Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación

(Art. 43 CE)

2. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Derecho a emprender medidas de conflicto colectivo — Conciliación con las exigencias relativas a las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado

(Art. 43 CE)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación personal

(Art. 43 CE)

4. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Medidas de conflicto colectivo emprendidas por un sindicato para lograr que una empresa privada celebre un convenio colectivo de trabajo

(Art. 43 CE)

Índice

1. El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que, en principio, no está excluida de su ámbito de aplicación una medida de conflicto colectivo emprendida por un sindicato o una agrupación de sindicatos contra una empresa privada con el fin de conseguir que ésta celebre un convenio colectivo cuyo contenido puede disuadirla de ejercer la libertad de establecimiento.

En efecto, el artículo 43 CE no rige solamente la actuación de las autoridades públicas, sino que se extiende asimismo a las normativas de otra naturaleza que tengan por finalidad regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena, el trabajo por cuenta propia y las prestaciones de servicios. Puesto que las condiciones de trabajo de los diferentes Estados miembros se rigen, bien por disposiciones de carácter legislativo o reglamentario, bien por convenios colectivos y otros actos celebrados o adoptados por personas privadas, si las prohibiciones previstas en dicho artículo se limitaran a los actos de la autoridad pública, ello podría crear desigualdades en su aplicación.

Dado que la organización de medidas de conflicto colectivo por los sindicatos de trabajadores está incluida en la autonomía jurídica de que disponen estos organismos, que no constituyen entidades de Derecho público, en virtud de la libertad sindical que les reconoce, en particular, el Derecho nacional, y que esas medidas de conflicto colectivo están relacionadas, de modo inseparable, con el convenio colectivo cuya celebración persiguen los sindicatos, esas medidas de conflicto colectivo están comprendidas, en principio, en el ámbito de aplicación del artículo 43 CE.

(véanse los apartados 33 a 37 y 55 y el punto 1 del fallo)

2. El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluido el derecho de huelga, está reconocido en diferentes instrumentos internacionales en los que los Estados miembros han participado o a los que se han adherido, como la Carta Social Europea, por lo demás expresamente mencionada en el artículo 136 CE, y el Convenio nº 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, adoptado en 1948 por la Organización Internacional del Trabajo, y en instrumentos elaborados por dichos Estados miembros a nivel comunitario o en el marco de la Unión Europea, como la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores adoptada en 1989, también mencionada en el artículo 136 CE, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Aunque el citado derecho, incluido el derecho de huelga, debe ser, por tanto, reconocido como derecho fundamental que forma parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, su ejercicio puede ser sometido a ciertas restricciones. En efecto, como reafirma el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dicho derecho está protegido de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales.

A este respecto, aunque la protección de los derechos fundamentales constituye un interés legítimo que puede justificar, en principio, una restricción a las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario, incluso en virtud de una libertad fundamental garantizada por el Tratado, el ejercicio de tales derechos no está excluido del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado y debe conciliarse con las exigencias relativas a los derechos protegidos por dicho Tratado y con el principio de proporcionalidad.

De esto se deriva que el carácter fundamental atribuido al derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo no permite excluir tales medidas emprendidas contra una empresa con el fin de conseguir que ésta celebre un convenio colectivo cuyo contenido puede disuadirla del ejercicio de la libertad de establecimiento del ámbito de aplicación del artículo 43 CE.

(véanse los apartados 43 a 47)

3. El artículo 43 CE puede conferir derechos a una empresa privada que ésta puede oponer a un sindicato o a una asociación de sindicatos.

En efecto, la eliminación, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y a la libre prestación de servicios correría peligro si la supresión de las barreras de origen estatal pudiera ser neutralizada con obstáculos derivados de actos realizados en ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones y organismos que no están sometidos al Derecho público. Además, el hecho de que determinados preceptos del Tratado estén formalmente dirigidos a los Estados miembros no excluye que ciertos derechos puedan, al mismo tiempo, otorgarse a cualquier particular interesado en la observancia de las obligaciones así definidas. Por otro lado, la prohibición de vulnerar una libertad fundamental prevista por una disposición del Tratado que tenga carácter imperativo se extiende, en especial, a todos los convenios que tienen por objeto regular, de forma colectiva, el trabajo por cuenta ajena.

(véanse los apartados 57, 58 y 66 y el punto 2 del fallo)

4. El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que medidas de conflicto colectivo que tienen como finalidad conseguir que una empresa privada cuyo domicilio social se encuentra situado en un Estado miembro determinado celebre un convenio colectivo de trabajo con un sindicato establecido en ese Estado y aplique las cláusulas previstas por ese convenio a los trabajadores asalariados de una filial de dicha empresa establecida en otro Estado miembro constituyen restricciones en el sentido de dicho artículo.

En efecto, tal medida de conflicto colectivo tiene como consecuencia hacer menos interesante, o incluso inútil, el ejercicio por una empresa de su derecho al libre establecimiento, porque impide que ésta disfrute, en el Estado miembro de acogida, del mismo trato que reciben los demás operadores económicos establecidos en ese Estado. Por otra parte, debe considerarse que tal medida de conflicto colectivo, que tiene por objeto impedir que los armadores matriculen sus buques en un Estado distinto del Estado del que son nacionales los propietarios efectivos de esos buques, puede, cuando menos, restringir el ejercicio por una empresa de su derecho al libre establecimiento.

Estas restricciones pueden estar justificadas, en principio, por la protección de una razón imperiosa de interés general, como la protección de los trabajadores, siempre que se compruebe que son adecuadas para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y que no van más allá de lo necesario para lograr este objetivo.

(véanse los apartados 72 a 74 y 90 y el punto 3 del fallo)