a)

Este recurso tiene por objeto principal la anulación de la Decisión de 20 de febrero de 1985 por cuanto esta última niega a la demandante la asignación de referencias suplementarias para los productos de las categorías le y id. Esta pretensión se basa —entre otras— en la tesis según la cual la Decisión n° 234/84 (al igual que la que la ha precedido) ha omitido ilegalmente prever, a semejanza del artículo 15 de la Decisión n° 1696/82, la posibilidad de adaptar la producción de referencia de las empresas que no hayan recibido dictamen negativo de la Comisión con respecto a un nuevo dispositivo de producción y que hayan abordado la realización del programa de inversión correspondiente durante el período de vigencia de la Decisión n° 1696/82. Según la demandada, la demandante debía haber invocado esta circunstancia inmediatamente después de haber tenido conocimiento de la Decisión n° 2177/83, pero no puede, por no haber actuado a su debido tiempo, volver a ella en 1985 por medio del examen de una decisión de cuota perfectamente normal. Además, según la demandada, es en cualquier caso decisivo que la demandante no haya interpuesto recurso a su debido tiempo en virtud del artículo 35 del Tratado CECA, después de que su solicitud de 27 de abril de 1984 no fue seguida de ninguna decisión positiva en el plazo prescrito. La demandante rechaza esta tesis alegando, en primer lugar, el derecho de recurso limitado que tienen las empresas frente a las decisiones generales en el marco del artículo 33, apartado 2, del Tratado CECA. Además, pone en duda el hecho de que su solicitud de 27 de abril de 1984 haya hecho correr los plazos del artículo 35 del Tratado CECA, por faltar un «requerimiento». Además, reprocha a la Comisión que ésta le había prometido, el 20 de junio de 1984, examinar su petición. Por demostrar la experiencia que el examen de estas peticiones lleva mucho tiempo (tal y como lo muestra, entre otras, la Decisión adoptada el 27 de enero de 1986 a propósito de la petición basada en el artículo 10, apartado 3, de la Decisión n° 234/84), no se puede, según ella, partir del principio de que, al término de dos meses, hubo decisión denegatoria de su petición. Es tan sólo en la Decisión de 20 de febrero de 1985 donde se puede ver un tal rechazo implícito (puesto que esta Decisión ha vuelto a tomar las producciones de referencia de la demandante para el año 1984 sin modificarlas). La demandante dice haber actuado frente a esta Decisión en los plazos debidos al interponer un recurso, al igual que con respecto al resto, interponiendo otro recurso en el asunto 119/85 cuando, el 29 de marzo de 1985, su petición fue expresamente rechazada. aa) En la apreciación de este punto litigioso, nos inclinamos a pensar, en un primer momento, que la opinión de la Comisión, que se basa esencialmente en la inexistencia de recurso dentro del plazo contra las Decisiones generales nos 2177/83 y 234/84, supondría la convicción en particular por cuanto cabe deducir de los argumentos de la demandante que la limitación del derecho de recurso que se fundamenta en el artículo 33, apartado 2, del Tratado CECA no tiene ninguna repercusión en un caso como el presente (efectivamente, la demandante alegaba que no se habían tomado medidas transitorias particulares precisamente en el contexto de las circunstancias que eran las suyas, lo que se puede englobar sin dificultad dentro de la noción de «desviación de poder en relación con ella»). Sin embargo, conviene considerar, por una parte, el hecho de que, según la réplica, la tesis principal de la demandante reside en que, para ser exacto, es preciso interpretar las decisiones generales en cuestión en el sentido de que permitirían (incluso sin disposiciones expresas a este efecto) adaptar la producción de referencia siguiendo el ejemplo del artículo 15 de la Decisión n° 1696/82 en casos como el de la demandante; no se trata, en absoluto, de una crítica de tales decisiones generales ni de la declaración de su ilegalidad. Sin embargo, en la medida en que el argumento que precede fue invocado subsidiariamente para aquellos casos en que las decisiones generales fueran interpretadas de una forma diferente, hay que poner en duda el hecho de que una tal excepción de ilegalidad planteada frente a decisiones generales —no se trata de nada distinto— pueda rechazarse por el hecho de que tales decisiones generales no han sido impugnadas dentro de plazo. De hecho, es jurisprudencia constante que, en apoyo de un recurso contra una decisión individual, cabe prevalerse de la ilegalidad de una decisión general en la que se funda la decisión individual, incluso después de la expiración del plazo para interponer recurso contra la decisión general en cuestión (véanse sentencias dictadas en los asuntos 9/56, 10/56 y 15/57 ( 1 )). Además, contrariamente a la opinión que defiende la Comisión, es difícil negar que hay una «relación jurídica directa» (en el sentido de la sentencia dictada en el asunto 21/64, ( 2 ) Rec. 1965, p. 259) entre la decisión denegatoria de la petición de la demandante y la Decisión general n° 234/84 —pretendidamente viciada— puesto que, según la tesis subsidiariamente expuesta por la demandante, hubo decisión de denegación de su petición por cuanto la Decisión n° 234/84 no contenía, contrariamente al artículo 15 de la Decisión n° 1696/82, ninguna cláusula de adaptación. bb) Sin embargo, no nos cabe la menor duda de que la Comisión tiene razón al afirmar que el recurso no se interpuso dentro de plazo, cuyo punto de partida viene constituido por la presentación de su petición en el mes de abril de 1984. — En este contexto, nos parece, en primer lugar, difícilmente impugnable que la carta de la demandante de 27 de abril de 1984, cuyo contenido hemos examinado anteriormente constituya un recurso conforme al artículo 35 del Tratado CECA. En él, solicita claramente la demandante una decisión a su favor y, si no hace a este respecto referencia expresa a ninguna base legal, ello no debería prestarse a consecuencias por cuanto el reenvío a las disposiciones relativas a un aumento de la producción de referencia que estaban en vigor cuando se abordó la realización del proyecto de inversión puede considerarse como una referencia suficientemente clara al artículo 15 de la Decisión n° 1696/82. A nuestro juicio, la Comisión fue informada de este particular de forma suficientemente explícita (en el sentido de la sentencia dictada en el asunto 17/57, Rec. 1958-1959, p. 27 ( 3 )) de que su eventual abstención sería objeto de un procedimiento judicial. El sistema establecido por el Tratado no impone manifiestamente otro «requerimiento». Admitiendo que sea necesaria, a pesar de todo, se podría pensar a este efecto en la carta de recordatorio que la demandante envió el día 5 de julio de 1984 y que también hemos mencionado antes (a partir de la cual, de todas formas, tampoco hubiera tenido lugar a su debido tiempo la interposición del recurso). — Es igualmente evidente que la decisión solicitada por la demandante no ha tenido lugar dentro de los dos meses que han seguido a su petición. Esto significa, según el régimen de tutela jurisdiccional del Tratado, que se reputa que la decisión implícita de denegación se adoptó al cumplirse los dos meses y que el recurso contra ésta debe interponerse dentro del mes siguiente (lo cual nos hubiera llevado en el caso de autos al verano de 1984 y no a la primavera de 1985). Claramente se puede deducir de las sentencias dictadas en los asuntos acumulados 42 y 49/59 ( 4 ) (Rec. 1961, p. 156 y ss.) y 81/83 ( 5 ) (Rec. 1984, p. 2962) que el artículo 35 del Tratado CECA debe interpretarse efectivamente en este sentido. — Por el contrario, cuando la demandante se remite a la carta de un director de la Comisión, de fecha 20 de junio de 1984, aceptando proceder a un examen que obligatoriamente debía ser bastante largo, estaríamos de acuerdo con la Comisión para considerar que ello no podía suponer una prórroga del plazo de recurso en lo que se refiere a la petición de la demandante, que es la única que nos interesa por el momento. En primer lugar, es seguramente de esta forma como hay que entender la sentencia dictada en el asunto 42/58 ( 6 ) (Rec. 1958-1959, p. 419), en el cual, a propósito de una carta del director de la división de Mercado de la Alta Autoridad que declaraba que la cuestión se ponía en estudio, el Tribunal mantuvo que esta carta no constituía una decisión en el sentido del Tratado y que existía, por tanto, una decisión implícita denegatoria de conformidad con el artículo 35 (en el mismo sentido, la sentencia dictada en el asunto 49/59, Rec. 1961, p. 156). En este punto, la jurisprudencia aplicable en materia de recursos de funcionarios establece de una forma particularmente clara que la ausencia de decisión acerca de una petición formulada o la falta de respuesta a una reclamación producen al transcurrir ciertos plazos determinados efectos jurídicos que deben, por su parte, dar lugar a una acción en los plazos prescritos. A este respecto, el Tribunal ha subrayado sin equívocos que el transcurso del plazo equivale a una decisión implícita de denegación que es la que procede impugnar. Sin embargo, una decisión interlocutoria que exhorte a la paciencia o que prometa el estudio del asunto no debe considerarse como un acto que prorroga el plazo de recurso puesto que, en interés de la seguridad jurídica, las partes no pueden disponer de este último según su conveniencia (en tal sentido, las sentencias dictadas en los asuntos 12/65, 52/64, 79/70 y 40/71 ( 7 )). En este contexto, nos parece significativo que, de forma claramente discernible por la demandante, la puesta en estudio prometida no se relacionaba con la petición expuesta en la carta mediante la cual planteaba a la Comisión la cuestión (concesión de producciones de referencia suplementarias por causa de la puesta en servicio de una nueva instalación de conformidad con las disposiciones en vigor al comienzo de los trabajos). A este fin, según la situación inequívoca y conocida de la demandante (el artículo 15 de la Decisión n° 1696/82 no había sido recogido a plena conciencia en la normativa que le siguió), no era necesario un estudio de tan larga duración. Se trataba más bien de examinar —según las explicaciones dadas ante el Tribunal en el curso de la fase oral— si era posible ayudar a la demandante por medio de disposiciones flexibles que estuviesen en vigor (como la del artículo 15, apartado 2, de la Decisión n° 234/84, que autorizaba la transferencia de cantidades de referencia en caso de cierre de instalaciones) y, en particular, de ocuparse del problema de la modificación del régimen en vigor para las chapas galvanizadas (a saber, ¡a reagrupación de las categorías le y Id y la fijación de nuevas producciones de referencia más favorables para la categoría común así creada). Finalmente, había ya negociaciones en curso cuando la demandante presentó su petición (lo admite expresamente en la réplica del asunto 119/85; tales negociaciones han dado lugar a una comunicación dirigida al Consejo por la Comisión el 29 de noviembre de 1984 así como a un proyecto de decisión de 21 de diciembre de 1984 (que, a decir verdad, no tuvo resultado, de forma que se ha llegado a fin de cuentas a no establecer, en la Decisión n° 470/85, más que un régimen parcialmente nuevo, que no autorizaba cuotas suplementarias más que para la categoría Id). Sin embargo, cuando la demandante prefirió abandonar su petición inicial para esperar el resultado —incierto— de las demás gestiones citadas, no le era posible, por haberse ya aclarado totalmente la situación y por haber expirado el plazo aplicable, renovar su primera petición, a saber, la de asignación de producciones de referencia suplementarias conforme al modelo de las disposiciones del régimen que anteriormente estaban en vigor. — Finalmente, conviene hacer constar que, incluso compartiendo la opinión de la demandante con respecto a los efectos de la carta de 20 de junio de 1984 (si se admite que ha esperado con razón la notificación de las producciones de referencia válidas para 1985 —lo que constituye manifiestamente, a su juicio, la duración máxima del período para su estudio), es difícil admitir que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo. En realidad, la decisión de 20 de febrero de 1985 (en la que se basa la demandante) no era el primer acto del que podrá deducir que sus producciones de referencia no se modificarían (y, por tanto, que su petición de adaptación sería denegada). Ello se deriva, por el contrario, de la primera decisión de 31 de diciembre de 1984 que se refiere al primer trimestre de 1985 (anexo 2 a la demanda). Por consiguiente, es todo lo más tarde con motivo de esta decisión cuando debió reaccionar y no esperar tan sólo la decisión de 20 de febrero de 1985 (que sustituye efectivamente la primera decisión citada, pero modificando tan sólo los índices de reducción para la categoría le, mientras que, en relación con otros —comprendiéndose en éstos lo que se refiere a las producciones de referencia— no hace más que confirmar los datos de 31 de diciembre de 1984). ce) Por consiguiente, no cabe sino afirmar que la pretensión principal debe considerarse inadmisible por haber caducado.