AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) de 25 de junio de 1998

Asuntos acumulados T-177/94 (92) y T-377/94 (92) y asunto T-99/95 (92)

Henk Altmann y otros

[asuntos acumulados T-177/94 (92) y T-377/94 (92)]

y Peter Edmond Stott [asunto T-99/95 (92)]

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Tasación de costas»

Texto completo en lengua inglesa II-883

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una solicitud de tasación de costas causadas en los asuntos resueltos mediante las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Altmann y otros/Comisión (asuntos acumulados T-177/94 y T-377/94, Rec. p. II-2041), y Stott/Comisión (T-99/95, Rec. p. II-2227).

Resultado:

El importe total de las costas que la Comisión debe reembolsar a los demandantes se fija en 15.000 UKL, más el IVA devengado por dicha cantidad, en su caso.

Resumen del auto

A raíz de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia por las que se anulaba la decisión de la Comisión de 14 de enero de 1994 de no integrarlos en el personal de la Comisión en calidad de agentes temporales, los demandantes en los asuntos acumulados T-177/94 y T-377/94, así como en el asunto T-99/95, todos ellos miembros del personal de la United Kingdom Atomie Energy Authority (UKAEA), destinados a la empresa común Joint European Torus (JET), dirigieron a la Comisión el 10 de abril de 1997 un escrito acompañado de las minutas de sus Abogados, en las que éstos reclamaban un importe total de 37.060,41 UKL en concepto de costas recuperables.

Mediante escrito de 20 de mayo de 1997, la Comisión respondió a los demandantes que estaba dispuesta a pagar, en concepto de costas recuperables, un importe total de 500.000 BFR, es decir, en aquellas fechas, 8.261 UKL.

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 1997, los demandantes formularon una solicitud de tasación de costas, registrada con los números T-177/94 (92), T-377/94 (92) y T-99/95 (92), por la que pedían al Tribunal de Primera Instancia que fijara las costas recuperables en un importe de 30.000 UKL.

Sobre el fondo

A tenor de la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se consideran como costas recuperables «los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados». De ahí se deduce que, según esta disposición, las costas recuperables se limitan, por una parte, a las efectuadas con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, excluyéndose las relativas al procedimiento administrativo previo, y, por otra parte, a las indispensables para este fin (apartados 17 y 18).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de noviembre de 1994, SFEI y otros/Comisión (C-222/92 DEP, Rec. p. I-5431), apartado 12; Tribunal de Primera Instancias de julio de 1993, Meskens/Parlamento (T-84/91 DEP, Rec. p. II-757), apartado 14; Tribunal de Justicia, 9 de noviembre de 1995, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (C-89/95 DEP, no publicado en la Recopilación), apartado 14

Además, puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones que tengan el carácter de un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, el volumen de trabajo que el proceso contencioso pudo producir a los Agentes o Abogados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes. A estos efectos, no procede tomar en consideración un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Abogados (apartado 19).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 noviembre de 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión (318/82, Rec. p. 3727), apartados 2 y 3; Tribunal de Primera Instancia, 12 de mayo de 1997, Tiercé Ladbroke/Comisión[T-561/93 (92), no publicado en la Recopilación], apartado 22

Por último, la posibilidad, para el Juez comunitario, de apreciar el valor del trabajo de los Abogados depende de la precisión de la información aportada (apartado 20).

Referencia: Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, antes citado, apartado 20

A la luz de estos principios, el Tribunal de Primera Instancia considera, en primer lugar, que no forman parte de las costas recuperables los gastos y honorarios en que han incurrido los demandantes durante los procedimientos administrativos previos. Por consiguiente, para el período anterior a las fechas de interposición de sus respectivos recursos, los demandantes sólo pueden tener derecho al reembolso de los gastos necesarios para la redacción de los escritos de recurso (apartado 21).

Referencia: SFEI y otros/Comisión, antes citado, apartado 12; Meskens/Parlamento, antes citado, apartado 14

En segundo lugar, por lo que se refiere a los gastos efectuados durante los procedimientos contenciosos, el Tribunal de Primera Instancia señala que estos asuntos han podido ocasionar dificultades reales, habida cuenta del estatuto especial del organismo al que los demandantes estaban destinados, así como de las exigencias relativas al análisis de los diversos datos fácticos con el fin de demostrar la justificación de revisar la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de enero de 1987, Ainsworth y otros/Comisión y Consejo (asuntos acumulados 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 y 13/85, Rec. p. 167). Además, estos litigios teman una importancia económica nada despreciable para la Comunidad, ya que se referían a más de setenta demandantes y versaban sobre el estatuto profesional de más de doscientos empleados. De lo anterior se deduce que estos asuntos han podido justificar una remuneración relativamente más elevada que la solicitada por los Abogados o Asesores de quienes fueron parte en litigios similares (apartado 22).

En tercer lugar, si bien en principio únicamente la remuneración de un solo Abogado puede considerarse comprendida dentro del concepto «gastos necesarios» en el sentido de la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia tiene en cuenta, principalmente, el número total de horas de trabajo que pueden ser objetivamente indispensables a los fines del procedimiento ante dicho Tribunal, con independencia del número de Abogados entre los que se hubieran podido repartir las prestaciones efectuadas (apartado 23).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de septiembre de 1964, Maudet/Comisión (asuntos acumulados 20/63 y 21/63, Rec. pp. 1209 y ss., especialmente p. 1216); Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1993, PPG Industries Glass/Comisión (T-78/89 DEP, Rec. p. II-573), apartado 39

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia también señala que los presentes asuntos se refieren a litigios de la Función Pública comunitaria y, por consiguiente, la recuperación de los gastos efectuados por la intervención de un segundo Abogado o Asesor sólo puede justificarse excepcionalmente. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia estima que la totalidad de la remuneración de un segundo Abogado no puede considerarse parte de los «gastos necesarios» en el sentido de la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento (apartado 24).

Además, la semejanza y conexión entre los asuntos han supuesto necesariamente una limitación considerable del volumen de trabajo relativo a la representación de las partes. En estas circunstancias, una apreciación equitativa de los honorarios y gastos recuperables en los asuntos acumulados T-177/94 y T-377/94 y en el asunto T-99/95 requiere que se fije su importe total en 15.000 UKL, más el IVA devengado por dicha cantidad, en su caso (apartados 25 y 26).

Fallo:

El importe total de las costas que la Comisión debe reembolsar a los demandantes se fija en 15.000 UKL, más el IVA devengado por dicha cantidad, en su caso.