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En estas circunstancias, el Špecializovaný trestný súd (Tribunal Penal Especializado, Eslovaquia), al considerar que en el litigio principal es necesaria una interpretación del Derecho de la Unión, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Cuando las disposiciones de Derecho nacional reconocen a una persona jurídica, al Estado o a un organismo administrativo la condición de perjudicado en un proceso penal, ¿se aplica también a dichos entes la Directiva 2012/29 […], en lo que respecta a los derechos (sobre todo el de participar activamente en el proceso penal y el de ser indemnizado por los daños sufridos en el marco del proceso penal), que, por su naturaleza, no solo corresponden a las personas físicas en su condición de seres sensibles? 2) ¿Son conformes con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales […], con el artículo 325 [TFUE] y con el artículo 38, apartado 1, letra h), del Reglamento […] n.o 1260/1999 […], en relación con el Reglamento […] n.o 1681/94 […], una normativa y una jurisprudencia en virtud de las cuales el Estado no puede intervenir en un proceso penal para exigir que se le indemnicen los daños que ha sufrido a consecuencia de una conducta fraudulenta del encausado, lo cual da lugar a una apropiación indebida de fondos procedentes del presupuesto de la Unión […], ni puede impugnar, de conformidad con el artículo 256, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la resolución mediante la cual el juez decide no aceptar su intervención, o la del órgano administrativo que lo representa, en la vista oral para solicitar en calidad de perjudicado que se le indemnicen los perjuicios sufridos, ni tampoco dispone de otro procedimiento en el que pueda hacer valer sus derechos frente al encausado, de modo que ni siquiera es posible garantizar su derecho a la indemnización de los daños sufridos dirigiéndose contra el patrimonio y los derechos patrimoniales del encausado en el sentido del artículo 50 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de modo que ese derecho termina por no poder ejercerse de facto? 3) ¿Debe interpretarse el concepto de “una misma empresa” recogido en el artículo 2 del Reglamento […] n.o 994/98 […], en relación con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento […] n.o 69/2001 […], exclusivamente desde una perspectiva formal, en el sentido de que es necesario y suficiente demostrar que las sociedades interesadas tienen personalidad jurídica independiente conforme al ordenamiento jurídico nacional, de modo que es posible otorgar a cada una de ellas una ayuda de Estado por un importe de hasta 100000 euros, o bien en el sentido de que lo determinante es la modalidad fáctica de funcionamiento y dirección de dichas sociedades, propiedad de las mismas personas e interconectadas a través de estas, como si se tratase de un sistema de filiales gestionadas por una matriz, aunque cada una de ellas esté dotada de su propia personalidad jurídica de conformidad con el Derecho nacional, de modo que debe considerarse que conforman “una misma empresa” y, al constituir un mismo todo, solo pueden recibir una vez una ayuda de Estado por un importe de hasta 100000 euros? 4) A efectos del [Convenio PIF o de la Directiva 2017/1371], ¿el término “perjuicio” [que debe indemnizarse] engloba únicamente la parte de los fondos indebidamente obtenidos, directamente vinculada a la conducta fraudulenta, o se refiere también a los costes efectivamente soportados y fielmente documentados y al uso del subsidio, cuando las pruebas pongan de manifiesto que fue necesario soportarlos para ocultar la conducta fraudulenta, retrasar el descubrimiento del fraude y conseguir la totalidad del importe de la ayuda de Estado concedida?»