Palabras clave

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Palabras clave

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1. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Efecto directo ° Límites ° Posibilidad de invocar una Directiva frente a un particular ° Exclusión

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

2. Aproximación de las legislaciones ° Protección de los consumidores en materia de crédito al consumo ° Directiva 87/102/CEE ° Posibilidad, a falta de medidas de adaptación del Derecho interno, de basar en la Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada ° Exclusión ° Competencia comunitaria con arreglo al artículo 129 A ° Falta de incidencia

(Tratado CE, arts. 129 A y 189, párr. 3; Directiva 87/102/CEE del Consejo, art. 11)

3. Derecho comunitario ° Derechos conferidos a los particulares ° Infracción, por parte de un Estado miembro, de la obligación de adaptar el Derecho interno a una Directiva ° Obligación de reparar el perjuicio causado a los particulares ° Requisitos

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

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1. La invocabilidad de las Directivas frente a órganos estatales se basa en el carácter obligatorio de las Directivas, que sólo existe respecto de los Estados miembros destinatarios, y tiene por objeto evitar que un Estado pueda sacar ventajas de haber infringido el Derecho comunitario. Ampliar este principio al ámbito de las relaciones entre los particulares equivaldría a reconocer a la Comunidad la facultad de establecer con efectos inmediatos obligaciones a cargo de los particulares, cuando sólo tiene dicha competencia en aquellos supuestos en que se le atribuye la facultad de adoptar Reglamentos o Decisiones.

De ello se deduce que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, en su contra.

2. A falta de medidas de adaptación del Derecho interno dentro de los plazos señalados por la Directiva 87/102, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, el consumidor, incluso habida cuenta del artículo 129 A del Tratado, no puede basar en la propia Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada, a causa de defectos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios por parte del proveedor o del prestador con el que dicho concedente de crédito ha celebrado un acuerdo de financiación exclusiva e invocar este derecho ante un órgano jurisdiccional nacional.

En efecto, el artículo 129 A tiene un alcance limitado. Por un lado, proclama la obligación que tiene la Comunidad de contribuir a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores. Por otro lado, crea una competencia comunitaria para acciones concretas relacionadas con la política de protección de los consumidores al margen de las medidas adoptadas en el marco del mercado interior. En la medida en que dicho artículo se limita a asignar a la Comunidad un objetivo y a atribuirle competencias a tal efecto sin establecer, por lo demás, ninguna obligación a cargo de los Estados miembros o de los particulares, no puede justificar la invocabilidad directa entre particulares de disposiciones claras, precisas e incondicionales de Directivas relativas a la protección de los consumidores a las que no se ha producido la adaptación del Derecho interno dentro de los plazos señalados.

3. En el supuesto de que no pudiera alcanzarse el resultado exigido por la Directiva por vía interpretativa, el Derecho comunitario impone a los Estados miembros la obligación de reparar los daños causados a los particulares por no haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en una Directiva, siempre y cuando concurran tres requisitos. Primero, que el objetivo de la Directiva sea atribuir derechos a los particulares. Segundo, que el contenido de estos derechos pueda determinarse basándose en las disposiciones de la Directiva. Por último, que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido.