En lo que atañe a las medidas que han de adoptarse en una situación que entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 24 del Estatuto, una institución sólo puede imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios contra quienes se haya presentado una denuncia por acoso, tanto si se trata de los superiores jerárquicos de la supuesta víctima como si no, o decidir que procede ordenar su traslado, si las medidas de instrucción acordadas acreditan, sin lugar a dudas, que los funcionarios afectados han observado una conducta que obstaculice el buen funcionamiento del servicio o que atente contra la dignidad y la reputación de otro funcionario.

Así pues, no es preciso demostrar que los comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos controvertidos hayan sido cometidos con la intención de atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. Dicho de otro modo, puede existir acoso psicológico sin que se demuestre que el acosador tenía la intención de desacreditar a la víctima o degradar intencionadamente las condiciones de trabajo de ésta con su comportamiento. Basta tan sólo con que tales acciones, siempre y cuando fueran realizadas voluntariamente, hayan dado objetivamente lugar a las referidas consecuencias.

Si bien es razonable esperar de un jefe de unidad que conozca, de manera general, las normas aplicables en la materia, no puede exigírsele que sea capaz de determinar o predecir si una petición de formación de uno de sus subordinados cumplirá los requisitos de selección.

No constituye acoso psicológico el hecho de que un superior jerárquico haya dado su conformidad a la petición de uno de sus subordinados de participar en una formación lingüística y que a continuación dicha petición sea denegada por el servicio competente.

Asimismo, la decisión adoptada por los superiores jerárquicos de retirar temporalmente a un funcionario algunas de sus tareas profesionales accesorias no puede constituir, como tal, una prueba de acoso psicológico, y no puede calificarse en modo alguno de abuso de poder.

Además, el hecho de que un jefe de unidad envíe a un funcionario un correo electrónico cuyo contenido pueda ser percibido por este último como sarcástico no sobrepasa los límites de la crítica razonable, en particular cuando el funcionario de que se trata ha dado muestras de pugnacidad y de propensión a discutir en lo que atañe a una disputa que le enfrenta a su superior jerárquico.

En lo que atañe a la afirmación de dicho funcionario de que el director le indicó oralmente que un jefe de unidad siempre tiene la razón y debe ser escuchado, procede señalar que además de que es necesario aportar pruebas que permitan conocer la realidad, el tono, o incluso el contenido de tal declaración, es en todo caso inherente al funcionamiento de una administración que los superiores jerárquicos puedan decidir cuestiones como la aprobación de actas o la adopción de las modalidades de comunicación que han de utilizarse preferentemente entre los miembros de una unidad administrativa, en particular, en situaciones en las que se han producido excesos evidentes que han desembocado en conflictos personales.

Así pues, una reunión organizada en presencia del jefe de unidad entre un funcionario y su director puede fácilmente parecer, a los ojos de un observador imparcial y razonable, un último intento por parte de los superiores jerárquicos de poner fin a una situación difícil, como es el caso cuando se ha producido una escalada de correos electrónicos del funcionario afectado, en particular cuando éstos han sido enviados esencialmente durante las horas normalmente dedicadas al trabajo o cuando controversias recurrentes perturban el funcionamiento de una unidad.

No es acoso psicológico la decisión de un jefe de unidad de examinar el contenido de la información recabada durante las reuniones de un grupo de trabajo por el representante de la unidad antes de difundirlas al resto de la unidad. En efecto, tal decisión forma parte de las prerrogativas del jefe de unidad y es plenamente comprensible habida cuenta del riesgo de que la difusión de información errónea pueda perturbar el buen funcionamiento de la unidad, riesgo que se presenta con creces en el caso de una persona nombrada recientemente y que no tiene experiencia en dicha tarea.

Habida cuenta igualmente de que el director, a pesar de realizar sugerencias sobre el texto del correo electrónico en el que el interesado había de presentar sus disculpas, dejó a éste la tarea de formularlas, un observador imparcial y razonable, dotado de una sensibilidad normal y que se encuentre en las mismas condiciones, puede considerar que tal actuación del director no es ni excesiva ni criticable ni tampoco un acto comprendido en el concepto de acoso psicológico, sino más bien un intento de reconducir a un miembro del personal cuyo comportamiento puede comprometer el buen funcionamiento del servicio.

En lo que atañe a los hechos relacionados con una denuncia por acoso psicológico, cuando el interesado ha cuestionado indebidamente en público la autoridad y la credibilidad de su superior jerárquico directo, a saber, el jefe de unidad, durante una reunión de la unidad y le ha hecho nuevas recriminaciones en un correo electrónico dirigido a él con copia a todos los miembros de la unidad, procede considerar que la orden del director de que el interesado se disculpe ante ese mismo público no sobrepasa los límites de su facultad de apreciación en lo que concierne a la gestión de los servicios. En particular, habida cuenta de que el interesado puso en entredicho infundadamente al jefe de unidad ante la unidad y ante su superior jerárquico, a saber, el director, este último puede exigir, de manera análoga, que las disculpas que el interesado ha presentado a su jefe de unidad se envíen igualmente a los miembros de la unidad.

No puede considerarse acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto el hecho de que un compañero de trabajo que en el pasado hubiera realizado declaraciones negativas sobre el comportamiento del funcionario de que se trata forme parte de un tribunal encargado de examinar las capacidades lingüísticas del funcionario en cuestión.

Tras examinar aisladamente los sucesos invocados y concluir que no pueden considerarse constitutivos de acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto, procede examinarlos también de manera global.

En las circunstancias del caso de autos los sucesos invocados, considerados globalmente, ponen de manifiesto ciertamente una relación conflictiva en un contexto administrativo difícil, pero no actos de carácter abusivo o intencional, puesto que las afirmaciones y los comportamientos documentados demuestran todo lo más una gestión desafortunada por parte de los superiores jerárquicos de una situación conflictiva, y no una voluntad deliberada de actuar de manera abusiva respecto de la demandante.

En particular, en presencia del comportamiento de un funcionario, supuestamente víctima, que da muestras de terquedad, intransigencia y que, algunas veces, raya en la insubordinación, el interesado no puede afirmar que desconoce los motivos de las decisiones adoptadas por sus superiores jerárquicos. A este respecto, el alcance de los conceptos de acoso moral y de deber de asistencia a los que se hace referencia en los artículos 12 bis y 24 del Estatuto, no pueden permitir a la supuesta víctima cuestionar sistemáticamente toda autoridad superior del servicio o considerar que puede incumplir obligaciones que se establecen explícitamente en el Estatuto, como son las relativas al régimen de vacaciones o la obligación de cooperación leal con sus superiores.

Procede igualmente recordar que tanto la obligación de lealtad, establecida en el artículo 11 del Estatuto, como la obligación impuesta a todo funcionario en virtud del artículo 12 del Estatuto, de abstenerse de cualquier acto o comportamiento que pueda menoscabar la dignidad de su función, implican, para todo subordinado, la obligación de no cuestionar infundadamente la autoridad de sus superiores y, en todo caso, de actuar con medida y prudencia al enviar correos electrónicos en este sentido y al elegir a los destinatarios de tales correos.

En una situación en la que el funcionario supuestamente víctima no se ha visto en modo alguno privado de sus tareas principales, el hecho de privarle de algunas tareas anexas, aun cuando éstas fueran apreciadas por el interesado, no suponen, en el contexto más global de sucesos que ponen de manifiesto un comportamiento inadecuado por parte del funcionario respecto de sus superiores jerárquicos, un menoscabo de su personalidad, de su dignidad o de su integridad física o psíquica.

(véanse los apartados 117, 118, 122 y 123)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Lo Giudice/Comisión, T‑154/05, EU:T:2007:322, apartados 104 y 105

Tribunal de la Función Pública: sentencias Tzirani/Comisión, F‑46/11, EU:F:2013:115, apartado 97, y CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, apartado 128