3.

Pasemos al examen del fondo del asunto. Según las empresas francesas, la Comisión habría incurrido en una responsabilidad subjetiva y, subsidiariamente, objetiva. En lo relativo a la primera, se aducen cuatro motivos. La Comisión habría: 1) desconocido la prohibición de discriminación prevista en el artículo 215 del segundo Convenio (recte: artículo 56 del primer Convenio) de Lomé, a tenor del cual todas las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros y de los países ACP tienen el derecho de participar en condiciones de igualdad en las convocatorias de licitaciones y en los contratos financiados por el Fondo; 2) perjudicado con su comportamiento sus expectativas legítimas; 3) provocado diversas irregularidades que viciaron el procedimiento concluido con la victoria de Dravo; 4) infringido el artículo 25 (recte: 21), del Protocolo n° 2 del primer Convenio de Lomé, a tenor del cual debe elegirse la oferta económicamente más ventajosa. Por razones de comodidad expositiva examinaré en primer lugar los motivos primero y tercero. Con ellos, los demandantes imputan a la Comisión el no haberles informado adecuadamente sobre las modalidades del procedimiento, el no haber motivado las decisiones relativas al nombramiento del experto y a la anulación de la convocatoria de la licitación, el no haberles permitido el acceso a la correspondencia mantenida entre la Comisión y las autoridades somalíes y el haberles ocultado los motivos por los cuales el profesor Lhoest fijó en su primer informe el calendario de las negociaciones directas. ¿Qué puede decirse de estos argumentos? A mi parecer, lejos de probar una conducta ilícita de la Comisión, lo que hacen dichos argumentos es cuestionar tanto la regularidad del procedimiento seguido para la adjudicación del contrato como la validez de la decisión de adjudicación. Ahora bien, planteadas las cosas de este modo, no corresponde a nuestro Tribunal conocer del asunto. La sentencia Muratori afirma, en efecto, que «no existe en el presente caso, un acto (de la Comisión) que pueda ser objeto de un recurso de los previstos en el artículo 173 del Tratado» ( **) ; y las razones que justifican esta exclusión son evidentes. Las intervenciones de los agentes comunitarios en las licitaciones tienen por única finalidad comprobar que se cumplen los requisitos necesarios para proceder a los pagos previstos; dicho en otros términos, su objetivo no es «atentar contra el principio en virtud del cual (tanto los procedimientos como) los contratos de que se trata no son sino procedimientos y contratos nacionales cuya elaboración, negociación y adjudicación, es competencia exclusiva de los Estados ACP [...]; (por lo que) las empresas que participan en la licitación quedan al margen de las relaciones [...] que se establecen [...] entre la Comisión y los Estados ACP» (**) (sentencia de 10 de julio de 1984, asunto 126/83, STS contra Comisión, Rec. 1984, p. 2769). Sin salirse del terreno de la responsabilidad extracontractual, es evidente de todas maneras que, antes incluso de resultar infundados, los motivos alegados por los demandantes —el hecho de que determinados actos no se motivaran e imposibilidad de conocer algunos aspectos del procedimiento— no son imputables a los agentes de la Comunidad. En efecto, de los autos resulta que fue el contratante nacional, es decir, el Ministro de Planificación somalí, el encargado de efectuar, el día 3 de diciembre, el nombramiento del profesor Lhoest, entre una lista de expertos que, a solicitud de la autoridad nacional, le proporcionó los servicios de la Comisión. Puede decirse lo mismo por lo que respecta a las decisiones en virtud de las cuales se anuló la licitación y se entabló una negociación con las tres sociedades que habían presentado las mejores ofertas; que también fueron adoptadas por el mismo ministro —en virtud de los artículos 10 y 53, respectivamente, del pliego general de los contratos públicos financiados por el Fondo (DO L 39 de 14.2.1972, p. 13)— mediante carta con fecha de 15 de marzo de 1981, regularmente notificada a todas las empresas interesadas. A dichas empresas se les requería, además, para que respondieran al formulario incluido en el informe del experto y para que hicieran llegar las nuevas ofertas a más tardar el siguiente 30 de abril. Las medidas irregulares que los demandantes imputan a la Comisión lo son exclusivamente de las autoridades somalíes y se motivan, además, con detalle, aunque el artículo 45, apartado 4, del arriba citado pliego general disponga que la administración no está obligada a motivar la decisión por la que se anula una licitación. Por lo que respecta a la pretensión de tener acceso a la correspondencia mantenida entre la Comisión y los organismos competentes para adjudicar el contrato, hago constar que las propias demandantes no han podido fundamentarla en ningún precepto. De todas maneras no se ve con claridad en dónde pueda residir el nexo de causalidad que a este respecto se imputa a la demandada y la no adjudicación del contrato en detrimento de las dos empresas. En lo que concierne, finalmente, a la insuficiencia de las informaciones sobre las formalidades del procedimiento, procede recordar que, a tenor del artículo 30, apartado 2, del pliego general, compete al contratante nacional convocar la licitación y regular la preparación, la presentación y el examen de los proyectos. Por todo lo dicho, deben desestimarse ambos motivos.