Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 8 de octubre de 1996. - Compagnie maritime belge transports SA y Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. y Nedlloyd Lijnen BV contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Transportes marítimos internacionales - Conferencias marítimas - Reglamento (CEE) no 4056/86 - Perjuicio de los intercambios comerciales - Posición dominante colectiva - Aplicación de un acuerdo que prevé un derecho exclusivo - Buques de lucha - Rebajas de fidelidad - Multas - Criterios de apreciación. - Asuntos acumulados T-24/93, T-25/93, T-26/93 y T-28/93..



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01201



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Transportes - Transportes marítimos - Normas sobre la competencia - Exención por categorías - Interpretación restrictiva - Exención de los acuerdos de reparto de los viajes entre miembros de una conferencia marítima - Alcance

[Tratado CE, art. 85, ap. 3; Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 3]

2 Competencia - Posición dominante - Posición dominante colectiva - Concepto - Conferencia marítima

[Tratado CE, art. 86; Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 1, ap. 3, letra b)]

3 Competencia - Posición dominante - Existencia - Posesión de cuotas de mercado muy importantes - Indicio generalmente suficiente

(Tratado CE, art. 86)

4 Competencia - Posición dominante - Obligaciones que incumben a la empresa dominante - Uso razonable de un derecho de veto al acceso de terceros al mercado

(Tratado CE, art. 86)

5 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto del derecho de defensa - Pliego de cargos

6 Competencia - Posición dominante - Abuso - Resultado previsto y no alcanzado - Irrelevancia

(Tratado CE, art. 86)

7 Transportes - Transportes marítimos - Normas sobre la competencia - Posición dominante - Abuso - Prohibición absoluta - Inexistencia de exención con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4056/86

[Tratado CE, art. 86; Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo]

8 Transportes - Transportes marítimos - Normas sobre la competencia - Aplicabilidad del artículo 85 a los contratos de fidelidad de una conferencia marítima - Requisitos - Facultades de la Comisión

[Tratado CE, art. 85; Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, arts. 5, ap. 2, y 7]

9 Transportes - Transportes marítimos - Normas sobre la competencia - Posición dominante - Abuso - Conferencia marítima - Contratos de fidelidad al 100 %, impuestos unilateralmente, que incluyen las ventas fob, con listas negras de cargadores infieles

(Tratado CE, art. 86)

10 Competencia - Prácticas colusorias - Posición dominante - Perjuicio del comercio entre Estados miembros - Criterios de valoración

(Tratado CE, arts. 85 y 86)

11 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Carácter deliberado de la infracción - Gravedad de la infracción - Ejecución de una práctica por parte de una conferencia marítima que ocupa una posición dominante con el fin de eliminar a un competidor del mercado

(Tratado CE, art. 86)

12 Competencia - Multas - Imputabilidad del comportamiento de una conferencia marítima a los miembros de ésta - Importe - Fijación en función del grado de participación de los miembros - Procedencia

13 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Volumen de negocios global de la empresa - Volumen de negocios procedente de las mercancías que son objeto de la infracción - Consideración respectiva

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, y Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 19]

14 Recurso de anulación - Motivos - Desviación de poder - Concepto

15 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Decisión por la que se impone una multa por infracción de las normas sobre la competencia - Tipo de los intereses de demora - Inclusión

Índice

16 Habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a las normas sobre la competencia establecido en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, las disposiciones en que se prevén excepciones, incluidas en un Reglamento de exención deberán, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente. Este criterio debe aplicarse también a las disposiciones del Reglamento nº 4056/86 que exceptúan a algunos acuerdos de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado; el artículo 3 del Reglamento constituye una exención por categoría, a efectos del apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

En este sentido, no puede aplicarse a acuerdos de reparto entre conferencias marítimas la letra c) del artículo 3 del Reglamento nº 4056/86, referente a la coordinación o al reparto de los viajes o de las escalas «entre los componentes de la conferencia», máxime cuando la exención está prevista para los acuerdos que tienen por objeto, en primer lugar, la fijación conjunta de tarifas.

17 El artículo 86 del Tratado puede aplicarse a situaciones en las que varias empresas se hallen conjuntamente en una posición dominante en el mercado considerado. Para llegar a la conclusión de que existe dicha posición, es necesario que las empresas de que se trata estén suficientemente ligadas entre sí como para adoptar una misma línea de acción en el mercado.

En esa situación pueden encontrarse las compañías marítimas que, debido a las estrechas relaciones que mantienen entre sí dentro de una conferencia marítima, en el sentido de la letra b) del apartado 3 del artículo 1 del Reglamento nº 4056/86, están, en su conjunto, en condiciones de poner en práctica de forma común, en el mercado considerado, actuaciones de tal naturaleza que constituyen comportamientos unilaterales.

18 La existencia de una posición dominante puede derivarse de varios factores que, considerados aisladamente, no tienen por qué ser necesariamente determinantes. No obstante, cuotas de mercado muy importantes constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de dicha posición.

19 El artículo 86 del Tratado impone a una empresa en posición dominante, con independencia de las causas a que se deba tal posición, la responsabilidad particular de que su comportamiento no distorsione una competencia efectiva y no falseada en el mercado común. Por consiguiente, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 86 todo comportamiento de una empresa en situación de posición dominante que pueda obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo del grado de competencia existente en un mercado, en el cual, debido precisamente a la presencia de esta empresa, la competencia está ya debilitada.

No obstante, si bien la existencia de una posición dominante no priva a una empresa que se encuentre en dicha posición del derecho a proteger sus propios intereses comerciales cuando éstos se vean amenazados, y si bien dicha empresa puede, en una medida razonable, realizar los actos que considere adecuados para proteger sus intereses, no cabe admitir tales comportamientos cuando su objeto sea precisamente reforzar dicha posición dominante y abusar de ella.

Una empresa en situación de posición dominante que disfruta de un derecho exclusivo, acompañado de la posibilidad de establecer excepciones supeditada a su conformidad, está obligada a hacer un uso razonable del derecho de veto al acceso de terceros al mercado que se le reconoce. No hace un uso razonable de su derecho de veto una empresa que, en el marco de un plan destinado a eliminar al único competidor del mercado, emprende actuaciones destinadas a garantizar el estricto cumplimiento de sus derechos.

20 La Decisión por la que se constata una infracción de las normas sobre la competencia no tiene por qué ser necesariamente una copia del pliego de cargos.

21 Cuando una o más empresas en situación de posición dominante aplican efectivamente una práctica que tiene por objeto eliminar a un competidor, la circunstancia de que no se alcanzara el resultado previsto no puede bastar para descartar la calificación de abuso de posición dominante a efectos del artículo 86 del Tratado.

22 Al no podérsele aplicar ninguna exención a la explotación abusiva de una posición dominante con arreglo al artículo 86 del Tratado y puesto que la concesión de una exención por medio de un acto de Derecho derivado no puede establecer excepciones a dicha disposición a la luz de los principios por los que se rige la jerarquía de las normas, no cabe interpretar el Reglamento nº 4056/86 en el sentido de que concede la citada exención, máxime cuando el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento dispone que la explotación abusiva de una posición dominante con arreglo al artículo 86 del Tratado, estará prohibida sin que sea necesaria ninguna decisión previa para ello.

23 Cuando se produce una infracción del artículo 85 del Tratado derivada de la falta de conformidad de los contratos de fidelidad de una conferencia marítima con las obligaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 4056/86, la Comisión puede recomendar a los miembros de la conferencia, con arreglo al artículo 7 de dicho Reglamento, que adecuen sus contratos de fidelidad a las referidas obligaciones.

24 Constituye un abuso de su posición dominante el hecho de que una conferencia marítima imponga unilateralmente a los cargadores contratos de fidelidad al 100 %, incluidas las ventas fob, y elabore una «lista negra» de cargadores infieles, con el fin de sancionarlos. Dicha práctica, considerada en su conjunto, tiene como consecuencia restringir la libertad de los usuarios y, por ende, afectar a la posición competitiva de los competidores.

25 Para que un acuerdo entre empresas así como, por otra parte, un abuso de posición dominante, pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que puede ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre Estados. De ahí que no sea necesario, en particular, que el comportamiento denunciado haya afectado efectivamente al comercio entre Estados miembros de manera sensible; basta con demostrar que dicho comportamiento puede tener dicho efecto.

Van dirigidos a compartimentar más el mercado de los servicios de transporte marítimo ofrecidos por empresas de la Comunidad y pueden, en consecuencia, afectar al comercio entre Estados miembros, los acuerdos entre conferencias marítimas que tienen por objeto prohibir que los miembros de una conferencia marítima cubran, como armadores independientes, una línea partiendo de puertos comunitarios correspondientes a la zona de otra conferencia marítima que es parte en el acuerdo. Además, dichos acuerdos pueden afectar indirectamente a la competencia en el mercado común, por un lado, entre los puertos de la Comunidad a los que se refieren dichos acuerdos, modificando su zona de atracción y, por otro lado, entre las actividades situadas en dichas zonas de atracción.

Por lo que respecta a las prácticas abusivas a que se refiere el artículo 86, para apreciar si el comercio entre los Estados miembros puede verse afectado por la explotación abusiva de una posición dominante es preciso tener en cuenta las consecuencias que puedan derivarse de ello para la estructura de la competencia efectiva en el mercado común. En estas circunstancias, las prácticas mediante las cuales un grupo de empresas pretende eliminar del mercado al principal competidor establecido en el mercado común pueden, por su naturaleza, afectar a dicha estructura y, en consecuencia, al comercio entre Estados miembros. Además, tales prácticas de las compañías marítimas pueden afectar indirectamente a la competencia del mismo modo que los acuerdos entre las conferencias de las que son miembros.

26 Cuando se trata de determinar el importe de una multa que ha de imponerse por infracción de las normas sobre la competencia, debe considerarse una infracción grave y deliberada del artículo 86 del Tratado el hecho de que una conferencia marítima que ocupa una posición dominante aplique una práctica abusiva con el fin de eliminar al único competidor presente en el mercado.

27 Al carecer la conferencia marítima de personalidad jurídica, la Comisión está facultada, dado que dirigió pliegos de cargos a cada uno de los miembros de aquélla, para imponer multas directamente a los miembros de la conferencia, en lugar de a la propia conferencia en el supuesto de que constate una infracción de las normas sobre la competencia del Tratado. Así ocurre incluso en el caso de que el pliego de cargos sólo haga alusión a la posibilidad de imponer una multa a la conferencia, ya que los miembros de la conferencia no pueden ignorar que corrían el riesgo de que pudiera imponérseles una multa.

En este sentido, la Comisión no viola el principio de igualdad de trato al fijar el importe de las multas que han de imponerse a los diferentes miembros de la conferencia en función de su grado de participación en la infracción y no de su participación en el «pool» de ingresos de la conferencia.

28 Por lo que se refiere a la consideración del volumen de negocios de la empresa infractora para la fijación de la multa que ha de imponérsele por infracción de las normas sobre la competencia, es posible, tanto en el marco del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento nº 17 como en el del artículo 19 del Reglamento nº 4056/86, tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque fuere aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como el volumen de negocios procedente de las mercancías que son objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de esta última.

29 Una decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo o, al menos determinante, de conseguir otros fines distintos de los alegados. No ocurre lo mismo en el supuesto de que la Comisión, al determinar el importe de la multa impuesta a un armador por infracción de las normas sobre la competencia, tome en consideración la multa impuesta, unos meses antes, a otra empresa del sector de transportes marítimos, garantizando de esa forma la coherencia en la aplicación del Derecho comunitario de la competencia.

30 El destinatario de una Decisión por la que se impone una multa por infracción de las normas sobre la competencia está legitimado para impugnar ante el órgano jurisdiccional comunitario, mediante la interposición de un recurso de anulación, la fijación por aquélla del tipo de los intereses de demora adeudados por la empresa de que se trata.

Partes

En los asuntos acumulados T-24/93,

Compagnie maritime belge transports SA,

y

Compagnie maritime belge SA,

sociedades belgas, con domicilio social en Amberes (Bélgica), representadas por Mes Michel Waelbroeck y Denis Waelbroeck, Abogados de Bruselas y por el Sr. Aurelio Pappalardo, Abogado de Trapani, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Ernest Arendt, 34, rue Philippe II,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, durante la fase escrita, por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal y, durante la fase oral, por los Sres. Richard Lyal, Paul Nemitz y Berend Jan Drijber, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

apoyada por

Grimaldi, sociedad italiana, con domicilio social en Palermo (Italia),

y

Cobelfret, sociedad belga, con domicilio social en Amberes (Bélgica),

representadas por el Sr. Mark Clough, Barrister, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partes coadyuvantes, T-25/93,

Dafra-Lines A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Copenhague, representada por Mes Michel Waelbroeck y Denis Waelbroeck, Abogados de Bruselas, y por el Sr. Aurelio Pappalardo, Abogado de Trapani, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Ernest Arendt, 34, rue Philippe II,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, durante la fase escrita, por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal y, durante la fase oral, por los Sres. Richard Lyal, Paul Nemitz y Berend Jan Drijber, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada, T-26/93,

Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co., sociedad alemana, con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por el Sr. Michael Strobel, Abogado de Hamburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, durante la fase escrita, por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal y, durante la fase oral, por los Sres. Richard Lyal, Paul Nemitz y Berend Jan Drijber, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada, T-28/93,

Nedlloyd Lijnen BV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Rotterdam (Países Bajos), representada, durante la fase escrita, por el Sr. Tom R. Ottervanger, Abogado de Rotterdam y, durante la fase oral, por Me Jacques Steenbergen, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Carlos Zeyen, 4, rue de l'Avenir,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, durante la fase escrita, por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal y, durante la fase oral, por los Sres. Richard Lyal, Paul Nemitz y Berend Jan Drijber, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tienen por objeto la anulación de la Decisión 93/82/CEE de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 del Tratado CEE (IV/32.448 - IV/32.450: CEWAL, COWAC, UKWAL) y 86 del Tratado CEE (IV/32.448 - IV/32.450: CEWAL) (DO 1993, L 34, p. 20),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. C.P. Briët, Presidente; la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Potocki, R.M. Moura Ramos y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de marzo de 1996;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos

1 A raíz de las denuncias que le fueron presentadas con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos (DO L 378, p. 4; en lo sucesivo, «Reglamento nº 4056/86»), la Comisión abrió una investigación sobre las prácticas de las conferencias marítimas que operan en las líneas entre Europa y Africa Occidental.

2 Una de dichas denuncias había sido presentada por la Association of Independent West African Shipping Interests (en lo sucesivo, «AIWASI»), agrupación de armadores comunitarios independientes, es decir, que no pertenecen a una conferencia marítima. Grimaldi, armador independiente con domicilio social en Palermo y Cobelfret, armador independiente con domicilio social en Amberes (denominados conjuntamente; en lo sucesivo, «G y C»), son miembros fundadores de AIWASI. A partir de julio de 1985, G y C crearon un servicio común de comunicación entre Europa del Norte y el Zaire.

3 La Associated Central West Africa Lines (en lo sucesivo, «CEWAL») es una conferencia marítima cuya secretaría se encuentra en Amberes. Agrupa a compañías marítimas que realizan un servicio de línea regular entre puertos del Zaire y de Angola, por un lado, y puertos del Mar del Norte, excepto el Reino Unido, por otro lado.

4 La Compagnie maritime belge SA (en lo sucesivo, «CMB») es una sociedad holding del grupo CMB. Este ejerce sus actividades, en particular, en el sector del equipamiento, la gestión y la explotación de operaciones de tráfico marítimo. El 7 de mayo de 1991, los servicios de línea y combinados constituyeron una entidad jurídica distinta, la Compagnie maritime belge transports SA (en lo sucesivo, «CMBT»), con efectos de 1 de enero de 1991.

5 Dafra-Lines A/S (en lo sucesivo, «Dafra-Lines») es miembro de CEWAL. Desde el 1 de enero de 1988, Dafra-Lines es una sociedad del grupo CMB.

6 Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. (en lo sucesivo, «DAL») es miembro de la conferencia CEWAL. Hasta el 1 de abril de 1990, era la única accionista de la sociedad Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH. En la citada fecha, cedió sus títulos a CMB, la cual, a partir del 1 de enero de 1991, integró las actividades de la sociedad dentro de CMBT.

7 Nedlloyd Lijnen BV (en lo sucesivo, «Nedlloyd») también es miembro de CEWAL.

8 Al finalizar su investigación, la Comisión adoptó la Decisión 93/82/CEE, de 23 de diciembre de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 del Tratado CEE (IV/32.448 - IV/32.450: CEWAL, COWAC, UKWAL) y 86 del Tratado CEE (IV/32.448 - IV/32.450: CEWAL) (DO 1993, L 34, p. 20; en lo sucesivo, «Decisión»). Mediante dicha Decisión, la Comisión constata una infracción al artículo 85 cometida por tres conferencias marítimas, así como una infracción al artículo 86 por parte de los miembros del CEWAL e impone, en consecuencia, una multa a algunos de ellos. Puede resumirse de la siguiente forma.

Descripción de la Decisión

El marco jurídico de ejercicio de las actividades de transporte marítimo internacional de flete

9 Para un enlace marítimo determinado, los criterios de reparto de las cargas transportadas por una conferencia marítima se establecen en un código de conducta elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en lo sucesivo, «Código UNCTAD») y, en particular, por la regla de reparto denominada «40: 40: 20». Según dicha regla, se asigna un 40 % de los cargamentos transportados por la conferencia a cada uno de los armadores nacionales de los países situados en uno de los extremos de una línea determinada y el 20 % restante a los armadores de los países terceros miembros de la misma conferencia.

10 Además, la política de los Estados africanos en materia de transporte marítimo internacional se concierta en el marco de la Conferencia Ministerial de Estados de Africa Occidental y Central para el Transporte Marítimo (CMEAOC), creada en 1975. Dicha Conferencia adoptó diversas resoluciones que invitaban a los Estados africanos a dar prioridad a los armadores nacionales en la reserva del flete y a establecer sistemas de control de la aplicación efectiva de la «fórmula de reparto» del tráfico establecida en el Código UNCTAD.

11 En la ruta marítima que enlaza Europa del Norte y el Zaire, el reparto de cargamentos con arreglo a la regla 40: 40: 20 del Código UNCTAD se concreta en tres tipos de medidas:

- La participación de la Compagnie maritime zaïroise (en lo sucesivo, «CMZ») como miembro de la Conferencia CEWAL.

- El establecimiento, por parte de las autoridades zaireñas, de un marco normativo constituido por la Ordenanza-Ley nº 67/272, de 23 de junio de 1967, y por la Circular nº 139 (IV) de 13 de enero de 1972 del Banco del Zaire. Dicha Circular, adoptada en el marco de la regulación de los intercambios, disponía, en particular, que las mercancías importadas en la República del Zaire procedentes de los puertos alemanes, belgas, neerlandeses y escandinavos, o exportadas de la República del Zaire con destino a dichos puertos, debían ser transportadas por los buques de los armadores afiliados a CEWAL. Además, con el fin de obligar a los armadores a sustituir, en los contratos de fletamento celebrados con los cargadores, un sistema de rebaja inmediata por un sistema de rebaja aplazada, costoso para las autoridades monetarias zaireñas, se suspendió la autorización a los bancos aprobados de pagar en monedas extranjeras el coste de los transportes marítimos que, al no haber respetado dichas disposiciones normativas, no se beneficiaban de la reducción inmediata que figura en la factura.

Tras la publicación de dicha Circular, los contratos celebrados por los armadores de CEWAL incluyeron efectivamente un mecanismo de descuentos inmediatos. Hasta 1985, la aplicación del sistema se garantizó mediante una mención especial, que figuraba sobre los documentos de cambio, acreditando que el flete era transportado por un buque armado por CEWAL («Embarquement par navire CEWAL»). Mediante una Circular de fecha 26 de diciembre de 1985, el Banco del Zaire anunció la supresión del referido sistema.

- La celebración de un Acuerdo entre la Office [zaïrois] de gestion du fret maritime (en lo sucesivo, «OGEFREM») y CEWAL, cuyo artículo 1 dispone lo siguiente:

«La OGEFREM, teniendo en cuenta las prerrogativas legales a ella confiadas, y la Conferencia CEWAL velarán por que todas las mercancías que han de transportarse en el marco del ámbito de actuación de la Conferencia CEWAL sean confiadas a los armadores miembros de dicha conferencia marítima.

Con el acuerdo explícito de las dos partes interesadas, podrán establecerse excepciones.»

Pese a lo dispuesto en este segundo párrafo, OGEFREM, sin el acuerdo de CEWAL, admitió a una compañía marítima que no es miembro de dicha conferencia, a saber, G y C, a participar en la ejecución del tráfico destinado al Zaire y procedente de este país.

Las infracciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado

12 En la fecha en que tuvieron lugar los hechos objeto de litigio, el tráfico entre los puertos de Europa Occidental y Europa del Norte y los puertos de Africa Occidental estaba repartido entre tres conferencias marítimas: CEWAL, Continent West Africa Conference (en lo sucesivo, «COWAC») y United Kingdom West Africa Lines Joint Service (en lo sucesivo, «UKWAL»); cada una de estas conferencias explota grupos de líneas distintos.

13 En su Decisión, la Comisión señala que dicho reparto del tráfico constituía el resultado de determinados acuerdos celebrados entre las tres conferencias, que tenían por objeto impedir que las compañías miembros de una conferencia operasen como armadores independientes en los puertos comprendidos dentro de la zona de influencia de una de las otras dos conferencias. Para operar en una línea de otra conferencia, la compañía debía previamente incorporarse a dicha conferencia.

14 La Comisión afirma que dichos acuerdos constituían una compartimentación del mercado, contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado y no podían estar exentos ni con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 4056/86, ni al apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

Las infracciones del artículo 86 del Tratado

15 Tras definir el mercado considerado, la Comisión declara la existencia de una posición dominante ocupada colectivamente por los miembros de la conferencia CEWAL. Califica como abusivas, a efectos del artículo 86 del Tratado, tres prácticas seguidas por los miembros de dicha conferencia para conseguir eliminar al principal competidor independiente en el tráfico de que se trata, consistentes en:

- Participar en la aplicación del acuerdo de cooperación con OGEFREM y solicitar reiteradamente, por diversos conductos, su estricto cumplimiento.

- Modificar sus niveles de flete, estableciendo excepciones a las tarifas en vigor, con el fin de conseguir niveles idénticos o inferiores a los del principal competidor independiente para buques que partan en la misma fecha o en fechas próximas (práctica denominada de los «buques de lucha»). Según la Decisión, el sistema, en su conjunto, daba lugar a que los miembros de CEWAL sufrieran pérdidas.

- Establecer acuerdos de fidelidad impuestos al 100 % (incluso sobre las mercancías vendidas franco a bordo) que van más allá de lo dispuesto en el número 2 del artículo 5 del Reglamento nº 4056/86, con la utilización específica de «listas negras» de cargadores que quebrantan dicha fidelidad.

La parte dispositiva de la Decisión y las sanciones impuestas

16 La parte dispositiva de la Decisión declara la existencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado (artículo 1), y de su artículo 86 (artículo 2). Dicta una orden de cesación de dichas infracciones (artículo 3) y una orden que tiene por objeto evitar que se reproduzca la infracción declarada en el artículo 1 (artículo 4). Recomienda que se adecuen los contratos de fidelidad a lo dispuesto en el número 2 del artículo 5 del Reglamento nº 4056/86 (artículo 5). Con arreglo al apartado 2 del artículo 19 de dicho Reglamento impone, en razón de los abusos de posición dominante declarados en el artículo 2, las siguientes multas (artículo 6):

- 9,6 millones de ECU a CMB.

- 200.000 ECU a cada una de las compañías Dafra-Lines y Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie.

- 100.000 ECU a Nedlloyd Lijnen B.V.

Dichas multas deberán ser pagadas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la Decisión. De lo contrario, devengarán intereses de pleno derecho al tipo anual del 13,25 % (artículo 7).

Procedimiento

17 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de marzo de 1993, CMB y CMBT interpusieron un recurso, registrado con el número T-24/93, que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión.

18 Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de abril de 1993, CMBT presentó también una demanda de medidas provisionales, con el fin de obtener la suspensión de la ejecución, hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre el fondo del litigio, por un lado, de los artículos 6 y 7 de la parte dispositiva de la Decisión, en la medida en que imponen una multa a CMB y, por otro lado, del artículo 3 de la Decisión, en la medida en que impone a la Conferencia CEWAL y a sus miembros que pongan fin al acuerdo de cooperación con OGEFREM.

19 Mediante auto de 13 de mayo de 1993 (CMBT/Comisión, T-24/93 R, Rec. p. II-543), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención de G y C en el procedimiento sobre medidas provisionales y desestimó la demanda de medidas provisionales.

20 Mediante auto de 23 de julio de 1993 (no publicado en la Recopilación), el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención de G y C en el litigio, en apoyo de las pretensiones de la parte demandada, y estimó parcialmente la pretensión de las demandantes de que se diera un trato confidencial, respecto a G y C, a determinados documentos de la demanda y de sus anexos.

21 Mediante auto de 21 de marzo de 1994 (no publicado en la Recopilación), el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia estimó parcialmente la pretensión de las demandantes de que se diera un trato confidencial, respecto a G y C, a determinados documentos de los escritos de contestación, de réplica y de dúplica, así como a algunos de sus anexos.

22 Mediante auto de 19 de marzo de 1996 (no publicado en la Recopilación), el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia desestimó la pretensión de las demandantes de que se diera un trato confidencial, respecto a G y C, a determinados extractos de las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia y a determinados anexos a dichas respuestas.

23 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 19 y 22 de marzo de 1993, Dafra-Lines, DAL y Nedlloyd interpusieron un recurso cada una de ellas. Dichos recursos se registraron con los números T-25/93, T-26/93 y T-28/93, respectivamente, y tienen por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión.

24 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. Sin embargo, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, pidió a las partes que presentaran determinados documentos y respondieran a determinadas preguntas escritas.

25 Se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales en la vista de 26 de marzo de 1996.

Pretensiones de las partes

26 En el asunto T-24/93, las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión en su totalidad.

- Con carácter subsidiario:

- Anule o, por lo menos, reduzca la multa impuesta a la demandante.

- Ordene a la Comisión que aporte todos los documentos relativos al cálculo del importe de la multa.

- En cualquier caso, condene en costas a la Comisión.

La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a las demandantes, incluidas las de la demanda de medidas provisionales.

Las partes coadyuvantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene a las demandantes al pago de las costas, incluidas las de la demanda de medidas provisionales, en que hubieren incurrido la Comisión y las partes coadyuvantes.

27 En el asunto T-25/93, la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión.

- Con carácter subsidiario:

- Anule o, por lo menos, reduzca la multa impuesta.

- Ordene a la Comisión que aporte todos los documentos relativos al cálculo del importe de la multa.

- En cualquier caso, condene en costas a la Comisión.

28 En el asunto T-26/93, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión.

- Con carácter subsidiario, anule o, por lo menos, reduzca la multa impuesta a la demandante.

- Condene en costas a la Comisión.

29 En el asunto T-28/93, la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule, total o parcialmente, la Decisión.

- Anule o, por lo menos, reduzca la multa impuesta a la demandante.

- Adopte las medidas que considere oportunas.

- Condene en costas a la Comisión.

30 En los asuntos T-25/93, T-26/93 y T-28/93, la parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

31 Oídos en la vista los pareceres de las partes sobre este extremo, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió acumular los cuatro asuntos a efectos de la sentencia.

Sobre las pretensiones principales, que tienen por objeto la anulación de la Decisión

32 Las demandantes invocan cuatro motivos en apoyo de sus pretensiones de anulación. En primer lugar, en el asunto T-26/93, la demandante alega un motivo basado en vicios de procedimiento. En segundo lugar, las demandantes afirman, en los asuntos T-24/93, T-25/93 y T-28/93, que las prácticas controvertidas no afectan a los intercambios intracomunitarios y, en los asuntos T-24/93 y T-25/93, que los mercados considerados no forman parte del mercado común. En tercer lugar, en los asuntos T-24/93, T-25/93 y T-26/93, las demandantes niegan que las prácticas objeto de litigio hayan tenido por objeto o efecto falsear la competencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En cuarto lugar, en cada uno de los asuntos, afirman que las prácticas objeto de litigio no son constitutivas de un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 86 del Tratado.

1. Sobre el primer motivo, basado en vicios de procedimiento que afectan a la legalidad de la Decisión

Alegaciones de las partes

33 En el asunto T-26/93, la demandante, DAL, afirma en primer lugar que no fue destinataria del pliego de cargos de 14 de agosto de 1990, dirigido a la sociedad Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH. Ahora bien, en dicha fecha, la referida sociedad ya había sido cedida a CMB, con efectos de 1 de abril de 1990 y DAL ya no era miembro de CEWAL. Los cargos formulados por la Comisión se dirigían a los miembros de la conferencia designados en el Anexo A de dicha comunicación, en el que no figura la demandante. En estas circunstancias, la Decisión fue adoptada infringiendo el derecho de defensa (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, Rec. p. 2639). En segundo lugar, el artículo 6 de la Decisión impone una multa a una sociedad inexistente, Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie. Pues bien, cuando una Decisión impone una multa a sus destinatarios, como en el caso de autos, es preciso que éstos puedan ser identificados claramente. Al no especificar si va dirigida a DAL y/o a Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH, la Decisión adolece de un vicio de procedimiento.

34 La Comisión recuerda, con carácter previo, que la demandante era inicialmente la única accionista de Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH y que, a partir del 1 de abril de 1990, cedió sus participaciones a CMB. Por lo que respecta al destinatario del pliego de cargos, la Comisión afirma que, como resulta del anexo K 7 de la demanda, la demandante había recibido el pliego de cargos y había respondido a éste, de manera que no puede hablarse de violación del derecho de defensa. Por lo que se refiere al destinatario de la Decisión, la Comisión afirma que la demandante debía saber que la Decisión se refería a su responsabilidad en el comportamiento de Woermann-Linie, de la que la demandante -que operaba en Africa Occidental y Central únicamente con el nombre de Woermann-Linie- era accionista única en la fecha que se produjeron los hechos. Por ello, la Comisión considera que la demandante no tiene razón al afirmar que los cargos se formularon contra una empresa diferente de la destinataria de la Decisión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

35 El Tribunal de Primera Instancia señala en primer lugar que la demandante, DAL, era, hasta el 1 de abril de 1990, accionista única de Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH. Como se deduce del anexo K 7 de la demanda, la propia demandante respondió al pliego de cargos, del que no niega haber tenido conocimiento. Además, como ella misma afirmó en la introducción a dicha respuesta, la demandante respondió al pliego de cargos dirigido nominalmente a Woermann-Linie, dado que los hechos denunciados son anteriores a la cesión de la filial. En estas circunstancias, este Tribunal considera que debe desestimarse la primera parte del motivo, basada en la violación del derecho de defensa.

36 En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia observa que, conforme al Anexo 1 de la Decisión, la sociedad «Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie» ha sido destinataria de la Decisión. Las partes están de acuerdo en que dicha denominación no corresponde en sí misma a ninguna sociedad jurídicamente existente. Sin embargo, como ya se ha dicho, la demandante no puede afirmar que no comprendió que el pliego de cargos iba dirigido a ella, en su calidad de casa matriz de Woermann-Linie en el momento en que se produjeron los hechos. En consecuencia, este Tribunal considera que la formulación adoptada en el Anexo 1 de la Decisión y en su artículo 6, consistente en unir y contraer los nombres de la sociedad matriz y de la filial, indicaba claramente a la demandante que la Decisión iba dirigida a ella y que le había sido impuesta una multa, como consecuencia del comportamiento de su antigua filial, de la que fue accionista única hasta el 1 de abril de 1990 y con cuyo nombre operó en Africa Occidental y Central.

37 Procede, por consiguiente, desestimar el primer motivo.

2. Sobre el segundo motivo, basado en la inexistencia de infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado

Alegaciones de las partes

38 En primer lugar, las demandantes señalan que el propio objetivo de las conferencias marítimas es racionalizar los servicios de transporte marítimo, como lo reconocen el documento titulado Hacia una política común de transportes - Informe sobre los transportes marítimos [COM(85) 90 final, apartados 62 y siguientes] y el octavo considerando de la exposición de motivos del Reglamento nº 4056/86. Por tanto, las ventajas que ofrecen las conferencias marítimas justifican la aceptación de determinadas restricciones de la competencia, como compensación de los beneficios que los usuarios obtienen del sistema. El artículo 3 del Reglamento nº 4056/86 exime, además, la práctica criticada por la Comisión.

39 En segundo lugar, las demandantes afirman que, en la práctica, el sistema elegido por las conferencias marítimas salvaguarda la competencia entre sus miembros, en la medida en que deja intacta la posibilidad de incorporarse a otra conferencia y, por ende, de operar en el tráfico de que se trata en calidad de miembro de ésta. Ahora bien, en contra de lo que afirma la Comisión en el punto 37 de su Decisión, el procedimiento de incorporación a una conferencia de un miembro de otra conferencia no es ni largo ni incierto, como lo demuestra el hecho de que, de los cuarenta y cinco miembros pertenecientes a una de las tres conferencias citadas, veintisiete son miembros como mínimo de dos de ellas. Además, si G y C no han podido adherirse a CEWAL, a la que la Comisión tilda erróneamente de ser una conferencia «cerrada», fue solamente porque se negaron a cumplimentar el formulario de adhesión.

40 En la fase de réplica, las demandantes discuten la validez de los elementos de prueba en que se basa la Decisión. De ello deducen la inexactitud de la afirmación recogida en el punto 38 de los motivos de la Decisión, según la cual los acuerdos entre los miembros de las conferencias impiden a sus miembros operar como armadores independientes en las zonas de actividad de cada una de las otras dos conferencias.

41 La Comisión contesta a la primera parte del motivo que, si bien con arreglo al Reglamento nº 4056/86 la ventaja proporcionada por las conferencias marítimas justifica determinadas restricciones de competencia, la exención concedida en el artículo 3 del Reglamento no cubre, sin embargo, todas las actividades de las conferencias marítimas y, en particular, los acuerdos inhibitorios de la competencia como el que es objeto de controversia en el caso de autos. El Reglamento prevé además expresamente, en su octavo considerando, la existencia de armadores independientes.

42 La Comisión objeta a la segunda parte del motivo que las demandantes no están legitimadas para impugnar por primera vez en la fase de réplica la existencia misma de cualquier compromiso contrario a la competencia entre las tres conferencias.

43 En cuanto al fondo, la alegación de las demandantes relativa a la inexistencia de acuerdo entre las conferencias marítimas resulta contradicha tanto por la respuesta de CEWAL al pliego de cargos como por algunos otros documentos aportados por CEWAL. Todos esos documentos hacen alusión a los compromisos de no intromisión de los miembros de una conferencia en las líneas cubiertas por las otras dos conferencias, que prosiguieron después de la entrada en vigor del Reglamento nº 4056/86.

44 Además, según la Comisión, la única cuestión que se plantea es la de saber si existían acuerdos contrarios a la competencia entre conferencias marítimas. La eventual asunción de una parte del tráfico por los armadores independientes no tiene, por ello, incidencia alguna. Del mismo modo, la alegación según la cual la competencia entre las tres conferencias resulta salvaguardada por la libre adhesión de los miembros de una conferencia a otra carece de relevancia, dado que el objeto de los acuerdos denunciados es restringir la competencia. En relación con el carácter cerrado de la conferencia, considera que no se trata en modo alguno de una imputación.

45 Las partes coadyuvantes no han formulado observaciones sobre este extremo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

46 Con carácter previo, este Tribunal señala que los acuerdos entre conferencias, con arreglo a los cuales los miembros de una conferencia deben abstenerse de intervenir, en calidad de armadores independientes, en la zona de actividad de otra conferencia que es parte en el acuerdo, aparecen mencionados explícitamente en el télex del Presidente de CEWAL dirigido a COWAC, de fecha 6 de octubre de 1989, y en el acta del Zaïre Pool Committee de 19 de septiembre de 1989. Por lo demás, CEWAL había admitido expresamente, en su respuesta al pliego de cargos, la existencia de dichos acuerdos. Por consiguiente, debe desestimarse el motivo basado en la inexistencia de acuerdos entre conferencias, sin que proceda pronunciarse sobre su carácter nuevo, en el sentido del Reglamento de Procedimiento.

47 La argumentación de las demandantes va dirigida, a continuación, a negar que tales acuerdos puedan constituir una infracción del artículo 85 del Tratado.

48 El Tribunal de Primera Instancia recuerda a este respecto, en primer lugar, que habida cuenta del principio general de prohibición de prácticas colusorias contrarias a las normas sobre la competencia establecido en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, las disposiciones en que se prevén excepciones, incluidas en un Reglamento de exención deberán, por su propia naturaleza, ser interpretadas restrictivamente (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de abril de 1993, Peugeot/Comisión, T-9/92, Rec. p. II-493, apartado 37). Este criterio debe aplicarse también a las disposiciones del Reglamento nº 4056/86 que exceptúan a algunos acuerdos de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado; el artículo 3 del Reglamento constituye una exención por categoría, a efectos del apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

49 En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia considera que las demandantes no pueden afirmar válidamente que las prácticas objeto de litigio disfrutan de la exención concedida en la letra c) del artículo 3 del Reglamento nº 4056/86, relativo a la coordinación o al reparto de los viajes o de las escalas «entre los componentes de la conferencia», dado que en el caso de autos son objeto de controversia los acuerdos de reparto entre conferencias. Además, la exención concedida en el artículo 3 se refiere a los acuerdos que, en primer lugar, tienen por objeto la fijación conjunta de tarifas, lo que no ocurre en modo alguno en el presente caso.

50 Por otro lado, las partes no pueden alegar eficazmente que se ha reconocido el carácter positivo del objetivo mismo de una conferencia marítima, de lo que no ha discrepado lo más mínimo la Comisión. Dicha circunstancia, si bien puede justificar las exenciones concedidas por el Reglamento, no puede significar que toda infracción de las normas sobre la competencia perpetrada por conferencias marítimas eluda el principio de prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

51 Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia considera que no son pertinentes las alegaciones de las demandantes. Así, las razones por las que G y C no pudieron adherirse a CEWAL son irrelevantes, dado que la infracción de las normas sobre la competencia denunciada consiste en la existencia de acuerdos entre conferencias. De igual modo, la circunstancia de que los requisitos de incorporación a una conferencia no sean ni largos ni inciertos carece de relevancia, ya que el propio objetivo de los acuerdos es impedir que los miembros de una conferencia presten sus servicios en una línea de otra conferencia como armadores independientes.

52 Debe desestimarse, en consecuencia, el motivo basado en la infracción del artículo 85 del Tratado.

3. Sobre el tercer motivo, basado en la inexistencia de infracción del artículo 86 del Tratado

Sobre la primera parte del motivo, relativa a la inexistencia de posición dominante ocupada colectivamente por los miembros de CEWAL

En relación con el carácter colectivo de la posición que ocupan los miembros de CEWAL en el mercado

- Alegaciones de las partes

53 Las demandantes afirman que el artículo 86 del Tratado prohíbe la utilización abusiva, por una o varias empresas, de una posición dominante, pero no el hecho de que una o varias empresas ocupen abusivamente una posición dominante, individual o colectiva. De ello se deduce que el concepto de explotación abusiva de una posición dominante colectiva sólo puede aplicarse en la situación excepcional de que las empresas hayan abusado colectivamente de la posición dominante que ocupan individualmente, a menos que se prive de eficacia al artículo 85 del Tratado.

54 Según las demandantes, en la sentencia de 10 de marzo de 1992, Vetro y otros/Comisión (asuntos acumulados T-68/89, T-77/89 y T-78/89, Rec. p. II-1403), el Tribunal de Primera Instancia tan sólo admitió, en principio, la existencia de una posición dominante colectiva. En modo alguno puede interpretarse dicha sentencia, que en su apartado 358 se refería a las conferencias marítimas, en el sentido de que significa que los miembros de una conferencia marítima se encuentran, por definición, en situación de posición dominante colectiva. En contra de la regla establecida por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 360 de la citada sentencia Vetro y otros, la Comisión se limitó a «reciclar» hechos supuestamente constitutivos de una infracción del artículo 85, pero exentos con arreglo al Reglamento nº 4056/86, para condenarlos de conformidad con el artículo 86. Al comprobar la existencia de una tarifa común para todos los miembros de CEWAL, la Comisión no ha demostrado en el caso de autos, como lo hizo en su Decisión 92/262/CEE de 1 de abril de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE (IV/32.450 - Comités de armadores franceses y de Africa occidental) (DO L 134, p. 1, puntos 53 y siguientes), la existencia de una posición dominante colectiva.

55 Según la Comisión, que se refiere en particular a la sentencia Vetro y otros, antes citada (apartados 358 y 359), ya no puede negarse la existencia de posiciones dominantes ocupadas conjuntamente. En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia citó además las conferencias marítimas como ejemplo de grupos de empresas que pueden encontrarse en tal posición. Según la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, dos o más entidades económicas independientes pueden hallarse conjuntamente en una posición dominante cuando estén unidas por vínculos económicos tan estrechos que ocupen tal posición con respecto a los demás operadores del mismo mercado. Por último, la Comisión estima que el concepto de posición dominante colectiva no hace que resulte superfluo el artículo 85 del Tratado, que se aplica a las prácticas colusorias horizontales que, por no existir vínculos económicos suficientemente fuertes entre sus miembros, no dan lugar a una posición dominante colectiva de éstos. El artículo 85 prohíbe determinadas formas de comportamientos colusorios, mientras que el artículo 86 se aplica a los comportamientos unilaterales. En el caso de autos, las conferencias marítimas operan, en gran medida, como una sola entidad frente a la clientela y a los competidores. Las demandantes no han negado, por otra parte, la existencia de tales vínculos económicos estrechos resultantes del acuerdo de conferencia.

56 La Comisión no está de acuerdo tampoco en que la aplicación del artículo 85 del Tratado sea excluyente de la de su artículo 86. A su juicio, es posible una aplicación cumulativa de dichas disposiciones, siempre que se cumplan los requisitos para la aplicación de cada uno de esos dos artículos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Tetra Pak/Comisión, T-51/89, Rec. p. II-309, apartado 21). Por ello, la Comisión estima que no puede acusársele de haber «reciclado» hechos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 85 del Tratado para someterlos a su artículo 86. Por una parte, desde el punto de vista jurídico, la existencia de una exención por categoría no se opone a la aplicabilidad del artículo 86, siempre que la empresa de que se trate ocupe una posición dominante en el mercado de referencia (sentencia Tetra Pak/Comisión, antes citada, apartado 25), como lo prevé expresamente, por otra parte, el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento nº 4056/86. Por otra parte, en realidad, los abusos cometidos por CEWAL no estaban comprendidos en la exención por categoría concedida por el Reglamento nº 4056/86. La Comisión estima asimismo que, en contra de lo que afirman las demandantes, no existe una jurisprudencia que permita excluir la aplicación del artículo 86 del Tratado a una situación resultante de una práctica colusoria.

57 Por lo demás, no puede hablarse de «reciclaje» en el sentido de la sentencia Vetro y otros, antes citada, dado que, en el caso de autos, la Comisión demostró suficientemente que se cumplían todos los requisitos del artículo 86.

58 Las partes coadyuvantes consideran que no existe ninguna posibilidad en el presente caso de que los hechos que acreditan la existencia de la posición dominante colectiva, tal como ha sido constatada por la Decisión, sean «reciclados», en el sentido de la sentencia Vetro y otros/Comisión, antes citada.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

59 Este Tribunal considera que la argumentación de las demandantes está constituida por dos motivos: el error de Derecho, consistente en apreciar el carácter colectivo de la posición de los miembros en el mercado, por un lado, y la insuficiencia de motivación, por otro lado.

60 En primer lugar, por lo que respecta al supuesto error de Derecho, según el cual el concepto de posición colectiva dominante se refiere tan sólo al abuso colectivo de empresas que ocupan cada una de ellas una posición dominante, procede señalar que según reiterada jurisprudencia y en contra de las afirmaciones de las demandantes, el artículo 86 puede aplicarse a situaciones en las que varias empresas se hallen conjuntamente en una posición dominante en el mercado considerado (sentencia Vetro y otros/Comisión, antes citada, apartado 358; sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 1994, Almelo, C-393/92, Rec. p. I-1477, apartado 42; de 5 de octubre de 1995, Centro Servizi Spediporto, C-96/94, Rec. p. I-2883, apartados 32 y 33, y de 17 de octubre de 1995, DIP y otros, asuntos acumulados C-140/94, C-141/94 y C-142/94, Rec. p. I-3257, apartados 25 y 26). Además, si bien es cierto que el mero hecho de ocupar una posición dominante no es condenable con arreglo al artículo 86 del Tratado, dicha alegación carece de interés en el presente caso, dado que la Comisión ha sancionado explotaciones abusivas de la posición dominante y no la posición dominante en sí misma.

61 En segundo lugar, por lo que se refiere a la insuficiencia de motivación, procede subrayar, con carácter previo, que la motivación de una decisión lesiva debe permitir a su destinatario conocer la justificación de la medida adoptada para, en su caso, hacer valer sus derechos y comprobar si la decisión es o no fundada y al órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control de legalidad (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1993, Asia Motor France y otros/Comisión, T-7/92, Rec. p. II-669, apartado 30).

62 Debe señalarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que, para llegar a la conclusión de que existe una posición dominante colectiva, es necesario que las empresas de que se trate estén suficientemente ligadas entre sí como para adoptar una misma línea de acción en el mercado (sentencia DIP y otros, antes citada, apartado 26).

63 En la Decisión sometida al control del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión se refiere expresamente al Reglamento nº 4056/86. La letra b) del apartado 3 del artículo 1 de dicho Reglamento define las conferencias marítimas como «un grupo de dos o más transportistas armadores que preste servicios internacionales regulares para el transporte de mercancías siguiendo una o más líneas determinadas dentro de unos límites geográficos específicos y que ha concluido un acuerdo o un trato, cualquiera que sea su naturaleza, en cuyo marco dichos transportistas operan conforme a fletes uniformes o comunes y a todas las demás condiciones de transporte establecidas para la prestación de los servicios regulares». El Tribunal de Primera Instancia observa que las demandantes, que invocan repetidamente el Reglamento nº 4056/86, no discuten que CEWAL sea una conferencia marítima en el sentido de dicho texto.

64 Este Tribunal subraya, por otra parte, que en su artículo 8, el Reglamento nº 4056/86 prevé que podrá seguir aplicándose el artículo 86 del Tratado. En efecto, debido a las estrechas relaciones que mantienen entre sí las compañías marítimas dentro de una conferencia marítima están, en su conjunto, en condiciones de poner en práctica de forma común, en el mercado considerado, actuaciones de tal naturaleza que constituyen comportamientos unilaterales. Tales comportamientos pueden tener el carácter de infracciones del artículo 86, si se cumplen, por otra parte, los demás requisitos de aplicación de dicha disposición.

65 En el caso de autos, a la luz de los elementos contenidos en la Decisión impugnada, el Tribunal de Primera Instancia observa que las compañías marítimas constituyeron una entidad común, la conferencia marítima CEWAL. De la Decisión se desprende que dicha estructura constituía el marco de diversos comités, a los que pertenecían los miembros de la conferencia, como el Zaïre Pool Committee y el Special Fighting Committee, citados en múltiples ocasiones en la Decisión y, en particular, en los puntos 26, 29, 31 y 32, y el Zaïre Action Committee, al que se refiere el punto 74. Además, según resulta del artículo 1 del Reglamento nº 4056/86, dicha estructura común tiene por objeto, por su propia naturaleza, definir y aplicar fletes uniformes y otras condiciones de transporte comunes, a cuya existencia se refiere expresamente la Comisión en el punto 61. Así pues, CEWAL se presenta en el mercado como una sola entidad. Por último, el Tribunal de Primera Instancia señala que las prácticas imputadas a los miembros de CEWAL -sin que proceda en esta fase del procedimiento preguntarse qué calificación merecen éstas- tal como se describen en la Decisión, reflejan la voluntad de adoptar conjuntamente una misma línea de actuación en el mercado para reaccionar unilateralmente frente a una evolución, considerada amenazadora, de la situación competitiva del mercado en que están presentes. Dichas prácticas, descritas con precisión en la Decisión, constituyeron elementos de una estrategia global, para cuya realización unieron sus fuerzas los miembros de CEWAL.

66 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia considera, a la luz de la Decisión en su conjunto, que la Comisión ha demostrado suficientemente que procedía apreciar colectivamente la posición de los miembros de CEWAL en el mercado considerado.

67 Procede señalar por último que en su citada sentencia Vetro y otros, el Tribunal estimó, en el apartado 360, que a efectos de probar la existencia de una infracción del artículo 86 del Tratado, no basta con «reciclar» los hechos constitutivos de una infracción del artículo 85, afirmando que las partes de un acuerdo o de una práctica ilícita poseen conjuntamente una cuota de mercado importante; que, por esta única razón, se hallan en una posición dominante colectiva y que su comportamiento ilícito constituye el abuso de dicha posición. En el caso de autos, en contra de lo que afirman las demandantes, no ocurre lo mismo. La Comisión ha demostrado suficientemente que, por encima de los acuerdos celebrados entre las compañías marítimas, por los que se crea la conferencia CEWAL, acuerdos que no son objeto de controversia, existían entre ellas tales vínculos que adoptaron una línea de actuación uniforme en el mercado. En estas circunstancias, la Comisión ha podido considerar con razón que es aplicable el artículo 86, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos exigidos en dicha disposición.

68 En consideración a todo ello, debe desestimarse la primera parte del motivo.

En relación con el carácter dominante de la posición de los miembros de CEWAL

- Alegaciones de las partes

69 Según las demandantes, el carácter dominante de una posición de mercado no puede colegirse de la mera existencia de cuotas de mercado elevadas (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1978, United Brands/Comisión, 27/76, Rec. p. 207, y de 3 de julio de 1991, Akzo/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359, apartado 60). Ahora bien, en el caso de autos, la Comisión tan sólo se fundó en la cuota de mercado ocupada por CEWAL. En todo caso, el hecho de que CEWAL disponga de un derecho exclusivo sobre los transportes marítimos entre el Zaire y los puertos de Europa del Norte, impuesto por una decisión unilateral y soberana de las autoridades zaireñas, constituye una circunstancia excepcional que puede privar a las cuotas de mercado de su posible carácter determinante (sentencia Akzo/Comisión, antes citada, apartado 60). Además, la Comisión no ha tenido suficientemente en cuenta el hecho de que la política comercial de CEWAL y de sus miembros venía de hecho dictada en gran medida por las autoridades zaireñas.

70 Las demandantes afirman que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461), la capacidad para mantener una posición dominante constituye un factor esencial de apreciación de dicha posición. Por consiguiente, la circunstancia de que los miembros de CEWAL, a pesar de haber bajado sus fletes para hacer frente a la competencia de G y C, perdieran cuotas de mercado, que representan tan sólo un 64 %, basta para demostrar que no existe posición dominante.

71 En su réplica, las demandantes afirman que la Comisión incrementó ficticiamente la cuota de mercado de CEWAL, al no tener en cuenta el tráfico desde y hacia puertos franceses, cuando ella consideraba que dichas líneas constituían alternativas válidas a las líneas explotadas por los miembros de CEWAL. Alegan asimismo que CEWAL y G y C operaban en gran parte en mercados distintos, a saber, el transporte de contenedores y de mercancías convencionales y el del «material móvil».

72 La parte demandada considera nuevos y, en consecuencia, inadmisibles, los motivos relativos a la definición del mercado. Además, señala que, durante el período cubierto por la Decisión, la cuota de mercado de CEWAL era próxima al 90 % y no, como afirman ahora las demandantes, sin precisar además el origen de dicha cifra, del 64 %. Pues bien, una cuota de mercado elevada sería por sí sola, en principio, un indicio suficiente para llegar a la conclusión de que existe una posición dominante, salvo que existan circunstancias excepcionales (sentencia Hoffmann-La Roche/Comisión, antes citada, apartado 41). Además, la Comisión expuso, en el punto 59 de los fundamentos de Derecho, elementos relevantes, distintos del criterio de la cuota de mercado, que permiten apreciar la existencia de una posición dominante. Precisa que las demandantes no han aportado ningún elemento capaz de desmontar la presunción resultante de su cuota de mercado. Por último la demandada no está de acuerdo en que las reducciones de precios de CEWAL y la pérdida de una determinada cuota de mercado permitan concluir que no existe posición dominante; en efecto, una posición dominante no puede ser sinónimo de «posición inexpugnable».

73 Las partes coadyuvantes señalan que, con independencia de cuáles sean los criterios de cálculo de las cuotas de mercado, la cuota de mercado de los miembros de la conferencia es superior al 90 %, de forma que ésta ocupa, en cualquier caso, una posición dominante.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

74 Este Tribunal observa, en primer lugar, que el motivo basado en una mala apreciación del mercado considerado, planteado por primera vez en la fase de réplica, es un motivo nuevo en el sentido del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento. En cuanto tal, y a falta de indicaciones de que dicho motivo se funde en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, es inadmisible. En estas circunstancias, procede considerar que la definición de mercado, tal como se recoge en la Decisión, es exacta.

75 Además, por lo que se refiere a la supuesta contradicción de motivos, que el Tribunal de Primera Instancia puede señalar de oficio, según la cual la Comisión consideró al propio tiempo que las líneas que tienen como punto de partida y de destino puertos franceses constituyen una alternativa válida, pero no tuvo esto en cuenta a la hora de calcular las cuotas de mercado, basta decir que, en el punto 54 de su Decisión, la Comisión indicó por qué no procedía incluir en el mercado considerado las líneas de transporte que tienen como punto de partida o de destino puertos franceses. En estas circunstancias, la Comisión ha apreciado correctamente la cuota que tienen los miembros en el mercado considerado tal como la había definido previamente. No puede imputarse, por tanto, ninguna contradicción de motivos.

76 Por lo que respecta a la apreciación de la posición dominante propiamente dicha, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de dicha posición puede derivarse de varios factores que, considerados aisladamente, no tienen por qué ser necesariamente determinantes. No obstante, cuotas de mercado muy importantes constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante (sentencia Akzo/Comisión, antes citada, apartado 60; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1991, Hilti/Comisión, T-30/89, Rec. p. II-1439, apartado 92, y de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T-83/91, Rec. p. II-755, apartado 109).

77 En el presente caso, las partes están de acuerdo en que, en 1988 y 1989, período que coincide básicamente con el tenido en cuenta para la determinación de la cuantía de las multas, la cuota de mercado de CEWAL era superior al 90 %. La cifra del 64 % expuesta por las demandantes y no aceptada por la Comisión se refiere únicamente al año 1992; las cuotas de mercado correspondientes a 1990 y 1991 superan, según las cifras proporcionadas por las demandantes, el 80 % y el 70 %, respectivamente. De ello se deduce que, a lo largo de todo el período de referencia, las cuotas de mercado de CEWAL, a pesar de su progresiva erosión, siguieron siendo elevadas. El Tribunal de Primera Instancia considera que, si bien el mantenimiento de las cuotas de mercado puede ser revelador del mantenimiento de una posición dominante (sentencia Hoffmann-La Rocha/Comisión, antes citada, apartado 44), la reducción de cuotas de mercado todavía muy importantes no puede constituir, por sí sola, prueba de la inexistencia de posición dominante.

78 Además, este Tribunal señala que, en contra de las afirmaciones de las demandantes, la Comisión no ha fundado exclusivamente su análisis en la cuota de mercado de CEWAL. Resulta, en efecto, del punto 59 de la Decisión que se han tenido en cuenta otros factores, a saber, la diferencia significativa entre dicha cuota de mercado y la del principal competidor, las ventajas obtenidas del contrato celebrado con OGEFREM, que concede una exclusividad a CEWAL, la importancia de su red, de su capacidad y la frecuencia de sus servicios y, por último, la experiencia que ha ido adquiriendo CEWAL a lo largo de varias décadas en el mercado de referencia.

79 El Tribunal de Primera Instancia considera, a la luz de estos elementos, que la Comisión tiene razón al apreciar la existencia de una posición dominante.

80 Por lo demás, procede subrayar que la alegación de las partes demandantes basada en que CEWAL es titular de un derecho exclusivo derivado del acuerdo con OGEFREM, no modifica la comprobación de la existencia de una posición dominante. El origen de la cuota de mercado que poseen las demandantes no puede excluir, en efecto, la calificación de posición dominante. Al contrario, este Tribunal considera que la existencia de un derecho exclusivo es un elemento que ha podido ser de utilidad para la Comisión en la comprobación de la existencia de una posición dominante.

81 Del mismo modo, al ser el concepto de posición dominante, según reiterada jurisprudencia, un concepto objetivo, la supuesta influencia de las autoridades zaireñas en la política comercial de CEWAL o de sus miembros, suponiendo que esté probada, no puede afectar a la comprobación de la existencia misma de una posición dominante. La alegación carece, por tanto, de relevancia.

82 Habida cuenta de lo antedicho, debe desestimarse en su totalidad la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte del motivo, relativa a la inexistencia de explotaciones abusivas

En relación con el acuerdo CEWAL-OGEFREM

- Alegaciones de las partes

83 En la fase de réplica, las demandantes alegan que la Comisión, violando el derecho de defensa, adoptó posiciones divergentes en el pliego de cargos, que se refería a la obtención de un derecho exclusivo conferido por un acto soberano de las actividades zaireñas, y en la Decisión, que critica la mera participación en la aplicación del acuerdo. El Presidente del Tribunal de Primera Instancia declaró, por otra parte, en el apartado 33 del auto CMBT/Comisión, antes citado, que el artículo 3 de la parte dispositiva de la Decisión no ordena a sus destinatarios que pongan fin al acuerdo de cooperación con OGEFREM.

84 En cuanto al fondo, en la primera parte de su argumentación, las demandantes afirman que OGEFREM no es una empresa a efectos de los artículos 85 y 86 del Tratado. Por lo tanto, dichos artículos no le son aplicables (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1988, Bodson, 30/87, Rec. p. 2479, apartado 18).

85 En la segunda parte de su argumentación, las demandantes alegan que la infracción denunciada no puede constituir una violación del artículo 86 del Tratado.

86 En primer lugar, afirman que el acuerdo de cooperación entre CEWAL y OGEFREM no es una consecuencia de las presiones de CEWAL, sino que fue impuesto a ésta por las autoridades zaireñas, en interés suyo. Dicho acuerdo es, en realidad, un acuerdo de concesión, mediante el cual OGEFREM, conforme a las prerrogativas legales que le habían conferido las autoridades zaireñas, concede un derecho exclusivo a CEWAL. Las disposiciones contractuales del acuerdo se refieren tan sólo a derechos accesorios. Pues bien, el artículo 86 del Tratado no se opone a que una empresa que disfruta de una exclusividad legal adopte disposiciones que le permitan garantizar el respeto de dicha exclusividad.

87 Las demandantes añaden que la exclusividad concedida a CEWAL por OGEFREM es también una consecuencia directa del acuerdo bilateral, celebrado en 1981, entre el Zaire y Bélgica, que entró en vigor en 1983. En efecto, el apartado 3 del artículo 3 de dicho acuerdo impone que, en los intercambios entre Bélgica y el Zaire, la totalidad del flete transportado sea objeto de reparto con arreglo a la fórmula 40: 40: 20. De ahí que sea sorprendente que la Comisión oponga el artículo 86 del Tratado a un acuerdo previsto por un compromiso internacional, cuya celebración llevó a la Comisión a entablar una acción con arreglo al artículo 169 del Tratado.

88 Las demandantes señalan asimismo que el mero hecho de incitar a un gobierno a actuar no puede constituir un abuso, a efectos del artículo 86 del Tratado. Hacen referencia, a este respecto, a la jurisprudencia norteamericana y, en particular, a la doctrina denominada del «acto de soberanía», según la cual no puede sancionarse a una empresa por haber incitado a un gobierno a adoptar un acto, aun cuando dicho acto restrinja la competencia (sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, American Banana/United Fruit, 213 US, 347-358, 53 L ed 826, 1909), y a la doctrina denominada «Noerr-Pennington», según la cual no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la legislación antitrust la comunicación de información a autoridades gubernativas, con objeto de influir en su comportamiento (sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Eastern Railroad Presidents Conference/Noerr Motor Freight Inc., 365 US 127, 5 L ed 2d 464, 1961; United Mine Workers/Pennington, 381 US 657, 14 L ed 2d, 1965). Según las demandantes, el Derecho comunitario y el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de expresión, son perfectamente compatibles con dichos principios. Ello no resulta contradicho por la resolución adoptada por la OCDE en 1987, a la que se remite la Decisión, dado que dicha resolución carece de fuerza vinculante. Por último, en virtud del principio de cortesía internacional, los tribunales de un Estado deberían abstenerse de juzgar los actos de otro Estado llevados a cabo en su propio territorio.

89 En la tercera parte de su argumentación, las demandantes estiman que la Decisión no demuestra que los miembros de la Conferencia hayan participado en la elaboración o en la aplicación del acuerdo. Subrayan a este respecto que el acuerdo de cooperación entre CEWAL y OGEFREM, celebrado el 18 de diciembre de 1985, es anterior a la Decisión del Banco del Zaire, de fecha 26 de diciembre de 1985, por la que se suspende la obligación, impuesta hasta ese momento, de justificar de hecho que el flete era transportado por un buque armado por CEWAL. La Comisión no puede, pues, afirmar que el acuerdo se celebró con el fin de recuperar una protección perdida a raíz de la Decisión del Banco del Zaire. Además, cuando en 1983 el Zaire decidió crear OGEFREM, CEWAL ejercía ya su actividad sobre una parte considerable del mercado, de manera que la concesión de una exclusividad sobre el tráfico no se percibió como un refuerzo de la posición de dicha conferencia.

90 Las demandantes subrayan que si solicitaron a OGEFREM que se atuviera a los términos del acuerdo es debido a que, por un lado, OGEFREM, infringiendo el párrafo segundo del artículo 1 del acuerdo celebrado con CEWAL, concedió derechos a un armador independiente, sin previa consulta a la conferencia y por que, por otro lado, CEWAL fue objeto de discriminación por parte de OGEFREM, en beneficio de G y C.

91 En la cuarta parte de su argumentación, las demandantes afirman que, ante un conflicto entre la legislación de un país tercero y una disposición de Derecho comunitario, la Comisión hubiera debido seguir el procedimiento previsto en el inciso i) de la letra c) del apartado 2 del artículo 7 y en el artículo 9 del Reglamento nº 4056/86. Al no haberlo hecho así, la Comisión ha incurrido en desviación de poder.

92 En la quinta parte de su argumentación, las demandantes afirman que, con arreglo a los compromisos suscritos por la Comisión en el punto 63 de su documento titulado Hacia una política común de transportes - Informe sobre los transportes marítimos, antes citado, no puede imponerse ninguna multa a la conferencia ni a sus miembros sin revocar previamente la exención por categoría de que disfrutan las conferencias marítimas, como admitió, por otra parte, la Comisión en el pliego de cargos. Al imponer finalmente una multa a las demandantes sin revocar previamente la exención, la Comisión ha violado el principio de confianza legítima.

93 La demandada recuerda que la Decisión se limita a examinar y condenar el comportamiento de CEWAL y no puede considerarse un medio de obtener de los Estados africanos lo que no había podido conseguir por vía diplomática, a saber, el libre acceso a los cargamentos para todas las compañías marítimas, sean o no miembros de una conferencia.

94 Considera que la argumentación de las demandantes se basa totalmente en la tesis, que a su juicio es inexacta, de que el contrato con OGEFREM fue impuesto a las empresas por el Estado zaireño. La Comisión considera que el acuerdo entre CEWAL y OGEFREM, lejos de ser un acto gubernativo o una concesión de Derecho público, que hubiera requerido un acto legislativo que estableciese un derecho exclusivo y un procedimiento administrativo para la concesión de dicho derecho, es un acuerdo de cooperación libremente negociado entre CEWAL y OGEFREM. A juicio de la demandada, el contenido del acuerdo, las negociaciones que precedieron a su celebración y, por último, las modificaciones introducidas, al finalizar dichas negociaciones, en la versión inicial, son suficientes para negar el carácter de concesión de Derecho público.

95 La deducción del acuerdo bilateral entre el Zaire y Bélgica, que prevé el reparto de todos los cargamentos con arreglo a la fórmula 40: 40: 20 que el acuerdo criticado constituye un «acto del Gobierno» zaireño se basa, según la demandada, en un error de lógica, puesto que el reparto del conjunto de los cargamentos, y no sólo de los cargamentos transportados por la conferencia, no implica exclusividad alguna a favor de dicha conferencia. La Comisión recuerda además que el citado acuerdo entró en vigor el 13 de abril de 1987, con posterioridad, pues, a la celebración del acuerdo con OGEFREM, de manera que no puede servirle de justificación legal.

96 Por lo que se refiere a la aplicación del acuerdo controvertido, la Comisión estima que las demandantes no niegan que persiguieron con insistencia la aplicación de la cláusula de exclusividad. Al no existir una concesión de Derecho público, los esfuerzos de CEWAL tan sólo pueden calificarse como abuso de posición dominante, por cuanto dichos esfuerzos no se limitaban a perseguir una igualdad de trato a CEWAL y a G y C por parte del Estado zaireño, sino que tenían directamente por objeto eliminar a G y C del tráfico.

97 Las referencias de las demandantes a la incitación justificada a medidas gubernativas, apoyadas en soluciones consagradas en el Derecho norteamericano carecen, según la demandada, de relevancia, pues se basan, una vez más, en el supuesto de que el contrato controvertido tiene carácter de concesión de Derecho público.

98 Según la Comisión, el motivo basado en la violación del derecho de defensa, planteado por primera vez en el escrito de réplica, es inadmisible y, en cualquier caso, infundado. En efecto, la supuesta divergencia entre el pliego de cargos y la Decisión se debe tan sólo a una lectura errónea del pliego de cargos. Las demandantes no pueden quejarse, por otra parte, de que la Decisión les imputa tan sólo una parte de los cargos recogidos en el pliego, no figurando los cargos relativos a hechos anteriores al 1 de julio de 1987, como la celebración del acuerdo de cooperación. Por lo demás, una Decisión no tiene por qué ser necesariamente una reproducción del pliego de cargos (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 14).

99 En relación con la alegación basada en que la Decisión no permite saber en qué medida es ilegal el acuerdo en sí, resulta sin ambigueedades de la Decisión que sólo se han denunciado los hechos posteriores al 1 de julio de 1987, fecha de entrada en vigor del Reglamento nº 4056/86, de manera que no se ha entablado ninguna acción contra la celebración del acuerdo, anterior a dicha fecha.

100 Las partes coadyuvantes afirman que, en contra de lo que afirman las demandantes, la concesión de derechos marítimos a G y C no era consecuencia de una discriminación entre CEWAL, por un lado, y G y C, por otro lado, a favor de estas últimas y que ellas se atuvieron a todas las normas establecidas por OGEFREM. A este respecto, precisan que han quedado sujetas, de igual modo que los miembros de la conferencia CEWAL, al pago de una fianza, al cumplimiento de las normas administrativas impuestas por OGEFREM, bajo pena de multa, así como al pago de una comisión cuyo importe era, al parecer, superior al establecido para los miembros de la conferencia CEWAL.

101 Las partes coadyuvantes señalan asimismo que el acuerdo de cooperación celebrado entre OGEFREM y CEWAL transformó un monopolio de hecho en exclusividad contractual, confiriendo a la conferencia un poder sobre el mercado que ésta ha utilizado para excluirlas. Al no existir acuerdo de cooperación, CEWAL celebró con OGEFREM un contrato de adhesión del mismo tipo que el celebrado por G y C, sin ningún derecho a la exclusividad, que le permitía, en cambio, ejercer presiones sobre OGEFREM, a fin de obtener el respeto de su monopolio contractual.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

102 Con carácter previo, este Tribunal señala que el caso de autos se refiere a una explotación abusiva de la posición dominante ocupada por los miembros de CEWAL. Para determinar la aplicabilidad del artículo 86 del Tratado, sólo debe tenerse en cuenta la calificación de los miembros de la conferencia como empresas a efectos del artículo 86 del Tratado, que las demandantes no discuten, y no la de OGEFREM.

103 Además, el Tribunal de Primera Instancia considera que, como sólo es objeto de controversia un comportamiento unilateral de CEWAL, la naturaleza exacta del acuerdo celebrado entre CEWAL y OGEFREM no es determinante para la aplicación del artículo 86 del Tratado. En efecto, aun suponiendo que dicho acuerdo sea una concesión, como pretenden las demandantes, y que CEWAL sea, por tanto, concesionaria, ello no bastaría para excluir la existencia de un comportamiento abusivo por parte suya (sentencia Bodson, antes citada, apartado 30).

104 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia observa que, si bien el párrafo primero del artículo 1 del acuerdo de cooperación celebrado entre CEWAL y OGEFREM prevé una exclusividad a favor de los miembros de CEWAL, respecto a todas las mercancías que hayan de transportarse en el marco del ámbito de actuación de la conferencia, el párrafo segundo de dicho artículo contempla expresamente la posibilidad de establecer excepciones, con la conformidad de ambas partes. Procede recordar en primer lugar que la Comisión estimó que no podía entablar un procedimiento contra la celebración misma del acuerdo, al ser ésta anterior a la entrada en vigor del Reglamento nº 4056/86. En la medida en que sólo se cuestiona la aplicación del acuerdo de cooperación, este Tribunal estima que el párrafo segundo del artículo 1 de éste es suficiente para excluir cualquier conflicto de Derecho internacional. En efecto, suponiendo que el acuerdo entre CEWAL y OGEFREM sea una concesión de Derecho público y pudiese asimilarse, como tal, a una disposición administrativa de un tercer Estado, a efectos del artículo 9 del Reglamento nº 4056/86, no siendo aplicable, por su parte, al caso de autos el artículo 7 de dicho Reglamento, relativo a las prácticas colusorias, hay que señalar que dicho acuerdo incluía un dispositivo de apertura a la competencia que podía adaptar la aplicación del mencionado acuerdo a las exigencias del artículo 86 del Tratado. De este modo, el conflicto entre el Tratado y el acuerdo no resultaba inevitablemente de la estructura de este último, que podía ser modificada por la voluntad de las partes, para hacerla compatible con una competencia efectiva.

105 De esta constatación resulta que es acertado que la Decisión se dedique a analizar la actitud de CEWAL en la ejecución del acuerdo. Ahora bien, OGEFREM ha dado unilateralmente su conformidad a un armador independiente, que representaba en principio en torno al 2 % de todo el tráfico zaireño, pero cuya participación ha aumentado posteriormente. Los miembros de CEWAL hicieron entonces gestiones ante OGEFREM con el fin de obtener que G y C fueran eliminadas del mercado. En efecto, de los múltiples documentos a los que se refiere la Comisión en su Decisión se desprende que los miembros de CEWAL recordaron a OGEFREM cuáles eran sus obligaciones y previeron, en particular, reimplantar el sistema exclusivo de rebajas aplazadas si OGEFREM no modificaba su actitud. El Tribunal de Primera Instancia señala que, si bien las demandantes discuten el significado que ha de darse a dichas gestiones y su calificación como práctica abusiva, no discuten, en cambio, la existencia de éstas. Se deduce además del acta de la reunión del Special Fighting Committee de 18 de mayo de 1989 que dichas gestiones se enmarcaban dentro de una estrategia destinada a eliminar al armador independiente G y C.

106 Para valorar dicha actitud, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 86 del Tratado impone a una empresa en posición dominante, con independencia de las causas a que se deba tal posición, la responsabilidad particular de que su comportamiento no distorsione una competencia efectiva y no falseada en el mercado común (en particular, sentencia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, antes citada, apartado 114). Por consiguiente, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 86 todo comportamiento de una empresa en situación de posición dominante que pueda obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo del grado de competencia existente en un mercado, en el cual, debido precisamente a la presencia de esta empresa, la competencia está ya debilitada (ídem).

107 Por último, si bien la existencia de una posición dominante no priva a una empresa que se encuentra en dicha posición del derecho a proteger sus propios intereses comerciales cuando éstos se ven amenazados, y si bien dicha empresa puede, en una medida razonable, realizar los actos que considere adecuados para proteger sus intereses, no cabe admitir tales comportamientos cuando su objeto es precisamente reforzar dicha posición dominante y abusar de ella (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de abril de 1993, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, T-65/89, Rec. p. II-389, apartado 69).

108 El Tribunal de Primera Instancia estima que una empresa en situación de posición dominante que disfruta de un derecho exclusivo, acompañado de la posibilidad de establecer excepciones supeditada a su conformidad, está obligada a hacer un uso razonable del derecho de veto al acceso de terceros al mercado que le reconoce el acuerdo. En la presente ocasión, habida cuenta de los elementos de hecho recordados anteriormente, los miembros de CEWAL no han actuado de esta forma.

109 Por todo ello, este Tribunal estima que la Comisión ha podido considerar acertadamente que los miembros de CEWAL, al participar activamente en la aplicación del acuerdo con OGEFREM y al solicitar reiteradamente el estricto cumplimiento de dicho acuerdo, en el marco de un plan destinado a eliminar al único armador independiente cuyo acceso al mercado había sido autorizado por OGEFREM, infringieron el artículo 86 del Tratado.

110 La circunstancias de que, según las demandantes, el hecho de incitar a un Gobierno a actuar no puede constituir un abuso, es irrelevante, dado que en el presente caso no se denuncia tal práctica.

111 Además, las demandantes no pueden invocar confianza legítima alguna, basada en el punto 63 del documento titulado Hacia una política común de transportes - Informe sobre los transportes marítimos, antes citado, puesto que dicho punto sólo se refiere a las relaciones entre exención de grupo y exención individual y no afecta a la posibilidad de declarar un abuso a efectos del artículo 86 del Tratado y de imponer una multa por tal concepto.

112 El Tribunal de Primera Instancia señala por otra parte que las demandantes no pueden alegar eficazmente que la exclusividad que se les reconoce en el acuerdo con OGEFREM está prevista en el acuerdo bilateral celebrado entre Bélgica y el Zaire, ya que dicho acuerdo no entró en vigor hasta el 13 de abril de 1987, es decir, varios meses después de la celebración del acuerdo entre CEWAL y OGEFREM. Además, el apartado 3 del artículo 3 de dicho acuerdo, invocado por las demandantes, se refiere al régimen que han de aplicar las partes contratantes a los buques explotados por sus respectivas compañías marítimas nacionales, y no por una conferencia marítima determinada.

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 693A0024.1

113 Por último, este Tribunal observa que el motivo basado en la violación del derecho de defensa, introducido en la fase de réplica, es un motivo nuevo a efectos del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento. A falta de elementos que puedan llevar a afirmar que se funda en razones de hecho y de derecho que han aparecido durante el procedimiento, debe declararse su inadmisibilidad. En cualquier caso, procede recordar que, según una jurisprudencia consolidada, la Decisión no tiene por qué ser necesariamente una copia del pliego de cargos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Huels/Comisión, T-9/89, Rec. p. II-499, apartado 59). El hecho de que el pliego de cargos haya pretendido criticar la obtención del derecho exclusivo y las reiteradas gestiones realizadas por CEWAL con vistas a su aplicación, mientras que la Decisión sólo se refiere a éstas, no puede afectar al derecho de defensa de las demandantes.

114 En estas circunstancias, deben desestimarse las alegaciones de las demandantes relativas al acuerdo de cooperación celebrado entre CEWAL y OGEFREM.

En relación con el empleo de buques de lucha

- Alegaciones de las partes

115 La argumentación de las demandantes se articula básicamente en dos puntos. Las demandantes discuten en primer lugar el propio concepto de buques de lucha; afirman en segundo lugar que la práctica censurada no puede constituir una explotación abusiva de una posición dominante a efectos del artículo 86 del Tratado.

116 En la primera parte de su argumentación, relativa al concepto de buques de lucha, las demandantes señalan que, en su escrito de contestación, la Comisión indicó que ninguno de los elementos constitutivos de la infracción que ella había recogido, sin embargo, en la Decisión eran, de hecho, esenciales y que dicha práctica se distingue de la de los precios predatorios. La parte demandada sólo imputa a las demandantes el no haber aplicado sus tarifas habituales, con el propósito de eliminar a un competidor. Ahora bien, si debiera interpretarse la Decisión en el sentido de que se refiere a esta nueva definición, se produciría entonces una violación del derecho de defensa, por cuanto las partes habrían sido condenadas por una práctica que no se imputaba en el pliego de cargos. Además, la Comisión no está facultada para completar la motivación de la Decisión en la fase del escrito de contestación, de manera que se infringe también el artículo 190 del Tratado.

117 En la segunda parte de su argumentación, relativa a la calificación de la práctica seguida en el caso de autos, las demandantes subrayan que la circunstancia de que los propios miembros de CEWAL hayan utilizado, en diversas actas citadas por la Comisión, la terminología de buques de lucha, no dispensa a la Comisión de indagar si se cumplen efectivamente los requisitos de aplicación del artículo 86 del Tratado.

118 Pues bien, en primer lugar, por lo que respecta a las fechas de salida de los buques, al haber hecho constar la Comisión, en el punto 74 de la Decisión, que CEWAL no modificó sus horarios, ni asignó a ningún buque un puesto de amarre que hiciese que dicho buque siguiese una ruta en la que entrase en competencia con G y C, falta manifiestamente, según las demandantes, uno de los requisitos para la declaración de la práctica alegada.

119 En segundo lugar, las demandantes afirman que se limitaron a alinear sus precios a los de G y C, sin intentar nunca -excepto las tarifas correspondientes a la entrega de automóviles de turismo- practicar precios inferiores a los del armador independiente. Para hacer frente a la discriminación de OGEFREM hacia CEWAL con respecto a G y C, al inicio de una guerra de precios por parte del armador independiente y a la presión de la clientela, que reclamaba tarifas similares a las de G y C, CEWAL estaba obligada a reaccionar para adaptarse a una nueva situación competitiva. Dicho comportamiento no es abusivo (sentencia BPB Industries y British Gypsum/Comisión, antes citada, apartado 69).

120 Según las demandantes, la Comisión, al basarse simplemente en el carácter «multilateral» de la fijación de los fletes para declarar la existencia de una infracción del artículo 86, se limitó a «reciclar» hechos que hubieran podido justificar una aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, pero que disfrutan de la exención concedida en la letra b) del apartado 3 del artículo 1 y en el artículo 4 del Reglamento nº 4056/86. Las demandantes subrayan en este sentido que está exenta toda modificación de precios destinada a alinearse a los precios de un competidor.

121 En tercer lugar, la Comisión no ha demostrado que una reducción de los márgenes de beneficios, y no la existencia de pérdidas soportadas por los miembros de la conferencia, elemento que es característico, sin embargo, de una práctica de precios eliminatorios, prohibida por el artículo 86 del Tratado (sentencia Akzo/Comisión, antes citada, apartados 71 y 72). La Comisión no ha demostrado tampoco que CEWAL disponía de un «tesoro de guerra» que pudiera permitirle emprender una campaña de precios predatorios.

122 En realidad, las demandantes estiman, remitiéndose a citas de la jurisprudencia nacional y de la doctrina, que los elementos expuestos por la Comisión no son pertinentes. En particular, el concepto de buques de lucha presupone la existencia de «pérdidas» sufridas por los miembros de la conferencia. De ahí que deba asimilarse a la práctica de precios predatorios y distinguirse de la mera alineación de sus tarifas con las de un competidor, para rivalizar con él en condiciones de igualdad.

123 En cuarto lugar, las demandantes estiman que las demás prácticas denunciadas en la Decisión no pueden ser constitutivas de un abuso. Así, dado que los horarios de los transportes marítimos se publican en la prensa, no pueda acusarse al Fighting Committee de haber informado a los miembros de la conferencia de las fechas de salida de los buques de G y C. Del mismo modo, al admitir el Reglamento nº 4056/86 la fijación conjunta de los fletes, la Decisión no puede condenar la fijación conjunta de las tarifas de lucha. Respecto al hecho de que las tarifas de lucha se fijaban tomando como referencia las del armador independiente, ello es inherente a una tarificación competitiva normal. Por último, la asunción por los miembros de CEWAL de las diferencias entre la tarifa normal y la tarifa de lucha no es más que la consecuencia de la asunción conjunta de riesgos, eximida por el Reglamento nº 4056/86.

124 En quinto lugar, las demandantes afirman que, dado que todos los cargadores son tratados, en un momento dado, de la misma manera, la Comisión no tiene razón cuando, en el punto 83 de su Decisión, reprocha una práctica de precios discriminatoria a efectos de la letra c) del artículo 86 del Tratado, imputación que no se formula, además, en el pliego de cargos.

125 En último lugar, las demandantes alegan que, para la valoración del carácter abusivo de la práctica controvertida, la Comisión no tomó en consideración ciertos elementos determinantes.

126 Así, la Comisión ignoró el hecho de que, durante el período considerado, la cuota de mercado de G y C pasó del 2 % al 25 %. Pues bien, la ausencia de efecto sobre el mercado de la práctica controvertida es suficiente para que ésta no pueda ser censurada con arreglo al artículo 86 del Tratado (sentencia Hoffmann-La Roche/Comisión, antes citada, apartado 91).

127 Además, la Comisión no ha tenido en cuenta que las actividades de G y C infringían el monopolio concedido legalmente a CEWAL. Pues bien, en estas circunstancias, las gestiones realizadas por los miembros de la conferencia con el fin de proteger dicho monopolio no pueden calificarse como abusivas.

128 Por último, la Comisión omitió el hecho de que el sector de los transportes marítimos está sometido, en materia de Derecho de la competencia, a un régimen de excepciones más flexible. Así, la Comisión admitió que puede quedar exenta la coordinación de tarifas entre conferencias marítimas y armadores independientes [comunicación de la Comisión efectuada de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento nº 4056/86 y con el apartado 3 del artículo 26 del reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo relativo a los asuntos IV/32.380 y IV/32.772 - Acuerdos Eurocorde (DO 1990, C 162, p. 13)]. El artículo 86 del Tratado no es aplicable a las prácticas controvertidas, entretanto no se haya revocado el beneficio de la exención de grupo, y no es pertinente en el presente caso la referencia a la citada sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Tetra Pak/Comisión. Por lo demás, cuando una empresa disfruta de una medida de exención o es destinataria de un «escrito de archivo de las actuaciones», no puede imponérsele ninguna multa, si no se revoca antes la exención [(Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1992 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE con respecto a Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG - Asuntos IV/31.533 y IV/34.072) (DO 1993, L 183, p. 1, puntos 148 a 151)].

129 La Comisión niega que exista una divergencia en la definición de los buques de lucha entre el pliego de cargos y la Decisión, por un lado, y el escrito de contestación, por otro lado. Recuerda, en particular, que en contra de lo que afirman las demandantes, la Decisión no hacía referencia a la práctica de precios predatorios.

130 En cuanto al fondo, la Comisión señala que la cuestión esencial no es de índole terminológica. Sólo interesa saber si el comportamiento de los miembros de CEWAL constituyó una competencia normal y legítima (sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 91; sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 70, y sentencia Akzo/Comisión, antes citada, apartados 69 y 70). Pues bien, en el caso de autos, la práctica de los buques de lucha constituye un abuso, en la medida en que va dirigida a la eliminación del único competidor de CEWAL, a saber, G y C, utilizando medios distintos de los propios de un régimen de competencia normal.

131 La Comisión afirma que los criterios citados por las demandantes no son elementos esenciales ni de la práctica conocida con el nombre de buques de lucha, ni de un comportamiento constitutivo de un abuso a efectos del artículo 86 del Tratado.

132 Así, resulta irrelevante saber si CEWAL tuvo que modificar el calendario de salidas de buques de sus miembros. Dado que los armadores de la conferencia marítima cubren la línea de referencia con una cadencia regular y que, en cambio, los buques de G y C zarpan cada 35 o 36 días, CEWAL podría designar fácilmente como buques de lucha a buques cuyo equipamiento estuviera ya previsto.

133 De igual modo, tampoco es esencial la existencia de tarifas inferiores a las practicadas por G y C. Bastaría con que dichas tarifas fueran iguales o inferiores a las del competidor al que se pretende eliminar. La Comisión añade que las demandantes no pueden invocar una exención cualquiera con arreglo al Reglamento nº 4056/86, dado que