Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Fase preliminar - Amplitud de la información que debe suministrarse al notificar un proyecto de ayuda

[Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Fase preliminar - Duración - Prolongación artificial por la Comisión mediante preguntas innecesarias para el examen de la ayuda

[Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Fase preliminar - Duración - Carácter imperativo del plazo máximo de dos meses

[Tratado CE, arts. 93, ap. 3, y 175 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 232 CE) y art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados - Ayudas existentes y ayudas nuevas - Transformación de una ayuda notificada en ayuda existente - Requisitos - Derecho de oposición de la Comisión - Inexistencia

[Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

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1. A efectos de la fase preliminar de examen de las ayudas de Estado, establecida en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), para que una notificación se considere completa y marque el inicio del plazo de dos meses para la apertura del procedimiento contradictorio previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado, basta con que contenga, desde un primer momento o bien tras las respuestas del Estado miembro a las preguntas formuladas por la Comisión, la información necesaria para permitir que esta última se forme una primera opinión sobre la compatibilidad de la ayuda con el Tratado.

( véanse los apartados 53 y 56 )

2. En un procedimiento de examen preliminar de un proyecto de ayuda, desarrollado con arreglo al artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), la Comisión no puede prolongar artificialmente la fase de examen preliminar, con el fin de obtener un tiempo de reflexión adicional para evaluar otros aspectos del proyecto de ayuda, enviando escritos en los que se formulan preguntas cuyas respuestas no son necesarias para que pueda formarse una primera opinión sobre la compatibilidad con el Tratado del proyecto de ayuda en su conjunto.

( véanse los apartados 62 y 65 )

3. Al inspirarse en los artículos 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación) y 175 del Tratado (actualmente artículo 232 CE) para determinar la duración del plazo de reflexión de la Comisión en la fase de examen preliminar de las ayudas de Estado que establece el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), y estimar así en dos meses la duración máxima del plazo, el Tribunal de Justicia quiso evitar una inseguridad jurídica manifiestamente contraria a la finalidad de la esta fase. En efecto, dicha finalidad, consistente en ofrecer al Estado miembro la seguridad jurídica necesaria informándole con exactitud y rapidez sobre la compatibilidad con el Tratado de una ayuda que puede resultar urgente, se pondría en peligro si el plazo se considerara orientativo. Además, la inseguridad jurídica que ello provocaría podría verse agravada en caso de prolongación artificial de la fase de examen preliminar.

El hecho de que la Comisión pueda, en determinados casos, imponerse voluntariamente una limitación de su margen de maniobra a fin de resolver en un plazo inferior a dos meses, no implica que esta Institución pueda imponer plazos superiores a los dos meses sin el consentimiento del Estado miembro interesado, privándose así de la protección de los plazos fijados por el Derecho comunitario.

Por otro lado, como el plazo de examen preliminar se ha estimado en dos meses teniendo en cuenta el interés de los Estados miembros en que se aclare rápidamente la situación en aquellos casos en los que pueda existir una necesidad urgente de intervenir, de ello se deduce que el examen preliminar de un proyecto de ayuda debe considerarse en principio urgente, salvo cuando el Estado miembro interesado consienta expresamente una ampliación del plazo.

Por último, el hecho de que el Estado miembro interesado no haya respondido con rapidez a las preguntas de la Comisión no le priva del derecho a invocar el plazo de dos meses. En efecto, el artículo 93 del Tratado no impone al Estado miembro más obligaciones que la de notificar el proyecto de ayuda con la suficiente antelación, por una parte, y la de abstenerse de ejecutar el proyecto de ayuda antes de que haya recaído una decisión definitiva en el procedimiento del artículo 93, apartado 2, por otra. El Tratado no obliga además a los Estados miembros a responder rápidamente a las solicitudes de información adicional de la Comisión. Sencillamente, el Estado miembro tiene interés en responder con rapidez.

( véanse los apartados 73, 75 a 78 )

4. Habida cuenta de las normas de procedimiento formuladas en la jurisprudencia comunitaria en lo relativo a la existencia de un plazo razonable de reflexión y de investigación de la Comisión en la fase de examen preliminar de las ayudas de Estado prevista en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), la transformación de una ayuda notificada en ayuda existente sólo requiere que se den dos condiciones necesarias y suficientes. La primera es el preaviso del Estado miembro, notificando por adelantado a la Comisión la ejecución de la ayuda proyectada. La segunda es que la Comisión no inicie el procedimiento contradictorio previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado en los dos meses siguientes a la notificación completa de la ayuda. A esta segunda condición, y no a un derecho de oposición, se refiere el apartado 5 de la sentencia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz, 120/73, con los términos «en caso de silencio de la Comisión».

En efecto, reconocer a la Comisión un derecho de oposición equivaldría a añadir al régimen de procedimiento en materia de ayudas un tercer requisito contrario a dicho régimen, que, por una parte, significaría la reintrodución de la inseguridad jurídica, tanto en lo relativo a la forma como al plazo y a los efectos jurídicos de tal derecho de oposición, en un mecanismo que tiene por objeto la seguridad jurídica y, por otra parte, impediría conocer con certeza la fecha a partir de la cual la ayuda pasa a formar parte del régimen de ayudas existentes. De ello se deduce que la Comisión no dispone de un derecho de oposición.

( véanse los apartados 84 y 85 )