Palabras clave

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Palabras clave

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1. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Prohibición a los particulares de importar medicamentos que requieren receta en el Estado miembro de importación, pero que han sido prescritos por un médico y comprados en farmacia en otro Estado miembro - Justificación - Protección de la salud pública - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 30 y siguientes)

2. Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Observancia por parte del Estado miembro que pretende invocar el derecho de limitar una de las libertades garantizadas por el Tratado - Restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales justificadas por razones de interés general - Control, en aras de la protección de la salud pública, de la importación de medicamentos por los particulares - Procedencia a pesar del derecho al secreto médico - Requisitos

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1. El hecho de que un Estado miembro prohíba, incluso para cantidades que no excedan de las precisas para satisfacer las necesidades personales normales, las importaciones, efectuadas por un particular, de medicamentos que, suministrándose sólo con receta en el Estado miembro de importación, hayan sido prescritos por un médico y comprados en farmacia en otro Estado miembro, constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 y siguientes del Tratado. En efecto, una prohibición de estas características no puede justificarse basándose en la protección de la salud y de la vida de las personas, ya que debe considerarse que la prescripción de un medicamento por un médico y su compra en una farmacia de otro Estado miembro ofrecen garantías equivalentes a las que resultarían de la prescripción del medicamento por un médico y de su venta por una farmacia del Estado miembro en el que el medicamento es importado por un particular, dado que las condiciones de acceso a las profesiones de médico y de farmacéutico, así como las modalidades de su ejercicio, han sido objeto de Directivas comunitarias.

2. Cuando un Estado miembro invoca las disposiciones del Tratado para justificar una normativa nacional que puede obstaculizar el ejercicio de una libertad garantizada por el Tratado, esa justificación, prevista por el Derecho comunitario, debe interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho y especialmente de los derechos fundamentales, entre los que figuran el derecho al respeto a la vida privada y el derecho a la protección del secreto médico, que es uno de sus aspectos. Sin embargo, estos derechos no son considerados como prerrogativas absolutas, sino que pueden implicar restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, en lo que respecta al fin perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos garantizados. Entre los objetivos que pueden justificar tales restricciones figura la protección de la salud pública y de la vida de las personas.

Por lo tanto, un Estado miembro puede controlar, en aras de la protección de la salud pública, las importaciones, efectuadas por particulares, de medicamentos que en su territorio se suministren sólo con receta, siempre y cuando esos controles se dispongan de forma que respondan a las exigencias resultantes de la protección de los derechos fundamentales.