicia no tuvo en modo alguno la intención de poner en entredicho en esos asuntos, en los que no intervenía el contexto particular del EEE, la doctrina extraída de la sentencia Novartis y otros, antes citada.
2.

Acuerdos internacionales — Instrumento de Ayuda Preadhesión — Procedimiento de licitación en el marco de la gestión descentralizada de un programa de la Unión — Funciones respectivas del Estado beneficiario de la referida ayuda y de la Comisión — Órganos nacionales que llevan a cabo el procedimiento de licitación pública — Decisión de la entidad adjudicadora nacional de no atribuir el contrato a un licitador no imputable a la Comisión — Falta de competencia del juez de la Unión [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo; Reglamento (CE) no 718/2007 de la Comisión, arts. 10 y 21, ap. 1, letra f)] (véanse los apartados 32 a 35 y 43)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 — EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais

(Asunto C-240/12)

«Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 267 TFUE) (véanse los apartados 10 a 13 y 23)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank te Rotterdam — Interpretación de los artículos 15 y 26, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1) y del artículo 2, número 32, del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190, p. 1) — Concepto de tránsito — Traslado de residuos por barco desde un Estado miembro a un Estado que no queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión de la OCDE — Atraque durante el trayecto en el puerto de otro Estado miembro.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te Rotterdam (Países Bajos), mediante resolución de 4 de mayo de 2012, es manifiestamente inadmisible.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 — EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais

(Asunto C-240/12)

«Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Cuestiones planteadas sin precisiones suficientes sobre el contexto fáctico — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 267 TFUE) (véanse los apartados 10 a 13 y 23)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank te Rotterdam — Interpretación de los artículos 15 y 26, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1) y del artículo 2, número 32, del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190, p. 1) — Concepto de tránsito — Traslado de residuos por barco desde un Estado miembro a un Estado que no queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión de la OCDE — Atraque durante el trayecto en el puerto de otro Estado miembro.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te Rotterdam (Países Bajos), mediante resolución de 4 de mayo de 2012, es manifiestamente inadmisible.
1)

El artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, debe interpretarse en el sentido de que únicamente están excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo específico, de forma que los objetivos de dicha Directiva se hayan alcanzado mediante el procedimiento legislativo. Corresponde al juez nacional comprobar que se han cumplido estos dos requisitos, teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que condujo a su adopción y, en particular, los trabajos preparatorios y los debates parlamentarios. A este respecto, un acto legislativo que no haga sino «ratificar» pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a invocar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permita cumplir dichos requisitos, no puede considerarse un acto legislativo específico en el sentido de la citada disposición y, por lo tanto, no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35.
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2009, Iride SpA e Iride Energia SpA (T‑25/07), mediante la cual dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación de la Decisión 2006/941/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2006, relativa a la ayuda estatal C 11/06 (ex N 127/05) que la República Italiana se propone conceder a AEM Torino (DO L 366, p. 62), en forma de subvenciones destinadas a compensar los costes irrecuperables en el sector de la energía, en la medida en que, por un lado, dicha Decisión declara que se trata de una ayuda de Estado y en que, por otro, supedita la compatibilidad de la ayuda con el mercado común al requisito de que AEM Torino reembolse las ayudas ilegales anteriores concedidas en el marco del régimen en favor de las denominadas empresas «municipales».
Palabras clave

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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Concepto

(Art. 234 CE)

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Los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional. Así pues, cuando actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio, no se puede considerar que el órgano remitente ejerza una función jurisdiccional. Ése es el caso de una comisión municipal como la Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Comisión de protección del medio ambiente y de la salud del Ayuntamiento de Mora — Suecia).

En efecto, por un lado, la Miljö- och hälsoskyddsnämnden está encargada del control en el ámbito de la protección del medio ambiente y de la salud y tiene por misión adoptar las medidas de corrección necesarias. Por otro, dado que la Miljö- och hälsoskyddsnämnden no tiene por función controlar la legalidad de una decisión, sino que su misión consiste en pronunciarse, por primera vez, sobre la denuncia de un administrado, no debe resolver un litigio, sin que esta afirmación quede desvirtuada por el hecho de que las personas físicas o jurídicas afectadas puedan presentar observaciones ante ella, puesto que tal facultad no afecta al carácter de la actividad desempeñada. En consecuencia, dicha comisión actúa en el ejercicio de una función no jurisdiccional.

(véanse los apartados 18, 19, 21 y 23 a 25)
4

El artículo 220, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 311, p. 17; en lo sucesivo, «Código aduanero»), dispone: «[…] no se procederá a la contracción a posteriori cuando: […] b) el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana. Cuando el estatuto preferencial de una mercancía se establezca sobre la base de un sistema de cooperación administrativa en el que participen las autoridades de un tercer país, se considerará que la expedición por dichas autoridades de un certificado que resulte incorrecto constituye un error que no podía ser descubierto, en el sentido del párrafo primero. No obstante, la expedición de un certificado incorrecto no constituirá un error cuando el certificado se base en una versión de los hechos incorrecta facilitada por el exportador, salvo en el caso en que resulte evidente que las autoridades de expedición del certificado estaban enteradas, o hubieran debido estar enteradas, de que las mercancías no podían acogerse a un trato preferencial. La buena fe del deudor podrá invocarse cuando este pueda demostrar que, durante el período de las operaciones comerciales de que se trate, realizó diligentemente gestiones para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones del trato preferencial. El deudor no podrá sin embargo invocar la buena fe cuando la Comisión Europea haya publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un aviso en el que se señalen dudas fundadas en relación con la correcta aplicación del régimen preferencial por parte del país beneficiario.»
Recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 17 de septiembre de 2007, TEA/Comisión (T‑175/07), mediante el cual dicho Tribunal desestimó un recurso en el que se solicitaba que se declarara, con carácter principal, que la Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (DO 2003, L 77, p. 21), no afectaba a la demandante y, con carácter subsidiario, que la demandante no se benefició de una ayuda ilegal, y se pedía, en consecuencia, la anulación de dicha Decisión en la medida en que fuera necesario.
54

Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia basó su auto de modo esencial en el hecho de que no había aportado ni información detallada ni pruebas relativas a la composición del grupo cerrado de titulares alegado por la recurrente para que se le reconociera la condición de persona individualmente afectada por la decisión litigiosa. Pues bien, Saint-Gobain Glass Deutschland afirma que el Tribunal de Primera Instancia no le instó en modo alguno a presentar un listado de los titulares afectados. Por consiguiente, señala que no pudo exponer al Tribunal de Primera Instancia los motivos por los que no presentó dicho listado.
El Derecho comunitario, en particular el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), no se opone a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a terceros particulares datos de tráfico personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones al Derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, 2002/58 y 2004/48, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate. Asimismo, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, las autoridades y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.

(véase el apartado 29 y el punto 1 del fallo)
Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, 4 y 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7) — Posibilidad de que los particulares invoquen el Reglamento para cuestionar la validez de una normativa nacional adoptada antes de que expirara la excepción establecida por aquél — Interpretación de los artículos 5, apartado 2, 6, apartado 3, letras a), b), c), f) y g), de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (DO L 144, p. 1) — Compatibilidad de una normativa nacional que prohíbe que presten servicios de transporte marítimo los buques que tengan una antigüedad determinada.
Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Consideración de los intereses objetivos de una asociación de empresas en sobrevivir, con independencia del interés de sus miembros - Intereses de la asociación que no son independientes de los de sus miembros - Exclusión

(Art. 242 CE)

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1. Las apreciaciones efectuadas por el juez de medidas provisionales acerca del carácter vinculante de las decisiones de la asociación respecto de sus miembros, no pueden ser cuestionadas en el marco de un recurso de casación. En efecto, según los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de Derecho y deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario por parte de este último.

( véanse los apartados 38 y 45 )

2. Cuando un litigio se refiere a una infracción de las normas sobre la competencia producida a través de la decisión de una asociación de empresas y, en este contexto, se comprueba que los intereses objetivos de la asociación no son independientes de los de las empresas que son miembros de ella, el juez de medidas provisionales que conoce de una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión que impone una multa a dicha asociación no podrá apreciar el interés de la asociación en sobrevivir, con independencia del de dichas empresas.

Admitir la tesis contraria equivaldría en la práctica a conceder sistemáticamente una suspensión de la ejecución a toda asociación de empresas que presente un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión que imponga una multa calculada en función del volumen de negocios realizado por el conjunto de empresas miembros de ella.

Este enfoque no puede aceptarse, especialmente en el marco muy particular de una solicitud de dispensa de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa impuesta por la Comisión, solicitud que sólo puede acogerse si concurren circunstancias excepcionales.

Por otra parte, no basta que los miembros de dicha asociación de empresas se nieguen de forma unilateral a prestarle asistencia, para que no se tome en consideración la situación financiera de éstos. La magnitud del daño alegado no puede depender de la voluntad unilateral de los miembros de la asociación que solicita la suspensión, en una situación en la que se confunden los intereses de la asociación y los de sus miembros.

( véanse los apartados 42 a 44 y 46 )
Palabras clave

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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Interés del demandante en obtener la suspensión solicitada

(Arts. 242 CE y 243 CE)

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$$El juez de medidas provisionales únicamente podrá conceder la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales si se demuestra, en particular, que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes que se resuelva sobre el procedimiento principal. Pues bien, unas medidas provisionales que no sean adecuadas para evitar el perjuicio grave e irreparable al que se refiere la parte demandante no pueden a fortiori ser necesarias a tal efecto. A falta de un interés del demandante en la consecución de las medidas provisionales solicitadas, estas últimas no pueden, por consiguiente, cumplir el criterio de la urgencia.

La adopción de una decisión definitiva en un procedimiento de aplicación de las normas de la competencia hace que el interesado pierda todo interés en proseguir un procedimiento sobre medidas provisionales que tiene por objeto obtener la suspensión de la ejecución de un acto que se inserta en el marco de este procedimiento y del procedimiento seguido contra él.

( véanse los apartados 22 a 25 )